Violencia contra personas LGBT
En la actualidad, los actos homosexuales son legales en casi todos los países occidentales, y en muchos de ellos la violencia contra las personas LGBT está clasificada como delito de odio. Fuera de Occidente, muchos países se consideran potencialmente peligrosos para su población LGBT debido tanto a la legislación discriminatoria como a las amenazas de violencia. Entre ellos se encuentran los países en los que la religión dominante es el Islam, la mayoría de los países africanos (excepto Sudáfrica), la mayoría de los países asiáticos (excepto los países asiáticos favorables al colectivo LGBT, como Israel, Japón, Taiwán, Tailandia y Filipinas), y algunos países excomunistas como Rusia, Polonia (zona libre de LGBT), Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Esta violencia suele estar asociada a la condena religiosa de la homosexualidad o a actitudes sociales conservadoras que presentan la homosexualidad como una enfermedad o un defecto de carácter.
Ley contra la Homosexualidad de 2014
La legislación endurece la criminalización de la homosexualidad en Uganda al introducir la pena de muerte a las personas consideradas como reincidentes, sospechosos de "homosexualidad agravada" y que son VIH-positivas, o a las que mantienen relaciones sexuales con menores de 18 años. Las personas a las que se sorprende manteniendo actividades homosexuales, o aquellas a las que se sospecha de mantenerlas, serán obligadas a realizar pruebas de VIH; los ugandeses que mantengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo fuera de Uganda también caen bajo la jurisdicción de esta ley, y pueden ser extraditadas e imputadas. Más aún, de aprobarse, la ley requeriría que cualquiera que tuviera conocimiento de que alguien la viola, o de un acto que la viola, debe informar de ello a las autoridades en un plazo de 24 horas; esto incluye a individuos, empresas, medios de comunicación u Organizaciones No Gubernamentales que apoyan los derechos LGBT. Si no se hace así, se considera que también están violando la ley y puede ser imputado y pagar una multa no superior a los 250 "puntos de comercio", o cumplir una pena de hasta tres años de cárcel.