La Agencia Tributaria prevé que los ingresos procedentes de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio se disparen este año: la correspondiente al ejercicio 2023 aportará unos ingresos totales de 1.980 millones, un 61,4% más que los de la campaña de 2022, por un aspecto 'técnico' pero de gran peso político: la eliminación de las bonificaciones para 'saltarse' el Impuesto a las Grandes Fortunas.
Esos 753 millones de más que recaudará la Agencia Tributaria proceden, en su mayor parte, de la cuota madrileña del impuesto. A finales del año pasado el Ejecutivo madrileño aprobó la ley que eliminaba la bonificación al 100% del impuesto. El objetivo: que el Gobierno central, con el impuesto de solidaridad que aprobó para 2023 y 2024, no se quedase con esos recursos y pudiese destinarse, en el ámbito de sus competencias, a otras medidas fiscales.
De acuerdo con el desglose que ofreció Hacienda tras recaudar el Impuesto a las Grandes Fortunas, de los 623 millones que recibió el fisco, 555 millones procedieron de 10.000 declarantes en la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. El resto procedían de Andalucía (29,7 millones de 865 declarantes) y, en menor medida, de Galicia (9,8 millones, de 91 contribuyentes).
Madrid explica el 90% del impuesto a los ricos
De hecho, y si descontamos los 555 millones recaudados en Madrid, la recaudación total del impuesto a los ricos quedaría en unos 68 millones para el total del gravamen. Unas cifras que, igualmente, en el Ejecutivo celebran, ya que el objetivo era que esos ingresos no se perdieran, ya estuvieran en un tributo (el de fortunas) o en el de Patrimonio.
De hecho, el Gobierno valoró, al anunciar su recaudación, que se habían cumplido las previsiones de un potencial recaudatorio de 1.500 millones para este impuesto. A pesar de quedarse a más de la mitad, sumaron su cuantía a la del Impuesto de Patrimonio, arrojando más de 1.800 millones de recaudación total.
Si se cumplen con las previsiones para este año, a esos 1.980 millones habría que sumarle unos 70 millones adicionales de la recaudación del Impuesto de Solidaridad, por lo que el cómputo se iría por encima de los 2.000 millones. Y todo ello a pesar de que se prevé un descenso en las declaraciones del 2,8%, hasta las 223.119.
Cabe recordar que el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.
Duplica ingresos en una década
Este incremento de más del 60% de los ingresos llevará no solo a una recaudación récord en las declaraciones, sino también a más que duplicar esta rúbrica en apenas una década.
Tradicionalmente, el comportamiento de las declaraciones de patrimonio se ha mantenido muy estable: anualmente se presentan algo más de 200.000 declaraciones, con una recaudación en el entorno de los 1.000 millones. En 2013, fueron 929 millones, que superaron el umbral de los 1.000 millones en 2015.
La declaración de la renta de 2019, el primer año completo de Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, aportó 1.227 millones de euros (1.119 el ejercicio 2020). Esta cifra se redujo en 2020, por efecto de la pandemia, hasta los 1.195 millones. Sumó 1.336 millones en la correspondiente al ejercicio 2021 y se rebajó en el de 2022, hasta los 1.227 millones, aunque aquí habría que sumar los ingresos del Impuesto de Solidaridad.
La previsión para 2023 es de 1.980 millones de ingresos: 753 millones más que en el 2022 y, también, que en el 2019.
El Impuesto de Patrimonio lastra la competitividad fiscal española
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think-tank de la patronal CEOE, publicó este jueves el Indicador de Competitividad Fiscal para su edición 2023, elaborado por la Tax Foundation de EEUU. La tributación de patrimonio es, precisamente, uno de los lastres del sistema tributario de nuestro país en comparación con el resto, de acuerdo con sus conclusiones.
Según estos centros de pensamiento, la presión fiscal sobre la imposición patrimonial es un 39,6% en nuestro país superior a la de la media europea, colocándonos en los últimos puestos de la escala, solo por delante de Italia (47,5%) y ligeramente por detrás de Suiza (39,1%). Es decir, en el lugar 37 de 38 analizados.
«La economía está cada vez más globalizada, por lo que cualquier decisión que se aparte de la línea que siguen aquellas jurisdicciones con la que la nuestra, al final, compite, puede provocar efectos como deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y situar en desventaja competitiva a nuestros residentes», incide el informe elaborado por el IEE.
En este sentido, para la competitividad fiscal de nuestro país los impuestos sobre la riqueza (el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) generan «un marco muy gravoso» en comparación con el resto.
Suprimir impuestos «obsoletos»
«España debería apostar por la supresión definitiva de gravámenes obsoletos que han sido eliminados o reducidos de forma drástica en numerosas economías de nuestro entorno. Es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o la llamada Tasa Tobin», detalla.
Los expertos que escogió el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal también fueron críticos con los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Su análisis parte de que la aplicación de ambas figuras, en su actual configuración, «plantea notables problemas».
«Junto a la obsolescencia que se aprecia en su diseño y características estructurales, el ejercicio de las competencias normativas por parte de las CCAA ha dado lugar a una regulación dispar, que está incidiendo en su aplicación efectiva, con implicaciones negativas en relación con la eficiencia y equidad», detalla el documento de los expertos. El comité señaló que estas figuras estarían justificadas para mantenerlas en el sistema fiscal «con un diseño moderno y eficiente de los mismos», así como relacionados con el resto del sistema tributario y, en particular, con la imposición de la renta. De hecho, los expertos apuntan que sería posible «la supresión» de ambos tributos «siempre que se articule de acuerdo con los principios constitucionales», aunque señalan que eso excede su cometido.