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Este libro ofrece una crítica de la falsa contraposición entre el Estado y el mercado que domina el escenario político actual y polariza los debates alrededor de la  propiedad privada y el intervencionismo.
El Estado, la propiedad privada y lo común
Ugo Mattei escribió hace pocos años un manifiesto en defensa de los bienes comunes. Se trata de un libro de fácil acceso y cuya apariencia no intimida, dado que no es un tratado jurídico sobre la propiedad y además aborda un tema que resulta atractivo en momentos de convulsión política, donde las formas de distribución de la propiedad se ponen en entredicho, tal como sucede en el “posconflicto” colombiano.
No obstante, el texto de Mattei no es tan diáfano como parece, puesto que comprime siglos de historia política y jurídica en pocas páginas con el fin de defender un argumento central: debemos reconstruir nuestras instituciones para conservar y promover los bienes comunes, entendidos como una categoría constitucional necesaria para la protección de lo público frente al Estado y los actores privados.
Mattei define los bienes comunes como un “tipo de derechos fundamentales de última generación”, cuya garantía no requiere desembolsos presupuestales del Estado (contrario a los derechos sociales). Estos bienes dan lugar a la propiedad común, que es una alternativa entre la propiedad privada y la propiedad pública. A diferencia de ellas, la propiedad común protege a los ciudadanos de la privatización en nombre de terceros o del mismo Estado.
Con el objetivo de criticar la defensa a ultranza de la propiedad privada ante cualquier tipo de intervención estatal y abogar por la recuperación de la categoría de bienes comunes, Mattei argumenta que la oposición entre Estado y propiedad privada surge en un momento histórico en el que parecía que solamente esta necesitaba garantías frente a Gobiernos autoritarios y omnipotentes. Por esta razón la tradición constitucional liberal consagra instituciones jurídicas cuya función es servir como controles en el paso de lo privado a lo público.
Sin embargo, la mayoría de regímenes constitucionales y legales no prevé ningún control cuando algo transita de lo público a lo privado. Por esta razón, la privatización de bienes y servicios no tiene estándares de control ni mecanismos para resarcir las eventuales pérdidas o reparar la afectación de los derechos comunes de los ciudadanos.
En las sociedades contemporáneas, dice Mattei, la correlación de fuerzas entre el Estado y el sector privado ya no responde a los supuestos de la tradición constitucional liberal. Por el contrario, es el capital privado y transnacional el que se torna omnipotente y dominante. Dada esta situación, el análisis “técnico-jurídico” debe servir, entonces, para diseñar nuevos instrumentos capaces de reconstruir nuestras instituciones para conservar y promover los bienes comunes (p. 13).
Los ríos son considerados bienes comunes.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
En el primer capítulo, Mattei presenta dos narrativas sobre los bienes comunes. La primera -hegemónica- responde a los paradigmas económicos que, desde la década de 1970, respaldaron una progresiva desaparición del Estado regulador y el respectivo crecimiento de la defensa del mercado como principal mecanismo organizador de recursos.
De acuerdo con Mattei, esta narrativa recogía el argumento de Hardin sobre la tragedia de los comunes y respaldaba la idea de que la única forma de gestionar eficientemente los recursos era la privatización, con el fin de limitar el acceso a los bienes y evitar la tragedia del agotamiento. Mattei sostiene que este punto de vista ha sido capaz de borrar la historia de la resistencia de tres siglos, durante los cuales se consolidó la estructura jurídica moderna que convirtió al Estado en un actor central en la gestión de los recursos.
La perspectiva negada por el relato hegemónico se corresponde con una segunda narrativa de los bienes comunes. En dicha narrativa alternativa del medioevo, el Estado soberano y omnipotente se extendía jerárquica y territorialmente sobre la propiedad fundiaria y los ciudadanos resistían a través de la autogestión de los bienes comunes. A medida que el Estado se volvía más fuerte territorialmente y que adquiría el monopolio de la violencia, la dimensión jurídica y política de los bienes comunes desaparecía, “a favor del binomio propiedad privada-Estado” (p. 31).
En el segundo capítulo, Mattei analiza el proceso histórico de cerramiento de los bienes comunes (enclosures). De acuerdo con su descripción, el mundo medieval europeo era un sistema social plural y con poderes difusos. La efectividad del sistema jurídico dependía del principio de personalidad, según el cual los individuos se regían por las normas del grupo al que pertenecían: el mercader, por el derecho mercantil; el clérigo, por el derecho canónico, y así sucesivamente.
La economía de subsistencia se caracterizaba por la cooperación social en un territorio que era un agregado de bienes comunes y en donde la propiedad individual sobre los recursos era la excepción y no la regla.
