- Valencia El héroe del incendio vuelve al edificio: "Me gustaría que se reconstruyera y ser otra vez el conserje"
- Investigación Un electrodoméstico de una cocina causó el incendio de Campanar con diez víctimas mortales
"Si ha habido una negligencia, que se pague. Pero no podemos juzgar sin pruebas". Quien lo dice es Nancy Khawam, una de las inquilinas del tristemente famoso edificio incendiado de Campanar, en Valencia. Por ello, la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic) se ha personado en el juzgado para sumarse a la petición de reapertura de la investigación judicial. Cuando se cumplen dos meses de la tragedia que dejó diez fallecidos, las víctimas buscan ahora justicia.
Porque en pleno proceso de duelo llegó la noticia del archivo de la investigación judicial por parte del juez, que no ve indicios de delito en un fuego que pudo originarse por el fallo eléctrico de un electrodoméstico. Sin embargo, para el abogado que representa a las familias de seis de los fallecidos, Ignacio Grau, el archivo fue "totalmente sorpresivo e injusto". "No hay un solo informe que lo avale, pero sí diez muertos que merecen una investigación", afirma en declaraciones a EL MUNDO.
Para Grau, que no descarta una imprudencia, "es pronto para saber que no hubo delito". Primero, porque más allá de cómo empezó el fuego, la rapidez con la que se propagaron las llamas por toda la fachada "ya requiere una investigación". Segundo, porque "hay vecinos que dicen que se salvaron porque desobedecieron a los bomberos".
En su recurso -al que se ha adherido también la Fiscalía- para que la Audiencia Provincial de Valencia ordene la reapertura del caso, Grau pide que se cite como testigos al jefe de la Brigada de Policía Científica o al jefe del servicio de bomberos. Y ello porque no se han analizado las causas para saber, por ejemplo, qué pasó con la pareja que falleció junto a sus dos hijos pequeños, "a quienes se les ordenó que debían permanecer en el baño cuando tuvieron oportunidad de salir", señala el recurso, en el que se pregunta "por qué se aplicó un protocolo con los ojos cerrados".
"Tampoco sabemos por qué un material claramente inflamable ha sido utilizado en la construcción de viviendas y si pudo ser instalado conforme a la normativa en vigor, o si el inicio del fuego se debió a algún electrodoméstico y si este contaba con las revisiones, mantenimiento y garantías pertinentes", agrega el recurso.
Lo que la defensa de las víctimas plantea es, descartada la "etiología dolosa", si cabe una etiología "imprudente". La investigación, por tanto, se podría plantear contra el propietario o inquilino de la vivienda 86 donde se originó el incendio, los fabricantes de electrodomésticos, las empresas de mantenimiento, los promotores y constructores del edificio por los materiales y técnicas empleados o el servicio de bomberos "que aplicó un protocolo que no resultaba de aplicación ante lo evidente, más aún, conociendo como debían conocer el lamentable episodio de Londres (Torre Grenfell)", según sostiene el recurso. Se solicita, por tanto, una reconstrucción de los hechos y que se requiera al 112 y a la Policía Nacional y Guardia Civil todas las grabaciones de aquel 22 de febrero.
"Lo argumentado por el juez [para decretar el archivo] es un contrasentido, pues afirma que no hay nada en la causa para poder afirmar la existencia de delito y, por otro lado, no ha investigado nada", concluye el recurso, que critica que la instrucción solo haya durado 14 días sin que el juez haya solicitado de oficio ninguna diligencia para determinar posibles responsables. "Los familiares no quieren un culpable o un cabeza de turco. Quieren un relato de lo que pasó", sentencia su abogado.
La otra batalla que librarán los supervivientes afecta al edificio. A la pregunta de si podrán recuperar su hogar aún no tienen respuesta. La declaración de ruina, la demolición completa o parcial, la reconstrucción o la rehabilitación son opciones que siguen sobre la mesa pendientes de los informes periciales que están realizando las compañías aseguradoras y la propia comunidad de vecinos, que ha encargado un estudio independiente. Se analizarán mediante catas y ultrasonidos las fisuraciones que hayan podido aparecer en el hormigón de la estructura, lo único que se mantiene en pie, y la dilatación provocada por las altas temperaturas que se alcanzaron en el incendio. Las paredes que dividían las viviendas y sus espacios interiores han desaparecido porque eran de placas de yeso laminadas. Queda una estructura fantasma diáfana.
La previsión de los propietarios es tener los resultados de los informes técnicos antes de tres meses y ya que han constituido Aproicam, una asociación para "apoyar, ayudar y asesorar" a los socios. "Queremos reconstruir nuestros hogares", reconocen en un comunicado. No hay dudas en esa intención el problema, según cuentan algunos afectados a este diario, es cuándo y cómo. "Tiene que ser en un plazo prudente. Cuanto más se dilate en el tiempo, peor, porque se cronificará", advierten. Miran con terror lo ocurrido precisamente con la Torre Grenfell de Londres, incendiada en 2017 y aún sin rehabilitar.
Con los resultados podrán tomar una decisión: si hay ruina, demoler y volver a construir o vender el solar. Si cabe reconstrucción, a qué precio, en cuánto tiempo y cómo. "Hay que solicitar un proyecto, nombrar un director de obra, una constructora y decidir muchísimas cosas, entre ellas los acabados de la fachada", cuentan fuentes de la organización vecinal. Saben que mantenerse unidos lo hará todo más fácil, pero cada uno tiene su realidad.
99 de las familias que lo perdieron todo han estado residiendo en las viviendas que ofreció el Ayuntamiento en el barrio de Zafranar por tres meses prorrogables. 187 adultos y 42 menores que siguen pidiendo volver al barrio, al parque donde van sus amigos. Quieren volver a Campanar y se están encontrando con un obstáculo: los precios de los alquileres en el barrio han subido un 20%. "No puedes encontrar un piso por menos de 1.500 euros, sin amueblar y sin electrodomésticos", relata una afectada. La Generalitat concedió a los afectados una ayuda de 1.500 euros para el alquiler pero sólo durante un año.
A la huella de la tragedia se une la incertidumbre. Siguen pagando hipoteca, a algunos sus bancos les han concedido carencias, y tienen que hacer frente a un alquiler por tiempo indefinido. A eso se puede sumar la aportación económica que deban realizar para la reconstrucción, que no sabe si podrán cubrir con las indemnizaciones particulares que cada uno reciba.
Por eso están dispuestos, a través de Aproicam, a recibir donaciones, ayudas e incluso organizar eventos para recaudar fondos con los que tratar de volver a rehacer su proyecto de vida allá donde el fuego lo devoró en febrero.