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La propuesta del gobierno permitiría reforzar prácticas clientelistas, pondría en desventaja a los partidos de oposición y debilitaría la confianza en las instituciones.
La reelección refuerza la primacía de la figura del presidente en los regímenes democráticos.
En Colombia, el Acto Legislativo 02 de 2004 introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata autorizando que el primer mandatario y el vicepresidente ocuparan su cargo durante un segundo período si los ciudadanos lo aprobaban mediante el voto popular.
La aprobación de la reelección motivó la expedición de la Ley de Garantías en 2005.
Con el objetivo de evitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas en épocas de elecciones, esta ley prohíbe que los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales celebren convenios administrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.
Tras la eliminación de la reelección presidencial en 2015, ha habido varios intentos por reformar esta ley. Este año, el gobierno nacional incluyó un artículo en el Presupuesto General de la Nación de 2022 con el fin de modificarla parcialmente.
Esta propuesta ha puesto en evidencia las divisiones que existen en el interior del Centro Democrático, pues mientras que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga sostienen que no es conveniente, el presidente Iván Duque ha señalado que la normativa debería ser eliminada porque ya no existe la relección y los contratos estatales son una herramienta fundamental para la reactivación económica. Aparentemente, al presidente se le olvidó que cuando era senador afirmó que la Ley de Garantías impedía que el partido del gobierno se perpetuara en el poder y, por ende, era imprescindible mantenerla.
Más allá de las posturas de los miembros del Centro Democrático, existen dos grandes razones por las cuales esta reforma es una mala idea.
La modificación al artículo 38 de la Ley 996 de 2005 busca que puedan realizarse contratos interadministrativos. Estos contratos se suscriben ante entidades públicas y cuentan con elementos legales que facilitan la contratación directa.
Como señala Oscar Reyes, la licitación pública reduce las posibilidades de vulnerar la transparencia. Sin embargo, existen vacíos legales que permiten celebrar contratos en medio de las elecciones sin realizar los procedimientos contractuales necesarios.
Aunque aún no están claros los efectos que la ley ha tenido en la corrupción, es evidente que este tipo de contrataciones ponen en desventaja a quienes no son parte del partido de gobierno en determinados territorios.
Adicionalmente, es importante preguntarse si al eliminar aspectos fundamentales de la ley de garantías habrá que ejercer un mayor control en la planificación de contratos. ¿Acaso es hora de poner sobre la mesa una reforma electoral?
Podría empeorar las condiciones de competencia para los partidos de oposición
Actualmente, los partidos que apoyan al gobierno poseen el 57,6% de las gobernaciones bien sea como coaliciones de partidos o con candidaturas únicas. Este porcentaje pone en evidencia que la Ley de Garantías cumple un papel importante, pues como ha explicado el Consejo de Estado, protege a los funcionarios de presiones políticas y permite controlar el uso de los recursos públicos en el período electoral.
Foto: Alcaldía de Bogotá - La eliminación de la Ley de Garantías favorece la L concentración de votos y prácticas electorales difíciles en ciertas zonas del país.
Le recomendamos: La Ley de garantías: ¿conviene eliminarlo en año electoral?
Los supuestos de la Ley de Garantías
La Ley de Garantías se basa en dos supuestos:
Los contratos celebrados antes o durante las elecciones suelen traducirse en votos para un candidato determinado;
Los miembros del ejecutivo tienden a firmar más contratos durante la época electoral con el objetivo de apoyar a su partido.
Teniendo en cuenta que en Colombia la compra de votos y los favores políticos son prácticas comunes, podemos afirmar que estos supuestos son bastante razonables y no existen motivos de peso para ponerlos en duda.
Los argumentos presentados sugieren que modificar esta Ley como propone el gobierno pondría en desventaja a los partidos de oposición, reforzaría prácticas clientelistas en los municipios y facilitaría llevar a cabo contrataciones con el fin de ganar votos. Se trata de una mala idea que debilitaría la poca confianza que los ciudadanos sienten hacia las instituciones.
Adriana Ramírez BaracaldoÁlvaro UribeCentro Democráticoelecciones 2022Iván DuqueLey de garantías
*Profesora del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Agradezco la asistencia de investigación de los integrantes del semillero de Partidos políticos y Elecciones, Miranda Guerra y Sara Sofía Arcila.
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