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Balance Especial IPYSve | Aparecieron datos de inflación después de mil días pero sigue la deuda informativa – Red Venezolana de OSC
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junio 8, 2019junio 12, 2019 Sinergia Comunicaciones
Mariengracia Chirinos, equipo de IPYS Venezuela
8 de junio de 2019- Incompletos. Así el Banco Central de Venezuela (BCV) presentó los datos de inflación nacional que habían estado represados y bajo opacidad durante tres años y medio.
Según un análisis que realizó IPYS Venezuela, la deuda informativa en cuanto a las cifras de inflación se extendió por más de 1095 días y a pesar de que aparecieron sigue sin conocerse el boletín oficial del Banco Central de Venezuela en el que solía presentar los análisis detallados, las explicaciones de la metodología implementada, el índice de escasez, el índice de diversidad y las desagregaciones geográficas que forman parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que contienen los datos con los que se mide la inflación en el mundo.
Esta mora en la información de la inflación en Venezuela se mantiene pese a que el órgano encargado de la política
monetaria del país difundió el 28 de mayo de 2019, las tablas de datos que reflejan los números del comportamiento de la inflación que no se conocían desde diciembre de 2015 y cuyos resultados se difundieron a principios de 2016.
El BCV subió a su sitio web los archivos con los datos, sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no hubo ninguna acción de comunicación oficial ni en su página digital ni en sus redes sociales, que anunciara la publicación de estos datos así como tampoco la interpretación de estos números, pese a que es el encargado del manejo de la política económica del país. El ente emisor tampoco ofreció un análisis que le permitiera a los ciudadanos comprender las cifras y entender el contexto inflacionario del país.
La tabla de datos difundida en mayo de 2019 por el Banco Central de Venezuela ofrece datos oficiales sobre el comportamiento de la inflación acumulada, que para 2018 fue de 130.060 %, aunque los datos disponibles no especifican a qué periodo del año pasado corresponde esa cifra. En el archivo se lee que la inflación cerró en 2015 en 180%, mientras que en 2013, cuando comenzó su mandato Nicolás Maduro, se ubicó 56%, y en 2011 era de 28 %.
La cifra de inflación de 2018, sin embargo, difiere de los datos sombra que levanta la Asamblea Nacional que indican que en diciembre del año pasado la inflación cerró con una variación interanual de 170.269,1 %, lo que supone una diferencia de 40 mil con respecto al número que divulga el banco central.
Los datos que ofrece el BCV reflejan el comportamiento mensual en 21 rubros, desde enero de 2014 hasta abril de 2019, que evidencian que hubo un aumento del promedio de inflación en todos los sectores de la economía. Vivienda, servicios básicos y bienes y servicios diversos fueron los que tuvieron picos más altos de inflación, que oscilaron entre 176 mil y 486 mil por ciento, según las tablas de datos del banco.
Los cálculos que produce la Asamblea Nacional a partir de la escasez informativa indican que la inflación acumulada para abril se ubicó en 1.304.780,3 %, lo que significa un aumento de 44,7%, según refieren. Otro documento del Banco Central Venezuela indica que la variación mensual para abril de 2018 fue de 1.268.517.190,9 % y representó una variación de 33%.
El Fondo Monetario Internacional ya había reportado para octubre de 2018 que esperaba que la hiperinflación se agravara rápidamente en Venezuela, ante los “déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda”. El organismo consideró que “Proyectar las perspectivas económicas de Venezuela, incluida la evaluación de la evolución económica pasada y actual como base para las proyecciones, es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades”. También explicó que los datos que reporta el país presentan retrasos y “deficiencias de información”, debido a que los registros son incompletos lo que hace “difícil interpretar algunos indicadores económicos”, del país.
El FMI, además, declaró que los datos de “los precios al consumidor de Venezuela están excluidos”, del reporte que elaboró esta institución sobre las perspectivas de la economía mundial.
La opacidad en materia inflacionaria y la deficiencia en calidad de los datos sobre el comportamiento de la inflación que afecta a Venezuela, según lo reporta el FMI, no se corresponde con lo que establecen los estándares internacionales impulsados por Mercosur, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sobre las obligaciones estatales de rendir cuenta en materia económica. Estos organismos internacionales consideran que el acceso a información y estadísticas oficiales son necesarias para la evaluación y el análisis del comportamiento de las economías nacionales.
A pesar de presentar los registros mensuales de inflación que estaban en deuda desde 2014, la Ley del Banco Central de Venezuela, reformada en 2015, mantiene que este organismo se rige por el principio de transparencia, según su artículo 31. Asimismo, en el artículo 40 de esta normativa se decreta la responsabilidad de garantizar el principio de acceso a la información pública establecido en la Constitución Nacional.
En la reforma hecha en 2015 a la Ley del Banco Central de Venezuela, por iniciativa de Nicolás Maduro a través de un decreto habilitante sin la aprobación del parlamento nacional, se estableció la posibilidad de decretar como clasificada o secreta información económica. “El Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades, para suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación”.
Esta modificación significó un retroceso en comparación con la antigua versión de la Ley del Banco Central de Venezuela que estipulaba la obligación de este ente de difundir la información del balance económico de los primeros 15 días de cada mes, así como reportes semestrales.
Las medidas de opacidad en materia económica han ido en aumento a partir de 2013, cuando el gobierno de Nicolás Maduro estableció un decreto de lucha contra la guerra económica, con lo cual se afectó directamente la publicación del comportamiento de la inflación, según una investigación sobre las restricciones al acceso a la información pública en materia económica publicada por la Revista Comunicación.
Ese estudió refirió que entre 2013 y 2016 hubo un descenso tanto en la cantidad de indicadores como en las publicaciones que debería hacer regularmente el BCV para rendir cuentas sobre el desempeño de la inflación en el país. El análisis reveló también que los indicadores que desaparecieron con mayor rapidez fueron los índices de diversidad -que registraba la variedad de marcas y productos en el mercado- y el de escasez -que registraba la carencia en la oferta de productos y servicios básicos-. Estas son dos variables que fueron incluidas por Venezuela en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor pero son dos indicadores que no se consideran internacionalmente para estimar la inflación.
Además de omitir el boletín informativo sobre el comportamiento de la inflación en los datos que publicó el BCV, en mayo de 2019, no especifica la metodología implementada para hacer los cálculos de inflación, lo cual impide conocer los criterios y parámetros que se utilizaron para obtener estos resultados. En 2013 el ente económico informó que había implementado una nueva metodología para medir la inflación justificando una supuesta “guerra económica” pero tampoco se conocieron mayores detalles, según el análisis realizado en la Revista Comunicación.
En 2017 el economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo.  Puente señaló que la gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse.
El Índice de libertades informativas IPYSve 2018, un estudio que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades, reveló que la consulta de documentos y datos oficiales sobre temas de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros, en instituciones y plataformas digitales fue otra de las situaciones en las que se vio restringida la labor periodística, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tienen los venezolanos. Fue así que 87% de los periodistas encuestados calificaron esta condición con un promedio de 33, que la ubicaron cinco puntos por debajo del valor que obtuvo en el 2017.
Estas carencias informativas en materia de inflación en Venezuela ocurren pese a que el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, establece que es necesario “garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
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