Su duración excediere de dos (2) años sin que se haya dictado sentencia. Este plazo podrá prorrogarse hasta un (1) año más cuando se trate de causas de evidente complejidad y de difícil investigación. La prórroga deberá solicitarse ante el Superior Tribunal de Justicia, con los fundamentos que la justifiquen. Si el Superior entendiere que la misma está justificada, autorizará el pedido y devolverá los autos al remitente. El Ministerio Público podrá oponerse a la libertad del imputado cuando entendiera que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa.