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El Gobierno aprueba la distribución territorial de 2.700 millones de euros para Políticas Activas de Empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de 2.700 millones de euros para el Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE 2022), de los que 2.415.153.580 euros son con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 383,4 millones de euros proceden de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El PAPE 2022 cuenta con 729 servicios y programas distintos. De esos, 59 son comunes y 670 propios, y se articulan en torno a la orientación, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y la mejora del Sistema Nacional de Empleo. Las Políticas Activas de Empleo impulsadas por Trabajo tienen cinco objetivos estratégicos, con un enfoque centrado en las personas y las empresas con el refuerzo de los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección en los Servicios públicos de empleo. Para las labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, con 3.000 personas, se han destinado 83.363.580 euros.
Asimismo, el PAPE 2022 impulsa el desarrollo de competencias de personas trabajadoras y empresas en coherencia con la transformación y la modernización productivas, como establece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Del mismo modo, estima la creación de un espacio técnico colaborativo de conocimiento, trabajo e innovación de los servicios públicos de empleo, la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo y la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo (SNE).
Las Políticas Activas de Empleo ofrecieron diagnóstico personalizado a 3.642.836 personas entre 2020 y 2021. De las personas atendidas en 2021, 1.592.805 se emplearon antes de cumplir un año desde su inscripción en los servicios públicos de empleo y de ese total 1.197.851 eran mujeres. Por otro lado, 326.487 demandantes jóvenes con una formación igual o inferior a la ESO se emplearon tras haber recibido alguna atención de formación o de orientación para el empleo, el autoempleo o emprendimiento en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo.
El SEPE publica un nuevo Plan de Medidas Antifraude como entidad ejecutora de los fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha actualizado y publicado el Plan de Medidas Antifraude del SEPE, de conformidad con el compromiso que en este sentido estaba recogido en la versión inicial de dicho Plan.
El SEPE ha dado traslado el Plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional Antifraude que este Servicio Nacional de Coordinación está llevando a cabo en virtud de lo previsto en el apartado 2.a) de la disposición vigésima quinta de la Ley General de Subvenciones.
El Plan de Medidas Antifraude se enmarca en el ámbito de las obligaciones de control de gestión, conforme a la previsión que figura en el PRTR, y se configura como un punto de partida de la estrategia de integridad pública que implementa el SEPE para posibilitar la puesta en práctica, en todos los niveles del organismo, de actuaciones de mejora continua. De este modo, el SEPE se posiciona a favor de la cultura ética, con tolerancia cero hacia la corrupción, lo que redundará en una mejora del control (interno y externo) tanto de los presupuestos públicos, como de los procedentes del presupuesto financiero de la Unión Europea.
Esta segunda versión del Plan de Medidas Antifraude del SEPE se desarrolla en el marco de los Componentes 23, 19 y 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, cuya primera versión fue aprobada por Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Plan de Medidas Antifraude
El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un área técnica cuya misión es analizar la situación, tendencias y necesidades formativas del mercado laboral y propiciar su conocimiento a entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.
Entre sus misiones está la de elaborar informes sobre el contenido de las ocupaciones, sectores de actividad, necesidades de formación y colectivos de interés para el empleo, donde se muestran sus rasgos actuales y su probable evolución.
Entre los últimos informes presentados se encuentra El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal, estudio resultado de la colaboración entre los equipos de trabajo del Centro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal y el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España.
Esta publicación, elaborada de forma ininterrumpida desde 2009, se ha consolidado y pretende ser no solo un aporte al análisis y diagnóstico de los acontecimientos en los mercados laborales en ambos países, sino también apoyar la concepción de propuestas que mejoren su funcionamiento.
Esta edición conjunta, centrada en el año 2020, presenta un panorama comparativo de la situación de los mercados laborales en Portugal y España y analiza la evolución de la movilidad laboral entre ambos países. El estudio ha requerido un análisis en profundidad de las fuentes estadísticas generadas en los dos países ibéricos, con el fin de garantizar la necesaria armonización de indicadores, imprescindible para la presentación de un conjunto de información, a la vez, relevante y común. Para ello se utilizan datos de los Servicios Públicos de Empleo, los Institutos Nacionales de Estadística, la Seguridad Social de ambos países y Eurostat.
El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal
El Boletín Oficial del Estado publica la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional
El pasado 31 de marzo, el BOE publicó la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Esta ley pretende una transformación global del Sistema de Formación Profesional, que, a través de un sistema único de formación profesional, regule un régimen de formación y acompañamiento profesionales, sirva al fortalecimiento y sostenibilidad de la economía, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por el mundo laboral.
La norma se estructura en un título preliminar y once títulos, que, a su vez, se desarrollan en 117 artículos. Asimismo, incluye nueve disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y nueve disposiciones finales.
