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Conchita Viera es la hija de un alcalde asesinado en Valencia de Alcántara en 1936. Su familia lloró en silencio el crimen y el posterior rechazo social: la madre de Conchita nunca más volvió a salir a la calle. Hoy Conchita lleva en la mano un proyecto aprobado por el Gobierno para recuperar sus restos. La ampara también la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo no puede llevarlo a cabo debido a algo tan burdo, pero todavía increíblemente poderoso: la negación de la dueña de la finca donde se encuentran los restos.
La familia Viera sigue sin verdad, sin justicia y sin reparación. Pero la dignidad de Amado Viera Amores es la memoria democrática de todos.
La vida no está fácil para la mayoría. Quienes asientan el Estado en algo que sucedió hace más de treinta años, quienes hablan de una transición política y social en nuestro país, no se dan cuenta de que tantos años hace que enterraron a Franco como los que el Dictador estuvo en el poder. Es mucho tiempo como para seguir argumentando en base a una conciliación nacional que, por otra parte, siempre será una burda mentira mientras las cunetas sigan llenas de personas desaparecidas, sin derecho a ser enterradas dignamente.
Viera, otro republicano víctima de su época
El 25 de septiembre de 1936, un grupo de falangistas fue a buscar a Amado Viera Amores con la excusa de que les acompañase a la Inspección de Policía, en la ciudad de Cáceres. Pero no era más que una burda mentira. Otra más. La realidad es que le detuvieron ilegalmente, le secuestraron, le fusilaron y le desaparecieron. Le sacaron de su casa, le subieron a un coche, le llevaron a Cuadrillas de Arriba, una finca sita en el mismo municipio en el que vivía, y, junto a otras doce personas (cifra que no podrá ser comprobada con exactitud hasta que no se acceda a los restos de la fosa), fue asesinado. Tiraron los cuerpos al interior de la mina Terría, dentro de la finca. Han pasado casi 77 años desde ese día, y los cuerpos de los asesinados continúan allí.
El silencio que provoca el miedo
“Las supuestas responsabilidades políticas se extendían hasta 1934 y pasaban de padres a hijos. Todavía hoy no se ha podido tener acceso a todos los archivos.”
Pero lo más sorprendente de esta Ley franquista, lo más jodidamente desquiciante, era su carácter retroactivo: las responsabilidades no solo se referían al periodo en guerra, sino que se extendían hasta octubre de 1934. Y no es eso todo. Los supuestos delitos políticos eran transmisibles por herencia, de manera que si el encausado se encontraba ausente o fallecido, la responsabilidad del pago de las multas o de la confiscación de los bienes recaía sobre los familiares del sancionado. La LRP dejó de aplicarse por Decreto-Ley en octubre de 1969, que también hacía referencia a la prescripción de todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Para los líderes del exilio republicano, las inhabilitaciones y prohibiciones siguieron vigentes hasta 1975, a la muerte de Franco. A fecha de hoy es imposible dar el número de represaliados y depurados por esta ley: aun no se ha podido tener acceso a todos los Archivos de Responsabilidades Políticas de la Audiencia y los Militares.
“La dueña de la finca le dijo a Conchita que lo que ella debía hacer era rezar. Su negativa fue denunciada por la ARMHEX en el 2009″
Conchita Viera Nevado, delante de la finca que todavía no puede atravesar | Fotografía: AITOR FERNÁNDEZ
“La Junta de Extremadura no ha movido pieza para que avance el trámite del expediente de ocupación forzosa, amparado por la Ley de Memoria Histórica”
Desprotección jurídica de las víctimas
“El Estado no ha asumido como labor propia las tareas de protección y defensa de la memoria democrática”
“El ayuntamiento de Valencia de Alcántara considera “política” poner una calle con el nombre de Amado Viera”
Ni verdad, ni justicia, ni reparación
Y no les falta razón, como nos dice José Manuel Corbacho. Porque las exhumaciones se hacen hoy por política, de la misma manera que las fosas no se abrieron antes por política. «Lo cierto es que la política posibilita, o no, la investigación de aquellos crímenes». Desde el inicio de la Guerra Civil, son casi 77 años de política de silencio, de ignorancia activa, de lo que algunos han decidido lo que conviene y lo que no a la ciudadanía en cuanto a la recuperación de nuestra memoria reciente. «Los mismos que se alarman y descalifican las exhumaciones son los que se quitan de encima el asunto diciendo que esto divide a los ciudadanos»
Que los familiares de los asesinados se hagan visibles en primera línea provoca desconcierto y conmoción, y más cuando nos topamos con un caso como el de Amado Viera, un caso en el que confluyen lo absurdo llevado al extremo con la herencia recibida de una etapa negra en la que dominaba la implantación del miedo, la represión brutal y el extremo abuso de poder por parte de los verdugos. Conchita solo pide ayuda. Ayuda para recuperar una parte de su historia. Su padre. Historia que también es nuestra. «Si a mí nadie me ha pedido perdón, ¿cómo voy a perdonar? Deseo con todas mis fuerzas sacar a mi padre de ahí. Y lo haría por cualquiera, es una cuestión de conciencia, una satisfacción de tranquilidad: saber que no están tirados como si fueran bichos»
«Que no se nos olvide», dice Corbacho: «fue por política por lo que asesinaron al padre de Conchita. Y también a las otras personas que están en la fosa de la mina en Cuadrillas de Arriba». Y eso abre otra pregunta, que apunta el mismo Corbacho, y cuya respuesta sería uno de los pilares sobre los que se asentaría la restitución de la memoria democrática: «¿Quién se lo va a decir oficialmente a Conchita y a sus familiares?»
Publicado por Memoria Histórica Cartagena en 23:39
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Etiquetas: Memoria Histórica, Represión
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