Ángeles Vázquez
El presidente del Consejo General del Poder Judicial por sustitución, Vicente Guilarte, advirtió este jueves en la sede del Consejo General de la Abogacía Española de que "con la polarización actual" los futuros vocales que se nombren, una vez se renueve el órgano, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, "serán más que militantes, activistas".
"Y a través de esa correa", añadió, se producirá el nombramiento de un centenar de cargos judiciales que se han ido produciendo por jubilaciones y fallecimientos desde que el Gobierno de Pedro Sánchez reformó la ley orgánica del poder judicial para tratar de forzar al PP a proceder a la renovación. No tuvo éxito, pero provocó un problema en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia donde el pasado mes de febrero ya había 94 vacantes.
Precisamente por eso la propuesta de Guilarte para reemplazar a los vocales actuales pasa por retirar esa competencia del Consejo "para diluir la apetencia política de controlarlo". En un tono distendido, el presidente en funciones, elegido tras la jubilación de Rafael Mozo (que sustituyó al elegido inicialmente, Carlos Lesmes, que dimitió para tratar de forzar la renovación) por ser el de mayor edad, lamentó que su propuesta sea desoída y se ha tachado de "tonto" por haber pensado que al asumir la presidencia podría contribuir a solucionar el problema.
Como colofón afirmó que para como están las cosas a día de hoy "no hacía falta haber acudido a un belga", en referencia al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al que pidió acudir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para retomar la negociación. Estaba previsto que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, alcanzaran un acuerdo en dos meses, pero no se ha conseguido y se ha tenido que prolongar otro más.
Guilarte descartó la dimisión en bloque de todos los vocales por la necesidad de defender la independencia judicial. Mientras que la periodista María Peral señaló que si eso se producía quién firmaría las bajas por enfermedad de los jueces o nombraría refuerzos a juzgados colapsados.
PP y PSOE
Durante la misma jornada se constató la diferencia existente entre el PP y el PSOE a través de los exministros de Justicia de ambas formaciones, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo. Ambos defendieron los argumentos de sus respectivas partidos para justificar la falta de acuerdo para proceder a la renovación.
Campo defendió la necesidad de proceder a la renovación, que ha estado a punto de producirse tres veces, con el sistema actual, mientras que Catalá argumentó que el PSOE prefería negociar con "comunistas e independentistas" antes que con el PP, que, según él, hasta con mayoría absoluta dialogó con los socialistas para firmar los pactos de Estado de la justicia suscritos en su momento.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, sostuvo que "el que alguien nombre a alguien no significa que vaya a controlar su actuación" y afirmó que todos están "obligados a arreglar esta situación por el bien del país".
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