Viejo Oeste
A principios de los años 1820, comenzaron a llegar a la región de Texas numerosos pioneros encabezados por el abogado Stephen Austin. Durante años, la región acogió una continua inmigración procedente de los Estados Unidos. En 1824, sin embargo, Texas pasó a formar parte de la república mexicana. La población y el gobierno de Texas querían la autonomía y la situación desembocó en un conflicto armado que se decidió en la batalla del Álamo y en la decisiva batalla de San Jacinto. En mayo de 1836, se firmó el tratado de Velasco que reconoció la independencia de Texas. Dos años después, en 1838, Sam Houston (entonces presidente de la república texana), propuso al gobierno de los Estados Unidos la anexión. Sin embargo, dado que el nuevo estado estaba bajo la línea del Compromiso de Misuri y su incorporación daba ventaja a los estados esclavistas, la anexión se pospuso hasta 1845.
Organización territorial de México
Finalmente, se promulgó la Constitución Federal el 4 de octubre de 1824 naciendo así los Estados Unidos Mexicanos. El país estaba integrado por 19 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa o Estado de Occidente, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Además, se conformaron 4 territorios federales: la Alta California, la Baja California, Colima, y Santa Fe de Nuevo México. Después de la publicación de la constitución, en ese mismo año se creó el Distrito Federal; y Tlaxcala, que había conservado un estatus especial desde los tiempos de la conquista, se integró como territorio. La Carta magna estableció como forma de organización territorial, gobiernos representativos populares (al estilo de la federación) con división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entre las facultades de los estados, estaban las relativas a delimitar la administración de su gobierno y territorio; de aplicar los tratados internacionales que firmara la federación; proteger las libertades políticas y civiles de sus ciudadanos; comparecer ante el Congreso general para todo lo relativo a la hacienda pública; y se les impuso la prohibición de ejercer cualquier política propia en materia de fuerzas armadas o relaciones internacionales, ya fueran comerciales, diplomáticas o incluso conflictos bélicos.