España: El Gobierno aprueba un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia de la Iglesia
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En función de la "respuesta insuficiente" que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno español indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan con el que toma el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, quien en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población sufrió abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.
El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que elDiario.es pudo confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
"Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes", aseguró Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que señaló que "la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación". "Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer esos abusos, de prevenir y reparar el daño" , ha asegurado.
Las indemnizaciones
En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aportar dinero para la reparación. De hecho, la Conferencia Episcopal señaló que solo se avendría a participar de un fondo de reparación si este incluyera "a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia". Bolaños, en cualquier caso destacó que están "en conversaciones" con los obispos para que sufrague esas indemnizaciones. "Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan", señaló el ministro.
Concretamente, el plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el texto no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos. Bolaños recordó que una de las recomendaciones del Defensor era la creación de un órgano independiente para el reconocimiento de las víctimas y establecer su reparación.
"Entiendo que la Iglesia asumirá los costes", señaló el ministro de Presidencia. "No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos". En cuanto a la negociación, Bolaños señaló que el diálogo ha comenzado el pasado jueves y destacó: "La iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y están trabajando en este tema". Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal se han mostrado proclives a establecer una relación con las asociaciones de víctimas, pero de facto la Iglesia reconoce una mínima parte de los abusos que incluye el informe del Defensor del Pueblo. En el polémico informe Para dar Luz, hablaban de apenas unos 800 casos.
Casos no prescritos
En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.
Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.
El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos.
Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual.
El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española. Y prevé la elaboración de un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la prevalencia de los abusos en el ámbito religioso. La encuesta realizada por el Defensor del Pueblo e incluida en el informe que da origen al plan reveló que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años. En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos han afectado a un 1,13 % de las personas adultas.
La posición de la Iglesia
Fuentes episcopales sostenían a primera hora de la mañana que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, "el tema de las víctimas se abordó en general", y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. El ministro de la Presidencia señaló, por el contrario, que las conversaciones se iniciaron entonces y que ayer adelantó a los obispos las líneas generales del plan, del que hoy remitirá el texto completo.
En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir. Y lanzan mensajes de entendimiento con el Gobierno que podrían dar a entender la intención de la Iglesia de participar de un posible fonde de reparación.
La Iglesia española "colaborará con el Estado" para "afrontar todas las dimensiones" del escándalo de la pederastia clerical, "asumiendo nuestra responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe". Así respondía el cardenal de Madrid, José Cobo, a las preguntas de elDiario.es tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
"En la última Plenaria –señaló Cobo– establecimos una línea y un horizonte". Y recalcó que "hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento, no solo a corto plazo, sino en todo el proceso de acompañamiento que necesita".
Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.
La Conferencia Episcopal publicó una nota de prensa en la que consideraba que el plan de reparacióndel Ministerio de la Presidencia "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado". "La Iglesia no puede aceptar un plan que dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas".
"La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto", concluye el comunicado.
Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague
Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran "incompleto e insuficiente".
La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa "un modelo de reparación integral a las víctimas". Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: "El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos".
Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el "grave problema social y de salud pública" que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es "insuficiente". "Incluso el Defensor del Pueblo indica que "es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica", señala el socio minoritario de la coalición.
Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. "Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad", sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.
Las víctimas critican "el rescate de los obispos"
"Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona". La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, tomó con cierta "perplejidad" el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo.
Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo. En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer.
Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como "un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente". En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo "consagra el rescate económico a los obispos", y "asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia".
"Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos", lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida "traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones".
Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental "se niega a establecer un baremo específico de indemnización". En su opinión, "el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas".