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5d4def3549c722ce58bed401b7db02a8 | La lucha paga
cuando, en agosto de 2015, el juez Gustavo Iribarren imputó prima facie a 26 personas por el delito de tortura, hubo, por así decirlo, una breve conmoción. Se trata de una figura penal comúnmente asociada a episodios ocurridos durante la última dictadura militar. De ahí que no le hiciera gracia a José Lorenzo López, presidente del sindicato de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y uno de los imputados, ver cómo las paredes de la sede del PIT-CNT, en la calle Jackson, amanecieron con mensajes que parecían estar dirigidos a él: «Si torturar es trabajo, sos el primer trabajador».
Los acusados de aquel delito, todos funcionarios del INAU, habían quedado en evidencia con la difusión de un video en el que se los veía reprimiendo agresivamente y en patota a un pequeño grupo de adolescentes internados en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili). El video, captado por el monitoreo interno del centro, fue ampliamente difundido y provocó la indignación generalizada. Y el fallo de Iribarren resultaba, a todas luces, novedoso, pues aplicaba el delito de tortura a un caso sucedido en democracia. Del total de acusados, 17 fueron procesados con prisión por responsabilidad directa y otros nueve sin prisión por complicidad.
Joselo López –entonces, uno de los cómplices– es hoy el personaje resiliente de la historia. Durante estos diez años, el sindicato del INAU (el Suinau) ha seguido con denodado interés el caso, en el marco de la gestión de Joselo al frente de la organización. Aun después de haber logrado, en 2017, a instancias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una revocación de la sentencia para 15 de los acusados y una condena más leve para los otros 11 (no por tortura, sino por abuso de autoridad contra los detenidos), el equipo jurídico del sindicato no se da por satisfecho. Actualmente, nueve funcionarios –incluido el presidente del gremio– exigen al Estado una reparación por los daños y los perjuicios derivados de aquellos episodios. En una sentencia de primera instancia emitida el 13 de marzo, el Poder Judicial (PJ) fue condenado a pagar cerca de 80 mil dólares. La institución apeló la sentencia esta semana.
ASÍ ES EL SUINAU
El intento de fuga de un grupo de seis adolescentes del Ceprili, la tarde del 24 de julio de 2015, le costó a uno de ellos varios dientes y una contundente golpiza. Pese a la gravedad del episodio, todo pasaría rápidamente a segundo plano. Los funcionarios del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que habían sido efectivos a la hora de contener aquella evasión, improvisaron allí mismo una asamblea para demandar «más garantías» ante aquel tipo de incidentes. Joselo López y Víctor Mango, referentes del sindicato y a la postre imputados, llegaron al lugar y, de inmediato, dispusieron contactos con los trabajadores, sin la autorización del director del centro, Alfredo Riva.
La asamblea ocurrió, pero los funcionarios dejaron el servicio sin guardia gremial. Dos adolescentes que, entre otras cosas, demandaban que se cumpliera con el horario de la cena rompieron el candado de sus celdas y salieron al patio interno del establecimiento. Al constatar que sus demandas no eran atendidas, rompieron la tapa de un resumidero y abrieron el resto de las celdas que permanecían cerradas. Los funcionarios, que habían salido de escena, fueron advertidos de lo que sucedía por un aviso del centro de monitoreo. Cuando llegaron, el director del centro había persuadido a los adolescentes, a través de una reja, de abandonar los escombros y los trozos de metal.
«En ese preciso momento», dice el dictamen del juez Iribarren, «el director abrió la puerta de acceso al patio habilitando de esta manera el ingreso de más de una treintena de funcionarios cuyo núcleo de avanzada, no obstante advertir que los jóvenes no ofrecían resistencia alguna, se lanzó en tumulto contra ambos para –en proporción aproximada de cinco a uno– reducirlos mediante violencia y puntapiés antes de colocarles esposas y grilletes y dejarlos tendidos boca abajo en el suelo».
Iribarren había tomado elementos del pedido de procesamiento original presentado por la fiscal Adriana Umpiérrez, en el que afirmaba que la conducta de los funcionarios cuadraba en la calificación de tortura, pues se sometió a los adolescentes, según el documento, a «sufrimientos físicos y mentales que se ajustan sin esfuerzo a lo definido como tratos crueles, inhumanos o degradantes». En el documento, de agosto de 2015, Umpiérrez se explaya: «Golpes de puño o puntapié, uso de elementos químicos (gas de extintor) dentro de pequeños recintos donde estaban los jóvenes, retiro de sus pertenencias de las habitaciones y sujeción en el piso de manera degradante, con la cara hacia el suelo obligándolos a no observar la secuencia por un amplio término de tiempo».
Umpiérrez distinguió a un grupo activo de funcionarios en la represión y a un segundo grupo de «cómplices», que «en mayor o menor medida» mantuvieron una conducta de «ayuda consciente con su presencia y aquiescencia a la escena, robusteciendo el grupo». El juez Iribarren mantuvo esa diferenciación y, luego de explayarse sobre la base de las pruebas recogidas (el video del centro de monitoreo, principalmente), pidió el procesamiento de 26 funcionarios, argumentando que «no puede menos que convenirse» que tanto los participantes directos como los que apoyaron y consintieron el procedimiento incurrieron en un «trato cruel y degradante para con los internos, resultado en todo incompatible con los fines de reeducación perseguidos por la institución».
Vale la pena reproducir el siguiente fragmento de la sentencia: «[…] El encierro en horas tempranas para el sueño, la forma violenta en que dos jóvenes desarmados y en actitud pasiva son llevados al suelo, los puntapiés, el excesivo número de funcionarios que aborda y somete a cada uno de los muchachos, la posición en que los jóvenes son ubicados en el piso, las esposas sumadas a los grilletes, el uso de un extinguidor de fuego como medio para sacar a los internos de sus celdas, el polvo lanzado en las celdas provocando convulsiones y crisis de asma, la injustificada e irracional decisión –que en nada contribuyó a la serenidad– de proceder en ese mismo momento a retirar a todos los jóvenes de celdas que se encontraban cerradas, el arrojar a todos los jóvenes al suelo de un patio abierto en una noche de invierno –alcance con apreciar que casi todos los funcionarios vestían camperas, abrigos, bufandas, en algún caso gorras o capuchas–, el obligarlos a permanecer allí, boca abajo, durante 20 minutos mientras funcionarios pasaban sobre ellos o corregían con violencia la posición de los internos sin que pudiera apreciarse en tales gestos una finalidad útil resultan todas expresiones de un trato, de una relación con el otro, con el adolescente a educar, que refiere más al vínculo que puede observarse con un fardo, con un objeto, con una cosa, que con el trato que se le debe a un semejante».
La sentencia no se mantuvo en pie por mucho tiempo. Los abogados del Suinau, Juan Raúl Williman y Juan Fagúndez, se apresuraron a presentar un recurso de apelación con la intención de tumbar la tipificación de tortura, que consideraban un «agravio» a los funcionarios. Argumentaron que la conducta de patota (término que rechazaban) no fue homogénea, que hubo distintos grados de participación, que en el video hay funcionarios que intentaron incluso calmar las aguas, que la mayoría de ellos tenían «legajos limpios» y que la presencia «absolutamente inactiva» de algunos funcionarios no bastaba para imputar complicidad. Los abogados defendieron especialmente a Joselo López diciendo que, en su calidad de presidente del sindicato (y vicepresidente del PIT-CNT), «ingresa por lo menos cuatro o cinco minutos después que ingresa el primer contingente de funcionarios, las reducciones ya estaban realizadas, los puntapiés ya se habían infringido y su presencia absolutamente nominal y a un costado no puede generar reproche penal alguno». No negaban la violencia, pero argumentaban que «el actuar de la mayoría de los funcionarios resulta ajustado a derecho».
Williman y Fagúndez dedicaron un extenso espacio del informe a desestimar la calificación de tortura aplicada a los hechos del Ceprili. «El número de funcionarios, la reducción en sí misma y las requisas y los controles posteriores no pueden ser tomados como un trato cruel, inhumano o degradante, porque forman parte de la función ante las acciones, que como la de autos, ponen en riesgo la seguridad de las personas que trabajan allí, de los propios internos y de la población civil, que confía en la función de privación de libertad de la institución», argumentaron. Además, echaron mano al artículo 28 del Código Penal –el mismo que se utiliza para blindar a los agentes de Policía que cometen abusos– para fundamentar que la conducta de los funcionarios se ajusta a la función para la que fueron contratados y eso los exime de responsabilidad.
«Este tratamiento no puede ser considerado tortura, y tampoco puede llevar a la sede a la afirmación de que fueron tratados como fardos. Lamentablemente son sujetos violentos, cuyas conductas violentas los han puesto en situación de reclusión, situación que contribuye con su estado de violencia, el que de ninguna manera se puede atribuir a los funcionarios procesados, que son los mismos que cuando los internos precisan algo, acuden a atender sus reclamos», razonaron.
Además, apuntaron que de mantenerse la tipificación de tortura, se abría una puerta «cuya consecuencia se tornaría, en las instituciones policíacas, penitenciarias, etcétera, insostenible». Los abogados incluyeron este argumento contrafáctico en el alegato: «Cualquier detenido que deba ser reducido en la vía pública, contra una pared o el suelo, cuya resistencia implique la intervención de varios agentes, y termine esposado de manos y pies, ¿puede alegar un trato cruel, inhumano o degradante a los efectos de que los reducidores sean imputados de tortura? La respuesta hoy, a la vista de este procesamiento, es sí».
Casi un año después, en diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno tomó los argumentos de los abogados del sindicato y revocó el procesamiento dictado en primera instancia. Dispuso el archivo de las actuaciones sobre 15 de los funcionarios condenados inicialmente y procesó a los otros 11 por un delito de abuso de autoridad contra los detenidos, con lo cual desestimó el delito de tortura. La fiscal del caso interpuso un recurso de casación, pero este no fue aceptado y, finalmente, en diciembre de 2017, la SCJ confirmó la sentencia en segunda instancia. De un total de 26 funcionarios, solo 11 fueron responsabilizados por el episodio del Ceprili.
Como quedó dicho en un comunicado emitido en agosto de 2015, el Suinau no estaba dispuesto a dejarse doblegar por las denuncias: «¡Pa que vayan sabiendo!: en este momento la reflexión que se nos ocurre es pensar que es demasiado evidente la campaña contra nuestro sindicato, y contra nuestro compañero presidente, y lo que se nos viene a la mente es que el Suinau impone respeto, le guste o no le guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza, jamás dejamos a un compañero tirado, así es el Suinau, así hemos sido históricamente».
UNA VUELTA DE TUERCA
A principios de febrero de 2021, días después de que los juzgados volvieran de su descanso estival, cuando el episodio del video había sido olvidado por la opinión pública, el sindicato –en nombre de nueve de los 15 funcionarios que fueron absueltos– presentó una demanda civil contra el INAU, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el PJ. Los acusados demandaron una reparación económica «por ser erróneamente sometidos a un proceso penal por el PJ y a procesos administrativos disciplinarios por el INISA y el INAU que determinaron graves daños morales y patrimoniales». Según consta en el expediente civil, «luego de haber soportado todos los daños ocasionados a consecuencia del procesamiento por el delito de tortura, la Justicia revoca el mismo y clausura y archiva las actuaciones». «Eran inocentes pero debieron padecer el daño producido por la actividad jurisdiccional del Estado».
Se determinó que los trabajadores sufrieron 70 días de prisión efectiva y 90 días de arresto domiciliario. La denuncia entiende que «inciden en el daño moral los 70 días que estuvieron privados de libertad en un centro de reclusión, pero también los 90 días de arresto domiciliario, ya que en dicho plazo se limitó su libertad ambulatoria».
El proceso en el tribunal civil también tuvo marchas y contramarchas. Gran parte de la discusión tuvo que ver con los plazos legítimos para presentar la demanda civil. El INISA (ex-Sirpa) argumentó que la demanda era ilegítima porque había sido presentada fuera de plazo. El artículo 39 de la ley 11.925 establece que las reclamaciones al Estado deben hacerse en los cuatro años siguientes a los hechos, y si se cuenta desde el momento en que los funcionarios fueron sumariados por el organismo, ese plazo había caducado. Williman argumentó que debía contarse desde la sentencia definitiva de la SCJ (noviembre de 2014). A fines de 2021, el juez Javier Gandini aceptó los argumentos del INISA y los extendió para el caso del INAU. El sindicato impugnó la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión. El Suinau hizo lo propio ante la SCJ y también fracasó: en 2024 la Corte eximió al INAU y el INISA del juicio, que solo continuó contra el PJ.
Los abogados del Servicio de Abogacía de la SCJ presentaron sus descargos a la demanda en un documento de 58 páginas. Sebastián González y María Virginia Collazo se centraron en probar que ninguna de las instancias del PJ incurrió en errores «inexcusables» ni hechos ilícitos que podrían fundamentar una acción de reparación. En el documento, indicaron: «Se trató de un caso complejo, que contó con una instrucción conforme a la normativa y leyes vigentes». «Puede inferirse que tanto los procesamientos como las prisiones fueron correctamente fundadas y en legal forma, indicando en la sentencia de primera instancia de forma detallada la prueba diligenciada, así como los hechos probados prima facie a su juicio. El dictado de la misma constó con todas las garantías para las partes tanto en lo sustancial como en lo procesal, habiendo expuesto los motivos de su decisión con una gran claridad conceptual».
Luego se dedicaron a controvertir las razones que el sindicato presentó para fundamentar las demandas patrimoniales, por cifras considerables en algunos casos. Como referencia, uno de los funcionarios demandantes, Henry Ponce, reclamaba 260 mil dólares por actos administrativos, 16 mil dólares por haber sido privado de libertad durante 160 días y 90 mil dólares por daño moral. Joselo López, que no sufrió prisión, demandó originalmente 60 mil dólares por daño moral. Los abogados de la SCJ juzgaron improcedentes muchos de los argumentos utilizados para sostener dichos reclamos. Para el caso de López, por ejemplo, se critica que «afirma que estuvo sometido a una intensa exposición pública, así como también a una gran presión. Sin embargo, al contrario de lo afirmado por la actora, del antecedente penal surge que su actividad sindical continuó normalmente sin que la misma se hubiera visto afectada por el procesamiento. Nadie que estuviera transitando por la situación que afirma estaba padeciendo el Sr. López se sometería voluntariamente a participar en un congreso en el exterior del país (Buenos Aires) para representar al movimiento sindical, teniendo en cuenta la responsabilidad que ello implica desde el punto de vista personal y frente a su colectivo». El documento abunda en ejemplos similares.
El pasado 13 de marzo una sentencia en primera instancia falló en favor del sindicato y ordenó a la SCJ pagar una cifra cercana a los 80 mil dólares por daño moral a Henry Ponce Martínez (10 mil dólares), Washington Enrique Pintos Martínez (13 mil dólares), Luis Gerardo Escuarcia Andrukiebich (10 mil dólares), Jhon Fitzgeral García (13 mil dólares), Mario Eduardo Migdal Yusmin (5 mil dólares), Víctor Alfredo Mango Álvarez (8 mil dólares), Paula Magela Lagorio Marcelli (5 mil dólares), Edgar Leonardo Soria Cabrera (5 mil dólares) y José Lorenzo López Gonzálvez (8 mil dólares).
Para el caso de este último, la sentencia invocó testimonios de tres de sus compañeros más allegados en el sindicato, quienes dieron fe de «las consecuencias sobre su estado anímico, es dirigente sindical, en ese momento había quedado como vicepresidente del PIT-CNT, el procesamiento por tortura no solo influyó en su estado emocional y familiar, sino también afectó su reputación como sindicalista, dada la alta responsabilidad que tenía no solo en su sindicato, sino también en la central de trabajadores. Su angustia además se vio acrecentada en que debido a su cargo se sentía responsable por lo que les había pasado a sus compañeros. Su imagen pública quedó afectada.» Se dispuso que el sindicalista deberá cobrar 8 mil dólares.
Esta semana el Servicio de Abogacía de la SCJ volvió a presentar una apelación a la demanda, que el Suinau deberá responder en las próximas semanas. En el documento, los abogados insisten en que el Estado no tiene obligación de indemnizar los daños causados por fallos que en instancias distintas del proceso expresan conclusiones diferentes, pues ello no implica ilegalidad alguna, sino que tiene que ver con las propias garantías que ofrece el sistema. Es decir, que una sentencia sea revocada por otra posterior no implica que los afectados tengan que ser indemnizados por el Estado. Y en este caso, según los abogados de la SCJ, se propone reparar a los funcionarios «por el simple hecho de haber sido procesados y posteriormente absueltos». | {
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f517f657227a88f950fd28a0f8a6fb3f | El Diálogo, su extensión y sus límites
Con celeridad, el nuevo gobierno estableció una hoja de ruta para llevar adelante el diálogo social para el rediseño del sistema previsional (incluido el jubilatorio, que sufrió un durísimo ajuste en 2023). Ese proceso, prometido por el Frente Amplio en la campaña electoral, tendrá por lo menos tres escenarios en esta etapa y un cuarto posteriormente: el Parlamento, donde se incorporarán los actores políticos. Los tres primeros escenarios tendrán como ámbito la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS), creada en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por el decreto 86/2025, utilizando una figura incluida en la Constitución de la República.
La CSPSS estará integrada por un comité ejecutivo y un plenario, y además podrá convocar mesas temáticas especializadas con participación de técnicos y técnicas, actores públicos y representantes de sectores sociales y productivos. El Ejecutivo será responsable de «la conducción estratégica de la Comisión y de garantizar la ejecución de sus decisiones» (art. 6 del decreto) y estará integrado por representantes de la OPP, de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Social y de Salud Pública, así como del Banco de Previsión Social.
El plenario, por su representatividad, ámbito por excelencia del diálogo, estará a su vez integrado por el Ejecutivo y por representantes de las mesas temáticas y de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente, de los ministerios de Educación y Cultura, y de Industria, Energía y Minería, y de las organizaciones más representativas de trabajadores y trabajadoras, del sector empleador, jubilados y pensionistas, y de la promoción del derecho al cuidado y bienestar de las infancias. Asimismo, en cada etapa podrán integrar el plenario representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de organismos estatales o paraestatales, de intendencias departamentales, del Poder Legislativo, etcétera.
Según declaraciones del nuevo director de la OPP, el economista Rodrigo Arim (La Diaria, 29-III-25), la idea es que, además, el diálogo «tenga cierta expresión territorial, que se traslade hacia distintos departamentos». Todavía no está claro cómo se hará esto: en el decreto, la única mención a lo territorial es la participación de las intendencias en algunas instancias plenarias, pero la palabra traslado sugiere que puede no desarrollarse totalmente en la capital. En todo caso, en un diálogo importa menos dónde se hace que quiénes participan.
¿Plazos? En no más de 30 días la CSPSS deberá aprobar un documento que contenga estructura, formas de participación, funcionamiento, ejes temáticos y otros ámbitos de trabajo relevantes del diálogo social. Y el 30 de abril de 2026 (con una eventual prórroga de no más de 45 días) se presentarán ante el Poder Ejecutivo los resultados y las propuestas que surjan.
* * *
El «Diálogo Social», mencionado siempre con mayúsculas en el decreto y al que refiere el breve capítulo final de este, tiene por finalidad «impulsar los cambios que fueren pertinentes en la matriz de protección y seguridad social» (art. 3, d). Si bien los apelativos protección y seguridad social no se definen en el decreto y el primero no es tan usual, el literal a del artículo 3, de objetivos de la CSPSS, señala la intención de «garantizar […] el acceso equitativo a un conjunto de prestaciones que aseguren niveles mínimos de bienestar para la población a lo largo de todo el ciclo de vida, fomentando la compatibilización de la vida laboral y familiar, en especial en lo relativo a cuidados y género».
¿Qué incluye esto? La lista puede ser amplia y ampliable, pero debería contener, por lo menos, el trabajo, los salarios, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, las jubilaciones y pensiones, y los cuidados. Y todo ello transversalizado por la equidad de género, generaciones, razas, etnias, capacidades, lugares de residencia y toda otra distinción que pueda ser discriminatoria.
Para discutir todo esto, llegar a «acuerdos lo más amplios posibles» y definir cómo implementarlos hace falta, sin duda, mucho más que el año que va hasta el 30 de abril de 2026. Porque se necesita crear nuevos instrumentos, mejorar otros existentes y modificar sustancialmente algunos que en vez de apuntar en la dirección deseada van en la opuesta, como la reforma jubilatoria de 2023 del gobierno multicolor. Y los tiempos para hacer estas cosas no son los mismos, por lo que sería bueno establecer plazos diferentes.
* * *
Sobre cuestiones como la atención a la infancia, la implementación de cuidados o la universalización del acceso a la educación, es posible que sea muy sencillo ponerse de acuerdo en enunciados generales. La cuestión es hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se debe llegar y cómo se financia. Y ahí hay dos visiones totalmente distintas que fueron confrontadas en las recientes elecciones y que, aun con las dificultades para evidenciar sus diferencias, fueron resueltas a favor de las estrategias sociales solidarias, desechando la teoría de los malla oro, que apuesta a fortalecer a los más fuertes para que a los más débiles pueda llegar algo de lo que sobra. Sobre esto, el problema no es ponerse de acuerdo, porque los que tienen «la sartén por el mango, y el mango también», como decía María Elena Walsh, no van a aceptar entregar el mando. El problema es crear la hegemonía de los más, aunque sean los más débiles.
La reforma del sistema jubilatorio y la necesidad de revertir los graves pasos atrás que el país dio con la reforma de Luis Lacalle Pou y de Rodolfo Saldain son un buen ejemplo de esto. La población puso ahora en el gobierno a una fuerza política y por lo menos a 50 diputados y 17 legisladores que piensan que esa reforma es mala y que ese no es el camino (como pensaba el propio Lacalle cuando se comprometió en la campaña de 2019 a no subir la edad de jubilación).
Es que, por más abierto y fructífero que pueda ser el diálogo social, sobre esto no va a haber acuerdo: quienes aprobaron esa reforma están convencidos de que lo que les conviene es que los costos los paguen otros, y así lo establecieron: el supuesto déficit de la seguridad social (que así llaman a la cobertura que hace el Estado, por mandato constitucional, del descalce entre aportes y prestaciones) se va a cubrir haciéndoles aportar cinco años más a los trabajadores y cobrar cinco años menos a los jubilados, y además una jubilación menor a las ya muy escasas actuales. Todo para que las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) hagan su negocio.
* * *
El plebiscito para derogar la reforma no resultó aprobado, pero casi la mitad del país lo apoyó y el resto no lo rechazó, sino que no se pronunció. Aunque para el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill, el tema esté laudado porque no fue aprobado en el plebiscito de 2024 (Montevideo Portal, 29-III-25), eso no lo dice la Constitución ni ninguna ley; por si hiciera falta un botón de muestra, en la propuesta de Jorge Larrañaga Vivir sin Miedo se plebiscitó en 2019 la habilitación para hacer allanamientos nocturnos, no fue aprobada y se volvió a presentar en 2024, por el mismo sector del mismo partido, y nuevamente fue derrotada.
La disposición de la Ley de Urgente Consideración (LUC), n.º 19.889 (art. 74) que modificó la ley sobre estupefacientes, que se entiende redundó en un aumento de un 26 por ciento en el número de mujeres en prisión en el año siguiente a su aprobación, fue objeto de un proyecto de ley presentado por los senadores colorados Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz para disminuir las penas establecidas. Y eso pese a que esa medida estaba en uno de los 135 artículos de la LUC que se sometieron a plebiscito para su derogación en 2021 (que no fue aprobado). El proyecto colorado tampoco, pero solo porque no contó con los votos de la coalición gobernante.
Los ejemplos pueden seguir y llegar hasta el plebiscito montevideano del aumento de 1 vintén en el boleto del transporte en 1951 (en ese caso, el que contrapuso lo resuelto fue el gobierno departamental, que después de derogado el aumento por plebiscito lo volvió a imponer poco después, como una nueva medida).
O sea, como dice el propio O’Neill en la información referida, estas cosas no se escriben en piedra.
* * *
El PIT-CNT ha llamado «expropiación de vida» lo que hizo la reforma jubilatoria multicolor a los trabajadores activos y pasivos, a quienes se arrebataron cinco años de su existencia. En realidad, no es una expropiación, porque en las expropiaciones se indemniza al expropiado. Es mucho más duro: es una confiscación.
No hace falta discutir un año para terminar con esa confiscación. La mayoría así lo quiere, en la población y en el Parlamento. Se pueden devolver esos cinco años ya.
Y, ya que estamos, tampoco hace falta esperar un año para dotar al Sistema Nacional Integrado de Cuidados de los recursos que necesita para ser lo que se quiso que fuera y es necesario que sea: en pocos meses se discutirá el presupuesto quinquenal y ese es el instrumento idóneo para reparar el error, «para que no se muera de olvido», como cantaba Pablo Estramín. | {
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dc2eabdf657a3e1ccd336b5467fce2be | Hora de asumir el desafío II
Las ucronías son figuras literarias en que se imaginan historias alternas posibles a partir de sucesos contemporáneos que despiertan un mundo ficcional desde un registro de lo que pudo haber sido. Distopías como las de George Orwell y Aldous Huxley o utopías sobre sociedades alternativas como las de William Morris, H. G. Wells, Iain M. Banks, Ursula K. Le Guin y Naomi Mitchison son una muestra de la capacidad humana para imaginar cómo pueden ser las cosas en el futuro, sean estas visiones populares o corporativo-estatales. En este sentido, la ucronía puede ser entendida también como la potencialidad que ofrece el tiempo presente para diseñar y transformar nuestro futuro colectivo.
Mientras el ingenio humano es capaz de explorar alternativas en las que, por ejemplo, la tecnología es un bien común, las utopías de las corporaciones de plataformas intentan capturar nuestro deseo con patrones de conducta, proyecciones de futuro, algoritmos o producciones culturales que reafirman el mundo «tal como es». Nuestra existencia y tiempo vital en ese mundo parece que solo puede tener lugar bajo la mediación comercial, el dinero y la acumulación capitalista. Las soluciones a las incertidumbres humanas, las tristezas o alegrías, un viaje o pedir comida: todo se encuentra mediante la búsqueda de una aplicación adecuada en la App Store. Así, las corporaciones de plataformas destinan enormes recursos a monetizar el comportamiento y las interacciones sociales para explotar los recursos colectivos. Al mismo tiempo, producen una forma de subjetividad encadenada al mercado y un régimen de verdad que obstruye la posibilidad de imaginar arreglos colectivos a la crisis estructural del capitalismo, pues simplemente debemos aceptar la letra chica de las condiciones de uso de las plataformas tecnológicas y convertirnos en ciudadanos-usuarios responsables del cuidado del medioambiente. Como afirma el intelectual bielorruso Evgeny Morozov, esta utopía ha dado lugar a un mundo donde los capitalistas intentan solucionar cualquier problema –en general creado por ellos mismos–, desde la desigualdad o la pobreza hasta el calentamiento global, para ofrecer la «libertad humana como un servicio privado». No es necesario agregar cómo este mundo del capitalismo financiero concentrado de Google, Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia y Tesla alimenta los regímenes ultraderechistas y autoritarios de los Milei y los Trump.
Frente a este mundo distópico, emergen algunas preguntas: ¿cómo imaginar la vida colectiva más allá de las big tech, las corporaciones digitales y el capitalismo contemporáneo?, ¿cómo articular esta imaginación de escenarios alternativos con las luchas sociales y el nuevo escenario político?
Pero la monstruosa bestia no era un peso inerte; por el contrario, envolvía y oprimía al hombre con sus músculos elásticos y poderosos. Enganchábase con sus dos vastas garras al pecho de su montura. Charles Baudelaire
Es innegable que la economía de plataformas se encuentra en un amplio y creciente abanico de sectores que abarcan actividades relacionadas con la publicidad y los estudios de mercado; alojamientos; entretenimiento y ocio; servicios de cuidado; educación; servicios financieros; transporte; comercio electrónico; información y comunicación. Sin embargo, una serie de investigaciones recientes han puesto en evidencia que las plataformas tienen un efecto más bien obstaculizador que dinamizador en la generación de valor y acumulación en las economías contemporáneas. La digitalización del mundo del trabajo y de toda interacción social supone no un salto al progreso social, sino una regresión histórica y civilizatoria, pues los grandes monopolios digitales abandonan la producción para concentrarse en la depredación.
Las explicaciones sobre esta caracterización son variadas. Entre ellas, una idea común es que en el capitalismo digital no se capturan únicamente los datos, sino especialmente lo que encubren en tanto potencia social del trabajo y el conocimiento colectivo. Por ello, el auge digital alimenta una gigantesca economía de renta, no porque los datos sean la nueva fuente de valor, sino porque el control de la información es conocimiento social concentrado en pocas empresas. De este modo, se produce una monopolización intelectual que se ha convertido en uno de los modos más poderosos de capturar valor.
La centralización económica de las big tech se va abriendo paso en toda la cadena. Desde la producción de minerales clave para la digitalización (litio, cobalto, níquel, etcétera), el desarrollo de los cables oceánicos que cruzan continentes y que conforman la capa primaria del digital stack, hasta las infraestructuras físicas de los centros de datos (tal como el que Google instalará en Uruguay) y los servicios digitales de la más variada índole. El costo social y ecológico de desarrollar las tecnologías digitales bajo el imperio de las grandes tecnológicas es demasiado alto, pues se produce una dinámica en la que «el ganador se lo lleva todo» (Brecha, 22-IV-22) que opera en contra del interés común, público y la soberanía de los Estados.
* * *
Imaginar alternativas para sacudirse el peso de esta «monstruosa bestia» implica deliberar propuestas desde los movimientos sociales, los sindicatos, las cooperativas, los investigadores y el mundo académico con una profunda radicalidad democrática. También requiere la apuesta al diseño de nuevas políticas públicas nacionales e internacionales que puedan generar infraestructuras y servicios digitales esenciales pensados como bienes comunes o públicos. En otras palabras, un camino hacia la reapropiación social de todo aquello que las corporaciones digitales han expropiado.
Para abonar este camino, podrían considerarse algunas iniciativas como las siguientes:
1. Reapropiación y control social de la infraestructura digital. La construcción de una nube pública compuesta por centros de datos públicos interconectados mediante infraestructuras (cables, satélites, antenas) en colaboración regional e internacional permitiría ampliar la soberanía nacional en la economía digital.
2. Desarrollo de plataformas universales públicas centradas en el bien común y no en la maximización de las ganancias de activos financieros, como ocurre en la actualidad. En Uruguay, la promoción de una economía social y solidaria digital y el papel de entes públicos como ANTEL podrían estar en el centro de la financiación y el acceso a herramientas digitales dirigidas a impulsar formas asociativas y cooperativas de diverso tipo.
3. Planificación soberana de la investigación y el desarrollo. El rápido desarrollo de las plataformas, el big data y la inteligencia artificial (IA) bajo el monopolio de las grandes tecnológicas significará que solo unas pocas empresas controlarán el qué y el cómo de las investigaciones relevantes, los problemas que se plantean y la forma de resolverlos. Se requiere desarrollar una agenda de investigación independiente centrada en las necesidades sociales y del medioambiente, fuera de los enfoques mercantilistas, que no consideran el colapso ecológico y las enormes cantidades de energía, agua y equipos necesarios para la ejecución de los modelos de IA. Desmercantilizar y democratizar la ciencia y la innovación es un desafío para instituciones como la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
4. Defensa y ampliación de los derechos humanos y civiles en la economía digital. Bajo el dominio de los monopolios tecnológicos o de los Estados (como Estados Unidos y China), las tecnologías digitales son una herramienta para amplificar la vigilancia, violar derechos humanos o exterminar ciudadanos, tal como ocurre con el genocidio en Gaza. Una auténtica participación de las comunidades permitirá decidir sobre el curso, el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. Esta deliberación debería, por ejemplo, prohibir algunos usos de la IA como la evaluación para recibir ayudas sociales o para los procesos de inmigración, la gestión algorítmica sobre el trabajo, la vigilancia hacia la ciudadanía o para la industria armamentística.
5. Reapropiación social de la renta que capturan las big tech para orientarla a una política industrial y social. Las grandes empresas de plataforma funcionan parasitando la creación de riqueza de otros sectores de la economía, al tiempo que evaden numerosos impuestos. Entre otras medidas, se podría aplicar un impuesto dirigido a los ingresos totales, obligar a las empresas a pagar retenciones por la monetización de los datos capturados, gravar las importaciones digitales o impuestos al uso de la IA y la robotización que sustituye la fuerza de trabajo
Estas iniciativas no agotan el caudal de creatividad social que puede desplegarse en el diseño de alternativas. Se trata de un aporte a las luchas sociales de las trabajadoras y los trabajadores para pensar ucronías populares en la disputa por el poder a las empresas tecnológicas que reorienten los beneficios concentrados de la tecnología y permitan recuperar el acceso al conocimiento y los datos creados colectivamente.
