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Colombia en los Premios Género y Justicia
Una de las sentencias dada por la Corte Constitucional, y liderada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos, fue nominada por la organización Women’s Link Worldwide, a los Premios Género y Justicia al descubierto por su aporte a la equidad y cumplimiento de derechos humanos. Durante las votaciones, que otorgan el Premio Mallete por el público, la ponencia Visitas Conyugales, interesó a más de 8.000 votantes y se espera que esta ponencia sea premiada.
La organización Women’s Link Worldwide ha creado los premios Género y Justicia al descubierto, que buscan hacer un reconocimiento a las decisiones jurídicas que tengan en la sociedad civil, efectos positivos o negativos en el respeto por la equidad de género.
Estos premios son evaluados por jueces internacionales que cuentan con las facultades jurídicas competentes,  comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia social; delegados para entregar los premios Mallete de Oro, Plata, Bronce y el Premio Mallete del Público a las ponencias nominadas en las categorías: Garrote que premia las decisiones que van en contra de la equidad de género y Mallete que premia las mejores decisiones.
Este año cuatro decisiones en Colombia fueron nominadas por su contenido que promueve la defensa de los derechos humanos y la equidad de género en el país. Estas cuatro ponencias fueron: Concepto plural de familia la cual sentencia que la familia no sólo se limita al matrimonio, y que por ende, se pueden constituir diferentes estructuras de familias. El caso Kim Zuluaga en el que se buscó reivindicar los derechos de un estudiante transexual en la ciudad de Medellín y constatar la protección de los colombianos al libre desarrollo de la personalidad. El tercer caso nominado es el de Protección Laboral, donde se establecen criterios de protección laboral para las mujeres embarazadas y por último, y el de mayor alcance en votaciones; Visitas Conyugales en el cual La Corte Constitucional, sentencia el respeto a los derechos de los reclusos colombianos a tener lugares dignos donde recibir las visitas en las cárceles.
Este último caso genero mayor impacto entre las destacadas por Colombia, con 8.927 votos. El público mostró sus diferentes posturas frente a la decisión tomada por la Corte Constitucional de proteger y defender los derechos de los reclusos. Lo que demuestra que los 14 reclusos que hicieron la demanda hoy tienen voz y participación en los asuntos que involucraban su situación en las cárceles del país.
Los cuatro casos nominados participan por el Mallete de Oro, Plata, Bronce y el Premio Mallete del Público, gracias a los votos que estos dieron en la página web de los premios a las ponencias elegidas.
Solo nos queda esperar hasta el 25 de junio para conocer el veredicto de los jurados y saber si las ponencias que nos representan serán premiadas.
Procuraduría pide dejar en firme elección de Alberto Rojas
Además, el Consejo de Estado deberá decidir si acepta o no estudiar la demanda sobre esta elección.
Ante la sección quinta del Consejo de Estado, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Juan Jiménez Castro, solicitó no declarar la nulidad de la elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional.
El representante del ministerio público argumentó que "esa confirmación de la terna (...) de pie o sentado no comprometía el resultado de esa elección".
Esto se da dentro de la presentación de alegatos que se adelantan a raíz de la demanda presentada por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, contra la elección del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos.
Bustos argumentó en su demanda que se presentaron presuntas irregularidades en la elección del cuestionado magistrado, como lo es una presunta violación del artículo 232 de la Constitución, en el que se indica qué requisitos se deben tener para ser magistrado de las altas cortes.
Por lo anterior, se señala que tuvo que haber desempeñado cargos en la Rama Judicial mínimo durante diez años, “y por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”.
Agregó que "no podemos buscar prohibiciones o definiciones (...) no se puede solicitar que se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda".
A juicio de Bustos, el togado no ha ejercido la profesión de abogado con buen crédito, por los escándalos en los que se ha visto inmerso, entre ellos el de la señora María Cristina, la viuda a la que presuntamente le robó dinero de una indemnización.
Procuraduría pide mantener elección de Alberto Rojas
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que mantenga la elección de Alberto Rojas Ríos, al estimar que no hubo irregularidades a la hora de escogerlo en la terna para tal dignidad.
El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, Juan Clímaco Jiménez Castro, señaló en audiencia que no hubo ningún desacierto a la hora de ternar a Rojas, pues la votación sí se hizo en secreto como dice el reglamento, contrario a lo que esbozaban los demandantes.
