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El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda al Gobierno conservador de Lisboa la reducción de hasta un 20% del número de funcionarios públicos en áreas como la educación, la seguridad y la administración pública para conseguir un ahorro de hasta unos 2.700 millones de euros.
El Ejecutivo de Pedro Passos Coelho tiene que presentar a la ‘Troika’ en febrero, en su sexto examen periódico, una propuesta para reformar el Estado social con un recorte permanente de unos 4.000 millones de euros.
El FMI ha enviado un informe con sus recomendaciones, que incluyen recortes en las áreas donde considera que hay un exceso de trabajadores públicos o, como alternativa, una reducción transversal en todos los servicios públicos. En concreto, el FMI recomienda a Portugal dispensar unos 50.000 funcionarios porque considera que todavía hay margen para aumentar las matrículas de acceso a las universidades públicas y el copago sanitario.
En enero del año pasado, el Gobierno de Passos Coelho aumentó las tasas de los diferentes cuidados de salud. En concreto, una consulta de urgencia en un hospital cuesta a partir de 20 euros –valor que puede llegar a los 50 euros dependiendo del número de análisis a realizar- mientras una consulta con el médico de familia en un centro de salud cuesta cinco euros.
Además, el informe propone un corte de entre el 3% y el 7% de los sueldos de los trabajadores del Estado, con lo que se conseguiría un ahorro de 760 millones de euros anuales.
El FMI considera también que algunas clases profesionales, como los policías, militares, profesores, médicos y jueces, tienen «demasiados privilegios» o sueldos «excesivamente elevados», concretamente el caso de los médicos, debido al pago de las horas extraordinarias. Por eso, el FMI propone que los sueldos correspondan al desempeño y no a la antigüedad.
En materia de pensiones, las recomendaciones del Fondo sugieren al gobierno conservador portugués que prohíba todas las jubilaciones antes de los 65 años, aconseja a una alteración en el cálculo de las jubilaciones en función de las condiciones presupuestarias, y propone un recorte del 15% de las pensiones a partir de un determinado valor.
El gobierno luso ha confirmado que ha recibido el documento con las propuestas pero según Carlos Moedas, secretario de Estado adjunto del primer ministro, «sería irresponsable» pronunciarse sobre las mismas sin antes haberlas estudiado con detenimiento. Aún así, el secretario luso insistió en que la reforma del Estado social es «obvia», por lo que según él «no tiene discusión».
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