Proyecto de Unión
El 28 de octubre de 1651 el Parlamento Inglés emitió la "Declaración del Parlamento de la Comunidad de Inglaterra, relativa a la Solución de Escocia", en el que se afirmaba que "Escocia, puede ser incorporada, y convertirse en una Common-wealth con esta Inglaterra ". Ocho comisionados ingleses fueron nombrados, Oliver St. John, Sir Henry Vane, Richard Salwey, George Fenwick, John Lambert, Richard Deane, Robert Tichborne, y George Monck, para seguir el asunto. Los comisionados del parlamento inglés viajaron a Escocia hacia el Mercat cross en Edimburgo el 4 de febrero de 1652, proclamando que la oferta de la Unión estaba en vigor en Escocia. Al 30 de abril de 1652 los representantes de los condados y burgos de Escocia habían aceptado los términos que incluía un juramento de que Escocia e Inglaterra se integrarían a la Comunidad. El 13 de abril de 1652-entre el anuncio y el último de los condados de acuerdo con los términos, un proyecto de "Acta para la Incorporación de Escocia en una Mancomunidad con Inglaterra" se dio una primera y una segunda lectura en el Parlamento Rabadilla, pero no regresó de su fase de comisión antes de la disolución del grupo. Un acto similar se introdujo en el Parlamento Barebones pero tampoco pudo ser promulgada antes de la disolución del Parlamento.
Conferencia Económica del Imperio Británico
Lo que había sucedido fue que el Gobierno Británico, ante la grave crisis económica de los años 1929 y 1930, tomó la decisión de favorecer las importaciones desde los países del denominado Commonwealth: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, y Rhodesia, y restringir la importación de productos de terceros países. Esto se convino en la Conferencia Imperial Económica en la ciudad de Ottawa durante los meses de julio y agosto del año 1932 y se conoce como el Pacto de Ottawa. A fines de ese año el gobierno Británico comunicó a la Argentina que ya no gozaba del libre acceso al mercado británico por haberse adoptado una nueva política. La República Argentina resultó uno de los principales perjudicados como resultado este tratado por dos razones: en primer lugar, al reducir la entrada de la producción argentina a Gran Bretaña se provocaría una caída importante de sus exportaciones pues una parte substancial de ellas estaba dirigida a ese mercado. En segundo lugar, como la principal fuente de recursos del Estado Nacional eran los derechos de aduana, esa caída del comercio exterior le quitaba recursos al erario público. Ante estos hechos, el gobierno de Agustín P. Justo envió a Inglaterra al vicepresidente Julio A. Roca (h) para reunirse con Runciman. Luego de arduas discusiones, se aprobó el tratado en abril de 1933. Al gobierno argentino se le garantizaba el acceso al mercado británico a cambio de concesiones en las tarifas aduaneras para la importación de productos británicos y cambio especial para la liquidación de divisas. Los argentinos aprobaron las condiciones británicas, quedando la distribución de la cuota de carne en manos de las empresas extranjeras y obteniendo los británicos una última concesión en materia de emisión de valores de cambio.