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Participación política: lo bueno, lo malo y lo que falta precisar en el decálogo de las FARC - Razón Pública
Escrito por Carlo Nasi julio 7, 2013
De diez temas apenas esbozados, ocho podrían mejorar las garantías para ejercer la política en una democracia, como muestra este examen de los hechos actuales y de las reformas que podrían seguirse de La Habana.
La prensa ha divulgado el así llamado decálogo de las FARC sobre la participación política, segundo punto de la agenda de La Habana.
Aunque varios medios han presentado el decálogo como si fuesen propuestas de las FARC, en realidad se trata de un simple listado de temas: las propuestas exigen un grado de especificidad bastante mayor que los temas.
Los diez temas propuestos por las FARC son:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación.
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América.
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla seguramente darán contenido a los puntos enunciados, no sobran algunas reflexiones sobre lo bueno, lo malo y, sobre todo, lo mucho que falta por elaborar en este catálogo.
Empecemos por lo bueno: la estrecha concordancia entre el decálogo de las FARC y el segundo punto de la agenda de negociación de La Habana.
De los diez temas planteados por las FARC, siete se refieren a la participación política y a los derechos de la oposición, y uno a un asunto estrechamente relacionado, que es el de los medios de comunicación.
Contra la impresión generalizada de que las FARC intentan abordar asuntos que no se habían pactado con el gobierno, puede afirmarse que el decálogo se enfoca efectivamente en la participación política: 8 de 10 temas.
Lo malo del decálogo son justamente los dos temas que no tienen relación con la agenda: la reestructuración democrática del Estado y la Asamblea Constituyente.  No me voy a referir a estos dos asuntos, porque probablemente no culminarán en acuerdos.
Para efectos de economía argumental, agruparé los puntos que se refieren a garantías, correspondientes al 2, 3, 7 y a la segunda parte del 9:
· el punto 2 se refiere a garantías plenas para el ejercicio de la oposición;
· el punto 3 a garantías a la guerrilla para ejercer política una vez se firme el acuerdo final;
· el punto 7 a garantías para comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y otros sectores  excluidos;
· la segunda parte del punto 9 trata del derecho a la protesta y a la movilización popular.
Un llamado de atención: conviene distinguir entre grados de deficiencia en las distintas garantías.  Es insostenible el argumento de que la falta de garantías es un problema generalizado, que se da en todos los casos por igual.
Garantías para la oposición
En cuanto al punto 2, las fallas en las garantías para el ejercicio de la oposición son relativamente menores. Por supuesto el Frente Nacional marginaba a las terceras fuerzas, pero con su desmonte — iniciado en 1974 y culminado en 1991 — se acabó la exclusión política por cuenta de las reglas de juego.
El umbral electoral para congresistas efectivamente es una barrera, pero pequeña y justificada frente al caos creado por la extrema fragmentación de partidos, anterior a 2003.
La exclusión a sangre y fuego de las terceras fuerzas — especialmente de izquierda — también parece un asunto del pasado.  La trágica historia de la Unión Patriótica (UP) fue bastante sui generis y no se replicó en el caso de la Alianza Democrática M–19 (AD M–19), que pudo participar en política y ocupar cargos importantes sin que sus dirigentes y sus militantes sufrieran hostigamientos.  Si finalmente la AD M–19 quedó marginada en las elecciones de 1994 fue por cuenta de sus errores de estrategia, y no por ataques violentos.
Más importante aún: la izquierda ha obtenido tres veces la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, o sea que ha podido gobernar sin morir en el intento, es decir, ejercer el derecho a ser gobierno, como piden las FARC en la segunda parte del punto 2.
Otra cosa es que no lo haya hecho bien, o que algunos alcaldes hayan “traicionado sus ideales”.  Independientemente de eso, hoy en día resulta francamente débil el argumento de que la izquierda no puede acceder al poder porque la exterminan.
