¿Qué leyes contra el feminicidio se escribieron en México?
Feminicidio en México
De las 32 entidades federativas que componen el país, en todas se considera el feminicidio como delito. A nivel federal, el 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal, donde se define como feminicidio:"“Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:""I.La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;""II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o  posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;""III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;""IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;""V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso  o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;""VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;""VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.""A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.""Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.""En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.""Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”"
Carmen Barajas Sandoval
Barajas Sandoval también es defensora de la pena capital contra violadores y asesinos y, junto con su grupo feminista, modificó la legislación mexicana para aplicar un castigo más fuerte contra la violencia hacia las mujeres.
María Salguero Bañuelos
En 2016 comenzó el Mapa de feminicidios en México, el cual realizó como un trabajo voluntario para recopilar datos de los casos de feminicidio en el país a través de un registro de cartografía. Fue realizado por medio de boletines oficiales de las procuradurías de justicia locales y los casos expuestos en medios de comunicación en la sección de “nota roja”.
Activismo contra la violencia de género en México
El objetivo era generar un cambio cultural para erradicar la violencia hacia las mujeres e implementar en su totalidad la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Perspectiva de género
La legislación relacionada en México es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Plan Nacional de Desarrollo de 2007 a 2012, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2009 a 2012.
Feminicidio
Las primeras leyes en América Latina que incorporan el delito de femicidio son de Costa Rica, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres N.º 8589 (LPVcM) promulgada en 2007 y Guatemala en 2008:Ley contra el Femicidio y otras violencias contra la mujer. Decreto del Congreso 22-2008.
Aborto en México
Al mismo tiempo, en septiembre de 2011, la SCJN analizó por primera vez la validez de las reformas constitucionales locales "a favor de la vida desde la fecundación hasta la muerte natural". A través de dos acciones de inconstitucionalidad (AI 11/2009 y AI 62/2009) promovidas respectivamente por el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California y por doce integrantes (del PRI y el Partido de la Revolución Democrática) de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, la discusión se centró en si esas disposiciones eran contrarias a la constitución federal al otorgar protecciones absolutas a los productos de la gestación como si se tratara de personas ya nacidas o al permitir que los legisladores locales se atribuyan facultades para proteger la vida en esos términos. Aunque fueron aprobadas por mayoría relativa (7 de los 11 ministros consideraban que eran inconstitucionales), no se consiguió la unanimidad (donde debían votar 8 de los 11 ministros). De esta manera, no hubo pronunciamiento alguno (ni a favor, ni en contra) y ambos proyectos fueron archivados. Esto no significó una victoria para los grupos "antiderechos", ni una derrota para las organizaciones a favor del aborto. Es importante señalar, que esos 7 ministros que estuvieron a favor de la impugnación de ambas disposiciones expresaron que estas violaban el principio constitucional de supremacía e igualdad: por un lado las leyes no deben desconocer los derechos humanos de las mujeres por lo que la protección de la vida debe ser totalmente compatible con las libertades reproductivas de estas. Por otro lado, el Estado democrático y plural no debe imponer un determinado modelo de conducta o de virtud. Y por último, no puede haber disparidad en los derechos de la ciudadanía mexicana según el lugar donde radiquen.
César Armando Librado Legorreta
Está relacionado con ocho feminicidios cometidos en la Zona Metropolitana;el asesino conducía un microbús que corría de Valle Dorado a Chapultepec. pero se evade de las instalaciones de Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Tlalnepantla de Baz. Las autoridades ofrecían un millón de pesos por información que llevara a la reaprehensión de Librado Legorreta. Finalmente el sábado 3 de marzo de 2012 es reaprendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en La Magdalena Contreras (Distrito Federal). Con las reformas al Código Penal del Estado de México esto a fines del año 2011, en caso de ser declarado culpable sería el primer caso de prisión vitalicia por feminicidio y violación en el Estado de México.
Aborto en México
Es por esto que el 20 de julio de 2021, el congreso local, ahora con una nueva legislatura, retoman la iniciativa. Esta vez con 25 votos a favor (de mayoría de Morena) y 13 en contra (de mayoría del PAN) se logró, al fin, derogar el artículo 152 del Código Penal local y reformar los artículos 149, 150, 151,153 y 154 del mismo código. Así, a partir de ese momento, "comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación" (como sucedió en otras entidades). Igualmente, las penas por aborto consentido después del límite establecido fueron reducidas (sin embargo, debido a la jurisprudencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, estas sanciones son improcedentes):
Femicidio en Ecuador
Asimismo, cuenta con el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) declarado como política de Estado mediante decreto ejecutivo 1207a en marzo de 2006, y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género que igualmente fue declarado como política de Estado mediante decreto ejecutivo No. 620 el septiembre de 2007. Sin embargo, si bien existen instituciones y políticas para combatir la violencia contra las mujeres en el país especialmente en el ámbito familiar, cuando ésta llega a su último eslabón y se convierte en homicidio por razones de género no existe un marco legal que la identifique ni la sancione como tal, pues el femicidio no está tipificado en el Código Penal Ecuatoriano, por el contrario, está invisibilizado como homicidio.
Feminicidios en el Estado de México
Aunque el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez (Chihuahua) es más conocido a nivel internacional, el número de asesinatos de mujeres mexiquenses es muy superior. Varias organizaciones sociales presentaron una solicitud de alerta de género en el territorio mexiquense por esta causa, pero fue rechazada en 2011 en la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, pues las representantes de los gobiernos priistas apoyaron el argumento del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mexiquense de que se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, gobernador de la entidad, en miras a las elecciones federales mexicanas de 2012.
Diversidad sexual en Chile
La Ley que tipifica el delito de tortura, aprobada en octubre de 2016, introduce modificaciones en el Código Penal. Se sustituye el artículo 150-A, estableciendo: La Ley 21.212 conocida como "Ley Gabriela", promulgada en marzo de 2020, modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres. La norma considera que el asesinato de una mujer por razones de género existe cuando la muerte se produzca en la circunstancia de haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.
Activismo contra la violencia de género en México
El activismo feminista en contra de la violencia sexual luchó por que la violación y el hostigamiento sexual fueran considerados como abusos de poder y no manifestaciones naturales de la sexualidad masculina. En 1977 se creó el primer Centro de Apoyo a Mujeres violadas por un colectivo feminista y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal estableció la Agencia Especializada en Delitos sexuales. En 1991 se incorporó al Código Penal una serie de reformas que facilitaban la identificación, denuncia y penalización de los delitos sexuales.
Feminicidios en Ciudad Juárez
Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. De acuerdo con Livingston, «en 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe que responsabilizaba (a México) por graves irregularidades y negligencias en general en las investigaciones estatales, incluyendo la identificación errónea de cadáveres, la imposibilidad de obtener pruebas periciales de la evidencia forense, fallas en la realización de autopsias u obtención de análisis de semen», además de «fallas en los archivos de reportes escritos, e incompetencia para llevar registros de la creciente ola de asesinatos de mujeres».
