La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece penas con prisión efectiva para los servidores o trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que incurran en actos de corrupción, con penas que van desde seis a trece años.
Importante
Mediante la iniciativa legislativa de la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, se busca modificar los artículos 395-A y 395-B del Código Penal, y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
"Este proyecto principalmente tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, como una forma de hacerle frente a este flagelo que padece nuestra sociedad en su conjunto", señaló la legisladora.
De tal modo, Yarrow precisó que de esta manera, la sociedad en general tendría un "beneficio" en la lucha contra la inseguridad ciudadana, debido a que se optimizaría la obligación de plantear estrategias de prevención y buenas prácticas en materia de corrupción penitenciaria y condiciones carcelarias.
Sobre proyecto de ley
En ese sentido, la congresista agregó que el dictamen propone la aprobación de un Código de Conducta del Servidor Penitenciario; ello, con el objetivo de sancionar conductas indebidas, entre ellas las vinculadas con actos de corrupción, "fortaleciendo de esta manera una cultura de integridad en la institución".
Para el efecto, "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, aprueba el Código de Conducta del Servidor Penitenciario, y realiza las acciones de capacitación y difusión correspondiente".
Cabe mencionar que, otro de los propósitos del proyecto es reducir el hacinamiento, por lo que plantea se declare de interés nacional el uso de grilletes electrónicos "como medio alternativo a la privación de la libertad".
"Es necesario fortalecer el ordenamiento jurídico para erradicar los actos de corrupción en el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento", concluyó.
Descartaron que desde penales se realicen llamadas extorsivas
Como se recuerda, en febrero del 2024, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, descartó enfáticamente que desde los penales del país se realicen "llamadas masivas de extorsión", como se insinúa algunas veces.
Llaque Moya enfatizó que el INPE trabaja junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y no existen mayores alertas que dos investigaciones— acerca de presuntos casos de extorsión vía telefónica desde las cárceles— que están en proceso.
De esta manera, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece penas con prisión efectiva para los servidores o trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que incurran en actos de corrupción, con penas que van desde seis a trece años.