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Solo se necesita una crisis para que los derechos de las mujeres queden en último plano y eso lo dejó claro la  pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria está pegando fuerte en uno de los principales estandartes del movimiento feminista mexicano: la lucha por el aborto legal, que desde 1997 se encuentra despenalizado a nivel nacional en caso de violencia sexual.
Pese a  que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México han emitido comunicaciones respecto a la importancia de garantizar los derechos de las mujeres en medio de la contingencia, la información a través de los sitios de internet sobre las clínicas para acceder a la interrupción (conocidas como ILES) es difusa y poco clara.
Lo que contradice la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud en la que llama a los Estados a considerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como esenciales y con ello garantizar el acceso a anticonceptivos de tal forma que se puedan prevenir embarazos no deseados en tiempos de confinamiento.
Acceso en la Ciudad de México, una ficción
Elsa supo que estaba embarazada hace unas semanas en medio del confinamiento por  la Pandemia. “Cuando me enteré lo primero en lo que pensé fue en recurrir a mis amigas, afortunadamente tengo amigas increíbles que lejos de juzgar y entrometer su juicio, me dijeron te apoyamos, estamos contigo y con lo que tú decidas”.
Ella, al igual que muchas mujeres intentó acceder a la interrupción en las clínicas gratuitas de la Ciudad de México, sin embargo, la información que encontró no fue suficiente. “cuando no me contestaron empecé a entrar en pánico… lo comenté con mi pareja y me dijo vámonos a lo privado”.
A pesar de que el procedimiento es legal en la Ciudad de México desde 2007 y ella pagó por ello, aún enfrentó cuestionamientos sobre su decisión, la médica que le realizó el procedimiento le preguntó si estaba segura de hacerlo y las razones por las cuales tomó esa decisión; adicional a ello, le generó mucha inquietud el hecho de que le dieran a firmar una responsiva: “ la leí completa y al final decía firmar consentimiento por riesgo de muerte y dije osea literalmente puedo morir” y es que  a pesar de que se ha ganado la batalla por la legalización, el ejercicio de la autonomía de las mujeres está lejos de ser una realidad.
Elsa vive en el Estado de México, y al no poder acceder a la gratuidad, tuvo que conseguir un empleo temporal para cubrir los gastos en medio de la emergencia sanitaria. Entre transporte y el costo de la clínica gastó un total de $4,200 pesos para poder abortar. En ocasiones, y dependiendo de la clínica la cifra puede aumentar, situación que vulnera el derecho a la interrupción de las mujeres en medio del desempleo y la precarización laboral que se agudizan con la Pandemia.
Para la realización de esta nota yo también intenté llamar a las Clínicas Gratuitas para investigar los requisitos y horarios de atención en las ILES de la Ciudad de México. El miércoles 3 de junio llamé a los números de atención que aparecen en su sitio de internet. El número es de locatel, y en las dos ocasiones que lo intenté me transfirieron al “área correspondiente”. Esperé por alrededor de 40 mins sin éxito. Estas prácticas de evasión por parte de las instituciones de salud dejan en evidencia que la última prioridad en la agenda es la salud y la vida de las mujeres.
Una nota de La Silla Rota del 28 de marzo del 2020 relata una situación similar donde la reportera Andrea Virrueta estuvo esperando alrededor de una hora en Locatel y nadie atendió su llamada.
Al buscar más recursos, visité el sitio de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX donde de nuevo el acceso a la información es inexistente, e incluso pareciera que se obstaculiza de manera deliberada ya que tienen una sección de Interrupción Legal del Embarazo, el apartado “DONDE ACUDIR” aparece en blanco. En esa misma página, encontré un comunicado publicado el 12 de abril de 2019 en donde afirman que se sigue garantizando el derecho viene incompleto el número telefónico de Locatel.
A pesar de que esto representa una posibilidad en favor de los derechos de las mujeres, resulta preocupante que podamos ejercer un derecho a partir de una violación. El año pasado el estado de Oaxaca despenalizó el aborto generando una avance significativo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el sur del país y en la Ciudad de México, aun cuando el derecho a la interrupción legal del embarazo se aprobó desde 2007.
Foto por Greta Rico
Las redes de acompañamiento feminista, una alternativa
“Ahora en Pandemia es un tema central, ya que se ha convertido en un servicio muy esencial, algunas de las clínicas ILE están dando servicios de COVID y a nosotras nos están buscando mujeres de la CDMX a pesar de que ya es legal desde el 2007” me cuenta Verónica, fundadora de la organización Las Libres en Guanajuato. Antes de la pandemia solían acompañar alrededor de 20 abortos al día, hoy, tienen alrededor de 100 acompañamientos diarios.
Debido a la emergencia sanitaria y el miedo al contagio las mujeres están recurriendo al aborto casero, lo que deja en evidencia que si se sigue el protocolo y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las mujeres pueden ejercer este derecho sin depender de los servicios de salud, sin embargo, a quien corresponde la responsabilidad de garantizar estos servicios es al Estado.
