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La cuarentena aumenta el hambre y la desesperación, pero las ayudas del Gobierno llegan poco o no llegan. Estas son las razones.
Una crisis que se agrava
Después de un mes de cuarentena obligatoria, el hambre y la desesperación se han extendido en diversas ciudades y regiones del país.
Aunque sea una medida necesaria, el confinamiento obligatorio produce traumatismos económicos y afecta especialmente a los más débiles. Los impactos son particularmente graves en un país con altos índices de informalidad: en las 23 ciudades principales, el porcentaje de población ocupada de manera informal oscila entre el 38 en Manizales y el 70,1 en Cúcuta.
Aunque el Gobierno ha entregado ayudas para los más pobres, cientos de miles de personas siguen desamparadas. En muchas ciudades es común ver trapos rojos que cuelgan de las ventanas en petición de ayuda, y en algunos municipios se ha recurrido a protestas y bloqueos para llamar la atención de las autoridades.
Para financiar la respuesta a la crisis, el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Según el ministro Alberto Carrasquilla, este Fondo recibirá un poco más de 14 billones de pesos para atender al sector salud y para reforzar los apoyos sociales.
La necesidad de crear este Fondo deja varias lecciones. La más obvia: que urgía y urge fortalecer la capacidad de previsión y respuesta en un país donde las crisis se han venido presentando de manera recurrente.
Los gobernantes tienden a aumentar el gasto en los momentos de bonanza
Desafortunadamente, Colombia está acostumbrada a planear cómo apagar el incendio cuando el incendio ha comenzado. En 1999, la peor coyuntura depresiva de la historia colombiana, el Gobierno llegó a endeudarse como nunca antes: el servicio de deuda pasó del 7,7% del PIB en 1998 al 13,4% en 2001.
En medio de aquella crisis fue necesario crear el Programa Familias en Acción, como una herramienta de protección social. Pero diseñar un programa en medio de la emergencia implica mayores costos y menores resultados. Uno de los sobrecostos fue tener que financiar el programa con crédito externo caro.
En ese momento se promovió un Fondo de Financiación que ahorrara en tiempos de crecimiento y que gastara en tiempos de emergencia, pero ese tipo de fondo no se ha podido formalizar hasta el día de hoy.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias del aumento del gasto social en tiempos de la bonanza energética y minera.
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¿Cómo llegar a los más pobres?
La segunda lección que nos deja el FOME es como solucionar la dificultad para llegar a los más vulnerables.
Foto: Facebook Departamento de Prosperidad Social
Los programas de focalización no han funcionado como deberían principalmente la falta de robustez de las bases de datos
Gran parte de la crisis actual se debe a las deficiencias notables en los sistemas de difusión.
Y no es apenas por falta de dinero. El principal obstáculo es la escasa capacidad de gestión y operación de los programas.
Para que los recursos lleguen a donde más se necesitan, es necesario:
Disponer de sistemas de información amplios y estables, para identificar la ubicación y el perfil socioeconómico de las personas que necesitan ayuda;
Lograr que las comunidades conozcan y puedan acceder a los beneficios, sin la intermediación interesada de personas que sacan provecho de su necesidad;
Y controlar la corrupción de manera oportuna y eficaz.
Gran parte de la crisis actual se debe a las deficiencias notables en los sistemas de difusión. Pero también hay fallas en los demás pasos necesarios para tener acciones evaluables y capaces de movilizar a los actores sociales en la misma dirección.
La tercera lección es que las decisiones que sean tomadas en el centro deben contemplar la diversidad de las regiones.
Las responsabilidades o deberes básicos del centro son:
Establecer políticas claras para guiar al país en su conjunto.
Velar porque las normas sean cumplidas por todos los habitantes y asegurar que haya justicia para quienes infrinjan la ley.
Contar con mecanismos de planeación y evaluación de mediano y largo plazo, ojalá con modelos de simulación para prever los mejores y peores escenarios posibles.
Pero con lo anterior el centro no puede desconocer la autonomía de las entidades territoriales. Los departamentos, los municipios y las comunidades de base deben estar a cargo de la administración, operación y control diario de los programas que funcionen en sus territorios. Esta capacidad también debe fortalecerse en el corto y en el mediano plazo.
Se trata pues de adecuar las normas generales a la heterogeneidad propia del país. En nuestro caso, el Sistema General de Participaciones (SGP) –que es la principal fuente financiera de la educación, la salud y la protección social de los municipios, especialmente de los más pequeños– ha disminuido notablemente desde el 2002.
En ese año, la participación en los ingresos corrientes de la Nación era de 43,6 % y en 2015 llegó apenas al 26%.
Foto: Departamento de Prosperidad Social
El programa Familias en Acción es hijo de otra crisis, y costó mucho montarlo a la carrera
Este es el resultado de un comportamiento que se repite en Colombia: en momentos de crisis económicas, se disminuye “transitoriamente” la financiación de los programas sociales, y esa disminución se vuelve permanente. Por ejemplo, la Ley 715 de 2001 introdujo una norma “transitoria” que debía aplicarse hasta 2005; pero en 2008 llegó otra norma transitoria, que debía ser ajustada en 2016; y en 2016…nada se hizo.
La disminución del gasto social en los municipios y departamentos fue debilitando la infraestructura de salud, que hoy nos es tan urgente.
Los economistas hemos aprendido que medir la situación de un país tan inequitativo como Colombia a partir de los promedios es un error fundamental.
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La heterogeneidad se entiende más fácilmente en las regiones que en el centro. Equidad no es igualdad, sino tratamiento ajustado a la diversidad de necesidades, motivaciones y culturas. Solo así se lograrán oportunidades iguales, para que todos los ciudadanos disfruten la canasta básica de derechos económicos, sociales culturales y ambientales.
* Cofundador de Razón Pública; para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Alfredo Sarmiento GómezayudasCOVID-19CrisisFOMEingreso solidario
Cofundador de Razón Pública. Filósofo y economista, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y Doctorandus en Economía de la Universidad Erasmo de Rótterdam. Es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana y del Externado de Colombia en política social, política educativa, programas sociales y gestión pública . Es Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD/DNP Consultor Internacional. Ha sido Director de la Misión Social. Subdirector de Planeación y Director encargado del SENA Dirección Nacional. Asesor Económico del Departamento Técnico nacional de FENALCO. Jefe de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento nacional de Planeación. Director del Área Socioeconómica del Centro Regional de Población . Autor de múltiples publicaciones.
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