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El Dr.C. Carlos M. García Valdés ha comentado las propuestas que –por separado- hemos publicado recientemente Humberto Pérez y yo, relativas a cómo lidiar con la gran distorsión que representa la multiplicidad de tasas de cambio. Agradezco mucho los comentarios de García Valdés y aprovecho la oportunidad para volver sobre el tema.
– Leer Programa de Estabilidad Económica para Cuba (PEC), de Pedro Monreal.
– Leer Comentarios de Humberto Pérez.
– Leer Comentarios de Carlos M. García Valdés.
Refiriéndose a una “pugna” entre Humberto y yo, que en realidad es un intercambio fraternal, García Valdés acude a la imagen cinematográfica de los “doce hombres en pugna”, y efectivamente el cine puede ofrecer parábolas interesantes, incluyendo algunas relativas a personajes muy maltratados por Hollywood, como es el caso de los llamados “indios” norteamericanos.
Digo esto a propósito de una expresión de sentido común, atribuida a los “indios” de Dakota, conocida popularmente como la “teoría del caballo muerto”, la cual sostiene que: “cuando descubres que estás montando un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontarse”.
Desconozco si eso es veraz, pero lo cierto es que se ha convertido en una especie de leyenda que –con variaciones en su formulación- se utiliza en cursos de administración, talleres de liderazgo, y hasta en la gestión de equipos de fútbol.
Naturalmente, también se ha convertido en un material que circula por las redes sociales, de manera que supongo que muchos lectores se saben la historia; pero por si acaso la repito. El asunto es que diversas personas e instituciones no reconocen ese ejemplo de sabiduría popular y se empeñan en utilizar estrategias más “avanzadas”, tales como:
– El uso de un látigo más grande para hacer mover al caballo muerto.
– Un cambio de jinete.
– El nombramiento de una comisión para estudiar al caballo.
– Organizar visitas a otros países para ver si en otras culturas montan caballos muertos.
– Bajar los requisitos, de modo que los caballos muertos puedan ser incluidos como vivos.
– Reclasificación de los caballos muertos como vivos discapacitados.
– Contratar asesores externos que ayuden a montar un caballo muerto.
– Aprovechamiento de varios caballos muertos juntos para aumentar la velocidad.
– Proveer fondos adicionales para aumentar el rendimiento del caballo muerto.
– Hacer un estudio de productividad para ver si jinetes más ligeros podrían mejorar el rendimiento del caballo muerto.
– Declarar que como el caballo muerto no tiene que ser alimentado, es menos costoso, lo que implica menos gastos generales y, por lo tanto, contribuye sustancialmente a la mejora de la base de la economía, más de lo que hacen otros caballos.
– Redefinición de los requisitos de rendimiento esperado para el resto de los caballos.
– Y por último, pero ciertamente no menos importante: promocionar al caballo muerto a una posición de liderazgo.
El Dr. García Valdés considera que los términos “hélices”, “super-tanqueros” y “lanchas rápidas” son “turbulentos mares de conceptos y metáforas”, que pueden causar mareos. Entonces, los pongo a un lado y solamente retengo la metáfora del “caballo muerto”.
En este texto no voy a referirme, punto por punto, a los comentarios de García Valdés. Me limitaré a unos cuantos temas que considero importantes.
El Dr. García Valdés identifica los supuestos que he utilizado y llega a la conclusión de que están equivocados. Ese parece ser el caso de las condiciones básicas para el funcionamiento adecuado de un dinámico sector privado y el cooperativo, respecto al cual el comentarista critica el supuesto desconocimiento de mi parte acerca de esas condiciones –que él afirma que existen-, y me critica no haber aclarado en qué consiste el dinamismo que menciono.
