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El informe del gobierno sobre los resultados de proceso de justicia y paz, es retórico, grandilocuente, y abunda en cifras que solo ayudan a diluir la responsabilidad penal de los paramilitares y sus beneficiarios.
Lo que dice el gobierno, lo que dice la Corte
El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, presentó recientemente un informe sobre los antecedentes y las perspectivas del proceso de justicia y paz al cumplirse los primeros cinco años de expedida la Ley 975 de 2005[1]. Sectores no gubernamentales han hecho también sus balances sobre la marcha del proceso. Simultáneamente, se ha proferido una segunda sentencia en desarrollo de la ley que establece el marco jurídico de la justicia transicional en el país[2]. Estas circunstancias ameritan algunos comentarios sobre el estado del proceso, a partir de la visión que el gobierno Uribe, en sus postrimerías, nos ofrece de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Con la expedición de leyes anteriores -entre ellas la 782 de 1992- el Legislador ya había incentivado los acercamientos con grupos alzados en armas para su desarme y desmovilización, reconociendo a sus actores el estatus de delincuentes políticos y otorgándoles beneficios hasta de indulto o amnistía, salvo en casos de delitos atroces. Con el triunfo del presidente Uribe en 2002 y la promesa de desmovilizar a los grupos de paramilitares que entraran en un proceso de negociación, se hizo evidente la necesidad de expedir una nueva Ley para cubrir a actores de delitos atroces y de lesa humanidad no cobijados por la legislación anterior. Es en este contexto que se gestó la actual Ley 975 de 2005.
Esta Ley propugna por el objetivo de la paz y la reconciliación mediante el ofrecimiento a los miembros de grupos armados ilegales de un trato más favorable -5 a 8 años de cárcel- como pena alternativa a la que recibirían -hasta 60 años- por los graves delitos cometidos, y esto a cambio de satisfacer los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a las víctimas. Se sacrificaba así algo de verdad y de justicia (retributiva) a cambio de transitar hacia la paz (justicia transicional y restaurativa). Otros beneficios ofrecidos por el gobierno y aprobados por el Congreso de la República -un tercio de cuyos miembros fue luego procesado por vínculos con paramilitares- incluían el reconocimiento como sediciosos a quienes formaban parte de estas organizaciones, la no exigencia de confesión, la responsabilidad patrimonial restringida a sus bienes ilícitos para indemnizar a las víctimas o el descuento de hasta 18 meses (para los paramilitares que habían permanecido en la zona de desmovilización) de la pena impuesta en la sentencia condenatoria.
La Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 2006, corrigió en algo la desigual balanza, declarando muchos artículos de la Ley 975 inconstitucionales y condicionando la constitucionalidad de otros al alcance fijado por la propia Corte. Entre otras cosas, el alto tribunal exigió la confesión plena de los delitos y la reparación integral con todos los bienes, incluso de forma individual y solidaria con el grupo de pertenencia, so pena de perder la totalidad de los beneficios. Además, consideró inconstitucional por vicios de forma la norma que reconocía el carácter de sediciosos a los paramilitares, no aceptó el descuento de 18 meses y ordenó que los desmovilizados pagaran las penas alternativas en el sistema carcelario ordinario.
Con este contexto en mente, en el informe saltan a la vista los esfuerzos semánticos del gobierno, la grandilocuencia de su discurso y el enfoque numérico con que se presentan los resultados. Ninguna de estas características hace justicia a las demandas elevadas por las víctimas a un lustro de expedida la Ley 975 de 2005.
El informe oficial insiste en llamar a los grupos armados irregulares que se acogieron masivamente a la Ley, "Autodefensas Armadas Ilegales" y no grupos paramilitares. En el pasado, el propio presidente Uribe se había referido al tema anotando que los grupos de "autodefensa" eran mal denominados "grupos paramilitares". La precisión semántica respecto del carácter de "autodefensas" y no de "paramilitares" de estos grupos busca endilgarles móviles de legítima defensa, colectiva y preventiva, frente a las agresiones de los grupos guerrilleros y a la ausencia del Estado, y al mismo tiempo evitar que tales grupos se asocien a los militares. La confrontación lingüística no es de poca monta. La guerra no solo se libra en el campo de batalla sino en el lenguaje, cuyo manejo es esencial para la legitimidad de los actores en la confrontación.
