Luego de que en el Congreso de la República se denunciara un bajo nivel de ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) durante 2023, empezaron a evidenciarse movidas al interior de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
De acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, Felipe Tascón saldría de la dirección del programa que, según la representante a la Cámara Catherine Juvinao, solo ejecutó el 5,8% del presupuesto del Gobierno durante dicho año.
"Increíble: mientras el expresidente Duque ejecutó el 75% del presupuesto del PNIS en 2022, el Gobierno Petro solo ejecutó el 5% a 2023. Y ahora, la Agencia de Renovación del Territorio nos dice que el Departamento Nacional de Planeación le quitó los recursos de los $5 billones que les aprobamos en el Congreso para 2024″, señaló la congresista en un debate de control político en el Congreso.
Seguido, arremetió contra el actual gobierno: "Qué tristeza y desazón tan infinita: el primer gobierno de izquierda, el que llegó al poder con la promesa de hacer realidad el acuerdo de paz, ha básicamente acabado con el programa de sustitución de cultivos ilícitos" Y agregó: "Decenas de miles de familias campesinas están a la deriva. Es una inmoralidad tener el presupuesto más alto de la historia y al mismo tiempo fallarle a los campesinos, a la paz y al país".
Toscón asumió la dirección del PNIS desde diciembre de 2022, con el principal reto de llevar a buen término el programa, incluido en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado en 2016, superar las condiciones de pobreza de las comunidades que subsisten de las economías de los cultivos declarados ilícitos y ofrecer oportunidades para sustituir las economías derivadas de la coca, amapola y marihuana, de la mano de pequeños productores, generando alternativas para fortalecer la economía campesina y el cierre de la frontera agrícola. Por el momento, se desconoce quién llegaría al cargo en reemplazo de Tascón.
Cabe recordar que la ejecución del programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia ha sido un tema de recurrente polémica, sobre todo en el sector político. De hecho, en octubre de 2023, el presidente Gustavo Petro calificó como "antro de corrupción" la gestión que el Gobierno de Juan Manuel Santos le dio al programa.
Fue en medio de una visita al municipio de Tumaco (Nariño), en la que el jefe de Estado denunció que los operadores del programa se apropiaron indebidamente de los recursos destinados a los campesinos para facilitar la transición hacia actividades legítimas de producción.
"(...) la política de sustitución de cultivos generada en el Gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó", dijo Gustavo Petro en su momento.
En el mismo evento, Petro aseguró que "la plata no llegó como se planteó aquí. Las administraciones contrataron intermediarios, conocidos como operadores, que manejaron los fondos en fideicomisos. Los operadores se apropiaron de los recursos de los campesinos".
Por dichas declaraciones, el mandatario se ganó una tutela y, en marzo de 2024, el Consejo de Estado terminó dándole un plazo de 48 horas para que se retractara de lo dicho o presentara pruebas para sustentar sus afirmaciones.
Pero desde la Presidencia de la República no se retractaron. Pese a la solicitud del alto tribunal, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, explicó a través de una carta que "(...) Si bien el PNIS no fue pensado para que fuese un 'antro de corrupción', lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó, le abrió la puerta a ciertas formas de corrupción. El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, a través de esta Dirección, ha tomado todas las medidas necesarias para atender la situación".
El documento compartido públicamente por el Dapre señala: "Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre el año 2017 y 2021, se celebraron 9 compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los $793.000.000.000, de los cuales, a la fecha, hay cinco siniestrados, con ocasión de las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios en relación a los incumplimientos (...)".