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Por segundo año consecutivo el gobierno, a través del Presupuesto Complementario, ha reducido la partida asignada al Ministerio de Educación, lo que ha provocado el rechazo de sectores vinculados al sector, y ciudadanos que se agruparon en el movimiento para que se cumpliera con lo establecido en la ley 66-97 que consigna el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación.
En 2021 la disminución del presupuesto al Ministerio de Educación fue de RD$5,350 millones de pesos y pasó desapercibida para la sociedad pues persistía el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 y el proyecto de presupuesto complementario identificaba que los gastos adicionales asociados directamente a la pandemia ascenderán a RD$61,936.1 millones.
Este año el recorte a los recursos del Minerd es de RD$4,250 millones de pesos y su redistribución es cuestionada, pues plantea un incremento de RD$1,831,400,772 para publicidad a través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).
Desde el año 2013 cuando se inició el cumplimiento de la ley se han destinado a la educación, de acuerdo a los presupuestos ejecutados, RD$1,17 billones.
Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, entiende que este tema no debería estar en discusión nuevamente, pues fue un compromiso que asumieron todos los políticos del país, incluido el presidente Luis Abinader y una conquista ciudadana que costó tiempo y sudor.
Cuestionado sobre los logros que se pueden exhibir con la entrega de recursos al Minerd explica que el aumento de la cantidad de aulas, la implementación de la jornada extendida, reducción significativa del analfabetismo, implementación programa formación docentes de excelencia, implementación programa formación directores de excelencia, implementación de formación continua centrada en el aula, mejora salarios docentes y el aumento a la cobertura atención integral primaria infancia.
Jiménez señala que están pendiente de ejecutar la universalización jornada extendida y la atención integral a la primera infancia; lograr erradicar el analfabetismo; aplicar todos los estándares de formación docente contenidos en la Normativa 09-15 y alcanzar a todos los directores de centros educativos, distritales y regionales con el programa directores de excelencia.
Como fracaso de la inversión millonaria refiere que no se ha implementado realmente el currículo basado en competencias, pues se inició muy tarde la formación docente de excelencia, que debió ser a la par con apertura de nuevos centros y vincular aumentos de sueldo con mejora en desempeño.
El recorte de los recursos al Minerd afectará los servicios técnicos y pedagógicos, la educación  primaria para niños y niñas de 6 años, de la educación secundaria para adolescentes de 12 a 17 año, los servicios de bienestar estudiantil, el programa de las instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles y el desarrollo infantil para  niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses.
Asociaciones y personas miembros del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, solicitaron al Poder Ejecutivo, a través de su ministerio de Hacienda, que desista de incumplir la Constitución y las leyes con su propuesta de reducir el presupuesto de educación transfiriendo RD$4,250 millones de pesos a subsidios.
“Esta decisión no solo incumple la Constitución dominicana en su artículo 63, numeral 10, sino que atenta contra tres instrumentos legales clave de la administración del Estado: la Ley Orgánica de Educación 66-97, la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación ordenado por esta Ley orgánica. Igualmente, incumple la palabra dada por el partido en el gobierno al firmar el Compromiso Político y Social por la Educación del 7 de septiembre de 2011 y su concepción de las políticas públicas”, expresa el documento firmado por 27 instituciones.
Consideran que en estos momentos la prioridad del país, y por ende del gobierno, en materia educativa debe ser el respaldo a la agenda planteada por el ministro de Educación, Ángel Hernández, sobre la atención especial a la calidad de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes; prioridad a los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros cuatro años de escolaridad; desarrollo de un plan de acompañamiento y evaluación de desempeño docente; la mejora e intensificación de la formación docente; el impulso al uso de la tecnología en los procesos educativos; y la mejora en la gestión y calidad del gasto.
María Teresa Cabrera, quien fue coordinadora social del movimiento por el 4 % para la educación está en total desacuerdo con la reducción del presupuesto y entiende que no se puede quitar dinero a ese sector en un país que tiene el 33 % de los niños y niñas de cinco años de edad excluidos del derecho a la educación, a pesar de que la ley establece su obligatoriedad.
“Es un contrasentido proponer la reducción del presupuesto a la educación cuando se ha anunciado, desde el gobierno, incluir en el sistema formal a la población de 3 y 4 años, esta medida involucraría a más 240 mil niños y niñas y es fundamental para comenzar a cerrar la brecha que reproduce la desigualdad social en nuestro sistema educativo”, expresó.
Para Cabrera, el sistema educativo dominicano tiene dos grandes desafíos: incluir esa población de niños, niñas y jóvenes que están fuera de las aulas y elevar la calidad de los aprendizajes, para cumplir con ambos desafíos se requiere recursos. “El 4 % fue una conquista del pueblo dominicano que conserva toda su justificación”, subrayó.
Acción Empresarial por la Educación (Educa), es partidaria de que se mantenga la asignación presupuestaria prevista en la ley para educación.
Darwin Caraballo, director ejecutivo de la entidad advirtió que hay que tener mucho cuidado de hacia dónde se redireccionarían esos fondos y afirmó que, aunque apoya se mantengan los fondos, ha llegado la hora de condicionar los desembolsos al nivel de cumplimiento en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.
Las circunstancias del momento demandan de las fuerzas sociales que hicieron posible ese compromiso redoblar esfuerzos para que la inversión en educación se incremente y el Minerd transforme su forma de gestionarlo para que los recursos se utilicen, real y efectivamente, para la mejora de la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes.
Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), fue de los primeros en alertar sobre la ilegalidad de reducir más de RD$4 mil millones al presupuesto del 4 % del PIB que recibe el Ministerio de Educación. Lamentó que mientras el Gobierno quiere quitarle los recursos a Educación hay más de 300 mil estudiantes que no encuentran cupos por falta de aulas y que programas esenciales para la estudiantes y docentes sean acortados.
El director ejecutivo del Gabinete de Innovación del gobierno y quien junto a María Teresa Cabrera lideró la lideró la lucha por el 45 para la Educación, dijo en su cuenta de Twitter que si el gobierno insiste en actuar al margen de esa conquista se pondría en una difícil situación frente a la ciudadanía.
“La Constitución es clara. Esta pelea con la sociedad es innecesaria y peor aún sería autoprovocada. Si algo definen los presupuestos de un gobierno son las políticas con las que está comprometida. Y la educación debe ser siempre prioridad nacional. Lo es, porque sencillamente sin una buena educación la gente no puede avanzar en sus proyectos de vida”, manifestó Pujals.
Reunión en el Palacio Nacional
En horas de la tarde, el gobierno convocó la tarde de ayer a representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en la firma del pacto educativo al Palacio Nacional para tratar el tema. En el encuentro encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el Gobierno se comprometió a no tocar el dinero si el grupo de organizaciones no gubernamentales con las que se reunió este martes presentan proyectos benéficos para invertir el dinero dentro del mismo sector en los meses que queda del año. La condición fue que presentaran proyectos del área de educación realizables en lo que resta de año.
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