La decisión de la Corte no solo muestra una solicitud especial inapropiada para nuestra propia profesión; también muestra, creo, la misma afición por la reforma a través de los tribunales, la toma de innumerables juicios sociales a través de imperativos constitucionales pronunciados por jueces, que llevaron al Congreso a restringir los litigios de este tipo financiados con fondos públicos.
El Congreso alentó los litigios financiados con fondos públicos.