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Las mujeres mexicanas, frente al espejo de las estructuras laborales, reflejan un retrato con rasgos de exclusión, pobreza y desigualdad que las hace más vulnerables a situaciones de violencia:
●     Excluidas del trabajo remunerado y carecen de ingreso propio (21.2 millones);
●     Padecen mayor desempleo, que afecta al 20% de quienes están disponibles o buscando trabajo (5.5 millones)
●     La mayoría no puede salir a buscar trabajo, por estar realizando labores domésticas y trabajos de cuidado (13.8 millones)
●     Cuando tienen trabajo remunerado, su ingreso laboral  no alcanza para superar el umbral de pobreza, (14.6  millones,  74% del total);
●     Trabajan sin acceso a seguridad social (13.4 millones 60%);
●     Algunas solo pueden ocuparse a medias (2. 3 mdp);
●     Quienes tienen trabajo remunerado, conservan la obligación de las labores domésticas y trabajos de cuidado, una jornada completa más (39.5 horas a la semana)
●     Solo 1 millón de mujeres que trabajan, el 5%, gana más de 14 mil 100 pesos mensuales, ingreso suficiente para mantener una familia de 4 personas por encima de la línea de pobreza (más de 4 canastas básicas).[1]
“México tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas, no solo de la OCDE, sino de América Latina[2]. Millones de mujeres carecen de ingreso propio y quienes trabajan perciben salarios que no son suficientes para superar el umbral de pobreza y trabajan sin seguridad social. Esa es la raíz económica de la desigualdad de género, que resta autonomía a las mujeres y crea condiciones de riesgo a situaciones de violencia, tanto en la calle como en las casas”, dice Paulina Gutiérrez, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Si bien se han recuperado los niveles de ocupación previos a la pandemia, también se han restaurado y agudizado las precarias condiciones laborales que teníamos antes, con trabajos sin remuneración suficiente, sin seguridad social y sin contrato estable.  Y lo que es peor aún, la recuperación no es pareja.  Las mujeres tendrían aún un déficit de más de 1 millón de trabajos respecto a la tendencia previa a la pandemia[3]. La recuperación golpea más a las mujeres al conservar sus principales características estructurales: excluyente, discriminador y precario.
Mantener a las mujeres excluidas de las estructuras laborales, como impone el modelo patriarcal, reduce en casi la mitad el tamaño del mercado interno, frena el crecimiento económico, limita la recaudación fiscal y -sobre todo- representa una injusticia social grave al negarles los derechos humanos fundamentales: la salud y el trabajo, situación que les impide ejercer su autonomía y las pone en mayor riesgo frente a la violencia.
A pesar de que en los últimos años se ha reformado nuestro marco jurídico para el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, persisten las condiciones de exclusión y precariedad laboral que las mantiene sin ingresos suficientes para comprar lo más mínimo, sin acceso a la seguridad social, y sin contrato a través del cual puedan exigir sus prestaciones.
La autonomía económica de las mujeres es condición indispensable para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Es la base para hacer efectivos sus derechos frente a las violencias, los abusos y las injusticias que enfrentan en la vida cotidiana por el simple hecho de haber nacido mujeres.
La falta de autonomía económica de las mujeres mexicanas persiste por la exclusión laboral, la falta de ingresos, la precarización de sus condiciones laborales y por la inequitativa distribución de las labores domésticas y de cuidado.
Hay casi 14 millones de mujeres que no pueden siquiera salir a buscar trabajo, por estar confinadas a labores domésticas y trabajos de cuidado. Además de carecer de ingreso propio, realizan una labor sustancial para el funcionamiento de los hogares y de la economía en su conjunto. El 95% de quienes no se encuentran disponibles para trabajar por estar realizando estas tareas domésticas y trabajos de cuidado son mujeres.
Los datos indican la urgencia de emprender acciones inmediatas que garanticen a la mujer el derecho a ejercer su autonomía y el acceso al trabajo y a la seguridad social, con salud y servicios de cuidado. (Ver el Observatorio de Trabajo Digno y el documento Barreras en www.frentealapobreza.mx)
Nos sumamos a la exigencia del movimiento de mujeres al Senado para aprobar la minuta de reforma constitucional que haría posible la construcción de un sistema nacional de cuidados lo cual abriría las puertas al ejercicio de la autonomía de las mujeres, que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados desde fines de 2020 y está congelada desde hace más de un año en el Senado.
También expresamos nuestra preocupación por la cancelación de las escuelas de tiempo completo, que son componente indispensable de cualquier sistema público de cuidados. Además de que pueden contribuir a la mejora de la calidad educativa.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza promueve la fórmula #MéxicoSinPobreza, que tiene dos ingredientes indispensables:
●     Trabajo digno; es decir salario suficiente para sostener una familia y derechos laborales plenos
●     Sistema de protección social no condicionado al trabajo, para lo cual hay dos medidas urgentes:
○     Lograr la Cobertura Universal en Salud; no condicionada al trabajo, iniciando por un modelo de atención primaria que enfatice la prevención.
○     Sistema Nacional de Cuidados; suficiente y eficiente para garantizar cuidados de calidad para niñas y niños, adultos mayores y personas enfermas y con discapacidad.
Te invitamos a ver los videos con motivo del 8M y por la inclusión económica de las mujeres en nuestras redes sociales:
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