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Preocupados. Asustados. Desamparados. Así se siente un grupo de vecinos del sector Bajo Malleco, zona rural de la comuna de Collipulli, quienes aseguran que sus terrenos han sido ocupados por integrantes de dos comunidades mapuche.
Seis familias, quienes habitan predios que suman más de 300 hectáreas en la antigua ruta Angol-Collipulli, manifestaron su temor porque han recibido diversas señales de parte de comuneros mapuche que buscan (y algunos han logrado) instalarse en estos suelos. Imposiciones, mensajes amedrentadores, usurpación y atentados directos son parte de las historias que quieren exponer a la discusión pública.
Estos relatos se hacen eco de la entrevista otorgada el jueves 28 de mayo a este medio por la agricultora Cecilia Pérez, dueña de un terreno que colinda con los del grupo.
Marilí Vallejos Morales asevera que ella fue la primera víctima de atentados del grupo. En 2008, la vivienda emplazada en un terreno heredado de sus padres Marcelino Vallejos y Luz Gladys Morales, donde entonces habitaban, fue incendiada.
Desde ahí, no han vuelto a intervenir en su propio terreno. Pero a medida que iban visitando el lugar paulatinamente y en base a la información proporcionada por sus vecinos, se fueron percatando que el fundo ya había sido ocupado por una comunidad. Con rayados, el inmueble siniestrado se convirtió en una gran pancarta de la "resistencia mapuche".
"A mí me lo tomaron (el terreno) en septiembre del año pasado, y conmigo nadie se ha entrevistado", dijo Vallejos.
Pedro René Galdames ha sido víctima directa de atentados. El 2012 sufrió la toma de su predio, aunque tal acción no prosperó, pero el 11 de septiembre de 2013 recibió múltiples impactos de perdigones en su estómago. "Después seguí trabajando para sembrar y no me han hecho nada más. Yo les aseguré que les vendería, pero que tenían que comprármelo en vez de ocupar los terrenos a la fuerza. Esperé ocho meses para que me pagaran y no pasó nada. Les dije que iba a seguir trabajando ahí, porque el terreno es mío", relató el agricultor.
En medio de caminos embarrados por la lluvia, Daniel Riquelme y Evelyn León compraron un terreno en la cima de un cerro para construir un hogar. Sin embargo, al parecer alguien se adelantó a su idea, y sin consultarles previamente, ya emplazaron una casa en el mismo lugar. "Mi esposo en el verano fumigó, hizo caminos, estaba limpiando donde íbamos a construir... Él iba a plantar cuando llegaron ellos y le dijeron que no plantara nada porque ellos iban a comprar, porque la Conadi estaba vendiendo el terreno", dijo Evelyn León. Sin un trámite oficial de por medio, la pareja observó como de un día a otro, el sitio fue intervenido.
La familia San Martín tiene contacto cara a cara con dirigentes de la comunidad indígena vecina. En medio de esas conversaciones, Samuel, uno de los tres propietarios hermanos, aceptó el deseo de los dirigentes de construir inmuebles en su predio. "Quería construir tres casas y yo le di un espacio para que lo haga, pero al final construyó en otro lado", detalló Samuel San Martín.
El motivo de insistir en ese lugar, explica el propietario, fue que a la comunidad le interesaba la calidad de ese trozo de terreno, pero San Martín reiteró su negativa. "El dirigente me respondió que entonces íbamos a tener problemas y que esto pasaría a otro tipo de discusión", dijo el agricultor.
El grupo de denunciantes expresó además su preocupación por un caso en particular, el de Inés Beltrán, una mujer de 51 años que habita un predio de 29 hectáreas. Pese al hostigamiento que sus vecinos reclaman recibir, ella no se ha ido del lugar, pero se ve rodeada de terrenos ocupados parcial o completamente por comunidades. Esta situación intensificada por el relato de sus coterráneos la desconcierta. "Estamos desprotegidos", asegura con temor.
El punto de partida de todo este conflicto es el argumento que entregan las propias comunidades indígenas, de que los terrenos que están reclamando ya son parte de un proceso de venta que está en manos de la Conadi, pese a que los dueños aseguran que no es así.
Estas señales que los denunciantes han recibido derivan todas a la misma conclusión: los agricultores quieren ofrecer sus terrenos por la vía legal. Eso, en vez de arriesgarse a sufrir consecuencias más graves si se quedan más tiempo. Y es que para ellos no hay otra salida. Simplemente no quieren quedarse o retornar al sector.
Conadi entregó una carta a tres de los propietarios denunciantes, una Pedro Galdames, otra a Giorgina Muñoz y otra a Marilí Vallejos Morales.
Las misivas indicaban a sus propietarios que los terrenos estaban aptos para su venta, que las comunidades indígenas manifestaron el deseo de sus dueños de ofrecerla y que, para avanzar en el proceso, requerían presentar una serie de documentos relativos al terreno. Sin embargo, esto se habría realizado sin el consentimiento de los propietarios.
Para poder optar a la venta de terreno, los propietarios exigen que funcionarios de Conadi midan y tasen el terreno y sus bienes, aunque aseguran que desde la misma institución insisten en que esos trabajos ya se han realizado, aunque de eso ellos no han sabido nada. "Eso suena a ingreso ilegal de propiedad privada", dice Galdames.
Otros, como Marilú Vallejos, buscaron voluntariamente la venta de su fundo heredado de sus padres en las oficinas de la Conadi, pero ello no ha sido posible hasta el momento. "Me explican que no pueden cederle terreno a comunidades agresivas, pero no tenemos idea qué va a pasar con nosotros que no podemos hacer nada", reclamó.
Marilú Vallejos critica las fallidas respuestas de la Fiscalía local ante sus denuncias y la de sus vecinos. Ella misma, asegura, presentó ocho acciones legal es en 2014 y una más el pasado sábado 30 de mayo. "Una denuncia grupal sería lo único que nos estaría faltando", denuncia.
Vallejos dijo que en 2008, antes de que el domicilio que tenían en el sector fuera incendiado, habían sufrido el destrozo de sus ventanas. Al momento de presentar la denuncia al Ministerio Público, la respuesta, comenta, fue desalentadora. "Me dijeron que lo de los vidrios no era nada. Que volviera cuando pasara algo peor. Me quemaron la casa y aún no encuentran los responsables", denunció.
El alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, constató que, según le relatan, habitantes han sido intimidados por sus propios vecinos, con quienes incluso han convivido durante años. "Es una situación muy preocupante y ojalá las autoridades y el gobierno tomen en consideración esta situación y se pueda, primero tener un acercamiento con las personas y, segundo, buscar alguna suerte de solución al respecto", expresó.
En cuanto a este problema, el coronel Claudio Meneses, jefe de la prefectura de Carabineros de Malleco, dijo que "han ocurrido situaciones que han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público, el cual ha dispuesto algunas medidas como protección de 24 horas, rondas nocturnas y nosotros le hemos dado cumplimiento".
Desde El Austral se intentó contactar con la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, pero esto no fue posible.