Si el mercado laboral español mantiene la tendencia con la que ha arrancado 2024, previsiblemente el año cerrará con más de un millón de despidos, máximo de la serie histórica que elabora la Seguridad Social sobre las causas de baja de afiliación y que se remonta a 2013. Un hito que irrumpirá en plena negociación de una nueva reforma de los ceses que se antoja especialmente compleja y para la que el Ejecutivo ha empezado a preparar sus movimientos.
Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2023 se anotaron 991.265 bajas de afiliación a la Seguridad Social por una causa clasificada como despido, un 22,2% más que un año antes. En los dos primeros meses del año se acumulan 177.623, lo que supone un 17,1% más que en el mismo periodo de 2023. Aunque se puede interpretar como una cierta desaceleración de la tendencia, esta tendría que invertirse para no superar el umbral del millón.
Y si tenemos en cuenta el comportamiento estacional de los despidos –enero y febrero suelen estar entre los meses 'flojos' en materia de ceses en comparación con la segunda mitad del año-- no parece previsible que esto ocurra.
En cualquier caso, lo sorprendente de los datos es que, como ocurrió en 2023, registran un récord adicional sobre el espectacular repunte de 2022. Efectivamente, en los dos años últimos años los ceses se dispararon un 83,2%, un incremento que se explica por las extinciones que afectan a asalariados con contrato indefinido: aumentaron un 124% (y un 18,8% solo en lo que va de 2024), mientras los de eventuales cayeron un 43%.
Solo un mes de toda la serie histórica supera los niveles actuales: marzo de 2020, cuando se decretó el Estado de Alarma por la pandemia. Aunque entonces el golpe se repartió entre temporales e indefinidos. En el arranque de 2024, los despidos de trabajadores fijos superan con creces los registrados entonces.
La explicación no es otra que la reforma laboral: más contratos fijos implican más extinciones de empleo a través de un despido y no por otra causa. Lo mismo puede decirse de las bajas por no superar el periodo de prueba, que sumaron 976.141 en 2021 y en lo que va de 2024 se han incrementado un 9,7% (un 10,3% entre los indefinidos). Aunque en este caso, no se trata de despidos y no conllevan indemnización, fácilmente pueden superar también el hito del millón a cierre de ejercicio.
¿Un argumento para encarecerlo?
El Gobierno ha restado importancia a los datos como un efecto lógico tras la reforma laboral que no es necesariamente algo negativo. El 'boom' de los contratos indefinidos provocó estos ajustes, no un empeoramiento de la situación económica ni de la calidad del empleo. Pero que dos años después sigan creciendo en vez de estabilizarse es una señal inquietante. De hecho, es uno de los argumentos utilizados por UGT para justificar la necesidad de encarecer el despido para hacerlo verdaderamente "disuasorio".
Este es un argumento que puede parecer paradójico cuando, según los datos de Seguridad, el 54,6% de los despidos son disciplinarios, con lo cual en principio no conllevan indemnización y solo un 0,14% son declarados improcedentes.
Pero se entiende si asumimos que muchos ceses se declaran inicialmente como disciplinarios y así se registra la baja de afiliación, si bien más adelante se pacta una indemnización más elevada o incluso la empresa puede reconocer la improcedencia y cerrar un acuerdo extrajudicial. Los datos de Seguridad Social no pueden recoger estos supuestos que suponen una nueva versión del 'despido libre' derogado supuestamente en 2012 que, tras la reforma laboral golpea especialmente a los indefinidos.
De hecho, Trabajo maneja su propia estadística de despidos, aunque se calculan de manera diferente a los de Seguridad Social y con mucho mayor retraso. Únicamente disponemos de los de 2022, y ahí se admite un incremento del 32% del número de ceses de indefinidos, aunque su indemnización media ha caído un 30%, lo que se explica porque el 71% de los despidos se concentran en trabajadores que llevan menos de un año trabajando.
Con esta premisa, el sindicato presentó hace dos años una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) contra la regulación del despido y en concreto el tope de indemnización en casos de cese declarado improcedente, por contravenir el artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE). Lo hacía apenas tres meses después de acordar con la patronal y el Gobierno una reforma laboral que renunciaba a modificar el coste de 33 días por año trabajado establecido en 2012, yen u momento en el que se empezaban a conocer sentencias judiciales que fijaban una indemnización "reparadora" en algunos casos, aludiendo al artículo 24 de la Carta Social Europea y al Convenio número 158 de la OIT.
Desencuentros en el Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado nada disimuladamente su apoyo a esta denuncia, a al que también se ha sumado CCOO, lo que ha generado no pocas fricciones en el seno del Gobierno de coalición. Y es que las alegaciones que la Abogacía del Estado presentó ante el CEDS rechazaban los argumentos sindicales, aunque avalaban que las citadas sentencias ya eran prueba de que la ley española permitía excepciones para aquellos casos en los que la indemnización recibida era demasiado baja.
En el programa electoral de Sumar, Díaz insistió en las ideas de un cambio legal que no solo incluyeron una propuesta de indemnización variable (y mínima para los empleos de muy corta duración), sino revisar la causalidad de los ceses sen periodo de prueba.
Finalmente, se comprometió con Pedro Sánchez a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Como era previsible, el órgano dependiente del Consejo Europeo sigue la misma doctrina que ha aplicado en los casos de Finlandia, Francia e Italia y ha fallado en contra de la ley española.
Pero esto, en lugar de aclarar las posiciones, despierta todavía más incertidumbres legislativas y jurídicas en una cuestión en la que ni siquiera el Gobierno mantiene posiciones alineadas consigo mismo. Lo revela la ambigüedad del Plan Anual Normativo para 2024 presentado hace unos días por el Gobierno, donde ratifica para este mismo año la aprobación de una "Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de despido".
Pero su descripción se limita a repetir lo recogido en el acuerdo suscrito en noviembre por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el añadido de eliminar "el despido automático de las personas con discapacidad sobrevenida". Algo que no estaba en la agenda de Trabajo pero que se ve obligado a introducir por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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