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El periódico Kommersant ha tenido acceso al proyecto de ley de creación de una empresa estatal para el desarrollo de la Siberia Oriental y el Lejano Oriente. El documento propone que 16 sujetos federales (el 60% del territorio de Rusia) dejen de estar regidos parcialmente por las leyes federales sobre recursos minerales y forestales, del suelo, de urbanismo, de asuntos laborales y de ciudadanía. En particular, una empresa estatal podrá distanciarse del Gobierno y distribuir a su discreción las licencias de explotaciones mineras; entre ellas, por ejemplo, el legendario yacimiento de oro Sujoi Log. Esta nueva estructura estará directamente bajo las órdenes del presidente de la Federación Rusa, y los otros órganos estatales no podrán interferir en su trabajo.
El ministerio de Economía, bajo las órdenes del Primer Ministro, Vladímir Putin, ha finalizado el proyecto de ley federal llamado “Del desarrollo de la Siberia Oriental y el Lejano Oriente”, en el que se modifican determinados puntos de la jurisprudencia vigente de la Federación Rusa y se dan pasos para la creación de una importante empresa de propiedad estatal. Los documentos fueron enviados a los departamentos competentes a principios de la semana pasada. Según fuentes de Kommersant, los recibieron los ministerios de Energía, Medio Ambiente, Industria y Comercio, y el ministerio Emergencias. Kommersant también tuvo la oportunidad de familiarizarse con el proyecto de ley.
La ley federal regulará la ejecución de proyectos de inversión bajo el auspicio de una empresa estatal para el desarrollo de Siberia y el Lejano Oriente en las repúblicas de Altai, Buriatia, Sajá (Yakutia), Tuvá, Jakasia, el Trans-Baikal, Kamchatka, Krasnoyarsk, Primorie, Jabarovsk, los territorios de Amur, Irkutsk, Magadán, las provincias autónomas de Sajalín y Hebrea y el distrito autónomo de Chukotka.
La labor de la empresa estatal comienza por “atraer la inversión al desarrollo en los territorios de Siberia y del Lejano Oriente y hacer un uso eficiente de los recursos naturales”. La selección de los proyectos irá a cargo de la propia empresa, aunque el Gobierno deberá aprobar el listado presentado. La participación de la empresa estatal en los proyectos es muy diverso: desde la concesión de capital social mediante la provisión de fondos para la construcción de infraestructuras, hasta ayudas para la preparación de documentación y su adaptación al marco legal.
Esta nueva estructura gubernamental, con sede en Vladivostok, se beneficiaría de unas condiciones laborales sin precedentes. El equipo de elaboración del proyecto de ley subrayó que dicho proyecto introduce un procedimiento especial para otorgar derechos de uso de los recursos forestales y mineros, que simplifica en gran medida los procedimientos que regulan las actividades de planificación urbanística y ordenación del suelo. Los ciudadanos de la Federación Rusa que participen en el proyecto recibirán el apoyo del Estado (se les pagará el transporte hasta el lugar de trabajo, una paga única para la adaptación al entorno de traslado y una ayuda para el alquiler de la vivienda a lo largo de la duración del contrato laboral, pero no por más de un año); y los extranjeros se beneficiarán de políticas preferenciales de residencia y ciudadanía.
Zona con grandes recursos
En particular, por decisión del Gobierno, la empresa estatal podrá conseguir “al margen de la legislación aplicable, los procedimientos legales de licitación para la explotación de recursos forestales y mineros en las zonas necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión. Y, en el futuro, estas licencias podrán ser transferidas como capital autorizado de las empresas participantes en el proyecto.” Es decir, la empresa estatal asume el rol de la Rosnedra (Agencia federal para el uso del subsuelo). En este territorio hay posibilidades para la expansión. Por ejemplo, en la región de Irkutsk se encuentra el mayor yacimiento de oro de Rusia, Sujoi Log, que hasta ahora permanecía en un fondo no distribuido, y por el que mostraron interés importantes actores de esta industria. En la región de Krasnoyarsk hay yacimientos con grandes vetas de hierro; en Udorongsk y Nizhneangarsk, petróleo; y Lodochni, en Tuvá, es un interesante yacimiento de carbón.
