El caso ERE llevará al banquillo previsiblemente a tres hijos del empresario José María Ruiz-Mateos (ya fallecido), por el cobro de ayudas irregulares de la Junta de Andalucía por valor de más de 35 millones de euros. Se trata de Francisco Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.
Otros tres hijos del fundador del Grupo Ruiz-Mateos (José María, Pablo y Zoilo) han quedado, por contra, excluidos de la causa tras considerar el instructor que no hay suficientes indicios de su participación en los hechos.
Según ha informado la oficina de prensa del TSJA, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que se acuerda continuar como procedimiento abreviado el proceso, que es el último paso previo al cierre de la investigación y la apertura de juicio oral.
La causa continúa también contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera por su intervención en la gestión de las ayudas que la Junta concedió en su día a las empresas del Grupo Ruiz-Mateos (Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.) por un importe total de 35.119.277,50 euros.
El proceso incluye a un total de 21 acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre los que se encuentran altos cargos de la Junta, los herederos del empresario jerezano y también cinco "intrusos", como se denomina a las personas que fueron incluidas de forma fraudulenta en un expediente de regulación de empleo (ERE) para que se pudieran beneficiar de esta forma de las ayudas públicas. También se acusa a tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter, que se encargaron de negociar y gestionar las pólizas vinculadas a los expedientes.
El juez instructor ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa para 16 investigados, ya que no observa indicios sólidos que permitan atribuirles participación con relevancia penal en la negociación o el cobro de las ayudas. Entre ellos se encuentran los tres hijos de José María Ruiz-Mateos antes citados, además de un ex delegado de la Junta en Cádiz y varios miembros del comité de empresa de las compañías investigadas.
También se deja fuera de la causa a varios ex altos cargos de la Junta que ya han sido juzgados en la pieza principal del caso ERE. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Javier Guerrero (ya fallecido) y un ex director general de la agencia IDEA. El juez aplica de esta forma el criterio que en su día estableció la Sección Séptima de Audiencia Provincial de Sevilla en atención al principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una misma persona por unos mismos hechos.
Todos ellos fueron ya condenados por la Audiencia de Sevilla tras la vista que sentó también en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la pieza en la que se juzgaba el procedimiento específico diseñado para sortear los controles legales en el reparto de las ayudas.
En el caso de Daniel Rivera, sin embargo, éste fue excluido del juicio de la pieza principal y, por tanto, tendrá que responder ahora ante la justicia porque, según explica el magistrado, "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas". Existen, dice el juez, "evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión".
El juez subraya que para valorar la relevancia penal de su actuación no es estrictamente necesario que Rivera actuara en connivencia con otros altos cargos de la Junta, pues "varios sujetos pueden cooperar, adhiriéndose sucesivamente a la perpetración de un delito en sus distintas fases (de preparación, génesis, desarrollo y ejecución) sin una connivencia previa y expresa dirigida a su consecución, lo que podría diferenciar la coautoría de la cooperación necesaria", explica el instructor. Tampoco lo exculpa el hecho de que, años más tarde, el propio Daniel Rivera iniciara un procedimiento para detectar a quienes fueron incluidos como "intrusos" en las pólizas a través de las cuales se abonaban las ayudas.
Esa actuación destinada a reparar en parte las irregularidades detectadas en los expedientes se emprendió una vez abierta la investigación judicial y, por tanto, no cabe considerarla una "circunstancia eximente" o una "excusa absolutoria", subraya el instructor. Si acaso, puede dar lugar, apunta, a la "apreciación de una atenuante de reparación del daño o análoga".
Las ayudas concedidas al grupo de empresas de Ruiz-Mateos habrían tenido por objeto el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como las indemnizaciones por despido ("prejubilaciones") de sus trabajadores afectados por cuatro expedientes de regulación de empleo autorizados por la autoridad laboral mediante la financiación de un seguro de rentas, "incluyéndose también en dicho aseguramiento a algunos trabajadores que no estaban afectados por los ERE descritos y que ni siquiera tenían relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiarios de aquél".
El magistrado anota que, a través de la intermediación de dos de los encausados, estas empresas "habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma absolutamente arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido".