Cristina Gallardo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha celebrado este miércoles una vista pública singular, en la que se trata de aclarar si el fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, incurrió en una conducta de acoso hacia una subordinada al impulsar un expediente por retrasos en su trabajo que terminó en una sanción de 1.500 euros. La fiscal rebate la multa asegurando que no fue más que la consecuencia de sus quejas tras verse obligada a trabajar a pesar de encontrarse de baja por un embarazo de riesgo.
No se ha tratado de un juicio, sino de una vista de práctica de prueba en la que han participado como testigo el fiscal jefe cuestionado, y en la que los magistrados han asistido también a la ratificación de un informe pericial que analizaba una grabación con su supuesta voz ordenando a su subordinada el cumplimiento de sus tareas.
Por su parte, Huelámo ha negado haber pedido a la fiscal que trabajara desde casa durante su baja por un embarazo de riesgo para ventilar sus asuntos pendientes, según informa Europa Press. Según su versión, la fiscal le advirtió un día antes de que se iría de baja por un embarazo de alto riesgo y él se limitó a comentarle que "en la medida de lo posible", despejara antes los asuntos que tuviera pendientes.
"Ese día no estaba de baja. Entraba en vigor al día siguiente. Si le quedaban equis asuntos podía haberlos atendido esa tarde sin problema", ha añadido ante la magistrada Celsa Pico, que es la miembro de la Sala ante la que se ha celebrado la prueba. También ha incidido en que aquel encuentro con la fiscal "no fue una reunión". "Ella se presentó sin saber si yo iba a estar en el despacho o no", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que fue "una visita sorpresiva" que derivó en "una conversación informal".
Grabó a su jefe
En el marco de la vista, el tribunal ha accedido a reproducir una grabación aportada por la defensa en la que se recoge el encuentro mantenido entre ambos en junio de 2021; con la intención de que el fiscal jefe provincial se reconociera o no en dicho audio.
En este punto, el fiscal no ha afirmado ni ha negado ser el hombre de la grabación. "No estoy en condiciones de saber si es mi voz o no. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni quién, ni de dónde procede la grabación. Para mí es imposible de saber si es mi voz o no", ha señalado. Al término de la diligencia, en declaraciones a la prensa, el abogado del Estado Francisco Espinosa ha calificado de "pirata" la grabación aportada por la defensa.
En el marco de la sesión, a preguntas de la defensa, el fiscal jefe ha asegurado que la Fiscalía de Toledo no cuenta con un delegado de prevención de riesgos laborales y que él no aplicaba medidas específicas para el reparto de trabajo en el caso de fiscales embarazadas.
"Ninguna de las fiscales que han tenido embarazo me han comentado ninguna rebaja de su trabajo. Ninguna fiscal embarazada me ha pedido ninguna medida especial de ningún tipo", ha dicho el fiscal jefe ante la Sala, aunque luego ha apuntado que "estando de baja" por embarazo "no trabaja nadie ni en su casa ni en ningún sitio".
La carencia de prevención de riesgos ha sido afeada al término de la vista por el letrado a cargo de la defensa de la fiscal, el fiscal en excedencia Juan Antonio Frago. A su juicio, es "bastante curioso" que exista una ley del año 95 que "obliga a absolutamente a todas las empresas" a cumplir con dicho plan y el Ministerio Público no lo tenga.
Por su parte, el Abogado del Estado presente en la diligencia ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que este es un proceso contencioso-administrativo "sin excesiva complicación" sobre la sanción disciplinaria aplicada a una fiscal por retrasos injustificados en su trabajo.
"En las bajas no se trabaja, pero lo que pasa es que si has dejado atraso antes, que era el problema, pues puede surgir esto: que te pidan cuentas de lo de antes", ha señalado Espinosa al tiempo que ha insistido en que será el Supremo el que determinará ahora si la sanción impuesta es o no proporcionada para el retraso.
Una vez celebrada la vista, la Sala declarará conclusa la fase de prueba y las partes podrán solicitar la presentación de conclusiones. La primera en hacerlo será la defensa de la fiscal sancionada y luego lo hará la Abogacía del Estado, según han detallado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, fuentes del caso.
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