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El desgreño institucional del Distrito Capital incluye un concejo inoperante y deslegitimado. El voto en blanco lo confirma. Pero por el bien de la ciudad, es urgente rediseñar las relaciones entre el cabildo y la administración.
El Concejo de Bogotá había logrado pasar de agache a lo largo de los escándalos de corrupción dentro del Distrito, hasta la reciente detención del concejal Hipólito Moreno en el marco del “carrusel de la contratación”.
En un primer momento, los investigadores se concentraron sobre el ex alcalde Samuel Moreno y sobre varios contratistas — especialmente los Nule — como si el problema se redujera a la actuación indebida de algunos personajes. Es más: a partir de las elecciones de octubre de 2011, la opinión pública se polarizó en torno al nuevo alcalde Gustavo Petro – una burbuja inflada por los medios que no ha dejado espacio para analizar
serenamente el problema del cabildo distrital.
No obstante, las decisiones judiciales de la semana pasada ya estaban cantadas y confirman lo que desde hace mucho tiempo era vox populi: que ciertos concejales de larga trayectoria mantienen “feudos” en ciertas instituciones del Distrito, donde controlan la nómina y los contratos –incluyendo a las propias entidades de control.
En este sentido, los concejales siempre estuvieron en el corazón del “carrusel de la contratación”. Por este hecho evidente resulta ser asombroso que el debate político no se hubiera producido antes y con mayor intensidad.  Y no es para menos: el Concejo de Bogotá ha alcanzado unos niveles críticos de falta de legitimidad y debería ser objeto, ahora sí, de un escrutinio profundo por parte de la ciudadanía.
Los electores, a decir verdad, no se habían equivocado: el verdadero ganador de las elecciones para Concejo en 2011 fue el voto en blanco, por encima de las listas de la U y del Movimiento Progresistas. El voto en blanco representó más del 15 por ciento de los votos válidos: el caso de Bogotá se destaca claramente en el panorama nacional (ver mapa más abajo). Pero curiosamente semejante campanazo no ha sido escuchado.
En este artículo pretendo llamar la atención sobre un fenómeno institucional que constituye uno de los nudos del asunto: la renuncia de los partidos políticos a ejercer el papel que les incumbe en relación con sus bancadas en el Concejo.
Pese a ciertas opiniones escépticas al respecto, la evidencia aportada por investigaciones serias demuestra que – gracias a las varias  reformas políticas de los últimos diez años – los partidos sí intentaron asumir un tímido protagonismo en el escenario político nacional.
Sin embargo, en el ámbito local, los concejales y los ediles siguen actuando como ruedas sueltas, sin rendir cuentas a nadie:
·  ¿Cómo explicar, si no, que la bancada de la U acabara siendo parte de la coalición que gobernó a Bogotá bajo Samuel Moreno, a pesar de las señales no muy sutiles que en su momento envió el presidente Uribe a favor de Peñalosa, su adversario en la campaña para la alcaldía?
·  ¿O que el partido Verde — que pretendió encarnar una nueva ética de lo público en el ámbito nacional — acabara avalando a unos de los personajes que hoy día están en el centro de la polémica?
· Sin hablar del Polo Democrático, que apoyó a Samuel Moreno hasta el final, bajo el pretexto de la presunción de inocencia, confundiendo alegremente responsabilidad política con responsabilidad penal.
Tras la inculpación de Hipólito Moreno, el senador Juan Lozano sugirió que el partido de la U tenía que pedir perdón por el cartel de la contratación, y Simón Gaviria anunció que todo concejal del partido liberal que fuera inculpado sería sancionado. Estas declaraciones son loables, pero tardías e insuficientes. La de Gaviria, en particular, mantiene la ya conocida y perniciosa premisa de que la intervención del partido se supedita a la acción de la justicia.
Los partidos no solo deben responsabilizarse de veras por los avales que dan — fiscalizando la acción de sus representantes electos durante todo el mandato y aplicando las sanciones pertinentes cuando sea necesario — sino que deben implicarse en el trabajo de sus bancadas en el Concejo.
Como los partidos renunciaron a jugar este papel durante tanto tiempo, algunos concejales se acostumbraron a vincularse con los gobiernos distritales mediante intercambios de apoyo político por puestos y contratos.
Esta relación instrumental impidió que los gobiernos distritales acudieran a las bancadas afines para tomar sus grandes decisiones y -por supuesto- que las bancadas no afines ejercieran un control político eficaz: de esta manera el concejo acabó aislado – no ya solo de los directorios nacionales de los partidos – sino también del gobierno distrital. Jamás existió un mecanismo análogo a la Mesa de Unidad Nacional para coordinar el trabajo del alcalde y de su coalición de gobierno.
