El conflicto judicial que Argentina enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF ha añadido un nuevo capítulo. Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una indemnización de hasta US$16.000 millones, los demandantes han avanzado con su reclamo contra Argentina, que incluye una solicitud para que se les transfiera el 51% de las acciones de la petrolera que actualmente pertenecen al Estado.
Esto se revela en documentos que los abogados de los fondos Eton Park y Burford, que llevan a cabo la demanda contra Argentina en nombre de dos empresas fundadas por la familia Eskenazi (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), habían presentado en la corte de Preska. Son solicitudes que los demandantes hicieron, con el requerimiento de que se mantuvieran confidenciales, algo que Preska rechazó.
Según un fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, aunque se reconoce "la importancia del timing en los esfuerzos de aplicación de los demandantes", en su intención de presionar a Argentina para alcanzar un acuerdo o cobrar la indemnización mencionada, su planteo sobre la confidencialidad del reclamo es "especulativo".
Según el documento firmado por Preska, la información sobre el caso, la titularidad de las acciones y el fallo sobre la indemnización "ha estado públicamente disponible por un tiempo", por lo cual la corte "no está persuadida" por los planteos de los demandantes. En consecuencia, Preska les negó la solicitud de confidencialidad.
La decisión de Preska revela, entonces, un fuerte planteo de los demandantes, que solicitaron formalmente la transferencia de la titularidad del 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado. Sin una decisión de fondo sobre el tema, Preska ya había reconocido que parte de ese paquete accionario (las que están en manos del Estado Nacional y no la porción minoritaria que se asignó a las provincias en el marco de la expropiación -nunca se hizo efectivo ese traspaso-) podrían ser tomadas como garantía para evitar embargos, en el marco de la sentencia del año pasado, que obliga al país a pagar una indemnización de más de US$16.000 millones, se presentaron ante la jueza y solicitan una audiencia que podría acelerar embargos contra activos locales.
Se trata de un nuevo avance de los abogados de los demandantes, que semanas atrás habían acusado al país de "retacear información" sobre los activos del país en el exterior. Fue con un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de la jueza Preska, donde los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 argumentan, el país no está cooperando en el proceso de 'discovery' de activos, una instancia judicial que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan ser embargados, mientras el país no cumple con la sentencia adversa. En otras palabras, los beneficiarios presionan para averiguar qué activos embargables existen, en un procedimiento que es consecuencia del fallo de 2023.
Fue un reclamo que los demandantes realizaron contra un conjunto de activos. Entre ellos, aparecen inicialmente el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino expropió a Repsol, aunque también consideran otras acciones de la petrolera en manos del Estado, o dinero depositado en cuentas, acreencias, activos u otros bienes financieros de más de US$1 millón. El listado de activos soberanos sobre los que pretenden avanzar los beneficiarios también incluye al swap con China (yuanes en poder del Banco Central) y concesiones que el Estado realizó para la explotación de energía, recursos naturales o infraestructura. A su vez, la presentación apunta a conseguir información sobre empresas estatales y sus bienes, como Arsat, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación.
Esa presentación fue realizada por Burford Capital, el fondo legal con sede en Londres que adquirió los derechos para litigar contra YPF y Argentina que pertenecían a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas con sede en Madrid (España). Estas empresas estaban vinculadas a la familia Eskenazi (Grupo Petersen), que adquirió entre 2008 y 2011 el 25,4% del paquete accionario de YPF a la empresa española Repsol, en una operación que también está siendo investigada por la justicia local.
Además de Burford y Eton Park Capital, hay alrededor de 40 demandantes afectados por el caso de la expropiación.
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