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Hace unas horas, en un pequeño recinto, sin esperarlo o sin proponerlo, en donde una pintura trae el fuego arrasador de lo que era llamado el Palacio de Justicia, en una esquina donde se encuentra el primer computador de Eduardo Umaña Mendoza, familiares de los desaparecidos en la contra toma militar del 6 y 7 de noviembre de 1985, algunos defensores y defensoras de derechos humanos, quienes lo conocieron y quiénes no, estaban allí por otro motivo, pero no era previsible el olvido, por eso su memoria ha estado allí en ese lugar, como en otros múltiples.
Días antes, en ese mismo recinto su memoria salió en algunos de sus amigos, a propósito de un diálogo sobre otro tema, él era el texto. Y hablamos de él, como si estuviera al lado. Recordando su salida de ocho días del país, obligado a salir, haciendo caricaturas de esos momentos en que se le sacó una visa, en que se le subió en un avión a la fuerza. Y claro, cuando todo el mundo creía que su vida quedaba salvaguardada, por lo menos por un tiempo, él el madrugador Eduardo, llamaba para decir, aquí estoy. Ocho días después estaba otra vez en este país, con el riesgo de su vida por nobles causas.
Retazos de memoria en generaciones que no le conocieron, pero que saben de su existencia, que preguntan por él, que escarban en papeles, en videos, lo que pensaba, lo que hacía, lo que motiva sus opciones e incluso, preguntando por sus propias fragilidades, las de la condición humanas
Y pasa el tiempo, desde ese sábado miserable de abril, el de hace 14 años, antes del medio día, cuando ingresaron a la oficina con toda naturalidad sobre seguro. Lo que no esperaban es que él nunca iba a morir como ellos querían, tenía claro que él podría elegir como morir, por eso les forcejeo y no se dejó llevar, así lo expresó días antes.
Y es que pasa el tiempo en que no podemos ni llorarle o en que otros le lloran silenciosamente. Es un duelo no elaborado o elaborado en la afirmación de los derechos de los pueblos. O mejor, en el encuentro de cada vez más ciertas soledades, porque las almas, las pasiones están sucumbiendo en la cooptación, en la vana gloria, en la carrera por el prestigio, en todos esos modos, en que la impunidad jurídica, política y social se traslada a la negación de los valores por los que se dice luchar. Así somos, como la memoria frágil o perdiéndose en el tiempo, en incoherencias, no contradicciones.
Hoy, sabemos poco o nada de la investigación penal. A los nudos de impunidad, que se tejieron desde el comienzo de su asesinato, exculpando, evitando responsabilizar a militares de las tenebrosas estrategias paramilitares, o buscando chivos expiatorios, unas vagas respuestas a derechos de petición que trasladan en palabras vacías la responsabilidad a un nadie o nada.
Su asesinato continúa en la impunidad. Los de la estructura criminal envejecen, engreídos en el poder que detentan, en el modelo de sociedad que han logrado imponer. Algunos de sus victimarios, aquellos, que ordenaron, que planificaron están en buen retiro, son asesores y hasta docentes. Algunos de los ejecutores, o quienes recibieron las órdenes y a su vez delegaron en otros la comisión material del asesinato han rendido versiones. Hace unas pocas semanas, por medios extrajudiciales se logró motivar la revelación de algo. Si tal vez, después de mucho tiempo, por una cierta lealtad, en el derecho a la verdad, se atrevió a decir, a levantar su reserva. Describió desde la cárcel de Florida, donde fue extraditado, una de las ejecutoras del crimen, una mujer, parte de una estructura armada dependiente del paramilitarismo, la banda La Terraza, no llegó más allá.
El miedo cunde cuando se trata de algo más profundo y la maquinaria criminal del Estado se revela, cuando salen a la luz los nombres de aquellos que han tenido en sus uniformes muchas estrellas, aquellos que continúan asesorando está cruenta guerra contra la gente que piensa, que se organiza, que sueña en un país distinto; o cuando se conozcan los nombres de quiénes financiaron, que instigaron este asesinato, esos empresarios, que con la eliminación aseguraron su riqueza, y se hicieron a más riqueza.
Será cuestión de tiempo para que la verdad se conozca, eso es posible, aunque esa verdad no sea judicializada…. pero lo que sí es cierto, es que poco habrá de esperar de un aparato de injusticia penal, de un aparato judicial, hecho a la medida del poder que nunca sancionará individualizando los partícipes en una empresa criminal del Estado. Bastante difícil en una época, donde el miedo a los militares crece, como en aquella del exterminio de la UP. Sí, como en aquel momento en que usaron en un juicio judicial un ataúd que colocaron enfrente del lugar de una intervención de Eduardo para amedrentarlo, aterrorizarlo buscando evitar la presentación de pruebas, no lograron evitar que las expusiera.
