Genocidio (Derecho español)
Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez García fue el único que se pronunció a favor de la condena por un delito de genocidio. Considera que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad del tiempo en que se aplican y que, dada la imprecisión y vaguedad del término "grupo nacional", éste debería ser interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de abarcar a ""grupos políticos de la misma nacionalidad""; considera que esa venía siendo la interpretación de los tribunales españoles hasta esta sentencia, si bien reconoce que es la primera vez que el Tribunal Supremo aborda la cuestión; opina que este tipo de interpretación no constituiría analogía en perjuicio del reo, sino rellenar un vacío ocasionado por la indefinición de la norma; alega en su favor el hecho de que Francia ha tipificado el delito de genocidio de una forma amplia que permite la inclusión de todo tipo de grupos; e incluso invoca la definición de genocidio contenida en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, es esta una postura minoritaria en la doctrina.
Efraín Ríos Montt
El día lunes 28 de enero de 2013, Miguel Ángel Gálvez (juez primero B de mayor riesgo) dio apertura de juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio. El martes 19 de marzo de 2013, una juez abrió formalmente juicio contra el octogenario exdictador, acusándolo de genocidio contra indígenas durante su régimen (1982-1983), delito por el cual podría haber sido condenado a medio siglo de reclusión. El viernes 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue declarado culpable por la jueza Yassmin Barrios quien dictó una sentencia de cincuenta años de prisión inconmutable por genocidio y treinta años más por crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a Ríos Montt en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes. Para esta conclusión fue fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt ―Plan Victoria 82, planes Firmexza 82 y 83 y Plan Operativo Sofía―. Según el perito Rodolfo Robles Espinosa, que analizo los documentos militares, el alto mando, entre este Ríos Montt, tuvo «el dominio del hecho y podía detener los ataques a la población civil de sus subordinados. El estado avalo la existencia del enemigo interno, existiendo operaciones de combate planificación y control. Demostró la responsabilidad del jefe de la organización». Por lo tanto, concluyeron los juzgadores «el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar tal perpetración».