Venezuela en el conflicto armado interno de Colombia
Las FARC-EP fueron acusadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de tener campamentos sobre territorio venezolano. Según el gobierno de Uribe, utilizaban la zona como refugio de los ataques de la Fuerza pública colombiana para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC-EP de junio del 2000. El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan solo una misión "humanitaria" del Ejército. Según el periódico español El País, también usaban a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC-EP identificados solo por sus nombres, afirmaba que habían campamentos de las FARC-EP en ese país y que son permitidos por el gobierno del presidente Chávez. También citando fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países, mencionó que muchos guerrilleros como Rodrigo Granda habían adquirido ilegalmente ciudadanía venezolana.
Agencia de Noticias Nueva Colombia
Según el [[gobierno colombiano]], la agencia ANNCOL apoya de manera efectiva a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia|Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC]], agrupación que fue considerada hasta 2016 como [[terrorismo|terrorista]] por 33 Estados (como [[Colombia]], [[Perú]], [[Estados Unidos]], [[Canadá]], [[Nueva Zelanda]] y la [[Unión Europea]], entre otros) y cuyas acciones consisten en [[narcotráfico]], [[guerra de guerrillas]], así como técnicas como la implantación de [[Mina antipersona|minas antipersona]], el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, en su esfuerzo por la construcción de un país justo y equitativo para los campesinos que han sido violentados por más de 20 décadas por el Estado colombiano y fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, dicho apoyo ha sido negado por los promotores de la agencia. El gobierno colombiano ha lanzado repetidas advertencias en el ámbito de que organizaciones humanitarias eviten cualquier tipo de "mediación" con las FARC sin el permiso oficial del gobierno. En el pasado, gobiernos de varios países europeos, [[Venezuela]] y la [[Iglesia católica]] han obtenido dichos permisos, con resultados variables.