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Organizaciones sociales y de DDHH de Venezuela difunden acción urgente ante situación del país – Red Venezolana de OSC
Defendemos los Derechos de Participación y Libre Asociación en Venezuela
Plataforma de Redes de OSC
febrero 25, 2014 Sinergia Comunicaciones articulo1
ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
24 de febrero de 2014
Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras organizaciones venezolanas, ante las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela
Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela.
Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino
Estudiantes y otros sectores sociales de la sociedad venezolana han convocado y realizado movilizaciones de manera pacífica, a lo largo de este mes de febrero. De manera sistemática funcionarios públicos de alto rango han descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que participaron en ellas.
Los discursos descalificatorios se realizan frecuentemente en el Sistema Nacional de Medios Públicos o en cadenas obligatorias de radio y televisión. Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios sectores de la sociedad venezolana. De ese modo se descalifica a la totalidad de los participantes y convocantes de manifestaciones pacíficas porque algunos participantes realizan actos violentos, que sirven de pretendida justificación a las autoridades para una respuesta represiva generalizada.
Desde el día 12 de febrero, en el contexto de las manifestaciones públicas se realizaron numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados a lugares que no tienen las condiciones mínimas para garantizar sus derechos fundamentales careciendo de ventilación adecuada, en los que se les impidió el acceso a abogados y no se les permitió suministro de alimentos por parte de los familiares. De la misma forma los detenidos denunciaron que los funcionarios habían revisado sus pertenencias, y de forma particular sus equipos electrónicos como cámaras y celulares. Menores de edad fueron detenidos en lugares de retención para adultos, en un contexto de severas represiones y torturas. Finalmente ha habido denuncias de detenidos que han sido golpeados de forma severa e incluso agredidos sexualmente y ocasionando daños a sus bienes personales.
La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por ley para ser presentados ante un juez. De la misma forma, en algunos casos los jueces han hecho presión a los detenidos, amenazandolos de no dejarlos en libertad condicional si solicitaban realización de informes forenses por las agresiones contra éstos.
En el contexto venezolano hay una restricción de la libre circulación de información en los medios de comunicación venezolanos y ello conlleva a que muchas personas tengan que procurar información en cadenas internacionales de noticias o en las redes sociales. Persisten recurrentes agresiones y ataques contra periodistas y reporteros y los bloqueos a sitios web promovidos por las autoridades venezolanas.
Los medios de comunicación tradicionales se abstienen de publicar información sobre las manifestaciones y situaciones violentas e irregulares, producto de la presión gubernamental y el temor a represalias. Muchos periodistas y reporteros sufrieron agresiones y ataques mientras realizaban cobertura de hechos violentos y la represión de las autoridades. La mayoría de los autores de estas agresiones son funcionarios policiales, o miembros de las fuerzas armadas o colectivos oficialistas armados.
Igualmente el gobierno nacional ordenó sin proceso judicial previo alguno la prohibición en las cableras de canales internacionales de noticias, el bloqueo de varios sitios web, dificultades para enviar imágenes en la red social Twitter y otras restricciones dentro del internet. Todas estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de expresión e información, ponen en peligro a personas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos, con cada vez menos espacios para expresarse y más represión para las voces críticas.
Las organizaciones que suscribimos esta acción urgente, reconocemos la obligación del Estado de mantener el orden público, pero debemos recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano.
Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
Expresamos preocupación por la actuación en la acción represiva contra los manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al gobierno. Dicha actuación, en algunas partes del país, ha sido coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional Bolivariana y cuerpos policiales estadales. Un miembro de una ONG de derechos humanos, Provea, fue víctima de secuestro, malos tratos y amenazas de muerte por estas organizaciones irregulares.
Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus cuentas en la red social Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a la fecha el presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos grupos. Tampoco la Fiscal General ni la Defensora del Pueblo han cuestionado la acción de grupos paramilitares que han ayudado a detener manifestantes, lanzar bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso contra viviendas.
Recordamos que el Estado es responsable de violaciones a los derechos humanos cuando no adopta medidas adecuadas para impedir la actuación de tales grupos armados y más aún cuando sus acciones se ejecutan con la cooperación de las autoridades.
Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa. El Estado venezolano incumple sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.
