Escaramuza entre Afganistán y Pakistán de 2017
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, declaró que si las fronteras de Pakistán fueron «violadas y se produce una mayor destrucción, entonces los responsables tendrán que pagar el precio. Vengaremos a aquellos que nos causan destrucción». Dijo que Afganistán se había dado cuenta de que tenía «la culpa», y que Pakistán esperaba resolver el asunto, pero no recibió una «respuesta positiva». También pidió al gobierno afgano que ponga fin al terrorismo.
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En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno. La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización. Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia. El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.