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Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamadaverdad histórica sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no solo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña.
El golpeteo se inició con una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales, para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa, presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.
Finalmente, apenas el pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una delegación internacional, en una universidad privada se organizó una conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas.
En el caso de la jurista Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestrofiscal de hierro por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos?
Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía encuadrarse en el marco de la guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica (sic); una batalla que, según dijo, no es una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos (sic).
En un entorno pluralista caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios de los señalamientos absurdos que solo buscan difamar y confundir a la opinión pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos.
Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás de la campaña que se ha desatado. Frente a este escenario, es indispensable confluir en la defensa del GIEI, como garantía internacional del derecho a la verdad de toda la sociedad.
Consultar artículo en La Jornada.
Imagen destacada (modificada) : Uriel López
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