Ellos son poderosos, usan del artilugio del fuero militar, el del marco legal para la paz, el del derecho internacional humanitario para arrasar sin honor. Sí, así quieren salvaguardar el deshonor militar, el de los 13 generales y los 1200 militares que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad, por graves violaciones de derechos humanos.
Por eso la investigación del asesinato de Eduardo no avanza ni avanzaría, porque detrás de ella se develaría esa podredumbre, que carcome, esto que mal llaman Estado de Derecho. Nos queda el espacio de la memoria, el tiempo de la memoria, ese recinto en un espacio de esta ciudad donde hay unos cuadros, unas máquinas, esa memoria en unos múltiples lugares corporales, desde el que seguimos soñando, deseando apasionadamente para que este país sea distinto. Sí, porque si los derechos de los pueblos y los derechos humanos son un “encuentro de soledades”, lo que nos resta es “morir por algo, que vivir por nada”.
2:57 p. m.  Boyacá, Paramilitarismo, Unión Patriótica  No comments
10 de abril 1984 -19 de abril 2012. En el municipio de Puerto Boyacá, epicentro del paramilitarismo como parte de la estrategia del batallón Bárbula en la década de los 80, fue desaparecido el médico Luis Silva, médico, militante del Nuevo Liberalismo.
Luis es una de las 240 víctimas del desarrollo de una estrategia criminal de Estado entre 1983 y 1984 a través de los paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio, que definió como blanco de persecución y de exterminio a la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo, líderes sociales y comunitarios, bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC.
La estrategia militar desarrollada por el Comandante del Batallón Bárbula con el Teniente Coronel, Jaime Sánchez Arteaga, contó con el apoyo de políticos regionales con vínculos nacionales, empresarios ganaderos y narcotraficantes. La operación paramilitar desatada en la región contó con la participación de Gonzalo de Jesús Pérez, alias “El Viejo”; Henry Pérez Morales, alias “Don Darío”; Nelson Lesmes Leguizamón, alias “El Cura”; Pedro Parra, alias “Pedro Pistolas”; Jaime Parra, alias “Puñaleto”; Luis Suárez, Gilberto Molina, Rubén Estrada, Pablo Escobar Gaviria, Gilberto Rodríguez Gacha. Tal proyecto contó con apoyos de la Escuela de Caballería comandada en ese entonces por el célebre, Teniente Coronel, Plazas Vega, la presencia de tropas y personal de Inteligencia de dicha guarnición en las fincas de muchos de los gestores, beneficiarios y patrocinadores del paramilitarismo. En desarrollo de la estrategia criminal estatal se desarrolló el proyecto gremial Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, para dar un piso de legitimidad en la recaudación de fondos y posteriormente el proyecto político MORENA , como lo reconoce Ernesto Báez, ex comandante paramilitar. ACDEGAM y MORENA con una ideología anticomunista y con el objetivo de preservar, a toda costa, los principios de la propiedad privada, el capitalismo, el cristianismo católico ante lo que concebían como un riesgo la creación de un sistema colectivista y ateo.
Todo indica que la desaparición del concejal Luis Silva Segura, fue ordenada por Henry Pérez, el mismo que ordenó la Masacre de los 19 Comerciantes, caso que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien el 14 de noviembre de 2007 declaró la responsabilidad del Estado y la participación de agentes estatales en la comisión de la masacre.
Hoy, luego de 28 años después de la desaparición forzada del Concejal del Nuevo Liberalismo, Puerto Boyacá, la investigación que cursa en la Fiscalía 11 de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado, no hay ningún condenado por este crimen de lesa humanidad.
Puerto Boyacá en el auge de implementación de ese modelo de operación paramilitar fue declarada por muchos de esos sectores de poder, como la capital anticomunista de Colombia, en algunos parajes de ese municipio, en aquellos que se encuentran inhumadas las vidas y las historias de tantos centenares de víctimas, por la operación ciega institucional que sostiene la existencia de enemigos internos a los qu e hay que exterminar, se encuentran los restos del médico Luis.
El silencio del partido en el que apostó por el bien común de la población de ese municipio contrasta con la palabra que se exhuma en su familia, más allá, del olvido y del terror, de la pacificación y del acostumbramiento en el que la mayoría de este país pretende existir como nación.
Bogotá, D.C Abril 14 de 2012
Masacre jóvenes Punta del Este
12:22 p. m.  Buenaventura, Jóvenes, Masacres, Paramilitarismo, Valle  No comments
7 de abril de 2005 - 7 de abril 2012
Hoy Hace 7 años, un 19 de abril, en la ciudad de Buenaventura, departamento del valle, asesinaron a 11 jóvenes, sus cuerpos fueron encontrados dos días después junto a un joven mas, asesinado el día anterior.
