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Entes de control y organizaciones ciudadanas visitaron el proyecto. Este es el balance de la visita.
Aunque pocas personas lo supieron, hace pocos días tuvo lugar uno de los episodios más importantes en relación con el proyecto minero Soto Norte, ubicado entre los municipios de California y Suratá, Santander, en inmediaciones del páramo de Santurbán: varias organizaciones y entidades visitaron California con el propósito de verificar las obras realizadas en la zona y las denuncias de afectaciones ambientales resultantes del proyecto.
Esta visita ocurre en un momento hito: desde febrero, la Sociedad Minera de Santander (Minesa) solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) permiso para extraer y procesar oro en California y Suratá y en pocos días, la ANLA dará comienzo a las visitas técnicas para determinar la viabilidad del proyecto.
Aunque éste está ubicado en un municipio aledaño -podría decirse que perteneciente- al páramo de Santurbán, Minesa ha afirmado que el proyecto está fuera del área delimitada como páramo por la Resolución 2090 de 2014. Sin embargo, como la sentencia T-361 de 2017 dejó sin efectos esa resolución por haberse expedido sin la participación de las comunidades, el Ministerio de Ambiente está en proceso de expedir una nueva delimitación que cumpla con este requisito. Por eso, nada asegura que este proyecto minero sea viable, pues puede quedar incluido en una zona protegida.
En ese contexto de incertidumbre, algunos miembros de las comunidades que habitan la zona, respaldados por diecisiete congresistas, les habían pedido a las autoridades que visitaran el proyecto para evaluarlo de primera mano.
Finalmente, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la ANLA, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) visitaron algunos sectores del proyecto el pasado 27, 28 y 29 de marzo.
La visita incluyó una reunión preliminar, un recorrido general, una reunión con comunidades, un muestreo de agua y una mesa de trabajo con los pequeños mineros.
La esperada visita tuvo cosas buenas, malas y feas.
Puede leer: Minería en el páramo de Santurbán.
Foto: Cortesía Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Sin duda el aspecto más positivo fue el diálogo entre entidades y ciudadanos.
La visita creó espacios que deben mantenerse abiertos. Las personas directamente afectadas pudieron expresar sus reparos y preocupaciones. Esta nueva información que brindaron las comunidades debería ser ponderada por las entidades al momento de decidir la viabilidad del proyecto.
La ANLA dará comienzo a las visitas técnicas para determinar la viabilidad del proyecto.
También se dio un importante acercamiento entre las posiciones no siempre coincidentes de los ciudadanos de Bucaramanga y los de la región de Soto Norte. Los segundos se dieron cuenta de que el espacio abierto por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán permitió que las autoridades del nivel nacional oyeran sus inquietudes. Indudablemente, esto aumentará la confianza y colaboración entre ambos grupos.
Finalmente, el muestreo de agua realizado por la CDMB y el AMB, con el acompañamiento de la Procuraduría y las demás entidades, permitirá tener una referencia actual de la calidad de agua superficial en la cuenca, de los vertimientos de la empresa y de las características previas al tratamiento que ésta realiza, por lo menos en el caso del túnel El Gigante. Eso permitirá tener indicios sobre las presuntas afectaciones.
La agenda comenzó el miércoles 27 de marzo con una reunión preparatoria en el auditorio de la CDMB. En dicho espacio, que debió darse semanas antes y no a pocas horas de empezar la visita, constaté fallas graves en la preparación.
No existía certeza sobre el número e identidad de los visitantes, ni sobre las características y cantidad de los equipos de seguridad disponibles o la logística del transporte entre diferentes puntos. Esto dificultó la visita y comprometió la seguridad de los participantes.
Uno de los puntos visitados fue el túnel de exploración El Gigante, que se convertirá en una de las entradas a la mina en caso de que el proyecto se apruebe. Para ingresar era necesario contar con afiliación a Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) de nivel 5, requisito que no fue comunicado a los visitantes con antelación.