Esta Ley Orgánica clarifica el complejo sistema de la formación profesional, incorporando las definiciones de los elementos del sistema, aportando comprensión, transparencia y claridad al texto normativo para su precisión y debida seguridad jurídica. Sitúa a la persona como el centro de la ley, que se estructura y ordena al servicio de la ciudadanía y, por extensión, al servicio de la estructura económica y laboral del país.
Se recogen todas las implicaciones que suponen para los diversos órganos: Gobierno, Ministerio de Educación y Formación Profesional, junto con la coordinación en los casos procedentes con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Consejo General de la Formación Profesional, Instituto Nacional de las Cualificaciones. Asimismo, se incorpora a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a la gobernanza del sistema, cuestión novedosa y muy relevante para la transformación que se pretende.
La finalidad de la norma es regular un régimen de formación y acompañamiento profesionales que, sirviendo al fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por las nuevas necesidades productivas y sectoriales tanto para el aumento de la productividad como para la generación de empleo.
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo
Las persistentes y significativas brechas en los servicios y medidas de cuidado han dejado a cientos de millones de trabajadores con responsabilidades familiares sin la protección y el apoyo adecuados, y sin embargo, satisfacer estas necesidades podría crear casi 300 millones de empleos para 2035, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe, Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo, concluye que tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad que no cumple con los requisitos clave del Convenio sobre la protección de la maternidad de la OIT, 2000 (núm. 183).
Más de 1.200 millones de hombres en edad reproductiva viven en países que no tienen derecho al permiso de paternidad, aunque éste ayudaría a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de madres y padres. El informe ofrece una visión global de las leyes, políticas y prácticas nacionales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración. Destaca cómo algunos trabajadores quedan fuera del ámbito de estas protecciones legales. Entre ellos se encuentran los autónomos, los trabajadores de la economía informal, los inmigrantes y los padres adoptivos y LGBTQI+. También se analizan los argumentos a favor de una mayor inversión en cuidados y su posible impacto.
Solo en 40 de los países encuestados las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a ser protegidas contra el trabajo peligroso o insalubre, de acuerdo con las normas de la OIT. Solo 53 países ofrecen el derecho a tiempo libre remunerado para exámenes médicos prenatales. En muchos países también faltaba tiempo libre, seguridad en los ingresos e instalaciones adecuadas para la lactancia.
La necesidad de servicios de cuidados de larga duración para personas mayores y discapacitadas ha aumentado considerablemente debido al aumento de la esperanza de vida y al impacto de la pandemia de la COVID-19 . Sin embargo, el estudio concluye que el acceso a servicios como la atención residencial, los servicios comunitarios de día y la atención a domicilio sigue siendo inaccesible para la gran mayoría de quienes los necesitan en todo el mundo.El informe considera que hay "un fuerte argumento de inversión" para crear un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, que crearía una vía innovadora para construir un mundo laboral mejor y más igualitario desde el punto de vista del género. Según el informe, la inversión en la igualdad de género en los permisos, la atención infantil universal y los servicios de cuidados de larga duración podría generar hasta 299 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035.
Los cuidados en el trabajo
Alta valoración, pero baja participación
En 2010, la UE se marcó el objetivo de conseguir que el 15 % de los adultos participasen en actividades de aprendizaje permanente para 2020. Solo unos pocos Estados miembros cumplieron el objetivo; la media de la UE en 2019 fue del 11,8 %. En 2020 bajó al 9,2 %, principalmente a causa de la pandemia de COVID-19.
En 2019, el Cedefop lanzó una encuesta de opinión paneuropea sobre el aprendizaje de adultos y la educación y formación profesional continua (FPC). La nota informativa Alta valoración, pero baja participación, presentado por Cedefop, analiza los resultados de esta encuesta y ratifica las opiniones positivas de los adultos acerca de la educación de personas adultas y la FPC. También revela que no hay suficientes adultos que participen en actividades de aprendizaje y formación profesional continua, aunque un porcentaje significativo de la población activa adulta, al margen de su sexo, edad, nivel educativo u ocupación, carece de ciertas capacidades. Esto indica que la necesidad de mejorar las capacidades no siempre es una motivación suficiente para que los adultos participen en actividades de aprendizaje y FPC.
La motivación para hacer algo suele estar vinculada a algún tipo de recompensa o beneficio. Cualquier decisión de participar en la educación de personas adultas y la FPC dependerá en parte de lo probable que sea que el participante obtenga los beneficios que espera y cuándo. Según el informe, la ayuda económica, aunque importante, no siempre es una motivación suficiente para participar en el aprendizaje. En consecuencia, como parte de un enfoque centrado en el alumno, las cuentas de aprendizaje individual se deberían integrar con un conjunto completo de otras medidas, en particular orientaciones para facilitar la elaboración de planes de aprendizaje y desarrollo profesional que también se correspondan con las necesidades de los empleadores.