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La crisis provocada por el COVID-19 obliga a reformular todos los objetivos de empleo, pero muy especialmente los que afectan a la cohesión social a nivel local. En este sentido, dentro del objetivo general de la recuperación de la tasa de ocupación y de la afiliación a la Seguridad Social, el nivel local tiene que incorporar una perspectiva especialmente sensible con las medidas que contribuyan al mantenimiento de la actividad y del empleo, a la recuperación o reconversión del tejido productivo que resulte afectado y, muy especialmente, a la cohesión social y geográfica dentro cada municipio.
En términos de atención a los ciudadanos estos objetivos obligan a ser selectivos con las medidas de empleo, priorizando las que permiten respuestas a corto plazo e impactos directos sobre la ocupación: junto a los planes que flexibilicen y faciliten la actividad, especialmente en los servicios, el fomento del empleo reclama ahora procesos de acompañamiento e itinerarios de más corta duración, servicios y programas que puedan realizarse en forma virtual o principalmente no presencial, formación en habilidades para el mantenimiento o la búsqueda de empleo, planes de creación directa de empleo en actividades de interés general o social.
Sin embargo, a pesar de la urgencia, las iniciativas públicas que se adopten no deberían perder la perspectiva de una buena planificación estratégica: la coherencia entre fines y actuaciones, la determinación de indicadores que permitan evaluar el impacto y los resultados y, en este caso, la constitución o el fortalecimiento de partenariados locales activos que incorporen a todos los actores relevantes para asegurar sinergias y adoptar un enfoque sistémico.
A partir de estas premisas, desde la asistencia técnica del Foro de Ciudades por el Empleo nos ha parecido oportuno elaborar un documento que pueda ayudar a estructurar el debate interno sobre objetivos y medidas y, al mismo tiempo, a facilitar la interlocución con terceros. Para ello, hemos formulado un “andamiaje” suficientemente amplio para dar cabida a la práctica totalidad de actuaciones de empleo, tomando siempre como base la definición legal de “políticas activas de empleo” que contempla la Ley de Empleo en su artículo 36. La estructura es también suficientemente flexible para que permita el diseño de medidas distintas, según las circunstancias de cada mercado de empleo local.
Desde otro punto de vista, este referente para la planificación de medidas en materia de empleo pretende servir de base para recopilar un catálogo de las iniciativas adoptadas por las distintas corporaciones locales, reforzando la cooperación y el aprendizaje mutuo que caracterizan a este Foro desde su inicio hace más de una década.
Formulación local de objetivos y medidas frente al COVID-19
Impacto de la pandemia provocada por el COVID19 sobre la economía y el empleo
La crisis sanitaria del COVID19 está teniendo un impacto sin precedentes sobre la economía y el empleo de nuestro país. La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2020 deja entrever las primeras consecuencias de la pandemia en el empleo.
El mercado laboral español ha vivido el peor trimestre en siete años, con la destrucción de 285.600 puestos de trabajo. Es el peor dato desde que en 2013 se destruyeron 309.000 empleos y el cuarto peor de la serie, a pesar de que la encuesta solo recoge de forma parcial el impacto del coronavirus. La tasa de paro ha escalado hasta el 14,41%. Hay otros datos que también podrían reflejar el fuerte empeoramiento del mercado en la segunda quincena de marzo. Es el caso de los hogares con todos sus miembros activos en paro, que crecen un 6% en 60.700, hasta las 1.073.800 familias, siendo el mayor aumento desde el cuarto trimestre de 2012.
La destrucción de empleo del primer trimestre afectó en términos parecidos a mujeres (-138.200) que a hombres (-147.400). Y se concentró fundamentalmente en trabajadores españoles, entre los que se destruyeron 248.600 empleos. La destrucción de empleo se concentró casi exclusivamente en el sector servicios por el fin de la campaña de Navidad y rebajas de invierno, además del impacto de los inicios de la crisis. El buen comportamiento de la industria en los dos primeros meses y medio del año hizo que terminara el trimestre en un tímido positivo, con la creación de 5.600 empleos. La agricultura perdió 9.100 ocupados y la construcción, 6.200. Casi todo el empleo que se perdió en el primer trimestre fuera temporal, con 255.300 trabajadores eventuales menos que en el trimestre anterior y una caída de 30.700 empleados indefinidos.
