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Una parte de la burocracia cubana parece habérselas arreglado para seguir estrangulando el espacio más adelantado de la “actualización” del modelo económico: la reforma del sector agropecuario nacional.
Si el gobierno cubano no lograse transformar ese sector en un área exitosa de coexistencia de diversas formas de propiedad y de gestión, en el que la integración de estas se resolviese mediante el mercado, no será creíble la capacidad gubernamental para desarrollar un modelo descentralizado de economía socialista.
Ninguna otra actividad económica estratégica de Cuba – y la seguridad alimentaria lo es- ha avanzado tanto en solventar, de manera relativamente acelerada y sin excesiva controversia política en la última década, la legitimidad de la actividad privada nacional en el nuevo modelo económico que intenta establecerse. Sin embargo, aún falta por resolver “la otra mitad”: el consenso político sobre la nueva institucionalidad del mercado que se necesita.
Cuando la actividad privada nacional es “normal”, pero el mercado es impugnado
La dimensión y funciones del sector privado nacional sigue siendo el asunto político más divisivo de la reforma económica actual, excepto en el caso del sector agropecuario. Cualquier propuesta para establecer empresa privadas nacionales productivas en Cuba –por ejemplo, en la industria- generalmente se transforma rápidamente en una contienda política dentro del debate público.
El capital privado nacional no solamente es un área de controversias sino también de inacción y de zigzagueos de la política económica. Desde hace dos años se espera por una legalización de la micro, la pequeña y la mediana empresa privada nacional, pero ello no acaba de ocurrir. Por otra parte, algunas de las licencias para el ejercicio del trabajo por cuenta propia (TCP) fueron suspendidas temporalmente hace nueve meses, una temporalidad que resulta excesiva.
La idea de una empresa privada nacional produciendo muebles o confecciones textiles resulta polémica, pero en la producción agropecuaria eso no ocurre desde hace tiempo. Se acepta, con naturalidad, que el 75,5% de las viandas y hortalizas, el 64,8% del arroz, el 72,9% de los frijoles, el 83,9% de los frutales y el 63,6% de la leche fresca, sean producidos por el sector privado nacional. (1)
Todavía no es posible operar legalmente en Cuba una microempresa privada que produzca taburetes, pero se reconoce, sin problema alguno, que la alimentación del pueblo descansa en el sector privado y que eso no pudiera ser de otra manera.
Sin sector privado no hay alimentos nacionales y esa es una realidad que se entiende claramente. El sector privado se ha ganado ese espacio produciendo algo de valor estratégico (“la comida”) en condiciones no precisamente favorables, con notables carencias de medios y en un contexto de relaciones complicadas con el sector estatal, como es el caso del retraso en los pagos por las producciones privadas vendidas a las empresas estatales.
La situación es paradójica, porque mientras que el componente más polémico de la reforma cubana –la expansión del sector privado- es aceptado en el ámbito agropecuario, el componente supuestamente menos controvertible de la reforma –el papel regulador del mercado- continúa siendo rechazado, esencialmente, por el sector estatal en el funcionamiento de la actividad agropecuaria.
De hecho, a pesar del incontestable predominio productivo del sector privado en el agro cubano, las relaciones de intercambio en la esfera agropecuaria no son mayoritariamente reguladas por el mercado.
De entrada, el 42,6% del valor de las ventas de productos agropecuarios en 2017 y el 35,3% del peso en toneladas de estas estuvieron a cargo de los mercados agropecuarios estatales, que esencialmente no operan con precios de mercado. (2)
Si a ello se suman las ventas realizadas por las cooperativas no agropecuarias de mercados agropecuarios, que comercializan una parte de los productos con precios de acopio centralizados a precios minoristas máximos, y se adiciona el segmento de los llamados “puntos de venta”, parte de los cuales tienen que aplicar precios minoristas máximos, pudiera entonces afirmarse que la mayor parte de la comercialización de los productos agropecuarios no es regulada por el mercado.
Si no es el mercado el mecanismo de regulación de los precios agropecuarios, ¿qué es entonces lo que los determina? La pregunta no es difícil de responder: las conjeturas de la burocracia.
El sistema de “Acopio”: ¿una burocracia incombustible?
Cuando nos referimos a la función reguladora del mercado como un componente de un modelo económico que se mantiene en un paradigma planificador, pero descentralizado, no se trata de una idealizada regulación “libre” del mercado.
