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El 10 de diciembre de 1987, Día Internacional de los Derechos Humanos, unidades militares adscritas a la IV Brigada del ejército, en desarrollo de una acción encubierta en el marco de la aplicación del plan de exterminio contra la Unión Patriótica conocido como “Baile Rojo”, detuvieron arbitrariamente, desaparecieron, torturaron y posteriormente asesinaron a Francisco Eladio Gaviria Jaramillo.
Francisco Eladio Gaviria Jaramillo en la Memoria.
Francisco Eladio Gaviria Jaramillo Sin Olvido.
viernes, 29 de noviembre de 2013
Victimas de la masacre de la Balsita
6:01 p. m.  Antioquia, Asesinato, Dabeiba, Desaparición forzada, Masacre, Paramilitarismo  No comments
Noviembre 24- 28 1997- Noviembre 24-28 2013
Han pasado 16 años desde que un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.
Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre. Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.
La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.
Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.
Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.
En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.
Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.
Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.
Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.
El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.
Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.
Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.
El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.
La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba en donde vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.
De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas suman más de 300 víctimas. Hoy, pasados 16 años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de investigación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.
Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez
Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy
Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria..
Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.
Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.
Gaby May no se rindió ante el conflicto en Tumaco
5:36 p. m.    No comments
La hermana Gaby May tenía el mejor balcón sobre la bahía interna de Tumaco. Para un visitante, su casa poseía una vista privilegiada, pero para ella se trataba de otro asunto: desde allí también se podía ver en toda su dimensión la inmensa pobreza del puerto. Aún después de años de vivir allí no le cabía en la cabeza cómo, sus ilustres vecinos, gamonales políticos de esta población a orillas del Pacífico, se negaban a ver el resultado de su corrupción y sus abusos.
Así era May, una monja laica malhablada, fumadora, francota, inmensamente solidaria y, a su manera, dulce. Vivía preocupada por ayudar a resolver las injusticias que cada día presenciaba en la que, desde hace tiempo, consideraba su tierra, luego de 35 años de trabajo con las Misioneras Laicas de Friburgo, una comunidad religiosa suiza que la trajo al país y con la que se dedicó a velar por comunidades indígenas y negras de Nariño y Cauca.
Gaby fue amiga inseparable y compañera de trabajo de Yolanda Cerón, líder asesinada en 2001 por hombres del Bloque Libertadores del Sur de las Auc, luego de que denunciara públicamente que algunos miembros de la Policía, del DAS y de la Base de Entrenamiento de la Marina eran cómplices de los asesinatos selectivos que estaban cometiendo los paramilitares en Tumaco.
Por eso tras la muerte de su amiga, la hermana Gaby, continuó aún con mayor ahínco su labor de defensora de los derechos humanos y protectora de los más desvalidos y sufridos en la región. En 2002 creó la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco, encargada de la defensa de los derechos y la vida de la población de la Costa Pacífica nariñense. También fue el motor de iniciativas de memoria como las marchas por la paz, la Galería de la Memoria y la Casa de la Memoria, que inauguró hace poco y en donde guiaba a los visitantes y les explicaba en detalle la historia de violencia del puerto.
Gaby conocía como pocos la crisis humanitaria al interior de los barrios y las amenazas que enfrentan todos los días, sobre todo los jóvenes, atrapados en medio de las disputas territoriales entre las Farc y la bandas de narcotraficantes. De ahí que su trabajo variaba con la misma facilidad con que pasan las horas. En la madrugada podían verla vendiendo tamales en la calle para recaudar fondos para las obras de su misión, al medio día, podía estar visitando a personas enfermas a reclamar por sus derechos en las clínicas, en la tarde, consolando a alguna jovencita abusada por hombres armados, y en la noche, en alguna reunión de madres, intentando ayudarles a evitar que paramilitares o guerrillas les recluten a la fuerza a sus hijos adolescentes, como sucede hoy cada semana en ese puerto.
Trabajó con mujeres de barrios sumidos en la miseria como Nuevo Milenio, Viento Libre, Obrero y Centro, en donde enseñaba a tejer. También fue compañera incondicional de las víctimas del conflicto armado de la vereda San Luis Robles y de indígenas Awá del resguardo Magüí, Primavera y Renacer, a quienes animó en la búsqueda de la restitución de sus derechos.
Sin duda su voz era un aliento para los desprotegidos que confiaban más en ella que en las numerosas instituciones nacionales e internacionales que hacen presencia en este puerto. Y muchas veces lograba ayudarles de manera más efectiva, con su amor y su compromiso, que todas estas juntas. Tuvo el coraje de enfrentársele a los grupos armados de cualquier bando solo con su autoridad moral, y el de batallar también contra la politiquería.
Gaby murió de un infarto el pasado 19 de noviembre, muy temprano en la mañana, en su casa. Tenía 63 años. Su legado y su visión de cómo construir paz quedan en la memoria de los tumaqueños y de las personas que la acompañaron en su pastoral. VerdadAbierta.com la entrevistó en 2012 y sus respuestas reflejan el compromiso que tenía con su Pacífico.
VerdadAbierta.com: ¿Cómo es la presencia del Estado en Tumaco y el Pacífico?
Gaby May: Se limita a uniformes y armas pero no a invertir, no solo en lo social, sino en pensar cuáles son las inversiones para el progreso de todos, no de unos pocos. Aquí, con las locomotoras se hacen grandes planes, legal e ilegalmente, destruyendo zonas que se convertirán en el viejo oeste salvaje, en busca del petróleo o el oro. El negro, igual que como lo hizo con el español, está metido en la chamba lavando el oro y todo el mercurio y los químicos están dañando las aguas.
VA: ¿Cuáles son las secuelas que los grupos armados están dejando en la población?
