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A grandes males, grandes remedios. Una mirada integral al problema y a las bases del esfuerzo nacional que exigiría este propósito —y que la evidencia acumulada ha demostrado ser posible—*.
En un artículo reciente en Razón Publica propuse entender la corrupción como violación de las normas y argüí que la interiorización de esas normas en Colombia ha sido muy parcial.
La consecuencia habría sido el predominio de una conciencia egocéntrica (o en el mejor de los casos, etnocéntrica o extendida a la familia y los amigos), que además se refuerza con el creciente valor otorgado al enriquecimiento rápido como criterio de éxito en la vida.
Hoy me propongo ahondar un poco sobre las consecuencias de la corrupción y sobre las estrategias que podrían ayudar a combatirla.
Aunque las estimaciones son inciertas, las pérdidas anuales en Colombia debidas a la corrupción podrían rondar los 9 billones de pesos —y por tratarse de una conducta que sus autores esconden, la cifra real sería bastante más considerable—.
Además de las pérdidas directas, los efectos económicos de la corrupción incluirían la asignación distorsionada de recursos, la disminución de la inversión privada, el aumento de los costos de transacción y la ineficiencia tanto del sector privado como del sector público.
En el plano político, la corrupción implica el desarrollo de metodologías y montajes muy efectivos para esquilmar y encubrir el despojo de los recursos públicos. Estos recursos circulan entre los interesados y contribuyen a institucionalizar o a hacer permanente la corrupción, hasta convertirla en una “industria” o en una actividad rutinaria.
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De aquí resulta que el mercado político normal —votos y reciprocidades políticas— se transforme en un mercado económico, en un negocio con ánimo de lucro. Por eso los candidatos con bolsas generosas para comprar votos, y luego resarcirse de sus inversiones.
La corrupción destruye la coherencia, la lógica y la continuidad del sistema político. Los partidos dejan de ser organizaciones permanentes basadas en cuadros profesionales para convertirse en tinglados electorales de oportunidad para los emprendimientos político-económicos. Esto va disminuyendo su credibilidad y su atractivo y —a largo plazo, pero más grave— la legitimidad del orden democrático, con lo cual se le abre la puerta a alternativas aún más indeseables.
En el plano jurídico, la corrupción debilita el Estado de derecho que es la garantía para la justicia, la equidad de trato y la estabilidad normativa que a su vez necesitan los negocios y las demás formas de interacción social.
Finalmente, desde la perspectiva sociológica, la corrupción erosiona los valores morales y destruye el tejido social. En su límite lleva a una situación de carencia de regulación o normatividad colectiva efectiva, el preámbulo para un estado asocial donde, como lo dijo Hobbes hace mucho tiempo, la vida de los humanos es “corta, repugnante y brutal”.
Abordar la corrupción de manera efectiva requerirá por tanto un gran esfuerzo multidimensional, de corto, mediano y largo plazo y dentro del cual todos tendríamos que participar. Sin intentar una lista exhaustiva, algunos de los ejes de este gran esfuerzo habrían de ser:
1. Primero y ante todo, que los ciudadanos y ciudadanas tomemos plena conciencia sobre el problema y sobre sus expresiones. Todos tendríamos que caer en cuenta clara de su magnitud y de sus consecuencias, convencernos de la necesidad imperiosa de rechazar la corrupción y de mantener la mirada en alerta.
La consulta anticorrupción representó un primer paso en esta dirección, pero independientemente de su casi victoria, es necesario mantener la presión.
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2. Reformas legales e institucionales. Acá hay un amplio espacio para mejorar los mecanismos de prevención, vigilancia, control y sanción legal, institucional, social y ciudadana de las prácticas corruptas.
Ente las medidas institucionales y legales se cuentan los enfoques y procedimientos para la asignación de recursos y para desmontar las metodologías y montajes de corrupción existentes. En los gobiernos territoriales cabe más énfasis sobre los presupuestos participativos, pero también más atención a la formación ciudadana y al aprendizaje de lecciones pasadas.
Las medidas legales e institucionales, si bien críticas y centrales, de por sí solas resultarán insuficientes.
Desde lo ciudadano cabe reforzar la censura social hacia los convictos de corrupción.
