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La violencia es el mayor problema de Colombia. Por eso la mirada de un historiador reconocido a 50 años de cifras sirve para pensar en sus causas, en la eficacia de las políticas de los últimos 12 presidentes y en las posibilidades de que la Seguridad Democrática siga dando resultados.
Una revisión inicial de las cifras de homicidios permite hacer una comprobaciones básicas y plantearse algunas hipótesis sobre los factores que han influido en el mantenimiento de una violencia relativamente elevada durante medio siglo en Colombia, sobre los resultados de algunas políticas públicas y sobre las perspectivas de que continúe el proceso de reducción de los índices de violencia que ha tenido lugar desde 2003. Este artículo da una mirada brusca, puramente descriptiva, a las cifras más globales sobre violencia, para tratar de identificar algunos de los procesos más evidentes y esbozar algunas hipótesis sobre los ritmos de cambio de este fenómeno, así como sobre las posibilidades de que continúe la tendencia de los años recientes a la reducción rápida de los niveles de homicidios en el país (ver cifras anexas)[1]
1. En Colombia han muerto por homicidios, excluyendo los homicidios culposos en accidentes de tránsito, aproximadamente 709.000 personas entre 1958 y 2007. Esta cifra puede tener alguna subestimación por omitir los homicidios en los que no fue posible recuperar los cadáveres de las víctimas. Esto puede afectar un poco más las cifras de 1998-2003, cuando hubo muchos homicidios en los que las víctimas fueron descuartizadas, enterradas en fosas comunes o arrojadas a los ríos.
2. Estos años de violencia se dividen en varios períodos.
a. Entre 1958 y 1970 el número de homicidios disminuye firme y gradualmente. En el gobierno de Alberto Lleras la caída es fuerte, se frena pero sin revertirse bajo el gobierno de Valencia y cae otra vez rápidamente bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
b. A partir de 1970 comienza un ascenso gradual, leve en el gobierno Pastrana, un poco más rápido en el de López Michelsen, con tres años de crecimiento más brusco en el de Turbay (cuando el número de homicidios subió en más del 50%.)
c. A pesar de que en el primer año del gobierno de Betancur disminuyen los homicidios, en los tres siguientes suben más del 60%. En 1983 comienza un período de nueve años, hasta 1991, en el que la violencia crece aceleradamente, y en número de homicidios casi se triplica (aumenta 2.9 veces).
d. En 1991 comienza un descenso rápido, cuyo ritmo va disminuyendo hasta 1998. En total hay una disminución del 20% del número absoluto de homicidios en estos años.
e. De 1998 a 2002 vuelve a crecer el nivel de homicidios, y se pierde la disminución reciente: en el último año del período se llega al número más alto de muertes desde 1958.
f. Desde 2003 comienza una reducción rápida de los homicidios. Entre este año y 2007 la caída absoluta es del 40%.
3. Teniendo en cuenta los cambios en la población se pueden destacar algunos momentos críticos:
a. Entre 1958 y 1970 las tasas de homicidio se reducen aproximadamente a la mitad, pues pasan de de 48 a 22 por cien mil, una tasa que está muy por debajo de la actual.
b. Entre 1983 y 1991 la tasa pasa de 34 a 79 por cien mil, el momento de mayor crecimiento.
c. Después de una disminución fuerte, vuelve a subir de 58 a 69 durante el gobierno de Pastrana.
d. En el actual gobierno la caída es fuerte, y pasa de 69 a 39. Como puede verse en las tablas anexas, todavía estamos 50% por encima de los promedios de las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, este avance es significativo, pues representa la primera disminución continua desde Carlos Lleras Restrepo, y se da después de un período en el que la violencia parecía insoluble.
4. Los factores más notorios en la violencia son la guerrilla, el narcotráfico y a finales de siglo los paramilitares. Una breve narración de los principales momentos es la siguiente:
a. En 1958 la violencia es más intensa en los sectores rurales que urbanos. Una parte alta de los homicidios la hacen bandoleros y otros grupos provenientes del conflicto político liberal conservador: la violencia se concentra en Caldas, Antioquia, Valle y Tolima. En 1958 el 57% de los homicidios se daban en estos departamentos, que tenían el 37% de la población. Caldas, Valle, Tolima, Meta y Norte de Santander tenían tasas muchos más altas que el resto del país.
