El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesta esta semana que los empresarios le ingresen a cada trabajador la totalidad del valor añadido que genera dentro de la empresa (salario bruto más cotización empresarial a la Seguridad Social) y que luego sea el Estado quien le cobre los correspondientes tributos sobre su nómina. De esa manera, los trabajadores adquirirían conciencia de cuál es el grado real de exacción al que los somete el Estado y podrían evaluar más juiciosamente si reciben servicios y transferencias estatales equiparables al atraco al que son periódicamente sometidos.
Por ejemplo, un trabajador con un sueldo neto de 1.200 o 1.300 euros mensuales puede suponer un coste laboral para la empresa de 2.000 euros mensuales: es decir, que el empresario sería indiferente entre seguir con el régimen actual o entregarle 2.000 euros mensuales al trabajador. Desgraciadamente, muchos ciudadanos no son conscientes de que ése es el caso y, por tanto, tienden a subestimar cuánto les cuesta realmente el Estado.
Y justamente por eso, la propuesta de Garamendi es tan interesante: porque aportaría luz sobre el coste real del Estado. Pero, también justamente por ello, aquellas personas interesadas en que los ciudadanos permanezcan anestesiados y engañados sobre el coste real del Estado están tan sumamente obsesionados con que la propuesta de Garamendi no salga adelante.
Por ejemplo, nada más efectuada la propuesta, la líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, publicó en la red social X lo siguiente: «Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump, pero debe saber que este gobierno camina en la dirección contraria». Claro que el gobierno camina en la dirección contraria a la transparencia fiscal, esto es, claro que el gobierno camina en la dirección de la opacidad fiscal. Y lo hace porque sólo generando la falsa sensación de que el enorme y creciente coste del Estado lo pagan «otros» (a saber, «los ricos») pueden seguir desplumando a los ciudadanos sin que éstos protesten y exijan reducir con contundencia la voracidad tributaria del sector.
En suma, los parásitos no desean que las víctimas conozcan que están siendo parasitadas. Y por eso desde la izquierda se han indignado tanto ante la propuesta de Garamendi: porque quieren seguir engañando y atracando a los trabajadores.
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