Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El coronel retirado Antonio Herminio Simón y el agente de inteligencia del Ejército Alfredo Omar Feito fueron condenados a 19 y 10 años de prisión, respectivamente. Por otro lado, resultaron absueltos el coronel retirado Julián Marino y al teniente coronel José Ramón Pereiro, exmiembros del Batallón de Inteligencia 601.En este juicio se condenó a Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, a 19 años de prisión; y a Jorge Julio Bianchero, extitular de la seccional 3 de Villa Lynch, a 9 años de prisión. Se los juzgó por las desapariciones de Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski, Mirta Silber y Carlos Pérez, que fueron secuestrados el 12 de mayo de 1979. Cuatro de ellos eran estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta. Las seis víctimas permanecen desaparecidas y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Quedó fuera del juicio por cuestiones de salud el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201.Se trata del segundo juicio por los crímenes cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Fueron condenados el expolicía federal Pedro Godoy y el exmiembro del Ejército Alfredo Feito. Feito se encontraba prófugo y Godoy había sido recientemente identificado cuando se realizó el primer juicio por ABO. Este juicio fue por los mismos 181 casos que habían formado parte del primer debate oral. Feito fue condenado a 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos. Fue la primera vez que se aplicaron las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal para la agilización de los juicios elaboradas en 2012.En esta causa fue investigada la responsabilidad de Alberto Carlos Lucena, jefe militar del Área 313, y Juan Daniel Rauzzino, a cargo de la Policía a partir de abril de 1976, por los secuestros de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, y por Nelly Yolanda Borda, estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Lucena y Rauzzino fueron condenados a 16 y 10 años de prisión, respectivamente.En este juicio se juzgaron los crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones del destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial de Misiones. Los imputados cuya responsabilidad fue investigada en esta causa fueron Carlos Omar Herrero, exteniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976, Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía; Julio Argentino Amarilla, un exagente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en los centros clandestinos dependientes de la policía provincial.
Represalia por la masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, 25 presos pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo; las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, se fugaron del penal de Rawson en la provincia de Chubut. Seis de ellos lograron llegar a Chile y los 19 restantes se entregaron cuando estaban rodeados sin posibilidad de escape, luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto, los 19 prisioneros fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar y solo tres sobrevivieron. A los pocos días, en una improvisada conferencia de prensa en Cuba, tres de los fugados, Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky y Fernando Vaca Narvaja, afirmaron que aquellos asesinatos habían sido una «salvaje y desesperada respuesta de la dictadura» a los reclamos populares, reafirmaron, con la consigna «la sangre derramada no será negociada» que seguirían en la lucha «hasta la victoria final» y que «la unidad de los revolucionarios, sellada con sangre en Trelew» sería el legado a conservar por las organizaciones armadas de izquierda. Se fueron produciendo hechos de violencia que incluyeron el asesinato de tres militares y cinco policías argentinos, un político retirado y, al parecer, un ejecutivo, invocando que eran represalias por los muertos de la base de Trelew, durante la dictadura militar precedida por Lanusse y de las Presidencias de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Además, en su libro "Soldados de Peron", Richard Gillespie afirma que dos pelotones de Montoneros fueron nombrados Mariano Pujadas y Susana Lesgart, en memoria a dos de los guerrilleros asesinados en aquella oportunidad. En 2012, la justicia argentina declaró esos fusilamientos como «crímenes de lesa humanidad» y condenaron a prisión perpetua a los militares involucrados.