b. De 1958 a 1971 se reduce bruscamente la violencia en las zonas mencionadas. Tolima, Caldas Valle y Antioquia están cerca de la media. Meta, Boyacá y Santander son ahora los departamentos más violentos: Santander ha sido el sitio de origen del ELN, y Meta es escenario de actividades de las FARC. En Boyacá probablemente la violencia se concentra en las zonas de producción de esmeraldas y en el área de colonización del occidente. Sin embargo, pese a la existencia de las guerrillas, 1970 es el año de más bajo nivel de homicidios desde 1948 a hoy.
c. Para 1973 los departamentos comparativamente más violentos son Boyacá, Meta y Santander, donde vive el 11% de la población y ocurre el 20% de los homicidios. Al disminuir la tasa absoluta de violencia, las tasas regionales son menos dispersas y en general los departamentos más grandes tienen el mayor número de homicidios. Caldas, Antioquia Valle y Tolima, que tenían el 57% de los homicidios 15 años antes, tienen ahora el 38%, para una población del 36%.
d. Para 1983 son evidentes cambios en la distribución de la violencia. Esta crece rápidamente (aumenta en un 50% en la administración Turbay) pero Antioquia, Atlántico y Córdoba tienen aumentos superiores al 100% en el número de homicidios, y Bolívar, Caldas, Valle, Cesar y Bogotá aumentan cerca del 80%. Antioquia, Córdoba, Bolívar y Valle son sitios de expansión de la guerrilla, en particular en el corredor de Urabá al sur de Bolívar. Pero estos son los años de expansión de la violencia urbana: fuera de Bogotá, crecen Medellín y Cali, y por primera vez, en 1984, Medellín supera a Bogotá. Lo que esto indica es el peso creciente del narcotráfico, que alimenta actividades delictivas de todo orden en varios núcleos urbanos. Antioquia, Caldas y Risaralda son ahora los departamentos con una mayor tasa de homicidios, y combinan en diversos niveles la influencia de la guerrilla y el narcotráfico: tienen el 18% de la población y el 34% de las muertes. Antioquia, Caldas, Tolima y Valle, ahora con el 33% de la población, vuelven a concentrar la mayoría de los muertos: el 52%.
e. Entre 1983 y 1991 se recrudece la violencia en Antioquia (sobre todo en el área metropolitana de Medellín, escenario de la guerra entre narcos y milicias urbanas, y en Urabá, donde se extiende el conflicto entre paramilitares y guerrilla). Allí vive el 13% de los colombianos, pero se produce el 40% de los homicidios. Otro departamento que sigue figurando con una alta violencia es Risaralda. Meta mantiene tasas altas y aparecen en las estadísticas, con tasas muy elevadas, Caquetá y Arauca. Entre 1991 y 1993 suben bruscamente Bogotá y Cali. Al comparar 1983 y 1991 se advierte, fuera de que Antioquia multiplica sus homicidios por cinco, y que Bogotá, Bolívar, Sucre y Caquetá crecen más rápido que el país: en estos tres departamentos están apareciendo grupos paramilitares para tratar de recuperar el control en zonas de influencia guerrillera.
f. De 1990 a 1994 las tendencias son contradictorias y terminan anulándose: la violencia crece, pero levemente, en el conjunto del país. Los aumentos se dan en Cali y Valle, en Bogotá y Arauca, mientras disminuyen mucho Medellín y el resto de Antioquia.
g. De 1994 a 1998 la violencia continúa descendiendo en el país, arrastrada sobre todo por la disminución de las muertes en las zonas urbanas: Cali y Medellín y aún más en Bogotá. Pero aumentan los homicidios en Chocó, Casanare, Arauca, Huila y Guaviare, y Turbo, zonas de presencia guerrillera y paramilitar. Entre 1994 y 1996, Urabá, uno de los centros del esfuerzo de recuperación paramilitar, sufre un aumento de la violencia de más del 135%; anticipa lo que pasará en otros sitios en el período siguiente.
h. De 1998 a 2002 se rompe la tendencia a la disminución de la violencia y esta crece bruscamente. Disminuye únicamente en Bogotá, donde cae en un 25%, mientras en el resto del país crece en un 30%: Medellín y Cali también aumentan. En el sector rural, solo desciende en Urabá, donde el control paramilitar, en alianza con grupos ex guerrilleros y con apoyo público y empresarial, es muy fuerte. Aumenta a un ritmo rápido donde se está realizando el esfuerzo de consolidación paramilitar: En Nariño, Santander y Cesar la violencia sube más del 100% durante estos cuatro años. Crece también más del 60% en Arauca, Guajira y Huila y por encima del 40 en Guajira y Cauca. Los departamentos violentos de 50 años antes (Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Bogotá, Tolima y Valle) que tenían más de las dos terceras partes de los homicidios, ahora tienen el 50%, concentrados en las ciudades grandes e intermedias. En estos años la expansión es explicable ante todo por el esfuerzo de los paramilitares de ampliar y consolidar su control militar, político y administrativo en zonas de antigua presencia guerrillera, como respuesta a la política de negociaciones del presidente Pastrana.
