El que fue viceconsejero de Salud hasta final de año, Miguel Ángel Guzmán, ha dado el salto a una aseguradora privada a los tres meses de dejar su cargo. Según adelantó la cadena Ser y ha confirmado El Correo de Andalucía, Guzmán ha fichado como director médico de Asisa en Andalucía. La compañía privada ofreció su balance de resultados el pasado febrero, con récord de facturación y "un volumen de primas de 1.487,67 millones de euros". Ofrece servicios en un total de 22 hospitales y centros médicos privados de Andalucía. Su salto implicaría una vulneración de la ley de incompatibilidades de Andalucía, según varias fuentes jurídicas consultadas por este periódico. La Junta de Andalucía no ha respondido todavía a este respecto.
El pasado 27 de diciembre, el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del SAS, Diego Vargas, presentaron su dimisión alegando "motivos personales". La consejera andaluza de Salud, Catalina García, evitó hablar de ceses pero el problema de las listas de espera en Andalucía y los problemas generados por los contratos de emergencia utilizados para hacer conciertos con hospitales privados, utilizando todavía una fórmula de urgencia que viene desde la pandemia, estaban detrás de la crisis en la Consejería.
La ley andaluza
La ley de incompatibilidades de Andalucía, aprobada en 2005 y que fija con claridad cuáles son las actividades que deben evitar los altos cargos cuando dejan sus responsabilidades, es clara sobre este uso de las puertas giratorias. Indica que en un plazo de dos años no es posible entrar en una empresa que tenga competencias en el sector donde el alto cargo ha ejercido su responsabilidad.
En su artículo 8, la ley andaluza señala que "la prohibición" de que un alto cargo ejerza su responsabilidad en empresas del mismo sector "se extiende a los dos años posteriores al cese". Insiste la norma, "siempre que los asuntos y las entidades" en las que se ostente representación "guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía". "Se exceptúan de la prohibición los cargos que se estuvieran ejerciendo con anterioridad al nombramiento de alto cargo, en los que hubieran cesado por razón del nombramiento", aclara. No es el caso del que fue viceconsejero de Salud.
Empresas concesionarias
La prohibición se refiere al "desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas".
El Gobierno andaluz no ha dado una respuesta oficial sobre este asunto. Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que están recabando la información si bien el primer apunte, tras destapar la Ser el fichaje del exviceconsejero, se alegó que "Asisa no tiene en estos momentos contratos directos con la Junta de Andalucía". Sin embargo sí que es una empresa directamente relacionada con la Consejería de Salud, puesto que "opera en hospitales privados donde existen conciertos con la sanidad pública", han confirmado varias fuentes. Los expertos jurídicos han explicado a este periódico que hay "serias dudas" de que el fichaje incumpla la norma y pudiera, en ese caso, ser recurrido a los tribunales.
El currículum
Según el currículum presentado cuando fue nombrado alto cargo, Miguel Ángel Guzmán es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga. Pasó por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y ejerció como director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga. En 2019, el Consejo de Gobierno andaluz lo nombró gerente del Servicio Andaluz de Salud, cargo que ocupó durante la gestión de la pandemia. Dentro de la sanidad privada destacó su paso como director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad.
El PSOE andaluz ha anunciado que ante el fracaso de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los contratos de emergencia con empresas sanitarias privadas acudirá a los tribunales. En una entrevista con este periódico, el líder de la oposición, Juan Espadas, señaló que comprobado que "el Gobierno andaluz se ha cerrado en banda a dar cualquier tipo de explicación o información" estas contrataciones con el sector privado acabarán "sencillamente en los tribunales". La Junta concertó 250 millones de euros en dos años, desde 2021 a junio de 2023, para intentar reducir las listas de espera. El Gobierno andaluz asegura que todo es perfectamente legal.
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