La discusión sobre la ley de emergencia social que promueven la CGT y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que reúne a informales y desocupados, está poniendo en evidencia la reconfiguración en el campo de las organizaciones sociales.
No sólo deja ver distintas interpretaciones de la derrota kirchnerista. También desnuda un conflicto respecto de la legitimidad de Mauricio Macri.
Y sugiere los alineamientos de esas agrupaciones en la disputa electoral del año próximo.
La movilización del viernes pasado reflejó este nuevo juego. El número de manifestantes fue modesto.
Sobre todo porque los intendentes del conurbano se quedaron quietos. El sentido de la marcha fue presionar al Gobierno, aprovechando el temor a que antes de las Fiestas haya manifestaciones violentas de malestar social.
Muy comprensible en un país con 32% de pobreza y 6% de indigencia. Pero la presión es negociada. Los organizadores reciben recursos estatales de varios ministerios.
Además, las prestaciones sociales tuvieron en 2016 un incremento superior al de los cinco años anteriores.
En comparación con 2015, el número total de beneficios se habrá incrementado en 2,3% y el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en 8,4%.
Como durante los 12 años de dominio kirchnerista, las estadísticas siguen sin ser un criterio para explicar la realidad. Sólo que el "relato" pasó a la oposición.
Por lo tanto, aunque su política social sea mejor que la de su antecesora, Macri está condenado a encarnar el rol de presidente insensible que le asignan sus rivales, en sintonía con el imaginario popular.
Es natural: además de no ser peronista, es rico. Con las mismas premisas, Cristina Kirchner fue una heroína de la distribución del ingreso, aun cuando dejó un país con 30% de pobreza.
La ley está plagada de inconsistencias. En su artículo 2 exige al Gobierno "la creación de un millón de puestos de trabajo". Hay que aplaudir que el Frente para la Victoria quiera financiarlo con un tributo al juego.
Durante 12 años de gestión, no sólo no gravó las apuestas con nuevos impuestos. Ni siquiera cobraba los que ya existían. Ricardo Echegaray financió el imperio de Cristóbal López con contribuciones cedidas por la AFIP.
Hay más curiosidades. La invención de un millón de empleos supone crear decenas de miles de cooperativas. Además, la ley prevé que, 30 días después de su aprobación, funcionará un Consejo de la Economía Popular, integrado por tres representantes de los movimientos sociales.
¿Quién los elegiría? Misterio. Ni siquiera existe un registro de trabajadores de la "economía popular". Lo crea la propia ley.
Los promotores de esta iniciativa, en un rapto de sinceridad, o de cinismo, proponen que Macri la acepte y, si quiere, la reglamente con realismo. Es decir, admiten que están construyendo un pelotero.
Sobre todo porque la emergencia social ya fue declarada en la ley 25.561, vigente hasta 2017. Gracias a esa norma el Ejecutivo puede hacer lo que le están pidiendo. Más aún: algo hará.
Antes de las Fiestas anunciará una actualización de la AUH, de los planes Argentina Trabaja y también un bono. Los líderes sociales ya lo saben. Lógico: muchos visitan más las oficinas públicas que los barrios.
El objetivo de esta propuesta es que el oficialismo pague el costo de bloquearla en Diputados. O, mejor aún, que Macri la vete.
En una entrevista con Diego Sehinkman, Emilio Pérsico, un Alberto Olmedo de la lógica, recurrió al papa Francisco para advertir que, como marginar a una persona es anularla y anularla es matarla, "si el Presidente veta, estará violando el primer mandamiento, que es «no matarás»".
¿No habrá llegado la hora de que el piadoso Juan Grabois, líder de la CTEP y consultor del Vaticano, enseñe a Pérsico los 10 mandamientos?
Si bien la oposición presenta a Cambiemos como una derecha ajustadora, Sergio Massa detectó que el de Macri es un no peronismo innovador, ya que no renuncia a la representación de los pobres.
Por eso planea ridiculizar los timbreos en el conurbano. Como, según él, allí el 60% de las casas carece de timbre, prepara una recorrida de "golpeo de manos", que acompañará de un instructivo.
La burla puede perder la gracia si se recuerda que los vecinos que no tienen timbre han sido gobernados en los últimos 28 años por el peronismo en el que milita Massa.
La polémica por la ley de emergencia cobija un movimiento más profundo. La derrota de 2015 obliga a las organizaciones sociales peronistas a definirse frente a un ejercicio que los Kirchner habían prohibido: la demanda por los pobres.
