Trump ya realizó acusaciones infundadas sobre este tema en el pasado, como en 2016, cuando culpó de su derrota en el voto popular al voto inmigrante, y luego nombró una comisión para investigar el asunto. El comité se disolvió sin identificar un solo caso de voto de no ciudadanos.
Él y otros republicanos han intensificado recientemente sus reclamos conspirativos sobre el asunto con la entrada de migrantes a través la frontera sur durante la presidencia de Joe Biden, afirmando que los demócratas les permiten el paso para incorporarlos a las listas de votantes.
Esta teoría aúna dos asuntos complicados, la inmigración y el voto, pero en realidad es muy simple. No existe ningún indicio de que personas sin la ciudadanía voten en gran número en las elecciones federales ni de que lo vayan a hacer en el futuro. Y ya es delito que lo hagan. Se sabe que no supone un riesgo porque varios estados han examinado sus censos electorales y han detectado a muy pocos de estos casos.
Para ser claros, ha habido casos de votantes no ciudadanos, pero son extremadamente inusuales. Quienes han estudiado los casos señalan que suele tratarse de migrantes con la documentación en regla que creen, erróneamente, que tienen derecho a voto.
Johnson trató de abordar esta cuestión apuntando que "no podemos esperar a que se produzca un fraude generalizado". Pero una campaña represiva previa contra el supuesto voto de personas no ciudadanas pudo haber eliminado a miles de votantes reales de los listados.
A continuación, un vistazo a por qué el voto de los no ciudadanos no es un peligro real para la integridad de las elecciones federales y a los riesgos de modificar la ley federal.
La ley federal exige que todos los formularios de registro de votantes adviertan a quienes se inscriben que tienen que jurar bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses. En general, este aviso ha funcionado. Los inmigrantes sin ciudadanía no quieren incumplir la legislación porque podrían poner en peligro su capacidad para quedarse en el país o convertirse en ciudadanos.
Algunos republicanos llevan tiempo quejándose de que la ley federal no exija comprobaciones adicionales de la elegibilidad de los electores. Johnson se comprometió a presentar una ley que exija una prueba de ciudadanía antes de permitir el registro, pero no ofreció más detalles. Es probable que la ley no llegue a aprobarse en el Senado, controlado por los demócratas, y su principal impacto sería su utilización como argumento contra los demócratas durante la campaña electoral.
Un motivo por el que los demócratas están recelosos es que cuando Texas trató de identificar a los votantes no ciudadanos en 2019, el esfuerzo terminó inhabilitando erróneamente a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses para el voto. Un juez federal impidió que el estado aplicase la norma y el secretario de Estado de entonces renunció.
Esto demuestra los riesgos de agregar nuevos controles de identificación para detectar un hecho inusual.
Todas las pruebas disponibles muestran que es increíblemente inusual que personas que no tienen la ciudadanía estadounidense voten en las elecciones federales. Es ilegal que lo hagan en esa instancia, aunque sí pueden participar en comicios locales si la jurisdicción lo permite. Un pequeño número de circunscripciones — como San Francisco o el Distrito de Columbia — dejan que los migrantes que no tienen la ciudadanía voten en las elecciones a la junta escolar o al gobierno municipal.
Echemos un vistazo a algunos estados de tendencia conservadora para ver si este tipo de votos son un problema. En primer lugar, hablamos del voto de los "no ciudadanos", no de los migrantes. Esto se debe a que algunos se han nacionalizado estadounidenses y, de acuerdo con la Constitución, tienen el mismo derecho a votar que quienes han nacido en el país.
En 2016, Carolina del Norte auditó sus comicios para asegurarse de que no había votos indebidos. Halló 41 casos de migrantes con la documentación en regla pero que aún no eran ciudadanos entre los 4,8 millones de boletas depositadas. Esos votos ilegales no marcaron la diferencia en ninguna elección estatal, incluso ni en la carrera local más pequeña, según la junta electoral. El Departamento de Justicia del gobierno de Trump presentó más tarde cargos penales contra 19 migrantes por voto fraudulento en Carolina del Norte.
En 2022, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría de los listados de votantes del estado buscando específicamente a personas sin ciudadanía estadounidense. Su oficina descubrió que 1.634 habían intentado registrarse, pero las autoridades electorales los detectaron y nadie llegó a completar el proceso.
El Brennan Center for Justice, un grupo progresista, encuestó a 44 funcionarios electorales en algunas de las circunscripciones con una mayor población migrante del país tras los comicios de 2016, incluyendo Arizona, California y Texas. Encontró unos 30 incidentes de votos de posibles no ciudadanos entre los 23,5 millones de boletas registradas en esos lugares.
Un investigador utilizó los datos de encuestas de internet para extrapolar el número de votantes no ciudadanos y concluyó que debería haber más de los que se habían detectado. Trump citó su trabajo en 2016, pero incluso el investigador, el profesor Jesse Richman, de la Universidad de Old Dominion, dijo que el político hizo un mal uso de su trabajo y que no había evidencias de que el voto de los no ciudadanos fuese lo suficientemente alto como para decantar un estado en contra del exmandatario.
Voting Rights Lab, un grupo de tendencia izquierdista que monitorea la legislación electoral, dice que desde las presidenciales de 2020 y las mentiras de Trump acerca de que su derrota se debió a un fraude, nueve estados han implementado nuevas leyes para impedir el voto de los no ciudadanos, y 16 más están considerando aplicar disposiciones adicionales.
En la lista está Texas, donde la legislatura, controlada por los republicanos, aprobó en 2021 un proyecto de ley electoral que revivía la disposición que había causado la identificación errónea de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses como votantes ilegales. Los grupos de derechos civiles han vuelto a denunciar la iniciativa para bloquearla. El Comité Nacional Republicano, que desde hace poco está de nuevo bajo el control de Trump, defiende la medida en los tribunales.
FUENTE: Associated Press