Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002
Los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizó en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, ELN, AUC). Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA y Al Qaeda, la Unión Europea incluye a las FARC-EP y a las AUC en su lista de organizaciones terroristas. El 14 de octubre del 2002, el ELN publica un comunicado donde señala su participación en una serie de enfrentamientos los municipios de San Antonio del Chamí, El Cañón y Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda, además de anunciar que organizaciones como el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC-EP participan en los combates. En el comunicado no señalan las bajas de ambos lados, pero si anuncian un paro armado en la vía Pereira-Quibdó.
Un millón de voces contra las FARC
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria manifestó que no la apoyaría, argumentando que era convocada por las FARC y que los paramilitares son un grupo en proceso de desmovilización, otros críticos a la marcha del 6M que invitaron a no marchar fueron Fernando Londoño Hoyos, Plinio Apuleyo Mendoza y el periodista Rafael Nieto Loaiza, quienes según la Revista Semana defienden posiciones dentro de la derecha política y la ultraderecha respectivamente. Antes de dicha declaración, la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), que difunde información de las FARC, había anunciando su respaldo a la nueva convocatoria. Iván Cepeda expresó que su movimiento " rechaza cualquier adhesión de grupos al margen de la ley", y criticó al gobierno por no rechazar el respaldo de los paramilitares a la marcha del 4 de febrero. Los jefes paramilitares desmovilizados, por medio del Movimiento Nacional de Autodefensas Desmovilizadas, dijeron que la marcha del 6 de marzo tenía como objetivo deslegitimar el rechazo contra las FARC. Sin embargo, el más notorio jefe paramilitar en la cárcel, Salvatore Mancuso, se apartó de esta postura y anunció su respaldo a la marcha en su página web, apoyo que igualmente fue rechazado por los organizadores de la marcha.