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El Congreso tramita un proyecto para legalizar el consumo recreativo del cannabis, pero los quince argumentos a favor de la propuesta son menos convincentes de lo que podría parecer. Estos son los porqués.
En 2015el presidente Santos sancionó un decreto que comenzó a reglamentar la producción y uso del cannabis con fines médicos y científicos en Colombia.
Los críticos del momento alegaron que la firma del decreto era el primer paso hacia la legalización del uso recreativo del cannabis —lo cual es cierto—, y pensaron que el gobierno siguiente podría deshacer esta medida. Pero no fue así. En efecto, no la echó para atrás, pero durante tres años puso toda clase de obstáculos.
Aunque las posturas del presidente Duque indicaban una tendencia a reprimir todo lo relacionado con el uso de sustancias psicoactivas, luego de interminables discusiones  que duraron seis años, en el mes de julio de 2021 el presidente firmó un nuevo decreto que amplía el uso del cannabis al sector industrial y de exportaciones.
Mientras tanto, los representantes Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada encabezan —por tercera vez—la defensa del proyecto de acto legislativo para regular el consumo de cannabis por parte de los adultos. En esta ocasión se unieron reconocidos artistas, empresarios, periodistas, modelos y políticos colombianos para exigir al Congreso la regulación del cannabis, a partir de una campaña donde se exponen quince argumentos a favor del proyecto.
Estos argumentos se agrupan en cuatro rubros básicos: económico, social, de salud pública y de libertades individuales. Cada uno planteado con el propósito de pasar de una política prohibicionista a una política preventiva en el manejo del cannabis.
Revisemos qué hay de cierto en estos argumentos y las posibles consecuencias de esta decisión en un país como Colombia.
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La industria de cannabis ha estado en crecimiento desde las primeras iniciativas de regulación en el mundo. Por eso este proyecto promete un impulso para la creación de empleo y de ingresos, que inclusive podría llegar a suplir la reforma tributaria.
Las experiencias previas nos muestran que, en efecto, la regulación ha tenido efectos económicos significativos.  Canadá, el último país en dar el paso de la legalización ha tenido un aumento importante en sus ingresos tributarios asociado con la industria del cannabis recreativo y medicinal. Así mismo, en Estados Unidos, los impuestos sobre las ventas de cannabis han producido ingresos a la mayoría de los estados donde está regulado.
Pero es muy apresurado sostener que los ingresos del cannabis podrían evitar una reforma tributaria. Es más probable que los ingresos de la industria sean usados para financiar el mismo programa de regulación, tal como está ocurriendo en Uruguay, el país con más años de experiencia en la regulación del cannabis.
El proyecto de ley espera “plantear una estrategia distinta para combatir el tráfico ilegal de cannabis, como estrategia para reducir la violencia en el país”.
Si bien la legalización ha reducido el consumo ilegal de cannabis en los países regulados, es muy pronto para sostener que esta medida, por sí sola, reducirá la violencia asociada con las drogas. Los datos de reducción o aumento de violencia en Uruguay, donde alrededor del 50% de la marihuana que se consume está bajo el control del Estado, no tienen una correlación evidente con la legalización.
Dado que no hay evidencia sobre los efectos de la regulación del cannabis en la seguridad de un país,  este argumento es más una justificación política que una razón sólida para la legalización — como sostiene Rosario Querolo—.
Las mejoras en salud
Hoy por hoy se reconoce que el cannabis tiene una variedad de efectos buenos para la salud. Así lo demostró la Academia de Ciencias de Estados Unidos sobre la base de cerca de 10.000 estudios. Además, este proyecto de ley pretende exponer a menos personas al mercado ilegal, lo cual implica ofrecer una mejor calidad de los productos de cannabis.
No obstante, estos resultados no se refieren a los efectos del cannabis fumado –forma de consumo predilecta por parte de los usuarios recreativos–, sino a preparaciones, que van desde píldoras y cápsulas  hasta infusiones, pasando por aceites, ungüentos, y equipos de vapeo. Esto hace que pierda peso al argumento según el cual “la marihuana es menos nociva que el alcohol o el cigarrillo”.
Si estamos comparando una botella de aguardiente o una cajetilla de cigarrillos contra un “porro”, seguramente la frase es cierta; pero si estamos comparando una cerveza o una copa de vino contra un porro, o un cigarrillo corriente contra un porro, no: la marihuana tiene seis veces más alquitrán que el tabaco, 50% más de sustancias cancerígenas, y el humo afecta las vías respiratorias superiores. Inocua no es.
