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Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un Tribunal de Paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la Presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista Paloma Valencia gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “Hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
Autora: Cristina de la Torre
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