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En 1992 los países de las Naciones Unidas se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, en lo que normalmente se conoce como la Cumbre de la Tierra. El diálogo resultó en la Agenda 21 y la Declaración de Río, instrumentos en los que se establecieron los retos, programas y objetivos para el siglo XXI y las bases para definir la interacción entre seres humanos y naturaleza, en el marco del desarrollo sustentable (Cuadro 1). Las negociaciones internacionales giran en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), formada a raíz de la reunión en Río y cuya primera sesión fue en 1994 en Bonn, Alemania. Desde 1995, la CMNUCC se ha reunido una vez al año en la sesión conocida como Conferencia de las Partes (COP), que tendrá su vigésimo sexta sesión (COP 26) este año en Glasgow, Escocia.
El proceso de las negociaciones ha producido una serie de hitos importantes en su intento de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático. En 1997, se estableció el primer tratado Internacional para limitarlas. El Protocolo de Kioto (PK) entró en vigor en 2005 y expiró en 2012. Establecía compromisos de reducción de emisiones para 37 países industrializados, todos en el Norte Global, y logró una reducción de emisiones equivalente a 12%, con referencia a los niveles de 1990. En términos generales, estas reducciones sucedieron por otras causas -como el colapso de la Unión Soviética y la recesión global causada por la crisis financiera en 2007-2009- en realidad, la reducción por los mecanismos del PK fue mínima. Durante el mismo periodo, las emisiones a nivel global se mantuvieron en aumento constante, lo que hoy hace ver al PK como un fracaso, más aún si consideramos que desde que se publicó el primer informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en 1990, en donde ya se documentan sus orígenes antropogénicos, causas y consecuencias, se ha liberado a la atmósfera más dióxido de carbono (CO2) que en toda la historia de la humanidad.
Evolución del discurso hegemónico en las negociaciones intencionales de cambio climático:
El concepto surge para hacer compatible el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente. Busca rehabilitar el papel del crecimiento después del reporte del Club de Roma en 1972 y el rechazo a la idea de los límites. Propone un paradigma que esencialmente da la apariencia de que se puede crecer de forma infinita en un planeta finito, al reducir la pobreza (que es, incidentalmente, la principal responsable de la degradación ambiental).
2012 – Economía y Crecimiento Verde:
20 años después de la Cumbre de la Tierra, el PNUMA, el Banco Mundial y la OCDE proponen el concepto de economía verde. Se define como aquella que aumenta los ingresos y mejora el bienestar humano mientras reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. El concepto se basa en la posibilidad de disociar las emisiones y el impacto material del crecimiento económico. Cosa que no solo es imposible, sino para la que no existe evidencia.
2015 – Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS):
El PK se caracterizó por usar los instrumentos de mercado -como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los sistemas de intercambio de emisiones- para fomentar programas de mitigación compatibles con el desarrollo sustentable. Estos mecanismos pronto revelaron las inherentes desigualdades inscritas en el PK, que funcionaban como un sistema de indulgencias que permitían continuar la quema de combustibles fósiles en países desarrollados y crear vertederos de carbono baratos, como enormes plantaciones de árboles a en el Sur, como una alternativa lucrativa a la reducción de emisiones en el Norte. Este sistema hacía poco más que mercantilizar a la naturaleza y convertirla en un servicio intercambiable. En 2002, un grupo internacional de organizaciones y movimientos sociales, con aquellos que serían más afectados por la inacción climática al frente, se reunieron a la par de la COP en Bali, Indonesia para acordar una serie de principios sobre justicia climática: el resultado, que se conoce como la Declaración de Bali, recupera 27 puntos sobre justicia climática en donde se resalta el carácter sagrado de la Madre Tierra, el derecho de comunidades y pueblos indígenas a no sufrir las consecuencias del cambio climático y la obligación de los gobiernos de responder a este fenómeno bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Dos años más tarde, con la Declaración de Durban sobre el comercio de emisiones, varias organizaciones denunciaron las evidentes desigualdades de los procesos de negociación internacional y su énfasis en el uso de falsas soluciones como los sistemas de comercio de emisiones: “El comercio de carbono no contribuirá a lograr la protección del clima de la Tierra. Es una falsa solución que afianza y amplía las desigualdades sociales.”
