Antes de dejar el poder, el kirchnerismo buscó "blindar" a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir que haya auditorías de sus cuentas por parte del Gobierno.
Fue a través de un extenso dictamen del 28 de noviembre de 2022 del entonces procurador del Tesoro y "cerebro" judicial de Cristina Kirchner, Carlos Zannini. El ex diputado de la UCR y vicerector de la UBA Emiliano Yacobitti tiene una buena relación con el ex candidato presidencial K Sergio Massa.
En su resolución, citando diversas leyes ratificó que el monitoreo externo de los gastos de la UBA y demás universidades nacionales debía continuar solo a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Poder Legislativo, y no de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control que tiene el Ejecutivo.
El ex funcionario consideró que de esa manera se protege "el estatus autonómico alcanzado a nivel constitucional" por esas casas de estudios.
En medio del conflicto que generó el recorte de fondos, el gobierno de Javier Milei pretende auditar los gastos de las universidades, algo que rechazan rectores y otras autoridades bajo el argumento justamente de que se estaría violando la autonomía de sus instituciones.
El actual Ejecutivo acusa a la gestión de Alberto Fernández de haber promovido las "autoauditorías" en ese ámbito y "denigrar" la tarea de fiscalización.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) afirman que "no es posible" que el Gobierno realice las auditorías sobre las que quiere avanzar, porque esos controles son jurisdicción de la AGN, que reporta al Congreso.
Explicaron además que las cuentas de las universidades son controladas de manera interna y luego aprobadas por cada Consejo Superior, y que la información también la tiene la AGN.
En su dictamen de 2022, Zannini concluyó que "no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno, contienen los artículos 100 y concordantes" de la ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, y establece a la SIGEN como contralor.
Sin embargo, en los hechos algunas universidades reportaron sus gastos a la SIGEN durante el gobierno de Mauricio Macri.
El mismo documento de Zannini indica que la UBA, que cuenta este año con un presupuesto de $ 121.000 millones (idéntico al de 2023), se encuentra entre las instituciones que "se han autoexcluido formalmente del mencionado sistema" de verificación.
Otro capítulo de esta polémica se dio en noviembre de 2023, cuando el entonces ministro de Educación, Jaime Perckzyk, firmó un convenio con la SIGEN para "mejorar las auditorías internas" en las universidades, según el comunicado oficial. El acuerdo fue rubricado además por el Consejo Interuniversitario. Ocurrió días antes del balotaje presidencial que Sergio Massa perdió frente a Milei.
"Sabemos que somos funcionarios públicos que administramos fondos públicos y tenemos una responsabilidad que, para nosotros, requiere transparencia y control", subrayó Perckzyk en aquel acto.
Las universidades que querían sumar a la SIGEN a sus controles internos, tenían que adherir al convenio. Finalmente, lo hicieron más de 20, pero no la UBA. Tras el cambio de signo político en el Gobierno que se produjo en diciembre, en la práctica este acuerdo todavía no se activó.
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