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Orlando Valencia fue asesinado el 24 de Octubre de 2005 por su lucha en la defensa del territorio y la vida. Orlando es símbolo de las voces contadas a pesar de ser acalladas, es la expresión colectiva de la pervivencia de la existencia afrocolombiana a pesar del crimen, es el amante de la tierra a pesar del saqueador y nuevo colonizador; es la creación del cuerpo colectivo, las nuevas formas de resistencia ante la unificación del pensamiento, de la sensibilidad.
Un sábado 15 de octubre, cuando al medio día, las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó quedaron a la espera de los pasos, las voces, las manos, el cuerpo de uno de sus habitantes que rompiendo el terror, que enfrentándolo se abrió como un líder de los pueblos afrodescendientes del bajo Atrato, se trata de Orlando Valencia.
El 15 de Octubre, Orlando Valencia fue detenido por la policía de Belén de Bajirá en Antioquia, cuando se encontraba viajando junto con 9 miembros más de la comunidad, un abogado de la de la Comisión de Justicia y Paz y un observador internacional.
Posteriormente fueron llevados a la Estación de Policía, allí permanecieron hasta el medio día y en una acción concertada entre el cuerpo policial y los paramilitares, Orlando ya habiendo sido dejado en libertad, fue seguido, junto con sus acompañantes por varios paramilitares, 2 de ellos se le acercaron en una moto a Orlando y mientras lo intimidaban lo obligaron a subirse en ella, mientras amenazaban a los acompañantes para no impedir que Orlando fuese llevado con ellos. Hasta ese momento, Orlando fue visto con vida.
El homicidio de Orlando se produjo el mismo día de su desaparición, pero sus restos fueron encontrados hasta el 24 de Octubre, 9 días después en el río León, en un punto conocido como Puerto Amor en el municipio de Chigorodó. Orlando fue víctima de numerosas torturas, reflejadas en sus manos labradoras, en su cuerpo, además un disparo en la frente, en su cabeza, esa que condujo pensamientos por el bien de su comunidad.
Un mes antes de su asesinato, Orlando denunció problemas medioambientales que tenían por la plantación de palma aceitera. Además exigió públicamente la restitución del Derecho al Territorio ante la ocupación ilegal de tierras colectivas de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó con la siembra de palma aceitera de poderosos sectores económicos que benefician la estrategia paramilitar.
Este Afrocolombiano se caracterizó por luchar por los derechos colectivos de las zonas golpeadas con el conflicto armado y por los intereses que persiguen la protección de los recursos naturales de Curvaradó – Jiguaminadó, en el Bajo Atrato Chocoano.
Ese mismo año, en el 2005, se inició el proceso jurídico bajo el número 2297 en la Fiscalía General de la Nación, éste dio inicio a diligencias de indagación preliminar por el punible de Homicidio Agravado; dándose apertura oficial el día 15 de diciembre de 2005.
Por la responsabilidad en este asesinato fueron privados de la libertad y se les dictó medida de aseguramiento a Hermes Muñoz alias “Diomedes”, Álvaro Padilla Medina - alias “el Boxeador” y posteriormente a “Julio César Silva”, quienes, según testigos participaron en la desaparición forzada y asesinato de Orlando.
Álvaro Padilla Medina, alias el “Boxeador” aceptó su responsabilidad individual, acogiéndose a la figura legal de la Sentencia Anticipada. Al paso de los años no se encuentra vinculado ningún empresario a pesar de la clara vinculación en el crimen. Este caso, como muchos otros en el país se encuentran en la total impunidad.
La esposa de Orlando y las mujeres que nacieron del amor entre ella y Orlando sobreviven en el Jiguamiandó, entre el dolor, entre la angustia. Persisten en el sueño, en la utopía de eternizar más allá delante de todo discurso, de tanta prueba, que esta vida que es memoria colectiva tuvo y tiene sentido en la historia de los pueblos, en la historia ancestral que del África se inmortaliza en las hermosas selvas del Chocó. Allí la voz de ORLANDO, su nombre sigue navegando en los cauces de los ríos no desertificados con la deforestación y la siembra de la palma.
Orlando Valencia en la Memoria
martes, 22 de octubre de 2019
8:00 a. m.  Álvaro Uribe Vélez, Antioquia, El Aro, Paramilitarismo  No comments
El aro es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, siendo históricamente uno de los más antiguos y uno de los más prósperos hasta la llegada de actores armados que provocaron la destrucción de parte de su territorio y que costó la vida de algunos de sus habitantes en 1997. El aro se encuentra frente a la cordillera occidental al oeste del río Cauca, sobre el Nudo de Paramillo, en un macizo montañoso que los armados utilizaron por su ubicación estratégica como un punto de libre tránsito entre cinco departamentos, el océano pacífico y Atlántico, vías claves para el narcotráfico, sustento de su financiación.
