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NA+ apuesta por ampliar más el proceso participativo de habitabilidad de Navarra
Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona ha abogado hoy por ampliar el plazo del proceso participativo para modificar el vigente Decreto de Habitabilidad
“Es imprescindible que el Gobierno dilate el periodo de participación y abra un debate real a la vista de la relevancia del tema”, ha explicado el alcalde Enrique Maya, que a pesar de que ha agradecido que el plazo se ampliase del 31 de agosto al 21 de septiembre, lo ha considerado escaso. El grupo municipal de Pamplona ha apostado “por una norma flexible que se ajuste a la realidad de cada lugar y otorgue a los Ayuntamientos que tengan recursos técnicos la posibilidad de tramitar las cédulas para agilizar procesos”.
Los regionalistas han mantenido que un plazo de dos meses, en periodo estival y con la preocupación de la crisis del COVID-19, es poco tiempo para que la ciudadanía pueda participar en un tema tan esencial como es la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad. “Es una cuestión que debe explicarse bien. La ciudadanía no es consciente de la importancia de la normativa de habitabilidad que pretende modificar el Gobierno, pasando de puntillas por ella, y de cómo puede afectarle a la hora de adquirir o reformar una vivienda”, ha asegurado Maya.
La propuesta que Navarra Suma Pamplona ha presentado en forma de enmiendas al borrador del Gobierno defiende un mismo objetivo, una normativa ambiciosa para adaptarse a las necesidades que presenta hoy la sociedad en materia de vivienda. Esta norma debe ser flexible para adaptar estas exigencias a la realidad de cada lugar y de cada vivienda. “La normativa existente data de 2006. Nuestra propuesta adapta un documento de 2008 ajustando la norma a la realidad y a la variedad de viviendas que existen en Navarra”, ha mantenido. Aceptando que la concesión de la cédula es un requisito imprescindible para toda vivienda, Maya ha remarcado la necesidad de regularla de distinta manera.
En este sentido, Maya ha remarcado la necesidad de regular de distinta manera las concesiones de cédulas en las viviendas existentes proponiendo que “la modificación del Decreto debe especificar que se pueda conceder la cédula a cualquier vivienda mientras se demuestre que lo es mediante cualquier documento público, a pesar de que hasta el momento no dispusiera de ella”.
Para el alcalde Enrique Maya es necesario que el Gobierno delegue competencias en los Ayuntamientos que cuenten con recursos técnicos para conceder la cédula de habitabilidad a las viviendas ubicadas en su ámbito territorial. “Esta concesión de competencias ya la solicitó el Defensor del Pueblo de Navarra en octubre de 2007, una cuestión que defendemos pues agilizaría los procesos”, ha defendido.
Normativas que se ajusten a la realidad del lugar
El mismo documento del Defensor del Pueblo de 2007 insistía en la necesidad de “atribuir al Ayuntamiento de Pamplona competencias para articular mediante una ordenanza las condiciones de habitabilidad de las viviendas de su territorio”. Los regionalistas han abogado por ajustar la nueva normativa de habitabilidad a la realidad de cada lugar. “No se puede exigir las mismas condiciones en una vivienda de Pamplona que en una de Tudela o en un caserío del Baztán. Además, dentro de cada ciudad, la realidad de cada barrio es también distinta, no es lo mismo por ejemplo el Casco Antiguo que las nuevas viviendas de Lezkairu”, ha insistido Maya.
El alcalde de Pamplona ha manifestado así la necesidad de distinguir con mayor claridad las viviendas existentes y las viviendas nuevas. “Debemos ser ambiciosos en los objetivos y condiciones mínimas que se exijan a las viviendas de nueva creación, pero no podemos pedir lo mismo para aquellas que se construyeron hace años”, ha explicado Maya, centrándose en las viviendas antiguas que presentan muchas dificultades para ajustarse a las nuevas condiciones de la normativa.
Enrique Maya ha explicado cómo en la actualidad la normativa perjudica a las viviendas existentes y a la ciudadanía que pretender reformarlas al exigirle condiciones universales actuales sin tener en cuenta de forma taxativa los valores históricos que pueda tener esa arquitectura. “En las viviendas en edificios ya construidos se deben establecer condiciones mucho más claras y específicas por la dificultad que normalmente presenta ajustarse a la normativa actual. Tiene que haber una regulación para ellas en la que sea compatibles las reformas con el respeto a sus propias características y a sus valores patrimoniales”, ha defendido.
El parque residencial de la Comunidad Foral, con más de 320.000 viviendas, tiene una antigüedad media de 55 años, pues más de la mitad fueron edificadas antes de 1980 y, de ellas, 100.000 hace más de 50 años. Entre esas viejas viviendas se incluyen las de los Centros Históricos, la de los Ensanches, los nuevos barrios de los años 60-70… Si estas se quieren modificar o dividir para crear, por ejemplo, dos nuevas viviendas es casi imposible llevarlo a cabo porque son consideradas viviendas de nueva creación con características de arquitectura vieja y exigencias de la actualidad.
“En las viviendas que ya existen, estas nuevas condiciones de habitabilidad han de obtenerse de forma progresiva sin exigir imposibles”, ha explicado Maya, poniendo como ejemplo las exigencias en las dimensiones de los patios o la altura de los techos como limitaciones en las reformas. En la actualidad, la nueva normativa propuesta por el Gobierno exige 2,50 metros de altura, cuando hasta el momento se pedía 2,40 metros.
Así, para el grupo municipal, la rehabilitación de estas viviendas existentes debe realizarse de forma lógica, adaptándose a las nuevas condiciones, pero manteniendo los elementos históricos y valores patrimoniales que pueda tener. “Además, lo que no podemos es exigir una reforma de una vivienda antigua para cumplir la normativa y catalogarla como obra nueva con todo lo que conlleva”, cuando, por ejemplo, se pretende dividir una vivienda o cambiar de lugar el baño o la cocina.
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