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El Juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a cuatro empresarios de la Comunidad Valenciana a un año y medio de prisión por la muerte de un trabajador en mayo de 2019 en el polígono La Paz de Teruel, cuando se precipitó desde una altura de 12 metros mientras realizaba trabajos para la instalación de unas placas solares en la cubierta de una nave.
La sentencia, que lleva fecha del pasado 3 de mayo, considera en los hechos probados que las cuatro personas condenadas, responsables de las empresas implicadas en la instalación, incumplieron las medidas preventivas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, lo que “culminó con la presencia de dos trabajadores transitando por la cubierta de una nave a gran altura, sin medidas de protección colectivas ni individuales, de lo que derivó el fatal resultado de fallecimiento de uno de los operarios al precipitarse al vacío tras pisar en una placa traslúcida”.
Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2019 cuando dos operarios estaban instalando unas placas solares en una nave del polígono La Paz de Teruel y, según recoge la sentencia, uno de ellos advirtió que faltaba un tornillo en una escuadra y fue a completar la faena sin portar arnés de seguridad debidamente anclado a una línea de vida.
Al ir a incorporarse una vez terminada esa faena, el trabajador perdió el equilibrio, pisó una placa traslúcida que se fracturó e hizo que se precipitase al vacío desde una altura de 12 metros. El impacto al caer al suelo le produjo un traumatismo craneoencefálico con destrucción de centros vitales que le ocasionó la muerte, según recoge el fallo judicial hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Los cuatro empresarios condenados son Rafael M. S., administrador de la empresa Solats Energía Solar S. L., y Pedro C. T., Josep Antoni N. G., y José Vicente S. M., administradores solidarios de la mercantil Heliotec 2006 y de la empresa Umans S. L. Heliotec contribuyó a realizar el proyecto técnico y se encargó de su ejecución, mientras que Solats Energía aportó las líneas básicas de ese proyecto técnico así como los materiales.
La sentencia condena a los cuatro como autores de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo en concurso de delitos con un delito de homicidio imprudente, a la pena de seis meses de prisión y multa de 1.800 euros  por el delito contra los derechos de los trabajadores, y un año de prisión por el delito de homicidio imprudente. Además, se les inhabilita para el ejercicio de cargo de administrador de una empresa de ventas por un año y seis meses, y al pago de diversas indemnizaciones a la familia de la víctima, que tenía 60 años y era de Vall de Uxó.
El fallo judicial señala que faltó evaluación de riesgos, así como de formación e información de los trabajadores sobre la correcta instalación y uso de los equipos de protección, y una falta de coordinación entre las empresas. Añade que la “pasividad” de los empresarios provocó que los trabajadores “desempeñasen su trabajo bajo la amenaza cercana de sufrir un accidente grave, como finalmente ocurrió”.