"La votación que se hizo de pie o sentado no comprometía el resultado de la elección del ternado Alberto Rojas Ríos. No se pueden crear prohibiciones argumentando falta de requisitos para ser magistrado", indicó el delegado de la Procuraduría.
La elección de Rojas fue demandada por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, por considerar primero, que hubo irregularidades en la votación porque esta se hizo supuestamente de pie y no de forma secreta. Segundo, porque Rojas Ríos al parecer no había practicado la profesión de abogado con “buen crédito”.
Bustos indicó que ese tipo de votación vulneró el reglamento del Consejo de Estado, Corporación que hizo la terna en ese momento, a pesar que varios magistrados señalaron que esto no se podía hacer.
En contra, la defensa de Rojas Ríos estimó que el reglamento permite hacer una elección de pie si luego de varias votaciones no hay consenso. Según la defensa, hubo 41 votaciones durante varias salas y una vez elegida la terna, fue que se hizo elección de pie para ratificarla.
Escuchadas las partes, la magistrada ponente Lucy Jeanette Bermúdez, indicó que el fallo definitivo en este caso se conocerá en un máximo de 30 días.
Consejo de Estado fijó audiencia contra Alberto Rojas
La citación del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, se presentó luego de que fuera demanda su elección por parte de la red de veedurías.
La magistrado ponente Lucy Jeannette Bermúdez, tomó la decisión tras acoger la petición de aplazamiento presentada por la abogada del Congreso de la República quien argumentó que “no conocía la totalidad del expediente puesto que hasta ahora se lo habían entregado”.
La audiencia de alegatos de conclusión y juzgamiento en contra del magistrado de la Corte Constitucional quedó aplazada para el próximo 9 de junio.
Por su parte el demandante Pablo Bustos señaló que “al momento de iniciarse la audiencia se dijo por parte de la magistrada que hasta la tarde de ayer se hizo la solicitud de aplazamiento”.
Agregó Bustos que en medio de la diligencia judicial la magistrada calificó dicha solicitud de aplazamiento como “sorpresiva, y una conducta no apropiada para defender los intereses del estado”.
27 de mayo audiencia pública Marco Jurídico
Para el próximo 27 de mayo fue reprogramada la audiencia pública en la cual los magistrados de la Corte Constitucional escucharán las intervenciones del Gobierno en desarrollo de una nueva demanda radicada contra el Marco Jurídico para la Paz.
Durante la diligencia, que se llevaría a cabo este martes pero que por cuestiones logísticas tuvo que ser aplazada,  el presidente Juan Manuel Santos, el procurador, el fiscal, al igual que el comisionado de Paz, entre otros,  deberán dar cuenta sobre quiénes podrían participar en política en una eventual firma de la paz.
"Disponer que por Secretaría General, se cite a audiencia  pública el día veintisiete (27) de mayo del año dos mil catorce (2014), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en las instalaciones del Palacio de  Justicia, Sala de Audiencias del Consejo de Estado, al demandante, a los representantes de entidades públicas y de la sociedad civil, relacionados en el considerando 1.8 de este Auto", indica el auto el alto tribunal.
Esta nueva demanda fue radica por el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín.
Cabe mencionar que es la segunda vez que el Gobierno en audiencia pública presentará sus intervenciones sobre el citado Marco Jurídico, en esta nueva oportunidad el magistrado ponente es Alberto Rojas Ríos.
Para el jurista era necesario citar a la audiencia debido a la importancia social del asunto.
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Corte tumbó facultad del Gobierno
La Corte Constitucional señaló que el precio del combustible debe ser fijado por el Congreso, por ser un impuesto parafiscal.
Al acoger los argumentos del abogado Camilo Araque, la Corte Constitucional señaló que el precio del combustible debe ser fijado por el Congreso, por ser un impuesto parafiscal.
Con esta decisión hasta hoy el Gobierno tendrá la potestad de determinar el impuesto que se cobra en el precio de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilización de los Combustibles.
De acuerdo con el demandante, “el hecho que el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 permita la fijación unilateral del precio de los combustibles en cabeza del Ministerio de Minas y Energía a su antojo configura un incontrovertible desconocimiento a la Constitución”.
“No hay que perder de vista que los combustibles son quizás los bienes con más cargas fiscales dentro del sistema tributario del país cercano a un 36%, y hay que tener presente que los consumidores y usuarios protegidos constitucionalmente en el artículo 78 superior, nunca han podido verse beneficiados por las condiciones favorables del mercado de los combustibles”, señala la demanda radicada por Araque.