Historia de un conflicto: Las FARC y el paramilitarismo vs. El Aro
El conflicto armado se materializó en El Aro con la presencia de los frentes 5,18 y 36 de las FARC quienes transitaban desde los años 80 por sus senderos. Durante ese tiempo se forjaron relaciones sociales, extorsiones, sometimientos, pero también una presencia protectora del territorio por parte de dicho grupo armado que controlaba además la distribución del narcotráfico, sin atentar contra la vida de los habitantes, quienes anticipadamente sabían que la presencia de la guerrilla acarrearía inconvenientes posteriores.
Es así como desde 1996, grupos paramilitares empezaron a gestar un proyecto para sacar a la guerrilla del territorio y tomar control del mismo. Empezando con una incursión a las regiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca y Córdoba, sembrando terror con su presencia en La Granja, Santa Rita y Santa Lucía, lugares donde perpetraron masacres. Finalmente, el 22 de octubre de 1997, el paramilitarismo se tomó a El Aro, acusando a sus pobladores de guerrillero o auxiliadores de los mismos.
Aproximadamente 150 hombres de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) conocidos como los “Mochacabezas” llegaron al corregimiento entre el 22 y el 26 de octubre, aunque la presencia de los paramilitares se mantuvo durante 17 días. Con lista en mano, fueron asesinando, según diversas versiones, entre 15 y 19 habitantes del corregimiento, además torturaron a adultos y niños, secuestraron a campesinos, violaron a las mujeres, hurtaron y desplazaron toda la población hacia Ituango, Puerto Valdivia e incluso a la ciudad de Medellín.
Los habitantes recuerdan particularmente el asesinato del tendero del pueblo Marco Aurelio Areiza, de 64 años, a quien amarraron, torturaron, le sacaron los ojos, los testículos y el corazón. Andrés Mendoza quien era dueño de la cantina del pueblo, agonizo en frente de sus vecinos, Elvia Rosa a quien violaron, le partieron la cadera e hicieron que varias reses pasaran por encima de su cuerpo, o a Wilmar de Jesús Restrepo de 14 años, a quien hirieron y obligaron a que subiera morrales pesados a lo alto de la montaña, cuando se sentó a descansar lo mataron.
Otras víctimas como Fabio Antonio Zuleta, Omar de Jesús Carmona, Omar Iván Gutiérrez, Olguín Jair Díaz, Otoniel de Jesús Tejada, Nelson Palacio Cárdenas, Nelson Cuadrado Urrego, Wilson Padilla, Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez y Guillermo Mendoza Posso, fueron convertidos en fragmentos depositados en bolsas plásticas dejados en medio del camino de herradura o en la fosa común del corregimiento.
Mientras todo ocurrió, las mujeres fueron obligadas a cocinar mientras lloraban e incluso mientras rezaban por la vida ya acabada de sus seres queridos, algunos paramilitares incluso violaron a las mujeres en la escena del crimen de sus esposos o hijos. El luto para los habitantes ni siquiera fue posible, tras la quema de 42 de las 60 casas del corregimiento, solo quedaron 8 casa de pie, junto con la escuela y la iglesia; se robaron 1.200 reses y secuestraron 17 campesinos para que arriaran el ganado hurtado, de esa forma ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región.
Impunidad: Proceso de justicia y paz y victimarios
En términos de justicia y reparación, la masacre de El Aro ha sido uno de los procesos más complejos e impunes en la historia del conflicto armado en Colombia, a pesar de completar más de 20 años de declaraciones, sentencias y dictámenes, esto por la cantidad de actores involucrados entre lo legítimos e ilegítimos, las omisiones por parte del Estado y la Fuerza Pública que dejó en total desprotección a la población y aún más porque la historia del paramilitarismo es un capítulo inconcluso porque nadie sabe qué sucedió con los hombres desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz.
El 13 de febrero de 1998, el paramilitar Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, decide entregarse voluntariamente a las autoridades, para aliviar su conciencia y por no encontrarse de acuerdo con los planes para cometer magnicidios por parte de grupos paramilitares, en connivencia con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes. El exparamilitar declaró que el entonces, gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, participó en reuniones con paramilitares, preparando la incursión y además una vez realizada la masacre, se reunió con ellos para felicitar la acción armada, que había sido un éxito, llegando a realizar incluso una celebración por la operación, testimonio que no fue solo aportado por Villalba, sino por otros paramilitares en versiones libres en el marco de la ley de Justicia y Paz.
