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Contra las razones expuestas por los hosteleros, la mayoría del Senado ha decidido imponer la prohibición total de fumar en los bares y restaurantes de España, en la línea de la Proposición de Ley promovida por el Ministerio de Sanidad y presentada por el Grupo Socialista y el Grupo IU y Esquerra Republicana. Solo falta ya el trámite de la votación definitiva del Congreso, que tendrá lugar la próxima semana, para que el texto de la Ley vaya al BOE y entre en vigor, como se había previsto, el próximo 2 de enero.
En estas circunstancias, el primer apunte que como empresarios queremos hacer constar es el de que ojalá nos equivoquemos en nuestras previsiones de que la prohibición total va a tener muy graves consecuencias en la economía de las empresas y en el empleo del sector. Porque muy por encima de la satisfacción de ver confirmados nuestros pronósticos y estimaciones, está el ver que nuestras empresas pueden seguir funcionando y manteniendo los puestos de trabajo.
Deseamos que no se repita en España la ruina de los miles de pubs que se ha producido en Irlanda y en el Reino Unido. Deseamos que no pase lo que ha ocurrido en Grecia, donde el 1 de septiembre se impuso la prohibición total y, tras la ruina de bares y restaurantes, el Gobierno se ha visto obligado a “reconocer la realidad” y retirar esa medida legal.
Pero si, en contra de nuestros deseos, también se produce en España la ruina de bares y restaurantes como consecuencia de la prohibición total ¿quién y cómo nos va a compensar por ello? La responsabilidad política es un concepto, a veces, muy etéreo. Y la irresponsabilidad política a muchos les sale muy barata. Si desgraciadamente se cumplen nuestros pronósticos, los que perderán sus ya muy mermados ingresos serán los pequeños empresarios. Los altos cargos del Ministerio de Sanidad y los políticos seguirán cobrando íntegramente sus sueldos.
La modificación de la ley aprobada por el Senado ha significado también otro cambio importante, que resulta un tanto paradójico, pues siendo su objetivo la lucha contra el tabaquismo, no solo se mantienen intactos los puntos de venta de tabaco existentes en hostelería sino que además se extienden a unas 15.000 tiendas de conveniencia.
Decía la ministra que se mantenía la estructura de ventas para compensar a los hosteleros de las pérdidas que por otro lado afirmaba no íbamos a tener. Pero la ministra no decía la verdad: el objetivo era mantener y, a poder ser, ampliar los ingresos fiscales del Estado.
Nos lo podía haber dicho así directamente, y la habríamos entendido. Pero prefirió el camino de la mentira. Y ha sido la mentira y el intento de engaño lo que ha marcado el estilo del diálogo que el Ministerio de Sanidad ha mantenido con los hosteleros y con la sociedad: que “en todos los países europeos existía la prohibición total”, que “existía consenso social y político”, que “tenían estudios rigurosos” y que no íbamos a sufrir pérdidas sino con toda seguridad aumentar nuestro negocio.
Podían haber hecho y decidido lo mismo, pero hablando por derecho y con menos engaño. Pero no han estado a la altura de lo que exige la interlocución con la sociedad civil. Y en eso los que han perdido han sido ellos.
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