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El director departamental de la Policía Nacional en Itapúa, Comisario General Carlos Acosta, encabezó un acompañamiento a una constitución judicial emanada por un juez de San Juan Nepomuceno de la circunscripción judicial de Caazapá, Carlos Alberto Rojas Cañete, para medir un terreno que se encuentra en litigios judiciales. Para el procedimiento arribaron hasta el lugar 15 patrulleras con 50 efectivos policiales el pasado lunes.
La comitiva intentó ingresar hasta el terreno, atravesando una propiedad privada, perteneciente a Reinaldo Ramoa Gómez, que se negó a permitir el paso de los efectivos policiales y de la actuaria judicial. Ramoa expresó que en la última incursión que realizaron pasando por sus tierras, los agentes realizaron destrozos a sus cultivos, por dicho motivo no permitió el arribo de la aparatosa comitiva policial, que traían incluso una retroexcavadora de pala.
Por su parte, la representante legal de los propietarios del inmueble, la familia Kaufmann Reymann, involucrada en el litigio judicial, Abogada Vilma Díaz, denuncia el hecho como un intento de desalojo de un terreno que cuenta con una medida cautelar a favor de su cliente desde el 2020.
Según la defensora, el juez reconoce un contrato de compra-venta entre la empresa Barcos SA, representada legalmente por Vicente Gómez de la Fuente y Roberto Daniel Benítez Báez. No obstante, ante el trámite judicial entre la familia de origen alemán y la empresa Barcos SA, existen medidas cautelares vigentes, a favor de la familia Kaufmann Reymann, por lo que los otros involucrados no pueden ingresar al terreno en disputa.
Cónsul de Alemania en CDE expresa su preocupación
El Cónsul Honorario de Alemania en Ciudad del Este, Karsten Friedrichsen, expresó su preocupación ante el hecho, debido a que temen que se trate de un nuevo intento de desalojo de la familia inversionista de origen alemán, similar a lo ocurrido en el año 2020.
En la mencionada ocasión, la familia Kaufmann Reymann, propietarios de 1.030 hectáreas ubicadas en el distrito de Mayor Otaño, fueron desalojados por una orden judicial emanada por el entonces Juez de Yuty, Miguel Ángel Riquelme.
Los productores alemanes sostienen que las tierras fueron adquiridas a principios de la década de 1980, según consta en la documentación expedida por la Dirección General de Registros Públicos.
Por su parte, la firma Barcos SA presentó un documento de título de propiedad sobre 500 hectáreas de la familia Kaufmann Reymann. El título fue expedido y firmado por el colono brasileño Plinio Kleemann el 2 de octubre de 2003, según certificó la escribana Graciela Villamayor de Florentín.
Plinio Kleemann murió el 6 de diciembre de 1997 según consta en el acta de defunción expedida por la Dirección de Registro Civil. El "título" de Barco SA expedido por Kleemann es falso, fue "firmado" seis años después de su muerte.
La Embajada de Alemania en Paraguay había remitido una nota a la Cancillería nacional, debido a ese irregular desalojo de los ciudadanos de origen Alemán. El documento tiene fecha 26 de abril del 2021 y fue dirigida al entonces ministro Euclides Acevedo.
La misma dejaron constancia de la preocupación existente en torno al proceso judicial que enfrentaba la familia Kaufmann Reymann, inversionistas alemanes radicados en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa.
Policía temía posible enfrentamiento
El jefe de Prevención y Seguridad de Itapúa, de la dirección departamental de la Policía Nacional, Comisario Principal Ramón Delvalle Moura, expresó que movilizaron a 50 efectivos de la Policía Nacional de distintas comisarías en 15 patrulleras. La aparatosa cantidad de policías responde a un trabajo previo de inteligencia que realizaron en la zona, según refirió.
Según Moura, debido al conflicto entre las partes y la extensión del cultivo, temieron que ante un posible enfrentamiento se vieran sobrepasados y por tal motivo movilizaron a gran parte del personal del departamento, para un acompañamiento a una constitución.
El comisario expresó que el permiso para ingresar por el terreno ajeno, debía ser gestionado por la actuaria judicial, lo que no se consiguió, por lo que informaron al juez que decidió suspender la constitución.
El terreno que debía ser medido se encuentra dentro de la propiedad total de los Kaufmann Reymann y la única vía de acceso, sin pasar por terrenos de la familia de origen alemán, era un camino dentro de la propiedad privada de Ramoa Gómez.
Abogada denuncia actuar irregular
Para la abogada Díaz, la constitución fue irregular y tienen el temor de que el jefe departamental de la Policía, haya recibido una orden "de arriba", para ingresar a toda costa al terreno que solamente tiene cultivos, según expresó.
Además, sospecha de un interés por parte del Juez Rojas Cañete, que según fuentes, se habría reunido con el director de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González, que estuvo en la Semana Santa por la ciudad de San Juan Nepomuceno. Por dicho motivo presentaron ayer un pedido de recusación al Juez.
Por su parte, Ramoa aclaró que no recibió ningún trato indebido por parte de los efectivos policiales, pero remarcó que querían llegar al terreno con insistencia. Incluso refirió que llegó al sitio el exintendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez (ANR-HC), a pedirle que deje pasar a los policías.
Chávez es el anterior propietario de los terrenos de cultivo de Ramoa, que en el anterior desalojo del 2020, permitió a las autoridades policiales llegar hasta el mismo terreno por ese lugar. Presumen que la estrategia era replicar ese "modus operandi" para llegar a esa fracción del terreno de los Kaufmann Reymann.