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3 marzo, 2020 Sin categoría
Macrogranja porcina cerca de Arévalo, (Ávila)
Juan Carlos Suárez-Quiñones, aparte de ser juez, es consejero de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL. Ya saben, se hizo tristemente famosete como consejero durante el gobierno de Juan Vicente Herrera, por la frase «la administración soy yo» en una conversación con un empresario constructor al que esa «administración» solía adjudicarle alguna que otra obra pública.
¿Dimitió el letrado consejero?, que va, ¿lo cesaron?, que va, que va. Eso sería reconocer un fallo o error por parte de la Junta, algo impensable para una administración que, por sus actos, debe creer a pies juntillas en el dogma de la infalibilidad y, por ello, se lo aplica sin pudor alguno.
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.
El autoritarismo casposo y anacrónico a lo rey-sol del señor Suarez-Quiñones, nos remonta a los años 60 del pasado siglo, cuando muchas cosas se hacían por cojones, con un puñetazo sobre la mesa. El jurista consejero debería saber que ir contra la transparencia y la legislación en materia medioambiental, tiene consecuencias legales, que un Decreto no puede invalidar una Ley de rango superior. Pero, una y otra vez y con un puñetazo sobre la mesa, recurre sentencias de Tribunales de Justicia porque le contradicen en materia de caza, de conservación de especies y de macro exploraciones porcinas. Con férrea decisión, se empeña que se cace en Castilla y León, su feudo, sin las garantías o estudios pertinentes que puedan avalar que la actividad cinegética no resulta lesiva para determinadas especies o, también, que se instalen macro explotaciones ganaderas sin necesidad de informar a los ciudadanos. Y eso, a pesar de todos los varapalos judiciales recibidos.
Pero qué más da, estamos en Castilla y León y no ha nacido el juez que le diga a nuestro “dialogante” letrado consejero cómo se hacen las cosas en su feudo particular. Y hasta es probable que diga o piense en la intimidad, que esta o esa otra sentencia se la pasa por el forro de los cojones porque «la administración soy yo«. Debe ser por ello, que este consejero juez letrado recurre todas las sentencias contrarias a su espíritu vanidoso particular, eso sí, desde su cargo público de consejero, por tanto, con nuestro dinero, y las vuelve a recurrir, haciendo además «sus» normas que pretenden enmendar o poner un parche «legal» a las que los tribunales tiran por tierra, con la intención de «validar» lo que la Justicia ya ha sentenciado como ilegal.
Y ahí sigue el letrado juez consejero en su cargo de servidor público, sí, de un público selecto. Fracasa una y otra vez en sus intentos autoritarios de favorecer a unos pocos en detrimento de la colectividad, pero no dimite, ni lo cesan…
¿Cese?, ¿estamos locos o qué?, que va, que va. Esto es Castilla y León donde el caciquismo medioambiental y contra natura está institucionalizado. Lo chocante es que el partido Ciudadanos, socio de gobierno en la nueva JCyL de Fernández Mañueco, que debería ejercer el control en cuanto a transparencia y métodos caciquiles o corruptos, permita este sinsentido legal que intenta favorecer, por ejemplo, la autorización de macrogranjas ganaderas sin ningún estudio de impacto ambiental y sin informar a la población que pudiera salir perjudicada. O sea, trasparencia administrativa cero con el apoyo de Ciudadanos, un partido en caída libre por su apoyo incondicional a este tipo de socios que perpetúan actos poco o nada democráticos.
Así nos va, así no avanzamos. Vaya castigo que tenemos, con este tipo de «servidores públicos» y con este tipo de alianzas partidarias.
Y así seguimos en Castilla y León, a la cola de casi todo, aunque a la cabeza, eso sí, de la despoblación rural y de la insensatez administrativa avalada ahora por partidos “emergentes y trasparentes”.
Artículo originalmente publicado en el blog Arevaceos: http://arevaceos.blogspot.com/2020/02/la-administracion-soy-yo.html
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