ESdiario desvela este sábado una información impactante: el Gobierno considera que la competencia de inmigración, que es una de las que el artículo 149 de la Constitución señala como "exclusivas del Estado", puede transferirse sin mayor problema a una comunidad autónoma, ya sea Cataluña o, como en este caso, Canarias, mediante una simple ley orgánica.
El Gobierno lo reconoce por escrito además como respuesta a una pregunta parlamentaria de Coalición Canaria. No hace sino ratificar la polémica que surgió hace unos meses, en enero, cuando cedió ante las exigencias de Junts que, a cambio de convalidar unos decretos del Gobierno, pidió las competencias de inmigración y otras cesiones. Bien es verdad que aunque Junts hablaba de transferencia, el acuerdo firmado reflejaba el término "delegación" de competencias. Ahora, en su respuesta a Coalición Canaria, reconoce el término transferencia de la competencia de inmigración, sin rodeos.
El asunto tiene un debate jurídico muy importante porque a juicio de muchos expertos constitucionalistas es absolutamente cuestionable que la Carta Magna permita transferir esas competencias exclusivas del Estado que son de especial relevancia para el funcionamiento de un país y que dejarían por tanto de ser exclusivas.
En todo caso, desde el punto de vista político parece evidente que es un disparate descapitalizar de esta manera al Estado y fragmentarlo en 17 mini estados. Con el argumento que utiliza el PSOE, España podría llegar a ser algo meramente nominal, con todas sus competencias, propias de una nación, en manos de las diferentes comunidades autónomas. Imaginemos una nación que no decida sobre sus fronteras ni su Defensa ni su inmigración ni su política exterior. Sería cualquier cosa menos una nación.
Probablemente los 'padres' de la Constitución nunca pudieron imaginar que un Gobierno pudiera legislar contra su propio país simplemente por satisfacer los intereses políticos del presidente del Gobierno. De lo contrario habría cerrado a la interpretación mucho más algunos artículos. Jamás pensaron en llegar a esto. Sánchez solo puede mantenerse en La Moncloa apoyado en los enemigos de España, en los separatistas, y para ello está dispuesto incluso a ceder competencias tan sensibles como la inmigración a Cataluña y ahora también a Canarias. Luego vendrá, claro está, el País Vasco.
Para Pedro Sánchez la Constitución se ha convertido en moneda de cambio y, en ocasiones, en un obstáculo para su propia ambición. De ahí que busque fórmulas para reformarla y adaptarla a sus necesidades por la puerta de atrás, mediante leyes orgánicas. La ley de amnistía es una prueba muy clara de esto.
El plan de Sánchez está perfectamente trazado. Sabe perfectamente que tanto la ley de amnistía como el traspaso de las competencias de inmigración o de los trenes de Cercanías son asuntos que finalizarán su recorrido jurídico en el Tribunal Constitucional. En condiciones normales es bastante probable que ahí acabaran muriendo, pero ahora, con este tribunal inédito en cuanto a su composición partidista, las cosas han cambiado. Leyes inconstitucionales aprobadas por Sánchez sobre las que decide un Tribunal Constitucional controlado por Sánchez.