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El epicentro del debate sobre la economía colaborativa ya ha dejado de situarse en el turismo vacacional, en el urbano y corporativo, y, ahora, cobra plena actualidad en el ámbito rural. Desde las redes sociales, y también desde otros foros como el próximo Omexpo, el 27 de mayo próximo, se me ha invitado a expresarme al respecto. Por si alguno tuviera aún dudas acerca de mi defensa de la economía colaborativa y, por ende, de la libertad de emprendimiento, debo reconocer mi aquiescencia con la Asociación de Turismo Rural de Cantabria en la primera parte de su comunicado.
En efecto, estoy convencido de que la normativa del sector turístico es suficiente y contempla bien todas las especificidades de la industria que genera hoy por hoy la mayor cuota del PIB español. Así se lo he hecho saber en alguna ocasión a las autoridades turísticas cántabras (cuando me han pedido opinión sobre la materia), con la sugerencia añadida de desregular esta industria en aquellos aspectos en que su regulación es innecesaria. Las empresas turísticas y los usuarios de sus servicios a menudo son víctimas de la hiperregulación que hoy padece el sector, lo que coarta la libertad de emprendimiento y encarece los servicios turísticos. No hay ninguna necesidad de regular la seguridad de dichos servicios porque ya existe el marco regulatorio competente por parte de otras instancias públicas, como Interior, Protección Civil o el Código Técnico de la Construcción. No hay ninguna necesidad de regular la higiene de estos servicios, porque ya está Sanidad encargada de ello. No hay ninguna necesidad de regular los factores medioambientales del turismo porque el Ministerio competente y las consejerías autonómicas de Medio Ambiente ya son, efectivamente, los reguladores competentes en esta causa. Lo mismo cabría decir de las actividades comerciales, las condiciones laborales, etc.
Entonces, ¿qué le queda a la normativa turística? Dos condiciones innecesarias: la clasificación de los alojamientos turísticos en función de su calidad y la protección de los derechos del consumidor. La primera es innecesaria porque es una condición subjetiva. Se podrán objetivar los metros cuadrados de una habitación, la altura de los tabiques o la existencia de una peluquería en el hotel, pero es racionalmente imposible escapar a la lógica de los sentimientos, de las emociones, de las experiencias personales, de los que cada uno rendirá cuentas —si se cree en ello— el Día del Juicio Final. La segunda condición es innecesaria porque el Estado, a través de su sistema de inspección, es incapaz de aproximarse en número y calidad democrática a las organizaciones ciudadanas que hoy se promueven desde las redes sociales. Si en el pasado de la sociedad analógica lograr una comunidad de millones de personas con voz era una tarea imposible, la sociedad digital de hoy lo consigue sobradamente a través de las plataformas tecnológicas que reúnen la opinión y el sistema de autoprotección de millones y millones de viajeros en el mundo. Recordemos que solo una marca, Airbnb, registra 40 millones de pernoctaciones al año.
Por tanto, estoy completamente de acuerdo con la Asociación de Turismo Rural de Cantabria en que ya es suficiente tanta normativa turística.
¿En qué limbo, pues, queda el alquiler de viviendas particulares? Hasta hace poco no existía ese limbo. El régimen de alquiler de estas viviendas estuvo siempre contemplado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a la que nunca debió añadírsele una referencia turística en su articulado, como grotesca habría asido una apostilla que contemplase el alquiler de viviendas para remendar zapatos en su interior o practicar el teletrabajo, como practican hoy millones de ciudadanos en todo el mundo. ¿Por qué discernir entre el alquiler residencial, el telelaboral o el turístico? Pues bien, desde el desvío hacia las Comunidades Autónomas del problema por parte del Gobierno central, en muchas regiones estas viviendas han quedado en una situación, no de ilegalidad, sino de alegalidad. Es decir, no sujetas a ninguna normativa. Esto es lo que pretende la Asociación de Casas en el Entorno Rural, que ha merecido el reproche de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.
En medio de las críticas vertidas por la Asociación de Turismo Rural de Cantabria y las exigencias regulatorias de la Asociación de Casas en el Entorno Rural, se encuentra hoy el gobierno regional de Cantabria con una difícil papeleta en las manos. ¿Hacia qué lado tirar? ¿Dejar que el alquiler turístico de viviendas siga en el limbo de la ley o desregular por completo el sector turístico? En mi opinión, el reglamento de referencia debería ser el establecido en noviembre de 2014 por el Gobierno portugués a través de su Secretario de Estado para el Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, cuya noticia publicamos en este Foro: Portugal liberaliza el turismo.
En resumen, tres enunciados rectores:
Los residentes son libres de compartir sus hogares con huéspedes de cualquier parte del mundo.
La ley no interfiere en asuntos como las áreas, los servicios, el equipo o incluso en su construcción. El objetivo es garantizar la libertad a los propietarios para crear el mejor producto que tome en consideración a sus clientes.
Los impuestos aplicables al alquiler de viviendas deben ser claros y más fáciles de abonar a la Hacienda pública.
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4 comentarios en “Cantabria y el dilema de la economía colaborativa”
La situación actual, es complicada, en la actualidad hay leyes, está todo regulado, con lo cual, el que no cumple, está fuera de la ley.
El problema es, en donde queda eso de que la ley es igual pera todos.
Si no se pueden poner puertas al campo, que las quiten, y así no las hay para nadie…..
Las leyes hoy día en Cantabria, nos impiden poner un alojamiento de nichos, o unas simples literas, nos obliga a tener un equipamiento X, etc; No es una tontería? Y si me va lo minimalista?
Hoy día el huesped sabe muy bien donde se va a alojar, eso está claro.
Pero lo que también está claro, es que mientras haya leyes, TODOS la tenemos que cumplir. Como es imposible que esas «ilegales o alegales» (no se muy bien donde está la diferencia) dejen de arrendar, tengamos todos los mismos derechos, y obligaciones, y que quiten la regulación, para que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones…..cosa que hoy día no pasa…..
Yo no quiero más leyes, pero si igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones!!!
15 mayo 2015 en 12:25
Buenos días: cómo se nota en este artículo tan bien redactado que usted no regenta un negocio de Turismo Rural. Cómo se nota que sus palabras vienen de un trabajo que elabora más teoría que práctica… ¿cree usted de verdad que yo soy tan boba para querer la regulación impuesta con sus consiguientes costes? ¿ cree usted de verdad que no sabemos que hay más formas de conocer la declaración al fisco que a través del IRPF? ¿Cree usted que la Consejería cuando encuentra a-legales debe mirar a otro lado (claro está que debería darles forma legal, lo sabemos)? Yo sufro la normativa autonómica que el gobierno del PRC decidió imponer, pero el resto de los comercios de Cantabria también tienen unas normas reguladoras. Cuánto más creativo sería el libre comercio, si, pero no existe y eso no le da derecho a los alegales a ser una competencia desleal del Turismo Rural de Cantabria, y hasta que el Gobierno regional no les de forma, para mi son competencia desleal, hecho punible sin lugar a dudas. Sr Gallardo, me da la sensación que usted ha basado su ideología de libre comercio en la parte errónea, no somos los propietarios de casas de turismo rural los culpables de que no exista… Igual nos gustaría tanto como a usted, pero eso depende del Gobierno, y nosotros hasta la fecha hemos sido » niños buenos», y por supuesto denunciamos a los que no lo son. Quizás sus palabras son demasiado amplias y no representan para nada la opinión de todos, y ni todos los alegales tendrán mala intención, ni los propietarios de Turismo Rural en Cantabria somos bobos
15 mayo 2015 en 12:42
Excepcionalmente voy a escribir mi primera opinión en un medio público, y mi agradecimiento a todos aquellos que la lean.
Somos propietarios de dos posadas rurales, una de ellas comprada hace 4 años en plena crisis y funcionando perfectamente, y de otra desde hace 12 años. Pienso que una posada y/o casa rural bien gestionada permite tener una vida digna a una familia y da y genera riqueza en su entorno directo y a la sociedad en general, una ilegal da beneficio al propietario y al entorno pero nunca a la sociedad en general.
Hace 12 años abrimos nuestra otra posada rural estudiamos la legislación y pudimos optar como la mayoría de los propietarios entre hacer las cosas bien y cumplir con los requisitos que se nos solicitaban o hacer como otros, la vista gorda y aprovecharnos de los vacíos legales y de que hasta hace poco no había control sobre lo ilegal.
