MIAMI.- Líderes comunitarios, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que detenga las deportaciones de haitianos al país caribeño, afectado por una alarmante escalada de violencia.
En una conferencia de prensa celebrada en esta ciudad del sur de Florida, el Movimiento Red de Acción Familiar (FANM) censuró las repatriaciones realizadas la semana pasada a Haití, pese a los constantes llamados de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para evitar las deportaciones, debido a la violencia y la aguda crisis en el país.
«Esta decisión de la Administración de Biden es repulsiva, despiadada, indefendible y desmesurada. Y debo añadir que es incluso criminal», afirmó en la rueda de prensa Marleine Bastien, directora ejecutiva de FANM, quien estuvo acompañada también de algunos funcionarios locales.
El jueves pasado Estados Unidos reanudó la deportación de haitianos vía aérea, tras un receso de cerca de tres meses de no repatriar migrantes al país caribeño.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) confirmó al diario The New York Times que había «realizado un vuelo de repatriación de alrededor de 50 ciudadanos haitianos» y agregó que ninguno de los deportados tenía una base legal para permanecer en los EE.UU..
Las deportaciones de migrantes haitianos desde EE.UU. se habían suspendido después de la escalada de violencia que llevó a la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry.
Las Naciones Unidas (ONU) ha alertado de que más de 360.000 haitianos han sido desplazados a causa de la violencia y que 5,5 millones necesitan ayuda humanitaria con urgencia.
El abogado en derecho migratorio y civil Ira Kurzban, por su parte, instó al Gobierno estadounidense a que implemente un programa de refugiados haitianos similar al que ampara a los cubanos, al tiempo que FANM y funcionarios locales llamaron a la renovación del Estatus de Protección Temporal para Haití (TPS), que expira en agosto próximo, una «salvaguarda vital», dijeron.
Las bandas armadas, además de aterrorizar a barrios enteros de civiles, han atacado en las últimas semanas infraestructuras públicas como comisarías de policía, la universidad, templos y el aeropuerto de Puerto Príncipe, hasta ahora en sus manos y cerrado al tráfico.
La única buena noticia es la reciente formación del Consejo Presidencial de Transición que debe crear nuevas instituciones, pero este consejo no ha conseguido reducir los niveles de violencia, mientras que la misión policial multinacional todavía no ve la luz por la falta de financiación internacional.