Ciudad de Panamá, 16 abr (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, reconoció este martes que se deben ajustar los criterios de una beca pública que es centro de un escándalo porque se ha otorgado a familiares de políticos de alto perfil, incluida una sobrina suya, y de empresarios, y con reserva de la información de muchos otros beneficiarios.
Se trata de los llamados "auxilios económicos" otorgados por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que han generado una lluvia de críticas no solo porque entre los beneficiados, con montos de hasta más de 200.000 dólares, están familiares de funcionarios y empresarios, sino porque muchas identidades están bajo reserva por decisión de la Contraloría.
Cortizo, quien dejará el poder el próximo 30 de junio tras cinco años de mandato, dijo que hay que "hacer ajustes en los criterios que se requieren para poder otorgar ese beneficio (económico), pero no me iría al extremo de decir 'elimínarlo', porque ahí estaría eliminando a un joven que pasó el examen de admisión para Georgia Tech y que viene de una familia humilde".
En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que su Administración prepara un "borrador para entregárselo al gobierno entrante en el proceso de transición, para que ellos lo tengan, lo analicen, vean si les interesa y si lo quieren modificar".
Algunos candidatos presidenciales que competirán en los comicios generales del próximo 5 de mayo han expresado su opinión de que los "auxilios económicos" del Ifarhu deben desaparecer.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sostuvo este martes que toda información sobre el uso y disposición de los fondos del Estado es pública, luego de que el contralor general del país, Gerardo Solís, ratificó que no levantará la reserva sobre la información de miles de beneficiados de los "auxilios financieros" pese a las denuncias de opacidad y tráfico de influencias en torno al programa.
La Antai además recordó que se instruyó al Ifarhu a reglamentar su programa de "auxilios económicos" incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes, la rendición de cuentas mensual con los datos de los beneficiarios, los montos desembolsados, los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente, así como el listado de los que han incumplido sus obligaciones y el detalle de las sumas recuperadas por ello.
Ya el contralor Solís fue denunciado penalmente por un abogado, y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), que tildó de "hurto descarado" el manejo "antojadizo" de "auxilios" educativos, dijo que estudia presentar también una acusación contra el titular de la Contraloría. EFE
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