El decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativas prevé la modificación total o parcial de unas 50 leyes o decretos ley que, entre otras cuestiones, permitirá la posibilidad de legalizar edificaciones en suelo rústico sin ordenación en los casos en los que haya prescrito el derecho de la Administración a restablecer la legalidad. Algunos cálculos apuntan que en Baleares hay unas 30.000 viviendas ilegales en suelo rústico.
El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, ha explicado en una rueda de prensa este lunes la propuesta de borrador del decreto ley, elaborado por la Comisión de Simplificación y Racionalización Administrativas de las Administraciones Públicas de Baleares.
El decreto prevé también la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente y la posibilidad de externalizar las licencias urbanísticas municipales a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU).
El Govern balear que preside Marga Prohens cumple otra de sus promesas electorales al presentar el plan para regularizar las viviendas en suelo rústicos que se han ido levantando a lo largo de los años de forma ilegal.
Los propietarios que decidan legalizar su casa deberán rehabilitarla con medidas de eficiencia energética e hídrica, y pagar la sanción que proceda cuya recaudación debe ser finalista en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público.
Los propietarios que se acojan al plan deberán pagar la sanción y tendrán un plazo de tres años para hacer los trámites. La sanción será creciente conforme pasen los años. También deberán pagar todos los gastos tributarios.
Una vez legalizadas, las viviendas podrán venderse aunque el Govern quiere prohibir que estas edificaciones se destinen al alquiler vacacional. Además de la vivienda, también se podrán legalizar mediante este plan piscinas, porches y cualquier otro elemento que se haya añadido a la edificación.
El conseller ha explicado que la filosofía de la disposición es que en Baleares existe «una realidad que afecta a muchas familias» que tienen viviendas con estas características y que, sin ordenación, no tienen la posibilidad de hacer obras de mejora, ni de otro tipo.
Igualmente, ha señalado que no se modifica la legislación vigente, pero que el Govern «cree que debe ofrecer una salida a estas familias». Cabe señalar que la posibilidad de regularizar viviendas también incluye partes de la misma, como piscinas.
La urbanización del suelo rústico de Baleares se disparó en la década de los 90 y el proceso continuó imparable hasta la llegada de la crisis de 2007. Se calcula que actualmente hay al menos unas 150.000 viviendas de uso residencial o turístico en los campos de la Isla que acogen a unos 400.000 habitantes. Del total de viviendas en rústico, al menos 30.000 son ilegales aunque a falta de un estudio en profundidad la cifra puede ser muy superior.
Entre 1991 y 1995, según los registros del Consell de Mallorca, el número de solicitudes para construir en suelo rústico oscilaba entre las 400 y las 500 anuales. Cuando llegó el anuncio de que la superficie mínima para edificar en rústico aumentaría de 7.000 a 14.000 metros cuadrados, las solicitudes subieron exponencialmente. En 1996 se alcanzó la cifra de 900 peticiones de licencia para rozar las 2.000 en 1999.
Un decreto contra los atascos burocráticos
El paquete de medidas se basa en tres ejes fundamentales: simplificación de normativas, simplificación de trámites y digitalización de la Administración.
En cuanto a la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Costa ha subrayado que a partir de ahora los informes de impacto ambiental se evaluarán desde una perspectiva «estrictamente técnica» a través de un órgano unipersonal. «No habrá ente que condicione los informes», ha considerado.
«Es el modelo que se usa en el resto de comunidades autónomas y en el Gobierno central», ha indicado, remarcando que Baleares es la única CCAA que cuenta con una comisión de medio ambiente para este fin.
En materia de recursos hídricos, se reducirán los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la dirección general correspondiente. Sobre esta cuestión, ha hecho hincapié en que la Dirección General de Recursos Hídricos ha hecho un «esfuerzo inmenso» para intentar resolver los más de 4.000 expedientes pendientes.
Externalizar las licencias urbanísticas
Por otra parte, el decreto ley prevé agilizar los proyectos de viviendas. En primer lugar, dando la opción a los ayuntamientos de externalizar las licencias urbanísticas municipales a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán informes técnicos y jurídicos para «conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias».
Es una figura que existe en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana, ha indicado Costa, destacando que el trabajo previo de ECU «facilitará que los técnicos de los ayuntamientos puedan dar las licencias más rápidamente».
De este modo, los ciudadanos podrán elegir entre la vía ordinaria de solicitud de licencias y la vía de una entidad colaboradora urbanística. La idea, aunque Costa ha remarcado que se respetará la autonomía municipal, sería que los consistorios cobrasen una cuantía menor por el servicio, puesto que parte del trabajo estaría hecho por una ECU.
También en materia de vivienda, se eliminará la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se dejará como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que «había una evidente duplicidad».
En el caso de los servicios sociales, se creará un historial social y sanitario único, un registro unificado que permitirá «garantizar una atención integral efectiva y agilizar el acceso a las diferentes ayudas a partir del cruce de los datos».
También prevé que las personas que acrediten un diagnóstico de enfermedad mental a partir de un informe médico no necesiten obtener el certificado de discapacitado para acceder a las ayudas sociales y a la red de entidades sociales.
Por otra parte, el decreto posibilitará que los consells insulares presten el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a través de concesionarios privados. «Lo que se hace es otorgar a los consells insulares de todo el elenco de posibilidades que prevé la normativa estatal», ha apuntado Costa.
Transición energética
El conseller ha explicado que con el decreto ley se establece la declaración de interés general, que agilizará la tramitación de proyectos de transición energética, como puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones de almacenamiento.
Además, se modifica la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, para elevar de 100 a 500 kilovatios las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa, siguiendo el umbral estatal.
Del mismo modo, se posibilitará la vía telemática para las comunicaciones, las justificaciones y los registros de ayudas referentes a las energías renovables. También se proponen medidas para agilizar el pago de subvenciones con una simplificación de las comprobaciones previas, y modificaciones técnicas en la ley agraria vigente con el objeto de hacer más ágil la tramitación de proyectos agrícolas.
Por otra parte, incluirá una guía de simplificación administrativa, que establecerá las pautas para todas las administraciones de Baleares. El objetivo, ha subrayado Costa, es que las administraciones municipales, las insulares y la autonómica «dejen de ser vistas como un problema por los ciudadanos para pasar a ser una solución».
Finalmente, se establece la necesidad de disponer de un plan de digitalización a corto, medio y largo plazo que la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación está preparando para presentarlo en las próximas semanas.
En relación con los plazos de aprobación del decreto, el conseller ha indicado que la Comisión seguirá trabajando y se reunirá, a partir de esta semana, con representantes de la sociedad civil para dar a conocer el borrador y que se puedan hacer aportaciones antes de la aprobación definitiva que será «lo antes posible».