Pedro Sánchez interrumpió esta semana sus entrelazadas giras internacionales para anunciar desde Madrid, esa ciudad que apenas pisa desde las elecciones gallegas, que casi suprime la golden visa. Elimina su entrega a los compradores de casoplones de más de medio millón de euros, pero la mantiene a los inversores en deuda pública y cotizadas españolas. Pretende, dice, contrarrestar la especulación y envidar una solución al problema de la vivienda.
El asunto está bien visto: los números de arranque de año son escalofriantes. El alquiler subió entre enero y marzo un 14% anual en Madrid. Otras zonas están más desahogadas, pero demasiados españoles tienen problemas para encontrar dónde vivir. Sánchez roza aquí el populismo: es bueno diagnosticando problemas, pero nada más. La solución real, si acaso, que la aporte otro.
De la misma manera que no había ningún estudio económico que defendiera la aplicación de la golden visa, tampoco lo hay en lo relativo a las bondades de retirarla para frenar la escalada de precios inmobiliarios. Y es que esos compradores a los que Sánchez pretende frenar, dejándoles sin papeles, harán lo que tengan que hacer en base a otras consideraciones. Esencialmente, las inversoras.
El teatrillo de la golden visa ha sido, por tanto, su manera de entrar en el súper trimestre electoral y marear las respuestas que realmente interesarían que diera ahora, con una legislatura totalmente torcida, el independentismo crecido, y con titulares sobre Begoña Gómez que dibujan con precisión la indiscreción de la mujer del presidente del Gobierno en los asuntos relativos a su cátedra y a los posibles favores que recibieron algunos empresarios durante la pandemia.
Antes de volver al Falcon para ausentarse de Madrid –qué raro— con la excusa de solucionar los problemas de medio mundo, Sánchez tuvo tiempo de hacer las últimas maniobras para que TVE apruebe lo que él ha decidido que tiene que programar la primera cadena a las 21:45 horas, su coste y sus condiciones. Esta semana, la orden Broncano se transformó en el contrato Broncano de los 28 millones de euros.
La brecha que deja en el consejo de administración de RTVE es tan amplia, que, a partir de ahora, todo es contratable al precio que sea. Pero el cisma en la empresa pública apenas se vislumbra: el próximo paso será recortar los telediarios porque Sánchez ya no cree en ellos. Imaginamos que alguien se opondrá y que, por tanto, alguna cabeza más rodará.