Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U) y representante de Jujuy, comenzó su discurso en el recinto marcando una clara postura en rechazo a la Ley Bases e hizo hincapié en la reforma laboral que propone el proyecto. Fue pasadas las 20, cuando el parlamentario citó el caso de Daniel Solano para criticar la reforma laboral. Qué dijo.
En el marco del debate sobre la Ley Bases en la Cámara Baja de Diputados de la Nación, el diputado Alejandro Vilca, representante de Jujuy por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U), tomó su palabra para denunciar «graves abusos laborales que afectan a los trabajadores».
De esa manera inició su discurso. Calificó a la ley propuesta como «infame y perversa para el pueblo trabajador», y destacó su rechazo enfático a la reforma laboral que contempla el proyecto.
Además, legislador profundizó sus críticas hacia la precarización laboral, especialmente en el ámbito agrario, donde denunció la existencia de períodos de prueba que -de aprobarse la Ley Bases- iría hasta casi un año.
Reforzó sus críticas al uso de empresas terciarizadas, que «facilitan los fraudes laborales y explotación de los trabajadores». «Los mayores fraudes laborales se dan a partir de estas empresas madres que contratan a otras empresas, que a su vez contratan a trabajadores de manera irregular«, dijo.
Citando casos concretos, Vilca expuso la trágica historia de trabajadores. Uno de ellos, contratado y trabajando en para la empresa Ledesma, quien falleció tras ser obligado a trabajar en condiciones extremas bajo altas temperaturas.
«Lo hicieron trabajar doble turno bajo 42 grados en plantaciones de cosecha de limones. Se desmayó y murió entregando su vida al trabajo, porque trabajaba a destajo», completó.
También mencionó el caso de Daniel Solano, desaparecido en Río Negro luego de denunciar las condiciones de explotación laboral.
A partir de esa mención, el caso de Solano, un trabajador norteño desaparecido en 2011, volvió a la atención pública. Daniel desapareció en la madrugada del 5 de noviembre de 2011, después de haber sido retirado de un boliche en Choele Choel por la policía y nunca más se supo de él.
¿Saben cómo terminó ese trabajador? No solo por denunciar las condiciones de trata, porque la empresa se apropiaba de dos tercios de su salario haciendo un fraude laboral terrible. Este trabajador, por organizar a sus compañeros que trabajaban con él, la policía lo desapareció. Muerto«, sentenció Vilca.
El diputado responsabilizó a los empresarios y al Estado por la complicidad en estos abusos, y advirtió sobre el riesgo de habilitar prácticas que perpetúen la cadena de explotación laboral, calificando estas medidas como un retroceso que nos lleva al siglo 18 y 19.
«¿Quiénes fueron los responsables en complicidad de la policía y el Estado? Los empresarios. Si se habilitan estas terciarizaciones, las empresas madres quedan exentas e impunes», concluyó.
Finalmente, Vilca rechazó su acompañamiento a la Ley Bases. Destacó la importancia de las movilizaciones y la resistencia desde abajo contra estas injusticias, señalando el poder y la fuerza de las manifestaciones como la marcha de docentes y estudiantes universitarios del pasado 23 de abril. «Las fuerzas que vienen de abajo son mas grandes y poderosas», cerró
Caso Daniel Solano: cómo siguió la causa
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de seis de los condenados por su desaparición, confirmando las sentencias condenatorias impuestas por el Poder Judicial de Río Negro.
Estas sentencias condenaron a los implicados como coautores o cómplices del «homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad».
Los imputados Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera están condenados como coautores de los delitos de "homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones"; Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello están condenados por "homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público", y Héctor Martínez está condenado por "homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad". Para todos la condena fue de prisión e inhabilitación perpetuas.