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El objetivo de celebrar el juicio oral por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia a finales de octubre o primeros de noviembre de 2018 no podrá cumplirse. Fuentes judiciales aseguran a ARA que el Tribunal Supremo trabaja con la fecha de enero de 2019, una hipótesis que coincide con la decisión del tribunal de la Audiencia de Schleswig-Holstein de aplazar sine die su decisión sobre la admisibilidad de la extradición de Carles Puigdemont, resolución comunicada a España a través de Eurojust, el organismo de coordinación judicial europea en La Haya, Holanda, esta semana.
La idea de comenzar el juicio en el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a finales de octubre o primeros de noviembre partía del objetivo del magistrado instructor, Pablo Llarena, de finalizar la investigación en el mes de mayo, según fuentes judiciales consultadas por ARA.
El cierre de la instrucción tendrá lugar de aquí a finales de julio, una vez que Llarena ultime los flecos. El próximo lunes o martes informará al Parlament sobre la aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender a 7 diputados procesados por rebelión con prisión “decretada” (Puigdemont y Toni Comín) o en “situación de prisión” (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).
Y más tarde dictará el auto de conclusión del sumario, decisión que puede ser recurrida en reforma ante el propio juez.
El Supremo tenía previsto -sin tomar decisión al respecto- habilitar el mes de agosto, mes de feria judicial o vacaciones de los jueces y agentes judiciales, para que las acusaciones y defensas procedieran a presentar sus escritos de acusación y defensa. Pero fuentes judiciales señalan que esta idea ha sido abandonada.
Una vez que el juez dicte el auto de conclusión-una resolución muy breve-, elevará en algún momento del mes de julio el sumario a lo que será el tribunal de enjuiciamiento.
Este tribunal está formado por los cinco miembros de la llamada Sala de Admisión de querellas: el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.
La Sala de Admisión admitió el 31 de octubre de 2017 la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Aunque el magistrado Antonio del Moral forma parte de la Sala de Admisión, no participó en la admisión de la querella por rebelión, habida cuenta de que entró con posterioridad en dicha Sala de Admisión para sustituir a Julián Sánchez Melgar, quien fue nombrado fiscal general del Estado.
Pero, como es habitual en todos los casos relevantes, el tribunal estará formado por siete miembros.
Por tanto, a los cinco citados  se añadirán otros dos magistrados. Dado que el magistrado Vicente Magro Servet acaba de sustituir en la Sala de Recursos al magistrado Francisco Monterde por razones de enfermedad, no quedan más que dos jueces para integrar el futuro tribunal: Ana Ferrer y Andrés Palomo.
De no habilitarse finalmente el mes de agosto, el tribunal dará en el mes de septiembre 10 días a las acusaciones para instrucción y apertura de juicio oral y seguidamente a las defensas otros 10 días para solicitar la revocación del auto de conclusión del sumario del juez instructor y pronunciarse sobre la apertura del juicio oral.
El tribunal dicta, a continuación, el auto de apertura de juicio oral. Y acto seguido dará 5 días a las acusaciones para que formulen escrito de acusación y le otorgará a las defensas otros cinco días para pronunciarse y proponer las pruebas que considere pertinentes.
En la segunda quincena de octubre, el tribunal emitiría su auto sobre los medios de pruebas propuestos por acusaciones y defensas. Y en este momento procesal  señalará la fecha del juicio oral.
La citación a los acusados, testigos, peritos, la preparación de la vasta prueba documental, exigirá a su vez un tiempo de alrededor de diez días como mínimo. Todo esto trasladaría el proceso, aproximadamente, a finales de noviembre.
“Empezar el juicio a primeros de diciembre e interrumpir por las Navidades no tiene ningún sentido. No se suele hacer porque sería inevitable interrumpir y romper la secuencia de las sesiones del juicio. Por tanto, parece de sentido común que el comienzo del juicio se aplace al mes de enero de 2019 y acabe en marzo”, dijo la fuente judicial consultada a ARA.
Este replanteamiento coincide con la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de aplazar su decisión sobre la “admisibilidad” de la extradición de Puigdemont por delitos de rebelión o perturbación del orden público, solicitada por la Fiscalía de dicha audiencia el pasado 1 de junio. Los jueces comunicaron esta decisión ya hace algunos días a la delegación española en Eurojust, La Haya.
Wolfgang Schomburg y su hijo Sören, responsables de la defensa de Puigdemont, presentaron la noche del pasado martes, día 26 de junio, su escrito de 81 folios de respuesta a la solicitud de la Fiscalía de Schleswig-Holstein.
Pero el pasado lunes, día 25, y  el martes 26, el magistrado Llarena envío nuevos documentos sobre el delito de malversación a la citada Audiencia. Entre los documentos está la carta del 27 de abril del exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, al Tribunal Supremo, a requerimiento de Llarena.
Dicho documento no fue enviado espontáneamente por Llarena. Ha sido a requerimiento del tribunal alemán, el que ha atendido a su vez una petición del letrado Schomburg. Además, el magistrado instructor del Supremo envió al tribunal toda la documentación que hizo llegar Hacienda al Supremo, el equivalente de 38 megabytes.
La defensa de Puigdemont, a su vez, dejó constancia de una reserva: habiendo presentado ya su escrito (el pasado martes, día 26) no había tenido oportunidad de estudiar el nuevo material cursado por Llarena. Por tanto, si el tribunal tiene en cuenta esos documentos tendrá que dar trámite a la defensa de Puigdemont para pronunciarse sobre ellos.
Los jueces ya han superado el plazo standard de 90 días -Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo al cruzar la frontera entre Dinamarca y Alemania- para pronunciarse. Pero la complejidad del caso, según han informado a España a través de Eurojust, y el hecho de que el magistrado Llarena haya enviado nuevos documentos fuera de plazo exige una prórroga del límite de tiempo tasado.