es es es en es es en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es ca en es es ne en en ca es es en en es en en en es pt en en en en en en en en en
Cuba: salarios, demanda y oferta de alimentos ¿será efectiva la restricción de precios? – El Estado como tal
El blog de Pedro Monreal sobre Cuba
By elestadocomotal on June 29, 2019
La noción de que las restricciones de precios pudieran ser efectivas en Cuba para impedir una eventual inflación derivada de mayores salarios y pensiones y para incrementar la oferta es insostenible. Digo, si el enfoque que se adopta es el económico y no el administrativo.
En mi modesta opinión esa es una noción preocupante pues pudiera estar asociada a una conceptualización limitada de la función de los precios en un sistema económico, incluso en un mercado regulado como el cubano.
Tal noción se asociaría a una visión de los precios que estaría restringida a los planos de la comercialización, de la redistribución y del consumo, pero que soslayaría la importante función de los precios en el plano de la producción.
¿Puede funcionar sin aumentos de precios el proceso de estimulación de la oferta cuando esta es inferior a la demanda?
Dependiendo de la respuesta que se ofrezca, pudiera ser muy distinta la selección de instrumentos de política económica, incluso para lograr un objetivo de consenso como sería moderar el impacto de los incrementos de precios.
La selección de las restricciones administrativas de precios como instrumento de política económica exigiría, en la actual coyuntura cubana, la presentación de una racionalidad que pudiera sustentarla. Sin embargo, hasta donde conozco, tal racionalidad no ha sido convincentemente explicada.
Un punto para comenzar: inflación abierta e inflación reprimida
Parece asumirse oficialmente en Cuba que las restricciones de precios evitan la inflación. Sin embargo, existe suficiente evidencia, incluyendo la del propio país, de que no lo hacen.
Lo que evitan las restricciones administrativas de precios es que la inflación se refleje en tablillas de precios y en etiquetas de productos (inflación abierta), pero, en cambio, la inflación se manifiesta en forma de inflación reprimida, o sea, un exceso relativo de demanda que es “resuelto” mediante el racionamiento y otras formas de limitación de acceso a la oferta y que se manifiesta en forma de colas, mercado negro y escasez crónica.
Un precio artificialmente bajo distorsiona el funcionamiento de la economía. Envía la señal equivocada al consumidor de que determinados bienes son abundantes cuando en realidad son escasos.
Simultáneamente, los precios mantenidos artificialmente bajos también envían la señal incorrecta a los productores, quienes no tendrían interés (un concepto clave en Economía) de aumentar la oferta porque no podrían aprovechar en su favor las ganancias extra derivadas del desbalance entre oferta y demanda.
Por tanto, las restricciones de precios no habrían “tocado”, en lo más mínimo, las causas subyacentes de la inflación: un nivel de oferta inferior a la demanda. Tampoco habrían enviado la señal que se necesita para resolver el desbalance.
Utilizar el método económico implica reconocer la función de los precios en un mercado, inclusive en un mercado regulado. Eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Los mercados funcionan así. No hay mercados libres “puros” pues generalmente son regulados, pero los precios funcionan -todos los días- en los mercados y por tanto deben ser correctamente entendidos.
Si alguien tuviese hoy en Cuba una explicación económica distinta sobre el funcionamiento de los precios, por ejemplo, que estos pueden ser “contenidos” a voluntad sin que ello tuviese consecuencias, entonces ahora pudiera ser un buen momento para compartir y debatir tal explicación.
Asumo que el marco de análisis sigue siendo que en la transformación del modelo económico cubano fundamentalmente deben utilizarse métodos económicos y no administrativos.
¿Puede ser inflacionario el incremento de salarios y de pensiones?
Reitero la importancia y el carácter positivo de algo en lo que se ha apreciado un amplio consenso: el anunciado incremento de salarios de los trabajadores del sector presupuestado y de las pensiones es una medida oportuna, beneficiosa y justa. Eso parece estar fuera de toda discusión.
De hecho, lo que intenta hacer el aumento de salarios y pensiones es “poner al día” esos ingresos para contrarrestar, aunque sea de manera parcial, la divergencia que ha existido durante años entre el menor crecimiento de los salarios y pensiones, de una parte, y el incremento más rápido de los precios.
Un reciente estudio ha estimado que la situación ha llegado a un punto en que se necesitan tres salarios medios para que un núcleo familiar de tres personas pudiera cubrir el costo de sus necesidades básicas. Es decir, se necesitaba un perfil de ingreso familiar muy atípico (tres salarios medios en un núcleo de tres) y por tanto se trata de un perfil de ingreso familiar poco probable. Esto implica que la familia promedio cubana no ha podido cubrir sus necesidades básicas con los salarios y pensiones. (1)
El anunciado incremento de salarios y pensiones implica un gasto presupuestario extra ascendente a 8200 millones de pesos en 2019 (7500 millones de salarios y 700 millones de pensiones) que sería compensado con reducciones en otras partes del presupuesto, de manera que se afirma que ello no conllevaría a un aumento del déficit presupuestario.
