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Este 18 de septiembre se cumplieron 16 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Desde el Espacio de Lucha Nilda Eloy desarrollamos en 20 puntos la historia de su secuestro durante la última dictadura cívico-militar, su posterior liberación, su participación como testigo en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y su nueva desaparición en democracia. Por Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata.
El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparición forzada de Jorge Julio López, militante político en la década del ’70 y sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detención de la Policía Bonaerense y como tal testigo de cargo, en el marco del primer juicio oral de envergadura que llegaba a sentencia en Argentina con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar. Esa causa judicial sentó precedente dentro del derecho argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de Genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial que contemplaba ese delito en nuestro país. López fue desaparecido el mismo día donde debían exponerse los alegatos de su querella, en el juicio seguido contra el ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Dos días después de la desaparición de López, apareció un cadáver acribillado con disparos calibre 9 mm, y calcinado, en el camino entre Villa Elisa y Punta Lara, lugar paradigmático para la ciudad de La Plata donde las organizaciones paramilitares de la derecha peronista CNU y Triple A asesinaban a los militantes populares en el período de terrorismo estatal previo al golpe de 1976. En ese hecho la propia Policía bonaerense informó a la prensa que el cadáver correspondía a Jorge Julio López. Este homicidio fue el primer hecho mafioso para generar confusión en la investigación de la desaparición de López: la persona había sido asesinada el día martes 19 (fecha en que se leía el veredicto de la causa Etchecolatz) y calcinada al día siguiente. La identidad de la persona nunca fue corroborada, si bien se supo posteriormente que los rasgos no se correspondían con las características de López.
A fines de noviembre de 2006 apareció un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López. Si bien correspondían a la familia, no se pudo determinar desde cuándo estaban allí. Las pericias de la Gendarmería y la Policía bonaerense son contradictorias: una mencionaba que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín, la otra afirmaba que hacía más de tres meses que estaban a la intemperie. Lo único cierto fue que a dos meses del hecho el lugar del hallazgo nunca había sido rastrillado debidamente. Por ese jardín habían pasado varias veces el gobernador Felipe Sola y el ministro de seguridad León Arslanián en visita a la familia. Para los organismos de DDHH fue un nuevo mensaje mafioso.
Desde el comienzo de su intervención en la causa López, la Policía Bonaerense se encargó de sembrar pistas falsas y estropear las más creíbles. Realizaron un rastrillaje en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, a solo 5 días de la desaparición de López y sin que de la causa surjan motivos suficientes. En el operativo participaron cinco policías, tres de la División Canes y dos de la Comisaría 3ra. de Los Hornos a cargo del capitán Eduardo Zaffino, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Según los testimonios de los propios policías, los perros se dirigieron desde la ruta hasta la casa de Rubén Darío Durso, Delegado Municipal de Atalaya.En lugar de agotar el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros quedaron afuera. Luego se llevaron los perros y sin labrar acta dejaron dos vigilantes de guardia. La misma noche una comitiva volvió a la casa de Durso, con los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro y el capitán Zaffino, luego condenado por el fusilamiento de Darián Barzábal en un patrullero de la Comisaría 3ra de Los Hornos, en un hecho ocurrido en enero de 2007. Pese a que los perros reconocieron en la casa prendas y un colchón con rastros de López, desviaron los rastros y abandonaron el rastrillaje por «lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante». Idénticas irregularidades se produjeron con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la policía bonaerense.
9. EL ALLANAMIENTO CANTADO
Desde el primer momento los organismos de DDHH sostuvieron que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz, donde se encontraban alojados Etchecolatz y otros genocidas. Se pidió que el juez realizara un allanamiento. Sin embargo, el procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que por sentido común debe llevarse a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario, y en la que puede participar el juez y la querella. Sin embargo, diez días antes el juez se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación pidiéndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en el penal de Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial y con la participación de integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Bonaerense.Recién en octubre de 2014 los fiscales Marcelo Molina y Juan Martin Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del SPF, por irregularidades en el registro de visitas al pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz en los meses siguientes a la desaparición de López.
