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Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz Revolucionarios pasados por coca: legado comunista y narcotráfico en las FARC
Escrito por Gustavo Duncan junio 6, 2013
Un documento esencial para entender la situación de la guerrilla. Análisis detallado  – y más extenso de lo usual en Razón Pública- sobre cómo la coca y la ideología se complementaron para dominar extensos territorios habitados por colonos, hasta cuando la presión militar resquebrajó esa simbiosis.
Gustavo Duncan * Juan David Velasco**
Algunos autores han planteado que la supervivencia de las FARC obedece primordialmente a los recursos provistos por el narcotráfico[1]. Otros, por el contrario, sostienen que su cohesión no ha dependido tanto de los recursos de las drogas ilícitas, sino de haber conservado una ideología marxista. El narcotráfico es — de acuerdo con estos autores — solo un medio para obtener fines políticos[2].
Este artículo ofrece una interpretación distinta sobre el papel del narcotráfico y de la ideología para explicar la permanencia de las FARC como guerrilla comunista, tras el fin de la Guerra Fría: nuestra hipótesis es que no ha existido una dicotomía entre ideología y criminalidad, sino más bien una relación de complementariedad.
Mientras la ortodoxia comunista aportó una organización jerarquizada — necesaria para la disciplina de una tropa dispersa en todo el territorio nacional — el narcotráfico aportó recursos económicos y una base social propia entre los colonos cultivadores de coca.
Una élite comunista se encontró — por puras coincidencias históricas — con una población para gobernar. Y pese a que nunca instauró un gobierno comunista en las periferias coqueras del país, desde la frontera agrícola pudieron acumular los hombres y recursos necesarios para enfrentarse al poder central e impulsar su proyecto ideológico.
Sin embargo — a raíz del retroceso militar de las FARC desde el gobierno Uribe — la relación se tornó opresiva para los colonos y para la tropa guerrillera proveniente de estas comunidades, al punto de que parecería estar resquebrajándose la complementariedad entre el legado comunista y la siembra de coca.
En vez de darles orden y protección, la guerrilla se ha convertido en una carga pesada para las comunidades de la periferia, así como para los mandos medios y para la tropa rasa de las FARC, cuyo origen campesino no les permite adquirir la formación y la experiencia política necesarias para ascender hasta la comandancia de la guerrilla.
Pero antes de explicar en qué consiste este resquebrajamiento, es necesario ahondar en la formación de la mencionada relación de complementariedad.
Los marquetalianos son el mito fundacional de las FARC. Se trata de una comunidad campesina que se armó para defenderse de los ataques de gamonales y que resistió la ofensiva militar de 1964 en Marquetalia, tras un discurso de Álvaro Gómez en el Senado, donde denunció la existencia de repúblicas independientes.
Tras romper el cerco militar, los marquetalianos migrarían hacia las selvas del suroriente, bajo la conducción del partido comunista (PC), y al mismo tiempo que lo hacían otras  decenas de miles de campesinos que huían de la violencia de mediados de siglo.
Aunque a fines de los setenta esta población ya era la base social de las FARC, al principio se trataba de campesinos sin tierras afiliados a los partidos tradicionales. Para evitar que reviviera la violencia bipartidista, en Medellín del Ariari el gobierno separaba a los Liberales de los Conservadores. Pero el aislamiento de estas comunidades permitió que las FARC rompieran las lealtades partidistas, sin necesidad de mayores explicaciones ideológicas a los campesinos: si el PC creó una vanguardia revolucionaria entre los mandos de la guerrilla[3],  sus logros educativos entre las masas fueron más bien escasos.
La creación de una conciencia de clase no tenía mucho asidero en una sociedad donde la burguesía y el desarrollo capitalista eran prácticamente inexistentes. Las luchas agraristas también tenían limitaciones: servían para movilizar a la población ante problemas de títulos de propiedad con terratenientes que pretendían quedarse con las tierras recién adecuadas por los colonos, pero no tenían sentido como estrategia para tomarse el poder nacional.
