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El presidente Iván Duque anticipó que está dispuesto a dialogar con los líderes de las protestas y declaró que "la invitación está aceptada, ellos solicitan que no sea en Palacio" en un acuerdo con el representante del Comité Nacional del Paro.
Las protestas llevan más de una semana en Colombia
Mientras las protestas continuaban en Colombia, representantes del Comité Nacional del Paro y legisladores mantuvieron una audiencia pública para buscar una solución conjunta a las demandas sociales que derivaron en ocho días consecutivos de manifestaciones y una feroz represión que hasta el momento dejó 24 muertos y más de 800 heridos.
Por otro lado, el presidente Iván Duque comenzó su ronda de diálogo con los titulares de los principales órganos del Poder Judicial del país, mientras su ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el mandatario está dispuesto a encontrarse también con los líderes de las protestas.
Sin embargo, desde la calle, mientras las invitaciones a diferentes movilizaciones y velatones (vigilias) y las recomendaciones para evitar confrontaciones con las fuerzas de seguridad seguían circulando, muchos manifestantes piden primero una desmilitarización de las ciudades y el fin de la represión.
El clima de tensión se enrareció aún más en Colombia cuando el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunció que Duque y el representante del Comité Nacional del Paro ya acordaron una reunión para el próximo lunes.
"La invitación está aceptada, ellos solicitan que no sea en Palacio", detalló el funcionario en diálogo con Radio Blu.
Aunque la represión y los disturbios bajaron su intensidad en las últimas horas, las denuncias y reclamos por los muertos y decenas de desaparecidos no paran de multiplicarse, dentro y fuera del país.
Según la Defensoría del Pueblo, son 24 los muertos en el marco de las protestas, 23 civiles y un policía, aunque esta cifra dista de las recabadas por el Comité Nacional del Paro.
Una de las voces que se sumó al coro de reclamos internacionales fue la del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrel.
"Las personas en Colombia, como en cualquier otro lugar, tienen derecho a protestar pacíficamente. Este derecho, unido a la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión es fundamental para toda democracia debe ser respetada y protegida, no reprimida por la fuerza", señaló Borrel, citado por la agencia de noticias Europa Press.
Con esta presión internacional bien presente, un diálogo comenzó a forjarse por primera vez desde que comenzó este movimiento de protestas contra una reforma impositiva que el Gobierno ya se vio obligado a retirar del Congreso.
Duque no se vio cara a cara con los líderes de las protestas aún, pero sí se reunió con los presidentes de los distintos órganos de la Justicia.
"En el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como quienes no lo hacen, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desinstalar la violencia", resumió Antonio Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, en un video difundido más tarde por Duque en su Twitter.
Tras este encuentro institucional, empezó en el Senado otro diálogo que ahora sí incluyó a representantes de las organizaciones que hace una semana están en las calles.
Uno de los representantes del comité que intervino en la audiencia fue Omar Moreno, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, y fue contundente al responsabilizar al Gobierno Nacional por la violencia institucional vivida en los últimos días y viralizada en las redes sociales.
Además, denunció "la ausencia de la Defensoría del Pueblo" y sumó una demanda que demuestra que las protestas no se limitan solo a la reforma tributaria: exigió al plenario del Senado la negociación del pliego de emergencia sobre la privatización de la salud y reforma laboral que el Gobierno intentó hacer aprobar.
"Del 28 de abril, cuando iniciamos nuestra protesta social pacíficamente por consecuencia de las medidas de este Gobierno, grandes sectores de la población hemos sufrido en carne propia una escalada militar de días y de noches de terror de los organismos de represión del estado, policía nacional, el Smad (fuerza antidisturbios), grupo de limpieza ciudad y policías vestidos de civil, con ayuda del Ejercito", denunció Moreno.
"Persiguen, reprimen, hieren y han asesinado no solo a lideres y lideresas, sino que disparan indiscriminadamente a la población en general", expresó, durante la audiencia transmitida en vivo por YouTube.
"Según los informes de distintas organizaciones de derechos humanos, hasta la fecha se reportaron más de 1780 casos de violencia, 1180 detenciones arbitrarias, 37 asesinatos, de los cuales 28 tuvieron lugar en Cali y seis asesinatos que no han sido registrados porque Médicos Sin Fronteras los atendió, pero la policía llegó y se los llevó", agregó.
De acuerdo a las cifras relatadas por Moreno, se contabilizaron más de 407 heridos por las fuerzas de seguridad, 42 desaparecidos reportados, 31 personas con mutilaciones oculares, 15 agresiones sexuales de mujeres por parte de las fuerzas públicas, diez allanamientos y 58 defensores de derechos humanos agredidos.
Entre los reclamos, los principales puntos fueron la desmilitarización de la ciudad, el castigo por los responsables de la violencia institucional, la garantía al derecho de la protesta social, el rechazo a la figura legal del estado conmoción interior que está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe para limitar las garantías constitucionales, y negociar el pliego de emergencia, con la privatización de la salud y reforma laboral en el Congreso.
El inicio del diálogo es apenas un elemento positivo en un momento en que, no obstante, miles de personas se mantienen firmes en las calles.
Este miércoles, por octava noche consecutiva se volvió a viralizar en las redes sociales la violencia institucional, cuando distintas imágenes rápidamente circularon del momento en que personas vestidas de civil atacaron un grupo de manifestantes en Pereira, una pequeña ciudad al oeste de Bogotá.
Las fotos mostraron cómo Lucas Villa, de 37 años, que había recibido ocho disparos, estaba tendido en el piso boca arriba y sangrando; y junto a él, otros dos jóvenes heridos, según informó El Espectador.
En tanto en la ciudad de Cali, convertida en estos últimos días en el epicentro de las manifestaciones y la represión de las fuerzas del Estado, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil impulsaron un acuerdo local para abrir un corredor humanitario que permita suplir la escasez de alimentos y material sanitario.