La extrema derecha se lo va a tener que pensar dos veces antes de acudir a los tribunales para hacer valer sus demandas porque la justicia ha decidido hacerles pagar por sus excesos a la hora de recurrir a los jueces. Asociaciones como Abogados Cristianos, o la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y otros colectivos antimemorialistas están siendo condenados a pagar las costas derivadas de las querellas que presentan sin consistencia alguna. Es más, algún particular que también está actuando, como es el caso de Marina Benayas, la mujer que consiguió la paralización de las exhumaciones en el valle de Cuelgamuros porque afectaban supuestamente a la sepultura de su abuela y que luego se descubrió que esos restos no se encontraban allí, se va a encontrar con que va a tener que pagar una multa de 1.000 euros si prospera la petición en tal sentido efectuada por el fiscal por "mala fe procesal".
El Supremo ha rechazado la querella presentada por Abogados Cristianos contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la elaboración y publicación del informe sobre los abusos sexuales en la iglesia católica. La querella de la fundación ultraconservadora atribuía a Gabilondo delitos de provocación a la discriminación y el odio, prevaricación y malversación. Los magistrados descartan la existencia de indicios sobre alguno de los tres delitos. Sobre la prevaricación la sala no advierte "la arbitrariedad e injusticia que se predica", ni que suponga una criminalización de los católicos. El informe del defensor "se limita a recopilar con datos objetivos la realidad de los abusos, la respuesta de la propia institución y la actuación de los poderes públicos sirviéndose para ello del testimonio de las víctimas y de las informaciones facilitadas por la Conferencia Episcopal Española, las diócesis y los institutos de vida consagrada".
En cuanto a la malversación, la sala sostiene que Abogados Cristianos lo asocia a la elaboración de un informe "ilegal y discriminatorio, financiado con dinero público, con la intención de favorecer a personas pertenecientes al Gobierno y a un partido que no identifica y con evidentes connotaciones políticas ajenas al manejo correcto de los caudales públicos". La sala rechaza contundentemente tal argumento "sin necesidad de especiales esfuerzos dado que ni el cuestionado informe puede calificarse de ilegal, ni se advierte la sustracción o desvío de fondos públicos en su elaboración que el querellante se muestra incapaz de demostrar". Por último, rechaza la acusación a la incitación al odio cuando recuerda que el informe de Gabilondo ha contado con la colaboración de la Conferencia Episcopal a través de su informe "Para dar luz" donde se reconoce la existencia de abusos sexuales en el seno de la iglesia. El dictamen judicial concluye con un rotundo "no se constatan en el informe, ni lo refleja el querellante más allá de afirmaciones genéricas, expresiones o reflexiones que contengan un discurso encaminado a criminalizar la conducta de los miembros de la Iglesia como infundadamente se afirma en el escrito de querella".
Por su parte, la sala de Lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda presentada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos en la que pedía la suspensión cautelar de las exhumaciones pretextando el contenido de un escrito de la dirección general del Patrimonio que el tribunal considera "una comunicación meramente informativa carente de cualquier contenido decisorio, que ni siquiera puede considerarse propiamente un acto de trámite no cualificado inserto en un procedimiento administrativo". El fiscal había advertido que la pretensión de la demandante era "generar un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la administración pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas".
Estas asociaciones están siendo condenadas a abonar las costas judiciales derivadas de todos estos procedimientos lo que supone un gasto imprevisto que afecta a sus finanzas. Pero se va más lejos y se empieza a pedir la imposición de multas por "mala fe procesal". Y es que no es de recibo que se estén utilizando los tribunales de justicia para intentar paralizar iniciativas gubernamentales avaladas por el parlamento. Se han aprovechado de las decisiones de algunos jueces que han paralizado las actuaciones en el valle de Cuelgamuros argumentando la nulidad de las licencias expedidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. El juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid tiene paralizada dicha licencia por haber anulado el acuerdo de concesión de la junta de gobierno de la corporación municipal a pesar de que una decisión anterior de ese mismo juez ordenando la suspensión cautelar fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión está recurrida y, mientras tanto, continúan los trabajos de identificación de los cuerpos sepultados.
Los colectivos antimemorialistas, principalmente Abogados Cristianos, asociaciones de defensa del Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco entre otras personas jurídicas y físicas, están utilizando la misma metodología que Vox: instrumentalizar al poder judicial con la intención de paralizar las iniciativas que están llevando a cabo las autoridades: desde el gobierno hasta el parlamento. La actuación más significativa está siendo la de la Fundación Abogados Cristianos, constituida en 2008, que dice defender "la cultura de la vida y la familia" pero, en realidad, lo que está haciendo es judicializar todo aquello que ose ofender el sentimiento religioso. Este colectivo ha conseguido alguna victoria en los juzgados como las sentencias en contra de la colocación de banderas LGTBI en las fachadas de los edificios públicos. Aunque oficialmente dicen ser "apolíticos", en sus filas encontramos a Juan José Liarte, diputado de la asamblea de Murcia por Vox, que es uno de los patronos de la Fundación. El marido de la presidenta, Polonia Castellanos, el economista Alfonso González Rodríguez-Vilariño, fue candidato de Vox al Senado, y el responsable de promoción y márketing, Norberto Domínguez, también fue en las listas municipales de Vox a la alcaldía del municipio madrileño de Villanueva del Pardillo. A otros cualificados miembros se les ha relacionado con la secta El Yunque.
De la fundación Francisco Franco poco hay que contar que no se haya dicho. Se desconoce cómo se financia. Sus dirigentes dicen que "de las aportaciones de sus afiliados". Sólo se sabe que entre 2000 y 2002 recibió del gobierno de Aznar 153.000 euros por la cesión de una parte del archivo personal del dictador que fue a parar al Archivo General de Salamanca. En 2017 se hizo público que gestionaba las visitas al pazo de Meirás cuya propiedad, por aquél entonces, se atribuyeron los herederos de Franco. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la «donación personal» a Franco y a su familia. La fundación ha recurrido en varias ocasiones a los tribunales en contra de las decisiones del gobierno. Una de ellas fue la exhumación y traslado del cadáver del dictador.
Los profranquistas no van a parar. Han conseguido que su principal objetivo sea el valle de Cuelgamuros. Y utilizan todos los recursos judiciales a su alcance. Pero deben de tener en cuenta que la justicia tiene un coste en este país y más cuando se actúa con mala fe procesal. Y un procedimiento judicial puede suponer sólo en costas una estimable cantidad que puede oscilar entre los 5.000 y los 10.000 euros según las instancias a las que se haya acudido. No sólo hay que pagar a sus abogados y procuradores sino también los de la parte contraria si son condenados.