Los procesos electorales deberían ser una fiesta para la sociedad, en la cual se haga valer ese derecho a elegir a aquellas o aquellos que nos gobiernan, sin temor a poder expresar a través de nuestro sufragio nuestro sentir, nuestra opinión, que con base en la lucha del pasado las y los mexicanos hemos logrado, pero la actualidad que vivimos nos presenta una realidad que desgraciadamente es distinta al deber ser.
La escalada de violencia en el proceso electoral de 2024 en México, como lo evidencian los informes del Laboratorio Electoral e Integralia, constituye un serio revés para la democracia en el país.
Con más de 50 homicidios hasta la fecha, superando los 43 casos registrados en todo el proceso electoral de 2018, se confirma un alarmante deterioro en la seguridad de los actores políticos y un desafío significativo para la integridad del proceso electoral.
Los datos detallados por ambas organizaciones revelan una realidad desgarradora. Se contabilizan 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales 51 resultaron en asesinatos, de los cuales 25 eran aspirantes. Estas cifras no solo reflejan un incremento en la violencia, sino también una mayor vulnerabilidad de quienes buscan participar en la vida política del país.
Integralia, por su parte, ha registrado 300 incidentes de violencia política, asociados a 399 víctimas, con un promedio de 1.8 víctimas diarias. Este nivel de violencia no solo pone en riesgo la vida de los involucrados, sino que también genera un clima de miedo e intimidación que puede afectar gravemente la participación y la libre expresión política de la ciudadanía.
La concentración de la violencia en ciertas regiones del país, como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Estado de México, sugiere la existencia de problemas estructurales y complejos en materia de seguridad y gobernabilidad.
La falta de garantías en algunas entidades para llevar a cabo la elección plantea serias dudas sobre la viabilidad y la legitimidad del proceso electoral en dichas zonas.
Esta situación debe tomarse como un tema grave, las autoridades tienen que tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los candidatos y aspirantes, así como para investigar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado democrático de derecho, y con ello brindar certeza y seguridad a quienes deben votar y ser votados, como nos indica nuestra carta magna.
Debemos promover una cultura de participación política basada en el respeto, la tolerancia y el diálogo, que nos hagan el sentido de vías para resolver los temas que realmente importan para nuestra sociedad.
La violencia no puede ni debe ser nunca la respuesta, y es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad, fomentar un ambiente que promueva la participación y que aleje de estos diálogos de odio y de polarización que en los últimos tiempos se han manejado, y que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, debemos fortalecer constantemente nuestro sistema democratico y con ejecutar un ejercicio democratico libre, seguro y universal.
Atentamente
Mtra.Georgina Bujanda Ríos