El objetivo y el objetivo de este proyecto de ley es prohibir que determinadas entidades financieras, incluidas las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones y las empresas a las que se aplica la Ley de Compañías de Seguros, cobren dinero a sus clientes habituales por la prestación o venta de un nuevo servicio sin el consentimiento expreso del cliente.
El consentimiento debe darse antes de un cargo.