El ex secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha comparecido este lunes como acusado en la Audiencia de Sevilla, donde continúa el juicio contra la antigua cúpula de UGT-A por una supuesta trama de facturas falsas que desvió más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta socialista de Andalucía para cursos de formación. El ex líder sindical ha afirmado que el fraude no es más que una «película» montada contra la organización: «No hay ni trampa ni cartón. Aquí no hay nada raro». Y ha desviado el foco hacia el PSOE andaluz por dar el visto bueno a esas ayudas.
La Sección Tercera de la Audiencia, recordemos, juzga a Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por las supuestas facturas falsas con las que habrían defraudado 40.750.047,74 euros de dinero público para financiar irregularmente a UGT-A y pagar, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobresueldos, viajes al Caribe o su caseta de la Feria de Abril.
Fernández Sevilla sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal y ha guardado silencio ante el fiscal y el resto de acusaciones y abogados. El resto de encartados son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S. L., Enrique Goicoechea; y otras diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Fernández Sevilla ha respondido a su abogada defensora sobre el supuesto «bote» que UGT-A cosechó para gastos propios gracias al excedente resultante de imputar a las subvenciones de la Junta facturas infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato.
Anteriormente, el ex trabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías -condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado «información reservada y sensible» de la trama a los medios de comunicación, pero no a la Policía ni a las instancias judiciales- testificó en el juicio que el sindicato orquestó un sistema de «facturas falsas» con cargo a las subvenciones autonómica para inflar este «bote» o «fondo de reptiles» con el que sufragar gastos ajenos a las ayudas solicitadas.
A este respecto, Fernández Sevilla ha manifestado que supo de aquel «bote» cuando, fruto de las publicaciones derivadas de la actuación de Macías, tuvo que «dar la cara» ante los medios. El ex líder de UGT-A ha denunciado que la prensa publicó «información sesgada» y ha acusado a este trabajador de «sacar» información de la organización y difundirla en base a «intereses» personales al no haber «entendido» su despido en el ERE acometido por el sindicato.
Una «película» contra UGT
Fernández Sevilla ha señalado que como consecuencia de estas filtraciones se orquestó una «película» contra UGT-A, y ha defendido que en la contabilidad del sindicato «no había nada raro» y que el citado fondo era un mecanismo de «funcionamiento interno» para el «día a día» de las relaciones con los proveedores, a fin de cuadrar las cuentas con ellos.
También ha indicado que el sindicato contaba con una única contabilidad y que la misma fue entregada en una notaría como gesto de «transparencia» ante las informaciones que circulaban en los medios de comunicación.
Es más, ha recalcado que fue «la propia Administración» andaluza, entonces gobernada por el PSOE, la que dio el «ok» a las justificaciones presentadas por UGT-A para el gasto de las subvenciones autonómicas, por lo que la Junta «algo tendría que decir» sobre el asunto. Además de pasar la pelota a los socialistas, ha dicho que obtuvo incluso la «felicitación» del Gobierno andaluz por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.
En cualquier caso, ha insistido en que él no dio ninguna «instrucción» a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una «responsabilidad» sobre su área concreta de gestión.
Fernández Sevilla también ha defendido los descuentos que las empresas proveedoras de UGT Andalucía aplicaban al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, a pesar de que éstos no eran comunicados a la Junta como órgano gestor de la fiscalización de las ayudas (este extremo ya ha sido constatado a lo largo del juicio).
Descuentos y cobros en metálico
El ex secretario general de UGT-A ha expuesto que tales descuentos fueron negociados por el sindicato con sus proveedores y «se hacen en cualquier empresa» cuando se alcanza cierto «volumen» de compras, precisando, eso sí, que aunque él firmó varios de esos acuerdos con las entidades proveedoras, no fue quien negoció los mismos ni se reunió con los empresarios, pues tales aspectos no entraban en sus «funciones».
También ha defendido la creación de Soralpe, empresa que los investigadores sitúan como una sociedad instrumental de UGT Andalucía para los fines indagados en el caso. Según Fernández Sevilla, esta entidad fue creada para «ayudar» al sindicato en determinadas tareas de «gestión» ante el «volumen de negocio» que afrontaba el mismo por la cantidad de programas subvencionados que tenía en marcha y la ausencia de «músculo» de la Junta de Andalucía a la hora de solucionar determinados trámites.
En ese marco, ha atribuido al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, otrora inculpado en la causa, la decisión de que el sindicato cediese a Soralpe sus instalaciones y dicha entidad las alquilase al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT, entidad encargada de impartir para UGT-A cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. «En esos tiempos era lo normal y se hizo con transparencia», ha insistido, esgrimiendo que Soralpe «no tuvo ningún problema con Hacienda».
Fernández Sevilla también ha manifestado que él cobraba «en metálico» los anticipos ligados a su cargo como miembro de la comisión ejecutiva de UGT-A para sufragar los gastos de «dietas y desplazamientos» propios de la actividad sindical, asegurando que siempre recibió esas cantidades de manos del personal del área de Contabilidad y nunca de manos de Soralpe, que según los investigadores de la Guardia Civil habría abonado «anticipos y pagos mensuales» a diversos cargos de UGT-A, e incluso un viaje a Costa Rica de Manuel Pastrana.
Fernández Sevilla ha reconocido además que dichos anticipos contaban con una cuantía fija, explicando que si los gastos justificados por dietas o desplazamientos superaban dicha cantidad o no llegaban a la misma era algo que se iba compensando mes a mes. De este modo, ha subrayado que en la gestión del sindicato «no había nada raro» ni ilegal, asegurando que todo lo que él firmaba como responsable del mismo lo hacía «confiando» en el personal técnico de UGT-A, que según ha dicho contaba con trabajadores especializados en distintas tareas.
El sindicato, ha remarcado, tan sólo incurrió en algunos «desajustes» a la hora de gestionar las ayudas autonómicas para cursos de formación a fin de lograr que la Junta de Andalucía «validase el cien por ciento» de las justificaciones del dinero público gastado, algo que ha considerado «normal» en función del volumen de dinero manejado por UGT-A en aquellos años.