El gobierno sigue confirmando que es mucho más pragmático de lo que hace parecer su discurso libertario: ya había retado en público a los empresarios por aumentos desmedidos, pospuso las subas de tarifas, luego entró en controversia con las empresas de medicina prepaga y las obligó a retrotraer los precios. Pero la confirmación de su desinhibición para adoptar tácticas del peronismo es el regreso del "techo Moyano".
Esta práctica, instaurada por Néstor Kirchner hace 20 años, consistía en tomar un gremio grande, poderoso y con alta visibilidad, como el de camioneros, para enviar a todo el mercado una señal sobre cuál debería ser el porcentaje máximo de aumentos que el gobierno consideraba saludable.
Esa estrategia llevaba implícito un temor: que si en algún rubro de la actividad se firmara una cifra mayor, eso se tradujera en mayor presión inflacionaria. Los gobiernos saben que, en ocasiones, las cámaras empresariales, para evitar conflictos, se avienen a firmar por cifras que exceden su capacidad, y luego compensan por la vía de trasladar el costo laboral a los precios de sus productos y servicios.
Es así que el "techo Moyano" funcionó en prácticamente todos los períodos de gobierno. Y cuando hubo mala relación -por ejemplo, en el segundo mandato de Cristina Kirchner- fue sustituido por un "techo" alternativo, como el del gremio metalúrgico.
Lo cierto es que Toto Caputo confirmó que no es la excepción a la regla. Como sus predecesores, se preocupa de que el mercado no reciba mensajes erróneos sobre la marcha de la economía. Y por eso había vetado la homologación de la paritaria camionera, que en su versión original implicaba un ajuste de 25% para el sueldo de marzo y otro de 20% para abril. Es decir, cifras muy superiores al IPC de febrero -que dio 13,2%-, al de marzo -que fue de 11%- y al que se pronostica para abril, que rondará el 9,5%.
En consecuencia, vino la negativa a dar el aval oficial. "Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía", dijo el ministro en una entrevista, cuando todavía el riesgo de un conflicto camionero era una posibilidad cierta.
La amenaza de hacer que "no se mueva ni un papel" por un paro transportista suponía un tema serio, justo en el momento en que entran a diario más de 4.000 camiones cargados de soja y maíz a la zona portuaria de Rosario, para embarcar la cosecha gruesa.
Caputo y las expectativas
El ministro ya se había referido sin tapujos a cómo los propios empresarios podían inducir a aumentos desmedidos, que impulsaran la espiral de precios y salarios.
Esta fue su frase textual ante un auditorio de empresarios: "Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. 'Mejor hago una promoción', dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona".
La sola alusión a "un salario que no es" y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Primero, porque sonó contradictorio con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.
Pero, además, porque presupone que la inflación no solamente se explica por "un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar", como dice la definición de Milton Friedman que gusta citar el presidente Javier Milei. Lo que el ministro aceptaba tácitamente era el temor a que las expectativas pudieran transformarse en un obstáculo para la baja de la inflación.
La postura de Caputo había tenido una respuesta contundente por parte del gremio camionero.
"Qué carajo se tienen que meter en un acuerdo entre privados del gremio y las empresas, Caputo o el mismo Presidente de la Nación", protestó Pablo Moyano, en una frase que varios liberales podrían suscribir sin inconvenientes desde el punto de vista teórico.
Y, en realidad, el propio Caputo admitió que era un tema discutible si el gobierno debía necesariamente homologar paritarias. Pero dijo que, dado que la ley lo obligaba a hacerlo, no admitiría que hubiera un aval oficial a cifras peligrosas.
La solución: un maquillaje
Lo cierto es que, cuando todo parecía dirigirse inexorablemente hacia un conflicto, apareció la fórmula del acuerdo La aportó, claro, Hugo Moyano, quien llamativamente sustituyó a su hijo Pablo en la reunión a la que convocó el gobierno en la Casa Rosada con la CGT.
Todos sospecharon lo que estaba ocurriendo: Pablo es un hombre de carácter impulsivo, que tiende al conflicto, mientras que Hugo tiene más "cintura" política. Y, después de la reunión general, el veterano dirigente camionero tuvo una reunión aparte con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es formalmente el funcionario con la lapicera para homologar paritarias.
Pocos días después se anunció que la paritaria había sido reformulada, que el gobierno había dado su aval y que el temido conflicto quedaba desactivado. Y la fórmula fue un clásico argentino: maquillar los números de forma tal que ninguna de las partes sienta que tuvo que ceder.
Así, Caputo puede ahora mostrarle al mercado que los camioneros recibirán un aumento de 15% por marzo y 9% por abril -en línea con la pauta inflacionaria marcada por el ministro-, pero los camioneros tendrán en sus bolsillos la misma cantidad de pesos que habían previsto desde un inicio. Ocurre que a los aumentos oficiales se les sumará una suma fija, que agregará un 10% para marzo y un 7% en abril.
El propio Pablo Moyano, ante consultas periodísticas, se encargó de aclarar que no había ningún cambio a los efectos prácticos.
"El 25 por ciento de marzo ya está recontra cobrado y este mes se paga el 20 restante", afirmó. Y agregó que habrá un adicional de 2% para los afiliados de las ramas logística, correo y expresos. En mayo, se retomarán las negociaciones para nuevos aumentos.
Al mismo tiempo que se confirmaba la homologación de los camioneros, también se conocía la noticia de que los estatales de la provincia de Buenos Aires habían llegado a un acuerdo por una recomposición salarial de 9,5% para abril. Precisamente, la cifra de inflación proyectada para el mes, y la que cuenta con el aval de Caputo.
Algunos días antes, se había confirmado que en el gremio de comercio -que con 1,2 millón de beneficiarios constituye el convenio más numeroso del país- había firmado un acuerdo por ajustes de 8% en abril y 7% en mayo, sujetos a revisión por inflación.
Una primera confirmación de que el "techo Moyano" vuelve a ser requerida como herramienta de gestión económica, más allá de si los funcionarios de turno son peronistas o libertarios.