Ángeles Vázquez / J.G. Albalat / Tono Calleja / Cristina Gallardo
El director de la Agencia Tributaria en 2017, Santiago Menéndez, dejó claro a sus subordinados en varias ocasiones que no iba a consentir que se repitiera que un informe de Hacienda apareciera en los medios de comunicación sin conocerlo él antes. Y más si era relativo a los Pujol. En un correo electrónico pedía "una explicación inmediata" de por qué él no había sido informado y calificaba de "absolutamente impresentable" e "indecente" que se fijara un criterio "sin que la Dirección de la Agencia sepa nada", es decir, sin haber sido consultado sobre un informe relativo al benjamín de la familia del expresidente catalán, Oleguer Pujol, por sus inversiones en Drago Capital.
Se trata de uno de los correos con los que se topó el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona al investigar las irregularidades presuntamente cometidas por el bufete Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro. La Fiscalía Anticorrupción descartó investigar esos mails, lo que llevó a la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, a recurrir al artículo 27 del Estatuto Fiscal para dejar clara su discrepancia con la orden recibida del jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La Junta de Fiscales de la Fiscalía Especial apoyó mayoritariamente el criterio de la jefatura, partidaria de no profundizar en estos correos, por 19 votos frente a cinco.
El correo en cuestión, que ha podido ser consultado por esta redacción, muestra el enfado de Menéndez ante la publicación en el diario 'El Mundo' el 4 de marzo de 2017 de una noticia titulada "Hacienda ve delito fiscal de Oleguer Pujol por la 'operación Santander'", en referencia a la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander. Según la Agencia Tributaria, el hijo pequeño del expresidente catalán no había declarado los 2.637.336 euros que percibió en las Islas Vírgenes Británicas durante el ejercicio 2010 por su intervención en esta operación.
"Una explicación inmediata"
"Quiero una explicación inmediata de por qué se emite desde la Agencia un informe como el que se menciona hoy en 'El Mundo' y no sé que se ha enviado un informe en un tema de trascendencia mediática. Y lo que es peor, nadie me ha dicho absolutamente nada del criterio fijado cuando concurre DTE (declaración tributaria especial) y presunto delito fiscal. Puede que comparta el criterio o no, pero es absolutamente impresentable y en mi opinión indecente, que en algo así se fije un criterio, aunque este sea el de dejarlo a la decisión del juzgado, sin que la Dirección de la Agencia sepa nada", criticaba el entonces director de la AEAT.
Es fácil pensar que los funcionarios bajo sus órdenes no estaban acostumbrados, al menos hasta ese momento, a informarle de los auxilios judiciales (denominación que reciben los requerimientos que llegan a la Agencia Tributaria procedentes de juzgados y tribunales para que informen como expertos en la materia en procedimientos judiciales), porque el mail termina con un "estoy francamente muy molesto. Lo he advertido demasiadas veces ya".
Parece que el mensaje, pese a su tono categórico, no logra el éxito esperado, porque en un correo electrónico de justo un año después sigue recordando la necesidad de que la cúpula de Hacienda conozca ciertos informes antes de ser remitidos al juzgado. Un correo del 30 de abril de 2018 enviado a las 3.33 horas de la madrugada por el que entonces ya era jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, José Manuel de Alarcón, a Santiago Menéndez también se refiere a informes tributarios de los Pujol.
"Sobre Jordi Pujol Ferrusola"
"Te anexo Nota sobre la noticia de Jordi Pujol Ferrusola que me mandaste ayer. El informe se emitió en febrero de este año. En base a indagaciones de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) en la fase de instrucción y al análisis de documentación obrante en la causa, se llega a la conclusión de que las facturas emitidas por dos sociedades amparan en realidad 'servicios' prestados directamente por Jordi Pujol Ferrusola", dice textualmente.
Santiago Menéndez le responde insistiendo en la importancia de estar informado de estos informes. "Es muy importante que antes de que se envíen este tipo de informes en el auxilio yo tenga conocimiento de los mismos", insiste.
Alarcón contesta diciendo que le "hacen notas de todos los auxilios como Pujol o Gürtel antes de enviarlos al juez". Y precisa: "Si no te las mando todas es por no saturarte de papel. En adelante te las mandaré". Unas horas después, Menéndez insiste: "Un resumen y solo las de los pujoles".
En el sumario que se sigue en Tarragona aparecen varios correos en los que el director de la Agencia Tributaria pide información sobre la intervención de miembros de la casa en labores de auxilio judicial. Una información que, según otros correos, luego enviaba al jefe de gabinete del entonces ministro Cristóbal Montoro, al que terminaban siendo remitidos.
Caso Pretoria
Entre los correos electrónicos enviados a Montoro también figuraban otros asuntos catalanes con trascendencia mediática, como los relativos al caso Pretoria, aunque en él no hubiera imputaciones por delito fiscal. En la causa por corrupción urbanística en Cataluña entre los años 2002 y 2009 que se siguió en la Audiencia Nacional, el exsecretario de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta y el 'exconseller' d'Economía Macià Alavedra, ya fallecido, aceptaron casi dos años de prisión, al alcanzar un pacto con Anticorrupción.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de 5 años y 8 meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, y se la rebajó de 7 años a 4 años y 2 meses de prisión al exdiputado del PSC Lluís Andrés Garcia Sáez, 'Luigi', al absolverle de un delito de falsedad documental y reducirse su condena por cohecho.
Un expediente a la fiscal
Los e-mails, que evidencian las maniobras de la cúpula de Hacienda con Montoro de ministro, están en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 Montoro y del que se desvinculó dos años después, usaron en beneficio de sus clientes sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda", según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacción.
El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electrónicos que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal Carmen García Cerdá que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupción conminó a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relación con la dirección de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.
Además, Luzón ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción. De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusación, la fiscal podría ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta última acarrearía su expulsión de Anticorrupción, y por tanto del procedimiento.
El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, uno de los autores de los correos electrónicos, es hermano de Ricardo Martínez Rico, que está imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también están investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fundó Montoro en 2006.
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