es es es es es es es es es es en en gl es es gl es it pt es es es es fr fr en an es sk es es es es pt es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es es es en es ceb es la es en en es tr en it es es es es en en es es en en es en es es sv sv en it it es es es es es es es en gl es es es es an en es es es es sk es es es es es es es es es
El pasado 23 de enero, el diputado por el estado Vargas y actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó Márquez, en medio de una multitudinaria concentración de ciudadanos y ante la presencia de los diputados e integrantes de la junta directiva del Parlamento, se juramentó  y asumió de forma interina el cargo de presidente de la República, tras la usurpación por parte de Nicolás Maduro Moros, declarada por el órgano parlamentario mediante acuerdo del 15 de enero de este año, en una sesión formal.
Sin embargo, la juramentación del presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, fue calificada por muchos medios de comunicación social internacionales como “autoproclamación”, e incluso por las Naciones Unidas en su nota de prensa sobre la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad del pasado 26 de enero.
Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar que el uso de la palabra “proclamación” o “autoproclamación” no resulta adecuado en cuanto tiene un significado y alcance jurídico distinto a lo realmente ocurrido el 23 de enero, por las siguientes razones:
Según el derecho venezolano, en concreto el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Gaceta Oficial n.° 5.928 Extraordinario del 12 de agosto de 2009), el acto de proclamación consiste en declarar los resultados del escrutinio de un proceso electoral por medio del cual se reconoce a los candidatos que han sido electos en una contienda y en consecuencia, es el acto que pone fin a los comicios.
Por su parte, la juramentación, es un acto solemne que implica el acatamiento o promesa de fidelidad a la Constitución y las leyes para el acceso a los cargos públicos, tal como lo consagra el artículo 1 de la Ley de Juramento (Gaceta Oficial n.° 21.799 de fecha 30 de agosto de 1945), cuyo texto reza: “Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.
La juramentación debe entenderse como un requisito solemne y formal que implica la sujeción al orden jurídico existente, siendo su cumplimiento necesario por parte de la persona para alcanzar el perfeccionamiento de la condición de funcionario en el cargo público que debe asumir.
En este sentido, las palabras “proclamación” y “juramentación” no son lo mismo. La primera implica la declaratoria de vencedor de un candidato en un proceso electoral, y la segunda expresa la lealtad a la Constitución y las leyes, que fue lo que hizo el diputado Juan Guaidó el 23 de enero.
Por tanto, es erróneo sostener que Guaidó se “autoproclamó”, pues él no se declaró a sí mismo ganador de una elección, ni siquiera fue elegido como presidente de la República, sino que fue designado como tal de manera temporal por la AN por la usurpación del cargo por parte de Maduro al no haber sido, técnicamente hablando, electo el 20 de mayo de 2018.
Por otro lado, nos preocupa que la nota de prensa de la ONU antes mencionada se refiere a Maduro como “presidente constitucional”, cuando este no cumple con los requisitos para ejercer el cargo. Nos basamos en que:
Las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025 no se celebraron en la fecha constitucional establecida, que era diciembre de 2018 (por ser la más próxima a la culminación del mandato que es el 10 de enero), sino que se realizaron en mayo de 2018, sin ninguna justificación.
No fueron convocadas por el órgano competente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que es un órgano de hecho que convocó Maduro, en su carácter de presidente de la República, y no el pueblo como manda la Carta Magna, con miembros elegidos mediante comicios antidemocráticos, y que se ha erigido con poderes plenipotenciarios, por encima del texto fundamental y de las instituciones existentes.
En los comicios de mayo no participó la oposición, ya que fue anulada progresivamente desde 2016, mediante múltiples sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y actos del CNE y la ANC, sino una constituida ad hoc y autorizada para ello a última hora por el órgano electoral.
A lo anterior se añade que en esos comicios electorales el voto no fue secreto, universal y menos aún democrático, y tampoco hubo observación internacional imparcial ni control durante su celebración, además de muchas otras irregularidades que denunciamos incluso en un recurso introducido ante el TSJ por varias ONG y que fue declarado inadmisible por la Sala Electoral. Vale recordar que un magistrado de esa sala, Christian Zerpa, desertó recientemente a Estados Unidos y dijo públicamente que fue nombrado por su lealtad al Gobierno en diciembre de 2015, así como los otros doce magistrados que fueron designados por la AN saliente y no la actual que era la competente, en un procedimiento que rompió toda regla.