Como se conoce, la autoridad pública regula los mercados, con variada intensidad y diversos mecanismos, en casi todas partes del mundo. Sin embargo, la utilización de palancas económicas para intervenir estatalmente en la regulación de un mercado (por ejemplo, compras estatales, impuestos, acceso a créditos, y subsidios) es algo muy distinto a sacarse de la manga los precios agropecuarios.
No deja de ser curioso el mecanismo de “formación” de precios agropecuarios mayoristas que se utiliza en Cuba, que consiste en agregarle al costo de producción un por ciento preestablecido de utilidades. Tómese el caso del “precio de acopio” de la papa (65 pesos el quintal), que asume un 50% de utilidades sobre el costo de producción.
La pregunta obvia es ¿de dónde salió la idea de que producir papas debe tener esa elevada rentabilidad? En Canadá, por ejemplo, la rentabilidad promedio de una granja de papas no alcanza el 17%. (3)
En EE.UU, el 69% de las granjas se encuentran en la llamada “zona critica”, es decir, con rentabilidades inferiores al 10%. (4)
En el caso de Cuba, la formación de precios mayoristas agropecuarios incluye la adición de una alta utilidad sobre el costo en muchos productos: tomate (40%), arroz (30%), carne de res (30%), carne de cerdo (50%), frijol (70%), y maíz (50%). (5)
¿Tiene que ver eso con la función de regulación económica de un mercado? No parece ser el caso.
Se ha esgrimido el argumento de que esos elevados niveles de utilidad “planificada” tienen como objetivo estimular al productor para que, como resultado de un previsible incremento de la oferta, pudieran reducirse los precios que paga el consumidor. El problema es que tales objetivos no se han materializado, ni existe evidencia de que eso pudiera ocurrir.
Una rápida revisión de las estadísticas oficiales en cuanto a los resultados productivos y los precios minoristas del agro, desde que a mediados de 2015 se aumentaron los “precios de acopio”, indican que ni han existido incrementos significativos en los volúmenes de producción, ni han crecido notablemente los rendimientos, y los precios minoristas continúan estando divorciados de los niveles de ingresos de la mayoría de la población.
No es propósito de esta breve nota analizar los detalles del desempeño de “Acopio” y de su función en la regulación de la producción y la comercialización del sector agropecuario. El tema ha sido discutido ampliamente en la prensa nacional y ha sido analizado por varios colegas. Juan Triana escribió recientemente un interesante artículo al respecto, incluyendo la relación entre “Acopio” y el tema más amplio de la planificación nacional. (6)
Lo que deseo hacer es llamar la atención respecto al sinuoso proceso que primero desvalorizó oficialmente a “Acopio” para poco tiempo después -en una fenomenal marcha atrás- hacerlo renacer, como ave Fénix, en su condición de uno de los principales florones de la burocracia cubana.
A finales de 2013, la prensa cubana consideraba que “una de las mayores deficiencias que tiene la agricultura cubana es el acopio y la comercialización de los productos. Durante años se han tratado de introducir cambios en las formas para su realización, pero siempre quedan baches e insatisfacciones, tanto de los productores como de los consumidores… Ahora se instaurará, con carácter experimental, un nuevo procedimiento para la comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque, que en un término más o menos de un año, debe dar los frutos esperados para su extensión a todo el país”. (7)
Se planteaba que “entre las modificaciones establecidas se libera, para la base productiva, la comercialización de los productos agrícolas luego de que hayan cumplido sus compromisos contractuales con el Estado; y permite el vínculo directo entre esas unidades y el mercado para que estas participen en mayor medida de los precios minoristas”. (8)
Unos meses más tarde, en julio de 2014 se anunciaba que “se extinguirá la Unión Nacional de Acopio y los mercados bajo su administración se traspasan al Ministerio de Comercio Interior”. (9)
Sin embargo, luego se produjo una especie de “frenazo en seco” pues menos de dos años después de tal anuncio, se desmontaba parcialmente el experimento en las tres provincias mencionadas, “una vez que se retoman los mecanismos de acopio estatal y se fijan topes a los precios”, como analizó en aquel momento el colega Pavel Vidal. (10)
A principios de 2016 la prensa cubana ya se refería a “los nuevos rumbos de Acopio” e informaba que “recuperar su función de principal comercializador de la producción agrícola se inscribe entre los pasos esenciales para ordenar la distribución y rebajar los precios”. (11)
Comenzó a utilizarse entonces la expresión “programa de recuperación de la Empresa de Acopio”. (12)
El noveno período de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio de 2017, pudiera haber marcado el momento culminante de un proceso al que eufemísticamente se le llamó “el programa de dignificación” del sistema acopiador.
