Economía
Empresas y Gobierno maniobran para blindar sectores estratégicos ante la llegada de capital extranjero
España no es un país hostil para los inversores como demuestran dinámicas empresariales. Un ejemplo es lo que sucede en torno a Naturgy. CriteriaCaixa ha confirmado este martes que mantiene conversaciones "preliminares" con un posible grupo inversor que está "en contacto con algunos de los accionistas de referencia de Naturgy e interesado en alcanzar un potencial acuerdo de socios con Criteria", en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se apunta a que los fondos procederían de Emiratos Árabes Unidos (EUA), en concreto de Abu Dhabi, y se usarían para hacerse con todo o parte del capital ahora en manos de los fondos CVC y GIP, que controlan más del 40% del global. Si bien, la entidad ha puntualizado que las conversaciones con la entidad interesada "se encuentran en un estadio preliminar".
En cualquier caso, el carácter estratégico de Naturgy, principal suministradora de gas del país, con acuerdos internacionales sobre ese sector esenciales y tercera eléctrica nacional, implica que la entrada del nuevo inversor requeriría la luz verde del Gobierno, con quien Criteria mantiene contactos, según reconocen fuentes de un Ejecutivo que tiene "el ojo puesto" en la operación. No descartan la irrupción estatal en el accionariado de Naturgy.
No es el primer baile estratégico en el que Criteria se ve envuelta en una empresa española. En Telefónica, en la que la Caixa es una pieza histórica, tras el desembarco de Saudí Telecom Company (STC), esto es el Estado de Arabia Saudí, que aspira al 10%, se ha configurado un núcleo duro del que forman parte la mencionada entidad, CaixaBank, BBVA y el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya ha comunicado a la CNMV que su participación en el capital social de la compañía ha alcanzado el 5%, que buscará ampliar al 10% mandatado por el Consejo de Ministros. ¿El fin? "Aportar mayor estabilidad accionarial" a la empresa "para la consecución de sus objetivos" y contribuir a "la protección de las capacidades estratégicas" de un ente "clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional", según SEPI, a la que remiten desde el Ministerio de Hacienda para fijar posición en ese asunto.
En ambos casos, el de Naturgy y el de Telefónica, se pretende garantizar la estabilidad accionarial y conservar el control en manos de accionistas españoles de referencia. Con el "máximo cuidado" observan también desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el grupo húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo, a la espera de "otros actores, inversores o fabricantes, que entren en juego", según fuentes de ese departamento que aseveran que están intentando que se constituya una alternativa, incluso sin el auspicio del Ejecutivo español. "El Gobierno lo que trata es de velar por los intereses del país y de una empresa que es estratégica. Si en España podemos ir en alta velocidad por red convencional y por wifi es gracias fundamentalmente a la tecnología de Talgo, única en el mundo, y por tanto, de entrada hay una pata tecnológica que hay que proteger", sostienen las fuentes sondeadas. Apostillan que "la tecnología de Talgo es muy moderna" y en Transportes no tienen "muy claro" que "las fábricas de Hungría tengan la capacidad para, en el corto plazo, resolver el problema de falta de producción".
Controlar sin asustar
¿Se puede velar por los intereses del país sin lastrar o ahuyentar la inversión extranjera? Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa defienden que, de hecho, se está haciendo. "Tenemos un sistema que es equilibrado en cuanto a que permite la protección a los intereses estratégicos, al mismo tiempo que una posición de atractivo a nivel inversor", explican fuentes de esa cartera gubernamental. Los datos no contradicen esas palabras. La inversión extranjera alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, según información del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, situándose en el promedio de los últimos cinco años, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, lo que muestra "la fortaleza de la economía española y la confianza que tienen los inversores en nuestro país", para el Ejecutivo.
Por países, Estados Unidos fue el primer emisor de flujos de inversión a España (28,9%), seguido por Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Además, incrementaron su peso las inversiones procedentes de otros puntos geográficos como Australia, Suiza, Canadá y México. A ello se suma que, de acuerdo al último informe Investment Trend Monitor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), frente a una caída del 28% de la inyección exterior directa en las principales economías desarrolladas en 2023, la que acabó en España sólo retrocedió un 18,5%.
En el periodo 2018-2023, España se situó en el cuarto puesto entre los estados del mundo con mayor número de proyectos nuevos de instalaciones productivas, los denominados greenfield, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, según la base de datos FDI Markets del Financial Times. Y Moncloa sigue dando pasos en esa dirección. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de gestionar el nuevo Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros hasta 2026 procedentes de los fondos europeos Next Generation EU para atraer inversión de fuera hacia sectores estratégicos. El instrumento podrá inyectar recursos en vehículos financieros o en empresas que desarrollen proyectos en territorio nacional.
Desde el ámbito económico auguran que los fondos soberanos árabes "ampliarán su presencia en el Ibex 35 y en grandes empresas españolas" de esferas como infraestructuras y energía, mientras los asiáticos "podrían seguir invirtiendo en otros como los hoteles". Seis de los 15 mayores fondos soberanos del mundo son de países árabes del Golfo, acumulan más de 3,4 billones de dólares y extienden su red a nivel nacional, según investigadores del Real Instituto Elcano.
España no es una isla en Europa
Las fuentes consultadas del Ministerio de Economía que capitanea Carlos Cuerpo no entran a valorar las maniobras específicas que se están produciendo en el seno de "empresas cotizadas" como Telefónica o Naturgy, que "son valores sensibles en bolsa". Su criterio es el de la "máxima prudencia" para no "contribuir a alimentar ningún tipo de especulación". Pero sí ponen el acento en que en un escenario internacional en el que "Europa está reforzando su autonomía estratégica, muchos países ya están posicionados dentro de sus propias empresas en áreas como las telecomunicaciones". "Dentro de un mapa en el que todos los movimientos por las tensiones geopolíticas van en esa dirección, España cuenta con la ley de OPA que guarda el equilibrio" mencionado. "No puede ser un país que se blinde a la inversión como tampoco que emita una señal en ese sentido. Hay que seguir siendo atractivos hacia fuera", inciden.
El llamado escudo antiopas, aunque no impide que se produzcan OPA ni se aplica únicamente a adquisiciones de sociedades cotizadas, fue impulsado por el Gobierno en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia, para, entre otras cuestiones, exigir autorización previa por su parte de inversiones directas extranjeras realizadas por residentes de fuera de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, o EFTA, por su sigla en inglés), por motivos de seguridad, orden público o salud pública. Desde entonces el objetivo ha sido resguardar a compañías españolas incrustadas en actividades estratégicas ante la opción de que un inversor, aprovechando una determinada coyuntura, adquiera una participación igual o superior al 10% del capital social o tome el control del holding nacional. Esa normativa antiopas se reforzó en 2023 para "superar dudas interpretativas sobre una regulación que era parca", según anotan fuentes del ámbito jurídico que animan al Gobierno a "seguir puliéndola".