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El reconocido penalista Fernando Fernández, sostiene que el derecho penal del enemigo es un derecho que se aplica a un sistema penal donde no existen garantías penales, procesales, ni la protección de los derechos fundamentales para quién está siendo investigado o enjuiciado, ya que es considerado como un enemigo hostil.
Señala el autor, que el derecho penal del enemigo no busca, por lo menos en Venezuela, conseguir la muerte física del enemigo, es decir, lograr acabar, destruir o exterminar con la vida del enemigo. Sino más bien, producir con su aplicación, una muerte civil o moral del enemigo.
Ello, según el autor, se evidencia con el abuso de poder al cual recurre el Estado venezolano para eliminar los derechos y las garantías jurídicas de todo ciudadano que consideren como un enemigo potencial, aun cuando se trate de un simple opositor. Recordemos que oponerse a un gobierno es un derecho de todo ciudadano y no constituye delito alguno.
Este abuso de poder se traduce, según el autor, en un uso arbitrario de la coacción y la violencia legal al acusar penalmente a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos por cuestionar las acciones y omisiones del Estado, así como también, al denunciar y apresar a empresarios del sector privado bajo el supuesto de “acaparamiento”.
En tal sentido, esta aplicación discriminatoria del ordenamiento jurídico, se manifiesta igualmente con la promulgación de normas destinadas a criminalizar u obstaculizar conductas desarrolladas por un sector específico de la población y que ha sido detectada previamente como contraria a los intereses del poder. Un ejemplo de ello lo tenemos en las normas dictadas el año pasado por el CNE con el fin de impedir el referéndum revocatorio.
Por si fuera poco, señala el autor, la coacción arbitraria no es el único medio al cual recurre el Estado para destruir a sus enemigos. La muerte moral, según Fernando Fernández, también ha sido empleada por los dirigentes del Estado y no deja de ser devastadora para quien la padece. Precisa el autor, que el Estado se ha acostumbrado a lograr este cometido descalificando, amenazando, estigmatizando e incluso demonizando a todas aquellas personas que sean consideradas como sus enemigos. Un patético ejemplo lo tenemos en las declaraciones de dirigentes gubernamentales contra la madre de Neomar Lander.
Otro ejemplo, sostiene el autor, fue el inicio de la famosa “guerra económica”, donde el Estado atribuyéndole la responsabilidad de sus inacciones al sector privado, inició una persecución masiva contra altos empresarios del país, tildándolos en sus discursos políticos de “fascistas”, “apátridas”, “traidores”, “parásitos”, entre otras descalificaciones e injurias.
En definitiva, sostiene Fernando Fernández, que para los enemigos de este régimen que se ha autodenominado socialista, es decir, los empresarios, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, profesores, intelectuales, periodistas y estudiantes, por mencionar algunos, no hay Estado de Derecho ni Constitución, solo fuerza y hechos, pues al ser enemigos no tienen derechos y contra ellos todo vale.
Para saber más sobre este tema, puede ver el estudio del autor en este enlace: https://goo.gl/4siGE6
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