Las reseñas de la prensa cubana sobre esas sesiones parlamentarias se refirieron a que “los participantes coincidieron en el impacto positivo que ha tenido la recuperación del sistema de acopio, a la vez que insistieron en la necesidad de garantizar todo el sistema logístico”. (13)
El papel lo aguanta todo, pero la política debería ponerle coto a la deserción de la transformación del modelo
Hace unas semanas, el periódico Invasor, de la provincia de Ciego de Ávila, publicó un artículo que debería haber funcionado como un torpedo en la línea de flotación del buque “Acopio”, pero todavía no sabemos si ese ha sido el caso. (14)
Se afirma en ese artículo que “la Empresa Provincial de Acopio cerró el 2017 con sus utilidades sobrecumplidas al 730 por ciento. Cuando sus ganancias no prometían llegar al millón de pesos, ellos terminaron “quedándose” con casi seis millones; y eso, en el mismo año de intensa sequía, huracán demoledor y sin que los precios de venta se fueran por encima del tope”. (15)
Concluye la nota del periódico Invasor afirmando que “el estado financiero de la empresa, que el año anterior (2016) cerrara con pérdidas, a causa de un desfalco de millones de pesos, concluyó el 2017 con saldos muy positivos, sin que se hayan traducido, en lo fundamental, en más comida transportada del surco a la mesa”. (16)
A ver si queda más claro así: la “dignificada” institución no solo no cumple su objeto social, sino que en ella se produce un desfalco millonario y protagoniza un timo contable “de campeonato”.
En esas circunstancias, ¿qué es exactamente lo que regula “Acopio” con mayor coherencia que el mercado?
El texto de la “conceptualización”, uno de los principales documentos guías de la reforma económica, establece como una de las principales cuatro transformaciones a realizar “reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de modo que las medidas administrativas centralizadas, en interacción con las políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad”. (17)
El documento precisa que se trata de un “mercado regulado” que se subordina al logro de objetivos sociales. Se reconoce explícitamente la función reguladora del mercado, en el sentido de “facilitar de modo más eficiente y efectivo, el acceso de los actores económicos de las diferentes formas de propiedad y gestión a los insumos y a los mercados de sus producciones y servicios, en función de cuyas demandas deben optimizar oportunamente las ofertas en surtido y calidad”. (18)
En realidad, existen suficientes mecanismos alternativos para lograr todo lo anterior prescindiendo absolutamente de “Acopio”.
De hecho, pudiera pensarse que a “Acopio” cabrían aplicarle acciones que respondan a uno de los seis objetivos definidos en el documento de la “actualización” en relación con la función reguladora del Estado y el Gobierno respecto a las funciones del mercado: “Impedir que productores o comercializadores de tipo monopólico o de otra índole impongan condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o gestión”. (19)
Existen dos cuestiones importantes que deben ser aclaradas. En primer lugar, el aseguramiento del volumen de productos agropecuarios de origen nacional que el gobierno desea distribuir a destinos de utilidad social (escuelas, hospitales, etc.), a la venta normada (“la libreta”), o a la venta minorista a precios asequibles en determinados “puntos de venta”, no necesita del funcionamiento de algo como “Acopio”.
La distribución a esos destinos de demanda pudiera hacerse en condiciones de mercados regulados en los que funcionasen una combinación de mecanismos tales como las “compras estatales” de grandes volúmenes (con capacidad para reducir precios mayoristas en los mercados) y los subsidios estatales al consumo, para reducir los precios minoristas de productos seleccionados.
En segundo lugar, la principal disfuncionalidad de los mercados agropecuarios de “oferta y demanda” de Cuba -niveles de precios totalmente desconectados del ingreso promedio de los trabajadores- no es algo respecto a lo que “Acopio” pueda hacer algo positivo. Esa disfuncionalidad se explica, en alto grado, porque son “malos mercados”: mal concebidos y peor operados, pero eso tiene solución. (20)
El punto que desea destacarse es que “Acopio” parece funcionar como un caso típico del ruido que se hace con viejos instrumentos.
