Legislación antiterrorista española
El artículo 571 del vigente Código Penal de 1995, define a los terroristas como :""los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte"." Esto está derogado por la Ley Orgánica 1/2015.
Primer franquismo
Para hacer frente a la actividad guerrillera el régimen estableció controles sobre los movimientos de la población y en abril de 1947 el general Franco promulgó la Ley de Bandidaje y Terrorismo en cuyo preámbulo se decía que pretendía utilizar «especiales medidas de represión» para combatir «las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra, secuela de la relajación de los vínculos morales y de la exaltación de los impulsos de crueldad y acometividad de gentes criminales e inadaptadas». En el articulado se establecían los supuestos en los que se aplicaría la pena de muerte a los «malhechores» —o «bandidos»—, que no solo incluía el haber matado a alguien, sino también esgrimir «un arma de guerra» o detener «viajeros en despoblado». Tanto los guerrilleros como las unidades del Ejército y de la Guardia Civil que los combatían recurrieron a las represalias, «alcanzando con frecuencia a una población civil aterrorizada». «Un guerrillero capturado tenía pocas posibilidades de seguir con vida» pero tampoco las tenía «un alcalde de pueblo, o un franquista notorio prisionero en una incursión guerrillera».