El asesinato de estos 12 jóvenes corresponde al accionar de estructuras de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar en Buenaventura, en un contexto de aplicación de la política de “Seguridad Democrática”, de la red de informantes y cooperantes implementada por el gobierno colombiano.
Siete años han pasado y condensados quedan los recuerdos en el tiempo, la impunidad reina sobre el olvido, sin esclarecer ninguna verdad, un hecho violento, una injusticia, que desde aquel martes 19 de abril, cuando dos hombres llegaron hacia el medio día al barrio Punta del Este de la ciudad de Buenaventura, y bajo engaños sacaron del barrio a 11 jóvenes, entre 18 y 21 años de edad , con la excusa de jugar un partido de fútbol en la localidad de Dagua, departamento del valle, con la promesa de pagarles doscientos mil pesos, sin pensar que la ola de la muerte estaban recorriendo sus respiros .
Ese día los jóvenes fueron sacados uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, de Buenaventura. En ese lugar los estaban esperando varios hombres, quienes los invitaron abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol.
Los jóvenes eran: RODOLFO VALENCIA BENITEZ, VICTOR ALFONSO ANGULO MOSQUERA, LUIS MARIO GARCIA VALENCIA, HUGO ARMANDO MONDRAGON VALENCIA, PEDRO LUIS ARAMBURO CANGA, RUBEN DARIO VALENCIA ARAMBURO, CARLOS JAVIER SEGURA BELALCAZAR, MANUEL CONCEPCIÓN RENTERIA VALENCIA, MANUEL JAIR ANGULO MONDRAGÓN, CARLOS ARBEY VALENCIA GARCIA y LEONEL GARCIA. Victímas de su inocencia abordaron el transporte público.
Cuando se encontraban a las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de la ruta y abordado por cuatro hombres más, armados y se identificaron como paramilitares. Las unidades de estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hasta el estero de San Antonio-bodegas de Cilano, sitio que se conoce en Buenaventura como el cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.
Al llegar al sitio, los 11 jóvenes los obligaron a bajar del vehículo, con los cordones de sus propios zapatos, les ataron las manos a la espalda y de forma abrupta los obligaron a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos de bala en la cabeza.
Los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron arrojados al mar, sin piedad alguna, sin sepultura digna, sin decir las últimas palabras, sin despedirse del mundo externo, sin cumplir los sueños, sin construir una vida digna y sin el derecho a seguir viviendo.
Dos días después, los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron encontrados junto a un cadáver más, el de otro joven asesinado por las mismas estructuras, parece ser que su asesinato fue el 18 de abril a la fecha que no ha sido identificado.
Han pasado 7 años y la impunidad del crimen lo afianzo el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Buga (Valle), al no reconocer que la autoría de la masacre fue responsabilidad de las estructuras paramilitares que actuaron y en la actualidad siguen actuando en ese puerto del pacifico.
La investigación que fue iniciada con el radicado No.2164 por parte de la fiscalía 38 de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía con sede en Cali. El investigador dijo sobre tener los méritos suficientes para decir la ruptura de la unidad procesal, y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares, varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno.
En el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Buga, adelanto la etapa de juicio y el pasado 31 de julio declaró sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, sin embargo dejo muy claro que para él no hay méritos en la investigación adelantada por la fiscalía que comprueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, dio a entender que su actuación obedeció juicios de delincuencia común.
Corrupción, mentira, injusticia, impunidad, navegan dentro de este hecho, acontecimiento macabro de seres insensatos, acto bullidor que dejo marca en todo un pueblo, un país y en los corazones de sus familiares, que día a día derraman lágrimas de recuerdos y sufrimiento deseando que sus muertes no fuesen reales.
Los condenados a cuarenta años de prisión fueron: JOSÉ RAMÓN RENTARÍA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ, por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego municiones, imponiéndoles una pena de cuarenta años de prisión.
Del mismo modo, el juez remitió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como ¨ el chespi¨, su verdadero nombre es JEFFERSON BONILLA GÓMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Fue decisión tomada por el juez, cuando dijo que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni participación en la masacre.
La Sentencia fue solicitada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga
Hace cuatro años los familiares estaban en espera de la decisión del Tribunal Superior de Cali para que se ratificara la decisión de condena. Tal vez se deba esperar un año más para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda de casación. Y pasaran los años y los familiares seguirán sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quienes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.
