Carlos II de Rumania
El 11 de febrero de 1938 el rey abolió la constitución, prohibió la existencia de partidos políticos, comenzando un régimen de dictadura real que durará hasta el 5 de septiembre de 1940. El rey nombró un gobierno títere con el patriarca ortodoxo a la cabeza que pronto fue sustituido por Armand Călinescu, hombre fuerte del régimen hasta su asesinato en septiembre de 1939. El gobierno no respondía ante el parlamento sino ante el rey, que podía promulgar decretos-ley. El régimen fue descrito por el embajador alemán como nacionalista, cristiano y antisemita. El gobierno real adoptó las características típicas de los regímenes fascistas contemporáneos: partido único, uniformes militares, organizaciones juveniles nacionalistas controladas por el poder, retórica conservadora y de renovación nacional, etc. La camarilla real reforzó su poder.
Política de Rumania
El territorio de Rumania es inalienable. Las fronteras del país se consagran por ley orgánica dentro del respeto a los principios y a las demás normas generalmente admitidas por el derecho internacional. Desde el punto de vista administrativo, el territorio está organizado en municipios rurales, ciudades y departamentos. Con los requisitos que señale la ley, algunas ciudades pueden ser declaradas municipios urbanos.  En el territorio del Estado rumano no se pueden trasladar o colonizar poblaciones extranjeras.  El Estado tiene como fundamento la unidad del pueblo rumano.  Rumania es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos, sin distinción alguna de raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, sexo, opinión, pertenencia política, fortuna u origen social. La ciudadanía rumana se adquiere, se conserva o se pierde en las condiciones previstas por la ley orgánica.  La ciudadanía rumana no puede retirarse a quien la adquirió por nacimiento. El Estado reconoce y garantiza a las personas pertenecientes a las minorías nacionales el derecho a conservar, desarrollar y expresar su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa.  Las medidas de protección tomadas por el Estado con el fin de conservar, desarrollar y expresar la identidad de las personas pertenecientes a las minorías nacionales han de ser conformes a los principios de igualdad y no discriminación respecto a los demás ciudadanos rumanos.