Más problemático aún era el escaso potencial de las bases colonas para producir mandos guerrilleros. Cuando estos jóvenes campesinos se incorporaban a la guerrilla, lo hacían a un movimiento donde la disciplina y el trabajo ideológico ya estaban dominados por cuadros del PC.  Su pobre preparación intelectual y su bajo nivel educativo — en comparación con los miembros de la Juventud Comunista (JUCO) que llegaban de las universidades de las grandes ciudades — era una desventaja demasiado grande para ascender dentro de la organización.
Progresivamente se fue creando una guerrilla liderada por cuadros urbanos del PC mientras que los cuadros rurales tenían limitaciones para ascender a las jefaturas de la organización.
El dominio de los cuadros del PC implicaba la imposición de objetivos maximalistas es decir, la transformación del Estado y la sociedad en su conjunto. Pero al mismo tiempo quedaba otra tarea: ¿cómo gobernar las áreas campesinas donde la guerrilla era el Estado de facto?
Imponer un modelo comunista en estas áreas no era posible en medio de la guerra. Las FARC no tenían los recursos para sostener el aparato burocrático que administrara la sociedad colona;  la población local tampoco estaba dispuesta a aceptar un orden social bajo las instituciones marxistas, porque eso no tenía sentido en una economía agraria de subsistencia.
La solución fue pragmática: el gobierno de las comunidades se ejecutaría por intermedio de las instituciones clientelistas tradicionales de la vida campesina.   La guerrilla mediaría como un patrón capaz de proveer recursos y protección. A cambio, exigiría el reconocimiento como autoridad y los recursos necesarios para organizar la guerra contra el Estado nacional.
Mientras tanto, el Estado tenía poco interés en implantar las organizaciones burocráticas necesarias para regular esta parte del territorio. Los costos eran enormes y los recursos estaban más orientados a la lucha contrainsurgente que a crear instituciones. La consecuencia: el mando de las FARC pudo disponer de un espacio geográfico desde donde organizar la toma del poder nacional.
Las transformaciones del suroriente colombiano serían aún más dramáticas cuando a la colonización se sumaron los cultivos de coca. Una bonanza sin precedentes se apoderó de regiones hasta entonces abandonadas por los mercados nacionales: comenzaron a aparecer tiendas de ropa, electrodomésticos y concesionarios de autos en municipios donde no había carreteras asfaltadas.
La economía de la hoja de coca se convirtió en la base productiva de los territorios de colonización. Y las FARC pudieron disponer desde ese momento no solo de territorio y de población, sino de capital financiero para escalar la guerra.
La transformación económica agudizaría el dilema ideológico de las FARC con respecto al gobierno de las áreas de colonización. Si tenía poco sentido construir un gobierno comunista en sociedades campesinas pobres, menos sentido tenía hacerlo en medio de una sociedad que finalmente podía integrarse al consumo de masas desde una actividad criminal.
Los colonos no iban a aceptar que al acceder y disfrutar por primera vez de los bienes del mercado, un ejército comunista les impusiera un Estado local donde el consumo estuviera estrictamente regulado.  Los líderes de las FARC tampoco pretendían distraer recursos necesarios para la toma del poder nacional en administrar los asuntos locales. Se trataba de gobernar a la comunidad de la forma menos costosa posible.
Se apeló, entonces, al mismo clientelismo pragmático utilizado para administrar los servicios básicos de una comunidad, desde la justicia hasta la organización de servicios públicos: el “bono cervecero” para pagar a maestros de bachillerato y la imposición de áreas de cultivo de “pan coger” constituyen buenos ejemplos de prácticas clientelistas de las FARC.
Si para las FARC resultaba inviable asumir los costos de administración comunista de las comunidades cocaleras, para el Estado involucraba costos aún mayores, porque no podía acumular las rentas provenientes de la coca: ¿cómo iba a poner a tributar a una actividad económica internacionalmente vetada?
