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Nicolás Lucca Escribe

Por Adam Dubove (*)

Quienes circulan en moto con un acompañante por la Provincia de Buenos Aires acaban de convertirse en ciudadanos de segunda categoría. La nueva medida del gobierno de Daniel Scioli obliga a los que viajen como acompañantes a llevar casco y un chaleco reflectante con la inscripción de los números de la patente del vehículo. Es una clara demostración de la improvisación y demagogia que caracteriza a los políticos cuando se encuentran acorralados por la opinión pública.

La resolución 221/14 que entró en vigencia el lunes pasado confirma una vez más la noción de que somos parte de una “granja de humanos” que los gobiernos se dedican a pastorear y esquilmar a su gusto. Es así, que ante la emergencia de seguridad que se vive en la Provincia, el primer impulso es marcar a una categoría determinada de individuos obligándolos a llevar números identificatorios en su espalda y casco.

El argumento oficial es que bajo este nuevo régimen se pretende resolver dos problemas: el de la seguridad vial y el de la seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad vial poco se puede decir, la relación entre llevar el número de patente pegado en la espalda y evitar accidentes es inexistente. En cuanto a seguridad ciudadana, la relación ronda lo ilógico.

La primera objeción a esta disposición de neto carácter demagógico y que no hará nada por resolver el flagelo de la inseguridad es simple: los ladrones no respetan la ley. ¿Por qué alguien que está dispuesto a robar – es decir, cometer una infracción más grave – respetaría la nueva norma? De la misma manera que a la hora de restringir el uso de armas son los ciudadanos respetuosos de la ley los que se pliegan a la restricción, esta regulación servirá para identificar aquellos que no pretenden delinquir y quieren evitar ser sancionados con una multa de hasta $5.000 y la retención de la licencia de conducir.

Por otra parte, el uso de chaleco y casco con la inscripción requerido por la ley estimulará la creatividad para delinquir y saltear controles. Los eventuales delincuentes que utilicen la moto como forma de escape, podrían sacarse el casco y el chaleco a la hora de cometer el delito, y una vez que escaparon de la zona del atraco simular que se trata de ciudadanos obedientes de la ley con su respectivo chaleco y casco con las inscripciones que ordena la ley.

Todo esto podrían hacerlo si tuviesen que evitar los controles, pero los controles verdaderamente efectivos son una rareza entre la policía bonaerense – aunque no exclusiva de esa jurisdicción. Paradójicamente, son habitualmente los efectivos policiales los que esconden su identidad, ocultando sus placas identificatorias, al momento de participar en manifestaciones u otros operativos.

La moto es uno de los medios de transporte por excelencia en la provincia de Buenos Aires, especialmente entre los sectores socioeconómicos más bajos. Durante el año 2013, según informa la Asociación Argentina de Motovehículos, se patentaron casi 200.000 unidades solamente en esa provincia, un 28% de los patentamientos del año pasado en todo el país. La gran mayoría de los motociclistas son personas que utilizan la moto para dirigirse a su lugar de trabajo.

En este sentido, los fabricantes de motos ya se expresaron contra la medida. En un comunicado difundido la última semana la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, que nuclea a las principales fábricas del país, manifestaron que con esta iniciativa se pretende “demonizar a los motociclistas por el simple hecho de usar ese vehículo para su traslado” y destacaron que “la seguridad pública debe cuidarse con medidas que no afecten los derechos básicos de circulación o movilidad”.

Tras la devaluación de comienzos de año, la venta de motos se desplomó en un 38% durante el mes de febrero en comparación con el mismo mes del año pasado, y acumuló un retroceso del 7% durante el primer trimestre de 2014. Una situación que se suma al fuerte impacto que recibió el sector tras la creación del nuevo impuesto a los autos de alta gama que también afecta a las motos.

Los problemas, por supuesto, no son únicamente para los fabricantes. Una reglamentación absurda genera casos absurdos, por ejemplo, el de Joaquín. Supongamos que Joaquín, un chico en edad escolar, va con su padre en la moto todas las mañanas al colegio, y por la tarde es retirado por su madre, con su propia moto, que lo lleva a hacer alguna actividad deportiva y a la que finalmente su primo – también en moto – acude a retirarlo. En este caso, Joaquín necesitará tener tres cascos y chalecos distintos, teniendo que incurrir su familia en mayores gastos, para cumplir con la ley y evitar que la policía lo multe por no identificarse.

Al contrario del efecto buscado, esta medida incrementa el peligro para los que utilizan las motos en caso de robo del vehículo. En un robo, el delincuente no solo se querrá quedar con la moto, sino también con su casco y chaleco identificatorio, aumentando así la duración del robo, generando mayor tensión y elevando las posibilidades de que la propia inercia que genera el nerviosismo de la situación para ambas partes convierta al robo en un homicidio.

Pero por sobre todas las cosas, se estigmatiza a todos aquellos que utilicen la moto como medio de locomoción, desconociendo la presunción de inocencia, una de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional. Siguiendo el razonamiento utilizado por Scioli, de forma análoga, se podría implementar que aquellas personas con un determinado nivel de poder adquisitivo deban llevar en un colgante su nombre y apellido, DNI, y CUIT para disminuir los niveles de evasión fiscal, o aquellas personas que vivan en “zonas peligrosas” tengan que vestir un brazalete con sus datos identificatorios.

La falta de racionalidad, es decir la desproporción entre los medios elegidos y los fines buscados, es alevosa. La negación de las garantías básicas y hostigamiento a un grupo de personas que eligió utilizar el medio de transporte que el gobierno considera la raíz de sus problemas, es el resultado de la desesperación, pero no la desesperación por la “seguridad ciudadana” o la “seguridad vial”. La imposición de chalecos y cascos con identificación, es un acto desesperado para seguir emparchando, ocultando y manipulando la deteriorada situación que el partido que gobernó la provincia durante los últimos 28 años le ha dejado como legado a todos los bonaerenses.

(*) Especial para FortunaWeb