El Consell de Ibiza ha ordenado la demolición y el restablecimiento inmediato de la realidad física alterada, de dos edificaciones de madera ubicadas en el Parque Natural de ses Salines. Se trata de dos viviendas de unos 40 metros cuadrados (edificación 1) y 16 metros cuadrados (edificación 2), que además disponen cada una de una terraza de madera adosada y que son ilegales, ya que se han ejecutado sin licencia y son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y, por tanto, ilegalizables.
Como ya publicó Diario de Ibiza, el Consell de Ibiza abrió en agosto de 2022 un el expediente urbanístico para derribar estas construcciones, que se encuentra en zona inedificable. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Josep abrió otro expediente de demolición de las obras de ampliación ilegales del chalé de esta misma finca, que aún está pendiente de juicio después de que el propietario presentara un recurso a esta orden municipal.
Según ha explicado el Consell en un comunicado, esto supone que la propiedad tendrá que derribar estas construcciones en un plazo dos 2 meses. En el caso de que se incumpliera esta orden, la propiedad se enfrentará a la imposición de hasta 12 multas coercitivas por importe de 4.939 euros cada una, cantidad que corresponde al 10% del valor de las obras ejecutadas. Si aun así la propiedad no procediera al derribo, será la institución insular quien ejecute la demolición para repercutir posteriormente los gastos al infractor.
Además, se ha impuesto al propietario y al promotor de las obras una multa de 135.843,27 euros (correspondiente al 275% del valor de las obras ejecutadas) por cada una de las edificaciones, ascendiendo a un total 271.668,54 euros, por una infracción muy grave por la ejecución de obras sin su correspondiente licencia.
Asimismo, según explican desde el Consell, las edificaciones cuentan también con una sanción firme por parte del Departamento de Ordenación Turística de 60.000 euros de multa (está ya en periodo de pago) por infracción muy grave por comercializar y alquilar turísticamente las viviendas sin tener la correspondiente licencia.
Estas propiedades están registradas a nombre de la sociedad Damaskina SCI, que pertenece a un promotor llamado A.Z., de pasaporte marroquí, pero que también se presenta con otro nombre e identidad italiana. El Consell tenía «graves problemas para identificar a esta persona», según informó hace dos años un portavoz de la institución, de manera que abrió el expediente de infracción urbanística sin tener localizado al responsable.
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