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Departamento de Derecho, y la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOEl Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidadesen el marco de suPrograma de Investigación Derecho y Sociedad, del proyecto PAPIIT IN301711 "Movimientos Sociales y Procesos Constituyentes Contemporáneos en México y América Latina"y la Revista Crítica Jurídica
29, 30 y 31 de Mayo de 2013
Jesús Antonio de la Torre Rangel y
Aurora Molina, Blanca Melgarito, Cynthia Salazar,
Crítica Jurídica en América Latina
Crítica a las reformas estructurales
Seguridad Nacional, militarización y Derechos Humanos
Uso alternativo del derecho y Pluralismo jurídico
Soberanía alimentaria y derecho internacional
Filosofía de la liberación en América Latina
Movimientos Sociales y Criminalización de la Pobreza
Violencia de Género y Derecho
Se invita a los académicos, investigadores, estudiantes y personas interesadas en los temas propuestos, a participar como ponentes en la 2ª. Jornada de la  VIII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, con base en los siguientes:
1. Las ponencias o resúmenes de ponencias se envían por correo electrónico a la dirección: viiiconferenciacrij uridags@gmail.com , especificando en la barra de asunto el nombre de la mesa a que se dirige y apellido paterno.
2. El contenido de la ponencia debe estar apegado a la descripción del eje temático en el que desea participar.
3. La extensión de los resúmenes de ponencias deberá ser  de 1 a 2 cuartillas máximo. Tipo de letra Arial o Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5. Margen 2.5 por cada lado.
4. El nombre del documento/archivo debe indicar la siguiente información: eje temático en el que desean participar seguido del título de la ponencia y finalizando con el nombre y apellido paterno. De acuerdo con el siguiente modelo: ejetemático.título. nombreyapellido
5. El documento deberá contener los datos siguientes: Título de la ponencia,  eje(s) temático(s) de interés, nombre del autor, grado académico, institución de procedencia, correo electrónico, teléfono, domicilio.
6. Cada ponente contará con un tiempo máximo de 20 minutos para realizar su presentación.
7. Fecha límite para recepción de resúmenes: hasta el 12 de Abril de 2013. Los resultados se darán a conocer  el 19 de Abril de 2013.
8. En caso de ser aceptada la propuesta por parte del Comité Académico, se tendrá un máximo de 20 días para presentar la ponencia completa vía correo electrónico, especificando si para efectos de la exposición requerirá apoyo audiovisual (computadora, proyector, bocinas, etc.)
Informes CEIICH: crijurid@yahoo.com.mx,  viiconferenciacrijuridags@ gmail.com
Teléfono: 56 23 02 22, ext. 42771.
Torre II de Humanidades, 5º Piso, cubículo 9, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, D.F. C.P.04510
Sitio electrónico: www. criticajuridica.mex.tl , seminariocriticajuridica. wordpress.com
Facebook: Crítica Jurídica Latinoamericana
1)      Crítica Jurídica en América Latina
Sin duda, la crítica jurídica en América Latina es un esfuerzo colectivo realizado por personas con perspectivas y enfoques, tanto disciplinarios como ideológicos  diversos, lo cual es producto de la misma diversidad de la conformación histórica de los diferentes estados y comunidades a lo largo de nuestra América Latina. Sin embargo, también es cierto que, a pesar de estas diversidades –algunas de ellas profundas— es posible encontrar y construir un núcleo crítico, sin cerrarse a la diversidad existente, que constituya un fundamento a partir del cual se puedan construir metodologías –plurales e interdisciplinarias— y a través de ellas analizar, desde un pensamiento jurídico critico, el papel –complejo— del discurso del derecho y del discurso jurídico en los procesos de dominación capitalista.
Por otro lado, la Crítica jurídica en América Latina también ha tenido como una de sus tareas analizar la posibilidad de que, a través de la lucha social y de la acción de sujetos sociales anti—hegemónicos –como las comunidades indígenas, por ejemplo— se construya y reproduzca un derecho diferente, precisamente por ser un derecho producido y regulador de relaciones sociales diferentes y antagónicas a las capitalistas. En este sentido, el derecho entendido como instrumento y herramienta de liberación. Aquí también, la tarea sería encontrar los puntos básicos compartidos por los diferentes enfoques críticos del derecho que nos plantean elaboraciones y comprensiones diversas acerca de la posible relación entre derecho y liberación.
De esta manera, se plantea un eje con dos objetivos principales: el primero, la presentación de diversos enfoques críticos acerca del papel que el derecho moderno capitalista tiene en la imposición y reproducción de la dominación capitalista, específicamente en nuestra región; el segundo, dialogar acerca de las posibilidades de construcción de un derecho anti—hegemónico. En ambos objetivos, una tarea importante es comenzar a construir conjunta y horizontalmente epistemologías compartidas.
