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El juicio contra los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad bonaerense de Villa Gesell en enero de 2020, comenzará el 2 enero de 2023.
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el “auto de prueba”, que emitió ayer y con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.
Las audiencias se realizarán durante 22 días, de lunes a viernes, en el período de feria judicial. Serán citados un total de 130 testigos y se fijaron además 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 de Dolores.
De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).
Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa afrontan cargos por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", delito que prevé una pena de prisión perpetua.
Además, en el juicio se debatirán las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.
En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).
Tres años más tarde
El juicio oral llega tres años después del asesinato del joven. Para Fernando Burlando, abogado de la familia de Baez estos “son los tiempos habituales de la justicia”. “Tengo que interpretar primero la situación que se ha vivido en pandemia, porque hubo muchas causas sin avanzar. “Se hicieron planteos técnicos y nulidades de todos los colores, llegando a los más altos tribunales tanto de la Provincia como de la Nación”, agregó el letrado en declaraciones al canal de noticias IP sobre los obstáculos para llegar al juicio.
El abogado, además, contó que la novedad se la comunicó a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, en el día de ayer -por el jueves- “y les dije que por lo menos ahora tenemos un horizonte, que es en ese mes de enero”.
El miércoles pasado hubo una audiencia clave en la que todas las partes se reunieron para analizar las pruebas y los testimonios de los testigos que se presentarán y convocarán a lo largo del debate oral y público.
De acuerdo a la instrucción, el crimen de Fernando se produjo "entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102", pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.
Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados "acordaron darle muerte" al joven estudiante de derecho y para ello "previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles", luego de que "minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado" con él, "quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos".
La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que "aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron" en el suelo "varias patadas en su rostro y cabeza", y los golpes le produjeron "lesiones corporales internas y externas" que "provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo".
La resolución del Tribunal
Pese a que tanto los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se haga a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, el TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.
“Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso”, señalaron los jueces en la resolución.
“Asimismo -continuaron-, no compartimos la propuesta tanto de los Particulares Damnificados como de la Defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad”.
Y agregó que "a los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose solo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes”.