Unión de Armas
La Monarquía Hispánica nació en 1479 de la unión dinástica de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón por el matrimonio de sus respectivos soberanos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Desde entonces la Monarquía Católica, como era conocida oficialmente, fue agregando diversos "Reinos, Estados y Señoríos" en Europa y en América hasta convertirse bajo los reyes de la Casa de Austria en la Monarquía más poderosa de su tiempo. En 1580 Felipe II incorporó a la Monarquía el reino de Portugal con lo que toda "España" —en el sentido geográfico que tenía este término entonces— quedó bajo la soberanía de un único monarca. Como advirtió Francisco de Quevedo en "España defendida", obra publicada en 1609, «"propiamente España se compone de tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal"». En cuanto a su estructura interna la Monarquía Hispánica era una monarquía compuesta en la que los "Reinos, Estados y Señoríos" que la integraban estaban unidos según la fórmula "aeque principaliter", "bajo la cual los reinos constituyentes continuaban después de su unión siendo tratados como entidades distintas, de modo que conservaban sus propias leyes, fueros y privilegios. «"Los reinos se han de regir, y gobernar" —escribe Solórzano—, "como si el rey que los tiene juntos, lo fuera solamanente de cada uno de ellos"» [...] En todos estos territorios se esperaba que el rey, y de hecho se le imponía como obligación, que mantuviese el estatus e identidad distintivos de cada uno de ellos". El "rey católico" no tenía los mismos poderes en sus Estados. Así, mientras en la Corona de Castilla gozaba de una amplia libertad de acción debido a la debilidad de las Cortes de Castilla tras la derrota de la revuelta de las Comunidades de Castilla en la tercera década del siglo XVI, en los estados de la Corona de Aragón y en Portugal su autoridad estaba considerablemente limitada por las leyes e instituciones de cada uno de ellos. Esto explica que Castilla soportara la mayor carga de los gastos de la Monarquía", pero que también gozara del beneficio de constituir el núcleo central de la misma —por ejemplo, la inmensa mayoría de los cargos eran ocupados por la nobleza castellana y por juristas castellanos— y quedar adscrita a su Corona el Imperio de las Indias. Como ha señalado John Elliot, "los castellanos, al conquistar las Indias y reservarse los beneficios para sí mismos, aumentaron enormemente su propia riqueza y poder en relación a los otros reinos y provincias de la monarquía hispánica". Su consolidación como el núcleo central de la Monarquía —"las responsabilidades extraordinarias conllevaban privilegios extraordinarios", como ha señalado Elliott— avivó la identidad distintiva y el sentimiento de superioridad de Castilla —especialmente después de que Felipe II en 1561 fijara en Madrid la sede definitiva y permanente de su corte— lo que fue criticado por los habitantes de los estados no castellanos peninsulares, aunque también los hubo que sintieron la atracción de la cultura y la lengua de una corte dominante. A principios del siglo XVII, la situación de Castilla —de donde hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que necesitaron Carlos I y Felipe II para su política hegemónica en Europa— ya no era la misma que la del siglo anterior. Como ha señalado Joseph Pérez, Castilla "se hallaba exhausta, arruinada, agobiada después de un siglo de guerras casi continuas. Su población había mermado en proporción alarmante; su economía se venía abajo; las flotas de Indias que llevaban la plata a España llegaban muchas veces tarde, cuando llegaban, y las remesas tampoco eran las de antes. En comparación con Castilla, las coronas de Aragón y Portugal habían conservado su autonomía interna, protegida por sus fueros y leyes, que limitaban el poder del rey". La difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de metales preciosos de las Indias tuvo una repercusión inmediata en los ingresos de la Hacienda real. Así en la primera década del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, las tercios que luchaban en los Países Bajos para sofocar la rebelión iniciada cuarenta años antes, se amotinaron en diversas ocasiones por no recibir sus pagas, hasta el punto que Felipe III se vio obligado a firmar en 1609 la Tregua de los Doce Años, lo que suponía el reconocimiento de facto de la independencia de las Provincias Unidas. Pero en 1618 comenzó la que sería llamada Guerra de los Treinta Años y en 1621 expiró la tregua con las Provincias Unidas, una nueva situación bélica a la que tuvo que hacer frente el nuevo rey Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares.
España
La Edad Contemporánea no empezó muy bien para España. En 1805, en la batalla de Trafalgar, una escuadra hispano-francesa fue derrotada por el Reino Unido, lo que significó el fin de la supremacía española en los mares en favor del Reino Unido, mientras Napoleón Bonaparte, emperador de Francia que había tomado el poder en el país galo en el complejo escenario político planteado tras el triunfo de la Revolución Francesa, aprovechó las disputas entre Carlos IV y su hijo Fernando y ordenó el envío de su poderoso ejército a España en 1808. Su pretexto era invadir Portugal, para lo que contaba con la complicidad del primer ministro del rey español, Manuel Godoy, a quien había prometido el trono de una de las partes en las que pensaba dividir el país luso. El emperador francés impuso a su hermano José I en el trono, lo que desató la Guerra de la Independencia Española, que duraría cinco años. En ese tiempo se elaboró la primera Constitución española, de marcado carácter liberal, en las denominadas Cortes de Cádiz. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por lo que popularmente se la conoció como «la Pepa». Tras la derrota de las tropas de Napoleón, que culminó en la batalla de Vitoria en 1813, Fernando VII volvió al trono de España.