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Desde el tiempo de Turbay Ayala la negociación entre el Estado y la Insurgencia ha trazado una trayectoria. El autor repasa los momentos de exaltación y abatimiento que ha vivido la sociedad civil en ese itinerario.
El dominio de la guerra
Señalaba Hegel al referirse a la historia, que a cada paso se tropieza con ruinas de lo egregio. Con las debidas reservas frente a la colosal diferencia de escalas se podría acudir a esa imagen para aludir al itinerario de los procesos de paz en Colombia durante los últimos treinta años.
Es cierto que en el Plan de Razón Pública se quiere pasar revista sobre diversos aspectos de la realidad nacional en el decenio que llegó a su fin. En verdad en este transcurso, en lo tocante al conflicto interno colombiano, lo dominante ha sido la guerra. Furtivamente la paz se ha asomado tímida al escenario para alejarse amedrentada. Por ello y también en consideración a la actual encrucijada política en la que se encuentra Colombia hace falta dirigir la mirada a un segmento de tiempo más prolongado que el decenio.
De manera imprevista el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978 -1982), tan ajeno a la idea de diálogos con la insurgencia, se vio precipitado en 1980  a negociar con los guerrilleros del M-19 luego de que estos se hubieran tomado la sede de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá y hubieran mantenido como rehenes a varios embajadores, entre quienes se encontraba el de Estados Unidos, Diego Asencio.
La audacia insurgente se encontró en aquel evento con la feliz parsimonia del  Presidente. Así, el complicado caso tuvo un positivo desenlace para todos los involucrados. De allí nació la primera tentativa de negociación entre el Estado y la subversión y la también primera Comisión de Paz, creada en octubre de 1981, que encabezaría el ex presidente Carlos Lleras Restrepo.
A Turbay el impulso negociador le duró poco y la proclamación de una amnistía mezquina, clausuró de momento el capítulo. Pero aquella coyuntura dejó instalada la paz en el imaginario, tanto en las esferas oficiales como en la opinión pública hasta el año 2000 en la práctica y hasta el 2002 en la retórica.
La paz sufre derrotas pero obtiene resultados
No habría campaña electoral en la que no se  debatiera sobre alternativas de paz. Incluso Manuel Marulanda fungió como gran elector en la segunda vuelta del debate presidencial de 1998.
En este período tuvieron lugar los grandes procesos de paz de 1982-1985 y de 1999-2002, concluidos en frustración, y entre ellos las conversaciones menos importantes pero significativas de Caracas y Tlaxcala en 1992, suspendidas de manera abrupta.
Pero también la paz alcanzó sus triunfos entre 1989 y 1991. Se trata del proceso de paz que se abrió con las negociaciones y acuerdos entre el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) en 1990 y el M-19, que involucró en 1991 al Ejército Popular de Liberación (EPL), al Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Ese capítulo de paz se retroalimentó con el movimiento ciudadano por la Constituyente, que culminó con la proclamación, en 1991, de una nueva Constitución, que remplazó a la Carta de la Regeneración que registraba 105 años de vigencia.
El Caguán y su entierro de tercera
El último proceso que buscaba concertar la Paz se adelantó entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC, de enero de 1999 a febrero de 2002. Una historia tortuosa y al tiempo colmada de expectativas tanto en Colombia como en la comunidad internacional y que se hundió despedida por un simulado dramatismo, en la medida en que el final se veía venir hacía ya muchos días.
El 20 de febrero de 2002, las FARC secuestraron a Jorge Gechem, senador y presidente, por aquel entonces, de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Ese mismo día, pasada las nueve de la noche, Pastrana, de manera categórica, señaló directamente a Manuel Marulanda, y le dijo levantando el índice: "Yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todos los colombianos"[1].
En verdad, a aquel proceso no lo asistió una genuina y realista voluntad de paz de los protagonistas centrales. El gobierno de Pastrana estaba concentrado en el plan de reingeniería y modernización de las Fuerzas Armadas y a la paz le apostaba en la medida en que ella fuera posible sin la aceptación de reformas sociales y políticas importantes. Las FARC aún no se habían bajado de la convicción de un triunfo militar alimentado tanto por la ofensiva espectacular desplegada entre 1996 y 1998, en la cual asestaron duros golpes a las Fuerzas Armadas, como por el potencial bélico que mantenían.
Washington y Bogotá se endurecen
Por otro lado, el viraje dado por Estados Unidos, ya bajo el gobierno de Bill Clinton, sobre la situación de la violencia colombiana, influyó poderosamente. De un lado, la prioridad no sería la paz y de otro, se abrió campo a la subordinación de la ayuda a las necesidades de la política norteamericana contra el narcotráfico, que a su vez se militarizó radicalmente.
De manera creciente en la visión de Estados Unidos se meterían en el mismo cauce la guerra contra las drogas y la guerra contrainsurgente[2]. El "Plan Colombia", que comenzó a operar en el año 2000, fue expresión de una nueva estrategia en la cual, la armonía de los puntos de vista del establecimiento colombiano y del gobierno norteamericano no acusó  fisuras.
