Provincia (España)
Cada provincia está dividida en un número variable de municipios. Su gobierno y administración está atribuido constitucionalmente a las diputaciones provinciales, corporaciones de carácter representativo que tienen como base las corporaciones municipales. Se excluyen de esta organización administrativa las siguientes provincias: En el , el reformismo borbónico introdujo algunos cambios en la organización político-territorial de España, como la creación de las audiencias e intendencias. Sin embargo, seguían prevaleciendo en gran parte las divisiones heredadas de los Habsburgo, con territorios de extensión desigual y varios enclaves de unas provincias en otras. Para remediar este estado de cosas, los políticos ilustrados propusieron una división racional del Reino. El primer proyecto serio fue el elaborado entre 1799 y 1805 por el superintendente de Hacienda Miguel Cayetano Soler. Sin embargo, las convulsiones políticas de los años en que se realizó el proyecto no permitieron su realización, que fue retomado por las Cortes de Cádiz poco después.
Educación separada por sexos
En la transición democrática se volvió a la educación integrada de los niños y de las niñas, como ya había iniciado la República —en el año 1936 aproximadamente un 30% de las escuelas públicas eran ya de niñas y niños, pero la guerra impidió completar ese proceso—, y la coeducación se convirtió en uno de los principios del sistema educativo español. Sin embargo, algunos colegios vinculados a organizaciones religiosas como el Opus Dei mantuvieron la educación diferenciada entre los dos sexos. Con el segundo gobierno de José María Aznar (2000-2004) comenzaron a recibir subvenciones del Estado, al eliminarse la separación por sexos como una de las causas de la exclusión de los conciertos educativos. Los conciertos con este tipo de colegios quedaron expresamente reconocidos en la LOMCE de 2013, aprobada únicamente con los votos del Partido Popular aprovechando la mayoría absoluta de la que disfrutaba en el Congreso de los Diputados. El PSOE, principal partido de la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad pero el Tribunal Constitucional en una sentencia del 10 de abril de 2018 consideró constitucional la educación separada por sexos, por lo que los centros educativos que la impartían podían seguir recibiendo subvenciones del Estado. Sin embargo, la LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020 con los votos de los partidos nacionalistas y de los partidos de izquierda (PSOE y Unidas Podemos, que habían formado un gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez), prohibió expresamente que los colegios «segregados» pudieran recibir dinero público. El Partido Popular (PP), entonces en la oposición, anunció que iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE. El partido de ultraderecha Vox tomó la misma iniciativa.