La Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab) emitió un pronunciamiento alertando sobre las falencias del decreto de urgencia 005-2024 y de la resolución ministerial 020-2024. En un extenso comunicado, la Anacab indica que estas medidas afectarán la reactivación económica y alertó que, "con su falta de claridad y rigor técnico, generan incertidumbre y exponen a las empresas a arbitrariedad y abuso".
Asimismo, el documento advierte que la norma publicada ayer, lunes, no cuenta con un plazo de adecuación. Por lo tanto, señala que cualquier botica o farmacia podría ser multada.
"No han considerado los plazos de toda la cadena de suministro, desde el laboratorio y el importador, hasta el distribuidor y la farmacia o botica. En teoría, mañana cualquiera de las 28,000 boticas o farmacias privadas podría ser multada", señaló.
Además, la Anacab indica que con la lista anterior de medicamentos, que abarcaba 40 productos, "la fiscalización demoraba entre 45 y 90 minutos, dependiendo de las interrupciones para atender a los clientes". Sin embargo, advierten que la nueva lista establecida en la norma publicada ayer es de 400 productos.
"Han sacado una lista de 400 productos de manera irresponsable, que ni siquiera las autoridades saben cómo van a fiscalizar", alertó.
En ese sentido, la asociación advirtió que "estos son solo ejemplos de lo que puede suceder cuando se sacan normas sin ningún sustento técnico, ni diagnostico adecuado del problema y sus causas". Además, señalaron que la norma "va a generar más informalidad, sanciones arbitrarias y hasta la quiebra de establecimientos, lo que tendrá el efecto opuesto al deseado: van a reducir la oferta en vez de ampliarla".
Asimismo, la Anacab remarcó que en el Congreso se han presentado "casi 20 proyectos de ley sobre medicamentos genéricos", sin embargo, asegura que "adolecen de la misma falta de análisis sobre el problema de fondo y sus verdaderas causas, es decir, son propuestas populistas y declarativas, sin ningún tipo de sustento, y por lo tanto generarán los mismos perjuicios para la población".
Por último, la asociación acusó al Estado de "trasladar la responsabilidad al sector privado para solucionar las serias deficiencias de abastecimiento de medicamentos en las más de 9,000 farmacias del sector público".
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