Comarca
En la primera mitad de los años ochenta del siglo XX, la creación de las comunidades autónomas en España desencadenó un especial interés por las comarcas como formas de organizar y, en su caso, articular el territorio de la Comunidad, pero, además, como una forma de quebrantar el peso de las provincias en las Comunidades multiprovinciales, lo que incluía un objetivo político con respecto a las Diputaciones Provinciales, organismo que resultaba complejo de integrar en el nuevo contexto de organización territorial del Estado. Los primeros intentos de establecer comarcas con estos objetivos se llevaron a cabo en Cataluña y en el País Vasco. Las tensiones y recelos creados obligaron a respetar el marco provincial y desactivaron el sentido político territorial de aquellas comarcas y oriento la comarcalización hacia la definición de ámbitos para contener servicios (sanitarios, escolares,) o de información estadística. Por aquellos años también estaban realizando estudios de comarcalización otras comunidades como Andalucía o Castilla y León. En varias CC.AA. la comarcalización se orientó a la prestación de servicios o a la ordenación del territorio, pero no a la creación de un marco territorial con capacidades administrativas sobre el territorio, como las que corresponden al municipio o a la provincia.
Provincia (España)
Cada provincia está dividida en un número variable de municipios. Su gobierno y administración está atribuido constitucionalmente a las diputaciones provinciales, corporaciones de carácter representativo que tienen como base las corporaciones municipales. Se excluyen de esta organización administrativa las siguientes provincias: En el , el reformismo borbónico introdujo algunos cambios en la organización político-territorial de España, como la creación de las audiencias e intendencias. Sin embargo, seguían prevaleciendo en gran parte las divisiones heredadas de los Habsburgo, con territorios de extensión desigual y varios enclaves de unas provincias en otras. Para remediar este estado de cosas, los políticos ilustrados propusieron una división racional del Reino. El primer proyecto serio fue el elaborado entre 1799 y 1805 por el superintendente de Hacienda Miguel Cayetano Soler. Sin embargo, las convulsiones políticas de los años en que se realizó el proyecto no permitieron su realización, que fue retomado por las Cortes de Cádiz poco después.