Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En el juicio se condenó a tres integrantes del Ejército: los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y el teniente coronel Hugo César Espeche a reclusión perpetua.El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba inició el 2 de julio de 2010 el debate en la causa conocida como “UPI”, en la que se investigan las muertes de 31 personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penitenciaria I de Córdoba. Del grupo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) que comandaba Raúl Telleldín (fallecido), llegan a juicio el expresidente de facto Jorge Rafael Videla; el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez; los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos “Tucán” Yanicelli; los ex suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Flores; y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel “Gato” Gómez (ya tiene una condena). Otros imputados son los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D’Aloia. También los ex suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez.
Historia de la Argentina entre 1983 y 2003
El presidente Menem continuó con la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que había iniciado Alfonsín luego de los levantamientos militares carapintadas. A tal fin entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, dictó diez decretos indultando a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1.200 personas. Las organizaciones de derechos humanos criticaron duramente los indultos, exigiendo su derogación. Finalmente en 2003, las llamadas leyes de impunidad dictadas por Menem y Alfonsín serían anuladas por el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Pese a los indultos el 3 de diciembre de 1990 se produjo un nuevo levantamiento "carapintada" (el cuarto y último) que causó trece muertos y decenas de heridos.