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Acuerdo de Coordinación entre la Dirección General de Protección Ciudadana y el Instituto de la Mujer
El convenio firmado tiene como fin la elaboración de un protocolo que gestionará la información de los Dispositivos de Localización Inmediata. La firma del acuerdo fue presidida por el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género, adoptando un nuevo acuerdo que garantiza una rápida y eficaz respuesta en relación con este tipo de incidentes, a través del Servicio de Atención de Urgencias (SAU) 1-1-2.
Así, la Dirección General de Protección Ciudadana, perteneciente a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha han firmado un Acuerdo de Coordinación de Competencias cuyo fin es la elaboración y puesta en marcha de protocolos y procedimientos, entre ambos organismos, que garanticen la atención inmediata en los casos de violencia doméstica.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha presidido el acto de firma de este Acuerdo de Coordinación que han rubricado el director general de Protección Ciudadana, Antonio Puerto, como responsable del SAU 1-1-2, y la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Novillo.
El convenio tiene como fin la elaboración y puesta en marcha de un mecanismo de actuación, cuyo fin es coordinar la intervención entre el Instituto de la Mujer y el Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2, ante los casos de violencia de género.
Así, el mencionado protocolo de actuación establecerá el sistema de gestión de la información, relativa a los Dispositivos de Localización Inmediata, asegurando que la cesión y tratamiento de los datos de carácter personal se lleva a cabo cumpliendo la actual legislación.
Estos dispositivos de localización, que poseen las víctimas de violencia doméstica, facilitan el contacto inmediato con el SAU 1-1-2 de Castilla-La Mancha desde cuyo Centro Coordinador, tras la recepción de una llamada, se pone en marcha la respuesta urgente y coordinada ante una situación de malos tratos.
El protocolo que articulará este Acuerdo de Coordinación deberá estar elaborado y aprobado en el plazo máximo de un mes.
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