El tratado requiere que los miembros cumplan con las directrices sobre déficits, deuda pública y otros puntos de referencia fiscales a finales de 1997 si quieren tener derecho a participar en la introducción de una nueva moneda única europea en 1999.
Las naciones que no cumplan con el plazo no podrán disfrutar del lujo de una moneda unificada en Europa.