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Octavio Romero, después de que se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario, iba a ser el primer integrante de una fuerza federal en casarse con una persona del mismo sexo.
IMG | Octavio Romero y Gabriel Gersbach
“Octavio Romero puto”, fue uno de los mensajes en una de las puertas del baño de hombres con las que se encontró Octavio en su trabajo después de que le aprobaran el permiso. Gabriel sospecha que no querían tener un gay y mucho menos un gay orgulloso como Octavio. De todos modos, aclara: “Jamás se hubiera casado con el uniforme porque ni siquiera iba al trabajo uniformado: iba de saco y corbata. Y aunque era el mejor en las pruebas de tiro, no le gustaban las armas. Lo único que le gustaba era que los de prefectura se jubilaban jóvenes”.
El asesinato de Octavio formó parte del Informe de Crímenes de Odio de 2011 de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) junto a otros 13 crímenes: una mitad contra travestis, y la otra, contra homosexuales. El presidente de la CHA César Cigliutti acompañó desde el primer momento a Gabriel: “Más allá de quiénes fueron es evidente de que es un crimen de odio. Basta ver nuestros cadáveres para saber cuáles son los símbolos en estos crímenes. El motivo -no dudaba- siempre es la homofobia, lesbofobia y transfobia”. Al igual que Octavio, otros de los tres asesinados ese año aparecieron desnudos o semidesnudos.
Octavio hacía un trabajo administrativo en las oficinas de Control de Gestión de la Prefectura Naval Argentina, un área donde se tramita la entrada y salida de los barcos. Pero su deseo, desde el primer viaje que hicieron juntos con Gabriel a Brasil, era dedicarse a la diplomacia. Así que aprovechó que trabajaba por la mañana para estudiar por la tarde Relaciones Públicas en la Universidad del Salvador (USAL). Además, ya había hecho un traductorado de inglés, y otro, de portugués.
“Octavio entró a la Prefectura solo para irse de Curuzú Cuatiá -Corrientes- y venirse a la ciudad. Porque esa estructura no tenía nada que ver con él”, afirma Mariela Lucero, una de sus mejores amigas y compañera de la carrera de Relaciones Públicas en la USAL, que además fue la última en hablar con él antes de ir a un cumpleaños donde se iban a encontrar. “Nunca nos hubiera dejado plantados”, asegura. “Cuando planteó que se iba a casar -denuncia- empezó el hostigamiento. Me decía que la estaba pasando mal, pero quería hacer valer su derecho a casarse”.
“Después de 12 años juntos nunca había pasado que no fuera a dormir una noche. Además, hablábamos mucho por mensajito. Éramos culo y calzón”, afirma Gabriel. Esa noche apenas le avisaron sus amigos que no había llegado a la fiesta fue a su casa a buscarlo, pero se encontró con la puerta sin llave, todas las luces prendidas y la tele encendida. Y en la heladera las botellas que iba a llevar y en una silla, el saco de pana bordó que se iba a poner. Esa noche se habían despedido con dos besos.
A los dos días de su desaparición, se instaló la búsqueda de Octavio en casi todos los medios de comunicación. Pero a los seis días, llegó la mala noticia de que un lanchero del Club Náutico Belgrano había encontrado su cuerpo a la altura de Vicente López en el Río de la Plata, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Gabriel estaba por declarar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, cuando leyó en la tele que estaba en la sala de espera: “Apareció muerto el prefecto desaparecido”.
Al cumplirse cuatro años de su muerte, mientras Gabriel estaba de vacaciones en Brasil por tatuarse un dibujo que había hecho Octavio, le llegó un WhatsApp del periodista Franco Torchia: “¿Estas para hablar? Porque me llegó un informe sobre el asesinato de Octavio”. Franco lo había entrevistado dos veces en su programa de radio sobre diversidad No se puede vivir del amor. “Llegamos con mi productora y nos encontramos -detalla Franco- con un sobre cerrado anónimo, afuera escrito a mano y adentro, en computadora. Varias páginas con información muy precisa y verosímil”. Otro sobre con el mismo informe fue recibido por la fiscal Estela Andrades de Segura.
Según la abogada defensora Dalile Antúnez (1) -integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia– el anónimo parecía escrito por alguien de adentro de la fuerza. En sus páginas detallaba lo que habría ocurrido esa noche: que un grupo lo había secuestrado en una camioneta, y que, además, esa operación se había archivado en un disco rígido en el Edificio Guardacostas. Si bien se ordenaron algunas pruebas a partir del informe, asegura que hace tres años no hay ningún avance: “A pesar de que quedaron líneas de investigación sin profundizar, no hay ninguna actividad estatal para saber qué fue lo que pasó. La hipótesis de que fue organizado por integrantes de prefectura como un crimen de odio nunca se investigó con seriedad”.
En ese sentido, la asociación civil junto a la CHA y a Gabriel presentaron la causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, la violación de las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y por la protección judicial respecto de Gabriel. El caso fue declarado admisible por la CIDH.
Cuando Octavio fue asesinado, hacía un mes que con su pareja habían llegado de un viaje por Europa que había sido como una luna de miel por adelantado. Viajaron para el casamiento de un hermano de Gabriel y aprovecharon la oportunidad para anunciar su casamiento para fin de año. Ya habían elegido juntos el lugar para la fiesta y el diseñador para las tarjetas. Y, además, cuenta Gabriel que Octavio les había pedido a sus padres su mano: “Estábamos muy enamorados y queríamos llegar a viejitos juntos”. A 10 años del crimen, la historia de Gabriel y Octavio es la del matrimonio igualitario que no fue y la de la justicia que no es.
(1) Parte de esta nota fue publicada en 2018 en Agencia Presentes. En la actualidad, Dalile Antúnez ya no integra ACIJ.
El estado de la causa
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia emitió un comunicado al cumplirse los diez años de la desaparición y el crimen de Octavio. La causa –afirman- se encuentra impune, paralizada y sin avance alguno. “En el marco de un procedimiento plagado de vicios y prejuicios discriminatorios –denuncian- el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. No hubo detenidos, ni imputados en la causa penal. Gabriel, pareja durante 12 años y futuro cónyuge de Octavio, fue investigado durante años sin imputación alguna, habiéndole negado el Poder Judicial de manera infundada durante mucho tiempo la posibilidad de participar como querellante en la causa”.
Además, señalan que el Estado debe comprometerse a implementar políticas para garantizar que nunca más ocurra un hecho similar en el futuro. Es necesario –aseguran- que se implementen capacitaciones obligatorias para las fuerzas de seguridad, quienes ocupan la función pública y quienes integran el Poder Judicial, respecto al abordaje de su labor con perspectiva de diversidad sexual y género.
Por último, concluyen que “es imprescindible la inmediata adopción de protocolos y equipos especializados que intervengan en el marco de las investigaciones realizadas por el Poder Judicial en casos de homicidios contra personas LGBTIQ+”. Así se podrán “visibilizar y poner fin a la histórica impunidad y silencio cómplice sobre los delitos y crímenes de odio basados en la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones, o característica sexual de las personas”.
Comunidad Homosexual Argentina, Crímenes de odio, Gabriel Gersbach, Octavio Romero, Prefectura
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