Corte tumbó facultad del Gobierno para definir precio de combustibles. WWW.CARACOL.COM.CO
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Que mi currículum lo revise la corte divina
En 1977 partió para Bogotá, allí estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia; gracias a sus buenas calificaciones fue nombrado de inmediato como profesor en el mismo centro educativo y después 30 años de batallar con su vida profesional, hace cuatro meses logró la cúspide de su carrera, fue nombrado como Magistrado de la Corte Constitucional. Se trata del pereirano, Alberto Rojas Ríos, hijo de doña Emery y don Antonio, este último falleció solo pocos días antes de que terminara los siete años de bachillerato que cursó en el Instituto Técnico Superior, que estaba ubicado en esa época cerca al parque Olaya Herrera. “Desde la magistratura me propongo honrar las convicciones de libre pensador en las cuales me eduqué y a las que he servido durante más de 30 años desde la academia y mi desempeño como abogado. Rodearé de garantías a todos los colombianos para el ejercicio de su participación ciudadana en condiciones de dignidad, igualdad, seguridad y su plena inclusión social. Desde la Corte promoveré, defenderé y protegeré sus derechos fundamentales” declaró a LaTarde, el magistrado Rojas. Mientras recuerda a su gran amigo y también pereirano el exministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el togado manifiesta que se levanta a eso de las 4:30 de la mañana, lee los periódicos y después parte a la Corte Constitucional donde llega a las 6:30 de la mañana. Luego de un largo día de trabajo regresa a su hogar donde lo espera su esposa, Cecilia Espinel, con la que tuvo una hija que hoy adelanta estudios en finanzas en París, Francia. “Con el doctor Rodrigo Rivera me une una gran amistad, afecto y admiración, sé de su desempeño profesional y disciplinado en sus funciones diplomáticas en el exterior como Embajador ante la Unión Europea, donde ha defendido con acierto los intereses de nuestro país. Los colombianos nos sentimos muy tranquilos y orgullosos con los resultados de su representación diplomática” expresa Rojas. El tsunami El risaraldense Alberto Rojas Ríos, afirma que su elección como magistrado fue un tsunami, ya que en medios nacionales sacaron a relucir dos supuestos ‘tapados’ que tenía. En el primero, se le acusó de haberse quedado con la indemnización que le pertenecía a una mujer por un accidente de tránsito donde murió su esposo. En la segunda, se dijo que evadió el pago de impuestos por $500 millones, no declarando los honorarios que ganó por prestar sus servicios a una empresa de alumbrado público. Ante esto, el administrador de justicia afirmó: “mi hoja de vida ha sido sometida al más riguroso escrutinio nacional. Ha sido revisada y acogida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por la Honorable Corte Constitucional y por el Honorable Consejo de Estado; solo falta la verificación de la corte celestial. Quienes se oponían con sórdidos e inconfesables intereses a mi posesión, nunca antes formularon observación ni descalificación alguna. Se trataba solamente de evitar mi posesión sin fundamento legal ni constitucional. Por fortuna, haber hecho las cosas bien durante toda mi vida y tener la conciencia tranquila dio sus resultados. Hoy me desempeño como uno de los 9 magistrados de nuestra Corte Constitucional”, dijo. Preguntas y respuestas LaTarde: ¿Qué le falta a Risaralda para aparecer más en el ámbito nacional? Magistrado Alberto Rojas Ríos: “Hay una clase empresarial en Risaralda respetable que trabaja unida y ha logrado muchos aciertos. Hay una clase política que se la juega por su región y luchan en Bogotá con los gobernantes para obtener beneficios y recursos para Pereira y el departamento. Esto ha dado ahora como resultado, que la Nación le entregara más de cincuenta mil millones de pesos a nuestro aeropuerto. Este ejemplo lo doy porque no tiene precedentes. El Gobierno Nacional destinaba recursos a otros aeropuertos. Toda la vida el Matecaña era castigado injustamente a pesar de ser el aeropuerto más eficiente en la región y el más importante de la zona cafetera. Refiriéndonos a otro aspecto, creo que debemos prepararnos, y debemos trabajar con los jóvenes para ofrecerle más y mejores oportunidades a nuestra ciudad”. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, le agradeció públicamente ‘tumbar’ la fórmula de estabilización del precio del combustible ¿Qué tiene para decirle? “Es un tema sensible para el país. El Gobierno debe buscar con imaginación otras alternativas que no castiguen el bolsillo de los colombianos. En este tema nuestra actuación como magistrado se dio dentro de la más absoluta imparcialidad e independencia. La ecuación que generaba el precio del combustible derivaba en un impuesto, cuya determinación en sus elementos no corresponde al gobierno, sino al Congreso de la República, en aplicación del principio democrático de la deliberación de los tributos”. ¿Hay distanciamiento entre usted y el Partido Liberal? “Nunca ha existido distanciamiento con el Partido Liberal. Sus directivos me merecen el mayor respeto y admiración. Soy un liberal clásico, aunque tengo claro que un magistrado solo puede pertenecer al partido, el de la Constitución. Pero tampoco puedo desconocer que ternado por el Honorable Consejo de Estado, fui elegido por la abrumadora mayoría de 61 senadores de todos los partidos que componen nuestro Senado de la República. Estos Senadores legitimaron mi dignidad como magistrado, con la expresión de la voluntad de los 6 millones y medio de colombianos que los eligieron, si partimos de que la votación total del Senado ascendió a 10 millones 680 mil votos. Esta legitimación, más la que surge de la defensa de los derechos fundamentales y de los valores democráticos en la que estoy empeñado, me habilita para preservar la integridad y la supremacía de nuestra Constitución Política”.