A todo lo anterior debe añadirse que la ilegitimidad e inconstitucionalidad de Maduro es solo el colofón de un camino que empezó el Gobierno desde la elección de la AN en diciembre de 2015 hacia la toma absoluta del poder para lograrlo por medio de formas jurídicas (más de 160 sentencias del TSJ violatorias de la Constitución y de los derechos humanos), lo que se ha constituido en un verdadero golpe de Estado.
De hecho, a estas alturas, la ilegitimidad e inconstitucionalidad no es solo del Ejecutivo Nacional, sino que la ostentan también los demás poderes del Estado, salvo la AN. Por un lado, tenemos un defensor del pueblo y un fiscal designados por la ANC en 2018 y no por la AN, como establece la Constitución. Por el otro, está el TSJ, con trece de sus treinta y dos magistrados principales, como ya se indicó, designados por la AN saliente, y no por la elegida en diciembre de 2015 y con magistrados políticos, ya que se sometieron en su totalidad a la ANC.
Tampoco son legítimos los miembros del CNE al haber sido designados por ese TSJ, y no por la AN como prevé la Carta Magna. Por último, no olvidemos la existencia de la ANC.
En consecuencia, el único órgano legítimo y constitucional en Venezuela es el legislativo, quien no es de extrañar que en el contexto antes descrito haya sido desconocido por los demás poderes desde su elección y en especial, por el TSJ mediante 87 sentencias hasta la fecha, entre las que destaca la n.° 3 de este año de la Sala Constitucional que anula el acuerdo mediante el cual la AN declaró la usurpación de Maduro y designó a Guaidó como presidente interino de la República.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Es importante recordar que el Gobierno de Maduro no ha sido reconocido por su apego a los derechos humanos y a los organismos internacionales que los protegen. En 2013, se salió de la Convención Interamericana de DD. HH., lo que se hizo efectivo en 2015, privando a las venezolanas y venezolanos de acudir ante la Corte Interamericana de DD. HH. para denunciar las violaciones a sus derechos. En abril de 2016 se salió de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2019 se cumple el lapso de dos años para que se haga efectivo, con lo cual de llevarse a cabo podría perderse el acceso también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido un instrumento fundamental para los venezolanos y venezolanas.
Asimismo, el régimen madurista ha sido objeto de repetidas y serias acusaciones de violaciones masivas a los derechos humanos, e incluso, existe la presunción de que haya sido autor de crímenes de lesa humanidad desde 2014, como demuestra el inicio de un examen preliminar de oficio por parte la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a los que se suman los informes de la oficina del Alto Comisionado, la CIDH y la Secretaría General de la OEA.
Reiteramos además que el Ejecutivo es el responsable de la emergencia humanitaria que vivimos en Venezuela y su situación de colapso total, con un estado de excepción continuado y sin límites vigente en todo el país desde enero de 2016, con el que ha tomado control de todo el presupuesto nacional, del rol legislativo a través de decretos-leyes, y ha profundizado el ejercicio del poder.
← CIDH manifiesta su alarma ante las detenciones en el contexto de las protestas en Venezuela
Foro Economía en la Transición: Acuerdos y desacuerdos en el diseño de la política monetaria,fiscal y social .5 de febrero 2019 →
Aliados Nacionales y Redes Globales
Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe
Action for Sustainable Development
Manual de Protección de los Derechos de la Sociedad Civil
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de OSC
Copyright © 2022 Red Venezolana de OSC. Todos los derechos reservados..
Tema: ColorMag por ThemeGrill. Potenciado por WordPress.
Comunicado de organizaciones sociales y de derechos humanos de las Américas: Ningún sufrimiento nos es ajeno
Formación en Incidencia para OSC
Nota de Prensa / Comunicado de la FANB en apoyo a la Asamblea Nacional, resultante de votación del #6D, viola la Constitución