Manuel Marulanda Vélez
Al igual que los demás bandos en el Conflicto armado interno en Colombia, las FARC-EP que Marulanda dirigía cometieron abusos contra otros combatientes y contra la población civil a lo largo de la guerra. Organizaciones no gubernamentales calculan que su responsabilidad correspondería a alrededor del 20 por ciento (de 15 a 25 según los diferentes momentos) de los asesinatos políticos anuales en el conflicto. A las FARC-EP también se las considera responsables de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC-EP están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra.
Agencia de Noticias Nueva Colombia
Según el [[gobierno colombiano]], la agencia ANNCOL apoya de manera efectiva a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia|Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC]], agrupación que fue considerada hasta 2016 como [[terrorismo|terrorista]] por 33 Estados (como [[Colombia]], [[Perú]], [[Estados Unidos]], [[Canadá]], [[Nueva Zelanda]] y la [[Unión Europea]], entre otros) y cuyas acciones consisten en [[narcotráfico]], [[guerra de guerrillas]], así como técnicas como la implantación de [[Mina antipersona|minas antipersona]], el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, en su esfuerzo por la construcción de un país justo y equitativo para los campesinos que han sido violentados por más de 20 décadas por el Estado colombiano y fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, dicho apoyo ha sido negado por los promotores de la agencia. El gobierno colombiano ha lanzado repetidas advertencias en el ámbito de que organizaciones humanitarias eviten cualquier tipo de "mediación" con las FARC sin el permiso oficial del gobierno. En el pasado, gobiernos de varios países europeos, [[Venezuela]] y la [[Iglesia católica]] han obtenido dichos permisos, con resultados variables.