Para ser preciso, haciendo gala de un lenguaje muy doctoral y en un supuesto marco de discusión científica, García Valdés afirma que “la desfachatez mayor es la primera medida o “hélice” de Monreal: “Creación de condiciones básicas para el establecimiento de un dinámico sector cooperativo y privado.” ¿Establecimiento? ¿Dónde dejó olvidadas Monreal las 5,406 cooperativas de varios tipos incluyendo casi 400 no agropecuarias? ¿Qué se hicieron los 567,982 trabajadores por cuenta propia registrados a principio de 2017. ¿Por qué no se mencionan estos hechos? Una posible respuesta es que el “sabio” no reconoce estos sujetos y está proponiendo dos sectores “dinámicos”, lo que no dice en qué consiste tal dinamismo”.
Mi respuesta breve a las cuatro preguntas:
– ¿Establecimiento?: Habría que establecerlas, porque no existen empresas privadas nacionales, a pesar de que la utilidad de estas fue incluida en el Informe Central del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, hace ya 18 meses. Es un tema al que me he referido anteriormente.
– ¿Cooperativas olvidadas?: No las he olvidado, pero su dinamismo en materia de creación de empleo neto es cero. No han creado empleo en el país. Eso es lo que reflejan las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). También es un tema al que me he referido varias veces. (Ver Tabla 7.2 – Ocupados en la economía según situación del empleo, del Anuario Estadístico de Cuba).
– ¿Qué se hicieron los 567,982 trabajadores por cuenta propia registrados a principio de 2017?: Lo que han hecho, en la mayoría de los casos, es sobrevivir. Existen diferencias de ingresos notables al interior del grupo, pero como promedio esa es una zona laboral primitivamente institucionalizada y con limitaciones sustanciales que restringen la transformación de la capacidad laboral en valor generado.
– ¿Por qué no se mencionan estos hechos?: Porque los he mencionado muy frecuentemente en lo que he escrito. El sentido de “dinámico” lo he enfocado muchas veces desde el ángulo del empleo. El sector de empresa estatal hace rato que no crea empleo neto, o sea, no es dinámico. Eso lo digo siempre. Es lo que reflejan las estadísticas oficiales. Supongo que los economistas debemos prestarles atención a los datos, pero quizás eso pudiera ser considerado como una “desfachatez”. Es cierto: las estadísticas son insolentes.
Desde el año 2010, el sector estatal ha eliminado aproximadamente un millón de empleos netos. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un proceso inconcluso. Los datos oficiales revelan que seis de cada 10 empresas estatales auditadas por la Contraloría General de la República fueron calificadas de “deficiente y mal” (58 por ciento para ser preciso, según uno de esos informes).
El doble impacto resultante de la necesidad de poner en orden las cuentas empresariales, y de la irrentabilidad adicional que supondría una eventual devaluación de la moneda nacional, pudiera significar la “salida” añadida de cientos de miles de trabajadores del sector estatal.   El reto al que se enfrentan los funcionarios que deciden la política económica nacional pudiera expresarse de diferentes maneras, pero al final se resume en una sola pregunta: ¿cómo gestionar integralmente la principal fuerza productiva del país –sus trabajadores- ante la incapacidad de la empresa estatal para hacerlo?
Los documentos oficiales que deberían guiar la reforma económica en Cuba reconocen la necesidad de esa integralidad. El texto de la “Conceptualización” expresa que la propiedad privada “cumple funciones sociales con un papel complementario, al contribuir a la satisfacción de necesidades y a la eficiencia integral de la economía”.
Llamo la atención respecto a que una función “complementaria” no significa, en modo alguno, que no desempeñe un papel estratégico. Utilizando un símil de guerra, no puede hablarse de estrategia sino está resuelta la logística. En la batalla por el desarrollo, no es racional tratar de hacer avanzar un “batallón” de empresas estatales que esté separado del resto de los componentes de la “brigada” del combate económico: la actividad privada y la cooperativa.
La objetividad por delante: lo demás es solo una conversación
Frecuentemente se escuchan opiniones que acuden al marxismo para justificar el desinterés estratégico por el sector no estatal. Me limito a recordar que el marxismo siempre intenta ser objetivo. En ese sentido, los datos disponibles no son completos ni detallados, pero son suficientes para entender que no es racional ignorar el carácter estratégico de la actividad privada y cooperativa en Cuba, porque estos son dos elementos claves para la operación integral del modelo económico y social.