Los sindicatos de la CGT intentan sentarse en la cabecera. Fantasean con reparar la gran herida del año 2001. El boom de desempleo les arrebató el monopolio de la reivindicación social. Sus antiguos aportantes alimentan los movimientos de desempleados.
Esos movimientos protagonizan un conflicto en torno a la interpretación del triunfo de Macri. Para el pensamiento nac&pop en diciembre ocurrió algo no previsto por la bibliografía.
Un líder "de derecha" se impuso por el voto popular. Hasta ahora los "Macri" sólo llegaban al poder sin ley Sáenz Peña, con el fraude de los años 30, o a través de los golpes militares.
La victoria de Cambiemos generó una gran perplejidad.
A las agrupaciones que siguen a Cristina Kirchner se les vuelve intolerable. La ex presidenta lo explicó el 9 de diciembre: la gente votó embaucada por los medios, los holdouts, las empresas y los Estados Unidos, que coronaron un complot de doce años. Si se observa bien, entonces, hubo fraude.
Y un gobierno surgido de ese modo será efímero. Por eso La Cámpora censuró la movilización del viernes: había que ir a la Plaza de Mayo y pedir un cambio de política económica.
Es decir, completar la catástrofe que la mamá de Máximo Kirchner dejó a medio hacer. O que continúa a través de sus discípulos.
Por ejemplo, la intendenta Verónica Magario, de La Matanza, denuncia penurias mientras atesora $ 2400 millones de pesos en el Banco Provincia.
Para el trotskismo, en cambio, La Cámpora le hace el juego a Macri. Desde el estadio de Atlanta, que llenó el sábado, el Frente de Izquierda denunció a los que protestan con plata del Estado. Reclama un cambio de sistema.
El sector kirchnerista que promueve la ley tiene otra visión. Considera, como suele exponer Abal Medina, que Cambiemos llegó como consecuencia de errores propios. La CTEP está en este cuadrante.
No sólo admite que el experimento Macri es legítimo. Sospecha que puede durar. Y ve esa coyuntura como la oportunidad de una reconversión. Sus líderes se ofrecen como proveedores de paz social.
A cambio pretenden que sus organizaciones sean reconocidas como un sindicato de pobres que reciben un salario del Estado. Es un proyecto paradójico.
Los cartoneros, los costureros o los "pechitos" del Argentina Trabaja sueñan con lograr un buen empleo y afiliarse a un gremio clásico. Por lo tanto, el éxito de ese nuevo sindicato sería autodisolverse.
Sus líderes quieren ser como "los Gordos". O como algunos empresarios que explotan esa situación. Los importadores de Tierra del Fuego, por ejemplo, se benefician con la exención de aranceles, Ganancias e IVA.
A algunos se les subsidia la venta en cuotas. A cambio crean puestos de trabajo tan artificiales como los de las cooperativas de Argentina Trabaja. Eso sí, más caros.
Unos ensamblan componentes chinos, los otros hacen viviendas precarias. Entre los cabecillas de ese "Evita" fueguino está Nicolás Caputo, dueño de Mirgor. Es el álter ego del Presidente. En cualquier momento le crecerá la barba blanca.
La pretensión de Pérsico o Grabois de asimilarse a la CGT es un pasable éxito de Macri. Con el fracaso kirchnerista, ellos podrían haber caído en la tentación antisistema.
Tomaron otro camino: ser, como suele decir Julio María Sanguinetti, un costo del sistema. El viernes se vacunaron contra cualquier revolución subiéndose al palco de "Mr. Cloro" Lingeri y el "Centauro" Rodríguez, para quienes la lucha contra la pobreza empieza por casa.
Un desafío para el intachable Grabois, quien supone que "el campo popular debe purgarse del cáncer de la corrupción".
Las antiguas organizaciones de piqueteros quieren administrar una obra social de pobres. Por eso la relación con Lingeri es decisiva.
Él controla la Superintendencia de Salud de Macri a través del director médico de su obra social, Luis Scervino.
El otro padrino del sector es Alberto Mazza, ex ministro menemista que organizó con Lingeri la desregulación a favor de las prepagas.
Mazza domina también el Ministerio de Salud con un equipo formado para Scioli: Daniel Bosich, en Administración, y Néstor Pérez Baliño, en Salud Comunitaria.
En realidad, dominaba: apenas regrese de China, el ministro Jorge Lemus deberá deshacerse de ellos por orden de la Casa Rosada. A las puertas de un escándalo.