Monumento a los Caídos (Pamplona)
El general Emilio Mola llegó a Pamplona el 14 de marzo de 1936, destinado como gobernador militar cuando ya había sido designado de forma clandestina en Madrid como cabeza de la insurrección. Por mediación de Raimundo García García, "Garcilaso", director del "Diario de Navarra", en mayo se pusieron en contacto el sector militar de Mola con los paramilitares carlistas, para aunar fuerzas en el mismo sentido. Las conversaciones llegaron a un punto muerto en junio, por lo que el conde de Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, a la sazón expresidente de la Junta Suprema del Tradicionalismo aconsejó a Mola contactar directamente con la Junta Regional que estaba presidida por Joaquín Baleztena. Este rebajó las condiciones de la cúpula carlista, comprometiéndose a participar a cambio del uso de la bandera monárquica (rojigualda) y el control de los ayuntamientos de Navarra. El acuerdo no se logró ya que Mola requería la aprobación de la Junta Suprema y del regente Javier de Borbón-Parma. Fue en los sanfermines de ese año cuando se puso totalmente a punto la conspiración, ya que bajo el pretexto de acudir a las fiestas llegaron militares de todas las graduaciones provenientes de distintos puntos de España. Seis días antes del asesinato de José Calvo Sotelo (que tuvo lugar el 13 de julio), existían dos cartas del general José Sanjurjo a Mola y a Fal Conde con la propuesta de presidir él mismo un gabinete estrictamente militar con el objetivo de poner fin al sistema liberal y parlamentario consagrado por la constitución republicana de 1931. El 14 de julio, la Comunión Tradicionalista, así como la Falange dieron su apoyo a la sublevación.
Conspiración golpista de 1936
El 20 de junio Mola emitió la «Instrucción reservada número 5» en la que al final decía que «ha de advertirse a los [militares] tímidos y vacilantes que aquél que no está con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Cuatro días después volvía a insistir en las «Directivas para Marruecos» en que el levantamiento debía ser «desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso». El 30 de junio el teniente coronel Juan Yagüe, nombrado por Mola jefe de la sublevación en el Protectorado, recibió unas instrucciones más detalladas y explícitas sobre la forma de organizar la represión, que incluían, entre otras medidas: «conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de la Falange», «detener a las autoridades españolas que sean sospechosas, especialmente las encargadas del Orden Público y la Seguridad» y «eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.». Además: «clausurar todos los locales de reuniones públicas tales como Centrales sindicales, Logias masónicas, Sedes de Partidos, Casas del Pueblo, Ateneos, etc.», «prohibir toda clase de manifestaciones, huelgas, reuniones públicas y privadas», «controlar la prensa, sometiéndola a censura», «requisar todos los aparatos de radio en poder de particulares» y «someter a todos los funcionarios civiles españoles a una depuración». El propósito del general Mola iba, pues, más allá de un mero pronunciamiento y se disponía a «situarse en un escenario de guerra civil».