“Solo falta que mi hoja de vida la revise la corte celestial": Rojas. WWW.LATARDE.COM
Sigue debate por fijación de precios
El jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, envió un comunicado a la Corte Constitucional solicitando una inconstitucionalidad diferida, debido a que podría existir un descuadre económico si llega a darse una caída en el precio de los combustibles. A juicio del Ministro, podría existir un déficit de $3,4 billones. Según Alberto Rojas Ríos, magistrado ponente de la demanda de inconstitucionalidad contra el literal c del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, respecto a dicho análisis comentó que “se llegó a la conclusión que era un impuesto y se propuso a la Corte, que el precio debía fijarlo el Congreso por tratarse de un tributo fiscal”. Cabe destacar que dicho literal estipulaba una diferencia negativa entre el precio internacional del combustible con el nacional. Por lo anterior, siempre que el precio de venta de los combustibles en Colombia fuera superior al internacional, dicha diferencia eran los recursos destinados al fondo de estabilización. Así pues, viene el debate para definir la fórmula nueva sobre la que se va a fijar el precio de la gasolina y se debe mirar que variables influirán en ella. Ante eso Alberto Arias Tabares, director Ejecutivo de Fendipetróleo Risaralda dijo que “debe existir un análisis detallado y financiero para que por ejemplo, existan márgenes de utilidades razonables. Pero por ahora, no se ve que haya una fórmula para bajar precios y cómo se va a compensar con dicha reducción”. Por su parte Giovanni Reyes, profesor Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, dijo que el Gobierno ya tiene comprometido ese fondo, pero que sería bueno para el consumidor si la gasolina baja, teniendo en cuenta que cuando cayeron los precios del crudo, los combustibles no lo hicieron. “Debe existir una política discriminatoria para fijar los precios ya que afecta no solo a las personas con poder adquisitivo, sino a sectores como por ejemplo, el transporte de carga y público”, explicó Reyes. Departamento Si se llega a tocar la sobretasa a la gasolina, tributo del que disponen los entes territoriales, eso afectaría las finanzas del departamento. José Vicente Galvis, secretario de Hacienda de Risaralda, explicó que “si es movido el valor de referencia, afecta la sobretasa de la gasolina. En el presupuesto del 2013, hay $8719 millones, destinados para mantenimiento y construcción de la malla vial. Si mueven dicha base, mueven el recaudo”.
Sigue debate por fijación de precios. WWW.ELDIARIODELOTUN.COM.CO
Estado no podrá fijar valor de combustible
La Corte Constitucional tumbó este martes la facultad del Ministerio de Minas y Energía de fijar el precio de referencia de los combustibles. Al analizar una demanda contra del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, la Corte estimó que no es posible que el Ministerio fije el precio ya que no se trata de un tributo. En el examen de la Corte, se evidenció que se trata de una contribución parafiscal por lo que debe ser fijado por el Congreso de la República. La demanda había sido interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien consideraba que la fijación unilateral del precio del combustible desconocía la Constitución. En ese sentido, en el transcurso del análisis de la demanda en la Corte, el procurador General Alejandro Ordóñez, había pedido a la Corte que exhortara al Congreso para que fijara una ley sobre los precios de los combustibles en el país. El abogado Araque fue el único que confirmó la noche del martes esta información.
