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Resumen y evaluación inicial de las medidas de apoyo a las empresas y a los hogares colombianos durante la crisis sanitaria.
Lina Marcela Cortés** – Julián Pineda Jiménez***
Igual que en muchos países del mundo, las medidas del Gobierno colombiano para disminuir los efectos de la crisis sanitaria atienden tanto a las empresas (el lado de la oferta) como a las personas naturales (el lado de la demanda).
Estos dos tipos de medidas corresponden o se inspiran en las dos teorías económicas predominantes en el mundo actual, conocidas como la teoría keynesiana y la teoría neoclásica:
La teoría keynesiana dice que el gasto público debe estimular la demanda de bienes y servicios para que las empresas se animen a producir esos bienes y servicios. Así, si el gasto público se destina a construir las carreteras que las personas necesitan, surgirán empresas que quieran realizar dicha construcción.
Según la teoría neoclásica, la compra de bienes y servicios depende de que los trabajadores y otras personas reciban salarios o pagos de las empresas, de manera que un aumento “artificial” del gasto público no tiene efectos reales sobre la actividad económica.
En Colombia las medidas adoptadas hasta hoy atienden sobre todo el lado de la oferta, o sea que protegen a las empresas mediante beneficios fiscales, subsidios u otras ayudas para evitar que disminuya la producción.
Dentro de este enfoque, el gobierno adoptó el programa de Apoyo al Empleo Formal y hace poco anunció su ampliación para entregar subsidios destinados al pago de las nóminas hasta el mes de agosto.
A la medida anterior se suma un apoyo equivalente al 50% de la prima de junio para los trabajadores del sector formal que ganen un salario mínimo. Este apoyo será solo para las empresas que tuvieron una disminución del 20%, o más, en sus ingresos desde el comienzo de la cuarentena. La otra mitad de la prima se podrá pagar en dos o tres cuotas, siempre y cuando haya acuerdo entre el empleador y el empleado.
Por su parte, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y los bancos comerciales adoptaron algunas medidas para atender la falta de liquidez y el riesgo de insolvencia de las empresas colombianas.
Foto: Presidencia de la República
¿De dónde saldrá la plata?
Razón Pública le recomienda: Créditos y subsidios para empresas y nóminas
Por el lado de la demanda o de proteger la capacidad adquisitiva de los hogares, el gobierno amplió la cobertura de programas preexistentes (Colombia Mayor, Jóvenes en Acción), creó el nuevo programa de Ingreso Solidario para llegar a muchos de los que no estaban cubiertos, y adoptó medidas como la prohibición del desalojo; los gobiernos locales por su parte dieron plazas o rebajas en el pago de impuestos o servicios públicos, y tanto ellos como el Gobierno nacional aumentaron sus gastos en salud y atención hospitalaria.
Pero no es fácil atender las necesidades de toda la comunidad. Hay personas de estratos altos que perdieron su empleo y no reciben ayudas del Estado debido a su nivel socioeconómico. Y hay personas que lograron conservar su empleo gracias al teletrabajo, pero hasta hace poco no contaban con un reglamento que garantizara su bienestar laboral.
El propósito del Gobierno es claro: impulsar la confianza del consumidor y la reactivación de la economía. Para esto, además de las medidas anteriores, se adoptaron algunos alivios de carácter tributario:
la devolución automática de saldos a favor en renta y complementarios e IVA,
la reglamentación de tres días sin IVA,
la exención del pago del gravamen a los movimientos financieros (4×1.000) para entidades sin ánimo de lucro, y
la fijación de nuevas fechas para presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2019 para los grandes contribuyentes y las personas jurídicas.
Pero algunas de las medidas tributarias han sido criticadas porque se prestan a irregularidades o porque es muy difícil acceder a ellas.
En estos momentos la Procuraduría adelanta una investigación preliminar debido a la demora en la devolución de los saldos a favor de los ciudadanos.
Por su parte, para tener derecho a la exención del IVA hay que pagar con tarjetas de crédito, débito, u otro tipo de mecanismo electrónico. Y aquí vale recordar que apenas 9,2 millones de adultos cuentan con al menos una tarjeta de crédito y que solo 27,8 millones están bancarizados (pero solo el 78,6% de estas cuentas están activas). Dado este panorama, la brecha de inclusión financiera entre los municipios urbanos y rurales es de un 35,2%.
¿Cuánto ha invertido el gobierno?
