Monumento a los Caídos (Pamplona)
El general Emilio Mola llegó a Pamplona el 14 de marzo de 1936, destinado como gobernador militar cuando ya había sido designado de forma clandestina en Madrid como cabeza de la insurrección. Por mediación de Raimundo García García, "Garcilaso", director del "Diario de Navarra", en mayo se pusieron en contacto el sector militar de Mola con los paramilitares carlistas, para aunar fuerzas en el mismo sentido. Las conversaciones llegaron a un punto muerto en junio, por lo que el conde de Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, a la sazón expresidente de la Junta Suprema del Tradicionalismo aconsejó a Mola contactar directamente con la Junta Regional que estaba presidida por Joaquín Baleztena. Este rebajó las condiciones de la cúpula carlista, comprometiéndose a participar a cambio del uso de la bandera monárquica (rojigualda) y el control de los ayuntamientos de Navarra. El acuerdo no se logró ya que Mola requería la aprobación de la Junta Suprema y del regente Javier de Borbón-Parma. Fue en los sanfermines de ese año cuando se puso totalmente a punto la conspiración, ya que bajo el pretexto de acudir a las fiestas llegaron militares de todas las graduaciones provenientes de distintos puntos de España. Seis días antes del asesinato de José Calvo Sotelo (que tuvo lugar el 13 de julio), existían dos cartas del general José Sanjurjo a Mola y a Fal Conde con la propuesta de presidir él mismo un gabinete estrictamente militar con el objetivo de poner fin al sistema liberal y parlamentario consagrado por la constitución republicana de 1931. El 14 de julio, la Comunión Tradicionalista, así como la Falange dieron su apoyo a la sublevación.
Emilio Mola
En 2008, fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el instruido por Baltasar Garzón por los presuntos delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad que supuestamente habrían sido cometidos durante la guerra civil española y los primeros años del régimen de Franco. El juez Garzón declaró extinguida la responsabilidad criminal de Mola cuando recibió constancia fehaciente de su fallecimiento, acaecido más de setenta años antes. La instrucción de la causa fue tan polémica que Garzón llegó a ser acusado de prevaricación, juzgado y absuelto por el Tribunal Supremo, que consideró un error la instrucción de Garzón.