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El Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía tienen la intención de quemar hasta el último cartucho para intentar que el expresident Puigdemont no sea juzgado solo por el delito de malversación, como ha autorizado de momento la justicia alemana, excluyendo el de rebelión. Lo que se pretende es impedir a toda costa que haya un banquillo con doble rasero.
El impacto de la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein ha sido fuerte, pero la reacción de jueces y fiscales del Supremo ha sido la de agarrarse al único clavo ardiendo que creían tener a mano, el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El propósito de esta iniciativa es que dicha instancia, el Tribunal de Luxemburgo, corrija a los jueces alemanes y les obligue a hacer otra interpretación de la euroorden de detención dictada desde España. Pero con el propósito paralelo de invertir en ello el tiempo suficiente para que el proceso contra el resto de exmiembros del Govern y de la anterior Mesa del Parlament avance y se consolide lo suficiente como para que no sea necesario ver en su día dos clases de banquillo en un mismo juicio, el de Puigdemont, con responsabilidades limitadas por la justicia alemana, y el de los demás procesados, acusados a la vez de malversación y rebelión.
Cuando está en juego la libertad de una persona, el Tribunal de Luxemburgo tiene previsto un procedimiento de urgencia que le lleva a resolver las dudas sobre aplicación de la legislación comunitaria en un plazo de dos o tres meses. Pero en este caso Puigdemont está en libertad, aunque con restricciones para su capacidad de movimiento. No es previsible que la cuestión planteada ahora desde el TS se resuelva con seguridad antes del verano. Si fuera así, el juicio contra los procesados en prisión o en libertad con fianza en España podría tener lugar en otoño, y con independencia de lo que ocurra con respecto al expresident. Para el Alto Tribunal, se trataría de un mal menor. Lo que se quiere evitar, sobre todo, es el banquillo doble, con un asiento de clase procesal preferente para Puigdemont y un vagón de carga penal para el resto.
En todo caso, el plan A es conseguir que el Tribunal de Luxemburgo haga una interpretación de la aplicación de la euroorden que fuerce a que los jueces alemanes vuelvan sobre sus pasos y modifiquen la negativa que acordaron el pasado jueves. En sentido estricto, desde dicha instancia no se tumban ni se anulan las resoluciones de los tribunales, pero las decisiones que se toman en Estrasburgo sí obligan a hacer de las normas comunitarias interpretaciones unívocas y vinculantes. Por tanto, si se decidiera que el Tribunal de Schleswig-Holstein entró indebidamente en el fondo de la cuestión cuando consideró que alrededor del proceso independentista
no hubo violencia, o la hubo en grado menor, las consecuencias de apreciar ese exceso forzarían a que los jueces alemanes revisaran sus actos.
El Tribunal de Luxemburgo ha sido invocado en numerosas ocasiones para establecer la interpretación auténtica de normas de todo tipo, también penales. En una de ellas fue la justicia española la que planteó reservas sobre la extradición de un ciudadano italiano que había sido condenado en rebeldía en su país, en el denominado caso Stefano Melloni, huido de Ferrara. Como una pena de este tipo no cabe en España, se preguntó a dicha instancia de la justicia europea qué interpretación debía darse a las normas relativas a la euroorden. Y la conclusión fue que España debía entregar a dicha persona reclamada, aunque de acuerdo con su legislación interna cupieran dudas más que razonables de que existiera esa obligación. Y el hecho es que el afectado fue puesto a disposición de las autoridades italianas.
No obstante, en aquel caso –relativo al supuesto autor de una estafa masiva- era el país que debía tomar la decisión –España- el que hizo la consulta. Éste es el procedimiento habitual. Ahora, sin embargo, lo que se pretende es que el Tribunal de Luxemburgo le diga a la justicia alemana cómo debió actuar en el caso de Puigdemont, cuando la decisión fundamental ya está tomada. Lo previsto y habitual es que la consulta preceda a la resolución, no que lo decidido se corrija a posteriori en función de un auto del que se discrepa. La cuestión prejudicial, en suma, la plantea el que debe tomar la decisión, más que el que se considera perjudicado por ella.
En todo caso, lo que se reclama ahora por parte de la justicia española es reciprocidad a su conducta en el caso Melloni para la aplicación de las normas sobre la euroorden. La tesis que defiende el Supremo es que el juez del país al que se reclama una entrega no debe entrar en el examen del fondo de los hechos por los que se efectúa la petición. Desde la Fiscalía y el Alto Tribunal no hay confianza absoluta en que se vaya a obtener el pronunciamiento deseado, pero se afirma que si no se consigue el mecanismo de cooperación policial y judicial que entrañan la figura de la euroorden quedará tocado y en gran medida invalidado para siempre, porque el principio de confianza mutua en que se basa habrá desaparecido.