Tendrán que entenderlo: la verdadera libertad es la que ofrece el saber; es decir, la educación pública nos hace libres.
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El martes, la comunidad universitaria salió a las calles en muchas ciudades del país a defender de manera contundente la educación pública y el sistema universitario argentino frente a los embates libertarios. Miles de estudiantes, docentes, no-docentes, investigadores y muchas personas que adhirieron espontáneamente cuestionaron abiertamente al desfinanciamiento y a la política de recortes indiscriminados impuesta por el gobierno de Milei.
La retórica oficialista - replicada sin imaginación por corifeos alienados desde las redes sociales, la arena política preferida del presidente y sus seguidores- insiste en que la motosierra embiste contra "los curros universitarios", los mecanismos de "adoctrinamiento" y la falta de controles en las universidades. El ahogo presupuestario y la campaña de desprestigio fue la torpe estrategia elegida por la gestión libertaria que no esperaba la rotunda reacción del movimiento universitario.
Probablemente, el mar de fondo libertario apunta al arancelamiento y dar fin a la idea del sistema público educativo, algo similar a lo que postulan sobre la salud pública. Hay una línea de sentido allí, si pensamos que el presidente proclama, cada vez que puede, que el Estado solo existe para garantizar la vida, la libertad y la propiedad, o que excluyó a la educación como uno de los puntos del llamado "Pacto de Mayo". En agosto, en oportunidad de presentar su plan de gobierno, Milei sostuvo que "el mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios".
La universidad, sin dudas, tiene grandes deudas pendientes: debe atreverse a abrir varios debates profundos sobre cómo insertarse en el siglo XXI, cómo responder a las transformaciones cada vez más veloces de la tecnología, cómo reaccionar ante mercados cada vez más globales e interconectados, auditar la propia calidad de funcionamiento, mayor transparencia y muchos más. Y todo el sistema universitario debe rendir cuentas ante la sociedad que, con mucho esfuerzo -no siempre advertido-, lo sostiene. También dejar claro que el clamor universitario por falta de fondos no debe ser un paraguas que oculte intereses distintos al de la defensa de la educación pública. Las nuevas universidades creadas en el conurbano bonaerense no pueden eludir las auditorias sobre fondos recibidos ni sobre su calidad educativa.
El fracasado oportunismo de dirigentes kirchneristas -como Massa o Kiciloff - y de los líderes sindicales por capitalizar la movilización, dejó en claro que lo convocante es la defensa de la educación pública. Recordemos que en enero la CGT no pudo reunir un número respetable de manifestantes.
¿La marcha federal universitaria es política? Claro que es política. Nada es más político que sostener la idea de una educación pública de calidad que haga posible en un futuro alguna ventaja comparativa de nuestro país empobrecido. Puesto en los términos economicistas que tanto importan hoy, asegurar un buen nivel educativo es fundamental para alcanzar un modelo de desarrollo productivo que permita el crecimiento económico.
No puede desconocerse que las universidades desempeñan un papel clave en cualquier perspectiva de desarrollo económico y social del país. El ruido de la motosierra tiene que ceder ante el sólido y orgulloso consenso social demostrado en la marcha federal universitaria. La educación pública, gratuita y de calidad es uno de los acuerdos transversales más potentes que nos unen desde 1860.
Aún en tiempos de crisis, una política educativa seria debe contar con los recursos adecuados y necesarios que le permitan garantizar un sistema educativo verdaderamente inclusivo, equitativo y de excelencia que sea capaz de impulsar el desarrollo y la competitividad de nuestro país en la economía del conocimiento.