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Es obligada la necesidad de escuchar y reconocer las realidades y necesidades de quienes arriesgan su vida por la labor de búsqueda de justicia y verdad mediante la defensa de derechos humanos y periodismo.
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
Por: Yoxmara Tapia y Mariana Bermúdez
29 de marzo de 2022
La violencia sociopolítica es una problemática que enfrentan las personas defensoras y periodistas -principalmente en América Latina- debido a su tarea de documentación de violaciones a derechos humanos, así como por su cercanía a diversas luchas y colectividades de víctimas. En México, la constante violencia sistemática hacia ellas se ha intensificado mediante una narrativa de criminalización y estigmatización por la labor de defensa, protección y exigencia de justicia que realizan.
Ante ello, los movimientos sociales, colectividades, organizaciones de sociedad civil, periodistas y personas defensoras constituyeron la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en junio de 2012. Su intención fue garantizar condiciones seguras para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, protesta social y defensa de derechos humanos en el país, y en general, a garantizar el derecho a defender derechos humanos.
En la Ley se establece el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, el cual tiene la obligación de promover las acciones necesarias para resguardar la vida de las personas en riesgo por estas actividades. Algunas medidas pueden ser brindar seguridad personal, contar con un “botón de pánico”, tener un monitoreo constante en los contextos de los y las solicitantes, entre otras. Sin embargo, dichas condiciones no han sido garantizadas por parte del Estado. En consecuencia, han incrementado las amenazas, ataques y asesinatos hacia personas defensoras y periodistas en México, diversas organizaciones han documentado minuciosamente los ataques.
En enero del presente año iniciaron los Diálogos Regionales para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, espacios convocados por las autoridades que han pretendido recuperar propuestas que permitan evaluar y mejorar el Mecanismo de Protección contemplado en la Ley del 2012 y que permita realizar con seguridad las labores mencionadas.
Dichos foros se han desarrollado en Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, en los cuales se han vertido algunos aspectos comunes como la falta de personal capacitado para atender las medidas definidas por el Mecanismo; la carencia de un presupuesto adecuado y eficiente que permita garantizar condiciones mínimas seguras para las personas beneficiarias; la ausencia de protocolos internos de seguridad para la protección y resguardo de la información personal y privada de quienes hacen uso del Mecanismo; la deficiencia en la coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno para la protección de la vida de personas defensoras y periodistas amenazadas; e incluso, la impunidad de funcionarios públicos ante graves violaciones de derechos humanos.
Es importante mencionar que la iniciativa de ley impulsada por la Secretaría de Gobernación ha sido cuestionada por organizaciones de sociedad civil, personas defensoras y periodistas debido a la ausencia de un diagnóstico y evaluación de las acciones implementadas por las dependencias establecidas en la Ley. Asimismo, se ha exhortado a las autoridades a incorporar una representación sustantiva de quienes hacen uso del Mecanismo en los Foros Regionales con el objetivo de recuperar sus experiencias y necesidades para fortalecerlo. 1
Además, se ha compartido la relevancia de contar con una metodología clara para la realización de dichos espacios que permita un diálogo bilateral, colectivo e integral entre las personas participantes, escuchando con atención a las personas beneficiarias, víctimas y colectividades que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad por su labor de defensa y periodismo, fundamentales para el bienestar de la sociedad.
Además de impulsar una iniciativa de ley, es necesario diagnosticar las capacidades, condiciones internas y recursos materiales y humanos que tiene la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas actual, así como su Mecanismo de Protección. Es fundamental la incorporación de las perspectivas de género, interseccional, derechos humanos y enfoque diferenciado en los análisis de contexto, de riesgo y medidas de protección con el fin de construir planes de atención, reparación integral y retorno seguro a las comunidades de origen de personas defensoras y periodistas.
Es por ello que, ante la omisión y las acciones deficientes por parte del Estado, los Diálogos Regionales son interpelados por quienes viven la violencia sistemática y estructural y que arriesgan su vida por la labor de búsqueda de justicia y verdad mediante la defensa de derechos humanos y periodismo. Por ende, es obligada la necesidad de escuchar y reconocer sus realidades y necesidades para garantizar condiciones dignas y seguras que permitan informar y ejercer libremente y sin miedo los derechos a la libertad de expresión, asociación, protesta y a defender derechos humanos en todo el país.
* Yoxmara Tapia y Mariana Bermúdez colaboran en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.
1 COMUNICADO : Personas defensoras y periodistas de Morelos llaman a que su protección no quede en manos de sus agresores.
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