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La unificación de las tasas de cambio fue abordada en la reunión del Parlamento cubano de diciembre de 2017. Se reiteró la importancia de alcanzar ese objetivo, agregándose el dato de que más de 200 especialistas, en 13 subgrupos, han estado trabajando intensamente en el tema y que, incluso, se han consultado a expertos extranjeros, aunque no quedó claro si se alcanzará la unificación de las tasas en 2018.
Es un artículo interesante que, sin embargo, contiene al menos dos imprecisiones que conviene aclarar antes de que se conviertan en parte de una “leyenda” sobre la política económica contemporánea en Cuba. Una de las imprecisiones se refiere al proceso de toma de decisiones de las políticas públicas; la otra imprecisión se relaciona con la manera en que el entorno institucional condiciona la rentabilidad de las actividades económicas en la Cuba actual.
Poniéndole el cascabel político al gato económico
El artículo parece tratar de “explicar” la tardanza de la unificación cambiaria a partir de una supuesta falta de confianza que existiría entre los economistas en cuanto a sus propias capacidades para ofrecer soluciones. Ante la complejidad del problema, se limitarían a “elucubrar” fórmulas y no serían capaces de alcanzar acuerdos entre ellos.
Con todo respeto, ese es un planteamiento simplista que pudiera motivar que el lector no especializado considerase, erróneamente, que la responsabilidad por corregir la multiplicidad de las tasas de cambio en Cuba recae sobre los economistas.
Eso sería como pedirle peras al olmo, y la razón es sencilla de entender: la principal dimensión del reto de la unificación de tasas cambiarias no es técnica, sino política. Por tanto, no les corresponde a los economistas adoptar las decisiones respecto a las soluciones que se necesitan. Los economistas proponen opciones, los políticos toman las decisiones.
Mantener funcionando las empresas estatales que pasarían a ser irrentables en condiciones de una tasa de cambio única devaluada, implicaría considerar tres posibles opciones: en primer lugar, destinar miles de millones de pesos a subsidiarlas, si se decidiese que continúen funcionando en condiciones de irrentabilidad (el monto actual de subsidios empresariales, de 14,465 millones de pesos, ya es enorme); en segundo lugar, “cerrar” empresas o “racionalizar” sus operaciones, en caso de no pretender subsidiarlas o de no poder hacerlo; y en tercer lugar, una posible combinación de subsidios y de “racionalización”.
Esas decisiones consisten, esencialmente, en proporcionar respuestas a preguntas políticas, como las siguientes: ¿a quiénes se “empodera” y a quiénes se “desempodera” cuando se reasignan gastos del presupuesto para subsidiar las empresas irrentables?; ¿dónde relocalizar los miles de trabajadores resultantes del “cierre” o de la “racionalización” de empresas?; ¿cuál debería ser la escala y las reglas de funcionamiento del sector no estatal para poder absorber de manera efectiva los trabajadores desplazados de las empresas estatales?
No es difícil entender que las prioridades presupuestarias, el empleo, los salarios, y el tamaño del sector no estatal son cuestiones esencialmente políticas, no técnicas. Las soluciones, por tanto, deben venir del sistema político, no de los economistas.
No se refiere, necesariamente, a soluciones originadas en los profesionales de la política. Una propuesta de Programa de Estabilidad Económica (PEC) presentada hace poco propone establecer, provisionalmente, un órgano político consultivo compuesto, en no menos del 60 por ciento, por trabajadores estatales que laboren directamente en la producción, para facilitar vías de control obrero directo en el marco del proceso de decisiones relativos a la unificación de tasas de cambio. El Programa puede leerse aquí https://cubaposible.com/wp-content/uploads/2017/11/programa-de-estabilidad-economica-cuba0.pdf
No queda claro respecto a cuáles economistas se refiere exactamente el artículo, pero esa vaguedad brinda la oportunidad de hacer algunas precisiones acerca del trabajo de los economistas en relación con el tema de las tasas de cambio en Cuba.
Parecería ser que la referencia mordaz que se hace en el artículo a economistas “sesudos” indica que se trataría de los economistas que no trabajan actualmente como funcionarios de las instituciones oficiales que diseñan y aplican las políticas. Para simplificar, les llamaré economistas-académicos.
