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Aunque todas participan en negocios criminales, las disidencias son distintas en sus motivaciones, en sus maneras de actuar y de relacionarse con las comunidades. La idea simplista de que todo es por plata no dejará que resolvamos el problema.
La cosa no es tan sencilla
Los medios masivos de comunicación y la mayoría de los comentaristas dan por sentado que a los disidentes de las FARC les interesa seguir en la guerra por las ganancias que derivan de las economías ilegales.
Incluso los mandos de esta guerrilla han dicho que las disidencias están movidas por intereses puramente económicos. Con esta declaración, los mandos también pretenden  aclarar que quienes se acogieron al Acuerdo de paz habían tomado las armas por convicción ideológica, de suerte que para ellos la cuestión no es de semántica sino de dirimir quiénes eran parte de una insurgencia legítima – y quiénes no lo eran-.
Estas controversias ya de por sí muestran que la realidad de las disidencias no es tan simple, y que hace falta ahondar en los motivos de los disidentes – comenzando por el hecho que al rechazar el Acuerdo de paz con el gobierno estos grupos tomaron una decisión política.
Algunos de los 14 grupos disidentes de las FARC que analicé la semana pasada en Razón Pública han expresado razones específicas para seguir en la guerra:
Gentil Duarte sostenía que el Estado no cumplirá el Acuerdo y por lo tanto su grupo no depondrá las armas;
El Frente 1 ha publicado varios comunicados y un panfleto donde expone sus razones, que van desde el incumplimiento del Estado hasta la traición de las FARC a Marulanda, el Mono Jojoy y Jacobo Arenas al haber capitulado, puesto que las condiciones económicas y políticas del país no son idóneas para alcanzar una “paz verdadera”.
Alias Pollo en Tumaco habla de discriminación contra los milicianos del Frente Daniel Aldana, a quienes las FARC acusan de indisciplina e incluso les han negado su calidad de miembros de la guerrilla. Otras fuentes en Tumaco hablan de una separación de este Frente a raíz del asesinato de alias Camacho, hermano de alias el Mocho, perpetrado por las FARC.
No solo hay intereses económicos detrás de las disidencias
Aunque la participación en economías ilegales, especialmente la extorsión y el narcotráfico, sigue siendo importante para explicar las disidencias, este factor no basta para dar cuenta de  su naturaleza completa porque los recursos económicos son necesarios para que un grupo armado sobreviva, independientemente de sus objetivos.
Es más: la relación con economías ilegales no implica que los grupos armados sean iguales. Por ejemplo, tanto el Frente 1 en Guaviare como Hugo en Tumaco están estrechamente ligados con el narcotráfico, pero actúan de maneras muy distintas: ambos utilizan la coerción y la dependencia económica para mantener su poder. Sin embargo, el primero tiene estrategias políticas claras; el segundo carece de ellas completamente.
Al rechazar el Acuerdo de paz con el gobierno estos grupos tomaron una decisión política.
Esta diferencia podría explicarse por los diferentes grados de control territorial ejercidos por las distintas disidencias. Este control no alude solo a la capacidad de extraer ganancias de las actividades económicas sino también a la aptitud para definir el orden social, es decir, el control propiamente político.
Un indicador del grado de control político es la capacidad de resolver  disputas locales. Por ejemplo:
El Frente 1 en Guaviare resuelve los problemas de las comunidades, aunque no está claro qué tan generalizada es esa práctica. En Barranquillita, Miraflores, esta disidencia resuelve temas de linderos y la entrega de fincas, entre otros asuntos; en otro pueblo bajo su control, un campesino informó que el grupo intervino en la resolución de un conflicto entre él y la comunidad por su tienda.
En Tumaco, por el contrario, no hay evidencia de que los dos grupos armados que quedaron después de la desmovilización de alias Pollo intervengan en la resolución de conflictos interpersonales. Tampoco hay evidencia de que el grupo de David en Tumaco, el de Caballo en Putumayo o el Ejército de Patria Libre, entre otros, resuelvan disputas en el territorio donde actúan.
Se cree que el grado de motivación “política” de un grupo armado también puede apreciarse por su manera de tratar a la población civil; pues bien:
En Guaviare personas que asistieron a reuniones convocadas por el Frente 1 informaron que allí el pago de la extorsión no es “100 por ciento obligatorio”, un hecho que atribuyen a que “no puede perder la amistad con la gente”.
