Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
Todas las fuerzas forman parte de los servicios uniformados de Estados Unidos y están bajo el control civil del presidente de los Estados Unidos, que ejerce de comandante en jefe. Todos los servicios exceptuando a los Guardacostas, que están bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, dependen del Departamento de Defensa, que es dirigido por el secretario de Defensa que también debe ser un civil. La guardia costera está dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional en tiempo de paz, pero el mando puede ser transferido al Departamento de Defensa en tiempos de guerra, específicamente, bajo supervisión del Departamento de la Armada, y actuando, en caso de necesidad, como fuerza auxiliar de la Armada. La Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene así ambas funciones como fuerza militar y de mantenimiento del orden. El artículo 14 del Código de los Estados Unidos, en su sección 1, establece «La Guardia Costera, tal y como fue establecida el 28 de enero de 1915, debe ser un servicio militar y una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en todo momento.» Unidades de la Guardia Costera, o barcos del servicio anterior a esta, han servido en operaciones de combate desde 1790, incluyendo la ocupación de Irak.
Empresa militar privada
Los servicios y asesoramiento prestados son semejantes a los que un ejército o cuerpo policial dependientes de un gobierno pudiesen ofrecer, pero a menor escala. Estas empresas, por ejemplo, prestan entrenamiento a fuerzas locales dirigido a sustituir en un futuro a las fuerzas armadas, pero también son empleadas para ofrecer servicios de seguridad en un lugar concreto. Por lo tanto, las empresas militares privadas se concentran geográficamente en áreas conflictivas, preferentemente en escenarios de baja intensidad bélica o con enfrentamientos no convencionales, como la guerra de guerrillas. Sin embargo, los contratistas que usen la fuerza en una guerra podrían ser considerados, según el Derecho internacional, como combatientes ilegales, por lo que serían privados de derechos que sí tienen los soldados de un ejército. Pese a ello, el estatus jurídico de los contratistas militares es dudoso en algunos casos, ya que países como EE. UU. no son signatarios de la totalidad o parte de las convenciones internacionales que definen quién es un mercenario en caso de guerra y cuáles son sus derechos.