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Venezuela: ONU publica informe sobre el control criminal de la region minera y sobre temas de la justicia en general – Red Venezolana de OSC
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julio 15, 2020 Sinergia Comunicaciones
GINEBRA (15 de julio del 2020) – Las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, según un informe publicado el miércoles por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección», dice el informe. El informe detalla cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.
Debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela, la migración interna hacia la región minera ha aumentado dramáticamente en los últimos años, con trabajadores que se dedican a la mano de obra informal para llegar a fin de mes para ellos y sus familias.
Los mineros trabajan turnos de 12 horas, descendiendo en pozos profundos sin ninguna protección. Se les exige que paguen alrededor del 10-20 por ciento de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas, y un 15-30 por ciento adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.
Las mujeres también están involucradas tanto en la minería como en otros trabajos relacionados. Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.
Los entrevistados informaron que castigos severos se infligen a aquellos que no cumplen con las reglas impuestas por los grupos criminales: además de palizas severas, tales castigos incluyen recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos. Los relatos de testigos describen cómo los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros. La violencia también proviene de disputas sobre el control de las minas. Sobre la base de un análisis de fuentes abiertas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó 16 de este tipo de disputas en los últimos cuatro años que supuestamente causaron unas 149 muertes. Presuntamente, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en algunos de estos incidentes.
«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», dijo la Alta Comisionada de la ONU para Derechos humanos Michelle Bachelet.
“Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos ”, agregó.
Las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento. Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería, son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas.
Ambos grupos también se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio. El mercurio se usa ampliamente en la región para separar el oro de otros minerales, y los trabajadores y las personas que viven en la zona respiran los gases tóxicos creados durante el proceso. También se vierte en el suelo y se filtra en los ríos.
La minería ilegal también afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.
El informe también examina cuestiones sobre la justicia en general en Venezuela y describe cómo la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales.
Esta situación ha afectado gravemente la capacidad del poder judicial de actuar de forma independiente para proteger los derechos humanos, y está contribuyendo a la impunidad. A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género.
«Hago un llamado al gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «, dijo Bachelet.
«También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia», agregó. «Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosada y revictimizada por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».
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