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os retos y desafíos de esta legislatura son enormes, tal vez los más grandes en la historia de nuestra nación, ya que tienen ante sí una crisis de derechos humanos, particularmente vivida por los grupos que de siempre han sido colocados en situaciones de vulnerabilidad.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Edgar Magallanes
Sábado 04 de septiembre de 2021
El pasado primero de septiembre tuvo lugar la sesión constitutiva de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados. Con una conformación paritaria absoluta, los 500 legisladores de los siete grupos parlamentarios iniciaron los trabajos del primer periodo ordinario con una serie de tareas pendientes, especialmente en materia de derechos humanos.
Los retos y desafíos de esta legislatura son enormes, tal vez los más grandes en la historia de nuestra nación, ya que tienen ante sí una crisis de derechos humanos, caracterizada por el contexto de impunidad y corrupción estructurales, por la violencia sistemática y generalizada y por los delitos y graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de grupos que de siempre han sido colocados en situaciones de vulnerabilidad. Esta crisis se refleja también en los constantes feminicidios, las desapariciones forzadas de personas y la crisis forense.
De igual forma, en las recurrentes agresiones y asesinatos de personas defensoras y periodistas, por mencionar las más problemáticas que se conocen bien, desde la modesta e importante labor que realizan las personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de paz. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la LXV legislatura debe priorizar, entre otras, tres tareas: el fortalecimiento del sistema ordinario de administración e impartición de justicia, la conexión y consolidación de los sistemas creados para la protección de los derechos humanos y la relación entre el Estado mexicano y los colectivos de víctimas y las organizaciones sociales que los acompañan.
Sobre el sistema ordinario de administración e impartición de justicia, el acompañamiento a víctimas y sobrevivientes permite constatar la falta de voluntad política y capacidad institucional, la cual genera revictimización y recrudece el riesgo que atraviesan al buscar verdad y justicia. Por ello, el fortalecimiento de este sistema necesita el reconocimiento de la seria crisis de derechos humanos y los retos que se tienen en materia de investigación y sanción.
Es necesario que los legisladores pongan al centro el irrestricto respeto y garantía de los derechos humanos en cualquier tarea que realicen. Hemos de señalar también que el sistema ordinario de administración y procuración de justicia tal vez requiera, dado el momento complejo que enfrenta, de apoyarse en mecanismos extraordinarios y temporales que ayuden a esclarecer hechos y casos en los que personas y grupos han sido afectados por delitos y violaciones a sus derechos atendidos indebidamente. Sobre el fortalecimiento de los sistemas creados para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, se requiere establecer de forma creativa la conexión y coordinación efectivas para un funcionamiento más eficaz de los mismos.
Entre éstos se encuentran el Sistema de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Búsqueda. Vale la pena señalar que a propósito de la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos para el sexenio actual, se fijó la meta de crear un Sistema de Derechos Humanos que desde el nivel federal ayudara a coordinar los esfuerzos del Estado mexicano a favor de ellos. Sería deseable que, revisando esta complejidad de sistemas, se concretara igualmente tan importante sistema como punto nodal en la coordinación interinstitucional.
Este andamiaje legal y de políticas públicas se vuelve infértil si las instituciones obligadas constitucional e internacionalmente para atender la crisis de derechos humanos no participan activa y de manera coordinada entre sí.
Acerca de la tercera tarea legislativa pendiente, es fundamental que esta legislatura priorice la implementación de alternativas extraordinarias que privilegien: 1. La participación de las víctimas y sobrevivientes como sujetos de exigencia en los procesos de búsqueda de la verdad y acceso a la justicia, así como la de las personas y organizaciones defensoras que las acompañan, y la de especialistas en el ámbito de la academia, y de organismos nacionales e internacionales independientes y autónomos, 2. La generación y acompañamiento de estrategias amplias y plurales que respondan a la diversidad de exigencias y necesidades de los sujetos, así como a la complejidad de las acciones para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Hoy más que nunca México requiere el estímulo y consolidación de articulaciones, organización y colectivos de la sociedad civil capaces de incidir en las decisiones públicas, para que la vida política no se reduzca a los actores tradicionales del sistema político. Se requiere que sea el pueblo quien hable, y que quienes gobiernan atiendan y trabajen con y por el pueblo, desde una perspectiva de derechos humanos.
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