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"La apertura del juicio oral por el caso De Miguel, conocida este martes, ha clarificado las diferentes posiciones de las distintas instituciones, todas ellas en manos del PNV, personadas en el proceso sobre el mayor asunto de presunta corrupci\u00F3n descubierto en los \u00FAltimos a\u00F1os en el Pa\u00EDs Vasco, que sentar\u00E1 en el banquillo a 26 personas, la mayor\u00EDa relacionadas con el partido de Andoni Ortuzar y entre ellas a tres exdirigentes alaveses.Mientras que el Gobierno vasco no reclama c\u00E1rcel contra ninguno de&amp;amp;nbsp;los imputados, la Diputaci\u00F3n de Bizkaia, gobernada por PNV y PSE-EE,&amp;amp;nbsp;solicita penas de prisi\u00F3n contra dos empresarios, padre e hijo,&amp;amp;nbsp;vinculados a la formaci\u00F3n nacionalista, por la supuesta comisi\u00F3n de&amp;amp;nbsp;varios delitos fiscales en el transcurso de una de las operaciones, lade Zambrana, llevadas a cabo por la trama encabezada por el exdiputado&amp;amp;nbsp;foral Alfredo de Miguel.Para Jes\u00FAs Arruti Odriozola reclama una pena de cuatro a\u00F1os m\u00E1s una&amp;amp;nbsp;multa de 415.256 euros y para Josu Arruti Letemendia, dos a\u00F1os de&amp;amp;nbsp;c\u00E1rcel y el pago de 140.000 euros. De prosperar su petici\u00F3n ambos&amp;amp;nbsp;tendr\u00E1n que indemnizar tambi\u00E9n a la instituci\u00F3n foral con cerca de&amp;amp;nbsp;700.000 euros en concepto de responsabilidad civil.Seg\u00FAn el relato de la Fiscal\u00EDa, los Arruti eludieron declarar los&amp;amp;nbsp;beneficios de cerca de un mill\u00F3n de euros obtenidos por sus empresas&amp;amp;nbsp;(Sidepur y Zerulur) y no anotaron tampoco en su declaraci\u00F3n de IRPF&amp;amp;nbsp;un incremento patrimonial de m\u00E1s de medio mill\u00F3n. Unas ganancias&amp;amp;nbsp;provenientes en todos los casos de los inversores catalanes a los que&amp;amp;nbsp;asesoraron en la frustrada recalificaci\u00F3n urban\u00EDstica promovida en el&amp;amp;nbsp;municipio alav\u00E9s de Zambrana y que el fiscal considera ingresos&amp;amp;nbsp;resultantes de comisiones il\u00EDcitas.LIMITADO A LA ACCI\u00D3N CIVILLa actuaci\u00F3n de la Diputaci\u00F3n, presidida por Unai Rementeria (PNV),&amp;amp;nbsp;contrasta con la del Ejecutivo vasco, liderado por \u00CD\u00F1igo Urkullu,&amp;amp;nbsp;que centra su acci\u00F3n a lo civil, porque estima \u201Credundante\u201D cualquier&amp;amp;nbsp;aportaci\u00F3n a la calificaci\u00F3n penal de los hechos \u201Cdadas las penas\u201D&amp;amp;nbsp;solicitadas por el Ministerio P\u00FAblico, seg\u00FAn expone en el escrito que&amp;amp;nbsp;recoge la jueza Eneida Arbaizar en su auto de apertura de juicio oral.El Gobierno vasco reclama \u00FAnicamente a siete de los encausados el pago&amp;amp;nbsp;conjunto de 221.779 euros por las adjudicaciones irregulares&amp;amp;nbsp;otorgadas a empresas pantalla de la trama (Kataia Consulting, Errexal&amp;amp;nbsp;y Ortzi Muga) desde la viceconsejer\u00EDa de Cultura y la Direcci\u00F3n de&amp;amp;nbsp;Deportes del Gobierno vasco, gestionadas entonces por Gurutz Larra\u00F1agay Xabier S\u00E1nchez Robles.La Fiscal\u00EDa pide para ellos dos penas de 17 y 18 a\u00F1os de c\u00E1rcel por&amp;amp;nbsp;los contratos p\u00FAblicos concedidos a las tres mercantiles. Estima que&amp;amp;nbsp;los tres principales imputados, los exdirigentes nacionalistas Alfredo&amp;amp;nbsp;de Miguel, AitorTeller\u00EDa y Koldo Otxandiano, se valieron de sus&amp;amp;nbsp;relaciones personales y de partido para contratar, para s\u00ED y susamigos, con las instituciones controladas por el PNV. De esta forma&amp;amp;nbsp;recibieron s\u00F3lo del Ejecutivo adjudicaciones por un total de 289.359&amp;amp;nbsp;euros a cambio de prestaciones que en algunos casos ni siquiera