El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva la nueva Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios.
Esta nueva normativa municipal, que sustituirá al reglamento vigente desde 2011 --actualizado en 2015--, no sólo va a aportar una mayor simplificación administrativa para favorecer la celeridad y agilidad en la gestión de estas prestaciones, sino también el aumento de las cuantías máximas de concesión en varias tipologías de ayudas y una actualización anual en función de la subida del IPC.
El expediente ha sido validado con los votos favorables del grupo del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Con Málaga. Una vez aprobada de forma definitiva, su entrada en vigor queda pendiente de su publicación el Boletín Oficial de la Provincia.
Estas prestaciones, que son gestionadas por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de los distritos y se conceden por prescripción técnica, van destinadas a apoyar a personas, unidades familiares y de convivencia con carencia de recursos económicos que se encuentren expuestas a situaciones sociales sobrevenidas que pongan en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas.
Se trata, por tanto, de un recurso para la atención a situaciones coyunturales de necesidad. El Ayuntamiento destina a estas prestaciones una media de 5,5 millones de euros anuales, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.
En este sentido, los objetivos de estas prestaciones son prevenir situaciones de riesgo de exclusión social por circunstancias sobrevenidas, favorecer la permanencia en la vivienda habitual, facilitar el acceso a un alojamiento alternativo, prestar una atención inmediata ante situación de urgencia y emergencia social, y prevenir situaciones de riesgo social en menores derivadas de la carencia de recursos económicos.
La nueva ordenanza, tramitada por el Área de Derechos Sociales, se enmarca en la modernización de los servicios y en la mejora permanente de la atención a la población, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Con este documento ser pretende dar respuesta a las importantes transformaciones sociales y legislativas registradas en los últimos años.
Las situaciones de necesidad se han incrementado e intensificado como consecuencia de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia, un periodo en el que se han legislado nuevas prestaciones como la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital, como medios para la prevención de la pobreza y la exclusión social.
UNA TRAMITACIÓN "MÁS ÁGIL"
En este contexto, el Ayuntamiento ha impulsado la elaboración de esta nueva ordenanza como una herramienta de prevención social, complementaria de las políticas de renta garantizada, con objeto de favorecer la cohesión y la equidad social evitando los riesgos de caer en la exclusión social a los sectores de población más vulnerables de la ciudad.
Con el objetivo de agilizar de simplificar y agilizar la tramitación, estas prestaciones podrán tener carácter urgente u ordinario en función de la naturaleza acuciante de la contingencia que la determine.
Así, para situaciones de urgencia o emergencia social se aplicará un proceso técnico y administrativo simplificado para acortar el tiempo de gestión y acceso a la prestación.
Entre los requisitos para acogerse a este tipo de prestaciones, además de encontrarse en situación de necesidad, hay que estar empadronado y residir en el municipio de Málaga, en caso de ser propietario poseer sólo la vivienda habitual, no estar pendiente de justificar prestaciones concedidas con anterioridad, no ser beneficiario de ayudas de la misma naturaleza concedidas por otras administraciones e instituciones públicas o privadas, y no superar unos límites económicos fijados en la propia ordenanza en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
La nueva ordenanza establece cuatro tipos de prestaciones, que responden a diferentes contingencias y cuya cuantía será actualizada cada año atendiendo al incremento del IPC interanual: para la prevención y atención de situaciones de dificultad social sobrevenida; para el acceso a un alojamiento alternativo; para el mantenimiento del alquiler de la vivienda por circunstancias especiales; y de ayuda económica familiar.