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La relación entre narcotraficantes, grandes ganaderos y políticos no es nueva en la región caribe y no empieza ni acaba con el Ñeñe o con el uribismo.
Es paradójico que el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’ se haya centrado, sobre todo, en los posibles nexos del difunto ganadero con la campaña presidencial de Iván Duque y el uribismo.
Las élites regionales, como la que integraba José Guillermo Hernández Aponte, que se mueven entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la concentración de la propiedad rural, surgieron antes de Uribe y se han acomodado a distintos gobiernos presidenciales, inclusive al de Juan Manuel Santos.
De hecho, la historia reciente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena está plagada de “ñeñes”, que aparecen con frecuencia en diferentes coyunturas pre o poselectorales. ¿Qué tienen en común esas zonas y a qué se debe su relación con ese fenómeno?
Concentración de la tierra y ganadería extensiva
Para empezar, estos cinco departamentos tienen una marcada concentración de la tierra, que puede verse reflejada en los resultados del Coeficiente de Gini de propiedad rural.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para 2012 el Gini rural orbitaba en el 0,63, pero el promedio departamental de esta región es muy superior, como se ve en la tabla.
Quince Sentencias de Justicia y Paz que conectan a 36 ganaderos y agremiaciones ganaderas con grupos paramilitares
Según las estadísticas del 2009 sobre distribución de la propiedad rural en Colombia, en estos departamentos la gran propiedad (predios de más de 2.000 hectáreas) se encuentra concentrada en el 1,63% de propietarios, mientras el minifundio (predios entre 1 y 10 hectáreas) centraliza el 98,35% de los propietarios.
Ligado a lo anterior, estos territorios se caracterizan por tener modelos de producción asociados a la agroexportación y, sobre todo, a la ganadería extensiva.
Desde hace décadas atrás han aparecido con frecuencia otros “ñeñes”
Según el informe “Radiografía de la Desigualdad” realizado por Oxfam sobre la base del Censo Nacional Agropecuario de 2014, en Colombia había 15 millones de hectáreas con vocación del uso del suelo para ganadería, pero en realidad 34,4 millones eran usadas para ese propósito. En contraste, 22 millones de hectáreas estaban dispuestas para agricultura, de las cuales solo 8,5 millones se encontraban en uso.
Total predios con bovinos en 2019
La Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) reportó para 2019 un total de 623.794 predios con bovinos, de los cuales 93.071 se encuentran en los departamentos en cuestión.
Paralelo a la alta concentración de la propiedad rural, los cinco departamentos presentan altas cifras de víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Número de víctimas de Despojo o Abandono forzado
Esto estaría asociado con la fuerte penetración del paramilitarismo en la región caribe. Las Autodefensas y los políticos y empresarios que las auspiciaron son responsables de desplazamiento, despojo y acaparamiento irregular de predios, como lo han demostrado Francisco Gutiérrez y Jennifer Vargas.
Además, existe una amplia evidencia judicial que reposa en las sentencias de Justicia y Paz, y en ciertos fallos de la jurisdicción de restitución de tierras que vinculan a ganaderos o empresas ganaderas como terceros de mala fe que ocuparon o explotaron económicamente predios que fueron denunciados como abandonados forzadamente o despojados.
Así lo demuestran las quince Sentencias de Justicia y Paz que conectan a 36 ganaderos y agremiaciones ganaderas con grupos paramilitares bajo señalamientos tales como:
Participación en reuniones fundacionales;
Financiación y promoción de las estructuras armadas ilegales;
Habilitación logística —a través del préstamo de fincas, uso de vehículos para transporte, entrega de reses para alimentar la tropa, etc.; y
Ser destinatarios de tierras despojadas.
Así mismo, 20 Sentencias de Justicia y Paz prueban los vínculos que existieron entre 108 líderes políticos de nivel nacional, regional y local de estos cinco departamentos con grupos de autodefensa, los cuales estuvieron especialmente relacionados con:
Constreñimiento al votante, y
Una serie de infracciones a los mecanismos de participación democrática.
