El dato no suele merecer consideración alguna dentro de la agenda de las urgencias de la sociedad. Sin embargo, el nivel de deuda pública refleja los problemas de la economía argentina.
Los gastos del Estado por encima de sus ingresos y el desorden en su gigantesco aparato burocrático contribuyeron a generar un enorme endeudamiento.
El total de deuda nominada en pesos trepó a su equivalente de 142 mil millones de dólares a fines de marzo, contra U$S 125 mil millones que se debían al 29 de febrero último.
En tanto, las obligaciones en dólares se mantuvieron en 259 mil millones de esa moneda.
El aumento de la deuda pública en moneda local corresponde al proceso de normalización del Banco Central, a través de la emisión del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y de la transferencia de deuda al Tesoro nacional, correspondiente a obligaciones de la administración central.
En ambos casos, las medidas buscan corregir las distorsiones ocasionadas por la administración de Alberto Fernández, que generó una deuda por importaciones superior a los U$S 10 mil millones, que ahora se cancela a través del Bopreal.
Las obligaciones impagas con los importadores colocaron al país ante el cese de ingreso de insumos clave para la producción.
El kirchnerismo, que critica todas las medidas de la actual gestión, olvidó rápidamente los desajustes producidos por la anterior gestión, cuya conducción compartió.
Además, la brecha en los diferentes tipos de dólar llevó a sobrefacturar importaciones, que no ingresaron al país, pero permitieron a ciertos sectores afines al oficialismo hacerse de divisas a un tercio del valor de mercado.
El duro ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei aún no alcanza para corregir la grave herencia recibida. De allí, que la deuda pública siga creciendo trimestre a trimestre, como sucedió al cabo de los tres primeros meses de 2024, cuando el pasivo trepó en U$S 32.371 millones, por la emisión del mencionado bono y el saneamiento del Banco Central.
El desafío sigue siendo alcanzar una estabilidad macroeconómica sustentable, para la cual la emisión cero sigue siendo una prioridad, junto a una política monetaria y cambiaria ajustable a ese objetivo.
Los tours de compras al exterior, visibilizados con el regreso de los viajes a Chile, y los pedidos de importación cursados reflejan que la cotización del peso respecto del dólar no se ajustó al ritmo inflacionario.
El Gobierno pretende levantar el cepo al dólar durante el segundo semestre, para lo cual necesitaría de recursos de los que hoy carece.
Una vez producida esa operación, la moneda norteamericana ajustaría el actual valor entre 30% y 60%, según proyecciones de bancos y consultoras privadas.
La actual crisis económica, que incluye una baja competitividad de la producción local, anticipa la persistencia de meses difíciles.
El nivel de la deuda pública es sólo un indicador más de los desafíos que tiene la actual gestión, a la cual –en un muy breve plazo– se le exigen soluciones, luego de décadas de políticas que llevaron al presente estado de cosas.