Esta semana el Ministerio Público ha agravado su imagen de anarquía, parcialidad y politización. Los allanamientos contra miembros de la presunta red de corrupción que encabezaría la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no aparecen justificados ni razonables y han llegado al extremo de incluir a un periodista como Juan Carlos Tafur y a otros presuntos miembros de una presunta organización criminal. Demasiadas presunciones dentro de las cuales no aparece la de inocencia, base de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. La fiscal suspendida por una Junta Nacional de Justicia que buscaba destituirla con la intervención de dos miembros, ya destituidos por el Congreso, precariamente en funciones, pinta un cuadro de dos organismos esenciales debilitados que se apoyan uno en el otro causando enorme daño a la democracia en la que solo cree el 19% de los peruanos, de acuerdo al reciente Latinobarómetro. A la cabeza de esta ilegitimidad y credibilidad está el Ministerio Público empeñado en actuar sin garantías de idoneidad e imparcialidad, menos aún contra Benavides quien es percibida como víctima de un objetivo espurio de destrucción personal, sin pruebas definitivas que respalden los extremos a que se la somete. Ya es sentido común la necesidad de refundar esta institución clave del sistema de justicia dejando fuera a personajes que, sin mostrar eficacia a lo largo de estos años, han contribuido a su deterioro como en los tiempos nefastos de Nélida Colán. Solo el Parlamento puede poner fin a esta vendetta teniendo en cuenta que el TC ha definido a situación de la Junta Nacional de Justicia que en muy poco tiempo ha perdido brillo y legitimidad y ahora recibe la ratificación de la destitución parlamentaria de dos de sus miembros, definiendo competencias con el poder judicial, como debe ser.