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Nuestros hermanos jesuitas asesinados dedicaron sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida en abandono por parte del Estado mexicano.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Web
02 de julio de 2022
Con profundo pesar nos sumamos a la condena por la ejecución de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales S.J., de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar S.J., de 80, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y la desaparición de dos personas, perpetrados el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Un suceso trágico que posiciona y devela de nueva cuenta muchas situaciones y significados, que son leídos por la conciencia cristiana como un hecho interpelante y profético, y por el compromiso ciudadano como una oportunidad para revisar integral y corresponsablemente la política de seguridad pública en el país.
Subrayamos que nuestros hermanos dedicaron coherentemente sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida casi en abandono absoluto por parte del Estado mexicano. Conocida por sus imponentes montañas, y habitada por las infatigables comunidades indígenas tarahumaras, quienes se autoadscriben como rarámuris, han sufrido el despojo de sus tierras y territorios, así como hambrunas y sequías. Viven sin caminos y sin infraestructura básica, como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a servicios de salud, a la educación y a la seguridad.
Han sobrevivido a condiciones de olvido y de violencia, y a una desigualdad estructural extrema, que no ha sido atendida por la falta de voluntad de los gobiernos en turno. Ha sido la Compañía de Jesús –una de las organizaciones católicas eclesiásticas, con una tradición cercana a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas–, la que de manera ejemplar ha entretejido lazos de hermandad y solidaridad en la sierra Tarahumara desde que enviaron sus primeras misiones en el siglo XVI. Como parte de su labor misionera, asumieron desde entonces acciones educativas y de promoción de la salud, así como la creación de proyectos económicos solidarios y el asentamiento de un seminario, todo ello desde el compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz. Pero no solo ha sido el acompañamiento a las comunidades rarámuris que defienden sus territorios ante una realidad que las lacera, sino también a partir del compromiso con su vida comunitaria, su lengua, su cosmovisión y sus costumbres, mediante las cuales han procurado acercar un poco de igualdad y justicia social a la comunidad rarámuri, ganándose así el amor y cariño de sus habitantes.
El contexto histórico de desigualdad estructural, ¿no es suficiente desgracia? Respondemos que no. Aún debemos agregar el componente del crimen organizado que, aprovechándose de la ausencia del Estado y del aislamiento de la región rarámuri, acapara el territorio para cultivar mariguana y amapola, y perpetran secuestros y extorsiones, formas modernas de esclavitud, así como la explotación de los bienes comunes, por citar solo algunas acciones delictivas.
Esta situación se agudizó de manera considerable durante la primera década de este siglo, con la expulsión y asesinato de toda persona que enfrentara al crimen organizado. Al menos seis personas ambientalistas rarámuris fueron asesinadas en la sierra Tarahumara en años recientes, sin dejar de mencionar el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en represalia por su trabajo enfocado en denunciar los vínculos entre narcotraficantes y la clase política de Chihuahua. Los gobiernos federal, estatal y municipal, ¿ya están atendiendo la situación? Parece que no.
Un elemento más por agregar es la impunidad sistémica, aquella que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos ha denominado el signo de los tiempos, que personas, colectivos, organizaciones y pueblos hemos denunciado desde hace décadas, y no ha cambiado bajo el gobierno actual. Por el contrario, los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional.
Bajo estas particulares circunstancias es como reconocemos la existencia de un significado pluridimensional de este acontecimiento trágico y profético del asesinato de nuestros hermanos, pues en México denunciar el despojo de la vida y el territorio, es decir, las violaciones a los derechos humanos, es una actividad en constante riesgo, que también pone en peligro la vida y la dignidad de las personas y colectividades en lucha.
Por ello, así como la Red TDT, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes, hacemos un llamado al gobierno federal y local, a fin de implementar una política de seguridad que tome en serio y sin titubeos los derechos de todas y todos, desde una mirada de justicia social y restaurativa, con la finalidad urgente de reconstruir el tejido social y cultural.
Jun 25, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es un mosaico de diversidades de productoras y productores, ambientalistas, académicas e investigadores, colectivos de artistas, de mujeres, de defensoras de derechos humanos y consumidoras y consumidores.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
25 de junio de 2022
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es un mosaico de diversidades. Más de 300 organizaciones campesinas, junto con productoras y productores de pequeña y mediana escala, ambientalistas, académicas e investigadores, colectivos de artistas, de mujeres, de defensoras de derechos humanos y consumidoras y consumidores, acudimos el 25 de junio de 2007 al llamado para exigir acciones urgentes en la búsqueda de reactivar el campo mexicano, en un contexto de completa hostilidad hacia las comunidades campesinas y la producción de alimentos en el país.
