Pensiones de gracia del 18-O: Las claves de la Fiscalía para determinar eventuales delitos en torno a los beneficios
Hace más de dos meses comenzó la investigación que abrió de oficio la Fiscalía Nacional para determinar eventuales delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público y estafa, en torno al otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social.
Esto, tras un informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades entre los beneficiados, respecto a los antecedentes médicos entregados como también por sus prontuarios judiciales.
La causa está en manos del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, quien a la fecha ha concretado una serie de diligencias que buscan aclarar dos puntos claves que apuntan a las autoridades y a quienes recibieron los beneficios.
Por esto, buscan determinar si se cumplieron con los requisitos legales para otorgar las pensiones y, en segundo lugar, establecer si los beneficiarios presentaron documentos falsos para engañar al fisco.
Con ese objetivo, ya tomó declaración en calidad de testigo a la jefa del Departamento de Acción Social (DAS), Sandra Guerra, quien tuvo que explicar cómo fue el proceso de otorgamiento de las pensiones.
También lo hizo la directora del INDH, Consuelo Contreras, cuyo organismo estuvo a cargo de certificar si los beneficiarios eran víctimas de violaciones a los DDHH, y sostuvo ante Fiscalía que "las pensiones de gracia son atribuciones del Ejecutivo y no del Instituto".
Junto con ello, se ordenó a la PDI la revisión de 419 expedientes de los beneficiados que fueron entregados por la DAS, lo cual será central para establecer si hubo algún ilícito detrás de los beneficios. En este trabajo, también participan dos fiscales expertos en delitos funcionarios y económicos, que son respaldados por el equipo técnica de la Unidad de Anticorrupción y Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
El rol del CDE y la querella que retiró el INDH
Hasta ahora el Consejo de Defensa del Estado no se ha hecho parte de la investigación por fraude en torno a las pensiones de gracia. Por lo mismo, un grupo de diputados de oposición solicitó que el organismo presente una querella, en vista al informe de la Contraloría y a las diligencias del Ministerio Público.
Uno de los últimos antecedentes que se sumó a la polémica fue la decisión del INDH de desistirse de una querella por apremios ilegítimos donde figuraba como víctima Francisco Gatica Catalán, en diciembre de 2019. El sujeto recibió una pensión de gracia por el trauma ocular que habría sufrido, sin embargo, la investigación determinó que las lesiones que tenía correspondían a un accidente de tránsito.
En marzo de 2022, el gobierno anterior autorizó la entrega de una pensión y la actual administración la dejó en un monto equivalente 444.767 pesos, formando parte del listado de los 419 beneficiados como víctimas del estallido social.
Respecto a este caso en particular, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que "la pensión de gracia probablemente va a quedar sin efecto", por lo que se sumaría a otras 27 que fueron revocadas por el gobierno.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró inadmisible un recurso de protección que presentó una de las personas a las que le quitaron la pensión de gracia por orden del ejecutivo y que buscaba recuperar el beneficio económico.
Se trata de un hombre de 37 años, que recibió el impacto de perdigones en las dos piernas durante el estallido social, pero que contaba con una serie de antecedentes penales por el delito de hurto y conducción de vehículo bajo la influencia del alcohol.
El fallo del tribunal estableció que el recurso de protección no era la vía idónea para impugnar una prerrogativa presidencial, por lo que no dio luz verde al reclamo.
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