En consecuencia, la mayoría de los que acompañaron la visita se quedó afuera, incluidos los representantes de la Procuraduría y la ANLA. Aunque funcionarios de la CDMB, ANM y del AMB ingresaron, ningún miembro del Comité pudo hacerlo, una muestra clara de ausencia de participación efectiva.
Casi tan grave como lo anterior fue la falta de preparación del representante de la empresa Minesa. Al ser interpelado por la Defensoría, no supo dar razón sobre las características del sistema de ventilación del túnel y, por tanto, sobre la capacidad de ingreso o el tiempo máximo de permanencia en el interior.
Al día siguiente, vi de primera mano la insuficiencia de equipos de seguridad y la pobre logística de la empresa al entregarlos erróneamente, lo cual implicó un retraso de casi dos horas. Cabe resaltar que para visitar cinco puntos dispersos teníamos únicamente cinco horas. Por eso, este retraso significó que las actividades no se cumplieran a cabalidad en más del cincuenta por ciento.
La agenda solo incluía lugares de visita, pero no detallaba las actividades. Eso produjo un malestar el primer día, pues la empresa intentó usar un formato similar al de una visita de socialización. Eso implicaba desviarse del objetivo principal e ignorar que quienes la solicitaban conocían de antemano la discusión en torno al proyecto, incluido el recientemente radicado Estudio de Impacto Ambiental.
Lea en Razón Pública: La estrategia del gobierno para Santurbán.
Toma de muestras en el vertimiento del túnel El Gigante.
Durante la visita comprobé que muchos habitantes de Angosturas y La Baja —veredas directamente afectadas por el proyecto— desconocían muchos aspectos del proyecto: no conocían el Estudio de Impacto Ambiental, ni sabían de la visita, lo cual quiere decir que el canal de comunicación elegido por las entidades no fue efectivo.
El proyecto ha implicado sin duda una ruptura del tejido social del municipio.
También constaté que, ante la debilidad estatal, muchas personas perciben tácitamente a Minesa como un remplazo aceptable del Estado. Según algunos ciudadanos que participaron en la reunión con comunidades, la empresa minera ha realizado obras incluso fuera del área de influencia social del proyecto (por ejemplo, en el municipio de Matanza).
Las personas directamente afectadas pudieron expresar sus reparos y preocupaciones.
En la reunión con los mineros artesanales, algunos ciudadanos informaron sobre un supuesto evento paralelo el 29 de marzo, al cual habrían sido presuntamente invitados por la empresa con intenciones poco claras. El representante de la empresa manifestó que se trataba de un malentendido. Pero la duda persiste.
Otra situación poco satisfactoria fue la reticencia inicial de la empresa a permitir la toma de muestras por parte del AMB, por no tratarse de una autoridad ambiental. En una visita solicitada por la ciudadanía y sus representantes, la toma de muestras por parte de todos los actores es lo mínimo que puede esperarse como garantía de transparencia. Después de todo, no hay que olvidar que la cuenca abastece de agua a millones de personas.
Visita en el parque central de California.
La experiencia me deja dos reflexiones principales:
Las visitas futuras deben planearse con mucha más antelación, de acuerdo con protocolos robustos y discutiendo su metodología con todos los actores al detalle, con el fin de evitar contratiempos como los arriba mencionados. Los entes de control tienen que dirigir este proceso ya que son la garantía que tenemos los ciudadanos de que este tipo de diligencias se lleve a cabo con idoneidad y transparencia.
Quedan más preguntas que respuestas al hacerse evidente el poco diálogo que existe entre la empresa Minesa y los ciudadanos de Soto Norte. California ha sido dividido, las autoridades no oyen porque Bogotá está muy lejos, y los procesos avanzan sin control ciudadano, salvo honrosas excepciones que no siempre arrojan los resultados deseados.
*Geólogo, M.A en Gestión Pública y Gobernanza, investigador de conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorio, asesor científico del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
*Geólogo y magister en Gestión Pública y Gobernanza, investigador de conflictos socioecológicos.
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