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Aunque se dice que el país perdió importancia en el mercado global, esto solo valdría en relación con Estados Unidos. Cuando se mira al mundo y al creciente consumo en su conjunto, este diagnóstico resulta equivacado y muy perjudicial para Colombia.
Los datos más recientes acerca de la producción, tráfico y consumo de drogas indican el crecimiento del mercado de cocaína en todo el mundo.
Según el último Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el consumo de cocaína está aumentando en los dos principales mercados: América del Norte y Europa.
De acuerdo con la DEA, Colombia sigue siendo la fuente principal de la cocaína incautada en Estados Unidos. Según el Programa de Identificación de la Cocaína (CSP por sus siglas en inglés), en 2015 aproximadamente el 90 por ciento de las muestras de cocaína eran de origen colombiano.
En Europa también hay indicios de aumento en el consumo de cocaína, según sugieren los análisis de las aguas residuales en algunas ciudades, que apuntarían a un crecimiento mínimo de 30 por ciento entre 2011 y 2016.
Foto: Observatorio de drogas de Colombia
Un problema recurrentes en el estudio de la participación de Colombia en el mercado mundial de la cocaína es la reducción de los análisis a nuestra relación con Estados Unidos.
Según la historia más divulgada, los narcos colombianos habrían sido desplazados por los mexicanos que hoy tienen el monopolio de la distribución en Estados Unidos. Sin embargo, el informe de la UNODC reconoce una presencia notable de colombianos en la distribución de cocaína en la costa este. Y la historia del reemplazo no aclara tampoco los términos de las transacciones entre organizaciones criminales de México y Colombia.
La demanda mundial de cocaína ha aumentado y su distribución se ha diversificado y se ha hecho más compleja en cuanto a rutas.
Esta historia es aprovechada políticamente por las entidades colombianas encargadas de combatir el narcotráfico para decir que esa sustitución de grupos criminales obedece al éxito de sus acciones contra las organizaciones asentadas en Colombia. Estas acciones habrían limitado a los narcos colombianos a suministrar cocaína a los mexicanos y a buscar cómo vender su producción promoviendo mercados en Colombia, sobre todo en las ciudades principales.
A partir de las cifras de Daniel Pontón quien -sin obstar las limitaciones de su análisis- hace un buen balance de la situación, puede decirse que la distribución del mercado mundial es así:
Distribución del mercado mundial de cocaína en 2012
Mercado por país o región
Estados Unidos representa apenas el 30,8 por ciento del mercado, y por lo tanto es imposible tener claridad sobre lo que ocurre en Colombia si no se reconoce la importancia del resto del planeta.
Por eso el último reporte de la UNODC invita justamente a pensar en esos nuevos mercados y llama la atención sobre la proactividad de las organizaciones criminales colombianas –que combinan acuerdos con comerciantes nacionales e intermediarios que llevan la droga a otros países.
El informe de la UNODC también sugiere que Brasil se ha convertido en un punto de embarque que atiende por lo menos una tercera parte del mercado mundial de cocaína. Colombia le sigue en importancia. La situación de Brasil ha llevado a cambiar las relaciones y acuerdos entre grupos del crimen organizado involucrados en el negocio de la cocaína, de modo que han transformado el mapa y los procedimientos relacionados con la geopolítica de esta droga.
Con respecto a Colombia, varios estudios de centros de pensamiento dedicados a analizar la criminalidad en América Latina llaman la atención sobre la capacidad adaptativa de los grupos criminales colombianos al nuevo contexto. Una muestra de esta adaptación es la producción ilegal y transformación de coca en Bolivia para producir cocaína y aprovechar la conexión de ese país con Brasil y, por consiguiente, con Europa y Asia.
De acuerdo con Insight Crime, “los colombianos siguen siendo los pioneros en el tráfico internacional de drogas, y la lógica actual del negocio indica que el mercado de Estados Unidos ya no es tan rentable para ellos, pues ahora está dominado por los mexicanos”.
Estas circunstancias llevan a pensar también en las rutas que se han creado en Colombia para facilitar la salida de los embarques exportables. El área cocalera y sus transformaciones en puntos cercanos a Brasil dan indicios sobre este comportamiento.
Distribución regional según variación del cultivo de coca (2015-2016) / Zona de influencia del Frente Primero de las FARC
Fuentes: SIMCI, “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016” y Monsalve Gaviria, Ricardo, “¿Qué se sabe de la disidencia del Frente Primero de las FARC?”.
En el mapa anterior se observa la coincidencia entre el control del Frente Primero de las FARC –grupo disidente del proceso de paz– sobre la zona de Meta y Guaviare (donde se sembraron 12.302 hectáreas de coca en 2016), la influencia de esta zona sobre departamentos como Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas y la cercanía de estos departamentos a la frontera con Brasil.
Puede inferirse que la zona de Meta y Guaviare tiene un gran potencial económico y que desde allí se intentará expandir la influencia sobre el conjunto de departamentos limítrofes con Brasil. El objetivo es suministrar suficiente cocaína para abastecer los puertos de salida internacional de Brasil, y esto se lograría con ayuda de la producción boliviana, sobre la cual los grupos colombianos tienen hoy mucho poder.
