Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002
Los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizó en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, ELN, AUC). Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA y Al Qaeda, la Unión Europea incluye a las FARC-EP y a las AUC en su lista de organizaciones terroristas. El 14 de octubre del 2002, el ELN publica un comunicado donde señala su participación en una serie de enfrentamientos los municipios de San Antonio del Chamí, El Cañón y Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda, además de anunciar que organizaciones como el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC-EP participan en los combates. En el comunicado no señalan las bajas de ambos lados, pero si anuncian un paro armado en la vía Pereira-Quibdó.
Agencia de Noticias Nueva Colombia
Según el [[gobierno colombiano]], la agencia ANNCOL apoya de manera efectiva a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia|Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC]], agrupación que fue considerada hasta 2016 como [[terrorismo|terrorista]] por 33 Estados (como [[Colombia]], [[Perú]], [[Estados Unidos]], [[Canadá]], [[Nueva Zelanda]] y la [[Unión Europea]], entre otros) y cuyas acciones consisten en [[narcotráfico]], [[guerra de guerrillas]], así como técnicas como la implantación de [[Mina antipersona|minas antipersona]], el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, en su esfuerzo por la construcción de un país justo y equitativo para los campesinos que han sido violentados por más de 20 décadas por el Estado colombiano y fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, dicho apoyo ha sido negado por los promotores de la agencia. El gobierno colombiano ha lanzado repetidas advertencias en el ámbito de que organizaciones humanitarias eviten cualquier tipo de "mediación" con las FARC sin el permiso oficial del gobierno. En el pasado, gobiernos de varios países europeos, [[Venezuela]] y la [[Iglesia católica]] han obtenido dichos permisos, con resultados variables.