<http://schema.org/articleBody>
"Revela &amp;quot;disfunciones y falta de eficacia&amp;quot; a la hora de documentar a los menores MADRID, 25 (EUROPA PRESS)El Defensor del Pueblo, Enrique M\u00FAgica, denuncia en su informe correspondiente a 2008 numerosas irregularidades en los procedimientos de documentaci\u00F3n y repatriaci\u00F3n de los menores inmigrantes no acompa\u00F1ados que se encuentran en Espa\u00F1a, y se\u00F1ala que en muchos casos, las administraciones &amp;quot;ni siquiera&amp;quot; inician los tr\u00E1mites legalmente previstos para la correcta devoluci\u00F3n de los ni\u00F1os al pa\u00EDs de origen. El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se\u00F1ala en primer lugar, que pese a la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, &amp;quot;a\u00FAn no se ha generalizado&amp;quot; el derecho de los menores inmigrantes a contar con una representaci\u00F3n legal independiente de la administraci\u00F3n auton\u00F3mica que ostenta la tutela en los procesos de repatriaci\u00F3n. Asimismo, se\u00F1ala &amp;quot;deficiencias&amp;quot; e &amp;quot;irregularidades&amp;quot; en Madrid, desde donde se repatri\u00F3 a un menor en 2007 sin que el Ministerio Fuscal tuviera conocimiento, y Barcelona, cuya Subdelegaci\u00F3n del Gobierno ya hab\u00EDa sido apercibida un a\u00F1o antes por la Alta Instituci\u00F3n para que corrigiese las &amp;quot;deficiencias detectadas&amp;quot; en la tramitaci\u00F3n de los procedimientos de repatriaci\u00F3n de menores.Sobre este asunto, el Defensor expone un caso en el que &amp;quot;no qued\u00F3 acreditado que se hubieran realizado las gestiones previstas en el Reglamento de Extranjer\u00EDa&amp;quot; para verificar la existencia de riesgo o peligro para la integridad del ni\u00F1o antes de acordar su repatriaci\u00F3n. Es m\u00E1s, en uno de los casos concretos, &amp;quot;lo que qued\u00F3 acreditado es que no se realiz\u00F3 tr\u00E1mite alguno para verificarlo&amp;quot;. &amp;quot;Llam\u00F3 la atenci\u00F3n, como ya ha tenido ocasi\u00F3n de comprobar esta Instituci\u00F3n en otros expedientes de repatriaci\u00F3n de menores, que el \u00FAnico contacto que se realiza con las autoridades del pa\u00EDs de origen es la solicitud de un salvoconducto para el viaje, al igual que ocurre en las expulsiones&amp;quot;, expone el informe del Defensor. El Reglamento de Extranjer\u00EDa en vigor concede a las administraciones un plazo de nueve meses para repatriar al menor o documentarle a fin de evitar que pueda verse &amp;#039;sin papeles&amp;#039; &amp;quot;indefinidamente&amp;quot;. Sin embargo, esto no impide que la administraci\u00F3n pueda conseguir los documentos en menos tiempo, porque se puede tardar menos de nueve meses en constatar que un menor no puede ser repatriado. En este sentido, el informe sentencia que &amp;quot;son numerosos los casos en que los tr\u00E1mites de averiguaci\u00F3n del paradero de la familia del menor, el an\u00E1lisis de su situaci\u00F3n y de las posibilidades de reagrupaci\u00F3n del menor, ni siquiera se inician, limit\u00E1ndose las distintas administraciones implicadas a esperar que el plazo de los nueve meses transcurra sin realizar gesti\u00F3n alguna&amp;quot;. NO DOCUMENTAN A LOS MENORESEn cuanto a la documentaci\u00F3n de la residencia legal de los menores inmigrantes que son internados en centros bajo tutela de las comunidades aut\u00F3nomas, el texto se\u00F1ala &amp;quot;disfunciones y falta de eficacia de la actuaci\u00F3n de la Administraci\u00F3n General del Estado y de las comunidades aut\u00F3nomas para el cumplimiento del mandato legal (...) de documentar con una autorizaci\u00F3n de residencia al menor extranjero tutelado&amp;quot;.En concreto, recoge las quejas formuladas por menores tutelados a quienes no se hab\u00EDa solicitado la autorizaci\u00F3n de residencia pese a reunir las condiciones legales para ello. En este sentido, el informe pone de relieve la &amp;quot;falta de coordinaci\u00F3n&amp;quot; entre administraciones, pues cada una aplica criterios diferentes sobre la documentaci\u00F3n que solicitan o no solicitan para los menores y el periodo de vigencia de las mismas. As\u00ED, en el caso de la Delegaci\u00F3n del Gobierno en Melilla, se entiende que la primera autorizaci\u00F3n que se conceda al menor habr\u00E1 de ser el permiso inicial de residencia y que acumular\u00E1 antig\u00FCedad. Sin embargo, el Defensor ha constatado que &amp;quot;en numerosas ocasiones la referida delegaci\u00F3n procede a extinguir la autorizaci\u00F3n de residencia del menor una vez ha alcanzado la mayor\u00EDa de edad&amp;quot;, lo que deja sin valor la primera autorizaci\u00F3n de cara a obtener un permiso permanente. Tanto en la Ciudad Aut\u00F3noma como en Madrid, se entiende que &amp;quot;los menores pierden el derecho a la residencia en el momento de cese de la tutela, por cualquier motivo, a no ser que antes del cumplimiento de la mayor\u00EDa de edad, y mientras est\u00E9n sujetos a tutela administrativa hayan obtenido una autorizaci\u00F3n de residencia que les permita trabajar&amp;quot;. La cuesti\u00F3n sigue en estudio por &amp;quot;haberse apreciado la subsistencia de este problema&amp;quot;."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/mugica-denuncia-irregularidades-en-la-repatriacion-y-en-la-documentacion-de-los-menores-inmigrantes_xaxz6SVgj1NVMeHydEXOj2/>