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Ante los graves acontecimientos sucedidos en Catalunya los últimos días, puede ser interesante hacer una reflexión histórica sobre las razones de la intransigencia de los gobernantes españoles ante las demandas catalanas.
Mencionaré las cuatro que considero más relevantes. La primera es la notoria diferencia entre el talante de la vida política catalana y el de la española. Aquí, ante la ausencia de organismos de poder propio, el protagonismo y la vitalidad de la sociedad civil ha sido un importante factor de modernización de las actitudes políticas. Así, el catalanismo político, surgido de esta sociedad civil, ha tenido que basar su estrategia en la transversalidad social para poder hacerse primero con las administraciones locales –ayuntamientos, diputaciones– y después para conseguir instituciones de gobierno autonómico.
Por el contrario, la sociedad civil ha participado muy poco en la vida política española hecha desde Madrid por la fuerte jerarquía con que han funcionado las relaciones de poder, muy establecidas desde arriba, entre minorías, entre los dirigentes de los partidos y los grandes grupos de intereses económicos. Este hecho explica en parte la incomprensión de los políticos españoles hacia el proceso catalán. Su reacción ante el movimiento ciudadano más importante de la historia hispánica, por la cantidad de gente movilizada y por su persistencia, ha sido de menosprecio. Han considerado que era un montaje de algunos dirigentes (antes Mas y ahora Puigdemont y Junqueras), o una conspiración, y no una causa impulsada desde abajo por millones de ciudadanos.
La segunda razón la encontramos en la falta de tradición pactista de la política española, donde ha predominado el principio de que el poder nunca pacta, sino que se impone, y que toda transacción es una claudicación o una traición. Es aquello de “ vale más honra sin barcos que barcos sin honra”, que los llevó a perderlo todo, hasta “la españolísima isla de Cuba”. Los catalanes, en cambio, como explicó Jaume Vicens, ante los conflictos internos hemos tendido siempre a buscar soluciones pactadas. Somos muy pragmáticos y estamos bastante dispuestos a escuchar las diferentes razones: es la política del “hablemos”.
Cánovas y Sagasta, en una caricatura del año 1882
La tercera es la enorme carga ideológica nacionalista que ha impregnado desde el siglo XVIII la construcción del Estado español. Desde hace tres siglos, los gobernantes españoles han impuesto como verdad incuestionable la existencia de una única nación, la suya. Y en función de eso han articulado una serie de leyes y de técnicas administrativas y jurídicas que han configurado el ejercicio del poder. De eso se deriva un discurso oficial que cree ilegal y punible todo cuestionamiento de la soberanía única. Los políticos españoles no han entendido que la identidad no puede imponerse.
Un cuarto factor es la firme voluntad de concentrar el máximo de poder en el gobierno de Madrid, pese a la existencia del Estado autonómico. Hoy eso está reflejado en el acuerdo entre PP, PSOE y Cs para mantener un modelo político que controle desde la capital del Estado las competencias económicas y políticas más fundamentales. Para los gobernantes españoles recaudar y distribuir los recursos es básico para poder hacer alianzas con los intereses económicos y construir clientelas.
Resumiendo, los políticos españoles son intransigentes porque no están acostumbrados a negociar dado que todo pacto implica hacer concesiones. Tienen aquella altanería de los que siempre han controlado el poder y no lo quieren compartir. Poseen una concepción patrimonial del Estado y están convencidos de que son los idóneos gestores del poder y sus administradores permanentes, que van turnándose como Cánovas y Sagasta según los avatares electorales. Un colega mío madrileño sostenía que los catalanes podíamos administrarnos, pero teníamos que recordar siempre que “el solar es nuestro”. Se atribuye a Felipe González una frase significativa cuando negociaba con vascos y catalanes: “Negociar en el último momento y cuando no haya más remedio, y conceder lo mínimo posible”. Hoy solo hay que leer la mayoría de los diarios de Madrid para comprobar cómo están de arraigadas estas convicciones no solo entre políticos sino entre periodistas e intelectuales.
Un buen número de catalanes ha planteado modificar este statu quo y poder decidir si queremos seguir o no dentro de este Estado y con estas reglas del juego. No es fácil negociar con una gente que piensa y actúa así. Por eso, me temo, el proceso catalán será más duro y más largo de lo que muchos querríamos. Al inicio del siglo XXI no se puede negar el derecho a decidir aludiendo a “la sagrada unidad de la patria” y la “ legislación vigente”. En una democracia, cuando la legislación entra en contradicción con el ejercicio de un derecho natural y universal, no se prohíbe este derecho, sino que se modifica la ley. Además, la actual Constitución no prohíbe los referéndums. Solo hace falta la voluntad política de negociar.
Pienso que el divorcio entre la mayoría de los catalanes y la España de Rajoy ya es irreversible. El caso catalán también está poniendo a prueba algunos de los fundamentos de la España actual. Quizá esta crisis se convierta en una oportunidad para que muchos demócratas españoles se planteen la necesidad de transformar radicalmente el sistema político que permite a Rajoy actuar con estos procedimientos autoritarios.