Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En el juicio se condenó a tres integrantes del Ejército: los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y el teniente coronel Hugo César Espeche a reclusión perpetua.El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba inició el 2 de julio de 2010 el debate en la causa conocida como “UPI”, en la que se investigan las muertes de 31 personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penitenciaria I de Córdoba. Del grupo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) que comandaba Raúl Telleldín (fallecido), llegan a juicio el expresidente de facto Jorge Rafael Videla; el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez; los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos “Tucán” Yanicelli; los ex suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Flores; y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel “Gato” Gómez (ya tiene una condena). Otros imputados son los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D’Aloia. También los ex suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez.
Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Colombo fue gobernador de Formosa entre 1976 y 1981 y fue condenado por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, cometidos en el ámbito del territorio a su mando. En el juicio declararon contra Colombo más de 150 testigos. Durante el mismo se pudo probar que, como gobernador, destinó recursos económicos a las fuerzas armadas y de seguridad, principalmente a las pertenecientes al Regimiento de Infantería de Monte 29, para el manejo y puesta en marcha de centros clandestinos de detención.El Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas condenó con fecha 16 de octubre de 2009, a los excoroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti a prisión perpetua, por considerarlos responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones, en el centro clandestino de detención conocido como «la Casita de los Mártires», en las afueras de Posadas durante el último gobierno militar, como responsable del Área 232 y gobernador de facto de la provincia, respectivamente (Causa 67/09).