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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios define a los plaguicidas como aquellas sustancias químicas que impiden la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, y reducen o evitan las pérdidas en la producción de alimentos, contribuyendo así al control de los vectores de diversas enfermedades. Pero entre tan pocos beneficios, lo que señala a detalle son sus efectos nocivos, pues asegura que, no obstante la importancia económica de estos productos, es necesario destacar que su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación del suelo, los mantos freáticos y las aguas continentales y costeras, así como la generación de plagas resistentes.
Y agrega que el uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre (sic), lo cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.Llama la atención que en una definición tan clara sobre los supuestos beneficios de los plaguicidas, se adviertan más resultados desfavorables que favorables por el uso de estas sustancias en los cultivos, además de que se consideren contrarias al cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida, en las que se ve implicada la vida humana.
Una definición como la de esta institución, encargada de la regulación, control y fomento sanitario, devela en sí misma un debate que no podemos obviar en México, pues se ha identificado que hoy existe en el país un uso desmedido de esos plaguicidas, y, tal y como dije arriba, ya se conocen sus efectos nocivos contra los derechos de las personas, aunque también se han visto afectados bienes comunes naturales por su descontrolado uso.
Organizaciones sociales han identificado que trabajadores del campo, mujeres embarazadas, niñas y niños son principalmente quienes, ante el contacto con estas sustancias, altamente peligrosas, se ven en una situación de vulnerabilidad. En este sentido la organización Greenpeace México presentó en días pasados un informe, al que denominó Derechos Humanos y Plaguicidas, en el que urge a revisar y atender el descontrol en el uso de estas sustancias, sobre todo los plaguicidas altamente peligrosos. Con base en la documentación realizada, esta organización solicita al gobierno federal la prohibición de estos plaguicidas, toda vez que, por su uso en los cultivos y sistemas agrícolas, se han visto afectadas comunidades enteras. A partir de este informe, no es poco alertar, en un marco de respeto a los derechos humanos, y la impostergable, urgente y necesaria transición hacia la agricultura ecológica, sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas.
Como hemos discutido en otras ocasiones, sabemos, a propósito de esto último, que el modelo predominante, el de la agricultura industrial –surgido principalmente después de la revolución verde, que consistió en la implementación de una serie de tecnologías, que supuestamente beneficiarían la producción de alimentos–, ha generado daños al medio ambiente sin precedentes en la historia de nuestro planeta. A decir de Greenpeace, lamentablemente en México el núcleo de los problemas, incluso sobre este asunto, aparece mayormente en la aplicación nada efectiva de la ley y las normas. Como pasa en otros temas, como el de los Organismos Genéticamente Modificados, se advierte una incapacidad estatal, a veces consciente e intencionada, para ajustar a la industria a las pautas legales y éticas.
Se requiere un marco legal aplicable que efectivamente obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Como bien señala la organización autora del citado informe, los casos de contingencias por el uso de plaguicidas, y las complejas y trágicas afectaciones al medio ambiente, también desembocan en otras violaciones a derechos humanos, como el derecho a la salud o a la alimentación. Problemáticas que han sido también señaladas por relatores de Naciones Unidas relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), a pesar de las empresas que se empeñan en negar los daños a la salud, por un lado, y pregonan falsamente los beneficios del uso de plaguicidas químicos para aumentar la productividad de alimentos, por otro.
Las violaciones a Desca por el uso de plaguicidas, evidencian la negligencia y corrupción de los gobiernos en este problema. Es decir, quedan al descubierto la opacidad y la operación irregular de esta industria. Urge pues que, como objetivos irreductibles en la gestión de plaguicidas, se ponga énfasis en la seguridad e integridad da las personas, la protección del medio ambiente y las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Cada uno de estos problemas, que ponen en riesgo la vida humana y toda forma de vida, nos confirman que, de no ser modificados, traspasaremos el límite vital y de equilibrio del planeta.
Debemos revertir el desastre ambiental que han ocasionado empresas que, motivadas por la concentración de la riqueza, nos llevan al extremo de las posibilidades de existencia en el planeta. Son estas corporaciones las que, de manera absurda, siguen contribuyendo al ecocidio. Estamos a tiempo de ponerle un alto a esta debacle, y para ello el cumplimiento de las obligaciones de los estados y las empresas puede ser de utilidad para contener, y aún más, para cambiar de raíz, el paradigma imperante de la agricultura industrial. Para incrementar y hacer más fuerte el de la agroecología, que se basa en el respeto de la naturaleza y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Consultar artículo en La Jornada.
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