"La memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo". Así, con esta afirmación atentatoria contra las resoluciones de Naciones Unidas sobre la necesidad de divulgar la memoria democrática en España como una manera de reparar a las víctimas, ha quedado derogada la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
Esta comunidad autónoma se ha convertido en la primera gobernada por el Partido Popular con el apoyo de los ultraderechistas de Vox en tumbar una ley que ponía el foco en la dignificación de las víctimas de la dictadura franquista.
En Aragón ya no existe ley de memoria democrática, pero en otros territorios Vox y el PP pretenden sustituir las normativas autonómicas por las llamadas leyes de la concordia, que no son más que disposiciones legales que legitiman el régimen franquista y equiparan a las víctimas de la dictadura con unas pretendidas víctimas de la Segunda República española, un periodo negro de la historia de España para los de Abascal.
La Proposición de Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana pretende amparar a "todas las víctimas de la violencia política, del terrorismo o de la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 hasta nuestros días".
Incluye entre sus beneficiarios tanto a las personas damnificadas por la República como a las afectadas por el terrorismo de ETA. Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de València, considera que la Segunda República no provocó víctimas: "La República no mató a nadie. Fue un régimen democrático equiparable al que vivimos ahora".
Para Matías Alonso, destacado activista de la memoria histórica, la proposición de ley del PP y Vox "denota una gran falta de conocimiento; quieren dar una pátina de normalidad al franquismo, poniéndolo al mismo nivel que la democracia e inventándose expresamente unas víctimas de la República".
La futura ley de la concordia valenciana reconoce "el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática", la normativa estatal en vigor.
Matías Alonso prevé muchos conflictos en cuanto quede aprobada la nueva ley valenciana: "Nosotros vamos a reivindicar la aplicación de la ley estatal cuando haya controversias; por ejemplo, con las exhumaciones o con los vestigios franquistas, que Vox y el PP quieren mantener".
Exhumaciones a escondidas en Castilla y León
Este martes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inicia en la localidad vallisoletana de Mojados los trabajos para la exhumación de Pedro de la Calle Esteban, asesinado por los falangistas en 1936. Este represaliado era pastor, miembro de la Casa del Pueblo de Mojados y padre de dos hijas.
La ARMH, la entidad que llevó a cabo la primera exhumación científica de víctimas de la represión franquista en España en el año 2000, ha exhumado 85 fosas en el territorio de Castilla y León. Su vicepresidente, Marco Antonio González, considera que la nueva ley de concordia que propone el Gobierno del PP y Vox en la autonomía "no va a entorpecer los permisos para las exhumaciones, pero quiere prohibir su difusión".
Según el artículo 4 de la proposición de ley que acaban de presentar Vox y el PP en Castilla y León, "los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo".
"Me parece sorprendente este artículo. Según estipula, nos van a prohibir dar a conocer la historia de Pedro de la Calle", dice Marco Antonio González. El vicepresidente de la ARMH considera que las exhumaciones de las víctimas del franquismo no solo tienen como objetivo devolver los restos de la persona a su familia, sino también "dar a conocer a las víctimas y a los victimarios".
"Las víctimas han estado callando más de 40 años, ahora quieren hablar. Un proceso reparador para ellas pasa por hacer público su caso", dice González.
Pedro de la Calle fue ahorcado por los falangistas después de pegarle una paliza, el 25 de agosto de 1936. En su certificado de defunción figura como causa de la muerte: "Detención ilegal con ejecución extrajudicial. Congestión –ilegible– y asfixia". Tras la muerte de una de sus hijas, que reclamó, sin éxito, en 2006 permiso para la exhumación al Ayuntamiento de Mojados, ahora es un nieto el que está detrás de la búsqueda de sus restos que se inicia este martes.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no trabaja con subvenciones públicas desde que el Gobierno de Mariano Rajoy congeló las ayudas para la memoria histórica. Lleva a cabo las exhumaciones con los recursos propios de la entidad. "Las víctimas no pueden ser subvencionadas, sino que deben formar parte de una política de Estado", dice Marco Antonio González.
Una ley de concordia sin dictadura
La futura ley de concordia de Castilla y León no menciona la palabra dictadura y se refiere a ese periodo como una extensión de la Guerra Civil. "Con la Constitución de 1978, que fue refrendada abrumadoramente por el pueblo español, se puso fin al enfrentamiento y se consagró la concordia entre los españoles y el entendimiento para resolver las discrepancias por vías democráticas", dice en su exposición de motivos, obviando que la extrema derecha, de la que Vox es heredera, hizo campaña contra la Constitución.
Los activistas de la memoria democrática, algunos de los que llevan más de 20 años trabajando para la recuperación de los cuerpos de los represaliados, creen que las nuevas leyes de la ultraderecha van a significar un retroceso importante en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas. "Ahora van a crear un registro de entidades y asociaciones de la concordia, que no sabemos qué es eso, y serán las que puedan trabajar en los proyectos autonómicos", clama Marco Antonio González.
Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de València, teme un recorte en las subvenciones autonómicas y por parte de las diputaciones para las entidades memorialistas. "Supongo que con las leyes de la concordia, mirarán con lupa a quién van a dar ayudas públicas".
Pugna con el Gobierno central
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las normas autonómicas contrarias a la Ley de Memoria Democrática en vigor.
En una rueda de prensa, el ministro ha explicado que, además, el Gobierno valorará pedir la paralización automática de algunos artículos de los textos que se tramitan ya en los parlamentos autonómicos, como son los casos del País Valencià y Castilla y León.
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