La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este martes el juicio promovido contra el expresidente de la Real Federación Española de Tenis José Luis Escañuela, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la Fundación del Tenis Español, con cargo a la cual habría sufragado sus compromisos como Rey Gaspar en la cabalgata hispalense de Reyes Magos, entre otros aspectos, extremo por el cual la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación especial.
En el banquillo de los acusados se han sentado José Luis Escañuela Romana, presidente de la Real Federación Española de Tenis entre 2009 y 2015; José Luis Terroba Gutiérrez por su papel de entonces vicepresidente y María Olvido Aguilera García como entonces secretaria general de la entidad; así como cuatro personas más acusadas como supuestas beneficiarias de los hechos a título lucrativo.
Al comenzar la vista, en la fase de cuestiones previas, la defensa de Escañuela, ejercida por la abogada Inmaculada Carrasco, ha alegado toda una serie de posibles "vulneraciones" de los derechos de su representado; exponiendo entre otros aspectos la supuesta "caducidad" de la instrucción de la causa, explicando que en primer lugar un juzgado de Barcelona incoó unas diligencias previas en octubre de 2017, declarando compleja la causa, pero acabó"archivando" las actuaciones al entender que carecía de competencias para investigar el asunto por corresponder el mismo al ámbito de Sevilla.
Según la letrada defensora, en Sevilla las diligencias previas fueron incoadas en marzo de 2018, pero sin declarar compleja la causa. Al punto, la abogada ha manifestado que aunque en primer lugar la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla consideró que "no correspondía" declarar compleja la causa, en un pronunciamiento de 2023 "ha aplicado un criterio distinto", según el cual para calcular los plazos de prescripción en casos como este, "hay que tener en cuenta" la fecha de incoación "de la causa matriz", con lo que en este asunto habría sido "sobradamente" superado el plazo inicial de instrucción de seis meses.
A colación, ha manifestado además que los hechos en cuestión estarían prescritos, porque se remontan a 2012 y 2013 y Escañuela no fue citado como investigado hasta "marzo de 2019", considerando así que "ha transcurrido con bastante amplitud el plazo de cinco años" regulado para los delitos tipificados.
La defensa de Escañuela también ha expuesto un supuesto caso de "indefensión", exponiendo que en el auto de apertura de juicio oral los hechos se "circunscribían" al delito de administración desleal, sin mencionar entonces el presunto delito de apropiación indebida, pero tras reconducir la causa al no corresponder finalmente que el juicio lo celebrase un juzgado de lo Penal, sino la Audiencia, habría sido introducido el citado delito de apropiación indebida, "sin posibilidad de defensa" para el acusado, según ha asegurado.
RECESO EN EL JUICIO ANTE LAS CUESTIONES PREVIAS
El resto de defensas se ha adherido a estas cuestiones previas, que han contado con la oposición de la fiscal del caso, quien ha invocado la jurisprudencia al respecto, solicitando además los encartados comparecer al final de la vista y no al comienzo; cuestiones previas todas estas ante las cuales el tribunal ha acordado un receso en el juicio, para deliberar sobre ellas.
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía detalla que la Fundación del Tenis Español fue creada en diciembre de 2009 con una aportación de 60.000 euros por parte de la Federación Española de Tenis.
Según la Fiscalía, aunque la Ley de Fundaciones 50/2002 determina que los cargos que ocupaban Escañuela, Terroba y Aguilera García "son gratuitos, siendo cualquier remuneración contraria a la Ley, sin que ello obste para que sean reembolsados los gastos que debidamente justificados y que el cargo les ocasione"; los citados encartados, "prevaliéndose de su cargo y con el fin de obtener un ilícito beneficio económico, realizaron un uso indebido del patrimonio de la fundación, así como se hicieron para sí con cantidades que en modo alguno les correspondían".
La Fiscalía, en ese sentido, expone que después de que la fundación recibiese de la Federación Española de Tenis 174.395,89 euros en 2010 y 210.766,63 euros en 2012, Escañuela acometió diversos pagos "a costa del patrimonio de la fundación sin que conste justificación alguna y sin aprobación alguna por el patronato" de la entidad, figurando entre tales pagos 37.740 euros merced a un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla para actividades del cortejo real navideño, "ya que Escañuela Romana había sido elegido como Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla".
LA CABALGATA DE REYES
Al hilo, figuran entre otros aspectos el pago de 12.716 euros con cargo a la fundación, por la adquisición de caramelos de la cabalgata de Reyes Magos; así como 9.554 euros para sufragar el desplazamiento de Escañuela y su esposa al Open de Tenis de Australia, toda vez que según la Federación Española de Tenis, "no resulta acreditado que ese viaje se realizara en la condición de presidente de la misma, siendo factible que se tratase de un viaje privado". En cualquier caso, su esposa carecía de cargo alguno en cualquiera de las entidades y "en ningún caso deberían haberse utilizado los fondos" para sufragar su viaje.
Con cargo a la fundación figura otro pago de 9.558 euros para un bufete "constituido como una sociedad limitada de la que era titular" el propio Escañuela; así como 1.830 euros para la estancia durante cuatro días en un campeonato de Roland Garros "del propietario del Gimnasio Sato de la localidad hispalense y del director de la Fundación Antares de la misma localidad, personas que nada tienen que ver" con la fundación ni la federación.
Además, "a pesar del carácter gratuito del cargo de patrono", los tres acusados "en connivencia" acordaron una "asignación mensual" para cada uno de ellos, obteniendo en total Aguilera García, secretaria de la fundación, 15.950 euros; el vicepresidente Terroba 3.382,10 euros y el presidente Escañuela 8.317,84 euros.
MÁS DINERO
Además, la Fiscalía señala 125.711,69 euros transferidos desde la Real Federación Española de Tenis a la fundación, fruto de un reintegro por parte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, "sin que los acusados, a la vista de los cargos que ostentaban en la fundación, hayan podido justificar el destino final del traspaso de estos fondos".
Ante estos hechos, la Fiscalía detecta un delito de administración desleal en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro delito de apropiación indebida, reclamando para Escañuela cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para cargos en fundaciones o entidades similares y una multa de 3.000 euros; y para Terroba y Aguilera García cuatro años de prisión, siete de inhabilitación especial y 2.700 euros de multa en ambos casos.
Además, reclama que Escañuela restituya 90.103 euros a la fundación, que Terroba devuelva 33.382,10 euros y que la restante acusada reintegre a la entidad 15.950 euros, así como que todos ellos repongan solidariamente 13.683,37 euros por "el indebido abono de la cuota patronal a la Seguridad Social (por sus emolumentos) y 125.711,69 euros por las cantidades devueltas por la Universidad Pablo Olavide y cuyo destino se desconoce".