Las demandas contra médicos
Demandar judicialmente a un médico, una clínica u hospital para reclamar indemnizaciones por daños a la salud de un paciente, no ha sido una práctica común ni generalizada en nuestro país.
Donde han sido más usuales es en los casos de personas que se han sometido a cirugías estéticas fallidas o que condujeron a la muerte del paciente.
Comunes son las denuncias públicas sobre desatenciones, supuestas impericias o negligencias de médicos o centros clínicos, que no pasan a la categoría de reclamaciones ante los tribunales.
Ahora que se han conocido sentencias con altas penalidades que afectan a tres reconocidas clínicas y a un hospital público, se han generado múltiples reacciones, como era de esperarse.
El colegio médico teme que procedimientos de esta naturaleza den lugar a un "festival de demandas", sin que medien procesos exhaustivos para determinar cuándo hubo una real mala práctica médica.
En muchos países existen instancias oficiales para tramitar quejas o reclamaciones sin llegar necesariamente a los tribunales.
En ellos rigen protocolos o guías básicas para asegurar la calidad de la práctica médica, así como salvaguardas para que los médicos y clínicas no se sientan inhibidos a la hora de atender pacientes, por temor a las demandas.
Con tantas precariedades de que adolecen los hospitales públicos, no resulta raro que la atención a los pacientes derive en serias consecuencias para la vida o la salud de estos.
En un contexto como este, la cadena de responsabilidades es difícil establecer y, tal vez por ello, los pacientes afectados o sus familiares, desisten de iniciar procesos en la justicia para la reparación de daños.
Es preciso, entonces, que el colegio médico y las sociedades especializadas, así como clínicas, hospitales y aseguradoras de salud, adopten un compromiso común de velar por la calidad de sus servicios.
Y que las instancias o defensorías de la salud fijen claramente los criterios que pueden concurrir para dar curso a una demanda en la justicia, que no sea caprichosa u oportunista.
Proteger la salud y la vida es un compromiso sagrado de todos los actores del sector de la salud, sean en centros privados o públicos, hasta donde sea humana y científicamente posible garantizarlos.