Manuel Marulanda Vélez
Al igual que los demás bandos en el Conflicto armado interno en Colombia, las FARC-EP que Marulanda dirigía cometieron abusos contra otros combatientes y contra la población civil a lo largo de la guerra. Organizaciones no gubernamentales calculan que su responsabilidad correspondería a alrededor del 20 por ciento (de 15 a 25 según los diferentes momentos) de los asesinatos políticos anuales en el conflicto. A las FARC-EP también se las considera responsables de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC-EP están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra.
Patillal
De 1988 a mediados de 2000, el corregimiento de Patillal fue azotado por el accionar bélico de las FARC. Entre 1991 y 1994 el pueblo fue atacado y su estación de Policía varias veces destruida. Los agricultores de la zona no podían vender sus productos a otros centros de acopio y los secuestros y reclutamientos forzosos fueron constantes. A mediados de la década de 1990, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron salvajemente en la región para erradicar a las FARC, con masacres indiscriminadas, robos, extorsiones y amenazas. El accionar de las AUC se extendió hasta finales de la década de 2000. El enfrentamiento entre paramilitares, fuerza pública y guerrilla fue constante durante este periodo. Tal vez el episodio que más hizo eco en Colombia que ocurrió en la región fue el secuestro de la exministra Consuelo Araújo a manos de las FARC, tras haber estado en una misa en Patillal que celebraba el día la Virgen de Las Mercedes, fue secuestrada en una "pesca milagrosa" del Frente 59 de las FARC. Su hijo Hernando Molina Araújo sería luego condenado por pertenecer al Bloque Norte de las AUC. También los múltiples secuestros que sufrieron los hermanos de la familia Ochoa Daza, reconocidos cultivadores de arroz en la región.