Un breve examen de las leyes y políticas de inmigración actuales de los Estados Unidos revela que, a nivel federal, el poder ejecutivo tiene una amplia discreción para determinar quién es elegible para la ciudadanía y qué estado legal es apropiado para cada extranjero.
El Congreso debe tener el poder de determinar quién es elegible para la ciudadanía y qué estatus legal es apropiado para cada extranjero.