Al referirse al proceso de justicia y paz, el informe es grandilocuente y retórico. Afirma el Alto Comisionado que nuestro proceso es "uno de los más ambiciosos del mundo"; que "Colombia está en la vanguardia de la aplicación de modelos transicionales de justicia pues ha creado los mecanismos que permiten someter a ésta a los responsables de crímenes de lesa humanidad, conocer la verdad de los hechos violentos cometidos por los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, reparar a las víctimas, así como establecer las condiciones para que no se repitan estos hechos"[3]; y que se trata de un proceso que muy seguramente se constituirá en "uno de los ejemplos a seguir por otras naciones".
La grandilocuencia respecto de la presunta "genialidad normativa" de los colombianos contrasta con el juicio que las víctimas hacen del proceso: "Como balance de estos largos años de aplicación de esta ley de Impunidad, hoy la Fiscalía General de la Nación, informa a través del documento de gestión presentado por Mario Iguarán Arana, el reconocimiento por parte de las estructuras paramilitares de aproximadamente veinte mil (20.000) hechos delictuosos, resultado irrisorio frente al universo de crímenes perpetrados por esa organización armada"[4].  En el mismo reporte de las víctimas se afirma respecto del proceso, tan elogiado por el gobierno: "Diversos obstáculos y vacíos jurídicos aparecen como reales y contundentes estrategias de impunidad que amenazan con frustrar el acceso a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas y la sociedad colombiana"[5].
La retórica tampoco está ausente en el informe. En él se afirma que "nuestro proceso se ha construido de esfuerzos institucionales del Gobierno, de la participación activa de las ramas legislativa y judicial, del aporte de los organismos de control y de la sociedad civil" (sic)"[6]. La anterior afirmación contrasta con la constante confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de los procesos de la parapolítica o de las interceptaciones ilegales por agentes gubernamentales a magistrados. Según el Alto Comisionado, "no hay duda de que la Ley de Justicia y Paz ha producido efectos altamente positivos en cuanto a la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición"[7]. Pero la realidad parece falsear la afirmación contra-fáctica. A cinco años de aplicación de la Ley 975 de 20005 no existe ni una sentencia en firme que dé luces sobre la suerte de los derechos de las víctimas. Éstas, que son los verdaderos dolientes del proceso, desmienten la retórica oficial en sus testimonios[8].
El representante del gobierno defiende los resultados del proceso de justicia y paz echando mano de cifras: "desmovilización de más de 53 mil miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley"; localización de "3.131 cadáveres de personas desaparecidas"; exhumación de "más de 2.579 fosas comunes"; entrega de "908 cuerpos a los familiares de las víctimas" e "identificación plena de 1.046 individuos asesinados"; "281.661 personas registradas como víctimas ante la Fiscalía General de la Nación", de las cuales "50.461 han participado directamente en las diligencias de versión libre"; "40.455 hechos nuevos se han conocido, 22.419 de los cuales ya han sido confesados".
La tendencia a apabullar con cifras, sin contexto alguno dada la magnitud de los hechos sistemáticos y prolongados constitutivos de delitos de lesa humanidad, incluye a los predios entregados por algunos procesados. Dice el informe que "los postulados han entregado 93 predios, cuyo avalúo técnico asciende a $20.600.598.931" y que "el Fondo Nacional para la Reparación cuenta con $8.925.408.080 (…) provenientes, entre otras, de la venta de los bienes muebles entregados con ocasión de las desmovilizaciones".
El enfoque numérico se extiende a la reparación de las víctimas y refleja la convicción "dineraria"  del proceso. Sostiene el informe que "con base en el principio de solidaridad, se creó la reparación individual administrativa de las víctimas con recursos del Estado. Se ha estimado que este proyecto le costará al Gobierno una suma estimada de 7 billones de pesos en 10 años. Durante el 2009 se hicieron 26.375 giros por un total de 200.000 millones y en el 2010 se pagarán 300 mil millones de pesos adicionales"[9].
