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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido arrestado en la isla de Cerdeña donde se había desplazado para reunirse con unos alcaldes. La detención ha sido en virtud de la orden de detención internacional cursada por el Tribunal Supremo por la causa de sedición por el 1-O, según confirman a La Vanguardia fuentes del Alto Tribunal.
Puigdemont en el pleno de Bruselas en el pasado julio de 2020
El expresident iba a acudir mañana a la asamblea de alcaldes y concejales independentistas de Cerdeña y reunirse con representantes de los partidos sardos, a quienes iba a agradecer su apoyo al derecho de autodeterminación de Catalunya.
Puigdemont, detenido en Cerdeña por orden del Supremo
Sobre Puigdemont pesa una orden nacional, europea e internacional de detención acordada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena que instruyó la causa por el 1-O. El Supremo reactivó la euroorden después de dictarse la sentencia que condenó al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas por aprobar las leyes de desconexión y organizar el 1-O. Una vez reactivada, fuentes del tribunal explican que la euroorden nunca se volvió a desactivar a pesar de la inmunidad parlamentaria que obtuvo tras lograr un escaño como eurodiputado.
La inmunidad se levantó por el Parlamento Europeo y el Tribunal General de la Unión Europea mantuvo la retirada de la inmunidad hasta que resuelva el recurso que ha presentado Puigdemont para que se le mantenga la protección.
Según un comunicado oficial de su oficina, ha sido arrestado por la policía fronteriza italiana al llegar a Alghero y mañana será puesto a disposición de la corte de apelación de Sàsser, que es la competente para decidir su puesta en libertad o extradición a España.
Puigdemont abandonó España justo cuando la Fiscalía interpuso una querella contra los líderes independentistas por un delito de rebelión por el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La sentencia finalmente fijó que habían cometido un delito de sedición. Desde entonces, Puigdemont está perseguido por la Justicia. Ya fue detenido en Alemania, aunque la justicia se negó a entregarle a España por un delito de rebelión o sedición.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont  se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster en Alemania,  EFE/FOCKE STRANGMANN
El expresidente catalán se había afincado en Bélgica, donde su justicia tampoco apoyaba su entrega a España para ser juzgado. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, Puigdemont logró un escaño y obtuvo la inmunidad parlamentaria.
No obstante, el pasado mes de julio la justicia europea le dejó sin inmunidad parlamentaria. El Parlamento había suspendido su inmunidad y aunque inicialmente el Tribunal general de la UE suspendió el acuerdo de la cámara, a finales de este mes de julio revocó su anterior decisión. La resolución alegaba que no había riesgo de detención contra el expresidente.
Tras conocer la noticia, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha sostenido en su cuenta de Twitter que la razón por la que la justicia europea retiró la inmunidad porque las euroórdenes estaban retiradas. "España informó al Tribunal General y así se recoge en la resolución del pasado 30 de julio, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima", sostiene el letrado.
Paralelamente, el magistrado Llarena planteó en marzo una cuestión prejudicial ante el tribunal de Justicia de la UE para que se posicione sobre la postura de Bélgica en las OED ya que rechazó la entrega del exconseller Lluis Puig, en su caso solo procesado por un delito de malversación de caudales públicos.
La justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont porque no ve riesgo de detención
Llarena plantea una cuestión prejudicial a Europa sobre las euroórdenes
La Audiencia de Apelación de Bruselas dijo que no iba a entregar a un ciudadano para ser juzgado en el Tribunal Supremo español cuando éste órgano no era el competente para ello. Llarena considera que la justicia belga claramente se ha extralimitado al entrar a valorar qué tribunal de España es el competente para ello y ha incumplido la decisión marco 2002/584/JAI que lo establece.
Fuentes del alto tribunal explican que la cuestión prejudicial planteada no influye en la euroorden porque solo se refería a aclarar una cuestión sobre la decisión que tomó Bélgica respecto que otro exconseller, y nada tiene que ver si la justicia italiana ahora analiza la cuestión de otro modo.