17 Abril de 2024 10:46
Este miércoles un hito histórico tendrá lugar en la provincia de Corrientes. De manos del legislador autonomista José Antonio Romero Brisco, ingresará a la Cámara de Diputados local un proyecto para cobrarle la atención médica y sanitaria a los extranjeros que concurran a los hospitales públicos a atenderse. La iniciativa se da a días de que una propuesta similar llegara a Neuquén y con una medida de ese tipo ya aprobada en Salta. Lo que avanza no es la libertad, sino la falta de solidaridad.
El objetivo del proyecto que arrasa una tradición nacional de universalizar al individuo en pos de su bien sin importar su nacionalidad, propone "el arancelamiento de la atención y servicios en el ámbito del sistema de Salud Pública de la Provincia, para todos los extranjeros que, de acuerdo a la categorización establecida en la Ley Nacional N° 25.871, sean 'residentes transitorios' o 'residentes precarios', debiendo solventar los costos de dichas prestaciones a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sí mismos".
Los únicos que quedarían afuera de la medida son los "residentes permanentes" y "temporarios", a quienes se le brindarán estos servicios "de salud pública provincial de manera igualitaria y sin distinción". Allí también estable que "la atención no podrá ser negada" a ningún extranjero residente, transitorio o precario, y que será "la autoridad de aplicación" quien arbitre "con posterioridad, los medios para el cobro de los gastos en que se incurriera".
El organismo que se encargará de medir estos gastos, en caso de aprobarse el proyecto, será el Ministerio de Salud Pública provincial, que en estos casos actuará como responsable de "llevar a cabo todas las acciones necesarias para la implementación de esta ley, y fijará los aranceles". También posibilitará que el Gobierno de Corrientes pueda "celebrar convenios de reciprocidad con otros países, a fin de garantizar para los habitantes de nuestra provincia el acceso al sistema de salud pública en otros territorios".
Una de las razones que enarboló el autor del proyecto fue "la adversa situación económica que viene atravesando el país". Romero Brisco también destacó que "uno de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de salud pública, es la administración de recursos finitos (y en ocasiones, escasos) frente a una esencial demanda".
"Toda asistencia sanitaria, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, posee un costo, y entendiendo que el mismo es solventado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga de quienes tengan acceso a dichas coberturas, pero que también es afrontado por el Estado Provincial, sin distinción alguna, para los casos de personas que no posean tales beneficios ni recursos suficientes, es que considero necesario y oportuno legislar a fin de resguardar y garantizar el acceso al sistema público de salud pública provincial", argumentó el legislador correntino.
También aclaró que con su iniciativa no busca "privar a nadie del acceso a los servicios de salud pública en nuestra provincia, máxime en en casos de urgencia o emergencia", sino que la idea es atender "a la imperiosa necesidad de resguardar el alcance y calidad del servicio de salud pública provincial, implementando una distinción tendiente a dar mayor solvencia al mismo, frente a una demanda que sin duda estará siempre en constante crecimiento, tanto por la calidad de sus profesionales como de sus establecimientos". La característica tan única de la Argentina de atender a cualquier ser humano sin importar su dinero ni su nacionalidad, está en riesgo. Los valores de la solidaridad sobre los que se construyó esta nación, también. La libertad avanza, aunque en los hechos, lo que avanza es la privatización de la salud y la deshumanización.