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La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) envió un comunicado público al presidente electo, Rodrigo Chaves, donde solicita que sus demandas sean escuchadas por la próxima administración.
Trascendió en las últimas horas que algunos puestos del próximo gobierno de Rodrigo Chaves estaría dando jerarquías importantes, como el Ministerio de Educación, a grupos conservadores que lidera el político neopentecostal Fabricio Alvarado, situación que alarma a organizaciones de derechos humanos por temas como la homofobia, la xenofobia y el rechazo de la diversidad sexual y cultural.
Esta entidad de la sociedad civil defiende principalmente los derechos de “las personas excluidas de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad”.
La OIDH escribe al nuevo mandatario costarricense que quiere dar a conocer “algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita (para) que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa”.
Rodrigo Chaves todavía no responde a varias cartas que se han hecho públicas por parte de diversas organizaciones en varios temas.
Enumeran 22 temas en concreto que consideran un piso mínimo para tratar por parte del gobierno:
Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno.
Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.
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Tags: Derechos Humanos, OIDH
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