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A 48 horas de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, el país se enfrenta a una nueva redacción de su más importante pacto de convivencia, la Carta Magna de 1999. Es resultado de una iniciativa presidencial que, como ha sido señalado con abundancia de argumentos, es ilegítima, agrava el grado de conflictividad reinante y no ayuda a resolver la grave crisis política, económica, y social, además de contar con el rechazo de la mayoría de los venezolanos (como se mostró con la consulta popular del 16 de julio).
La elección se llevará a cabo sin cumplir los estándares mínimos de una elección confiable y transparente. En efecto, conviene mencionar que el CNE está llevando a cabo la mencionada iniciativa, a través de un proceso que presenta numerosas irregularidades: eliminó del cronograma 14 auditorías previstas para generar confianza en el Sistema Automatizado de Votación, redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, habilitó centros de contingencia que no aseguran el principio de “un elector, un voto” y avaló unas Bases Comiciales excluyentes y discriminatorias, que no fueron sometidas a referendo consultivo.
Con inusitada celeridad, el Poder Electoral dio respuesta a la propuesta del Ejecutivo en cuatro horas y estableció que ejecutarla demoraría solo 60 días. Un profundo contraste con la organización del referendo revocatorio –solicitado por la oposición en el primer cuatrimestre de 2016– cuando estableció que requeriría más de 300 días, a pesar de que se trataba de una elección bastante más sencilla.
Así, el CNE para esta elección suprimió del calendario electoral 70 actividades y llamó a postularse antes de concluir la discusión del texto presentado por el presidente Nicolás Maduro y antes de publicar formalmente la convocatoria, como lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Inclusive, aunque no previó un período de subsanación del Registro Electoral, permitió a candidatos oficialistas hacer modificaciones a última hora, trasladándolos de un centro de votación a otro.
El CNE también aprobó la sectorización del voto, un mecanismo inédito a través del cual se elegirán 31,7% de los constituyentes con sub-registros proporcionados por organismos gubernamentales y no fueron posteriormente auditados. De igual forma, descartó todo principio de proporcionalidad bajo el criterio de municipalización, con el cual los votos en algunos municipios tienen más valor que en otros: mientras en Zulia, el estado más poblado del país, se elegirán 22 diputados territoriales, en el estado Táchira, con poco más de la cuarta parte de la población zuliana, se elegirán 30 diputados.
Las bases comiciales, adicionalmente, permiten que unos electores tengan dos votos (territorial y sectorial), mientras otros uno solo, discriminando ilegítimamente a los ciudadanos en electores de primera y de segunda. Igualmente, se prescindió del tarjetón electrónico, haciendo que no todos los candidatos puedan ser identificados claramente con nombre y apellido, sino con un número.
Difícil pensar, visto lo anterior, que el acto que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de julio, mediante el cual se va a una Asamblea Nacional Constituyente, arroje resultados confiables. Por todo lo señalado, el OEV considera que se trata de una iniciativa ilegítima y poco democrática que, encima, se lleva a cabo contrariando condiciones establecidas para realizar procesos electorales.
A continuación una lista de irregularidades:
1) No se sometió a referendo consultivo y se confundió “iniciativa” con “convocatoria”.
2) Las Bases Comiciales fueron debatida, de acuerdo a anuncios oficiales, por no más de 600.000 personas en 20 días, apenas el 3,08% del Registro Electoral. Solo alrededor del 20% de la población electoral manifiesta estar dispuesta a acudir a la votación, según diversos sondeos de opinión.
3) CNE priorizó velozmente la nueva propuesta constituyente frente a las elecciones regionales, mandato constitucional pendiente desde diciembre de 2016.
4) CNE aprobó dos mecanismos de votación inéditos e ilegales: sectorialización, que no incluye a toda la población electoral y cuyos sub-registros permanecen sin auditar, y municipalización, cuya distribución permite que votos en determinadas zonas resulten más valiosos que en otras (desequilibrio que se denomina “malaproporcionamiento”).
5) CNE eliminó 70 actividades del cronograma, entre las más importantes se cuentan:
–  Fase de consulta, impugnación y solicitud de incorporación al Registro Electoral (RE). Aunque sí permitió a candidatos oficialistas hacer modificaciones a última hora, trasladándolos de un centro de votación a otro.
– Operativos o jornadas especiales de inscripción y actualización del RE.
– Fase de catastro: revisión y visita de los centros de votación.
– Subsanación de los recaudos y presentación de alegatos o pruebas contra postulaciones.
– Sorteo de posición y elaboración de las boletas: arte e impresión (producción) de los tarjetones válidos y no válidos.
– Convocatoria, notificación  y adiestramiento de los miembros de mesa.
– Acreditación de testigos de partidos políticos, observadores nacionales y acompañantes internacionales.
6) CNE llamó a postularse antes de hacer formalmente la convocatoria, publicar el cronograma de actividades y publicar los sub-registros sectoriales. Además, se planificaron otras actividades previas a la convocatoria, las cuales carecen de validez legal, como la capacitación del personal electoral (miembros de juntas electorales y operadores).
7) El ente también eliminó la validación biométrica como requisito para postularse. Así, cada pre-candidato debió recolectar de forma manual el 3% de las firmas electorales, las cuales fueron revisadas en apenas cinco días, no fueron digitalizadas ni publicadas.
8) CNE suprimió 14 auditorías del cronograma, entre ellas:
– Auditorías de huellas de electores
– Del Sistema de Información al Elector
– De la infraestructura electoral
– De la verificación ciudadana, incluyendo el escrutinio en mesas electorales una vez finaliza el acto de votación
– De la transmisión de resultados
– Del Registro Electoral y de los ocho nuevos sub-registros sectoriales
– De la base de datos de los elegibles a los organismos electorales subalternos
– De datos y código fuente del Sistema de Autenticación del Votante (SAV)
9) CNE prescindió del tarjetón electrónico, en el que los candidatos no serán identificados con nombre, apellido y foto, sino con un número. Además, eligió arbitrariamente el número de cada candidato, priorizando unos sobre otros.
10) Los partidos fueron excluidos del proceso. Se les prohibió la postulación de candidatos.
11) No penalizó los abusos televisivos durante la campaña, el lenguaje agresivo, ni las amenazas a empleados públicos, especialmente las relacionadas al Carnet de la Patria como nuevo instrumento para controlar a los votantes. El CNE nunca aclaró cuáles serían las fuentes de financiamiento de los candidatos en esta oportunidad.
12) Se redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, que pasaron de 40.601 instaladas para las parlamentarias de 2015 a 24.139 mesas este 2017; mientras que se mantuvo la misma cantidad de centros de votación (14.515, pese a que algunos de ellos no pudieron ser tomados por el Plan República).
13) Fueron habilitados centros de contingencia, se anunció a última hora que los electores podrían votar en cualquier centro de su municipio y se eliminó la tinta indeleble; elementos que no aseguran el principio de “un elector, un voto”.
En suma, el OEV considera que la ANC no es solo una iniciativa cuestionada desde el punto de vista legal, sino que, adicionalmente, se llevara a cabo mediante un proceso que, por las razones arriba indicadas, no cumple con las condiciones necesarias para ser confiable.
Publicado por el Observatorio Electoral Venezolano
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