La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a María Cristina Soto, exrepresentante a la Cámara por La Guajira del partido Conservador, por presunta compra de votos. Soto está siendo investigada por presuntas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones al Congreso en marzo de 2018. El alto tribunal decidió acusarla por los delitos de corrupción de sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Según la investigación, la excongresista le habría entregado dinero a líderes del departamento para que le consiguieran personas que votaran por ella a cambio de un pago. Sumado a esto, le habría entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los gastos que tuvo durante la campaña. Sin embargo, la Sala determinó la preclusión de los cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.
Las autoridades han encontrado que, al parecer, Soto habría pagado entre 20 mil y 50 mil pesos a cada persona, además de que presuntamente les garantizó a los votantes el transporte a los puestos de votación. Entre los implicados en compra de votos aparecen Simón López Martínez, Ades Alberto Aramandis Gómez y Joel Blanchar Plata, entre otros, de los cuales algunos reconocieron en la Corte Suprema su participación en la red de corrupción fraguada por la entonces candidata a la Cámara de Representantes.
En 2018, la Fiscalía remitió el expediente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento se ordenaron algunas interceptaciones telefónicas, en las cuales habría quedado en evidencia la manera como operaba esta red de compra de votos. Con esas acciones ilegales, fue que Soro, aparentemente, consiguió 40.366 votos.
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