Más del 70 por ciento de las sanciones impuestas en Cuba por asesinatos de mujeres, en 2023, oscilan entre los 25 y 30 años de privación de libertad y se aplicaron también cinco prisiones perpetuas y dos de 40 años por ese delito.
Frente a las cámaras de la televisión nacional, durante un programa dedicado a la atención integral ante hechos de violencia de género, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Maricela Sosa Ravelo, explicó el 27 de marzo que el Código Penal cubano contempla 22 figuras en las cuales se agravan las penas cuando existe violencia de género o discriminación.
Sosa Ravelo dijo que el delito que más comúnmente se denuncia ante la policía y los tribunales es la amenaza. Sean verbales o no, cuando este delito es parte de la violencia de género, el marco sancionador se agrava de dos a cinco años de privación de libertad, especificó.
También se intensificaron las sanciones para otros delitos, como las lesiones, que pueden ser leves o graves y dejar secuelas físicas, psicológicas o hasta un peligro inminente para la integridad física o la vida.
Según el caso, llegan a sancionarse con privación de libertad de tres a ocho años; aunque en algunas circunstancias pueden dar lugar a libertad condicional o a una multa en lugar de prisión.
No obstante, todos los incidentes no se previenen y algunos dan lugar a delitos más graves, como el asesinato.
Aunque el Código Penal cubano no incluye la figura de femicidio, sí contempla disposiciones referidas a las diferentes formas de cometer asesinato y, en el caso del conyugal, la sentencia establecida es de 20 a 30 años de prisión, privación perpetua de libertad e incluso la pena de muerte, que hace años no se aplica en Cuba, pero se mantiene en la norma jurídica.
Durante la emisión televisiva, la vicefiscal Alina Montesino insistió en la importancia de una aplicación estricta de la ley en casos de violencia contra las mujeres, para evitar que los perpetradores cometan más delitos mientras se procesan sus casos.
Cuando ha existido violencia previa, se impone prisión provisional y también otras medidas cautelares, como prohibición de acercamiento del autor del delito a la víctima o provisión de apoyo a víctimas en situación de vulnerabilidad, abundó.
La actuación frente a hechos de violencia de género precisa también de una mayor y mejor preparación, sensibilidad, compromiso y comprensión por parte de operadores de justicia e investigadores, así como del trabajo de los medios de comunicación y organizaciones sociales para acompañar y orientar a las mujeres que viven estos maltratos.
Se trata de situaciones que demandan profesionalidad, discreción y agilidad en el manejo de los casos, para ayudar a las mujeres a sentirse seguras y apoyadas en la denuncia de la violencia, comentó.
Igualmente, la vicefiscal se refirió a la necesidad y posibilidad de denunciar presuntos actos violentos, aunque la víctima no lo haga, pues cualquier persona que tenga conocimiento de una situación violenta puede denunciarla e iniciar una investigación, sostuvo.
De acuerdo con estadísticas mostradas durante la transmisión televisiva, casi el 80 por ciento de los autores de estos hechos son parte del círculo afectivo que rodea a la víctima: parejas, exparejas, hijos, hermanos, otros familiares o conocidos. Muy rara vez es una persona desconocida, remarcó la vicefiscal.
A la par, más del 75 por ciento de los hechos ocurre en los hogares y más del 45 por ciento de las víctimas no realizan una actividad laboral remunerada –lo que genera dependencia– y ha recibido maltrato por largo tiempo antes de hacer la denuncia.
A finales del pasado año, Cuba reportó la muerte violenta de 117 mujeres, de enero a octubre de 2023, según datos informados por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Entonces se precisó que las provincias de La Habana y Matanzas (en occidente) y las de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo (en el oriente), fueron las de mayor cantidad de casos.