Este día el Gobierno de Suiza informó por medio de un comunicado del Consejo Federal que ese país se suma a las sanciones emitidas por la Unión Europea (UE) dirigidas a actores del Ministerio Público (MP) por tratar de obstruir el proceso electoral del 2023.
En esa medida el MP apuntó que nuevamente se evidencia la desbordada intención de querer obstruir el trabajo investigativo del Ministerio Público mediante el uso y abuso de las relaciones diplomáticas que debiesen garantizar el respeto de los derechos de los Estados Parte.
"De esa cuenta, quedan demostradas las motivaciones que tienen estos países para sumarse a los esfuerzos estériles promovidos desde instituciones del Estado, utilizando los recursos del pueblo de Guatemala para intentar afectar al Ministerio Público y a sus funcionarios "describen.
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Así mismo argumentan que los señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos evidencian la desesperación de contar con un Ministerio Público afín y complaciente para garantizar impunidad y corrupción: "pretenden tener el control de una institución que goza de autonomía e independencia, esto representa una grave amenaza contra la democracia y el régimen de legalidad", comentan.
"Ante los ataques sistemáticos intimidatorios de los cuales los fiscales del Ministerio Público han sido objeto, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos, que incluso esta búsqueda de impunidad puede desencadenar en hechos violentos, se evidencia la clara intención de evitar el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público", argumentan.
Finalmente, la institución señala que se responsabiliza a las autoridades correspondientes de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios del Ministerio Público.
SANCIONES
En el pronunciamiento del Gobierno de Suiza se agregó que las medidas fueron impuestas hacia actores guatemaltecos, y se adoptan porque "altos funcionarios de la Fiscalía intentaron socavar la transición pacífica del poder", ya que con sus acciones "amenazan la democracia y el Estado de Derecho".
Las sanciones son de tipo financiero y de restricciones de viaje en contra de cinco personas, y cobran vigor desde este miércoles 10 de abril, añade la comunicación. Estos personajes son:
María Consuelo Porras, Fiscal General.
Ángel Pineda, secretario general del MP.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Leonor Morales Lazo, agente fiscal de la FECI.
Fredy Orellana, juez séptimo penal A.