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La decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegi, después del revolcón que sufrió por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es todo un desafío a la justicia europea y también un aviso para navegantes sobre cuál puede ser, llegado el caso, el destino final de una corrección de los tribunales de la Unión de la sentencia condenatoria a los presos políticos catalanes. El Tribunal Supremo ha aplicado aquella máxima de a mí no hay quien me tosa y ha querido demostrar que no hay más justicia que la española y que, en todo caso, la anulación del juicio por parte del TDH debe de tratarse de una recomendación. Y así, de paso, también se retrasa la indemnización al dirigente abertzale que estableció la justicia europea.
Será la primera vez que se repetirá un juicio anulado por Estrasburgo y no es, ni mucho menos, un buen precedente. No era esa, tampoco, la posición de la Audiencia Nacional, que rechazó volver a repetir el juicio tal como pedía una asociación popular escindida de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Fruto de aquel juicio a Otegi y a diferentes dirigentes de la izquierda abertzale por el llamado caso Bateragune, en el que se le acusó de intentar refundar Batasuna, el coordinador de EH Bildu cumplió hasta el último día de la condena de seis años y medio de prisión. Ahora, se da la paradoja de que al juicio anulado por los tribunales europeos en 2018, y en el que, además, se acusaba al Estado español de no haber garantizado un juicio justo al líder vasco, se le trata de dar una vuelta de tuerca ordenando la repetición.
Y la pregunta que no tiene respuesta, por ahora, es: ¿cuál es el verdadero objetivo del Tribunal Supremo con esta decisión adoptada, además, por unanimidad de la Sala Segunda? ¿Podría darse el caso que la sentencia condenatoria de seis años pueda ser elevada en un nuevo juicio a ocho, diez o quién sabe si más? ¿Se podría llegar a eso corrigiendo lo que Europa ha considerado que era un juicio sin garantías? Como no hay día que el Supremo no nos sorprenda, quién sabe si ese puede llegar a ser el objetivo final. También hay quien considera que detrás de esta decisión está el intento de retrasar al máximo posible la indemnización económica que fijó el tribunal europeo. Aunque no parece este segundo argumento lo suficientemente sólido para un desafío de tal naturaleza.
Más bien parece que el Supremo ha querido levantar el dedo en la cuestión los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez y los recién aprobados presupuestos. Y detrás de todo ello estaría la gran batalla que se ve venir nuevamente sobre los presos políticos catalanes. En este momento con, al menos, tres frentes: la ley de amnistía, que se intenta impulsar desde Catalunya; los indultos que tendría que conceder Pedro Sánchez, que estaría siendo presionado para que se desdiga de los compromisos a los que podría haber llegado su vicepresidente, Pablo Iglesias; y el pleito que se abrirá en un futuro con los tribunales europeos si hacen trizas la sentencia del Supremo. Porque ese momento, llegará. Y, quizás, alguien ha considerado que para ir abriendo doctrina el camino es la repetición del juicio a Otegi y que este movimiento ya servirá cuando llegue el turno de los presos políticos catalanes que cumplen condenas de más de un centenar de años entre todos ellos.
El Estado español tiene suficiente biografía a su espaldas para mantenerse en el sostenella y no enmendalla que a lo largo de la historia siempre ha practicado.