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El consumo tiene su lado negativo: la explotación de recursos naturales, la generación de desechos. La Federación es un ejemplo de libro. En los últimos años, el volumen de basura ha crecido de manera intensa, acumulándose en viejos vertederos que crecen sin cesar. Las autoridades rusas buscan desde hace un par de años que el asunto no se les salga de la manos, apostando por aumentar la recuperación. Pero habrá que tocar temas sensibles y adelantar reformas de calado. La basura no desaparece debajo de la alfombra.
Rusia ha vivido en la última década una expansión acelerada del consumo: ropa, comida, muebles, coches. También de lo que viene con ello: etiquetas, cajas, fundas, plásticos. Aunque se ve poco, la basura se acumula. Y pasa su factura, en forma de degradación ambiental, problemas de salud pública e ineficiencia económica.
De acuerdo con el gobierno, el país  produce cada año cerca de 3.500 millones de toneladas métricas de desechos. Los generados por las ciudades son el objeto de estudio de la mayor parte de los análisis internacionales. Solo en materia de residuos sólidos municipales o urbanos (RSU), la Federación genera 100.000 toneladas al día, según el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo).
En 2010, de acuerdo con la OCDE, un ruso promedio arrojó más de 400 kg de RSU, hasta acumular unos 70 millones de toneladas en conjunto (la IFC rebaja las cifras: 330 kg y 48 millones de toneladas, respectivamente, para ese mismo año).
El volumen, significativo, es menor que el promedio de los países miembros de la OCDE (540 kg per cápita al año) y la Unión Europa (510 kg). Pero se está disparando de manera peligrosa. A diferencia de la UE y el conjunto de los países miembros de la OCDE, Rusia no ha logrado desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos: entre 2000 y 2007, ésta creció tres veces más rápido que el PIB, según el BERD. La expansión rusa tiene su cara reprobable.
El problema no reside meramente en el volumen, sino también en su tratamiento. De acuerdo con los datos del gobierno, solo el 25% de toda la basura es procesada. Las cifras sobre RSU dibujan un panorama  todavía más grave: el 95% se envía directamente a vertederos, recuperando en forma de material o energía apenas el 5% de los desechos, según el BERD y la IFC. De nuevo, la comparación internacional deja al país en mal lugar: en promedio, la UE recupera el 60% de sus residuos; Austria, Suiza y Bélgica, más del 95%.
Con esa política, los vertederos crecen sin cesar. Según el gobierno, el país acumula cerca de 90.000 millones de toneladas de basura, más de 30.000 millones solo de RSU, en unos 2.500 kilómetros cuadrados de vertederos, lo suficiente para cargar la línea ferroviaria transiberianaa su máxima capacidad durante 2.400 años. Por si fuera poco, el 30% de los lugares oficiales de disposición no cumple los estándares sanitarios internacionales actuales (el 80% se construyó hace más de 20 años).
Todo ello convierte la gestión de los residuos, especialmente los RSU, en un gran desafío. El corto plazo no da cabida a muchas dudas. Rusia necesita renovar con celeridad su infraestructura de recolección y disposición, con un costo de 18,5 millones de euros, según la IFC.
El medio y largo plazo plantean un dilema. El Banco Mundial proyecta que el volumen de RSU crecerá en la Federación un 20% para 2025, hasta los 120.000 toneladas diarias, cerca de 500 kg per cápita al año. Habrá que activar más inversiones en los próximos 10 a 15 años.
Hay dos alternativas. La primera consiste en doblar la capacidad de los vertederos, que de lo contrario no darían abasto (ya usan cerca del 70% de su capacidad). La segunda radica en ampliar la recuperación material y energética, reduciendo el volumen de RSU destinado a vertederos.
En términos de costo per cápita, la diferencia entre la primera opción y aumentar la recuperación hasta el 40-45% (unos 200 millones de toneladas), reduciendo entre un 20 y un 30% la demanda de nueva capacidad en vertederos (unos 22.500 millones de euros), es pequeña. En términos estratégicos, la diferencia es notable. En un estudio reciente sobre los RSU en Rusia, la IFC no duda en apostar por ampliar la recuperación. Pero, ¿el gobierno ruso?
La gestión de los RSU es desde hace un par de años una de las prioridades de las autoridades rusas, tanto nacionales como subnacionales.
En octubre de 2011 la Duma presentó un primer borrador para reformar la ley sobre producción y consumo de residuos de 1998, que pasó a segunda revisión parlamentaria a principios de este año, con otras siete reformas en marcha en este ámbito. En abril, Putin encabezó una reunión de alto nivel sobre esta materia, con el objetivo de acelerar el proceso.
El gobierno pretende fijar un marco regulatorio y un conjunto claro y suficiente de instrumentos de mercado y administrativos que aseguren el uso eficiente de los recursos, aumentando la recuperación y contrayendo la disposición.
Para ello, el borrador de ley impone a productores e importadores una cuota anual gradualmente decreciente y la obligación de disponer por su cuenta o financiar la disposición por terceros de sus residuos con estándares internacionales, extendiendo su responsabilidad.
Con esas exigencias, la ley busca estimular la creación de una industria especializada, que atraiga inversión y cuente con la participación de empresas medianas y pequeñas. Según los expertos, el mercado de reciclaje podría alcanzar los 50.000 millones de rublos.
Gente rara de Siberia
Algunas ciudades, como Moscú, San Petersburgo, que planea invertir 1.500 millones de euros hasta 2020, Vologda o Tserepovets ya se han puesto manos a la obra.
Aunque la preocupación parece sincera, hay varios asuntos pendientes. En primer lugar, la operación. El establecimiento de una estructura económica y jurídica que favorezca la actualización de los sistemas de gestión y las infraestructuras y tecnologías no será fácil. Como asegura la IFC, deberán revisarse varios aspectos.
Para empezar, habrá que resolver los problemas administrativos, estableciendo mecanismos de coordinación en un mercado actualmente muy fragmentado y desorganizado. Las autoridades locales (municipales o intermunicipales) deberían constituir el actor protagónico, reforzando su capacidad de control y sanción. La disímil capacidad de las distintas ciudades y conurbaciones invita a adoptar un enfoque regional diferencial.
Además, será necesario revisar el esquema tarifario. En la actualidad, las tarifas no cubren el costo real del servicio y no están ligadas al volumen ni tipo de residuo generado, creando incentivos perversos.
Hay, en cualquier caso, asuntos de fondo. En Rusia los debates recientes parecen dejar de lado la reducción del volumen. Lo imperioso de tratar la basura ya acumulada y la que se sabe se generará no debe lesionar los esfuerzos por prevenir el problema desde su origen.
Para ello, habrá que reforzar los proyectos demostrativos y las campañas de sensibilización ciudadana, por el momento débiles, aunque algunos ciudadanos convencidos lideren con su ejemplo. Si se quiere avanzar, habrá que ligar la reducción, separación y reutilización de la basura con una imagen atractiva y moderna: visibilizar la basura en lugar de ocultarla en vertederos.