Venezuela en el conflicto armado interno de Colombia
Las FARC-EP fueron acusadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de tener campamentos sobre territorio venezolano. Según el gobierno de Uribe, utilizaban la zona como refugio de los ataques de la Fuerza pública colombiana para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC-EP de junio del 2000. El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan solo una misión "humanitaria" del Ejército. Según el periódico español El País, también usaban a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC-EP identificados solo por sus nombres, afirmaba que habían campamentos de las FARC-EP en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Chávez. También citando fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países, mencionó que muchos guerrilleros como Rodrigo Granda habían adquirido ilegalmente ciudadanía venezolana.
Un millón de voces contra las FARC
Como resultado, algunos de los militantes del PDA manifestaron su inconformismo con la decisión tomada y se adhirieron a las marchas convocadas. En un comunicado de 12 puntos el Polo expuso sus razones para la concentración convocada, enfatizando que "condenamos sin vacilación el secuestro y los demás crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Farc", al igual que"condenamos con idéntica fuerza a todos los grupos armados al margen de la ley, insurgentes y paramilitares, cuyos delitos atroces, de ser mostrados en imágenes dramáticas como lo han sido los secuestrados de las Farc, recientemente, tendrían que producir en todo el mundo igual sentimiento de repulsión y de condena", a la vez que criticaba varias de las posiciones del gobierno frente al conflicto armado en Colombia. Más tarde el PDA condenaría el apoyo a la marcha que expresaron exjefes paramilitares, hoy sometidos a la justicia, que pertenecieron a la organización armada ilegal de extrema derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, en particular Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, alias HH y alias Macaco, procesados por su participación en masacres, secuestros y otros crímenes contra la población civil. Dicha adhesión pública a la marcha también fue rechazada por los organizadores de la misma.