Este martes el Ministerio Público oficializó la solicitud de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), en medio de la indagatoria por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.
Específicamente, según las pesquisas de la Fiscalía Centro Norte, el jefe comunal de Recoleta estaría vinculado a la solicitud de coimas a la firma mencionada, que durante la pandemia proveyó a la Achifarp -representada por el militante comunista- miles de insumos médicos. A cambio de la adjudicación, se sospecha, la autoridad habría solicitado una "donación" para la sede comunal del PC, tal y como se sostiene en la "autodenuncia" del ejecutivo de Best Quality, César Ramírez.
Según detalló ante la fiscal Giovanna Herrera, durante una reunión en 2020 el alcalde Jadue les pidió un "bono" extra de los insumos adquiridos por Achifarp, lo que a cambio garantizaría que Best Quality fuera la proveedora principal para abastecer a los "supermercados populares" que el alcalde esperaba lanzar.
A fines de julio la Fiscalía sumó nuevas aristas por posible fraude al Fisco y lavado de activos, lo que le permitió a la fiscal renovar el secreto de investigación que terminaba el 27 de ese mes. Esto después de que el 18 de julio y luego de ocho meses de pesquisas, la Contraloría -en ese momento liderada por Jorge Bermúdez, contra quien Jadue se querelló- decidiera levantar un sumario contra el alcalde por "faltas a la probidad", cuestionando el manejo de los dineros de la municipalidad y Achifarp.
En este contexto y en calidad de imputado, el 15 de noviembre del año pasado el alcalde llegó a declarar a la Fiscalía Centro Norte. En su testimonio descartó la comisión de delitos y explicó las razones de los convenios entre la asociación y la firma, señalando que, ante el atraso en los pagos comprometidos, el proveedor decidió "presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas" contra su persona.
Luego, en junio de 2022, se ordenó la liquidación forzosa de Achifarp y una serie de insumos y maquinaria quedaron en desuso, por lo que la fiscal Herrera decidió seguir la ruta de dichos elementos. Así, detectó que parte de la indumentaria llegó a oficinas de la Fundación de Salud Primaria (Fusalp), ente creado por Jadue y los alcaldes de Macul, Santa Juana, La Cisterna, Cerro Navia y Canela.
A esas gestiones, también se suma un informe del OS-7 de Carabineros, que apunta directamente a la responsabilidad del jefe comunal en los hechos indagados, al igual que en contra de José Matías Muñoz Becerra, otrora secretario ejecutivo de Achifarp.
Según se plantea en el documento, fechado el 18 de enero de este año, las acciones desarrolladas por funcionarios de la asociación eran todas conocidas por Jadue, "quien teniendo a su cargo la gestión patrimonial de la Achifarp dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Becerra".
Caso luminarias
En el 2018 se destapó el caso de las licitaciones irregulares entre el holding Itelecom con varios municipios. Su entonces presidente, Marcelo Lefort, fue acusado de soborno, cohecho, violación de secreto y lavado de activos por las coimas que realizó para adjudicarse licitaciones de luminarias red con una veintena de municipalidades entre 2016 y 2020.
El caso llegó a Recoleta el 19 de junio del 2018, cuando Itelecom se adjudicó una licitación de más de $10 mil millones -por el plazo de 10 años- para mantener cambiar las luminarias existentes "por tecnología de mayor eficiencia energética tipo led" en la comuna.
El 7 de enero del 2021 la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las dependencias de la municipalidad de Recoleta por este caso. Dos días después, La Tercera publicó la llamada telefónica que Lefort había tenido con el asesor jurídico de Jadue, Ramón Sepúlveda, el 22 de septiembre de 2019.
La policía civil tenía pinchado el teléfono del empresario, y así supieron que ese año Itelecom había donado $50 millones al Festival Womad organizado por la Corporación Cultural de la comuna. Esto fue reconocido por Jadue, quien señaló a los pocos días que le pidió a Sepúlveda que hiciera gestiones con la empresa para que aportara vía Ley de Donaciones. Esto causó que se abriera una investigación penal contra él y su abogado, quienes quedaron en la calidad de imputados.
A través de pesquisas, el Ministerio Público detectó reiterados pagos de Itelecom a Sepúlveda, y surgió la sospecha de que el destinatario final de estos fuera el alcalde, en una triangulación de recursos que podrían significar cohecho y financiamiento ilegal de actividades políticas.
El 14 de octubre del 2021 la Contraloría abrió un sumario y remitió información al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fiscalía porque, según el ente fiscalizador, no existían registros contables entre 2015 y 2019 que respaldaran los traspasos de recursos que la municipalidad había usado para financiar el Festival Womad.
En abril de 2023 La Tercera dio a conocer de que la PDI advirtió al Ministerio Público que faltaban alrededor de 30 interceptaciones telefónicas de "la arista Recoleta". La mayoría de estas escuchas eran de Lefort con Jadue, su abogado y dos funcionarios municipales. Frente a esto, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que se abriera una investigación penal por obstrucción a la justicia, a cargo de la persecutora Lorena Parra de la Fiscalía Oriente.
La inmobiliaria contra Jadue
Doce años ha durado el caso que enfrenta el alcalde con la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, que se remonta desde el 2012. Ese año Jadue rechazó la recepción final de uno de los edificios del Conjunto Armónico Bellavista, en la calle Dardignac, alegando que esa obra se construyó con permisos de obras obtenidos ilegalmente.
Desde entonces han habido varios juicios entre las partes. El 2017 los representantes de la inmobiliaria y Salvador Smok, un concejal UDI, se querellaron en contra del alcalde por "desviación de poder" debido a su negativa a aceptar la recepción del edificio pese a los fallos judiciales que lo obligarían a eso.
En 2020 el fiscal Jaime Retamal cerró la investigación, sin perseverar en el procedimiento. Sin embargo, la inmobiliaria persistió a través del TC, el que acogió que podía ser acusado por "prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias". El 2022 la Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad de la defensa de Jadue, con el que buscaba evitar enfrentarse en un juicio oral con los acusadores, a quienes acusó de llevar a cabo " un proceso penal viciado e ilegal".
Finalmente, y aunque la Corte de Apelaciones de Santiago lo sobreseyó definitivamente del caso en septiembre de 2023, la Suprema anuló su decreto en el que pedía la demolición del edificio, emitido en 2019.