La Diputación de Cádiz ha dado carpetazo al proceso judicial contra la Junta de Andalucía por el edificio que alberga la Audiencia Provincial de Cádiz, un pleito iniciado por el anterior equipo de gobierno provincial socialista en 2023 y por el que se le exigía a la Junta el pago del alquiler por el uso del edificio o el desalojo del mismo.
Ahora, con las dos instituciones gobernadas por el Partido Popular, la Diputación desistirá de la demanda iniciada y la Junta no presentará oposición al proceso ni exigirá el pago de costas, según explicó el vicepresidente de la Diputación, Juancho Ortiz, en el pleno de este miércoles en el que se ha aprobado la decisión, con el voto en contra del PSOE, la abstención de IU y el voto a favor del PP y sus socios de La Línea 100x100.
Toda esta situación tiene que ver con la construcción de la Ciudad de la Justicia y se remonta a 2008, cuando Diputación y Junta de Andalucía -entonces gobernadas por el PSOE- suscribieron en 2008 un contrato de arrendamiento tras un acuerdo de permuta que permitiría construir la Ciudad de la Justicia en Tolosa Latour y a cambio, Diputación se quedaba con la titularidad de la Audiencia Provincial, que cedía en alquiler a la Junta aunque durante el período de cuatro años no se abonaría renta alguna, que sí reclamaba el PSOE a partir de ese período. A principios de 2023, la Diputación, con Juan Carlos Ruiz Boix al frente, inició la reclamación de más 300.000 euros, que ahora queda en nada.
Más allá de las razones por la que se ha tomado esta decisión, el debate se ha centrado en un cruce de reproches por una realidad: que aún no está construida la Ciudad de la Justicia en Cádiz.
Ortiz ha expuesto primero que abandonar la demanda es un ejercicio de "legalidad, coherencia y oportunidad" ya que iba "en contra de la cooperación interadministrativa". Además, incidió el contrato contiene en su cláusula cuarta que mientras no esté disponible la nueva sede judicial, la Diputación no tiene derecho a recibir cantidad alguna en concepto de arrendamiento, como ya expuso durante el anterior mandato para votar en contra, cuando era portavoz en la oposición del PP. Además, apuntan desde la institución provincia, la Junta ha expresado su "voluntad" de "proceder al desalojo del inmueble y traslado definitivo de sus dependencias a otra ubicación en un plazo no superior al de finales de 2027".
El diputado del PSOE y concejal en la ciudad de Cádiz, Oscar Torres, ha manifestado que "están en su derecho" de no seguir adelante con el proceso pero "no se puede argumentar que es porque hay un compromiso firme". Torres ha recordado las últimas palabas del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, poniendo la licitación de las obras a final de 2024 y 2027 para que esté en pie, pero refiriéndose a otros distintos compromisos "verbales" de fecha que no se han cumplido.
El PP por su parte se ha referido a los años del PSOE en la Junta de Andalucía, "con esos 30 años de dejadez del PSOE con esta ciudad".