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Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar.
En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México.
A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales.
Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales.
La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.
En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal.
La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar:
1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud;
2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva;
3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo).
También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales.
En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada.
En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar el acceso al trabajo en el sector público, en el privado y en el social; 5) crear y fortalecer una institucionalidad para asegurar los derechos económicos y sociales. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en salud y en las ramas productivas necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad: personas adultas mayores y trabajadoras sin protección social.
En la recuperación económica, para la garantía de los derechos de las y los trabajadores en el sector privado y social, será fundamental la labor del Gobierno para supervisar las condiciones de su observancia en la actuación de las empresas.
Las acciones de índole económica para salir de la crisis no son solo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno; lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
En concordancia con lo anterior, nos llama la atención el avance de obras en este período de emergencia de proyectos de mega inversión nacional: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor Transístmico, fuertemente cuestionados por su viabilidad económica, por los daños ambientales que pueden causar, y porque en ellos no se han garantizado los debidos procesos de consulta -acordes con la normatividad nacional e internacional- entre los pueblos y las comunidades que se verán afectadas ante el riesgo de su detrimento en beneficio exclusivo de grandes capitales.
Desafortunadamente, otro elemento que se debe tener siempre en consideración es el repunte de la violencia en algunas zonas del país. Es necesario revalorar la política del Gobierno sobre seguridad, colocando como actores principales a las comunidades, a los barrios, a las colonias y a los pueblos; diseñando de forma conjunta una nueva estrategia basada en la seguridad humana, en la seguridad ciudadana y con la participación activa en la prevención social. Caer en la tentación de combatir la violencia primordialmente con el uso de la fuerza del Estado es una posibilidad que no tiene cabida en un gobierno con vocación social. Adicionalmente será importante ofrecer canales adecuados de solución pacífica frente al muy probable aumento de la conflictividad en las comunidades. Junto con ello se debe enfrentar decididamente a la corrupción y a la impunidad en los sistemas de justicia.
También nos parece muy importante poner atención en la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la protesta social, y el derecho de acceso a la información. En el contexto de esta pandemia, no solo a los y las comunicadoras se les debe asegurar este derecho, sino que éste debe ser respetado por el Estado hacia cualquier persona que quiera expresar sus opiniones y conocer la información del gobierno sobre las medidas sanitarias y económicas en la emergencia, asegurando incluso el ejercicio de los mecanismos legales de garantía del derecho de réplica. Todo ello coadyuvará a lograr una eficiente rendición de cuentas que permita un escrutinio social necesario en cualquier democracia.
Es necesario reconocer y alentar el entretejido de esfuerzos colectivos, sobre todo en barrios y colonias populares, así como entre comunidades y pueblos empobrecidos, donde sabemos se enfrentan los mayores impactos sanitarios, económicos y sociales de esta pandemia. La solidaridad que se experimenta cotidianamente desde abajo es aliciente y punto clave para salir de la crisis multidimensional que atraviesan México y el mundo.
Primero los pobres, como vocación de gobierno, implica que se coloquen como grupos sociales prioritarios a todos aquellos que durante décadas han sufrido el olvido, la discriminación y la violencia institucional. Un gobierno con vocación de izquierda debe ser sumamente enfático y claro en la integración de una perspectiva interseccional e intergeneracional en las políticas públicas, tanto en el ámbito de salud, como en el ámbito económico. Éstas tienen que construirse e instrumentarse atendiendo la perspectiva de género (particularmente es necesario el reconocimiento y la atención a la violencia intrafamiliar que se ha agudizado con la pandemia); la perspectiva de infancias y juventudes; la interculturalidad indígena; la diversidad sexual, de discapacidad, así como otras condiciones que colocan a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad en momentos de crisis y emergencias.
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