Entre otros muchos estudios, Fedea está publicando una serie de boletines mensuales de seguimiento de la crisis del Covid. En ellos presenta informes  y documentos de trabajo donde se recopilan y analizan las medidas económicas que se están tomando y se ofrece una serie de indicadores que permiten valorar el impacto de la epidemia y de la respuesta a la misma sobre el nivel de actividad y empleo y sobre las finanzas públicas de España.
El primer boletín, Aspectos económicos de la crisis del Covid-19, comienza con un breve análisis de la evolución de la epidemia y su incidencia sanitaria y algunas reflexiones sobre la estrategia de salida del confinamiento. A continuación se analiza el impacto inmediato de la crisis sanitaria sobe la actividad económica utilizando datos sobre el tiempo que la población dedica a distintas actividades y sobre la evolución del consumo eléctrico y del gasto realizado con medios de pago electrónicos. Todos los datos disponibles apuntan hacia un parón brusco y muy acusado de la actividad económica con el inicio del confinamiento que afecta especialmente a determinados sectores. Seguidamente los autores describen y valoran las principales medidas que el Gobierno ha ido tomando para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia y aportan algunas sugerencias para mejorarlas apoyándose en parte en otros trabajos recientes de Fedea.
Entre esos trabajos de interés se encuentra la Guía práctica para evaluar los efectos sobre el empleo  de la crisis del COVID-19 y el Plan de Choque Económico. En el estudio se estiman los efectos de la epidemia de coronavirus sobre el empleo y los flujos de entrada y salida en el mismo y se ofrecen algunas reflexiones sobre los datos que serán necesarios para el seguimiento de la crisis y el análisis de la eficacia de las medidas tomadas para paliarla y sobre los colectivos que podrían verse más afectados por la misma.
También destaca el documento Una metodología para el seguimiento de la afiliación  a la Seguridad Social durante la crisis del Covid-19, donde se actualiza el modelo estadístico de los flujos diarios de afiliación a la Seguridad Social y se estima también una variante del modelo que incorpora la demanda diaria de electricidad como variable explicativa. El primer modelo se utiliza para construir una serie contrafactual de afiliación “sin crisis” con la que comparar la serie observada para cuantificar el impacto de la crisis. El segundo se utiliza para realizar predicciones de la evolución de la afiliación en tiempo real teniendo en cuenta la evolución observada del consumo eléctrico.
Visión internacional sobre los aspectos socioeconómicos del COVID-19
El mundo está luchando contra la emergencia sanitaria mundial del COVID-19 y sus repercusiones económicas y sociales. A nivel internacional diferentes organismos e instituciones están presentado propuestas para afrontar y salir de esta crisis lo antes y mejor posible. ¿Cuáles son las repercusiones y consecuencias de la pandemia de coronavirus en nuestras vidas y en nuestras sociedades? ¿Cuáles son algunas de las soluciones que nos permitirán reforzar nuestros sistemas de salud, proteger el empleo y las empresas, garantizar una educación de calidad y estabilizar los mercados financieros y las economías?
De entre las diferentes estudios destaca la web presentada por la OCDE: Afrontar el Coronavirus COVID-19, donde se apuesta por una recuperación  que no solo provea de rentas y puestos de trabajo, sino que además incorpore objetivos más amplios relacionados con el bienestar, el medio ambiente y la biodiversidad. Según la OCDE, solo a través de este enfoque se podrá generar políticas beneficiosas de triple beneficio: para las personas, para el planeta y para la prosperidad de todos.
Dentro de esta web, destacamos dos documentos. El primero de ellos está especialmente referido a la acción local para paliar los efectos de la crisis sobre el empleo: Coronavirus (COVID-19) From pandemic to recovery: Local employment and economic development. Y el segundo está dirigido a la función de los servicios públicos de empleo: Public employment services in the frontline for jobseekers, workersand employers.
