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Mirada de conjunto al medio centenar de comisiones de verdad que han servido en el mundo para sanar las consecuencias de guerras, genocidios y dictaduras criminales. ¿Qué se logra con ellas? ¿Qué dicen sus opositores? ¿Qué haría una en Colombia?
Un pasado que es presente
Sentado frente a un periodista, Adolfo Scilingo, antiguo piloto de la Fuerza Aérea argentina implicado en el lanzamiento de personas vivas al Mar del Plata durante la dictadura militar, se expresa con remordimiento: “Lo que usted llama pasado, para mí, no solo es presente sino que también será futuro. Cargar en mi conciencia con la muerte de treinta personas no es superable. (…) El pasado será el pasado, triste pero pasado al fin, solo si los responsables, partícipes y encubridores del genocidio de la ESMA declaran la verdad, dejando los cargos y honores a quienes los merecen por tener sus manos y conciencias limpias”.
Más de 30 años después de publicado el informe de la Comisión de la Verdad de Argentina,  la verdad sobre las atrocidades de la dictadura militar aún salen a flote, pero ya el país ha dejado de sorprenderse con las dimensiones de la violencia, la crueldad y la arrogancia de los perpetradores.
También el reciente anuncio de la mesa de negociación de La Habana sobre una Comisión de la Verdad que empezaría a trabajar una vez que se firme el acuerdo de paz es, sin duda, un paso de enorme importancia. Este anuncio (sorprendente, como lo califica Daniel Pecaut) se da en un momento crítico del proceso de paz y significa una apuesta de enormes proporciones.
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su nombre en inglés), las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, tales como dictaduras o guerras civiles.
Entre sus objetivos están el evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables, así como el determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. Además de lo anterior, las comisiones de la verdad buscan proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
Las comisiones de la verdad son una estrategia reciente en la historia de la humanidad. Según Priscilla Hayner, la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad. Las más recientes funcionaron en Marruecos, Nepal y Kenya, como respuesta a guerras civiles o dictaduras.
Entre todas estas son especialmente reconocidas por sus lecciones las comisiones de la verdad de Argentina (coordinada por el literato y humanista Ernesto Sábato), Chile (dirigida por el reconocido senador y diplomático Raúl Rettig), El Salvador (encabezada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur) y Sudáfrica (dirigida por el arzobispo Desmond Tutu).
Las comisiones de la verdad también sirven para reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos, como las sufridas por los pueblos indígenas en Canadá. Y la Comisión de Greensboro, por ejemplo, fue creada para esclarecer los homicidios cometidos por el pacto entre miembros del Ku Kux Klan y el Partido Nazi en Carolina del Norte en Estados Unidos.
Plantón frente a la sede de la Procuraduría en Bogotá, exigiendo el reconocimiento de los
45 mil casos de desaparecidos.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Las comisiones de la verdad tienen un desafío enorme: la verdad. Pero, ¿es posible establecer la verdad sobre el pasado? ¿Es posible una única versión o un único relato sobre el pasado? ¿Es posible considerar verdadero un pasado basado sobre todo en testimonios – puesto que casi siempre faltan los documentos-?
Las comisiones de la verdad agitan el debate político y ético. Los victimarios, interesados en el silencio y el olvido, argumentarán el pasado es un fardo que impide avanzar hacia un mejor futuro. Otros dirán que referirse al pasado es un acto egoísta que anquilosa a las víctimas en el resentimiento y a la sociedad en la tragedia y la oscuridad de la guerra.
Para desprestigiar la nueva Comisión, puede que la llamen “cacería de brujas”, interesada y manipulada políticamente. Seguramente algunos académicos y personajes públicos, apoyados en argumentos pseudocientíficos, hablarán de la falacia de la memoria, de la debilidad del relato oral y de cómo el trauma de las víctimas les impide comprender la realidad.
Algunos acusarán a los defensores de esta herramienta de convertirse en una horda de resentidos interesados en cobrar venganza contra el interés superior de la nación. Seguramente el pasado de los comisionados y sus equipos será escudriñado para objetar cualquier afirmación y limitar la validez de su trabajo.
Los enemigos de la Comisión pretenderán presentar como morales sus intereses personales y calificarán como política la búsqueda de dignidad de las víctimas. Cuando el relato de la barbarie señale a encumbrados políticos, empresarios, militares, jueces o periodistas, por su connivencia o activa participación en los horrores de la guerra, seguramente aparecerán libros, relatos, testimonios y comisiones ad hoc que presentarán sus versiones, magnificando la sevicia del contrario y revistiendo como justos, razonables e inevitables los actos violentos del bando propio.
