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Para este 2015, lo más urgente es construir un movimiento amplio, lejos de liderazgos viejos o individualistas, que dé cauce a las demandas y asuntos pendientes, y que corte de raíz lo que produce esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos.
07 de enero de de 2016
La dignidad en nuestras manos
México experimenta una profunda crisis de derechos humanos. Esta frase y otras parecidas las escuchamos fuertemente en los últimos meses. Los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, arreciaron los reclamos hacia el actual régimen. Ahora, al inicio de 2015, el apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos, ejecutados arbitrariamente o torturados deberá ser irrestricto de parte de la sociedad nacional e internacional y solidificarse aún más; las exigencias, no deben cesar.
Aunado a la demanda amplia de presentación con vida de los 42 jóvenes normalistas, la reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición, como sociedad civil también estamos en alerta sobre algunos asuntos que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos identificamos como parte de nuestras agendas, y prestos para incidir, construir, revertir o transformar las propuestas de los gobiernos, según sea el caso. Apremia la construcción de agendas y alianzas estratégicas que nos lancen a la transformación de los contextos de muerte, desigualdad e injusticia. En adelante, comparto solo algunos de ellos.
Uno que causó y causará tensiones entre las personas, comunidades y gobiernos es lo referente al derecho a la protesta social. El año pasado, en el mes de octubre, diversas organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la perversa estrategia que el Estado mexicano implementa para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la protesta social. Durante la primera semana de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados hizo oídos sordos a lo que aconteció en Washington y aprobaron reformas al artículo 11 constitucional, según ellos, para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
En razón de ello, la sociedad civil estará atenta a la ley que reglamentará dicha reforma. Ahora es necesaria la aprobación del Senado, pero igualmente la expedición de una Ley General de Movilidad, que corre el riesgo de albergar artículos que censuren y limiten las protestas, e incluso faculten a los cuerpos de seguridad para impedirlas o detener a manifestantes. Este es un tema de primera importancia. El espacio público para este 2015 debe ser concebido no solo como lugar para el tránsito de automóviles, sino también como un lugar de debate político, donde se da visibilidad a los problemas que aquejan a las comunidades, y como un espacio que le pertenece a las y los ciudadanos.
El 2014 no fue excepción en cuanto al uso del derecho penal para inhibir la labor de activistas, miembros de movimientos sociales y defensores de sus comunidades. En este año es fundamental la demanda y el fortalecimiento del trabajo colectivo para liberar a todos los presos políticos, quienes son recluidos en penales por delitos que jamás cometieron. Tal es el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, miembros de la Tribu Yaqui, por oponerse al despojo de sus bien naturales. Asimismo, Juan Carlos Flores, quien fue detenido a causa de su férrea oposición a la Gasoducto Morelos, y quien se dio a la tarea de acompañar en su lucha a las comunidades afectadas por la imposición de este megaproyecto. Nestora Salgado y los presos de las Policías Comunitarias, quienes fueron acusados de delitos federales como secuestro y delincuencia organizada, y encarcelados en penales de máxima seguridad. Los presos cholultecas: Adán Xicale Huitle, Paul Xicale, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi, quienes son criminalizados a causa de su defensa del territorio, en San Andrés Cholula, Puebla. Asimismo, es necesario que se libere a Enrique Guerrero Aviña, joven universitario torturado, detenido arbitrariamente y preso injustificadamente en el penal de Puente Grande, Jalisco. Y así, otras tantas personas defensoras de sus derechos, que ahora deben enfrentar el duro flagelo del sistema penal en México.
En este mismo terreno. Se hace urgente que para este año las juventudes criminalizadas en el marco de las protestas por Ayotzinapa, las del 8 y 20 de noviembre, así como las del 1 de diciembre, vean ya cerrados sus casos. Las organizaciones que hemos acompañado a algunos de ellos hacemos lo que está nuestro alcance para que se les declare inocentes. Sin embargo, los procesos penales siguen sin razón alguna. No entendemos por qué la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se empeña en sostener procesos que nada tienen de ciertos. El régimen sabe que inculpa a personas inocentes por hechos violentos que él mismo provoca. Esto es más que evidente hoy día.
