En 2022, autoridades republicanas de estados perjudicados por la crisis migratoria comenzaron a enviar inmigrantes recién llegados a localidades regidas por los demócratas en el interior del país. Uno de ellos fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que siguió los pasos de su homólogo texano, Greg Abbott, y fletó dos vuelos cargados de inmigrantes con destino a Martha's Vineyard, una isla ubicada frente a las costas de Massachusetts y donde la renta per cápita y el nivel de vida superan con creces la media nacional. Ahora, algunos de esos inmigrantes que fueron trasladados a la isla recibieron un visado para poder trabajar legalmente en el país y protección para evitar que sean deportados.
Concretamente, tres de ellos se vieron beneficiados con esas medidas. En declaraciones recogidas por The Boston Globe, la abogada Rachel M. Self, quien representa a estos inmigrantes desde que fueron enviados a Martha's Vineyard por DeSantis, señaló que "estas determinaciones son un paso más cerca de la justicia".
USCIS: son "víctimas de ciertos crímenes"
Esa última frase que pronunció la abogada es la clave para entender por qué estos inmigrantes recibieron el certificado para trabajar legalmente y estar protegidos ante cualquier intento de deportación. La Administración federal, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), empezó a conceder, en 2021, visados U -estatus No Inmigrante U- a "víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales".
Con esto, el Gobierno sustenta su decisión, que es conocedor de que varios de estos inmigrantes afirmaron que fueron engañados cuando les prometieron dinero y oportunidades laborales, facilitando así una investigación estatal. Según Hemanth C. Gundavaram, director de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern, "se trata de una disposición de reducción de daños", añadiendo que "si no tuviera estas protecciones, alguien tendría que quedarse aquí, preocuparse por la deportación y no poder ganarse la vida".
Hasta el momento, solo tres de esos inmigrantes recibieron estos beneficios, aunque se espera que, ante las solicitudes, se concedan más próximamente.