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En seguridad mandan las Fuerzas Armadas y Alfonso Durazo es un simple administrador
Por Francisco Gómez y Marisol Ochoa*
CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Durazo es un funcionario sin mando en la corporación que dirige. Aunque su nombramiento es el de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), nadie duda que su papel es meramente de administrador, ya que en México son los militares quienes llevan la mano y la dirección en todas las tareas de seguridad pública, combate al narcotráfico y el resguardo de la soberanía en nuestro territorio y litorales.
Sin experiencia en el ramo de seguridad, Durazo es alguien que ha saltado entre todos los frentes políticos.
En el priísmo vivió a la sombra de Luis Donaldo Colosio; resurgió y volvió a la oscuridad con Vicente Fox, pero retornó a la vida pública con Morena como senador con licencia. Sin embargo, a lo largo de su carrera política y en la administración pública no tiene hasta hoy algún resultado positivo. Bajo la presión de los nulos resultados de Alfonso Durazo y de la necesidad de darle forma a una estrategia en materia de seguridad, el pasado 11 de mayo por decreto presidencial se autorizó que las fuerzas armadas intervengan en tareas de seguridad pública.
La noticia no nos sorprende, ya que desde hace tiempo se preparaba el proyecto de crear un grupo de fuerza con capacidades militares para enfrentar al crimen organizado y llevar a cabo tareas de seguridad pública en estados y municipios, en virtud de que el crimen tanto organizado como del fuero común no han dado tregua en varias regiones del país. Pero la pregunta obligada es cuál es y será el papel de Durazo.
Si bien el problema no parece ser, en sentido estricto, solamente quién o qué equipo hace frente en las tareas de seguridad pública, sino el cómo y el cuándo, es ahí donde a casi dos años de la entrada del nuevo gobierno nos preguntamos todos cuáles son los logros en materia de seguridad de Durazo para que permanezca en el cargo.
Ello, si partimos del hecho prioritario de que hasta hoy continúan las dudas en torno del establecimiento e implementación de una estrategia clara, y en la estipulación de planteamientos claros que nos dejen ver cómo se contendrán las operaciones del crimen organizado en los siguientes meses y años.
En el horizonte de las funciones de la SSPC no queda claro, por más que se trate de refrendar, que el mando de la Guardia Nacional le corresponde al secretario de Seguridad Pública, ya que hasta hoy podemos cuestionar hasta dónde y en qué sentido llega su autoridad, máxime a la incursión total de las fuerzas armadas en las tareas encomendadas a la institución.
Hace unos días, el secretario Alfonso Durazo daba una explicación de cómo las fuerzas armadas, -sin descuidar sus tareas básicas de cuidar la seguridad nacional, soberanía, integridad del territorio y asistencia a la población en caso de desastres- sumarían esfuerzos para coordinarse con estados y municipios, y continuar con el proceso de “construcción de la paz” en el país.
Ante el fracaso hasta ahora de las acciones contra la inseguridad y la contención de los grupos criminales del país, Durazo se ha visto obligado a sustentar el decreto presidencial que se emitió para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de que así se da certeza jurídica a militares y marinos para tener claras sus tareas en combate al crimen organizado y sus alcances en las operaciones.
Sin embargo, lo que el titular de la SSPC no ha podido justificar es cuál es la estrategia real en materia de seguridad y ello nos lleva a cuestionarnos si él en verdad ha dado los resultados esperados y a los que se comprometió la 4T.
Durazo no ha respondido a los siguientes cuestionamientos: ¿La seguridad pública recaerá en las fuerzas federales? ¿Se continuará reforzando el desarrollo de las policías? ¿Cómo se implementará una estrategia de seguridad pública con visión compartida entre lo civil y lo castrense?
El secretario ha sido enfático en asegurar que se continuará con el fortalecimiento de las policías estatales y municipales principalmente en áreas de inteligencia e investigación, pero el cuestionamiento se da justo en torno de los resultados que ha dado a más de un año la Guardia Nacional que no han sido relevantes, ni han mostrado una verdadera efectividad de facto en el terreno.
Más allá del despliegue operativo -más de 80 mil elementos en todo el territorio nacional-, y la pretensión de que este año logren que la presencia de la Guardia Nacional alcance unas 200 regiones territoriales y que se sumen 21,170 nuevos elementos, los resultados hasta el momento son claros; los números oficiales muestran la poca efectividad en dicho “despliegue territorial” en zonas de alto conflicto y esto no se debe a la cantidad de los elementos, sino a su capacidad para contener al crimen en el campo.
Hemos sido testigos de cómo en algunas zonas del país las confrontaciones de los grupos criminales continúan e incluso fortalecen sus bases sociales a plena luz del día. Lo que posiblemente pase de largo en esta visión para hacer frente al crimen, es que a veces no es el número lo que importa, sino la calidad y claridad de lo que se pretende hacer.
Es ahí donde pareciera ser que el proyecto de la SSPC y de Durazo se ha centrado más en forjar medidas administrativas en torno de la creación de la Guardia Nacional, pero no concretamente en el diseño de estrategias claras y efectivas enfocadas al combate y contención al crimen organizado.
Queda claro que el proceso de maduración de la Guardia Nacional continúa, pero el crimen ya no está en esa fase desde hace más de diez años, y fortalece sus lógicas delictivas todos los días, y para cuando el proyecto de la Guardia madure pudiera ser muy tarde para todos nosotros. Así y con el decreto del pasado mes de mayo, daría la impresión de que el mando de la seguridad pública de forma le pertenece a la SSPC, pero de fondo a las fuerzas armadas, es ahí donde muchas preguntas surgen sobre el papel que juega Durazo ante los mandos de la Defensa Nacional y la Marina.
En esta administración se ha dicho que se privilegiará el proyecto de paz y la no confrontación. ¿Entonces cuál será el papel de las fuerzas armadas en tareas de combate a la delincuencia organizada? ¿Y quién elaborará y dirigirá las estrategias de combate al crimen, y cómo serán determinados los objetivos?
Por lo pronto pareciera que la posición de Durazo en el terreno de la seguridad se resume a ser un administrador, pese a la urgencia de una coordinación entre lo civil y lo militar, a fin de consolidar en un mismo grupo una visión de Estado Mexicano, misma que en los últimos 15 años ha tenido temporadas complejas.
A estas alturas, pareciera que regresamos al punto de partida: problemas de presupuesto, desmantelamiento de la policía federal, cero delimitación de facultades y solo la intención de que en un año se construya una visión de Estado. Si esto sucede a corto plazo, la coordinación real iniciará cuando estén claras las reglas del juego y sobre todo, cuando esté determinado quién está al mando. ¿Será Alfonso Durazo?
*Francisco Gómez es periodista. Marisol Ochoa,  Investigadora del fenómeno criminal.
Tomado de Quadratín México
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