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Mucho tiempo, muchos esfuerzos y muchos sobresaltos para llegar a la firma del acuerdo. Pero a la hora del té nos encontramos con lo muy poco preparados que estaban el presidente y su gobierno para poner en marcha los acuerdos*.
El poeta Julio Flórez (1867-1923) pergeñó uno de los versos que mejor define a los colombianos: “todo nos llega tarde ¡hasta la muerte!”.
Por ejemplo, cada vez que se firmó uno de los sucesivos acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC (La Habana, Cartagena, Bogotá) se dijo que con esa firma terminaba el último conflicto de la Guerra Fría. A estas alturas del año puede anticiparse también que este será el último gran acuerdo del período de ilusión cosmopolita que comenzó en 1991. Hoy la Corte Penal Internacional es un gueto de países medianos de Europa y América que intentan ampliar los fueros del derecho internacional, pero sus parámetros dormitan como una simple referencia.
Sin embargo llegar tarde tiene algunas ventajas, entre las cuales la experiencia es la más importante. Por ejemplo Colombia llegó a las negociaciones con las FARC después de una decena de acuerdos con distintos grupos armados y con un acervo notable en materia de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes. Desde 2005 el país también empezó a recorrer el camino de la justicia transicional y desde 2007 asumió la reivindicación de las víctimas.
Las instituciones y los protagonistas de todos estos casos están en su mayoría vivos y sus memorias están en los escritos y en las competencias de muchos funcionarios y académicos. Por estos motivos hay razones fundadas para confiar en las negociaciones, los acuerdos y la probabilidad de llevar a cabo una implementación exitosa de los mismos.
Hay que recordar que las condiciones propicias para la negociación se dieron por la enorme asimetría entre el poder del Estado y el de las FARC a la que se llegó (guste o no) por la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe; y que fue posible llegar al final de los diálogos gracias a la voluntad (guste o no) de las FARC y del presidente Juan Manuel Santos.
Implementación del perdón y reconocimiento hacia las víctimas.
Foto: Presidencia de la República
Dicho esto, es bueno recordar algunas de las previsiones para el post-acuerdo que se habían formulado cuando apenas se estaban conociendo los avances de los primeros puntos de la agenda. Para esto acudo a las conclusiones de un seminario realizado en Medellín en abril de 2015, en el que participaron el entonces ministro del posconflicto, Oscar Naranjo, y expertos de África, América Central, Perú y Colombia.
No tenemos noticia de posconflictos que no hayan sido violentos.
En el encuentro se establecieron cuatro líneas para identificar los principales llamados de atención para realizar las intervenciones adecuadas en el posconflicto:
La presencia inmediata del Estado en las zonas que abandonen las FARC.
Prevenir la criminalización de los excombatientes.
Enfrentar administrativa, económica y policialmente las economías criminales.
2. Ciudadanía. La sociedad civil es la tercera pata de la mesa y sin ella es difícil lograr que se mantenga lo acordado. Para conseguir este propósito se deben tener en cuenta algunas cosas:
La competencia por representatividad y por reparaciones entre víctimas, comunidades y regiones fragmentará la población en lugar de unirla.
Los generadores de opinión y líderes sociales deben contribuir a la despolarización, la des-radicalización y la deslegitimación del uso de la violencia.
Se requiere una intervención del sector privado que trascienda su papel tradicional como generador de riqueza y fuente de tributación.
3. Regiones. Durante el encuentro citado el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló de la paz territorial, y nada es más urgente en un país en el cual la geografía de la guerra y la presencia del Estado han sido tan heterogéneas. Por eso:
El ordenamiento territorial es clave para la construcción de paz.
Hay que prestar mucha atención a definir espacios administrativos y participativos intermedios entre municipios y departamentos, así como a diseñar y ejecutar planes que vayan más allá de las fronteras administrativas y atiendan las realidades sociales.
Evitar la disolución del Estado a través de los mecanismos de la descentralización.
4. Instituciones. Es importante crear un conjunto de instituciones apropiadas, en muchos casos transitorias, que respondan a las urgencias de la implementación. Además, hay que:
Generar un blindaje ético e institucional frente a la corrupción, una de las mayores amenazas para el post-acuerdo.
Crear los dispositivos institucionales indispensables para que el aumento de las capacidades estatales en la periferia esté acompañado por una sociedad civil fortalecida y un mercado formal lo más libre posible.
Mejorar los niveles de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública y entre las diversas agencias del Estado.
Además, son muy importantes los cronogramas de la implementación:
18 meses del proceso rápido, para robustecer el proceso y ganar la confianza de todos los actores,
Tres años para cimentar las iniciativas estratégicas que garanticen la normalización de las políticas públicas derivadas del acuerdo, y
Por último, el tiempo que se tarden estas políticas en los diversos horizontes temporales trazados (10, 12 o 15 años según el caso).
Mucho por el Acuerdo, poco por el posconflicto
Presentación del acuerdo final al Senado y Cámara.
Foto: Presidencia de la República
Todo esto lo sabemos los políticos, los tecnócratas y la academia, pero a la hora de nona el gobierno ha carecido de la visión, de la estrategia y de la responsabilidad para hacer la tarea. Mientras tanto, los medios se llenan de noticias de asesinatos en las zonas previstas para la implementación, se precipitan las alianzas entre las viejas “bacrim” y las nuevas “farcrim”, y el Ministerio del posconflicto es una chapa virtual porque no hay recursos allí o en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Hoy en día lo que se escucha en embajadas y agencias internacionales son calladas voces de escándalo por la imprevisión y la desidia del el alto gobierno.
Durante seis años ningún ministerio actuó pensando en el posconflicto.
El gobierno tenía todos los ases en su mano: apoyo político interno e internacional, dos reformas tributarias en dos años y los dividendos de diez años de crecimiento económico sostenido. Pero en las elecciones regionales la Unidad Nacional privilegió las viejas clientelas y acentuó la desconfianza de muchos gobernadores y alcaldes reacios al Acuerdo.
Además, durante seis años ningún ministerio actuó pensando en el posconflicto, especialmente el ministro de Hacienda.
Pero todo esto quedó en el pasado y hoy se nos avecina la concentración de los excombatientes de las FARC, el fast-track y las primeras fases de la implementación.
El presidente Santos hizo todo lo posible para sacar adelante el Acuerdo, pero no hizo nada (o hizo todo lo contrario) de lo que demanda la implementación del mismo. Santos pasará a la historia como el hombre que propició esa firma, pero no como el líder de la construcción de la paz. Eso lo hará posiblemente el próximo presidente.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Eafit. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
** Decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit
ImplementaciónJorge Giraldo RamírezpazPostacuerdoUniversidad EAFIT
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