En un polémico fallo publicado el jueves 11 de abril, el juez Carlos Mahiques, uno de los tres magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina (escalón previo a la Corte Suprema de Justicia), sentenció que atentados a la AMIA y a la embajada de Israel fueron ordenados por la república de Irán y ejecutados por Hezbollah.
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Consideración minoritaria y ajena al tema de la causa
Si bien no existió ningún avance en el esclarecimiento de los hechos y nunca fue condenado un solo responsable material o intelectual de los atentados, Mahiques resolvió que fueron "crímenes de lesa humanidad" que "respondieron a un designio político y estratégico" de Irán, y que estos fueron llevados a cabo por Hezbollah.
Estas consideraciones no fueron acompañadas por los otros dos magistrados, Angela Ledesma y Diego Barroetaveña, debido a que ese no era el tema de la causa. Ledesma hizo hincapié en que la cuestión "resulta ajena a la materia del proceso", puesto que la causa por el atentado a la AMIA está en el juzgado 6 de Comodoro Py y la del atentado a la Embajada de Israel la tiene la Corte Suprema de Justicia.
El expediente de Casación tenía que ver con el "encubrimiento" en la investigación del atentado a la mutual judía el 18 julio de 1994.
Los jueces debían expedirse sobre la situación procesal del exjuez de la causa AMIA, Juan José Galeano, condenado por el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldín (que estaba preso por vender la camioneta que supuestamente se utilizó en la explosión de la AMIA) para que cambie su declaración e involucre falsamente en el atentado a cuatro policías bonaerenses que estuvieron cuatro años en prisión injustamente. Sobre Telleldín no encontraron pruebas de su vinculación con el atentado, por lo que los tres magistrados estuvieron de acuerdo en su absolución.
Por esa maniobra, la Justicia argentina condenó a Galeano, a un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que intermedió con el pago con plata de los servicios, y a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, compañeros de Alberto Nisman (hallado muerto el 18 de enero de 2015), quienes acusaron a los policías.
Solapada por el fallo de Mahiques en contra de Irán, la revisión determinó una rebaja de dos años en la pena de Galeano, mientras que a los fiscales les mantuvieron dos años en suspenso, aunque fueron alivianadas las consideraciones sobre sus conductas.
El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, expresó que fue un "fallo histórico", aunque con sabor "agridulce" porque deja un sentimiento de "no reparación" a las víctimas: "Es una gran noticia, pero no es una novedad", ya que "en 30 años de una causa que investiga el peor atentado que hemos sufrido, no hay una sola persona respondiendo".
Encubrimiento deliberado y las pistas incomprobables de Inteligencia
En un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa, asociación civil que lucha por el esclarecimiento del atentado a la AMIA, enfatizaron que el fallo de Casación "confirmó que existieron maniobras para impedir deliberadamente que se conozca la verdad y se haga justicia por el atentado a la AMIA". Remarcaron que "la sentencia ratificó la culpabilidad de funcionarios judiciales, políticos y de la ex SIDE por la implementación de esas maniobras".
Interpretaron que, según el fallo, el daño cometido a la investigación ha perjudicado "de manera casi irreversible la averiguación de la verdad". Sin embargo, "las penas fijadas a los funcionarios condenados por estos graves hechos no resultan proporcionales a la magnitud de semejante daño ni al reproche que merecen".
Respecto al voto particular del juez Mahiques, señalaron que el camarista "pretendió instalar que el atentado ya está resuelto, y que Irán y la organización Hezbollah son los responsables, cuando no hubo condena judicial alguna contra ellos".
Apuntaron que "fue precisamente el accionar delictivo de los encubridores el que impidió que la información de Inteligencia en la que se sustenta que la acusación (a Irán) sea confirmada con prueba judicial suficiente para una condena penal", uno de los principales laberintos a los que se enfrentó el fiscal Nisman en la causa AMIA, quien se quitó la vida en medio de una guerra entre los servicios secretos.
Las imputaciones a Irán siempre se basaron en informes de inteligencia de la SIDE, con información brindada por otras agencias internacionales como la CIA y el Mossad, proporcionadas en su mayoría por el exagente Antonio "Jaime" Stiuso, que estuvo en los servicios secretos argentinos desde 1972 hasta 2015, y era conocido por espiar a políticos y empresarios cercanos al poder en los '90, pero con la llegada de Néstor Kirchner fue encomendado para asuntos "exteriores" y como informante de Nisman en la causa AMIA, con quien trabajó codo a codo durante a años, pero que no quiso atenderle varias llamadas telefónicas que hizo horas antes de aparecer muerto en su baño, a pesar de haber mantenido muchas comunicaciones con otros agentes de inteligencia que cesaron cuando se conoció la muerte del fiscal.
El fallo del juez Mahiques -que siguió la línea de la denuncia que había hecho Nisman cuatros días antes de su muerte- sostiene que Irán debe ser demandado internacionalmente por los atentados, (aunque admite la controversia que supone acusar a Estados) que se tramaron en Beirut, y el motivo fue que el expresidente Carlos Menem incumplió tres acuerdos de provisión de tecnología nuclear, que habían sido firmados por Raúl Alfonsín.
Esta hipótesis no es novedosa, como tampoco lo es que el atentado sea declarado como delito de lesa humanidad, una definición que está en la causa desde 2006.
Pero tampoco debería ser descartada la pista relacionada con la provisión del misil Cóndor para Libia o Siria, que Menem habría incumplido durante su mandato.
Con la jueza Ledesma en disidencia, los otros dos jueces de Casación sostuvieron que no quedó probado el encubrimiento de la "pista Kanoore Edul", que vinculaba al empresario sirio-libanés allegado a la familia Menem con el atentado a la AMIA.
