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"El Fiscal Superior de la Regi&oacute;n de Murcia, Jos&eacute; Luis D&iacute;az Manzanera, ha destacado el &quot;gran impulso&quot; dado en los &uacute;ltimos meses a la investigaci&oacute;n en el procedimiento judicial de contaminaci&oacute;n del Mar Menor, el denominado caso &#39;Topillo&#39;, y espera el auto de Procedimiento Abreviado para antes de finalizar este a&ntilde;o 2021 para &quot;encaminarlo as&iacute; a juicio oral&quot;.As&iacute; lo ha hecho saber D&iacute;az Manzanera durante el discurso que ha ofrecido en el acto de apertura del A&ntilde;o Judicial en la Regi&oacute;n de Murcia 2021/2022, en el que ha hecho un balance de la actividad del Ministerio P&uacute;blico.&quot;Huelga decir que es &eacute;ste el m&aacute;s grave problema medioambiental de esta Regi&oacute;n, posiblemente de toda su historia, con graves efectos en muchos sectores y con una compleja soluci&oacute;n, derivado de un c&uacute;mulo de acciones y omisiones que se arrastran desde hace m&aacute;s de 40 a&ntilde;os, y que deber&iacute;a ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado&quot;, tal y como ha se&ntilde;alado D&iacute;az Manzanera en referencia a la laguna salada.Ha considerado &quot;desolador&quot; ver que, desde diciembre de 2017, fecha de la presentaci&oacute;n de la denuncia por la Fiscal&iacute;a, &quot;se haya empeorado en su situaci&oacute;n medioambiental, con varios episodios de eutrofizaci&oacute;n y de anoxia con mortandad de flora y fauna&quot;. As&iacute;, ha considerado que &quot;se conoce la posible causa principal de ello, seg&uacute;n opini&oacute;n t&eacute;cnica un&aacute;nime, pero su posible soluci&oacute;n, que quede claro, que no se va a encontrar en la v&iacute;a judicial&quot;.&quot;A problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas, por muy duras que sean esas decisiones&quot;, ha manifestado el Fiscal Superior de la Regi&oacute;n, quien ha estimado que, en la v&iacute;a judicial se podr&iacute;a conseguir en primer lugar la &quot;exigencia de responsabilidades penales y civiles derivadas de aquellas, aplicando el fin retributivo de las penas a los responsables de la contaminaci&oacute;n, y a los responsables p&uacute;blicos que hayan omitido su obligaci&oacute;n de actuar, as&iacute; como buscar la prevenci&oacute;n general y especial&quot;.En segundo lugar, estima que tambi&eacute;n se puede conseguir por v&iacute;a judicial que, a instancia de la Fiscal&iacute;a, &quot;se interese de la Administraci&oacute;n competente que exija a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar y reparar e indemnizar, y si se omite esta obligaci&oacute;n, el presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia para obligar a actuar, como as&iacute; es conocido que tristemente ha sucedido esto &uacute;ltimo&quot;.No obstante, ha insistido en que este problema &quot;debe tratarse en el &aacute;mbito pol&iacute;tico y administrativo&quot;, y ha considerado que &quot;todo gira fundamentalmente en una necesidad ineludible de coordinaci&oacute;n y entendimiento entre las administraciones competentes y con los sectores afectados&quot;.&quot;Y las negligentes gestiones en estos temas, por muy nefastas que sean sus consecuencias, dif&iacute;cilmente pueden ser revisadas por el derecho penal&quot;, al no estar tipificados los delitos contra la Administraci&oacute;n P&uacute;blica en su modalidad imprudente, tal y como ha a&ntilde;adido.DISMINUCI&Oacute;N DE ASUNTOS POR LA PANDEMIAEn su intervenci&oacute;n, D&iacute;az Manzanera ha se&ntilde;alado que se ha notado una disminuci&oacute;n por procedimientos penales debido a la pandemia. As&iacute;, ha recordado que la suma de todas las incoaciones fue de 69.609 (82.017 el a&ntilde;o anterior), lo que supone un 15,12% de descenso. Adem&aacute;s, se celebraron 6.168 juicios (el a&ntilde;o anterior fueron 8.968 juicios) un 31,22% menos.Por tipolog&iacute;a de delitos, ha se&ntilde;alado que se ha producido un leve aumento por la pandemia en los asuntos de lesiones en violencia de g&eacute;nero y maltrato familiar y habitual, y amenazas en el &aacute;mbito familiar; as&iacute; como en delitos contra la libertad sexual: violaci&oacute;n, utilizaci&oacute;n de menores con fines