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Reflexión sobre la importancia y contenidos del informe del Centro de Memoria Histórica. Un documento fundamental acerca de cinco décadas de violencia en Colombia – y cuyo prólogo por eso publicamos en esta misma edición de la revista.
Para poder proyectar y construir su futuro, los pueblos no solamente tienen el derecho sino la necesidad de conocer y preservar la memoria de su pasado y de entender cuáles fueron las causas remotas y próximas de los acontecimientos actuales.
Desde luego, no es fácil mantener el interés colectivo en ese propósito y sabemos que, en la medida en que el tiempo transcurre y nuevos hechos y situaciones se presentan, si no hay quienes mantengan viva  la atención y se ocupen en seguir el rastro a los sucesos y de consignar su registro –labor que compete  a periodistas, historiadores, investigadores y académicos-, es posible que generaciones enteras ignoren por completo lo ocurrido.
Conociendo las dificultades de los estudios históricos serios y objetivos, en particular cuando se trata de temas  tan sensibles como el de la violencia,  la presentación y entrega de trabajos de investigación como el divulgado esta semana por el Centro de Memoria Histórica, titulado “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, elaborado por destacados profesionales e investigadores coordinados por Gonzalo Sánchez, es algo que los colombianos debemos agradecer y estimular.
Si uno de los componentes indispensables de un proceso transicional en busca de la paz es el conocimiento de la verdad –además de la justicia, la reparación y la garantía de no repetición-, es evidente el alto valor que tienen para dicho proceso tanto este aporte informativo -con sólido respaldo documental- como su sustentación, su difusión y su análisis.
El trabajo realizado por el Centro de Memoria Histórica se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley 975 de 2005 –conocida como Ley de Justicia y Paz-, cuyo artículo 56 habla del “deber de memoria”,  que tiene el sentido de relatar y conservar el origen, las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley.
El Informe muestra con toda crudeza la ferocidad y degradación del conflicto armado colombiano a lo largo de más de cincuenta años. Refleja una realidad muy dura, que en muchos casos resulta totalmente incomprensible que, si no fuera por las pruebas ampliamente documentadas, sería muy difícil de creer.
La violencia ha afectado a millones de colombianos  de diferente origen regional, político e ideológico y de distinta condición socio- económica. Ha sido una verdadera orgía de sangre que nos avergüenza ante el mundo y que no podemos permitir que se prolongue en perjuicio de las nuevas generaciones.
El doloroso repaso de los hechos, estadísticas y datos  allí registrados  debería llevar a reconocer que hemos tocado fondo – si acaso el lector no había tomado conciencia sobre la gravedad de lo que nos ha ocurrido–. El Presidente de la República ha sido el primero en reconocerlo. De igual forma ha reconocido que agentes estatales han cometido en nuestro suelo crímenes atroces.
Reclamos públicos de justicia
Como el prólogo del Informe lo subraya, también se debe reconocer que en Colombia existe una gran capacidad de resistencia y una creciente confrontación de memorias y de reclamos públicos de justicia y reparación.
Eso es muy importante, porque nos muestra que los  trabajos de investigación que se adelantan -cada vez con mayor interés y por más instituciones- no constituyen esfuerzos inútiles y, en cambio, contribuyen de manera decisiva a propiciar las condiciones necesarias para la reconciliación.
Por otra parte, un riguroso examen de las circunstancias en medio de las cuales han tenido lugar los hechos de violencia y una verificación histórica respecto a la manera como se han ido gestando y creciendo los ambientes propicios y el caldo de cultivo para que aquéllos se hayan consumado, reafirman las convicciones de quienes trabajan por la paz de Colombia:
· La violencia no se contrarresta con una violencia igual o mayor. Los sucesos de la última década en el país así lo confirman.
· Las múltiples expresiones de la violencia tienen tras de sí todo un entramado de antecedentes y de factores actuales de orden político, económico y social que no hemos sabido afrontar y hacia los cuales es preciso dirigir la mirada para examinar los posibles correctivos y la necesaria reorientación de las políticas públicas y del papel del Estado y de la sociedad.
