En su vista fiscal, Ubiría hace hincapié en que Peirano Facio es el principal accionista del grupo económico con el 75% de las acciones y que estuvo en conocimiento de lo que sucedió en el Banco de Montevideo, indicaron las fuentes. Ubiría realiza un análisis de las Sociedades Anónimas, sostiene que los delitos penales que castigan a los directores y administradores de éstas son para preservar a los accionistas de una mala gestión. Pero señala que ello se da en Sociedades Anónimas de tipo abierto, donde el paquete accionario está muy dividido. Destaca que en este caso eso no sucede, ya que las empresas de la familia Peirano son Sociedades Anónimas de tipo cerrado, de índole familiar, en que el 75% de las acciones es de Jorge Peirano Facio y el resto está repartido entre sus hijos, que a su vez son directores y administradores de las mismas. Para el representante del Ministerio Público, con los conocimientos de Peirano Facio y siendo el accionista mayoritario, no podía desconocer lo que estaba pasando en sus empresas. El delito de insolvencia societaria fraudulenta está contenido en el artículo 5 º de la Ley 14.095 de ilícitos económicos, del 17 de noviembre de 1972. Dicho artículo expresa: El que para procurarse un provecho injusto para sí o para otro ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero, será castigado con pena de doce meses de prisión a diez años de penintenciaria. *