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Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.
05 de noviembre de de 2016
La dignidad en nuestras manos
El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado.
Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo.
La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar.
Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico.
El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta:
“Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”.
La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy.
Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”.
Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo.
Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”.
Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.
La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto.
El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo.
La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer y recoger el cuerpo destrozado, herido, mancillado, del joven estudiante de 22 años que murió en su deseo de ser maestro. El médico forense y otros burócratas explicaron: “fue desollado vivo”. La aseveración se corrobora, entre otras cosas, por la forma en que sus restos mantienen los dientes y mandíbula apretados. El dolor debió ser inimaginable.
Fue pronto y discreto el regreso de Iguala. Ya en casa, la familia organizó el entierro y novenario para Julio; el levantamiento de la cruz se realizó el 9 de octubre. Los amigos y familiares que le conocen bien aseguran que Julio era valiente, entregado, decidido, no dudan que cuerpo a cuerpo hubiese salido avante en una lucha, “¡pero así, armados y en bola, lo despedazaron!”
“¿Quién torturó hasta la muerte a Julio César? ¿Quién lo mató?”, preguntaba Marisa, con lágrimas en los ojos a Enrique Peña Nieto en la reunión sostenida el martes 28 de octubre pasado. El presidente, ante el reclamo, no dio respuesta.
Los días siguientes al novenario de Julio, Marisa recibió en su casa la visita imprevista de personal del gobierno de Guerrero; para “reparar el daño” se ocuparon de entregarle un cheque por diez mil pesos. Ofende y lastima profundamente el gesto, la ignorancia, la incompetencia.
El daño perpetrado contra el normalista, su familia, el pueblo mexicano, es profundo, la deuda es histórica: verdad, justicia, memoria. Esa es la deuda. ¿Cómo van a pagarla?
El Estado está obligado a suprimir las condiciones que alientan la práctica de la tortura, es decir, a prevenirla. Acabar con la impunidad y transformarse. La reparación debe ser ética y jurídica por medio de la reivindicación de la verdad de lo acontecido y el castigo a los responsables; en cuanto a lo material, los daños provocados, el proyecto de vida alterado, no solo de Julio, sino de su esposa y su hija, debe ser cubierto a través de indemnizaciones o restituciones adecuado todo ello a estándares internacionales.
También nosotras, nosotros podemos reparar. Podemos reparar a cada paso que damos exigiendo justicia, podemos reparar cuando afrontamos el mensaje de terror que fue inscrito en el cuerpo de Julio y seguimos caminando, con cada poema escrito, con cada acopio ofrendado con cariño, con la memoria que guardamos de lo acontecido, con la transmisión y recuento de la verdad. Por Julio César Mondragón Fontes y los 43 normalistas desparecidos, ni perdón, ni olvido.
Consultar en Animal Político.
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