Estado del Perú
El Estado Peruano —que conceptualmente es "la Nación Peruana jurídicamente organizada"— es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es "democrática, social", "independiente y soberana". Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario.Los poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, la Constitución establece diez organismos denominados «constitucionalmente autónomos», de funciones específicas e independientes de los tres poderes del Estado. Dichos organismos son: el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público,la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. El gobierno peruano es directamente elegido, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años.
Estado de Derecho en el Perú
La administración fujimorista ejercía prácticas clienterales, como el intercambio de favores, la compra de votos parlamentarios, la emisión de sentencias judiciales favorables, etc. Desde el año 2000, los grupos mafiosos que rodearon a Fujimori y a Montesinos permanecen al margen de las funciones del gobierno, aunque son una amenaza latente y una amenaza para el Estado de Derecho. Existen algunas deficiencias en la estructura burocrática que pueden permitir las prácticas clientelares: p.e. el 15% del Presupuesto no puede ser contabilizado, las exoneraciones al proceso licitatorio son frecuentes, los fondos extrapresupuestarios aún son un problema, además el presupuesto es continuamente cambiado para responder a cambios imprevistos de política. Debido a grandes necesidades sociales, una capacidad de respuesta limitada, una gran volatilidad del voto por un gran descontento de la población genera incentivos para que la administración haga cambios frecuentes por situaciones coyunturales, y usar dinero del Estado para obtener fines políticos, aunque aún no se ha aplicado políticas populistas.