Amnistía Internacional elaboró un informe que hizo público en la jornada del día jueves, donde destaca un retroceso en materia de derechos humanos y una alta preocupación por casos de corrupción que se han dado en este periodo de gobierno.
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En referencia a la confirmación de hechos de espionaje y vigilancia, "así como también de hechos de corrupción policial, se visibiliza el debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país impactando directamente de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones" afirma el documento.
Respecto a los homicidios, Amnistía Internacional concluyó que "Este estudio presenta a Uruguay como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado, alcanzando una cifra de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes".
Desde el punto de vista de los derechos humanos y el pasado reciente, la organización afirma que "no se han producido avances sustantivos en lo que a las investigaciones sobre personas desaparecidas en este período se refieren, manteniendo una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada".
Otra de las preocupaciones manifestadas por Amnistía Internacional, es en relación al sistema penitenciario, donde detecta "un aumento exponencial de personas privadas de libertad, viviendo en condiciones de hacinamiento extremo, lo cual propicia situaciones de violencia interna entre las personas institucionalizadas" señala el informe.
Corrupción y Derechos Humanos
Finalmente, uno de los capítulos es en relación a la corrupción. La organización dijo que "En 2023 la situación se mantiene incambiada y las preocupaciones de la organización se han profundizado por diversos hechos de corrupción que han involucrado a jerarcas y personas vinculadas con autoridades nacionales que han utilizado el poder estatal en su beneficio". Al mismo tiempo estableció que "Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos y es una situación que amerita plena atención".