Salvo en el caso de los propietarios de viviendas vacacionales, todo han sido parabienes para el anteproyecto de ley que pretende regular esta modalidad alojativa y que se ha dado a conocer esta semana. Eso hasta hoy, día en que el Colegio de Economistas de Las Palmas ha dado a conocer su opinión a través del informe El turismo de Canarias, un multimodelo a revisión. Para el decano de la institución, Alcibiades Trancho, constituye "un error" regular el fenómeno de manera homogénea en toda la comunidad autónoma obviando que cada isla tiene su propio modelo.
El análisis del que parte la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias contiene vicios estructurales como "la falta de depuración de la base de datos", advirtió la responsable del estudio, Rosa Rodríguez. La economista y profesora de la ULPGC ha señalado que el 64% de las plazas del alquiler turístico del Archipiélago se concentran en los trece municipios turísticos y Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la irrupción de esta oferta no siempre se traduce en un incemento de la oferta alojativa.
Tenerife concentra el 83,2% del crecimiento de la oferta propiciado por el alquiler alojativo en áreas turísticas
Es más, en Gran Canaria -la capital, San Bartolomé de Tirajana y Mogán- se han perdido 42.205 plazas extrahoteleras entre 2009 y 2023, mientras que en el mercado existen 35.739 plazas de alquiler vacacional. Eso significa una caída de la oferta del 19,4%. Y frente a ese retroceso, los enclaves turísticos de Tenerife -Adeje, Arona, Guía de Isora, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide-, donde el peso de apartamentos y villas sobre el total de la oferta es mucho menor, acaparan el el 83,2% del crecimiento de la oferta propiciado por las viviendas vacacionales.
"Entre leyes y decretos, hay que consultar trece para las cuestiones de turismo", lamentó la economista. En su opinión, en lugar de añadir una nueva norma, el Ejecutivo autonómico debería haber aprovechado para "refundir y simplificar" las que están en vigor. Además, se quejó de la falta de disponibilidad mostrada por la Administración autonómica para poner a disposición del colegio una base de datos actualizada. "No les interesa dar datos que van en contra de lo que ellos piensa", ha afirmado.
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