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En tanto se disipaba el excesivo protagonismo mediático de su antecesor, el comisionado de la Cicig guardó silencio y presuntamente trabajó, dos grandes virtudes de un juez. Sin embargo, el repertorio de “fracasos” —o de falta de pulcritud en la investigación— de muchos de los casos presentados por la Comisión, el señalamiento de acoso sexual contra uno de los inmunes investigadores, las reveladoras declaraciones de la ex fiscal Guiselle Rivera y la negativa de la jueza encargada del caso de Giammattei de modificarle el delito, desataron la tormenta.
Se consolidó aquel refrán de “quien siembra vientos recoge tempestades”.
La omnipotente Cicig, entidad político-jurídica porque política es su designación —y parece que su juego—, cuenta con dos de los incentivos más perversos: el dinero que cobran y el poder que tienen. Cuando rindió cuentas a los donantes, presentó“éxitos” de su gestión que, en parte, ahora se desvanecen. Pesquisas mediocres, inocentes en prisión, presiones desde diferentes ópticas y atrevidas, delictivas e impunes acusaciones públicas sin consistencia pero con mucha difusión enmarcan el esperpento. Raudales de arbitrariedad, injusticia y autoritarismo judicial, algo que supuestamente iban a combatir. El artificial andamiaje está apuntalado por grupúsculos de la “sociedad civil”, organizaciones paralelas de poder que se proyectan como “los buenos” y exigen ser consultadas antes de que se tomen ciertas decisiones. El actual comisionado no es una excepción y tuvo que contar con el plácet de los que alborotan el país si las cosas no se hacen como ellos, autoritarios civiles consagrados, dicen. La justicia solo se acepta y aplaude cuando está en sintonía con los intereses de esos grupos cuyos secretos fondos de financiación sirven para exigir la transparencia de otros. Hipócritas asociados en ciertas ONG que viven del cuento, de la limosna internacional y del expertis del que carecen.
El señalamiento a Castresana de haber mantenido relación con una de sus pasantes desató toda una persecución a periodistas, analistas y comunicadores acusándolos de “conspiración”.
Ahora que tampoco luce bien el panorama, regresa el mismo trillado discurso. Lo que no funciona bien —nunca lo hizo— fue el tal organismo, pero los mismos de siempre, que lo acaparan y pervierten, se niegan a reconocer su responsabilidad. La reunión privada con la “comunidad internacional” y las posteriores declaraciones de un embajador dicen poco de ese conjunto de funcionarios que protegidos por su impunidad creen poseer la verdad y se invisten de autoridad judicial por sobre la independencia de aquella. Queda por responder —y extender a todos esos— aquella interesante cuestión del vice Stein: ¿Quién supervisa a la Cicig para que no se desboque?
La gota que colma es la orden de captura dictada por un juez, apresuradamente y con nocturnidad, contra un policía y la ex fiscal Rivera, quienes objetan una investigación en curso, impidiendo que el tribunal escuche otro relato de los hechos distinto a la versión oficial. Este atropello no es nada nuevo y cuenta con antecedentes en otro ente internacional: Minugua y el caso Gerardi. En aquel entonces, la discrepancia con la versión manejada le costó el puesto a un policía que esgrimía otra tesis del asesinato y de la participación del famoso perro Baloo. Este tinte añejo y político de la “versión oficial” suele desdibujar las cosas, aclarar poco, crear muchas dudas y apesta a amañamiento. El tico tiene un reto y, aunque concertado por las élites oenegistas del país, no termina de ser calibrado por muchos, ni siquiera de quienes lo recomendaron ¡Ah, y no soy conspirador!
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 23 de noviembre 2010.
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