Derecho procesal penal
En Argentina el derecho procesal penal es de competencia de los Estados particulares, es decir que cada jurisdicción, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como el Estado Nacional, dictan sus propios códigos de procedimientos penales. Si bien hay un único código penal, la forma de llevar a cabo las penas que impone para los delitos este último, es determinada por cada uno de los códigos procesales. Prepondera el sistema mixto. En diciembre de 2014 se aprobó por ley 27.063 el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio al Proceso Penal de la Nación Argentina.
Procedimiento administrativo sancionador
El procedimiento prevé tres fases: iniciación,instrucción y resolución. En la primera fase, la administración da audiencia a la persona interesada para que pueda alegar y proponer la práctica de aquellas pruebas que considere conveniente para su defensa, siempre en relación con los hechos que se le imputan. En la instrucción se realizan las actuaciones de comprobación de los hechos y alegaciones, es la fase procedimental donde se practica la prueba y por último, en la fase sancionadora (o más bien resolutiva, ya que el expediente puede acabar sin sanción), el órgano competente dicta resolución, sancionando, si han quedado acreditados los hechos imputados, o sobreseyendo y archivando el expediente en caso de inexistencia de infracción o responsabilidad.  En el Perú, el procedimiento sancionador siempre se inicia de oficio, es decir, de impulso por parte de la autoridad administrativa. Contando con una etapa de averiguaciones previas antes de dar inicio al procedimiento. Luego de esto se tiene que dar cuenta de las dos fases en la primera que consiste en que la autoridad instructora notifica el cargo al administrado, hace sus descargos, da lugar a la actuación probatoria y finalmente formula una propuesta de Resolución. En la segunda etapa es decir sobre la autoridad decisora notificará al administrado, tanto los promotores como los denunciados y por tanto dan lugar a la alegación final. En este sentido se emite la Resolución y el administrado puede acudir a usar alguno de los recursos administrativos impugnativos (reconsideración, apelación o revisión) siempre y cuando se encuentre dentro del plazo para hacerlo. Admitido a trámite dicho recurso se da lugar a un procedimiento recursal en el cual la autoridad administrativa puede darle la razón al administrado y declarar la nulidad total o parcial de la resolución, o, inclusive, revocar dicha resolución.