Incluyen, pero no se limitan a, asuntos relacionados con (1) el uso del cifrado para proteger la confidencialidad de la información y otras capacidades criptográficas, incluidas las firmas digitales y las verificaciones de integridad, (2) la privacidad personal, (3) la adecuación de las leyes que protegen la propiedad intelectual y permiten investigaciones sobre delitos relacionados con la informática, y (4) la disponibilidad de experiencia técnica adecuada y herramientas de software de seguridad.
El cifrado no garantiza la confidencialidad.