La justicia solo se ha dirigido algunos autores del crimen, los desconocen como parte de las estructuras paramilitares e hicieron ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagado por la responsabilidad en acción y omisión de la policía del municipio de Buenaventura, demás las estructuras que mantienen militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este y demás barrios de bajamar en este puerto del pacífico. La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con frágil material evidenciable, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca vinculó a ella a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”. La impunidad de la masacre de los jóvenes de Punta del Este quedo en el olvido de la injusticia, garantiza la repetición una y otra vez de los crímenes, así se pretendan ocultar o disfrazar en la idea de que obedece a pelea de “pandillas”, “delincuencia común” o “bandas emergentes”. La política de “Seguridad Democrática”. Queda en las familias y en los pobladores afrodescendientes del barrio Punta del Este en Buenaventura, la afirmación de la memoria como resistencia a la impunidad que se impone desde el aparato de la No-Justicia, como respuesta a la militarización de la vida de los afrodescendientes, como denuncia ante los anuncios de repetición a través de la mal llamada “limpieza social”. Nuevamente en las calles de Buenaventura, caminó la memoria de los jóvenes de Punta del Este, a través de sus madres, padres, hermanos, amigos y conocidos.
domingo, 15 de abril de 2012
Juana Bautista Angulo Hinestroza
3:37 p. m.  Afrocolombianos, Naya, Paramilitarismo, Valle del Cauca, Violación  No comments
Abril 14 de 2001 - Abril 14 de 2012
Juana Bautista es un símbolo luminoso y inmenso, rotundamente emblemático del martirio de los afrodescendientes, concretado en el Naya, de la violación sexual que la comunidad cree como cierta al encontrar el cuerpo de esta mujer con sus prendas íntimas desgarradas antes de ser asesinada.
Ella el símbolo de la indefensión total ante el poderío criminal, patriarcal del Estado... Sí, esa semana santa, un viernes Santo irrumpieron en el caserío de La Concepción más de 400 paramilitares, divididos en escuadras de 20 o 30 hombres, del Boloque Calima, que actuaban apoyadas con la brigada 3. Venían, desde el 9 de abril, asesinando, violando, torturando y desplazando, en su macabra procesión a las comunidades afrodescendientes del Alto Naya en la región del Valle. Luego de controlar el caserío, de generar el desplazamiento de la mayoría de la población desde el viernes, ese sábado encontraron a Juana Bautista, sola en su casa, a pocos minutos de La Concepción en el caserío de Cascajito. Juana Bautista, la Juanita, con afecciones mentales, que le permitían habitar en el territorio desde otra perspectiva, tenía 45 años. Los paramilitares al mando de Luis Fernando Arce Martínez, ‘Chilapo’, y Jair Alexander Muñoz, ‘Sisas’, la sacaron de su casa, le rompieron la ropa, la arrastraron y cuando ya estuvo vencida sobre el barro, accedieron violentamente, la torturaron y la asesinaron con dos golpes de fusil, uno al hombro y otro en la cabeza, relatan los pocos vecinos que algo vieron, que escucharon gritos que ese día se fue llevando con dolor el río Naya. 12 años después el desplazamiento forzoso del bajo Naya continúa en impunidad. Los acuerdos para que la verdad revelada fuera conocida por los habitantes ancestrales de manera directa y estos pudieran contra interrogar no se cumplió. La toma de declaración a uno de los artífices de la operación militar en el desplazamiento del bajo Naya, Ever Veloza, conocido como "HH" no se ha realizado, la extradición de este a los Estados UNidos desde 2008 no ha posibilitado un acceso a los afrocolombianos para lograr esclarecer penalmente lo que sucedió, los beneficiarios del desplazamiento, los altos mandos militares implicados en esta operación criminal contra la población.
11 años después del asesinato de Juana y del desplazamiento de la comunidad negra de Naya, los restos de ella fueron exhumados por la Fiscalía General de la Nación, hoy la fosa donde reposó convertida en un monumento se encuentra sin sus restos.
Es el mismo vacío de justicia que la gente vive en el Naya. 12 años después la memoria colectiva es la manifestación más clara de enfrentamiento a la impunidad, 12 años en que el aparato judicial, por temor, por negligencia no se ha atrevido a sancionar a los artífices materiales e intelectuales de una estructura de poder criminal. 12 años en los que la conciencia ética de la humanidad ha establecido en 2008 la orden de exhumación del Cuerpo de Juana Bautista. En el agosto del 2011 la Fiscal 181 seccional de la unidad nacional de justicia y paz, informó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que el procedimiento no se había terminado que debía demorarse alrededor de seis meses y que la información estaría disponible en el despacho del fiscal 21.
A la fecha no tenemos ningún avance con respecto a la orden de exhumación. Nada de eso ha conmovido el muro ciego de la impunidad, salvo los rituales, la memoria colectiva terca compañera de la lucha negra nayera, que va desmoronando ese desorden institucional llamado democracia.
Bogotá, D.C. Abril 14 de 2012
Sin Olvido - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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