En ausencia de un sector privado, la tasa abierta de desempleo en Cuba andaría hoy por el 25 por ciento. Como ha existido una capacidad de absorción privada del “excedente” laboral estatal, ha logrado evitarse ese hipotético nivel gigantesco de desempleo abierto. Se ha capeado el temporal, pero ha llegado el momento de pasar a una gestión más competente del principal factor de las fuerzas productivas del país.
Si se mantuviese la actual institucionalidad primitiva del trabajo por cuenta propia (TCP), que en más de una cosa recuerda el intervencionismo concejil de la Castilla medieval, se prolongaría el desaprovechamiento de las capacidades laborales de una buena parte del 12 por ciento del total de la fuerza laboral que ya funciona en el TCP; una cifra que pudiera incrementarse aún más con la llegada de nuevos trabajadores estales “excedentes”, una “sangría” que no parece tener fin.
No tiene sentido acudir al autoengaño en un tema tan importante como este. Donde único puede ser reubicada hoy la fuerza de trabajo “excedente” estatal es en el sector privado y en el cooperativo, aclarando que desde el año 2010 ha podido crearse empleo neto exclusivamente en la actividad privada, no en la cooperativa. (Ver Tabla 7.2 – Ocupados en la economía según situación del empleo, del Anuario Estadístico de Cuba).
Por otra parte, la gestión integral de los recursos humanos del país no puede consistir en lanzar a cientos de miles de trabajadores estatales a una franja económica de supervivencia, con despilfarro de sus capacidades laborales, como mayormente ocurre en el caso del trabajo por cuenta propia.
La noción de que la inversión extranjera pudiera ofrecer una solución eficaz al “excedente” de trabajadores estatales no ha funcionado hasta el momento. Se carece de información pública detallada acerca de los montos de inversión que son necesarios para crear un nuevo puesto de trabajo. No obstante, la información fragmentada que está disponible permite comprender las dificultades que tiene la inversión extranjera para que pueda funcionar como un factor de creación de empleos netos en la Cuba de hoy.
Dos ejemplos pudieran ofrecer algunas pistas sobre el asunto. Cuando la empresa española Hotelsa anunció el establecimiento de una planta en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), informó que el monto de la inversión era de 2 millones de euros y que daría empleo a 50 trabajadores, es decir, la creación de cada puesto de trabajo equivalía a una inversión aproximada de 40,000 euros, unos 47,000 USD.
La instalación de una fábrica de Nestlé, también en la ZEDM, se ha proyectado con un costo en el rango de los 50 a los 60 millones de USD y con una fuerza laboral de 300 personas. La creación de cada puesto de trabajo requeriría una inversión de 167,000 a 200,000 USD.
Tomando como referencia esos dos ejemplos, la creación de 100 mil empleos necesitaría 4,700 millones de USD, según el esquema de Hotelsa, y entre 16,700 millones y 20 mil millones de USD, según la pauta de Nestlé. El cálculo pudiera ser moderado porque, en realidad, una cifra de 100 mil puestos de trabajo es considerablemente inferior a los 153 mil empleos netos que, desde 2010, ha eliminado como promedio -cada año- el sector estatal. No pueden hacerse conclusiones firmes a partir de información fragmentada, pero las cifras permiten apreciar que los miles de millones de USD que se requieren simplemente no están a la vista.
¿Desvestir un santo para vestir a otro?
El componente central de la propuesta que he hecho es el “saneamiento” de la empresa estatal, pues es allí donde está el grueso del empleo, la principal fuente de ingreso familiar y el sostén de los impuestos de la nación. Eso son los datos concretos y no creo que haya que fijarse mucho en lo que digan las teorizaciones abstractas sobre el tema.
