El gobierno del presidente Joe Biden volvió a imponer sanciones petroleras a Venezuela el miércoles, amonestando los intentos del presidente Nicolás Maduro de consolidar su gobierno.
Alivio temporal revocado
La Administración de Joe Biden había relajado estas sanciones en octubre pasado como un gesto de buena voluntad, buscando alentar a Maduro a cumplir con los acuerdos electorales establecidos en los Acuerdos de Barbados entre el chavismo y la oposición.
Sin embargo, la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, líder opositora, y el bloqueo de su reemplazo, Corina Yoris, han llevado a Estados Unidos a revocar este alivio temporal.
Plazo para el cierre de operaciones
El Departamento del Tesoro ha anunciado que la Licencia General 44, que permitía a empresas extranjeras operar en el sector petrolero y gasífero venezolano, no será renovada, venciendo esta medianoche.
Las empresas tienen hasta el 31 de mayo para cerrar ordenadamente todas las operaciones bajo esta licencia.
En su lugar, se ha emitido la Licencia 44A, que requiere que las empresas extranjeras obtengan autorizaciones individuales para hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Washington evaluará caso por caso estas solicitudes y podrá negarlas si se considera que amenazan la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos.
Impacto y excepciones
Estas restricciones no afectan a las operaciones de la empresa estadounidense Chevron en Venezuela, que cuenta con una licencia especial desde 2022. Durante los últimos seis meses, la producción petrolera en Venezuela ha aumentado en un 18%, a pesar de las sanciones.
Nuevo capítulo en la relación
El regreso de las sanciones marca un cambio en la política de la Administración Biden, que había tratado de distanciarse de la estrategia de presión máxima de su predecesor, Donald Trump. Aunque hubo preocupaciones sobre el impacto de estas medidas en la migración y los precios de la gasolina, primó la decisión de enviar un mensaje firme a Maduro.
A pesar de estas acciones, Estados Unidos sigue comprometido con reconducir el proceso electoral en Venezuela.
Se espera que las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio cumplan con estándares democráticos mínimos.
La exigencia de Washington es que Maduro permita la participación de todos los candidatos y partidos políticos, así como la liberación de todos los presos políticos.
Estas medidas reflejan un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con implicaciones significativas tanto para la política interna venezolana como para la estabilidad regional.
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