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Entre sus funciones, la entonces CICIACS, mamá de la hoy CICIG, era clara en los puntos que debía cumplir en Guatemala.
Nada como regresar en el tiempo y ver el germen (o virus si usted prefiere) que da nacimiento al engendro que hoy conocemos como “Comisión Internacional (dizque) Contra la Impunidad en Guatemala,” CICIG, y “desconstruir” a este experimento desde sus inicios.
Todo nace en una sala de partos (o abortos si usted prefiere) que denominaron “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (“CICIACS”). Ese era el nombre original del “experimento.”
Y decía el documento: “Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala,
Recordando el acuerdo político de 13 de marzo de 2003 y addenda entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos sobre el establecimiento de una Comisión de Investigaciones de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (“CICIACS”); recordando la carta de 4 de abril de 2003 del Gobierno de Guatemala en la que solicitaba la asistencia de las Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de la CICIACS con miras a investigar y desarticular los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad responsables de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, los miembros del poder judicial, los testigos, los sindicalistas y otros activistas, y el procesamiento de los responsables de su creación y funcionamiento; Considerando que el establecimiento de la CICIACS reforzará la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de que es parte, y sus compromisos contraídos con arreglo al Acuerdo global sobre derechos humanos de 29 de marzo de 1994 . . . ”
Pero lo más sorprendente, y lo digo como periodista, es que entre sus funciones, la entonces “CICIACS,” mamá de la hoy “CICIG,” era clara en los puntos que debía cumplir en Guatemala: “1. La CICIACS tendrá la facultad de investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad, sus modalidades de funcionamiento y sus fuentes de financiación, sin perjuicio de las funciones que el sistema legal guatemalteco le atribuye al Ministerio Público. Tratará, en particular, de identificar: Las personas responsables de ataques perpetrados contra los defensores de los derechos humanos, los profesionales del sector de la justicia, los testigos, los periodistas, los sindicalistas y otros activistas del sector social . . .” (énfasis agregado).
A los documentos originales —los que luego fueron modificados—me remito, y desde ellos establezco que la Cicig se suponía, en el espíritu de su nacimiento, debía de “identificar” a los “atacantes” de los periodistas, no convertirse institucionalmente en un “atacante” de los profesionales de la información.
Por eso, cuando la semana pasada fui a “declarar” en el caso fumado dentro de la Cicig, y por el cual reporteros, columnistas, directores de medios, fotógrafos, etc., hemos sido, “de puro gratis,” involucrados en una presunta “conspiración” contra el “experimento/aborto”, me pregunté cuándo este mamarracho, que hoy anuncian que van a “renovar”, perdió el norte y fracasó, pero no “contra” la impunidad, sino “contra” Guatemala.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día 03 de diciembre 2010.
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