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"Madrid, 22 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a tr\u00E1mite el recurso que el Gobierno, a trav\u00E9s de la Abogac\u00EDa del Estado, interpuso el pasado 30 de marzo contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, por lo que la norma quedar\u00E1 suspendida cautelarmente durante cinco meses.En una providencia notificada hoy, el Constitucional anuncia que tramitar\u00E1 la impugnaci\u00F3n de los servicios jur\u00EDdicos del Estado contra los art\u00EDculos 12 y 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.El segundo de ellos incluye la adaptaci\u00F3n de la Ley de Cajas que aprob\u00F3 el Ejecutivo de Esperanza Aguirre -con el apoyo del Partido Socialista- el pasado diciembre con el objetivo de que rigiera el proceso electoral de Caja Madrid, que debe culminar en septiembre con la renovaci\u00F3n de la Presidencia de la entidad.Seg\u00FAn el art\u00EDculo 161.2 de la Constituci\u00F3n Espa\u00F1ola, la impugnaci\u00F3n de una norma auton\u00F3mica por parte del Gobierno supone la suspensi\u00F3n autom\u00E1tica de \u00E9sta -s\u00F3lo en lo que se refiere a los art\u00EDculos recurridos-, que el Constitucional deber\u00E1 ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.El recurso, presentado a petici\u00F3n del presidente del Gobierno, Jos\u00E9 Luis Rodr\u00EDguez Zapatero, por considerar que la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid supon\u00EDa una &amp;quot;flagrante vulneraci\u00F3n&amp;quot; de la norma b\u00E1sica estatal al implicar &amp;quot;una conformaci\u00F3n radicalmente distinta&amp;quot; de la Asamblea General de Caja Madrid.Dicha normativa, que alude al r\u00E9gimen de elecci\u00F3n de los consejeros de Caja Madrid, alterar\u00EDa &amp;quot;frontalmente&amp;quot; el modelo participativo establecido en la legislaci\u00F3n estatal, seg\u00FAn el Ejecutivo.En el documento presentado por el Estado se considera &amp;quot;inconstitucional&amp;quot; la modificaci\u00F3n de la representaci\u00F3n, en la Asamblea de la caja, de los consejeros generales por el sector de las corporaciones municipales y el de los impositores, al tiempo que denuncia que va en contra de la regulaci\u00F3n estatal de &amp;quot;las normas b\u00E1sicas&amp;quot; sobre \u00D3rganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).En concreto, el recurso criticaba que la ley auton\u00F3mica estableciera dos circunscripciones electorales, fijara la proporci\u00F3n entre dep\u00F3sitos por oficinas y habitantes para determinar la distribuci\u00F3n de consejeros, y limitara al 30 por ciento la representaci\u00F3n m\u00E1xima de un ayuntamiento en Caja Madrid.El Ejecutivo argumentaba que los cambios propuestos por una Comunidad Aut\u00F3noma no pueden alterar el principio de igualdad y proporcionalidad de los representantes territoriales en la caja establecidos en la LORCA, especialmente para representantes de las corporaciones locales y de los impositores.En el caso de los ayuntamientos, la modificaci\u00F3n, promovida por el Ejecutivo de Aguirre y apoyada por el grupo socialista en la Asamblea auton\u00F3mica, contempla la creaci\u00F3n de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de Madrid y otra para los del resto de autonom\u00EDas en las que Caja Madrid tenga oficinas-El Gobierno tampoco ve\u00EDa bien que la ley limitara hasta el 30 por ciento la representaci\u00F3n m\u00E1xima de cualquier corporaci\u00F3n municipal en los \u00F3rganos de gobierno de la caja, lo que resta peso al Ayuntamiento de Madrid, que con la anterior normativa contaba con el 70 por ciento, en l\u00EDnea con el negocio de la entidad en la capital.Mientras que en el sector de impositores, la normativa regional otorga mayor protagonismo a aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que, aunque con menor poblaci\u00F3n, tengan mayores dep\u00F3sitos en la entidad.En el recurso se ped\u00EDa tambi\u00E9n la suspensi\u00F3n del art\u00EDculo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Madrid, que se refiere a la nueva regulaci\u00F3n del personal fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios, y que el Tribunal Constitucional tambi\u00E9n ha admitido a tr\u00E1mite."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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