Un aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.
El RIGI propuesto por el Gobierno en la ley Bases busca generar "seguridad jurídica" mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para desembolsos que superen los u$s200 millones en diferentes sectores. Pero la polémica surge en que también se introdujo un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI.
Así lo explicita el artículo 162 de la ley de Bases, que establece que "sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación".
Quienes cuestionan la norma, explican que sería una posible vulneración de competencias provinciales y la violación de la división de poderes. Esto porque se habilitaría a la Justicia a modificar o no aplicar normas vigentes y sancionadas anteriormente.
¿Qué establece el RIGI?
El RIGI, entre otros puntos, establece beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales. En efecto, el artículo 187 dispone que las importaciones para consumo de mercaderías o temporarias de las firmas adheridas al régimen estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y "de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales".
Eso incluye desde tasas municipales hasta el impuesto inmobiliario o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, de recaudación provincial.
El RIGI, incluido en el texto del proyecto de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso, establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.
Industriales critican el RIGI
Desde el sector industrial también cuestionaron la medida. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluidos en la Ley Bases "podría generar una competencia desleal con la industria preexistente".
En ese sentido, graficó que "si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30 por ciento menos comprarlo afuera". "No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos", remarcó Del Re.
Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales "ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes".
Asimismo, afirmó que el RIGI "no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local".
En este marco, ADIMRA envió el lunes pasado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, "atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones".
En la misma se puntualiza que no se igualan "las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs".
El presidente de ADIMRA remarcó que "durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, las empresas que ingresen al régimen no pagarán ningún tipo de impuesto, tanto de lo que compran en el exterior así como también de lo que exportan, configurando una sumatoria de beneficios extraordinarios frente a aquellas compañías que ya realizaron inversiones".
Asimismo, Del Re sostuvo que "los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos, no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país".
La semana pasada se difundió el Informe de Actividad metalúrgica que reveló una caída del 17,7 por ciento interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6 por ciento en el primer trimestre.
Además, confirmó el bajo nivel de actividad registrado sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia de 2020.