*Nicolás Marrero es sociólogo y docente de la Universidad de la República. | {
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60e468a0828ed5a10363aa2f637e6d21 | La ciberseguridad en Uruguay: amenazas y desafíos
El preocupante incremento de los ciberataques contra el Estado uruguayo se enmarca en un fenómeno global de crecimiento de los delitos informáticos. Uno de los métodos más utilizados es el ransomware, que consiste en vulnerar un servidor, encriptar la información contenida y luego solicitar un rescate monetario para su recuperación. Estos ataques suelen ejecutarse a través de plataformas de grandes organizaciones criminales, como ocurrió con el caso de LockBit contra el estudio Guyer y Regules, en que el rescate exigido superó ampliamente los 300 mil dólares originalmente solicitados. Una situación similar se vivió en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 2022. Los expertos sugieren que esa vez se hizo un pago por el rescate, aunque no se ha podido confirmar que el dinero haya salido de las arcas del Estado.
Una de las principales vulnerabilidades que explotan los ciberdelincuentes es la falta de mantenimiento y actualización del software. Muchas veces, los ataques se producen aprovechando brechas de seguridad ya detectadas y solucionadas en versiones más recientes de los programas utilizados. Varios de los ataques recientes a organismos estatales parecen haberse originado por esta razón. Además, algunos grupos atacantes han demostrado intenciones políticas en sus acciones, lo que se evidencia en los mensajes publicados en sitios especializados en los que se hacen públicos estos delitos o con mensajes en los propios sitios vulnerados.
El ataque en febrero a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) involucró la filtración de datos de más de 500 mil personas físicas y jurídicas en Uruguay. Se sospecha que el grupo responsable utilizó credenciales autorizadas para explotar una vulnerabilidad en el sistema. La Agesic rápidamente se deslindó de responsabilidades, al indicar que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) debía responder sobre las consecuencias del incidente. Sin embargo, la URCDP se ocupa de hacer cumplir la normativa respecto de la protección de datos personales, mientras que la responsabilidad por la integridad y la seguridad de los datos almacenados en un servidor recae sobre la empresa o el organismo que lo administra. Por lo tanto, es la Agesic la responsable de velar por la seguridad y la no filtración de los datos almacenados en sus bases de datos. Hasta la fecha no se ha informado públicamente sobre la gestión de los datos comprometidos.
El resultado del análisis forense es fundamental en estos casos. Consiste en examinar sistemas, redes y dispositivos electrónicos para identificar el origen de un ataque, determinar el alcance de los daños y recopilar evidencia digital. Luego de un ataque, los técnicos en informática forense rastrean las vulnerabilidades explotadas, reconstruyen los eventos previos al incidente y buscan responsables, con lo que ayudan a la prevención y proporcionan pruebas para posibles acciones legales.
En marzo, el número de ataques contra el Estado uruguayo aumentó significativamente, aunque la mayoría fueron de baja calidad y poco sofisticados. Un ejemplo es el ataque a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) en el que se publicó la foto del presidente Yamandú Orsi junto con su número de celular. Es probable que los atacantes hayan explotado debilidades en la herramienta con la que se diseñó la página web, posiblemente debido a la falta de actualizaciones.
El fin de semana pasado, el dominio gub.uy estuvo inaccesible durante varias horas, lo que afectó todos los sitios oficiales del Estado. También la Fiscalía General de la Nación sufrió un ataque, aparentemente en represalia por la prisión preventiva de un joven de 18 años, presunto responsable de ataques a la Dinacia, Buquebus, el Ministerio de Desarrollo Social y el shopping de Las Piedras. En este contexto, la página oficial de eficiencia energética fue intervenida con un mensaje dirigido al Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía que denunciaba supuesta corrupción. Asimismo, recientemente se hizo pública una filtración de datos personales del sitio de dedicación total de la Universidad de la República. Un atacante afirmó que posee información de alrededor de 500 docentes, aunque más tarde se comprobó que la cifra ascendía a más de 1.400. Este ataque se lo atribuyó el grupo ExPresidents, que anteriormente había vulnerado la seguridad de la Intendencia de Flores y que se presume que opera desde Argentina.
La gestión de la seguridad informática en Uruguay sigue fragmentada, con cada organismo estableciendo sus propias estrategias y políticas. La Agesic emite recomendaciones generales, pero no existen protocolos claros de seguimiento ni sanciones en caso de incumplimiento. Un simple ejemplo de esto es la falta de aplicación del decreto 92/14, que obliga a los entes estatales a utilizar dominios gub.uy y a alojar sus servidores en territorio nacional. Sin embargo, se siguen recibiendo correos oficiales desde cuentas @gmail.com y hay sitios alojados en servidores fuera del territorio nacional sin consecuencias para los responsables.
No se ve con claridad en qué ámbito del Estado se maneja la ciberinteligencia. Todo parece indicar que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado sería el ámbito natural para dirigir estas políticas en coordinación con la Agesic, el MI, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, al que le compete todo lo relacionado con ataques desde fuera del territorio nacional. La legislación en la materia hasta el momento se ve muy insuficiente o directamente inexistente.
Es imperativo que el Estado uruguayo considere la ciberseguridad una prioridad al mismo nivel que otros temas de seguridad pública. A la luz de acontecimientos recientes, como el entredicho entre Brasil y Paraguay por un supuesto caso de seguimiento y espionaje informático que pausó las negociaciones sobre Itaipú, o el aumento de ataques contra el Estado, sumar las políticas de prevención de estos delitos a la agenda nacional no parece en absoluto descabellado. Sin dudas es de esperar señales de cambios o proyectos al respecto por parte de la administración entrante.
No podemos permitir que gente sin experiencia, siguiendo tutoriales en internet, vulnere las páginas web estatales o robe bases de datos con facilidad, de la misma forma que no podemos permitir ser atacados por organizaciones u otros Estados. Si Uruguay se enorgullece de Ceibal y de su avanzada infraestructura de fibra óptica, debe también garantizar la protección de sus sistemas informáticos. Una de las iniciativas recientes para mejorar la situación fue la creación de una tecnicatura en ciberseguridad en la UTU. Tendremos un grupo de egresados allá por 2028 con un importante acumulado de conocimiento teórico, pero con poca práctica enfrentando problemas reales. Es imposible esperar todo ese tiempo para armar equipos que se ocupen del área, como sugirió de forma un tanto ingenua algún actor de gobierno saliente el año pasado.
La fragmentación de los servicios informáticos del Estado impide centralizar el desarrollo de software, la infraestructura y las políticas de seguridad. Unificar centros de datos y recursos humanos podría hacer más eficiente la informática estatal, al permitir que expertos de distintos organismos trabajen en conjunto para definir y ejecutar estrategias de ciberinteligencia, ciberseguridad y respuesta a incidentes. El punto será desarrollado en futuras columnas. | {
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47e2f61c8c54050e6ff8ea960f535b39 | La impunidad, el sistema penal juvenil y la urgencia de una comisión de la verdad
Mientras las cárceles uruguayas siguen llenándose de adolescentes y jóvenes pobres, el delito de tortura –especialmente contra adolescentes privados de libertad– permanece en la impunidad. Organismos internacionales, como los comités contra la Tortura, de Derechos Civiles y Políticos, y de los Derechos del Niño de la ONU, han alertado, repetidamente, desde hace por lo menos 15 años, sobre las graves deficiencias en la legislación local y la selectividad del sistema penal, que criminaliza a los más vulnerables mientras que omite investigar a los responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
A pesar de que Uruguay cuenta con la ley n.º 18.026, que tipifica en su artículo 22 a la tortura como delito autónomo, el Comité contra la Tortura de la ONU señaló en 2022 que su definición es insuficiente. Dicho artículo no incluye los fines específicos (intimidar, coaccionar, obtener información o confesiones), omite la motivación discriminatoria como elemento clave del delito y excluye actos de tortura contra terceros (no solo la víctima directa).
Esta ambigüedad legal abre puertas a la impunidad. El Estado uruguayo no ha cumplido con las recomendaciones internacionales para ajustar su legislación a los estándares de la Convención contra la Tortura y eso se aprecia claramente cuando las instituciones, en especial la Justicia, deben responder frente a la tortura y el trato cruel inhumano y degradante. Nos sobran dedos de las manos para contabilizar cuántas veces se responsabilizó penalmente a funcionarios por malos tratos o tortura a adolescentes en centros de detención.
Mientras la tortura queda sin castigo, las últimas administraciones han impulsado reformas regresivas en el sistema penal juvenil bajo el argumento de la «inseguridad»: penas de hasta diez años de privación de libertad para adolescentes; eliminación de beneficios como la suspensión condicional del proceso; detención preventiva como regla, no como excepción; condiciones inhumanas en centros de detención, denunciadas reiteradamente.
LA DEUDA PENDIENTE: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Las recientes noticias y la impunidad histórica que ha caracterizado al Estado uruguayo dejan al descubierto el vacío y la soledad en la que se encuentran las víctimas de tortura, en especial los adolescentes detenidos y sus familias.
Una buena señal sería la creación de una comisión independiente que investigue casos de tortura y malos tratos en centros de detención de adolescentes, que incluya responsabilidades estatales (por acción u omisión) pasadas y presentes. Esta comisión debería, además, establecer: reparación integral para las víctimas (económica, psicológica y simbólica); tipificación clara del delito de tortura y desarrollo de mecanismos de reparación; reforma urgente del sistema penal juvenil, priorizando medidas no privativas de libertad y un enfoque socioeducativo; capacitación y formación a quienes deben investigar para determinar responsabilidades judiciales en la materia.
En el comienzo de una nueva administración, Uruguay debe dirimir entre seguir criminalizando a los más vulnerables o garantizar la justicia para quienes han sufrido tortura y violencia institucional. | {
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2f922e7a992567b72330621ceff7e0f9 | El hombre es un muñeco de sueños, nada más
Rubén Lena nació el 5 de abril de 1925 en el barrio España, en Treinta y Tres. Su padre era sastre y vivían «como podían» en un hogar sencillo. Rubio o Rubito, antes y después de ser un indiscutido compositor de canciones populares, fue docente. Su carrera comenzó en 1949 como auxiliar del maestro José Gallego Lucas en la escuela de Sierras del Yerbal, próxima a la Quebrada de los Cuervos. Era una zona alejada y pobre, sin buenos caminos de acceso, donde reinaba la soledad.
En ese tiempo rural sin radio, para saber del mundo más allá de las sierras,1 una vez cada tanto, a caballo o a pie hasta la carretera, sorteando el barro y las distancias, iban al pueblo a ponerse al día. La actualización no era solo informativa, también incluía visitar el bajo –«que para cura no había nacido»– y los b... | {
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d4dfdea42c218cbc0358e37d2e855aad | La siembra de un maestro
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5931f56eebd573ae9b17914f8bc09cd1 | En medio del silencio
Una noche, mientras caminaba por una calle de Boston, Rümeysa Öztürk fue abordada por un grupo de hombres enmascarados. La estudiante turca, que prepara una tesis sobre literatura infantil en la Universidad Tufts gracias a una beca Fulbright del Departamento de Estado, no tuvo tiempo ni de asustarse. Le sacaron el teléfono y la mochila, la esposaron y la subieron a un auto que, como los secuestradores, vestidos de civil, no tenía identificación alguna. Su abogado no pudo encontrarla ni comunicarse con ella hasta 24 horas después, el 26 de marzo. De acuerdo a un comunicado posterior del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Öztürk fue detenida para comenzar su proceso de deportación. Su visa había sido revocada con efecto inm... | {
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"Francisco Claramunt",
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1690acb42f75e44af6268d466c63bf95 | Probando, probando
Primero vinieron por los socialistas
Y yo dije nada porque no era socialista
Luego vinieron por los sindicalistas
Y yo dije nada porque yo no era sindicalista
Luego vinieron por los judíos
Y yo dije nada porque yo no era judío
Luego vinieron por mí
Y no quedó alguien para hablar por mí.
Martin Niemöller, pastor luterano
Desde el momento en que lanzó su primera campaña presidencial, en 2015, Donald Trump denigró a los inmigrantes; en la campaña de 2024, los calificó de «alimañas que envenenan la sangre de la nación» y prometió la deportación más impresionante de la historia.
Pero la tarea es grande.
Paso a paso.
En Estados Unidos hay unos 48 millones de inmigrantes, esto es el 14,5 por ciento de la población. De ellos, unos 11 millones son inmigrantes indocumentados (Trump ha dicho que los indocumentados suman 21 millones). De esos inmigrantes, según la Oficina del Censo, poco más de 900 mil son venezolanos, menos del 2 por ciento del total. Y, entre ellos, algunos cientos han cometido crímenes o están vinculados a pandillas violentas.
En días recientes las pantallas repitieron escenas de decenas de hombres, vestidos con camisetas y pantalones cortos blancos, con la cabeza rapada, encadenados de pies y manos y forzados a marchar entre filas de policías pertrechados para disturbios hacia aviones y desde aviones en una deportación expedita.
El gobierno de Trump afirmó que los expulsados son miembros de la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua e invocó la Ley de Extranjeros Enemigos, que data de 1798, para el envío de más de 200 hombres a las cárceles de El Salvador. El juez federal James Boasberg demandó que el gobierno de Trump cesara las deportaciones; el presidente, desafiando la orden judicial, despachó a otros cientos de individuos a Venezuela. Cada uno de los acusados «niega de manera vehemente» su vinculación con Tren de Aragua, señaló Boasberg. «Por lo tanto, cada uno de ellos tiene derecho a audiencias y no puede ser deportado hasta que un tribunal decida sobre los méritos de su reclamo.»
Trump calificó a Boasberg como «un revoltoso y un agitador» y afirmó que los jueces federales deberían estar expuestos a juicios políticos (impeachments). Desde su red social X, Musk también ha estado atacando a los tribunales.
En Estados Unidos hay 91 tribunales de distrito federal y 13 tribunales federales de apelación, en los que operan unos 1.770 jueces que son designados y confirmados por el Senado para los cargos de manera vitalicia.
La jueza Patricia Millet, del Tribunal Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia que recibió la orden del gobierno, afirmó que «hubo aviones repletos de gente. No hubo procedimientos establecidos para las notificaciones. A esa gente no se le dio aviso. No se les dijo a dónde iban. No hubo oportunidad de presentar habeas corpus o cualquier gestión para contrarrestar la expulsión».
Ante el reclamo de los tribunales de información acerca de los hombres deportados, el gobierno de Trump se amparó, nuevamente, en la ley de 1798.
«El tribunal tiene todos los hechos que necesita para dirimir las cuestiones que tiene por delante», según la secretaria de Justicia, Pamela Bondi. «Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentan daños peligrosos y plenamente injustificados sobre la separación de poderes con respecto a las preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional sobre las cuales el Tribunal no tiene competencia. La información que pide el Tribunal está sujeta al privilegio de secreto de Estado porque su divulgación presentaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos externos.»
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, en una rara declaración pública, apuntó que «algunos funcionarios públicos, lamentablemente, se han involucrado en intentos recientes de intimidar a los jueces, sugiriendo parcialidad política en las decisiones adversas del juez sin un sustento válido para tales alegaciones».
«Los intentos de intimidar a los jueces por sus fallos en casos son inapropiados y deberían ser enfrentados vigorosamente», agregó Roberts, que ya ve que se eleva la marea de casos contra Trump que llegarán al tribunal máximo del país. Tras esto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, de Luisiana, siempre listo para facilitar los empellones de Trump, propuso que el Congreso reduzca el número de tribunales federales. El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que inmigrantes que son residentes permanentes legales y aun ciudadanos estadounidenses podrían terminar en el zoológico para humanos en El Salvador.
Afuera de los recintos judiciales, lo que ha quedado grabado en el territorio de la opinión pública son las imágenes de esos prisioneros sin rostros ni nombres encadenados y arreados como animales en cumplimiento de la «gran deportación» prometida por Trump.
En el torbellino cotidiano que el gobierno de Trump causa con medidas, amenazas, despidos de empleados públicos y giros de política internacional, el destino de esos inmigrantes indocumentados pasa casi desapercibido para los estadounidenses.
ENSANCHANDO
Según un aviso publicado el viernes 28 en el diario oficial Federal Register, el gobierno de Trump revocará el estatus de protección temporaria de unos 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. A la vista de que la opinión pública no se inquieta por la deportación forzada de unos cientos de supuestos pandilleros venezolanos, se ensancha la redada un poquito más. El Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, lo creó el Congreso en 1990 para darle al Poder Ejecutivo la autorización para, en el caso de desastres naturales o violencia en ciertos países, otorgar un amparo temporario con permiso de trabajo para los ciudadanos de esos países. Esta designación es una atribución del Poder Ejecutivo. Aproximadamente 864 mil personas están actualmente amparadas por el TPS. No son inmigrantes indocumentados, sino que están registradas, documentadas, autorizadas a trabajar. Las hay de Venezuela (344.300), Haití (200 mil), El Salvador (180 mil), Honduras (54.300) y Nicaragua (2.300) en una lista de países que incluye a Ucrania, Afganistán, Nepal, Siria, Camerún, Etiopía, Yemen, Sudán, Somalia y Sudán del Sur.
El Salvador, que negoció un buen acuerdo para mantener enjaulados a los deportados desde Estados Unidos, y Honduras se salvaron del fin del TPS que afecta a otros países latinoamericanos. Sin TPS, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos, muchos de los cuales están desde hace décadas en Estados Unidos, quedan expuestos a la próxima oleada de deportaciones, que probablemente tampoco conmoverá a la opinión pública.
Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se apresta a añadir para los extranjeros que viven en el país y tramitan su residencia legal permanente (la famosa «tarjeta verde») o tienen asilo el requisito de que sus media handles den cuenta de los nombres que usan en las redes sociales. El USCIS indicó que esta medida es necesaria «para mejorar la verificación de identidad y la vigilancia de la seguridad nacional». Y, en otra medida cuestionada ante los tribunales, Trump les ha pedido que «reinterpreten» la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, según la cual toda persona nacida en territorio estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, con excepción de los hijos de diplomáticos extranjeros.
Trump propone que se niegue la ciudadanía por nacimiento a las niñas y los niños nacidos en el país si sus madres o padres no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Decenas de las acciones emprendidas en dos meses por el gobierno se enfrentan a querellas judiciales que, en una crisis constitucional en cámara lenta, se mueven hacia la Corte Suprema. Cada una de estas medidas afecta a grupos minoritarios y poco molesta a la mayoría de los estadounidenses. Cada una de ellas, con la adecuada manipulación mediática y la retórica xenófoba de Trump, acostumbra a la ciudadanía a la indiferencia ante la suerte que corran esos otros que no somos nosotros. | {
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7cd1a9a71d5796cdebeccdddf8e9eda8 | «Libertarios» contra libertarios
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2e36e8a51bf8b8328d78e55d3d4feee7 | Milei o la descomposición del sujeto político
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51dc8d3c2f031bdfa4c2732f10fc2297 | Movimientos en el frente
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c812d1cad42a9766e1efbddc076b7c3b | En cruz y en éxtasis
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afad1b0aff76e00fbae4268372ce4f52 | Una noche en la Ópera (o casi)
¿Por qué alguien en sus cabales me enviaría como cronista a la presentación de un quinteto de vientos si con suerte distingo una flauta de una tuba? La cuestión me desveló varias noches hasta dar con la respuesta: la jefa sabe que suelen ocurrirme cosas, en general desafortunadas o al menos extrañas, y está interesada en que las cuente. Genial, pensé. Pero ¿y si esta vez no me pasa nada?
Me acomodé en la primera fila, teniendo en cuenta que la música de cámara se presta para la cercanía, pero cambié de parecer. Muchas veces, en bandas de música moderna, me tocó compartir escenario con lo que llamamos brass (trompeta, saxo y trombón); esto me permitió observar las actividades que desarrollaban esos individuos durante los largos compases de silencio de sus partituras. No quiero ser muy explícito por si hay alguien leyendo esto y comiendo a la vez (cosa que los nutricionistas desaconsejan), así que solo diré que la civilización occidental no tolera que la gente expulse fluidos de su cuerpo durante el ejercicio de su labor profesional, salvo en dos casos: jugadores de fútbol y ejecutantes de instrumentos de viento. Por precaución, entonces, me trasladé un par de filas más atrás.
El escenario, aún desierto, estaba dispuesto en semicírculo. A diferencia de lo que ocurre con las orquestas, en los conjuntos de cámara no existe la figura del director, por lo que los músicos se ubican de esa manera para tener contacto visual y a partir de pequeños gestos indicarse las entradas, los tiempos y las dinámicas de la ejecución.
Me llamó la atención la presencia de mucha gente joven en la platea, dado que en algunas notas de prensa que encontré sobre este concierto los comentarios de los foristas de internet más nefastos (los que suelo leer asiduamente) eran del tipo de «no sé para qué traen esto si la juventud solo escucha cumbia». De hecho, los cinco virtuosos integrantes del Ecco Wind Quintet (Isabel Carmona en flauta, Marta Hernández en oboe, Álvaro Canales en fagot, Joel Cardozo en clarinete y Luis Barbé en corno) son prácticamente unos chiquilines.
Creo que este tipo de conjunto es ideal para acercarse al mundo de la música académica; más fácilmente que en una orquesta, uno puede identificar las melodías, las armonías que se van encadenando, los arpegios, las líneas de graves, etcétera, y atribuirlas a cada instrumento. Basta con unos minutos de ver y escuchar oboe, clarinete, fagot, corno y flauta tocando a la vez para individualizarlos. El contraste entre ellos los hace inconfundibles.
La flauta no requiere mucha presentación: es eso plateado y largo que cuando pedíamos de chicos porque queríamos tocar como Nito Mestre nunca nos regalaban y en su lugar nos daban una cosa llamada flauta dulce que siempre odiamos. La flauta dulce (aunque útil a la hora de arrear fuera del pueblo a grandes cantidades de roedores o niños) nunca sirvió para ascender en la escala de popularidad de la clase ni para conseguir novia.
También hay que decir, viendo el lado positivo, que en Uruguay esa propiedad de la flauta dulce a la hora de frustrar vocaciones musicales ha sido vital para controlar la proliferación de músicos. Se habla mucho de lo preocupante de la relación en la cantidad de trabajadores activos y pasivos, pero en Uruguay la relación músico-espectador es alarmante. Hoy, por cada espectador tenemos 3,6 músicos y si no fuera por la flauta dulce, ya no quedarían personas productivas y todos andaríamos harapientos por las calles, regalando nuestros discos a otros músicos, que los elogiarían por compromiso, pero, en realidad, nunca los escucharían.
El clarinete también es bastante conocido, sobre todo por su uso en el jazz y otras músicas populares. Cualquiera que haya visto Manhattan, de Woody Allen, tendrá grabado en sus oídos el inicio de «Rhapsody in Blue». Es un objeto de madera, negro, recto y con llaves plateadas. En este caso Cardozo utilizó, además del típico clarinete en si bemol, uno más pequeño para el movimiento del chorinho de la suite que cerró el concierto.
El oboe tiene cierto parecido con el clarinete, pero los labios se colocan en una especie de pajita. El sonido es mucho más filoso que el del clarinete. Por momentos, nasal. Se ve que es un artefacto muy rebelde porque su ejecutante, Marta Hernández, debía manipular sus cañas, tal vez para humedecerlas. En las breves pausas, soplaba enérgicamente para despejar alguno de los orificios, lo que producía unos encantadores sonidos extramusicales parecidos a los estornudos de un gato mediano.
Con el fagot me sucede algo contradictorio. Me encanta la versatilidad de su sonido cálido, que tanto puede hacer las funciones del bajo como pasar al primer plano y llevar la melodía principal o sostener un pasaje con arpegios, pero es tan raro que me pregunto si no sería mejor que se ejecutara tras un biombo. Es el ornitorrinco de las especies musicales. En un espectáculo de Les Luthiers, pasaría inadvertido junto al zapatófono o el órgano de campaña.
El corno francés es engañoso, porque a pesar de su nombre nos remite a bucólicas escenas de la campiña inglesa, como la caza del zorro. Morfológicamente parece una trompeta diseñada por H. R. Giger, el de las criaturas de Alien. Es curiosa la posición de la mano derecha del ejecutante dentro de la campana, postura que me recordó a un veterinario asistiendo el parto de una vaca.
Dicho todo esto, hay que reconocer que los músicos que ejecutan vientos son los que más le ponen el cuerpo a la música. Es tremendo. Pulmones, diafragma, labios, músculos faciales, lengua. Yo, novio de alguno de estos, sentiría celos constantemente. No solo por la cantidad de tiempo que pasan con su instrumento, sino por todo lo que comparten con otros humanos también expertos en pulmones, diafragma, labios, músculos faciales y lengua.
La elección del repertorio presentó como hilo conductor la conexión entre lo culto y lo popular. La obra de Giulio Briccialdi «Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Sivliglia di Rossini» (buen nombre) reinventa las melodías más notorias de la ópera de este autor al adaptarlas a una formación de cámara. «Three Shanties», de Malcolm Arnold, rescata canciones tradicionales de marineros (tonadas originales que plantean dilemas tales como what should we do with a drunken sailor in the morning) manipulando los motivos hasta hacerlos irreconocibles. En la suite «Belle Epoque en Sud-America», Julio Medaglia circula entre el tango, el vals y el chorinho, con varias referencias entre las cuales se advierten un par de compases de «La cumparsita», de Matos Rodríguez.
Una velada excelente. Debo reconocer que mi costado aristocrático se sintió transportado a alguno de esos salones del siglo XIX donde unos macanudos se repartían África como intercambiando figuritas. Tal vez eso no estuvo del todo bien. Pero ¿cómo habrían podido fabricar los franceses esos excelentes clarinetes y oboes si no con el ébano de las colonias? ¿Qué pretendían? ¿Qué los hicieran de plástico?
A lo largo del concierto pensé en la profesora Barreiro, del Kennedy, y en su batalla semanal armada tan solo con un grabador a pilas y una paciencia infinita. Perdónenos, profe. No sabíamos lo que hacíamos. | {
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a2705b2ddf8e9a65f871945f1073d145 | En sus marcas
¿Cómo guiarse ante las abrumadoras posibilidades de un catálogo que dispone de la friolera de 209 títulos de películas provenientes de 65 países? ¿Cómo evitar perderse en un mar de sinopsis y descripciones? ¿Cómo discriminar o tomar decisiones que escapen a la mera intuición? Cada cual debe armarse su propio e intransferible recorrido personal según los visionados que elige (y los que debe sacrificar). Como ayuda, aportamos algunos títulos que interesan, sin duda, según diferentes variables y criterios.
I. RECORRIDO DE PREMIOS
No es mala la idea de chequear si las películas han sido galardonadas o nominadas previamente. Si una obra recogió premios en una misma ceremonia, es posible que se trate de un título de calidad, pero si los laureles se acumulan y los reconocimientos provienen de distintos certámenes, el interés está asegurado. De esta manera, corresponde destacar Vermiglio, de la directora Maura Delpero, un drama histórico que se llevó, entre otros, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Otro largometraje multipremiado es Memoir of a Snail, animación en stop motion nominada al Oscar y a los Globos de Oro que relata, en tono de tragicomedia, un proceso de duelo y superación. Corresponde alertar que no es apropiada para niños, debido a su contenido sexual y a alguna escena violenta. La laureada directora brasileña Petra Costa hace pocos años descolló con Al filo de la democracia, en la que documentó los juicios políticos a Dilma y Lula. Su nuevo documental, Apocalipsis en los trópicos, es una aproximación a la avanzada evangélica en Brasil y sus vínculos con el gobierno de Bolsonaro.
Uno de los documentales argentinos más celebrados recientemente es Norita, sobre la cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo Nora Cortiñas, un ama de casa cuyo derrotero vital acabó por convertirla en líder feminista y gran referente del activismo social. En el terreno documental, y nominada en la categoría para los Oscar, está también Black Box Diaries, una valiente investigación de la periodista japonesa Shiori Ito sobre lo que supuso la violación sexual para ella y sus intentos de llevar al reputado agresor ante los tribunales. Otro documental multipremiado y que destaca por su originalidad es Mistress Dispeller, sobre una mujer en China que contrata a una profesional para que «ahuyente» al amante de su marido.
Otros títulos sólidos en este sentido son Une langue universelle, estimulante producción canadiense de historias entrecruzadas que arrasó con los galardones de múltiples festivales, y Good One, un coming of age estadounidense en el que la protagonista, de 17 años, se enfrenta al choque de egos de su padre y un amigo durante una excursión. La más nominada –y premiada–, cabía esperarlo, es To a Land Unknown, la historia de dos primos palestinos volcados a la delincuencia, que malviven en los suburbios de Atenas y sueñan con vivir en Alemania.
II. MAESTROS SON LOS MAESTROS
Incluso los grandes cineastas tienen altibajos y flaqueos, pero también es cierto que la peor obra de un maestro suele ser mucho mejor que el promedio general, por lo que a veces es bueno fiarse de los currículums y apostar por caballos que ya llevan un buen historial de raids ganados. La última película del inmenso director chino Jia Zhang-ke no va a decepcionar y, para decirlo rápido, su Caught by the Tides resulta imprescindible. No menos podemos esperar de los dos mayores directores portugueses del momento: Miguel Gomes y João Canijo. Ambos autores cuentan con una filmografía soberbia, por lo que sus respectivos estrenos, Grand Tour y Hotel do Rio, son opciones garantidas. Desde Argentina, los nombres de Albertina Carri, Mariano Llinás y Lucía Seles, dignos representantes de ese cine inquieto, diferente y provocador que es el cine argentino (si bien tiende a sobresalir allí donde vaya, no siempre obtiene los reconocimientos que le corresponden), por lo que vale la pena asistir a películas que quizá no volvamos a encontrar en carteleras. En respectivo orden, ¡Caigan las rosas blancas!, Popular tradición de esta tierra y Avenida Saenz 1073, video dedicado a la enfermedad de mi padre son opciones que no conviene perderse.
Otro director que nunca defrauda: el rumano Radu Jude, autor de Sexo afortunado o porno loco y No esperes demasiado del fin del mundo. Es de esperar que, ante la actual coyuntura del mundo, Kontinental ’25 redoble la apuesta crítica de filmes anteriores y su atractiva incomodidad. El ya legendario François Ozon (Frantz, ocho mujeres) vuelve a la carga con Cuando cae el otoño, un thriller rural muy francés con aires de comedia negra. Otro de los grandes es Jonás Trueba (La reconquista, La virgen de agosto), quien estará inaugurando el festival con Volveréis, película ganadora del premio Label Europa Cinemas en el Festival de Cannes. El surcoreano Hong Sang-soo nos tiene bastante mareados con su prodigalidad creativa, pero es cierto que pocas veces defrauda y A Traveler’s Needs se presenta como una buena opción para quienes disfrutan de su cine reflexivo e hiperdialogado.
No menos importante es la presencia de Raúl Perrone y Martín Rejtman, figuras claves de lo que se dio en llamar el nuevo cine argentino en los años dos mil, de influjo evidente en el cine del Cono Sur que llegó después. Ambos directores estarán presentes en el festival con sus últimas películas: Combo15 y El repartidor está en camino.
III. LO NUESTRO
Reconocer en la pantalla nuestros propios espacios y paisajes, a nuestra gente y su lenguaje es siempre una opción atractiva –sobre todo, si consideramos la calidad que venimos experimentando con el cine nacional reciente–. Luego de un año especialmente escuálido en lo que refiere a producciones uruguayas (apenas hubo estrenos de ficción), es un alivio encontrar una sección entera dedicada a estrenos de nuestro país: nada menos que 16 títulos de largometrajes. Entre ellos, destaca Quemadura china, última película de la actriz, libretista y directora Verónica Perrotta (fue guionista de Flacas vacas y dirigió junto con Gonzalo Delgado Las toninas van al este), película que, además, cuenta en su elenco con César Troncoso, Néstor Guzzini y la misma Perrotta. Otro cineasta de talento indudable es el documentalista Guzmán García (Todavía el amor, Mirando al cielo, Ficción): su película El amor duerme en la calle trae historias de amor, exclusión y marginalidad, y también promete mucho. Por su parte, la no menos diligente Mariana Viñoles (Exiliados, El gran viaje al país pequeño) dispone un prometedor juego entre ficción y documental con Ni siquiera las flores.
