Historia de la Argentina
Los militares golpistas fueron detenidos y enjuiciados. Perón y Lucero impulsaron en cambio optaron por aplicar sanciones moderadas. Menéndez fue condenado a 15 años de prisión; Rodolfo Larcher, Armando Repetto y Julio Alsogaray, fueron condenados seis años de reclusión; a cuatro años el capitán Alejandro Agustín Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría, Víctor Salas y Costa Paz; fueron sancionados a tres años Manuel Raymúndez y Rómulo Menéndez y a un año Luis Prémoli, Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rojas Silveyra. Ninguno de ellos perdió su grado militar. Los sectores más duros del peronismo, liderados por Eva Perón, sostenían que los delitos cometidos -que incluían un homicidio-, debieron haber sido sancionados severamente, con pérdida de los grados militares y aplicación de la pena de muerte en los casos más graves. El historiador radical Félix Luna opinó que Perón aprovechó el intento del golpe para depurar las fuerzas armadas, desprendiéndose mediante su retiro de oficiales que no habían sido parte de la rebelión.
Tercer peronismo
En su momento, ninguno de los crímenes de la Triple A fue investigado, ni sus autores identificados y castigados. Tampoco fueron incluidos en el decreto 157/83 del presidente Alfonsín, por el cual se ordenó promover la acción penal por los actos de violencia cometidos "con posterioridad al 25 de mayo de 1973", quedando la responsabilidad limitada a los jefes guerrilleros. En 1986 López Rega fue detenido y extraditado a la Argentina, muriendo en la cárcel en 1989, antes de llegar a ser enjuiciado. Durante el kirchnerismo (más de 40 años después), uno de los líderes de la Triple A, el excomisario Rodolfo Almirón, fue descubierto en una playa de Valencia, por el diario "El Mundo" de España. En Argentina se abrió la causa 1075/2006, que quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide, siendo extraditado Almirón y detenidos Ramón Morales, y Miguel Ángel Rovira, que morirían antes de ser enjuiciados. Oyarbide formó una megacausa con 680 casos crímenes y en un fallo histórico, resolvió que los crímenes de la Triple A cometidos durante los gobiernos constitucionales de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, constituían delito de lesa humanidad, y por lo tanto eran imprescriptibles. Como resultado de la esa investigación, en 2016 cinco miembros de la Triple A (Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi) fueron condenados por el delito de asociación ilícita, aunque a penas de solo cuatro años. También en 2016, tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo de choque ligado a la Triple A, Mario Ernesto Durquet, el exsuboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al exfiscal Gustavo Demarchi, fueron condenados a cadena perpetua, por crímenes cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.