La imposibilidad del Estado nacional para regular las transacciones ilegales agudizaría la relación de conveniencia entre una guerrilla con objetivos maximalistas en lo nacional y una sociedad cocalera que necesitaba una autoridad pragmática en lo local. Ambas partes tenían mucho que ganar con la relación: la guerrilla controlaba un extenso territorio desde donde podía construir su retaguardia y los colonos obtenían protección y orden en áreas donde de otro modo no existiría ni Dios ni ley.
La coyuntura: ¿por qué comienza a resquebrajarse la relación entre comunismo y coca?
Con la política de seguridad democrática se ha resquebrajado la alineación estratégica de intereses entre una dirigencia política formada por el PC, unos combatientes rasos de origen colono y una base social de sembradores de coca, por cinco razones:
1.      La desmoralización de la tropa:
La expulsión de la guerrilla de retaguardias cercanas a las grandes ciudades significó pasar de una guerra ofensiva a una guerra defensiva[4]. Después de 50 años de lucha armada, el modelo de guerra insurgente, basado en la combinación de una guerra de movimientos con una guerra insurreccional[5], ya no tenía sentido, pues la guerrilla volvió a la guerra de guerrillas convencional, donde no puede concentrar tropas, debe hacer ataques unilaterales de corte defensivo y debe rotar rápidamente a sus combatientes en campamentos móviles, que no satisfacen las necesidades mínimas de vivienda y de alimentación.
2.      La pérdida sustancial de la base social cocalera:
Las fumigaciones masivas de hoja de coca y la sustitución de cultivos ilícitos distanciaron a la población colona del casco urbano de los municipios y la obligó a replantear su modelo productivo al tener que sembrar pequeños lotes de coca en áreas cada vez más selváticas donde se reducía la probabilidad de la persecución estatal[6].
3.      La pérdida de funciones de Estado local:
La guerrilla fue obligada a romper con los lazos clientelistas que había construido históricamente con la población civil[7]. Los ejercicios de gobierno guerrillero, por ejemplo, requerían de una minúscula presencia activa, al menos para proteger a los campesinos y atender sus problemas de justicia y convivencia.
Al tener que replegarse en la selva y en zonas de frontera  — y al no poder concentrar tropas sobre el territorio por temor a los bombardeos aéreos — dejaban vía libre al Estado para que éste estableciera relaciones de lealtad con los civiles.
4.      El desgaste de las relaciones internas de “camaradería”:
La paranoia y el desespero de algunos comandantes de bloque con respecto a una posible infiltración del Ejército banalizó los Consejos de Guerra Revolucionarios con resultados letales. Se impusieron castigos por casos de indisciplina tan absurdos como ponerse los interiores de los compañeros, quedarse dormido en las noches, “escuchar radio sin permiso”, “hablar en la formación”, “dejar escapar un tiro de fusil limpiando el arma”, “comprar dulces sin permiso” o “usar una hebilla plateada que puede ser vista por el enemigo”[8].
La banalización del régimen de disciplina interno produjo apatía e  inconformismo en la tropa rasa. El caso del Bloque José María Córdoba, que dirigía ‘Iván Ríos’, demuestra cómo una “rebelión interna” condujo a los combatientes de su anillo de seguridad a asesinarlo a cortarle la mano, no solo para acceder a una recompensa como se divulgó, sino para vengarse por sus malos tratos[9].
5.      El aumento de la percepción de desigualdad interna:
La “reversa estratégica” en el modelo de guerra revolucionario transformó las relaciones internas de poder entre los combatientes rasos de origen cocalero, los milicianos expertos en poner explosivos, los francotiradores, los compañeros sentimentales de los comandantes y los combatientes que durante su trayectoria revolucionaria han profesado públicamente su lealtad a los comandantes de bloque.
Bajo la guerra de movimientos de antes, el soldado raso de origen cocalero tenía un gran valor estratégico. Pero para una guerra de guerrillas, los francotiradores, los “explosivistas” y los combatientes que profesen lealtad incondicional — porque son reclutados para los anillos de seguridad del Secretariado — pasan a ser cada vez más importantes.
