La Sala Plena de la Corte Constitucional ha determinado que la Justicia Penal Militar no tiene competencia para continuar con el proceso relacionado al operativo castrense que resultó en la muerte de 11 civiles en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo.
La resolución de la Corte Constitucional se produjo como resultado de un conflicto de jurisdicciones presentado por los 25 militares involucrados en el caso, quienes estaban siendo investigados tanto por la Fiscalía General de la Nación como por un juzgado de instrucción de las Fuerzas Militares.
El magistrado Vladimir Fernández Andrade, en su ponencia, explicó que debido a la posibilidad de graves violaciones de derechos humanos en este caso, la jurisdicción ordinaria, especialmente en materia penal, es la competente para llevar adelante el proceso.
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La Corte determinó que los delitos en cuestión no tienen una relación directa, próxima y evidente con el servicio militar, por lo que la justicia ordinaria debe asumir el caso.
Este fallo de la Corte Constitucional permite que la Fiscalía avance con la imputación a los 25 militares por el delito de homicidio en persona protegida, luego de que un operativo contra el narcotráfico desencadenara en la muerte de estas personas, incluyendo a una autoridad indígena y a un joven de 16 años.
Además del proceso penal, la Procuraduría General de la Nación está llevando a cabo un proceso disciplinario contra varios uniformados del Ejército, del Batallón contra el Narcotráfico Número 3, por las irregularidades ocurridas durante el operativo.
Entre los implicados se encuentran el general Walther Adrián Giraldo Jiménez, el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primeros Wilson Sanatamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango. Todos ellos enfrentan procesos tanto penales como disciplinarios.
Con información de Colprensa.