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Desde hace algunos años se vienen promoviendo y aprobando declaraciones llenas de buenas intenciones para tratar de dirigir hacia “lo social” el interés de los poderosos del mundo. Un balance razonado sobre su verdadero impacto.
En unos casos ha sido la presión de los llamados gobiernos de izquierda la que ha logrado que se dé prioridad a lo social en los acuerdos multilaterales. En otros casos ha sido la participación de actores sociales –y ya no solo de delegados de gobiernos- en los foros internacionales, ora porque son convocados ora porque aprovechan la ocasión para hacer sentir su voz.
La Carta Social de las Américas: Desde 2001 esta Carta fue promovida por Venezuela como complemento de la Carta Democrática.   Foto: runrun.es
Es lo que acaba de ocurrir tanto en la 42ª asamblea de la OEA reunida en Bolivia, con la aprobación de la Carta Social de las Américas, como en la III Cumbre Social Andina, reunida a finales de mayo en Bogotá, para actualizar la Carta Social Andina.
Dada la situación de ambos organismos y la tradición de incumplimiento de los compromisos multilaterales, vale la pena revisar el debate sobre cómo evitar que esos instrumentos se conviertan en cartas sin destino y acaben engrosando los archivos de innumerables declaraciones oficiales.
Desde 2001 esta Carta fue promovida por Venezuela como complemento de la Carta Democrática. Su negociación empezó en 2005 y fue adoptada en 2012 en la asamblea reunida justamente en Bolivia, cuyo gobierno mostró la aprobación de la Carta Social como el mayor logro del organismo. La Secretaría para el Desarrollo Integral debe presentar un proyecto de Plan de Acción, a más tardar el 31 de agosto de 2012, para concretar este acuerdo.
Aunque en el sistema interamericano existe el protocolo de San Salvador, y aunque el artículo 26 de la Convención mundial de Derechos Humanos contempla los derechos económicos, sociales y culturales, su reconocimiento ha debido enfrentar la resistencia de algunos países: Estados Unidos y Canadá señalan que más que derechos son aspiraciones y gobiernos latinoamericanos han esgrimido la falta de recursos para garantizar esos derechos.
Este proceso, liderado por el Parlamento Andino, realizó cumbres preparatorias en los cuatro países de la Comunidad, que culminaron en la III Cumbre Social Andina. El diálogo entre parlamentarios y actores sociales recogió las contribuciones de ONG y grupos de jóvenes, campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, trabajadores, discapacitados. Terminado el ajuste, el Parlamento Andino aspira a que la Carta Social sirva como instrumento–guía para diferentes actores de la integración subregional.
Es difícil, sin embargo, traducir en hechos concretos las declaraciones como las Cartas Sociales, y más difícil aún es concertar alianzas entre gobiernos y actores sociales para poner en marcha lo acordado.
Estados Unidos y Canadá señalan que más que derechos son aspiraciones y gobiernos latinoamericanos han esgrimido la falta de recursos para garantizar esos derechos.
Por ello, en los debates en la VI Cumbre de las Américas y en la Cumbre Social Andina, los actores sociales se dedicaron a pensar en cómo asegurar que se avance más allá de las meras declaraciones. Un foro dentro de la Cumbre de Cartagena, identificó las dificultades principales para llevar a la práctica los acuerdos de las reuniones multilaterales.
Ante todo quedó claro que la falta de voluntad no se deriva solo de la inercia burocrática, sino además de las divergencias existentes entre los gobiernos de las Américas, que impiden cooperar aun cuando exista acuerdo sobre la prioridad que merecen los asuntos sociales y sobre la necesidad de acompañarlos con planes de acción.
Así sucedió, por ejemplo, con los compromisos contraídos por los 34 países americanos sobre los cinco temas de la VI Cumbre —pobreza, inseguridad, riesgos naturales, integración física, acceso a tecnologías— tan laboriosamente alcanzados en dos años de negociaciones previas a la Cumbre. Tropezaron con la falta de consenso sobre el tema de Cuba y de las Malvinas, lo que impidió la aprobación de la declaración política final en Cartagena. Durante la 42ª asamblea de la OEA, realizada dos meses después de la VI cumbre, en resoluciones de seguimiento al desarrollo de sus acuerdos, se adujo la falta de consenso sobre otros asuntos para desmontar cualquier compromiso:
“Ecuador formula expresa reserva de las referencias a la VI Cumbre de las Américas”.
