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agosto 30, 2017agosto 31, 2017 Sinergia Comunicaciones
Vecinos de urbanismos y sectores próximos a centros de detención preventiva no coinciden en sus opiniones sobre la vida cerca de los calabozos donde languidecen detenidos venezolanos. La mayoría de las opiniones guarda cierto recelo y prejuicio sobre las comisarías, los delitos cometidos por quienes allí reposan y los funcionarios a cargo de la custodia de las instalaciones.
UVL visitó dos centros de detención administrados por la Policía de Lara, un cuerpo descentralizado que actualmente se encuentra intervenido desde el 23 de mayo de 2017 por el gobierno nacional luego de que Néstor Reverol, entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunciara que funcionarios de este organismo participaban en supuestas actividades que atentaban contra el orden público.
Ligia Túa, quien vive desde hace más de 40 años en Fundalara, una urbanización de clase media al este de Barquisimeto, dice que no puede precisar si la sobrepoblación o hacinamiento en el Centro de Coordinación Policial (CCP) de este sector afecta la vida en su comunidad. Afirma que los problemas “son muchos” y se queja, eso sí, de los recientes enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios que hace dos meses sacudieron todo el sector.
“Hubo mucho disturbio y guarimba. Se cayeron a piedras aquí mismito, frente al comando. Eso fue una guerra campal, todo el mundo encerrado y sin poder abrir ventanas ni puertas”, relata esta mujer menuda con al menos 60 años. Sin embargo, Túa asegura que vivir cerca de esta comisaría la hace sentirse un poco más segura, y revela que desde que se concretó la intervención de la Policía de Lara, en las celdas de Fundalara solo albergan a detenidas del sexo femenino.
Aunque el tiempo transcurre de manera apacible en esta comunidad, en la tarde del viernes 18 de agosto sus habitantes celebraban la misa en la parroquia, apenas a 20 metros de la comisaría. La aparente tranquilidad puede desmoronarse con la llegada de detenidos y sus familiares. El CCP de Fundalara ocupó titulares de prensa el año pasado por la muerte de dos reclusos por inanición y enfermedades intra muros. Las denuncias apuntaban a que las autoridades habían negado atención médica a los detenidos.
Otra vecina, propietaria de un pequeño comercio a una cuadra de este centro policial, afirma que los gritos de los detenidos, la basura dejada por familiares que acuden a visitas y el tránsito de motos de alta cilindrada afectan el normal desenvolvimiento de los propietarios y no permite el descanso de los vecinos. La mujer, que accedió a declarar sin que se revelara su identidad, afirma que aunque la zona se ha llenado de comercios como bodegones, reposterías y expendios de comida rápida, la presencia de la Policía de Lara no ha desalentado los robos y atracos.
En el centro de coordinación policial de Andrés Eloy Blanco, al oeste de la ciudad, un grupo de al menos 12 mujeres descansa en el piso, en una acera, con bolsas llenas de comida preparada y provisiones para sus allegados recluidos en calabozos con capacidad para apenas tres reos pero que ha llegado a albergar hasta 79 reclusos.
Las autoridades han reportado en el último año cifras menores de hacinamiento en este centro de hasta 266% y los reclusos han protestado varias veces con huelgas de hambre para exigir traslados porque aseguran que no se les garantizan sus derechos humanos. En enero de este año varios reclusos se cosieron la boca y se flagelaron para reclamar el restablecimiento del régimen de visitas, suspendido por las autoridades por “mal comportamiento” de los detenidos.
Pierina Álvarez, enfermera en un ambulatorio tipo I justo al lado de este centro de detención, asegura que todas las semanas atienden a familiares de reclusos que se “descompensan” y sufren bajas de glicemia  tras largas horas de espera en la calle para que les permitan el ingreso de víveres y alimentos preparados. “Se vienen muy temprano casi sin comer”, narra Álvarez, quien cuenta que con frecuencia dejan cúmulos de basura y que las alteraciones del orden son frecuentes cuando se suspenden las visitas.
Otras dinámicas también afectan en trato entre comunidad y familiares de reclusos. Esta enfermera con nueve años de servicio en este ambulatorio relata que todas las semanas las mujeres ingresan sin autorización a los baños, utilizan el servicio eléctrico para cargar celulares y descansan en el suelo tanto en la calle como en la sala de espera. El despliegue de policías durante motines o alteraciones en la comisaría también atemoriza a pacientes y sus allegados.
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