El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiere «ampliar» la representatividad agraria actual para que sea «más auténtica» y se hará «a través del instrumento legal que sea oportuno para que entre en vigor lo antes posible», tal y como ya había anunciado hace un par de semanas causando revuelo entre las organizaciones agrarias.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en la que el Gobierno ha autorizado la distribución de 207,87 millones entre las comunidades autónomas para financiar intervenciones de desarrollo rural, agricultura y ganadería, el ministro ha hecho referencia a la representatividad agraria, tras el compromiso adquirido para conseguir una nueva normativa que sustituya a la ley vigente de 2014.
En su comparecencia, ha incidido en que ve «necesario» revisar el modo de determinar qué organizaciones profesionales agrarias son representativas de los intereses del campo español.
Actualmente son Asaja, COAG y UPA las que forman parte del comité asesor agrario que es el órgano de interlocución oficial con el Gobierno, pero no así Unión de Uniones que aspira a ello.
Una reflexión que ha hecho tras las elecciones al campo celebradas recientemente en algunas de las autonomías que cuentan con ese proceso. Por eso, quiere una revisión «inclusiva» de la normativa basada en el «diálogo» con las organizaciones agrarias para que «el sistema refleje de la mejor forma esa representatividad» en el sector primario. Planas está convencido de que se superará la ley de 2014 «mediante este mecanismo de ampliación y de puesta al día de esa representatividad».
SEGUIMIENTO AL PLAN DE 43 MEDIDAS Y PUERTA ABIERTA A ASAJA Y COAG
Por otro lado, Luis Planas ha confirmado que su Ministerio constituirá en los próximos días con las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones la comisión de seguimiento del plan de 43 medidas que el Gobierno le presentó al sector primario para dar respuesta a sus peticiones.
Además, ha dejado la «puerta abierta» a que otras organizaciones agrarias, en especial Asaja y COAG, se adhieran al plan ya que, hasta el momento, lo han rechazado.
Entre las acciones vinculadas a ese plan están trabajando en las medidas que requieren una reforma del plan estratégico de la PAC en el año 2025 o aprobar el cambio legislativo necesario para convertir la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en agencia estatal, mientras que a nivel europeo se van poniendo en marcha reivindicaciones comerciales que habían pedido los agricultores.