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EQUO – Unidos Podemos urge a modificar la Ley de Minas para proteger el territorio rural – Voces de Ávila
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“Una ley de hace 45 años no responde a los estándares medioambientales y de seguridad que cabe exigir a los nuevos proyectos de explotación minera”, según Rosa Martínez, diputada de EQUO.
Madrid. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en el que se encuentra EQUO, registró el jueves una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. La PNL propone actualizar la actual Ley de Minas para que proteja los territorios ante las nuevas prospecciones y solicitudes de permisos de explotaciones mineras. Pide también que se impulse un Proyecto de Ley de protección del subsuelo y los recursos geológicos.
“Una ley de hace 45 años no responde a los estándares medioambientales y de seguridad que cabe exigir a los nuevos proyectos de explotación minera. La creciente digitalización de la economía llevará aparejada un incremento de la demanda de todo tipo de minerales, que de no hacerse de manera segura, ordenada y respetuosa con el territorio puede afectar a otros sectores productivos como la agricultura o el sector turístico” ha declarado Rosa Martínez, diputada de EQUO.
Desde EQUO han reclamado la modificación de la Ley de Minas, del año 1973, para que cualquier actividad minera tenga en cuenta el respeto al entorno natural y esté supeditada al interés común, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Igualmente reclaman que cualquier proyecto tenga que contar con la participación de la ciudadanía y una consulta vinculante.
“La reforma debe buscar la protección de los territorios, la calidad de vida de las personas y un futuro para esas comarcas más allá de la extracción de sus recursos minerales, que normalmente -bajo control de multinacionales- apenas dejan beneficios en los territorios afectados”, ha concluido Martínez.
Existen más de 2.000 solicitudes de permisos mineros en todo el territorio español.
Casos como el de las minas de cobre en el bajo Guadalquivir, de oro y cobre en Galicia, Catalunya y Asturias, de Uranio en Salamanca, de litio y estaño en Cáceres, wolframio y titanio en Ciudad Real y en el Pirineo de Lleida, de tierras raras en Canarias y en Castilla La-Mancha, de potasas en Aragón y Navarra, o de feldespatos en Ávila, son solo algunos ejemplos de los proyectos que tendrán una grave incidencia en los territorios.
A esto se une la falta de regulación existente respecto a la explotación de los recursos en el subsuelo marino, a raíz del descubrimiento de telurio y hafnio en el Atlántico. En este sentido la minería submarina es una actividad con potenciales impactos graves sobre el medio marino y que todavía carece de un marco legal conservacionista adecuado para prevenir dichos impactos.
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