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El lunes pasado, delegados gremiales de los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja se encadenaron en la puerta del Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de indemnizaciones adeudadas. El conflicto iniciado en diciembre de 2015, lejos de cerrarse, se profundiza.
Delegados de los trabajadores de Cresta Roja realizaron una medida de fuerza para reclamar indemnizaciones por la antigüedad resignada a partir de la firma de nuevos contratos con Proteinsa, el consorcio que administra la empresa desde su quiebra en diciembre de 2015, que no se hicieron efectivas. Consiguieron un compromiso para cobrar una parte el viernes próximo.
Dos semanas atrás, habían realizado un paro de 72 horas, que levantaron ante la promesa de que el 12 de mayo iban a regularizar los pagos. Eso no sucedió y, en señal de protesta, desde esa fecha trabajan a la mitad de su capacidad. El encadenamiento a las puertas del Ministerio de Trabajo de los miembros de la Comisión Interna, es, quizás, el punto más álgido de la lucha que llevan contra los nuevos dueños. Parecen querer demostrar que son capaces de ir tan lejos como sea necesario.
El conflicto viene de larga data. Días después del cambio de gobierno, en diciembre de 2015, Rasic Hermanos decidió cerrar la fábrica avícola ubicada en Esteban Echeverría, dejando a sus 900 operarios sin trabajo. Luego de varias medidas de fuerza, entre ellas cortes en la Autopista a Ezeiza, que fueron reprimidos y dieron al problema resonancia nacional, el Gobierno otorgó la administración de la empresa a Proteinsa. Los trabajadores consiguieron mantener una parte de los puestos de trabajo y la promesa de reincorporación de los restantes; y perdían la antigüedad a cambio de una suma fija, a pagar en cuotas. Esa es la indemnización que reclaman que se les pague.
Al conflicto por las indemnizaciones, se suman 400 operarios que aguardan la reincorporación que la nueva gestión había prometido, luego de ser echados por los dueños anteriores. Para ganar la licitación de la compra de Cresta Roja, Proteinsa, además de ofrecer 121 millones de dólares, había proyectado un incremento de la producción, para pasar, de 180 mil pollos al día, a 400 mil. Nada de todo eso ocurrió.
Los trabajadores denuncian al Gobierno Nacional por su inacción ante los incumplimientos del consorcio. El delegado gremial, Julio Gramajo, expresaba a Abran Paso: “El Gobierno se había comprometido con nosotros, dijeron que iban a dar una mano para destrabar esto y no lo hicieron, y por eso estamos acá”.
El próximo viernes aparece como un punto de inflexión. Queda por ver qué papel juega el ministro de Trabajo, Jorge Triacca, si Proteinsa no hace los pagos correspondientes. Los trabajadores, por su parte, aprendieron en estos años a desconfiar de las autoridades empresariales y gubernamentales, y las enfrentan de manera abierta. Seguramente no se amilanarán ante las amenazas de despidos y suspensiones, que en estos conflictos suelen abundar.
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