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La duda expresada ayer acerca de si los economistas están en capacidad de proponer soluciones a problemas concretos ha sido criticada por varios comentaristas. Me alegra saber que otros colegas no tienen esa incertidumbre, pero yo no logro aclararla, de manera que regreso al tema con la esperanza de que un intercambio adicional me ayude a resolverla.
He recibido comentarios valiosos en dos sentidos: primero, que tal capacidad sí existe porque se dispone de mecanismos institucionales en Cuba para transformar en acciones de política pública las ideas de los economistas.
En segundo lugar, se ha reaccionado al planteamiento sobre la complejidad mediante un rechazo tajante a la posible utilidad de esta. De hecho, he recibido el comentario de que abogar por la utilización de la complejidad –de la manera en que lo he hecho- equivale a desconocer la epistemología de las Ciencias.
Probablemente mi respuesta a estos comentarios será aburrida para algunos lectores. Seguramente serán controversiales.  Por lo primero me disculpo de antemano. Lo segundo supongo que sea normal y quizás provechoso.
En esta nota me limitaré al primer asunto –la capacidad para convertir la investigación en políticas económicas- y dejaré el segundo tema –la complejidad y las ciencias sociales- para una próxima nota.
Sobre los problemas de capacidad para transformar las ideas de los economistas en acciones de política no quisiera extenderme mucho. He expresado anteriormente mis opiniones en un breve texto que escribí hace unos días (ver aquí). Ahora me limito a apuntar tres cuestiones:
El tema del nexo entre investigación y políticas públicas es amplio, dinámico y sobre todo muy controversial (Ver aquí). Durante un tiempo se utilizó la expresión de que las políticas públicas debían estar “basadas” en la evidencia, pero después de un gran debate en los últimos años se ha reformulado aquella expresión por la de políticas “informadas” por la evidencia (Ver aquí). No se trata de un detalle semántico. Expresa una perspectiva teórica –apoyada en la observación de la realidad- de que la política pública no tiene que estar basada en la evidencia científica, pues es esta es un factor que compite con otros factores que también son decisivos para el diseño, aplicación y evaluación de políticas, como son la ideología, los intereses, la religión, los valores, y hasta la intuición (Ver aquí). Ya sé que a muchos nos gustaría que las decisiones de política pública fuesen un proceso objetivo pero lo que realidad muestra, una y otra vez, es que no hay nada que determine que ello sea inevitable, lo cual no contradice la aspiración legítima que podamos tener de “mejorar” las decisiones sobre políticas a partir de una mayor incorporación de la evidencia generada por la ciencia. Es posible, pero no es “natural”.
En este ámbito, el reto no consiste en el hecho de que un tipo de política específica pudiera haber estado “informada” (guiada) por la ciencia (Ver aquí). Ello puede ocurrir de manera puntual, ocasional, e incluso con determinada amplitud, sin que signifique que en un país dado exista una “cultura” de políticas públicas basadas en la evidencia, es decir, una práctica social sustentada en la revisión sistemática de la evidencia científica disponible, como parte del proceso rutinario de diseñar y de aplicar políticas. En otras palabras, debe existir la capacidad institucional y los incentivos institucionales que permitan convertir en algo “normal” que los decisores consideren un rango amplio de resultados de la investigación antes de adoptar decisiones políticas (Ver aquí).
Con independencia de que la gran mayoría de los gobiernos y de los políticos han afirmado, desde hace tiempo, que el diseño e implementación de políticas públicas deben utilizar la evidencia generada por la ciencia, el hecho comprobable es que la existencia de esa “cultura” no es algo común. Existen estudios empíricos recientes que fundamentan la carencia generalizada de tal cultura –particularmente en el llamado Sur-, a pesar de lo que prometan los gobiernos. Probablemente algunos de los estudios más conocidos son “¿Cuál es la evidencia la política basada en la evidencia?, un estudio producido por 50 expertos de 18 países (aquí), “La política de la evidencia basada en la investigación en los debates sobre política en África” (aquí), “La política de la evidencia y de los resultados en el desarrollo internacional” (aquí), y “¿Cuál es el impacto de la investigación en el desarrollo internacional” (aquí)
Queda claro que en Cuba es política de Estado –desde muchos años- la incorporación de los resultados de la ciencia (de todas las ciencias) al proceso de desarrollo. Esto incluye el establecimiento de múltiples y diferentes mecanismos institucionales para fortalecer el nexo investigación- políticas, que abarcan desde la vinculación del trabajo de investigación de los estudiantes universitarios hasta los proyectos que se realizan en el marco de los “programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación”. (Ver aquí un texto de Emilio Garcia Capote sobre el tema).
No encuentro ahora una evaluación oficial actualizada sobre el asunto, pero hasta donde conozco, hay programas que funcionan muy bien. Supongo que quizás con otros no ocurra lo mismo, pero eso no puedo aseverarlo.
Sin embargo, no estoy seguro de que pueda afirmarse categóricamente –al menos en el terreno de las ciencias económicas- de que en Cuba existe una “cultura” de políticas públicas informada por la investigación científica.
¿Revisan de manera sistemática los decisores de políticas económicas del país un amplio rango de la evidencia generada por la investigación antes de adoptar decisiones?
En caso de que se respondiese positivamente, habría entonces que hacer al menos una pregunta adicional:
¿Cómo se mediría esa “cultura”, es decir, cómo se determina el punto en que la adición de “influencias” de la ciencia se convierte en una “cultura” de hacer políticas económicas?
En cualquier caso, es posible señalar algunos hechos que parecen apuntar en otra dirección. Tres ejemplos concretos pudieran ayudar a entender la preocupación:
La narrativa de “la actualización”, y el propio término en sí, expresan un lenguaje que no se corresponde con el utilizado por las ciencias económicas. Desde una perspectiva científica, ese término no es parte de teoría económica alguna ¿Qué consideración científica justifica el empleo del término “actualización” en los documentos de políticas públicas, en vez del concepto de “reforma económica”?
No se conoce modelación alguna -de las publicadas por economistas cubanos- que permita sostener la narrativa oficial de que Cuba se aproximará al desarrollo hacia 2030. ¿Es posible hacer tal afirmación con la información y los análisis sobre tasas de inversión y crecimiento proporcionados por los economistas?
Se habla oficialmente de vincular salarios a resultados, y parece asumirse que en Cuba se pagan salarios, cuando estrictamente –como promedio- ello no ocurre desde una perspectiva de Economía Política (lo que se distribuye directamente al trabajador es inferior al valor del producto necesario).
Espero haber expresado con claridad los argumentos que justifican mi duda sobre la existencia de una “cultura” institucional que le permitiría a los economistas materializar el resultado de su investigación en las políticas públicas.
Abordaré los comentarios recibidos sobre la complejidad y las ciencias sociales en una próxima entrada de este blog.