La comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico dictaminó, en forma afirmativa, un proyecto de ley que propone reducir las penas de cárcel por delitos relacionados con drogas en casos en que no se utilice violencia ni armas, y cuando los infractores sean personas con alguna condición de vulnerabilidad.
Dicho beneficio se aplicaría especialmente a infractores con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, en situación de pobreza, jefas de hogar, adultos mayores en situación de vulnerabilidad o aquellas que tengan a su cargo personas menores, discapacitadas o dependientes.
La propuesta, impulsada por la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), fijaría una condena de tres a ocho años para dichos casos; las penas actuales que van de ocho a 15 años. El texto añade que, en caso que proceda, el juez podrá disponer para el cumplimiento de la pena de la aplicación de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Según la justificación del plan, su intención es reducir el hacinamiento en las cárceles, facilitar la reinserción social y establecer condenas proporcionales para delitos no violentos. Según Vindas, esto responde a la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de la justicia y de los centros penitenciarios en un momento crítico en materia de seguridad.
"No ganamos nada con que una persona que no haya ejercido violencia y que simplemente haya acudido a la venta de sustancias, y no esté involucrado en el narcotráfico ni con el crimen organizado, vaya a la cárcel por una pena que realmente es desproporcionada", argumentó la frenteamplista.
Dictaminado en comisión de Seguridad
El proyecto recibió, el pasado martes, dictamen afirmativo unánime por parte de ocho diputados de la comisión de Narcotráfico. Ellos pertenecen a los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP), y FA.
La iniciativa fue aprobada con el compromiso de que, con mociones del plenario, se apruebe un nuevo texto con algunos ajustes como eliminar lo relativo al crimen organizado y justicia restaurativa, según detalló Vindas.
El FA asegura que el artículo 58 de la Ley de Estupefacientes no contempla norma alguna para diferenciar los roles en organizaciones investigadas, ni considera atenuantes por nivel de pobreza, consumo problemático, vulnerabilidad, amenaza o violencia que lleva a algunas personas a distribuir drogas en pequeñas cantidades.
Dicho numeral establece penas que van de ocho a 15 años de prisión a aquellos que distribuyan, comercien, suministren, fabriquen, elaboren, refinen, transformen, extraigan, preparen, cultiven, produzcan, transporten, almacenen o vendan drogas, sustancias o productos prohibidos por esta ley, así como a quienes cultiven las plantas de las que se obtienen dichas sustancias o productos.
Con el proyecto del Frente Amplio, se añadiría un artículo 58 bis a la ley para disminuir las sanciones, cuando los delitos sean cometidos por personas con las características mencionadas.
"Este proyecto apunta a que las penas altas se apliquen a quienes de verdad lucran y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas consumidoras o vendedoras a pequeña escala", agregó el FA.