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Los cambios estructurales no pueden seguir aplazándose. Ya hay avances y acuerdos con mucho camino por delante. Solo falta la voluntad política del nuevo presidente de México
Cancún, Qna. Roo., a 3 de julio de 2012
El próximo presidente de México no seguirá ejerciendo solo el poder. Tiene ante sí la exigencia de las diferentes fuerzas políticas y sociales que le demandan transitar de una “gobernabilidad autoritaria”, como la dominante, a una “gobernabilidad democrática”, como a la que han aspirado inalcanzablemente las últimas cuatro generaciones.
Después de que el PRI perdió la silla presidencial en el 2000, tras 70 años de gobierno, el PAN con tan solo doce años reprodujo el esquema autoritario priísta y canceló esa esperanza de cambio que parecía haber encendido la llama de millones de mexicanos que hoy, como desde hace poco más de cuatro décadas, anhelan la democratización del sistema político.
Ya no hay tiempo de seguir aplazando esta exigencia. Las circunstancias sociales están dadas para que desde los diferentes órganos del poder se materialicen las reformas estructurales que hacen falta en el país y cuyo tema central es el poder, cómo se genera, cómo se estructura, como se distribuye, cómo se ejerce y para quién se ejerce.
Estas son las voces que se escuchan entre en los actores políticos de primera línea tanto de izquierda como de derecha o de centro. Igual en la academia y los foros jurídicos. La mayoría coinciden que el sistema presidencial mexicano autoritario está superado y es necesario un nuevo diseño institucional que incluya reglas de entendimiento y control para toda la constelación de los poderes fácticos, aquellos que ejercen influencia sin existir en la estructura gubernamental: el clero, los empresarios, los medios de información y el poder ciudadano, principalmente.
Uno de los principales promotores de este cambio es el próximo líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, el priísta Manlio Fabio Beltrones, quien considera que el gobierno compartido es un instrumento institucional ajeno a la discusión de quienes propugnan por una cambio de sistema político: de presidencialismo pasar a un sistema semipresidencial o de plano a uno parlamentario, con lo cual no todos están de acuerdo.
Hay afinidad en el qué pero no en lo cómo resolver los cambios para ver luz al final del túnel de la transición política por la que atraviesa el país. Manlio es de los que cree que no se requiere restarle facultades al poder presidencial sino fortalecerlo para que opere con eficacia.
“Me parece más apropiado pasar de los gobiernos divididos a una era de gobiernos compartidos, mediante la figura del gobierno de coalición. Una coalición gobernante permite agregar respaldo legislativo efectivo y capacidad de acción a la fuerza política que con mayor número de sufragios obtuviera la mayoría para integrar el gobierno hasta el siguiente momento electoral en que debiera aprobarse”.
En opinión del senador, existen varios mecanismos para impulsar lo anterior, pero lo que es innegable es que se requiere sumar respaldo político y ciudadano a la buena gestión del gobierno, que es el significado de la gobernabilidad democrática, muy diferente de aquélla que se obtiene por el uso de la fuerza o la imposición de unos sobre otros, que también es gobernabilidad pero de talante autoritario.
Desde las filas de la izquierda, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo sintoniza con quienes promueven transitar a un sistema de poderes compartidos que plantea el fortalecimiento y cooperación entre todos los poderes, en beneficio de la autonomía y de la eficiencia de cada uno, “porque si no, ocurre lo que en las plazuelas, que domina quién habla más fuerte”.
Muñoz Ledo parte de la idea de que en México el presidencialismo actuó por suplencia de una sociedad civil prácticamente inexistente, de una demografía fragmentada y de una carencia dramática de instituciones eficientes.
“Generó una cultura política: la cultura del autoritarismo, que a su vez produjo fenómenos endémicos que fueron: el verticalismo, esto es, el sistema de decisiones en un polo geográfico de poder; el patrimonialismo, esto es, la pérdida de frontera entre el patrimonio público y el patrimonio privado y; diversas formas de corporativismo, esto es, de sujeción de los órganos sociales al poder público”.
Para revertir eso, considera, en primer término se trata del fortalecimiento de un Ejecutivo moderno, que pasa por alguna distinción clara entre la esfera del Estado y la esfera del gobierno.
“Se trataría de, o bien del establecimiento de un jefe de Gabinete y un gobierno responsable frente al Congreso para sus actos políticos fundamentales y que cuenten para su nombramiento con la aprobación de éste; o la figura de un jefe de Gobierno que pueda ser removido junto con el gabinete, tanto por el procedimiento del voto de censura, como por el de cuestión de confianza.
“En ambos casos de lo que se trata es de fortalecer los poderes públicos derivados del Estado nacional. Eso exige una reforma administrativa en profundidad, un fortalecimiento del Poder Judicial, una definición respecto de la justicia constitucional, una federalización y descentralización de las atribuciones y de las responsabilidades públicas, el desarrollo de entidades autónomas, el servicio civil de carrera, el juicio político al presidente de la república y, por esa vía, la revocación de mandato”.
El controvertido político explica que por lo que hace al poder Legislativo es claro que se trata de profesionalizarlo, de fortalecerlo y de prestigiarlo.
“Un tema es la reelección, sobre la que no hay objeción mayor de los especialistas. Convendría determinar si es solo para representantes de circunscripción o también los de lista. Se requieren decisiones complementarias para la compactación de las comisiones y la ampliación de los periodos de sesiones. Se trata a demás de devolver al Senado su carácter federativo”.
- ¿Cuál sería en el futuro un régimen de partidos compartidos con un sistema de poderes compartidos? -, se pregunta y él mismo responde;
“Pienso que no es necesario transitar hacia la disminución arbitraria del número de partidos sino a lo que el maestro Sartori llamó el bipolarismo, esto es, a la asociación y alianza de partidos, que permite una alternancia del poder y un equilibrio de poderes públicos eficientes.
“Ello requiere desde luego, y esto es claro, nuevas reglas de orden público y democrático en la vida de los partidos; flexibilizar las coaliciones y aceptar las candidaturas comunes; admitir la figura de candidatos independientes; elevar el umbral para que mantengan su registro los partidos y; redimensionar las cámaras de Diputados y de Senadores, sin lo cual la reelección sería fácilmente aceptable por la opinión pública”.
El sistema de poderes compartidos, continúa Muñoz Ledo, requiere también un nuevo equilibrio entre la democracia representativa y la democracia directa y semidirecta; una definición clara y practicable de la figura del referéndum, del plebiscito y de la iniciativa social; formulas asequibles de participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de los servicios públicos; una multiplicación participativa de las autonomías territoriales y la ciudadanización de numerosos servicios públicos.
“Sin este nuevo juego de equilibrios, sin esta redefinición institucional, difícilmente podríamos encarar con acierto los grandes problemas de la agenda nacional: los económicos, sociales, y los que provienen de la globalización.
“De lo que se trata, a fin de cuentas, es de instaurar una nueva legitimidad y una Constitución estable, que no tenga que ser reformada cada dos semanas. En un futuro de incertidumbre, el sistema político debe dar seguridades a los ciudadanos y viabilidad al Estado”, indica.
El constitucionalista Diego Valadés ha impulsado desde la academia foros para reflexionar sobre el tipo de nuevo sistema político al que debería transitar México. Es de los investigadores que cree la tendencia en el mundo es pasar de los sistemas presidenciales a los sistemas parlamentarios.
“Yo siempre he dicho que es más fácil mejorar aquello que se conoce que adoptar aquello que no se conoce, y en México no tenemos práctica de sistema parlamentario, entonces sería más complejo transformar nuestro régimen presidencial.
“Sin embargo, también considero que lo natural es que una vez que empecemos con el proceso de parlamentarización del sistema presidencial, culminemos con un sistema parlamentario. Creo que en general esa es la tendencia en el mundo y si podemos ahorrar etapas y las circunstancias del país en determinado momento facilitan o incluso exigen un cambio drástico del régimen de gobierno, evidentemente tendremos que ir hacia un sistema parlamentario.
“O sea: iremos hacia allá o por etapas que es como yo lo propongo, que es la vía sencilla y en la que tenemos experiencia; o de tajo si es que las condiciones del país así lo exigen”.
Valadés también sintoniza con la idea de que las diferentes fuerzas políticas construyan acuerdos para revertir el “sistema de minoría democrática” que se ha constituido a partir de la falta de legitimidad con que obtuvieron el triunfo los dos últimos presidentes de la república; Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Explica: “En el orden del sistema legislativo tenemos ya un congreso plural en función del sistema electoral que se fue decantando, pero tenemos un sistema representativo sin consecuencias, o sea nuestros congresistas siguen aprobando todos los días puntos de acuerdo que no tienen absolutamente ningún efecto práctico, y en cambio no participan en decisiones importantes del estado mexicano, y el gobierno también está detenido en su estructura tal como en el periodo de la hegemonía de un partido”
- ¿Qué resultados, qué consecuencias tenemos de todo esto?
- Que en México se haya construido una democracia de un gobierno de la minoría. Esto es, en el año 2006 el presidente de la república fue elegido con el 35 por ciento de los votos y más o menos ese era el porcentaje de apoyo parlamentario al que tenia.
En 2009, añade, el apoyo para ese partido en el gobierno disminuyó al 26 por ciento, esto quiere decir que en el 2006 el 65 por ciento de los electores no tuvieron influencia en las decisiones del gobierno, y a partir del 2009 el 74 por ciento de los electores no tiene influencia en las decisiones de gobierno.
- ¿Qué se tiene que hacer en estos casos?
- Si no se tiene una mayoría electoral se tiene que construir una mayoría parlamentaria, y entonces lo normal es que un gobierno le diga a un congreso este es mi programa del gobierno discútelo y apruébamelo, no ocurre eso, entonces tenemos que las decisiones del gobierno son dictados por una autoridad que tiene un apoyo en el 24 por ciento del electorado, esa es una anomalía institucional que se debe corregir-, puntualiza.
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