Cuando el alcalde no tiene mayoría, como ocurre hoy, es inevitable el resultado de un conflicto abierto. Es notaria incluso la falta de comunicación entre la bancada Progresista y la administración distrital. El resultado es un concejo distrital inoperante, poco visible, donde los electores no se sienten representados, y por supuesto, permeado por la corrupción.
Qué se puede hacer ya
Ante tal desgreño institucional, la respuesta no puede limitarse a la indignación fácil o a buscar chivos expiatorios. La gravedad de la situación exige diseñar un nuevo modelo de relaciones entre el Concejo y el Gobierno de la ciudad.
La administración tiene que poner de su parte. La intención del alcalde Petro de “rescatar lo público” va incontestablemente en el buen sentido, pero resulta contradictoria si se interpreta como el proyecto de una sola persona.
Para empezar a diseñar este nuevo modelo y salir del impasse actual, sería bueno que el alcalde desempolvara su vieja idea de un “acuerdo sobre lo fundamental”, que pretendía adelantar con el gobierno Santos en el ámbito nacional. Eso implicaría un esfuerzo más consistente para dialogar con el concejo que, por supuesto, no está conformado exclusivamente por “mafiosos”,  como dio a entender. La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a la Secretaría de Gobierno — una persona respetada por muchos adversarios de la administración actual — podría ser una buena oportunidad para replantear la relación.
Por su parte, el concejo deberá admitir que sufre un grave déficit de legitimidad y reflexionar sobre el papel que jugaron varios de sus miembros en el descalabro de la ciudad, para blindarse contra este tipo de prácticas.  La crisis exige una respuesta seria y el concejo no puede seguir fingiendo que no pasa nada.
Desde luego, esto no implica dejar de hacer oposición a Petro, lo que puede ser incluso una situación sana para experimentar este nuevo modelo de relación. En cambio, sí implica imaginar y concertar con la administración y los partidos políticos mecanismos colectivos de trabajo con fiscalización y rendición de cuentas, de cara a estos últimos y a los ciudadanos.
Un acuerdo para sustentar esta propuesta debería incorporar los puntos siguientes, como mínimo:
·  reforzar la función pública distrital para evitar que las entidades se vuelvan feudos de los concejales.  No se puede seguir con una administración compuesta en un 50 por ciento — o más en ciertas entidades — por contratistas vulnerables a la presión política, cuando no son ellos mismos clientes de algún político.
·  un compromiso para que el nombramiento de los titulares de los organismos de control sea debatido públicamente y consensuado de la manera más amplia posible en el seno del concejo, ojalá con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y acordados en conjunto con los partidos. Se trata de evitar que quienes deben velar por el buen funcionamiento de la administración distrital acaben implicados ellos mismos en asuntos de corrupción, como ocurrió durante la administración de Samuel Moreno.
·  un mecanismo de concertación para asociar estrechamente la coalición oficialista en el concejo (ya sea mayoritaria o minoritaria) con la toma de decisiones en el gobierno distrital, y donde participen los partidos políticos correspondientes.
·  un mecanismo que organice a la oposición en el distrito, para que se ejerza de manera más colectiva, más concertada entre las bancadas que la componen y con  mejores líneas de comunicaciones con los directorios de los partidos. En fin, una oposición más eficaz, más visible y más transparente.
Sobre semejantes bases, y con la depuración que se estará haciendo a medida que avancen las investigaciones judiciales, el concejo podrá volver a ser parte de las soluciones que la ciudad necesita en forma urgente. Si el concejo insiste en oponerse a la administración Petro, por lo menos que no se pueda interpretar tan fácilmente como un pataleo permanente para volver a las viejas prácticas.
Tendrá que explicar a qué se opone precisamente: a pesar de la sinceridad y de las buenas intenciones de algunos concejales, los pretextos aducidos sobre acercamientos supuestamente “clientelistas” por parte del gobierno distrital no resultan creíbles, cuando muchos de sus miembros actuales fueron tan complacientes en la época de verdaderos acuerdos clientelistas que se hacían por debajo de la mesa y cuando los partidos representados acuden en el ámbito nacional a las mismas prácticas que propone Petro.
Finalmente, el concejo deberá presentar sus propias proposiciones — concertadas e identificables — para aportar una solución coherente, por ejemplo, en el tema de la valorización que él mismo votó en su momento.
*     Profesor y director del Observatorio de Procesos Electorales de las facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
carrusel de la contrataciónConcejo de BogotáHipólito MorenoYann Basset
*Director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
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