Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Entre 2011 y 2014 En la causa conocida como sub zona 14 II fueron sometidos a proceso más de 45 imputados, se dieron por acreditados unos 250 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, a su vez tales ilícitos en el caso de los máximos responsables concurren con el delito de asociación ilícita. Dichos ilícitos fueron caracterizados de “lesa humanidad”, en tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca le agregó la figura de “genocidio”. Sin embargo en 2016 los cinco represores condenados fueron liberados tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. La decisión la tomÓ el tribunal de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Óscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas.
Tercer peronismo
En su momento, ninguno de los crímenes de la Triple A fue investigado, ni sus autores identificados y castigados. Tampoco fueron incluidos en el decreto 157/83 del presidente Alfonsín, por el cual se ordenó promover la acción penal por los actos de violencia cometidos "con posterioridad al 25 de mayo de 1973", quedando la responsabilidad limitada a los jefes guerrilleros. En 1986 López Rega fue detenido y extraditado a la Argentina, muriendo en la cárcel en 1989, antes de llegar a ser enjuiciado. Durante el kirchnerismo (más de 40 años después), uno de los líderes de la Triple A, el excomisario Rodolfo Almirón, fue descubierto en una playa de Valencia, por el diario "El Mundo" de España. En Argentina se abrió la causa 1075/2006, que quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide, siendo extraditado Almirón y detenidos Ramón Morales, y Miguel Ángel Rovira, que morirían antes de ser enjuiciados. Oyarbide formó una megacausa con 680 casos crímenes y en un fallo histórico, resolvió que los crímenes de la Triple A cometidos durante los gobiernos constitucionales de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, constituían delito de lesa humanidad, y por lo tanto eran imprescriptibles. Como resultado de la esa investigación, en 2016 cinco miembros de la Triple A (Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi) fueron condenados por el delito de asociación ilícita, aunque a penas de solo cuatro años. También en 2016, tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo de choque ligado a la Triple A, Mario Ernesto Durquet, el exsuboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al exfiscal Gustavo Demarchi, fueron condenados a cadena perpetua, por crímenes cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.