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En el hall de la Comisión luce, entre otras, la bandera de España, en agradecimiento por los fondos con los que el Gobierno financió la recuperación de cuerpos. Entre 2008 y 2010, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo destinó en total 674.500 euros. Una parte, dedicada a víctimas de torturas.
Pero estos avances no se han logrado gracias a la iniciativa del Gobierno bosnio, sino a la comunidad internacional que, tras la guerra, impuso la obligación de recuperar los cuerpos y buscar a los desaparecidos. La presidencia del país está formada por representantes de las tres etnias mayoritarias –bosniacos musulmanes, serbobosnios ortodoxos y bosniocroatas católicos–, que mantienen semibloqueado el país desde hace siete años por su capacidad de veto y su incapacidad para llegar a acuerdos.
En España, la situación es diferente. Organizaciones vinculadas a la Memoria Histórica reclaman desde hace 75 años la recuperación de los cuerpos de los asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. En 2008 presentaron en la Audiencia Nacional un listado de 114.000 desaparecidos, con nombres y apellidos, a los que habría que añadir las señas de los que sus familiares no han entregado documentación.
El problema para recuperar los cuerpos no ha sido la falta de fondos del Gobierno, sino a qué los ha dedicado, señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y pone dos ejemplos: “Desde 1996, el Ministerio de Defensa ha destinado dinero a la exhumación de la División Azul del frente soviético. Y Aznar siguió financiando durante años a la Fundación Francisco Franco”.
De este modo, las familias del bando republicano han tenido que buscar a sus seres queridos sin apenas ayuda. Con una pala y el testimonio de vecinos, entre 1979 y 1981, se realizaron bastantes exhumaciones improvisadas. Éstas carecían del rigor científico de las pruebas de ADN, que llegaron en 2000. Ese año, el propio Silva logró localizar la fosa común en la que había sido enterrado su abuelo, junto a otros 12 hombres, en Priaranza del Bierzo (León). Todos, republicanos de izquierdas, habían sido asesinados por falangistas el 16 de octubre de 1936.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que financió más exhumaciones, de 2006 a 2011. En este periodo, se recuperaron cerca de 6.000 cuerpos, explica Silva. Tras la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, en 2011, se suspendieron todas las partidas: el Gobierno guardó en el cajón la memoria de las víctimas y éstas tuvieron que volver a recurrir al altruismo y al trabajo voluntario. Muchos arqueólogos, forenses e investigadores han dedicado durante años sus vacaciones de verano a practicar exhumaciones para ahorrar costes. Pero hay que pagar desplazamientos, excavadoras… y pruebas de identificación, lo más caro. La última exhumación, en el Monte de Estépar (Burgos), ha sido posible gracias al sindicato noruego de electricistas de Elogit, que donó el pasado mes de julio 6.000 euros tras conocer que muchos de los represaliados españoles eran sindicalistas.
“El Estado es quien tiene que garantizar los derechos de las víctimas y los desaparecidos. Es su responsabilidad, no la nuestra”, reclama Silva, que escribió decenas de cartas a los gobiernos de Aznar y Zapatero, pero jamás le contestaron: “Ni siquiera tenemos un interlocutor en el Gobierno”.
Además del silencio, las víctimas soportan acusaciones como la del diputado Rafael Hernando (PP), que hace un año afirmó en la cadena 13Tv que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”. Silva exclama enojado: “¡A pesar de que las ayudas son para proyectos, no para las víctimas!”. En el caso de ETA, por el contrario, las víctimas sí reciben compensaciones. Aunque el Tribunal Supremo archivó la denuncia de la ARMH contra el diputado, la asociación ha recurrido ante el Constitucional.
Además de la falta de financiación para las investigaciones, Naciones Unidas presentó el pasado 30 de julio un demoledor informe contra el Estado español. Tras la visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en septiembre de 2013, la organización elaboró una larga lista de recomendaciones y dio al Gobierno 90 días para presentar “un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo” para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recordaba que España está “obligada” por el Derecho Internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a “asumir su responsabilidad” y elaborar una “política de Estado comprensiva, coherente y permanente” que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con las víctimas y recuperar sus restos.
En septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones. En agosto de 2012, el Gobierno de Rajoy hizo incluso una declaración formal de su compromiso contra las desapariciones forzadas. Pero sus palabras jamás llegaron a cristalizar en un proyecto.
El equipo de investigadores de la ICMP comenzó a trabajar en Bosnia y Herzegovina, en 2001, cruzando muestras de ADN de huesos con las de la sangre de los familiares que buscaban a desaparecidos. Hasta entonces, las identificaciones se habían realizado –como en España– sin rigor científico, recuerda en Sarajevo su directora general, Kathryne Bomberger. Una marca de nacimiento, un reloj o una prótesis bastaban los primeros años para reconocer a los asesinados. Así se identificó a entre 6.000 y 8.000 víctimas.
Las posteriores identificaciones corresponden a las pesquisas de la Comisión: otros 14.629 cuerpos, con nombres y apellidos. A éstos hay que añadir 509 de la guerra de Croacia (1991-1992 y 1995) y 2.466 de la de Kosovo (1998-1999). Su banco de ADN cuenta con más de 90.000 muestras de sangre de víctimas y familiares que buscan en la ex Yugoslavia a hijos, padres y hermanos, en su mayoría.
Desde 2001 el trabajo de ICMP se ha extendido a una veintena de países. Cada vez más gobiernos recurren a ellos para identificar a víctimas de catástrofes como la del tsunami de Indonesia (año 2004, con 186.000 muertos y 42.000 desaparecidos), matanzas (Sudáfrica, Libia, Colombia…) o accidentes como el del barco que naufragó en Filipinas en 2008 y dejó más de 800 víctimas. El último reto ha sido el avión derribado en Ucrania en el que viajaban 298 personas.
“Vamos allá donde nos llaman”, explica Bomberger. “La única forma para ir a España es que seamos invitados por el Gobierno. Es un tema muy político y nos tiene que invitar: así demostraría su voluntad de querer resolver el problema. En algunos países, hay gente que dice ‘eso pasó hace tanto…’, pero es algo permanente. Los familiares siempre tienen una tortura mental preguntándose qué le ha pasado a su ser querido”, añade.
En el mundo hay millones de desaparecidos, según Bomberger, que empieza a enumerar: “800.000 en Ruanda, entre un millón y 250.000 en Irak, 65.000 en Colombia, 26.000 en México… y decenas de miles en España”. Algunas investigaciones están bloqueadas por falta de voluntad de los gobiernos. Bomberger no conoce en profundidad el caso español y prefiere no hacer valoraciones políticas.
“Trata de no sacar los códigos de números en las fotografías, por favor”, solicita al entrar en la gran morgue de la guerra, en Tuzla, el ayudante de antropólogo Nermin, de 35 años y con diez de experiencia en ICMP. “Están todos identificados pero preferimos que no aparezcan por respeto a las familias”. Meticuloso, analiza con sus guantes de látex azul, sobre una mesa metálica, seis partes del tronco inferior de un varón adulto: “El resto del cuerpo está en otra fosa que no hemos localizado”.
Procede del entorno del pueblo montañoso de Srebrenica (37.000 habitantes, según el último censo del país, de 1991, realizado antes de la guerra), donde tuvo lugar la mayor matanza. Allí, las fuerzas serbobosnias lideradas por el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, Ratko Mladic, masacraron a cerca de 8.000 hombres bosniacos musulmanes. Ocurrió ante la mirada impasible de los soldados holandeses de la ONU. Un tribunal de los Países Bajos condenó el pasado mes de julio al Estado holandés por la muerte de 300 de estos fusilados, a los que tenían el mandato de proteger.
Las tropas de Mladic –apodado El carnicero de Srebrenica y en prisión desde 2011– separaron primero a los varones de entre 13 y 80 años, de niños, ancianos y mujeres. A continuación, los ejecutaron y enterraron en fosas comunes. Conscientes de que los satélites habían detectado las sepulturas, y con el objetivo de dificultar las investigaciones, ingenieros y soldados desenterraron en los días posteriores miles de estos cuerpos con excavadoras y bulldozers y los trasladaron –muchos cadáveres, troceados por la violenta exhumación– a segundos nichos e, incluso, a terceros. De las más de 70 fosas comunes descubiertas en el entorno de Srebrenica, menos de la mitad son primarias.
“Tal fue el traslado que hemos llegado a encontrar partes de un mismo cuerpo hasta en seis fosas diferentes”, explica el coordinador del equipo de identificaciones de la Comisión en la sede de Tuzla, Edin Jašaragic. Algunos de los restos se han encontrado en nichos separados por 50 kilómetros. En esta ciudad industrial del noreste de Bosnia y Herzegovina, la ICMP centraliza la identificación de los restos exhumados. En uno de los dos edificios que la Comisión tiene en el municipio se encuentran el archivo de expedientes, los laboratorios y las oficinas. En el otro, la morgue con miles de huesos. Cerrada con puertas herméticas, la sala emana un cierto hedor. En cientos de planchas de metal se encuentran las bolsas amarillas, verdes, blancas y azules que contienen los huesos. Todas, identificadas por su código genético y la fosa en la que se encontraron. Cada cuerpo, en su estante, columna y pasillo. Algunas familias se resisten a enterrar a las víctimas hasta que no recuperen todos sus huesos, pero en la ICMP les advierten de que es difícil y, en ocasiones, imposible completar el esqueleto entero.
Antes de volver a sus análisis, Jašaragic destaca que España dispone de “buenos laboratorios para hacer análisis de ADN”, pero se encoge de hombros al preguntarle por qué no están trabajando en las cunetas de las carreteras de Granada, Sevilla o León.
Publicado por Memoria Histórica Cartagena en 13:08
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