Madrid, 1 abr (EFE).- El Ejecutivo español, encabezado por el Partido Socialista, se enfrentó este lunes a varias regiones autónomas gobernadas por los conservadores y la extrema derecha que intentan desvirtuar, según considera, la ley de memoria democrática para el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de "absolutamente preocupante" que gobiernos regionales del Partido Popular (PP, conservadores) y Vox (extrema derecha) quieran "blanquear" la dictadura franquista derogando leyes autonómicas de memoria democrática y proyectando otras llamadas "de concordia", pues cree que "son todo menos concordia".
En declaraciones a la prensa, incidió en que la alianza del PP con Vox en varias regiones, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, "está implicando recortes en derechos y libertades".
Indicó que las decisiones de los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla y León reflejan la "voluntad cierta de dejar sin efecto la ley (nacional) de memoria democrática y la voluntad de blanquear la dictadura franquista".
Pero también la de "confrontar con los valores constitucionales que nos unen a todos", aseguró.
Esa ley, aprobada en 2022 por el Parlamento español con división política y social, establece que el Estado deberá garantizar la búsqueda de miles de desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1936-1975), un régimen que es declarado ilegal, entre otros aspectos.
Si Aragón, que ya ha aprobado la ley que deroga la de memoria democrática, "no recapacita" y la deja sin efecto, dijo Grande-Marlaska, el Ejecutivo nacional la recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC).
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el también socialista Ángel Víctor Torres, anunció hoy que convocará previamente al gobierno de Aragón a una comisión bilateral para tratar las discrepancias y que acepte modificar la normativa regional antes de recurrirla en el TC.
En un comunicado, el gobierno aragonés replicó que "no hay ninguna base" en las discrepancias jurídicas que se plantean y que no acepta participar en una comisión sobre el asunto.
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera región española en derogar una ley autonómica de memoria democrática, con el apoyo de los tres grupos parlamentarios que forman la administración regional: PP, Vox y el Partido Aragonés (PAR).
El ministro Torres argumentó hoy que esa ley "vulnera principios como el Derecho internacional, retira cualquier homenaje a las hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, o lugares de memoria, o por ejemplo retira la condena del franquismo".
PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas del conflicto.
En la misma línea, PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
El Ejecutivo español actuaría de forma similar en caso de que llegasen a aprobarse las normas de esas otras dos regiones. EFE
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