Otro tema, y que atañe directamente a defensoras y defensores de derechos humanos, es revertir la ola de ataques hacia su trabajo. Urge que se fortalezcan los mecanismos con los que cuenta el gobierno federal para atender casos de personas defensoras en riesgo. De igual manera, se requiere que los gobiernos locales implementen mecanismos de protección para defensores y periodistas. Esperamos que este año, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal expida laLey para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal en consenso con la Asamblea Legislativa, pero con la participación plena de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas de esta ciudad.
Y ya que hablamos de la Ciudad de México. Debemos recordar que el Senado se negó a aprobar la reforma política del Distrito Federal, lo cual implica generar una constitución exclusiva para esta Ciudad. De esta manera se convertirá en la entidad federativa número 32. Los meses que vienen son clave para que las personas que habitamos el DF participemos en la expedición de una Constitución que verdaderamente reconozca nuestros derechos humanos. Un pendiente que, de cumplirse, sería histórico en este 2015.
El año pasado fue el año de las reformas estructurales del gobierno. A pesar de la oposición de amplios sectores de la sociedad, el régimen impuso muchas de ellas. Por ello, en lo que hace al tema de la reforma energética, ahora nos queda llevarla al campo internacional. En el último semestre del año, después de aprobada las reformas constitucionales y expedidas las leyes secundarias sobre la materia, movimientos y personas exigimos que se nos consultara sobre este tema, pues ya contábamos con un mecanismo de participación: la consulta popular. Incluso propusimos que esta consulta fuera solo una, y que las fuerzas sociales se unieran para que aceptara esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente vimos cómo el máximo tribunal del país, en cuestión de minutos, tiró por la borda la posibilidad de ejercer nuestro derecho a participar, opinar y proponer sobre temas de interés nacional. Así, el régimen se negó a poner a consideración del pueblo mexicano la reforma energética. Los tiempos venideros nos obligan a explorar las vías internacionales, pues agotados los recursos jurídicos internos para exigir nuestro derecho a la consulta, entonces se abre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, por ejemplo la CIDH, asunto del cual estaremos muy atentas y atentos como movimientos sociales, organizaciones o personas interesadas en el tema.
En cuanto a los megaproyectos, que además se acelerarán este 2015 ya que las reformas estructurales se implementarán a rajatabla, es primordial ejercer mecanismos para revertirlos. Tal es el caso de la demanda colectiva contra el maíz transgénico, por medio de la cual se han detenido todas las siembras de granos modificados genéticamente. Ahora, y ante los intentos desesperados de empresas como Monsanto para acabar con esta demanda, la sociedad civil organizada debe vigilar el desarrollo del juicio legal, pero también idear las formas de cómo difundir ampliamente esta lucha e idear mecanismos para apoyarla. He aquí una manera de combatir el despojo de bienes naturales que actualmente experimentan nuestros pueblos.
La retahíla de pendientes y trabajos por venir puede agrandarse. Sin embargo, lo más urgente puede ser construir un movimiento amplio, lejos de liderazgos viejos o individualistas, que dé cauce a estas y otras tantas demandas y asuntos pendientes. Uno que corte de raíz lo que produce esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos. Esto solo será posible con la firme y certera participación de la sociedad civil plural, de todo el movimiento social del país, y con el apoyo de las instancias internacionales que así creamos necesarias. El trabajo para el 2015 es arduo, pero como organizaciones sociales estamos ciertas que es también oportunidad para transformar nuestra realidad nacional. Alea jacta est.
* Carlos Ventura es colaborador del Área de Educación, Promoción y Difusión del Centro Vitoria.
Consultar en Animal Político.
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