El primer contacto de los jóvenes con el mundo laboral suele comenzar con las prácticas en empresas. En torno a 24.700 alumnos canarios son becarios durante este curso -según datos de la Consejería de Educación y de las dos universidades públicas- y, aunque la gran mayoría no percibe un céntimo por ello, este año por primera vez sí que están cotizando las horas que realizan de cara a su jubilación. Aunque la medida que hace obligatoria el alta a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, trazada por el Ministerio de Trabajo, ha sido una demanda histórica del alumnado, ha supuesto no obstante un quebradero de cabeza a los centros educativos isleños tanto por la ingente cantidad de papeleo que han tenido que resolver, como por los 'vacíos' en la norma y la negativa de la mayoría de las empresas a costear el pago de la cotización.
Para entender lo que ha ocurrido con el alta en la Seguridad Social del alumnado primero hay que tener en cuenta cómo funcionan las prácticas en empresas en España. Todo alumno de último curso de formación universitaria o profesional debe pasar de forma inevitable por las prácticas en empresas, que son una asignatura más en el currículo académico y son indispensables para sacarse la titulación. En total, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) oferta durante este curso 5.700 prácticas en empresas, la Universidad de La Laguna (ULL) 6.500 y los centros de formación profesional y de régimen especial otras 12.500. La suma de los centros públicos es 24.700 prácticas, aunque la cifra se engrosaría con las ofertadas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Las universidades y los centros de formación profesional canarios tenían hasta el pasado 31 de marzo para dar de alta a sus alumnos y, aunque lo han logrado, por el camino han surgido muchos inconvenientes. Rosario Hernández Borges, vicerrectora de Estudiantes de la ULL, relata que la norma del Ministerio de Trabajo no dejaba claro qué hacer ante las distintas casuísticas: "Tenemos alumnos que vienen de Erasmus, estudiantes que cobran diversas pensiones y otros con seguros médicos en mutuas". A su juicio, se ha tardado "mucho" en dar respuesta a estas cuestiones y "si no fuera por la presión de las universidades, no se hubieran resuelto".
El 98% de las empresas se niega a pagar las cotizaciones
Aunque sin duda, el mayor problema viene dado por los costes de la cotización. ¿Quién debía asumirlos? Según Trabajo eran las empresas quienes debían hacerse cargo. El problema es que, en muchos casos, las prácticas en empresas se realizan en la propia universidad o en otros organismos públicos, lo que supone a estas instituciones asumir el grueso de la cotización: 9,92 euros por día, que es la suma de 7,03 euros por contingencias profesionales y de 2,89 euros por contingencias comunes. Por otro lado, una gran mayoría de las empresas privadas se han negado a costear la Seguridad Social de los alumnos que realizan prácticas en sus instalaciones.
Ante la negativa de las empresas a costear las prácticas, fuentes de la Ulpgc aseguran que el 98% de la cotización recaerá sobre la universidad, lo que les supondrá un gasto no previsto de 149.000 euros a afrontar durante este curso académico. En el caso de la ULL, reconocen con resignación que han tenido que asumir la obligación del alta en la Seguridad Social porque la institución "no puede permitirse perder la oferta de prácticas" pues son obligatorias para culminar la formación del alumnado.
La retroactividad, en veremos
La intención de Trabajo es que la cotización de las prácticas en empresas tenga también carácter retroactivo. Es decir, los egresados que realizaron prácticas entre 2019 y 2023 podrán solicitar de forma individualizada a la Seguridad Social que incorpore ese período a su cotización. Sin embargo, todavía no se ha decretado la orden que regula este punto y se desconoce quién se hará cargo de pagar los 9,92 euros por mes realizado. "No hemos recibido información al respecto de las cotizaciones retroactivas", apuntan desde las universidades públicas canarias.
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