Los empleadores que excluyeron con éxito a los representantes de servicios legales de sus campos de trabajo o intimidaron a los trabajadores para que no se pusieran en contacto con los servicios legales durante el transcurso del empleo podrían garantizar una fuerza laboral sin acceso a representación legal.
Los empleadores podrían intimidar a su fuerza laboral con amenazas ilegales de retención o despido injustificado, y salirse con la suya sin represalias.