J. Vives
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado en el pleno de las Corts que va a pedir a la Abogacía de la Generalitat que recurra la caducidad de los procedimientos para recuperar los 170.000 euros cobrados en subvenciones por empresas a socios del hermano del expresident Ximo Puig, Francis Puig, y que se inicie de nuevo el procedimiento de reintegro de los mismos.
En respuesta a una pregunta del síndic de Vox, José María Llanos, sobre qué medidas va a tomar para recuperar los 170.000 euros que el Gobierno del Botànic no reclamó a Francis Puig por subvenciones a su empresa, Mazón ha dicho que va a dar dos órdenes a la Abogacía de la Generalitat.
En primer lugar va pedir que recurra la caducidad de los procedimientos judiciales para que recuperen los valencianos los 170.000 euros que "el exconseller Vicent Marzà perdonó a Puig" y en segundo lugar que se inicie de nuevo el procedimiento de reintegro para exigirle que devuelvan el dinero "a todos los valencianos de una vez por todas". El hoy síndic adjunto de Compromís ha pedido la palabra por alusiones y ha acusado a Mazón de "mentir" por lo que le ha pedido retirar las palabras, algo que Mazón no ha hecho.
Más allá del debate con Marzà, el jefe del Consell ha indicado que hace pocas semanas se inició ya el expediente para realizar las auditorías que "van controlar el malgasto e irregularidades del Botànic durante los 8 años". Así, ha indicado que se basarán en informes de expertos independientes que "dicen que hubo 2.000 personas contratadas sin autorización, o investigarán si se adjudicó a dedo y sin expediente 786 millones de euros".
"Cortinas de humo"
Además, ha agregado, "el pasado 12 de mayo el Tribunal de Cuentas notificó la apertura de diligencias preliminares a raíz de informes de fiscalización de las cuentas del 2022 de la Generalitat". Unos informes que "investigan presuntas irregularidades en la ejecución de contratos para la prestación de servicios de asistencia sanitaria".
En este sentido ha pedido a los miembros del Botànic que "dejen de tejer cortinas de humo" y ha agregado que también se investigan "irregularidades en el proceso de reintegro de subvenciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas". Es decir, ha explicado, "daban subvenciones y no se preocupaban de si se devolvían cuando no se cumplían los requisitos".
Para Mazón, debe tenerse en cuenta que las empresas contra las que se dirigía el reintegro de subvenciones no solo incumplieron los requisitos para obtenerlas sino que además "fueron ya sancionadas por la comisión de defensa de la competencia en la Comunitat Valenciana en 2020, con una multa de 26.000 euros por una infracción muy grave, pero no había personal para perseguirlo".
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