Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Facino, ya había sido condenado a 20 años de prisión en la causa Brusa.En septiembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de La Rioja condenó al exsoldado José Rodríguez a 20 años del prisión al probar que fue quien dio el disparo que asesinó por la espalda, el 30 de agosto de 1976, al conscripto Roberto Villafañe cuando intentaba huir de un grupo de soldados que querían secuestrarlo.Este juicio tuvo como eje los delitos de los que fueron víctimas 90 presos políticos que se encontraban alojados en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. El principal imputado fue el director del penal, Abel David Dupuy, quien una vez asumió su cargo implementó régimen fuertemente represivo sobre los detenidos. Ese régimen comenzó con una requisa realizada el 13 de diciembre de 1976, cuando fuerzas del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a la cárcel en la madrugada y obligaron a más de 800 detenidos a que salieran de sus celdas a punta de gritos y golpes. Mientras eran torturados, sus pertenencias fueron saqueadas. Los prisioneros fueron clasificados según su filiación política, “peligrosidad” y posibilidades de “recuperación”; también se implementaron nuevas formas de castigo y traslados sorpresivos a otros penales.
Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El debate oral comenzó en 2013 con un total de 27 imputados. Cuatro fueron apartados por razones de salud y seis fallecieron durante el juicio.En julio de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dictó sentencia sobre las «ligas agrarias», crímenes cometidos contra 12 víctimas, siete de ellas pertenecientes al movimiento campesino, por entonces de gran influencia en la zona tabacalera y algodonera, que fue duramente perseguido en diferentes localidades de la provincia. El Tribunal condenó a 15 años al ex jefe de la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Gendarmería Nacional de Curuzú Cuatiá, Domingo José Issler; a 3 años a Juan Carlos Medrano Caro; y a 2 años y 6 meses a Julio Miguel Plazaola. Asimismo, absolvió a Ángel Ricardo López Ferro, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Manuel Arrillaga y Julio Santiago Canteros resultaron absueltos.El 25 de agosto de 2016 concluyó el juicio por los crímenes cometidos en los centro clandestino de detención «La Perla – Campo La Ribera», en Córdoba. Luego de tres años y nueve meses de debate oral se dictaron 28 condenas a prisión perpetua y 10 condenas a penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión. También hubo cinco absoluciones. Los hechos que se investigaron incluyen delitos cometidos antes del golpe de 1976, entre los que además se encuentran casos de violencia sexual perpetrados por un grupo de policías contra las personas secuestradas en el centro clandestino que funcionó en el D2.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín dictó una condena de 25 años de prisión para Omar Graffigna y Luis Tomás Trillo, y de 12 años para Francisco Gómez por los delitos ocurridos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Los condenados fueron hallados culpables de la privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Es la primera condena que recibe el ex jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la segunda Junta Militar de la dictadura, Omar Graffigna, luego de su absolución en el Juicio a las Juntas. También es la segunda condena que recibe Francisco Gómez, agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien fue hallado penalmente responsable de la apropiación de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit.El 17 de agosto de 1976, Ricardo Alberto Cittadini, un estudiante de 21 años de Ciencias Económicas de La Plata y militante de la Juventud Peronista, fue detenido en Plaza Constitución por patrulleros de la comisaría 28ª de Capital Federal por «averiguación de antecedentes», lo que llevó a su desaparición. En agosto de 2016, Miguel Alcides Viollaz y Nicomedes Mercado fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad, y condenados a cinco años de prisión.