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Dicen los Awá que los niños difuntos son ángeles, pero de un cielo donde no cabe la clemencia: ¿hasta cuándo seguirán las masacres?
El dolor que no cesa
Cuando las FARC mataron a golpes y machetazos a 11 miembros de su pueblo, en una noche clara, probablemente, los Awá miraron fijamente a las estrellas. Su cosmovisión les enseña que "Si una noche es muy clara y se ven estrellas éstas no se deben mirar, porque si observa una mientras cae es porque dentro de poco (seis meses) va a morir un familiar[1].
Y seis meses después, el 25 de agosto pasado, doce ataúdes con los cuerpos inermes de una familia de indígenas del Resguardo Gran Rosario, en Tumaco, Nariño, fueron velados en una calle. Entre ellos  estaban Angie Jazmín Rodríguez de 5 años, Alexander Rodríguez de 8, Laurencio García de 5, Roberto Guanga Nastacuas de 17, David García de 12, Luis García de 13 años y Yeison Ferney, de 6 meses, más cinco adultos. Por fortuna para ellos, también dice su cosmología  que "los niños que mueren inocentes… se quedan ángeles"[2]. A ellos, aún no sabemos quien los mató.
De nuevo y durante algunos días, veremos indignados a todos los actores: Naciones Unidas y la Comunidad Internacional impresionadas con el número de niños que fueron asesinados prometieron colaborar con la Fiscalía para, ahora sí, esclarecer los crímenes. El gobierno envió el sábado 29 de agosto, por exigencia de los Awá, al Ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cosio. Con él viajaron el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez y el Fiscal (E), Guillermo Mendoza Diago, quienes se comprometieron a aclarar lo ocurrido. El Fiscal expresó que las vainillas que se encontraron en el lugar de los hechos no pertenecen a fusiles de uso habitual de los miembros de grupos armados al margen de la ley. La sociedad civil aterrada ante la dimensión de la barbarie; y los medios de comunicación haciendo los énfasis que se requieren para estar bien con los que les interesa estar bien. No obstante, el 1 de septiembre en la Plaza de Bolívar, en el acto convocado por la dignidad y memoria de las víctimas del Pueblo Awá, no se vio sino a un puñado de personas.
Crónica de una masacre anunciada
Todos los indicios señalan un exterminio sistemático y anunciado. Ya en diciembre del 2008 la Defensoría del Pueblo, mediante el Sistema de Alertas Tempranas había informado el nivel de vulnerabilidad en que se encontraba este resguardo. El informe declaró "Alerta Temprana" el 23 de diciembre de 2008 y sin embargo, tampoco se evitó esta masacre. La Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 también lo anunciaba, de la siguiente manera: "en  muchos otros casos, ha habido advertencias y alertas tempranas o informes de riesgo, bien sea emitidas por las mismas comunidades, sus organizaciones y sus líderes, bien sea dentro del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; pero igual, pese a los anuncios, han acaecido los crímenes o los desplazamientos que se temen, ante la franca indiferencia, la pasividad o la impotencia de las autoridades competentes"[3].
La nueva masacre se da en mitad de la formulación y ejecución de los Planes de Salvaguarda Étnica, ordenadas por el Auto 004 de 2009 y que incluyen la garantía, por parte del Estado, de todos los derechos vulnerados, y específicamente habla de "un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, especialmente de los que están en proceso de titulación y asimismo de los que ya se encuentran titulados, frente a los distintos procesos bélicos y de despojo"[4], y que debían haberse terminado y desarrollado a junio de 2009, según lo indica la providencia.
De la norma a la práctica: Está visto, los instrumentos de protección no los protegen
Mientras tanto, todos los actores del conflicto siguen involucrando de manera expresamente indebida y prohibida por el Derecho Internacional Humanitario,  por tratarse de población protegida,a las comunidades indígenas.En la guerra a los indígenas los usan como informantes, como escudos, para labores de inteligencia o como guías. Entran y salen de sus territorios ancestrales poniendo en riesgo su cultura y su vida y además los involucran en la siembra y procesamiento de la hoja de coca, que al fin y al cabo representa algunos ingresos. Comprensible ante la magnitud de la pobreza en la que viven.
Cifras del DANE indican que el 34% de la población indígena no tiene acceso a los servicios básicos y es evidente la pobreza extrema y abandono institucional. En caso de llegar a negarse a trabajar con los actores armados ilegales, igual los matan, como está sucediendo en el Cauca[5] donde los pueblos indígenas decidieron no permitir la siembra de coca. En el departamento de Nariño, entre enero y julio de 2008, de acuerdo a cifras oficiales, habían sido asesinados 4 indígenas. Para el mismo periodo en 2009 la cifra ascendía a 36[6] y si hacemos el ejercicio matemático de sumar las víctimas del 25 de agosto, ya serían 47. Lo anterior representa un incremento porcentual de 1.175% con respecto al año anterior.
La situación de los pueblos indígenas y su exterminio sistemático es tan o más grave que las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados "falsos positivos", entre otras, por la responsabilidad que le atañe al Estado colombiano, además de tener implicaciones internacionales de similares magnitudes. Más aún porque se cuenta con instrumentos constitucionales -como la Constitución Política y el Auto 004 de la Corte Constitucional- y tratados internacionales suscritos por Colombia -de carácter vinculante- como el Convenio 169 de la OIT. Todos obligan a proteger la vida y la integridad de los pueblos indígenas.
