El proyecto de ley C-3 establece una exención peligrosa e innecesaria que autoriza a los jueces a no emitir órdenes para tomar una muestra si creen que, al hacerlo, el impacto en la privacidad y la seguridad de la persona sería extremadamente desproporcionado con respecto al interés público en la protección de la sociedad.
Los jueces creen que el impacto en la privacidad y seguridad de un individuo es extremadamente desproporcionado con respecto al interés público.