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Nacional
miércoles, 03 abril 2024 | 19:48
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Ciudad de México.- El ex comisario de la desaparecida Policía Federal, Javier Herrera Valles, perdió la demanda en la que reclamaba una indemnización de más de 70 millones de pesos por los daños y perjuicios derivados de los cuatro años que estuvo en prisión.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó al ex mando policiaco el amparo que promovió contra el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TEFJA), que el año pasado declaró infundada su demanda.
Por unanimidad, los ministros de la Sala determinaron que Herrera Valles no demostró que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) haya incurrido en una actividad administrativa irregular para detenerlo y encarcelarlo.
El ex comisario fue uno de los primeros en denunciar públicamente los presuntos actos de corrupción de Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública federal y su superior jerárquico.
El 17 de noviembre de 2008, después de una entrevista a una televisora, el comandante fue detenido y acusado del delito de delincuencia organizada por presuntamente colaborar con el narcotráfico.
La acusación, basada en testigos protegidos, fue desestimada el 6 de septiembre de 2012, fecha en que un tribunal revocó su condena de 10 años de prisión y le dictó la sentencia absolutoria que le devolvió su libertad.
El 19 de mayo de 2019, el ex mando presentó una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, en la que reclamó 50 millones de pesos por concepto de daño moral y 20 millones 637 mil 570 por reparación del daño y perjuicios materiales.
Reclamó que su encarcelamiento fue consecuencia de una detención ilegal, fabricación de pruebas, testimonios falsos y violaciones al debido proceso, ya que se le exhibió ante la prensa como culpable desde antes de ser juzgado formalmente.
La PGR desechó su demanda y, aunque Herrera presentó un juicio de nulidad contra esa resolución, el TFJA la declaró infundada porque la ley no considera que los actos de investigación del Ministerio Público Federal deban ser reparados patrimonialmente por el Estado.
Además, indicó que actos como su detención ilegal no pueden ser reclamados a la PGR, porque la autoridad que lo aseguró fue la entonces Policía Federal Preventiva, que dependía de la SSPF, a cargo de García Luna.
Tras esta resolución, el hoy secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública de Campeche presentó un amparo que fue atraído por la SCJN y turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara.
Para tratar de acreditar la actividad irregular de la PGR, en su amparo Herrera Valles agregó una recomendación de la CNDH y un informe de admisibilidad de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a sus garantías individuales.
"La petición ante ese organismo interamericano contiene alegaciones relacionadas con la inconvencionalidad del arraigo, el maltrato en custodia, deficiencias y demoras en los procesos penales y violaciones al debido proceso", dice el proyecto de sentencia aprobado por la Corte.
"Tales actuaciones no se encuentran relacionadas con las atribuciones constitucionales del Ministerio Público de investigación y persecución de los delitos. Por lo tanto, aún y cuando se haya admitido dicha reclamación, ello no demuestra que la PGR haya incurrido en una actividad administrativa irregular".
Los ministros también desestimaron la decisión de la PGR de archivar una denuncia de Herrera Valles contra ocho ex funcionarios y tres testigos protegidos a los que acusó de delitos contra la administración de la justicia y falsedad en declaración.
"Con ello no se demuestra que la autoridad demandada haya incurrido en una actividad administrativa irregular, como lo pretende el quejoso. De ahí que su argumento sea inoperante", resolvió.
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