Durante los meses de abril hasta septiembre de 2023, el Ayuntamiento de Madrid detecta irregularidades en la entrega de notificaciones administrativas -sobre todo multas y avisos de la Agencia Tributaria-, que no llegaban a sus destinatarios. Por eso, encarga un estudio a los técnicos del Ayuntamiento y a un perito externo, que confirman "simulaciones de notificaciones que no se llegaban a realizar". Tras esto, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha confirmado que el Consistorio ha denunciado a la empresa postal por supuesto "fraude y mala praxis". Además, ha asegurado que el Consistorio "va a actuar de oficio para solventar cualquier incidencia" que hayan podido sufrir los ciudadanos afectados.
El contrato con 'RD Post', por valor de 43 millones de euros, estuvo vigente entre 2021 y 2023 y las irregularidades se detectan en la última fase, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo proceso de licitación, que finalmente ganó Correos. Sanz ha cifrado en 300.000 el número de afectados, "el 2,8% de las notificaciones de la vida completa del contrato", durante el que se produjeron 12 millones de notificaciones en total. Como esta entrega de correo certificado afectaba fundamentalmente a multas y notificaciones de Hacienda, la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, ha garantizado que "si alguno hubiera tenido dificultad a la hora de alegar las multas o cualquier otra situación", lo van a solventar de oficio porque esas irregularidades "están perfectamente identificadas".
El retraso en la entrega de la documentación certificada por parte de 'RD Post' ha provocado que muchos ciudadanos no se hayan podido beneficiar de la reducción por pronto pago en los abonos de multas. Según ha avanzado el digital Voz Pópuli y confirmado Sanz, hay notificaciones que no llegaban en tiempo y forma o llegaban a varias personas a la vez en distintos puntos de la ciudad.
Sanz ha insistido en que van a utilizar todos los instrumentos legales para "recuperar hasta el último euro que se haya podido defraudar al Ayuntamiento de Madrid", que estima en un millón de euros, y ha insistido en trasladar a los madrileños afectados la "total y completa seguridad" de que no se van a ver afectados en sus derechos por esas posibles irregularidades.