Hace dos semanas, ya durante la crisis de los Rolex, en una encuesta de Ipsos para "Perú 21″, el 56% respondía que la presidenta Dina Boluarte los había adquirido con dineros indebidos y solo un 4% sostenía que eran resultado de su esfuerzo. El 83% estaba de acuerdo con que se le investigara. También subió del 83% al 88% su desaprobación, y Gustavo Adrianzén, convertido en fiel escudero presidencial, solo lograba un 16% de aprobación.
Los sucesos de los días siguientes no los ayudaron a mejorar su imagen. Peor aún, Dina Boluarte creyó que bastaba con decirnos que "el ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptar ese préstamo" y que los expertos habían confundido bisutería fina con joyas de gran valor.
En paralelo a este pueril invento, otra encuesta de Ipsos, esta vez para América TV, mostraba que solo el 10% pensaba que ella quería colaborar con la fiscalía, y el 85%, que estaba involucrada en actos de corrupción. Además, el 75% estaba de acuerdo con el pronto allanamiento que no les permitió ocultar todas las evidencias. "¡Fue inconstitucional!", sostuvieron el primer ministro, sus abogados y no pocos congresistas; estos últimos, que habrían aplaudido si se hubiese actuado contra Pedro Castillo con esa presteza. ¡Siempre el doble estándar dependiendo de quién sea el involucrado! Como la gente no es tonta, el 77% considera que el Congreso la está protegiendo.
Que Wilfredo Oscorima, su 'wayki' (amigo), sea el eje sobre el que se sostiene la coartada, no ayuda. Él tiene múltiples investigaciones por corrupción. Esta semana, "Correo" nos informó que, en la más grave y mejor documentada, la fiscalía pide 35 años de prisión, acusándolo de recibir una coima por S/856.000 para favorecer a Obrainsa en una obra de S/129 millones.
Ello hace palidecer el caso en el que se le condenó a cinco años de prisión por una compra irregular de maquinarias y vehículos por S/19 millones. Oscorima fue dateado a tiempo, se fugó y, nueve meses después, cuando lo detuvieron, intentó sobornar a los policías con S/100.000. Lo mandaron al penal de Cachiche, donde estuvo más de un año, hasta que la Corte Suprema se encargó de liberarlo.
¡Qué parecida a la historia de otro de sus 'waykis'! Aquel que la llevó al poder y cumple ya seis meses de fugado.
Entre tanto, la situación de la presidenta sigue complicándose. Nuevas investigaciones de El Comercio sobre sus cuentas y su manejo de grandes sumas de efectivo apuntan al enriquecimiento ilícito. Y, sobre los supuestos préstamos, La Encerrona, que hizo la investigación sobre los Rolex, ha desmenuzado minuciosamente su versión y la ha destrozado. A su vez, varios penalistas sostienen que la sola posesión de estos sería una involuntaria admisión de culpabilidad.
Vinculo todo lo anterior a otra reciente encuesta de Ipsos, esta vez a solicitud de "Gestión" y aplicada a gerentes generales de las 2.500 empresas más importantes.
A la pregunta sobre los principales riesgos para la economía en este 2024, encabezan la tabla (63%) la delincuencia y el crimen organizado, seguidos de cerca por la corrupción en los poderes del Estado (57%) y las tensiones políticas e inestabilidad (52%). Las causas económicas vienen luego y con menciones bastante menores.
Preguntados sobre qué harán con sus inversiones dado lo que sucede en la política, un 16% afirma que las aumentarán, un 63% sostiene que las mantendrán igual (o sea, como en el 2023) y un 19% asegura que las reducirán. Consistente con lo anterior, no tienen mucha ilusión con lo que pueda hacer José Arista desde el MEF: solo un 1% considera que puede reactivar la economía rápidamente; el 55%, que se avanzará pero tomará tiempo; y el 33%, que no se avanzará.
En síntesis: el costo de tener políticos mediocres y corruptos es altísimo.