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Los casos documentados en el mes de enero de 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.
La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.
Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.
La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.
Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.
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