Aseguran que no pactaron una serie de mejoras con el Botànic, sino que lo hicieron con la Generalitat Valenciana. Por ello, UGT Serveis Públics del País Valencià ha interpuesto un recurso de reposición en el que solicita la revocación de la resolución de 1 de marzo de 2024, de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para los años 2024 y 2025. En concreto, el programa de intervenciones técnicas de acogimiento en familia educadora. El sindicato denuncia que los módulos económicos de la convocatoria no se ajustan a la normativa laboral ni a los costes reales de carácter fijo, variable y permanente necesarios para desarrollar la prestación. Es más, resulta insuficiente la financiación del mismo y, en consecuencia, no garantiza la calidad de la prestación. "Queremos que se mantengan los acuerdos acordados para mantener el servicio en condiciones dignas. Se publicaorn en el DOGV y son de obligado cumplimiento", afirman.
UGT reclama que se cumpla la normativa laboral vigente y que la convocatoria del servicio de acogimiento familiar referencie los costes de personal a los salarios sectoriales para los años 2024, 2025 y 2026 publicados en el Acuerdo Interprofesional de mejora de las condiciones de trabajo de las personas profesionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en el ámbito de la acción concertada. Además, pide que se contemple en la misma una correcta financiación de los costes de sustitución del personal en periodos de IT y vacaciones.
Por otra parte, la UGT denuncia que las condiciones de la nueva convocatoria suponen de facto una reducción de la actual plantilla de profesionales del servicio, cuyo coste de amortización, además, van a tener que sufragar las entidades sin ánimo de lucro que actualmente gestionan el programa. Todo esto ocurre en un contexto en el que las familias de acogida vienen de sufrir retrasos en los pagos de las ayudas económicas durante el primer trimestre del año, tal como ya denunció UGT. Se trata de ayudas para la manutención y asistencia médica de las niñas y niños acogidos. Se produce, además, un recorte en la calidad del servicio técnico que reciben y que está incluido en la cartera del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y Atención a la Infancia y la Adolescencia.
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