La Habana/La "mano dura" prometida por el Gobierno cubano el pasado marzo para controlar el ganado y a los campesinos ya alcanzó a Las Tunas. Con apenas una quinta parte de la faena de inspección concluida –en la que se pretende "sondear" a 13.601 ganaderos y productores–, el Ministerio de la Agricultura ha logrado sumar al inventario estatal 30.170 litros de leche, 27 toneladas de carne vacuna y 142 toneladas de productos agrícolas.
Todo esto, claro, con la ayuda del Ministerio del Interior, el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y la Fiscalía General de la República, según aclaró el diario local, Periódico 26.
El panorama, no obstante, no es esperanzador. "Los primeros datos revelan una diferencia negativa entre la masa ganadera asentada en los registros y la verdaderamente existente en los potreros, sin documentos que avalen de manera apropiada las razones de ese faltante", resume el medio. Además, pululan los casos de "conversiones atrasadas, nacimientos no debidamente registrados, animales sin identificar y compraventas ilegales".
La Fiscalía valora cuáles de las violaciones registradas serán tipificadas por la ley
Según Periódico 26, actualmente la Fiscalía valora cuáles de las violaciones registradas serán tipificadas por la ley, en la que "los investigadores han advertido que hay vacíos o imprecisiones". La mencionada responsabilidad de los "cómplices", así como la simulación de delitos y el incumplimiento del deber de denunciar, podrían arrastrar a los allegados de los ganaderos hasta los tribunales.
Paralelo a las inspecciones, las autoridades han descubierto "la existencia sin la documentación requerida de viviendas y otros inmuebles como cuartos de guardar instrumentos, ranchones o corraletas", añade el diario.
Pese a que con estos controles, que se extenderán hasta mayo, los dirigentes aseguran que "aprecian efectos positivos" –como "la contratación más objetiva entre los criadores y la industria"–, lo cierto es que han constatado la debacle del sector respecto a períodos anteriores. La provincia no solo produce menos que antes, sino que vive un "incremento de las muertes vacunas certificadas con respecto a igual lapso del año anterior".
La diferencia, que ha alarmado a los inspectores, está en que los animales que viven en "condiciones favorables de tenencia" y en categorías que antes experimentaban poco descenso, ahora también mueren.
La situación de Las Tunas se repite en varias provincias desde que el 1 de marzo empezaran los registros. En Artemisa, por ejemplo, una nota publicada en la prensa oficial semanas atrás da cuenta del estado del sector en el territorio: Animales sin marca a fuego, sin presilla, con cambio de categoría sin reportar, fuera de la finca sin autorización y sin documentos han sido apenas algunas de las 9.300 violaciones contabilizadas.
La presión estatal sobre los ganaderos y propietarios de tierras los ha obligado a asistir a los registros de control pecuario
La presión estatal sobre los ganaderos y propietarios de tierras, sumado al miedo de ser multados o encerrados, los ha obligado a asistir en masa a los registros de control pecuario para inscribir a los animales fallecidos o que criaban de forma ilegal. No obstante, la cifra de violaciones sigue siendo notable. En apenas un mes y medio de "controles" en la provincia, las autoridades han sumado al plan estatal 2.600 litros de leche que los guajiros "desviaban" de los canales oficiales, según El Artemiseño.
Los productores, sin embargo, siguen inconformes con las medidas estatales, que se centran más en intimidarlos que en ofrecer solución a sus reclamos: mejores precios y libertad para vender su producción a quien deseen. En un amago por aliviar la tensión, el Gobierno aprobó el pasado marzo el aumento del precio máximo de acopio en pesos cubanos para la leche fresca de vaca y de búfala de primera calidad. El valor, que se impone solo a quienes sobrecumplan sus contratos, sigue muy por debajo del precio de estos productos en el mercado informal.