Provincia (España)
Cada provincia está dividida en un número variable de municipios. Su gobierno y administración está atribuido constitucionalmente a las diputaciones provinciales, corporaciones de carácter representativo que tienen como base las corporaciones municipales. Se excluyen de esta organización administrativa las siguientes provincias: En el , el reformismo borbónico introdujo algunos cambios en la organización político-territorial de España, como la creación de las audiencias e intendencias. Sin embargo, seguían prevaleciendo en gran parte las divisiones heredadas de los Habsburgo, con territorios de extensión desigual y varios enclaves de unas provincias en otras. Para remediar este estado de cosas, los políticos ilustrados propusieron una división racional del Reino. El primer proyecto serio fue el elaborado entre 1799 y 1805 por el superintendente de Hacienda Miguel Cayetano Soler. Sin embargo, las convulsiones políticas de los años en que se realizó el proyecto no permitieron su realización, que fue retomado por las Cortes de Cádiz poco después.
Constitución española de 1978
La Constitución apenas detalla la organización de la Administración Pública, si bien exige que sus órganos sean "creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley". Por otra parte, la mención que el artículo 97 hace acerca de la dirección que el Gobierno ejerce sobre la Administración civil debe entenderse restringida a la Administración General del Estado. Cabe recordar que según el artículo 137, "el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas"; e igualmente, todas estas entidades están dotadas de "autonomía para la gestión de sus respectivos intereses", es decir, cada una de ellas dirige su propia Administración.