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mayo 21, 2021 Sinergia Comunicaciones
Invisibles. Así son las situaciones que afectan a la niñez y adolescencia del país en contexto de pandemia. Durante el primer año en el que la COVID-19 se encuentra en el país, Cecodap evidenció una importante debilidad institucional del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar una adecuada atención de esta población.
A través del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap se registró poca respuesta efectiva para la atención de casos que fueron remitidos a distintos órganos del Estado. “Es motivo de preocupación que de cada 10 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio Público y otros organismos, 6 no fueron atendidos a pesar de existir en la ley un mandato expreso de atención prioritaria”, manifestó Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap.
Este 20 de mayo, Cecodap presentó el Informe Somos Noticia  – Capítulo Vulneraciones y Protección a los Derechos del Niño en Contextos de Pandemia. Con datos recopilados por el Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap entre abril de 2020 y marzo de 2021, fue posible caracterizar y proyectar los problemas que afectan a la niñez venezolana en época de confinamiento. “ Si bien es cierto, los datos obtenidos no son representativos de la realidad nacional, son elementos que nos permiten identificar tendencias y alzar la voz para fortalecer los mecanismos de protección jurídica, social y psicológica para los niños y sus familias”, mencionó Trapani durante la presentación.
Uno de los hallazgos encontrados por el equipo del SAJ fue una falta de atención de las vulneraciones por el debilitamiento institucional. Además de eso, la situación se agrava en el interior del país: “Es un motivo de preocupación los limitados e incluso inexistentes programas de apoyo jurídico y atención psicosocial en el interior del país. Las zonas rurales, ciudades intermedias y comunidades más alejadas de las capitales de estados son zonas más desprotegidas”.
En un año, el SAJ de Cecodap realizó 507 intervenciones en casos. El resultado de la atención derivó en orientaciones legales (80,07%), remisiones  y recomendaciones a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil (17,94% ) y denuncias (1,97%).
Trapani explicó que una orientación legal comprende la asesoría técnica y acompañamiento individualizado para una mejor comprensión de la situación o del conflicto. Agregó que las remisiones y recomendaciones escritas comprenden la reconstrucción de un caso concreto a partir de los testimonios de los interesados, análisis de documentación y reporte de especialista. “Una vez que tenemos esto, se considera la posibilidad de realizar derivaciones a instituciones del Estado u organizaciones de la sociedad, valorando la necesidad de servicios directos especializados como apoyo psicosocial, psiquiátrico, pedagógico o de terapia familiar o grupal”, expuso.
¿Cuáles son los entes del Sistema de Protección? Los Consejos de Protección y el Ministerio Público. Además, Cecodap refirió casos a otros organismos del Estado como lo son la Zona Educativa, Defensa Pública y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalista.
De los 40 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se registró que un 65% de las solicitudes no fueron atendidas y 35% fueron recibidas y tramitado. Por otro lado, de los 29 casos remitidos al Ministerio Público se registró que un 59% de las solicitudes no fueron atendidas; mientras que de los 18 casos remitidos a otros organismos del Estado se registró que un 50% de las solicitudes no fueron atendidas.
“Hay falta de atención o demora de atención de los casos. Encontramos una suerte de remisiones entre organismos del Estado. Si una persona toca el Sistema de Protección debe ser atendida. Evitar el peloteo. Cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado, no es por placer o porque quiere pasar tiempo allá. Es porque lo necesita. Por eso es importante que el apoyo sea accesible, no solo formal para recibir la denuncia, sino que los niños tengan respuesta a sus necesidades jurídicas y que sean restituidos sus derechos”, alertó Trapani.
En el informe se explica que la desestructuración de los órganos administrativos del Sistema de Protección se convierte en otra forma de violencia hacia la población a la que se deben. A esto, el coordinador general de Cecodap agregó que en Venezuela hay «un sistema de protección pobre para los pobres. Nos encontramos con que las alcaldías recortaron la atención de los derechos de los niños«.
Vulneraciones detectadas en pandemia
En el primer año de acción del SAJ se identificó que durante la pandemia la integridad personal física y psicológica constituyeron los derechos más vulnerados.  El informe detalla que en esta categoría se encuentran situaciones de violencia física, psicológica, malos tratos y abuso sexual contra niños y adolescentes.
