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Dentro de pocas semanas la actual titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluirá el periodo del mandato para el que fue designada, es decir, del 5 de noviembre del 2013, al 31 de octubre del 2017. Para sustituirla o ratificarla el artículo 107, inciso a) de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que faltando 60 días naturales a la conclusión de su encargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa convocará al número de organismos no gubernamentales que considere conveniente por haberse distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos; a las asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes, a proponer a una o un candidato para hacerse cargo de la presidencia de la comisión, propuestas que deberán hacerse a más tardar siete días después de haberse publicado la convocatoria.
Y tomando en cuenta los tiempos establecidos en la misma Ley, dicha convocatoria tendrá que hacerse a más tardar el próximo 5 de septiembre. Por tal motivo el pasado martes alrededor de 80 organizaciones civiles locales y nacionales se pronunciaron públicamente por la implementación de un proceso transparente, objetivo, imparcial y participativo, con el fin de garantizar la indispensable autonomía de la institución, prescrita en su propia ley, y para que ejerza toda su capacidad como contrapeso democrático frente a las autoridades de la Ciudad.
Al emitir su mensaje ofrecieron también una evaluación en torno a cinco bloques interrelacionados de preocupación sobre la actual gestión, titulada La CDHDF que queremos: Atención a víctimas; Gestión interna; Relación con el Consejo Consultivo; Relación con la sociedad civil, y Relación con el gobierno. En su documento las organizaciones expresan su preocupación por el número de quejas de violaciones a los derechos humanos que desde la calificación inicial prácticamente se concluyen por las siguientes causales: improcedencia, incompetencia, falta de interés del quejoso, desistimiento, sin elementos suficientes, no violación a derechos humanos y solucionada, sin haber entrado al estudio de fondo; así como por la presión a las víctimas para conciliar y poder concluir casos en los que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, e incluso al personal de la comisión para que concluya precipitadamente los expedientes en trámite.
En contrapartida, las organizaciones lamentan el escaso número de recomendaciones, su oportunidad, su probable selectividad discrecional, la dilación en las investigaciones, la falta de contundencia para exigir a las autoridades responsables las informaciones necesarias, la insuficiencia en la tipificación del número de derechos humanos violados, así como en los puntos recomendatorios de las medidas para asegurar la reparación del daño a las víctimas.
Y por lo que se refiere a la gestión interna, las organizaciones lamentan una falta de continuidad y calidad del trabajo, y un debilitamiento y desmantelamiento a su vez del servicio profesional de carrera, debido sobre todo a la alta rotación del personal, sin una sustitución, en algunos casos, de cuadros del nivel profesional y experiencia de quienes son despedidos. Como dato significativo apuntan que durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza fueron relevados únicamente dos visitadores, y seis, aunque uno de éstos fue reacomodado en otra visitaduría, durante los cuatro años de la gestión de Luis González Plascencia. En cambio, durante los cuatro años de la actual administración han sido ya removidos 18 visitadores. Además de las afectaciones que esta situación causa a la continuidad y calidad de los trabajos de la comisión, esta política de despidos ha generado gastos por más de 40 millones, que bien podrían haberse empleado en otras actividades de la comisión.
Y por lo que se refiere a la relación con el Consejo Consultivo, las organizaciones lamentan que en su seno se haya perdido la voz de importantes personalidades, y que su remplazo haya sido realizado con amplias irregularidades desde su convocatoria y durante el proceso mismo de su elección. Como datos significativos apuntan que los rumores señalan que el PAN, el PRI y el PRD simplemente se reparten los lugares, y que, sin ninguna explicación de por medio, la y los dos consejeros electos en el proceso más reciente no han sido citados para tomar protesta ante el pleno de la Asamblea.
Finalmente, las organizaciones lamentan que al interior del consejo la actual dirección haya limitado las discusiones estructurales y sensibles para el quehacer de la comisión, y que más bien las haya convertido en sesiones informativas, de carácter cuantitativo, que no permiten valorar el cumplimiento de su mandato, e incluso profundizar en los contenidos de las recomendaciones, refiriendo los límites de las atribuciones del consejo a las nuevas políticas de protección de datos personales, o a la existencia de conflictos de interés. Y por lo que se refiere a la sociedad civil, las organizaciones lamentan que se ha visto disminuida aquella relación de acompañamiento y colaboración que se había construido con el movimiento amplio de derechos humanos, por medio incluso del establecimiento de grupos de trabajo temáticos; y que se ha perdido el respaldo de un sector de la academia.
Por todo ello, estas organizaciones se pronuncian porque la CDHDF recupere su posición como ejemplo de progreso, libertad y autonomía a nivel nacional, y como una institución de contrapeso, no una observadora pasiva y permisiva de violaciones a los derechos humanos. Lo cual exige un relevo en la presidencia de la CDHDF.
Consultar artículo en La Jornada.
Imagen destacada (modificada) : Pablo Leautaud
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