Juan Álvarez Andrade propone la formación de una autoridad autónoma para obras de infraestructura ante la próxima inauguración del megapuerto en su jurisdicción.
Juan Álvarez, alcalde de Chancay, anunció que la población tiene previsto realizar una marcha pacífica por las calles de la ciudad para exigir al gobierno central atienda temas prioritarios en su jurisdicción. Esto a pocos meses de lo que debería ser la inauguración del megapuerto que habrá en la localidad.
"La población está pretendiendo acompañarnos para hacer una marcha pacífica a efecto de que nos escuche (el gobierno) porque tampoco no puede ser las formas que uno tiene que estar reclamando constantemente sabiendo de las necesidades que hay. La población quiere hacerse sentir", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.
Juan Álvarez manifestó que el gobierno central no se ha preocupado en la población y espera que haya un aumento en el presupuesto para su jurisdicción, pues precisó que el megapuerto es una obra hecha completamente con inversión privada. Al respecto, propuso la formación de una autoridad autónoma para obras de infraestructura.
"Hemos dialogado con el anterior ministro de Economía, con el expremier Otárola, paro de contar. Nosotros queremos tener una comisión multisectorial, que de una vez se instale en Chancay y haya por lo menos una autoridad autónoma porque las necesidades son bastante graves", expresó.
Controversia en el megapuerto
Un informe de Latina señaló que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó una demanda ante el Poder Judicial contra el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio (2021) entre el Gobierno peruano y el consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A., Esto por la exclusividad de los servicios portuarios que se le otorgó al consorcio que está construyendo el Megapuerto de Chancay, debido a que no cumpliría con el principio de legalidad administrativa por ir contra la libre competencia.
La APN admitió no tener la facultad para otorgar la exclusividad de la explotación de servicios esenciales al consorcio chino, pese a que lo aprobó durante el 2021. Por ello, la entidad señaló mediante un comunicado que ha iniciado un proceso judicial para corregir este "error administrativo".
La concesionaria manifestó que la demanda se presenta tres años después de la emisión de una Resolución que fue de conocimiento público y no recibió objeciones por parte de ninguna entidad.
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