Once años después de que la Audiencia de Palma juzgara el caso Scala, uno de los mayores escándalos de corrupción política en el que una trama expolió las arcas públicas mediante contratos amañados y comisiones fraudulentas hasta lograr malversar ocho millones de euros públicos en la legislatura de Jaume Matas (PP) entre los años 2003 y 2007, tres de los condenados regresaron ayer a los juzgados de la ciudad para una vista previa por un delito contra Hacienda y por falsedad documental.
La fiscalía acusa a los empresarios Joan Rosselló y Felipe Ferré y a la soprano Isabel Rosselló, junto a otras cuatro personas y sus respectivas sociedades, de una serie de facturas falsas de servicios inexistentes que el empresario Joan Rosselló se dedujo presuntamente de forma fraudulenta en la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006.
Según el ministerio público, los gastos declarados cuya deducibilidad la Agencia Tributaria no acepta ascienden a 666.102 euros (más el 16% de IVA, 96.531 euros). Así, los inspectores de Hacienda determinaron que la cuota defraudada al fisco fue de 230.815 euros.
El fiscal mantiene que los hechos constituyen un delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad documental de los que los siete encausados deben responder o bien como autores o bien como cooperadores necesarios.
El principal sospechoso, el empresario Joan Rosselló, se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de tres años de cárcel, multa del triple de la cuota defraudada y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, deberá pagar al fisco la cantidad defraudada: 230.815 euros.
Mientras, la acusación pública solicita para el resto de encausados, otras seis personas, sendas condenas de un año y medio de prisión, multa del tanto de la cuota defraudada y la pérdida de poder obtener subvenciones o ayudas públicas durante tres años.
Prescripción o cosa juzgada
La vista previa ayer se suspendió y se aplazará a próximas fechas. La magistrada podría abstenerse de juzgar los hechos porque ya formó parte del tribunal que dictó la sentencia del caso Scala. Además, según fuentes jurídicas, la causa podría no prosperar porque los delitos ya habrían prescrito o los hechos ya habrían sido juzgados durante el caso Scala o, en todo caso, ya se habrían liquidado las cantidades defraudadas.
El juicio del caso Scala conllevó la condena más alta a un político de Balears: 16 años de prisión para el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Joan Cardona (PP) del Govern de Jaume Matas. También fueron sentenciados otros altos cargos. Felipe Ferré fue condenado por la Audiencia de Palma a tres años y tres meses; Joan Rosselló, a un año y un mes; y la soprano Isabel Rosselló, a un año y medio. Estos tres últimos vuelven a estar acusados en otro procedimiento judicial.
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