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El cuestionado Picazo fuerza un vuelco en los minutos finales del pleno de las hipotecas mientras arrecia la teoría de que se ha cedido a las presiones de las entidades
Un Supremo roto confirmó en la noche de este martes los peores presagios de los últimos días y provocó la indignación generalizada de la sociedad y de la propia carrera judicial. La decisión sobre el impuesto de las hipotecas, adoptada en un volantazo de última hora que nadie esperaba, salvó a la banca por solo dos votos de diferencia y gracias a la intervención clave del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuya actuación está bajo cuestión desde hace semanas junto a la del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El descrédito ante la opinión pública es ya irreparable y proporcional a una destrucción de la imagen y de la confianza en la Justicia ante la que no se encuentran explicaciones, consideran numerosas fuentes jurídicas consultadas.
El Supremo da la razón a la banca
La crisis alcanza proporciones similares a la desatada con la sentencia de La Manada. Durante días, la actuación del alto tribunal en un caso que afecta directamente al bolsillo de millones de familias se interpretó como el pago de un peaje al sector bancario. Nada podrá ya desactivar la idea de que se ha respondido a las presiones de las entidades. La estrecha mayoría de 15 a 13 que saldó la discusión con un regreso sin consenso al criterio anterior, y que obliga al cliente a afrontar este coste, no lo permite. Los calificativos lanzados sobre la deriva van desde el "escándalo", al "bochorno" y la "vergüenza". Se alzan ya voces que piden la dimisión inmediata de ambos presidentes.
De principio a fin, lo sucedido en el Supremo es rocambolesco, opinan algunos. Nada se ha hecho bien en este caso, que arrancó el pasado 18 de octubre cuando se hizo pública la decisión de un grupo de seis magistrados de tumbar la jurisprudencia tradicional y determinar que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía a las entidades. La decisión, adoptada por una sola sección, se encontró con el cuestionamiento casi automático de Picazo, que actuó empujado por la presión de Lesmes y, con poco acierto, convocó esta reunión que parecía ideada para tumbar el nuevo criterio y salir al rescate de los bancos. Es evidente que no solo lo parecía, ya que los acontecimientos posteriores han transformado esa percepción en realidad, avisan algunos magistrados.
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A pesar de todo, no fue hasta el último tramo del pleno maratoniano de dos días cuando se produjo el vuelco. Aunque la deliberación arrancó con patente división, la mayoría de los magistrados de lo Contencioso confiaban en alcanzar un acuerdo y salvar las discrepancias, dejando el pago a los bancos pero delimitando la retroactividad a cuatro años para evitar una avalancha de reclamaciones que hicieran tambalear las finanzas autonómicas. Llegó a votarse una propuesta transaccional en este sentido que no alcanzó mayoría pero que abría la posibilidad de continuar trabajando para llegar a una solución.
Pero no fue posible por decisión, otra vez, de Picazo. El presidente decidió que no se iba a continuar deliberando y que debía votarse algo definitivo. Hasta una decena de los presentes protestaron, entre ellos el expresidente José Manuel Sieira. Pese a tener la llave para alargar el debate y acortar las distancias, Picazo prefirió votar y pasó a reforzar el desempate, que protagonizó Jorge Rodríguez-Zapata, y rematar la cuestión sumándose a la estrecha mayoría.
Su acción ahonda una herida que lo aisla, más aún, de los magistrados de su sala. Muchos magistrados se sienten traicionados. Creyeron las maniobras para apaciguar los ánimos que desplegó su presidente en los últimos días y que prometían una mayoría cualificada para adoptar el fallo. Hasta en eso hubo torpeza. La ausencia de tres jueces dejó a 28 para la decisión final, un número par. Uno de los ausentes fue autorizado a hacer un viaje al extranjero pese a la convocatoria del pleno. "Un voto más o menos pesa mucho, como se ha demostrado", dice una de las fuentes consultadas.
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Esta trama, que "parece sacada de un 'thriller" —comenta otra fuente—, tiene dos víctimas. El consumidor, que pierde en unos casos la posibilidad de recuperar el dinero que invirtió en este impuesto en la concesión de su hipoteca y en otros de ahorrarse el gasto suplementario en el futuro, y el propio Supremo. El alto tribunal, que se encuentra a unos meses de arrancar el juicio por el 'procés', ofrece la sensación de ser permeable a la presión de los poderes económicos y políticos. La pérdida de confianza se extenderá también a su actuación en la causa contra los políticos catalanes, avisan algunos.
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En cuando al primer perjudicado, el hipotecado, tiene muy difícil forzar una decisión diferente. La vía del recurso ante Europa está muy limitada. La puerta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está cerrada, ya que debe ser el propio TS el que plantee una cuestión prejudicial, y es evidente que ya no va a hacerlo. El camino hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, también se complica, ya que antes de cualquier recurso deben agotarse las vías en España, lo que obliga a que el Constitucional decida si alguien se anima a reclamar su amparo.
Además, la decisión no desactiva que los recursos continúen llegando a modo de avalancha. Abogados consultados por El Confidencial anuncian que pleitearán a través de la vía civil apoyándose en las tres sentencias que dejaban el pago al banco, y que son firmes, y en la forma en que fueron enmendadas. También anuncian acciones legales para investigar los vinculos de los jueces de esta sala con los bancos. Mientras, Podemos e IU convocan una manifestación el próximo fin de semana. El ruido y la furia arrecian.