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Fernando Urruticoechea, en un fotograma del documental Corrupción: el organismo nocivo, de Pandora Box TV.
“Están haciendo efectivas las amenazas en la campaña electoral de que me iban a hacer la vida imposible”. Fernando Urruticoechea describe así el acoso al que está siendo objeto. Es el funcionario que más casos de corrupción ha denunciado en España. Desde hace unos años es el solitario interventor del ayuntamiento de Orihuela, en el levante peninsular. Muy a su pesar se ha convertido en el ejemplo de Quijote contra la poderosa ligazón de promotores, partidos políticos y estancias judiciales que ha hecho de un sin fin de municipios españoles el califato de la corrupción. Orihuela, sin ir más lejos, es la cuna del caso Brugal.
Fernando Urruticoechea nunca ha dado su brazo a torcer. Tras escucharle, parece haber una fórmula extraña y macabra que concibo percibir: La intensidad de los ataques que describe son proporcionales a su actitud intransigente de respeto a la ley en las adjudicaciones y contratos.. “La bronca política no va conmigo”, me dice, “pero además me deben respeto institucional como titular del órgano de control del ayuntamiento, una de cuyas funciones es precisamente la de hacerles de guardaespaldas de legalidad”. Alguien quiere, pues, eliminar al guardaespaldas que garantiza la legalidad en los ayuntamientos. Sin testigos, no hay crimen. Es una paradoja a la que la propia realidad corrupta española ha conseguido dar la vuelta: el político que busca el atajo acusa al funcionario honesto de violar la ley.
A Fernando lo acosan noticias diarias en la prensa, amenazas de expedientes, demandas millonarias de empresas relacionadas con adjudicaciones municipales. Todas esas demandas y expedientes hasta ahora han quedado en nada. Sus informes contrarios a arbitrariedades, sus negativas al amaño, han estado siempre ajustadas a la ley. No parece ser esa la batalla, sino el desgaste. Todas esas acusaciones laminan sin duda su moral, además de la salud de Fernando, sometido a dos graves operaciones recientes que le han obligado a coger una baja de ocho meses. Su vuelta al despacho en el ayuntamiento de Orihuela el 9 de noviembre abrió una nueva batería de acusaciones y amenazas en su contra. Hasta ahora, las páginas insidiosas en la prensa o las declaraciones públicas poniendo en duda su trabajo habían salido “gratis”. En la actualidad, Fernando tramita con un abogado penalista sendas demandas contra dos concejales por delitos contra su honor.
Su día a día, al abrir a las 8.00 horas su despacho en el ayuntamiento, y conseguir salir sosegado a su hogar, no es el western entre un utópico y loco funcionario y unos políticos montaraces, como la prensa pretende presentar; tampoco el combate ascético de un protagonista del realismo mágico de la corrupción en un ayuntamiento donde el PP, por otro designio de la paradoja, ha recuperado el poder municipal. Hay algo más detrás que para el común de los mortales es difícil de alcanzar a ver. Y sin embargo, y no nos abandona la paradoja, es al común de los mortales a quien más les lamina este desmán, aunque sus ojos no lo vean y su corazón no lo sienta. Sacrificando a piezas como a este interventor, el campo vuelve a ser orégano. Pero los hechos, los simples y contundentes hechos están aquí. Del anterior equipo municipal de Orihuela, hay 7 imputados por corrupción. En el anterior municipio donde Fernando fue Interventor, Crevillent, el alcalde Augusto Asencio se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.
“Van a por él”
Poco antes de las navidades, Fernando recibió un mensaje en su teléfono móvil: “van a por ti”. ¿Es posible pensar que algo así no llegara a suceder? El ayuntamiento de Orihuela ha dejado de estar en manos de PSOE y Verdes; tras las elecciones de mayo de 2015, el PP se ha hecho con la alcaldía. El nuevo alcalde, Emilio Bascuñana, pasó a ser conocido en toda España en los días previos a las navidades por un sorprendente decreto contra Fernando. El regidor decretaba interrumpir las vacaciones navideñas del interventor con la disculpa del trabajo pendiente, enumerando tareas que no le correspondían. El caso llegó a los tribunales, donde una juez dictaminó el derecho del interventor a sus vacaciones. La Cadena SER informaba de ello el mismo 26 de diciembre. Toda España supo de ese modo hasta qué punto el interventor Fernando Urruticoechea se haya sometido a un hostil escrutinio.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Foto: orihuela.info
El de las navidades era solo el último. En los días previos Fernando recibió con alivio la desestimación de una millonaria demanda contra él. La había puesto la poderosa empresa Abornasa, adjudicataria de la recogida y tratamiento de residuos en varios municipios del Levante. A mediados de 2014, en una charla ofrecida en Sevilla, Fernando puso en solfa el lucrativo negocio de las contratas municipales de la recogida de basuras en el Levante y aseguró que el contrato de la planta de Abornasa era ilegal y que las principales, Abornasa, y las de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz actuaban como un cartel.
Abornasa demandó a Fernando por delitos contra el honor. Reclamaba decenas de miles de euros. Obligó a Urruticoechea a contratar a un abogado. Los empresarios Fenoll y Ortiz se encuentran imputados en el caso Brugal, una vasta red de sobornos y tráficos de influencias en la adjudicación de los contratos de basuras en toda la vega baja de Levante. Tirando del hilo de todas las sociedades de las decenas de consejeros de Abornasa, se encuentra un consejero, cuyas iniciales son P.C.C, que ha participado en empresas en las que participa Enrique Ortiz. En el período de tramitación de la demanda, en septiembre del 2015, llegó una sentencia del Juzgado contencioso de Elche decretando la nulidad del contrato del ayuntamiento de Crevillent con la planta de basuras de Abornasa, por su ilegalidad ambiental. Finalmente, Fernando llegó a un acuerdo extrajudicial con Abornasa  pero ha tenido que hacerse cargo de la minuta de su abogado que según tarifas del Colegio de abogados le ha supuesto 13.000€.
Una batalla librada, otra en el horizonte. Desde su incorporación el 9 de noviembre, tras ocho meses de baja por dos operaciones, Fernando libra otra pelea diaria. Si consiguió librarse de un juicio, ahora pende sobre él uno en el que se libra sentencia día a día y en el que no puede defenderse. La prensa local le ha puesto en el punto de mira. El diario Información ha publicado desde el 18 de noviembre 33 “noticias” en las que Urruticoechea aparece, en boca de concejales, como responsable de las más variadas carencias. La situación ha llevado al Colegio de Secretarios Interventores de valencia y a diferentes asociaciones a salir en defensa de Urruticoechea.
El rastro del agua sucia
Registro en la sede ACUAGEST en Santiago de Compostela. Foto: abc.es
Si el negocio de las basuras ha marcado buena parte de la tramoya de la corrupción en Levante, el de la gestión del agua no lo ha sido menos. La privatización y gestión del agua es un negocio lucrativo a más no poder, en una zona como el Levante español donde ese recurso es tan escaso. Fernando se refiere a los adjudicatarios como la “bestia parda”. Como interventor en Crevillent cuvo litigios con la todopoderosa ACUAGEST. Las puertas de esta gran empresa, asociada a Agbar, parecen abiertas a políticos. El actual teniente de alcalde de Orihuela, Paco Sáez Sironi ha sido gerente de AQUAGEST durante 22 años. El que fuera portavoz y hombre fuerte del grupo municipal del PP y apartado tras su imputación, David Costa Botella, ocupa ahora cargo en Hidraqua, el nuevo nombre comercial de Aquagest en Alicante, tras la difusión del caso Pokemon de la mafia del agua en galaicia y Asturias.
Para Acuagest, Orihuela es una plaza importante. El intransigente actuar conforme a la ley de un interventor, puede ser un estorbo. Gerentes políticos o políticos gerentes tienen en Fernando Urruticoechea un obstáculo a salvar. Acuagest es conocida por su modo de salvar obstáculos de esta naturaleza. La juez Pilar de Lara instruye desde un juzgado en Lugo una causa contra esta empresa, a la que denomina como mafiosa tras organizar una red de amaños, sobornos y acoso a funcionarios en los contratos municipales del agua en Galicia, Asturias y Cataluña.
A las 8.00 horas de la mañana en una Orihuela que se asemeja más a la Vetusta moral de Clarín, Fernando ha abierto su despacho en el ayuntamiento sin saber qué se encontrará hoy. En las cafeterías adyacentes la gente se desayuna con la prensa llena de noticias sobre nuevos concejales detenidos por amaños.