El nuevo modelo económico que esboza el documento de la “conceptualización” necesita un mercado distinto a todos los que han existido hasta ahora en el país. Debe contar con instituciones efectivas que puedan operar en esos mercados y no con entidades que puedan darse el lujo de combinar su inefectividad con una artificial e insultante rentabilidad.
Sin instituciones efectivas de mercado no podrá avanzar la reforma económica
Pudieran dársele los giros que se desee y adornarse con las palabras que se quiera, pero al final, el tipo de reforma económica que describe el documento de la “actualización” consiste en una transformación relativamente radical del sistema de gestión de la economía y de la sociedad: el paso hacia un mecanismo de regulación económica concebido para una diversidad de actores que tendrían un peso relativo mucho mayor que antes -con una participación inédita del sector privado nacional y extranjero- y que solamente podría funcionar mediante una extensión del mercado y de sus funciones reguladoras, mediadas por la intervención estatal.
Cuando en Cuba se utiliza la palabra “descentralización” o la expresión “modelo descentralizado” se están empleando códigos, más o menos políticamente correctos, para identificar procesos que cambian cuantitativa y cualitativamente las funciones del sector privado, del mercado y del Estado en el funcionamiento de la economía y de la sociedad.
No es un proceso que pueda predeterminarse en detalle, tampoco es pronosticable, y mucho menos sus claves se encuentran en teorizaciones generales. Inevitablemente implica experimentación, aprendizaje sobre la marcha y adaptaciones. No ha sido un reto exclusivo para Cuba pues otros países, como China y Vietnam, han transitado por ese camino. De esas experiencias pudiera aprenderse, pero no es razonable asumir que pudieran copiarse y que el “trasplante” funcionaría bien en Cuba.
El proceso de “descentralización” tiene importantes componentes políticos, siendo uno de ellos las posibles modificaciones de poder que pudieran derivarse. No me refiero aquí a la trillada cuestión, casi siempre discutida en abstracto en el caso de Cuba, acerca de si la expansión de lo privado y del mercado pudieran generar actores políticos capaces de modificar la naturaleza del sistema político, es decir, acabar con el control del poder político ejercido por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Ese es un aspecto que pudiera tener interés académico, pero, hasta donde conozco, está muy lejos de ser un tema de actualidad política. De hecho, parece no existir el tipo de evidencia en la que pudiera sustentarse hoy un análisis objetivo.
Cuando me refiero a las modificaciones de poder que pudieran derivarse de un mayor peso de lo privado y del mercado, lo que trato de señalar son tres cosas:
a) mantener instituciones económicas socialistas en un contexto de ampliación de las relaciones de mercado implica la aceptación de que -en alguna medida- la “lógica” del mercado pudiera instalarse en el interior de esas instituciones. No digo que sea “bueno” ni que sea “malo”, simplemente afirmo que es algo que sucede;
b) el incremento de las funciones reguladoras del mercado debe implicar una reducción del peso relativo de las instituciones estatales en la regulación de la economía; y
c) esa pérdida relativa del poder “tradicional” de las entidades estatales socialistas trata de ser compensada con nuevos mecanismos para el ejercicio del poder por parte del partido comunista, tanto los que se ubican hacia “arriba” (por ejemplo, nuevos sistemas de impuestos, de crédito y de contraloría), como los que se ubican hacia “abajo” (por ejemplo, el control popular sobre el funcionamiento del mercado).
Todo lo anterior ya ha estado ocurriendo en Cuba desde hace algún tiempo, pero cabe esperar que el avance de la reforma intensifique esos cambios.
El diseño e implementación de la “descentralización” ha sido un proceso políticamente controversial donde quiera que ha intentado hacerse. Usualmente, el aspecto más polémico y políticamente más desgastante es el relativo a la transformación de activos estatales mediante la venta o arriendo de estos a entidades privadas nacionales y extranjeras. Lo polémico no se limita a ser una expresión de discrepancias ideológicas y de perspectivas políticas divergentes, sino que es también el resultado de la afectación de intereses económicos concretos.
En la experiencia de China y de Vietnam, sobre todo en los primeros momentos de la reforma, ese componente político controversial fue minimizado al evitarse poner el acento en una reforma radical de las empresas estatales para poder colocar el énfasis en la creación de una institucionalidad de mercado que pudiera funcionar para integrar las diversas formas de propiedad y de gestión.
