Atrapados en su propia telaraña. Los representantes de la población y el territorio, es decir, los diputados y senadores tanto locales como federales, son quienes legislan y establecen las reglas de convivencia social, entre otras las electorales.
La experiencia en México muestra que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión son los que después de cada campaña proponen nuevas reglas para regular el proceso, en razón de su experiencia de derrota.
Arrebatarle la organización de las elecciones al Poder Ejecutivo es un gran triunfo de la sociedad civil, más que de los partidos políticos. Pero, estos últimos se han encargado de recargar de tareas y más tareas a los organismos electorales.
En reconocimiento de la diversidad poblacional es que se crean criterios para la inclusión de género, juventudes, indígenas, LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y personas residentes en el extranjero.
Traducir la diversidad en inclusión es un problema para los partidos políticos, porque no entienden lo que legislaron. Entonces, como sucede con la mayor parte de los marcos jurídicos, buscan los caminos para violar la ley.
Las propuestas de candidato a diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional se convirtieron en una procesión y múltiples caídas. En las propuestas se descubrieron una serie de auto adscripciones inimaginables.
Muchas jóvenes que se encuentran en la raya, se aferraron a no dejar ese espacio, al fin y al cabo que 30 años no se cumplen muy seguido y la industria del rejuvenecimiento está en su apogeo. Solo falta dinero para mantenerse eternamente joven.
Integrantes de la vieja clase política resurgen con la nueva política y después de muchos años de saberse parte de las élites económicas que deviene del latifundio –hacienda y ranchos–, reconocen sus raíces como indígenas.