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Amigos bien informados de Barcelona me aseguran que el Gobierno central hará pronto una oferta a la Generalitat para detener o reconducir la consulta del 9 de noviembre. Esta oferta podría consistir en aceptar una consulta con una pregunta diferente, que no sería sobre la independencia sino sobre la apertura de negociaciones para ampliar la autonomía o, incluso, para que Catalunya fuera un Estado, sin precisar si independiente o no. Un movimiento de este tipo sería bastante lógico. El Gobierno cortaría así una deriva que actúa a favor del independentismo, apostaría a dividir el frente soberanista y evitaría que se le pudiera acusar de negarse a negociar. Pero me parece que esto es solo lo que mis amigos querrían, wishful thinking, y que el Gobierno no moverá un dedo, al menos de forma abierta, hasta el 9 de noviembre o incluso hasta después de las elecciones generales, o que si lo mueve será con una oferta muy limitada, solo para que nadie pueda decir que no lo ha hecho.
Pienso esto -y me gustaría equivocarme- por varias razones. La primera es que el Gobierno, si se sienta a negociar de verdad, tiene mucho que perder y poco que ganar. Puede dividir el frente soberanista, ciertamente. Puede evitar una consulta sobre la independencia que, de todos modos, puede detener recurriendo al Tribunal Constitucional. Puede negociar con Mas en vez de tener de interlocutor -si los sondeos no yerran- a Oriol Junqueras. Pero a cambio se arriesga a perder el apoyo de muchos votantes, que le acusarían de ceder al chantaje catalán.
Mientras haya elecciones a la vista, al Gobierno le conviene más mostrar firmeza, para reforzar y movilizar su base electoral. El 9 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Si la consulta no se celebra, es posible que haya elecciones autonómicas. Si no, la incógnita es cuánto tiempo podrá esperar el presidente Mas para convocarlas. En todo caso, enseguida vendrán las municipales, en mayo del 2015, y en otoño las generales. Esto quiere decir que habrá elecciones a la vista permanentemente.
La polarización entre el soberanismo y el anticatalanismo anula al PSC -como se está viendo- y obliga al PSOE a jugar a la defensiva. Esto favorece al PP y le allana el camino hacia la victoria en las próximas elecciones generales, sobre todo si la economía mejora un poco. Desde un punto de vista electoral, pues, mientras la polarización esté controlada al Gobierno no le conviene moverse.
Además, ¿qué puede negociar? Mas ya se ha comprometido a convocar la consulta. Las fuerzas políticas soberanistas han decidido la fecha y la pregunta. Visto desde la óptica gubernamental, todo esto es ilegal y sentarse a negociar con el melón de la ilegalidad abierto encima de la mesa deja al Gobierno a la intemperie. Para el Gobierno es mejor jugar la carta de esperar, que es lo que está haciendo. Esperar a ver si suena la flauta y las fuerzas políticas catalanas se anulan entre sí. Si no hay consulta, la discusión sobre la fecha de las elecciones plebiscitarias dividirá a los partidos soberanistas. Luego, las elecciones les obligarán a competir por los escaños.
Suponiendo que esto no haga descarrilar al frente soberanista, al Gobierno todavía le sale a cuenta esperar a ver si de verdad el independentismo es mayoritario. Con los resultados de las elecciones europeas en la mano, no está claro. En todo caso, suponiendo que en unas elecciones plebiscitarias el independentismo ganara, al Gobierno todavía le quedaría la carta de adelantar las generales. El argumento es fácil: los catalanes se han pronunciado, de acuerdo, pero nosotros creemos que quienes deben pronunciarse son todos los españoles. Votemos y a ver qué pasa. Serían también unas elecciones plebiscitarias. El PP se presentaría envuelto en la bandera y tendría muchas posibilidades de ganar.
Además, como en las elecciones generales el voto catalán suele ser ligeramente diferente, la situación podría cambiar. No sería la primera vez. Si el frente soberanista promoviera la no participación, la victoria de los no soberanistas sería segura. El resultado podría ser una gran confusión. En todo caso, pasara lo que pasara, si el Gobierno ganara las elecciones estaría en mejores condiciones para negociar. Caso de confirmarse la victoria del independentismo en Catalunya, podría decir a sus votantes: esto es lo que hay, señores. No hay más remedio que negociar. Con cuatro años por delante, el coste sería mínimo. En todo caso, el Gobierno podría negociar desde una posición mucho más fuerte que ahora. O quizás ya no sería necesario.
Es triste porque todo esto no juega a favor de una salida civilizada, pero creo que los llamamientos a la negociación serán en vano, que la tensión continuará aumentando y que nos espera un largo ciclo electoral dominado por la cuestión catalana.