Legislación sobre el ciberacoso
Desde 2008, los usuarios de Internet en Argentina están protegidos por la Ley 26.388, que introdujo los delitos informáticos al código penal nacional. No obstante, existen vacíos en la legislación.
Ciberactivismo
Torres (…) propone su propia definición de ciberprotesta combinando la de otros autores. Afirma que son “actos-rutinas o performances producidas por medios digitales y difundidas o activadas en el ciberespacio”, que se dirigen a los actores políticos, las élites de referencia y la sociedad en general. Añade que pueden haber sido diseñadas de manera previa o improvisadas. Además pueden llevarse a cabo mediante correo electrónico, webs, chats y blogs, pero también wikis y redes sociales.  En autor hace su propia clasificación de las ciberprotestas, a partir de los trabajos anteriores de Constanza Chock y Weimann. Así distingue las ciberprotestas convencionales, las disruptivas y las violentas.  Para Torres las ciberprotestas convencionales tienen como objetivo “la difusión, orientación y movilización”. Así consisten en movilizaciones, consignas, peticiones, cadenas, evaluación de resultados… Las disruptivas son aquellas que persiguen confrontar a los actores políticos o élites. Para ello, se sirven de boicots; la saturación de correos electrónicos o cuentas en redes sociales; y la teatralización mediante burlas o sátiras, por ejemplo.  Por último, Torres menciona las ciberprotestas violentas. Consisten en “atacar y atemorizar a los actores políticos y las élites”.  Para ello los, hackers destruyen, roban y secuestran datos personales o institucionales; atacan con virus informáticos; alteran sitios web; o perpetran “amenazas, injurias” e incluso “difunden atentados”. (Sáenz, 2014, p. 39-41)