La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha justificado la retirada de los visados de oro ('golden visa', en inglés) para inversiones inmobiliarias tras comprobar que la concesión se ha triplicado desde 2022, hasta alcanzar un total de 14.576 permisos en una década.
Rodríguez ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que los datos «encienden las alarmas», por lo que apostaron por esta reforma para «acabar con la especulación, que se ha incrementado» desde 2022, con la invasión de Ucrania y las subidas de tipos de interés.
«La política de vivienda ha de trabajarse con rigor y desde la seguridad jurídica. En los últimos meses he trabajado junto con el Ministerio de Economía y el de Migraciones los datos para tomar esta decisión», ha explicado la ministra.
Desde 2019 se han concedido 7.780 visados de oro relacionados con la vivienda, ha enumerado Rodríguez. En 2019 fueron 861; en 2020, 632; en 2021, 997. Pero a partir de 2022 hubo una explosión de las concesiones: 2.017 en 2022 y 3.273 en 2023.
Las 'golden visa', en plena campaña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes en Dos Hermanas (Sevilla) que el Gobierno estudiaba adoptar esta medida, señalando que la gran parte de las inversiones se estaban concentrando en ciudades con un mercado de la vivienda muy tensionado.
«Este tipo de inversiones tensiona el mercado y aumenta el precio de la vivienda», ha subrayado la titular de Vivienda.
Así, ha detallado que las principales nacionalidades beneficiadas por estos permisos son la china, rusa, británica y estadounidense, que han realizado inversiones, sobre todo, en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. «Concentrándose en estas seis el 90% de las autorizaciones que se han concedido en todo el territorio nacional», ha insistido.
Como ejemplo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa el caso de Barcelona o el de Marbella. En esta última, la inversión extranjera en vivienda supone el 7,1% en el último trimestre, por el 5,3% en la Ciudad Condal.
Rodríguez ha asegurado que esta decisión «pretende dar respuesta a las ciudades y a quienes las habitan», a la par que ha hecho un llamamiento a la inversión extranjera, pero no a la adquisición de vivienda, sino a la construcción y rehabilitación de las mismas.