En este fallo, y "de manera arbitraria", los jueces Mahiques y Barroetaveña resolvieron la absolución de todos los involucrados en la "pista siria". "Es este, sin dudas, un grave retroceso en la causa y en el camino hacia lograr verdad y justicia", expresa la misiva.
El oportunismo geopolítico de la acusación a Irán
Si bien el juez Mahiques afirmó, sin prueba alguna y en un fallo que era sobre otro tema, que Irán es un Estado terrorista y responsable de los atentados en Argentina, todos los periódicos del mundo replicaron que "Argentina culpó a Irán por los atentados", tema que calzó oportunamente en una coyuntura internacional que estaba a la espera de que Irán atacara por primera vez en su historia a Israel, como respuesta del bombardeo del ejército israelí al consulado iraní en la ciudad de Damasco, Siria.
Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, rechazó el fallo sobre los atentados, diciendo que el mismo tenía "fines políticos".
En ese sentido se expresó el politólogo argentino Ari Lijalad: el juez Mahiques "armó una operación mediática para instalar que la causa AMIA estaba resuelta".
Pero lejos de haber sido un acto de justicia y esclarecimiento, sirvió como "una ofrenda a Estados Unidos e Israel en la ofensiva belicista actual contra Teherán", manifestó el periodista de investigación argentino de Página 12, Raúl Kollmann.
En un comunicado, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) expresó que "estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando desde hace años, que pretende negar cualquier responsabilidad del Estado nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento, en medio de un contexto internacional abrumador: el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y genocidio en Medio Oriente".
En ese marco, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, expresó días atrás que "el llamamiento a la paz no es la posición argentina, estamos con Israel por convicción. Gane o pierda Argentina va a estar a ese lado, les vaya bien o les vaya mal".
Apenas conocido el fallo, el presidente argentino, Javier Milei, apuntó a "los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán", señalando que la firma en 2013 del llamado "Memorándum de Entendimiento" con Irán (gestionado por el excancilller Héctor Timerman) garantizó "la impunidad terrorista", aunque este acuerdo entre los países nunca quedó efectivo por la negativa que tuvo del Parlamento iraní.
Por otra parte, los sectores judíos más conservadores celebraron la sentencia de Mahiques, como sucedió el viernes 12 en la sinagoga porteña Amijai, donde aplaudieron al juez, entre ellos el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, y el embajador de Israel Eyal Sela.
A la luz del fallo judicial, Israel pidió a Argentina que declare a la Guardia Revolucionaria organización terrorista, mediante el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, explicó en un comunicado el viernes que habló con su homóloga argentina, Diana Mondino, el jueves 11 en la noche para transmitirle la petición.
Alertas terroristas en la región
Como si se fuese algo programado, el Gobierno de Milei puso en marcha una serie de medidas de seguridad motivadas porque "la Argentina está en el radar el terrorismo".
Horas después de la respuesta militar de Irán a Israel, el alcalde porteño Jorge Macri puso en funcionamiento el plan de contingencia de la División de Objetivos Sensibles de Terrorismo (DOS) de Policía de la Ciudad, unidad creada para poder "identificar objetivos sensibles de atentados terroristas y diagramar planes preventivos".
En ese contexto, Bullrich emitió un informe de Inteligencia Criminal que sienta las bases de las medidas a adoptar: "Se recomienda prestar atención y custodia a los centros religiosos de la cultura judaica en todo el territorio nacional; los objetivos sensibles de Estados Unidos; las represas hidroeléctricas, centrales nucleares y de generación de energía; aeropuertos, pasos fronterizos, terminales portuarias".
Alineada con la política de seguridad internacional de Estados Unidos e Israel, la ministra argentina alertó sobre la presencia de Hezbollah en la triple frontera (Argentina-Paraguay-Brasil), pero también en Bolivia y en el norte de Chile.
Una alarma terrorista que ocurrió casi en simultáneo a la celebración del fallo por parte del Congreso estadounidense, donde durante una sesión del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, el legislador republicano Marco Rubio aseguró que existen múltiples casos en Latinoamérica de lazos entre grupos criminales transnacionales y las "organizaciones terroristas extranjeras" indicando al grupo chiíta, al que acusó de amasar dinero en la región para enviarlo a la organización en varios países como Chile. "Hay razones para preocuparse de que no están haciendo lo suficiente para acabar con estas redes financieras desde el lado chileno", afirmó.
Las acusaciones fueron desmentidas tajantemente por el presidente chileno Gabriel Boric, que el miércoles 17 recibió disculpas de Bullrich por el señalamiento infundado.
Uruguay también se prepara
La alerta terrorista también llegó la semana pasada a Uruguay, el mismo día del fallo en Argentina. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) organizó en Torre Ejecutiva un taller para incrementar la capacidad de Uruguay para poder hacer frente amenazas del terrorismo y, en particular, a actos extremistas basados en xenofobia, racismo y otras formas de intolerancia motivadas por creencias religiosas.
De dicha instancia participaron tanto agentes de inteligencia uruguayos como de los servicios secretos internacionales, y fue coorganizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Congreso Judío Latinoamericano.
En el taller se trabajó para mejorar las capacidades de prevención y represión de actos de violencia basados en la xenofobia, racismo, y otras formas de intolerancia, "características del mundo moderno", señaló el director de la SIEE, Álvaro Garcé, que reconoció que, si bien hay una baja probabilidad de que esos hechos sucedan en Uruguay, "no estamos libres" del riesgo, porque es una "amenaza global", advirtió.