Porque además “debe ser para todas las mujeres, no solo las que lleguen con nosotras y más ahora en tiempos de Pandemia,  entendemos el por qué nos están llegando diario casos no solo de México, ni de América Latina sino de todo el mundo; estamos al tope diario, por whatsapp, por skype y por todas las redes sociales acompañando abortos a la distancia”, comenta Verónica.
Otras de las redes que está trabajando a su máxima capacidad es “Necesito Abortar México” quienes trabajan desde el estado de Nuevo León. Su fundadora, Sandra Cardona me cuenta que desde que inició la Pandemia están atendiendo el triple de casos. “Ahora con el COVID, muchas se quedaron sin empleo o le redujeron el salario a sus parejas y entonces nosotras estamos facilitando el medicamento de manera gratuita para que esta situación no sea un impedimento, estamos atendiendo 300 por mes y no solamente es el acompañamiento a mujeres que necesitan abortar, sino también a otras redes con quienes tenemos alianza”.
Además del incremento en los casos, narra el aporte del acompañamiento debido a las ausencias y la impunidad por parte del Estado “por otro lado vinieron más mujeres por situaciones de violencia sexual, hemos tenido casos principales de adolescentes que las hemos acompañado y ha sido muy duro. Por ejemplo los casos que hemos acompañado por violación, hemos tratado de meter la NOM-046 en el materno infantil y lo que hacen es darles largas, no las atienden bien, tienen que ir con la orden de un juez para que les den la atención y no debería ser así, las mujeres no están accediendo a la reparación del daño”.
Más cerca de la frontera con Estados Unidos trabaja la Red de acompañamiento feminista, Aborto seguro Tijuana, quienes desde hace cuatro años acompañan a mujeres que quieren abortar a través de medios digitales como Whatsapp y Facebook. “Nosotras les damos opciones, tenemos establecido un protocolo de primer contacto y a pesar de que las mujeres a veces prefieren ir a California a realizarse el procedimiento, les decimos que no hay necesidad de hacerlo tan clínico y protocolario, nosotras tenemos la idea de hacer el aborto nuestro, un acto feminista y un acto acompañado” me comenta Bianka, una de las integrantes de la colectiva.
Ellas, al igual que muchas de las redes de acompañamiento en todo el país, notaron un aumento en el número de mujeres que las buscaban para acceder al aborto. Antes de la pandemia, ellas daban acompañamiento a diez casos a la semana, y en las últimas semanas la demanda se ha duplicado. “En ocasiones las personas de las farmacias se niegan a vender el misoprostol y nosotras les decimos que les digan que es un medicamento de libre acceso, que no se necesita receta y que incluso es uno de los medicamentos obligados a los que debemos tener acceso según la OMS”.
En el caso de Tijuana, las mujeres solían acudir a clínicas en la ciudad de San Diego, sin embargo, la situación se ha complicado con el cierre de las fronteras y ello ha significado que recurran al acompañamiento con las colectivas feministas para abortar en casa con medicamentos.
La pandemia está dejando en evidencia que hablar de aborto, de los métodos anticonceptivos y de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres, sigue siendo vigente y necesario. “Es muy importante seguir visibilizando el tema del aborto entre las mujeres, tenemos que quitarle el estigma y que se vea que es algo normal y natural, simplemente ¿cómo le hacían las mujeres antes, dónde tenían sus partos y abortos? Pues en su casa, esa es una realidad”, me comenta Sandra de la Red Necesito Abortar.
Por su parte Verónica de Las Libres menciona: “Siempre tuvimos eso claro, sacarlo de la clandestinidad de la secrecía, porque queríamos justo eso, sacarlo del estigma. Luego empezó a ser muy popular que fuera por teléfono, luego pasamos al mensajito, después las redes sociales”.
Foto por Greta Rico
Un Estado ausente y colapsado
El aborto en México es un derecho. El artículo 4to constitucional contempla que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de hijos…”. Con base en la NOM-046 es violatorio de los derechos de las mujeres y revictimizante que se exija una denuncia a las mujeres para realizarles el procedimiento cuando argumentan haber sido víctimas de una violación sexual, las personas que trabajan en las clínicas y hospitales no están obligadas a exigirles una denuncia y deben actuar en beneficio de su salud.
El aborto es un servicio esencial que debería proveer el Estado de manera gratuita, especialmente en las entidades donde se ha despenalizado, sin embargo, la interrupción se está recargando completamente en las redes de acompañamiento feministas y en las clínicas privadas.
Para la Organización de las Naciones Unidas, obligar a las mujeres, especialmente a las jóvenes y a las niñas, a ser madres debe ser considerado con una práctica de tortura. De igual forma, el comité CEDAW ha emitido recomendaciones internacionales al Estado mexicano desde el año 2012 para que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal,  y para que amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
En palabras de Verónica: “Algo que ha sido muy importante del acompañamiento es justo eso, que cuando se deja de juzgar a las mujeres , las mujeres viven el aborto como un derecho y sin estigma, sin estereotipos y sin prejuicios, ellas van a despenalizar, que es a lo que le hemos llamado la despenalización social del aborto, es decir van a hablar del aborto y se va a convertir en algo como lo ha sido siempre inherente a la vida de las mujeres, es decir algo cotidiano”.