Genocidio de California
El erudito nativo americano Gerald Vizenor ha defendido a principios del siglo XXI que las universidades estén autorizadas a reunir tribunales para investigar estos eventos. Señala que la ley federal de Estados Unidos no contiene prescripciones sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio. Él dice:
Guerra civil española
Por considerar que dichos actos, por su naturaleza de crímenes contra la humanidad no pueden prescribir ni ser absueltos, el magistrado-juez Baltasar Garzón inició un proceso para investigar los hechos, basándose en el que ya había impulsado infructuosamente contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmando que no se buscaba «hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil». Entre otras consideraciones, argumentó la acusación de genocidio de acuerdo con el derecho español, citando al auto 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número dos (caso SS-Totenkopf o Genocidio nazi), mediante el cual se consideraba delitos de genocidio y lesa humanidad los cometidos contra los españoles recluidos en los campos de concentración nazis con motivaciones políticas o ideológicas. La Audiencia Nacional decidió por mayoría de votos y sin hacer ninguna valoración acerca del carácter delictivo de los hechos denunciados, que el Juzgado Central de Instrucción número cinco dirigido por Garzón carecía de competencia objetiva para investigarlos, al considerar extinguida la posible responsabilidad penal de a causa de su fallecimiento. Los magistrados discrepantes consideraron que el juzgado sí era competente al ser los hechos investigados «delitos de lesa humanidad y genocidio», por constituir una «sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos» tras la contienda.