El fondo extranjero reclamó a la Justicia de Nueva York el control de la petrolera, ante el incumplimiento del pago de la deuda.
El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.
El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones por la expropiación.
Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la Justicia falla a favor del fondo. El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF.
La demanda, que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió este viernes por la tarde.
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.
Qué dice la ley de expropiación
La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros'", indicó el experto.
Consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".
"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple, entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó.
El pedido de embargo a YPF
Se trata de un juicio en el cual la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, ya determinó la culpabilidad de Argentina en el proceso de nacionalizar la petrolera y la dejó a un paso de tener que pagar USD 16.000 millones.
La decisión se basó en los malos antecedentes que tiene históricamente el Estado a la hora de pagar. Además, quieren que los embargos sean ya mismo, en 30 días.
"La negativa de Argentina a pagar sentencias está bien documentada y ampliamente reconocido", indicó el escrito firmado por el estudio King & Spalding. Allí se mencionan demandas como la de los holdouts y otros fallos en los que se habló de que "Argentina simplemente se negará a pagar cualquier sentencia", menciones a la "continua intransigencia al no honrar sus deudas judiciales legítimas" y señalando que el país "enfrenta el mayor número de reclamaciones de cualquier nación en el mundo y, hasta ahora, se ha negado a pagar sentencias en su contra".
Los demandantes volvieron a citar a Axel Kicillof quien en 2021, al momento de la expropiación, era viceministro de Economía. En ese momento dijo que sería "una estupidez" cumplir con "la ley de la propia YPF" y "respetar sus estatutos". Incluso incluyeron un link a una entrevista del actual gobernador bonaerense, el 10 de septiembre de este año, luego del fallo. "Es mentira que hay que pagar. Argentina va a apelar, no está firme, se va a seguir discutiendo. El fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico. El reclamo es ilegal", dijo Kicillof.
Demanda apelada
En febrero pasado, el Gobierno nacional apeló el fallo. El argumento del Poder Ejecutivo es que el caso debe tramitar en Argentina y no en Estados Unidos, donde la jueza Loretta Preska ya obligó a una indemnización y ahora será el superior el que decida.
En ese sentido, desde el Gobierno cuestionan que la Justicia de Nueva York no debía intervenir ante cuestiones que se tienen que dirimir en el derecho Argentino, o sea no tenía jurisdicción para decidir.
También que hubo estimación errónea de daños sobre los demandantes y por eso también recurrieron ante la Cámara de Apelación del Segundo Circuito respecto de las sentencias emitidas por la corte de distrito de NY.
El escrito, cuyos detalles se conocieron en las últimas horas, lleva la firma de los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, en representación de la Argentina.
La demanda fue iniciada por Buford Capital y Eton Park cuando el Estado Argentino compró el 51 por ciento de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993.