El Concello transfirió durante el año pasado 1,2 millones de euros del presupuesto de personal a otros gastos, algunos de funcionamiento corriente, como facturas de la luz (223.425 euros), otros sobrevenidos, como obras de emergencia en el puente romano (66.553 euros) y otros que estaban previstos, como el equipamiento del edificio Impulso Verde (96.026 euros) o que cubrieron obras ya realizadas y pendientes de pagar, como parte de las reurbanizaciones de la Rúa Rafael de Vega y de Fingoi de Abaixo.
El gobierno local realizó esas transferencias de crédito a pesar de que debía dinero a sus trabajadores, una deuda que en este momento supera el millón de euros, según la cifra aportada por los sindicatos. Los pagos pendientes afectan a trabajadores de varios servicios y son sobre todo de horas extraordinarias, complementos de productividad y ayudas médicas y de formación correspondientes a los años 2023 y 2022.
Ambos hechos, la demora en los pagos al personal y la derivación de fondos de este para cubrir otros gastos del Concello ponen de manifiesto, en opinión del PP, los problemas de gestión económica y de recursos humanos del gobierno que ahora dirige Paula Alvarellos. Con el agravante de que fue ella quien estuvo al frente de ambas áreas, la de personal y la económica, en los últimos años, razonó este viernes la portavoz municipal del PP, Elena Candia.
La oposición hizo este análisis después de que todos los representantes sindicales del Concello anunciaran movilizaciones para tratar de lograr que la administración cumpla con sus obligaciones y con los compromisos adquiridos y después de que se conociera una nueva sentencia judicial en materia laboral contraria al Concello. Se trata de un fallo del TSXG que corroboró que la exclusión de una candidata a la jefatura del servicio de Arquitectura fue ilegal.
"O goberno suspende na xestión dos recursos humanos e non é por falta de diñeiro, porque transferiu cartos para outros gastos pouco transparentes e de dubidosa necesidade que deberían estar planificados con antelación, como o anticipo de caixa de 5.000 euros para gastiños da alcaldesa; os 96.026 euros para equipamento do Impulso Verde; os 17.950 euros para a videovixilancia do San Froilán ou os 36.058 euros para o mercado de Nadal. Isto demostra cales son as prioridades e a xestión do goberno", afirmó Candia.
Las transferencias de crédito son un recurso legal y es habitual que las administraciones detraigan dinero de personal porque suele haber plazas vacantes (unas cien en Lugo) cuyas partidas no se emplean. Sin embargo, las transferencias para hacer frente a gastos corrientes, a obras y a otras actividades pone de manifiesto la necesidad de financiación que tiene el Concello de Lugo y los problemas que tendría para afrontar pagos si esas plazas estuviesen cubiertas. No obstante, el gobierno atribuye la demora en los pagos a trabajadores a las dificultades de tramitación por bajas en el servicio de Persoal y por la carga de trabajo y los muchos asuntos pendientes.
La portavoz de la oposición aludió al malestar del personal municipal por el dinero que se le debe y por la falta de avances en cuestiones, cuya necesidad el PP comparte, como la convocatoria de plazas vacantes, la revisión y actualización de la relación de puestos de trabajo, la aprobación de un reglamento horario, de teletrabajo y de conciliación y la aprobación de la carrera profesional. "En resumo, ou non fan nada ou cando o fan fano para impedir que a xente traballe e teña que acudir aos tribunais, perdendo de forma sistemática o Concello e sendo os lucenses os que teñen que pagar", concluyó Candia.
Tres sentencias laborales pendientes de ejecutar
Con la sentencia conocida esta semana sobre la plaza de Arquitectura, son tres los fallos judiciales sobre provisión de puestos que el Concello tiene pendiente de ejecutar. En un caso lo hará de forma inminente, según informó este viernes. Se trata de un trabajador que ejerce la labor de coordinación de actividades deportivas para una empresa contratada por el Concello y que denunció por cesión ilegal de trabajadores a la administración y ganó, como sucedió ya en el pasado con otros empleados de contratas que tuvieron que ser incorporados a la plantilla municipal. Uno de los más recientes fue el de las trabajadoras del servicio de información 010.
El Concello debe readmitir también a la exjefa de Persoal, que fue destituida y ganó en el juzgado. Posteriormente obtuvo la jefatura de servicio de Educación, aunque tiene comisión de servicio en la Diputación hasta otoño.
El tercer caso es el de la profesional que aspiraba a dirigir el servicio municipal de Arquitectura y fue excluida, acto que la justicia vio ilegal.
Patricia Vázquez: "La justicia puso a cada uno en su sitio, una persona hizo mal su trabajo a sabiendas"
La arquitecta Patricia Vázquez Mille, que en 2020 optó a la jefatura del servicio de Arquitectura y fue excluida, está "muy satisfecha" por haber logrado que la justicia demostrara que su exclusión fue ilegal. "Pelear contra una administración es muy difícil, pero hice lo que tenía que hacer, porque nadie puede hacer su trabajo mal a conciencia y menos en la administración pública. Una persona en particular hizo muy mal su trabajo a sabiendas", afirma.
Vázquez legó a ser nombrada para el puesto, pero posteriormente el interventor municipal informó en contra —después de haberlo hecho a favor— al percatarse, según explicó, de que su plaza de funcionaria en A Pontenova es a tiempo parcial (60%). El TSXG acaba de sentenciar que el Concello no es competente para cuestionar el acceso a la función pública que tuvo esta profesional, que desde 2028 ejerce en comisión de servicio como jefa de Urbanismo de la Xunta en Lugo ni para poner en duda la existencia de plazas a tiempo parcial en la administración local.
De hecho, también en el Concello de Lugo hay alguna plaza de este tipo, como dos de educadoras sociales que, antes del caso de Arquitectura, habían obtenido informe favorable del interventor.
En el caso de Arquitectura, el TSXG ordena retrotraer el procedimiento y eso es lo que el Concello hará, según informó. Al puesto solo optaron dos personas y la elegida renunció a él. Al tratarse de un proceso de libre designación y al haber un ahora otro gobierno, este podría decidir que en este momento no es la persona idónea. Vázquez recuerda que hay una propuesta firmada, aunque tampoco desvela si sigue interesada en el puesto. Este está cubierto de forma temporal hasta mayo, en comisión de servicio, por una arquitecta del Concello. Al área también se incorporó recientemente, como director general de Urbanismo, el exdirector de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta, Hipólito Pérez Novo.