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Homún es un pueblo maya del estado de Yucatán, con características que lo hacen privilegiado por albergar en su territorio áreas naturales protegidas. Entre ellas, las denominadas Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes y Parque Estatal Lagunas de Yalahau, certificadas como sitios fundamentales por el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional.
Una de las actividades económicas más importantes de la zona es la turística, de la cual se beneficia un amplio porcentaje de la población. A pesar de ser una de las principales reservas de agua de la península de Yucatán, en 2017 diversas autoridades, entre ellas el presidente municipal de Homún, la Secretaría de Medio Ambiente de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua, otorgaron permisos para la construcción y operación de una mega granja porcícola que albergaría aproximadamente 49 mil cerdos, propiedad de Producción Alimentaria y Porcícola (Papo), poniendo en riesgo un elemento trascendental como lo es el agua.
Frente a dicha determinación, Papo ha intentado por todos los medios reanudar su actividad, desde la presentación de múltiples recursos en contra de la determinación dictada por la jueza, hasta la violación a la suspensión. Ninguno ha prosperado.
Ante ello, la empresa recurre ahora a una nueva estrategia de litigio, una chicanada, consistente en nombrar un nuevo representante legal, Pedro Carbajal Jiménez, quien fungía como abogado de la jueza del juzgado cuarto en un asunto que se ventila ante el Consejo de la Judicatura Federal. Este acto obligó a la jueza, quien se había mantenido firme frente a los intentos de levantar la suspensión, a declararse impedida para continuar conociendo y mantener el amparo.
Frente al impedimento de la jueza, el juicio fue turnado al juez segundo de distrito de Yucatán, quien en otros casos presentados por personas de Homún se ha mostrado parcial en favor de la empresa porcícola. Al turnarse el asunto a un favorable a los intereses de la granja, una de las principales preocupaciones de la comunidad es que Papo vuelva a plantear el Incidente de Modificación de la suspensión, y que, con el nuevo juez, éste resulte favorable.
Lo anterior significaría no solo el levantamiento de la suspensión, con la consecuente reanudación en la operación de la granja, sino que podrían quedar sin efecto los Incidentes de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 647/201, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mismos que resolverán sobre los recursos de revisión interpuestos por Papo, de la cual la comunidad de Homún solicitó que fueran atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde se abordarán temas de gran trascendencia, no solo para este caso, sino para muchos otros, donde estén en juego los derechos humanos ambientales.
La importancia y trascendencia que reviste el caso quedó en concreto determinada en la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 116/2019, en la que la primera sala estimó que el presente caso representa una oportunidad para desarrollar diversos parámetros en torno a las medidas cautelares o suspensionales en materia del derecho a un medio ambiente sano. De igual forma, se estableció que “el desarrollo jurisprudencial de este alto tribunal en relación con el derecho a un medio ambiente sano resulta aún incipiente –por lo que– es necesario realizar un pronunciamiento que guíe el actuar de jueces y juezas al momento de resolver sobre las suspensiones solicitadas, tomando en cuenta el desarrollo internacional que existe sobre el tema”.
Finalmente, otro de los asuntos que este alto tribunal podrá determinar al momento de resolver la revisión en Incidente de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Piña Hernández, es sobre los principios de prevención y precaución. Sobre estos dos principios “… debe determinarse cómo operan en la materia de la suspensión, pues existe debate sobre los elementos a tomar en cuenta para determinar su aplicación”.
Es indispensable que el Consejo de la Judicatura y la SCJN vigilen el actuar de los jueces y magistrados que tienen bajo su conocimiento los juicios del caso de Homún, para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, garante de los derechos fundamentales en el país.
Consultar artículo en La Jornada.
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