Otros títulos destacados: El niño que sueña, de Andrés Varela, una aproximación documental al universo personal del titiritero Philippe Genty en un estudio, rodeado de un bosque en Bretaña. O La parábola de la tortuga y la flor, de Carolina Campo Lupo, un registro muy original que la directora despliega junto a una amiga, quien padece un cáncer terminal. Renée Pietrafesa Bonnet. La quinta de los secretos, de Susana Lastreto, es un documental estructurado como una pieza musical, hecho con mucha devoción y cariño por la reconocida compositora francouruguaya. | {
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991a88f2c2c9b0b9f60247efbddc2fe3 | De la disciplina a la creación
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78f213f53bca7d0b8e344d9dc3e4d920 | El cuerpo es un campo de batalla
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La conmemoración de los 40 años de la reinstalación democrática celebrada en la casa del Partido Colorado merecía algo más que una autosuficiente simplificación histórica, un canapé sospechosamente insulso regado con el licor de la nostalgia cuartelera. Cuatro presidentes, tres ex (Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica) y uno en funciones (Yamandú Orsi), fueron convocados por el anfitrión, el hoy senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, para demostrarle al mundo que como el Uruguay no hay: «Señores, esta foto es única y nuestra democracia es la envidia de países más grandes y poderosos», dijo el maestro de ceremonias ante un auditorio compacto, reiterando un cliché para significar que en este paisito los contrincantes son capaces de hacer un alto el fuego para intercambiar sonrisas en un estrado y que eso, supuestamente, nos pone en el top del ranking.
La «foto única», entonces, sería la razón principal del encuentro, lo que explicaría la ausencia de reflexiones profundas sobre un momento crítico de la historia del país. La síntesis de Julio María Sanguinetti fue elocuente: el 1 de marzo de 1985 era todo alegría y festejo, «pero detrás de eso había sectores del Ejército no convencidos de la salida». «Mi mayor preocupación ese día eran los bancos, porque sabíamos que el 60 por ciento del sistema bancario estaba fundido.»
Pero no abundó en las causas de ese descontento militar ni en el vaciamiento provocado por el proyecto de plaza financiera, impulsado por algunos de quienes en su primera administración ejecutaron la economía del «cambio en paz».
El aporte del presidente Orsi fue modesto, porque era un pibe en 1985: «Mi admiración era que se podía decir lo que uno quisiera […]. Nunca había visto eso de que se pudiera escribir y discrepar con el poder, y cómo se decían cosas que hasta ese momento para mí eran prohibidas».
Luis Alberto Lacalle agarró el toro por los cuernos. «Lamentablemente, no hubo amnistía para todos»; se refería a los militares, olvidando que él, senador en 1985, no votó la amnistía irrestricta para los presos políticos. Sanguinetti pretendió una enmienda, afirmando lo que en su momento había negado: «Más allá de lo que podamos decir sobre ella [la ley de caducidad], a favor o en contra, en plena campaña electoral, en 1989, la misma gente que había votado en contra de la propuesta constitucional militar [el plebiscito de 1980] votó una propuesta que significaba una amnistía militar».
Pese a la enmienda, Lacalle no se inmutó: «Lamentablemente, a la ley de caducidad hubo que vestirla de unos circunloquios jurídicos espantosos. Hoy en día está siendo ignorada y se están alimentando odios», advirtió, soslayando que lo que había sido olvidado era el artículo cuarto, que obligaba a investigar las desapariciones. El exmandatario blanco aportó su granito de arena a la cosecha de odio: «Hoy de mañana dos coroneles fueron presos porque en 1972 hicieron no sé qué cosa. Tenemos que pensar en un cierre definitivo». Su memoria es muy selectiva: no recordar «qué cosa» hicieron sugiere que los motivos judiciales no son relevantes y, por ende, aporta agua al molino del descrédito de la Justicia en el que tanto se empeña su partido político. Quizás el Cuqui se estaba refiriendo al pedido fiscal de prorrogar las medidas cautelares para los militares acusados de reiteradas torturas a los vecinos de San Javier, en las redadas que terminaron en el asesinato del médico Vladimir Roslik; o se sensibilizaba por las resoluciones de una jueza penal que dispuso la prisión de notorios torturadores, Alberto Grignoli y Sergio Caubarrere, este último involucrado también en el asesinato del médico de Río Negro. En cualquier caso, el «no sé qué» tiene tufo de complicidad.
La intervención del expresidente José Mujica diluyó un posible conato de debate ríspido entre los dos primeros presidentes de la democracia reinstaurada. El Pepe prefirió internarse en otros senderos, y, para ello, acudió a esa estructura de mensaje un tanto críptico y oracular, que tanta aceptación logra: «Me preocupa muchísimo el mundo que se nos viene encima. Tenemos que recordar, para esa hipótesis de futuro, que somos apenas 3 millones de orientales y no podemos darnos el lujo de desparramarnos en pedazos». Puesto que no definió la hipótesis de futuro (¿el fascismo arrollador?, ¿la guerra comercial?, ¿el imperialismo trumpista?, ¿el libertarismo carajiento?, ¿el desastre ambiental?), es difícil imaginar cuál sería la causa de ese desparrame que a la vez es fractura. Pero Mujica tenía claro el objetivo de su mensaje: «Hay que apurar el tranco de tener una juventud, que es poca». No hay muchas maneras de reproducir la juventud, pero el Pepe tenía algo en mente: «Tenemos que multiplicar la capacidad cerebral, porque no alcanza con la inteligencia: se necesita la emoción profunda de la subjetividad». Cuando el auditorio se aprestaba para masticar los conceptos, Mujica se adelantó: «Entonces, yo no sé si estamos haciendo historia. Somos medio ampulosos. Yo lo que he vivido es apenas historieta», y recordó una vez más que está por morirse. Ahí el público, por unanimidad, se puso de pie y lo aplaudió, dejando de lado cualquier otra emoción profunda de la subjetividad.
La muerte, esa circunstancia democrática como ninguna, hubiera sido un buen broche para la conmemoración, pero una señora tuvo la peregrina idea de reivindicar a su marido militar como preso político. La gente pedía que se callara. Sanguinetti intervino: «Le ruego buenamente que no actúe con esa intolerancia». La señora, finalmente fue invitada a salir del salón, y Sanguinetti, que sabe de puntos finales, redondeó: «El que se enoja se enoja. Eso también es democracia». | {
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e4dff1273dc8a2dd64382c8d2cc2f70a | Veneno nuestro de cada día
El fallo se produjo en el estado de Georgia y es el noveno en el que la transnacional alemana es condenada a indemnizar a un trabajador agrícola que contrajo cáncer por haber estado en contacto con uno de los herbicidas más vendidos en todo el mundo, el Roundup, elaborado a base de glifosato. La suma que deberá pagar es una de las más altas estipuladas hasta ahora por la Justicia de Estados Unidos: un total de 2.065 millones de dólares, entre daños compensatorios (65 millones) y daños punitivos (2.000 millones). Pero a Bayer le espera además una enorme cola de otros juicios por casos similares: más de 60 mil personas la han demandado por los daños a la salud que les ha causado el Roundup y también por la política de ocultamiento que la empresa ha seguido sobre los perjuicios potenciales que su uso puede acarrear a las personas, además de al medioambiente. Bayer sostiene, como todas las transnacionales del sector, que los pesticidas y los herbicidas que comercializa, en especial el Roundup, son inocuos y niega que el glifosato sea cancerígeno, a pesar de la cada vez mayor cantidad de estudios científicos independientes que así lo afirman. La corporación produce sus propios análisis o contrata a laboratorios para que los hagan y los presenta como probatorios de la inocuidad de sus productos, a menudo con la complicidad de organismos supuestamente regulatorios, pero sus triquiñuelas (des)informativas, y las de sus pares del sector, están siendo ventiladas por denuncias de algunos de sus propios ejecutivos o exejecutivos y fundamentalmente por investigaciones periodísticas.
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Desde que el grupo alemán compró a la estadounidense Monsanto, fabricante del glifosato, en 2018, por unos 63.000 millones de dólares (su mayor operación en sus 150 y pico de años de historia), el Roundup se le ha convertido en un dolor de cabeza. Hasta ahora Bayer ha debido pagar unos 10.000 millones de dólares en indemnizaciones solo en Estados Unidos. Tiene, además, provisionados alrededor de 6.000 millones de dólares para hacer frente a las decenas de miles de casos pendientes de juicio: bastante poco para la magnitud de las demandas, a pesar de que en las apelaciones el grupo ha logrado reducir el monto de las indemnizaciones. En 2024 Bayer cerró sus balances con una pérdida superior a los 2.760 millones de dólares. El rojo de 2023 había sido algo superior (unos 3.180 millones de dólares), pero en ambos casos las pérdidas fueron atribuidas a su división Crop Science, de la que dependen sus herbicidas, según destacó esta semana el diario español El País (22-III-25). Ya en 2023 su facturación había caído en más de 6 por ciento respecto al año anterior. Y el valor de sus acciones se ha desplomado desde la compra de Monsanto, principalmente por los riesgos legales asociados a los juicios en trámite en Estados Unidos. Este lunes, apenas se conoció el fallo del tribunal de Georgia, los títulos del grupo cayeron casi 7 por ciento en Wall Street.
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Como señalara Brecha en una nota de 2018 («Monsanto, Bayer, el glifosato y el imperio de los sentidos», 13-VII-18), los testimonios de personas fumigadas con productos a base de glifosato sobre los perjuicios que han experimentado se han ido incrementado desde los años noventa. El año 2018 fue clave en relación con este tema, no solo por la compra de Monsanto por Bayer, sino porque a fines de junio tuvo lugar en San Francisco un juicio histórico, iniciado por Dewayne Lee Johnson, un estadounidense que durante tres años fumigó Roundup y Ranger Pro, otro herbicida de Monsanto, en los jardines de un predio escolar y terminó contrayendo linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer a la sangre. Fue el primer proceso exitoso, y el primer proceso a secas, contra la transnacional en Estados Unidos. Johnson, que por entonces tenía 46 años y estaba en fase avanzada de la enfermedad, logró que Bayer lo indemnizara y que un tribunal hallara a Monsanto responsable de haber ocultado deliberadamente información sobre los potenciales daños del herbicida. Ganó también en la apelación, en 2020. «Monsanto sabe desde hace unos 40 años que los componentes de base del Roundup, sobre todo el glifosato, pueden provocar tumores en animales de laboratorio. Lo sabe y lo ha ocultado. Peor aún, ha proclamado la inocuidad de este producto y ha pagado estudios para que demostraran esta inocuidad», dijo por aquellos días Brent Wisner, uno de los abogados de Johnson. «No es por un problema genético o por una de esas casualidades de este mundo que Johnson padece un linfoma incurable», agregó.
La legislación del estado de California obliga a las empresas que estén al tanto de la peligrosidad probada o presunta de cualquier producto que fabriquen a hacerlo constar en el envase y Monsanto no lo hizo en el Roundup. Tres años antes, en 2015, el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, había calificado al glifosato como potencialmente cancerígeno en humanos. Monsanto alegó que esos estudios carecían de fiabilidad y presentó los suyos. Los poderosísimos bufetes que la defendían alegaron no solo que «por supuesto» la empresa nada sabía acerca de la peligrosidad de su producto, sino que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una instancia federal, había «demostrado» que nada «hay que temer del glifosato». Uno de los abogados de Johnson hizo notar que esta agencia supuestamente encargada de velar por la seguridad ambiental es la misma que en aquel entonces negaba la realidad del cambio climático y que promueve el uso de combustibles fósiles. «Su credibilidad como organismo encargado de velar por los intereses de las personas está más que en cuestión», dijo.
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En Estados Unidos la legislación habilita a quienes presentaron juicios contra una empresa a seguir con sus demandas penales aunque la compañía desaparezca. Bayer está respondiendo ahora por Monsanto. En países como Francia puede haber demandas civiles contra los responsables de empresas desaparecidas, pero las penales se extinguen, como si se tratara de una persona fallecida. Fue así que, en aquel mismo año 2018, en Francia, los padres de Théo Grataloup demandaron por la vía civil a Monsanto y a la empresa Novajardin por las deformaciones que, desde su nacimiento, 11 años antes, presentaba su hijo en la tráquea y el esófago, por las que debió ser operado 54 veces. Uno de los cirujanos que operaron a Théo dijo que no vio «nada parecido» durante su vida profesional. Con tres meses de vida, el bebé debió ser sometido a una traqueotomía, y recién a los 6 años Théo pudo dejar de alimentarse por sonda. Los Grataloup explotaban un campo en el departamento de Isère que fumigaron durante años, incluso durante el embarazo de la madre de Théo, con un producto llamado Glyper, fabricado por Novajardin a base del glifosato patentado por Monsanto. Novajardin describía el Glyper como «el primer herbicida biodegradable concebido en el mundo». «Ecologistas convencidos, pero también un poco ignorantes» –como el propio padre de Théo se definió–, los Grataloup se creyeron esa propaganda, como tantísimos otros. Los abogados de la familia presentaron durante el juicio un informe basado en 15 investigaciones médicas publicadas entre 2002 y 2017, según las cuales «la implicancia del glifosato en la aparición del síndrome polimalformativo que Théo tenía al nacer [era] altamente probable». Desde que decidieron ir contra Monsanto en los tribunales, a los Grataloup les hicieron la vida imposible: «desconocidos» los amenazaron y recibieron constantes mensajes insultantes por redes sociales. Así fue durante años. A tal punto llegaron las presiones que recién en setiembre de 2023 la familia Grataloup decidió divulgar una decisión tomada un año antes por el Fondo de Indemnización de las Víctimas de Pesticidas (FIVP) de compensarlos parcialmente por los perjuicios sufridos por Théo. El FIVP había reconocido «la posibilidad de un vínculo de causalidad entre la patología de Théo y su exposición prenatal al glifosato» y otorgado a los Grataloup unos 40 mil euros. La familia resolvió dar a conocer la resolución del FIVP unas pocas semanas antes de que la Unión Europea decidiera si prorrogaba o no hasta 2030 la autorización del uso del glifosato en los campos agrícolas de la región. La Comisión Europea se había pronunciado a favor, con la misma línea argumentativa que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El permiso para el glifosato fue finalmente prorrogado. Una multitud de organizaciones sociales denunciaron las enormes presiones recibidas por los organismos de contralor europeos de parte del lobby de las grandes empresas biotecnológicas.
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En 2016 Sabine Grataloup, la madre de Théo, había estado entre las decenas de personas provenientes de todo el mundo en declarar en La Haya, Países Bajos, ante el llamado tribunal Monsanto, una «instancia ciudadana» integrada por cinco jueces profesionales, pero cuyas resoluciones no tenían, obviamente, alcance jurídico alguno. La relevancia fundamental del tribunal era colocar en el debate público los tejemanejes de empresas como Monsanto y Bayer, darles voz a las víctimas de esas y otras transnacionales del sector y relacionarlas con científicos independientes y resistentes a las presiones de, por ejemplo, las compañías del agronegocio. Sabine Grataloup coincidió allí, entre otros, con María Liz Robledo, una argentina cuya hija nació con malformaciones congénitas en el esófago análogas a las de Théo. Daba la casualidad de que la casa de Robledo, en la provincia de Buenos Aires, estaba rodeada de bidones de pesticidas producidos entonces por Monsanto (hoy por Bayer) y utilizados para tratar la soja y el maíz transgénicos concebidos con semillas de Monsanto, hoy de Bayer. Uno de los científicos que trabajaron para presentar pruebas ante el tribunal informal de La Haya fue el neonatólogo y pediatra argentino Medardo Ávila, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud que conoció «bien de cerca los desastres que causa el glifosato» cuando se desempeñó como secretario de Salud de la provincia de Córdoba, a mediados de la década pasada. Ávila estableció entonces que, desde que se comenzó a fumigar con productos a base de glifosato, en las zonas agrícolas argentinas «hay tres veces más casos de cáncer que en las ciudades, y de cada 100 nacimientos tres son de niños con malformaciones, frente a una media de 2 por ciento en otras zonas». El año pasado sostuvo en una entrevista: «La propaganda y el marketing nos hicieron creer que podíamos producir alimentos con veneno. […] ¿Cómo fue que se naturalizó eso?» (Sala de Prensa Ambiental, 22-V-24). Y respecto a la ignorancia de sus pares sobre el tema y, peor aún, sus complicidades con las empresas, fundamentalmente en los pequeños pueblos rurales o semirrurales de Argentina y de toda América Latina donde el empleo escasea y el uso de agroquímicos abunda, afirmó: «Decían del glifosato –el agrotóxico más usado en el mundo– que si tocaba el suelo se desactivaba. Todavía algunos ingenieros agrónomos dicen que es biodegradable, pero no lo es, permanece activo durante dos meses en la tierra y cuando llueve se concentra en los arroyos y los ríos. Hay quienes llegan a asegurar que se puede tomar un vaso de Roundup sin consecuencias para la salud; he oído a agrónomos decir esa barbaridad cuando asistimos a conferencias en los pueblos». | {
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b38210b7493bce7bf2849a6d9629f217 | Gaza otra vez bajo fuego: Escenas de una masacre en Ramadán
Oday al Zaigh estaba con su amigo y vecino, Motasim Zain Eldeen, en el centro de la ciudad de Gaza. Corría la tarde del lunes 17 de marzo y los amigos hablaron con orgullo de cómo los vecinos de la barriada de Al Moghrabi habían limpiado las calles y reconstruido todo lo que pudieron en las últimas semanas, cómo habían hecho todo lo posible para volver a embellecer el barrio, gravemente dañado por los ataques israelíes durante 15 meses de genocidio. Después de irse cada uno por su lado, Al Zaigh se acostó a dormir, hasta que a las dos de la mañana lo despertó abruptamente la repentina reanudación de los ataques israelíes.
«Abrí los ojos en el momento en que me caía al suelo y partes del techo y vidrios rotos de las ventanas se me cayeron encima», le dice a +972. «Las llamas de la explosión iluminaron todo el apartamento. En ese momento pensé que estaba muerto.»
Al darse cuenta de que todavía respiraba y que su casa era el objetivo del bombardeo, Al Zaigh temió que un segundo ataque aéreo fuera inminente. Encendió la linterna de su teléfono, se levantó y se apuró a sacar los escombros que habían caído encima de sus nueve hermanos y sus padres para poder salir todos a la calle.
«Saqué una piedra grande que había caído sobre el pecho de mi madre, la agarré de la mano y la arrastré por la escalera», relató Al Zaigh. «Justo afuera de nuestra puerta principal, nos encontramos con el cuerpo de una mujer cortado por la mitad. Mi madre se desmayó.»
Mientras Al Zaigh observaba la destrucción a su alrededor, vio más cuerpos desmembrados esparcidos por la calle. Junto con sus vecinos, se puso a recoger las distintas partes humanas y a meterlas en bolsas de plástico.
«El olor a sangre y carne llamó a los perros callejeros», explica entre lágrimas. «Durante dos horas les tiramos piedras y vigilamos los cadáveres hasta que llegó una ambulancia. Pero solo tenían espacio para llevarse a los heridos; se negaron a llevarse los restos de personas.»
Cuando llegó la luz de la mañana, Al Zaigh y sus vecinos se dieron cuenta de que había aún más cadáveres esparcidos por la calle. Se sorprendió al reconocer a uno de ellos. «Encontramos la mitad superior de un cuerpo desfigurado a 100 metros de la casa atacada», explicó. «Mi amigo Motasim.»
Israel anunció más tarde que el objetivo del ataque era Abu Obeida al Yamasi, una importante figura política de Hamás. «Incluso cuando quieren matar a una persona específica, su objetivo es destruir todo lo posible y matar a más gente, para obligarnos a abandonar nuestra tierra», dijo Al Zaigh. «Me evacué [durante el último año y medio] al sur de Gaza, pero nunca más volveré a dejar mi casa.»
CADÁVERES POR TODOS LADOS
A la 1.40 de esa misma madrugada, Fouad Saqalla, de 46 años, se despertó en su casa en la ciudad vieja de Gaza para prepararse para el suhur, la última comida de la noche antes del ayuno diurno del Ramadán. Estaba a punto de despertar al resto de su familia cuando una serie de ataques aéreos alcanzó un edificio cercano.
«Había escombros cayendo por todos lados; algunos cayeron sobre el colchón donde estaba durmiendo», cuenta a +972. «Pensé que estaba teniendo una pesadilla hasta que mi hijita Hala, de 7 años, se agarró de mi pierna y empezó a llorar a los gritos.»
Cuando Saqalla salió de su casa también se encontró con una escena de matanza. «Había cadáveres por todos lados», dice. «Me recordó a los primeros días de la guerra en 2023, cosas de las que todavía estoy tratando de recuperarme.»
Azza al Nashar, de 19 años, vive en una casa cercana a la de Saqalla. Estaba recitando el Corán cuando comenzó el bombardeo. «La tierra tembló y el ruido de las explosiones fue terrible», relató. «Durante varios minutos no pude mover el cuerpo por miedo.»
La primera preocupación de Al Nashar y su familia era la seguridad de Mohammed, su tío. Mohammed había instalado una carpa en la azotea del edificio para vivir con su esposa, Sabreen, y sus cuatro hijos después de que su casa en el mismo barrio fuera destruida por los ataques aéreos israelíes del año pasado.
«Mis otros tíos y los vecinos corrieron al techo para ver cómo estaba», le cuenta Al Nashar a +972. «Lo encontraron abajo de pedazos de una pared destruida. Gracias a Dios sobrevivió con heridas leves».
Por casualidad, Sabreen y los niños se habían alojado en la casa de su familia en otra parte de la ciudad de Gaza y sobrevivieron la noche. «Todos tenemos mucho miedo y no queremos volver a perder a más gente», dice Al Nashar.
Mahmoud Basal, portavoz de la defensa civil de Gaza, le dice a +972 que el martes 18 durante la madrugada las fuerzas israelíes lanzaron más de 100 ataques simultáneos contra viviendas residenciales, refugios y carpas que albergaban a personas desplazadas de toda la Franja de Gaza, con lo que mataron a al menos 400 personas e hirieron a 600, la mayoría de ellas mujeres y niños.
«Es una de las masacres más horribles [de la guerra]», dijo. «Los equipos de defensa civil y los equipos médicos trabajaron al máximo de su capacidad, pero se enfrentaron a graves dificultades debido a la falta de maquinaria pesada y de vehículos y a los bombardeos constantes en las zonas donde estaban trabajando.»
Los ataques de Israel contra Gaza no han parado en diez días y el número total de muertos desde el martes 18 por la madrugada supera los 700 al momento de publicarse este artículo. «El sistema médico está completamente sobrepasado por la falta de recursos», se lamenta Basal. «La situación exige una acción global inmediata para proteger a los civiles inocentes de nuevas masacres.»
(Publicado originalmente en +972 Magazine y en hebreo en Sikha Mekomit. Traducción de Brecha.) | {
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cd2c04afb7b6c75de77cd63387f9bb09 | Semanario Brecha
Fueron cuatro los anuncios que Yamandú Orsi hizo esta semana en la conferencia de prensa que presidió, acompañado por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, tras el primer Consejo de Ministros de su gobierno. Con la salvedad de la prolongación del beneficio del descuento del 9 por ciento del IVA para el consumo en restaurantes durante un año más, hasta abril de 2026, el resto eran asuntos esperables, en tanto refieren a acciones de seguimiento en torno al diálogo social sobre la protección y la seguridad social, a la situación financiera del CASMU y al proyecto Neptuno, tres temas de los que las autoridades habían prometido ocuparse.
El primero de los anuncios fue el decreto que crea la Comisión ... | {
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004dbf86e3d005dc30cd5efbbd174ce4 | ¿A quién le toca?
A mediados de marzo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) comunicó que el Ministerio del Interior (MI) había vulnerado el derecho humano a la libertad de expresión de un hincha de Nacional. El parcial tricolor fue incorporado al registro de impedidos de ingresar a espectáculos deportivos, coloquialmente conocido como lista negra, por colocar una bandera que, según la cartera, violentaba lo dispuesto por el literal H del artículo 6 del decreto presidencial 1/021, que impide «emitir, difundir o divulgar manifestaciones agraviantes o amenazas». La bandera decía «Bolso Antifascista».
En su misiva, parcialmente publicada en las redes sociales del colectivo Bolso Antifascista, la INDDHH rechazó que dicha leyenda configurara algún tipo de agravio o amenaza y agregó que el hecho de que el colectivo se manifieste contra el fascismo tampoco infringe la normativa. La institución se pronunció a partir de una denuncia presentada a fines de 2024, por lo que no considera el agravante de que en febrero de este año un segundo hincha fue ingresado por el mismo motivo a la lista de inhabilitados.
Lo estipulado por la INDDHH va en sintonía con algo que hinchas de distintos clubes reclaman desde hace años: las inclusiones en la lista negra se hacen de manera arbitraria. Esta cuestión, además, abre el debate sobre la normativa vigente; mientras que en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se señalan sus «zonas grises», desde el MI niegan la posibilidad de arbitrariedades y resaltan las garantías del proceso.
Reclaman los bolsos
En 2019 un grupo reducido de hinchas de Nacional se organizó para crear el colectivo Bolso Antifascista, inspirados en el surgimiento de agrupaciones similares en Brasil, Chile y Argentina, como parte de la corriente de «hinchadas antifascistas» nacida en Europa. «Creemos que tenemos un rol muy importante en el campo popular», explica Mateo a Brecha, y asegura que luchan para que «tomemos conciencia del rol que tenemos» porque «sin las hinchadas no hay pueblo constituido».
Con el paso de los años el grupo llevó a cabo actividades junto con otras agrupaciones de la hinchada tricolor y con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, además de levantar proclamas contra la reforma de la seguridad social y la Ley de Urgente Consideración (LUC). Aun así, el principal factor aglutinador del grupo es seguir al equipo. «Vamos siempre a todos los partidos» acompañados de su bandera, cuenta Mateo. Confeccionada en paralelo al nacimiento del grupo, el trapo blanco luce el escudo del club, con la banda blanca que se extiende hasta formar un puño y las palabras Bolso en la parte superior y Antifascista en la zona más cercana al suelo. A pesar de que en ocasiones algún efectivo policial les planteó reparos por entender que la bandera constituía un mensaje político, en general no habían tenido problema en ingresarla, ya que «es una consigna que lucha contra algo que es indefendible», considera.
En ese sentido, cuando la AUF les informó que el motivo de entrada de otro integrante del colectivo a la lista negra se debió a la bandera en sí, el grupo se movió para saber qué institución fue la que definió su ingreso. Fue recién a través de un pedido de informes realizado por un senador de la república que supieron que había sido el MI, a través de la Dirección General del Centro de Comando Unificado. Lo que nunca pudieron conocer fue el motivo por el que esa bandera, con ese mensaje, era considerada agraviante o amenazante.
Reclaman los manyas
Guillermo Benelli es hincha de Peñarol. Hace algunos años comenzó a recabar testimonios de distintos hinchas de su club que denunciaban haber sido ingresados a la lista negra de manera arbitraria. El origen de esta recopilación se dio por una experiencia propia de Guillermo. Según relata a Brecha, durante el ingreso a un estadio, el amigo con el que había ido fue detenido por un oficial de Policía por un porro que tenía en la billetera. «Le pidió la cédula y le anuló la entrada», cuenta, y agrega que por ese incidente su amigo estuvo ocho meses en la lista de inhabilitados.
«Una cosa es que no lo puedas entrar, como cuando te hacen dejar la botella de cocacola en la puerta, y otra es que no te dejen entrar, te anulen la entrada y te pongan ocho meses en la lista de inhabilitados», plantea, y señala que a su entender ese proceder «es por lo menos discutible». Además, asegura que hubo personas que denunciaron haber sido ingresadas a la lista por «pintar un muro» cedido o «agarrar una bandera que no era suya» y que tenía una consigna contra la lista negra. Para Guillermo, la lista «tiene ambigüedades, tiene arbitrariedades», y depende de «quién seas, cómo seas y de dónde vengas» si terminás siendo ingresado o no.
Como ejemplo, plantea lo que sucede con el consumo de alcohol antes de los partidos: «Alcoholizado no podés entrar, lo entiendo, pero: ¿eso es razón suficiente para que te inhabiliten seis meses?». Según la ley 19.534, que regula el derecho de admisión, estar bajo los efectos del alcohol o cualquier estupefaciente configura un motivo para impedir el acceso de una persona a un espectáculo público y, a partir del decreto 1/021, este motivo puede ser también causal. Además, apunta que quienes tienen palco «entran con la botella de alcohol que quieran en la mano», mientras que a quienes van a las tribunas populares les realizan la espirometría: «La ley que impide entrar borracho es para los pobres», sentencia. El mismo decreto es el que otorga la tarea de aplicar las sanciones a la AUF.
Zonas grises
«Nos consta que hay muchos que van a la casa, se toman una cerveza o una copa de vino y no los dejan entrar al estadio», afirma en entrevista con Brecha el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Si bien dice que no sabe si la ley «actualmente impide eso», sí reconoce que es algo sobre lo que «mucha gente protesta».
En la lista de impedidos hay más de 2 mil nombres, «muchos» de ellos por alcohol, explica Alonso, y otros por faltas como arrojar objetos o por colgar una bandera que «la Policía considera ofensiva». Sobre este último punto indica que «ha sucedido que se ha levantado la sanción» a personas que fueron a la asociación y le explicaron su caso al tribunal, aunque no precisa de qué caso se trató. El tribunal al que hace referencia Alonso está compuesto por miembros de la comisión de seguridad de la AUF y se reúne «a demanda» para «analizar los casos de inclusión en la lista».
Cuando se le consulta si las banderas con consignas políticas están prohibidas, el presidente de la AUF responde afirmativamente, aunque señala que «hay una línea fina sobre qué se considera bandera política». Asimismo, aclara que si bien las banderas con consignas políticas están prohibidas por reglamento de la FIFA (así como las consignas religiosas, por ejemplo), «de ahí a que sea lista negra es otro paso», porque tiene que haber una ofensa y esa interpretación constituye «una zona gris» dentro de la normativa.
En ese sentido asegura que «en general» la AUF no «activa» el ingreso a la lista por consignas políticas y que, «para la gente de seguridad» de la asociación, el caso de los integrantes del colectivo Bolso Antifascista «no fue mérito para entrar», motivo por el que «fueron retirados» de la lista de inhabilitados el viernes 21, algo que fue confirmado por los integrantes del colectivo. Frente a la noticia, Bolso Antifascista redactó un comunicado en el que sostienen que seguirán trabajando para «derogar la “lista negra” clasista», a la que cuestionan por «abusiva» y por estar diseñada para ir «contra los que menos tienen».
Alonso plantea la importancia de que exista un tribunal que pueda definir «si realmente fue una arbitrariedad o no», pero asegura que «siempre estamos expuestos a arbitrariedades». Esta mirada se contrapone, sin embargo, a la promovida desde la Dirección General de Seguridad en el Deporte (véase la entrevista «No pasa»).
La ley 19.534 fue aprobada en 2017 durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, parcialmente modificada por los artículos 95, 96, 97 y 98 de la LUC y reglamentada por el decreto 1/021, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En su condición actual, la normativa encomienda a la AUF la tarea de conservar y actualizar el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos en general, así como también la coordinación con las demás federaciones y autoridades.
Si bien es la AUF la encargada de gestionar la lista negra, la potestad para determinar el ingreso no es competencia exclusiva de la institución rectora del fútbol. El decreto 1/021 otorga esas facultades al Poder Judicial, las federaciones deportivas y el MI. Los clubes y las organizaciones de trabajadores pueden proponer el ingreso de alguien, pero la propuesta queda sujeta a la consideración de la federación deportiva respectiva.
Para aquellos casos en los que el ingreso a la lista de inhabilitados se da por pedido del MI (como en el caso de los integrantes de Bolso Antifascista), la cartera debe enviar a la federación correspondiente «una reseña de los hechos que motivan la inclusión». Si bien podría parecer que la confección de una reseña es un proceso rápido, según explicó el director general de Seguridad en el Deporte, Álvaro García, el ingreso de una persona a pedido del MI atraviesa un «proceso administrativo» que no permite arbitrariedades y que incluye el trabajo de un tribunal que analiza «caso a caso». | {
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cae910f1afbac3d4d2332f1c32b294ee | Pasate al verde
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"Luciano Costabel",
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35dcaf5cf264823d8109416b276e084d | Cuando las balas pican cerca
Hace unas semanas se dio un nuevo episodio que expuso las vulnerabilidades a las que día a día están sometidos los trabajadores de la salud. Alberto Betito Suárez, luego de haber sido herido de bala, operado en el Hospital del Cerro y trasladado al Maciel para cursar su posoperatorio, se fue del hospital sin el alta médica: «Miren, me voy para mi casa por mi bien y el de ustedes. Porque si estos llegan a entrar acá ni ustedes ni yo vamos a contar el final de esta historia. Les digo porque sé de lo que hablo. No sean bobos», dijo Suárez, en alusión a que si permanecía internado correrían peligro él y el resto del personal, dado que un integrante de una banda rival estaba internado en otro sector del mismo hospital, acompañado por sus familiares.
