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JOSÉ PABLO GIRAULT RUIZ, en representación de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil y personas que integramos el colectivo #SeguridadSinGuerra me dirijo respetuosamente a este Alto Tribunal, a fin de solicitar que se celebren audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior. La resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país.
El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conlleva la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública. Asimismo, una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor. En este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados.
Los componentes fundamentales de nuestro sistema constitucional –el carácter civil de su gobierno, la eficacia del sistema federal, la separación efectiva de poderes y, por supuesto, la protección de los derechos humanos, se ven involucrados directamente por la legislación impugnada. Además, la complejidad de la materia y el volumen de la evidencia reunida a lo largo de los últimos tres lustros sobre el impacto, en la práctica, del uso de las Fuerzas Armadas, en contacto con la población civil, en materia de seguridad, amerita un desahogo exhaustivo y transparente. Por estas razones, creemos oportuno que la Suprema Corte repita el ejercicio realizado en casos de complejidad y relevancia semejantes.
Retomamos y hacemos propias las palabras que usted, en su carácter de Ministro Presidente, expresó la semana pasada en el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, en el sentido de que “el 68 nos
dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de la voz de los jóvenes; que jamás deben cerrarse los canales de comunicación; que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia; que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad para la construcción de un mejor México más incluyente y – desde luego, con ello- más en paz”.
No es otro, sino ese anhelo de un México incluyente y en paz, lo que sustenta nuestra petición. El momento que atravesamos es histórico y la construcción de esa paz debe lograrse entre todas y todos. Para que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas. Para que nunca más exista represión sobre el ejercicio de derechos y para que la justicia constitucional se fortalezca.
Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
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