5. Entre 2002 y 2007 se produce una rápida disminución de la violencia. Para el último año, las tasas son similares a las de 1985. Una caída notable, pero debe notarse que la tasa de 2007 es todavía el doble de la de 1970, tasa esta que podría considerarse una meta razonable para los próximos años. La caída más fuerte se da en Medellín. En términos absolutos, el 50% de la disminución de estos años corresponde a las áreas metropolitanas de Medellín, Bogotá y Cali. Comparando 2002 y 2006, los años de más rápida disminución, se advierten algunos patrones interesantes. Fuera de Medellín y Bogotá, las disminuciones más notables corresponden a los sitios donde los paramilitares habían consolidado su poder en los años anteriores, o donde el ejército logró desplazar el control guerrillero: la región con una disminución mayor fue Cesar. Otros departamentos donde la violencia disminuye por lo menos un 50% (o dicho de otro modo, donde los homicidios son menos de la mitad de los que eran 5 años antes) son Cundinamarca, Norte, Chocó, Caldas y Arauca. Descensos menos pronunciados, pero significativos, tienen Bolívar, Sucre y Boyacá, Huila, Magdalena y Tolima. Urabá, que había anticipado la caída entre 1998 y 2002, sigue bajando. En general, los departamentos donde hubo una ola paramilitar antes de 2002, como Norte, Chocó, Bolívar, Sucre y Magdalena, y en los que subió la violencia bruscamente, ven una disminución brusca correlativa, que lleva la tasa de homicidios al nivel de 1996 o 1997. De 2002 a 2006 se borra el pico de los cuatro años anteriores. Caldas, Tolima y Cundinamarca son diferentes: allí la caída afecta una tasa de homicidios elevada que venía desde antes, y lleva las nuevas tasas a los niveles de 1984-1986.
6. Una revisión más detallada requeriría comparar las cifras municipales, y no he localizado cifras por municipio para 2006 y 2007. Las cifras divulgadas por la policía para 1990-2005 tienen obvias deficiencias: por ejemplo, Ituango figura en 1997 con 11 homicidios, cuando este año fue la masacre de El Aro, con 19 muertos; La Gabarra figura en 1999 con cero homicidios, cuando ese año hubo una masacre con 35 muertos.
7. Tomando los datos de 2005 y comparándolos con los de 2002, se advierten algunos patrones, que sugieren y respaldan la hipótesis de que buena parte de la caída corresponde a la eliminación del pico paramilitar parece razonable. Unos pocos ejemplos de esto:
a. En Antioquia, fuera de Medellín, la mayor disminución absoluta se da en la zona del oriente, en particular en el descenso al Magdalena: Cocorná, Granada, San Luis y San Carlos son los 4 municipios fuera del Área Metropolitana de Medellín donde disminuyeron más los homicidios. En todos ellos se había presentado un alza brusca de la violencia entre 1999 y 2002. Esta fue la zona de influencia de Ramón Isaza.
b. El municipio de Arauca sigue el mismo patrón, con alza repentina en 2002.
c. Tibú tuvo un alza brusca entre 1999 y 2003, que se compensa con una caída en 2004 y 2005; sin embargo, a pesar de que es la mayor reducción absoluta del país para un municipio no capital, todavía en este año el número de homicidios era superior al de 1998.
d. Carmen de Bolívar anticipa algo el patrón: de 1998 a 2000 suben los homicidios bruscamente, y más en la realidad que en los datos de la policía. En las solas masacres de Salado y Macayepo hubo 115 víctimas en 2000, aunque la estadística oficial registra solo 103 muertos para todo el año. Los homicidios comienzan a disminuir desde 2001. Lo mismo ocurre con San Onofre, donde también es evidente que las cifras oficiales incluyen solo una ínfima parte de las víctimas.
e. Montería tenía altos niveles desde fines de los ochentas, pero se había reducido mucho para 1998, cuando volvió a aumentar bruscamente hasta 2002; a continuación sigue el patrón general de reducción de zonas con antigua influencia paramilitar.