El término justicia climática se popularizó en la década de los noventa, a raíz de una serie de denuncias sobre las actividades de la industria de combustibles fósiles. El concepto sigue los pasos de la justicia ambiental, busca poner a las comunidades vulnerables al frente, pero evidencia las enormes inequidades que caracterizan al cambio climático: los responsables de generar emisiones no son los mismos que sufrirán sus consecuencias. Sin embargo, la justicia climática, no se reduce a la cantidad de CO2 en la atmósfera, sino que ve el origen del problema en la adicción capitalista a los combustibles fósiles y el doble discurso de las falsas soluciones que protegen y legitiman el crecimiento económico. La justicia climática se enfoca en la capacidad organizativa, la acción directa y la toma de decisiones comunitarias por quienes están al frente de la crisis, que también están a la vanguardia de la reducción de emisiones y velar por el interés común.
Poco a poco, los movimientos que demandan justicia climática (Cuadro 2) se han ido separando de las negociaciones internacionales, las que desde su concepción han sido un espacio capturado por un aparato tecnocrático que no refleja los intereses ni las demandas de las poblaciones más vulnerables. Por el contrario, su objetivo ha sido producir un doble discurso que busca ‘pintar de verde’ y legitimar el crecimiento económico, hacer compatibles los intereses de compañías y países petroleros con el discurso ambiental, con el diseño de mecanismos de control de riesgos y proteger sus inversiones en proyectos extractivos o contaminantes, siempre invocando a posibles innovaciones tecnológicas como la salvación. Los movimientos sociales, en cambio, han propuesto alternativas de diálogo más allá de los gobiernos, la captura corporativa y las influencias de grandes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que continúan abogando por los instrumentos de mercado y el crecimiento económico.
La COP15, celebrada en la ciudad de Copenhague en 2009, marcó el punto de inflexión más importante de tensión entre las negociaciones y los movimientos sociales. La COP debía inaugurar un nuevo acuerdo vinculante para sustituir al PK. Las negociaciones llegaron a un impasse. Varios países se opusieron a sustituir los límites obligatorios de emisiones del PK por un plan de “contribuciones” nacionales voluntarias para la mitigación. Aunque la conferencia definió los puntos para lo que en 2015 se conocería como el Acuerdo de París (AP) -particularmente en torno a los límites de temperatura de 2°C y 1.5°C-, el rompimiento de los movimientos con las estructuras de negociación internacional se hizo evidente, en 2010: mientras la COP16 se celebró en Cancún, México, en Bolivia se llevó a cabo la Conferencia de los Pueblos del Mundo sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, de la que surgiría la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que condena la mercantilización de la naturaleza y el uso de instrumentos de mercado para su protección. A pesar de varios intentos por traer esta discusión al proceso de la CMNUCC, los países desarrollados bloquearon esta posibilidad y se enfocaron en defender las estructuras de mercado que aún hoy rigen el proceso de negociaciones y las acciones del régimen internacional de cambio climático.
COP-26: Net-Zero, geoingeniería y las falsas soluciones.
La COP 26 será la primera sesión para implementar el Acuerdo de París. Sucede en la que se conoce como “la década de la acción” y se ha descrito como ‘la última oportunidad para hacer algo en el marco de la CMNUCC”. La COP 26 será un rotundo fracaso, pues es casi imposible que los países atiendan la enorme brecha de emisiones, necesaria para estabilizar la temperatura en 2 y menos aún en 1.5°C, al final del presente siglo. Por el contrario, podemos esperar la declaración de más compromisos de reducción en el largo plazo, sin acciones contundentes ahora y, muy probablemente, sin menciones o propuestas que cuestionen las estructuras del crecimiento económico y el capitalismo extractivo.
