La recién aprobada Ley de Apropiaciones del Congreso ha dejado claro que los fondos federales estadounidenses no podrán ser utilizados para promover el emprendimiento en Cuba.
La recién aprobada Ley de Apropiaciones del Congreso ha dejado claro que los fondos federales estadounidenses no podrán ser utilizados para promover el emprendimiento en Cuba.
Según declaraciones de Díaz-Balart, la ley establece una prohibición absoluta de utilizar fondos del contribuyente para invertir en pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la isla.
Esta decisión, según Díaz-Balart, ha generado descontento entre los aliados del régimen cubano. Cabe recordar que el gobierno cubano permitió la existencia de estas empresas después de las protestas populares de julio de 2021.
El gobierno del presidente Joe Biden había expresado su apoyo al sector privado como una forma de impulsar reformas políticas en Cuba. Sin embargo, legisladores cubanoamericanos critican esta postura, argumentando que estas empresas son utilizadas por el régimen para eludir el embargo.
Recientemente, varias empresas privadas en Cuba se han visto envueltas en escándalos, como la presunta vinculación de Fernando Javier Albán, un destacado empresario privado cubano, con el ex ministro de economía Alejandro Gil, quien enfrenta acusaciones de corrupción por parte del régimen.
La ley prohíbe específicamente cualquier financiamiento para programas relacionados con la promoción de la democracia en Cuba en temas empresariales, reforma económica, emprendimiento u otras asistencias que no estén directamente relacionadas con la promoción de la democracia, tal como lo autorizan las leyes de 1996 y 1992.
Esta prohibición podría afectar directamente a iniciativas como el Programa de Pequeñas Subvenciones de la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de EE. UU. en La Habana, que brindaba fondos de hasta $400,000 dólares para proyectos de emprendimiento en la isla.
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