El caso es solo un ejemplo de las situaciones que, ante pacientes de riesgo social, enfrentan con frecuencia el personal de salud y el entorno de toda la cadena asistencial: desde la emergencia, el equipo de traslado, el personal de block quirúrgico, la sala general, el servicio y la vigilancia hasta los familiares de otros pacientes. Sin ir más lejos, esta semana un paciente fue baleado en el Hospital de Durazno, al que había ingresado luego de un accidente de tránsito.
Hay que reconocer que el episodio de Suárez tuvo un final sin fatalidades. La decisión del paciente de abandonar el servicio fue sobre la base del análisis del riesgo propio y de terceros, dado que, en la mayoría de los casos, los pacientes que ingresan por incidentes de este tipo –al igual que los privados de libertad que acuden a emergencias o policlínicas– causan situaciones de estrés agregado que distorsionan todo el proceso de asistencia: desde el bloqueo de ingresos y la suspensión de la atención del resto de los pacientes hasta «bajar una cortina metálica», como se hace en la emergencia del Hospital del Cerro para dar cierta protección cuando ingresan pacientes complejos.
Hace algunos años el desenlace fue diferente: muchos recordamos la guardia en la que ocurrió el incidente que culminó con el asesinato del enfermero Miguel Martínez, en 1997, en la emergencia del Maciel (en un área que hoy lleva su nombre), cuando cuatro hombres encapuchados quisieron liberar a un narcotraficante buscado por la Justicia argentina que iba a ser extraditado, o la agresión sufrida por una médica y un enfermero en 2011 en la misma emergencia. Estos incidentes de riesgo potencial o real ocurren en la medida en que pacientes de entornos conflictivos, y especialmente personas privadas de libertad, ingresan a centros asistenciales. Es por ello que muchas veces nos preguntamos: ¿por qué estas situaciones no son también abordadas en las unidades penitenciarias, que podrían ser dotadas de la estructura y la capacidad asistencial suficientes para evitar traslados y así prevenir situaciones de riesgo para trabajadores y terceros?
LA ATENCIÓN DE LA SALUD DENTRO DE LAS CÁRCELES
La atención y la gestión de la asistencia penitenciaria –término tomado del campo jurídico que refiere a toda actividad promovida desde las prisiones para la prevención y la restauración de la salud de las personas privadas de libertad– es un área de conocimiento que carece de axiomas concretos para su campo disciplinar: además de la atención en salud a una población con ciertas características –por lo general personas jóvenes que pertenecen a grupos vulnerables, con riesgo de sufrir enfermedades graves y muerte prematura debido a conductas violentas y de riesgo–, debe articular también con disciplinas como la jurídica, la criminología y los derechos humanos.
En las unidades penitenciarias, las personas están divididas en categorías que poco ayudan a la atención en salud: por ejemplo, están separadas por niveles de seguridad, por sexo, de acuerdo a su situación penal y a niveles de confianza. Es el propio entorno penitenciario el que organiza la vida de las personas, sobre la base de la convivencia disciplinada, los horarios, entre otros factores. Por otra parte, los privados de libertad tienden a tener una visión de la atención médica según la cual el servicio asistencial debe «repartir salud» de forma ajena a la responsabilidad de los usuarios, sin su implicación, en una cultura en la que la responsabilidad individual sobre la propia salud está ausente. Además, en la mayoría de las ocasiones, las consultas suceden por cuestiones menores que fuera de la cárcel son resueltas de manera informal y autónoma. A esto se le agregan actitudes manipulativas con el servicio y consultas para dar respuesta a aspectos administrativos o judiciales. Como consecuencia, el nivel de consultas de salud en prisiones es entre tres y ocho veces superior al de un servicio médico extrapenitenciario de similares características en la comunidad.5 La actitud excesivamente demandante de las personas privadas de libertad es un fenómeno explicable, en parte, por problemas de salud mental, por el alto nivel de estrés que se padece en las cárceles y por un medio penitenciario hostil que no colabora. A su vez, dentro de este panorama, hay privados de libertad a los que se les hace difícil concurrir a consulta, por lo que el acceso al punto de atención dentro de las unidades también se constituye como un problema.
LAS MEJORES ESTRATEGIAS INTRAMUROS Y LO HECHO HASTA AHORA
Los modelos de atención en salud son formas de organizar las acciones sanitarias para satisfacer las necesidades de una población determinada. Si bien surgieron en las primeras décadas del siglo XX, alcanzaron su desarrollo en la década del 70 con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, el modelo de atención primaria en salud y la incorporación de conceptos como prevención, participación comunitaria, intersectorialidad y equidad. Si bien los modelos son adaptables a poblaciones específicas, no se ha logrado aún un consenso acerca de un modelo único y universal de atención y de evaluación de la calidad asistencial en prisiones; en lo que sí existe consenso –y hay manuales de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud– es en que la estrategia debe centrarse en un primer nivel de atención con gran capacidad resolutiva. Este primer nivel debe articular con las dinámicas penitenciarias y desarrollar un modelo que impulse la promoción y la prevención en salud. La respuesta sanitaria debe organizarse con todos los actores intervinientes del sistema penitenciario de forma multisectorial y multidisciplinaria, apuntando a instalar capacidad resolutiva «dentro», no solo con relación al costo-beneficio, sino como forma de mitigar riesgos. En este sentido, mucho está ayudando la telemedicina que viene desarrollando la Administración de los Servicios de Salud del Estado a través del Sistema de Atención Integral – Personas Privadas de Libertad, además de la instalación de salas de internación, que permiten el monitoreo de pacientes egresados de hospitales y funcionan como una suerte de «internación domiciliaria» (en muchos módulos, las condiciones distan mucho de las de un alta domiciliaria ideal), lo cual garantiza condiciones de asistencia, seguridad y ejercicio de derechos.
Todas estas acciones, que son correctas y van en línea con las recomendaciones, no cubren situaciones especiales. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el servicio asistencial de una cárcel no puede cubrir una situación de salud y hay necesidad de traslado?
CUANDO LOS PACIENTES (Y LOS RIESGOS) SALEN DE LA CÁRCEL: LO QUE QUEDA POR HACER
Entre los consensos en gestión de atención sanitaria penitenciaria también se destaca que los sistemas funcionan mejor cuando están organizados en relación muy estrecha con los servicios generales de la comunidad. En este sentido, si bien la oferta de especialidades médicas debe estar orientada a las características de la población y las particularidades de los centros de privación de libertad, debe tratar de minimizar la salida de los privados de libertad y resolver la mayoría de los problemas de salud internos. Sin embargo, existen casos en los que se requiere atención especializada y los pacientes deben salir de la cárcel. Es allí que debe pensarse la gestión asistencial en clave de evitar riesgos. Más de una vez se ha mencionado la construcción de un «hospital penitenciario», que redundaría en una reducción de costos de traslados, además de evitar fugas y riesgos en los hospitales y movilización de medidas de seguridad, pero consideramos que es un proyecto que debería descartarse de plano por varios motivos.
Los hospitales requieren mucha infraestructura y logística para funcionar: necesitan disponer de recursos humanos calificados para muchas áreas (block quirúrgico, laboratorio, anestesia, hemoterapia), además de otros como lavandería, alimentación adecuada (para que las dietas no se conviertan en «rancho»). En general, con el paso del tiempo, los hospitales penitenciarios tienden a funcionar separados del sistema de salud, lo que puede limitar la coordinación y la calidad de la atención.
¿Cuál sería la solución? La adecuación de sectores o alas de hospitales generales con niveles de seguridad apropiados, con circulación limitada pero circunscriptos a la gestión del hospital (formando parte de ellos como un anexo). Un ejemplo es la histórica Sala Penitenciaria del Hospital Saint Bois, inaugurada en 1998 como solución transitoria a la construcción de un hospital penitenciario e instalada como respuesta al desenlace del enfermero Martínez. Sin embargo, esta sala, que se encuentra con custodia permanente, separada y sin conexión interna con el centro del hospital, se nutre de su logística y lleva adelante la atención a resguardo de la potencial exposición a funcionarios y personas del hospital. Sería una experiencia a seguir para un sector quirúrgico de algún hospital general. Por ejemplo, el Hospital Maciel,
que al ya ser centro de referencia de privados de libertad –teniendo en cuenta la relativa proximidad a la unidad de Santiago Vázquez– podría alojar, además, a personas de alto riesgo como la del ejemplo con el que empieza este artículo.
Existe consenso acerca de que una adecuada asistencia penitenciaria requiere potenciar la atención primaria dentro de las unidades, con organización variable de acuerdo a la complejidad de cada establecimiento y de su población, y complementarla con áreas de internación básica, y dejar la atención hospitalaria a instalaciones externas acondicionadas con medidas de seguridad adecuadas. Es por ello que la atención en salud penitenciaria debe, necesariamente, instalarse también en la gestión de la atención hospitalaria apuntando a mantener la calidad asistencial, pero también a proteger a sus trabajadores.
* José Luis Priore es licenciado en Enfermería. Magíster en Políticas Públicas y Derechos de Infancia. Fue adjunto a la Dirección del Servicio Médico Penitenciario del Ministerio del Interior (2005-2010) y director de Salud del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (2015-2020). Trabaja en salud en contextos de encierro en el Ministerio de Salud Pública. | {
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811e4125cb6dab08466f97f0737054b1 | «En gestión ambiental, en Uruguay, nos cuesta mucho pasar de la teoría a la práctica»
—En los trabajos científicos más recientes se dice que las invasiones de especies exóticas son una de las causas principales de la pérdida de bosques nativos.
—Es así. A nivel mundial, la causa número uno de pérdida de especies es la pérdida de hábitat. Es decir, que áreas naturales de pastizales o de bosques se conviertan en áreas agrícolas, urbanas, forestaciones o lo que sea. En segundo o en tercer lugar, dependiendo de quien lo mire, está el tema de las especies exóticas invasoras, tanto de animales como de plantas. Y en el caso del bosque nativo de Uruguay es la causa número uno. Quizás no es tan llamativo porque no se ve el problema ambiental claramente; de repente se ven árboles densos y se piensa «está bárbaro». Pero, cuando uno se pone a ver allí, casi no hay árboles nativos y es ... | {
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7d82323282dd1062f33710d5eb6fea00 | Registro de la infamia
«La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados en todo el territorio palestino ocupado lleva a la comisión a concluir que Israel utiliza cada vez más la violencia sexual y de género como método de guerra para desestabilizar, dominar, oprimir y destruir al pueblo palestino. La comisión documentó un patrón de violencia sexual, incluidos casos de violación y otras formas de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad.» Comisión Internacional Independiente de Investigación,
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Cinco días antes de que Israel rompiera unilateralmente el alto el fuego acordado en enero con Hamás y lanzara toda su maquinaria de muerte sobre Gaza, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre las Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Jerusalén Este e Israel (en adelante, la Comisión) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su último informe, titulado «Más de lo que un ser humano puede soportar: el uso sistemático de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género por Israel desde octubre de 2023».
El informe documenta una amplia gama de violencia sexual perpetrada contra mujeres, hombres, niñas y niños palestinos desde el 7 de octubre de 2023, así como «actos genocidas», como la destrucción sistemática de instalaciones de atención a la salud sexual y reproductiva.
«Las pruebas recogidas por la Comisión revelan un deplorable aumento de la violencia sexual y de género», declaró a la prensa durante la presentación del informe Navi Pillay, presidenta de la Comisión. «Solo se puede concluir que Israel ha empleado la violencia sexual y de género contra el pueblo palestino para aterrorizarlo y perpetuar un sistema de opresión que socava su derecho a la autodeterminación.»
La presentación del informe el 13 de marzo fue precedida de dos días de audiencias públicas celebradas en Ginebra los días 11 y 12. En ellas la Comisión escuchó a víctimas y testigos de violencia sexual y reproductiva, y a personal médico que les prestó asistencia, así como a representantes de la sociedad civil, abogadas y expertas en salud.
Si bien su enfoque principal fue Gaza, la Comisión concluyó que la violencia sexual y de género –que ha aumentado en frecuencia y gravedad desde octubre de 2023– se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado como estrategia de guerra de Israel para dominar y destruir al pueblo palestino.
Formas específicas de violencia sexual y de género –como desnudez forzada en público, acoso sexual, amenazas de violación y agresiones sexuales, violaciones y violencia contra los genitales– forman parte de los procedimientos operativos habituales cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes bajo órdenes explícitas o estímulo implícito de los altos mandos civiles y militares. La Comisión afirma que la impunidad de los perpetradores ante estos crímenes hace a los dirigentes civiles y militares tan responsables como los autores directos.
El informe también documentó que los delitos sexuales y de género cometidos en Cisjordania por colonos israelíes con el objetivo de infundir miedo a las comunidades palestinas y expulsarlas de sus tierras se dan en el mismo clima de impunidad. «En este contexto, es fundamental la rendición de cuentas a través de la Corte Penal Internacional y de los tribunales nacionales –usando su derecho interno o la jurisdicción universal– para que se respete el Estado de derecho y se haga justicia a las víctimas», afirmó Pillay.
La Comisión constató que, además de destruir sistemáticamente las instalaciones de atención a la salud sexual y reproductiva en toda Gaza, el bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria ha impedido el suministro de medicación y material necesarios para garantizar embarazos, partos, cuidados posparto y neonatales seguros. En consecuencia, mujeres y niñas han muerto por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Estos actos equivalen al crimen de lesa humanidad de exterminio y «violan los derechos reproductivos y la autonomía de mujeres y niñas, así como su derecho a la vida, a la salud, a fundar una familia, a la dignidad humana, a la integridad física y mental, a no sufrir tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la autodeterminación y el principio de no discriminación».
El informe señala también que la aniquilación parcial de la capacidad reproductiva de la población palestina corresponde a dos categorías de actos de genocidio en el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio: la imposición deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos.
«Los ataques directos contra maternidades y la principal clínica de fertilidad in vitro de Gaza, combinados con el uso del hambre como método de guerra, han afectado todos los aspectos de la reproducción», declaró Pillay. «Estas violaciones no solo han causado graves daños y sufrimientos físicos y mentales inmediatos a mujeres y niñas, sino impactos irreversibles a largo plazo en la salud mental y las perspectivas reproductivas y de fertilidad del pueblo palestino como grupo.» La imposibilidad de amamantar debido a la desnutrición, la falta de agua potable, la anemia y el estrés que sufren las mujeres ha provocado –junto con la falta de abrigo y de techo– la muerte de muchos bebés recién nacidos, lo cual también se encuadra en los actos genocidas.
Además, la Comisión constató una proporción cada vez mayor de víctimas mortales femeninas en Gaza. La estrategia israelí de bombardear intencionalmente edificios residenciales e instalaciones civiles (escuelas, refugios, hospitales) usando explosivos de gran potencia en zonas densamente pobladas tiene un mayor impacto en las mujeres, la niñez y las familias de Gaza, que en esta guerra han sido asesinadas en sus hogares en un número sin precedentes. También documentó casos en los que mujeres y niñas de todas las edades, incluyendo embarazadas y parturientas, fueron blanco de las bombas; estos actos constituyen el delito de lesa humanidad de asesinato y el crimen de guerra de homicidio intencional.
GUERRA CONTRA LAS MUJERES
«Esta es una guerra contra las mujeres. Miles de mujeres han sido asesinadas y cientos de miles sobreviven en condiciones extremadamente precarias. El número de mujeres y niñas que han muerto por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto sigue siendo desconocido.» Obstetra en Gaza
De los testimonios de víctimas, familiares y personal de instituciones de salud locales o internacionales que han visitado o trabajado en hospitales de Gaza, la Comisión sistematizó datos devastadores.
Como principales cuidadoras, las mujeres han sufrido daños específicos de género resultantes de los múltiples desplazamientos, la muerte de sus hijos e hijas, la separación de las familias y el cuidado de familiares enfermos y heridos. La discriminación estructural preexistente también ha exacerbado los comportamientos controladores de los hombres de la familia y ha afectado la libertad y la agencia de las mujeres y las niñas, sostiene el informe.
Varias expertas explicaron a la Comisión las dificultades para recoger testimonios de víctimas de violaciones y violencia sexual debido a la cultura conservadora de la sociedad palestina. También describieron cómo el régimen israelí ha usado su conocimiento de esa cultura para infligir el máximo sufrimiento a las víctimas y dañar a sus familias y comunidades; por ejemplo, por medio de la divulgación de las vejaciones sexuales cometidas para estigmatizar a las mujeres y avergonzar a su entorno.
La Comisión también analizó numerosas expresiones públicas (fotos, videos, grafitis) de violencia sexualizada y racializada por parte de los soldados israelíes hacia las mujeres palestinas. La ya conocida exhibición grotesca de soldados con prendas íntimas femeninas durante las incursiones en viviendas palestinas ha ido acompañada de expresiones racistas en las redes, como: «Siempre dije que las árabes son las putas más grandes que existen». En una ocasión, tras atacar desde un tanque un centro y refugio para víctimas de violencia doméstica, los soldados dejaron en el edificio destruido grafitis que decían: «Hijas de puta, vinimos a cogerlas, a ustedes y a sus madres, putas» y «Las conchas sucias de sus putas, árabes asquerosos, hijos de puta, los vamos a quemar vivos, perros».
Y VENGANZA CONTRA LOS HOMBRES
«Me llevaron a una sala
de interrogatorio y me colgaron
de los brazos atados a la espalda.
Los dedos de mis pies apenas tocaban el suelo. Un guardia me introdujo una vara metálica en el pene, unas 20 veces en total. Empecé a sangrar. El dolor era insoportable, pero la humillación era peor.» Detenido en la cárcel israelí de Sde Teiman
Los testimonios brindados por víctimas y profesionales a la Comisión describen abusos generalizados y sistemáticos, violencia sexual y de género, tanto en cárceles y lugares de detención temporal como durante los interrogatorios y los traslados. Estas prácticas aumentaron considerablemente en gravedad y frecuencia desde el 7 de octubre de 2023 a raíz de las órdenes y las declaraciones del extremista ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, a cargo de las prisiones.
La Comisión concluyó que el gran incremento de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los detenidos se debe a la intención de vengarse por los ataques llevados a cabo por los palestinos el 7 de octubre de 2023. Los hombres y los niños palestinos han sido objeto de actos de persecución específicos destinados a castigarlos colectivamente. Se les ha sometido a desnudez forzada y pública, a tortura sexualizada e incluso a violación sexual; estos actos han sido registrados y difundidos en línea con la intención de castigar, humillar, degradar e intimidar a los hombres y a los niños palestinos, como una forma de restablecer el honor de la nación herida por la violencia del enemigo el 7 de octubre de 2023.
Un hecho perturbador es que las violaciones con objetos y otras formas de violencia sexual han sido ejecutadas en muchas ocasiones por mujeres integrantes del Ejército israelí, probablemente con la intención de infligir una doble humillación a la masculinidad palestina.
IR A LA RAÍZ DE LA VIOLENCIA
La Comisión, que tiene como parte de su mandato investigar las causas profundas de las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, concluyó que la violencia sexual y de género tiene por objeto no solo humillar, castigar e intimidar a las víctimas directas, sino también a la población civil en su conjunto, con el objetivo de subordinar, perseguir, destruir y expulsar al pueblo palestino como grupo.
«La violencia sexual y de género se utiliza como herramienta para acentuar aún más la subordinación del pueblo ocupado, mantener el sistema de opresión israelí y negar al pueblo palestino el derecho a la autodeterminación. La Comisión afirma que estos crímenes deben abordarse resolviendo sus causas profundas: el fin de la ocupación ilegal lo antes posible, el desmantelamiento de las colonias y la evacuación inmediata de la población colona, la garantía del derecho al retorno, la restitución de los bienes y las tierras, el pago de indemnizaciones a la población palestina cuyos bienes no puedan ser restituidos, así como el desmantelamiento de las estructuras históricamente opresivas y del sistema institucionalizado de discriminación contra el pueblo palestino, tal y como indicó la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de julio de 2024.» | {
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31b540b3cd1c70b899f9b08ed07b7aff | «El sistema de protección está absolutamente colapsado»
—¿Hablan de fuegos, de «temas en rojo», ¿cuáles son los asuntos más urgentes?
Claudia Romero —Uno de ellos tiene que ver con lo institucional: fortalecer al INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] como institución rectora y ejecutora, teniendo en cuenta que tiene uno de los presupuestos más altos, pero aparentemente enfrenta un déficit presupuestal. No venimos con espíritu refundacional ni a cambiar nombres, porque ya tuvimos el Consejo del Niño, el INAME [Instituto Nacional del Menor], el INAU, y el nombre no hace a la institución. Hoy tenemos una situación vinculada a la infancia y a la adolescencia que rompe los ojos y tiene que ver con la pobreza y con la violencia. El INAU no puede ser ajeno.
—¿Qué rol tiene que jugar?
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c2f895bf396565c9c8b9017cd0ca23f4 | Úselo y tírelo
Unas horas después de que Israel rompiera abruptamente el alto el fuego en Gaza, algunos miembros del grupo de familias de rehenes Sha’ar Begin se despertaron en sus tiendas de campaña cerca de una de las entradas del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Durante los últimos diez días, habían estado acampando en ese lugar del centro de Tel Aviv como parte de lo que Einav Zangauker, lideresa no oficial del grupo y madre del rehén Matan Zangauker, llamó la operación Otef Kirya (en hebreo, «sitiar el cuartel general»). «Estamos aquí para impedir con nuestros cuerpos que el primer ministro Benjamin Netanyahu regrese a luchar en Gaza», dijo Zangauker a los medios israelíes el día en que se levantaron las primeras tiendas.
Al principio, parecía que el creciente número de activistas y sus partidarios, que ahora llenaban alrededor de 100 carpas debajo del puente que conecta el cuartel general y el centro comercial adyacente, estaba haciendo que el movimiento tomara impulso. Durante el día, organizaron una variedad de acciones de protesta: carreras matutinas alrededor del cuartel general lideradas por Zangauker, actividades para padres e hijos centradas en la lucha de las familias de rehenes y sentadas silenciosas. Por las noches, realizaron manifestaciones que atrajeron a cientos y, a veces, miles de participantes, bloquearon el tráfico y pidieron a los conductores que salieran de sus automóviles mientras leían en voz alta los nombres de los 59 rehenes que aún estaban retenidos en Gaza.
Desde que el invierno pasado se separó del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas –la principal organización que representa a las familias de rehenes– debido al enfoque comedido del foro y su renuencia a enfrentarse directamente al gobierno, Sha’ar Begin ha señalado al primer ministro como el principal obstáculo para un acuerdo de paz. Adoptando tácticas de confrontación y a veces incluso teatrales (como colocar una mesa de Shabat en medio de la autopista Ayalon y prenderla fuego), los miembros de Sha’ar Begin han sido consistentes en exigir la liberación inmediata de todos los rehenes a cambio del fin inmediato de la guerra.
Han logrado atraer una amplia atención, particularmente en los medios de comunicación internacionales: varios rehenes liberados han informado que vieron las protestas del grupo en canales de noticias árabes mientras estaban en cautiverio. Pero si bien sus protestas pueden haber fortalecido el ánimo de algunos de los rehenes en Gaza y haber mantenido el tema en la agenda pública, pronto quedó claro que el gobierno israelí no los estaba escuchando.
En las primeras horas de la mañana del martes, el ejército reanudó sus bombardeos sobre la Franja de Gaza y mató a más de 400 palestinos e hirió a cientos más tan solo esa noche. Desde entonces, varios centenares más han muerto, mientras las fuerzas terrestres israelíes han comenzado a recuperar zonas de Gaza que habían abandonado como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. «A partir de ahora, las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego», declaró Netanyahu en la televisión israelí tras la reanudación de los ataques.
Después de que se conoció la noticia, Zangauker, acompañada por su hija, Natalie, y la novia de Matan, Ilana Gritzewsky,
quien fue llevada cautiva junto con él el 7 de octubre y liberada en el primer acuerdo de rehenes a fines de noviembre de 2023, encabezó a un puñado de miembros del grupo Sha’ar Begin en una marcha hacia la valla de Gaza. Partiendo del kibutz Nir Oz, donde fueron secuestrados Matan e Ilana, Zangauker y sus compañeros activistas pronto alcanzaron la barrera de alambre de púas que precede a la valla fronteriza real.
«¿Cómo entro?», preguntó Zangauker a uno de los oficiales militares estacionados allí. Los soldados se quedaron quietos, sin saber cómo reaccionar, mientras ella comenzaba a arrastrarse debajo del alambre de púas, seguida por sus compañeros. Hasta entonces, los únicos civiles israelíes que marcharon sobre la valla de Gaza habían sido los colonos de extrema derecha que abogan por que Israel restablezca las colonias judías en la Franja.
Cuando llegaron a la valla fronteriza, el grupo se sentó con la espalda apoyada en ella. Fue lo más cerca que Zangauker ha estado de su hijo desde el comienzo de la guerra hace más de 17 meses. «Mi Matan», gritó a través de un megáfono. «No les permitiremos volver a luchar. Seguiremos exigiendo que el gobierno ponga fin a esta guerra y libere a los rehenes, todo de una vez.»
Con el sonido de disparos de ametralladora resonando de fondo, Zangauker se dirigió a los soldados. «A los soldados que están preparando las armas para una invasión terrestre, y a nuestros pilotos de la fuerza aérea, les imploro que no se apresuren a apretar el gatillo. Los ciudadanos de Israel han sido abandonados en cautiverio por una clase política que exige que los maten para permanecer en el poder. Piensen detenidamente antes de lanzar una bomba. Hay muchas posibilidades de que estén asesinando a Matan.»
Después de casi una hora, Zangauker y sus compañeros acordaron dispersarse, no sin antes suplicar a los soldados que no removieran las fotografías de los rehenes que habían colgado en la valla.
«NETANYAHU ESTÁ JUGANDO CON TRUMP COMO LO HIZO CON BIDEN»
Esa noche, miles de israelíes salieron a las calles en el centro de Tel Aviv para una manifestación que originalmente fue convocada para protestar por la decisión de Netanyahu de despedir al jefe del servicio de inteligencia y seguridad general interior Shin Bet, Ronen Bar. Netanyahu acusó a Bar de llevar a cabo una «campaña de chantaje y amenazas» en su contra después de que el jefe de la inteligencia iniciara una investigación sobre las acusaciones de que asesores del primer ministro habrían recibido dinero de Qatar durante la guerra, un escándalo que ha llegado a ser conocido como Qatargate.
Sin embargo, después de que Israel reanudó sus bombardeos sobre Gaza esa mañana, el enfoque de los manifestantes cambió para incluir llamados contra la reanudación de la guerra y en apoyo de un acuerdo con liberación de rehenes. A la mañana siguiente, decenas de miles marcharon hacia la Knéset en Jerusalén con estas demandas, donde fueron recibidos con una feroz violencia policial.
A pesar de la impresionante participación y energía de las protestas de los últimos días, la reanudación del ataque israelí contra Gaza naturalmente dejó a los activistas de Sha’ar Begin sintiéndose más pesimistas que nunca. Apenas unas horas después de que comenzaran los nuevos ataques, el exministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que abandonó la coalición de gobierno hace dos meses por el acuerdo de alto el fuego, anunció que su facción volvería a unirse al Ejecutivo, asegurando así que Netanyahu apruebe el presupuesto estatal para 2025 a finales de mes y evitando una nueva crisis política.
«Netanyahu logró lo que buscaba a lo grande», dijo a +972 Yehuda Cohen, cuyo hijo, Nimrod, todavía está cautivo en Gaza. «Ahora cuenta con un apoyo total [dentro de la coalición] para continuar la guerra, despedir al jefe del Shin Bet, romper los controles y contrapesos y aprobar su presupuesto.»
Incluso antes del martes, era cada vez más claro que Netanyahu no tenía intención de pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego que firmó con Hamás. Esto empujó a algunas de las familias de rehenes a confiar en el presidente Donald Trump, quien consideraban había presionado a Netanyahu para que aceptara el acuerdo en primer lugar. «Lo que funciona a nuestro favor es que se están haciendo acuerdos por encima del gobierno israelí», dijo a +972, dos días antes de que Israel rompiera el alto el fuego durante una protesta frente al cuartel general militar, Shahar Mor, sobrino de Avraham Munder, cuyo cuerpo fue recuperado de un túnel en el sur de Gaza en agosto. «En nuestra opinión, esto es maravilloso, porque el gobierno israelí no nos ha aportado absolutamente nada.»
Ahora, después de que Trump aprobara el renovado ataque israelí en Gaza, Mor y otros miembros de Sha’ar Begin han perdido la esperanza de que Washington ayude a asegurar la liberación de sus seres queridos. «Contamos con Trump el último mes, pero Netanyahu está jugando con él como jugó con Biden durante 15 meses», dijo Mor el jueves.
Cohen se hizo eco del sentimiento de Mor. «[Parece] que la administración de Trump perdió interés», dijo a +972 después del colapso del alto el fuego. «No escuchamos llamamientos de Washington –ni siquiera los más amables– para volver a las negociaciones, por no hablar de las amenazas. [Le están diciendo al gobierno israelí:] “Haz lo que quieras”.»
Sin fe en la administración de Trump (especialmente después de que esta señalara su intención de negociar un acuerdo separado con Hamás únicamente para la liberación de los rehenes estadounidenses), las familias de Sha’ar Begin se encuentran con pocos recursos. «Estamos realmente indefensos», dijo Cohen. «No veo nada que podamos hacer. He llegado al terreno del cinismo.»
Después de haber agotado todas las herramientas a su disposición durante los últimos 530 días y enfrentarse a un gobierno que se niega a reconocerlos, las familias de rehenes y sus partidarios ahora deben intentar encontrar una manera de intensificar aún más sus protestas. Y mientras las bombas israelíes siguen lloviendo sobre Gaza, el tiempo se acaba.
(Publicado originalmente en inglés en +972 Magazine. Traducción de Brecha.) | {
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30afec813f48d568397b9e071a6bde7b | Resuenan las campanitas
Aquel jueves la noticia sacudió el ambiente judicial uruguayo. El abogado Carlos Curbelo Tammaro estaba detenido como parte de una investigación por lavado de activos, derivada de la Operación Campanita. Pasadas las tres de la mañana, tras casi 15 horas de audiencia, el juez Federico Álvarez Petraglia dispuso –a pedido del fiscal Diego Pérez– el procesamiento con prisión del abogado y de otras cinco personas por su participación en el intento de ocultar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. Esa fecha, 26 de noviembre de 2009, quedaría marcada como el día en que «cayó un pesado».
Curbelo Tammaro estaba entonces en la cúspide de la profesión. Tenía 74 años de edad y más de 45 ejerciendo como abogado. El estudio que compartía con sus hijos estaba ubicado en Misiones 1461, al lado del edificio que nucleaba a 14 de los 21 juzgados penales de Montevideo. Una larga escalera daba entrada a un coqueto apartamento de época y al despacho recubierto de muebles, con una amplia biblioteca, donde recibía con bonhomía y gesto amable a clientes, amigos y periodistas. Entre los primeros había figuras de diversos ámbitos, como el dictador Gregorio Goyo Álvarez, el excanciller Juan Carlos Blanco y la empresa Tenfield SA. Por eso, su procesamiento tuvo impactos a varias bandas.
Entre sus clientes estaba también José Luis Suárez, un empresario español, residente en Uruguay, que tenía vínculos con el narcotraficante colombiano Alexander Pareja García. Suárez fue enviado a prisión en 2006, tras una operación que permitió incautar 350 quilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades. Se descubrió que la organización tenía un laboratorio de drogas en Parque Batlle. Casi 30 personas fueron procesadas en esa primera redada, pero las autoridades abrieron nuevas líneas de investigación en busca del dinero y los bienes mal habidos. En 2008, fue procesado el contador Rubén Weiszman, como partícipe
de reiteradas maniobras para ocultar el origen espurio de los fondos; más tarde Weiszman fue condenado y embargado por unos 5 millones de dólares. Por esas horas, el entonces titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que se trataba de un caso emblemático para Uruguay.
Las dos torres
Fue la versión de una «testigo colaboradora» (Adriana Cifuentes, una agente inmobiliaria que aportó información sobre presuntos negocios ilegales con bienes inmuebles) la que puso el foco en Curbelo Tammaro. La Justicia determinó que el abogado había participado en la compraventa de dos inmuebles de alto valor facilitando la operativa de blanqueo de capitales: la venta, en mayo de 2007, del edificio Torre Juncal, ubicado en Ciudad Vieja, cuando el inmueble estaba por ser embargado, y de un apartamento en el edificio Torre Malvinas (hoy Torre Tamaro), en Punta del Este. Según la Justicia, el abogado participó en esos negocios como asesor y representante de Suárez, lo cual excedía su rol como defensor.
