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A Camilo Romero, gobernador del Nariño, le corresponde administrar un territorio de inmensas potencialidades y conflictos.
Con un gran porcentaje ubicado en el Chocó biogeográfico, Nariño hace parte de la América Tropical, un mosaico abigarrado de ecosistemas que cuenta con un gran número de llanuras, formaciones selváticas y una alta pluviosidad.
Por ser la frontera de Colombia con el resto de Suramérica y el océano Pacífico, Nariño cuenta con una posición geoestratégica privilegiada. Denominado el corazón del mundo por el Plan de Desarrollo del Departamento 2016-2019, Nariño alberga la cuenca binacional del Mira-Mataje y la del río Patía, las cuales contienen los ecosistemas de guandal y de manglar más importantes de Colombia.
Sin embargo, debido al abandono estatal, esta joya natural se ha convertido en el nicho perfecto del narcotráfico.  Gran parte de su población, compuesta en un 10,28 por ciento por indígenas y en un 18,8 por ciento por afrocolombianos, carece de agua potable y luz eléctrica. Sus vías presentan condiciones paupérrimas: pese a ser fundamental para la sustitución de cultivos ilícitos, las condiciones de la red terciaria que conecta las cabeceras municipales con las zonas rurales son deplorables.
Por otra parte, las operaciones de las Fuerzas Armadas y el paramilitarismo motivaron el repliegue de la guerrilla a sus zonas de retaguardia en el Sur del país y reubicaron los centros de producción y las rutas de comercialización de la droga.
Así a mediados de la década de 1990, los cultivos y laboratorios de coca se trasladaron a la cordillera occidental y a la Llanura del Pacífico nariñense, con Tumaco y Buenaventura como rutas fundamentales del narcotráfico.
El hambre y la inseguridad reinan en Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera, la Tola, El Charco, Santa Bárbara y Francisco Pizarro, poblaciones donde, según el DANE, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) llega a 80 por ciento. En este panorama, sus habitantes encuentran en la siembra de coca la oportunidad de tener un sustento básico.
Manglares en Nariño. Fuente: Plan de desarrollo departamento de Nariño.2016-2019.
Camilo Romero, Gobernador de Nariño.
Foto: Secretaría de educación del Nariño
Actualmente Nariño es el departamento que tiene más áreas sembradas de cultivos de coca. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) posee 42.627 hectáreas de coca; en Tumaco y su área de influencia de la Balsa, Llorente, Guayacana y Restrepo se encuentra el 23 por ciento de estos cultivos. Así mismo el departamento cuenta con el 65 por ciento de cultivos de amapola del país. El vertiginoso aumento de los cultivos ilícitos promovió la transformación del territorio e introdujo nuevos actores y prácticas en la vida social y económica del departamento.
La situación actual es sumamente crítica: la bonanza minera se convirtió en una importante fuente de financiación de estas actividades y la lucha por controlarla agravó la violencia en el departamento; el control territorial produjo el desplazamiento forzado de cientos de habitantes; y la ausencia de trabajo y educación condujeron a muchos jóvenes a unirse a bandas criminales y paramilitares. Como si fuera poco, las áreas de coca han aumentado, y hoy se estima que existen alrededor de 209.000 hectáreas, con una producción potencial del alcaloide de 921 toneladas.
A pesar de tan grave situación, el Departamento Nacional de Planeación cree que el futuro económico de Nariño es un asunto marginal y el Banco de la República no lo considera prioritario. Los planes de desarrollo con enfoque territorial funcionan lánguidamente y la reforma agraria integral no parece viable en el futuro cercano.
Por todo eso el desarme de las FARC -que no es la paz- se le está yendo al presidente Santos como agua entre los dedos. Su gran obra de gobierno se deshilvana entre sus propios errores e inconsecuencias. El aumento de disidencias de las FARC, sumado a la presencia de carteles mexicanos y brasileños está agravando la violencia en ciudades como Tumaco, Pasto, Buenaventura, Cali, Medellín y en las regiones cocaleras donde la inconformidad social y la inseguridad están a la orden del día como ocurre en el Catatumbo, Arauca, Guaviare, Caucasia, Cáceres, Argelia, la región del Naya y la Delfina.
A esto hay que agregarle el asesinato sistemático de líderes sociales en las zonas de conflictos, el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos y dos ejércitos nacionales que no logran capturar a Guacho.
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Lo que vive actualmente el país –especialmente la zona del Pacifico– no es la paz, sino una guerra de baja intensidad con tendencia a agravarse. El gobernador de Nariño ha afirmado que allí se está librando una nueva guerra.
Glifosato: beneficioso para Washington, perjudicial para Colombia
Paisaje de la región nariñense.
Foto: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Ante este estado de cosas, al gobierno saliente y al entrante se les ocurre una salida que complace a Washington, pero perjudica a Colombia: la inútil y peligrosa fumigación con glifosato.
Ambos gobiernos olvidan que esta práctica lleva tres décadas de aplicación en Colombia sin lograr ningún éxito. Las cifras son contundentes: hasta la fecha se han asperjado más de 1.800.000 hectáreas, pero Colombia sigue siendo el mayor productor del mundo y hoy cuenta con 209.000 hectáreas sembradas de coca.
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Los cultivos que van a fumigarse están escondidos entre matas de plátano y yuca, con el agravante de que debajo pasan riachuelos o existen nacederos de agua dulce. La fumigación hace daño a los cultivos de coca pero también a la vida en todas sus manifestaciones. Los más perjudicados son los campesinos de las regiones cocaleras, el eslabón más débil de la cadena. El nuevo gobierno ya ha dicho que los auxilios ofrecidos a los campesinos que se comprometieron con la sustitución voluntaria no son más que “subsidios perversos”.
Las palabras del gobernador de Nariño a este respecto son muy elocuentes: “Si van a insistir con fumigaciones, se los digo de una vez, les va a pasar lo que ya les pasó, van a tener incremento de los cultivos ilícitos porque no han resuelto el problema fundamental. Aquí hay que entender que se requiere una salida estructural ante un problema social y no exclusivamente criminal. Creer que hay una culpabilidad en quienes están dedicados a la siembra y no se habla de manera integral de quienes consumen ha conducido a que la política antidrogas haya fracasado a nivel global”.
El hecho más preocupante es que Nariño esté solo en esta coyuntura. Los esfuerzos del Gobierno Nacional son insuficientes ante la magnitud del desafío y los requerimientos financieros del posconflicto. Camilo Romero aseguró que, aunque el departamento necesita 1,5 billones de pesos, solo se han invertido 54 millones.
Los esfuerzos del Ejército nacional para devolver la tranquilidad a la región y acabar con el narcotráfico se estrellan contra el muro de la ineficaz política antidroga que obedece a los intereses de Washington y no a las necesidades de Colombia. Nuestro país se desangra por producir lo que consumen en el norte.
Lo que se viene es un aumento de la violencia en toda Colombia, y especialmente en la región pacífica.
Estamos ante el riesgo de que los esfuerzos por la paz naufraguen en el decálogo prohibicionista del nuevo gobierno que piensa prohibir hasta la dosis mínima.
*Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos, La geopolítica del petróleo y el cambio climático, Universidad de Antioquia, 2010.
Abandono estatalCamilo RomeroFernando Guerra RincónGlifosatoNariño
*Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte. Profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos, La geopolítica del petróleo y el cambio climático (Universidad de Antioquia, 2010).
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