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El Sáhara Occidental obliga a España a equilibrios imposibles entre su responsabilidad histórica y sus intereses con Marruecos
Dos niños en el campo de refugiados de Dajla (Argelia), celebrando el día de la Unidad Nacional saharaui, el 12 de octubre
El fantasma del pasado colonial se resiste a morir. El conflicto del Sáhara Occidental, largamente congelado, vuelve a ocupar titulares. También, como ha demostrado el caso Brahim Gali, a poner contra la espada y la pared a España, que lleva 45 años de equilibrios imposibles entre sus responsabilidades históricas y sus intereses con Marruecos.
Deidu Mbarek Hosein nació hace 73 años cerca de El Aaiún, en el Sáhara Español. A los 12 se convirtió oficialmente en ciudadana española, cuando Franco –bajo presión para descolonizar– lo declaró provincia, la número 53. En 1975, con 27 años, Deidu vio marchar a los españoles y entrar a los marroquíes. Huyó al exilio argelino y no ha podido regresar.
España, el país que de niña le dijo que era española, hace tiempo que se lavó las manos de la última colonia de África. La posición oficial es que dejó de ser potencia administradora cuando arrió la bandera. Lo enunció, sin tapujos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace unos días en el Congreso.
No es nuevo. “Utilizaron palabras similares Moratinos en 2005, Jiménez en 2010 o Borrell en 2018”, enumera Isaías Barreñada, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es la posición que han mantenido todos los gobiernos desde la transición, de derecha o izquierda, aunque “los ministros socialistas han sido los más explícitos... quizá porque se han metido en charcos de los que no sabían salir”, añade.
¿Cuál es el estatus legal de España? Preguntado por La Vanguardia , el Ministerio de Exteriores español se limita a responder lo que, a su juicio, ya no es: “España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos ni en los informes anuales del secretario general, ya que se desvinculó mediante comunicación oficial a la ONU en 1976, ni en ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad”.
Albares dice que dejó de serlo en 1975; los juristas, que no lo es de facto pero sí de iure
El Sáhara Occidental es el único de los 17 territorios de la citada lista que carece de potencia administradora. Donde tendría que estar el nombre del país, hay un asterisco. A pie de página, la ONU da cuenta de que España le informó en 1976 que se consideraba “desligada de toda responsabilidad”.
“Es una situación anómala, porque lo que hizo España fue anómalo. Abandonar, desvincularse en medio de un proceso de descolonización, no lo ha hecho nadie. Ese espacio en blanco, ese asterisco, es en sí mismo una anomalía”, dice Barreñada.
Los juristas disputan la coartada española.“Es la historia que le gusta contar al gobierno, dada la mala imagen que daría reconocer que España abandonó sus responsabilidades de manera unilateral”, replica Antonio Remiro, catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid.
“Es una de las páginas más negras de nuestra historia contemporánea”, añade Remiro, que califica de “ominosos” los acuerdos de Madrid que el franquismo (Franco, contrario, agonizaba) firmó con Marruecos y Mauritania. “A nivel jurídico, son nulos. España no podía abandonar el territorio ni ceder su administración sin la autorización de la ONU. Se creó una situación de hecho, pero no de derecho”, resume.
El catedrático subraya que los acuerdos no fueron aprobados en las Cortes ni se incluyeron en el BOE. Fue todo llevado con secretismo por el lobby promarroquí del consejo de ministros. Hasta entonces España había apostado por la libre determinación saharaui, confiando en que el nuevo estado se mantendría bajo influencia española. Pero al quedar claro que estaría gobernado por el Frente Polisario y bajo tutela de Argelia, se impuso la tesis de que más valía entregar el territorio a los vecinos.
“España se deshizo del Sáhara, como Inglaterra se deshizo de Palestina en 1947”
“España, mal que le pese al ministro, sigue siendo potencia administradora, y lo es tanto de conformidad con el derecho internacional como el interno”, sostiene Juan Soroeta, profesor de derecho internacional y asesor del Frente Polisario en sus batallas legales en Estrasburgo.
Soroeta señala una resolución que cada año aprueba la Asamblea General de la ONU: dice que, mientras no certifique que un territorio no autónomo ha dejado de serlo, el país administrador debe seguir cumpliendo sus obligaciones según el artículo 73 de la Carta (garantizar el adelanto político, económico y social , proteger de los abusos o desarrollar el gobierno propio, entre otras).
Otro elemento, que el Polisario ha esgrimido en Estrasburgo, son dos autos de la Audiencia Nacional del 2014 donde se afirma que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74”.
