Familiares de José Barquín, Héctor Morales y Armando Bravo, quienes fueron detenidos hace cinco años acusados del delito de secuestro, se manifestaron en la Casa de Justicia de Tehuacán para pedir que el proceso se acelere porque aún no concluye el juicio, motivo por lo que también solicitaron que se les modifique la medida cautelar para que enfrenten el resto del procedimiento en prisión domiciliaria, pues explicaron que ya se excedió el tiempo que marca la ley para dictar sentencia a un detenido.
A decir de los manifestantes los detenidos, el 25 de enero de 2019, son inocentes y se les ha tenido privados de su libertad injustamente, por ello solo desean que se retome el juicio para así poder aportar las pruebas y demostrar su inocencia.
El hermano de José, Adolfo Barquín, aseveró que existen varias inconsistencias en el proceso, entre las que resaltaron que no hay parte acusadora, el argumento de los ministeriales es que hicieron una investigación sobre ese caso de secuestro que los llevó a la detención de esas cinco personas, entre ellos Héctor y José.
Otro aspecto en el que, sostuvo, hubo falsedad en la declaración de los policías tiene que ver con el lugar donde se ejecutó la detención, pues los uniformados indicaron que hicieron el arresto en la carretera, a la salida de la ciudad, cuando realmente fue en la calle 38 poniente de la colonia Tepeyac.
Eduardo, hermano de Armando manifestó que desde hace siete meses se suspendió la etapa de juicio porque la carpeta entregada por la Fiscalía General del Estado no coincidía con las del juez, ante lo cual les indicaron que se les indicó que en tres semanas se retomaría el caso, pero ya pasó mucho tiempo.
Aseguró que los jóvenes fueron torturados para obligarlos a declararse culpables, acción por la cual se interpuso un recurso de amparo, pero a la fecha no les han dado ninguna resolución.
Los familiares expresaron que están desesperados porque la ley especifica que en dos años se debe dictar sentencia y en este caso ya llevan más de cinco años sin que se defina el juicio, por lo que solicitaron que se cumpla con lo que marca la legalidad y se les permita enfrentar el resto del proceso en prisión domiciliaria.
Hicieron notar que las familias de los detenidos han tenido un gran desgaste no solo emocional sino también económico, puesto que llevan seis años erogando recursos para cubrir los gastos que el caso requiere, como lo son los honorarios de los representantes legales, por lo cual reiteraron su petición de que se retome el juicio.