¿Cuál debería ser el principal norte de la política energética de un país? Aprovechar sosteniblemente sus recursos para que el costo de la energía sea el menor posible para sus ciudadanos y empresas.
Lamentablemente, las decisiones que se han tomado durante este gobierno demuestran que la prioridad es, más bien, que Petro-Perú acceda a nuevas fuentes de ingresos.
Esto resultó evidente con la entrega, sin ningún concurso, de tres lotes en Talara para que sean operados por la petrolera estatal el año pasado, pero el costo de equivocar las prioridades se hace innegable al ver el rumbo que está tomando el concurso para encontrar al próximo operador del lote X, el segundo más grande del país.
Perú-Petro decidió postergar hasta el próximo lunes la entrega de la buena pro, programada para ayer, luego de que solo dos consorcios mostraran interés. La escasa convocatoria es difícilmente una sorpresa si consideramos que Perú-Petro impuso la condición de que el 40% de la participación del lote quede en manos de Petro-Perú.
¿Qué puede aportar una empresa estatal sobreendeudada, sin experiencia relevante en exploración o explotación de hidrocarburos? Nada. Y, por eso, este concurso ha sido ampliamente ignorado por los principales jugadores del sector. Lo terrible es que estamos perdiendo la oportunidad de atraer a una petrolera que pueda invertir para maximizar la producción de este yacimiento.
Otro espacio donde las prioridades están claramente mal alineadas es en la política migratoria. Esto se constata en la decisión –felizmente breve– de exigir visas a los turistas mexicanos. Cualquiera con dos dedos de frente y una aceptable visión de mediano plazo podría haber previsto el efecto negativo que una medida de esta naturaleza iba a tener en la recuperación del golpeado sector turismo.
Pese a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó y publicó un decreto el lunes imponiendo este requisito por un malentendido principio de reciprocidad, luego de que México implementara la exigencia de visa para los peruanos, para, días después, dejarlo sin efecto. La cancillería, que ha quedado en ridículo, argumentó que está respondiendo al "llamado de diversas voces del sector turismo y afines".
¿Era necesario esperar a ver qué decían esas "voces"? ¿La flamante ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, no advirtió sobre los riesgos?
Si estas fueran excepciones, creo que no habría mucho de qué preocuparnos. Pero esta miopía es, y seguramente seguirá siendo, la regla.