“Los mandatos y las partes resolutivas de los ejes temáticos, formaban parte de la Declaración Política, y al no ser aprobada ésta, aquellos también quedaron sin aprobación; razón por la cual Nicaragua no está de acuerdo en hacer mención de estos documentos y mandatos que no fueron aprobados” [1].
Además, las redes sociales destacaron que los incumplimientos se producen por la multiplicidad de declaraciones, acuerdos y mandatos emanados de las cuatro o cinco cumbres a las que cada año deben asistir presidentes o cancilleres, sin que exista ningún espacio donde puedan ser cotejados y ordenados.
Aunque cada vez se incorporan más mecanismos de seguimiento de los acuerdos, éstos se quedan en el papel y no son siquiera divulgados ni se intenta de veras tejer alianzas con los actores sociales o con el sector privado para dar impulso a procesos reales.
Tampoco existe el examen periódico del cumplimiento de los acuerdos, ni se rinden cuentas sobre lo avanzado ante las autoridades reunidas para una nueva cumbre. Las redes sociales criticaron además su falta de realismo al no escoger unos pocos ejes que permitan tener resultados, la ausencia de metodologías para evaluar su propia capacidad para ayudar a poner en marcha las políticas, así como para vincular nuevos actores con capacidad de emprendimiento personal y colectivo.
En la Cumbre Social Andina, Pierre Calame —promotor de la Carta de Responsabilidades Humanas para un mundo plural y solidario— decía que esas Cartas Sociales insisten en los derechos, pero no prevén la manera práctica de construir verdaderas asociaciones entre actores gubernamentales y sectores sociales.
Para lograrlo, habría que trabajar conjuntamente en el reconocimiento por parte de todos los actores de las responsabilidades propias y de las competencias del otro. La interacción no apuntaría a dar argumentos para el choque de intereses en una lógica de enfrentamiento.
Terminado el ajuste, el Parlamento Andino aspira a que la Carta Social sirva como instrumento–guía para diferentes actores de la integración subregional.
Buscaría más bien que cada actor se haga consciente de sus propios compromisos, comparta sus informaciones y su comprensión de los problemas con la contraparte, acepte que el aporte de los otros puede transformar su punto de vista y que es indispensable construir un espacio que permita manejar las discrepancias de forma cooperativa.
Los parlamentarios andinos, podrían comenzar, por ejemplo, por asumir su propia responsabilidad colaborando con los alcaldes de poblaciones fronterizas para examinar con ellos cómo la Carta Social puede ayudarles a remover los obstáculos que enfrenta la construcción de soluciones mancomunadas a los más urgentes problemas sociales compartidos a ambos lados del límite.
Podrían establecer conjuntamente prioridades de mediano y largo plazo, estimular a los gobiernos nacionales para que asuman la responsabilidad que les cabe en la mejora de la situación local y en el aprovechamiento de sus oportunidades, e invitar a los actores sociales para que se conviertan en los motores de las iniciativas locales que permitan hacer realidad las Cartas Sociales.
Si la OEA o el Parlamento Andino no emprenden desde ya un proceso continuo de aprendizaje con todos los actores sociales —un proceso que logre desplegar sus Cartas hacia abajo, a las instancias nacionales y locales— se convertirán en cartas al viento, sin destino.
Nadie se apropiará de su contenido y sus catálogos de buenas intenciones pasarán a dormir el polvoriento sueño de los justos en los anaqueles de las bibliotecas. Se habrá perdido entonces la oportunidad de que los actores gubernamentales y sociales intercambien informaciones y opiniones, que juntos pongan en marcha sus conclusiones, y crezca el conocimiento mutuo y la confianza.
Y si las Cartas Sociales no se traducen en acción colectiva, pueden convertirse más bien en fuente de futuros conflictos. Crean falsas ilusiones, amplían la brecha entre discursos y comportamientos, aumentan la desconfianza mutua y podrían terminar irrumpiendo por vías de hecho. Las sociedades ya no parecen dispuestas a seguir esperando.
* El perfil de la autora lo encuentra en este link.
42ª asamblea OEACarta Social AméricasCumbre Social Andinagobiernos de izquierdaSocorro Ramírez
Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política, magister en relaciones internacionales, magister en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, licenciada en historia. Profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
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