Cuando los ciudadanos se preguntaban quién podría defenderlos de la voracidad de las prepagas, y se sentían irremediablemente desamparados ante ellas, apareció el Estado para protegerlos. Nada menos que el Estado, sí, esa "asociación ilícita" supuestamente creada con el único fin de esquilmarlos y de propiciar la creación de una "casta" política culpable de todos los males. Entonces la utopía libertaria tuvo un choque con la realidad y se topó con una contradicción, una más, en sus propios fundamentos. ¿Cómo actuar representando al Estado en defensa de los ciudadanos cuando se grita a los cuatro vientos que este es una institución tóxica?
En el mundo libertario ideal, la ausencia de regulaciones haría que cada uno eligiera sin restricciones y que las "negociaciones entre privados" (sin regulaciones, ni leyes, ni Estado todos seríamos "privados") determinaran finalmente un equilibrio idílico y perfecto. Cualquier tipo de regulación sería, en ese paradigma, inmoral. Pero quizá la verdadera inmoralidad consista en desentenderse, desde el poder, del destino de los ciudadanos en nombre de una concepción precaria e infantil de la libertad. Porque donde no hay límite no hay libertad. Y el límite es inherente a la vida. No se puede todo, aunque se desee todo. Por lo tanto, es necesario decidir y elegir, con la conciencia de que toda elección y toda decisión tienen consecuencias. Y que la responsabilidad consiste en asumir esas consecuencias, no en derivarlas hacia un culpable, o enemigo, elegido ad hoc. Libertad y responsabilidad van unidas.
En la vida de las naciones (y de las comunidades humanas que las constituyen) el Estado es un límite. Como lo son las leyes y las regulaciones. Su función es restringirnos a todos en función del bien común, la equiparación de oportunidades y la paz social. El Estado es el árbitro de la vida social, política y económica de la sociedad. Y en toda actividad o juego colectivo, es necesario no solo el árbitro, sino el reglamento que este debe hacer cumplir. Se llama contrato social y, en la medida en que este funcione, es también un contrato moral. Porque de eso trata la moral. De lo que se debe y lo que no se debe en función del respeto, la convivencia, la aceptación y la posibilidad de que cada persona realice sus potencialidades (cosa que ocurrirá, o no, según cada vida y cada historia).
Si se elimina a ese gran villano del relato libertario, ocurre lo que ocurrió con las prepagas, y no solo con ellas (también con las petroleras, las alimentarias y demás). No se le puede pedir al león que sea vegetariano ni al zorro que respete a las gallinas. Como dice el impecable filósofo político Michael J. Sandel en su ensayo Justicia (¿hacemos lo que debemos?), despojados de toda regulación los mercados no son ni justos ni libres. Y, cabe agregar, quedan librados a la ley del más fuerte. La falacia libertaria imagina una carrera en la que todos parten en las mismas condiciones y de la misma línea de largada, y gana el más veloz. Eso ocurriría en un mundo ideal. Pero en el mundo real existe la desigualdad (la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza, el 10% dueño de la riqueza que produce el 90%, una justicia injusta o inexistente). Hay muchos, demasiados, que pierden antes de empezar, y no por desidia propia. Además, hasta tal punto existe la "casta" que el propio Gobierno, que dice detestarla, termina transaccionando con ella en varios aspectos o apelando a sus miembros para diversas funciones. El gran desafío no es deshacerse del Estado, sino devolverlo a sus funciones naturales (que son muchas) y que no siga siendo, aun por default, herramienta de unos pocos.
(*) Escritor y periodista
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