Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Entre 2011 y 2014 En la causa conocida como sub zona 14 II fueron sometidos a proceso más de 45 imputados, se dieron por acreditados unos 250 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, a su vez tales ilícitos en el caso de los máximos responsables concurren con el delito de asociación ilícita. Dichos ilícitos fueron caracterizados de “lesa humanidad”, en tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca le agregó la figura de “genocidio”. Sin embargo en 2016 los cinco represores condenados fueron liberados tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. La decisión la tomÓ el tribunal de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Óscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas.
Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980
El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dictó una sentencia admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La sentencia se dictó en la causa «Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario» (CSJ 1574/2014/RH1) y benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley N.º 24 390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda). La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político.