Ministerio Público y Defensoría
Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido deben ser objeto de una investigación imparcial, seria y exhaustiva por una autoridad independiente. De conformidad con la Constitución esta es una facultad que corresponde al Ministerio Público presidido por la Fiscal General de la República. No obstante, estas investigaciones no han sido llevadas a cabo con la debida diligencia, en violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Por lo cual, esta conducta de la Fiscal General de la República equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales.
En el mismo sentido, la Defensora del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Sin embargo, su actuación se ha dirigido a silenciar las violaciones a los derechos humanos de los disidentes del gobierno y a defender políticamente las actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del gobierno. Por lo cual, igualmente en la práctica la Defensora del Pueblo ha renunciado gravemente al ejercicio de sus atribuciones y deberes constitucionales.
El artículo 337 del texto constitucional establece expresamente que durante los estados de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles. Esto significa que existe una serie de garantías constitucionales que bajo ninguna circunstancia alegada pueden ser suspendidas. Al ser imposible la suspensión de las mismas durante un estado de excepción, resulta igualmente improcedente suspender el ejercicio de la acción que las garantiza.
Los Estados de excepción corresponden a situaciones objetivas de suma gravedad frente a las que se hacen insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlas. La Declaratoria de un Estado de Excepción no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, y por lo tanto los mismos deben regirse por los principios y las obligaciones de proporcionalidad, temporalidad, no discriminación. Y esta declaratoria debe decretarse oficialmente porque de lo contrario estaríamos ante un Estado de Excepción de facto inadmisible en un Estado democrático.
En la actual crisis que atraviesa Venezuela, con el lamentable saldo de doce personas asesinadas en el marco de las recientes manifestaciones, así como más de ciento veinte de heridos de bala, exhortamos al gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
Exhortamos igualmente a la dirigencia política de oposición condenar con firmeza la violencia y contribuir a generar condiciones favorables para acordar con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y productivo, frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad venezolana.
Por todo ello solicitamos que puedan escribir y promover cartas o comunicados:
Expresando preocupación por la criminalización de la protesta social, el hostigamiento sistemático a periodistas y medios de comunicación, la acción de grupos paramilitares y las garantías necesarias para una investigación independiente de los hechos violatorios a los derechos humanos.
Solicitar el cese de las recurrentes descalificaciones públicas que realizan funcionarios contra manifestantes e instarles a que cumplan con su obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión, expresión, integridad personal y debido proceso.
Instar a los diversos sectores a que establezcan mecanismos para diálogo real que posibilite el entendimiento nacional y los procedimientos adecuados para efectivamente hacer una investigación de las violaciones a los derechos humanos y que se haga justicia en cada caso.
ENVÍEN MENSAJES ANTES DEL 01 DE ABRIL DE 2014 A:
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores Caracas, Distrito Capital Venezuela
Saludo: Señor Presidente /
Enviar copias a los representantes diplomáticos de Venezuela acreditados en su país y a los cancilleres de su país.
Foro por la Vida (Vocería)
Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda,Edif. Centro Plaza Las Mercedes, PB. Local 6 Teléfonos / fax: (212) 862.10.11, 862.53.33 y 860.66.69 Caracas, Venezuela
Organizaciones del Foro por la Vida que adhieren e impulsan esta Acción Urgente:
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos –  Universidad Central de Venezuela
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Otras organizaciones que adhieren e impulsan esta Acción Urgente:
ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales)
Asociación Civil Banco del Libro
Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)
Civilis – Derechos Humanos
Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia
Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)
Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
URGENT ACTION ON SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
Member organizations of Foro por la Vida, together with other Venezuelan organizations, in light of serious violations of human rights in Venezuela
We, the undersigned organizations, given the worsening of the Venezuelan situation resulting from violence, misinformation, arbitrary detentions and other major violations of human rights that have occurred in the month of February 2014 make a call for urgent action in support of the observance of human rights, justice and peace in Venezuela.
The events taking place in Venezuela showcase the deterioration of public institutions to effectively arbitrate the diversity of political positions that exist in the country. In light of this situation it is important that various sectors of the national and international community take a stand to challenge human rights violations, calling for an independent investigation, requesting the cessation of repression and the opening of genuine dialogue.
