Hay 69 inspectores de Trabajo y Seguridad Social en tierra de nadie, a la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la incorporación a los puestos a los que promocionaron en 2021. Así lo han denunciado el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) y la Asociación de Técnicos Seguridad Social ante el retraso de la integración del equipo.
Los plazos se estiran. Los 52 inspectores de acceso libre y 17 de promoción interna de la promoción de 2020 aprobaron la oposición a la que se presentaron el 24 de marzo de 2021, y el 31 de julio de 2023 concluyeron el curso selectivo y las prácticas asociadas a su plaza. Sin embargo, hasta el 2 de febrero de este año no pudieron elegir su destino y, según dicen, les indicaron entonces que en el plazo de dos meses se publicarían en el BOE sus incorporaciones.
Una vez agotado ese tiempo, aún no han podido aún incorporarse, indican las asociaciones en varios mensajes publicados este lunes en redes sociales, en los que inciden en que los inspectores están sin desempeñar función alguna desde agosto de 2023, tras concluir las prácticas. "Esperamos que se publique su incorporación en el BOE de esta semana", indican desde el SITSS.
En la misma línea se ha pronunciado la Unión Progresista de Inspectores/as de Trabajo, que critican que los 69 inspectores sigue sin ser nombrados funcionarios de carrera y por tanto sin incorporarse a las distintas provincias: "No puede ser que un Organismo tan esencial y fundamental para la sociedad, garante de los derechos de las personas trabajadoras tenga a 69 Inspectoras/es en casa sin saber cuando se va a producir su incorporación".
Además, señalan el perjuicio económico que la extensión de los plazos les causa ya que "perciben un salario como funcionario en prácticas". A preguntas de este medio, la ITSS indica que "ha hecho todos los trámites preceptivos para su publicación desde el momento en el que se eligieron los destinos". Durante el pasado año, la relación de los inspectores de trabajo con el Ministerio fue tensa debido a la protesta de los trabajadores por el "incumplimiento" del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del acuerdo de julio de 2021 que anunciaba más contrataciones de personal.
En concreto, reclamaban la incorporación de 500 inspectores para reducir la carga de trabajo y asegurar un servicio público digno pero la cuestión derivó en un enfrentamiento interministerial que salpicó a Economía y a Hacienda y Función Pública que se disolvió con el adelanto electora.