El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este domingo una reforma de la ley de vigilancia nacional que, según más de 70 organizaciones de la sociedad civil norteamericana, representa una grave amenaza para las libertades de los ciudadanos.
El presidente ha promulgado la llamada ley 7888, la "Reforma de la Ley de Inteligencia y Seguridad en América", que extiende y modifica un título de la Ley para la Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA).
La FISA, que permite al Gobierno de EEUU recopilar sin autorización comunicaciones de extranjeros -- incluidas conversaciones que pudieran mantener con ciudadanos estadounidenses -- para recabar información de inteligencia, fue prorrogada dos años más esta pasada noche tras una votación por 60 votos a favor y 34 en contra en el Senado de EEUU.
Aunque tanto el presidente Biden como el asesor para la Seguridad Nacional de EEUU, Mike Sullivan, aseguran que esta reforma "mejora las salvaguardas a la privacidad y las libertades civiles" de los estadounidenses, más de 70 organizaciones civiles de EEUU denuncian que esta reforma comprende una enmienda por la que el Gobierno podría exigir a negocios estadounidenses no relacionados con los servicios de comunicación que colaboren con las tareas de vigilancia.
"Según una enmienda adoptada como parte de esta reforma, el Gobierno podría reclutar una amplia gama de otros tipos de proveedores de servicios por el mero hecho de tener un equipo, como un router, por el que transitan las comunicaciones", de acuerdo con la nota.
Aunque las organizaciones reconocen que la enmienda exime a "hoteles, bibliotecas, restaurantes y un puñado de otros tipos de establecimientos", hay otra "enorme variedad de negocios" que sí entran dentro de esta provisión "incluidas tiendas de comestibles o grandes almacenes" y, sobre todo "espacios de oficinas"
"Millones de estadounidenses van a trabajar todos los días a estos lugares que comprenden sedes de medios de comunicación, las oficinas de campañas políticas, las organizaciones de defensa y de base, sindicatos y despachos de abogados", avisan.
"Esta disposición por la que 'todo el mundo es un espía' transforma fundamentalmente la naturaleza de la vigilancia en este país al exigir que las empresas e individuos estadounidenses que no desempeñan ningún papel en la prestación de servicios de comunicaciones ayuden con la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional", concluyen.