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Este #8M nos recuerda que la violencia contra las mujeres no para, que las autoridades sostienen una posición omisa y que en momentos se vuelve cómplice de la impunidad.
Web original | Imagen : Angélica Díaz
Por: Mariana Bermúdez y Jorge Luis Aguilar Pantoja
04 de marzo de 2022
Las sociedades, así como las personas, nos constituimos a través de los hechos que dan forma a la memoria personal y colectiva. Pero cuando ésta es impactada y transformada por la violencia, la vida no vuelve a ser la misma. Esta situación es parte de la vida de miles de mujeres que afrontan la violencia de género en sus espacios personales y también en los comunitarios. Llegar a un nuevo Día Internacional de la Mujer (#8M) nos recuerda que la violencia no para, que las autoridades sostienen una posición omisa y que en momentos se vuelve cómplice al minimizar o descontextualizar las denuncias y testimonios.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de víctimas de feminicidios en México es de 76 casos mensuales, siendo la misma entre enero de 2021 y enero del 2022. 1 Si bien, el número de víctimas de feminicidio se ha mantenido, lo esperado sería su disminución a razón de la implementación adecuada del marco legal e institucional para combatir la violencia contra las mujeres.
Ante esto, la lucha y exigencia de mujeres y feministas mexicanas para una vida digna ha rendido frutos diversos. Uno de ellos fue la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ello la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en las cuales se establecen acciones y mecanismos interinstitucionales para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia feminicida en México. Aunque la Ley contempla estándares regionales e internacionales, así como tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, pareciera que estos son insuficientes ante la normalización de la violencia, la falta de acceso a la justicia y la revictimización institucional y social que obstaculiza los procesos de verdad y justicia. La violencia no para, pero la articulación y fortalecimiento de las redes de mujeres tampoco lo hace.
Estos tejidos sororos han logrado evidenciar minuciosamente las deficiencias del sistema jurídico patriarcal, así como las violencias en espacios académicos, familiares y laborales, quienes se han unido en presencia y voces en las protestas del 8M gritando #NoMeCuidanMeViolan para hacer visibles los abusos y violencia en manos de elementos policiacos. Asimismo, estas voces de resistencia se han convertido en casos paradigmáticos y referentes de lucha para miles de mujeres en México y América Latina.
Una de las referencias ha sido la tenacidad de la familia de Mariana Lima Buendía, la cual sentó precedentes para remarcar la obligación de que las autoridades deben investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres. También a través de la experiencia de Digna Ochoa sabemos con detalle la forma en que funcionarios y medios conspiran para lastimar la dignidad de las víctimas al intentar descalificarlas, aún después de su muerte, con la difusión de información personal. Asimismo, la revictimización a la que hizo frente la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria, a quien también se le intentó imponer una absurda teoría de suicidio para permitir la impunidad a su agresor, nos recuerda que es una narrativa que se intenta sostener ante muchos de los feminicidios.
Dos víctimas más de ello fueron Marichuy Zamudio en la Ciudad de México o Mariana Sánchez en Chiapas; la primera fue estudiante del Instituto Politécnico Nacional y la segunda, una futura médica que realizaba su servicio social, ambas fueron agredidas por hombres de su propio círculo académico y laboral. Recordamos también a Ingrid Escamilla, quien vive a través del legado que construyeron las mujeres que expresaron su digna rabia cuando las crueles imágenes de su cuerpo maltratado fueron filtradas a los medios de comunicación. Ahora se reconoce como un delito que se difundan imágenes o informaciones que puedan revictimizar en el contexto de crímenes e investigaciones.
Son muchos los casos, pero también es basto el avance que se ha logrado en buena parte por la movilización y persistencia de las propias familias, organizaciones y mujeres que con sus voces y acciones han cobijado a las víctimas y dado sentido a la tragedia para volverla una herramienta que proteja a quienes en el futuro enfrenten situaciones similares. Además, la respuesta institucional no solo ha sido poco contundente ante este panorama de violencia, sino que en momentos las ha recrudecido al cometer diferentes violaciones a la libertad de expresión durante las protestas que exigían respuesta.
Este mal actuar policiaco ha quedado evidenciado en lugares como Cancún, cuando tras el feminicidio de Alejandrina Lorenzana Alvarado las autoridades realizaron numerosas detenciones arbitrarias y ataques contra la prensa durante las manifestaciones para pedir #JusticiaParaAlexis. También en la Ciudad de México las autoridades reiteradamente han usado descalificaciones estigmatizantes y criminalizantes que son violatorias de derechos; han persistido también las malas actuaciones de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incumpliendo con los instrumentos legales que rigen su actuación en contextos de manifestaciones y protestas, situaciones así han sido documentadas en al menos 10 entidades federativas durante 2020 y 2021.
Si bien la criminalización de la protesta social no es un asunto nuevo, las manifestaciones encabezadas por mujeres han sido específicamente señaladas a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, discurso que propicia un ambiente hostil que pretende deslegitimar su activismo y abre la puerta para que, tanto autoridades como particulares, ejerzan violencia en su contra. Ha sido la misma inacción y omisión de las autoridades la que impulsa la diversificación de las formas de expresión para exigir justicia; frente a esto deslegitimar y criminalizar es la peor respuesta, pues refleja la falta de voluntad política para escuchar y atender las causas que llevan a la apropiación de los espacios públicos.
Es ineludible cambiar el mandato de masculinidad y sus estructuras que perduran e impiden la construcción de nuevas formas de relacionarnos que sean más libres, equitativas y abiertamente contrarias a la discriminación y al sexismo. Es por ello que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un ejercicio de memoria histórica que nos convoca a recordar cuántas vidas cobró y sigue cobrando la violencia de género, así como no olvidar los pendientes sociales, históricos e institucionales nombrados a través de las luchas diarias de mujeres para alcanzar una vida digna y libre de violencia.
* Mariana Bermúdez y Jorge Luis Aguilar Pantoja colaboran en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHvitoria).
1 SESNSP. Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común. 21 de febrero de 2022. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Omr4iDsP9Fuy0lrTDNnREgD
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