Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Derechos de la mujer
En 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, establecido por Naciones Unidas, tomó la decisión histórica de calificar la violación como delito de genocidio incluido en el Derecho internacional. El juicio de Jean Paul Akayesu, alcalde de la localidad de Taba (Ruanda), sentó el precedente para considerar la violación como herramienta de genocidio. El juicio de Akayesu constituye la primera interpretación y aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por un tribunal internacional. El jurado sostuvo que la violación –definida como «invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona en circunstancias coercitivas»– y la agresión sexual constituyen actos de genocidio cuando se cometen con la intención de destruir, en parte o por completo, a un grupo determinado. El jurado halló pruebas de que las agresiones sexuales formaban parte integrante del proceso de destrucción del grupo étnico tutsi, así como de que las violaciones eran sistemáticas y se perpetraban solo contra las mujeres de dicha etnia, lo que pone de manifiesto la intención específica exigida para que estos actos constituyan delito de genocidio.