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Internacional
viernes, 26 abril 2024 | 11:58
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BUENOS AIRES — El gobierno del presidente argentino Javier Milei se mostró confiado en lograr la próxima semana la aprobación de un proyecto de ley de reformas económicas y del Estado luego de haber retirado, entre otros, aspectos del capítulo laboral y del referido a las privatizaciones que eran resistidos por opositores aliados.
El llamado proyecto de Ley Bases comenzará a tratarse el lunes en la Cámara de Diputados tras obtener la víspera un dictamen de mayoría en una reunión de comisiones legislativas. Ese mismo día también será analizado un paquete de reformas impositivas impulsado por el presidente. Ambas iniciativas son resistidas por el peronismo y sectores de izquierda, que encabezarán protestas.
"Es un primer paso; estamos en esta primera etapa, pero es un paso adelante muy importante", dijo el viernes el ministro del Interior Guillermo Francos a medios de prensa. El funcionario acotó que el oficialismo confía en tener entre 135 y 140 votos asegurados —de 257— para la lograr la aprobación en general de la norma.
El gobierno de Milei, un economista ultraliberal que llegó al poder en diciembre, espera que esta vez la iniciativa salga adelante luego de que hace casi tres meses tuvo que retirar del Congreso otra que incluía reformas de mayor calado y era fuertemente cuestionada.
Para ello, el oficialismo —en clara desventaja numérica en ambas cámaras del Congreso— ha tenido que hacer concesiones a miembros de la oposición que son aliados circunstanciales, como la eliminación de medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos y la exclusión del Banco Nación de una lista de empresas plausibles de ser privatizadas, como el es caso de Aerolíneas Argentinas.
Pero las iniciativas son enfrentadas por el peronismo, la primera minoría en la cámara baja. "Entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras a cambio de firmas en el dictamen y votos en el recinto", cuestionó Germán Martínez, jefe del bloque peronista Unión por la Patria.
Francos, sin embargo, se mostró optimista respecto de la aprobación de los proyectos y su posterior tratamiento en el Senado ya que, según afirmó, el oficialismo cuenta con el apoyo de gobernadores opositores a los que responden varios legisladores.
El gobierno aclaró que, de ser aprobado el proyecto de Ley Bases, seguirá impulsando las reformas que no queden incluidas y considere necesarias.
"Los casi 700 artículos de (el proyecto) de la ley original son una parte de un montón de cuestiones, normativas, decretos que pretendemos impulsar en los años que nos quedan de gestión", dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni.
Adorni aseveró las "3.000 reformas que plantea el presidente Milei" son una meta del gobierno y "lo que consideremos que esta ley no tiene lo seguiremos buscando con herramientas constitucionales".
En la redacción del capítulo de modernización laboral ganó la pulseada un sector de la oposición dialoguista que no quería abrir un frente de conflicto con las centrales sindicales, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios y límites al derecho a huelga para distintas actividades laborales.
Las modificaciones que lograron consenso fueron el establecimiento de un periodo de prueba para los trabajadores de seis meses —con posibilidades de ampliarlo según ciertas empresas a ocho meses y un año— y la eliminación de las multas a empresarios por el trabajo no registrado.
Bajo presión opositora, el proyecto incluye una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución por parte del poder Ejecutivo, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Unidad de Información Financiera.
Por otro lado, prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".
Partidos y organizaciones sociales izquierdistas protestarán en las inmediaciones del Congreso el lunes en contra de las iniciativas.
"Los proyectos son un festival para los empresarios y un ataque directo para quienes producimos riqueza, es decir, los trabajadores", dijo la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá.
El paquete de reformas fiscales contempla la reversión del impuesto a los salarios para un sector de los empleados, un amplio blanqueo de capitales no regularizados, una nueva moratoria impositiva y una reducción en el impuesto a los bienes personales.
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