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Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) 2017 ha sido un muy mal año para la libertad de expresión, en particular a causa de las condenas por terrorismo a personas sin ninguna relación con actividades violentas, solo por sus opiniones en redes sociales o por sus creaciones como versos o canciones.
Este año entró en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales. También fueron condenados a penas de cárcel el líder de Def con Dos César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo La Insurgencia.
“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, denuncia la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
Por este aluvión de procesos judiciales contra tuiteros y artistas en la Audiencia Nacional, la PDLI resume este 2017 que acaba como el año de los delitos de opinión.
Y no solo por estas condenas por supuesto enaltecimiento del terrorismo: en febrero la fiscalía de Las Palmas abría diligencias contra ‘Drag Sethlas’ por posible ofensa religiosa. Justo un año en el que el relator especial de Naciones pedía la derogación de todas las leyes antiblasfemia que siguen vigentes en todo el mundo.
Además, en 2017 la policía siguió multando a periodistas a pesar de que el Defensor del Pueblo ha venido considerando, a raíz de las quejas de la PDLI, que las sanciones no se ajustan a requisitos constitucionales.
Mientras, en el Congreso, la derogación de la Ley Mordaza está estancada en la tramitación de dos iniciativas legislativas distintas (del PSOE y del PNV) que amenazan con ‘cambiarlo todo para que todo siga igual’.
Entre las noticias positivas del año, la PDLI destaca la reforma de RTVE para recuperar la independencia de su presidente; la sentencia de Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo, clarificando los criterios de cuándo una opinión en redes sociales puede ser calificada de delito, la decisión del Parlamento Europeo instando a los Estados a regular la protección de los filtradores [‘whistleblowers’] o el rechazo por parte de España de las peticiones de extradición de Erdogan contra dos periodistas turcos tras una intensa campaña de la PDLI.
Las acciones de la PDLI también tuvieron su impacto en la retirada por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de su Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, calificado por la PDLI como una “aberración jurídica” por pretender regular la libertad de expresión por la vía administrativa y sin control judicial y que preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales.
Podemos rectificó igualmente su Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual” para eliminar los artículos del texto que vulneraban la libertad de expresión, tal como esta Plataforma había denunciado.
En mayo, la Plataforma recibía el premio a la libertad de expresión concedido por la Unió de Periodistes; Virginia Pérez Alonso (presidenta de la PDLI) e Ignacio Escolar (director de eldiario.es, medio fundador de la Plataforma) fueron nominados a los premios José Couso y los juristas de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida y David Bravo a los de la fundación ‘Hay Derecho’ por su defensa de la libertades. La PDLI también estuvo presente en la Conferencia Internacional de Doha, donde denunció el deterioro de la libertad de información en todo el mundo.
En 2017 también se manifestó la exigencia social y el consenso de medios, periodistas y organizaciones por un periodismo responsable. El decálogo impulsado por la PDLI en septiembre de este año, y relanzado en octubre con motivo del conflicto en Cataluña, ha sumado ya la firma de más de doscientas entidades y profesionales, como ‘20 Minutos’, ‘eldiario.es’, ‘Público’, ‘Voz Pópuli’, ‘Civio‘, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Consejo de Informativos de RTVE, el Colegio Profesional de Periodistas Gallegos, la Asociación de Usuarios de la Comunicación o la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV, entre otros.
1. Tuiteros y cantantes a la cárcel
“Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Solo eso, chistes de un dictador”. 2017 arrancaba, en lo que respecta a la libertad de expresión, con este tuit de la joven murciana Cassandra Vera publicado el 10 enero.
“De la lectura de los tuits denunciados se desprende que no hay delito”, manifestó entonces Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma. Sin embargo, Cassandra fue condenada finalmente por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y a siete de inhabilitación (Sentencia).
También en enero se conoció la sentencia del Tribunal Supremo  condenando  a un año de cárcel a César Strawberry.
“Sienta un grave precedente con relación a la protección de la libertad de expresión en España”, concluía el jurista de la PDLI experto en derecho internacional Joan Barata.