Significaría que no habría que “monetizar” el incremento de salarios y de pensiones y por tanto se supone que la liquidez total se mantenga estable, aumentando solamente en la medida en que lo requiera el crecimiento económico anual, que debe ser bajo en 2019.
He escuchado la opinión de que el incremento de salarios pudiera ser inflacionario porque aumentaría el costo de un factor de producción importante como es el salario. En el caso del sector presupuestado cubano -que principalmente ofrece servicios de acceso universal que no representan un gasto para los beneficiados- sería una inflación que tendría que ser absorbida por el Estado. Es decir, para ofrecer un determinado tipo de servicio -con idéntica cantidad y calidad a la actual- el presupuesto de 2020 debería ser mayor pues el costo de salarios habría aumentado. Al final, ese incremento de costos pudiera afectar el bolsillo de los ciudadanos en caso de que hubiese que acudir a un posible incremento de impuestos.
Existe una diferencia en comparación con ese mismo proceso en el sector empresarial, donde un incremento de costos laborales pudiera ser trasladado al precio final para preservar el margen de ganancia. En ese caso, la inflación afectaría directamente a los ciudadanos.
Una explicación de ese tipo se asocia al conocido concepto de “inflación debida a los salarios” (wage inflation), el cual tiene una aceptación relativamente amplia, aunque es una noción controversial porque otros economistas -no solamente los monetaristas- consideran que el incremento de precios no causa por sí mismo la inflación porque esta es un fenómeno esencialmente monetario. O sea, que el aumento de salarios solamente se asocia con la inflación en el caso en que se hubiera producido una expansión de la masa monetaria para “acomodar” el incremento de salarios.
En esa lógica, una posible acción de las autoridades monetarias para expandir la liquidez (abaratando el costo del crédito) estaría generalmente asociada al interés de proteger el nivel de empleos que, en principio, debería reducirse por haberse convertido en un factor de producción más caro.
Si coloco este tema sobre la mesa es para ayudar a entender mejor dos cosas. En primer lugar, que se reconoce que la conexión entre salarios e inflación es un tema teóricamente polémico. En segundo lugar, cuando se intenta conectar mayores salarios con incrementos de precios se requiere una explicación específica. No es el tipo de relación “evidente”, capaz de explicarse por sí sola.
O sea, el tipo de explicación que hasta ahora no se ha escuchado en Cuba, a raíz del anuncio del incremento de salarios y pensiones.
Del equilibrio macro al equilibrio del mercado de alimentos
He comentado anteriormente que al haber sido concebido como una especie de “enroque” de partidas presupuestarias, el anunciado incremento de precios y pensiones crearía una demanda que, a nivel macroeconómico, tendría como contrapartida una reducción equivalente de demanda global por haberse suprimido otros gastos presupuestarios previstos.
En principio, esto no debería alterar el equilibrio global entre oferta y demanda, con los niveles de precios actuales. Sin embargo, el anuncio oficial de la medida ha incluido la preocupación gubernamental de que pudiera producirse un incremento de precios. También se ha expresado la decisión de evitar ese aumento de precios.
A los efectos del análisis, conviene diferenciar la posibilidad del incremento de precios de la manera de gestionarlo.
El gobierno cubano se preocupa, con razón, por la posibilidad de un incremento de precios porque ha sabido distinguir correctamente entre el equilibrio a nivel macroeconómico y el efecto diferenciado que pudiera tener un incremento de salarios y de pensiones en la demanda de determinadas categorías de productos y servicios, especialmente los alimentos.
Se ha estimado que en Cuba se dedica a los alimentos entre el 55 y el 71% del gasto de consumo de los hogares. Para simplificar la exposición, se asume la cifra promedio de 63%. (2)
Eso significaría que debería existir una demanda nueva de alimentos de aproximadamente 5100 millones de pesos (el 63% de 8200 millones) que debería ser respaldada por una oferta física de alimentos lo suficientemente grande como para que no aumentasen los precios.
Para poner en perspectiva esa cifra, conviene anotar que el total de las ventas de productos agropecuarios (sumadas las seis formas de comercialización) fue de 766,7 millones de pesos en el primer trimestre de 2019. (3)
Las probabilidades de que pudiera generarse el nivel necesario de oferta no lucen ser muy altas, algo que parece encontrarse detrás de la preocupación oficial con un alza de precios.
