José Rodríguez-Medel
El general Emilio Mola fue trasladado a Pamplona por el gobierno de Manuel Azaña como castigo. Mientras éste conspiraba para la sublevación militar con falangistas y carlistas sin que los militares abandonasen nunca su función directiva. El general Mola no contemplaba la restauración de la Monarquía, sino el restablecer una República autoritaria de derechas con vestigios liberales. Así se produjo el desplazamiento del director de seguridad del Estado a Pamplona junto una resolución del Presidente de la República, que decide la incorporación de ocho jefes a sus destinos, como el nombramiento de José Rodríguez-Medel al mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra. Se despidió de su familia para unos pocos días.
Proclamación del Estado Catalán de 1934
Aprovechando la presencia de tropas del Ejército de África en Asturias para reprimir la sublevación de los mineros de octubre de 1934 el jefe de una de sus columnas, el teniente coronel Juan Yagüe, simpatizante de Falange, habló con el general Mola al que pidió que mandara «a sus casas a todos los ineptos arrivistas [sic] que nos mandan y emplear a los verdaderamente militares» y el 20 de octubre contactó con el general Sanjurjo para que, con la ayuda de Valentín Galarza, Jorge Vigón y el aviador Juan Antonio Ansaldo, viajara a Oviedo desde su exilio en Estoril para encabezar las fuerzas militares que habían llevado a cabo la represión de la revolución asturiana y dirigirse desde allí hacia Madrid ―precisamente algunos líderes monárquicos como Ramón Serrano Suñer y Santiago Fuentes Pila se encontraban en Oviedo esos días―. Fue la posición contraria del general Franco, que desde Madrid había dirigido las operaciones en Asturias, y de otros jefes del Estado Mayor la que hizo fracasar la iniciativa al considerarla inoportuna y prematura. «Lo cierto era que, según los observadores más avezados de la situación política, a la altura del 20 de octubre España estaba al borde de una dictadura militar, con Alcalá Zamora negociando desesperadamente con el Ejército para evitar el fusilamiento de los condenados a muerte».