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El triunfo solo garantiza que las cosas sigan como están, y como están no son precisamente buenas, a juzgar no solo por el informe de la Contraloría General de la República, sino por otros indicadores, como la congestión de la justicia por tutelas a la salud. El sistema es una bomba de relojería, que puede estallar en cualquier momento, como lo confirma la solicitud de Compensar de entrar en liquidación voluntaria.
El modelo actual es mejor que lo que había hace unas décadas, se ha avanzado mucho en cobertura, eso no lo niega nadie. Pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Este se diseñó hace 30 años y ya dio lo que iba a dar. Está agotado. El principal síntoma es la crisis de su núcleo duro: las EPS. Se han quebrado 100. Muchas de ellas por corrupción y malos manejos. Duque tuvo que liquidar 13. Es ahí en donde la oposición pierde los papeles, al culpar de la crisis a Petro, en lugar de concertar la reforma. La oposición ha cabalgado sobre conjeturas y propaganda. Que Petro quiere convertir a Colombia en una Cuba o en una Venezuela, y que va a estatizar el sistema, falso.
La reforma consagraba que las instituciones prestadoras de servicio de salud (IPS) serían públicas, privadas y mixtas. Lo que no le gusta a la oposición es que les quiten a las EPS el manejo del dinero, que (no lo olvidemos) es público. La Contraloría ha dicho que solo 5 de ellas cumplen con los requisitos para funcionar correctamente, y que 26 de las 29 que quedan deben 25 billones de pesos. Qué se supone que deba hacer el Gobierno, ¿cruzarse de brazos? La oposición no ha estado fina. En amplios sectores domina la percepción de que los senadores que hundieron el proyecto estaban fletados por grupos económicos que les habían financiado parte de sus campañas.
Otro debate que el país debe dar es si está bien que la salud sea un negocio. Y un negocio cada día más en manos de extranjeros. Desde 2018 se viene incrementando la participación del capital foráneo en el sector. Quirón salud (España), Auna (Perú), Synlab (Alemania), Grupo Falck (Dinamarca), Atrys Health (España) y el Grupo Keralty (España), son algunas de sus empresas. La constitución del 91 dice que la salud es un derecho fundamental.
Lo público y lo privado pueden cohabitar, prestando servicios. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta darles el presupuesto público para que lo manejen. Ahora bien, el gobierno tiene una cuota de responsabilidad en esto, cometió un error de cálculo, al creer que la experiencia política de los ministros del Interior y de Salud era suficiente para sacar adelante la reforma. Descuidaron el frente de pedagogía ciudadana, dejaron que la discusión se politizara de manera extrema, y perdieron.
¿Qué sigue ahora? Complicado el panorama. La oposición ha empujado a Petro a gobernar por decreto. El senado ha preferido ser parte del problema, en cambio, de ser parte de la solución. Acaba de obtener una victoria pírrica. Pero los colombianos esperábamos más.