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Al igual que en votaciones anteriores, el CNE quiere mostrar al país la aparente legalidad de las venideras mecanismos extraconstitucionales implementados en las últimas cuatro votaciones celebradas en el país para favorecer al partido de gobierno, brindan poca credibilidad y no garantizan la Desde que se convocó la celebración de estos comicios, el CNE ha demostrado el uso arbitrario de sus funciones, en concreto, al privilegiar a la organización política gobernante con la práctica antidemocrática de invalidar a los partidos de la oposición a partir de un Asamblea Nacional Constituyente (ANC), orientado, justamente, a entorpecer y restringir la participación en los eventos electorales de los partidos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro y, particularmente, asegurar la longevidad del régimen.
Se Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales dictado por la írrita ANC haya impuesto a las organizaciones que dejaron de participar en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo validar sus nóminas para que consiguieran legitimarse y poder participar en las municipales.
De hecho, tras tomarse la decisión de convocar a elecciones, el CNE dio a conocer que las organizaciones Acción Democrática (AD), Nueva Visión Para mi País (Nuvipa), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) y Generación Independiente (Gente) debían validarse según el Tania D’Amelio dio a conocer el pasado 11 de septiembre  que participarán en los comicios municipales “las 21 organizaciones políticas nacionales vigentes en el CNE, son (por sus siglas): PSUV, AP, COPEI, MAS, MOVEV, MEP, Somos Venezuela, MPAPC, ORA, PCV, Podemos, PPT, Tupamaro, UPV, UPP89, El Cambio, CMC, ACEP, FDC, LAPIZ, SPV. Estas 5 últimas de reciente inscripción en el CNE”.
Lo anterior puede traducirse en que las organizaciones AD, Nuvipa, UNT y Gente quedaron canceladas automáticamente, tal como ocurrió con Puente y Voluntad Popular, que también rechazaron acudir al proceso de validación ordenado por el CNE meses atrás.
Para Acceso a la Justicia, estas circunstancias no contribuyen a brindar mayor credibilidad y confiabilidad a un proceso electoral en donde se ataca a sectores políticos de la oposición, y sobre todo impiden el derecho de libertad de elección, propio de cualquier sistema democrático, pues el elector no puede votar por los partidos de su preferencia.
Además se promueve un tratamiento desigual entre las organizaciones partidistas, lo que es violatorio del derecho fundamental de igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la validez de los resultados que se obtengan en las elecciones de concejos municipales.
No es menor que el CNE sigua aglutinando un conjunto de irregularidades que crea un clima de desconfianza sobre el venidero proceso electoral, entre otras razones:
1. Falta de transparencia y desinformación acerca de las circunscripciones electorales que utilizará el órgano comicial para la escogencia de los integrantes de las cámaras municipales, así como la cantidad de concejales a elegir en las mismas y cómo se escogerán, situación en la cual podrían verse marginados los principios de representación proporcional y de personalización del sufragio (artículo 63 de la Carta venezolana).
2. Nada hace pensar que el CNE vaya a reivindicar el respeto por el voto libre y voluntario imponiendo las sanciones a que hubiere lugar ante la intensificación de la práctica deplorable del uso del Carnet de la Patria por parte del Gobierno nacional como estrategia de movilización partidista para favorecer el oficialismo, tal como se vio en las elecciones presidenciales en las que imperó la política abusiva, corrupta y discriminadora del régimen de Nicolás Maduro.
3. La falta de iniciativa por corregir e implementar mecanismos adecuados que garanticen el respeto por el carácter secreto del voto. En las elecciones de gobernadores, alcaldes y presidenciales, este se vio marginado por las conductas ilícitas realizadas a través del voto asistido y otras prácticas. Ciertamente, esta situación pone en riesgo el carácter legítimo de la elección, que se verá agravada por un CNE indiferente a los reclamos, pero complaciente hacia las ideas y caprichos de los partidarios del Gobierno.
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