Emisiones Netas Cero (Net-Zero): se refiere a los compromisos que varios países han hecho para neutralizar sus emisiones de GEI en 2050. Aunque a veces dan la impresión de un avance significativo, estas declaraciones no son más que un truco de contabilidad: significan simplemente que una empresa o gobierno puede restar sus emisiones para igualar a “cero” con algunas compensaciones de carbono (reforestación, conservación en otro lado -casi siempre menos desarrollado-). Despliegan proyectos que “compensan” lo que emiten. Esto acelera el despliegue de proyectos de geoingeniería o de “emisiones negativas” y posterga las verdaderas reducciones de emisiones. Dicho de otra forma, este es un nuevo término plástico que pretende que nada en realidad cambie: desplaza la responsabilidad de tomar  acciones radicales y ambiciosas al futuro y enmascara la urgencia y necesidad de estas acciones.
Geoingeniería: La geoingeniería consiste en una serie de tecnologías que buscan intervenir en el clima con el fin de reducir el proceso de calentamiento. Pueden ser “soluciones naturales”, como la conservación de bosques y manglares, o diferentes opciones tecnológicas. La geoingeniería normalmente viene acompañada de un discurso de inevitabilidad: ya que fuimos incapaces de limitar el aumento de las emisiones, no tenemos otra alternativa que implementarla. Este discurso es la excusa perfecta para las compañías y gobiernos a quienes les resulta muy cómodo no hacer cambios significativos en aquellos procesos que contribuyen al cambio climático y reducen su actuación al despliegue de estas tecnologías. La principal crítica a estas propuestas se centra en su lógica lineal, que falla en analizar las implicaciones que puede tener alterar un aspecto del clima en el sistema natural al que pertenece.
La firma del AP durante la COP21, implicó una separación aún más evidente: Casi todas las preocupaciones de estos movimientos por la justicia climática se tradujeron en breves menciones en el preámbulo del acuerdo, mientras que los artículos y mecanismos hacen uso pleno de los instrumentos de mercado criticados durante las últimas tres décadas. El contenido del AP no menciona ni una sola vez a los combustibles fósiles, la necesidad de mantenerlos en el subsuelo ni la enorme desigualdad en el modelo económico que los produce, el capitalismo, el gas o el carbón. Menciona solamente una vez el término justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el Artículo 2 del AP, en el que se incluyen los límites de la temperatura, se ve totalmente eclipsado por la frase: “El presente acuerdo […] tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Como lo indica el economista ecológico  Clive Spash, el AP no puede entenderse sin referirnos al contexto y al modelo económico que se institucionalizó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Cuadro 1), cuyo fin último es mantener y defender el crecimiento económico, la tecnología, la industrialización y el uso de la energía como soluciones al problema. El Objetivo 8 consiste en mantener el crecimiento económico en al menos 7% anual en los países menos desarrollados. Las consecuencias ambientales de este crecimiento se pretenden abordar en la lógica del crecimiento verde (Cuadro 1), apostando a disociar el crecimiento del impacto material o de las emisiones de GEI, cosa que es físicamente imposible y de la que no existe evidencia de que funcione, o a través de riesgosas apuestas tecnológicas, como la geoingeniería (Cuadro 2). Quienes promovieron el AP y esta visión economicista ven en el cambio climático una amenaza al crecimiento y a las posibilidades de acumulación, o como un simple error de mercado. Para ellos, la amenaza a los entramados de la vida es un efecto secundario.
El AP no cuenta con ninguna herramienta punitiva, en vez de eso instituye las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) -o instrumentos de reducción de emisiones voluntarios de cada país. Rotos los parámetros de obligación del PK, las CND están lejos de acercarse a los límites de temperatura que aparecen en el AP. Las estimaciones más recientes indican que el agregado de estas contribuciones apunta a un incremento aproximado de 3°C al final del presente siglo, una temperatura no solo inaceptable en los términos del propio acuerdo, sino condenatoria para la vida en muchas regiones del planeta.