Violencia contra la mujer
En Costa Rica existen dos leyes que aborden la violencia contra las mujeres: la "Ley 8589 de Penalización de la violencia contra las mujeres" (LPVCM), aprobada en 2007 y la "Ley 7586 Contra la violencia doméstica", aprobada en 1996 y reformada en 2010 . En esta última la violencia doméstica es definida como:
Aborto en México
Así como sucedió en la CDMX, los grupos conservadores se manifestaron en contra días después de la reforma; pero esta ocasión el discurso fue más estridente. Durante la toma de protesta de la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda (de Morena), algunas decenas de personas protestaron frente al Centro Estatal de las Artes en la ciudad de Mexicali. Con cruces, imágenes de fetos ensangrentados y cartulinas con mensajes que indicaban que "la nueva ley mataría bebés de 9 meses"; pidieron que se vetara la ley. Esto nunca sucedió y finalmente se publicó la ley que entró en vigor el sábado 13 de noviembre de 2021. Sin embargo, el día 12 de noviembre de 2021, algunas diputadas de Morena denunciaron que fueron amenazadas al recibir paquetes envueltos como "regalos" que contenían figuras de juguete de bebés ensangrentados y mensajes intimidatorios que decían: “tú y tu familia tendrán consecuencias hasta la séptima generación por aprobar esta ley que manda asesinar a niños. Cargarás sobre tus hombros la muerte de cada uno de estos pequeñitos y sus mamás”. Como antecedente, el gobernador saliente, Jaime Bonilla Valdez (también de Morena) nunca se mostró totalmente favorable (como el presidente Andrés Manuel López Obrador, igualmente de Morena) a la legalización y al igual que éste, sugirió una consulta popular para que la ciudadanía decidiera. La propuesta nunca prosperó.
Feminicidio
En las décadas de 1970 y 1980 varias investigadoras feministas comenzaron a aplicar la perspectiva de género en la criminología, especialmente en el homicidio, detectando una gran cantidad de asesinatos de mujeres, a manos de hombres, por motivos relacionados con la dominación de género, que dieron lugar a la publicación de libros como "Crimes against women: the proceedings of the International Tribunal" (1982) de Diana Russell y Nicole Van de Ven, "Gendercide: the implications of sex selection" (1985) de Mary Anne Warren, "The age of sex crime" (1987) de Jane Caputi, "The lust to kill" (1987) de Deborah Cameron y Elizabeth Frazer y "Femicide: the politics of woman killing" (1992) de Diana Russell y Jill Radford. En el marco de esas investigaciones aparecieron varios términos en inglés para designar el concepto, como "femicide" y "gendercide", entre otros. De este modo el concepto de feminicidio se integró al bagaje teórico feminista.
Feminicidio en México
En 2002 Claudia Bernal organiza una performance en el Zócalo para denunciar la violencia contra la mujer. También Lorena Wolffer realiza el trabajo "Mientras dormíamos: el caso Juárez" o la guatemalteca Regina José Galindo en "El dolor en un pañuelo" del año 1999 o "Perra", del año 2005 tratan la violencia de género y el feminicidio.
Anaida Hernández
Hernández trabajó el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio a partir de un investigación periodística derivada de una ley puertorriqueña que comenzaba a tipificar el delito de feminicidio a partir de 1990. En los documentos encontró la lista de nombres de mujeres asesinadas de enero a junio de 1993. Debido a que hubo presión de algunos legisladores para enmendar la ley por considerarla muy fuerte, Hernández decidió hacer "Hasta que la muerte nos separe", instalación que está formada por cajas en forma de nichos con el nombre de cada mujer, como si cada caja fuera la tumba de cien mujeres asesinadas. La artista señala:
Activismo contra la violencia de género en México
En todo el país, algunas feministas realizaron pintas para denunciar los casos de feminicidio, la ineficiencia del Estado y la indiferencia social.
Feticidio
Al menos ocho estados (Colorado, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Nuevo México, Oregón y Wyoming) tienen leyes de aumento de la pena por delitos contra mujeres embarazadas. Estas leyes se consideran diferentes a las leyes de homicidio fetal porque no crean un cargo penal separado por la pérdida del feto. Las leyes en estos estados consideran la pérdida o daño a un feto en relación con la mujer embarazada o su embarazo. Dependiendo de la interpretación, algunas entidades pueden ver el alcance de este problema de manera diferente. Esta página web está destinada a incluir una serie de leyes sobre este tema y no pretende servir como fuente de definiciones legales.
Silvia Núñez Esquer
Silvia Núñez ha publicado artículos y ponencias en diversos libros y foros, sobre la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la tipificación del feminicidio, y la Norma Oficial Mexicana NOM-04, entre los que se encuentran
Feminicidios en el Estado de México
Cabe referir que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, envió al Congreso local, una serie de iniciativas en materia de equidad de género, el 8 de marzo de ese mismo año, estas reformas incluyen modificaciones y adiciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Feminicidio
El término feminicidio surgió en México como una adaptación del término inglés "femicide" cuya traducción literal sería femicidio. Es usado para describir los repetidos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Chihuahua, México) debido a que se considera que la justicia local no estaba investigando los crímenes. La mayoría de las mujeres son violadas y algunas mutiladas, torturadas o incluso descuartizadas. La tipología de feminicidio sexual sistemático creada por Julia Monárrez responde precisamente a estos hechos. La respuesta de las autoridades ante estos crímenes se caracterizó por culpabilizar a las propias víctimas y/o a sus familias y por una completa impunidad de los culpables. No es de extrañar, por lo tanto, el énfasis que autoras como Lagarde han puesto en el papel del Estado en el feminicidio.
Feminicidio en México
Se activa para alertar a las personas pertenecientes a instancias gubernamentales y a la población en general sobre la urgencia de detener los feminicidios, el acoso callejero, laboral, escolar o doméstico, la discriminación y la violencia que viven las mujeres mexicanas, con el propósito de garantizar una buena calidad de vida libre de desigualdades.
Aborto en México
Es un documento publicado el 14 de junio de 2021, de observación federal, realizado por la Secretaría de Salud junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Se trata entonces de la primera guía de una administración federal que aborda abiertamente la interrupción del embarazo o las emergencias obstétricas, para que todas las mujeres y personas gestantes en México, sin importar su edad o su lugar de residencia, puedan recibir atención de calidad o puedan abortar legalmente de manera fácil y segura. Concentra y es respetuoso de todas las disposiciones del sistema jurídico y del marco legislativo del país, tanto a nivel federal (NOM-046-SSA2-2005, Ley General de Víctimas y Ley General de Salud) como local (causales y supuestos de cada cada Código Penal en cada entidad), para subsanar los vacíos legales y lagunas normativas y superar la fragmentación que existía previamente (no solo entre autoridades locales distintas, sino también entre los diferentes hospitales de un mismo territorio). Establece todos los criterios básicos (incluyendo directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud) para que en todas las unidades públicas de salud el trato sea oportuno, resolutivo e integral; con información correcta y suficiente basada en la mejor evidencia científica disponible, con perspectiva de género y de derechos humanos, con tecnología e insumos clínicos adecuados y con personal altamente capacitado y comprometido.
Diversidad sexual en México
Estos realizan las terapias de tres diferentes maneras:La clasificación de los derechos humanos se divide en dos formas: libertades negativas y positivas. Las libertades negativas se refieren a la eliminación de todas formas de criminalización, mientras que las libertades positivas permiten el libre desarrollo de la sexualidad de las personas. Algunos derechos de las personas LGBTTTIQ han sido reconocidos en los primeros años del siglo XXI. El 29 de abril de 2003 se aprobó la "Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación". La ley, que ha sido criticada como insuficiente, da pie a la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que se encarga de recibir y resolver casos de discriminación, además de «desarrolla[r] acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas». A partir de la aprobación de esta ley federal, 16 Estados han emitido leyes estatales sobre discriminación y 13 han tipificado la discriminación como delito penal.
Feminicidio de Ingrid Escamilla
En México se cometen un promedio de 10.5 feminicidios cada día. El país es el segundo de América Latina en donde ocurren estos crímenes con tal frecuencia y las entidades federativas con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México. Del total de estos hechos se investigan penalmente un 3% y se obtienen 1% de sentencias condenatorias.
Marcela Lagarde
Durante su legislatura, sus logros más importantes fueron el impulso a la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la promoción de la tipificación del delito de feminicidio a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez, que gracias a su impacto mediático propició llevarlo al Parlamento, también ha impulsado la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Cristina Ruiz Sandoval
Como diputada local formó parte de las comisiones de Equidad y Género, Derechos Humanos y Procuración de Administración de Justicia en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México. Además, es Secretaria Ejecutiva de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). Ha aprobado diversas reformas, leyes y puntos de acuerdo, entre los que se encuentran la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley de Extinción de Dominio, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, la pena de prisión vitalicia para feminicidas, homicidas y violadores, así como la tipificación del delito de feminicidio en el Estado de México. Aunado a ello, implementó a través su Oficina de Atención Ciudadana programas como las jornadas médicas y de servicios, mejora de las instalaciones de las escuelas, apoyo a las mujeres y entrega de sillas de ruedas.
Feminicidio en México
y establece la alerta de violencia de género: “Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.“ y se ha considerado como un mecanismo de defensa
Aborto en México
Aunque el proyecto nunca prosperó en la Cámara de Diputados, es la primera vez que los grupos feministas a favor del aborto legal tienen un aliado político en el Congreso de la Unión.Algunas colectivas y asociaciones indican que es difícil saber el número exacto de personas sentenciadas porque no hay información clara, está incompleta o simplemente no existe. Otras veces, las autoridades no han querido cooperar y los datos llegan muy tarde (o nunca llegan). Sin embargo, estas organizaciones calculan que son aproximadamente 200 mujeres las que estaban privadas de la libertad en 2021 por haber abortado (y continúan aún en 2021). Por su parte la Segob, a través de la Conavim, asegura que son 432 carpetas de investigación las que se han abierto entre enero y julio de 2021 y que están siendo revisadas para ayudar en la liberación de los sentenciados, al haberse despenalizado el aborto en septiembre de 2021.
Nancy Hernández López
Como magistrada, Hernández ayudó a redactar la Ley de VIH-SIDA de Costa Rica, el Código de la Niñez, Infancia y Adolescencia, la reforma al artículo 168 del Código Electoral para permitir la instalación de mesas de votación en centros penitenciarios y garantizar el derecho al sufragio de los sentenciados, la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y las reformas a la Ley de Armas y Explosivos. También participó en la redacción de reformas a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, a la Ley Jurisdicción Constitucional y fue la redactora del Reglamento para la Regulación de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial 2017.
Feminicidio
La Asamblea Legislativa, como una respuesta a la ola de violencia y agravios contra los derechos humanos de las mujeres que viven El Salvador, decretó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. La cual tiene como objetivo primordial el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres, así como la prevención y sanción efectiva de los que realicen acciones que ataquen de forma social, psicológica o física a una mujer.
Aborto en México
Posteriormente, el 24 de abril de 2007, bajo la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón (también del PRD), la ALDF (dominada también por el PRD) retoma el tema para modificar (con 49 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención) el artículo 144 del código penal y considerar al delito de aborto como "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación". Si bien siguen existiendo las 5 causales para acceder al aborto de manera legal, esta nueva reforma añade una sexta aunque no de manera explícita. A partir de ahora, las mujeres en el DF pueden acceder a una Interrupción Legal del Embarazo antes de que concluya el primer trimestre de su embarazo, simplemente porque ellas así lo quieren, sin tener que justificar su decisión. También se redujeron las penas por aborto voluntario después de la doceava semana, para pasar a solo 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad (sin embargo, debido a la jurisprudencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, estas sanciones son improcedentes). Y además se modificó el artículo 16 Bis 6, y se adiciona el artículo 16 Bis 8 la Ley de Salud del Distrito Federal para permitir que las mujeres que contarán con cualquier otro seguro de salud público o privado puedan realizar la ILE en cualquier hospital público de la entidad. Así mismo el gobierno local se compromete a la promoción y aplicación permanentemente y de manera intensiva de políticas integrales en favor de la educación y la capacitación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos y la maternidad o paternidad responsables; con el propósito principal de reducir el índice de abortos, a través de la prevención de embarazos no planeados y no deseados.
Feminicidios en el Estado de México
Se ha detectado que en la mayoría de los asesinatos contra mujeres son de cuatro tipos: el primero de ellos y el más común en este municipio según autoridades es el feminicidio íntimo que es realizado por hombres que eran allegados cercanos a las víctimas; el segundo tipo corresponde al feminicidio sexual, el cual es llevado a cabo por hombres que no eran conocidos por la víctima, la mayoría de estos casos vienen acompañados por raptos o secuestros hacia la víctima, privándola al mismo tiempo de su libertad; el tercer tipo de asesinato corresponde al feminicidio corporativo el cual corresponde a la muerte causada por algún tipo de venganza por el crimen organizado; el cuarto tipo de asesinato corresponde al feminicidio infantil el cual corresponde a la muerte de menores de edad.
Feminicidios en el Estado de México
Este delito, según las modificación a los códigos Penal y de Procedimientos Penales; a las leyes: Orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es castigado con 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa.
Feminicidio en México
Si bien todos los "feminicidios" pueden entrar en este esquema, lo acontecido en Ciudad Juárez tiene características particulares por lo que se debe distinguir y hacer una clasificación por tipos de feminicidio de acuerdo a sus contextos económicos y geopolíticos. En este sentido, los feminicidios de Juárez no tendrían como factor predominante el odio hacia las mujeres, sino que la violencia ejercida hacia la mujer conformaría un mensaje cuya función sería celebrar un pacto mediante el cual se garantiza la permanencia de esa hermandad mafiosa, o bien, de exhibir poder.
