La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba juzga estos días a nueve acusados de, supuestamente, estafar a un matrimonio de Rute en una operación inmobiliaria realizada en 2008, cuando comenzó la última crisis de la construcción. El Ministerio Público sostiene que los afectados, ya fallecidos, perdieron su casa familiar y su tienda tras permutarlos por un piso, un local y una cochera que nunca llegaron a recibir. Sus hijos ejercen la acusación particular en este procedimiento.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal solicita penas que suman 27 años de prisión y multas por un total de 38.880 euros para los nueve imputados, todos relacionados con la promotora que suscribió el contrato. Según apunta en este escrito, se hizo creer a las víctimas que los bienes que adquirían se encontraban libres de cargas.
Así, el Ministerio Público afirma que los encartados incluyeron esta condición en la escritura, "a sabiendas de la falsedad de este extremo, porque minutos antes acababan de firmar una hipoteca con el banco sobre todas las fincas de la promoción". Con el tiempo, la empresa dejó de abonar la hipoteca y los perjudicados tuvieron noticia de ella al ser notificados de la ejecución hipotecaria (el embargo) promovida por el banco contra ellos, por un importe de 227.154 euros de principal y 68.146 euros de intereses. Después de esta operación, el matrimonio tuvo que vivir de alquiler y "con la incertidumbre" de si se subastarían los inmuebles que no llegaron a recibir.
Defienden su inocencia
Fuentes cercanas a este procedimiento judicial afirman que durante el juicio, iniciado este lunes, los acusados han mantenido ante el tribunal que no engañaron a las víctimas. De esta forma, han explicado que realizaron la permuta y esperaban entregar los bienes libres de cargas cuando finalizaran las obras, vendieran los inmuebles y pagaran el préstamo que grababa la promoción. "Era una promotora bastante solvente", señalan.
Este proyecto consta de 12 pisos, 20 cocheras y un local. La obra, que tenía un plazo de dos años, se quedó al 95% de ejecución. Las fuentes consultadas aseguran que, con la crisis sobrevenida, "todos salieron perdiendo". Entre los acusados hay albañiles, peritos e inversores, algunos de ellos vinculados por relaciones familiares y de amistad.
Finalmente, la construcción fue adjudicada a un fondo de inversión, a excepción de los tres inmuebles adquiridos por las víctimas. Este miércoles, penúltimo día de juicio, se espera que declaren unos cinco testigos más y que las partes expongan sus conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Mañana jueves, previsiblemente, quedará visto para sentencia.
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