Dentro del mismo periodo de tiempo, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle hizo graves declaraciones, afirmando que entre el comandante de la IV Brigada el general Alfonso Monsalva Flórez, junto con el comandante de la Policía de Antioquia de aquel entonces, el gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y Carlos castaño habían consolidado un poder entre el gobierno, el estamento policivo, los banqueros y los terratenientes para hacer control de forma ilegal sobre algunos territorios y cometer violaciones de derechos humanos. Él mismo le había solicitado al entonces gobernador y a Monsalva proteger a la población frente a los asesinatos ocurridos entre 1996 y 1997. Después de sus denuncias y declaraciones el 27 de febrero de 1998 Jesús María Valle fue asesinado por sicarios en Medellín.
Entonces, en 2005 se da paso a la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, promovida por el gobierno de Uribe para facilitar el proceso de desmovilización paramilitar. Durante las versiones libres, Salvatore Mancuso, aseguró que la incursión fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García alias “Doblecero”; primero afirmó que la incursión se hizo como una operación antisubversiva contra integrantes de la guerrilla, que habían secuestrado personas y hurtado ganado, los sobrevivientes, arremetieron y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afirmaron que no asesinaron a guerrilleros sino a gente honesta Y trabajadora, sin ningún vínculo con la guerrilla o los paramilitares. Segundo, Mancuso declaró que efectivamente se celebró después de la masacre, se condecoró a los comandantes que participaron en la operación y tercero, en 2007 afirmó que cuando ocurrió la masacre cuatro helicópteros sobrevolaron la zona, uno de los cuales pertenecía a la gobernación de Antioquia, lo que vincula aún más al expresidente Uribe, desde entonces, varios son los cuestionamientos frente a la responsabilidad del actual senador de la república, pero nada ha pasado.
En 2007, Gustavo Petro realizó un debate en el congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, señalando las fincas La Carolina y Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez donde se cometieron y planearon crímenes, desde entonces, Álvaro Uribe se ha encontrado cuestionado por el vínculo con el paramilitarismo, primero, por las declaraciones de Francisco Villalba, la muerte de Jesús María Valle, y los cuestionamientos de Petro, luego por las audiencias del paramilitar Diego Fernando Murillo Alias “Don Berna”, quien aseguró que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Uribe, y por los vínculos que también ha tenido su hermano Santiago con la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y “Los R-15”. Adicionalmente sobre las denominadas “Convivir”, impulsadas desde la gobernación de Uribe, sin que tuviera las facultades para conformar empresas de “seguridad privada”; y por su vinculación por acción y omisión en la masacre de El Aro, ejecutada para supuestamente rescatar a su primo Mario Uribe y para que el Estado ejerciera presencia en el territorio, que en realidad fue entregar su control al paramilitarismo.
Tras los testimonios aportados y como solución para silenciarlo, el 23 de abril de 2009 fue asesinado Francisco Villalba por sicarios en Medellín frente a su esposa e hija de cuatro años, atentado contra la verdad, que se completaría con la extradición de varios de los jefes paramilitares que atestiguaron frente a los casos incluyendo a Salvatore Mancuso. Los procesos no han terminado allí, pese al homicidio de Villalba se condenó a Mancuso y a Castaño a 40 años de cárcel por la masacre y ya en julio de 2006 la Corte IDH había condenado al Estado colombiano por los hechos ocurridos en El Aro y La Granja, obligándolo a investigar para responsabilizar a los culpables y ordenando reparar e indemnizar a las víctimas.
Así, desde el año 2014 se ha transitado entre órdenes para compulsar investigaciones contra Álvaro Uribe, incluso durante 2018 las investigaciones ordenadas y las citaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia han estado en el centro de discusión del escenario político. Sin embargo, no se ha realizado un procedimiento serio frente a tales pesquisas, puesto que, los procesos son anulados o burlados de alguna forma.
El problema, además de las claras evidencias y del cinismo frente al procedimiento jurídico, es la personalización que se ha dado sobre la responsabilidad de la masacre, que además de no presentar resultados contundentes, se suma a la intención del actual gobierno, afiliado al partido de Uribe Vélez, de modificar el sistema de justicia para brindar inmunidad vitalicia al expresidente.
