<http://schema.org/articleBody>
"ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)   La Secci\u00F3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado \u00EDntegramente la demanda de nulidad interpuesta por Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), dependiente del Cabildo, contra el laudo arbitral de 9 de junio de 2006, dictado por la Corte de Arbitraje de la C\u00E1mara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci\u00F3n de Las Palmas, sobre la planta desaladora de agua de mar en Janubio, en el municipio de Yaiza, que obliga a Inalsa a pagar m\u00E1s de 12 millones de euros a la Uni\u00F3n Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio, que construy\u00F3 la citada infraestructura.   La sentencia, dada a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirma la resoluci\u00F3n de la C\u00E1mara de Comercio en el procedimiento de arbitraje, que obliga a Inalsa a indemnizar a la UTE que construy\u00F3 la nueva planta desaladora de Janubio, en concepto de da\u00F1os y perjuicios, por entender que la empresa p\u00FAblica de aguas no pag\u00F3 la ejecuci\u00F3n de esos trabajos. Adem\u00E1s, la resoluci\u00F3n de la Audiencia condena a Inalsa al pago de las costas procesales.   En el pronunciamiento de la Corte se se\u00F1alaba que Inalsa incurri\u00F3 en un &amp;quot;incumplimiento grave&amp;quot; del contrato que suscribi\u00F3 con UTE Edam Janubio, perteneciente a FCC Construcci\u00F3n SA. El laudo precisa que Inalsa realiz\u00F3 un &amp;quot;enriquecimiento injusto&amp;quot; por dicho incumplimiento, que a su vez es considerado &amp;quot;conciente y deliberado&amp;quot;.    El inicio del caso se remonta al 7 de junio de 2001, cuando la empresa p\u00FAblica de aguas public\u00F3 la convocatoria a un concurso p\u00FAblico para dotar al sur de la isla de una estaci\u00F3n desaladora de agua de mar en Janubio, en Playa Blanca, otorg\u00E1ndose el contrato a la firma UTE Edam Janubio tres meses despu\u00E9s. Este contrato fue firmado por Enrique P\u00E9rez Parrilla como presidente del Cabildo y Pl\u00E1cida Guerra como m\u00E1xima responsable de Inalsa. En el mismo se establec\u00EDa que la constructora pod\u00EDa explotar durante quince a\u00F1os la venta del agua desalada como parte del pago por la ejecuci\u00F3n de esas obras.   Sin embargo, los trabajos se vieron demorados debido a la tramitaci\u00F3n de los permisos necesarios, seg\u00FAn el laudo, hasta que la UTE e Inalsa llegaran a un acuerdo para ejecutar los trabajos. Las obras terminaron a falta de la instalaci\u00F3n del equipamiento t\u00E9cnico de desalaci\u00F3n.   Finalmente, un laudo de la Corte de Arbitraje de la C\u00E1mara de Comercio de Las Palmas oblig\u00F3 a Inalsa a pagar 9.381.761 euros a la UTE, cuant\u00EDa que supera los 12 millones de euros por intereses, seg\u00FAn fuentes consultadas por Europa Press.   As\u00ED el importe total a pagar a la UTE se refiere al precio de la obra ya ejecutada, costes indirectos, intereses derivados de la inversi\u00F3n realizada durante un tiempo mayor al previsto contractualmente sin percibir contraprestaci\u00F3n, beneficios perdidos en relaci\u00F3n a la obra no ejecutada seg\u00FAn contrato y a consecuencia de verse privado de la explotaci\u00F3n de la obra, m\u00E1s los gastos consistentes en los pagos por redacci\u00F3n del proyecto, y perjuicio por p\u00E9rdida del margen de amortizaci\u00F3n e intereses moratorios. INALSA ALEGA QUE EL CONVENIO FUE VULNERADO   Inalsa afirmaba en su demanda como primer motivo de nulidad del laudo insular, que el convenio arbitral suscrito con la UTE Edam Janubio para el proyecto, financiaci\u00F3n, ejecuci\u00F3n y explotaci\u00F3n de una planta desaladora de agua de mar en Janubio hab\u00EDa sido vulnerado porque se produjeron irregularidades en la designaci\u00F3n del \u00E1rbitro, pues tanto su designaci\u00F3n como el procedimiento arbitral deb\u00EDan ser determinados de mutuo acuerdo entre las partes y s\u00F3lo en caso de desacuerdo corresponder\u00EDa a la C\u00E1mara de Comercio.    