En lo penal cabe contemplar nuevos procesos que, sin ignorar los derechos de los acusados fueran más expeditos —un “fast track” para este tipo de delitos—. También cabría la imprescriptibilidad o la extensión del plazo para prescribir, de manera que se cambie la relación beneficio/costo que hoy perciben o incorporan las personas que participan de esas prácticas corruptas.
Pero las medidas legales e institucionales, si bien críticas y centrales, de por sí solas resultarán insuficientes al no resolver la débil integración moral que subyace a la conciencia egocéntrica o etnocéntrica.
3. Formación moral y ciudadana, donde habría al menos dos aristas diferentes.
La primera se refiere al ya dicho despertar de la consciencia ciudadana sobra la corrupción y sus efectos. Este proceso podría involucrar eventos de sensibilización que lleguen a los barrios y a las comunidades. El enfoque de los mismos no deberá ser puramente informativo sino dirigido a crear conciencia y compromiso, por ejemplo a través de dramatizaciones, juegos de roles y estrategias similares. Desde El Fundamento de la Moral que Schopenhauer publicó en 1841, entendemos que la conciencia moral no resulta únicamente del análisis racional sino de lo que hoy llamamos “empatía” y que en su época denominó “compasión”. Las ONG y las organizaciones comunitarias pertinentes tendrían un papel preponderante que cumplir, en enlace con las instancias oficiales y el sistema educativo.
La segunda arista se refiere a la educación moral y ciudadana de la niñez y la juventud. En escuelas y colegios podrían crearse o aumentarse los espacios para el desarrollo de la inteligencia emocional y de la inteligencia social como bases esenciales para la formación ciudadana. Esto ayudaría a generar la empatía y la solidaridad para las culturas de tolerancia, inclusión, legalidad y participación que supone el buen desenvolvimiento de los
Foto: Alcaldía de Cali
ciudadanos. Lo anterior sería factible especialmente en tanto el sistema escolar siga avanzando hacia la meta —también necesaria— de la jornada completa para todos los educandos.
Otro esfuerzo apuntaría a cubrir los vacíos de atención de los menores por parte de sus familias —crecientemente fragmentadas por el cambio social— y del sistema educativo formal. Hay espacio para organizaciones intermedias de tipo comunitario u ONG que trabajaran con niños y jóvenes, en tiempos y días fuera de las tareas educativas y de permanencia en familia, para ofrecer oportunidades de integración, recreación y formación complementarias, entre ellos en temas de solidaridad y desempeño ciudadano.
4. Apoyos. El esfuerzo no sería integral sin los sistemas adecuados de información, evaluación y vigilancia ciudadana. Acá los observatorios y las ONG interesadas han venido jugando un papel crítico. Este papel se debe fortalecer con mejores estudios desde la academia y, en general, con el desarrollo de propuestas o alternativas que se basen en evidencias en lugar de limitarse al eslogan o al cultivo de prejuicios —como infortunadamente suele ocurrir en este campo—. Y estos esfuerzos y resultados deben retroalimentar la formación y discusión ciudadana.
5. Desarrollo socioeconómico. El ejercicio de una ciudadanía responsable y ética presupone condiciones de racionalidad y autonomía personal.
La persistencia de buena parte de la población en condiciones de pobreza y sumida además en la ignorancia y la marginalidad impiden o hacen difícil superar las orientaciones egocéntrica y étnocentrica que a su vez corresponden al afán inmediato por la supervivencia.
Estos segmentos constituyen los blancos naturales para los políticos y sus prácticas de clientelismo y compra de votos. De allí que la eliminación total de este problema y de las distorsiones que el implica dependerán en últimas de los avances en inclusión y equidad que se hagan en Colombia.
En el esfuerzo global será importante anticipar que los beneficiarios de la corrupción no verán con agrado este esfuerzo e intentarán bloquear, desacreditar u obstaculizarlo de todas la maneras abiertas o encubiertas.
Finalmente hay que caer en cuenta que vivimos en tiempos cuando la interdependencia y la necesidad de cooperación son más importantes que el conflicto y la competencia. En las ciencias sociales estos últimos modelos o enfoques están siendo descartados en favor de los modelos que destacan primero la importancia de la solidaridad.
Estos son los modelos o estrategias que han funcionado y están funcionando en el mundo y que necesitamos para abordar con éxito el problema agobiante de la corrupción que corroe a Colombia.
* Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Autónoma de Manizales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
**Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph.D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin, docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio, y actualmente docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales.
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Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph.D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin, docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.
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