El escándalo de los seguros que se destapó meses atrás continúa escribiendo capítulos. Esta vez, el Gobierno de Javier Milei salió a corregir inconsistencias en el mercado de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) para garantizar que todas las empresas cuenten con espalda financiera para operar y responder a los juicios e indemnizaciones de los trabajadores.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió la Resolución 127/2024, con lo que vino a corregir cambios que habían sido introducidos en el mercado por la gestión de Alberto Fernández y que ponían en riesgo, según el actual Gobierno, a todo el sistema de cobertura que brindan las ART.
La gestión Fernández había flexibilizado a un mínimo las condiciones exigidas a las nuevas empresas que entran a operar en el mercado de las ART, poniéndolas en clara ventaja respecto de las compañías con años de trayectoria y que actualmente están afrontando cientos de miles de casos de trabajadores accidentados en el ámbito laboral, con numerosos juicios en marcha.
Ese desequilibrio generaba que las nuevas empresas no pudieran garantizar recursos financieros para afrontar los nuevos juicios y además, por tener condiciones mucho más beneficiosas de operación, podían ofrecer precios sensiblemente más bajos para ganar clientes con rapidez, rompiendo la relación de costos en el mercado.
La administración de Javier Milei corrigió desequilibrios generados durante la gestión de Alberto Fernández
Entonces, el Gobierno de Milei detectó este desequilibrio y decidió avanzar con una modificación normativa que fue establecida recientemente por la SSN, con lo que volvió a homogeneizar las condiciones de operación para las nuevas empresas de ART: ahora todas las compañías operan bajo las mismas condiciones y exigencias.
La SSN realizó cambios en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA), con objetivo de proteger la competencia y asegurar la solvencia de las nuevas compañías frente a posibles litigios, dado que estaban ingresando al mercado sin aparente respaldo financiero, según el Gobierno.
El ajuste en la regulación cambió el apartado que establece los criterios para formar la "Reserva por juicios a futuros". Esta reserva adicional es obligatoria para las aseguradoras que operan en Argentina y tiene como finalidad garantizar la solvencia de sus coberturas ante eventuales reclamaciones judiciales.
Recientemente publicado en el Boletín Oficial, el texto de la SSN destaca que esta disposición se enmarca en la misión de velar por la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, con el objetivo de proteger los intereses tanto de los asegurados como de los asegurables, es decir, de los trabajadores.
Mediante la Resolución 127/2024, se estableció que las entidades que operen en la rama de Riesgo del Trabajo deben constituir la "Reserva por Juicios Futuros Total" al cierre de cada ejercicio o período. Esta reserva debe mantenerse hasta que transcurran cinco años desde la fecha de inicio de operaciones.
El cambio más significativo se refiere a la fórmula utilizada por las compañías aseguradoras para calcular los fondos destinados a la Reserva por juicios a futuros. Dicha fórmula determina el porcentaje sobre las primas que se destinan a esta reserva crucial.
Con la reciente resolución de la gestión Milei, en los cinco años que establece la normativa para crear el fondo se debe implementar la siguiente escala de porcentaje sobre las primas: 3% en el primer año; 2,25%, en el segundo, 1,5%, en el tercero; 0,75%, en el cuarto, y 0,45% en el último año.
Así, se le pone fin al esquema establecido por el Gobierno de Fernández, en el que ese porcentaje arrancaba en apenas el 1% y también emprendía un camino descendente hasta terminar en el 0,15%, dando condiciones mucho más beneficiosas a las nuevas compañías en comparación con las empresas que ya venían operando en el mercado.