Un importante paso en la transparencia del fútbol chileno se dio este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputadas. El ente aprobó un proyecto de resolución que podría crear una entidad fiscalizadora para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
La Comisión de Deportes y Recreación solicitó mayor fiscalización hacia el ente rector del fútbol nacional, en particular por su relación con casas de apuestas, diversas sociedades y clubes, "entre otras situaciones anómalas que requieren ser fiscalizadas".
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"Hoy la ANFP no le rinde cuentas a nadie y eso permite que se lleven la pelota para la casa, lo que afecta principalmente a los hinchas", partió diciendo el independiente Andrés Giordano, miembro de la Comisión.
Agregó que "por ejemplo, no es secreto los vínculos que han tenido los representantes de los jugadores o la propia ANFP con las casas de apuestas, lo que sigue siendo una amenaza para la integridad deportiva", aseguró.
"Los casos de violencia en el fútbol, incluyendo la violación en la Casa Naranja de Cobreloa donde se ha denunciado incluso por parte del Comité Nacional de Arbitraje, a lo menos, una omisión en actuar. Por eso hoy solicitamos la creación de un ente autónomo fiscalizador de la ANFP", complementó Giordano.
Según lo informado, la solicitud fue aprobada con 97 votos a favor, 14 en contra (Republicanos y René Alinco) y 21 abstenciones (Chile Vamos). La iniciativa fue apoyada por Jaime Mulet, Maite Orsini, Claudia Mix y Consuelo Veloso, entre otros.
"La facultad fiscalizadora que el Congreso y el Ministerio de Justicia tienen sobre la ANFP se queda corta, porque ninguna de las dos instituciones puede meterse en temas de plata, algo que puede ser peligroso considerando las millonarias sumas que mueve el fútbol y el rol social que juega. Hoy en día se fiscalizan a ellos mismos, eso permitió que existiera el llamado 'Cartel del Gol'", agregó el Giordano.
¿Qué propone la iniciativa?
Según lo expuesto por el documento, el proyecto busca "una posibilidad (...) es que el Consejo de Defensa del Estado, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pueda ejercer una acción judicial con el objeto de solicitar la disolución de una corporación o asociación de derecho privado, sin fines de lucro, ante el tribunal que corresponda", esgrimieron.
"No obstante, esta medida no ha sido acogida, por los costos políticos, jurídicos y económicos que ello implica. De esta manera, una fiscalización inexistente, sumado a sanciones de poca monta, son un escenario perfecto para seguir agudizando la crisis", indican.