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Las medidas recientemente anunciadas por la administración Trump para arreciar el bloqueo contra Cuba son, entre otras cosas, una fuente de inestabilidad macroeconómica para Cuba. Es un componente muy visible de la agresión.
En teoría, se supone que debiera funcionar con relativa efectividad pues no se trataría de crear inestabilidad a partir de cero, sino de agravar una inestabilidad que ya existía. Como se conoce, el plan de la economía nacional debe ejecutarse hoy –inclusive antes del anuncio de las nuevas medidas de agresión- en condiciones que son menos favorables que las que se asumieron cuando se diseñó el plan a finales de 2018: reducidas posibilidades de importación, incumplimiento en los ingresos por exportaciones, y reducción de la circulación minorista. En parte, derivadas de previas acciones del bloqueo.
Sin embargo, la estabilidad macroeconómica –en lo que resta de 2019- es probablemente el área donde pudieran ser menos efectivas las nuevas medidas agresivas. La explicación de la aparente paradoja radica en que el gobierno cubano viene aplicando, desde hace algún un tiempo, un programa de estabilidad macroeconómica para ajustar la operación del sistema económico al deterioro de varios pilares de la demanda agregada.
Es decir, las medidas agresivas aparecen en un momento en que ya el gobierno cubano está aplicando contramedidas, no exactamente para responder a las acciones agresivas puntuales de ayer, sino para gestionar el área de impacto “natural” de varias de esas medidas agresivas: la estabilidad macroeconómica.
Obviamente, no se niega que pudiera haber un efecto negativo de las medidas. Seguramente estas tendrán efectos dañinos, pero lo que no parece razonable es pensar que, de conjunto, serán efectos “netos” muy grandes en el corto plazo.
¿Cuánto más pudiera afectar significativamente una reducción de importaciones derivada de las medidas agresivas la estabilidad de un sistema económico que ya había decidido revisar hacia la baja el nivel de importaciones con el que debe operar?
¿Cuánto más pudieran afectar los estimados de ingresos por exportaciones de servicios la afectación de viajes con los que, de hecho, ya se habían adoptado expectativas moderadas?
¿Es razonable esperar –mirando hacia tendencias pasadas- una reducción abrupta de las remesas familiares?
Entre las medidas anunciadas ayer hay algunas que pudieran tener no tanto un impacto de corto plazo sobre la demanda agregada sino sobre la “estructura” de la economía, por ejemplo, la relativa a las inversiones extranjeras, pero aclaro que en esta breve nota me concentro en el plano de la estabilidad macroeconómica a corto plazo, conectada esencialmente a la gestión de demanda agregada, y no al plano “estructural” de la economía, relacionado principalmente con modificaciones desde “el lado de la oferta” y que necesitan de mayores plazos para que pudieran funcionar.
En lo que se refiere al largo plazo, es decir, al cambio estructural, lo que le correspondería hacer al gobierno cubano no sería tanto la aplicación de contramedidas puntuales de emergencia sino implementar las medidas de cambio del modelo que ya han sido aprobadas y que, como se sabe, en muchos casos su aplicación ha sido dilatada y, en otros casos solamente han sido aplicadas a medias: unificación monetaria y cambiaria, planificación más descentralizada, reforma empresarial, reforma salarial y de pensiones, y legalización de la empresa privada nacional, entre otras.
En materia de estabilidad macroeconómica, el gobierno cubano expresó hace unos días que, a pesar de los problemas experimentados en el primer trimestre, el plan no renuncia al crecimiento proyectado del PIB para 2019 porque se aspira a explotar unas potencialidades internas, las cuales no fueron definidas con precisión.
No queda claro cuan factible pudiera ser alcanzar un 1,5% de crecimiento en 2019, pero en todo caso considero que la prioridad sería tratar de evitar una contracción económica. Es también importante hacer una discusión más “fina” sobre lo que se considera como potencialidades internas.
En el área de gestión macroeconómica sugiero explorar una potencialidad que, hasta donde conozco no parece haberse abordado de manera pública: reasignar sectorialmente -de manera urgente y a la mayor brevedad posible- una parte del monto estimado de inversión y, adicionalmente, transformar un porciento de la inversión en otros componentes de la demanda: importaciones y consumo.
Ese potencial se explica por el desproporcionado porciento que representa la inversión del sector “Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler”, el cual fue de 3338 millones de pesos en 2018, o sea, el 36,4% del total de la inversión del país. Es un monto casi 7 veces mayor que toda la inversión en el sector agropecuario y supera en cuatro veces toda la inversión industrial del país.
Es una descomunal cantidad de recursos cuya dinámica no tiene una relación significativa con el crecimiento del PIB ni con el crecimiento de actividades, como el propio turismo, donde de hecho no queda claro que deba priorizarse la inversión en el corto plazo, dada la baja tasa de ocupación hotelera de 38,5% que se obtuvo al cierre de 2018.
¿Pudiera “congelarse” durante lo que resta de 2019 la inversión en “Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler” para poder darle otra utilización a esos recursos de manera que pudieran tener estos un mayor impacto sobre la demanda agregada y, por tanto, facilitar la gestión macroeconómica?
¿Es irracional reorientar 500 de esos millones como inversión hacia la agricultura, duplicando de esa manera la inversión agropecuaria?
¿Es irracional reorientar 1100 de esos millones para aproximadamente duplicar el número de viviendas que se construyen en un año por esfuerzo propio?
La naturaleza de la agricultura y de la construcción de viviendas pudiera favorecer un impacto más grande e inmediato de esos recursos en el crecimiento económico cuando se compara la inversión de esos recursos en actividades inmobiliarias.
También sería una redistribución de montos de inversión del cual cabría esperar un impacto socialmente más equitativo pues colocaría recursos en dos grandes áreas típicas de generación rápida de bienestar ciudadano: alimentación de base nacional y vivienda.