Legislación antiterrorista española
El artículo 571 del vigente Código Penal de 1995, define a los terroristas como :""los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte"." Esto está derogado por la Ley Orgánica 1/2015.
Guerra
El artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y ciertos civiles. Esto se aplica desde el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de la convención hace que sea ilegal torturar a los prisioneros, y al prisionero solo le pueden pedir su nombre, fecha de nacimiento, rango y número de servicio (si es aplicable). En principio, para tener el estatus de prisionero de guerra, el supuesto PDG debe estar en condiciones como las que indica la ley: ser parte de un regimiento, vestir un uniforme, banderas e insignias y mostrar sus armas abiertamente. Así, francotiradores, terroristas y espías pueden ser excluidos. En la práctica, esto no siempre se cumple estrictamente. Las guerrillas, por ejemplo, pueden no vestir un uniforme o llevar armas abiertamente, pero ahora se les da estatus de prisionero de guerra si son capturados. Sin embargo, las guerrillas o cualquier otro combatiente puede que no se le confiera el estatus de PDG si intentan pasar por dos tipos, por civil o por militar. Marina Mancini, "Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale", Torino, Giappichelli, 2009, ISBN 978-88-348-9597-9