Pueden ayudar a garantizar que la legislación y los reglamentos que se aprueben y apliquen sean compatibles con los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no tiene autoridad en los Estados Unidos.