Terrorismo de extrema izquierda
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron entre 1964 y 2016 una organización marxista-leninista en Colombia involucrada en atentados terroristas, bombas de cilindro de gas, asesinatos, minas terrestres, secuestros, extorsiones y tomas guerrilleras, así como acciones de guerrilla y militares convencionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las FARC-EP en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (hasta 2021), al igual que la Unión Europea (hasta 2017). Se financiaba principalmente a través de la extorsión, el secuestro y su participación en el tráfico ilegal de drogas. Las empresas que operan en áreas rurales, incluidos los intereses agrícolas, petroleros y mineros, debían pagar "vacunas" (pagos mensuales) que las "protegían" de ataques y secuestros posteriores. También realizaron bloqueos de carreteras o "pescas milagrosas" con secuestros masivos. Se estima que entre el 20 y el 30 por ciento de los combatientes de las FARC-EP eran menores entre 12 y 18 años, para un total de alrededor de 5000 niños víctimas de reclutamiento forzado.
Unión Patriótica (Colombia)
En 2014 la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, declaró como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra los integrantes, simpatizantes y familiares de la UP, por lo cual son imprescriptibles, la Fiscalía "logró establecer que sí existió un ataque sistemático y generalizado, “Son casos ilustrativos que dan cuenta de que los mismos (la violencia contra la UP) no hicieron parte de unos hechos aislados, ni de actos de delincuencia común, sino que, hicieron parte de un plan de exterminio en el que participaron estructuras criminales organizadas de carácter ilegal, en coordinación o connivencia con el estamento oficial, en varios de los casos”. Durante los diálogos de paz, que culminaron con los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, el presidente Juan Manuel Santos, reconoció la responsabilidad del Estado Colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica: