Primero se intentará llegar a un acuerdo con el gobierno de Aragón para que retire su "ley sobre la concordia". Y si no lo consigue, el ejecutivo de Pedro Sánchez presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en el plazo de seis meses. El mismo criterio que se utilizará con las normas que se están debatiendo en las Cortes de Castilla y León y el Parlamento valenciano porque el ejecutivo progresista entiende que todas ellas vulneran la ley de memoria democrática. Lo que está en juego son dos concepciones diferentes sobre el pasado reciente de la historia de este país. La ley de memoria democrática pretende, por una parte, la reparación a las victimas del bando perdedor de la Guerra Civil al considerar que las del otro bando ya fueron reconocidas por el régimen y, por otra, acabar con todos los vestigios y símbolos de la dictadura que todavía están presentes a lo largo de toda la geografía española. Por su parte, la alternativa del PP y Vox contradice esta ley porque "solo atiende a las víctimas de un bando, que impide la concordia entre españoles" y supone un ataque a la Constitución de 1978 y la transición democrática.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, califica de falsos esos argumentos porque la normativa ampara a todas las víctimas sin distinción. Pero, en la práctica, son las familias del bando perdedor las que más se benefician: son sus parientes los que aún yacen en fosas y cunetas, ya que Franco elaboró su particular legislación para recuperar los restos de "los caídos por Dios y por España",y para compensar a sus descendientes a través de distintas vías, simbólicas y económicas.
Si la legislación que se está discutiendo en las comunidades gobernadas por PP y Vox acaba por prosperar, se eliminarán los mapas de fosas, se retirarán los "lugares de memoria" y se prohibirán los homenajes a los republicanos que murieron en los campos de concentración nazis. Y, por supuesto, tal y como hizo el gobierno de Mariano Rajoy con la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero, se dará carpetazo a todos los planes de reparación de las víctimas de la guerra civil con algo tan simple como es la falta de financiación de los proyectos.
Y todo esto es lo que se va a debatir en el seno del Tribunal Constitucional. Lo primero, que va a tener bastante importancia a la hora de aplicar la sentencia, es la forma. Si prevalece la legislación nacional en la materia sobre las normas territoriales. Si estas vulneran la norma estatal. Porque si la corte de garantías cree que ha habido una invasión de competencias ni siquiera será necesario que se entre en el fondo, en la controversia entre los conceptos de mejora democrática que ha utilizado el gobierno progresista y el de concordia con el que el Partido Popular y la extrema derecha pretenden blanquear el franquismo.
Convendría, de todas maneras, que el Constitucional entrase en el fondo de la cuestión para terminar, de una vez por todas, con este debate que parece estéril pero que Vox se ha empeñado en hacerlo caballo de su batalla contra el sistema por mucho que digan que defienden la Constitución y la transición democrática y dicen que son los gobiernos de izquierda los que están decretando "la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles" para "moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos". Según los planteamientos conjuntos de los populares y sus aliados ultras, las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división. Por eso defienden impulsar normas de "concordia y reconciliación" obviando que, en nuestro país, tras la Guerra Civil, hubo una dictadura de la que aún hay víctimas sin reparar, crímenes sin juzgar y vestigios franquistas que remover.
Y ese es el fondo en el que los magistrados deberán entrar. Si, como argumenta la derecha ultraconservadora, la ley de memoria democrática vulnera la Constitución y pretende acabar con la que ellos denominan "modélica transición hacia la democracia", (el concepto de modélico es radicalmente diferente al que sostienen los historiadores). De hecho, ya hay un recurso de inconstitucionalidad, presentado por Vox, admitido a trámite en febrero del año pasado en el que se dice que esta ley permite exaltar la memoria de unos españoles y despreciar la de otros con lo que, -a su juicio-, "se pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil, así como el establecimiento, desarrollo y posterior final del régimen resultante de la misma».
Por lo tanto, quedan delimitadas las dos cuestiones en las que deberán entrar los magistrados. Por una parte, si las leyes autonómicas "de concordia" consensuadas por el PP y sus socios de gobierno, Vox, vulneran la legislación estatal al interferir en una competencia que es exclusiva de la administración central. Y, por otra, y tal vez la más interesante, el fondo de la cuestión. Si las víctimas de la guerra civil tienen derecho a una reparación que sólo se dirigió al bando ganador. Y otros muchos matices que han surgido últimamente como si la contienda de 1936 no fue producto de un golpe de estado fallido sino de un conflicto que se vino larvando desde 1931 con el advenimiento de la Segunda República.
A los magistrados del Constitucional se les exige un esfuerzo adicional. A su tarea como expertos juristas tendrán que añadir un estudio en profundidad de las circunstancias que rodearon la guerra civil del siglo pasado, y la dictadura que los españoles tuvimos que soportar como consecuencia durante los cuarenta años siguientes. Al ponente le tocará hacer un exhaustivo trabajo de historia contemporánea. Habrá que confiar en el rigor de todos los jueces del TC, sean de la ideología que sean.