El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012. El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones y la Justicia americana podría fallar a su favor en las próximas semanas.
La demanda lleva más de 9 años de trámite y actualmente se encuentra en proceso de apelación luego de que la jueza Preska falló en contra del país tras acusarlo de expropiar mal la petrolera. Burford hace algunas jornadas solicitó quedarse con el paquete accionario por medio de un pedido secreto. Este requerimiento se hizo público una vez que Argentina solicitó que se diera a conocer.
Además, se conoció que el requerimiento de la empresa Burford Capital también pesa sobre las acciones de YPF que se encuentran en manos de las provincias. Sebastián Maril, integrante de Latin Advisors una empresa de inversiones de mercado, señaló: "Esto ocurre porque Argentina no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo. Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones porque ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Además, detalló: "Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido".
"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.
La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros'", indicó el experto. Consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".
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