En ese entonces, el embate por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy T-MEC, agudizó la ausencia de políticas públicas de apoyo al campo y apuntaló la producción de alimentos ultraprocesados, concentrada en muy pocas empresas, que hasta ahora son quienes toman la decisión de qué es lo que comemos en el país.
Antecedida por movimientos campesinos como El campo no aguanta más, que han marcado las pautas en la defensa de la soberanía alimentaria, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha jugado un papel relevante en los pasados 15 años, no solo en la respuesta a problemáticas coyunturales, sino en el posicionamiento de temas, como los daños ocasionados por los tratados de libre comercio, la defensa de la tierra y el territorio y el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, entre otros, colocando puntos clave en la discusión pública.
Uno de los trabajos realizados de forma permanente es visibilizar las afectaciones negativas de la agroindustria y la imposición de sus paquetes tecnológicos para producir alimentos con semillas transgénicas y uso de agrotóxicos, así como los peligros que implica esta forma de producción industrial para la salud de personas productoras y consumidoras, las semillas nativas, los pueblos originarios, comunidades campesinas y la naturaleza. Hoy, a partir de un entretejido plural, la lucha es también para denunciar los intereses de las empresas trasnacionales, como Bayer-Monsanto, que a partir de estrategias de desinformación buscan instalar en el imaginario social la falsa necesidad de utilizar semillas transgénicas para lograr el abasto de productos básicos como el maíz.
La preocupación que las trasnacionales han expresado con respecto a combatir el hambre y alcanzar una seguridad alimentaria con las semillas transgénicas no es auténtica. Detrás existen intereses económicos, que las han movilizado para intentar anular acciones gubernamentales, como el decreto de sustitución progresiva del uso de glifosato, herbicida cancerígeno necesario para la siembra de transgénicos. Es falso que los maíces transgénicos tienen mayor rendimiento que los nativos. Por el contrario, es necesario fomentar la producción de maíces nativos en el país, reconocer su valor cultural y nutricional, así como las bondades que conlleva para campesinas y campesinos y sus vidas comunitarias.
Con el modelo agroindustrial, la biodiversidad se encuentra en constante peligro. El uso de agrotóxicos daña diversas especies animales y vegetales, contamina mantos acuíferos cercanos a las zonas de siembra de transgénicos, erosiona de manera irreversible los suelos y pone en situación de vulnerabilidad a las familias campesinas. Tales intereses de la agroindustria también están representados en los espacios de toma de decisiones. Una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, precedida por proyectos similares que buscan despojar de los saberes tradicionales a comunidades campesinas, sus semillas nativas y, por si no fuera suficiente, criminalizar a campesinas y campesinos que promuevan el libre intercambio de semillas, es ejemplo de cómo operan dentro de los gobiernos y cómo influyen en el diseño e implementación de legislaciones y políticas públicas.
El llamado es para evitar que este tipo de reformas sean aprobadas. Las consignas que con el paso de los años se han modificado conservan la esencia que hace 15 años motivó una convergencia de movimientos campesinos y sociales, y se mantiene alerta hasta ahora. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País impulsa una lucha conjunta por la dignificación del trabajo en el campo, por la exigencia del respeto a los derechos campesinos y por la conservación y protección del ambiente.
Aprovecho para hacer mención que hoy sábado 25 se llevan a cabo las llamadas Marchas del Orgullo, convocadas por la comunidad LGBTTTIQ+ de todo el país, que convergen para alzar la voz por la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos humanos. Oportunidad para resaltar que así como la diversidad de los maíces nativos es clave para alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, las diversidades sexuales, culturales y de identidad son también claves en la defensa de los derechos humanos.
