Inmigración peruana en Argentina
El 17 de abril de 2006, la gestión de Kirchner puso en marcha el Plan Patria Grande, con el fin de conceder la residencia a los inmigrantes provenientes de las naciones miembros y asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se encontraran en situación de irregularidad documental; este programa fue continuado por su sucesora, Cristina Fernández. Hasta agosto de 2010, se habían inscripto en el programa 423.697 extranjeros, de los cuales 47.455 eran peruanos.
Detención administrativa
Diversos países utilizan la detención administrativa con inmigrantes llegados de manera irregular -los que llegan a un determinado país sin autorización previa- como un paso intermedio antes de la deportación o de la concesión de un permiso de residencia. La detención de inmigrantes resulta polémica porque representa un conflicto entre la defensa tradicional de las libertades individuales y la noción de la soberanía territorial de los estados. Los estudios comparativos llevados a cabo en torno a los países que aplican esta detención administrativa a los inmigrantes irregulares han demostrado que aquellos países que reciben flujos masivos de inmigrantes a través del mar (como Estados Unidos o Australia) son los que aplican medidas más severas. Los defensores de aplicar este tipo de medida a los inmigrantes irregulares argumentan que es necesaria, dado que los inmigrantes no han cometido ningún crimen según los códigos penales de los estados a los que llegan, pero si se les permitiera esperar a su deportación sin estar bajo custodia se correría el riesgo de que se evadiesen. Los detractores de esta medida mantienen que existen medidas alternativas y que dichas medidas son preferibles porque no violan las libertades personales de los recién llegados a la vez que suponen una menor carga económica para los estados. Entre las alternativas propuestas están la liberación y asignación del inmigrante a una ONG, la liberación bajo custodia de ciudadanos del Estado de acogida que garanticen que el inmigrante se presentará a las vistas judiciales, y "centros de detención abiertos" en los que los inmigrantes deberían comparecer regular y obligatoriamente.