Que las integrantes de los distintos colectivos de "madres buscadoras" se incorporen a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), como auxiliares, para que de ese modo reciban apoyos económicos, además de medidas de protección, seguro de vida y herramientas para realizar su labor, es la propuesta de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez.
La legisladora del PRI presentó en la Cámara Alta una iniciativa que busca brindar apoyo no sólo a madres buscadoras sino también a los familiares de víctimas de desaparición en México.
La propuesta sugiere que la Comisión Nacional de Búsqueda involucre activamente a los familiares de las personas no localizadas en las labores de búsqueda, con un enfoque especial en las madres, ofreciendo así un marco formal que protege y empodera a los participantes.
La iniciativa propone la creación de programas de trabajo temporal gestionados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Este proyecto no solo apunta a proporcionar un soporte económico sino también a reforzar la seguridad de aquellas personas que por iniciativa propia se encuentran en la ardua tarea de buscar a sus seres queridos.
El plan de Beltrones Sánchez incluye el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante la reforma de varios artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Entre las medidas complementarias, el proyecto propone que la Fiscalía entregue un informe anual al Senado de la República acerca del progreso y estado del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual deberá incluir detalles sobre la integración e interconectividad de las bases de datos forenses nacionales y de los estados federativos.
Además, se espera que, mediante las modificaciones legislativas, se desarrolle un Modelo de Prevención Nacional de las Desapariciones, consolidando así una estrategia integral que no solo se enfoque en la reparación del daño sino también en la prevención de futuros casos.
La trascendencia de esta propuesta se refleja en el contexto actual del país, donde, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 10 de abril de 2024, se contabilizan 313 mil 751 registros de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
De este total, 115 mil 493 personas continúan sin ser encontradas, resaltando la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y apoyo a los familiares.
La iniciativa ha sido turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y discusión correspondiente. La propuesta de Beltrones Sánchez abre una ventana de esperanza para mejorar la eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas y ofrecer un soporte real a las familias que día a día enfrentan esta dolorosa realidad.
Gobierno federal frente a polémica por el número de desaparecidos en México
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado varios ajustes en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) luego que el país llamó la atención internacional por el creciente número de personas sin localizar.
Luego de hacer algunos ajustes en la metodología, el gobierno federal presentó nuevas cifras sobre las desapariciones en México, lo que generó críticas entre los colectivos de madres buscadoras, las cuales señalaron que se maquilló esta problemática.
Durante la conferencia matutina del 18 de marzo de 2024, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció una actualización en los registros de desaparecidos realizada por el gobierno federal, notablemente en ausencia de la comisionada de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, quien asumió su puesto en octubre pasado.
El conteo más reciente de la Comisión Nacional de Búsqueda revela la existencia de 120 mil 391 casos de personas desaparecidas, tras añadir 9,427 nuevos casos entre enero y marzo de este año.
Sin embargo, Luisa María Alcalde destacó que de los casos resueltos, el 86% de las personas fueron localizadas sin haber sido víctimas de delitos, mientras que el 14% restante sí lo fueron; de este porcentaje, apenas un 4% correspondieron a delitos de competencia federal, como la desaparición forzada. Los delitos restantes, que conforman un 10%, estuvieron relacionados con la violencia familiar, sugiriendo una amplia gama de circunstancias detrás de las desapariciones registradas.