EDITORIAL
Mala nota es desafío al gremio del Derecho
La administración de justicia en el país estuvo regida por los mismos magistrados prácticamente en la última década, sin relevo hasta hace un semestre.
Con todo y las invocaciones constitucionales, teístas, axiológicas, aspiracionales y hasta tecnocráticas que se hacen en cada toma de posesión de magistrados de justicia en el país, los discursos se quedan en palabrerío inútil si no se reflejan en resultados concretos y mejoras tangibles en la administración pronta, cumplida y, por supuesto, atinada, de las leyes. Existen actualmente juicios por crímenes deleznables contra ofensores confesos y fuertes evidencias incriminatorias que llevan más de cuatro años. Y si eso es así en materia penal, que tiene un efecto directo en la sanción y disuasión de la violencia, en el ámbito civil la situación es aún más laberíntica y oscura.
La administración de justicia en el país estuvo regida por los mismos magistrados prácticamente en la última década, sin relevo hasta hace un semestre por convenencierismos truculentos y descaradas dilaciones politiqueras del anterior oficialismo. De nuevo, si así se maneja el cumplimiento de plazos, inexorables por ley, en la más alta institucionalidad, qué se puede esperar de otros estratos tribunalicios, en cuyos laberintos vagan expedientes civiles sin resolver: una incertidumbre jurídica que impacta en el comercio, la productividad y la vida misma de particulares.
Es una vergüenza para Guatemala figurar en el puesto 111 de 142 en el índice de estado de Derecho, evaluado y publicado por el World Justice Project. Entre los aspectos tomados en cuenta figuran los límites y contrapesos del poder gubernamental de turno, los indicios y riesgos de corrupción, la transparencia y gobierno abierto, el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, la certeza jurídica y la seguridad pública, las regulaciones para funcionarios, así como la celeridad en justicia civil y penal.
Con una nota binaria se califican 44 aspectos concretos de los anteriores temas. Cada uno con una escala de unos y ceros. Uno, si el factor contribuye al estado de Derecho, y cero si, por el contrario, lo debilita. En la evaluación participan ciudadanos y también expertos locales del Derecho. Es probable que a muchos no les extrañe que el Sistema de Justicia pierda el examen, pero eso no quiere decir que se deba tolerar la persistencia del deterioro. De hecho, este año se efectuará un nuevo proceso de postulación de candidatos a magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones, el cual debería tener los más altos estándares de exigencia legal, ética y académica. Por ejemplo, ningún personaje con tesis plagiadas o títulos académicos cuestionados debe pasar de la primera criba.
En toda esta debacle, la justicia civil resulta ser una de las más parsimoniosas del mundo. La muestra entrevistada percibe que el promedio de duración de un proceso es hasta de cinco años. Esta tardanza es un pesado marro para la competitividad, porque aleja la inversión, alienta los litigios maliciosos y erosiona la confianza en la institucionalidad. Esto incluye resoluciones ambiguas, extralimitaciones de jueces de primera instancia, irrespeto a tiempos judiciales o perversión de recursos legales como el amparo.
Para todas las facultades de Derecho del país, para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala —que rige y monitorea, supuestamente, el desempeño ético de sus agremiados— y, por supuesto, para el Organismo Judicial, esta calificación es bochornosa. El gremio profesional del Derecho es el principal protagonista de esa debacle porque muchos de sus integrantes, a pesar de sus juramentos profesionales, dejaron serias decisiones colegiadas depender de cerdos asados y shows de edecanes en las votaciones para elegir planillas de representantes.