La imagen de que los economistas-académicos cubanos son “elucubradores” aquejados por una falta de confianza en sí mismos para proponer soluciones respecto a la complejidad monetaria y cambiaria de Cuba, y que, además, ni siquiera logran entenderse entre ellos, no se corresponde con la realidad.
Para empezar, no hace justicia al trabajo de análisis y a las propuestas que han realizado especialistas como Humberto Pérez, Joaquín Benavides, José Luis Rodríguez, Vilma Hidalgo, Juan Triana, Yaima Doimeadiós, Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Pavel Vidal, Omar Everleny Pérez, o Jessica León, por mencionar algunos de los más citados.
El artículo tampoco parece querer admitir, o minimiza, que entre los economistas-académicos, y entre estos y los economistas-funcionarios, hay áreas de acuerdo sobre el tema, que obviamente coexisten con divergencias. Conviene anotar que ha existido colaboración científica, incluyendo la coautoría de publicaciones, entre economistas- académicos y economistas que se desempeñan como funcionarios, como han sido los casos de Carlos Pérez Soto, Anabel Barceló Pérez y Eduardo Hernández Roque.
La mención que hace el artículo a la “elucubración¨, en realidad ofrece la oportunidad para destacar lo meritorio que resulta el trabajo de los economistas-académicos cubanos. Por otra parte, lo de la “falta de acuerdo entre ellos” ofrece la oportunidad de destacar que el desacuerdo no solamente es un componente normal, sino sobre todo positivo, del debate científico, en cualquier campo de las ciencias.
Los economistas-académicos cubanos deben hacer su trabajo en medio de una lastimosa penuria de datos, y lo hacen razonablemente bien, aunque irracionalmente parecería exigírseles un grado de precisión analítica para la que no existen condiciones de trabajo.
La mínima disponibilidad de estadísticas oficiales publicadas no puede ofrecer una base adecuada para que los economistas-académicos (ni los sociólogos, ni los politólogos, ni los antropólogos, ni los psicólogos, ni nadie) puedan entender con precisión un sistema social complejo como el que se articula alrededor de la multiplicidad cambiaria, lo cual obviamente limita la posibilidad de proponer soluciones. Sin embargo, eso pudiera cambiar muy rápidamente si los políticos decidiesen resolver la penuria informativa que hoy retrasa el trabajo de los científicos sociales.
Háganse públicas las estadísticas empresariales que permitirían “modelar” la rentabilidad bajo diversas variantes de tasas de cambio, los datos sobre niveles de empleo y de ingresos del sector estatal, cooperativo y privado (desagregados por calificación laboral, género, etnia, territorio y edad), el coeficiente de desigualdad (índices de Gini y Palma), el índice de pobreza, el valor de la canasta básica, y la distribución precisa de los subsidios empresariales, entre otros datos necesarios, y con toda seguridad las “elucubraciones” darían paso a variantes de soluciones técnicas detalladas que pudieran ser discutidas de manera razonada.
Sería el colmo pedirles a los economistas-académicos, y a otros científicos sociales, que hagan diagnósticos y que propongan soluciones precisas sin que puedan disponer de los datos que necesitan para su trabajo. Equivaldría a pedirle a un médico que hiciera un diagnóstico cabal y que propusiera un tratamiento efectivo sin haber podido tomar la temperatura, la presión arterial, y sin conocer los resultados del análisis clínico de un paciente.
De hecho, las limitaciones estadísticas actuales que afectan el trabajo de los economistas-académicos empobrecen el propio análisis que -con mayor acceso a datos- pudieran hacer los economistas-funcionarios. El enriquecimiento de un debate entre especialistas se beneficia de la diversidad de criterios.
Una cuestión adicional: aun contando con las estadísticas relevantes, seguramente existirían desacuerdos entre los economistas, pero eso no podría ser considerado como un problema. Es lo que debe esperarse del funcionamiento de las ciencias sociales. Primero, porque no son ciencias exactas. En segundo lugar, porque esa es la manera en la que funciona el análisis económico. El conocimiento sobre la economía se produce por aproximaciones sucesivas a una realidad que se encuentra en constante cambio en sus diversas dimensiones (económica, social, política, e ideológica).