No he afirmado nunca, en forma de generalización, que la empresa estatal no sea capaz de funcionar bien, o que sea incompetente para generar rentabilidad. Tampoco he afirmado que todas las empresas estatales cubanas funcionen mal, o que sean incapaces de hacerlo. Por supuesto que existen casos de empresas estatales que funcionan bien. Lo que he dicho, apoyándome en datos como los que ofrece la Contraloría General de la República o el presupuesto nacional, es que todo parece indicar que un gran número de empresas estatales cubanas –las que realmente existen, no la de los papeles- funcionan de manera “deficiente y mal”, y altamente subsidiadas.
Si nos fijamos en ese tipo de información concreta, y no en lo doctrinal, no tiene asidero racional proyectar la empresa estatal promedio realmente existente hoy en Cuba como un bastión dinamizador de la economía nacional.
Obviamente se ha intentado resolver el problema, y planes no han faltado, pero esencialmente sigue siendo una tarea pendiente. Lo he dicho antes: la adopción de una “Ley de empresas” en 2017, anunciada a mediados de 2015, es un tema que parece haberse evaporado de la agenda pública. Es decir, la anunciada solución normativa –o, por lo menos, el posible inicio de una salida- no parece estar a la vista. Probablemente, lo que ha quedado en la memoria de algunas personas es la adición de dos nuevas siglas a la sopa de letras de la planificación nacional: Organismo Superior de Dirección Empresarial (OSDE) y Unidades Empresariales de Base (UEB). ¿Qué importancia práctica tienen ambas? No parece quedar claro ni para los propios especialistas.
Se ha intentado que una reforma salarial pudiera ser parte de la revitalización de la empresa estatal, pero el efecto de lo que se ha hecho en el marco institucional estatal que hoy ofrece esa extraña mezcolanza de empresas (OSDE y UEB), parecen ser mínimas. Ahí está el caso de la Resolución 17, que solamente unos meses antes de ser reemplazada por lo infausta que resultó ser, algunos funcionarios decían que “tenía resultados positivos”. Hasta donde puede verse, por la información pública, la Resolución 6 (que reemplazó a la 17) también tiene problemas. Se conoce la opinión que especialistas como el Dr. Lázaro González tienen sobre el asunto del modelo salarial que hoy funciona. Varios artículos de este autor han sido publicados en mi blog.
Contrario a lo que piensa el Dr. García Valdés, mucho me gustaría ver una empresa estatal fortalecida y dinámica en Cuba. Lo que digo es que ese “saneamiento” no es posible si no existe un sector no estatal (cooperativo y privado) que no solo absorba los recursos humanos que dejarían de ser utilizados en el sector estatal, sino que también permitiese darles una utilización eficiente a esos recursos. Desde una perspectiva del desarrollo, no tiene sentido tratar de “vestir” a la empresa estatal manteniendo “desvestidas” a la actividad cooperativa y privada.
La posibilidad de expandir el sector no estatal es un tema controvertible entre quienes planteamos propuestas para reformar el modelo y económico y social de Cuba, especialmente en lo relativo al sector privado. Existen perspectivas teóricas diversas –lo cual es normal y saludable- y es difícil predecir cuál de estas pudiera tener mayor influencia en el diseño y aplicación de las políticas económicas del país.
En realidad, no queda claro si esas posiciones teóricas pudieran ser muy relevantes para las políticas económicas. La teoría no suele tener el papel instrumental que usualmente se cree que tiene, al menos no de manera directa e inmediata. Cabría la eventualidad de que las decisiones de política económica se orientasen por otros criterios, quizás ideológicos, o tal vez –por el contrario- a partir de razonamientos prácticos.
Desde una perspectiva práctica, existen tres preguntas que los funcionarios encargados de la política económica cubana deberían tratar de responder lo más objetivamente posible:
– ¿Tendría sentido reformar la empresa estatal si no pudieran reubicarse los trabajadores “excedentes” en otras actividades con potenciales de productividad que –cuando menos- fuesen iguales a las que existen en el sector estatal?
– ¿Justifica la escala promedio de las unidades económicas de Cuba la existencia de un extendido sector empresarial estatal?
