La Fiscalía de Artigas citó en calidad de indagados a la intendenta suplente de Artigas, Elita Volpi, y al edil de ese departamento, Marcelo Soravilla, en el marco de la investigación sobre una apropiación indebida de US$ 20 millones denunciada por una estanciera brasileña de Quaraí contra una mujer de 63 años, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó El Observador.
La estanciera indicó que conocía hace años a la mujer, que se ofreció para ayudarla a administrar su fortuna. Sin embargo, reportó que la implicada le hizo firmar distintos papeles que le quitaron su dinero, en parte obtenido por la herencia tras la muerte de su esposo, un hacendado de Quaraí.
Volpi, prima de la mujer denunciada, es señalada por ser una de las escribanas que firmó un papel en el que la estanciera brasileña cedió sus derechos hereditarios a la acusada, según se lee en la denuncia presentada en 2020 a la que accedió El Observador. La brasileña señaló que nunca se le notificó qué fue lo que firmó.
Por su parte, Soravilla era abogado de la denunciante hasta que en un momento pasó a defender al hijo de la mujer denunciada cuando este reclamó a la estanciera US$ 3 millones de la sucesión de la estanciera. El edil es cuñado de la mujer denunciada.
En noviembre de 2023 la Justicia imputó a la implicada por "reiterados delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de abigeato y reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular", con fijación de domicilio por 180 días. En enero la Justicia cambió la medida preventiva a prisión domiciliaria nocturna debido a que denunciaron que había violado la anterior cautelar, consignó El Observador.
Además de esta medida, la mujer tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a la víctima o su defensa en un radio de 500 metros. También se le embargaron 3 millones de dólares.
En primera instancia, la Fiscalía de 1° Turno de Artigas archivó la denuncia de la brasileña en contra de la presunta vidente, pero tras pedir el reexamen de la causa, la oficina de 2° Turno de la capital departamental, con el fiscal adscripto Federico Rodríguez a cargo del caso, formalizó la investigación contra la mujer.
Cuando se conoció el caso de la denuncia por apropiación indebida, se informó que la mujer implicada era una vidente. Sin embargo, Rodrigo Rey, abogado de la imputada, afirmó a El Observador que la mujer "tenía cáncer" y que sus denunciantes se aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar el relato de la vidente.
"Es repudiable que hayan utilizado una enfermedad terrible para burlarse de una mujer e instalar un guion en el caso", expresó Rey.
Para el abogado, los defensores de la estanciera "recurrieron a una estrategia de espectacularización para transformar un conflicto civil en un conflicto penal".
La defensa de la mujer analiza tomar medidas contra lo que entienden es una "difamación" por parte de la denunciante.
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