La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha abierto una investigación para determinar si existe o no trato de favor hacia las empresas que han contratado proyectos con HL2 Ingeniería y Consultoría SL. Esta compañía es propiedad del marido de la ex jefa de Dominio Público, Elena Marín, un departamento que se encarga de tramitar las inversiones y las concesiones en suelo portuario. De ahí el posible conflicto de intereses entre la empleada pública y la actividad profesional desempeñada por su compañero.
La revisión interna de los expedientes no se ha iniciado de oficio, sino tras dos denuncias del ex socio de la pareja de Marín. Este ingeniero, tras romperse la relación entre ambos, se querelló en 2019 por el supuesto trato de favor en el puerto, pero la Audiencia de Las Palmas archivó en 2021 la causa al no apreciar pruebas para abrir juicio oral por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
El denunciante, sin embargo, considera que el conflicto de intereses persiste. Por eso solicita a la Autoridad Portuaria que abra un procedimiento disciplinario contra la empleada pública por una infracción grave prolongada en el tiempo, proponiendo sanciones que van desde los tres años de suspensión hasta la denuncia en Fiscalía por tráfico de influencias continuado y cohecho, según las denuncias presentadas.
Auditoría y Control Interno
El primero de los escritos, que lleva fecha del pasado mes de mayo, ha sido tramitado por el canal contra la corrupción que gestiona el servicio de Auditoría y Control Interno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Sostiene, entre otros argumentos, que el conflicto de intereses persiste porque la sede social de la nueva empresa está en el domicilio conyugal, algo así como si el Ministerio de Obras Públicas y una constructora comparte dirección.
HL2 nace en 2018, tras el conflicto entre los dos socios en Análisis Ingenieros SL, y desde entonces ha logrado bastantes proyectos en el puerto. Los técnicos contabilizan una docena, la mayoría de ellos durante los últimos años.
La denuncia no solo reclama la revisión de todas esas actuaciones, también pregunta a la administración cómo ha controlado el cumplimiento del deber de abstención o de guardar la confidencialidad de los documentos y de la información sensible para las empresas, sobre todo durante el confinamiento, con un largo periodo de trabajo desde casa, o cuando la empleada pública ha estado de licencia o incapacitada para ir a la oficina.
Incompatibilidad manifiesta
La segunda denuncia es más potente que la primera porque recoge lo denunciado por Luis Ibarra en su último Consejo de Administración como presidente. En esa reunión, que se celebró en junio del año pasado, Marín fue apartada por «incompatibilidad manifiesta» en la jefatura de Dominio Público de la Autoridad Portuaria.
El argumento dado entonces a los consejeros, que quedó recogido en el acta, es similar al denunciado años atrás por el antiguo socio del marido de Marín, con el añadido de que varios empresarios del puerto revelaron a Ibarra la contratación de este ingeniero para agilizar la tramitación de sus proyectos.
El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, además, verificó, a través de su director, Francisco Trujillo, que la trabajadora tampoco cumplía con su obligación de abstención, pues al menos consultó y se interesó por un expediente en el que competía un proyecto redactado por su cónyuge.
Un acuerdo roto
Marín impugnó en la Jurisdicción de lo Social su traslado a otro departamento, pero llegó a un acuerdo con la nueva dirección del puerto, retiró la demanda y recuperó la categoría perdida, aunque mediante la incorporación a otra área distinta a Dominio Público.
Poco después rompió ese acuerdo y se querelló contra Ibarra, Trujillo y la jefa de Recursos Humanos por los delitos de prevaricación, acoso laboral y calumnias. Según Marín, el entonces presidente la trasladó de manera encubierta por negarse a cambiar el sentido de un informe, amenazándola con volver a sacar todo el asunto de su pareja si no mediaba a favor de una empresa para modificar el dictamen inicial.
Ibarra, ante el juez, ha desmentido toda esa interpretación de los hechos, con el argumento principal de que la decisión de cambiarla es anterior al conflicto del informe, cuya modificación de criterio, además, estaba avalado por una sentencia, por Puertos del Estado y por la Abogacía del Estado.
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