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El Gobierno central está diseñando el programa UNICO-Demanda Rural para hacer llegar el Internet de alta velocidad a las zonas rurales remotas donde los operadores de telecomunicaciones no han desplegado todavía sus redes por el escaso interés comercial que tiene para las mismas, como sucede en muchos lugares de la provincia de Teruel. Para ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado una consulta pública sobre las bases reguladoras de estas ayudas, que permanecerá abierta hasta el 9 de junio.
El programa UNICO-Demanda Rural está dotado con 73,3 millones de euros de fondos europeos y se aplicarán en todo el territorio nacional con el objetivo de extender la banda ancha ultrarrápida, de al menos 100 Mbps, en zonas rurales y remotas en donde los operadores no han realizado el despliegue de sus redes.
En el proyecto de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas, y que se encuentra en consulta pública, se incide en que las comunicaciones de muy alta velocidad “dan acceso a oportunidades económicas, culturales, sociales y personales, fomentan el surgimiento de nuevos modelos de negocio y de prosperidad y bienestar, siendo uno de los factores que ayudan a fijar la población, contribuyendo a vertebrar el territorio venciendo las distancias”.
Falta de acceso a servicios
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos observa que la falta de acceso a estos servicios “puede llegar a impedir la continuación de la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, convirtiéndose en un nuevo factor de desigualdad”.
Desde el Gobierno central se han lanzado hasta la fecha varios programas de ayuda para extender la banda ancha, con especial incidencia durante los últimos años para reducir la brecha digital en España.
No obstante, tal como reconoce el ministerio en las bases del programa UNICO-Demanda Rural, “siguen existiendo determinadas zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, que aún no disfrutan de una cobertura adecuada de servicios terrestres de banda ancha de alta velocidad, como pueda ser la población en diseminado, o zonas concretas de determinados núcleos donde los operadores no han realizado los despliegues de sus redes y no disponen de ofertas de servicios de banda ancha comparables a los que contrata la mayoría de la población”.
En estas zonas, reconoce la Administración central, los ciudadanos y empresas solo pueden acceder a este tipo de servicios con un sobrecoste sobre los precios. Además, disponer de servicios de acceso de banda ancha a estas ubicaciones suele tener el handicap de tener que soportar costes asociados al alta como los vinculados a la adquisición de equipamiento de usuarios, su instalación y puesta en funcionamiento, que son superiores a los de las ofertas que habitualmente contrata la mayoría de los usuarios en otras ubicaciones.
Para superar estas barreras, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  considera que la mejor forma de hacerlo es ayudar a reducir el coste de estos servicios, financiando los costes asociados al alta, para que así tanto las empresas como los ciudadanos no se vean perjudicados.
Para reducir la brecha digital y contribuir a la meta de alcanzar el 100% de la población con conexión de banda ultrarrápida en 2025, el Ministerio de Asuntos Económicos ha planificado el lanzamiento de esta convocatoria de ayudas que interviene a dos niveles, el mayorista y el minorista. En el primer caso, el operador beneficiario de la subvención encargado de configurar una plataforma de recursos de red suficientes para prestar el servicio, habrá de aplicar a los operadores minoristas que accedan a la misma un precio máximo igual al del servicio regulado.
Por otra parte, en el segmento de la demanda, a nivel minorista se establece un precio máximo que garantice hacer asequible la tarifa mensual que satisfacen los usuarios al tiempo que se subvenciona el 100 por ciento de los costes asociados al alta del servicio.
La orden cuya consulta pública se ha lanzado ahora tiene como objetivo, según recoge la misma, alcanzar esa meta de llegar a la totalidad de la población “mediante la regulación y convocatoria de subvenciones destinadas a proporcionar en el periodo 2023 a 2027 un servicio asequible de al menos 100 Mbps en sentido descendente a clientes ubicados en zonas geográficas de todo el territorio nacional en las que aún no exista cobertura con tecnología terrestre (fija o móvil) a 100 Mbps. Además, la orden precisa que estas zonas se revisarán anualmente, de modo que a medida que avance el despliegue de redes el número de zonas elegibles se irá reduciendo progresivamente.
El programa está financiado con fondos europeos Next Generation UE y Feder, puesto que la universalización de las infraestructuras digitales es uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Agenda España Digital.
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