El Gobierno alega que tiene respaldo legal suficiente para decidir lo que decidió con el gas y la electricidad, sin necesidad de convocar a audiencias públicas. Claro que si eso es cierto también lo es que el mismo Gobierno se convertiría en un blanco cantado de las audiencias, con una probabilidad más que probable: que las huestes kirchneristas copen el escenario.
Resulta un temor que de tan obvio cae de maduro. Y justificado, hasta que soplen vientos diferentes.
La Corte Suprema, que no es precisamente un actor de reparto, deberá resolver hasta dónde se mete en este baile si opta por meterse, o cómo hará para quedar en los hechos afuera. Aquí las noticias se esperan para el jueves.
Que sí, que no, que esta noche, que mañana. Parece una parrala, pero no se trata de una parrala sino de una crisis profunda que aunque hoy le pegue directo al macrismo involucra cuanto menos a todo el arco político. Incluidos aquellos que desde la platea buscan aprovechar la ocasión para sacar réditos partidarios.
Ya no hay nada que ignoren: se ha perdido el autoabastecimiento energético, las reservas de gas son la mitad de las que había en 2000 y todos los años se van miles de millones de dólares en importar lo que aquí falta.
La lista puede seguir, interminable. Pero mostrará siempre un sistema al borde del colapso, un agujero estructural que llevará largos años recomponer, y todo en el corazón que mueve la actividad económica.
Diferente y en varios puntos no tan diferente, pronto entrará a escena otra obra cargada de pimienta en la cual participarán los mismos actores y habrá cruces semejantes. El 15 de septiembre, a más tardar, el Poder Ejecutivo debe enviar a Diputados el proyecto de Presupuesto de 2015.
Sólo para ir calentando el ambiente, de ahí saldrán dos datos fuertes sobre el debate que viene. Uno son los famosos superpoderes o el alcance que el Gobierno pretende para sus propios superpoderes. Otro, el recorte de los subsidios o por dónde pasaría la podadora.
El kirchnerismo y el post kirchnerismo volverán a ocupar un lugar central en la discusión. Previsiblemente, con el objetivo de no hacérsela fácil al oficialismo.
También esta vez los antecedentes jugarán un papel. Porque ciertos antecedentes hablan por si solos, aunque seguro hablarán por boca de los legisladores macristas.
Cuando toque superpoderes tocará, también, que durante los gobiernos K fueron ampliados sin límites por la mayoría oficialista que entonces dominaba el Congreso y usados a destajo según conviniese al poder.
Algo parecido o mayor sucederá con los subsidios, que de la nada escalaron a una montaña de plata insostenible y se convirtieron en otra potente herramienta de acumulación política. Sólo un ejemplo del dislate: el año pasado, último de la gestión de Cristina Kirchner, sumaron impresionantes $ 200.000 millones o US$ 20.600 millones al dólar de ese momento.
De aquellos dóciles legisladores K fue votar los presupuestos a libro cerrado, sin siquiera tocarles una coma. Y aún a sabiendas de que eran caricaturas que luego serían acomodadas por decreto al gusto del Ejecutivo: letra muerta, al fin y al cabo.
No por nada, ese Congreso adicto se ganó la tacha de escribanía del gobierno.
Se supone que por mejores razones, el proyecto que ahora se define en la Jefatura de Gabinete también dejará mucho espacio para debatir. Será el debut del macrismo con una ley que debiera definir objetivos, planes y prioridades que puedan ser identificados como adelantos del futuro.
Ahí quedará establecido, en principio, con qué déficit fiscal el Gobierno piensa manejarse el año próximo. Es un número y bastante más que un número, pues ese número dejaría a la vista el recorte de los subsidios y, añadida, la probable magnitud de los aumentos en las tarifas públicas.
Junto al déficit deberá figurar la forma en que será financiado. Esto es, cuánto habrá de asistencia del Banco Central y cuánto de crédito externo e interno; de allí surgirán estimaciones sobre tasas de interés y bonos públicos en circulación, o sea, información para operadores y bancos.
En este punto el Gobierno puede contar con una gran fuente de recursos, solo que en el mejor de los casos será un cálculo casi a ciegas. La cuestión es el blanqueo y el problema, que los vencimientos decisivos caen a fin de año y a fines de marzo de 2017, bastante después de que el paquete fiscal haya ingresado a Diputados.
Entre tantos números, habrá uno que puede venir subestimado. Lo explica un un analista: "El Gobierno quedó atado a la promesa de una inflación del 17% para el año que viene, y difícilmente la altere así ahora mismo pinte para un 23%". La diferencia se mide en recaudación impositiva y significará mucho dinero extra.
Y como cada cosa jugará dentro del cuadro de objetivos oficiales, si hasta ahora la estrategia no ha sido pegarle un hachazo al gasto público con mayor razón no lo será durante un año electoral. Eso saltará en recursos abundantes y de doble propósito para obras públicas: alimentarán la actividad económica y articularán la relación política con los gobernadores.
Claro que en el mientras tanto el Gobierno debe salir del embrollo en el que quedó metido, a causa de una buena dosis de subestimación de los efectos de la medida y de una sobreestimación de la fuerza propia. Ni hace falta decir que se trata del tarifazo y de cuáles pueden ser sus costos.