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La grave situación de cuasi-anarquía en las prisiones colombianas obedece a múltiples causas, pero sin duda no reconocer el papel central que juega el manejo racional del recurso humano ha incidido en hacer aún más compleja la búsqueda de soluciones efectivas.
La culpa es del sofá
El gobierno de Santos ha puesto en evidencia uno de los problemas más graves de la administración de las prisiones: el propio personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Distintos voceros, incluyendo al ministro del Interior y al flamante ministro de Justicia, acusan a los funcionarios de corruptos, de estar sindicalizados (como si esto fuera un problema), por lo cual sencillamente más vale hacer borrón y cuenta nueva.
La semana pasada, el director general del INPEC insinuó que era mejor la seguridad electrónica que la seguridad dinámica que proporcionan las personas. Dijo el Mayor General Gustavo Ricaurte: “En otros países del mundo una cámara puede reemplazar a diez guardianes”. Resaltó que en las megacárceles que esperan construir por concesión habrá más cámaras y menos guardianes.
El INPEC no es santo de mi devoción, pero se equivocan profundamente los funcionarios al creer que se puede cerrar la institución –mandando a todo el mundo para su casa– y transferir sus funciones a la Policía, a contratistas privados o a una nueva institución pública. La dinámica carcelaria no lo aguantaría.
El tema no es tanto el INPEC en sí, sino las personas que a lo largo de los últimos 15 años han acumulado experiencia –positiva y negativa– en la conducción de las prisiones. El instituto, con todos sus problemas, debe ser sometido a una profunda reforma, pero no conviene hacerlo desaparecer abruptamente. Es probable que se requieran cambios normativos e institucionales, incluyendo un proceso de depuración que responda a criterios objetivos y legales.
Será necesario, además, encarar las dinámicas subterráneas inherentes a la prisión colombiana. Igualmente y una vez contemos con estudios de diagnóstico y ejercicios serios de planeación para implementar el Código Carcelario y Penitenciario vigente, el INPEC tendrá que ser objeto de adiciones presupuestales cuantiosas para ampliar la planta de personal y calificarla.
Si los llamados a superar la crisis eterna de las cárceles van en serio, el gobierno tendrá que destinar importantes sumas de dinero para su administración. Hasta el momento, la cárcel marginal y olvidada se ha administrado a punta de muros y tapujos.
El paso que se debe dar para superar los problemas es comenzar por reconocer a la prisión el lugar que merece en el sistema de administración de justicia, aplicar los principios de apertura y legalidad en su administración, mejorar la infraestructura y tecnificar el servicio penitenciario. Esto cuesta… ¡y mucho!
Entre tanto, el gobierno depende en gran medida de lo bueno y lo malo que tiene el INPEC, particularmente, de su gente.
El personal penitenciario es la clave
En los sistemas carcelarios latinoamericanos –caracterizados por estructuras antiguas, presupuestos limitados y déficit de personal– el rol del personal penitenciario es central en la conducción de las prisiones. En la reforma al sistema colombiano, la máxima prioridad debería ponerse en las cualidades y las competencias de todo el personal penitenciario.
La expresión “personal penitenciario” cobija una amplia gama de funcionarios, que incluye custodios, técnicos, profesionales, directivos y administrativos. Se trata de un servicio civil en el cual cada uno de los funcionarios, a partir de sus respectivas competencias, “trata con los reclusos diariamente, vela por sus necesidades, (y) son responsables del funcionamiento eficiente del establecimiento, de la seguridad y protección, y de identificar y solucionar problemas” [1].
Se trata de un servicio especializado, no equiparable a la Policía y cuyo campo de administración tampoco es comparable a los servicios sociales regulares o de hotelería, como se ha venido sugiriendo. El servicio penitenciario es único y requiere desarrollo de conocimiento y prácticas particulares.
El factor humano en la gestión de las prisiones es determinante. El grado de respeto y materialización de los derechos humanos de las personas privadas de libertad está correlacionado positivamente con la calidad del servicio penitenciario [2].
