El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes que la comunidad andaluza registró un volumen de inversión industrial de 11.000 millones de euros que conllevaron la creación de 68.000 empleos y que se tradujeron en cerca de 6.500 iniciativas industriales, tanto nueva actividad industrial como modernización de actividades ya implantadas, y que se han desarrollado en 340 municipios andaluces.
Paradela ha ofrecido estos datos, correspondientes al balance del Plan de acción CRECE Industria desde agosto de 2021 hasta el cierre de 2023, durante su intervención en la apertura del Foro de Participación para la elaboración de la Ley de Espacios Productivos que ha tenido lugar en la sede en la CEA junto a su presidente, Javier González de Lara, y que es una iniciativa recogida en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, suscrito en marzo de 2023 por la Junta con los agentes económicos y sociales.
Nueva orden de incentivos
En este encuentro, en el que han participado otras consejerías de la Junta, representantes de asociaciones empresariales, de los ayuntamientos, de colegios profesionales y de los sindicatos, entre otras entidades, se ha abordado el contenido del anteproyecto de esta ley que tiene como objetivo primordial la mejora de las zonas industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, la puesta en valor de los polígonos y espacios productivos existentes, así como dotar de mayor seguridad jurídica y facilitar la implantación de la industria en Andalucía.
En este sentido, el consejero andaluz ha avanzado que "una de las medidas clave que recoge el texto normativo es la creación del espacio industrial protegido, una nueva figura que favorecerá la simplificación administrativa para la implantación de actividad y convertirá a Andalucía en un imán para atraer proyectos industriales de calidad", y ha anunciado que su Consejería llevará este martes a Consejo de Gobierno el impulso de "una nueva orden de incentivos, denominados incentivos integrados, que completará el impulso a la mejora de la competitividad industrial con la energética y el respaldo a la transición energética, ecológica e industrial de los espacios productivos, que contará con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros", ha precisado el consejero.
Este nuevo instrumento de apoyo a la industria se sumará al programa de ayudas para el desarrollo industrial por valor de 241 millones que la Junta de Andalucía dispondrá a partir de mayo, y de las que se podrán beneficiar pymes y autónomos en concurrencia no competitiva a través de Trade.
"El anteproyecto de ley en el que estamos trabajando busca atraer inversiones industriales y establecer figuras jurídicas que estimulen la implantación y desarrollo de iniciativas empresariales en nuestra región aplicando un marco normativo integral que elimine trabas, permita simplificar trámites y garantice procesos ágiles", ha explicado el consejero. La realidad actual de los polígonos presenta "dificultades", si bien la Ley de Espacios Productivos "es una respuesta integral a los desafíos que enfrenta nuestro tejido empresarial. Desde la Junta queremos ofrecer la máxima garantía jurídica, seguridad y certidumbre en el desarrollo de estos proyectos".
Debate abierto
Por su parte, el secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez, ha sido el encargado de desgranar los objetivos y medidas que contempla el anteproyecto y que están abiertas al debate de los agentes interesados, en un encuentro que ha contado con la participación de la viceconsejera Ana María Vielba, el secretario general de Energía, Manuel Larrasa, y los delegados territoriales de la Consejería en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada y Almería.
En esta línea, ha destacado que la Ley introduce una clasificación de los espacios productivos que permitirá establecer hitos de mejora en las infraestructuras o los servicios de los que disponen, poniendo en valor sus potencialidades a través del censo de espacios productivos. Se refuerza así la labor que ya se viene haciendo desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) que, a través de su herramienta de Espacios Productivos de Andalucía (ESPAND), tiene identificados en la comunidad más de 2.300 espacios productivos que albergan 40.000 empresas y 10.000 autónomos, que representan el 16% del tejido empresarial andaluz y concentran casi el 22% del total de los trabajadores.
El texto en elaboración establece, además, programas de accesibilidad y competitividad para los suelos autonómicos, así como un régimen administrativo preferencial para los denominados proyectos tractores de la industria en Andalucía, sobre los que se podrán aplicar medidas para facilitar su implantación tales como programas de incentivos o de captación y formación de personal.
Otra cuestión que aborda la norma es el equilibrio territorial y la armonización entre polígonos y áreas urbanas, con medidas como el llamado Proyecto Regindur, que se dirige a la reubicación industrial en polígonos que han quedado encajados dentro de las ciudades y que carecen de posibilidades de crecimiento.
La Ley fomentará una mayor implicación municipal, a través de la iniciativa de Red de Ciudades Industriales de Andalucía, también impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, ya en marcha, y que ahora se buscará reforzar, dándole un carácter más formal con su inclusión en el texto.
Así, contempla diversas vías de colaboración entre las administraciones local y regional y de colaboración público-privada, con la creación de la figura de las Entidades de Gestión y Mantenimiento de los Espacios Productivos, con el fin de combatir la falta de mantenimiento que en muchos de los espacios productivos se presenta como otro hándicap que lastra la competitividad de la industria.
Futura Ley de Espacios Productivos de Andalucía
Durante la jornada, se ha debatido acerca del nuevo marco legal que impulse la competitividad y el crecimiento de los espacios productivos. Así, tres mesas de participación han analizado en detalle cuestiones de relevancia como los instrumentos de apoyo y normativos con los que cuenta la Junta para el crecimiento de la industria en Andalucía; la visión de las empresas y trabajadores de los espacios productivos en cuanto a necesidades y retos; así como el análisis desde la perspectiva de las entidades locales y el papel de la colaboración público-privada.
Para la CEA, la futura Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA) es "estratégica para regular unos espacios físicos en los que coindicen y se combinan la producción industrial, la innovación, la comercio, la logística o la formación especializada, sólo por citas algunos de los ámbitos más significativos".
Así la describe el presidente de los empresarios andaluces, quien ha subrayado que esta conjunción de actividades, con tanto potencial, "hace de los polígonos industriales unos espacios productivos cargados de oportunidades, pero también con dificultades específicas: movilidad; seguridad; separación y recogida de residuos; suministro energético, abastecimiento de agua, o programas de emergencias".
Por ello, ha señalado González de Lara, "aterrizar en el futuro texto normativo todo esto es un reto. Y CEA aboga por afrontarlo con una gestión eficiente, con simplicidad o racionalidad administrativa y con colaboración público-privada. Y hacerlo desde una concepción de "ecosistema", con gran protagonismo de las pymes, que son la base industrial andaluza".
El presidente de CEA ha subrayado además que la futura LEPA nacerá del Diálogo Social y está contemplada en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito por Junta, CEA y sindicatos UGT y CCOO en marzo de 2023. Así, la gestación de la nueva norma conlleva un período de negociación y diálogo con los agentes económicos y sociales.
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