La primera sentencia en la que se aplicó la ‘doctrina Strawberry’ fue la dictada contra el rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel el pasado mes de febrero por el contenido de sus canciones.
La última sentencia del año por un delito de opinión fue la del colectivo de ‘hip-hop’ La Insurgencia: sus doce integrantes fueron condenados a 2 años y 1 día de cárcel, una multa de 4.800 euros y nueve años de inhabilitación absoluta, por un “riesgo abstracto” de nuevos atentados.  La sentencia contó con el voto en contra de la magistrada Ángela Murillo.
Récord de juicios en la Audiencia Nacional
En marzo la Audiencia Nacional (un tribunal especial dedicado a delitos de terrorismo y narcotráfico) fue motivo de alarma por el récord de juicios de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que se celebraron en cadena. De estos casos, para evitar condenas mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.
No aceptó el acuerdo el abogado Arkaitz Terrón y en el juicio denunció, “que se hubieran abierto diligencias policiales por una cuenta con unos 220 seguidores, con tuits de hace unos cuatro años y sin conocer el criterio por el cual los peritos seleccionan unas u otras cuentas para abrir investigaciones dado el volumen en redes”.
El sábado 4 de noviembre ingresaba en prisión Alfredo Remírez a causa de sus comentarios en redes sociales. Era el primer tuitero en entrar en cárcel de los detenidos en las llamadas ‘operaciones’ arañas, una serie de detenciones en cadena que la PDLI consideró absolutamente irregulares por ser investigaciones prospectivas, basadas en el rastreo de redes sociales, inaceptables en un estado democrático.
Los juicios por enaltecimiento se dispararon precisamente tras el cese de la actividad terrorista, llegando a multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno: en 2011, en el año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se produjeron cinco sentencias por este tipo delitos, en 2012 fueron diez, en 2013 subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron en 14 y en el año 2015 ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA y/o los Grapo en redes sociales.
2. Multas por ley mordaza, que ‘hace caja’
En 2017 la policía siguió multando a periodistas por la ‘Ley mordaza’, que en junio cumplía dos años de aplicación. Fue el caso del periodista de la emisora vasca ‘Hala Bedi’ Mikel Sáenz de Buruaga, identificado por la Ertzaintza entre “golpes y empujones” el 18 de mayo por estar grabando con el móvil durante una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Vitoria) y a pesar de mostrar su acreditación de prensa. El Defensor del Pueblo inició actuaciones por esta sanción tras la queja presentada por la PDLI.
No es un caso aislado: También la periodista Cristina Fallarás fue multada con 600 euros cuando participaba en una protesta por el asesinato de reporteros en México; el Colegio de Periodistas de Galicia denunció amenazas policiales a la prensa que cubría un desalojo policial en Santiago de Compostela de un Centro Social Ocupado; y Raúl Solís fue el primer periodista en Sevilla sancionado por la Ley Mordaza mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús ‘ultra’ de Hazte Oír.
Según el informe ‘Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016’ que el Ministerio del Interior publicó en mayo de este año, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se han impuesto un total de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros.
Por número de sanciones, las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegaron a triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un coste de 3.006.761 euros, mientras que en la mitad 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “solo” 3.130 conductas por este mismo concepto.
Por su parte, las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” (artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, es decir, un tercio más que en 2015 cuando se impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley. Es decir, esto supone que el año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo.
La cuantía total de estas multas es de 10.196.817 de euros.
La PDLI llevó al Congreso este balance de la ley instando a los partidos a adoptar medidas para impedir actuaciones policiales contra periodistas mientras la ley siga vigente y en tanto se tramita su derogación.
3. El Congreso rechaza la Ley Mordaza, pero su derogación se estanca
En septiembre el Congreso aprobaba dos Proposiciones de los grupos Socialista y Vasco para reformar la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’ y rechazaba el texto alternativo presentado por EH Bildu, más garantista.