“Disciplinar” la defensa de los derechos humanos
Jun 17, 2022 | Animal Político, Contenidos, Editoriales
El encarcelamiento de Kenia Hernández muestra con evidencias el uso arbitrario y discrecional del sistema de justicia penal que favorece al poder privado para buscar «disciplinar» no solo a ella, sino a quienes levantan la voz en defensa de los DH.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : Libertad para Kenia
17 de junio de 2022
El pasado 25 de mayo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado por la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras en el primer cuatrimestre de 2022 en la región, haciendo un llamado urgente a los Estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la actividad de defensa de los derechos humanos. Esta sigue siendo una de las más peligrosas en el mundo: en dicho periodo se observó un alto número de asesinatos de personas defensoras, así como amenazas, ataques, hostigamientos y procesos de criminalización.
En el caso de México, se hizo mención de la presunta criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván. ¿Quién es Kenia Hernández? ¿Por qué consideramos que es una defensora de derechos humanos? y ¿por qué se considera que existe una criminalización en su contra por parte del Estado Mexicano? En cuanto a la primer interrogante, de manera muy concreta se puede mencionar que es una mujer indígena n’ooomdaa’, de la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero, México, hablante de la lengua Amuzga y abogada feminista. Ha dedicado parte de su vida a la defensa jurídica y política de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, por la tierra y territorio de pueblos campesinos, originarios e indígenas, así como a la defensa de personas presas por motivos políticos.
Respecto a la segunda interrogante, se debe tener en cuenta que la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en su artículo 1º especifica que toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos. La defensa y lucha de Kenia Hernández se encuadran en la injusticia social histórica en contra de los pueblos y comunidades indígenas, en específico de las mujeres, tanto en el estado de Guerrero, como en diversas partes del país. En ese sentido, es la omisión del Estado Mexicano en atender los contextos estructurales de desigualdad lo que hace patente la necesidad de ejercer los derechos a la libertad de expresión, manifestación y la protesta social, a efecto de hacer exigibles y justiciables las obligaciones más esenciales en materia de derechos humanos.
Es en este contexto, tal y como lo documentó la CIDH, es que Kenia Hernández fue injustamente privada de libertad inicialmente el 6 de junio de 2020, en el penal federal de máxima seguridad “El Altiplano” (prisión donde han estado algunos de los delincuentes más famosos de México, como el “Chapo Guzmán”), puesta en libertad a través de una medida cautelar, para posteriormente volver a ser privada de libertad el 18 de octubre de 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán, Morelos, alejada de sus redes de apoyo social y familiar, enfrentando por lo menos cinco procesos penales vigentes a nivel federal y local, en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Guanajuato, actualmente sentenciada en dos procesos a 21 años 9 meses de prisión por el supuesto “delito de robo”, precisamente en medio de acciones de defensa a través del ejercicio de los derechos a la protesta, manifestación y libertad de expresión, en vías “generales de comunicación”, es decir, por su “delito” más grave: la defensa de los derechos humanos.
Esto nos recuerda lo escrito por Michel Foucault, en su célebre libro “Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión”, que describe al castigo como una forma de ejercicio y aislamiento, soportando en la institución de la prisión un mecanismo de microfísica del poder: la disciplina, entendida ésta como los “métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, que deviene en una fórmula general de dominación a través de la inquisición judicial, que no solo excluiría, reprimiría y ocultaría, sino que también produciría una realidad y rituales de verdad: a través de la “experimentación” con el individuo y, al mismo tiempo, la “producción” de un determinado tipo de individuo o individuos.
Es entonces que a través del uso arbitrario y discrecional del sistema de justicia penal (poder público) se favorece a un grupo específico de concesionarios de las vías generales de comunicación (poder privado) y el Estado Mexicano pretende lanzar un mensaje de castigo a fin de “disciplinar” no solo a Kenia Hernández, sino -como lo señala la CIDH- también intimidar, amedrentar y paralizar a todas aquellas personas o grupos de personas que se atreven a levantar la voz en defensa de los derechos fundamentales, lo que se agrava tratándose de grupos que históricamente se encuentran en una situación de injusticia social y desigualdad estructural, como lo son las mujeres y las comunidades indígenas tanto en el estado de Guerrero, como en diversas partes del país.
Por ello, saludamos el comunicado de la CIDH y seguiremos denunciando estás “tácticas” que lejos de intimidar las luchas sociales las alimenta, las aumenta y las propicia, haciendo un llamado a estar atentos a las comunicaciones de organizaciones sociales sobre la misión de observación que desde la sociedad civil se realizó al penal de máxima seguridad en Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos del poder con los cuales se pretende “disciplinar” la lucha social a partir de nuestra compañera Kenia Hernández, y por lo cual se hace indispensable la exigencia de su inmediata libertad.
* Marcos Zavala es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A .C.
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Jun 11, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Sobre el Halconazo, podemos afirmar con desilusión que la justicia no ha llegado todavía, pues a poco más de medio siglo de estos lamentables hechos este evento no ha sido esclarecido ni sancionado.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
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11 de junio de 2022
Han transcurrido 51 años desde el ataque conocido como el halconazo, evento significativo para nuestro país, que no se olvida, como tampoco se olvida el movimiento social y estudiantil, crítico y solidario, que surge en ese marco. La masacre sucede apenas tres años después de los hechos de Tlatelolco (1968) contra las y los estudiantes que comenzaban a movilizarse de nuevo por causas de gran importancia en esa época, como la libertad política, la democratización del acceso a la educación, la autonomía universitaria, y un alto a la represión gubernamental, tan marcada en aquellas décadas. Quienes se movilizaron aquel 10 de junio de 1971 en las inmediaciones de la estación del Metro Normal fueron atacados de manera directa con disparos y varas de bambú, en una acción coordinada entre fuerzas policiales y los halcones, un grupo paramilitar integrado por elementos seleccionados por jefes del Estado Mayor Presidencial y personal del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México. Se trató, sin duda alguna, de un crimen de Estado, que replicaba métodos represivos que con anterioridad se habían utilizado en contra de quienes consideraba como sus opositores políticos, y contra quienes buscaba disolver a toda costa su protesta y hacer pasar la agresión como una confrontación entre los propios estudiantes, mediante la infiltración y la contrainsurgencia.
A pesar de ello, podemos afirmar con desilusión que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos de las juventudes, pues, a poco más de medio siglo de estos lamentables hechos, este evento no ha sido esclarecido ni sancionado, manteniéndose con ello una constante, según la cual no se investigan los crímenes ni la violencia institucional. Apenas en 2004, la hoy desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) investigó e intentó llevar a juicio a algunos de los involucrados en la masacre, pero las órdenes de aprehensión fueron negadas en múltiples ocasiones por diferentes juzgados y tribunales. Para 2005, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que revisó la resolución, volviéndose a obstaculizar la justicia para las víctimas y el castigo a los responsables. Se negó también a crear una comisión especial para investigar lo sucedido y acercar así a la sociedad a la verdad de los hechos. Al ser obstruidas las investigaciones, y mantenida la impunidad como norma, las violaciones a los derechos humanos siguen sucediendo de manera repetitiva, y se van configurando más allá de un hecho aislado o coyuntural, pues vemos la instalación de un actuar sistemático, que tiene el objetivo de mantener las estructuras de poder y dominación que, en casos como éste, se convierten en claros referentes de la también histórica criminalización de las juventudes.
En esa lógica, los delitos de lesa humanidad, la militarización, la criminalización e incluso el terrorismode Estado llegan a convertirse en acciones reiteradas de las institu-ciones para controlar a grupos específicos de la población civil. La impunidad de las masacres cometi-das por los halcones y el Batallón Olimpia tienen en esto relación con ataques paramilitares, como el ocurrido en Acteal (1997), o la desaparición forzada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala (2014), aunque también con ataques como el acontecido el 1º de diciembre de 2012 en San Lázaro, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y, más recientemente, el 5 de junio de 2020 en Guadalajara, represión que ha recibido el nombre del halconazo tapatío, y por el que tampoco hay justicia hasta el momento. Como vemos, ante tal estado de impunidad, los agravios y agresiones se siguieron repitiendo a lo largo de los años, convirtiéndose la represión y la violencia en características esenciales de la respuesta de las autoridades frente a los movimientos sociales, aunque detrás de cada masacre, de cada asesinato y desaparición forzada, hay responsables directos, que en la mayor parte de los casos no han sido investigados ni sancionados. Hasta ahora, se observa lejana cualquier acción contundente para acabar con ese gran pacto de impunidad y complicidades que mantiene a salvo a los perpetradores, sobre todo a aquellos que aún forman parte de los aparatos de procuración e impartición de justicia, de las legislaturas y de los grupos políticos en México. Es necesario que desde sus diversas competencias, los poderes constituidos asuman verdaderamente sus responsabilidades e inicien o continúen con toda investigación o juicio a todos los funcionarios del Estado que hayan cometido crímenes en contra de la población. De no hacerlo, será aún más difícil alcanzar la verdad y la paz. Avanzar en la justicia es la única manera de conmemorar de manera digna la lucha y la memoria de quienes lucharon por un país más libre, justo y democrático.