Soroeta apunta otro dato que abunda en su tesis: España sigue controlando el espacio aéreo saharaui. “En la huelga de controladores en España del 2010, no hubo vuelos sobre el Sáhara”, asegura. Fuentes del FIR de Canarias confirman a este diario que son ellos quienes controlan el espacio aéreo, por encima de 24.000 pies, el nivel de los vuelos comerciales. Rabat puede volar aviones por debajo de esta altura, pero aumenta mucho el uso de combustible.
Es un debate estéril, opina Bernabé López García, catedrático honorario de la Autónoma de Madrid. “Darle vueltas a la cuestión de si es o no potencia administradora y si eso le crea obligaciones jurídicas es un puro ejercicio de palabrería leguleya que sirve para poco. La realidad es que España se deshizo del Sáhara por presiones de Marruecos (y menos de Mauritania) como Inglaterra se deshizo de Palestina en 1947. Se fue y punto. Y que otros resuelvan la papeleta. Ni en uno ni en otro caso han resuelto nada”, dice.
“Quedan los deberes morales, que a casi siempre chocan con la realpolitik. Y de ahí ha venido la política caritativo-humanitaria que se ha practicado con los saharauis, siendo muy mezquina España en la concesión de nacionalidad a los que allí vivieron y nacieron durante la colonización. Y se ha derivado también la política ambigua hacia Marruecos, atenazada siempre España por sus presiones diplomáticas, territoriales o migratorias”, añade el arabista.
“Siempre que ha habido presión sobre Rabat, Madrid le ha salvado los muebles”
La cooperación en seguridad e inmigración “se ha convertido en nuestro talón de Aquiles y da unas cartas de negociación potentísimas a Marruecos”, dice Irene Fernández-Molina, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Exeter. Por eso, a pesar del peso (fundamentalmente económico) que tiene España en el vecino del sur, a veces parece que sea más dependiente de Marruecos que a la inversa.
"No diría que el Sáhara le pese a España, lo que le pesa es Marruecos. Mientras el Sáhara sea una cuestión de vida o muerte para Marruecos, a nosotros nos va a salpicar", opina Raquel Ojeda-García, politóloga de la Universidad de Granada.
Fernández-Molina sostiene que España “ha sido un actor fundamental en el reforzamiento del status quo y la perpetuación del conflicto”, porque “en los momentos en que ha habido una presión fuerte sobre Marruecos, todos los gobiernos españoles, de uno y otro signo, le han salvado los muebles”. Ocurrió en el 2003, con el plan Baker 2, cuando Francia y España presionaron para que no fuese impuesto a las partes, lo que permitió a Marruecos rechazarlo. También en las sentencias del Tribunal General de la UE contra los acuerdos con Marruecos: “España ha tenido un papel activo dentro del Consejo como abogado de la negociación digamos creativa de los acuerdos”, dice Fernández-Molina.
España no siempre se ha desentendido. “A veces, por detrás, ha brindado soluciones que Marruecos ha instrumentalizado pero sin poner nada de su parte, como la idea de la autonomía (que Rabat propuso en el 2007)”, señala López, buen conocedor de las bambalinas de la relación bilateral.
Soroeta contrapone la actitud de España con su antigua colonia a la de Portugal con Timor Oriental. Mientras España participa y se beneficia de los acuerdos con Marruecos para explotar los recursos del Sáhara, Portugal acudió a la justicia internacional para denunciar a Australia cuando llegó a un acuerdo con Indonesia (el país ocupante) para explotar petróleo.
Después de muchos años congelado –para beneficio claro de Marruecos–, varios elementos están zarandeando el tablero del conflicto. Ahí está el “retorno a las armas” del Polisario, la ruptura de relaciones de Argel con Rabat y su decisión de cortarle el gasoducto con el que suministra a España, las victorias jurídicas del Polisario en Estrasburgo sobre los acuerdos entre la UE y Marruecos, o el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara que Trump anunció y sobre el que Biden guarda un ambiguo silencio.
“Dejar pasar el tiempo y esperar que un conflicto desaparezca es una mala estrategia”
“Si algo está claro es que la política española de neutralidad activa ha resultado ser cómplice –dice Barreñada–. Es el momento de repensar la estrategia. Se pueden encontrar fórmulas sin enemistarse con Marruecos, hacerle entender que debe asumir el derecho internacional de descolonización. Lo ha hecho un Estado jacobino como Francia, con Nueva Caledonia. España debe entender que dejar pasar el tiempo y esperar que un conflicto desaparezca es una mala estrategia. Suele ocurrir al revés, se complican”.