Otros compromisos adicionales, como la entrega de 100 millones de dólares anuales de los países “sobredesarrollados” a países menos desarrollados así como las demandas de países no industrializados de recibir compensaciones por pérdidas y daños, no solo no se han cumplido, sino que han sido eclipsadas por la falta de acción y por el diseño de acuerdos que no solo no tocan las estructuras ya establecidas, sino que las convierten en una nueva oportunidad de inversiones tras un velo ‘verde’ que las legitima como ‘ambiciosas’. Por tanto, no se puede considerar al AP como instrumento efectivo para reducir emisiones o conducirnos a un mundo menos caliente, debemos verlo como un instrumento que en el fondo busca legitimar el crecimiento económico, asegurar los procesos de acumulación y extracción y proteger las inversiones hechas y que seguirán haciendo en la infraestructura fósil. No es una sorpresa que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la inversión en energía fósil continuará bien adentrados en el siglo XXI. Aquí radica el problema del AP: carece de un plan real para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. No hace mención y no cuenta con ningún mecanismo para detener la expansión del fracking o las exploraciones de petróleo y gas y tampoco tiene ningún instrumento para castigar a quienes no cumplen con sus compromisos voluntarios.
Desgraciadamente, muchas organizaciones no gubernamentales por la defensa del medio ambiente se han sumado a este razonamiento ilógico y justifican su apoyo al AP, al proceso de la COP y a los mismos ODS por pragmatismo (dicen o se defienden diciendo que es mejor que nada o es lo mejor que tenemos). El lenguaje neoliberal abunda en sus informes y recomendaciones políticas y en la adopción de conceptos como capital natural, servicios ecosistémicos, compensaciones, soluciones naturales, geoingeniería, emisiones netas cero y el intercambio de emisiones a través del mercado. Su visión acrítica del AP y sus mecanismos de implementación han sido clave para dar legitimidad a las falsas soluciones que se continúan promoviendo para atender el problema, como si este fuera un mero reto tecnológico (Cuadro 3).
Al revisar la evidencia, es claro que el AP está sumamente limitado por las estructuras políticas y económicas que dictan su contenido. Desde 1992 a la fecha, las emisiones se han incrementado en 65%; tan solo el 1% de las emisiones actuales proviene de 120 países, mientras que cinco países son responsables del 60% de las emisiones. Investigaciones recientes sugieren que, a nivel mundial, el 10% más rico ha sido responsable de hasta la mitad de las emisiones acumuladas desde 1990 y que el 1% más rico es responsable de más del doble de las emisiones del 50% más pobre. Algo similar a lo que sucede con la distribución de la riqueza a nivel global. Asimismo, el promedio de emisiones per cápita en los llamados países menos desarrollados (PMD) ha sido 10 veces menor que en otros países en desarrollo y cerca de 40 veces menor que en los países desarrollados. Estas cifras revelan la forma en la que el cambio climático exacerba las desigualdades existentes, sobre todo cuando los PMD se encuentran entre los que ya sufren las peores consecuencias de un clima que cambia rápidamente.* El Foro Vulnerabilidad Climática estima que los 85 países menos emisores de GEI concentrarán 80% de las muertes resultantes del cambio climático.
En Agosto de 2021, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicó la primera parte del Sexto Reporte General de Cambio Climático (AR6). Este  documento demuestra que los efectos del calentamiento han sucedido más rápido de lo esperado, lo que significa que los tiempos para tomar acciones transformadoras para reducir emisiones de GEI se hacen cada vez más cortas. Sin embargo, las estimaciones de la AIE y el IPCC prevén que la economía global mantendrá el crecimiento económico duplicando la demanda actual de energía en el año 2050, y alcanzará una economía hasta 11 veces el tamaño de la actual para el final del presente siglo. Mantener esta creciente demanda de energía, en un sistema industrializado de producción y con cadenas de producción globalizadas, se convierte en un problema de enormes complejidades si consideramos que los combustibles fósiles deben permanecer en el subsuelo.
