Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002
Los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizó en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, ELN, AUC). Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA y Al Qaeda, la Unión Europea incluye a las FARC-EP y a las AUC en su lista de organizaciones terroristas. El 14 de octubre del 2002, el ELN publica un comunicado donde señala su participación en una serie de enfrentamientos los municipios de San Antonio del Chamí, El Cañón y Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda, además de anunciar que organizaciones como el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC-EP participan en los combates. En el comunicado no señalan las bajas de ambos lados, pero si anuncian un paro armado en la vía Pereira-Quibdó.
Un millón de voces contra las FARC
Como resultado, algunos de los militantes del PDA manifestaron su inconformismo con la decisión tomada y se adhirieron a las marchas convocadas. En un comunicado de 12 puntos el Polo expuso sus razones para la concentración convocada, enfatizando que "condenamos sin vacilación el secuestro y los demás crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Farc", al igual que"condenamos con idéntica fuerza a todos los grupos armados al margen de la ley, insurgentes y paramilitares, cuyos delitos atroces, de ser mostrados en imágenes dramáticas como lo han sido los secuestrados de las Farc, recientemente, tendrían que producir en todo el mundo igual sentimiento de repulsión y de condena", a la vez que criticaba varias de las posiciones del gobierno frente al conflicto armado en Colombia. Más tarde el PDA condenaría el apoyo a la marcha que expresaron exjefes paramilitares, hoy sometidos a la justicia, que pertenecieron a la organización armada ilegal de extrema derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, en particular Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, alias HH y alias Macaco, procesados por su participación en masacres, secuestros y otros crímenes contra la población civil. Dicha adhesión pública a la marcha también fue rechazada por los organizadores de la misma.