En 1994, 179 países del mundo se reunieron en una cumbre en El Cairo y acordaron una agenda audaz para situar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en el centro del desarrollo económico y social. Tres décadas después, Naciones Unidas ha revelado que el consenso y la cooperación han logrado reducir un 34% la mortalidad materna, aunque alerta de que en los últimos años esta desaceleración se ha estancado y cada día mueren 800 mujeres durante el final del embarazo o en el parto, principalmente en países de África.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha presentado este miércoles en Madrid el informe que hace balance de los avances y retos pendientes en salud y derechos reproductivos de las mujeres. Entre los logros que mantienen el optimismo de las expertas destaca que los embarazos en la adolescencia se han reducido un tercio, que la cifra de mujeres con acceso a anticonceptivos se ha duplicado, que ya hay leyes contra la violencia de género en 162 países y que se registran un tercio menos de infecciones por VIH.
Pese a estas grandes conquistas, el informe reconoce que la reducción de la mortalidad materna está perdiendo fuelle, hasta el punto de que en algunos lugares del mundo retrocede. En países como Sudán, Nigeria o Chad siguen muriendo más de 1.000 mujeres al año por causas relativas al embarazo y el parto. Son datos de 2020, cuando en España, por poner un ejemplo, constaban tres fallecidas. "Una africana tiene 130 veces más posibilidades de morir de complicaciones en el parto que una europea o americana", han destacado en la presentación del informe.
Las mujeres y las niñas pobres, las que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o viven en entornos de conflicto tienen más probabilidades de morir por no obtener la atención sanitaria oportuna.
Desigualdades y retroceso en derechos
El diagnóstico de la situación refleja que persisten grandes desigualdades que siguen impidiendo que millones de mujeres gocen de salud reproductiva y derechos en el ámbito sexual. A nivel global, el documento revela que "una cuarta parte no puede negarse a mantener relaciones sexuales con su marido o pareja" y que "las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género, incluida violencia sexual".
"Se ha progresado mucho desde 1994, pero hay que ir más allá", ha reivindicado Neus Bernabeu, portavoz del Fondo de Población de Naciones Unidas, durante la presentación del estudio. Los obstáculos identificados estos años, además de la desigualdad, son "la discriminación, los sesgos y el estigma". Más recientemente se les ha añadido otro: el auge de un ímpetu contrarreformista en derechos reproductivos de las mujeres, tal y como ha destacado la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados. "El serio retroceso en derechos de las mujeres en el que la extrema derecha se pone de acuerdo exige ser conscientes y disponer de estrategias para superar esa pulsión reaccionaria", ha reivindicado.
Precisamente sobre la situación en España, las ponentes han considerado que, en los treinta años transcurridos desde la cumbre de El Cairo, la sexualidad y la salud sexual han dejado de ser asuntos tabú, "gracias a la concienciación social y a las leyes integrales de derechos sexuales". Sin embargo, también han reconocido que existen "inequidades" en el acceso al aborto en determinadas comunidades autónomas, ya que hay mujeres que tienen que desplazarse para ejercer ese derecho. También hay carencias en la asistencia sanitaria pública durante el embarazo para migrantes y mujeres en régimen de asilo, así como una falta de información que dificulta el ejercicio de los derechos sexuales a toda la población.
Inversión de futuro
Mirando al futuro, Naciones Unidas defiende que un gasto adicional de 79.000 millones en países con ingresos bajos y medios para el año 2030 generaría 660.000 millones de dólares en beneficios económicos, evitaría 400 millones de embarazos no planificados y salvaría un millón de vidas.