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Beltrán Gambier Beltrán Gambier, abogado ejerciente actualmente en España con más de 30 de años de experiencia profesional. Especializado en Derecho Administrativo. A partir de la Reforma del Estado en ...
Luis Caro Figueroa Luis Caro Figueroa, abogado ejerciente en España, con más de 25 años de experiencia profesional y docente en varios países. En 1985 y 1994 fue asesor del gobierno argentino para la refor...
Daniel Amoedo Barreiro Abogado y consultor especializado en Transparencia, Anticorrupción y Derechos Humanos con más de 10 años de experiencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Di...
Familias interculturales y sustracción internacional de menores
El Derecho Internacional de Familia se encuentra en plena expansión. El creciente incremento de los movimientos humanos a través de los diferentes países y la conformación de familias interculturales son factores que a menudo agravan los conflictos y provocan un importante aumento de la litigiosidad.
Si ya es difícil para las personas organizar una convivencia estable cuando se comparten experiencias y tradiciones similares, mucho más lo es cuando se trata de personas que provienen de países diferentes, que hablan diferentes idiomas, que son portadores de culturas diversas, que profesan religiones distintas o que han vivido experiencias educativas, tradiciones y estructuras familiares también diferentes.
Los conflictos pueden tornarse especialmente agudos cuando las parejas internacionales o interculturales tienen niños y no consiguen ponerse de acuerdo en temas como los métodos de crianza, el papel que debe jugar la familia política, la educación adecuada, las cuestiones religiosas y, en última instancia, el deseo de trasladar a los niños al país de origen de uno de sus progenitores.
Las situaciones de crisis que afectan a estas familias a menudo hacen que el trabajo de los abogados se vuelva en extremo difícil. Las disputas legales sobre los aspectos económicos internacionales de las relaciones de familia son generalmente complejas y difíciles de resolver. Pero cuando el objeto de estas disputas son los hijos menores, los desafíos que se presentan son mucho mayores y las emociones mucho más intensas.
Los progenitores separados que siguen viviendo en una misma ciudad suelen alcanzar acuerdos para ejercer de forma razonable y equilibrada sus derechos parentales. Si no lo consiguen, un tribunal local siempre puede resolver lo que resulte más apropiado para el interés superior del niño, así como exigir su cumplimiento, según sea necesario. Pero cuando los padres no consiguen ni siquiera ponerse de acuerdo sobre el país en el que van a residir sus hijos, el conflicto puede alcanzar niveles realmente dramáticos.
El secuestro parental internacional
El secuestro internacional de menores es un fenómeno que no solo pone en peligro a los niños, sino que tiene consecuencias a largo plazo, para el progenitor que lo ha sufrido, para la familia y para la sociedad. Los niños que son secuestrados por uno de sus padres son arrancados de su centro de vida y repentinamente aislados de sus familias extendidas, de sus amigos y de sus compañeros de clase o, incluso, expuestos en los medios de comunicación masiva, con el riesgo de sufrir graves problemas emocionales y psicológicos. Del mismo modo, los padres experimentan una amplia gama de emociones cuya intensidad se ve aumentada en los casos internacionales, que normalmente los obligan a enfrentarse a desconocidas barreras legales, culturales y lingüísticas.
La intervención profesional en situaciones como las descritas requiere de respuestas legales urgentes y eficaces basadas en los instrumentos internacionales que establecen el marco de cooperación entre autoridades nacionales para garantizar el interés superior del niño en sus relaciones transfronterizas.
Instrumentos de cooperación internacional como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores de 25 de octubre de 1980 o, en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (CE) N.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, entre otros, apuntan a solucionar este tipo de conflictos.
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