Unos vecinos del Port de Sóller han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) contra el alcalde de Sóller y los responsables técnicos del Ayuntamiento a los que se les acusa de haber cometido un supuesto delito de prevaricación por permitir la actividad de un restaurante sin disponer de las preceptivas autorizaciones administrativas. Algo que ha derivado en molestias a los residentes del propio edificio. Sobre el citado establecimiento cuelga una orden de precinto parcial de la cocina que aparentemente se estaría incumpliendo.
La denuncia no sólo va dirigida al alcalde, sino a los técnicos y los «políticos» del Ayuntamiento que «han permitido que la actividad del establecimiento se haya mantenido» a pesar del precinto de parte de sus instalaciones y órdenes de clausura dictadas. Según narra la denuncia, el establecimiento funciona con toda normalidad a pesar de no disponer de las autorizaciones administrativas necesarias para poder realizar una actividad de cara al público.
El establecimiento que ha dado pie a la denuncia ante el fiscal está ubicado en la calle Sant Ramon de Penyafort, en los bajos de un edificio que también tiene usos residenciales con dos viviendas en las plantas superiores. Sobre el negocio en cuestión existe una orden de precinto parcial de la cocina dictada por el Ayuntamiento en noviembre de 2023. En concreto se ordenaba el cierre de los sistemas de extracción de humos de la cocina por causar perjuicios (ruidos, vibraciones y mal olor) a las viviendas situadas en las plantas superiores.
Pleno rendimiento
Según los denunciantes, en la práctica el establecimiento funciona a pleno rendimiento y con toda normalidad sin verse en apariencia afectado por la orden dictada. Por esta razón, a la denuncia se le adjuntan pruebas documentales diversas como la carta de platos elaborados calientes y fríos que se preparan en la cocina que en teoría no se puede utilizar por tener la extracción de humos precintada.
Además, los denunciantes piden el amparo de la Fiscalía por entender que el restaurante debería estar cerrado al público por supuesta falsedad documental en la declaración responsable necesaria para la apertura del establecimiento. La denuncia afirma que «son perfectamente conocedores de esta situación» tanto los técnicos municipales como los políticos del Ayuntamiento.
Por ello, los denunciantes han acudido a la Fiscalía del TSJB para denunciar la «inactividad del Ayuntamiento y las molestias que sufren los vecinos» sin que haya habido «actividad alguna del Ayuntamiento respecto al cumplimiento de sus propios decretos». Los denunciantes han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos expuestos en su denuncia para que los investigue y actúe en consecuencia en caso de que observe que puedan ser constitutivos de delitos.
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