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Carmen Polledo, presidenta del bloque del PRO en la Legislatura porteña, describió en diálogo con la radio Frecuencia Zero cómo se llevó a cabo la reunión que mantuvieron diputados porteños y delegados del asentamiento ocupado a fines de febrero en el barrio de Villa Lugano.
Polledo expresó que la intención de todos es evitar un desalojo violento, y sostuvo que existen dos causas judiciales por la toma el ex cementerio de autos de la Policía Federal: una por la ocupación de las doce hectáreas y otra por el cumplimiento de la Ley 1.770, sancionada en 2005, que exige la urbanización y saneamiento del predio, que se encuentra altamente contaminado con plomo y otros metales tóxicos.
Según explicó Polledo en contacto con el programa Código de Barras, de la radio Frecuencia Zero, los legisladores de todos los bloques de la Legislatura porteña trabajan para alcanzar un acuerdo con los delegados del barrio, que hace días fue bautizado con el nombre de “Papa Francisco” por los propios vecinos que desde el 24 de febrero sostienen la ocupación de esas tierras, en un espacio lindero a la Villa 20 en el barrio de Lugano. “Queríamos tener un ámbito de escucha, poder identificar a los delegados y representantes de este grupo enorme de personas que ingresaron al predio. Queríamos sentarlos a charlar con ellos de primera mano. Vinieron 21 delegados y cinco diputados de toda la oposición y algunos diputados del PRO para escucharlos”, relató Polledo, presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento de la Capital Federal.
Por otra parte, uno de los delegados, Emanuel Ríos, contó que se acercaron a la reunión con los diputados de todos los partidos políticos de la Ciudad para explicar cuál es la situación habitacional de todos los habitantes del barrio, y también para exigir que se lleve a cabo el saneamiento del predio y la urbanización del terreno por etapas, evitando un desalojo que incremente “aún más la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires”.
Polledo indicó que “les dejamos en claro que hoy en día existen dos causas judiciales, una por la toma propiamente dicha, es decir, por la ocupación del terreno que hasta hace tres años administraba la Policía Federal. Esa causa está a cargo de la jueza Gabriela López Iñiguez; y por otra parte, otra causa que busca avanzar en la urbanización del predio y la remediación del suelo, tal como lo ordena la Ley 1.770 sancionada en 2005, a cargo de la magistrada Elena Liberatori.
Los escuchamos, ellos manifestaron un montón de cuestiones y mi obligación es trasmitirle todas las inquietudes al Ejecutivo. Todas las fuerzas coincidimos es que nadie está a favor de que no exista un desalojo violento.
Desde que se conformó el nuevo asentamiento, por la noche del lunes 24 de febrero, la construcción de casillas avanza a pasos agigantados: en un comienzo, las construcciones eran mayoritariamente precarias, con cartones, chapas y maderas, mientras que hoy en día ya se ven casillas de ladrillos y cemento. En las puertas de ingreso al predio existen móviles de la Policía Metropolitana que impiden el ingreso de materiales de construcción, pero de todos modos los vecinos se las rebuscan para ingresarlos por la Villa 20, que se encuentra a pocos metros.
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