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Gobiernos autonómicos denuncian que el mecanismo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social no está amparado por la ley
Las empresas sufren una sangría de bajas que compromete su viabilidad y provoca cierres
La explosión de bajas laborales por la variante ómicron ha saturado la Atención Primaria de toda España –que no da abasto para gestionar las bajas y altas de los trabajadores contagiados o aislados, atender a todos los pacientes con síntomas de Covid-19 que hacen cola a las puertas de los centros de salud y seguir con su labor habitual–, de ahí que las comunidades autónomas estén intentando solventar la situación en medio del caos.
Ante las quejas de las empresas, que sufren una sangría de trabajadores de baja y ven además cómo tardan más de lo previsto en reincorporarse porque necesitan ser atendidos por un médico para que autorice su alta, distintas patronales han pedido que los facultativos puedan dar de forma simultánea la baja y el alta para siete días después, una vez finalizada la cuarentena.
En el mes de diciembre 576.000 trabadores estuvieron de baja por Covid, según los datos de las mutuas de accidentes de trabajo. Aunque no hay datos todavía del mes de enero, las bajas están repuntando. Empresas de Trabajo Temporal consultadas por este medio admiten que hay compañías que están recurriendo a ellas para hacer sustituciones y piden hasta 200 trabajadores de una sola vez; mientras que, según el despacho de derecho laboral Galibier Legal, un 25% del millón y medio de pymes que hay en el país tienen trabajadores de baja por ómicron.
A pie de calle hay establecimientos que se han visto obligados a cerrar por la falta de personal –la Asociación de Trabajadores Autónomos asegura que un 10% del colectivo está de baja, unos 300.000–, mientras que en el ámbito público se contabilizan 17.000 profesores de baja en el sector educativo y muchas ausencias en el ámbito sanitario.
Ante este aluvión de bajas, varias comunidades han pedido a la Seguridad Social que intervenga para permitir que las bajas y altas se tramiten de forma simultánea, pero el Ministerio que dirige José Luis Escrivá les ha pasado la pelota a los gobiernos autonómicos asegurando que ya existen mecanismos para permitirlo.
Fuentes del Ministerio han explicado que no es necesario modificar la orden ministerial de 2015 por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, que regula la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, y en el que se estipula que «cuando el facultativo del servicio público de salud o de la mutua considere que se trata de un proceso de duración estimada muy corta, emitirá el parte de baja y de alta en el mismo acto médico».
«Para ello utilizará un único parte según el modelo que figura como anexo I, haciendo constar, junto a los datos relativos a la baja, los identificativos del alta y la fecha de la misma, que podrá coincidir con el día de la baja o estar comprendida dentro de los tres días naturales siguientes», recoge. La misma norma determina que se puede considerar «duración muy corta» a los procesos de duración inferior a cinco días naturales, con lo que no quedarían cubiertos procesos de Covid-19 de una semana.
Desde el Ministerio aseguran que no es preciso hacer ningún cambio normativo en esta orden, ya que las comunidades autónomas pueden hacer «un pequeño cambio en sus procedimientos informáticos para que los médicos puedan dar la baja y programar el alta para que sea comunicada de forma automática al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) a los siete días».
Se trataría de una única actuación por parte del facultativo, que da la baja y el alta de forma diferida, aunque se traduzcan en dos momentos de trabajo para el INSS. El Ministerio asegura que se trata simplemente de hacer una adaptación informática que algunas comunidades ya la han hecho para poder aliviar el colapso. Señala también que las regiones ya han sido informadas de esta posibilidad en consejos interterritoriales de salud celebrados hace semanas.
Sin embargo, la falta de una comunicación oficial ha sumido a las autonomías en el caos y reina la desigualdad de gestión entre unas y otras, ya que algunas echan en falta seguridad jurídica. Otras se han aferrado a esa solución y han adaptado ya sus procedimientos.
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