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Los actuales patrones de producción y consumo de energía son insostenibles, tanto física como ambientalmente, aun así, no se prevé que dejen de crecer. Por un lado, se ha rebasado ya la máxima producción posible de gas y petróleo en el mundo y, por otro, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la quema de combustibles fósiles han puesto a nuestra atmósfera terrestre en una grave emergencia climática.
A la par de esta realidad, el sistema económico dominante y prácticamente la totalidad de las actividades productivas y económicas dependen de la correcta operación, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de producción y distribución de energía. Sin embargo, la creciente demanda de energía eléctrica, cuya producción está basada principalmente en la quema de combustibles fósiles, ha significado un impacto social, ambiental y climático de repercusiones globales irreversibles. Con todo lo anterior, se ha vuelto urgente cuestionar y modificar la estructura de la matriz energética existente, así como el modelo de consumo y desarrollo basado en combustibles fósiles.
En consecuencia, el mercado eléctrico ha registrado una creciente participación de nuevas centrales de generación basadas en fuentes renovables de energía, en particular de fuentes eólicas y fotovoltaicas, cada vez con mayor factibilidad técnica y económica. Sin lugar a duda, la transición global a una generación de energía justa y sustentable, proveniente de fuentes renovables, es una necesidad impostergable para la atención de la crisis climática. No obstante, es imposible pretender que se mantengan los mismos patrones de consumo energético actuales, creyendo que en el corto plazo las fuentes renovables sustituirán el volumen de energía generado por los combustibles fósiles. Es importante recordar que el consumo energético, igual que la riqueza económica, se distribuye de forma profundamente desigual entre la población del mundo. Mientras el decil más pobre de la población mundial consume 2% de los recursos energéticos, el decil más rico consume 39%, es decir casi 20 veces más.1
Si bien la producción de energía que proviene de fuentes renovables genera una menor cantidad de emisiones de GEI por unidad de energía, la discusión en torno al abasto energético y la crisis climática no es de ningún modo exclusivamente sobre tecnologías y tipos de centrales de generación. Esta discusión necesariamente tiene que partir de reflexionar sobre cuál debe ser la regulación adecuada del sector, así como el rol del capital privado en este. Para que, de esta manera, el sector energético y las inversiones económicas -públicas y privadas- no estén motivadas y alineadas a los intereses y objetivos de un crecimiento económico infinito, sino hacia una transición energética justa y sustentable que haya asimilado los límites biofísicos del crecimiento económico y, por ende, la apremiante necesidad de decrecer los altos niveles de consumo existentes.
En este contexto, resulta incompatible pretender lograr una mayor eficiencia energética y reducir las emisiones de GEI, al tiempo que se busca el crecimiento económico exponencial como única posibilidad del desarrollo. A nivel global, el crecimiento económico solo ha sido posible mediante el constante aumento del consumo energético y de recursos2; desde luego, con el consecuente aumento en las emisiones de GEI y el correspondiente deterioro ambiental.
Una reducción en términos reales, de los impactos sociales, ambientales y climáticos derivados del alto consumo de energía y del uso de recursos, difícilmente puede provenir del desarrollo tecnológico. Puesto que el uso de tecnologías avanzadas, con mayor eficiencia energética, a la larga puede aumentar el consumo total de recursos energéticos y, con este, la cantidad y magnitud de los impactos sociales, ambientales y climáticos.
Tal como lo planteó William Stanley Jevons (“Paradoja de Jevons”) en 1865, cuando observó que el consumo de carbón en Inglaterra aumentó exponencialmente al ser introducida una nueva máquina de vapor que mejoraba notablemente la eficiencia en el uso de este combustible. Esta innovación convirtió al carbón en un recurso más económico, lo que logró que la nueva maquinaria -de mayor eficiencia energética- se usara en un mayor número de industrias. Como consecuencia, el consumo total de carbón aumentó, aunque la cantidad utilizada por máquina fuera menor.
Para instalar y operar las centrales de generación de energía de fuentes renovables se requiere ocupar una gran superficie de suelo, puesto que su densidad de potencia por metro cuadrado es varios órdenes de magnitud inferior a la de los combustibles fósiles. Es decir, tienden a ocupar más espacio para generar un watt que las centrales basadas en combustibles fósiles.3 4 Un parque eólico de 200 megawatts podría requerir la distribución de aerogeneradores en más de 36 kilómetros cuadrados, mientras que una central de energía de gas natural, con la misma capacidad de generación, podría instalarse en apenas unos miles de metros cuadrados.5 Si tomamos como referencia la superficie media de suelo necesaria por tipo de central de generación para producir la energía eléctrica para operar una televisión de 100 watts durante un año, resulta que se requerirían:
296 m2 de una hidroeléctrica o,
37 m2 de una central eólica o,
14 m2 de una central fotovoltaica o,
0.8 m2 de una central de carbón o,
0.3 m2 de una central nuclear o,
0.1 m2 de una central de gas natural.4 5
Por lo tanto, una transición masiva hacia grandes centrales de generación de energía proveniente de fuentes renovables intensificaría la demanda y competencia por tierras sin vegetación en donde instalarlas, constituyendo un nuevo factor global de deforestación por cambio de uso de suelo. Esta gran ocupación de superficie, a su vez, generaría pérdidas de biodiversidad y propiciaría nuevos crecimientos de la frontera agrícola, es decir la deforestación con el fin de habilitar nuevas tierras de cultivo, con la consecuente generación de más emisiones de GEI por deforestación y degradación, al ser desplazadas las actividades agrícolas y pecuarias hacia terrenos anteriormente forestales. Por ejemplo, para la producción de biocombustibles líquidos, las emisiones indirectas provocadas por el desplazamiento de la frontera agrícola  pueden ser tan altas que equivalen a 30 años de las emisiones que se reducirían por reemplazar esa gasolina. 3
A la fecha, la implementación en México de plantas de generación eólicas y fotovoltaicas ha tenido un enfoque centralista y de mercado de gran escala, en oposición a una lógica inclusiva, comunitaria, descentralizada, distribuida y de autogestión local. En estas condiciones del mercado eléctrico, la construcción, operación, cierre y abandono de las grandes centrales de generación de energía renovable de ninguna manera quedan exentas de generar afectaciones ambientales y sociales, a lo largo de toda la cadena de suministros, lo que en numerosas ocasiones se materializa en violaciones, abusos y despojos por parte de las empresas energéticas en contra de los derechos y territorios de las comunidades.
