El líder derechista Álvaro Uribe, presidente de Colombia de 2002 a 2010, presentó en 2014 una denuncia judicial que terminó por enfrentarlo a él mismo a un juicio en calidad de acusado.
El origen del caso se encuentra en un debate en el Parlamento colombiano en el que el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe y a su hermano Santiago de tener nexos con grupos paramilitares y, en particular, con el surgimiento de una de esas organizaciones en la zona de Antioquia, el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para respaldar su denuncia, Cepeda presentó testimonios de exintegrantes de esa organización paramilitar, entre ellos el de Juan Guillermo Monsalve, que se encontraba preso en Bogotá.
Según Monsalve, en una estancia de la familia de Uribe en Antioquia se planificaron matanzas que después fueron cometidas por las AUC. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y lo acusó de haber buscado en las cárceles a testigos falsos que actuaran en su contra.
Mientras se procesaba el caso, Monsalve se retractó de sus afirmaciones. Sin embargo, tiempo después, dijo que uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena, lo había presionado para que modificara su declaración.
También otros testigos dijeron haber recibido presiones o pagos por parte de Cadena, y el abogado reconoció haber entregado alguna "ayuda humanitaria".
En 2018 la Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda, pero abrió una investigación contra Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. De allí surgió la acusación que presentó el martes el fiscal Gilberto Villarreal.
Según informó la agencia de noticias Efe, otros dos fiscales habían solicitado –en 2022 y en 2023– que las denuncias fueran desestimadas por preclusión, es decir, porque no fueron presentadas a tiempo según los plazos procesales.
Sin embargo, cuando Villarreal asumió su cargo, en enero, tenía un plazo de 90 días, hasta el lunes 15 de abril, para presentar su acusación, y así lo hizo este martes.
El fiscal acusó a Uribe de actuar como "presunto determinador de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal".
Uribe podrá esperar el juicio oral en libertad, y el próximo paso en este proceso será la fijación de fecha y hora para la primera audiencia.
El expresidente y actual líder del partido Centro Democrático sostiene que el pedido de la Fiscalía de iniciar ese juicio está motivado por "por animadversiones personales, por venganza política, sin pruebas que permitan inferir" que él "buscaba sobornar testigos o engañar a la Justicia". Así lo dijo en una declaración que publicó este miércoles en sus redes sociales.
Sin embargo, ya en octubre Uribe había reconocido que enfrentaría esta situación, después de que las autoridades se negaran a archivar el proceso.
Por este caso Uribe renunció en 2020 a su banca en el Senado, y con ella a sus fueros, para quedar a disposición de la Justicia.
En ese momento la Fiscalía General tenía como titular a Francisco Barbosa, un funcionario cercano al presidente uribista de entonces, Iván Duque, que decidió no impulsar un juicio contra el exgobernante. Actualmente, y entre polémicas políticas, Barbosa fue reemplazado por Luz Adriana Camargo, propuesta por el actual presidente, Gustavo Petro.
"La nueva fiscal general de la Nación ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa [Iván Velásquez], fue su segunda en la misión [de la ONU] en Guatemala, que yo critiqué. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo", dijo Uribe, y agregó: "Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas".
Entre quienes defienden la inocencia de Uribe se encuentra el expresidente Duque: "Álvaro Uribe Vélez es, ha sido y será siempre un patriota, una persona que ha dado todo por Colombia, que ha luchado por nuestro país, que ha luchado por la justicia en nuestro país, que ha enfrentado con hidalguía al terrorismo", dijo.
Por su parte, el senador Cepeda consideró justo que se inicie este juicio. Dijo que Uribe "tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezcan la verdad y la justicia".
Recordó que "son 12 años de estar luchando [por] esta decisión", sin que se tomaran en cuenta posiciones de la Corte Suprema ni del Tribunal Superior de Bogotá, con "todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa".