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De tribunal a tribunal. Así es como ha decidido moverse el Parlamento Europeo en el caso Junqueras, sin tener en cuenta las decisiones de organismos administrativos como la Junta Electoral Central (JEC). De momento, aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de diciembre que estableció que Oriol Junqueras se convirtió en eurodiputado el 2 de julio, y de esta manera, le reconoce el estatus y le coloca ya en la web oficial de la institución, junto con Carles Puigdemont y Toni Comín. El procedimiento sigue su curso a la espera del pronunciamiento de otro tribunal, el Tribunal Supremo (TS) español, que es quién debe determinar cómo se aplica la sentencia dictada por sus homólogos del tribunal de Luxemburgo.
En este contexto, la notificación de la decisión de la JEC del viernes que niega a Junqueras la condición de eurodiputado llegó el lunes a Bruselas, se registró y pasó al archivo. No cuenta. El Parlamento Europeo considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE le obliga a considerar a Junqueras como diputado. Si posteriormente, por decisión del Supremo, deja de serlo, el Parlamento actuará en consecuencia. Y si no ha dejado de ser diputado, el tribunal español deberá decidir si se le permite ejercer y de qué manera.
Tal como informó ayer La Vanguardia , la notificación de la JEC llegó el lunes al Parlamento Europeo, que “tomó nota”, pero mantuvo su decisión de reconocer a Junqueras como eurodiputado, junto con Puigdemont y Comín, y citar a los tres en la sesión plenaria del lunes, donde se anunciará formalmente su incorporación al Parlamento.
Vista la polémica levantada por el enfrentamiento entre el Parlamento y la Junta Electoral merece la pena reparar en la reconstrucción cronológica de cómo llegó la comunicación de la Junta Electoral Central y cómo la trató la Eurocámara.
Fue la misma JEC la que ayer informó que había enviado la notificación correspondiente en dos e-mails del Europarlamento. Fue transmitida a las 20.48 h del 3 de enero y consta la recepción y lectura del Parlamento Europeo a las 10.10 h. del lunes 6 de enero. Son unos detalles que confirman fuentes de la Eurocámara, que añaden que, una vez recibida, se trasladó al registro oficial, que fue el encargado de trasladarla a los servicios competentes, que la recibieron a última hora del lunes.
En definitiva, la notificación llegó al Parlamento el lunes, pero no tuvo ningún impacto en la decisión de avalar el estatus de eurodiputado de Junqueras, que sigue su curso. Y sigue como lo constata la máquina logística puesta en marcha para acoger a los tres independentistas que han visto reconocida su condición de eurodiputado.
DE MADRID A luxemburgo
El Parlamento aplica la sentencia del Tribunal de la UE y desoye a la Junta Electoral Central
Una posición contestada por los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox, que han enviado sendas cartas al presidente del Parlamento, David Sassoli, para que rectifique esta decisión. Pero desde el mismo día de la sentencia Junqueras, el 19 de diciembre, los servicios jurídicos del Parlamento concluyeron de forma clara la interpretación que correspondía, y la extendieron no solo a Junqueras, sino también a Puigdemont y Comín. No caben ni intermediarios ni filtros entre los resultados electorales y la toma de posesión del acta de eurodiputado. Por ello, de forma inmediata ya ofrecieron la acreditación provisional a Puigdemont y Comín, que, al día siguiente de la sentencia, realizaron su primera visita oficial al parlamento como nuevo eurodiputados. El Parlamento no ha esperado ni tan solo la resolución de los recursos presentados por el expresident y el exconseller ante el Tribunal de la UE, aún pendientes, y ha aplicado el principio establecido en la sentencia Junqueras.
El caso del exvicepresidente del Govern es más complejo porque está condenado a pena firme de cárcel, y el Tribunal de la UE se pronunció sobre su situación cuando estaba en prisión provisional, dejando en manos del Supremo la adaptación de la sentencia a la situación actual de Junqueras. De momento, el lunes Puigdemont y Comín tienen asegurado su estreno en el pleno en Estrasburgo, mientras que la presencia de Junqueras pende del Supremo.
Precisamente este tribunal debatirá esta semana la doble decisión sobre el exvicepresidente de la Generalitat. Por un lado, fuentes del alto tribunal confirman a La Vanguardia habrá una decisión de la Sala de lo Penal sobre la inmunidad del líder de ERC tras el estudio de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre. Y por otro lado, la Sala de lo Contencioso Administrativo revisará mañana jueves, según confirman fuentes jurídicas, las medidas cautelarísimas solicitadas por Junqueras contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de retirarle la condición de eurodiputado por estar condenado en firme por un delito de sedición.
El líder de los republicanos catalanes ha solicitado que se suspenda la ejecución de la decisión de la JEC. La sección Cuarta de lo Contencioso del TS, de la que forma parte el propio presidente de la Junta, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, deberá estudiar las reclamaciones de Junqueras, que quiere que comunique al Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo de la Junta o, si no, que ordene a la Junta Electoral comunicar a la Eurocámara que su decisión queda suspendida hasta que no haya una resolución del Supremo sobre el alcance de su inmunidad.
De hecho, su defensa considera que la última palabra la tiene la Sala de lo Penal, es decir el tribunal que le enjuició y condenó. Entiende que es el “órgano estatal competente” para pronunciarse sobre los efectos de la inmunidad declarada por la sentencia TJUE, “siendo el pronunciamiento de la JEC un intento de burlar dichos efectos”.
Por un lado, la Sala de lo Contencioso debe decidir si paraliza el acuerdo de la Junta. Si rechaza la medida cautelarísima, a Junqueras se le retirará la condición de eurodiputado aplicando la sentencia firme del Tribunal Supremo. Por otro lado, el tribunal presidido por Manuel Marchena debe pronunciarse sobre cómo aplicar la inmunidad de Junqueras. La Fiscalía pidió que se ejecutara la inhabilitación de 13 años fijada por sentencia. Fuentes jurídicas recuerdan que Junqueras ya está cumpliendo la pena de 13 años de prisión y, por tanto, debe comenzar a cumplir ya la de inhabilitación. Por su parte, la Abogacía del Estado apoya que Junqueras pudiera ejercer de europarlamentario pero solo hasta que la JEC informara al Parlamento Europeo de la incompatibilidad que tiene para ejercer su cargo. El escrito de la Abogacía del Estado se presentó el 30 de diciembre y el 3 de enero la JEC se reunió y acordó aplicar la sentencia del TS, comunicando así al Parlamento la situación del líder de ERC.
Protesta de pp, cs y vox
Diputados de los tres partidos piden al presidente Sassoli que rectifique la decisión
Según la teoría de los servicios jurídicos del Estado, a Junqueras se le ha acabado su camino en este punto. La Sala debe resolver esta semana si permite a Junqueras acudir a la JEC a jurar la Constitución para después ejecutar su inhabilitación o si por el contrario da por zanjado el asunto.