Uno de cada tres ayuntamientos de la provincia incumple el periodo máximo legal de 30 días de pago a proveedores, en una tendencia que se puede extrapolar a toda la comunidad, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y referidos al último trimestre de 2023. Esta demora, que revela una administración local ahogada y pone en jaque el principio de sostenibilidad financiera, tiene consecuencias de primer orden el tejido productivo, en esos proveedores que son, grosso modo, todos aquellos que presentan una factura ante el Ayuntamiento en cuestión, desde la que tiene por concepto el suministro de carburantes a la prestación de un servicio social.
Este mapa de demoras es diverso. En lo que se refiere a los tiempos, de los 22 ayuntamientos que incumplen los plazos siete cruzan esa línea roja ligeramente, sin llegar a los 40 días: Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Cospeito, A Pobra do Brollón, Ribadeo y Sarria. En el lado opuesto, otros siete duplican o triplican el plazo establecido, desde Quiroga, con 93,69 días de retraso, a Baleira, con 69,12, pasando por Castro de Rei, Muras, Taboada, Barreiros y Meira.
De cinco ayuntamientos de la provincia el Ministerio de Hacienda no dispone de datos del último trimestre del 2023. Si bien en ocasiones de un trimestre a otro varían considerablemente, lo normal es que marquen una tendencia. De tener en cuenta el último dato disponible, la lista negra podría crecer. Entre ellos llama especialmente la atención el caso de Pantón, con 190,13 días de retraso en el penúltimo trimestre de 2023. Pero si los datos se retrotraen, el caso más alarmante está en el Concello de Pol, que llegó a los 543,35 días en el segundo trimestre del año pasado.
A pesar de los ejemplos dados, que podrían apuntar a que los concellos con más dificultades son los menos poblados -de los ayuntamientos citados, solo Sarria y Ribadeo sobrepasan ampliamente los 5.000 habitantes-, la tendencia se repite en concellos más grandes. Así, Viveiro o Foz también se suman a la lista de los que exceden el tope legal de un mes, con 43,35 y 59,77 días de plazo respectivamente.
En el lado opuesto, Chantada es el que más rápido paga, en un plazo de 1,43 días, y otros tres más realizan sus pagos en menos de cinco días: Bóveda, Monforte y Xove. La capital lucense también es ágil en este sentido, con un plazo de 7,85, lo que la sitúa entre los 15 ayuntamientos que pagan antes de los diez días.
FUSIÓN DE CONCELLOS. Las causas que determinan el retraso en el pago a proveedores apuntan en distintas direcciones. La carencia de ingresos, la inversión incrementada en servicios sociales, la demora que los propios concellos sufren en el abono de subvenciones, la gestión de los propios técnicos municipales o la deuda acumulada son algunos de los rasgos generales que perfilan esta situación, al margen de que cada ayuntamiento pueda responder a una casuística específica.
Precisamente para abordar el problema de la deuda, la Xunta insiste en la fusión voluntaria de ayuntamientos para esta legislatura, con un fondo especial de fusiones que ascendió a 13,5 millones entre 2016 y 2023. Hasta ahora han llevado a cabo esa fusión Oza-Cesuras, en 2013, y Cerdedo-Cotobade, en 2017. El incremento del presupuesto y la reducción de impuestos se presentan como los incentivos para dar el paso en un mapa gallego en el que 199 ayuntamientos de 313 tienen menos de 5.000 habitantes. Desde la Xunta destacan también las ventajas en el acceso a convocatorias públicas o el apoyo para la redacción de documentos básicos, entre outras cuestiones. De hecho, el Gobierno gallego trabaja en la organización del primer congreso para abordar esta cuestión, con aportaciones de las tres universidades gallegas y la Fundación Juana de Vega.
El responsable del área de Cooperación e Asistencia aos Concellos en la Diputación de Lugo, Xosé María Arias, se manifiesta contrario a estas fusiones. "Aforrar a nómina dun secretario non soluciona os problemas", sentencia. Para el también regidor de Castroverde, la solución pasa por "non cargar os concellos con competencias que non son súas" y hace referencia al Servizo de Axuda no Fogar, al que aportan ocho euros del total de 20 que cuesta por hora. "Son competencias da Xunta, igual có coidado dos maiores, e iso é o que se ten que aforrar aos concellos", subraya.
