Gabriel Ubieto
Uber Eats indemnizará a unos 4.404 repartidores que operaban como autónomos a través de su aplicación hasta la entrada en vigor de la 'ley Rider'. El 12 de agosto del 2021, fecha del inicio de la aplicación de la misma, la multinacional dejó de operar con trabajadores por cuenta propia para pasarse a un modelo de subcontratas, con el fin de dar cumplimiento en aquel momento con la nueva normativa. Y desconectó de la aplicación a la que hasta entonces había sido su flota de repartidores, una decisión que los sindicatos calificaron de un 'ere encubierto'. UGT y CCOO llevaron a juicio el caso para reclamar una indemnización para los repartidores afectados. Esta semana estaba previsto que la Audiencia Nacional resolviera y las partes han alcanzado un acuerdo para que Uber habilite un fondo para los 'riders' afectados y les abone un pago único a modo de compensación.
¿Cuánto cobrarán los repartidores? Las cifras del acuerdo son confidenciales, según arguyen las partes, y la cuantía de cada afectado variará sustancialmente. Podrán cobrar dicha compensación todos aquellos 'riders' que operaran en la aplicación de Uber Eats entre abril y agosto del 2021. Y la misma se calculará como si se abonarán 45 días por año trabajado, con ese tope de cuatro mensualidades. El problema para calcular dicha cifra es que los 'riders' eran autónomos y sus remuneraciones no se regían por un salario fijo. Aquí las partes han pactado estimar el salario en base al ingreso medio que tuvieran como autónomos en el último año. Además de estas, una parte de los repartidores con mayor antigüedad tendrán derecho a un plus adicional de unos 800 euros. La empresa procederá a remitir en los próximos cuatro meses a cada uno de las 4.404 personas afectadas un mensaje por correo electrónico para abonar el pago.
Uber Eats da así carpetazo a una cuenta pendiente que no estaba claro cómo la resolverían los magistrados de la Audiencia Nacional y lo hace por la vía de la responsabilidad social corporativa. "Este acuerdo con UGT y CCOO compensará a los repartidores que perdieron su acceso a la app de Uber como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Rider. Recientemente hemos puesto en marcha un nuevo modelo, en pleno cumplimiento de la regulación vigente, que incluye cambios estructurales que le ofrecen al repartidor mayor control sobre su actividad, como por ejemplo la posibilidad de establecer su tarifa libremente. Seguimos comprometidos a colaborar con el Gobierno y los sindicatos para mejorar el trabajo de todos los repartidores", afirman desde la multinacional.
Si la Audiencia Nacional hubiera dado la razón a los sindicatos y decretado que Uber incurrió en un ere encubierto, el resultado hubiera sido la nulidad del mismo, la obligación de readmisión de esos 4.000 repartidores y el pago de los salarios de tramitación, es decir, los que tendrían que haber percibido desde agosto del 2021 -cuando fueron desconectados- hasta hoy. El problema es que como nunca antes habían estado en nómina, el cálculo de dichos salarios hubiera requerido de interpretación judicial y el proceso se tornaba complejo, a ojos de los sindicatos. Por lo que han optado por asegurar unas indemnizaciones para los 4.000 repartidores y pactar con la empresa.
Saldar cuentas pendientes
Uber sigue, a su manera, la estela de Deliveroo, que antes de la entrada en vigor de la 'ley Rider' integró en plantilla a sus 3.800 repartidores para luego despedirlos con indemnización. La firma de origen británica saldaba cuentas pendientes y dejaba de operar en España sin potenciales problemas judiciales futuros. Uber sigue operando en España, más desde septiembre ha dado un giro en su modelo organizativo.
La multinacional de origen estadounidense empezó cumpliendo con la 'ley Rider', que estipula que los repartidores deben tener un contrato de asalariado. Optó por un modelo de subcontratas, en las que estas eran las que empleaban al 'rider'. A diferencia de Glovo, que en todo momento ha persistido en repartir con autónomos, pese a las reiteradas denuncias y sanciones. En septiembre Uber dio marcha atrás y volvió a repartir directamente con trabajadores autónomos, con el fin de competir con Glovo en igualdad de condiciones. Y fue reduciendo su flota de subcontratas.
Ahora el sector del delivery aguanta la respiración ante la reforma del código penal que ultima el Gobierno y que pretende penar con hasta seis años de cárcel el empleo reiterado de falsos autónomos. Lo que puede desencadenar otro efecto dominó con nuevos cambios en el modelo organizativo de las empresas.
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