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Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio.
10 de octubre de de 2014
La dignidad en nuestras manos
La lucha que iniciaron las madres y las familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años continúa para muchas de ellas, pues las víctimas se siguen sumando. La tragedia con la que se dio a conocer a nivel nacional e internacional el odio que existe hacia las mujeres en México fue el Caso Campo Algodonero en 2001 que, debido a la falta de responsabilidad del Estado Mexicano de cumplir con sus obligaciones y a la nula voluntad política, fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual dio como resultado que en 2009 se dictara una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. A la fecha, esta sentencia emitida por el organismo regional no ha sido cumplida por el Estado mexicano.
Frente a esta realidad en Ciudad Juárez, el pasado 22 de septiembre Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida el 10 de agosto de 2010; Bertha Alicia García Ruiz, madre de Brenda Berenice Castillo García, y Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001, iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia para sus hijas, para sus hermanas y para las miles de mujeres que han sido asesinadas por razones de género en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Secretaría de Gobernación, institución a través de la cual el Gobierno Federal está obligado a actuar, a 15 días de iniciado este acto de exigencia y después de los estragos que deja la huelga de hambre en los cuerpos y en la salud de estas madres, apenas este 7 de octubre, respondió a sus demandas concretas. La acción dejó también agresiones por parte de elementos de seguridad del Distrito Federal, el robo de dos pancartas mientras el campamento se encontraba ubicado en Reforma casi esquina con Chivatito, y la tensión y acoso constante de ser agredidas mientras dormían por las noches.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es competencia de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género [1] y deberá emitirla cuando no se esté garantizando el derecho a la integridad, a la libertad, a la seguridad y a la vida de las mujeres; es decir, cuando haya violaciones a sus derechos humanos.Asimismo, cuando la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y otras entidades así lo demanden; en el caso específico de Chihuahua aun cuando se ha tipificado el feminicidio a nivel estatal y federal, ninguna de las solicitudes para declarar esta alerta ha sido aceptada; de hacerlo, significaría que el Estado mexicano ha consentido que desde la sociedad hasta las instituciones gubernamentales – que es lo más grave- haya violencia hacia las mujeres sin siquiera actuar en torno a ello; todo lo contrario, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria es algo que casi nunca es tangible y real.
La reparación del daño; es decir la no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, contemplada en el derecho internacional de los derechos humanos no es garantizada; prueba de ello es que cada día hay más mujeres buscando a sus hijas, a sus hermanas, y la violencia estructural por razones de género a las que se les somete no cesa.
Si bien se lograron avances tras la presión política de las madres con el apoyo sororo y constante de colectivos de jóvenes, así como de personas de a pie, también es cierto que el Estado mexicano aún tiene largas cuentas pendientes, pues no debemos olvidar que existen muchas madres más y familias esperando a que los gobiernos les tomen en cuenta, escuchen sus casos y demandas, se den un tiempo, sentarse y escucharlas, además de trabajar, como es su obligación, para que no haya ¡Ni una más, ni una asesinada más!
*Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O P A. C.
[1] La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida ya sea por individuos o por la comunidad.
Consultar en Animal Político.
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