Ha dicho el ministro de Transportes –refiriéndose a la enésima bronca entre el Gobierno y la oposición– que Bildu le ha decepcionado por su falta de madurez política al no reconocer que ETA fue una banda terrorista. Algo que, por supuesto, no afecta a los pactos que su gobierno mantiene con la actual organización vasca. Lo pintoresco de sus consideraciones, teniendo en cuenta que hace muy poco subrayaba que el ahora aspirante a ganar las elecciones de este domingo allí era "legal y democrático".
(Si se entiende la madurez como propia de la seriedad que acompaña a la edad, podría decirse con razón que don Oscar no ha pasado de la época infantil al menos en lo que a política se refiere. Y cumple añadir, para no olvidarla, su referencia a los Reyes Magos cuando le preguntaron acerca de lo proyectos ferroviarios para el sur de Galicia con ocasión de una visita al alcalde de Vigo. Sin faltarle al respeto, ni pretender que suene a consejo, alguien debería recomendar al señor Puente un comedimiento bastante mayor tanto en opiniones como en adivinanzas).
Viene a cuento, lo antedicho, de la última -por ahora- ocurrencia de su señoría. En concreto la referencia a un posible y obligatorio pago por el uso de las autovías, un asunto que fue ya abordado por este gobierno y que se declaró "congelado" al menos por dos años tras un acuerdo con la Unión Europea. Así que, una de dos: o Puente va por su cuenta, o tiene una memoria que ya se va debilitando. Aparte de que falte a la verdad sea intencionada o des/intencionadamente, el personal puede pensar que todo suena a pitorreo cuando algunos ministros hablan.
Ocurre que, como las desgracias nunca vienen solas, don Oscar añade en esto de la circulación por carretera que no hay razón para que el pago en las autovías no sea tan obligatorio como los impuestos. "Detalle" éste que parece olvidar que los impuestos ya los pagan quienes recorren esas vías de comunicación –además de las otras cargas fiscales–, y por lo tanto su argumento desembocaría en una doble imposición, algo que los tratados de economía solo aceptan en ocasiones extraordinarias. Un punto de vista doctrinal que no todos admiten.
Cuando este periódico, hace años, publicó que el entonces gobierno del señor Rajoy estudiaba la hipótesis de imponer tributos al uso de esas vías de comunicación, se desmintió oficiosamente. Más tarde, ya con Sánchez en la Moncloa se aceptó que efectivamente existía el estudio y que la UE obligaría a imponerlo, para después anunciar que un pacto con Bruselas retrasaría el asunto por tiempo no definido. Esta mera cita serviría, cuando menos, para plantear serias dudas –cuando no consolidar las certezas– de que los gobiernos, en general, camuflan las malas noticias o simplemente mienten con descaro. Una actitud que solo se puede combatir desde la madurez de los gobernados para certificar los conocimientos que poseen, reclamar sus derechos y defenderse contra abusos. Por cierto: Galicia sigue estando tan lejos de casi todas partes –geográficamente hablando– que antes de ahora con este gobierno. Y no olvida que el PSOE, antes, lo decía así.