Córdoba, 13 abr (EFE).- El abogado Luis Romero Santos, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico, muerto en el accidente ocurrido el pasado 21 de diciembre en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), ha asegurado que el juez togado militar territorial "está siendo muy presionado" por sus jefes.
"Sabemos que su señoría está siendo muy presionado por los abogados de la defensa y por sus jefes", afirma el letrado en el escrito de alegaciones a la pieza separada de responsabilidad disciplinaria que el juez le abrió imputándole revelar el contenido del sumario, en base al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Romero, en el escrito dirigido al juzgado y que ha sido facilitado a EFE, no concreta en qué aspectos se ejerce la presión al juez militar, pero, en todo caso, le achaca que el titular del juzgado ordenase al secretario parar la grabación para advertir de que "iniciaría diligencias penales contra cualquiera de los presentes que revelara algún aspecto de lo allí manifestado por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos".
También refiere en las alegaciones que, el último día de las declaraciones, el propio letrado le transmitió al juez que "se sentía intimidado y amedrentado por la reiteración de dichas advertencias" y que, en todo caso, haría uso de su "derecho a la libertad de expresión y opinión, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia".
Luis Romero esgrime principios constitucionales, como el derecho a un proceso público y a la libertad de expresión e información, que reitera en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, para justificar sus manifestaciones.
Además, afirma que fueron "muy generales" y que "en ningún momento" trasladó a la prensa "frases o párrafos literales de la declaración en sala de dicho militar".
También esgrime doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rechaza la interpretación que el juez hace del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto entiende que trata de proteger a las víctimas, por lo que "solamente podrá imponerse la sanción cuando la revelación de las diligencias del sumario afecte a las víctimas y nunca, por ejemplo, si es el abogado o el procurador de la propia víctima quien las revela".
"Este letrado que ejerce desde 1991, nunca ha tenido ninguna advertencia de ningún juez sobre el hecho de haberse dirigido a la prensa realizando manifestaciones sobre el procedimiento, y ello a pesar de haber intervenido en más de 50 juicios mediáticos", señala en su escrito.
El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley" y recoge que "el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros".
El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla investiga la muerte por ahogamiento de dos militares durante un ejercicio en la base de Cerro Muriano, en unas diligencias en la que están imputados un capitán, que ha sido retirado del servicio, un teniente y un sargento.
Romero cree que hay responsabilidad penal por encima del capitán que dirigía el ejercicio, por lo que el caso tendría que pasar a un juzgado togado central, ya que el regional solo puede instruir diligencias hasta el grado de comandante. EFE
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