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Hasta el 16 de junio, el TSJ había emitido 804 decisiones. Con 175 sentencias, la Sala de Casación Penal encabezaba la lista, seguida muy de cerca por la Sala Constitucional con 174 fallos, mientras que en el tercer lugar se ubicaba la Sala de Casación Civil con 161 fallos. La Sala Político Administrativa, con 153 sentencias, estaba en el cuarto lugar, y las salas de Casación Social, Electoral y Plena con 60, 46 y 31 decisiones, respectivamente, cerraban la lista. Asimismo, el máximo juzgado ha recibido 1.053 causas hasta el momento.
De mantenerse esta tendencia, el organismo va camino a resolver menos disputas que el año pasado, cuando decidió 2.785, de acuerdo con lo informado en febrero pasado por su entonces presidente, magistrado Maikel Moreno, en el informe que presentó en el marco del acto de Apertura Judicial. Los datos disponibles hasta principios de junio revelan que el TSJ apenas ha adoptado un 28,87% de las decisiones que tomó en 2021, y eso que ya nos encontramos a mitad del año.
Desde hace un lustro el TSJ registra una progresiva caída en el número de decisiones. Así, de 6.401 sentencias dictadas en 2016 pasó a 2.785 en 2021, siendo 2020 el peor año, con apenas 1.215, una cifra que no debe sorprender, porque coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19, que llevó a que el Poder Judicial se mantuviera prácticamente paralizado durante casi ocho meses para evitar la propagación del coronavirus.
Pero no solo se ha registrado una disminución en la cantidad de fallos que emite el máximo juzgado, sino también de los asuntos que recibe. Así, en 2021 recibió 1.793, lo cual representa 62% menos de las 4.812 causas que los ciudadanos le presentaron en 2016.
Aunque pueden ser muchos los motivos por los cuales se ha producido esta reducción, a juicio de Acceso a la Justicia revela la pérdida de confianza de los venezolanos en el Poder Judicial, una instancia que, en los últimos años, más que proteger y amparar a los ciudadanos frente a los desmanes del Gobierno se ha convertido en un instrumento para perseguir a la disidencia y ha facilitado la violación a los derechos humanos, tal y como lo ha denunciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que denunció lo siguiente en su segundo informe publicado en septiembre pasado.
«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad».
Lo llamativo de las cifras registradas en lo que va de 2022 es que la Sala Constitucional ya no encabeza el ranking de ser las que más decisiones emite, siendo superada por la Sala de Casacion Penal, esto a pesar de que sigue teniendo amplias facultades que van desde interpretar la Constitución, pasando por determinar la constitucionalidad de leyes y decretos presidenciales, hasta llegar a revisar los fallos de cualquier otro juzgado.
¿A qué se debe esta caída? Aunque no hay una explicación oficial, la instancia pasó siete semanas paralizada –desde el 21 de marzo hasta el 12 de mayo– bajo la excusa de la designación de magistrados y del consiguiente proceso de reorganización y redistribución de expedientes que esa elección provocó. No obstante, esta razón parece injustificada, pues de los cinco miembros de la Sala cuatro ya ocupaban estos puestos en el anterior máximo juzgado.
La Sala Político Administrativa ha pasado al cuarto lugar entre las dependencias del TSJ que más decisiones adopta, mostrando un comportamiento inusual. Así, en mayo solo publicó cuatro decisiones y en lo que va de junio otras siete.
Sin embargo, al revisar los fallos que ha proferido se observa que hay siete que datan de décadas atrás, algunos de hace cuarenta y siete años, y en los que obviamente se ha producido la perención de la instancia o la extinción de la acción por pérdida de interés. Por su parte, desde finales de 2021, la Sala Constitucional viene pronunciándose sobre casos antiquísimos que, por alguna extraña razón, no habían sido resueltos ni por la extinta Corte Suprema ni por el TSJ en sus primeros años.
Otro caso llamativo es el de la Sala Plena, la cual tiene más de tres meses sin adoptar una sola decisión, a pesar de que esta instancia, la cual reúne a los veinte magistrados, tiene la potestad de dirimir los conflictos de competencia entre juzgados de menor jerarquía y decidir si hay mérito o no para enjuiciar a los altos funcionarios del Estado. Al parecer la plenaria ha dedicado sus últimas reuniones solamente a tomar medidas administrativas, como la renovación de la Comisión Judicial y de las otras comisiones. En el caso de la Sala Civil, la ausencia de decisiones abarcó desde el 18 de marzo hasta el 10 de junio.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Los datos presentados anteriormente revelan que el mandato constitucional previsto en el artículo 26 constitucional, el cual ordena al Estado garantizar una justicia «gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles» es letra muerta. El hecho de que la Sala Político Administrativa esté decidiendo casos que datan de la década de 1960 es inexplicable.
Asimismo, la caída en el número de peticiones que los ciudadanos llevan al TSJ es una señal alarmante, porque parece indicar que los ciudadanos no confían en este organismo, y cuando esto ocurre, se abren las puertas para que busquen solucionar sus disputas por otras vías, no siempre pacíficas.
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