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Washington, D.C— En su primer discurso sobre política exterior, Joe Biden mencionó a Canadá y México, entre un puñado, como países que considera “amigos más cercanos”. Exhortó a los diplomáticos de su país a recuperar el “hábito de la cooperación” y la “fuerza de las alianzas democráticas” que, dijo, han sido “lisiados” por los años de “negligencia y abuso” de su antecesor (Declaración sobre el lugar de EEUU en el mundo, Casa Blanca 4 de enero 2021).
En lo que concierne a México, el cambio de actitud, hasta ahora, se ha traducido en la cancelación de la construcción del muro fronterizo, en la suspensión de las deportaciones durante 100 días, que desafortunadamente no se ha concretado del todo debido a que una corte en Texas bloqueó la orden presidencial, y en el compromiso de atacar las causas que incentivan la inmigración indocumentada de centroamericanos a Estados Unidos.
Más allá del tema migratorio, en el que hay coincidencia, el gobierno de Biden no ha dicho nada significativo sobre la cooperación en materia de procuración de justicia y seguridad que, de acuerdo con muchos en Washington, está en crisis. No ha dicho nada en parte porque el equipo de Biden que lidiará con México no está completo y, hasta lo que se sabe, no se ha hecho una revisión a fondo sobre la agenda política bilateral como suele hacerse tras la llegada de una nueva administración.
Las recomendaciones de la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental, grupo bipartidista creado para evaluar la estrategia antidrogas en Latinoamérica, pueden dar pautas a los posibles cambios. Entre los autores del reporte, dado a conocer en diciembre, destacan Juan González, actual asesor presidencial sobre América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Shannon O´Neil, directora de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores.
Mientras la administración Biden decide cuál será el enfoque, la percepción es que la cooperación antinarcóticos pasa por su peor etapa desde el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena hace más de tres décadas y media. Esto se debe a lo que se interpreta como “falta de voluntad” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para colaborar con el gobierno de Biden.
“Es grato poder colaborar con países que quieren colaborar con nosotros, pero ¿qué hacer con los países que no quieren?”, preguntó Vanda Felbab-Brown, directora de la iniciativa de “actores armados no estatales” en la Institución Brookings, al participar en la conferencia anual sobre seguridad EEUU-México en el Centro Woodrow Wilson la semana pasada.
La especialista recomendó “medidas duras” de presión como suspender la ayuda de la Iniciativa Mérida, aplicar exámenes de confianza a todos los interlocutores mexicanos recipientes de información sensible, incluidos los funcionarios de la Cancillería, usar drones contra los carteles, “descertificar” la cooperación antinarcóticos y clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.
En el año fiscal 2021, la asistencia autorizada por el Congreso para México, que incluye a la Iniciativa Mérida, fue de 150 millones de dólares.
“La crisis visible aquí es una presidencia en México que en el mejor de los casos es apática ante la profunda crisis del estado de Derecho y la criminalidad que se ha salido de control. Un gobierno que no reconoce niveles récord de violencia; Un gobierno básicamente sordo a las necesidades de EEUU de frenar las drogas que ingresan por la frontera y al incremento de la producción de metanfetaminas”, manifestó Felbab-Brown.
Anthony Wayne, exembajador en México y moderador del panel, señaló que el código estadounidense estipula que los países que no colaboran deben ser “identificados y sancionados”. Aunque no fue su recomendación, “pues alimentaría el argumento de la soberanía”, vaticinó que quizá sea necesario de no encontrarse la forma de cooperar. “Es algo que debe pensarse y pensarse detenidamente”.
Shannon O´Neil, contrapuso que “no sería útil” en el caso de México, pues EEUU solo “descertifica” a las “Venezuelas del mundo”. Planteó revisar y modernizar la Iniciativa Mérida y buscar actores más receptivos en los niveles estatales y municipales, así como en la sociedad civil.
Históricamente, Estados Unidos ha resistido sancionar a México por temor a que resulte contraproducente y afecte sus propios intereses. En la era del PRI, Washington estuvo a un paso de descertificar el desempeño antinarcótico de México en tres ocasiones con base a una legislación que fue revocada precisamente porque generaba más fricciones que beneficios.
Bajo la Ley de Autorización de Política Exterior, el presidente estadounidense está obligado a presentar anualmente al Congreso la lista de países que producen o trafican narcóticos (determinación sobre “drug majors”). Uno de esos países es México, junto con 20 más. Pero, a diferencia de Venezuela y Bolivia, hasta ahora México no ha sido señalado como no cooperante.
El año pasado Donald Trump desistió de reprobar a México, pese a haberle advertido que lo haría si no rendía frutos concretos en el combate al narco (Memorando al Departamento de Estado, “Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries”, 16 de septiembre 2020).
Si México no demuestra que ha hecho “avances substanciales” en los 12 meses previos, mejoras que deben estar sustentados en datos verificados, técnicamente puede ser designado como país que “fracasó” en cumplir con sus compromisos antinarcóticos internacionales en septiembre, cuando Biden presente el informe al Congreso.
La “descertificación” conlleva sanciones como suspensión de asistencia y de beneficios comerciales preferenciales, así como restricciones en el transporte aéreo. Las sanciones, que no incluyen ayuda humanitaria y antinarcóticos, entrarían en vigor a menos que el presidente determinase que continuar la asistencia es vital para los intereses de EEUU.
Diplomáticos estadounidenses consultados ven problemático poder justificar “certificar” a México como país cooperante. El regreso a México de Cienfuegos tras la amenaza de AMLO de expulsar a los agentes de la DEA, a quienes acusó de fabricar pruebas, creo fuertes tensiones con el gobierno de Trump que Biden heredó.
La indignación estadounidense empeoró con la aprobación de una ley que restringe las actividades de los agentes en México y la divulgación por parte de la Cancillería de un documento jurídico confidencial en violación del Tratado de Cooperación entre EEUU y México sobre Asistencia Jurídica Mutua.
Todo lo anterior refuerza la noción de que el gobierno de AMLO no es un socio confiable en el combate a las drogas. Pese a la perceptible molestia en y fuera del gobierno, es poco probable que la administración Biden vaya a “descertificar” a México. Puedo estar equivocada. El tiempo dirá.
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