En el allanamiento cantado se secuestró una agenda perteneciente a Etchecolatz. Allí figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, policía bonaerense en actividad que había actuado en Interpol durante la dictadura y que vivía a 5 cuadras de la casa de López. Un vecino de López había dicho en la causa que lo había visto la mañana de su desaparición «entre la verdulería y Edelap», es decir, en calle 66 entre 137 y 138, parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como buscando algo. En esa exacta dirección vivía Gopar, que además era una de los 9 mil agentes de la Bonaerense de la dictadura que estaban activos al momento de la segunda desaparición de López.Citada a declarar en el Juicio por la Verdad en septiembre de 2007, Gopar dijo «no fui secretaria de Etchecolatz», «estuve muy poco en la dirección de Investigaciones. Viví con carpetas médicas». Aseguró que no conocía a Etchecolatz y al preguntársele de dónde habría sacado su número telefónico Etchecolatz, afirmó «no sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé».A pedido de la querella se ordenaron tareas de inteligencia, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó seguimientos e intervino sus líneas de teléfono. Frente a la trascendencia pública de la pista, el ministro León Arslanián decidió pasar a retiro a Gopar en una fecha simbólica, el 18 de septiembre de 2007, fecha del primer aniversario de la desaparición de López. Otro dato inquietante aportaba sospechas: Gopar era oriunda de Pehuajó, ciudad donde Etchecolatz había trabajado a comienzos de los setenta y de donde era oriundo el médico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz. Pese a las evidencias de que la mujer había mentido ante la justicia, y ante los pedidos de allanamientos de su casa por la querella de la causa, ni el juez Corazza ni el fiscal Sergio Franco aceptaron avanzar.A fines de 2008 la pista de Susana Gopar volvió a activarse. Algunas de las escuchas de la PSA sobre la sospechosa fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (denominada «Ojota» por sus siglas) y nunca fueron devueltas para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regresó. La cuenta de correo electrónico de Gopar también fue interceptada, y pese a que había información sobre el CCD de Arana, nunca se profundizó la investigación. Finalmente, Susana Gopar se mudó de su casa de Los Hornos sin ningún allanamiento.
Existió una mecánica de «blanqueo» en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela y sin control judicial por las fuerzas de seguridad e inteligencia, que solo a partir de los reclamos de los organismos de DHH fueron ingresadas al expediente. Para colmo, varias pistas importantes de las investigaciones fueron entregadas por el gobernador Felipe Solá a una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77. Otra pista donde una de las personas investigadas tenía relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, oficial activo en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) de la Bonaerense durante la dictadura. Eso quiere decir que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido en 1976. Farinelli llegó a Jefe de esa Dirección en 1997 y fue hasta 2007 titular de un organismo de similares funciones, la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito. Mientras tanto, algunas otras líneas de investigación derivadas de testimonios inverosímiles ocuparon cientos de fojas. Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante en la causa, «por la noches se convierte en águila». La justificación policial de la inclusión de este elemento en la causa fue que «en uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata». Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.
La querella de los organismos de DDHH requerimos al juez Corazza que pidiera al Servicio de Inteligencia del Estado todo el material de sus tareas de inteligencia previo al juicio a Etchecolatz de 2006. La SIDE negó haber efectuado tareas respecto de ese juicio pero, con un contenido claramente intimidatorio, envió un informe sobre el juicio al capellán policial Christian Von Wernich, siguiente juicio oral en La Plata. Por otra parte, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno de Néstor Kirchner, la SIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y radio Nextel para entorpecer la investigación: generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos, medidas básicas en la investigación de un secuestro. Además figuran en la causa detallados informes de inteligencia de la SIDE respecto de familiares, vecinos y amigos de López, pero ni una sola línea sobre el entorno de Etchecolatz.
