Narcoparamilitarismo
El término Narcoparamilitarismo hace referencia a los grupos armados ilegales creados por narcotraficantes con el fin de defender su dominio sobre los cultivos de droga y de defenderse de las extorsiones de grupos armados tanto de Izquierda (Guerrillas), como de Derecha (Paramilitares), algo que los dos bandos llaman respectivamente "Impuesto revolucionario" e "Impuesto al gramaje" de esta manera un grupo Narcoparamilitar puede ser enemigo de un grupo Paramilitar, así mismo sería un error hasta cierto punto, identitificar a estos grupos con la derecha; unos ejemplos concretos de esto son los siguientes:Mientras que Paramilitarismo, hace referencia tanto a los grupos armados de élite (en la mayoría de casos, de Derecha), como es el caso de los contraguerrilleros basados en el modelo de guerra de la Autodefensa Campesina como es el caso de las AUC en Colombia y los grupos de Autodefensa pre-existentes, aunque los líderes de esta organización también se involucraron con el Narcotráfico, al igual que las guerrillas de las FARC, ELN, y EPL, con quienes estuvieron en guerra a causa de las diferencias ideológicas.
Gobierno de Álvaro Uribe
En junio de 2005, Clara López, dirigente del Polo Democrático Alternativo (PDA) denunció la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras la afirmación de Salvatore Mancuso en la que afirmó que un 35 por ciento del Congreso de la República de Colombia eran amigos de su organización. A partir de ese momento se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos en lo que se denominó la "Parapolítica". Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales.