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"El dato aparece recogido en la &amp;amp;uacute;ltima Memoria de la Fiscal&amp;amp;iacute;a General del Estado presentada el pasado martes: de los 10 presuntos terroristas isl&amp;amp;aacute;micos que en 2011 se sentaron en el banquillo acusados de financiar, promover o intentar la yihad en Espa&amp;amp;ntilde;a, s&amp;amp;oacute;lo seis fueron finalmente condenados. Los otros cuatro quedaron libres por falta de pruebas. Una &amp;quot;elevada cifra de absoluciones&amp;quot;, como recoge textualmente el documento , que preocupa y mucho a al Ministerio P&amp;amp;uacute;blico, que considera que la principal causa de ello son &amp;quot;las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos&amp;quot; para probar los delitos cuando la polic&amp;amp;iacute;a act&amp;amp;uacute;a con car&amp;amp;aacute;cter preventivo, antes de que las c&amp;amp;eacute;lulas consigan atentar. Adem&amp;amp;aacute;s, destaca la Fiscal&amp;amp;iacute;a, muchos de los que s&amp;amp;iacute; reciben una pena, &amp;amp;eacute;sta no es por un delito de terrorismo, sino por otros menores como la falsificaci&amp;amp;oacute;n de documentaci&amp;amp;oacute;n.En los &amp;amp;uacute;ltimos cinco a&amp;amp;ntilde;os, los tribunales espa&amp;amp;ntilde;oles han juzgado a 152 presuntos &amp;#039;yihadistas&amp;#039;, pero s&amp;amp;oacute;lo ha condenado a 87 de ellosEl fen&amp;amp;oacute;meno no es, sin embargo, nuevo. De hecho, un r&amp;amp;aacute;pido repaso a las Memorias de los &amp;amp;uacute;ltimos cinco a&amp;amp;ntilde;os revela que de los 152 supuestos yihadistas juzgados en nuestro pa&amp;amp;iacute;s en este periodo, 65 fueron absueltos. Es decir, un 43%. Un porcentaje mucho m&amp;amp;aacute;s alto, por ejemplo, que el que se registra en los juicios contra miembros de ETA, donde menos de un 20% de los que se sientan en el banquillo consiguen esquivar la condena. En 2007, el a&amp;amp;ntilde;o en el que se dict&amp;amp;oacute; la sentencia del 11-M y que, por tanto, fue en el que m&amp;amp;aacute;s presuntos terroristas fueron juzgados, el porcentaje de absoluciones fue incluso superior, rozando el 50%: de los 63 que estuvieron aquel a&amp;amp;ntilde;o ante un tribunal, 31 quedaron libres sin cargos.El &amp;amp;uacute;ltimo caso conocido de absoluci&amp;amp;oacute;n se produjo el pasado mes de agosto, cuando la Audiencia Nacional&amp;amp;nbsp;dej&amp;amp;oacute; libre a Abdelkader Ayachine, un musulm&amp;amp;aacute;n que regentaba una carnicer&amp;amp;iacute;a en Burgos y para el que la Fiscal&amp;amp;iacute;a ped&amp;amp;iacute;a 10 a&amp;amp;ntilde;os de c&amp;amp;aacute;rcel por integraci&amp;amp;oacute;n en organizaci&amp;amp;oacute;n terrorista. El tribunal, sin embargo, consider&amp;amp;oacute; que a pesar de que el detenido ten&amp;amp;iacute;a &amp;amp;ldquo;ideas violentas propias de un islamismo radical&amp;amp;rdquo;, no hab&amp;amp;iacute;a pasado &amp;amp;ldquo;del plano del pensamiento al de la acci&amp;amp;oacute;n&amp;amp;rdquo;, por lo que su actuaci&amp;amp;oacute;n no merec&amp;amp;iacute;a reproche penal. &amp;quot;Muchas veces se quiere condenar s&amp;amp;oacute;lo por ver v&amp;amp;iacute;deos radicales&amp;quot;, han denunciado reiteradamente abogados defensores de islamistas.&amp;quot;Diferente al de ETA&amp;quot;Este alto procentaje de absoluciones no es el &amp;amp;uacute;nico dato num&amp;amp;eacute;rico que apunta a que algo falla en Espa&amp;amp;ntilde;a en la lucha contra el terrorismo internacional. En el primer escal&amp;amp;oacute;n de ese combate, el de la actuaci&amp;amp;oacute;n policial, ya se producen serias discrepancias entre los agentes y los jueces que dirigen sus investigaciones. De hecho, de los 495 presuntos yihadistas detenidos en Espa&amp;amp;ntilde;a desde marzo de 2004 hasta finales de 2011, s&amp;amp;oacute;lo han sido juzgados 152 hasta ahora. Una cuarta parte. Otro porcentaje peque&amp;amp;ntilde;o a&amp;amp;uacute;n est&amp;amp;aacute; pendiente de que se celebre su vista. Del resto, las acusaciones que hab&amp;amp;iacute;a contra ellos se diluyeron durante la instrucci&amp;amp;oacute;n del sumario. &amp;quot;A&amp;amp;uacute;n hay jueces que no terminan de entender que este terrorismo es diferente al de ETA. Se empe&amp;amp;ntilde;an err&amp;amp;oacute;neamente en seguir aplicando las premisas judiciales que han servido para combatir &amp;amp;eacute;ste a la persecuci&amp;amp;oacute;n de las c&amp;amp;eacute;lulas islamistas&amp;quot;, apunta un veterano agente de la lucha antiterrorista que recuerda, por ejemplo, que &amp;quot;los etarras suelen reconocer su integraci&amp;amp;oacute;n en la banda armada cuando se les detiene; un yihadista nunca lo hace&amp;quot;.El caso m&amp;amp;aacute;s reciente de esas discrepancias entre polic&amp;amp;iacute;as y magistrados se produjo el pasado mes de agosto, cuando el juez Pablo Ruz estuvo a punto de poner en libertad a un ciudadano turco y dos chechenos detenidos en C&amp;amp;aacute;diz y Ciudad Real a los que el Ministerio del Interior hab&amp;amp;iacute;a calificado tras su arresto de &amp;quot;extremadamente peligrosos&amp;quot;. El magistrado consider&amp;amp;oacute; que las pruebas aportadas en un primer momento eran insuficientes para enviarlos a prisi&amp;amp;oacute;n y dio 48 horas de margen a los responsables de las pesquisas para que le presentaran otras m&amp;amp;aacute;s contundentes. Finalmente, la colaboraci&amp;amp;oacute;n de los servicios secretos y policiales de otros cuatro pa&amp;amp;iacute;ses permiti&amp;amp;oacute; recopilar nuevos indicios contra ellos, a los que se les termin&amp;amp;oacute; acusando de estar planeando un atentado con explosivos contra un centro comercial de Gibraltar con la ayuda de un avi&amp;amp;oacute;n teledirigido.Con el explosivo adosado al cuerpoEn otras ocasiones, sin embargo, la suerte no sonr&amp;amp;iacute;e del mismo modo a la Polic&amp;amp;iacute;a. As&amp;amp;iacute;, por ejemplo, en las tres mayores operaciones policiales contra redes islamistas desarrolladas en 2007 -Sello 2, Tala y Bureba- los agentes arrestaron a 28 personas. De ellas, s&amp;amp;oacute;lo doce terminaron ingresando en prisi&amp;amp;oacute;n preventiva. El resto, o qued&amp;amp;oacute; en libertad o la Justicia se limit&amp;amp;oacute; a ponerles medidas cautales menores mientras instruc&amp;amp;iacute;a la causa. Incluso el 11-M es un buen ejemplo de ello. El mayor atentado registrado en Espa&amp;amp;ntilde;a llev&amp;amp;oacute; a la polic&amp;amp;iacute;a detener a 120 personas por su presunta relaci&amp;amp;oacute;n con la masacre, pero s&amp;amp;oacute;lo 29 se sentaron en el banquillo de los acusados y, de &amp;amp;eacute;stas, finalmente las condenadas fueron 21.&amp;amp;nbsp;La Fiscal&amp;amp;iacute;a reconoce desde hace a&amp;amp;ntilde;os que la peculiar gestaci&amp;amp;oacute;n de las c&amp;amp;eacute;lulas dificultan &amp;quot;la aplicaci&amp;amp;oacute;n de la ley&amp;quot; a sus integrantesYa en su Memoria de 2009, la Fiscal&amp;amp;iacute;a recog&amp;amp;iacute;a que &amp;quot;el terrorismo internacional yihadista posee algunas peculiaridades, en cuanto a su gestaci&amp;amp;oacute;n, estructura y funcionamiento, que le alejan del terrorismo tradicional y que dificultan notablemente la respuesta represiva del Estado mediante la investigaci&amp;amp;oacute;n penal y la aplicaci&amp;amp;oacute;n de la ley&amp;quot;. En el mismo sentido, Mar&amp;amp;iacute;a Ponte, abogada penalista que ha ejercido la acusaci&amp;amp;oacute;n popular en numerosas causas contra c&amp;amp;eacute;lulas islamistas, asegura que &amp;quot;lo que para los polic&amp;amp;iacute;as es muchas veces un elemento claro de la implicaci&amp;amp;oacute;n de una persona en una red yihadista, muchos jueces no lo consideran una prueba de cargo suficiente para vencer a la presunci&amp;amp;oacute;n de inocencia&amp;quot;.Ponte, que es tambi&amp;amp;eacute;n profesora de terrorismo en cursos universitarios, recuerda en este sentido lo que ocurri&amp;amp;oacute; en operaciones como la Tigris o la que en 2004 llev&amp;amp;oacute; a la Polic&amp;amp;iacute;a a desarticular un red supuestamente dedicada a financiar y dotar de documentaci&amp;amp;oacute;n falsa a mujahidines que viajaban a Irak. Las sentencias de ambas terminaron exculpando a la mayor parte de los acusados al considerar los magistrados que la autorizaci&amp;amp;oacute;n para realizar escuchas telef&amp;amp;oacute;nicas e intervenir los correos electr&amp;amp;oacute;nicos de los acusados, piezas claves para demostrar la implicaci&amp;amp;oacute;n de &amp;amp;eacute;stos en ambas tramas, se hab&amp;amp;iacute;an dado concedido con &amp;quot;meras suposiones y conjeturas&amp;quot; policiales.&amp;amp;nbsp;&amp;quot;Hay que buscar un punto de equilibrio entre las necesidades de la Polic&amp;amp;iacute;a y las garant&amp;amp;iacute;as procesales que recoge nuestra legislaci&amp;amp;oacute;n para que los jueces no terminen pidiendo imposibles a los agentes&amp;quot;, se&amp;amp;ntilde;ala la abogada. &amp;quot;Para algunos jueces parece que s&amp;amp;oacute;lo hay pruebas si les cogemos con el cintur&amp;amp;oacute;n de explosivos ya puesto y no se dan cuenta que no podemos arriesgarnos a que cometan un atentado&amp;quot;, se lamenta un agente de la lucha antiterrorista.La reforma de 2010 del C&amp;amp;oacute;digo Penal&amp;amp;nbsp;Ya la reforma del C&amp;amp;oacute;digo Penal de 2010 intent&amp;amp;oacute; facilitar esa labor probatoria al incluir como acto de colaboraci&amp;amp;oacute;n terrorista &amp;quot;la captaci&amp;amp;oacute;n, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formaci&amp;amp;oacute;n de terroristas&amp;quot;, as&amp;amp;iacute; como al penalizar la distribuci&amp;amp;oacute;n de mensajes y consignas por internet que favorezcan la difusi&amp;amp;oacute;n de las ideas yihadistas y tipificar expresamente el delito de financiaci&amp;amp;oacute;n terrorista. Una modificaci&amp;amp;oacute;n que ten&amp;amp;iacute;a como objeto facilitar, precisamente, la principal actividad de los grupos islamistas detectados en Espa&amp;amp;ntilde;a: el proselitismo y la recaudaci&amp;amp;oacute;n de dinero para financiar tramas en otros pa&amp;amp;iacute;ses. La Fiscal&amp;amp;iacute;a recibi&amp;amp;oacute; la reforma con esperanza: &amp;quot;Resultaba absolutamente necesaria para dotar de una mayor eficacia a la acci&amp;amp;oacute;n del Estado frente a esta grave amenaza&amp;quot;, afirm&amp;amp;oacute; en su memoria del a&amp;amp;ntilde;o pasado. El tiempo dir&amp;amp;aacute; si se cumplen sus augurios en este sentido.El Supremo ha enmendado numerosas sentencias de la AN rebajando las penas e, incluso, absolviendo a los condenadosEl cambio legislativo deber&amp;amp;iacute;a tambi&amp;amp;eacute;n servir para evitar las serias discrepancias que, hasta el momento, han mostrado las diferentes instancias judiciales a la hora de castigar los delitos. De hecho, no ha sido extra&amp;amp;ntilde;o que los magistrados del Tribunal Supremo enmendaran sentencias emitidas por sus compa&amp;amp;ntilde;eros de la Audiencia Nacional, en la mayor&amp;amp;iacute;a de los casos para rebajar las penas impuestas por estos. En noviembre de 2007, el alto tribunal rebaj&amp;amp;oacute; entre cinco y siete a&amp;amp;ntilde;os los 13 a&amp;amp;ntilde;os de c&amp;amp;aacute;rcel que la Audiencia hab&amp;amp;iacute;a impuesto s&amp;amp;oacute;lo diez meses antes a los cinco detenidos del denominado comando Dixan, una operaci&amp;amp;oacute;n rodeada de pol&amp;amp;eacute;mica que hab&amp;amp;iacute;a empezado con 23 detenidos, sigui&amp;amp;oacute; con s&amp;amp;oacute;lo 18 imputados y acabo con cinco condenados.Un a&amp;amp;ntilde;o despu&amp;amp;eacute;s la discrepancias entre ambos tribunales era a&amp;amp;uacute;n mayor, y el Supremo absolv&amp;amp;iacute;a a 15 de los 20 condenados en la Operaci&amp;amp;oacute;n Nova, una actuaci&amp;amp;oacute;n policial que desmantel&amp;amp;oacute; una red islamista que supuestamente se organiz&amp;amp;oacute; entre presos de distintas c&amp;amp;aacute;rceles. M&amp;amp;aacute;s recientemente, el pasado julio el alto tribunal anul&amp;amp;oacute; la condena impuesta a un supuesto yihadista detenido en octubre cinco a&amp;amp;ntilde;os antes acusado de colaboraci&amp;amp;oacute;n con organizaci&amp;amp;oacute;n terrorista por haber enviado dinero a la esposa de un preso condenado por terrorismo isl&amp;amp;aacute;mico en Marruedos. En el fallo, los magistrados del Supremo argumentaron que enviar&amp;amp;nbsp;dinero a familiares directos de presos para que atiendan a sus gastos mientras que la persona que los alimentaba se halla en prisi&amp;amp;oacute;n no es delito."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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