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Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar, al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y privadas de diferentes países, como la New School for Social Research; el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration Programme Coordinator of Public Services International; el Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC.
En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos.
Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias, mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias.
Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI.
Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y expedita, entre otros.
El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México, así como la dramática situación de las personas haitianas y de nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses, muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana, para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir, la respuesta nuevamente es la implementación de una política de administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto a la dignidad humana.
Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6 de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos humanos.
Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos, así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos federales.
En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros estados con mayor poder e influencia.
Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la dignidad y los derechos humanos.
Consultar artículo en La Jornada.
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