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En sesión ordinaria de hoy, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizaron las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura (CM) para cubrir cargos vacantes, entre ellos, la designación de un magistrado para el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, correspondiente a la Circunscripción Judicial de Central.
Para dicho juzgado estaban ternados específicamente el juez Carlos Vera Ruiz (587,38 puntos), la actual titular Isabel Beatriz Bracho Pedrozo (507,54 puntos) y Cristóbal Coronel Velázquez (actuario judicial). Al momento de analizar la terna, fue el ministro Eugenio Jiménez Rolón el que propuso a Isabel Bracho para seguir ocupando el cargo de magistrada.
Ante la propuesta de Jiménez Rolón, finalmente los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Luis María Benítez Riera dieron su aprobación y así confirmaron a la jueza Isabel Bracho en el cargo de jueza penal de garantías de Lambaré. En tanto, el ministro Manuel Ramírez Candia se abstuvo de emitir voto. El ministro de la Corte César Garay Zuccolillo estuvo ausente.
La jueza Isabel Bracho fue blanco de serios cuestionamientos en cuanto a su proceder en un caso del 2021, en el que estuvo procesado el presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, así como trasgresión a la Ley N° 4036 de Armas y reducción. La misma le dio sobreseimiento definitivo en el presunto hecho de narcotráfico y esto habría sido ante el supuesto pago de sumas de dinero por parte de Galindo, a través de sus abogados, según audios filtrados el año pasado.
Las actuaciones de Bracho y la fiscala Egidia Gómez están siendo indagadas por el fiscal anticorrupción Néstor Coronel.
Ministro "asumió la defensa" de la jueza Isabel Bracho
Al momento de dar su propuesta, Eugenio Jiménez Rolón señaló: "Este es un tema en el que, como cualquier otro, pero de manera especial uno tiene que hacer un verdadero juzgamiento de los elementos de juicio que concurren para decidir a quién elegir de los componentes de la terna y me refiero a esto porque, específicamente mucho se ha hablado y mucho se ha publicado incluso, respecto de quien actualmente está en la titularidad del cargo".
"Es la razón por la que me he tomado el tiempo para escudriñar en los documentos que son en definitiva los que se tienen que tomar en consideración a los efectos de la decisión. Entonces, con los documentos a mano veo, y tengo a disposición, que ese sobreseimiento fue otorgado con la anuencia, el allanamiento correspondiente del Ministerio Público", continuó Jiménez Rolón, quien señaló que también el entonces fiscal adjunto de Narcotráfico, Marco Alcaraz, pedía en un dictamen que se haga lugar al sobreseimiento.
Jiménez expresó en otro momento que "el 1 de abril de 2024 salió una resolución en la que se decreta la apertura de juicio oral y público, solamente por reducción contra Walter Galindo. Ante estos elementos de juicio, que además constituyen instrumentos públicos, no es posible soslayar esta realidad procesal y consecuentemente no encuentro, respecto de estos cuestionamientos a la titular, la prueba de lo que se le imputa. Al contrario, veo que ha hecho lugar a los requerimientos del Ministerio Público y es lo que corresponde".
"Por tanto creo que estas conjeturas, si así pueden llamarse, no podemos tomar en consideración para privarle de la carrera a un magistrado, esto sin perjuicio de que en caso de surgir algo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda hacer su trabajo. Veo que esta jueza Isabel Bracho tiene 22 años de experiencia laboral, en todo este tiempo son estos elementos los que significan una mancha, si así puede decirse, en su carrera", refirió posteriormente Eugenio Jiménez Rolón.
Y por último, Jiménez sostuvo que "están los elementos de descargo que son imposibles de ser ignorados, consecuentemente esa situación y los años de experiencia, necesariamente debo proponer la confirmación de la nombrada".
Supuesto narco habría sobornado a fiscala y jueza
Los investigadores del caso Mercat interceptaron comunicaciones entre Walter Galindo y sus abogados Crispín Gilberto Rojas García y Fernando Bernal, quienes llevaron a cabo las diligencias en el anterior proceso del cual Galindo salió airoso tras obtener su libertad, a través de supuestos pagos hechos a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Isabel Bracho.
Blanqueo de narco: las negociaciones de Galindo
El tiempo que Galindo estuvo sujeto al proceso judicial en el año 2021, supuestamente negoció con las "jugadoras" de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero presuntamente entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de "Dra." y "Dr.".
En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.
Si bien el requerimiento conclusivo debía ser presentado en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.
Ya de cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a Gómez y en su reemplazo asumió la fiscala Hermenegilda Cubilla, que también fue recusada y asistió a la audiencia el fiscal Osmar Segovia, quien se allanó al sobreseimiento definitivo para la tenencia de drogas. En cuanto a los hechos de reducción, la placa fue devuelta y el daño reparado, y la violación de Ley de armas, no se configuraba en un delito, por lo que Bracho otorgó criterio de oportunidad.