David Toro Escobar
Ciudad de Guatemala, 26 abr (EFE).- "La gente nos pedía quedarse con la tierra porque tenía la sangre de sus seres queridos", relató este viernes ante un tribunal de Guatemala Luis Enrique Salazar, uno de los arqueólogos forenses que intervinieron en el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado del genocidio cometido contra más de 1.000 personas indígenas entre 1981 y 1982 en el norte de Guatemala.
"Ingresé a una fosa y al desenterrar encontré los restos de una persona, encontramos las ofrendas y los tejidos que el esposo de la víctima había colocado", indicó por su lado la arqueóloga forense, Carmen Valle, quien en 2007 participó en las exhumaciones realizadas en San Gaspar Chajul, un municipio maya Ixil ubicado en las montañas del norte de Guatemala.
Valle detalló que este trabajo se realizó a petición de Juan de León, un ciudadano que denunció la desaparición de su esposa en 1982, durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) y fue una de las 16 exhumaciones en las que participó.
Los relatos de la arqueóloga se realizaron durante la segunda semana de audiencias contra Lucas García, acusado de dirigir entre 1981 y 1982 operaciones militares en tres municipios mayas ixiles del noroeste de Guatemala, donde murieron más de 1.770 indígenas a manos del Estado.
La arqueóloga explicó al Tribunal de Mayor Riesgo "A", dirigido por el juez Gervis Sical, que la persona que desenterró habría fallecido luego de ser desplazada forzosamente por las fuerzas armadas estatales, según el testimonio de los sobrevivientes.
Valle es una de las decenas de peritos que el Ministerio Público (Fiscalía) citó para ratificar los análisis y descubrimientos que se hicieron en las zonas donde el Ejército atacó a la población civil entre 1981 y 1982.
Este viernes también declaró el arqueólogo Luis Enrique Salazar, quien aseguró haber sido el encargado de realizar la exhumación de más de 20 osamentas de niños que fallecieron durante el periodo del conflicto armado interno en San Gaspar Chajul.
"Las exhumaciones las realizamos en presencia de las familias y vecinos de los fallecidos. Estos procesos se convirtieron en una fase elemental para las personas porque era una forma de cerrar el duelo vivido durante la guerra", explicó Salazar al juez Sical.
Los relatos de los peritos y las preguntas de fiscales y abogados saltaban en la sala de audiencias, mientras Lucas García observaba la audiencia de forma virtual, desde el Hospital Militar de Guatemala, donde se encuentra recluido.
El argumento en el que la Fiscalía sustenta su acusación contra Lucas García es que como Jefe del Estado Mayor del Ejército, identificó como "el enemigo interno" a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicados en Quiché, y se ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región.
"El 13 % de las víctimas de este genocidio eran niños entre 0 a 3 años, fueron muertas mujeres embarazadas y ancianos desarmados por considerarlos afines a la guerrilla", indicó en la apertura del juicio la fiscal Cándida Morales Santos.
Desde 2018 Lucas García está cumpliendo una pena de 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en octubre de 1981.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996. EFE
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