Además, la empresa estatal tendrá la posibilidad de fijar una servidumbre pública (es decir, el derecho a utilizar fincas de otros), para instalar sus obras. “Estas preferencias pueden tener un impacto negativo sobre otras actividades de inversión, implicadas en el desarrollo de Siberia y el Lejano Oriente; por ejemplo, sobre las empresas de prospecciones mineras, las de explotación de recursos forestales, etcétera”, considera el destacado abogado de Sameta, Konstantin Gurichov. Según sus palabras, parte de la ley de servidumbre pública “se contradice con otro proyecto de ley ampliamente debatido, acerca de la modificación del Código Civil, que define un listado exhaustivo de los tipos de servidumbre, entre los cuales no aparece una estructura legal como la servidumbre pública”.
Una empresa con “privilegios”
La empresa y sus proyectos quedarán al margen de la legislación fiscal: recibirán grandes privilegios, similares a Skólkovo (un impuesto de tipo cero sobre la renta, los bienes inmuebles y las fincas). Estos privilegios se introducirán, también, sobre las contribuciones de tipo reducido al servicio social obligatorio. La empresa podrá pagar o no el IVA, según su propia elección: este “privilegio” en algunos casos puede afectar a la competitividad de los productos de la empresa. Aunque, tal como explicó Andréi Shpak, de Goltsbalt BLP, estos privilegios pueden mejorar el atractivo de los proyectos de inversión en infraestructuras, que se caracterizan por largos períodos de recuperación de la inversión. La exención de impuestos sobre la propiedad puede reducir sustancialmente estos períodos. En general, todos los privilegios propuestos por el Ministerio de Economía, según el señor Shpak, hacen pensar en un experimento para evaluar el impacto sobre la situación económica de una reducción de la carga fiscal en una región determinada.
Bajo mando del presidente
En este caso, el documento hace hincapié en que las autoridades federales y regionales no tendrán derecho a interferir en el trabajo de las empresas estatales. Únicamente el Tribunal de cuentas de la Federación Rusa podrá auditarlas “en su debido momento”. De hecho, la empresa estatal reportará directamente al Presidente de Rusia. Esto es, de acuerdo con el proyecto de ley, éste será el encargado de nombrar y destituir a los miembros del consejo de observadores de la empresa estatal y de su director general. Al mismo tiempo, la mayoría de empresas estatales tendrán derecho a participar en los programas de inversión de los monopolios de los recursos naturales (es decir, Gazprom, Transneft y OAO RZD), y a defender los intereses de los proyectos asociados al suministro eléctrico y de calor, a las redes municipales de abastecimiento y al transporte ferroviario y por carretera. La empresa estatal será casi plenipotenciaria, y se podrán ampliar sus competencias: de nuevo, solo podrá hacerlo el Presidente.
Se desconoce todavía quién dirigirá este “gobierno dentro del gobierno” (fuentes de Kommersant en el Gobierno ya han bautizado la nueva empresa estatal como la República del Lejano Oriente). El autor de la idea es el exjefe del Ministerio de Emergencias, Serguéi Shoigu, que finalmente fue nombrado gobernador del Área Metropolitana de Moscú. Entre los probables candidatos al cargo de director general, según señalan las fuentes de Kommersant, ha sonado el nombre del viceprimer ministro Ígor Shuvalov. Un funcionario, que estuvo presente en una de las reuniones en las que participó el Primer ministro, dijo a Kommersant que no se había hablado en concreto sobre si Ígor Shuvalov podría presidir la empresa estatal. “Vladímir Putin dijo que el director general podría ser cualquiera de entre los presentes, y entre ellos estaban Shuvalov y Basarguin, además de otros”, señaló la fuente de Kommersant.
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La nueva megacorporación sobrevivirá 25 años, pero el ciclo de sus proyectos será más rápido. La empresa estatal tendrá la obligación de devolver el capital a los miembros del proyecto en los cinco años siguientes, y las propiedades, en los dos siguientes: todo ello está “sujeto a la exclusión en beneficio de las organizaciones interesadas que no sean propiedad del Estado.” Después de la liquidación de la empresa, todo lo que quede de ella retornará al Gobierno.