Retorno, memoria y lucha por la vida:
En 1998, algunos sobrevivientes retornaron a El Aro, pero se encontraron cenizas, escombros y dolor, incertidumbre sobre cómo reconstruir sus vidas, sus hogares. El retorno no ha sido fácil, la población hace muchos esfuerzos para superar las condiciones adversas en las que quedó su territorio, luego de ser uno de los corregimientos más prósperos de la región, ahora se vive en condiciones paupérrimas, las casas alojan huérfanos, viudas y sobrevivientes, aún con goteras, no cuentan con servicios de salud, ni carreteras, electricidad, agua potable o alcantarillado; ni siquiera hay posibilidades de futuro o relevo generacional porque el nivel de escolaridad es muy bajo.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no pierden la esperanza, ni la dignidad, aun no renuncian a que se haga justicia y que el país en su conjunto mire su territorio, así como pusieron atención cuando se divulgaron las atrocidades cometidas. Después de 20 años, en 2017, la Fiscalía General de la Nación exhumó los restos de una fosa común en el corregimiento, también sobre el camino de herradura y la vía que está construyendo las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Las víctimas de El Aro, esperan que el Estado cumpla con el fallo de la Corte IDH, que ordenó indemnizar a los habitantes, dando mejoramiento las viviendas, proporcionando un retorno seguro y pagando a las víctimas 3.500 millones de pesos, pero aún no se ha cumplido, la única reparación fue una cruz fabricada de madera que está en la mitad del pueblo, que aunque se valora para recordar a las víctimas, tuvo un costo de 40 millones, por ello, las víctimas no lo consideran como una reparación, porque pudo ser una inversión para arreglar el centro médico o mejorar la escuela.
A pesar de que hoy viven con una gran incertidumbre, desconfianza, y temor porque los grupos armados continúan haciendo presencia en el corregimiento; conservan la esperanza, de ser reparados individual y colectivamente, y que por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encuentren mecanismos para hacer justicia, recibir algo de verdad y hallar a quienes nunca pudieron retornar a su hogar.
Víctimas de la masacre de El Aro en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Aro Sin Olvido
domingo, 20 de octubre de 2019
¿Quién dio la orden? Campaña por la verdad.
8:27 a. m.  Ejecución extrajudicial, Ejercito Nacional, Falsos positivos, mural  No comments
Podrán pintar las paredes, censurando; podrán intentar asegurar la impunidad social y jurídica... pero nunca la verdad que niegan, ocultan y qué pasan a una historia inconfesable a su heredad familiar e institucional.
Jorge Luis Ortega García
8:00 a. m.  Bogotá D.C, Crimen de Estado, CUT, Impunidad, Paramilitarismo, Sintraelecol  No comments
Octubre de 20 1998
Jorge Luis Ortega García nació en San Jacinto, departamento de Bolívar, en 1960. Entrego 20 años de su vida trabajando en la Electrificadora de dicho departamento, y fue allí donde se formo como dirigente sindical, pero solo se dio a conocer públicamente en marzo de 1994, cuando es acusado de rebelión por haber hecho presencia, con apoyo de la Electrificadora, al “IV Congreso Latinoamericano por la Solidaridad, la Soberanía y la Autodeterminación y la Vida de Nuestros pueblos” que tuvo lugar en Cuba.
Jorge Luis hacía parte del Comando Nacional del Paro Estatal de los Trabajadores, realizado desde el 6 de octubre de 1998, manteniendo un rol protagónico en su dirección. Desde el inicio del paro estatal, varios sindicalistas habían recibido amenazas de muerte, entre ellos Jorge. Por ello, el día anterior a su asesinato, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge Luis denunció ante delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, La Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, la situación de violación a los derechos humanos que se presentaba contra el sector sindical y públicamente responsabilizó al Estado colombiano de cualquier atentado contra su vida, ya que, después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos que atentaban contra su vida, como el allanamiento realizado en su residencia el 22 de septiembre de 1998, donde golpearon, amordazaron y amenazaron a su compañera, registrando todo el lugar.
Un martes 20 de octubre de 1998, Jorge Luis Ortega García fue asesinado por un sicario de la estrategia militar encubierta a las 7:15 p.m. cuando ingresaba a su vivienda en la ciudad de Bogotá. Jorge Luis, sindicalista de Sintraelecol (Sindicato de la Electrificadora de Bolívar), Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT.
Durante el transcurso del paro estatal del mes de octubre de 1998, fueron asesinados MARCO PEREZ, sindicalista de Sintraelecol - Sincelejo, Orfa Ligia Mejía, Profesora de Nariño. Sufrieron atentados contra su vida Eugeniano Sánchez, Benito Rueda, VIirgilio Ochoa sindicalistas de Sintracuemponal en Barrancabermeja.
Uno de sus amigos y compañero de luchas, Nelson Berrío, indico que su asesinato fue previsto por amenazas de grupos paramilitares dada su labor como sindicalista y la desprotección por parte del Estado. Hasta el año 2002, el Juzgado Quinto del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Rafael Céspedes Álvarez a casi 30 años de prisión, acusado de ser el autor material de los hechos ocurridos aquel 20 de Octubre, aun no se conocen los autores intelectuales de este homicidio.
La impunidad continua, pero también las exigencias que se siguen planteando ante el Estado colombiano, puesto que, no se ha evidenciado una voluntad política de los diferentes gobiernos de responder conforme a Derecho, además siguen los asesinatos contra lideres y sindicalistas, existen nuevos crímenes de lesa humanidad, que pudieron ser evitados si en Colombia existieran garantías de un real Estado de Derecho.
Jorge Luis Ortega García en la Memoria.
Jorge Luis Ortega García Sin Olvido.
jueves, 17 de octubre de 2019
José Jair Cortés Godoy
8:00 a. m.  José Jair Cortés, Sustitución de cultivos, Tumaco  No comments
Octubre 17 de 2017
José Jair Cortés Godoy nació en zona rural de Tumaco, Nariño, cerca al río Chagüí, pero hacía nueve años que vivía en Alto Mira y Frontera porque de allí era su esposa. Al poco tiempo de haberse radicado en ese lugar, se destaco como líder afro representativo del pacífico nariñense, y por ser miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario. Bajo su responsabilidad se asignó el cargo de vocal y la veeduría de la vereda Tiestería, ubicada en la zona cuatro de ese territorio colectivo.
Durante 2017, en el contexto de la desmovilización de las FARC-EP, el pacífico colombiano se tornó en una zona propensa y receptora de la violencia, siendo Tumaco un territorio de control estratégico para diversos grupos armados, visto como una ruta clave del narcotráfico. Ante ese panorama, José Jair trabajó por generar proyectos productivos para la comunidad en busca de alternativas que favorecieran a la sustitución de cultivos de uso ilícito, en lugares donde los habitantes rechazaron de manera tajante la erradicación forzada, propuesta durante décadas por los gobiernos de turno. De esa forma, el líder buscó alternativas para su comunidad, una de ellas fue la construcción de una carretera binacional para conectar Ecuador con Nariño, también gestionó recursos para construir tanques de almacenamiento de agua y vigilo de cerca el proceso de sustitución de cultivos, pues comprendía el riesgo que representaba esta actividad: “Si van a venir a hacer la erradicación forzosa va a haber confrontaciones, se va a volver esto un diluvio porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que los está sosteniendo”. En el mes de octubre y luego de la masacre de el Tandil, en la que fueron asesinados 8 campesinos, Jose Jair y otros 15 líderes recibieron diferentes amenazas contra su vida. Buscando resguardo, se desplazó junto con algunos de sus compañeros al caso urbano de Tumaco, para solicitar medidas de protección y ayuda para agilizar los acuerdos de sustitución de cultivos en Alto Mira y Frontera. Sin embargo, el día 17, tuvo que retornar para ver a su esposa que se encontraba enferma, allí Jose Jair Cortés fue asesinado, un crimen que según el reporte oficial se adjudicó a disidencias de las FARC al mando de alias “Guacho”, el líder solo contaba con un chaleco antibalas y un celular asignado por la Unidad Nacional de Protección (UPN), elementos que fueron totalmente inútiles para preservar su vida. En septiembre de 2018, una fiscalía especializada de Pasto (Nariño) realizó imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir contra Aris Yiber Caicedo Gutiérrez o alias “Cholo” uno de los sicarios de la banda “Cachi” que hace parte de las disidencias del frente Oliver Sinisterra o Los de Guacho. Sin embargo, no se han establecido los autores intelectuales del homicidio. Hasta después de la muerte de José Jair y la masacre de los campesinos en El Tandil, se agilizó el proceso de sustitución de cultivos, hoy solo se espera justicia, que el valor sobre el trabajo de los líderes sociales sea respetado y protegido; sobre todo, la comunidad y en la memoria de este líder, se espera que se cumpla su deseo y el de muchos líderes: “El mayor deseo de uno como líder es que las cosas cambien para bien”
José Jair Cortés en la Memoria
José Jair Cortés Sin Olvido
miércoles, 16 de octubre de 2019
8:00 a. m.  “seguridad democrática”, Comuna 13, Desaparición forzada, General Mario Montoya, La escombrera  No comments
16 de octubre de 2002
“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.
Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”
En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".
La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas resultantes luego del operativo.
