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El derecho (las leyes, la doctrina, los principios, la jurisprudencia, etcétera) es innegablemente un producto social; pero, como todo producto social, no surge en masa de toda la sociedad, sino de un proceso que refleja las diferenciaciones y tensiones de la misma. Es innegable también que el derecho ha sido elaborado tradicional y principalmente desde sectores que han detentado el poder político y económico, el cual se ha ido modificando por la inevitable manifestación de intereses de otros grupos, como los sindicatos, estudiantes o campesinos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son un terreno jurídico que se ha ganado mayormente por movimientos sociales que reafirman y buscan el reconocimiento de la dignidad humana y de condiciones mínimas para vivir una vida digna y justa, es decir, no han sido concesiones gubernamentales sino el resultado de tensiones entre un pueblo cada vez más oprimido y gobiernos cada vez menos transigentes.
En el año que recién concluyó, además de ser testigos de un embate cínico, cruel y progresivamente más contundente contra los derechos y las condiciones de vida digna de las personas, vemos que la defensa de los DESCA resulta estratégica y urgente. Desde una organización como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria vemos con preocupación cómo se va dilapidando de manera acelerada la calidad de vida de las personas.
Las abogadas y abogados de las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos tenido que valernos de herramientas jurídicas que se han diseñado para defender múltiples derechos, pero que en la práctica sirven más bien para obstaculizarlos, o bien hemos tenido que enfrentarnos a imposibilidades de defensa por carecer de herramientas eficaces.
También, muchos de los movimientos sociales y personas víctimas de alguna violación a sus derechos se han visto atadas de manos por la carencia de herramientas jurídicas, por las carencias técnicas de quienes los asesoran, por los entresijos y vericuetos de las figuras jurídicas o por la dificultad léxica que representa el discurso del derecho.
Sin duda alguna, igualmente nos hemos enfrentado a las cargas ideológicas del derecho, a que algunas sentencias son tendenciosas y son expresamente resultado de intereses particulares que no se identifican con los intereses de las comunidades. Esta situación hace que percibamos el derecho como algo que solo sirve a quienes poseen el poder económico y político, un arma de dominación y de opresión, que es ineficaz, inservible, que poco abona a las luchas populares, que poco hace por eliminar desigualdades… En pocas palabras, que el derecho les pertenece a otros.
Ante esta preocupación surge la necesidad de que sean los movimientos, los intereses de los trabajadores, de las madres y padres de familia, de los estudiantes, quienes se apropien del derecho, que lo construyan y le den sus propios contenidos, sus propios significados.
Los DESCA son derechos estratégicos. Su defensa y promoción es un asunto que debe importar tanto a los gobiernos como a la sociedad, puesto que por medio de estos derechos se fincan las condiciones dignas para que las personas puedan vivir de manera armónica, decorosa y justa. Además, al ser derechos que están íntimamente relacionados con la producción material de la vida, son derechos sumamente importantes y, en particular, delicados. Tal vez por esta razón sean los derechos que están detrás de las más variadas luchas y manifestaciones de la sociedad, la cual en su actuar disputa su exigibilidad legal y política, y su defensa judicial (judiciabilidad).
La política de violación, opresión y saqueo ha minado las certezas jurídicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que se traduce en que sea cada vez más complicado exigir su cumplimiento, o exigirlos legítimamente a pesar de las obligaciones estatales de protegerlos, promoverlos, respetarlos y asegurarlos y de que se cumplan bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria estamos conscientes de este contexto y de estas necesidades y urgencias, y hemos pensado en recoger algunas experiencias de académicos, funcionarios, jueces y magistrados, defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y víctimas de violaciones para la defensa de los DESCA, y nos hemos dado a la tarea de elaborar un Manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA que sirva como un paso en esa constante lucha por el derecho y por el reconocimiento de la dignidad de las personas.
Este Manual será presentado este 7 de enero de 2014, y será motivo de mucha alegría para quienes participamos en él, pero también una responsabilidad para su formulación y refinamiento, pues se hizo pensando no en la dinámica que ha seguido el derecho constantemente, sino bajo la idea de que el derecho pueda servir para las causas populares, para las luchas sociales de los excluidos, de los pobres, de los vulnerados sistemática e históricamente.
Sabemos que hay diferentes mecanismos para hacer exigibles los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pueden ser jurisdiccionales (que son los recursos legales establecidos en tratados internacionales, reformas, leyes, reglamentos, etcétera), o no jurisdiccionales (como las marchas, los plantones, las denuncias, el activismo artístico, etcétera).
Todos pueden ser eficaces o combinarse para lograr una defensa integral; quizá algunos grupos sociales han encontrado más capacidad en algunos en comparación con otros; sin embargo, lo que buscamos recoger con este Manual son las herramientas que nosotros vemos más eficaces –o que podemos volver más eficaces– y que sirva como guía, no como la verdad absoluta e inamovible.
El Manual responde a la necesidad de aclarar el derecho, construir otra justicia y reinterpretar o reformular las leyes en favor de los derechos humanos, a favor de las personas que, por siglos, no han sido escuchadas, las personas que han sido el objeto de la depredación y la injusticia.
Los criterios que le dieron origen a este documento son, por un lado, las posibilidades que representa la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011; y por el otro, el reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del llamado “interés legítimo”, que abre la posibilidad de que personas y colectividades reclamen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y demás derechos humanos por la vía del nuevo juicio de amparo, de las acciones colectivas e incluso por el procedimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Esta propuesta del Centro Vitoria incorpora, efectivamente, la estrategia de defensa integral que otras organizaciones como Greenpeace México; Fronteras Comunes, AC, y Colectivas, AC, han desarrollado; las dificultades y dudas, pero también las apreciaciones y experiencia de los movimientos sociales, y víctimas de violaciones a derechos humanos. Se ofrece como una herramienta de defensa para abogadas y abogados, organizaciones civiles y todas las personas que diariamente luchan por reafirmar las dignidades humanas.
Los mecanismos de defensa que se exponen en el Manual invitan a ser reflexionados con el enfoque del acceso a la justicia, que no se limita al acceso a tribunales para dirimir conflictos de derechos, sino en un sentido más amplio que se extiende al acceso a la justicia y dignidad, y que implica contar con condiciones estructurales de acceso a una verdadera justicia, y con los requerimientos de cumplimiento de los derechos humanos, teniendo en cuenta la dignidad de las personas que han sido violentadas históricamente.
La apuesta del Manual sigue siendo que el contenido de los derechos sea construido desde el pueblo, y no solo desde el Estado. Apostamos a que sea una manera de decir que estamos dispuestos a seguir luchando por todas las vías por la justicia y la dignidad. Es una manera de decir que, en esta labor de defensa, lo que nunca nos va a faltar será creatividad y mucha esperanza.
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