Manuel Marulanda Vélez
Al igual que los demás bandos en el Conflicto armado interno en Colombia, las FARC-EP que Marulanda dirigía cometieron abusos contra otros combatientes y contra la población civil a lo largo de la guerra. Organizaciones no gubernamentales calculan que su responsabilidad correspondería a alrededor del 20 por ciento (de 15 a 25 según los diferentes momentos) de los asesinatos políticos anuales en el conflicto. A las FARC-EP también se las considera responsables de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC-EP están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
El 27 de junio de 2017 la ONU certifica la entrega total de armas por parte de las FARC-EP a este organismo (un total de 7132 armas individuales, excepto las utilizadas para vigilar y proteger a los excombatientes en las zonas y campamentos), las cuales quedan embaladas en contenedores para después ser fundidas, con el objetivo de hacer tres monumentos que recuerden a las víctimas del conflicto que estarán ubicados en: Bogotá (capital del país), La Habana (sede de los diálogos) y Nueva York (sede de la ONU). El 14 de agosto de 2017 son entregadas a la ONU las últimas armas correspondientes al esquema de seguridad de las Zonas Veredales y campamentos de los ex-insurgentes de las FARC-EP, completando así 8112 armas entregada, más de un millón de cartuchos destruidos. También se incluye la destrucción por parte de la ONU de granadas, explosivos, minas antipersona y caletas con armas. De esta manera, las FARC-EP dejan de existir oficialmente como grupo beligerante. El 24 de agosto de 2017 se conoció el listado de bienes que las FARC-EP entregaron con el que se supone que ayudarían a reparar las víctimas del conflicto armado interno, las FARC-EP presentaron un listado en el que relacionaban utensilios domésticos, cirugías, carreteras, armamento y fincas. Se establece hasta el 31 de diciembre de 2020 para entrega de bienes.