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Los cultivos volvieron a aumentar porque han disminuido las erradicaciones, y un acuerdo con las FARC no implicaría que disminuyan de modo sustancial. Aunque el gobierno anuncia buenas estrategias, no será fácil llevarlas a la práctica.
El 10 de marzo de este año el ministro de Defensa dio una conferencia de prensa donde  informó que los cultivos de coca habían aumentado nuevamente. En otra entrevista, el ministro del Posconflicto Rafael Pardo sostuvo que la devaluación era en alguna medida responsable del aumento en las siembras ilícitas.
Sin embargo el ministro de Defensa añadió que los organismos de seguridad habían decomisado 252 toneladas de cocaína durante 2015 (un aumento del 70 por ciento sobre 2014) y que habían sido destruidas unas 3.900 “estructuras” para la producción de cultivos ilícitos.
Por otra parte dijo el mismo ministro que “las FARC generan (…) falsas expectativas anunciando que pueden servir de palanca para nuevos programas sociales o de intervención en materia agrícola, sustitución o mejoramiento de la infraestructura", para así mejorar su capacidad de negociación en la mesa de La Habana.
¿Cuál es la realidad debajo de las cifras, y hasta dónde son válidos estos argumentos?
Por qué aumentaron las siembras
Laboratorio de coca en medio de la selva.
Sin duda, la devaluación del peso ha sido un incentivo para el narcotráfico: como todos los bienes de exportación, la cocaína se ha hecho más atractiva dado que la materia prima (la coca) no ha variado de precio.
Pero hay que recordar que la devaluación es un fenómeno reciente y que de siembra a primera cosecha la coca tarda no menos de 9 meses en estar lista. Por esto, aunque la devaluación puede ser un enemigo para los esfuerzos de desarrollo alternativo y de erradicación forzosa, no tiene nada que ver con el aumento reciente de los cultivos.
La reducción del ritmo de erradicación es la culpable de la resiembra de coca en el país.
Por otra parte las estadísticas demuestran que el ritmo de erradicación ha disminuido bajo el gobierno Santos. Los números no mienten:
Mientras entre 2002 y 2012 un promedio de más de 100.000 hectáreas fueron objeto de fumigación área, entre 2013 y 2015 el promedio cayó a menos de 49.000 y el 1 de octubre de 2015 se suspendió esta forma de erradicación.
La erradicación manual pasó de un promedio de 57.500 hectáreas anuales entre 2005 y 2012, a un total de 22.000 en 2013 y de 11.000 en 2014.
En el otro lado de la ecuación está la demanda. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dice que la oferta de cocaína a escala mundial se ha reducido en un 40 por ciento entre 2005 y 2014. No obstante, muchos informes (de la Casa Blanca y de observatorios como el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas –EMCDDA-) indican que, a pesar de la reducción de la producción, tanto los precios como la pureza de la cocaína en las calles no han cambiado. Igualmente, los informes indican que el número estimado de consumidores se estancó.
Lo anterior nos muestra que hay algo que aún no entendemos del mercadeo de la coca y que las cifras ameritan una revisión total.
Por otro lado, es difícil aceptar la cifra de 252 toneladas de cocaína decomisadas por las autoridades, pues este número equivale más o menos al 50 por ciento de la producción nacional. Por ende es necesario que el Ministerio aclare si esta cifra corresponde solo a cocaína o incluye pasta, base, bazuco y cocaína.
Además hay que aclarar si el número que se nos da es de cocaína tipo exportación, es decir, con entre 74 y 77 por ciento de pureza. Por último, hay que decir si la misma ha sido analizada y fue efectivamente producida en Colombia.
El ministro también habló de más de 3.900 “estructuras” para el procesamiento de coca destruidas en el país. Este número significa poco o nada pues hay muchos tipos de estructuras para la producción de coca:
Por un lado tenemos cocinas simples, como las que usa el campesino de cualquier finca, que constan de un tambor de 55 galones, una cama donde se pica la hoja, una prensa para exprimir la hoja, y unos baldes y trapos para filtrar y separar la base. Esta instalación tiene un costo de unos 150 mil pesos. El propietario de esta instalación puede estar procesando unas 16 arrobas de hoja al día, o unos 400 gramos de base.