Este cambio en la situación estratégica se tradujo en inequidades en las condiciones materiales de vida: unos privilegiados — explosivistas, francotiradores y guardias de seguridad del Secretariado — comían pollo y podían tener parejas, mientras que la tropa rasa debía pasar el día sin ingerir proteínas y además ver como su vida personal era excesivamente reglada, ante la paranoia de las infiltraciones del Ejército.
Sin embargo estos cambios en la situación estratégica no parecerían verse reflejados en una pérdida de la unidad entre los mandos superiores de las FARC. No hay señales de fragmentación horizontal en la cúpula.
La fragmentación parecería provenir de otra parte: de la pérdida de la unidad vertical. Es entre los mandos superiores y los mandos intermedios donde se nota la fragmentación, en especial entre mandos urbanos en ascenso sin legitimidad militar y mandos locales sin potencial político, pero militarmente exitosos.
Son los mandos y soldados de origen campesino — con muy bajo nivel de formación política – quienes más resienten los esfuerzos y sacrificios adicionales que implica el cambio de la situación estratégica de las FARC. Poco sentido tiene para ellos renunciar a las ganancias inmediatas y a poner fin a las privaciones que los llevaron a la guerra por apostar a una revolución de largo plazo, que cada día luce menos viable[10].
Las comunidades colonas también resienten la represión estatal: las primeras víctimas de la ofensiva militar del Estado son las comunidades colonas que constituyen el soporte social de las FARC. Al convertirse ahora en el centro de gravedad de la guerra, los poblados de colonos perciben que la lucha contra la hoja de coca no solo es parte de la lucha antidroga, sino de la lucha contrainsurgente[11]. Los soldados rasos de la guerrilla — que en su mayor número provienen de estas comunidades — se enfrentan ahora al dilema que surge de su decisión de vincularse a las FARC: no solo los compromete a ellos, sino a la comunidad.
Cuando las FARC eran una fuerza victoriosa a mediados de los noventa, el dilema se resolvía fácilmente. Pero hoy  — cuando la guerra es un asunto de pura supervivencia —  la suerte de las comunidades es un factor que pesa sobre los mandos rurales: tienen que escoger si apuestan por las decisiones políticas de las élites guerrilleras tan distantes a su realidad o si optan por constituir formas de autoridad local basadas en las rentas del narcotráfico.
Un estudio de caso: la historia reciente del Frente 21 de las FARC [12]
El Frente 21 — que opera en el Sur de Tolima — es un caso ilustrativo de este resquebrajamiento. Se trata de un frente pobre económicamente, porque no tiene cultivos de coca ni corredores estratégicos ni recursos minerales. Pero a pesar de su pobreza, en esta región se concentra mucha ‘riqueza simbólica’: aquí nacieron las FARC como autodefensa campesina.
Para subsistir económicamente, el Frente 21 se valía de la estructura vertical de las FARC. Comandantes como alias ‘Mayerly’, preparada ideológicamente por grupos cercanos a Alfonso Cano[13], recogían recursos de otros frentes para mantener a su tropa. Era un claro ejemplo de cómo coca e ideología eran complementos estratégicos, pues la existencia de este frente histórico dependía de la actividad de otros frentes ricos por la droga.
Pero la coca y la ideología funcionaban como complementos estratégicos en la medida en que existía un agente central con la suficiente capacidad de sanción y coerción para reprimir cualquier resistencia a la transferencia de recursos: la reputación de Mayerly — construida a lo largo de dos décadas de vida revolucionaria — y su cercanía con Alfonso Cano llevaron a suprimir cualquier tipo de rebeldía, permitiendo al Frente 21 subsistir a partir de la canalización de recursos de frentes del Meta y del Caquetá.
Cuando las fuerzas militares comenzaron a perseguir a Mayerly, se transformó la relación con la población. En un bombardeo aéreo realizado en junio del 2009 el Ejército dio de baja al esposo de Mayerly[14].  Esto bastó para que ella ordenara la muerte de 16 presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y de varios civiles que creía que la habían delatado[15].
