Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002
Los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizó en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, ELN, AUC). Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA y Al Qaeda, la Unión Europea incluye a las FARC-EP y a las AUC en su lista de organizaciones terroristas. El 14 de octubre del 2002, el ELN publica un comunicado donde señala su participación en una serie de enfrentamientos los municipios de San Antonio del Chamí, El Cañón y Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda, además de anunciar que organizaciones como el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC-EP participan en los combates. En el comunicado no señalan las bajas de ambos lados, pero si anuncian un paro armado en la vía Pereira-Quibdó.
Unión Patriótica (Colombia)
Con la escalada de violencia paramilitar y guerra sucia contra miembros de la UP y movimientos de izquierda, las FARC-EP dejó a su suerte al nuevo partido y sus voceros públicos dentro de la UP se reintegraron a la lucha armada. Tanto el gobierno como las FARC-EP, rompieron e incumplieron los acuerdos con acciones armadas, las víctimas serían los miembros de la Unión Patriótica y otros movimientos como el Frente Popular y el Movimiento A Luchar. Las FARC-EP realizaron acciones violentas como la Toma de Saiza con el EPL en 1988, el asesinato del político y paramilitar Pablo Emilio Guarín (reconocido en 2020). Las FARC-EP estuvieron en guerra con Gonzalo Rodríguez Gacha, quien patrocinó grupos narco paramilitares y en alianza con políticos y militares estuvo relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica. El detonante definitivo de la ruptura de las conversaciones de paz, fue la Operación Casa Verde (Meta), el 9 de diciembre de 1990, día de la elección de la Asamblea Constituyente de 1991.