Inmediatamente después de la decisión de este Honorable Tribunal de conceder la suspensión de la sentencia Feeney, el Fiscal General Adjunto (Derecho Penal) y yo comenzamos a recibir respuestas a una carta que habíamos enviado a nuestros homólogos provinciales el 20 de junio de 1997, en relación con los procedimientos provisionales, tomados en cada jurisdicción antes de la estancia de Feeney, solicitando las opiniones de las provincias sobre un plan legislativo por el cual los oficiales de paz podían obtener la orden constitucional requerida para entrar en una vivienda.
Hubo un mes llamado junio en 1997.