La rentabilidad no es esencialmente un problema de dualidad cambiaria
La segunda imprecisión del artículo que debe aclararse es la relativa al presumible efecto diferenciado que tendría la multiplicidad de tasas de cambio sobre el sector no estatal (supuestamente favorecido) y sobre las empresas estatales (supuestamente desfavorecidas). Refiriéndose a las distorsiones que introduce en la economía nacional la multiplicidad de tasas cambiarias, el artículo plantea que “tales deformaciones favorecen hoy a las formas de gestión no estatales, en detrimento de las empresas estatales”.
Tal noción es incorrecta, al menos por dos razones. En primer lugar, porque lo que funciona “en detrimento” de las empresas estatales no son unas deformaciones generales -enunciadas en abstracto- que operarían mal para esas empresas y que, en cambio, funcionarían bien para el sector no estatal.
Lo que actúa “en detrimento” de las empresas estatales es una deformación muy específica que solo funciona para el caso de las empresas estatales: una tasa de cambio oficial sobrevaluada. Es decir, la deformación concreta que significa tener que operar bajo la ficción administrativa de que un peso cubano (CUP) es tan fuerte como un dólar estadounidense (USD). En realidad, el problema para una parte de las empresas estatales en Cuba no es que existan múltiples tasas de cambio en el país, sino que esas empresas estatales deban utilizar forzosamente una tasa de cambio que es “la peor de todas”.
En segundo lugar, la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial (1 USD = 1 CUP) no opera simétricamente para todo el sector estatal. Funciona, principalmente, “en detrimento” de las empresas estatales exportadoras o de las dedicadas a la sustitución de importaciones. Una moneda nacional sobrevaluada encarece las exportaciones y abarata las importaciones. En el caso de una empresa estatal que produzca para el mercado nacional utilizando insumos nacionales, una tasa de cambio oficial sobrevaluada no debe tener un impacto significativo en su rentabilidad. Es decir, no puede hablarse -en general- de que la distorsión de una tasa oficial sobrevaluada afecte por igual a todas las empresas estatales.
Por otra parte, las actividades del sector privado operan sobre la base de una tasa de cambio cuya determinación depende, esencialmente, de las condiciones del mercado y no de un “ukase” administrativo. Se trata de la llamada tasa de cambio de CADECA, concebida para operaciones de cambio al detalle, para individuos. Como se sabe, ninguna actividad del sector privado nacional asume la forma jurídica de una empresa.
A diferencia de las empresas estatales, las actividades del sector privado expresan balances contables que incluyen una tasa de cambio (la de CADECA) que es coherente con una fundamentación económica, y no con una decisión simplemente administrativa. Naturalmente, la tasa de CADECA no refleja toda la correlación entre la oferta y la demanda de divisas del país, ni es una tasa determinada “libremente” por el mercado, pues existe seguimiento por parte del Banco Central y pueden producirse intervenciones de esa entidad reguladora en caso de que fuese necesario. No obstante, comparativamente, la tasa de CADECA parece estar económicamente mejor fundamentada que cualquier otra tasa de cambio en Cuba.
En sentido estricto, las actividades del sector privado no se ven favorecidas por una “deformación” cambiaria. Las actividades privadas funcionan con una tasa de cambio que -en términos relativos- pudiera ser considerada hoy como “la mejor de todas”.
En el caso de Cuba, las empresas estatales y las actividades privadas operan con distintas tasas de cambio. Ni las empresas estatales, ni el sector privado en Cuba, han escogido el entorno institucional dentro del cual deben funcionar. Ese entorno les ha sido “dado” por quien único puede hacerlo: el Estado. La rentabilidad de una actividad económica es el resultado de múltiples factores condicionados por ese entorno, siendo uno de esos factores la tasa de cambio.
Cualquier análisis medianamente objetivo de esos marcos institucionales permitiría entender, rápidamente, que el sector privado nacional funciona con un marco mucho más restrictivo que el que existe para la empresa estatal. El hecho de que el sector privado opere con una tasa de cambio que, al no ser una distorsión, lo “favorece”, debe ser contrastado con los numerosos factores que operan en “detrimento” del sector privado, incluyendo la rusticidad de sus formas institucionales, el inestable entorno regulatorio en que deben funcionar, y la aplicación imprevisible de cambios en las “reglas del juego”, entre otros.
