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Los precandidatos presidenciales están de acuerdo en promover esta industria. Pero ¿cómo asegurar que sea equitativa y competitiva?
María Alejandra Vélez* y Pablo Zuleta**
El debate sobre el cannabis
Recientemente, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes organizó dos conversatorios sobre política de drogas con precandidatos presidenciales, el primero, el 21 de septiembre y, el segundo, el 5 de noviembre.
Uno de los temas que se abordaron, en particular en el segundo conversatorio, fueron las propuestas para promover la industria del cannabis medicinal. En Colombia, esta industria está permitida por la Ley 1787 de 2016 y reglamentada por los decretos 613 de 2017, 631 de 2018 y 811 de 2021.
Se estima que la industria global del cannabis medicinal produjo 7,8 mil millones de dólares en 2020 y se espera que este año alcance los 16,47 mil millones. Por eso no sorprende que varios precandidatos tuvieran un buen concepto de esta industria:
Algunos como Rafael Nieto, Juan Fernando Cristo y Mauricio Cárdenas, entre otros, dijeron que es una oportunidad de mercado para el país;
John Milton Rodríguez la vio como una posibilidad para desarrollar un sistema de cuidados paliativos en Colombia; y
Gustavo Petro dijo que promover esta industria podía ser una estrategia para sustituir los cultivos ilícitos.
Un tema que en el pasado era estigmatizado y que se demoró tantos años en ser regulado hoy es aceptado por los precandidatos de todo el espectro político. Los precandidatos coinciden en que se debe promover la industria del cannabis medicinal. ¿Podría ser esta una señal sobre las discusiones que vienen acerca del uso recreativo del cannabis en Colombia y que ya traen vientos de reforma tanto en el norte como en el sur?
Lea en Razón Pública: Cannabis legal y sustitución de cultivos: ¿y los campesinos qué?
¿Cómo incluir a los pequeños cultivadores?
Varios precandidatos, como Gustavo Petro, Jorge Robledo y en particular Francia Márquez, resaltaron la importancia de incluir a la población campesina y étnica en la repartición de los beneficios de la industria del cannabis medicinal. En palabras de Márquez, “el cannabis debe contribuir a fortalecer economías para las víctimas de la política prohibicionista”.
La industria del cannabis medicinal en Colombia tiene varios problemas que no se han resuelto. Los productos todavía no han beneficiado a los pacientes que lo necesitan y los pequeños cultivadores no están participando del mercado, a pesar de las promesas y expectativas que trajo su regulación hace cinco años.
La economía ilegal de la marihuana sigue presente en el país desde el boom de la marimba y ha contribuido a la ampliación de la frontera agrícola. Por eso, la población que produce cannabis ilegal debería ser incluida en el proceso de legalización del cannabis medicinal.
Tienen razón Francia Márquez y los demás precandidatos en afirmar que las comunidades que más necesitan un mercado legal y regulado quedaron excluidas de esta “fiesta” que prometió una importante rentabilidad.
Pero la historia no es tan sencilla: en este nuevo mercado, las licencias son lo de menos. El verdadero cuello de botella que encontrarán las comunidades étnicas y rurales es cumplir con las exigencias técnicas y las buenas prácticas necesarias para acceder a los mercados internacionales, así como conseguir los recursos para las inversiones requeridas.
Producir cannabis medicinal implica un conocimiento sofisticado sobre el cultivo y sus procesos, al que es difícil y costoso acceder. En especial, los cultivos controlados bajo techo necesitan una inversión muy alta. A eso se suman las restricciones que existen en Colombia y no en otros países: por ejemplo, en Colombia no se permite usar la flor de la planta como medicina, a diferencia de las legislaciones de Canadá, Israel, Uruguay y Estados Unidos. Esto es un obstáculo adicional para que los pequeños cultivadores entren a los mercados internacionales.