La prisión preventiva de las mujeres
Jun 4, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Recientemente se realizó una misión de observación desde la sociedad en el penal de máxima seguridad de Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social de la defensora Kenia Hernández.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : El Financiero
04 de junio de 2022
Como se sabe, el pasado 11 de mayo de 2022, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó una visita inusitada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, cerca de 500 mujeres privadas de libertad le entregaran una carta denunciando condiciones de maltrato y precariedad. Ocho días después de su visita, el ministro manifestó una serie de cinco medidas tendientes a generar un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada, con el fin de, parafraseando al destacado jurista Ronald Dworkin, tomar los derechos en serio.
Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que, en su artículo 18, establece que el sistema penitenciario deberá basarse en el respeto a los derechos humanos, aunque lamentablemente la realidad es otra, pues la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en el país es sumamente grave, así como permanente su invisibilidad y el abandono por parte del sistema judicial.
Entre las medidas destaca el derecho a tener una defensa adecuada y la apertura de incidentes, es decir, que derivada de un criterio emitido recientemente por la primera sala de la SCJN, que establece que a partir de los dos años de cumplirse la medida de prisión preventiva, ésta necesariamente tiene que ser revisada, correspondiendo al Ministerio Público en cuestión acreditar las razones que justifiquen que dicha prisión preventiva puede seguir operando. En este sentido, se deben tener en cuenta las diferencias sustanciales entre lo que implica la prisión preventiva oficiosa y la justificada. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el rasgo preponderante tiene que ver con el tipo de delito que es cometido, como está establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que respecta a la prisión preventiva justificada, se aplica con el fin de evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, procurando la protección de las víctimas, ante la manifestación de una conducta que haga presumible su riesgo social. Es decir, que a pesar de que se considere una excepción, si se quiere aplicar a determinada persona o grupo de personas, la prisión preventiva justificada termina convirtiéndose en una regla, pues para el Estado, de manera discrecional, cualquier conducta podría constituir un riesgo social que dé pie a la imposición de la prisión preventiva, traduciéndose esto en compurgar una pena sin sentencia, vulnerando con ello los derechos de las personas. En este caso de las mujeres actualmente privadas de la libertad, que no contaron con la garantía de un debido proceso, una defensa adecuada, y mucho menos que su caso fuera analizado con una perspectiva de género.
A este respecto, diversos instrumentos internacionales anteponen los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, la regla siete de las llamadas Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas enuncia que ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento penitenciario sin una orden válida de reclusión. O el principio tres de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (https://bit.ly/38Fh4IX), que enuncia que “la privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad (…), que solo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios, para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia”. Por tanto, se debe abdicar de aplicar el poder punitivo del Estado bajo la lógica del derecho penal del enemigo, y transitar hacia la aplicación efectiva del derecho penal como la ley del más débil, a fin de romper el velo de la normalidad y naturalidad que oculta la opresión y discriminación histórica de relaciones asimétricas de poder, estipulando un nunca más el poder privado y político por encima de los derechos fundamentales y, en específico, de las mujeres privadas de la libertad.
Hacemos, por último, un llamado a seguir de cerca la próxima publicación del comunicado sobre la misión de observación que desde la sociedad civil se realizó al penal de máxima seguridad en Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social a partir de la acción de Kenia Hernández, mujer indígena n’ooomdaa’, de Xochistlahuaca, Guerrero, hablante de la lengua amuzga y abogada feminista injustamente presa, quien ha dedicado parte de su vida a la defensa jurídica y política de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, en su lucha por la tierra y el territorio de pueblos campesinos, originarios e indígenas, y por la defensa de personas presas por motivos políticos.
Vigésimo aniversario de La Escuelita
May 28, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Hoy, en la generación 20 de #LaEscuelita, se tiene la oportunidad de compartir esta experiencia formativa, profundamente ligada al trabajo en los territorios, desde los cuales se han entretejido redes de colaboración que nutren el trabajo que el Centro Vitoria realiza.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : CDHVitoria
28 de mayo de 2022
n el andar de los 37 años del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos, La Escuelita, ha sido un proyecto fundamental para reflexionar sobre la importancia de la educación popular como herramienta emancipadora y libertaria en la defensa de la dignidad humana. Después de haberse imaginado y proyectado por el equipo del Centro, este espacio se empezó a construir en 2002, poniendo especial interés en convocar a juventudes interesadas en el ejercicio digno de sus derechos y en abonar a las diversas luchas de nuestro país. Uno de los pilares de este proceso ha sido la perspectiva de juventudes, que intencionalmente ha nutrido este camino.
