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El domingo 13 de diciembre de 1998 la comunidad de Santo Domingo, Arauca fue víctima de una masacre perpetrada por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional quienes después de sobrevuelos realizados desde tempranas horas de la mañana, bombardearon el poblado a pesar de que allí solo se encontraban civiles en el desarrollo de sus actividades cotidianas, la población recibio un cluster (granada rácimo) que produjo un asesinato masivo, esta fue lanzada dentro del marco de la operación Pantera II, que se llevo a cabo contra las FARC.
En este hecho fueron asesinadas 17 personas (11 adultos y 6 menores de edad) y 27 más quedaron heridas; mientras la gente de la población intentaba correr por sus vidas se continuó el ataque con ametrallamientos, lo cual, dejó el lugar en total abandono por varios días, desplazando forzadamente a 300 sobrevivientes, en los que se realizaron saqueos a los establecimientos comerciales, ingresos ilegales a las viviendas y hurtos.
A partir de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía en el año 2000 se reabrió el caso, el cual,  ya se había cerrado en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, una vez se desarrollo el proceso correspondiente se emitió una condena en 2009 de 30 años de cárcel a los oficiales que encabezaron el operativo el capitán César Romero y al piloto y teniente Johan Jiménez, posteriormente, se dicto medida de aseguramiento al coronel Sergio Andrés Garzón Vélez y al Mayor Germán Lamilla.
Debido a la negligencia con la que se llevo el proceso, la falta de una investigación rigurosa y profunda sobre las demás personas involucradas en el caso, junto a la identificación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de forma completa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar el caso ante la corte Interamericana en el año 2011 cuando habían pasado 13 años desde el hecho.
En noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos humanos emitió su sentencia donde declaró “responsable internacionalmente al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo. Del departamento de Arauca en Colombia” y ordenó al Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de los hechos, publicar la sentencia de la Corte Interamericana, brindar tratamiento integral en salud y entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales que causo en las víctimas.
Las víctimas reconocidas son: Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Oscar Esneider Vanegas Tulibila (13), Geovani Fernández Becerra (16); las niñas Egna Margarita Bello (5), Katherine Cárdenas Tilano (7); y Levis Hernando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Yolanda Rangel, Rodolfo Carillo Mora, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo, Arnulfo Arciniegas Velandia y Luis Enrique Parada Ropero.
Hasta el 2017, el gobierno colombiano, por medio del ministro de justicia Enrique Gil Botero pidio perdón de forma pública, sin embargo, aún se espera que se siga haciendo reparaciones a la población y se den las garantias pertinentes para las victimas, puesto que, los hechos fueron conocidos pero son impunes en cuanto a que la masacre se dio con presunta participación  de la compañía de seguridad Airscan contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum Company (Oxy) y Ecopetrol, donde, antes de lo ocurrido ya se había registrado una violación de derechos humanos, entre las dinamicas economicas y de conflicto armado en Arauca, es decir, entre los actores armados y la producción de petroleo.
Víctimas de la masacre de Santo Domingo en la Memoria
Víctimas de la masacre de Santo Domingo Sin Olvido.
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