Provincia (España)
Cada provincia está dividida en un número variable de municipios. Su gobierno y administración está atribuido constitucionalmente a las diputaciones provinciales, corporaciones de carácter representativo que tienen como base las corporaciones municipales. Se excluyen de esta organización administrativa las siguientes provincias: En el , el reformismo borbónico introdujo algunos cambios en la organización político-territorial de España, como la creación de las audiencias e intendencias. Sin embargo, seguían prevaleciendo en gran parte las divisiones heredadas de los Habsburgo, con territorios de extensión desigual y varios enclaves de unas provincias en otras. Para remediar este estado de cosas, los políticos ilustrados propusieron una división racional del Reino. El primer proyecto serio fue el elaborado entre 1799 y 1805 por el superintendente de Hacienda Miguel Cayetano Soler. Sin embargo, las convulsiones políticas de los años en que se realizó el proyecto no permitieron su realización, que fue retomado por las Cortes de Cádiz poco después.
Reinado de Isabel II de España
Dentro del Estado Centralizado español destacan las Diputaciones Provinciales, que habían tenido un gran poder político y económico pero con los moderados su poder queda reducido a órgano de consulta. El apoyo principal de cada Gobernador Civil es el Consejo Provincial, nombrado desde Madrid y que actúa como Tribunal de lo contencioso y administrativo, es el mediador entre ciudadanos y Administración. Dentro de los ayuntamientos, todos los concejales son elegidos por sufragio censitario y deben ser aceptados por el alcalde y el Gobernador Civil. El alcalde debe mantener el orden público, adaptándose a lo que designe el gobierno central, que, en algunos casos, se reserva el derecho de nombrar un Corregidor en lugar de un alcalde, dado que el alcalde pasaba por elecciones y el Corregidor era elegido a dedo.  Uno de los problemas principales para Pidal es la cuestión foral. Los moderados respetan los fueros de País Vasco y Navarra, por miedo a un alzamiento carlista, pero estas provincias pierden un gran número de prerrogativas legislativas y judiciales que antes controlaban. Hay más medidas centralizadoras, como el Sistema de Instrucción Pública, dado que las competencias educativas, antes en manos de ayuntamientos y diputaciones, pasan a manos del Gobierno Central, que establece planes de estudio y niveles educativos. También se establece el sistema métrico decimal, para que solo haya un tipo de medidas. Por último, en cuanto al orden público, el Estado Centralizado cuenta con la Guardia Civil, que sustituye a la Milicia Nacional, pues se considera que la Milicia no conserva el orden, ayuda a los progresistas a llegar al poder y no actúa en el mundo rural, donde hay un gran número de problemas, como el bandolerismo.