Derecho del consumo
La Ley de Protección al Consumidor y Usuario, promulgada en 2003, establece el deber general del Estado de "promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables" a las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores (art. 1). Establece el derecho de los consumidores y usuarios de crear organizaciones para la defensa de sus derechos (Cap. I Sección II) y los deberes y derechos para el proveedor de bienes y servicios (Cap. I Sección III). Asimismo, establece reglas especiales en cuanto a la publicidad de los productos, la exhibición de precios, contratos de adhesión, derecho de retracto, entre otros.
Lago Amatitlán
El 15 de mayo de 2015, la fiscalía guatemalteca determinó que el líquido vertido en el Lago era una estafa, pues estaba compuesto en su mayoría por agua con sal; a inicios de esa semana, Carlos Mencos, contralor general de Cuentas de Guatemala, anunció que iba a tomar acciones legales contra AMSA por la firma del contrato, del cual ya se habían desembolsado Q22.8 millones. Además, el MP podría investigar a la ministra de Medio Ambiente, Michelle Martínez Kelly, y a la exvicepresidente, Roxanna Baldetti - quien renunció el 9 de mayo de 2015 por supuesta vinculación con el caso de red de contrabando- por no realizar un estudio de impacto ambiental antes de contratar a la empresa. El 19 de mayo la Procuraduría General de Nación emprendió un proceso legal en contra la empresa M. Tarcic Engineering por incumplimiento de las cláusulas del contrato para la adquisición del líquido con el que se pretendía limpiar el Lago de Amatitlán. El 21 de mayo renunció la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, en medio de los escándalos de la limpieza del lago, de la defraudación aduanera y de la captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por una licitación ilícita que resultó en la muerte de varios pacientes de diálisis peritoneal.