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Malos tiempos para la lírica, y para la comunciación, el entendimiento, la convivencia… – Voces de Ávila
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22 junio, 2019 Economía y Política
Estas, en lugar de hacer referencia a alguna idea, pensamiento, o hecho, a veces más bien parecen la articulación de unos sonidos huecos, sin sentido.
Lo siguiente es la transcripción (que aparece en el artículo):
Otro problema del lenguaje es cuando el significado pretendido de las palabras es completamente contrario al real. Al leer el acuerdo que PP y C’s firmaron ayer (de las 100 medidas para el gobierno de Castilla y León) me he encontrado con uno de los muchos ejemplos de esto que hay.
La primera medida establece  «el desarrollo y en su caso la revisión de la Ley
2/2016, de 11 de noviembre por la que se regulan las actuaciones para dar
curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre
hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se
establecen las garantías de los informantes»
Por lo que leo, en realidad esta ley -cuya existencia desconocía- es una «Ley Mordaza» castellano-leonesa.
Según un artículo de Laura Corneja publicado en Eldiario.es hoy, «esta ley, aprobada en las Cortes a propuesta de Ciudadanos hace tres años fue profundamente decepcionante para los funcionarios. Lo que determinaba era que, en caso de que se abriese una investigación sobre una denuncia por corrupción y esta quedase en nada, se sancionaría al denunciante.»
Después de aprobada la Ley en noviembre 2016 (con los votos a favor del PP y C’s, la abstención del PSOE y Podemos, y el voto en contra de IU-Equo), la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) escribió en su blog:
«El grupo de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León ha sido cómplice de la penúltima fechoría de las huestes de Juan Vicente Herrera contra los empleados públicos de Castilla y León
El grupo de las Cortes de Castilla y León de Ciudadanos ha pegado una puñalada trapera a los empleados públicos de la Administración Regional, al apoyar el engendro de Ley de desprotección de los empleados públicos que denuncien ilegalidades, alegalidades o chanchullos en la Administración de Castilla y León.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que fuimos la organización que promovió y solicitó la aprobación de una Ley sobre esta materia, hemos manifestado e instado a todos los partidos de la oposición a trabajar en un nuevo texto. Nos sentimos engañados y estafados con el texto legal aprobado.
¿Cómo Ciudadanos puede votar sí a una Ley que determina que las denuncias de los empleados públicos sean tramitadas por un órgano cuyo Jefe es un puesto de confianza del Consejero de Presidencia? Porque lo que no parece entender el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que al responsable de la Inspección General de Servicios lo nombra a dedo el Consejero de Presidencia, y lo cesa cuando le da la gana al Consejero, con solo alegar que ha perdido la confianza en él. Pero es más, en la Inspección General de Servicios hay 12 puestos de trabajo para Técnicos Superiores. De estos 12 puestos, 4 se cubren mediante libre designación, es decir, a dedo. Y los otros 8 se cubren mediante concurso específico. Y todos sabemos que en esta Administración los concursos específicos tienen nombres y apellidos antes de que estos se resuelvan. Por tanto, ¿cómo Ciudadanos puede pensar que un empleado público en su sano juicio va a presentar una denuncia ante un Órgano totalmente politizado, donde los miembros que van a investigar sus denuncias son nombrados a dedo o mediante concursos específicos…? ¿Por qué no hay ni una sola plaza de Técnico superior que se cubra mediante concurso ordinario? Este es el criterio que tiene Ciudadanos de un Órgano independiente.
Pero para rematar la faena a los empleados públicos, esta Ley recalca, amenaza y advierte a los que osen presentar una denuncia, que deben tener todo atado y bien atado, porque si su denuncia no prospera se exponen a un expediente disciplinario por falta grave. Desde PLADEPU echamos en falta el mismo ímpetu en esta Ley contra aquellos que se dediquen a perseguir a los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge una sanción contra aquellos mandos que se dediquen a acosar a los denunciantes?
Resulta paradójico que una Ley que se jacta de amparar a los empleados públicos que denuncien irregularidades, en su texto solo contenga sanciones contra los denunciantes, y no incluya penalizaciones contra los Directivos que persigan a los denunciantes.»
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Las 100 medidas acordadas entre el PP y C’s para gobernar Castilla y León
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