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En la situación actual de los derechos humanos en México, es necesario mencionar que la realidad que se enfrenta en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) también es grave, a pesar de que por el discurso de que son programáticos, y porque se conciben como un grupo de derechos humanos de carácter amplio, se han dejado de visibilizar, como parte del contexto de crisis generalizada.
Hoy sabemos que por el principio de integralidad e interdependencia de los derechos humanos los Desca son igualmente importantes en la construcción de un mundo y un país sin miseria, precarización ni miedo.
Los derechos humanos no deben jerarquizarse bajo ninguna circunstancia, pues ninguno está por encima de los otros. Nadie puede, por ejemplo, acudir a ejercer derechos civiles o políticos si no ve también garantizados sus derechos sociales, como la alimentación o la salud, pues la ausencia de uno afecta el cumplimiento del principio de integralidad, más que necesario en la construcción de un Estado garante de los derechos humanos.
En este escenario y durante este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC llevó a cabo en uno de sus proyectos una serie de encuentros entre mujeres defensoras de los Desca, que también luchan por una vida libre de violencia, en por lo menos cinco estados de la República.
Y ello por dos motivos. Primero, por la situación de retroceso en la garantía de este grupo de derechos, que cada vez más son concebidos como servicios, y a los que se accede únicamente pagando, y porque además enfrentan la exacerbada y acelerada implementación de la lógica neoliberal, que ha traído consigo la precarización del trabajo, la imposibilidad de acceder a un techo y el despojo de bienes comunes, como el agua, la tierra, así como el territorio. En segundo lugar, porque en el centro se es consciente de las relaciones de poder emanadas de un sistema patriarcal basado en imperativos de género, que ha dejado a las mujeres al lado o fuera de la historia, y les ha impedido mayormente la garantía y el respeto a sus derechos humanos. En este caso, a una vida libre de violencia y el cumplimiento de los Desca.
De ahí, la necesidad de hacer más evidente la importancia y la construcción de procesos de acompañamiento en la exigibilidad de derechos con perspectiva de género, no solo para denunciar o generar soluciones ante las diferentes problemáticas a que las mujeres se enfrentan, sino también para hacer visibles los espacios y procesos organizativos de lucha y participación en que están involucradas, que en muchas ocasiones no son notorios a primera vista.
Cabe señalar que la perspectiva de género debiera estar incorporada en el interior de las organizaciones en la totalidad de los espacios y en los procesos de exigibilidad, ya que de lo contrario queda reducida únicamente a un segmento, parcializándola y no considerándola transversal y guía necesaria en la labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Parafraseando la Plataforma de Acción de Beijing, se afirma también con ello que la perspectiva de género debe estar integrada en todas las políticas y programas del Estado, como garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y niñas, como parte inalienable e integral de las prerrogativas universales, llevando a cabo todas las acciones necesarias para combatir las violaciones a los mismos. Esta perspectiva se hace también necesaria al momento de generar y acompañar en el campo de la defensa desde la sociedad civil los procesos organizativos que ayudan a la realización de los derechos humanos. Al hacer el cruce entre Desca y perspectiva de género, este tipo de encuentros nos dejan ver que aún tenemos retos considerables, no solo en la visibilización, participación y reconocimiento de las mujeres en los procesos de exigibilidad, sino también en la garantía de derechos, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el medio ambiente y los derechos laborales, que se entretejen con la búsqueda del derecho a una vida digna y libre de violencia. Por ejemplo, en materia de acceso a la tierra, son menos las mujeres titulares de la propiedad colectiva o individual que las que tienen su tenencia en hombres.
Por otro lado, los efectos de la escasez de alimentos, o la ausencia de políticas de salud integral y de calidad, así como el poco acceso a la educación, son más impactantes en las mujeres que en los hombres, en razón de la doble vulnerabilidad en que se les coloca por razones de género. Además, en el caso del trabajo de las mujeres, hoy sabemos que, de acuerdo con el Inegi, el valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidado fue el equivalente a 18 por ciento del producto interno bruto, y que por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizados por mujeres, los hombres realizan 8.3 horas. Esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos para que todos y todas trabajemos por revertir esta situación de desigualdad, opresión y marginación de las mujeres, desde ellas y con ellas. El proyecto Experiencias de Participación de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, acompañado por el Centro Vitoria – cuyos resultados y materiales pueden revisarse en línea (http://bit.ly/2hjfP5l)–, integró y articuló con los conocimientos técnicos la participación y experiencias de mujeres que trabajan por hacer realidad sus derechos, la justicia, y por vivir una vida libre de violencia. Con ellas también aprendimos que la participación de las mujeres en la lucha por sus derechos humanos, imprime a ésta un impulso revitalizador que hace justicia a quienes son invisibilizadas.
Consultar artículo en La Jornada.
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