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Inicio TemasEconomía y Sociedad Transición energética en jaque y cómo bajar los precios de los alimentos
Escrito por Mario Valencia - Laura Buitrago marzo 20, 2022
Mario Alejandro Valencia* y Laura Buitrago Niño**
Colombia es un país dependiente
La invasión de Rusia a Ucrania ha intensificado el aumento de precios de los commodities de energía, lo cual podría dificultar la transición energética en el mundo entero.
Actualmente, el barril de petróleo se cotiza a 105,2 dólares pese a que, en 2021, la Agencia Internacional de Energía había establecido un precio promedio de 70,9 dólares. Así mismo, los precios del carbón han aumentado en un 140,8% en el último año y se espera que la producción colombiana aumente en un 10% este año.
Si efectivamente el precio promedio del barril de petróleo pasa de 70 dólares a 100 dólares, habría un aumento en los ingresos del país de 2.000 millones de dólares. Estas serían buenas noticias para las finanzas públicas, pero no para el resto de la economía.
Durante décadas, la estabilidad económica de Colombia ha dependido, en gran medida, de los precios energéticos que no establece el país.  Los precios altos desincentivan la inversión en sectores diferentes de la minería y los precios bajos exigen que el Estado asuma un mayor endeudamiento para compensar las pérdidas de ingresos.
Lo lógico sería que el gobierno aprovechara las bonanzas para invertir en actividades de producción agrícola y transformación industrial, pero en vez de eso, suele aprovechar las arcas para profundizar la ineficiencia del gasto público. Los precios de los combustibles y alimentos ponen en evidencia cuán absurda es la situación.
Foto: Fiduagraria - El gobierno no ha buscado alternativas a la importación de los insumos agropecuarios.
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Los precios de los combustibles en Colombia están amarrados a los precios internacionales del petróleo y, por tanto, el argumento según el cual es mejor exportar el petróleo crudo en vez de aprovecharlo como materia prima carece de fundamento.
Por culpa de esa lógica, los colombianos pagamos la gasolina como si estuviéramos obligados a importar petróleo, lo cual afecta a los productores nacionales. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles asume parte de estas pérdidas con el fin de aliviar los efectos negativos sobre los consumidores. En 2021, el déficit estimado del Fondo fue de $10,5 billones y Corficolombiana prevé que, en 2022, el déficit se ubicará entre 7,3 y 10,2 billones si el barril de petróleo se mantiene entre 80 y 90 dólares. Entre más alto sea el barril de petróleo, más grande será el déficit.
Este déficit está a cargo del Presupuesto General de la Nación que también cubre las compensaciones con emisión de deuda, lo cual significa que el Estado tiene menos espacio fiscal para invertir en la diversificación productiva del país y para cumplir con los compromisos asumidos por Duque en materia de transición energética.
Paradójicamente, el aumento de los precios internacionales del petróleo exige que el gobierno disponga de los recursos de la reforma tributaria que desató la mayor crisis social y política de los últimos años. Por ahora, el gobierno está tranquilo porque pese a que tiene que hacer maromas con el presupuesto interno, le están llegando dólares sin hacer ningún esfuerzo adicional.
Entre 2005 y 2020, la agricultura perdió el 9% de participación en la producción total del país. Como la población no ha dejado de crecer –y mucho menos sus necesidades– las importaciones de alimentos aumentaron en un 52% entre 2010 y 2018.
Esta situación se explica por la pérdida de rentabilidad de la producción nacional que ha encontrado en las importaciones un mejor negocio. En efecto, en febrero de 2022, el Índice de Precios del Productor (IPP) agropecuario de producción nacional fue de 288, mientras que el de importaciones de bienes finales fue de 152, lo cual quiere decir que en Colombia es más caro producir que importar, como ya es bien sabido.
Esto motivó la expedición del decreto que estableció que los aranceles fueran del 0% durante 6 meses para 165 bienes finales entre los que se cuentan harinas, cereales y semillas. Además, en tiempo record, el gobierno logró la aprobación de la Ley de insumos agropecuarios que permitió la creación de un fondo de $70.000 millones con las utilidades del Banco Agrario, una especie de AIS.
Aunque podría parecer una medida positiva, en realidad todos los insumos que caben en la categoría de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes no tienen aranceles desde hace varios años. Aunque podrían ser de gran ayuda para la compra de fertilizantes, no está claro que los recursos del Banco Agrario se invertirán en eso, pues Colombia no produce fertilizantes y el acceso a ellos se ha vuelto más difícil por la invasión de Ucrania.
Aunque el gobierno debería facilitar el acceso a los productores de estos insumos y diseñar un plan de producción local –como lo está haciendo México con una inversión de 300 millones de dólares– parece no estar interesado porque sus medidas tienen como propósito importar bienes finales, no aumentar la oferta nacional.
La estrategia del gobierno consiste en reducir los efectos de los precios en las importaciones de alimentos apostando a que la leve caída del precio del dólar se sostendrá. Esto solo profundiza la dependencia externa del país, y le deja el problema al próximo gobierno.
Evidentemente, además de que la situación global está perturbando la economía nacional, la incapacidad del gobierno para desarrollar estrategias que promuevan la inversión en la oferta nacional de insumos y bienes finales está afectando las finanzas del país. El próximo gobierno deberá proponer un plan serio que permita atender dos necesidades urgentes: reducir el déficit externo y generar un millón y medio de empleos ligados a la producción. La transición energética, una necesidad que debe atender seriamente el país más allá de los discursos presidenciales, requiere inversiones que deben orientarse hacia la diversificación productiva. No hay dudas de que la producción de alimentos es una buena idea para reducir la dependencia minera.
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Mario Valencia - Laura Buitrago
*Director de Conexión Análisis, profesor del CESA e integrante de la Red de Trabajo Fiscal. ** Estudiante de economía de la Universidad Nacional de Colombia, asistente de investigación de Conexión Análisis.
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