Uno de los juicios más esperados y mediáticos en Valencia por fin ha arrancado hoy después de varios aplazamientos. El que fuera ministro y presidente de la Generalitat Valenciana con el Partido Popular, Eduardo Zaplana, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados al ser imputado por varios delitos ligados a supuestas comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas de las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana y el plan eólico valenciano, además de por ocultar el dinero obtenido en Suiza y otros países extranjeros.
Después de seis años de que estallase el denominado 'caso Erial', por el que el político valenciano fuera detenido y varios vehículos de su propiedad fueran requisados por supuestos delitos durante su etapa al frente del Gobierno valenciano, Zaplana ha declarado hoy en la primera sesión del juicio contra el exministro.
El que fuera presidente valenciano está acusado delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa para los que se le pide una pena de 19 años de prisión. Además, la Fiscalía reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
La investigación de Anticorrupción considera que Zaplana junto a una parte de su entorno más cercano crearon una red destinada a ocultar el dinero obtenido mediante la práctica de actuaciones ilegales, fundamentalmente la concesión de adjudicaciones públicas vinculadas a la Administración valenciana.
En concreto, Anticorrupción cifra en 20,6 millones de euros el dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades en el extranjero. Durante la investigación, se decomisaron 6,7 millones de euros en cuentas suizas.
El expresidente de la Generalitat Valenciana ha defendido en el juicio que se sigue contra él y otros 14 acusados por el caso Erial que que "nunca" propuso a nadie que le gestionara dinero oculto en el extranjero porque no lo tenía: "Jamás, porque no he tenido dinero. No puedo pedir ninguna gestión para lo que no he tenido (...) He dicho siempre que no he tenido nunca dinero fuera de España".
Sobre las adjudicaciones de contratos públicos cuando era presidente de la Generalitat, el acusado ha manifestado que no encargaba esto a nadie, sino que se creaba una comisión y se aprobaba todo por el Consell. "Yo no me dedicaba a eso ni me dediqué jamás", según recoge Europa Press.
Preguntado por unos documentos que se le intervinieron en su maletín el día de su detención en los que aparecían algunas sociedades investigadas, ha dicho que se trataba de "un folio" para informarse de esas sociedades porque estaba intermediando en unos negocios a petición de otro de los acusados. "Pedí estos datos por ignorancia del asunto del que iba a intermediar. No conocía las sociedades", ha señalado. Preguntado con quién iba a cerrar el negocio, el exministro ha respondido que con un empresario con el que ha tenido relaciones "durante mucho tiempo" pero que no recordaba su nombre.
Los otros acusados
Junto con Zaplana, otras 14 personas más están acusadas y se sientan en el banquillo. Entre ellos destacan el que fuera su mano derecha en la Generalitat Valenciana y su sucesor también cuando dejó el cargo, José Luis Olivas, por su intervención en la adjudicación de ese plan eólico, para el que se piden 6 ños de cárcel. El político valenciano, que fue presidente de Bancaja y Banco de Valencia tras dejar la Generalitat, también se ha visto involucrado en las causas judiciales vinculadas a Bankia, de la que fue vicepresidente, y esas entidades.
También destacan el jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.
Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".
Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros). Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez.