OPINIÓN
Servicios públicos prepago
Al generalizar la adopción de servicios públicos prepagos, las pérdidas técnicas disminuirán y las empresas de servicios públicos podrán realizar inversiones significativas.
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En el año 2003, durante mi candidatura para la alcaldía de Medellín, presenté a los ciudadanos uno de los temas principales: la adopción de servicios públicos prepagos, especialmente en el ámbito de la energía. Esta propuesta surgió en respuesta a la difícil situación que enfrentaban los residentes de bajos ingresos en la ciudad, quienes no tenían los medios para pagar y, como consecuencia, se enfrentaban al corte de servicios públicos.
Posteriormente, EPM implementó contadores prepagos en áreas de la ciudad con escasos recursos económicos, brindando una solución a aquellos ciudadanos que no podían pagar los servicios públicos y se encontraban desconectados. Esta metodología también se extendió a vendedores ambulantes y a hogares que se conectaban ilegalmente a las redes de energía.
Actualmente, EPM cuenta con 305 mil clientes activos, bajo esta modalidad, solo en el servicio de energía, sin contar los clientes de otros servicios como agua y alcantarillado.
La situación actual en Colombia, marcada por los altos costos de los servicios públicos, no solo se atribuye al fenómeno del Niño, sino también a dos prácticas que se han arraigado, especialmente en los departamentos de la costa Atlántica. La primera de ellas es el fenómeno de las Pérdidas No Técnicas.
Estas pérdidas no técnicas derivan de acciones como el robo de energía, conexiones ilegales a la red, errores en los medidores o en la facturación, y el fraude. Estos incidentes impactan directamente en la rentabilidad y eficiencia del servicio, lo que eleva los costos de los servicios públicos. En Colombia, es crucial adoptar una política que combata estas pérdidas no técnicas. Para lograrlo, se requiere modernizar los sistemas de medición y cobro, y la implementación de servicios públicos prepagos obligatorios en áreas donde la capacidad de pago es limitada y donde se han establecido conexiones fraudulentas.
En muchos casos, la falta de control sobre el consumo contribuye a la incapacidad de pago. Esta carencia no se observa, por ejemplo, en los servicios de telefonía celular prepagos, donde los usuarios tienen un mayor control sobre sus gastos y comprenden mejor su funcionamiento.
Al generalizar la adopción de servicios públicos prepagos, las pérdidas técnicas disminuirán y las empresas de servicios públicos podrán realizar inversiones significativas, gracias al control sobre las pérdidas causadas por la falta de pago de facturas y por fraudes.
Si el gobierno colombiano decidiera implementar la política de servicios públicos prepagos obligatorios para aquellas personas con limitaciones económicas o sancionadas por conexiones fraudulentas, incluyendo en este esquema los subsidios, consumos esenciales y pagos de deudas con reconexiones a largo plazo, esto tendría un impacto inmediato tanto económico como social.
En primer lugar, esta medida beneficiaría la economía de las empresas de energía al eliminar la necesidad de compensar las pérdidas asociadas a conexiones fraudulentas, lo que a su vez permitiría mantener estables las tarifas para los consumidores finales. Con la adopción de servicios prepagos, las pérdidas del sistema tenderían a desaparecer por completo, lo que beneficiaría la capacidad de inversión de estas empresas en mejoras y expansión de la red eléctrica, además de promover la sostenibilidad del sector energético y la seguridad energética del país.
La implementación de servicios públicos prepagos no solo implica una solución tecnológica y regulatoria, sino también una educativa, similar a la que ya tienen la mayoría de los colombianos que utilizan servicios de telefonía móvil prepagos. Esta combinación de factores garantizaría la eficiencia en el suministro de energía eléctrica y otros servicios públicos.
Pero hay más. Una vez que esta política, que transformará la forma en que se prestan los servicios públicos en nuestro país, se establezca, generará una serie de consecuencias positivas con la provisión de servicios públicos prepagos. No solo representan una solución innovadora y efectiva para abordar las pérdidas no técnicas en el sector energético y otros, especialmente en situaciones donde las conexiones ilegales y fraudulentas son problemas significativos, sino que también permitirán reducir los costos de los mismos por las siguientes razones:
- Los sistemas de servicios públicos prepagos requieren que los usuarios paguen por el servicio de energía u otros antes de consumirlo. Esto elimina la principal motivación para el fraude y las conexiones ilegales. Los medidores prepagos son difíciles de manipular, ya que están diseñados para desconectarse automáticamente si detectan un intento de fraude o alteración.
- Con el sistema prepago, las empresas de servicios públicos, al recibir los pagos por adelantado, mejorarán inmediatamente su flujo de caja y podrán eliminar casi por completo el cobro de las deudas que, con los sistemas actuales, son incobrables. Esto llevará a que a corto y mediano plazo la situación financiera de esas empresas se solucione y les permitirá invertir más en mantenimiento y mejora de la infraestructura, lo cual se traducirá en una disminución de las tarifas para los usuarios y en mayor rentabilidad para ellas como empresas prestadoras de servicios públicos.
Los servicios públicos prepagos son universales y permiten a los usuarios que, por alguna razón, no pueden acceder a conexiones de servicios de pagos por consumo mensual, tenerlos y utilizarlos sin restricciones. Además, pueden recargarlos fácilmente utilizando los sistemas que ya utilizan habitualmente para sus servicios de telefonía celular.
Si Colombia opta por implementar los sistemas de servicios públicos prepagos, será necesario realizar inversiones iniciales en tecnología, las cuales deberán ser subsidiadas por el Estado para la instalación de medidores inteligentes. Además, las empresas de servicios públicos deben desarrollar una estrategia que garantice una política de inclusión y accesibilidad para todos los ciudadanos, en especial para los más vulnerables, quienes podrían sufrir consecuencias negativas si el sistema no se diseña de manera equitativa.