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El Gobierno socialista reclamará a la Iglesia católica la devolución de los bienes públicos que haya inscrito irregularmente a su favor en los últimos años, al amparo de una ley franquista de 1946 que fue modificada por José María Aznar en la reforma de la ley Hipotecaria de 1998. Aquella lejana legislación permitía a las autoridades eclesiásticas registrar a favor de la Iglesia un bien público que no estuviera señalado con anterioridad en el registro de la propiedad, sin necesidad de justificar nada y sin publicidad alguna. Posteriormente, Aznar amplió esa potestad a los lugares de culto, hasta entonces excluidos.
Bajo esa premisa, obispados de toda España han inscrito a su nombre durante décadas cientos de iglesias, catedrales, ermitas y otros edificios históricos y también plazas públicas, murallas o terrenos. “Estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos de la propia institución”, señalaba ayer el diputado socialista Antonio Hurtado, autor de una pregunta por escrito al Gobierno sobre esta cuestión.
En su respuesta, el Gobierno señala que su actuación se iniciará una vez se elabore el listado de bienes que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia para ser presentado en el Congreso de los Diputados, y se conozcan públicamente miles de inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia. La Dirección General de Patrimonio tendrá que determinar entonces cuáles de esos bienes pueden ser reclamados para su devolución.
Hurtado señala que los bienes de dominio público “no son transmisibles, no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar”. En la respuesta del Gobierno al diputado socialista se aclara que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas señala que “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia católica”. Es decir, esa ley no considera a la institución religiosa una administración pública, sino una entidad privada.
La inscripció de la mesquita de Còrdova a nom de l'Església catòlica va ser el detonant del debat (Getty)
La polémica sobre las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia saltó a la opinión pública a raíz de la denuncia de un profesor de la Universidad de Córdoba, Antonio Rodríguez Ramos, quien desveló que la Iglesia había inscrito a su nombre en el año 2006 la mezquita de Córdoba como bien privado, trámite por el que abonó 30 euros, el precio de una nota simple en el registro de la propiedad.
La noticia causó un profundo impacto en Córdoba y en el resto de España. Se promovieron manifiestos exigiendo que la mezquita fuera de titularidad pública, firmados por importantes personalidades del mundo cultural como Norman Foster, Muñoz Molina o Federico Mayor Zaragoza; se impartieron clases y conferencias y hasta la Junta de Andalucía tuvo que intervenir en la polémica, aunque a regañadientes. Susana Díaz reclamó a la Iglesia que rectificara su decisión, pero lo hizo con la boca pequeña para no enemistarse demasiado con la jerarquía católica.
Tras la mezquita, salieron a la luz muchos más casos, como la plaza del Triunfo de Córdoba o la catedral y Giralda de Sevilla, junto a miles de edificios de todo tipo, más o menos importantes. Las comunidades de Aragón y Navarra se encuentran entre las que tienen una mayor cantidad de bienes registrados a favor de la Iglesia.
El diputado Hurtado señala que, “aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad”.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil, señaló ayer que “la Iglesia siempre ha cumplido con la legalidad vigente y lo único que ha hecho es inscribir los bienes que durante siglos ha poseído”. Gil defiende la tesis de que todos esos bienes no han sido usurpados en ningún momento, sino que simplemente se ha dado carta de legalidad a lo que era un derecho. “La Iglesia, como sociedad privada, tiene el mismo derecho a la propiedad privada que cualquier otra persona física o jurídica”, añadió.