De este modo, la reforma o derogación de esta norma comenzaba finalmente su tramitación a partir de las proposiciones de ley de socialistas y vascos un año después de que ya se hubiera aprobado instar al gobierno a derogarla.
Para la PDLI, que considera que una ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ es un instrumento jurídico innecesario, se trata de propuestas muy insuficientes: entre otras carencias, se mantienen o incrementan los supuestos de infracciones, que se continúa limitando el derecho a la protesta y el ejercicio del derecho de reunión y se rescatan de la Ley Corcuera las sanciones por la “provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana”.
Las reformas presentadas por socialistas y vascos contemplan algunos cambios positivos: las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, quedaría derogadas. Se trata de uno de los aspectos más problemáticos de la norma (tanto por la inconstitucionalidad de su aplicación, como porque entraba en colisión con otras leyes orgánicas). Sin embargo, conviene tener en cuenta que la mayoría de las sanciones contra la libertad de información se están produciendo por otros supuestos, como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” o “faltas de respeto o consideración”.
También se derogan las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública.
Sin embargo, las proposiciones no incluyen, por ejemplo, la reforma del artículo 30.3 de la ley que considera organizador de una manifestación “a quienes por publicaciones o declaraciones (…)pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. Esto supone, en la práctica, que se pueda sancionar por un simple tuit o retuit con multas que pueden llegar a los 600.000 euros.
4. Detenido el supuesto filtrador de los ‘Papeles de la Castellana’ y un Pulitzer para los ‘Papeles de Panamá’
En febrero era detenido el supuesto filtrador de Los Papeles de la Castellana, una investigación que supuso la primera revelación de los documentos de la amnistía fiscal y que implicaba al menos a 21 personajes relevantes, entre ellos, miembros de la familia Borbón y conocidos empresarios.
Un mes después, el tribunal de apelación de Luxemburgo rebajaba la pena de Antoine Deltour, el denunciante cuyas filtraciones destaparon el caso #Luxleaks, un entramado de favores fiscales con más de 350 empresas implicadas. Las revelaciones pusieron en marcha una batería de reformas legislativas y actuaciones políticas para mejorar la vigilancia sobre el movimiento de capitales en la UE, sin embargo, a pesar de este valor social, la protección de los filtradores sigue siendo una tarea pendiente.
Por esto la PDLI, en defensa del derecho a la información de la ciudadanía, considera que alertadores como Deltour, Falciani o el presunto filtrador de ‘Los Papeles de la Castellana’ o de los ‘Papeles de Panamá’ (premio Pulitzer de este año) merecen, el lugar de estar amenazados con penas prisión, encontrarse amparados por un marco legal que les proteja.
5. El Parlamento Europeo insta a proteger a los ‘whistleblowers’, pero el Congreso español se olvida (de momento) de ellos
El 24 de octubre el Parlamento Europeo aprobaba la Resolución sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos.
En ella, se insta a los Estados y a la Comisión a establecer mecanismos para amparar a los filtradores y también a la prensa que publica estos casos.
Sin embargo, la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo la protección a casos muy limitados.
Para corregir esta situación, en noviembre la PDLI presentaba en el Congreso un escrito pidiendo a los Grupos Parlamentarios que regulase la protección de los filtradores para evitar que sufran represalias penales o cualquier acción posterior de sanción cuando los hechos que denuncien sean de interés público.
Entre otros cambios que la PDLI reclama: que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.
6. Las denuncias y amenazas de colectivos policiales contra medios y periodistas
En noviembre la revista ‘El Jueves’ resultó imputada tras la denuncia de sindicatos policiales a raíz de varios contenidos satíricos de la publicación en los que bromeaba sobre los policías antidisturbios desplazados a Catalunya y un posible consumo de cocaína
Unos meses antes la PDLI denunciaba el acoso de un sindicato policial a la periodista Cristina Fallarás señalándola reiteradamente a través de su cuenta oficial en Twitter (@NavarraSUP) tanto por sus opiniones en una tertulia televisiva como por un reportaje periodístico.
