El pasado 26 de marzo, el ministro Luis Planas presentó un documento con las 43 medidas que ofrece al sector agrario para responder a sus demandas y tratar de cerrar el proceso de movilización. La idea del Ministerio es formalizar el acuerdo con el sector a través de su firma con cada una de las organizaciones agrarias representativas. La situación es que dos semanas después, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha firmado y también lo ha hecho la Unión de Uniones, una organización externa al Consejo Asesor Agrario y que hasta ahora no es considerada como representativa. Por su parte ASAJA y COAG rechazan el acuerdo. Yo considero que el contenido del documento es ambicioso y potente. El mecanismo de ratificación ha generado una situación compleja dentro del sector, pero que era predecible y por ello no creo que haya sido improvisada. Las consecuencias en el corto y medio plazo todavía las desconocemos.
En primer lugar, fijémonos en el contenido. El Acuerdo se estructura en bloques. Las primeras 8 medidas se refieren a flexibilizaciones en la condicionalidad ambiental de la PAC y en la aplicación de los Ecorregímenes. De ello hablé en mi tribuna anterior. Todas estas medidas ya se han presentado a la Comisión Europea y tienen particularidades muy ventajosas para las Islas Baleares. Hay un bloque de cuatro medidas planteadas de forma bastante realista sobre aspectos relativos al comercio internacional de productos agrarios y que tratan de abordar el difícil asunto de las importaciones de alimentos con estándares de calidad inferiores a los de la Unión Europea. Un tercer bloque de cinco medidas refuerza la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria en la misma senda de las últimas reformas; fortalecer y proteger el papel de los productores en las cadenas de valor. Un cuarto bloque con seis medidas, fortalece el sistema nacional de seguros agrarios como instrumento de política de rentas y de protección frente a los riesgos y las adversidades climáticas. Otro bloque recoge seis medidas fiscales que apuntan al gasóleo agrícola, o al cálculo de los rendimientos netos en el sistema de estimación objetiva del IRPF. El último bloque se centra en relajar cierta burocracia y cambios en el sector ganadero y cuestiones de sanidad animal que siempre son muy difíciles de abordar.
El documento tiene la virtud de combinar medidas de largo alcance, con otras muy concretas que responden de forma muy directa la presión burocrática sobre el sector. Por ejemplo, fíjense ustedes, plantea eliminar una cosa que parece tan inocua como es la obligación de que los agricultores tomen fotos geo-referenciadas para demostrar el estado de sus cultivos o el desarrollo de cualquier otra práctica o requisito establecido en las ayudas. Esto estaba siendo un auténtico «sin vivir» para el payés, que andaba teniendo que tomar y subir fotos a cada paso que daba. La aportación será voluntaria. Si el agricultor no la facilita, la administración deberá realizar el control por otros medios. En el caso en que la administración tenga indicios de un posible incumplimiento, se seguirá dando al agricultor la oportunidad de demostrar que sí cumple los requisitos aportando este tipo de foto. La medida 15, por ejemplo, plantea establecer el principio de inspección única integrada a los agricultores y ganaderos, de manera que todas las inspecciones que una explotación recibe al cabo del año, se concentren a ser posible en una sola.
Pero hay cuestiones del documento que no me dejan tranquilo. Entiendo la necesidad de acompasar la aplicación de ciertas normativas que suponen cambios importantes para el sector como son; la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación, el Plan Integral Sanitario para las explotaciones ganaderas, el Plan de Fertilización Sostenible o la identificación electrónica del ganado bovino, pero el planteamiento de retrasar su entrada en vigor un año sin más, puede acabar siendo una «patada hacia adelante» si el sector y las administraciones competentes, no entendemos que todos nos hemos dado un año para prepararnos mejor y que debemos aprovechar el tiempo. Un año pasa volando.
La segunda derivada del documento de 43 medidas tiene que ver con su impacto en las organizaciones del sector, en la unidad del campo y en el sistema de representatividad. El tema es tan delicado, que aprovechándome de mi condición de «opinador» prefiero darme el tiempo de dos semanas para saber como evoluciona antes de meter la pata.