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Los vecinos denuncian que la la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) volvió a llevar adelante operativos de desalojos contra personas en situación de calle.
La UCEP se creó con el objeto de “mejorar el orden y la organización en el espacio público, coordinando y colaborando con las diferentes áreas del Ministerio”. Se fijaron como sus objetivos fundamentales “controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no ajustada a la normativa vigente, remover elementos publicitarios que no se ajusten a la normativa vigente, colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público; en general, colaborar en todos los operativos que realice el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el espacio público”.
Estos objetivos fueron retomados en el Anexo de la parte resolutiva del Decreto 1232/08, que le asignaron a la UCEP las siguientes funciones: “- Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes. – Intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público, remoción de obstáculos en aceras, calzadas y espacios verdes. –
Colaborar operativamente con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en desalojos del Espacio Público. – Colaborar en todos aquellos operativos o acciones que lleven adelante otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo requieran, en caso de que el Ministro de Ambiente y Espacio Público lo autorice. – Colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público.
Así, en sus inicios, el Decreto 1232/08 designó a Fabián Rodríguez Simón como administrador de la UCEP en carácter ad honorem y a Matías Lanusse como coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación. Cabe aclarar que Rodríguez Simón era al mismo tiempo jefe de gabinete del ministerio de Ambiente y Espacio Público.
En marzo de 2009, el Decreto 145/09 formalizó las renuncias de Simón y Lanusse y designó en el cargo de administrador ad honorem al ingeniero Jorge Cristian Polini.
Si bien en julio del corriente año Polini fue designado Director General de Ordenamiento del Espacio Público, desde entonces no se han designado nuevas autoridades responsables.
Desde esa fecha, y luego de las denuncias públicas y en sede judicial, la Unidad tal como la conocíamos, ha dejado de funcionar.
Del accionar de esta Unidad fuera de nivel, se ha podido verificar una sistemática común en todos los operativos, que pueden sintetizarse en:
• La UCEP actuaba, en todos los casos, en una franja horaria que iba desde las 23.00 horas hasta las 3.00 horas aproximadamente.
• La UCEP sustraía las pertenencias de las personas (en algunos casos, familias) que se encuentran en situación de calle y desplazándolas de sus lugares.
• En los operativos trabajaban en grupos de diez personas o más, que amenazaban, coaccionaban y, en algunos casos, lesionaban a las víctimas para lograr su objetivo.
• La UCEP no se basaba en ningún tipo de  decisión administrativa —o judicial— que justificara la necesidad de “liberar los espacios públicos” donde pernoctan las personas que resultaban víctimas de estos procedimientos.
• El personal de la UCEP utilizaba vehículos de diversas marcas sin inscripción alguna que permitiera identificarlos como pertenecientes a dicha unidad, y eran, en general, acompañados por camiones de recolección de residuos.
• En numerosos casos las pertenencias que eran sustraídas (como ser los carritos en los que se recolecta el cartón y vestimenta, frazadas, sábanas y prendas de vestir. Incluso se registraron casos en los que la UCEP ha incautado la documentación identificatoria de las víctimas).
Luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos, y organismos como la Defensoría del Pueblo; la propia Legislatura de la Ciudad dio una respuesta contundente en torno a los derechos de las personas en situación de calle, con la aprobación de la Ley N° 3706 sancionada en 2010, se convirtió en un instrumento fundamental para reparar el daño físico y moral del que fueran objeto las personas víctimas de esta Unidad de Control del Espacio Público, y donde ponía en evidencia la necesidad de construir herramientas específicas para atender esta problemática particular.
A más de 10 años de la promulgación de la citada normativa, han aparecido en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, las mismas historias de horror de personas que relatan situaciones donde personal identificado como del Gobierno de la Ciudad realiza supuestos “operativos de limpieza” donde se detallan prácticas intimidantes y amenazas de ser “levantados con las palas” si no se mueven de lugar en el que se encuentran.
Al mismo tiempo, se denuncia que las pertenencias son decomisadas y extraídas sin tomar conocimiento alguno el destino de las mismas, y en algunos casos (según refieren los videos que han sido publicados en redes sociales) son arrojados a los camiones de compactación que participan de los operativos. Lamentablemente, un accionar muy similar al mencionado anteriormente.
También es llamativa la actuación de vehículos sin ningún tipo de identificación, la sustracción de pertenencias, la presencia de la Policía de la Ciudad, la realización de los operativos durante la madrugada, el maltrato verbal, entre otras, son el modo en que se llevan a cabo estos operativos y que fueron denunciados hace más de 10 años, con una metodología similar.
Vivir en la calle es de por sí una situación altamente violenta, que vulnera casi todos los derechos de las personas que hoy no cuentan con un techo bajo el cual vivir.
Es necesaria una atención digna y que ofrezca alternativas frente a este tipo de situaciones. Que reconecte a la población vulnerable con el rol protector del estado, que garantice derechos y ponga sus instituciones al servicio.
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país prohíben el ejercicio del poder represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación ni autorización legal y sin debido proceso previo.
En un Estado de Derecho, el poder punitivo y represivo del Estado, por ejemplo para secuestrar o destruir pertenencias, solo puede tener lugar en el caso de que una persona cometa un delito o contravención, y mediante un procedimiento formalmente regulado.
En el pasado reciente, la Ciudad de Buenos Aires ha sido tristemente célebre por incursionar en políticas ilegales, para-policiales y de represión a las personas en situación de vulnerabilidad social.
Frente a estos nuevos hechos denunciados que han sido público y notorio, la Legislatura de la Ciudad se ve en la obligación de solicitar al Poder Ejecutivo informe de manera clara y responsable la metodología y el accionar de estos operativos para salvaguardar el Estado de Derecho