En contraste, en Caquetá se han dado operaciones militares contra la disidencia del Frente 14 y la Columna Teófilo Forero basadas en información de los campesinos que se sentían agobiados por la extorsión. En Tumaco, el grupo liderado por Hugo es tan abusivo que mucha gente niega que pueda tener algún interés en el control político.
Pero el tratamiento que un grupo armado le da a la población civil no es un indicador del todo confiable de la existencia o ausencia de intereses políticos. Normalmente este tratamiento es un reflejo de las formas que toma la disputa armada en cada territorio. Adicionalmente, varios grupos paramilitares que participaron en guerras civiles, como en El Salvador, Guatemala e incluso en partes de Colombia, eran extremadamente abusivos de la población civil y sin embargo tenían una indudable motivación política.
De lo dicho hasta aquí no se sigue que todas las disidencias de las FARC tengan unos intereses políticos establecidos, sino que el argumendo de que el único interés de todas es la plata requiere de más evidencia empírica.
Cultivos ilícitos en el país
Foto: Senado República de Colombia
Sobre la base de las historias de quienes forman parte de las disidencias más grandes (las de los frentes 1, 7 y el Daniel Aldana), puede llegarse a la conclusión de que ellos conservan una base de apoyo en las comunidades de zonas específicas donde estuvieron durante la guerra.
Por ejemplo, el Frente 7 sigue operando en el sur del Meta y el Frente 40 sigue actuando en La Uribe y Mesetas; el Frente 1 incluso ha logrado tener presencia sobre el río Guaviare, aprovechando las bases sociales de los miembros del Frente 44, que ahora son disidentes. Por su parte, Don Y y David crearon su grupo en Pital de la Costa, población de donde  provienen; Hugo sigue controlando el barrio Vientolibre de Tumaco, y la disidencia del Frente 32 permanece en Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y sobre el río Caquetá.
Sin embargo, debido a las expectativas que se siguen del Acuerdo de paz en las comunidades la relación que tienen las disidencias con las bases sociales puede volverse más frágil.
Mientras se pretenda explicar las disidencias de una manera simplista se propondrán soluciones superficiales. Para evitar esta falacia hay que empezar por investigar más a estos grupos, tomando como punto de partida la idea de que no todos son iguales.
Mientras se pretenda explicar las disidencias de una manera simplista se propondrán soluciones superficiales.
Dos preguntas básicas para entender los factores que propiciaron o facilitaron estas disidencias son el por qué y el de dónde surgieron.
Si las redes de apoyo que sirven de base social para las disidencias resulta ser un elemento  clave, este podría ser un indicador importante al que debería responder la Fuerza Pública. Podrían crearse unidades específicas de diferentes fuerzas armadas y composiciones para luchar contra estos grupos.
Aunque se ha dicho muchas veces, vale la pena repetirlo: tiene que haber una presencia efectiva y permanente de la Fuerza Pública en los espacios donde actúan las disidencias, y con una oferta de protección. Pero la coerción no puede serlo todo.
En el largo plazo, sin cambios en la estructura social, política y económica de los territorios seguirá habiendo quien aproveche las condiciones de atraso de la periferia para diversos  fines ilegales, como demuestra la historia del conflicto colombiano y el narcotráfico. Por lo tanto la implementación del Acuerdo de paz es una herramienta importante contra las disidencias, especialmente en el tema de la sustitución de los cultivos de coca. En el corto plazo, el éxito de ese programa puede quitarles la base política y económica a las disidencias; por el contrario, su fracaso las fortalecería sustantivamente.
El aumento de la legitimidad de la justicia local, especialmente de sus mecanismos gubernamentales e informales, también es central para que sea el Estado o un actor sin armas, como las juntas de acción comunal o los consejos comunitarios, quien responda a las demandas de las comunidades.
Si a las disidencias se les aplica el derecho internacional humanitario, como en efecto se ha venido haciendo, también debería permitirse que sus miembros se desmovilicen individual o colectivamente y que hagan parte del proceso de reintegración de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Según el Ministerio de Defensa, la opción de la desmovilización individual está disponible para los miembros de las disidencias. Pero para que su reintegración sea exitosa habrá que garantizar suficientes recursos financieros y humanos para la ARN.
Las disidencias de las FARC son en su mayoría pequeños grupos que experimentan un proceso de consolidación y búsqueda de control territorial, lo cual significa que hay una ventana de tiempo para actuar en su contra. Para contrarrestar su avance es necesario tomar medidas coercitivas, pero también es urgente que las comunidades vean cambios reales  y concretos en su vida diaria tras la implementación del Acuerdo de paz.
* Analista senior del International Crisis Group en Colombia.
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*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses.
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