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La Fiscalía ucraniana anunció hoy la reapertura de la investigación del asesinato en 1996 del diputado y empresario Yevgueni Scherban del que se acusa a la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko, pocas horas después de que el abogado de ésta informara de que el caso ha sido cerrado.
Así salió al paso de las declaraciones de Serguéi Vlásenko, abogado de Timoshenko, quien dijo haber recibido la decisión de la Fiscalía de "cerrar el asunto", la misma que data del 26 de abril.
"Aquí tengo una carta de la Fiscalía con la respectiva decisión", aseguró en rueda de prensa el abogado de la líder opositora ucraniana, quien cumple una pena de prisión por abuso de poder y malversación de fondos públicos.
Vlásenko matizó que la respectiva decisión tomada el pasado 26 de abril es "una señal" de que en realidad "no hay ningún caso de Scherban", en alusión a un carácter político de la persecución judicial de Timoshenko, que fue acusada de encargar el asesinato y podría ser condenada a cadena perpetua por este caso.
La Fiscalía explicó que la suspensión tenía como objetivo ahorrar el tiempo asignado para la investigación dado que la cartera lo necesitaba para arreglar varios trámites relacionados con la colaboración con otros países con respecto al caso.
Los fiscales mantenían que Scherban fue asesinado porque se negó a someter sus negocios en la región oriental de Donbass al dictado de la corporación estatal Sistemas Energéticos Unidos (SEU) de Timoshenko.
La opositora ucraniana ha negado su implicación en el asesinato de Scherban, acusación que calificó de "burda mentira" fácilmente refutable por la Justicia internacional.
En abril de 2012 Ruslán, hijo del asesinado, presentó ante la Fiscalía pruebas escritas de la posible implicación de Timoshenko y el ex primer ministro Pável Lazarenko en la muerte de su padre.
La entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, pidió a finales de enero en una carta al Gobierno de Kiev la inmediata liberación de Timoshenko, que ya fue condenada en octubre de 2011 a siete años de cárcel por abuso de poder, aunque no se reconoce culpable.