Manuel Marulanda Vélez
Al igual que los demás bandos en el Conflicto armado interno en Colombia, las FARC-EP que Marulanda dirigía cometieron abusos contra otros combatientes y contra la población civil a lo largo de la guerra. Organizaciones no gubernamentales calculan que su responsabilidad correspondería a alrededor del 20 por ciento (de 15 a 25 según los diferentes momentos) de los asesinatos políticos anuales en el conflicto. A las FARC-EP también se las considera responsables de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC-EP están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de un acuerdo humanitario de intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Las FARC-EP pedían que se liberaran todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia» (extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico y secuestro), Las FARC-EP liberarían a 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para realizar dicho intercambio, las FARC-EP reclamaron la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida). Según varios observadores, lo aprovecharon con fines políticos y militares y recibió numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.