Gobierno no podrá definir precio de la gasolina. WWW.ELCOLOMBIANO.COM
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Estado no puede fijar valor de combustible
La Corte Constitucional ‘tumbo’ la facultad del Gobierno para fijar por decreto el precio de los combustibles. El alto tribunal declaró inexequible el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, que facultaba al Ministerio de Minas para fijar el aumento del precio de la gasolina con una formula basada en la diferencia entre Precio de Paridad internacional y el Precio de Referencia. La demanda fue instaurada por los abogados Camilo Araque y Juan David Mesa. Según la Corte, por tratarse de una disposición que equivale a un tributo es el Congreso y no el Ejecutivo el que debe fijar el precio de acuerdo con una fórmula que establecerá siguiendo los estándares internacionales, de acuerdo con la oferta y la demanda. La senadora Alexandra Moreno calificó la decisión como un acierto y señaló que el Congreso ahora no tiene excusa para tramitar la ley que busca bajar los precios de los combustibles. “Con esta decisión es posible que precio de la gasolina baje debido a que se desaparece el fondo de estabilización para los combustibles”, explicó el senador caucano Luis Fernando Velasco.
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Gobierno no puede fijar valor al combustible
A partir de hoy, el Gobierno ya no tendrá la potestad de definir el impuesto que se cobre en el precio del combustible. Según el análisis de la demanda, el Ministerio de Minas y Energía no debe tener a cargo los cambios en los precios porque estos no son un tributo y además porque la modalidad de fijación desconocía la constitución nacional.
La Corte tumbó la facultad del Gobierno Nacional para definir precios de combustible.WWW.ELMUNDO.COM
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Minminas no puede fijar precio a combustible
La Corte declaró inconstitucional un impuesto incluido dentro del fondo de estabilización del precio de los combustibles. Con cinco votos a favor la Sala Plena de la Corte Constitucional falló favorable la demanda de inconstitucionalidad frente a la facultad del ministerio de Minas y Energía de fijar los precios de los combustibles. El abogado Camilo Araque, quien presentó la demanda, explicó que la decisión de la Corte tumba el decreto que le dio la potestad al ministerio de establecer el valor de cada galón de gasolina y Acpm mes a mes. Según él, el Gobierno cometió una irregularidad con el decreto de los precios de los combustibles pues no puede establecer impuestos, como estos, por esa vía. Los tributos, incluidos los de la gasolina, deben ser aprobados por el Congreso de la República en trámite de proyectos de ley y no en decretos, según lo establece la Constitución. De ahí que Araque haya promovido su demanda ante el alto tribunal. Ahora será necesario que el Gobierno trámite una ley para poder establecer los impuestos en la gasolina. Así las cosas, quedaron en el limbo los cerca de $2.500 de impuestos que actualmente pagan los colombianos por cada galón de combustible. El concepto de la Procuraduría En un concepto enviado a la Corte Constitucional el pasado 30 de abril el procurador General, Alejandro Ordóñez manifestó la necesidad para que el Congreso de la República expida una ley para intervenir económicamente en la regulación del precio de la gasolina en Colombia. En este punto se establece que la ley tendrá que dar claridad para todos los colombianos "desde un punto de vista democrático, y además en materia económica y social, para evitar partos como los recientemente realizados por cafeteros y camioneros del país argumentando sobrecostos en materia de precios de combustibles". En el documento de 14 páginas conocido por El Espectador el Ministerio Público presentó varios puntos frente a la demanda interpuesta en contra el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 en el que se establece el fondo de estabilización de los precios de los combustibles en Colombia. En sus consideraciones la Procuraduría General le solicitó a la Corte que se declare inhibida "para conocer de fondo la presente demanda contra el literal c del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 por ineptitud procesal sustancial en su presentación relacionada con la falta de certeza en la formulación de los cargos". En su concepto, la Procuraduría General considera que es menester revisar los mercados internacionales con el fin de proteger a los usuarios puesto que se resalta el hecho se deben evitar las alzas en los precios cuando hay estabilidad en los mercados internacionales están estables. "Una pregunta que surge del presente análisis es si el Estado debería o no liberar la política de precios, como consecuencia de cobrar el precio interno de los combustibles en consonancia con los valor internacionales de los mismos. La respuesta es negativa porque el comercio de petróleos y de combustibles es un asunto relacionado con oligopólios globales en la producción y comercialización, amén de estar aunado a la escacez del recurso natural matriz, como sucede en nuestro país donde el futuro del mismo en existencias es bastante incierto y a los riesgos políticos que giran alrededor de determinados países productores, y a su vez, es un asunto de políticas públicas de la mayoría de países por lo vital que resulten dichos recursos en economías, hasta el punto que, de una u otra manera, los estados deben subsidiar los precios de los combustibles y garantizar el abastecimiento de los mismos", precisa uno de los apartes.
