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La unificación cambiaria suele ser vista en Cuba como una especie de “madre de todas las reformas”, pero nada significativo se ha hecho.
No dispongo de una encuesta que permita confirmarlo, pero se trata probablemente de la medida económica respecto a la cual existe un consenso más amplio sobre su necesidad, urgencia y relevancia.
Reconocidos especialistas como Humberto Pérez han calificado la multiplicidad de tasas de cambio como una “debilidad cardinal y nudo gordiano principal”, afirmando que “de todos los escollos este es el de efectos más negativos, deformantes, confusionistas y contraproducentes”.
Hasta donde conozco, todos los dirigentes políticos y estatales que se han pronunciado sobre el tema –al menos desde 2011- han reafirmado la necesidad de eliminar, lo antes posible, la multiplicidad cambiaria del país. En su Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en abril de 2016, Raúl Castro reafirmó que la “solución de la dualidad monetaria no quedará para las calendas griegas”.
No me voy a referir en este breve comentario a los valiosos análisis que sobre las causas e implicaciones del fenómeno han publicado académicos cubanos como Vilma Hidalgo, Pavel Vidal y Omar Everleny Pérez, y Juan Triana y Jessica León.  Tampoco me detendré aquí en las sugerencias y propuestas generales que estos, y otros especialistas, han hecho acerca de cómo acometer una posible reforma del actual sistema de tasas de cambio.
Llamaré la atención sobre las propuestas específicas –con descripción detallada de mecanismos y secuencias- que pudieran existir, porque lo que me interesa destacar es que las complejidades técnicas, que ciertamente existen, no son las que parecen explicar la relativa inacción que se observa en cuanto a la unificación cambiaria.
De manera pública existe un texto titulado “Unificación de tasas de cambio: el caso de Cuba”, de Augusto de la Torre y Alain Ize, especialistas del Banco Mundial, que considero que es la propuesta técnicamente más detallada que se ha publicado sobre el tema en los últimos años. Fue publicado por Brookings Institution (diciembre de 2013) como la versión revisada de una ponencia que presentaron los autores en un evento organizado por la Universidad de La Habana, en septiembre de 2013. Quizás exista alguna otra propuesta publicada con un nivel similar de detalle, pero no la conozco.
Asumo, pero no estoy seguro, pues no dispongo de información, que los especialistas cubanos que trabajan en entidades estatales vinculadas al tema (Banco Nacional de Cuba, Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Finanzas y Precios, y otros) han preparado opciones de programas detallados para implementar la unificación cambiaria pues existen expertos muy competentes en esas instituciones.
Todo lo anterior me lleva a adoptar dos premisas y a formular una pregunta:
Premisa # 1: El gobierno cubano desea consumar la unificación de tasas de cambio en el país.
Premisa # 2: El gobierno cubano recibe asesoramiento técnico de excelencia que le permite disponer de una serie de variantes técnicas bien fundamentadas para poder adoptar una decisión de política pública sobre la unificación cambiaria.
Pregunta: ¿Cuál es el problema esencial que impide hoy que la evaluación política de costos y beneficios de la unificación cambiaria sea positiva?
Obviamente no tengo una respuesta para esa pregunta. Tampoco la he visto claramente expresada en el debate público sobre el tema.
Si el problema no es la ausencia de buenos análisis económicos ni la falta de propuestas técnicas, lo que sugiero entonces es desplazar la atención que hoy se hace en ese plano hacia un análisis de lo que pudiera llamarse la Economía Política de la unificación cambiaria. Es un enfoque se ha utilizado en otros casos, pero no conozco su aplicación en el contexto cubano.
Básicamente consistiría en adoptar la perspectiva de que, siendo la tasa de cambio el precio relativo fundamental de una economía abierta como la cubana y teniendo en cuenta que el régimen cambiario es esencialmente el resultado de una decisión estatal, la política cambiaria refleja inevitablemente cada aspecto de la economía política del país.
Un aspecto de lo anterior consiste en que los dirigentes y las instituciones políticas (el Buró Político del PCC, para no andarnos por las ramas) tienen la responsabilidad de decidir cómo y cuándo se hace la unificación cambiaria y para ello necesitan tener el convencimiento de que existen probabilidades razonablemente altas de que la decisión resulte en mayores beneficios que costos políticos, o sea que exista –cuando menos- un nivel de consentimiento popular que evite procesos de desestabilización política en el país.
También habría que tomar en cuenta la existencia de un entramado de mecanismos institucionales que inevitablemente tendría que ser reformado cuando se pase desde un régimen de multiplicidad cambiaria a una tasa de cambio unificada. Esto pudiera reflejarse en percepciones de “perdedores” y de “ganadores” entre diversas instituciones. ¿Cómo van a reaccionar de manera anticipada aquellas instituciones que se perciban como potenciales “perdedoras” ?, ¿tendrían la capacidad para bloquear la unificación?
Siguiendo con los intereses institucionales, ¿Cuál sería el riesgo político de reemplazar la función de la dualidad cambiaria como mecanismo de “cuasifiscalidad” (captación y transferencias de recursos estatales por fuera del mecanismo presupuestario formal) con una tasa única? Por supuesto que la unificación cambiaria pudiera resolver distorsiones importantes, pero ¿está asegurado que exista un reemplazo efectivo en el corto plazo para ingresar recursos al presupuesto, de la manera en que hoy opera la “cuasifiscalidad” del régimen cambiario? Una respuesta a esa pregunta es importante en circunstancias de tensiones presupuestarias como las actuales.
Otro aspecto a considerar es que si el funcionamiento de la tasa oficial de “uno a uno” ha surgido y se ha mantenido históricamente como parte de un esquema diseñado para proteger el nivel de vida de la población frente al “choque” que desató el Periodo Especial, ¿Qué riesgos políticos pudieran existir si se desmantela ese mecanismo sin tener evidencia razonable de que otros mecanismos de compensación pudieran establecerse  rápidamente para evitar el desfondamiento del nivel de vida material -ya bajo- del cubano promedio?
Si se toma de conjunto una serie de factores políticos internos (próximo cambio generacional de la dirección del PCC y del gobierno), la actual crisis de crecimiento económico, las dificultades del mayor socio económico de Cuba, y la incertidumbre respecto al posible “comportamiento” del gobierno de los EE.UU, pudiera ser que la evaluación política de costos y beneficios de una unificación cambiaria no sea lo suficientemente positiva ahora mismo como para inclinar a los dirigentes políticos cubanos a actuar en plazos inmediatos.
Mi conclusión preliminar es que los políticos cubanos han hecho el tipo de análisis que, en general, los economistas cubanos no hemos sido capaces de aportar, al menos públicamente.
Mi modesta sugerencia es que la incorporación de una perspectiva de Economía Política pudiera reforzar el análisis económico que se requiere para asegurar un buen debate sobre la unificación cambiaria en Cuba.