Calificar en un acto público el Golpe Militar cometido en el año 1936 de «cruzada de liberación» no supone infringir la actual ley de Memòria Democràtica, que fue aprobada por el anterior Govern y que está a punto de ser derogada. Así lo ha interpretado la conselleria de Presidència, que con este archivo da respuesta a la denuncia presentada por la asociación Memòria de Mallorca, a la que después también se sumó el PSOE y el expolítico de Podemos, Jesús Jurado, por las declaraciones que realizó el conseller electo de Vox, David Gil, en su intervención en un Pleno del Consell de Mallorca. Esta misma denuncia se extendió también al presidente del Consell, Llorenç Galmés, por no intervenir ante el discurso de Gil. El Govern también archiva dicha denuncia contra Galmés, pero considera que en este caso no tiene competencias para investigarle. Por lo tanto, traslada el caso a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática del ministerio de Política Territorial.
Esta polémica deriva de un Pleno del Consell, en el que se debatía una moción presentada por Més per Mallorca, en relación a las carreteras construidas por prisioneros republicanos. Se pretendía condenar el vandalismo que sufren las placas colocadas en recuerdo de estas víctimas. En su intervención, el representante de Vox abogó por «una política de reconciliación, que no abra heridas, sino que busque cerrarlas, promoviendo un relato que abarque a todas las víctimas de la tragedia que supuso la última cruzada».
Según valora la jurista de la conselleria de Presidència que ha tramitado el expediente de esta denuncia, las palabras del conseller David Gil responden a «una terminología totalmente desafortunada para referirse al Golpe de Estado de 1936». Sin embargo, esta frase no supone una vulneración de le ley de Memòria Democràtica, ya que la instructora interpreta que Gil defendió en su discurso «una defensa de la política de reconciliación», calificando de víctimas a todas las personas que murieron durante el levantamiento militar y que pertenecían a ambos bandos enfrentados en esta contienda.
Por lo tanto, el Govern, a través del archivo de esta denuncia, a diferencia de lo que interpretó la asociación Memòria Democràtica de Mallorca al escuchar esta calificación en boca de un representante público, no considera que esta definición del levantamiento militar suponga «un enaltecimiento o defensa» del Golpe de Estado. Lo encuadra únicamente en un «desafortunado empleo de la terminología utilizada» durante el debate del Consell de Mallorca. Y en este sentido en su informe insiste en que las declaraciones del representante del grupo Vox no implican para nada «una exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes o de las organizaciones que apoyaron el régimen dictatorial» del general Franco. Bajo esta interpretación el Govern da carpetazo a esta denuncia.
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