Curbelo Tammaro, por su parte, argumentó que el apartamento en Punta del Este era parte del pago de sus honorarios como abogado. Durante meses el debate jurídico versó sobre las herramientas que tiene el Estado para perseguir el crimen organizado, los límites de esa persecución penal y la imperiosa necesidad de investigar el delito de cuello blanco, a los poderosos señores con oficinas en Ciudad Vieja o el World Trade Center. La defensa del abogado, ejercida por el catedrático Miguel Langón, lanzó furibundas críticas a la utilización de la figura del colaborador y contra la interceptación de su teléfono celular. El recurso de inconstitucionalidad presentado por esos días habló de abusos en la investigación penal y de quiebre del Estado de derecho, pero fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Trece años después, el debate se reinstaló, pero en sentido contrario. El fiscal Luis Pacheco solicitó el sobreseimiento de Curbelo Tammaro y del escribano Daniel D’Angelo, los dos profesionales caídos en aquella redada de 2009, por considerar que tuvieron un rol tangencial en las maniobras de lavado. En el caso del abogado, el fiscal hizo un análisis diferenciado de su participación en los negocios inmobiliarios por los que había sido juzgado.
Sobre la venta del edificio Torre Juncal, la participación de Curbelo Tammaro «dista mucho de un rol protagónico y menos aún de una conducta orientada intencionalmente a asistir o asesorar a su defendido para favorecer el blanqueo de dineros ilícitos», escribió Pacheco. En tanto, en la venta
del apartamento en Torre Malvinas, el fiscal consideró que el abogado ejerció como inversionista, con dinero propio, a su cuenta y riesgo, y el negocio le significó una pérdida de 40 mil dólares. Pacheco también descartó que hubiera delito en la entrega de 10 mil dólares al abogado de la esposa de un narcotraficante, «ya que la entrega de dinero de abogado a abogado […] no deja de constituir una práctica habitual entre profesionales» y no pudo dilucidarse el origen espurio de esos fondos (El Observador, 3-III-23). Ante esto, la jueza María Sol Bellomo archivó la causa en su contra. Fue el cierre de la investigación por la Operación Campanita.
Con estos elementos, Curbelo Tammaro presentó una demanda civil contra el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación por prisión indebida. En su demanda, reclama el pago de 6.920 unidades reajustables, diez por cada día de prisión efectiva (estuvo preso entre el 26 de noviembre de 2009 y el 18 de octubre de 2011), más 300 mil dólares por daño moral y 1,2 millones de dólares por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance por error inexcusable. En total, la demanda supera los 1,8 millones de dólares.
En su escrito, el abogado afirma que fue «ilegítimamente procesado con prisión en forma premeditada y articulada» por el exjuez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez. «Se me recluyó en el Comcar (cárcel de alta seguridad) con la finalidad incuestionable de humillarme, someterme al desprecio público y exponerme al escarnio ante toda la sociedad», recrimina. También aduce que se incurrió «en el error inexcusable de aplicar en forma retroactiva una ley que no estaba vigente», que fue suspendido para ejercer como abogado por la SCJ y fue embargado, lo que afectó su capacidad económica hasta el cierre de la causa, en marzo de 2023.
La demanda recayó inicialmente en el juez Gabriel Ohanián, quien se inhibió de intervenir, ya que como juez de Maldonado había dispuesto el procesamiento por estafa de Cifuentes –la testigo colaboradora–, una decisión que favoreció la posición procesal de Curbelo Tammaro en la causa penal. Finalmente, la millonaria demanda civil contra el Estado pasó a manos del juez Carlos Aguirre, quien dispuso las primeras medidas y citó una audiencia preliminar en noviembre de 2024 para definir qué temas estarán en debate durante el juicio. En esa instancia, la Fiscalía rechazó la demanda en su contra por supuesta falta de legitimación pasiva, lo que fue –por ahora– rechazado. Sobre fines de febrero declararon los testigos de las partes. Se estima que, en las próximas semanas, el juez Aguirre dicte sentencia. | {
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a89ee2199c91bcea50ea77d68bc5660d | Cambio de tendencia
«El 46 por ciento que expresa apoyo a Israel es el más bajo en 25 años de seguimiento anual de Gallup», destaca el informe de la empresa de opinión pública, publicado el 6 de marzo. La tendencia a un apoyo decreciente a Israel no es pareja en la sociedad: los jóvenes y los demócratas son más proclives a respaldar a Palestina, mientras que los mayores de 40 y los republicanos sienten exactamente lo contrario. Son los síntomas de una sociedad dividida en todos y cada uno de los temas de actualidad.
Históricamente los estadounidenses se sintieron cerca de Israel y, aunque siempre hubo voces discordantes, era una minoría que podía ser ignorada por los grandes medios. El cambio principal ha sido en relación con Palestina. En estos momentos, el 33 por ciento de los estadounidenses muestran su ap... | {
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d12e248c677b9124815af1bcb93f60a2 | Proteccionismo imperial
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67bc041a733e415d806545f1ca276841 | Todo se mueve
El tiempo en Siria puede parecer algo estático, pero también se enciende como pólvora seca de un día para el otro. El derrotero del país en la última década lo demuestra. Y entre cálculos geopolíticos, alianzas frágiles y superficiales, y las ansias de ocupación y control de fuerzas externas, el pueblo de ese país trata de sostener la alegría que explotó a finales del año pasado, cuando el régimen de Bashar al Asad y el partido Baaz se desmoronaron en apenas unos días por una serie de combinaciones que muy pocos previeron.
En las últimas semanas, en Siria –pero también en Turquía– ocurrieron una serie de hechos que tienen un actor común: el díscolo pueblo kurdo que habita en ambos países. Esa sociedad, compuesta por al menos 40 millones de personas y nacida en el corazón de Oriente Medio, ... | {
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77bf15afb3199c263a442cf54089a8b7 | El estallado mundo del libro
—Tradujiste nada menos que a James Joyce.
—Sí, traduje Dublineses para Ediciones Godot. Traduzco, no soy traductor; es decir, soy otras cosas y entre ellas traductor, entre ellas escritor. Soy un escritor que traduce. Generalmente, las cosas que he traducido las defino yo y las propongo, simplemente porque tengo ganas. Muy pocas veces me las han pedido o han sido por encargo. Por algún motivo sentía que estaba bueno traducir o retraducir. Nunca lo agarré como trabajo, ni como oficio, ni nada.
—¿Lo de Joyce fue una idea tuya?
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—En tu trabajo, el tema de la traducción, más allá de que te consideres un escritor que traduce y no del todo un traductor, es omnipresente. Por ejemplo, en Caminantes, en el fragmento sobre Anne Carson, cuando reflexionás sobre la traducción como tema familiar. También lo noté en Escritor profesional: «¿Por qué un escritor aceptaría una pésima traducción de su libro, donde ya desde el título se adapta al sentido alterado e infame?».
—Sí, soy sensible al tema. Creo que a cualquier escritor más o menos presentable siempre le importa la traducción, le importa en la lectura, no es algo que pueda dar lo mismo. Me fui dando cuenta de que es muy relevante la traducción –cómo está traducido y cómo está corregida, editada, actualizada, y quién es el traductor–, porque finalmente la traducción es siempre recepción de una obra, y es determinante porque también implica cómo va a circular esa obra después: no es lo mismo el Poe que traduce [Julio] Cortázar que cualquier otro Poe. Cómo se arman los puentes de las tradiciones literarias, todo ese asunto. Es importante que el libro circule, que sea recibido en esa otra cultura, en ese otro país, en esa otra lengua; no es meramente que sea traducido.
Yo vivo en Francia. Hay un montón de libros que son traducidos y pasan sin pena ni gloria. En Europa, el mercado editorial es aún más feroz que acá; los libros, las novedades, duran nada (es decir, duran solo si venden mucho rápidamente). Muchas veces, una traducción simplemente sirve al narcisismo del autor; un escritor está siempre traduciendo de alguna forma, porque escribir es, también, una tarea de traducción: cuando hacés literatura, digamos que no es que estás confeccionando la lista para el supermercado. Estás también poniendo en juego un montón de capas lingüísticas. No escapo a la lógica de que, generalmente, a los escritores nos interesa la traducción, porque la traducción, al final, es también una forma superior de lectura. El traductor es el que mejor lee, el que lee más intensamente un libro, un lector realmente privilegiado de un libro.
—Pensaba en lo que decías sobre el narcisismo de los escritores en relación con la traducción, algo que aparece mucho en Escritor profesional.
—Sí, son cosas como para poner en el muro de Instagram. Hay una suerte de clisé al que recurren a veces escritores y editores, algo así como: «Traducido a veinte lenguas». Así, de esa forma genérica, en donde finalmente tampoco importa mucho a qué lenguas ni bajo qué circunstancias. Es como si hablaran de literatura al por mayor y en términos de quilos.
—En todo ese juego que plantea tu ensayo Escritor profesional, se trata de demarcar los aparatos que estructuran el mercado editorial actual.
—Sí, el mercado, la industria, la industria literaria, la industria cultural. Hay que pensar que la industria literaria es un efecto también de la industria cultural en sí. Y también hay que pensar que siempre el momento cultural de una comunidad tiene que ver con su momento político. Cuando yo entré a la literatura, había algunas instituciones que validaban los libros y que los ponían a circular. La prensa era una institución, y la universidad, otra. Luego, en otro andarivel, estaba el mercado. Hoy, todo eso está estallado. Solamente se trata del mercado y de un mercado que ha cambiado por completo: ahora, que un libro tenga una reseña en lo que antes eran los grandes medios no significa nada. No significa nada para la venta. En cambio, la sola mención de un libro en un club de lectura o por parte de un bookstagramer con un montón de seguidores ya lo hace venderse un montón.
LEER MAL
—En el libro hay consejos para los periodistas culturales, para los académicos, para los libreros. Consejos para luchar contra ese enemigo que es «el escritor profesional», suerte de monstruo que crea el mercado y contra el que hay que pelear.
—Sí, es un poco el chiste. Yo también me incluyo ahí. No porque me sienta un escritor profesional: trato de no serlo en todo lo que puedo; no quiero serlo, no quise serlo, pero sí es cierto que también participo de un montón de esas políticas –no todo el tiempo uno puede estar siempre rechazándolas, negándolas–. Podemos, sí, tener distintos niveles de consciencia y de complicidad con ellas. Me parece que es injusto pedirle a alguien que se inmole, que se sacrifique tan radicalmente. El humor, en ese libro, sirve para armar algún tipo de guiño, de complicidad, con la que intento decir: «Bueno, si pensás como yo, fijate, capaz podemos cambiarlo, y eso lo cambiamos todos juntos: no compres ese libro de mierda, por favor». ¿Lo estás comprando solamente porque es el último Nobel? ¿Por qué tenés que leer el último Nobel? Para los grandes escritores, el Nobel no implica gran cosa: quiero decir, Peter Handke iba a ser Peter Handke, con o sin el Nobel, y luego hay otros que decís: «Bien, a este se lo va a tragar la historia por más Nobel que tenga». Hay un problema ahora y es el del boom editorial constante: todo el tiempo están editando cosas y publicándolas con un sentido de la novedad que es muy avasallante. Un amigo mío dice que lo que pasa es que ahora ser editor es cool: no sé cómo será en Uruguay, pero en Argentina, por lo menos, se armó todo un fenómeno –lleva ya muchos años– con las editoriales independientes. Habría que ver qué significa bien esa independencia. Yo prefiero pensarlas, sencillamente, como editoriales argentinas. Argentina siempre ha tenido una gran tradición en ese sentido, grandes editoriales propias, y siempre se ha reparado en la solidez de los catálogos, en las lógicas de circulación y de legitimación; es decir, si van a hacer circular buena literatura y en qué medida van a diferenciarse de lo que proponen las editoriales transnacionales. Hoy me parece que no hay ningún prestigio ni ninguna institución que te asegure nada, en el sentido de que, si seguís a tal o cual editorial, te asegurás una literatura exquisita porque ahí todos los autores son buenos. No hay nada que garantice eso. Me parece que más que nunca el lector tiene que estar avisado de todo esto. Algo del libro tiene que ver con esa idea: leer desde tu propia idea de biblioteca, desde tu curiosidad, desde tu gusto, y estar atento a esas cosas que sentís que te están queriendo enchufar. Es una época reideologizada, y entonces la literatura se tiene que plegar o subordinar a las ideologías. A ciertas ideologías, reproducirlas, venderlas, militarlas: los autores se vuelven como militantes de esas ideologías y escriben sus ficciones amoldándose a ellas. Finalmente terminamos por entregar una literatura un poco panfletaria –o algo peor que panfletaria, porque antes el panfleto era sinónimo de artefacto político, y ahora, además de eso, tiene que necesariamente implicar ventas, sobre todo ventas–. Es todo un poco ruin en ese sentido, ¿no? Si nosotros leyéramos de otra manera, todos estos escritores no tendrían lugar o tendrían otro lugar –pero de ningún modo este, el de la sobrevaloración y el éxito inmerecido–, pero eso requiere, justamente, lectores un poco más atentos, un poco más entrenados, que no se coman todos estos amagues. Ahora estoy escribiendo un libro –por ahora se llama «Leer mal»– que trata de pensar un poco estas cuestiones, la idea de cómo estamos leyendo, de reparar en ciertos tics de lectura. Creo que debido a ellos, en parte, tenemos la literatura que tenemos.
—El tema de la lectura aparece también en Caminantes y en Contacto. Te permitís pequeños gestos retóricos para introducir a autores y libros, y eso le otorga un teñido muy personal a la escritura, que habla también del amor por la lectura.
—Al no provenir de la academia no tengo los tics de alguien que escribió una tesis de 500 páginas y cuya preocupación central le exige ser lo más exhaustivo posible con sus notas al pie. Yo no tengo eso, carezco de ese imperativo –algo parecido me pasa en el plano de la traducción– y, además, hay una enorme tradición de escritores que escribieron ensayos y críticas además de ficción: yo entro claramente ahí. Hay un asunto con la academia, ahora que murió [Beatriz] Sarlo –y mirá que yo tenía mis diferencias con ella– lo veo claramente: esa lógica de la universidad empezó a escamotear el juicio de valor en la crítica, algo que luego se extendió a la prensa. Y entonces hablar de un libro tenía que ver con abrirlo para el lector, digamos, pero sin juzgarlo: no decir si el libro es bueno o malo, es decir, darle largas a eso o ni siquiera entrar ahí. Y para mí, eso es lo primero: quiero saber si está bueno el libro, si está bien escrito; después, si es africano, danés, o si es feminista o machista, a mí me da todo lo mismo. Mientras el libro, en tanto objeto estético, sea bueno, no pierdo el interés. Yo creo que la crítica empezó a sabotear el juicio de valor para cuidar distintos intereses: sobre todo la posible ofensa del autor o el editor. Y creo que eso es algo que hay que reponer. Me parece que está bueno dar un juicio, justificándolo, claro, pero exponerse, jugársela.
CAMINANTES
—En tu tarea ensayística, los distintos autores analizados terminan por intervenir los textos. Por ejemplo, en Caminantes, cuando se menta el walkman y entonces el análisis se dispara y vas tras el análisis de varias canciones.
—Sí, en general el ensayo siempre coquetea con la crítica, con la autobiografía, con la poesía. Yo trato de no dejarme caer completamente en esos géneros, pero tampoco me pongo obsesivo de que nada se filtre, porque me parecen lindas esas filtraciones. Yo crecí, como toda mi generación, escuchando casetes en walkmans: somos la primera generación que empezó a escuchar música moviéndose por la ciudad, en tren, en colectivo, en lo que sea, escuchando música. Eso modifica tu percepción. Para mí eso tenía que estar en el libro, entre otras cosas porque en Caminantes busqué las palabras que hablan de ese acto mismo, el de marchar, el de deambular: flâneur, la palabra, ya tiene un siglo y pico arriba. Cuando agregué la palabra walkman pensé: «Bueno, ahora sí estamos llegando a la contemporaneidad». Hoy ya es una manera consagrada de caminar la ciudad: escuchando pódcasts, audiolibros, mensajes de tu novia o de tu novio. Me parece que el ensayo requiere esas actualizaciones, periódicamente.
—Pensaba ahora –y es otra forma de la ensayística– en El negocio del deseo de [Néstor] Perlongher, donde camina por San Pablo en busca de michés. La caminata como búsqueda.
—Bueno, algo muy parecido a lo que hacía Néstor es lo que hace Correas. Hay una cita de Carlos Correas –un autor que admiro mucho, argentino, que en los cincuenta hacía lo que él llamaba el yiródromo–: agarraba de Santa Fe hasta El Bajo, de El Bajo hasta Corrientes, de Corrientes hasta Callao. Era un circuito donde iba buscando gente para coger. Era homosexual e iba buscando a ver qué tipo encontraba. Era un circuito, uno diría del deseo, y también uno ligado a la caminata clásica del escritor, algo que también implica recorrer el circuito cultural de su época. A su vez, en Caminantes están las caminatas que hacían [Jorge Luis] Borges con Estela Canto por las noches. Borges, con aquella inhibición sexual suya, en la caminata consagraba un cierto gesto erótico: lo único que podía hacer Borges con Estela era salir a caminar, pasear por la ciudad de noche, acompañarla hasta su casa y se acabó.
—La caminata es también –literariamente– ir creando mapas, hacer saltar paisajes en el territorio, también delimitar.
—Sí, tal cual, supongo que efectivamente hay algo del territorio que es sobre todo simbólico y que siempre aparece de un modo u otro en todo lo que escribe un escritor. Obvio que hay veces que eso está, imaginariamente, mucho más materializado; hay escritores que trabajan con una zona –caso de la Santa María de Onetti o la Comala de Rulfo– que guarda una relación más tangible con la realidad material. Pero armar un territorio y apegarse a él no funciona para todos los escritores: a veces puede ser una obligación, un limitarse, hay que tener cuidado con eso también.
—En Imaginario, tu libro de cuentos, hay uno dedicado a Elvio Gandolfo, «Remate», que cuenta la historia de una escritora profesional que se encuentra con una poeta consagrada.
—Sí. Después de que escribí ese cuento me di cuenta de que esa historia, pero ficcionalizada –como se dice espantosamente hoy–, ya estaba de alguna manera contenida en el ensayo Escritor profesional. La ficción siempre permite contradicciones y ambivalencias que en un ensayo no siempre funcionan. Y también caprichos, que son tan necesarios. Además, me permití cierta metaliteratura en Imaginario: es un libro de cuentos que reflexiona, directa o indirectamente, sobre la forma del cuento.
—Caso de «Hemingway».
—En «Hemingway» está eso, sí. Y en «Remate» se da toda esa discusión sobre si el cuento sin remate puede seguir funcionando. Y eso es lo que genera finalmente la controversia entre los dos personajes. Me parecía que a través del chiste también podía estar eso en juego: a mí me gustan mucho los cuentos con remate, lo que pasa es que –un poco como sucede con la poesía rimada– es más difícil de hacer hoy. Un buen poema rimado y métrico es más difícil de conseguir que un buen poema en verso libre. Y hacer un buen cuento con remate hoy es dificilísimo. Creo que el cuento sigue siendo un mecanismo de revelación de verdad: hay algo que no ves, que no quisiste ver y de pronto te golpea, te noquea. Y por eso es que se lo dediqué a Elvio, en mi opinión uno de los últimos grandes cuentistas –y un gran renovador del género– en el Río de la Plata.
1. Edgardo Scott estuvo en Montevideo invitado por Escaramuza durante febrero y fue presentado por el escritor Martín Bentancor. | {
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6fd71e0e3b1042602c9c775de395272e | El ropaje del vértigo
La autora no le asigna nombre a su protagonista, pero por la sorprendente función que desempeña –cuidar la inmensidad de una montaña– se alude a ella como «la montañera» o, más puramente, «la mujer». Su misión, excepcional y paradójica, se basa en «repetir un gesto» y «hacerlo sin esperar nada», así lo anota en los cuadernos donde registra el trajín de cada día, donde además rememora su infancia y la crueldad de una madre vulnerable que le prohíbe ir a la escuela: retazos de una historia que suma desconsuelos y la empuja a una existencia solitaria en la montaña.
El personaje es construido al borde del abismo, el flujo de su conciencia invade el texto y decide propósitos y representaciones, una cadena de misterios que estalla en imágenes y hay que absorber con todos los sentidos. Para encontrarse a sí misma, la mujer se rehace en el acto de escribir y, de este modo, la fuerza creadora de la palabra atrapa doblemente: por el universo singular que describe con aparente sencillez y por la belleza literaria que revela su manera de ver las cosas. El escenario y los acontecimientos son percibidos por el ir y venir de esa mirada que concierta con originalidad lo mítico y lo real. De indeciso deslinde, el paisaje es veraz y es metáfora. Desde la primera línea, Trías busca un estilo que llame la atención sobre la escritura, una prosa extremada en su potencia lírica, que convierta el acto de leer en experiencia estética.
Una tensión apasionante entre la literatura y el yo se pone a circular: «Escribo porque sí, no porque haya pasado algo en mi vida, sino por lo contrario, porque nada ha pasado y lo único que pasa es esto: mi lucha con las palabras, mis propios pensamientos». Sabe que el lenguaje es insuficiente para nombrar y comprender, pero desvía su mirada, reencuentra los parentescos huidizos de las cosas y se expresa con sensibilidad poética: «Para mí cuidar las palabras consiste en saber todo lo que una palabra trae colgando, como esos anzuelos que arrastran basura». Ante la lucha con el lenguaje se pregunta si es posible comunicar de otra manera, un albur que tensiona las categorías de identidad al suponer cierta forma de intimidad con algo que no es humano, como la montaña. Poco a poco, en los tramos del espacio ficcional más jugado a la extrañeza y a la imaginación como arrebato de libertad, la protagonista de piedra de la novela y su guardiana parecen comunicarse entre sí. Las instancias narrativas que refieren a esa otredad inscriben el punto de vista de la montaña en tercera persona: ella «quiere entender a los hombres» que en aras del extractivismo la despedazan con sus máquinas. En distintas entrevistas, Trías ha expresado que desde que reside en Bogotá –diez años ya– el imaginario colombiano fue permeando sus intereses y preocupaciones; que El monte de las furias lo fue escribiendo durante el encierro de la pandemia, contemplando la montaña desde su ventana.
Sin lugar
Hay otros sucesos en los que las palabras no entienden lo que pasa; el principal, cuando empiezan a aparecer cadáveres entre el follaje arisco y la niebla encubridora. La mujer extiende los cuidados que dedica a la naturaleza a esos cuerpos sin identificar sobre los que escribe y a los que fotografía con la esperanza de preservarlos del olvido. En Mugre rosa, los cuerpos eran desollados por efectos de la pandemia. El tema de la memoria cobra vida en la literatura de Trías, aflige e interpela. «La montaña es un lugar peligroso», dijo el hombre que la mujer amó, pero ella, habituada a poner el cuerpo a las violencias de la naturaleza y de los hombres que la condenan por «salvaje» y por «loca», piensa que «la montaña es el lugar de los que no tienen lugar».
Entregada a las incidencias de la escritura, narra con un sentido de aventura verbal: «La montaña no viaja. […] Igual yo. Yo no viajo sino mediante estos pedacitos de mí que son los pensamientos». Aunque de vez en cuando se desplaza hasta la caseta que en otro punto de la montaña ocupa el «Celador», a él debe comunicarle cualquier irregularidad. El vínculo subsiste con pausas y aturdimientos, es torpe y es rudo, pero evita el aislamiento radical: «No pasó nada más que ese roce […]. Cuando subí a casa […] me pareció que había dejado una pierna en la caseta del Celador, que mi rodilla izquierda seguía allá, en contacto con la de él, unida a la de él en su intermitencia».
Las referencias al mundo exterior se pintan con los colores del estado de ánimo que afecta de manera emocional a la mujer. Como en La azotea, como en Mugre rosa, en El monte de las furias la autora proyecta los espacios como zonas de introspección en los que prosperan lo no dicho y la ambigüedad. La exuberancia de la montaña se vuelve claustrofóbica, en su inmensidad la mujer se siente tan confinada como en su mundo interior.
Ecología y maternidades
A la estela dejada por el universo urbano e inquietante de Mugre rosa recurre la autora para trazar la cartografía de El monte de las furias, un mundo con su propio espacio y su propio tiempo. En Mugre rosa coincidían la catástrofe ambiental y la tragedia personal de la protagonista; en El monte de las furias se advierte un interés por los motivos rurales, una preocupación ecológica que echa raíces en el vínculo de la mujer con la naturaleza y cuestiona los modos de interacción entre el ser humano y el territorio que habita. Si la montaña se describe en el orden velado de los significados ancestrales y simbólicos, las contradicciones de una cultura capitalista y global, que hiere la frágil condición de los que quedan al margen, está latente en el desarrollo de la trama. Los estudios ecocríticos, que profundizan la importancia del ambiente en la construcción identitaria del individuo, plantean la necesidad de la toma de conciencia ambiental desde una interdisciplinariedad que incluye la literatura.
El tema de la maternidad, sostenido por la autora en Mugre rosa, es tratado en El monte de las furias a partir de una tríada femenina integrada por tres generaciones: la protagonista, que no tiene hijos, la abuela, que la incentivó a aprender, y la madre, con quien mantuvo una relación tortuosa de rechazo y de búsqueda, pero a quien cuidó hasta que la abuela murió: «De chica te enseñan que hay que amar a la madre porque te dio la vida, pero vos no pediste nacer […]. ¿Cómo explicarlo? Es como cuando hay un agujerito en una tela y vos metés el dedo una y otra vez para agrandarlo, para desgarrar despacio, y vos querés parar pero no podés, no es tu voluntad, es el dedo, la atracción del agujero que te empuja. Así mismo, la vida. Porque darte, la vida no te da nada, pero una se obstina en seguir viviendo». Como si quisiera desaparecer en lo que nombra. | {
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db4da87563ebe1a65648bda3ba5b9716 | Qué frágiles somos
El plano secuencia es un recurso cinematográfico en el que una escena es rodada en una toma continua, sin cortes aparentes de edición. Esto significa que la cámara se traslada siguiendo la acción sin interrupciones y con movimientos fluidos, y con una coreografía cuidadosamente ensayada de actores y equipo técnico. Por los avances tecnológicos y los abaratamientos en los costos de producción, los planos secuencia han proliferado en las últimas décadas y se han vuelto un recurso constante de casi cualquier producción cinematográfica. Solo hace falta una cámara liviana y cierto nivel de orquestación y coordinación general para lograr un plano secuencia aceptable. Hoy los planos secuencia pululan, y películas como Birdman, Victoria, Utoya: July 22, 1917 o la maravillosa One Cut of the Dead son solo algunos ejemplos de un multiverso de películas cimentadas con este recurso.
Corresponde preguntarse si esta herramienta cinematográfica es pertinente en cada una de las obras en las que se utiliza; cuál es su peso, su aporte sustancial a nivel de atmósferas, de impacto emocional; si es un catalizador narrativo o, por el contrario, entorpece el ritmo y la fluidez del relato. Por sobre todo: ¿es un medio para un alarde de virtuosismo técnico o se justifica como parte esencial de una experiencia estética? Sería un ejercicio cinéfilo interesante estudiar los grandes planos secuencia de la historia del cine y evaluar hacia cuál de ambos lados de esta tesis acaban por inclinarse. Este cronista tiende a pensar que los celebrados planos secuencias de Aleksandr Sokúrov (El arca rusa) y Theo Angelopoulos (La mirada de Ulises) son ejemplos de lo primero, y aquellos ejecutados por maestros como Alfred Hitchcock (La soga) y Orson Welles (Touch of Evil), de lo segundo.
Adolescencia es una miniserie británica estrenada en Netflix, creada por el guionista y dramaturgo Jack Thorne y por el actor (aquí protagonista) Stephen Graham, y dirigida por Philip Barantini. A apenas dos semanas de su estreno, se ha convertido en un suceso viral que ha fomentado innumerables discusiones en redes sociales y hasta debates mediáticos con especialistas de las más diversas disciplinas. Uno de los aspectos más llamativos de su realización es, en concreto, que cada uno de los cuatro episodios que la conforman (y que duran de 51 a 65 minutos cada uno) está logrado con un único plano secuencia: es decir, fueron filmados sin cortes y con una única cámara en continuo movimiento. Barantini había trabajado con Thorne en su brillante película Boiling Point, también construida con un magnífico plano secuencia, una caótica inmersión en un restaurante colmado de conflictos.
Ahora bien, el plano secuencia tiene una peculiaridad esencial: su simple ejecución supone la articulación detallada de un gran contingente de personas abocadas a un propósito único en un momento determinado, con mucha concentración y riesgo. La sola consecución de un plano secuencia implica una carga de tensión, intrínseca al rodaje, que muchas veces acaba plasmándose en la obra terminada. El cineasta español Rodrigo Sorogoyen, gran ejecutor del artificio, dice haber visto las mejores interpretaciones de su vida emergiendo como por milagro de actores que se encuentran bajo la inmensa presión emocional y psicológica de un plano secuencia.
Adolescencia dispone de una inmediatez y una visceralidad rara vez vistas, actuaciones descomunales, una experiencia inmersiva en circunstancias extraordinarias: una redada policial, interrogatorios de todo porte, la vida en un centro psiquiátrico juvenil y en un hogar desquebrajado. El plano secuencia imprime un dinamismo atípico y, asimismo, permite distender la narración luego de un pico de tensión (en las transiciones en las que los personajes se transportan o trasladan desde un sitio hasta otro). Una panorámica en contrapicado con la cámara volando, adherida a un dron, agrega espectacularidad al tiempo que «Fragile», de Sting, entonada por un coro infantil, habla de marcas indelebles causadas por actos violentos. La comunidad nunca volverá a ser la misma.
EL FRACASO SOCIAL
La trama se centra en un adolescente de 13 años que es arrestado y acusado del asesinato de una compañera de clase. A lo largo de los cuatro episodios se propone un acercamiento a su familia, su liceo, sus grupos de pares, su entorno vecinal; se descubre, además, cierto grado de influencia de las redes sociales y las subculturas en línea, así como del acoso escolar y el ciberacoso. Todo con un grado de verosimilitud y realismo apabullantes, además de una peculiar lucidez para articular problemáticas incandescentes de nuestro tiempo. Lo que se expone, a grandes rasgos, es una sociedad resquebrajada, un universo signado por el dolor de un trauma y
sus variadas consecuencias. Ante un crimen de esta magnitud, las diversas instituciones y los actores sociales se activan proponiendo reacciones variopintas: desde las autoridades de la secundaria temerosas de perder prestigio hasta una familia que pierde todos los marcos de referencia; los policías que siguen protocolos poco pertinentes; investigadores que se demuestran incapaces de comprender el universo adolescente; una psicóloga que, en su pericia, quizá acabe por causar más daño a un menor derruido y condenado de por vida; adolescentes que, temerosos, silencian verdades o explotan en violencia.
Un tema de debate amplificado por la serie es lo que ha dado en llamarse incel, una comunidad virtual de hombres que asumen ser personas incapaces de establecer relaciones afectivas con mujeres, a pesar de desearlo. Dentro de estos grupos, es común la frustración, el resentimiento y, en muchos casos, los discursos misóginos radicalizados. La regla «80/20» se funda en la creencia de que el 20 por ciento de los hombres atrae al 80 por ciento de las mujeres, lo que deja al 80 por ciento restante en desventaja en el «mercado» de citas. Este tipo de grupos tiende a caer en lo que se conoce como posverdad, una signada por un sesgo cognitivo que radicaliza discursos de odio, aísla ideológicamente y deteriora a sus miembros en su autopercepción y su salud mental.
Lo interesante, y quizá lo más valioso del planteo, es que se evitan las respuestas fáciles, los reduccionismos psicológicos, las conclusiones apresuradas. Algunas pistas «falsas» podrían cimentar ciertas hipótesis (sobre la violencia heredada, la incomunicación, la masculinidad), pero las múltiples complejidades de la historia logran refutar cualquier explicación unicausal. Las responsabilidades no recaen sobre nadie en particular, pero nadie está del todo exento, tampoco, de ellas.
¿A qué responde una construcción que no aporta conclusiones, veredictos y resoluciones claras en términos de verdad? Quizás, el mayor atributo de esta serie radica en que es lo suficientemente elocuente y rotunda en la exhibición –y la explicitación– de un verdadero fracaso social. Lo único que queda son incógnitas, pero, por sobre todo, impera la idea de cómo fallamos en ver, comprender e interpretar señales que estaban a la vista de todos. Ante este hueco de sentido, ante estas inquietudes, ante esta angustiosa herida social, lo que resta es el debate, la reflexión y la acción política. Es de celebrar la masividad que conquistó una serie de este porte y su capacidad para remover conciencias, y, por lo tanto, de llamar a la acción. No deja de ser interesante que la misma serie instigue a un movimiento sencillo, al alcance de todos: sentarse a dialogar con los hijos propios podría ser el inicio de una transformación significativa.