Para resolver esta problemática, El IPCC junto con otros grupos de expertos que se encargan de modelar y crear escenarios futuros operan bajo el supuesto de que el crecimiento y el uso de combustibles fósiles podrá mantenerse, siempre y cuando exista un despliegue de tecnologías de emisiones negativas o geoingeniería (Cuadro 3) -sobre todo la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)- jugarán un papel cada vez más importante en el presente siglo para eliminar el exceso de carbono de la atmósfera. Sin embargo, esta suposición ha sido objeto de importantes críticas en los últimos años. La ampliación de la BECCS requeriría grandes cantidades de tierra y agua para la producción biocombustibles (equivalente a 3 veces la superficie de India), lo que supone enormes problemáticas sobre el acceso y disponibilidad del agua, la creación de nuevas formas de competencia con la producción de alimentos y la pérdida de biodiversidad. Las estrategias alternativas de eliminación de carbono, como la captura directa del aire y el almacenamiento de carbono (DACCS), pueden evitar algunos de estos problemas, pero a su vez necesitarán de enormes inversiones en tecnología, un creciente uso de energía (hasta 50% de la actual generación de electricidad mundial), lo que implicaría una mayor extracción de combustibles fósiles o aumento en la demanda de minerales necesarios para implementar las tecnologías renovables y almacenamiento de energía, lo que nos ataría a un mundo en donde el último resquicio entre la estabilidad planetaria y el colapso serían estos proyectos… Una falla en alguno o un gobierno que decida no invertir en su mantenimiento podría significar un punto de no retorno.¥
En gran medida, esto se debe a que tanto las escuelas económicas como los sistemas de modelación que buscan interpretar las tendencias del futuro han sido incapaces de incorporar la realidad biofísica (es decir, el mundo no humano, los ecosistemas, los recursos naturales, los contaminantes, etcétera). La función de la macroeconomía es sostener el crecimiento económico que acumula capital, mientras que la microeconomía pretende defender la asignación óptima de los recursos a través de los precios creados por el mercado. En consecuencia, la ortodoxia del mercado refuerza una economía de crecimiento perpetuo impulsada por el intercambio de mercado, sin  considerar los orígenes de las fuentes o los sumideros de energía o los materiales. Este sistema es el que se utiliza para medir el futuro, por lo que no es una sorpresa que en todos los modelos aparezca la necesidad de mantener un crecimiento aparentemente infinito y aumentar de forma drástica el acceso a la energía. Ninguno de estos modelos supone o modela escenarios sin crecimiento económico o con una redistribución radical de energía y minerales, en donde sería posible tanto ampliar el acceso a energía y drásticamente reducir el consumo en otros sectores.*
De acuerdo con estudios recientes, sería posible satisfacer las necesidades energéticas de 9 mil millones de personas en 2050 con aproximadamente 40% menos energía de la que consumimos el día de hoy, y casi  95% podría venir de fuentes renovables.† Para lograrlo es necesario abandonar la idea del crecimiento económico infinito y el desarrollo como modelo y fin último. Es necesario instituir políticas redistributivas y transferir el control de la energía, los medios de producción de alimento y la gestión del agua a comunidades urbanas y rurales, entre muchas otras decisiones. Lo anterior también implica que se tienen que reconocer y mitigar los impactos extractivos y superficiales asociados con las energías renovables, reconocer los derechos de la autodeterminación de comunidades indígenas y rurales, buscar propuestas a escala, con control comunitario y con fuentes locales que aseguren el control social de la energía.
