La partida que se juega en estos momentos en España para hacer que las redes eléctricas crezcan y se adapten para poder transportar una cada vez mayor cantidad de electricidad -por el aumento de la generación renovable- a más puntos -por inversiones en centros de datos, nuevas fábricas o electrificación de actividades- tiene varios puntos clave. Adicionalmente a un mayor acceso de los productores y de los grandes consumidores de electricidad a la red, otro consiste en los recursos económicos de los que Red Eléctrica y las compañías contarán para hacer una de las grandes transformaciones de los próximos años y es ahí donde en los últimos meses ha tomado forma una reivindicación por parte del sector eléctrico, apoyado por el PP, al que el Gobierno ha cerrado la puerta este lunes al asegurar que no está por la labor de elevar el límite de inversión en redes eléctricas porque eso supondría encarecer la factura de la luz al consumidor final, que pagaría cualquier gasto por encima del umbral establecido en forma de peajes.
"No nos estamos planteando limitar el 'cap' en este momento. Subir el límite supone aumentar los peajes al consumidor", ha afirmado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, a su llegada al Consejo informa de Energía en el que los gobiernos de la UE tratarán sobre la necesaria inversión en redes eléctricas. La Comisión Europea estima que son necesarios 584.000 millones en toda la UE hasta 2030.
La número dos en cuestiones energéticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha añadido que en lugar de permitir a las eléctricas invertir más para ampliar, adaptar y digitalizar las redes eléctricas y que después estas lo repercutan en los peajes que pagan los consumidores, el Gobierno cuenta con "1.000 millones adicionales en redes" de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia, que serán "un gran balón de oxígeno para seguir invirtiendo en los próximos años".
Límite de 0,19 del PIB de la época de Rajoy
De esta manera, el Gobierno cierra la puerta a acabar o, al menos, elevar el actual límite de inversión en redes eléctricas, que dicta que no se puede gastar más ellas que el 0,13% del PIB en redes de transporte -del generador a la subestación- y del 0,065% en redes de distribución -de la subestación al consumidor final-, que en conjunto suman unos 2.600 millones, que el sector eléctrico considera insuficientes para cumplir con la tarea de hacer que las redes puedan soportar la cantidad creciente de electricidad y la esperada electrificación de la economía por medio de despliegue de renovables. Según un cálculo de Naturgy que secunda el sector, estas cifras llevarían la inversión total hasta 24.000 en 2030, cuando el Gobierno prevé que para ese año la inversión privada ascienda a 45.000 millones.
Por ese motivo, las compañías eléctricas llevan meses reclamando subir los límites de inversión del 0,13 y el 0,065% del PIB para llevar a cabo unas inversiones que, como sucede ya con las que se hacen, después se repercuten entre los consumidores a través de los peajes, unos de los términos fijos de la factura de la luz. Según un informe de la consultora Arthur D. Little (ADL) elaborado para Naturgy, "el volumen permitido de inversión medio actual debería como mínimo duplicarse". Si no se hace, el sector eléctrico advierte a Ribera de que estaría en riesgo alcanzar el objetivo de electrificación y despliegue renovable que ha fijado el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Los gobiernos autonómicos del PP han hecho causa común con el sector eléctrico y también reclaman a Ribera que eleve el límite de inversión en redes que curiosamente data del Gobierno de Mariano Rajoy en pleno 'boom' inmobiliario, al ver que muchos promotores exigían acceso a redes para proyectos que después no se hacían pero en los que quedaba la inversión hecha y su coste, en la factura de los consumidores.
En todo caso, la inversión en redes es uno de los elementos en los que se dirime el enfrentamiento con Ribera, a la que acusan de perjudicar su desarrollo económico impidiendo el acceso a redes a numerosas inversiones previstas para crear centros de datos o atraer todo tipo de empresas a sus respectivos territorios.
Este malestar autonómico con Ribera tuvo su origen en la modificación puntual que ha abierto de la planificación de redes para permitir que en 2026 proyectos como la fábrica de baterías eléctricas de Sagunto o los que se ubicarán en el Valle Andaluz del Hidrógeno que inicialmente no estaban previstos tengan acceso a la red. Mientras que el Ministerio de Transición Ecológica argumenta a que la selección de los 64 se debe a que tiene financiación europea ya concedida que de otro modo se perdería, la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía o Murcia claman en contra de que se hayan dejado otros cientos de ellos fuera, con el consiguiente perjuicio para su territorio.
Además de más acceso a la red ya para 2026, el PP critica a Ribera que la planificación de redes está demasiado enquilosada, es lenta y no discurre en paralelo al desarrollo económico. Este lunes, Aagesen ha rechazado de plano este argumento y ha subrayado desde Bruselas "hemos apostado por una planificación mucho más ágil, acelerada en la transición acelerada que estamos viviendo. La planificación antes era por seis años y se revisaba cada cinco. Este año ya tenemos un nuevo proceso para aprobar la planificación que se aprobó en 2022".