Manuel Marulanda Vélez
Al igual que los demás bandos en el Conflicto armado interno en Colombia, las FARC-EP que Marulanda dirigía cometieron abusos contra otros combatientes y contra la población civil a lo largo de la guerra. Organizaciones no gubernamentales calculan que su responsabilidad correspondería a alrededor del 20 por ciento (de 15 a 25 según los diferentes momentos) de los asesinatos políticos anuales en el conflicto. A las FARC-EP también se las considera responsables de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC-EP están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra.
Un millón de voces contra las FARC
Como resultado, algunos de los militantes del PDA manifestaron su inconformismo con la decisión tomada y se adhirieron a las marchas convocadas. En un comunicado de 12 puntos el Polo expuso sus razones para la concentración convocada, enfatizando que "condenamos sin vacilación el secuestro y los demás crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Farc", al igual que"condenamos con idéntica fuerza a todos los grupos armados al margen de la ley, insurgentes y paramilitares, cuyos delitos atroces, de ser mostrados en imágenes dramáticas como lo han sido los secuestrados de las Farc, recientemente, tendrían que producir en todo el mundo igual sentimiento de repulsión y de condena", a la vez que criticaba varias de las posiciones del gobierno frente al conflicto armado en Colombia. Más tarde el PDA condenaría el apoyo a la marcha que expresaron exjefes paramilitares, hoy sometidos a la justicia, que pertenecieron a la organización armada ilegal de extrema derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, en particular Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, alias HH y alias Macaco, procesados por su participación en masacres, secuestros y otros crímenes contra la población civil. Dicha adhesión pública a la marcha también fue rechazada por los organizadores de la misma.