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El Presidente dice que deben cerrarse y muchos dicen que son corruptas. Pero sería absurdo vigilar desde Bogotá las inversiones en cada municipio y en todo caso los recursos son de las regiones. La calentura no está en las sábanas.
Las reformas son buenas cuando se busca cambiar algo para mejorarlo o para corregir un comportamiento. Sin embargo, en Colombia todos los días aparecen líderes políticos anunciando todo tipo de reformas, unas más descabelladas que otras, pero casi todas inoportunas, costosas y tremendamente nocivas para el Estado.
En esta ocasión, el contralor, el auditor, el secretario de la Presidencia y la máxima autoridad anticorrupción aparecieron rodeando al jefe de Estado cuando este anunció su apoyo a una reforma constitucional para eliminar las contralorías territoriales, por costosas e inútiles. Su eliminación redundará, según la alocución, en el mejoramiento del control fiscal pues, al parecer, su existencia hace imposible el manejo adecuado del dinero en las regiones.
La escena descrita carecería de importancia si no tuviera lugar precisamente cuando Colombia afronta un gran desafío: la corrupción, un flagelo omnipresente que ha sido borrado deliberadamente del discurso oficial después de que el gobierno se sintió liberado del exceso de control y de la hipertrofia del ordenamiento jurídico que, en su opinión, paralizaron la administración pública y el desarrollo económico en el cuatrienio 2010-2014.
El nuevo ritmo del control fiscal, ponderado y sesudo, aunado a las acciones de la Fiscalía de Montealegre y Perdomo aliviaron a tirios y a troyanos. No obstante, el rasgado de vestiduras y los anuncios grandilocuentes, incluyendo la abolición de las contralorías territoriales, no parecen apaciguar los ánimos de los contribuyentes defraudados.
Edgardo Amaya, Contralor General de la República
El desafío real radica en que las instituciones, instrumentalizadas por mediocres y mal intencionados gobernantes, no fracasen de nuevo. En el mundo de la comunicación informal y de las redes sociales la mala gestión del interés público se traduce en altos picos de deslegitimación que ponen a temblar los cimientos no solo de la clase política sino del Estado mismo.
La pregunta pertinente es si esta reforma tendrá efecto sobre la corrupción. Si se responde comparando los costos de estas agencias territoriales con el dinero efectivamente recuperado por ellas, hay razones suficientes para prescindir de estas instancias fiscalizadoras. De hecho, habría que aprovechar la ocasión para eliminar la propia Contraloría General de la República, que pasó de resultados superiores a 40 billones en beneficios fiscales a solo sumar anuncios y promesas que confunden sobrecostos con daño fiscal y esgrimen el inglés en los contratos internacionales como justificación de su lento desarrollo.
¿Y qué decir de la auditoría, cuya efectiva recuperación de recursos públicos muy probablemente tiende a cero? Para empezar, el auditor actual está impedido para vigilar el período 2010-2014 de su más importante vigilado, la Contraloría General, que realiza la gestión fiscal de varios centenares de miles de millones del presupuesto nacional.
Al final la propuesta de reforma peca por timidez, si se trata de ahorrar recursos del Estado eliminando instituciones inútiles. Por el contrario, su aparente bondad constituye un golpe contra uno de los ya maltrechos principios fundantes del Estado: la autonomía territorial. En virtud de esta autonomía, las entidades regionales, departamentales, distritales y municipales pueden regirse por sus propias normas dentro del marco constitucional para nombrar sus propias autoridades (incluyendo las de control fiscal) y tener su propio presupuesto.
Por este motivo el presupuesto de las regiones debería estar sometido al control de las autoridades del mismo nivel territorial donde se origina la renta. Aumentar la distancia entre administración y administrado se traduciría en un déficit democrático, ineficiencia, ineficacia y baja legitimidad.
Imaginémonos por un instante cómo sería el seguimiento del contralor general a la formulación e implementación de políticas públicas y ejecución de obras financiadas, por ejemplo, con el impuesto predial y las valorizaciones de Barranquilla. En una situación como esta el descuadernamiento del sistema territorial sería total.
¿Y qué pasa con las regalías nacionalizadas o las transferencias de la Nación a las entidades territoriales? Estas constituyen la mayor parte de los recursos invertidos en la periferia y ya están sujetas al control y vigilancia de la Contraloría General.
Es en este caso cuando el juicio de eficiencia y eficacia debe hacerse más severo y dar resultados concretos. El libreto de llorar sobre la leche derramada, sobre todo si la obra o el servicio están a cargo de departamento, municipio o distrito, ya está desgastado.
Habitantes de los pueblos de Colombia, se verían afectados por la medida.
Foto: Ministerio de Comercio, Industria y turismo
Colombia no puede seguir moldeando sus instituciones en función de reacciones nerviosas o consejos de asesores de imagen. El constitucionalismo, el análisis presupuestal y el conocimiento objetivo de las regiones deben preceder a todos los procesos del Estado.
Las cifras de contratación directa en el país que anda divulgando el auditor general, sin competencia para ello y por conveniencia política, solo producen confusión y sirven de comidilla a un periodismo desinformado y fácilmente influenciable.
El presupuesto de las regiones debería estar sometido al control de las autoridades del mismo nivel territorial donde se origina la renta.
El control fiscal ha de actuar independientemente del Ejecutivo y ha de ser respetado en su autonomía por este. También debe poder desplegar todas sus competencias y facultades:
Decretar embargos en el exterior,
Solicitar y obtener información de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),
Trasladar pruebas válidas al proceso penal,
Extender su competencia a todos los sujetos que realizan gestión fiscal.
Todos esto aspectos, menos el último, han sido avalados por las altas Cortes.
Por último, hay que recordar que los fueros son talanqueras propias de las monarquías medievales, plagadas de privilegios e inmunidades que requirieron una Revolución, la francesa, para desaparecer.
Sin embargo, en Colombia, en pleno siglo XXI, estos fueros siguen existiendo debido a pactos subrepticios entre los poderes públicos y los avales judiciales. Esta situación ha creado castas de intocables que gestionan inescrupulosamente los recursos del Estado.
* Miembro fundador de Situaciones Jurídicas Complejas, Estrategias Globales. Docente invitada en las universidades Luiss de Roma y Degli Studi di Bologna.
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