A comienzos del último otoño un referente del peronismo bonaerense, que fue intendente y es diputado, derramaba un temprano mal augurio para el gobierno de Mauricio Macri.
Pasados siete meses la profecía tremendista no se ha cumplido. Al menos hasta el momento de publicarse esta columna.
Hay, en cambio y a pesar de la intensa penuria social, una razonable expectativa de calma que se apoya en varias razones.
La principal es que el gobierno de Macri no eliminó ni recortó, sino que mantuvo y amplió, el alcance de los planes sociales que había dejado Cristina.
La segunda, que las nuevas autoridades se enfocaron enseguida a crear un espacio de confianza recíproca con los movimientos sociales.
Fue tarea básica de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. No era novata: ya lo había hecho cuando ocupó ese mismo cargo en el segundo ciclo de Macri al frente del Gobierno de la Ciudad.
Tercera razón, no menos relevante, fue la pragmática disposición al diálogo de los principales movimientos sociales.
Muy pronto se sacudieron el cepo del kirchnerismo -que durante años les habían impuesto y a la vez se autoimpusieron- al ver que todos los reclamos conducían a la ventanilla de una misma fuerza.
Con Cambiemos, el macrismo había pasado a gobernar la Nación, la Ciudad y la Provincia.
Comprender la necesidad del otro, empezando por la demanda económica pero también respetando la autonomía de la contraparte, es un modo constructivo de hacer política.
Esa fue la actitud del Gobierno respecto de los sindicatos y los movimientos sociales. Le contestaron con la misma sana moneda.
Lo que se temía fuera el principal factor de agitación social terminó convirtiéndose, hasta ahora, en un elemento clave para la construcción de gobernabilidad.
Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la CGT unificada, acaba de pronosticar que diciembre se va a transitar "sin mayores problemas".
La central obrera, en plan de acumular poder, se puso bajo el ala a los movimientos sociales. Estos buscaron gustosos ese refugio, que también a ellos les amplía la capacidad de negociación.
Con 40% de los trabajadores en negro sería necio y peligroso ignorar la representación de quienes hablan por esa anchísima franja de compatriotas que bordean la marginalidad.
El Gobierno y los sindicatos reconocieron esta realidad. La política tradicional está dos o tres pasos detrás en la percepción.
Aunque algunos, como Sergio Massa, advierten que el mítico control de la calle está hoy más en Emilio Pérsico del Movimiento Evita, o Jorge Ceballos de Barrios de Pie, que en la dirigencia sindical tradicional o en los intendentes del Gran Buenos Aires y sus punteros.
La semana anterior la ministra Stanley se reunió con los movimientos sociales en pleno, sumando la estratégica participación de la Iglesia.
El tema puntual fue analizar el reclamo de ampliación del bono de fin de año, fijado en $ 1.000 por familia carenciada.
Nadie se va a hacer rico por cobrarlo. El Gobierno estudia agregar $ 200 por cada hijo que reciba la Asignación Universal. Hoy esa ayuda llega a 3.800.000 chicos, integrantes de 2.400.000 familias.
La intención del Gobierno y de las organizaciones es que esa mesa de trabajo tenga carácter permanente. Pero antes deben saldar la discusión por el bono.
Esto sucedería la semana próxima, porque ahora los dirigentes sociales están en Roma, participando del Encuentro Mundial de Movimientos Populares con representantes de 65 países. Lo auspicia el papa Francisco (ver pág. 24).
Una figura destacada allí es Juan Grabois, joven abogado que acá lidera la CTEP donde confluyen distintas vertientes de la "economía popular". Esto es, los trabajadores en negro.
Muy afín al pensamiento de Francisco y sin identificación partidaria, Grabois es de los más duros en la discusión política con el Gobierno.
Pero fue quien colaboró de modo decisivo con las autoridades cuando le propusieron realizar un inédito censo de barrios populares.
Los avances de ese estudio se presentaron hace diez días en la Casa Rosada. Hablaron funcionarios y dirigentes sociales.
Allí Grabois informó que realizados 90.000 registros, cerca de 10% del total, ya habían detectado 7.000 chicos más en situación de recibir la Asignación Universal por Hijo. Esperan terminar el relevamiento en marzo.
La ministra Stanley confía en que la difícil concordia enhebrada con los movimientos sociales se mantenga: "Ellos saben que forzar el caos pondría las cosas peor para los que peor están", explica.
Todo bien. Pero la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, interlocutores centrales del Gobierno, participarán mañana de la jornada de protesta que impulsan las dos CTA, una más kirchnerista que la otra.
Hay una definición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que Macri suele refrescar en estos días: "Todo es frágil".