El Auto 004, trata específicamente de "la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004"[7].
La Corte es clara en señalar algunos factores generales que intensifican la vulnerabilidad de los pueblos indígenas: i. aunque no se involucre directamente a las personas y pueblos indígenas en las confrontaciones, éstas los afectan de manera directa y manifiesta. ii. la confrontación armada cuando involucra directamente a miembros de las comunidades indígenas. iii. los procesos de dominio territorial y de intereses socioeconómicos que están directamente ligados a sus territorios ancestrales y a su cosmovisión.
Mientras persistan los intereses "legales" e ilegales para la tenencia y el uso de la tierra, mientras esa tierra que despierta tanta ambición sea de los resguardos indígenas, mientras esté en proceso de titulación o forme parte de los territorios de proyección y ampliación, mientras continúen los procesos precarios de titulación y reconocimiento, mientras, como bien lo decía Álvaro Moreno en Razón Pública[8], el modelo económico que se consolide siga siendo el de un país minero y agro-exportador, con la riqueza concentrada en pocas manos, las masacres serán permanentes. Porque el despojo de las tierras es el objetivo y el camino más rápido es el exterminio.
Y la razón detrás de tanta barbarie está íntimamente relacionada, entre otras, con el desarrollo masivo de megaproyectos agroindustriales por parte de inversionistas privados y a veces por actores ilegales, la explotación de recursos naturales y la minería indiscriminada.
Además de todas las consecuencias de la crisis humanitaria compleja de la que hablamos suficientemente en Razón Publica[9] hace algunos días, de acuerdo a la caracterización realizada por la Dirección de Etnias[10] encontramos la siguiente situación relacionada con el uso y la tenencia de la tierra: más de la mitad de las comunidades indígenas que están priorizadas debido a la amenaza de desaparición tienen conflictos por territorio o débil autonomía (estos son los pueblos indígenas asentados en los departamentos del César, Meta, Guaviare, Arauca, Risaralda y Valle); conflictos por presencia de cultivos ilícitos (en Guainía, Guaviare, Putumayo y Arauca); conflictos por megaproyectos de hidrocarburos y carreteras, por ejemplo (en Putumayo y Arauca) y; departamentos como Magdalena, Nariño, Guajira y Chocó de los que es bien conocida su situación de vulnerabilidad.
Así vemos cómo los intereses ente los que transcurre el conflicto armado colombiano y el modelo de la economía política del Estado Comunitario[11] (que se está consolidando en nuestro país), están también acompañados por los intereses de multinacionales cuyas pretensiones económicas distan de contemplar lo  humanitario, de los poderes fácticos y de los reductos de los señores de la guerra que siguen teniendo en los miembros de los pueblos indígenas a sus más indefensas y dramáticas víctimas. Especialmente por la importancia vital de su relación con el territorio para la supervivencia como pueblos ancestrales y la protección de su cultura y de su cosmovisión.
Un rayo de esperanza
Mientras esto sucede en Colombia, un tribunal en Chimaltenago, Guatemala, condenó esta semana a Felipe Cusanero Coj, ex militar, a 150 años de prisión por el secuestro y la desaparición forzada de seis indígenas entre 1982 y 1984, en el marco del conflicto armado en este país centroamericano[12]. Se necesitaron veinticinco años de reclamaciones y cinco de lucha judicial para que los familiares de las víctimas encontraran respuesta en el sistema de justicia guatemalteco. Pero esto abre una luz de esperanza y de ejemplo para países como el nuestro.
* Gutiérrez Castaño, Julián. ¿Qué pasó? Están caminando. En lengua Awapit. La autodeterminación: una zancadilla al desarrollo empobrecedor. Disponible en http://www.cpt.org./files/colombiacontexto.pdf  (Consultado el 3 de septiembre de 2009)
** La autora agradece especialmente a Martha Espejo Barrios por su colaboración en la recolección de la información para este artículo.
Notas de pie de página
[1] Cosmovisión Awá. Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. UNIPA. Disponible en
http://www.unipa.org.co/contenido/cosmovision.htm  (Consultado el 2 de septiembre de 2009)
[3] Auto No. 004 de 2009. Corte Penal. Sala Segunda de Revisión.
[5] Arnulfo Palacios Conda, del resguardo de López Adentro, quien fue asesinado por hombres encapuchados el día 26 de julio en la vereda Guabito. Exigen protección especial para líderes indígenas. El País. Disponible en
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto072009/exigenespe.html  (Consultado el 3 de septiembre)
[6] Estadísticas por Departamento. Periodo: Enero – Junio 2008 y 2009. Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Disponible en
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/estadisticasxdepto.asp  (Consultado el 2 de septiembre de 2009)
[7] Auto No 4. Op Cit
[8] Martín Moreno, Álvaro. Economía y Seguridad Democrática: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con Uribe?. Artículo para Razón Pública. Disponible en http://www.razonpublica.org.co/?p=3252 (Consultado el 2 de septiembre)
[9] Duque López, María Victoria. Balance humanitario: saldo en rojo. Agosto 2009. Artículo para Razón Pública. Disponible en http://www.razonpublica.org.co/?p=3355 (Consultado el 2 de septiembre)
[10] Ver: Auto No. 4. Op Cit.
[11] Martín.  Op Cit
[12] Guatemala: histórica condena a ex militar. BBC Mundo. Disponible en
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/09/090901_guatemala_condena_jp.shtml  (Consultado el 3 de septiembre)
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