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Han pasado dos años desde el 19 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México enfrentó un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, recordándonos, a la vez, al también trágico 19 de septiembre de 1985.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó a su paso una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Del mismo modo, el #19S también fue reflejo y consecuencia de las prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México desde hace años, así como de un actuar de gobiernos anteriores caracterizados por la implementación de políticas públicas guiadas por la explotación inmobiliaria desmedida y el otorgamiento de permisos de construcción de manera indiscriminada, dejando de lado criterios y estándares internacionales y normatividad correspondiente en materia tanto ambiental como de desarrollo urbano.
Después de dos años de los hechos del sismo, a través de diversos informes e investigaciones, tanto de organismos públicos de derechos humanos como de organizaciones de la sociedad civil, y grupos de personas académicas, se ha logrado documentar que, si bien los hechos del 19 de septiembre, por su propia naturaleza, corresponden a un sismo con una gran fuerza, sus consecuencias se agravaron de una manera alarmante por una gran cantidad de factores humanos. Por lo tanto, el #19S no solamente debe considerarse como un fenómeno natural, sino también como una catástrofe socialmente construida.
A lo largo de estos dos años, familiares de las víctimas del #19S han emprendido un largo recorrido para acceder a la justicia y a la verdad. Según ellos, dicho proceso se ha caracterizado, entre otras cosas, por investigaciones deficientes, demora en los tiempos, gran dificultad para acceder a la información relacionada con el caso, e incluso intentos para cerrar toda investigación.
Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Bolívar 168, cuya carpeta de investigación se abrió desde el 29 de septiembre de 2017 y que, pese a ello, hasta el día de hoy no hay ningún responsable. De igual manera hubo intentos por parte de la Procuraduría capitalina de darle carpetazo, pues en el último día de la administración pasada se determinó el no ejercicio de la acción penal en las investigaciones de los hechos denunciados en relación con el sismo, aun sin haber realizado todas las diligencias y peritajes necesarios para determinar semejante decisión. Cabe enfatizar que esta situación se revirtió mediante un amparo otorgado a las familias, cuando el Poder Judicial ordenó a la misma Procuraduría reabrir las investigaciones.
Ante los intentos de dejar en la impunidad y en el olvido las investigaciones relacionadas a propósito del sismo del 19 de septiembre de 2017, seguimos buscando junto a las víctimas justicia y verdad, al igual que investigaciones claras y eficientes que abran otras líneas de investigación que busquen determinar la posible responsabilidad de las diversas autoridades y servidores públicos involucrados por su acción u omisión, y escuchar y tomar en cuenta las diversas aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos que pueden coadyuvar en las investigaciones.
Finalmente, a dos años del sismo hacemos un llamado a las autoridades federales y locales para redoblar esfuerzos y garantizar a las víctimas el pleno acceso a sus derechos, haciendo todo lo necesario a su alcance para implementar cambios estructurales que posibiliten la no repetición de estos altos impactos hacia las personas y comunidades en futuros desastres, como el sismo del #19S.
Familiares de víctimas del edificio Bolívar 168
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C
Imagen destacada: Alberto Ledezma
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