En Colombia, no se ha prestado atención a esta premisa y el servicio de prisiones no tiene un lugar prevalente en la administración de justicia. Es visto equivocadamente como un servicio de seguridad de segunda o de tercera categoría. Esta realidad determina la situación del personal penitenciario, que se refleja en:
una carrera pésimamente regulada, que no ofrece incentivos de especialización ni de ascenso,
inseguridad física inherente al desempeño de la función,
condiciones de trabajo precarias y de alto riesgo,
sometimiento a situaciones extremas de presión, sin programas institucionales adecuados para atender los problemas que surgen del servicio,
ausencia de instalaciones adecuadas para el descanso y la recreación del personal,
situación endémica de maltrato laboral, proveniente de superiores,
ausencia de mecanismos formales de resolución de conflictos, en un contexto donde estos afloran continuamente,
un estatus social y público marginal.
Las precarias condiciones de trabajo se tornan en un factor de riesgo permanente, que se suma a procesos de selección, capacitación y evaluación del personal carentes de criterios técnicos y a un déficit cuantitativo extremo de personal que hace que cada cárcel funcione bajo condiciones forzadas.
A manera de ejemplo, el personal que presta servicios sociales, apoyo sicológico o de educación en una cárcel no responde a un perfil profesional especializado, está contratado, por lo general, sobre la base de condiciones desfavorables e inestables, y recibe una remuneración menor a la asignada al mismo servicio en la comunidad.
Además, se desempeña con sobrecarga laboral en un ambiente hostil, sin contar con una instancia de quejas y sin hacer parte de las discusiones sobre el funcionamiento general del establecimiento. No existe una visión dinámica ni integral de la conducción de los penales que vincule a todo el personal en su administración.
La situación del personal de salud ameritaría un análisis especial por su centralidad en la conducción de la prisión y las condiciones absurdas en las cuales se pretende responder a las necesidades de los presos y a la morbilidad que existe en prisión, mediante contratos de prestación de servicio bajo parámetros de normalidad del sistema general de salud. La vida en prisión no es normal, la enfermedad física y psíquica predomina y el servicio de salud requiere un alto grado de especialización.
El general Ricaurte manifestó recientemente, en tono de queja, que el INPEC se está convirtiendo en una clínica para problemas psiquiátricos y en un centro de atención de la drogadicción. Es difícil entender el reparo emanando de la persona que más debería saber de políticas de salud en la prisión. El servicio penitenciario debería adecuarse para responder efectivamente a las necesidades, con personal especializado.
El manejo de la cárcel pasa por seguridad dinámica
La situación del personal de custodia y vigilancia amerita particular atención, pues de él depende la generación de un ambiente constructivo en los penales. La seguridad electrónica nunca puede sustituir a las personas; además, en ambientes tan conflictivos como los de las cárceles colombianas, la seguridad electrónica no es muy efectiva.
Un conocido Manual para el personal penitenciario destaca que: “los dos grupos de personas más importantes de una prisión son los reclusos y los funcionarios que los custodian. Y la clave para una prisión bien administrada es la naturaleza de las relaciones entre ambos grupos” [3].
La prioridad que reclamo en relación con la situación del cuerpo de vigilancia también se debe al alto grado de vulnerabilidad y exposición que enfrentan por su contacto regular con los presos. La autoridad en prisiones hacinadas, en estado de deterioro físico, y operando sin los recursos materiales y humanos básicos es objeto de ataque permanente. Los guardianes trabajan en situaciones de violencia y dominación generadas por la propia institución, que conducen a un clima de intimidación y miedo.
El punto se ilustra de manera palpable con ejemplos. Tomemos el caso de la cárcel Modelo de Bogotá. Las unidades de guardia se dividen por compañías que prestan servicios durante 24 horas seguidas, divididas en cuatro turnos.
Cada semana, un guardián puede llegar a trabajar entre 96 y 106 horas. Su remuneración básica está por 800.000 pesos, más algunas primas. Pero volvamos a la Modelo: la guardia tiene la custodia de casi 7.000 presos en un establecimiento que no tiene capacidad habilitada para más de 2.500 personas. El edificio amenaza ruina, carece de iluminación y varias zonas de la edificación son “lugares de miedo”.