*Adolescence, de Philip Barantini. Miniserie de cuatro episodios. Netflix, Reino Unido, 2025. | {
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3eac07825fb1cf159dfccad8a83d8523 | La crueldad, aquí al lado
Basada en la nouvelle homónima de Claire Keegan, la película dirigida por Tim Mielants y protagonizada por Cillian Murphy tiene como trasfondo lo que sucedía en Irlanda dentro de las llamadas lavanderías de las Magdalenas, instituciones católicas en las que se abusó de cientos de miles de mujeres jóvenes durante todo el siglo XX.
Hay novelas y películas que, con pocos aspavientos, logran meter el dedo en llagas morales que atraviesan en mucho el tiempo y el espacio. Me refiero a eso que, en un ejercicio un poco estúpido, solemos llamar universal, como si una conceptualización de ese tipo existiera o fuera posible. Y no lo es, pero también es cierto que nuestras sociedades occidentales cargan con una historia compleja de representaciones que se aventuran a trazar los límites entre lo que es... | {
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ec4e12358f8670f6a7721d96eaebcba3 | Los pliegues de lo cotidiano
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60fcaffbd31acb32883b4778023cf140 | Barbarie normalizada
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ba2e8d77755947baf1c47ca38dd747b4 | Una vida plena
Años cuarenta
Dorothea e Inés Muhr Satterthwaite eran dos muchachitas argentinas que vivían en Olivos, Buenos Aires, en una casa construida por su padre. Educadas en un colegio inglés, desde niñas se habían formado en la música: Nessy llegó a ser una destacada pianista y Dolly se dedicó al violín. Caminaba con él en la mano cuando se encontró por azar con una amiga que le presentó a su marido: Juan Carlos Onetti. Así empezó una relación secreta y complicada en la que la joven, fascinada por la personalidad del escritor, cambió la perspectiva de su vida.
1955
Dolly y Onetti comienzan una vida en común al trasladarse a Montevideo. Había conseguido superar la oposición de su padre y en adelante debería suturar heridas y aplacar prejuicios. Lo conseguirá con valentía y afectividad. Desde entonces fue Dolly Onetti.
Su vocación de violinista se concreta en numerosas colaboraciones, y al poco tiempo ingresa en la Orquesta Nacional del SODRE. Fueron casi 20 años de mucha felicidad en que vive su amor y se involucra en el rico ambiente musical de entonces. Tenemos el testimonio de esa plenitud en la correspondencia –inédita– que dirige a sus padres en Buenos Aires. Allí se dibuja una mujer joven, animosa para enfrentar las dificultades económicas, con una visión siempre positiva acerca de amigos y compañeros, llena de humor, rasgo que compartía con su pareja y que ella describe en detalle a sus padres, sin duda con la intención de aliviar el disgusto de la separación.
Dolly amó la ciudad desde su apartamento de Gonzalo Ramírez, desde donde en aquel momento se veía el mar y en el que recibía a amigos y extranjeros que querían conocer al escritor ya relativamente famoso. Eso sí, también aquí como en el resto de su existencia juntos, será su «filtro» de acuerdo con el estado de ánimo de Onetti. También será la guardiana de su obra, pasando a máquina los textos y, sobre todo, leyendo cuidadosamente sus páginas con su agudo oído musical para descubrir repeticiones y cacofonías.
Es una etapa de crecimiento como música y siente que llega «al cielo» cuando se entera de que el crítico musical de La Mañana comenta que «es muy bueno ese segundo violín». Forma un cuarteto con su gran amigo Jorge Risi y soporta con alegría las vicisitudes burocráticas de la orquesta del SODRE, incluido el ensayar con guantes y abrigo. También para Onetti es un período muy intenso, ya que en él publica algunas de sus obras más conocidas.
Dolly siempre afirmó que se consideraba afortunada por participar de dos mundos tan ricos y diferentes: el suyo inmediato de la música y el de la literatura, con la amplitud de sus lecturas y el trato asiduo con escritores y periodistas que rodeaban a su marido. Pero también cabía en su polifacética personalidad un aspecto más íntimo y doméstico: el de las recetas de cocina,
y también las salidas con amigas o el gusto por el verano.
Si bien podemos coincidir con Mario Vargas Llosa cuando dice que Dolly fue «compañera, secretaria y ángel de la guarda» de Onetti, tenemos que saber que fue mucho más en relación con el mundo que la rodeaba. La amistad fue para ella un vínculo esencial, y tenía una especial facilidad para conectar con gente joven. Sin duda, su curiosidad por la vida la llevaba al diálogo con conocidos o extraños, y en la calle su amor por los perros era el pretexto espontáneo para saber de las personas.
1974
La zozobra del golpe de Estado y la dictadura instaurada en 1973 recién se hizo carne más tarde. En su carta a los padres, fechada el 27 de junio de 1973, solo comunicaba su tristeza por la muerte del escritor Francisco Espínola. Y después de eso, Marcha siguió organizando su premio de narrativa, en el que Onetti era jurado. Es muy conocida la historia de la detención en 1974 del director de Marcha y de aquel jurado por premiar un cuento de Nelson Marra, a quien también llevaron preso. Lo que no es tan conocido es el período de desesperadas gestiones de Dolly a medida que veía el deterioro de salud de Onetti en su lugar de reclusión, el Cilindro Municipal. Su internación en un sanatorio psiquiátrico fue un logro de Dolly con la ayuda de algunos amigos, como Carlos Maggi, escritor y abogado. Para pagar ese sanatorio debió vender de urgencia una casita que había comprado con mucha ilusión en un balneario cercano a Montevideo.
Después siguieron llegando premios e invitaciones, pero la atmósfera asfixiante los llevó a aceptar una acuciante invitación desde España y se instalaron en Madrid. De nuevo tuvo Dolly que acudir a toda su energía y fortaleza para enfrentar, a pesar de la generosidad de la acogida, las dificultades del exilio, la depresión de su pareja, la soledad del comienzo.
Algunos años después, ya viviendo en su apartamento de la avenida de América, consiguió ingresar en la Orquesta Sinfónica de Madrid y durante años tocó en el Teatro de la Zarzuela y luego en el Teatro Real. Al mismo tiempo, veía con alegría que Onetti volvía a escribir y su vida se estabilizaba con buenas noticias, como el Premio Cervantes en 1980. Afrontaba con entusiasmo el encierro del escritor y le aseguraba el contacto con el exterior por medio de libros, diarios, la presencia de gente que le interesara, y también lo convencía de tener vacaciones de playa, que ella tanto amaba. Y entonces él, con sorna, aceptaba cambiar de cama. En paralelo reunía a los amigos, invitaba a cuanto uruguayo pasaba por Madrid, extendía su generosidad hacia todos los que pudieran necesitarla. En 1978 comenzó nuestra amistad y de todo eso soy testigo.
1994
Hacía un tiempo que la salud de Onetti flaqueaba y Dolly se ocupaba de la dieta, de los médicos y de todo lo que podía imaginar para animar a quien ya no quería salir de la cama.
El 30 de mayo me llamó temprano para decirme que estaban en una clínica y que Juan estaba mal.
Al llegar pude acompañar su dolor por la inminente despedida.
El duelo duró años, tal vez nunca terminó. Con frecuencia hablaba de Onetti en presente y le costaba ver fotos del pasado. Pero eso no le impidió continuar con sus tareas en la orquesta hasta una tardía jubilación y cultivar la compañía de todos aquellos que seguimos a su lado después de la muerte del escritor, porque la luz que desprendía no dependía –nunca lo había hecho– de la estrella que tenía a su lado. También es cierto que en sus presentaciones públicas Dolly se amparaba en la importancia de la obra de su marido, y las preguntas llevaban casi siempre a la falsa imagen de la mujer detrás del escritor.
2006
Había llegado el primer gobierno de izquierda a Uruguay, y Dolly decidió de nuevo generosamente: donó los valiosos manuscritos de la obra de Onetti a la Biblioteca Nacional. La cultura uruguaya le debe gratitud.
Su interés en promover el conocimiento de esa obra la llevó a colaborar con todas las iniciativas de homenaje y estudio que se le propusieran. Esa generosa disposición estuvo en el origen de un engaño que sufrió, porque en algunas ocasiones el interés aparentemente sincero por un autor esconde el interés puro y duro. Pero Dolly tenía temple y alegría, y cruzó varias veces el Atlántico y el Río de la Plata para llevar su palabra y su sonrisa a los onettianos. Siempre regresaba a la vieja casa de Olivos, donde murió el 21 de marzo.
Fueron casi 100 años luminosos. | {
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"Hortensia Campanella",
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dc0904d7b9bfa748f883f834f831638d | Las gauchadas del Gringo
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"Mauricio Pérez",
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En una carta entregada el lunes y dirigida a sus compañeros del Consejo Directivo (CD) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el abogado Wilder Tayler presentó su renuncia al organismo después de ocupar el cargo de director por casi siete años. Tayler es el único de los cinco directores actuales que venía del período anterior y bajo su cargo están la búsqueda de los desaparecidos en la última dictadura y el área de salud mental. Esta última quedó bajo su órbita luego de que la directora Carmen Rodríguez, actual presidenta del organismo, fuera denunciada por una funcionaria por acoso laboral, lo que llevó al resto del directorio a retirarla de ese ámbito.
«Lo que sí te voy a decir es que ni tengo alzhéimer ni me voy a vivir al exterior», le dijo Tay... | {
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fe8825e1dd91fb707d587a64b6ea0605 | «A Lacalle Pou le cantaron errado»
—¿Cuál es el estado de los proyectos de hidrógeno verde en Uruguay?
—Comienzo con una precisión conceptual: a veces se menciona solamente el hidrógeno y es como si yo te dijera «vamos a hablar del gasoil de bajo azufre». Estamos hablando de un conjunto muy grande de elementos que tienen que ver con las energías renovables. Los proyectos que hay en Uruguay son de energías renovables y en un segundo gradode aproximación son de combustibles alternativos. El hidrógeno como fuente de energía se usa hace más de 100 años y viene a ser una especie de nexo entre el mundo de la energía eléctrica y el resto de los mundos: el del agua, la industria, la calefacción, el transporte, los combustibles y la petroquímica. Por eso su importancia. ¿Qué tiene el hidrógeno? Que es almacenable y se puede combinar... | {
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d0705f4cc522ec2ca64b4b48c19b436c | Semanario Brecha
Fue el 8 de abril de 2011, alrededor de las 17.00, cuando en el arroyo Solís Grande se derramaron 100 mil litros de petróleo. Las tareas de mantenimiento que llevaba a cabo una cuadrilla de trabajadores implicaban que se utilizara una bomba succionadora conectada a una manguera que explotó y derramó el crudo que era transportado desde José Ignacio a la refinería de La Teja.
Excavaciones para crear «piletas» en las que verter el petróleo que luego fue trasladado en «camiones tanques» hasta José Ignacio, donde fue depurado, un trabajo entre la Armada, ANCAP y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), fueron lo que permitió –según la prensa de la época– recuperar «el 95 por ciento del crudo» esa misma noche. La Dinama, luego, tomó muestras para analizar el impacto ambiental del derrame. Después los pozos fueron rellenados con arena y tierra limpia y así quedaron. Mudos.
El País informaba el 9 de abril de aquel año que el «peor escenario» –que el petróleo llegara hasta el Río de la Plata– se había evitado. El periódico daba cuenta, también, de que una porción de la zona afectada por el derrame aún tenía presencia de hidrocarburos. Una semana después, la propia Dinama solicitaba, en un informe técnico, que no se habilitara el baño en el Solís Grande como consecuencia de la contaminación en ecosistemas, playas y humedales, porque, al haber pasado poco tiempo desde el accidente, aún se detectaba la presencia de crudo en la zona.
Más tarde hubo idas y vueltas entre la Dinama y la refinadora estatal. La primera le puso a ANCAP una multa de 2 mil unidades reajustables y le solicitó que enviara informes con «planes de prevención para estas situaciones y el estado del oleoducto que ocasionó el derrame». La multa se aplicó en julio, ANCAP anunció el pago en setiembre y respondió –según consignó No toquen nada en su momento– que sí se contaba con planes de contingencia. Es más, un año antes habían hecho un simulacro.
POZOS, MULTAS Y DERRAME
A fines del año pasado, otro derrame sorprendió a quienes habitan en los alrededores del Solís Grande. El último sábado de noviembre se detectó una fuga en el oleoducto que pasa por debajo del puente que cruza el arroyo. La válvula fue cerrada para evitar el vertido de más hidrocarburos al curso de agua que divide Maldonado y Canelones y se utilizaron barreras absorbentes para retener el crudo ya derramado.
Los pormenores del derrame de 2024 están más frescos en la memoria y Brecha informó en su momento que la Intendencia de Canelones había solicitado una serie de garantías para este tipo de situaciones, al igual que la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry y la escuela náutica La Flotante, que desarrolla sus actividades en el arroyo (véase «Lágrimas negras», Brecha, 5-XII-24).
Entre los procedimientos puestos en marcha tras ese derrame se establecieron canales de comunicación de las autoridades con los vecinos, que incluyeron una reunión el 30 de enero de este año para informar del estado de situación del arroyo y la zona afectada. En un documento que resume lo mostrado en la reunión, ANCAP presentó, además de los resultados de los muestreos tomados en la zona sur del arroyo, el análisis de la parte de la costa donde ocurrió el derrame de 2011: 13 años después, según un monitoreo realizado en noviembre de 2024, hay puntos que todavía presentan contaminación de hidrocarburos.
Según explicaron a Brecha desde la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry –y como consta en el documento que condensa lo hablado en la reunión–, ANCAP se comprometió a hacer la remoción y la sustitución de suelo en la zona impactada, para lo que se está elaborando un plan de trabajo. Las tareas, indicó el ente, podrían ser ejecutadas en el transcurso del mes siguiente –es decir, en febrero– o una vez finalizada la temporada de verano. Luego de los trabajos, se continuarán haciendo los monitoreos correspondientes.
PASIVO AMBIENTAL
La respuesta institucional que dieron a Brecha desde la empresa estatal es un repaso de los acontecimientos y la explicación de cómo remediaron la situación en ese momento. De acuerdo con ANCAP, desde 2015 hacen monitoreos de forma semestral y en 2018 «se contrató una consultoría especializada para un estudio de evaluación de la situación remanente en el sitio mediante técnica de georradar». El estudio de 2018 recomendó «continuar con las acciones de monitoreo y de mejora de las condiciones para fomentar la atenuación natural». Actualmente, informaron desde el ente, se dispone de un contrato para finalizar las tareas.
El plan de remediación de la zona afectada por el derrame de 2011 está incluido en el Plan de Remediación de Pasivos Ambientales de ANCAP. En su memoria de 2022, la empresa admitió que tiene un «pasivo ambiental», con base en un cálculo del costo total que tiene la remediación de zonas contaminadas por la operación del ente. La forma de determinarlo «consta de diferentes etapas, que incluyen una inspección, toma de muestras de suelos y de aguas subterráneas, procesamiento de los datos obtenidos y determinación de los volúmenes de suelo a remediar», explicó entonces ANCAP, que valoró el pasivo en unos 26 millones de dólares. Desde el ente estiman que la fecha para la remoción y el arreglo de esta zona en particular es «a fines de abril».
DE DICIEMBRE PARA ACÁ
Richard, vecino de Jaureguiberry y parte de la escuela náutica La Flotante, dijo a Brecha que cuando sucedió el derrame de noviembre en la parte sur del arroyo hubo «tres días con sudestada y pampero entrando», por lo que los técnicos estaban «monitoreando un espejo de agua que estaba siendo cambiado con el agua del mar», en contacto constante con esa parte del arroyo.
«A los 15 días más o menos el agua baja realmente, las sudestadas achican, el mar se calma; baja y empiezan a bajar manchas de aceite» que estaban en la zona norte del arroyo y habían sido registradas por los vecinos de esa zona. La forma era clara: eran manchas «lechosas», según Richard, que se destacaban en el espejo de agua y tenían un brillo de arcoíris. Para este vecino de Jaureguiberry, el monitoreo arroyo abajo «no estuvo bien hecho».
La respuesta dada por ANCAP a Brecha es que la situación se remedió y que, «de acuerdo con las condiciones de vientos dinámicas del arroyo en el momento del derrame», el área impactada estaba «en la zona sur». Es por eso que «el muestreo de suelos se realizó en esa zona, particularmente en la franja de cangrejales».
Según el informe que ANCAP presentó a la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry en enero, los remanentes de hidrocarburos producto del derrame de fines del año pasado están dentro de los parámetros aceptables. El ente expresó que toma como referencia la Guía Ontario, con «criterios basados en la salud». El análisis del agua en el lugar de la pérdida realizado el 2 de diciembre pasado arrojó un «valor muy bajo, casi no detectable», de hidrocarburos totales.
En tanto, en el análisis de sedimentos se detectaron 400 miligramos por quilogramo de hidrocarburos (mg/kg) totales, cuando la Guía Ontario establece «un límite de 1.000 mg/kg para áreas de uso recreacional». También se detectaron 6,5 mg/kg de níquel, que tiene un límite aceptable de 20 mg/kg. El elemento que sí superó los límites aceptables, por un gramo, fue el vanadio. Se detectaron 151 mg/kg, cuando el límite aceptable es de 150. Otros elementos, como arsénico y mercurio, no fueron detectables.
En tanto, en los análisis hechos en esa misma fecha en la zona de cangrejales, que despertaba especial preocupación, no se detectaron valores cercanos al límite aceptable. Los estudios realizados semanalmente a partir de entonces llevaron al ente a concluir, sobre el derrame de 2024, que «no se detecta contaminación que sea necesaria reducir mediante acciones de remediación. Los valores informados son admisibles para entornos que son utilizados con fines recreativos». El ente anunció que continuaría «realizando monitoreos con frecuencia quincenal».
A su vez, ANCAP comunicó que «se inició el trámite de licitación» para la colocación de cartelería a lo largo del trazado del ducto, «como refuerzo de la señalización ya instalada». Esto, ante el reclamo de vecinos que se enteraron de la existencia del caño luego del derrame. | {
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492820b651a48b24d4c429aa3ecc27c4 | Más bárbaras que los hombres
El 8 de marzo es una fecha marcada por las reivindicaciones históricas sobre la igualdad de derechos, la visibilización de las injusticias de género y el reconocimiento de la fuerza transformadora de las mujeres en distintos ámbitos. En este marco, proponemos reflexionar sobre la figura de algunas mujeres que han desafiado las estructuras tradicionales de poder e impunidad en el sistema de justicia de nuestro país.
Uruguay, a pesar de su tradición republicana, no fue la excepción a la ola de regímenes represivos que se cernieron sobre América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, y que dejaron como saldo miles de víctimas de tortura, violencia sexual, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los años de transición democrática fueron marcados por la aprobación, en diciembre de 1986, de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), que se convirtió en el pilar jurídico de la cultura de la impunidad al quebrar la separación de poderes y bloquear la investigación y el castigo penal a los criminales de la dictadura.
En estos 40 años de democracia ininterrumpida, celebrados el pasado 1 de marzo, muchas organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad lucharon contra la impunidad y se enfrentaron a múltiples obstáculos en el camino de la defensa del derecho de acceso a la justicia.
Sin embargo, actores de los sucesivos gobiernos defendieron la ley de caducidad como un «pacto» necesario para asegurar la estabilidad democrática. Estos mismos actores incluso argumentaron en favor de una supuesta legitimidad de la ley, basada en dos consultas populares (1989 y 2009), mientras que otros actores aceptaron la situación dada y prefirieron enfocarse en otras batallas.
En muchas ocasiones, las víctimas denunciaron la inconstitucionalidad de la ley o reclamaron la necesidad de utilizar las brechas que la normativa dejaba para avanzar en verdad y justicia. Fueron cuatro décadas de esfuerzo devastador.
Dentro de la judicatura y la fiscalía hubo personas dispuestas a cuestionar la impunidad. Queremos destacar las trayectorias de tres de ellas: la jueza Jacinta Balbela, la fiscal Mirtha Guianze y la jueza Mariana Mota. Ellas no fueron las únicas y, antes de que el lector nos interpele, tampoco desconocemos la relevancia de abogados de víctimas, jueces y fiscales varones que aportaron y aportan a la causa.
Entendemos que las historias de estas tres mujeres dan cuenta del rol fundamental que desempeñaron y que desempeñan todavía –en los casos de Mota y Guianze– en la construcción de una sociedad más justa o, aunque sea, menos impune.
Estas tres mujeres protagonizaron hitos porque fueron capaces de ir más allá de lo «conveniente» en el trabajo de investigación de causas que muchos de sus pares preferían ignorar. Lo hicieron en el contexto de una sociedad y un sistema judicial en el que las mujeres, al asumir roles de autoridad, enfrentaban (y posiblemente aún enfrentan) una carga extra al tocar intereses y jerarquías consolidadas.
JACINTA BALBELA: LA PRIMERA MUJER EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN DEMOCRACIA
Jacinta Balbela (1919-2007) inició su labor en el Poder Judicial en 1952. Asumió funciones como jueza de paz y poco a poco avanzó hacia cargos superiores, en una época en la que la presencia femenina en la magistratura era escasa. Durante la dictadura, Balbela fue reiteradamente postergada mientras ascendían magistrados que contaban con la «confianza» del régimen de facto. Sin embargo, con la reapertura democrática, la Asamblea General la nombró para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 15 de mayo de 1985. Esta designación fue calificada por Gonzalo Aguirre, entonces senador por el Partido Nacional, como un acto de justicia con magistrados que habían sido «postergados una y cien veces, designándose en la Corte siempre a magistrados con menor antigüedad que ellos, porque no merecían confianza política del régimen». Se convirtió así en la primera mujer nombrada en democracia para el máximo órgano judicial uruguayo.
Un episodio significativo en la actuación de Balbela fue su voto discordante en la sentencia 184/1988 de la SCJ. Por mayoría, el tribunal había declarado constitucional la ley de caducidad, pero Balbela votó en disidencia junto con el ministro Nelson García Otero, con el argumento de que dicha norma violaba principios fundamentales de la Constitución, como la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
Para la jueza, el propio reconocimiento de que existían «hechos consumados» (como planteaban algunos legisladores al defender la ley, incluyendo al propio Aguirre, que había sido uno de sus redactores) no legitimaba el acto jurídico. Además, se atrevió a mencionar a los detenidos desaparecidos citando al poeta argentino Jorge Luis Borges, algo poco frecuente en la jurisprudencia uruguaya, señalando que la figura de la desaparición forzada iba más allá de cualquier justificación política. Su voto fue un antecedente que, años después, permitiría que la SCJ, con otra integración, declarara inconstitucional la ley de caducidad (sentencia 365/2009).
Durante el período de transición, muchos jueces que investigaban casos de desapariciones y torturas en la dictadura fueron objeto de cuestionamientos públicos, editoriales de prensa y presiones. Balbela insistió siempre en la necesidad de un Poder Judicial independiente, sin presiones políticas ni partidarias.
Su labor reflejó la importancia de que más mujeres accedan a los máximos cargos dentro del sistema judicial. Pese a ser minoría, su voz discrepante puso en el centro del debate principios constitucionales esenciales. La solidez de sus argumentos aportó una perspectiva que, años más tarde, impulsó nuevas posibilidades en favor de la justicia y de la verdad sobre los crímenes de la dictadura.
MIRTHA GUIANZE: LA FISCAL QUE ROMPIÓ EL CERCO DE LA IMPUNIDAD
La fiscal Mirtha Guianze (1945) ingresó como funcionaria administrativa al Ministerio Público y Fiscal en 1968 y se recibió de abogada en 1975, en plena dictadura. En democracia, y tras varios ascensos, se convirtió en fiscal letrada nacional y se enfocó en causas penales relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.
Un hito en las luchas contra la impunidad fue el procesamiento de Juan Carlos Blanco, excanciller de la dictadura, por su responsabilidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros. El caso era emblemático: Elena fue secuestrada dentro de los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo. El procesamiento de un civil por crímenes de la dictadura abrió la puerta a otros juicios posteriores. Guianze promovió la investigación que logró romper en 2002 ese cerco de impunidad.
En 2004 se reabrió la causa por la muerte de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, hallada sin vida en una unidad militar en 1974. Guianze impulsó en 2009 una excepción de inconstitucionalidad de la ley de caducidad apuntando a la misma tesis de Balbela: la ley violaba artículos centrales de la Constitución. La SCJ le dio la razón (sentencia 365/2009) en un fallo inédito que declaraba por primera vez la inconstitucionalidad de la norma. Así, las puertas de la justicia volvieron a abrirse.
La trayectoria de Guianze no estuvo exenta de riesgos ni agresiones. En 2006, el entonces presidente, Tabaré Vázquez, propuso designarla como fiscal de Corte, pero el nombramiento no prosperó debido a la férrea oposición de los partidos Nacional y Colorado.
En 2012, Jorge Ciasullo publicó en Correo de los Viernes una columna titulada «Justicia o venganza», en la que cuestionaba la capacidad intelectual y profesional de Guianze. El autor calificó las acciones de la fiscal como irracionales o emocionales y llegó a tildar su actuación en el sistema de justicia como «venganza». Para ello, hizo incluso referencia a la militancia izquierdista del esposo de Guianze desplegando una caricatura de ataque misógino. La nota se cierra con una cita de Nietzsche («En la venganza como en el amor la mujer es más bárbara que el hombre»), pretendiendo en vano un vuelo filosófico.
El rol de Guianze fue fundamental para desarticular la noción de que la impunidad era un hecho consumado. Su insistencia en investigar sentó las bases para que otras víctimas pudieran atreverse a denunciar. Su determinación permitió cuestionar la escasa actividad de investigación judicial que se podía lograr a pesar de la ley de caducidad.
MARIANA MOTA: LA JUEZA DEL «BANQUITO SIN RESPALDO»
Mariana Mota (1964) ingresó al Poder Judicial en 1991 y fue desarrollando su carrera por diversos juzgados del interior del país, hasta llegar al Juzgado Penal de 7.º Turno de Montevideo. Desde allí, investigó decenas de causas relacionadas con delitos cometidos durante la dictadura, entre ellas la desaparición de personas y el homicidio político de militantes sociales.
En 2010 Mota dictó una sentencia histórica contra el dictador Juan María Bordaberry: lo condenó por atentado a la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político. Esta condena en sus fundamentos evidenció la participación activa y planificada de Bordaberry en la maquinaria corrupta, represiva y asesina que gobernó el país.
Esa investigación tuvo su costo personal y profesional en grandes y pequeñas dimensiones. Mientras trabajaba en el caso, un colega se acercó a su despacho para advertirle: «Usted está sentada en un banquito que no tiene respaldo», insinuando que su actuación carecía de protección institucional y política.
La sentencia, que supuso un avance sustancial en la búsqueda de justicia, para muchos significó una provocación insoportable.
Mota fue objeto de constantes ataques en editoriales de prensa y cuestionamientos de referentes de todo el espectro político, que criticaron su «exceso de protagonismo» y su «sesgo ideológico». Se la llegó a calificar de «peligro público», «fanática» y «desbocada» en medios periodísticos.
En febrero de 2013, cuando todavía tenía unas 50 causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en investigación, la SCJ dispuso su traslado del ámbito penal a un juzgado civil sin una justificación clara. El hecho, interpretado como un acto de castigo y disciplinamiento, motivó protestas de organizaciones de derechos humanos y de la opinión pública.
Durante su desempeño, Mota introdujo prácticas que eran poco habituales en la Justicia uruguaya. Por ejemplo, hizo inspecciones oculares en antiguas dependencias militares junto con sobrevivientes de la represión, familias de víctimas y peritos forenses. Evitaba, además, enviar con la Policía las citaciones para víctimas y testigos que habían sufrido tortura y violencia sexual, a fin de no revictimizarlas. Estas decisiones sencillas repercutieron positivamente en la confianza de las personas hacia el sistema judicial.
Finalmente, Mota se vio forzada a renunciar al Poder Judicial en 2017 para efectivizar su nombramiento como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La SCJ decidió que no podía reservar su cargo, en un hecho inédito y vergonzoso.
En palabras de la propia Mota, la demora de tantos años en investigar no solo mantenía impunes a los victimarios, sino que reforzaba la dolorosa desprotección de las víctimas.
LAS MUJERES Y EL SISTEMA JUDICIAL PATRIARCAL
Si bien Uruguay es un país laico y republicano con instituciones sólidas, el sistema judicial ha sido históricamente un espacio masculino y conservador. De acuerdo con datos oficiales de 2020, siete de cada diez integrantes del Poder Judicial son mujeres, sin embargo, siguen siendo minoría en las posiciones de mayor jerarquía. Aun así, esta «feminización» del sector ha provocado cambios en la forma de entender y practicar la justicia.
Diversas autoras, como la filósofa Carol Gilligan han teorizado sobre cómo la experiencia social de las mujeres influye en su razonamiento moral, destacando valores como el cuidado, la comunidad y la preocupación por la justicia sustantiva. Esta perspectiva no debería presuponer la idea de que «todas las mujeres piensan igual», sino la de un potencial enriquecimiento de la praxis judicial.
Las trayectorias de Balbela, Guianze y Mota muestran que cuando las mujeres se atreven a desafiar la autoridad deben enfrentar una hostilidad específica, la que combina las habituales resistencias con críticas machistas y estereotipos de género. El uso de calificativos como «histéricas», «desbordadas» o «fanáticas» da cuenta de cómo se refuerza la retórica que deslegitima a las mujeres aludiendo a su supuesta «emotividad» o «falta de equilibrio».
Estas tres mujeres son especialmente destacadas porque sus actuaciones generaron reconocimiento y solidaridad, principalmente entre las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Reconocer y nombrar las trayectorias destacadas de las mujeres es una necesidad, no solo para recordar las hostilidades que padecieron, sino para evitar la invisibilización que muchas de sus colegas han padecido.
El reclamo de memoria, verdad y justicia no es un eslogan obsoleto, es un motor vivo que se vincula en el presente con el debate sobre los derechos de todas las víctimas y, en particular, con aquellas más vulnerables. Las niñas y los niños, las mujeres y las disidencias que sufren cotidianamente violencias necesitan contar con personas dentro del sistema de justicia que sean valientes y comprometidas con su protección.
El 8 de marzo nos convoca a pensar en la necesidad de fortalecer la lucha por la independencia judicial y la perspectiva de género como procesos íntimamente ligados en el desarrollo democrático.
En un contexto regional y global en el que los reclamos feministas se reencuentran con descalificaciones, ataques y nuevos obstáculos, resulta indispensable reconocer la labor de las mujeres, aquellas que tejen desde muchos espacios las luchas contra la violencia de los privilegios intocables, las resistencias al autoritarismo y las luchas contra la impunidad. | {
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de4c819834724f3ba4e7293dd39f5428 | «El aumento de ataques es notable»
—Primero contanos a qué te dedicás.
—Soy el fundador del DEF CON Group 5411 y de Birmingham Cyber Arms Limited. Somos una compañía que hace ciberinteligencia y reporta eventos de seguridad, filtraciones, casos de ransomware en Argentina y Uruguay.
—¿Qué es una filtración? ¿Qué es el ransomware?
—Dentro de los eventos que cubrimos están, por ejemplo, las brechas de datos, que es cuando en alguna plataforma, sitio o compañía se produce una filtración de los datos confidenciales. Estos datos se suelen poner a la venta en plataformas dedicadas al cibercrimen. Y en particular los casos de ransomware se dan cuando una empresa o una institución es infectada por un malware, o sea, un software malicioso que encripta los datos y no los deja disponibles para sus propietarios. El usuario final encuentra un día todos los datos encriptados y se le solicita que pague un rescate económico por ellos. Si no paga, no recupera los archivos, sino que una copia se termina rematando, vendiendo o publicando en internet.
—Ahí estamos hablando de ciberseguridad y ciberinteligencia. ¿Qué es cada una de esas cosas?
—En ciberseguridad podemos englobar todos los esfuerzos que hacemos para proteger nuestros activos digitales, nuestra vida digital. Desde contraseñas para nuestras cuentas o archivos hasta el cifrado de nuestras transmisiones para que nadie las pueda leer. Es un esfuerzo para prevenir o evitar a futuro el daño. También los esfuerzos colaborativos para mantener un ecosistema seguro, saludable. Por otro lado, la ciberinteligencia se encarga de fases anteriores y posteriores. Imaginemos que estamos viendo un alza en ataques contra el sector de la salud. Si nuestra compañía o nuestro organismo es del sector de la salud, vamos a estar un poco más alertas, vamos a ver cómo se están llevando a cabo esos ataques, quiénes los hacen, en qué regiones, para saber qué tan compatible, qué tan probable es que nos suceda a nosotros. Y en la fase posterior, se actúa para cazar esa amenaza. El incidente sucedió. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Porque que nos haya ocurrido un incidente no significa que no vaya a tener consecuencias a posteriori o que no siga dando vueltas el peligro en nuestra industria o rubro.
