El Poder Judicial de Perú rechazó la solicitud de habeas corpus presentada para Duiliana Sánchez Pereira, ciudadana de Venezuela, quien permanecía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por más de dos meses. Esta decisión obliga a la joven de 28 años a volver a su país de origen.
En ese sentido, afirmaron que si bien la Constitución Política de 1993 reconoce el derecho a la libertad de tránsito, este no es absoluto, ya que se encuentra condicionado al cumplimiento de las leyes migratorias.
La demanda de Luis Gonzales Delgado fue resuelta por el 8.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao. La medida también era en contra de la Jefatura Zonal Callao de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Frente al rechazo por parte del Poder Judicial y de la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, Duiliana decidió viajar, de forma gratuita, hacia Venezuela.
De acuerdo con Migraciones, durante el 2023 se ha negado el ingreso al país a más de 600 extranjeros al aeropuerto Jorge Chávez. Estas personas, de diferentes nacionalidades, que no contaban con la visa requerida, de acuerdo con las políticas de reciprocidad y seguridad migratoria.
La entidad indicó que estas personas deben retornar a su país de origen, sin ningún costo, en la aerolínea que las trasladó inicialmente. Luego, podrán volver al perú, pero con los requisitos de ingreso cumplidos.
Migraciones recuerda, además, que las empresas que traigan pasajeros que no cumplen con todos los requerimientos, como la exigencia de visa, serán multadas.
¿Qué pasó con la joven venezolana?
Diuliana Sánchez Pereira, de 28 años, se encontraba atrapada en la zona internacional del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, donde lleva más de dos meses viviendo debido a la pérdida de sus documentos de identidad.
Según un informe de Cuarto Poder, ella había llegado a Perú en 2019 y se encontraba trabajando para diversas marcas; sin embargo, extravió su pasaporte y permiso de trabajo durante un viaje a Europa en septiembre de 2023, lo cual la dejó en una situación precaria.
El incidente ocurrió cuando Sánchez visitaba Italia, específicamente las ciudades de Roma y Venecia, donde fue víctima de un robo.
La joven buscó ayuda en la Embajada de Perú, pero no se le otorgó el salvoconducto que pidió, sino que fue redirigida a la Embajada de Venezuela. El salvoconducto venezolano solo le permitía volver a su país natal, lo que no resolvía su situación.
Gabriel González, abogado de Sánchez, detalló a Cuarto Poder las dificultades que enfrentaba su clienta en el aeródromo. Por ejemplo, no podía conseguir un espacio digno donde descansar, ya que solo había sillas y las luces siempre estaban encendidas; y no tenía la posibilidad de recibir visitas, lo que causaba que no tenga ropa limpia de forma frecuente.
Diuliana Sánchez no es la única ciudadana extranjera que se encuentra en esta condición de permanencia indefinida en el área internacional del Jorge Chávez, ya que también se reportan otros viajeros en situaciones similares.
La Defensoría del Pueblo intervino en este caso enviando un documento a la Superintendencia Nacional de Migraciones. A través de la misiva, apeló al decreto legislativo 1350, que permite a migrantes reunirse con su núcleo familiar en el país; sin embargo, la entidad dijo que esta categoría no incluye a los padres, según su propia interpretación de la normativa.
Durante todo el tiempo que ella estuvo en el aeropuerto, Migraciones se mantuvo firme en su posición de no flexibilizar las reglas migratorias para casos particulares. Fernando Nuñez, director de registro y control migratorio, mencionó al programa de investigación que iban a respetar el proceso legal que Sánchez había iniciado por medio de un habeas corpus, aunque afirmó que no iban a haber cambios inminentes en su política.