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3:03 p. m.  Abogados, Antioquia, CPDH, Defensor de derechos humanos, El Aro, Medellín, Paramilitarismo  No comments
27 febrero 1998 -  27 febrero 2013
Jesús María Valle Jaramillo, defensor de la vida y los derechos humanos. De sus entrañas, de caminantes a su lado, de la andadura en la memoria contra la impunidad. El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz. Jesús María Valle Jaramillo, fue un hombre bueno, sencillo, solidario, un amigo incondicional, un líder polifacético y de una capacidad de trabajo y de entrega sin límites, pero sobre todo un consecuente y valiente defensor de los derechos humanos en Medellín, Antioquia y Colombia. Su voz aún se recuerda, como si estuviera en las calles, en su oficina, en su casa, en los lugares donde compartió con las personas que siempre defendió, por las que abogó.
El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde dos hombres y una mujer entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron a Jesús María Valle "usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema". Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon en dos ocasiones en la cabeza.
En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás”. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida.
Quince años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan a los  culpables detrás de éste crimen, a los culpables de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida de éste defensor.
Los bárbaros querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía, del ejército y los paramilitares que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano.
Jesús María Valle acompañó a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.
Este abogado penalista, puso al alcance de los condenados pobres, el elitista Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia e hizo del ejercicio de su profesión una expresión comprometida y consecuente con su proyecto de vida.
Desde el Comité permanente por los derechos humanos, fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso el 25 de Agosto de 1997, que dio durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.
Las actividades de Jesús en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.
En 1996 en una entrevista, afirmó: “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy ex presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.
Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.
Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia que cursaba en su contra. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.
El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.
En julio de 2001, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia contra Castaño y otros, pero también la absolución de los hermanos Angulo Osorio. Varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado que se dio a conocer a través de Tele Antioquia. Allí añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.
En mayo de 2007 el Concejo de Estado condenó a la Nación y ordenó pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”.
El caso pareció quedarse en esta decisión, hasta que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca del esclarecimiento de la verdad y el 27 de noviembre de 2008 La Corte IDH falló contra el Estado colombiano en esta sentencia se obliga al Estado a reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la universidad de Antioquia además de colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.
En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ’Junior’ al considerar que según dicho ente: "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos". En el proceso además se investigó la participación de militares.
En julio de 2011 en respuesta a las recomendaciones y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitó una investigación imparcial y exhaustiva para sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Valle Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia invalidó las sentencias de absolución contra dos de los principales sindicados del crimen Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio y ordenó reabrir la investigación del caso en un juzgado penal de Medellín.
A Jesús María lo asesinaron los paramilitares y el Estado de Colombia, por ser quien era. Por su vital compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, por su solidaridad con los desplazados y por su opción por los humildes.
Las múltiples actividades que él realizó, como defensor de los Derechos Humanos sin ninguna exclusión ni discriminación, tenían un objetivo y un propósito únicos: La dignificación de la persona humana, de los hombres, de las mujeres y de los niños, en especial de los más humildes. El parecía llenar todos los espacios y los tiempos: Así fue de vital, intensa, fructífera y consecuente su existencia.
Hoy conmemorando quince años de su asesinato, recordamos su exhaustivo compromiso con la comunidad, su lucha incansable por la justicia, su consecuente obra como defensor de derechos humanos. Hoy se recuerda a un gran hombre.
Pero también familiares, amigos y organizaciones sociales, claman por verdad y justicia por el crimen cometido y reiteran hoy como en su momento lo hizo Jesús María con su voz: “Aquí estamos y estaremos siempre, en el clamor de la lucha o en la quietud de la muerte”.
¡Jesús María Valle en la Memoria!
¡Jesús María Valle Sin Olvido!
viernes, 22 de febrero de 2013
¿A cuál Santos le creemos?
7:22 p. m.    No comments
jueves, 21 de febrero de 2013
Masacre de San José de Apartadó
10:11 a. m.  Antioquia, Brigada XVII, militares, Paramilitarismo, San Jose de Apartado, Tortura  No comments
21 de febrero 2005 - 21 de febrero de 2013
Hace 8 años, el 21 de febrero de 2005 ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes.
Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y a Beyanira Areiza. Después de asesinarlos con machetes, dejaron sus cuerpos en la montaña. Posteriormente, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia, sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 2 años, su esposa Sandra Milena Muñoz y un trabajador de la zona llamado Alejandro Pérez.
