La Audiencia de Sevilla ha rechazado este martes todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de José Luis Escañuela, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) entre 2009 y 2015, para intentar anular el juicio que contra él y otras cinco personas, tres de ellas sólo como partícipes a título lucrativo, ha comenzado en la Sección Cuarta por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la Fundación del Tenis Español, con cargo a la cual habría sufragado sus compromisos como Rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en 2013, entre otros usos irregulares. La Fiscalía reclama que sea condenado a cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación especial.
La única concesión que el tribunal ha otorgado a los encausados es la aceptación de que declaren en último lugar. El día concreto será el 24 de abril; si no da tiempo, se empleará también el día 25. Pero el resto de motivos esgrimidos por la abogada del exdirigente, secundada por las otras defensas, han sido denegados. Entre ellos figuraban la supuesta ilegalidad de la prórroga de la instrucción judicial, la también presunta indefensión por no recoger el delito de apropiación en el auto de apertura del juicio oral, la igualmente supuesta indefinición de los hechos que sustentan la acusación por los dos delitos, la prescripción de los hechos investigados y la no legitimación de la RFET para intervenir en este juicio como acusación particular.
Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron cuando Escañuela, el vicepresidente José Luis Terroba y la secretaria general María Aguilera también eran patronos de la RFET, creada en diciembre de 2009 con una aportación de 60.000 euros por parte de la propia Federación.
Según la Fiscalía, la Ley de Fundaciones 50/2002 determinaba que los tres cargos eran "gratuitos" y que "cualquier remuneración" que recibieran sería "contraria a la Ley", aunque se les podían reembolsar "los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione".
Sin embargo, "prevaliéndose de su cargo y con el fin de obtener un ilícito beneficio económico", los tres acusados "realizaron un uso indebido del patrimonio de la fundación, así como se hicieron para sí con cantidades que en modo alguno les correspondían", según el Ministerio Público.
La acusación relata expone que después de que la fundación recibiese de la RFET 174.395,89 euros en 2010 y 210.766,63 en 2012, Escañuela acometió diversos pagos "a costa del patrimonio de la fundación sin que conste justificación alguna y sin aprobación alguna por el patronato" de la entidad. Entre esos pagos figuran 37.740 euros fruto de un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla para actividades del cortejo real navideño, "ya que Escañuela había sido elegido como Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla" de 2013. La Fiscalía también recoge otros 12.716 euros con cargo a la fundación de la RFET que se destinaron a la compra de caramelos para esa cabalgata.
También son parte de la causa los 9.554 euros que Escañuela presuntamente usó para viajar junto a su esposa al Abierto de Australia. Según la RFET, "no resulta acreditado que ese viaje se realizara en su condición de presidente", así que es "factible que se tratase de un viaje privado". De cualquier manera, su mujer carecía de cargo alguno en la RFET ni en su fundación y "en ningún caso deberían haberse utilizado los fondos" para pagar su viaje.
Con cargo a la fundación existe otro pago de 9.558 euros para un bufete "constituido como una sociedad limitada" de la que Escañuela era titular y 1.830 euros para una estancia de cuatro días en París con motivo del torneo de Roland Garros de la que disfrutaron el propietario del gimnasio Sato y el director de la Fundación Antares, dos personas que "nada tienen que ver" ni con la fundación ni la RFET.
El extenso escrito de la Fiscalía no acaba ahí. También señala que los tres acusados, "a pesar del carácter gratuito" de sus cargos de patronos de la fundación, se pusieron de acuerdo para concederse una "asignación mensual": Aguilera, secretaria de la fundación, obtuvo así 15.950 euros; Terroba, 3.382,10 euros; y Escañuela, 8.317,84.
En el caso también hay una partida de 125.711,69 euros que la RFET transfirió a su fundación, procedentes de un reintegro desde la universidad Pablo de Olavide, "sin que los acusados hayan podido justificar el destino final del traspaso de estos fondos".
Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de administración desleal en su modalidad de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro delito de apropiación indebida. Por ellos solicita para Escañuela cinco años de cárcel, ocho años de inhabilitación especial para cargos en fundaciones o entidades similares y una multa de 3.000 euros. Y para Terroba y Aguilera, cuatro años de prisión, siete de inhabilitación especial y 2.700 euros de multa en ambos casos.
También reclama que Escañuela restituya 90.103 euros a la fundación, que Terroba devuelva 33.382,10 euros y que Aguilera pague 15.950 euros, así como que todos ellos repongan solidariamente 13.683,37 euros a la Seguridad Social por "el indebido abono de la cuota patronal (por sus emolumentos)" y los 125.711,69 euros que abonó la Pablo Olavide "y cuyo destino se desconoce".