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La politización de las altas cortes, el cruce de favores y el exceso de poder de  Procuraduría y Fiscalía son tres muestras indudables del mal diseño que nos dejó la Constitución de 1991. Pero el Congreso no es buen lugar para hacer la reforma.
La administración de justicia atraviesa por una de sus crisis más profundas: politización, hipertrofia, congestión, impunidad, ineficiencia y burocratización.
Los escándalos son frecuentes y la opinión, con sabiduría y exactitud, los califica como “choques de trenes”, “carruseles de pensiones”, “cruceros judiciales”, “rosco-gramas”, “puertas giratorias” y otras muchas maneras que describen, con jocosa ironía, los enfrentamientos institucionales, los abusos para obtener prestaciones, las componendas para elegir magistrados, los favores recíprocos y la rotación de dignidades; una tragedia que no encuentra solución.
El modelo falló y produjo resultados adversos, las corporaciones judiciales adquirieron los vicios políticos y las malas prácticas.
A lo anterior se suman absurdos tales como la posible vigencia de la anterior y fallida reforma a la justicia, que fue excepcionalmente objetada por inconstitucionalidad y archivada en el Congreso. La Corte Constitucional consideró en dos oportunidades que esta no había nacido a la vida jurídica y que su trámite no merecía escrutinio constitucional.
Ahora el Consejo de Estado estudia el decreto que convocó a sesiones extraordinarias para debatir las objeciones de la reforma, con posibilidad de declarar su nulidad y abrir así un nuevo escenario de incertidumbres, en el cual algunos podrían sostener que la  reforma en cuestión no requeriría de promulgación formal para entrar en vigencia.
Así las cosas, adoptar las decisiones necesarias para conjurar la crisis resulta inaplazable.
El Fiscal General Luis Eduardo Montealegre junto al
Foto: Fiscalía General de la Nación
El presidente Santos ha anunciado la presentación de una nueva reforma a la justicia que elimine las funciones electorales que tienen las altas corporaciones judiciales en relación con otras autoridades del Estado, como procurador, contralor, fiscal y defensor, así como evitar la rotación de las mismas personas en distintas corporaciones o dignidades. A esto se sumaría la revisión de las facultades y atribuciones de los órganos de control y fiscalización.
En consecuencia, la propuesta gubernamental atacaría (a) la politización de las corporaciones judiciales. (b) la rotación en dignidades y (c) el exceso de funciones o poderes de la Procuraduría y de la Contraloría.
Muchas veces se ha dicho que el constituyente de 1991 ingenuamente atribuyó funciones electorales a las altas cortes con la intención de sanear la actividad política y que la dignidad de la magistratura pusiera un referente muy alto para neutralizar el clientelismo y la burocratización. El modelo falló y produjo resultados adversos, las corporaciones judiciales adquirieron los vicios políticos y las malas prácticas.
El diseño constitucional de la Rama Judicial ha sido deficiente desde su origen en 1991, porque se excedió en controles a los congresistas y mantuvo el control político de los magistrados en el Congreso.
La llamada “puerta giratoria” no es más que el fácil cabildeo entre colegas para alcanzar una nueva posición, con la posibilidad de retribuir los favores a través de nombramientos y contratos en el nuevo organismo o en otros afines hasta donde se extienden las influencias.
La extensión de las funciones de los organismos de control y de fiscalización no solo se debe a las lógicas expansivas propias del poder, sino también a las ineficiencias de la función judicial, que ha sido la causa remota del fortalecimiento de los fiscalizadores.
No hay duda alguna, el primer problema se resuelve suprimiendo las funciones electorales de las altas cortes. Sin embargo, existe un reto mayor: ¿qué organismo y bajo cuál procedimiento deben elegir a procurador, contralor y fiscal, sin contagio de las malas prácticas?
En cambio, la “puerta giratoria” se soluciona fácilmente mediante la prohibición o la inhabilidad correspondiente.
El asunto de los organismos de control es bien distinto. No es descabellada la posibilidad de considerar la supresión de la Procuraduría o de la Contraloría y establecer controles bajo otros sistemas tales como fortalecer el control disciplinario dentro del respectivo organismo,  o los tribunales de cuentas.
Si la opción fuera establecer limitaciones a los órganos de control, bastaría con la revisión de las funciones constitucionales y con modificar los estatutos legales respectivos. Lo cierto es que se trata de grandes aparatos burocráticos, costosos e ineficientes, que parecen obedecer más al juego político de coyuntura que a castigar efectivamente la desidia y corrupción de las administraciones.
Un  problema de fondo
El diseño constitucional de la Rama Judicial ha sido deficiente desde su origen en 1991, porque se excedió en controles a los congresistas y mantuvo el control político de los magistrados en el Congreso, en un absurdo cruce de controles recíprocos, que rápidamente se desquiciaron a favor de los jueces y en contra de los políticos.
No se olvidan la voz entrecortada y los ojos al borde de las lágrimas de algún consejero de Estado que fue citado ante la Comisión de Acusaciones tras haber decretado la pérdida de investidura de algunos congresistas, alegando que era objeto de una burda retaliación.
Lo cierto es que desde 1991 no se ha juzgado a ningún magistrado de alguna de las altas cortes, lo cual confirma un régimen de irresponsabilidad, inaceptable en un Estado de Derecho.
También es cierto que el constituyente de 1991 confió al Consejo Superior de la Judicatura el control disciplinario de los magistrados de las altas cortes, pero muy pronto la Corte Constitucional se encargó de modular estas funciones y autoexcluirse, junto con sus otros colegas, del control disciplinario.
La elección de los magistrados tampoco ha dado buenos resultados. Ya sea mediante las  ternas o mediante las listas, el sistema promueve la auto-nominación y la cultura de favores y retribuciones que ha desembocado en la consolidación de grupos de poder dentro de las cortes y consejos.
La Contralora General Sandra Morelli.
Foto: Contraloría General de la República
Cualquier reforma a la justicia que pretenda atacar las causas de la crisis tiene que ocuparse del tema del juzgamiento y control político de los funcionarios de los órganos límite de cada una de las ramas del poder público, de manera que evite los controles recíprocos entre el Congreso y las corporaciones judiciales, teniendo en cuenta que las experiencias pasadas no han sido exitosas.
El régimen que actualmente se aplica a los congresistas de perdida de investidura, inhabilidades, comisiones éticas, controles disciplinarios y fuero penal no tiene ningún equivalente respecto de los magistrados, el fiscal, el contralor  o el procurador.
La elección de los máximos funcionarios de cada uno de los altos órganos de las ramas del poder público, que no sean de elección popular, debe ser revisada cuidadosamente, para considerar si deben ser elegidos por el Congreso, que goza de legitimidad democrática, o si se debe acudir a otras fórmulas que garanticen idoneidad y representatividad.
En cuanto a los magistrados de las altas cortes, no bastaría con ajustar las disposiciones constitucionales y legales relativas a su elección. También es necesario asegurarse de escoger a los mejores juristas del país, y hacerlo en el entendido de que  la magistratura no puede ser un peldaño más en sus carreras profesionales o políticas, sino una última forma de servicio que no conduce finalmente sino al retiro.
Además, en la actual coyuntura de las negociaciones con las FARC, dentro del marco jurídico para la paz, que regula la aplicación de la justicia transicional, serán indispensables la credibilidad y eficiencia de la administración de justicia, pues si falla este último eslabón de la cadena, no habrán valido los esfuerzos previos de los acuerdos ni la expedición de las leyes estatutarias.
¿Quién debe hacer la reforma?
En la actual coyuntura de las negociaciones con las FARC, dentro del marco jurídico para la paz, que regula la aplicación de la justicia transicional, serán indispensables la credibilidad y eficiencia de la administración de justicia.
Por último, cabe preguntar cuál es el órgano apropiado para hacer la reforma y cuál el procedimiento para adelantarla, pues los miembros del Congreso son objeto de los controles judiciales y tendrían intereses al respecto.
Intentar la concertación con los magistrados de las altas cortes demostró, en la pasada fallida reforma, que no era más que una forma de permitir la subsistencia de privilegios y beneficios.
Entonces, se debe considerar la convocatoria de una asamblea constituyente en los términos del Artículo 376 de la Constitución, que, como órgano especializado, se dedique a la reforma bajo los controles constitucionales que se aplicarían a la convocatoria y el propio acto legislativo de reforma.
El presidente tiene razón en suprimir las funciones electorales de las cortes y consejos, así mismo, en evitar la “puerta giratoria” y en revisar las funciones de los organismos de control, pero estos aspectos no son más que el síntoma de un mal diseño constitucional que ocasionó desbalances y distorsiones que ameritan reformas más profundas.
*Abogado  constitucionalista, exdecano de la Facultad de derecho Universidad del Rosario.
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