Trapani mencionó en este punto que las familias tienen dificultades para cumplir su deber como cuidadores. “Encontramos familias con altos niveles de estrés, frustración, ansiedad, rabia y tristeza, en las que el contexto económico, el vertiginoso deterioro en la calidad de vida y los conflictos de convivencia constituyen unos de los principales conflictos identificados durante la pandemia”, dijo citando los resultados de una encuesta de Cecodap publicada a principios de año.
El análisis pormenorizado de los casos y de la vulneración presentada se encuentra que:
40,55% estuvo relacionado al derecho a la integridad, es decir, situaciones de castigo físico, maltrato y abuso (sexual, físico), de los cuales 17,24% corresponde a situaciones de riesgo generados por el propio adolescente.
12% sobre el derecho a una familia relacionado a instituciones familiares y convivencia familiar.
Un 11,88% sobre el derecho a la salud vinculados a tratamientos médicos (psicológicos, psiquiátricos y de salud física) y abuso sexual.
Un 9,79% sobre el derecho a la educación con énfasis a tratos discriminatorios y retiro de la escuela por incumplimiento de pago.
Un 6,29% sobre el derecho a un nivel de vida adecuado relacionados a supuestos de negligencia en el padres, madres y familiares en el cuidado y manutención de los niños.
Un 4,19% sobre el derecho a libre tránsito y migración con relación ejercicio unilateral de la parentalidad, cambio de domicilio y restitución internacional.
Un 3,49% sobre violencia basada en género donde la madre es la principal víctima de violencia física y psicológica.
Un 2,79% sobre el derecho a la identidad con énfasis a los obstáculos para tramitar las partidas de nacimiento y cédulas de identidad.
Un 8,39% con relación a otros derechos vinculados acoso, conflicto entre vecinos, suspensión del salarios de los padres, discriminación y agresiones a personas de la tercera edad que integran el grupo familiar.
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Los datos recogidos por el SAJ incluyen quiénes son los presuntos agresores. Según el informe de Cecodap, las madres y padres constituyen los principales agresores a los derechos de los niños. “Son personas muy cercanas a los niños. La pandemia y los cambios de rutinas sin lugar a dudas incrementaron las tensiones y la violencia en el hogar”, apunta Trapani.
También, el estudio identifica al Estado como un presunto agresor a los derechos de los niños (6% de los casos), a razón de una violencia estructural originada por la prestación de servicios públicos y el incumplimiento de derechos sociales (niños en situación de calle, abstención del sistema de protección, incumplimiento de normas en materia de identidad identidad).
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Protagonismo de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil aparecieron con más eficacia en su respuesta. Cecodap remitió casos tanto a organismos del Estado como a estas instituciones y encontró, de acuerdo al informe, que mientras 72% de los casos llevados a una ONG fueron atendidos de manera efectiva; el Estado solo alcanzó 38% de respuesta adecuada.
“Esto nos demuestra que a pesar de los problemas, del contexto, de la estigmatización y criminalización y de las limitaciones de financiamiento son las organizaciones de la sociedad mucho más efectivas que el propio Estado. Nos encontramos que donde el Estado no llega, hay una organización civil dando respuesta a situaciones que debe atender el Estado”, puntualizó el abogado y coordinador general de Cecodap.
Reflexionó sobre la necesidad de que el Estado reconozca, valide y fortalezca los esfuerzos de la sociedad civil.
Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La lógica para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia es evitar llegar a una situación de amenazas o violación a través de la implementación de políticas sociales básicas.
Priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Existen un conjunto de necesidades jurídicas y de protección que requieren respuestas institucionales expeditas, efectivas y de calidad.
Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es urgente. Implementar una lógica de articulación entre organismos del Estado y la sociedad civil para la protección a los derechos de los niños.
Disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un sistema único de registro de casos permite caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a los derechos de los niños y priorizar acciones de prevención y atención.
Impulsar campañas informativas permanentes y con calidad sobre los distintos espacios, oportunidades, formas para reportar y denunciar situaciones de amenaza y violación a los derechos de los niños.
Priorizar los servicios de protección para los niños en el interior del país y atender las necesidades jurídicas y de atención psicosocial en zonas más alejadas de las capitales de estado.
Reconocer y apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas y servicios de protección para los niños, niñas y adolescentes. Evitar todo intento de criminalización, estigmatización o amenazas por parte del Estado al trabajo que sea desarrollado por las organizaciones de la sociedad.
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