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noviembre 6, 2018 Sinergia Comunicaciones
Se señala el silencio por parte de los organismos nacionales, y la ineficiencia en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana
Prensa Cadef. – En la mañana de este lunes 5 de noviembre, un equipo del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), presentó ante la defensoría del pueblo del estado Carabobo una denuncia en rechazo a los 148 casos de muertes violentas a jóvenes que se han perpetrado en la región.
El equipo de Cadef como parte de la sociedad civil organizada y preocupado por el silencio de cifras oficiales por parte del Estado, ha venido realizando un monitoreo de muertes violentas a jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años, a través de los medios de comunicación digitales e impresos del estado.
Desde el 8 de febrero al 28 de agosto se han podido registrar 148 muertes, y se ve con preocupación que 52,7% han sido perpetradas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, demostrando el ajusticiamiento que existe hacia la población juvenil.
El 11 de mayo del año vigente se realizó la primera denuncia correspondiente a lo casos del 2017 y del primer trimestre del 2018, la segunda se realizó el 30 de agosto, y a pesar de que se cuenta con la constancia firmada por los entes del Estado de recibirla, en las ocasiones que se ha solicitado información expresan que no se encuentran en el sistema.
A pesar del trabajo que se ha venido realizando, el Estado insiste en señalar a los defensores de Derecho Humanos como conspiradores.
Estas situaciones evidencia que hay un silencio por parte de los organismos nacionales, haciéndoles cómplices de negar la justicia a todas las víctimas, pues desde la primera interposición de la denuncia, no se ha recibido respuesta.
La responsabilidad del Estado en tema de prevención, investigación y sanción es ineficiente, no se están cumpliendo los principios constitucionales de la celeridad y de la tutela judicial efectiva. Es por eso que se reitera el llamado de exigencia con la publicación de cifras oficiales y la creación de políticas publicas eficaces y eficientes en materia de seguridad ciudadana.
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