No es el único elemento que apuntaló el procesamiento de cuatro jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero sí el más novedoso e interesante.
Dos antiguos etarras, arrepentidos hoy de su paso por la banda terrorista, declararon como testigos protegidos en la Audiencia Nacional. Y sus respuestas acerca del funcionamiento de ETA han servido, entre otros indicios, para que el juez Manuel García-Castellón proponga juzgar a Anboto, Kantauri, Iñaki de Rentería y Mikel Antza.
Estos cuatro alias corresponden a María Soledad Iparraguirre, José Javier Arizcuren Ruiz, Ignacio Gracia Arregui y Mikel Albisu, respectivamente. Todos ellos formaron parte de la cúpula de ETA, a través del llamado comité ejecutivo o zuba. Y el juez les atribuye el haber dado la orden de secuestrar y asesinar al concejal del PP en 1997.
Y no sólo eso, sino algo más importante: el magistrado señala que tenían el poder de evitar aquel derramamiento de sangre y no lo hicieron. Dada la estructura jerárquica de la banda, hubiera bastado una simple contraorden para frenar la muerte de Miguel Ángel Blanco, cree el instructor.
El auto de procesamiento de estos cuatro líderes etarras, firmado por García-Castellón, recoge gran parte de los testimonios que ofrecieron los dos testigos protegidos, que EL ESPAÑOL ya había publicado parcialmente. Se trata de TP1 y TP2.
"A la pregunta de si conoce si el comité ejecutivo de ETA, si hubiese querido, hubiera evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, el testigo protegido número 1 manifiesta: 'Sí, con seguridad, el comité ejecutivo podría haber evitado'", cita el auto.
Ese mismo TP1 relató ante el juez que los miembros de la llamada zuba eran los encargados de "dirigir los atentados, salvo cuando esos atentados iban a ser dirigidos contra miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército".
"Cuando el objetivo no era ese colectivo y sí jueces, fiscales, políticos, como es el caso de Miguel Ángel Blanco Garrido, la orden tenía que venir el comité ejecutivo", recoge el auto en una de sus 100 páginas.
"A la pregunta de Su Señoría sobre si sabe quién dio la orden de secuestrar y atentar contra la vida de Miguel Ángel Blanco, el testigo protegido contesta que, con seguridad, el comité ejecutivo", explica la resolución judicial.
Por su parte, el TP2 militó en ETA desde mediados de los 90 hasta 2001. Su colaboración, al igual que la del TP1 es novedosa: por primera vez, miembros arrepentidos de la banda colaboran con la Justicia en una investigación sobre sus atentados.
El testigo protegido 2, en sintonía con lo manifestado por la Guardia Civil en uno de sus informes, detalló que la estructura de ETA era jerárquica y casi militar.
"Parar el asesinato"
De acuerdo con su relato, el funcionamiento de ETA, durante los años en los que TP2 formó parte de la banda, era el siguiente: "Recibíamos órdenes del entorno de la dirección y [de los] responsables del aparato militar (...) Asignaban armamento
marcaban las directrices a la hora de cometer los atentados".
"La responsabilidad de las acciones provenían del comité ejecutivo. Las órdenes emanaban de la dirección, aunque había ciertos márgenes [para] improvisar un atentado (...). Si un comando decidía atentar contra la guardia civil, policía o [miembro del] Ejército, podría darse la circunstancia de decidirlo el propio comando, o podría venir la orden de arriba, de la dirección o de mandos intermedios", detalló el segundo de los testigos protegidos.
"Sin embargo, cuando los objetivos eran otros, como jueces, fiscales o políticos, la orden venía dada por el comité ejecutivo", precisó ante el juez.
Dichas órdenes, según detalló, las recibían a través de buzones, cartas o a través de citas presenciales en Francia con líderes de la banda, como Txapote, "de viva voz". En el caso de las armas que la cúpula suministraba a los pistoleros, lo más habitual era recogerlas depositadas en un zulo.
De nuevo, el juez preguntó al TP2 que quién creía que había dado la orden de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco. La respuesta fue similar. "Entiendo que los responsables que estaban entonces. Los que ejercían el mando. Al tratarse de un político, la decisión tuvo que ser tomada por el aparato político [uno de los departamentos que componían el comité ejecutivo]", manifestó este segundo etarra arrepentido.
Al igual que con TP1, García-Castellón preguntó por la posibilidad de que la zuba hubiese decidido frenar la muerte de Miguel Ángel Blanco. "La orden de parar el asesinato tuvo que ser tomada por el comité ejecutivo. Los miembros del comando que asesinaron a Miguel Ángel Blanco no podrían haber parado el atentado sin la orden del comité ejecutivo", insistió.
De hecho, para ilustrar la división de roles en la banda puso un ejemplo bastante ilustrativo. El comando que tenía retenido al concejal del PP no podía saber cómo avanzaban las negociaciones con las autoridades españolas sobre el acercamiento al País Vasco de presos de ETA, que era una de las condiciones de los terroristas para liberar a Blanco
"El comando que tenía secuestrado a Miguel Ángel Blanco no podía saber si la condición del acercamiento de presos de ETA (...) se había acatado o no si no se lo decía la directiva de ETA", narró TP2. "El comando que lo tenía secuestrado no pudo decidir esa acción sin la orden del comité ejecutivo", resumió.
Por todo ello, sumado a las conclusiones de varios informes policiales sobre la estructura de ETA, el juez García-Castellón propuso este jueves juzgar a Anboto, Kantauri, Iñaki de Rentería y Mikel Antza. Ahora, será la Sala de lo Penal la que deba confirmar este procesamiento. Por otro lado, una vez se acerque el juicio, la Fiscalía deberá decidir si, finalmente, considera que el asesinato de Blanco en 1997 está o no prescrito.
En marzo de 2022, García-Castellón reabrió este caso, tras la querella presentada por la organización de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA.
La querella señalaba a varios miembros de la cúpula de la banda por, supuestamente, haber ordenado la acción contra el concejal.
En 2006, ya fueron condenados como autores materiales de la muerte de Blanco Francisco Javier García Gaztelu (alias Txapote) y su novia, la también etarra Irantzu Gallastegui Sodupe (conocida como Amaia).