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Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
19 de marzo de 2022
México necesita una política pública efectiva para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aún persisten fallas en su implementación, que no han logrado garantizar la seguridad e integridad física de quienes han recurrido a dicho mecanismo. Aún más, las causas de las agresiones y violaciones a derechos humanos no han sido siempre y debidamente atendidas.
Y la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos está marcada por la impunidad, que permite que las violaciones a sus derechos continúen. Con respecto al ejercicio de la libertad de expresión, México ha sido durante los últimos años uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo o defender los derechos humanos. A 10 años de funciones del mecanismo, y de acuerdo con Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), son actualmente mil 559 personas las que están bajo su protección, de las cuales 515 son periodistas y mil 44 defensores de derechos humanos.
Con el propósito de atender las causas de la situación que viven las personas protegidas por el mecanismo y para contar con un marco legal de alcance mayor, la SG ha convocado a Diálogos Regionales con la finalidad de impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contando con la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sobrevivientes, familias y personas defensoras de derechos humanos, y periodistas beneficiarios del Mecanismo de Protección.
Se han llevado a cabo cuatro Diálogos Regionales: el primero, en enero pasado, en la Ciudad de México; el segundo, en febrero, en Oaxaca; el tercero, en Hermosillo, Sonora, y el cuarto, en este mes de marzo, en Tepic, Nayarit. Se tienen, además, programadas sesiones en Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. Aunque todavía no hay una iniciativa de ley construida, a partir de la interlocución con la sociedad civil organizada y las personas que cuentan con la protección del mecanismo, se buscará conformar una propuesta para presentarla al Congreso de la Unión, donde, en búsqueda de legitimar e implementar de manera adecuada esta nueva ley, se espera también un proceso de parlamento abierto.
Es importante destacar que entre los objetivos de esta nueva ley está el atender la falta de colaboración de las autoridades locales y el involucramiento de las municipales en las agresiones que se han registrado contra los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué impulsar una iniciativa de ley nueva, si ya se cuenta con una vigente? Porque tanto la ley federal, como las leyes estatales vigentes de protección son letra muerta, sin reglamento ni presupuesto, denuncian las organizaciones en el país.
En Oaxaca, además de cuestionar una convocatoria insuficiente, se denunció la falta de una escucha efectiva por parte de los funcionarios públicos, así como la ausencia de autoridades estatales en este encuentro. En Hermosillo, la colusión de las autoridades, la falta de colaboración de las autoridades locales, el involucramiento de las autoridades municipales con grupos de la delincuencia, y su participación activa en las agresiones registradas.
En Tepic se discutió acerca de cómo debería ser la protección, aunada a la urgencia de priorizar la vida e integridad física de quienes sufren amenazas constantes por parte de las mismas instancias gubernamentales: los familiares de personas desaparecidas y quienes defienden la tierra y el territorio, entre otras. En estos Diálogos la SG deberá garantizar la participación y la escucha activa de las voces de mujeres buscadoras; de quienes defienden la tierra y el territorio; de las colectivas que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; de personas de la comunidad LGBT; de quienes denuncian graves violaciones a derechos humanos; de personas defensoras de derechos indígenas y campesinos, y de personas migrantes.
Estamos ante la oportunidad de responder a las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha dirigido al Estado mexicano para fortalecer sus tareas de prevención y de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a la firma y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, en el que se reconoce y cuida a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a quienes protegen el ambiente, que conforman uno de los grupos que enfrentan mayores riesgos.
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