Derecho del consumo
La Ley de Protección al Consumidor y Usuario, promulgada en 2003, establece el deber general del Estado de "promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables" a las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores (art. 1). Establece el derecho de los consumidores y usuarios de crear organizaciones para la defensa de sus derechos (Cap. I Sección II) y los deberes y derechos para el proveedor de bienes y servicios (Cap. I Sección III). Asimismo, establece reglas especiales en cuanto a la publicidad de los productos, la exhibición de precios, contratos de adhesión, derecho de retracto, entre otros.
Dianna Ortiz
Ortiz siguió su caso en un tribunal guatemalteco y en un tribunal civil estadounidense. En este último, fue la primera en reclamar responsabilidad civil por daños y perjuicios bajo la Ley de protección de las víctimas de tortura aprobada en 1992. Presentó una demanda contra el ministro guatemalteco de Defensa, el general Héctor Gramajo, en el poder en la época de su secuestro, argumentando que tenía autoridad sobre los hechos. En 1995 le reconocieron cinco millones de dólares por daños y perjuicios. También presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.