María Ángeles Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía, ha decidido que el Ministerio público debe pedir la inadmisión a trámite de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales denunciados por revelación de secretos al emitir una nota informativa sobre los correos electrónicos intercambiados por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal de delitos económicos Julián Salto.
Una vez más, la Fiscalía vuelve a posicionarse a favor de los interese de Pedro Sánchez y quiere dar al traste la querella de Alberto González contra la Fiscalía Provincial de Madrid que hizo un comunicado sobre un caso sub iudice. En una reunión celebrada este lunes, la teniente fiscal y mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, ha trasladado instrucciones sobre que no es necesario instar la práctica de ninguna diligencia de investigación. Sánchez Conde determina que lo correcto es no admitir a trámite el asunto.
El novio de Ayuso está siendo investigado por dos presuntos delitos fiscales y por falsedad documental. En ese punto, su abogado intercambió correos electrónicos con el fiscal para negociar un pacto previo al juicio como es habitual en estos casos. Sin embargo, varios medios de comunicación publicaron fragmentos de correos electrónicos antes de llegar a esa conformidad entre las dos partes. En ese punto, la Fiscalía hizo una nota aclaratoria de un asunto en instrucción judicial. Eso provocó un gran enfado en la pareja de la dirigente autonómica y decidió querellarse. Ahora, la número dos de la Fiscalía, tras la abstención de Álvaro García Ortiz, ha apostado por tumbar de plano ese escrito.
La fiscal a la que le ha correspondido la querella del novio era partidaria de pedir la admisión a trámite y solicitar alguna pesquisa antes de concluir si hay que dar más pasos. Consideraba necesario aclarar quiénes eran los autores de la nota aclaratoria. Sin embargo, Sánchez Conde ha impuesto su jerarquía y ha dejado claro la posición a adoptar por el Ministerio público para mantener la unidad de criterio, publica El Español.
No es la única causa ligada a la gestión comunicativa de la Fiscalía. El Colegio de Abogados de Madrid presentó otra querella en los juzgados de Madrid que recayó en el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid que, a su vez, elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La entidad que agrupa la abogacía madrileña también considera que hay delitos en la actuación de los fiscales del caso del novio Ayuso. Ahí también la Fiscalía, en este caso desde la Fiscalía Superior de Madrid, se ha alegado que la información ya se había hecho pública por la prensa y la Fiscalía se limitó a aclararla.
«Asumo la responsabilidad»
En este contexto, el fiscal general ha hecho una declaración institucional para respaldar a sus compañeros de carrera Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial, y Julián Salto, fiscal de delitos económicos encargado del caso de la pareja de Ayuso.
«Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», ha expuesto. «No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva», ha agregado.
Tras la toma de posesión de varios fiscales y acompañado de la cúpula de la carrera Fiscal ha recordado que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, en una reunión en 2013, dispuso que «cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía o de un portavoz de ésta y, en casos importantes, del Fiscal General o de la máxima autoridad responsable del ministerio fiscal».
A cuenta de los últimos acontecimientos sobre la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, García Ortiz asegura que sus compañeros actuaron «con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia».
En ese marco, defiende el derecho a «recibir libremente información veraz como un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución». Así, remarca que «la Ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia».
«No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones. La comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial», zanja el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado tras el escándalo ligado al novio de Ayuso.