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La Audiencia Provincial de Teruel repitió el sorteo celebrado hace una semana para elegir a los precandidatos a formar parte del jurado popular que deberá juzgar a Igor El Ruso el próximo mes de abril. De los 36 precandidatos elegidos por sorteo la semana pasada, uno quedó excluido al detectarse que contaba con antecedentes penales vigentes, por lo que hubo que volver a realizar el procedimiento informático por sorteo para elegir a otra persona en su sustitución.
El abogado de la AEGC, Jorge Piedrafita, que representa a la viuda e hija del agente Víctor Romero, fue la única acusación que volvió a presentarse en la Audiencia para presenciar el nuevo sorteo y verificar que se realizaba conforme a los parámetros que establece la Ley del Jurado.
Fue Piedrafita quien informó de que uno de los 36 precandidatos elegidos por sorteo la semana pasada no reunía todos los requisitos legales para poder ejercer como jurado. El letrado de la AEGC indicó que ahora los precandidatos serán citados por la Audiencia para su comparecencia en la primera sesión del juicio el 12 de abril para la formación del jurado, junto con un formulario en el que deberán notificar si se encuentran incursos en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad que pudieran alegarse para excursar su designación como eventuales jurados. Posteriormente se realizará su traslado a las partes acusadoras y a la defensa por si vieran necesario realizar recusación de alguno de los precandidatos que tuviera que ser resuelta con carácter previo al inicio de sesiones. Si quedaran menos de veinte precandidatos debería realizarse un nuevo sorteo.
Piedrafita destacó la importancia de verificar y cuidar todas las formas y cualquier detalle para que el juicio se haga respetando todas las garantías y que “no exista ningún problema con los miembros del jurado ni por su cantidad ni por su cualidad que impida que el juicio comience con normalidad, sobre todo cuando ya está visto que la defensa de Igor el Ruso de forma sistemática recurre todo lo posible, buscando presuntas vulneraciones de derechos fundamentales con argumentos sin base probatoria que serán desactivados por esta acusación”
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