Como escribí hace más de un mes en La Vanguardia (10 de febrero), "mejor sin presupuestos", ya que una prórroga permite alejar las presiones sobre el gasto en pleno proceso electoral. Finalmente, Pedro Sánchez parece haberlo aceptado, aunque no porque es lo mejor para la economía, sino porque no le ha quedado más remedio. Tras el adelanto electoral en Catalunya, el bloque de investidura ha quedado resquebrajado.
Por su propia naturaleza, un presupuesto prorrogado tiene un carácter restrictivo, ya que no permite introducir nuevos gastos o nuevas inversiones. Solamente se actualizan las pensiones y los salarios de los funcionarios para compensarles del aumento de precios. Por tanto, la prórroga se convierte en la mejor manera de contener el déficit público en el 3,6% como exige la Comisión. Se trata de un ajuste en frío o por la puerta de atrás para burlar las exigencias de los socios del Gobierno.
El Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso esta semana El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso esta semana
Lógicamente esto ha molestado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretendía instrumentalizar un fuerte aumento de la ayuda a la dependencia como bandera de Sumar para las elecciones vascas, catalanas y europeas. Tendrá que esperar. Lo mismo sucede con Podemos, que también tenía en la cartera la "carta a los Reyes Magos". Por no hablar de los independentistas vascos y catalanes, que pretendían utilizar las cuentas del Estado como parte de su campaña.
La vicepresidenta María Jesús Montero es consciente de que aprobar los presupuestos con el bloque de investidura es muy caro. Es "un lujo" que solo se puede permitir una vez a lo largo de toda la legislatura. El déficit y la deuda ya son lo suficientemente elevados como para permitir nuevas desviaciones sin que Bruselas ponga el grito en el cielo.
Por tanto, hay que aprovechar lo que ya se ha hablado con los partidos que apoyan al Gobierno para ir negociando los presupuestos del 2025. Esas cuentas podrán volver a prorrogarse para el ejercicio del 2026 y así llegar a la convocatoria de elecciones en el 2027. Es decir, que Pedro Sánchez puede garantizarse seguir en el Ejecutivo hasta el final de la legislatura.
Una vez que pase el segundo trimestre de este ejercicio, en el que coincidirán tres citas electorales (vascas, catalanas y europeas), se despejará el panorama político. Sin tener encima la espada de Damocles de la amnistía y sin nuevas citas con las urnas, se abre una ventana de oportunidad para apoyar una serie de reformas estructurales que son las que de verdad van a determinar el futuro de España.
Se trata de la transición energética y digital, la reindustrialización, el impulso tecnológico, la reforma educativa o el buen funcionamiento de las instituciones, empezando por la justicia.
Es decir, a partir del tercer y cuarto trimestre del año, España va a tener la oportunidad no solo de evitar una crisis económica, sino de dar un salto adelante. Será el momento de sacar a flote la inversión privada, que se ha hundido desde el 2019, aumentar la productividad y mejorar la renta per cápita para retomar el camino de convergencia con la UE.
El problema para poder aprovechar esa ventana de oportunidad es la fuerte crispación que existe entre los dos principales partidos. El intento de Pedro Sánchez de destruir al PP y a sus líderes y viceversa está convirtiendo esta legislatura en una legislatura perdida.