Sin embargo, seg\u00FAn la Audiencia, la falta de acuerdo sobre la designaci\u00F3n del \u00E1rbitro conforme a lo previsto en el convenio arbitral se resolvi\u00F3 en el marco del arbitraje institucional de la C\u00E1mara de Comercio de La Palmas design\u00E1ndose el \u00E1rbitro de acuerdo con su Reglamento y Estatutos, y su Reglamento de Conciliaci\u00F3n y Arbitraje dispone al no haber previsi\u00F3n expresa sobre el n\u00FAmero de \u00E1rbitros en el convenio arbitral, la designaci\u00F3n de un solo \u00E1rbitro.    Respecto al segundo motivo de nulidad del laudo planteado por la empresa p\u00FAblica sobre la indefensi\u00F3n causada a Inalsa al no haber sido emplazada, la Audiencia se\u00F1ala que  resulta acreditado que el emplazamiento de la demandante Inalsa para que contestara a la demanda se produjo en los t\u00E9rminos previstos en la Ley de Arbitraje, puesto que la demanda de arbitraje y los documentos acompa\u00F1ados a la misma, la copia del expediente y la notificaci\u00F3n del acuerdo de la Corte designando \u00E1rbitro fueron entregados en el domicilio social de INALSA el 15 de marzo de 2006, seg\u00FAn informe de la empresa de mensajer\u00EDa que practic\u00F3 el acto de comunicaci\u00F3n. &amp;quot;UN \u00C1RBITRO IMPARCIAL&amp;quot;   As\u00ED, la sentencia entiende que &amp;quot;habiendo constancia de su recepci\u00F3n, ser\u00EDa la propia falta de diligencia de la demandante la que habr\u00EDa provocado la indefensi\u00F3n alegada&amp;quot; e incide en que el \u00F3rgano judicial &amp;quot;utiliz\u00F3 correctamente todos los cauces legales tendentes a conseguir un conocimiento directo para el demandado del nacimiento del proceso, al haber dirigido las distintas comunicaciones al domicilio social de la entonces recurrente&amp;quot;.    Igualmente, la resoluci\u00F3n de la Audiencia atiende al tercer motivo de nulidad de la laudo arbitral de Inalsa que se fundamenta en que, despu\u00E9s de dictado el laudo la demandante tuvo conocimiento de que el \u00E1rbitro designado por la Corte Arbitral de la C\u00E1mara de Comercio de Las Palmas, hab\u00EDa sido condenado penalmente, por sentencia firme, en tres procedimientos penales por delitos de apropiaci\u00F3n indebida, estafa y deslealtad profesional.   Sin embargo, la Sala sostiene que este otro motivo tampoco puede ser estimado porque la persona designada hab\u00EDa extinguido las responsabilidades penales cuando fue nombrado \u00E1rbitro por la Corte Arbitral de la C\u00E1mara de Comercio de Las Palmas y acept\u00F3 el arbitraje hall\u00E1ndose en pleno ejercicio de sus derechos civiles y legalmente habilitado para el ejercicio de su profesi\u00F3n de abogado.    Por lo que, entre otras cuestiones que recoge la sentencia, seg\u00FAn la Audiencia, al margen de cualquier consideraci\u00F3n de tipo \u00E9tico o moral, los antecedentes penales que a\u00FAn pudiera tener en vigor el \u00E1rbitro &amp;quot;no afectaban a su capacidad legal para serlo ni constitu\u00EDan causa de abstenci\u00F3n o recusaci\u00F3n en la medida en que por s\u00ED mismos no compromet\u00EDan la imparcialidad e independencia del \u00E1rbitro&amp;quot;."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-pesada/audiencia-de-las-palmas-obliga-a-la-empresa-inalsa-de-lanzarote-a-pagar-12-millones-por-la-desaladora-de-janubio_RCJPazWreV1kygzfdWFvs5/>