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Un problema no se puede resolver si no se reconoce. Por eso Colombia no ha avanzado mucho en materia de homicidios: las mediciones y las explicaciones del fenómeno son pobres y resultan en malas políticas.
Jerónimo Castillo* – Manuela Suarez* – María Emilia Lleras*
En 2018 los homicidios en Colombia aumentaron un 6,7 por ciento, según los datos publicados por Medicina Legal la semana pasada. Sin embargo, acorde con el seguimiento realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a partir de las cifras de la Policía Nacional, este delito se ha reducido en 6 por ciento en lo que va corrido del 2019.
Un lector juicioso se preguntará por qué hace dos semanas decían los medios que los homicidios estaban disminuyendo (o sea que se mantenía la tendencia de los últimos años) pero hace una semana se dijo que este delito aumentó durante el año pasado. La única explicación posible de esta paradoja es muy sencilla: realmente no sabemos qué pasa con la tasa de homicidios en Colombia.
En Colombia hay dos lugares comunes para explicar los homicidios:
La relación entre grupos armados y la violencia fatal,
La comercialización de drogas en el espacio público.
Sin embargo, en lugar de explicar, estas razones ayudan a mantener los altos niveles de ignorancia y desconocimiento sobre el comportamiento de las muertes violentas del país.
El aumento de las muertes violentas no necesariamente son atribuibles a la presencia de grupos armados.
En Colombia aún se mantiene que las muertes violentas son producto de las acciones de los grupos armados. Esta conclusión no está necesariamente sustentada por las cifras públicas de los entes investigativos, a pesar de que estos son los que de manera insistente la repiten, al igual que muchos de los investigadores sociales.
Por ejemplo, en el informe de Medicina Legal puede leerse que: “algunos de los municipios con las tasas más altas de muerte violenta son aquellos en donde hay presencia de grupos alzados en armas como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo”.
No obstante, tan solo en el 14 por ciento de los casos hubo información sobre el presunto agresor y, de este porcentaje, solo un poco más de la mitad está relacionado directamente con un grupo armado o delincuencial. Y esta cifra es apenas un poco mayor que la que relaciona los homicidios con violencia incidental, es decir, aquellas muertes producidas por conocidos, amigos, parejas o familiares de la víctima.
Realmente no sabemos qué pasa con la tasa de homicidios en Colombia.
Otra de las explicaciones monolíticas es el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en los entornos urbanos. En esta aproximación se busca la coincidencia geográfica entre un punto de comercialización de drogas y los hechos violentos. Sin embargo, la información de Medicina legal señala que solo en el 3 por ciento de los casos fue posible conectar el homicidio con una actividad delictiva, y que el 77 por ciento de los casos restantes se catalogan en un universo indeterminado.
Con estas afirmaciones no se niega que en algunas circunstancias la acción de los grupos armados o la comercialización de sustancias sicoactivas expliquen algunos de los homicidios que se cometen en Colombia. Más bien queremos resaltar el carácter monolítico de ciertas explicaciones que no están necesariamente sustentadas por la información estadística, dejan de lado otras formas de comprensión y simplifican la manera de abordar la verdadera incidencia de los grupos armados y las drogas en los escenarios de violencia.
Puede leer: Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas.
Homicidios y política pública
Otro efecto de lo que llamamos explicaciones monolíticas estimuladas consiste en que estas condicionan las intervenciones estatales para el control de los homicidios.
Por ejemplo, la tendencia al aumento de los homicidios que se observó en los primeros meses de 2018 obligó al gobierno a adoptar medidas urgentes para controlar la violencia letal en distintos municipios.
El gobierno de Santos aumentó entonces el pie de fuerza y la intervención militar en municipios como Tumaco. Por su parte, el gobierno de Duque hizo lo propio en la zona del Bajo Cauca.
Algunos accidentes de tránsito quedan catalogados como homicidios culposos.
Así, se respondió al aumento de los homicidios en el país mediante el uso de la Fuerza Pública y para enfrentar la presencia de grupos armados en aquellas regiones específicas. La acción de los dos gobiernos durante el 2018 fue la misma: intervención militar y policial como mecanismo para reducir las muertes violentas.
Pero a partir del seguimiento que realiza la FIP a las cifras de homicidios, no parece posible afirmar que la reducción que se observa en los primeros cuatro meses de este año se deba a estas estrategias de intervención militar. Sobre todo, porque la reducción se presentó a lo largo de todo territorio nacional, sin que haya diferencias importantes entre las zonas intervenidas y los otros municipios.
Adicionalmente, las investigaciones realizadas por la FIP en algunos municipios del bajo Cauca y el norte de Antioquia establecen que no parece existir relación entre la reducción de la actividad delictiva y el aumento del pie de fuerza o las operaciones militares. Al contrario, desde el punto de vista de los ciudadanos se percibe que las acciones del gobierno han aumentado los abusos de autoridad y han afectado la legitimidad de las instituciones nacionales y locales.
Una visión más amplia
Medicina Legal es la institución especializada en investigar y analizar las circunstancias de las muertes violentas que ocurren en Colombia. Aunque la Policía Nacional es el primer ente que registra cada incidente que produce una muerte violenta, Medicina Legal crea un conjunto de información más amplio del que es emitido por la Policía Nacional sobre las características que rodean los hechos, la víctima y el presunto victimario.
En Colombia aún se mantiene que las muertes violentas son producto de las acciones de los grupos armados.
Medicina Legal ofrece un panorama amplio sobre las muertes violentas en Colombia. Es así como sabemos que entre las muertes violentas:
El 26 por ciento ocurre en accidentes de tránsito, que en muchos casos se traducen en homicidios de naturaleza culposa;
El 12 por ciento son clasificadas como accidentales en otro tipo de eventos;
El 10 por ciento son suicidios.
Este panorama amplio muestra una diversidad de circunstancias que debe ser tenida en cuenta para el correcto diseño de políticas que garanticen la protección integral de la vida de los ciudadanos.
Los problemas de la información de Medicina Legal radican en que llega tarde y no incluye un análisis profundo sobre las tendencias y características que rodean estas muertes, más allá de la descripción de las variables (su análisis no difiere mucho de lo que se obtiene de las bases de datos de la Policía Nacional).
Además, no está disponible al público de manera desagregada, en forma de microdatos, para que otros puedan utilizarla para sus propias investigaciones y monitoreo del fenómeno.
Le recomendamos: Más homicidios y más hurtos: la realidad de las ciudades colombianas.
Ampliar la agenda de trabajo
Más allá de las demoras de Medicina Legal en la entrega sus informes y las fallas en la consolidación de sus estadísticas, este es un buen momento para reflexionar sobre lo que sabemos de los homicidios y las muertes violentas en Colombia.
Como hemos venido insistiendo desde la FIP, es necesario ampliar los marcos de comprensión del fenómeno para poder consolidar políticas que sean efectivas y sostenibles en el tiempo.
Tal vez sea necesario empezar por reconocer que no entendemos lo suficiente el fenómeno y que estamos atrapados en una serie de explicaciones monolíticas que no traen efectos positivos ni sobre las políticas públicas ni sobre sus resultados.
*Investigadores del área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas Para la Paz.
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Jerónimo Castillo, Manuela Suarez y María Emilia Lleras
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