SANCIONES. Las medidas sancionadoras por el incumplimiento en el plazo de pago a proveedores están recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso de incumplimiento de plazos, en primer lugar, la administración local tendrá que establecer medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos, así como incluir en el plan de tesorería el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores. Si a pesar de estas medidas persistiese la superación de esos 30 días de tope, se le podrán retener recursos derivados de la participación en tributos del Estado. Por otro lado, el cumplimiento del plazo es requisito para que los ayuntamientos se puedan adherir al Fondo de Impulso Económico estatal, que ayuda a la financiación de inversiones.
Francisco Balado: "O noso problema foi a suba do prezo da luz"
Después de varios años con un promedio de pago a proveedores oscilante, pero solo ligeramente inferior o superior al plazo legal de 30 días, el Concello de Castro de Rei cerró el último trimestre de 2023 con un periodo medio de 80,32 días. ¿El motivo? Según indica el regidor local, el popular Francisco Balado, "un 80 por cento do noso problema é a inflación do recibo da luz. Se nós viñamos pagando 300.000 euros de luz, chegamos a pagar máis do dobre en 2022, sobre todo pola estación de bombeo, necesario para abastecer as gandarías".
Si bien los precios lograron una cierta estabilización en 2023, Balado destaca que la situación de ese año generó un déficit que todavía mantienen, aunque las cifras, según comenta, mejoraron en 2023. "Tamén tivemos que adiantar un millón de euros dunha subvención da Intervención General de la Administración del Estado (Igae), que demoramos un ano e pico en cobrar", añade.
Por otro lado, también notaron el aumento del precio de carburantes y las subidas salariales. "E aínda así non pedimos ningún crédito, non temos ningunha débeda", destaca Balado. "Somos moi conscientes desta situación, e temos pedida unha axuda para a produción de enerxía fotovoltaica", indica.
Lino Rodríguez: "Hai un esquecemento moi grande dos concellos"
El Concello de Pol cerró el último trimestre del año pasado con un promedio de pago a proveedores de 51,67 días, una cifra que mejoró con respecto al trimestre anterior, de 64,06 días, pero sobre todo con la que fue su tendencia mayoritaria en los últimos años, con un récord en el segundo trimestre del año pasado que alcanzó los 543,35 días de promedio de pago. Es esa la cifra que más se asemeja a trimestres anteriores, con 414,40 días o 478,77.
El alcalde del municipio, el socialista Lino Rodríguez, señala que "o único que teño que dicir ao respecto é o grande esquecemento que sufrimos os concellos por parte dos de arriba. Quen ten cartos para pagar non ten problema en facelo, non?", comenta.
La Diputación de Lugo aprobó precisamente un convenio, el pasado 16 de febrero, por el cual destinó 200.000 euros como ayuda para sufragar los gastos corrientes del Ayuntamiento de Pol. Uno de los puntos que establecía como finalidad el documento era precisamente el de cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El gobierno provincial indica que, con este concepto de gastos corrientes, firmó también convenios con Viveiro, Meira, A Fonsagrada y Antas de Ulla.
José Luis Rivera: "Tivemos que asumir moitas débedas de antes"
El Concello de Quiroga cerró el último trimestre del año pasado como el peor de la provincia de Lugo en lo que se refiere a periodo de plazo a proveedores, con 93,63 días, lo que supone triplicar el plazo establecido. "Nós acabamos de chegar ao goberno e tivemos que facer fronte a moitas facturas e asumir débedas anteriores", comenta el alcalde, el independiente José Luis Rivera.
"Agora mesmo podemos dicir que reducimos ese periodo á metade, podemos estar nuns 45 días, e encamiñámonos ao prazo marcado pola lei", destaca Rivera, que quiere cambiar el sentido de una tendencia que no solo se ciñe al último trimestre de 2023, sino que se extiende a trimestres anteriores, y que tiene su récord en el primero de ese año, con 118,90 días de plazo medio de pago. "Nós chegamos a un Concello que estaba moi endebedado. As facturas pequenas pagámolas axiña, coas outras imos máis despacio, e cos préstamos estamos ao día", destaca.
Rivera también indica que otra de las causas que explican esa problemática es que "tamén nós sufrimos esa demora en moitos pagos".