Legislación antiterrorista española
El artículo 571 del vigente Código Penal de 1995, define a los terroristas como :""los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte"." Esto está derogado por la Ley Orgánica 1/2015.
Criminalización de la protesta social
Por último, agrega una figura innecesaria (el terrorista) cuyas actuaciones delictivas ya estarían tipificadas en el Código Penal. Es decir, “la legislación penal interna (el código Penal) de cada país, ya prevé y reprime un catálogo de delitos: contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público. Desde un punto de vista estrictamente técnico estamos haciendo derecho penal de autor y no de acto, a la vez que creando condiciones jurídicas especiales y excepcionales dentro del propio sistema jurídico, que en su espíritu constitucional no distingue a un ciudadano de otro ante la ley (Art. 16 de la CN). Figura innecesaria desde el punto de vista jurídico, hasta se podría decir inconstitucional desde la perspectiva de derechos; pero fundamental desde el punto de vista político y económico para el orden dominante. “si la ley es tan clara y lo ha sido siempre, no se comprende qué efecto práctico se puede buscar con tipos especiales que no cubren ningún vacío de tipicidad y que, por el contrario, pueden confundirlo todo y provocar impunidades.”