Comenzar los trámites parlamentarios para estudiar la regularización de los cientos de miles de inmigrantes sin papeles que hay en España es hacer de la necesidad, virtud. Son más bien los inmigrantes los que pueden hacerle un favor a España encargándose de dos tareas que han sido abandonadas o preteridas en mayor o menor medida por los españoles: trabajar en sectores duros y de procrear. La inmigración es un desafío estratégico que pocos países están sabiendo resolver en todo el planeta. Su contribución a la economía global y al incremento de la natalidad lo convierte en una materia prioritaria. Pero es, a la vez, un asunto poliédrico, porque lleva aparejadas derivadas sociales, culturales y religiosas.
Del 'Viva la gente' a Don Pelayo
El problema es que este asunto, que requiere ser abordado con rigor y tratado con delicadeza, se suele despachar como una etiqueta más: la izquierda contemplativa de mano blanda que abre las fronteras sin condiciones; la derecha que exige mano dura, que los inmigrantes renuncien a su acervo cultural. Y después está la ultraizquierda, que quiere ir cantando "Viva la gente" por las calles en feliz armonía aunque termine siendo más pragmática y participe de los consensos básicos; y la ultraderecha xenófoba que espolea el miedo con datos falsos. Los ciudadanos, por su parte, recurren muchas veces a los mitos y leyendas, posiblemente por el miedo al otro y al diferente. El resultado es el peor cóctel posible: banderías políticas sumadas a los prejuicios y a la ineficiencia administrativa para controlar y ordenar los flujos de inmigración.
La política arroja luz
Por eso es muy importante lo aprobado en el Parlamento esta semana. Admitir una Iniciativa legislativa Popular (respaldada por más de 600.000 firmas) robustece los procesos participativos democráticos y afronta un debate real propiciado desde la calle. No se va a producir una regularización masiva. Lo que se ha aprobado es activar un itinerario legislativo para diseñar un sistema que permita regularizar a muchos inmigrantes, que deberá votarse y aprobarse en ambas cámaras. El PP ha dado su apoyo pero ya ha advertido que el resultado de este debate debe tener dos puertas: una de entrada pero también otra de salida para quienes no cumplan los requisitos mínimos. En 2023 llegaron a España 56.852 inmigrantes irregulares, un 82% más que el año anterior. Una tendencia que no va a cambiar. Son cientos de personas que no tienen intención de volatilizarse.
Así, es doblemente relevante que la iniciativa haya salido adelante con el voto mayoritario de la Cámara (310 votos), con la excepción de Vox (33 votos), que sigue anclado en un mundo puro inexistente y en la retórica de Don Pelayo.
En realidad, no se margina a los inmigrantes. Se margina a los pobres. Lo dijo con agudeza el boxeador Larry Holmes, campeón mundial de los pesos pesados en 1978: "Es muy duro ser negro. Yo lo fui una vez: cuando era pobre".
Empleo y natalidad
Participar en el mercado de trabajo y por lo tanto en el sustento del Estado de bienestar y contribuir a la mejora de la natalidad en España son tareas mayores. Los datos no engañan: en 2023 nacieron 322.075 personas en España, la cifra más baja desde 1941, cuando se inició la serie estadística, según el INE. Vinieron al mundo 6.629 niños menos que el año anterior (-2%). Si se suma otro dato, el panorama se aclara aún más: desde 2002 la población en edad de trabajar nacida en España ha bajado en 860.000 personas. A la vez, la nacida en extranjero ha crecido en 3,7 millones. La baja natalidad se explica por la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo y por la precariedad laboral que afecta a los jóvenes, que les impide afrontar un proyecto vital pleno. En España, la maternidad tardía es superior a la media europea. En 1979 el primer hijo nacía cuando la madre tenía 25 años, hoy la edad se ha retrasado a los 31 y un 10% de los nacimientos corresponde a madres con más de 40 años. Tenemos una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Y por lo tanto un problema muy agudo.