GM: Luego de la época gloriosa del dinero del narcotráfico, el boom cayó, los que estuvieron en Cali regresaron sin plata, algo muy típico de la gente acá, que cuando ya no puede más regresa con su familia, donde su mamá, y nadie los puede echar de la casa y por eso aumentan los conflictos. Esta es la fragilidad de meterse en negocios ilegales. Hay que reconocer que la mentalidad de la plata fácil sigue existiendo en Colombia y no solo por parte de los pobres. El ejemplo también lo dan los poderosos y los ricos. Solo mire el Congreso, tienen apreciables sueldos y otros contratos.
VA. Pero hay jóvenes que terminan involucrados no solo por la plata fácil.
GM: Hay zonas donde ven que tu hijo está en la edad de llevar un arma, de cargarla, lo invitan, entre comillas, y si se niega toda la familia queda en peligro. Con las niñas es diferente, no tanto para las armas. Uno ve que los muchachos metidos en los grupos se enamoran de una chica y le piden al hermano que se las consiga, que se la preste, y si se niega, este tiene que desaparecer del barrio, ella también y a lo mejor la familia también.
VA. ¿Qué credibilidad tienen las instituciones en la población?
GM: Nadie tiene confianza en las instituciones porque es un Estado que se hace sentir de manera represiva. No genera confianza para proteger a la población desarmada porque ha perdido el monopolio de las armas y en Tumaco varias generaciones han crecido viendo que las armas han marcado el territorio.
VA. Pero el Gobierno llegó implementando el Plan de Consolidación y ejecutando acciones sociales.
GM: Si, aquí vino, después del atentado contra la estación de policía (a principios de 2012). El ministro de Defensa y el presidente de la República anunciaron que enviarían más fuerza. Esa fue la primera intención y después dijeron: “vamos a reparar las casas afectadas y a las víctimas”. Ahora, si ustedes miran el sitio donde fue el atentado, la estación de Policía fue reconstruida pero los vecinos qué… así que después del discurso, del susto, vendrá otro atentado y otro discurso.
VA. ¿Existe la idea que la paz la construye la Fuerza Pública?
GM: Todo lo contrario, Colombia no tiene una guerra con un país vecino, el Ejército que tiene está ocupado en la guerra interna, donde la población civil está poniendo la sangre, y los niños y los jóvenes están sacrificando su presente y su futuro.
VA.: Si tuviera el poder para evitar el reclutamiento, ¿Qué haría?
GM: Apostaría por la educación. No estratificar el derecho de la educación, invirtiendo en viviendas dignas, porque teniéndolas se pueden sembrar más fácil valores dignos. Además, le apostaría a una seguridad social en todo el sentido de la palabra, donde pudiera reunirme en la noche con los vecinos sin tener miedo, y en el día enviar a mis muchachos a la escuela, a estudiar con garantías, que tengan dónde trabajar y recibir un pago.
VA: Una de sus luchas ha sido los derechos a la salud…
GM: Si usted tiene un niño enfermo y no lo atienden, produce angustia y rabia. Todo esto son semillas de la guerra, lo que necesitamos son semillas de paz, a través de servicios que funcionen. Y no hay que mendigarlos, tiene que tratarla como mamá, como ciudadana.
VA: ¿Cómo sembrar esas semillas de paz en los jóvenes?
GM: Hay que permitir que puedan expresarse, sentirse alguien, que puedan reír, hablar, tener sueños, con el derecho de hablar paja de vez en cuando. Es importante que en un pueblo donde todo el mundo está callado por el miedo, busquemos y fortalezcamos espacios donde se recupere la palabra. También tenemos que hacer el esfuerzo de crear espacios para que los grupos que más están sufriendo no se ahoguen en el dolor, brindándoles la posibilidad de reconstruir un camino de vida y de resistencia. Como dicen los indígenas: “hemos resistido 500 años, ahora queremos tener vida”.
VA: ¿Y cuál es el papel de la iglesia Católica?
GM: El sitio de la iglesia tiene que estar con la gente y no con los que manejan el poder, a ellos tiene que llamarles la atención o pierde credibilidad. Creo que la iglesia Católica tiene una deuda histórica con el pueblo colombiano.
martes, 26 de noviembre de 2013
12:20 p. m.  Meta, Partido Comunista, Unión Patriótica  No comments
Noviembre 26 1992- Noviembre 26 2013
Han pasado 21 años desde el asesinato del Segundo vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica, y del Partido Comunista José Rodrigo Orozco.
José Rodrigo entre 1986 y 1988 fue el alcalde del Municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Luego, de 1990 a 1992 fue elegido como diputado a la Asamblea del departamento del Meta por la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Además de ser docente, dirigente y conocido líder político de la región era esposo de María Mercedes Méndez, ex alcaldesa del Castillo, asesinada el 3 de Junio de 1992 junto con 4 personas militantes de la Unión Patriótica. José además era padre de 5 hijas.
José Rodrigo militó con el corazón y tenacidad por denunciar los crímenes de lesa humanidad en contra de los militantes de la Unión Patriótica de la región del Meta.
El 26 de Noviembre 1992, José Rodrigo fue asesinado por cuatro hombres de la estrategia militar encubierta, 2 agentes del F-2 de la Policía y 2 paramilitares, Arnulfo Castillo Agudelo, conocido con el alias de “Rasguño” y un hermano de éste conocido como “Puntillón”.
Ese día cuando José se dirigía a su casa, sin escoltas pues días antes se los habían retirado, luego de salir de la asamblea departamental, fue abordado por dos agentes de la policía, y requisándolo a la fuerza le decomisaron sus documentos y el arma de protección que el mismo gobierno le había dado. Al no tener motivos para detenerlo hubo un forcejeo; José seguiría luchando por sus hijas hasta el último momento en que su vida le fue arrebatada, entre tanto llegaron 2 paramilitares, “Rasguño” y “Puntillón” que se movilizaban en un vehículo del F-2 y una motocicleta Suzuky color roja, camuflada con cintas blancas y naranjas, y le propinaron 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, minutos después llegaron a este lugar otras unidades policiales, que realizaron el levantamiento.
