BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina acusó el martes a capos del narcotráfico que están encarcelados por haber ordenado el asesinato aleatorio de cuatro vecinos de la ciudad Rosario en marzo, un episodio que conmocionó al país, como represalia por el endurecimiento de las medidas de seguridad en los penales desde donde siguen ejerciendo su poder.
Tres fiscales argentinos imputaron a Alejandro Isaías N. —preso de alta peligrosidad en una cárcel de Rosario— de ser el autor intelectual de los crímenes de dos taxistas elegidos al azar con el fin de "generar temor y conmoción pública" en esa ciudad situada a 300 kilómetros de Buenos Aires y cooptada desde hace años por el narcotráfico, de acuerdo con el dictamen acusatorio al que tuvo acceso The Associated Press.
Según el escrito, Alejandro Isaías N, de 28 años, habría impartido la orden a varios adultos que son sus subalternos desde su estancia en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, una cárcel que está a las afueras de Rosario y pertenece al Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe.
Fue una respuesta a las modificaciones que el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, y el provincial han implementado en los últimos meses en los regímenes de detención de distintas cárceles.
Los cómplices de Alejandro Isaias N. —que están en libertad a excepción de una mujer que cumple detención domiciliaria —se encargaron de la logística de los crímenes y menores de edad efectuaron los disparos a cambio de un pago de 200.000 pesos (225 dólares) a cada uno de ellos.
Por otro lado, los fiscales acusaron a Axel Uriel R., que está en detención domiciliaria, de haber organizado el homicidio del chofer de un autobús y del empleado de una gasolinera, así como de haber contado con varios autores materiales para su concreción. Uno de ellos, menor de edad, habría cobrado 400.000 pesos (450 dólares) por el homicidio a tiros del empleado de la estación de servicio.
Estos dos últimos crímenes fueron ordenados por "personas vinculadas a la organización criminal" liderada por el narco Esteban Lindor A. —que no fueron identificadas en el dictamen— desde el Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en donde está recluido en el régimen de "alto perfil" para presos peligrosos, según el dictamen.
El escrito de acusación sostuvo que el temor que generaron estos crímenes, que se sucedieron en pocos días y provocaron el cese temporal de distintos servicios públicos, "quebraron la tranquilidad pública de toda una sociedad".
Milei ha dicho que redoblará los esfuerzos para luchar contra los "narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad".
"Vamos a encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles", afirmó el mandatario, un ultraderechista que asumió el poder el pasado 10 de diciembre, como respuesta al asesinato del empleado de la gasolinera.
Las bandas de narcos que operan en Rosario desde hace unos 15 años no solo muestran su poder mediante asesinatos aleatorios y a quemarropa en la vía pública, sino que también han incrementado sus amenazas a las fuerzas policiales, a la ministra argentina de Seguridad Patricia Bullrich y a autoridades provinciales.