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Inicio TemasInternacional 2011: el mundo. El acuerdo en la zona euro: otro motivo para la indignación
Escrito por Jorge Iván González diciembre 19, 2011
Un año de sobresaltos que acabó en mantener con vida artificial al euro – y en salvar a los banqueros de Europa. Pero quedan lecciones de calado: sobre la ignorancia y la doble moral de los tecnócratas, sobre la Banca Central que en verdad se necesita, sobre quién paga los platos rotos, y sobre por qué los Indignados tienen la razón.
¡El euro se salvó! Este fue el grito de euforia que se escuchó tras los últimos acuerdos a los que se llegó en Europa, bajo el liderazgo de Merkel y Sarkozy. Frente a esa declaración vale la pena reflexionar sobre tres aspectos cruciales del problema.
El primero es la facilidad con que la teoría económica cambia su criterio de lo bueno y lo malo.
El segundo es la nueva función del Banco Central Europeo (BCE).
Y el tercero tiene que ver con los motivos del movimiento de los indignados.
Es interesante constatar la facilidad con la que la sofisticada tecnocracia internacional va cambiando sus criterios sobre los límites de lo posible. Los mensajes apocalípticos se presentan como si fueran objetivos y estuvieran respaldados por análisis científicos. Esta pretensión desconoce que en realidad los indicadores se han ido moldeando de acuerdo con las circunstancias. Los indicadores de la deuda son un buen ejemplo de la falta de estándares duros.
El cuadro anterior muestra la evolución de la deuda pública de Estados Unidos, de algunos países de la zona Euro, de Japón y del Reino Unido. Las dos últimas columnas corresponden a las proyecciones que hace el Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea para 2011 y 2012.
Al observar los valores correspondientes al 2011, se constata que la “mejor” situación es la de España con un saldo de la deuda pública que equivale al 73,6 por ciento del PIB. La peor condición es la de Japón (212,7 por ciento).
En la zona euro los países que más preocupación han causado son Grecia (157,1 por ciento), Italia (129 por ciento) e Irlanda (120,4 por ciento), pero ninguno en el cuadro ha respetado el techo del 60 por ciento, una de las tres reglas del Tratado de Maastricht para pertenecer a esta privilegiada zona monetaria.
En Estados Unidos, el saldo de la deuda pública es 101,1 por ciento del PIB. Estos porcentajes son muy difíciles de reducir. Se le está exigiendo a Grecia que tome las medidas necesarias para que este coeficiente baje a 120 por ciento en 2020 y hay muchas dudas de que pueda lograrlo.
Todas las cifras del cuadro son absolutamente descabelladas, si se miran con los ojos que tenían los banqueros en los años ochenta y noventa, cuando el mundo se alarmó con la crisis de la deuda latinoamericana.
Vale la pena recordar que cuando Argentina firmó el Plan Brady en 1993, su deuda era de 64 mil millones de dólares, equivalente al 28 por ciento del PIB. A la luz de lo que está sucediendo hoy en Europa, Japón y Estados Unidos este porcentaje es irrisorio.
Los indicadores que llevaron a severos procesos de ajuste en América Latina en los noventa, hoy serían calificados de óptimos. El porcentaje de la deuda argentina de 1993 es 3 veces menor que el de la deuda actual de los Estados Unidos, 5,6 veces menor que al Grecia y 7 veces menor que el de Japón.
Por aquellos días, se les cerraron las fuentes de recursos frescos a los países endeudados de América Latina. Hoy el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (EFSF) está respaldando con 400 mil millones de euros un paquete de ayuda que podría llegar al billón de euros.
Simplemente para que sirva de referencia, en Colombia en el 2010 el saldo de la deuda pública era de 39 por ciento sobre el PIB. El porcentaje es mayor que en Argentina en el 93, pero es muy inferior al de los países reseñados en el cuadro. El Ministerio de Hacienda prendió las alarmas y el Congreso modificó la Constitución (acto legislativo 03 de julio 1° de 2011) y aprobó la ley de regla fiscal (ley 1473 de julio 5 de 2011), que obliga a reducir el gasto para que se cumpla con el nivel de balance fiscal primario que se juzga óptimo.
Para nuestro ministro de Hacienda – el mejor de América Latina – un saldo de la deuda pública de 39 por ciento del PIB es inaceptable. Para los banqueros europeos sería ideal que el saldo de la deuda griega se redujera de 157,1 por ciento a 120 por ciento.
Y en los años noventa la deuda argentina del 28 por ciento se consideraba inviable. Frente a estos criterios “científicos” tan cambiantes, las calificadoras de riesgos y los gobiernos deben reconocer humildemente que no tienen la menor idea de cuál es la relación entre saldo de la deuda pública y PIB que se podría considerar razonable.
La función del Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo (BCE), por los días de la Comisión Delors, fue concebido por Triffin y Aglietta como un banco de tipo keynesiano, que además de garantizar la estabilidad monetaria, podía realizar operaciones de fomento. Para estos autores, el BCE era la solución a la volatilidad financiera, porque los movimientos de la “serpiente” del ECU (canasta de monedas europea) eran cada vez más erráticos. Pero, además, pensaban que el BCE también podía tener una incidencia positiva en el empleo y el bienestar.
En contra de la visión de Triffin y Aglietta, el BCE terminó encerrado en el marco estrecho de los bancos centrales de tipo friedmaniano: su función principal es regular los flujos monetarios y controlar la inflación, sin importar las consecuencias que estas medidas puedan tener sobre el empleo y el bien-estar de los ciudadanos.
Pero el BCE no puede cumplir esta tarea porque los Estados europeos son autónomos en la definición de sus políticas fiscales. El conflicto es insoluble, a no ser que Europa cree una autoridad política común supranacional que le imponga reglas fiscales a todos los Estados miembros. Pero ni siquiera así se logrará que los países respeten los semáforos y las advertencias de las calificadoras de riesgo.
Que la indignación continúe
Las soluciones propuestas olvidan que el problema central de los países no es el gasto, sino la concentración del ingreso derivada de políticas fiscales que no afectan a los más ricos. Dócilmente, los gobiernos de Italia y Grecia le han dicho al BCE que reducirán el gasto.
Pero los países europeos no han creado ningún mecanismo serio para evitar que el 1 por ciento de la población siga siendo propietario del 40 por ciento de la riqueza. El verdadero problema es la incapacidad de cobrarles impuestos a los más ricos.
El tema central es político, y no debería desviarse hacia indicadores financieros fofos. Estos días Stiglitz expresaba su indignación. Recordaba que mientras Lincoln declaraba que “… that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”, el orden financiero del mundo contemporáneo ha llevado a que los gobiernos sean “… del 1 por ciento, para el 1 por ciento y por el 1 por ciento”.
Mientras que las calificadoras de riesgo y el BCE discuten sobre nuevos indicadores, el Banco de Pagos Internacionales crea índices más ácidos, el Congreso colombiano aprueba la regla fiscal, los gobiernos no quieren prestarle atención a una relación francamente indignante: 1/40.
Si los impuestos a los ricos aumentan, el saldo de la deuda disminuye. Así de simple. Y todavía sería más sencillo si se les oye. Warren Buffett, de Nebraska, que entra holgadamente en el 1 por ciento de los más ricos del mundo — su fortuna es de 52 mil millones de dólares — le ha pedido al gobierno norteamericano que por favor le cobre la misma tarifa de impuestos que a su secretaria (22 por ciento). No le parece adecuado continuar con una tarifa del 11 por ciento, que él juzga muy baja. Otros ricos del mundo lo han apoyado.
Mientras tanto, los republicanos se niegan a aumentar los impuestos para ese 1 por ciento. Buffett tiene tres razones para pedir que le suban los tributos: primero, la gente no continuará manifestando en Wall Street; segundo, bajarán los aportes que hace la clase media y los pobres a la seguridad social y, tercero, el ingreso disponible del grueso de la población aumentará y las empresas de Buffett venderán más.
En su manifiesto, Indignez-Vous! [1], Hessel critica los argumentos de los banqueros contemporáneos. Recuerda que a finales de los años cuarenta, terminada la guerra y la resistencia contra los nazis, Francia y otros estados europeos comenzaron a consolidar el Estado del Bienestar. En aquella época no había riqueza y, sin embargo, los avances en seguridad social fueron sorprendentes. La preocupación genuina por la igualdad y la solidaridad permitieron mejorar el bienestar general.
No entiende Hessel por qué razón en este momento, cuando Europa es considerablemente más rica que en los años cuarenta, los banqueros insisten en que es necesario reducir la seguridad social. Invita a que la indignación continúe, porque el saldo de la deuda tiene que cerrarse por el lado de los ingresos y no recortando el gasto social. ¡Que tribute el 1 por ciento que tiene el 40 por ciento de la riqueza del mundo!
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