El juicio a Donald Trump entra este lunes de lleno en materia con la presentación de la causa contra el magnate republicano acusado de pagar dinero para esconder aventuras sexuales extramatrimoniales para que no interfirieran en las elecciones de 2016.
Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se sienta en el banquillo de los acusados, y que además pretende volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre.
En la causa «Pueblo del Estado de Nueva York contra Donald J. Trump», la fiscalía de Manhattan acusa al magnate de 77 años de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, en la recta final de la campaña de 2016 que le llevó sorpresivamente a la Casa Blanca.
La fiscalía y la defensa presentan este lunes los argumentos a favor y en contra de esta causa de enorme complejidad a los 12 miembros del jurado y seis suplentes, ciudadanos anónimos -por razones de seguridad- elegidos la semana pasada en un tenso proceso de selección, en cuyas manos está la suerte del político posiblemente más controvertido de la historia moderna del país.
Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel e incluso ser despojado de su derecho a voto. Si ganara la elección de noviembre contra el aspirante demócrata, el actual presidente Joe Biden, podría convertirse también en el primer mandatario que gobierna desde una cárcel.
«Va a ser el juicio más extraordinario probablemente de la historia del país. Lo que está en juego es casi infinito en términos de lo que podrían ser las consecuencias» para el magnate, dice a la AFP el antiguo fiscal y actual profesor de derecho de la Universidad Pace de Nueva York, Bennett Gershman.
– ¿Qué sabía Trump? –
La fiscalía tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a su entonces abogado personal Michael Cohen para que éste pusiera de su bolsillo el dinero para la exactriz Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales.
El exabogado ya se declaró culpable en 2018, cuando se investigaba la posible interferencia de Rusia en la elección que ganó Trump, de violación de financiación de campaña entre otros cargos, alegando que obraba bajo la dirección de Trump «con el propósito principal de influir» en las elecciones presidenciales. Fue condenado a tres años de cárcel y perdió su licencia de abogado.
En la causa, la fiscalía también incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio.
– «Interferencia electoral» –
«Este caso es sobre el imperio de la ley y si Donald Trump lo violó», dijo la semana pasada durante la selección del jurado uno de los fiscales, Joshua Steinglass.
Su jefe, el fiscal del Tribunal Supremo de Manhattan, Alvin Bragg, que heredó el caso de su predecesor y después de muchas dudas acusó al magnate, se trata de un caso de interferencia electoral.
Para sostener esta teoría, además de Cohen, la fiscalía llamará a declarar a otros antiguos colaboradores de Trump, y ahora enemigos, según la prensa local. Entre ellos, el presidente de la empresa editora del tabloide National Enquirer, David Pecker, que compró para enterrar las historias susceptibles de afectar al magnate durante su campaña electoral.
«Cada día vamos a escuchar a testigos perjudiciales para Donald Trump», pronostica Gershman.
El multimillonario republicano se lamenta de que mientras su rival hace campaña, él debe acudir cada día a la vetusta sala del tribunal de Manhattan, aunque ha encontrado en los micrófonos de los centenares de medios que siguen el caso un fenomenal altavoz desde se declara víctima de una «caza de brujas» y tilda al juicio un «engaño».
Trump también se enfrenta a otras tres causas penales, dos de ellas por cargos, mucho más graves, como intentar anular su derrota electoral de 2020 y por la gestión de documentos secretos tras abandonar la presidencia, que se han retrasado tanto que es poco probable que se celebren antes de las elecciones.