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ONG piden a Mercosur que se aplique al Estado venezolano el artículo 1 del Protocolo de USHUAIA II – Red Venezolana de OSC
Defendemos los Derechos de Participación y Libre Asociación en Venezuela
Plataforma de Redes de OSC
noviembre 7, 2016 Sinergia Comunicaciones Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derechos humanos, Mercosur, ONG, protocolo de Ushuaia, Venezuela
Nov 7, 2016 | PROVEA
Doctor Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha)
Alto Representante General del MERCOSUR
Reciba en primer lugar nuestro cordial saludo a usted y todo su equipo de trabajo. Las organizaciones venezolanas que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos, respetuosamente, para expresar nuestro interés en que, a través de los procedimientos definidos por el Mercosur, se aplique al Estado de Venezuela el artículo 1 del Protocolo de Montevideo Sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (USHUAIA II), suscrito por Venezuela el 20 de diciembre de 2011. La presente solicitud es motivada por las razones que a continuación exponemos:
1.- El pasado 20 de octubre de 2016 el gobierno de Venezuela agravó la situación de interrupción de hilo constitucional, iniciada con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 13 de mayo de 2016[1], obstaculizando de manera ilegal la realización de consultas electorales en Venezuela.
Recurriendo a un fraude a la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió ese día, 20 de octubre, el procedimiento encaminado a la manifestación de voluntades para decidir la realización de un referendo revocatorio sobre el presidente Nicolás Maduro, derecho presente en nuestra Constitución y que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Cinco tribunales penales, actuando por orientación del Ejecutivo Nacional, decidieron simultáneamente, y sin tener competencia para ello, suspender el proceso de manifestaciones de voluntad pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre, en una clara demostración de la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Estas decisiones fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral, órgano que desconoció sus propias competencias y decisiones respecto a la realización del referendo revocatorio presidencial[2].
2.- Esa arbitraria y peligrosa decisión fue el punto de quiebre de un proceso de progresiva restricción de las libertades democráticas, en un contexto de profunda crisis económica y social en el marco de un inconstitucional estado de excepción. Se le arrebató al pueblo su derecho a participar, de manera protagónica, en decidir el destino del país. Se cerró un mecanismo constitucional, democrático y pacífico a la solución de la grave crisis que padece Venezuela, cumpliendo las amenazas de diferentes altos voceros del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República, de no permitir la realización del referendo revocatorio.
La actuación irregular de jueces penales, que violando la Constitución sentencian sobre un asunto electoral sin tener legalmente competencia para adoptar tal decisión, es reflejo del cada vez mayor control que ejerce el Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial.
Al cerrar la posibilidad que el pueblo venezolano pueda lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis, el gobierno del presidente Maduro ha agravado el conflicto y generado condiciones para posibles escenarios de violencia.
3.- Venezuela atraviesa actualmente un serio deterioro de sus instituciones democráticas, teniendo como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha quebrantado el orden democrático y el Estado de derecho. Organismos internacionales de Protección de los Derechos Humanos vienen advirtiendo el deterioro de la democracia en el país y, particularmente, han indicado lo perjudicial para la democracia el no contar con poderes públicos independientes, así como la existencia de un Poder Judicial que actúa sin autonomía.
4.- En el año 2009, en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó:
“1154. La Comisión considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión nota que en Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Comisión advierte que la intolerancia política no solamente dificulta la vigencia de las instituciones democráticas sino que conduce peligrosamente a su debilitamiento. La Comisión estima necesario reiterar al Estado de Venezuela que la consolidación de las democracias requiere que se intensifique la participación de todos los sectores sociales en la vida política, social, económica y cultural de cada nación”
5.- Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distintos órganos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el déficit democrático existente en Venezuela y, particularmente, han expresado que uno de los aspectos más graves es la falta de independencia de los Poderes Públicos, particularmente del Poder Judicial.
Así, el Comité de Derechos Humanos expresó en el año 2015: “El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial en el Estado parte, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad” [3]
6.- Desde que se inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro se profundizaron los problemas estructurales que afectan la democracia en Venezuela. El reforzamiento del control de los poderes públicos, el aumento de la militarización de la estructura del Estado y la gestión de gobierno, la persecución a la disidencia así como las sistemáticas detenciones arbitrarias, la discriminación por razones políticas, el incremento considerable de denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos policiales, el aumento de la tortura y malos tratos, así como la restricción de libertades democráticas tales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga, así como el crecimiento de la pobreza, son expresiones principales del debilitamiento de la Democracia.
Como bien lo establece el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur, del 19 de junio de 2005, la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así mismo expresa que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos.
Por esta razón afirmamos que las constantes violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela colocan al gobierno de espaldas a los compromisos del Mercosur en materia de derechos humanos.
7.- El presidente Nicolás Maduro viene gobernando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los valores, principios y normas establecidas por el Mercosur sobre compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Una evaluación objetiva de la actual situación del país debe llevar al Consejo del Mercado Común a establecer que Venezuela no cumple con el Protocolo de Ushuaia I y II y, por lo tanto, le es aplicable el artículo 1 del protocolo de Ushuaia. Mercosur debe actuar pronto para contribuir con los esfuerzos que realiza la población venezolana para restituir la democracia y el Estado de derecho.
8.- El pasado domingo 30 de octubre el gobierno y los partidos de la oposición iniciaron un proceso de diálogo. En el marco de este proceso el gobierno mantiene sus amenazas de continuar persiguiendo a la disidencia y reprime las manifestaciones pacíficas que reclaman la restitución del hilo democrático. No obstante, a tan solo tres días de haberse iniciado el proceso de diálogo, en una alocución transmitida en cadena nacional efectuada el jueves 3 de noviembre de 2016, el Presidente Maduro expresó en clara referencia al sector de la oposición (citamos textual) “más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas… …ni con votos ni con balas entrarán más nunca a Miraflores” (ver video https://www.youtube.com/watch?v=E_wOgWaMOhc ).
Las organizaciones apostamos a que de ese diálogo el gobierno adopte medidas concretas para garantizar el derecho de los y las venezolanas de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, la libertad de los presos políticos, el cese a la discriminación por razones políticas y cese a la persecución a la disidencia entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento democrático que aspiramos se garantice en el país. No obstante creemos que la creación de instancias de diálogo no transforma automáticamente en democráticos a gobiernos que no lo son, por lo que esta iniciativa debe ser acompañada de otros mecanismos diplomáticos para apoyar la restitución de la democracia en Venezuela.
9.- Sabemos que los presidentes del Mercosur han indicado que esperan resultados de dicho diálogo. Por tal motivo solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común del Sur que de no haber un restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en un plazo perentorio, esto es, de no garantizarse a los venezolanos el derecho de rango constitucional de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro mediante la realización de un referéndum revocatorio, así como la independencia de los poderes públicos y el respeto de los derechos humanos, solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común aplique el artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II lo más pronto posible, para aplicar las sanciones establecidas en su artículo 6.
Solicitamos de Usted Dr. Florisvaldo Fier, de conformidad con sus competencias, tramite la presente comunicación ante el Consejo del Mercado Común del Sur.
En la ciudad de Caracas a los siete días del mes de noviembre de 2016.
Organizaciones venezolanas que adhieren el presente documento:
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Asociación Civil Una Montaña de Gente (UMDG)
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Defensores Activos del Foro Penal Venezolano (FPV)
Escuela de Vecinos de Venezuela
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
Observatorio Ambiental Venezolano (OAV)
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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