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Para los nahuas que habitan la región los mensajes son claros desde siempre, sea por la violencia y muerte que padecen, o por el despojo sistemático de sus territorios: no volverse a parar, irse de allí, y abandonar sus tierras y bienes. Solo 16 valientes familias nahuas decidieron quedarse en la Cuenca del Marabasco para continuar su vida, su cultura y sus costumbres, y defenderse de las agresiones de los caciques de Colima. Una de esas familias es la del indígena Francisco Monroy Vital y su esposa, Dolores Sandoval, quienes tuvieron que subir sus cultivos a una parte más elevada de la sierra del Mamey, asentándose en el rancho denominado Potros. Uno de sus nietos es Félix Monroy Rutilo, quien es el último y más aguerrido sobreviviente de esa numerosa familia. Después de décadas de acoso, ataques y graves violaciones a los derechos humanos de estas familias, poco a poco quedaron solo dos familias que se resisten a abandonar el predio Potros, por el afán de la empresa de desplazar a los indígenas. Se trata de las familias de Avelino y Félix Monroy.
Sin embargo, diversos hechos violatorios de derechos se han dado en este largo conflicto provocado por la empresa. En 1985 ambas familias fueron desplazadas de forma alevosa por personal del consorcio minero, en coordinación con el gobierno municipal de Minatitlán, Colima (antes El Mamey), a una fracción de su propio predio, al fondo de una barranca y al poniente de un basurero del poblado minero. No conformes con ello, en 1986 personal de la empresa asesinó a Avelino Monroy Sandoval, padre de Félix, con lo que el poblado nahua perdió a su líder espiritual. Le destrozaron la cabeza a pocos metros del fundo minero. Para el inicio de la década de los 90, Félix fue detenido por la policía de Minatitlán, Colima. Lo acusaban de la posesión de seis rifles de alto poder. En prisión fue torturado y ultrajado, para luego liberarlo sin que pudieran hallar responsabilidad alguna. Para 1997, Félix y el resto de su familia fueron desalojados de los poblados La Piedra, Puertecito de Las Parotas y Potros por la minera, conautorización de autoridades de Colima. La empresa les hizo casas en El Platanar para pasar el rato. Al colapsar tres cortinas de retención de desechos, el 23 de septiembre de 2012 el predio sufrió la embestida de un gran alud de piedras, lodos y desechos minerales de Peña Colorada. Ninguna autoridad de Protección Civil de Jalisco o Colima llegó a auxiliar a las 20 familias afectadas por el siniestro. En 2013, Félix construyó con madera muerta de Potros un corral para un rebaño de 70 chivos que criaba. La minera, en contubernio con gente de Minatitlán, denunció a Félix ante la Profepa, en Colima, por haber talado nueve árboles, acusándolo de ser el responsable del cambio de uso del suelo en Potros.
La empresa optó por ir con todo contra Félix Monroy Rutilo. Se le ha impedido ingresar a su predio, donde ha trabajado por más de 50 años, y siete chivos de su rebaño murieron durante el violento operativo. Aunque el poblado Potros desapareció, Félix logró salvar la posesión del predio agrícola de 35 hectáreas, que ha sufrido el constante asedio del gobierno de Colima, para darle a la minera Peña Colorada un espacio libre de indios rejegos para el negocio del hierro. En su incesante lucha de 50 años, sus principales aliados y defensores han sido su padre, Avelino, y su hijo mayor, Alejandro, quienes al morir asesinados le dejaron una pesada carga.
Al faltar ambos, y por ser analfabeta, un pequeño nieto suyo, hijo de su hija, ha acompañado a su abuelo materno ante diferentes oficinas del Ministerio Público, Profepa, PGR y demás instituciones que Peña Colorada le ha echado encima, para forzarlo a desistir y abandonar su territorio. Félix también se acompaña de ONG de Jalisco, y no podemos dejar de reconocer el valioso aporte de la Unión de Pueblos (Indios) de Manantlán, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, y el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC.
Félix sigue resistiendo, y los gobiernos de Colima y Jalisco deben dejar de despojarle de sus bienes comunes, y garantizar sin reparo alguno el pleno goce de sus derechos como integrante de una comunidad indígena. Es lo justo.
Consultar artículo en La Jornada.
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