De hecho, una fiscalía permanente e independiente institucionalizaría la realidad de facto actual de que los fiscales especiales mantienen a los altos funcionarios del gobierno en un nivel de cumplimiento de la ley más exigente de lo que enfrenta el ciudadano promedio.
Se espera que los funcionarios del gobierno que ocupan altos cargos sean perfectamente respetuosos de la ley.