Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Violación como arma de guerra
En septiembre del año 1999 las Naciones Unidas publicó un "Informe del Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de Genocidio y Otras Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de Ruanda y de los Ciudadanos de Ruanda Responsables de Genocidio y Otras Violaciones de esa Naturaleza Cometidas en el Territorio de Estados Vecinos Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del Año 1994". El informe señala que el 2 de septiembre de 1998, la Sala I del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, integrada por los Magistrados Laity Kama, Presidente, Lennart Aspegren y Navanethem Pillay, encuentra a Jean-Paul Akayesu culpable de nueve de los 15 cargos proferidos en su contra, incluido el genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad, asesinato, tortura, violación y otros actos inhumanos). El Tribunal emcontró a Jean-Paul Akayesu como no culpable de los seis cargos restantes, incluyendo el cargo de complicidad en el genocidio y los cargos relacionados con violaciones del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra y de su Protocolo Adicional II. El 2 de octubre de 1998, Jean-Paul Akayesu fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los nueve cargos, sentencias que se ejecutan simultáneamente. Tanto Jean-Paul Akayesu como el fiscal han apelado contra la sentencia dictada por la Sala de Primera Instancia.