Oficialmente, se dice que la Modelo cuenta con más o menos 400 custodios. Pero ese dato es un fraude: el número total de miembros del cuerpo de vigilancia asignados al penal realmente, en un día cualquiera, oscila entre 50 y 60 cumpliendo funciones efectivas de custodia.
En el turno nocturno, puede haber menos de 30 hombres cumpliendo esa tarea. El resto de las unidades asignadas a la Modelo corresponden a la compañía que trabaja al día siguiente, personas que están en vacaciones o en licencias médicas, mujeres que no pueden cumplir ciertas funciones en penales masculinos, personas que tienen funciones administrativas, y un alto número de personas que el INPEC denomina “reubicaciones laborales”, que incluyen a custodios que no pueden desempeñar funciones de seguridad, por múltiples razones.
La conducción de presos a diligencias judiciales o a asistir a citas médicas y los traslados a otros penales implican todo otro cálculo. Se supone que cada preso remitido debe estar acompañado por dos guardianes. En la Modelo se presentan en promedio 120 a 130 remisiones por día, que debe realizar una compañía especial con aproximadamente 90 guardianes para esta tarea. La compañía no dispone de los medios de transporte para realizar las conducciones adecuadamente. Sencillamente, es una misión imposible.
Esta situación se replica en otras cárceles, como en Bellavista, en Medellín. Hay más de 7.000 presos, que son custodiados por compañías integradas por casi 100 guardianes. En la noche, hay menos de 50 custodios encargados; la proporción es de un guardián por 140 presos. La situación de las remisiones es igualmente dramática: aproximadamente 60 guardianes realizan unas 100 remisiones al día. La proporción es absurda y revela que las cárceles se administran sin los recursos mínimos requeridos para hacer cumplir la ley y exponen a los guardianes a situaciones de alto riesgo.
En estas condiciones es muy difícil que exista un ambiente seguro regido por parámetros de justicia. La guardia a duras penas logra mantener el control simbólico de algunas puertas y obtiene la colaboración de los presos que se rigen por dinámicas ocultas y propias.
Ante una situación de sobrepoblación extrema y en ausencia de un número adecuado de guardias, es ingenuo esperar que el personal de custodia y vigilancia pueda generar condiciones de seguridad.
La corrupción como si nada: ¿quién es el responsable?
La corrupción abunda en la administración de prisiones, tanto en Colombia como en el resto del mundo. El presidio es un campo propicio para la ilegalidad y la demostración de la efectividad brutal de la violencia como reguladora de transacciones humanas.
La cárcel está signada por el aislamiento social, la opacidad y la contención del flujo de información y de influencias externas. Como institución total por naturaleza, la prisión tiende a funcionar bajo códigos propios y un manto de sigilo.
Aunque las anteriores premisas son parte del conocimiento básico que se tiene sobre el encierro penitenciario, las autoridades –y, particularmente, los distintos encargados de la cartera de Justicia y de los órganos de control– no han puesto en marcha controles adicionales para enfrentar un riesgo obvio. La inconsciencia sobre lo que acontece en la prisión parece ser más cómoda que inmiscuirse en la aplicación del castigo y las lógicas subyacentes.
Los guardianes están en la mira. La participación de algunos miembros del cuerpo de custodia en hechos de corrupción son notorios:
el ingreso de drogas,
su involucramiento en esquemas de cobros por beneficios,
su participación en esquemas de prostitución,
el apoyo a fugas.
Sin embargo, la corrupción no comienza ni termina ahí:
La concesión y la supervisión de los contratos de alimentos para los presos ha sido un negocio jugoso que ha escapado a los controles formales.
La construcción de los penales nuevos está permeada por defraudaciones de sumas alarmantes.
Los directores de varios centros de reclusión favorecen a figuras del crimen organizado como si nada.
Este es el pan de cada día en la cárcel colombiana. Todo pasa y no pasa nada.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) desempeña su poder preventivo, pero es renuente a ejercer el poder disciplinario y a revisar el ejercicio del control interno en la institución.
