El ex presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla y ex edil socialista, Ismael Antonio Perea, se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados por el desfalco de 2,5 millones de euros de la citada junta de compensación que presidía el socialista. En la causa también figuran como acusados el ex tesorero de la entidad, Julio Mateos Palacios, el apoderado de un bufete de abogados y el gerente de una empresa.
Fue en la primavera de 2021, cuando el Juzgado de Instrucción número uno de Coria del Río acordó abrir juicio oral contra el ex tesorero de la junta de compensación del Sector F Julio Mateos Palacios; Ismael Perea como otrora presidente de la entidad; Juan Carlos Navarro como apoderado del bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y Manuel López Sequera como gerente de una empresa proveedora de la entidad.
El juzgado atribuía a Julio Mateos e Ismael Perea sendos presuntos delitos continuados de apropiación indebida en calidad de autores, achacando a los dos restantes acusados el mismo delito pero en calidad de cómplices.
A mediados de mayo de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en España en agosto de 2016.
Según la Policía Nacional, Julio Mateos, «prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero» desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculaban inicialmente que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, «con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias», en alusión al colectivo de parcelistas.
Cargo
En ese sentido, el auto de procedimiento abreviado del Juzgado número uno de Coria, detallaba que «durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio».
Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación», que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.
Ismael Perea
En cuanto a Ismael Antonio Perea, ex concejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación de enero de 2009 a diciembre de 2012 y otrora director del Consorcio Fernando de los Ríos, señalaba la juez que «prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros».
Según el juzgado instructor del caso, la instrucción reveló «un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euros, cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad».
La Fiscalía fijó finalmente en unos 2,5 millones el importe del presunto desfalco, solicitando en su escrito de acusación para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros -con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago- por un delito continuado de apropiación indebida y para Ismael Perea, una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.
Igualmente, la Fiscalía acusa también a Juan Carlos N.H., apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, de un posible delito continuado de apropiación indebida y pide para él una pena de un año menos un día de prisión y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros.