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El pasado sábado 7 de marzo, los venezolanos fuimos impactados con la información de que 49.408 máquinas de votación quedaron inservibles, además de 49.323 de los dispositivos llamados “captahuellas”, producto de un incendio en el galpón del Consejo Nacional Electoral, en Filas de Mariche. Supimos, igualmente, que solo 562 del total de máquinas de votación disponibles no resultaron dañadas por el fuego. Y trascendió, por otra parte, la falta de medidas de seguridad que protegieran un lugar de tanta importancia.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva de lo ocurrido, a fin de ubicar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Lamentablemente, sin que las necesarias indagaciones hubieran sido llevadas a cabo, funcionarios del Gobierno acusaron abiertamente a sectores opositores de haber perpetrado el hecho. Cabe decir, así mismo, que desde los lados de la oposición se habló de un sabotaje por parte del oficialismo. Habrá que esperar el dictamen de la Fiscalía y esperar, igualmente, que este organismo se desempeñe con celeridad y de manera imparcial, aunque su historial no dé para ser muy optimistas. ¿Sería mucho pedir una investigación a cargo de una comisión independiente?
Resulta imprescindible que se den, lo antes posible, las debidas explicaciones respecto a lo anteriormente señalado, así como con respecto a la factibilidad de llevar a cabo las votaciones previstas para el año en curso, entendiendo que, si bien las máquinas no son el único componente del sistema automatizado de votación, constituyen una parte fundamental del mismo.
Sobra decir que lo ocurrido es, sin duda, una mala noticia para el país porque genera un gran ruido en el escenario electoral, sembrando nuevas suspicacias alrededor del sufragio. En efecto, introduce dudas referidas a qué máquinas nuevas se comprarán, a quién, cuándo, a qué costos y si serán auditables y, por ende, confiables. Resulta entonces de la mayor urgencia que el Poder Electoral informe al país, de manera transparente, los pasos necesarios que habrán de tomarse, así como los tiempos estimados para llegar a reponer la plataforma tecnológica requerida para la realización de elecciones automatizadas confiables en el país.
En definitiva, el OEV estima que este terrible evento agrega un obstáculo adicional a la salida democrática y pacífica de la crisis nacional, respaldada, según estudios de opinión, por la inmensa mayoría se la población, justo en el momento en que parece estarse alcanzando un acuerdo para nombrar un nuevo CNE, tras haberse instalado el Comité de Postulaciones Electorales. Como si fueran pocos los retos que deberá confrontar ese próximo CNE, se suma ahora esta nueva calamidad.
Caracas, 11 de marzo de 2020
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