El 1° de abril pasado se cumplieron ya diez años desde que las unidades de control interno municipales se convirtieron en reparticiones esenciales y de creación obligatoria para las instituciones edilicias del país, en razón de la publicación el año 2014 de la Ley N° 20.742 que en ese momento buscaba fortalecer la transparencia y probidad en las municipalidades y el rol fiscalizador de los concejos municipales. Hoy, con más de seiscientas causas investigativas relacionadas a sucesos relativos a irregularidades o delitos cometidos por funcionarios o autoridades municipales, claramente la antedicha norma fue superada por la realidad que nos está tocando vivir.
Una de las causas que probablemente esté generando una oleada inédita de autoridades edilicias esté desfilando en todo tipo de tribunales es la poca importancia o en algunos casos el desdén que alcaldes y sus equipos de confianza confieren al rol del director de control interno municipal o, para que se entienda mejor, el contralor municipal. Esta figura contenida en la Ley de Municipalidades se encarga de hacer la revisión de legalidad de los actos de la administración municipal y representarlos cuando se incurre en ilegalidades, controlar el correcto uso de los recursos municipales, auditar operativamente los procesos internos de los entes edilicios, cooperar en las labores fiscalizadoras del concejo municipal y velar porque se respete y cumpla con el principio de probidad pública que debe regir su accionar en todo momento, haciendo prevalecer el interés general al particular. Todo lo anterior bajo una coordinación ambivalente, a veces cercana o a veces distante, con la Contraloría General de la República, quien es supervisor técnico de los contralores municipales. Ciertamente una tarea importante, relevante y crítica no sólo en los tiempos que corren, sino que hace más de 10 años.
Sin embargo, en muchos casos, somos un enemigo o, como algunos alcaldes o directivos de su confianza han estimado: un obstáculo para la consecución de sus objetivos. En nuestra región tenemos certeza que los contralores municipales son perseguidos, presionados, acosados (sobre todo aquellos contralores mujeres) o aislados, con el fin de que hagan la vista gorda a algunas situaciones o para que no se informen de lo que sucede o no puedan ejercer sus actividades fiscalizadoras. De alguna u otra forma siempre se busca escapar de la tarea revisora del contralor municipal. Lo anterior es tomar un camino errado y es una tremenda falla de asertividad en aquellos directivos, asesores u operadores políticos "de confianza", esos "yes men" a los que a veces tienden a poner mucha atención alcaldes y concejales. El resultado de esas malas prácticas lo refleja esta misma región: el caso Berwart en San Fernando y el caso Godoy en la capital regional.
A diez años de la Ley N° 20.742 hoy avanza en el Congreso Nacional un proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las municipalidades, corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Este proyecto busca fortalecer los deberes municipales en materia de probidad y establecerá grandes desafíos en dicha materia a alcaldes, concejales y contralores municipales, norma en la cual hemos podido aportar desde nuestra unión regional, sobre todo evitando algunas ambiciones que buscaban instalar al contralor interno como una figura de exclusiva confianza política. Invitamos a los parlamentarios de la región a apoyar el proyecto y a los actuales alcaldes y concejales, así como a los candidatos a las próximas elecciones municipales a entender que más que un obstáculo, los directores de control somos garantes de una gestión correcta y proba, que evitará juicios de cuenta, destituciones o penas de cárcel.
Jorge Acuña Díaz
Presidente Asociación de Directores de Control Municipal de la Región de O'Higgins.