El Govern no subvencionará a las asociaciones de memoria democrática afines a las formaciones de izquierdas, una vez que derogue la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, aprobada por el anterior Ejecutivo de la socialista Francina Armengol.
Una legislación que dejará de estar en vigor en las próximas semanas después de que el Parlament, a instancias de Vox, haya iniciado los trámites para ello.
Unas aportaciones públicas que, en el último año del gobierno de Armengol en 2023 rondaron los 160.000 euros, y que se destinaron a entidades que difundían el compromiso social en la recuperación de la sectaria memoria histórica, que sólo reconocía como víctimas a las del bando republicano, ignorando los crímenes cometidos por éstos durante la guerra, e incluso, realizando actos de homenajes y exaltación de asesinos milicianos comunistas.
La primavera pasada, por ejemplo, el Ejecutivo de Armengol gastó 80.000 euros en contratar hasta siete obras de teatro para publicitar la Ley de Memoria Democrática, con el fin de que pudieran asistir en horario lectivo, los alumnos de los centros de enseñanza que lo estimasen oportuno.
Hasta 36 funciones para difundir una legislación sesgada, sectaria e incierta de la historia a través del arte dramático, mediante el proyecto Memoria en las Escuelas, cuya contratación corrió a cargo de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática que dirigía el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes.
Además el Goven de Prohens derogará el punto 4 del artículo primero de la legislación vigente que tiene como objetivo que todas aquellas entidades que tenían impuesta una prohibición para ser beneficiarias de subvenciones públicas por haber sido sancionadas por la Ley de Memoria Democrática, dejen de tener esta condición.
En la mayor parte de los casos, las entidades memorialistas en Baleares son organizaciones próximas al anterior gobierno autonómico de socialistas, independentistas de Més y Podemos, ahora englobadas, en la denominada la Plataforma para la Memoria Democrática.
Más de 45 colectivos que van desde los separatistas de la Obra Cultural Balear, a la Fundación Darder Mascaró vinculada a los independentistas de Més, la asociación Memoria de Mallorca, el Colectivo Aurora Picornell, además de sindicatos como CCOO, UGT, STEI o SIAU, los propios partidos políticos de PSOE, Més per Mallorca, Podemos, Esquerra Unida o el Partido Comunista de Baleares, junto a otras, como Xiringuito Teatre i Comunitat, Emprendada Feminista, Feministes en Acció, Entesa de l'Esquerra de Ferreries, CGT Menorca o Ateneu dels Comuns.
La citada plataforma ha organizado un acto en plaza de Cort el próximo 14 de abril para conmemorar la II República y «los avances conseguidos en derechos y libertades», y ha criticado los «retrocesos en materia de memoria democrática impulsados en estos momentos desde las instituciones de Baleares, con la amenaza de la derogación de la Ley de Memoria Democrática», por lo que ha anunciado, que organizará movilizaciones para dar respuesta «a estos ataques».
Otra de las cuestiones que se derogará, según el articulado inicial de la Proposición de Ley registrada por Vox en el Parlament, son todas aquellas «comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico hubieran sido creadas a consecuencia de la citada ley».
Además de no continuar la política de subvenciones a actividades y entidades que difundían la Ley de Memoria Democrática, también ha decaído el curso de posgrado en la UIB en esta materia al que se destinó hasta 50.000 euros la pasada legislatura, si bien en este caso, ha sido por falta de demanda.
Por contra, el Govern del PP mantiene un presupuesto de 1,2 millones en esta materia, básicamente destinado a la denominada Ley de Fosas, que no se derogará. El Ejecutivo está trabajando en un quinto plan para recuperar a más víctimas, mientras el columbario del cementerio de Palma se espera que antes de fin de año esté terminado.
En ese espacio descansarán los restos de las cerca de 200 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo recuperados. Al diputado del PP en la Cámara balear, José Luis Mateo, ha manifestado respecto a esta cuestión que la Ley de Fosas «se va a mantener», para la recuperación de «todos aquellos que fueron víctimas de ambos bandos», cosa que no sucedía con la sectaria Ley de Memoria Democrática.