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Fue una de las primeras obras de teatro que el profe de literatura nos trajo a ver a Madrid. Teatro del absurdo, recién salidos del franquismo. Magia sobre las tablas que nunca se te borra del espíritu. Una cosa es el surrealismo sobre la escena o en las paredes de los muros de la Sorbona y otra en los autos judiciales, pero me he acordado de la obra leyendo la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre Alay.
El párrafo es digno de Breton y el concepto del propio Pirandello. Esas juezas que ven en Alay un cooperador con un delito cuyo autor no delinquió. Es excelso. Lean, lean: “De dicha conducta, el investigado puede perfectamente responder como partícipe 'extraneus' (cooperación necesaria o inductor) sin necesidad de que el autor tenga responsabilidad penal alguna”. Un inductor que induce a cometer un delito a quien no ha delinquido. Un cooperador con una conducta que ha sido declarada “sin responsabilidad penal alguna” para el autor. ¿Se imaginan qué enorme campo de posibilidades abre la magistrada Fernanda Tejero para todo tipo de autores y de personajes? ¿Habrán ustedes inducido a hacer algo a alguien que no haya cometido ningún delito? ¿En qué cosas han andado cooperando con otros que no delinquieron? Ojo con eso. Ojo porque todos estamos pues bajo sospecha. Me imagino un mundo de tramas. Funcionarios que ya no pueden trabajar con nadie ni impartir ninguna instrucción porque uno se puede convertir en cómplice de un autor de nada y, amigos, eso sí que da para un buen enredo.
Como saben, a Alay se le va a sentar en el banquillo acusado de prevaricación y de una malversación de fondos públicos por la autorización y pago de un viaje que realizó Meritxell Masó, siendo que la justicia ya ha dicho que Masó no ha cometido delito alguno y que la causa fue sobreseída para ella. Que el viaje a Nueva Caledonia lo autorizó la secretaria general de Presidència de la Generalitat, Masó, no tiene ninguna duda y así lo reconocen: “sin perjuicio de que la autora material se hallaría perfectamente identificada (…) lo esencial es que existe una resolución que permitió cubrir con gastos públicos” y Alay puede responder perfectamente como cooperador necesario o inductor “(…) sin necesidad de que la autora tenga responsabilidad penal alguna”. ¡Menuda revolución para el Derecho Penal en su Parte General! Si no hay autor responsable ―señoras magistradas― no hay cooperador. No se puede ser cooperador o inductor de un delito que ningún autor ha cometido o, mejor dicho, de un delito que no ha existido, puesto que la conducta llevada a efecto no producía responsabilidad penal. ¡Ojú, Pirandello! Y es que han llegado a la conclusión de que Masó no cometió ningún delito y la propia intervención no vio ningún problema en esa autorización. Aquí el que pudo delinquir fue el cómplice en busca de delincuente con el que cooperar, o sea, Alay.
¿Lawfare o pura burrada jurídica? ¿Ambas cosas? A veces cuando quieres con frenesí un resultado se te hace el derecho huéspedes y los dedos un lío. Otra cosa es que pudieran calzárselo como autor de la prevaricación y la malversación directamente, dado que esa figura se ha simplificado mucho, pero, ¿como extraneus?
Pirandello se perdió conocer este país y Dalí verlo en su apogeo surrealista. Nunca hubieran creído que la judicatura les diera para tanto
La senda de las resoluciones judiciales inexplicadas e inexplicables remonta el Ebro. De Barcelona hemos de viajar a Zaragoza para encontrarnos con el magistrado Rafael Lacasa, que ha decidido él solo poner en jaque la facultad del Gobierno de dirigir las relaciones exteriores, el convenio que rige el espacio Schengen y a todo aquel próximo al actual ejecutivo que, eso sí, no esté aforado para poder enredar con él. Les hablo del asunto de la entrada en España del jefe del Polisario, Brahim Ghali, y de la decisión del juez maño de imputar a la exministra de Asuntos Exteriores y a su jefe de gabinete, destinado a ser embajador en Moscú, si esta movida no le trunca la carrera por una temporada. El juez Lacasa, del instrucción 7 de Zaragoza, es aquel juez que en 2018 rechazó la denuncia por amenazas de muerte a Puigdemont que proferían dos personas subidas en un carro de combate. ¿Recuerdan? En aquella resolución aprovechó para contarnos lo que pensaba sobre el MHP y sobre el procés: le llamaba cobarde y traidor “con sus propios compañeros de golpe”, ya que “con su fuga” manifestó una conducta “desprovista de arrojo y en la antítesis de la dignidad y gallardía que pedía a los ciudadanos”. Así que según este juez de Zaragoza, Puigdemont cometió “una felonía con los suyos” y se “convirtió en un prófugo” tras “convertir el Parlament en una mercería”. Este magistrado, de fuertes vínculos conservadores, e hijo de un presidente franquista de la Audiencia de Zaragoza, tiene a otro hermano en ella. Todo queda en familia.
No actúa solo para intentar poner en aprietos a los recién salidos del Gobierno (Laya, Calvo y sus dos jefes de gabinete), sino que lo hace a instancias de un abogado malagueño casado con una marroquí ―y al que se le conocen vínculos estrechos con el régimen alauita― que se sube a pleitear a Zaragoza a intentar liarlos a ellos y al segundo jefe del Estado Mayor del Aire. ¿A cuento de qué?
El juez pretende que un gobierno no puede hacer aquello que sí le autoriza a hacer el convenio de Schengen con los llamados vuelos de estado. De hecho, el jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, declaró que el segundo jefe del Estado Mayor del Aire preguntó a Exteriores si querían que se realizaran los trámites de inmigración y aduanas y que él contestó: “No es necesario”. Ya saben todos que lo normal y lo que marca el protocolo de actuación es que los jefes militares vayan preguntando al gobierno si llevan a cabo conductas delictivas. Esperan que haga ruido y que provea de munición, aunque quede en nada.
Pirandello se perdió conocer este país y Dalí verlo en su apogeo surrealista. Nunca hubieran creído que la judicatura les diera para tanto.