Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
En este juicio, el tribunal condenó a prisión perpetua a Héctor Gamen y Hugo Pascarelli; a José Néstor Maidana a 22 años y medio de prisión; a Diego Salvador Chemes a 21 años y medio; Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán, a 20 años y medio y Roberto Carlos Zeolitti, a 18 años. Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, falleció poco antes de que se dictara sentencia.En 2011, en la provincia de Río Negro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a los ex polícias provinciales Rubén Codina, Víctor Manuel Lobos, Sixto Navarrete y Elfio Navarrete; y a los exmilitares Raúl Lucio Pedernera y Néstor Rubén Castelli; y absolvió a Alberto Mario Marasco por los delitos contra el secretario general de la Seccional Atlántica de la UOCRA y el colaborador de la Seccional Sierra Grande de UOCRA. Ambos fueron secuestrados en Sierra Grande y trasladados a Viedma donde estuvieron privados de su libertad y fueron torturados hasta que recuperaron su libertad. Rubén Codinafue condenado a 8 años de prisión; Víctor Lobos y Sixto Navarrete, a 7 años y 10 meses de prisión; Elfio Navarrete, a 7 años de prisión; Raúl Lucio Pedernera, a 8 años y 6 meses de prisión; y Néstor Rubén Castelli, a 5 años y 2 meses de prisión.En esta causa se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Goya, más precisamente en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya y en la Compañía de Telecomunicaciones 121. El 5 de agosto de 2011 fueron condenados cinco exmilitares y un expolicía provincial por la privación ilegítima de libertad agravada y los tormentos sufridos por 16 víctimas. Luis Leónidas Lemos, Juan Ramón Alcoverro, Alberto Silveyra Ezcamendi, Juan Antonio Obregón, Leopaldo Norberto Cao y Romualdo del Rosario Baigorria, fueron condenados a 25 años de prisión por la represión padecida por militantes barriales, docentes y activistas de las Ligas Agrarias.En esta causa fueron condenados Policarpo Luis Vázquez, encargado de inteligencia en la Base Naval marplatense, y Ana María Ferrá, personal civil en la Marina, por los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años, la falsificación de las actas y certificados de nacimiento y del DNI al haber anotado a Evelin Karina Bauer Pegoraro como hija propia. También fue condenada la partera Justina Cáceres por la falsificación de documento y supresión del estado civil, retención y ocultación de un menor. El padre de Evelin Karina Bauer Pegoraro, Rubén Santiago, fue secuestrado el 18 de junio de 1977 en La Plata. Su madre, Susana Beatriz, fue secuestrada el mismo día en Constitución cuando estaba embarazada de cinco meses. En octubre dio a luz en el centro clandestino de detención que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue vista y atendida por sobrevivientes en «la salita de las embarazadas».Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar realizado en la provincia de Mendoza. fijó fecha de debate en esta causa para el 11 de marzo de 2010. Posteriormente, esa fecha fue suspendida, por lo que el tribunal debe fijar nuevo día de debate. En el mismo se encontraban imputados el ex interventor de Mendoza Tamer Yapur; el ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, Juan Oyarzabal; el ex general Mario Lépori; el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de inteligencia del Ejército, Paulino Furió Etcheverri y los expolicías Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero Lorca, Dardo Migno Pipaon Eduardo Smaha Borzuk y Orlando Óscar Dopazo. Sin embargo, del juicio fueron excluidos Tamer Yapur y Luciano Benjamín Menéndez, por considerar que no se encontraban con las facultades mentales como para enfrentar el mismo. Además, Mario Lépori y Orlando Oscar Dopazo fallecieron antes del término del juicio.
Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial de Inteligencia Luis Alberto Tejada y 5 años de prisión domiciliaria para su esposa, Raquel Josefina Quinteros; los apropiadores de Jorge, quienes lo anotaron como Carlos Alberto Tejada.En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura cívico militar, estuvieron detenidas cerca de 5.000 personas, de las que solo sobrevivieron alrededor de 200. En la primera sentencia sobre crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención se juzgaron secuestros, torturas, homicidios y robos de bienes cometidos contra 86 víctimas, 28 de las cuales permanecen desaparecidas. Por estos hechos fueron condenados 12 integrantes de la armada, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo, un integrante de prefectura, uno del ejército y dos de la policía federal. Dos imputados fueron absueltos. Formaron parte del juicio casos de gran repercusión como los homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga; y del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. En la sentencia se ordenó iniciar investigaciones por los casos de violencia sexual, de niños secuestrados con sus padres y por el funcionamiento de la maternidad clandestina. El tribunal también ordenó una medida de protección sobre el campo de deportes de la ESMA, sobre el que se sospecha que fue utilizado para la incineración o entierro de cuerpos. Por último los jueces le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que promueva ante los organismos internacionales la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de genocidio.Se trató del segundo juicio por la Unidad Penal N.º 9 de La Plata. En el mismo fue investigada la responsabilidad del exagente del Servicio Penitenciario Federal Pedro César Guerrero, quien quedó fuera del juicio anterior por haber estado prófugo durante dos años. A Guerrero lo apodaban «el sátiro de la zapatilla» porque solía «golpear con una zapatilla la planta de los pies de los presos de manera intermitente». También lo llamaban «Pamperito» por la brutalidad con la que aplicaba los tormentos. Pedro César Guerrero fue condenado a nueve años de prisión.En este juicio se juzgaron los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre, quienes fueron asesinados por fuerzas de seguridad en el marco de un operativo en la provincia de Tucumán desarrollado el 12 de julio de 1976. Se encontraban imputados el Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial Roberto Heriberto Albornoz, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Menéndez fue apartado del juicio por encontrarse ausente por superposición con otros juicios. Bussi falleció horas después del comienzo del juicio. Albornoz fue condenado a la pena de prisión perpetua por los homicidios.