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Según la opinión de los expertos, la implementación de un programa especial de formación educativa dirigido a los escolares, así como incentivar económicamente a quienes revelen hechos relacionados con sobornos y licitaciones ilegales ayudarían a luchar vencer la corrupción en Rusia.
El Senado ruso hizo un llamamiento a la comunidad de los expertos para que colaboren en la lucha contra la corrupción. A finales de junio, miembros de la Cámara Alta del Parlamento examinaron, junto a los especialistas, las perspectivas de la participación ciudadana en las iniciativas contra la corrupción.
Una de las recomendaciones incluidas en la redacción final del documento está dirigida al ministerio de Educación: “Diseñar y aplicar programas educativos orientados a formar en la mente de los escolares y universitarios una predisposición negativa hacia la corrupción”.
Era previsible que apareciese una iniciativa cómo esta ya que Iósif Diskin, uno de los miembros de la Cámara Social, había señalado en su discurso que la corrupción comienza en las aulas, y que el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción son “las normas éticas criminales”. El experto también hizo referencia a las denuncias de las 'conductas reprobables'.
Alexánder Savenkov, presidente sustituto del Comité del Derecho Constitucional, se pronunció de manera similar y declaró que la protección estatal a los denunciantes de hechos delictivos constituye “un aspecto muy importante en la lucha contra la corrupción”. Según Savenkov, el Comité está preparando una serie de propuestas para la solución de este problema. Por su parte, Diskin insiste en la adopción de normas que obliguen a los funcionarios a comunicar los casos de irregularidades que conozcan: “Cuando se disuelva el círculo de encubrimiento y el funcionario deba elegir entre la descalificación o el cumplimiento de su deber ciudadano, cambiarán muchas cosas. Incluso los corruptos comenzarán a moverse con más cuidado”.
Yuri Semin, jefe de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General, habló sobre un proyecto propio elaborado junto con el ministerio de Justicia y la Administración del Presidente y que pretende aplicar medidas de estimulación monetaria para aquellos que denuncien los casos de corrupción por iniciativa propia. Además, Semin cree que las denuncias de este tipo requieren un trato diferenciado en el orden de revisión de las denuncias comunes. Aunque lo que considera más importante es dejar de lado la resolución estándar que prevé 'dejar al criterio del funcionario' la decisión.
Kirill Kabanov, presidente del Comité Nacional Contra de la Corrupción, declaró: “Se necesita estimular a la sociedad con una nueva ley de pago por denuncia. Si por una denuncia se reembolsan 10.000, entonces las irregularidades descubiertas no tendrán más valor que 10.000. Pero si el denunciante cobrara el 10% de una operación ilegal de, por ejemplo, 300 millones de dólares, captaríamos información de un nivel que realmente nos interese”.
“En Rusia la corrupción no es producto de una mentalidad o de una tradición, sino el negocio más lucrativo. La realidad de hoy muestra que hay un trillón de rublos en ganancias tan solo por los sobornos que corresponden a licitaciones ilegales. Hasta la ideología burocrática ha cambiado”, opina Kabanov.
El gran problema de las leyes rusas
Mijaíl Evráev, jefe del Servicio Federal Antimonopolio, ha dado su opinión al respecto: “Mientras tengamos un sistema judicial que se demora año y medio en procesar un caso, las opciones de un conductor, por ejemplo, son sencillas: sobornar al policía de tráfico o estar un año y medio demostrando su inocencia”.
En cuanto a los funcionarios estatales de niveles más altos considera que el problema se soluciona con un aumento de sueldo: “No hay nada más caro para una sociedad, que unas autoridades estatales baratas”.
Al mismo tiempo Evráev recordó que hoy en día una de las herramientas más efectivas en la lucha contra la corrupción consiste en un proyecto del Servicio Federal Antimonopolio que cuenta con un portal de internet con información abierta sobre las compras efectuadas con el dinero público.