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La defensa de los derechos humanos, al igual que el trabajo humanitario, han pasado a formar parte de la lista de profesiones de alto riesgo en la Venezuela actual. Al régimen no le gusta escuchar verdades; y quienes las decimos o apoyamos a mitigar el sufrimiento de miles de venezolanos, se nos tilda de agentes políticos, terroristas y desestabilizadores.
Como consecuencia de este allanamiento, el Tribunal Cuarto de Control del Zulia dictó, el 14 de enero de 2021 en la noche, privativa de libertad contra los trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo Johan León Reyes, director general de la organización; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social. Les imputan los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Desde su detención están recluidos en la sede de la Dgcim en Maracaibo.
Este es el primer caso de trabajadores humanitarios que se les priva de su libertad en Venezuela y al parecer el inicio de una persecución contra defensores de derechos humanos. Días después, en el programa Con el mazo dando, que transmite el canal del régimen, su conductor Diosdado Cabello pedía que fueran investigados los compañeros Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado de Provea, por supuestamente mentir en las redes sociales.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), organización dedicada a dar seguimiento y apoyo a la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, registró 303 violaciones del derecho a defender derechos humanos durante 2020.
Según el último informe del CDJ, correspondiente al año 2020: “Durante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia del covid-19, el Estado venezolano implementó medidas autoritarias y de control social que profundizaron la crisis institucional y socioeconómica existente en el país. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se etiqueta a quienes defienden derechos humanos y trabajadores humanitarios como enemigos internos. El entorno para la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela. La defensa y exigencia de derechos se ha visto progresivamente restringida desde el año 2002 con la creación de al menos 10 leyes y medidas fácticas, así como con la emisión de al menos 5 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que buscan limitar, obstaculizar y criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de asociación bajo la lógica del enemigo interno, conforme a los presupuestos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Durante el año 2020 observamos el afianzamiento de la criminalización como política de Estado y el uso de medidas represivas y de control social más violentas, dejando como resultado al menos 303 ataques e incidentes de seguridad en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país”.
La cacería continúa, tal vez con más fuerza. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo porque consideramos que decir la verdad y denunciar las violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario no es delito, que al régimen no le guste lo que decimos no va a detener nuestro trabajo, seguiremos trabajando, sin miedo y con la esperanza de que todo cambiará y seguiremos trabajando como desde hace muchos años lo venimos haciendo.
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