Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El coronel retirado Antonio Herminio Simón y el agente de inteligencia del Ejército Alfredo Omar Feito fueron condenados a 19 y 10 años de prisión, respectivamente. Por otro lado, resultaron absueltos el coronel retirado Julián Marino y al teniente coronel José Ramón Pereiro, exmiembros del Batallón de Inteligencia 601.En este juicio se condenó a Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, a 19 años de prisión; y a Jorge Julio Bianchero, extitular de la seccional 3 de Villa Lynch, a 9 años de prisión. Se los juzgó por las desapariciones de Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski, Mirta Silber y Carlos Pérez, que fueron secuestrados el 12 de mayo de 1979. Cuatro de ellos eran estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta. Las seis víctimas permanecen desaparecidas y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Quedó fuera del juicio por cuestiones de salud el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201.Se trata del segundo juicio por los crímenes cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Fueron condenados el expolicía federal Pedro Godoy y el exmiembro del Ejército Alfredo Feito. Feito se encontraba prófugo y Godoy había sido recientemente identificado cuando se realizó el primer juicio por ABO. Este juicio fue por los mismos 181 casos que habían formado parte del primer debate oral. Feito fue condenado a 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos. Fue la primera vez que se aplicaron las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal para la agilización de los juicios elaboradas en 2012.En esta causa fue investigada la responsabilidad de Alberto Carlos Lucena, jefe militar del Área 313, y Juan Daniel Rauzzino, a cargo de la Policía a partir de abril de 1976, por los secuestros de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, y por Nelly Yolanda Borda, estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Lucena y Rauzzino fueron condenados a 16 y 10 años de prisión, respectivamente.En este juicio se juzgaron los crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones del destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial de Misiones. Los imputados cuya responsabilidad fue investigada en esta causa fueron Carlos Omar Herrero, exteniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976, Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía; Julio Argentino Amarilla, un exagente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en los centros clandestinos dependientes de la policía provincial.
Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial de Inteligencia Luis Alberto Tejada y 5 años de prisión domiciliaria para su esposa, Raquel Josefina Quinteros; los apropiadores de Jorge, quienes lo anotaron como Carlos Alberto Tejada.En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura cívico militar, estuvieron detenidas cerca de 5.000 personas, de las que solo sobrevivieron alrededor de 200. En la primera sentencia sobre crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención se juzgaron secuestros, torturas, homicidios y robos de bienes cometidos contra 86 víctimas, 28 de las cuales permanecen desaparecidas. Por estos hechos fueron condenados 12 integrantes de la armada, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo, un integrante de prefectura, uno del ejército y dos de la policía federal. Dos imputados fueron absueltos. Formaron parte del juicio casos de gran repercusión como los homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga; y del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. En la sentencia se ordenó iniciar investigaciones por los casos de violencia sexual, de niños secuestrados con sus padres y por el funcionamiento de la maternidad clandestina. El tribunal también ordenó una medida de protección sobre el campo de deportes de la ESMA, sobre el que se sospecha que fue utilizado para la incineración o entierro de cuerpos. Por último los jueces le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que promueva ante los organismos internacionales la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de genocidio.Se trató del segundo juicio por la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. En el mismo fue investigada la responsabilidad del exagente del Servicio Penitenciario Federal Pedro César Guerrero, quien quedó fuera del juicio anterior por haber estado prófugo durante dos años. A Guerrero lo apodaban «el sátiro de la zapatilla» porque solía «golpear con una zapatilla la planta de los pies de los presos de manera intermitente». También lo llamaban «Pamperito» por la brutalidad con la que aplicaba los tormentos. Pedro César Guerrero fue condenado a nueve años de prisión.En este juicio se juzgaron los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre, quienes fueron asesinados por fuerzas de seguridad en el marco de un operativo en la provincia de Tucumán desarrollado el 12 de julio de 1976. Se encontraban imputados el Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial Roberto Heriberto Albornoz, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Menéndez fue apartado del juicio por encontrarse ausente por superposición con otros juicios. Bussi falleció horas después del comienzo del juicio. Albornoz fue condenado a la pena de prisión perpetua por los homicidios.