Disidencias de las FARC-EP
Las disidencias de las FARC-EP, clasificadas por el gobierno de Colombia como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), son organizaciones armadas terroristas conformadas inicialmente por algunos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyos miembros no se acogieron a los acuerdos de paz entre el Gobierno Santos y las FARC-EP y volvieron a las armas, conformando estos grupos como actores del conflicto armado interno colombiano,para el control territorial y actividades ilegales en sus zonas de influencia tales como la extorsión, narcotráfico y la minería ilegal. Estos no tienen reconocimiento político del gobierno colombiano ni del Partido Político Comunes, conformado por los exguerrilleros de las FARC-EP que sí se desmovilizaron y reincorporaron a la vida civil. En 2021 fueron declaradas como grupos terroristas por el Gobierno de Estados Unidos.Según un informe oficial del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) emitido en octubre de 2021, la guerrilla de las disidencias de las FARC-EP rondaría con un ejército aproximado de 5200 combatientes compuesta por unas 34 estructuras. Además ejercen presencia en 123 municipios. Sin embargo, en otras informes informaciones se habla de que tendrían hasta 7000 miembros activos.
Agencia de Noticias Nueva Colombia
Según el [[gobierno colombiano]], la agencia ANNCOL apoya de manera efectiva a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia|Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC]], agrupación que fue considerada hasta 2016 como [[terrorismo|terrorista]] por 33 Estados (como [[Colombia]], [[Perú]], [[Estados Unidos]], [[Canadá]], [[Nueva Zelanda]] y la [[Unión Europea]], entre otros) y cuyas acciones consisten en [[narcotráfico]], [[guerra de guerrillas]], así como técnicas como la implantación de [[Mina antipersona|minas antipersona]], el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, en su esfuerzo por la construcción de un país justo y equitativo para los campesinos que han sido violentados por más de 20 décadas por el Estado colombiano y fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, dicho apoyo ha sido negado por los promotores de la agencia. El gobierno colombiano ha lanzado repetidas advertencias en el ámbito de que organizaciones humanitarias eviten cualquier tipo de "mediación" con las FARC sin el permiso oficial del gobierno. En el pasado, gobiernos de varios países europeos, [[Venezuela]] y la [[Iglesia católica]] han obtenido dichos permisos, con resultados variables.