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Estados Unidos
sábado, 20 abril 2024 | 11:56
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Washington— Poco después que expirara el plazo a la medianoche, el Senado votó a primera hora del sábado a favor de la reautorización de una ley clave para la vigilancia en Estados Unidos, luego que las divisiones sobre si se debe restringir al FBI el uso del programa para buscar datos de los estadounidenses casi obligaran a que la ley caducara.
El proyecto de ley, que fue aprobado por 60 votos a favor y 34 en contra y recibió apoyo bipartidista, prorrogará dos años el programa conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). El texto pasará ahora a manos del presidente Joe Biden para que lo promulgue. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el mandatario "lo promulgará rápidamente".
"En el último momento, estamos reautorizando la FISA justo antes que expire a medianoche", dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, cuando comenzó la votación sobre la aprobación final 15 minutos antes que expirara el plazo. "Durante todo el día, hemos insistido y persistido en tratar de lograr un gran avance y, al final, lo hemos conseguido".
Funcionarios estadounidenses han señalado que la herramienta de vigilancia, que se autorizó por primera vez en 2008 y ha sido renovada varias veces desde entonces, es crucial para frustrar ataques terroristas, incursiones cibernéticas y espionaje extranjero, además de generar información de inteligencia en que el país ha confiado para operaciones específicas, como el asesinato del líder de la red Al Qaeda Ayman al-Zawahri en 2022.
"Si se llega a pasar una pieza clave de inteligencia, se puede pasar algún evento en el extranjero o poner a las tropas en peligro", dijo el senador Marco Rubio, el republicano de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado. "Se puede pasar por alto un complot para afectar al país aquí, en el interior, o en otro lugar. Así que en este caso concreto, hay implicaciones en la vida real".
La propuesta renovará el programa, que permite al gobierno de Estados Unidos recopilar, sin necesidad de una orden judicial, las comunicaciones de personas no estadounidenses fuera del país para recabar información de inteligencia extranjera. La reautorización enfrentó un largo camino lleno de altibajos hasta su aprobación definitiva, luego que meses de enfrentamientos entre defensores de la privacidad y partidarios de la seguridad nacional hicieron que se agotara el plazo oficial.
Aunque técnicamente el programa de espionaje expiraba a medianoche, el gobierno de Biden indicó que esperaba que su autoridad para recabar información siguiera operativa al menos un año más, gracias a un dictamen emitido a principios de mes por la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que recibe las solicitudes de vigilancia.
Sin embargo, funcionarios habían dicho que esa aprobación judicial no debería sustituir a la del Congreso, especialmente porque las empresas de comunicación podrían dejar de cooperar con el gobierno si no se renovaba la iniciativa.
Antes de que la ley expirara, las autoridades estadounidenses ya estaban en problemas después que dos grandes proveedores de comunicaciones del país afirmaran que dejarán de cumplir las órdenes del programa de vigilancia, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones privadas.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, elogió la reautorización del plan y reiteró que es una herramienta "indispensable" para el Departamento de Justicia.
"Esta reautorización de la Sección 702 otorga a Estados Unidos la autoridad para seguir recopilando información de inteligencia extranjera sobre personas no estadounidenses situadas fuera de Estados Unidos, al tiempo que codifica importantes reformas que el Departamento de Justicia ha adoptado para garantizar la protección de la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses", declaró Garland en un comunicado el sábado.
Sin embargo, a pesar de la insistencia del gobierno de Biden y de las sesiones informativas confidenciales celebradas esta semana con los senadores sobre el papel crucial que, según ellos, desempeña el programa de espionaje en la protección de la seguridad nacional, un grupo de legisladores progresistas y conservadores, que estaban agitando el debate para que se introdujeran más cambios, se negaron a aceptar la versión del proyecto de ley que la Cámara de Representantes envió la semana pasada.
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