Conviene anotar que la eventual adopción de una tasa de cambio única pudiera representar una devaluación respecto a la tasa de cambio oficial con la que opera hoy la empresa estatal, y probablemente la nueva tasa unificada sería distinta respecto a la tasa de cambio con la que ha funcionado hasta ahora el sector privado. Consecuentemente, una nueva tasa de cambio única pudiera producir efectos negativos no solamente para algunas (no todas) las empresas estatales, sino también para algunas (no todas) las actividades privadas.
El artículo “Moneda difícil” parece sugerir proposiciones que no reflejan adecuadamente la realidad nacional. Es necesario rectificarlas. El entendimiento correcto del tema pudiera ser reformulado de la siguiente manera:
La “tardanza” de la unificación cambiaria no puede ser explicada a partir de una supuesta falta de confianza en sí mismos por parte de los economistas, que los incapacitaría para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos. Los problemas con las decisiones que explican la “tardanza” no son esencialmente de orden técnico, sino político. Es imprescindible entender la complejidad del asunto y también es indispensable poder precisar el plano de análisis donde debe concentrarse el análisis sobre la “tardanza”: el plano político.
La responsabilidad por corregir las distorsiones derivadas de la multiplicidad cambiaria y de la utilización de una tasa de cambio oficial sobrevaluada corresponde, por tanto, a la esfera política, no a los economistas.
El trabajo de los economistas-académicos cubanos, en el tema de las tasas de cambio, ha sido encomiable cuando se considera el contexto de lastimosa penuria de datos en el que han debido trabajar. Ese entorno pudiera cambiar muy rápidamente si los políticos decidiesen resolver la penuria informativa que hoy retrasa el trabajo de los científicos sociales.
No existen en Cuba “deformaciones” generales en materia de tasas de cambio -mencionadas en abstracto- que simultáneamente funcionen en “detrimento” de todas las empresas estatales y que, a la vez, “favorecen” a todo el sector no estatal. Ese es un mito apoyado en un análisis extraviado.
En Cuba existe un sector de empresas estatales que utiliza una tasa de cambio oficial que va en “detrimento” de la rentabilidad de algunas de esas empresas (no de todas), porque se trata de una tasa de cambio divorciada de la realidad económica. Esa tasa es una “deformación”.
La tasa de cambio oficial no opera simétricamente “en detrimento” de todas las empresas estatales. Principalmente, funciona “mal” para las empresas exportadoras y para las que sustituyen importaciones.
Las actividades del sector privado utilizan una tasa de cambio distinta (la de CADECA) que las “favorece” porque es una tasa de cambio económicamente mejor fundamentada, es decir, refleja con mayor fidelidad las condiciones reales del ámbito económico (cambio minorista individual de monedas) para el cual fue establecido esa tasa. La tasa de cambio que utiliza el sector privado no es una “deformación”.
Si una de las tasas de cambio (la oficial) es una ficción administrativa y la otra tasa (la de CADECA) refleja condiciones de oferta y demanda, no se necesita un análisis muy elaborado para llegar a la conclusión acerca de cuál de esas dos tasas funcionaría más adecuadamente en la determinación de rentabilidades realistas.
La noción de que existen en Cuba unas “deformaciones” cambiarias generales -enunciadas en abstracto- que parecerían operar con una especie de prejuicio según la forma de propiedad (“malas” para lo estatal y “buenas” para lo privado), es una proposición que no cuenta con evidencia que permita validarla y que, por tanto, no debería ser propagada.
Es el tipo de fábula pseudo-académica que alimenta el dogmatismo de quienes niegan -en la práctica- la integralidad de un modelo económico reformado en Cuba y que defienden, en cambio, la visión de una economía cubana con “dos velocidades”: un “gran” sector de empresas estatales liderando vínculos selectivos con el capital extranjero, cooperativas y parte de la actividad privada nacional, que coexistiría con un área “zombi” -de baja productividad y de reproducción simple- formado principalmente por el tipo de trabajo por cuenta propia que hoy es autorizado en el país.