Después de 52 años, cuatro meses y cinco días de un conflicto armado que ha dejado más de 8 millones de víctimas, los colombianos rechazaron en un plebiscito (50,2% contra 49,7%) el compromiso de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
¿Cómo entender un hecho tan paradójico e inesperado? Intentaré esbozar algunas hipótesis.
Primero, el sistema político colombiano atraviesa serios problemas de representación que se expresan, entre otros, en los reiterados bajos niveles de participación.
Apenas el 37,4% de los 34.899.945 colombianos habilitados para votar lo hicieron ayer; sólo votaron 13.066.047 personas.
Hubo menos votantes que en las primeras vueltas de las elecciones presidenciales de 2010 (14.781.020) y 2014 (13.209.561).
Y en términos de abstención, la del domingo (63,6%) fue la segunda más alta desde la primera vuelta presidencial (66,3%).
Segundo, el electorado tuvo una enorme dificultad para conocer en profundidad el contenido de lo que se estaba votando.
La literatura comparada sobre campañas plebiscitarias indica que la clave para obtener el voto favorable de la población es disponer de tiempo, educar al votante, comunicar coherentemente, estimular el involucramiento ciudadano y llegar a los indecisos.
Nada de lo anterior ocurrió a pesar de que era indispensable que la gran mayoría de los colombianos comprendiera por qué debía votar por el sí, tratándose de un texto tan complejo y ambicioso.
Tercero, hay que destacar la capacidad de despliegue, a pesar de los escasos recursos, y la fuerte argumentación retórica de los promotores del no.
El compromiso gobierno-FARC es amplio y preciso, pero los opositores lograron simplificarlo y disminuirlo.
En materia agraria, por ejemplo, el acuerdo plantea realizar un catastro rural (el último fue de 1954), crear un fondo de tierras de distribución gratuita de tres millones de hectáreas destinado a los campesinos, establecer un programa masivo de formalización de la propiedad para pequeños y medianos productores de otras siete millones de hectáreas, y reducir 50% la pobreza rural en los próximos 10 años.
En materia política, el acuerdo plantea que las FARC abandonan su proyecto de conquista del poder por la vía armada y se disponen a constituirse en un movimiento político, una vez terminado el pleno desarme.
Un incentivo, entre otros, para afianzar su ingreso a la legalidad, consiste en que entre 2018 y 2026 tendrán un mínimo de cinco senadores y cinco representantes (diputados) en un Congreso compuesto por 102 senadores y 166 representantes.
En materia de narcotráfico, las FARC se obligan a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con ese fenómeno".
Y en materia de justicia se contemplan, en particular, una comisión de la verdad, una unidad para identificar desaparecidos, una jurisdicción especial para la paz y medidas concretas de reparación en el marco de una justicia transicional plenamente respaldada por la Corte Penal Internacional.
Los oponentes al acuerdo centraron sus ataques exclusivamente en el argumento de que las FARC seguirían ligadas al negocio de las drogas y que, además, gozarían de total impunidad. Ni lo uno ni lo otro se desprenden de lo firmado.
Sin embargo, los adversarios, y en especial el ex presidente Álvaro Uribe, manejaron un lenguaje directo y simple que los defensores del sí no pudieron responder con igual precisión y síntesis.
En vez de parecer defendiendo argumentos que perpetúan la polarización y el enfrentamiento, los opositores lograron transmitir la idea de que su propósito era mejorar lo firmado y asegurar la paz futura.
Errores
Cuarto, los errores del presidente Santos y su baja popularidad son otro elemento para tener en cuenta. Santos optó, de manera riesgosa, por someter el acuerdo a un plebiscito.
La reciente experiencia comparada no era muy prometedora. Guatemala conoció un acuerdo de paz en 1996, pero el referéndum de 1999, que contemplaba importantes reformas a la Constitución, fue rechazado por el 91,8% de los votantes en una elección con 18,6% de participación.
Un apresurado referéndum en Timor Oriental en 1999, que fue votado positivamente, fue respondido con brutalidad por Indonesia generando miles de muertes, violaciones y refugiados.
En 2004, el referéndum a favor de la reunificación de Chipre fue rechazado por el 75,8% de los grecochipriotas en unas elecciones con una participación de 89,1%.
Santos no tenía la obligación jurídica o política, interna o internacional, de convocar a un plebiscito, pero lo hizo, a pesar de que los colombianos vienen cuestionando severamente un sinnúmero de sus políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción, seguridad, desempleo o salud.
El nexo entre un presidente con escasa favorabilidad y el persistente rechazo de gran parte de los ciudadanos a las FARC contribuyeron a debilitar el apoyo al plebiscito.
En breve, la paz en Colombia entra ahora en un laberinto impredecible. Quizá sea este el momento en el que el compromiso internacional, que se manifestó con tanta contundencia en los diálogos iniciales y en la firma de Cartagena, sea renovado de manera decisiva.
El autor es profesor plenario de la Universidad Torcuato di Tella