En el argumento oral y en sus informes, la LSC nos aconsejó que los abogados financiados en el programa del Gobierno no pueden realizar representación en demandas por beneficios si deben asesorar a los clientes respecto a la validez cuestionable de un estatuto que define la elegibilidad de beneficios y la estructura de pago.
Los abogados están diseñados para beneficiar al gobierno más que al individuo.