"Golden empadronamiento". Así ha bautizado Izquierda Unida las políticas en las que trabaja el Ayuntamiento para frenar la caída de población y que avanzó el alcalde, Bruno García, a principios de esta semana. Entiende la formación de izquierdas que estas "ideas peregrinas y caducas" lo que buscan es "que turistas con segunda residencia se empadronen, porque es una burda operación de maquillaje, fomenta aún más la turistificación de la ciudad y no proporciona medidas reales para ayudar a los vecinos y vecinas para que puedan seguir viviendo en la ciudad".
Frente a este planteamiento en el que trabaja el gobierno municipal del PP, IU insiste en reclamar a la Junta de Andalucía que declare a Cádiz como "zona tensionada" en base a la nueva Ley de Vivienda Estatal -como ya planteaba, de hecho, el PSOE en el pleno del pasado mes de marzo- "para impedir que siga aumentando el precio de los alquileres en la ciudad".
En esta línea, la portavoz de la formación, Marga Forné, explica al respecto "que uno de los grandes problemas que tienen los vecinos es el elevado precio de los alquileres residenciales, por lo que la declaración de zona tensionada permite intervenir para establecer un límite de máximos y mínimos en el precio". "Medidas como estas sí que son las efectivas y necesarias para que los vecinos y las vecinas puedan seguir viviendo aquí, y por tanto, evitar la pérdida de población y de empadronamientos", añade.
Considera la portavoz de IU que Cádiz ante "una escalada considerable en el importe de los alquileres" han sido eficaces medidas como la modificación del PGOU para limitar los pisos turísticos; "pero hay que ir más allá e intervenir sobre el precio de alquiler, como permite la citada ley, ya que las administraciones no pueden permanecer impasibles, como hace el alcalde Bruno García, mientras hay familias que destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el alquiler".
Es por este motivo por el que piden al Ayuntamiento que exija esa declaración de zona tensionada. En concreto, reclama IU al alcalde "que deje el interés y la confrontación partidista contra el Gobierno de coalición y anteponga los intereses y derechos de los vecinos y las vecinas". "Que los gaditanos y gaditanas no se beneficien de esta limitación de los precios de los alquileres por la negativa del Partido Popular a nivel andaluz, con el silencio cómplice de Bruno García, le convierte en responsable de la situación", concluyen.