En la sesión de control de ayer al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hubo de todo. Solo con ver la fotografía inicial de cómo comenzaba el pleno era suficiente para saber que sería de alta intensidad. Todos los diputados de Compromís, vestían de negro para simbolizar el día de luto que, según ellos, se vivía en la Comunitat Valenciana.
El motivo, la aprobación de la toma en consideración de la batería legislativa con la que PP y Vox pretenden borrar cualquier carga ideológica heredada del Botànic. Los diputados del PSPV optaron por colocar en sus escaños fotografías de republicanos represaliados. De hecho, una de estas imágenes, concretamente la que mostraba el síndic socialista José Muñoz acabó en el escaño de Mazón. Era la imagen del poeta Miguel Hernández. Se la intercambió en la primera interpelación que hizo al jefe del Consell. Este le entregó un libro de Manuel Chaves Nogales.
Tan solo hubo un instante para practicar la concordia. Fueron las cariñosas palabras que todos tuvieron para la ex vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, y diputada de Compromís, quien anunció el pasado domingo que padece cáncer.
Mientras que la izquierda centró sus ataques en el proyecto de Ley de la Concordia, Mazón defendió su gestión y atacó las prácticas realizadas por el Botànic con un protagonista: el ex conseller de Educación Vicent Marzà, por el dinero que dejó escapar en las subvenciones que recibieron las empresas participadas por Francis Puig, hermano del ex presidente Ximo Puig. El de Compromís pidió a Mazón que retirase las acusaciones realizadas hacia su persona, pero Mazón no rectificó.
Es más, dijo que la Abogacía de la Generalitat presentará un recurso para que se recuperen «los 170.000 euros perdonados al hermano de Ximo Puig». Además, iniciará de nuevo el proceso de reintegro para exigir que las empresas «devuelvan el dinero de una vez por todas».
Este anuncio se produce después de que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya estimado los recursos presentados por las empresas de comunicación audivisual Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, vinculadas a Francis Puig, contra las resoluciones de la Generalitat que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones recibidas por el fomento del valenciano.
Mazón reprochó a la ahora oposición que durante el Gobierno hayan utilizado recursos públicos para beneficiar a los familiares de Puig durante la etapa del Botànic. Se refirió a las sentencias que reflejan que «por tres o cuatro días los ciudadanos de la Comunitat Valenciana han perdido 170.000 euros que han ido al bolsillo de los amigos del hermano del expresidente».
El presidente de la Generalitat defendió la Ley de la Concordia contestando con claridad meridiana al síndic socialista que le pidió que se pronunciase sobre esta cuestión tras acusarle de que «la nueva ley dignifica el franquismo e intenta blanquearlo». «Léame los labios», le dijo, «Franco fue un dictador y el franquismo fue una dictadura» y reprochó al PSPV que «solo les interesa Franco».
Acusó a los socialistas de estar únicamente pendientes de esta cuestión y obviar otras cuestiones. Además, remató su argumentación con un ataque directo a la vida interna del PSPV. «El único que tiene un problema con el régimen franquista es el socialismo alicantino», en alusión a la reciente inclusión en la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE del histórico dirigente alicantino Ángel Franco. «Eso sí es una dictadura, y dura 40 años».
Muñoz respondió con una acusación directa a Mazón. «No sé si tenemos un problema con el franquismo en Alicante; pero sí tenemos un problema con el 'zaplanismo' que usted representa», en referencia al juicio del «caso Erial» que juzga al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.
[[H3:«Sois un Gobierno ilegítimo»]]
Otro de los enfrentamientos vino a raíz de la salida de la expresidente de la Generalitat, Mónica Oltra, del Consell, tras ser imputada por un presunto encubrimiento de su exmarido. Compromís acusó al PP de «ocupar sus escaño de manera ilegítimia» por «contar una infamia» y hacer «un uso espurio de la justicia» a pesar de que Mazón «sabía que todo era mentira».
Las cinco proposiciones de ley de Pp y Vox superan su primer trámite
Las cinco proposiciones de ley presentadas por PP y Vox en Les Corts Valencianes sobre memoria democrática, plurilingüismo, radiotelevisión pública, transparencia y la Agencia Antifraude, esta última registrada solo por el PP, superaron ayer su primer trámite en el pleno de la Cámara, por lo que ahora serán remitidas a las comisiones para el proceso de presentación de enmiendas.
El pleno votó ayer, un día después de su debate, la toma en consideración -es decir, el inicio de la tramitación- de las cinco iniciativas legislativas. El inicio de la tramitación de estos cambios legislativos, que se espera que queden aprobados definitivamente al final de este periodo de sesiones, antes de las vacaciones de verano, contó con los votos a favor y los aplausos del PP y sus socios de gobierno, Vox, y en contra de los dos grupos de la oposición, el PSPV y Compromís, que gritaron «vergüenza».
La que han llamado ley de concordia derogará la ley de memoria democrática de 2017 y todos sus procedimientos, menos las exhumaciones que estén en marcha, y abarcará de 1931 a la actualidad -la vigente se refiere a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo-.
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