El sindicato Manos Limpias ha denunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz porque consideran que incurrió en un delito de prevaricación judicial por imprudencia grave al haber ordenado el cierre temporal de la aplicación Telegram tras una denuncia múltiple de Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus.
La organización de Miguel Bernad expone en la denuncia la que ha tenido acceso LA RAZÓN que, tras haber dado marcha atrás a la orden de suspensión de la plataforma de mensajería dos días después, quedó demostrado que el juez tomó la medida "sin reflexionar, de manera desproporcionada y excesiva", lo que consideran que perjudicó a "más de 8,5 millones" de usuarios a los que se les "vulneraron los derechos fundamentales".
Manos Limpias aprecia que Pedraz puso la seguridad jurídica "en grave riesgo" al haber ordenado el cierre de Telegram y generó, apuntan, "alarmas internacionales y nacionales" de que se habían violado las reglas del Estado de Derecho.
Según su versión de los hechos ofrecida en la denuncia, la alarma social y el anuncio de querellas fue lo que obligó al magistrado a rectificar la medida cautelar y dejarla finalmente sin efecto.
Seguidamente, denuncian que a"de haber adoptado una resolución conforme a la ley, no hubiera echado marcha atrás". Para Manos Limpias Pedraz se autoinculpó con éste movimiento.
Además, defiende Bernad en la querella que en "interminables" ocasiones anteriores resoluciones judiciales del juez han sido desautorizadas por sus superiores.
La legislación establece una pena de inhabilitación especial de dos a seis años para los jueces o magistrados que dictasen una resolución manifiestamente injusta.
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