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“Me comprometo: cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018”. Esas eran las palabras pronunciadas por el actual presidente del Gobierno en una entrevista concedida a El País. De esta forma se comprometía públicamente a hacerse cargo de la última “preocupación social”. Una preocupación social que mantiene en jaque a miles de familias en nuestro país debido a los desorbitados precios en la factura de la luz que no dejan de crecer exponencialmente. Por si la crisis derivada de la Covid-19 no hubiese sido suficiente, el aumento desmedido en el precio de la factura de la luz tiene a miles de españoles ‘con la soga al cuello’. La crispación, necesidad y opacidad en torno a esta problemática han obligado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar cartas en el asunto o, al menos, a tomar posición en el conflicto.
“Estamos trabajando en un plan para llegar a un compromiso concreto. Y es que, a final de 2021, los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018”. Teniendo en cuenta el discurso del presidente, a estas alturas no se sabe si necesitamos la cura contra el populismo barato o un milagro; sea como fuere, la esperanza es lo último que se pierde. Sobre la tarifa eléctrica, el presidente distinguía entre el precio mayorista del mercado de la energía y el recibo de la luz. “El recibo lo pagamos mensualmente. Lo que no tiene sentido es plantear el debate a diario, porque no pagamos la luz a diario”. Por eso, lo que está en manos del Gobierno, según el propio Sánchez, es amortiguar la evolución del precio mayorista.
¿La bajada del IVA de la luz resolverá los altos precios de la factura?
El cambio que se propone aboga, primero, “por reformas estructurales, con una apuesta decidida por las energías renovables, no solo por el cambio climático, sino por el precio más económico”. El líder del Ejecutivo asegura que “los mercados eléctricos del futuro están ya diciendo que España, en 2022 y 2023, gracias a las renovables, va a tener unos precios inferiores a Francia y a Alemania”. Además, añade, que el Gobierno ha rebajado el IVA del 21% al 10% y ha suspendido el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%. Sin embargo, en la práctica, ¿resuelve esto los altos precios de la factura para las familias más vulnerables? ¿cuánto nos ahorraremos al mes?
El mandatario asegura que “esto está beneficiando a 28 millones de consumidores y alrededor de 2,8 millones de empresas”. En términos generales, “supone un esfuerzo de merma de recaudación del Estado de 1.400 millones de euros”, lo que se traduce en “una amortiguación de un 12% en la evolución del recibo de la luz”. Sánchez cita también entre las iniciativas adoptadas para la protección de los consumidores más vulnerables “la prohibición de que se corte la luz a los que no puedan pagar o el bono energético”.
“Estamos -prosigue- protegiendo a 1.100.000 consumidores. Es más, tenemos en proyecto definir un consumo mínimo vital precisamente en el ámbito de la electricidad y la energía”. Asimismo, explica Sánchez, el Gobierno ha tomado medidas para revisar “los sobrebeneficios que tienen las eléctricas” e introducir más competencia en el sector eléctrico. No obstante, como del dicho al hecho hay un trecho, estaremos atentos por si el discurso, finalmente, se materializa.
¿Nacionalizar una parte de la energía?
La llama del debate se vuelve a avivar. El revuelo sobre la posibilidad de nacionalizar la producción de una parte de la energía toma la agenda pública de la mano de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. Y es que fue precisamente ella quien anunció la posibilidad de nacionalizar parte de la producción de la energía en nuestro país mediante la creación de una entidad pública que agrupe a las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan venciendo. Sin embargo, la Oposición ha rechazado férreamente el plan propuesto por Ribera tildándolo de “disparate”.
No obstante, aunque así pueda parecerlo, lo cierto es que esta es una de las grandes tendencias a nivel mundial. Las empresas con participación pública contabilizaban alrededor del 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción a escala mundial, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es decir, solo un 48% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos completamente privadas.
La ofensiva de las eléctricas
Resulta –casi- ofensivo que sean las propias eléctricas quienes se hayan sublevado antes que los propios consumidores en el marco de esta crisis. Sin embargo, la reflexión sobre qué clase de sociedad somos, la dejo en manos de los lectores. Allá cada uno con la defensa de sus principios. Las principales empresas eléctricas del país han reaccionado y puesto en manos de sus equipos jurídicos su estrategia en una nueva contienda contra el Gobierno de la nación. Una acción “defensiva” contra el paquete de medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado y que entrarían en vigor el jueves 16 de septiembre según fuentes del Ejecutivo. Estas acciones pasarían por el cierre desordenado de centrales nucleares.
Por el momento, la única vía posible para recurrir el Decreto Ley por parte de las eléctricas sería ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en este caso, debería ser aceptado 50 senadores, 50 diputados, el Defensor del Pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o, en su caso, las Asambleas de las mismas. Para recurrirlo por otra vía habría que esperar a la aprobación de reglamentos posteriores. Fuentes del sector energético consideran que las propuestas no atajan el problema, calificándolas de “mentiras siderales” y de “timo”. Y es que, aseguran, “si el precio del gas no baja, el de la electricidad seguirá al alza”.
Sánchez, frente a la presión del lobby de las eléctricas
“El Gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular”. Así de contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha defendido recortar beneficios extraordinarios a las eléctricas para abaratar la luz. “Lo justo es que todos arrimemos el hombro“, ha sentenciado Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político. Una sesión en la que, como era predecible, no han faltado los dimes y diretes y las acusaciones inoportunas entre Gobierno y Oposición. Unos por otros, la casa sin barrer –al menos, de momento-.
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