Derecho procesal penal
En Argentina el derecho procesal penal es de competencia de los Estados particulares, es decir que cada jurisdicción, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como el Estado Nacional, dictan sus propios códigos de procedimientos penales. Si bien hay un único código penal, la forma de llevar a cabo las penas que impone para los delitos este último, es determinada por cada uno de los códigos procesales. Prepondera el sistema mixto. En diciembre de 2014 se aprobó por ley 27.063 el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio al Proceso Penal de la Nación Argentina.
Tribunal de apelación
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los sistemas judiciales están estructurados en dos instancias: una primera instancia asignada a tribunales inferiores o de base (tribunales de primera instancia), que conocen y resuelven los casos, y una segunda correspondiente a tribunales superiores, encargados de conocer las apelaciones contra las sentencias de los primeros, con la finalidad de enmendar conforme a Derecho, en su caso, dichas resoluciones; además, generalmente también contemplan un tribunal o corte suprema encargada de conocer los recursos de casación o nulidad contra las sentencias de los tribunales de apelaciones.