Al ser asesinado dejó una nota en su bolsillo, dirigida a sus 5 hijas
“Al morir, no tendré tiempo de decir nada. Es por esto que dejo escrito:
Mi vida fue el amor. Mi amor fue la libertad y la paz.
Salud a los que aman!”
“En mis duras faenas, os amo pequeñas mías.
Mi mejor muestra de este amor, es mi propia entrega por vuestro futuro y vuestros amiguitos y amiguitas del mundo.
“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.
Que importan sus nuevos nombres!”
Al día siguiente, del asesinato de este valeroso líder del departamento del Meta, las unidades policiales que participaron en el asesinato de José Rodrigo fueron trasladadas, y con este hecho se dio vía libre al camino de la impunidad sobre su asesinato.
Posteriormente alias “Rasguño” fue capturado y al poco tiempo la Fiscalía Sexta Delegada ante jueces de circuitos especializados precluyó la investigación en su contra.
José Rodrigo, militó con el corazón y con la fogosidad que lo caracterizaba denunció cada uno de los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica en la región del Meta. Se empecinó en que se supiera la verdad, en evidenciar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato de la madre de sus cuatro hijas, del gran amor de su vida.
Han pasado 21 años de total impunidad en materia de justicia, pero también 21 años de construir memoria, de andar los pasos que recorrió José, de recordar sus luchas, de haber nacido para vivir, de negar esa pequeña muerte y de hacer trabajar para que él siga vivo en las diversas miradas y luchas de las personas que aún lo recuerdan. 21 años perpetuando sus palabras que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo: “Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven”.
José Rodrigo Orozco en la Memoria
José Rodrigo Orozco Sin Olvido
jueves, 7 de noviembre de 2013
Holocausto del palacio de justicia
10:27 a. m.  Belisario Betancur, Bogotá, Desaparición forzada, Ejecución extrajudicial, M-19, militares, Palacio de Justicia  No comments
Noviembre 6-7 1985- Noviembre 6-7 2013
Ayer hace 28 años, poco más de 20 minutos para el medio día, marcaron esta historia, familiar, colectiva, nacional, parte de los retazos de la memoria y de los desencuentros con el olvido, hoy a esta hora de la tarde, el camino de la memoria nos ha llevado a transitar los entuertos del silencio y de la mentira cuando el terror se encuentra descubierto.
A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y a unos pocos de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril, M-19, que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancourt debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.
A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada, excesiva, contra el derecho de gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional, y con el consentimiento, del presidente Betancour, quien asumió toda la responsabilidad, pero de quien muchos analistas afirmaron sufrió un golpe militar, por más de 28 horas, tiempo del operativo de tierra arrasada.
En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.
Pero la operación militar estaba preparada. Días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar las operaciones planeadas en la brigada 13 de Bogotá. Todo estaba perfectamente planificado. La Casa del Florero a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, dos horas antes de la toma del M 19, había sido habilitada como centro de identificación y de tortura de eventuales integrantes del M 19 o de sospechosos de ser para ellos integrantes del movimiento guerrillero. Todo esto ocurrió de forma premeditada horas antes que el Palacio de Justicia fuera tomado por el M 19, incluso antes que los tanques de guerra EE-09 Cascabel y Urutú ingresaran a la plaza de Bolívar.
Y efectivamente, luego del ataque por tierra, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero en donde los identificaban e interrogaban, algunos de ellos allí fueron torturados, sometidos a presiones psicológicas y otros desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan querido reconocer a dónde los trasladaron y qué hicieron con ellos, y otros ejecutados.
Esos cuarteles especiales estaban en el Casa del Florero y luego en las sedes militares a donde les llevaron, les torturaron y en algunos casos claramente les asesinaron. Ese tipo de operaciones contra la dignidad humana tuvieron como testigos y artífice entre otros, al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, quién expresó que estaba “defendiendo la democracia”.
Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.
Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad fue campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendió de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la que ellos dicen proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.
Ese 6 de noviembre se demostró qué soporta y qué no, la democracia colombiana. Noemí Sanin, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial que fue descubriendo detalles de las operaciones militares y la reiteración del cese al fuego clamado por Alfonso Reyes Echandía. La posterior candidata presidencial censuró las emisiones radiales, y ordenó emitir un partido de futbol, de los equipos Millonarios - Magdalena.
Es parte una imagen, entre otra memoria, la de un explosivo lanzado desde un tanque ubicado en la plaza de Bolívar, el que abrió un boquete e incendio el lugar en que se encontraban los pocos sobrevivientes, magistrados y guerrilleros del M 19, boquete que permaneció con una humareda hasta el 7 de noviembre, signo de las vidas extinguidas, de lo negado y que con el tiempo se ha develado.
El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos, que fueron trasladados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al cantón norte y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados y torturados y algunos de ellos, asesinados en los días siguientes.
Al final la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, 11 Civiles desaparecidos, la militante del M-19 desaparecida y 4 personas torturadas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Externado.
Con el tiempo se conoció que algunos salieron con vida y sus cuerpos sin vida ingresados posteriormente por las fuerzas militares, como sucedió con el Magistrado Carlos Horacio Urán.
A pesar de los avances judiciales, de los reconocimientos jurídicos que identificó a responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.
Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.
El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Bogotá.
Pero en realidad las dos condenas son una formalidad más, entre tantos expedientes. El Teniente Coronel Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y de abogados, tiene el beneficio de asistir a reuniones y ruidosas fiestas en clubes exclusivos de Bogotá. Ese es el gran hombre, el desaparecedor, que en su defensa pública, expuso una fotografía de gran hombre católico recibiendo una hostia supuestamente sagrada de manos de Juan Pablo II.