Aborto en México
En 2016, el Distrito Federal dejó de existir y fue reemplazado por la Ciudad de México. Sin embargo, muchos de los ordenamientos legales de la antigua entidad siguen siendo legales para la nueva. Sin embargo, el 29 de abril de 2021, se decidió derogar la antigua Ley de Salud para remplazarla con una nueva. En el proceso, el Congreso de la Ciudad de México intentó cambiar el artículo 6, sección XXV de la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México para fijar 20 semanas, en lugar de 12, el límite para realizar un aborto legal en caso de una violación. Sin embargo, diferentes organizaciones como GIRE o Ipas, lo consideraron un retroceso que contradice dos normativas federales: la Ley General de Víctimas así como la NOM-046- SSA2-2005 para la prevención y atención de la violencia sexual; ya que ambas disposiciones establecen que el aborto en caso de violación es un procedimiento médico de emergencia que no establece límite alguno para acceder a él. Es por esto que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo (del Morena) no publicó la ley y la regreso para que fuera revisada de nuevo por el congreso local. Finalmente, el plazo fue eliminado para que la normativa fuera respetuosa con las leyes federales. Es importante señalar que la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México establece dos figuras jurídicas para regular el aborto legal. La primera es la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) definida como "procedimiento médico que se realiza a solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de gestación, como parte de una atención integral basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de atención médica segura". La segunda es la Interrupción Voluntaria del Embarazo definida como "procedimiento médico que a solicitud de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005 y normativa aplicable".
Feminicidio en México
Por otro lado, Julia E. Monarrez Fragoso, realizó desde el año de 2001 una investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, ya para ese entonces denominados de tal forma, en la cual la autora expone su concepción sobre los sucesos de violencia e impunidad surgidos en esa ciudad. Monárrez se adhiere a la utilización del concepto de feminicidio propuesto por Marcela Lagarde. La utilización de este término es importante para Monárrez porque “se trata de un concepto político que describe a la mujer en el asesinato de que es objeto”. En 2001 Monárrez hablaba de feminicidio sexual serial, sin embargo la autora abandonó este término y transitó al de feminicidio sexual sistémico el cual implica el asesinato de una niña o mujer perpetrado por un hombre. En esta última concepción, dicha teórica parte de que no sólo se asesina el cuerpo de la mujer sino que también se violenta la construcción cultural de su cuerpo en el marco de las relaciones inequitativas de los Género (Social) en donde el hombre tiene superioridad genérica frente a la mujer, y de ahí es que surgen formas de violencia como la misoginia, el control y el sexismo que se toleran por parte de un Estado masculinizado.
Feminicidio S.A.
En 2001 fueron asesinadas en Guatemala 307 mujeres y en 2010 la cifra ascendió a 838. La ley aprobada en 2008 en Guatemala contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres de poco sirve y con frecuencia los asesinatos de mujeres se tratan como una "cuestión doméstica" y queda en la impunidad.
Aborto en México
Así mismo, los 33 códigos penales incluyen el tipo penal de estas causales. En algunos pueden estar considerados como "de no punibilidad" / "de excusa absolutoria", mientras que en otros se clasifican como "de excluyente de responsabilidad" / "excluyente de delito". Los dos primeros significan que, bajo esas circunstancias descritas, sí existe un delito cuando se comete dicha conducta, pero no merece ser sancionado. Los segundos significan que, bajo esas circunstancias, el delito simplemente no existe cuando se comete dicha conducta. En teoría, los dos primeros podrían no ser un obstáculo para el ejercicio de la acción penal, ya que la mujer o la persona gestante sigue siendo considerada como un infractor y por lo tanto podría enfrentar un procedimiento penal totalmente innecesario. Es por esto que los segundos se consideran más adecuados, especialmente ahora que el aborto consentido ya no es un crimen en México (inclusive se realiza después de los plazos establecidos por la ley). Es por esto que todas las entidades están obligadas a armonizar sus tipos penales. La primera entidad en cambiar la "no punibilidad" por "excluyente de responsabilidad" fue el antiguo DF (ahora CDMX) en 2002. A partir de entonces, también lo han hecho todas las entidades que han legalizado el aborto voluntario además de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala. En Aguascalientes, algunos supuestos son de "excluyente de delito" (violación y peligro de muerte, artículo 103), mientras que otros se consideran "de excusa absolutoria" (imprudencial o culposo, artículo 196). Esta disposición se traduce en una sutil recriminación hacia la conducta de las mujeres, probablemente basada en estereotipos sexistas. Si bien para ambos casos no existe castigo, para las instituciones judiciales del estado, las y los gestantes son técnicamente responsables hasta de los accidentes e imprevistos que puedan sufrir (como una emergencia obstétrica en un embarazo de alto riesgo). Finalmente, gracias a las jurisprudencias de la SCJN sobre el aborto legal en casos de violación (mencionadas con anterioridad), esta causal siempre será "de excluyente de responsabilidad" en cualquier entidad, sin importar lo que indique la normativa local, por lo que esta es otra razón más para homologar las diferentes legislaciones del país. Se reconocen dos tipos de aborto inducido: el consentido, cuando la persona gestante desea abortar y está convencida de hacerlo; y el forzado, cuando se realiza sin la autorización de la persona gestante. Cabe mencionar que, según el artículo 9 del Código Penal Federal, los delitos se clasifican según el propósito de quien los comete, por lo que existen dos tipos: los dolosos, cuando se transgrede una ley completamente consciente de que existirá una consecuencia por tal acto ilegal; y los culposos, cuando el resultado es incorrecto debido a una negligencia u omisión, pero sin la intención de hacer daño. Únicamente en Aguascalientes, de manera explícita, tanto al aborto voluntario como al coaccionado, se les denomina aborto doloso. En el resto de las entidades sucede lo mismo, aunque sus códigos no lo manifiesten como tal. Sin embargo, en virtud de la despenalización del 7 de septiembre de 2021 (acción de inconstitucionalidad AI 148/2017) algunas consideraciones deben tomarse en cuenta al momento de interpretar o reformar la ley, las cuales serán detalladas en los siguientes capítulos de este artículo.
Selene Lucía Vázquez Alatorre
Como Senadora presentó reforma al Código Penal Federal proponiendo la creación de un Título que regule los Delitos contra la Dignidad Humana que ya son obligatorios para México de acuerdo a diversos Tratados signados, incluyó capítulos tipificando los delitos contra el honor, contra la intimidad o privacidad y contra la imagen propia, arguyendo que estos delitos fomentan la discriminación, el odio a los homosexuales, las vejaciones a las mujeres, los delitos sexuales, la pornografía infantil, la trata de personas e incluso la xenofobia.
Feminicidio
En esta sentencia, el alto tribunal define el feminicidio como «homicidio de mujer por razones de género». La condena no se limita a los cinco casos denunciados sino que incluye una serie de deberes impuestos al Estado mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su territorio.
Violencia contra la mujer
En 2015, cuando comenzó a regir la ley que tipifica el feminicidio " que eleva las penas contra sus autores ", fueron registrados 492 casos, pero en la época, sin embargo, tan solo 16 de los 27 estados del país contabilizaban estos sucesos.
Feminicidio en México
El Estado de México es uno de los lugares que encabezan las estadísticas de feminicidios en el país. En siete años (de 2006 a 2013) ocurrieron casi 3.000 asesinatos de mujeres. En 2016 ejecutaron a 591 mujeres, además de contar con once municipios con alerta de género.
