Según el tercer reporte del Monitor de Uso de la Fuerza Letal en América Latina y El Caribe (MUFL), publicado este 16 de abril, en Venezuela entre 21 y 25,3 % de las muertes violentas durante los años 2020 y 2022 fueron a manos de miembros de la fuerzas de seguridad del Estado.
«Que una cuarta parte de los homicidios de un país lo cometa el propio Estado es ya un indicador del uso abusivo de la fuerza. Venezuela tiene el índice más alto en la región», aseveró Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ICP – UCV), en una rueda de prensa digital.
Advirtió que durante ese periodo el número de casos de personas que han muerto a manos de funcionarios de seguridad venezolanos bajó, pero el índice de letalidad aumentó. «Los números siguen siendo muy altos, no solo en comparación con los datos históricos del país en la última década, sino en comparación al resto de la región», advierte Ávila.
La tasa de homicidios por parte del Estado en Venezuela fue de 4,4 personas por cada mil habitantes en 2021 y de 2,6 por cada mil habitantes en 2022. Solo Trinidad y Tobago superó ese renglón en el año 2022, con una tasa de 3,14 por mil habitantes.
Menor incidencia, mayor letalidad
«La incidencia en Venezuela aún no baja de los registros del 2014, que ya para ese momento era bastante alta comparada con la región», aseveró el investigador del ICP – UCV.
Según los reportes de la prensa nacional, hubo 2 847 homicidios en 2020; 1 449 en 2021 y otros 876 en 2022. En total hubo 5199 casos. Estas cifras solo son superadas por los datos oficiales de Brasil, que para cada año registró más de 5 600 homicidos por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
«Quizás hay un menor nivel de vulneración del principio necesidad, pero hay un nivel igual o mayor de la moderación y la proporcionalidad de la fuerza», reflexionó Ávila.
Por el momento, el MUFL maneja varias hipótesis sobre la disminución de los casos en Venezuela: el aumento de la desigualdad socioeconómica —«que disminuye las oportunidades para la delincuencia de tipo violenta y callejera»—, la reducción de la población en al menos 20 % por el éxodo migratorio —«donde más de la mitad de esa población eran hombres jóvenes, la población con incidencia activa y pasiva de la violencia en el país»—, la cuarentena por el covid-19 y las denuncias de las ONG e instituciones internacionales por las violaciones a los Derechos Humanos en el país.
Aumenta la opacidad regional
«Muchos países de América Latina y El Caribe están retrocediendo en temas de trasparencia en datos oficiales sobre los abusos de la fuerza letal de los Estados», advirtió Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análise da Violencia de la Universidad de Rio de Janeiro. «Si contamos solo los datos de la región obtenidas por la prensa, Venezuela casi lidera todas las listas a excepción de Brasil».
El tercer informe del MUFL concluyó que en cinco países el Estado no ofreció datos sobre las muertes violentas a manos del Estado, incluidos las muertes de los funcionarios de seguridad durante algún operativo. Aunque Venezuela ya lleva un historial de opacidad desde el 2019, Colombia y Perú se unieron a la tendencia.
El Monitor pudo constatar a través de la prensa venezolana que al menos 152 funcionarios de seguridad del Estado murieron de forma violenta en el contexto de alguna operación. Por parte de las víctimas, el 98,27 % eran de género masculino y 57,4 % del total tenía entre 18 y 27 años al momento del crimen.
El informe advirtió que no se pueden identificar patrones de crímenes raciales debido a que «el racismo en Venezuela es un tema tabú, un problema no admitido ni asumido».
«Los índices de muertes a agentes policiales aumentaron en los años 2021 y 2022 por el incremento de los enfrentamientos con presuntas bandas delictivas en la frontera y dentro del país (como la Operaciones Trueno en 2022). Paradójicamente, esto no disminuyo el número de muertes a civiles, sino todo lo contrario. Esto demuestra que, durante este periodo, el Poder Ejecutivo se ha mantenido en el poder en base al uso de fuerza excesiva», concluyó Ávila.