Etiqueta de información nutricional
El 19 de septiembre de 2008, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar notificó las Reglas de Prevención de Adulteración de Alimentos (5ª Enmienda), ordenando a los fabricantes de alimentos envasados que declaren en sus etiquetas de productos información nutricional y una marca de la FPO o Agmark, compañías que son responsables de verificar los productos alimenticios, para permitir a los consumidores tomar decisiones informadas mientras compran. Antes de esta enmienda, la divulgación de información nutricional era en gran medida voluntaria, aunque muchos grandes fabricantes tendían a adoptar la práctica internacional.
Ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad
Con la puesta en vigor de la nueva normativa, más de tres mil productos alimenticios debieron adecuarse al nuevo rotulado. A junio de 2017, tras un año de vigencia de la ley de etiquetado, el Ministerio de Salud había realizado a nivel nacional más de 3 mil inspecciones en elaboradoras de alimentos, distribuidoras y supermercados, establecimientos educacionales, cines y en distintos medios de comunicación masivos, verificándose un 72% de cumplimiento de la regulación y un 28% de observaciones que originaron procesos sumariales. De estos últimos, la mayor cantidad de contravenciones decía relación con rotulación y venta en establecimientos educacionales de alimentos "altos en", generando apercibimientos, amonestaciones y multas a los infractores. Algunas de las empresas infractoras han sido Kellogg's y Nestlé Chile (por la comercialización de partidas de cereales presentando publicidad dirigida a menores de 14 años en sus envases), McDonald's (por la venta de un producto presumiblemente «alto en» -cajita feliz- que tenía asociado la entrega de un gancho comercial dirigido a niños), y PepsiCo (por publicidad dirigida a menores de 14 años en envases de sus snacks "Cheetos" y "Gatolate"). Con todo, esta última compañía, así como Kellogg's, han acudido ante los tribunales de justicia con el argumento de que las regulaciones de la ley contravienen temas de propiedad intelectual.