Ángeles Vázquez
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad, aunque por distintos motivos, admitir a trámite el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra la iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la independencia de Cataluña que el Parlament acordó dar curso en febrero. La decisión de los 11 magistrados que componen el pleno supone la suspensión de esa tramitación.
La decisión, aunque ha contado con un debate superior al habitual para los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo, al no tratarse de una ley en vigor, sino de una iniciativa legislativa popular, solo podía acabar en la admisión a trámite del recurso, que se introdujo el pasado viernes en el orden del día del pleno del Constitucional que ha comenzado este martes y continuará hasta el jueves.
Finalmente todos coincidieron en la necesidad de admitir a trámite el recurso, para que sea el alto tribunal el que declare la inconstitucionalidad de cualquier paso, aunque sea simbólico, a favor de la declaración de independencia de Cataluña. No obstante, los motivos de unos magistrados y otros eran distintos, aunque eso no consta en la providencia de admisión a trámite, que se limita a pedir alegaciones al Parlament y demás instituciones implicadas en la ILP impugnada por el Ejecutivo.
De hecho, la providencia da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlament, "por conducto de su presidenta, al objeto de que en el plazo de 20 días y, por medio de su representación procesal (...) aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes" para defender su actuación.
La resolución del órgano de garantías, además, "tiene por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución", lo que "produce la suspensión de la resolución impugnada desde el día 27 de marzo", que fue cuando se interpuso la impugnación, lo que debe quedar reflejado en los boletines oficiales del Estado y de Cataluña.
La iniciativa legislativa popular que el Parlament admitió a trámite en febrero para declarar la independencia también fue recurrida por el PSC, pero su recurso será tramitado más despacio que la del Ejecutivo, que será resuelta en primer lugar y marcará el destino de la impugnación de los socialistas catalanes.
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