No hace mucho, hablar de un «sintecho» aludía a indigentes, desheredados que carecen de vivienda, de papeles, de cualquier modo de vida, asilados entre cartones en algún cajero celador de caudales ajenos. Quizá migrantes que siguen soñando con un mundo mejor donde comer no sea un problema cotidiano; tal vez, individuos desorientados que junto a su norte, también perdieron la razón de ser. En suma, gentes menesterosas cuya existencia describe un duro contraste con la de otras personas más afortunadas que los ignoran con mirada indiferente mientras gozan de su apacible y disonante discurrir alejado del hambre y de la violencia, sin graves preocupaciones acuciantes. En un mundo globalizado, tan relativamente cómoda existencia supone una nota discordante, atípica, que requiere de sólidas fronteras defensivas contra la miseria, murallas sin embargo corroídas por la injusticia social que las argamasa.
Pero el virus de la penuria ha saltado las barricadas e infecta a cuestiones capitales, como la dificultad para acceder a una vivienda, que ya padece un amplio sector de la población, incluso dotada de ingresos no muy reducidos. La demanda crece, la oferta disminuye; en consecuencia, los precios se encarecen, al ritmo que los propietarios de pisos vacíos tienen auténtico miedo de alquilarlos, los proyectos de nueva construcción adolecen de una sintomática carestía de vivienda social y las transmisiones de segunda mano sufren una carga impositiva extrema. Barreras burocráticas, lucro desorbitado, inseguridad jurídica e inestabilidad propia de un ámbito muy voluble, constituyen algunas notas explicativas, el porqué de una situación opresiva que amenaza con transformar en «sintechos» a quienes todavía se inscriben como ciudadanos comunes, quizá convencidos de que el derecho de acceso a una vivienda digna les pertenece.