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Pésimas condiciones laborales, alto riesgo de contagio y escarnio público. Así viven los médicos en la era del coronavirus.
La precarización del gremio afecta a los médicos de muchos países, en especial a los del Tercer Mundo. Tanto quienes escogimos este oficio por vocación y humanismo como quienes escogieron la profesión por el prestigio y los ingresos económicos que promete, estamos sufriendo la pérdida de dignidad o reconocimiento social de la medicina.
A finales del milenio pasado, los médicos en Colombia todavía gozaban de un estatus prestigioso en las comunidades y su retribución económica era proporcional a los años de educación que habían invertido. Pero a partir de entonces, su reconocimiento social y económico ha ido disminuyendo paulatinamente.
Hoy por hoy los médicos generales tienen salarios risibles que niegan descaradamente la importancia de su trabajo. Los especialistas gozan todavía de algunos privilegios, pero carecen de las prestaciones de ley que deberían tener, pues sus empleadores ya no están obligados a pagarles vacaciones, salud, pensión ni cesantías. Así pues, si un especialista no trabaja, no come porque no cuenta con ninguna de esas garantías.
Los dramas del sistema de salud
Conozco personalmente el drama de Oscar Pastrana, el médico anestesiólogo dedicado al cuidado crítico que viajó a Pereira para apoyar la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Los Rosales -la primera institución colombiana que presentó un brote masivo de COVID-19 entre el personal de salud, a finales de marzo-.
Allí el doctor Pastrana tuvo que intubar a Víctor Ballén, un pediatra intensivista que sufrió de falla ventilatoria por COVID-19. Unos días después, Pastrana descubrió que estaba contagiado y fue despedido por la Clínica Los Rosales. Desde entonces, pasa sus días aislado en un hotel de Pereira sin recibir pago de seguridad social, y sin saber qué pasará con su situación laboral. Se convirtió en uno de los tantos médicos colombianos que no tienen derecho a la salud.
La crisis de la salud ha afectado médicos de todo el mundo
En materia de salud, en Colombia prima el enfoque punitivo sobre el enfoque preventivo.
Los anestesiólogos de una prestigiosa institución que presta servicios de salud en la ciudad de Bogotá también viven una situación dramática, pues su salario fue reducido en un 50%. Lo mismo les ha sucedido a otros especialistas, y muchos subespecialistas se quedaron sin trabajo porque sus contratos fueron cancelados por culpa de la crisis.
Resulta paradójico que intentemos aplanar la curva de contagios de la COVID-19 y, al mismo tiempo, descuidemos la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, los programas de prevención y promoción (incluyendo el de vacunación), la salud mental, que cada día empeora silenciosamente, y los procedimientos quirúrgicos, que han disminuido casi un 80%. Todo esto puede hacer que colapse el sistema de salud -y no precisamente por el coronavirus-.
Como si fuera poco, a comienzos de mes, el ministro de Salud Fernando Ruíz y el presidente Duque denunciaron la existencia de una presunta red de corrupción en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Según ellos, en muchos hospitales y clínicas particulares, los médicos usan estos servicios más tiempo del que deberían con el propósito de aumentar la facturación.
La falta de garantías laborales que aqueja al personal de salud pone en riesgo sus vidas puesto que los expone a la contaminación cruzada y dificulta que los pacientes reciban una atención adecuada
El gremio médico reaccionó contra esas declaraciones, advirtiendo que ponían en duda su integridad moral y aumentaban el riesgo de que fueran atacados. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) manifestó que la denuncia propiciaba un clima de desconfianza que podría tener un efecto negativo en la atención médica y provocar zozobra en el equipo sanitario. Además, le pidió al ministro Ruíz que presentara la denuncia ante las autoridades competentes para que investigaran cuanto antes a las presuntas entidades infractoras.
Sin duda, las declaraciones del gobierno podrían minar aún más la confianza en la medicina, que ha venido deteriorándose en el mundo entero gracias a las teorías conspirativas y a los negacionistas de la ciencia. La que durante años fue considerada una disciplina que requería conocimientos avanzados, destreza física, compromiso intelectual y excelencia moral, ahora es vista por muchas personas como una labor que persigue apenas el lucro personal. Tristemente, esa lógica mercantil es promovida por la Ley 100 de 1993 y por el decreto 538 de 2020.
Foto: Capital Salud EPS
Para atender y aplanar la curva de contagios de una enfermedad nueva, se desatendieron todas las demás enfermedades crónicas.
Puede leer: No somos héroes de guerra: derechos y deberes de los trabajadores de salud en medio de la pandemia
La pandemia ha puesto en evidencia las prioridades del gobierno colombiano: mientras que hasta el momento se han impuesto 497.119 comparendos por incumplir la orden de aislamiento obligatorio, se han realizado apenas 458.324 pruebas diagnósticas de COVID-19.
Esas cifras dejan mucho que desear, pues países como Alemania y Corea del Sur realizan hasta 500.000 pruebas cada semana. Por eso mismo las cifras en cuestión permiten afirmar que, al menos en materia de salud, en Colombia prima el enfoque punitivo sobre el enfoque preventivo. Las autoridades parecen olvidar que un gran número de colombianos tiene que salir a la calle para conseguir su sustento diario, y que muchos de ellos no han recibido las ayudas del gobierno.
La falta de garantías laborales que aqueja al personal de salud pone en riesgo sus vidas puesto que los expone a la contaminación cruzada y dificulta que los pacientes reciban una atención adecuada. Es absolutamente reprochable que un país exponga de forma tal a las personas que están combatiendo directamente al coronavirus.
Es hora de que dejemos de ensañarnos con quienes prestan un servicio fundamental a la sociedad, y dirijamos nuestra ira contra la corrupción, la pandemia endémica que corroe a los políticos colombianos de todas las corrientes.
*Médico general de la Universidad del Quindío con estudios de maestría de la Universidad del Bosque, docente universitario y médico en ejercicio en una unidad de atención COVID del país.
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