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Sabemos que los bienes comunes naturales están hoy amenazados por intereses de grandes capitales nacionales e internacionales. Se hace por ello aún más necesaria la efectiva defensa de éstos, a los que no podemos asignar un precio, pues guardan en sí mismos una importancia vital para la existencia y reproducción de la vida en el planeta.
Con base en este principio, y dada la preocupación que nos ha generado la presencia de maíces transgénicos en nuestros territorios, un grupo amplio de personas y organizaciones solicitamos al titular del Ejecutivo federal acciones contundentes en favor de los maíces nativos y los derechos de los campesinos y comunidades indígenas.
Retomando las declaraciones del Presidente al tomar posesión en 2018, y al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, cuando expresó que en México no se permitirían las siembras de maíces transgénicos, este grupo plural y diverso de personas nos animamos a presentar una petición de decreto presidencial. Éste debiera establecer condiciones suficientes para una política integral de bioseguridad en México, en la que se incluyan legislaciones y políticas públicas de gobierno que aseguren derechos colectivos, así como la preservación de la integridad de nuestra nación como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación humana y animal, y la riqueza histórica y cultural que existe en nuestro país en torno a las semillas. Esta petición fue entregada el pasado 30 de junio de 2019 pero, por desgracia, a casi un año de ello, no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud.
Sin embargo, mediante la entrega y publicación de otra carta, con fecha próxima, renovamos e insistimos en nuestra petición, y ahora, frente a más amenazas actuales para el maíz, la milpa y la biodiversidad en general, con mayor razón. Entre éstas, por un lado, está la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y, por otro, nuevas propuestas legislativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que criminalizan a campesinos y pueblos indígenas, y los despojan de sus semillas.
Además, la intención de algunos sectores de gobierno para que México se adhiera al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV91), acción contraria a la protección de la biodiversidad y a la prohibición de los organismos genéticamente modificados (OGM), a los que, por cierto, el propio Presidente de la República se ha referido y señalado como ser susceptibles de prohibirse. En nuestra petición renovada volvemos a subrayar la importancia de proteger la diversidad agrícola en México.
En efecto, se hace cada vez más necesaria la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea en su fase experimental, piloto o comercial en el territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas, como edición genética o mutagénesis. Por ejemplo, una medida urgente de política pública efectiva a este respecto sería implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes, así como transparentar regularmente resultados sobre detección de OGM en territorio mexicano.
Este decreto podría ser una señal clara del compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y con la protección de la biodiversidad, así como un avance significativo en la garantía del derecho a la alimentación y a la salud de las personas que habitamos o transitamos por México. Los cientos de personas y organizaciones que se han sumado a esta nueva petición de decreto son conscientes de que en medio de una crisis como la que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, es fundamental transitar gradualmente hacia otros paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, poniendo en el centro el cuidado de los bienes comunes y de toda forma de vida en el planeta.
Nuestra petición de decreto no es troglodita, como muchos sectores privilegiados han querido suponer. Es más bien una acción social organizada que nace de la imperiosa tarea de cuidar la naturaleza, centrando esfuerzos en la milpa y en los productores de alimentos de pequeña y mediana escala.
Necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas.
La actual administración tiene la oportunidad de construir verdaderamente las bases de un nuevo proyecto de país, el cual pasa por darle institucionalidad a las propuestas que desde las diversas organizaciones, colectivas y movimientos sociales hemos elaborado y presentado en sintonía con exigencias de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Esperamos que esta vez se recoja nuestra petición.
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