· Los reclamos públicos de justicia no son responsabilidad exclusiva del gobierno, sino también de los legisladores,  los jueces,  los organismos de control,  los partidos y movimientos políticos, los empresarios, los  gremios, los sindicatos, las instituciones educativas, los medios de comunicación. Para mencionar apenas algunos actores e instituciones.
El Informe da cuenta de hechos de magnitud mucho mayor de la que todos pensábamos. Además de recopilar en un solo conjunto  de datos y acontecimientos que quizá pasaron desapercibidos o que se olvidaron por causa de la desenfrenada sucesión de las noticias diarias, se ocupa en ubicarlos en el escenario histórico, político y social correspondiente. De igual forma, indaga acerca de las causas que han determinado en algunos periodos la intensificación del conflicto, la aparición de nuevos grupos violentos o de nuevas modalidades de acción subversiva o delictiva.
Múltiples actores de la violencia
A veces en Colombia se tiende a proclamar el enemigo público número uno de la sociedad, el autor o promotor  de todos los crímenes y la ciudadanía se ve llevada de tiempo en tiempo a las calles y a los medios para protestar contra ese enemigo, cual si fuera el único, y como si su  destrucción –claro, mediante la guerra-  pudiese traer como por encanto la paz que todos anhelamos. Recuérdese, por ejemplo, la marcha del 4 de febrero de 2008, que no fue convocada por el gobierno de entonces contra la violencia, sino contra uno de sus actores: contra las FARC.
Pero la realidad es otra. En este país la violencia ha tenido muchos actores, algunos de los cuales ya no están vivos o no están operando –organizaciones armadas, como el M-19 que se desmontaron y que se vincularon a la institucionalidad-, y otros que han surgido en los últimos años. Sería torpe asignar toda la responsabilidad de los hechos a un solo grupo o a una sola tendencia ideológica.
Son muchos los que han hecho uso de las armas, han ejercido violencia, han llevado a cabo torturas y cometido crímenes. Muchos actores han producido inmenso daño al país y a los derechos humanos, dejando en su camino miles de víctimas inocentes y  arrastrando a nuestra sociedad a la grave situación de guerra en que se encuentra. Incluso los partidos políticos fueron actores de violencia a mediados del siglo pasado.
Lo han hecho  los guerrilleros de todas las siglas: de las FARC, del ELN, del M-19, del EPL; también los narcotraficantes, los paramilitares, las actuales bandas criminales, los agentes estatales y muchos miembros de la fuerza pública.
No los podemos incluir a todos en la misma categoría –porque, como resulta del Informe que comento, los orígenes de su existencia y actividad son muy diversos, y los momentos históricos  no son iguales-, pero unos y otros han sido en su momento responsables y las nuevas generaciones tienen derecho a saber cuáles han sido las causas de este desastre humanitario y a conocer cuál fue el comportamiento de sus antepasados.
Las víctimas: las grandes olvidadas
No obstante la proclamación presidencial en que se felicita por  los avances en materia de Derechos Humanos, hasta el punto de no requerir sino por un año más la presencia en Colombia del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cruda realidad muestra que las distintas formas de vulneración de tales derechos no han desaparecido.
Lo más grave es que en estos cincuenta años, las víctimas han sido las grandes  olvidadas, como si no existieran, como si no hubieran sufrido los efectos del conflicto y de la barbarie desatada por  diversos  actores.
Hasta hace muy poco se ha comenzado a prestarles atención, y en tal sentido es preciso reconocer que, cuando menos, hoy tenemos una legislación expresamente destinada a buscar la reparación integral que las víctimas merecen. Aunque quizá todavía no es completo el sistema jurídico de su protección, es un buen comienzo, y de lo que se trata ahora, gracias a la verdad que poco a poco se va conociendo en procesos judiciales y en investigaciones como la adelantada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, nos pongamos de acuerdo en la forma de justicia que se debe aplicar.
Invito a nuestros lectores a estudiar detenidamente el Informe y felicito a sus promotores y autores. Resulta esencial que todos sepamos lo que nos ha ocurrido en Colombia y lo que nos puede seguir pasando si no dialogamos para buscar una salida.
* El perfil del autor lo encuentra en este link.
Basta yaGonzalo SánchezJosé Gregorio HernándezMemoria histórica
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
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