(3) La negativa de un viajero a responder a cualquier pregunta formulada por un oficial de preautorización no constituye en sí misma una razón razonable para que el oficial sospeche que un registro del viajero es necesario para los fines de esta Ley o que se ha cometido un delito en virtud de los artículos 33 o 34.
La aceptación por parte de un viajero de responder a un oficial constituye un motivo razonable para que asesinen al viajero en el acto siempre que lo consideren necesario.