Genocidio (Derecho español)
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de noviembre de 2007 dictada por la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por la Audiencia Provincial de Barcelona, consideró inconstitucional la penalización de la negación de los delitos de genocidio por atentar contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, tal como es concebida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchos tratadistas de Derecho Penal ya se habían pronunciado en contra de penalizar la negación de delitos de genocidio.
Genocidios en la historia
En 1999, la ganadora del Premio Nobel de la Paz [[Rigoberta Menchú]] presentó una demanda en contra de los líderes militares en un tribunal español. Seis oficiales, entre ellos [[Efraín Ríos Montt]] y [[Óscar Humberto Mejía Victores]], fueron formalmente acusados el 2 de julio de 2006, para aparecer en la Corte Nacional Española después de que la Corte Constitucional Española dictó en el año 2005, que las cortes españolas podrían ejercer jurisdicción universal sobre los crímenes de guerra cometidos durante la [[Guerra Civil de Guatemala]]. En mayo de 2013, Rios Montt fue declarado culpable de haber participado en el genocidio y haber matado a 1,700 indígenas [[Ixil (etnia)|ixil]] mayas durante 1982-1983 por una corte guatemalteca y fue sentenciado a 80 años de prisión. Sin embargo, el 20 de mayo de 2013, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la condena, rechazando todos los procedimientos el 19 de abril y ordenando que el tribunal "reinicie" el juicio. El juicio de Ríos Montt supuestamente iba a esclareserse en enero de 2015, pero fue suspendido después de que un juez se vio obligado a disculparse. Los médicos declararon a Ríos Montt como incapacitado para ser juzgado el 8 de julio de 2015, señalando que sería incapaz de comprender los cargos en su contra.