Con la decisión de enviar al Congreso el proyecto de Ley de Libertad Religiosa, Mauricio Macri podría convertirse en el presidente que responda a una antigua reivindicación de los evangélicos: un avance en la igualdad de cultos ante la supremacía de la Iglesia Católica.
Aunque se trata de una iniciativa legal que no sólo reconoce derechos a todos los credos como históricamente le son reconocidos a la Iglesia Católica, sino que, además, dispone una serie de protecciones legales a las prácticas religiosas, no menos relevantes.
En rigor, en el país se goza de una amplia libertad religiosa y en la práctica no existen grandes obstáculos para el accionar de los cultos, sobre todo los más arraigados.
Pero las preferencias hacia la Iglesia Católica causan irritación y, si bien por ejemplo, los pastores evangélicos pueden ingresar a la mayoría de las cárceles, también existen trabas en muchos casos puntuales.
Lo conveniente, entonces, es que una ley termine con actitudes reales o potenciales discriminatorias y que todos los cultos y sus ministros puedan gozar de los mismos derechos.
En el artículo dos, se dice que el gobierno federal sostiene al culto católico.
Pero eso llama a engaño: el aporte económico al Estado, desde siempre, es muy menor.
Para ponerlo en números: ronda el 10 % de los gastos de la institución canalizado a través de una asignación mensual a los obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
Además -la enumeración de las diferencias no es completa-, la Iglesia Católica tiene una personería jurídica pública.
Pero los cultos, con la nueva ley, pasarán a tener una personería jurídica de carácter religioso registrada en la secretaria de Culto, ya que en la actualidad deben anotarse como asociaciones civiles en la Inspección General de Justicia.
Se trata de un cambio de status largamente reclamado por los cultos. Como también no es menor, incluso para la Iglesia Católica, el reconocimiento de la objeción de conciencia.
El otro aspecto no menor del proyecto es la penalización de las interferencias en el ejercicio de la libertad de culto y el agravamiento de las penas cuando las agresiones son por motivos religiosos, lo que supone algunas modificaciones al actual Código Penal.
Si bien en la Argentina no se llega al nivel de los ataques que existen en otros países, hay atentados menores a símbolos o lugares de culto y profanación de tumbas.
El proyecto es una continuación mejorada de otros. Incluso de uno que en los '90 llegó a ser aprobado en Diputados, pero perdió estado parlamentario en el Senado.
En el Gobierno la idea original es girarlo en el comienzo del período ordinario del año que viene.
Habrá que ver si, por ser un año electoral, su tratamiento se demora y le impide a al Presidente Macri protagonizar un hito en el ámbito religioso nacional.