Gran despliegue suscitó la acusación y convocatoria a juicio de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. No era para menos. Se trata del primer exmandatario que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, a defender su comportamiento azaroso en el que terminó envuelto, corriendo el riesgo de que pueda ser condenado, a menos que, por cuenta de las demoras procesales, termine quitándose ese piano de encima con una salvadora prescripción de la causa. Fueron muchos los medios que quedaron conmocionados con esta noticia y en incapacidad de informar objetivamente, porque Uribe sigue teniendo indiscutible poder mediático que él sabe aprovechar así no convenza.
Coincidió este llamado a juicio del ilustre colombiano con el anuncio del sospechoso e inmoral proyecto del perdón presidencial para toda clase de delitos, exceptuando los de lesa humanidad, el que, de llegar a convertirse en ley, no le será indiferente al Centro Democrático, porque su jefe natural ya anunció que personalmente él no se beneficiaría de ese salvavidas indecoroso y repugnante, pero sí todos sus subalternos y amigos condenados. Si ese va a ser el inicio de la anunciada reforma al sistema penal del Gobierno Petro, apague y vámonos, y preparémonos para lo peor porque, así como legislan para exonerar bien podría ocurrírseles tramitar leyes para perseguir.
Hay que dejar que sean los jueces quienes se ocupen en paz, sin emboscadas noticiosas o presiones políticas, de este espinoso proceso contra Uribe –sobre el que me abstengo de opinar porque integro el equipo de abogados del senador Iván Cepeda–, pero no se puede pasar por alto que el exmandatario no fue el único acusado y llamado a juicio, sino principalmente la propia Fiscalía y quienes la condujeron con deshonestidad, odio y arbitrariedad. Es muy diciente que todo se haya desencadenado cuando se fueron los que se acaban de ir, luego de deshonrar y manchar para siempre el noble oficio de investigar y acusar.
Y, entonces, es aquí cuando es preciso darle tratamiento también de acusada y sindicada a la propia Fiscalía y exigirle que rinda descargos sobre las imborrables faltas que quedaron sembradas en muchos expedientes. En efecto, hay que atender con urgencia la necesidad colectiva de que se abran los archivos de todo lo que pasó en los tenebrosos años de los períodos de Francisco Barbosa y Néstor Humberto Martínez, porque lo que hicieron ellos y sus primeras líneas o dejaron de hacer tiene que conocerse y sancionarse sin contemplación para que no vuelva a repetirse el terror judicial.
Si los primeros días de la nueva fiscal ya permitieron desempolvar algo de lo que está represado, es de esperar que en los próximos meses conozcamos cuántas decisiones se profirieron para favorecer a los amigos personales y a los protegidos del gobierno corrupto de Duque. Es urgente, pues, identificar, sancionar y expulsar a ese grupo de impresentables que ordenaron los perfilamientos, seguimientos y hostigamientos a gentes honorables, solo por ser críticos u opositores del régimen.
No es fácil que la nueva fiscal pueda devolverle al país un ente investigador ajeno a las pasiones políticas y a salvo de las malas yerbas que sembraron Martínez y Barbosa, porque lo que se conoce es que los Jaimes, las Mancera, las Paola Andrea Tovar Niño, las Daniela Marcela Lozada Herrera y otros de la misma ralea, siguen agazapados allá en otros cargos, en los que aspiran a no hacerse visibles, pero en los que siguen ejerciendo poder capaz de hacer más daño del que ya han hecho.
No puede ser que nuestra propia justicia no pueda develar la podredumbre de la Fiscalía y tenga que acudirse al lentísimo sistema interamericano de justicia o a otra autoridad internacional. Tenemos que ser capaces de decirle al mundo, como lo hizo con dignidad la justicia argentina que condenó a los dictadores militares condenados por violar los derechos humanos: ¡nunca más!
No habrá paz duradera en la justicia penal mientras el peso del código punitivo no caiga encima de quienes no tienen derecho al olvido, ni menos al delincuencial perdón presidencial que paradójicamente está tejiéndose con calculada intención por el gobierno del cambio.
Adenda. Peligroso que las denuncias públicas de la Contraloría contra las EPS estén sustentadas en informes y cifras equivocadas. ¿Acaso no le ayudan al organismo de control el batallón de costosos asesores que tienen contratados?