Legislación antiterrorista española
El artículo 571 del vigente Código Penal de 1995, define a los terroristas como :""los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte"." Esto está derogado por la Ley Orgánica 1/2015.
Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo
Para hacer frente a la actividad guerrillera el régimen estableció controles sobre los movimientos de la población y en abril de 1947 el general Franco promulgó el Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo en cuyo preámbulo se decía que pretendía utilizar «especiales medidas de represión» para combatir «las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra, secuela de la relajación de los vínculos morales y de la exaltación de los impulsos de crueldad y acometividad de gentes criminales e inadaptadas». En el articulado se establecían los supuestos en los que se aplicaría la pena de muerte a los «malhechores» —o «bandidos»—, que no sólo incluía el haber matado a alguien, sino también esgrimir «un arma de guerra» o detener «viajeros en despoblado».