Salvador Lachica
La XI Legislatura de Canarias será la de solucionar el desmesurado y desigual crecimiento demográfico experimentado en las dos últimas décadas en el Archipiélago. No solo por el anuncio del presidente Fernando Clavijo de convocar el 30 de abril por primera vez en la historia la Conferencia de Presidentes de Cabildos para abordar el problema; tampoco porque a la misma se añada una subcomisión específica encargada de evitar el despoblamiento de los 46 municipios con menos de 10.000 habitantes o que 14 expertos vayan a analizar en el Parlamento diferentes perspectivas sobre el exponencial crecimiento de residentes y su desequilibrada distribución en las Islas.
Que el equilibrio poblacional va a ser una política troncal del Ejecutivo de Clavijo que va a regar toda la acción del gabinete en los próximos tres años queda evidente tanto en la futura legislación que se está elaborando sobre el alquiler vacacional como en la modificación de la Ley del Suelo que está en pleno desarrollo en estos momentos, pues en la misma se pretende incluir este factor para proceder a acabar con gran parte de la maraña administrativa que pone trabas a la cohesión del territorio, la dinamización económica y el empleo sin perder de vista que todo ello incide directamente en despoblar las zonas más concurridas y hacer más habitables las más vaciadas.
Planeamientos sostenibles
Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio, asegura que "rebajar la tensión de población en zonas concretas de los municipios capitalinos y turísticos y estabilizar e incrementar población en los rurales pasa por los planeamientos, no solo insulares en su conjunto, sino en los municipales, pues hay que diseñar una forma de vida sostenible, que preserve los ámbitos rurales y paisajísticos dentro de los planteamientos de la Agenda Urbana y la cohesión territorial".
Es decir, que la futura planificación del territorio a veinte años vista tenga en mente la economía circular, la innovación social y la protección del patrimonio medioambiental y cultural.
Para ello, la Consejería de Política Territorial que dirige Ramón Miranda ha mantenido diversas reuniones con los técnicos de los cabildos insulares que son los responsables directos de la tramitación de licencias y expedientes y, en los próximos días, hará lo propio con los responsables de las oficinas técnicas municipales de los 88 ayuntamientos. Con sus reflexiones y propuestas, el departamento elaborará un primer borrador que, a su vez, debatirá y "enriquecerá" con las aportaciones de "los colegios de arquitectos y diferentes colectivos ecologistas y de la sociedad civil".
El nuevo texto incidirá en mejorar la definición de los proyectos de interés estratégico de la Ley
Política Territorial quiere recabar el máximo consenso de los grupos antes del debate en la Cámara
De momento, las líneas de modificación principales se encaminan hacia "comprimir los tiempos burocráticos para tramitar la evaluación de impacto medioambiental y la necesidad de definir de forma mejor los proyectos de interés estratégico insular o autonómico" y no suceda lo que pasó con el polémico proyecto de Dreamland en Fuerteventura.
Lo que sí parece claro, es que no se creará un organismo centralizado en el Gobierno regional como en su momento fue la extinta Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Para Cruz, la agilización de los planeamientos debe recaer en los cabildos y ayuntamientos.
"La idea es tener en septiembre un borrador de la Ley del Suelo que poner sobre la mesa de los distintos grupos parlamentarios para debatir con ellos las mejoras a incluir. Por así decirlo, queremos aprobar remitir luego al Parlamento un texto lo más consensuado posible para iniciar su tramitación en la Cámara, sin perjuicio de que con posterioridad se presenten las enmiendas que se estimen oportunas", concluyó Cruz.
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