La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha declarado este miércoles que desde el Ayuntamiento van a instar al Gobierno de Canarias a que realice un estudio para ver la posibilidad de declarar zonas residenciales tensionadas en la ciudad, de acuerdo a la ley estatal de vivienda.
"El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a presentar en el próximo pleno una iniciativa para instar al Gobierno de Canarias a que realice el estudio necesario de todas las zonas de la ciudad y también para declarar la posibilidad de que sea zona tensionada", afirmó la alcaldesa socialista en declaraciones facilitadas por el Consistorio capitalino.
Darias ha recordado que la propia Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023, recoge que son las comunidades autónomas las que "si estiman oportuno, tienen que declarar zonas tensionadas", debido a que son estas quienes tienen las competencias en materia de vivienda.
Acerca de las 1.000 viviendas públicas
La alcaldesa aseguró que en Las Palmas de Gran Canaria "hay indicios serios para pensar que existen zonas tensionadas", pero que es necesario estudiar su extensión. La primera edil señaló que están aprovechando todas las posibilidades que ofrecen la ley estatal de vivienda y el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por el parlamento autonómico el pasado febrero.
No obstante, ha indicado que la ciudad de Las Palmas no va a aplicar los artículos 13, 14, 15 y 16 de dicho decreto ley, todos ellos relacionados con las medidas para incrementar la disponibilidad de edificaciones para la vivienda.
Darias argumentó que la decisión del Consistorio se toma partiendo del propio artículo 17 de esta norma autonómica, que les permite acogerse a esta opción, y que "las Palmas de Gran Canaria es una de las pocas ciudades de nuestra comunidad autónoma que tiene un plan general de ordenación vigente, adaptado a las máximas exigencias medioambientales y en materia de vivienda protegida, con reservas de suelos".
La alcaldesa recordó el compromiso de gobierno de promover la edificación de 1.000 viviendas públicas nuevas en régimen de alquiler en este mandato y detalló que ya dispone de suelo habilitado para todas ellas y que ha recabado financiación para la mitad.
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