El gobierno insular utilizó el procedimiento de concesión directa, a dedo, en el 46,84% del total de las subvenciones concedidas durante el ejercicio presupuestario de 2023, según se recoge en el informe de la Intervención General del Cabildo grancanario, en el que reprocha que se haya «normalizado como forma habitual» lo que debería ser una práctica de «carácter excepcional». Por tanto, el interventor José Juan Sánchez Arencibia vuelve a recomendar el uso «del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva».
Las subvenciones otorgadas el año pasado por el gobierno de NC y PSOE que preside Antonio Morales ascendieron a algo más de 152 millones de euros, el 19,03 % del total de las obligaciones del Cabildo en el ejercicio de 2023, con un incremento del 2% respecto al año anterior. A 31 de diciembre, todavía estaban pendientes de justificar 32,2 millones de euros.
El informe anual de la Intervención General, del que se dará cuenta en el Pleno de la corporación insular del próximo lunes, también detecta irregularidades e incumplimientos normativos en el funcionamiento de algunos organismos dependientes del Cabildo, como Infecar, el CAAM, la Orquesta Filarmónica o la Fundación Nanino Díaz Cutillas.
El documento del interventor señala que el Cabildo, como entidad matriz, ha reconocido obligaciones en concepto de subvenciones por un importe de 152.054.933 euros. De esa cantidad, distribuida de forma genérica o nominativa, 67,1 millones se concedieron con cargo al Capítulo IV de transferencias corrientes y 84,9 millones por el Capítulo VII de transferencias de capital.
Carga burocrática
«El volumen presupuestario, gestionado mediante la figura de la subvención, ha alcanzado un nivel cuantitativo importante, representando en el año 2023 el 19% del total», resalta el interventor, quien recuerda que «la gestión de las subvenciones comporta una gran carga burocrática en todas las áreas del Cabildo, pues son expedientes que, dependiendo de la forma de concesión, permanecen activos largos periodos de tiempo y generando múltiples incidencias entre el inicio y el cierre, que generalmente culmina en una justificación de la actuación subvencionada».
El 46,8% de las subvenciones se otorgaron por un procedimiento para casos excepcionales
En el informe anual de 2022, subraya, ya se expuso que esa gestión «requiere de una herramienta informática específica capaz de normalizar la política subvencionadora del Cabildo». Al respecto, se llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para ceder al Cabildo una aplicación informática, pero aún está en fase de implementación.
El interventor también menciona que el Plan Estratégico de Subvenciones, que en el Cabildo tiene carácter anual, «deberá contener una definición de objetivos y relación de indicadores que permitan un seguimiento y evaluación de los objetivos pretendidos con las políticas subvencionadoras, que han de servir de base para la toma de decisiones relativas al mantenimiento o en su caso cambios en las líneas de actuación por otras más eficaces y eficientes». El Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el resultado de la evaluación de esos Planes Estratégicos se incluirá en un informe emitido al efecto, pero en el caso del Cabildo grancanario «no se ha realizado hasta la fecha».
«En cuanto a la fase de justificación de las subvenciones concedidas», detalla el informe, «hemos de indicar el retraso existente a 31 de diciembre de 2023, en unos casos derivados por la falta de aportación de justificación por parte de los beneficiarios o de subsanación de errores en la justificación, y en otros producido por el retraso en la revisión por parte de los diferentes servicios de la justificación presentada por los beneficiarios».
«Por unas cosas y otras -recalcala cifra que consta en la contabilidad a 31 de diciembre de 2023 es de 32.229.329 euros con plazo vencido pendiente de justificar».
Incumplimientos
Respecto a las auditorías, el informe resume «los principales incumplimientos detectados» y en primer lugar cita los de la normativa de contratos del sector público, entre los que destaca la «ausencia de expedientes de contratación en algunos servicios que superan los límites del contrato menor, o en servicios que, aún no superando el límite establecido por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor en cómputo anual, deberían haberse licitado, dada su naturaleza previsible y recurrente, al superar el límite temporal del año, fijado para los contratos menores en la citada ley».
Estos incumplimientos, puntualiza, «se han detectado en las cuatro fundaciones, en las sociedades Ferrocarriles de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, Mataderos Insulares de Gran Canaria y en la Institución Ferial de Canarias».
El equipo de interventores del Cabildo también ha constatado «la utilización del procedimiento negociado sin publicidad en contratos en los que no está suficientemente justificada la elección de este procedimiento». Así, se ha producido esa irregularidad en un contrato en la Institución Ferial de Canarias, mientras que la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria «mantiene vigente un contrato adjudicado en ejercicios anteriores en el que se produjo este incumplimiento».
Además, avisa de «la falta de publicación de la información relativa a los contratos menores en el perfil del contratante en la Fundación Nanino Díaz Cutillas», así como en el Consejo Insular de la Energía, donde «la publicación de esta información está incompleta».
El informe detecta incumplimientos de la normativa en Infecar, el CAAM, la Orquesta Filarmónica o la Fundación Nanino Díaz Cutillas
En una de sus conclusiones, el interventor sostiene que en el ejercicio de 2023 continúa poniéndose de manifiesto las dificultades de las diferentes consejerías del Cabildo, así como en los entes dependientes, para llevar a cabo los procesos licitatorios por los procedimientos legalmente establecidos, de las inversiones en obras, servicios y suministros consignados en sus respectivos presupuestos.
«Lo anterior hace referencia a los contratos cuya vigencia culminó en el ejercicio 2023 o anteriores a ese año, y que por su carácter permanente y en muchos casos obligatorios, sus prestaciones se siguen realizando sin respaldo legal que los ampare, si bien hemos de indicar que en base a los datos recopilados se deduce una mejoría en relación al año 2022 con una disminución del número de expedientes que se encuentran en situación irregular, permaneciendo aún en muchos de ellos las anomalías expuestas en los cuadros siguientes por objeto contractual, servicio y Ente contratante».
La Intervención realizó durante el año pasado 60 informes de reparos de los gastos realizados por el gobierno insular.
Disolver o salirse del Consorcio Aeroporturario
El informe de la Intervención plantea al gobierno insular, o la consejería responsable, que culmine el proceso de disolución del Consorcio Aeroportuario de Gran Canaria o bien la separación del Cabildo de ese organismo, que «quedaría adscrito a alguno de los ayuntamientos que no han ratificado su disolución», los de Telde e Ingenio. Tras recordar que actualmente el Consorcio no tiene ni personal ni actividad, y que el último presupuesto aprobado fue el del 2015, el interventor relata que la existencia de éste sigue generando actividad administrativa en cuanto a la remisión a los órganos de control externos (Intervención General del Estado, Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de Cuentas) los estados de sus cuentas al comienzo y a la finalización de los ejercicios presupuestarios, «sin que esto tenga mucho sentido pues no tiene actividad». El Consorcio se constituyó en mayo de 1998 y en noviembre de 2016 la Junta General adoptó el acuerdo de disolución, ratificado por el Pleno del Cabildo, pero por Telde e Ingenio
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