Javier Milei está siendo protagonista de un fenómeno inesperado: le está tomando el gusto al Estado. Tras años predicando en contra de él, el presidente argentino apeló esta semana a todo el poder del Estado para poner en caja a las empresas de medicina privada, que amenazaban con erosionar seriamente el apoyo de las clases medias que lo llevaron al poder.
Todo se precipitó a partir de un mensaje en "X" (la ex Twitter), del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que denunciaba días atrás que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media". En Argentina se conocen como "prepagas" a los seguros de medicina privada, muy extendidos entre la clase media que evita apelar a una Sanidad Pública con grandes profesionales, pero saturada y devastada en cuanto a medios.
Esta semana, el gobierno anunció que los seguros médicos privados deben retrotraer sus precios a diciembre de 2023, cuando asumió Milei, y ajustar los valores en función de la inflación registrada. Algo muy diferente a lo sucedido en los últimos cuatro meses, con incrementos del 150 por ciento o más que llevaron a muchos afiliados a apelar a opciones más baratas o a directamente salirse del sistema privado de salud.
Las opciones más baratas, sin embargo, prácticamente no existían, porque lo que observó el gobierno a través de la Secretaría de Comercio fue que las empresas se habían "cartelizado" y acordado el mismo nivel de incrementos de sus cuotas mensuales.
"En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país", dijo este miércoles el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.
El anuncio cayó como una bomba para los prestadores de medicina privada, que suman unos seis millones de clientes sobre los 46 millones de habitantes del país. De esos seis millones, sin embargo, la mayor parte no paga esos seguros de medicina privada, que forman parte de los "beneficios" que otorgan las empresas y empleadores, algo bastante habitual en el mercado laboral argentino.
El ataque frontal de Caputo a las empresas de medicina privada y el anuncio del gobierno llegaron tras diversas encuestas que comenzaban a mostrar la impaciencia y la desafección de no pocos votantes de Milei ante los desmesurados incrementos de precios.
La inflación de marzo fue del 11por ciento, un descenso respecto del 13,2 de febrero, el 20,7 de enero y el 25,5 por ciento de diciembre.
Esas siderales cifras están relacionadas, en buena parte, con la liberación de precios ordenada por Milei en diciembre, poco después de asumir. Eso incluye las tarifas de los servicios públicos, que están registrando aumentos del orden del 100, 200, 300 por ciento y más, dependiendo del tipo de cliente.
En sus tiempos de tertuliano televisivo y radial, antes siquiera de soñar con ser presidente, Milei respondió que "entre la mafia y el Estado" prefiere a la mafia, "porque tiene códigos". Según el jefe de Estado argentino, el Estado es una máquina de robo a la sociedad.
En ese contexto, la avanzada sobre las empresas de medicina privada sólo cuatro meses después de haber dejado todo librado a las fuerzas del mercado implica un notable giro filosófico, político y económico por parte del gobierno de Milei.
"El destape", un sitio web afín al peronismo y de importante audiencia, aseguró que, antes las medidas, funcionarios del gobierno resumieron la situación con un "hicimos kirchnerismo".
Más en detalle, esas mismas fuentes señalaron que la decisión de imponer límites a las empresas de medicina privada es coherente con el ideario ultraliberal del gobierno.
"A nosotros no nos importan los precios, que aumenten lo que quieran, pero vimos acá que los precios fueron armados de manera cartelizada. Acá hay abuso de posición dominante porque tienen clientes cautivos y con enfermedades preexistentes (...). La posición de estas prepagas va en contra de las ideas del Gobierno, que quiere fomentar la libre competencia. No queremos monopolios".