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El Ayuntamiento de Jatiel ha sacado de nuevo a concurso el albergue y multiservicio rural municipales después de arreglar los desperfectos ocasionados durante los dos años que estuvieron ocupados de forma ilegal por la última persona que se interesó por la gestión, a la que hubo que desalojar en septiembre de 2021 con una orden judicial. Esta mala experiencia no ha desanimado al consistorio, que hasta el 19 de abril licita el servicio por 250 euros mensuales por cuatro años prorrogables a seis.
“Vamos a mirar con lupa quién entra porque nos ha costado 16.000 euros recuperar todo lo que estaba dañado. Ha habido que cambiar puertas y fontanería, pintarlo todo y contratar a una empresa de limpieza y abogados”, indicó el alcalde, Jesús Gálvez, quien considera “una delincuente” a la antigua inquilina.
18.000 euros en seis años
Según el nuevo pliego, el precio de licitación es de 12.000 euros (sin impuestos) por cuatro años, 18.000 euros si se hace efectiva la prórroga hasta los seis años totales. Se trata de 250 euros mensuales (más IVA) por la gestión del albergue y el multiservicio, que cuenta con tienda, bar y restaurante.
Con el albergue, de 30 plazas, “se pretende satisfacer la necesidad que tiene el Ayuntamiento de ofrecer alojamiento a turistas y visitantes”, así como la “organización de otras actividades complementarias relacionadas con el turismo rural que se consideren de interés”, indica el pliego. Igualmente, con la apertura del multiservicio “se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales, desarrollar e impulsar la economía” y “evitar el despoblamiento”.
La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión, por la que el empresario gestionará el albergue y el multiservicio a su propio riesgo y ventura.
“Buscamos gente con ganas de trabajar, preferentemente una familia responsable que quiera vivir aquí”, dijo el alcalde, que considera que la ubicación de Jatiel, “en medio de la Comarca del Bajo Martín”, entre Zaragoza y el Bajo Aragón y cerca el circuito de velocidad de Motorland, “es un punto muy bueno”.
El municipio tiene también un atractivo turístico que explotar como es su cripta, una estancia subterránea gótico-mudéjar de los siglos XIV y XV.
Seis meses de prueba
A la vista de los precedentes, el consistorio se reserva seis meses de prueba a partir de la firma del contrato para decidir si le interesa la nueva gerencia. “Solo pedimos seriedad, respeto por los vecinos y algo de estabilidad. El albergue y la tienda llevan funcionando más de 10 años y ya hemos tenido cinco gestores diferentes”, explicó Gálvez, que nunca había tenido ningún problema con nadie a excepción de la última experiencia.
El consistorio se encontró muebles destrozados, puertas arrancadas, deposiciones de mascotas y “una dejadez extrema”, según valoró hace seis meses el alcalde, que también echó de menos electrodomésticos y otros enseres.
Antes de la pandemia, el Ayuntamiento sacó a concurso la gestión de las instalaciones tras la marcha del antiguo gerente y solo recibió una propuesta para reabrir las puertas del albergue y el multiservicio.
La candidata, en aquel entonces vecina de Samper de Calanda y natural de Castelldefels (Barcelona), mostró su predisposición a comenzar de inmediato, pero sin embargo no entregó toda la documentación requerida para formalizar el contrato. Pese a todo, el consistorio actuó de buena fe y le prestó las llaves del edificio para que fuera preparando la reapertura del albergue, la tienda y el bar-restaurante a cambio de una fianza de 2.000 euros.
Ella cambió las cerraduras de las puertas principales sin ningún tipo de permiso municipal. El contrato de cesión de las instalaciones -por un alquiler de 100 euros mensuales- no se llegó a oficializar porque la mujer nunca llegó a entregar la documentación requerida para poder cerrar el acuerdo.
Tras requerirle las llaves sin éxito, el Ayuntamiento trató de ejecutar el desalojo lo más rápido posible, pero no fue una tarea sencilla porque ella se había empadronado en Jatiel con domicilio en el propio albergue. Fue necesaria una orden judicial que se ejecutó con presencia de la Guardia Civil a finales del pasado septiembre.
“Se ha saltado la ley como ha querido y el albergue ha funcionado cuándo y cómo le ha apetecido. No tenía ninguno de los permisos requeridos por el Gobierno de Aragón, pero aquí estuvo durmiendo gente para el último Gran Premio de MotoGP”, dijo entonces Gálvez.
Pero el ayuntamiento no tira la toalla y, tras valorar los daños causados y recabar el apoyo de administraciones para sufragar los desperfectos, insiste con la licitación.
Por otra parte, el consistorio va a sacar a licitación nuevos columbarios en el cementerio y terminará de equipar la piscina con un almacén. El municipio ha remontado población y está sobre los 45 vecinos cuando hace dos años se situaba por debajo de los 40. Esto insufla ilusión por mantener los servicios.
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