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Aunque como está formulada, la refrendación de un eventual acuerdo final en La Habana es un cuello de botella para la paz,  podrían ensayarse otros modelos que mantengan la legitimidad y faciliten el logro de la paz.
El gobierno y las FARC acordaron refrendar el  acuerdo final en el documento base de los diálogos de La Habana, titulado Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera  que suscribieron el 26 de agosto de 2012. El punto V, numeral 6, dice: “Implementación, verificación y refrendación. La firma del acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados”.
El tema de la refrendación no es fortuito, no obedece a un descuido o falta de visión estratégica, ni a un cálculo mal hecho por los miembros de la mesa de La Habana. Haber introducido ese punto en el documento se explica en parte por la enorme prevención que existe entre las partes. Este punto serviría como una especie de “botón de pánico” para ambos lados:
· Para el gobierno, el compromiso de refrendación sigue valiendo como recurso de negociación, porque si las FARC no guardan las debidas proporciones de sus solicitudes o la “generosidad” en las “concesiones”, pesa la advertencia de que el pueblo podría no refrendar lo acordado.
· Por su parte, para las FARC, si el gobierno –bajo la presión de la oposición y de las encuestas– confunde el estatus de negociador político de las FARC con el de actor derrotado que debe someterse a la justicia, comenzaría la presión para que la refrendación se haga por medio de una asamblea constituyente.
Las dos alternativas son muy riesgosas para el proceso y, sin embargo, todavía a estas alturas existe el compromiso creado de la refrendación. Tal es el grado de compromiso con este punto que el gobierno tramitó el año pasado, con mensaje de urgencia, una ley estatutaria que, en caso de necesidad extrema, pueda darle vida a la refrendación; aunque, con igual celeridad, la Corte Constitucional la declaró exequible en octubre pasado, con apenas mínimos condicionamientos.
En un ambiente de polarización,  desinformación y desconfianza, el riesgo de someter los logros de tres arduos años de negociaciones a un referendo es demasiado alto.
En noviembre pasado, en un foro organizado por la Universidad del Rosario que incluyó el tema de la refrendación, Humberto de la Calle dijo que “hay que buscar distintas opciones y herramientas, sea un referendo, plebiscito, consulta popular, pero también tenemos que tener la mente abierta a ser más creativos para que el que se elija sea un instrumento que satisfaga la demanda de la sociedad. No queremos lograr una paz exprés”.
La propuesta del jefe negociador del gobierno nos abre tres posibilidades para darle curso a un compromiso que a estas alturas parece imposible de honrar. Para analizar estas opciones vale la pena entender las diferencias y similitudes entre referendo, plebiscito, constituyente y consulta, todos mecanismos de participación previstos en la Constitución y de los que tendremos que ocuparnos a la hora de una refrendación.
Palacio de convenciones en La Habana, Cuba
Es innegable que, en un ambiente propicio, la refrendación del acuerdo final puede tener ventajas:
– Ganaría en legitimidad;
– Impulsaría el conocimiento y el debate de la ciudadanía sobre temas de conflicto y  paz;
– Daría la posibilidad de la participación ciudadana en un asunto vital y sensible para toda la sociedad;
– Daría garantías tanto al gobierno como a las FARC sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y
– Ampliaría el ámbito de lo acordado, más allá de la mesa.
No obstante, en un ambiente de polarización,  desinformación y desconfianza, el riesgo de someter los logros de tres arduos años de negociaciones a un referendo es demasiado alto.
A propósito del riesgo, bien vale recordar la regla de oro que se pactó en la mesa de negociación: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esta premisa es importante porque deja ver que para las partes los cinco puntos de la agenda, en su conjunto y de manera indivisible, configuran los elementos que integran la construcción de la paz.
Desde esta perspectiva, el ejercicio de la refrendación, en caso de darse, debería hacerse sobre esa integralidad. No sería posible diseccionar el acuerdo final para un eventual proceso de participación ciudadana. Lo acordado integralmente en la negociación no podría ser separado en la refrendación.
Por otro lado, es fundamental la formulación de la pregunta para un eventual referendo. No se trata de preguntarle a la sociedad colombiana si quiere o no quiere que los excombatientes de las FARC sean sus vecinos, sino de que el país se pronuncie acerca de si respalda el proyecto de la paz que integran los cinco puntos de la agenda consensuados por las partes en La Habana.
