Joaquín
El pacto entre Canarias y el Estado para la reforma legal que ampare un mecanismo fijo de reparto de menores migrantes no acompañados tiene aún mucho trecho que recorrer. De entrada, el socio minoritario del Ejecutivo regional, el PP, no lo tiene aún nada claro. Al menos en el ámbito de la dirección estatal del partido, que parece recoger o expresar el sentir de buena parte de las comunidades donde gobierno. Para los populares, cualquier apoyo a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que ampararía ese "reparto obligatorio" entre todos los territorios del Estado pasa por un acuerdo previo entre el conjunto de comunidades autónomas, algo que aseguran que no se produce en la actualidad entras otras cosas, según el PP, porque no se las ha consultado.
De hecho, comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y Castilla-León rechazaron este martes el acuerdo por considerarlo "unilateral". Piden al Ejecutivo central "actuar en origen" y que todos los territorios participen en el establecimiento de las condiciones en que se llevaría a cabo la distribución con la nueva norma. También desde Cataluña, el actual 'gobern' de la Generalitat, en un contexto preelectoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 12 de mayo, ha rechazado el acuerdo por considerar que la comunidad ya asume en la actualidad un mayor número de acogidas procedentes de otras regiones.
Esta es la posición de partida en el grupo del PP en el Congreso sin cuyo apoyo será difícil el visto bueno parlamentario para esa modificación normativa con la que se pretende aliviar a Canarias de la presión de acogida que sufre desde hace meses con más 5.500 menores tutelados. O, al menos, es el mensaje que dejó este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, preguntado sobre la valoración de su grupo respecto al acuerdo de fondo alcanzado entre Canarias y el Estado. "El reparto debe pactarse con las comunidades autónomas. Canarias tiene un problema de presión migratoria que debemos resolver entre todos de forma solidaria y humanitaria, pero el Gobierno (central) debe hacerlo con todas las comunidades involucrándolas en la solución", afirmó el portavoz popular, que sigue utilizando el concepto "solidaridad" como un término que apela a la voluntad de los gobiernos regionales respecto a su capacidad de acogida.
"Canarias tiene un problema que debemos resolver entre todos de forma solidaria, pero el Gobierno debe hacerlo con todas las comunidades involucrándolas en la solución"
"Me temo que eso no ha pasado porque es la forma habitual de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido Tellado poniendo así en entredicho el valor del acuerdo alcanzado. El dirigente popular dio por hecho que si ese consenso entre autonomías se produce, el PP respaldará el texto en las Cortes, sin aclarar tampoco cómo actuaría el partido en caso de que su socio de gobierno en cinco comunidades, Vox, se niega a asumir este acuerdo dado que ya anunciado que está en contra.
Mecanismo permanente
También el PNV reclama ese pacto territorial para que la medida pueda ser efectiva, pero apoyando claramente el paso previo avanzado por los gobiernos central y canario. Eso sí, considera que no ha sido buena idea que se anuncie sin que previamente no se haya traslado a los grupos parlamentarios para intentar sumar una mayoría en el Congreso. El portavoz peneuvista, Aitor Esteban, aseguró que "este es un tema que nos preocupa porque nuestros servicios de las Diputaciones Forales, que son las que se encargan de los menores, están saturados, y porque al final la desorganización que hay a lo que lleva es a que desde algunas comunidades autónomas se envíen menores migrantes a otras quitándose responsabilidades que tienen por ley y por competencias".
El dirigente vasco cree que "este esfuerzo debe ser repartido, eso está claro, pero hay que hacer las cosas bien y tendremos que hacer un mecanismo permanente". Para ello, reclama que el Gobierno central "tiene que ejercer sus competencias, que es la frontera, y eso quiere decir que tiene que identificar a los menores, que ahora no lo hace, porque muchos viajan como si fueran adultos y luego dicen que son menores".
A partir de ahí, reclama al Estado que "les tiene que poner un tutor" para que "la comunidad equis" a la que se asigne cada menor sea "la institución asignada y asuma la responsabilidad". "El Estado tiene que colaborar con ese mecanismo permanente y todos los que tengamos competencias, ejercerlas y responsabilizarnos como tutores", insistió Estaban antes de reseñar que "no creo que haya sido bueno el anuncio en el que se dan por hechas algunas cosas que todavía tendrán que discutirse con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios".
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