– ¿Qué decide el control sobre la economía, la concentración de la riqueza o el control de los medios fundamentales de producción?
El trabajo por cuenta propia: ¿transformar un desagüe en fuente?
Si se tomase en serio la premisa de que la fuerza de trabajo es la principal fuerza productiva de un país, entonces no debería considerarse como algo aceptable el desplazamiento de cientos de miles de trabajadores hacia unidades económicas con trayectorias de bajo aprendizaje tecnológico y organizativo. Dicho en términos simples: no es compatible con el desarrollo convertir ingenieros en taxistas, ni torneros en vendedores de tarjetas telefónicas.
Entre 2010 y 2016, el empleo neto del sector estatal se redujo en más de 916 mil trabajadores. En el caso de la industria, donde solo funcionan las empresas estatales, la pérdida de empleo neto fue algo superior a los 65 mil trabajadores, lo cual refleja un constante proceso de desindustrialización que ha implicado la destrucción -desde el año 2000- de más de 193 mil puestos de trabajo en la industria, el sector con mayor nivel de productividad promedio del país. (Ver Tabla 7.2 – Ocupados en la economía según situación del empleo, del Anuario Estadístico de Cuba y Tabla 7.3 – Ocupados por clase de actividad económica.)
El único tipo de actividad económica que ha creado empleo neto en Cuba, desde 2010, es la esfera privada, con casi 550 mil empleos entre 2010 y 2016.  A diferencia de ello, el sector cooperativo no ha generado empleo neto desde 2010.
El problema es que aproximadamente la mitad del empleo del sector privado se ha producido fundamentalmente en la categoría de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), un segmento de la economía nacional en el que trabajan casi 600 mil personas, pero que opera en un marco de institucionalidad primitiva, a partir de listados precisos de actividades autorizadas que incluyen categorías como “forrador de botones” y “pelador de frutas naturales”.
Aunque existen segmentos del TCP relativamente “lucrativos”, el sector funciona mayormente, en la práctica, como una especie de desagüe de trabajadores estatales “excedentes” que ofrece una actividad de sobrevivencia para una gran parte de quienes funcionan en ese sector.
Asumir que no tiene consecuencias negativas para el desarrollo nacional la reconducción del empleo estatal, especialmente el industrial, hacia las “categorías” del listado de actividades del TCP refleja un pobre entendimiento del funcionamiento de una economía. No hay que darle muchas vueltas a ese asunto. Es el tipo de tendencia que tira “hacia abajo” una trayectoria económica, nunca “hacia arriba”. Nada que ver con el desarrollo.
Sin embargo, lo que hoy es un aparente problema (el “excedente” de trabajadores estatales), pudiera ser, en realidad, una oportunidad económica por partida doble: saneamiento de la plantilla de la empresa estatal y aprovechamiento de esos recursos laborales en la creación de valor.
¿Cuál es el criterio que debería guiar esa relocalización de la principal fuerza productiva del país? Un posible criterio pudiera ser el siguiente: los actores económicos –dentro de una unidad económica y en sus relaciones con otras- deben ser capaces de asimilar sistemáticamente conocimientos tecnológicos y organizativos que permitan transformar eficientemente recursos productivos en valor.
¿Cuál es la condición indispensable que se necesitaría? La respuesta pudiera ser la siguiente: modificar radicalmente la actual noción de “desagüe” del TCP y establecer un tipo de unidad económica que cuente con el marco institucional que le permita, a una parte de lo que hoy subsiste en el TCP, intentar funcionar en una trayectoria superior de aprendizaje y de creación de valor.
Ese marco institucional debería comenzar con la adopción de la modalidad de funcionamiento empresarial –con varios formatos- tanto para las cooperativas, como para las empresas privadas. Obviamente, no todos los trabajadores TCP pasarían a empresas cooperativas y privadas, una parte quedaría como trabajadores autónomos, pero con un esquema mucho menos restrictivo que el presente.