Nueva Ley de Amparo en México (2013)
El proceso de creación de la Nueva Ley de Amparo finalizó el 2 de abril de 2013 con la publicación de la misma que modifica los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cinco leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Juliana García Quintanilla
Juliana García Quintanilla (Cuernavaca, Morelos, 1953) es una defensora de los derechos humanos y feminista mexicana. Su trabajo de investigación y documentación sobre el feminicidio en el Estado de Morelos ha tenido influencia en la legislación y las políticas públicas a nivel municipal, nacional y federal con relación a la violencia de género en México. Impulsó el reconocimiento oficial del feminicidio por parte del Estado, logrando que se declarara la Alerta de Violencia de Género y se implementaran medidas de emergencia para proteger la vida de las mujeres en ocho municipios de Morelos.A nivel nacional, contribuyó con la elaboración de las bases de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con la tipificación penal del feminicidio en México.
Pena de muerte en México
La Pena de muerte fue abolida en México en el año 2005 cuando el presidente Vicente Fox decretó la prohibición total de la pena de muerte. México es el país plenamente abolicionista más poblado del mundo, las últimas ejecuciones fueron en 1957 en el caso civil y en 1961 en el caso militar, en 1976 México prohibió la pena de muerte para el código penal civil, y para el código militar en 2005.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley mexicana de observancia general en la República Mexicana. Tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante una coordinación entre el gobierno federal, estados y municipios, y con ello garantizar para las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.
Feminicidio
Por la "ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer" del 2008 fue tipificado el delito de femicidio, punible con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años. La ley también prevé que no se podrá conceder la reducción de la pena por ningún motivo a los condenados por femicidio, pero esta estipulación fue declarada inconstitucional en 2018.
Silvia Núñez Esquer
En 2013, fue parte del movimiento que impulsó la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal en México, un proceso que duró aproximadamente cuatro años en el país, y dos en Sonora. Silvia Núñez es también una de las peticionarias de la segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Sonora, para los municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales y San Luis Río Colorado.
Violencia política contra las mujeres en México
La violencia política contra las mujeres en México está reconocida en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se identifica como un tipo de violencia de género que comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
Diversidad sexual en México
En 2020, el 54.5% de los asesinatos cometidos, clasificados como crímenes de odio, en México fueron a mujeres trans. Esta cifra posiciona a la comunidad trans como uno de los grupos sociales más vulnerados dentro de la comunidad LGBTTTIQ+ “[…] por transgredir los estereotipos binarios de género masculino/femenino y por no someterse al rol de género subordinado […]” . Sin embargo, la falta de legislaciones por parte de los gobiernos locales impiden un reconocimiento legal de las personas trans, lo que a su vez precariza y limita sus vidas.
Violencia de género en México
La LGAMVLV contempla dentro de sí la implementación de la Alerta de violencia de género: un conjunto de acciones oficiales para evitar feminicidios en estados o municipios donde estos crímenes ocurren de manera sistemática y cotidiana.
Aborto en México
El 25 de septiembre de 2019, el Congreso del Estado de Oaxaca ratifica la Interrupción Legal del Embarazo solo con la voluntad de la persona gestante y dentro de un límite temporal. Con 24 votos a favor (de Morena, Partido del Trabajo y diputados independientes) y 10 en contra (del Partido Revolucionario Institucional, PAN y Partido Encuentro Social) se modificaron los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal local para que el delito de aborto se considere "como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación". Igualmente se redujeron las penas por aborto consentido después del límite establecido: 6 meses a 2 años de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a la comunidad (previo a la reforma, se sancionaba con 1 a 6 años de prisión). Sin embargo, debido a la jurisprudencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, estas sanciones son improcedentes. Además, se eliminaron las "atenuantes por honor" que también existían en los Códigos Penales federales de 1871 y 1931. Por último, se remplazó el concepto de "no punibilidad" por el concepto de "excluyente de responsabilidad" a las 4 causales consideradas anteriormente y se añadieron 2 más, quedando de esta manera:Sin embargo, no se pudo modificar la Constitución local para reformar el artículo 12 que "protege y garantiza el derecho a la vida desde el momento de la fecundación" ya que era necesario tener un mínimo de 28 diputados.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La ley tuvo como antecedente la "Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana" hecho por Marcela Lagarde por encargo de la Cámara de Diputados. Fue la primera investigación científica cuantitativa y cualitativa respecto a la violencia de género realizada en el país, en ella se concluyó que la violencia contra las mujeres se enmarcaba en una condición cultural de discriminación contra la mujer, es decir, que era un fenómeno estructural.
Delincuencia en el Perú
Recientemente, el asesinato por cuestiones de género ha sido incorporado en la legislación peruana de tipo penal. Dicha inclusión es resultado del interés del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en producir políticas dirigidas a reducir la violencia de género, uno de ellos fue en 2011 en que tras el exponente aumento de asesinatos se elaboró la «ley contra el feminicidio» con prisión hasta por 25 años.
Pena de muerte en México
El Primer Código Penal para el Distrito Federal, de 2002, coherentemente con esta evolución legislativa, tampoco incorporó esta debatida pena.
Feminicidios en el Estado de México
De acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el Estado de México han sido denunciados 922 homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010. Esta cifra coloca al Estado de México en una incidencia superior al caso de Ciudad Juárez, donde desde la década de los noventa hasta 2010 el número es menor a la mitad. La prevalencia de feminicidios en el Estado de México fue de 3.8 por cada 100 mil mujeres entre enero de 2007 y julio de 2008, menor a la que se observa en Chihuahua, aunque en términos absolutos ocupó el primer sitio.
Feminicidios en Ciudad Juárez
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han atraído la atención mundial desde la década de 1990, siendo cuestionada la inacción de la policía y el Gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. Entre el 27 y el 30 de abril de 2009, por ejemplo, se celebró un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentándose en el banquillo de los acusados a los Estados Unidos Mexicanos. La sentencia responsabiliza al Estado mexicano de la muerte de 8 mujeres por "la falta de una investigación adecuada". Tanto la policía como funcionarios del gobierno han sido acusados de responder con indiferencia a los feminicidios, así como exhibir altos grados de tolerancia ante los crímenes, realizar investigaciones inadecuadas y negligentes, proporcionar respuestas ineficaces, y no prevenir ni proteger a las mujeres de la violencia.
Aborto en México
En primer lugar, están las consideradas "clausulas por honor". El primero en incorporarlas fue el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871. Posteriormente, el Código Penal federal de 1931, que aún es vigente, las retoma. Todavía no han sido derogadas y únicamente se podía recurrir a ellas si la persona que interrumpió su embarazo cumplía con estos tres supuestos: Esas mismas tres siguen presentes en Tamaulipas (donde cambia el concepto de "unión ilegítima" por el de "concubinato o unión fuera del matrimonio") y Zacatecas (donde además el aborto se debió realizar antes del quinto mes de embarazo), mientras que en Puebla y Oaxaca fueron eliminadas en 2019. Por su parte, en el Estado de México solamente se establece como atenuante el que la persona se procure el aborto para "ocultar su deshonra".
Feminicidio
Por la ley 30068, el Congreso del Perú introdujo en el código penal el delito de feminicidio, punido por un mínimo de quince años de cárcel, o por cadena perpetua si concurren dos o más circunstancias agravantes.
