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Fotografía: Fernando Escobedo| A un año del 19S no podemos abordar el sismo solo como un fenómeno natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos, cuyos efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de las fallas e irregularidades del Estado que derivan en violaciones a derechos humanos.
18 de septiembre de 2018
Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas*
La dignidad en nuestras manos
A casi un año del sismo, se presentó el informe ciudadano elaborado por Documenta Desde Abajo, que nos proporciona información detallada sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos sufridos por las personas damnificadas. Este trabajo colectivo está integrado por más de 40 brigadas formadas por 120 estudiantes y docentes de diversas universidades, así como de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y ha dado como resultado este informe que documenta las afectaciones a derechos humanos que sufrieron y siguen padeciendo las personas damnificadas, e identifica las fallas y responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado. A un año del sismo, si bien las autoridades publicaron un censo sobre las afectaciones a edificios, este no retrata los daños sufridos por las personas, por lo que es imprescindible recabar información de forma independiente para identificar esos daños en términos de derechos y responsabilidad, para permitir así a las personas damnificadas exigir justicia, así como el respeto y garantía de sus derechos.
En las primeras etapas de la emergencia, el Estado es responsable por la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal: se abrieron menos albergues oficiales que campamentos civiles, y los albergues oficiales cerraron más rápido y en mayor proporción. Para el 14 de octubre, solo quedaban 14 albergues oficiales abiertos, de los 48 iniciales. Por múltiples razones como la larga duración de los procesos de reconstrucción o la insuficiencia de los tres mil pesos mensuales otorgados a personas damnificadas, el cierre prematuro de albergues dejó a las personas desalojadas sin estancia temporal, afectando así su derecho a una vivienda digna. También cabe destacar los altos porcentajes de abusos e irregularidades por parte de las autoridades en albergues y campamentos, así como la inexistencia de políticas específicas para atender a poblaciones más vulnerables : infancias, mujeres, comunidades indígenas, entre otras.
Las afectaciones no fueron únicamente patrimoniales: las personas siguen padeciendo daños físicos, psicológicos y psicosociales, o con relación al trabajo, la vivienda, el acceso a servicios públicos y a la justicia. Más del 50% de las personas entrevistadas siguen sufriendo afectaciones psicológicas. El sismo también ha resultado en un empobrecimiento generalizado de las y los damnificados: además del aumento de los gastos del hogar por las necesidades de vivienda temporal, casi el 20% de los entrevistados reportaron que el jefe o jefa de hogar perdió su empleo después del sismo.
Un 98% de las personas entrevistadas declararon problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación a sus obligaciones de demoler o reconstruir. El Estado no proporcionó información transparente y precisa sobre las evaluaciones técnicas del estado de los inmuebles, o las condiciones para acceder a medidas de demolición y reconstrucción. Muy a menudo las autoridades “brillaron por su ausencia”, por ejemplo en las labores de búsqueda y rescate (22% de las personas encuestadas refirieron esto), el resguardo de objetos (96%) y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción (85%). También se pone énfasis en las desigualdades de tratamiento que enfrentaron las personas damnificadas según su origen geográfico y socioeconómico, ya que en las delegaciones más pobres y periféricas, se denunció mayor ausencia de autoridades delegacionales, mayores problemas con los autoridades centrales por falta de apoyo, y menor provisión de servicios básicos que las delegaciones menos pobres: una vez más, la justicia es selectiva.
En conclusión, y con base en el informe de Documenta Desde Abajo, creemos que no podemos mirar y abordar el desastre del sismo como un fenómeno únicamente natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos: un desastre no se puede detener, pero sus efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de ausencias, fallas e irregularidades del Estado que desembocan en violaciones y afectaciones a derechos humanos.
Frente a la acción fallida de las autoridades estatales ; la sociedad civil se movilizó en las labores de rescate, resguardo de objetos personales, atención a afectaciones psicosociales, acopio, donaciones, entre otras. Cabe destacar que la población demostró una fuerte capacidad a auto-convocarse y organizarse ; no solo para cubrir las necesidades más urgentes, sino sobre todo en caso de las personas damnificadas, para construir una organización colectiva y exigir el cumplimiento de sus derechos. Se conformó por ejemplo la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy en día sigue teniendo asambleas desde hace casi un año, empujando para que el Estado asuma su responsabilidad y proteja sus derechos.
A un año del sismo, ¿qué sigue?; Numerosos grupos de damnificados siguen sufriendo afectaciones a sus derechos humanos, y el Estado debe de proporcionarles el restablecimiento de sus derechos, así como garantizar la no repetición de afectaciones que no pudieron ser evitadas. Sin embargo, no debemos de pensar que esa lucha solo es de ellas y ellos, como damnificados, el informe Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S nos permite entender que las consecuencias desastrosas del sismo en cierta medida se pueden evitar, ya que resultan también del no cumplimiento por el Estado de sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y desastres. Es imprescindible, por tanto, exigir que las autoridades estatales hagan lo necesario para que en caso que suceda un nuevo desastre, no suframos los mismos daños. El informe enfatiza por ello recomendaciones concretas en base a las normas internacionales y nacionales, que pueden servir de fundamento sólido a nuestras reivindicaciones de derechos:
Prevención: reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad socio-económica, con evaluación de riesgos y protección de los derechos económicos y sociales.
Protección y garantía de derechos durante la emergencia: adopción de protocolos de rescate, dictaminación y demolición, políticas de vivienda temporal digna, medidas de atención humanitaria
Restablecimiento de derechos y garantía de no repetición: políticas correctivas y transformadoras de reconstrucción, así como medidas de estabilización socioeconómica.
En definitiva, es hora de seguir luchando juntas y juntos para poner fin a las violaciones de derechos humanos de las personas damnificadas, y para que no se vuelvan a repetir esas violaciones. A un año del sismo, un año de dolor y de organización colectiva, nuestra lucha no cabe en un día de conmemoración y no encaja con los intentos de recuperación política e institucional de los partidos o del Gobierno, saliente o entrante.
Salgamos a marchar todos y todas el 19 de septiembre, y sigamos la lucha más allá de ese día, para exigir una política integral de prevención, atención de emergencia y restablecimiento de derechos, es decir, para exigir justicia y dignidad.
*Zuleyma Ramos es colaboradora del @CDHVitoria.
Consultar en Animal Político.
Imagen destacada : Fernando Escobedo
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