El principio de organización de las relaciones sociales era el “ser” y no el “tener”. El proceso hacia la modernidad, sostiene Mattei en línea con el argumento de la acumulación originaria de Marx y de los factores de la transformación de Polanyi, nace con la destrucción de lo común y la “sustitución del paradigma del ser por el del tener” (49).
El autor afirma que los dos factores cruciales en dicha transformación fueron el cerramiento de los bienes comunes y la conquista del Nuevo Mundo. Los primeros cercamientos masivos se dieron en el siglo XV, pero fueron aplastantes durante los siguientes tres siglos, cuando se expidieron normas que penalizaban la recogida de frutos y leña, prohibían el libre acceso a los bosques y limitaban las opciones de los campesinos a trabajar para los actores privados que sí podían explotar los recursos. Este modelo dio lugar a la contraposición entre la propiedad privada y estatal, de modo que la categoría política, jurídica y cultural de los bienes comunes desapareció.
El tercer capítulo presenta un análisis fenomenológico de lo común, según el cual los bienes comunes adquieren relevancia de acuerdo con su fin social. Por ello, se requiere entender los vínculos entre los bienes y la comunidad, para poder clasificar y definir un bien como común. Puede haber bienes comunes naturales, sociales, materiales o inmateriales, y su caracterización y tratamiento siempre dependerá de la función y no de las características del bien.
La tradición jurídica formalista de Occidente excluye esta concepción; es necesario entonces recuperar las reglas de autogobierno de las comunidades y una legalidad que sea funcional a la calidad de vida de los ciudadanos. Esto significa crear para los bienes comunes una barrera política contra futuros procesos de privatización que puedan restringir el acceso a ellos. Esta opción no significa estatalizar, sino construir estructuras de gobierno participativas.
En el capítulo cuarto, Mattei aborda el problema del cambio cultural que se requeriría para impulsar una defensa jurídica, política y fenomenológica de estos bienes. Para ello se debe combatir la lógica mecanicista de la modernidad impulsada por el Estado, que lleva a las personas a la convicción de la necesidad de la propiedad privada como forma exclusiva de organización económica y social. Este trabajo cultural puede hacerse desde dos lugares privilegiados: la universidad y la prensa.
En el capítulo quinto, Mattei presenta algunos casos para ilustrar sus argumentos sobre la necesidad de defender los bienes comunes. Uno de ellos es la lucha por el agua en Italia. En dicha movilización se declaró que son bienes comunes aquellos accesibles a todos y cuyo valor reside en el uso y no en su intercambio. En esa medida, la propiedad adquiere sentido bajo la forma de la renta y su uso está protegido en términos relacionales, es decir, que el criterio de uso debe atender a las necesidades de todos los involucrados y no de un actor individual. El agua como bien común queda por fuera del comercio y no puede administrarse a través de la sociedad por acciones, que deriva en ganancias individuales.
En el capítulo sexto, Mattei problematiza la concepción de Internet como un bien común que encarna los principios de igualdad, libertad de acceso a la información y democratización. Mattei reconoce el valor que tiene el acceso gratuito y democrático a muchos recursos a través de Internet, así como la expansión de los espacios de expresión y creatividad. Sin embargo, tiene sospechas de las prácticas de consumo alrededor del mundo virtual, de la expansión de modelos culturales hegemónicos a través de la red y del paralelismo entre propiedad privada de la tierra y de las ideas -propiedad intelectual-. Por esas razones, advierte sobre los límites de la red como bien común.
Balance de la obra
Ugo Mattei, autor del libro a reseñar.
El libro de Mattei parece por momentos meramente político y el uso recurrente de categorías con mucha carga ideológica y poco rigor analítico puede confundir y aburrir al lector. Sin embargo, su argumento analítico y jurídico es muy útil para replantear y repensar el tipo de instituciones de propiedad que un Estado debería reconocer y proteger, de acuerdo con el momento histórico en el que se encuentra, y los mecanismos que deben primar para la protección de dichas instituciones.
Esta es exactamente la coyuntura que experimenta Colombia, donde se intenta implementar el punto agrario de los acuerdos de La Habana y se encaran varios dilemas que requieren sobrepasar la antítesis de las formas de propiedad.
Pensar en la propiedad común, la propiedad campesina individual y colectiva, la propiedad colectiva de grupos étnicos, así como en su función social sin lucro, puede ser la clave para tratar los dilemas específicos sobre el acceso y distribución de la tierra y los recursos naturales en el posconflicto.
* Estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison.
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