Jesús Armando Arias Cabrales con una hoja de vida tachada de cuestionamientos profundos por violaciones de derechos humanos vive su condena en libertad, en un apartamento en una guarnición militar, en el que habita con sus familiares.
Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, nuestro gran amigo, siendo un brillante y humanista abogado, nuestro amigo asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimento al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales…
Porque es bien cierto, que militares como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres. Otros por vencimiento de términos integrantes del B 2 como Sánchez Rubiano, gozando de libertad, por esa llamada justicia. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca tomadas, otras desaparecidas en manos de los militares.
Pero no solo ha sido la impunidad para militares, también para responsables desde el ejecutivo, aquellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar, que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.
Pero no se trata solo de la impunidad jurídica, que se ha pretendido asegurar con la perdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo, con dilaciones injustificadas, con la no recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.
Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente de la ley de víctimas, luego de conocer una decisión judicial, pidió perdón al presidente Betancour y a los militares.
28 años después en medio de la impunidad ha sido la terca memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer.
Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos e protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.
Hoy después de 28 años amigos y familiares continúan buscando los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación. ¿Porque, de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? ¿De qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?, ¿De qué sirve esa forma de justicia que es una pena, si la pena es prolongada para los familiares de la víctimas?
Y esa verdad se mostrará, y se demostrará aún más, el próximo 12 y 13 de noviembre en la CORTE INTERAMERICANA DE DH
Ellas y ellos al lado del Magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado por los militares y los torturados sobrevivientes. Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano son sus nombres, sus historias al lado de sus familiares, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad pretende reinar, cuando la democracia se viste de seda, cuando es un rostro de hierro y de terror, entre ellos, perfumado con la mentira.
Holocausto del palacio de justicia en la memoria.
Holocausto del palacio de justicia sin olvido.
viernes, 1 de noviembre de 2013
2:43 p. m.  Cúcuta, Ejército Nacional, Sindicalista  No comments
Noviembre 2 de 1993- Noviembre 2 de 2013
En Cúcuta, el 2 de noviembre de 1993 fue asesinado Gerardo Liévano García, por miembros del estado, un escuadrón de 11 activos del ejército nacional, integrantes del grupo de caballería mecanizado # 5, General Hermógenes Masa de la ciudad de Cúcuta, al mando del entonces teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales, detuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a este líder sindical. Pese a ello el teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales fue ascendido al poco tiempo a Mayor y además recibió varias medallas, según ellos por su destacado trabajo en las filas del Ejército.
Gerardo un trabajador y defensor por los derechos de los trabajadores, asesor sindical. El paso por el banco popular en la ciudad de Bogotá, en la década de los 70 le permitió comenzar a realizar su sueño como asesor sindical y a formarse en lo que a él más le gustaba, defensor de los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas, desafortunadamente luego de 10 años de pertenecer al banco lo despiden, pues a ninguna empresa le conviene que alguien esté atento a las demandas de los trabajadores. A partir de ese momento se complica la parte laboral de Gerardo debido a su condición de sindicalista y le es muy difícil conseguir un trabajo. A pesar de ello logra trabajar un tiempo con empresas privadas y al mismo tiempo prestaba asesoría sindical a la sindicatos que lo conocían, el trabajo con empresas privadas no era lo suyo y luego de un tiempo decidió dedicarse solo a las asesorías sindicales en empresas como UNEB , USO , ISS , TELECOM , ACUEDUCTO, entre otras.
Allí le permitían realizar trabajos que fueran necesarios en las sedes sindicales, como hacer compras, arreglar maquinas, cambiar los rieles de cortinas entre otras labores, así logró generar algún dinero para mantener a su familia.
Así pasaron algunos años y luego le propusieron ir a Urabá como asesor de SINTAGRO y de los bananeros, allí paso cerca de 2 años, pero es para el año 1985 donde casi es alcanzado por una bomba y se vio obligado a regresar a Bogotá. Luego le propusieron una asesoría en Sintra-elecol en Villavicencio, cuando se le acababa allí la asesoría trabaja con obras públicas de esta ciudad, haciendo duros trabajos incluyendo los carros del aseo. Termina el contrato con obras públicas y nuevamente regresa a Bogotá en el año 1990 continúa con sus asesorías sindicales, buscando algún trabajo.
En junio de 1993 la USO- Unión Sindical obrera- le propone una asesoría en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, estando allí el día 2 de noviembre de ese mismo año se encuentra con manos criminales del ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales y 10 efectivos más, le arrebatan la vida a Gerardo de la forma más vil y despiadada, hasta el punto de querer borrar toda evidencia.
El día 2 de noviembre hacia las 12:30 del día, retienen a 3 personas en un restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Cúcuta, a Gerardo lo golpean en la cara con la cacha del arma de uno de los militares que estaban vestidos de civil y lo dejan por unos minutos tendido en el piso.
Varios testigos que estaban en el lugar cuentan que comenzaron a pedir auxilio y que en ese mismo momento se acercó un policía uniformado para averiguar qué estaba pasando y el entonces teniente Maldonado, con voz fuerte y malos tratos, le dice al Policía que se retire del sitio porque “eso es cosa del ejército”.
Luego, ingresan a 3 personas retenidas en dos camionetas, Gerardo en una y a los otros dos en otra y los conducen a un lugar donde pasa agua, allí los bajan y los someten a las torturas y tratos más crueles e inhumanas. A Gerardo le rociaron gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego, un testigo y víctima de los hechos, cuenta que en medio de su dolor por las torturas de las que él también estaba siendo víctima, vio como torturaban a Gerardo y escuchaba los gritos de lamento y la voz desgarradora pidiendo auxilio.
Cerca de las 4 de la tarde marcaba el reloj, en ese momento los ingresan nuevamente en las camionetas a Gerardo en una y a los otros dos detenidos en otra y los conducen al batallón.
