Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Genocidio en Bosnia
En el caso de la "Fiscalía v. Krstic" (2 de agosto de 2001), el TPIY dictaminó que "el Derecho internacional consuetudinario limita la definición de genocidio a aquellos actos que buscan la destrucción física o biológica de todo o parte de un grupo. Por tanto, una iniciativa que ataca solo las características culturales o sociológicas de un grupo humano para aniquilar estos elementos que dan a este grupo su propia identidad distintiva del resto de la comunidad no correspondería a la definición de genocidio." El 19 de abril de 2004, esta determinación fue respaldada en la apelación: "La Convención sobre el Genocidio y el Derecho internacional consuetudinario, en general, prohíben solamente la destrucción física o biológica de un grupo humano... La Cámara de Apelaciones reconoció expresamente esta limitación y evitó cualquier definición más amplia..." aunque como la Corte Baja, la corte de apelaciones también dictaminó que la limpieza étnica podía con otra evidencia llevar a inferir una intención genocida. El 14 de enero de 2000, el TPIY dictaminó en el caso "Fiscalía v. Kupreškić y otros" que la campaña de limpieza étnica del valle de Lašva, cuya finalidad era expulsar a la población bosnia musulmana de la región, fue una persecución y no genocidio per se. La CEDH observó la opinión de la Corte Internacional de Justicia que determinó en el caso de genocidio bosnio que la limpieza étnica no es en sí ni por sí misma un genocidio.