Aun cuando la refrendación es compleja, este mecanismo no es novedoso, y ha sido usado con éxito en algunos países en procesos de negociación (aunque también haya destruido procesos de paz en otros países), como se puede ver en el siguiente cuadro:
Fuente: elaborado por la autora sobre la base de información de la Corte Constitucional.
Es evidente que será importante revisar las experiencias internacionales, tanto las arriba mencionadas como otras que muestran caminos para nuestro propio proceso. Por ejemplo, Guatemala es un caso excepcional por las complejidades y similitudes con ciertos temas de lo que sucede en Colombia, y bien vale la pena evaluar con detenimiento su experiencia.
¿Y si no refrendamos?
Dado que el tema de la refrendación puede convertirse en un palo en la rueda del proceso con las FARC y que el presidente Santos ha repetido hasta el cansancio que no le importa perder todo su capital político en nombre de la paz, otra opción sería echarse para atrás y no refrendar.
Esta opción tendría varias posibilidades. La primera y más honesta sería que tal y como lo acordaron el gobierno y las FARC (y como lo han sugerido muchos expertos y analistas) modifiquen el punto y eliminen la palabra refrendación para dejar en el punto V solamente implementación y verificación. De hacerlo, debe ser de cara al país y con argumentos de peso basados en el riesgo que reviste dejar una decisión de Estado en manos de una sociedad polarizada, poco informada y cuya decisión puede ser emocional.
Sin duda los opositores al proceso de paz utilizarán todos los argumentos –racionales o no– para atacar cualquier decisión que se tome, y más a este respecto. Pero no es cierto que si no hay refrendación el proceso pierde legitimidad. Primero, porque constitucionalmente el presidente ya tiene el mandato de hacer todo lo posible por estabilizar el país, alcanzar la paz y mantenerla y, segundo, porque este es un debate interno.
A la luz de la mirada internacional (e incluso del propio fiscal general de la Nación) la refrendación no es necesaria ni jurídica ni constitucionalmente, ni siquiera en el marco de la justicia transicional que se le introdujo a la Constitución.
Finalmente, no es ilegítimo no refrendar porque de llegar a un acuerdo final es muy posible que lo pactado en La Habana no contravenga el orden constitucional del Estado colombiano. En este caso no se ha tratado de refundar la patria.
Se puede ser creativo
¿Qué pasaría si no nos atascamos en la discusión de refrendar o no refrendar sino que buscamos, como lo propone De la Calle, ser más creativos y encontrar un instrumento que satisfaga la demanda de la sociedad?
Podríamos, por ejemplo, salirnos un poco de la formalidad de los mecanismos existentes para avanzar hacia una consulta masiva, concebida como un hecho político que no tenga un carácter vinculante frente al acuerdo final, pero que sí entregue información relevante sobre la postura y percepción de los ciudadanos frente a los temas abordados en la agenda.
Esta información sería útil para que las decisiones que se tomen en el marco del postconflicto sean informadas, relevantes y pertinentes para toda la sociedad.
No es cierto que si no hay refrendación el proceso pierde legitimidad.
Esa sería una tercera vía, que no es antidemocrática. El mecanismo tiene precedentes, como la elección del rector de la Universidad Nacional. Más allá de los desacuerdos y problemas que cause, se puede considerar el modelo. En este proceso todos los estamentos universitarios son consultados, pero la decisión final está en manos del Consejo Superior de la Universidad, que analiza la información de las consultas pero toma, según su buen entender, la mejor decisión para la Universidad.
En este escenario será muy importante que la estrategia de comunicación del gobierno sea mucho más asertiva y que este sea capaz de generar mecanismos para que sea la sociedad en su conjunto la que llene de contenidos el hecho político de una consulta masiva, no vinculante, pero sí pertinente y eficaz.
Una decisión de la transcendencia del proceso de paz, que puede sacar al país de sesenta años de guerra continua, no se puede dejar en manos diferentes de las del gobierno nacional y a las de su máximo representante.  La obligación del presidente es hacer todo lo que esté en sus manos para lograr la paz, incluso si los sondeos dicen que el 90 por ciento de los encuestados no está de acuerdo. De eso se trata gobernar.
* Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.
Acuerdo FinalMaría Victoria Duqueproceso de paz,Refrendación del acuerdo de La Habana
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