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La problemática en España con respecto a la recolección de desechos, ha llevado al Congreso a abordar la aprobación de la nueva Ley de Residuos, que debería ayudar al país a mejorar el tratamiento de la basura.
La Unión Europea se fijó objetivos de reciclaje para 2020 hace más de una década, en estos acuerdos todos los miembros deberían alcanzar ese año una tasa de reciclaje del 50% para los residuos municipales.
Pero, en España se mantuvo el año pasado en el 36%, según datos de Eurostat. Lejos de mejorar esta meta en los próximos años, Europa se ha fijado objetivos aún más estrictos y en 2030 deberían llegar al 60% y en 2035 al 65%.
Una mayor fiscalidad en materia ambiental
Ante esta situación, la aprobación de una Ley de Residuos que cumpla con los parámetros fijados por la UE se hace necesaria. El vertido y la incineración de residuos se encuentran en los escalones más bajos en las políticas de tratamiento de desechos, por tener un peor desempeño ambiental.
Sus costes ecológicos, como la contaminación de las aguas, de la atmósfera y el agotamiento de recursos, no son soportados por sus responsables, sino trasladados a la sociedad en conjunto. En economía a este fenómeno se le denomina “externalidad” y es una de las causas que se usan para justificar la asignación ineficiente de recursos por parte del mercado.
Al evitar estas externalidades o trasladarlas a sus responsables, se generaría una evidente mejora ambiental, además de optimizar la economía para el resto de la sociedad. Esta es una de las razones para aplicar medidas de fiscalidad ambiental.
España se ubica al final en el ranking de Europa (lugar 26 de 27 países) en cuanto al porcentaje de los impuestos ambientales con relación de su PIB (en 2019, UE-27: 2,37%; España: 1,77%) (Cifra Eurostat, 2021). Este retraso se muestra también en el ámbito de la economía circular.
Impuestos reflejados en el nuevo proyecto de Ley de Residuos
La Comisión Europea recomendó a España, en un informe de 2018, que iniciara un sistema de fiscalización armónico que se ocupara de la incineración y vertido de residuos, que esté operativo en todas las comunidades autónomas. Aproximadamente el 50% de los residuos municipales del país, terminan actualmente en el relleno sanitario sin posibilidad de ingresar al sistema de reciclaje o reutilización.
En el proyecto de la nueva ley de residuos se contempla la creación de un nuevo impuesto estatal para gravar el depósito de residuos en vertederos (en el caso de residuos municipales de 40 euros por tonelada). El Gobierno estima que se recaude alrededor de 654,2 millones de euros al año, a través de este impuesto.
El plástico también entra dentro de la recaudación
El proyecto de Ley de Residuos también estipula otro impuesto que será el que gravará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros el kilo y que devengará una recaudación de 723,9 millones anuales, según el Gobierno. Este impuesto también es una obligación establecida en la directiva europea contra la contaminación plástica.
La norma inherente a esta ley debe incluir los parámetros establecidos por las directivas europeas, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones dadas al gobierno español para una fiscalidad verde en materia de desechos.
En 2020, solo el 4,74% de lo recaudado con impuestos provino de green fees. Este es el nivel más bajo de los últimos 25 años, según datos de Eurostat. Desde 1995, este porcentaje ha ido disminuyendo a pesar de que diferentes organismos internacionales han pedido a España que dé más peso a la fiscalidad medioambiental en su sistema.
Impuesto sobre los tratamientos finalistas
Dentro de los tipos impositivos propuestos en la Ley de Residuos, sorprende la variedad de impuestos creados, que resultan mayores que cualquiera de las contribuciones autonómicas existentes y que la totalidad de impuestos similares europeos.
Se puede decir que la razón de los diferentes tipos impositivos planteados debería ser a causa de la incidencia ambiental que tiene el hecho gravado lo cual no es del todo cierto.
Los tipos impositivos propuestos en España sobre el vertido de desechos están a un nivel intermedio europeo, mientras que los impuestos sobre la incineración situarían a España en primera fila dentro de esta materia, puesto que se trata de un impuesto menos común en la Unión Europea.
Normativa para la recolección separada
En el informe de 2018, mencionado anteriormente, la Comisión Europea también pidió a España que introdujera la obligación de la recogida selectiva de residuos orgánicos, el contenedor marrón que algunas regiones ya están empezando a imponer.
En el proyecto de la nueva Ley de Residuos se establece que, a partir de julio de 2022, todos los municipios con más de 5.000 habitantes deberán contar con sistemas separados de recogida de desechos orgánicos, además de papel, metal, plástico y vidrio. Las localidades más pequeñas tendrán un margen de adecuación hasta 2024.
Además, todos los municipios también deben tener una recolección separada de desechos textiles y aceites de cocina antes del 31 de diciembre de 2024.
En el informe, Bruselas también recomendó que se establecieran objetivos vinculantes de recogida separada para las administraciones públicas locales. En el 2035, “el porcentaje de residuos municipales recolectados por separado será al menos el 50% en peso del total de residuos municipales generados”, se expresa en la nueva Ley de residuos.
Otras características que contempla la Ley de Residuos
La norma establece que “dentro de un año desde la entrada en vigencia de la ley, los municipios prepararán un censo de instalaciones y sitios con asbesto incluyendo un calendario que planifica su remoción”.
En el proyecto de Ley de Residuos se prohíbe la destrucción de “excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes o electrodomésticos”. Y agrega que: “dichos excedentes se destinarán en primer lugar a la reutilización de los canales, incluida su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”.
Consumo de agua no embotellada
Se exhorta a las administraciones a promover el consumo de agua no embotellada en sus espacios, mediante la instalación de fuentes públicas. Asimismo, en “los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración, siempre se debe ofrecer a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios la posibilidad de consumir agua no embotellada de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento.”.
Cada uno de los supuestos que contempla la Ley de Residuos, van referidos a la fiscalidad, en términos medioambientales, que España debe implantar para cumplir con los lineamientos impuestos por la UE a sus países miembros y que permitirán tener un mundo más sustentable, al disminuir los daños ecológicos que conlleva la eliminación inadecuada de desechos.
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