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Aunque sería muy difícil comprobar la responsabilidad personal del entonces gobernador de Antioquia en la masacre, la justicia y la memoria exigen conocer la verdad sobre la participación de todos los agentes del Estado en estos hechos.
Entre el 22 y 25 de octubre de 1997 un contingente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) atacó el corregimiento de El Aro en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia,  secuestró a sus habitantes, torturó, humilló y ejecutó a 17 personas.
El ataque contó con el apoyo de varios helicópteros para transportar al grupo criminal hasta ese poblado, que por vía terrestre se encuentra a doce horas de la cabecera municipal. Uno de los helicópteros pertenecía a la Gobernación de Antioquia, y el gobernador de entonces era el hoy senador Álvaro Uribe.
La lejanía de El Aro no era solo geográfica, sino política: señalada como un fortín de las FARC, las AUC de Castaño y Mancuso lo eligieron como un blanco legítimo dentro de su guerra irregular. El Aro estaba tan lejos de la protección del Estado que un año después de la masacre los cadáveres de las víctimas no habían podido ser exhumados ni reconocidos por Medicina Legal, y permanecían tirados en una fosa común.
¿Justicia transicional o justicia tradicional?
Comuna 13 de Medellín, Antioquia.
A principios de este año 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigue la actuación del entonces gobernador Uribe en la masacre de El Aro. No se trata, como dice el hoy senador Uribe, de un asunto que ya fue resuelto: esta vez la viuda de una de las víctimas aseguró haber visto a un helicóptero de la Gobernación de Antioquia participando en la operación paramilitar.
La decisión del Tribunal Superior de Medellín y la consecuente acción de la Fiscalía General de la Nación llegaron en medio de la polémica desatada por los acuerdos del gobierno y las FARC alrededor de la justicia transicional. El procurador Ordóñez, actuando como intérprete de Uribe, ha proclamado que el complejo aparato diseñado en La Habana no es más que un ardid para enviar al senador a la cárcel, en un acto de suprema venganza por parte de las FARC y el presidente Santos.
Uno de los helicópteros pertenecía a la Gobernación de Antioquia
Pero el  procurador está equivocado: ni compulsar copias es una idea malévola del fiscal  Montealegre en su afán de entregar el país a un fantasmal castro-chavismo, ni los hechos de El Aro son invenciones de unos jueces  de la “cuerda” de Iván Velásquez, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema que tuvo un papel destacado en la investigación de la parapolítica y a quien Uribe ha elevado a la categoría de pesadilla personal.
Los hechos de El Aro ocurrieron hace 18 años, pero la investigación fue reabierta este año por la emergencia de un nuevo testimonio en el marco del juicio al jefe paramilitar Ramiro “Cuco Vanoy”. En principio, el proceso no guarda relación alguna ni con las negociaciones de La Habana ni con la justicia transicional.
Pero en cambio la verdad de los hechos ocurridos en El Aro y la posible participación de agentes del Estado son de gran relevancia para el proceso de reparación, verdad y justicia que Colombia debe llevar a buen término.
La masacre de El Aro hizo parte de la estrategia paramilitar de liquidar a todos los civiles sospechosos de mantener relaciones con las guerrillas. Por las dimensiones de los operativos realizados, por las distancias recorridas, el número de hombres y de aeronaves comprometidas, era imposible realizar estas operaciones sin que las autoridades civiles y militares lo supieran. Nadie lo ha dicho mejor que el entonces teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante del Batallón de Infantería no. 10, en un informe a su superior, el brigadier general Carlos Alberto Ospina: “Curiosamente, ni las patrullas desplazadas, ni los retenes oficiales, dieron cuenta de este hecho que, por su naturaleza, golpeaba a los ojos”.
No era un secreto para nadie que el gobernador de Antioquia libraba una batalla a muerte contra las FARC por el control de Urabá y de las zonas montañosas donde la actividad de la guerrilla golpeaba a comerciantes y agricultores.
Tampoco era desconocido que su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, coordinaba actividades ofensivas con distintos grupos paramilitares, y que organizar y armar a los civiles para enfrentar el avance de las guerrillas, en las llamadas Convivir, era una estrategia diseñada y ejecutada desde la Gobernación de Antioquia.
Es ese contexto de guerra total desde el Estado, con alianzas entre agentes estatales y grupos ilegales, es donde debe establecerse la verdad o falsedad de la participación del entonces gobernador Uribe en esos hechos terribles.
