es es es es es es es es es es pt es es en es es es es es es es es es es es es es es es es es en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es en gl es es es fr es es
La militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción de una lógica de guerra que se estructura también en los valores más íntimos y subjetivos.
05 de mayo de 2017
Por: Carla Lovera y Jorge Aguilar
La dignidad en nuestras manos
En los últimos meses hemos presenciado el esfuerzo de múltiples grupos políticos para imponer la Ley de Seguridad Interior y otras iniciativas relativas a la seguridad pública que destapan la voluntad estatal de profundizar y legalizar un modelo de seguridad, que como nos hemos pronunciado diversas organizaciones en múltiples mensajes, es en sí mismo contrario al respeto y protección de los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática.
La militarización que denunciamos no se limita a las iniciativas que con ambigüedades pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sino a la voluntad de instalar la lógica belicista —que funciona a partir de la figura de un enemigo interno a eliminar— en la actuación de las policías civiles, las retóricas de varios medios de comunicación y los organismos de procuración de justicia, entre muchos otros espacios.
Las autoridades han insistido en la última década en reforzar la figura del crimen organizado y el narcotráfico como “el enemigo” a abatir. Los resultados de la actuación de las fuerzas de seguridad, militares o civiles, en este contexto nos hace vislumbrar a ese presunto enemigo como un sujeto presente en todas partes y en ninguna, lógica que ha llevado al Estado mexicano a luchar contra su propia población, alejando sus operaciones del clásico enemigo exterior para dirigir sus balas contra cualquier persona que encuadre en su opaca definición de amenaza o que se encuentre en el lugar y momento equivocados.
De ello han dado cuenta múltiples estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Belisario Domínguez, así como informes de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que describen cómo la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública ha concluido en el uso de balas en lugar de investigaciones tendientes al esclarecimiento de hechos.
La asimilación del personal y las técnicas militares por las autoridades civiles ha llegado al punto de priorizar el uso de la fuerza máxima sobre cualquier otra alternativa de combate al crimen. Por otra parte, ante la supuesta excepcionalidad de la situación, las agencias de investigación tienden a sustituir el debido proceso y los procedimientos legales y científicos por prácticas recuperadas y naturalizadas en contextos de guerra como la tortura, el acoso y el abuso sexual, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales; es decir, se sistematizan las violaciones a los derechos humanos.
Sin duda el gobierno no es responsable de todos los actos de violencia, pero la escalada de la misma sí es atribuible de manera segura a su estrategia que coloca en el centro la muerte y no la justicia. De esta forma, la militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción generalizada de una lógica de guerra, basada en prácticas de control territorial, material e informático a través de cualquier medida antes que la implementación de una política pública de prevención y sanción del delito.
La militarización de la sociedad en sus formas más explícitas normaliza la violencia y prácticas contrarias a la dignidad humana. En su alcance más sutil pero igual de trascendente que lo anterior, se estructura también en los valores que constituyen lo más íntimo y subjetivo de la sociedad; ejemplo de ello son las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien días después del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste anunció la creación de preparatorias militarizadas para “arreglar” a las y los jóvenes que en sus palabras, “no hacen caso de sus padres”.
La apuesta del Estado por la militarización implica la imposición de valores como la obediencia sin crítica, la violencia como la ruta para el tratamiento de las problemáticas cotidianas, la misoginia fáctica, la comprensión del “ellos” y nosotros enfrentados e irreconciliables. Con la misma laxitud que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, la lógica militar define como amenazas a la seguridad del Estado a los movimientos y a las colectividades que cuestionan el orden hegemónico.
¿No es cuestionable el uso de la fuerza letal cuando es claro que la problemática de la violencia en México responde a más factores, como la pobreza y la desigualdad, que la mera desobediencia a la autoridad? ¿De verdad la única alternativa que tienen las autoridades es fortalecer y legitimar una lógica que promueve el orden monolítico, el fortalecimiento de las jerarquías, el no cuestionamiento a las realidades y el debilitamiento de formas más horizontales de participación y articulación ciudadana para la resolución de conflictos?
Es necesario seguir dialogando en torno a las alternativas y horizontes que existen y defendemos desde la pluralidad de voces que nos imaginamos una paz sostenible, con justicia, una paz digna construida desde las comunidades y los barrios, que respete el territorio y la cultura de los pueblos, que reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derechos y no como pasivos a merced de la criminalidad, que elimine la violencia sistemática contra las mujeres en lugar de aumentarla.
El próximo sábado 6 de mayo desde el Centro Vitoria proponemos un espacio para encontrarnos, seguir dialogando sobre el tema y generar nuevas posibilidades para lograr la paz. El Foro: Militarización y Juventudes se llevará a cabo en el Centro Universitario Cultural (Odontología 35. Col. Copilco-Universidad) desde las 11 de la mañana, la entrada es libre. Más información en nuestra página web y redes sociales.
*Carla Lovera y Jorge Aguilar colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria).
Consultar en Animal Político.
Imagen destacada : Jorge Aguilar
La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte)
¿Deberíamos defender el TLCAN?
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas
Agua, ciudad y protesta social
La amenaza del fracking
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón?
Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala
Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX
Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Actualización de la carta enviada al Presidente: Por qué nos oponemos al Tren Maya. ¡Suma tu firma! 20 julio, 2022
El sacrificio de los hermanos jesuitas 2 julio, 2022
Una lucha conjunta 25 junio, 2022
“Disciplinar” la defensa de los derechos humanos 17 junio, 2022
Encuentro : Luchas y derechos de las mujeres 14 junio, 2022
DESCA, globalización y justicia social
Seguridad y acceso a la justicia
Libertades, democracia y participación política
Suscríbete a nuestro boletín mensual
56 59 67 97 ext. 227
Odontología 35, Colonia Copilco-Universidad, Coyoacán, Ciudad de México
Todo el contenido de esta web puede ser compartido de manera libre respetando las atribuciones, especialmente en los contenidos editoriales, bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 2.5 México | No olvides visitar la versión de escritorio de esta web