Por supuesto, las garantías podrían expandirse mediante un Estatuto de la Oposición.  Eso sería una ganancia importante y algo que podría negociarse en La Habana con la (indispensable) concurrencia de representantes de la oposición legal en Colombia. Pero no se puede argumentar que a falta de tal estatuto, la oposición carezca de garantías.
En cuanto al punto 7, de hecho existen las circunscripciones especiales para comunidades étnicas, aunque todavía no para los campesinos.  Si eso no ha sido suficiente para darles voz a esos grupos excluidos,  podría abrirse un debate sobre medidas adicionales de acción afirmativa.  Y quizás la proyección de tales minorías pase primero por otro tipo de medidas — en salud, vivienda, educación — antes de ampliar los canales de participación formal.
Exguerrilleros y participación política
El punto 3 sobre las garantías para la participación política de los desmovilizados es harina de otro costal. Ahí sí varias restricciones impiden a los miembros de las organizaciones armadas ilegales que participen en política y ocupen cargos públicos, por cuenta de su historial delictivo.
Podrían introducirse cambios significativos en este frente, pero el hueso será duro de roer por cuenta de la polarización, de las elecciones que se avecinan, y de los cambios en los estándares internacionales de derechos humanos, aunque la Corte Penal Internacional no tiene tantos dientes.
Ya sectores uribistas y del partido Conservador han anunciado consignas electorales como “que no haya paz con impunidad”.  El tema de las garantías de participación política de las guerrillas solo podrá resolverse en concordancia con lo que se decida en materia de justicia transicional: ahí todo está pendiente de definiciones fruto de la propia negociación.
En este punto debo anotar que es fácil ganarse el aplauso de las graderías denunciando como inmoral que “los narcoterroristas no solo queden libres, sino acaben ocupando cargos en el gobierno”.  Pero tal inmoralidad no debe compararse con un estándar absoluto de justicia — como si el país hubiera vivido en tiempos de paz — sino con la inmoralidad de perpetuar una guerra cruenta.
Si la búsqueda de una justicia retributiva acaba por hundir el proceso de paz,  llegaríamos a una paradoja: los auto–proclamados defensores de los derechos de las víctimas acabarían favoreciendo la continuación de la guerra, y por ende, el aumento indefinido de las víctimas.
Libertad real de protestar y de sindicalizarse
En cuanto a la segunda parte del punto 9, en Colombia existe el derecho a la protesta pacífica y se ejerce regularmente.  Ello no obsta para que,  igual que en toda democracia, la fuerza pública acuda a la coacción disuasiva si las protestas degeneran en actos vandálicos.
¿Hay espacio para la mejora?  Por supuesto.  En la insalvable tensión que existe entre el derecho a la protesta que gozan los manifestantes y los derechos de los demás, la legislación reciente parece haberse inclinado a favor de los últimos: el artículo 353A del Código Penal se presta a abusos, dado que sanciona con cárcel y multas a quienes en una protesta no autorizada obstruyan temporalmente las vías públicas o los medios de transporte.
De igual manera, podría mejorar la vigilancia de los procedimientos policiales ante las frecuentes denuncias sobre abusos de la fuerza pública contra los manifestantes.  Todo esto es cuestión de ajustes y de buscar un equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos de los ciudadanos que se pueden ver perjudicados por marchas y bloqueos.
Estos son, en todo caso, temas secundarios frente a la mancha negra que persiste en materia de sindicatos y libertad sindical.  En Colombia existe el derecho a formar sindicatos, pero se viola constantemente: asesinatos, atentados y amenazas a sindicalistas.  Aunque en años recientes las cifras muestran una relativa mejoría, es una vergüenza seguir encabezando la lista de países donde ser sindicalista es extremadamente riesgoso.
Probablemente el factor de riesgo disminuiría si las FARC y el ELN depusieran las armas: muchas amenazas y atentados a sindicalistas se justifican con el argumento de que se trataba de subversivos infiltrados.  Si no hubiera guerrillas de por medio, se acabaría esa excusa, disminuiría la tolerancia frente a la violencia anti–sindical…y aumentarían las condenas.
