Dirigentes de la CGT se reúnen con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada. Se trata del primero encuentro de esas características entre el gremialismo y el gobierno de Javier Milei.
Llegó al palacio de Gobierno una comitiva encabezada por los integrantes de la conducción de la central gremial Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Playeros) y el camionero Hugo Moyano, padre del otro triunviro cegetista, Pablo Moyano, quien tiene una posición más combativa contra el gobierno de Javier Milei.
La reunión tiene como telón de fondo la definición de nuevas medidas de fuerza por parte de la CGT, eventualmente un nuevo paro nacional, y la discusión por una reforma laboral.
El Gobierno modificó la legislación laboral por decreto, lo que fue suspendido por la justicia a pedido de la CGT. Esas modificaciones con sus puntos menos revulsivos para los sindicatos se incorporarían al proyecto de 'Ley ómnibus' que el Ejecutivo discute con la oposición dialoguista antes de enviarlo al Congreso.
La CGT no se niega a "modernizar" la legislación laboral, pero pide respetar los convenios colectivos de trabajo. Así lo manifestó en un documento que se publicó previo a la reunión en la Casa Rosada y tras una reunión con senadores de Unión por la Patria en la sede gremial.
En el mismo insta a avanzar hacia una "legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual con sus nuevos derechos, que contemple los paradigmas tecnológicos y la capacitación técnica que demanda".
Pero a su vez reivindica "los Convenios Colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio". "Un régimen laboral moderno, que no lesione los derechos conquistados por los trabajadores argentinos", agrega.
Propone además:
- Legislar para dar pleno cumplimiento a los derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional, artículo 14 bis.
- Desarrollar una nueva normativa de accidentes de trabajo que haga centro en una efectiva política de prevención garanti- zando la seguridad y la salubridad en los ámbitos de trabajo.
- Ley del primer empleo con beneficios impositivos a las pe- queñas y medianas empresas que contraten personal.
- Reforma del sistema integrado de inspección a fin de garanti- zar avances en materia de precariedad e incumplimientos laborales. Considerar a las organizaciones sindicales como estructura de participación en materia inspectora, en caso de que se las faculte legalmente.
- Configurar un programa nacional de Lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil.
- Establecer una estrategia mancomunada y eficaz entre el sector empleador, el Estado y los gremios que estimule el in- greso al sistema de aquellos trabajadores que se encuentran en situación irregular.
De la reunión participan además el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y los siguientes integrantes del consejo directivo nacional de la CGT: Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).
El nuevo proyecto de 'Ley ómnibus' incluirá el capítulo de la reforma laboral, pero por vía indirecta.
La Casa Rosada hizo un acuerdo particular con la UCR: ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley "Bases" la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente por cuerda separada un proyecto de ley para incorporarlo al texto de la nueva ley ómnibus durante el tratamiento en comisión.
Esa nueva versión será sensiblemente más acotada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas.
El Gobierno aceptaría bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo en busca de lograr un mayor consenso político para acelerar su aprobación parlamentaria: la limitación de las cuotas solidarias y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.
El primero de estos puntos es el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el "consentimiento explícito" del trabajador para ser descontada.
La segunda cuestión tiene que ver con el principio que obliga a mantener la vigencia de los convenios colectivos hasta no negociar uno nuevo, algo que los gremios defienden a rajatabla como una forma de "preservar los derechos de los trabajadores" y evitar una "negociación a la baja".