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📰 Han empeorado las condiciones para defender los derechos humanos en México y Centroamérica, así como las condiciones y situaciones de vida de las personas defensoras desde la llegada del Covid-19
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Cuartoscuro
Sábado 24 de octubre de 2020
Los diálogos generaron una conclusión central: han empeorado las condiciones para defender los derechos humanos en México y Centroamérica, así como las condiciones y situaciones de vida de las personas defensoras desde la llegada del Covid-19. Sin duda ésta ha favorecido tres grandes efectos: la acentuación de los obstáculos previos a la pandemia, los impedimentos a su labor por parte de los estados, y el incremento de las agresiones y violaciones contra grupos y ámbitos de defensa. Con respecto a las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, el informe Defender los derechos humanos en México. La impunidad no termina, realizado por el Comité Cerezo México, identifica que fueron perpetradas mil 659 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos en el periodo de junio de 2019 a mayo pasado. Afirma igualmente que las violaciones a derechos humanos representaron un total de 107 eventos, los cuales afectaron a 25 comunidades, 17 organizaciones, 47 personas, 34 familias y 502 personas pertenecientes a distintas comunidades y colectivos.
Las agresiones y violaciones a derechos humanos en México en contra de personas defensoras y periodistas se materializan, según el informe, de diversas formas: represalias administrativas, financieras, políticas y jurídicas, como la fiscalización excesiva y la fabricación de delitos; campañas de desprestigio, estigmatización y criminalización, así como amedrentamientos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos y asesinatos. E igualmente a través de violaciones graves a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas violaciones no solo son cometidas por la acción, omisión o aquiescencia de autoridades, sino también por particulares y empresas.
Lamentablemente son numerosos los casos sobre agresiones y violaciones contra personas defensoras y periodistas. Entre ellos destaca el de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora indígena de derechos humanos, quien el pasado 18 de octubre fue privada violentamente de su libertad por elementos de la Guardia Nacional. Este caso es particular, porque aparte de detenerla por segunda ocasión en tan solo cuatro meses, las autoridades carecen de pruebas contundentes para imputarle el delito por el que la inculpan, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, lo cual implica el uso a modo del derecho penal para la sanción y criminalización de personas defensoras como Kenia. Su caso no es un hecho aislado, sino uno entre muchos, lo cual revela un problema estructural, un modus operandi de las autoridades y los particulares, o de entre ambos juntos, quienes encuentran una oportunidad en la crisis humanitaria y de derechos humanos, caracterizadas por el clima generalizado de corrupción e impunidad, el colapso de las instituciones que procuran e imparten justicia, la violencia sistemática y las violaciones a derechos humanos.
Todo lo anterior no solo impide el goce y el ejercicio pleno del derecho a defender derechos humanos de las personas defensoras y los periodistas, sino que muestra el gra-ve deterioro de las condiciones para defender derechos en nuestro país.
Hacemos nuestras, por ello, varias de las recomendaciones de quienes promovieron y participaron en los espacios de diálogo delciclo Defender derechos en tiempos de Co-vid. Es urgente, por tanto, que todas las autoridades, además de abstenerse de violar el derecho a defender derechos de las personas defensoras y periodistas, impulsen el diseño y la implementación de una ruta de trabajo colaborativo que dé lugar al fortalecimiento de políticas públicas integrales de protección de las personas defensoras y periodistas, con la que se contribuya a la construcción de la democracia y el estado de derecho.
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