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Joaquín Benavides Rodríguez, autor invitado de este blog, quien ocupara, entre otras responsabilidades, el cargo de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, comparte con los lectores su interesante texto “PYMES estatales”.
No estoy seguro de llamarlas así. Más bien son empresas pequeñas, medianas y grandes de propiedad del estado.
Ahora, como yo lo veo, antes de poderlas clasificar habría que resolver un problema: el de la tasa de cambio de las empresas estatales.
Si para la población y el sector privado, la tasa de cambio en CADECA es de 24-25 CUP x1 CUC, la de las empresas del estado debe ser la misma: 24-25×1. Hay que poner a los dos sectores en las mismas condiciones ante el mercado externo en divisas. En mi opinión no hay otra alternativa que permita comenzar a poner en su lugar a la economía cubana.
Esta decisión nos llevará: 1ro, a poder conocer el nivel real de inflación que tiene la economía. 2do:  determinar cuáles empresas, por ser exportadoras, aportan utilidades reales en términos internacionales y 3ro. la situación del resto de las empresas, que por ser importadoras tendrán una situación financiera desfavorable. Las que tengan más dependencia de las importaciones, tendrán más dificultades; las que dependan menos de las importaciones y puedan abastecerse más con la producción nacional, tendrán menos dificultades.
El primer problema que aparecerá es el exceso de trabajadores en cada una de las empresas y las dificultades para pagar el salario a todos los ocupados en la plantilla. Por ahí es por donde hay que comenzar el trabajo de racionalización.
El objetivo es que las empresas que queden sean capaces de pagar sus salarios. Para ello tendrán que aplicar todos los mecanismos y fórmulas para incrementar la productividad. En la economía cubana, la productividad que dan las máquinas y la técnica moderna se “diluye” en el exceso de personal y la baja calificación. Además, hay que garantizarle a las máquinas y a los hombres la materia prima necesaria para que puedan producir con la capacidad diseñada. Hay que garantizar la materia prima para que las máquinas no dejen de producir ni un minuto por esa causa y a los obreros, en especial a los ingenieros y obreros especializados, un salario suficiente para que no les pase por la cabeza irse a trabajar a una empresa privada.
Con un millón de trabajadores sobrantes en las plantillas de las empresas, hay que crear las condiciones para que encuentren empleo en las PYMES. Y mientras tanto, subsidiar a los trabajadores sobrantes durante un tiempo, no mayor de un año, con el salario que han venido ganando. Teniendo aprobadas las PYMES, sin que sientan temores los inversores privados de que la política va a cambiar, en un período relativamente corto de tiempo pueden absorber el personal sobrante y comenzar a producir bienes y servicios.
Esta sería la condición necesaria para que la empresa propiedad del estado comience a renacer, pero no es suficiente.
Determinación de la capacidad real de producción en base a la tecnología con que cuenta.
Determinar los costos materiales para cada producto, utilizando para los bienes importados los precios internacionales a la tasa de cambio oficial (25×1)
Aplicación de nuevas tarifas salariales oficiales. Determinación de los costos salariales para cada producto.
Determinar el tamaño de mercado
Estado financiero estimado utilizando los precios oficiales y los costos laborales con las nuevas tarifas y los costos materiales con las importaciones a precios internacionales utilizando la tasa de cambio oficial.
Determinar la utilidad y/o la pérdida de cada producto.
Determinar el capital de trabajo necesario
Determinar el financiamiento requerido.
La distorsión que se ha producido durante años, y sobre todo después del período especial, con la utilización de una tasa oficial de cambio para las empresas estatales de 1USD=1CUP no permite determinar a priori el tamaño económico de las empresas, su rentabilidad. etc. Si a ello se añade que los salarios se han mantenido prácticamente inmóviles durante casi 30 años, la dificultad es mayor.
Todas las actuales empresas estatales, serían consideradas empresas públicas cuyo propietario es el Estado cubano. A partir de ello sanear su contabilidad. Las pérdidas, de haberlas, tendrían que ser asumidas por una sola vez por el Presupuesto.  Ningún Ministerio tendría facultades para intervenir en su funcionamiento.
La función principal de los Ministerios sería presentar al Gobierno la política de desarrollo de las ramas asignadas a los mismos y la evaluación periódica de la ejecución de la política y las inversiones relacionadas con la política aprobada. Ello facilitaría disminuir significativamente el número de Ministerios, así como la plantilla de los mismos, lo que permitiría que una buena cantidad del personal técnico y administrativo de experiencia pasase a trabajar en las grandes empresas que definen el desarrollo de las ramas fundamentales de la producción del país.
Las empresas tendrían autonomía para la administración corriente de las mismas. Los Directores de las empresas y sus Consejos de Administración responderían personalmente por las decisiones que adopten para el cumplimiento de los planes productivos, financieros y fiscales. Tendrían facultades para negociar y acordar con los bancos el financiamiento de sus operaciones corrientes, así como el de las inversiones que les hayan sido aprobadas por las instancias del Gobierno que correspondan. Importarían todo lo necesario para sus planes corrientes y para la ejecución de las inversiones que les hayan sido aprobadas. Responderían administrativa y penalmente por la legalidad de sus decisiones.