Feminicidio en México
A partir del año de 1993 llamaron la atención los hechos que acontecían en Feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde la incidencia delictiva relacionada con homicidios dolosos de mujeres aumentó drásticamente. Las cifras oscilaron entre 350 y 500 sólo hasta el año 2005. Si bien esta problemática no se limitaba a Ciudad Juárez, la manera brutal en que se cometieron muchos de esos crímenes, aunado a las insuficientes acciones realizadas por parte de las autoridades detonó lo que ahora se comprende y nombra como feminicidio.
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
Desde el año de 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron una serie de asesinatos cometidos específicamente contra mujeres, que fueron aumentando día a día, tanto en la brutalidad, como en el número de feminicidios, por ello y en respuesta a los reclamos sociales, el presidente Vicente Fox, publicó en el diario oficial de la federación el 18 de febrero de 2004, un decreto mediante el cual se creaba la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, comisión que vino a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y tenía como ámbito de competencia únicamente Ciudad Juárez. A efecto de llevar la protección contra la violencia de género a todo el país, el 2 de febrero de 2007 entró en vigor en todo el territorio nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para evitar crear otra dependencia, sino aprovechar la estructura que ya se tenía en la COVMCJ, siendo publicada la creación de la CONAVIM el 1 de junio de 2009.
Activismo contra la violencia de género en México
Entre los logros que tuvo en Argentina, además de visibilizar el problema de violencia de género, se crearon la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Feminicidios, se puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las mujeres entre otros.
Feminicidio
Otras de las pioneras, la investigadora costarricense Montserrat Sagot, publicó en el año 2000 el libro "Femicidio en Costa Rica", con la colaboración de la investigadora hispano-costarricense Ana Carcedo. Ese mismo año la mexicana Julia Monárrez publicó el artículo «La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999». En 2001 el Centro de Encuentros Cultura y Mujer realizó en Argentina la campaña "Ni una muerte más" introduciendo el concepto de femicidio en ese país. En 2002 la dominicana María Jesús Pola Zapico dio a publicidad el estudio "Feminicidio en República Dominicana", mientras que la argentina Susana Cisneros dio a conocer un estudio sobre "El femicidio en la ciudad de La Plata, 1997-2001". En 2004 la panameña Eyra Harbar publicó un artículo titulado «Notas acerca del femicidio», en la Red Nacional Contra la Violencia, y la argentina Moira Soto publicó el artículo «Brujas, el gran femicidio», en el suplemento "Las 12" de "Página/12".
Violencia de género en México
La alerta de violencia de género es una de las medidas que se han tomado en contra de la violencia feminicida, es un mecanismo que busca proteger los derechos humanos de las mujeres y consiste en un conjunto de acciones por parte del gobierno federal, que buscan la coordinación entre todos los estratos gubernamentales para atacar con acciones concretas la violencia hacia las mujeres. La activación de la alerta puede ser solicitada por las autoridades municipales o estatales, así como por las organizaciones de la sociedad civil, siendo la Federación quien determina si esta debe ser declarada o no. Sin embargo, las asociaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, comentan que dicho mecanismo ha demostrado ser poco efectivo, al exigir que se cumplan mayores requisitos y que se aumenten las facultades de autoridades que en la propia Ley no son contempladas.
Feminicidio en México
Como se advierte, un elemento adicional en la traducción de "femicide" a feminicidio en la conceptualización de Lagarde es la inexistencia del Estado de derecho que fomenta la reproducción de la violencia y los asesinatos sin castigo, es decir, la impunidad. De esta manera, el concepto feminicidio incluye Delitos de lesa humanidad “que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional”. El feminicidio como crimen de Estado se ejecuta tanto en procesos de paz como de guerra. Este también incluye formas de violencia que pueden terminar en el asesinato e incluso el suicidio de mujeres. La explicación del feminicidio se encuentra en las relaciones desiguales de género en las que lo femenino ocupa una posición inferior la cual conlleva discriminación, explotación y exclusión social de niñas y mujeres, que a su vez son legitimadas por la impunidad social y judicial.
Feminicidio de Ingrid Escamilla
El 24 de febrero de 2021, a propuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación del Artículo 293 Quater del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar con prisión a los servidores públicos que difundan o revelen imágenes, videos, grabaciones, archivos o información de las carpetas de investigación a su cargo. Dicha modificación fue denominada comunicacionalmente "Ley Ingrid".
Feminicidios en el Estado de México
El Gobierno del Estado de México en su "Informe sobre violencia contra las mujeres" señala que en solo tres meses (enero-marzo de 2019) se han reportado 21 presuntos delitos de feminicidio. Este mismo informe muestra que 331 mujeres víctimas de feminicidio en 2015 tenían entre 18 o más años, 50 eran menores de 17 años, 45 sin especificación de edad, dándonos un total de 426 feminicidios en este año. Los feminicidios en los siguientes años han aumentado. Se muestran 1003 feminicidios abarcando todas las edades anteriores en 2018, el índice se ha duplicado en solo tres años. De enero a marzo de 2019, 19 municipios de los 125 del Estado de México se encuentran en los primeros 100 municipios con mayores feminicidios en México. El estado se encuentra en el primer lugar enero a marzo de 2019 con un totla de 87 mujeres víctimas de homicidio doloso . Los homicidios pueden ser clasificados por la situación en que son cometidos o por el tipo de víctima que se elige. Del total de 289 asesinatos cometidos contra mujeres en el Estado de México en el período 2007-2008, 39 víctimas han sido niñas, 44 fueron asesinadas por un familiar, 23 fueron asesinadas en contexto de crimen sexual, 57 fueron muertas por sus compañeros sentimentales, 10 víctimas se dedicaban a ocupaciones estigmatizadas (prostitución, por ejemplo) y de 105 no se especifica la tipología.
Derechos de Reproducción de obra intelectual en México
Actualmente en México, las leyes básicas para la protección de autor y la reproducción de obra son: LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor/ Ley Döring  CPF: Código Penal Federal
Feminicidio
En Colombia, el feminicidio se tipifica como delito autónomo desde al Ley 1761 de 2015 también llamada Ley Rosa Elvira Cely (en honor a una de las víctimas más representativas de este delito en el país). Esta Ley, creó el artículo 104A del Código Penal. Con anterioridad, el feminicidio se sancionaba como una modalidad agravada del homicidio en los términos del artículo 104 del Código Penal.
Activismo contra la violencia de género en México
Otro esfuerzo en la red en contra de la violencia hacia las mujeres, en concreto en contra de los feminicidios y de la invisibilización de las víctimas, es el mapa digital creado por la geofísica María Salguero Bañuelos. Salguero registra en un mapa los casos de feminicidios que encuentra en reportes y en la prensa; su mapa permite analizar los feminicidios con relación a indicadores sociales, económicos, delictivos, además de determinar el lugar y el contexto en el que son asesinadas las mujeres en México.
Feminicidio
Para el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los Feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres; y por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con sus vidas; o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (OCNF 2009:11).
Aborto en México
Algunos códigos penales indican atenuantes que modifican la responsabilidad penal. Hacen menos severa la condena que corresponde y solo se aplican por aborto voluntario. Sin embargo, en casi todos los códigos, estas consideraciones están basadas en estereotipos y prejuicios sexistas y anticuados. No solo eso, son totalmente contrarios a la Constitución federal puesto que el artículo 1, reformado en 2001, prohíbe cualquier tipo de discriminación como la motivada por el género; mientras que el 4, reformado en 1974, reconoce la igualdad jurídica de hombres y mujeres:
Violencia política contra las mujeres en México
En México tras el violento periodo electoral de 2015 y la ausencia de un marco jurídico, surge la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales, lo cual tuvo como resultado, la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que incluyó la colaboración de: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales (FEPADE) y distintas instituciones. La finalidad de este protocolo fue contar con un instrumento que señala las obligaciones y modos de actuación de las instituciones competentes, así como los derechos de las víctimas.
Violencia contra las mujeres en la política
El Senado mexicano, en marzo de 2017, apruebó un Dictamen que tiene por finalidad: “Incorporar la definición de violencia política en razón de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Asimismo, la incorporación de sanciones para quien cometa este tipo de actos”.
Violencia de género en México
De 2005 a 2010 hubo 922 homicidios de mujeres con características feminicidas. Ante esto el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio solicitó al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción de erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se declarara la alerta para la entidad mexiquense.  En diciembre de 2010, se determinó la improcedencia de la solicitud y después de una demanda de amparo y recursos de inconformidad, en el 2014 se aceptó comenzar una nueva investigación. En el Estado se reconoció la impunidad en los casos de feminicidios y homicidio pero a tres meses de la declaratoria solo se llevaba un avance del 60%. Ante esto, el Observatorio señaló las deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones.
Feminicidio en México
Debido a este suceso, se llevaron a cabo manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, especialmente el viernes 14 de febrero, haciendo frente también al amor romántico que es causante de crímenes pasionales. Pero ahí no quedó el hecho, trascendió a la ley Ingrid, pues en caso de que se compartan cosas que traten de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, serán penados con prisión de dos a ocho años y con una multa de entre 43 mil y 86 mil pesos, y cuando se trate de información sobre mujeres, niñas, adolescentes, las penas se incrementarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público filtre información, podrían ir a prisión hasta por 16 años.
Feminicidio
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia considerada ejemplar sobre el asesinato en 2001 de varias jóvenes mexicanas de Ciudad Juárez. Aquel año fueron descubiertos en un lugar conocido como «campo algodonero» los cadáveres de Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15 años, y Laura Berenice Ramos, de 17 años, junto a los restos de otras cinco mujeres que no pudieron ser identificadas. Los cuerpos mostraban signos de que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Frente a la indiferencia y al desinterés de las autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ocho años más tarde, la Corte condenó por primera vez en la Historia a un país, México, por considerarle responsable de feminicidio. Lo declaró «culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos» así como culpable de «no investigar adecuadamente» las muertes.
Aborto en México
En la gran mayoría de los códigos penales locales y en el federal, el aborto se define como el delito causado por la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez o del embarazo. No obstante, estos documentos también reconocen diferentes causales para realizar un aborto legal. Aunque varían por cada entidad, en total son 10. Así mismo, la mayoría de estas también establecen los plazos para hacer valer estos supuestos, que de manera general suelen ser antes de terminar el primer trimestre de embarazo. Las causales son:
Ni una menos
En la Ciudad de México se realizó una concentración en el Monumento a la Independencia, en el centro de la ciudad, donde agrupaciones de mujeres, feministas y organizaciones de izquierda denunciaron los femicidios y las trágicas cifras de la violencia contra las mujeres en ese país. Participaron también Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez. Padres de hijas asesinadas y desaparecidas del Estado de México. El 19 de octubre de 2016, organizaciones feministas convocaron a un paro nacional y una concentración en el Ángel de la Independencia para denunciar femicidios.
Feminicidios en Ciudad Juárez
Según Amnistía Internacional, «En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el caso "campo algodonero" que México era culpable de discriminación y de no proteger a tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez o garantizar una investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato». La Corte ordenó a México conducir una nueva investigación de los asesinatos, crear un monumento nacional en honor a las víctimas, pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, y mejorar las medidas de prevención e investigación adecuada de los asesinatos de mujeres.
Marcela Lagarde
Retomó el constructo teórico de 'feminicide' (feminicidio) («el asesinato de las mujeres 'por el solo hecho de ser mujeres'» en sociedades supuestamente patriarcales, propuesto en la década de los noventa por feministas radicales como Dianna Russell, Jill Radford, Katherine MacKinnon y Andrea Dworkin) para describir la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Ciudad Juárez, México (Muertas de Juárez) y logró la creación de una Comisión Especial de Feminicidio en el Congreso para investigarla. Dirigió la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana, por la cual se descubrió que el feminicidio no es exclusivo de Ciudad Juárez.
Aborto en México
En 1983 se reformó el artículo 4 de la Constitución federal para incluir el derecho a la protección a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de México. Igualmente, con base en el artículo 73, fracción XVI, se estableció la creación de una Ley General de Salud (promulgada en diciembre de ese año y en vigor desde julio de 1984) para definir las bases y modalidades en el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia entre las atribuciones y competencias en el tema de salubridad general entre la Federación y las 32 entidades federativas. Del mismo modo, cada una de las 32 entidades federativas del país han promulgado sus respectivas leyes estatales de salud para el mismo efecto.
Aborto en México
Finalmente, el 30 de septiembre de 2021, el Congreso local logra reunir los votos necesarios para cambiar el candados antiaborto de su Constitución estatal (artículo 12). Desde ahora el texto hace referencia a la protección de la vida de las personas únicamente nacidas, siempre con estricto apego a los derechos y libertades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Igualmente, se aprueba la Ley de Amnistía en Favor de las Mujeres para liberar, revertir sentencias y/o abandonar investigaciones contra personas gestantes que hayan decidido abortar previo a la legalización de la práctica en el estado. Desde ahora, los familiares de esas personas acusadas y sentenciadas; así como las parteras, los médicos y las enfermeras que las hubieran asistido en el procedimiento, podrán acogerse a la nueva ley para no ser penalizados.
Feminicidios en el Estado de México
El Estado de México gastó 36 millones 778 mil 158 pesos de 2015 a 2020 en acciones de emergencia para prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios y desapariciones forzosas de mujeres y niñas en ocho municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Activismo contra la violencia de género en México
Uno de los casos más conocidos es el de Marisela Escobedo quien fue asesinada en 2010 mientras protestaba por el feminicidio de su hija, Rubí, dos años antes. Frente a la ineficiencia del Estado para encontrar y apresar al asesino de su hija y, posteriormente para juzgarlo, Escobedo encabezó marchas en Ciudad Juárez. Durante estas manifestaciones mostraba imágenes de su hija y experimentó con el lenguaje más performativo al maquillarse como payaso en forma de crítica a la falta de seriedad del Estado.
Diversidad sexual en México
La situación está cambiando en el siglo XXI, en parte gracias al descubrimiento del colectivo LGBT como potenciales consumidores, el llamado dinero rosa, y turistas. Se crearon leyes para combatir la discriminación (2003) y el 21 de diciembre de 2009, a pesar de la oposición de la Iglesia, el Gobierno de la Ciudad de México aprobó el matrimonio homosexual, con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en hacerlo. Sin embargo, México seguía siendo en 2007 uno de los países en los que más delitos se cometen contra la comunidad LGBT, siendo asesinada una persona en un crimen homofóbico cada dos días.