Aquí conviene recordar algo muy importante: el principal suministrador de productos agropecuarios en Cuba -incluyendo renglones claves- es el sector privado y este es un sector que se vincula con el Estado y con los consumidores a través de relaciones de mercado, es decir, relaciones en las que el funcionamiento del mecanismo de precios es muy importante.
Dado el mal primer trimestre del agro cubano en 2019 y teniendo en cuenta las dificultades existentes para “alinear” los factores productivos que permitirían un incremento de la producción agropecuaria, en cualquiera de sus formas de propiedad y de gestión, es altamente improbable que la oferta de alimentos de base nacional se incremente en los restantes seis meses de 2019 al nivel que se necesita para responder al aumento de demanda asociado al incremento de salarios y de pensiones. (4)
No es posible afirmar tajantemente que la tendencia de los precios de los alimentos crezca y mucho menos es posible aventurarse a cuantificar su posible incremento, pero parecen ser altas las probabilidades de que ello suceda.
Cuando el remedio pudiera ser peor que la enfermedad
Frente a la elevada probabilidad de un escenario alcista del precio de los alimentos, la alternativa de política económica se ha resumido en la frase de que “no puede haber incremento de precios”.
Veamos detenidamente el asunto:
En una probable situación de desbalance de oferta y demanda de alimentos agudizada por la demanda extra asociada a incrementos de salarios y pensiones, la tendencia de los precios inevitablemente sería alcista. Sería un proceso objetivo. Los mercados funcionan de esa manera y aquí poco importa lo que puedan desear u opinar los funcionarios.
Dado el poder que tiene el Estado y dados los mecanismos administrativos a su disposición, pudiera evitarse que una tendencia alcista de precios se manifestase como inflación abierta. No habría entonces incremento de precios gracias a un “decretazo”. Se esconderían los precios “debajo de la alfombra”, pero las tendencias alcistas se manifestarían entonces como inflación reprimida.
La “inflación cero” manufacturada mediante un ukase administrativo no impediría efectos negativos sobre el consumidor: escasez, inestabilidad en el acceso, ansiedad, pérdida de tiempo haciendo colas, incremento de precios en el mercado negro, efectos redistributivos negativos (los más pobres son los más afectados), y transferencias de valor que alimentan la corrupción.
La “congelación” de precios anularía la función que deben desempeñar los precios en la producción. Si se anula ese mecanismo, ¿qué lo reemplazaría? Quienes consideren que la utilización de un mecanismo extra- económico pudiera ser efectivo y sostenible (arengas, resoluciones, etc.) deberían explicar primero cuál es -exactamente- la evidencia de la que disponen para asumir que ese enfoque es funcional.
El sector agropecuario nacional tiene serios problemas desde hace mucho tiempo y la coyuntura actual es particularmente crítica. De hecho, resulta difícil identificar las acciones de política económica que pudieran haber sido efectivas para el agro cubano en tiempos recientes.
Entre otros factores preocupantes se encuentran:
La insistencia en la centralidad de un sistema de Acopio que no funciona bien.
La utilización de un sistema burocrático de formación de precios del productor.
Una nueva ley de cooperativas que propicia subordinaciones injustificadas de productores privados y cooperativos respecto a las empresas estatales.
El reciente auge de un enfoque de polos productivos agropecuarios que se han presentado como una “oportunidad para que la empresa estatal recupere su liderazgo” (no queda claro exactamente en qué).
La curiosa decisión de asumir en la Metodología del plan 2020 que las entidades estatales tienen el peso decisivo en la planificación agropecuaria de Cuba, a pesar de que en muchos casos son productores secundarios.
La extraña disposición, también en la Metodología del plan, respecto a lo que parecería ser la desestimación de las inversiones del sector privado, en la medida en que se establece que hay que “Considerar los medios y equipos para el sector que demandan las formas de producción no estatal como mercancías para la venta y no como inversiones”
Si a todo lo anterior se sumase la posible restricción administrativa del funcionamiento de los precios en el sector de la economía cubana donde precisamente está más justificada -por su diversidad de formas de propiedad y de gestión- la necesidad de utilizar mecanismos económicos, especialmente el mercado, pudiera asestársele un fuerte golpe a un sector estratégico del país.
Si se interfiere adicionalmente en el proceso de formación de la oferta agropecuaria, no sería irracional pensar en una agudización de la crisis de la producción agropecuaria nacional.
Resumiendo, los principales aspectos negativos derivados de la opción de “congelar” precios serían los siguientes:
Desestimula la generación de oferta por parte de los productores.