Al ser empresas públicas, el Órgano correspondiente del Estado, le aprobaría a cada empresa su capital de trabajo y el monto de las inversiones y el destino de ellas, cuyo financiamiento debe ser gestionado y negociado por ellas con la banca inversionista nacional y extranjera y aprobado por el Banco Central y el Ministerio de Economía. La obtención de los recursos financieros corrientes por encima del capital de trabajo aprobado, deben ser obtenidos por las empresas a través del crédito bancario y de organizaciones financieras autorizadas a operar en el país. La tasa de interés para el crédito corriente será aprobada por el Banco Central y se revisará una vez al año.
En resumen, una vez reestructuradas las empresas, valorar sus activos y convertirlos en acciones. El depositario de esas acciones seria el Consejo de Estado. Anualmente habría que actualizar el valor de las acciones.
En el caso del sector agropecuario, salvo las grandes empresas pecuarias, arroceras y forestales y alguna que otra que haya demostrado su eficiencia productiva y económica, transformarlas todas en verdaderas cooperativas. El resto de los pequeños agricultores que posean tierras de su propiedad o en usufructo, convertirlos en pequeños empresarios agrícolas. Todas tendrían facultades de negociar entre sí y con las empresas de los demás sectores, incluyendo las comerciales mayoristas. Habría un Banco de Fomento Agrícola con unidades bancarias en todos los municipios del país, donde todas las empresas y cooperativas abrirían cuentas y que se encargaría de financiarles mediante crédito las cosechas y además las inversiones vinculadas a las producciones a las que se dedican.
El sistema bancario tiene que desarrollarse. Una cosa es la sucursal bancaria que cobra impuestos, paga la seguridad social a jubilados y participa en la compra venta de viviendas y otra cosa es la banca comercial que atiende a las empresas, sean estatales o privadas, negocia los créditos corrientes con ellas y les controla el pago; que negocia garantías para importaciones y que le financia inversiones a mediano plazo, con la garantía de sus fondos propios. No se puede pensar en empresas estatales con autonomía, ni con empresas privadas que funcionen sin trampas, sin un sistema bancario que funcione como en cualquier parte. Los bancos son indispensables para que un sistema empresarial funcione eficientemente. Pero este es otro tema al que habría que dedicarle unas cuartillas. Aunque no soy bancario tengo alguna experiencia de cómo deben funcionar.
No soy enemigo de las OSDE, pero por supuesto no estoy de acuerdo con las que se han creado, que en la práctica son pequeños ministerios para dirigir las empresas. Un ejemplo de lo que no debería ocurrir es lo que ha sucedido con COPEXTEL. Esa es una gran empresa fundada desde finales de los 80. Pasó todo el periodo especial y creció. Cuando a su fundador y Director lo nombraron Ministro de Comunicaciones la empresa pasó a ese Ministerio, aunque conservó su autonomía. Ahora la han incluido en una OSDE. ¿Por qué no la han dejado como la empresa que era desde su fundación?
Sin embargo, para las empresas estatales medianas y pequeñas quizás harían falta OSDEs que actuaran sobre bases autofinanciadas a nombre del Estado como dueño.
En la década del 90, en respuesta al Período especial, el Ministerio del Transporte se racionalizó y de 750 trabajadores que tenía en el Organismo Central, quedó en 150 trabajadores. Todas las grandes empresas excepto el ferrocarril, se convirtieron en pequeñas y medianas empresas. El Gobierno autorizó que los ingresos que obtenía en divisas la flota fueran administrados por el Ministerio y que le entregara un aporte en esa moneda a la Salud Pública. El Ministro de Transporte decidió separar la administración de las empresas del Organismo Central y creó una entidad que se llamó CADE, para que se ocupara de aprobarles los planes a las empresas y controlar el cumplimiento de ellos. Designó al Viceministro de Economía para que en su nombre atendiera el sistema empresarial, sin que por ello tuviera facultades de intervenir en las decisiones de los directores de las empresas. El Presidente del Banco Nacional aprobó constituir una entidad financiera que se llamó TRANSFIN que se convirtió en la financiera en moneda extranjera de todo el sistema empresarial del MITRANS.
El CADE tenía en su plantilla 15 trabajadores y 12 en TRANSFIN. Con eso se le aprobaban los planes y se controlaba todo el sistema empresarial del Ministerio del Transporte y se presentaba a la JUCEPLAN de aquella época todos los planes consolidados. Además, el Ministerio de Transporte tenía a ACEMEX que todavía existe como una entidad extranjera de capital cubano que administraba una parte importante de la flota que se le transfirió al comienzo del periodo especial para burlar el bloqueo, que en buena medida se consiguió. En aquellos años, en medio del feroz bloqueo, con ACEMEX, se consiguió constituir una empresa mixta entre los Astilleros de la Habana y los de Curazao, construir la Terminal de Cruceros con participación de capital extranjero y crear el banco Netherland Caribbean con participación del 50% con Curazao, que nos facilitó obtener financiamientos para pequeñas inversiones y vías para burlar el bloqueo financiero.
En la misma época, el MINFAR creó el GAE, con funciones similares con respecto a sus empresas civiles agrícolas, industriales y del turismo. También con una financiera RAFIN, que todavía existe.
No tengo dudas de que es posible concebir y lograr un esquema de empresas estatales pequeñas, medianas y grandes, que actúen con autonomía comercial y financiera y donde organizaciones dependientes de la Dirección del Estado les aprueben las inversiones propias y con capital extranjero, así como les controlen el desempeño, sin que por ello puedan intervenir en las decisiones corrientes. No deben tener limitaciones para crecer ni para relacionarse con el comercio exterior, siempre que cuenten con el financiamiento requerido.