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La aprobación de la venta de la ETB y los nombramientos efectuados por el alcalde Peñalosa en las demás empresas prestadoras de servicios públicos no auguran un buen futuro para ellas ni para los bogotanos.
El proceso de venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) se remonta a la alcaldía de Antanas Mockus, quien la transformó en una sociedad por acciones que por ende sería dirigida por una junta presidida por el alcalde mayor.
Aunque la venta no figuraba en el Plan de Desarrollo de la primera administración Peñalosa (1998-2000), el Acuerdo No. 7 de 1998 autorizó la enajenación de una “parte” de las 1.701.501.719 acciones que tenía el Distrito en la ETB. En septiembre de este mismo año la junta directiva presidida por el alcalde Peñalosa autorizó el contrato No. 98014015 entre la ETB y el Consorcio Dresdner Kleinwort Benson North American LLC, Booz Allen & Hamilton de Colombia ltda, White & Case Llp y Bejarano, Cárdenas, Ospina & Asociados, por un valor de 2 millones de dólares para diseñar y ejecutar el programa de enajenación, incluyendo la asesoría legal nacional e internacional y la asesoría bancaria internacional.
El proceso de venta de la Empresa de Teléfonos se remonta a la alcaldía de Antanas Mockus.
Con los resultados de la consultoría, la administración aprobó el programa de enajenación de “parte” de las acciones del Distrito, las cuales -luego de descontar el 2 por ciento para la Universidad Distrital- totalizaron 1.650.456.668 acciones, equivalentes al 96,99 por ciento del total.
El proceso de enajenación se desarrollaría en tres fases:
I.El total de las acciones dirigida al sector solidario.
II.El porcentaje no vendido al sector solidario se ofrecería a personas que reunieran las condiciones estipuladas en el reglamento de enajenación.
III.El remanente sería ofrecido mediante un acto administrativo del alcalde mayor.
Agotada la fase II y ante el retiro de los posibles oferentes (Telefónica de España y Telecom de Italia), la administración optó por no pasar a la fase III. Pero la razón fundamental fue la investigación que inició la Procuraduría General de la Nación contra varios funcionarios de la ETB.
En efecto: debido a cambios en las condiciones iniciales del contrato que beneficiaban al consorcio mencionado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Sergio Regueros (presidente-gerente), Alfonso Gómez Palacio (secretario general), Germán González Reyes (vicepresidente jurídico), David Feferbaum (asesor de estrategias corporativas) y José del Carmen Trujillo López (director de impuestos). Todos los funcionaros fueron sancionados; y sin embargo Regueros y Gómez Palacio pasaron a prestar sus servicios a Telefónica Móvil de España. De manera extraña, la Procuraduría no vinculó a la investigación al alcalde Peñalosa, quien como presidente de la Junta Directiva encabezó el proceso de la venta. Y por su parte la Contraloría de Bogotá archivó de manera insólita el proceso fiscal que se adelantaba contra Sergio Regueros.
Pero hace unos pocos días, tras el paso fugaz de Eva María Uribe por la EAAB, el alcalde Peñalosa designó a Germán González Reyes – el  ex vicepresidente jurídico que había sido sancionado por la Procuraduría- como nuevo gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Este proceso arrancó con el Acuerdo No. 01 de 1996, que autorizó la transformación de la EEB en una sociedad por acciones que podría tener hasta un 49 por ciento de capital  privado.La Empresa de Energía de Bogotá (EEB S.A.) también fue objeto de un proceso de privatización (llamado de capitalización) que comenzó bajo la primera alcaldía de Mockus.
Sin obstar el mandato del Concejo, la junta directiva de la nueva sociedad – encabezada por Mockus y por Paulo Orozco como gerente de la empresa-  decidió separar sus varias actividades: (i) la de generación -con la cual conformaron Emgesa S.A.- (ii) las de distribución y comercialización –con las que crearon Codensa S.A.-, y (iii)  a la EEB, como empresa matriz, solamente le dejaron la actividad de transmisión.
El proceso de capitalización finalizó en 1997 con la venta (disfrazada de capitalización) a Endesa de España del 51 por ciento de las acciones de Emgesa y Codensa y el 11 por ciento de la matriz, por un valor de 2.177 millones de dólares .
El proceso, que podría calificarse de “exitoso”, no lo fue, ya que a los tres meses de surtida la capitalización, las juntas directivas llegaron a la conclusión de que las empresas no requerían tanto capital y debían proceder a reducirlo en una suma de 1,2 billones de pesos – que por lo tanto les serían devueltos a sus socios. De esta manera en 1998 la administración Peñalosa se vio beneficiada con unos recursos con los que no contaba. Con la autorización de la Superintendencia de Sociedades, las reducciones de capital prosiguieron en las tres empresas – e incluso en la sociedad Gas Natural, controlada por Unión Fenosa de España.
