Desde abril de 1999, ninguno de los sucesivos gobiernos ha sido capaz de dar una respuesta. Dejar pasar el tiempo es lo único que se ha hecho ante una situación causada, en parte, por un ordenamiento jurídico que no permite la revisión de la valoración de la prueba y que provoca la extraña paradoja de que instituciones del Poder Judicial (Fiscalía, Tribunal Supremo) tengan que pedir, o recomendar, un indulto como "única salida legal posible" ante las "dudas razonables" sobre la culpabilidad y "por razones de equidad y justicia".