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Los ayuntamientos esperan que se pueda aprobar un nuevo modelo de financiación local, así como una norma que determine el cobro de un tributo municipal que sustituya al anterior de la plusvalía municipal en esta legislatura que comienza
Antes de las elecciones, el Gobierno ya se mostró dispuesto a tramitar una ley que regule ese impuesto, después de que el Tribunal Supremo dictaminara, en 2017, que no se pueden gravar con este tributo las ventas a pérdidas, como había acordado el anterior Ejecutivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En 2016 se recaudaron por plusvalía unos 2.000 millones de euros.
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS AYUNTAMIENTOS?
Recuerdan que la Constitución establece que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y que se nutren, fundamentalmente, de los tributos propios y de su participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas.
La ley reguladora de las haciendas locales establece que serán sus recursos los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
Cuentan también con tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y con recargos sobre impuestos autonómicos o de otras entidades locales.
Participan en los tributos del Estado y de sus comunidades autónomas, disponen de subvenciones, de percepciones en concepto de precios públicos, así como de operaciones de crédito y de lo obtenido por multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
Además corresponde al Estado diseñar el sistema de financiación de las entidades locales.
EN QUÉ GASTAN EL DINERO?
Además de los gastos correspondientes al Capítulo 1 (gastos de personal), cada ayuntamiento fija sus prioridades de gasto en el marco de sus competencias y los cambios incorporados por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
El Ministerio de Hacienda señala que la estructura del gasto municipal se divide en casi un 80 % en gastos corrientes (personal,compras de bienes y prestación de servicios), algo más del 10 en inversiones y una cifra un poco inferior a gastos financieros.
Más de la mitad de la población nacional vive en el 1,8 % de los municipios, con una población superior a los 50.000 habitantes y absorbe el 55,1 % del gasto total municipal.
El gasto total por habitante es más elevado en los de población superior a un millón de habitantes, seguido por los municipios de entre 500.000 y un millón de habitantes.
Recientemente, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmó que la nueva legislatura debe ir enfocada a la «financiación local y a la devolución de competencias a los organismos locales», ya que, «en tiempos de austeridad y crisis el PP retiró las competencias llamadas impropias» tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones.
Hace unos meses, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, advirtió al Gobierno de que la paciencia de la administración local se agotaba y amenazó con emprender «acciones potentes» si no se aborda de manera urgente la reforma del actual sistema de financiación.
Recordó que, en los últimos cinco años, ayuntamientos y diputaciones han sido «centrales y clave» para que España pudiese cumplir con los requisitos impuestos desde Bruselas, al generar un superávit de más de 32.000 millones de euros que no pudieron utilizar en beneficio de los ciudadanos de sus territorios.
El último Consejo de Ministros del pasado mes de marzo autorizó a ayuntamientos y comunidades con superávit a destinar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, por la imposibilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado de este año, que hubieran permitido actualizar la cantidad, en vez de prorrogar la de 2018.
La ley de estabilidad contempla que los saldos positivos se tienen que destinar a amortizar deuda, aunque recoge una excepción para que los municipios y autonomías que tengan superávit puedan destinarlos a inversiones financieramente sostenibles, como los servicios públicos básicos en materia de seguridad, protección civil, sanidad, educación o equipamientos culturales.
Se llaman competencias impropias las que los Ayuntamientos venían ejerciendo hasta que se aprobó la reforma local a finales de 2013 y que en realidad les correspondían gestionar a otras administraciones, como parte de la sanidad y educación -mantenimiento y pago del personal de consultorios rurales y colegios-, servicios sociales -teleasistencia, ayuda en domicilio- o el transporte público.
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