En el 2017, un matrimonio de origen rumano afincado desde hace más de dos décadas en España se animó a comprar una casa en el casco histórico de Onda. La reformaron con la intención de alquilarla y así utilizar ese dinero para pagar la vivienda en la que residen actualmente, en Sagunt, cerca de sus hijos y nietos.
Siete años después, lo que en un principio solo pretendía ser una operación inmobiliaria a modo de inversión ha acabado en denuncias, un largo proceso judicial, un desalojo y una vivienda hecha un basurero.
El calvario de los propietarios de la casa, ubicada en la calle Santísimo Salvador de Onda, empezó el 1 de octubre del 2020. Tras varios alquileres problemáticos (en los que unos inquilinos se iban sin pagar u otros robando lo que había en la vivienda), ese día firmaron un contrato de arrendamiento, a través de una inmobiliaria, con tres empleados españoles que trabajaban en una empresa constructora de la localidad.
Según explican los afectados a Mediterráneo, los primeros tres meses, «después de muchas discusiones», el alquiler lo pagó la propia compañía en la que trabajaban los inquilinos. «Pero después de eso, nadie ha vuelto a pagar desde entonces. Íbamos a Onda, pero no nos abrían la puerta o salían borrachos y nos insultaban y decían que no se iban a ir», lamentan.
Continuados impagos
No pudieron iniciar acciones legales de inmediato por falta de dinero, hasta que en el 2021 consiguieron contratar a una abogada para denunciar los hechos y, ante los continuados impagos de los inquilinos okupas, exigir a la justicia que abandonaran la vivienda y les abonaran todos los alquileres mensuales que les debían.
Después de tres años de litigio y una larga espera sin poder hacer nada para recuperar o entrar en la casa de su propiedad, la primera noticia esperanzadora llegó el pasado 8 de enero en forma de resolución judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Nules, tras requerir (sin éxito) a los okupas que en un plazo de 10 días o bien pagaran a los propietarios la cantidad adeudada o bien comparecieran con un abogado y procurador para oponerse a la demanda, dictó la orden de desahucio para el 29 de febrero.
El lanzamiento tuvo lugar finalmente el 10 de abril. No había nadie ya en el interior de la vivienda, pero estaba convertida en un auténtico vertedero, con una ingente cantidad de residuos por todas las estancias.
«Nos esperábamos encontrar la casa en malas condiciones, pero no así de mal. No se puede ni caminar de la basura que hay», explican los propietarios, que han recuperado su inmueble, pero ahora transformado en un estercolero.
Entre los montones de desechos encontraron papeles que muestran que «allí vivía mucha gente, algunas con citaciones judiciales», aunque ellos solo les habían alquilado la vivienda a tres personas.
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