Demandan a Petro y Mindefensa para garantizar protección a comunidades donde se adelantan diálogos con disidencias
La demanda fue instaurada contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez.
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de acción de cumplimiento, con el fin de que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cumplan con las medidas especiales para proteger a las comunidades en las zonas del país donde se busca avanzar en diálogos con las disidencias de las Farc.
De acuerdo con esta demanda, el objetivo es que se dé cumplimiento al contenido del artículo 7° del Decreto 1684 del 16 de octubre de 2023, emitido por el propio Gobierno Nacional, cuya finalidad es la protección a la población civil frente el accionar delincuencial de las disidencias de las Farc.
"El incumplimiento de este artículo, por parte del gobierno de Gustavo Petro, pone en peligro a la población colombiana y vulnera sus derechos", declaró el exministro Wilson Ruiz.
Así mismo, sostuvo que es necesario que prevalezcan las acciones en defensa de los derechos de la población, especialmente de los grupos más vulnerables como los son indígenas, campesinos en zonas de conflicto, niños, niñas y adolescentes.
"Actualmente, los colombianos son víctimas de los flagelos humanitarios de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desaparición forzada, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsión, secuestro, imposición normas de conducta y/o pautas de comportamiento, homicidio selectivo y retención ilegal", dijo Ruíz.
En la demanda se señala que, "con la acción de cumplimiento, se busca que se garantice la seguridad de los colombianos y que se ordene al Señor Presidente de la República y a su Ministro de Defensa el cumplimiento de forma inmediata e inaplazable con la obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional".
Esta acción judicial tiene por objetivo el restablecimiento de los derechos vulnerados a la población colombiana en especial a aquellas ubicadas en la Región del Catatumbo, Norte de Santander, y en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, siendo estas últimas, zonas de constante afectación por las acciones delictivas de los grupos armados ilegales y Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
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