La semana pasada, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) denunciaba la inminente imposición de elevados aranceles contra el biodiesel por parte de la Comisión Europea, con el objetivo de "eliminar las exportaciones argentinas" del producto. "Desde mayo, la Unión Europea aplica un arancel del 8%, que retrajo las ventas de biodiesel argentino en u$s1.000 millones, desde los 1.500 millones a los actuales 450 millones de dólares. Argentina abastece aproximadamente al 6% de la demanda de este producto en el Viejo Continente. Con la nueva alícuota, establecida en un rango del 22 al 25 por ciento, las exportaciones a este destino se reducirán prácticamente a cero", señalaba Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO en FM Vale. La situación, delicada por donde se la mire y analice, repercute directamente en la región. Es que en el cordón industrial –y especialmente en la ciudad de San Lorenzo- se han instalada la mayoría de las empresas integradas o PyMES más importantes del sector. "Nos pega muy fuerte porque en la zona está la mayor parte de la fabricación del biocombustible en el país; incluso hasta vino la presidenta (Cristina Fernández) a Puerto San Martín, a inaugurar la planta espejo de Unitec Bio. Bueno, hoy bajó muchísimo la actividad en esta empresa, en Explora, en Patagonia BioEnergía que no arrancó más", señaló Pablo Reguera, Secretario General de Aceiteros y graficó: "Acá cayó una bomba y no se pudo levantar más". Aceiteros tiene en la región representación de las llamadas empresas integradas, es decir, aquellas industrias que sumaron a su producción un sector vinculado al biodiesel. Actualmente, son unos 600 trabajadores los ocupados en este tipo de industrial, pero el futuro es incierto. "Todos los puestos están en duda", aseguró Reguera y explicó: "Hoy ese personal está haciendo otro tipo de tareas, ocupando otros lugares. Pero encima hay pocas semillas, cosa que también afecta a la producción". Pymes Por el lado de las denominadas PyMES del biodiesel, el Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Rubén Pérez señaló que "se están sintiendo los efectos internacionales y nacionales en el sector" y destacó que "el problema del biodiesel está incluido en un problema todavía más importante, que es la crisis energética que vive el país". "El gas oil que viene de Venezuela tiene un precio más bajo que el litro de biocombustible producido en Argentina. Los números no dan y eso modifica sustancialmente la base del negocio del biocombustible", destacó Pérez y pidió: "En Argentina se deben tomar medidas urgentes para salir de esta crisis energética. Es cierto que la actividad económica creció, que subió el parque automotor nacional; pero en el aspecto energético el Gobierno Nacional se ha equivocado". A los 600 trabajadores que Reguera consideró "en riesgo", Pérez sumó "otra cantidad importante, no tantos pero sí una cantidad considerable de alrededor de 300". "Estamos muy preocupados y esperamos que el Gobierno Nacional aplique una mejor política energética". Una de las medidas a adoptar es alentar el consumo interno de biodiesel. "El biodiesel llega incluso a mejorar el rendimiento del gas oil, y al mismo tiempo haría que bajen los costos de este combustible. Bueno, alentar su producción y consumo es una de las soluciones que el Gobierno debe estudiar y aplicar", señaló Pérez. En este sentido, el presidente de CARBIO afirmó que una solución parcial para sostener la actividad del sector sería "aumentar el consumo de biodiesel en el mercado local y reemplazando la importación de gasoil que se suman a los beneficios en términos ahorro de divisas y mejoras en el medio ambiente por la utilización de este producto renovable de producción 100 por ciento nacional". Zubizarreta explicó que una solución sería que "Argentina incremente la tasa de corte del biodiesel, para consumir un producto sustentable, con trabajo argentino y a un precio aceptable", cuando el país atraviesa un período de déficit en materia de energía. Asimismo, estimó que otra medida compensatoria por parte de las autoridades locales la reducción de la alícuota de derechos de exportación que hoy tributa el biodiesel local, para facilitar la búsqueda de nuevos mercados y tratar de recuperar el rol de líder mundial en exportaciones de biodiesel que hoy se pierde.