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La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ordenó este viernes que sean instaladas computadoras personales a los imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral, que guardan prisión preventiva en los centros penitenciarios, para que puedan preparar sus argumentos de defensa.
Dijo que los centros penitenciarios donde se encuentran privados de libertad el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán y otros imputados, deberán permitir las laptops, sin internet, para que los encartados analicen el expediente y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Los ordenadores serán verificados por las unidades de tecnología del órgano persecutor, así como de los centros penitenciarios correspondientes para que certifiquen que las computadoras solamente serán para verificar el expediente.
Los imputados tendrán un plazo de 15 días consecutivos para preparar su material de defensa, que comenzará a correr a partir del 14 de septiembre. Previo a esto, la magistrada otorgó tres días para que le sean instaladas en las computadoras los materiales con el expediente y las pruebas.
Los días 23 y 30 de septiembre el Ministerio Público deberá presentar al tribunal, vía Secretaría, informes que indiquen la constancia de que los encartados recibieron los ordenadores.
Solicitud de fusión del caso Coral y Coral 5G
Con relación a la solicitud que hizo el Ministerio Público para que sean fusionados los expedientes de las denominadas operaciones Coral y Coral 5G, la jueza Yanibet Rivas le dio a la defensa de los imputados 10 días para conversar con sus clientes y fijar una posición con dicha solicitud.
Durante esos días, que comenzarán a correr del 16 al 20 de octubre, los abogados de los encartados deberán preparar una estrategia de defensa para la audiencia que se fijó para el próximo 28 de octubre a las 10:00 de la mañana. Para ese mismo día 28 del mismo mes se fijó el inicio de la audiencia preliminar de esos casos.
En este caso, el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción, que supuestamente lideraba el mayor general Adán Cáceres Silvestre, operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
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