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El señor Léo Heller, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tuvo la oportunidad, durante los pasados 10 días de su visita oficial a México, de observar, escuchar y documentar la situación que guardan estos dos derechos objeto de su mandato en nuestro país. Por el primero, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Y por el segundo, también toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, proporcione intimidad y garantice la dignidad.
Su visita cobra especial relevancia, debido a la constitucionalización en 2012 del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México, incluidos en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución. Más todavía por los intentos de aprobar una Ley General en la materia, que contraviene estos derechos y pretende poner en manos de privados la gestión de tan importante líquido. Discusión que en México lleva por lo menos un año, además de que, en un contexto nacional de derechos humanos sumamente complejo y doloroso, ha sido escasa la atención a los graves problemas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), tanto por parte de las autoridades, como por los organismos públicos de derechos humanos, e incluso por el escrutinio internacional, pues en 20 años han sido solo cuatro las visitas sobre los Desca.
El documento analiza críticamente, tanto las cifras oficiales que aparentan una amplia cobertura de servicios, como el marco jurídico y el modelo de gestión hídrica en el país, al tiempo que expone los siguientes problemas y obstáculos estructurales para la realización de estos derechos. Efectos negativos de los procesos de privatización; impactos de la reforma energética, el extractivismo y los megaproyectos; obstáculos para la justiciabilidad de esos derechos; criminalización de las personas, comunidades y organizaciones en el contexto de la defensa del agua en México, y discriminación e impactos diferenciados de las violaciones a estos derechos en la población.
Asimismo, las organizaciones y redes reportan haber documentado y entregado al relator una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 16 entidades federativas, dando con ello cuenta de las acciones y omisiones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, que constituyen severos incumplimientos del Estado mexicano a estos derechos. Adicionalmente a la información que por escrito le presentaron, la articulación de organizaciones y redes prepararon reuniones sobre temas de especial preocupación, como la contaminación de fuentes de agua; los impactos de la privatización, y los desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia.
Propusieron y acompañaron además al relator en recorridos de campo a las localidades de las tres entidades que decidió visitar: Veracruz (municipio de Filomeno Mata y ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla), Ciudad de México (barrios de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco) y Chiapas (colonia en Tuxtla Gutiérrez y comunidades de El Manzanillo y El Duraznal en el municipio de San Cristóbal de las Casas). En dichos lugares pudo constatar la precariedad de las condiciones de vida de la población por la falta de cumplimiento cabal de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Pudo también escuchar directamente los testimonios de mujeres y hombres afectados, así como dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales durante las audiencias de casos que se efectuaron en el contexto de esas visitas.
Si bien la problemática nacional es más amplia y compleja de lo que pudo observar y escuchar este relator especial a lo largo de 10 días, la experiencia vivida en nuestro país sin duda le ha proporcionado un panorama bastante ilustrativo que, al contrastarlo con la información obtenida en las reuniones y diálogos con las autoridades, le ayudará a arribar a algunas conclusiones y a formular recomendaciones puntuales al Estado mexicano, que han de ser incluidas en su informe de misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre próximo. Las y los defensores de los Desca, y en particular los defensores de los derechos al agua y al saneamiento, tienen puesta su atención y esperanza en dicho informe, pues seguramente será una herramienta valiosa para el gran trabajo que aún queda por hacer, con el fin de impulsar medidas efectivas para la atención y solución de los actuales problemas y desafíos, y prevenir muchos más.
Consultar artículo en La Jornada.
Imagen destacada (modificada) : CIDH
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