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El Estado venezolano debe responder a un alto número de recomendaciones que reflejan la preocupación de la comunidad internacional por el severo, rápido y generalizado deterioro de los derechos humanos en el país.
En el primer examen de Venezuela realizado en el 2011 participaron 47 países, los cuales hicieron 148 recomendaciones al Estado venezolano para mejorar la situación de los derechos humanos. En este segundo examen de 2016, una mayor preocupación de la comunidad internacional se vio expresada al aumentar a 102 los países que participaron y a 274 la cantidad de recomendaciones hechas.
Al comparar ambos exámenes, no solamente en el EPU 2016 hubo mayor abundancia de recomendaciones y participación de países que en el EPU 2011, sino que varias se repitieron dando muestra de que el Estado no avanzó como se hubiera esperado del cumplimiento de sus responsabilidades con los derechos humanos de los venezolanos. En ellas siguieron las preocupaciones por el respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial.
Además, el peso que tuvieron recomendaciones expresadas en términos positivos y manifestaciones de apoyo a políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano en el EPU 2011, fue revertido por un número significativo de recomendaciones en el EPU 2016 dirigidas a la urgente adopción de medidas para corregir una crisis profunda y generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a las áreas de salud y alimentación.
Es así como las recomendaciones del segundo ciclo del EPU revelan un notable desmejoramiento del cuadro de derechos humanos en Venezuela como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015.
El 16 de marzo significa una oportunidad para que el Estado venezolano demuestre su real disposición a cumplir las obligaciones que tiene en derechos humanos con la población venezolana, aceptando el compromiso de implementar las recomendaciones que los países han hecho en este examen con el propósito de cooperar a mejorar la situación del país.
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