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Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el Máximo Tribunal del país carece de un marco jurídico para sancionarlo.
Esto, luego de que el pasado 9 de abril la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros excolaboradores del CJF por los probables actos cometidos entre 2019 y 2022 que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa.
En redes sociales resaltó que estos hechos tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la Cuarta Transformación.
"La SCJN carece de un marco jurídico para sancionarme. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T.
"Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces jefe de Gobierno. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora", redactó.
La denuncia con número de folio 2687 refiere hechos entre 2019 y 2022 cuando fue presidente de la SCJN, donde supuestamente Zaldívar Lelo de Larrea ejerció presión sobre encargados de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses.
Prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero o bien por medio de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
De acuerdo con el documento, las áreas del consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral, así como la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González. Ello, a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, utilizando quejas existentes o incluso inventando algunas.