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Las organizaciones defensoras de derechos humanos han desarrollado tal madurez en temas de recopilación y sistematización de información que hoy podemos contar con informes periódicos y sólidos sobre la situación de esos derechos en nuestro país. Es a través del monitoreo y la documentación de sus distintas violaciones como dan cuenta de la crisis de derechos humanos por la que atravesamos, no únicamente desde los estándares de cumplimiento internacionales o locales, sino también desde los trabajos colectivos que bajo metodologías rigurosas realizan entre las organizaciones y movimientos sociales de manera independiente, en gran parte por su cercanía con las víctimas, las comunidades y los propios movimientos.
Es paradójico que mientras la administración en turno se niega a aceptar el profundo malestar que experimenta la población en relación con la situación de los derechos fundamentales, la corrupción, la impunidad y la economía del país, las evidencias de la sociedad coincidan en que en lugar de atender de raíz esas inconformidades, el gobierno mexicano recurra a diversos mecanismos de represión política para acallarlas e intentar cancelarlas en la población. Quienes gobiernan se han encumbrado, en efecto, en un supuesto estado de derecho, que se sostiene por el uso de la fuerza pública militar o policial.
Sobre esto mismo el pasado 24 de agosto el Comité Cerezo México, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política, que da cuenta del periodo junio de 2015 a mayo de 2016.
En él pormenorizan los eventos en los que se registran graves violaciones a los derechos humanos, y describen los mecanismos mediante los cuales el actual régimen se vale para intentar controlar a la población, revertir las inconformidades y detener las protestas sociales que rechazan el proyecto de país que grupos empresariales y castas partidistas nos quieren imponer. De paso hacen un análisis comparativo de las diferencias o cambios entre las estrategias de represión en el pasado sexenio y el actual, confirmando que la mal llamada “guerra contra el narco”, que llevó al país a la militarización de la vida social, ahora se ha normalizado e incrementado con una serie de ajustes institucionales que generan acciones sutiles y casi invisibles destinadas al control social, sobre todo por el predominio de los medios de comunicación.
Con base en las evidencias presentadas, se sostiene que el Estado afina su puntería contra aquellos grupos o personas que se oponen y resisten al desarrollo. Son justamente ellos quienes ahora se convierten en el principal obstáculo para el Estado y su intención de imponer la agenda neoliberal. Es decir, las reformas estructurales con las que el actual gobierno dice mover y salvar a México. El informe documenta 136 eventos que implican 446 actos violatorios de derechos humanos que afectaron aproximadamente a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades solo en un año. De todos estos actos violatorios hoy son más comunes las agresiones, con lo que las organizaciones que presentan el informe plantean que el Estado ha pasado de hostigar o amenazar a atacar directa y principalmente a las y los defensores de derechos humanos.
Vale la pena resaltar que el informe también sostiene que los eventos que se registran tienen una característica en muchos casos relacionada con que son masivos y focalizados principalmente en organizaciones de base y con estructuras organizativas sólidas, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La expresión de esta represión contra la población se ilustra en las secciones relacionadas con el análisis de las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Novecientas sesenta y ocho violaciones documentadas en los recientes seis años. El informe concluye que el mecanismo de la detención arbitraria, con el que el Estado usa de manera selectiva su aparato judicial contra los defensores de derechos humanos, es uno de los más recurridos actualmente para violentar el derecho a la protesta social.
A decir de las organizaciones autoras del informe, esta radiografía de los mecanismos de represión política nos muestra que su principal objetivo es su normalización, el silenciamiento, el acostumbramiento, la naturalización y la polarización social, en tanto que ayuda a perpetuar la impunidad. El documento cierra con un listado de recomendaciones al Estado mexicano para revertir esta situación de crisis de derechos humanos y de represión generalizada.
También, a lo largo del informe, las organizaciones se preguntan qué hacer frente a este panorama y no dudan en sugerir que lo que apremia es resistir. “Es necesario –proponen– no solo formar procesos de largo aliento, que estén guiados por la organización bajo objetivos a largo plazo, y no como respuestas efervescentes que se desinflen con facilidad”. Y hoy más que nunca es también necesario que la unidad y la solidaridad caractericen al movimiento social en general, de lo contrario atacarlo será mucho más fácil.
Frente a este intento de normalización de la represión política es igualmente fundamental aumentar la calidad y capacidad para documentar incidentes de seguridad, difundirlos, visibilizarlos, así como aumentar la capacidad y las formas de elevar los costos políticos de los ataques represivos estatales, “pues estamos viendo que el Estado parece dispuesto a asumir estos costos sin reparo alguno.
Consultar artículo en La Jornada.
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