Lara Graña
La Comisión Europea acaba de notificar un segundo expediente de infracción al Gobierno de España por la prórroga a Audasa en la concesión de la autopista AP-9. Esta comunicación parte de la Dirección General de Mercado Interior e Industria del gobierno comunitario e incluye la autopista de peaje AP-66, más conocida como Ruta de la Plata que une Gijón y Sevilla.
Bruselas determina por segunda vez -el primer expediente se notificó en septiembre de 2021- que la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048 es "incompatible" con la legislación comunitaria por haberse concedido sin concurso público, es decir, a dedo. Esta segunda carta de emplazamiento significa que las alegaciones planteadas por el Ejecutivo español no satisfacen a las autoridades de Bruselas.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha eludido desvelar el contenido de esas alegaciones en el Congreso alegando un mandato de confidencialidad.
El portavoz de En Colectivo, Diego Maraña, ha exigido al Gobierno central "transparencia". "Queremos saber el contenido de las alegaciones porque es una cuestión clave para la economía de los gallegos", resalta.
Si bien Audasa nunca ha determinado una cifra concreta, siempre ha cuantificado por encima de los 1.000 millones de euros lo que le corresponería en caso de que se le retirase la concesión de la autopista gallega.
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