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Ser “morena y chaparrita” es la razón que llevó a la defensora del agua, Dominga González Martínez, a ser sentenciada en 2017 a 50 años de prisión, acusada injustamente de homicidio y privación de la libertad, delitos que de acuerdo con los abogados del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) no pueden ser sustentados, y que la mantienen desde hace 11 años en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, del Estado de México.
Su caso -asegura el CDHZL- está plagado de inconsistencias y contradicciones.pues no existen las pruebas ni los elementos consistentes para sentenciar a la defensora y a otros cinco defensores a quienes se les acusa de presuntamente haber participado en la muerte del empresario Alejandro Issak Basso, ocurrida el 1 de abril de 2003 tras una pugna entre pobladores, empresarios floricultores y autoridades por la concesión del agua que nace del río Texcaltenco
Dominga, indígena nahua, y es originaria de San Pedro Tlanixco,  comunidad mexiquense localizada en la cordillera del nevado de Toluca,  por donde corren los saberes de la medicina ancestral y el Río Texcaltengo, cuyas aguas han llamado la atención a empresas floricultoras que buscan ser lo únicos dueños de la corriente fluvial.
TLANIXCO, LA DEFENSA DEL AGUA
“Defender el agua, es defender la vida”, es la consigna con la que el pueblo vive sus días y que lo ha llevado a ser considerado por la Procuraduría General de la República  “un presunto poblado terrorista”. Además de cultivar sus tierras, Dominga  formaba parte del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco que por muchos años representó la oposición más fuerte a la privatización del Río Grande.
En el año 2002, según se indica en el oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971,  la Comisión Nacional del Agua concesionó el río a empresarios de Villa de Guerrero, municipio vecino y floricultor más importante del país – y otorgó a la población de Tlanixco la concesión para el uso de cuatro manantiales de agua que les permitían satisfacer sus necesidades personales y de riego. No obstante, años más tarde y sin previo aviso, se les advirtió que estas concesiones ya no eran válidas y que los manantiales ya eran propiedad de Villa Guerrero. Lo que generó un fuerte movimiento de resistencia y organización al interior de Tlanixco.
Sin autorización y utilizando palabras racistas e insultos, el 1 de abril de 2003 representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi) entraron al territorio de Tlanixco y acusaron a la población local de “ensuciar el agua”.  Al igual que en muchas comunidades indígenas, en ese momento se repicaron las campanas de la iglesia para alertar sobre lo que estaba sucediendo, más de 300 personas acudieron al llamado dispuestos a defenderse de las acusaciones y amenazas.
Es así como, en una situación confusa, en la cual los empresarios alegan el linchamiento del occiso, y las personas del poblado argumentan que el empresario Alejandro Isaak Basso cae accidentalmente por un barranco, ocurre la muerte del empresario.
Tras la muerte de Isaak Baso, vino la represión. Policías judiciales hacían cateos, a veces en la noche, entraban en las escuelas y calles, amenazando, golpeando e interrogando a la población, incluso menores de edad, para supuestamente dar con los responsables.
De acuerdo con Alejandra Peña, abogada del CDHZL, “existe una gran responsabilidad por parte de la instituciones estatales, pues no actúan con imparcialidad y en vez de resolver mediante los canales del diálogo y del respeto el conflicto del agua entre los floricultores del municipio de Villa Guerrero y San Pedro Tlanixco, abiertamente toman posicionamiento a partir de sus intereses políticos y económicos. Sumado a esto,la Procuraduría General de la República en vez de realizar las investigaciones pertinentes, encontraron un pretexto para perseguir y encarcelar a los liderazgos del pueblo y generar condiciones de represión características de una política de terror de Estado en la comunidad”
DOMINGA, SOMETIDA A LA JUSTICIA RACISTA
“Como si fuera el río más peligroso”, Dominga fue detenida la noche del 9 de julio de 2007 cuando policías judiciales y ministeriales llegaron a su casa para amedrentar, amenazar a insultar a la defensora y su familia, según cuenta el hermano de Dominga. El operativo para su detención contó con 30 patrullas y alrededor de 150 elementos de policía. Se le dictó auto de formal prisión solo dos días después de su arresto.
Aunque fue detenida en 2007, Dominga tuvo que esperar 10 años para que el Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca la sentenciara a 50 años de prisión, en abril de 2017.
Según sostiene el CDHZL, organización que lleva la defensa de Dominga, no existen las pruebas ni elementos consistentes para sentenciar a la defensora, y menos aún, con una pena de 50 años y añaden que la decisión del Juez es una “sentencia racista”, pues existen pruebas de que los testimonios por los cuales se inculpó a la defensoras se realizaron por testigos inducidos.
Quienes integran esta organización detallan que el Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, determinó la pena máxima para Dominga, a partir de tres “argumentos”: por alegar ser defensora de derechos humanos, por no considerarla indígena y por defender los usos y costumbres.
José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, señala que el encarcelamiento de Dominga y sus compañeros es una forma de “dar un escarmiento a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco que se oponen a entregar las aguas del río”, y en particular el caso de la defensora “es un claro ejemplo de lo que significa ser mujer e indígena” ante el sistema de justicia.
Una de las inconsistencias documentada por la organización es el hecho de que durante los cuatro primeros años del proceso, ninguno de los supuestos testigos mencionó o identificó a una mujer como parte del enfrentamiento. Fue hasta 2007 que uno de ellos dijo que había observado a una “señora morena y chaparrita”, con esa declaración -que apela a la apariencia del 64% de la población mexicana- bastó para identificar a Dominga y considerarla culpable del supuesto delito de homicidio.
Madre de 4 hijos, Dominga, ahora  vive en el dormitorio número cinco del penal de Santiaguito junto con otras 35 internas, y se niega a utilizar el informe caqui que identifica a las mujeres sentenciadas del penal porque, sostiene, “ella no mató a nadie”. En prisión mantiene la esperanza de quedar en libertad y reunirse con su familia, aunque la criminalización en su contra ya le impidió despedirse de su madre, quien murió  mientras ella esperaba ser sentenciada.
Ella, junto con sus compañeros indígenas: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez, Berriozábal -también sentenciados a 50 años de prisión- fueron recientemente reconocidos por el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”
En junio de este año el CDHZL, interpuso un recurso de apelación que podría tardar hasta un año y medio en resolverse, ante ello, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se solidarizó con la defensora y demanda al poder judicial del Edomex resolver favorablemente  y sin demora el recurso y dictar sentencia absolutoria para Dominga y los presos políticos de San Pedro Tlanixco.