Europa Press
Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España, solo Canarias tiene peores datos, y es que en 2023 los órganos judiciales andaluces ingresaron un 6% más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.372.072, aumentando en todos los órganos jurisdiccionales. En este periodo, los tribunales resolvieron además menos asuntos de los ingresados, por lo que ha aumentado un 16% el volumen de asuntos pendientes.
Así lo expuso este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual, donde recalcó que la justicia se encuentra en «cifras récord» y «al borde del colapso», apelando «a la responsabilidad política» para ofrecer soluciones a la actual situación. A su juicio, «se está normalizando una situación precaria y deficitaria, sin que los tribunales puedan dar respuesta en plazos razonables y sin avances organizativos, procesos o tecnológicos», por lo que reclamó mejoras en los diferentes ámbitos. Entre otras cuestiones, considera «imprescindible» la creación de nuevas plazas judiciales: 15 plazas en órganos colegiados y 104 en órganos unipersonales.
El "sentido de responsabilidad" de los trabajadores
En términos generales, Del Río hizo una valoración «negativa». «El que la justicia sea percibida como lenta y poco eficiente solo responde a la realidad y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen quienes trabajan día a día a los juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas y de recursos», expuso.
Durante 2023 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. La civil ingresa un 8% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La social ingresa un 6% más, mientras que en la penal también se incrementan, aunque en menor medida, un 4%. La jurisdicción contenciosa sube un 18%, singularmente en la primera instancia unipersonal, y rompe la tendencia de descenso de los dos últimos años. Los procedimientos penales suponen la mayor carga de trabajo, el 54%, el porcentaje relativo a la civil supone un 37%, la social representa un 6% y la contencioso-administrativa supone un 3%.
La huelga de letrados
La memoria del TSJA explica que, tras superar las grandes disfunciones derivadas de la pandemia, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios ha repercutido de nuevo en que haya un «mayor atasco y cifra de asuntos pendientes», dada la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales. Así, cada año se pone de manifiesto que la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
En este sentido, desde el TSJA se vuelve a incidir en que «es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo». Por ello, «no podemos caminar desde el puro voluntarismo ni apelar siempre a la responsabilidad personal», advierte Del Río. «Si queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, será imprescindible la reforma en profundidad de nuestro sistema organizativo, procesal y tecnológico, todo ello sin perjuicio de mejorar los planes de refuerzo y crear nuevas plazas judiciales», ha especificado.
La Memoria del TSJA refleja la falta de modernización del poder judicial y su presidente incide en que «los responsables políticos siguen frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado, dejando transcurrir períodos temporales significativos que abarcan varias legislaturas». «Las fuerzas políticas deberían ser conscientes de la necesidad y urgencia en conseguir cambios en nuestro sistema de justicia. Y 2023 ha sido un nuevo año perdido», concluye.
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