8. Por otra parte, las cifras de 1998 a 2003, años del pico paramilitar, pueden estar subestimadas. En especial, es probable que un número elevado de víctimas enterradas en fosas comunes o tiradas a los ríos no figuren. Con estas cifras, la tasa de crecimiento de homicidios de 1998 a 2002 sería más alta, así como la reducción durante el gobierno de Uribe.
9. La comparación de cifras ente 2002, 2006 y 2007 muestra que en 2007 muchos de los municipios que habían tenido las mayores disminuciones se estabilizan o comienzan a subir lentamente. La reducción fácil ha terminado. Sin embargo, no hay razones para pensar que es imposible continuar el proceso de reducción de los niveles actuales de homicidios. Tres categorías podrían identificarse en abstracto:
a. Municipios con un aumento reciente por encima de sus registros anteriores a 1998. En muchos municipios las tasas actuales son todavía muy superiores a 1997 o 1998: un ejemplo extremo es Tumaco, donde hubo en el 2005 más de 10 veces los homicidios de 1997. En Puerto Asís los homicidios del 2005 fueron 4 veces los de 1996. Estos municipios, podría decirse, tienen un "espacio" obvio para la reducción: los factores que causaron este brusco aumento son recientes y un buen análisis debe poder identificarlos.
b. Municipios donde la tasa de homicidios es muy superior a la media nacional o regional, lo que implica la presencia de factores locales perturbadores. Puerto Asís, por ejemplo, tenía una tasa de 324 homicidios en 2005. Son obvias las razones generales para esto.
c. Municipios donde el número de homicidios absolutos en alto. Por ejemplo, tienen más de 100 homicidios al año 27 municipios: Tame, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Chinchiná, Manizales, Valledupar, Soacha, Bello, Itagüí, Medellín, Santa Marta, Villavicencio, Cúcuta, Pasto, Tumaco, Puerto Asís, Dos Quebradas, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Buenaventura, Cartago, Tuluá, Cali y Bogotá.
d. Hay municipios que están en las tres categorías, como Puerto Asís, mientras que hay otros, como Medellín o Bogotá, cuyas tasas son bajas y sus niveles de homicidio son inferiores a 1985, en los que el proceso de reducción de la violencia será sin duda difícil. Sin embargo, estas ciudades tienen administraciones comparativamente serias y capaces de promover programas de reducción de violencia significativos.
La conclusión brusca de este análisis inicial es que la reducción reciente de la violencia tiene que ver en gran parte con la reversión del auge provocado por los esfuerzos paramilitares por combatir la guerrilla y controlar la política y los recursos locales, en especial los ligados al narcotráfico. Aunque esta reversión no ha concluido, y en algunas zonas todavía la tasa de homicidios es superior a la que existía bajo Samper o a comienzos del gobierno de Pastrana, la probabilidad de que los acuerdos con los paramilitares y su represión tengan un gran impacto adicional es cada vez menor. Si esto es así, el impacto en la tasa de homicidios de la lucha contra la guerrilla y los paramilitares, que debe por supuesto continuarse, va a reducirse poco a poco. Por supuesto, los factores de mejoramiento institucional que se han producido desde 1990, sobre todo en las fuerzas armadas y policiales, seguirán pesando a favor de una reducción continua de los homicidios, pero su impacto también puede ir siendo marginalmente decreciente.
Por eso es preciso encontrar estrategias novedosas para continuar atacando los factores que hoy se enfrentan y diseñar una política más polivalente, para llevar al país a tasas menos extremas de homicidio: una meta razonable es volver al índice de 1970, que aunque todavía superior al de los países del sur del continente, representaría un éxito indudable.
Para ayudar a definir una política continúa y de largo plazo, sería conveniente establecer un sistema claro, público y abierto, de metas nacionales, regionales y locales, para reducir la violencia en los municipios más críticos o prioritarios del país, por su intensidad, la existencia de factores recientes de violencia o el tamaño absoluto de su contribución a los homicidios del país.
Además de las acciones actuales que desarrollan las entidades nacionales, policía, ejército, etc., estos municipios deberían tener un seguimiento complejo de sus fenómenos de violencia, con sistemas epidemiológicos como el que se aplica en Medellín, y ojalá acompañados de evaluaciones e investigaciones sociales, económicas y políticas periódicas. Es esencial que la información estadística se publique en la forma más completa posible, con claridad metodológica y haciendo un esfuerzo para que las cifras de diversas entidades del Estado sean compatibles o, cuando haya razones para mantener esas diferencias, estas se expliquen bien.
