Los rectores y presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas catalanas han acordado reclamar al Govern de la próxima legislatura un presupuesto de 1.400 millones de euros para el 2025 con la idea de alcanzar el equivalente al 1% del PIB en el 2030 (2.500 millones) como establece la ley de universidades españolas (LOSU).
La financiación prevista para los presupuestos de 2024 era de 1.325 millones. Este es uno de los 12 puntos que las universidades han firmado en lo que han dado a llamar la Declaración de Calonge y que se han establecido en el marco de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). El documento fue entregado ayer a los representantes de todos los partidos políticos, que celebraron un debate, con la finalidad de que se comprometan con sus objetivos.
Los campus piden también poder trabajar a medio y largo plazo a cambio de rendimiento de cuentas, para lo que requieren un contrato programa plurianual pactado con cada universidad para respetar la singularidad y estrategia de cada institución. Estos programas se están extendiendo en otras universidades españolas.
Las universidades públicas aspiran a que los partidos políticos se comprometan a cumplir este objetivo
Por otra parte, plantean que se establezca el plan de inversiones (PIU) para el periodo 2024-2028 de 100 millones anuales de forma que puedan modernizarse las infraestructuras. Desde la crisis de 2008, los campus no han tenido financiación para reformar edificios, aulas, laboratorios y otras instalaciones. En los dos últimos años se ha iniciado la recuperación de estas inversiones pero lejos de lo que los rectores consideran necesario. Así demandan a la futura administración que potencien los equipamientos de investigación y las infraestructuras singulares y que aseguren la dotación de infraestructura docente adecuada a la diversidad de los estudiantes.