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La FAMP pide al Gobierno que los municipios puedan reinvertir su superávit si no ponen en riesgo su estabilidad presupuestaria
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La Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han aprobado hoy, en Sevilla, una resolución por unanimidad en la que se insta al Gobierno central y a los grupos parlamentarios a que, por vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.
En esta resolución, la FAMP reclama también que se revise la regla de gasto en el sentido de que se pueda incrementar cada año el presupuesto, conforme a lo presupuestado no sobre lo liquidado y que se flexibilice la tasa de reposición de efectivos en todos los servicios públicos que preste el ayuntamiento, respetando siempre la autonomía local.
Junto a ello, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias demanda que se reinvierta el remanente hasta el 50 por ciento de tesorería positivo en las inversiones necesarias y que el superávit se pueda invertir en el municipio respetando la autonomía local.
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que las restricciones impuestas a la reinversión del superávit por parte de las entidades locales han impedido que los ciudadanos de los municipios andaluces vean mejorada su calidad de vida. "Los alcaldes se ven en graves dificultades para explicar a sus vecinos que no pueden atender sus demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello", se añade.
Junto a ello, se precisa que durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del superávit al concepto de "inversión financieramente sostenible" y de generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión, ha impedido realizar infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos.
A estas restricciones, se suma la de no poder hacer ninguna reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado para este año estén definitivamente aprobados, haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este ejercicio.