Cuenta el testigo que: a él y al otro muchacho detenido los metieron a los calabozos, a cada uno aparte y que él escuchaba a Gerardo quejarse terriblemente, Gerardo pedía a gritos que no lo golpearan más, sin embargo la última vez que lo escucho fue cerca de las 11 de la noche de ese mismo día.
El 5 de noviembre de ese mismo año es hallado el cuerpo de Gerardo totalmente incinerado, casi irreconocible, fueron necesarios análisis de ADN que junto con su dentadura y estudios realizados sobre la reconstrucción facial de su hermano gemelo se pudo demostrar que efectivamente se trataba del cuerpo sin vida de Gerardo.
Aunque el Ejército no ha querido reconocer su responsabilidad en el caso y ha continuado re-victimizando a Gerardo, tildándolo de guerrillero, secuestrador y criminal, el Tribunal Superior de Cúcuta, en segunda instancia condenó a 25 años de prisión al mayor retirado del Ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales, por el asesinato del sindicalista Gerardo Liévano García, así mismo el Consejo de Estado condenó a la nación por dichos hechos y obligó al Estado a reparar económicamente a dos de las tres familias de las víctimas.
Esta condena representa un paso más en la lucha contra la impunidad, en la que militares del talante de Maldonado, son condenados por sus execrables actos contra quienes para ellos, dada su ideología, les resultaban incómodos.
Pese a las condenas y ordenes de reparación administrativa, nunca el Ejército y la institucionalidad ha querido reconocer ni resarcir el buen nombre de Gerardo, ese Gran Hombre que fue, luchador por defender los Derechos Humanos y la Integridad de las personas, un padre incomparable, un esposo excepcional, un gran hijo, hermano y amigo inolvidable.
Gerardo Liévano García en la Memoria
Gerardo Liévano García Sin Olvido
2:38 p. m.  Defensor de derechos humanos, El Castillo, Paramilitarismo  No comments
Noviembre 1 de 2002- Noviembre 1 de 2013
Hoy hace 11 años, el 1 de Noviembre de 2002 fue asesinado Mario Castro Bueno por unidades de la estrategia paramilitar.
Mario Castro nació en un hogar creyente que estaba en profundo desacuerdo con la impunidad. Mario desde muy joven se inclinó por la defensa de los derechos humanos, llegando a ser el Personero municipal del Castillo.
Fue un hombre que se hizo querer por los campesinos del Alto Ariari, gracias a sus fuertes convicciones y por ser el único funcionario público que escucho los testimonios de las víctimas, y se encargó de comenzar las investigaciones para esclarecer los hechos por los cuales había un sin número de desaparecidos en el departamento del Meta y así intentar borrar la impunidad de sus calles.
Mario insistió tanto por no dejar los asesinatos en la impunidad, que cuando miembros del ejército asesinaron a Eyder Quiguanas, un poblador de la zona, Mario fue hasta la vereda La Floresta, habló con los familiares, recogió testimonios y pruebas para poder hacer efectiva la denuncia por estos hechos.
MARIO, una vida por la vida, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedico su vida a la Personería del municipio El Castillo.
El 1 de noviembre de 2002 unidades de la estrategia militar encubierta asesinaron a Mario Castro Bueno, ese día a las 2:30 p.m Mario fue obligado a bajar del vehículo público en el que se transportaba para llegar a la ciudad de Bogotá en donde iba a participar en un diplomado de Derechos Humanos.
Los paramilitares interceptaron el bus en él que iba, en el punto conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez. Mario fue encontrado al día siguiente en un paraje rural.
Las pruebas, denuncias y testimonios que había recolectado desaparecieron de su despacho misteriosamente, entre ellas desaparecieron las del caso de Eyder, el primer asesinato que generó el desplazamiento forzado de los campesinos del Alto Ariari entre 2002 y 2004.
Alias “Don Mario” comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas fue condenado en el año 2011 a 15 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Mario Castro Bueno, el confeso paramilitar aceptó ser responsable de ordenar el crímen. Pese a dicha condena, hoy el asesinato de Mario se encuentra en la total impunidad.
Han pasado 11 años de impunidad, de crímenes en el Alto Ariari. 11 años en los que la investigación por su asesinato no se ha encontrado a culpables y ninguna persona ha sido vinculada a este crimen.
Mario se encuentra en la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños.
Mario Castro Bueno en la Memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido
jueves, 24 de octubre de 2013
12:40 p. m.  Afrocolombianos, Chocó, Curvaradó, Jiguamiandó, Palma aceitera  No comments
24 de octubre 2005 - 24 de octubre 2013
Orlando Valencia fue asesinado el 24 de Octubre de 2005 por su lucha en la defensa del territorio y la vida.  Orlando es símbolo de las voces contadas a pesar de ser acalladas, es la expresión colectiva de la pervivencia de la existencia afrocolombiana a pesar del crimen, es el amante de la tierra a pesar del saqueador y nuevo colonizador; es la creación del cuerpo colectivo, las nuevas formas de resistencia ante la unificación del pensamiento, de la sensibilidad.
Han pasado ocho años desde ese fatídico sábado 15 de octubre, cuando al medio día, las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó quedaron a la espera de los pasos, las voces, las manos, el cuerpo de uno de sus habitantes que  rompiendo el terror, que enfrentándolo se abrió como un líder de los pueblos afrodescendientes del bajo Atrato, se trata de Orlando Valencia.
Hace 8 años, el 15 de Octubre, Orlando Valencia fue detenido por la policía de Belén de Bajirá en Antioquia, cuando se encontraba viajando junto con 9 miembros más de la comunidad, un abogado de la de la Comisión de Justicia y Paz y un observador internacional.
Posteriormente fueron llevados a la Estación de Policía, allí permanecieron hasta el medio día y en una acción concertada entre el  cuerpo policial y los paramilitares, Orlando ya habiendo sido dejado en libertad, fue seguido, junto con sus acompañantes por varios paramilitares,  2 de ellos se le acercaron en una moto a Orlando y mientras lo intimidaban lo obligaron a subirse en ella, mientras amenazaban a los acompañantes para no impedir que Orlando fuese llevado con ellos. Hasta ese momento, Orlando fue visto con vida.
