El excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, visitó el viernes la sede del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), donde el diputado César Vega le entregó "cerca de mil firmas" a favor del plebiscito constitucional "contra la usura y por una deuda justa" que desde agosto del año pasado promueve CA.
"Perdimos varios meses esperando a los partidos políticos para hacer un proyecto en común en el Parlamento; lo que debió haber comenzado en abril lo comenzamos recién en agosto, y ahora estamos llegando muy sobre el límite a la fecha del 27 de abril, pero aún mantenemos la expectativa", manifestó en una rueda de prensa Manini Ríos, junto a Vega. Al día siguiente, declaró a Subrayado que, a una semana del plazo, a CA le faltan "unas 60.000 firmas" de las 270.000 que se requieren para llevar adelante el plebiscito en simultáneo a las elecciones nacionales de octubre.
Sin embargo, CA ya resolvió que, si no reúne las firmas antes del 27 de abril, igualmente continuará recolectando adhesiones con el objetivo de realizar el plebiscito en el balotaje de noviembre o, en su defecto, en las elecciones departamentales de mayo de 2025. "La Constitución no dice en qué elección", dijo a la diaria el senador cabildante Guillermo Domenech.
El artículo 331 de la Constitución, que establece los mecanismos para reformar la carta magna, dice que el texto de reforma constitucional deberá "ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata". No obstante, desde la vuelta a la democracia a la fecha se llevaron a cabo 12 plebiscitos y ninguno de ellos fue en simultáneo a las elecciones departamentales o al balotaje.
Domenech sostuvo que la resolución de CA "va a generar una jurisprudencia de la Corte Electoral", cuyos ministros "van a tener que pronunciarse" sobre el tema. "CA nació para eso, para hacer cosas que nunca nadie hizo", afirmó.
Consultado al respecto, José Korzeniak, ministro de la Corte Electoral en representación del Frente Amplio, dijo a la diaria que, una vez presentadas y validadas las firmas, la Constitución marca que la consulta popular debe hacerse en "la próxima elección en donde vote todo el mundo", por lo que "sí podría hacerse en la próxima [elección] departamental, incluso en el balotaje".
No obstante, Korzeniak puntualizó que "no hay unanimidad" al respecto, dado que "la doctrina se ha expresado en distintos sentidos". "Por razones históricas se puede sostener que sólo [puede ser] en las elecciones nacionales" y, en ese caso, "habría que esperar a las próximas elecciones nacionales", en octubre de 2029. Señaló que, en cualquier caso, la Corte Electoral se pronunciará "cuando le lleguen las firmas".
Por su parte, Jaime Sapolinski, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho e integrante del Partido Colorado, dijo a la diaria que, si bien "los procedimientos del artículo 331 [de la Constitución] se redactaron con la idea de que las elecciones son una vez cada cinco años", dado que las elecciones departamentales son obligatorias, el plebiscito "podría" realizarse también en dicha instancia.
Aunque apuntó que "el modelo está hecho para una realidad que no es esta", consideró que aplazar la consulta popular hasta 2029 "implicaría de alguna manera cercenar la posibilidad de un acto de democracia directa".
Por otra parte, el abogado constitucionalista Martín Risso señaló a Montevideo Portal que la papeleta que elaboró CA establece que la reforma constitucional entrará en vigencia el 1 de marzo de 2025, lo cual, a su juicio, podría restar validez a las firmas que se han juntado hasta el momento. Es decir, el plebiscito se llevaría a cabo después de la entrada en vigencia de la reforma constitucional si fuese en las elecciones departamentales.
Korzeniak señaló que "no se pueden recoger firmas con un texto distinto al que se va a plebiscitar", por lo que, "si lo que pretende CA es que [la reforma constitucional] entre en vigor después, va a tener que juntar firmas de vuelta". No obstante, afirmó que el texto podría mantenerse sin problemas, ya que "una norma constitucional puede ser de alcance retroactivo".
La papeleta de CA propone modificar el artículo 52 de la Constitución, que actualmente prohíbe la usura, para establecer que el Parlamento deberá aprobar con una mayoría especial de dos tercios una ley que determine "el interés máximo por todo concepto". Asimismo, mientras no se sancione una ley, propone establecer como disposición transitoria que haya "una tasa efectiva anual del 30%" como "interés máximo por todo concepto".
Domenech sostuvo que hasta ahora la receptividad de la gente ha sido "excelente", aunque "también hemos luchado contra una conspiración del silencio". A su entender, la iniciativa de CA ha tenido "muy poca visibilidad" en los medios de comunicación. "Acá lo importante es que se le resuelva el problema a la gente. El problema está latente y vamos a hacer todo lo posible para que el sistema político lo resuelva", expresó.