Los bombardeos a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, profundizarían esa dinámica, que la política "antiterrorista" del presidente George W. Bush haría irreversible.
Por su parte, el paramilitarismo, aliado con sectores de la sociedad y del Estado, prosiguió su expansión y se convirtió en la principal fuerza saboteadora de las conversaciones de El Caguán. Los medios de comunicación se abrieron hacia los paramilitares, cuyos líderes ganaron notoriedad por su frecuente aparición en ellos[3].
La popularidad de la paz
A lo largo del período 1980-2000 en la sociedad civil los sectores inclinados por la salida negociada al conflicto interno mantuvieron la iniciativa como lo acreditaron los frecuentes eventos de estudio y las numerosas organizaciones creadas para respaldar la búsqueda de la paz.
No obstante la acción de saboteo en torno a El Caguán de sectores políticos y militares importantes, la paz se mantenía como una causa popular. Recuérdese, por ejemplo, que diez millones de colombianos se manifestaron a favor de una salida política al conflicto, al votar afirmativamente el Mandato por la Paz en octubre de 1998.
La paz bajo Uribe
La historia de la paz entonces acorta sus narrativas desde el año 2000  hasta los días que corren, aunque no haya estado ausente del todo.
En el torrente de revelaciones de WikiLeaks a las ambiguas gestiones en torno a un diálogo del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con las FARC en las postrimerías de su mandato, corresponden algunas.
Es decir, que mientras haya guerra, siempre estará la paz en el reverso. Entre agosto de 2006 y octubre del mismo año se desarrolló, entre bambalinas, un intercambio entre el gobierno y las FARC sobre la búsqueda de negociaciones que se habían iniciado con la propuesta de estos últimos, que empezó, después de la historia de El Caguán, con la nada "modesta" exigencia del despeje militar de dos departamentos, el Caquetá y el Putumayo. Luego, redujo la referencia geográfica de la propuesta, circunscribiéndola a los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca.
En el curso de las conversaciones, el presidente habló, para consumo de la galería, y dijo que no tendría problema en considerar, en función de los acuerdos, la posibilidad de convocar a la Asamblea Constituyente que proponían las FARC.
Según se dijo posteriormente, las conversaciones estuvieron a punto de iniciarse y ocurrió lo que suele suceder cuando ese tipo de iniciativas avanzan sobre suelo cenagoso: ¡la provocación! En este caso, la explosión, el 19 de octubre, de una bomba en una instalación militar de Bogotá mientras transcurría una reunión de altos mandos.
El ELN y su cuarto de hora
Menos envuelta en la niebla aparece la ronda de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Uribe. Desde los primeros días de septiembre de 2005 un grupo de intelectuales colombianos  hizo pública la propuesta de realizar acercamientos entre esa organización guerrillera y representantes del Estado, con miras a convenir sobre negociaciones para la paz.
Dijo Uribe en una reunión el 6 de septiembre de ese año que "si el ELN acepta entrar en cese de actividades, yo depongo mis convicciones personales y en nombre de la institución presidencial acepto que hay conflicto".
El 12 de septiembre de 2005 se dieron ya pasos en virtud de mutuo acuerdo entre "la institución presidencial" y el ELN.  Ese día fue liberado de la cárcel, por 90 días, para adelantar gestiones con miras a las conversaciones oficiales, el dirigente guerrillero "Francisco Galán". En su liberación estuvo acompañado por el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia, Luis Carlos Restrepo.
Más adelante los diálogos avanzaron formalmente en Cuba y se prolongaron por dos años, al cabo de los cuales se constató el fracaso.
Las diferencias resultaban insalvables. El gobierno asimilaba el acuerdo a un proceso de reinserción de la guerrilla, al paso que el ELN pedía un Gran Acuerdo Nacional, que introdujera una serie de reformas económicas, sociales y políticas.
Las conversaciones proyectaban una imagen de flexibilidad del gobierno de la Seguridad Democrática, que al tiempo que adelantaba la guerra implacable contra la guerrilla terrorista de las FARC llevaba a cabo diálogos con una guerrilla pro tempore, insurgente.
No se entra en el análisis de las incidencias y episodios del Acuerdo Humanitario durante los ocho años de las administraciones de Uribe Vélez, porque amerita un espacio propio. Además, los distintos momentos en este campo antes que avances en un horizonte de paz, se convirtieron en eventos disuasivos para la paz, no solo la interior sino la regional.
El presidente Uribe encontró la manera, por ejemplo, de pelearse con todos los mediadores y facilitadores internacionales y de tratar de enjaular en un coso de animales pequeños cualquier tentativa de negociación.
Es cierto que no puede menos que subrayarse con todas las tintas, el hecho positivo de que en diversos episodios humanitarios personas concretas hayan  retornado a la libertad después de años de aberrante cautiverio.
La paz con los paras
Por supuesto bajo los gobiernos de la Seguridad Democrática, el lugar y la preocupación central del gobierno es preciso buscarlos en la negociación con los paramilitares.
