La Pampa va a la Corte Suprema por fondos previsionales que la Nación adeuda
Sergio Ziliotto interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se ordene al Estado nacional pagar en forma inmediata la deuda del Gobierno nacional en concepto de déficits de las cajas previsionales.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, interpuso a través de la Fiscalía de Estado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se ordene al Estado nacional pagar en forma inmediata la deuda del Gobierno nacional en concepto de déficits de las cajas previsionales.
"La actitud del Estado nacional de no realizar las simulaciones, negarse a abonar los adelantos, eliminar las partidas presupuestarias, dañan la autonomía de la provincia y la forma de gobierno federal que nuestra Constitución establece", señala el escrito, y añade: "De continuar esta situación se verán perjudicadas las personas que perciben sus jubilaciones, afectando gravemente una prestación de carácter alimentario".
A la actualidad, se deben las sumas correspondientes a la diferencia en más de lo que resulta de las actualizaciones correspondientes al déficit previsional del período 2020 (deducido lo ya percibido como capital histórico) conforme el Índice SIPA (Índice de Movilidad Jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino), déficit de los años 2021 y 2022 —períodos de los que aún no realizaron las correspondientes Simulaciones— la actualización de los adelantos recibidos del 2023 y los períodos vencidos del año 2024 (enero, febrero, marzo).La deuda, estimada por auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social del año 2024, calculadas al 31 de marzo, es de $5.104.478.586,96.
A ello se suman los déficits de 2020, 2021, 2022 y 2023. Cabe aclarar que del año 2020 solo se reclama la actualización, habida cuenta que el anterior gobierno nacional efectivizó el pago de ese período. Del resto de los años se reclama el déficit actualizado, descontando los anticipos recibidos.
En la misma demanda se solicitó se declare la inconstitucionalidad del decreto 280/2024 emitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual, bajo falsas premisas de urgencia y necesidad, incorpora diversas disposiciones que modifican el presupuesto vigente.