Juan Domingo Perón
El primer período presidencial de Juan Domingo Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Entre las acciones más destacadas se encuentra la conformación de un extenso Estado de Bienestar, con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón, una amplia redistribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política económica que impulsó la industrialización y la nacionalización de sectores básicos de la economía y una política exterior de alianzas sudamericanas apoyada en el principio de la tercera posición. En el mismo período se realizó una reforma constitucional que sancionó la llamada "Constitución de 1949".
Juan Domingo Perón
Juan Domingo Perón retomó la política energética de corte nacionalista que había impulsado Yrigoyen con la creación de YPF, mediante la nacionalización de los hidrocarburos que quedó respaldada gracias al artículo 40 de la "Constitución de 1949". En seis años de gobierno se llegó a aumentar en un 50 % la producción de petróleo, llegando a tener el 84 % del total de la extracción de crudo, con una política de subsidios al consumo. Sin embargo, no llegó a alcanzar el autoabastecimiento. Fue estatizada la ANSEC, que tenía la explotación del servicio eléctrico en la mayor parte del interior del país. Creó la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y fomentó el desarrollo de usinas populares cooperativas. El plan aprobado por Perón en materia energética, incluía asimismo la electrificación rural ―abandonada por los trusts internacionales―, y la prohibición de nuevas concesiones de energía y gas, que quedarían a cargo del Estado, salvo razones excepcionales. Desde el primero de enero de 1946 había quedado estructurado el mecanismo de la Dirección Nacional de Energía, dando nacimiento a cuatro entidades: Gas del Estado, Combustibles Sólidos y Minerales; Centrales Eléctricas del Estado y Combustibles Vegetales y Derivados. En 1943, el país tenía una potencia instalada en centrales hidroeléctricas de 45 000 kW; para 1952, la empresa nacional Agua y Energía tenía siete veces más: 350 000 kW. A esto debe agregarse una cartera de estudios y proyectos por valor de 6 millones de kilovatios. De esta manera el gobierno consolidó un sistema energético integrado que junto a la producción de combustibles por parte de YPF se articulaban de forma estratégica. En este modelo, las empresas del Estado eran la punta de lanza de un sistema energético integrado y centralizado, en el que la producción de energía y agua se consolidaron como un «bien público» y la producción de petróleo y acero bienes estratégicos para abastecer el entramado industrial. En los años cincuenta se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).