Marcos Ollés
El director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) en el anterior Govern del Pacto, Manuel Palomino, declaró ayer en calidad de testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), por el polémico contrato de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros adquiridas en 2020 a la llamada trama Koldo. Palomino fue citado junto a una funcionaria del IB-Salut para testificar ambos a instancias de la Fiscalía Europea. La comparecencia se realizó en la Comandancia de la Guardia Civil de Balears, en Palma.
A principios del pasado marzo la Fiscalía Europea abrió una investigación sobre los contratos firmados durante la fase crítica de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el IB-Salut con la trama en la que presuntamente habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas. Dichos contratos firmados con el Gobierno de Canarias y el balear se sufragaron con dinero procedente de la Unión Europea. La Fiscalía indaga si se podría haber producido un fraude en los fondos europeos.
El actual Govern del PP denunció hace unas semanas que sus antecesores del Pacto ocultaron a las autoridades de Bruselas que las mascarillas pagadas con fondos europeos eran defectuosas. El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, aseguró que en su día el anterior Ejecutivo no incluyó en el expediente que remitió a las autoridades europeas el certificado, recibido meses antes, que confirmaba que el material adquirido a través de la trama de Koldo García era defectuoso y no se podía facilitar a los sanitarios que estaban luchando contra la pandemia sanitaria.
La Dirección General de Fondos Europeos ha iniciado la tramitación de un expediente de descertificación del gasto. "Un hecho como este pone en riesgo las futuras ayudas europeas que deberían llegar a Balears", afirmó el vicepresidente Costa.
La investigación incoada ahora por la Fiscalía Europea se inició tras recibir una denuncia de Alfonso Serrano, actual secretario general del PP en Madrid, a mediados de 2022. "Con base en la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", señaló el organismo.
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