Durante la primera semana de abril del 2024 El Comercio cuestionó en su editorial la propuesta del JNE para permitir la inscripción provisional; criticó también la demora en la renuncia del exministro del Interior, Víctor Torres; expuso, asimismo, la postura del Diario con respecto al voto de confianza que finalmente recibió el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; llamó la atención sobre las explicaciones que ha brindado la presidenta Dina Boluarte sobre la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra; advirtió respecto a un nuevo proyecto de ley mordaza contra la prensa presentado por parlamentarios investigados por el Ministerio Público; y lamentó la decisión del Legislativo de aprobar por insistencia una norma que permite el reingreso a las aulas de más de 14 mil docentes que fueron cesados por no aprobar la evaluación de la carrera pública magisterial.
Aquí un repaso de los editoriales de esta semana.
En su Editorial del pasado lunes, El Comercio comenta que la propuesta del JNE para permitir la inscripción provisional de partidos políticos puede ser sumamente peligrosa.
"Abrir puertas falsas a la participación democrática –aun si el objetivo de fondo es uno que reúne las mejores intenciones– puede traer mucho más daño que beneficio".
En su editorial del martes pasado, El Comercio cuestiona que la salida del ahora exministro del Interior Víctor Torres Falcón demoró demasiado.
"Mientras un ministro del Interior se niegue a aceptar que el país atraviesa un desborde de la criminalidad, que las organizaciones criminales controlan además varias parcelas del territorio nacional, y afirme, por el contrario, que todo es culpa de la prensa […] es muy difícil que entienda la magnitud del problema que tiene entre manos y, por lo mismo, que pueda dar una solución factible".
En su editorial del pasado miércoles, El Comercio consideró que la presentación del primer ministro Gustavo Adrianzén para pedir el voto de investidura en el Gabinete era una oportunidad para que aborde varios temas por los que la ciudadanía demanda respuestas.
"El Gabinete Adrianzén tiene la oportunidad de demostrar que realmente piensa en gobernar y no solo en sobrevivir hasta el 2026. No es mucho pedir".
En su editorial del jueves, El Comercio lamentó que hasta ese momento la presidenta Dina Boluarte no haya ofrecido respuestas sobre los crecientes cuestionamientos en su contra en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
"Desde que la investigación se inició, hace más de dos semanas, la actitud de la presidenta ha sido la de escurrirse de la posibilidad de ofrecer explicaciones sobre los cuestionamientos que pesan sobre ella. No asistió a dos citaciones del Ministerio Público –alegando una agenda recargada con la que luego no cumplió– y ha respondido más de una vez con evasivas las preguntas de la prensa con respecto a los relojes de alta gama que se la ha visto lucir en múltiples oportunidades desde que asumió responsabilidades en el Ejecutivo".
En su editorial del viernes pasado, El Comercio advirtió respecto a un nuevo proyecto de ley mordaza que busca impedir el o la cónyuge, conviviente o parientes de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de periodistas puedan contratar con el Estado.
"Quizás estos legisladores crean que utilizando el amedrentamiento como arma conseguirán que los medios no informen sobre sus cuitas judiciales. Que pueden promocionar leyes para amordazar con total descaro. Y la verdad no podrían estar más equivocados".
En su editorial del pasado sábado, El Comercio cuestiona la ley aprobada por el Congreso para promover el ingreso a la carrera pública magisterial de los más de 14.000 docentes que no aprobaron el examen del 2014.
"Es sumamente preocupante que el Legislativo muestre sin ningún tipo de vergüenza que esforzarse por cumplir con la ley no es necesario siempre y cuando existan en el Parlamento representantes con muchos intereses y pocos escrúpulos, que con una sola ley pueden borrar de un plumazo todo lo conseguido con denuedo durante años".
En su editorial de este domingo, El Comercio llamó la atención sobre el hecho de que delincuentes dinamitaron dos torres de alta tensión que alimentaban de energía las instalaciones de la mina Poderosa en un ataque en el que un trabajador falleció y dos quedaron heridos de bala y cuestionó que ni el Gobierno ni el Congreso hayan apoyado la lucha contra la minería ilegal.
"Si el Legislativo no cambia sus perspectivas sobre este asunto –que conlleva muertes y violencia, contaminación, destrucción de propiedad y desincentivos a la inversión privada–, ¿qué se puede esperar de los legisladores en otros temas? El abandono de la minería en la sierra de La Libertad es síntoma de que algo más serio está profundamente dañado en el hemiciclo".