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La FAMP demanda un reforzamiento de los Servicios Sociales Comunitarios y una mayor financiación autonómica ante la crisis producida por el Covid-19
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La Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado “demandar a la Junta de Andalucía una financiación adecuada y un incremento de recursos técnicos y humanos que garantice la gestión del Sistema de la Dependencia desarrollada  por las corporaciones locales; y especialmente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuya dotación económica se mantiene invariable desde 2007.
En dicha línea se ha acordado pedir una profunda revisión de la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio para mantenerlo como prestación estratégica del Sistema de la Dependencia en Andalucía en concordancia con el sistema público de Servicios Sociales instaurado por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y que implique una mejora de la calidad del servicio, del empleo y de un diálogo permanente entre la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales y los gobiernos locales, a través de la FAMP.
En ese marco, los órganos de Gobierno de la FAMP también se han referido a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (REMISA) como una prestación garantizada de dicho Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, “máxime si consideramos el agravamiento de la situación social a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el Covid19, que exige una mejor gestión y tramitación de esta prestación social que ya venía sufriendo frecuentes retrasos en su tramitación por los servicios autonómicos, ocasionando largas listas de espera y una insuficiente cobertura para un gran número de familias”.
Ante la situación producida durante el Estado de alarma, se planteó a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una serie de medidas para modificar el Decreto-Ley que regula la REMISA tendentes a la agilización de los expedientes de urgencia y emergencia social solicitados, la renovación automática de expedientes y la concesión de esta Renta Mínima de Inserción Social para unidades familiares unipersonales y con menores a cargo, incluyéndose como casos de urgencia y emergencia social. Así como la agilización de los procedimientos y la habilitación de los trabajadores sociales de Servicios Sociales Comunitarios para poder solicitarlas en nombre de la persona.
Con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, aprobada por el Gobierno central como nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, y ante la situación de convivencia con la REMISA de la Junta de Andalucía, desde la FAMP, se ha considerado “imprescindible” que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación “realice un análisis sobre beneficiarios de la REMISA, y en base a los resultados, se establezcan los cambios en la normativa de aplicación para no dejar a nadie atrás”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de” introducir mejoras en la tramitación para su agilidad y mantener los dos derechos, estatal y autonómico, con sus respectivos presupuestos”.
El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha abundado en el “derecho a disponer de un plan de inclusión e inserción socio-laboral, al que puedan acceder también las personas que tengan la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV); así como mejorar la coordinación de los Servicios Sociales y Servicios de Empleo (SAE), incrementar las plantillas de ambos servicios; y financiar de forma efectiva y suficiente la REMISA con el mismo presupuesto actual”.
Datos Andalucía Ingreso Mínimo Vital
La Seguridad Social ha efectuado ya el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a casi 26.000 familias en Andalucía. En la Comunidad Autónoma son ya 81.852 las solicitudes del IMV presentadas, siendo Sevilla y Málaga las provincias más numerosas, con 20.310 y 19.660, respectivamente. A quienes realicen la solicitud en los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre), y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio. En Andalucía, los casi 26.000 hogares que se pueden beneficiar representan a un total de 86.935 personas, de los que 46.050 son menores y 40.885 adultos.