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Hubo ganadores y hubo perdedores, pero la democracia electoral volvió a mostrar sus grandes deficiencias.
El triunfo de la coalición uribista en las elecciones del 14 de marzo nuevamente pone de presente que la democracia electoral colombiana transita entre la legitimidad y la ilegalidad, así como entre las nuevas y viejas maquinarias electorales, como máxima expresión del ya institucionalizado clientelismo, a lo que se suma el evidente riesgo por la presencia perenne del unanimismo y la polarización ideológica que nos acompaña desde 2002.
Más allá de los resultados que benefician a unos y desfavorecen a otros, lo sucedido el 14 de marzo -que se repetirá, sin duda, en las votaciones para elegir Presidente en mayo próximo-, se puede interpretar como el triunfo de las maquinarias tradicionales, del clientelismo y la naturalización de la ilegalidad, especialmente en lo que tiene que ver con el fenómeno paramilitar.
Gana el Valle del Cauca, con el aumento de curules, pues en Senado pasó de seis en 2006 a diez en 2010, lo que infortunadamente no significará un mejor tratamiento fiscal por parte de la Nación hacia el Departamento, asunto siempre pendiente de los congresistas vallecaucanos.
Como extensión de lo sucedido a nivel nacional, los ganadores en esta parte de Colombia fueron la coalición de gobierno (Partido Conservador y Partido de la U), y el PIN, que en lo concerniente a Senado se convierte en la primera fuerza política del Valle, al alcanzar curules en el nuevo, pero no renovado Congreso. Los seis escaños logrados por el PIN para el Senado y Cámara de Representantes deben hacer pensar a la tradicional dirigencia política, social y económica vallecaucana, que ha venido perdiendo terreno frente a fuerzas políticas emergentes. Sin duda, se trata de un golpe fuerte contra las élites tradicionales del Valle del Cauca y las fuerzas políticas conservadoras, que ven cómo su liderazgo de tiempo atrás se viene debilitando.
En 2006 encontramos que el liderazgo ejercido por Carlos Holguín Sardi logró  mantener su poder electoral, acompañado por Germán Villegas. Hoy, en 2010, de estos dos grandes barones electorales sobrevive Villegas, quien bajó la votación alcanzada en 2006, al pasar de 57.952 a 47.111 votos en las elecciones del pasado domingo.
El conservatismo y el Partido de la U, y en general el uribismo, fueron triunfadores en 2006, hecho que se mantuvo en 2010. En 2006 el Partido Conservador se erigió como la principal fuerza política del Valle, con una votación de 171.331. Hoy, cuatro años después, esa fuerza electoral se concentra en el PIN, razón suficiente para confirmar que estamos ante un nuevo liderazgo, alejado de las tradicionales fuerzas sociales, económicas y por supuesto, políticas, de la región.
El ganador, sin duda, el ex congresista, Juan Carlos Martínez, investigado por parapolítica y hoy detenido en una cárcel de Bogotá. Con los senadores Juan Carlos Rizzeto, Carlos Arturo Quintero y Hemel Hurtado, el controvertido partido político se eleva como una fuerza electoral asociada con las nuevas maquinarias, pero sobre todo, expone, ofrece y puede confirmar el proceso de naturalización del fenómeno narcoparamilitar. Dicho fenómeno es visto como un poder económico[1], social[2] y militar[3] que se convirtió en un gran soporte para el orden establecido[4], lo que de alguna manera ha facilitado su absorción, en el sentido en que sectores poderosos de la sociedad civil colombiana e incluso, de las propias fuerzas políticas, terminaron por articular sus intereses y por encontrar puntos comunes con el ideario de los paramilitares[5], como la defensa de la propiedad extensiva (terratenientes), la dinámica económica global y la producción agroindustrial, entre otros, lo que ha servido para mantener y asegurar hacia el futuro las condiciones de privilegio de la llamada oligarquía tradicional y de una nueva, emergente, clase política, fincada en el poder dentro del Congreso de la República.
Gana el Polo con la curul de Mauricio Ospina, que se suma a la ‘reelección' de Alexander López Maya, pero como partido se nota un evidente estancamiento. Recuérdese que en 2006 el Polo Democrático obtuvo una curul para la cámara alta y otra para la cámara baja. Hoy, en 2010, alcanza en el senado las curules de Mauricio Ospina y Alexander López. Y para la Cámara de Representantes alcanza un escaño con Wilson Arias.
Los grandes perdedores fueron la democracia, y por extensión, la llamada cultura política, el Polo Democrático Alternativo, y por supuesto, la Registraduría.