El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe.
Foto: Congreso de la República
Pero establecer la verdad no es fácil, y menos todavía cuando ella involucra las acciones de los altos funcionarios del Estado.
Esas acciones, aunque sean torcidas, suelen justificarse como necesarias o convenientes por “razones de Estado” o para adelantar una lucha que se cree justa, y suelen además tener lugar en medio o a través de una red de intermediarios donde las responsabilidades se diluyen fácilmente. Es el caso de Richard Nixon en Estados Unidos o el de Ernesto Samper en Colombia, separados por convenientes vacíos en las relaciones que los unían con quienes ejecutaron lo que estaba en el mejor interés de sus jefes.
La razón es obvia: las tecnologías del poder compartimentan el paso de información y de órdenes desde la cúpula hacia las escalas inferiores y operacionales. Por eso, el jefe se+ beneficia de las operaciones exitosas, pero no tiene nada que ver con las operaciones fallidas que se convierten en crímenes ante la opinión pública.
No habrá entonces ninguna pistola humeante que pruebe la relación de Uribe con lo ocurrido. Tampoco habrá ningún testimonio que lo ubique en el lugar y compañía necesarios para fundamentar una acusación.
En su defensa inicial en el Congreso y a través de Twitter, Álvaro Uribe ha dicho que es absurdo acusarlo sobre la base de “testimonios de bandidos” que él mismo extraditó a Estados Unidos, e incluso nombró a “Don Berna” como el ejemplo del bandido que está buscando vengarse.
Pera esta argumentación tiene un problema: la limpieza sangrienta de la Comuna 13 que siguió a la tan celebrada Operación Orión se llevó a cabo en alianza con el mismo Don Berna y con sus hombres. Fueron ellos quienes detectaron, persiguieron y ejecutaron a los miembros de las milicias de las FARC y el ELN, a sus familiares y amigos, y a los líderes comunitarios de quienes sospechaban.
Entonces, ¿Don Berna se convirtió en bandido cuando comenzó a hablar en los procesos de justicia y paz? ¿O ya lo era cuando mataba jóvenes y milicianos en las comunas de Medellín?
El caso de El Aro plantea, sin embargo, otros problemas. ¿Había algún límite en las acciones que el Estado y sus aliados emprendían en su lucha contra el enemigo? Aceptando la legitimidad de la lucha total contra las FARC, ¿estaba justificado dejar actuar a fuerzas armadas ilegales contra civiles indefensos? ¿Todo estaba justificado en la guerra contra las FARC?
El proceso no guarda relación alguna ni con las negociaciones de La Habana ni con la justicia transicional.
Las respuestas a estas preguntas llevarán a la verdad de la guerra irregular librada en Colombia. Tanto las FARC como los paramilitares y sus aliados, así como los agentes estatales, militares y civiles que tuvieron un papel activo en la guerra, tendrán que contribuir a la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido. No basta con declarar la terrible crueldad de los culpables de siempre y extraditarlos a Estados Unidos, o con pedir largos años de cárcel para los jefes de las FARC.
En Colombia predomina la idea de solo los perdedores están obligados a decir la verdad y a pagar alguna pena. Los vencedores estarían por encima de la verdad y a salvo de la justicia. Es evidente que ni las FARC ni los agentes estatales y civiles que libraron la guerra irregular se sienten perdedores. Para ellos, entonces, no habría verdad al final del camino.
La justicia es para los otros, para el enemigo, y la verdad para ninguno. Y si por algún motivo (como las acciones de un tribunal despistado) alguno de los supuestos vencedores fuera llamado a juicio o conminado a contar la verdad, la respuesta no se hará esperar: es la venganza desagradecida contra  quienes salvaron a la patria de la amenaza que la acechaba.
Como la guerra no definió ni un vencedor ni un vencido, los procesos de verdad acabarán siendo impugnados por quienes creen haber vencido en la guerra y por ende estar más allá de la verdad y de la justicia.
Es razonable entender que la paz exige sacrificar en buena parte a la justicia. Pero no lo es aceptar que la verdad sea eludida por quienes estuvieron al frente de la guerra. Sin verdad será imposible reconstruir la confianza entre los colombianos y empezar el largo y difícil camino de la reconciliación necesaria para llegar a una paz duradera.
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
Álvaro UribeBoris SalazarFARCMasacre de El AroParamilitares
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
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