Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Genocidio en Bosnia
Habiendo revisado el caso y las sentencias internacionales más recientes sobre el tema, la CEDH dictaminó que "la corte encuentra que la interpretación de las cortes [alemanas] de 'intento de destruir a un grupo' como uno que no requiere la destrucción física del grupo, lo que también ha sido adoptado por unos cuantos académicos... es, por tanto, cubierto por el lenguaje, leído en su contexto, del crimen de genocidio en el Código Penal [alemán] y no parece razonable. Por ello, "en vista de lo precedente, [la CEDH] concluye que, si bien muchas autoridades han favorecido una interpretación limitada del crimen de genocidio, ha habido varias autoridades que han interpretado el delito de genocidio en la misma forma amplia que las cortes alemanas. En estas circunstancias, [la CEDH] encuentra que [Jorgic] podría haber previsto razonablemente que cabía la posibilidad de que fuera acusado de y condenado por genocidio por los actos que cometió en 1992." y, por esta razón, la corte rechazó la aseveración de Jorgic de que se había infringido el artículo 7 (no hay castigo sin ley) de la Convención Europea de Derechos Humanos por parte de Alemania.