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Nadie desmiente que los reveses judiciales en la aplicación de la Ley de Medios es una de las motivaciones de las reformas del sistema judicial que impulsa el gobierno nacional. El kirchnerismo había lanzado una fuerte campaña con este eje, para la cual incluso utilizó los actos por los 37 años del golpe de Estado y también el repudio social ante la absolución de los imputados en el caso de Marita Verón.
Sin embargo, del análisis de los proyectos presentados surge que poco tienen que ver con las medidas necesarias para agilizar los juicios a los militares. Por otro lado, también se desprende que el gobierno tiene otras cosas en mente. Tan incierto como las perspectivas electorales es la certeza de que las reformas afectarán temas cruciales como: el derecho de huelga, la posibilidad de interponer medidas cautelares contra cualquier medida del gobierno, los juicios laborales, al Estado o por las jubilaciones, o la reelección…
El proyecto sobre las cautelares no solo fue el último en obtener media sanción, sino también es el más grave. El gobierno nacional pretende justificar esta reforma para poner fin a los privilegios del grupo Clarín.
Por un lado, condiciona las medidas cautelares al “interés público” y se negará a ser otorgada cuando “perturbe los bienes o recursos públicos del Estado” (artículo 9 del proyecto). De aprobarse, los jubilados con juicios con el Estado ya no podrán utilizar este recurso. Tampoco los ahorristas perjudicados con el corralito de 2001 habrían cobrado, por la “emergencia económica”.
Esto se ve agravado porque -aún suponiendo que sea otorgada la cautelar- restringe su aplicación a seis meses, cuando ningún juicio civil dura menos de dos años.
El gobierno podría pasar a utilizar este recurso contra huelgas, cortes de ruta y la luchas sociales, amparado en este supuesto “interés público” y “cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y la regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos” (artículos 16 y 17).
Esto fue relativizado pero confirmado por el propio secretario de Justicia Julián Álvarez en el Congreso el pasado martes 16/4. Los encargados de llevar adelante este recurso serían los amigos de Pedraza: el ministro Carlos Tomada y su vice Noemí Rial. Ésta última entrenada en armar causas contra los trabajadores, como mostró el juicio contra los delegados del Garrahan.
El gobierno avanza sobre el Poder Judicial
El gobierno ha logrado darle media sanción al proyecto que cambia la composición, la forma de elección, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Ahora, del total de sus 19 miembros que pasaría a tener, 13 podrían ser pertenecientes a la misma fuerza política que el presidente de la Nación. Al establecer el quórum del Consejo en la mitad más uno y el método de resolución por mayoría absoluta, el oficialismo se garantiza que con 10 de sus integrantes puede sesionar y tomar cualquier decisión. Así el gobierno avanza en su control sobre el Poder Judicial.
A esto se suma la creación de tres nuevas Cámaras de Casación: Contencioso Administrativo, Trabajo y Seguridad Social, Civil y Comercial. Menos decisión para la Corte Suprema. Pero sobre todo, más burocracia para los juicios que dilata aún más el pago de las sentencias; por ejemplo en juicios laborales, por jubilaciones o por inundaciones. Como siempre afecta más a los más necesitados.
Por otro lado, todas las designaciones de personal pasan a manos del Poder Ejecutivo, que podrá reasignar unilateralmente los lugares de trabajo y tareas. Los trabajadores judiciales además denuncian que no fueron incluidos ni siquiera como veedores en los concursos del personal y que se introduciría la figura de contratos de locación de servicios para cualquier tarea, precarizando el trabajo. Los trabajadores lanzaron un paro que ha sido masivo.
CONGRESO DE LA NACION, DERECHO A HUELGA, REFORMA DE LA JUSTICIA
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