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En su primer informe, la Misión ya había denunciado la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por considerar que uno de los elementos que han contribuido a la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país es la falta de independencia del Poder Judicial, haciendo referencia además al Ministerio Público (MP). Estas declaraciones los hacen sujetos a potenciales procesos dentro del país y fuera de este, en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI), que actualmente analiza las denuncias contra Venezuela.
Las pocas estadísticas oficiales revelan que la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos humanos analizadas por la justicia venezolana quedan impunes. Así, en su informe anual correspondiente a 2020 el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, reveló que desde 2017 hasta diciembre pasado el MP procesó a 1.019 funcionarios entre civiles y militares por delitos como homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos o privación ilegítima de libertad. No obstante, admitió que solamente 171 de ellos han sido condenados por los tribunales; es decir poco más del 16%.
La Misión, en su primer reporte, señaló a Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y a los distintos ministros del Interior desde 2014 como responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, pero a ellos se sumarán otros funcionarios en el futuro.
La instancia anunció lo siguiente:
«examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros».
Pese a que destacó la decisión del TSJ de ordenarle al Ministerio Público a reiniciar el proceso por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien perdió la vida en junio de 2019 mientras estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lamentó que «el Estado sigue procesando solo a funcionarios de bajo rango por esta muerte».
En su informe, la Misión informó que en lo que va del año más de 200 personas perdieron la vida a manos de agentes policiales y funcionarios militares; y expuso al Consejo lo ocurrido en la parroquia La Vega, donde a principios de enero unos 650 uniformados lanzaron un operativo contra la banda de «El Coqui».
El procedimiento dejó unos veintitrés fallecidos, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades no informaron de funcionarios fallecidos o heridos ni tampoco cuántas armas fueron incautadas en el operativo.
Apenas el pasado 8 de marzo, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, se pronunció sobre los sucesos y admitió que algunos abusos se habrían podido producir. «Hubo varios enfrentamientos y en el marco de ellos tenemos denuncias y estamos estudiando varios hechos de que pudo haber habido algunas ejecuciones contra personas que no estaban directamente en el enfrentamiento», declaró.
La Misión no solo registró más ajusticiamientos, sino también treinta y seis nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias. «Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política», se lee en el reporte, en el cual también se expresa alarma por «la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos».
«El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio», concluye la instancia, la cual puso como ejemplo el caso de los activistas de Azul Positivo.
La Misión volvió a tenderle la mano al Gobierno de Maduro, al que le pidió desistir de su actual actitud e invitó a colaborar para superar la crisis.
En su actualización oral, Marta Valiñas apuntó que:
«Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El control que el Gobierno de Nicolás Maduro ha ejercido sobre la justicia venezolana no ha permitido que los delitos de lesa humanidad que se han producido en el país desde 2014 queden sin castigo, y con ello, se ha estimulado su repetición, tal y como lo prueba el hecho de que el número de ajusticiamientos o detenciones arbitrarias continúa en ascenso.
La decisión de la Misión de la ONU de profundizar sus investigaciones sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público permitirá individualizar responsabilidades, y con ello, los fiscales y jueces que no han cumplido su rol se arriesgan a ser procesados nacional o internacionalmente en algún momento, pues los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
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