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El peligro de afrontar el megajuicio por la crisis de los opiáceos, cuyo inicio está previsto para el lunes en la ciudad estadounidense de Cleveland, provoca temblores a las farmacéuticas.
Una vez ante el tribunal, la demanda interpuesta por 2.300 estados, ciudades y tribus de nativos puede adentrarse por sendas inesperadas y el coste de las indemnizaciones alcanzar cuotas insospechadas. Se calcula que desde el año 2000 han muerto 400.000 personas en Estados Unidos y los “enganchados” se cuentan por millones.
Frente a este riesgo, tres distribuidoras –Amerisourcebergen, Cardinal Health y McKesson, que son la que reparten el 90% de las medicinas en este país– junto a las manufactureras Johnson & Johnson y Teva (firma israelí) han llegado a un acuerdo con múltiples de esos demandantes para abonar 50.000 millones de dólares en efectivo y tratamientos adicionales a fin de liberarse de la acusación antes del juicio.
Aunque los estados han llegado a un pacto sobre los principios marco de ese acuerdo, no todas ciudades y condados implicados han dado todavía el visto bueno. Quieren disponer de más información respecto a cómo se distribuirán las compensaciones, si recaerán directamente sobre medidas de socorro o irán a parar a fondos manejados por los congresos estatales y cuando se iniciará ese apoyo financiero.
Las negociaciones se hallan bajo una presión extrema, puesto que se agota el plazo de cara al lunes y el inicio de la vista oral. De hecho, ya ha empezado el proceso de selección del jurado.
Para entender la dimensión, solo en el estado de Nueva York, las corporaciones distribuidoras vendieron píldoras de oxycodona por valor de 1.600 millones entre 2010 y 2018.Las indemnizaciones supondrían que estados y ciudades se repartirán de 20.000 a 25.000 millones en efectivo para afrontar costes asociados a la epidemia, mientras que el resto se destinará a tratamientos contra la adicción, suministro y servicios.
La crisis de los opiáceos ha costado a la economía estadounidense 631.000 millones desde el 2015 y hasta el pasado año, y puede ser todavía más cara, según un estudio publicado este martes por la Society of Actuaries. Los mayores impulsores de este coste son los ingreso no realizados por los que murieron y el precio de la atención médica. El Gobierno carga con menos de un tercio de esa cantidad. El resto, a cuenta de los afectados y del sector privado.