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Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1
Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria.
Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso.
Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores.
“Los cómplices de la otra epidemia”
¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19?
El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana.
Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.
Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras.
Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6
El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud.
Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas.
“Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra.
Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales.
Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no solo ayudarán a reducir las prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes en el contexto de la pandemia por la COVID-19, sino que también serán herramientas para garantizar los derechos humanos a la salud, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y al acceso a la información sobre el contenido nutricional –o la ausencia de éste- de los alimentos procesados.
* Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C.
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