La institucionalidad del mercado no está exenta de controversias, pero su efecto político divisorio ha sido considerablemente menor que cualquier propuesta que pudiera ser entendida como un “desmantelamiento” del sector empresarial estatal.
En términos de viabilidad política, “construir” las instituciones de un mercado regulado parece haber funcionado mejor que otras acciones que pudieran ser percibidas como “desmantelar” la empresa estatal.
Una nota final de carácter político
No existe un mejor espacio que el sector agropecuario para que el gobierno de Cuba pudiera hacer avanzar más rápidamente la “descentralización”.
Como se ha expresado anteriormente, al agropecuario es probablemente el único sector estratégico en el que ya se ha logrado una aceptación política consensuada respecto a la coexistencia de una amplia diversidad de formas de propiedad y de gestión, donde -en lo esencial- la empresa estatal es minoritaria y la actividad privada es crucial.
Para decirlo rápidamente, pudiera decirse que, lejos de haber provocado un efecto de divisionismo político, el proceso ha favorecido un consenso político amplio acerca de que ese tipo de estructura es la más apropiada en las circunstancias actuales y en las condiciones previsibles a mediano plazo, a pesar de que se mantienen muchos problemas.
No existe, hasta donde puede apreciarse, una corriente de opinión influyente en la política nacional que sostenga abiertamente que tales problemas pudieran ser resueltos con una reducción de la producción no estatal. Es por esa razón que resultan discordantes los intentos dirigidos al fortalecimiento de “Acopio”, una entidad que ni posee los medios ni tiene los “códigos” necesarios para funcionar con efectividad y eficiencia en un modelo “descentralizado”.
Hay otro aspecto importante del sector agropecuario -además de haber quedado resuelta la aceptación política de la diversidad del tejido económico- que hace ideal ese sector para que funcione como “borde delantero” de la reforma económica: su enorme escala.
El sector agropecuario es, de lejos, el principal empleador del país, ofreciendo trabajo a 820 mil personas, casi el 18% del total de los ocupados. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 5 de los trabajadores del país labora en la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Ninguna de las otras 17 categorías de “actividad económica” registradas en el Anuario Estadístico de Cuba se aproxima a esas cifras. La educación y la salud, segunda y tercera actividades empleadoras del país, dan empleo a 504,6 mil y 489,4 mil trabajadores, respectivamente. (21)
Desde el punto de vista de la reforma del entramado económico institucional del país, el sector agropecuario es crucial pues concentra aproximadamente la mitad del total de entidades registradas en el país. Además, una de cada cinco empresas estatales cubanas se subordina al Ministerio de la Agricultura. Por otra parte, el sector agropecuario (sin contar el azúcar) concentra más de las tres cuartas partes de las cooperativas del país. Las cifras de empleo del sector privado en la actividad agropecuaria son más complicadas de entender -dado su registro opaco- pero es razonable asumir que del total del millón 139 mil trabajadores del sector privado nacional, algo más del 50% trabajan en actividades agropecuarias. (22)
En términos del peso relativo de una reforma de la institucionalidad de los mercados agropecuarios en el contexto más amplio de la reforma económica general del país, el establecimiento de mercados funcionales en el sector agropecuario significaría resolver aproximadamente la mitad de la nueva institucionalidad  total del mercado que se requiere, en cuanto al número de entidades. Igualmente, contribuiría poderosamente a la reforma económica general al hacer avanzar la nueva institucionalidad del mercado en el 20% de las empresas estatales y en un ámbito que ofrece empleo al 20% de los trabajadores del país.
Es precisamente esa combinación de “tramo adelantado” (existencia de consenso político respecto a la diversidad de actores) y de “gran escala” (elevado peso relativo en cuanto a entidades y empleo) lo que refuerza el potencial del sector agropecuario como vanguardia de la reforma económica que se necesita para avanzar hacia un modelo “descentralizado”.
¿Debería colocarse el acento de los debates actuales en temas políticamente divisivos como el de la concentración de la riqueza y los ingresos, que además se discuten en ausencia de datos, o es políticamente más efectivo enfocarse en temas -como la actividad agropecuaria- donde las transformaciones descentralizadoras ya operan con un consenso político más amplio y por tanto ofrecen la posibilidad de avanzar más rápidamente en la reforma?
¿No es políticamente más redituable tratar de avanzar desde un “frente” en el que se cuenta con claras ventajas, que tratar de abrir varios nuevos “frentes” que pudieran producir efectos de fragmentación y de fatiga política?
