Secretario jurídico de la gobernación, Juan Carlos Alfaro
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Foto de referencia fotomultas- Colprensa
Armenia
El pasado mes de marzo en medio de la polémica fue aprobado el proyecto de acuerdo 03 del 2024 para la concesión de algunos de los servicios de la secretaría de Tránsito de la ciudad en la que incluye las cámaras de fotodetección.
A pesar de lo anterior el acuerdo fue trasladado a la gobernación departamental para el respectivo análisis y es ahí donde a raíz de presuntas inconsistencias fue trasladado al Tribunal Administrativo del Quindío.
Sobre el tema el secretario jurídico de la gobernación del departamento, Juan Carlos Alfaro explicó que no tiene nada que ver con temas políticos, sino que compete a la legalidad y constitucionalidad que exige las normativas correspondientes.
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"No se trata de la revisión extraordinaria o excepcional de un acuerdo del municipio de Armenia, sino que por disposición legal y constitucional los gobernadores tienen la obligación de revisar los acuerdos de los diferentes Concejos Municipales, es decir, que es una revisión que se le hace a todos los acuerdos de todos los municipios", Sostuvo.
Precisó que deben revisar todos los acuerdos municipales por eso a la fecha llevan 48 donde 40 de ellos fueron sin ninguna observación y 8 remitidos al tribunal entre los que está el presente proyecto de SETTA.
Resaltó que sobre los ocho acuerdos municipales que fueron remitidos al Tribunal cuatro de ellos están en acto admisorio en trámite, de los otros uno fue validado sin acoger los argumentos expuestos por la gobernación departamental y otros tres los han considerado inválidos.
¿QUÉ ENCONTRARON EN EL ANÁLISIS?
Especificó que después del análisis encontraron situaciones relacionadas con los estudios de soporte de la autorización de la concesión que verifique la viabilidad. También señaló que evidenciaron inconsistencias en el titulo que habla de la concesión de servicios, pero en la parte resolutiva especifica algunos servicios lo que no da claridad en cuanto si son todos o solo unos.
Añadió: "Se establece que se debe verificar si es una alternativa viable y para verificar que la concesión sea una alternativa viable, pues tiene que estar soportada en estudios hecha la validación y la revisión, no encontramos unos estudios en los cuales se soporte la decisión aclarando lo siguiente la Gobernación y no es nuestra labor, no estamos ni en contra ni a favor de la concesión, simplemente es un análisis de constitucionalidad".
Envío un llamado a la comunidad que no significa que ya esté invalido el proceso porque falta la decisión del Tribunal que será conocida en un lapso de 40 a 45 días.