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La vida de las mujeres y de las personas TLGBIQ está hoy en sus manos. En las últimas décadas, lxs ciudadanxs peruanxs hemos sido testigos involuntarios de la ola de feminicidios, violencia doméstica intrafamiliar y crímenes de odio que azotan diariamente la vida, los derechos fundamentales y nuestro porvenir como nación. En respuesta, hemos presenciado como una ciudadanía entera –que incluyó las veinticinco regiones del país de forma simultánea–, se puso en pie de marcha el 13 de agosto de 2017 bajo el lema: “Ni Una Menos: Tocan a Una Tocan a Todas”. Desde entonces la violencia de género ha sido parte de la esfera pública y se ha reconocido su relevancia como pandemia social.
Así hoy, en el Perú –como en muchas partes del mundo– estamos viviendo dos pandemias, no una. De una parte, la pandemia sanitaria del COVID-19. De otra parte, la pandemia social de la violencia de género. Reconocemos que su gobierno viene tomando las medidas necesarias y radicales para prevenir y enfrentar la pandemia sanitaria. Sin embargo, no calculamos que ésta pandemia -aún bien controlada en Perú-, se traduciría en las cifras de violencia recientemente anunciadas por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro:
5,418 mujeres que llamaron a la Línea 100 solicitando apoyo frente a una situación de violencia de género. Es decir 360 nuevos casos de violencia cada día de la emergencia sanitaria.
528 mujeres y niñas que requirieron acompañamiento directamente del Servicio de Atención Urgente (SAU) pues se encontraban en situación de violencia considerada grave o muy grave.
43 casos de violación sexual (27 son niñas) y 2 feminicidios solo durante el actual período de cuarentena. En el 2020 ya se han atendido 37 casos con características de feminicidio.
A lo señalado por la Ministra Montenegro, debemos recordar que aún en el Perú se produce un aproximado de 4 muertes diarias por el VIH/Sida que afecta fundamentalmente a las comunidades TGLBIQ, especialmente a las personas trans. Del mismo modo, de acuerdo a la data del Ministerio Público, se sabe que el 80% de las agresiones son perpetradas por parejas o ex parejas y que el 60% de los feminicidios ocurren en el seno del hogar.
Celebramos que en sus últimas declaraciones tanto usted, como la Ministra Montenegro, hayan declarado que se debe respetar la identidad de género por encima de lo que diga el DNI. Sin embargo, nos preocupa cómo se va a garantizar el derecho a la identidad de las personas trans en la presente coyuntura, especialmente porque ya han ocurrido hechos lesivos a los derechos y a la dignidad de éstas personas por parte de efectivos de la PNP y de las FFAA. Preocupa que posibles situaciones de abuso puedan ser amparadas por la Ley de Protección Policial, recientemente promulgada por el Congreso de la República y que contraviene nuestros fundamentos constitucionales.
Para contrarrestar en la presente coyuntura la pandemia sanitaria y la de la violencia de género, y teniendo en cuenta el tenor inclusivo de su gobierno, esperamos se pueda tomar en consideración la urgente implementación de las siguientes políticas:
Una política nacional de refugios temporales (RHT) que logren ser espacio de protección para la población afectada por violencia de género y que cuenten con un programa de atención psicológica, incentivos económicos e inserción laboral.
Ley de identidad de género que cuente cuanto antes con un protocolo a implementarse en el contexto de Estado de Emergencia. Esta ley deberá incluir a las personas de género no binario; quienes no se identifican como hombres ni como mujeres.
La ampliación y fortalecimiento de la capacidad de recepción de llamadas de la Línea 100 del MIMP, al mismo tiempo que la PNP y las FFAA faciliten apoyo a las mujeres que requieran transporte y/o estén movilizándose a un lugar de refugio.
La posibilidad de transformar este estigma que todavía padece el pueblo peruano, está en sus manos. Por ello, le solicitamos que la violencia de género sea una prioridad para su gobierno y que se resuelva como lo que es, un estado de emergencia nacional. Ni las miles de víctimas ni la ciudadanía ni la historia social de nuestro país olvidarán ya sea la renuente decisión por enfrentar la problemática de género o su valiente y decidida voluntad por lograr la justicia de este asunto de interés nacional. El derecho de las mujeres y de la comunidad TLGBIQ ante los poderes del Estado, está una vez más en juego hoy.
Frente a un sistema judicial que ha preferido la impunidad a costa de perpetuar la violencia de género, sus declaraciones y afianzada voluntad política representan para las mujeres y miembrxs de las comunidades TLGBIQ afectadas por las terribles secuelas de la violencia, una esperanza que hoy depende de su esforzado trabajo y voluntad política: lograr la justa consideración del caso y su digna resolución.
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