Aunque el Gobierno avanzó mucho en apenas 4 meses con la quita de subsidios a la energía para los hogares, comercios, industrias y otro tipo de usuarios, todavía cerca del 70% de los hogares de la Argentina (los de ingresos medios y bajos) mantienen más del 90% del precio de la energía eléctrica cubierto con la ayuda del Estado nacional.
Así se presenta uno de los mayores desafíos que tiene el Gobierno para normalizar la economía y la distorsión de precios relativos. Para que la energía tenga un precio uniforme, hará falta en los próximos meses multiplicar por entre 25 y 30 veces los valores mayoristas que pagan 7 de cada 10 hogares.
A partir del 1 de febrero la Secretaría de Energía trasladó a los hogares de Nivel 1 (N1) de la segmentación -los de ingresos o patrimonios altos y aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios- el precio pleno mayorista de la electricidad estimado para febrero-abril, al igual que a todos los usuarios no residenciales. Eso significa que el Estado no aporta más la diferencia. Los hogares N1 representan alrededor del 30% del universo de residenciales.
Al mismo tiempo, el Gobierno dejó quieto el precio de la energía para los hogares de ingresos bajos (N2) y medios (N3), hasta tanto pueda implementar el nuevo sistema de subsidios, la Canasta Básica Energética, que podría demorar hasta junio o julio por la enorme cantidad de datos cruzados que se necesitan.
Sobre un precio pleno para el trimestre de $ 44.401 por megavatio-hora (MWh; o $ 44,401 por kilovatio-hora, kWh, que es la unidad de medida que se refleja en las facturas de luz), los hogares N2 pagan $ 2981, apenas el 6,7%; y los N3, $ 3756, el 8,5%.
El subsidio a la energía es uniforme en todo el país. Solamente los hogares N3 -ingresos medios- tienen un tope de consumo cubierto por el Estado, que es de 400 a 600 kWh mensuales según la región en la que viven, y luego pagan el excedente a precio completo.
La gran variación que tienen las boletas de luz ocurren en el tramo de distribución, que depende de cada provincia, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la Nación tiene jurisdicción para Edenor y Edesur.
Según los datos oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en febrero el precio "monómico" -que incluye todos los costos del sistema, entre los combustibles y los contratos- alcanzó los $ 51.880 por MWh; mientras que el "estacional" -lo que se traslada a la demanda- fue de $ 31.351. Es decir, un 60,4% lo aportaron los usuarios y hubo un 39,6% de subsidios.
Ese porcentaje había sido en enero de apenas un 22,1% del precio de la energía eléctrica cubierto por la demanda y un 77,9%, por el Estado nacional.
Los hogares representaron en febrero el 49% del total del consumo eléctrico por las altas temperaturas del verano, aunque habitualmente demandan el 40% de la energía (el resto es para no residenciales como comercios e industrias).
En su trabajo ""Energia.ai - Escenarios Energéticos 2024 (Marzo 2024)", los consultores Mauricio Roitman y Luciano Caratori apuntan que los subsidios "son el termómetro del nivel de distorsión de los incentivos microeconómicos del sector energético y un mayor problema fiscal si hay devaluación. Sin embargo, son potencialmente la herramienta de ajuste más flexible y progresiva".
De acuerdo a la velocidad en la que avancen los aumentos de tarifas, los subsidios energéticos, que el año pasado fueron el equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) o algo 9.683 millones de dólares, pasarían a representar 0,8% a 1,5% del PIB. La meta con el Fondo Monetario Internacional es que bajen a 1,1%.
SN
Sobre la firma
Newsletter Clarín