"No y no". Moncloa ha rechazado de plano la propuesta de referéndum pactado presentada esta mañana por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Gobierno de Pedro Sánchez ni la comparte ni tampoco le da rango de propuesta formal por el contexto preelectoral en Cataluña, con unos comicios convocados para el próximo 12 de mayo. Fuentes del Ejecutivo la tachan de "electoralista" y, por ello, ni siquiera quieren entrar al detalle o valorar el hecho de que la vía jurídica elegida sea el marco de la Constitución. A través del artículo 92, que permite un "referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha rebajado la iniciativa al carácter de un "planteamiento que realizan distintos candidatos" de cara a las elecciones catalanas. "La posición de Aragonès es su posición y en absoluto es la de este Gobierno ni la mayoritaria en la sociedad Catalana", recalcó. El Ejecutivo descarta de plano la posibilidad de pactar una consulta de independencia porque "va en contra de la política que estamos andando en los últimos años". En esta línea, se ha alineado con el mensaje del candidato del PSC, Salvador Illa, sobre propuestas transversales y de reencuentro al considerar que son las que refrenda la mayoría de la sociedad catalana.
"La hoja de ruta del Gobierno es la de la unidad, el reencuentro y la concordia", ha contrapuesto la portavoz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Diálogo y consenso sí, pero no iniciativas que dividan, ha venido a resumir para desentenderse de cualquier propuesta sobre una consulta binaria. Un diálogo, en todo caso, que ha puesto en valor para seguir negociando con los republicanos y el resto de socios de investidura "las políticas que nos quedan por aprobar" en el resto de la legislatura. De ahí que se descarte un punto de inflexión en su relación con los independentistas, tanto por la propuesta del referéndum como por el escenario de la gobernabilidad que se abra tras las elecciones catalanas.
Alegría se ha referido en todo momento a Aragonès como "candidato" y no como president de la Generalitat para resaltar sus argumentos de electoralismo. Con todo, ha concluido tras las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esta cuestión que "no compartimos en absoluto esta propuesta", al considerarla "antagónica" con esta Gobierno porque que la posición que defienden los socialistas es "radicalmente contraria". Una hoja de ruta basada en la "convivencia", donde incluyó la ley de amnistía, y por lo que aprovechó también para cuestionar la supuesta falta de alternativas del PP en Cataluña. "Del PP conocemos lo que no le gusta para Cataluña, pero ¿cuál es su propuesta", se preguntó.
El modelo de consulta elegido por Aragonès, tras recibir este mismo martes un informe del Institut d'Estudis d'Autogovern, un organismo dependiente de la Generalitat, coincide con el que puso sobre la mesa Junts en el acuerdo de investidura con el PSOE. Las diferencias en lo referente a avanzar hacia el ámbito "del reconocimiento nacional" entre socialistas y posconvergentes hicieron que en el documento se pusiesen negro sobre blanco las diferencias opciones de cada formación. Junts apostó por "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución". El PSOE, por su parte, fijó como su posición de partida el desarrollo del Estatut. El despliegue del Estatut es precisamente uno de los pilares de la hoja de ruta del candidato del PSC, Salvador Illa, en las elecciones catalanas.
Marco jurídico
Aragonès también ha propuesto cuál debería ser la pregunta exacta de esta votación: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?. Sobre la vía jurídica elegida, se argumenta que el artículo 92 de la Constitución establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". Un referéndum que debería ser "convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno y previamente autorizada por el Congreso".
Desde el 2013, el Govern ha recibido al menos cuatro informes distintos que recogen hasta siete vías distintas para convocar un referéndum amparándose en el marco jurídico vigente en España. De hecho, en 2014 ya hubo una expedición de políticos catalanes al Congreso -entre ellos Marta Rovira y Jordi Turull- que defendieron convocar la consulta del 9-N a través de este precepto constitucional.
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