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Si la venganza es un plato que se sirve frío, el que saborearon ayer en Pekín estaba helado. El 1 de julio del 2019, desde la capital china observaron atónitos cómo los jóvenes manifestantes de Hong Kong asaltaban el Parlamento local en protesta contra el proyecto de ley de Extradición. Arrasaron las estancias de la cámara, pintarrajearon lemas como “Hong Kong no es China” y colocaron la enseña de la era colonial sobre la tribuna. “El mayor desafío a China desde Tiananmen”, titularon muchos periódicos entonces. Doce meses después, los dirigentes del Partido Comunista chino (PCCh) se han desquitado aprobando por unanimidad una controvertida ley de Seguridad Nacional para la excolonia británica. Con el voto de 162 delegados a favor y cero en contra, el Comité Permanente del Legislativo sacó adelante entre aplausos un texto que luego fue ratificado por el presidente chino, Xi Jinping.
Con la habitual falta de transparencia, las autoridades mantuvieron el contenido en secreto hasta el mismo momento de la entrada en vigor a medianoche. Una vez publicado, quedó claro que no es para tomárselo a la ligera. Los cuatro delitos tipificados –subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras– prevén duras penas que pueden alcanzar la cadena perpetua. Los casos serán juzgados en la excolonia excepto si existen “dificultades realistas” para llevar el proceso a cabo.
La ley también estipula que Pekín abrirá una oficina con personal de sus agencias de seguridad. Sus miembros tendrán permiso para actuar en el territorio –algo prohibido hasta ahora– y no estarán sujetos a la supervisión de las autoridades locales. La norma no tiene carácter retroactivo, y muchos analistas creen que sus efectos no dependerán tanto del texto legal como de la interpretación e implementación que se haga del mismo.
Su papel como herramienta disuasoria se hizo notar antes de conocerse sus detalles. Durante el día, numerosos cuentas en las redes sociales en la ex colonia fueron eliminadas en un intento por borrar rastros digitales. Varios restaurantes y comercios retiraron los carteles y parafernalia con la que mostraban abiertamente su simpatía por las protestas. Y algunos grupos políticos de corte democrático anunciaron su disolución inmediata. Uno de los casos más significativos es el de Demosisto, el partido fundado por el famoso activista Joshua Wong -junto a Nathan Law y Agnes Chow- al rebufo del Movimiento de los Paraguas del 2014. Desde su creación en el 2016, este joven ha sido demonizado en la prensa estatal china por su activismo en busca de apoyos a su causa en el exterior. Sus fotografías junto a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., o el senador republicano Marco Rubio sentaron mal en Pekín, que veía en esos encuentros la prueba de la “mano negra” que manejaba los hilos de las protestas. Ayer, muchos le recomendaban poner tierra de por medio so pena de afrontar un más que probable castigo.
Pekín aprueba la ley de Seguridad Nacional sin desvelar todo su contenido
También se ha disuelto el independentista Frente Nacional de Hong Kong, que prometió continuar con la lucha desde sus bases en el Reino Unido y Taiwán. El grupo, encabezado por Sixtus Baggio Leung, se fundó hace cuatro años. Desde entonces, ha ido ganando adeptos entre la juventud de la ex colonia, cada vez más proclive a pedir la independencia, una línea roja que provoca urticaria a Pekín.
La aprobación de ayer pone punto y final a un proceso que ya dura 23 años. En un principio, la tarea de implementar esta ley recaía en las autoridades locales, pero la oposición en las calles durante las dos décadas pasadas se lo impidió. En este tiempo, Pekín aguardó paciente a que soplaran aires más favorables. Pero con la violencia desatada el año pasado, la previsión de otro verano caliente y la perspectiva de que sus afines pierdan las elecciones legislativas del próximo septiembre, el PCCh dijo basta. En mayo, sorprendió al anunciar la tramitación urgente de la legislación. Menos de 40 días después, su inclusión en el anexo III de la ley Básica de Hong Kong (su mini Constitución) finiquita el proceso sin la necesidad de contar con el aval de nadie.
Como era de esperar, a China le llovieron críticas. Japón dijo que la decisión es “lamentable” y mina la credibilidad de la fórmula “un país dos sistemas”. Taiwán alertó a sus ciudadanos de los peligros que ahora implica visitar la excolonia. El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, expresó su “profunda preocupación” por lo sucedido. Y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, lamentó una “decisión deplorable” que socava “seriamente” la autonomía hongkonesa.
Esas palabras no minaron la voluntad de la jefa del Ejecutivo local, una Carrie Lam que les pidió “respetar nuestro derecho a salvaguardar la seguridad nacional”. Ella y su Gobierno aseguran que la ley tan solo afectará a una minoría de violentos y permitirá recuperar la estabilidad necesaria para relanzar la maltrecha economía. Pero según una encuesta de Reuters, la norma apenas cuenta con el respaldo de un tercio de la población, y la celebración de su aprobación reunió, banderas chinas en una mano y copa de champán en la otra, a escaso medio centenar de personas.
La nueva legislación blinda la actuación de los agentes chinos en la ciudad
En el otro lado, sus opositores temen que sea la herramienta empleada para acallar toda crítica. “Hoy es un día triste para la ciudad en la que nacimos. Ya nos lo esperábamos, pero eso no quita que sintamos pena y decepción”, confesó Jenny T., que como muchos otros se plantea emigrar al extranjero.
El estado de salud del movimiento antigubernamental y el efecto que ha causado la ley será puesto a prueba este miércoles. Para esta jornada, en la que se cumple el 23.º aniversario de la vuelta de Hong Kong a soberanía china, hay convocada una protesta ya prohibida por la policía . Está por ver si la voluntad de los manifestantes es mayor que el miedo que inspirarán los 4.000 agentes desplegados y la ley recién implementada.