Students and other social sectors of Venezuelan society have convened and conducted peaceful demonstrations throughout the month of February. Systematically, high-ranking public officials have disqualified these mobilizations and demonized sectors participating in them.
Disqualifying speeches are frequently featured in the National System of Public Media or through mandatory radio and television broadcasts. Acts of vandalism and street closures that have involved a minority of protesters —rejected by the organizers and broad sectors of Venezuelan society— are overexposed in such broadcasts. Thus, because some participants incur in violent acts, all participants and organizers of peaceful demonstrations have been disqualified as violent, as a justification for the authorities to widespread repressive responses.
Starting February 12, there were numerous arbitrary arrests in the context of demonstrations.  Protesters have been subjected to punishments that include torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Detainees have been taken to places without minimum conditions to ensure their fundamental rights, lacking adequate ventilation, and have been denied access to lawyers or food supply by their family. Likewise, detainees have complained that officials had searched into their belongings, and particularly their electronic equipment, such as cameras and cell phones. Minors were kept in adult detention centers, in a context of severe repression and torture. Finally, there have been reports of detainees who have been severely beaten and sexually assaulted, as well as having had their personal property damaged.
State actions regarding these arbitrary arrests offer no guarantees of due process. The authorities have failed to properly report on the number of detainees, their identities and ages. Arrests in many cases exceeded the time limits established by law to be brought before a judge. Likewise, in some cases judges have threatened detainees with keeping them imprisoned, instead of on probation, if they requested forensic reports of attacks against them.
In this context, there is a restriction of the free flow of information in the Venezuelan media, and this leads many people to seek information through international news networks or social networks. Attacks and aggressions against journalists and reporters persist as well as blockings of websites, promoted by the Venezuelan authorities.
Traditional media refrain from publishing information about the demonstrations and violent and irregular situations, due to government pressure and fear of reprisals. Many journalists and reporters have been assaulted or attacked while covering violent events and repression from authorities. Most of the perpetrators of these attacks are police officers, members of the armed forces or pro-government armed groups.
Likewise, without due process, the Venezuelan Government ordered cable companies to take international news channels off from their programming, and as well blocked access to several websites, made it difficult to upload and send images through Twitter and created other restrictions within the internet. These policies lead to serious restrictions to freedom of expression and information, endangering people and impeding the exercise of their rights, with less and less space for expression and repressing critical voices.
The undersigned organizations of this Urgent Action recognize the State’s obligation to maintain public order, but we must remember firmly that this responsibility should be carried out in strict compliance with the Venezuelan Constitution and international standards in this matter. All in accordance with the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the United Nations, and the landmark judgment in the Caracazo Case, dictated by the Inter-American Court of Human Rights which is binding for the VenezuelanState.
All measures for restoring order must be compatible with human rights and the principles of a democratic society. The VenezuelanState has a constitutional obligation to adjust its operational plans to control public order to reestablishing order, providing various means for differentiated use of force, maintaining independent functioning of the Judiciary, respecting and guaranteeing due process and providing judicial guarantees for all persons.  As well, it must implement crowd-control techniques that minimize the need to use force, employing methods of persuasion, negotiation and mediation, as well as complying with the constitutional ban on the use of firearms and toxic substances in controlling peaceful demonstrations, as is enshrined in Article 68 of the Venezuelan Constitution.
We express deep concern regarding repressive actions against the demonstrators by paramilitary pro-government groups. In some parts of Venezuela, these actions have been coordinated with the National Guard, the Bolivarian National Police and state police forces. A member of the Venezuelan human rights NGO Provea was a victim of kidnapping, beatings and death threats by these irregular organizations.
Some senior State officials, through their accounts on the social network Twitter, have encouraged the actions of such groups.  To date, President Nicolas Maduro has made no condemnation of those groups. Neither the Attorney General nor the Ombudswoman have questioned the actions of paramilitary groups that have helped to contain demonstrators, through tear gas and gun shots, even against family homes.
We recall that the State is responsible for violations of human rights when not taking adequate measures to prevent the actions of such armed groups and even more when their actions are executed with the cooperation of the authorities.
Situation of human rights defenders in Venezuela
The conditions under which human rights defenders carry out their work in Venezuela have deteriorated significantly. The Venezuelan State has failed to fulfill its obligations to provide the necessary means for human rights defenders to conduct their activities freely; to protect them when they are threatened, to prevent attacks on their lives and personal integrity; to refrain from imposing obstacles to the realization of their work, and to conduct serious and effective investigations regarding violations against them, preventing impunity.
