Estructura de las FARC-EP
Según el Gobierno de Colombia, gobiernos de otros países y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC-EP poseían vínculos y conexiones con varios grupos u organizaciones terroristas y mafiosas que les permitían mantener acceso a redes de tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, tráfico de personas, entre otras actividades delictivas. Por esto, las FARC-EP eran una organización que para el manejo de sus finanzas y el control del negocio de drogas ilícitas estaba profundamente vinculada con las redes dedicadas al transporte de drogas y grupos narcotraficantes, la importación de insumos químicos y el lavado de activos. Asimismo, por su propia naturaleza de organización terrorista, estaba relacionada con redes dedicadas al tráfico de armas que reciben por el armamento, dinero o droga. Por lo tanto, la vinculación de las FARC-EP con redes globalizadas era profunda como resultado del involucramiento de la organización con el control del tráfico de drogas.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Las FARC-EP, durante su existencia como organización militar insurgente, fueron consideradas una agrupación terrorista por diversos Estados (Chile, Perú, Estados Unidos hasta 2021, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia), y la Unión Europea, la cual retiró de su lista de organizaciones terroristas en 2016 tras la firma de los acuerdos de paz. Otros gobiernos latinoamericanos como Brasil, o Argentina no le aplicaron esta calificación. Ecuador le otorgó el reconocimiento de "grupo irregular", Venezuela con Hugo Chávez solicitó que se le otorgue un estatus de "grupo beligerante" y no las considera terroristas. Sin embargo en agosto de 2010, manifestó que las FARC-EP no tienen futuro e igualmente les pidió liberar a los secuestrados. También dijo que las FARC-EP tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela. Además observadores internacionales han reiterado el apoyo económico, político y militar que el gobierno del expresidente Hugo Chávez podría haber hecho a las FARC-EP. Amnistía Internacional condenó públicamente a las FARC-EP por diferentes actos de terrorismo Les pidió terminar con los actos de violación de derechos humanos contra civiles. Las partes en un Conflicto armado interno tienen la obligación de respetar el DIH y este hecho no tiene ningún impacto sobre su estatuto jurídico. El CICR no tiene la competencia para reconocer el estatuto jurídico, o pronunciarse sobre el estatuto político de las partes en conflicto. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideraron, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles. El Ejército deEE.UU las comparó con el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda. Las FARC-EP estuvieron presentes a través de una Comisión internacional, y en áreas fronterizas e hicieron presencia militar en:Como política de Estado en la lucha anticomunista en Colombia y como herencia de la violencia política en Colombia los grupos paramilitares conocidos como 'pájaros' siguieron activos en los años 60 y como efecto de la guerra fría se conformaron grupos contrainsurgentes, luego de una visita al país del General William P. Yarborough en febrero de 1962. El 25 de diciembre de 1965 el gobierno de Guillermo León Valencia expide el Decreto 3398 (luego Ley 48 de 1968 del gobierno de Carlos Lleras Restrepo) que permite a los militares entregar armas de uso privativo de las FF.MM. a los civiles y constituir grupos armados de autodefensa coordinados por el ejército. Esta normativa fue declarada inexequible o inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 1989. Desde 1969 se emitieron una serie de Manuales y Reglamentos Contraguerrillas por el Ejército Colombiano, los cuales evidenciaron la creación de grupos paramilitares bajo la aprobación del Gobierno Colombiano. En los 80s se fortalecen los grupos de autodefensas paramilitares contrainsurgentes regionales, financiados por hacendados, multinacionales, narcotraficantes colombianos, algunos sectores de la sociedad civil y miembros de instituciones estatales. En 1979 las FARC secuestraron a Jesús Castaño en Amalfi, Antioquia, padre de los paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, cobraron tres rescates, lo torturaron y asesinaron; esto empezó a dar origen a los grupos paramilitares. El M-19 secuestró a Martha Ochoa, hermana de los Ochoa del Cartel de Medellín, en 1981 que crearon el MAS (Muerte a Secuestradores). El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, enemistado con las FARC-EP por la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca en 1983, empezó a apoyar con recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá, nombrada capital antisubversiva de Colombia. Aparecen las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño. Fueron creadas las cooperativas de vigilancia Convivir en el Gobierno de César Gaviria Trujillo (Decreto Ley 356 de 1994), posteriormente reglamentadas por el Gobierno de Ernesto Samper Pizano. Se estima que se autorizó más de 414 Convivir en todo el país, principalmente por Álvaro Uribe entonces gobernador de Antioquía. Se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 18 de abril de 1997, quienes desarrollaron una guerra en todo el país contra las FARC-EP en conjunto con el gobierno colombiano y las Fuerzas Militares. Desmovilizadas estas, las FARC-EP se enfrentaron a los Grupos Armados Organizados nacientes y en algunos casos harían negocios conjuntos. Con la desmovilización de las FARC-EP en 2016 se reparten el territorio dejado por estas los GAO como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC-EP.