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Incluso en los contextos sociales actuales, son constantemente discriminadas, segregadas y criminalizadas las personas que no se ajustan a las normas dominantes de la heterosexualidad y de la identidad de género binaria correspondiente.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis AP
Sábado 03 de julio de 2021
En 1978 pudimos presenciar en México el primer movimiento público de exigencia de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI). Con el paso del tiempo se le han agregado personas queer (Q), asexuales (A) y diversas identidades y corporalidades (+).
Hasta ahora es sostenido por las luchas y resistencias de personas disidentes que exigen vivir plenamente sus derechos humanos de manera digna y libre, sin temor a ser vulneradas. A pesar de que en los últimos años se ha logrado el reconocimiento de múltiples derechos humanos y libertades del ahora llamado colectivo LGBTTTIQA+, existen muchos otros derechos que aún no logran ser reivindicados en el país. Lo que obstaculiza el ejercicio y la garantía plena de todos sus derechos humanos.
Por ello, incluso en los contextos sociales actuales, son constantemente discriminadas, segregadas y criminalizadas las personas que no se ajustan a las normas dominantes de la heterosexualidad y de la identidad de género binaria correspondiente, así como aquellas que optan por vivir y acuerpar sus diversas preferencias, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, de acuerdo con sus personalidades y libertades.
El panorama no es muy alentador. Las personas sexodiversas que salen de la estructura heteronormativa en la que habitamos están expuestas a violencias sistémicas, continuas y cotidianas, las cuales son perpetradas por el Estado y particulares. La espiral de exclusión social y jurídica termina por marginarlas y arrojarlas a estados de vulnerabilidad, donde las violencias en su contra continúan perpetuándose en diferentes formas y escalas, en entornos públicos y privados.
Estas violencias son principalmente motivadas por prejuicios y estigmas sociales, ya que su integridad física y libre desarrollo se ven vulnerados, tanto en escuelas, centros de trabajo y sitios de recreación como en sus propios hogares y familias.
Tales actos de denigración, hostigamiento, discriminación y violencias, refuerzan la cultura de homofobia, bifobia y transfobia a la que el colectivo LGBTTTIQA+ se enfrenta día con día. Estos actos se complejizan aún más cuando otros discursos de odio, como el racismo o el clasismo, permean en el trato hacia las personas sexo/génerodiversas, y vulneran sus derechos a la educación, a la no discriminación y al acceso a la justicia.
En materia de salud pública, las instituciones correspondientes no han logrado garantizarles su derecho a la salud. La falta de acceso a tratamientos hormonales controlados y procedimientos quirúrgicos adecuados para personas transexuales, así como de medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH, y la de una atención integral a la salud sin discriminación, son poblemáticas que impactan en su bienestar, que en muchas ocasiones lamentablemente ponen fin a sus vidas.
El momento histórico en que surgió el VIH, las condiciones en que se le ha dado respuesta a nivel global, el estigma social que aún lo rodea y las legislaciones vigentes que llegan a criminalizar a las personas que viven con VIH –como el artículo 199 Bis del Código Penal Federal–, han ocasionado la concentración de los casos estadísticos en hombres gays y mujeres trans en quienes se ha presentado la mitad de las nuevas infecciones de América Latina, pese a que la epidemia de VIH está presente en prácticamente todos los sectores de la población.
En 2019 fueron registrados 117 asesinatos por cuestiones de género u orientación sexual, los cuales, por la ausencia de legislaciones y tipificaciones adecuadas, que, más allá del ya conocido crimen de odio contra personas de este colectivo atiendan las necesidades particulares de estos homicidios, quedan rezagados en el sistema de justicia mexicano. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, en México solo 12 entidades reconocen la identidad de género y la orientación sexual como un agravante en los delitos de agresiones y homicidio.
Las mujeres trans son las principales víctimas de esas graves violaciones a sus derechos humanos. Según la Fundación Arcoíris, entre mayo de 2020 y abril de 2021 tuvieron lugar 87 crímenes de odio en el país, de los que 47 por ciento fueron contra este sector (https://cutt.ly/3md0DJG).
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con el colectivo LGBTTTIQA+. A 43 años del inicio de este movimiento, el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de las personas sexodiversas abonará a la construcción de una sociedad donde se respeten las diversidades y haya un trato digno para todas las personas, en un caminar paralelo con otras exigencias, como una vida libre de violencia para las mujeres, y la búsqueda y acceso a la justicia para personas desaparecidas.
Agradezco a Leslie Joryet y Víctor Manuel Chima, del Centro Vitoria, sus valiosas aportaciones en la elaboración de este artículo.
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