El homicidio de Orlando se produjo el mismo día de su desaparición,  pero sus restos fueron encontrados hasta el 24 de Octubre, 9 días después en el río León, en un punto conocido como Puerto Amor en el municipio de Chigorodó. Orlando fue víctima de numerosas torturas, reflejadas en sus manos labradoras, en su cuerpo, además un disparo en la frente, en su cabeza, esa que condujo pensamientos por el bien de su comunidad.
Un mes antes de su asesinato, Orlando denunció problemas medioambientales que tenían por la plantación de palma aceitera. Además exigió públicamente la restitución del Derecho al Territorio ante la ocupación ilegal de tierras colectivas de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó con la siembra de palma aceitera de poderosos sectores económicos que benefician la estrategia paramilitar.
Este Afrocolombiano se caracterizó por luchar por los derechos colectivos de las zonas golpeadas con el conflicto armado y por los intereses que persiguen la protección de los recursos naturales de Curvaradó – Jiguaminadó, en el Bajo Atrato Chocoano.
Ese mismo año, en el 2005, se inició el proceso jurídico bajo el número 2297 en la Fiscalía General de la Nación, éste dio inicio a diligencias de indagación preliminar por el punible de Homicidio Agravado; dándose apertura oficial el día 15 de diciembre de 2005.
Por la responsabilidad en este asesinato fueron privados de la libertad y se les dictó medida de aseguramiento a Hermes Muñoz alias “Diomedes”, Álvaro Padilla Medina - alias “el Boxeador” y posteriormente a “Julio César Silva”, quienes, según testigos participaron en la desaparición forzada y asesinato de Orlando.
Álvaro Padilla Medina, alias el “Boxeador” aceptó su responsabilidad individual, acogiéndose a la figura legal de la Sentencia Anticipada.  Después de 8 años no se encuentra vinculado ningún empresario a pesar de la clara vinculación en el crimen. Este caso, como muchos otros en el país se encuentran en la total impunidad.
La esposa de Orlando y las mujeres que nacieron del amor entre ella y Orlando
sobreviven en el Jiguamiandó, entre el dolor, entre la angustia. Persisten en el sueño, en la utopía de eternizar más allá delante de todo discurso, de tanta prueba, que esta vida que es memoria colectiva tuvo y tiene sentido en la historia de los pueblos, en la historia ancestral que del África se inmortaliza en las hermosas selvas del Chocó. Allí la voz de ORLANDO, su nombre sigue navegando en los cauces de los ríos no desertificados con la deforestación y la siembra de la palma.
Orlando Valencia en la Memoria
Orlando Valencia Sin Olvido
miércoles, 16 de octubre de 2013
11:38 a. m.  Comuna 13, Desplazamiento Forzado, Diego Fernando Murillo, General Mario Montoya, Medellín, Paramilitarismo  No comments
16 de octubre 2002 - 16 de octubre 2013
“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.
Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”
En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".
La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas dejadas luego de sucedida la operación “Orión”.
En el marco de la llamada “seguridad democrática” del ex presidente Álvaro Uribe y con la supuesta intención de pacificar la zona, el día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la operación Orión, cuya intención fue sacar las guerrillas y tener el control territorial de la Comuna. De este modo fueron utilizados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos.
En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.
Esas horas de terror, que se prolongan 10 años después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.
Con las declaraciones de alias “Don Berna” años después, el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido precisamente así, como “La Escombrera”.
Adriana Arboleda abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que después de una década de cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra, impunidad.
Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no solo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia.
Después de 11 años la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.
Pero hoy, poco más de una década, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no solo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios.
Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido
viernes, 11 de octubre de 2013
9:37 a. m.  ASONAL, Bogotá, Candidato Presidencial, Sindicalista, Unión Patriótica  No comments
11 de Octubre 1987 - 11 de Octubre 2013
"Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; Soy un hombre dialéctico.
El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme".
Después de 26 años el asesinato del presidente de la Unión Patriótica Jaime Hernando Pardo Leal sigue en la total impunidad, pero vive en los recuerdos de los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, en sus familiares y en todos aquellos que aún no pierden la esperanza de ver una Colombia justa.
Jaime Hernando Pardo Leal nació en el municipio de Ubaque el 31 de Marzo de 1941, hijo de la Señora Ana Lucia Leal, su padre se desempeñó durante varios años en el Poder Judicial de Colombia y solo cuando Jaime Leal era adulto este le dio su apellido.
En 1959 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y es para esa misma época que se vincula a la Juventud Comunista. En 1962 ingresó al Poder Judicial de Colombia como Citador-Notificador, allí ejerció los cargos de Juez municipal, juez del Circuito, Juez Superior y por último fue Magistrado del Tribunal de Bogotá.
Jaime fundó la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización sindical de la que fue su primer presidente y desde allí participó y organizó 15 paros o huelgas a favor de la dignificación y salarios justos, entre otros temas.
Pardo Leal fue el primero en lograr paralizar los trabajadores del poder judicial, los despachos judiciales y magistrados
Se casó con Gloria Flores quien lo recuerda como un hombre luchador. Jaime y Gloria tuvieron 5 hijos Iván, Yalima, Edisson, Fernando, y uno que falleció, siendo un bebé.
En 1963, Jaime obtiene el título de Abogado de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con la Tesis “La Clase Obrera ante el Derecho Social” en la Universidad Nacional de Colombia.
En 1986 y siendo miembro del Partido Comunista, Pardo Leal acepta la candidatura de la Unión Patriótica y comienza a denunciar ante la Procuraduría, con listado en mano, a los implicados en las muertes de miembros de la Unión Patriótica, en la que se incluían altos Generales del Ejército Nacional, dichas denuncias obligaron al General Samudio Molina y el ministro de defensa de la época a que respondieran en una rueda de prensa lo que aseguraba Jaime Pardo.