Poco dicen los anteriores montos sin una estimación previa del número total de víctimas y de la magnitud del daño, incluido el despojo de más de cuatro millones de hectáreas y el desplazamiento de tres a cuatro millones de personas.
Una forma común de diluir la responsabilidad penal de todos los beneficiarios del paramilitarismo es socializar el problema al convertirlo en uno de "solidaridad" de todos y no reconocerlo como uno de "responsabilidad" de los perpetradores y beneficiarios de la organización criminal. Lo grave consiste en que será el pueblo colombiano el que acabe pagando los costos de las actividades criminales de los grupos armados ilegales cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado colombiano por la totalidad de los daños ocasionados como consecuencia de las masacres, homicidios, violaciones, desapariciones y despojos sufridos.
En resumen, una primera lectura al balance del gobierno permite concluir que pese a los avances en el esclarecimiento de hechos delictivos, en la localización de fosas, en la desmovilización parcial de tropas ilegales o en la satisfacción dineraria a víctimas mediante la reparación administrativa, lo cierto es que el proceso de justicia y paz es incompleto e insuficiente. Ante todo porque no propicia realmente una reconciliación entre todos los colombianos. Sentimientos de odio, resentimiento, culpa y vergüenza no son tenidos en cuenta en el proceso de paz y reconciliación[10]. Por el contrario, se utiliza el proceso para regularizar a unos grupos armados ilegales y golpear a otros, ofreciendo beneficios penales a sus desertores. Sostiene el propio informe que el gobierno creó el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado con el fin de desmovilizar a mandos medios y milicias urbanas de la guerrilla "en aras de resquebrajar las estructuras de estos grupos". Si bien esta estrategia es legítima en la guerra, lejano está el objetivo de la paz y la reconciliación que se busca con ella.
Las insuficiencias estructurales, organizativas y funcionales en el proceso son, por su parte, tan palmarias, que en la reciente sentencia por los crímenes contra la comunidad de Mampuján, el Tribunal de Justicia y Paz ordenó a la Fiscalía General de la Nación crear una unidad especializada en análisis financiero que se dedique a buscar e identificar los bienes que los paramilitares desmovilizados esconden, así como a recuperar todos los bienes de ex paramilitares que ahora están en extinción de dominio, ya que estos terminan en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y no en las del Fondo Nacional de Reparación[11].
La inexistencia de un sistema adecuado y de una institucionalidad suficiente para  vigilar el cumplimiento de las condiciones legales a que se comprometen los condenados para gozar de los beneficios, augura décadas de procesos penales de justicia y paz con resultados inciertos y muy probable alto grado de impunidad. La histórica debilidad del aparato de justicia garantiza su incapacidad para siquiera tramitar los casos de los 4.000 postulados, mucho menos para procesar a los más de 27.000 paramilitares que permanecen en el limbo y responsabilizarlos de los delitos cometidos o para controlar el cumplimiento de la reparación integral a las víctimas. Todo apunta a un fracaso costoso, encubierto bajo la parafernalia de millonarias indemnizaciones del Estado, bajo las fábulas gubernamentales sobre lo inédito del proceso y bajo el escamoteo de las verdaderas responsabilidades penales de militares, hacendados, industriales y políticos.
A lo anterior se suma la subsistencia de las estructuras paramilitares que continúan delinquiendo a lo largo y ancho del país, aunque ahora sus móviles sean exclusivamente criminales. El permanente asesinato de líderes de víctimas y de testigos en los procesos penales de justicia y paz no escapa al informe del gobierno, el cual tampoco tiene una solución a la vista. En este punto el orgullo nacional cede para convertirse en ruego: "Semejante problemática solo es posible superar (sic) con el trabajo conjunto de la institucionalidad colombiana y con el apoyo de los países amigos, lo que permitirá fortalecer la oferta y los programas de protección existentes"[12].
