Santa Marta
Ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la congresista del Magdalena, Ingrid Aguirre, interpuso una Acción Popular dirigida al Ministerio de Minas y Energía, así como a la Comisión de Regulación de Energía de Gas, CREG, para que se garanticen los derechos colectivos de los ciudadanos, sobre todo de quienes denuncian las altas tarifas en el servicio de energía en el Caribe.
La representante de Fuerza Ciudadana recordó que la medida busca proteger los derechos de los consumidores residentes en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y La Guajira, asegurando que el valor pagado mensualmente corresponda al consumo real de energía eléctrica, excluyendo el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas de la fórmula de cálculo de la factura.
"Desde Fuerza Ciudadana solicitamos al Ministerio de Minas y Energía que utilice recursos del presupuesto nacional para cancelar la deuda generada por las tarifas diferenciales, lo que permitiría a las empresas Air-e y Afinia adelantar proyectos de producción y modernización de redes para reducir las pérdidas técnicas", detalló un comunicado.
Asimismo, "solicitamos la revisión de la tarifa diferencial durante la pandemia del Covid-19 y en caso de no ser posible la solución anterior, se pide que la CREG modificar la fórmula de cobro de la tarifa diferencial durante este periodo, disminuyendo el porcentaje correspondiente a este cobro".
"La acción se fundamenta en la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los altos costos de energía afectan el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la educación en la Región Caribe. Las personas no pueden seguir con la incertidumbre de pagar la factura o satisfacer otras necesidades básicas como comprar la comida para el hogar", explicó la representante a la Cámara, Ingird Aguirre.
La congresista insistió que el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas en la factura de energía de las empresas Air-e y Afinia vulnera el derecho de los usuarios a que el valor pagado corresponda a su consumo real, siendo una carga injusta impuesta a los habitantes de la región.
La acción popular "busca corregir las injusticias en el sistema tarifario de energía eléctrica en la Región Caribe, garantizando un acceso equitativo y eficiente a este servicio esencial".
Finalmente, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de los consumidores y usuarios afectados por estas alzas "injustificadas".