La propuesta de reforma pensional no debería convertirse en un espacio más de ruptura institucional. Después del estruendoso fracaso de la propuesta de reforma a la salud, que terminó con la estigmatización de los congresistas por parte del presidente de la República, el trámite que ha tenido la pensional abre una oportunidad para demostrar que todos los actores involucrados pueden sentarse a dialogar y poner por delante los intereses del país. Eso implica que tanto el Gobierno como el Congreso dejen a un lado los adjetivos despectivos y que no haya trucos para evadir el debate. Enterrar la reforma en este momento sería seguir alimentando el discurso de la polarización, un error en un país tan convulsionado.
Los tiempos de la pensional están apretados. De aquí al 20 de junio tiene que ser aprobada en tres debates (uno en plenaria del Senado y dos en Cámara) si quiere convertirse en ley de la República. Esta semana, el Senado estaba convocado a llevar la discusión, pero su presidente, Iván Name, de la Alianza Verde, levantó la sesión en señal de protesta. "No estoy dispuesto a aceptar que siga haciendo su método de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente", explicó Name, refiriéndose al presidente Gustavo Petro. En respuesta, el mandatario habló de un saboteo. Llevando el asunto a extremos, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, señaló que "se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo, sino a las élites y sus intereses". Si la discusión sigue en esos términos, lo único que queda es el rompimiento institucional, lo cual sí sería un quiebre de la democracia representativa.
La situación no puede continuar así. El Gobierno y sus miembros tienen que aprender a respetar el Congreso. Así como el Pacto Histórico obtuvo el mayor número de senadores en las elecciones de 2022, los demás miembros de la Rama Legislativa llegaron allí con legitimidad democrática. Patear la mesa, acusar de comprados a los congresistas y decir que hay una conspiración siempre que se enfrenta a una derrota, además de ser una postura que refleja inmadurez, rompe las opciones de entablar diálogos y avanzar. Por su parte, el Congreso debe abandonar los performances retóricos y reconocer cuando hay proyectos que deben ser debatidos con juicio. Sería sumamente irresponsable torpedear, solo por ganar un pulso político, una reforma que se necesita y sobre la cual hay más puntos de encuentro que de división.
La pensional es una reforma que puede servir para llegar a consensos. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha mostrado un sano contraste con las tácticas de los otros miembros del gabinete. Ramírez se ha sentado a hablar con todos los involucrados, ha escuchado críticas, ha estado abierta a modificaciones y quiere conseguir que se apruebe la mejor reforma posible en términos realistas. Esa actitud merece que los congresistas debatan la propuesta con la misma apertura y responsabilidad.
Sobre la mesa hay varias propuestas para que la reforma no sea archivada. Hay consenso en que necesitamos evitar la bomba pensional y hay voluntad para identificar puntos de encuentro. El Congreso tiene que darle sentido de urgencia a esta reforma. Si lo hace, puede ayudar a bajarle la tensión a Colombia.
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