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El Proyecto Integral Morelos es una estrategia articulada desde el gobierno para el despojo sistemático y estructural del territorio, de la cultura, de las formas de convivencia comunitaria, de los usos y costumbres, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de Tlaxcala.
09 de abril de de 2015
La dignidad en nuestras manos
“Durante décadas los pueblos del volcán Popocatépetl hemos combatido la codicia y la ambición de los poderosos. Los campesinos de estas tierras hemos resistido durante generaciones la constante agresión hacia nuestras formas de organización, historia y cultura. Y así, como hace tiempo, hoy nos vemos enfrentados y luchando nuevamente contra los megaproyectos promovidos por el neoliberalismo y su dinero, pero también contra los gobiernos que fomentan sus intereses…”
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTAMPT)
Por más de 4 años las comunidades, pueblos indígenas y campesinos de Tlaxcala han resistido y luchado ante las amenazas latentes de ser privados de sus territorios, de su libertad y hasta de su propia vida, por no ceder ante la construcción y operación del Gasoducto Morelos, el cual forma parte del denominado “Proyecto Integral Morelos”.
Este proyecto es desarrollado en el marco de la reciente reforma energética, y consta de dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan a base de gas natural (gasoducto) y de vapor (acueducto), que impacta en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, 24 municipios y más de un ciento de comunidades.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) funge como responsable del proyecto, así como empresas privadas contratadas por las trasnacionales españolas ELECNOR y ENAGAS y la italiana BONATTI, concesionarias del gasoducto.
Omisiones y engaños por parte de CFE
Los habitantes de las comunidades pertenecientes a los tres estados refieren que nunca fueron consultados, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serían afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011. Así mismo, CFE omitió informar a la población en general los detalles y riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará más de 9 mil millones de litros de gas metano diariamente.
El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) advirtió a la CFE y a la Comisión Reguladora de energía (CRE) sobre los riesgos que implicaría el proyecto, pues el ducto pasaría por una zona peligrosa por derrumbes gigantes ubicada en el flanco sur del volcán; 23 kilómetros del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado de flujos volcánicos, así como78 kilómetros dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro lo calificó de significativo. Sugirió la realización de mayores estudios especializados, los cuales nunca se hicieron y aun así la obra está autorizada.
Además, el Centro Universitario de Prevención de Desastres (CUPREDER) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla manifestó que los distintos trazos del gasoducto cruzan por la zona considerada como de peligro eruptivo. La instalación del megaproyecto incentivaría además en la región el crecimiento inmobiliario, urbano e industrial, violentando lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del territorio del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia del estado de Puebla. Esta situación pondría a un mayor número de población en riesgo.
A su vez, el Instituto de Geofísica de la UNAM ha externado su preocupación sobre el tratamiento que se ha dado a las estimaciones del riesgo volcánico, ya que no creen prudente minimizar los peligros que el Volcán Popocatépetl pudiese ocasionar. Agrega que no parecen haberse considerado de manera exhaustiva los posibles flujos de lodo o lahares y su impacto destructivo ya mostrado, como la ruptura y explosión de un poliducto de hidrocarburos de PEMEX, cuyas consecuencias fueron catastróficas para la población de Balestrera, al pie del Volcán Pico de Orizaba en 2003.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció que la zona es de alto potencial arqueológico, y que en el trazo del gasoducto se encuentran un estimado de 92 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de los cuales 7 de ellos pudiesen sufrir algún tipo de afectación directa o indirecta en el estado de Tlaxcala.
Con tal de que las comunidades cedan su patrimonio cultural y comunitario, CFE se ha valido de engaños, presión y amenazas, pues ha enviado personas a sus hogares para tratar de hacerlos firmar cartas de anuencia para la concesión de servidumbres de paso, amenazándolos que de no hacerlo acudirá el ejército y fuerza pública a obligarlos a ceder sus tierras y derechos.
Los pueblos se han organizado y realizado peticiones a las autoridades federales y estatales pero han hecho caso omiso; denunciaron el uso ilegal de la fuerza policiaca y militar para intentar callarlos e imponer las obras, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e interpusieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismos que siguen en trámite.
¿Por qué oponerse al Proyecto Integral Morelos?
El Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Social A. C., organización de la sociedad civil en Tlaxcala que da acompañamiento al caso, refiere que el Proyecto Integral Morelos solo busca ampliar la red del sistema nacional de gasoductos, fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural, con el fin de producir energía eléctrica fundamentalmente para la industria, a costa de la vida de los pueblos.
Además de la ilegalidad y ausencia de transparencia del proyecto, el procedimiento de licitación, adjudicación de contratos, permisos y autorizaciones otorgados han sido oscuros y no cuentan con fundamento jurídico.
Señalan que el acceso a la información pública en varias ocasiones ha sido negada en primera instancia por considerarse “reservada”, situación que aunque ha sido revertida en procedimientos de revisión, se imposibilita en los hechos por sus altos costos (más de cincuenta mil pesos); además, la información es negada por considerar que este derecho fundamental de los pueblos pone en riesgo la seguridad nacional.
El PIM es una estrategia articulada desde el gobierno para el despojo sistemático y estructural del territorio, de la cultura, de las formas de convivencia comunitaria, de los usos y costumbres, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de Tlaxcala. Implica una serie de violaciones a derechos humanos que a lo largo del proceso de implementación se han ido agravando, llegando al punto de la negación permanente de acceso a la justicia en los tribunales nacionales y a la criminalización de la oposición y resistencia de las comunidades.
Pese a todos los esfuerzos, en las últimas semanas la población ha visto y escuchado que la maquinaria está cada vez más cerca de las comunidades por donde se tiene planeado pasar dicho proyecto; ante ello no ha habido reacción alguna de autoridades locales ni federales para intentar frenar ese despojo, incumpliendo así con su deber constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus pueblos.
Por ello los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de Tlaxcala hacen un llamado urgente de solidaridad a los pueblos de México y del mundo, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los organismos, organizaciones y movimientos internacionales para mantenernos atentas y atentos sobre la probable entrada de la maquinaria a sus territorios; que se difunda a nivel nacional e internacional su problemática y, en caso de conflicto, nos constituyamos como observadores para evitar mayores violaciones a sus derechos humanos.
* Miguel Concha Malo es Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C.  El texto fue elaborado con información del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Social A. C.
Consultar en Animal Político.
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