La querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de la investigación tributaria abierta contra él pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que averigüe "quiénes intervinieron en la decisión de hacer pública" una Nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid que, según la querella, reveló ilícitamente datos personales de carácter económico y las comunicaciones mantenidas para llegar a un posible acuerdo.
La querella, pendiente de admisión a trámite, solicita también que se investigue quién fue "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir" esa nota.
La defensa de González Amador apunta, así, a la posible intervención del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la decisión de difundir el escrito de la Fiscalía Provincial emitido el pasado 14 de marzo para salir al paso de informaciones falsas según las cuales el Ministerio Público habría propuesto un pacto a González Amador y luego se habría echado atrás por "órdenes de arriba".
"El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", afirmaba la Nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que detallaba con fechas, horas y frases entrecomilladas el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso, Julián Salto.
La querella se dirige contra este último y contra la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, ambos aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pero la petición de que se investigue la identidad del responsable de "máximo" rango que aprobó la difusión de la nota -por encima, por consiguiente, de los dos querellados ya identificados- señala al fiscal general, indican fuentes jurídicas.
García Ortiz está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que la eventual acreditación de su intervención en los hechos -en el caso de que el TSJM los considerase delictivos, supuesta la admisión e instrucción de la querella- obligaría a elevar una exposición razonada a la Sala Penal.
Los hechos descritos en la querella incluyen la reunión que el fiscal general mantuvo el 15 de marzo con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y con el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, dado el malestar generado entre los abogados por la difusión en la Nota informativa de los contactos entre el letrado de González Amador y la Fiscalía para una posible sentencia de conformidad.
También se refiere a la carta que el fiscal general envió el 18 de marzo a Victoria Ortega, con la que, según la querella, se "profundizó" en la revelación de información relativa a las comunicaciones del letrado de Alberto González con el fiscal Salto. Y ello porque García Ortiz afirmó en esa carta la existencia de una "concreta propuesta de conformidad de ocho páginas" que el abogado habría enviado a la Fiscalía.
La querella incluye, asimismo, la relevación en eldiario.es de la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental, exclusiva periodística anterior al conocimiento de la denuncia por el propio afectado.
La querella atribuye a la Fiscalía tanto esa filtración como la de una noticia de la Cadena Ser sobre el correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González a la Fiscalía proponiendo llegar a un acuerdo y admitiendo que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".
Según la querella, se ha revelado públicamente "cuanta información tributaria, procesal y de defensa asociada a Alberto González Amador" conocieron los querellados por razón de sus cargos, desvelando datos personales y los soportes que los contienen (emails, expediente tributario y denuncia presentada por la Fiscalía en los Juzgados de Madrid).
Se hizo, afirma, contraviniendo el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la legislación sobre protección de datos personales.
Pero, sobre todo, la cadena de filtraciones "lesionó irremediablemente los derechos fundamentales a la intimidad -artículo 18.1 de la Constitución Española-, al habeas data -artículo 18.4-, a la presunción de inocencia -artículo 24.2- y al derecho de defensa -artículo 24.2 CE- de un particular", lo que constituiría delitos de revelación de secretos por funcionarios públicos y de acceso y difusión de datos personales protegidos por la ley.