Historia de la Argentina
Los militares golpistas fueron detenidos y enjuiciados. Perón y Lucero impulsaron en cambio optaron por aplicar sanciones moderadas. Menéndez fue condenado a 15 años de prisión; Rodolfo Larcher, Armando Repetto y Julio Alsogaray, fueron condenados seis años de reclusión; a cuatro años el capitán Alejandro Agustín Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría, Víctor Salas y Costa Paz; fueron sancionados a tres años Manuel Raymúndez y Rómulo Menéndez y a un año Luis Prémoli, Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rojas Silveyra. Ninguno de ellos perdió su grado militar. Los sectores más duros del peronismo, liderados por Eva Perón, sostenían que los delitos cometidos -que incluían un homicidio-, debieron haber sido sancionados severamente, con pérdida de los grados militares y aplicación de la pena de muerte en los casos más graves. El historiador radical Félix Luna opinó que Perón aprovechó el intento del golpe para depurar las fuerzas armadas, desprendiéndose mediante su retiro de oficiales que no habían sido parte de la rebelión.
Actividades de la CIA en Argentina
Durante los años 1990 fueron indultados casi 300 militares y civiles involucrados en terrorismo de estado y organizaciones político - militares. Argentina experimentó dos de los ataques terroristas más grandes en su historia: el AMIA (la Asociación israelí) y los bombardeos a la Embajada israelí, que dejaron un total de más de cien personas muertas. Hasta hoy, los autores de los bombardeos son todavía desconocidos. La ineficiencia de los servicios de inteligencia es vista como la razón principal de este fracaso institucional. En agosto de 2000, el jefe del estado la Agencia de inteligencia, Fernando de Santibañes, fue acusado de pagar sobornos a senadores de la oposición en el Congreso para promulgar una ley de trabajo. El escándalo creó una crisis institucional dentro de Argentina. El jefe de la agencia y varios senadores dimitieron el mes pasado. Además, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez también dimitió como un acto de protesta, ya que creía que el Poder ejecutivo no condenaba ni condenaría activamente el episodio. Un Juez Federal todavía investiga el caso en la actualidad.