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Para garantizar el derecho a la Ciudad de las mujeres, es necesario atender con responsabilidad a la solicitud que se ha dado  a levantar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México.
30 de enero de 2018
Por: Alejandra Santamería García, Pollo Garduño y Layla Vázquez Flandes*
Ante las recientes declaraciones de Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado acerca de que no es necesaria la Alerta de Violencia Género en la Ciudad de México (que porque se quiere usar la violencia hacia las mujeres como un “tema político” y que, con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la Ciudad de México, los derechos de las mujeres estarán garantizados), pareciera necesario recomendarles una lectura de fondo a las cifras sobre violencia y feminicidios en la Ciudad. En especial, si en sus últimos meses como cabeza del gobierno desea respaldar a la Constitución y su novedoso reconocimiento al derecho a la Ciudad, de las que tanto presumió como logro durante su último informe de gobierno. En este mismo sentido, Mancera afirmó que no se privatizarán derechos, tales como el del acceso al agua, siendo que lo que podemos ver en la Ciudad es el desplazamiento y la distribución inequitativa de los bienes comunes de la Ciudad.
En la Carta de la Ciudad de México, el Derecho a la Ciudad se concibe como el disfrute de todo lo que se produce dentro de ésta, bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El reconocimiento al  derecho a la Ciudad en la Constitución significa que ésta  deberá ser  garantista, democrática, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura, de libertades y derechos, educadora y del conocimiento, toda la ciudadanía deberá gozar plenamente de la Ciudad bajo estas características.
Hay grupos de la sociedad lejos del disfrute pleno de sus derechos y que no pueden esperar hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución para el reconocimiento de sus derechos y demandas. Uno de estos grupos son las mujeres de la Ciudad, quienes han sido objeto de diversas formas de violencia que afectan directamente su desarrollo individual y su uso y disfrute de la Ciudad. Basta con mencionar los 101 casos de feminicidio ocurridos entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, entre éstos los de Lesvy Berlín y Abigail Guerrero Mondragón. O como otra muestra de violencia hacia las mujeres, se encuentra la impunidad en la que permanecen los casos de transfeminicidio, como son los de Paola Ledesma y Alessa Flores, asesinadas ambas en octubre de 2016 y para quienes aún no hay justicia.
La Constitución de la Ciudad de México también estipula que, para lograr una Ciudad incluyente, “las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. Teniendo esto en cuenta, es pertinente preguntarnos: ¿qué bases nos deja el actual gobierno a las habitantes de la Ciudad de México para ejercer nuestro derecho a la Ciudad? ¿Qué bases le deja a la futura Constitución para lograr una Ciudad con las características que menciona? Esto, siendo evidente su negativa a reconocer que son necesarias medidas inmediatas para nuestra seguridad y bienestar; que, a pesar de sus avances en políticas públicas incluyentes, la Ciudad aún tiene un gran rezago respecto al disfrute pleno y equitativo del espacio público.
Por otra parte, otra problemática que atañe hoy en día a la Ciudad es la  privatización de los bienes comunes, lo cual afecta principalmente a los pueblos y barrios originarios. En la Ciudad de México se encuentran 139 pueblos y 58 barrios originarios, que conforman 197 comunidades. Los pueblos y barrios originarios conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión; y en muchas ocasiones sus estructuras organizativas se contraponen a los intereses económicos de explotación masiva, ya que representa la transgresión a sus espacios y sus formas de vida.
En estos casos, se reconoce el derecho a la consulta previa, el cual es un derecho llave para acceder a otros y les permite impedir la privatización de los bienes comunes que se encuentran en sus territorios, así como ejercer la libre determinación de su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, así como la autonomía de los pueblos.
En este sentido, recientemente pueblos y barrios originarios interpusieron dos amparos en contra de la Ley de Sustentabilidad Hídrica, considerando que implicaría el control del acceso al agua, así como de los ríos y pozos situados en sus territorios, favoreciendo a los empresarios y a zonas privilegiadas de la Ciudad a costa del bienestar de los pueblos.
No negamos el reconocimiento que ha tenido el Gobierno de la Ciudad de México a los derechos humanos y a las personas defensoras de los mismos, pero debemos subrayar que el reconocimiento implica atender las demandas y problemáticas de quienes habitamos y transitamos por la Ciudad. En este sentido, para garantizar el derecho a la Ciudad de las mujeres, es necesario atender con responsabilidad a la solicitud que se ha dado  a levantar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Igualmente es necesario dar plena defensa y reconocimiento a la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas; la escucha y defensa de estos sectores posicionaría a la Ciudad de México como un ejemplo para todo el país porque reconocería las necesidades, problemáticas y demandas de todas las personas que conforman a la Ciudad.
* Colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
Consultar artículo en Contralínea.
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