Las denuncias que hizo en relación con la clase política y su entramado con el narcotráfico, lo convirtieron en blanco de continuas amenazas en su contra.
Sus hijos y en especial su hijo menor, Fernando, recuerdan con dolor aquel domingo 11 de Octubre de 1987, en el que salieron de viaje a almorzar a la finca que tenían en La Mesa, Cundinamarca, ese día decidieron regresar temprano pues Jaime Pardo tenía que asistir a un matrimonio, al regresar a Bogotá, a las 3:45 de la tarde, un Renault 18 sorprendió el carro en el que se movilizaba Jaime junto con su familia, desde dicho auto comenzaron a disparar, dejándolo herido de gravedad. Jaime falleció pocos minutos después de haber ingresado al hospital San Rabel de la Mesa.
Los victimarios, unidades de la estrategia militar encubierta, huyeron del lugar y años después, dos de ellos, Beyer Yesid Barrera y William Infante, reconocieron su participación en el crimen, sin embargo las investigaciones nunca indagaron por la participación intelectual y la responsabilidad estatal.
La investigación penal solo sentenció la responsabilidad de un narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el 'Mexicano', quién habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.
26 años después en medio de los mecanismos de impunidad, en medio del olvido mediático, Jaime es parte de esta historia de indignación ante la simulada democracia, es parte de los sueños necesarios de exhumar en tiempos en que a través de la paz se pretende imposibilitar la identificación de los determinadores y beneficiarios de este magnicidio.
26 años después ese demócrata que se paseo por universidades públicas y privadas creyendo en la paz, él ese pequeño del tic, del vestido que le quedaba suelto, ese pequeño de alma grande es parte de la memoria viviente de una democracia genocida, de una democracia que desde sus restos en la expresiones sociales debe posibilitar la verdad, la justicia en una democracia con justicia social.
Jaime Pardo Leal en la Memoria
Jaime Pardo Leal Sin Olvido
lunes, 7 de octubre de 2013
¿Dónde están Angel y Claudia? 13 años de impunidad
1:25 p. m.  Defensor de derechos humanos, Desaparición forzada, general Mauricio Santoyo  No comments
"Saldrás de algún lugar a recibirme y
abrazarme y recuperare en ese abrazo
todos los soles que me han robado"
Los familiares de Angel José Quintero Mesa, hemos esperado durante 13 años la aplicación de la justicia para conocer la verdad sobre las razones por las cuales el estado colombiano en cabeza del ex general Mauricio Santoyo,  fueron responsables de la detención y desaparición forzada de nuestro familiar y amiga; Angel Quintero Mesa y Claudia Monsalve Pulgarin.
Para nosotros ha sido clara la responsabilidad del ex general Mauricio Santoyo, así como la persecución por parte del estado colombiano en contra de nuestra familia. La persecución ha sido sistemática y encarnizada, dejando una historia de profundo dolor.  Orlando Usuga fue asesinado  en 1995, desaparecen a Rosalba Usuga y a su hijo Joaquín Guisao, su esposo Ananias es asesinado en los mismos hechos en 1997, en 1998 desaparecen a Luis Fernando Usuga, luego desaparecen en agosto del 2000 a Rubén Usuga, Wilson Usuga y Arvey Posso Usuga. Ninguno de los perseguidos, asesinados  y   desaparecidos  tenían una demanda o proceso. Ninguno  cometió delito alguno pero fueron juzgados y condenados extrajudicialmente por los agentes del estado colombiano.
El estado Colombiano condena a cualquier familiar  de una persona que asume como opción de vida la lucha política y la insurgencia armada. La persecución y estigmatización de la que hemos sido objeto, nos ha obligado a desplazarnos permanentemente para evitar la acción criminal de los aparatos armados del estado.
A pesar del dolor, del miedo  y  de la impotencia;  Angel  Quintero como defensor de derechos humanos , asumió la  responsabilidad de la denuncia en búsqueda de la verdad y de la  justicia con la esperanza puesta en encontrar respuestas del estado colombiano.Este camino de lucha por la justicia fue truncado por su detención  y  desaparición el 6 de octubre del 2000.
Hoy después de 13 años,  vemos posible que la verdad se haga pública, que Mauricio  Santoyo sea condenado por los crímenes cometidos en Colombia, instamos al gobierno colombiano para que no se repita la historia del anterior gobierno, protegiendo a los victimarios, como  lo hizo Álvaro Uribe con su jefe de seguridad.
Ahora cuando finalmente se reconoce la responsabilidad del GAULA de Medellin, pedimos a la opinión pública su respaldo para que la justicia llame de manera expedita a indagatoria al general en retiro  y que su condena ejemplar permita la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Santoyo! DONDE ESTÁN ANGEL Y CLAUDIA?
NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS
miércoles, 2 de octubre de 2013
Transito Ibague de Moreno
11:17 a. m.  Alto Ariaria, ASCODAS, Meta, Unión de Mujeres Demócratas del meta, Unión Patriótica  No comments
Septiembre 30 2000- Septiembre 30 de 2013
Hoy hace 13 años fue asesinada la líder sindical Transito Ibague de Moreno, madre de cuatro hijos, esposa de Emilio Moreno.
Transito Ibague de Moreno nació el 13 de marzo de 1939, se caracterizo por enfrentar la violencia que surgió en la región de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, junto a su esposo Emilio Moreno fueron parte del Partido Comunista Colombiano, fue líder sindical de la región del Tequendama, al ser perseguidos por los terratenientes de esta región se vieron obligados a desplazarse a los Llanos Orientales. Al llegar al Alto Ariari en 1965 Transito junto con Emilio lograron tener una finca ubicada en la Vereda Campo Alegre del municipio del Castillo, desde allí ayudaron a la región en las Juntas de Acción Comunal en donde buscaban organizarse para luchar por una misma causa, posteriormente fueron miembros de la Unión Patriótica.
Transito Ibague era una mujer aguerrida a la que únicamente le importaba el bienestar de la comunidad, e hizo parte de la Asociación de padres de familia de la escuela de Campo Alegre en la que ayudo a la construcción, fue parte de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta.
En 1999 inició la persecución en contra de su familia, sufrieron tratos crueles y degradantes por parte de militares tanto verbal como físicamente, en ese año parte de la casa y el ganado fue abaleado por militares, robaron enseres que fueron mostrados al pueblo como trofeo diciendo “Miren lo que le quitamos a esos guerrilleros”.
Ese mismo año su hijo menor Raúl Moreno, quien no se encontraba en la finca en el momento en que tuvieron que salir desplazados fue detenido por el Ejercito y acusado de rebelión, fue trasladado a Villavicencio en donde lo tuvieron 8 días en la cárcel, dos de ellos incomunicado, logró salir gracias a las acciones hechas por los miembros de la Junta de Acción Comunal y al trabajo de Transito en la región.
Transito continuó denunciando los atropellos en contra de su familia, y un mes después llegaron paramilitares con lista en mano preguntaron por la familia de Transito e insinuaron que ellos eran guerrilleros y que no se les podían escapar.
El 30 de Septiembre de 2000, a las 6:30 de la tarde, llegaron paramilitares al Barrio Villa Ortiz en Villavicencio disparando a todo lo que veían, Robinson Alcala, esposo de una nieta de Transito trato de impedir el paso de éstos a la casa, una hija de Transito quedó herida y otra niña también, de un solo disparo en la cabeza terminó la vida de Transito de 62 años de edad, finalmente de varios impactos de bala murió Robinson Alcala de 22 años.
Dos años después del asesinato de Transito su hijo Oswall Moreno de 32 años fue asesinado el 3 d septiembre a las 7:00 de la mañana, cuando salía de su vivienda en el barrio “Ay mi llanura! De Villavicencio.
Oswal Moreno era integrante del Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, presidente de la Asociación Colombiana de Asistencia Social ASCODAS, militante de la Unión Patriótica, se encontraba en séptimo semestre de Administración Pública en la Universidad ESAP de Villavicencio.
Los asesinatos de Transito y Oswaldo, defensores de los derechos de los campesinos del Alto Ariari pretendieron silenciar y ocultar graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se presentan en la región del Ariari hasta el día de hoy.
Su legado y su historia esta marcada en las vidas de cientos de pobladores del Meta que recuerdan a estos dos defensores por su entrega con las comunidades y su búsqueda de justicia y verdad.
Transito y Oswaldo en la memoria
Transito y Oswaldo Sin Olvido
miércoles, 18 de septiembre de 2013
3:33 p. m.  Bogotá, Chocó, Paramilitarismo, Sacerdote  No comments
Septiembre 18 de 1998- Septiembre 18 de 2013
Miguel Ángel Quiroga nació en Facatativá, Cundinamarca el 1 de Octubre de 1972, a los 18 años inició su pre noviciado en la Comunidad El Perpetuo Socorro en Bogotá. Para 1991, realizó su noviciado en San Clemente, Risaralda y a los 25 años obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica.
Luego de graduarse, en 1998, inició su trabajo en la Parroquia de Lloró junto con otro sacerdotes marianistas, luchadores por la búsqueda de paz en el departamento del Chocó. Dentro del trabajo hecho en la comunidad Miguel Ángel y otro sacerdote, denunciaron ante diferentes entidades el asesinato de un campesino de la comunidad por parte del Ejército dicha denuncia hizo que los paramilitares de la zona comenzaran a buscar sin pausa a los sacerdotes.
El 18 de Septiembre de 1998 el Padre Miguel se encontraba acompañando al Párroco José Gutiérrez y a 40 campesinos de la comunidad de Nipurdú sobre el río Tumutumbudó en Quibdó departamento de Chocó, para celebrar las fiestas patronales, de camino al lugar se encontraron con dos botes donde habían cerca de 20 paramilitares, haciendo que los botes de las comunidades llegaran a tierra firme, les pidieron los documentos a todos y al Padre Miguel le obligaron a quedarse allí, al generar resistencia el comandante paramilitar alias “Raúl” sacó su revólver y le disparo en la cabeza cegándole su vida inmediatamente. A la comunidad y al Párroco José, les obligaron a permanecer en el sitio durante dos horas más pues los paramilitares los amenazaron con asesinarlos.
Mientras tanto los asesinos del Padre Miguel llegaron a Lloró en búsqueda de gasolina para seguir su viaje, primero, llegaron a la estación de policía donde informaron que acababan de darle de “baja” a un cura y que necesitaban gasolina para seguir con su viaje, los miembros de la policía dijeron que no tenían gasolina y los paramilitares continuaron el recorrido hasta llegar a la Alcaldía, en donde obligaron al personero a entregarles un cheque para poder comprar el combustible y continuar con su viaje con absoluta tranquilidad.
La investigación por el asesinato del Padre Miguel Ángel se encuentra en etapa previa en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía de Bogotá y pese a cualquier intento por encontrar los responsables, no se ha vinculado a ningún paramilitar a la investigación.
Luego de 15 años, el padre Miguel Ángel continua estando presente en cada uno de los rostros de las personas con las que trabajo en el Chocó, por la búsqueda de un país en paz, de un departamento en paz. Luego de 15 años y pese a la búsqueda de olvido por parte de instituciones que se niegan a investigar a fondo este asesinato, las palabras del padre continúan siendo parte de una construcción eclesial de una sociedad diferente.
Miguel Ángel Quiroga en la Memoria
Miguel Ángel Quiroga Sin Olvido
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