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La comunidad internacional considera "desproporcionada" la condena de dos años de cárcel dictada hoy contra tres miembros del grupo punk ruso Pussy Riot por una acción de protesta contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y pidió la revisión del fallo judicial.
Esta sentencia -detrás de la cual la oposición extraparlamentaria rusa ve al mandatario del país- ha sido dictada tras el juicio por lo ocurrido en febrero pasado cuando cinco miembros de Pussy Riot irrumpieron encapuchadas en una zona restringida del altar de la catedral de Cristo Redentor en Moscú, empezaron a tocar la guitarra eléctrica, a bailar en ropa interior y a cantar un tema en el que se pedía "Madre de Dios, echa a Putin".
Ante la dureza de la condena judicial, tanto países como organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron a Moscú la revisión de la misma, al considerarla un ataque a la libertad de expresión.
Así, el Gobierno de EEUU instó a Rusia a revisar esta sentencia "desproporcionada" y resaltó su "impacto negativo" sobre la libertad de expresión.
Pidió a las autoridades rusas que se aseguren de que "el derecho a la libertad de expresión está consagrado" en el país.
En la misma línea, la Unión Europea calificó de "desproporcionada" la condena y reclamó a Moscú la revisión de la sentencia, con la que la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se declaró "muy decepcionada".
Ashton aseguró que este veredicto, junto a las supuestas irregularidades durante el juicio, "van en contra de las obligaciones internacionales de Rusia en lo que se refiere a la libertad de expresión".
Los países europeos reaccionaron también en contra de este fallo judicial y, en este sentido, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, criticó esta dura condena, que, en su opinión, no está "en proporción con la acción de ese grupo musical".
Asimismo, Francia deploró la "particularmente severa" sentencia contra las tres miembros de Pussy Riot, "teniendo en cuenta los hechos menores que se les reprochan", y pidió que se revise la misma, pues las vías penales para que ésta no sea efectiva no se han agotado.
Los organismos paneuropeos también expresaron su preocupación y, así, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó la condena impuesta a las integrantes de Pussy Riot, dado que "las acusaciones de vandalismo y odio religioso no deben de ser utilizadas para restringir la libertad de expresión".
También calificó de "desproporcionada" la sentencia el Consejo de Europa, cuyo presidente de la Asamblea Parlamentaria, Jean-Claude Mignon, pidió la revisión de la misma, al considerar que "las sanciones deben estar en proporción con la gravedad de los actos cometidos".
Por su parte, Amnistía Internacional pidió a las autoridades rusas la anulación del fallo judicial y la liberación "inmediata e incondicional" de las condenadas, pues considera el veredicto un ataque a la libertad de expresión.
Mientras tanto, en varias capitales europeas se llevaron a cabo manifestaciones en protesta por esta sentencia.
En Berlín, unos 200 manifestantes, encabezados por la jefa del grupo parlamentario verde, Renate Künast, participaron en una concentración ante la embajada rusa, mientras en Hamburgo, alrededor de un centenar de personas desfilaron por la ciudad vestidas con colores chillones, en solidaridad con las integrantes de Pussy Riot.
En París, varios cientos de personas se congregaron junto al Centro Pompidou, convocadas por una decena de asociaciones y ONG, para pedir la "inmediata liberación" de las tres integrantes de Pussy Riot.