Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Genocidio
Durante el gobierno de Ríos Montt (1982-1983) se desarrolló una de las épocas más violentas del enfrentamiento armado interno en Guatemala (1960-1996), la política contrainsurgente implementada por el Estado, contemplaba el ataque sistemático contra población civil indígena por considerar que eran o podían ser una fuente de apoyo a los movimientos guerrilleros de la región. El 28 de enero de 2013, Miguel Ángel Gálvez (juez primero B de mayor riesgo) dio apertura de juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio. El 19 de marzo de 2013, una juez abrió formalmente juicio contra el octogenario exdictador, acusándolo de genocidio contra indígenas durante su régimen (1982-1983), delito por el cual puede ser condenado a medio siglo de reclusión.