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Las acciones de intimidación, agresiones y las amenazas de investigaciones penales contra los periodistas han marcado el panorama de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, durante los primeros 6 meses de 2013.
Del 1 de enero al 26 de junio de 2013, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó 170 alertas, lo que significa un aumento de 47% de los casos, en comparación al mismo lapso del año 2012, que registró 90 incidentes.
Esta cifra, además,  demuestra que la violencia contra la presa, a través de diversas modalidades, se ha agudizado. Además, la labor periodística se enmarca en altos niveles de conflictividad política que enfrenta el país.
Ocho de nuestros corresponsales, que integran la red nacional de monitoreo de la libertad de expresión, presentan algunas perspectivas sobre los obstáculos que afronta la cobertura periodística en distintas ciudades del país.
Demandas por difamación e incidentes menores mantienen a la prensa en Carabobo en alerta.
Las acciones violentas contra los comunicadores sociales en la entidad han bajado, pero se mantienen pequeños focos que pueden desencadenar situaciones complicadas.
En los seis meses que van de este 2013, el periodista Francisco “Pancho” Pérez, que escribe una columna de opinión cada lunes en el diario El Carabobeño, ha sido ante tribunales en dos oportunidades.
En ambos casos por funcionarios oficialistas. Ya en la demanda del secretario de la gobernación, Miguel Flores, el comunicador retiró sus aseveraciones de acuerdo a la conciliación para evitar el juicio.
Aún corre en tribunales la acusación del general Jacinto Pérez Arcay.
Otros periodistas han sufrido restricciones para cubrir eventos oficiales del gobierno nacional y regional, incluso después de obtener su credencial para estar presentes.
En los hechos posteriores a las elecciones del 14 de abril dos reporteros gráficos fueron atracados y despojados de sus cámaras fotográficas, y otros periodistas fueron amenazados por policías y grupos armados.
Zulia: Detenciones arbitrarias y amenazas de acción legal
Las amenazas y ataques contra periodistas han persistido durante 2013. Se han agudizado los ataques desde sectores estatales, especialmente, contra la prensa escrita.
En lo que va de año, IPYS Venezuela ha registrado detenciones arbitrarias, amenazas de investigaciones de proceso judiciales que no han prosperado, y amenazas de muerte, dirigidas a equipos reporteriles de medios privados.
También, han prevalecido las intimidaciones a canales que transmiten por servicios de televisión por suscripción. Además, llamó la atención el entorpecimiento de la labor periodística durante el proceso electoral más reciente.
De enero a junio se ha restringido el acceso a la fuente oficial en la sección de sucesos y controlan la información referente a la salud, en los centros asistenciales públicos.
Portuguesa: Restricciones en la información oficial
Por: José Alejandro Brizuela
La restricción de acceso a la información pública en algunos centros electorales el 14 de abril y durante el brote de la gripe H1N1 representan los casos más resaltantes de obstrucción al ejercicio periodístico en el estado Portuguesa, ubicado en el centrooccidente de Venezuela, según el balance de los últimos meses.
La cobertura periodística de asuntos públicos se ha visto afectada en la región, en primer lugar, por la negativa de funcionarios adscritos al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano comicial, a suministrar datos y cifras exactas sobre el proceso presidencial pasado, al desarrollarse la jornada.
Además, porque autoridades del Ministerio para la Salud evitan dar declaraciones a la prensa independiente respecto a casos del virus H1N1, limitándose a enviar a los medios boletines institucionales que, por lo general, no disipan todas las dudas generadas en torno al seguimiento de la enfermedad.
Barinas: Intimidación y presiones
En el estado Barinas en lo que va de 2013, se han registrado hechos de intimidación y presiones gubernamentales contra periodistas y medios de comunicación.
Autoridades oficiales también han amenazado con acciones penales a quienes ejercen la labor periodística.
