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El Gobierno nacionalista de Polonia está dando los últimos pasos para sustituir la democracia liberal por un sistema autócrata. La ofensiva contra la independencia judicial, la separación de poderes y el imperio de la ley continuó el miércoles con la aprobación relámpago por el Sejm (Parlamento), sin apenas discusión, de dos leyes que suprimen la autonomía del máximo órgano de autogobierno del poder judicial (el Consejo Superior de Justicia), sometiéndolo al control del Gobierno, así como otra que extiende el control del Ministerio de Justicia a los tribunales ordinarios. A partir de ahora, todos sus presidentes serán nombrados por el ministro y no elegidos por los propios jueces.
Las dos leyes fueron aprobadas con los únicos votos de Ley y Justicia, el partido conservador en el poder desde el 2015, ignorando las protestas, objeciones y enmiendas de toda la oposición.
Según todos los expertos constitucionalistas, jueces, facultades de Derecho e instancias del poder judicial, incluido el Tribunal Supremo, ambas leyes violan la Constitución polaca que consagra la autonomía del poder judicial y la sepa-ración de poderes. Argumentos en este sentido, repetidos en el pleno del Parlamento por diputados de la oposición, fueron rechazados con ostentosa sorna y desprecio por la bancada nacionalista.
Desde la toma del Tribunal Constitucional por el Gobierno, ahora controlado por jueces desconocidos pero adictos al régimen, no existe ya ningún órgano de control de la constitucionalidad de las leyes que proponga el Gobierno y vote sin chistar la mayoría parlamentaria.
Por si fuera poco, acto seguido Ley y Justicia envió al Sejm un proyecto de ley que serviría de broche a la instauración de un sistema autócrata. El Gobierno quiere ahora, de nuevo violando la Constitución, el cese inmediato del Tribunal Supremo. Sus 90 jueces, la flor y nata del estamento judicial, pasarían a retiro y sus suplentes serían nombrados por el Gobierno y la mayoría parlamentaria.
La nueva andanada levantó rápidamente olas de indignación y repudio en los medios independientes. “Es muy peligroso y muy estúpido –dijo el ex presidente Lech Walesa y líder legendario del sindicato Solidarnosc–. Les juzgaremos cuando les arrebatemos el poder”.
La presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, consideró que la reforma lo convierte en “un tribunal del ministro de Justicia”. Gersdorf procedió a convocar con urgencia una asamblea de jueces del Supremo.
También los cinco presidentes del Tribunal Constitucional que ha tenido Polonia desde la caída del comunismo en 1989 publicaron una condena conjunta: “Supone la aniquilación de la defensa de libertades y derechos. Sin un poder judicial independiente no existe un Estado de Derecho”.
“Esto es un golpe”, sentenciaba uno de los más eminentes expertos en Derecho constitucional, Marek Chmaj, y el presidente de la asociación nacional de jueces Iustitia, Krystian Markiewicz, denunciaba un paso “sin precedentes en democracia que nos aproxima a la Turquía de Erdogan”. “Paso a paso vamos hacia un régimen despótico –añadía el portavoz del Consejo Superior de Justicia, Waldemar Zurek–. Temo que esto pueda conducir a nuestra expulsión de la UE”.
Las condenas europeas no tardaron en llegar. El Partido Popular Europeo acusó a Varsovia de “acabar con el Estado de derecho y la democracia”, mientras que el Partido Socialdemócrata advertía que “la UE no puede permitir que un Estado miembro siga violando descaradamente sus valores fundamentales” y pidió que Polonia sea uno de los temas abordados en el próximo Consejo Europeo.
Sin embargo, el régimen nacionalista, dirigido con mano de hierro por el presidente del partido y diputado raso Jaroslaw Kaczynski, fiel a su idea que quien gana las elecciones lo puede todo, no piensa echarse atrás ni ante las reiteradas críticas dentro de Polonia, ni ante las formuladas por la Comisión Europa o el Parlamento Europeo.
“Nosotros no vamos para atrás. ¿Europa? Somos nosostros quienes sentamos la ley en Polonia”, afirmó el portavoz de Ley y Justicia Andrzej Matusiewicz.