Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Genocidio en Bosnia
La presidenta del CIJ Rosalyn Higgins destacó que existe mucha evidencia que prueba que se cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina, tales como grandes matanzas, asedio de pueblos, violaciones masivas, tortura, deportación a campos de concentración y centros de detención. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre ellos, debido a que este caso trata "exclusivamente con genocidio en un sentido legal limitado y no en el amplio sentido que a veces se le da al término." Además, la Corte encontró "que Serbia no había cometido genocidio" ni había "conspirado para" o ha "incitado la realización del genocidio"; sin embargo, encontró que Serbia había fracasado en "tomar todas las medidas que estaban en su poder para prevenir el genocidio en Srebrenica" y concordaba con el TPIY en que falló en transferir a Ratko Mladić bajo custodia del TPIY en La Haya y que Serbia debía trasladar a La Haya a todos los individuos acusados por el TPIY, que residieran bajo jurisdicción serbia.