Cristina Gallardo
El Gobierno busca seguir limando asperezas con la judicatura, gran parte de la cual viene meses manifestando su descontento a raíz de los señalamientos realizados por Junts, cuya portavoz Míriam Nogueras, se ha dirigido directamente desde la tribuna del Congreso contra los magistrados al frente de causas relacionadas con el 'procés'. Tras una visita realizada a principios de este mes al Tribunal Supremo, el ministro Félix Bolaños ha anunciado este miércoles que seguirá por esta senda y tiene intención de visitar a los presidentes de todos los tribunales de justicia en los territorios que visite.
Bolaños ha comenzado su ronda en Valencia, donde ha manifestado haber mantenido una reunión "cordial" de alrededor de una hora con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Pilar de la Oliva, perteneciente a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Se trata de una asociación que se viene mostrando muy crítica con la labor del Gobierno, tanto por el impulso de la ley de amnistía como por el acuerdo de legislatura que hablaba de 'lawfare' en referencia a los procedimientos judiciales contra independentistas catalanes, si bien De la Oliva no comparte los posicionamientos más extremos de su asociación, según fuentes consultadas en su entorno.
Bolaños afirma haber aprovechado la ocasión para tratar con la presidenta del TSJ valenciano sobre los retos de la justicia y haber detectado un "ánimo compartido". "Es la primera vez que visito a una presidenta de TSJ, cada vez que vaya a un lugar fuera de Madrid lo haré", ha anunciado el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, que califica de "importante" conocer la realidad de la justicia y de lo que pasa en los diferentes territorios en el "día a día".
Desde las asociaciones de jueces consideran que esta decisión del Gobierno es positiva. "Un acierto, ya estuvo con la Sala de Gobierno del Supremo y sigue la tournée", señala a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, mientras que desde la asociación Francisco de Victoria su portavoz, Sergio Oliva, apunta que dichos encuentros deberían ser habituales y " dentro de la normalidad, pues además de ser el presidente del TSJ respectivo el máximo representante del poder judicial en el territorio". También se aplaude desde el Foro Judicial Independiente, por considerarlo una "buena práctica" que muestra acercamiento y diálogo entre quienes representan al poder judicial en una comunidad independiente y el ministro de Justicia.
Lo encuentros coinciden, en todo caso, con la última fase de la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y un nuevo parón en la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras la salida de la Comisión Europea del hasta ahora titular de Justicia comunitario, Didier Reynders, que operaba como intermediario entre ambas fuerzas políticas.
El encuentro en el Supremo con el que Bolaños dio inicio a sus acercamientos a la judicatura evidenció, no obstante, ciertas diferencias de diagnóstico de la situación real de la justicia entre el poder judicial y el Gobierno. Mientras que el ministro señaló que las 25 bajas que arrastra el tribunal, derivadas de la falta de nombramientos por el Consejo, no se está viendo reflejada en un descenso de los asuntos revueltos, el alto tribunal aprovechó el encuentro para solicitar un plan de refuerzo extraordinario para una situación que califican de muy grave.
Un MIR judicial
Por otra parte, una nueva iniciativa registrada recientemente por los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno puede convertirse en un nuevo punto de fricción entre los jueces y el Gobierno. Se trata, según la iniciativa de Sumar, de explorar la viabilidad de establecer un examen similar al del médico interno residente (MIR) en el ámbito" de las profesiones de la carrera judicial.
Se busca con ello modificar el diseño de la oposición al considerar que el mismo "no permite garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos", entre otras razones, por los costes asociados que conlleva y que los de Yolanda Díaz consideran que impide aspirar a ser juez a un amplio sector de la sociedad.
Desde la carrera judicial ven con reparos la propuesta. Oliva apunta que las oposiciones son las que mejor garantizan el mérito y la capacidad. "Solo basta con analizar el número de mujeres que acceden a la judicatura por medio de oposición, y el número de mujeres que están en los altos cargos judiciales en donde impera la discrecionalidad, que es lo que ocurriría en un sistema como el que se propone de MIR judicial", apunta.
Portillo reconoce que dicha propuesta se basa en los sistemas de otros países, pero se basa en lo que califica de "falsedad", decir que ahora no se garantiza el acceso a la judicatura a las clases más desfavorecidas y mantiene cierta 'casta', ya que no llegan ni al 6 por ciento los aprobados que tienen un padre o una madre juez. "No se trata de cambiar el sistema de oposición, sino de dar más becas", añade, para advertir a que "suena a control ideológico".
Desde Jueces para la Democracia, sin embargo, señalan la propuesta coincide con su visión de que "se debe garantizar mediante becas que nadie quede excluido por razones económicas del acceso a la judicatura", aunque desconocen los detalles de la propuesta de Sumar.
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