Su papá, Juan José Arévalo Bermejo, fue el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala. Ahora, el reto de Bernardo Arévalo es asegurarse de que la democracia siga viva en su país. Pero no será fácil. Existe un viejo operativo que intenta sacarlo del poder.
Arévalo fue la gran sorpresa en la pasada campaña presidencial, ganándole en la segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres. Este políglota de 65 años, diplomático, doctor en filosofía y fundador del partido político guatemalteco Movimiento Semilla, rompió la vieja estructura política en la nación. En enero, su toma de posesión fue rodeada de protestas y amenazas. Y ahora los perdedores quieren su venganza.
"¿Lo han dejado gobernar?" le pregunté a Arévalo en una entrevista vía satélite, él en Ciudad de Guatemala y yo en Miami.
"Nosotros estamos gobernando", me dijo, aunque "tenemos muy claro el hecho de que el Ministerio Público no cesa en sus intentos de agresión y, posiblemente, de revertir los resultados electorales."
Es complicado. Consuelo Porras es la fiscal del Ministerio Público que, de acuerdo con múltiples reportes, trató de impedir la toma de posesión de Arévalo. Y ya que el ministerio es un organismo autónomo, el presidente no la puede despedir. "Nosotros sabemos que existen instituciones del estado que están todavía cooptadas por estas élites político-criminales que intentaron violar los resultados electorales," me dijo Arévalo, "y estamos claramente en un esfuerzo para recuperar el control de esas instituciones del estado".
Es decir, el presidente de Guatemala tiene a sus enemigos muy cerca.
Hablé con Arévalo unos días después de que se reuniera con el presidente Joe Biden en la oficina oval de la Casa Blanca y con la vicepresidenta Kamala Harris. Le fue muy bien. Regresó a Guatemala con un nuevo paquete de ayuda de 170 millones de dólares. Pero ¿obliga eso a Guatemala a convertirse, como México, en el muro y en la policía migratoria de Estados Unidos?
"No", me contestó, "no ha habido una entrega de dinero a cambio de absolutamente nada".
Sin embargo, cruzar como migrante por Guatemala en camino hacia Estados Unidos será más difícil. Arévalo quiere combatir a los "coyotes, que son uno de los actores más involucrados en la violación de los derechos humanos" y "fomentar las migraciones ordenadas y regulares".
¿Van a detener a los inmigrantes que pasan por Guatemala? insistí. "Inmigrante que quiera ingresar a territorio nacional tiene que hacerlo de manera regular y documentada", me dijo.
Guatemala es uno de los 10 países con mayor criminalidad en América Latina, según el Índice Mundial del Crimen Organizado. Y la nación tiene como vecinos a dos países con políticas muy distintas para enfrentar la violencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, favorece los "abrazos, no balazos" ante los narcos mientras que Nayib Bukele de El Salvador prefiere mano dura contra los pandilleros. ¿Qué debe hacer Guatemala? Ni lo que hace México, ni lo que hace El Salvador.
"Cada país tiene que definir su estrategia de seguridad", me explicó. "Nosotros, por ejemplo, no tenemos un problema de pandillas como el que tiene El Salvador; tenemos, en cambio, un problema mucho mayor alrededor de la penetración del narcotráfico".
Arévalo ha sido hasta ahora un buen vecino de México. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció rápidamente "la grave violación a la sede de la embajada de México en Ecuador por parte de las fuerzas especiales ecuatorianas".
Y en la entrevista fue más allá: "Nos parece gravísimo e inaceptable," dijo. "Viola principios de derecho internacional que, inclusive en momentos de las mayores crisis políticas del mundo, se han respetado".
Y luego pasé al arresto del periodista José Rubén Zamora, quien lleva más de 600 días en una cárcel guatemalteca, acusado de lavado de dinero, y quien se considera a sí mismo como un "preso político". Para Arévalo y su gobierno "tenemos claro que (el caso de Zamora) es un montaje", me dijo el presidente. "Lo que nosotros hicimos desde el primer día de nuestra gestión fue suspender las condiciones, prácticamente de tortura, en las que lo tenían".
Entonces ¿por qué no lo liberan? "Lo que no podemos hacer, como poder ejecutivo, es intervenir en el poder judicial y dar órdenes".
Terminamos hablando de su padre, quien gobernó Guatemala de 1945 a 1951. ¿Qué aprendió de él? le pregunté.
"Bueno, tengo la ventaja de que mi padre escribió varios tomos de memorias", me contó. Y los dos, me dijo, han enfrentado un reto parecido: "¿Cómo se construye institucionalidad democrática sobre la base de prácticas autoritarias?".
De la respuesta depende el futuro de Guatemala.