Dice la sabiduría popular que la histórica y hermosa villa de Santillana del Mar es la ciudad de las tres mentiras porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pues algo parecido sucede con ese nuevo asalto fiscal que se han inventado el gobierno bajo el pomposo nombre de Tasa de Solidaridad, que no es tasa sino impuesto, no es de solidaridad porque no es voluntaria sino obligatoria y, además, tampoco sirve para lo que se pretende que es sanear el tremendo déficit de las pensiones.
La auténtica realidad es que este nuevo invento confiscatorio del ministro Escrivá es un nuevo impuesto sobre las clases medias, que son los auténticos paganos de los caprichos, los excesos y la falsedades del sanchismo gobernante. Porque calificar de alto un salario de 56.000 euros es un eufemismo que sólo cabe en la esperpéntica apreciación de quienes se dedican a la propaganda y al cambalache, en lugar de a la búsqueda de soluciones a los problemas reales de España y de los españoles. Como dice, y dice bien, mi amigo y compañero Juan Berga, "la política fiscal de este gobierno no es política fiscal. Porque si entendemos que el objetivo de la política fiscal es que paguen más quienes más ganan, con este gobierno los que más ganan no son los que más pagan".
Pero esta mal llamada tasa de solidaridad es también un atentado contra la creación de empleo en un país que, a pesar de las trampas y el maquillaje de las cifras del Gobierno, supera ampliamente los cuatro millones de parados. Cifra que resulta de añadir a los 2.727.003 parados registrados en marzo los 190.070 que se incluyen bajo el epígrafe de "otros no ocupados", los 360.751 "con disposición limitada o demanda de empleo específico, y los 11.638 trabajadores que al finalizar el mes estaban en un ERTE.
Todos ellos son personas sin trabajo que el Ministerio de Yolanda Díaz no considera parados y que al sumarlos a los registrados elevarían el número total de desempleados a 3.284.824 trabajadores. Y ello sin contar a los llamados demandantes de empleo con relación laboral, entre los que se incluyen los fijos discontinuos que no están trabajando y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, estima que superan los 778.000, con lo que el número real de trabajadores inactivos en España superaría ampliamente los cuatro millones de parados.
Pues con este panorama en el mercado laboral la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la supuesta tasa de solidaridad costará como mínimo 539,74 euros al año a los trabajadores y 2.700 euros por empleado a las empresas y para las compañías que tengan muchos trabajadores con salarios altos supondrá un incremento de costes laborales muy elevado y en términos agregados para la Seguridad Social sólo reportará ingresos equivalentes a unos 1.400 millones de euros, una décima de PIB.
Y con todas estas deficiencias, falsedades e irregularidades, lo más grave del asunto es que este impuesto disfrazado tampoco sirve para resolver el problema del profundo agujero de la Seguridad Social, cuya solución para mantener el actual sistema de reparto requiere actuaciones urgentes para aumentar los ingresos, no vía fiscal sino de cotizaciones, a través de medidas de fomento de la natalidad que garantice el aumento futuro de los cotizantes, mejoras de la productividad que en España es la más baja de Europa, y más empleo con salarios más altos. Pero sobre esto, Escrivá, Yolanda y el resto del Gabinete, demuestran tanta incompetencia en la gestión como esfuerzos dedican a falsear las estadística, a la propaganda y a desplumar al ciudadano.