La Fiscalía de Guatemala realizó un registro a la sede de la ONG Save the Children con motivo de una investigación «de carácter transnacional» sobre supuestas «vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido un registro, inspección y toma de evidencias «en seguimiento de una investigación» de «gran trascendencia», mientras que han solicitado apoyo al Ministerio Público de Texas.
El objetivo de esta solicitud es «dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos para abordar de manera integral esta investigación», ha aseverado Curruchiche a través de un vídeo compartido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
«El Ministerio Público reitera su compromiso fuerte y firme de luchar por la niñez guatemalteca y no permitir bajo ninguna circunstancia que sus derechos sean vulnerados, pues no vamos a tolerar ninguna acción que vulnere nuestra niñez, porque los niños son lo más importante», ha concluido.
SAVE THE CHILDREN, «IMPACTADA» POR UN REGISTRO «SIN PRECEDENTES»
Tras el registro, la ONG, que se ha mostrado «impactada y desconcertada» por un registro «sin precedentes» de sus oficinas, ha denunciado que no se les ha dado a conocer «ninguna acusación específica» y que «no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida».
«Durante casi 50 años hemos trabajado en Guatemala con diferentes ministerios y municipalidades en programas de salud y nutrición para la niñez, acceso a la educación y alimentación en el sistema escolar público, y asistencia a niños, niñas, adolescentes y sus familias durante emergencias. Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos –y nunca lo hemos hecho– el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», ha señalado.
Save the Children, que ha destacado que es la organización líder en la defensa de los derechos de los menores en el mundo y que los garantizan en más de cien países, ha aseverado que sus «décadas de trabajo en favor de la niñez en Guatemala hablan» de su «compromiso y responsabilidad» tanto con los menores con los que trabajan como con sus familias, «garantizando siempre la protección» de los beneficiarios.
«Como una respetada organización internacional con sede en Reino Unido, nos atenemos a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y en administración financiera», ha remarcado, antes de agregar que rinden cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas británico y ante «múltiples» donantes.
La semana pasada la Fiscalía anunció la investigación por supuesto tráfico de niños de origen guatemalteco por la frontera sur de Estados Unidos, involucrando a varias ONG, entre las que se encuentra Save the Children.
En respuesta, esta última emitió un comunicado indicando que estaban «al tanto de los señalamientos que circulan relacionados al bienestar» de los menores migrantes y que tomaban «con mucha responsabilidad los argumentos relacionados a la salvaguarda de la niñez y conducta indebida».
«Contamos con mecanismos de investigación independientes para indagar a fondo. No tenemos evidencias que validen dichos señalamientos y seguimos trabajando arduamente para proporcionar ayuda humanitaria a la niñez y adolescencia migrantes y a sus familias bajo estrictas normas de protección y salvaguarda», indicaron.
Asimismo, subrayaron que trabajan «para hacer del mundo un lugar más seguro para los niños, niñas y adolescentes», lo que «empieza por garantizar que nuestra propia organización sea segura para ellos y ellas».
Por ello, manifestaron que exigen a sus equipos «altos estándares de integridad y conducta» y que están «profundamente comprometidos con nuestra rendición de cuentas a las comunidades en las que trabajamos».
Save the Children opera en Guatemala desde 1976, brindando educación, salud y nutrición, protección a la niñez y adolescencia y apoyo humanitario a quienes más lo necesitan, incluyendo niñez migrante y sus familias que cruzan por la frontera sur de Guatemala, si bien remarcan que se limitan «estrictamente» a brindar asistencia humanitaria, no a facilitar la salida del país a menores.
Curruchiche está sancionado por decenas de países acusado de intentar socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción. Estados Unidos y la Unión Europea no permiten su ingreso en sus respectivos territorios con motivo de estas sanciones.