Tal vez de forma más significativa, estas acciones permitirían cuestionar las estructuras,  como el crecimiento económico, que normalmente se presentan como un sentido común o como un componente incuestionable. La demanda de energía y materiales necesaria para mantener el crecimiento económico ha acelerado la creación de conflictos ecológicos distributivos, los cuales implican la expansión de distintas formas de violencia. Las formas más extremas se pueden ver en los asesinatos de defensoras y defensores ambientales, que año con año se incrementan, principalmente en Latinoamérica. Estas son comunidades que se encuentran al frente de la lucha y la defensa de su territorio, pero que al mismo tiempo están a la vanguardia de la lucha para resistir y contrarrestar el cambio climático. Dejar de depender del lenguaje neoliberal que plaga las negociaciones internacionales implica separarse de la idea del dinero como una única medida de valor, lo que significa que todo puede hacerse comprable y, por tanto, comerciable. Así, el daño se equipara al bien y la creación de más daño (por ejemplo, por contaminación) puede compensarse con más bienes (por ejemplo, el consumo).*
En este discurso y forma de pensar, el cambio climático no es más que una falla del mercado, un problema que solamente requiere que se le ponga un precio correcto a las emisiones. Como lo menciona Roland Geyer, en dos ocasiones la humanidad ha detenido grandes amenazas medioambientales, la gasolina con plomo y el uso del compuesto de clorofluorocarbonos (CFC) responsable del deterioro de la capa de ozono, en ninguna de las dos lo hizo con costos o impuestos, se hizo con prohibición. Para poder desmentir y resistir a quienes siguen abogando por un precio a las emisiones como una solución, por los instrumentos de mercado y el despliegue masivo de tecnologías, es necesario extender estos instrumentos y medidas en el discurso que las moviliza: pretenden mantener el status quo y justificar medidas extractivas, continuar el uso de combustibles fósiles y la conservación para mantener el capitalismo fósil y las propuestas para pintarlas de verde. Tenemos que ver al cambio climático como el resultado de un sistema económico capitalista basado en la acumulación y en el despojo, plagado de formas violentas de extracción para trasladar los costos a otros, especialmente a quienes carecen de voz o de poder (como los pobres, las generaciones futuras y los no humanos).
El caso de México
En 2015, México presentó su CND en la que se comprometió a reducir 22% de las emisiones, con un compromiso adicional de reducir el 36% al 2030. Asimismo, el país cuenta con una serie de compromisos para reducir emisiones. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) obliga a reducir 30% de las emisiones al 2020 y 50% al 2050. Estos compromisos deben entenderse como promesas vacías por dos razones: Primero, mientras que las reducciones estén acompañadas y se mantengan bajo las mismas estructuras de crecimiento verde (disociar emisiones del crecimiento económico o compensadas a través de soluciones naturales o el despliegue artificial de tecnologías de emisiones negativas como la geoingeniería) estas no supondrán una propuesta viable, efectiva y realista. Lo mismo puede decirse de los compromisos de energía limpia establecidos en la Ley de Transición Energética (LTE), que se habían atendido a través de un esquema de libre mercado que descontó por completo los impactos socioecológicos del despliegue de megaproyectos de energía renovable, y crearon importantes conflictos sociales y ambientales en buena parte del país.
Lo anterior implica que la transición energética no puede reducirse a un carácter puramente  tecnológico o financiero, debe contemplar la posibilidad de establecer un sistema descentralizado de energía que vele por los intereses locales y se base en la fuentes locales, que reduzca progresivamente el uso de los combustibles fósiles y descentralice el papel del Estado y los sistemas de gestión energética a gran escala. Esto implica, también, resistir el avance de megaproyectos de energías ‘renovables’ y apostar por un modelo de gestión colectiva y comunitaria.
Segundo, la actualización de la CND de la administración actual elimina cualquier posibilidad de cumplir con cualquiera de estas estimaciones, pues su política energética ignora por completo las implicaciones del cambio climático. El desorden que dejará Pemex mientras se acerca a los límites geológico-técnicos de la extracción de petróleo y al aumento de la deuda, en el afán de reducir la dependencia de gas extranjero, propiciará un enorme endeudamiento público para extraer hidrocarburos de pésima calidad y con altos impactos ambientales. Esta actualización va en contrasentido a la ambición climática, al punto que Greenpeace México logró una suspensión definitiva de la CND,  que deja vigentes los compromisos asumidos en 2015.
