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En las últimas semanas he tenido abandonada Voces de Ávila, por haberme dedicado a la campaña electoral y a trabajos de jardinería.
Me presenté en mi pueblo (Navaluenga) por la coalición de IU-Equo; recibimos pocos votos y no obtuvimos representación. Y sí, me decepcionó que tan poca gente dieran importancia a los valores en los que basamos nuestro programa: Transparencia, Igualdad y Ecología. Pero la mayor decepción no fue no haber sacado ninguna concejala, sino el hecho de que más de 800 personas (de las 1.720 con derecho a voto) hayan aprobado un gobierno local caracterizado por la arbitrariedad, por el favoritismo y la discriminación, por la total falta de transparencia, por el fomento de un turismo masificado que ahuyenta a muchos residentes y semiresidentes, por la destrucción del patrimonio natural, por unos gastos sociales ridícularmente pequeños de los presupuestos, por permitir y fomentar que los coches invadan el pueblo completamente, por su arrogancia y por sus abusos de poder…
Creo que todas las personas que formábamos las cuatro candidaturas que nos presentábamos desafiando al PP teníamos la esperanza de que empezara un período sin mayoría absoluta, con un gobierno que tuviera que negociar y dialogar y buscar soluciones aceptables para todos.
Y en lugar de eso, el PP obtuvieron una mayoría absoluta aun más grande que antes, con 6 de los ahora 9 concejales (en las últimas elecciones eran 11, pero igual que la mayoría de los municipios abulenses, Navaluenga está perdiendo población).
Seguramente muchas personas les votaron por convicción ideológica, o porque los candidatos eran del pueblo -mientras que los de las otras listas se nos consideran “de fuera”-, o porque realmente prefieren que Navaluenga bata records en cuanto a visitas aunque perjudica a la convivencia, y prefieren los “macroproyectos” ante inversiones más modestas aunque estas beneficiarían a más gente.
Sin embargo, pienso que los resultados también se explican en parte por el fuerte arraigo en estas tierras del sistema de “clientelismo”. En este sistema los votantes -que se consideran más como clientes que como ciudadanos- obtienen favores (por ejemplo acceso privilegiado a empleos, bienes y servicios, o una mayor permisividad en cuanto al incumplimiento de las normas), a cambio de su apoyo. A la vez se suele utilizar la amenaza de perjudicar a los que no colaboran con el sistema. De esta forma las personas dejamos de ser iguales ante las instituciones y la ley; el trato depende de la relación con los que ostentan el poder.
Esto es algo profundamente antidemocrático, y muy cercano a la corrupción, ya que se utilizan el poder y los recursos público para fines particulares.
Pues en este panorama, conviene recordar que la democracia no consiste solo en la existencia de elecciones periódicas, sino que, según una definición que leí hace poco, es “un sistema que respeta los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades, que busca ser un sistema justo y velar por el bienestar general de la sociedad.”
Y que por mucha mayoría con la que un partido haya ganado estas elecciones, esta no les exime de la obligación de cumplir las leyes – incluso las que tienen que ver con la transparencia, y con el medio ambiente.
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