Sin embargo, los casos que infringen los preceptos y normativas nacionales e internacionales que garantizan la libertad de expresión, se ha reducido en comparación con los casos denunciados en los últimos tres años, según aseveran los profesionales de la comunicación en esta región.
Para el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas que opera en la entidad barinesa, Tarquino González Concho, las agresiones al ejercicio del periodismo “han tenido una merma en relación a años anteriores”.
Recordó el gremialista que entre el 2008 y el 2012 se registraron episodios que ubicaron a Barinas en el segundo lugar a escala nacional en materia de ataques y amenazas a la libertad de expresión, datos que coinciden con las investigaciones de IPYS Venezuela.
González Concho evocó que esos lamentables incidentes, argumentados y denunciados ante los organismos correspondientes, en instancias institucionales y también en instancias no gubernamentales, se caracterizaron desde el insulto a los comunicadores, pasando por agresiones físicas y hasta privación de libertad, sustentadas en las detenciones al periodista Dimas Medina en el 2008 y al reportero gráfico Yonny Camacho en el 2011.
Falcón: Negaciones en la información oficial
En el estado Falcón, el acceso a la fuente está limitado por la negativa de los funcionarios gubernamentales a ofrecer declaraciones con la excusa de que no están autorizados desde sus respectivos ministerios en Caracas.
Los estadales esgrimen igual argumento.
En este momento, por ejemplo, las informaciones acerca del número de pacientes y muertes por AH1N1 están circunscritas a la Gobernadora, en consecuencia, ni el Jefe de Epidemiología ni el Secretario de Salud pueden suministrar información sobre el tema.
Aunque ha mermado un poco, continúa la restricción de acceso de los periodistas del diario La Mañana a los actos oficiales y a las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná de PDVSA.
Esto ocurre desde hace al menos diez años pues vienes de la época en que Jesús Montilla era gobernador (2000-2008). Continuamente, Montilla se refiere a este diario como “La Maraña”.
Montilla ha arremetido en varias oportunidades contra periodistas.
Un caso emblemático es el del ex alcalde Rodolfo Barráez, quien fue demandado por difamación y conminado a cancelar una alta suma de dinero para indemnizar los daños y perjuicios en contra de Montilla por haber denunciado presuntos hechos de corrupción en los que estaría incurso el ex Primer Mandatario regional con motivo de la venta de unos terrenos ejidos en Tucacas, municipio Silva.
Barráez salió exiliado por varios años a Perú y hace dos meses regresó a Venezuela luego de negociar su regreso. Debió pedir disculpas públicamente, presentarse en tribunales y recibir medida cautelar de trabajo comunitario.
Además, en su columna semanal de prensa cuestionó la ética y desempeño profesional y entrelineas incitó al odio en contra de Gladyscar Guzmán, colega del diario Nuevo Día, por el hecho de que ella contrastó unas declaraciones suyas con las de otras personas para ofrecer las dos versiones del hecho, lo cual lo ofendió.
En líneas generales, mi opinión es que la mayoría de los colegas se autocensuran para no sufrir las consecuencias de investigar y de ser incómodos a los personeros de gobierno.
Se limitan a colocar el grabador en las ruedas de prensa y muchos se inhiben hasta de preguntar.
Esta semana, en que se conmemora el Día del Periodista, se informó de la demanda que la Defensora del Pueblo, Zoremil Chirinos, introdujo contra el diario La Mañana por violar la integridad de niños y adolescente al publicar fotos no acordes entre abril y julio de 2012.
En este caso, el diario de no llegar a un acuerdo debe cancelar una multa equivalente al 2% de las ganancias brutas, lo cual en opinión del su editor, Atilio Yánez, equivaldría a la quiebra del medio. Si esto ocurriese, 15 periodistas irían a la calle y 5 reporteros gráficos.
Anzoátegui: Agresiones y atentados
En Anzoátegui, durante 2013 continúan riesgos para que los reporteros realicen su labor periodística, que incluso colocan en riesgo su vida e integridad.
Se han reportado agresiones físicas y atentados contra periodistas.
Uno de los casos fue el de una reportera del diario El Anaquense a quien, presuntamente,  le colocaron un explosivo en su vehículo ubicado en el estacionamiento de su casa.
La periodista cree que el hecho pudo guardar relación con la publicación de denuncias de varias comunidades sobre la gestión de dirigentes gubernamentales en esa ciudad.
De igual manera, se han reportado acciones de intimidación y ataques a las herramientas de trabajo de los equipos reporteriles.
Lara: agresiones y restricciones
Por: Carmen Julia Viloria
Al hacer un breve balance de la situación que viven los ciudadanos y comunicadores sociales del estado Lara no puedo dejar de mencionar y asociar los términos libertad de expresión y prensa con el Desarrollo.
Según mi apreciación muy personal sobre la realidad larense, puedo decir que estamos en franco retroceso en cuanto a estos  principios democráticos y libertades.
¿Qué hechos sustentan este juicio de valor?
Basta con recordar algunos acontecimientos que se han suscitado este año en Lara y en los cuales existen registros en los medios de comunicación social (impresos y audiovisuales) y testigos de las agresiones y limitaciones con las cuales tuvieron que lidiar colegas (periodistas), reportero gráficos y camarógrafos, quienes en el sagrado derecho de cumplir con su labor diaria fueron víctimas de varios atropellos, por parte de funcionarios del Estado (militares) y de actores representantes del gobierno, quienes luchan por limitar el acceso a la información y a fuentes que son de obligatoria consulta para poder mantener a la ciudadanía informada del acontecer diario.
Uno de los casos, se reportó el viernes 25 de enero de 2013, día en el cual se produjo la masacre en la Centro Penitenciario de Centroccidente, cuando a  periodistas de sucesos de los distintos medios de comunicación (audiovisuales e impresos) se les impidió el acceso y coarto el derecho de informar (y días sucesivos), cuando funcionarios policiales le impidieron tener acceso a los datos del libro diario de novedades, el cual consultaban todos los días en la emergencia del Hospital Antonio María Pineda.
Por otra parte, el 16 de abril, a las 3 de la tarde,  resultaron heridos un grupo de reporteros gráficos que se encontraban cubriendo una manifestación del sector opositor en  la sede de la dirección regional del CNE de Lara.
Victimas; Eduard Martínez, reportero gráfico de la Prensa; Ricardo Marapacuto, gráfico de El Impulso, Héctor Andrés Segura (Independiente), Juan Carlos Leal (Gobernación de Lara) y 17 ciudadanos que protestaban resultaron agredidos.
Esta corta reseña quiero culminarla con una premisa de  Daniel Kaufman que dice “el amplio acceso masivo a medios independientes está muy estrechamente relacionado con indicadores sistemáticos de buena gobernabilidad y desarrollo humano”.
Área Metropolitana de Caracas: uso abusivo del poder estatal
En Caracas, han persistido las amenazas y el uso abusivo del poder estatal contra la actividad periodística. De manera recurrente, voceros oficiales han apelado al discurso ofensivo para descalificar la labor informativa, básicamente de los medios privados.
No han faltado las amenazas penales contra periodistas, directores de medios, organizaciones y activistas de derechos humanos.
Han persistido las restricciones de acceso para la cobertura periodística en instituciones, siendo un caso evidente las continuas limitaciones en el poder legislativo.
La calle se ha vuelto vulnerable para los equipos reporteriles quienes también, en retiradas oportunidades han sido agredidos durante la cobertura de manifestaciones pacíficas ciudadanos, en demanda de sus derechos sociales.
Se han reportado casos de censura dentro de los medios de comunicación audiovisuales, con la salida de moderadores y espacios dedicados a la opinión y la crítica. (Prensa Ipys, 27.06.13)
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