Economía de Kosovo
Kosovo es una de las regiones más pobres de Europa con un ingreso per cápita de 1500 € anuales por persona. A pesar de las subvenciones al desarrollo promovidas durante el gobierno de Tito; Kosovo era la provincia más pobre de la ex Yugoslavia. En el transcurso de las décadas de 1990-2000, las deficientes políticas económicas, las sanciones internacionales posteriores a las Guerras Yugoslavas y la consecuente debilidad de acceso al comercio exterior y las finanzas, así como los conflictos étnicos dañaron gravemente la ya débil economía de esta conflictiva región. La UNMIK presentó un régimen de comercio exterior y de administración de aduanas el 3 de septiembre de 1999, cuando se puso en marcha un plan de administración de aduanas en los controles fronterizos de la región del Kosovo, después de estabilizar la región con el fin de las guerras yugoslavas. Todas las mercancías importadas en Kosovo pagan un arancel del 10% por conceptos como impuestos de legalización y derechos de aduana. Estos impuestos son recogidos en todos los puntos de recaudo de impuestos instalados en las zonas fronterizas de Kosovo (incluidos los declarados existentes entre Kosovo y Serbia), y usados para la financiación de las instituciones kosovares. La misión delegada de las Naciones Unidas UNMIK y las instituciones gubernamentales autoproclamadas de Kosovo han firmado unos "Tratados de Libre Comercio" con Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia del Norte. Estos tratados no son reconocidos por Serbia.
Albaneses de Kosovo
En 2006 comenzaron las negociaciones internacionales para determinar el estatus final de Kosovo, según lo previsto en la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puso fin al conflicto de Kosovo de 1999. Aunque gran parte de la comunidad internacional reconoce la soberanía continuada de Serbia sobre Kosovo, una clara mayoría de la población kosovar prefiere la independencia. Las conversaciones, respaldadas por la ONU y dirigidas por su enviado especial Martti Ahtisaari, comenzaron en febrero de 2006. Aunque se avanzó en cuestiones técnicas, ambas partes siguieron siendo diametralmente opuestas en la cuestión del estatuto propiamente dicho. En febrero de 2007, Ahtisaari entregó a los líderes de Belgrado y Pristina un proyecto de propuesta de acuerdo sobre el estatus, base de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que proponía la "independencia supervisada" de la provincia. A principios de julio de 2007, el proyecto de resolución, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, Reino Unido y otros miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se había reescrito cuatro veces para tratar de acomodar las preocupaciones rusas de que dicha resolución socavaba el principio de soberanía estatal. Rusia, que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad como uno de los cinco miembros permanentes, ha declarado que no apoyará ninguna resolución que no sea aceptable tanto para Belgrado como para Pristina.