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Que la inacción con la extrema derecha no quede impune. La Eurocámara ha presentado la demanda contra la Comisión Europea para no aplicar el mecanismo que permite cortar los fondos europeos ante las vulneraciones del estado de derecho, como son los casos de Polonia y Hungría. Los servicios legales del Parlamento han presentado este viernes la denuncia delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el presidente de la cámara, David Sassoli, lo pidiera la semana pasada.
La cuestión aquí está en el hecho de que la regulación sobre el mecanismo que permite restringir la financiación comunitaria a los estados cuando sus deficiencias democráticas ponen en riesgo el presupuesto de la Unión Europea se aprobó en diciembre, pero la Comisión Europea todavía no lo ha utilizado. Si bien este mecanismo no está dirigido a ningún país en concreto, Polonia y Hungría son los dos estados europeos que tienen abierto ahora un procedimiento sancionador para poner en riesgo el estado de derecho y los derechos humanos.
Fecha límite: 2 de noviembre
"Esperamos que la Comisión Europea actúe de forma coherente y cumpla lo que la presidenta Von der Leyen dijo durante el debate en el último pleno sobre esta cuestión. Las palabras se tienen que convertir en hechos", ha dicho Sassoli en un comunicado. El mismo Sassoli dio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta el día 2 de noviembre para activar el mencionado mecanismo.
El movimiento del presidente de la Eurocámara llegó después de que la comisión de Asuntos Legales le recomendara querellarse contra el ejecutivo europeo para no utilizar el mecanismo de condicionalidad. En concreto, Asuntos Legales criticaba el inmovilismo de la Comisión Europea desde que, a principios de año, entró en vigor la normativa sobre este mecanismo.
Polonia y Hungría, en contra
Los estados miembros han pedido a Von der Leyen que no saque adelante ninguna medida en el marco de este mecanismo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su legalidad. Polonia y Hungría impugnaron la creación del mecanismo de condicionalidad ante los tribunales de la UE, que no se pronunciarán sobre esta cuestión hasta a principios del 2022.
Justo esta semana hemos sabido cómo el mismo TJUE ha condenado al gobierno polaco a abonar una multa de un millón de euros diarios hasta que suspenda la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo que la justicia europea había considerado contraria al derecho comunitario a julio. "El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en que se basa esta Unión, en particular el del Estado de Derecho", ha recalcado la corte en un comunicado esta semana.