Algunos de los ilegales son tan osados que incluso se presentan en nuestros negocios y nos piden que cuando llenemos les enviemos a ellos clientes que sus casas también son muy bonitas… Sí yo les contase las penurias que ha sufrido algún buen intencionado cliente en casa de estos que se anuncian como turismo rural y que alquilan la casa de la abuela alucinarían, pero claro a ellos no les pueden poner hojas de reclamaciones no tienen “de eso”, eso solo lo tenemos los legales
NO me gusta generalizar, pero tengo muy claro que la mayoría de estos señores son unos insolidarios por no usar palabras más duras, y realistas.
Sí yo fuese el director general les recibía con los brazos abiertos les pedía una lista con la relación de asociados y una vez recibida hacía visitar a los inspectores sus casas por si alguna se les hubiese pasado.
Estos señores no saben lo que cuesta poner un negocio, Esta claro que si te dan a elegir, todos queremos una legislación a medida donde no haya que pagar y donde no haya que gastarse un euro, así lo querrían todos los gremios habidos y por haber, panaderos, carpinteros etc…
Señores he leído que la multa que les han puesto les parece cara, a mí, lo que me parece cara y mucha es la suya manifestándose pidiendo no pagar, que es por eso por lo que se manifiestan.
Caro es pagar una sanción de 200 euros si no envían la relación de alojados a la guardia civil correctamente, sin errores, en torno a 600 euros si no cumplimentan bien los partes de entrada de viajeros, una hoja de reclamaciones en la que el cliente tenga razón puede salir por 600 euros, las declaraciones trimestrales y la anual ni le cuento, la cuota de autonómos y la seguridad social de los trabajadores no la regalan, el agua de un negocio es más cara que la de una casa, claro que ustedes como eso no lo han hecho nunca les parecerá gratis, ustedes solo contabilizan el beneficio, mayor que el nuestro en muchos casos pues cobran parecido por servicios no reglados, peores y sin declarar nada, así que esa multa que les ponen es calderilla, ser ilegal tendría que salir mucho más caro.
Vaya país, un sitio donde alguien es pillado con el carrito de los helados y todavía en vez de avergonzarse e intentar cambiar a bien, encima van, se manifiestan y reclaman llenos de razones.
La ley es la que hay, primero hay que cumplirla y si no se hace y le pillan pues aténganse a las consecuencias, y después de cumplir la ley como hacemos los que somos legales aquello que creemos que es mejorable o aquello con lo que no estamos de acuerdo lo hacemos saber bien personalmente, bien por medio de las asociaciones que nos representan, en este caso muy dignamente a mi entender y con las personas, cargos o autoridades que tienen competencia en ello. A mi entender ese es el camino, y si ustedes quieren una legislación nueva me parece bien que luchen por ello pero mientras tanto sus “casas, posadas, viviendas” o como las quieran llamar ténganlas bien cerradas o bien legales como los demás, porque en lo que a mi respecta donde detecte un ilegal, aviso a la asociación para que ponga la denuncia pertinente. Cada uno se ríe o llora cuando le toca, con lo que ustedes han dejado de pagar, unos pocos ciudadanos de Cantabria hubiesen estado durante estos años de crisis un poco mejor. Ahora que se asocian ya empiezan a saber que eso conlleva gastos, bueno pues bien está que vayan aprendiendo…
2 junio 2015 en 13:49
Desde Asturias me uno a la opinión reinante entre empresarios.
Considero que el nivel de calidad del alojamiento rural en Cantabria es de lo mejor de Europa y a precios muy contenidos.
La oferta legal de alojamientos es impresionante y casi excesiva, de modo que no encuentro aceptable la proliferación de oferta alegal, que por otra parte no solo no compite en calidad sino que además pone precios superiores a los del mercado.
Por supuesto que no regento ningún alojamiento. Solo soy un cliente que valora la profesionalidad.
Pueden verse algunos de mis artículos sobre el tema en la web http://www.hotelyrestaurante.com, donde recopilo artículos que publiqué en la desaparecida revista Horeco.
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