El Ministerio de Hacienda aprobó en febrero una inyección de 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo a través del cual el Gobierno se ha propuesto incrementar su participación en la empresa de telecomunicaciones para hacer frente al desembarco de la operadora saudí STC. Con esta maniobra el Ejecutivo preparó la compra de acciones de Telefónica por parte del holding público.
Según el informe de ejecución presupuestaria de febrero de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento encabezado por María Jesús Montero transfirió a la SEPI 500 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para este año. En concreto, el monto procede de la partida dedicada a aportaciones patrimoniales, a través de la cual el Estado moviliza recursos para llevar a cabo operaciones financieras.
Los PGE de 2023 preveían 20.608 millones de euros en este concepto, la mayor parte (un 78% aproximadamente) dedicados al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, un instrumento orientado hacia los territorios con mayores problemas financieros. El traspaso de 500 millones a la SEPI con cargo a esta partida supone aproximadamente un 12% de los recursos que el año pasado se inyectaron por esta vía en entidades públicas. ADIF-Alta Velocidad y la Entidad Empresarial de Suelo (SEPES), por ejemplo, recibieron respectivamente 311 y 230 millones de euros.
Aunque el informe publicado por la IGAE el pasado 27 de marzo no especifica que el traspaso de 500 millones haya sido destinado a ampliar la participación de la SEPI en Telefónica, el movimiento se produjo poco antes de que la empresa pública comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición del 3% de la 'teleco' hace apenas una semana, una operación valorada en cerca de 700 millones de euros, según la cotización actual de la compañía en la Bolsa. De este modo, la SEPI avanzó en el objetivo marcado por el Gobierno de alcanzar hasta un 10% del capital social de Telefónica, una maniobra con la que pretende contrarrestar la entrada de STC.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en una entrevista concedida a El Mundo la fórmula utilizada por el Gobierno para materializar la entrada en el accionariado de Telefónica y ha adelantado que su partido estudiará si existen irregularidades. "El Gobierno sin Presupuestos está utilizando de una forma torticera el de 2023 para la participación masiva en Telefónica", ha afeado, apuntando a la posibilidad de que haya un conflicto de intereses, dada la función del Estado de regular el mercado de las telecomunicaciones.
El desembarco de STC
La operadora saudí se hizo en septiembre con un 9,9% de Telefónica. Dentro de esta proporción de capital, STC adquirió un 4,9% mediante la compra directa de acciones -salvando así la aprobación del Gobierno que había necesitado en caso de superar el 5%- y un 5% en derivados financieros, lo cual supuso en total el desembolso de unos 2.100 millones de euros. La empresa gestionada por el Estado de Arabia Saudí se convirtió así en el primer accionista de la multinacional española, muy por delante de BBVA, BalckRock y CaixaBank, cuya participación no sobrepasa el 5%.
La operación despertó la inquietud del Gobierno, que se comprometió a "defender y proteger" los intereses estratégicos de España. "Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismo que sean necesarios teniendo siempre en mente los intereses estratégicos de España", aseguró la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, antes de dar la orden de hacerse con hasta el 10% de la 'teleco'. Por el momento, además del 3% que está ya en manos del Estado, la SEPI tiene aparcado otro 2% del capital social de Telefónica en derivados financieros, de manera que, cuando los haga efectivos, su participación en la 'teleco' se elevará hasta el 5%.
La decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos PGE para 2024 y prorrogar los del año pasado había despertado dudas sobre cómo se materializaría la entrada en el accionariado de Telefónica, un escollo para el que Hacienda ha recurrido a la fórmula de las aportaciones patrimoniales. No es descartable que en los próximos meses se produzcan más traspasos de recursos hacia la SEPI para ahondar en el mandato de aumentar hasta el 10% la participación pública en la 'teleco'.