El día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la estrategia armada, bajo el argumento de sacar las guerrillas FARC, ELN y las CAP para recuperar y tener  control territorial sobre la Comuna. Previamente, en mayo de ese mismo año ya se había realizado la Operación militar "Mariscal", en la que se presentaron varias violaciones de derechos humanos.
En "Orión" fueron empleados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos. En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.
Esas horas de terror, que se prolongan después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, balas pérdidas e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.
Años después, con las declaraciones de alias “Don Berna” el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra: impunidad. Esta corporación logro que la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar contra el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, sin embargo, el proceso jurídico no ha avanzado y tampoco se ha asumido responsabilidad política sobre los hechos.
Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no solo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia, puesto que, se instalo una hegemonía paramilitar.
En el mes de Noviembre de 2013 la CIDH, mediante un informe declaró que el Estado de Colombia es responsable de la violación a "el Derecho a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño, Garantías y Protección judicial y Derechos del niño, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará"
En julio de 2015, la Fiscalía inicio una exploración en la Escombrera para hallar restos, luego de 5 meses se detuvieron y el compromiso de esta institución era continuar con el proceso, las victimas aun tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, donde, se ha calculado un aproximado de 104 personas.
Actualmente, la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente por parte de las BACRIM. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.
En 2018, el general más condecorado del Ejercito colombiano, Mario Montoya Uribe se presentó ante la Jurisdiccion Especial de Paz (JEP), donde, aún las victimas y organizaciones de derechos humanos exigen toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a DDHH cometidos durante esta operación militar que estuvo bajo su mando.
Pero hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no solo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios,haciendo memoria con apoyo institucional, colectivo e individual, por medio del arte, la danza, la literatura, ferias agroecologicas, intercambio de experiencias, música, entre otros, destacándose la caravana de la memoria de las Mujeres Caminando por la Verdad o Cuerpos Gramaticales, todo ellos, pronuncian una y otra vez ¡Orión nunca más!
Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la Memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido
lunes, 14 de octubre de 2019
8:00 a. m.  Caño Manso, Chocó, Curvaradó, Defensor de derechos humanos  No comments
14 de Octubre de 2008
Un día y otro día más, por su ingenuidad signo de su transparencia creyó que no lo iban a asesinar ese día. Semanas antes sobrevivió junto con su hermano a un atentado. Walberto Hoyos, líder de restitución, investigador popular, defensor de derechos humanos se aferró a sus convicciones por la verdad y la justicia, creía que los despojadores, los beneficiarios de la operación septiembre negro, al mando de Rito Alejo del Río, desde 1996, le iban a respetar la vida.
Ese día mientras conversaba con una de las lideresas del consejo comunitario de Caño Manso que habita en la Zona Humanitaria, en Curvaradó, Chocó, dos paramilitares, de las estructuras que Álvaro Uribe se ufanó de decir que se habían terminado, lo acribillaron con armas de fuego, luego que este se les enfrentara exigiendo respeto al espacio humanitario.
Hoy su asesinato continúa en la impunidad y con visos de que los móviles sean modificados. La desviación de la investigación pretende proteger a los empresarios ganaderos, entre ellos un ex oficial de las fuerzas militares e integrante de ACORE, que junto con Sor Teresa Castaño, se hicieron a los predios colectivos como parte de un plan militar que se inició en 1996 con la operación "septiembre negro" de la brigada 17, al mando del general Rito Alejo del Río.
Walberto se fue haciendo como investigador técnico judicial. Logró penetrar en las entrañas de lo que muchos llamaron después la paraeconomía. Él anotando en una pequeña libreta, cotejando con la gente, dialogando con las autoridades civiles y la fuerza pública fue identificando el entramado y la estructura crimina. Identificó a los beneficiarios y promotores de las operaciones paramilitares insertados en empresas palmeras, bananeras, ganaderas y otros agronegocios, entre ellos los de la cocaína.
Walberto encontró pruebas de las relaciones de altos generales y comandantes de la brigada 17, de comandantes de la policía de Urabá, de autoridades civiles locales, regionales con el desarrollo de las estructuras paramilitares y los procesos de legalización ilegal del despojo.
Walberto sin temor, se hizo testigo en procesos judiciales contra ex jefes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas e integrantes de la brigada 17 y la policía de Urabá.
A pesar de su muerte violenta él es parte de la memoria de esa epopéyica en que se han constituido estos habitantes rurales mestizos, negros, que más allá del color de la piel, aman la tierra, adoran el territorio en que han pasado los años de sus vidas, en que han parido nuevos niños y niñas para habitar en lo que la vida les ha heredado.