Otro tipo de instalaciones para el procesamiento de hoja se puede encontrar en el Plateado de Argelia, Cauca, Sánchez, Policarpa, Nariño y a lo largo del río Putumayo. Dichas instalaciones procesan 100 arrobas de hoja al día (2,6 kilos de base por día) en dos turnos diarios. El valor de estas instalaciones puede ascender a varios millones de pesos debido al precio de los insumos requeridos para el procesamiento (gasolina, cemento, ácido sulfúrico, entre otros) y el costo de transportar los mismos hasta estas cocinas industrializadas.
Finalmente tenemos los llamados “cristalizaderos” o laboratorios de cocaína, frecuentemente asociados con las grandes operaciones de procesamiento de hoja. La destrucción de estas instalaciones causa un verdadero daño a las organizaciones. Además de la mercancía, con su pérdida los traficantes se despiden de una costosa infraestructura y de los precursores, lo cual afecta los canales de distribución y sus compromisos en el mercado.
La presentación del ministro no tiene sentido si no sabe distinguir entre los tres tipos de instalaciones. Es decir, si entre las 3.900 instalaciones destruidas de las que habló hay 3.899 cocinas y un laboratorio, todo habrá sido un esfuerzo superfluo e insignificante.
Las FARC y la coca
Incautación de 410 kilos de cocaína en Turbo, Antioquia, pertenecientes al Clan Úsuga.
Foto: Policía Nacional de Colombia
El argumento de que las FARC quieren mejorar su posición negociadora con la promesa de ayudar a la erradicación puede ser válido, pero más probablemente – y por el contrario- su posición en algunas regiones se ha visto deteriorada por estar negociando la paz.
En sitios como el Catatumbo y Nariño las FARC no están solas, pues el ELN, el EPL y las BACRIM están listas para entrar a remplazarlas como intermediarios y compradores de hoja, pasta o base de coca en el momento en que se firme la paz. Lo anterior implicará la pérdida de legitimidad de las FARC ante las comunidades y del control territorial que habían ganado.
Por eso es fundamental considerar todos los actores regionales. La erradicación (voluntaria o forzada) será una utopía si no se toma en cuenta a todos los actores armados de las regiones.
Los planes del gobierno
Durante la ya citada entrevista el ministro del Posconflicto esbozó la nueva estrategia para combatir los cultivos ilícitos:
Sacar la coca de los parques naturales nacionales,
Intervenir con erradicación manual 94 municipios que tienen menos de 100 hectáreas de coca,
Intervenir con programas de sustitución 11 municipios que tienen el 40 por ciento de la coca en Colombia.
-La erradicación en los parques nacionales será muy complicada porque los ambientalistas se oponen a la fumigación aérea y, en muchos casos, los cultivos están aislados de manera que el costo de erradicarlos manualmente es enorme. En este caso, la intención es buena pero el cómo no está claro.
-La erradicación manual en municipios con menos de 100 hectáreas de coca parece ser la estrategia más sensata. Hace 20 años, haciendo un censo de cultivos para el programa Plante en el Catatumbo, un campesino me confesó que sembraba coca para ver si el gobierno se acordaba de ellos.
En el tema de las drogas, no hay una política de Estado.
En comunidades que necesitan escuelas, centros de salud, vías terciarias, agua potable, cadenas para comercializar productos lícitos, líneas de crédito, titulación de parcelas, justicia y todo aquello que damos por hecho en la Colombia urbana, usar solo la erradicación manual no es suficiente y se requerirán cuantiosas inversiones en lo social.
-La última parte de la estrategia (intervenir los 11 municipios donde se encuentran el 40 por ciento de los cultivos de coca) es más complicada. En dichas zonas, la paz con las FARC tan solo representará un cambio en el control territorial por parte de otros actores armados. En estos territorios la presencia del Estado requerirá un compromiso de mediano y largo plazo (10 a 20 años), combinando el brazo armado del Estado con una política de inversión social.
En último término, el crecimiento de los cultivos de coca puede explicarse por la falta de compromiso del Estado colombiano con las regiones apartadas de su propio territorio. Históricamente, hemos sido un país de regiones con un Estado central débil, para el cual el control territorial ha sido un problema.
Al hablar de cultivos ilícitos, lo anterior se complementa con la falta de compromiso de la clase dirigente con una política que dure más de un gobierno. En el tema de las drogas, no hay una política de Estado. Es claro que el aumento de los cultivos de coca durante los últimos dos años es una consecuencia de esta situación.
* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
CocaCultivos ilícitosdrogasSergio Uribe Arboleda
*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52
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