En medio de la crisis política por el Caso Rolex y los seis cambios ministeriales, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se presentó este miércoles, 3 de abril, ante el Pleno del Congreso en busca del voto de confianza.
Durante su discurso, el primer ministro abordó la agenda ambiental; sin embargo, no se refirió en ningún momento de su discurso a la polémica Ley Forestal, la cual continúa generando preocupaciones debido a su potencial para fomentar la deforestación en la Amazonía. Esto a pesar que anunció un plan de financiamiento para la conservación de los bosques, lo que refleja un paradigma sin resolución clara para proteger el ambiente.
Soluciones sin fondo
En apenas dos párrafos, Adrianzén resaltó la necesidad de detener la pérdida de bosques amazónicos en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y en la frontera de las regiones de Junín, Cusco y Ayacucho, donde actualmente las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por la expansión agrícola.
Para abordar esta problemática, el primer ministro propone que el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam) otorgue incentivos económicos a 134 comunidades nativas y campesinas tituladas para asegurar la conservación de bosques hasta diciembre, a través de transferencias directas.
Sin embargo, no mencionó los problemas que existen hoy en día para promover el uso adecuado y sostenible del suelo, que antes intentaba garantizarse mediante el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).
Pero, con la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, esta omisión ahora en adelante podría conllevar a la sobreexplotación de las áreas forestales, lo que afectaría directamente la producción y los medios de vida de los agricultores, incluyendo poblaciones indígenas, campesinas y urbanas.
Minería ilegal: un problema inmanejable para el Estado
Por otro lado, en su discurso, el premier también habló sobre la grave situación provocada por el crimen organizado y la minería ilegal, poniendo sobre la mesa la realidad que hoy se vive en la provincia de Pataz, La Libertad.
Sobre este caso en particular, Adrianzén destacó que, hasta el 20 de marzo de este año, se han llevado a cabo 161 operativos policiales que lograron la desarticulación de 4 bandas criminales, la detención de 91 personas y la captura de 13 prófugos de la justicia.
Sin embargo, no habló sobre el avance de esta economía ilegal en el país, un problema que requiere de una solución integral que aún no se ha delineado. Esto teniendo en cuenta que la actividad contribuye significativamente a la deforestación, sobre todo en la Amazonía y las regiones surandinas.
Una prueba de ello es lo que ocurre en Madre de Dios, Cusco y Puno, donde, según cálculos realizados por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en los últimos cinco años, la actividad minera ilegal causó la deforestación de 18 mil 440 hectáreas de bosque; es decir, una extensión equivalente a más de 25 mil campos de fútbol.
Gobierno no innova estrategia para combatir narcotráfico
Por último, frente al Legislativo, Adrianzén señaló que este gabinete se ha encontrado un país con más de 90 mil 000 hectáreas de cultivos de coca, cuyo aumento se debe a la falta de políticas efectivas.
En ese sentido, con el objetivo de mitigar el impacto negativo del tráfico ilícito de drogas en la población y el medio ambiente, especialmente en los territorios de comunidades indígenas afectadas por el narcotráfico, anunció que, para el año 2024, se tiene previsto erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de coca y para julio de 2026, se proyecta la erradicación de 35.000 hectáreas.
Con ello, se espera evitar la entrada al mercado de 321 toneladas de cocaína, equivalente a 1,282 millones de dosis, con un impacto económico en el narcotráfico de más de 1,400 millones de soles.
Pero, si bien más del 90% de los recursos destinados al control de la oferta de coca en el Perú se destinan a la erradicación, la producción de coca aún no se detiene y continúa extendiéndose en la Amazonía.
Pues, entre 2020 y 2021, el país pasó de tener 61.000 a 81.000 hectáreas de cultivos de coca en 14 cuencas amazónicas.
Asimismo, se identificó que, de las más de 600 a 800 toneladas de cocaína que se producen aproximadamente cada año, la Policía solo logra decomisar un promedio de 60 toneladas, lo que representa alrededor del 5% del total.
Sin embargo, ahí no acaban los problemas. A esa lista se suman otras dificultades, como el desplazamiento de los pueblos indígenas, entre ellos los shipibo conibo y kakataibo, a causa de la deforestación motivada por el narcotráfico.
Por tal razón, especialistas, como Ricardo Soberón, exdirector de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú, consideran esta estrategia y su inversión un fracaso.