se&amp;amp;nbsp;llevaron a cabo.El Gobierno reduce la responsabilidad de las mujeres de De Miguel,&amp;amp;nbsp;Teller\u00EDa y Otxandiano, fundadoras de Kataia Consulting, la empresa&amp;amp;nbsp;embrionaria de la trama, a la de part\u00EDcipes a t\u00EDtulo lucrativo de la&amp;amp;nbsp;misma cantidad que se demanda a sus maridos.La postura del Ejecutivo auton\u00F3mico, centrada \u00FAnicamente en la&amp;amp;nbsp;indemnizaci\u00F3n, ha sido cuestionada por su \u201Ctibieza\u201D por la oposici\u00F3n&amp;amp;nbsp;parlamentaria, ante la que el Gobierno se ha defendido alegando que&amp;amp;nbsp;solo busca el resarcimiento por el posible perjuicio econ\u00F3mico&amp;amp;nbsp;causado. Su objetivo, ha expuesto su portavoz Josu Erkoreka, no esejercer de fiscal ni la defensa de la legalidad en su conjunto sino la&amp;amp;nbsp;recuperaci\u00F3n del quebranto originado.El PNV ha minimizado siempre el alcance de la presunta red decorrupci\u00F3n descubierta y criticado en varias ocasiones la instrucci\u00F3nrealizada por el juez y el fiscal. El paso dado por la Diputaci\u00F3n de&amp;amp;nbsp;Bizkaia en la parte de su competencia al secundar al Ministerio&amp;amp;nbsp;P\u00FAblico y contemplar la existencia de delitos fiscales, ampl\u00EDa el foco&amp;amp;nbsp;m\u00E1s de lo que lo ha hecho nunca el partido de Ortuzar y el Gobierno&amp;amp;nbsp;vasco. Tanto el PNV como el Ejecutivo han obviado las distintasvertientes del caso para reducir sus efectos a una p\u00E9rdida de \u201C200.000euros\u201D en los contratos con la Administraci\u00F3n vasca.\u00C1LAVA, FUERA DE LA CAUSAEn el auto en el que la jueza Arbaizar da paso a la celebraci\u00F3n de la&amp;amp;nbsp;vista oral, la magistrada aparta del proceso a la Diputaci\u00F3n de \u00C1lava,&amp;amp;nbsp;gobernada por PNV y PSE-EE , ya que la instituci\u00F3n no constata la&amp;amp;nbsp;existencia de perjuicio econ\u00F3mico para sus arcas y rechaza ejercer la&amp;amp;nbsp;acusaci\u00F3n, en consonancia con la postura del fiscal sobre las doscontrataciones realizadas por el ente foral alav\u00E9s.El caso De Miguel aflor\u00F3 en marzo de 2010 a ra\u00EDz de la denuncia deextorsi\u00F3n de la empresaria Ainhoa Alberdi. La investigaci\u00F3n judicial&amp;amp;nbsp;dej\u00F3 al descubierto un complicado entramado societario con distintas&amp;amp;nbsp;ramificaciones creado a partir de Kataia Consulting con la finalidad&amp;amp;nbsp;de lograr un beneficio \u201Cil\u00EDcito\u201D para el \u201Cenriquecimiento personal y&amp;amp;nbsp;de terceros\u201D.S\u00F3lo para los tres exdirigentes nacionalistas la Fiscal\u00EDa ya pide un&amp;amp;nbsp;total de m\u00E1s de 119 a\u00F1os de prisi\u00F3n. La mayor\u00EDa del resto de los 23&amp;amp;nbsp;acusados tambi\u00E9n afronta severas penas de c\u00E1rcel, as\u00ED como cuantiosas&amp;amp;nbsp;multas.El auto de apertura del juicio oral, hecho p\u00FAblico a tan s\u00F3lo cincod\u00EDas de las elecciones generales, establece como medidas cautelares la&amp;amp;nbsp;aportaci\u00F3n de elevadas fianzas, aunque no tan abultadas como lassolicitadas por el fiscal en su escrito de acusaci\u00F3n. En todos los&amp;amp;nbsp;casos la magistrada opta por reducir las cantidades. Baste un ejemplo:&amp;amp;nbsp;a De Miguel se le exige que garantice el pago de m\u00E1s de 16,5 millones&amp;amp;nbsp;de euros frente a los 25 demandados por el fiscal.Se abre ahora un periodo para la presentaci\u00F3n de los escritos de&amp;amp;nbsp;defensa. Tras esa fase la Audiencia de \u00C1lava deber\u00E1 fijar la fecha del&amp;amp;nbsp;juicio, que presumiblemente no se celebrar\u00E1 hasta despu\u00E9s de las&amp;amp;nbsp;elecciones auton\u00F3micas previstas para octubre."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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