Derecho procesal penal
En Argentina el derecho procesal penal es de competencia de los Estados particulares, es decir que cada jurisdicción, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como el Estado Nacional, dictan sus propios códigos de procedimientos penales. Si bien hay un único código penal, la forma de llevar a cabo las penas que impone para los delitos este último, es determinada por cada uno de los códigos procesales. Prepondera el sistema mixto. En diciembre de 2014 se aprobó por ley 27.063 el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio al Proceso Penal de la Nación Argentina.
Minerva-NOJ
En una primera fase, iniciada el 4 de mayo de 2010, con la entrada en vigor de las reformas procesales, se procedió al despliegue en todos los órganos judiciales del territorio dependiente del Ministerio de Justicia, para adaptar los modelos de tramitación a las nuevas leyes procesales.