El Gobierno central ha filtrado, a través de portavoces más o menos autorizados, que el próximo año organizará e impulsará acciones y programas en defensa de la «memoria democrática» a propósito del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco. Imagino que culminará así la resurrección del muy Caudillo decretada por Pedro Sánchez y sus compañeros tanto para recordar lo muy antifascistas que son como para distraer de otras cosas más recientes. Que un partido socialdemócrata se pase medio día proclamando que es antifascista resulta un poco idiota. Es como escuchar a un fascista jurando una y otra vez que no es de izquierdas, que no ama a Marx ni a los judíos, que siempre encontró a Hitler un poco bajito. Cuando Franco falleció Sánchez tenía tres años, cuando se promulgó la Constitución seis, cuando Felipe González ganó sus primeras elecciones generales, diez.
Es una puñetera vergüenza conmemorar, siquiera sea como pretexto, la muerte de un dictador, porque en el fondo es una manera de reconocerle estatura histórica, significado moral. Francia no conmemora a Petain, ni Italia a Mussolini, ni Rumania a Antonescu ni a Ceausescu. Si se confirma este obscena majadería quedará claro que Sánchez no entiende a Franco como a un personajes histórico abominable, sino como un producto propagandístico. O como el osito de peluche que agarrar con fuerza para noches demoscópicamente oscuras. Es radicalmente falso sostener que este Gobierno es el primero en denunciar los crímenes de la dictadura y desarrolla políticas de memoria y reparación, tan falso como esa soflama que indica que el PP jamás condenó políticamente al franquismo. En realidad en discursos y textos dirigentes del PP han condenado al franquismo –llamándolo lo que fue, un régimen dictatorial, durante muchos años– y en 2002, hace ya más de veinte, el PP en el poder pactó con todos los grupos del Congreso de los Diputados una resolución que condenaba enérgicamente el golpe militar de julio de 1936, haciendo un «reconocimiento moral» a quienes «padecieron la represión de la dictadura franquista». Era presidente del Gobierno José María Aznar.
Desde 1977 se han implementado medidas de reconocimiento y reparación material y simbólica a las víctimas del franquismo por los sucesivos gobiernos españoles: este deber cívico no se lo ha inventado el señor Sánchez y sus cofrades. Un libro magnífico, Políticas de la memoria y memorias de la política, de Paloma Aguilar, sintetiza perfectamente lo que se ha había hecho desde Adolfo Suárez a Mariano Rajoy (por cierto, el presidente más mezquino en esta materia con mucho). Aguilar explica con claridad que el recuerdo de la Guerra Civil siempre estuvo presente en el periodo de la transición, tanto en un sentido aleccionador como cautelar, y que lejos de ser una actitud exclusiva de los partidos políticos, la moderación y el pactismo fueron rasgos ampliamente compartidos por el conjunto de la ciudadanía. Los que siguen sosteniendo que lo mejor debiera haber sido la ruptura democrática no saben de lo que hablan y estuvieron y siguen estando en minoría. El antifranquismo no debe seguir siendo parte de la identidad de la izquierda española. Es como reconocer una derrota que carece de sentido: Franco murió, se liquidó la dictadura, se articuló un sistema de derechos y libertades consagrado en una Constitución votada democráticamente. Esta sociedad muy poco tiene que ver a la de 1975. Terminemos de limpiar las fosas comunes, identifiquemos a los muertos, concedámosles un entierro honroso y digno. Y por parte de las izquierdas no estaría nada mal una cierta autocrítica sobre su responsabilidad en el desastroso fracaso de la II República como proyecto democrático: todas fueron republicanas, pero muy pocas democráticas y respetuosas con el parlamentarismo, el imperio de la le y el pluralismo ideológico. El objetivo será que dentro de otros cincuenta años ya no queden franquistas ni antifranquistas, como no quedan ya admiradores ni detractores del tigre de Tasmania.
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