Estos descarados hechos sucedieron cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz y vieron a los niños, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con ellos. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.
Las súplicas de Alfonso Tuberquia fueron en vano. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses y la empacó en una bolsa. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La niña fue degollada con un machete.
Los habitantes de la comunidad de San José han soportado amenazas continuas y estigmatizaciones, muchas veces se han militarizado los caseríos y en numerosas ocasiones se ha intentado judicializar a líderes basándose en montajes y en campañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación.
Así se han presentado los hechos sucedidos en éste caso, a través de los MMC.
Tomando como pretexto la masacre de febrero de 2005, el entonces presidente Alvaro Uribe, ordenó a la policía ingresar al caserío de San José para instalarse dentro de los espacios de paz donde nunca se ha permitido la circulación de armas. Esto obligó a la población a desplazarse y comenzar a construir un asentamiento nuevo en una finca de la comunidad, abandonando todo lo que se había construido durante muchos años.
Así mismo, el presidente de la época, Uribe Vélez, lanzó, tiempo después de la masacre sucedida en la comunidad, falsas acusaciones en contra de sus integrantes.
La Comunidad ha generado a través de la organización comunitaria alternativa, la forma de protegerse y hacerse respetar como población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado con intereses económicos sobre el territorio, para 1997 deciden declararse neutral frente al conflicto armado y rechazando, a través de la comunidad de paz, la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Pese a ello, las acciones de muerte y terror contra la comunidad no han cesado.
En cuanto al proceso jurídico de los implicados en la masacre del 21 de febrero 2005, el 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en la masacre, a pesar de las declaraciones del extraditado ex jefe paramilitar alias Don Berna quien confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército.
En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.
Por su parte la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió hundir la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes. Los paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.
Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se estableció en la primera instancia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.
Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en la fase procesal respectiva, ser responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Esas conductas punibles también fueron reconocidas por Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, quienes esperan decisión del juzgador. A esas tres condenas se suman las de: Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos. De esas personas, tanto Bionor Vargas como Ulises Burgos cumplen 40 años de prisión, cada una; otras 12 purgan 20 años de cárcel, cada una, luego de acogerse a sentencia anticipada.
La Fiscalía ya acusó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve miembros más del citado grupo armado y aguarda la fecha para la audiencia pública. Con medida de aseguramiento se encuentran otros seis procesados y dos menores de edad quedaron a disposición de las autoridades respectivas.
Con respecto a los militares procesados en este caso cumple condena el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, por los que el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel el 20 de febrero de 2010. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011. Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares (tres oficiales y siete suboficiales) por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia
En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad.
La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia.
La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia da muestra de la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.
El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomas las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".
A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean juzgados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, sus víctimas y la parte civil han exigido y solicitado también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los campesinos y campesinas de la Comunidad de paz, a través del tiempo han dejado por sentado que no se trata solamente de una responsabilidad estatal que se deba resumir e intentar resolver administrativamente sino que por el contrario se trata de un tema estructural, donde las garantías de no repetición siguen sin darse.
Han sido 8 años de este crimen. Ocho años de tristezas, de ausencias de seres queridos en la comunidad, de miedos, pero también de resistencias y anhelos de justicia, verdad.
Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó en la memoria
Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó Sin Olvido.
lunes, 4 de febrero de 2013
3:17 p. m.  desaparecidos, memoria, sin olvido  No comments
Como olvidar a quienes sus vidas han arrebatado bruscamente, cómo no recordar a quienes el flagelo de la violencia mas han marcado, como no tener presente las miles y miles de vidas que se han extinguido a manos de corruptos y delincuentes, como dejar en el olvido a quienes con su muerte honraron a todo un pueblo.
Desvanecieron sus cuerpos, pero su espíritu sigue indeleble mas que ayer, sus pensamientos y acciones serán recordadas cada vez con más frecuencia, porque quisieron callar las verdades que anunciaban, quisieron callar los atropellos e injusticas que denunciaban pero nunca podrán callar a un pueblo que se une a los clamores de muchos que han desaparecido. No es tiempo de omitir lo que debe ser dicho, es tiempo de luchar por quienes fuerzas ya no tienen, es tiempo de desenterrar las memorias de quienes fueron y serán nuestros héroes, es ahora cuando debemos entrelazar nuestras voces y decir a todo grito “ No más desaparecidos”
Texto: Diana Olivares @dianaolivares03
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