El Gobierno aragonés rechaza celebrar la comisión bilateral con el Estado propuesta este lunes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que deroga la ley de Memoria Democrática en Aragón.
El Gobierno de Aragón PSOE-CHA que presidía el socialista Javier Lambán aprobó esta ley en noviembre de 2018 y poco más de cinco años después, en febrero de 2024, ha sido derogada por el actual Ejecutivo de coalición PP-Vox encabezado por el popular Jorge Azcón.
Este lunes, el ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la ley si el Ejecutivo autonómico no acepta modificarla.
Torres también ha adelantado que convocará la comisión bilateral donde abordar este asunto, así como el plan de concordia anunciado por el Gobierno aragonés como sustituto a la ley.
La portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, le ha replicado, según una nota del Ejecutivo autonómico, que "no hay ninguna base" en las discrepancias jurídicas que se plantean y que por eso no aceptan participar en una bilateral sobre el asunto.
"Si están tan seguros de la supuesta inconstitucionalidad de la derogación de la ley de memoria democrática pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional", ha zanjado a este respecto.
"Una farsa instrumentada"
Para el Ejecutivo de Azcón, la derogación de la norma es "jurídicamente intachable", según el análisis de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, pero también por el "escrupuloso respeto" a la legislación y a los trámites democráticos seguidos durante su tramitación.
Por eso, el Gobierno de Aragón "no va a participar en una farsa instrumentada" generada, a juicio de la vicepresidenta segunda, para "enmascarar" otras cuestiones como la ley de amnistía o "la incapacidad de aprobar un presupuesto y los escándalos de corrupción".
"Mientas ellos apuestan por la confrontación con las administraciones de diferente signo político por criterios meramente electorales, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en resolver los problemas de todos los aragoneses, independientemente de su signo político", ha recalcado Vaquero.
Sobre el futuro plan de concordia, que Vaquero ha avanzado que se aprobará en las próximas semanas por parte del Gobierno de Aragón, ha indicado que no tiene rango normativo. Ha recordado que este plan es "un compromiso" suscrito por PP y Vox en su acuerdo de coalición.