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Con la recién creada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas esperaríamos pasar de las muchas comisiones que han estudiado el conflicto a una comisión verdaderamente histórica. ¿Quiénes son los expertos y cuáles son sus desafíos?
Comisiones y expertos en violencias
En varios países del mundo, la búsqueda de la memoria histórica sobre las violaciones de los derechos humanos demandó condiciones objetivas y razonables de cierre definitivo del conflicto.
En Colombia no sucede lo mismo. Sin acabarse el conflicto y a lo largo de más de cinco décadas, la producción de narrativas sobre lo sucedido con las víctimas se ha encomendado a instancias institucionales denominadas “comisiones históricas” o “de estudio sobre el conflicto”. Así, entre 1958 y 2014 se pueden identificar al menos catorce iniciativas de este tipo, incluyendo la que acaba de instalarse en el marco de las conversaciones de La Habana.
Entre todas estas experiencias, quizás las más emblemáticas han sido (en orden cronológico): la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (1958), la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987) y el Grupo de Memoria Histórica (2007-2011).
Por la cantidad de comisiones, estamos hablando de un caso inédito en el mundo, lo que podría explicarse por lo prolongado y degradado del conflicto armado, y por una especie de confianza gubernamental en que este tipo de mecanismos contribuye “indefectiblemente” al diagnóstico de lo sucedido y ofrece insumos para superar algunas de sus condiciones objetivas de gestación.
En Colombia este tipo de experiencias ha estado funcionando a medio camino entre las denominadas comisiones de la verdad y las llamadas comisiones extrajudiciales.
Las primeras son gigantescos andamiajes democráticos encargados de esclarecer crímenes y violaciones a los derechos humanos en contextos de transición y cuya consecuencia directa es la creación de condiciones reales y razonables para la reconciliación nacional. Comisiones de este tipo han tenido lugar, con relativos grados de éxito, en países como Argentina, Sudáfrica, Guatemala, El Salvador y Chile.
Las segundas son cuerpos institucionales más modestos que sirven para apoyar la labor judicial sobre violaciones a los derechos humanos en situaciones de debilidad institucional, y con independencia de que exista un proyecto de transición o de que se logre pactar la paz entre las partes implicadas. Comisiones de este tipo han ocurrido en Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil.
El sociólogo y escritor, Alfredo Molano Bravo, es uno
de los delegados para la Comisión Histórica del
Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango
La instalación de la denominada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) el pasado 22 de agosto en La Habana, si bien supone  un nuevo intento por configurar un mecanismo institucional de diagnóstico de lo sucedido en el conflicto armado en Colombia, tiene claras particularidades y desafíos con respecto a las experiencias anteriores.
A diferencia de las otras comisiones históricas, especialmente de las tres más emblemáticas que se crearon mediante decretos presidenciales, la CHCV no nace de una decisión unilateral del gobierno, ni como fruto de un pacto político de élites.
La CHCV surge de un preacuerdo dentro de un marco de conversaciones políticas entre partes históricamente enfrentadas (gobierno y FARC-EP) que buscan el cierre de la confrontación armada mediante una salida negociada.
No hay por tanto un decreto presidencial que instaure la comisión y establezca todas sus funciones, por lo tanto restringiendo y condicionando su actuación al someterla a una visión gobiernista u oficialista (o al menos así esperamos).
Por lo que conocemos hasta el momento, es más bien un cuerpo técnico de delegados, pensado y convocado por los dos bandos en conflicto. Sobre ambas partes convocantes recae una legitimidad compartida en la conformación y designación de los técnicos, pero también en la claridad sobre lo que “debe contener” y lo que “debe ser” el informe producido por ellos.
La CHCV es plural en su conformación y en sus líneas de pensamiento, aunque se hubiera esperado más pluralidad con respecto a sectores que han estado ausentes, como las organizaciones y colectivos de derechos humanos y, especialmente, las mujeres.
La comisión del año 58 estuvo conformada por los representantes de los poderes de la sociedad política y civil de ese entonces: dos miembros del Partido Liberal, uno del Partido Conservador, dos representantes de la Iglesia Católica y dos militares, y estuvo dirigida por el escritor y político de corte liberal Otto Morales Benítez.
En Colombia este tipo de experiencias ha estado funcionando a medio camino entre las denominadas comisiones de la verdad y las llamadas comisiones extrajudiciales.
No hicieron parte sectores como los campesinos y las mujeres, que para el momento no entraban en los cánones civilizatorios de la sociedad colombiana y no hacían parte de las estructuras de poder bipartidistas.
La Comisión de expertos del año 87 – también conocida como de “violentólogos”- fue constituida por expertos provenientes directa o indirectamente de la academia, especialmente de la universidad pública, a excepción del militar en retiro que hizo parte de ella.
Esta estuvo dirigida por el abogado, filósofo e historiador Gonzalo Sánchez (que repitió comisión y dirección con el Grupo de Memoria Histórica y hoy es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica).
