En el informe de la Misión de Verificación de la ONU, que abarca el periodo entre el 27 de diciembre de 2023 hasta el 26 de marzo de 2024, el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó la persistencia de Colombia para afrontar los procesos de diálogo para lograr el objetivo fundamental de la paz duradera.
Sin embargo, hizo varios llamados de atención sobre problemáticas sociales que aún persisten como el asesinato a líderes sociales, excombatientes, reclutamiento forzado a menores de edad y ausencia del Estado en territorios indígenas y aislados.
El informe admitió que los logros alcanzados hasta el momento por los diálogos entre el Gobierno y el ELN "es un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos". Asimismo, destacaron la importancias y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ha actuado como ente para impartir justicia con prontitud dejando beneficio a numerosas víctimas del conflicto armado.
Del mismo modo, desde Naciones Unidas le enviaron un mensaje a la JEP, al indicar que es momento para que se dicten sanciones propias del proceso de justicia transicional.
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A la fecha se han imputado 47 miembros de las antiguas Farc y 100 miembros de la fuerza pública. A su vez, al menos 120 personas han sido imputadas y el 89% de ellas han reconocido su responsabilidad.
Por otro lado, los llamados de atención y alerta desde la Misión de Verificación de la ONU comenzaron por el incremento de muertes de varios excombatientes registrados desde la firma del acuerdo de paz y lamentaron la muerte de al menos 10 personas durante el trimestre.
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De acuerdo con el informe, desde la firma del acuerdo, un total de 416 excombatientes han muerto, de ellos 11 mujeres 50 indígenas y 57 afrocolombianos, a lo que se suman 27 desapariciones forzadas en departamentos como Meta y Arauca.
El estudio confirmó, además, que se han registrado 87 asesinatos a exintegrantes que disponían de medidas de seguridad y que estaban a la espera un plan de protección. En el documento reportaron el impacto que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento, pues el 64% de la población se ha visto afectada.
En el periodo del informe, un total de 14.325 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. También se registraron 42 denuncias de homicidios en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
El secretario general cerró la intervención haciendo énfasis en la necesidad de aumentar los recursos a las entidades de Gobierno y la presencia de miembros de Estado en zonas apartadas que aún están en conflicto, con el fin de acelerar los procesos de implementación del acuerdo de paz y aumentar la participación política y ciudadana de las comunidades.
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El informe será presentado al consejo de seguridad de las Naciones Unidas, el próximo martes 9 de abril, por parte del representante especial del secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.