Excargos del Gobierno, entre los que se encuentran representantes de los ministerios de Sanidad, Hacienda e Industria, se han acogido a su derecho a no declarar en la primera jornada de declaraciones convocadas por el juez Carlos Valle, que investiga una querella por una organización de sindicatos médicos la compra de más de dos millones mascarillas defectuosas y su reparto a miles de sanitarios en el peor momento de la pandemia. Según ha reconocido una de las testigos que también ha acudido este martes ante el juez, al menos 9.200 médicos llegaron a utilizarlas en Andalucía y 38 de ellos se contagiaron durante aquellos primeros meses en los que el coronavirus desbordó el sistema sanitario español, han señalado fuentes presentes en la declaración a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En esta primera jornada en el juzgado de instrucción madrileño los primeros investigados han comparecido ante el juez Carlos Valle, aunque sin aportar más luz acerca de lo sucedido.
Lo sucedido tuvo lugar en el arranque de la pandemia y también llegó a los tribunales en ese mismo momento, pues fue en abril de 2020 cuando la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) decidió presentar su querella directamente contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tras un periplo que les llevó a pasar incluso por el Tribunal Supremo, que rechazó abrirle procedimiento, es ahora cuando un juzgado ordinario ha decidido esclarecer lo sucedido.
Tapabocas defectuosos
Lo que se investiga en este juzgado, además de una posible infracción de los derechos de los trabajadores, son las circunstancias que rodearon a los 2,1 millones de tapabocas de la marca Garry Galaxy que se compraron a la empresa Hangzhou Ruining Trading. A pesar de que en un primer momento se investigó su posible relación con la sociedad que suministró mascarillas para la trama del caso Koldo, esto no ha podido llegar a ser probado, según ha podido confirmar este periódico.
Esta es la misma empresa involucrada en el conocido como caso Travis que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y por el que se investiga a dos exaltos cargos de Sanidad y a una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en la concesión 'a dedo' de contratos covid otorgados por el Gobierno. En concreto, allí se examina otro pedido a Hangzhou Ruining Trading de 43,4 millones de euros para la compra de batas desechables.
En cualquier caso, esos 2,1 millones de tapabocas que se investigan en el juzgado 14 de Plaza de Castilla no estaban homologados y apenas tenían una filtración del 70%, muy lejos del 92% exigido, según se explicó entonces, y el ministerio tardó casi un mes desde su llegada a España en darse cuenta antes de retirarlos. Fue gracias, además, a la alarma dada por las autoridades de Aragón y Cataluña, dos de las comunidades a las que fueron distribuidas.
A quien sí ha podido escuchar el juez Valle es a la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, y es ella la que, en calidad de testigo, ha aportado el dato de los al menos 9.200 trabajadores del sistema regional de salud que utilizaron esas protecciones defectuosas. De ellas, se tiene constancia de que al menos 38 dieron positivo. Por su parte, Guillermo Llago, el abogado del CESM, a quien ha querido elogiar es a la técnico del Hospital de Sabadell que "levantó la liebre" y pidió que se analizaran las mascarillas.
Las personas identificadas en la querella, y, por tanto, llamadas a declarar en calidad de investigadas, han sido el jefe de área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que depende del Ministerio de Industria y Turismo; la directora general y su subdirectora de la Cartera Común de Servicios del Ministerio de Sanidad; una vocal asesora de Sanidad y un alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en la Coordinación Territorial de Madrid.
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