La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denuncian que los sindicatos de la intergremial pesquera impidieron que zarpara un buque pesquero pronto para partir a faenar, por medio de un grupo de personas que se presentó el jueves en un muelle del puerto.
Los sindicatos tomaron la medida por una deuda que tiene la empresa armadora del buque con los trabajadores. La condición central para dejar partir el buque es la cancelación total de la deuda. Lo que resta pagar son aproximadamente unos 3.500.000 pesos, que equivalen a 25% de los haberes generados, y corresponde a licencias y liquidaciones de trabajadores que ya renunciaron.
Esto último fue confirmado este martes por contactos telefónicos que mantuvieron integrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con directivos de CIPU. Carlos Olivera, representante de esta cámara, dijo a la diaria que "la embarcación que debía zarpar contaba con 18 tripulantes, que iban a estar pescando durante unos ocho días".
Explicó que "cuando el buque retornara a tierra, traería la materia prima en cajones con hielo para su conservación, para posteriormente procesar en las respectivas plantas". Expresó que si no se permite zarpar el buque, "a pesar del esfuerzo que se realiza para salir a trabajar", con ese panorama "es muy difícil que la empresa pague" lo que aún adeuda.
Dijo también que actualmente se mantienen deudas con integrantes del sindicato de patrones y del de maquinistas, mientras que las deudas que existían con el sindicato de marineros "ya fue acordada, y en la actualidad se están pagando con cheques". El pago de parte de la deuda fue destacado por el directivo, pese a la nula actividad que hay en el sector.
Comentó que la empresa pesquera, que integra la cámara, "hizo un esfuerzo enorme, ya que este buque hacía seis meses que no realizaba operaciones, y luego de cuatro meses en que la flota pesquera estaba detenida y sin actividad en un 90%". Acotó que en la planta donde se debía recibir la materia prima del buque que no zarpó, hay entre 50 y 60 personas que dependen de que les llegue el producto para poder trabajar.
"La posición de los sindicatos es intransigente", afirmó Olivera, quien hizo mención a que la última negociación entre las partes fue el jueves 18 en las instalaciones del MTSS, mientras que al otro día se mantuvieron distintos contactos telefónicos para intentar destrabar una situación que hasta hoy no presenta cambios. Consultado sobre qué expresan las autoridades del MTSS, el representante de la CIPU dijo que "nos dicen que no entienden la postura de los sindicatos".
Ambas cámaras expresaron, a través de un comunicado este martes, que la "intergremial" puso como excusa "las deudas que la empresa armadora tiene con tripulantes y sindicatos", pero sin embargo, la "intergremial omite que: desde fines de 2023 hasta la fecha, la mencionada empresa ha pagado, en cuotas, 11 millones de pesos (75% de la deuda total)".
Las gremiales pesqueras expresan que la propia semana del frustrado zarpe (entre el lunes 15 y sábado 20 de abril), se abonaron cuotas por valor de 450.000 pesos, "a pesar de que, por la crisis del sector, hace cuatro meses que sus buques no operan. Un total de 68 trabajadores han recibido pagos, y a 40 se les ha saldado completamente lo adeudado, poniendo prioridad en los de menores ingresos".
La pesca, un sector complicado
En el comunicado, las cámaras señalan la situación que enfrenta el sector pesquero, que cuenta con apenas del 10% de la flota operativa desde que comenzó el año. En esa línea, consideraron que "impedir el zarpe de un buque, alistado con gran esfuerzo y de cuyas capturas dependen más de 100 empleos directos, es un acto de irresponsabilidad y de desprecio a la masa de trabajadores y sus familias. Condenamos estas acciones de parte de la dirigencia sindical, aunque no nos sorprenden".
En el texto se asegura que "las cámaras empresariales vienen denunciando la difícil situación que vive el sector y la inminente pérdida de casi 3.000 fuentes de trabajo". En cambio, "los sindicatos de la pesca, lejos de contribuir a aportar soluciones, se han dedicado a atacar a las empresas con sus habituales falsedades", criticaron.
Para las cámaras, "el objetivo de la dirigencia sindical parece claro": "Para ellos, tanto los recursos pesqueros como los permisos de pesca deberían estar en manos del Estado y no de privados".
"Condenamos enérgicamente el destructivo y deliberado accionar de los sindicatos, y la persistente inacción de las autoridades, que no sólo habilita los excesos sindicales, sino que contempla, sin inmutarse, la desaparición de una industria completa", concluye el comunicado emitido por las cámaras CIPU y CAPU.
La versión de los sindicatos
Alexis Pintos, integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y vocero de la intergremial marítima, manifestó a la diaria que el buque que no zarpó "iba a salir en teoría". "Y decimos 'en teoría' porque dudamos realmente que fuera a salir, pero es parte de una estrategia que realizan las cámaras. No se está en conflicto. Está demorado el zarpe por el incumplimiento de pago por parte del dueño del buque, Ricardo Piñeiro, el presidente de la CIPU, que tiene cuantiosas deudas con trabajadores y con los sindicatos".
El dirigente, vocero de la intergremial marítima, integrada por los sindicatos Suntma, Centro de Maquinistas Navales (CMN) y Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu), explicó que "hay compañeros a los que se les está debiendo ingresos desde diciembre de 2023, cuando se les envió un recibo electrónico a sus teléfonos. Desde ese momento hasta ahora no han recibido un solo peso". Señaló que hay créditos laborales que la empresa propietaria del buque los abonó en pagos de a 5.000 pesos y 10.000 pesos.
"Esa situación del buque se sabía. Ya habíamos planteado en el MTSS cuando nos preguntaron cómo venía la situación. En el último consejo ejecutivo se les expresó a las cámaras armadoras, a los empresarios, al ministerio y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que esas empresas que deben salarios a los trabajadores, que llevan cuatro meses sin trabajar, no iban a salir. Lo que sucedió es una demora de zarpe. No es un paro", precisó Pintos.
Mencionó que "hasta ahora, lo único que recibimos fue una citación inmediata de oficio del Ministerio de Trabajo, en algo inédito, por parte del subdirector de Trabajo. Hemos tenido mil conflictos de este tipo, y nunca se nos citó de oficio". Destacó, además, que cuando hay diálogo con la empresa, "lo único que saben decir es que no tienen dinero y que han hecho un esfuerzo enorme en pagar. Ellos tienen que pagar lo que les deben a los trabajadores. Nada más que eso".
En otro orden, Pintos mencionó que "hace más de cuatro meses" están sin actividad, con "un montón de compañeros sin trabajar" y "con casi toda la flota en el seguro de paro". Agregó que "esto es una crisis artificial, es para salvar a dos empresarios que están claramente fundidos –o dicen estar fundidos–. Pero se sabía desde noviembre pasado que iba a pasar esto".