Dirán: “hay una sola versión posible del pasado, la nuestra”. O por lo menos dirán que el pasado es subjetivo.
La nueva Comisión de la Verdad no revelará nada (o muy poco) que no se sepa, pero sin duda ese enfrentará con los negacionistas. Ya en Alemania, historiadores como Ernst Nolte, Andreas Hillgruber o Robert Faurisson pretendieron negar el carácter singular del Holocausto y minimizar la dimensión de las cámaras de gas.
En 2013, a pesar de las Comisiones de la Verdad Rettig y Valech de Chile, una historiadora negaba todavía los vínculos de Pinochet con los crímenes cometidos por Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Sin embargo, siempre hay una verdad por mostrar.
• Las dictaduras en el Cono Sur asesinaron, desaparecieron, torturaron y encarcelaron sin justificación.
• Los nazis exterminaron sistemáticamente a judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, discapacitados y prisioneros de guerra, con la participación de miles de ciudadanos alemanes.
• El régimen de Pol Pot llevó a cabo una política de exterminio de las clases medias en Camboya.
• Los rebeldes de Sierra Leona y Liberia acudieron a la mutilación y la violencia sexual.
• El genocidio ruandés en 1994 fue posible gracias a la activa participación de casi 700.000 ciudadanos y a la promoción de discursos de odio desde los medios de comunicación.
Hall del Centro Cultural General San Martín, sede de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas, en la ciudad de Buenos Aires.
Preguntas sobre la Comisión colombiana
Al ser la Comisión de la Verdad una propuesta planteada por los propios protagonistas del conflicto, son varias las preguntas inmediatas que surgen:
• ¿Reconocerán las FARC que acudieron al secuestro como intencionada política de ataque a los civiles? ¿Aceptarán que no sancionaban a sus mandos medios responsables de asesinato de civiles? ¿Cómo justificará la guerrilla la vinculación de menores de 15 años a la guerra?
La Comisión de la Verdad en Colombia no puede limitarse a los crímenes cometidos por las FARC y la Fuerza Pública.
• ¿Cesará el discurso épico que ha pretendido presentar a los paramilitares como una ineludible reacción a las exacciones de la guerrilla y no como un ejército narco que sirvió a empresarios conniventes y a políticos para apoderarse de tierras y legalizar capitales? ¿Se esclarecerá la verdadera dimensión de la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares? ¿Nos dirá la Comisión algo sobre las responsabilidades de los falsos positivos, caiga quien tuviere que caer?
Por eso, la Comisión de la Verdad en Colombia no puede limitarse a los crímenes cometidos por las FARC y la Fuerza Pública. Debe recoger la complejidad del conflicto y subsanar las enormes lagunas del proceso de justicia y paz.
En Colombia, el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica han avanzado enormemente en la consolidación de datos y versiones sobre el pasado. Ahora el país cuenta, como ningún otro, con cifras e información sobre lo sucedido en nuestra guerra.
El sistema judicial, a pesar de las connivencias con los violentos, su ineficacia inveterada y las múltiples amenazas que enfrenta, ha proferido fallos y tiene confesiones de guerrilleros, militares, empresarios, políticos y paramilitares responsables de crímenes muy graves. Otras organizaciones de la sociedad civil, como la Ruta Pacífica de Mujeres, han realizado ejercicios juiciosos y emblemáticos de construcción de verdad y memoria.
La Comisión de la Verdad no es un punto de llegada. Es un paso más en un largo camino que debe ayudarnos a construir un futuro donde se acepte la crudeza del pasado y donde  se dé una mejor respuesta a las víctimas. La admisión voluntaria de responsabilidades por parte de los victimarios abonará el camino para romper la desconfianza. Coexistencia en democracia es controversia pacífica.
Con la ayuda de la Comisión, tal vez algunas víctimas logren una respuesta, como la que implora Liz Rojas Valdez, cuya madre fue desaparecida durante la violencia en Perú: “aquí en Ayacucho todo el mundo va al cementerio el Día de los Muertos, pero no sé si yo deba ir. No sé si debo llevar flores a algún lugar. Ni siquiera lo sé ahora, a veces simplemente me quedo pensando”.
* Profesor de l Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​.
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