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Aunque hay más claridad sobre la “dosis personal” y hay instrumentos para un manejo local más adecuado, el problema de la droga en las ciudades no puede ser peor. Por eso urge integrar las acciones de la Policía, la Fiscalía y los entes regionales.
La distribución de sustancias ilegales por todo el país y su posterior comercialización en forma de drogas para el consumo en los centros poblados, el microtráfico y el narcomenudeo, muestran hoy unos altos grados de sofisticación que han hecho muy difíciles las labores de análisis, tratamiento y control del fenómeno.
Los grupos criminales han logrado infiltrar las operaciones de algunas autoridades, lo cual  reduce sus riesgos y aumenta sus utilidades. Por ejemplo las pruebas recientemente reveladas por los medios muestran cómo algunos agentes de Policía corruptos participan en la cadena de comercialización de drogas en un sector de Bogotá.
Por otra parte las organizaciones criminales han optado por trasferir sus riesgos a las poblaciones vulnerables, entre quienes no solamente impulsan la venta de drogas sino el consumo de las mismas.  Estudios del Ministerio de Justicia en alianza con la Fundación Ideas para la Paz muestran cómo, para el caso de Bogotá, el 40 por ciento de las personas vinculadas con el comercio urbano de marihuana, bazuco y cocaína son niños y jóvenes de estratos bajos. De esta manera las ciudades de Colombia empiezan a producir generaciones que solo conocen la ilegalidad como referente de vida.
Quienes formulan las políticas de drogas en lo nacional y en lo local tienen que aceptar que la nueva situación del narcotráfico es consecuencia de tres realidades básicas que no pueden ser obviadas y sobre las cuales hay que trabajar:
La existencia de grupos criminales organizados que maximizan sus utilidades y tienen gran capacidad para ejercer la corrupción y la violencia. Para estos grupos el narcotráfico puede ser apenas otra línea de negocios – no necesariamente la más importante- pues además suelen dedicarse a actividades como lavado de activos, extorsión o sicariato.
Una sociedad que no ha podido construir proyectos colectivos sobre la base de la convivencia pacífica y la legalidad. En este tipo de sociedades es donde surgen y tienen más probabilidad de éxito las organizaciones criminales.
Los sentimientos de frustración, desesperanza y miedo que inmovilizan a personas, líderes y comunidades y que impiden construir proyectos de vida basados en la libertad y en el goce efectivo de los derechos. Una historia marcada por la violencia y la impunidad hace que en muchos casos la pasividad o la complicidad sea la mejor forma de sobrevivir en Colombia.
Sin embargo Colombia está avanzando lentamente en dirección de una política de drogas con perspectiva territorial y de derechos. Esto incluye un abordaje equilibrado entre las medidas que buscan reducir la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas y las que buscan proteger a comunidades afectadas por su vinculación a economías ilegales.
En este sentido el gobierno, a través del Observatorio de Drogas de Colombia, ha puesto a disposición de los departamentos y municipios una metodología de fácil aplicación para  caracterizar los fenómenos de microtráfico y comercialización de estupefacientes en sus territorios.
Esta metodología permite que los municipios interesados determinen  la extensión y los tipos de daños que el microtráfico y la comercialización causan a sus territorios en categorías como gobernabilidad, legalidad, capacidades de las comunidades, cohesión y capital social. La metodología es flexible, permite diálogos entre diferentes disciplinas y facilita la comprensión de los fenómenos en lo local, lo cual repercutirá positivamente sobre los procesos de focalización y escogencia de prioridades.
El Ministerio de Justicia también ha propuesto algunos insumos para lograr políticas de largo aliento contra el microtráfico y la comercialización de drogas. Estos insumos proponen buscar el equilibrio entre el control de la criminalidad a partir de la persecución penal de eslabones fuertes de la cadena del microtráfico y un tratamiento diferencial basado en reducir la vulnerabilidad de los eslabones débiles.
Esto último incluye la restitución de derechos a los menores afectados, así como la oferta de oportunidades laborales legítimas para poblaciones excluidas, como madres y jóvenes que, ante la falta de apoyos mínimos, acaban por implicarse en la comercialización de drogas en las calles. Entre las medidas pensadas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones se destacan las alianzas entre los sectores público y privado y la sociedad civil para aumentar las inversiones que fortalecen a las comunidades frente al avance de las economías ilegales.
Este planteamiento busca superar el tradicional abordaje centralista, de corto plazo y basado en la seguridad de la “lucha contra las drogas”, para transitar hacia políticas integrales con perspectiva territorial y de derechos.
El problema de la dosis mínima
Incautación de base de coca y marihuana a banda delincuencial que delinquía en el
Foto: Policía Nacional de los Colombianos
En días recientes el debate que relaciona la dosis mínima con la comercialización de drogas se reactivó a partir de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia que considera que la dosis mínima es cualquier cantidad que la persona necesite.
El debate sobre este asunto no es nuevo. Ya existían pronunciamientos, como la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No 35978 de 2011, según los cuales “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis fijadas por el literal (j) del artículo 2 de la ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes”.
Las dosis mínimas fijadas por la Ley 30 no incluyen heroína y drogas sintéticas y durante sus 29 años de vigencia no se ha producido ningún texto legal que aclare este asunto. Por eso una posible interpretación del último fallo de la Corte consistiría en decir que él ha zanjado definitivamente la cuestión de las cantidades mínimas y sus “ligeros excesos”, en términos de marihuana y cocaína, y que además proporciona a los consumidores de heroína y drogas sintéticas una seguridad jurídica que nunca habían tenido.
Pero las medidas a corto plazo suelen ocasionar desencuentros entre la Policía y la Fiscalía al no establecer con claridad quiénes son los sujetos de persecución y judicialización (un conflicto que tampoco es nuevo). Es muy probable que a corto plazo se mantenga o aumente  la incertidumbre de las autoridades acerca de si deben detener y judicializar a pequeños vendedores que aleguen que la droga que tienen es para su consumo. Pero a mediano plazo la medida puede ayudar a que las autoridades se concentren en la persecución penal de los eslabones fuertes.
No menos preocupante, la evidencia demuestra que los mercados de drogas han logrado enquistarse a lo largo y ancho de las ciudades  y que la situación de expendio en la calle no podría ser más crítica. Bajo estas circunstancias resultan excesivos  los temores de quienes dicen que el fallo de  la Corte va a disparar el consumo. En vez de eso hay que entender la decisión del tribunal como una oportunidad para que las instituciones del Estado, particularmente en lo local, busquen maneras más inteligentes y mejor coordinadas para lidiar con este problema.
* Politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Política Pública de la Universidad de los Andes, magíster de la Universidad de Melbourne y asesor de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia (las opiniones son responsabilidad del autor).
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