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La situación que se ha generado en torno al buque del movimiento ecologista Greenpeace y a la posterior detención de su tripulación por parte de la policía fronteriza rusa, tras un intento de aproximación de los activistas a la plataforma petrolífera rusa Prirazlomnaya situada en el mar de Pechora (nombre que recibe el brazo suroriental del mar de Barents), se ha convertido en motivo de acaloradas discusiones. Las razones que inspiran la disparidad de opiniones no son tan evidentes.
En primer lugar, es necesario volver a subrayar que el caso se produjo dentro de la jurisdicción de la Federación de Rusia. Por otra parte, el buque Arctic Sunrise, que sirvió de base a las lanchas motoras con ayuda de las cuales los activistas alcanzaron la plataforma y trataron de escalar a su cubierta, navegaba bajo una bandera holandesa y estuvo maniobrando más allá del límite de tres millas que se extiende desde el borde exterior de la perforadora.
Hace dos semanas el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa contra los ecologistas de Greenpeace arrestados en el mar de Pechora en base a un artículo sobre piratería. Tras un intento de subir a la plataforma
por activistas de distintos países, el rompehielos de los ecologistas fue arrestado y remolcado hasta el puerto de Múrmansk. Al arribar a la ciudad, los miembros del equipo internacional fueron interrogados y, según informan fuentes de los medios de comunicación, fueron enviados a un centro de detención.
El incidente no dañó la propiedad y no causó la muerte de ninguna persona. Sin embargo, la tripulación fue acusada de piratería. Según la legislación rusa, se entiende por piratería “el ataque a una embarcación, ya sea esta oceánica o fluvial, con el objetivo de apropiarse de bienes ajenos y con el empleo de violencia o intimidación…”. Por esta razón, la actuación de los ecologistas se podría calificar de piratería por un lado (intento de usurpación de una propiedad), pero por otro, de ningún modo se podría considerar como el ataque a una embarcación. La plataforma Prirazlomnaya consiste en una instalación fija, sujeta al fondo marino, y cualquier operación ilegal que afecte a la instalación o a su tripulación debería recibir un calificativo diferente al de piratería.
En base al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la parte continental, se considera delito apoderarse intencionadamente de una plataforma fija o ejercer de control de la misma mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación. También será susceptible de juicio cualquier acto de violencia contra una persona que se encuentre a bordo de una plataforma fija o que amenace con poner en peligro su seguridad.
Por lo tanto, se podría decir que los activistas de Greenpeace cometieron un delito al intentar subir a la plataforma, y que la actuación de la policía fronteriza entró en el marco de la legalidad. Los cuerpos de seguridad tienen derecho a establecer la jurisdicción penal sobre los infractores. Es decir, que se puede aplicar a los actos perpetrados por los ecologistas el artículo sobre la violación de la legislación de la Federación de Rusia ligada a la plataforma continental y a la zona económica exclusiva de dicha federación.
La navegación de un buque extranjero por las aguas territoriales de la Federación de Rusia se considera un acto lícito, siempre que la embarcación se limite a efectuar un paso inocente por estas aguas o que se dirija a uno de los puertos rusos. Es decir que, si el Arctic Sunrise entró en aguas territoriales, violó con ello la ley sobre la frontera estatal de la Federación de Rusia.
Pero si el Arctic Sunrise se encontraba dentro de la zona económica exclusiva de la Federación, solo se podría acusar al buque de infringir la ley en base a otros hechos: por el transporte de esclavos, por el ejercicio de la piratería, por tráfico de drogas, por radiodifusión no autorizada en mar abierto o por destruir cable submarino.
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Consejo D.Humanos rechaza acusaciones de piratería a activistas de Greenpeace
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A fin de impedir las acciones mencionadas –es decir, en caso de que existieran sospechas reales sobre la amenaza de un acto de piratería – no hay duda de que los guardacostas de la Federación de Rusia, por encontrarse al servicio del Estado, podían pasar a la acción. Sin embargo, esto plantea otro problema: en base al Convenio Internacional sobre el Arresto de Buques de 1999, el Arctic Sunrise debería ser puesto en libertad de inmediato si se presenta un respaldo financiero suficiente.
Por consiguiente, la liberación ahora depende solo del factor económico. El retiro del arresto, sin embargo, no afecta a la investigación posterior, y no constituye una admisión de responsabilidad ni una renuncia a la subsiguiente defensa.
Alexánder Skaridov es decano de la facultad de Derecho marítimo de la Universidad Almirante S.O. Makárov adscrita a la Marina de la Federación de Rusia.