Si el gobierno hubiera planeado el acceso de los pequeños productores a este mercado, habría invertido en estrategias de transferencia de tecnología y capacitación, incluyendo un ejército de extensionistas. En la industria del café, por ejemplo, la Federación Nacional creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). ¿Por qué no impulsar una especie de “Cenicannabis”?
Producir cannabis para el mercado farmacéutico implica procesos difíciles, altamente tecnificados y que suponen una inversión en infraestructura muy sofisticada. Por eso, los pequeños productores no podrán acceder a un mercado tan exigente sin la intervención del Estado.
Foto: PxHere - La industria del cannabis tiene que darle una mano al Estado y a las comunidades para sacar adelante proyectos con modelos de beneficios compartidos.
Puede leer: Legalización del cannabis en Colombia: ¿una idea problemática?
La responsabilidad de la industria
Pero si el propósito es construir la paz en los territorios, el Estado no es el único responsable.
La naciente industria del cannabis tiene la responsabilidad social y moral de incluir y hacer transferencias de tecnología a los pequeños productores, ya sea para vincularlos como proveedores estables o para abrir otras líneas más flexibles y con menos requerimientos, como la cosmética o la nutricional. Esto quizás los prepararía para la eventual industria recreativa para adultos, que no va a demorar otros cincuenta años en desarrollarse.
La licencia social de la industria del cannabis, que hoy produce empleos en el plano local o regional, también depende de la inclusión de antiguos productores, que hoy siguen siendo ilegales. Aunque el Decreto 613 de 2017 estableció que el 10 % del cupo de cannabis asignado a los titulares de licencias de fabricación de derivados de la planta debía provenir de un pequeño o mediano cultivador, este requisito no fue suficiente y es muy difícil de cumplir. Según la industria, la mayoría de los pequeños y medianos cultivadores no cumplen con los requisitos de trazabilidad y calidad que requieren.
Una alianza público-privada podría resolver estos vacíos y garantizar que algunos productores logren acceder a este mercado. De lo contrario, una vez más, los beneficios de la legalidad no llegarán a quienes más lo necesitan. Producir cannabis para la industria medicinal es más complejo que producir café o cacao con certificaciones ambientales para la industria alimenticia. En el caso del café y el cacao esto se ha logrado con capacitación y acompañamiento técnico. La industria del cannabis medicinal necesita mucho más esfuerzo.
El sector privado ya tiene logros importantes: por ejemplo, en ciertas regiones ha logrado estabilizar algunas cepas que producen flores con los requisitos necesarios para ser consideradas cannabis de uso medicinal. Esto ha permitido establecer planes de cultivo mucho más económicos, que pueden dar paso a ensayos en otras regiones del país.
En suma, es necesario apostarle a que algunos pequeños productores logren acceder a este mercado, pero esto no sucederá de la noche a la mañana, ni servirá para reemplazar todos los cultivos ilícitos. La demanda del producto no es infinita y el cultivo no se puede establecer en cualquier lugar. Hay condiciones ambientales que deben cumplirse y, para que sea competitivo, deben garantizarse otras condiciones como vías adecuadas y suficiente seguridad. Nadie hará inversiones millonarias si esto está en riesgo de perderse por extorsiones.
La industria del cannabis tiene que darle una mano al Estado y a las comunidades para sacar adelante proyectos con modelos de beneficios compartidos, incluyendo a los científicos locales para seguir avanzando en la ciencia que la sustenta.
Quizás los pequeños productores campesinos no empezarán a beneficiarse ampliamente con la industria farmacéutica, que es la más exigente. Pero esto no significa que no puedan acceder a los beneficios de otras líneas, como la cosmética, la industrial o la alimenticia. Crear economías locales, estables y legales permitirá que este tipo de industrias crezcan. De eso también depende la paz.
cannabis medicinalCultivos ilícitosdrogasMaría Alejandra VélezPablo Zuleta.
Maria Alejandra Velez - Pablo Zuleta
*Directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. ** Director del Área de Consumo y Salud Pública del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.
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