2)      Crítica a las reformas estructurales
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de los países de América Latina han experimentado una industrialización y acumulación monopólica de capital acelerada, cuya contraparte ha sido la profundización de la proletarización y marginalización de sectores de la población cada vez más amplio. El discurso del derecho no ha sido ajeno a estas transformaciones, y a partir de la década de los setenta, en México incluso antes de eso, se observa un retroceso en las políticas de redistributivas arrancadas por las luchas populares durante la primera mitad del siglo XX en grandes partes de nuestra América Latina.
En este contexto, a partir de los años ochenta, al menos en México, se han iniciado un conjunto de políticas y transformaciones jurídicas que se conocen con el título de neoliberales. En la coyuntura actual mexicana, estas políticas toman la forma de reformas estructurales, las cuales, a través de la modificación de las normas jurídicas en distintos puntos clave para la imposición y profundización de las relaciones de dominación capitalista (en las relaciones de trabajo, en el área fiscal, en la educativa, en el tema de la seguridad militar y el uso de las fuerzas armadas por parte del aparato burocrático, en el recorte al gasto social y en las políticas privatizadoras). De manera que, a pesar de cubrir áreas distintas, todas ellas pueden identificarse a través de su carácter profundizador del capitalismo y sus marginaciones.
Dentro de este eje se presentaran ponencias que analizando las diferentes reformas estructurales y desde sus aristas variados y complejos (sin duda jurídicos, pero también, en tanto que jurídicos, enlazados a consideraciones históricas, sociales, políticas y económicas), de manera que se tenga un panorama general y articulado de las implicaciones que las reformas estructurales tienen en la dominación capitalista y su construcción de hegemonía.
3)      Seguridad nacional, militarización y el uso del discurso de los derechos humanos.
La doctrina de la Seguridad Nacional como estrategia de dominación estadounidense se ha impuesto en América Latina reconfigurándose a lo largo de la historia. Los enemigos de la nación ya no son los mismos que eran hace unas décadas: en la actualidad, el narcotráfico juega ese papel y con ello se ha justificado un proceso de militarización de la vida cotidiana, que tiene el claro objetivo de acallar la protesta social y/o de aniquilar la posible resistencia calificándola de enemigo.
Esta es una expresión de la subordinación latinoamericana respecto del gobierno estadounidense, la cual se ve reforzada con el uso de los instrumentos jurídicos creados con tal fin, como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Mérida, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, la Organización del Comando Sur y Comando Norte, entre muchos otros. El expansionismo militar tiene también por objetivo asegurar los mercados necesarios para la reproducción capitalista, blindando las inversiones de las corporaciones trasnacionales, sobre todo, el acceso a materias primas estratégicas y a las fuentes energéticas —como llaman a la naturaleza—, bajo la retórica de mantener la paz y el combate al crimen organizado.
La instauración de este esquema de dominación ha sido posible gracias al fortalecimiento dado a las fuerzas armadas, de lo cual Colombia y México son claros ejemplos. El papel de la milicia es el de la vigilancia, control e intervención en la seguridad pública. Es por eso que no es extraño que en México, con el nuevo periodo presidencial veamos la continuidad de esta estrategia de miedo, caos y desesperanza producto de la violencia. El combate contra el narcotráfico —que no es más que la guerra contra la población— será permanente, y el elemento que podemos avizorar como cambio es una renovada estrategia de fortalecimiento de los aparatos de inteligencia del estado.
Esta estrategia se ve reforzada por el uso que hacen de los instrumentos jurídicos, legalizando este tipo de prácticas,  —ejemplo de ello son las facultades que le han dado a la Secretaría de Gobernación con lo cual podemos visualizar la configuración de un estado policial como forma avanzada de contención social sumado a la propuesta de la creación de la Gendarmería Nacional que se hará cargo de la “seguridad” en las zonas más conflictivas del país, es decir, en aquellos territorios donde se instalan empresas trasnacionales que los saquean, contaminan y matan— utilizando en forma encubierta del ejército y la marina para realizar tareas policíacas que no le corresponden pero que se justifican con la necesidad de instaurar la paz en dichas zonas, paz que, hay que decirlo, no es más que la guerra.
Siguiendo la lógica de este análisis, pretendemos que la discusión en este eje ronde en profundizar críticamente el renovado proceso de dominación que, haciendo uso del discurso de la seguridad nacional pretende la continuidad de la militarización de la vida social, así como analizar su relación con la criminalización de los movimientos sociales, el uso alternativo de los derechos humanos, la expansión del capital, y sus estrategias de legitimación en el ámbito jurídico.