En el marco de la declarada “emergencia disciplinaria” en el INPEC, el general Ricaurte manifestó que encontraron casi 9.000 investigaciones abiertas. ¡La PGN asumió el control preferente en 18 casos! El resto siguen bajo la conducción de oficinas de control interno que se rajan en procedimiento y en derecho, desde hace años. Pero, no pasa nada.
Si hay corrupción en el Ministerio de Agricultura y en el Sistema de Salud, no debe sorprender que haya corrupción en el entorno carcelario. Lo espantoso del asunto es que no se adopten medidas adecuadas para ejercer un control externo serio y riguroso que sancione y disuada.
No exculpo a los corruptos, pero sí reclamo la responsabilidad de los que han dejado que el statu quo en la prisión sea la corrupción. Aquí las culpas son compartidas y la ausencia de investigación y de sanción por parte de las autoridades disciplinarias y judiciales contribuye a la instalación de un estado de anomia en la prisión colombiana.
La sindicalización en el INPEC: ¿un escudo y un problema?
En el cuerpo de custodia y vigilancia hay personas corruptas. Y es hora de sancionarlos y perseguirlos penalmente. Pero esto no quiere decir que el cuerpo de custodia y vigilancia esté lleno de corruptos. Las generalizaciones son odiosas y estigmatizan.
Peor aún, el ministro de Justicia parece creer que la sindicalización es sinónimo de corrupción y que ser miembro del sindicato es una especie de escudo en contra de las investigaciones. Ni el régimen laboral, ni el penal, ni el disciplinario, así, lo disponen. Lo que hay es ineficiencia investigativa y punto.
Es evidente que cuando se quiere, se puede. Por ejemplo, es plena prueba la condena a 22 años contra el teniente del INPEC Luis Enrique Murallas Gutiérrez y dos dragoneantes, por exigir dinero a cambio de beneficios en la cárcel de Bellavista de Medellín. Tanto Murallas Gutiérrez como uno de los dragoneantes pertenecían a distintas organizaciones sindicales. Su condena está confirmada.
Los sindicalistas del INPEC y sus dirigentes no exigen y no pueden exigir nada distinto a ser cobijados por la legislación laboral, que los protege contra acciones arbitrarias. Esto no es capricho de los sindicalistas, son disposiciones de protección que existen como resultado de prácticas de persecución sindical que se han dado durante décadas en el mundo laboral.
El ministerio de Justicia y la dirección del INPEC deberían aprovechar el alto porcentaje de agremiación para construir relaciones constructivas y exigir mayor dedicación y responsabilidad a los agremiados.
Sin embargo, con declaraciones que están al borde de la persecución sindical, el ambiente generado conduce al conflicto laboral no a un sentimiento de pertenencia. Claro está: los sindicalistas también tienen responsabilidad de plantear un debate laboral constructivo y tendiente a la mejor prestación del servicio público, evitando el abuso del régimen laboral.
Ya es hora de hablar del factor humano
Los voceros del gobierno de Santos en materia carcelaria han puesto el énfasis en la dotación de más cupos: exactamente 26.000 nuevos cupos en el cuatrienio, en cinco megacárceles.
Sin embargo, poco mencionan el factor humano indispensable para que el sistema carcelario colombiano funcione adecuadamente: el personal penitenciario. En vez de quejarse y criticar tanto al servicio de prisiones, es hora de dotarlo con los recursos suficientes para aplicar la ley y calificarlo, otorgándole un estatus adecuado, desarrollando una carrera especializada y capacitando al personal para que cuenten con los medios necesarios para encarar la dinámica en las cárceles.
El cuidado y la promoción del personal penitenciario es una de las mejores recetas para proteger los derechos de los presos. Por el momento, el personal del INPEC es radicalmente insuficiente y carece de calificación para cumplir con la aplicación del Código carcelario y penitenciario vigente.
*Socio e investigador de la Corporación Punto de Vista, una organización que pretende hacer aportes a la práctica y al debate público sobre la democracia, la justicia y los derechos humanos, mediante la producción de conocimiento especializado, interdisciplinario y aplicado. Columnista de El Colombiano y profesor universitario.
Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número.
*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado
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