La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó en un plazo de 15 días a la Seremi de Educación y el Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama encontrar un cupo y matricular a una estudiante de primero medio que no ha logrado iniciar el año escolar en un establecimiento gratuito cercano a su domicilio.
La Primera Sala del Tribunal de Alzada estableció el actuar discriminatorio e ilegal de las instituciones estatales, al vulnerar el derecho a la educación de la adolescente.
En fallo unánime, los magistrados determinaron que "cuando se comprueba que una persona, niña, niño o adolescente no puede acceder a la educación media, aun cuando ha desplegado todas las acciones regulares para hacerlo, como en este caso, y ha cumplido todas las etapas de un proceso público y formal de postulación, no cabe sino concluir que se ha procedido de forma inequitativa y discriminatoria", contraviniendo la Constitución.
"Lo anterior es patente desde que la obligación estatal no consiste solamente en proveer un sistema de acceso cuyos criterios son pretendidamente objetivos, sino que debe hacerlo de un modo que asegura un resultado específico, cual es el acceso en condiciones equivalentes a los demás adolescentes, a la provisión de un servicio que el Estado tiene la obligación de brindar", sostuvo el texto.
El tribunal de alzada de Copiapó estableció que "la obligación del Estado de Chile no se agota con la provisión de un sistema gratuito financiado por el mismo, dentro del que caben los establecimientos privados que reciben financiamiento estatal, sino que se extiende a sus mecanismos de acceso que, conforme a criterios dogmáticos comparados y a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben fijar pautas de conducta que aseguren el acceso efectivo de las niñas, niños y adolescentes a un sistema educacional, dada la importancia que la propia constitución le atribuye para el ejercicio de los demás derechos en una sociedad democrática".
La Corte de Apelaciones remarcó que aún cuando la Seremi y el SLEP intentaron "satisfacer los criterios legales para la neutralidad del sistema, no parecen haber agotado las posibilidades legales que les permitirían cumplir la obligación estatal de garantizar el acceso de la adolescente afectada a la educación media, desde que por ejemplo, no se le asignó un cupo en un colegio cercano a su domicilio".
Así, para los jueces, "resulta claro que las instituciones recurridas no han adoptado todas las medidas suficientes para cumplir con la provisión del servicio estatal que la Constitución garantiza procediendo con ello, no solo discriminatoriamente, si no que afectando la integridad psíquica de la adolescente".
Por ello, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso constitucional de protección en favor de la menor de edad y ordenó a la Seremi y al SLEP a "adoptar todas las medidas que aseguren que la adolescente esté matriculada en un establecimiento gratuito más cercano a su domicilio (...) en el más breve plazo, que no podrá ser superior a 15 días".