4)      Uso Alternativo del Derecho y Pluralismo Jurídico
Antaño dedicada casi exclusivamente a la función teórica de denuncia y desmitificación de la normatividad hegemónica vigente, la Crítica Jurídica ha adquirido en los últimos años una preocupación cada vez más fuerte por las posibilidades transformadoras del discurso de lo jurídico, como una herramienta que puede y debe colocarse al servicio de la emancipación humana. Es así que la otrora distancia existente entre la Crítica Jurídica, como movimiento académico, y el uso alternativo del derecho, como práctica política,  se ha venido desdibujando, configurándose como el desencadenamiento de  un mismo y complejo proceso teórico—práctico que camina redefiniéndose permanentemente. En este eje, nos proponemos indagar los límites, y posibilidades de este proceso en el contexto de los movimientos sociales en América Latina.
Desde la célebre propuesta de Lédio Rosa de Andrade, teórico y juez alternativista brasileño -quien acuñara la locución Derecho Alternativo como género  que admite tres especies: el positivismo de combate, el uso alternativo del derecho y el derecho alternativo en sentido estricto ò pluralismo jurídico-, la teoría crítica del derecho se encuentra en un intenso debate acerca del lugar y  postura de los abogados y del discurso del derecho en el seno de los movimientos sociales. Respecto de la primera especie, podemos decir que el llamado positivismo de combate consiste en la lucha por la efectividad  del derecho vigente en aquello que beneficie al cumplimiento de las demandas de los movimientos sociales. La segunda especie, el uso alternativo del derecho, ha sido entendida en relación directa con la hermenéutica jurídica, y su práctica implica el objetivo de darle a la norma un sentido distinto al pretendido por la clase dominante, haciendo una interpretación extensiva de los textos legales en aquello que beneficie las demandas, así como una interpretación restrictiva en aquello que favorezca a la clases hegemónicas. Así mismo, la tercera especie, el derecho alternativo en sentido estricto ó pluralismo jurídico, hace referencia a la normatividad producida en el seno mismo de los grupos sociales.
Es así que saltan preguntas tales como: ¿Cuáles son las cuestiones relevantes que el jurista de práctica alternativa debe tener en cuenta en su reflexión cotidiana?,  ¿Es posible trazar criterios político-metodológicos producto de la práctica contemporánea de los operadores jurídicos en el uso alternativo del derecho?, ¿Cuál es la efectividad y cuáles son las contradicciones que surgen dicha práctica?, ¿Cuáles son los límites de este movimiento teórico-práctico en el contexto latinoamericano, en el que la legalidad hegemónica es tan agresivamente usada en contra de los movimientos sociales? Para discutir estas interrogantes Crítica jurídica abre el presente eje.
5)      Soberanía alimentaria y derecho internacional
La región latinoamericana históricamente ha estado sumergida en medio de relaciones coloniales capitalistas de dominación y explotación. El proceso de desarrollo del capitalismo en América Latina, fue resultado de la importación/imposición de un sistema de producción ajeno a las dinámicas de socialidad propias de la región. La acumulación originaria, es decir, el proceso de disociación de los productores directos de sus medios de producción, ha generado fuertes procesos de descampesinización y desagrarización, los cuales, a su vez, han agudizado no solo las condiciones de pobreza y marginalidad del grueso de la población latinoamericana (pues el trabajo asalariado tampoco ha sido una respuesta generalizada a las demandas de satisfacción de necesidades básicas), sino que también se han traducido en elevados índices de pérdida de soberanía alimentaria.
La producción agrícola de la región, al estar supeditada al mercado mundial, mantiene fuertes relaciones de dependencia con políticas internacionales de comercio, políticas que se imponen en medio de relaciones desiguales tanto de producción como de intercambio. De esta manera, el contexto global económico, político y financiero enmarca las relaciones de dependencia alimentaria. El grueso de países latinoamericanos no producen de manera suficiente alimentos de consumo básico. Muchas de las políticas económicas agrícolas tienen por objetivo la producción de materia prima para la exportación, mientras que importan la mayor parte de su canasta básica, profundizando la precarización de las condiciones de producción de los pequeños productores; de esta manera se obstruye continuamente las posibilidades de competir en el propio mercado interno.
El derecho internacional avala y legítima la serie de tratados de comercios internacionales, donde los países hegemónicos imponen sus condiciones para el intercambio de productos, siendo ellos, evidentemente, quienes tienen mayores ventajas y prioridades. Es importante la discusión crítica de este tema, porque, entre otras cosas, reflexionar sobre las relaciones de dependencia de países como los nuestros frente a los hegemónicos en materias tan básicas como la alimentaria nos permiten dimensionar el grado de dominación, explotación y la coalición de las clases dominantes a nivel mundial, donde pareciera que mientras mayor dependencia alimentaria exista, mayores beneficios obtienen estos sectores, a costa de la propia negación de la vida de las clases oprimidas.
6)      Filosofía de la liberación en América Latina
Tratar de la Filosofía de la Liberación en general: qué es, cómo surgió, principales propuestas de reflexión. Así mismo, cómo la Filosofía de la Liberación ha enriquecido a una visión crítica del Derecho; y cómo se han incorporado sus reflexiones a la Filosofía del Derecho.
7)      Movimientos Sociales y Criminalización de la Pobreza
Uno de los males sociales históricamente ha sido la acumulación de capital en pocas manos, la inequitativa distribución de la riqueza actualiza temas constantes como el surgimiento de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta social.
Los movimientos sociales surgen como prácticas de resistencia ante un sistema económico de exclusión y marginación social, las políticas neoliberales cada vez son más agresivas contra los países del Sur, agudizando la pobreza como resultado exclusión social.
Los recientes cambios políticos, económicos y jurídicos reflejan políticas de desmantelamiento de lo social como son la reforma laboral, la reforma en materia educativa, la reforma energética, los correspondientes cambios y reformas en materia de seguridad nacional, aunado a las reformas en materia penal, que tienen por objetivo desmantelar el estado social y fortalecer una estructura jurídica política de criminalizar e inmovilizar socialmente con el uso faccioso del derecho, mediante procesos judiciales viciados y sostenidos sin elementos que acrediten responsabilidad penal contra ciudadanos que protestan basándose solo en indicios que señalen una conducta delictiva como producto de las reformas legales, como se refleja en las recientes represiones donde se involucra al poder judicial bajo un sistema acusatorio viciado.
El análisis crítico del tema permite desenmascarar el uso dominante del discurso del derecho, especialmente desde el poder judicial, al tomar parte en la forma de silenciar el descontento social y las demandas sociales, con lo que ahora se actualiza como judicialización y criminalización de la protesta social. Aunado al ambiente de represión social, los medios de comunicación masiva juegan un papel importante, creando una construcción de la realidad que se muestra a la audiencia con el objeto de manipular a la opinión publica.
Este tema pone al descubierto la alianza estratégica entre la clase gobernante y los señores del dinero, los capitalistas, que no muestran su rostro al momento de la represión; la criminalización de la protesta social se muestra como una función institucional en aplicación de la ley, con el discurso del derecho, que es violento por antonomasia, como legitimador de la represión desde el planteamiento institucional  y la imposición del orden como discurso de manipulación ideológica en perjuicio de los sectores sociales.
Las prácticas represivas de la clase gobernante forman parte de una sistemática respuesta al reclamo de inclusión social, donde se confunden la división de poderes, ya que se realizan actos represivos que hacen cuestionar la función  real del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes se unen para actuar represivamente conforme a sus funciones, poniendo en evidencia el uso dominante del discurso del derecho, usándolo con el fin de controlar y silenciar a los movimientos que protestan antes de dar paso a la atención de los factores que los generan.
Objetivo: analizar los movimientos sociales, las diferentes prácticas de protesta y de organización social en resistencia que cuestionan al sistema de políticas económicas neoliberales bajo un sistema político representativo que no funciona, así como los factores que generan protesta: los niveles de pobreza y exclusión, así como la aplicación de políticas económicas que repercuten en la vida cotidiana de la población destinándola a vivir los males de la pobreza, analizar las reformas económicas estructurales y la función del derecho ante los actos de represión, así como analizar la función del estado en el desarrollo nacional.
8)      Violencia de Género y Derecho
Actualmente, resulta imprescindible entender el género, como una construcción social, cultural e incluso política de los roles, actitudes y actividades “deseables” o permitidas para cada una de las personas de acuerdo a su sexo biológico (mujer-hombre). Esta diferenciación dista de ser casual y tiene por objetivo, crear una sociedad regida bajo una normatividad de jerarquías y funciones específicas para hombres y mujeres. Como consecuencia de esta separación cultural se llega a  limitar, inmovilizar e incluso violentar a las personas de acuerdo a su sexo, ello ha generado  una sociedad de opuestos que potencia la formación de los antagónicos “víctima” y “victimario” y, al mismo tiempo, seres dependientes que ocupen para su existencia de los complementos: débil-fuerte o sensible-racional.
El patriarcado además de asegurar el funcionamiento y desarrollo de la sociedad capitalista, desencadena  actitudes de discriminación y negación de oportunidades a los considerados débiles o diferen tes (mujeres, niños, homosexuales, entre otros); y violencia desde niveles simbólicos, hasta casos de tortura sexual y/o asesinatos. Este panel está dirigido al análisis de causas y efectos jurídicos ante dicho fenómeno que, aunque no es de reciente aparición, lamentablemente sigue siendo contemporáneo.
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