Así llegó al Congreso la propuesta de un 'granadino' de Senegal para regularizar a medio millón de personas inmigrantes
Augustine Marie Ndour Ndong lleva 54 años huyendo de la desesperanza. Nacido en Senegal, llegó a España en el año 2000 y legalizó su situación gracias a una regularización extraordinaria del Gobierno de José María Aznar, que ahora trata de emular con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recién tramitada en el Congreso para que más de medio millón de migrantes, que viven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021, legalicen su situación.
Su proyecto, respaldado por la Fundación para la Ciudadanía Global y otras organizaciones humanitarias, ha logrado más de las 500.000 firmas necesarias para que se debata en la Cámara Baja. "Nos decían que sería imposible, pero aquí estamos", afirma orgulloso un hombre, granadino de adopción desde hace dos décadas, cuya historia inspira.
Su relato vital está lleno de hitos en los que hay que detenerse como el de haber sido el primer hombre negro de nuestro país candidato a la presidencia del Gobierno. Eso sucedió en 2019 bajo las siglas de Por un Mundo Más Justo (M+J), "la etapa más difícil" de su carrera como activista. Dice que su candidatura fue sobre todo "simbólica" para dar a conocer sus objetivos en favor de una sociedad más inclusiva.
"En política te metes en el barro y hay mucha gente que te insulta, pero pretendemos ser referentes para esos niños que pueden ver en nosotros a la primera generación de negros que rompe techos de cristal. Futbolistas, barrenderos, trabajadores del campo y cuidadores ya hay muchos". Esa época coincidió con el ascenso de Vox, que les señaló, pero no les detuvo.
Antes de ser político y de impulsar la ILP que ahora abre la puerta a la esperanza de miles de migrantes, él mismo llegó a España procedente de Senegal. Lo hizo a través de Lisboa, donde estuvo estudiando durante dos años gracias a un visado y a una beca. De tierras lusas pasó a Granada, la ciudad que le acoge desde principios de siglo y en la que trató de vivir con su mujer. Fue imposible. "En eso también hay mucho que hacer porque ella es directiva de un banco en Dakar (Senegal) y aquí ese puesto no podría haberlo logrado nunca por ser negra". Agustín, como acepta que le conozcan todos porque "es más fácil de pronunciar", se ve obligado a vivir lejos de su familia a la que visita "al menos dos veces al año".
Un paso "esencial"
Su empeño por ayudar a quienes llegan de fuera y lo hacen en situaciones difíciles no sólo se ha plasmado en la ILP que tramitará el Congreso gracias al impulso de la Fundación para la Ciudadanía Global o colectivos como Regularización Ya, Fundación Por Causa y la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), sino en su labor como activista en Cáritas y en el Secretariado de Migraciones, lugares que le llevaron a meterse en política.
"Era esencial dar el paso para que la gente sepa que somos ciudadanos de pleno derecho", dice. Una idea que mantuvo latente hasta iniciar la ILP. Recuerda que lo hizo al ver fracasar una Proposición No de Ley de la plataforma Regularización Ya con la que contactó para esta iniciativa.
"Al principio le dije a mis compañeros que había que hacer algo para lograr la regularización de nuestros hermanos. Les dije que haría una huelga de hambre delante de los leones del Congreso si hacía falta, por lo que me hicieron caso", dice riéndose. Hoy, tras una inversión de más de 40.000 euros para movilizarse y llegar a todos los rincones y haber logrado los apoyos parlamentarios necesarios dice sentirse "en una nube", porque parecía un camino muy complicado cuando lo iniciaron. "La regularización es necesaria para respetar los derechos humanos y dignificar a nuestros hermanos". Algo que parece posible tras 611.000 firmas y el respaldo de 900 organizaciones humanitarias.
"Nuestro único mérito ha sido atrevernos a lanzarnos", dice humildemente. Lo relata así porque se define como un hombre "afortunado" al haber podido llegar a España en un avión. "Admiro a las personas que han llegado en situaciones mucho más difíciles". Recuerda que se trata de personas que además viven en una realidad jurídica muy compleja. "También se necesita integración en ese ámbito porque además, de media, cada migrante aportaría al estado 3.400 euros si estuviese legalizado". Agustín afirma que la convivencia mejorará para esas personas porque sin papales "se trata de sobrevivir día a día" y con ellos pueden sentirse "uno más".
Los retos de Andalucía
Como vive en Granada, conoce de lleno la situación de los migrantes en Andalucía. Cree que la región ha de ser "referente" en esta materia, sobre todo por la diversidad de realidades que se dan en la comunidad autónoma. "No es lo mismo un hermano de Almería que una hermana de Huelva. A Almería suelen llegar en cayucos y pateras, pero a Huelva lo hacen con contratos, que tampoco les asegura que vayan a vivir bien". Agustín pide a las administraciones que aumenten sus esfuerzos en dignificar a estas personas: "Saben perfectamente en qué situaciones llegan los chavales y cómo sobreviven".
Considera que hay pasos que se pueden dar. "Lo primero en la integración, sea de la índole que sea, tiene que haber integración jurídica porque si no tenemos está integración, carecemos de algunos derechos básicos". Reconoce que Andalucía "tiene poco margen" en políticas migratorias porque es la Unión Europea la que las marca, pero cree que la región tiene desafíos que sí debe afrontar como la situación del campo andaluz, "que es el jardín de Europa". En él, trabajan miles de migrantes "viviendo en chabolas mientras se desloman para que los platos de comida sean apetecibles".
En materia de sanidad o educación, Andalucía también debe abordar muchos desafíos, según Agustín: "No quiero se nihilista y decir que todo está mal. Lo que digo es que uno de los mejores logros de España es la salud universal y los inmigrantes "sin papeles" tienen acceso a la atención primaria, pero tienen muchas dificultades para acceder a los especialistas. Las dificultades en el tema educativo suelen estar en los hijos reagrupados por el mecanismo de agrupación familiar. A veces cuesta la adaptación a un nuevo sistema educativo por falta de especialistas".
La "economía sumergida"; tal y como él la define, es otro de los problemas a los que se enfrentan los migrantes, especialmente en Andalucía. Una comunidad autónoma en la que, según las cifras que manejan las organizaciones humanitarias, se verían beneficiadas alrededor de 100.000 personas de la regularización que persigue la ILP. Agustín defiende que los migrantes necesitan derechos como al de un contrato digno o vacaciones, pero también deberes como cotizar y pagar impuestos directos, pero para ello hace falta que estas personas tengan "seguridad jurídica".
"Las sociedades humanas siempre han migrado, las migraciones no son un fenómeno reciente. Los seres humanos seguirán migrando en busca de nuevas oportunidades, lo queramos o no lo queramos. Humanizar las migraciones es un imperativo urgente". Por eso, cree que comunidades como Andalucía, que es la frontera sur de Europa, deben caminar hacia la "desmilitarización" de los límites fronterizos porque no es más que "una guerra abierta contra los empobrecidos".
Agustín, que está "feliz" porque su lucha y la de sus compañeros está dando sus frutos, sigue soñando con un futuro más inclusivo. Lo hace convencido de que parte de la solución está en los países de origen en los que hay que "luchar contra el saqueo" que sufren para que se desarrollen y nadie tenga que emigrar. Y a título personal, prefiere no ponerse objetivos "demasiado grandes" y seguir enrolado en política con M+J para dar en pasos en favor de una sociedad más abierta y progresista.