El proyecto, impulsado por el Gobierno de Rogelio Frigerio, y a través del cual se busca garantizar el derecho fundamental a la alimentación, fue aprobado por todos los bloques de la Cámara de Diputados.
En la sesión del jueves 25 de abril la Cámara de Diputados de Entre Ríos ha sancionado un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, declarando el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en la provincia hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida, concebida para garantizar la atención básica de la alimentación, ha sido aclamada como una respuesta vital a la creciente demanda de alimentos y la necesidad de asegurar la nutrición adecuada, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad social.
El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), quien defendió la iniciativa, articuló la importancia fundamental del acceso a la alimentación como un derecho humano esencial. En un contexto marcado por la inflación y las dificultades económicas, Sarubi destacó la necesidad urgente de esta ley para satisfacer eficientemente la creciente demanda de alimentos. "Al impacto negativo que la inflación tiene sobre la posibilidad de alimentarse" y aseguró que en este contexto "creció notablemente la demanda de alimentos al Gobierno y para responder de manera eficiente necesitamos esta ley", expresó.
Por otro lado, la diputada Laura Stratta enfatizó la urgencia de abordar la emergencia alimentaria, destacando las consecuencias devastadoras de las políticas económicas recientes en el bienestar de la población. Se refirió al impacto negativo de la devaluación abrupta y las medidas de austeridad en los ingresos de las familias, subrayando la importancia de priorizar la seguridad alimentaria como una responsabilidad primordial del Estado.
Aunque el proyecto original presentado por el bloque justicialista no fue tratado en su totalidad, se lograron avances significativos en el Senado, donde se incorporaron elementos claves a la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial, como la creación de una Mesa de Diálogo Social y la ampliación de las partidas presupuestarias. "Quedó sin abordar el registro de efectores, que habíamos incluido porque consideramos que es importante saber cuáles son los espacios, los comedores y los merenderos que están extendiendo su mano, porque con esa información se pueden tomar mejores decisiones e implementar mejores políticas públicas. Por eso apelo a que la Mesa de Diálogo Social promueva la elaboración del registro", apuntó Stratta.
Es crucial destacar el apoyo bipartidista que recibió esta iniciativa, con el respaldo del bloque Fe y Libertad, la Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular. Esta muestra de unidad política subraya la importancia transversal de la seguridad alimentaria como una prioridad que trasciende las divisiones partidistas.
La aprobación final de esta ley representa un paso hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Entre Ríos. Al garantizar el acceso equitativo a alimentos de calidad y nutrición adecuada, se establece un precedente importante para la promoción del bienestar y la dignidad de todos los habitantes. El proyecto que este jueves recibió sanción definitiva había sido aprobado el 17 de abril por la Cámara de Senadores.