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Los abogados y el Ciadi
Defender los intereses nacionales es un deber de todos, incluidos los gobernantes. Esos intereses están ligados con el progreso y el bienestar general. La inversión, debidamente regulada, es uno de los instrumentos para alcanzar esos objetivos.
Algo que resulta tan obvio parece estar hoy controvertido si se observa el clima de velada hostilidad que se ha instalado respecto de los abogados que defienden a empresas que han iniciado juicios contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial).
La defensa del Estado en esos pleitos está a cargo de la Procuración del Tesoro, organismo que goza de merecido prestigio, y de abogados extranjeros contratados para este fin. Del lado de las empresas actúan también abogados argentinos y extranjeros.
Todos los profesionales involucrados tienen el inclaudicable deber de defender con responsabilidad y sensatez los intereses que les han sido confiados.
La quiebra de nuestro sistema jurídico, por la crisis de diciembre de 2001, y las medidas económicas que los sucesivos gobiernos implementaron para intentar superarla están hoy en el tapete como producto de estos pleitos. El abrupto cambio que entonces se introdujo en las reglas de juego importó la modificación unilateral de los contratos de las empresas privatizadas con el Estado, lo que produjo a aquéllas graves consecuencias económicas y financieras.
El Gobierno ha mostrado su desagrado por la existencia de estos pleitos ante el Ciadi y pretende que las empresas suspendan o desistan de sus reclamos. En tanto, se van sucediendo diferentes hechos, desde la celebración de acuerdos con algunas empresas hasta la emisión del primer pronunciamiento arbitral, que acogió parcialmente una demanda y condenó al país a pagar a la empresa una importante indemnización.
Será interesante para todos observar el debate doctrinario que causará, seguramente, este precedente. El objetivo del Gobierno es recuperar la jurisdicción nacional sobre estos conflictos, en los que ve un intento inaceptable de que la política económica del país sea juzgada por tribunales arbitrales extranjeros.
En esa línea se ha anunciado la intención de plantear recursos ante el propio Ciadi. Una vez agotada esa vía, el país discutiría ante nuestros tribunales la constitucionalidad de los laudos y del sistema mismo del Ciadi.
Llegados a este punto, es preciso reflexionar sobre el delicado camino que la Argentina tiene que recorrer, en el que, por un lado, si quiere recuperar la confianza de los inversores nacionales y extranjeros debe mostrar una clara voluntad de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido y de robustecer la seguridad jurídica. Por otro lado, no es menos cierto que el país tiene el derecho y el deber de defender sus intereses, agotando todos los medios legales a su alcance.
¿Cómo se concilian estos dos objetivos? Todos los actores deben hacer esfuerzos para comprenderse, evitando radicalizar sus posiciones. En ese camino de entendimiento urge que el Gobierno afronte decididamente un proceso de conciliación de los intereses en conflicto.
Los objetivos de una política nacional en materia de servicios públicos deben compatibilizarse con los intereses de las empresas prestadoras, en el marco del respeto de la ley y la equidad. Es igualmente imprescindible que las empresas actúen con flexibilidad y teniendo en cuenta los sacrificios que viven los argentinos.
Bajo el imperio de la ley, con transparencia y resguardando los intereses esenciales de la Nación, podremos recibir nuevos aportes de capital productivo y acelerar el paso en el camino del crecimiento y en el postergado deber de distribuir equitativamente sus beneficios.
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