Inmigración peruana en Argentina
El 17 de abril de 2006, la gestión de Kirchner puso en marcha el Plan Patria Grande, con el fin de conceder la residencia a los inmigrantes provenientes de las naciones miembros y asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se encontraran en situación de irregularidad documental; este programa fue continuado por su sucesora, Cristina Fernández. Hasta agosto de 2010, se habían inscripto en el programa 423.697 extranjeros, de los cuales 47.455 eran peruanos.
Debate sobre la inmigración en el libertarismo
Además, Hoppe enfatiza que el clima político en las democracias occidentales ha hecho que la situación sea aún más grave, ya que las políticas de bienestar de estos países implican que la inmigración conducirá a la devastación económica. Hoppe está de acuerdo con Rothbard en que la solución definitiva al problema de la inmigración debe ser la abolición del gobierno y la privatización de todas las propiedades, incluidas las carreteras por las que los inmigrantes ingresan a una nación y se mueven dentro de ella. Esto implica que todo inmigrante será recibido por un propietario dispuesto, lo que imposibilitará la integración forzosa. Con respecto al modelo anarcocapitalista, Hoppe dice"Claramente, bajo este escenario no existe tal cosa como la libertad de inmigración. Más bien, existe la libertad de muchos propietarios privados independientes de admitir o excluir a otros de su propia propiedad de acuerdo con sus propios títulos de propiedad restringidos o no restringidos... Habrá tanta inmigración o no inmigración, inclusión o exclusividad, desegregación o segregación, no discriminación o discriminación por motivos raciales, étnicos, lingüísticos, religiosos, culturales o de cualquier otro tipo que permitan los propietarios individuales o las asociaciones de propietarios individuales".Incluso si la situación actual de los estados centrales democráticos no se aproxima al ideal anarcocapitalista, Hoppe todavía piensa que todavía se pueden defender políticas que se alineen más estrechamente con el libertarismo. Sostiene que los gobernantes democráticos deberían establecer políticas como si fueran dueños personalmente del territorio que presiden. Esto implica una fuerte discriminación a lo largo de las líneas de "habilidad, carácter y compatibilidad cultural", ya que los gobernantes tratan de maximizar el valor de su territorio. Además, como dice Hoppe, este modelo implica "exigir, según sea necesario, tanto para el estatus de extranjero residente como para la ciudadanía, el patrocinio personal de un ciudadano residente y su asunción de responsabilidad por todos los daños a la propiedad causados por el inmigrante".