Pero no basta. Debe acompañarlos una sociedad que sepa adónde quiere ir y que hoy carece de unidad de criterio y de orientación.
¿En qué consiste esa falta de unidad, ya reclamada en el Preámbulo de la Constitución? "La grieta" es una imagen exitosa.
Sugiere un quiebre profundo, a veces latente, sinuoso y siniestro, de origen oscuro y final incierto. Pero la imagen es ambigua, porque suma cosas diferentes: la dispersión corporativa, la división cultural e ideológica y la escisión social.
Cada una a su modo, revelan facetas del deterioro y de la degradación de nuestras dirigencias e indican los caminos de una hipotética reconstrucción.
Nuestras elites carecen de capacidad para sumar y para pensar en el largo plazo. En cambio, son diestras en la defensa de sus intereses sectoriales, consistentes habitualmente en aprovechar una prebenda estatal.
Entre los empresarios, beneficiarse del patrocinio estatal es una historia tan vieja como el propio Estado nacional.
Ya en 1876 los empresarios tucumanos consiguieron una tarifa aduanera protectora, que durante décadas defendió con eficiencia el Centro Azucarero Tucumano, nuestro primer gran lobby.
Desde el azúcar tucumano hasta la actual industria electrónica de Tierra del Fuego puede trazarse el largo ciclo de la promoción y la prebenda empresarial, que benefició alternativamente a ganaderos invernadores, industriales mercadointernistas o contratistas estatales, entre otros tantos.
Grandes y chicos organizaron corporaciones férreas y militantes para defender lo suyo. Carentes de un "interés de clase", como se decía antes, no llegan a alinear al mundo empresario en una propuesta común.
El sindicalismo, otro sector dirigencial importante, también se rige por el principio del reclamo sectorial al Estado.
Sus objetivos son de corto alcance: mejoras salariales para sus afiliados e inmensas ventajas prebendarias para los dirigentes."Caballo" Suárez es un caso extremo, pero no extraño entre la dirigencia sindical.
Es fácil encontrar defensas corporativas semejantes en cualquier otro sector de la sociedad y también del Estado: militares, jueces, policías y también políticos, quienes encontraron en la democracia el terreno adecuado para anidar su propia corporación.
La selección de dirigentes se realiza según esta lógica y prosperan quienes mejor se adecuan a este patrón de comportamiento.
La atomización es la regla y, aunque no faltan las excepciones, es difícil encontrar entre estos sectores el impulso para articular intereses particulares en un proyecto colectivo.
En el campo de la cultura política no hay fragmentación, sino división y voces intransigentes, que convocan a la eliminación del enemigo.
En el siglo XIX, la construcción de la Argentina moderna se desarrolló en un contexto de consenso -luego llamado "liberal"- que facilitó los acuerdos.
Este clima tolerante comenzó a cambiar a fines del siglo, cuando la "intransigencia" se convirtió en una virtud.
En el siglo XX, las posiciones integralistas dominaron un debate clave, la definición de la nacionalidad, marcado por dos voces poderosas.
El Ejército la ancló en un territorio que era esencialmente argentino, mientras que la Iglesia definió al país como una "nación católica".
Juntos conformaron en los años 30 un compuesto poderoso, el nacionalcatolicismo, que encontró buena acogida en un mundo signado por la presencia del fascismo.
Radicales y peronistas le agregaron una nueva dimensión: expresar al "pueblo nacional", encabezado por un líder y enfrentado con una oligarquía multiforme.
El populismo nacionalista fue democrático, plebiscitario, autoritario y antiliberal, con tendencia al unanimismo y la dictadura.
Desde entonces, nuestra cultura política se caracteriza por su facciosidad, y quienes creen en el pluralismo y las instituciones son una minoría.
En 1983 tuvieron la posibilidad de construir una democracia republicana y liberal, pero el proyecto naufragó pronto, junto con el gobierno de Alfonsín.
La división ideológica anida en los grupos dirigentes y se prolonga en el resto de la sociedad.
El punto de la ruptura fue cambiando, con temas nuevos, como el antiimperialismo o el anticomunismo, que se volcaron en la vieja matriz.
Pero no cambió la convicción compartida de que el destino nacional se jugaba en la aniquilación del otro. El primer peronismo marcó a fuego la convivencia política.
Pocos quedaron al margen del brote de los años 70.
En 2001 se gestó un nuevo torbellino faccioso, que incluso arrasó el tema plural por excelencia: los derechos humanos.
Hoy esas pasiones se van calmando, pero el antiguo fuego late en los cenicientos rescoldos y sigue sumando dificultades para la concertación de un programa social de acción común.
La cuestión de la brecha social es hoy conocida, debatida y comprendida en toda su gravedad y especificidad.
No se trata de la pobreza de las sociedades tradicionales, escindidas pero fuertemente integradas en torno de valores compartidos.
Tampoco son los pobres de nuestra pasada sociedad del progreso, quienes transitaban el escalón inicial hacia la ancha meseta de las "clases medias".
El mundo de la pobreza actual es compacto y resistente. Se conforma desde hace 40 años como resultado de la desocupación y de la deserción de un Estado declinante.
Un tercio de nuestra sociedad aprendió a sobrevivir, adaptando su forma de vida a las nuevas circunstancias y generando nuevos ideales y valores, difíciles de comprender para los dos tercios restantes.
La brecha es social y cultural.
Poco tienen para decir a los pobres los sectores dirigentes, ignorantes de sus códigos y carentes de ideas y de autoridad moral.
Por otro lado, los pobres se han convertido en objeto útil para explotadores de todo tipo -negociantes, policías, políticos-, mientras que otros los han convertido en el tópico de nuevos discursos divisivos.
Transformar la brecha en una serie de escalones transitables es hoy la tarea más urgente y sólo un Estado adecuadamente gobernado puede comenzar a encararla, recuperando sus herramientas -escuelas, hospitales, policías- y enfrentando intereses hondamente arraigados en los modos de vida actuales.
Los gobernantes pueden hacer punta, pero necesitan que los sigan y sostengan el esfuerzo.
Es la ocasión para una renovación profunda de la dirigencia, sus tendencias y sus ideas.
El Estado puede colaborar transparentando sus acciones y desalentando los comportamientos colusivos y prebendarios, pero son los propios sectores dirigentes quienes deben realizar el trabajo, abriendo el camino a sus mejores elementos.
El empresario innovador debe reemplazar al prebendario y los sindicalistas honestos y comprometidos, a los corporativos y deshonestos.
Tienen que sumarse quienes provienen del vasto y fértil mundo de las asociaciones civiles, y en el campo popular, gente como Margarita Barrientos o Toti Flores deben ocupar el lugar de Milagro Sala o Sergio Schoklender.
Una clase dirigente así renovada podría discutir acerca del interés general, tan reacio a definiciones.
Éste es el tema de la batalla cultural, que no consiste en erradicar ninguna de las corrientes de opinión existentes -cada una tiene su riqueza-, sino en reducir sus elementos divisivos y facciosos, achicar el espacio de las pasiones y crear las condiciones para un diálogo fluido, un debate más o menos racional y una resolución en la que los ganadores vayan incorporando los puntos de vista de los otros.
La oportunidad está: se trata de encauzar los intereses y las ideas en un camino común, con múltiples vías alternativas, pero con una dirección clara. El final es incierto.
El éxito indicará la emergencia de una nueva dirigencia, superior a la actual, con la autoridad moral necesaria para proponer sus proyectos y aspirar a ser seguida por el conjunto de la sociedad.