Genocidio (Derecho español)
Aunque el criterio final del Tribunal Supremo de condenar a Scilingo por delitos comunes es el mismo que han seguido los tribunales argentinos en casos similares (condenas de Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich), y aunque cabe pensar que constituya un precedente importante en casos futuros, la Sentencia fue enórmemente discutida y polémica. Prueba de ello es que cuatro de los quince magistrados que componían la sala emitieron votos particulares discrepantes; uno de ellos a favor de la condena por genocidio. También la doctrina jurídica se encuentra muy dividida al respecto.
Efraín Ríos Montt
El día lunes 28 de enero de 2013, Miguel Ángel Gálvez (juez primero B de mayor riesgo) dio apertura de juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio. El martes 19 de marzo de 2013, una juez abrió formalmente juicio contra el octogenario exdictador, acusándolo de genocidio contra indígenas durante su régimen (1982-1983), delito por el cual podría haber sido condenado a medio siglo de reclusión. El viernes 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue declarado culpable por la jueza Yassmin Barrios quien dictó una sentencia de cincuenta años de prisión inconmutable por genocidio y treinta años más por crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a Ríos Montt en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes. Para esta conclusión fue fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt ―Plan Victoria 82, planes Firmexza 82 y 83 y Plan Operativo Sofía―. Según el perito Rodolfo Robles Espinosa, que analizo los documentos militares, el alto mando, entre este Ríos Montt, tuvo «el dominio del hecho y podía detener los ataques a la población civil de sus subordinados. El estado avalo la existencia del enemigo interno, existiendo operaciones de combate planificación y control. Demostró la responsabilidad del jefe de la organización». Por lo tanto, concluyeron los juzgadores «el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar tal perpetración».