Tras la vuelta a la gestión pública de Dénia y Manises ya bajo el gobierno de Carlos Mazón, el hospital ilicitano puede ser el último vestigio de la sanidad público-privada en la Comunitat.
Decenas de personas de Aspe, Crevillent, Elche, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes se han concentrado este miércoles en las puertas de Les Corts para reclamar al gobierno de la Generalitat la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elx-Crevillent. A inicios de año, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó que tras la reversión de los departamentos de Dénia y Manises, el del Vinalopó iba a seguir bajo la gestión de Ribera Salud, si los informes técnicos lo avalan, hasta el 2030. La decisión final debe de tomarse en unas semanas, pues antes del 31 de mayo se le debe de comunicar a la empresa si se prolonga o no la concesión.
La protesta, que ha tenido lugar frente a Les Corts Valencianes en una jornada 'movida' por el debate de las 5 nuevas leyes que quiere instaurar el gobierno PP-Vox —Concordia, Libertad Educativa, Transparencia, Antifraude y la regulación de À Punt—, ha sido convocada por la plataforma por la reversión del Vinalopó. "Carlos Mazón tiene 43 días para cambiar de opinión e iniciar los trámites para hacer posible la reversión en el año 2025, pero que debe comunicar antes del 31 de mayo de 2024", ha señalado Eva Irles, representante de la plataforma.
La asociación ha señalado en un comunicado que había comunicado de forma formal y hace muchas semanas su presencia en Les Corts para poder abordar la reversión "del único departamento de salud en manos de una empresa privada" y ha apuntado que todos los grupos parlamentarios de Les Corts "han respondido y han atendido a la plataforma excepto el Partido Popular".
"Debe comunicarlo ya la empresa y todavía no nos han explicado por qué esta parte de la ciudadanía es diferente del resto, por qué nos debemos quedar nosotros únicamente con una sanidad de gestión privatizada con los numerosos problemas que presenta, como es la demora en atención primaria de más de un mes, la alta rotación de personal, la merma de las plantillas y la sobrecarga de los trabajadores y trabajadoras sanitarios que están desbordados. Queremos cuidar a las personas que nos cuidan", ha aseverado.
Por su parte, Daniel Geffner, de la Plataforma por la sanidad pública del País Valencià —que también han participado en la concentración—, ha afirmado que "no hay razones para prorrogar el contrato". "Es muy alto el incumplimiento de los intereses de la sanidad pública y la administración sanitaria por parte de la concesionaria, ha estado quince años en manos de Ribera Salud este departamento y ya han amortizado los 85 millones de euros que invirtieron", ha expresado.
"Si se prorroga, como defienden PP y Vox, se estaría pagando de más a una empresa con la inversión ya amortizada y sería irregular para las arcas públicas y podría constituir prevaricación. No hay razones ni jurídicas, ni sociales, ni económicas para una prórroga", ha recalcado. Por ello, ha pedido que aporten información al respecto.
La secretaría general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, ha expresado que su sindicato, integrado en la plataforma, defiende los servicios públicos de calidad y ha apuntado que, en este caso, se ven afectados la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras de este departamento de salud.
"Es necesario revertir ya el Vinalopó a la gestión pública porque se les está tratando como si fueran ciudadanía de segunda. Es necesaria la reversión y destinar recursos económicos y humanos para poder contar con los mismos derechos que el resto de la población. La plantilla de profesionales tiene peores horarios, peor jornada, peores salarios y queremos las mismas condiciones", ha subrayado.