Asimismo, la Comisión Europea ha publicado un primer documento de análisis de los efectos de las medidas de confinamiento sobre el empleo (anexo): Report covid confinement measures.
Report covid confinement measures
Nueva estructura orgánica de los ministerios de Trabajo y Economía Social y Educación y Formación Profesional
El pasado 1 de mayo se publicaron en el BOE los reales decretos que regulan la nueva estructura orgánica de los ministerios de Educación y Formación Profesional y Trabajo y Economía Social,y que permiten analizar el alcance del traspaso de la competencia sobre la formación profesional para el empleo del ámbito laboral al ámbito educativo.
En concreto, según el artículo 5.3.a) del Real Decreto 498/2020 que regula la competencia de la Secretaría General de FP corresponde a esta la ordenación, desarrollo, evaluación, gestión e innovación de la formación profesional del sistema educativo y para el empleo, en concreto, respecto de esta última, la formación profesional de desempleados y la formación profesional de ocupados, incluyendo las convocatorias nacionales y las autonómicas cuando ésta respondan a formación vinculada a los certificados de profesionalidad.
Es decir, considera formación educativa, a todos los efectos, a los certificados de profesionalidad, y deja en el ámbito del Ministerio de Trabajo exclusivamente la formación en las especialidades del catálogo de FPE que, por ser no estar asociadas a títulos ni certificados de profesionalidad, no tienen ninguna implicación académica ni de reconocimiento oficial de competencias profesionales.
Hasta cierto punto, la línea de corte es lógica: queda en el ámbito de Educación todo aquello que puede tener consecuencias académicas, entendiendo por tales las que implican un reconocimiento oficial de cualquier competencia identificada en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; y los certificados de profesionalidad las tienen, en tanto en cuanto reconocen competencias del SNCP y, por ello, también fundamentan la convalidación de unidades de competencia o módulos formativos a efectos de la obtención de títulos de FP.
Sin embargo, el resultado es que todo el Sistema Nacional de Cualificaciones pasa a ser exclusivamente educativo, lo que supone renunciar definitivamente al objetivo de una visión integrada entre el ámbito educativo y laboral.  Esto es, las propias cualificaciones profesionales, la formación que acredita sus competencias y hasta el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, pasan a depender enteramente de la autoridad educativa. Son, por consiguiente, ajenas al diálogo social, a la negociación colectiva y a la propia organización funcional de las empresas y del trabajo, en general.
Como consecuencia, la disposición transitoria cuarta del RD que regula la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se refiere expresamente al Sepe y prevé el traspaso al Ministerio de Educación de las unidades y puestos de trabajo inferiores a subdirección general así como de los créditos presupuestarios correspondientes a la formación profesional para el empleo. Entre tanto, contempla su dependencia funcional de la Secretaría General de formación profesional del Ministerio de Educación.
Queda clara la plena dependencia de Educación de todo lo referente a la formación de oferta, tanto de desempleados como de ocupados. Surge la duda de si esto afectará también a la formación programada por las empresas, es decir, la antigua formación de demanda y bonificada, a la que no se refiere expresamente. En mi opinión, también pasa a depender de Educación a todos los efectos de ordenación y gestión siempre y cuando la formación que las empresas vayan a realizar esté asociada a certificados de profesionalidad, al igual que lo estaría si realizase formación conducente a titulaciones académicas.
Habrá que seguir de cerca las consecuencias de estos cambios respecto del diálogo social y la negociación colectiva, así como el impacto final en los órganos consultivos, en los recursos humanos y materiales del Sepe y en la adscripción, e incluso en la propia existencia, de la Fundae. Asimismo, será necesario evaluar las consecuencias en el ámbito de las CCAA, que tienen transferidas las competencias de gestión de la formación profesional para el empleo a través del título competencial laboral, más coherente con el encaje constitucional y con el origen de su financiación. Finalmente, parece imprescindible una adecuación a corto plazo del marco normativo, particularmente por lo que se refiere a la Ley 30/2015 y de su normativa de desarrollo.