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Las acciones de la última semana contra defensores de bienes comunes en la ciudad son atentados graves contra la participación democrática.
07 de diciembre de 2016
Por: Layla Ahlam Flandes Vázquez y Carlos A. Ventura Callejas
La dignidad en nuestras manos
En menos de una semana, quienes habitamos o transitamos por la Ciudad de México hemos presenciado dos actos de represión en contra de movimientos sociales que tiene como punto común la defensa del derecho humano al agua y del derecho a la ciudad.
El miércoles 30 de noviembre del presente año, cuatro mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos, integrantes de la Coordinadora “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, así como dos personas adultas más, fueron agredidas por elementos de la policía de la Ciudad de México por el simple hecho de estar sentadas frente al Hotel Hilton, ubicado en el centro de esta Ciudad. Esperaban a más personas para juntas manifestarse a través de un performance y con la finalidad de ejercer su derecho a la protesta social; esto, en el marco de la Cumbre de Líderes Mayors Summit 2016, mejor conocida bajo el nombre de C40, que se realizó en dicho hotel desde el 30 de noviembre y hasta el viernes 2 de diciembre.
La manifestación en cuestión tenía como objetivo mostrar la inconformidad de la ciudadanía ante las ya constantes políticas privatizadoras y gentrificadoras del gobierno de la Ciudad de México, que afectan la posibilidad de la mayoría de las y los habitantes de esta ciudad de adquirir y de mantener una vivienda estable y digna; impiden la gestión justa, equitativa y sustentable del agua, y el uso de los espacios públicos para el desarrollo y el bienestar social y ambiental, entre otras problemáticas propiciadas por la creciente agenda de los intereses privados en esta megalópolis. En medio de un operativo inmenso, que mantuvo cerradas las calles aledañas a la Avenida Juárez y al área comprendida por la Alameda Central y la Plaza de la Solidaridad, el performance planeado se vio frustrado de manera violenta antes de realizarse. Elementos policiacos, algunos vestidos de civiles, así como mujeres policías de tránsito, retiraron de manera violenta a las personas que se encontraban en las inmediaciones.
Cabe destacar que a una de las compañeras, cuya persona fue agredida y violentada con evidente saña, fue una mujer transgénero, misma que es una de las personas firmantes de este artículo, y que colabora en Agua para Tod@s, Agua para la Vida. De acuerdo a su testimonio, “fui arrastrada por los brazos y por el cuello hasta la Plaza de la Solidaridad mientras dos de mis compañeras, mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos, trataban de no perder contacto físico conmigo”. Ante esto, las policías de tránsito las jalonearon, las pellizcaron y les insistieron en soltar a su compañera.
Mientras tanto, las personas vestidas de civiles intentaron cargar a la mujer transgénero por sus cuatro miembros. Siguiendo con su testimonio: “yo empecé a gritar para que me soltaran, cosa que pasó después de un rato ante la presencia de medios de comunicación y tras recorrer toda la zona frente a dicho inmueble”. Esto es especialmente grave debido a que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha querido dotar a esta ciudad de una imagen “Amigable LGBTTTI”, y resaltamos que es precisamente la población trans la que más se ha visto gravemente vulnerada en los últimos meses por los crímenes de odio contra mujeres trans y porque este grupo sigue siendo de los más vulnerados en sus derechos, tales como el acceso a la salud, a la justicia, el respeto y protección de su integridad personal, así como a un trabajo digno.
En este mismo suceso de represión, otra persona -que intentó apartar a las personas vestidas de civil lejos de la compañera trans- recibió amenazas verbales de parte de elementos policiacos: “te vamos a romper la madre”, le dijeron. A otra mujer joven le doblaron la mano ocasionando mucho dolor, para inmovilizarla y retirarla cargándola en presencia de su madre, quien también fue retirada de manera injusta y violenta del lugar.
Pocos días más tarde, por si fuera poco, alrededor de las 3:45 a.m. del lunes 5 de diciembre, se realizó un operativo con al menos 400 granaderos para desalojar el plantón de Avenida Aztecas #215 en los conocidos pedregales de Santo Domingo, colonias populares del sur de esta Ciudad que sabemos por demás su conocido trabajo digno a favor de sus derechos. El plantón fue instalado desde el 30 de abril del 2016, contra la realización ilegal de mega obras por parte de la inmobiliaria “Quiero Casa” frente a dicho predio. Se pretende crear espacio suficiente para edificar un mega estacionamiento para los autos de los propietarios de departamentos de lujo que ahí también se construirían; en medio de las obras, dicha inmobiliaria desperdició alrededor de 1,200 millones de litros de agua limpia de un manantial directo al drenaje, derramando litros del valioso líquido que tanto hace falta a las y los más de 300 mil habitantes de la zona.
A pesar de los esfuerzos de las y los integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán por detener el despojo del agua y del territorio en Aztecas #215, los elementos policiacos arrasaron con el campamento de dicho predio y resguardaron la maquinaria que empezaría a operar alrededor de ese mediodía, para continuar con las obras, impidiendo el paso y arribo a las y los habitantes del pueblo de Los Reyes y la Candelaria. Ante esto, las vecinas y los vecinos, así como las diversas colectividades que acompañan la resistencia de los Pedregales de Coyoacán contra las inmobiliarias y la ZODES “Ciudad del Futuro”, empezaron la difusión del acto en redes sociales y se realizó una rueda de prensa al mediodía en el lugar de los hechos, donde se expresó y se denunció la ilicitud, desmesura y agresividad del operativo de la madrugada.
Ambos hechos, las agresiones en las afueras del Hotel Hilton de Reforma y el desalojo del plantón de Avenida Aztecas #215, mostraron en cuestión de unos cuantos días que la prioridad del gobierno de la Ciudad de México y de su jefe de Gobierno es proteger las inversiones de las grandes empresas a costa del bienestar y derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la capital, ya que se ejerce violencia contra toda persona o grupo que muestre inconformidad ante las tendencias privatizadoras de los bienes comunes y públicos, y, a la vez, se permite seguir vulnerando el derecho de la ciudadanía a una vida plena y digna, que incluyen sin lugar a dudas derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, la protesta, al agua y a la vivienda.
Las acciones de la última semana contra defensores de bienes comunes en la Ciudad son atentados graves contra la participación democrática de las personas y los pueblos dentro de las decisiones que involucran a la sociedad en general. Del mismo modo, son un atentado contra la vida de los ecosistemas y de las familias, pues se entrega un bien común tan necesario y valioso como es el agua a la iniciativa privada para mercantilizarla y ponerla al servicio de la acumulación de capital. Todo esto, mientras se vulnera la integridad y la seguridad de las personas y, en estos casos, de sectores que históricamente han sido vulnerabilizados en gran medida: los pueblos indígenas y originarios, las mujeres, las personas jóvenes y las personas de la diversidad sexual, que son grupos sociales que han luchado arduamente para que dentro de la Ciudad de México se garanticen las condiciones para que todas y todos tengamos una vida digna y plena. Ahora, en medio de la revisión de la Constitución de la Ciudad de México, nuevamente nos enfrentamos a la brecha inmensa de lo que se discute y escribe en un marco legal y lo que en realidad acontece en la ciudad.
*Layla es una mujer trans defensora de derechos humanos y Carlos es colaborador del Centro Vitoria.
Consultar en Animal Político.
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