Terrorismo de extrema izquierda
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron entre 1964 y 2016 una organización marxista-leninista en Colombia involucrada en atentados terroristas, bombas de cilindro de gas, asesinatos, minas terrestres, secuestros, extorsiones y tomas guerrilleras, así como acciones de guerrilla y militares convencionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las FARC-EP en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (hasta 2021), al igual que la Unión Europea (hasta 2017). Se financiaba principalmente a través de la extorsión, el secuestro y su participación en el tráfico ilegal de drogas. Las empresas que operan en áreas rurales, incluidos los intereses agrícolas, petroleros y mineros, debían pagar "vacunas" (pagos mensuales) que las "protegían" de ataques y secuestros posteriores. También realizaron bloqueos de carreteras o "pescas milagrosas" con secuestros masivos. Se estima que entre el 20 y el 30 por ciento de los combatientes de las FARC-EP eran menores entre 12 y 18 años, para un total de alrededor de 5000 niños víctimas de reclutamiento forzado.
Agencia de Noticias Nueva Colombia
Según el [[gobierno colombiano]], la agencia ANNCOL apoya de manera efectiva a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia|Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC]], agrupación que fue considerada hasta 2016 como [[terrorismo|terrorista]] por 33 Estados (como [[Colombia]], [[Perú]], [[Estados Unidos]], [[Canadá]], [[Nueva Zelanda]] y la [[Unión Europea]], entre otros) y cuyas acciones consisten en [[narcotráfico]], [[guerra de guerrillas]], así como técnicas como la implantación de [[Mina antipersona|minas antipersona]], el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, en su esfuerzo por la construcción de un país justo y equitativo para los campesinos que han sido violentados por más de 20 décadas por el Estado colombiano y fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, dicho apoyo ha sido negado por los promotores de la agencia. El gobierno colombiano ha lanzado repetidas advertencias en el ámbito de que organizaciones humanitarias eviten cualquier tipo de "mediación" con las FARC sin el permiso oficial del gobierno. En el pasado, gobiernos de varios países europeos, [[Venezuela]] y la [[Iglesia católica]] han obtenido dichos permisos, con resultados variables.