Fitch Ratings reafirmó este 26 de abril las calificaciones de incumplimiento de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Perú en 'BBB', con una perspectiva de calificación negativa.
Según explicó la agencia de calificación crediticia, dicha perspectiva negativa refleja un alto nivel continuo de incertidumbre política y un deterioro de la gobernanza, lo que ha "debilitado la inversión privada y las perspectivas de crecimiento económico".
Agregó que las calificaciones 'BBB' de Perú están respaldadas por una deuda pública moderada, una fuerte liquidez externa, un historial de estabilidad macroeconómica y un marco de políticas disciplinado.
En opinión de Fitch, el marco de políticas macroeconómicas "se ha mantenido relativamente resistente a la inestabilidad política y a una crisis económica, pero continúa siendo puesto a prueba".
"Las limitaciones de la calificación incluyen una gobernanza, un ingreso per cápita y unos indicadores sociales más débiles que las medianas 'BBB'; alta dependencia de las exportaciones de productos básicos; y baja base de ingresos del gobierno", añadió.
Fitch señala también que la estabilidad política en el Perú se ha visto afectada en medio de una fuerte agitación desde el año 2018. "Desde entonces, ha habido seis presidentes, tres congresos y más de 150 reorganizaciones de gabinete, incluidos 11 ministros de finanzas".
La agencia considera que las incertidumbres políticas en el país continúan y existe la posibilidad de que se renueven los disturbios sociales.
"Esto ya ha impulsado el deterioro de los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Perú, que han caído 5,9 puntos porcentuales hasta el percentil 37,9, muy por debajo del 52,3 de sus pares", acota.
Fitch opina que la presidenta Dina Boluarte enfrenta desafíos de gobernabilidad "debido a su débil mandato y la falta de representación política en el Congreso, pero ha permanecido en el cargo gracias al apoyo de los partidos de derecha".
"El congreso, que es impopular, aprobó reformas para restaurar el Senado y permitir reelecciones legislativas. Fitch cree que las reformas podrían restaurar algunos controles y equilibrios en el Congreso y fortalecer a los partidos políticos. Sin embargo, la forma en que se implementen probablemente será clave para mejorar la estabilidad política con el tiempo", anota.
Refiere también que el Parlamento aprobó el proyecto de ley que permite el séptimo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, "lo que podría tener cierto impacto en los mercados financieros internos y aumentar las presiones fiscales a largo plazo".
Además, no descartó que se puedan dar medidas populistas de cara a las elecciones presidenciales del año 2026.
Se espera recuperación de la actividad económica
A pesar de la perspectiva negativa, Fitch señaló que espera que la economía peruana se recupere en 2024 un 2,6%, por acción de crecimiento de industrias clave y un consumo privado más fuerte en medio de una inflación y tasas más bajas.
Recordó que en 2023 el PBI real se contrajo un 0,6% debido a la caída de la inversión y el consumo privados, en medio de disturbios sociales a gran escala, eventos climáticos extremos y altas incertidumbres políticas.
"A medio plazo, Fitch prevé un crecimiento del 2%-2,5%. Podría haber beneficios si los proyectos de inversión estancados se materializan. Sin embargo, esto puede requerir una mayor distensión de la incertidumbre política, lo que tal vez no suceda antes de las elecciones generales de 2026″.
S&P rebaja calificación crediticia de Perú
La agencia calificadora S&P Global Ratings rebajó este jueves la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú de 'BBB' a 'BBB-' debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento económico.
Esta rebaja implica un riesgo para el Perú debido a que, ante una siguiente rebaja, perdería el grado de inversión y pasaría a grado especulativo.
En la argumentación de su decisión, S&P Global Ratings señala que "un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno" pesan sobre la confianza de los inversionistas privados y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que "limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal".
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