La política peruana enfrenta un innegable peso: el de la esfera judicial y el debate jurídico. Por ello, no es extraño que penalistas o constitucionalistas sean ubicuos en el debate político. Tampoco que la presidenta Dina Boluarte centre su defensa del incómodo Caso Rolex en lo que dirá ante los tribunales y que su abogado, Mateo Castañeda, se convierta en su principal portavoz.
¿Cuándo empezó esto? Aunque en el pasado no tan lejano abogados, jueces y fiscales tuvieron cierta presencia, hoy han cobrado una particular relevancia, tanto por casos de corrupción que protagonizan políticos de todas las tendencias, como por arrebatos de arbitrariedad que cometen diversas autoridades.
En este milenio, ha habido algunos hitos en la primacía de la esfera jurídica en el debate político que vale la pena reseñar. En orden cronológico, se ha pasado del procesamiento de los casos de corrupción de la década de 1990 (durante el gobierno de Alejandro Toledo) a las presunciones sobre el segundo gobierno de Alan García que guiaron el trabajo de la llamada "megacomisión".
Luego explotó el Caso Lava Jato, que impactó a todo el espectro político, para seguir con el estallido del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Sobre estos dos casos, se montó Vizcarra, hoy procesado por ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Así, la justicia, nuevamente, vuelve a la primera línea. Pasó hace algunos meses cuando se debatió sobre el proceder de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia o en el momento en que se puso en cuestión el accionar de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides. El ejemplo más reciente, como se dijo al inicio, involucra a la presidenta, que prefiere circunscribir su caso a la esfera judicial.
Hace algunos años, el sociólogo Francisco Durand acuñó el concepto de "república empresarial": un régimen que tenía como prioridad "el desarrollo económico globalista propuesto por los neoliberales, en que las decisiones las imponía el poder de las corporaciones" (PUCP, 2021).
La definición parece inexacta, si se constata, por ejemplo, que este mismo modelo mantiene uno de los regímenes laborales más rígidos o que –junto con las privatizaciones– se mantuvieron decenas de empresas estatales, incluyendo Córpac y Petro-Perú, por nombrar a dos de las que han protagonizado recientes noticias.
Pero el esfuerzo por caracterizar la época vale. Tomando dicho ejemplo, puede decirse que la actual es una "república judicial": una en que el debate sobre el devenir penal o constitucional opaca el contraste de ideas o de posiciones programáticas.