Hoy a pocos metros de los predios que siguen despojados por empresarios de la ganadería extensiva en Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, nombre de la reconversión del territorio colectivo de Caño Manso, en Curvaradó, están las flores, y el espacio en que su tez inocente se refleja en una fotografía, en un pequeño montículo, digno de hombres que como él arriesgan todo.
Hoy sus restos serán sellados con su nombre. Nombre que sigue en la historia de esas mujeres y hombres que dignifican todas las formas de vidas biológicas que existen en Curvaradó y Jiguamiandó, contra aquellos que quieren un progreso de indignidad, de destrucción ambiental, de dominación y de simple acumulación.
Walberto la bella vida en inocencia, en pasión por la verdad y la justicia en su memoria y más de 160 víctimas más se afirma la verdad y la justicia
Walberto Hoyos en la Memoria
Walberto Hoyos Sin Olvido!
domingo, 13 de octubre de 2019
8:00 a. m.  Comité Cívico por los Derechos Humanos, Crímen de lesa humanidad, Defensor de derechos humanos, Meta, union patriótica  No comments
13 de Octubre de 1996
Nos hemos hecho parte de esta familia universal por la dignidad de las personas y los pueblos, lo cual nos da el vigor para seguir adelante... El Estado y su proyecto paramilitar nos han hecho cerrar las oficinas, pero no han doblegado, ni doblegarán, nuestra voluntad, ni nuestro compromiso
Josué Giraldo Cardona nació en Pensilvania, Caldas, el 27 de agosto de 1959. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Bogotá en 1958 y regresó a su pueblo natal para ejercer como abogado. Cuando tenía 28 años fue víctima del primer atentado contra su vida, dejando este episodio atrás, en 1988 se radicó en Villavicencio desempeñando cargos públicos, como Juez de Ejecuciones Fiscales y luego como Gerente de la Empresa de Licores del Meta siempre junto a su labor de derechos humanos, donde, también empezó a militar en la Unión Patriótica (UP).
Para entonces, se dio una convergencia de actores y una guerra sobre la vista de toda la sociedad colombiana, ya se había establecido la insurgencia armada, el terrorismo de Estado y el paramilitarismo pintando el país de rojo. Esta situación, esa violencia política y armada llevó a Josué a comprometerse con soluciones políticas efectivas, exentas de la lógica de las armas.
De esta forma realizó la conformación del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, convirtiéndose en el presidente y fundador del mismo, siempre como un hombre valiente, que vio morir a sus compañeros de la UP y miembros de dicho comité en la región, pero nunca se rendía y no se dejó hundir por el terror que lo acechaba, de forma que, él entendió que debía sacrificar posiblemente su vida para seguir con su labor de defensa.
En febrero de 1996, Josué intervino en el Parlamento Europeo para denunciar la estructura y el accionar del paramilitarismo en Colombia. Este defensor de derechos humanos, en repetidas veces declaró ante las fiscalías, procuradurías, personerías y consejerías sobre la identidad de asesinos y grupos armados, para que el Estado actuara en favor de realizar justicia, pero esto nunca ocurrió. Su muerte fue anunciada y previamente denunciada incluso en la Comunidad internacional, sin embargo, hubo solo una ineficiencia por parte de dichos organismos, su muerte ya estaba prevista, dentro de la dinámica de genocidio a la UP junto a la dinámica de destrucción a su compromiso y a su país.
Es obligado a escapar de la muerte en repetidas ocasiones saliendo del país, por eso en marzo de 1996 en Ginebra, Suiza, dijo: “He aceptado salir en cuatro ocasiones en momentos difíciles…porque sentía la muerte cerca. Por estas salidas es que aún estoy vivo. Cada vez prolongó un poco más el tiempo en el que me han de matar”. Doscientos días después, el 13 de octubre de 1996, es asesinado en frente de su casa en Villavicencio, sus dos hijas pequeñas presenciaron su muerte y un abogado norteamericano que lo acompañaba.
Por su asesinato, se exige que se responda el general Rodolfo Herrera Luna, comandante de la VII Brigada quien en un discurso en Mesetas, Meta, en 1996 criminalizó a los defensores de derechos humanos, señalandolos como mensajeros de la guerrilla; junto con este, que dé respuesta el Comandante de la IV División del Ejército, el Comandante de la Policía del Meta y el Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por conocimiento y omisión de protección a la vida de Josué, porque dichas acciones facilitaron su muerte. Hasta el año 2014, por medio de la sentencia 26, el Consejo de Estado condenó al DAS por no salvaguardar la vida del defensor de derechos humanos y reconociendo su asesinato como un crimen de lesa humanidad.
