Unos 6,9 millones de los 8,6 millones de desplazados que tiene Colombia aún necesitan de asistencia o reparación a sus derechos, reveló este jueves la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
«La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia es la población más vulnerable entre las más vulnerables del país», aseguró el economista Luis Jorge Garay, director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Él lideró el Informe sobre la encuesta.
«El 19% de la población desplazada actualmente pertenece a los pueblos afrodescendientes, raizales o palenqueros y el 5% pertenecen a pueblos indígenas«.
El documento lo elaboraron la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Unidad para las Víctimas (UARIV).
Para la encuesta realizaron 9 mil 715 entrevistas en hogares de población desplazada y mil 982 en población vecina en 80 municipios de 31 de los 32 departamentos en Colombia. Se ejecutaron entre mayo y agosto del año pasado.
La pobreza monetaria es la característica principal de la población desplazada en Colombia
Según reveló la encuesta, en Colombia el tamaño de los hogares de población desplazada disminuyó: pasó de 4,8 personas en 2010 a 3,7 en 2023.
El documento muestra que el 76,1% de hogares con población desplazada vive en situación de pobreza monetaria, mientras que el 40,6% del total están en pobreza extrema.
Entre los desplazados, la tasa de desempleo es del 17,6% y la de informalidad del 82,4%.
En cuanto a la población ocupada, el 21,8% recibe ingresos laborales mayores a un salario mínimo y el 10,9% menos. Mientras que el 58,5% de los hogares de desplazados se vio en la necesidad de endeudarse.
Relevancia de la encuesta para tomar acciones
La saliente directora de la UARIV, Patricia Tobón, aseguró que la presentación de la encuesta es muy importante porque es el reconocimiento a una experiencia y análisis hechos. Estos deben ser reconocidos por las instituciones.
«Hay que atender a los desplazados que esperan esto del Gobierno del cambio, que esto deje de ser una crítica y se avance en el goce efectivo de derechos».
Entre tanto, la representante de la ACNUR en Colombia, Mireille Girard, cree que Colombia necesita tener una visión actualizada del estado de los derechos de la población desplazada después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.
«Colombia se encuentra en un momento crucial para encontrar soluciones duraderas para las víctima de desplazamiento. Hay avances, hay estancamientos y hay esperanza para solucionar la situación de millones de personas».
Finalmente, el director de Codhes, Marco Romero, celebró la oportunidad que supone la encuesta para avanzar cualitativamente por las víctimas de desplazamiento forzado.
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