Las decisiones de la Corte Suprema en "Washington v. Davis" y "Lopez v. Monterey County" (2000) se basaron en la premisa de que la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda no requiere que los estados proporcionen educación pública al mismo nivel de financiamiento que otros estados.
La Corte Suprema dictaminó que los estados deben proporcionar educación pública al mismo nivel de financiamiento que otros estados.