El gobierno ha propuesto dos medidas como parte de su “plan climático”: potenciar las grandes hidroeléctricas existentes y el programa “sembrando vida”. No considera que ambas son extremadamente vulnerables al cambio climático ¿cómo potenciar energía hidroeléctrica cuando los cauces de los ríos disminuyan debido a las sequías?, ¿qué vulnerabilidades se crean al sembrar unas cuantas especies de árboles maderables en vez de conservar especies endémicas? Aunado a que las dos pueden representar nuevas fuentes de emisiones y deterioro ambiental, la emisión de metano asociada a la descomposición de materia orgánica en la construcción de nuevas represas y la deforestación de bosques y selvas con la intención de “abrir terreno” para el programa social que premia la reforestación, sin importar que se lleve a cabo en un territorio deforestado con el único propósito de participar del programa. Por si fuera poco, la meta de reducción de emisiones al 2020 de la LGCC no se cumplió y las estimaciones al 2050 parecen fuera del marco de cumplimiento…
Lo anterior, nos hace preguntar ¿cómo confiar en gobiernos que con una mano firman acuerdos, pero con la otra firman contratos o destinan recursos públicos para incrementar la extracción y la quema de combustibles fósiles? La situación climática que enfrentamos no es entonces el resultado de una falta de evidencia -los gobiernos conocen la ciencia climática desde hace décadas, algunas empresas e industrias lo saben desde hace más de medio siglo-, sino de un doble discurso que busca mantener en pie las estructuras de acumulación y riqueza, en gran medida porque los efectos del cambio climático tienden a desplazarse en tiempo y espacio (les afectará a otras personas, distantes y en el futuro) y porque las acciones de cambio están sujetas a los costos de desplazar un modelo económico basado en el crecimiento hacia otro.
Esto implica que gobiernos como el nuestro han apostado a la inversión en refinerías, plantas termoeléctricas y aeropuertos, trenes propulsados por diesel que se abren espacio en selvas y bosques primarios, para quemar más combustibles fósiles. Se ignoran por completo los límites geológicos de la producción de petróleo en México, se apuesta por tecnologías cada vez más riesgosas para asegurar la extracción, se aplastan y violentan los derechos y modos de vida de comunidades indígenas, todo en nombre del progreso y el desarrollo. Estas acciones nos condenan a un mundo más caliente y eliminan las posibilidades de articular alternativas al propio desarrollo.
Para entender cómo, durante las últimas tres décadas, las emisiones se han mantenido en aumento a pesar de la claridad de la ciencia, es necesario entender el doble discurso con el que se maneja el cambio climático. Es decir, a través de declaraciones políticas cuidadosamente elaboradas y promesas sobre la posibilidad de disociar el crecimiento de las emisiones a través de avances tecnológicos, el cambio climático se ha mantenido como un síntoma controlado y secundario para permitir que avancen la acumulación y el despojo.
Normalmente, en el seno de este discurso se asume que gracias a la creación de nuevas tecnologías milagrosas se trasladarán los contaminantes del aire al suelo y al agua para luego capturarlos, de tal forma que la Tierra misma se convierte en una estructura maleable y controlable por el ser humano. La principal resistencia debe concentrarse en desafiar al paradigma dominante del “progreso” y el “desarrollo”. La búsqueda acrítica del crecimiento económico ha, sistemáticamente, desplazado, marginado, ignorado y, a veces hasta violentamente, reprimido  alternativas al desarrollo y visiones distintas del mundo. Está en nosotras ahora la posibilidad de imaginar un mundo distinto, de escuchar y aprender de esas otras alternativas, de aquellos movimientos que velan por formas de organización distintas, que ven más allá del estado-nación, la democracia formal y las falsas soluciones, pero sobre todo y retomando la frase del activista George Monbiot, recordar que “no existe el crecimiento verde. El crecimiento está borrando lo verde del planeta.”
Qué es lo que esperamos de la COP 26 y qué acciones podemos tomar.
Como hemos dejado varias pistas a lo largo de este documento, esperamos que nada resulte de las negociaciones internacionales, en el sentido de un plan comprensivo en tiempo y forma para eliminar el uso de combustibles fósiles, de una vez por todas, desde una perspectiva de justicia climática. Sin embargo, vemos con interés y solidaridad la organización de varios movimientos sociales que estarán afuera de las sesiones de negociación, en las calles de Glasgow y en el resto del planeta denunciando la falta de acciones más contundentes. Sabemos bien que los gobiernos fracasarán en cualquier intento de reducir emisiones o adaptarse a un mundo más caliente  si pretenden hacerlo sin transformar el modelo económico. Nuestro apoyo y esperanzas están en las formas en las que más y más movimientos de base se organizan para resistir, interrumpir, sabotear  y obstaculizar el avance de megaproyectos en todas partes del mundo, que buscan detener el avance de la quema de combustibles fósiles, del modelo extractivo que también funciona con las energías renovables.