Como se puede ver en el Cuadro siguiente, Colombia ha invertido cerca de 117 billones de pesos para atender la Emergencia Económica, un 11,04% del PIB. Parece pues que el Gobierno ha hecho un esfuerzo notable para que los ciudadanos y las empresas puedan sobrellevar esta situación de la mejor manera.
Gastos del gobierno a raíz de la emergencia
Fondo para atender la emergencia-FOME
Garantías de hasta el 80% de los créditos-FNG
Reducción recaudo de impuestos
Aporte FONPET a entidades territoriales
Líneas de redescuento Bancóldex y Findeter
Liquidez a través del Banco de la República
Reducción de cotizaciones pensionales
Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la República
En estos momentos, una de las medidas más discutibles es la apertura de ciertos sectores económicos. El 27 de abril reabrieron los sectores de construcción y manufactura y el primero de junio se flexibilizó el confinamiento o “cuarentena”. Pero aún es demasiado pronto para juzgar si estas decisiones fueron apresuradas.
Por lo pronto, algunos locales comerciales como bares, gimnasios y restaurantes deberán permanecer cerrados, por lo cual podrán entregar el inmueble pagando la tercera parte de lo que establece su respectivo contrato de arrendamiento.
¿De dónde saldrá la plata?
El gobierno colombiano tiene el compromiso de cumplir la Regla Fiscal o de equilibrio en sus finanzas.
A partir de 2011, la regla exige que la diferencia entre ingresos y gastos o el déficit fiscal sea menor cada año, pero permite un cierto margen para que el gasto aumente en momentos de crisis y disminuya más en tiempos de prosperidad (es lo que se conoce como manejo contraciclico del gasto público).
Hasta el momento, la Regla Fiscal produce confianza entre los inversionistas, y por eso las tasas de interés para Colombia en los mercados internacionales no son muy elevadas: 3,165% y 4,202% para la deuda emitida hace una semana por valor de 2.500 millones de dólares en dos plazos, con vencimiento en 2031 y 2051 respectivamente.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
El propósito del Gobierno es claro: impulsar la confianza del consumidor y la reactivación de la economía.
La emergencia permitió acudir a la opción o mecanismo de gasto contracíclico que establece la norma constitucional. El Comité Consultivo para la Regla Fiscal, junto con el ministerio de Hacienda, decidió permitir un déficit fiscal o corriente del 6,1% y un déficit “estructural” del 1,5% del PIB para este año
Pero Colombia no cuenta con grandes ahorros y probablemente no los tendrá en los próximos años, de modo que las ayudas de emergencia implicaran un aumento de la deuda pública.
La Regla Fiscal también controla el balance de la deuda pública, y por esta razón en estos días se han venido evaluando los costos y beneficios de suspenderla o flexibilizarla. Lo primero traería incertidumbre a los mercados, mientras que lo segundo equivaldría en la práctica a suprimir esa regla, que hoy forma parte de la Constitución.
Las medidas de financiamiento con deuda pública son de suma importancia puesto que se pagarán en el largo plazo mediante impuestos, y desde ya el ministro de Hacienda está moviendo sus fichas para una nueva reforma tributaria.
Lea en Razón Pública: Una demanda contra la desigualdad
Si el país hubiera contado con suficientes ahorros, el endeudamiento podría haber sido menor.
Pero esta imprevisión no fue apenas del gobierno: según el Código de Comercio (artículo 452), las sociedades anónimas (S.A.) deben mantener una reserva legal alimentada por al menos el 10% de las utilidades de cada periodo, después de impuestos, hasta lograr el 50% del capital suscrito. Solo las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) no están obligadas a tener reservas.
Lo cual obliga preguntarse: ¿por qué ocho de cada diez empresas no sobrevivirían más de dos meses con las reservas que tenían en el momento de presentarse la emergencia?
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
**Doctora en Economía de la Universidad de Salamanca, España, magíster en Finanzas y magíster en Administración (MBA) de la Universidad EAFIT, licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, profesora del Departamento de Finanzas de la Universidad EAFIT.
***Economista de la Universidad EAFIT, estudiante de la Maestría en Ciencias en Finanzas de la misma institución.
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Lina Marcela Cortés Durán y Julián Pineda Jiménez
*Doctora en Economía de la Universidad de Salamanca, magíster en Finanzas y magíster en Administración (MBA) de la Universidad EAFIT, licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, profesora del Departamento de Finanzas de la Universidad EAFIT. **Economista de la Universidad EAFIT, estudiante de la Maestría en Ciencias en Finanzas de la misma institución.
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