Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Violación como arma de guerra
La sentencia Akayesu incluye la primera interpretación y aplicación por un tribunal internacional de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del año 1948. La Sala de Primera Instancia consideró que la violación (que se define como "una invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona bajo circunstancias coercitivas") y la agresión sexual son actos de genocidio en la medida en que se cometieron con la intención de destruir, total o en parte, un grupo de la población, como tal. Se fundó en que la agresión sexual forma parte integrante del proceso de destrucción de la etnia tutsi y que la violación es sistemática y se ha perpetrado solo contra las mujeres tutsis, en la que se manifiesta la intención específica necesaria para los actos que constituyen genocidio.