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Después de las investigaciones publicadas en eldiario.es, ahora el PSOE ha solicitado información a la Mesa de las Cortes sobre varias de las transacciones opacas mencionadas en los artículos publicados por el periódico.
La semana pasada el Grupo Parlamentaria Socialista pidió los expedientes de la subvención concedida al marido de Silvia Clemente, Javier Meléndez, cuando ella era Consejera de Agricultura, y que luego fue desestimada y anulada por su sucesora Milagros Marcos.
Los procuradores José Francisco Martín y Pedro González también han solicitado información sobre los pagos que la Junta -o cualquier entidad pública vinculada a ella- ha hecho desde el año 2000 a Reparaciones Rada SL (o a Mat Obras Urbanas SL, como se llamaba antes) y a su administrador único Raúl David Rodríguez Ibáñez.
Reparaciones Rada fue el contratista para las obras de reforma de la casona de la familia política de la ahora presidenta de las Cortes – unas obras que se hicieron sin licencia, y que costaron más de un millón sin que se sepa de donde venía el dinero con el que Meléndez las pagó.
La empresa también ha hecho varios encargos para Itacyl (el Instituto Tecnológico Agrario de CyL, que depende de la Consejería de Agricultura) y para las Cortes: de mantenimiento de instalaciones, jardines e infraestructura, reparaciones y reformas, traslado y colocación de mobiliario, etc. Todos han sido “contratos menores”, de importes desde los 865 hasta los 5.937 euros, para los que no hacen falta concurso público, sino que se dan “a dedo”.
Según eldiario.es, “ como explicaron fuentes del PSOE, la Junta de Castilla y León siempre ha sido reacia a dar explicaciones sobre las subvenciones de la Consejería de Agricultura, los créditos que concede el Itacyl a determinadas empresas o su inclusión en la marca creada por Clemente, Tierra de Sabor”.
Además, en un artículo anterior el periódico cuenta que un informe policial ve indicios de que la empresa que reformó en negro la sede del PP falseó facturas en el caso “Perla Negra”, que se está investigando en Valladolid.
La Consejería de Economía pagó a Unifica Servicios Integrales 4,4 millones de euros para llevar a cabo la división interior del edificio “Perla Negra” (oficialmente, “Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía”) en las afueras de Valladolid – sin contrato ni licitación.
El nombre “Perla Negra” viene tanto por las fachadas de cristaleras negras, como por las sospechas sobre su legalidad que ha habido desde el origen del edificio.
En 2005, La Consejería de Economía, a través de su empresa pública Gesturcal, convocó un concurso para la construcción de un edificiodonde unificar todas las sedes de las empresas públicas, que alquilaría con opción de compra. El anuncio se publicó en el boletín oficial el 30 de diciembre, y para presentar los proyectos solo había 15 días, en lugar de los habituales 30.
La empresa Urban Proyecta PM3 presentó el suyo rapidamente, e incluso compró el terreno donde iba a construirse el edificio antes de que terminara el plazo.
Iba a ser un edificio de 10 .000 m², de alquiler con opción de compra por cerca de 35 millones de euros. Pero al final fue de 17.000 m², y al final, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, la Junta ha pagado 70 millones, debido a que “ha asumido pagos que no le correspondían e incluso se han abonado conceptos por partida doble.”
Varios de los investigados por el juzgado en Valladolid en el caso «Perla Negra», también figuran en la «Trama eólica», por los presuntos delitos de prevaricación (es decir, cuando una autoridad dicta una resolución sabiendo que es injusta y contraria a la ley), cohecho (soborno), revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales.
Urban Proyecta PM3 también está involucrado en unas compraventas de terrenos para un polígono industrial, por los que la Junta de Castilla y León pagó 34 millones de euros aunque ahora están valorados en 14.
También fue el propietario del edificio en Bruselas que la Junta alquiló como sede comercial por 12.000 euros al mes entre los años 2004 y 2012.
Amnistía Internacional anima a la comarca de El Barco de Ávila – Piedrahíta a defender los derechos humanos.
La borja de La Rubía, en Cuevas del Valle
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