El Senado, con mayoría absoluta del PP, pone en marcha el choque con el Congreso por la ley de amnistía
El "conflicto entre órganos constitucionales" impulsado por los populares puede acabar en manos del TC
El pleno del Senado, controlado por el PP con mayoría absoluta, ha aprobado este miércoles poner en marcha el "conflicto entre órganos constitucionales" con el Congreso por la ley de amnistía. Este movimiento, sin precedentes en la relación de ambas cámaras, puede acabar en manos del Tribunal Constitucional (TC), que tendría que dirimir si se ha producido una invasión de atribuciones. Los populares han activado este paso al considerar que la propuesta acordada entre el PSOE y el independentismo para eliminar las causas relacionadas con el proceso supone una "reforma encubierta de la Constitución". Hoy, el senador popular Antonio Silván ha defendido este paso afirmando que la amnistía no es "materia de ley" sino "de Constitución".
"Consideramos que el Congreso, al tramitar erróneamente una amnistía como una proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias", ha indicado Silván en un debate celebrado por la mañana al Senado. Asimismo, ha argumentado que la amnistía supone la suspensión del Código Penal para personas "concretas", hecho que choca con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Por parte del PSOE, el senador Francisco Manuel Fajardo ha calificado la propuesta del PP de "quieto todo el mundo", parafraseando unas palabras escuchadas durante el intento de golpe de estado del 23-F. Asimismo, ha remarcado que la cámara alta tiene competencias para debatir y tramitar la amnistía a los encausados del proceso y ha dicho que si los populares no la compartan tienen que ir al TC una vez se apruebe la norma.
Finalmente, la votación sobre el choque ha salido adelante con 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención. A partir de ahora, se activa el mecanismo detallado al artículo 73 de la ley del TC, según el cual si un órgano constitucional cree que otro invade sus atribuciones tiene un mes para votar en pleno la decisión (lo que ha pasado este hoy) y comunicar el conflicto al otro organismo, en este caso el Congreso, para pedir que retroceda. Tal como indica el mismo tribunal, estos conflictos se pueden entre cámaras pero también entre organismos como el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.
Una vez trasladado al Congreso, presidido por el PSOE, la cámara baja podrá revocar la supuesta invasión, responder negativamente a la petición del Senado o mantenerse en silencio. En los dos últimos casos, la cámara territorial puede elevar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones. En este punto, es el TC quien tiene que trasladar un escrito promoviendo el conflicto al órgano requerido, así como a los otros órganos legitimados para promover este proceso constitucional para que puedan, en el plazo de un mes, personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones, resolviendo lo que sea procedente sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de estos. A la espera de su resultado, la decisión del Senado, anunciada a finales de marzo, supone un movimiento más del PP para entorpecer la tramitación de la amnistía en su paso por la cámara alta, pero sin ejercer el bloqueo total que pedía Vox.
Más allá del choque con el Congreso, gestión que no supone un freno inmediato en la tramitación de la amnistía a los encausados del proceso, el Senado ha hecho otras gestiones, como tramitar la ley por la vía ordinaria, y no urgente como impuso inicialmente el Congreso. Todo hará que la tramitación de la norma, y la resolución ahora del conflicto constitucional, se alargue dos meses y se acerque, o incluso se superponga, con la campaña catalana del 12-M, gestión que algunas fuentes parlamentarias ven como un escenario pensado para desgastar a los socialistas de cara al 12-M y las elecciones europeas elevando el ruido en torno a la norma.