Gonzalo Sánchez
"La gente piensa que ahora todos estamos contratados gracias a la ley rider, pero no es así para nada". David trabaja de repartidor para Stuart, una de las subcontratas que usan grandes plataformas como Glovo, Uber o Just Eat para camuflar sus repartidores y evitar contrataciones en plantilla. Lo hace un año después de la entrada en vigor de la ley rider, una norma que presuponía la "laboralidad" de los riders de las plataformas digitales, pero que en la práctica ha quedado muy descafeinada y con el sector en rebeldía.
El 12 de agosto de 2021 -justo hace un año- acababa el periodo de gracia del Gobierno para que las plataformas aplicaran la norma. Más de 365 días después Glovo sigue teniendo una flota formada principalmente por falsos autónomos. La compañía catalana se ha disparado en el mercado ante la indignación de competidores como Uber Eats -que ha denunciado a Glovo- y recientemente ha amenazado al Gobierno con volver a ofrecer la opción de hacer repartos por cuenta propia. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que será muy duro aplicando el cumplimiento de la norma, pero Uber ya avisó por carta a la ministra Yolanda Díaz en la que advertía: "¿Debemos seguir el modelo de Glovo?".
"Si hay una empresa que no paga la seguridad social a los empleados, ni les da vacaciones ni cumple un sueldo mínimo y el estado no hace nada obviamente va a ofrecer el servicio más barato, pero a costa de explotar a los empleados. La posición de Uber tiene sentido, presionando al Gobierno para que haga algo porque es competencia desleal", denuncia Adrián Todolí, profesor de la Universitat de València (UV) especialista en derecho laboral.
"Si quieres que te traigan el desayuno del restaurante de moda un domingo por la mañana en tu casa no puedes pagar tres euros"
En realidad sí que se ha hecho algo; Glovo ha afrontado ya varias multas de millonarias por tener en plantilla a falsos autónomos, pero como advierte Todolí "a la plataforma le sale mucho mejor pagar las multas que cumplir con la ley rider y cambiar el modelo". Por eso el especialista enderecho laboral reclama cambiar el sistema sancionador a estas empresas para que las multas sean de verdad disuasorias. "Es como los casos de futbolistas que se saltaron las restricciones en pandemia y las multas que le ponían eran un día de su sueldo, les daba igual pagarlas", explica.
Flotas en subcontratas
Otra de las fórmulas que han encontrado las plataformas digitales para esquivar la ley rider han sido las subcontratas. Empresas como Stuart, Delivers, Delorean comenzaron a brotar en las ciudades tras la aprobación de la ley rider, con sus respectivos repartidores "autónomos" trabajando para ellas. La realidad es que las flotas de plataformas como Uber se nutrían de estas empresas secundarias o en algunos casos Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en lugar de contratar a sus repartidores.
Es el caso de Just Eat en la ciudad de València, que utilizaba como repartidores a trabajadores de la ETT "JY Hiring". La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social obligó a la plataforma digital a contratar a 150 repartidores como trabajadores, tras una denuncia presentada por el sindicato CNT el pasado mes de julio.
Antonio Ruiz es el abogado laborista que tramitó la demanda, y explica que "muchas empresas, tras la publicación de la ley rider han movido su flota a empresas de trabajo temporal o subcontratas". En el caso de Glovo, que desde el inicio se ha negado abiertamente a cumplir con la ley se han podido ver nuevos mecanismos para intentar eliminar esa "presunción de laboralidad" del texto legislativo. "Cambió los términos para que los riders facturaran directamente con los restaurantes y que no lo hiciera la empresa principal", cuenta Ruiz. El abogado matiza, además, que el Ministerio de Trabajo ha advertido a bares y restaurantes que usen riders como repartidores que también podrían incurrir en una ilegalidad.
Otra de las dificultades para hacer valer la norma son los tiempos tan lentos de la justicia. "Como es la inspección de trabajo la que interviene los procesos se alargan muchísimo, pueden ser dos o tres años. Y cuando sale la sentencia la empresa ya ha sacado suficientes beneficios para pagar la sanción y más", explica. Como Todolí, también echa en falta una modificación de las sanciones. David, que pertenece al sindicato CGT, explica que en su caso, "hemos denunciado el nuevo modelo de Glovo con los restaurantes, pero la inspección todavía está investigando el antiguo, que ya no usan, y no empezará con este hasta que acaben", denuncia.
Rápido, barato y en casa
David explica que, en el caso de Glovo, tan solo tiene contratados como personal de tienda a los trabajadores de sus supermercados, y no a los repartidores. "Eso puede suponer solo un 20 % de la plantilla en nómina", explica. Estos establecimientos, conocidos como supermercados fantasma son almacenes repartidos por las ciudades con personal que prepara los pedidos para los clientes.
Este modelo ha crecido mucho con la ley rider y ha vivido una enorme expansión con la llegada de empresas como Gorillas y Getir, que prometían "entregas ultrarrápidas" y llevar el pedido a tu casa "en menos de diez minutos". Estas empresas que hacen dinero con la compra del súper en minutos desembarcaron recientemente pero un año después han anunciado despidos y cierre de muchos locales en València y en España. Gorillas ha anunciado que se va del país y Getir sigue operando aunque con menos repartidores.
Este servicio con precios tan bajos solo es posible a costa de recortar en derechos laborales. Como explica Todolí "es un servicio de lujo. Si quieres que te traigan el desayuno del restaurante de moda un domingo por la mañana en tu casa no puedes pagar tres euros. Se puede hacer, pero el precio del servicio es lógico que suba, y si no es que es a costa de explotar y pagar mal a los trabajadores", denuncia.
David critica que el Gobierno "ha hecho una ley pero no la hace cumplir, y eso te hace tener la legitimidad por los suelos". Para el sindicalista el texto es "incompleto" y critica que "lo que hemos visto recientemente con Glovo y Uber Eats es un golpe a la democracia, lo que hace ver es que estas multinacionales tienen más poder que el gobierno de un país, o por lo menos que le pueden plantar cara", cuenta.
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