When the political polarization in Venezuelan society is at peak levels, the attitude of the Venezuelan State towards NGO´s and human rights defenders changes: from neutralizing the actions of human rights defenders by adopting a defensive strategies against criticism from the sector, to the adoption of a clear policy of confrontation and public discrediting, which has caused serious consequences. Evidences of this change are public and notorious: holders of highest public office not only fail to recognize their work as human rights advocates, but also make serious allegations against organizations and human rights defenders, among them as “traitors to the motherland”.
Public Prosecutor and Ombudsman
Instances of violence and human rights violations that have occurred should be subject to a fair, serious and thorough investigation by an independent authority. In accordance with the Venezuelan Constitution this is a responsibility of the Public Ministry, chaired by the Attorney General’s Office. However, these investigations have not been carried out with due diligence, in violation of constitutional and international obligations of the State. Therefore, this conduct of the Attorney General amounts to a serious renunciation of her institutional functions.
Similarly, the Ombudswoman is responsible for the promotion, protection and monitoring of human rights. However, her performance has been directed at silencing human rights violations against government dissidents and to politically defend the arbitrary actions of the State´s security forces. Wherefore also in practice the Ombudswoman has severely declined to exercise her constitutional powers and duties.
Article 337 of the Venezuelan Constitution expressly provides that during states of exception guarantees enshrined in the Constitution may be temporarily suspended, except those relating to the right to life, prohibition of solitary confinement and torture, the right to due process, the right to information and other intangible rights. This means that there are a number of constitutional guarantees that under no alleged circumstance may be suspended. As it is impossible to suspend them during a state of exception, it is equally inadmissible to suspend the exercise of legal warrant actions.
States of exception correspond to objective situations of extreme gravity against which the ordinary means available to the State are insufficient to meet them. The Declaration of a State of Exception does not allow public authorities to act in disregard of the law, to which must adhere at all times. Therefore they must abide by the principles and obligations of proportionality, timeliness, and non-discrimination, and this declaration must be officially decreed because, otherwise, this would be a de facto State of Exception, inadmissible in a democratic state.
In the current Venezuelan crisis, with the unfortunate deaths of 12 people in the context of the recent demonstrations, and over 120 wounded by gunfire, we urge the Venezuelan Government to create minimum conditions that allow for a democratic solution to the conflict, which involves refraining from the criminalization of dissenting opinions, recognizing the social and political factors critics of the government, opening spaces for dialogue and ensuring the exercise of the right to peaceful demonstration.
We also urge opposition political leaders to strongly condemn the violence and to generate conditions favorable to establishing with the government a minimum agenda for a sincere and productive dialogue, in order to face the various problems affecting Venezuelan society today.
We therefore urge to write letters, press releases or communiqués:
Expressing concern at the criminalization of social protest, the systematic harassment of journalists and media, the actions of paramilitary groups and calling for guarantees necessary for an independent investigation of human rights violations;
Calling for the cessation of recurrent public insults against demonstrators by State officials and urging them to fulfill their obligation to guarantee the rights to freedom of assembly, expression, personal integrity and due process;
Urging the different sectors to establish mechanisms for a real dialogue that enables national understanding and the implementation of proper procedures to effectively investigate violations of human rights and to achieve justice in each case.
SEND MESSAGES BEFORE APRIL 1st TO:
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores Caracas, Distrito Capital Venezuela
Send copies to Venezuelan diplomatic representatives and to the Foreign Affairs Ministers in your country
Foro por la Vida (Spokes group)
Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edif. Centro Plaza Las Mercedes, PB. Number 6 Phone numbers/fax: +58-212-862-1011 / 53.33 and 860-6669
Organizations members of the Foro por la Vida who sign and promote this Urgent Action:
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos –  Universidad Central de Venezuela
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Other organizations who sign and promote this Urgent Action:
ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales)
Asociación Civil Banco del Libro
Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)
Civilis – Derechos Humanos
Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia
Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)
Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
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Nota de Prensa / Comunicado de la FANB en apoyo a la Asamblea Nacional, resultante de votación del #6D, viola la Constitución