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"SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)El Juzgado de Instrucci\u00F3n n\u00FAmero 4 de Torrelavega imputa por un presunto delito de prevariaci\u00F3n al alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y a cinco ediles del equipo de Gobierno, todos en representaci\u00F3n del Partido Popular, por la operaci\u00F3n urban\u00EDstica en la Finca del Obispado. Los ediles son Abelardo P\u00E9rez Guti\u00E9rrez, Jos\u00E9 Antonio D\u00EDaz Bueno, Mar\u00EDa Jos\u00E9 Garc\u00EDa Abascal, Pedro Carlos Balb\u00E1s y Mercedes Arnaiz. Sin embargo, se rechaza la imputaci\u00F3n a la secretaria interventora y al aparejador municipal, y al alcalde entre mayo de 2006 y mayo de 2007, Luis Alfonso Gonz\u00E1lez.En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez reprocha la &amp;quot;arbitrariedad&amp;quot; de una modificaci\u00F3n en las normas subsidiarias para obligar a una empresa a construir viviendas de protecci\u00F3n oficial, en un acto que se considera &amp;quot;reflejo puro y duro&amp;quot; de la voluntad de &amp;quot;imponer a terceros&amp;quot; los efectos de un pacto &amp;quot;privado&amp;quot; del que el Ayuntamiento fue un mediador.La denominada Finca del Obispado se encuentra en C\u00F3breces, y pertenec\u00EDa en un primer momento precisamente al Obispado de Santander. El Ayuntamiento medi\u00F3 para que esta parcela se vendiera a una constructora a un precio inferior al de mercado, pero con la condici\u00F3n de que se destinara a una promoci\u00F3n de cuarenta viviendas protegidas con garaje.En julio de 2005, el Ayuntamiento concedi\u00F3 a esta empresa la licencia de obra, y en febrero de 2006 esta vendi\u00F3 la parcela a una segunda constructora, que, a su vez, se la vendi\u00F3 a una tercera, que es la que ha adoptado las medidas legales que han dado lugar a esta resoluci\u00F3n judicial.Esta \u00FAltima quiso modificar el proyecto y edificar 80 viviendas con sus garajes, pero el Ayuntamiento le respondi\u00F3 que hab\u00EDa una licencia a favor de la segunda propietaria para la mitad de viviendas, por lo que esa empresa deb\u00EDa renunciar a la citada licencia para que la nueva due\u00F1a de los terrenos pudiera llevar a cabo ese proyecto.Pero el alcalde y los ediles les dijeron a los promotores de la urbanizaci\u00F3n que &amp;quot;no iban a permitir&amp;quot; la construcci\u00F3n en esa parcela de viviendas que no fueran de protecci\u00F3n oficial, remiti\u00E9ndose para ello al pacto con el Obispado, en una postura que el Juzgado califica de &amp;quot;inflexible&amp;quot;, y eso a pesar de que la empresa aseguraba que contaba con una licencia para viviendas libres, sin ninguna de las limitaciones que exig\u00EDa el Consistorio.Sin embargo, el Ayuntamiento dot\u00F3 de contenido normativo a esas restricciones, cuando, una vez denegada la licencia, el alcalde y cinco concejales del Partido Popular miembros del equipo de Gobierno votaron una modificaci\u00F3n puntual de las normas subsidiarias para destinar esa parcela a la construcci\u00F3n de viviendas de protecci\u00F3n oficial.Con este acuerdo explicitado &amp;quot;sin rubor&amp;quot; el Ayuntamiento persegu\u00EDa o &amp;quot;salvaguardar unas expectativas privadas de beneficio&amp;quot; o &amp;quot;en todo caso&amp;quot;, evitar la &amp;quot;exigencia de responsabilidades pol\u00EDticas&amp;quot; por parte de los vecinos, ante el incremento de precios que iba a implicar la sucesi\u00F3n de ventas de la parcela. Esto lo considera el juzgado un &amp;quot;abuso intolerable&amp;quot; y una &amp;quot;deliberada desviaci\u00F3n o torcimiento de derecho&amp;quot; adoptada &amp;quot;bajo la apariencia de una decisi\u00F3n conforme a derecho&amp;quot;, con la b\u00FAsqueda de fines &amp;quot;distintos&amp;quot; a los propios de una modificaci\u00F3n puntual del planeamiento, por tanto, &amp;quot;adoptada a sabiendas de su irregularidad y con conocimiento de los perjuicios que ello irrogar\u00EDa a terceros&amp;quot;.Los denunciantes alud\u00EDan a un &amp;quot;inter\u00E9s particular&amp;quot; de Bretones y otros concejales respecto al reparto de las viviendas protegidas. El auto se\u00F1ala que este &amp;quot;m\u00F3vil espurio sobrea\u00F1adido&amp;quot; no a\u00F1adir\u00EDa nada a la calificaci\u00F3n del delito como prevaricaci\u00F3n, algo para lo que es &amp;quot;irrelevante&amp;quot;. Se considera que no hay &amp;quot;evidencia bastante&amp;quot; de que, como dec\u00EDan los denunciantes, las futuras viviendas estaban ya adjudicadas a los ediles o personas afines, entre ellas el propio Bretones, que figuraba en una lista de solicitantes de VPO en la que el regidor llegaba a figurar dos veces, y es el \u00FAnico que aparece &amp;quot;vinculado directamente&amp;quot; al Ayuntamiento, si bien se admite que el proceso de solicitud es p\u00FAblico y no est\u00E1 vedado a personas con esta relaci\u00F3n. Se matiza que el ejercicio arbitrario del poder ya constituye un elemento &amp;quot;decisivo&amp;quot; para hablar de prevaricaci\u00F3n.El auto supone la transformaci\u00F3n de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, por lo que si la fiscal\u00EDa o las acusaciones particulares presentan el correspondiente escrito o la Fiscal\u00EDa, se podr\u00EDa abrir juicio oral contra los imputados."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/imputan-por-prevaricacion-al-equipo-de-gobierno-de-alfoz-de-lloredo-por-el-caso-de-la-finca-del-obispado_6ZfG1U6kp6VnnE7Ajqwqp5/>