Una pregunta abierta es si la mesa de La Habana puede contribuir a mejorar las relaciones entre empresarios y sindicatos.  El asunto va mucho más allá de expedir normas, porque las actuales ya contemplan garantías. El punto es gestar consensos entre empresarios y trabajadores para encaminarnos hacia un diálogo social moderno, que requiere la existencia de un sindicalismo democrático y maduro.
Abundan las historias de sindicatos que han quebrado a empresas por las vías de hecho y mediante demandas desmedidas. Pero también las de empresarios que han acudido si no a la coacción, a prácticas non sanctas: paralelismo sindical, listas negras, despidos injustificados y similares.  Esto da una idea del camino que falta recorrer.
Información y medios de comunicación
El punto 4 es importante, pero ambiguo, pues se presta a confusiones, al referirse a dos cosas distintas:
· la democratización de “la información”;
· la democratización de “los medios masivos de comunicación.”
En toda democracia los ciudadanos deben tener acceso a distintas fuentes de información para que sus opiniones y preferencias no reflejen “ignorancia estructuralmente inducida”: lo que ocurre en un país como Corea del Norte.
Si democratizar la información se entiende como brindar mayor acceso a los medios de comunicación a representantes de diversas tendencias políticas, eso no constituye una gran novedad.  Se ha hecho antes, y en la negociación en curso se  puede retomar la discusión sobre formas de crear más espacio en los medios para los partidos de oposición.
En cuanto a la “democratización” de los medios de comunicación, muchos estarán de acuerdo sobre la inconveniencia de los monopolios; de ahí a dar un salto hacia la socialización de los mismos, habría mucho trecho.
Más meritocracia que microgerencia
El punto 6 — sobre la participación popular en las políticas públicas y en la política económica — resulta problemático. Dicha participación se da en toda democracia representativa, en el sentido que la gente elige a presidentes, alcaldes y similares que compiten con propuestas alternativas.
Una cosa es que tal participación consista en avalar o rechazar propuestas de distintos candidatos. Otra muy distinta e inconveniente es que la gente se involucre en la microgerencia de las políticas públicas y de las finanzas.
La participación sirve para aclarar cuáles son las preferencias y las necesidades colectivas, pero el quehacer en las políticas públicas no puede quedar en manos inexpertas. Si democracia no se complementa con otros valores — como meritocracia y conocimiento técnico — es muy alto el riesgo de cometer costosísimos errores.  No es casualidad que en toda democracia las agencias económicas del Estado estén en manos de técnicos.
No pedir peras al olmo
Los puntos 5 y 8 se refieren a dar “estímulo” a la participación social y popular y de las regiones, tanto en términos generales como en la integración de “Nuestra América”  ¿Cómo lograr esto?
Sabemos que existen medios indebidos que estimulan la participación política, como decir el clientelismo o la demagogia polarizante. Pero no es claro cómo estimular la participación permanente y racional.
Para el común de la gente, no siempre y no necesariamente se justifica la participación en el debate público, máxime cuando los frutos esperados son escasos o inciertos, y la dedicación que exige compite con el tiempo que muchos prefieren destinar a su vida privada: la familia, el trabajo y la recreación.  Una sugerencia a este respecto: no pidan peras al olmo en materia participativa.
Finalmente, algo relacionado y más prometedor es el comienzo del punto 9, sobre la creación de una cultura de paz, de reconciliación y de participación: ésta se puede fomentar mediante cambios en el pensum de las instituciones educativas — como reintroducir el estudio de la historia — aunque los resultados se verían a largo plazo.
Esta  primera aproximación a algunos de los temas esbozados en su decálogo por las FARC me lleva a una conclusión bastante obvia: aun tienen mucha tela por cortar.  Ojalá los sastres en La Habana sean lo suficientemente hábiles, prudentes y sobre todo visionarios para confeccionar una prenda que nos quede bien a todos.
* Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes.
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Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.
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