Iván Gil
El Gobierno pone pie en pared sobre la agenda independentista de ERC y Junts. Ni negociación sobre la "financiación singular" de Cataluña fuera del marco multilateral ni, mucho menos, sobre un referéndum pactado, como el propuesto este martes por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El contexto preleectoral de las catalanas ha llevado al Ejecutivo no solo a aparcar la relación con sus socios de investidura y actores imprescindibles para la gobernabilidad, sino a acotar el margen para pactar tras los comicios del 12 de mayo. Los socialistas están cerrando la puerta a los dos asuntos mollares incluidos en los acuerdos de investidura que se preveían abordar tras la aprobación de la amnistía. Esto es, la financiación y el "reconocimiento nacional" (según el acuerdo con Junts) o el "futuro político de Catalunya" que pueda ser "refrendado por el pueblo catalán" (según el acuerdo con ERC).
Del extremo cuidado a la hora de valorar las posiciones de republicanos y posconvergentes se ha pasado al choque directo, endureciendo el tono. Una retórica propia de elecciones, pero con líneas rojas que arriesgan el apoyo de los independentistas tras el 12-M. La amnistía se aprobará definitivamente dentro de dos meses y antes del adelanto electoral de las catalanas se pusieron las bases para "avanzar" en otros acuerdos. El Gobierno ahora los está limitando, más allá de dejarlos congelados, cuando no rechazando de plano.
A la espera de cómo afecta la gobernabilidad en Cataluña a la estabilidad de la legislatura, Pedro Sánchez necesitará el apoyo de ERC y Junts para sacar adelante los Presupuestos de 2025. Una ventana de negociación propicia para seguir desplegando la agenda de estas formaciones que ahora descartan los socialistas para anteponer sus posiciones de máximos. Las cuentas públicas y, con ello el alcance de la legislatura, dependerán de que vuelvan a lograrse puntos de encuentro con cesiones por ambas partes. Un escenario que ahora parece alejado fruto de la escenificación de todas las partes. Con todo, la escenificación está dejando una hemeroteca y unas posiciones "antagónicas" que añaden más incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura.
En Moncloa niegan que las catalanas vayan a ser un punto de inflexión en su relación con los independentistas. Se muestran convencidos de que, aun dejando atrás la amnistía y lidere quien lidere el próximo Govern, no se deteriorará la relación con los independentistas para mantener a flote la legislatura. Si Salvador Illa lidera el Govern, con apoyos externos o en coalición, los socialistas entienden que los perdedores deberán reconocer la posición en la que los sitúan las urnas y el mandato de los electores. Todo ello cuando se restringen los futuros acuerdos para sostener esta entente a una suerte de 'café para todos' que ERC y Junts siempre rechazaron, rebajando sus incentivos a la hora de pactar con el Gobierno.
A nivel de financiación, el Gobierno solo se abre a la negociación dentro del marco de un nuevo sistema de financiación autonómica, con la "dificultad" añadida de depender de un acuerdo con el PP. Eso sí, están dispuestos a compensar a Cataluña "reconociendo sus competencias singulares". En lo referente al autogobierno y frente al horizonte de un referéndum, los socialistas delimitan la negociación al desarrollo del Estatut.
Posiciones "antagónicas"
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue el encargado en la sesión de control al Gobierno ayer en el Senado de polarizar con ERC. Si la senadora Sara Bailac calificaba al Gobierno como "los del no", Bolaños le respondía criticando sus posiciones por "ignorar de manera sistemática" los consensos que abrazaría la sociedad catalana. En clave electoralista, el titular de Presidencia y Justicia dibujaba dos bloques en disputa en las elecciones del próximo 12 de mayo. La de ERC, que asoció al "pasado, al conflicto, al lío, la tensión y los bucles infinitos que no llevaron a ninguna parte" y la del PSC en un sentido inverso.
La misma dicotomía había planteado antes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para rechazar la propuesta de referéndum de Aragonès por ser "antagónica con este Gobierno". "La posición de Aragonès es su posición y en absoluto es la de este Gobierno ni la mayoritaria en la sociedad Catalana", recalcó. El Ejecutivo descarta de plano la posibilidad de pactar una consulta de independencia porque "va en contra de la política que estamos andando en los últimos años". Su apuesta es "radicalmente contraria", concluyó, para poner en valor una hoja de ruta basada en la "convivencia" y en la que Alegría enmarcó la ley de amnistía.
Mesas de negociación paralizadas
El endurecimiento de las posiciones del Gobierno contrasta con los compromisos que se dejaron sobre la mesa antes del adelanto electoral. Antes de congelarse las relaciones y apenas 48 horas después de que Aragonès anunciase el adelanto electoral, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el expresident Carles Puigdemont se reunieron en Ginebra con la presencia del mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo. Según confirmaron entonces fuentes de ambas formaciones, en la cita se valoraron los pasos a seguir tras aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, que era una de las condiciones pactadas para poder abordar la "resolución del conflicto político".
Las delegaciones de ambas formaciones acordaron poner en marcha los equipos de trabajo para completar los otros dos grandes compromisos del pacto de investidura. El "reconocimiento nacional" de Cataluña y la financiación. Con ERC se acordó posponer tras las elecciones catalanas la celebración de la mesa de diálogo. El acuerdo de investidura con los republicanos habla de "impulsar el diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Catalunya" y la necesidad de "avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes". Asimismo, se compromete a abordar en este foro "el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán". La negociación de los próximos Presupuestos medirá hasta qué punto están dispuestas a ceder ambas partes y si las puertas que ha ido cerrando el Ejecutivo vuelven o no a entreabrirse.
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