La democracia perdió porque persisten la confusión y la ignorancia de los electores alrededor del manejo de los tarjetones y de los asuntos para los cuales fueron convocados el 14 de marzo. Los más de un millón cuatrocientos mil votos nulos a nivel nacional, más el nivel de abstención -que para el Valle del Cauca alcanzó el 65%- son muestras claras de los problemas que afronta el sistema democrático y en general el Estado, dado que es responsable en gran parte por la falta de una adecuada ‘pedagogía electoral'. De igual manera les cabe responsabilidad a los medios masivos de comunicación, incapaces de formar audiencias para enfrentar los retos de una democracia en proceso de consolidación. Nuevamente quedará en entredicho la legitimidad de este Congreso y muy seguramente, del nuevo Presidente que se elija en mayo o junio.
Se pierde en materia de cultura política, porque ella misma está construida bajo la amenaza, el clientelismo, la entrega de prebendas, los intereses particulares. Las costumbres políticas -tanto la del electorado como las de los políticos- no cambiarán hasta tanto se dé un proceso de refundación de la Nación, de los partidos políticos y hasta del propio Estado.
Pierde el Polo Democrático Alternativo, como Partido, incapaz de convertirse en una alternativa de poder real, con presencia en todo el territorio colombiano. Hoy es una fuerza política en Bogotá, sostenida por el poder clientelar de dos administraciones (Lucho Garzón y Samuel Moreno), pero se diluye en el resto del país. Así haya alcanzado para el Valle del Cauca una curul en Senado con Mauricio Ospina y otra con Wilson Arias en la Cámara, se considera que este triunfo responde a las posibilidades ofrecidas por su hermano, el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
Una total involución significa la demora en el procesamiento de la información por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No genera confianza en el electorado y en las fuerzas políticas la excesiva demora en los escrutinios y en la consolidación de los resultados.
Lo sucedido el 14 de marzo confirma varios asuntos:
El primero, la crisis de los partidos políticos y de la política, hoy descentrada por cuenta de un modelo económico que construye, antes que una ciudadanía activa políticamente, un ciudadano-cliente más interesado en sus propios intereses, que en asuntos públicos o colectivos.
Segundo, que mientras subsistan las circunstancias que históricamente mantienen la ilegitimidad del Estado, los poderes de facto, las elites emergentes y los tradicionales, mantendrán sus privilegios.
Tercero, que mientras el narcotráfico y los actores armados ilegales persistan, la democracia colombiana seguirá siendo débil y presa fácil de poderes económicos, legales e ilegales, que evitan su profundización.
* Comunicador social-periodista, Especialista en Humanidades Contemporáneas, Profesor-investigador y Director del Grupo de Investigación en Estudios Sociopolíticos – GIESP-, categoría C de Colciencias, de la Universidad Autónoma de Occidente. Catedrático y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Nota de pie de página
[1] Gracias a los recursos del narcotráfico, los paramilitares pudieron financiar asesinatos, proyectos productivos, especialmente agroindustriales, como palma africana y financiar campañas políticas de senadores y representantes a la cámara de 2002 y 2006. Se habló, incluso, de financiamiento de la campaña presidencial de Uribe Vélez en 2002 y 2006.
[2] Por la legitimidad alcanzada en vastos territorios, el fenómeno paramilitar adquiere el talante social no solo por el número de simpatizantes que obtuvo, sino porque se involucró en los procesos de socialización-civilización de comunidades campesinas, colonos y por supuesto, grupos humanos citadinos.
[3] Por el número de efectivos y la manera ejemplarizante de actuar de sus milicianos, se destacan de forma negativa, las actividades criminales perpetradas por esos grupos, que fueron construyendo un imaginario de terror en vastas comunidades campesinas que sintieron de cerca el terror del accionar criminal de las AUC.
[4] Ante la histórica debilidad del Estado-Nación para responder a las exigencias del proyecto de la modernidad, él mismo, a través de diversos gobiernos, ha hecho alianzas con grupos al margen de la ley (narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares), para ganar en legitimidad y tratar de mantener la institucionalidad, así sea de forma precaria.
[5] Contrario al fenómeno del bandolerismo social, el paramilitarismo no es, como el anterior, "producto de sociedades atrasadas o precapitalistas… el fenómeno del bandolerismo tiende por tanto a desaparecer con la modernización económica y política, es decir, con la penetración  del capitalismo, la expansión de las vías de comunicación y la creciente eficacia de la administración pública". (SÁNCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos. Colombia: El Ancora Editores, 1984. p. 22.
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