Genocidio
Las personas acusadas de genocidio serán juzgadas, de acuerdo con el artículo 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en un tribunal competente del territorio donde se cometió el delito. No obstante, ha surgido paralelamente un derecho consuetudinario por el que los tribunales de cualquier Estado podrían juzgar casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de su territorio. También la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito, siempre y cuando sea competente por haberse reconocido su jurisdicción.
Efraín Ríos Montt
El día lunes 28 de enero de 2013, Miguel Ángel Gálvez (juez primero B de mayor riesgo) dio apertura de juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio. El martes 19 de marzo de 2013, una juez abrió formalmente juicio contra el octogenario exdictador, acusándolo de genocidio contra indígenas durante su régimen (1982-1983), delito por el cual podría haber sido condenado a medio siglo de reclusión. El viernes 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue declarado culpable por la jueza Yassmin Barrios quien dictó una sentencia de cincuenta años de prisión inconmutable por genocidio y treinta años más por crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a Ríos Montt en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes. Para esta conclusión fue fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt ―Plan Victoria 82, planes Firmexza 82 y 83 y Plan Operativo Sofía―. Según el perito Rodolfo Robles Espinosa, que analizo los documentos militares, el alto mando, entre este Ríos Montt, tuvo «el dominio del hecho y podía detener los ataques a la población civil de sus subordinados. El estado avalo la existencia del enemigo interno, existiendo operaciones de combate planificación y control. Demostró la responsabilidad del jefe de la organización». Por lo tanto, concluyeron los juzgadores «el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar tal perpetración».