Movimiento por la Libertad de Expresión
Los estudiantes activistas, algunos de los cuales viajaron con los "Freedom Riders" (Jinetes de la Libertad) y trabajaron para registrar votantes afroamericanos en el sur durante el verano, habían dispuesto mesas de información en el campus y estaban solicitando donaciones para causas del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Esa actividad política, o cualquier otra actividad política, iba en contra de las reglas existentes en el campus. Había también un "juramento de honor" obligatorio requerido para la facultad, que condujo a un rechazo y una controversia en curso acerca de la libertad académica. En el 14 de septiembre, en 1964, la decana Katherine Towle anunció que el reglamento de la universidad que la prohibición que había sobre el apoyo de causas políticas o candidatos, oradores políticos de fuera, el reclutamiento de miembros, y la colecta de fondos por organizaciones de estudiantes en la intersección de las calles Bancroft y Telegraph se "haría cumplir rigurosamente". Esta franja había sido considerada hasta entonces propiedad de la ciudad, y no del campus.
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
También influyó en su constitución la reforma del Código Penal propuesta por el Partido Popular y apoyada por el Partido Socialista en lo relativo al pacto contra el terrorismo yihadista. Entró en vigor el 4 de febrero de 2015 y se incluyeron como delitos acciones de protesta de la sociedad civil vinculándolos con el terrorismo y de los que la PDLI advirtió por suponer un grave atentado a la libertad de expresión: [...] puede llegar a castigar con penas muy elevadas actividades que no guardan ninguna relación con lo que cabe entender por terrorismo, por ejemplo “hackear” una web alterando su aspecto como forma de protesta, el envío masivo de correos, difundir consignas por Internet, consultar determinadas webs o paralizar un desahucio.Además de hacer seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión a medios y periodistas, la PDLI también se ha hecho eco de casos en los que estaban involucrados activistas, movimientos sociales o ciudadanos. Para ayudar al conocimiento y defensa de estos derechos, promueve campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y ha puesto en marcha acciones de formación.