El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que España ha eliminado las causas que derivaron en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación a que el derecho español no disuade del abuso de interinos y tras solicitar un cambio en la regulación española, y ha añadido que se alcanzará el compromiso del Gobierno de hacer fijos a 300.000 trabajadores públicos a final del año, cumpliendo con el objetivo previsto.
Así lo ha trasladado el titular de Función Pública durante los 'Desayunos Informativos de Europa Press' este viernes, donde ha reiterado que la sentencia del TJUE está basada en "casos concretos y antiguos" y ha recordado que "todavía se están pidiendo aclaraciones incluso a los tribunales europeos" en relación a este tema.
Asimismo, ha indicado que el Gobierno "mira hacia adelante" y que las causas que derivaron en la sentencia del TJUE se han "eliminado", como es el caso de la "importante" medida del Ejecutivo de suprimir la tasa de reposición y dejar de pensar que los recursos humanos son un coste para empezar a verlos como una "inversión".
"Claro, si los recursos humanos se interpretan como un coste, al final eso introduce una prociclidad en el ajuste fiscal que no debe ser, y eso es el que produce todas estas necesidades después de ir trampeando con interinos. Eso es lo que queremos eliminar", ha recalcado. "Para el final de este año se va a llegar a 300.000 trabajadores públicos que van a tener trabajo indefinido", ha celebrado.
Subida salarial y oferta de empleo "generosa"
Preguntado por cuándo estará en nómina la subida salarial del 2% comprometida para los funcionarios este año. "Lo antes posible que encontremos el instrumento legislativo. Estamos en un periodo, como sabe, difícil. Por los procesos electorales, pero buscaremos el instrumento legislativo adecuado que podamos llevarlo", ha subrayado, toda vez que no habrá Presupuestos nuevos este año, sino que se han prorrogado los de 2023.
En relación a la Oferta Pública de Empleo (OEP) de este año, el titular de Función Pública ha asegurado que desde su departamento están "trabajando en ello" y que será "generosa".
"Estamos construyéndola", ha reiterado, sin querer dar datos exactos de si será mayor que la OEP de 2023, cuando el Gobierno aprobó la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 39.574 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022.
Durante su intervención, el titular de Función Pública también ha expuesto que el peso del sector público en España "no es relativamente elevado", ni tampoco el empleo público ni el gasto público, en comparación al resto de Europa. "En todo caso está por encima del 40%", ha apuntado.
Así, ha indicado que la función pública ha de ir hacia los modelos nórdicos, que se caracterizan por tener una administración pública "excelente y no pequeña", ya que han invertido en la misma según las naciones han ido ganando peso económico.
Nuevas oposiciones en la reforma de la Administración
En esta línea, ha subrayado que "lo principal" es poner en el centro el capital humano, es decir, a los trabajadores públicos, para lo que el Gobierno está trabajando en hacer las carreras dentro de la administración pública "mucho más atractivas" para atraer "a los mejores profesionales".
De esta manera, ha recordado que desde el Gobierno se está trabajando en eliminar la tasa de reposición, un modelo histórico desde finales de los años 90 que "perpetua" las estructuras de la administración pública sobre las relaciones de puestos de trabajo preexistentes. "Tenemos que ir a una planificación hacia adelante de los resultados", ha subrayado.
Para ello, ha señalado que se está trabajando con agentes sociales, sindicatos del sector público y trabajadores y con la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), entre otros, para conseguir que la función pública se "más moderna y atractiva".
"Vamos a buscar que esto sea el resultado de un gran consenso", ha expuesto, para lo que ha recordado que hay un documento que está en audiencia pública, que es el documento para el consenso para una Administración abierta. "Tenemos un reto transformador en la función pública y las nuevas tecnologías, la digitalización es una palanca muy importante para mejorar la forma en la que interaccionamos con la sociedad desde el ámbito público", ha indicado.
Operación saudí en Telefónica
El encargado de Transformación Digital ha declarado que no le consta que el Gobierno haya recibido la petición del operador saudí STC para alcanzar el 9,9% del capital social de Telefónica.
El pasado septiembre STC desembarcó de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con la adquisición del 9,9% del capital social de la empresa -un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros- por alrededor de 2.100 millones de euros.
Para poder hacer efectiva esa participación que STC tiene aparcada en derivados financieros la compañía saudí debe recibir el visto bueno del Gobierno debido a la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras en empresas estratégicas.
Al ser preguntado sobre si el Gobierno bloqueará la entrada de STC en el accionariado de Telefónica hasta que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) complete el mandato del Gobierno de adquirir hasta el 10% del capital social de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, Escrivá ha subrayado que no le consta que la compañía saudí haya pedido todavía completar esa participación del 9,9%. "Esto es pura especulación", ha valorado.