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Se prevén multas y despidos para los funcionarios que comentan sanciones en un nuevo plan que está siendo estudiado por el Gobierno. Fuente: Kommersant.
Los funcionarios que no respeten el Código Presupuestario responderán con su propio dinero. Las infracciones serán sancionadas con multas propuestas por el Ministerio de Finanzas, mientras en algunos casos habrá despidos.
En una reunión del Gobierno, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, presentó los cambios en el Código Presupuestario que deberían aumentar la eficiencia de los gastos. La idea general se concentra en cambiar el enfoque de control. En vez de centrarse en la finalidad del gasto, se pasará  a registrar su efectividad, autorizando que los organismos pertinentes lleven a cabo auditorías, evalúen la efectividad de la Tesorería del Estado y se amplíen las competencias del Servicio Federal de Supervisión Presupuestaria.
Aunque hay otra medida que ha despertado más interés y está relacionada con el sistema de sanciones por no cumplir las normas. Actualmente en el Código Presupuestario dispone de 18 bases, de las cuales solo tres implican una penalización administrativa con multas. Por ejemplo, el no uso de dinero presupuestado fuera de fines previstos y los pagos fuera de plazo significan una multa de 4.000 a 5.000 de rublos  (entre 120 y 155 dólares) en el caso de personas físicas y de 40.000 a 50.000 (entre 1.200 y 1.550) en caso de personas jurídicas. La pena máxima por dichas acciones está prevista en el Código Penal: si se trata de sumas especialmente grandes, el funcionario deberá pagar 500.000 rublos (unos 15.500 dólares) o se le privará de libertad durante cinco años.
“La mayoría de las medidas coercitivas, consideradas en el Código Presupuestario, no pueden ser empleadas en práctica debido a su complejidad o la desorganización del proceso presupuestario”, declaró Siluánov. Por ejemplo, el bloqueo de los gastos presupuestarios es una medida que no castiga a ningún funcionario u organización en particular, sino que afecta al usuario.
Vladímir Nazárov, un experto del Instituto Gaidar, lo confirma: “Aún no ha habido ningún caso, por el que el ministerio de Finanzas dejara de entregar dinero a altos funcionarios que cometieron irregularidades”. Dado que esto “podría acelerar el crecimiento de la deuda además de tener consecuencias políticas desagradables”.
Con el objetivo de solucionar el problema, el ministerio de Finanzas decidió legalizar la lista de irregularidades presupuestarias, con las multas correspondientes. La cuantía no será fija, como hasta ahora, sino que corresponderá a un porcentaje de los fondos malversados. Para las personas que cometan malversación de sumas especialmente grandes, el ministerio propone un método de descalificación. Aunque los representantes ministeriales  comunicaron que el proyecto aún está siendo estudiado por el Gobierno.
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Nazárov está seguro de que estas medidas serán más fáciles de aplicar. “Se estrecha el círculo de personas a las que van dirigidas: una cosa es penalizar todo el organismo estatal (lo cual podría ser viable si tuviéramos una federación con todas las de la ley), y lo otro es traspasar parte de las responsabilidades a los funcionarios”, opina Nazárov. “Aumenta la posibilidad de que a alguien se le sancione”.
La adopción de estas medidas se topa con la reticencia de los funcionarios. Ígor Nikolaev, director del departamento de análisis estratégico de FBK (Asesora de Finanzas y Contabilidad), se muestra escéptico. Supone que “los funcionarios estatales son huidizos y resultará muy difícil comprobar la autoría de una irregularidad”. Finalmente Nikolaev pronostica que los funcionarios intentarán traspasarles la culpa a sus superiores, y finalmente se dirá que es culpable algún viceprimer o el propio jefe que “habían mandado el trabajo a hacer”.