La reducción de subsidios a los servicios públicos, que el Gobierno parece haber encarado con fuerte determinación para este año, también resultará en un negocio para los fiscos nacional, provinciales y municipales, ya que en cada factura al consumidor final van enganchados una serie de impuestos "ad valorem" que suben en la misma proporción en que se incrementa la cuenta final.
Si se estima entonces que la factura de gas va a subir un 350% en promedio, estos impuestos, como el IVA e Ingresos Brutos, aumentarán en la misma proporción, lo cual genera un doble efecto positivo sobre el fisco. Por un lado, se reduce el gasto en subsidios y, por otro, se incrementan los ingresos.
De acuerdo con el plan de ajuste presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, este año se pretende reducir el gasto en ayuda a la energía en medio punto del PBI, es decir, tanto para el gas como para la electricidad.
Por caso, el ex secretario de Energía, Emilio Apud , estima que con la suba de las tarifas del gas para los sectores considerados N1 (Hogares de mayor poder adquisitivo), más los incrementos del costo de energía anunciados para las empresas y comercios, ya estaría el Gobierno alcanzando el objetivo de reducir 0,5% del PBI.
"Ese es el resultado que me está dando en base a los números que tengo. De todos modos, más allá del compromiso que haya hecho el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está en línea con el objetivo del déficit cero", explicó Apud en diálogo con Ámbito.
Apud sostiene que, aún si se consiguiera la meta de ahorro para este año, los incrementos van a tener que continuar. "Edenor, que es una de las distribuidoras, no paga ni el 15% de la energía que distribuye", explicó.
En función de que el Gobierno ya habría conseguido la meta anual, ex secretario de Energía planteó que el Ejecutivo podría "postergar por tres o cuatro meses" el ajuste, sobre todo en los sectores más bajos. "Es decir, no hacerlo todo de golpe, porque hay una disyuntiva entre la parte económica y la parte social", opinó.
Además, consideró que "falta un esfuerzo por parte del Estado y de los empresarios". "El Estado se hace el distraído con los impuestos. Si van a aumentar 400%, los tributos van a subir 400% porque son ad valorem", explicó. Apud estimó que "si se están ahorrando u$s3.000 millones en subsidios, a lo mejor podrían aflojar, aunque sea transitoriamente la parte de los impuestos".
Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, señaló a Ámbito que en una factura de gas "hay impuestos de los tres niveles" del Estado. Se cobra IVA, impuesto al Cheque, un fondo fiduciario para zona fría por parte de la Nación. Hay impuestos provinciales como Ingresos Brutos al transporte, a la distribución, y al gas retenido de transporte, además de un fondo fiduciario en provincia de Buenos Aires para obras.
También, a nivel municipal, de acuerdo con cada comuna o distrito, se pueden cobrar entre una o dos tasas.
Carbajales indicó que si se reducen los subsidios y suben las tarifas "se incrementa la recaudación". De modo que consideró que el Gobierno tendría recursos para atenuar la suba de impuestos, mediante mecanismos que pueda implementar el Poder Ejecutivo, ya que para poder bajarlos se requeriría una ley del Congreso.
Carbajales estimó que "una tercera parte" de lo que paga la gente en la factura de gas son impuestos que van enganchados. Además, advirtió que si la intensidad de la suba es muy fuerte "el riesgo es que suba la morosidad" y, por lo tanto, "cobrás los impuestos si la gente te paga".
La boleta de la luz y los impuestos
Un ejemplo de cómo sube la recaudación fiscal por la quita de subsidios es de las boletas de electricidad. En una factura de luz se pagan impuestos indirectos (al consumo) como IVA, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque e impuestos provinciales y municipales específicos.
Un reporte reciente elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) plantea entonces que se trata de gravámenes indirectos que representan una alícuota sobre el precio, es decir, son "ad valorem". Por lo tanto, la suba del precio implica que aumenta la recaudación del tributo. Es como una cadena absurda en la que el estado cobra impuestos, por un lado, y transfiere recursos al sector privado por otro. Por lo tanto, si se reducen las transferencias se incrementan los ingresos del fisco.
El IARAF estima que "en Capital Federal, el peso tributario indirecto sobre el valor neto de una factura de luz es del 32%, lo que implica que, al consumo neto de un ciudadano (compuesto por cargos fijos y consumo por kWh), se le carga un 32% de tributos indirectos".
"El 65% de la carga tributaria está explicada por el IVA, el 20% por el tributo municipal específico ("contribución municipal), el 12% por IIBB y el 3% por impuesto al cheque", detalla el estudio.
En ese sentido, el reporte dice que "por cada $1.000 reducción de subsidios, la Nación reduce su gasto en $1.000 y obtiene ingresos extras por $106 (debido al IVA y el impuesto al cheque), las provincias obtienen ingresos extras por $229 (por Ingresos Brutos) y los municipios por $145 (por tasas)".
"Es decir, por cada $1.000 de reducción de subsidios, el consumidor final ve reflejado un incremento de $1.480 en su factura. En CABA, Nación obtiene ingresos extras por $106 y la Ciudad por $214", refiere el IARAF al caso específico de Buenos Aires.
En el interior, por cada $1.000 de reducción de ayudas estatales, el consumidor final terminará pagando $1.320. En esa zona los subsidios son menores y por eso la quita impacta menos.
"Es importante recordar que, la carga tributaria indirecta se caracteriza por recaer sobre el precio de un bien y servicio, penalizando a través de su encarecimiento relativo su consumo", explica el informe.