Se Niegan a Formalizar Elección de Dirigente Sindical
Aseguran que el Tribunal Apoya a Quien por 17 Años ha Precedido al Sindicato de Servidores Públicos de la Fiscalía General, Seguridad Pública y Reinserción Social
Por Rafael Hernández Guízar
Sindicalistas que representan a burócratas del gobierno del Estado, denunciaron ayer abusos de autoridad en su contra.
Camila Flores, la nueva secretaria general electa del Sindicato de Servidores Públicos de la Fiscalía General, Seguridad Pública y Reinserción Social, todas estas dependencias pertenecientes al gobierno de Jalisco, denunció ayer abusos de autoridad por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Dijo que, aunque fue electa para representar a sus compañeros, en el Tribunal se han negado a darle la toma de nota, acto con el cual queda formalizado su secretariado general al frente de dicho sindicato; por el contrario, le ponen obstáculos y apoyan a quien por 17 años ha precedido dicho organismo.
"El 33 por ciento de los que integran mi sindicato votaron por esto, porque ya no quieren a Guillermo, y no se ha hecho nada, yo aquí tengo oficios que se enviaron a las autoridades y las autoridades no nos hacen caso".
Pero fue más allá, y resaltó que Guillermo Quiñones, una persona que según dijo, por 17 años ha estado en el poder, se ha negado rotundamente a dar explicaciones respecto al destino de las aportaciones que quincena tras quincena son retenidas a los trabajadores.
"Se ostenta como nuestro líder sindical, obviamente apoyado por el señor Cisneros, y no se nos hace justo, por eso le pedimos a Guillermo Quiñones que nos diera cuentas, porque tiene 17 años en el poder, 13 de estos recibiendo cuotas y no ha querido dar una sola cuenta, y nuestros agremiados están muy molestos por esta situación, no ha querido dejar el puesto, porque sabemos quien lo apoya, y lo que pedimos nosotros es que nuestras autoridades den fin ya a esto".
El llamado fue claro para la Contraloría del Estado, para los magistrados que componen el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, así como para el mismo gobernador Enrique Alfaro y los diputados, puesto que no hay instancia alguna que pueda garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y a la libertad sindical.