Primer ministro de Rumania
El cargo ejecutivo del gobierno rumano (Presidente del Consejo de Ministros) se remonta a la creación del Principado de Rumania en 1859, aunque el cargo se creó oficialmente en 1862. Con la creación de la monarquía el cargo fue pasando por distintas etapas, así, hasta 1938 se trato de una monarquía constitucional donde el monarca gozaba de bastantes poderes ejecutivos. Durante esta época los principales partidos fueron el PC, PNT (agrarismo) y los liberales del Partido Nacional Liberal que dominaron la política rumana desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. A partir de 1938, la situación europea se complica con el ascenso del fascismo, el expansionismo nazi y la debilidad de las fuerzas democráticas tradicionales, ante esto, Rumania pasará por una dictadura fascista (1937-1938) controlada por el Partido Nacional Cristiano.
Política de Rumania
El territorio de Rumania es inalienable. Las fronteras del país se consagran por ley orgánica dentro del respeto a los principios y a las demás normas generalmente admitidas por el derecho internacional. Desde el punto de vista administrativo, el territorio está organizado en municipios rurales, ciudades y departamentos. Con los requisitos que señale la ley, algunas ciudades pueden ser declaradas municipios urbanos.  En el territorio del Estado rumano no se pueden trasladar o colonizar poblaciones extranjeras.  El Estado tiene como fundamento la unidad del pueblo rumano.  Rumania es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos, sin distinción alguna de raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, sexo, opinión, pertenencia política, fortuna u origen social. La ciudadanía rumana se adquiere, se conserva o se pierde en las condiciones previstas por la ley orgánica.  La ciudadanía rumana no puede retirarse a quien la adquirió por nacimiento. El Estado reconoce y garantiza a las personas pertenecientes a las minorías nacionales el derecho a conservar, desarrollar y expresar su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa.  Las medidas de protección tomadas por el Estado con el fin de conservar, desarrollar y expresar la identidad de las personas pertenecientes a las minorías nacionales han de ser conformes a los principios de igualdad y no discriminación respecto a los demás ciudadanos rumanos.