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El próximo martes 14 de febrero de 2017 a las 9:00 am se realizará la audiencia pública sobre el caso Rocío San Miguel y Otras vs Venezuela, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sede del Tribunal en San José, Costa Rica.
El caso, que fue elevado ante la Corte por la Comisión Interamericana en marzo de 2016, es el primero que ventilará el tema de la discriminación por motivos políticos ante el tribunal regional, e involucra a tres funcionarias despedidas del Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004, por haber firmado para activar el mecanismo de referéndum revocatorio.
Las víctimas, Magally Chang, Thaís Peña y Rocío San Miguel, asistirán a la audiencia acompañadas de sus abogados, así como de integrantes del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, institución que documentó el caso en primer lugar en 2004, representó a las afectadas en instancias nacionales y actuó como peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los representantes de las víctimas promovieron más de 30 testigos y peritos ante la Corte, a los que se suman otros cuatro peritos promovidos por la Comisión Interamericana y el Estado venezolano.
La discriminación no ha cesado
Las víctimas en este caso, no solo enfrentaron un despido que constituye discriminación por motivos políticos y ante el cual no lograron justicia en tribunales nacionales, sino que siguen siendo objeto de discriminación hasta el presente. A pocos días de la celebración de la audiencia pública en Costa Rica, cuatro notarías se negaron a dar fe pública de las declaraciones escritas de testigos y peritos, tal como lo requería la Corte Interamericana. “Las notarías no disimularon su parcialidad al negarse a dar fe pública de los documentos presentados, alegando abiertamente el ‘contenido político’ de los mismos y convirtiendo así a las afectadas en víctimas de una doble discriminación”, aseguró Ligia Bolívar, Directora del CDH-UCAB. Los representantes de las víctimas hicieron del conocimiento de la Corte este nuevo obstáculo, recibiendo autorización para consignar los testimonios y declaraciones por vía privada.
Bolívar recordó además que, desde 2004, el CDH-UCAB ha registrado otros 4 eventos de discriminación masiva de ciudadanos por el ejercicio de derechos políticos con participación de altos funcionarios de todas las ramas del Poder Público, por lo que, a su juicio, la discriminación con motivaciones políticas en Venezuela puede calificarse como una política de Estado.
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