La Legislatura de Córdoba abrió este martes el debate a un proyecto de la oposición que establece más controles sobre los cuidacoches, y avanzó en dialogar acerca de un protocolo elaborado por el Ministerio Público Fiscal que buscará evitar el cobro extorsivo por parte de los "naranjitas" no autorizados.
En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Seguridad, los legisladores de distintos bloques recibieron al fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, quien concurrió tras el pedido vía una resolución del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, para la elaboración de un protocolo en el que se tenga en cuenta el Código de Convivencia Provincial (artículo 60) y se ponga en práctica un control sobre los cobros extorsivos de cuidacoches.
El fiscal Fenoll expresó al respecto su voluntad de avanzar en este trabajo como una herramienta de aplicación.
Aunque también se abrió el debate al proyecto del legislador de la oposición Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica-ARI) que establece, por un lado, una modificación al Código de Convivencia Provincial -con sanciones pecuniarias, trabajo comunitario y hasta arresto de tres días para aquellos que exijan un cobro por el cuidado de los autos; y por otro, una transición que permita un sistema digitalizado.
Por lo que propone para estos cuidadores un sistema de capacitación y seguimiento para su inserción laboral.
Este proyecto fue lo que abrió el juego a un debate en las comisiones, presididas por las legisladoras oficialistas Victoria Busso y Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura.
Si bien hubo coincidencias entre los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba y los bloques opositores en trabajar sobre esta situación, también se dieron pedidos expresos para la realización de un estudio del tema en profundidad, además de evitar cualquier tipo de enfrentamientos entre cuidacoches y conductores.
"Este no es un proyecto concebido en contra de nadie, sino al contrario, en favor de todos, o sea, para satisfacer una demanda del bien común. En segundo lugar, acá hay una situación de complicidad del Estado por violaciones y supresiones de derechos permanentes de todos los actores involucrados. Por un lado, los cientos de miles de usuarios de automóviles y; por otro lado, también los naranjitas o cuidacoches", expresó Hernández Maqueda.
"Con nuestro proyecto lo que se busca es tener una norma clara porque el principal problema que hoy tenemos los cordobeses es que no está claro cuál es el alcance de los deberes y obligaciones de las partes, quién está legitimado para cobrarte, cuándo te pueden cobrar", agregó el legislador de la oposición.
Fernández reconoció en la comisión la importancia de abordar el tema, aunque apuntó a algunas cuestiones que aseguró corresponden a la órbita de los municipios, sobre todo, al ordenamiento.
"La reforma propuesta denota un trato desigual entre los ciudadanos, como si existieran ciudadanos de primera, los que poseen vehículos; y otros de segunda, los cuidacoches, dado que no se les garantiza la igualdad ante la ley. A unos se les reconocen derechos constitucionales, como la propiedad privada y la seguridad; y a otros se les avasalla el derecho a trabajar y el principio de inocencia", expresó.
"Es inadmisible la estigmatización que se hace en los fundamentos del proyecto, argumentando que los ciudacoches son un flagelo para la sociedad. Tan desafortunada afirmación roza la discriminación de estas personas", aseguró.
Ariela Szpanin, una de las legisladoras radicales que expuso en la comisión, apoyó la propuesta de Hernández Maqueda, al igual que su compañera de bloque, Brenda Austin, aunque se pidió un mayor tratamiento del tema.
"Celebramos que se abra el debate sobre este proyecto. Necesitamos regular esta cuestión que es de larga data. Y es una deuda pendiente. Rescato que el legislador con mandato cumplido Javier Bee Sellares presentara un proyecto de ley para regular esta cuestión, y en el mismo sentido el legislador Hernández Maqueda. Considero que se debe agregar el tema de los limpiavidrios. Esta es una problemática que atraviesa a los grandes centros urbanos de la provincia de Córdoba. No se trata de criminalizar sino de ordenar el espacio público que es de todos", expresó la legisladora Szpanin.
Walter Nostrala, presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico, coincidió con la preocupación, aunque pidió no estigmatizar y darle un tratamiento en profundidad.
En la misma línea, el opositor Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, habló de un abordaje también desde la asistencia, salud mental y discapacidad.
"Es importante una campaña para no estigmatizar, tratar este tema con tiempo, no de un plumazo porque no podemos dejar a la gente sin trabajo", insistió Nostrala.