Derecho procesal penal
En Argentina el derecho procesal penal es de competencia de los Estados particulares, es decir que cada jurisdicción, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como el Estado Nacional, dictan sus propios códigos de procedimientos penales. Si bien hay un único código penal, la forma de llevar a cabo las penas que impone para los delitos este último, es determinada por cada uno de los códigos procesales. Prepondera el sistema mixto. En diciembre de 2014 se aprobó por ley 27.063 el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio al Proceso Penal de la Nación Argentina.
Función Judicial
La Corte Nacional de Justicia es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en la Función Judicial y en todo el país. Funciona como una corte suprema y tribunal de casación, es decir, conoce procesos judiciales de personas con fuero nacional, tiene iniciativa legislativa, generan jurisprudencia obligatoria con sus fallos de triple reiteración, y revisa los recursos de casación sobre temas de legalidad y debido proceso en causas judiciales de cortes, juzgados o tribunales inferiores, así como otros recursos. La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces, quienes se organizan en salas especializadas. Son designados por el Consejo de la Judicatura para un periodo de 9 años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación y control social. No pueden ser reelectos y se renuevan por tercios cada tres años, y de entre ellos eligen un presidente, quien a su vez representará a toda la Función Judicial. Cesan en sus puestos de conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Su sede se encuentra en la ciudad de Quito.