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El Partido Comunista y demás grupos se oponen al nuevo código que gestiona las disputas electorales - Russia Beyond ES
Argumentan que las autoridades quieren imponer más restricciones a los grupos políticos y a los ciudadanos. Fuente: Kommersant
La postura recientemente adoptada por la Duma del Estado, en cuanto a la restricción de los derechos políticos de los partidos y ciudadanos, obtiene una respuesta polémica por parte de políticos y expertos.
Después de que la Duma del Estado ruso se posicionara a favor de un nuevo código de legislación administrativa que regulará las disputas entre ciudadanos, partidos políticos y gobierno -y, en concreto, gestionará las denuncias sobre los resultados de las elecciones-, los politólogos y políticos rusos expresaron su opinión en relación con esta postura.
Mientras que algunos consideran inconstitucional y “superficial” esta actitud, otros argumentan que ayudará a profesionalizar y equilibrar el sistema electoral ruso.
El pasado 21 de mayo, el parlamento ruso brindó su apoyo al proyecto del Presidente Vladímir Putin para la creación de un nuevo código administrativo, propuesto el pasado marzo. Putin ya mencionó dicha iniciativa en diciembre de 2012, en un discurso ante la Asamblea Federal, donde propuso la modificación del Código Civil vigente.
“La necesidad de crear este tipo de legislación surge de la falta de relaciones de igualdad entre las partes (gobierno, partidos políticos y ciudadanos), y se espera que las modificaciones ayuden a “estabilizar este desequilibrio”, explicó al periódico Kommersant el portavoz presidencial de la Duma, Garry Minj.
No obstante, la legislación propuesta contiene varias modificaciones polémicas que podrían restringir los derechos tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía, apelando a la lucha contra el fraude electoral y otras falsificaciones durante las elecciones. Por ejemplo, se reduciría el plazo límite para apelaciones por parte de los partidos políticos; y además, se evitaría que los ciudadanos de a pie enviasen denuncias sobre los resultados en las urnas.
Políticos y expertos politólogos rusos se encuentran divididos en sus valoraciones de dicha legislación.
Dmitri Orlov, miembro del partido Rusia Unida, recibió la nueva ley con los brazos abiertos, como intento de “profesionalizar el proceso electoral” y minimizar “la cantidad de solicitudes infundadas” de apelación contra la Comisión Electoral Central.
“A primera vista, el código parece razonable”, dijo Orlov. “A veces el pueblo no puede presentar solicitudes bien fundamentadas y detalladas (para apelar a la justicia). Por otro lado, el hecho de reducir los plazos para las denuncias podría hacer que los partidos recogieran todos los documentos sin demora”.
En contraste, Vadím Soloviov, del Partido Comunista, se opone a las modificaciones y las tacha de inconstitucionales. En su opinión, prohibir al público en general las apelaciones contra fraude electoral viola la Constitución y el Código Civil.
“Ésta es una decisión ilegítima”, dijo Soloviov. “Hay motivaciones políticas detrás de este posicionamiento. Significa que el gobierno va a imponer mayores restricciones sobre la legislación electoral, lo que limita las libertades democráticas durante las elecciones”.
El miembro del Partido Comunista argumenta que la reducción de los plazos para apelaciones a las cortes aumentará la carga burocrática que soportan los partidos políticos y hará disminuir sus posibilidades de cumplimentar toda la documentación necesaria a tiempo.
“En realidad, debería contemplarse como una fuerte restricción”, añadió Soloviov. “De hecho, la legislación servirá los intereses de Rusia Unida, el partido gobernante”.
Del mismo modo, Yuri Korguniuk de INDEM, think-tank con sede en Moscú, cree que la propuesta de legislación administrativa ayudará a las autoridades a expandir sus oportunidades a la hora de desestimar apelaciones de los ciudadanos.
Considera que las modificaciones son “seudo-judiciales” y “superficiales”, en especial con el telón de fondo de los eventos políticos recientes, como las inspecciones por parte de ONG y perjuicio de su historial de derechos humanos.
“Putin ha seguido por esta senda (de restricciones) desde que llegó al poder”, dijo Korguniuk. “Anteriormente, las cortes rusas siempre daban largas antes de aprobar apelaciones (que venían de ciudadanos). Y esta ley no es gran cosa, en efecto. Podría haber sido causa de angustias cuando Putin asumió el poder, pero ahora no nos sorprende y es demasiado evidente”.
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Gueorgui Chizhov, del Centro de Tecnologías Políticas, describe las modificaciones como “simbólicas” y “preventivas”.
“Las autoridades hacen señas a los partidos de la oposición para decirles que no deberían depositar demasiadas esperanzas en una victoria para las próximas elecciones”.
Al mismo tiempo, Chizhov ve la prohibición de cumplimentación de apelaciones por parte de los ciudadanos como “sospechosa”, pues pone en duda los derechos del pueblo a unas elecciones justas.