Los retos que se han enfrentado han sido variados: entretejer un diálogo intergeneracional que impulsa a reflexionar sobre las dinámicas asimétricas que los rasgos etarios imponen; sensibilizar ante las transformaciones de los contextos y realidades de las corporalidades de diversas juventudes, y reflexionar sobre lo que esto implica en el presente. ¿Cuál es el papel de las juventudes en los territorios y en las luchas que se enfrentan? Hoy es más que indispensable recordar que los cambios generacionales también corresponden a las transformaciones sociales. Y, por ello, el proyecto ha apostado por consolidar en evolución constante metodologías de educación popular, encaminadas a contribuir en la construcción desde abajo de aquellos otros mundos posibles que el propio espacio obliga a impulsar.
Se busca comprender a los movimientos sociales como pedagogías emancipadoras, y, por tanto, se entiende a La Escuelita como un proceso vivo, cambiante, y que responde a las necesidades de quienes lo construyen, generación tras generación. Es menester agradecer a cada persona que ha construido con el centro este proyecto político y pedagógico: a quienes desde el cariño construyen cada sesión, a quienes con solidaridad exponen sus experiencias y conocimientos, y a quienes miran este proceso como necesario. El centro seguirá refrendando su compromiso de caminar con las juventudes, quienes desde una mirada crítica se disponen a apropiarse de herramientas, como los derechos humanos, para la construcción de horizontes esperanzadores que coloquen la dignidad de sus comunidades en el centro. Iniciativas como ésta siguen siendo urgentes, en medio de un contexto minado por intentos de privatizar y explotar los bienes comunes y territorios, así como por crisis de derechos humanos enmarcadas, sin duda, en la crisis de la civilización occidental.
La generación y fortalecimiento de espacios de formación política se vuelve cada vez más una necesidad primordial para seguir contribuyendo a la continuidad de proyectos emancipatorios y al acompañamiento de los movimientos sociales que luchan por buscar justicia y hacer real la vigencia y el goce de los derechos humanos para todas y todos. La Escuelita ha permitido, igualmente, en un anhelo sostenido por una vida digna, reconocerse en los procesos colectivos y relatos de esperanza que se entretejen desde las diferentes disidencias y resistencias. Para protestar y denunciar al unísono, para apoyarse, defenderse y protegerse. Como la propia experiencia de La Escuelita de Derechos Humanos nos deja ver, son sobre todo las mujeres, las personas jóvenes y las voces de distintas disidencias, quienes dan vida desde abajo a los procesos emancipatorios, para hacer frente a los sistemas de dominación que se enfrentan. Son estos procesos en red, basados en el afecto, la defensa, la resistencia y la construcción de alternativas, los que auxilian en la liberación y transformación colectiva.
Hoy, situados en la generación 20 de La Escuelita, se tiene la oportunidad de compartir esta experiencia formativa, profundamente ligada al trabajo en los territorios, desde los cuales se han entretejido redes de colaboración para seguir nutriendo el trabajo que el Centro Vitoria realiza con su compromiso político de aportar a las luchas sociales, y desbaratar las opresiones. Nombramos a las disidencias sexuales, a las feministas en el norte, a las y los defensores de los territorios en el sur. A quienes en sus espacios reflexionan sobre sus masculinidades, a quienes visibilizan sus corporalidades disruptoras, a las juventudes que buscan a sus familiares, a las y los educadores populares que caminan acompañando a las, les y los estudiantes que, como principio rector, sostienen que el conocimiento es para y desde la sociedad. A quienes han transitado por la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos: gracias por permitir acompañarles. El centro se sostiene y camina junto con ellos. Como el resto del trabajo realizado por el centro, esta actividad se realiza año con año sin fines de lucro, por lo que necesita del apoyo de la sociedad para mantener sus alcances. Se puede contribuir al proceso visitando el sitio web, derechoshumanos.org.mx/apoya/
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