A través de la resolución 007/2024, publicada el lunes 5 de febrero, la Secretaría de Energía de la Nación actualizó el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) para los nuevos cuadros tarifarios de los usuarios residenciales con ingresos altos, denominados Nivel 1 en la segmentación.
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A través de la resolución 007/2024, publicada el lunes 5 de febrero, la Secretaría de Energía de la Nación actualizó el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) para los nuevos cuadros tarifarios de los usuarios residenciales con ingresos altos, denominados Nivel 1 en la segmentación.
A partir de esa decisión del gobierno de Javier Milei, usuarios del Nivel 1 pagan desde el pasado 1 de febrero el costo real (sin subsidio) de la energía, mientras que la reducción de subsidios para hogares del Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) se postergó hasta junio por instrucciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, bajó al organismo que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo.
Concretamente, desde el pasado 1 de febrero y con vigencia hasta el próximo 30 de abril, el componente del precio de la factura que se corresponde con la energía que las centrales generadoras entregan a Cammesa (la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) quedó fijado para usuarios residenciales N1 en $46,018 por kWh (en pico); $44,401 (en resto) y $43,473 (en valle). En Salta, a hogares de ese segmento que consumen entre 192 y 500 kWh mensuales (T1 R2 N1) Edesa comenzó a facturarles cada kWh en $132,0145. Es decir que el cargo variable que aparece en las boletas como energía activa triplica a los nuevos precios estacionales de referencia que fijó la Secretaría de Energía de la Nación por resolución 7/2024.
Hasta fines de enero, dichos precios estaban establecidos en $20,466 (en pico), $20,460 (en resto) y $20,454 (en valle), por lo que la suba dispuesta por la autoridad de aplicación nacional para la generación promedio en el 118%. Estos últimos valores, en las boletas de Edesa, se tradujeron hasta los últimos días de enero en un cargo variable (energía activa) de $54,3484 por cada kWh facturado por la empresa. O sea que solo ese concepto, que impacta fuertemente en la carga impositiva (básicamente el 21% correspondiente al IVA), el servicio eléctrico de hogares salteños categorizados como N1 registró entre enero y febrero un salto del 142,9%.
Un comportamiento semejante mostró la última facturación de Edesa en el cargo fijo mensual, que en el caso de usuarios del segmento T1 R2 N1 con un consumo inferior a los 300 kWh trepó de $1.279,21 (valor aplicado por la distribuidora hasta finales de enero) a $3.424,16. Este valor también es varias veces más elevado que el que comenzaron a aplicar, en base a los mismos precios de referencia otras distribuidoras en provincias del NOA, NEA, Cuyo, la Patagonia y la región central del país. Y al igual que el cargo variable, tiene un doble impacto para el bolsillo de los usuarios por su peso en la carga impositiva del IVA.
En Salta, las resoluciones 150/24 del Enresp (dictada el 31 de enero) y 007 de la Secretaría de Energía de la Nación (firmada el 2 de febrero 2024) golpearon del mismo modo al deprimido segmento de Grandes Usuarios del Distribuidor (establecimientos con consumos mayores o iguales a 300 kilovatios agrupados bajo la sigla GUDI), la tambaleante demanda general no residencial mayor a 10 kW y menor a 300 kW, organismos públicos e incluso a hogares del Nivel 3 que se excedieron de los 650 kWh/mes subsidiados en su desesperación por campear con equipos de aire acondicionado y ventiladores un tórrido verano en la provincia. La próxima facturación vendría aún más complicada, porque ese tope, que se estableció para Salta y otras provincias del NOA y NEA dejó de regir el último día de febrero y desde el 1 de marzo los hogares N3 (de ingresos medios) solo tienen un tope de consumo mensual subsidiado de 400 kWh.
Más allá de ese condicionamiento, que en el caso puntual de Salta tiene como salvedad una tarifa diferencial por zonas cálidas que el gobernador Gustavo Sáenz estableció en enero de 2023, por decreto, para aliviar las impagables boletas estivales facturadas por Edesa a usuarios de los departamentos de Orán, San Martín, Anta y Rivadavia, el Ministerio de Economía de la Nación optó por mantener el precio estacional para usuarios de las franjas N2 y N3 subsidiado hasta junio.
Educación y salud
En la resolución 007/2024, la Secretaría de Energía de la Nación dejó en claro que para establecimientos de los sectores públicos de la educación y la salud, que venían pagando un precio diferencial hasta fines de enero, también corren desde el 1 de febrero facturas a costo pleno de la energía, es decir sin subsidios, al igual que para pequeños usuarios no residenciales con consumos de entre 10 kW y 300 kW, como quioscos, almacenes, panaderías y talleres, entre otros.
El artículo 4 de la resolución 007/2024 también actualizó hasta el 30 de abril los Precios Estabilizados de Transporte (PET) sobre el servicio de alta tensión y distribución troncal para las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país. Ese punto también excluyó a los usuarios N2 y N3. Según manifestaron autoridades del Enresp a mediados de marzo en una reunión con senadores, la suba dispuesta en ese componente de la tarifa del servicio de electricidad incrementó la facturación promedio de Edesa un 6,4%. La citada resolución de la Secretaria de Energía, además, dispuso una fuerte actualización del Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), otro concepto que también se refleja de un modo mucho menos perceptible que el precio mayorista de la energía y el valor agregado de distribución en el importe final de las facturas.
Hasta junio
El Gobierno nacional optó por postergar el recorte de subsidios a los hogares N2 y N3 hasta mediados de año para evitar una casi segura judicialización. Estos segmentos de usuarios acusarían un golpe sensible a partir de junio, mes en el que el gobierno de Milei espera tener definida la Canasta Energética Básica (CEB), herramienta en la que se apoyaría la Secretaría de Energía de la Nación para quitar los subsidios a los hogares con ingresos medios y bajos sin dar pie a una lluvia de amparos. La CEB contemplaría un mínimo de consumo subsidiado para hogares vulnerables, pero para poder aplicar ese criterio el organismo deberá necesariamente convocar antes a una audiencia pública.