El informe sobre el Envejecimiento de la Población -Ageing Report- publicado por la Unión Europea la semana pasada, que destroza las previsiones de gasto en pensiones elaboradas por su impulsor, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que contempla un recorte de 12.000 millones para no quebrar el sistema, fue en realidad fabricado por la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía de Nadia Calviño -poco antes de marcharse al Banco Europeo de Inversiones (BEI)- y técnicos del Banco de España que gobierna Juan Pablo Hernández de Cos. Igualmente, el actual titular del ministerio, Carlos Cuerpo -nombrado por Sánchez a sugerencia de Calviño-, estaba al tanto de su explosivo contenido.
Aunque no se especifica el día concreto, el informe fue remitido a la Comisión Europea y está sellado en diciembre de 2023, cuando se produjo el relevo de los responsables al frente de la cartera y Sánchez decidió que el Ministerio de Economía siguiese en manos de un perfil considerado como técnico, a pesar de que Calviño había dado a lo largo de la legislatura muestras evidentes de su compromiso político e implicación en todas los objetivos e iniciativas del presidente.
A pesar de que lo que ha trascendido públicamente es que es la Unión Europea la que ha desarbolado por completo la reforma de pensiones del entonces ministro Escrivá, lo cierto es que la refutación de las estimaciones y pronósticos realizados en su día por el actual responsable de la cartera de Transformación Digital y de la Función Pública ha partido del seno del propio Gobierno en colaboración con los técnicos del Banco de España. De hecho, todos los informes sobre el Envejecimiento -Ageing Report- son elaborados por los responsables de Economía de los países miembros -con la aportación habitual en este caso de la institución que dirige Hernández de Cos-. «La Comisión Europea sólo se limita de revisar la información facilitada, a ordenarla y a publicarla tal y como le ha llegado sin otra responsabilidad alguna al efecto», señalan las fuentes consultadas por OKDIARIO.
La revelación del informe ha causado estupor en el seno del Consejo de Ministros, que por primera vez ha reflejado su división entre los miembros del propio Partido Socialista -en este caso, Sumar queda completamente al margen del asunto-, y que la posición de Escrivá, cuyas ambiciones son de todos conocidas, ha quedado muy debilitada. Deseaba a toda costa convertirse en el remplazo de Calviño y ocupar una vicepresidencia, algo que finalmente no sucedió, y sigue aspirando a ser nombrado gobernador del Banco de España cuando venza en junio el mandato de Hernández de Cos, una posibilidad que todas las fuentes consultadas ven en estos momentos como muy remota.
Adicionalmente, y de cara a Europa, sería un borrón que un ministro de un Gobierno pasara sin solución de continuidad a ocupar un cargo que debe estar caracterizado por su independencia. El único precedente cercano en el tiempo fue cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez dejó de ser secretario de Estado de Hacienda para establecerse sin solución de continuidad en el palacio de la Cibeles, a instancias del entonces ministro de Economía Pedro Solbes -ya fallecido- y con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de la época.
El informe enviado por Economía -en el que ha colaborado el Banco de España- tiene una trascendencia difícil de exagerar porque implica que España tendrá que abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre 2026 y 2030, equivalente a 12.000 millones. La razón es que el gasto público en esta partida acabará siendo muy superior a lo previsto por el ministro Escrivá. Los principales motores de esta presión al alza en el gasto son la revalorización de las jubilaciones según la marcha de la inflación -que llevó a aumentarlas hasta un 8,3% en 2023-, así como la supresión del factor de sostenibilidad introducido en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Irónicamente, la conclusión no es sólo que el famoso informe refuta las estimaciones del ministro que las realizó, sino que, de paso, cuestiona en toda regla al propio presidente Sánchez, que fue el promotor de la liquidación del régimen corrector introducido por el PP en aras de fortalecer las políticas de protección social y de agradar a los pensionistas, siempre un nicho electoral mimado por todos los gobernantes. De hecho, la reforma del sistema de pensiones del PP vino inspirada por la Comisión Europea, que tuvo que acudir al rescate del sector financiero español tras la escalada imparable de la prima de riesgo de la deuda pública.
Cuando llegó al poder, y siguiendo la polémica estela de Zapatero, que tuvo que hacer un ajuste in extremis impuesto por Bruselas -perdiendo las siguientes elecciones en favor de Rajoy-, el presidente Sánchez se propuso igualmente acabar con lo que llamó el austericidio propiciado por la derecha, sin reparar en sus consecuencias sobre el ya magro equilibrio presupuestario. Las medidas correctoras contempladas por Escrivá para cubrir el gasto extra en pensiones incluyen el destope de la cotización social en el caso de los salarios más elevados, y el propio aumentos de las cuotas, tanto de los asalariados como de los autónomos, así como un pago adicional por el mecanismo de equidad. Pero ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España creen que dichas palancas de recaudación sean suficientes para apagar la mecha del gasto en pensiones.