La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPRP) revelando que pagó $143,097 dólares a contratista para adquirir e instalar equipos y materiales eléctricos en un edificio del Recinto, sin formalizar un contrato escrito.
La transacción se realizó el 7 de octubre de 2022, mediante una orden de compra, que a diferencia de un contrato, no representa los acuerdos y obligaciones entre las partes ni protege los intereses de la UPR en Ponce.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que se pagaron $165,351 dólares en bienes y servicios de emergencia sin obtener al menos cotizaciones de tres proveedores representativos del mercado. El expediente tampoco incluyó las justificaciones para no obtener las tres cotizaciones. Estas compras se pagaron con fondos para atender las emergencia causada por el COVID-19 y el huracán María.
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Los auditores detectaron otras deficiencias como la ausencia de firma en comprobantes de desembolso del empleado a cargo, ausencia de firma del proveedor que prestó los bienes, y no se marcaron como pagados justificantes de desembolsos. Estas situaciones propician que se cometan irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
En contravención al Reglamento de Propiedad, los oficiales de la propiedad en funciones certificaron los inventarios de los años 2019 al 2022, a pesar de que estaban incompletos. Esto inventarios no incluían todas las unidades del Recinto ni realizaron las pruebas para validar la confiabilidad de estos previo a la certificación final.
Además, de una muestra de 955 unidades de propiedad por $1,911,606 dólares, se identificaron unidades no incluidas en el inventario, falta de información sobre los custodios de la propiedad, y no se localizaron 87 unidades con valor de $98,873 dólares. Estas situaciones de falta de control adecuado sobre la propiedad, impide validar los activos que posee la universidad.
La UPR en Ponce, registró y remitió a la Oficina del Contralor copia de 41 contratos y 14 enmiendas por $171,394 dólares, con atrasos de hasta seis meses. Esta situación, impidió que estos documentos públicos estuvieran disponibles a la ciudadanía, como dispone el Reglamento 33 del Registro de Contratos.
Del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2021, la UPR en Ponce esta tuvo ingresos por $149,716,031 e incurrió en gastos por $156,354,237, para un déficit por $6,638,206.
El presupuesto del Fondo Operacional de la UPR en Ponce, para los años fiscales del 2019 al 2022, fue de $23,068,820; $21,296,502; $23,760,495 y $20,001,465 dólares, respectivamente.
El Informe le recomienda al presidente de la UPR que se asegure que la rectora de Ponce, cumpla con las cuatro recomendaciones de la auditoría.
Este primer informe de la UPR en Ponce, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.