La UE: refugio o muro
El Parlamento Europeo aprobó el miércoles pasado las reglas que regirán la política migratoria y de asilo de la UE, que obviamente nos obligan. Han tardado diez años en hacerlo y han acelerado conscientes de que la progresiva derechización de la UE impediría tras las elecciones de junio aprobar un reglamento similar, pese a sus imperfecciones y algunos apartados que rozan el bochorno. Es verdad que aclara quién tiene derecho y quién no a entrar en la UE. Apoya a quienes pueden hacerlo y rechaza a los que no. Razonable: alguna línea hay que establecer. Pero también es cierto que se establece un reparto de 30.000 solicitantes de asilo entre los todos los estados miembro que puede ser obviado por los países renuentes pagando 20.000 euros por persona. En la Europa de los mercaderes todo tiene precio.
Extranjeros: 'Welcome o go home'
En España, hoy, casi siete millones y medio de sus habitantes (más de 48 millones en total) han nacido en el extranjero. Marroquíes, rumanos, británicos y colombianos son los cuatro primeros grupos. Solo hay tres formas de afrontar esta realidad creciente: cerrando los ojos, con políticas de mano dura o quitándose la venda. La primera es una reacción defensiva conservadora que mira para otro lado mientras le aplica al indiferente la ley vigente. La segunda es el sueño de cualquier autoritario e incluye los macrocampamentos de Grecia, las jaulas para inmigrantes en Bulgaria, las prisiones flotantes en Reino Unido o unas buenas dosis de haloperidol para devolver inmigrantes sedados a sus países de origen, como llegamos a hacer en España en tiempos aznaríes (1996). "Teníamos un problema [con los africanos en Melilla] y lo hemos solucionado", dijo el entonces secretario de Estado de Comunicación, el inefable Miguel Ángel Rodríguez, quien como ven tiene un currículo generoso en turbiedades. Aciertan: la tercera opción es la buena. Es la única que afronta la realidad tratando de optimizar las ventajas de los flujos de la inmigración.
Alemania busca un millón y medio de inmigrantes cada año
En todo el mundo se cuecen habas. Un caso paradigmático es el de Alemania, en recesión técnica. Los expertos calculan que este país necesitará 1,5 millones de inmigrantes anuales para mantener en marcha su maquinaria económica. Pese a sus dificultades o precisamente debido a ellas, es uno de los pocos países que ha mantenido y reforzado sus políticas para atraer mano de obra e incluso ha legislado para captar mano de obra cualificada con medidas que van desde la simplificación burocrática, la concesión rápida de permisos de trabajo hasta la posibilidad de que trabajadores sin titulación específica puedan trabajar con al menos dos años de experiencia en sectores concretos.
En España, el 20% de los empleos en el primer trimestre de 2023 estaban ocupados por inmigrantes. De los 368.100 empleos creados en España entre el primer trimestre de 2022 y el de 2023, el 77% fueron ocupados por extranjeros (el 26% del total del sector agrícola, el 24% de la construcción, el 17% del sector servicios y el 11% en la industria). Consta que la inmensa mayoría de los recién llegados no tienen ni mayor formación ni ventajas añadidas para acceder a esas oportunidades por delante de los españoles. Lo que sí tienen es la voluntad –y la necesidad– de acometer tareas de las que muchos nacionales no quieren ya ni oír hablar.
Mano de obra joven y cualificada
Los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social son ya el 13% de los trabajadores y la tasa de crecimiento indica que se están diversificando los sectores donde se emplean. Los inmigrantes se están profesionalizando. Y lejos de ser una amenaza es una buena noticia. La sanidad, la educación y el emprendimiento son sectores y actividades donde la mano de obra extranjera empieza a pisar fuerte. La economía española necesita crecer con innovación y desarrollo, aprovechando las oportunidades tecnológicas. En ese camino, se necesita de mano de obra externa. Joven y cualificada. Si no se trae talento no habrá forma de competir en el mundo actual. Países como Estados Unidos no habrían podido mantener su modelo de crecimiento durante los últimos veinte años sin la contribución de la inmigración cualificada.
Falsas leyendas
Para entender el tamaño del reto y propiciar un clima que permita el impulso de políticas en la dirección correcta se necesita desprenderse de prejuicios y arrinconar a los profetas de la catástrofe que venden la destrucción de la civilización occidental.
El camino hacia lo necesario –si lo prefieren, hacia lo inevitable– requiere que se cumplan, al menos, dos objetivos complementarios: la necesaria evolución laboral de los inmigrantes y la aclaración de las falsas leyendas.
España es uno de los escasos países del mundo donde no hay conflictos sociales graves en relación con la población inmigrante. Ha habido un par de casos muy localizados, como el de El Ejido en el año 2000, lo que representa estadísticamente muy poco en un cuarto de siglo. Posiblemente es así porque los españoles hemos asumido que los inmigrantes asumen el trabajo que ya no queremos y nos conformamos con eso, lo que ayuda a contener la xenofobia y el rechazo. Pero condenar a los inmigrantes a ese apartheid laboral es una mala idea. Son sectores donde la precariedad laboral y las condiciones salariales exiguas les impide acceder a una vivienda y a un proyecto de vida digno. Les permite sobrevivir, pero no les ayuda ser exactamente ciudadanos de primera. Si no se revierte esa situación, tarde o temprano (como en Francia o Bélgica) llegarán los estallidos sociales.
El segundo cambio que habría de producirse es acabar con el mantra –repetido y voluntariamente asumido por una parte de la población sin interesarse por la verdad– sobre la incidencia negativa de los inmigrantes en nuestro hoy frágil sistema público. En realidad, no se teme a los inmigrantes. A quienes se margina es a los pobres.
Los inmigrantes aportan fiscalmente más de lo que reciben
Lea el informe que lea, el saldo fiscal de los inmigrantes en España es positivo. Es decir, aportan a la caja pública más de lo que gastan. Se sabe que usted escucha a diario lo contrario. Pero es mentira. Los gobiernos gastan menos en su salud y educación que lo que ellos dejan en las arcas del Estado (CaixaBank Research). Su coste para el Estado es bajo, entre otras cosas porque suelen llegar ya formados y son generalmente jóvenes por lo que hacen menos gasto sanitario y requieren menos servicios sociales (Fedea). Las cifras habituales se mueven en una aportación del 6,6% frente al 5,4% del gasto que requieren (Oficina Económica de Presidencia).
Si tienen interés en conocer la verdad léanse el completísimo informe del Defensor del Pueblo (2019) sobre la contribución de la inmigración a la economía española, cifras que solo han hecho mejorar con el paso de los años. Por supuesto, los inmigrantes no tienen excepción alguna al pago de impuestos, no tienen ventajas en el acceso a las pensiones ni contributivas ni no contributiva si no cumplen los mismos requisitos que los españoles. Si son condenados por violaciones que vayan a la cárcel, igual que los españoles, que representan el porcentaje mayor de violadores. Y así hasta desmontar uno a uno los embustes que envenenan el espacio público. Datos contra leyendas. Usted decide.
Y algo más
Los datos, de una relevancia indiscutible, son sólo una parte del debate. No es posible manejar el asunto de la inmigración sin tener en cuenta los aspectos éticos de la cuestión. El respeto a los derechos humanos, al derecho de asilo, de asistencia a los refugiados. Un sistema democrático no puede actuar desde la deshumanización. Un país de nuestras características, con nuestra historia de emigrantes; nuestra relación histórica, lingüística, cultural y afectiva con los países de Latinoamérica; y con nuestra posición geográfica fronteriza, tiene que aspirar a construir un futuro basado en valores de los que sus ciudadanos, además de beneficiarse de la contribución de los inmigrantes a la marcha de la economía y al rejuvenecimiento de la población, se sientan orgullosos.