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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó la destitución de magistrados de la Corte Suprema de El Salvador y del fiscal general, Raúl Melara.
La OEA «rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”, señaló a través de un comunicado.
Luego de que la nueva Asamblea unicameral, dominada por los partidos aliados de Bukele, fuera instalada el sábado por la noche, destituyó a los funcionarios de justicia y nombró además a los nuevos titulares que les sustituyen.
Estados Unidos externa preocupación
Por su parte, Estados Unidos expresó este domingo al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, su «grave preocupación» por la destitución de magistrados de la Corte Suprema de El Salvador decidida horas antes por el Congreso, informó el departamento de Estado.
En una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, mostró a Bukele su preocupación por la remoción de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte y le señaló que «un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática», dijo el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.
Blinken también le expresó similar inquietud sobre la destitución del fiscal general Raúl Melara, «quien está combatiendo la corrupción e impunidad y es un socio efectivo en los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador», añadió Price.
Imprescindible dar continuidad a misión
La OEA considera «imprescindible» dar continuidad a los trabajos iniciados por una Misión Especial presidida por Santiago Cantón «en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, invocando el artículo 17 de la misma, conforme a lo solicitado por el poder Ejecutivo y la anterior legislatura salvadoreña”.
En el informe difundido este domingo, la misión expresa su «preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña», específicamente en relación con las denuncias sobre «la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información” y «el posible aumento en la militarización del país».
Con información de Cactus 24
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