El médico Carlos Regazzoni puso como ejemplo a Brasil en la accesibilidad social al sistema de salud. "Esto requiere un enfoque que va más allá del mercado y se basa en la solidaridad y la redistribución a través de impuestos", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, hizo foco en los aumentos discrecionales de las prepagas.
Carlos Regazzoni es médico, doctor en Medicina, diplomado en Bioestadística y en Filosofía, fue concejal del partido de Almirante Brown en el año 2017 y director ejecutivo de PAMI en el año 2015. Las prepagas, los costos y la atención médica están en este momento en el ojo de la tormenta en medio de subas muy altas indiscriminadas que las empresas de medicina prepaga han dispuesto de la liberación total de los controles de precios habilitados por el DNU 70/2023.
¿Podría poner en contexto qué significa que haya renunciado Claudio Belocopitt de la Cámara que conduce la medicina prepaga?
La renuncia de Claudio Belocopitt es un tema personal de él, a mí me llamó mucho la atención el tipo del ataque que se hizo contra un empresario, recibió un ataque innecesario. Primero porque, en el camino, la idea era que no había que pelear más con el sector privado.
Y segundo por lo que se dijo de los subsidios, la epidemia de COVID la pagaron los gobiernos. Todos los gastos de salud en Estados Unidos, en cualquier país europeo, en cualquier país asiático lo pagaron los gobiernos porque era impagable para los particulares.
Así que creo que se generaron suspicacias innecesarias. Si hay alguna evidencia concreta de algún ilícito habrá que denunciarlo ante la Justicia y avanzar, pero no tratar de distraer la atención de lo que realmente está ocurriendo.
¿Y qué está ocurriendo?
Lo que realmente está ocurriendo es que en el decreto 70/2023, el Gobierno quiso renunciar al rol de regulador del sistema de salud en la Argentina. Especialmente en lo que tiene que ver con la salud prepaga. También tuvo otros problemas con lo que se hizo con la obras sociales.
Las prepagas venían con un retraso financiero imposible de sostener durante todo el último año ¿Necesitaban aumentos? Probablemente sí. Y entonces esos aumentos tenían que ser dados de una manera regulada, porque del otro lado está el paciente que está usando el servicio de salud. El decreto quita esta función rectora de la superintendencia.
¿Lo que usted dice es que el aumento se tendría que haber dado pero en dosis más distanciadas unas de otras, para que pueda ser digerida por el paciente?
La cuestión radica en la necesidad de que estos incrementos se realicen de manera gradual y proporcionada. Además, es crucial intervenir en los costos de las prepagas para garantizar que sean justos y sostenibles a largo plazo.
Un aspecto fundamental que se ha pasado por alto es la falta de flexibilidad en los planes de salud ofrecidos por las prepagas. Actualmente, todas están obligadas a proporcionar el Plan Médico Obligatorio en todos sus niveles, lo que limita la capacidad de diferenciación y competitividad entre ellas. Esta situación es equiparable a exigir que todas las aseguradoras ofrezcan el mismo nivel de cobertura completa, lo cual dificulta la competencia basada en la calidad y los precios.
La solución a este problema podría residir en permitir que las prepagas ofrezcan una gama más amplia de planes de salud, con diferentes niveles de cobertura y opciones personalizadas. Esto permitiría adaptar las cuotas a las necesidades y posibilidades económicas de cada individuo, generando una mayor flexibilidad y competitividad en el mercado de la salud privada.
Ahora, en cuanto a la responsabilidad del Gobierno, es evidente que se necesitaba una intervención más activa. El Gobierno debería haber regulado los costos de las prepagas para asegurar que fueran justos y asequibles para todos. Asimismo, era esencial supervisar los aumentos en las cuotas, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, como los jubilados, y evitar aumentos desproporcionados que pudieran afectar gravemente su acceso a la atención médica.
Además, el sistema de prepagas financia todo el sistema de salud privado de la Argentina. Con lo cual, si ese sistema quiebra, se genera un daño enorme en la salud argentina. Estamos hablando de la salud del 20% de la población del país. De hecho, hoy hay 1.600 clínicas que están al borde de la quiebra, por el deterioro que hubo en el desfinanciamiento.
Entonces, el Gobierno debería haber cambiado la obligatoriedad del PMO para ayudar a las prepagas a controlar sus costos. Por otro lado, debería haber supervisado los aumentos. En tercer lugar, habría que haber supervisado los aumentos, especialmente en la gente mayor, que fue más golpeada por los aumentos de las prepagas porque le aumentaron entre 3 ó 4 veces más a la gente mayor, y es justamente cuando usted más lo necesita.
