El anuncio por carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previa filtración, de su intención de tomarse un periodo de reflexión de cinco días sobre su posible dimisión tras conocerse que un juzgado investiga a su esposa no puede calificarse de otra manera que de irresponsabilidad. Lo es sea la razón que sea la que lo haya provocado.
Si estamos ante un desfallecimiento de la voluntad de Sánchez de mantenerse en el poder, agobiado por la presión en su entorno familiar más inmediato, lo cabal hubiera sido hacer la reflexión en privado, sin exponerlo a la opinión pública y sin dejar al país con la sensación de vacío de poder durante cinco días. No vamos a deshumanizar la política hasta el punto de no entender que esto sea una posibilidad, pero ello no es óbice para exigir otra manera de comportarse.
La segunda posibilidad que se baraja es todavía peor: si estamos ante una teatralización que busca la adhesión inquebrantable de su partido, de sus socios o, por ende, del conjunto de la población, a partir de mostrarse vulnerable y vulnerado en su intimidad más familiar. No sería la primera vez que Sánchez convierte la necesidad en virtud, como le gusta decir, pero es una virtud viciada, demasiado viciada, más propia de regímenes cesaristas que de democracias avanzadas como la española.
El hilo argumental de la carta invita a considerar esta posibilidad como la más probable y no pretende otra cosa que secuestrar a sus propios seguidores para hacerlos cómplices de todas cuantas acusaciones puedan aparecer a lo largo de esta investigación judicial, viciada como tantas otras por la catadura moral de Manos Limpias.
No es el momento de añadir más inestabilidad a la situación creada por el Presidente, de la que es el único responsable. Pero alguien en el mismo PSOE debería plantar cara a este chantaje, no todo vale por el hecho de haber recuperado el poder para el partido una y otra vez contra pronóstico. Las siglas socialistas merecen un respeto y están y deben estar por encima de las personas. Lo estuvieron en el caso de Felipe González y deben estarlo ahora en el caso de Pedro Sánchez. Si el Presidente quiere que se rindan a sus deseos, lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre, como mínimo, los conflictos de intereses entre la actividad profesional de su esposa y las relaciones de las empresas con las que trabaja y la administración socialista que dirige su marido.
Solo así estaremos ante una actitud ejemplar como la que ha prometido siempre Sánchez desde que llegó a la Moncloa con la moción de censura a Rajoy.
España no se merece tanta irresponsabilidad, tampoco en particular los votantes catalanes, que están llamados a las urnas en una campaña que empieza en pleno periodo de reflexión de Sánchez. La suspensión de los actos del PSC contribuye más a la hipótesis de la teatralización que a la del desánimo momentáneo. Los ciudadanos no tienen ninguna culpa de lo que le pase al Presidente y de sus enfados con la justicia, que cuando ha actuado contra sus adversarios no ha sido objeto de crítica por su parte. La irresponsabilidad de una persona, en una u otra hipótesis, no puede arrastrar a toda una organización y mucho menos a todo un sistema político. Las dimisiones en diferido son el peor estilo de hacer política.