La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Francisco Torres Luna, quien ejerce como agente dentro del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo en la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La causa de la indagación radica en las supuestas irregularidades vinculadas al uso indebido de vehículos oficiales de la entidad, los cuales, según informes, eran empleados para organizar recorridos turísticos para visitantes extranjeros, específicamente de Brasil y México.
La actividad ilícita habría incluido excursiones por distintas ubicaciones tanto en Bogotá como en municipios cercanos dentro del departamento de Cundinamarca, entre los que se encuentran Guadalupe, La Calera, Choachí, Zipaquirá y Cajicá. Se ha mencionado que Torres presuntamente cobraba entre 200.000 y 250.000 pesos por estos tours.
Dentro de las anomalías señaladas, destaca la afirmación de que el combustible y el vehículo empleados para llevar a cabo dichas excursiones turísticas provenían de recursos asignados a la UNP, poniendo en entredicho el uso y administración de los bienes del Estado destinados para fines de protección y seguridad.
La indagación busca esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes ante lo que podría constituir una práctica contraria a la normatividad estatal en la administración de los recursos públicos.
Si la Procuraduría General de la Nación de Colombia encuentra responsable a un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por irregularidades en el uso de los vehículos, dicho funcionario podría enfrentar varias consecuencias disciplinarias.
Estas pueden incluir desde amonestaciones escritas hasta la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por un periodo determinado. La severidad de la sanción dependerá de la gravedad de la falta y de las circunstancias específicas del caso.
Abren investigación contra policías que capturaron al extranjero acusado de abuso de menores
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación preliminar contra funcionarios aún no especificados pertenecientes a la Policía Nacional y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), debido a supuestas irregularidades observadas en la captura y el traslado de un ciudadano estadounidense señalado por delitos de acceso carnal abusivo y/o actos sexuales con menores de 14 años.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá, el objetivo de esta indagación es profundizar en las posibles falencias en los procedimientos seguidos por los oficiales encargados de la custodia del sospechoso, además de examinar las acciones legales que se llevaron a cabo para su detención y las verificaciones correspondientes al caso.
El Ministerio Público considera que dichos policías podrían haber incurrido en faltas disciplinarias durante estas actividades. Sin embargo, también se investigará la posible implicación de otros individuos vinculados a diferentes instituciones que pudieron haber tenido un rol en los eventos que condujeron a que el acusado posteriormente abandonara Colombia, dirigiéndose a los Estados Unidos.
A través de este proceso, la Procuraduría pretende clarificar la identidad de los potenciales responsables y ha ordenado la recolección de pruebas necesarias que contribuyan a comprobar la existencia de acciones presumiblemente irregulares. El fin es determinar si estas acciones configuran faltas disciplinarias o si, por el contrario, existen motivos justificables que eximirían de responsabilidad a los implicados en este procedimiento.
El impacto y repudio colectivo han sido las reacciones predominantes frente a las imágenes difundidas por una cámara de seguridad, donde se observa a Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense de 36 años, entrando a un reconocido hotel de El Poblado, Medellín, acompañado de dos niñas de 12 y 13 años. Las acusaciones que pesan sobre Livingston, señalado de pederastia, han cobrado fuerza tras la difusión del video.
Este hecho ha llevado al señalado a abandonar la ciudad de Medellín y huir hacia Estados Unidos, justo cuando los medios de comunicación comenzaron a exponer el caso ampliamente. Aunque Livingston no fue detectado en flagrancia cometiendo actos sexuales con las menores, lo cual habría permitido su captura inmediata por las autoridades, el ingreso al hotel con las niñas ha provocado una reacción institucional.
Como medida, el hotel implicado en este suceso fue clausurado temporalmente por diez días, demostrando un acto de repudio institucional y buscando reforzar la protección hacia los menores de edad.