Historia de la Argentina
Los militares golpistas fueron detenidos y enjuiciados. Perón y Lucero impulsaron en cambio optaron por aplicar sanciones moderadas. Menéndez fue condenado a 15 años de prisión; Rodolfo Larcher, Armando Repetto y Julio Alsogaray, fueron condenados seis años de reclusión; a cuatro años el capitán Alejandro Agustín Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría, Víctor Salas y Costa Paz; fueron sancionados a tres años Manuel Raymúndez y Rómulo Menéndez y a un año Luis Prémoli, Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rojas Silveyra. Ninguno de ellos perdió su grado militar. Los sectores más duros del peronismo, liderados por Eva Perón, sostenían que los delitos cometidos -que incluían un homicidio-, debieron haber sido sancionados severamente, con pérdida de los grados militares y aplicación de la pena de muerte en los casos más graves. El historiador radical Félix Luna opinó que Perón aprovechó el intento del golpe para depurar las fuerzas armadas, desprendiéndose mediante su retiro de oficiales que no habían sido parte de la rebelión.
Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Colombo fue gobernador de Formosa entre 1976 y 1981 y fue condenado por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, cometidos en el ámbito del territorio a su mando. En el juicio declararon contra Colombo más de 150 testigos. Durante el mismo se pudo probar que, como gobernador, destinó recursos económicos a las fuerzas armadas y de seguridad, principalmente a las pertenecientes al Regimiento de Infantería de Monte 29, para el manejo y puesta en marcha de centros clandestinos de detención.El Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas condenó con fecha 16 de octubre de 2009, a los excoroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti a prisión perpetua, por considerarlos responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones, en el centro clandestino de detención conocido como «la Casita de los Mártires», en las afueras de Posadas durante el último gobierno militar, como responsable del Área 232 y gobernador de facto de la provincia, respectivamente (Causa 67/09).