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Por primera vez un gobierno del Partido Popular, en este caso el de Mariano Rajoy, ha reconocido que existe un importante déficit fiscal en Catalunya con respecto al conjunto del Estado. Este es un hecho positivo de cara al acercamiento de posiciones para reequilibrar la solidaridad interterritorial en España, aunque aún hará falta negociar mucho sobre sistemas de cálculo y sobre cantidades, ya que también hay grandes diferencias entre las cifras que presenta el Gobierno y las de la Generalitat.
El equipo de expertos designado por el Ministerio de Hacienda ha determinado que la relación entre la contribución de Catalunya a las arcas del Estado en el 2011 y lo que esta comunidad recibió de aquel arroja un saldo negativo de 8.455 millones de euros, calculado por el método conocido como carga-beneficio. Este déficit fiscal es inferior en 2.632 millones a los 11.087 millones (5,7% del PIB) estimados por la Generalitat.
Los expertos de Hacienda han obviado calcular las balanzas por el método de los flujos fiscales, cuyo resultado ofrece un déficit fiscal mucho mayor, cifrado por la Generalitat en 15.006 millones de euros, que suponen el 7,7% del PIB. Es censurable que estos expertos no hayan realizado también este ejercicio. Los resultados de la Generalitat por este método son muy similares a los que en el 2008 obtuvo el entonces vicepresidente económico socialista, Pedro Solbes, cuando presentó las balanzas fiscales referidas al 2005.
El trabajo realizado por los expertos de Hacienda se refiere únicamente al año 2011, sin aportar ninguna serie histórica, por lo que es muy probable que refleje algunas distorsiones, como pueda ser el excesivamente elevado déficit fiscal atribuido a la comunidad autónoma de Madrid, estimado en 16.723 millones -muy superior al de Catalunya- y calculado por el citado método de carga-beneficio, que le resulta muy beneficioso. La tercera comunidad autónoma con mayor saldo fiscal negativo es la Comunidad Valenciana (2.000 millones), seguida de Baleares (1.400 millones).
La acumulación anual de déficits fiscales provoca una merma de ingresos para las comunidades más dinámicas que frena su crecimiento económico y, por ende, el del conjunto del país. Igualmente es necesario reequilibrar la solidaridad interterritorial para que, como consecuencia, no resulten perjudicados precisamente los ciudadanos de las comunidades que más aportan, como sucede en la actualidad -y muy especialmente- en el caso de Catalunya.
La equidad redistributiva y el desarrollo económico del país exige, después de más de treinta años de democracia, un sistema de financiación autonómico y una solidaridad interterritorial mucho más equilibrados. Pero su revisión -que es del todo urgente- debe hacerse sobre la base de la máxima información y de unas cuentas claras y transparentes.
Las balanzas fiscales presentadas ayer, pese a constituir un paso positivo, no responden a esta exigencia, ya que son incompletas y, a juicio de algunos analistas, adolecen de cierta tendenciosidad para minorar el déficit catalán. Por ello se hace necesario un consenso sobre el método de cálculo de las balanzas fiscales, que ofrezca unos resultados libres de toda sospecha. En último extremo, esta tarea debería encargarse a una comisión de expertos independientes, preferiblemente internacionales, con objeto de disponer de una herramienta de negociación objetiva y veraz.