Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Facino, ya había sido condenado a 20 años de prisión en la causa Brusa.En septiembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de La Rioja condenó al exsoldado José Rodríguez a 20 años del prisión al probar que fue quien dio el disparo que asesinó por la espalda, el 30 de agosto de 1976, al conscripto Roberto Villafañe cuando intentaba huir de un grupo de soldados que querían secuestrarlo.Este juicio tuvo como eje los delitos de los que fueron víctimas 90 presos políticos que se encontraban alojados en la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. El principal imputado fue el director del penal, Abel David Dupuy, quien una vez asumió su cargo implementó régimen fuertemente represivo sobre los detenidos. Ese régimen comenzó con una requisa realizada el 13 de diciembre de 1976, cuando fuerzas del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a la cárcel en la madrugada y obligaron a más de 800 detenidos a que salieran de sus celdas a punta de gritos y golpes. Mientras eran torturados, sus pertenencias fueron saqueadas. Los prisioneros fueron clasificados según su filiación política, “peligrosidad” y posibilidades de “recuperación”; también se implementaron nuevas formas de castigo y traslados sorpresivos a otros penales.
Actividades de la CIA en Argentina
Durante los años 1990 fueron indultados casi 300 militares y civiles involucrados en terrorismo de estado y organizaciones político - militares. Argentina experimentó dos de los ataques terroristas más grandes en su historia: el AMIA (la Asociación israelí) y los bombardeos a la Embajada israelí, que dejaron un total de más de cien personas muertas. Hasta hoy, los autores de los bombardeos son todavía desconocidos. La ineficiencia de los servicios de inteligencia es vista como la razón principal de este fracaso institucional. En agosto de 2000, el jefe del estado la Agencia de inteligencia, Fernando de Santibañes, fue acusado de pagar sobornos a senadores de la oposición en el Congreso para promulgar una ley de trabajo. El escándalo creó una crisis institucional dentro de Argentina. El jefe de la agencia y varios senadores dimitieron el mes pasado. Además, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez también dimitió como un acto de protesta, ya que creía que el Poder ejecutivo no condenaba ni condenaría activamente el episodio. Un Juez Federal todavía investiga el caso en la actualidad.