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Lamentablemente, no se está yendo en esa dirección, sino en la contraria. Debido a la ausencia de información -o desinformación y lenguaje distorsionador- es difícil ser consciente de la forma tan destructiva que impera en la producción de alimentos.
Uso de pesticidas prohibidos en los cultivos de fresas
La legislación medioambiental debe garantizar la salud de las personas y los ecosistemas, pero muchas veces las autoridades se la salta o la vacía de contenido.
La cloropicrina y el 1,3-dicloropropeno son dos pesticidas muy tóxicos, que desde 2007 están prohibidos en la UE. Sin embargo, en España se siguen utilizando de forma rutinaria en muchos cultivos gracias a las “Autorizaciones excepcionales” del Gobierno.
Es una tarde tranquila a principios de noviembre, y estoy en el Valle de Amblés, entre los pueblos Salobralejo y Niharra en la provincia de Ávila. Quedan ya pocas hojas en los chopos que bordean el cauce seco del Río Adaja. Encima de la Sierra de la Paramera se ven unas nubes cuya oscuridad lleva una leve promesa de lluvias largamente esperadas. Hacia el oeste los últimos rayos de sol se abren paso para reflejarse en algo que en la distancia parece un lago.
Pero no es un lago; cuando uno se acerca ve que es un campo cubierto por un plástico, con los bordes bien metidos dentro del suelo.
Alrededor hay muchos campos cubiertos de esta manera, y al lado de uno de ellos está puesto un bidón con un cartel que muestra una calavera y dice: “PELIGRO – GASES MUY TÓXICOS”.
Los suelos bajo los plásticos están tratados con Tripicrín y Telone II, unos productos comerciales fabricados en base de las sustancias cloropicrina y 1,3-dicloropropeno, que “desinfectan” el suelo. Es decir, matan todo tipo de bacterias, hongos, nematodos, etc, además de las potenciales hierbas que más tarde podrían competir con los plantones de fresa a los que están destinados los terrenos.
No quiero acercarme más, porque sé que aparte de matar a todos los hongos, bacterias, etc en el suelo, y ser susceptibles de contaminar las aguas subterráneas, los gases pueden causar daños en los ojos, la piel, el estómago y los pulmones… Y para las dos hay estudios que indican que pueden ser cancerígenos.
En Estados Unidos el límite legal de concentración en el aire de la cloropicrina está en 0,1 ppm (parte por millón), pero no se detecta el olor hasta que la concentración sea 11 veces más fuerte, 1,1 ppm. Y a exposiciones a concentraciones de 2 ppm hay riesgo grave para la salud, e incluso para la vida.
De hecho, tanto la cloropicrina como el 1,3-dicloropropeno son tan peligrosos que desde 2007 están prohibidos en la Unión Europea. En 2011 la Comisión Europea reafirmó la prohibición, después de desestimar las alegaciones presentadas. Consideró que suponían un riesgo inaceptable para los trabajadores que los manejaba, y para los organismos acuáticos, las aves, los mamíferos… Y para los residentes en las zonas donde se usan, ya que estos pesticidas podrían llegar a contaminar las aguas subterráneas, y porque los gases pueden viajar largas distancias a través del aire.
Están prohibidas, pero aquí se siguen usando.
Porque desde la prohibición el MAPAMA (el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) viene emitiendo unas “Autorizaciones Excepcionales” para el uso de la cloropicrina y el 1,3-dicloropropeno en una larga lista de cultivos en varias Comunidades Autonómicas.
Las justifica haciendo referencia a un artículo del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (que desarrolla la Directiva 2009/128 (CE) sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas): el artículo 53, que trata de “Situaciones de emergencia”.
Según este artículo, los Estados miembros de la UE pueden autorizar la utilización – “limitada y controlada”- de una sustancia prohibida durante un periodo de máximo 120 días, si hay alguna plaga especialmente virulenta que no se pueda combatir de otra forma.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente parece entender que ese “peligro” se refiere a toda la comunidad de bacterias, hongos, nematodos etc, de las cuales algunos podrían dañar a los cultivos, además de las hierbas que podrían llegar a competir con ellos.
Porque sin especificar ninguna plaga concreta, y sin comprobar si primero se ha intentado algún tratamiento alternativo, ha ido concediendo las autorizaciones “excepcionales” año tras año, para casi todas las hortalizas cultivadas en Andalucía, para los cultivos de calabacín, pepino, pimiento y tomate en Cataluña, de melón, tomate, alcachofa, brócoli, lechuga y pimiento en Murcia y Valencia, etc.
En Castilla y León se pueden utilizar en viveros de fresas, frambuesas y moras.
Durante muchos años incluso se solapaban los períodos de utilización autorizada “excepcionalmente”, aunque en 2017 se han delimitado un poco más.
Esta pequeña modificación puede tener que ver con que el Defensor del Pueblo haya aceptado una queja de un vecino de un municipio en la provincia de Ávila al respecto.
Esta queja constituye una excepción; en la provincia de Ávila, los artículos o reportajes que se hacen sobre los cultivos de fresas prácticamente siempre resaltan la “importante fuente de ingresos que suponen para la provincia”, y la creación de empleos, que la Junta de Castilla y León estima en 2.500 entre los meses de abril a octubre, calculando que habrá seis trabajadores por hectárea cultivada. Muchas de las personas empleadas son mujeres de Polonia y Rumanía.
No se cuentan los empleos que se han perdido por el cambio del uso de los terrenos, ni hablan de ninguna posible contaminación, ni de la sobreexplotación de los acuíferos.
A pesar de la sequía, el número de héctareas que se dedican a los cultivos de fresa en la provincia siguen aumentando; ahora son 600 – a comparar con los 420 que había en 2011. En la mayoría se cultivan plantones, que luego se llevarán a Huelva, que es la segunda zona productora de fresas más importante del mundo, después de California.
En España, el principal resultado de la prohibición de la cloropicrina y el 1,3-dicloropropeno parece ser que ahora es más difícil tener información sobre ellos, ya que al estar prohibidos no figuran en el Registro de Productos Fitosanitarios en la página de MAPAMA, ni bajo “sustancia”, ni bajo “nombre comercial”. Del producto “Telone II” sí se encuentra información en la página del fabricante Dow AgroSciences, que dice que “Su acción desinfectante tiene un impacto muy positivo en el desarrollo y vigor de las plantas, y en la calidad y cantidad de la cosecha.”, y que “se degrada rápidamente en CO2 y agua, sin dejar residuos en el suelo” (lo que no parece del todo cierto).
Hay que hacer clic en la “Hoja de seguridad”, y leerla con atención para descubrir, por ejemplo, que ha demostrado ser cancerígeno por vía oral en animales de laboratorio, y que puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Pero aquí no se hacen análisis ni de agua, ni de aire, ni de la salud de las personas que trabajan en los cultivos. En la mayoría de los terrenos en el Valle Amblés que están cubiertos por plásticos grandes, debajo de los cuales se están matando tanto los microorganismos buenos como los malos con un gas que no debe salir de allí a no ser que nos mate a nosotros también, no hay ni señales de advertencias.
Agenda: mercado ecológico, concentración por unas pensiones dignas, café cultural…
Los agrotóxicos deberían ser el «último recurso», pero se usan y abusan de forma rutinaria
Pingback: Peligro: gases muy tóxicos en los viveros de fresas – Voces de Ávila
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