Hace apenas mes y medio el acuerdo, el afán de colaboración y el punto de vista común fue la tónica de la reunión mantenida por el presidente Moreno y su homólogo canario, Fernando Clavijo. Andalucía mostró el pasado 6 de marzo, día en el que rubricó un convenio de colaboración con el archipélago en diferentes materias (entre las que se encontraba la migratoria), toda su solidaridad ante los retos asociados a la acogida de los más de 5.500 niños y jóvenes que han migrado solos a las Islas Canarias y continúan bajo tutela de las islas.
Apenas mes y medio después, tras cumplir con sus compromisos en el último reparto acordado entre las comunidades entre ámbito, en el que Andalucía recibió a un total de 36 menores procedentes de Ceuta, la Junta ha mostrado este martes su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno central cierre un acuerdo de manera "unilateral" con el Ejecutivo de Canarias sobre el reparto de menores migrantes. En la pasada distribución, a la comunidad andaluza se le asignó una financiación de 1,9 millones de euros. Fue la región con mayor número de jóvenes asignado.
El Gobierno de España anunció este lunes que atajará el problema impulsando una proposición de ley para repartir de unos 2.500 menores migrantes no acompañados, de los 5.500 que tutela Canarias en solitario. Para lograr fijar un criterio de distribución el Gobierno siempre ha apuntado a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Canarias, por su parte, considera que la fórmula más ágil pasa por un decreto ley.
Un mecanismo de solidaridad interterritorial obligatorio
El presidente del Gobierno andaluz ha reiterado en los últimos meses que la necesidad de transparencia en este ámbito, demandando al Gobierno una hoja de ruta y que asuma "su responsabilidad a la hora de planificar". Este martes, por su parte, su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado en que "los acuerdos que nos afectan a todos deberían cerrarse con todos".
El portavoz ha remarcado: "¿A alguien le extraña que Andalucía quiera estar en la mesa en la que se adoptan decisiones que le afectan?". En este línea, Fernández-Pacheco ha aclarado que "cuando tengamos toda la información decidiremos". "Últimamente se nos dan las soluciones ya pactadas de manera unilateral y eso no lo vamos a aceptar", ha concluido.
Un reparto de 2.500 niños y jóvenes
La reubicación de los menores migrantes se plantearía, según la información conocida esta semana, cuando una comunidad autónoma se encuentre en una situación de "contingencia migratoria extraordinaria" y su sistema de protección se encuentre por encima del 150% de su capacidad. Ante esa contingencia, se prevé, primero, elevar una propuesta de distribución a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y si no hubiese acuerdo, se aplicaría la ley.
Según lo acordado, por tanto, las comunidades autónomas tendrían que hacerse cargo ahora de 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, ya que el límite de la acogida en las islas se situaría en 3.000.
Según adelantaba el pasado lunes El País, a Andalucía le correspondería en este primer reparto la acogida de 186 niños y jóvenes con una financiación asociada de unos 10 millones de euros aproximadamente.
A la espera de la conferencia sectorial
Todos los ojos están puestos ahora en esa conferencia sectorial, la última sobre migraciones se celebró el pasado 18 de marzo. Ahí se volvieron a mostrar las costuras de varios de los consejeros del ramo de los Gobiernos autonómicos. La solidaridad entre territorios parece que tendrá que ser a través de una fórmula obligatoria, a la vista de las diferentes sensibilidades al respecto.
Hay que recordar que la distribución autonómica de estos niños y jóvenes formaba parte de un compromiso adquirido entre el PSOE y Coalición Canarias para la investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre.
"Máxima sensibilidad y conciencia social"
A la espera de esta nueva reunión, Fernández-Pacheco se ha mostrado en contra de que se cierren acuerdos de manera unilateral, "única y exclusivamente" con una comunidad autónoma "sin tener en cuenta al resto, cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto".
Por todo ello, el consejero y portavoz de la Junta de Andalucía ha insistido en que es necesario que en el encuentro con las comunidades "se concite la opinión del conjunto de las comunidades autónomas de España para poder abordar un tema ante el que Andalucía tiene la máxima sensibilidad y la máxima conciencia social para intentar solucionarlo entre todos".
A pesar de todo, el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, advirtió este lunes de que la proposición de ley establecerá la obligatoriedad y que el Gobierno central podrá imponer el reparto de los menores si no hay acuerdo. Este es precisamente el principal escollo para el consenso.
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