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"Por Alejandro Gamero\n\ngamero.alejandro@diariouno.net.ar\nPor un ajustad&amp;iacute;simo 4 a 3 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en decisi&amp;oacute;n plenaria, es decir con el voto de todos sus miembros, rechaz&amp;oacute; ayer hacer una audiencia p&amp;uacute;blica para abrir el debate de la inconstitucionalidad de la 7.722, m&amp;aacute;s conocida como la ley antiminera.\nAlejandro P&amp;eacute;rez Hualde, Herman Salvini, Pedro Llorente y Julio G&amp;oacute;mez votaron contra la celebraci&amp;oacute;n de la audiencia.&amp;nbsp;\nEn cambio, Jorge Nanclares, Omar Palermo y Mario Adaro lo hicieron por la afirmativa.&amp;nbsp;\nLa ley 7.722 proh&amp;iacute;be en el territorio de la provincia el uso de sustancias qu&amp;iacute;micas como cianuro, mercurio, &amp;aacute;cido sulf&amp;uacute;rico y otras sustancias t&amp;oacute;xicas similares en los procesos mineros metal&amp;iacute;feros de cateo, exploraci&amp;oacute;n, explotaci&amp;oacute;n y o industrializaci&amp;oacute;n de minerales metal&amp;iacute;feros, obtenidos a trav&amp;eacute;s de cualquier m&amp;eacute;todo extractivo.\nDicha ley, sancionada por la Legislatura en 2008 durante el gobierno de Julio Cobos, impulsor de la misma, &amp;nbsp;tuvo como fin impedir la instalaci&amp;oacute;n de empresas mineras dedicadas a la extracci&amp;oacute;n a cielo abierto de oro, plata y cobre, ante el riesgo de la contaminaci&amp;oacute;n de las napas de agua que &amp;nbsp;bajan de la monta&amp;ntilde;a a los valles para consumo humano y cultivos.\nApenas sancionada, la ley 7.722 (vigente al d&amp;iacute;a de hoy) fue cuestionada por la actividad minera, que present&amp;oacute; un recurso judicial en la Corte local demandando que la misma fuera declarada inconstitucional.&amp;nbsp;\nLa presentaci&amp;oacute;n fue impulsada por Minera del Oeste SRL y aunque ya pasaron siete a&amp;ntilde;os &amp;ndash;la Corte no tiene plazos para sus fallos&amp;ndash; el planteo a&amp;uacute;n no ha tenido sentencia.\nSin embargo, el m&amp;aacute;ximo tribunal &amp;nbsp;resolvi&amp;oacute; ayer una iniciativa que hace dos a&amp;ntilde;os hab&amp;iacute;a impulsado el Procurador de la provincia (el fiscal de Corte), quien solicit&amp;oacute; la celebraci&amp;oacute;n de una audiencia p&amp;uacute;blica antes de fallar si la &amp;nbsp;7.722 es constitucional o no.\nEl resultado final de la Corte rechazando por 4 votos a 3 la realizaci&amp;oacute;n de la audiencia p&amp;uacute;blica no es ni supone un anticipo de lo que pueda votar cuando resuelva la constitucionalidad de la norma.&amp;nbsp;\nAl contrario, primero el preanuncio ser&amp;iacute;a &amp;nbsp;ilegal pero adem&amp;aacute;s la resoluci&amp;oacute;n de ayer no lo sugiere o lo deja ver, ni siquiera leyendo entre l&amp;iacute;neas. &amp;nbsp;\nLos fundamentos del rechazo\nEl 4 a 3 en la Corte polariz&amp;oacute; dos posturas en el tribunal: la ganadora, que rechaz&amp;oacute; la audiencia p&amp;uacute;blica, entendi&amp;oacute; que no pod&amp;iacute;a invadir con ese acto espacios de otros poderes, afirmando al respecto que &amp;ldquo;ley 7.722 fue una norma elaborada y debatida en el Poder Legislativo por lo que la Corte se limitar&amp;aacute; a expedirse en el marco de su incumbencia&amp;rdquo;, que es el estrictamente jur&amp;iacute;dico.&amp;nbsp;\nTambi&amp;eacute;n evalu&amp;oacute; que lo que se discute en el expediente es una cuesti&amp;oacute;n, como dicen en los tribunales, &amp;ldquo;de puro derecho&amp;rdquo;, en donde no son necesarios los aportes de una audiencia para resolver una cuesti&amp;oacute;n jur&amp;iacute;dica.\nAdem&amp;aacute;s no desecharon la herramienta de la audiencia p&amp;uacute;blica como m&amp;eacute;todo pero indicaron que &amp;ldquo;su naturaleza es excepcional&amp;rdquo; y por lo tanto de aplicaci&amp;oacute;n restringida y que no correspond&amp;iacute;a en este caso.\nLa postura perdedora, que vot&amp;oacute; por la habilitaci&amp;oacute;n de la audiencia sin lograrlo, puso su foco en la trascendencia del debate de la miner&amp;iacute;a contaminante, &amp;ldquo;cuya envergadura encuentra inter&amp;eacute;s no s&amp;oacute;lo de quienes reclaman procesalmente sino el general y colectivo&amp;rdquo;.\nDefendi&amp;oacute; &amp;nbsp;que el objeto de convocar a audiencias p&amp;uacute;blicas es para que el inter&amp;eacute;s de los ciudadanos pueda ser tomado en cuenta por los poderes p&amp;uacute;blicos y puso como ejemplo la audiencia p&amp;uacute;blica que convocara la Corte de la Naci&amp;oacute;n por la contaminaci&amp;oacute;n del Riachuelo, un tema cuyo impacto se le parece al debate de la miner&amp;iacute;a en Mendoza.\n\u25BAEn 2007. Julio Cobos era gobernador de Mendoza cuando su ministro de Infraestructura, Francisco Morandini, impuls&amp;oacute; la ley 7.722 para evitar la explotaci&amp;oacute;n a cielo abierto con cianuro.&amp;nbsp;\n\u25BA Sigue en pie. Pasaron ocho a&amp;ntilde;os y a&amp;uacute;n la Justicia de Mendoza no fall&amp;oacute; sobre el reclamo de una firma minera que aquel a&amp;ntilde;o pidi&amp;oacute; que se declarara inconstitucional la norma provincial."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.unosanrafael.com.ar/ley-antiminera-la-corte-mendoza-no-hara-audiencia-publica-n1114444.html>