Worldcoin, una empresa que verifica la identidad humana en el mundo digital a cambio de una recompensa económica, vuelve al centro de la polémica. Esta vez, la Provincia de Buenos Aires, gobernda por Axel Kicillof, imputó a la firma y ahora podría ser multada con $1000 millones.
La polémica empresa se hizo famosa por el proceso que implica una verificación para garantizar que el usuario sea realmente humano y se lleva a cabo mediante lo que la compañía denomina "The Orb", un lector digital que escanea la biometría del iris en cuestión de segundos. Así, al proporcionar un escaneo biométrico del iris, Worldcoin recompensa a los usuarios con una suma de su criptomoneda, que equivale a unos u$s50.
Según pudo conocer Ámbito, la imputación es por presuntas cláusulas abusivas. Tras la intimación, la empresa no respondió satisfactoriamente y habría incurrido en contradicciones, como en el escaneo de datos biométricos de menores.
Esto sucedió luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Las autoridades bonaerenses también advirtieron contradicciones entre lo informado por la propia empresa y la información obtenida a partir de fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia.
La investigación de la Provincia
Las fiscalizaciones realizadas por la Provincia determinaron que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.
Los relevamientos también descubrieron contradicciones en lo informado por la empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de usuarias y usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.
Entre las diversas cláusulas abusivas detectadas, están las que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. Y también las que obligan a usuarios y usuarias a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán, además de indicar que las eventuales disputas se resuelvan a través de un arbitraje en California, Estados Unidos, infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación.
"Cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de las y los usuarios de la Argentina", observa Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores.
"La complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información, impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria", añade Aguilar.
Así las cosas, la empresa, que se expone a multas de hasta 1000 millones de pesos, realizó sus actividades en las localidades bonaerenses de Morón, Mar del Plata, Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela, Quilmes, San Miguel, Pinamar, Tres de Febrero, Villa Gesell, La Costa, La Plata, Berisso, San Martín, Zárate, Malvinas Argentinas, Escobar, General Rodríguez, Vicente López, La Matanza, Ezeiza y Almirante Brown, donde convocaba a las y los consumidores a brindar datos biométricos personales y privados –el escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb–, a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin.
"Con estos relevamientos e imputaciones, se cumple con el deber de controlar los contratos de adhesión, ordenando modificar, adecuar o suprimir las cláusulas abusivas, en cumplimiento con nuestra normativa vigente. La Provincia defiende los derechos de las y los consumidores", señalaron desde la PBA.