Los vínculos entre buena parte de los ganaderos, el narcotráfico y el paramilitarismo son innegables, algunos llegaron a liderar bloques de las AUC
Una posible explicación de la parapolítica en los departamentos con predominio del latifundio ganadero es la naturaleza misma de esa actividad. La hacienda ganadera produce alta concentración de tierra, no emplea de mano de obra intensiva y tampoco se integra de lleno al mercado global de bienes y servicios.
Esto les impide a los políticos de origen ganadero tener la suficiente influencia sobre los votantes —que en su mayoría viven en los cascos urbanos de las ciudades—.
En ese sentido, muchos políticos tienen incentivos de acudir a prácticas ilegales como la financiación de campañas por parte de narcotraficantes, la compra de votos y el constreñimiento al votante para poder ganar elecciones.
A esto se suman casos como el de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Juan Francisco Prada Márquez y Roberto Prada Gamarra, hombres provenientes de familias tradicionalmente ganaderas que posteriormente se convirtieron en líderes y comandantes de grupos paramilitares.
Puede leer: El nombramiento de Jorge Tovar es un atentado contra las víctimas
Clanes en el poder político
De hecho, en estos departamentos se han consolidado extensas redes de parentesco que dominan la política y el Estado en lo local, como lo ha demostrado en diferentes trabajos Gloria Isabel Ocampo. Familias como los García o los Guerra de la Espriella, han tenido el control de la burocracia y de las facciones partidistas —sean liberales, conservadoras, de la U, Cambio Radical, etc.— en Córdoba, Bolívar y Sucre.
Igualmente, la amplia red familiar de los Gnecco Cerchar logró reproducir su poder político a través del clientelismo, el vínculo con grupos armados ilegales (Bloque Norte de las AUC, empresa criminal de alias Marquitos Figueroa) y la concentración de la propiedad rural —mucha de ella de vocación ganadera—. Estas redes han cooptado las instituciones de departamentos como el Cesar y La Guajira.
Estos ciclos generacionales de reproducción del poder político obstaculizan cambios reales en la administración del Estado.
Por ejemplo, desde los años setenta con Miguel Gnecco Hernández como alcalde de Valledupar hasta llegar a Juan Francisco Gómez Cerchar o “Kiko” Gómez, fungiendo como Gobernador de la Guajira para el periodo 2012-2015, no mucho ha cambiado en estos dos departamentos en materia de superación de la pobreza, reducción de la desigualdad, baja del desempleo, modernización vial, etc.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Muchos ganaderos recurrieron a la conformación de grupos armados ilegales para mantener la propiedad sobre sus tierras o para despojar.
Encuentre en RP: Criminales, políticos y elecciones: una nefasta tradición
¿Quién será el próximo ñeñe?
Desde hace décadas atrás han aparecido con frecuencia otros “ñeñes”, entre ellos los hermanos Lucas y Jorge Gnecco Cerchar, empresarios agropecuarios que ocuparon cargos públicos, y que fundaron y auspiciaron los grupos paramilitares en el norte del país.
Hay que recordar que el mismo clan Gnecco, como jefes de facción del Partido de la U en Cesar y La Guajira, y como “dueños” de varias curules en el Congreso, fueron determinantes para que Santos hubiese ganado con más del 60% de los votos a Óscar Iván Zuluaga en segunda vuelta del 2014. Tampoco sobra recordar que votaron todas las iniciativas legislativas para aprobar jurídicamente y poner en marcha el proceso de paz con las FARC-EP.
Estas élites buscan siempre acomodarse al poder central del Estado, de ahí que el Ñeñe Hernández se ufanara de sus vínculos con generales, ministros y hasta el mismo presidente de la República. Solo basta esperar hasta las próximas elecciones presidenciales para que aparezca otro Ñeñe Hernández.
*Politóloga con énfasis en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.
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* Politóloga con énfasis en Gestión Pública de la Universidad Javeriana, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional.
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