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Una de las esperanzas del Acuerdo de paz era reducir —incluso acabar— el narcotráfico en Colombia, pero en la realidad este problema no desaparecerá con las FARC. ¿Cómo será el futuro del tráfico de drogas en el país?
Mientras avanza la implementación del Acuerdo Final, las audiencias nacionales e internacionales se preguntan si las FARC van a abandonar el narcotráfico y – si lo hacen- sobre cuál será el futuro de este negocio en Colombia. Para responder estas preguntas es necesario considerar cuatro actores:
Los combatientes y comandantes de las FARC,
Los cultivadores de coca, y
Otros grupos armados ilegales y organizaciones narcotraficantes.
Es grande el escepticismo sobre la voluntad de paz de las FARC y sobre su intención de abandonar la ilegalidad. Pero una razón para esperar que cumplan sus promesas radica en que su proyecto político sería seriamente afectado por un indicio cualquiera de incumplimiento.
Un riesgo evidente consiste en que los combatientes no se desmovilicen, en que reincidan o se unan a otros grupos delincuentes. En este punto es preciso tener en cuenta las motivaciones de los guerrilleros. Lo que sabemos indica que los combatientes de las FARC no reciben salarios y suelen tener motivaciones más ideológicas que económicas (cuando se han unido voluntariamente).
A diferencia de los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que sí recibían salarios, los miembros de las FARC reciben pocos beneficios directos de las actividades ilegales y por tanto tienen menos incentivos para retornar a ellas. En el mediano y largo plazo, la reincidencia dependerá en buena parte de la efectividad del proceso de reinserción para crear oportunidades educativas y facilitar la aceptación social de los desmovilizados.
Aunque la desmovilización de las AUC no resultó de una negociación o de un acuerdo comparable con el de las FARC, sugiere algunos motivos de esperanza:
La involucración de los paramilitares en el narcotráfico era muy intensa, y sin embargo la tasa de reincidencia criminal de los paramilitares desmovilizados (20 por ciento) fue más baja de lo que se cree.
La reincidencia de quienes se han desmovilizado individualmente de las FARC ha sido más baja que la de los ex paramilitares.
Como una organización más centralizada que las AUC, las FARC tienen más poder organizacional para disciplinar a sus miembros.
Pero obviamente hay riesgos enormes. Las experiencias de otras desmovilizaciones nos enseñan que la presencia de actores ilegales y de disidencias aumenta la posibilidad de re-movilización en actividades ilegales. Pero lo más seguro es que las FARC dejarán de jugar un papel central en el narcotráfico.
Foto: Policía Nacional de Colombia
Aunque las FARC pueden cumplir sus promesas como organización, otro asunto son las disidencias. Por ejemplo, después de la desmovilización paramilitar los mandos medios disidentes y rearmados han sido cruciales en la consolidación de grupos armados ilegales como las bacrim.
Lo más seguro es que las FARC dejarán de jugar un papel central en el narcotráfico.
Los reportes recientes revelan enfrentamientos entre comandantes y preocupantes disidencias de bloques de las FARC. El más notable ha sido el Frente Primero en el Guaviare, que se declaró disidente en su totalidad. Miembros de otros Frentes como el 14, el 28, el 29, el 49 y el 57 también se han declarado disidentes.
Esta fragmentación es particularmente preocupante en las zonas que son claves para el narcotráfico, donde operan otros grupos criminales y donde hay presencia de cultivos ilícitos. Por ejemplo, el Frente 14 en San Vicente del Caguán, liderado por Wilson Peña Maje, representa un gran riesgo de seguridad. En Tumaco, la disidencia de milicianos y combatientes también complica una situación bastante delicada donde diversos grupos (ELN, Clan del Golfo, Rastrojos y nuevas células criminales) se disputan el control del narcotráfico y otros mercados ilegales.
Dependiendo de su ubicación (si es una zona de control de las FARC o una disputada con otros actores) y de su carácter (individual o grupal), estas disidencias pueden dar lugar a nuevos grupos o unirse a otras organizaciones criminales.
3. Los cultivadores de coca
Presidente Juan Manuel Santos en firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.
Foto: Presidencia de la República
Como ya he argumentado en Razón Pública, el Acuerdo Final promete cambiar la interacción entre el Estado y los cultivadores de coca para reducir los cultivos. Por ello, el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) presenta una gran oportunidad para cambiar algunas lógicas del narcotráfico.
Esto dependerá de la efectividad del programa para acabar los incentivos que estimulan los cultivos de coca. Como han dicho Juan Carlos Garzón y Julián Wilches, el inicio de la implementación del PNIS ya ha mostrado debilidades. Objetivos poco realistas y la presión por mostrar reducciones inmediatas ante el aumento de los cultivos pueden minar el potencial del PNIS. Los programas exitosos de desarrollo alternativo en el mundo han mostrado resultados solo en el mediano y largo plazo.
Con las FARC desmovilizadas los campesinos enfrentan una presión menos para cultivar de parte de un actor armado. Pero ante la presión de otros grupos y una demanda de cocaína relativamente estable, los incentivos para cultivar coca seguirán siendo enormes si las condiciones en el campo no cambian.
Sabemos poco sobre el aumento reciente de los cultivos, pero un análisis preliminar sugiere que:
Los cultivos aumentaron en áreas con presencia de las FARC.
La presencia reciente de grupos armados ilegales es menos importante que el número de años de presencia activa de las bacrim desde 2008.
Los cultivos aumentaron en lugares donde las necesidades básicas insatisfechas y los índices de ruralidad son más altos.
Once de los 26 municipios con zonas veredales transitorias experimentaron aumentos de cultivos de coca. Entre ellos, varios tienen presencia de otros grupos armados ilegales o de disidencias de las FARC.
Esto sugiere que el futuro de la producción de coca depende de las correlaciones de fuerza entre grupos armados, de la efectividad del PNIS y de las condiciones socioeconómicas de cada lugar. Pero es crucial evitar las explicaciones simplistas y cortoplacistas.
Hay que entender las condiciones históricas y no solo la coyuntura de cada zona de cultivo. La producción de coca se puede reducir, pero es posible que esta reducción no sea tan rápida como muchos esperan.
Presidente Juan Manuel Santos en firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.
Foto: Presidencia de la República
El narcotráfico en Colombia hoy involucra múltiples actores armados e ilegales que representarán los mayores riesgos de seguridad y criminalidad después de la desmovilización de las FARC.
Aunque existen intentos serios para comprender la evolución de estos actores, todavía hay mucho que entender. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en 2016 se identificaron 14 grupos armados en 149 municipios. Más allá de determinar si estos actores son primariamente criminales o políticos, lo esencial es entender que por su lógica territorial van a tratar de aprovechar los escenarios de ilegalidad en el país.
Los narcotraficantes de hoy tienen gran capacidad de aprendizaje y adaptación. Los grupos armados ilegales cambian su identidad rápidamente, así como el Estado también cambia con frecuencia su clasificación de ellos.
Por ejemplo, después de haber expedido la Directiva 15, el Ministerio de Defensa redefinió a algunas bacrim como grupos armados ilegales según su estructura de mando, capacidad de violencia y alcance territorial. A su vez, la Policía Nacional ha cambiado el conteo de grupos ilegales clasificando a organizaciones de tipo A, B y C según su alcance territorial (nacional, regional, local).
Clasificar y establecer diferencias es importante. Pero estas clasificaciones son tanto una respuesta operativa como una estrategia para presentar resultados más positivos. Por ejemplo, al reclasificar las organizaciones el poder de los grupos parece menor que en los conteos iniciales que ponían a todas las bacrim en el mismo grupo.
Los incentivos para cultivar coca seguirán siendo enormes si las condiciones en el campo no cambian.
Los cambios de etiqueta también son funcionales para las mismas organizaciones criminales. El Clan del Golfo, por ejemplo, ha sido rebautizado varias veces por las autoridades y por sus propios líderes.
El narcotráfico sin las FARC seguirá el patrón que hemos visto con los grupos armados ilegales: cambios constantes, más capacidad de adaptación y de mantener perfiles bajos, así como una capacidad enorme para influir sobre el orden local y regional y para pelear por territorios cuando sea necesario.
El microtráfico es un negocio rentable que continúa en expansión y donde estos actores juegan un papel crucial. Este será un foco futuro del narcotráfico. Pero es erróneo suponer que el microtráfico es más importante que el tráfico internacional. En 2016 la Policía incautó más de 40.000 kilos de pasta y base de cocaína, la mayoría en lanchas rápidas o en salidas al mar. Esto sugiere que la exportación es de gran magnitud y seguirá siendo un eje esencial del narcotráfico.
El mercado de drogas incluye otras sustancias cuya producción puede no variar radicalmente pues el Acuerdo no las trata de manera directa (marihuana, heroína). El comportamiento de estos mercados dependerá de cómo se implementen las medidas relacionadas con el consumo y el tratamiento diferencial de los eslabones del narcotráfico.
El narcotráfico no se acabará después de las FARC, pero hay posibilidades de reducir sus dimensiones. Hay riesgo de que los territorios controlados por las FARC sean ocupados por otros actores criminales o por disidencias, y aquí será clave la capacidad del Estado para construir su legitimidad.
Será tentador atribuir la persistencia del narcotráfico a las fallas del Acuerdo y del proceso de paz. Sin embargo, será esencial entender que el narcotráfico no desaparecerá porque su existencia hoy va mucho más allá de las FARC.
* Doctora en Ciencia Política de Brown University y profesora de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts-Lowell.
*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.
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