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"Por segunda vez en 20 a\u00F1os los uruguayos ratificaron la vigencia de la ley que evit\u00F3 juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en clara se\u00F1al de querer dar vuelta una de sus p\u00E1ginas m\u00E1s oscuras, seg\u00FAn analistas.&amp;quot;Evidentemente en la ciudadan\u00EDa uruguaya no hay voluntad de sacar la ley 20 a\u00F1os despu\u00E9s&amp;quot;, subray\u00F3 a la AFP Jaime Yaff\u00E9, profesor de Ciencias Pol\u00EDticas de la Universidad de la Rep\u00FAblica.El domingo junto a los comicios presidenciales y legislativos que llevaron a segunda vuelta el 29 de noviembre al ex guerrillero Jos\u00E9 Mujica y al liberal Luis Lacalle, se realiz\u00F3 un plebiscito para anular la denominada Ley de Caducidad.Seg\u00FAn cifras oficiales de la Corte Electoral la iniciativa apoyada por la izquierda recibi\u00F3 una adhesi\u00F3n del 47,36% de los votos, cuando necesitaba m\u00E1s del 50% para su aprobaci\u00F3n.&amp;quot;Jug\u00F3 en contra que en este per\u00EDodo de gobierno hubo procesamientos y en los d\u00EDas previos (al plebiscito) hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual le quitaron la necesidad de anularla&amp;quot;, consider\u00F3 Yaff\u00E9.Durante el actual gobierno de Tabar\u00E9 V\u00E1zquez y en el marco de dicha norma, fueron condenados 10 ex militares y polic\u00EDas -entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85)- a penas de 20 a 25 a\u00F1os de prisi\u00F3n por violaciones de los DDHH, y procesado el ex dictador Juan Mar\u00EDa Bordaberry (1973-76).La ley, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qu\u00E9 casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cu\u00E1les no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en un primer plebiscito celebrado en abril de 1989.Asimismo la SCJ, la declar\u00F3 hace una semana inconstitucional para el caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray asesinada en 1974 en una unidad militar.&amp;quot;En 1989 hab\u00EDa temor. Ahora no es el caso (...) y no es que est\u00E9n encantados con la ley, pero la gente quiere dar vuelta la p\u00E1gina y (pens\u00F3 que) parec\u00EDa innecesaria su anulaci\u00F3n&amp;quot;, dijo el analista y director de la consultora Interconsult, Juan Carlos Doyenart.De su lado el escritor y analista Alfonso Lessa, asever\u00F3 que &amp;quot;es un tema ya laudado&amp;quot; y opin\u00F3 que &amp;quot;no hubo una campa\u00F1a entusiasta de la izquierda para la anulaci\u00F3n, porque quiz\u00E1s a un segundo gobierno del Frente Amplio lo pod\u00EDa complicar (...)&amp;quot;.La aparente dificultad observada por Lessa ata\u00F1e a &amp;quot;eventuales liberaciones (de uniformados encarcelados), el inicio de juicios nuevos, o el hecho de que un alto n\u00FAmero de militares tuviera que ir a declarar ante la Justicia, lo que podr\u00EDa generar un estado de inquietud y abrirle un nuevo flanco al gobierno&amp;quot;.Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en tanto, se atribuy\u00F3 el insuficiente n\u00FAmero de sufragios a la &amp;quot;falta de capacidad para entregarle un mensaje claro a la poblaci\u00F3n&amp;quot;, admiti\u00F3 el vocero Gabriel Ser\u00E9, quien lament\u00F3 la &amp;quot;paradoja&amp;quot; de que la ley &amp;quot;fue declarada inconstitucional por los tres poderes del Estado, pero no fue ratificada por la ciudadan\u00EDa&amp;quot;."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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