Cohecho
El cohecho o también conocido como soborno, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Soborno es ofrecer algo a cambio de establecer un dominio corrupto fuera del orden, con el fin de establecer propios intereses sin importar daños.
Corrupción en Chile
Para el año 2003, todavía había más de mil funcionarios de exclusiva confianza de la dictadura militar que continuaban ejerciendo en la administración pública, significándoles al Estado 20 mil millones de pesos anuales. Un ejemplo de estos funcionarios es el abogado Antonio Rosmanich Poduje, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) designado por Felipe Lamarca (quien a su vez fue designado director del SII por Pinochet), cuyo sueldo mensual alcanzaba entonces los 2 millones 800 mil pesos mensuales, renta muy superior a los cerca de 500 mil pesos que reciben los demás funcionarios de con tareas análogas. Javier Etcheberry, en el mismo cargo de Lamarca, durante el gobierno de Ricardo Lagos le pidió a Rosmanich la renuncia, tras lo cual debería pagarle ocho meses de sueldo adicionales, además de la indemnización correspondiente, pero éste decidió quedarse, manteniendo el grado pero no la jerarquía. En la Subsecretaría del Interior había 37 funcionarios con estas regalías, 10 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (originalmente fueron el doble) y 5 en el Ministerio del Trabajo, entre ellas María Angélica Chacón, antigua jefa de gabinete del ministro de Agricultura y del Trabajo Alfonso Márquez de la Plata durante la dictadura militar, y para entonces una de las pocas que todavía ejercía cargos que exigían responsabilidades. En CORFO para entonces 17 habían renunciado al cargo exigiendo indemnización extra, 28 se habían registrado bajo el amparo de la ley, jubilándose posteriormente 10 de ellos, y otras 20 personas todavía podían decidir acogerse a la ley. CORFO gastaba 946 millones de pesos en estos funcionarios, equivalente al 18% del gasto total en remuneraciones, abarcando ellos solo al 9 % de la dotación de la empresa. Uno de sus beneficiados era el subgerente de Recursos Financieros Nelson Pérez Baladrón, quien en 2003 se encontraba suspendido de sus funciones por la investigación de Contraloría en el caso Inverlink.