[Columna de Opinión]
El crimen organizado se hace evidente en Chile
Por Ibán de Rementería
La característica central del proceso de atematización de la política contingente es la instalación de la seguridad ciudadana como el asunto prioritario de las propuestas y el debate político. Llamamos provisoriamente a este fenómeno atematización política, para distinguirlo de la supuesta despolitización de la opinión ciudadana, tesis con lo cual se quiere encubrir la incapacidad de convocatoria de los partidos políticos. No, aquí nos referimos al hecho constatable de que ni los partidos políticos, ni los intelectuales ni la academia se están haciendo cargo del discernimiento sobre el asunto político central del presente, nos referimos a si es el mercado o el Estado el que debe resolver las demandas más acuciantes de la población, como son el acceso universal y de calidad a: la salud, la previsión social, la educación, la vivienda, de igual manera que a otros derechos más genéricos como el pleno empleo con salarios justos, la provisión de medio ambiente sano y el control de la crisis climática que está deviniendo catastrófica, la instauración de garantías explicitas de igualdad de género, social, etaria, cultural, acceso y manejo al tiempo libre, etc. y, sobre todo, ahora, seguridad ciudadana. Es de destacarse que, la demanda social por seguridad de los bienes y personas es tan alta que en estos momentos el contingente de funcionarios particulares que se ocupa de la seguridad privada quintuplica al contingente público -carabineros, detectives y gendarmes- que se ocupa de igual función.
La delincuencia y el crimen se ha instalado como el problema del presente, no obstante, la gran paradoja es que en los hechos la delincuencia misma disminuye de un 28% en 2017 a un 17% en 2021, pero el temor a ser víctima de ella crece vertiginosamente hasta el 90%, de acuerdo con la medición de la delincuencia mediante las encuestas de victimización conocidas -ver ENUSC y Paz Ciudadana-; excepto, eso sí, el alto crecimiento de los casos de homicidios sin imputados conocidos, lo que expresan los "ajustes de cuenta" de un crimen organizado aún con muy baja capacidad de resolución de conflictos en y entre sus organizaciones.
Impactos
Por así decirlo, se trata de un crimen bajamente organizado aún, lo cual, no obstante, en lo territorial va acompañado de un alto nivel de copamiento barrial mediante la violencia simbólica, principalmente con "narco fiestas", "narco animitas", "narco velorios", "narco sepelios", "narco ayuda social", también hay "narco caridad" y , sorpresa, "narco protección, en contra de la delincuencia común", lo cual expresa la inmadurez matonesca que impera entre este incipiente crimen organizado, que aún se mantiene a nivel de "matonismo barrial", pero en general, y esto es lo importante, que en poco y nada afecta a los bienes ni la integridad de los vecinos. Más claro, el crimen altamente organizado tampoco tiene un impacto negativo en las comunidades locales, ya que precisamente resuelve problemas que el Estado no se muestra capaz de asumir.
Según la ENUSC del INE (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) más o menos un 17% de los hogares ha padecido un delito en el último año, de ellos más de la mitad, un 10% con robo desde vehículo, de un bien desde el o un implemento interno o externo o un repuesto; luego viene los hurtos con un 4,2%; robos con violencia con 3,3%; robos por sorpresa con 2,7%; robo con fuerza en la vivienda con 2,5%; las agresiones con 0,8%, y, finalmente, solo un 0,7% ha padecido el robo del vehículo -portonazos o encerronas-, esto se debe destacar ya que esa imagen es la más socorrida para causar miedo en los medios de comunicación. Estos son los hechos delictivos que afectan a la población, según ella misma, son los delitos comunes y no otros como el narcotráfico, el tráfico de personas, los secuestros extorsivos, las ejecuciones, las inhumaciones ilegales, etc., conductas criminales gravísimas atribuibles al crimen organizado, pero son hechos marginales, que poco afectan directamente a la población, no obstante, con ellos se construye el imaginario popular sobre la seguridad ciudadana.
Según el gobierno y la oposición, estamos en guerra total contra el crimen organizado; en esto no hay, o no debe haber, ni izquierdas ni derechas, ni liberales ni conservadores, ni jóvenes ni viejos, ni librepensadores ni gente de fe, en esto estamos todos, se dice.
