Movimiento por la Libertad de Expresión
Los estudiantes activistas, algunos de los cuales viajaron con los "Freedom Riders" (Jinetes de la Libertad) y trabajaron para registrar votantes afroamericanos en el sur durante el verano, habían dispuesto mesas de información en el campus y estaban solicitando donaciones para causas del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Esa actividad política, o cualquier otra actividad política, iba en contra de las reglas existentes en el campus. Había también un "juramento de honor" obligatorio requerido para la facultad, que condujo a un rechazo y una controversia en curso acerca de la libertad académica. En el 14 de septiembre, en 1964, la decana Katherine Towle anunció que el reglamento de la universidad que la prohibición que había sobre el apoyo de causas políticas o candidatos, oradores políticos de fuera, el reclutamiento de miembros, y la colecta de fondos por organizaciones de estudiantes en la intersección de las calles Bancroft y Telegraph se "haría cumplir rigurosamente". Esta franja había sido considerada hasta entonces propiedad de la ciudad, y no del campus.
Leyes españolas de prensa
En este contexto surgió, al abrigo de la Ley para la Reforma Política, este Real Decreto que suprimía parcialmente el secuestro administrativo de publicaciones (se mantenía en casos de informaciones contrarias la unidad de España, la Monarquía o las Fuerzas Armadas) y derogaba el polémico artículo 2 por el cual se sometía la libertad de expresión a los Principios del Movimiento Nacional. Otro decreto, el Real Decreto-Ley 23/1977, de 1 de abril, sobre Reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento se encargaba de desmantelar formalmente la estructura de medios de comunicación al servicio del Movimiento y adscribirlos a un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Información y Turismo.El desarrollo de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional en España que defina la figura del/de la profesional del periodismo abandonando la mera regulación al acceso aprobada por el Decreto 744/1967 conforme lo previsto por la Ley de Prensa de 1966, comenzó en 1994 y aún continúa debatiéndose. Uno de los principales problemas consiste en que los propios profesionales no se ponen de acuerdo sobre qué o quién es periodista, así, la única ley aprobada al respecto durante la Democracia, la Ley de Cláusula de Conciencia, elude precisar a quien o quienes corresponde ese derecho de conciencia, cuando toda ley debe delimitar exactamente su ámbito de aplicación.