A diferencia de la actual institucionalidad primitiva del TCP, las unidades económicas organizadas en forma de empresas proporcionarían la protección de patrimonio, contabilidad estricta, acceso a recursos financieros, y reducción de riesgos, entre otros factores, que pudieran crear un entorno eficiente para transformar recursos humanos y materiales en valor. Naturalmente, hace falta una legislación adecuada que regule la contratación laboral de acuerdo con principios de justicia social.
Sobre filosofía política y el pensamiento económico
Tomo nota de que el Dr. García Valdés considera que tengo una filosofía política y un pensamiento económico que se reduce a “aumentar el poder de las empresas privadas y minimizar el papel del Estado sobre las empresas estatales”. También dice que estoy influenciado por la reforma económica china. No me queda claro de dónde pudo sacar esas conclusiones, pero eso no importa mucho. Ese tipo de ocurrencias son frecuentes en este tipo de debates. Lo que no comparto es la visión timorata de lo que parece ser la filosofía política y el pensamiento económico de García Valdés, respecto a la función del sector no estatal en Cuba.
Asumir que en Cuba el Estado es “fuerte” simplemente porque mantiene un entramado empresarial grande y costoso, no tiene asidero en los datos de la realidad. ¿De qué manera, exactamente, puede ser considerada como “fuerte” la existencia de una estructura empresarial estatal que desde hace rato rueda cuesta abajo y que parece ser inmune a cuanto plan de resucitación le han puesto?
Asumir que en Cuba sería “débil” un Estado que controle los medios de producción fundamentales –cosa que habría que definir con precisión- aunque esto significase una red empresarial estatal considerablemente más reducida que la actual, tampoco es racional. Se entiende bien que haya empresas estatales produciendo vacunas, generando electricidad, construyendo infraestructuras, financiando el desarrollo y asegurando el transporte –por citar algunos ejemplos-,  pero resulta difícil explicar que, para que exista un modelo socialista, la producción de boniato o vender croquetas deba hacerse con empresas estatales.
La posible existencia de un sector no estatal mucho más amplio que el actual, incluyendo la empresa privada, lejos de debilitar, favorecería el fortalecimiento del papel de la empresa Estatal, al permitir que esta se concentre en la gestión de los medios de producción fundamentales.
Entiendo el argumento relativo a los retos de un posible impacto político negativo de la expansión de la actividad privada, desde la perspectiva “clásica”, por llamarla de alguna manera, del ejercicio del poder por parte del PCC. Lo que me llama la atención es que no se considere importante el efecto positivo que sobre el bienestar nacional tendría el crecimiento económico que pudiera resultar de una reforma que incluyese una expansión importante de la empresa privada.
¿Por qué debe asumirse que una estructura económica estatal que es incapaz de crear empleo neto, que es incompetente para pagar salarios adecuados, y que es succionadora de presupuesto estatal en forma de subsidios casi tan grandes que compiten con la inversión en educación y salud, pudiera generar una ciudadanía políticamente entusiasmada con ese modelo?
¿Por qué no asumir que un sector estatal eficiente con obreros bien remunerados, en combinación con un sector no estatal que permita que la gente produzca de acuerdo con su capacidad, sería capaz de generar en los ciudadanos una actitud de apoyo político al modelo?
Si se desea argumentar que el socialismo en Cuba requiere de un sector estatal grande, entonces cualquier discusión mínimamente seria debería comenzar tratando de responder, al menos, dos preguntas:
– ¿De dónde van a salir los aproximadamente 18 mil millones de pesos para cubrir el “agujero” de inversión total que se requiere cada año para que el actual modelo –con predominio de la empresa estatal- pudiera darle al país el ritmo de crecimiento adecuado que se necesita para avanzar hacia el desarrollo? (Ver, Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka Cribeiro Díaz, “Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba”, Econ. y Desarrollo vol.153 1 La Habana  2015).
– ¿Cuál es el plan concreto para evitar el ritmo anual de expulsión de 153 mil trabajadores estatales y para reabsorber una parte considerable de los 600 mil trabajadores TCP que hoy subsisten en actividades que no permiten valorizar sus capacidades y que, por tanto, impiden revertir en beneficio nacional las inversiones en salud y educación que se han hecho?
