Este 10 de abril, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, publicó un comunicado en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en donde «respalda» la detención del exministro de petróleo Tareck El Aissami y el exministro de economía y finanzas, Simón Alejandro Zerpa, ambos personajes cercanos al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) respalda de manera contundente e inequívoca todas las acciones que viene ejecutando el Gobierno bolivariano y el Ministerio Público en la lucha incesante contra la corrupción», dijo Padrino López refiriéndose al gobierno que desde 1999 hasta ahora acumula más de 400 casos de corrupción que involucran a 30 países con sus funcionarios. Según la ONG Transparencia Venezuela se calcula un aproximado de 65 mil millones de dólares en desfalco.
El ministro de Defensa señaló que apoyaba las detenciones «de exfuncionarios públicos que laceraron, de forma grosera y aberrante, el patrimonio nacional mediante actos propios y, peor aún, estableciendo vínculos con empresarios inescrupulosos y organismos del imperio norteamericano».
La plataforma internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) investigó en 2020 que la familia de Padrino López mantiene una red de «24 compañías en Estados Unidos y Venezuela, así como por lo menos 14 propiedades avaluadas en 4.5 millones de dólares en Florida y Texas» para tramitar documentos consulares a los venezolanos que piden asilo político escapando del gobierno chavista-madurista.
«Reiteramos que continuaremos acatando estrictamente los lineamientos y órdenes del ciudadano Nicolás Maduro Moros (…) en todo lo que concierne a erradicar cualquier práctica inmoral en el manejo de los recursos públicos (…), contribuyendo a consolidar el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia», concluyó la carta, sin incluir las denuncias de la ONU y la CIDH sobre las violaciones a la libertad de expresión y transparencia de los recursos públicos que mantiene la Ley Constitucional Antibloqueo, que enfoca el acceso de toda la información financiera del país al presidente de Venezuela (Maduro).
El fiscal general impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció el 9 de abril la detención del El Aissami por delitos de corrupción, un año después de que desapareciera de la vida pública y se desconociera su paradero por el caso de corrupción denominada «Pdvsa-Cripto». Ahora, será imputado por cinco delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales.
Además, el exministro de Petróleo Simón Zerpa y el empresario Samark José López, también detenidos en este operativo, serán imputados por los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias» y «asociación».
Saab informó, en una rueda de prensa, que no se descartan «nuevas detenciones» relacionadas al caso «Pdvsa-Cripto», afianzando la trama de la #PurgaMadurista.