Derecho procesal penal
En Argentina el derecho procesal penal es de competencia de los Estados particulares, es decir que cada jurisdicción, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como el Estado Nacional, dictan sus propios códigos de procedimientos penales. Si bien hay un único código penal, la forma de llevar a cabo las penas que impone para los delitos este último, es determinada por cada uno de los códigos procesales. Prepondera el sistema mixto. En diciembre de 2014 se aprobó por ley 27.063 el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio al Proceso Penal de la Nación Argentina.
Organización territorial de Argentina
Son las subdivisiones de segundo nivel de 22 de las 23 provincias, siendo Buenos Aires la excepción. Se caracterizan por no tener gobierno propio como sí lo tienen las provincias y los municipios. Cumplen una función de división catastral y estadística, y en algunas provincias también son utilizadas como distritos electorales para determinar representantes a las legislaturas provinciales y nacional o como unidades de descentralización de diversos órganos provinciales como la policía y el Poder Judicial. Fueron creadas por los gobiernos provinciales, por el gobierno nacional, al momento de ser las provincias territorios nacionales o, en algunos casos, por el gobierno virreinal en épocas anteriores a la independencia nacional. Actualmente la creación de nuevas subdivisiones corresponde a cada gobierno provincial, variando en metodología y complejidad.