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Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen :  UNHumanRights
Sábado 21 de agosto de 2021
El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, declarado así por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para visibilizar a este grupo de población, generar conciencia sobre su importante papel en los procesos de transformación y colocar sus necesidades y problemas como prioridad en las agendas gubernamentales. Y es que de acuerdo con la ONU alrededor de mil 200 millones de personas entre 15 y 24 años habitan y transitan por el mundo. Es decir, 16 por ciento de la población global.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que representan 24.6 por ciento de los habitantes en el país. Conforme al Censo de Población y Vivienda 2020, de las más de 126 millones de personas que conformamos el total, la mitad tiene 29 años o menos.
Uno de los temas centrales de reflexión a escala internacional en el presente año es el impacto diferenciado del Covid-19 en las juventudes, el cual puso al descubierto y agravó los problemas estructurales que afrontan. Este análisis se recrudece cuando se aplican perspectivas como la interseccional y la de género, porque, si de suyo constituyen un grupo que históricamente ha sido colocado en situaciones de vulnerabilidad, discriminación y desventaja, sus desafíos son aún mayores si son mujeres, si pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+ o a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. O si defienden derechos humanos, por mencionar algunos ejemplos.
En el contexto del también llamado mes de las juventudes, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria recientemente publicó un informe denominado Los impactos del Covid-19 en las juventudes en México (https://cutt.ly/CQ1HXSg). Con la intención de profundizar y debatir los temas abordados en el informe, de igual manera, está realizando una serie de foros con expertos (https://cutt.ly/QQ12H3v).
El informe no solo fue elaborado por jóvenes, sino que éstos fueron el sujeto y actor social central en todo el proceso. Dicho insumo tiene como propósito analizar los impactos del Covid-19 sobre las juventudes en nuestro país, sobre todo en lo que respecta al goce y ejercicio de sus derechos a educación, empleo, alimentación, vivienda, salud física y mental, así como a la participación política. Se afirma desde sus primeras líneas que en la actual pandemia se adoptó una narrativa adultocéntrica que posicionó a las juventudes como aquellas que se encontraban en menor riesgo ante el virus.
La tercera ola ha demostrado de manera contundente lo contrario, porque una parte significativa de los contagios, hospitalizaciones y lamentables muertes han sido de jóvenes. Además, desde marzo de 2020 muchos ámbitos de su vida han sido fuertemente impactados. Como lo sostiene el informe, aumentaron las violaciones a sus derechos, principalmente a la salud, a la información, a vivir una vida libre de violencia, a la protesta social, a la libertad de expresión, a la educación, así como a sus derechos laborales. Con respecto a éstos últimos, las juventudes señalaron diversas situaciones que constituyen violaciones a sus derechos. Entre otras, están la falta de respeto al horario laboral, las excesivas cargas de trabajo, y la ausencia de provisión de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, especialmente de aquellas que se han desarrollado a distancia.
También apuntaron las omisiones del semáforo epidemiológico, así como despidos injustificados sin las indemnizaciones de ley correspondientes. Otros de los derechos afectados son los referidos a su participación política y social, ya que durante la pandemia fue limitado y restringido el espacio público, el cual es uno de los principales lugares de participación para los jóvenes. Muchos de quienes tomaron la decisión de continuar participando en acciones de defensa y promoción de los derechos humanos fueron víctimas de criminalización, hostigamiento e intimidación.
Como se menciona en las conclusiones del informe, todas las personas deben ser reconocidas de la misma manera, y por ello sus derechos han de ser respetados y garantizados integralmente, sin importar sus características y condiciones, en este caso su edad. Por tanto, en el contexto de la pandemia los programas de atención y recuperación deben incorporar la perspectiva de juventudes y el reconocimiento de los impactos diferenciados que han causado en la vida de millones de jóvenes.
En efecto, no se puede ni debe hablar de una generación que construya el futuro, cuando en esta emergencia sanitaria las juventudes han sido invisibilizadas, colocadas en situaciones de vulnerabilidad, criminalizadas e ignoradas. Por tanto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de poner en el centro los derechos de los jóvenes.
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