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Una mujer en Nueva Jersey es interrogada por policías por una presunta posesión de heroína. Credit Jessica Kourkounis para The New York Times
La guerra contra las drogas en Estados Unidos ha sido un fracaso que ha arruinado vidas, ha abarrotado las cárceles y ha costado una fortuna. Comenzó durante el gobierno de Nixon con la idea de que, dado que las drogas son malas para las personas, tiene que ser difícil conseguirlas. En consecuencia, se planteó una guerra contra el suministro.
Durante la epidemia del crack en la década de los ochenta, Nancy Reagan, la primera dama, trató de cambiar este enfoque. Sin embargo, su campaña para reducir la demanda, “Di no a las drogas”, tuvo un respaldo limitado.
El 25 de octubre de 1988, después de enfrentarse a las objeciones de una burocracia enfocada en el suministro de drogas, le dijo a una audiencia de las Naciones Unidas: “Si no podemos detener la demanda de drogas en Estados Unidos, habrá pocas esperanzas de evitar que los productores extranjeros satisfagan esa demanda. No lograremos nada si demandamos una carga de responsabilidad mayor en los gobiernos extranjeros que en los alguaciles, jueces y legisladores estadounidenses. El cartel de la cocaína no comienza en Medellín, Colombia. Comienza en las calles de Nueva York, Miami, Los Ángeles y en cada una de las ciudades estadounidenses donde se vende y compra crack”.
Su advertencia, aunque profética, no fue tomada en cuenta. Los estudios muestran que Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de abuso de drogas del mundo. Aunque restringir el suministro no ha logrado frenar su consumo, las políticas draconianas han llevado a miles de jóvenes adictos a llenar las cárceles estadounidenses, donde aprenden a convertirse en verdaderos criminales.
La prohibición de las drogas también han creado incentivos económicos perversos que hacen muy difícil combatir a los productores y distribuidores de drogas. El alto precio de las drogas en el mercado negro les ha generado a los grupos que las producen y las venden ganancias enormes, que invierten en comprar armas sofisticadas, contratar pandillas que defiendan su negocio, sobornar a funcionarios públicos y, con la idea de convertirlos en adictos, hacer que las drogas sean de fácil acceso a los niños.
Las pandillas de los carteles, armadas con dinero y armas provenientes de Estados Unidos, están causando un caos sangriento en México, El Salvador y otros países de América Latina. Solo en México, la violencia relacionada con las drogas ha tenido un saldo de 100.000 muertes desde 2006. Esta violencia es una de las razones por las que la gente deja sus países y huye a Estados Unidos.
Si se considera todo lo anterior, es fácil ver que la estrategia que se enfoca en el suministro ha sido muy poco eficiente en disminuir las adicciones y, en cambio, ha provocado una serie de efectos colaterales terribles. Entonces, ¿qué podemos hacer?
En primer lugar, los gobiernos de Estados Unidos y México deben reconocer el fracaso de esta táctica. Solo en ese momento podremos abocarnos a diseñar a nivel nacional campañas educativas rigurosas para convencer a las personas de no consumir drogas.
La crisis actual de opioides profundiza la importancia de frenar la demanda. Este enfoque, con suficientes recursos y el mensaje correcto, podría tener un impacto similar al de la campaña para reducir el consumo de tabaco.
También debemos despenalizar la posesión a pequeña escala de drogas para uso personal, de manera que se detenga el flujo de consumidores no violentos al sistema penal. En Estados Unidos, algunos estados han dado un paso en esta dirección al despenalizar la posesión de cierta cantidad de marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México también declaró que las personas deberían tener derecho a cultivar y distribuir marihuana para uso personal. Al mismo tiempo, debemos seguir considerando ilegal la posesión de grandes cantidades de droga, de manera que los traficantes puedan ser procesados judicialmente y se mantenga cierto control sobre el suministro.
Por último, debemos crear centros de tratamiento de primer nivel con personal capacitado, donde la gente esté dispuesta a ir sin temor de ser condenada y con la confianza de que recibirá una atención eficaz. La experiencia de Portugal sugiere que los jóvenes que consumen drogas pero aún no son adictos a menudo pueden dejarlas. Aunque es difícil lograr que los adictos de más edad dejen las drogas, los programas de tratamiento pueden ofrecerles servicios útiles.
Ante un problema tan complejo, debemos estar dispuestos a experimentar con distintas soluciones. ¿Qué mensajes son más eficaces? ¿Cómo pueden lograrse tratamientos efectivos para distintos tipos de drogas y diferentes grados de adicción? Debemos tener la paciencia para evaluar qué funciona y qué no. Pero debemos comenzar ya.
A medida que estos esfuerzos progresen, las ganancias del narcotráfico se reducirán en gran medida, aun cuando los riesgos de involucrarse en él sigan siendo altos. El resultado será una disminución gradual de la violencia en México y los países centroamericanos.
Tenemos una crisis en nuestras manos, y durante los últimos cincuenta años hemos sido incapaces de resolverla. Sin embargo, hay opciones. Tanto Estados Unidos como México necesitan ver más allá de la idea de que la adicción a las drogas es un problema judicial que puede solucionarse con arrestos, juicios penales y restricciones al suministro. Debemos atacarlo juntos con políticas de salud pública y educación.
Aún estamos a tiempo de persuadir a nuestros jóvenes de no arruinar sus vidas.
George P. Shultz ha sido secretario del Tesoro y secretario de Estado en Estados Unidos y es miembro de la Hoover Institution en Stanford. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda y Crédito Público en México.