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A lo largo de la historia nacional, la deuda externa obturó el desarrollo económico. La evaluación a fondo del megacrédito de 2018 mejora la posición relativa del país en la negociación con el organismo.
Argentina es un país atravesado por disputas internas y externas desde tiempos previos a su conformación. A pesar de contar con un potencial enorme para garantizar altos estándares de vida para toda su ciudadanía, hace poco más de 45 años que una enorme porción de su población se encuentra en la pobreza, más allá de loables intentos por revertir dicha situación en algunos períodos de gobiernos populares.
Desde su génesis, el país es un territorio en disputa por parte de las potencias mundiales y es forzado a través de diversos mecanismos de acción directa o indirecta, tanto de dichas potencias como de grupos locales, a ser principalmente un proveedor de materias primas de escaso valor agregado.
Eran dirigentes de acción y coraje, dispuestos a tomar las decisiones necesarias para poner el aparato productivo al servicio del bienestar general. Fueron los años de la mayor participación en el producto bruto interno por parte de los trabajadores y el país alcanzó una industria de excelencia en diversos rubros.
Argentina pasó de ser un simple proveedor de materias primas a convertirse en una nación con un proyecto industrial.
La reacción no se hizo esperar y a fuerza de bombas sobre la Plaza de Mayo, en 1955 se dio el primer golpe fatal a aquel proyecto. Al año siguiente, la dictadura de Aramburu concretaba lo que el General Perón, en defensa de la soberanía nacional y la independencia económica del país, había resistido terminantemente hasta ese momento: el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional.
Así comenzaba una etapa de enorme retroceso en todos los campos. Años convulsionados en los que sucesivas dictaduras militares se irían alternando con gobiernos pseudodemocráticos que, a fuerza de tortura y fusilamientos, proscribieron por casi dos décadas al principal líder político y gestor del proceso industrialista.
La situación culminó con el golpe de Estado del 1976, que no solo se encargaría de llenar de torturas y muertes el suelo argentino, sino que daría un gran golpe a la industria. Se inició la gran destrucción del aparato industrial, para ser remplazado por un modelo de libre comercio, valorización financiera y pobreza estructural.
En 1982, el régimen militar se embarcaría en la aventura de Malvinas, que hasta el día de hoy se sigue pagando muy cara, contra la potencia militar naval más importante de la historia secundada por los Estados Unidos, que además había apoyado abiertamente al régimen militar, en el marco del llamado Plan Cóndor ideado por Henry Kissinger.
La estocada final se dio en los '90, al privatizarse las empresas estratégicas del Estado. Forma trágica con la que se prometía dar solución a la deuda acumulada. Una Argentina que era saqueada ante los ojos de una ciudadanía que, en gran parte, se mantendría anestesiada por un régimen cambiario que establecía la ficción de equiparar el valor del peso al de un dólar. Artificio que hizo olvidar por una década los fantasmas inflacionarios de los años anteriores, al costo de rematar el patrimonio público y acumular una enorme deuda que implosionaría en 2001.
A través de un complejo proceso de varias décadas el país se constituyó en una semi-colonia que las diferentes potencias usufructúan de forma parasitaria a través de sus empresas transnacionales, mientras más del 40 por ciento de la población se encuentra en la pobreza, en una tierra de riquezas inconmensurables.
Solo en un país colonizado es posible que, existiendo tamaños niveles de riquezas, gran parte de la población permanezca casi impávida ante semejante sometimiento. Aceptando, que su país se convierta en un bolsón de pobreza y miseria, en simultáneo al endeudamiento estructural, reiterado y sistemático.
Esta es la única explicación posible al hecho de tener tales niveles de recursos naturales y humanos y a su vez ser deudores del mayor préstamo que un país haya tomado en toda la historia del FMI.
Dicho crédito fue tomado por un gobierno que había recibido un país con los niveles más bajos de deuda/PBI de América Latina. En menos de tres años, la administración de Mauricio Macri emitió más de 100.000 millones que se fugaron sistemáticamente al exterior.
El FMI otorgó 44.500 millones de dólares. Y cabe recordar que el Banco Central, en un informe presentado en 2019, describió e identificó un proceso de fuga de capitales más de 86 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri.
A la fecha, hay una querella penal impulsada por el actual Gobierno, por la cual se investiga el proceso de endeudamiento record por parte del macrismo. El FMI no podía ignorar que estaba prestando un monto que por sus dimensiones violaba su estatuto, que impide tener más del 50 por ciento de su cartera de créditos destinada a un solo país.
Mucho menos si el país receptor de los fondos estaba en grave riesgo de cesación de pagos. Hay que recordar que en 2018 las finanzas del país se encontraban comprometidas producto del proceso de endeudamiento compulsivo que se puso en marcha a partir del 2016, desde que se cerró el acuerdo con los fondos buitres pagándoles un monto insólito, sin discutir nada.
De allí en adelante fue un festival de deuda en moneda extranjera, mientras en paralelo el presupuesto público no paró de recortarse, sin que se produjeran inversiones de alguna relevancia que pudieran explicar siquiera parcialmente el destino de tales fondos.
La única explicación irrefutable es la que surge del referido informe del Banco Central, que da cuenta de las dimensiones de la fuga de divisas durante ese período.
Todo ello con el agravante de que, en el año 2020, Mauricio Claver, asesor principal de Donald Trump en lo referido a América Latina, reconoció públicamente que la única causa y explicación posible de ese préstamo fue una apuesta política de parte del ex presidente de los Estados Unidos por Mauricio Macri.
El Gobierno actual heredó las consecuencias del proceso de endeudamiento compulsivo: raquíticas reservas netas del Banco Central, fuerte restricción cambiaria y todas las variables económicas en franco deterioro.
En la medida en que el principal problema de la economía es la deuda, las negociaciones actuales con el FMI no se pueden llevar adelante sin antes determinar las responsabilidades penales y administrativas. Menos aún si tal acuerdo va a implicar que se continúe pagando dicha deuda, con sus inevitables consecuencias económicas y sociales para el país.
Determinar responsabilidades corresponde por derecho, ética y moral, es indispensable para poder llevar a cabo las acciones tendientes al recupero de parte del dinero en cuestión por parte de los responsables de tales delitos y también para negociar desde otra posición frente al FMI.
No es lo mismo negociar una deuda legítima a una tomada en base a delitos eventualmente cometidos, actos administrativos muy probablemente nulos y violación de la propia normativa del acreedor.