Las asambleas, organizaciones y comunidades de los pueblos fumigados de la Argentina repudiaron el proceder del gobierno nacional con la implementación del "paquete del veneno" que incluye el otorgamiento de beneficios impositivos al agronegocio respecto a los tres agrotóxicos de mayor uso en la agricultura extensiva en la Argentina: glifosato, 2,4-D y atrazina y una flexibilización en las autorizaciones de formulados comerciales de todos los principios activos.
"Estas medidas tienden a facilitar su disponibilidad en el sistema agroalimentario, priorizando los intereses económicos agroindustriales en detrimento del derecho a la salud y a un ambiente sano de toda la población", señalaron en un documento difundido recientemente.
"El paquete del veneno -anunciado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en las redes sociales- forma parte del derrotero de una política de Estado que no reconoce ninguna grieta ni se diferencia con las administraciones nacionales anteriores desde la imposición del modelo agroindustrial en la Argentina, en el año 1996", repasaron.
Las víctimas de los pueblos fumigados de la Argentina nucleados en espacios colectivos comunitarios, redes y campañas de acción y articulación de modo horizontal y democrático y que vienen denunciando y visibilizando los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y en el ambiente desde hace más de 20 años, alertaron que "la implementación del 'paquete del veneno' importa un aumento exponencial de los riesgos que ya implica de modo relevante la liberación ambiental de los agrotóxicos".
Alarmante
Las organizaciones señalaron que el estado de situación de Argentina en cuanto al uso de agrotóxicos es alarmante por donde se lo mire. "En el plano normativo, hay una complicidad consuetudinaria del poder político en todos los órdenes sin distinción del color político de quienes gobernaron y gobiernan", advirtieron y añadieron que "a nivel nacional sigue sin haber una legislación sobre presupuestos mínimos en relación a los agrotóxicos, lo que representa, por un lado, la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional y por el otro, la habilitación impune al proceder del gobierno actual a flexibilizar un sistema regulatorio de autorizaciones de formulados comerciales agrotóxicos -a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)- que ya es abiertamente laxo al no exigirle a las empresas del agronegocio estudios respecto a los impactos sanitarios crónicos y sinérgicos que, de considerarse, no habilitarían el uso de gran parte de esas sustancias".
A su vez, cuestionan que el Código Alimentario Argentino en el listado de los agrotóxicos que deben ser monitoreados por las empresas para garantizar el acceso al agua potable de la población, no contempla a ninguno de los centenares de principios activos de uso actual en el modelo agroindustrial.
"En las jurisdicciones provinciales y municipales, se siguen liberando al ambiente estas sustancias sin importarles a las autoridades locales el impacto que tienen en la población que habita los pueblos del interior, incluidos los establecimientos educativos rurales", remarcaron.
Contaminados en la ciudad
En el mismo rumbo, argumentaron que "somos las propias víctimas de los pueblos fumigados de la Argentina quienes, de modo autogestivo y con el acompañamiento de la ciencia digna del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Balcarce y de las universidades públicas, venimos demostrando cómo nuestros cuerpos, el aire que respiramos y el agua que consumimos están contaminados con venenos y cómo la población humana es expuesta a riesgos desproporcionados ante la imposibilidad de controlar los agrotóxicos, una vez que son liberados al ambiente".
También señalaron que a la exposición directa que padecen quienes viven en los pueblos fumigados de la Argentina, se suma la exposición indirecta -que también alcanza a las poblaciones urbanas- a través del consumo de los alimentos, ya que todas las frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas que provienen de los mercados concentradores, de acuerdo a los controles oficiales del Senasa, presentan niveles significativos de residuos de agrotóxicos.
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"Denunciamos que actualmente se usan más de 650 millones de litros anuales de agrotóxicos que se concentran en un listado de 100 principios activos aproximadamente que son de uso casi diario en el sistema agroalimentario industrial, tanto en la agricultura extensiva como en la producción intensiva frutihortícola", reforzaron y añadieron que "gran parte de esas sustancias fueron canceladas en la Unión Europea y que, conforme a la información científica disponible, son persistentes en las matrices ambientales y se bioacumulan con capacidad para actuar como agentes cancerígenos, genotóxicos y alteradores hormonales, entre otros efectos tóxicos".
Por eso, los pueblos fumigados de la Argentina, sobre la convicción de que es necesario y urgente la transformación del modelo agroindustrial, anunciaron que "en el marco del plan de lucha colectivo que venimos llevando adelante en cada pueblo -logrando como medidas paliativas urgentes alejar las fumigaciones con ordenanzas municipales o fallos judiciales- y en cada jurisdicción provincial, impugnaremos judicialmente a nivel nacional el paquete de veneno, ya que en vez de flexibilizar las autorizaciones para la liberación de más agrotóxicos para beneficiar intereses económicos sectoriales, el Estado debe adoptar medidas urgentes e impostergables para reducir su uso, priorizando las cuestiones sanitarias y ambientales que el agronegocio implica, en pos del bien común".
Prohibición urgente
Los voceros de los pueblos fumigados adelantaron que, a la par del rechazo al "paquete del veneno" que acompañarán con la impugnación judicial, reclamarán y exigirán la prohibición urgente de todos los agrotóxicos que fueron cancelados en la Unión Europea, lo que representa un delito penal de las autoridades del Senasa por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Pedirán la revisión urgente de todos los principios activos y formulados comerciales de agrotóxicos autorizados en la Argentina, ordenando la prohibición de uso en el sistema de producción de alimentos de aquellas sustancias que actúen como agentes cancerígenos, disruptores endócrinos o genotóxicos.
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También exigirán la modificación del Código Alimentario Argentino a fin de que se incluya en el monitoreo sobre la calidad del agua de consumo humano a los agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial.
Asimismo, solicitarán la implementación en el sistema de salud pública y privada de las guías de salud para personas expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos en los pueblos fumigados y el alejamiento -como medida paliativa urgente- de las fumigaciones con agrotóxicos de los centros poblados, comunidades, emprendimientos agroecológicos, escuelas rurales y cursos de agua en todos los pueblos fumigados de la Argentina.