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Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga defensora de derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero. Fue injustamente privada de su libertad, teniendo múltiples procesos penales y carpetas de investigación en el ámbito local y federal en su contra por su delito más grave: la defensa de los derechos humanos.
Web original | Imagen : Libertad para Kenia
Por: Mariana Bermúdez y Marcos Zavala
15 de octubre de 2021
“La erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad”. Nelson Mandela
Durante la última década, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la protesta social y la defensa de los derechos humanos en el mundo, ha colocado a las personas defensoras en situaciones de vulnerabilidad que ha detonado en detenciones arbitrarias e injustas, exilios y persecuciones políticas e, incluso, amenazas contra su vida llegando hasta la muerte. Dichas condiciones se potencian cuando las defensoras y defensores se encuentran en grupos histórica y socialmente discriminados, este es el caso de Kenia.
Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga defensora de derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero. Fue impulsora de la ley 701, que otorga marco legal a las comunidades indígenas para hacerse cargo de su seguridad y sus sistemas de justicia; fundadora de colectivos como Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) y Colectivo Libertario Zapata Vive, y defensora por la libertad de los 16 presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP).
Es importante mencionar que la defensa y las luchas de Kenia han estado atravesadas y motivadas por los contextos de desigualdad estructural en los que vive siendo mujer, indígena y persona defensora de derechos humanos, dimensiones en donde el Estado Mexicano es omiso para atender necesidades y garantizar una vida digna para las personas que se encuentran en dichas condiciones de desigualdad. Ante ello, Kenia ha mantenido un paso firme en las luchas por la defensa de los derechos humanos para transformar y construir condiciones justas, dignas y libres para todas y todos.
Ha sido a través del ejercicio de su derecho a la protesta social y a la libertad de expresión que ella ha visibilizado las problemáticas de injusticia social históricas de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las mujeres, tanto en Guerrero como en diversas partes del país. Y es bajo ese contexto que Kenia fue injustamente privada de su libertad, teniendo múltiples procesos penales y carpetas de investigación en el ámbito local y federal en su contra por su delito más grave: la defensa de los derechos humanos.
¿Es acaso un delito defender y exigir que se garanticen los derechos humanos en México? ¿Es acaso un delito construir condiciones más justas, dignas y equitativas para las personas? Si los mecanismos de exigibilidad utilizados por Kenia son totalmente legales, ¿por qué se le priva de su libertad?
Estas y más preguntas son las que la defensa de Kenia, las personas y colectividades que la acompañan en la búsqueda y exigencia de su libertad se cuestionan día a día, pues pareciera que las personas defensoras se convierten en criminales ante los ojos del Estado, cuando éste lejos de utilizar todos los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, utiliza el poder punitivo estatal en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso contra Kenia. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer los y las defensoras ante las injusticias y desigualdades si somos criminalizadas y encarceladas por ello?
Además, resulta necesario insistir que Kenia es mujer e indígena, características por las cuales el Estado ha recrudecido sus acciones contra ella. Ya que todo indica que bajo la normativa estatal y social, está “prohibido” ser defensora, pues “atenta” contra los estereotipos y roles sociales de género que mantienen una “falsa estabilidad” en la sociedad mexicana. Aunado a que las autoridades en México parecieran entender que ser indígena es sinónimo de desamparar e impedir un adecuado y debido proceso, así como el de omitir los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que legitiman su integridad cultural como indígena.
En este contexto, se debe abdicar de aplicar el poder punitivo estatal bajo la lógica del derecho penal del enemigo, y transitar hacia la aplicación efectiva y justa del mismo como el recurso disponible para garantizar los derechos de las personas, máxime tratándose de personas defensoras de derechos humanos, que lejos de hacer callar la movilización y las luchas de sus justas exigencias, las alimenta, las aumenta y las propicia. En ese sentido, a pesar de estar privada de libertad y sin que se le garantice un efectivo acceso a la justicia, así como el irrestricto respeto a sus derechos humanos, Kenia Hernández con dignidad y voluntad inquebrantables, continúa resistiendo, confiando y promoviendo sus ideales sobre la búsqueda y exigencia de justicia social.
Por ello, desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C., nos pronunciamos y sumamos a la exigencia por la libertad inmediata de Kenia Hernández. Asimismo, realizamos un llamado a todas las autoridades involucradas, a fin de que se le garantice un debido proceso y acceso a la justicia, bajo un enfoque culturalmente adecuado, con perspectiva de género, interseccionalidad y respeto a sus derechos humanos, siendo éste un pilar fundamental que no solo se legitima en el actuar institucional, sino en la garantía del ejercicio de los derechos humanos para las personas defensoras, tal como lo es Kenia Hernández.
* Mariana Bermúdez y Marcos Zabala colaboran en el @CDHVitoria.
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