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Ha empezado la historia de la tercera euroorden contra Carles Puigdemont con todos los elementos jurídicos y políticos encima de la mesa. Ayer por la mañana, y casi a la misma hora, se mezclaban los dos ámbitos. Mientras en Bruselas el expresident esperaba en el Palacio de Justicia la celebración de la vista oral por la solicitud de extradición, en Madrid la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, advertía que España “no entenderá” que Bélgica no entregue a Puigdemont y que, en este caso, se tomarán “medidas”.
Un inicio agitado para este tercer intento de la justicia española de conseguir la entrega del expresident, aunque de momento, el interpelado indirectamente, el Gobierno belga, no ha reaccionado. Un Ejecutivo, por cierto, que lleva meses en funciones, y que este domingo estrenó nuevo primer ministro (también en funciones) en la figura de Sophie Wilmès después de que el anterior, Charles Michel, dimitiera para hacerse cargo de la presidencia del Consejo Europeo. Complicada Bélgica.
La Fiscalía belga pide la entrega por sedición y malversación, mientras que la defensa alega inmunidad
En este contexto, Puigdemont se presentó en el tribunal de primera instancia neerlandófono de Bruselas escoltado por su equipo de defensores al completo, con Bekaert padre e hijo, Christophe Marchand y Gonzalo Boye. Llegaban con el objetivo de ganar tiempo y lo consiguieron sin mayor dificultad. La primera audiencia pública por esta euroorden fue muy breve, unos quince minutos, y el juez Jan Coppens aceptó la petición de aplazamiento de la defensa, fijando la nueva vista para el 16 de diciembre. Por su parte, la Fiscalía hizo suyas las peticiones del juez Pablo Llarena, y pidió la entrega a España de Puigdemont por los delitos de sedición y de malversación.
A la salida de la reunión, Puigdemont declaró: “Estaremos aquí el 16 de diciembre, para comparecer ante una justicia que tomará sus decisiones con plena independencia y profesionalidad”. Por su parte, Boye dijo que su defensa se basará en los argumentos de inmunidad, vulneración de derechos civiles y políticos y derechos fundamentales. “Invocaremos la inmunidad y usaremos los mismos argumentos que hace dos años, y algunos adicionales”, añadió el abogado Simon Bekaert.
Este elemento adicional a que se refieren los abogados es la condición de eurodiputado electo de su defendido, aunque sea un estatus que el Parlamento Europeo no le reconoce. Ya ante el juez de instrucción, cuando declaró el 17 de octubre, el expresident blandió este argumento, pero no le fue aceptado. Ahora volverá a intentarlo. También puede plantear que tiene un recurso presentado por este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, es un caso muy parecido al de la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras, ya más avanzado, y sobre el que el abogado general del Tribunal de la UE se pronunciará el 12 de noviembre. Una de las opciones que baraja la defensa de Puigdemont es pedir al juez que espere a la decisión del Tribunal de la UE sobre la inmunidad del expresident o bien que plantee su propia cuestión prejudicial a ese tribunal.
A la salida de la vista en Bruselas, Boye arremetió contra la vicepresidenta del Gobierno español por sus declaraciones. “La ministra Calvo ha dicho que esto afectaría a las relaciones políticas y diplomáticas entre Bélgica y España cuando estamos hablando de un tema estrictamente judicial, o eso creíamos nosotros”, afirmó el abogado, que considera que estas declaraciones “nos ayudan y mucho”.
Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, acusó a Calvo de “olvidar” la separación de poderes, con unas declaraciones que calificó de “gravísimas” y que entiende que son unas “amenazas de un Estado que hace tiempo que ha olvidado la separación de poderes”.
En declaraciones a Onda Cero, la vicepresidenta Calvo señaló: “No entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante las justicia” quienes están acusados de delitos por los que ya hay una sentencia. “Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo”, señaló Calvo, añadiendo que si se produce ese escenario el Gobierno tomaría “decisiones”, aunque no quiso concretar cuáles serían.