—Seguramente ustedes estudian cómo se está moviendo el cibercrimen en Uruguay y en la región. ¿Qué nos podés contar?
—Monitoreamos distintos mercados dedicados al cibercrimen, tanto abiertos, en los que distintos actores intercambian, venden o simplemente publican información robada, como personales. Los grupos grandes suelen tener sus propios mercados con sus propios sitios, y lo que podemos ver enfocado en esta región es que el aumento de ataques es notable: en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en los casos de ransomware, que suelen suceder generalmente a entidades grandes, a gente que tiene una capacidad de respuesta monetaria a esa amenaza. Vemos un gran incremento también del hacktivismo en el último tiempo, sobre todo en Uruguay y Brasil. Estamos viendo muchos casos de ataques a grandes instituciones y generalmente van acompañados de una consigna política. Puede ser acá en Uruguay el caso de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], y también el de la Dinacia [Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica] que vimos esta semana.
—Cuando hablás de hacktivismo estás hablando de datos que se roban y por los que no se pide nada a cambio, no se cobra un rescate, sino que simplemente se liberan. ¿Con qué fin?
—Claro, generalmente se liberan de forma gratuita, pública, no existe una restricción para acceder a esos datos, y con frecuencia son datos que tendrían un determinado valor de mercado, que se podrían vender; sin embargo, el actor decide publicarlos gratuitamente y aprovecha el envión de esa publicación para compartir algún mensaje político, por ejemplo, el caso de ASSE, en el que hubo un mensaje netamente político, contra la corrupción del sistema de salud, y en el caso de la Dinacia también: más allá de que se publicaron datos y que se desfiguró el sitio, lo más importante fue el mensaje político que se dejó debajo.
—Hagamos una breve reseña de hechos en Uruguay que veas como importantes o icónicos en los últimos tiempos.
—Dame un segundo, que me traje el trencito, pues son tantos que les pierdo la cuenta… Vamos a buscar acá, 2025… son muchísimos. Entre los más recientes está el caso de ASSE, en el que se filtró un lote de datos muy grande. También tenemos una filtración de unos 500 mil usuarios, o 500 mil registros, en la Agesic [Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento], que sucedió hace muy poco también. Ese no fue un caso de hacktivismo, pero sí tiene un contexto político importante. Había datos, tanto de personas físicas como jurídicas, que estaban desactualizados hacía mucho tiempo, pero eran datos con sensibilidad. Al final se publicaron.
—También estuvieron los casos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU], del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP]. O, por ejemplo, el de los pasaportes…
—Sí, totalmente. Desde el tema de la Dirección Nacional de Identificación Civil en adelante –en ese momento incluso no se hablaba de ransomware masivamente–, tenemos un montón de casos que, como decís, son icónicos. Por ejemplo, el caso del INAU, en el que se filtraron unos 200 mil registros de menores de edad y básicamente la primera respuesta que dieron fue «no tenemos 200 mil menores», cuando en realidad eran datos históricos. También tenemos un aumento importante de grupos de ransomware que antes no se fijaban en Uruguay. Tenemos el caso del estudio Guyer y Regules. El grupo LockBit hizo una entrada muy importante en la historia del crimen de Uruguay con ese ataque, que finalmente terminó con el pago de un rescate.
El grupo Play, que es un grupo con bastante presencia en el mundo pero no tanta en Latinoamérica, venía de atacar ARSAT, que es, justamente, la compañía satelital de Argentina, propiedad del Estado, y muy poco después atacó acá el MTOP. La publicación se borró un 26 de diciembre, o sea, en una fecha muy estratégica, indicando que se pagó el rescate. Pero no solo eso: también tenemos distintos grupos menores. Por ejemplo, el caso de los ExPresidents, que fueron quienes hicieron toda esa seguidilla de ataques al Estado, y particularmente al Partido Nacional [PN].
—Los de la página del PN fueron bastante frecuentes.
—Correcto. Sistemáticamente se anunció que se había arreglado esa vulnerabilidad y sistemáticamente la volvió a explotar. Bueno, ese grupo también tiene otros ataques al Estado, a la DGI [Dirección General Impositiva]; ha publicado lotes de cédulas, aparentemente de algún servicio de educación o de salud. Incluían cédulas de menores de edad, que eso era gravísimo. Tenían frente y dorso de cédulas. Supermercados El Dorado fue víctima del grupo Akira, un grupo sin historial delictivo en Uruguay. Y después tenemos una modalidad en auge, que viene a ser como una subdivisión de lo que es el ransomware: la extorsión de datos, que es cuando filtran tus datos, te extorsionan y no encriptan. El grupo GodHand se dedica a esta clase de ataques sin encriptación; también hizo un ataque muy interesante, que viene a ser como un ataque a una cadena de suministros, que es atacar a un proveedor muy grande de otras compañías o del propio Estado. En este caso, habían logrado atacar a Nodum, una software factory, una fábrica de software, y comenzaron a publicar datos de distintos clientes. El tema es que el primer lote, la primera publicación de estos tipos, tenía 36 víctimas, cuyos nombres iban de la a a la ce, lo que a vos te da a entender que es una parte y que en realidad están ordenados por orden alfabético y van a seguir hasta la zeta. Supimos que lograron vender el lote y por eso publicaron hasta la ce. El tema es que un ataque como este deriva en el ataque a casi 40; no los vamos a nombrar, pero incluían distintas compañías del sector aeronáutico, bancario, químico. Un solo punto de fallo puede derivar en algo muy grave.
—¿Lo de la Intendencia de Paysandú?
—Otro caso. Tenemos, por ejemplo, el grupo Alpha o Mydata, que es un grupo de ransomware muy poco conocido que tiene mayormente actividad en Europa y en el sudeste asiático. De pronto encontró en Uruguay un nicho comercial. Unos tipos vinieron, encriptaron a la Intendencia de Paysandú y el intendente, en un acto bastante imprudente, dijo «no tenemos backup», lo cual dio a entender a la persona que lo que tenía valía mucho más, y ese lote nunca se vio publicado.
—¿Tenemos grupos locales o tenemos grupos internacionales articulando con actores locales?
—Ambas cosas. Nosotros tenemos un sitio, mefiltraron.com, donde subimos entrevistas a autores de amenazas, grupos y demás, y nos llamó la atención, con el auge del grupo ExPresidents particularmente, que eran angloparlantes, pero muchas referencias que hacían nos daban a entender que eran locales. Además, los sitios que atacan son todos de Uruguay, y siempre estaba el ensañamiento con el PN. Entonces dijimos: «Bueno, tiene que haber acá una pata uruguaya por lo menos». Cuando empezamos a entrevistar, encontramos que en realidad eran varias personas, todas de Uruguay. Muchas no vivían acá y tenían desfase con la zona horaria. Y nos contaban que sí, que justamente empezaron como un grupo local. Empezó como una broma y quedó, y se empezaron a ensañar; vieron que no había una respuesta acorde y continuaron.
Entrevistamos también a este otro grupo que te comentaba recién de data extortion y habíamos encontrado algunos indicadores de que se solapaban entre un grupo y otro, lo que indicaba que podía haber o un miembro en común o varios en común. Actividad en común. Cuando les preguntamos a los ExPresidents no respondieron esa pregunta, pero el grupo GodHand nos contesta que sí, que en realidad tomaron a los ExPresidents como proveedores. Dicen: nosotros les compramos material, accesos, les compramos lotes de datos en exclusiva, pero hacemos eso con muchos otros grupos. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, hay vínculos entre grupos locales en contacto con grupos foráneos.
También hay grupos que están haciendo su desembarco en Uruguay, y la mayoría con golpes grandes. Lockbit, Akira, Mydata o Alpha. Por otro lado, Play el único golpe que hizo en Uruguay fue al Ministerio de Transporte, ni más ni menos. Y encima lo cobraron; no sé si al ministerio o a alguien más, pero lo cobraron. Alguien pagó por ese rescate, lo cual al tipo le da la pauta: acá hay plata y no les gusta que los aprieten públicamente.
—Claro. Un poco lo que vimos con Guyer y Regules…
—También.
—Como persona experta en el tema y que ha laburando hace tantos años en esto, ¿cómo ves al Estado? ¿Se está preparando para defenderse? ¿Y el sector privado?
—No lo veo de una forma optimista, por decirlo de una manera educada. Mayormente porque cuando perfilamos amenazas, uno siempre tiene distintos niveles de madurez tanto para la seguridad como para la amenaza.
—¿Qué es perfilar una amenaza?
—Entender la amenaza, decir «bueno, a ver, ¿contra qué me estoy enfrentando?» ¿Es una persona sola? ¿Es una persona con motivaciones comerciales o activistas? ¿Es un grupo? ¿Es un grupo patrocinado por quién? ¿Es un grupo corporativo? ¿Ese grupo de ransomware es un grupo constituido o tiene un programa de afiliados (alquila)? En ese caso, estás literalmente peleando con una araña de millones de patas, casi imposible de seguir hacia atrás. ¿O estamos peleando con alguien patrocinado por un Estado? Como el grupo Lazarus, patrocinado por Corea del Norte, o Equation Group, patrocinado por Estados Unidos.
Entendiendo esa amenaza uno entiende también el alcance que tiene y planifica la capacidad de respuesta. O la capacidad de mitigación. Y encima hay algunos que son tremendamente difíciles de seguir. No tienen infraestructura. No tiene servidores, tiene storages para almacenar la data comprometida. Son totalmente nómades. No tienen infraestructura propia. Usan siempre VPN gratuitas, llevadas por todo el mundo. O sea, de cualquier proveedor de cualquier servicio. No es que decís «mirá, siempre es, por decir algo, Mulvat o ProtonVPN» [herramientas para esconder la identidad en internet]; no, son siempre aleatorios.
Entonces, cuando vos perfilás una amenaza, sabés también cuánto lo podés resistir, cuánto lo podés mitigar o si te puede pasar, si es aceptable que te pase o no. Si vos tenés un grupo que compra vulnerabilidades que son desconocidas para el fabricante y para el resto del mundo, lamentablemente, la capacidad de respuesta que tenés es mínima, porque una vulnerabilidad de esas vale mucho dinero y alguien con mucho dinero lo puede comprar, y puede ser que esté interesado en tu compañía, en tu organismo, en tu gobierno. Estamos hablando de gente profesional que trabaja con una compañía dedicada al cibercrimen, una estructura organizada.
Lo que no te puede pasar, que nos ha pasado en Uruguay, en todos los estratos, es un ataque de ExPresidents, por ejemplo. Es una amenaza que cuando la perfilamos, nos encontramos con muy bajo nivel de pericia, muy bajo nivel de profesionalismo, es una amenaza incipiente, no tienen herramientas propias, no tienen infraestructura propia, no es que tienen una guarida en la darknet donde los tipos suben sus filtraciones y la usan de mercado. Cuando uno analiza las IP desde las que se conectan o las conexiones que usan, son siempre VPN gratuitas, con planes gratuitos, con pools de IP usados por VPN gratuitas; siempre las van cambiando, los archivos que ellos filtran los alojan en los peores servicios de alojamiento de archivos anónimos, los que son gratuitos, esos que están llenos de pop-ups, de publicidad, de malware esperando atacarte.
Entonces, uno ve que una amenaza incipiente como esa llegó a la primera plana de todo el país, y no una vez: hemos contabilizado más de diez veces, salieron en programas de televisión, en el prime time de la televisión, primeras planas de diarios, de revistas, programas de radio a la mañana, a la tarde, al cierre de la transmisión. Entonces, si una amenaza incipiente de ese tipo logra tener ese nivel de eco en la sociedad y en los medios, eso demuestra el nivel de madurez que vos tenés. La respuesta fue mala. Y eso también es parte de la madurez cultural que vos tenés en una sociedad en cuanto a la ciberseguridad; cuando tenés un modelo maduro, tenés gente que ante el incidente responde.
Al minuto que nosotros advertimos de una amenaza, el organismo dice que es mentira. O sea, ¿hicieron el análisis forense en un minuto? Es imposible, ¿me entendés? Es imposible.
Entonces, vos ahí tenés una falencia muy grave. Es decir, yo tengo la certeza de que los 500 mil datos filtrados de la Agesic no son verdad. Nosotros cuando publicamos, no lo hacemos para hacer daño. Si ves nuestro lenguaje, es el más neutral del mundo. Decimos: «Sucedió tal cosa que afecta a tal entidad por parte de tal actor y afectaría a estos datos». Y eso es un análisis profesional, no es que uno levanta cualquier cosa al tuntún Y lo publica. Eso te lleva un tiempo, una inversión de tiempo, de capacidades tecnológicas y de capacidades técnicas. Tenés personas, máquinas, modelos de lenguaje trabajando y diciendo «esto está bien», «esto está mal», y ellos en un minuto te dicen que es mentira. Y eso parece anecdótico, pero en realidad es la base fundamental, es la piedra fundamental de la cultura de la ciberseguridad de una sociedad. | {
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341b6a7e96b2c19bce952a85bc6a4b86 | Vidas mutiladas y batallas por la dignificación
Hemos llegado a un punto crítico: la violencia, el delito y los sentimientos de desamparo golpean con más intensidad, y en algunos barrios la desesperanza parece instalarse como un horizonte. Hemos acumulado cinco años con la mayor cantidad promedio de homicidios, aunque no hay que perder de vista que esa tendencia ya estaba configurada de años anteriores. Pero la evolución de estos indicadores va acompañada de otros asuntos: intentos de asesinatos, amenazas, heridos de bala, secuestros, desalojos, niños y adolescentes reclutados por las redes de ilegalidad y, por lo tanto, victimizados de mil maneras. Infancias y adolescencias empobrecidas no escapan al destino del miedo, el daño, el encierro y la eventualidad de una vida corta.
Hemos transitado estos años bajo el relato triunfalista de la mejora en seguridad, un relato aferrado a indicadores inciertos y a la negación de una realidad que se hace cada vez más espesa. Hemos prometido autoridad, severidad, respaldo a la Policía, decisión y enfoques duales, pero el delito resiste, las violencias se multiplican y la vida cotidiana pasa a estar gobernada por la más completa incertidumbre.
También estamos en las puertas de un punto de inflexión, en una zona de expectativas o, mejor será decir, en las inmediaciones de una nueva oportunidad. La alternación de estas tendencias complejas no va a ocurrir por la buena voluntad ni por la conformación de elencos más profesionales al frente de los distintos espacios de las políticas públicas en seguridad. Del mismo modo, nada podrá lograrse si los esfuerzos políticos no se traducen en un proyecto consistente de inclusión social. Esta noción, que progresivamente ha perdido valor frente a los embates de la lógica del control y el castigo, ya no puede pensarse bajo los lentes de los noventa y los dos mil. Incluir y garantizar una vida digna ya no se tramita solamente con refuerzos de transferencias y socialización en normas y valores.
Ahora la tarea implica, además, lidiar con poderes fácticos, reconstruir lo público como ámbito de relacionamiento social y administrar las expectativas y los anhelos anclados en claves individualistas. Un desafío que trasciende las meras posibilidades de la estatalidad y que tiene que involucrar iniciativas y capacidades que están alojadas en las organizaciones, en las comunidades, en las capacidades técnicas de las instituciones y en la contribución académica.
En este punto, la información que se produce y se divulga para caracterizar los fenómenos ya no es capaz de reflejar las situaciones. Los datos ocultan más de lo que muestran, y quienes postulan que hay que construir evidencias para diseñar políticas públicas eficaces tienen que asumir cambios radicales en materia de conceptualizaciones y despliegue de instrumentos. Las violencias territoriales tienen impulsos y pueden llegar a mantener tendencias estables.
Por ejemplo, un relevamiento reciente llevado a cabo por Brecha mostró que la cantidad de niños y adolescentes asesinados durante los últimos cinco años no es muy diferente a la cantidad verificada entre 2015 y 2019. Sin embargo, detrás de esa evidencia hay otras, hay fenómenos que se mueven, hay heridas y sufrimientos más generalizados, hay reclutamientos e intimidaciones, hay violencia estatal y castigos aleatorios. Detrás de un indicador que está en niveles altos y regulares, la vida social se reconfigura por completo en determinados territorios y pasa por fuera de los radares de la información administrativa y de las retóricas políticas que sueñan con guerras absurdas para imponer el orden y la autoridad.
Cualquier aproximación superficial a las realidades barriales más golpeadas por las violencias y las precariedades arroja un conjunto de evidencias que habla de una severa alteración de las relaciones sociales y de los marcos de previsibilidad. Las alertas incrementan los esfuerzos en materia de gestión de los riesgos. Los funcionarios públicos firman protocolos de seguridad y exigen medidas de protección. Los profesionales de las distintas áreas tienen su trabajo interrumpido y alterado por imprevistos. Los referentes barriales van perdiendo los códigos de acceso. Las instituciones educativas ya no retienen ni saben cómo manejar los conflictos. Los centros de salud quedan desbordados. Las víctimas de las distintas violencias –entre otras, las estatales– ya no saben a quién recurrir. Los habitantes van desarrollando un conocimiento práctico para anticipar situaciones de violencia: interpretan los silencios para tomar decisiones, asocian movimientos con riesgos y miden cada palabra para que no haya consecuencias.
Si las violencias y los delitos son la derivación de las desigualdades estructurales, también son las causas que las profundizan. Cada interacción violenta –del origen que sea– es un aporte más en el largo proceso de construcción de desafiliación y exclusión. La muerte, o la probabilidad de ella, es la gran referencia que articula la vida en los barrios. Sin embargo, nada de eso está desconectado de los negocios, de las decisiones que se toman en otros lados, de la ausencia de controles, de las colusiones múltiples, de la impunidad de los poderosos y de la compleja trama de intereses. La violencia expresa, pero también revela. Leerla y comprenderla es un trabajo colectivo que exige un esfuerzo mayor.
El punto central, ayer y hoy, es la ruptura del equilibrio. Hay espacios en donde el poder de regulación de las redes de ilegalidad es mayor que el del Estado o el de los resortes comunitarios. Estos poderes fácticos imponen condiciones y el uso de la violencia (con o sin control) es parte de sus estrategias. La idea de «recuperar territorios» es un tanto equívoca y tiene connotaciones belicistas. En rigor, el Estado no se ha ido de los territorios, ha tenido una presencia constante, bajo formatos distintos y propósitos específicos, pero siempre ha ocupado su lugar allí. El punto es qué ha hecho y cómo se ha desempeñado. Y aquí la perspectiva cambia. Las políticas sociales han sido soportes importantes, pero no han alterado las condiciones de origen. A veces, incluso, alimentan nuevas percepciones de injusticia. En los últimos años, esas políticas se han debilitado y su función de sostén ha quedado reducida. El diseño de una nueva etapa tiene que valorar los límites de estas estrategias y orientarse a promover una dignificación que se asiente en recursos relevantes para el bienestar (el trabajo y la fuente de ingresos, lo primero). Las respuestas aisladas y fragmentadas han sido otro de los rasgos característicos de la peripecia uruguaya. Si bien hay conciencia de esa debilidad, no se vislumbra todavía un horizonte de acción superadora.
La presencia del Estado a través de sus aparatos represivos es otra constante. Hubo momentos de alta intensidad, con dispositivos policiales focalizados (como el Programa de Alta Dedicación Operativa [PADO]), operativos de intervención con uso de inteligencia, movilización de fuerzas de choque y prácticas de demolición. Algunos delitos se desplazaron, pero las tasas de violencia no retrocedieron. Más tarde, esas lógicas se mantuvieron, aunque con menos niveles de espectacularización mediática y con compromisos políticos menos explícitos. Hoy se menciona que el PADO volverá por sus fueros, pero la presencia del Estado no ha sido capaz de alterar esos nuevos equilibrios de regulación. Por su parte, la cárcel y el encierro han sido los silenciosos recursos que siempre han estado allí sin retrocesos. El castigo y la incapacitación son el contrapoder punitivo que se ha vuelto criminógeno por su capacidad de destruir tejido social.
¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo las instituciones cambian sus estrategias, al tiempo que se proyectan sobre un esquema mucho más articulado? En los barrios, las organizaciones, los gobiernos locales y las redes comunitarias esperan con ansiedad y desesperación las nuevas señales. El partido decisivo se jugará en los próximos meses, y el despliegue político deberá involucrar sentido crítico, capacidad de apertura y de transformación, descentralización y reconocimiento reales, y un horizonte normativo en el que las batallas por la dignificación y la igualdad sean la fuente de todos los desvelos. | {
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f1d90197c0214558cb48efe82c7e092f | Violencia extrema y resistencia social
La feroz represión del miércoles 12 de marzo contra los jubilados que marchaban en reclamo de mejoras salariales, la ampliación de la moratoria para jubilarse y la reinstalación de medicamentos sin costo llevaron al gobierno de Javier Milei a repensar su estrategia. La marcha del miércoles 19 a la plaza del Congreso fue frenada por un triple vallado metálico que impidió la cercanía de los manifestantes con la Policía y la Gendarmería.
El cambio reconoce dos motivos: por un lado, las primeras encuestas tras la represión del 12 mostraron repudios entre los propios votantes de Milei y, por otro, en la misma tarde del 19 en la Cámara de Diputados el oficialismo logró un triunfazo: la aprobación del decreto de necesidad y urgencia que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para oxigenar la deuda externa. La oposición no logró ni siquiera el cuórum necesario para tratar la extensión de la moratoria jubilatoria. Mientras dentro del Congreso los representantes de La Libertad Avanza (LLA), Propuesta Republicana (PRO), del expresidente Mauricio Macri, un sector del radicalismo y el peronismo aliado a Milei celebraban, afuera los jubilados se manifestaban sin mayores incidentes con las fuerzas de seguridad.
La tensión se había respirado, sin embargo, durante toda la jornada del miércoles, como un eco de la violencia desatada una semana antes, cuando hubo 114 detenidos y casi 50 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, que recibió en su cabeza una bomba de gas lacrimógeno lanzada por un efectivo de la Gendarmería. La imagen de Grillo desangrándose recorrió el mundo y ocupó espacio en los medios internacionales junto a otra de una jubilada de 87 años, Beatriz Blanco, apaleada por un policía que la dejó inconsciente por unos minutos.
Esta vez la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recurrió a la multiplicación de amenazas: requisas en los medios de transporte que ingresaban a la capital, carteles y altoparlantes en las estaciones ferroviarias que avisaban sobre represión a quienes se acercaran a manifestarse, pinzas policiales cortando calles. Fue eficaz. Los convocantes a esta nueva manifestación de apoyo a los jubilados –gremios de trabajadores estatales, la Central de Trabajadores Argentinos, movimientos sociales y piqueteros– habían llamado a quienes fueran a las afueras del Congreso a ser precavidos y protegerse con cascos, pañuelos, lentes. No fueron necesarios. El gobierno esta vez se cuidó de la mano dura teniendo en cuenta que este mismo año, a fines de octubre, habrá elecciones parlamentarias de medio término y LLA está explorando un acuerdo electoral formal con el PRO para reunir a la derecha ideológica y avanzar en reformas destinadas a eliminar los restos del tambaleante estado de bienestar, y no se puede permitir errores. La violencia y el miedo los han dejado, de todas maneras, bien instalados.
Con el politólogo Diego Sztulwark Poner el cuerpo —¿Cómo es posible que sean los estudiantes universitarios y ahora los jubilados los que encabecen la resistencia a este modelo y no aparezcan los sindicatos o una oposición política articulada? —Los partidos políticos no encabezan la resistencia porque [Javier] Milei implicó una desautorización y una deslegitimación pública muy fuerte de esos partidos. Cuando Milei entra a la política lo hace por fuera de los partidos. Argentina había reconstruido con mucho esfuerzo la dinámica de la dominación bipartidista entre peronistas y radicales. Luego de que en 2001 se desorganizara ese bipartidismo, Mauricio Macri logró consolidar en su entorno una coalición opositora al peronismo, y durante ocho años hubo una alternancia en el gobierno entre el macrismo y el peronismo, conducido por Alberto Fernández. Eso es una dinámica bipartidista estructurada, un sistema político que mal que bien funcionaba. Milei no es una mera derechización. Es, además, una impugnación del bipartidismo, de lo que él llamó la casta. Todavía esa desautorización pesa sobre aquellos dirigentes políticos de la oposición. Tampoco creo que la sociedad acepte tan rápidamente que los partidos opositores estén al frente de la resistencia. Y los partidos no tienen ni la capacidad ni la voluntad para ser resistencia en este momento. Respecto a los sindicatos, como siempre en Argentina existe una estructura de sindicalismo concentrado, muy ligado al mundo empresarial, muy negociador de sus propios privilegios, que lleva siempre una posición muy blanda, negociadora, transaccional. Y, aun así, se hicieron en Argentina dos paros generales y esta semana se anunció el tercero para abril. —¿Quiénes quedan para la resistencia a este modelo? —En 2024 los universitarios hicieron dos grandes manifestaciones que fueron muy paradójicas. Mostraron que hay una capacidad de defensa de lo público, pero no lograron provocar ningún efecto sobre la política de ajuste del presupuesto universitario. El 1.º de febrero hubo una manifestación muy grande en Buenos Aires y en muchos lugares del país que respondía al discurso de Milei en Suiza, en el Foro Económico de Davos, contra la llamada cultura woke, contra los homosexuales, contra el feminismo radical. Esa marcha puso las cosas en términos de fascismo y antifascismo. Se llamó «Marcha del orgullo antifascista y antirracista». Desde la cultura feminista y LGBTQ+, se planteó que solamente existen dos géneros de personas en Argentina: las fascistas y las antifascistas. Ese tono marcó un cambio en el clima social del país. —¿Cómo se inscriben los jubilados en
este marco? —No sé si los jubilados encabezan la resistencia. Marchan todos los miércoles por reclamos urgentes porque sobre ellos cae lo peor del ajuste. Y miércoles tras miércoles son reprimidos, con muy poca capacidad de convocar a otros sectores. Luego se acercaron grupos de hinchas de fútbol, básicamente del Club Chacarita, y les siguieron otras hinchadas. Digo hinchadas, no barras bravas, que están donde hay negocios. Son hinchas de clubes de fútbol reunidos en peñas, en asociaciones, que se convocaron por grupos de WhatsApp. Esas hinchadas aportaron un plus a una movilización que suma también a gremios de base, movimientos sociales, feminismos. —¿Cómo se construyó esta era mileísta tan disruptiva? —En 2019 el peronismo y sus aliados habían ofrecido una alternativa para frenar el programa del macrismo. Por las razones que fuera, el Frente de Todos no logró cumplir la base de ese programa, que consistía básicamente en detener la caída de los ingresos de los sectores populares. Otro elemento es que la sociedad argentina no es la misma después de la pandemia. Se incorporó al electorado una nueva generación, que es la generación del encierro y de un progresismo que en ese momento tenía por todo discurso el «quedate en casa». Los sectores populares tenían que salir así a la calle a trabajar y se vieron vigilanteados, controlados, por sectores medios y medios altos que con un discurso progre policial les reprochaban qué hacían fuera de casa. Sumale a eso una intervención muy importante en términos de aceleración del mundo informacional y tecnológico. Las personas estaban encerradas no solamente en sus casas, sino también en las pantallas, en la nube, en internet, en los celulares, en el teletrabajo, y tenían una enorme capacidad de interacción sin vínculo corporal. Aparecieron todas las aplicaciones de pago y comercio virtual. Cuando terminó la pandemia, la gente salió de sus casas, pero nunca más de esas burbujas. Argentina ya no fue la misma. La incapacidad de volver a recurrir a la manifestación popular como instrumento de mediación política para resolver problemas dio lugar a una sociedad nueva. El mileísmo me parece bastante inseparable de esa situación nueva. —Y ahora se retoma la movilización. —La novedad de los últimos días fue la de los hinchas. Hinchas que tienen una idea del aguante totalmente distinta a la mileísta. El aguante del hincha es maradoniano, es de poner el cuerpo. Este plus de los hinchas está ligado a un plebeyismo argentino, que en ocasiones se manifestó políticamente, sobre todo a través del peronismo, otras a través de movimientos sociales como los piqueteros, y que hoy se está aparentemente manifestando a través de esta figura del hincha, de la camiseta de fútbol y de la cultura del aguante. Este nuevo movimiento social que se está reconstruyendo hasta ahora tiene dos grandes imágenes: la antifascista del 1.º de febrero y la del aguante de la hinchada del 12 de marzo pasado. —¿Cómo caracterizarías al mileísmo? —En la Argentina de hoy, el eje democracia o dictadura, derechos humanos o fascismo, para una mitad del país no es un eje importante. Son otras cosas las que está discutiendo. Milei dejó a una mitad del país descolocada. El macrismo tenía una máscara de republicanismo y, en cierta manera, cuidaba las formas. El mileísmo es aceleracionista, es una forma de gobernar que se desentiende totalmente de los mecanismos habituales de legitimación política. Normalmente, para legitimarte políticamente hacés dos cosas. La primera es negociar un cierto nivel de distribución material con la sociedad, aunque sea muy mínimo, y, por otro lado, das argumentos, explicaciones que convenzan por lo menos momentáneamente a una parte de la sociedad. Al mileísmo no le interesa la distribución económica ni la argumentación. | {
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c60c6e3b62554a6da77da9e8fd8392f9 | Consenso de guerra
Así como hace una década y media las maquinarias de medios de comunicación, opinólogos, «expertos» y buena parte de la academia fueron puestas a rodar, en todo el llamado Occidente, para que la «opinión pública» aceptara sin chistar los ajustes que se venían tras la crisis financiera, ahora, especialmente en Europa, esas mismas maquinarias funcionan a pleno para intentar lograr que lo que se acepte sea la inevitabilidad de una guerra con Rusia. Quince años atrás, en 2008, se trataba de tragarse los sapos de que a los bancos que habían quebrado había que rescatarlos para impedir que «la economía» estallara, aun si eso significaba la aceptación, por los mismos de siempre, de recortes en sus salarios y de tijeretazos a los programas sociales de los gobiernos, a las jubilaciones, al sistema de previsión social. «Vale la pena, ya verán, saldremos más fuertes», repetían al unísono responsables políticos de variadas tendencias reclamando sacrificios abajo para que el arriba se aceite y derrame mieles y goces. Unos poquitos años después, en 2015, en la periferia inmediata de esos países centrales, los griegos se saldrían del consenso, gritarían «con nosotros ya no» y terminarían aplastados.
Los mismos señores y señoras que hace dos o tres lustros hacían de la «austeridad» un credo hoy proclaman el rearme como consigna única. Todo el dinero disponible, que hasta hace no tanto se insistía en que iría hacia la «transición ecológica», ahora enfilará hacia los llamados presupuestos de defensa, hasta que alcancen, globalmente, en toda la Unión Europea (UE), unos 800.000 millones de euros, tal vez más. En paralelo, varios países han reinstaurado el servicio militar obligatorio y otros van en ese camino, incluida Alemania, algo impensable hasta hace no tanto. Los jóvenes aparecen en ese sentido como uno de los blancos principales de las campañas de comunicación guerreristas.
En el coro coinciden centroderechistas y centroizquierdistas, liberales y progres. Los que en esa alianza dicen estar más a la izquierda, lo que sea que ello signifique hoy, juran que el rearme no se hará en detrimento de los programas sociales. Así lo machacó, por ejemplo, la semana pasada, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras reunirse con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo. Pero Orpo desmintió al ibérico cuando admitió, en una conferencia de prensa, que él había debido amputar «dramáticamente» la inversión pública para poder duplicar el presupuesto militar de su país. «No hubiera podido de otra manera», dijo.
* * *
En un artículo publicado el viernes 14, Acrimed, un portal francés de análisis crítico de los medios de comunicación, destaca cómo, desde que el 5 de marzo el presidente Emmanuel Macron pronunciara un discurso llamando a sus compatriotas y a todos los europeos a prepararse para la perspectiva de un enfrentamiento directo con Rusia para «frenar el avance de Vladimir Putin» sobre el continente, la mayor parte de las televisiones, las radios y los grandes diarios y revistas del país tomaron un aire marcial en sus editoriales. Algunos lo hicieron abiertamente, como el diario conservador Le Figaro, propiedad del grupo Dassault, con fuertes intereses en el sector militar; otros, con algunos matices, como el progre Le Monde. Habrá que elegir «entre pensiones o municiones», «entre cañones y subsidios», sentenciaron sin ambages editorialistas del diario económico Les Echos y la radio RTL. «Trabajar más será la mejor manera de financiar los esfuerzos que deberemos hacer en favor de nuestros ejércitos», apuntó el primero. En Le Figaro, uno de sus principales comentaristas dijo que para cumplir con el «imperativo» de aumentar el gasto militar habrá que resignarse a «afectar al fin seriamente el gasto del Estado», mientras otro proclamó que había llegado la hora de «afrontar la cruda realidad: […] nuestro sacrosanto modelo social […] está arruinando conscientemente al país y privándolo de todo margen de maniobra financiero», entre otras cosas, para «reorientar los gastos del Estado providencia […] hacia la defensa». En Le Monde, un escribidor apuntó, en el tono de quien comenta la actualidad desde fuera sin tomar partido pero tomándolo, que «el rearme […] coloca al Poder Ejecutivo en la muy delicada posición de reestructurar por completo el gasto del Estado» y «hacer comprender a los interlocutores sociales la gravedad del momento». El portal ha dado cuenta también de cómo la aplanadora belicista y (neo)liberalizante se ha llevado por delante las voces disidentes, que encuentran cada vez menos espacio en los medios, a pesar de que los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los franceses rechazan el desguace en marcha del Estado.
