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Es fundamental que la reforma política de la Ciudad de México abra espacios de reflexión reales, en donde se puedan conocer los alcances de esta reforma en la vida cotidiana, el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso al derecho al agua, etc., pero sobre todo que fortalecezca a sujetos de derechos.
03 de marzo de de 2016
La dignidad en nuestras manos
Actualmente en la Ciudad de México (CDMX) se están construyendo desde la sociedad civil y en el marco del ejercicio del derecho a la participación, experiencias y reflexiones en torno a la reforma política. Es importante conocer algunas de las implicaciones de esta reforma aprobada en abril por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados en diciembre del 2015.
El DF pasa a ser CDMX, con autonomía en su gobierno, organización política y administrativa.
La Asamblea Legislativa será el Congreso de la CDMX y estará conformada por 66 representantes.
Las 16 delegaciones serán ahora demarcaciones territoriales con un alcalde y un concejo.
El Jefe de Gobierno será el Ejecutivo Local y los Jefes Delegacionales, Alcaldes.
La CDMX seguirá siendo la capital del país y la sede de los tres poderes
El Legislativo aprobará el presupuesto y asignaciones.
El Ejecutivo Local nombrará a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX sin el aval del Presidente de la República.
Se crea una Asamblea Constituyente, la cuál será la responsable de aprobar la Constitución antes del 31 de Enero del 2017. Las personas que formen parte de este constituyente no recibirán un sueldo, pero el establecimiento y funcionamiento requiere una infraestructura para su funcionamiento.
Años atrás de las aprobaciones mencionadas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y personas especialistas[1] realizaron acciones de incidencia política y con actores claves tomadores de decisiones; promovieron espacios de reflexión en donde posicionamos la libre determinación y la participación en la reforma y demandamos: 1) conformar una Asamblea Constituyente Ciudadana con especialistas en diversos temas y sectores de la población, para elaborar la carta magna, 2) participar en el diseño de la Constitución, lo que implicaba que el proyecto pudiera ser elaborado por el jefe de gobierno y la constituyente, a través de la iniciativa popular, 3) que este ejercicio de soberanía fuera el preámbulo de la definición inscrita en nuestra Constitución,4) respetar los derechos de las personas trabajadoras que están al servicio de los Poderes de la Ciudad y, 5) retomar el contenido de la Carta por el Derecho a la Ciudad y el Programa de Derechos Humanos.
Actualmente este grupo, conformado por cerca de 40 referentes, estamos trabajando con acciones de incidencia política y con un mayor empeño en el diseño y construcción de principios y contenidos para la Constitución. Estamos convencidas y convencidos que este pacto deberá contener los principios básicos de DDHH, las obligaciones del Estado, y sobre todo mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, principios fundamentales como el de la igualdad y la no discriminación, que incluya de manera transversal la perspectiva de género y que permita afianzar una política de igualdad sustantiva y el fortalecimiento de la cohesión social.
Una vez que la reforma fue aprobada, se establece por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el grupo de notables, conformado por personas defensoras de derechos humanos y expertas en los temas de Ciudad, y el Instituto Nacional electoral lanza la convocatoria, la cual es un “palo encebado” sobre todo para las candidaturas independientes. Frente a esto, el trabajo de sociedad civil se ha planteado y fortalecido hacia distintas reivindicaciones.
Entre los diversos ejercicios de participación están los espacios conformados por actores que se oponen a la reforma, ya que tanto en forma como en fondo privilegia a ciertos partidos y carece del componente ciudadano. Por ejemplo el movimiento Todxs somos Constituyentes que han diseñado y preparado espacios para y desde la sociedad con la finalidad de analizar y reflexionar sobre el tema y su participación.
Otra vía es la preparación de candidaturas independientes, que a pesar de los obstáculos que establece el INE, han logrado inscribirse. La primera planilla de candidaturas independientes articuladas en “Tú Constituyente. Colectivo Independiente” es un ejemplo.
Lo importante es que, independientemente de la fórmula de participación y estrategia, las personas, organizaciones y colectivos estamos ejerciendo el legítimo derecho de quienes habitan en un país: la participación política, el cual se mira como un mecanismo de exigibilidad del pleno cumplimiento y garantía de derechos, indirecta o directamente, y como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad más participativa en la cimentación de un país democrático, que a su vez forma parte del derecho a defender derechos.[2]
Los pendientes y retos son diversos; por ejemplo la actual administración de la CDMX tiene como obligación informar, principal pero no exclusivamente, a la sociedad que vive y/o transita en ella, sobre alcances e implicaciones de esta reforma. No basta con la colocación de pósters en transporte público o en algunas plazas, despidiendo al DF y saludando a la Ciudad de México, como si se tratara del cambio de horario o de un nuevo programa social. Es fundamental que se abran espacios de reflexión reales, en donde se puedan conocer los alcances de esta reforma en la vida cotidiana, en el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso al derecho al agua, etc., pero sobre todo fortalecer a sujetos de derechos y no a objetos de políticas muchas veces privatizadoras y asistencialistas.
Como sociedad civil, tenemos el reto de lograr confluencias, de ubicar el punto en donde todas y todos tenemos un acuerdo, este acuerdo puede ser la elaboración de un Pacto (constitución) a favor de las personas que viven y transitan por la Ciudad, en donde se privilegie la seguridad humana sobre los intereses económicos y políticos, y se ponga un alto a la corrupción e impunidad.
* Melissa Vértiz Hernández es Coordinadora General del Centro Vitoria.
[1] Derechos Plenos, Capital Soberana, Frente Amplio Social Unitario, el Frente Popular de la Cd. de México, el Movimiento Nacional de Poder Popular, y la Promotora Ciudadana por una Reforma Política Democrática y el Centro Vitoria, entre otros.
[2] Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la (), A/RES/53/144, ONU Ginebra, Suiza,  8 de marzo de 1999.
Consultar en Animal Político.
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