El deterioro de la situación social es profundo. No es responsabilidad del actual gobierno sino la consecuencia de haber persistido durante décadas aplicando malas políticas. En este contexto, la mayoría de la población está demostrando estar dispuesta a seguir desplegando un enorme esfuerzo para darle la oportunidad a esta administración para que, cambiando de estrategia, esta vez la Argentina salga de la decadencia. Mientras tanto, y si bien el empobrecimiento es generalizado, hay sectores con mayores urgencias y menos margen de resistencia al empeoramiento de su realidad.
Los jubilados constituyen un grupo especialmente vulnerable. Por eso merece especial atención activar herramientas que al menos reduzcan los daños. Con ese objetivo nuevamente, y como ocurrió en varios momentos del pasado, entró en cuestionamiento y debate la fórmula de movilidad previsional. Es decir, la regla a la que se tiene que someter la ANSES a los fines de actualizar el monto de los haberes previsionales.
¿Para qué sirve la movilidad? En los países bien organizados, su principal objetivo es darles tranquilidad a los jubilados de que el poder adquisitivo de los ingresos será preservado a lo largo del tiempo. Es decir, evitar (o minimizar) los riesgos de que la inflación altere sustancialmente el monto de los haberes. Hay que tener en cuenta que siempre es importante que la gente tenga previsibilidad y certidumbre económica. Pero esta necesidad aumenta cuando se está en una etapa de la vida donde es mucho más difícil conseguir otras fuentes de ingresos para compensar las consecuencias de los vaivenes económicos.
¿Para qué se usa la movilidad en la Argentina? En reiteradas ocasiones, gobiernos de diferente orientación política usaron la movilidad como un instrumento de ajuste fiscal. El mecanismo es relativamente simple: manipular la fórmula para que los haberes se actualicen por debajo de la inflación. Como las jubilaciones representan una proporción alta del gasto público total, bajando el poder de compra de las jubilaciones se reduce el gasto público y se alivian sensiblemente la presión sobre las finanzas públicas. Es la manera más frecuente y expeditiva que sucesivos gobiernos aplicaron para reducir el déficit fiscal.
El ajuste fiscal basado en licuar jubilaciones es cuestionable por diferentes motivos. Algunos más subjetivos como los aspectos éticos y sociales que subyacen en someter a quienes están retirados una brusca pérdida de ingresos. Otros más objetivos y menos tenidos en cuenta, como la inconsistencia financiera que subyace en el ajuste fiscal basado en la licuación de jubilaciones. Que muchos economistas, en voz más alta o más baja, recomienden esta estrategia no quiere decir que sea un camino que contribuya a resolver el crónico déficit fiscal que padece la Argentina.
La razón es que la movilidad está expresamente contemplada en la Constitución. Esta alta jerarquía jurídica y la frecuente propensión de los gobiernos a violentarla dio pie a una vasta jurisprudencia. No hay ambigüedades en este tema. La estrategia de bajar el gasto público licuando jubilaciones genera juicios que siempre pierde el Estado. Pan para hoy, hambre para mañana.
Si la contabilidad pública (a diferencia de la privada) no adoleciera de la debilidad de no registrar como gasto la previsión por los juicios, la licuación no serviría para mostrar equilibrio fiscal. Pero como los juicios en el Estado no tienen una registración contable, muchos economistas "no la ven" o caen en la tentación de mostrar rápidas mejoras en las cuentas públicas en el corto plazo, aunque la sostenibilidad fiscal no ha mejorado si se consideran los juicios.
¿Para qué no sirve la movilidad? El encarnizado y persistente debate en torno a la movilidad nos lleva a perder de vista que el sistema previsional tiene muchos y complejos desafíos por delante. Es un error de diagnóstico esperar que con una nueva fórmula de movilidad se resuelvan todos los problemas de equidad y sostenibilidad financiera que acumula el sistema previsional argentino.
Con una mirada menos simplista aparece la necesidad de abordar un ordenamiento previsional integral. En uno de los capítulos de nuestro libro Una vacuna contra la decadencia explicamos la necesidad de hacer este rediseño y cuál debería ser su orientación. Lo hicimos convencidos de que el ordenamiento integral del sistema previsional, donde el cambio de la movilidad es un tema importante pero secundario, es una de las transformaciones institucionales más trascendentales que tiene por delante la Argentina.
Por eso es pertinente y alentador que el Presidente haya incluido dentro de los 10 temas de la agenda para el Pacto de Mayo el ordenamiento del sistema previsional. Sin minimizar la importancia de lo que ocurra mientras tanto, las soluciones dependen de que nos tomemos con la seriedad que merece este planteo. Es un desafío enorme pero factible si estamos dispuesto a compartir información, estudios, proyecciones actuariales y propuestas en un marco de dialogo sincero y actitud constructiva.
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