El gobierno kirchnerista, que cooptó y se embanderó con la lucha de los organismos de Derechos Humanos, jamás se ocupó debidamente del caso López. La primera respuesta que tuvimos fueron afirmaciones del ministro del Interior Aníbal Fernández que minimizó el tema diciendo que López podía «estar tomando el té en la casa de la tía». El presidente Néstor Kirchner dio varios encendidos discursos pidiendo (sin mencionar si a Dios o a la casualidad) por la aparición de López. Sin embargo con el tiempo dejó de mencionar al «compañero Tito» y se olvidó del tema. El gobernador Felipe Solá trató tardíamente de ofrecer un programa de «Vigilancia y Atención de Testigos en grado de Exposición» para atender a los testigos con residencia en territorio bonaerense. En una entrevista con el Ministro de Seguridad León Arslanián, los organismos de DDHH recibimos la inaceptable respuesta de que solo se controlaba al 40 % de la Policía bonaerense, y que el resto no le respondía. Ante tamaña afirmación, solicitamos que Arslanián informara que cantidad activa de integrantes de la fuerza habían ingresado en dictadura. Así recibimos un listado de más de 9 mil agentes que cumplían el requisito. Sin comprometerse en el caso, tanto Arslanián como Solá salieron a afirmar a los medios que creían que López estaba muerto. En una audiencia con el gobernador Daniel Scioli los organismos de DDHH exigimos medidas concretas en el caso: que se separe a la policía bonaerense de la causa; que se exonere de la fuerza a los que participaron en la investigación por reiterados encubrimientos, manipulaciones y entorpecimientos en los procedimientos; que se exonere a los policías que revistaron en centros clandestinos de detención entre 1976-1983; que se revisen nuevos nombramientos en la fuerza desechando a policías formados durante los años de la dictadura y que se inhabilite para funcionar a todas aquellas agencias de seguridad privadas que tengan represores en sus filas. En toda su gestión el gobernador no dio respuesta a ninguno de los reclamos. Llevado el reclamo ante el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, le transmitimos nuestro malestar por el estado de la causa, por la inoperancia, la complicidad y el encubrimiento que ejercieron durante aquel tiempo los funcionarios y las fuerzas de seguridad, le solicitamos que intervenga por denegación de justicia en este caso que tiene gravedad institucional. La Corte nunca intervino. La presidente Cristina Fernández jamás mencionó a López en sus discursos, y en un acto en el colegio Nacional de La Plata contrastó a la dictadura con la democracia y se animó a decir: ‘Hoy por suerte nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando».
14. LA JUSTICIA CÓMPLICE
El expediente por la segunda desaparición de López es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Con 45 cuerpos principales, 58 legajos, cada uno con una pista de investigación diferente, y 74 anexos integrados por transcripciones telefónicas, a 10 años de los hechos no tenemos ningún indagado ni procesado ni detenido. Y lo que se puede mencionar como «novedades» cada año que pasa son hechos laterales de la investigación principal. El primer juez de la causa, Arnaldo Corazza, se dedicó a desperdiciar el tiempo, seguir pistas inconducentes en connivencia con la policía y enturbiar aquellas que dirigían la pesquisa a Etchecolatz y su entorno. Además, los organismos de DDHH logramos correr de la causa a los camaristas Ramón Alberto Durán y Alicia Di Donato, a quienes recusamos por haber sido funcionarios de la dictadura y por tener estrechos vínculos con la policía bonaerense. Al cumplirse 2 años del caso, y justo cuando se estaban activando las líneas referidas a los represores, los abogados de la familia de López, Alfredo Gascón Cotti y Hugo Wortman Jofré (conocidos abogados de grupos empresarios) pidieron que se investigara a todos los jueces, fiscales y abogados de los organismos de DDHH involucrados en la causa, con la supuesta presunción de que no tomaron recaudos para cuidar al testigo. En febrero de 2009 Corazza se excusó de seguir investigando aduciendo la «violencia moral» que le provocaba la denuncia, que lo sindicaba como parte responsable del secuestro. Luego la causa pasó al juez Manuel Humberto Blanco, además juez electoral y partícipe de las intrigas políticas que ese rol conlleva. Sin asumir control sobre la actuación de las fuerzas policiales en la investigación, en 2012 el juez aprovechó la instrucción de un expediente residual de la causa de Comisaría 5ta., que incluía el paso de López por ese CCD, para desacreditar su testimonio, calificarlo de «vago» e «impreciso», decir que «el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes» y que «lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad». Blanco murió en septiembre de 2014 y dejó esta opinión como legado en la causa López. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.
Los atentados a los testigos en los juicios de Lesa Humanidad no terminaron con el caso López, aunque ninguno fue tan lejos. La seguidilla de amedrentamientos, privaciones momentáneas de la libertad y ataques a testigos en diversos puntos del país nunca cesó. Poco después del caso López, en diciembre de 2006, el militante Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, fue secuestrado en Escobar y retenido durante dos días hasta que apareció en Garín con signos de tortura. En la misma zona, pero en mayo de 2008, el ex detenido y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, Juan Puthod, fue secuestrado cuando se dirigía desde ese lugar hacia la radio donde conducía un programa. En marzo de 2010 la serie de amedrentamientos se cobró la primera víctima fatal: Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas en jurisdicción del Comando del 2do. Cuerpo del Ejército, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio de artículos de cuero, ubicado en pleno centro de Rafaela. Desde el comienzo, la versión policial trató de imponer el móvil del robo y hoy el caso sigue impune. La lista de hechos es muy larga, pero digamos que no faltaron las amenazas durante el juicio a 14 represores de la Unidad 9 de La Plata en 2010, así como una granada enviada el mismo año por correo a un testigo en una causa en Baradero, y el secuestro y devolución en pleno centro porteño en abril de 2011 de Víctor Martínez, testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en 1977.Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna «Cárcel común, perpetua y efectiva».