Los efectos fueron devastadores para la dominación guerrillera de la zona: hubo un fuerte distanciamiento con la población. Los civiles ahora sentían miedo y repudio hacia las FARC. Tenían una razón de peso para apoyar al Ejército e integrarse a la oferta institucional del Estado nacional[16].
Peor aún: para evitar que los civiles delataran a los guerrilleros, Mayerly ordenó que se intensificara el reclutamiento forzado de niños por tres motivos:
Obligaba a los padres de familia a no delatar los sitios de tránsito y de residencia de los guerrilleros; si lo hacían, su hijo tenía mayor probabilidad de ser asesinado en combate o en un bombardeo.
Fidelizaba a las madres con las necesidades de las FARC, ya que traían comida y medicamentos para que sus hijos “no pasaran necesidades”[17].
Obligaba a que el Ejército tomara medidas impopulares con los campesinos a la hora de realizar empadronamientos, pues con el control al ingreso de alimentos y medicamentos generaba antipatías entre los campesinos.
De otro lado, como las zonas de retaguardia del Frente 21 dejaron de ser seguras[18], Mayerly perdió comunicación con otros frentes. Por consiguiente, las facilidades para transferir recursos disminuyeron, lo que obligó a Mayerly a replantear su estrategia de financiación. Las milicias urbanas — que debían rendir cuentas al Frente 21 y a la columna móvil Jacobo Arenas[19] — se reactivaron a mediados del 2010.
La extorsión iba a sustituir los recursos de la droga provenientes de otros frentes y serían los pobres sectores productivos locales quiénes sostendrían la carga económica de la guerra. Por ejemplo, en Planadas las milicias urbanas extorsionaban mensualmente a todos los sectores económicos, incluso a los vendedores de minutos. La siguiente tabla muestra el sector económico y la tarifa que aún hoy cobra la guerrilla:
Tabla 1. Extorsión en Planadas[20]
Cafeteros (cobro por hectárea de café)
Comerciante de combustible (cobro por bomba de gasolina)
Paradójicamente, la institucionalización de la extorsión en los municipios del Sur de Tolima, condujo a una bandolerización de las FARC. Hasta finales del 2009, los recursos de la coca de otros frentes guerrilleros habían permitido al frente 21 preservar la idea de la revolución campesina, que se originó con el mito fundacional de Marquetalia.
Ahora la bandolerización se refleja no solo en una lógica de extorsión mafiosa, sino también en la imitación de métodos de reclutamiento del narco. Milicianos en la vereda Paujil de Ataco y en el corregimiento La Marina en Chaparral reclutan a menores de edad ofreciendo motos y bienes de consumo como maquillaje, carteras y joyas[21].
El atractivo para reclutar nuevos miembros ya no reposa en una ideología revolucionaria ni en la oferta de alfabetización ni en los espacios de socialización en la camaradería comunista. Por el contrario, prima la misma oferta del narcotráfico para reclutar a vendedores de droga y sicarios.  Los milicianos en Chaparral y Ataco no vacilan en ostentar collares, camisas y tenis de marca[22].
Muchos civiles afectados por la extorsión del Frente 21 han llegado a pensar que “la guerrilla perdió su norte”[23]. Su opinión confirma el proceso de bandolerización de la guerrilla: la coca y la ortodoxia marxista son cada vez menos un complemento estratégico. Pero es muy difícil que fuera de otro modo.
¿Qué se le puede pedir a un comandante de frente que tiene que lidiar a diario con bombardeos y emboscadas y que está sentado sobre una mina de coca y de oro que podría ser suya y de su comunidad, mientras la élite de las FARC se explaya en La Habana, sin prisas, entre maratónicos discursos sobre lo divino y lo humano?
* Profesor de la Universidad de los Andes y profesor invitado de la universidad EAFIT.
**  Investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y estudiante de Maestría en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional.
[1]        Rangel, Alfredo (1999). “Las FARC-EP: una mirada actual”. En Malcom Deas y María Llorente (comp). Reconocer la Guerra para construir la Paz. Bogotá: CEREC. Pizarro, 2004: 70). Pizarro, Eduardo (2004), Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado colombiano. Bogotá: Editorial Norma.
