Como si un comando de Vox hubiese tomado por asalto Moncloa, un organismo de la Presidencia del Gobierno ha soltado una carga de profundidad que ha pasado de puntillas por la celosa vigilancia del progresismo patrio. Ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que la llegada de migrantes a España, y especialmente a Canarias, está entre las principales amenazas para la seguridad nacional. Es noticia, porque hasta ahora quienes de alguna manera estaban ladrando a esa luna eran las voces de la ultraderecha, a quienes inmediatamente se acusaba de xenofobia y racismo. Pero ahora, Houston, tenemos un problema porque quienes lo dicen son los expertos del gobierno progre de este país.
La peor ceguera, por voluntaria, es la que consiste en cerrar los ojos. Los emigrantes no son delincuentes. No más que los residentes. Y tampoco terroristas potenciales. Pero es una colosal estupidez ignorar los riesgos que supone para nuestro país la situación del Sahel, una región donde el extremismo islámico está ganando posiciones y donde mueven los hilos Rusia y China. La llegada incontrolada y masiva de personas que vienen huyendo de la guerra y el hambre puede convertirse en el camuflaje perfecto para colar, entre col y col, alguna lechuga.
Para percibir la gravedad del problema ni siquiera es necesario especular con que se nos cuelen yihadistas entre quienes arriban a Canarias. Pueden hacerlo también a través de los aeropuertos, aunque en este caso exista una mayor fiabilidad en los procedimientos de control. El problema mayor es otro y de índole social. La emigración es un fenómeno que siempre se ha producido en el mundo desde unas zonas en crisis a otras en desarrollo. Los migrantes son una fuerza de trabajo que enriquece a las economías de acogida, siempre y cuando los flujos sean digeribles y se produzca un acomodo estable en las sociedades receptoras.
Pero es que en el caso de nuestro país, frontera Sur de Europa, y de Francia, el número de nuevos residentes supera con creces la posibilidad de ofrecerles a todos un asentamiento con garantías. El problema no es la migración, sino que a todos esos nuevos ciudadanos lo único que le estamos ofreciendo es una situación de marginalidad social, trabajos precarios, cuando no infraempleo, y pobreza que en algunos casos es simplemente miseria. Ignorar el crecimiento del número de jóvenes puestos en nuestras calles, sin oficio ni beneficio, sin posibilidad de integrarse en la sociedad y la economía productiva, es socialmente hablando un peligroso suicidio.
La Unión Europea ha decidido endurecer la respuesta a la emigración irregular, lo que implicará aumentar las devoluciones y simplificar el proceso de expulsiones. Y eso provocará, seguramente, no pocas injusticias: personas que necesitan asilo serán rápidamente rechazadas y verán su vida gravemente comprometida. Y los principales responsables de esa colosal injusticia serán los buenistas. Los que han defendido que hay que recibir a todos con los brazos abiertos, sin importarle un comino la diferencia entre quienes de verdad necesitan ser protegidos y a quienes simplemente no se puede acoger.
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