La Asamblea Regional aprobó este miércoles una moción del Partido Popular que pide al Gobierno de España que se aplace la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas de las universidades y de la Formación Profesional, ya que consideran que la aplicación de la nueva legislación, aprobada en 2023, es "desastrosa" y crea incertidumbre, provocando que "las empresas empiecen a no querer alumnos en prácticas".
Así lo explicó en el pleno el diputado popular Carlos Albaladejo, que aboga por solucionar las "trabas" y aclarar los términos legales antes de ejecutar la medida.
El parlamentario expuso que hay casos de alumnos que reciben la prestación de orfandad o el Ingreso Mínimo Vital que han perdido la ayuda tras haber sido dados de alta, o que los hijos de mutualistas de Muface también han perdido los derechos de los que disfrutaban.
"No han contado con las comunidades", señaló el parlamentario, que subrayó que "en la Conferencia de Educación, celebrada el pasado 13 de diciembre, en Madrid, catorce comunidades de España, entre las que se encuentra la Región de Murcia, demandaron el aplazamiento de la implantación de la norma hasta que los términos legales que se detectaban estén bien claros".
"Tampoco han contado con las Universidades", añadió Albaladejo, que, al respecto, ha apuntado que "hace ya un par de meses, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sacó un comunicado en el que expresaba su temor a que el sistema de prácticas colapsara por la falta de instrucciones precisas". De hecho, debido a la negativa general del sector empresarial a la medida, las universidades de la Región se encargan de gestionar y bonificar esos pagos ante el riesgo de que las diferentes actividades económicas renuncien a contratar becarios.
"Se oponen a una medida de calado histórico, no aportan soluciones y solo piden la suspensión de un derecho"
El Partido Socialista criticó al PP por poner de manifiesto que se oponen a una "medida de calado histórico" y le afeó que no aporten soluciones en su moción, sino que solo pide la "suspensión del derecho". El diputado del PSOE Juan Andrés Torres calificó la iniciativa popular de "retroceso para los estudiantes" y agradeció a toda la comunidad educativa su "extraordinario trabajo para que este derecho pueda ser una realidad".
La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, de Podemos, presentó una enmienda a la totalidad para que sea la Comunidad quien asuma de forma transitoria la gestión de altas a la Seguridad Social de los estudiantes, así como para que sean las empresas quienes asuman, a partir de 2026, el coste de la Seguridad Social. Fue rechazada. "Salen completamente del armario", les dijo a los diputados del PP. "No les parece bien que los jóvenes en prácticas coticen", subrayó. Marín adelantó que su formación llevará a cabo una campaña informativa en los centros de formación "para que los jóvenes se enteren" de lo defendido por el PP. "Quieren prácticas no remuneradas y sin cotizar", insistió.
"Señores del PP, salen completamente del armario: no les parece bien que los jóvenes en prácticas coticen"
Vox presentó una enmienda a la totalidad que acabó retirando para respetar el pacto de gobierno por el que se comprometieron a apoyar las mociones de sus socios en San Esteban. No obstante, el diputado Ignacio Arcas dijo que la moción de los populares le parecía "muy tibia", en tanto en cuanto no exigía la derogación del Decreto Ley del Gobierno de España.
Cerca de 40.000 estudiantes de las universidades públicas de la Región, de la Formación Profesional y de los cursos de formación del SEF tienen que cotizan a la Seguridad Social a partir de este 1 de enero. La Universidad de Murcia (UMU) se adelantó al resto de instituciones académicas españolas y daba de alta el 26 de diciembre a los primeros 2.040 estudiantes que estaban realizando prácticas en empresas e instituciones públicas en aquel momento, aunque ya entonces preveía alcanzar las 10.000 en todo el año 2024. La Consejería de Educación debería de afiliar a casi 28.000 alumnos.
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