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El magistrado pide también a las partes que informen sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que tendrían que formularse.
En una providencia, que ha sido notificada hoy, el juez Pablo Llarena explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero de 2021 su decisión, "de carácter firme", de denegar la entrega del procesado Lluís Puig.
En este marco, considera que la interpretación del derecho de la Unión y de las normas establecidas en la decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga, que ha denegado la entrega del procesado Lluís Puig, "discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo, y que la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que se tengan que tomar en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo con respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino en todos aquellos otros estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir la libertad en un futuro".
Asimismo, indica que la fijación de un plazo de tres días es consecuencia del conocimiento que tienen las partes sobre la cuestión, a causa de que la larga tramitación de las euroórdenes ha facilitado su conocimiento, ya que todas las decisiones son plenamente conocidas por haber sido puntualmente notificadas a las partes, tanto en este procedimiento, a pesar de su situación de rebeldía, como en el estado de ejecución.