2.300 personas murieron en 2023 en la lista de espera de la dependencia en Canarias
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Un total de 2.300 personas murieron en Canarias en 2023 esperando a que el Gobierno autonómico reconociera su situación de dependencia, "seis cada día, uno cada cuatro horas", ha denunciado el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, en el Parlamento.
"¿Por qué pasa esto en Canarias y no pasa en otros lugares?" ha preguntado retóricamente Rafael Yanes durante la presentación del informe anual de la institución correspondiente a 2023, y a continuación sólo ha dado una razón: "por la financiación".
En Canarias, ha continuado, "se destina a servicios sociales 276 euros por habitante y año; Extremadura le dedica 555 euros".
El gasto certificado en 2022 en dependencia en Canarias (población 2,2 millones de personas) fue de 233 millones; en Castilla y León (población 2,3 millones) fue de 747 millones, más del triple.
Así ocurre que, aunque el Gobierno de Canarias tiene que responder por ley a una solicitud de dependencia antes de seis meses, la realidad es que no lo hará antes de octubre como está obligado, sino en 2026. Si el mismo ciudadano presenta su solicitud en Castilla y León obtendrá respuesta antes del 15 de agosto de 2024.
En Canarias, la relación de puestos de trabajo en dependencia es la misma de hace 17 años, pero los mayores de 65 años eran entonces 240.000, mientras que ahora son más de 400.000.
Por eso "la solución es financiar con la media del Estado, si queremos los resultados de la media del Estado pongamos el presupuesto", ha sentenciado el diputado del Común.
El incumplimiento legal de plazos del Gobierno de Canarias es aún peor en discapacidad.
Si alguien queda discapacitado por un accidente, el plazo de resolución legal para resolver que tiene el Gobierno de Canarias es de seis meses; pero lo cierto es que tarda 54, 60 o 65 meses, tendría que esperar a ver reconocida su situación, y por lo tanto a ejercer sus derechos sociales, hasta octubre de 2028, explicó Yanes.
En sanidad no hay plazos legales que cumplir, dijo Yanes, pero la situación no es muy diferente: Canarias está entre los últimos lugares de España en listas de espera para una operación quirúrgica, consulta con un especialista o una prueba diagnóstica.
La vulneración de los plazos por parte de las administraciones canarias no se limita a su relación con los ciudadanos, también en lo que respecta a su trato con la Diputación del Común, continuó Yanes.
El plazo de las administraciones para responder a un requerimiento de la Diputación del Común es de quince días y puede solicitar una ampliación del plazo, pero es común que no hagan ni una cosa ni la otra.
"Nos entristece el grado de respuesta de las administraciones a nuestras peticiones de información" y aunque no ha habido ninguna declaración de obstruccionismo "he firmado 135 recordatorios del deber legal de responder y 222 escritos de advertencia de declaración de obstruccionismo", expuso.
En el lado positivo, destacó que el 64 por ciento de los expedientes resueltos ha sido favorable para la ciudadanía.
Rafael Yanes informó de que en materia de vivienda el principal problema es la falta de vivienda pública, apenas el 1 por ciento son públicas, cuando la media europea es del 9 por ciento.
Destacó que los países más avanzados de Europa han promovido políticas de alquiler social y subrayó que la labor de las administraciones es garantizar el derecho a la vivienda, que no significa el derecho a la propiedad de una vivienda que luego se incluya en la masa hereditaria.
En el área de igualdad, Yanes mencionó "quejas importantes de mujeres con menores a cargo sin trabajo o con trabajo precario", falta de personal para peritajes psicológicos y dos actuaciones de oficio por parte de la Diputación del Común sobre la deficiencia en la atención a víctimas de violencia de género, porque estaban previstas una oficina en cada provincia que no se han creado.
En el área de menores, el diputado del Común lamentó que sigue pendiente el segundo plan de infancia y adolescencia, un compromiso alcanzado en 2014 que no se ha abordado, como tampoco la modificación de la ley del menor canaria, que es la misma de 1997.
Sobre el área de migración, Rafael Yanes subrayó la importancia de determinar la minoría de edad en caso de dudas y de que se materialice la solidaridad de todas las comunidades con los menores migrantes.
Rafael Yanes abordaba su última presentación parlamentaria del informe anual de la Diputación del Común, a cuyo frente está desde 2018 y tuvo palabras de elogio y reconocimiento para su previsible sucesora, Lola Padrón, exdiputada regional del PSOE y exalcaldesa de Puerto de la Cruz.
Todos los grupos parlamentarios han sido unánimes en el reconocimiento a la labor de Rafael Yanes, así como a la de todos los adjuntos y a la del personal de una institución cuya presencia, utilidad y reconocimiento por parte de la ciudadanía ha dado un gran salto cualitativo, destacaron.
Caos en Dependencia
El pasado mes de marzo, el personal del área indicó que hay mayor carga de trabajo, estrés y numerosas bajas. Tanto el comité de empresa de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife solicitaron el cese de la directora general del área, Concepción Ramírez Cuélliga. Los trabajadores y trabajadoras apuntaron que desde su llegada se han tomado decisiones radicales, reorganizando el trabajo del escaso personal e instaurando un nuevo aplicativo informático sin ofrecer la suficiente formación.
Todo ello, se refleja en los datos del pasado mes de febrero, en los que se ha producido un desplome en las estadísticas del IMSERSO (con 493 resoluciones menos en el Programas de Atención Individualizada). Desde la Consejería de Bienestar Social afirman que ese nuevo sistema ha provocado desajustes pero que se subsanará en las estadísticas de marzo.
Insisten en que para solucionar el problema de la dependencia en Canarias hacen falta recursos y que mientras en Castilla y León hay 800 valoradoras para una población de 2,4 millones, en Canarias hay apenas 64 para un número similar de habitantes y donde la población se ha envejecido. Ambos profesionales destacan que las contrataciones que ha anunciado la Consejería son en realidad para cubrir vacantes y bajas, pero que realmente no se ha producido un aumento en las plantillas.