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(Caracas, 02 de agosto 2017) El pasado 30 de julio se produjo un vergonzoso fraude en el país con el cual la dictadura de Nicolás Maduro pretende consolidar un modelo autoritario, militarista y excluyente que ha extinguido el Estado de Derecho y la democracia. La ilegítima e inconstitucional elección de los miembros de la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC), apunta directamente a la abolición de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y al socavamiento definitivo de las garantías para los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las y los venezolanos. La difusión de cifras desproporcionadas de los votos obtenidos ha sido denunciada por la empresa Smartmatic, que provee servicios electorales al CNE desde 2004, cuyos representantes han indicado que por lo menos se ha inflado en un millón de votos los resultados de la elección de los miembros de la ANC. Incluso, militantes del oficialismo, como el ex ministro de comunicación Andrés Izarra, se han hecho eco de estas denuncias y han pedido que se auditen los resultados divulgados por el CNE.
Más de 7 millones y medio de venezolanos se expresaron el pasado 16 de julio en una legitima consulta popular, para expresar su rechazo a la fraudulenta constituyente de Maduro, mientras que otros cientos de miles se han movilizado a lo largo y ancho del territorio nacional desde el pasado 1 de abril, exigiendo el respeto a la Carta Magna y el retorno a la Democracia y el Estado de Derecho, en conjunto a un cúmulo de demandas económicas y sociales. Las exigencias ciudadanas han sido ignoradas por los representantes de la dictadura, mientras que sus cuerpos armados y agrupaciones paramilitares han generado innumerables abusos. Se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática contra la población crítica al gobierno. Suman más de 120 muertes en el contexto de las protestas iniciadas en abril; uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública; miles de detenciones arbitrarias y generalizado empleo de la jurisdicción militar para juzgar a civiles; allanamientos ilegales y masivos, destrozos a bienes privados e injerencias indebidas en la vida familiar; proscripción de facto del ejercicio del derecho a la reunión y manifestación pacíficas y severas restricciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; ataques generalizados contra la población civil, zonas comerciales, residenciales y centros de salud; hurtos y robos generalizados contra detenidos y transeúntes en el contexto de manifestaciones; entre otros graves patrones represivos, que forman parte de una escalada que se inscribe en la ejecución del terrorismo de Estado para detener -infructuosamente- la protesta popular que protagonizan todos los sectores sociales del país.
Se intenta consolidar en Venezuela una dictadura que ha perdido el apoyo popular y que ya no puede dar apariencia de legalidad a sus actuaciones antidemocráticas. Una dictadura que genera un aumento acelerado de la pobreza y el hambre, y que propicia un alarmante aumento de los abusos contra los derechos humanos. Además, ha demostrado con el reciente fraude Constituyente que no está dispuesta a realizar elecciones libres y democráticas, manipulando las instituciones y divulgando cifras inexistentes sobre el apoyo a su gobierno, que han generado el rechazo hasta de los propios integrantes del oficialismo.
Frente a esta situación, los venezolanos tienen el derecho y el deber de rebelarse contra la opresión y seguir luchando por el rescate de la democracia y la plena vigencia de la Constitución Nacional. Los estándares internacionales reconocen el derecho humano a la rebelión contra la injusticia como un derecho.
América Latina es un continente marcado por el autoritarismo, pero también por una larga historia de rebeliones y luchas de sus pueblos por el restablecimiento de la democracia y el fin de las tiranías. Venezuela no puede ser la excepción.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos asiste en el compromiso histórico de restablecer la Democracia en nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Nacional, en sus artículos 333 y 350, consagran el derecho a la rebelión contra un régimen que pretende arrebatar el derecho a la democracia y al bienestar del pueblo. Rebelión no es sinónimo de violencia, es el derecho a preservar la dignidad ante la opresión; el derecho a luchar por mejores condiciones de vida ante un gobierno que impone y ofrece hambre y miseria; es el derecho a defender derechos contra quien los cercena día a día.
Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció el legítimo derecho de los pueblos a la Rebelión al indicar en su preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. El documento precursor de los DDHH, la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) había establecido: “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre”.
En América Latina abundan los ejemplos de luchas populares que han invocado el derecho a la rebelión. Durante la dictadura de Somoza en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre la prolongada suspensión de garantías constitucionales y régimen de excepción en ese país:
“[…] a. El Gobierno de Nicaragua es responsable de graves atentados al derecho a la vida, en transgresión, además, de las normas del derecho internacional humanitario, al reprimir excesiva y desproporcionadamente las insurrecciones que tuvieron lugar en septiembre pasado en las principales ciudades del país […]
d) El Gobierno de Nicaragua es también responsable de muertes, graves abusos, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos de grupos de campesinos;
k) El derecho de sufragio está sometido a diversos obstáculos de orden práctico y legal que impiden su ejercicio pleno.
Los daños y sufrimientos provocados, por estas violaciones han hecho surgir entre la población nicaragüense, de la manera más patente, un intenso y general sentido favorable al establecimiento de un sistema que garantice la observancia de los derechos humanos”.
El amparo que brinda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, legitima la acción de los pueblos para enfrentar la tiranía y reclamar el establecimiento de un estado de derecho. En la Venezuela de 2017 la dictadura de Nicolás Maduro muestra su peor rostro, hambre, represión y  autoritarismo. Frente a ello, justificamos, apoyamos y seguimos alentando la rebelión popular, para rescatar y construir democracia con igualdad de derechos para todas y todos y lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis política, económica y social que atraviesa el país.
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