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Cepaz y Voto Joven impulsan una agenda de trabajo por los derechos humanos de las mujeres – Red Venezolana de OSC
Defendemos los Derechos de Participación y Libre Asociación en Venezuela
Plataforma de Redes de OSC
agosto 12, 2022 Sinergia Comunicaciones
Publicado el: 10 de agosto de 2022
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Voto Joven se promueve la generación de espacios de diálogo entre mujeres que participan activamente en la vida política del país y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa, denominada Experiencia Ikara, busca sentar las bases para alcanzar el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en Venezuela.
La palabra Ikara proviene de la etnia pemón, una comunidad indígena venezolana asentada fundamentalmente en el estado Bolívar. Ikara significa raíz. Las raíces de los árboles para los pemones simbolizan el nacimiento y la consolidación de un proceso de evolución y desarrollo dentro de su comunidad.
Eso es lo que desde Cepaz y Voto Joven nos hemos propuesto con la puesta en marcha de esta iniciativa: avanzar en la construcción de una agenda de trabajo para lograr los cambios necesarios para la plena garantía de los derechos de las mujeres. La Experiencia Ikara reunió en dos sesiones a mujeres políticas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Durante las mismas se analizaron las barreras, oportunidades y próximos pasos en la búsqueda por alcanzar una sociedad más inclusiva y se hicieron propuestas sobre la necesidad que la sociedad civil organice su agenda en función de una incidencia estratégica en estos temas.
También se identificaron los avances en materia de derechos de las mujeres en la legislación vigente y las demandas pendientes. Esto con el objetivo de articular una coalición que genere una agenda política de los derechos de las mujeres venezolanas con miras al escenario electoral 2024-2025.
Encuentro con mujeres políticas
En el primer encuentro, Mariana Vahlis, del programa para Venezuela del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista (NIMD) y Yolima Arellano, del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (Ovdhm), analizaron la participación de las mujeres venezolanas en la construcción de una ruta electoral 2024-2025.
Yolima Arellano, coordinadora del Ovdhm (Núcleo Andino) y coordinadora del Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (Cisfem), resaltó la necesidad de rescatar el derecho a la Igualdad jurídica y de oportunidades para mujeres y hombres. Indicó que a pesar de que han transcurrido 74 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta igualdad no es una realidad.
En tal sentido, las mujeres deben enfrentar el reto de revisar, evaluar y proponer las actualizaciones pertinentes para que los instrumentos jurídicos garanticen el derecho a la paridad. Así como la plena vigencia de los derechos civiles políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y el derecho a una vida libre de violencia. Estos cambios deben construirse de adentro hacia afuera, involucrando «a los hombres en general, a los políticos y a la estructura de las organizaciones políticas», indicó Arellano.
Para poder avanzar en estos cambios, urgentes y necesarios, es imprescindible «la deconstrucción de los estereotipos, sistemas y roles de género patriarcales que venimos reproduciendo, dejando de lado el miedo para atrevernos a exigir nuestros derechos a la igualdad real y efectiva», añadió Arellano.
La especialista en derechos humanos también hizo mención de las mujeres que históricamente, y de manera sorora, han incidido en la reivindicación de espacios de participación política femenina, así como en la creación de leyes que buscan garantizar los derechos de las mujeres. Entre ellas Isolda Heredia de Salvatierra, Evangelina García Prince, Lilia Arvelo y Argelia Laya.
Hacia una mayor participación de las mujeres
Por su parte Mariana Vahlis señaló que es indispensable el debate sobre la participación de las mujeres en el poder político. No solamente de una forma abstracta, sino de cara a procesos electorales concretos, como los del 2024 y 2025.
A su juicio, es necesario emprender acciones puntuales que puedan promover mayor participación de las mujeres en los próximos comicios. Como por ejemplo, las cuotas voluntarias dentro de los partidos políticos y una posible modificación de la ley electoral y de la ley de partidos políticos, para garantizar que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones. No solamente en los procesos electorales, sino en todos los cargos públicos. «Para que eso ocurra tiene que haber muchas mujeres empujando hacia el mismo objetivo. También tiene que haber una voluntad política y un compromiso real de los partidos políticos».
Las participantes comentaron la necesidad de que todas las mujeres se incorporen en esta lucha, más allá de las diferencias. Buscando para ello mecanismos de articulación y sumando cada vez más personas a este objetivo. Otra de las propuestas estuvo relacionada con evitar la polarización y la discriminación, cambiando las narrativas y evitando los estereotipos, como parte del proceso que debemos llevar a cabo para lograr la transformación que requiere Venezuela Por último se mencionó que más allá de la paridad debe incluirse la interseccionalidad en estos procesos, para garantizar la participación activa de las mujeres de comunidades indígenas, con discapacidad y personas de la comunidad LGBTQ, entre otras.
Durante la segunda jornada se realizaron las mesas de trabajo Ikara, que tenían como objetivo promover la discusión sobre nuevas leyes, o reformas a las ya existentes. En esta oportunidad Yolima Arellano hizo un breve recuento sobre el retroceso de la situación de los derechos de las mujeres venezolanas, relacionada, entre otros factores, con la crisis humanitaria y los efectos de la pandemia de COVID-19.  La ponente indicó aquellos aspectos que es fundamental considerar en las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad y cantidad de la participación política de las mujeres venezolanas.
Adicionalmente se refirió a la situación de temas fundamentales como la educación, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, y la creación de un sistema que permita reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Así como la remuneración del trabajo doméstico, la producción de protocolos para la actuación e investigación de femicidios/feminicidios y la prevención de la violencia contra las mujeres.
La coordinadora del Ovdhm (Núcleo Andino) hizo mención de algunas leyes vigentes que garantizan los derechos de las mujeres, como la Ley de Promoción de la Lactancia Materna, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Reforma de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Durante su intervención identificó algunas leyes que deben ser reformadas, actualizadas y/o aprobadas, como el Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de género (1998), el Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Protocolo de Investigación Criminalística del Femicidio/Feminicidio y la Ley Integral sobre la Trata de Personas.
Deudas del Estado venezolano
A su criterio, el Estado venezolano mantiene deudas históricas en diferentes temas. Como por ejemplo, suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CEDAW, 2014) y la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denunciada En 2012.
Por su parte, Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, señaló que esperaba que estas mesas produjeran aportes oportunos para la construcción de la agenda en materia de derechos humanos de las mujeres. Enfatizó que la idea es promover una hoja de ruta para la evaluación de las leyes existentes y sus fallas, las reformas que es necesario implementar y los proyectos de ley que pueden ser propuestos. Las mesas son solo una primera fase de este trabajo conjunto.
Entre los aportes recogidos de las mesas destacaron la necesidad de que la sociedad civil organice su agenda en función de una incidencia y exigencia estratégica por los derechos de las mujeres. También la importancia de que exista una verdadera ruptura de los paradigmas que siguen fomentando las desigualdades. Adicionalmente se mencionó que no todas las leyes protegen a las mujeres, algunas son restrictivas y vulneran sus derechos.
En Venezuela hay que crear espacios de confianza, donde se respeten las diferencias y podamos así trabajar por objetivos claves en la defensa de los derechos de las mujeres, fue otro de los aportes hechos durante el desarrollo de las mesas. Los próximos pasos deben estar enfocados en la exigencia de la aplicación efectiva de la normativa legal existente, pues más allá de las reformas, lo importante es atender los graves problemas estructurales que impiden su correcta aplicación.
Es indispensable tener una mirada interseccional para poder abordar las múltiples discriminaciones y vulneraciones de derechos que enfrentan las mujeres. Un pilar fundamental de la agenda de derechos de las mujeres a construir debe ser la educación y la sensibilización de la población en temas relacionados con la igualdad, la paridad y la no discriminación. Y por último es indispensable la inclusión y participación activa de las mujeres para que los procesos de negociación y diálogo sean exitosos.
En las palabras de cierre de las mesas, Verónica Colina, coordinadora de Redes de Mujeres y Alianzas de Cepaz, hizo énfasis en la necesidad de que las mujeres se reconozcan y trabajen articuladamente por un mismo objetivo. «El propósito de las mesas no es unificar criterios, sino crear espacios de encuentro desde la diversidad», recalcó.
Desde ese espacio común hay que trabajar la afectación diferenciada de la emergencia humanitaria compleja en las mujeres y su participación política en espacios de toma de decisiones. Además hay que impulsar una agenda urgente de derechos humanos, que tome en cuenta el triple nexo, que incluye una visión desde lo humanitario, el desarrollo y la construcción de paz, con la participación activa de las mujeres.
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