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En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan solo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas.
Mujeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano.
Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países.
Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho.
En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte.
Consultar artículo en La Jornada.
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