Ochenta mil empleos perdidos en tan sólo noventa días
«No hay obra privada que compense la caída», advierten desde la Uocra. Sólo continúan las que están en marcha, pero no hay nuevas
La finalización de la obra pública dispuesta por el Gobierno, inédito por su magnitud y forma –ya que implicó cesar inversiones con financiamiento internacional ya asignado-, impactó de lleno sobre la actividad de la construcción. La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) alertó por la pérdida de 80.000 puestos de trabajo desde el 31 de diciembre, en un informe difundido a mitad de marzo. El dogmatismo del presidente y una supuesta nueva alianza con Estados Unidos hasta el momento sólo generaron despidos masivos en las represas de Santa Cruz y en la bonaerense Atucha. El gremio llamó a un estado de Asamblea Permanente por la acumulación de despidos también en localidades pequeñas.
La suspensión de dos obras de envergadura resultan simbólicas como una muestra de los problemas que acarrea una política que proclama una defensa de las relaciones con Estados Unidos, que parecen darse de momento solo en dirección unilateral. Esa posición provocó la suspensión de la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz con financiamiento chino –la Jorge Cepernic, con un 45 por ciento de avance, y Néstor Kirchner- y el proyecto de los reactores nucleares en Atucha I y II, las centrales ubicadas en el partido de Zárate en la provincia de Buenos Aires, dependientes de Nucleoeléctrica Argentina, empresa pública incluída en la lista de potenciales privatizables de la Ley Bases redactada por el Gobierno.
La gigante Gezhouba tenía interés en mantener las obras de Santa Cruz, el proyecto de ingeniería más importante que una empresa china construye fuera de su país. También el gobierno provincial y los trabajadores de Uocra, vinculados a través de la UTE (unión temporaria de empresas) Represas Patagonia, pero Nación no firmó las adendas que permitirían liberar el financiamiento chino.
Así, 1800 trabajadores del rubro de la construcción recibieron telegramas de despido y algunos también la liquidación final, sobre un total de 3000 afectados a las obras en el sur argentino. En declaraciones radiales, Rubén Crespo, subdelegado de Uocra en la región, afirmó que "aproximadamente 4.000 familias dependen de estas obras", entre empresas subcontratistas y proveedoras de insumos y servicios.
Crespo manifestó que la UTE "quiere la continuidad de los trabajos, y no hay intenciones de abandonar la obras, pero reclaman comunicación con el Gobierno Nacional». Hay maquinaria que se diseñó para esta obra, y con la finalización y recaudación tienen que pagar esa maquinaria importante. El subdelegado de Uoca reconoció, sin embargo, que las expectativas a futuro "son difíciles con el Gobierno Nacional porque no hay diálogo, por eso se solicitó al Gobierno Provincial que intervenga".
En cuanto a las centrales atómicas en Zárate, "la paralización de los proyectos nucleares pone en jaque a la economía local y nacional", manifestó Julio González, Secretario General de Uocra-Zárate, en el marco de protestas por la desvinculación de 160 trabajadores de la construcción. El reactor Carem, así como el RA-10 prácticamente finalizado y el plan de medicina nuclear, desarrollados en Atucha, contaban con presupuesto de la Secretaría de Energía. Desde diciembre de 2023, los pagos están congelados.
Según informó el portal especializado Econojournal, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) enviaron una notificación formal el 22 de marzo a la Secretaría de Energía advirtiendo un "inminente corte de servicios en los centros atómicos y paradas de obra" por los pagos adeudados, pero no obtuvieron respuesta.
El cordón industrial bonaerense soporta buena parte de los despidos y suspensiones de empresas pyme y grandes fábricas. Grandes automotrices como Toyota ofrecieron el pase a retiro voluntario. La metalurgia, los trabajadores del rubro automotriz y de la construcción forman parte de una misma tierra arrasada. Según el informe difundido por Uocra, los «80.000 puestos de trabajo perdidos están estrechamente relacionados con la obra pública, dado que históricamente alrededor del 25 por ciento de los empleos están relacionados a obras con financiamiento del sector público nacional y de las provincias».
En el caso de las provincias más chicas, "muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras inversiones públicas, las más afectadas son: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero. Aquellas jurisdicciones en las que las obras privadas tienen más relevancia, sufrieron menos el impacto: ellas son CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán".
"Las obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución, que no pueden pararse pero han disminuído su ritmo, y no vemos obras de reemplazo a su finalización", observaron desde Uocra. Asimismo señalaron que "la obra privada no ha alcanzado aún niveles que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública".
El informe del sindicato advertía que los puestos de trabajo en el sector comenzaron a descender a mediados de 2023, pero ese deterioro escaló con fuerza a partir de diciembre. A fines de año se contaba con 440.000 puestos de trabajo, pero en marzo promediaron los 360.000 y "continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída. Incluso, en grandes obras, se mantuvo en planta un importante número de trabajadores por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo».
Los trabajadores despedidos están cobrando del fondo de cese laboral que tiene el sector, dada la particularidad de su actividad temporaria. El mismo consiste en percibir los fondos que ha ido depositando mes a mes el empleador a cuenta del trabajador, equivalentes al 12 por ciento de su salario hasta el fin de la relación laboral. "Es un fondo inembargable, de libre disponibilidad y que se actualiza por el índice UVA. Es la manera que tiene el trabajador de la construcción de cobrar una indemnización al fin de la relación laboral", confirmaron desde el gremio. El problema es la continuidad laboral de los trabajadores del sector en un contexto crítico, en el marco de una caída abrupta y generalizada de la actividad económica.