Rosario amaneció este sábado con trece autos de vecinos de distintas zonas de la ciudad incendiados. Lejos de haberse tratado de un ajuste de cuentas, los carteles con amenazas dejados junto a los vehículos vandalizados indicarían, otra vez, un objetivo en la más alta plana: la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
Altos funcionarios provinciales mantuvieron durante el mediodía del sábado una reunión en el edificio de la Gobernación provincial, en Rosario, para debatir el plan de acción. Clarín presenció el encuentro.
Los múltiples mensajes de amenaza encontrados este sábado fueron rubricados por "Los Rosarinos", quienes a comienzo de abril amenazaron con "dejar negro a Rosario y a Buenos Aires". ¿Se trata, fehacientemente, de la banda que integraban Esteban Lindor Alvarado, Walter Bucci y Gabriel "Peto" García? La investigación, que recién comienza, buscará establecerlo.
La respuesta gubernamental a los hechos del sábado, así como su premisa, es la misma desde el 11 de diciembre, fecha de inicio de gestión: "Se acabaron los pactos con las bandas delictivas. Las condiciones para los presos de alto perfil seguirán endureciéndose", dice un alto funcionario de Justicia y Seguridad provincial.
Para la administración provincial, las causas son claras: cada vez que se cercenan al máximo las posibilidades de comunicación de los presos de alto perfil, tanto dentro los penales como en el exterior, y el régimen de visitas que pueden recibir, en las calles de Rosario hay respuesta por parte de las organizaciones delictivas.
En marzo fueron cuatro asesinatos de inocentes, todos trabajadores de servicios esenciales (transporte público y abastecimiento de combustible). Los taxistas Raúl Héctor Figueroa (42) y Diego Alejandro Celentano (32), el colectivero de la línea K de trolebuses Marcos Iván Daloia (38) y el playero de la estación de servicio Bruno Nicolás Bussanich (25) fueron ejecutados a sangre fría.
Los funcionarios recuerdan, en la reunión y en conjunto, un botón de muestra: cuando en diciembre pasado se le cortaron los privilegios a Francisco Riquelme, un "aliado" de la estructura de Esteban Lindor Alvarado, éste amenazó al gobernador Pullaro. Riquelme pasó, en pocos meses y por la suba de su estatuto de peligrosidad según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por los penales de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz, donde cumple condena actualmente.
"Está claro que quien controla las cárceles, controla las calles. No vamos a dar el brazo a torcer", advierte un alto funcionario.
Por un lado, el gobierno rosarino indica que intervenir los penales redunda en una mayor desarticulación de las bandas, situación cuyo resultado es una mayor violencia manifestada en las respuestas, pero que en el largo plazo no es sostenible para las organizaciones.
Por otro lado, no ahondar en medidas firmes no es garantía de que ni las primeras, ni segundas ni terceras líneas de las organizaciones mengüen su violencia. Esto sucedió, afirman, en gestiones anteriores.
"Transar" con los narcos, sostienen, no sólo redundó en una aceitada cadena de operatividad de las bandas en las calles mientras sus cabecillas cumplían y cumplen condenas en penales de máxima seguridad, sino también en más de violencia supuso y fugas de presos de maneras muy ingeniosas: vestidos de mujer o de monjas, o dentro de cajones de bananas que, no se saben por qué, ingresaban como mercadería a los penales provinciales.
¿Qué podría haber motivado los ataques de este sábado? Una hipótesis: 52 habeas corpus presentados por las defensas de presos de alto perfil en penales de la provincia, todos rechazados por un equipo que la gobernación actual dispensó únicamente para el análisis de estos recursos presentados.
Es el resultado de un marco de un nuevo paradigma judicial que, dicen, acompaña el accionar de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo provincial, como la policía o el servicio penitenciario.
"Piden de todo: elegir las celdas, qué otros presos quieren que los acompañen; delivery de comida y otras comodidades. Visitas higiénicas varias, cuando no es un derecho constitucional, sino una concesión. Vistas las consecuencias de dar esas concesiones a presos de alto perfil, es imposible seguir así", sentencia otro alto funcionario.
En el último tiempo, las razones de presentación de recursos de habeas corpus fueron las requisas y las condiciones a las que se sometió a presos de alto perfil en el penal de Piñero desde que asumió la gestión de Pullaro. Las imágenes de operativos al estilo Bukele en ese penal, y que se difundieron a comienzos de marzo, parecieron haber enfurecido a varios cabecillas de las organizaciones.
Horas más tarde de su difusión, la primera de las cuatro muertes que paralizaron la ciudad. Además, múltiples amenazas sembradas a lo largo y ancho de la ciudad, y escuelas, comisarías y camiones penitenciarios fueron baleados.
"Facas", celulares, chips de telefonía, cuadernos con anotaciones que –según sospechan las autoridades– serían indicaciones para eslabones que no están en prisión, son algunas de las cosas incautadas en las celdas. Las visitas que recibían personalmente se redujeron al mínimo y ahora se hacen mediante un vidrio blindado, por pocos minutos. Mercadería y otros bienes, que antes podían llevar familiares y allegados, ya no son permitidos.
Casi 600 presos de alto perfil son los que alberga actualmente el sistema penitenciario santafesino, 70 de ellos de máxima peligrosidad, lo que se conoce como "nivel 1". Doce mil son actualmente los reclusos totales en la provincia, y tres nuevos detenidos cada día es el índice que señalan las estadísticas.
La categorización de "alto perfil" va en consonancia con la adopción de un protocolo de gestión de presos de "alto riesgo" que el ministerio a cargo de Patricia Bullrich lanzó en enero pasado.
¿Quién es un preso de alto perfil? Aquel que estando dentro de la cárcel puede organizar acciones hacia el exterior: operatividad de sus bandas delictivas, planear una fuga o un atentado contra inocentes o funcionarios.
"El presupuesto total aprobado para la cartera provincial de Seguridad para el 2024 se ejecutó en el primer trimestre", señala una funcionaria. Sólo en materia de alimentación de los presos, el presupuesto destinado supera al ejecutado en el boleto educativo para estudiantes de todos los niveles. "Y vamos a seguir destinando recursos hasta que esto frene", aclara.
La proyección que hacen los funcionarios es que mermar la violencia en las calles conlleva tanto asistencia social, para prevenir, como el fortalecimiento del circuito penal, para disuadir.
A la cantidad de presos juzgados por investigaciones del Poder Judicial de Santa Fe y alojados en los penales provinciales, hay que sumarle los que también allí están confinados por causas federales, que suman alrededor de 700.
Por eso, desde el gobierno provincial comentan que trabajan para ultimar detalles en el diseño de otro complejo penal en la localidad de Piñero, pensado en tres niveles: ampliar la capacidad para detenidos de baja peligrosidad, ampliar la estructura de reclusión para presos de alto perfil y la instalación de espacios de educación y reinserción social.
"Hay otro aspecto importante que analizar: muchos pibes caen presos por delitos menores y, por entrar en contacto con presos de alto perfil, terminan convirtiéndose en sicarios al salir. Es decir, en mano de obra barata y descartable para los capos narco. Por eso insistimos en cortar toda comunicación de los peligrosos y trabajar en contener la situación en los barrios", cierran.
Rosario. Enviado Especial
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