El abogado Marco Vinicio Mejía interpuso este martes 16 de abril una querella penal y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el gobernador departamental de Guatemala, Diego de León, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
El funcionario asumió recientemente el cargo tras ser designado por el presidente Bernardo Arévalo luego de ser incluido en una terna enviada por el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) al Ejecutivo en el marco de un proceso de selección que duró varias semanas.
De acuerdo con el profesional del derecho, el gobernador desconoce de sus funciones y no accionó debidamente para mitigar el incendio en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA).
"Realmente, el gobernador departamental, que es el representante del presidente de la república, según la Ley del Organismo Ejecutivo, ignora que el decreto número 36-96 establece que él es el presidente de Amsa, entonces él es directamente responsable de la administración de este vertedero", dijo Mejía.
Detalló que De León debió constituirse personalmente a verificar la situación en el vertedero, pero, en lugar de esto, brindó declaraciones a los medios en donde indicó que se trataba de un asunto en el cual quienes tenían la responsabilidad eran la municipalidad de Villa Nueva y la Conred.
En ese contexto, Mejía indicó que realmente se trata de un "crimen de Estado", en el cual el Ejecutivo tiene responsabilidad por nombrar gente incapaz como gobernador del departamento de Guatemala.
Abogado señala manejo inadecuado de desechos
Otra situación que señaló como importante es que el Ejecutivo no ha puesto en vigor el acuerdo gubernativo 236-2006, es decir que desde hace 18 años las municipalidades tienen la obligación de instalar plantas de tratamiento y clasificación de residuos.
Expuso que, además de la incapacidad del gobernador y de que los alcaldes no han cumplido con el manejo adecuado de los desechos, hay un agravante más y es que Amsa adquirió en 2021 tres máquinas por un valor de Q15 millones para el tratamiento de la basura, pero no se han observado mayores resultados.
"Por ello presenté un retiro de antejuicio al gobernador departamental de Guatemala a quien sindico del delito de incumplimiento de deberes. El propósito de hacer esta declaración pública es para llamar la atención al presidente y a los alcaldes porque esto es un crimen de Estado", expresó.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7