A partir del 1 de enero de 2025, los Estados miembros de la Unión Europea no podrán subvencionar las calderas de combustibles fósiles, como las máquinas de gas por condensación, según la nueva directiva de eficiencia energética en edificios, a la que ha dado luz verde este viernes el Consejo de la Unión Europea, que representa a los 27 estados del continente. Sí se podrá incentivar el cambio para sistemas de calefacción que utilicen una "cuota significativa" de renovables, como aquellos que utilizan caldera con una bomba de calor o una instalación solar térmica.
El objetivo de la medida es reducir gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración de los hogares con el objetivo de eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles en 2040. No en vano, los edificios son responsables del 40% de la energía consumida en Europa y de más de un tercio de las emisiones de efecto invernadero, según cálculos de la Comisión Europea. Por delante de sectores como el transporte, la industria o la agricultura.
La eficiencia energética de los edificios es la gran asignatura pendiente del continente en su senda para alcanzar la descarbonización económica en 2050. Según los datos del ejecutivo comunitario, el 85% del parque europeo edificatorio es poco eficiente y, aunque cada año se renuevan el 11% de ellos, la mayoría lo hace por cuestiones estéticas o funcionales y solo el 1% lo hace para mejorar el rendimiento energético.
Para tratar de darle la vuelta a estos números, la nueva directiva, que se prevé que entre en vigor en los próximos meses y que deberá ser traspuesta por los distintos Estados miembros en el plazo de dos años, obligará a poner en marcha iniciativas a través de dos vías. Por un lado, cada Estado miembro debe garantizar una reducción del consumo medio de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% para 2030 y un 20-22% para 2035. Pero cada país puede decidir qué medidas (cambio de ventanas, aislamiento, sustitución de la caldera, instalación de un sistema de ventilación, entre otros) adopta para alcanzar esa meta y a qué edificios se aplica.
Estas medidas deberán garantizar que al menos el 55% de la disminución del consumo medio de energía primaria de un país se consiga mediante la renovación de los edificios menos eficientes. En el caso de que sean hogares en alquiler, los Estados miembros deberán garantizar que existan salvaguardias para los arrendatarios, "a fin de ayudar a hacer frente al riesgo de desahucio de los hogares vulnerables causado por aumentos desproporcionados de los alquileres a raíz de las renovaciones".
Además, en el caso del parque inmobiliario no residencial (oficinas, escuelas, supermercados, etc.), la normativa revisada exige mejorarlo gradualmente mediante normas mínimas de eficiencia energética. Esto dará lugar a la renovación del 16% de los edificios menos eficientes de aquí a 2030 y del 26% de aquí a 2033. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de eximir de estas obligaciones a determinadas categorías de edificios residenciales y no residenciales, como los edificios históricos, los lugares de culto o las residencias de vacaciones.
Por otra parte, la nueva directiva también obliga a que los nuevos edificios sean climáticamente neutros a partir de 2030. En el caso de edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de su propiedad deberán alcanzar este objetivo ya en 2028. Y si fuera técnica y económicamente adecuado, los Estados miembros tendrán que implementar instalaciones solares de forma paulatina en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en todos los edificios residenciales nuevos de aquí a 2030.
También se promueve un cambio en el certificado de eficiencia energética para homogeneizar la clasificación en toda Europa con una escala de la A la G, donde la A representa aquellos edificios de cero emisiones y la G a lo peor del parque. Y se impulsa la adopción de la movilidad sostenible, con puntos de recarga y plazas de aparcamiento para bicicletas.