En marzo ‘Público’ informaba de las amenazas de la ‘brigada política’ de la policía de las que este medio venía siendo objeto a raíz de sus investigaciones sobre el caso del ‘pequeño Nicolás’ y el funcionamiento de las llamadas “cloacas” del Estado, entre ellos, un intento de detención de la periodista de este medio Patricia López.
En junio la PDLI tuvo que pedir al ministro del Interior que cesasen las coacciones policiales contra periodistas. Aún no se ha recibido ninguna respuesta.
7. Los periodistas turcos
En agosto era detenido y encarcelado en Barcelona el escritor y periodista sueco-turco Hamza Yalçin a raíz de una orden internacional emitida por Turquía por “insultar al presidente de Turquía por un artículo publicado en una revista”.
Unas semanas después le ocurriría lo mismo, en Granada, al periodista alemán de origen turco Dogan Akhanli.
Tras una intensa campaña de la PDLI (incluyendo la presentación de un pormenorizado informe ante la Fiscalía General del Estado acreditando la vulneración de Derechos Humanos en Turquía y la presentación de una petición en el Congreso) y las críticas también de medios y periodistas, Akhanli y Yalçin fueron finalmente liberados y España denegó ambas peticiones de extradición.
8. El conflicto en Cataluña
En septiembre la PDLI ponía en marcha un ‘observatorio’ para registrar y visibilizar las posibles vulneraciones de estos derechos fundamentales en relación con este proceso.
Entre otros incidentes, se registraron los siguientes: prohibición de actos sobre el derecho a decidir, cierres de webs, agresiones a periodistas, quejas por el tratamiento informativos de ambas televisiones públicas (TVE y TV3) y la violencia policial contra los ciudadanos durante el 1 de octubre.
Además, la PDLI advirtió del impacto en derechos fundamentales que conllevaba la acusación de sedición y prisión de los dirigentes de la ANC y ‘Omnium.
9. El reparto desigual de la publicidad institucional
Durante 2017 las Administraciones y organismos públicos han continuado utilizando la publicidad institucional como premio o castigo para intentar controlar a la prensa.
Algunos de los datos que hemos conocido este año han sido: La Agencia Tributaria favoreció a la web de Alfonso Rojo con dinero de la publicidad institucional, ‘La Razón’ se llevó del Metro de Madrid el 60% de los anuncios en prensa con los Gobiernos de Aguirre y González o los 1,88 millones repartidos por el Canal de Isabel II a ‘La Razón’ en publicidad institucional en diez años.
Mientras, ocho ministerios han pleiteado para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional.
10. Bulos, noticias falsas y la amenaza de injerencias políticas contra la libertad de información
Las ‘noticias falsas’ cierran el año igual que lo abrieron.
Si al comienzo de 2017 estaban en primera línea del debate periodístico por su posible impacto en las elecciones que dieron el triunfo en Trump (la PDLI se anticipó a este debate organizando en febrero una jornada monográfica sobre ‘fake news’ ), estos últimos meses han vuelto a la actualidad convertidas en excusa para un posible control políticos de los medios, tal como viene apuntando en sus sesiones la comisión mixta de seguridad nacional, el grupo popular en el Congreso o el propio gobierno.
Ante esta amenaza de injerencias políticas, el pasado 13 de diciembre, la PDLI junto con la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, y los medios Público, eldiario.es, Vozpópuli, Civio, Xataka y Maldito Bulo/Maldita.es han lanzado hoy el manifiesto ‘En defensa de la libertad de información’  para manifestar su rechazo y oposición a “los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet con la excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’”.
Puedes descarte nuestro resumen de prensa con una versión reducida de este balance anual.
Participa: envíanos el caso que tú destacarías
Este balance es una selección de algunos de los muchos episodios a los que hemos hecho seguimiento y dado visibilidad a lo largo de todo el año. Si quieres informarnos de algún caso en concreto que haya supuesto una amenaza o ataque a la libertad de expresión o información, puedes usar este cuestionario para que lo incorporemos a nuestro informe final. Gracias por tu colaboración:
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