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Nuevamente estamos atestiguando acusaciones por presuntos actos de corrupción contra funcionarias y funcionarios que ocupan u ocuparon cargos públicos en el gobierno mexicano, algunos de alto nivel. Y, por lo que parece, no dejaremos de hacerlo. De ahí que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis acerca del fenómeno de la corrupción y la búsqueda de soluciones son tareas, digámoslo así, de carácter permanente y obligatorio.
A este respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o Comisión), organismo que promueve y defiende los derechos humanos en el continente americano, recientemente publicó un informe temático titulado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. En términos generales, la Comisión analiza en el informe los avances y desafíos en torno a la corrupción, y propone iniciativas regionales, nacionales y locales que articulen estrategias efectivas para enfrentarla y erradicarla.
En este mismo espacio hemos señalado en otras ocasiones que la corrupción, vista desde el prisma de la complejidad, es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, el cual afecta la vida, la dignidad y los derechos humanos de personas y colectivos. Igualmente, la corrupción es un fenómeno sistémico y sistemático, lo que implica que un acto corrupto puede convertirse en una espiral de magnitudes indeseables que deviene, como en un cáncer, en una metástasis que invade y perjudica otros órganos vitales mediante distintos sistemas, como el circulatorio.
De este modo, la corrupción agrede sobre todo a los grupos que histórica y estructuralmente, y por diferentes causas, se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, discriminación u opresión. Los que, en palabras del jurista argentino Roberto Saba han sufrido tratos desiguales y sostenidos, provocando su sometimiento, marginación, exclusión y segregación. En nuestro país entre ellos se encuentran las niñas y los niños, las juventudes, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y las personas LGBTI, que habitan o transitan por el territorio mexicano, por mencionar algunos.
Por tanto, un acto corrupto perjudica directa o indirectamente, y de manera proporcional, el goce y ejercicio de los derechos humanos de personas y grupos, debido al abuso o desviación del poder público o privado. Lo cual, en consonancia con la CIDH, es perpetrado por actores que establecen estructuras que capturan instituciones mediante diversos esquemas criminales. Unos de ellos, los sobornos o prebendas indebidas solicitadas por funcionarias y funcionarios a cambio de servicios públicos. Esto, además del especial debilitamiento de las instituciones responsables de impartir justicia, provoca necesariamente el desplazamiento de intereses públicos o generales, como es el caso de la seguridad, la educación o la salud, los cuales son indebidamente sustituidos por beneficios privados personales o de terceros.
Aparte del valioso análisis sobre los efectos de la corrupción, el informe de la Comisión también advierte sobre quiénes son las personas y los grupos que, en función de su rol en la lucha contra ella, merecen una atención especializada. Así, la CIDH identifica principalmente a los defensores y defensoras de derechos humanos, los y las luchadoras medioambientalistas, las y los periodistas, ciertos funcionarios y funcionarias, testigos y denunciantes, frente a quienes el Estado, en nuestro caso el mexicano, tiene la especial obligación de protegerles de cara a las posibles violaciones graves a derechos humanos que pudieran sufrir, y a los riesgos a que están expuestos.
Finalmente, si el Gobierno mexicano pretende erradicar la corrupción, tal como lo establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es absolutamente necesario que adopte políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que implemente estrategias de lucha anticorrupción, donde efectivamente se incluya a periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensoras de derechos humanos, iniciativa privada y a la sociedad en general. Resulta igualmente fundamental que considere los análisis en la materia elaborados por organismos internacionales como la CIDH, y ponga en marcha acciones que la Comisión, en el contexto de su mandato y atribuciones, puede llevar a cabo, mediante mecanismos, como el monitoreo, las medidas cautelares, el conocimiento de peticiones, la cooperación técnica y la tramitación de casos individuales.
Consultar artículo en La Jornada.
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