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Por estos días se agitan las aguas del mar por donde navegará el barco del nuevo gobierno. Que si el combustible que lo mueva será de origen público o privado.
Me parece que fue ayer que debatíamos, hace 32 años, como controlar la corrupción; la escasa cobertura en los servicios básicos; la lentitud estatal y su alto costo burocrático; en fin, había una inconformidad elevada por el mal desempeño del gobierno. Se sostenía que la politiquería y las clientelas hacían arrogante y costoso el servicio público. Reinventamos nuestra constitución para garantizar los derechos de las minorías y hasta quienes se habían alzado en armas como el M19 abrazaron el Nuevo Pacto Social.
Con el ejemplo del fracaso de los gobiernos estatistas en el mundo y la apertura económica global se empezaron a desmontar los monopolios estatales y una ola de privatizaciones permitió el zarpazo de los bienes públicos por nuevos empresarios privados.
En principio mejoró la cobertura y la eficiencia en el servicio, pero le abrieron paso a unas tarifas descomunales y la consolidación de unas mafias privadas peores que las de los políticos. Unas inspiradas en la codicia, el afán de lucro y el enriquecimiento rápido. En la Unión Soviética, en los países de la cortina de hierro, en las democracias occidentales y en todo el tercer mundo esa fue la constante.
El mundo era un pañuelo y lo que no produjéramos podíamos conseguirlo en el mercado global. Consumir lo que las multinacionales producían con celeridad y buen precio. La productividad se aperezó y poco a poco en Colombia nos fuimos convirtiendo en una economía dependiente de las importaciones y de los prestadores de servicios internacionales.
Hoy vuelve y se impone el cambio por la insatisfacción que genera el modelo desarrollado. Es corrupto, privilegiado y costoso. Siguen los contribuyentes sosteniendo un Estado que ahora en alianzas con los particulares monopolizan el destino del dinero público.
Algunas empresas gubernamentales se marchitaron ante la entrada de la competencia, pero la mayoría se ahogan por el déficit fiscal que arrastran por el no pago oportuno de sus servicios.
El sector salud es un buen ejemplo de esto. Las EPS capturan el aporte público y como intermediarios se tragan el grueso de los recursos que debía ser para hospitales, clínicas, personal de la salud, etc.
Si las reformas propuestas por el nuevo gobierno logran concertar un modelo de desarrollo sostenible y recuperar nuestra capacidad productiva, bienvenidas.
Debe evitarse la tentación de convertir al Estado como actor en todo y dotarlo de las herramientas necesarias para estimular y controlar el juego limpio en la prestación de servicios con equidad.
¿Que sean de origen público o privado los actores que atiendan la demanda de servicios? No importa. Lo importante es que no sean monopolios u oligopolios. Solo la competencia será un antídoto contra la Corrupción y el mal servicio.
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