La frontera más infranqueable del territorio europeo, donde entra España, es la que no se ve: "es el muro de la ingeniería jurídica". Un obstáculo invisible pero muy efectivo contra el que se estrellan a diario miles de personas que buscan una nueva vida lejos de sus hogares.
Así lo denuncia el estudio "Derecho a migrar y refugio: el camino imposible", liderado por la Cooperativa de Comunicación Quepo6 y realizado por los juristas de la Universitat de Barcelona (UB), David Moya y Diego Boza.
Ese trabajo constata, en el caso de España, dos fronteras muy diferentes en función del origen del migrante. Para los latinoamericanos todo es, por ejemplo, mucho más fácil que para nuestros vecinos más próximos, como son los africanos.
Los primeros copan el número de visados concedidos, mientras a los segundos se les suele negar ese privilegio, lo que les condena a entrar en España de forma irregular.
Este trabajo dibuja, sin grises, una realidad "dura e incoherente de nuestro modelo migratorio y de asilo". Esa ingeniería jurídica atenta -afirma David Moya- contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, al negar a miles de personas el derecho de moverse libremente por todo el mundo. Igual sí que pueden salir de su país, "pero después les niegan la entrada en el destino elegido", continúa este jurista.
La actual política de fronteras condena a miles de personas a vivir en países donde sus vidas están en peligro
Pero lo más grave y preocupante para estos investigadores es que tanta barrera en las fronteras con determinados migrantes, condena a miles las personas a quedarse en sus países, "a pesar de sufrir allí persecuciones y peligros", denuncia el estudio. Y muchos de los que se embarcan en ese largo viaje "se pierden en las rutas que debían de llevarlos a los destinos elegidos en busca de protección y/o oportunidades".
Esas personas pueden pasar años, constatan los dos juristas, en tránsito por terceros países y solo una pequeña parte consigue llegar, pero con terribles costes personales y familiares".
Y otra traba, ahora muy sobada por países europeos, para negar entradas de migrantes concretos. "Esas personas -indica David Moya- pasan por varios países antes de llegar a su destino y eso juega en su contra, pues si uno de esos territorios por los que transitan de forma temporal está considerado como "seguro", cuando alcanzan su meta les dicen que ya no hay derecho a asilo, pues ya no vienen de un país (el originario) donde sí se vulneran los derechos humanos. Todo muy retorcido.
Esas barreras -las visibles e invisibles- en las definidas en este trabajo como Vías Legales y Seguras (VLiS) explica que cientos de miles de personas se vean abocadas a utilizar "vías irregulares y peligrosas para acceder a la protección y huir de la persecución, amenazas reales de muerte o torturas en sus países".
"Nos queda muy claro que el método actual de filtraje en las fronteras es muy desigual en función del origen del migrante", reitera David Moya. Calificar esta realidad como discriminatoria "igual sería demasiado, pues no tenemos pruebas para demostrar que los estados ese cribaje de selección de migrantes en función de su origen se despliega de forma deliberada". Pero nadie puede negar que esto ocurra.
"Nos queda muy claro que el método actual de filtraje en las fronteras es muy desigual en función del origen del migrante",
Y ahí están algunos ejemplos, con datos, revelados por este estudio. Cuando se habla, por ejemplo, de solicitudes de protección Internacional (asilo), choca que el 70% de esas peticiones resueltas en España en 2022 correspondan a migrantes procedentes de Venezuela, Colombia y Perú.
Son países en los que no se exige visado para la entrada en España -eso pone las cosas mucho más fácil a esos migrantes- y en los que, en teoría, no hay situaciones extremas de vulneración de derechos humanos.
De ahí que no deje de ser, al menos, extraño que tantas personas procedentes de esos territorios puedan quedarse en España tras concederles asilo.
Por contra, destaca Moya, ciudadanos de países africanos donde sí se vulneran los derechos humanos, "lo tienen en estos momentos mucho más difícil cuando buscan esa protección internacional". ¿La explicación? En África hay muy pocas oficinas consulares a las que acudir para pedir esos visados, mientras que en Latinoamérica -aunque en muchos países no se requiera ese documento- hay más representación consular española.
La selección en la frontera de quién puede o no entrar solo hace que criminalizar a los colectivos más perjudicados
Para David Moya esta realidad rezuma una clara "política de obstaculización", al hablar de fronteras, que veta claramente la entrada a España de esos migrantes africanos, condenados a recurrir a las vías irregulares. La combinación perfecta para que después esos colectivos tan concretos sean criminalizados, al ser etiquetados como delincuentes, cuando solo buscan una nueva vida jugándose la suya.
En el 2022, el 38,5% de peticiones de asilo las presentaron ciudadanos de Venezuela, seguidos de personas originarias de Colombia (30,3%) y Perú (7,5%). "El hecho de que no se exija a esos migrantes visado determina una mayor facilidad de los mismos a solicitudes de protección internacional", afirma David Moya.
Y llegados a este punto, choca que las personas nacionales de los países africanos -mucho más cerca de España- sólo representaron el 8.9% de las peticiones de asilo del año 22. Y la mitad fueron de migrantes procedentes del norte de África (Marruecos, Argelia, Mauritania, Egipto, Túnez y Siria).
Esos migrantes entran, la mayoría, en pateras jugándose la vida. No pueden usar las vías legales y seguras en ese viaje. Y vienen tantos, revela Moya, "porque el efecto llamada sigue funcionando, ya que si bien se les ponen las cosas casi imposible para migrar de forma legal, saben que una vez en España tienen muchos números para quedarse, aunque sea de forma irregular, en nuestro país".
El despliegue de oficinas diplomáticas en los países de donde proceden la mayoría de migrantes que recalan en España es otro dato que revela esa injusta selección con el origen de los nuevos vecinos que quiere nuestro país.
El estudio revela que "muchas de estas oficinas diplomáticas, en el caso de África, se despliegan sobre demarcaciones consulares muy amplias, lo que obliga a largos desplazamientos a las personas que quieren sacar un visado"
En Latinoamérica, donde se piden menos visados, hay más oficinas consulares que en África, donde sí se exige ese documento
En estados como Gambia, Burkina Faso, Togo, Liberia o Sierra Leona "no hay misión diplomática española". Y si esta carencia, a priori discriminatoria, se compara con el número de consulados en Latinoamérica (donde no se exige visado en muchos países) la desigualdad en fronteras vuelve a sonrojar. "Los 35 estados del continente americano tienen 46 oficinas consulares españolas, mientras que los 54 estados del continente africano tienen 39 y 7 de ellas están en un único país: Marruecos", revela el estudio.
La prueba de la ineficacia de este modelo de frontera queda reflejada en otro dato. Este jurista de UB recuerdo que "el 90% de los migrantes que acaban trabajando en nuestro país y, por lo tanto, contribuyendo a nuestra riqueza entraron en España por vías ilegales". Si las cosas se hicieran mejor, repite Moya, esas personas podrían haberse incorporado muchos años antes -la mayoría tardan mucho tiempo en tener empleo- en el sistema laboral".
Pero cuando a un Estado le interesa un perfil de migrante concreto, las fronteras se tornan mucho más permeables. ¿El ejemplo? En 2022 se concedieron 14.088 visados temporales de residencia y trabajo a mujeres marroquíes, frente a los 1.641 tramitados para varones. Esa mano de obra femenina se necesita de forma puntual para la industria frutícola, así que los trámites de agilizan mucho en estos casos.