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La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el pasado 17 de noviembre una Declaración de cierre de Misión en México, llevada a cabo entre el 8 y el 17 de este mes. Durante su visita, la relatora se reunió con 200 representantes de pueblos indígenas, la mitad de los cuales son mujeres pertenecientes a 23 pueblos indígenas de 18 estados del país. Y llevó a cabo igualmente una evaluación al Estado mexicano sobre lo que ha hecho en relación con las recomendaciones que en 2003 hiciera Rodolfo Stavenhagen, de feliz memoria, entonces relator especial.
Luego de conocer información sobre casos de violaciones y violaciones graves a los derechos de los pueblos indígenas; de tomar nota de datos que las mismas autoridades le proporcionaron –por cierto que limitados, expresó, al referirse a reuniones e intercambios que sostuvo con diversas instancias de gobierno–, y de recibir las informaciones que organizaciones defensoras de derechos humanos le compartieron, la relatora dijo que persiste una brecha de implementación, tanto en relación con las recomendaciones del relator especial Stavenhagen, como en relación con la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y poniendo énfasis en los grupos específicos, que por ser indígenas, y por compartir otras características que los colocan en situación de vulnerabilidad, le parece que padecen mayores impactos, en su declaración se concentró en seis grandes temas.
Por lo que se refiere al tema de tierras, territorios y recursos naturales, la relatora fue enfática, y en su mensaje hace notar una distancia grave entre las medidas legales, administrativas y políticas implementadas por el Estado mexicano –en la creación e implementación, por ejemplo, de las llamadas reformas estructurales–, y el respeto y cuidado de la tierra y territorio que pertenecen y en los que habitan pueblos y comunidades indígenas. La relatora es clara al señalar que la reforma agraria que ahora cargamos a cuestas en muchos de los conflictos territoriales debiera ser revisada a profundidad, de tal forma que se respete y proteja la propiedad social y comunal de la tierra, evitando incentivar cualquier limitación en el reconocimiento de los derechos de pueblos enteros.
Otro tema que recalcó, tiene que ver con la autonomía, la libre determinación y la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Respecto a esto, observó que siguen existiendo candados que hacen difícil el cumplimiento de estos derechos. Es por demás sabido –aunque pareciera que no por el Gobierno mexicano– que conforme al artículo primero de la Constitución Política lo relacionado con la libre determinación y la autonomía debe ser interpretado a la luz de estándares internacionales. Es decir, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Todo lo cual es fuente idónea de esos estándares y orientaciones para el ejercicio de esos derechos. No existe forma alguna para que el Estado pueda eximirse de su observancia. Y debido a la crítica situación en los territorios indígenas, hoy más que nunca se hace urgente garantizar el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus prioridades de desarrollo. La relatora acogió con preocupación la denuncia de decenas de representantes de los pueblos indígenas que le mostraron cómo sus prioridades y estrategias de desarrollo no están contempladas en el actual marco legal y políticas relacionadas con el llamado desarrollo económico del Gobierno, ya que el desarrollo propuesto por los pueblos entra en colisión directa con el desarrollo impuesto por el Estado mexicano. En este sentido, la relatora afirmó: he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han inducido al despojo de tierras e impactos ambientales, a conflictos sociales y criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Esa ha sido la forma como el Estado mexicano resuelve los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas ante megaproyectos.
Otro de los asuntos más sentidos tiene que ver con la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. La experta no titubeó en señalar que en México se registra una mala e inadecuada aplicación, lo que contribuye a divisiones y conflictos dentro de las comunidades. Y yo añadiría que cuando los pueblos dan seguimiento a esos procesos, con la intención de que la consulta ayude a salvaguardar sus bienes comunes, el Estado se empeña en obstaculizar su debido y adecuado procedimiento. Además, en su declaración estuvo más que presente el tema de la violencia, la impunidad y el acceso a la justicia. La relatora pudo también constatar cómo entre los pueblos indígenas se cuentan casos alarmantes de violaciones graves a derechos humanos, y asimismo el papel del crimen organizado, al que muchos jóvenes se integran debido a la falta de oportunidades para una vida digna en sus comunidades, y porque de no hacerlo, deben enfrentar tortura, desaparición o asesinato. Además, por si fuera poco, si los pueblos denuncian estas graves violaciones, entonces lo que encuentran es el obstáculo de un sistema de justicia que les revictimiza y discrimina. Así es como la impunidad queda instalada en la difícil situación que enfrentan.
Por último, la experta dijo que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos indígenas cada vez se violentan más. Sistemáticamente vemos cómo la discriminación histórica no se erradica, y cómo el Estado queda alejado de poder evitar la pobreza multidimensional que les azota. No se garantizan en efecto derechos básicos, suficientes y adecuados para una buena vida.
Consultar artículo en La Jornada.
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