Por supuesto que ese es un tema que hay quienes intentan discutirlo en un plano doctrinario, pero la verdad es que no creo que ello sea una discusión productiva. No conduce a parte alguna.
Una nota final: ¿problemas con el jinete?
El Dr. García Valdés considera que las propuestas que he hecho en diversos textos acerca de ofrecerle la oportunidad a los colectivos de trabajadores en las empresas, y también a comisiones integradas mayoritariamente por trabajadores (como es el caso de lo que denominé Comisión de Estabilidad Económica), evidencian una intención de mi parte de “debilitar el papel directo del Estado en la gestión de sus empresas”.
Asumo, entonces, que puedo tomarme la libertad de suponer que el Dr. García Valdés desconfía de la inteligencia política y de la capacidad de gestión de los trabajadores estatales cubanos.
¿Cuál es la evidencia concreta de que los funcionarios hayan podido gestionar de manera eficiente –por sí solos- empresas estatales que, desde el año 2010, no han logrado mejorar su funcionamiento, a pesar de haber registrado un desempleo neto anual de 153 mil trabajadores y a pesar de pagar salarios promedios absolutamente insuficientes? ¿Es mucho pedir que los funcionarios compartan una gestión empresarial real –no simulada- con los colectivos obreros?
No estamos hablando aquí de teoría del Estado, ni de doctrinas económicas, sino de un problema político concreto: los activos de las empresas estatales son propiedad de todo el pueblo: ¿qué problema puede haber con el hecho de que los trabajadores de una empresa tomen decisiones en la gestión de la empresa?
¿De dónde ha salido la idea de que el empoderamiento de los trabajadores a nivel de empresa “atomiza” la propiedad social o la “convierte” en propiedad de grupo?
¿Por qué García Valdés no les aplica a los funcionarios eso de “convertir en propiedad de grupo” la gestión de las empresas?
¿Cuáles ventajas debe apreciar el trabajador al colocar la gestión de vastos activos económicos (que son de su propiedad) en manos de estructuras institucionales que se han demostrado incompetentes para hacerlas producir riquezas de manera eficiente?
¿Deben asumir los trabajadores estatales la óptica administrativa de que puede tratárseles como recursos humanos “excedentes” que deben “desaguar” en la rusticidad institucional de un trabajo por cuenta propia que cercena el despliegue de su educación y habilidades, limitando el bienestar personal y nacional?
¿Cuál es la razón por la que los trabajadores deban aceptar subsidios de 14,465 millones de pesos a la “actividad empresarial” estatal, un monto mucho mayor que el presupuesto de salud pública y asistencia social (10,206,2 millones), y que el de educación (8,278,4 millones)?
¿No es válido asumir que una participación más activa de los trabajadores en la gestión empresarial pudiera tener un efecto que quizás permitiese destinar al menos parte de ese hiper-subsidio a otros fines relacionados con el bienestar ciudadano y el desarrollo social?
¿Es verosímil pensar que las empresas estatales puedan seguir gestionadas con el modelo concreto –no el abstracto- con el que funcionan hoy?
Lo que si me ha llamado la atención es algo que dice García Valdés, casi al final de su comentario, respecto a que: “Es un deber de la ciencia buscar nuevas verdades, es parte de su esencia, pero también lo es partir de las verdades conocidas y certificadas por la práctica, aunque sean relativas como toda verdad”.
Supongo entonces que, si García Valdés desea escribir otro artículo para hacer nuevos comentarios sobre las “cuestiones importantes que brotan de la polémica que azuza el plan Monreal y los comentarios de H. Pérez”, se tome el trabajo de aportar datos concretos que permitan “certificar” lo que dice con la práctica.
Digo yo, para tratar de sacar la discusión del plano del “teque” y poder llevarla al plano del análisis económico. Todo eso, suponiendo que se desea hablar claro sobre este espinoso tema.