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La Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que el magistrado instructor, Pablo Llarena, ha relegado a un papel secundario en la investigación, intentará replantear la euroorden para abordar delitos que no figuraban en la solicitud enviada a Alemania para la extradición de Carles Puigdemont. Fuentes judiciales señalan entre esos delitos el de conspiración y acción anticonstitucional (artículos 83 y 89 del código penal alemán).
En un contacto, previsto para hoy jueves, entre Francisco Jiménez Villarejo fiscal español en Eurojust –unidad de coordinación judicial europea en La Haya- y su colega alemán se intercambiará información sobre el procedimiento.
Esa expectativa no se ha visto satisfecha. La Fiscalía de Schleswig, que defendió la entrega de Puigdemont por rebelión y malversación, podía haber invocado ante los jueces alemanes el artículo 2.4 del acuerdo marco de la orden europea de detención y entrega de 2002.
Según dicho precepto “para los delitos distintos de los mencionados en el apartado 2 [en los que no figura el de rebelión] la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo".
Los fiscales españoles, que no han tenido contacto directo con los fiscales alemanes ni antes ni después de la resolución, esperan presentar su criterio de “extralimitación de jurisdicción” en la reunión que mantendrá Jiménez Villarejo, según se ha apuntado, con su colega de Eurojust, en La Haya.
Pero aparte del intercambio con los fiscales alemanes, la Fiscalía del Supremo trabaja en un escrito de ampliación de la euroorden para incluir otros delitos.
En principio, se baraja el de conspiración para la rebelión en correspondencia con el artículo 83 del Código Penal alemán: "preparación de operación de alta traición".
He aquí el texto: "1. Quien prepara una determinada operación de alta traición contra la Federación será castigado con pena privativa de la libertad de uno a diez años, en casos menos graves será de tres meses hasta cinco años 2. Quien prepara una determinada operación de alta traición contra un Estado será castigado con pena privativa de libertad de un mes hasta cinco años".
El otro delito que se estudia solicitar es el que se refiere a la sustracción del control de los Mossos, el que en el código alemán equivaldría al artículo 89: "acciones anticonstitucionales contra el Ejército y los órganos de seguridad pública".
Los fiscales sostienen que la conducta del la Generalidad encaja el precepto alemán en el sentido de que se ha actuado "metódicamente para minar su disponibilidad obligatoria  para la protección de la seguridad de la República Federal de Alemania o del orden constitucional…".
Problema: mientras es el fiscal quién tiene la facultad de solicitar la euroorden al juez, en este caso, al ser una ampliación o informe complementario, el juez ya no depende del fiscal y podría hacerlo por su cuenta.
En otros términos: el juez instructor, Llarena, tiene que admitir la solicitud y no está obligado a ello.
Y para aceptarla tiene que estar de acuerdo con abrir el camino a una rebaja del delito de rebelión, en cuya defensa Llarena, a diferencia de la magistrada Carmen Lamela, ha basado toda la instrucción.
Esa aceptación, pues, está por ver.
Llarena sigue con su plan de dictar el auto de conclusión del sumario durante el mes de junio. Para ello tiene que dar solución procesal a la situación de los procesados que están sometidos a procedimientos de extradición (Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluis Puig y Marta Rovira).
La idea, según señalan fuentes judiciales, sería abrir una pieza separada para cada uno de ellos a expensas de lo que vaya ocurriendo en Alemania, Bélgica,  Reino Unido y Suiza), y avanzar con el auto de conclusión para los demás.