El fiscal especial Jack Smith ha vuelto a hacerlo. Tras presionar y criticar a la juez de Florida Aileen Cannon, que lleva el caso de los papeles clasificados encontrados a Donald Trump en Mar-a-Lago, ahora ha reclamado un respuesta rápida a la Corte Suprema sobre si el expresidente estaba protegido por la inmunidad presidencial en el caso de interferencia electoral. Además de meter prisa, el fiscal especial ha dicho al Alto Tribunal que debe rechazar la pretensión del magnate. El propio Trump pidió que Smith fuera sancionado la semana pasada por sus críticas a Cannon.
Un caso "histórico" por la "singular gravedad" de los delitos de Trump, según Jack Smith
En un escrito de 66 páginas, al que ha tenido acceso NBC, Smith apunta que "el deber constitucional del Presidente de velar por la fiel ejecución de las leyes no implica un derecho general a violarlas". Además, subraya que la "singular gravedad" de los delitos que se le imputan es lo que convierte al caso en "histórico" y no cabe "inmunidad" sobre ellos:
Incluso suponiendo que un ex Presidente tenga derecho a cierta inmunidad por sus actos oficiales, esa inmunidad no debe considerarse un impedimento para este proceso. En primer lugar, el presunto plan delictivo de un Presidente para anular unas elecciones y frustrar el traspaso pacífico del poder a su sucesor legítimamente elegido es el ejemplo paradigmático de una conducta que no debe ser objeto de inmunidad, aun cuando otras conductas sí deban serlo. La gravedad, el alcance y la naturaleza perjudicial para la democracia de los presuntos delitos son únicos en la historia de Estados Unidos,
Una "sugerencia radical"
En su argumentación, el fiscal especial señala que "ningún poder presidencial en cuestión en este caso da derecho al Presidente a reclamar inmunidad frente a las prohibiciones penales federales generales que respaldan los cargos: fraude contra los Estados Unidos, obstrucción de procedimientos oficiales y denegación del derecho de voto". Para Smith, "Los fundadores nunca respaldaron la inmunidad penal para un expresidente, y todos los presidentes desde la Fundación hasta la era moderna han sabido que después de dejar el cargo se enfrentaban a una potencial responsabilidad penal por actos oficiales".
Smith destacó que Trump "sugiere que a menos que un estatuto penal nombre expresamente al Presidente, el estatuto no se aplica. Esa sugerencia radical, que liberaría al Presidente de prácticamente todo el derecho penal -incluso de delitos como el soborno, el asesinato, la traición y la sedición- carece de fundamento", dice el escrito.
El Tribunal Supremo ha señalado el 25 de abril para escuchar los argumentos orales de las partes, y Smith quiere evitar a toda costa que el caso por injerencia electoral se demore más allá de las Presidenciales de noviembre y evitar que una hipotética victoria de Trump acabara con el caso..
No es la primera vez que el fiscal especial trata de presionar a los jueces en los casos contra Trump en los que él participa. La semana pasada, Smith atacó a la juez Cannon, que lleva el caso de los papeles de Mar-a-Lago e incluso insinuó que podría tratar de apartarla, lo que provocó que el expresidente pidiera en Truth Social que fuera sancionado.