Se reactiva la guerra de comisarios. El exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, asegura que "jamás" supo de ningún operativo parapolicial destinado a sustraer documentación al antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas. Y desliza que el motivo por el que figura como investigado por estos hechos es la "animadversión" que José Manuel Villarejo y otros antiguos mandos policiales sienten hacia él.
Así lo recalca el abogado de Martín Blas en su escrito de defensa, ya enviado a la Audiencia Nacional, órgano que previsiblemente se encargará de juzgar a Martín Blas y a otros investigados por el llamado caso Kitchen.
Asimismo, el documento, fechado a finales del mes de enero, también niega que el antiguo responsable de la UAI recibiese órdenes de Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, con ese fin.
"[Martín Blas], durante todo el tiempo que ostentó el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Internos, jamás tuvo conocimiento de la existencia de un operativo policial que tuviese como objetivo obtener información del señor Bárcenas o su familia, no recibiendo del entonces DAO Eugenio Pino ninguna información ni orden al respecto", relata el escrito, que avanza EL ESPAÑOL.
Por contra, la Fiscalía Anticorrupción sí acusa a Martín Blas de "ordenar vigilancias" contra el extesorero del PP, aunque le desvincula de gran parte de los hechos que sí atribuye al resto de la trama. El exjefe de la UAI niega tajantemente estar vinculado a este dispositivo parapolicial: reitera que jamás encomendó a ningún agente que siguiese a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo, conocido como Willy y cantante del grupo Taburete.
Tampoco medió —asegura— para tratar de captar al exchófer de la familia, Sergio Ríos, con el objetivo de que éste facilitase a la trama documentación en poder del extesorero. Y, menos aún, para intentar destruir o apoderarse de los llamados papeles de Bárcenas, en los que el entonces contable del PP anotó supuestos sobresueldos entregados a miembros de la cúpula de la formación.
Asegura, a su vez, que "jamás" ha tenido "ningún tipo de contacto" con Ríos, pese a que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que fue "captado" por la trama, a cambio de 2.000 euros mensuales en fondos reservados y una pistola.
De hecho, el escrito de defensa recalca que la UAI, con Martín Blas a la cabeza, "siempre ha trasladado a las autoridades judiciales y fiscales cualquier investigación en la que participase", aunque se dirigiese contra el Partido Popular.
"Animadversión"
Otro asunto que aborda el documento es la "animadversión" de varios de los encausados hacia Martín Blas, a la que apunta como relevante para su imputación en esta causa.
"Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz, Enrique García Castaño, José Luis Olivera Serrano, Andrés Manuel Gómez Gordo y, muy especialmente, José Manuel Villarejo sienten animadversión por él como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Unidad de Asuntos internos de la Policía Nacional", enumera. A renglón seguido, cita los casos Emperador, Pequeño Nicolás, Colombo, Varma, Infante...
Antonio Alberca, abogado de Marcelino Martín Blas, de hecho, asegura que Villarejo llegó a extorsionar al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para tratar de apartar a su cliente de la UAI. Y acusa a las acusaciones particulares (Bárcenas y su familia), la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de haber actuado en esta instrucción con "temeridad y mala fe".
Por otro lado, el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos solicita a la Audiencia Nacional que declare como testigo en el juicio de Kitchen Rubén Eladio López, el inspector de la UAI que investigó el caso Pequeño Nicolás.
También pide que testifique el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, y que Eugenio Pino sea reconocido por un forense. "Y determine si aquel padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos, de tal forma que el relato de los hechos que hace en sus declaraciones no se corresponda con lo reamente sucedido", finaliza el escrito.
Anticorrupción solicita una pena de cárcel de dos años y seis meses para Martín Blas, por un supuesto delito de encubrimiento.