La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), una entidad fundada hace 46 años e integrada por calificados especialistas en el análisis de las cuentas públicas, acaba de plantearlo sin vueltas. Ha dicho que, comparada con el mismo período de 2023, la caída del gasto de capital del primer trimestre de 2024 "presenta niveles casi de parate total de la inversión pública".
Se trata del saque del 83,4% real, descontada la inflación, que el Ministerio de Economía le pegó a los fondos del Estado que se destinan, sobre todo, a obras de infraestructura en el transporte terrestre, ferroviario y aéreo y a viviendas y servicios sociales básicos. El "casi", por si hace falta aclararlo, es la diferencia entre el 83,4% y el 100% completo.
Traducida a plata, la medida representó un "ahorro" fiscal de $ 124.700 millones, esto es, poco más de la cuarta parte del recorte de $ 597.000 millones en jubilaciones y pensiones que, durante el mismo cuatrimestre, implicó la decisión de aplicar la movilidad previsional heredada del kirchnerismo. La cuestión no pasa esta vez por el apretón fiscal, que abunda, sino por el hasta dónde llega el apretón.
Pegarle a la inversión pública y pegarle de entrada es aquí un clásico de los ajustes de todos los tiempos y de todos los gobiernos, una jugada obvia pensando en que el rédito político de las obras se cobra cuando han sido concluidas mientras que el costo puede ser a corto plazo, si tiene la forma, por ejemplo, de una poda salarial. La salida habría sido, allí, que alguien se hubiese ocupado de imaginar una variante un poco más elaborada.
Se sabe, en cambio, que los jubilados no están en condiciones de armar grandes protestas ni sonoras movilizaciones y si hablan los días de las elecciones, como hablan con sus votos, las próximas quedan dentro de un año largo: son las legislativas de diciembre de 2025.
Sólo para aportar una desventura de este tiempo al cuadro general tenemos que entre noviembre de 2023 y marzo del 2024, en apenas cuatro meses, el poder de compra de la jubilación mínima cayó un 21,5%. O el 16,1% con los bonos extra incorporados.
El punto es que la inversión pública no representa una alternativa inocua sino, siempre, una apuesta al crecimiento y a la productividad de la economía, al empleo por lo general bien pago, al progreso y a la calidad de vida y, si se quiere, al equilibrio social. De seguido, puede servir para achicar la brecha de competitividad con países que invierten en actividades aquí descuidadas, que envejecen y atrasan.
Cualquiera puede advertir sin mucho esfuerzo el enorme, creciente deterioro que enfrenta la infraestructura en la Argentina y, añadida, la calidad de los servicios que presta el Estado.
Queda claro en sus decisiones el papel que los libertarios le asignan al Estado y no sólo al Estado económico, aunque se sobreentiende que alguien hará lo que el Estado deja de hacer y que obviamente cobrará por ese trabajo. En el medio operan los funcionarios que administran el Estado.
Una serie que figura en planillas del Ministerio de Economía revela que estamos, al fin, ante un proceso que venía de antes.
Calculada como porcentaje del PBI, la inversión pública argentina fue del 1,3% en el 2023; del 1,4% en 2022, el 1,1% en el 2020 de la pandemia y del 2% en 2019. Solo en uno de los últimos cinco años el país superó el muy modesto 2% del PBI: en el 2021, cuando bajo presión se les pagaron deudas atrasadas a los proveedores.
Acá cerca, en el vecindario, tenemos un contraste considerable y una manera distinta de interpretar los procesos económicos. Los datos de América latina cuentan que entrado el año 2000 la inversión pública promedio en la región osciló en torno del 2,6 %, el 2,9 y el 3,9% del PBI, o sea, por lo general arriba del 2%.
Bastante más lejos, en el mundo de los países del Sudeste Asiático, la media anda en el 7%. En la misma línea, cifras difundidas por analistas del Fondo Monetario cuentan que entre 2013 y 2015 la inversión pública superaba el 7% del PBI en el 30% de los países desarrollados. Y otros consideran al 4-5% un nivel razonable.
Está a la vista que ese no es el camino que ha elegido el Gobierno. Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tienen puestas todas las fichas en un ajuste fiscal agresivo, acelerado, a veces extremo y definitivamente promercado. Pretende ser, así, una demostración de firmeza y compromiso con sus ideas.
Desprovisto de contenidos asociados claramente a la economía real, el modelo encaja bien con una descripción muy difundida en el mundillo financiero: "Argentina es un negocio de corto plazo", dice. Podría decirse, también, que es un país donde nunca falta una bicicleta o en el que a menudo sobran bicicletas y ciclistas experimentados.
Todo muy atractivo para los buscadores de oportunidades, pero arriesgado cuando las actividades a las que se ha apostado crujen. Y aquí tenemos, entre varias más, dos de las grandes e importantes que la pasan mal de verdad.
Una es nada menos que la industria manufacturera, que acumula nueve meses consecutivos barranca abajo y tres de ellos con rojos verdaderamente subidos: 12,9% en diciembre de 2023 y 12,2% y 9,9% en enero y febrero del 24.
En el mismo boletín aparecen otros registros negativos igual de fuertes o más fuertes que ésos, como el bajón del 48,3% en la producción de maquinaria agropecuaria; el 39,7% que le tocó a la siderurgia y el 17,7% de la actividad automotriz.
Lo que sigue en el menú tampoco desentona: dice que entre octubre de 2013 y octubre de 2023 en la industria se perdieron 68.573 puestos de trabajo registrados. Hoy la dotación laboral orilla 1,2 billón de empleos.
Ahora, el turno de la construcción. Entre febrero del 23 y febrero del 24, la actividad anota una caída del 24,6% después de una del 21,8 en enero y otra del 12,2% en diciembre. También números en cantidad aparecen en los estantes de los materiales y todos color rojo subido, como el 64,9% de asfalto, el 45,9 en hierro y acero o el 34,8% en hormigón.
Y para que el sopor no afloje, tenemos un par de cifras más, ninguna demasiado alentadora como corresponde. Una, informa que el empleo formal en el sector alcanzó a 396.287 trabajadores en diciembre de 2023 y que así se ubicó por debajo de la barrera de los 400.000 luego de 17 meses consecutivos de moverse por encima de esa marca.
La cifra que sigue revela que entre la industria manufacturera y la construcción suman el 20% del Producto Bruto Interno. Y si se agrega el comercio mayorista y minorista que arrancó 2024 con una baja del 8,2% y representa el 13,3% del PBI, tenemos que el 33% de la economía está en recesión.
Todos los análisis de especialistas apuntan a detectar en qué momento la economía empezará a recuperarse. Hay una alternativa: saber cuándo dejará de caer.
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