pornogr&aacute;ficos, corrupci&oacute;n y abusos sexuales a menores, acoso por telecomunicaciones a menores de 16 a&ntilde;os, y constan dos diligencias de investigaci&oacute;n por abusos sexuales de sacerdotes a menores.Tambi&eacute;n han aumentado en delitos contra el patrimonio: robo y hurto de uso de veh&iacute;culos, usurpaci&oacute;n de inmuebles (okupas), estafas; as&iacute; como los delitos contra la Administraci&oacute;n de Justicia: con un 45,43% de aumento y destaca el quebrantamiento de condena o medida cautelar.En cambio, ha se&ntilde;alado que hay una disminuci&oacute;n en los delitos contra la integridad f&iacute;sica, en acoso laboral e inmobiliario, en delitos contra las relaciones familiares, hurtos, robos con fuerza, y robos con violencia e intimidaci&oacute;n.DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACI&Oacute;N P&Uacute;BLICA&quot;Menci&oacute;n especial&quot; merece, seg&uacute;n D&iacute;az Manzanera, los delitos contra la Administraci&oacute;n P&uacute;blica en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversaci&oacute;n y sobre todo, en prevaricaci&oacute;n.&quot;Los datos hablan por s&iacute; solos&quot;, seg&uacute;n el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscal&iacute;a de Murcia 61 diligencias de investigaci&oacute;n de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricaci&oacute;n, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos pol&iacute;ticos en 12 casos, adem&aacute;s de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.&quot;Denuncias que, en su mayor parte, no deber&iacute;an de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debi&eacute;ndose plantear en otra jurisdicci&oacute;n diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo espec&iacute;fico muy dif&iacute;cil de acreditar&quot;, ha aseverado. &quot;No todo es delito&quot;, seg&uacute;n D&iacute;az Manzanera, quien cree que &quot;lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar b&aacute;sicamente el efecto medi&aacute;tico.&quot;Que no quepa la menor duda que si la Fiscal&iacute;a observa indicios m&iacute;nimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente&quot;, ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que &quot;se procede, como as&iacute; ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base f&aacute;ctica, ni probatoria, ni jur&iacute;dica&quot;.&quot;No ser&iacute;a de recibo que detr&aacute;s de esa pr&aacute;ctica incorrecta hubiese una utilizaci&oacute;n torticera y abusiva de una instituci&oacute;n p&uacute;blica estatal como es la Fiscal&iacute;a, y en los casos m&aacute;s claros se podr&iacute;a hasta perseguir por acusaci&oacute;n y denuncia falsa&quot;, ha advertido.DATOS POR TIPOLOG&Iacute;AS DELICTIVASEn tipolog&iacute;as delictivas m&aacute;s concretas, ha lamentado en violencia contra la muerte de una v&iacute;ctima, en agosto de 2020, en la localidad de &Aacute;guilas, mujer que no hab&iacute;a denunciado anteriormente a su presunto homicida.A este respecto, ha se&ntilde;alado que la suma total en esta &aacute;rea es de 6.504 procedimientos incoados, con 1.328 sentencias en toda la regi&oacute;n, y destaca que &quot;m&aacute;s del 11% han sido absolutorias por retirada de denuncia por la mujer.En este sentido, ha criticado la dispensa de la obligaci&oacute;n de declarar introducida en la reforma legal producida por la L.O. 8/21, de 4 de junio. &quot;No existe ya tal derecho cuando el testigo-v&iacute;ctima est&eacute; o haya estado personado en el procedimiento como acusaci&oacute;n particular, y cuando el testigo-v&iacute;ctima haya aceptado declarar durante el procedimiento despu&eacute;s de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo&quot;.En cuanto a las medidas cautelares, ha se&ntilde;alado que constan 73 ingresos en prisi&oacute;n provisional, 190 &oacute;rdenes de alejamiento y prohibici&oacute;n de comunicaci&oacute;n, y 297 &oacute;rdenes de protecci&oacute;n. Adem&aacute;s, ha subrayado el aumento de colocaci&oacute;n de dispositivos t&eacute;cnicos de control (pulseras), ya que constan 50 activas en 2020."
<https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier/noticias/proceso-que-investiga-contaminacion-quedara-listo-para-juicio-oral-antes-final-ano-20211008_1548128>