En el caso de la CHCV, aunque de nuevo están los expertos en violencias, son relativamente distintos y plurales. Por ejemplo, están ciertos expertos ya canónicos del diagnóstico de la relación entre orden, democracia y violencia, como Eduardo Pizarro (que estuvo en la del 87), Daniel Pecaut, Francisco Gutiérrez y Jorge Giraldo.
También están los especialistas en las miradas regionales del conflicto, con acentos sobre procesos rurales, despojos territoriales y costos de la guerra para las poblaciones que se ubican en los márgenes del Estado, como Alfredo Molano y Darío Fajardo (que estuvo en la comisión del 87); y los que realizan una economía y una historia política del conflicto, muy polémica para muchos, como Jairo Estrada y Renán Vega.
Están también los expertos en las lecturas del narcotráfico, las mafias locales, las cuestiones de género y los procesos de construcción locales de memoria como dimensiones transversales al conflicto, como es el caso de Gustavo Duncan o María Emma Wills (la única mujer del grupo, que estuvo en el Grupo de Memoria Histórica y ahora hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica).
En esta comisión también aparecen las que podemos llamar “figuras de enlace” con las comunidades, con las políticas del gobierno y con el mundo de la academia. Pensemos por ejemplo, para el primer caso, en el sacerdote jesuita Javier Giraldo que ha desarrollado trabajo con las comunidades de Trujillo y San José de Apartadó, o en el segundo caso en el internacionalista Vicente Torrijos que comparte el ideario del gobierno de unidad nacional de Santos, o en el tercer caso en las figuras de Sergio de Zubiría y Víctor Manuel Moncayo catedráticos de larga historia en las universidades de los Andes y Nacional.
Homenaje a las víctimas del conflicto armado en
De una comisión de expertos a una “Comisión Histórica”
En la CHCV parecen cohabitar visiones contrastantes sobre las causas del conflicto y sobre las responsabilidades diferenciadas de los actores en contienda, lo que resulta muy novedoso. Estas posturas no pueden ser leídas únicamente bajo las etiquetas de pensadores de izquierda y/o de derecha como se ha querido mostrar por algunos medios.
El tema es más complejo de lo que se cree y tiene que ver con visiones que estos expertos tienen sobre el tipo de democracia que existe hoy en Colombia, o del proyecto democrático que se necesita en un eventual marco post-acuerdo, o el estilo de desarrollo que impera o que debe regir en el país, o los activadores o detonantes del conflicto en las regiones.
Por la pluralidad de integrantes y visiones, uno de los mayores desafíos de la CHCV está precisamente en transitar de ser una comisión más de expertos de la violencia a una comisión “Histórica”, con H mayúscula.
Y esto tiene varias implicaciones, desafíos y significados. En primer lugar, dejar de ser solo un “consejo técnico de diagnóstico del conflicto”, que, aunque tiene la misión de producir “un informe acerca de orígenes, causas factores, condiciones, efectos e impactos más notorios del conflicto en la población civil", para constituirse en un “consejo técnico para la paz”, que es lo que esperaría uno sea lo propio de este tipo de mecanismos en el marco de una mesa de conversaciones entre gobierno y las FARC.
En segundo lugar, esta comisión debe producir una narrativa integradora, no única, sobre lo ocurrido en el conflicto colombiano y para ello deberá recoger y amplificar el acumulado histórico y la base memorial, reconstruida por las anteriores comisiones y por ellos mismos en sus ejercicios investigativos.
En tercer lugar, deberá ser consciente que no se trata solo de una narrativa integradora de discursos expertos, ni de cifras, ni de fechas, ni de balances personalizados sobre lo ocurrido, sino una narrativa integradora de voces locales y regionales de las víctimas, pluralizando también las victimizaciones.
A diferencia de las otras comisiones históricas, especialmente de las tres más emblemáticas que se crearon mediante decretos presidenciales, la CHCV no nace de una decisión  unilateral del gobierno, ni como fruto de un pacto político de élites.
Este será uno de los principales retos por el tiempo tan corto de esta comisión (4 meses), pero aquí está precisamente el desafío para no convertirse en un informe parecido al que se hizo en el año 87, donde primó la voz aséptica del experto.
Finalmente, deberá ser una comisión que desagregue la explicación de las responsabilidades históricas de distintos sectores del país en el conflicto.
Si bien no es una comisión de la verdad que adjudica responsabilidades judiciales a los actores, es importante que en su explicación y clasificación aparezcan, además de las responsabilidades de las insurgencias, las del Estado, las de los empresarios, las de las mafias locales, las de los narcotraficantes, las de los paramilitares y las de los políticos.
* Profesor asociado y director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, Bogotá, autor del libro Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación, 1958-2011.
Profesor Titular, Departamento de Sociología, Pontificia Universidad Javeriana.
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