El Caso Rolex y las joyas de la presidenta Dina Boluarte no tiene cuando acabar. Cada día se suma un nuevo episodio a esta trama que está condenada a un desenlace fatal o inesperado más temprano que tarde.
El último miércoles, el Ministerio Público incautó tres relojes Rolex y una pulsera de oro y diamantes presuntamente usada por la mandataria y que fueron adquiridos por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Los objetos quedaron bajo custodia de la fiscalía durante una diligencia de las investigaciones a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.
La incautación se produce a menos de una semana de que Boluarte Zegarra diera su testimonio ante la Fiscalía de la Nación y dijera que los relojes le fueron dados en calidad de préstamo por Oscorima, a quien llamó "hermano, amigo, 'wayki'". En esa oportunidad, la mandataria dio una conferencia de prensa donde dijo que la pulsera de oro que todos hemos visto en su muñeca no es tal, sino bisutería fina.
El abogado de Oscorima, Humberto Abanto, calificó la incautación de arbitraria.
Lamentablemente, a su salida del Ministerio Público, Abanto fue agredido por un grupo de seguidores de Pedro Castillo que cobardemente lo atacaron. Este tipo de agresiones no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Y aquí no cabe el doble rasero de criticar estas acciones cuando atañen a personajes con los que simpatizo, y celebrarlas cuando se trata de un adversario político.
Pese al comentario y deseo de muchos de que ya estuvo bueno de relojes, joyas y pulseras, tristemente esta telenovela no tiene cuándo acabar, pues la presidenta está apostando a la salida legal y no a la verdad.
Si bien las dos mociones de vacancia contra Dina Boluarte fueron archivadas la semana pasada, la mandataria no puede ni debe cantar victoria, pues en nuestro país los hechos a veces van más rápido que los cálculos.
Se equivoca Boluarte si cree que quienes la sostienen y respaldan –por ahora– lo hacen porque creen en su palabra; más bien, ese supuesto apoyo obedecería a que no están dadas las condiciones para ir a elecciones generales en estos momentos.
La presidenta deberá preocuparse cuando se dé el cambio de la Mesa Directiva del Congreso en julio y el día que Jorge Salas Arenas deje el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (su período culmina en noviembre) y se elija en su lugar a un profesional que ofrezca garantías de unas elecciones transparentes que no den pie a reclamo alguno.
El reloj empezó a correr.