Un grupo 15 historiadores emitieron un 'amicus curiae', un documento conocido como amigos de la corte, para argumentar en contra del expresidente Donald Trump y sus afirmaciones de que tiene inmunidad para ser acusado de cualquier delito.
El documento de 48 páginas tiene un principio básico: Ningún presidente de los Estados Unidos está por encima de la ley.
El caso está en la Corte Suprema, donde los jueces deberán decidir si el republicano puede o no ser acusado de algún delito y enfrentar un proceso criminal en tribunales, como los cargos por conspirar contra la democracia de los EE.UU., un caso que se asienta en la Corte de Distrito de Washington, D.C.
"El expresidente Trump está acusado de conspirar para frustrar la transferencia pacífica del poder tras las elecciones de 2020", dice el resumen del 'amicus'.
Los expertos señalan casos históricos para criticar al exmandatario por sus argumentos, los cuales consideran inviables.
""En su defensa, [Trump] afirma que debe inferirse una doctrina de inmunidad permanente de responsabilidad penal por los actos oficiales del Presidente, aunque no esté previsto expresamente en la Constitución", agregan los historiadores. "Para justificar esta afirmación radical, [Trump] sostiene que el significado original de la Constitución así lo exige. Pero ningún caso histórico plausible respalda su afirmación".
El Brennan Center for Justice colabora en el esfuerzo de estos historiadores y entrega el 'amicus curiae' ante la Corte Suprema.
Entre los expertos se encuentran Holly Brewer, Rosemarie Zagarri y Jack Rakove, quienes en sus argumentos rechazan la postura de Trump sobbre inmunidad "de todo procesamiento judicial", debido a que fue presidente.
"Cuando diseñaron el cargo de la presidencia, los fundadores de nuestra nación no querían ningún elemento de inmunidad de procesamiento penal que ostentaban los reyes de Inglaterra", afirmó Brewer, presidenta "Burke" de Historia Cultural e Intelectual Estadounidense y profesora asociada de Historia en la Universidad de Maryland. "Esa inmunidad era un aspecto central de lo que ellos veían como un sistema defectuoso. Tanto a nivel estatal como nacional, redactaron constituciones que obligaban a todos sus líderes, incluso al presidente, a rendir cuentas ante las leyes del país".
La experta incluso cita a St. George Tucker, uno de los jueces más prominentes de EE.UU. como nueva nación, quien estableció un principio de "claridad" sobre que todas las personas en el país tienen la misma obligación de cumplir con la ley, "desde 'un mendigo en la calle' hasta el presidente".
Zagarri, profesora universitaria distinguida y profesora de Historia en la Universidad George Mason, destaca que la figura del presidente no es similar a la de un rey, por lo que la ley busca que eviten que un mandatario manipule las elecciones y el proceso judicial.
"Crearon un proceso electoral que era independiente del poder ejecutivo, en parte para asegurarse de que la persona que ocupa la presidencia no pueda manipular el proceso", se indicó. "Ahora tenemos a un expresidente que está rompiendo con el molde que crearon nuestros fundadores, porque alega gozar del privilegio de tener inmunidad procesal —un privilegio que antes solo tenía la monarquía británica— para salvarse de un juicio por haber intentado revertir los resultados de una elección que perdió".
Thomas Wolf confió en que la Corte Suprema tome una pronta decisión. Wolf es uno de los abogados defensores que enfrentan a los abogados de Trump, y director de las Iniciativas Democráticas para el Programa sobre Democracia del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU.
"Desde el nacimiento de nuestro país hasta la aceptación de un acuerdo de culpabilidad del expresidente Clinton en 2001, se ha entendido que los presidentes pueden ser procesados penalmente", recordó. "La Corte Suprema no puede demorarse más y debe dictar su resolución en esta causa".
La firma jurídica Friedman Kaplan Seiler Adelman & Robbins LLP y el Brennan Center for Justice presentaron el escrito ante al Máximo Tribunal.
Siete de los historiadores que firmaron el escrito son parte del Consejo de Historiadores sobre la Constitución del Brennan Center.
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