La comisión de industria del Congreso de los Diputados ha aprobado ese jueves una proposición no de ley pactada por el BNG y el PP para pedir que el grupo público SEPI entre en el accionariado de la multinacional Alcoa en España de manera temporal e instrumental y luego busque un operador industrial fiable que garantice la continuidad de la actividad.
La semana pasada la dirección de la multinacional estadounidense emitió un comunicado en el que consideró que la actividad industrial en la planta de San Cibrao sigue sin ser viable y el pasado 4 de abril, en una reunión de la denominada mesa de seguimiento, se mostró en disposición de venderla.
Rego ha indicado que Alcoa ya vendió las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña, que acabaron por desaparecer después de años "agónicos", y ha señalado que no quiere que ocurra lo mismo en la zona lucense de A Mariña, porque sería un "desastre para la comarca y para Galicia y un problema para el conjunto del Estado".
La factoría de Lugo es la única de aluminio primario que hay en España, por lo que el BNG cree que debe existir un interés público por mantener su actividad, dado que es un sector estratégico con miles de puestos de trabajo.
Durante el debate, el diputado del PP Jaime de Olano ha indicado que la política energética del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está poniendo en riego a las empresas electrointensivas y ha acusado de "hipocresía" a los nacionalistas gallegos por no haber dejado de ser "socios" del PSOE.
Añade la voluntad de que ese operador "presente un proyecto industrial solvente y de futuro con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".
También pide al Gobierno otra media docena de medidas, entre ellas exigir a Alcoa el cumplimiento de los compromisos e inversiones previstos en el acuerdo firmado en febrero de 2023, incluida la construcción de un horno de ánodos, y mantener la bonificación de peajes del 80% a la industria electrointensiva con carácter permanente.
La diputada socialista Noelia Cobos ha asegurado que el Gobierno vigilará el cumplimiento de los acuerdos y de la inversión y hará un seguimiento del posible proceso de compra para garantizar la permanencia del sector en Galicia y el perfil industrial del comprador.
El parlamentario Manuel Lago, de Sumar, ha hecho hincapié en la necesidad de "encontrar un grupo industrial solvente capaz de desarrollar este proyecto", tras criticar que Alcoa ya les "estafó en A Coruña y Avilés poniendo una empresa pirata".
"El Estado tiene que ser aval y garante de que esta operación salga bien y se mantengan las instalaciones y la plantilla; esto tiene fórmulas diferentes, pero las administraciones públicas tienen que ser aval y garante de que el proceso sale adelante", ha argumentado.
"Se puede hacer. Ya lo han hecho. El Gobierno español ya entró en el accionariado de Celsa Atlantic y lo acaba de hacer en Telefónica", ha defendido el diputado del BNG Néstor Rego.
La semana pasada la dirección de la multinacional estadounidense emitió un comunicado en el que consideró que la actividad industrial en la planta de San Cibrao sigue sin ser viable y el pasado 4 de abril, en una reunión de la denominada mesa de seguimiento, se mostró en disposición de venderla.
Rego ha indicado que Alcoa ya vendió las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña, que acabaron por desaparecer después de años "agónicos", y ha señalado que no quiere que ocurra lo mismo en la zona lucense de A Mariña, porque sería un "desastre para la comarca y para Galicia y un problema para el conjunto del Estado".
La factoría de Lugo es la única de aluminio primario que hay en España, por lo que el BNG cree que debe existir un interés público por mantener su actividad, dado que es un sector estratégico con miles de puestos de trabajo.
Durante el debate, el diputado del PP Jaime de Olano ha indicado que la política energética del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está poniendo en riego a las empresas electrointensivas y ha acusado de "hipocresía" a los nacionalistas gallegos por no haber dejado de ser "socios" del PSOE.
La proposición no de ley, aprobada con los votos en contra del PP y la abstención de Vox y Sumar, insta al Gobierno a "activar, si es necesario, la intervención pública instrumental y temporal de Alcoa para, a través de la SEPI como instrumento intermedio, se pueda buscar un operador fiable".
Añade la voluntad de que ese operador "presente un proyecto industrial solvente y de futuro con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".
También pide al Gobierno otra media docena de medidas, entre ellas exigir a Alcoa el cumplimiento de los compromisos e inversiones previstos en el acuerdo firmado en febrero de 2023, incluida la construcción de un horno de ánodos, y mantener la bonificación de peajes del 80% a la industria electrointensiva con carácter permanente.
La diputada socialista Noelia Cobos ha asegurado que el Gobierno vigilará el cumplimiento de los acuerdos y de la inversión y hará un seguimiento del posible proceso de compra para garantizar la permanencia del sector en Galicia y el perfil industrial del comprador.
El parlamentario Manuel Lago, de Sumar, ha hecho hincapié en la necesidad de "encontrar un grupo industrial solvente capaz de desarrollar este proyecto", tras criticar que Alcoa ya les "estafó en A Coruña y Avilés poniendo una empresa pirata".
"El Estado tiene que ser aval y garante de que esta operación salga bien y se mantengan las instalaciones y la plantilla; esto tiene fórmulas diferentes, pero las administraciones públicas tienen que ser aval y garante de que el proceso sale adelante", ha argumentado.
Por su parte, el portavoz económico de Vox, José María Figaredo ha alegado que no está de acuerdo con el rescate de una industria sin reformar ante las cuestiones que la hacen deficitaria y que, a su juicio, en este caso son la estrategia industrial y la política energética de Europa.