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Por primera vez en la historia de los organismos genéticamente modificados (OMG) uno de sus cultivos, objeto de alteraciones, será sometido a juicio en toda una nación. Tribunales mexicanos, después de 4 años de impugnaciones, han abierto el debate judicial sobre si su siembra acarreará daños a la biodiversidad y a la salud humana, en el territorio que es centro de origen mundial de este cultivo. Y es que en el juicio no solo se analizará cada zona de cultivo, sino los potenciales daños a larga distancia y entre las diferentes regiones. Esto supera las evaluaciones que hasta antes de 2013 había practicado la Secretaria de Agricutura (SAGARPA) para siembras de tipo experimental y en programa piloto, que solo se enfocan al área de liberación de los transgénicos.
A diferencia de los juicios sobre transgénicos que se han realizado o realizan en otros países, en que solamente se estudian a los herbicidas, o los daños que puede ocasionar exclusivamente un evento transgénico, el debate judicial en México comprende las afectaciones que cualquier organismo alterado genéticamente pueda ocasionar sobre las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres en México, es decir sobre la biodiversidad de la cual depende el cultivo de este cereal en todo el orbe. Las afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación también serán objeto de análisis; sin embargo, aún no se ha definido si estas afectaciones pueden estudiarse dentro de un juicio colectivo como parte de los daños que ocasiona la liberación de OGM al ambiente.
El juicio federal de acción colectiva que fue impulsado por la Colectividad del Maíz[1]desde julio de 2013, espera que se cumpla la finalidad que consiste en que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos relacionados: derecho a la alimentación, derecho a la salud y derechos de los pueblos originarios y por lo tanto la negación de permisos.
Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial. En marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó a vigilancia judicial las siembras con fines de investigación científica; sin embargo, la SAGARPA ha pospuesto la tramitación de tales permisos. Lo anterior arroja un logro de 46 meses en los que no se ha autorizado en el país siembra alguna de maíz transgénico, por mandato judicial.
En el tiempo que ha pasado, con base en las resoluciones de los tribunales de apelaciones y de amparo, las partes implicadas en el juicio han tenido la oportunidad de proponer sus pruebas, no obstante, entre las resoluciones que quedan pendientes está, por un lado, “que se aprueben las audiencias con especialistas que como demandantes propusimos para demostrarlo, por otro que se ratifique -definitivamente- que los permisos de siembra pre comercial y comercial estén suspendidos hasta el final del juicio y finalmente que se confirme -también definitivamente- que los permisos con fines de investigación científica estén sujetos a vigilancia judicial, con la amenaza que de no hacerlo se reinstale la suspensión”, explicó el Colectivo. De esta forma, las próximas semanas serán cruciales para conocer cuál será el futuro del maíz transgénico en México según los tribunales de este país.
Finalmente la Colectividad Ciudadana señala que el juicio aún no está ganado y lanza el llamado a seguir defendiendo al maíz nativo dentro y fuera de los tribunales ante las latentes amenazas que enfrenta el maíz nativo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos, y ante la presencia del maíz transgénico en el campo y en nuestra comida. “Es necesario no confiarse y redoblar esfuerzos en la defensa del maíz en su centro de origen, salvaguardar la riqueza biocultural del maíz en su centro de origen, proteger el ambiente, la salud y estar alerta a las decisiones del Poder Judicial sobre nuestro principal alimento y bien común de la humanidad”.
Información:  Representante común Adelita San Vicente Tello 044 55-26-53-77-00  |  Abogado René Sánchez Galindo 044 55-5436-4248  | Comisión científica Dr. Antonio Turrent 044 55-21-289957 | Comisión de Comunicación Francia Gutiérrez 044 55-39-22-68-98
[1] Formada por 53 personas, científicos, investigadores, académicos, campesinos, apicultores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas, representantes de organizaciones civiles, todos consumidores.
Imagen destacada (modificada): West Virginia C
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