En cierto modo el tema escapa al tipo de análisis que toman los procesos de paz como objeto de estudio. Es pertinente la anotación que formula Marc Chercknick al respecto: "En ninguna parte del mundo un proceso de desmovilización, reforma o transformación de grupos paramilitares proestatales (aún con grandes grados de autonomía como en Colombia), ha sido considerado otra cosa que el restablecimiento del legítimo papel del Estado en la conducción de las operaciones militares"[4] y acota con respecto a las negociaciones gobierno-paramilitares que "fue una propuesta original pero no constituyó un proceso de paz. Por definición, la paz supone negociaciones con los grupos armados de oposición"[5].
Lo anterior no significa la subvaloración del tema del proceso de la negociación con el paramilitarismo. Su estudio está relacionado con asuntos centrales del sistema político colombiano y, por supuesto, con el tema de los procesos de paz que incorporarán importantes novedades en comparación a los diálogos de El Caguán, que se desarrollaron cuando el paramilitarismo se proyectaba ya como una fuerza nacional contrainsurgente.
Al tiempo que se anatematizaba el más reciente proceso de paz con la insurgencia, se buscó afanosamente la posibilidad de un acuerdo con los paramilitares.
La Comisión de Exploración, nombrada por el presidente Álvaro Uribe, encontró viable ese proceso, al paso que los paramilitares habían dado su aquiescencia desde diciembre de 2002.  Entre 2003 y mediados de 2005 se produjo la desmovilización de tropas de las organizaciones paramilitares que entraron en los acuerdos de Paz firmados en Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003.
En las modalidades de alternatividad penal que el gobierno ensayó para convencer a los paramilitares, el cuidado estuvo puesto en favorecer los intereses de éstos y se dejaron como elementos secundarios los reclamos de las víctimas, la necesidad de la reparación y el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes.
Si bien en el Congreso de la República hubo manifestaciones de oposición a la posición del gobierno, esta se consagró en la Ley de Justicia y Paz aprobada a mediados de 2005.
El gobierno luego tomó, de manera inopinada, la decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales capos paramilitares, dando prelación al castigo por las actividades narcotraficantes que tuvieron. Con ello se limitaron las posibilidades de contribución del proceso de acuerdo con los paramilitares y del uso de la Ley de Justicia y Paz para un objetivo global de aclimatación de la paz en el país.
Sería necesario un movimiento ciudadano para obtener que el nuevo gobierno, presidido por Juan Manuel Santos, reoriente el proceso llevado a cabo con los paramilitares.
Si arriba se anotó que la paz gozó de popularidad en amplios sectores de la opinión pública nacional en el período 1980-2000, al contrario de lo ocurrido en el período siguiente, no se puede considerar aún cerrado, aunque la paz vinculada a la negociación política vio disminuir el número de sus partidarios.
Si para el primer tiempo se aludió a iniciativas tales como el Mandato por la Paz, para el segundo un evento característico fue la multitudinaria marcha del 4 de febrero de 2008 de conminación a las FARC. En esa jornada la muchedumbre política fue movida antes que por sentimientos humanitarios, por corrientes aluviales de revancha.
Si esto se incorpora en estas notas es por la conciencia de que abrirle camino a la paz  no puede ser una formulación que se le dirija exclusivamente al gobierno, sino que es un quehacer en el que el destinatario es en últimas la comunidad nacional.
Escribía el pasado 16 de diciembre en Semana  Luis Eduardo Celis, uno de los analistas del conflicto colombiano, que "este año han hecho presencia -las FARC- en 250 municipios, y van a producir alrededor de 1.700 heridos y unos 700 muertos en las filas oficiales".
Quien eso escribe reconoce las victorias de las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de las FARC, pero al mismo tiempo es consciente de que el país no está viviendo el posconflicto.
Es dable esperar que haya nuevas oportunidades para la paz en la hora presente. Ello, no a pesar de lo que ha ocurrido entre 2000 y 2010 sino justamente incorporando en el análisis y en los hechos esa turbulenta y dolorosa historia. Hay lugar para pensar en esa perspectiva sin pausa pero sin precipitación, dado que la guerra no ha tenido un mayor estímulo para su profundización y descomposición que los procesos de paz fracasados. El país ha cabalgado sobre el lomo de esa bestia apocalíptica que fue el síndrome de El Caguán. Los costos de ese azaroso viaje están aún por evaluar en el plano social, político y cultural.
Notas de pie de página
[1] El Tiempo. 21 de febrero de 2002.
[2] Al respecto se puede leer pertinentes observaciones en: Marco Palacios y Mónica Serrano, "Colombia y México: las violencias del narcotráfico", los grandes problemas de México. Seguridad Nacional y Seguridad Interior.  El Colegio de México. 2010.
[3] Romero, Mauricio: "Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir". En: "Pasado y presente de la violencia en Colombia", Sánchez Gonzalo, Peñaranda Ricardo (comp.) Medellín. La Carreta. Universidad Nacional. 2007. Pag.421.
[4] Marc Chernick: "Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano."  Ediciones Aurora. Bogotá. 2008. 32.
Comisión de PazFuerzas ArmadasMedófilo Medina,
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
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