[2]        Aguilera, Mario (2010), Las FARC: La guerrilla campesina, 1949-2010. ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?, Bogotá: Arfo Editores. Gutiérrez, Francisco (2008), Telling the Differences: Guerrillas and Paramilitaries in Colombian War”, en Politics and Society, vol. 36 (marzo).  Pécaut, Daniel (2006), “Las FARC: Fuentes de su longevidad y cohesión”, en Revista Análisis Político no. 63.
[3]        Los primeros líderes guerrilleros de origen campesino que resistieron en Marquetalia conformaron parte del estado mayor de la guerrilla: Manuel Marulanda, Isaías Pardo, Tula Pardo, Darío Lozano, Jaime Guaracas, Joselo Eduardo Lozada, Chucho Nazareno y Rogelio Díaz. Al respecto, véase: Medina, Carlos (2011), “FARC-EP Flujos y reflujos. La guerra en las regiones”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
[4]        Ospina, Carlos (marzo de 2008), “La derrota de las FARC”. En Center for Hemispheric Defense Studies.
[5]        Aguilera, Mario (2013), “Las FARC: auge y quiebre del modelo de guerra”, en Revista Análisis Político, No. 77 – enero-abril. Pp. 85-112.
[6]        De ahí que el Informe, “Persistencia y Productividad de la Coca en la Región Pacífico”, elaborado por UNOCD y la Dirección Nacional de Estupefacientes, encontrara una correlación entre densidad de cultivos de coca y deforestación de ecosistemas.
[7]        En la Serranía de la Macarena, la guerrilla administraba la vida campesina, pues proveía diferentes servicios de justicia (definición de linderos, castigos para alcohólicos, drogadictos y homosexuales, sanciones a funcionarios corruptos y regulación del mercado de tierras) antes y durante la Zona de Despeje. Véase: Espinosa, Nicolás (2009), “El campo jurídico del “otro Derecho” en la Sierra de La Macarena. Elementos para un análisis crítico de la justicia alternativa en una zona de fuerte conflicto armado”. En Revista Colombiana de Sociología , vol. 32 no. 2. Y también: Aguilera, Mario (2009), “Las zonas de retaguardia guerrillera: contrapoder y justicia en el auge y declive de la insurgencia (1985 – 2003), en La Justicia de los Contrapoderes, Bogotá: IEPRI.
[8]        Revista Semana, 13 de febrero de 2010: “Los fusilados de las FARC”.
[9]        Entrevista a ex oficial del Ejército en Bogotá el 16 de abril de 2013.
[10]      No es casual que muchos investigadores cuenten como anécdota de su trabajo de campo que el perfil de los comandantes locales se adivina de acuerdo al tipo de música que se escucha en el lugar. Si es un mando de origen citadino ideologizado se escucha trova cubana y si es de origen campesino cocalero corridos prohibidos.
[11]      Felbab-Brown, Vanda (2010): “Shooting Up: Counterinsurgency and The War on Drugs”, Brookings Institutions.
[12]      Los autores están en deuda con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) por las contribuciones significativas que han dado para la elaboración del estudio de caso.
[13]      Entrevista a experto local en Ibagué el 02 de abril de 2013
[14]      Entrevista a experto local en Ibagué el 02 de abril de 2013
[15]      Alias Mayerly, fin de 15 años de vida sanguinaria en las FARC – http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7801404
[16]      Entrevista a experto local en Ibagué el 02 de abril de 2013
[17]      Entrevista  experto local en Ibagué el 01 de abril de 2013
[18]      Principalmente en el Cañón de las Hermosas, el Cañón del Cambril y Puerto Saldaña
[19]      Entrevista a experto local en Ibagué el 01 de abril de 2013
[20]      Datos recogidos de una entrevista a un funcionario público el 02 de abril de 2013 en Ibagué
[21]      Entrevista telefónica con defensora de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2013
[22]      Entrevista con experto local en Ibagué el 01 de abril de 2013
[23]      Grupo focal realizado en Ibagué el 02 de abril de 2013
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