Tumban facultad a Minminas de fijar precio de combustibles. WWW.ELESPECTADOR.COM
Pereirano que tiene la Corte Constitucional
Han transcurrido 4 meses después de haber asumido la dignidad como Magistrado de la Corte Constitucional, el abogado pereirano Alberto Rojas Ríos, donde ha cumplido un papel preponderante en sus funciones como experto y con magnífica preparación en Derecho Constitucional. En momentos difíciles y complejos del país, el Magistrado Ríos llegó al máximo tribunal, donde ha participado en los más enconados debates como ha sido el marco jurídico para la paz, encontrando temas palpitantes de muy difícil abordaje, pero que al final la Corte consciente de la densidad y su alcance, ha tenido que tomar varias decisiones. En entrevista con El Diario del Otún, Rojas Ríos, en cuanto al tema de las altas pensiones de excongresistas y ex magistrados, explicó que no alcanzó a participar, pero si le hubiera tocado, se había encaminado por el respeto a los derechos adquiridos, por el respeto a la confianza legítima, sin imaginarse un Estado que desconozca los derechos de personas que ni se les ha llamado, ni se les notifica, ni mucho menos se les hace parte de un proceso; y luego le arrebatan esos derechos. Libertad de prensa El Magistrado Rojas Ríos, se consideró un fiel defensor de la libertad a la información, porque está seguro que es un elemento consustancial a los valores democráticos, con ese ingrediente participó en el debate de la Ley Estatutaria de Transparencia y Regulación del acceso a la información pública nacional; a la que le puso toda su dedicación, defendiendo cada uno de sus artículos, siendo uno de los magistrados que más intervino. Ponente Como Magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, tuvo la ponencia de la sentencia que aprobó el tratado de la prohibición de gases en la guerra y de armas bacteriológicas, allí hubo una discusión acentuada, toda vez que se hablaba de la ley 10 de 1980, muy anterior a la Constitución del 91. La gasolina Otra de las ponencias a cargo del Magistrado Ríos y que ha sido recibida con beneplácito por la mayoría de colombianos, tiene que ver con los efectos de determinar que el gobierno no puede fijar el precio de la gasolina en estos momentos, porque el precio de paridad internacional con el de referencia interna ha creado una banda económica, que generó paros de transportadores, agrarios y otros, porque se alegaba un precio más alto que el que se asumía en el concierto internacional. Luego de hacerle un análisis al tema, los magistrados llegaron a una conclusión de que eso era un impuesto y estos, no los determina el ejecutivo, sino el legislativo, por lo tanto Rojas Ríos lo que hizo fue proponer que el precio de la gasolina lo fijara el Congreso de la República. Experiencia Magistrado de la Corte Constitucional desde el 2 de mayo de 2013. Veintinueve años de experiencia profesional, en la defensa de intereses públicos y privados. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, candidato a Doctor por la Universitat de Valencia, España, con Maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del Institut de Drets Humans de la misma universidad. Con especializaciones en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional. Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, Miembro Correspondiente electo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
EL PEREIRANO QUE TIENE LA CORTE. WWW.ELDIARIO.COM.CO
Homenaje al magistrado Alberto Rojas Ríos
El alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, exaltó al doctor Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional, con la Medalla del Sesquicentenario de Pereira. Señaló el mandatario que reconocer personajes como estos es engrandecer el nombre de los pereiranos ya que se ha destacado a nivel país y en el exterior. “Y que mejor ocasión que el Día de la Pereiranidad, cuando precisamente se rememora a aquellos ciudadanos que como Luis Carlos González y usted nos hacen levantar la mirada con orgullo y tener el pecho colmado de la emoción por ser pereiranos…Hoy el país entero y no sólo los que aquí residimos agradecemos que de la capital risaraldense florezcan personas que con un trabajo honesto, juicioso y serio, ostenten posiciones de alto nivel como usted, que es el Magistrado de la Corte Constitucional”, señaló el Vásquez Zuleta. Destacado Su experiencia es de un rango amplio, ha estado en calidad de encargo de instituciones tan importantes para la dinámica política de la nación y la vigilancia y transparencia de los procesos como la Procuraduría y la Vice procuraduría. El interés por el bienestar común ha sido una de sus banderas y la prueba de ello fue la búsqueda de protección de 25 mil familias del litoral pacífico, todas víctimas eventuales de desastre ambiental.
