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Un grupo de reservistas y un general activo tomaron posiciones públicas respecto de los candidatos presidenciales. ¿Cómo se explican estas intervenciones y hasta dónde se deben permitir en una democracia?
Esta semana tuvieron lugar dos hechos que involucran a militares y policías en la campaña electoral:
El 18 de abril, un grupo de reservistas encabezado por el general (r) y exnegociador de paz Jorge Enrique Mora anunció que apoyará la campaña de Federico Gutiérrez. En su comunicado sobre el particular, el grupo se compromete “como nunca a participar decisivamente para hacer realidad la victoria” del candidato.
Unos días después, el general Eduardo Zapateiro contestó un tuit de Gustavo Petro según el cual “algunos de los generales [del Ejército] están en la nómina del Clan [del Golfo]”. Zapateiro replicó que “a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. El episodio que menciona el general ya había sido puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, pero ambas instituciones archivaron sus investigaciones y afirmaron que “el dinero recibido por el congresista tuvo origen lícito”.
En todo caso, estos hechos abrieron el debate sobre la participación de militares y policías en política. ¿Hasta dónde tienen derecho a exponer sus opiniones políticas los militares y exmilitares?
Una vez retirados del servicio, los militares y policías pueden expresar con libertad y de manera pública sus opiniones y preferencias políticas.
Pero es un error pensar que estas personas comienzan su vida política a partir del momento de dejar el uniforme. No existe el uniformado apolítico. Policías y militares, activos o no, tienen opiniones, y su quehacer en temas de seguridad y defensa está impregnado de un carácter y un sentido ideológico.
Nuestros estudios en la Universidad del Rosario muestran que los soldados que participaron en el conflicto armado abrazaban el discurso anticomunista y que su entrenamiento y su vida en la institución los llevaban a asumir actitudes de aversión hacia la izquierda democrática. Reconocer que los militares peleaban una guerra en defensa de la Constitución y la ley, pero también una guerra ideológica, es fundamental para entender la relevancia de sus opiniones una vez que han dejado el uniforme.
En época de elecciones, las opiniones de los uniformados tienen un eco especial dentro y fuera de las instituciones militares y policiales. Aunque los activos mantienen estas opiniones en secreto y algunos retirados las hacen públicas, en ambos casos se da un debate político entre los soldados o policías, que a menudo se extiende a sus familias.
Aunque la voz de los retirados no constituye la posición oficial de los activos, claramente es el resultado de su vida como parte de una organización con sus propias demandas, ideologías y aspiraciones. Durante años, los uniformados se entrenan para defender un corpus ideológico, compuesto de valores y símbolos como el honor, el patriotismo, el orden, Dios, la familia, la bandera y la Constitución. Es imposible abandonar de un momento a otro estos valores y símbolos que han sido ratificados durante tanto tiempo.
Cuándo dejaron de opinar los uniformados
Recién nacida la República, en el siglo XIX, los políticos y acaudalados se asignaban a sí mismos rangos militares, de modo que los mandos militares casi siempre eran líderes políticos.
La adopción de la carrera militar y policial, ya en el siglo XX, resultó del acuerdo entre los partidos liberal y conservador para restablecer la paz entre ellos y dotar al país de una Fuerza Pública relativamente neutral. Pero la expansión mundial del discurso anticomunista en el contexto de la Guerra Fría caló con rapidez entre las fuerzas militares colombianas.
Policías y militares, activos o no, tienen opiniones, y su que hacer en temas de seguridad y defensa está impregnado de un carácter y un sentido ideológico.
La dictadura del general Rojas Pinilla (1953-1957) promovió activamente la inclusión en la doctrina militar de la defensa de la civilización cristiana, la democracia y los valores occidentales, en contraposición a la amenaza del comunismo ateo, apátrida y esclavizante. Bajo el Frente Nacional que sucedió a la dictadura se mantuvo la defensa de esos valores por parte de los militares en el terreno militar, pero no en el político. En 1958, el presidente Alberto Lleras les advirtió a los miembros de las fuerzas militares que no debían participar en el debate público y que, a cambio, tendrían todo el apoyo del Estado y de la sociedad para cumplir su misión armada.
Por eso desde entonces fueron mal vistos los militares que osaran opinar en público. Por ejemplo, en 1962, el general Alberto Ruiz Noboa dirigió la redacción del Plan Lazo, una estrategia que atribuía el conflicto armado al abandono e ineficiencia de las instituciones, y abogaba por una combinación entre acciones militares y trabajo social en las comunidades para derrotar a las guerrillas. Pero solo se aplicaron los elementos militares, el resto del plan fue abandonado y el general Ruiz pasó al retiro. Si bien emblemático, este no ha sido el único caso en el que los mandos militares y policiales han probado las consecuencias de cruzar la línea política.
En los años 80, los militares activos y retirados expresaron su rechazo a la política de paz del presidente Betancur, pero lo hicieron casi siempre en forma anónima o indirecta. Lo mismo ocurrió con sus dudas sobre la legitimidad del gobierno de Ernesto Samper en los 90 y con sus reparos a la negociación entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC en el Caguán a principios de este siglo.
Cada vez que atrevían a opinar en forma abierta, los mandos militares se veían obligados a presentar su renuncia o a retirarse.
Foto: Twitter: General Eduardo Enrique Zapateiro - Las manifestaciones electorales del general Zapateiro y de los militares y policías retirados no pueden entenderse como la opinión de individuos aislados.
Puede leer: ¿Derecho al voto para militares y policías?
La participación política de militares
Debido a las razones anteriores, los militares y policías se han acostumbrado a no expresar públicamente sus posiciones políticas. Pero eso no significa que esas posiciones no existan.
Es muy probable que aquellas opiniones se hagan visibles apenas cuando son expresadas por grupos u organizaciones de exmiembros de la Fuerza Pública. Y, aunque no necesariamente coinciden con el sentir de los activos, estas declaraciones sí reflejan la continuidad en la defensa de los valores y el marco ideológico dentro del cual combatieron.
En el caso de los soldados, no existe la idea de convertirse en “exmilitar”. Incluso en el retiro, tienen la convicción de seguir luchando por ser reconocidos, por defender a la institución, por justificar su lucha y, también, por derrotar a su enemigo ideológico.
En el escenario del postconflicto, la Fuerza Pública ha hecho un gran esfuerzo por presentar a sus miembros como víctimas y héroes. Casi todas las contribuciones de las fuerzas militares a la Comisión de la Verdad se apoyan en esta idea. En ese esfuerzo encaja perfectamente la candidatura presidencial de Íngrid Betancur, símbolo de las víctimas del conflicto, con la candidatura vicepresidencial del coronel (r) José Luiz Esparza, protagonista de la Operación Jaque.
Las manifestaciones electorales del general Zapateiro y de los militares y policías retirados no pueden entenderse como la opinión de individuos aislados. Sus posiciones son representativas, aún de manera imperfecta, de cientos de miles de activos con una manera particular de ver el mundo.
* Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna, Suiza y magíster en Historia en la Universidad de Carolina del Norte. Entre 2013 y 2017 fue delegado asesor del gobierno colombiano para los diálogos con el ELN en Venezuela y Ecuador. Actualmente es Profesor Titulador e Investigador en la Universidad del Rosario (Bogotá). juan.ugarriza@urosario.edu.co
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