¿Tiene sentido dedicarle mucha atención a discutir el trabajo por cuenta propia (TCP), restándole atención a la necesidad de construir la institucionalidad del mercado en el único componente grande y estratégico de la economía cubana -sector agropecuario- que, dada su diversidad de actores, reclama “a gritos” esa nueva institucionalidad?
Lo que está en juego no es solamente una cuestión sectorial, ni se limita a lo económico. Hay una importante dimensión de credibilidad política.
Si no pudiera avanzarse en el terreno particular de lo agropecuario, que es el más favorable para la “descentralización” en las circunstancias actuales de Cuba, no resultaría verosímil la proposición oficial de que el modelo económico general puede ser transformado.
1 Fuente: ONEI. Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados. Enero – septiembre 2017. Edición de enero de 2018. Tabla 1.2 Participación por Sectores de Propiedad. http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/ppalesindsectoragrop/mensualprincipalesindicadoresagropecuario/Agricultura%20no%20ca%C3%B1era.pdf
2 Fuente: ONEI. Ventas de productos agropecuarios. Indicadores seleccionados. Enero-diciembre 2017. Edición de marzo de 2018. http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/ventasmercadoagrop/public_dic17.pdf
3 Serecon Management Consulting Inc. Profitability of Vegetables, Potatoes and Fruits. Final Report. Alberta, Canada. April 2012. https://www.serecon.ca/public/download/documents/6641
4 Robert A. Hoppe. “Profit Margin Increases with Farm Size”, USDA Economic Research Service. February 2, 2015.  https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2015/januaryfebruary/profit-margin-increases-with-farm-size/
5 “Nuevos precios para estimular la producción agropecuaria”, 6 de agosto de 2015 http://www.cubadebate.cu/especiales/2015/08/06/nuevos-precios-para-estimular-la-produccion-agropecuaria/#.Wucjq5q-laQ
6 Juan Triana. “Acopio, comercio y planificación”, On Cuba, 2 de abril de 2018. https://oncubamagazine.com/columnas/acopio-comercio-planificacion/
7 “¿La fórmula definitiva para la agricultura cubana?” Periódico Trabajadores, 9 de noviembre de 2013 http://www.trabajadores.cu/20131109/la-formula-definitiva/
9 “La agricultura exige desarrollo”. Periódico Trabajadores, 4 de julio de 2014 http://www.trabajadores.cu/20140704/la-agricultura-exige-desarrollo/
10 Pavel Vidal. “Un peligroso repliegue de las reformas en la agricultura cubana. Una propuesta para que continúe el experimento”, Cuba Posible, 16 de mayo de 2015,  https://cubaposible.com/un-peligroso-repliegue-de-las-reformas-en-la-agricultura-cubana-una-propuesta-para-que-continue-el-experimento-2-aa6-5-aa6-aa-5/
11 “Los nuevos rumbos de Acopio”. Periódico Escambray, 4 de febrero de 2016. http://www.escambray.cu/2016/los-nuevos-rumbos-de-acopio/
12 “Acopio vs. Precios”. Periódico Trabajadores, 13 marzo de 2016 http://www.trabajadores.cu/20160313/acopio-vs-precios/
13 “El campo, acopio y la comercialización de productos agrícolas a debate en la Asamblea Nacional”. Cubadebate, 1 de julio de 2017, http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/07/11/el-campo-acopio-y-la-comercializacion-de-productos-agricolas-a-debate-en-la-asamblea-nacional/#R40430120180430
14 Sayli Sosa Barceló y Katia Siberia “El papel lo aguanta todo… cuando las empresas sobrecumplen”. , Cubadebate, 21 de marzo de 2018 http://www.invasor.cu/es/secciones/economia/el-papel-lo-aguanta-todo-audio-grafico
17 Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Julio de 2017. http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2017/07/PDF-510-kb.pdf
20 Pedro Monreal. “Precios agrícolas en Cuba: cuando el “mal” mercado es el problema”. Blog El Estado como tal, 15 de septiembre de 2017, https://elestadocomotal.com/2017/09/15/precios-agricolas-en-cuba-cuando-el-mercado-es-el-problema/
21 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Tabla 7.3 “Ocupados por clase de actividad económica”. http://www.one.cu/aec2016/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf
22 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2016. Tabla 7.2 “Ocupados en la economía según situación del empleo”. http://www.one.cu/aec2016/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf