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Villalobos insta a Gobierno a reformar el tributo mediante un índice catastral o atendiendo a los precios de compra y venta de los inmuebles
El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido al Gobierno de España que “reforme este impuesto con rapidez y que se acabe con el vacío legal y la inseguridad en el cálculo de la base imponible del impuesto municipal sobre plusvalías cuando se vende a pérdida”.
Villalobos ha incidido en la prioridad de “resarcir a los Ayuntamientos por la pérdida de ingresos cuando sufran las sentencias de los Tribunales y determinen que hay que devolver el cobro del Impuesto sobre plusvalías cuando esas estas no se hayan producido. Este es un impuesto estatal y somos las Haciendas Locales las que debemos lidiar con el problema. Si hay que hacer devolución nos tienen que resarcir al 100%. Es un impuesto aprobado por el legislativo con un sistema fallido de la base imponible, ha insistido el presidente de la FAMP, en la misma línea que ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La FAMP y la FEMP reclaman al Gobierno central que emprenda las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que el cálculo del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos, conocido como Impuesto sobre Plusvalías, se ajuste a los contenidos de las sentencias emitidas al respecto por el Tribunal Constitucional, y se evite así el vacío legal y la inseguridad jurídica en los Consistorios que, en estos momentos y a estos efectos, lo están resolviendo los interventores con su buen criterio.
La otra línea de acción propuesta por ambas Federaciones sería la de una base imponible –para ser gravada-, que fuese el valor de venta menos el valor de compra, la plusvalía o minusvalía real. Si el valor es más bajo, el impuesto sería cero.
El presidente de la FAMP ha instado al  Ejecutivo que compense “con el 100%” a los ayuntamientos que devuelvan cantidades indebidamente cobradas. Aún no sabemos las cantidades que podrán reclamar los ciudadanos desde los ejercicios no prescritos, es decir desde 2012. Para los ayuntamientos esta devolución sin contrapartidas de un impuesto estatal es un varapalo y pone en riesgo el equilibrio presupuestario, la salud de nuestras arcas, las políticas sociales y de empleo que venimos desarrollando desde las Corporaciones Locales”, argumentó Villalobos.