¿Qué es la desregulación? ¿Por qué es imprescindible hacerla ahora? ¿Cuál es el oponente culpable de nuestro estancamiento? La respuesta de este enigma, sencilla, aunque no evidente, es el corporativismo; un sistema social y económico impuesto en nuestro país desde hace décadas, que impide la competencia política y económica, y propone una sociedad estructurada.
Con objetivos ambiguos y engañosos de armonía social y unidad nacional contra enemigos externos e internos, evita el pluralismo político y "castiga" la competencia económica, ha convertido a la Argentina en una sociedad corporativa y estancada. El mal argentino no es solamente el desorbitado gasto público sino consecuencia de perversas reglamentaciones.
¿Cómo desregular la economía argentina? ¿Por qué es urgente? ¿Cuál es la función de los legisladores, y cuál la de los jueces y los abogados?
La economía del corporativismo argentino se organizó con un número limitado de organizaciones empresarias monopolizadoras que negocian con sindicatos centralizados y con el arbitraje gubernamental sobre decisiones de política pública. Ello evitaría la "anarquía" del mercado, propendería al "bien común" y a asegurar el bienestar de los desprotegidos.
El resultado es el estancamiento por décadas con un agravamiento profundo en las últimas décadas, con el estallido de la miseria. La estructura del corporativismo económico es sencilla. Los empleadores se comprometen a ofrecer mejores salarios y a dar estabilidad en el empleo, y aceptan una limitación en los despidos.
A cambio se los compensa con aranceles externos para impedir la competencia de productos que pudieran ser mejores y más baratos, es "vivir con lo nuestro". Asimismo, se limita con una regulación gravosa, laboral y de organización, a nuevas empresas, y se quita a las pequeñas la posibilidad de competir.
Una aplicación brutal de la "lógica de la acción colectiva" según Mancur Olson, donde los grupos organizados imponen su voluntad sobre los no organizados y dentro de los organizados los menos numerosos sobre los más numerosos.
En una sociedad mal regulada las formas legislativas y reglamentarias se multiplican y confunden. Grupos de interés, empresas y sindicatos obtienen normas con privilegios creando un enjambre regulatorio multiplicador de los costos de transacción.
Constituyen una barrera a nuevas empresas y la innovación, ya que una forma de medir el dinamismo de una economía es analizar la existencia de nuevos productos, y de nuevas empresas. Se niega la vigencia del contrato, imaginando a sus firmantes como incapaces de decidir por su destino económico. La regulación suple su voluntad y niega la importancia del acceso a la información adecuada para los contratantes.
Se transfieren los recursos a través de la reglamentación, no hay regulación inocente, la regulación de derechos es la forma encubierta de beneficiar a un sector sin asumir el costo. Simplemente se transfiere el gasto a otro sector, políticamente débil.
La estrategia económica corporativa incluye la necesidad de resolver los conflictos sociales a través de transferencias de dinero y una clientela política dependiente de las donaciones. Pero los recursos disponibles para cualquier programa de bienestar social no son ilimitados, los derechos tienen un costo.
La pregunta es ¿las asignaciones de recursos a través de leyes y decretos benefician al bienestar general o solamente a grupos de interés con un buen contacto político con legisladores y gobernantes?
¿Cómo desregular una sociedad corporativa, construida durante décadas? Además, hacerlo con urgencia, frente a la necesidad imperiosa de terminar con el estancamiento y la miseria crecientes.
Quien lo intente sufrirá el embate de grupos de interés fuertemente consolidados, que se harán sentir en el Congreso, en las calles con protestas y en paros sindicales. Sin duda la tarea gubernamental y del legislador es ciclópea.
El Congreso no es una cámara corporativa sino democrática. El corporativismo tradicional ha buscado reemplazar la representación popular por una representación funcional como en un consejo económico y social.
Todos estos intentos han fracasado, pero han causado un fenómeno particular, un Congreso que no legisla y delega en el Poder Ejecutivo esta función. La explosión de los decretos de necesidad y urgencia como fuente de legislación lo demuestra.
En la legislación ejecutiva oculta a la sociedad los buscadores de rentas ocultas pueden actuar libremente. El Congreso, donde la actividad es pública, esto no es posible. Los legisladores deben reaccionar ante una tentación de representar grupos de interés y hacerlo en defensa de la sociedad sufriente de organizaciones corporativas.
¿Cómo deberemos actuar los habitantes comunes desorganizados? Los habitantes no somos solo espectadores en este espectáculo de enfrentamiento entre sectores de interés.
Es la función de jueces y abogados a través del control judicial para asegurar el carácter derogatorio de la Constitución frente a las políticas monopólicas, decía Alberdi.
Porque ante el bloqueo de las instituciones gubernamentales, es legítimo para los ciudadanos de a pie acudir a los jueces para hacer valer nuestros derechos económicos ante las organizaciones corporativas. Porque el proceso judicial es la instancia donde existe una cierta igualdad entre las partes, donde un ciudadano puede enfrentar a poderosos.
Juan Vicente Sola es abogado. Consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso.
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