En 2006, el gobierno nacional decidió privatizar la Empresa Colombiana de Gas (Ecogas), una sociedad estratégica para la prestación del servicio de gas combustible por tubería, creada con los activos que Ecopetrol tenía en los gasoductos. Ecogas era dueña de la red más extensa en el país (3.660 kilómetros de tubería) que conectaba los principales centros de consumo con los principales campos petroleros, además de ser paso obligado para el gas en proyectos de interconexión internacional.
A pesar de las varias demandas contra el proceso, el gobierno de Uribe concluyó la venta de Ecogas a la Empresa de Energía de Bogotá en 2006, y aquella pasó a llamarse Transportadora de Gas del Interior (TGI).
En días pasados, el alcalde Peñalosa nombró como presidente de la EEB a la exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Astrid Álvarez Hernández.
En 1995 un estudio contratado por la EAAB señaló que debía optimizarse la planta de tratamiento de Tibitoc y debía rehabilitarse la tubería de conducción desde la planta hasta la unidad de control de Casablanca, en el sur de la ciudad.
Por decisión de la junta directiva presidida por Mockus se abrió entonces la licitación pública internacional para la concesión de la planta de tratamiento, pero solo se recibió la propuesta del Consorcio Corporación Financiera del Valle-Compagnie Generale Des Eaux-Fanalca S.A., y en septiembre de 1997 se firmó el contrato No. 1-12-8000-0356-97 con una duración de 20 años.
El contrato otorgaba la planta para ser explotada en concesión por cuenta y riesgo del consorcio, captando y tratando hasta 10,5 metros cúbicos por segundo de agua de los ríos Bogotá y Teusacá, a cambio de que el consorcio llevara a cabo todas las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la planta. De acuerdo con los pliegos de  condiciones, si la oferta era inferior 110.5 pesos el metro cúbico de agua, el contrato se adjudicaría y dado que el Consorcio presentó una oferta de $108/m3 se hizo a la concesión.
A nadie sorprendió la aprobación de su Plan Distrital de Desarrollo con 35 votos a favor.
El agua producida debía ser entregada a la EAAB y pagada se consumiera o no a dos tarifas: la plena y la reducida, mientras que la empresa le reconocería sin costo alguno, la energía requerida para operar la planta.
Sin embargo entre 1997 y 2004 el costo del metro cúbico de agua producida por Tibitoc pasó de 108 a  279 pesos, mientras que en diciembre de 2003 producirlo en otra planta (como la Wiesner) costaba 39 pesos – o sea que a los usuarios les costaba siete veces más el agua producida por la concesión-.
El segundo proceso de privatización en la EAAB, conocido como el programa de modernización, comenzó a gestarse en 1998 bajo la dirección de Daniel Boada Salazar, designado por Peñalosa.  La asesora de despacho era Astrid Álvarez Hernández.
Como resultado del programa de modernización, la empresa fue dotada de un sistema integral de información, mientras que los contratistas que se encargaron de la gestión comercial de la empresa– incluyendo lectura de medidores y facturación; con el regreso de Mockus a la Alcaldía en 2001, Álvarez pasó a ser gerente general de la EAAB y la gestión operativa y comercial de la empresa fue entregada en diciembre de 2002 a Aguas Capital (perteneciente al grupo Nule), Aguazul Bogotá y Empresas Públicas de Medellín.
¿Y la independencia del Concejo?
En 2015 Peñalosa lanzó su  candidatura “independiente” a la Alcaldía  Bogotá con 200.000 firmas y de inmediato Vargas Lleras decidió apoyarlo con su bancada que resultó ser de nueve concejales; al poco tiempo, los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, de la U y Centro Democrático hicieron otro tanto, de suerte que a nadie sorprendió la aprobación de su Plan Distrital de Desarrollo con 35 votos a favor.
El respectivo Plan Plurianual de Inversiones que acabo por aumentar de 88,7 billones a 91,1 billones de pesos, una suma gigantesca que vendría de distintas fuentes – entre las cuales figura la venta de la ETB, que aportaría apenas el 2,5 por ciento del presupuesto del Plan-; nuevos impuestos, el endeudamiento y varias fuentes inciertas tendrían que completar la financiación y por lo tanto el propio Plan de Desarrollo incluye la solicitud de facultades extraordinarias.
Desde ya surge entonces la pregunta, ¿Cómo harán los ciudadanos pertenecientes a los estratos bajos, que son la mayoría, para sobrevivir en la capital?
Por disposición del Estatuto Orgánico de Bogotá, al Concejo, que es la suprema autoridad del Distrito y está conformado por 45 integrantes, le corresponden no solo atribuciones normativas sino la tarea de vigilar la gestión del alcalde. Pero hoy este control político no se ve por ninguna parte y la ciudadanía deberá asumirlo ante el panorama que se avizora durante este cuatrienio. Y mucho más ahora que la Personería y la Contraloría de la capital han sido puestas en manos de personas afiliadas al Partido Liberal y a Cambio Radical.
* Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
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