La Fiscalía Anticorrupción pidió en su escrito de acusación del caso de la caja B del PP madrileño que la expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González fueran juzgados como partícipes a título lucrativo en el futuro juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por delito electoral en los comicios autonómicos de 2011. Una petición que el juez instructor, Manuel García-Castellón, ya rechazó en el auto de apertura de juicio oral. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción elevará la petición en el juicio oral, para el que aún no hay fecha señalada.
El magistrado del caso Púnica atribuye a Granados y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas, y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación. Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Al decretar la apertura de juicio oral, el magistrado rechazó la petición de Anticorrupción de declararar a Aguirre y a González partícipes a título lucrativo por los beneficios que pudieran haber obtenido del delito electoral del que se acusa unicamente a Granados y a Gutiérrez.
Sobre la propuesta de testigos para el juicio que le hizo Anticorrupción, García Castellón no se pronunció y previsiblemente será la Sala a la que corresponda juzgar estos hechos la que determine la prueba a practicar en la vista oral cuando decida señalarla.
El pasado noviembre, la Audiencia Nacional avaló la decisión de García Castellón de archivar esta pieza, la número 9 de Púnica, para Aguirre y González, al confirmar el auto por el que en octubre de 2022 propuso juzgar a Granados y a los otros siete investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento 'online' de altos cargos.
El magistrado les dejó fuera de la causa, en sintonía con el criterio de Anticorrupción, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos. Un año antes, el juez ya había decretado el archivo para la también expresidenta Cristina Cifuentes.
De este modo, tras una década de investigación desde que estallara la operación Púnica en 2014, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho. Los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que solo se juzgará el relativo a 2011.