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Nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, sabemos también que al menos el 70 por ciento de ellas ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida.
Sábado 01 de septiembre de 2018
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), articulación conformada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el pasado martes 28 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Estudio de Opinión sobre la Protesta Social en la Ciudad de México.
En ese documento, realizado también en alianza con el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud, se da cuenta de la opinión de quienes habitan o transitan esta ciudad sobre los diferentes ejercicios de protesta que se realizan en la capital, la cual, dicho sea de paso, dado que concentra los tres poderes del país, y casi la totalidad de las secretarías del nivel federal, es el espacio donde se realizan más marchas, plantones, mítines y otros tipos de protesta.
De acuerdo con información de la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope), desde el año 2012 se lleva a cabo en la capital por lo menos un promedio de 26 protestas al día, lo cual da un significativo balance de alrededor de 10 mil protestas a lo largo de cada año.
Estos datos hacen notar que la ciudad está indudablemente familiarizada con las manifestaciones y protestas como con un escenario constante y cotidiano, por lo que los resultados del estudio de opinión, realizado a solicitud del FLEPS, son reveladores de cara a un discurso sostenido por los grandes medios de comunicación tradicionales y por las instituciones de gobierno, que insisten y se empeñan en destacar solo aspectos relacionados con las supuestas afectaciones que provoca este tipo de ejercicios de derechos; nunca sobre su trasfondo ni porqué se originan.
En el estudio de opinión, se señala de entrada que las personas entrevistadas perciben a la protesta social como una vía legítima para resolver alguna problemática, usualmente ocasionada por la acción, aquiescencia o desatención de las autoridades. Y de acuerdo con el FLEPS es indudable que entre la población se reconoce a la protesta como un derecho humano. Lo que, hay que decirlo, hoy es también reconocido en la nueva Constitución de Ciudad de México. En 57 por ciento de las personas encuestadas se registró una percepción relacionada con el hecho de que quienes protestan lo hacen porque es un derecho, y porque las personas que se manifiestan lo llevan a cabo por la necesidad de ser escuchadas y lograr resolver un determinado problema. Este hallazgo es significativo y contrasta con el habitual razonamiento de las autoridades, quienes durante los años recientes se han dedicado a fortalecer un andamiaje jurídico que intenta legalizar la represión y cancelar la posibilidad de la protesta, como un espacio de solidaridad, encuentro y demanda de derechos.
Basándonos en estudios de opinión pública tan importantes como el que ahora analizamos, nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, y hoy sabemos con un poco más de certeza que al menos 70 por ciento del universo significativo en este estudio ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. Se reveló asimismo que para las personas es muy importante la presencia de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos, o de sus familiares, como una de las razones que impulsan a las personas a participar, pues las diferentes formas de protesta social dan cabida también a expresiones de solidaridad, identificación y participación política.
Aspectos éstos notables tras eventos como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, o la fuerte represión experimentada hace casi ya seis años, en el contexto de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre de 2012.
Otro de los descubrimientos más reveladores de este estudio, y que también contrasta con la narrativa oficial, es que las personas entrevistadas no identifican en su percepción una serie de características específicas en el perfil de las personas que protestan, tomando en cuenta su vestimenta, su edad, su profesión o su posición socioeconómica. Con ello podemos también sostener que los estigmas de quienes protestan de distintas maneras son construidos –insiste el estudio– por los grandes medios de comunicación.
Otra virtud del estudio es que se basó en la aplicación de encuestas en línea y entrevistas de profundidad con actores claves, tanto del gobierno como de la sociedad civil que inciden en la realización de protestas. Se usaron igualmente metodologías de tipo etnográfico, lo que permitió recoger in situ percepciones de personas que se manifiestan o conviven de distintas maneras con las protestas en el espacio público.
Impulsados desde la sociedad civil, este tipo de ejercicios se convierten también en un importante insumo para rectificar la legislación o las políticas públicas que atentan contra tan preciado derecho para la sociedad.
Consultar artículo en La Jornada.
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