Desde los organismos de DDHH del espacio Justicia Ya La Plata señalamos desde el primer momento que lo de López se trataba de una desaparición forzada vinculada al juicio a Etchecolatz. Por eso nos decidimos, junto a las organizaciones políticas y sociales de la izquierda local a crear la herramienta política para desarrollar la protesta en la calle: la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, que nació con el caso López.Durante varios años marchamos todos los 18 de cada mes reflotando la vieja consigna de «Aparición con Vida Ya», esta vez de López. Realizamos charlas, volanteadas, radios abiertas, murales, videos y sostuvimos movilizaciones de miles de personas todos los 18 de septiembre.En 2013 hicimos una campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por López, para obligar a la justicia a dar una respuesta formal. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo «no corresponde», «resulta inadecuado» y «todas las medidas ya han sido evacuadas». Al ver agotada la vía judicial local en 2014 llevamos la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en 2015 ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, pidiendo que tomen el caso y se pronuncien sobre el tema. En las presentaciones afirmamos que el Estado argentino no aseguró las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las víctimas una investigación seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos.
17. LOS CRUCES DE DATOS
En 2008 los organismos de DDHH conseguimos que se apartara a la Policía bonaerense del caso y que se asignaran las tareas de investigación a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.Ante el cambio de fuerza, los entrecruzamientos telefónicos se demoraron, con la excusa de que la fuerza provincial utilizaba un software denominado «VAIC», pero la PFA y la PSA otro llamado «I2». Para el traslado de una fuerza a otra del ‘crudo’ de la información aportada por las compañías telefónicas se demoró meses y las fuerzas federales no actuaron juntas: cuando la PSA logró procesar toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar los datos. En ese contexto, por decisión del Ministerio de Seguridad de Nación dejó de actuar la PSA, y se debió remitir toda la información a la Federal. Recién en marzo de 2012 la Policía Federal terminó de cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió argumentaron «inconvenientes técnicos» que no le permitían operar el sistema. Ante esto, y por pedido de los fiscales, la PSA volvió a la causa y determinó más de 5 millones de llamadas a analizar, tarea que todavía no concluyó.
Las principales pistas del caso pueden aglutinarse en los ejes «Entorno de Etchecolatz», «Atalaya», «Chicano», «Falcone» y «Servicio Penitenciario Bonaerense». Todas ellas fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.Desde el primer momento los organismos de DDHH aportamos a la causa la denuncia sobre la existencia de bandas mixtas de policías retirados y en actividad vinculados a Etchecolatz, y luego un testigo de identidad reservada fortaleció esta hipótesis. Varias líneas giran en torno a Etchecolatz, su entorno privado y familiar, y los policías que formaron parte del Circuito Camps y López mencionó en su testimonio. Hay también una línea que involucra a miembros del SPB, donde también hay interesados en que los juicios por crímenes de lesa humanidad no avancen. A las pistas «Atalaya» y «Gopar», explicadas más arriba, se le sumaban otras. En 2007 hubo en la causa allanamientos a seis viviendas en Ensenada, Lomas de Zamora y La Plata realizados por el Superintendente de Investigaciones de la bonaerense, Hugo Matzkin, sin la presencia de funcionarios judiciales. Algunos de los allanados fueron el coronel retirado Anselmo Palavezzatti, el comisario retirado Aldo Conter y Oscar Raúl Chicano, secretario privado de Etchecolatz durante la dictadura. Este policía fue identificado a partir de fotos del acto realizado en la Casa Mariani-Teruggi el 12 de agosto del 2006 al que había concurrido López, y donde se ve a Chicano parado a pocos pasos detrás de él. Un testigo de identidad reservada relató a la bonaerense una reunión de ex militares y ex policías realizada en febrero de 2006, de la que participó Chicano, en la que se mencionaba la existencia de grupos de combate en todo el país para llevar adelante un golpe de Estado y hablaban del avance de los juicios de lesa humanidad. En los allanamientos fueron secuestradas armas, teléfonos celulares, agendas, un cuadro con un águila y una esvástica, computadoras, folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR, vinculado a Mohamed Alí Seineldín), volantes sobre la recompensa por López, materiales químicos y una pistola del Ejército. Sin embargo, Corazza no vio motivos para llamar a indagatoria a nadie.En otra pista, un informante de la policía afirmó que López había sido secuestrado en un auto que pertenecía al ex médico de la bonaerense Osvaldo Falcone, vinculado