Son 117 redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que rechazaron la propuesta modificatoria a la Ley 348, presentada por la senadora Patricia Arce, y advirtieron que ello representaría un retroceso, porque plantea eliminar la protección a las denunciantes.
"Nosotras rechazamos las modificaciones regresivas a la Ley 348 y exigimos una reforma integral de la justicia", dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
Explicó que el pasado 17 de abril, la senadora Patricia Arce, afín a Evo Morales, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 94 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
"Esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia (...). Lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia", explicó Sánchez, en conferencia de prensa.
Ante esta situación, remarcó que la "no revictimización" es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados.
"El citado proyecto de ley condiciona la toma de declaraciones a un plazo que no considera la situación de afectación de las víctimas de violencia sexual, ni aun tratándose de niñas, niños y adolescentes", advirtió.
Según estas organizaciones, este proyecto impondría "que la validez de dichas declaraciones dependa del dictamen de peritos para lo que no se observan ni los tiempos, ni las formas, ni los fines de un peritaje psicológico, que además parte de presumir que todas las víctimas mienten y, prácticamente, elimina la competencia de los jueces y juezas para valorar la integralidad de las pruebas".
Por su parte, la coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, Mónica Bayá, señaló que las declaraciones "desatinadas" del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la presentación de dicha propuesta normativa hayan desencadenado ataques a la Ley 348, bajo "argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia".
"El problema no radica en la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley 'antihombres', sino que es por un sistema de justicia, donde existe corrupción, abuso de la detención preventiva, defensas deficientes y abogados que utilizan el sistema penal como medio de extorsión, indistintamente del delito que se trate", dijo Bayá.
Asimismo, remarcaron que hay aspectos de la ley que deben mejorarse, pero eso debe realizarse tras una "evaluación seria" a su implementación y con base en evidencias.
"La Ley 348 es el principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres (...). No todos los hombres son agresores y eso lo sabemos, no se nace violento, ello es consecuencia de factores socioculturales, la violencia se aprende y, peor aún, se normaliza", enfatizó.