Pero, recientemente, hemos descubierto que hay dos tipos de crímenes organizados: uno que responde a requerimientos sociales no satisfechos ni por la sociedad ni por el Estado. Más aún, prohibidos por el Estado, tales como el narcotráfico, la minería y la extracción forestal ilegales, la trata de personas, el trabajo sexual, el contrabando, las falsificaciones, el comercio callejero (los toldos azules), los préstamos ilícitos usureros, los servicios de protección, el tráfico de obras de arte y antigüedades, el tráfico internacional y nacional de armas, etc. A los organizadores de estos servicios coloquialmente se les llama "las mafias"; el narcotráfico responde a la demanda de drogas que la población hace para autogestionar sus trastornos del ánimo en la sociedad actual, la prostitución y la pornografía a demandas determinadas por la sexualidad machista, el comercio callejero es una estrategia de sobrevivencia, como lo son el contrabando o las extracciones ilegales de recursos naturales, y otras actividades ilícitas, que a diferencia de los delitos comunes, no tiene víctimas que padecen pérdidas, daños o lesiones, son sus alternativas que el crimen organizado sabe bien gestionar.
Por otra parte, se ha puesto de presente una vez más el crimen organizado de "cuello y corbata", que articula el mundo de los negocios con la administración pública, el Parlamento -que produce las leyes- y los partidos políticos que gobiernan a los anteriores, para así procurar y conseguir contratos públicos, exenciones tributarias, permisos y prebendas varias, leyes y normas administrativas en su particular beneficio, etc., en general éstas se denominan "oficinas de asesorías o consultorías", sean legales, tributarias, económicas y financieras, administrativas, laborales, contables, de publicidad e imagen, contactos o lobbies, mercadeo, etc. Todo esto ha sido posible gracias a los registros de los celulares del abogado Luis Hermosilla y de Sergio Muñoz, recientemente renunciado e imputado ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), como resultado de hechos casuales más que de investigaciones sistemáticas sobre esta elevada modalidad del crimen organizado.
Internacionalización
Desde la transnacionalización del mundo por el imperialismo europeo en el siglo XVI existe la internacionalización de la delincuencia; es más, esa transnacionalización fue un conjunto de actos delictuales según las propias legislaciones de los Estados coloniales pero cohonestados por ellos mismos, para más saber de eso basta con revisar nuestra historia colonial y republicana.
Desde el fin de las cuatro décadas doradas de la economía mundial de la post guerra, en el año 1975 se inicia la instauración del modelo económico social, político y cultural del neoliberalismo, donde, en breve, el sistema financiero se hace cargo de resolver todos los problemas económicos y sociales de la población mediante el endeudamiento personal, hasta llegar a la situación actual de Chile donde el 70% hogares debe el 70% de sus ingresos.
El modelo por excelencia del crimen organizado es el narcotráfico, el cual organiza y gestiona la provisión ilícita de drogas, que demanda la población para autogestionar sus problemas de trastornos del ánimo, que le causa el agobio laboral, financiero, familiar, educativo, social, cultural, etc., debido a sobrevivir en la sociedad neoliberal; en el país entre el 30% y el 50% de las licencias médicas lo son por salud mental, probablemente tenemos la peor situación de salud mental del planeta. El crimen organizado, como es supuestamente sabido, viene de afuera, entonces, la inmigración aparece como el segundo problema nacional, se aclara que solo de la ilegal, pero esta surge precisamente por la incapacidad de las autoridades nacionales de gestionar la inmigración legal, entonces se la criminaliza para su mejor control lo cual hace crecer y encarecer el tráfico ilegal de personas y lo convierte en un estupendo negocio ilícito.
La guerra contra el crimen organizado se ha convertido en una cruzada nacional de carácter internacional, tal cual lo fue la guerra contra el comunismo desde que término la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el derrumbe del socialismo realmente (in) existente (1989).
En la actualidad asistimos a un proceso de construcción de un modelo para atribuir a las fuerzas militares, encargadas de la defensa nacional en contra de las amenazas externas, tareas crecientes para la protección de la seguridad ciudadana, si bien las fuerzas militares siempre han sido empleadas en el mantenimiento del orden público y en casos de emergencias inusitadas tanto en la protección civil por catástrofes ambientales, como en la protección de la seguridad ciudadana sobre todo cuando ésta se ha visto amenazada por el terrorismo.
También hay una tendencia creciente a emplear a la inteligencia militar, así como a la inteligencia nacional, para procurar información y en algunos casos para operaciones en contra de formas específicas del crimen organizado, como el narcotráfico y la trata de personas por inmigración ilegal.
El principal argumento que se está esgrimiendo para esta derivación de la defensa externa a la interna es la paulatina y consistente disminución de las amenazas desde el exterior y, a la vez, la necesidad de conservar las capacidades organizativas y operativas de las fuerzas militares. Obviamente que la protección de zonas críticas -edificios, carreteras, aeropuertos, puertos, estadios, mercados, etc.-, es una función policial y militar que ambas instituciones tradicionalmente han cumplido, pero cuando nos referimos a la militarización de la lucha contra la delincuencia, sea ésta crimen organizado o delincuencia común, no nos referimos solo a aquella función.
Por Ibán de Rementería
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