Ni hablar de la situación de tierras usurpadas a los campesinos desplazados por la violencia guerrillera y paramilitar. En este ámbito -el más importante en cuanto involucra la pertenencia a una comunidad de destino para las víctimas- el gobierno cosecha solo disculpas sobre la complejidad del proceso. Estas disculpas reflejan falta de voluntad y  son funcionales al statu quo. Éste percibe como un error estratégico que en medio de la confrontación armada se devuelvan las tierras a "potenciales auxiliadores de la guerrilla". Pese a la retórica oficial, o quizá por ella, la paz es todavía remota. El proceso, más que de reconciliación, parece de negación. Negación de la profunda incapacidad institucional para ofrecer condiciones dignas, justas y equitativas de vida a todos los colombianos. Ninguna paz duradera se construye sobre el engaño y la mentira.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Notas de pie de página
[1] Buscando un equilibro entre la Justicia y la Paz: Antecedentes y perspectivas de la Ley 975 de 2005. Documento ("Policy Paper") presentado por Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz, ante la Corporación Pensamiento Siglo XXI y la Fundación Konrad Adenauer, en junio de 2010.
[2] La providencia ha sido impugnada por las víctimas y se encuentra en apelación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera sentencia contra alias "El Loro" fue anulada por la Corte Suprema de Justicia por errores en el procedimiento.
[3] Buscando un equilibro un equilibro entre la Justicia y la Paz: Antecedentes y perspectivas de la Ley 975 de 2005, op. cit., p. 7.
[4] Sin Justicia y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación Ausente. Balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado/Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos/Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Bogotá, 2009, p. 11.
[6] Buscando un equilibro entre la Justicia y la Paz: Antecedentes y perspectivas de la Ley 975 de 2005, op. cit., p. 8.
[7] Ibidem, p. 21.
[8] En talleres celebrados por el Centro Internacional de Toledo para la Paz, las víctimas han manifestado refiriéndose al proceso de justicia y paz en Colombia que los principales obstáculos para avanzar en la lucha contra la impunidad son "la falta de proporcionalidad en las penas por los crímenes cometidos; la ausencia histórica de procesos de investigación; la inexistencia de juicios en el proceso de Justicia y Paz contra el conjunto de la estructura criminal; la duración de los procesos judiciales; la laxitud en el ejercicio de las acciones de pérdida de los beneficios penales; y el uso de la extradición como herramienta política". Además consideran que "el Estado no ha puesto en marcha acciones para que las víctimas puedan confiar en las instituciones de investigación y juzgamiento"; que "la reparación integral vía judicial se ve afectada por la demora de los procesos y las dificultades para su puesta en marcha"; que "se ha priorizado la reparación administrativa, que carece de las condiciones de una reparación integral, y cuya ejecución está a cargo de instituciones ante las cuales manifiestan su resistencia teniendo en cuenta los problemas que se han planteado para la tramitación de las ayudas a víctimas de desplazamiento"; que "en el marco de las diligencias procesales, se han considerado prácticas sistemáticas como hechos individuales y que solo se han obtenido confesiones parciales, en las cuales los postulados han negado hechos constitutivos de crímenes atroces o los han justificado como parte de su accionar militar dentro de la guerra, omitiendo de manera intencional los actos de tortura y los crímenes sexuales". CITPAX. Informe de Segunda Fase del Observatorio Internacional de DDR y Ley de Justicia y Paz. Madrid: CITpax, 2009, 16.
[9] Buscando un equilibro entre la Justicia y la Paz: Antecedentes y perspectivas de la Ley 975 de 2005, op. cit., p. 7
[10] Arango, Rodolfo. Derechos humanos como límite a la democracia. Análisis de la Ley de Justicia y Paz. Bogotá: Norma 2008.
[11] http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2527–la-primera-condena-de-justicia-y-paz (consultada el 02.07.2010, 2:25pm).
[12] Buscando un equilibro entre la Justicia y la Paz: Antecedentes y perspectivas de la Ley 975 de 2005, op. cit., p. 22.
ImpunidadJusticia y pazParamilitaresRodolfo Arango
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