Ya hay dos centenares de quejas contra la futura ley de amnistía que están pendientes de ser tramitadas por el Defensor del Pueblo. Así lo ha confirmado Ángel Gabilondo durante su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado en la que presentó el detalle de su actividad durante los ejercicios 2022 y 2023.
El dato refleja el malestar ciudadano sobre la norma que pretende borrar los delitos que se produjeron durante el «procés» independentistas, también a los que cometieron los líderes políticos del secesionismo catalán, entre ellos, Carles Puigdemont. La proposición de ley la presentó el PSOE en el Congreso y actualmente se está tramitando en el Senado y surgió de los pactos de investidura sellados con Junts y ERC.
Al dar cuenta de estas quejas, Gabilondo ha aclarado que no puede emitir ningún tipo de pronunciamiento mientras la norma no se haya aprobado definitivamente. «Sobre la amnistía hay, 200 quejas con matices diversos: unos se refieren a los pactos, otros a la ley, y muchos que quieren ser amnistiados» respondió a la diputada del PP, María Eugenia Caballedo. La parlamentaria popular justificó su pregunta en que, desde su punto de vista, la realidad social española estuvo «muy marcada» por la tramitación de la norma en 2023 y en que en algunas ocasiones anteriores el propio Defensor del Pueblo había confirmado la recepción de varias quejas sobre el texto legal, informa Ep.
Frente a ello, Gabilondo aclaró que la institución no puede en ningún caso «pronunciarse sobre todo aquello que le parece bien o que le parece mal». Al contrario, su actividad está condicionada y regulada por un marco de actuación que se basa en «la defensa de los derechos y del título». Por ello, ha subrayado que en este momento no puede actuar frente a esas 200 quejas porque «mientras se está elaborando una ley, el Defensor del Pueblo no interviene porque tiene que supervisar la administración, no ser una administración tratando de incidir e influir», recalcó.
Aunque en este momento no se puede pronunciar ni calificar los escritos recibidos porque «las leyes no están ni siquiera publicadas, promulgadas, o aprobadas», ha avanzado que desde su institución están analizando los argumentos para determinar qué respuesta darán a estas quejas. «Nosotros no estamos dejando de actuar, estamos actuando dentro de nuestras competencias como Defensor del Pueblo», aseguró.
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