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Presentada como una simplificación inocente del sistema, la reforma va camino de ser una reforma laboral soterrada y regresiva.
Como dijo Marroquín, “es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”.
Pues bien: después que el gobierno había descartado presentar el proyecto de reforma tributaria, por lo menos en este segundo semestre, después de muchas vueltas y revueltas, el nuevo ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas anunció que lo presentará este lunes a la consideración del Congreso.
En lo que sí coincidían los ministros entrante y saliente, Juan Carlos Echeverri, es en que dicho proyecto de reforma no tendría pretensión distinta de simplificar el farragoso estatuto tributario. Según el ministro Cárdenas, “desde la Constitución del 91 es la primera vez que se introduce una reforma tributaria en la que el objetivo no es aumentar el recaudo sino corregir problemas”[1].
Pero a medida que pasan las horas más parece una caja de Pandora que una reforma anodina:
Se habla de reducir tarifas del IVA, que puede terminar en una nivelación por lo alto.
Se dice que hay que rebajar la tarifa al impuesto de renta a las empresas del 33 al 27 por ciento supuestamente “para que haya más empleo formal”[2] y de contera se propone el desmonte de los parafiscales, que no son otros que los aportes de las empresas al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Así las cosas, este proyecto de reforma tributaria ha terminado trastocándose en una reforma laboral de hondo calado.
Según dice el ministro, “el Gobierno está convencido de que la única forma de elevar la competitividad y la formalidad es reduciendo las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”[3]. Y para él, entre las principales “barreras” están las que consideran como “cargas” parafiscales, que no son otras que las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y los aportes para el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar.
Cárdenas en todo caso hace la salvedad de que cualquier decisión para hacer más atractivo el enganche de mano de obra productiva y bien remunerada “no se hará a expensas de los beneficios que hoy tienen los trabajadores (salud, pensiones, afiliación a las cajas), pues de lo que se trata es de ver cómo se financia la política social” [4]. Y este es el gran problema; no han faltado quienes, como Fedesarrollo o Salomón Kalmanovitz, planteen que la alternativa sería financiar este “extracosto” laboral mediante el Presupuesto General de la Nación.
Pero, no estamos hablando de montos irrisorios. Solo por concepto del 9 por ciento de aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación se hicieron erogaciones del orden de los $7.8 billones (¡!) en 2011. ¿De dónde saldrían estos recursos, si el mismo Kalmanovitz considera que los $86.6 billones recaudados por el gobierno central en 2011, que representan el 14.4 por ciento del PIB, son insuficientes para corregir el déficit crónico de sus finanzas? [5].
Así las cosas, este sería un salto al vacío que pondría en riesgo la estabilidad y hasta la supervivencia de estas entidades tan caras para el país nacional. Y, entre otras cosas, según providencia de la Corte Constitucional, el subsidio familiar le ha sido reconocido el carácter de derecho fundamental, ligado al concepto de mínimo vital que prescribe la Carta [6].
Un estudio reciente de EAFIT concluyó que “en cuanto a la eliminación de los aportes parafiscales, generará en promedio 224 mil empleos, reduciendo la tasa de desempleo en 1.6 por ciento en el primer año. Pero ello a costa de un aumento del déficit fiscal de 0.7 puntos del PIB, haciendo más complejo el manejo fiscal…Si se toman medidas compensatorias para evitar el deterioro fiscal, los efectos se reducen considerablemente, generando apenas 128 mil empleos en promedio” [7].
El mito de los parafiscales
No se de dónde saca el ministro Cárdenas que “la única forma de elevar la competitividad y la formalidad” es “descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud”. A Colombia le fue muy mal en el Informe del Foro Económico Mundial (FEM) 2012 – 2013: en lugar de progresar en competitividad, retrocedimos del puesto 68 al 69 entre 144 países; perdimos 3 puestos en eficiencia (del 60 al 63), 5 puestos en innovación (del 61 al 66). Y lo peor fue el indicador de las instituciones, con una caída de 9 casillas, al lugar 109.
Es más: entre los 12 pilares y las 114 variables que componen el Índice de Competitividad, no resulta relevante la incidencia de las “cargas” a través de la nómina. La única referencia al aspecto laboral son la preocupación por el deterioro en las relaciones obrero- patronales (del puesto 46 al 65), la pérdida de flexibilidad para determinar los salarios (del 50 al 80), contratar o despedir (del 70 al 88) y la menor participación de la mujer en el mercado laboral (del 54 al 95).
En la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta de la ANDI [8], al indagar por los factores que más rebajan la productividad, se destacan la volatilidad de la demanda, el abastecimiento de materias primas, la logística, la falta de mano de obra capacitada, el costo de materias primas, la alta competencia, y el clima, pero en ninguna parte se alude a los altos costos salariales.
Desafortunadamente, como sostiene Andrés Oppenheimer, “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad”. De lejos, constituye un escollo mayor para la competitividad es el retraso en materia de infraestructura. Y a esto le siguen las falencias en materia logística: dijo hace poco el Director de la Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) que “ya nos equiparamos en términos de aranceles con nuestros competidores para llegar a los mercados, pero los extracostos logísticos nos matan” [9]. No los extracostos laborales.
Valga decir que en otro tiempo se alegaba que el éxito de los tigres asiáticos y luego del dragón chino se debía sobre todo a las diferencias salariales, que eran abismales hasta hace diez años. Pero esto ha cambiado, y mientras los salarios en Colombia se estancaron, los de China han mejorado ostensiblemente.
De hecho nos estamos nivelando por lo bajo Colombia. Según un informe de la OIT, Colombia y China, junto con México, Egipto, India y República Dominicana, se cuentan entre los 20 con los peores salarios de una muestra de 70 países. Mientras en Colombia el salario promedio no alcanza a 725 dólares (1'300.000 pesos), en China es de 656 dólares; en México, de 609 dólares; en Egipto, de 548; en República Dominicana, de 462, y en India, de 295 dólares. Muy lejos de los 1.480 dólares, que es el promedio del salario mundial.
Hace más de 20 años los voceros del neoliberalismo vienen diciendo que “conviene que bajen los salarios en términos reales para hacer caer el desempleo”[10]; con este argumento se han llevado a cabo las reformas tendientes a “flexibilizar” la legislación laboral.
En Colombia esa reforma comenzó con la Ley 50 de 1990, reforzada en sus propósitos por la leyes 590 de 2000, 789 de 2002 y más recientemente por la 1429 de 2010. Todas ellas del mismo corte y con la misma suerte: un rotundo fracaso, porque como afirmó Albert Einstein “locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.
Amylkar Acosta,juan Carlos EcheverriMauricio Cárdenasministro de HaciendaReforma tributaria
* Economista de profesión. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ex presidente del Congreso de la República y ex ministro de Minas y Energía. Docente e investigador de las universidades Externado, Los Andes y del Rosario. 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país.
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