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En Varsovia no hay playa, pero hay unos rascacielos relucientes que no pegan ni con cola y un coloso brutalista del comunismo, que se exhibe y se esconde a la par, y un rinconcito delicioso en la parte vieja donde comer pierogis, que están ricos. Del resto de Polonia no puedo hablar, porque no lo he visitado aún ni creo que lo haga, tal y como van derivando las cosas. Las de ellos, no las nuestras. Polonia tiene un regustillo exótico de cerrado comunista y prohibido para el turista, pero eso es solo la fachada y el reclamo turístico para los que no entendemos nada. ¿A ustedes les llamaban polacos porque no les entendían o cómo era eso? Lo difícil de comprender ahora es la deriva antidemocrática del país, que Abascal tanto admira, y el hecho cierto de que está dentro de la UE y es un actor más política y jurídicamente.
Hemos comprobado ahora que Polonia junto a la nada corrupta Rumanía son los dos países en los que España ―por devoción u obligada― ha encontrado respaldo y no sé si sospechar las razones. En las alegaciones realizadas en noviembre por los países miembros en el procedimiento de cuestión prejudicial presentado por el magistrado español sobre la euroorden solo han participado Bélgica, que defiende la postura de sus tribunales nacionales, y de los no concernidos por la cuestión, exclusivamente Rumanía y Polonia. Curiosamente, ninguno de los grandes países ha querido intervenir en este tema, ni Francia ni Alemania ni Italia ni Holanda… ninguno de ellos ha querido exponerle al TJUE lo que opinan sobre la forma de interpretar las entregas en las euroórdenes que probablemente entienden resuelto y que, por tanto, no les inquieta. Rumorean por ahí que gentes del Tribunal Supremo iban contando que estaban muy satisfechos porque sabían que iban a contar con apoyos de otros países en sus pretensiones. Lo que olvidaron es que en ese caso la calidad es importante y ahí se han quedado muy desnudos.
Leída la documentación presentada, tengo que decir, casi como si fuera una crítica cultural, que Bélgica ha presentado unas observaciones muy técnicas, fundamentadas y completas, mientras que tanto Rumanía como Polonia se han despachado con unos escritos breves y de poca exhibición jurídica para decir, resumiendo, que a ellos nadie les revise la competencia de sus tribunales y que sobre la vulneración de derechos fundamentales como motivo para denegar una OEDE, no basta con un contexto de duda general sobre el sistema, sino que el país que deniegue la entrega tiene que encontrar pruebas fehacientes de que se van a vulnerar los de esa persona concreta. Es muy curioso que a ambos países les preocupen las mismas cuestiones y de la misma forma. A ellos lo de Puig y los demás no les mueve ni les conmueve ni les preocupa. Da toda la sensación de que están batallando por lo que les pudiera ocurrir a ellos y eso se nota.
Polònia juntament amb la gens corrupta Romania són els dos països en què Espanya ―per devoció o obligada― ha trobat suport
Entre la documentación aportada por Bruselas uno puede leer la ampliación de datos remitida por Llarena en su día en un francés macarrónico; ya saben, las palabras están bien, pero el orden de los elementos de la frase es totalmente español y eso le da una sonoridad horrenda. A ver si el Supremo invierte en una traducción jurídicamente correcta ―recuerden algunas trampillas― y además estilosa. En ese documento se recoge la justificación que el Supremo dio para cubrir lo que desde el inicio ha sido una trampa: la competencia del tribunal sobre aquellos que no estaban aforados ante él sino al TSJC. Desde la presentación de la querella por el fiscal jefe Maza era evidente que se trataba de llevar el caso a un tribunal fuera de Catalunya dispuesto a tragar con la inexistente rebelión y en el que el resultado estuviera controlado. Muy suyo, Llarena le dijo a Bruselas: “La falta de competencia del tribunal se establece de oficio en nuestro país, sin que la Cámara de Apelación” ―que en puridad no es tal puesto, Llarena es de la misma sala que los que ven apelaciones― “haya puesto en causa su propia competencia”. A eso los belgas contestaron en su día, y así se lo dicen al TJUE, descubriendo el truco: “La atribución de la competencia del TS a los coacusados que no formaban parte de un Parlamento en razón de su conexión con los que sí lo son en los delitos parece enteramente fundada sobre la propia jurisprudencia del propio TS español sin que parezca que tenga sustento en ninguna disposición legal explícita”. ¡Toma del frasco, Carrasco! Que se lo guisan y se lo comen y pretenden que nadie pueda analizar si han vulnerado así el juez predeterminado por la ley. Eso es lo que Polonia y Rumanía apoyan, que una vez que sea una autoridad judicial la que lance la OEDE, a nadie le importe ni pueda revisar si es la competente o la que al país le interesa. Será que también tienen costumbre de usar la competencia para llevar los asuntos donde quieren, como pasa más de la cuenta en España (véase Altsasu o CDR o tantas otras).
Ese es el pecado original de todo el asunto. Se ha pretendido borrar el hecho de que era improbable que la querella ficcional por rebelión hubiera sido admitida a trámite por el TSJC, mientras que era obvio que la Audiencia Nacional lo haría, aún a costa de tener que cambiar su propia doctrina que la consideraba no competente para delitos de rebelión, y que el Supremo buscaría la conexidad y nadie se la discutiría, ni siquiera el Constitucional.
Si la Decisión Marco de la OEDE afirma que la euroorden debe ser emitida por el juez competente, claro que es importante que sea ése y no otro y para ello habrá que determinarlo, sobre todo cuando los requisitoriados han denunciado reiteradamente ese trapicheo de competencias que, como bien dicen los belgas, el tribunal se atribuyó a sí mismo en base a sus propias decisiones, con esa costumbre de legislar que ya es tradición en la sala segunda. Puede que algunos países no hayan enviado sus observaciones porque no entre en sus planes hacer enjuagues con las competencias para llevar los casos a los jueces que prefieran. Y luego está lo del respeto de los derechos fundamentales, que como dice Bruselas deben ser respetados tanto por el emisor como por el receptor y que, por tanto, llevarían a este a revisar su posible vulneración.
Todo esto se verá próximamente en una vista en la que las compañías de España no serán las más vistosas. A la espera de lo que allí se determine, me despido en el francés que usa Llarena: