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Hoy ponemos a disposición de los Países Miembros de la OEA y la opinión pública hemisférica el cuarto informe sobre Venezuela, que demuestra que la democracia fue completamente eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una ilegítima Asamblea Constituyente.
Los tres informes que he presentado hasta ahora tuvieron el objetivo de denunciar cómo desde la “alteración del orden constitucional” se fue pasando a la “total ruptura del orden democrático”.
Desde que asumí mis responsabilidades como Secretario General, manifesté que mi compromiso es con los valores democráticos y con los pueblos que los defienden. El trabajo de la OEA es prever y apoyar soluciones para alcanzar el más permanente desarrollo de la democracia en los países que la integran.
La Secretaría General de la OEA ha venido documentando, denunciando y presentando pruebas de la alteración del orden constitucional, de la ruptura del orden democrático y de las agresiones continuas a la institucionalidad en Venezuela.
El Régimen en Venezuela avanzó a paso firme avasallando los derechos de su gente.
En Venezuela se han violentado en forma sistemática y reiterada los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la Democracia como los define la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática -no lo olvidemos- forma parte del Derecho Interamericano aceptado por los Estados y cuyas disposiciones son coherentes con la Carta de la OEA y, por tanto, no constituyen intervención en los asuntos internos de los Estados Miembros.
En Venezuela no hay hoy respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho y se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas. Tampoco hay separación e independencia de los poderes públicos y, a partir del 30 de julio, ya no hay elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo.
El proceso que llevó a la instalación de la Asamblea Constituyente quebrantó las disposiciones constitucionales sobre universalidad del voto. Fue un proceso viciado desde su origen, plagado de irregularidades y violencia, en el que se violaron las libertades básicas de la ciudadanía.
El propio rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció la inconstitucionalidad, la falta de controles y la gravedad de lo ocurrido. La empresa Smartmatic que trabaja en la plataforma tecnológica de votación con el gobierno de Venezuela desde 2004, dijo abiertamente que hubo “manipulación”. La Comisión de Venecia, en fin, denunció que no se respetó el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, por cuanto la información para la conformación de los registros electorales “pudo fácilmente ser manipulada”.
La ilegal Asamblea Constituyente despojó de sus funciones legislativas a la legítima Asamblea Nacional, aquella que fue electa por el pueblo en sufragio universal, directo y libre a finales de 2015. En una burla absoluta al orden institucional, la presidenta de la Asamblea Constituyente declaró que la Asamblea Nacional no ha sido disuelta, sino que sigue siendo un poder legislativo pero sin funciones legislativas.
Las dos primeras acciones de la Asamblea Constituyente, dirigidas a neutralizar la Asamblea Nacional y la Fiscal General, confirman que la separación de poderes es ya en Venezuela una entelequia. Aunque ambos poderes legítimos del Estado han intentado salvar el principio del control mutuo, éste ha sido totalmente abolido por el Régimen.
En Venezuela hay hoy un Régimen que ha perdido su legitimidad de origen. Nicolás Maduro puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente, y ésta se lo reintegró. Esta validación por un órgano ilegítimo y fraudulento vuelve su cargo definitivamente inconstitucional.
Esta deslegitimación surge del tortuoso proceso que comenzó con la ilegal anulación del referéndum revocatorio en 2016 -equivalente a anular una elección. A partir de ahí, el Régimen ha desconocido los principios básicos del Estado de Derecho, y ha violado el sistema legal y sus instituciones. Este Régimen ha desconocido el Poder Legislativo, ha coparticipado los poderes Judicial y Electoral y ha retirado a los ciudadanos sus garantías fundamentales. Este Régimen, en fin, ha desconocido los fundamentos jurídicos esenciales y ha actuado por fuera de la Constitución y la ley.
No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial.
Es por eso que hago las siguientes peticiones:
Primero: Reiterar la solicitud que formulamos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el Régimen y sus autoridades
Segundo: Reconocer a los países del Hemisferio que han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que, en consecuencia, los actos derivados de la misma carecen de legitimidad.
Tercero: Reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Cuarto: Admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica, debido a la grave crisis humanitaria y migratoria y los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el crimen organizado internacional.
Quinto: Ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones:
– La anulación del proceso de Asamblea Constituyente.
– La cesación inmediata de la represión.
– La liberación de TODOS los presos políticos.
– La investigación a gran escala de los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados, para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil.
– La realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad y con observación internacional calificada.
– El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de los poderes públicos.
– El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.
– La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados.
Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables, no podemos permitir que el Régimen haga abdicar de sus bienes más altos a los venezolanos. Paz, democracia y libertad deben ser el resultado del diálogo, y no materia de negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo venezolano.
Ninguna negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la redemocratización del país.
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