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La democracia constituye un tema de análisis tanto en el ámbito estrictamente político como en el del análisis académico (teoría política y política comparada). Desde diferentes perspectivas éticas y funcionales estos análisis destacan luces y sombras sobre los objetivos alcanzados y las deficiencias de los sistemas democráticos. Dos temas centrales son la cantidad y la calidad de las democracias actuales, así como su potencial evolución en diferentes contextos geográficos y culturales.
1) Cantidad. ¿Cuántas democracias hay actualmente en el mundo? Aquí inmediatamente surgen controversias sobre la definición, criterios e índices de medida, así como sobre las causas explicativas, consolidación y perspectivas de futuro. Resulta claro que el grupo de las democracias ha ido creciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, persiste una discusión inacabable, entre los académicos y think tanks especializados ( Freedom House, Polity, Human Rights Watch World, Bertelsmann, Economic Intelligence Unit) sobre cómo definir la frontera entre aquellos sistemas que se pueden considerar democráticos.
No se trata de una cuestión superficial. La polémica en buena parte se centra en la situación de los estados intermedios, aquellos que no pueden clasificarse como democracias liberales estrictas porque muestran déficits en los derechos y libertades, en el funcionamiento institucional o en los procesos de decisión, pero que tampoco pueden ser considerados simplemente como sistemas autocráticos. Para estos casos intermedios algunos analistas han propuesto nociones como democracias electorales, estados péndulo... Eso tiene la ventaja de mostrar el carácter continuo de los indicadores de medida (libertades, pluripartidismo, Estado de derecho, corrupción, redes clientelares, imparcialidad institucional...), pero también arrastra riesgos analíticos que incorporan consecuencias políticas.
En primer lugar, se trata de nociones que incluyen como democráticos casos que desorientan las conclusiones de los análisis. En segundo lugar, introducen una confusión conceptual en la consideración de la democracia como sistema, al clasificar como democracias electorales algunos estados que se encuentran muy alejados de las bases normativas e institucionales de las democracias de raíz liberal. Creo que si una democracia es meramente electoral y presenta déficits de funcionamiento institucional y en la práctica de los derechos y libertades, resulta un error calificarla de democracia. En tercer lugar, las conclusiones en torno a la evolución de las democracias se vuelven irracionalmente pesimistas al ver cómo algunos de estos estados intermedios han girado en los últimos años hacia prácticas autoritarias ( Hungría, Turquía, Rusia). En este sentido, la crítica establecida por Levitsky y Way (2015) a este tipo de aproximaciones me parece pertinente. No se puede hablar de regresión democrática en la última década, como hacen Freedom House, L. Diamond y A. Puddington, sino más bien de un estancamiento estable en el número de sistemas democráticos del mundo –en torno al 45% de los estados–. (Un resumen simplificado pero bien expuesto de esta polémica analítica en Vanguardia Dossier n.º 59, 2016.)
2) Calidad. En el contexto de la UE, en términos generales no se cuestiona la solidez, estabilidad y legitimación de las democracias liberales (pese al ascenso de movimientos de ultraderecha), pero al mismo tiempo se detectan déficits institucionales que afectan a su calidad. Entre los más citados: falta de una efectiva separación de poderes, fraude fiscal, clientelismo, corrupción, abuso de poder de las entidades financieras y de los grandes grupos económicos, creciente desigualdad, erosión de los servicios de bienestar, opacidad, financiación de las entidades territoriales, déficits de reconocimiento de derechos colectivos y de acomodación constitucional de las sociedades plurinacionales, gestión de fenómenos transnacionales (refugiados), falta de eficiencia y operatividad en la escena internacional (guerras, crisis fronterizas...).
El Estado español pertenece al grupo de las democracias liberales, pero puntúa bajo en términos de calidad democrática: fraude fiscal en torno al doble de la media europea, escasa separación de poderes (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo), corrupción en los principales partidos de gobierno (especialmente PP y PSOE), erosión del Estado de bienestar, poder fáctico de entidades financieras y grandes empresas (gestión de la crisis económica, privatizaciones), índices crecientes de desigualdad (en las peores posiciones de los estados de la UE), déficit estructural de reconocimiento y acomodación constitucional de la plurinacionalidad, escasa cultura del rendimiento de cuentas...
Los análisis sobre la cantidad y la calidad de las democracias comparten la con-clusión de la importancia de un buen diseño institucional más allá de las listas de derechos incluidos en el textos legales. Una conclusión que tener en cuenta en caso de reformas constitucionales o de procesos constituyentes.