Sobre el caso Rolex, lo mejor que puede hacer la presidenta Dina Boluarte es apresurar su declaración ante la Fiscalía, y así evitar que el desprestigio de su honorable cargo comience a torcer acuerdos políticos. Pero, ¿cómo llegamos al punto en el que los jefes de Estado son procesados como cualquier ciudadano?
Es popular decir que en nuestro país nadie tiene corona, pero en realidad existe una protección legal que les permite a altos funcionarios cubrirse de investigaciones propias de sus funciones: presidentes, ministros, congresistas, entre otros, a quienes se les otorga un derecho para poder trabajar en libertad, salvo en flagrancia.
Sin embargo, la vez que la Fiscalía de la Nación comenzó a investigar al expresidente Pedro Castillo por sus latrocinios se abrió la puerta al infierno para la investidura presidencial, una medida a la que se había rehusado Zoraida Ávalos tomando como ejemplo antiguos casos contra exmandatarios.
El tema de la jefa de Estado se enmarca en este punto. Y así han coincidido expertos como el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien considera que la negativa de la presidenta, en una primera instancia, a acudir al Ministerio Público es un factor válido para su intervención.
Luego del combazo en la puerta de la casa de la presidenta, queda claro que el proceso fiscal contra Castillo fue la chispa que inició el incendio. Las preguntas son: ¿Alguien podrá apagar ese fuego?, ¿los congresistas podrán cambiar esto?, ¿qué les depara a los futuros presidentes?
Estamos en una situación complicada como país, donde el linchamiento es un deporte nacional. Cuando Alejandro Toledo era presidente le lanzaban hasta botellazos, en una clara falta de respeto al puesto. No volvamos a reducir la imagen de la Presidencia de la República a un bulto de boxeador.