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Tengo la total certeza de que el drama representado a propósito del proceso de transición nacional catalana hacia una posible independencia no tiene su base en la no viabilidad económica de una Catalunya y una España separadas, ni en obstáculos jurídicos constitucionales o de resistencias políticas internacionales. Tampoco en hipotéticos peligros de fractura social. El único y verdadero problema de fondo es el de la diversa interpretación de cuál es el perímetro de la nación española y, por lo tanto, el de la decisión sobre a quién pertenece la soberanía nacional. Esta fue la gran cuestión mal resuelta en la Constitución de 1978. La ambigüedad del título octavo -redactado bajo una fuerte coacción militar- permitió pasar página de manera provisional a un pleito que quedaba aplazado pero no resuelto: el del reconocimiento de los derechos nacionales de Catalunya. Y es que para la mayoría de los catalanes, Catalunya ya era entonces y sigue siendo una nación, con todos sus atributos políticos.
Desde un análisis estrictamente racional, pues, la independencia de Catalunya no supone ningún gran quebradero de cabeza para nadie. Catalunya podría tomar decisiones políticas soberanas, sin ningún enemigo exterior en quien excusar sus posibles fracasos. Y España podría seguir andando su camino, ahora liberada de unas tensiones territoriales que lo entorpecen y que, a menudo, utiliza de pretexto para no tener que enfrentarse a sus propias ineficiencias. En un mundo global, dentro de la Unión Europea, las catástrofes que suelen anunciarse solo serían imaginables si alguna de las partes actuara de mala fe y vengativamente. En cambio, en un escenario de no conflictividad política, la separación apunta a mejores oportunidades de prosperidad tanto para Catalunya como para España.
Tampoco son creíbles las advertencias de ruptura social si no es que alguien aprovecha la diversidad de posicionamientos políticos para dividir la sociedad, como amenazó el antiguo presidente José María Aznar. Desde el punto de vista del sentido de pertenencia nacional, más división que la que podría suponer tener un 15% de población extranjera, como tiene Catalunya, no la superaría ningún proceso de independencia. Sin embargo, en cualquier caso, se trata de divisiones que son cosidas por la democracia y por las políticas de respeto a la diversidad y de integración política. Precisamente, este es el error que ha cometido la España de la Constitución de 1978, al no saber acoger democráticamente la especificidad nacional catalana, que ha vivido como una molestia por extirpar, exacerbándola con políticas de menosprecio a la diversidad. Por ejemplo, contra la lengua catalana en todo su dominio lingüístico. Como reconocía implícitamente el ministro Wert, España no ha sabido españolizar a los catalanes. Y que no sufra el ministro Jorge Fernández Díaz por la concordia de las comidas familiares navideñas de los catalanes, porque temas de discusión siempre vamos a tener y la independencia no va a ser ni el único ni el principal.
Afirmo, pues, que las amenazas sobre los peligros de una hipotética secesión no provienen de obstáculos materiales imponderables. Ni los envían los dioses y caen del cielo. Ni son resultados del supuesto sentido unitarista de la historia de la humanidad al que suele apelar, contra toda evidencia, el presidente Rajoy. Ya hace años que el economista francés Daniel Cohen mostraba cómo "el proceso de integración económica encoge el espacio de las comunidades políticas" (Richesse du monde, pauvretés des nations, 1997), hecho que explica por qué ahora la independencia de Catalunya se ha convertido en algo plausible. Las amenazas, pues, tienen un origen estrictamente político, como estrategia de autodefensa para el mantenimiento de un proyecto nacional y, por inacabado, nacionalista...
Sostengo, en definitiva, que las amenazas apocalípticas y las siete plagas de Egipto que se anuncia que caerán sobre los catalanes en ningún caso son resultado intrínseco del proceso de secesión, sino de una hipotética acción vengativa, consecuencia de la frustración política por el fracaso definitivo del proyecto de unificación nacional español. Por lo tanto, el conflicto no lo provoca quien quiere irse, sino quien no deja que se marche.