HOMENAJE AL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RIOS. WWW.ELQUERENDON.COM
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Tumban fuente del FPEC
La Sala Plena de la Corte Constitucional acogió la recomendación del procurador Alejandro Ordóñez para que induzca al Congreso a presentar una ley de intervención económica relacionada con la fijación de los precios de los combustibles. La Corte, con votación de cinco a dos, declaró inexequible una de las fuentes que utiliza el Gobierno para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Tumban fuente del (FPEC), esquema utilizado para mitigar el impacto de las fluctuaciones externas de los precios de los combustibles en el precio interno. El Alto Tribunal tumbó el literal C del artículo 101 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que señala que las diferencias negativas entre el precio de paridad internacional y el precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía podrán ser utilizadas para nutrir este fondo. Es decir, que cuando los precios internacionales sean menores que el valor de referencia fijado por el Gobierno y se genere un saldo a favor, los recursos ya no podrán ahorrarse para contener futuras alzas de los precios, sino que deberán trasladarse al precio interno, generando su reducción. En una demanda de inconstitucionalidad presentada por Camilo Araque Blanco, los demandantes afirmaban que la financiación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por esta vía vulneraba la competencia del Congreso de la para crear e imponer tributos, porque autorizó al Ministerio de Minas y Energía para crear e imponer un tributo, al fijar dicho precio de referencia por encima del precio internacional de los combustibles. En marzo pasado, al analizar la demanda, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que si bien el Fondo se utiliza para contener cambios bruscos en los precios, no es válido que se utilice la diferencia negativa como una constante desproporcionada o alejada del comportamiento real de los precios internacionales de los combustibles, para obtener recursos públicos de una manera vedada o indirecta, porque esto va en contra de la justicia tributaria, la libre competencia económica y de los derechos de los consumidores. Al respecto, el Ministerio Público explicó que este factor encarece la canasta de consumo y la base gravable de los impuestos que se pagan con el precio de la gasolina. En su momento la Procuraduría dijo que “ya es bastante el sacrificio del productor y del consumidor al pagar el precio de los combustibles a los precios internacionales, como para adicionarle gravámenes no creados por el legislador, cuando en otros países, especialmente aquellos con los cuales Colombia tiene relaciones comerciales, el precio de los mismos se subsidia”. Desde el 2011 la Procuraduría llamó la atención a los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía sobre la falta de claridad en la fijación de los precios. En ese momento les dijo la fijación de los precios no parecía tener en cuenta la diferencia entre los ingresos de un colombiano frente a los de un estadounidense. Hace dos años el organismo indicó que en el 2010 el ingreso anual por persona en Estados Unidos era de 47.240 dólares, mientras en Colombia ascendió a 5.510 dólares, según cifras del Banco Mundial. En otras palabras, hace dos años el ingreso de cada habitante en ese país superó en 8,5 veces al de cada colombiano, pero el precio de la gasolina era superior o por lo menos similar. PRECIO IGUAL PERO INGRESO MÁS BAJO Hace dos años el organismo dijo que en el 2010 el ingreso anual por persona en Estados Unidos era de 47.240 dólares, mientras en Colombia ascendió a 5.510 dólares, según cifras del Banco Mundial. En otras palabras, hace dos años el ingreso de cada habitante en ese país superó en 8,5 veces al de cada colombiano. “El efecto de esta tutela es que el precio interno atenderá las realidades del mercado y no la voluntad de determinados funcionarios”, dijo el abogado Araque.
Tumban fuente del fondo de estabilización de combustibles. WWW.PORTAFOLIO.CO
Gobierno no podrá fijar valor al combustible
La Corte Constitucional tumbó este martes la facultad del Ministerio de Minas y Energía de fijar el precio de referencia de los combustibles. Al analizar una demanda en contra del artículo 1010 de la Ley 1450 de 2011, la Corte estimó que no es posible que el Ministerio fije el precio ya que no se trata de un tributo. En el examen de la Corte, se evidenció que se trata de una contribución parafiscal por lo que debe ser fijado por el Congreso de la República. La demanda había sido interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien consideraba que la fijación unilateral del precio del combustible desconocía la Constitución. En ese sentido, en el transcurso del análisis de la demanda en la Corte, el procurador General Alejandro Ordóñez, había pedido a la Corte que exhortara al Congreso para que fijara una ley sobre los precios de los combustibles en el país. Esta facultad estaba decretada para que el Ministerio estableciera el valor del galón de gasolina y Acpm mes a mes.
