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La Fiscalía de Bolivia ordenó el arresto del excomandante de las Fuerzas Armadas y del exjefe de la policía por haber solicitado la renuncia del presidente Evo Morales durante la crisis política de hace poco más de un año, mientras el partido de gobierno impulsa un juicio por supuesto golpe de Estado contra varios opositores y exjefes militares.
El general William Kaliman junto a su Estado Mayor y el entonces comandante de la policía, Yuri Calderón, sugirieron públicamente la renuncia de Morales en noviembre de 2019 cuando el país estaba sumido en un estallido social que dejó 36 muertos tras las fallidas elecciones de un mes antes que fueron calificadas de fraudulentas. La crisis precipitó la dimisión de Morales.
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El caso avivó nuevamente la polémica entre el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos líderes son el presidente Luis Arce y Morales, que alegan que fue un golpe de Estado digitado por la derecha mientras los opositores sostienen que se trató de una rebelión popular ante un supuesto fraude electoral.
En una postura inédita, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que enfrentó a las dictaduras militares en los 70 y 80, apoyó a los jefes militares y policiales porque ‘salieron en defensa del pueblo’.
Tanto Kaliman como Calderón habían sugerido la renuncia de Morales para pacificar al país, sumido en violentos enfrentamientos callejeros entre partidarios y opositores del exmandatario.
El primero no ha sido detenido hasta el viernes y el segundo no fue hallado en su domicilio para asumir su defensa en un juicio por sedición y conspiración en el que también están investigados la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien asumió tras la renuncia de Morales, y varios de sus exministros.
Otro de los investigados es el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de las protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios regionales del pasado domingo y cuyo cómputo oficial aún no ha concluido. Camacho no tiene orden de detención y debió declarar el jueves, pero la audiencia fue suspendida por la presencia masiva de sus seguidores en las puertas del juzgado.
Jefes militares y policiales y líderes políticos opositores también son investigados por dos masacres de seguidores de Morales perpetradas por las fuerzas de seguridad.
Para el diputado opositor Edwin Bazán ‘el MAS montó un operativo judicial para implantar una mentira de que hubo un golpe de Estado cuando lo que hubo fue un fraude’.
Los opositores acusaron al gobierno de manipular a la justicia.
Desde Washington, la organización Human Rights Watch criticó al gobierno de Arce y al Poder Legislativo boliviano, dominado por el MAS, por ‘abrir las puertas a la impunidad por delitos graves’ tras aprobar en febrero un decreto de amnistía para los partidarios de Morales que participaron en las protestas.