"Estos dichos atentan contra el derecho a la educación de los niños y niñas argentinas, considerado en nuestro país como un bien público, en la ley nacional 26.206", afirmó Cano, al asegurar que esa normativa consagra el derecho a la educación de los y la prohibición del trabajo infantil, que además se trata de un delito penado por el código penal.
La educación como motor de transformación
El parlamentario se refirió a la educación como un gran motor de transformación, "que permite sacar a las personas de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible".
Y agregó que la posibilidad de que un niño de eduque "no es una prerrogativa de sus progenitores".
Al proyecto de resolución lo acompañaron las legisladoras radicales Silvia Elias de Perez y Raquel Nievas. "En defensa del derecho humano a la educación de las infancias; es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución", concluyó el texto.