Estructura de las FARC-EP
Según el Gobierno de Colombia, gobiernos de otros países y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC-EP poseían vínculos y conexiones con varios grupos u organizaciones terroristas y mafiosas que les permitían mantener acceso a redes de tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, tráfico de personas, entre otras actividades delictivas. Por esto, las FARC-EP eran una organización que para el manejo de sus finanzas y el control del negocio de drogas ilícitas estaba profundamente vinculada con las redes dedicadas al transporte de drogas y grupos narcotraficantes, la importación de insumos químicos y el lavado de activos. Asimismo, por su propia naturaleza de organización terrorista, estaba relacionada con redes dedicadas al tráfico de armas que reciben por el armamento, dinero o droga. Por lo tanto, la vinculación de las FARC-EP con redes globalizadas era profunda como resultado del involucramiento de la organización con el control del tráfico de drogas.
Gobierno de Álvaro Uribe
Como parte de la seguridad democrática, durante el mandato de Uribe se buscó negociar con grupos ilegales como las FARC-EP, el ELN y las AUC. Los diálogos con las FARC-EP y el ELN no tuvieron mayor consecuencia en el campo político pero se vio un incremento en la deserción de aquellos grupos al margen de la ley en parte debido a la política de desmovilización. Con las AUC se desarrolló una negociación con los cabecillas de dichas organizaciones lo que conllevó al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia que fue cuestionado por varios críticos que temían que las condiciones no fueran las suficientes para impedir que existiera un grado de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas.