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Desde el 24 y hasta el próximo 26 de abril se realizará en la ciudad de Bogotá el encuentro internacional de víctimas promovido por MOVICE, el objetivo del encuentro es promover las experiencias de organizaciones de otro países que han sufrido crímenes de estado, dictaduras militares y regímenes en sus países, entre otros, por otra parte, convocar a la sociedad a reconstruir el papel del Estado en la violencia del país.
Encuentro Internacional de víctimas de crímenes de Estado Colombia: La paz son cambios24, 25 y 26 de abril de 2014, Bogotá (Colombia)
Promover el encuentro de experiencias organizativas de víctimas de crímenes de sistema o de Estado en países que han sufrido guerras internas, dictaduras militares o regímenes autoritarios de cualquier tipo.
Convocar a la sociedad a reconstruir el papel del Estado colombiano en la violencia política desde la voz de las víctimas.
Generar aprendizaje a partir de experiencias de procesos de construcción de paz.
Proponer un gran acuerdo por la verdad, la justicia y contra la impunidad.
Promover reformas que garanticen reparación integral a todas las víctimas, sin discriminación.
Violencia política, paramilitarismo y criminalidad estatal.
Espionaje y operaciones de inteligencia contra civiles.
Criminalización y prisioneros de conciencia.
2. Injerencia extranjera y militarismo.
Intervención y ayuda militar extranjera.
3. Extractivismo y depredación de recursos naturales.
3.1. Acumulación por despojo.
3.2. Costos ambientales y costos sociales.
3.3. Responsabilidad del sector privado y transnacionales.
4. Procesos de paz y tratamiento de crímenes estatales y crímenes de sistema.
Justicia y garantías de no repetición en los procesos de paz.
Tribunales internacionales de guerra.
Participación de las víctimas, políticas de memoria y comisiones de la verdad.
Reparación integral de las víctimas.
El rol de los medios de comunicación.
En diciembre de 1928, 25.000 obreros de la zona bananera que vivían como esclavos y trabajaban para la multinacional norteamericana United Fruit Company, habían empezado una huelga general y habían propuesto un pliego de peticiones. El 6 de diciembre se había convocado una concentración en la plaza principal de Ciénaga (Magdalena) y aún no sabemos por qué el presidente Abadía Méndez dio la orden al general Cortés Vargas y a sus soldados para que dispararan contra la manifestación indefensa.
El gobierno de Abadía Méndez trató de minimizar el hecho, manifestando que solo habían unos cuantos muertos. Jorge Eliécer Gaitán tuvo que encabezar una comisión para investigar en terreno, la verdad sobre la Masacre de las Bananeras y denunció los hechos de barbarie a cargo del Ejército y del gobierno conservador. Desde entonces, no ha parado la campaña estatal para negar su responsabilidad en la guerra y la violencia política.
Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio contra el movimiento gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el informe general del Centro de Memoria Histórica (CMH) contabilizó más de 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990 fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.
Durante el gobierno de César Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991, se cometieron 9.382 crímenes de Estado. Para el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1998 y 2002, periodo que comprende el gobierno de Andrés Pastrana, los grupos paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando a 6.569 personas. Durante los dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, solo en los primeros 3 años del gobierno Uribe, más de 800 sindicalistas fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares. Luego se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría participado, en connivencia con grupos paramilitares, en el asesinato de sindicalistas y activistas sociales.
Las cifras más conservadoras de personas desaparecidas en el país superan las escabrosas experiencias de las dictaduras militares en el Cono Sur, solamente que en Colombia todo esto ocurre sin que se interrumpa la democracia formal.
Poderosos intereses han intentado despoblar el campo y despojar a los campesinos de las mejores tierras a sangre y fuego. La política de ’tierra arrasada’ con la que se promovieron grupos paramilitares favoreció la concentración de la tierra y desplazó a millones de personas a los cinturones de pobreza de las principales ciudades.
De la misma forma, las doctrinas de seguridad y las políticas intervencionistas que han instituido el militarismo en la región, han estado acompañadas por un cerco legal contra las organizaciones sociales, afectando los derechos a la protesta y a la oposición política.
En agosto de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) suscribieron un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable para Colombia”. Hoy, cuando se encuentran discutiendo el punto tres de la agenda de negociación y han divulgado la subscripción de acuerdos parciales en materia de desarrollo rural y participación política, se avizora el punto sobre la reparación a las víctimas. Precisamente, es en este punto en donde el encuentro cobra importancia, pues intenta mostrar una perspectiva más amplia e integral acerca de la violencia política y de la guerra en el país, así como de la responsabilidad del Estado y las élites políticas en el conflicto armado y fuera de él.
Existe la necesidad de tener un plan de transición que logre que se hagan efectivas transformaciones en materia social y económica, y que éstas susciten una ampliación significativa de la democracia en el país.
La Fuerza Pública y los paramilitares colombianos acumulan 428 actos de sevicia en este periodo.
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