Vemos con buenos ojos las propuestas que buscan transformar esta realidad utilizando los instrumentos existentes para resistir al avance de estos extractivismos (por ejemplo, demandas, amparos y denuncias), pero vemos más esperanza en aquellos movimientos que enteramente ven más allá de los horizontes del estado-nación, la democracia formal y las estructuras de organización patriarcal, e instauran sus propias herramientas y modos de vida. Vemos en las comunidades en resistencia y en las defensoras y defensores del territorio la verdadera acción climática y el ejemplo de claridad y contundencia que tanto faltan en las mesas de negociación internacional.
Para nosotres, las acciones necesarias tienen que venir de varias formas, aristas y escalas. Esto implica identificar cómo podemos reducir, colectivamente, nuestra dependencia de las estructuras de producción y consumo globalizadas, cómo podemos constituir una autonomía local y descentralizada que pueda asumir el control de generar su energía, acceder al agua y producir su comida. De qué forma podemos organizar economías solidarias, locales, basadas en el valor de uso, la solidaridad, la colaboración, la hospitalidad, no en el intercambio, la competencia y la acumulación. Para ello, consideramos que los siguientes 5 puntos son esenciales y pueden guiarnos durante la década de la acción:
Recuperar nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto, que conduzca a la autonomía, más allá de la escasez, que nos permita la gestión y la definición colectiva de límites.
Poner al centro de cualquier proyecto de sociedad la lógica del cuidado, que el cuidado sea el común denominador de las distintas interacciones: en lo humano y entre lo humano y lo no-humano, como un sustento de vida.
Sabotear e interrumpir nuestra dependencia de las estructuras de producción y consumo de cosas que no necesitamos, que permita poner el control en manos de colectividades y comunidades urbanas y rurales que reduzca la necesidad de intermediarios.
Diseñar sociedades conviviales cuya toma de decisiones sea a través de asambleas, locales y comunales, para definir acciones climáticas, resistir el avance de la violencia y solidarizarnos con otras luchas.
Denunciar, protestar, sabotear y resistir el avance de proyectos que promueven el uso de combustibles fósiles, solidarizarse con y apoyar a quienes están al frente de estas luchas.
Denunciar, alertar y difundir sobre las falsas soluciones, el doble discurso del cambio climático y la importancia de ver el problema como síntoma de una crisis civilizatoria más amplia.
Notas y referencias adicionales:
* Ver: Stoddard, et al. (2021) Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven’t We Bent the Global Emissions Curve?. Annual Review of Environment and Resources. 46:12.1–12.37. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-01110
† Ver: Millward-Hopkinsa, J.Steinbergera, J. Rao, N, Oswald , Y. (2020) Providing decent living with minimum energy: A global scenario. Global Environmental Change 65,102168. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102168
¥ Ver: Hickel, J. et al. (2021) Urgent need for post-growth climate mitigation scenarios. Nature energy. Comment. https://doi.org/10.1038/s41560-021-00884-9
Sobre el Reporte General del IPCC (AR6): https://mx.boell.org/es/2021/08/20/en-tiempos-de-colapso-climatico.
Sobre el límite de 1.5°C Ciencia y Negociaciones de Cambio Climático: https://mx.boell.org/es/2019/12/08/alternativas-para-limitar-el-calentamiento-global-en-15degc-mas-alla-de-la-economia
Página de la Ecolectiva: https://ecolectiva.mx/laecolectiva/
Carlos Tornel candidato a doctor en Geografía Humana en la Universidad de Durham, su investigación se enfoca en justicia climática y transformaciones energéticas. carlos.a.tornel@durham.ac.uk
Pablo Montaño es politólogo por el ITESO y maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable por la Universidad del Colegio de Londres. Actualmente es coordinador de Conexiones Climáticas, organización dedicada a la comunicación de la crisis climática. montano.pablo@gmail.com
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