El Gobierno envió al Congreso una reforma integral de leyes para combatir el crimen organizado en la Argentina.
Se incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la integración del concepto de "reiterancia" y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.
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Ley Antimafias
Se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas o explosivos y que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal.
Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
Se crea la figura de la Zona de Investigación Especial, para una respuesta más rápida y efectiva en la investigación.
El proyecto incorpora el concepto de reiterancia. La ley vigente, considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
Nuevo Registro de Datos Genéticos
Se amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Con la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales.
Orden público y legítima defensa
El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos: pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques y en el resguardo legal dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera.
"Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo", indican los fundamentos del proyecto.
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Además, se amplía el marco legal vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su casa, situación que exigía que esto se hubiera producido solo durante la noche, ahora se extendería a cualquier hora del día y no solo en el domicilio, sino también en el trabajo, como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.