Entonces, resulta preocupante la existencia de un impuesto del 20% sobre las cuotas de las prepagas, destinado a las obras sociales sindicales, que debería haber sido revisado y posiblemente eliminado para aliviar la carga financiera sobre los usuarios de los servicios de salud privados.
Por último, pero no menos importante, es crucial establecer un seguro universal para medicamentos de alto costo y para personas con discapacidad. Estos son gastos que no pueden ser adecuadamente cubiertos por los seguros convencionales y que representan una barrera significativa para el acceso a la atención médica adecuada.
Desigualdad en Salud: Contrastes entre Argentina, Estados Unidos y Brasil
En el sistema de prepagas, y teniendo en cuenta que casi el 90% del costo de un paciente se consume en los últimos años de vida, ¿hay un problema estructural que tiene que ver con el envejecimiento de la población y que en la medida en que no ingresen "clientes" jóvenes es casi insostenible?
Entiendo completamente el problema estructural al que te referís. Es algo que se ve en todos los países, incluso en Estados Unidos donde los seguros privados son muy costosos y no pueden cubrir todas las necesidades de salud de la población. Esto se debe a que las prepagas están diseñadas para asegurar a sectores de la sociedad con ingresos medios altos o altos, quienes suelen tener menos hijos y viven más tiempo. Esto agrava el problema del envejecimiento de la población y hace que sea difícil para las prepagas cubrir todas las necesidades de salud de manera integral.
En la mayoría de los países desarrollados, lo que se ve es que se complementan los seguros privados con sistemas públicos de salud, donde todos están obligados a contribuir. Sin embargo, recrear este sistema en Argentina, donde una gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza y una gran cantidad trabaja en la economía informal, representa un desafío considerable.
Es importante destacar que si no tomamos medidas para mejorar nuestro sistema de salud, incluso sin crear estos seguros obligatorios, es probable que no podamos salir de la pobreza. La brecha en la expectativa de vida entre los barrios más pobres y los más ricos es alarmante, con diferencias de hasta 15 años en algunas zonas del conurbano. Es un tema crítico que debemos abordar con urgencia.
Habiendo vivido en el extranjero lo que uno percibe es que en Estados Unidos el costo de la medicina es altísimo y casi inalcanzable para el mismo sector social que en la Argentina tiene acceso a una prepaga, lo que me hace suponer que hay algo allí, en el fondo de la cuestión que en algún momento se va a poder expresar. ¿Puede ser?
Sí, justo como mencionás, veamos el caso de Estados Unidos. Allí, la cobertura de salud para personas mayores de 65 años está a cargo del Estado nacional, a través del Medicare. Esto representa un gasto significativo, alrededor del 6% del Producto Bruto del país, lo que equivale a una cuarta parte del Producto Bruto Mundial. En contraste, en Argentina, el gasto fiscal en salud, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, apenas alcanza el 3% del Producto Bruto.
Esta disparidad es evidente incluso cuando observamos programas como el PAMI, que cubre a jubilados y pensionados. Aunque el PAMI representa aproximadamente el 1% del Producto Bruto, su financiamiento proviene principalmente de deducciones de salarios y aportes de trabajadores formales y jubilados, sin fondos estatales adicionales.
Esta situación revela una gran distorsión en la estructura financiera de la salud en Argentina, donde el Estado está desentendido de la salud de la población. Si aspiramos a mejorar la situación y garantizar una cobertura adecuada, especialmente en un contexto de creciente pobreza y dificultades económicas, podríamos tomar lecciones de países vecinos como Brasil.
Hace dos décadas, Brasil implementó reformas en su sistema de salud que resultaron en mejoras notables en la salud pública, convirtiéndose en un ejemplo a nivel regional y mundial. Sin embargo, es importante reconocer que estas mejoras pueden desmantelarse rápidamente si no se mantienen políticas coherentes y comprometidas en el tiempo. Eso se vio con las políticas de Michel Temer, que hizo desastres.
Es esencial entender que hay bienes y servicios, como la salud y la educación, que son fundamentales para el bienestar de la sociedad y que deben ser accesibles para todos, independientemente de su situación económica. Esto requiere un enfoque que va más allá del mercado y se basa en la solidaridad y la redistribución a través de impuestos.
De hecho, si consideramos que la justicia, la defensa nacional y la seguridad son financiadas mediante impuestos para garantizar la igualdad de acceso, ¿por qué no deberíamos hacer lo mismo con la salud y la educación? Esta es una cuestión fundamental que merece un debate serio y profundo.
AO JL