La construcción masiva de grandes centrales de generación de energías renovables debe ser comprendida desde la lógica de megaproyectos. Estos se refieren a grandes obras de infraestructura asociadas a un modelo basado en la extracción de recursos para la producción, que se ha pronunciado en América Latina durante las últimas dos décadas. Estos grandes proyectos siguen el principio de las ‘Seis C’: suelen ser “obras colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por los retos ingenieriles que suponen y su antiesteticismo; costosas —generalmente costos superiores a los proyectados—; controversiales; complejas y con problemas de control.”6 Son una forma de reorganización espacial que permiten la expansión del capital hacia nuevas fronteras extractivas, que a su vez implican un proceso de creación destructiva: producen zonas de sacrificio y distintas formas (casi siempre violentas) de acumulación por desposesión.
Esto es así por la ocupación de enormes extensiones de territorio en los que se cambia el uso y la cobertura del suelo y que, para su construcción, dependen del crecimiento exponencial de la minería para obtener el concreto, hierro, carbón, cobre, litio, cobalto, grafito, manganeso, silicio y tierras raras, entre otros minerales necesarios; así como también estas centrales dependen de los propios hidrocarburos y sus derivados para la extracción de minerales, fabricación y transporte de las piezas.
Sobre el marco regulatorio mexicano en el que estos megaproyectos energéticos se desenvuelven, existen grandes limitaciones en la disponibilidad de información socialmente útil, es decir, es escasa la información pública que permita de forma proactiva, sencilla y expedita conocer no solo los potenciales de recursos estratégicos en un territorio, sino las condiciones y características de cada proyecto energético. Al amparo de las leyes sectoriales, la minería, los hidrocarburos y las centrales de generación de energía gozan de preponderancia sobre cualquier otro uso o actividad del territorio, por lo que pueden ocupar la superficie de cualquier pueblo o comunidad, incluso por mandato judicial si es necesario. Estas condiciones permiten a los proyectos una implementación de gran verticalidad, opacidad y ventajas en las que, a juzgar por el alto número de conflictos sociales y afectaciones ambientales, el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y comunidades parecen un mero trámite, una simulación.
Ante este escenario en el ámbito de la transición energética, es preciso garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación y la justicia para las comunidades y la sociedad en su conjunto. La profundización de las centrales de generación de energía renovable en la matriz energética no puede ser un fin en sí mismo, autorregulado por el mercado y dirigido por el interés del máximo retorno de utilidades económicas, sino un insumo de la justicia energética para la construcción de una sociedad equitativa y descentralizada.
Oswald, Y., Owen, A. & Steinberger, J.K. 2020. “Large inequality in international and intranational energy footprints between income groups and across consumption categories.” Nat Energy 5, 231–239 (2020). Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41560-020-0579-8
Roser, Max. 2020. The world’s energy problem. Disponible en: https://ourworldindata.org/worlds-energy-problem
van de Ven, DJ., Capellan-Peréz, I., Arto, I. et al. 2021. “The potential land requirements and related land use change emissions of solar energy.” Sci Rep 11, 2907 (2021). Disponible en línea: https://doi.org/10.1038/s41598-021-82042-5
van Zalk, J., Behrens, P. 2018. “The spatial extent of renewable and non-renewable power generation: A review and meta-analysis of power densities and their application in the U.S.” Energy Policy, Volumen 123, 2018, páginas 83-91. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.023.
Merrill, Dave. 2021. “The U.S. Will Need a Lot of Land for a Zero-Carbon Economy”. 29 de abril de 2021. Bloomberg Green. Disponible en: https://www.bloomberg.com/graphics/2021-energy-land-use-economy/
Frick, K. T. (2008), “The Cost of the Technological Sublime: Daring Ingenuity and the New San Francisco-Oakland Bay Bridge”, en Priemus, H. et al. (eds.), Decision-Making on Mega- Projects: Cost-Benefit Analysis, Planning and Innovation, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 239-262. Citado en Gutiérrez Rivas, R. (2020) “El derecho a la consulta previa para obtener el consentimiento libre previo e informado frente a los megaproyectos de inversión y la industria extractiva”. En Gutiérrez Rivas R.; Burgos Matamoros, M. (eds.) Globalización, Neoliberalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, p: 243.
Manuel Llano Vázquez Prada, comunicólogo, antropólogo y apasionado de los mapas. Director de CartoCrítica.
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