El problema del cannabis fumado consiste en que, al ser inhalado de forma más prolongada y estar combinado con tabaco, la persona acaba por inhalar cuatro veces más alquitrán y dióxido de carbono que al fumar un cigarrillo común.
En este marco de no prohibición, regular el cannabis de uso adulto implica que el Estado proporcione la información suficiente para que cada persona decida con libertad lo que consume. De esta forma, el proyecto de ley también pretende impulsar la autonomía de los ciudadanos.
En mi opinión, el argumento de las libertades individuales en un país como Colombia es de cuidado por dos razones. Primero, la legislación colombiana está llena de contradicciones: formula nuevas normas, pero las abandona al poco tiempo o nunca las lleva a cabo. Y, segundo, el exceso de libertades y poco control del Estado sobre ellas, permite que los delitos y abusos queden impunes.
Hoy, cuando es ilegal el uso recreativo del cannabis, muy pocas personas están siendo sancionadas por portarlo, venderlo o consumirlo. En Colombia, cuando alguien infringe esta norma, lo más probable es que ocurran una de tres situaciones: no pasa nada, le incautan la sustancia o le piden un soborno. Por eso sería preciso que el proyecto de ley considerara el contexto real donde aplicaría el modelo de regulación del cannabis.
Foto: Radio Nacional de Colombia - La propuesta de “regular”, como dice el Representante Reyes, la marihuana recreativa es una propuesta para adultos, personas con capacidad de tomar decisiones, de informarse y de hacer lo que consideren mejor.
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La prevención y los adolescentes
En Colombia tenemos un problema de consumo de sustancias que se agrava de manera lenta pero continua. Como lo exponen los informes anuales de la ONU, esta tendencia es mundial, pero hasta la fecha no se ha adoptado una política nacional de prevención del consumo de drogas, (así el DANE pretenda que milagrosamente haya disminuido a niveles de 2008).
Es preciso aclarar que hacer campañas por medios masivos, dar conferencias o hacer talleres, no es realmente prevenir el consumo. La prevención se hace con la comunidad, en las escuelas, con los padres de familia y los adolescentes.  Acciones que el Estado colombiano no realiza, ni proyecta. Discursos y normas, sí. Recursos para aplicar esos discursos en contextos concretos, no.
La propuesta de regular el cannabis de uso recreativo se limita a los adultos: personas con capacidad de tomar decisiones, de informarse y de hacer lo que consideren mejor. Sin embargo, todos los que trabajamos en este campo sabemos que el consumo recreativo de cannabis se inicia, en más del 90% de los casos, en la adolescencia.  Justo cuando el sistema nervioso está en proceso de desarrollo y la persona no tiene una buena capacidad para tomar decisiones.
Según Meier y colaboradores, el impacto del consumo de cannabis en la adolescencia es similar al del alcohol: interfiere en el desarrollo del sistema nervioso y puede producir secuelas irreversibles. La probabilidad de que un adulto desarrolle dependencia al cannabis es del 10%, mientras que, cuando el adolescente empieza a consumir a los 14 años, esa probabilidad pasa al 50%.
Si el alcohol hubiera sido descubierto en 2005, con toda seguridad sería ilegal. No obstante, pensar en hacerlo ilegal hoy es un exabrupto. De igual forma ocurre con el tabaco. Estas dos sustancias provocan una inmensa cantidad de problemas, de eso no hay duda, pero ahora queremos agregar una tercera.
Debemos tener en cuenta que el Estado colombiano ha sido totalmente incapaz de controlar la venta de alcohol a menores de edad. Incluso, fuimos durante muchos años el país con el mayor nivel de consumo en adolescentes del continente; ahora somos los segundos, superados apenas por Argentina. De modo que es poco realista pensar que se reducirá el consumo de cannabis en adolescentes, tan solo porque el Estado lo regula.
Ahora bien, el uso recreativo del cannabis será aprobado en muchos países, incluido Colombia. Por eso importa que quienes promueven esa decisión añadan propuestas preventivas para que niños y adolescentes no se vean involucrados en su uso. Así como señalar qué recursos se asignarán para que la prevención sea más que una palabra llamativa.
El representante Reyes Kuri dice que la discusión debe darse con argumentos. Yo sugeriría que no basta con argumentos, sino con buenos argumentos; y algunos de los que se presentaron en defensa de la propuesta no solo son malos, sino falsos.
Ph.D. Corporación Nuevos Rumbos.
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