Las encuestas ponen a la inseguridad a la cabeza de las preocupaciones de la ciudadanía, que también, por amplísima mayoría descreen de la Justicia. Entonces, el Gobierno decidió no menospreciar un problema que es inocultable.
El presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y Garavano reconocen la amplitud de la crisis.
Y, por eso, parecen interesados en atacarla con un gran angular y toman medidas que van desde la remoción de policías corruptos hasta la reforma de los códigos de procedimiento.
Y también hablan de la necesidad de "trabajar sobre la desigualdad, la escolaridad y el empleo".
Además, a la hora de focalizar a los responsables, señala particularmente a Alejandra Gils Carbó, la titular de la Procuración General: en una entrevista televisiva dijo que desvió dinero, en lugar de aplicarlo a la tarea de los fiscales de perseguir a los delincuentes.
"Si bien su organismo es el que más creció en materia presupuestaria, no tuvo un correlato en el servicio que se brinda a la gente, a las víctimas del delito y demás", afirmó el ministro.
Garavano, en esas mismas entrevistas, también le reclamó a los jueces que se pongan al frente de la respuesta, aplicando sanciones. Y pidió una respuesta de toda la clase política.
La pregunta, sin embargo, a esta altura puede ser desoladora: ¿está el Estado en condiciones de articular una respuesta satisfactoria?
En realidad, si la existencia de seguridad es la resultante de encadenar numerosas políticas públicas, se podría decir que esa cadena está partida en mil pedazos.
En efecto, la pobreza y la falta de inclusión de amplios sectores sociales; la corrupción enquistada en muchos estamentos políticos y entre algunos policías, fiscales, jueces y en el servicio penitenciario; la ausencia de prevención policial; los vínculos del narcotráfico y del crimen organizado con algunos sectores políticos; la falta de leyes adecuadas o la aplicación muy laxa de las que sí existen; la negligencia pública a la hora de controlar a los condenados que recobran la liberad cocinan un caldo de cultivo donde sólo puede germinar la inseguridad y notoria del Consejod e la Magistratura a la hora de elegir jueces o de sancionar a los magistrados corruptos, construyen un laberinto de defícil salida.
¿Pueden ser esos eslabones rotos, que son parte del problema, también ser parte de la solución?
Tal vez, la única forma de superar esta crisis podría llegar de la mano de la dirigencia política que, como política de Estado, trace un punto final.