Gabriel Ubieto
Las personas que a partir de esta semana se queden en paro y se den de alta en cualquier oficina pública de empleo tendrán derecho a recibir un itinerario de inserción laboral personalizado en el plazo máximo de 30 días. El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros el reglamento que despliega la nueva ley de empleo y que recoge un catálogo de derechos básicos garantizados para todo desempleado, viva en la comunidad autónoma que viva. "Como en la Sanidad, fijamos una cartera común de servicios", ha declarado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.
Uno de estos derechos garantizados es ese itinerario de inserción personalizado, en el que un tutor de referencia -una especie de médico de cabecera del trabajo- le dará un primer diagnóstico en el plazo de un mes. En el mismo le trazará un retrato en relación a su currículo. Cuáles son sus puntos fuertes, cuáles sus débiles y en base a estos le especificará qué actividades formativas debieren ser prioritarias para mejorar su empleabilidad, en qué sectores tiene más posibilidades de encontrar un empleo como el que tenía y qué alternativas debe tener en cuenta en caso de necesitar reciclarse hacia otro tipo de perfil.
Esa nueva cartera común persigue homogeneizar la oferta mínima que las comunidades autónomas, que son quienes gestionan la gran mayoría de políticas activas de empleo, dan a sus ciudadanos. A partir de esa base pueden ofrecer todo lo que su presupuesto les permita, pero menos no. En Cataluña, por ejemplo, el organismo gestor de esta ventanilla es el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Y es que una ventanilla es la del SEPE, que es donde los parados van a tramitar las prestaciones de paro y que depende directamente del Ministerio de Trabajo, y otra ventanilla es a la que van los desempleados para solicitar asesoramiento para encontrar un nuevo empleo.
Otra novedad que introduce el reglamento es la creación de un expediente único. De la misma manera que cuando un ciudadano va al médico este tiene acceso a su expediente y ve qué enfermedades ha tenido y qué tratamientos se le ha dado, ahora el técnico de inserción que atienda a un parado verá en qué ha trabajado y qué formaciones ha recibido. Esto es especialmente relevante para aquellas personas que cambian de lugar de residencia y así no tendrán que volver a explicar a su nuevo técnico de referencia toda su vida laboral. En algunos servicios de empleo, como es el caso del SOC, ya se implementa.
Sin registro obligatorio de ofertas
El texto definitivo y con todos los detalles, que presumiblemente saldrá publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), rebajaría algunas de las pretensiones iniciales del Ministerio de Trabajo. Tal como avanzó El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial, en noviembre del 2021, el objetivo inicial de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, era crear una especie de 'Infojobs' estatal, en el que todas las empresas estarían obligadas a publicar sus ofertas de trabajo. Ahora, en el reglamento aprobado este martes, solo estarán obligadas a hacerlo aquellas compañías que se den de alta previamente como colaboradoras de los servicios públicos de empleo.
Otra medida que también se ha quedado fuera del reglamento es la obligación de los servicios públicos de empleo de proveer a toda persona en paro un mínimo de una oferta de trabajo adecuada a su perfil en el plazo de un año.
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