Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Radislav Krstić
El 15 de agosto de 2001, la defensa presentó un escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, alegando que éste utilizó mal la definición legal de genocidio y cometió un error de aplicación de la definición en varias circunstancias del caso. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso en lo que respecta a la definición legal de genocidio. En cuanto a errores de hecho, el Tribunal de Apelación, el 19 de abril de 2004 desestimó el recurso en algunas cuestiones, pero le aceptó en relación con otras. Se declaró a Krstić no culpable de genocidio, pero se afirmó su culpabilidad como colaborador del mismo y, por lo tanto, redefinió la pena y la estableció en 35 años de condena contados a partir de su detención.