* * *
Y hubo –cómo no– fiesta callejera celebratoria de una Europa que por fin estaría marchando –esa es la lectura oficial en las capitales continentales– hacia la independencia del amigo americano y encontrando una nueva unidad en el esfuerzo guerrero. En la romana Piazza del Popolo, unas 30 mil personas se dieron cita para festejar la nueva dinámica. Hubo pancartas de apoyo al plan de rearme que conduciría a la paz, banderolas de la UE, de Ucrania y hasta de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alucinantemente presentada como instrumento pacificador. Los grandes medios auspiciaron esa concentración, convocada por el periodista y escritor Michele Serra. No demasiado lejos, quienes rechazan los planes militaristas y de desmantelamiento del Estado social se dieron cita en la Piazza Barberini, en medio de la mayor indiferencia mediática.
* * *
Ayer, jueves, dos días después de que, vía telefónica, sin consultarlos en lo más mínimo, Vladimir Putin y Donald Trump pactaran una minitregua en Ucrania (no un cese el fuego, sino una pausa de un mes en los ataques a las infraestructuras energéticas de un lado y otro), los otanistas abandonados por Washington se reunían en Londres. Había allí altos jerarcas militares de la UE, de Canadá, de Australia, de Turquía, todos los países de la llamada «coalición de los dispuestos», el nombre que Keir Starmer, el laborista que dirige el gobierno británico, eligió para designar a quienes están dispuestos a «aumentar la presión» sobre Rusia, incluso enviando tropas «de paz» a Ucrania. Gran Bretaña, Francia y Turquía están por la labor militar. Otros frenan. Algunos (Alemania) dicen que ningún esfuerzo de defensa autónomo europeo será suficiente para «contener a Putin» si no se cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que Europa necesitará muchos años más y muchísimo más que 800.000 millones de euros para poder hacerle frente a Rusia, sobre todo si sus ejércitos no se coordinan, como los convoca a hacerlo la presienta de la Comisión Europea y guerrerista en jefe de la UE, Ursula von der Leyen. En una nota publicada en el español Diario Red (15-III-25), el jurista y politólogo Miguel Ángel Llamas apunta: «Tengo la impresión de que, en puridad, ningún gobernante de la UE ha tenido la iniciativa de disparar el gasto armamentístico, simplemente los líderes acatan la decisión del soberano difuso: OTAN, industria armamentística, poder económico-mediático». Y luego destaca: «No parece descabellado inferir que ReArm [el plan de rearme de la UE] es el resultado de la captura que la industria armamentística ejerce sobre la política europea». Trabajos recientes de la Red Europea contra el Comercio de Armas y del español Centro Delàs de Estudios por la Paz muestran cómo el lobby militar ha aumentado en los últimos años su capacidad de influencia en las esferas políticas de la UE, hasta el punto de condicionarlas. | {
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0ec6818ead9804dbd589f1dd2cf13e32 | Los desafíos de China en el año de la serpiente
Aunque resta mucho hilo por cortar, el subidón chino puede afectar sensiblemente el liderazgo tecnológico estadounidense. No es un hecho puntual. Lo ha logrado tras ocho años de dura confrontación con Washington, padeciendo resignadamente aranceles, sanciones, restricciones y presiones brutales a aliados en nombre de la «seguridad nacional». Lo menos que puede decirse es que esta estrategia no está funcionando como cabría esperar.
En ambos casos, lo que China demuestra es una enorme resiliencia, la eficacia de la gestión de su burocracia y, más aún, un despliegue de capacidad de lo público, en la economía y en la política, para sostener tan cualificado pulso. En suma, Xi Jinping tiene su sueño, pero no está dormido ni mucho menos. Una exhibición de «vitalidad y espíritu de superación», dijo en una recepción con motivo del Año Nuevo Lunar.
El año 2025 destaca en contenidos relevantes. Es el fin del programa Made in China que está detrás de su asombroso salto tecnológico. Es el fin del vigente plan quinquenal y servirá de reflexión para trazar los ejes de los dos siguientes, acorde con la Visión 2035, el primer ecuador para lograr la modernización y consumar el retorno de China por la puerta grande en 2049.
El dilema de Trump
En el orden estratégico, China tendrá en la relación con Estados Unidos el eje determinante de este nuevo año. Cuando Donald Trump habla de Panamá o de Groenlandia y, en general, cuando se refiere a revitalizar el poder estadounidense, está pensando en China. Trump parece querer emular a William McKinley –el 25.o presidente de su país (1897-1901)–, que inició un período imperialista al arrebatarle Guam, Puerto Rico y las Filipinas a España.
Si Trump sigue adelante con sus planes, incluida la infantil redenominación del golfo de México, las tensiones estratégicas con China pueden adquirir matices muy novedosos. A fin de cuentas, si Trump liquida el derecho internacional y cualquier orden basado en normas que no sean sus reglas de conveniencia, China podría exhibir esa conducta como argumentación añadida para igualmente encaminar sus soluciones en Taiwán o en el mar de China meridional, aunque lo previsible es que se centre en la mejora sustancial de sus capacidades internas.
Lo logrado por China plantea a Washington una disyuntiva: seguir en la escalada u optar por el apaciguamiento. La estrategia de acorralamiento, con la industria de los chips como referente, parece camino del fracaso. Ha operado como un estímulo para saltar la muralla y no ha debilitado a China.
En campaña, Trump, fiel a su estilo, abogó por subir los aranceles de forma exponencial. De hacerlo, ambas partes sufrirán. Quizá por eso no parece del todo decidido. Se puede reconocer cierta ambigüedad en la conducta mostrada en estas primeras semanas de mandato: la invitación a Xi para su toma de posesión, la suspensión de la prohibición de TikTok o el anuncio de una probable visita a China en sus primeros 100 días. Hoy parece que puede estar más dispuesto a contentarse con inversiones de China y compra de productos estadounidenses sin buscar un choque total. Elon Musk puede estar detrás de todo esto. Pero buena parte de su equipo milita en las antípodas de una política moderada.
Por el momento, mientras Trump porfía en aislar a Estados Unidos y provoca desafección en todo el mundo, China avanza en la mejora de las relaciones con Japón o India, lo ha hecho ya con Australia, corteja a Reino Unido, mientras la Unión Europea está a la cola. La versión trumpista de «el mundo nos roba» le va de perlas a China.
Una auspiciosa serpiente
El Año Nuevo chino estará influenciado por la serpiente de madera. En su zodíaco, es un animal asociado a la sabiduría, el cambio y la adaptación, además de a la astucia, la creatividad y el ingenio. En el caso del elemento madera, está vinculado al crecimiento, la renovación y la flexibilidad.
La serpiente es la manifestación terrenal del Dragón, encargada de materializar los cambios iniciados en 2024. Cabe destacar que la combinación de ambos sugiere que 2025 será un período de grandes transformaciones a nivel social y global. Por su parte, la energía de la madera potenciará el proceso de cambio, favorecerá el aprendizaje, la búsqueda de nuevos conocimientos y la adaptación a situaciones inesperadas; la serpiente enseñará la importancia de la flexibilidad y fortalecerá la capacidad de adaptabilidad ante los giros que depara una coyuntura incierta.
En suma, todas ellas son aptitudes que China, pese a sus claroscuros, parece haber sabido convertir en destrezas para hacer de la necesidad una virtud.
* Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China. | {
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f9015b8a9de9f613f9810751685820ce | El Dragón pica adelante
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7163549c57eae9944669adc645f4bd91 | Bonos de la CAF fortalecen a las pymes agroindustriales paraguayas
Bonos de la CAF fortalecen a las pymes agroindustriales paraguayas
A través de esta colocación a plazo récord, seguimos consolidando nuestra presencia en Paraguay, dijo Díaz-Granados de CAF
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió bonos por un valor de ₲ 125.000 millones (aproximadamente US$ 15,6 millones) en el mercado de capitales de Paraguay, con un plazo histórico de 5 años y una tasa de cupón anual de 6,65%. Esta es la emisión a más largo plazo realizada por una institución multilateral en la historia de Paraguay y la tercera emisión de bonos en guaraníes de la CAF, tras una emisión previa de ₲ 197.500 millones.
Estos fondos financiarán a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los sectores agrícola y agroindustrial para mejorar su competitividad y apoyar el crecimiento económico de Paraguay. La colocación refleja la creciente confianza de los inversionistas en el mercado financiero paraguayo y el compromiso de la CAF con la profundización del mercado de capitales local, la promoción del desarrollo sostenible y el fomento de la integración regional.
La emisión, facilitada por CADIEM Casa de Bolsa, establece un nuevo estándar para los organismos multilaterales en Paraguay y apoya la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento del sector productivo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Paraguay destacó que esta colocación establece un nuevo estándar para un organismo multilateral en el país y contribuirá no sólo al desarrollo y madurez del mercado de capitales local, sino que también representa el compromiso de la CAF de fortalecer el sector productivo con mayores horizontes de financiamiento.
La iniciativa demuestra nuestro firme compromiso con la profundización del mercado de capitales local y el fortalecimiento a largo plazo del sector productivo del país. A través de esta colocación a plazo récord, continuamos consolidando nuestra presencia en Paraguay y ampliando el horizonte de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, actores clave para el crecimiento económico sostenible e inclusivo de la región, afirmó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.
Esta histórica emisión a plazo en el mercado paraguayo refleja la creciente confianza de los inversionistas en CAF y en Paraguay, al tiempo que demuestra nuestro firme compromiso con la profundización del mercado de capitales local y el fortalecimiento a largo plazo del sector productivo del país, agregó. | {
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32ac2201c9237b4579edc050a0ca896e | Falklands: momento complicado para discutir posible revisión impositiva
Falklands: momento complicado para discutir posible revisión impositiva
El legislador MLA Ford, vocero del gobierno en temas impositivos, en momentos que la recaudación del gobierno de Falklands puede verse afectada por los aranceles impuestos por el gobierno de Trump
El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland ha solicitado un mayor debate en el proyecto de revisión del sistema impositivo, a la vez que la preparación y presentación de un proyecto a licitar sea elevado a consideración de dicho Consejo.
Al explicar cómo el debate y el proyecto había alcanzado la situación actual el legislador electo MLA Jack Ford sostuvo que “se trata del tercer borrador de proyecto en materia de impuestos en el último ejercicio. El primero inicialmente buscaba alcanzar una revisión completa del sistema impositivo. Los miembros de la Asamblea Legislativa no estuvieron contentos en proseguir con esas propuestas en ese momento…Por tanto retornó en un formato reducido con un abanico más angosto focalizándose en estos puntos conocidos dentro de la legislación existente, tal cual solicitado por los legisladores…”:
“Una vez revisado el borrador y pensando algo más sobre él, se entendió que un enfoque más compacto ayudó a resaltar los puntos claves dentro de la legislación actual, y los problemas conocidos que son unos pocos; pero me hice la pregunta si no resultaría más beneficioso realizar una revisión mayor que no solo alcance esos puntos, sino también potencialmente aquellos de los cuales no estamos al tanto al momento. Entonces se llega a esa altura de la etapa del proyecto y podemos tomar decisiones en cómo avanzar a partir de allí”
El Consejo Ejecutivo solicitó a la oficina de Impuestos que retorne una vez más con el borrador de un proyecto a licitar, más “específicamente estableciendo que buscan con el proyecto licitatorio para que nosotros podamos entonces discutirlo”
MLA Jack Ford por ultimo expresó a título personal que se precisa una mayor discusión, separada de la del Consejo Ejecutivo para decidir, “que es lo que pretendemos probar y alcanzar mediante el sistema impositivo y como pretendemos utilizarlo”
Agreguemos que el PNI de las Falklands en más del 60% depende de la pesca, y esta industria no está pasando por buen momento por el entorno global y el cambio climático. | {
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Nueve miembros de la Armada argentina detenidos por presunto trato vejatorio a una marinera
La voluntaria había recibido un trato más violento que el resto del grupo
Nueve miembros de la Armada argentina han sido puestos bajo arresto tras las graves heridas sufridas por la voluntaria Brisa Páez, de 21 años, durante una sesión de entrenamiento antidisturbios en la base naval de Vicente López -en las afueras de Buenos Aires- el 4 de abril.
El incidente, inicialmente considerado un accidente, está siendo investigado para determinar si se trató de una agresión deliberada. Testigos afirman que recibió un trato más duro durante el ejercicio, posiblemente relacionado con una relación previa con un instructor.
A pesar de mostrar síntomas, se retrasó la atención médica, y finalmente se diagnosticó a Páez una lesión axonal difusa, un traumatismo cerebral grave.
De ser procesados, los acusados podrían enfrentar cargos por lesiones graves, mala conducta oficial y encubrimiento.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -ex esposa del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman- investiga si la caída que provocó el estado crítico de Páez fue producto de una agresión deliberada.
La magistrada ordenó esta semana que se allanen los domicilios de los sospechosos en busca de más pruebas. Además, en el procedimiento se incautaron teléfonos móviles, documentos de la base y material audiovisual del entrenamiento.
Según fuentes consultadas por medios locales, la joven practicaba un simulacro antidisturbios dentro de las instalaciones navales cuando uno de los instructores golpeó violentamente el escudo que sostenía, lo que provocó que Páez perdiera el control y cayera hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo.
A pesar de mostrar signos evidentes de desorientación, el simulacro continuó durante varios minutos más. Paez sólo llevaba cuatro meses en el cuerpo y nunca antes había sido entrenada en este tipo de ejercicio.
Los compañeros de Paez testificaron que había sido tratada con más violencia que el resto del grupo durante la práctica, mientras que algunos incluso mencionaron una posible relación personal previa entre Paez y uno de los instructores.
Pasaron varias horas hasta que Páez fue atendida por un médico de la base, que ordenó su hospitalización. Actualmente se encuentra en coma inducido.
La jueza tiene ahora diez días para pronunciarse sobre la situación procesal de los acusados. | {
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Falklands: solicitudes de permisos de trabajo y problemas educativos con menores dependientes
La Directora de Educación Sarah Stannard dijo que el inglés de niños hijos de trabajadores extranjeros tendría que estar a un nivel que les permitiera participar en las clases sin necesidad de apoyo
La falta de mano de obra especializada y de personal en general para la pujante economía de las Islas Falkland, también presenta algunos desafíos colaterales que deben enfrentarse, por ejemplo para aquellos con personas dependientes.
Tal es el caso que trató el Consejo Ejecutivo de las Islas cuando redujo a cero, el tope para las necesidades educativas de los dependientes de solicitantes de permisos de trabajo.
En otras palabras quiere decir que previamente, por contraste, el tope era de £6,000, o sea que para aquellos niños con necesidades educacionales especiales y/o discapacidades, sus padres tendrían su solicitud aprobada si esas necesidades eran menores de la suma mencionada.
Sin embargo la resolución también explica que cualquier incremento en apoyo de dicha necesidad confluiría en un incremento de costos para el gobierno de las Islas ya que sería necesario contratar más personal especializado, y de ahí la recomendación de temporalmente reducir dicho tope.
Se propuso dejar el tope de £6,000 para aquellos solicitando residencias permanentes en las Islas, ya que esto no tendría un impacto adicional en los recursos del momento que los niños ya estarían inscriptos y siendo contemplados.
Al discutir sobre el tema en la comisión de Educación el pasado 10 de abril, la Directora de Educación, Sarah Stannard explicó que había hablado con el personal y “una de las consecuencias fue que el personal se entendía muy ‘estirado’ y sobrecargado para hacer frente a toda una gama de necesidades que ya tienen en sus clases”.
Se plantearon inquietudes sobre el impacto que tendría en el reclutamiento de fuerza laboral para las Islas, especialmente si se trataba de niños con el inglés como segundo idioma, y por tanto no se les otorgaría en los permisos de trabajo contemplación para dependientes en esas condiciones tan especiales.
La Directora Stannard dijo que el inglés de esos niños tendría que estar a un nivel que les permitiera participar en las clases sin necesidad de apoyo, y que aquellos que no podrían hacerlo, seguramente de todos modos excederían el top de las £6,000.
Más adelante explicó que el tope será reconsiderado nuevamente por el Consejo Ejecutivo en diciembre y que eso les brindaría la oportunidad de ver si al completar el año escolar, había surgido capacidad disponible dentro de la escuela. Se agregó que para diciembre el impacto sobre el reclutamiento de personal podría no estar disponible
La Directora Stannard respondió que se había reunido con gente de la Cámara de Comercio, cuando realizando el informe, y que había compartido cifras con ellos. Entre otras cosas mencionó que en el correr del ejercicio presente hubo un numero bajo de solicitudes de permisos de trabajo y de los cuales tan solo dos niños podrían verse afectados por la alteración de política establecida. Mientras que en años anteriores el numero habría sido promedialmente en torno a los diez chicos. | {
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Guyana rechaza sugerencia de diplomático chino de entablar negociaciones amistosas con Caracas
Guyana rechaza sugerencia de diplomático chino de entablar negociaciones amistosas con Caracas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana rechazó una declaración del Encargado de Negocios de China, Huang Rui, quien instó a Georgetown y Caracas a resolver su disputa fronteriza sobre la región del Esequibo mediante negociaciones amistosas, a pesar de enfatizar que China “nunca interviene en los asuntos internos de otros países”.
Guyana insistió en que el asunto se encontraba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según lo decidido por el Secretario General de la ONU en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, y que no participará en discusiones fuera de la jurisdicción de la CIJ.
El ministerio también criticó a China por no abordar el plan de Venezuela de celebrar elecciones el 25 de mayo de 2025 para elegir un gobernador y un consejo legislativo en el Esequibo, lo cual Guyana considera una violación de su soberanía.
Guyana confirma el laudo arbitral de 1899, mientras que Venezuela cita el Acuerdo de Ginebra de 1966 para una solución negociada. La disputa, intensificada por los descubrimientos petroleros, sigue siendo un punto de discordia, y Guyana insta a China a respetar su integridad territorial y el derecho internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana recuerda al Gobierno de la República Popular China la postura, expresada con claridad en varias ocasiones por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de que el asunto está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia por decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre las partes para la solución de la controversia, declaró Georgetown en un comunicado.
La Declaración de Argyle del 14 de diciembre de 2023 reconoce la afirmación de Guyana de su compromiso con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza..., añadió.
Con ese fin, y a fin de no socavar la jurisdicción ni la autoridad de la Corte como foro adecuado para la resolución de esta controversia, Guyana no participará en la discusión de ningún asunto que se haya presentado ante la Corte, añadió la declaración.
Georgetown también subrayó que Pekín guardó silencio sobre las intenciones de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones el 25 de mayo de 2025 para gobernador y consejo legislativo del Estado de Guayana Esequiba, nombre que Venezuela ha dado a la región del Esequibo de Guyana. Esto constituye una clara violación de la soberanía e integridad territorial de Guyana.
El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, advirtió que China debe actuar con principios en su postura de respetar la integridad territorial de Guyana y no apaciguar las reiteradas violaciones del derecho internacional por parte de Nicolás Maduro”. | {
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767a1fee3527e95d1d28946eaa00780f | Falklands: RAF realizó el mayor lanzamiento de carga, en peso, volumen y altura, desde el aire en años
Falklands: RAF realizó el mayor lanzamiento de carga, en peso, volumen y altura, desde el aire en años
Desde el A400M se lanzan paracaídas con cargas
Con total éxito se realizó por parte de la Royal Air Force (RAF) el lanzamiento de la mayor carga, en peso y volumen, desde un avión sobre las Islas Falkland.
El ejercicio, realizado la semana pasada sobre Goose Green, corrió por cuenta del Ala 1312 con los apoyos de varios escuadrones de entrega de cargas, 47, 30 y 70 de la base de Brize Norton, las cuales hicieron el lanzamiento, conocido como el Sistema de Entrega de Contenedores por Lanzamiento desde el Aire, con la intervención directa del versátil carguero cuatrimotor Airbus A400M, estacionado en MPC, la base militar británica en Mount Pleasant.
En total se lanzaron 24 palets, con un peso unitario de 900 kilos, desde una altura de 3,000 pies, unos 910 metros, que flotaron suavemente a tierra en paracaídas.
Se trata del mayor lanzamiento de carga desde el aire por la RAF en varios años. En un comunicado de prensa BFSAI, (Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur) reconoció que resultaría muy desafiante poder concretar un lanzamiento de carga tan pesada y desde tal altura en el Reino Unido, y que por tanto las Falklands fueron “muy valiosas en proporcionar prueba de concepto para el lanzamiento de grandes cargas, que podrían ser utilizadas en apoyo de operaciones de ayuda humanitaria y/o de rescate en zonas de desastre”.
El lanzamiento también fue parte de un ejercicio de entrenamiento conjunto para el regimiento del 2 Royal Gurkha Rifles del ejército británico, que es la actual Compañía de Infantería cumpliendo la rotación regular de efectivos en la base de Mount Pleasant. | {
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Falklands, Biodiversidad encara campaña para la eliminación de cucarachas
Las cucarachas en las Falklands se estima llegan a menudo en los contenedores que llegan desde el exterior
El tema de las cucarachas en las Islas Falkland se está encarando con gran eficiencia, según se afirmara oficialmente esta pasada semana, tras saberse recientemente que dichos insectos habían sido detectados circulando en comercios locales y algunos apartamentos.
La jerarca encargada de Bioseguirdad, Dani Baigorri del Departamento de Recursos Naturales relató a periodistas del semanario Penguin News que las llamadas cucarachas “alemanas” se habían descubierto en las Falklands “varias veces incluyendo en el Centro Municipal (que alberga muchas oficinas del Legislativo y Judicial), pero habían sido erradicadas”
Dijo que las cucarachas normalmente llegan a las Islas en los contenedores, razón por la cual los contenedores son siempre tratados, ‘bombardeados’ contra esa plaga.
La Sra. Baigorri revelo que el año pasado habían sido descubiertas en algunos apartamentos y que Bioseguridad pudo eliminarlos con el uso de pesticidas, de “forma fácil y efectiva, tomó apenas un par de semanas deshacerse de ellas”.
Explico que se trata de una práctica normal que unos meses más tarde se haga una segunda barrida, que era lo que se estaba cumpliendo al momento y llamó la atención entre los residentes de Stanley.
Igualmente admitió que más cucarachas habían sido descubiertas en otro lugar y que también se estaba trabajando para su eliminación.
Dijo que el Departamento de Bioseguridad estaba seguro y satisfecho que el procedimiento funcionaria, liquidando las cucarachas rápidamente ya que el pesticida empleado era específico para esos insectos, y en las condiciones climáticas acorde.
Finalmente la Sra. Baigorri aseguró que las cucarachas no se iban a convertir en un problema en las Falklands como sucede por ejemplo con los insectos tijeretas o cortapicos, ya que no son afines a climas fríos. “Les gusta una temperatura de 25 grados Celsius y más”.
De la misma forma se recomienda que si en los hogares se mantiene la calefacción a niveles normales y no se deja comida en mesas o platos, “no tendría que haber problemas de cucarachas”. | {
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Al menos 11 muertos en riña de gallos en Ecuador
Los autores vestían uniformes militares y se llevaron 20.000 dólares del local
Al menos 11 personas murieron y nueve resultaron heridas cuando un grupo de asaltantes armados, disfrazados de soldados, irrumpieron en una riña de gallos en la comunidad rural de La Valencia, en la provincia ecuatoriana de Manabí.
Los asaltantes, presuntamente vinculados al cártel de Los Lobos, abrieron fuego indiscriminadamente con armas largas, provocando el caos y el pánico. Según se informó, robaron 20.000 dólares antes de huir en tres vehículos, uno de los cuales apareció quemado más tarde.
El ataque, el más mortífero de la historia de Manabí, se produjo a última hora de la noche del jueves, y las autoridades han recuperado pruebas, entre ellas uniformes militares desechados.
La Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Ecuador están investigando, analizando grabaciones de seguridad y ofreciendo una recompensa por información sobre los autores, sospechosos de ser sicarios del crimen organizado.
Hay unidades especiales en la zona, otras unidades de investigación e inteligencia, para dar con los responsables. Hay pruebas del hecho, como uniformes militares, un vehículo volcado a un lado de la carretera. Otro vehículo fue quemado. Todas estas pruebas llevarán a encontrar a los autores, dijo el jefe de la Policía Nacional de Manabí, Renán Miller.
Según medios locales, el ataque se habría producido a las 23h40 del jueves, con un total de doce autores en tres furgonetas. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud de El Carmen y de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El cartel de Los Lobos es el que se atribuyó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, a solo once días de las elecciones. | {
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df148de1f83e44f79b66d5fdcfbfd3b4 | Petro insta a todos los colombianos a vacunarse contra la fiebre amarilla en dos meses
Petro insta a todos los colombianos a vacunarse contra la fiebre amarilla en dos meses
A diferencia del Covid-19, este virus sólo se transmite por el mosquito, pero es mortal en un 50%, advirtió Petro
El presidente colombiano, Gustavo Petro, instó a toda la población de su país a vacunarse contra la fiebre amarilla en un plazo de dos meses. Hizo estas declaraciones tras declarar la emergencia en todo el país ante el brote de esta letal enfermedad. Debemos hacerlo y nuestro sistema de salud debe garantizarlo, subrayó Petro.
Todos los soldados y maestros deben ser vacunados lo más pronto posible. Ellos y la fuerza sanitaria, que debe dejar de ser tratada como esclava, son los ejes de esta campaña, prosiguió.
A diferencia del Covid-19, este virus sólo se transmite por el mosquito, pero es mortal en un 50%. La prevención es fundamental. La vacuna existe y la tenemos, añadió.
Un plan nacional de vacunación masiva da prioridad a soldados, docentes y trabajadores sanitarios. La vacuna, que es gratuita y se administra una sola vez a personas de entre 9 meses y 59 años, es fundamental, ya que la fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, tiene una tasa de letalidad del 45,3%.
Entre 2024 y 2025 se notificaron 75 casos, con 34 muertes en nueve departamentos: Tolima (más casos), Putumayo, Caquetá, Nariño, Vaupés, Caldas, Cauca, Huila y Meta.
El virus se está extendiendo a nuevas zonas templadas más cálidas, y los mosquitos pueden adaptarse a regiones más frías. Hay puntos de vacunación disponibles en Bogotá y otras ciudades, y se aconseja a la población que elimine los criaderos de mosquitos para frenar la transmisión.
En 2024, hubo 23 casos con 13 muertes. En lo que va de 2025, se han confirmado 52 casos, de los cuales 21 han fallecido.
La fiebre amarilla se propaga a través de la picadura de mosquitos portadores del virus. En Colombia, las especies sabethes, haemagogus, aedes aegypti y aedes albopictus transmiten la enfermedad.
Los síntomas de la fiebre amarilla evolucionan de la siguiente manera: Primeras 24 horas: fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Siguientes 72 horas: vómitos, diarrea y dolor abdominal. Después del quinto día: Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) y episodios hemorrágicos, que pueden causar la muerte. | {
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d12f65f4a2b42ae331bcdd02f16b1936 | Activan protocolos de epidemia en Patagonia argentina tras dos muertes por hantavirus
Activan protocolos de epidemia en Patagonia argentina tras dos muertes por hantavirus
El contagio se produce por contacto con roedores, pero también entre humanos
Dos muertes por hantavirus en la Patagonia argentina, una en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y otra cerca de Epuyén, provincia de Chubut, han generado alarma entre las autoridades sanitarias, lo que ha llevado al aislamiento de los contactos cercanos de las víctimas, al tiempo que se refuerzan las medidas preventivas.
En Neuquén, Oscar Fabián Tripailaf, un hombre de 38 años, falleció este jueves tras presentar síntomas el 8 de abril. Diez personas que tuvieron contacto cercano con él se encuentran en aislamiento y seguimiento durante 45 días. En Epuyén, una mujer de 30 años de El Bolsón falleció en su domicilio, lo que ha llevado al aislamiento de seis contactos, incluida su pareja, en Chubut y Río Negro.
El hantavirus, una enfermedad viral aguda, se transmite principalmente por inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores, aunque la transmisión de persona a persona es posible en etapas tempranas. Las autoridades sospechan contaminación ambiental en el caso de Tripailaf, ya que no se confirmó contacto directo con roedores. Los frecuentes viajes de la mujer a El Bolsón ampliaron el operativo de rastreo de contactos.
Las muertes, ocurridas en una semana, han aumentado los temores de un nuevo brote, especialmente en Epuyén, donde en 2018 murieron 11 personas.
Las autoridades sanitarias están reforzando la vigilancia, instando a los residentes a buscar atención médica ante la aparición de síntomas e implementando protocolos epidemiológicos para contener el virus.
La directora del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Rita Martín, confirmó que diez personas que acompañaron a Oscar Fabián Tripailaf en sus últimas horas permanecerán en ese centro bajo vigilancia durante 45 días. Hasta el momento, no se ha establecido el posible contacto directo de Tripailaf con un roedor. Comenzó a presentar síntomas de hantavirus el 8 de abril, al ser ingresado en el Hospital Ramón Carrillo.
Tras el fallecimiento de una mujer de 30 años en El Pedregoso, cerca de Epuyén, las autoridades de Chubut iniciaron un operativo para localizar a las personas que estuvieron en contacto con ella. Viajaba frecuentemente a El Bolsón, en la provincia de Río Negro, de donde era oriunda, por lo que la búsqueda incluirá esa zona. Mientras tanto, su pareja ya se encuentra aislada por precaución.
Un contacto estrecho es alguien que ha compartido un espacio cerrado durante largos periodos, como convivientes o compañeros de trabajo.
El intendente de El Bolsón, José Contreras, confirmó que las autoridades locales activaron el protocolo de aislamiento preventivo con la familia de la víctima. Por lo tanto, seis personas que estuvieron en contacto con la mujer permanecen aisladas.
En las primeras etapas, entre el primer y el segundo día, se produce el contagio interhumano, explicó el infectólogo Hugo Pizzi. | {
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d1d416e4ce323c9497840f3c1ec606bc | Museo Nacional de Artes Visuales
Historia
Creado por la Ley 3.932 del 10 de diciembre de 1911, con el nombre de "Museo de Bellas Artes", el ahora llamado Museo Nacional de Artes Visuales, ha recorrido un largo camino marcado por las transformaciones del edificio que, a 114 años de su creación, terminaron convirtiéndolo en el más importante museo de arte del país. Poco queda hoy del local primitivo en el cual se guardaba un acervo de apenas 234 piezas, extranjeras en su gran mayoría.
El flamante Museo empezó a funcionar en el ala izquierda del Teatro Solís, pero al año siguiente se le asignó una nueva sede y pasó a ocupar un pabellón construido a fines del siglo XIX para sede de una Exposición de Higiene, en el mismo lugar que ocupa actualmente en el Parque Rodó de Montevideo. Desde aquel modesto galpón en el cual se instaló en sus comienzos hasta la realidad de hoy, se sucedieron numerosas e insuficientes reformas del edificio, algunas de las cuales lo mantuvieron clausurado durante largo tiempo como, por ejemplo, en un lapso de casi once años (1952-1962).
A pesar de las reformas, las deficiencias del local no podían disimularse. Durante décadas, según las distintas épocas a las que el investigador se remita, es posible encontrar informaciones periodísticas que hablan de "abarrotamiento de pinturas instaladas en lugares sumamente inflamables, ya que los tabiques que separan las salas son de madera..." . En otro momento se recordará que "la conservación de las obras se torna sumamente dificultosa por la falta de un adecuado depósito". Se insistirá en el hecho de que "las obras se amontonan en desorden y humedad". O que "las goteras del techo y la humedad (...) amenaza con el desprendimiento de las paredes". Incluso se mostraba una especial preocupación por el estado de "piezas de gran valor, como los grandes cuadros de Blanes". Y hasta se señalaba que los problemas térmicos insolubles obligaban a cerrar el Museo durante los meses de verano. De ahí que la necesidad de su traslado a un local más adecuado fuera un tema casi permanente durante muchos años. | {
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