Comarca
En España, en el último cuarto del siglo XX, la aparición de disfuncionalidades en la estructura territorial formada por regiones históricas, provincias, partidos judiciales y municipios planteada en el XIX, y el nacimiento de las comunidades autónomas, que inicialmente buscan establecer formas de organización territorial propia, hace resurgir la idea de comarca, ahora con un sentido más técnico, como una entidad territorial que agrupa varios municipios y se articula sobre una cabecera de comarca, de manera que la Comunidad Autónoma pueda descomponerse en una serie de comarcas. Así, asociado a este nuevo sentido de la comarca, se pone en circulación el verbo "comarcalizar" y el resultado de aplicarlo que es la "comarcalización". Tampoco esta idea de comarca ha conseguido imponerse de forma general. Junto a estas interpretaciones sobrevive la idea definida en el Diccionario de 1780, la comarca entendida como el territorio articulado alrededor de una población que viene a ser su capital o centro de servicios, idea que dio lugar a toda una línea de trabajos sobre los centros de mercado como generadores de comarcas.
Administración local (Navarra)
La Ley Foral 4/2019, de reforma de la Administración Local de Navarra, crea la figura de la comarca, introduciendo en la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra el Título X: Comarcas, integrado por los arts. 352 a 384. En el primer artículo de este título se lee: El citado Título X, establece las competencia que, al menos, deben asumir las comarcas, su relación con los municipios y mancomunidades que puedan existir en su ámbito, los órganos de gobierno, e incluso -a través disposición transitoria primera de la Ley Foral 4/2019 su delimitación con indicación de los municipios que integran cada una de ellas, y la posibilidad -para algunas de ellas- de establecer en una parte de su ámbitos subcomarcas. No obstante cada una de estas comarcas han de ser creada mediante Ley Foral, a iniciativa de los Ayuntamientos o del Gobierno de Navarra, si transcurrido el plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2019 no se hubiese ejercido la iniciativa municipal.