a Etchecolatz y asiduo visitante en Marcos Paz entre agosto y septiembre de 2006. El auto fue hallado en 2009 desmantelado en una casa del barrio de San Jacinto, al sur de Mar del Plata. Se allanaron dos casas de Falcone, en Mar del Plata y Pehuajó, se le secuestró documentación y se lo citó en la causa, pero como testigo. El informante aseguraba que el cuerpo de López habría sido tirado en la zona de La Serena, en Mar del Plata. Falcone se desvinculó del hecho y no se siguió la pista.Finalmente, otra de las investigaciones tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes pedidos por los fiscales fueron enviados tardíamente, rezagados y a desgano desde el Ministerio de Defensa y la propia fuerza castrense.Etchecolatz hizo sucesivas presentaciones en la causa López, y pidió declarar porque, según dijo, «tenía información y prueba para aportar». Nunca lo hizo porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado y por escrito solo aportó información ya publicada por los medios.
A poco de cumplirse 10 años de la segunda desaparición forzada de López, la situación de impunidad llegó a extremos impensados. El 22 de julio de 2016 el TOF 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario a Etchecolatz en algunas causas donde ya fue sentenciado. Si bien la medida no se hizo efectiva porque el represor estaba condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, con esta medida solo generan mayor impunidad. Los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli no tuvieron en cuenta que el genocida estaba condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores. La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando a la ley 24.660, que habilita el beneficio a mayores de 70, enfermos terminales, o quienes no puedan tratar su dolencia en un hospital. Este año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias, pero en la cárcel. Sin embargo los médicos del Servicio Penitenciario, José Francos y Nelsy Medina, declararon ante el TOF 1 que sugerían la domiciliaria «considerando la situación desde una óptica humanitaria». Beneficiar a los genocidas con domiciliarias es desconocer que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión del beneficio, y que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de estos privilegios. Lo contrario es avalar que el Estado se desentienda de ofrecer todas las garantías de atención médica a los represores. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos presos por atentar contra la propiedad privada. Por ello hoy en día el 70 % de los 1.400 genocidas condenados en Argentina en causas de lesa humandiad gozan del beneficio de la domiciliaria. Todo un símbolo.Etchecolatz se encargó en sus últimos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo «vulnera el resguardo de higiene». La campaña de sus abogados por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesó: presentaron un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que el represor realizó una huelga de hambre para desmejorar su estado de salud y así presionar por su situación. Los fiscales platenses denunciaron a los médicos penitenciarios por falsear la historia clínica del genocida para beneficiarlo. Así, Etchecolatz fue ganando terreno en varias causas, y obligó a la justicia a unificar una decisión sobre su lugar de alojamiento. En el juicio de 2006 el mismo TOF1 que ahora lo beneficia, le había quitado la domiciliaria y lo había considerado «peligroso para sí y para terceros» tras secuestrarle un arma en su casa. En la misma casa donde pretendió volver en el verano de 2017-2018: Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata.
20. LA «SOLUCIÓN AMISTOSA
«Los últimos movimientos en la causa Lóez se realizaron en 2014, cuando por el estancamiento de la investigación del caso en la justicia federal argentina desde el colectivo Justicia Ya! La Plata realizamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La denuncia requirió que se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso. Es que los distintos jueces que tuvieron el expediente pasearon el caso, primero en la justicia provincial y luego la federal, y construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad. Tres años después de la presentación, en septiembre de 2017 se nos informó que la CIDH corría traslado de nuestra denuncia al Estado Argentino. El 16 de febrero de 2018 nos notificó su respuesta: «iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48(1) (f) de la Convención». Durante la gestión de Macri aceptamos ese ámbito pero solo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la «solución amistosa» a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.
Segundo Rosariazo | El hecho maldito de la historia rosarina
«Las quemas responden al avance de las actividades extractivistas sobre los humedales y lo que ocurre con la Hidrovía, a la profundización de este modelo»
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