Foto: Unidad Restitución de Tierras
Reducir el análisis del narcotráfico colombiano al mercado de Estados Unidos, y concluir además que los grupos colombianos están limitados a suministrar materia prima o cocaína a grupos mexicanos, es simplista y errado. Un análisis como este tiene graves consecuencias políticas, entre las cuales está el encubrimiento de la proactividad y fortaleza del crimen organizado colombiano dedicado al contrabando de cocaína.
Además, este diagnóstico equivocado sirve para reafirmar la guerra contra las drogas, ya que aborda el problema del narcotráfico con la falsa idea de que este puede ser debilitado gracias a una serie de medidas relacionadas con la aplicación de la ley. Con esto se ratifica que las políticas rara vez se formulan sobre la base de los hechos y que, como señala Raphael Perl citado por Peter Lupsha, la verdad en la política antidrogas obedece a una teoría preconcebida.
La permanencia de la estrategia de prohibición de las drogas es resultado de actuar frente a un mundo ya interpretado. Nunca se nos dan hechos, así sin más, sino hechos interpretados y valorados desde una perspectiva determinada. Este discurso impide reconocer las especificidades y la complejidad del fenómeno de las drogas, y con respecto a las decisiones en materia de política de drogas ofrece la seguridad de que se actúa correctamente.
La idea creada de la desaparición del narcotráfico transnacional colombiano o su reducción fantasiosa a un mercado doméstico ha llegado a tal punto que la Fiscalía General de la Nación (FGN) –el órgano competente para liderar las investigaciones judiciales sobre el tema- prácticamente carece de unidades de investigación transnacional. Y al mismo tiempo reduce el problema de las drogas a una amenaza para los centros urbanos del país, como hace poco sostuvo el fiscal general Néstor Humberto Martínez. De esta manera acaba por ignorarse la dimensión internacional del desafío, y las políticas de control sobre la droga se reducen al ámbito doméstico.
Además de lo anterior, suele asociase la presencia de narcotráfico con la existencia de cultivos de uso ilícito y, en consecuencia, se alientan las cruzadas de erradicación forzosa y la medición del éxito de la política se limita a la reducción de las áreas sembradas de coca. Mientras tanto, el narcotráfico exhibe una fortaleza que resulta de su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado internacional.
En síntesis, Colombia tiene una política contra el narcotráfico que se niega a comprender las nuevas tendencias mundiales en materia de drogas. Igualmente, carece de una política capaz de dar cuenta de la capacidad de los grupos criminales de incidir sobre las instituciones para favorecer sus intereses privados, del uso que hacen de la infraestructura del comercio legal para garantizar sus exportaciones y del lavado de activos. Además de esto, hace falta una política que garantice el uso adecuado de los ingentes recursos incautados.
El narcotráfico exhibe una fortaleza que resulta de su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado internacional.
El tema tiene especial importancia en el contexto de la construcción de paz en Colombia, pues el narcotráfico ha sido la fuente principal de financiación de la guerra interna. Los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en reducir los cultivos mientras que los grupos criminales siguen mostrando gran fortaleza y la capacidad de sostener la demanda de materia prima para producir cocaína y llevarla hacia mercados internacionales.
El reto del control territorial por parte del Estado sobre zonas donde han prevalecido las economías ilegales sigue estando vigente. El Acuerdo de paz y el consecuente abandono de las zonas de producción, transformación y acopio de drogas por parte de las FARC llevó a que estas zonas fueran ocupadas por organizaciones encargadas de la seguridad del narcotráfico que se benefician con la ilegalidad.
Estas organizaciones pueden verse favorecidas por la nueva situación del mercado internacional de cocaína, sumada a la inadecuada política de drogas de Colombia. Además, si la política de sustitución de cultivos fracasa estarán dadas las condiciones para volver a vincular economías campesinas en crisis al negocio de la droga.
Si la paz se entiende como la construcción de Estado en zonas por fuera de su influencia, la ilegalidad y la corrupción en los escenarios nacional y local tienen un costo político enorme para la legitimidad institucional que se observa en la ausencia de una delimitación clara entre prácticas legales e ilegales que debe ser establecida por los altos responsables de las instituciones del Estado colombiano.
Ideas como el cierre de la frontera agrícola, el apoyo para la integración a la legalidad de comunidades social y económicamente excluidas, entre otras medidas para lograr el fin del conflicto, solo pueden ser resultado de procesos de construcción territorial de paz. Estos procesos deben fundarse en una cultura democrática que permita la comprensión y aceptación de la ley y de un orden institucional. Mientras esto no sea posible la informalidad y la ilegalidad estarán presentes como opción de subsistencia. Y la insistencia en una política antidrogas basada en la criminalización y el uso de la fuerza hace más probable este escenario.
* Investigador asociado del Transnational Institute (TNI) con sede en Ámsterdam,  trabajó para el CINEP entre 1988 y 1998, autor de varios libros y capítulos sobre narcotráfico, seguridad y proceso de paz, ex asesor en temas de seguridad en la Secretaría de Gobierno del Distrito durante 2015.
cocaínaComercio internacional de cocaínaEstados Unidos,Ricardo VargasSelección Colombia
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