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Al revisar el proceso y la letra menuda del convenio que prorrogó a finales de 2012 la concesión sobre la gran mina de ferroníquel queda en claro que las autoridades no supieron o no quisieron defender la riqueza que es de todos. Aquí se muestran las cifras.
Al prorrogar el contrato -que debía finalizar en este año- para explotar la mina de ferroníquel en el departamento de Córdoba, el gobierno lo hizo en lamentables condiciones económicas para el país: de un lado acordó unas pírricas contraprestaciones y de otro permitió que las mismas fueran deducidas de la declaración de renta de Cerro Matoso S.A.
Cerro Matoso S.A. (CMSA) recuperó el valor de dichas obligaciones, y reportó pérdidas contables en 2013 quedando un saldo a su favor por unos 12.900 millones de pesos. De ese modo -y en apenas un año- pasamos del “gran negocio” que anunció la Agencia Nacional de Minería, a uno de los peores acuerdos en la historia de la minería nacional.
El aumento del 34 por ciento en los costos de ventas y prestación de servicios es absolutamente anormal
Como dice la expresión popular, los colombianos “le salimos a deber” a quien explota sin contraprestaciones los recursos que son nuestros. Nuevamente, la aplicación cruzada del Código de Minas y el Estatuto Tributario jugaron en contra el interés nacional.
El análisis de los resultados contables presentados por CMSA, filial de BHP Billiton (la empresa minera más grande del mundo), señala que la euforia e ingenuidad de la autoridad minera al prorrogar el contrato (mediante el otrosí #4 de 2012) no pasaron de ser intentos de acallar a quienes nos opusimos pública y reiteradamente a la entrega de la única mina de níquel del país.
Las pérdidas reportadas por CMSA en el balance de 2013 implican que el gobierno prorrogó el contrato sin contraprestaciones reales para el Estado y permitió disminuir sus ingresos por explotación de la única mina de níquel del país. Aceptó además  la producción de 113.000 toneladas de ferroníquel sin pagar regalías por el hierro y la deducción de las regalías por el níquel.
Para llegar a lo anterior – saltando por encima de los principios elementales del derecho-     se prorrogaron contratos mineros donde constaba su condición de improrrogables. Aprovechando un recoveco oportuno de la Ley 685 de 2001, se prorrogaron hasta 2044 contratos de 1963 y 1971, mañosamente incorporados al contrato objeto del nuevo convenio  (contrato 051 de 1996).
Si bien la prórroga de este último contrato fue avalada en consulta al Consejo de Estado, a éste no le preguntaron si era posible prorrogar un contrato con una compañía que lo había incumplido: (1) En materia ambiental, especialmente, (2) Con irregularidades al liquidar las regalías y (3) Con una enorme deuda social con la comunidad del área de influencia, tal como advertí hace un año a través de esta revista.
Aún así, la autoridad minera procedió a prorrogar el contrato 051 de 1996 y además acordó:
una contraprestación adicional de 1 a 2 puntos porcentuales sobre las regalías vigentes para níquel (12 a 13 por ciento),
aplazar la reversión de bienes hasta la finalización del contrato (en el año 2044),
una prima de contratación por 20 millones de dólares, y
10 millones de dólares para un programa de inversión social a cuatro años, es decir,  2,5 millones de dólares anuales.
La mina de Cerro Matoso.
Foto: Alcaldía de Montelíbano – Córdoba
Con las cuentas en la mano
El pasado 5 de agosto le solicité al presidente de CMSA, Ricardo Gaviria Jansa, información específica sobre la operación de la compañía. Pero esta solicitud nunca fue respondida. Me llegó en cambio un lujoso publirreportaje titulado Cerro Matoso: 30 años creciendo juntos, muy rico en adjetivos, pero muy pobre en explicar cómo opera esta empresa.
Y al “derecho de petición” que interpuse ante la DIAN en relación con CMSA, me respondieron que parte de la información era confidencial y que la otra parte no estaba en su poder porque las compañías mineras no desagregan algunos ítems de sus declaraciones de renta. ¡Una real caja negra!
Pero la Superintendencia de Sociedades respondió a mi “derecho de petición” en pocos días, con una copia de los Estados de Resultados de CMSA (2005 a 2013). De estos documentos se deriva la siguiente información:
Estado de resultados. CMSA. Millones de pesos corrientes
Costos de ventas y de prestación de servicios
Gastos operacionales de administración
Fuente: Superintendencia de Sociedades
La reducción de los ingresos operacionales (en un 18 por ciento) puede explicarse por la baja en producción (en cerca del 2,3 por ciento) y la caída de los precios del níquel en el mercado internacional (20 por ciento, según Index Mundi).
El aumento del 34 por ciento en los costos de ventas y prestación de servicios es absolutamente anormal y se explicaría por la inclusión de las obligaciones económicas contraídas por CMSA para prorrogar el contrato 051 de 1996, entre ellas la prima de contratación por 20 millones de dólares y los primeros 2,5 millones de dólares para inversión social.
La suma de las deducciones por costos de ventas, prestación de servicios y gastos operacionales de administración ascendió a 511.793 millones de pesos (284 millones de dólares) en 2012 y a 602.944 millones de pesos (319 millones de dólares) en 2013.
Es decir, los costos y gastos de CMSA aumentaron en 18 por ciento, en un año sin presión inflacionaria nacional o internacional, lo que refleja muy bien el manejo arreglado de las partidas para recuperar los gastos de la prórroga y reducir la renta minera que recibe el Estado propietario de los recursos, con los cuales BPH Billiton hace negocio y se enriquece entregando el ferroníquel en el exterior a una empresa del mismo grupo económico.
Otro muestra de lo mismo: las obligaciones económicas del otrosí #4 por la prórroga del contrato equivalen apenas al 7 por ciento de los beneficios tributarios deducidos por CMSA de su declaración de renta en 2013.
Pero en Colombia las compañías mineras disfrutan de una gama muy amplia de deducciones, exenciones y descuentos aprobados en el Estatuto Tributario . Y a esto hay que añadirle la elusión fiscal (en el manejo de precios de transferencia entre vinculados económicos o en los gastos en explotación, transporte y puertos, que son reportados por las empresas sin la menor posibilidad de verificación por parte de la autoridad tributaria).
El municipio de Montelíbano en Córdoba.
Las pérdidas para el fisco
Como consecuencia de los menores ingresos operativos y el alza desmesurada de los costos de ventas y prestación de servicios que reportó la compañía, esta arrojo pérdidas por  12.900 millones de pesos (6,8 millones de dólares) durante la vigencia fiscal de 2013.
Esto significa que CMSA no solo no pagó impuesto de renta por su operación en 2013, sino que los colombianos, a través del fisco, le quedamos debiendo 6,8 millones de dólares. Veamos por qué:
Según el artículo 147 del Estatuto Tributario, “las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los periodos gravables siguientes sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio”.
Es decir que las pérdidas empresariales tienen efectos en el presente porque no pagan impuesto de renta (a menos que CMSA haya hecho algún pago por renta presuntiva, de lo cual no hay evidencia). Y además tienen efectos en el futuro, porque cuando obtengan utilidades en los próximos cinco años, podrán descontar las pérdidas del 2013 y reducir los   impuestos a pagar.
CMSA no solo no pagó impuesto de renta por su operación en 2013, sino que los colombianos, a través del fisco, le quedamos debiendo
En un reciente publirreportaje de la Asociación Colombiana de la Minería (ACM) y la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) titulado “Minería moderna para el progreso de Colombia”, los gremios insisten en que la DIAN asegura con “rigor técnico” que la tasa efectiva del impuesto de renta minero fue del 25,5 por ciento en 2010.
Con rigor ético debería decirse también que la DIAN reconoce que para efectuar ese cálculo no tuvo en cuenta las rentas no constitutivas de impuesto de renta, lo cual reduce el impuesto efectivo a los niveles mínimos reseñados en los libros de la serie Minería en Colombia de la Contraloría General de la República. Y la tasa efectiva de tributación de Cerro Matoso en el 2008 fue del 4 por ciento, según su propio estado de resultados.
También con rigor académico habría que señalar que cuando una empresa no paga impuesto de renta debido a las pérdidas en un periodo específico, no paga regalías por la explotación de hierro y las regalías que paga por el níquel las deduce de sus impuestos, la renta minera del Estado es negativa y no alcanza para apalancar el “progreso de Colombia”.
La DIAN, en un concepto del 2005 producido a instancias de Andi-Asomineros, autorizó a las compañías extractivas a descontar las regalías de sus impuestos de renta. Este concepto desvirtuó el espíritu del artículo 360 de la Constitución y desconoce que el Estatuto Tributario solo autoriza esta deducción a los organismos descentralizados (artículo 116).
¿Y el patrimonio de los colombianos?
La contraprestación del Estado por explotar recursos no renovables se mide por la renta minera, compuesta por el impuesto de renta y las regalías mineras. Cerro Matoso S.A. no pagó impuestos en 2013 y dedujo las regalías de su renta gravable, de manera que los colombianos vimos reducir nuestro patrimonio natural sin compensación alguna.
CMSA exportó 138.000 toneladas de ferroníquel en 2013, es decir que se produjo un detrimento económico enorme debido a que el Estado no tiene salvaguardias para evitar que las compañías exploten y comercialicen los recursos naturales con pérdidas fiscales y perjuicio para los colombianos.
Las compañías deducen de los impuestos sus donativos a sus fundaciones para sus programas de responsabilidad social. Y Cerro Matoso tiene tres fundaciones a las cuales giró 8 millones de dólares en 2013; pero estas sumas se gastan sin verificación alguna por parte del gobierno y, a la luz del informe de sostenibilidad de la misma empresa, no han servido para mucho.
CMSA dijo en su informe que “a partir de la línea base de la comunidad (SIPLAN), del año 2012, se identifica que el 72% de los hogares obtiene ingresos inferiores a un salario mínimo mensual, 29% de la población económicamente activa vive del rebusque y el 26% está desempleada”. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto social de la compañía en 32 años de operaciones?
La gama enorme de privilegios tributarios, cambiario, de comercio exterior y un régimen especial de inversión extranjera minimiza la contraprestación por explotar los recursos de los colombianos (renta minera), y permite que obligaciones económicas de la empresa operadora se desvanezcan sin dejar un beneficio real para el país. Cerro Matoso es, por ejemplo, uno de los mayores beneficiarios del llamado Plan Vallejo, es decir, importa equipos e insumo sin el pago de aranceles e IVA.
Colombia perdió la oportunidad de crear una empresa estatal productora de ferroníquel para abastecer su industria local y generar empleo. En vez de eso, el Gobierno dejó la explotación de nuestra única mina de ferroníquel en manos de Cerro Matoso hasta el agotamiento total del yacimiento y ya empezó a crear la arquitectura jurídica para prorrogar el contrato La Loma de Drummond.
* Red de Justicia Tributaria y director de Colombia Punto Medio.
Economista y periodista. Director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio. Autor de artículos y análisis sobre minería. Director de Colombia Punto Medio
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