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El proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobado el pasado 17 de mayo en el Consejo de ministros y ahora en tramitación parlamentaria, adolece de no adecuarse a la realidad diaria de nuestros pescadores, en buena medida, una vez más, por no haber tenido en cuenta las apreciaciones del propio sector; una práctica lamentablemente reiterada en numerosas regulaciones nacionales y comunitarias.
En el caso concreto de este proyecto de Ley y a falta de su tramitación, hoy en día, nos encontramos con un texto que, si bien tiene algunos elementos positivos, tiene otros muy preocupantes, por no garantizar la seguridad jurídica de las empresas para responder a la mejor gestión posible en el marco de la Política Pesquera Común (PPC).
En este sentido, la nueva Ley de Pesca ha de garantizar, de forma explícita, que los nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca, con los que estamos de acuerdo, solo afecten de cara a futuro y no a los ya distribuidos. Si tenemos en cuenta que nuestro sector lleva dos décadas regido por un reparto de posibilidades de pesca concreto, que ha determinado la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, familiares mayoritariamente, no respetarlo supondría un escenario inestable que atentaría a la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial.
Así mismo, consideramos que la reserva del 10% de las posibilidades de pesca que plantea el texto es excesiva, especialmente cuando en los últimos años la reserva se limitaba a entre un 2% y un 3%. De cambiarse este porcentaje se crearán disfunciones en la gestión de posibilidades de pesca. En ese mismo artículo, se prevé la posibilidad de permitir la inclusión de barcos sin historicidad en una pesquería determinada. Esto no nos parece razonable, pues podría dar lugar a una entrada indiscriminada de buques, creando, de nuevo, inseguridad jurídica para las empresas. Tendría, en su caso, que ser en una situación muy excepcional y especial, garantizando que no afecta a la buena gestión de la pesquería.
Por otro lado, desde Cepesca no consideramos adecuado que se establezca en esta Ley el “mecanismo de optimización de la gestión de las posibilidades de pesca”. Hay que conocer las causas reales que llevan a la existencia de posibles excedentes, y en todo caso, sería más adecuado regular este procedimiento a través de un Real Decreto u Orden Ministerial. Además, no es justo que las inversiones hechas por algunos armadores, en ocasiones muy importantes, para adquirir posibilidades de pesca, puedan darse a otros por no utilizarse en momentos puntuales.
Por lo que se refiere a los elementos positivos, desde Cepesca consideramos oportuno la inclusión del apartado referido a la importancia de la investigación pesquera y oceanográfica, la regulación de la pesca recreativa en aguas exteriores y la regulación del acceso a recursos genéticos españoles que tengan la consideración de recursos pesqueros y distribución de los beneficios derivados de su utilización.
Respaldo a un sector esencial y comprometido
La tramitación de la Ley de Pesca Sostenible es una oportunidad para que los políticos, y los ciudadanos a los que representan, amplíen su conocimiento de un sector del que España puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea y de una actividad comprometida con la provisión de un alimento saludable a la población, incluso en el escenario más complejo. Porque no olvidemos que llevamos años enfrentados, como muchos otros sectores, a dificultades, tales como la pandemia de la Covid, la escalada de los costes de explotación como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania o la política verde de la UE, tantas veces irrespetuosa con la actividad de los pescadores.
Por ello, el sentimiento actual del sector pesquero ante este proyecto de Ley es de desilusión, más aún cuando de las 46 propuestas de modificación del texto presentadas, solo se han atendido algunas de menor importancia.
En definitiva, las empresas pesqueras son las primeras interesadas en hacer el máximo uso de las posibilidades de pesca que la UE concede a España, pero en lugar de amenazas, lo que necesitan es estabilidad, certidumbre y flexibilidad. Esto ha de traducirse en políticas que, por supuesto, contemplen el respeto de la biodiversidad de mares y océanos, pero que también favorezcan los intercambios, posibilitando una pesca sostenible, pero también rentable.
Para ello, hago un llamamiento a todas las partes para alcanzar un acuerdo, esencial para que la nueva Ley sea un éxito durante, al menos, los próximos 20 años.