Tumban facultad del Gobierno de fijar precios de la gasolina en Colombia. WWW.ELPAÍS.COM.CO
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Corte Constitucional y el Pacto de Bogotá
La Corte Constitucional tomó una decisión este martes que abre la puerta para que sí se pueda pronunciar sobre demandas que se presenten en contra de leyes que hayan aprobado un tratado internacional antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La Corte avaló en la noche de este martes la Ley 10 de 1980 mediante la cual se suscribió el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 y mediante la cual también se autorizó al país a adherir a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y sobre su destrucción. La Sala Plena acogió la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos y con eso se entiende que la Corte en el futuro sí podrá analizar demandas contra leyes anteriores a la Constitución de 1991 que creó dicha corporación. Actualmente la Corte Constitucional examina tres demandas en contra de la ley 37 de julio de 1961, mediante la cual Colombia suscribió el Pacto de Bogotá que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, CIJ. Las demandas, incluida una presentada por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirman que dicha norma no se ajusta a la Constitución actual. El pasado 16 de septiembre la Corte aceptó estudiar las tres demandas al señalar, entre otras cosas, que sí tiene competencia para adelantar un examen sobre las leyes que ratifican tratados internacionales, así se trate de una norma que fue expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Corte Constitucional puede decidir sobre demanda del Pacto de Bogotá. WWW.ELCOLOMBIANO.COM
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Estado no logra fijar valor de combustible
DECISIÓN La Corte Constitucional ‘tumbó’ la potestad del Gobierno para fijar por decreto el precio de los combustibles. Una de las más arduas batallas que afectan progresivamente el bolsillo de los colombianos es el precio de la gasolina. Ante la inconformidad de varios ciudadanos por el alto precio de la gasolina, fue demandado el literal C del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, en la cual se indica que el Gobierno, mediante el Ministerio de Minas, fijará el aumento del precio de la gasolina con una fórmula basada en la diferencia entre Precio de Paridad internacional y el Precio de Referencia. Ese aumento iba directo al fondo de estabilización de los combustibles (seguro creado por el gobierno para soportar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales). Palabras más, palabras menos, el Gobierno hasta hoy tenía la potestad de determinar el impuesto que se les cobraba a los ciudadanos en el precio de la gasolina. Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos fue declarada inexequible la ley que facultaba al Gobierno para realizar ese aumento. Según se pudo establecer, en su decisión la Corte Constitucional dejó claro que el Congreso es el único habilitado para establecer el impuesto que aumenta el valor de la gasolina. Con esta decisión se precisa que el Gobierno no tiene ya la potestad para determinar el aumento en el precio de los combustibles, por lo cual a partir de la notificación de esa sentencia el dinero que anteriormente estaba destinado al Fondo de Estabilización de los combustibles no podrá ser fijado por el Ministerio de Minas. Para uno de los senadores líderes en este proyecto, Luis Fernando Velasco, es una decisión completamente constitucional debido a que el proyecto que está en la comisión quinta tiene que ser analizado de fondo por el Congreso. “Con esta decisión es posible que el precio de la gasolina baje, debido a que desaparece el Fondo de Estabilización para los combustibles. Es increíble cómo dos delegados de medio nivel determinan el precio de los combustibles”, dijo Velasco a Semana.com. Ahora el debate está centrado en cuál será la fórmula del Gobierno para fijar el precio de los combustibles para los colombianos.
Gobierno no podrá fijar precios de la gasolina SEMANA.COM
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Juez Rengifo dio detalles sobre el proceso
El Doctor Franco Rengifo, Juez del Juzgado 21 Penal del Circuito quien fue la persona que profirió la absolución del electo magistrado, habló para cable noticias y revelo detalles sobre el proceso, dice que el hoy Magistrado Doctor Alberto Rojas Ríos tiene una sentencia absolutoria en el delito de estafa.
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Conferencia Congreso Del ICPDP
Conferencia magistral del Dr. Alberto Rojas Ríos de Colombia, titulada "Los Derechos Fundamentales en el Recurso de Casación Civil", durante el IX Congreso Panameño de Derecho Procesal celebrado en ciudad de Panamá en agosto de 2012 y que organiza anualmente el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, ICPDP.
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Puniendi sale en defensa de Alberto Rojas
No tener vinculos con políticos es imposible
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