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(Participación de Miguel Concha Malo, director del Centro Vitoria en el Foro: La electricidad como derecho humano)
In memoriam Gerardo Mata Mendoza
Muy buenos días, compañeras y compañeros:
Desde que el autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro el  día 11 de octubre de 2009 puso en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, se generó un conflicto social de enormes dimensiones que ha resultado entre una de las muchas cosas en el cobro excesivo por el uso de energía eléctrica de la noche a la mañana en los recibos de miles de usuarias y usuarios, sobre todo los de consumo doméstico y de personas y grupos con menores ingresos. Desde entonces han tenido que enfrentar la disyuntiva entre pagar la luz o comer, entre pagar la luz o atender necesidades básicas de sus núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna.
El Estado mexicano de entonces obvia responder a su obligación para que ninguna persona deba verse en la necesidad de tener que elegir entre tener pan en la mesa de sus hogares o tener que pagar la luz, ya que también es algo esencial, por ejemplo, si se tienen medicamentos esenciales refrigerados y de ellos depende la vida de algún familiar, o la misma conservación de alimentos, o contar con iluminación para que sus hijas e hijos hagan sus tareas escolares, etcétera. Es urgente, y es obligación de un Estado social de derechos garantizar un justo equilibrio; que los cobros por servicios relacionados con derechos no comprometan otros derechos. La CFE, lejos de resolver la problemática que ha surgido en todo el país por los excesivos y erráticos cobros del servicio, y realizar acciones efectivas al respecto, continúa con el acoso cotidiano que viven miles de mujeres, pues regularmente son ellas, debido a los roles de género, las  que se quedan en las casas; y son ellas quienes tienen que enfrentar principalmente los abusos y engaños por parte de CFE.
A raíz de estos hechos, miles de usuarios y usuarias del servicio eléctrico en la zona centro del país han padecido los constantes abusos del cobro de consumo de luz; y por no obtener respuesta satisfactoria, hoy nos encontramos aquí en torno a buscar las alternativas y hacer frente a la injusticia. Aquí estamos, y por ello es que existe la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).
Y juntas y juntos exigimos la renacionalización del sector de la energía; el borrón y cuenta nueva; una tarifa social justa al consumo doméstico de electricidad; revertir la reforma energética en su conjunto; y un muy grande objetivo: considerar a  la energía eléctrica  como Derecho Humano. Sí, el derecho humano a la energía eléctrica.
Este derecho, de acuerdo a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede hayar su fundamento en la conjugación de contenidos de derechos explicitados, por ejemplo, en el Pacto Internacional sobre DESC y en el mismo contenido desarrollado por el Comité DESC de la ONU. Por ejemplo, cuando en su observación general número 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada, subraya que toda vivienda debe contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la nutrición, y la comodidad. Y todas y todos sabemos que para ello es fundamental contar con la energía eléctrica.
Además, hoy sabemos y tenemos que en la Constitución de nuestro país el Estado mexicano está obligado a cumplir lo que establecen los Tratado Internacionales de los que es parte; así que debiera comenzar por dejar de convertir los derechos en servicios, que además deja en manos de empresas lucrativa privadas o que se dicen paraestatales, como es CFE; y mejor debería apegarse al respeto irrestricto de los derechos humanos, y avanzar, bajo el principio de progresividad, en ampliar las garantías para una vida digna. Y en eso cabe el reconocer y constitucionalizar el derecho humano a la energía eléctrica.
Hoy la ANUEE es consciente de estas urgencias y exigencias, y además ha emergido con mucha fuerza y presencia por todo el territorio nacional, en una alianza estratégica con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que, debo decir, para mi representa una lucha histórica por la defensa y renacionalización de la industria eléctrica. Y que ha resistido dignamente a los embates de estos gobiernos neoliberales.
En el Centro Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. vemos a los derechos humanos como producto de las luchas de los pueblos a favor de la dignidad y la justicia; mediante esta idea ha sido el acompañamiento que, modestamente, y desde nuestra limitaciones, compartimos con la ANUEE, porque son ustedes quienes tienen y han definido el rumbo de su lucha; y son ustedes lo que sostienen este movimiento con su resistencia y sus ganas de defender sus derechos.
Los usuarios y usuarias en resistencia ante las altas tarifas que impone CFE exigen dignamente que la energía eléctrica sea considerada un Derecho Humano y no se vea como una mercancía donde solo los que puedan pagarla tienen acceso. No puede ser un lujo; por el contrario, es un derecho para todas y todos. Debemos considerar a la energía eléctrica como un bien público, y es obligación, responsabilidad y deber  del estado  que todos tengamos energía eléctrica en nuestros hogares, de forma accesible y asequible.
La ANUEE si bien es cierto son personas diversas que luchan por un objetivo en común, a lo largo de estos años han aprendido a caminar de la mano y a reconocerse como un colectivo en donde si tocan a uno, una, tocan a todas y todos, y el reflejo más claro de ello son las marchas, mítines e intervenciones jurídicas y de derechos humanos que realizamos en apoyo y solidaridad a compañeros que han sido detenidos arbitrariamente. Sobre esto quiero decirles que mi experiencia me dice que se hace urgente  pensar en derogar toda ley que criminaliza la protesta social pacífica y la libre manifestación contra actos de autoridad violatorias a DDHH; por ejemplo, trabajemos juntas y juntos para derogar tipos penales como el que establece el artículo 185 del Código Penal Federal que prevé el delito de Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos. Es decir, que este delito nos criminaliza por ejercer nuestro derecho a protestar y resistir ante autoridades que hacen actos y acciones que violentan nuestra dignidad y comprometen nuestros derechos y la estabilidad en nuestros hogares. Tal como lo hace la CFE al obviar atender sensiblemente y con enfoque de derechos este conflicto que ellos mismo provocan con sus reformas impuestas autoritariamente.
Reiteramos que la ANUEE no está sola; también desde nuestra modesta labor estamos luchando por la tarifa social justa, por mantener tarifas accesibles y que se reconozca a la energía eléctrica como un derecho humano. Urge asimismo hacer una revisión de todo el adeudo que CFE menciona que tienen los usuarios, que más que adeudo es un robo, un despojo.
Somos pueblo, somos personas organizadas, somos una digna y grande organización social,  y por ello,  al no tener respuesta por parte de las autoridades, tenemos que estar y mantenernos en resistencia, exigiendo nuestros derechos y luchando por las alternativas que México necesita. Sigamos adelante. Muchas gracias.
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