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La comunidad indígena de Yohuajca, en la Sierra Negra de Puebla, exige al INPI cumplir con la traducción al náhuatl de la convocatoria, protocolo y principios de la iniciativa de Reforma constitucional que impactará sus vidas.
Web original | Imagen : Internet
Por: Yoxmara Tapia y Violeta Valdés
22 de enero de 2022
En el relieve que conforma la Sierra Negra de Puebla se encuentra la comunidad indígena de Yohuajca, dentro del municipio de Coyomeapan. Desde la montaña resisten incluso, como muchos otros pueblos, a la desigualdad cotidiana expresada en la precarización del trabajo agrícola, la obligada y necesaria migración, y la lenta incorporación de servicios tan esenciales como la electricidad, telecomunicaciones y carreteras, y caminos adecuados. El desarrollo tan exigido a las instituciones no se materializa como se supone que debería estar presente.
Hoy Yohuajca y las personas que la componen, simpatizantes y militantes del Movimiento de Autogestión Social Campesino, Indígena y popular (MASCIP) e integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), junto con la memoria histórica que se ha entretejido por generaciones y en solidaridad con movimientos tan referenciales como el EZLN y el CNI, exigen lo que es indispensable en muchos pueblos indígenas: no solo el acceso al derecho a la consulta culturalmente adecuada, previa e informada sino también al acceso a la información que posibilita incidir de manera directa en las decisiones que impactan en los territorios que habitan y significan.
En ese sentido, en junio de 2019 se extendió la convocatoria para que todos los pueblos indígenas de México participaran en los Foros Regionales de Consulta para “recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los Principios y criterios de la iniciativa de Reforma constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”. Sin embargo, teniendo claro que el ejercicio intercultural en materia jurídica en nuestro país aún es un reto, la comunidad de Yohuajca evidenció las dificultades y las tareas que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) debe resolver, mediante la solicitud de un amparo en agosto del mismo año, ante actos violatorios a los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución y en el cual se argumentó la necesidad de iniciar de nueva cuenta con la consulta en relación a la propuesta de reforma que afectará de manera directa sus vidas.
Afortunadamente, la resolución fue a favor de Yohuajca y como parte de ésta resalta una acción concreta: la traducción en náhuatl de la convocatoria, protocolo y principios de dicha Reforma. Esta acción no solo implica el acceso a una serie de documentos sino situar una discusión y una serie de propuestas dentro de las significaciones de una lengua que, en este caso, es de las más habladas dentro de nuestro país. Esto es indispensable cuando se pretende “escuchar” e “incluir” a los actores sobre los cuales impactarán estas políticas.
Dentro de los dieciséis temas que conforman los principios y criterios que pretende abordar la Reforma, uno de ellos es de especial interés a pueblos, pero también a privados y gobierno: “Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas”. Desde el INPI, este tema se sitúa en base a los problemas sobre la propiedad, uso, disfrute, delimitación y toma de decisión sobre las tierras, territorios y recursos naturales y teniendo como intención incorporar una idea más integral del territorio, no solo visto como tierra sino conceptualizar también desde un carácter espiritual e incluso sagrado. Lo anterior, sin lugar a dudas, es un tema indispensable a debatir cuando comunidades como Yohuajca se han enfrentado a megaproyectos y se ven amenazados por exploraciones sin previo aviso en relación a metales y minerales que son considerados “recursos estratégicos”, recursos que han sido cuidados y protegidos inclusive desde antes de la invención de una nación.
El pasado 21 de diciembre ante la entrega de los documentos traducidos a los habitantes de Yohuajca, un juzgado señaló que no se había dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo en virtud de que en el documento de “Principios y criterios…” de esta reforma existe una traducción incompleta referente a “Tierras, Territorios, Recursos, Biodiversidad Y Medio Ambiente De Los Pueblos Indígenas”, en donde específicamente NO se tradujo a la variante dialectal náhuatl de la Sierra Negra Norte del Estado de Puebla lo siguiente: “salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación”. A criterio del órgano jurisdiccional cobra relevancia, pues dicha frase representa una restricción expresa al derecho de la comunidad indígena quejosa para el disfrute de sus tierras, territorios y recursos naturales, por lo que es necesario que tengan conocimiento de dicha restricción en su lengua nativa, lo que implica que el fallo constitucional no se encuentre totalmente cumplido. Se emplaza al INPI a que cumpla a cabalidad con la traducción completa y correcta.
Por último, como sociedad civil, tendremos la importante tarea de observar las estrategias que llevará a cabo el INPI para lograr los objetivos de este ejercicio de consulta que verdaderamente tome en cuenta las preocupaciones, conocimientos, intereses y propuestas que una comunidad como Yohuajca enunciará para lograr la justicia social y una reforma que asegure igualdad y oportunidades a los pueblos, así como un fortalecimiento en la capacidad de decidir de manera autónoma la ruta de desarrollo que consideren apropiada, respaldada y acompañada, a su vez, desde las instituciones que representan al Estado mexicano.
* Yoxmara Tapia es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria). Violeta Valdés Alcántara es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. (@CDHAntonioEst).
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