Desde hace días, el asunto de la fotografía en la Cañada Real era asunto de conversación en los pasillos del Palacio de Cibeles. En algún que otro despacho, hasta se respiraba cierto nerviosismo. Porque lo importante no sólo es salir en la foto, sino estar bien colocado. Y como delante del objetivo habría varios actores principales, con el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues no era únicamente cuestión de estar, sino de contar con el lugar correcto.
Había, escrito está, cierta inquietud en la cuenta atrás hacia esa importante cita de ayer en la vieja fábrica de muebles, transformada hace años en epicentro de esperanza para muchos de los niños que viven por el lugar. Miraba la hora repetidamente Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), nada más concluir un acto en el Palacio de Cristal, a orillas del Paseo de la Chopera, donde se acababa de presentar el Plan Adapta 2024, para la rehabilitación de viviendas para las personas con discapacidad.
Había prisa porque, a las 11.30 horas, se sellaba el protocolo para desarrollar el Plan Extraordinario de Realojos de la Cañada Real. Allí, aparte de la representación del Ayuntamiento (también acudió José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad), y la del Gobierno Central, también acudió Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, y la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo. Junto a todos ellos, representantes de entidades sociales y ONG.
Objetivo: 2034
Entre los blancos muros del edificio, sentados tras una mesa alargada, se firmó un protocolo que garantizará el acceso a la vivienda digna a 1.600 familias. Todas ellas accederán a inmuebles de titularidad municipal en régimen de alquiler social. También contempla el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales, además de regenerar la zona, si se estima necesario.
Entre las cuatro administraciones -Gobierno Central, Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y Consistorio de Rivas Vaciamadrid- destinarán un total de 330 millones de euros para un plan que se ejecutará en los próximos 10 años (2024-34). Tanto el Estado como la Comunidad pondrán 110 millones cada uno, mientras que desde Cibeles llegarán la mayor parte de los 110 restantes, que corresponden a los dos organismos locales. Al tratarse sólo de un protocolo, previo al convenio definitivo, aún se desconoce el número exacto que gestionará cada ayuntamiento. Aunque la mayoría, lógicamente, serán realojadas por EMVS, al ser una administración de mayor magnitud.
14 kilómetros, 7.000 personas...
El caso es que David Lucas, en el pasado alcalde de Móstoles y concejal del Ayuntamiento de Madrid, además de figura clave para desatascar la Operación Campamento, apareció en el centro de esa fotografía con las carpetas estatales con el sello del protocolo, escoltado por el consejero y el delegado municipal madrileño. «Han sido muchas las reclamaciones por parte de organismos internacionales y grupos sociales, para poner fin a uno de los núcleos de infraviviendas más grandes que hay en Europa», sostenía el secretario de Estado. «Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a las personas que habitan en la Cañada», añadía el consejero, Jorge Rodrigo. «Se trata de un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, y que también merecen una igualdad de oportunidades», abundaba el concejal Álvaro González. «Es clave que se negocien unos plazos ciertos para los planes y que den garantía a las familias», completaba la regidora de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo.
La Cañada Real Galiana es un enclave en el punto de mira social, situado a unos 15 kilómetros del centro de la capital. Un poblado nacido hace más de medio siglo, que discurre a lo largo de 14 km por Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, donde viven más de 7.000 personas, de las que 2.500 son menores. En 2017, ya se firmó un pacto regional entre la Comunidad y los ayuntamientos implicados, que supuso una inversión de 60 millones de euros, siendo realojadas finalmente 286 familias.
Ayer hubo una nueva foto en el corazón de la Cañada Real Galiana. Una instantánea que, en principio, no parece una más. De los gestos que se reflejaron en ella dependía en gran medida el destino de un lugar que, si todo transcurre como se espera, nada tendrá que ver en 2034 con el actual. Puede que de ahí los nervios de los días previos. La tensión por esa fotografía.