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Las Españas se enfrentan a una preocupante situación cuando enfilan hacia la tercera década del siglo XXI. Es cierto que los ciudadanos gozan de los mayores niveles de libertad y de vida de su historia, pero existe una sensación generalizada de que algo no va bien, de que una etapa toca a su fin y que es imprescindible acometer cambios sustanciales para mantener un modelo garante de la estabilidad, de las libertades y promotor de la prosperidad. La desafección de amplios sectores de la opinión pública con el funcionamiento de la democracia hispana no es solo una secuela de la gran recesión, sino algo más profundo, el deterioro del marco institucional y de las mores en las que se enmarca la monarquía parlamentaria.
Existe la percepción –da igual su veracidad– de que la sociedad política persigue su propio beneficio y no el de la ciudadanía. Domina la convicción de que los grandes organismos del Estado son “burgos podridos” que se reparten entre los partidos sin tener en cuenta el interés general y la finalidad de las instituciones. Al mismo tiempo se ha consolidado la convicción de que la corrupción es un rasgo estructural del sistema. En suma, hay una impresión bastante generalizada de que el modelo fletado en el año 1978 ha degenerado en algo al servicio de una nomenclatura partidista que obtiene beneficios a costa de explotar y pervertir las instituciones del Estado en su provecho y en el de sus clientelas.
Esa descripción quizá sea exagerada e injusta, pero responde con bastante exactitud a la visión de un gran número de ciudadanos con independencia de su orientación ideológica y de su posición social. Hay una clara decepción con el statu quo vigente. Todo ello sugiere la existencia no de una crisis coyuntural, sino sistémica y, por tanto, la necesidad de acometer una profunda y urgente revisión del esquema político, institucional, económico, social y territorial de las Españas. Ninguna institución escapa hoy a un considerable grado de descrédito. Existe un potente aroma de crisis de régimen.
Su Majestad Felipe VI se encuentra en una tesitura similar a la de don Juan Carlos I al final de la dictadura. Entonces se trataba de transitar de un régimen autoritario a otro democrático. Ahora, el desafío es introducir las reformas y los cambios imprescindibles para revitalizar el Estado edificado a finales de los años setenta del siglo XX. Esta tarea reviste una envergadura parecida a la planteada en la transición del franquismo a la democracia. Además, este reto se enmarca en un escenario de relevo generacional. Como escribió Ortega, las generaciones constituyen el motor de las transformaciones históricas. Responden y encauzan la sensibilidad de los tiempos. El conflicto entre generaciones acumulativas, aquellas que observan una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio, y las polémicas, que sienten la necesidad de arrumbar y sustituir lo viejo, está abierto y precisa de una respuesta constructiva.
La democracia española sufre dos deficiencias básicas: un exceso de oligarquía y un exceso de demagogia. Ha desembocado en una estructura corporativista, vampírica de la representación política, de la idea de un gobierno para todos y del propio concepto de ciudadanía. Se ha configurado un Estado neocorporativo, convertido en un monopolista de la distribución de valores y de recursos por cuya apropiación compiten entre sí los diversos grupos de presión. No existe un Estado de todos y para todos, que aplique los principios de libertad y de igualdad ante la ley, sino un esquema de poder que acepta por norma un ius singulare que hace prevalecer el interés de las minorías activas sobre el de la mayoría.
Para salir de ese escenario hay que modificar lo que está mal pero también rechazar la tentación adanista de arrasar lo existente para construir sobre sus cenizas una comunidad política ideal e inviable. Como sucedió al final de la era de Franco, la reforma ha de imponerse a la ruptura. Ello supone reconocer tres realidades fundamentales del panorama actual: una sociedad plural cuyos miembros tienen convicciones y proyectos vitales diferentes, mediante un marco armónico y equilibrado que articule esa nación de naciones que es la realidad histórica de las Españas; la necesidad de mantener una economía próspera y competitiva capaz de elevar de manera estable las oportunidades y el nivel de vida de los ciudadanos, y de articular estos elementos en una estructura aceptable para todos.
Ninguna respuesta a esas cuestiones está presente en la agenda de las principales fuerzas parlamentarias. Impera un populismo en el ambiente que todas han contribuido a crear y que todas desean satisfacer en busca de réditos electorales inmediatos. Ni la vieja ni la nueva política parecen ser conscientes de la gravedad del momento. Las evidentes fallas en el armazón democrático hispano están camufladas por una economía que, de momento, mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. Ello permite una temporal fuga hacia delante, pero la bonanza económica no será eterna y, cuando termine, habrá que afrontar las difíciles asignaturas pendientes en un contexto peor que el actual.
Para terminar, la presente coyuntura se complica por la existencia de un entorno en el cual los acuerdos políticos, cuya expresión reciente son los presupuestos, no están encaminados a la solución de los problemas de fondo sino a buscar la fórmula parlamentaria que permita al Gobierno sobrevivir.
En otras palabras, la consecución de mayorías coyunturales y precarias en el Parlamento no sirve para otra cosa que para consagrar un escenario inmovilista sin capacidad para desplegar ninguna acción efectiva que aborde con eficacia y altura de miras los graves retos de las Españas.