Terrorismo de extrema izquierda
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron entre 1964 y 2016 una organización marxista-leninista en Colombia involucrada en atentados terroristas, bombas de cilindro de gas, asesinatos, minas terrestres, secuestros, extorsiones y tomas guerrilleras, así como acciones de guerrilla y militares convencionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las FARC-EP en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (hasta 2021), al igual que la Unión Europea (hasta 2017). Se financiaba principalmente a través de la extorsión, el secuestro y su participación en el tráfico ilegal de drogas. Las empresas que operan en áreas rurales, incluidos los intereses agrícolas, petroleros y mineros, debían pagar "vacunas" (pagos mensuales) que las "protegían" de ataques y secuestros posteriores. También realizaron bloqueos de carreteras o "pescas milagrosas" con secuestros masivos. Se estima que entre el 20 y el 30 por ciento de los combatientes de las FARC-EP eran menores entre 12 y 18 años, para un total de alrededor de 5000 niños víctimas de reclutamiento forzado.
Gobierno de Álvaro Uribe
Como parte de la seguridad democrática, durante el mandato de Uribe se buscó negociar con grupos ilegales como las FARC-EP, el ELN y las AUC. Los diálogos con las FARC-EP y el ELN no tuvieron mayor consecuencia en el campo político pero se vio un incremento en la deserción de aquellos grupos al margen de la ley en parte debido a la política de desmovilización. Con las AUC se desarrolló una negociación con los cabecillas de dichas organizaciones lo que conllevó al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia que fue cuestionado por varios críticos que temían que las condiciones no fueran las suficientes para impedir que existiera un grado de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas.