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"Esta ley es ilegal y amoral en su esencia. Si se nos exige que incluyamos a nuestra organización en la lista de 'agentes extranjeros', nos opondremos a ello, principalmente a través de los tribunales", señala el comunicado de la organización de derechos humanos.
Memorial, que ha sido varias veces candidata al premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, por su labor en favor de la rehabilitación de los represaliados soviéticos, se niega a participar en una iniciativa encaminada a la "destrucción de la sociedad rusa".
"Es ilegal ya que concede al poder ejecutivo las facultades de los tribunales. Y amoral, porque presupone que la organización que recibe recursos del exterior, actúa por encargo de su patrocinador", apunta.
Memorial compara la ley promulgada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con las purgas estalinistas de los años 1937-38, cuando se obligaba a miles de personas a que se reconocieran como agentes extranjeros.
Ésta ONG, que también es muy activa en el Cáucaso Norte ruso, recibe financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que deberá cerrar el 1 de octubre sus puertas por exigencia de las autoridades rusas.
Anteriormente, la veterana activista soviética y rusa, Ludmila Alexéyeva, directora del Centro de Helsinki de Moscú, y la organización Por los Derechos Humanos ya manifestaron que no acatarán la nueva ley.
"No acataremos la ley. Somos agentes de los ciudadanos rusos. Cuando nos obliguen a cumplir la ley, acudiremos a los tribunales. Al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo. Nos dirigiremos a la comunidad internacional", afirmó Lev Ponomariov, director de Por los Derechos Humanos.
Según la ley, políticamente activas son las ONG que independientemente de sus fines declarados financien u organicen acciones políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones estatales" y participen en la formación de la opinión pública.
Las ONG afectadas deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual y presentar informes semestrales sobre su actividad.
Los responsables de las organizaciones que se nieguen a presentar la documentación para ser incorporadas al registro podrán ser sancionados con multas de hasta 300.000 rublos (9.200 dólares), 480 horas de trabajos comunitarios e, incluso, penas de prisión de hasta dos años.
"¿Qué hay de malo en que los que reciben financiación del exterior y realizan actividades políticas se registren como agente extranjero? Si los extranjeros pagan por actividades políticas en nuestro país, esperan lograr resultados", aseguró recientemente Putin.
Numerosas ONG rusas se quedarán sin financiación y deberán suspender sus programas, como es el caso de la organización de control de la limpieza de las elecciones rusas Golos (Voto), debido al cierre de USAID en Rusia.