El sistema judicial, hasta donde puede presumirse, ha contribuido poco a la reducción de la violencia en años recientes. Pero lo grave es que poco se sabe al respecto: si la información pública sobre homicidios es pobre, la que existe sobre la investigación judicial es prácticamente inexistente. Nadie parece saber cuántas aperturas de instrucción por homicidio ha hecho la fiscalía cada año, cuántas han concluido en acusación, en cuántas de ellas ha habido un juicio, en cuántas se ha condenado al responsable y cuántos han sido sancionados realmente.[2]
Colombia ha hecho un gran avance en la reducción de sus cifras de violencia en los últimos seis años, y puede seguir haciéndolo, pero para eso hace falta que se tome en serio la información disponible y que se diseñe una estrategia seria y de largo plazo contra el homicidio.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Notas de pie de página
[1] Este texto hace una aproximación inicial y resumida a un tema muy amplio. No presenta todas las fuentes, estadísticas y análisis que serían necesarios para justificar todas las afirmaciones que se hacen, ni discute las interpretaciones acerca de las causas o correlaciones estadísticas más pertinentes y fuertes. Publico sin embargo, como apéndice, unas tablas con los datos básicos y resumidos que sirven de base para el análisis. Por otra parte, la información a mi alcance es limitada: no he podido encontrar una base de datos en la que aparezcan los homicidios para todo el período analizado discriminados por municipios, ni tampoco una base de datos con datos mensuales, lo que sería clave para afinar y verificar algunas de las hipótesis. Lamentablemente, las entidades públicas cada vez publican menos información útil: o han dejado de publicar las bases de datos básicas, o han cambiado los criterios de clasificación, o han optado por publicar síntesis o resúmenes que impiden verificar la información y someterla a nuevas operaciones de análisis. La policía nacional dejó de publicar sus bases de datos anuales; la excelente revista Criminalidad dejó de aparecer; los informes de la vicepresidencia han dejado de actualizarse, en la página del DANE no existen estadísticas de homicidios, y nadie consolida la información dispersa y a veces diferente. Solo Medellín mantiene una información excelente en la web, con datos semana a semana y comuna a comuna, clasificados por una amplia gama de factores. Por otra parte, Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y las autoridades regionales y municipales manejan criterios metodológicos diferentes y los cambian intempestivamente, sin explicar los cambios. Muchas de las tasas de homicidios para los años recientes, e incluso para 2006-2008, se están calculando con base en las proyecciones del DANE basadas en las tendencias demográficas de 1985-1993, a pesar de que el DANE ya publicó nuevos estimativos revisados, más sólidos: algunos se niegan a usarlos con el argumento burocrático y leguleyo de que el censo no ha sido aprobado por el congreso, como si los criterios para el análisis investigativo debieran definirlos los padres de la patria. Los datos de Medellín, un modelo que debería ser adoptado por todas las ciudades, están en:
[2] El Anuario Estadístico de la Fiscalía de 2004, por ejemplo, nos cuenta que entre 2000 y 2004 la Fiscalía comenzó 239.897 investigaciones por homicidio, y le dio "salida" a un poco más de 250.000 investigaciones por este delito, cuando hubo 100.000 homicidios en el país. Pero no nos dice cuantas de esas investigaciones por homicidio se concluyeron con resolución acusatoria: no deben ser muchas, pues las unidades de delitos contra la vida, la libertad y el pudor sexual, donde suponemos que se incluye el homicidio, en ningún año dictaron más de 7.500 resoluciones acusatorias., En el 2001, por ejemplo, hubo 3.258 acusaciones sin preso y 1.259 con preso, para un total de 4.517. Si recordamos que ese año hubo al menos 27.800 homicidios, y pensamos que se acusaron 1.259 presos, tenemos al menos un indicio débil de la probabilidad de que a uno lo acusen y apresen por homicidio: menos del 5%. Y por supuesto, tampoco parece divulgarse la información sobre lo que los jueces hicieron con estos acusados, pues es de suponer que algunos fueron absueltos. Lo grave es que mientras la fiscalía no sepa lo que hace ni el país sepa lo que hace la justicia, no importa cuántas reformas le hagan a la leyes, pues el problema principal es de aplicación de las leyes, de administración, de eficiencia, e incluso, muy simplemente, de información.
Jorge Orlando MeloSeguridad democráticaViolencia
* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlace.
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