La tensión entre el Gobierno y distintos organismos de Derechos Humanos volvió a sumar un nuevo capítulo después de que las agrupaciones denunciaran que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, estaría buscando "desmantelar" un área dedicada a investigar los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar, lo cual fue rechazado por fuentes oficiales.
En un comunicado conjunto, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) precisaron que se trata del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado en 2010 a través de una resolución ministerial de la por entonces titular de la cartera de Defensa, Nilda Garré. En las últimas horas, ya se presentó judicialmente una acción de amparo.
"Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad", destacaron los organismos en el escrito, en el cual aclararon que la resolución ministerial con la que esa área fue creada establece "el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada fuerza".
Y denunciaron: "Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización".
Según pudo reconstruir este medio, fuentes cercanas a Casa Rosada afirman que "el programa no será dado de baja". Sin embargo, confirmaron que lo que ocurrió es que "no se renovaron algunos contratos" de los archivistas que trabajaban en esa área.
En ese sentido, manifestaron que el Gobierno del presidente Javier Milei "cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia".
"¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos?", reclamaron las agrupaciones al señalar que parte de la información que falta depende del acceso a los archivos y documentos mencionados, por lo que pidieron que se tomen medidas de preservación de los mismos para "sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia".
El despido de los archivistas
La polémica comenzó cuando el abogado Lucas Miles Erbes, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario de la cartera que conduce Petri, despidió a diez de los trece trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las tres Fuerzas Armadas, según informó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La labor de los expertos civiles consiste en entender las formas de la documentación militar para comprender lo que se encuentra en los archivos, después de que la resolución de Garré ordenara desclasificar toda la información en poder del Ejéricito, la Marina y la Fuerza Áerea en los años de la última dictadura. Se estima que varios de esos documentos fueron adulterados.
Mientras que la respuesta del Gobierno apunta a la lógica de despidos de más trabajadores públicos con el fin de reducir el déficit fiscal, uno de los objetivos de Milei, desde ATE sostienen que hay una decisión por "desmantelar" los ERyA.
Los organismos de Derechos Humanos entienden que esta medida va en línea con el discurso del nuevo oficialismo, con una política de "Memoria Completa", que advierte sobre la violencia de los grupos subversivos pero no toma en cuenta los crímenes de lesa humanidad cometidos por el último gobierno miliar, y sostuvieron que así se reflejó en el spot difundido el pasado 24 de marzo por el "Día de la Memoria".
Ante esta situación, los abogados querellantes Pablo Llonto y Mariana Maurer -ex directora de Memoria Histórica de la Nación- presentaron un amparo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del Juez Daniel Rafecas, pidiendo que dicte una cautelar para que se mantenga a los expertos y se proteja los archivos.
En el escrito, los letrados remarcaron que la documentación constituye "una prueba fundamental para los juicios de Lesa Humanidad de todo el país y, además todo este trabajo de los equipos ha resultado y resulta un medio para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino".
FP