El Gobierno anunció esta semana que detendrá el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, con el fin de realizar una auditoría y detectar "casos con irregularidades". La medida fue anunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien definió la situación de la reparación como un "festival de pagos" y denunció que "no podrían haber ocurrido sin una ayuda política".
"El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso -según resolución Nº RS-2024-40979055-APN-MJ- la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", explica el comunicado de prensa publicado en redes por el funcionario.
La decisión de auditar "todos los pedidos" surge a partir del fallo dictado en la causa 'Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. "En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional", informó el Ejecutivo.
La respuesta de Pietragala
A raíz de esta denuncia pública que realizó el ministro Cúneo Libarona, el exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla, le respondió a través de un posteo en sus redes sociales: "Estaría bueno que aclare que la denuncia a estos delincuentes la realice yo, es decir nosotros los descubrimos", sostuvo.
"Claramente, es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de estado y cubrir un manto de sospecha a nuestra gestión. Muy berreta ya que hay documentación que prueba que nosotros denunciamos y desbaratamos estos tránsfugas", reprochó el exfuncionario.
El exsecretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, se había presentado como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos de falsos familiares de desaparecidos. Como resultado de ese juicio, cinco personas fueron procesadas como integrantes de una organización criminal que brindaba falso testimonio y estafaba a la administración pública".
En declaraciones al programa Modo Fontevecchia, el exfuncionario kirchnerista agregó: "Hay una elevación a juicio por fraude al Estado, hoy están procesados. "Unas personas que se hacía pasar por hijo y abogado, contactaba familiares de desaparecidos que tenían trámites atrasados, y con la excusa de acelerar los trámites le pedían un porcentaje. Esa banda la descubrimos nosotros y la denunció nuestra gestión. Hasta falsificaban sellos de los distintos ministerios, un fraude total.
"Podrá haber un caso de error, pero no se le paga a nadie que no corresponda. Todavía me cruzo gente que me dice 'no pude sacar la ley en tu gestión', y era porque le faltaba algún requisito. Si una persona estaba exiliada tenía que presentar los pasaportes, certificado de refugiado, etc. No es que se paga al tun tun, hay que presentar documentación, por eso es que se dilata en el tiempo y hasta el día de hoy se siguen llevando adelante reparaciones", comentó Pietragalla en Radio Perfil.
Las denuncias contra Martínez Moreira se iniciaron en 2014. Ese año, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció a esta persona –que se presentaba como hijo de desaparecidos paraguayos– por haber adulterado declaraciones testimoniales de Adriana Calvo, que había fallecido en diciembre de 2010. Adriana Calvo fue la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las tres primeras Juntas Militares.
En 2014, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también denunció a Moreira por falsificar sus registros. En 2016, se sumó una denuncia del abogado Javier Garín, quien advirtió que estaban usando su firma para reclamos falsos. En 2021, una víctima del terrorismo de Estado hizo una denuncia reservada contra Moreira.
Según consigna el diario Página/12, la jueza María Eugenia Capuchetti delegó la instrucción de la causa en la fiscala Paloma Ochoa, quien investigó el caso. En junio del año pasado, Capuchetti procesó a Martínez Moreira, al abogado Omar García y a tres personas más. En noviembre, la Sala II de la Cámara Federal ratificó la decisión y amplió los procesamientos
La auditoría de Cúneo Libarona
Luego de anunciar la medida por redes sociales, el ministro acudió a una entrevista televisiva en LN+ en la que detalló que avanzarán contra "gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto".
"Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodo como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaron", detalló.
Cúneo Libarona informó que la auditoría será sobre 7.996 indemnizaciones, además del caso de 14.400 personas exiliadas. "Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno", insistió en comunicación con LN+.
Asimismo, afirmó que el Ministerio de Justicia actúa como querellante en esta causa y solicita que "se apunte al secuestro y decomiso del dinero". "Lo vamos a recuperar, que devuelvan el dinero, porque si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito", sostuvo.
Villarruel se colgó de la denuncia de Cúneo
La vicepresidente Victoria Villarruel defendió este martes la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, luego de que se detectaran irregularidades en los trámites. En ese sentido, la funcionaria pidió "auditar el curro de los derechos humanos".
"Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", señaló Villarruel a través de su cuenta de X (antes Twitter). "Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del Presidente", completó.
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