La campaña electoral toma velocidad y emergen todo tipo de propuestas: financiación, educación, sanidad, infraestructuras, sequía, clima, … Pero la inmigración solo aparece parcialmente, ocultándose una dicotomía esencial de la misma: sus beneficios colectivos y sus costes individuales.
En lo tocante a los primeros no hay discusión: en Catalunya, entre 2018 y 2023, los no nacidos en España (inmigrantes) han absorbido el 98% de los 286.000 nuevos empleos (y el 68% de los más de 1,6 millones creados en España). Su incorporación al empleo, sin costes formativos, contribuye al crecimiento, amplía la demanda de consumo o de vivienda, incrementa impuestos indirectos y, si hay contrato laboral, eleva el IRPF y las contribuciones sociales. Además, su particular estructura demográfica, muy concentrada en aquellos de 25 a 55 años, reduce sus necesidades sanitarias.
Dada nuestra demografía, necesitamos no nacidos en España sí o sí
Así, en 2022, en el grupo de menos de 24 años, los nacidos en España aportaban el 27% del total de nativos jóvenes, frente al 17% en los inmigrantes; y para los mayores de 65 años, el elevado peso del 23% de los primeros se contrapone el reducido 6% de los segundos. En las edades centrales la situación se invierte: más inmigrantes de entre 25 y 45 años (un 47% de su población) que de nativos (21% de los nacidos aquí). Ello refleja el que, entre 2000 y 2022, los no nacidos en España hayan pasado de aportar el 4% de los residentes en Catalunya (unos 250.000) a más del 21% (por encima de 1,6 millones).
Pero junto a esos beneficios agregados, emergen costes individuales a los que nuestros políticos prestan poca atención. Algunos derivan de la competencia salarial en empleos de baja cualificación (sectores agrarios, de la construcción o de servicios a las personas); otros reflejan por los escasos recursos públicos destinados a los de menor renta donde compiten con otros grupos desfavorecidos; o que, en parte, se expresan en el boom de los alquileres. Respecto de estos, entre 2023 y 2030 en Cataluña, el INE calcula que se incorporarán más de 700.000 inmigrantes nacidos fuera de España (entradas menos salidas), unos 90.000 por año: a 5 personas/vivienda, ello genera una inevitable presión sobre el mercado y, dado que dificilmente este contingente se va a dirigir a la compra, ello implica e implicará un inevitable empuje alcista de los alquileres.
Dada nuestra demografía, necesitamos inmigración sí o sí. Una inmigración que, si queremos anticiparnos a lo visto en Europa, deberíamos integrar razonablemente. Ello implicaría destinar parte de los recursos públicos por ella generados a aquellos municipios donde se concentra: más salud, más educación, más asistencia social, más vivienda pública de alquiler, … Pero ¡ay!, exigiría que los partidos políticos la sitúen como aspecto clave del futuro del país. ¿Serán capaces? Vista nuestra historia, lo dudo.