La exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, "Anboto", considera que su imputación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 -por el que está citada a declarar el próximo viernes por videoconferencia desde la cárcel de Álava- es "imprecisa". Así lo aseguró su defensa en la vista celebrada ante el Tribunal de Apelación de París para dirimir si la Justicia francesa autorizaba a la Audiencia Nacional a investigar a "Anboto" por estos hechos, por los que en 2019 no fue entregada a nuestro país. Finalmente, el tribunal francés dio su visto bueno, desbloqueando esa declaración pendiente. Y es en julio de 2022 Iparraguirre se negó a declarar ante el juez Manuel García Castellón esgrimiendo precisamente que esta causa no figuraba entre las que motivaron su entrega a España.
En la resolución en la que el Tribunal de París accede a ampliar esa entrega, la Sala deja constancia de la oposición de "Anboto" a la medida. Su defensa argumentó que "la naturaleza, calificación jurídica, fecha, lugar y circunstancias del delito y el grado de participación en el mismo" de la exjefa de la banda terrorista era "imprecisa", contraviniendo lo dispuesto al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal francesa.
Sin embargo, la Justicia francesa concluyó que la petición de la Audiencia Nacional sí cumplía con los requisitos que impone la legislación procesal gala. Y aunque en ese escrito el tribunal precisa que no le corresponde pronunciarse sobre el "valor probatorio de las pruebas" contra "Anboto" en la causa abierta contra ella por el juez español -dado que el procedimiento de entrega de la orden de detención europea, recuerda, "se basa en el principio de confianza mutua"-, sí deja claro que su supuesto "grado de participación" está "particularmente bien acreditado" en la petición cursada por nuestro país.
El tribunal expone que, según la documentación remitida por España, el grado de implicación de la exjefa de ETA en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco "se desprende de su condición de principal responsable" de los comandos "legales" de ETA en el momento de los hechos, y en particular del "comando Kattu", que "estaba operativo en ese momento". "La responsabilidad de estos comandos -añade haciendo alusión a la orden europea de detención- implicaba coordinar a sus miembros: organizar la entrega de armas y explosivos, determinar los objetivos de los atentados y dirigir las acciones terroristas".
Otros tres exdirigentes etarras imputados
La resolución que accede a la pretensión del juez García Castellón incide en que el instructor considera que "Anboto" debe ser citada a declarar como investigada "por su participación en la dirección ejecutiva de la organización, algo que ha quedado acreditado según las autoridades españolas", y por su presunta participación en los delitos de secuestro de carácter terrorista, asesinato de carácter terrorista, contemplados ambos en el Código Penal francés y castigados con penas de 20 y 30 años de prisión, respectivamente.
La Sala recuerda que Iparraguirre "fue informada de la fecha de la vista" y designó a un abogado francés para que le representase en la audiencia pública celebrada el pasado 6 de marzo, en la que se dio lectura a los motivos por los que se presentó la solicitud de prórroga y a los documentos presentados en sustento de esa petición.
Escuchados los argumentos de las partes, el tribunal, con el respaldo de la Fiscalía francesa, acordó autorizar esa ampliación de la entrega rechazando "la imprecisión de la información contenida en la orden europea de detención".
Tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ), García Castellón investiga a "Anboto" y a otros tres exdirigentes etarras -José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; y Mikel Albisu, "Mikel Antza"- por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua.
En la resolución en la que acordó la medida, el instructor exponía que la "fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización" hacía que las órdenes siguiesen dentro de la organización criminal "una cadena de mando" vertical y "militar" que iba desde el comité ejecutivo a los miembros de los "comandos" para ser cumplidas. Según García Castellón, esa posición dominante que ostentaban hacía que estaba en sus manos haber evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización".
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