Introduce rigideces que impiden que los precios puedan variar según la relación oferta- demanda.
Crea una demanda divorciada de las condiciones reales de funcionamiento de la economía.
No crea incentivos para invertir en tecnología.
El mecanismo es “explotado” por grupos sociales que no necesitan esa protección. Representa un subsidio injustificado para esos grupos.
Es innecesariamente costoso y tiene un impacto negativo en el presupuesto. Al ser un subsidio generalizado, los menores precios implican una base impositiva con menor valor y por tanto, una reducción en la captación de impuestos presupuestarios.
Favorece el mercado negro.
Las dos grandes ventajas de esa opción son que se asegura que no quedara fuera del subsidio ninguna persona que pudiera necesitarlo, pues se trata de un subsidio general; y que tiene costos administrativos menores ya que no se necesita una estructura especializada para administrar el mecanismo.
En síntesis: es una opción administrativamente “fácil” de gestionar, pero sus costos para el funcionamiento del sistema económico y su eficiencia pueden ser muy elevados.
¿Cuál pudiera ser la alternativa a la “prohibición” de un alza de precios?
Obviamente no se trata de una pregunta original. Es un tema ampliamente estudiado y discutido por los economistas y existe una considerable cantidad de bibliografía y de autores relevantes.
En rigor, en una situación como la aquí abordamos, los precios no son en sí mismos el problema que debe gestionar el gobierno. Los precios son el “vector” de un problema mucho más importante.
Lo que debe gestionarse es la minimización de la afectación del poder de compra de la parte de la población que se encuentra en mayor estado de precariedad económica y social. El objetivo de política pública es evitar un deterioro del bienestar de un grupo seleccionado de la población.
Este último punto es importante entenderlo. Una eventual alza de precios estimulada por el incremento de ingresos de una parte de los trabajadores (sector presupuestado y jubilados) pudiera tener un impacto negativo sobre todos los ciudadanos.
Se produciría un incremento de precios de los alimentos que compran todos los consumidores, tanto quienes tuvieron aumentos de ingresos como quienes no los tuvieron.
Desde el momento en que eso ocurre, la verdadera opción que debe hacer el gobierno no se refiere a los precios si no a las personas.
Tratándose de un incremento generalizado de precios la alternativa política respecto a la que debe tomarse una decisión es la siguiente: ¿Debe protegerse el poder de compra de todos los ciudadanos, o solamente de aquellos que se encuentran en una situación económica y social más frágil?
Un “decretazo” que impida el crecimiento de precios protegería a todos los grupos sociales, aquellos que necesitan protección y aquellos a los que no les hace falta.
La decisión de proteger a los grupos más vulnerables no tendría que ver con una acción sobre los precios, sino acerca de subsidios “enfocados”, existiendo diversas modalidades para implementarlos, por ejemplo, el conocido sistema de cupones.
Se necesitaría una estructura administrativa más complicada, pero presentaría la gran ventaja de no distorsionar el funcionamiento del mercado y de facilitar la función de los precios en el proceso productivo en el marco del sector de la economía cubana donde las relaciones de mercado deberían ser más intensas y funcionar mejor.
Para que no existan dudas: la producción del agro cubano es liderada por el sector privado y la diversidad de formas de propiedad y de gestión del sector es tan grande, que la utilización del mercado -incluida la función de los precios- es una necesidad económica y no una potestad administrativa.
1 Betsy Anaya y Anicia García. “Dinámica de gastos básicos en Cuba (segunda parte y final)”, IPS en Cuba, 30 de septiembre de 2018 https://www.ipscuba.net/economia/dinamica-de-gastos-basicos-en-cuba-segunda-parte-y-final/
2 Betsy Anaya y Anicia García. “Dinámica de gastos básicos en Cuba (primera parte)”, IPS en Cuba, 28 de septiembre de 2018 https://www.ipscuba.net/economia/dinamica-de-gastos-basicos-en-cuba-primera-parte/
3 ONEI. Ventas de productos agropecuarios. Indicadores seleccionados. Enero- marzo de 2019. http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/ventasmercadoagrop/public_mar19.pdf
4 Ver, “Cuatro gráficos de un mal primer trimestre para el agro cubano”, El Estado como tal, 27 de junio de 2019, https://elestadocomotal.com/2019/06/27/un-mal-primer-trimestre-para-el-agro-cubano-en-cuatro-graficos/
Categories: En primera persona
Los “vasos comunicantes” del mercado laboral y su función en el incremento de salarios del sector presupuestado en Cuba
Las ventas agropecuarias en Cuba en el primer trimestre de 2019: ¿error estadístico o un caso de mala comunicación?