Nicaragua cumplió este jueves seis años del inicio de las protestas contra el régimen sandinista de Daniel Ortega, con 138 opositores y críticos en prisión, incluyendo un periodista, dos líderes indígenas y un veterano académico, según denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De las 138 personas reconocidas como presas políticas a la fecha, 23 son mujeres y 115 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 1 de febrero y 15 de abril de 2024 (período que abarca el actual informe) se registraron 12 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, liberando a 7 personas y quedando en prisión cinco de los aprehendidos, indicó.
El Mecanismo, conformado por un grupo de organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, y abogados defensores, advirtió que 18 de los 138 detenidos son personas adultas mayores que se encuentran privadas de libertad y en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos fundamentales.
Asimismo, denunció que tres "presos políticos" se encuentran en estado de desaparición forzada, sin información proporcionada por las autoridades policiales sobre su situación legal o física.
Además, ese Mecanismo registró "un incremento en los malos tratos hacia los presos políticos, con violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, incluyendo torturas".
Para ese conglomerado de organismos, entre ellos la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, Comité de Familiares Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, Unión de Presas Políticos Nicaragua, Organización de Víctimas de Abril, los 138 encarcelados "son personas inocentes y deben ser liberadas".
La lista de "presos políticos" incluye al periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
Este 18 de abril se cumple el sexto aniversario de la rebelión popular contra el régimen de Ortega, que estalló en 2018. En abril de ese año miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300″ y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Por su parte, la CIDH urgió este jueves a los Estados de la región y a la comunidad internacional promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para poner fin a la represión en ese país y evitar la impunidad de "crímenes internacionales" cometidos desde el 18 de abril de 2018.
"El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente", argumentó la CIDH en una declaración en ocasión del sexto aniversario del inicio de las protestas sociales contra Ortega en Nicaragua.
De acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) y otros mecanismos de Naciones Unidas, en el contexto de la represión estatal, Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada, indicó la CIDH.
Ese ente autónomo de la OEA anotó que desde abril de 2018, "la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose".
Desde 2018, la CIDH ha documentado la continuidad de detenciones arbitrarias, la permanente amenaza de criminalización y un clima de persecución y vigilancia contra la población civil que ha forzado a miles de personas a desplazarse a otros países, sostuvo.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 440.000 nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial entre 2018 y 2023.
"A ello se suma la expulsión de estudiantes de universidades y la eliminación de sus historiales académicos; la detención arbitraria y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso; una política arbitraria para impedir el libre ingreso o salida del país de la población; amenazas y hostigamiento más allá de las fronteras del Estado llegando hasta la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y al destierro, así como el despojo de bienes y pensiones", denunció la CIDH.
"Un estado policial"
Asimismo, la CIDH advirtió que el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua "constituye uno de los más graves en la región".
"El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan", alertó. "La concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales", añadió.
En su último informe, la CIDH documentó la radicalización de la represión estatal para suprimir completamente los derechos y libertades fundamentales que integran el espacio cívico, mediante la continua prohibición de las protestas y manifestaciones, la desarticulación de medios de comunicación, el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de estudio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE)