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El Siglo XXI ha traído consigo la irrupción de unas nuevas tecnologías que nos han cambiado por completo la vida.
Estos nuevos avances han ayudado, supuestamente, al desarrollo económico, social y laboral de nuestro país.
Hoy en día, se hace difícil no ver cada mañana a alguna persona dirigirse a su trabajo con una bicicleta eléctrica o un patinete, parece imposible imaginar que alguien no tenga un teléfono móvil con acceso a internet, y se nos hace casi inimaginable el hecho de no poder comprar vía online. Nuevas formas de ver la vida que, sin embargo, han acarreado grandes problemas laborales.
La explotación, en estos nuevos tiempos, se ha disfrazado en forma de tecnología.
Millones de personas en nuestro país piden a diario, mediante su Smartphone u ordenador, comida a domicilio. Lo hacemos a cualquier hora del día, llueva, nieve o truene, y nos da igual si está cerca o lejos. Con un solo clic, esperamos sentados en nuestro sofá a que una persona llame al timbre de nuestras casas, y nos entregue nuestra comida o nuestra cena.
Detrás de esa entrega a domicilio, se esconde un mundo de esclavismo y explotación, que desde el Servicio de Estudios de UGT hemos querido analizar y visibilizar con nuestro estudio “Los Trabajadores en las Plataformas Digitales de Reparto”.
La fuente principal del estudio no ha sido otra que el trabajo sindical y el contacto con los trabajadores y trabajadoras de este sector, que conviven con esta situación. Además, se han tenido en cuenta todas las actas de la Inspección de Trabajo y las decisiones judiciales que han recaído sobre la materia. También se incluyen datos procedentes de convenios colectivos y de estadísticas oficiales y, por último, especialmente en términos de contexto, documentos provenientes de la academia e instituciones multilaterales supranacionales, así como documentos periodísticos.
Uber Eats, Deliveroo, Govo, Stuart… son empresas que, en los últimos años, han tejido una enorme red de trabajadores para complementar y ampliar sus servicios.
Personas a las que denominan autónomos, pero que su definición real es la de “falsos autónomos”.
Estas empresas, son la viva imagen del aprovechamiento de una reforma laboral que trajo destrucción de empleo y precarización y temporalidad del mismo.
Según los propios datos del sector, en España había en 2018 más de 14.000 repartidores trabajando en las principales plataformas de reparto, número que esperaban ascendiese a 50.000 a final de año 2020.  Se trata de más de 14.000 trabajadores sin negociación colectiva, ni amparo laboral, ni derechos como baja por enfermedad, accidentes, vacaciones y otras cuestiones esenciales.
La gestión y el control de su actividad laboral se realiza a través de algoritmos informáticos que actúan automáticamente, contra los que no se puede contender y en cuyo diseño o aplicación los trabajadores no tienen capacidad de intervenir.
Sus condiciones de remuneración son modificadas unilateralmente por la empresa sin que los trabajadores tengan otra alternativa que la aceptación o ser desconectados.
El impacto global de este modelo de negocio sobre sus trabajadores pero también sobre el resto de la sociedad es claramente negativo.
En primera instancia, ingresan aproximadamente un 30% menos de lo que cada uno ingresaría si sus condiciones fuesen las de trabajador ordinario, impacto que se amplía cuando además se tiene en cuenta los gastos a los que deben hacer frente por su condición de autónomos –cotizar por su cuenta, gestoría, mantenimiento de vehículo, multas etc- en cuyo caso la renta disponible de sus hogares disminuye aproximadamente un 50% respecto a la situación en la cual estuvieran como trabajadores ordinarios.
Los ingresos de la Seguridad Social son también los grandes perjudicados.
El efecto conjunto de las menores bases de cotización y del uso extensivo d las tarifas planas hacen que los ingresos para el sistema sean el 30% de los que deberían ser si los trabajadores estuvieran en el régimen que les corresponde, ahorrándose las empresas además el monto total de las cotizaciones por trabajador (aproximadamente 5.000 euros al año por puesto).
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