Femicidio en Ecuador
En efecto, el Ecuador cuenta desde 1995 con La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (No. 103) y su reglamento, que sanciona las agresiones cometidas en el ámbito intrafamiliar; posteriormente en el año 2005 se realizaron reformas al Código Penal Ecuatoriano que mejoraron y ampliaron la tipificación de ciertos delitos sexuales; y más adelante en el 2006 se aprobó un nuevo Código de Salud que precautela los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, como se mencionó anteriormente, el Estado ecuatoriano es suscriptor de los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres y las protegen contra la violencia de género.
Diana Russell
Los movimientos feministas en muchos países de América Latina, como México, Guatemala, Costa Rica, Chile y El Salvador, entre otros, han adoptado el uso del 'Feminicidio' politizado de Russell utilizándolo en el ámbito social, político y legal para abordar la violencia letal contra las mujeres en sus respectivos países. En 1992, coeditó la antología, "Femicide: The Politics of Woman Killing".
Feminicidios en el Estado de México
El gobierno del estado ha sido ejercido desde la época de la revolución por el Partido Revolucionario Institucional, aunque en varios municipios los partidos de la oposición han logrado una presencia importante y han ejercido las administraciones locales por períodos muy prolongados a partir de la década de 1990. En el año 2000, el gobierno del Estado creó el Instituto Mexiquense de las Mujeres, que estaba destinado a encabezar la política gubernamental dirigida a ese sector de la población. En 2006 desapareció para integrarse en el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social.
Acoso sexual en México
La normativa que rige a esta conducta en México es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Código Penal Federal, los códigos penales locales del país y las normas de carácter laboral. La primera, la LGAMVLV, establece en su artículo 13 que el acoso sexual y el hostigamiento sexual son conductas en las que existe el ejercicio abusivo del poder, expresado en conductas verbales o físicas de connotación lasciva. Este cuerpo normativo establece que el elemento distintivo del hostigamiento es que en dicha conducta existe una relación de subordinación y en el acoso no.
Cadena perpetua
En México existe la cadena perpetua. En octubre de 2011, en la Ciudad de Piedras Negras se sancionó una ley que castiga con prisión vitalicia los secuestros, homicidios de periodistas y policías, asesinatos múltiples y extorsión. En diciembre de 2010 se aplicó por primera vez, contra un sujeto de 18 años, hallado culpable del delito de torturas y homicidio contra varias víctimas. A raíz de los Feminicidios en el estado de México en noviembre de 2011 se reformó el Código Penal del Estado de México, incluyendo el feminicidio y la violación como agravantes para prisión vitalicia.
Feminicidio
Evo Morales, el entonces presidente de Bolivia, promulgó el 9 de marzo de 2013 la ley 348 que castiga el delito de feminicidio con hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto. La norma pretende acabar con la violencia machista y otorgar a la mujer una protección integral. La ley se denomina Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia.
Aborto en México
La discusión fue llevada a la SCJN para que esta obligara al poder legislativo veracruzano a reformar su Código Penal en favor de los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad. Este proyecto además buscaba eliminar la temporalidad de 90 días para abortar en caso de violación, ya que contradice a Ley General de Víctimas, así como la NOM-046- SSA2-2005 para la prevención y atención de la violencia sexual; que no marcan límite alguno. Sin embargo, el día 29 de julio de 2020, 4 ministros votaron en contra y solo 1 a favor, ya que la discusión se centró en si hubo o no omisión legislativa. Los ministros que rechazaron el proyecto, como Ana Margarita Ríos Farjat, votaron de esta manera pues argumentaron que la norma para la interrupción del embarazo en Veracruz sí "está regulada" (a través de las 5 causales de "no punibilidad" que ya contempla el Código Penal local) y por lo tanto no es omiso. El único que votó a favor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue además el autor, aseguró que las quejosas tienen un interés legítimo por la protección a la defensa de sus derechos humanos y que además el Estado mexicano tiene obligaciones contraídas al estar suscrito a las convenciones de la CEDAW y Belem do Pará. Algunos ministros que votaron en contra, como Norma Lucía Piña Hernández, apoyaron los dichos del ministro González Carrancá, pero aseguraron que no se discutía el fondo sino la forma. Así, el asunto fue turnado a otro ministro o ministra de la SCJN para elaborar un nuevo proyecto.
Feminismo
El feminismo ha tenido una importante repercusión en la legislación de gran parte de países del mundo e influido amplias áreas del ordenamiento jurídico, con leyes contra la violencia de género o leyes de paridad electoral: por poner algunos ejemplos, cabe mencionar la Ley 581 de 2000 en Colombia que impone una cuota mínima del 30 % de mujeres; la Ley 7142 de 1990 de Costa Rica que impone un mínimo del 40 %; el Código Federal de Procedimientos Electorales de México que limita al 70 % la presencia de cualquiera de los sexos; la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en España (2007) que establece la obligación de paridad, o la resolución del Consejo Electoral Venezolano de 2008, que obliga a que las postulaciones de los partidos tengan un 50 % de mujeres, y la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política de 2017 en Argentina. En Chile el presidente Gabriel González Videla, firmó la Ley N.º 9292, que otorgó el sufragio pleno de la mujer.
Historia del feminismo en México
Durante la década de los setenta hubo dos intentos de unidad del movimiento feminista, ninguno funcionó debido a las diferencias entre sus integrantes y a las pugnas internas. Sin embargo, se lograron establecer líneas de acción que aún tienen vigencia. En 1976 se creó la Coalición de Mujeres, se logró la interacción de varios grupos y se definieron las principales demandas feministas: la despenalización del aborto, la educación sexual, la lucha contra la violación y la protección de mujeres golpeadas, y el derecho a la libre opción sexual., Posteriormente, en 1979 hubo un segundo intento de unidad con la conformación del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer (FNALIDM). Se acordó un plan de acción con cuatro ejes: maternidad voluntaria, guarderías, campaña contra la violencia sexual en todas sus formas y los problemas de las trabajadoras discriminadas de la Ley Federal del Trabajo.
Feminicidio en México
En el 2020 tan sólo en el mes de enero según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se estima que hubo un total de 320 mujeres asesinadas en las cuales se pueden hacer registro de 10 muertes de mujeres al día. Sólo que la información por parte de la fiscalía señala que solamente 73 de estas muertes fueron marcadas como feminicidios.
Relaciones bilaterales entre México y la Santa Sede (1821-1855)
La Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios conocida como La Ley Juárez, de 22 de noviembre de 1855, suprimió los tribunales especiales que tenían ciertas corporaciones que databan de la Colonia fue dictada por el presidente Juan Álvarez, y elaborada por Benito Juárez, quien era ministro de justicia.  Es considerada la primera de las leyes de Reforma. Fue seguida de la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, conocida como Ley Lerdo (1856) la Ley del Registro Civil (1857), la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y Libertad de Cultos (1859-1860) y la Constitución de 1857 desataron la guerra civil, llamada guerra de Reforma o de los tres años en la que se dirimieron el papel del clero y las relaciones entre la Iglesia y el Estado.