En su memoria, desde el 2016 se realiza el concurso Josué Giraldo Cardona para visibilizar organizaciones y personas por un trabajo que contribuya a la defensa de los derechos humanos y a estudiantes de pregrado que hayan escrito una tesis sobre la UP y también sobre derechos humanos, para cursar una beca en maestría o doctorado en cualquier universidad pública del país. Se seguirá, recordando a Josué por sus labores a lo largo de la historia y en cada búsqueda de verdad y justicia, como decía él: “Debemos cortarle las alas a la impunidad para que sea la vida la que vuele”
Josué Giraldo Cardona en la Memoria
Josué Giraldo Cardona Sin Olvido
viernes, 11 de octubre de 2019
8:00 a. m.  ASONAL-Judicial, Ubaque, Unión Patriótica  No comments
11 de Octubre 1987
"Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; Soy un hombre dialéctico.
El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme".
El asesinato del presidente de la Unión Patriótica, Jaime Hernando Pardo Leal sigue en la impunidad, pero vive en los recuerdos de los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, en sus familiares y en todos aquellos que aún no pierden la esperanza de ver una Colombia justa.
Jaime Hernando Pardo Leal nació en el municipio de Ubaque el 31 de Marzo de 1941, hijo de la Señora Ana Lucia Leal, su padre se desempeñó durante varios años en el Poder Judicial de Colombia y solo cuando Jaime Leal era adulto este le dio su apellido.
En 1959 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y es para esa misma época que se vincula a la Juventud Comunista. En 1962 ingresó al Poder Judicial de Colombia como Citador-Notificador, allí ejerció los cargos de Juez municipal, juez del Circuito, Juez Superior y por último fue Magistrado del Tribunal de Bogotá.
Jaime fundó la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización sindical de la que fue su primer presidente y desde allí participó y organizó 15 paros o huelgas a favor de la dignificación y salarios justos, entre otros temas.
Pardo Leal fue el primero en lograr paralizar los trabajadores del poder judicial, los despachos judiciales y magistrados.
Se casó con Gloria Flores quien lo recuerda como un hombre luchador. Jaime y Gloria tuvieron 5 hijos Iván, Yalima, Edisson, Fernando, y uno que falleció, siendo un bebé.
En 1963, Jaime obtiene el título de Abogado de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con la Tesis “La Clase Obrera ante el Derecho Social” en la Universidad Nacional de Colombia.
En 1986 y siendo miembro del Partido Comunista, Pardo Leal acepta la candidatura de la Unión Patriótica y comienza a denunciar ante la Procuraduría, con listado en mano, a los implicados en las muertes de miembros de la Unión Patriótica, en la que se incluían altos Generales del Ejército Nacional, dichas denuncias obligaron al General Samudio Molina y el ministro de defensa de la época a que respondieran en una rueda de prensa lo que aseguraba Jaime Pardo.
Las denuncias que hizo en relación con la clase política y su entramado con el narcotráfico, lo convirtieron en blanco de continuas amenazas en su contra.
Sus hijos y en especial su hijo menor, Fernando, recuerdan con dolor aquel domingo 11 de Octubre de 1987, en el que salieron de viaje a almorzar a la finca que tenían en La Mesa, Cundinamarca, ese día decidieron regresar temprano pues Jaime Pardo tenía que asistir a un matrimonio, al regresar a Bogotá, a las 3:45 de la tarde, un Renault 18 sorprendió el carro en el que se movilizaba Jaime junto con su familia, desde dicho auto comenzaron a disparar, dejándolo herido de gravedad. Jaime falleció pocos minutos después de haber ingresado al hospital San Rabel de la Mesa.
Los victimarios, unidades de la estrategia militar encubierta, huyeron del lugar y años después, dos de ellos, Beyer Yesid Barrera y William Infante, reconocieron su participación en el crimen, sin embargo, las investigaciones nunca indagaron por la participación intelectual y la responsabilidad estatal.
La investigación penal solo sentenció la responsabilidad de un narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el 'Mexicano', quién habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.
Ahora, en medio de los mecanismos de impunidad, en medio del olvido mediático, Jaime es parte de esta historia de indignación ante la simulada democracia, es parte de los sueños necesarios de exhumar en tiempos en que a través de la paz se pretende imposibilitar la identificación de los determinadores y beneficiarios de este magnicidio.
Este demócrata que se paseo por universidades públicas y privadas creyendo en la paz, él ese pequeño del tic, ese pequeño de alma grande es parte de la memoria viviente de una democracia genocida, de una democracia que desde sus restos en la expresiones sociales debe posibilitar la verdad y la justicia social.
Jaime Pardo Leal en la Memoria
Jaime Pardo Leal Sin Olvido
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