En EU laboran alrededor de 5 millones de trabajadores mexicanos indocumentados. Son esenciales e irremplazables en la agricultura, la construcción, la industria de hoteles y restaurantes, el cuidado de las personas mayores, y las labores de limpieza y recolección de desechos, que no podrían operar sin ellos.
Lejos de significar una carga a la economía estadunidense, los migrantes pagan impuestos, rejuvenecen a la fuerza de trabajo y contribuyen de manera decisiva para pagar las pensiones de los estadounidenses retirados.
Sin embargo, la política migratoria estadounidense es instrumentada desde la perspectiva de la seguridad nacional, que tiene más que ver con ideología y con instigar el miedo al diferente, que con la realidad en los ámbitos económico y laboral, lo que se refleja en la frase: 'los necesitamos, pero no los queremos'.
En 2022-2024, EU ha registrado entre 9 y 11 millones de empleos sin ocupar, con la tasa de desempleo más baja en 53 años. Sin embargo, el sistema de migración y asilo es disfuncional y tiene un rezago tremendo en atender sus solicitudes de regularización.
El presidente AMLO ha solicitado al presidente Biden la regularización de los mexicanos indocumentados. AMLO sabe que ello no ocurrirá, pues le corresponde al Congreso, pero sobre todo porque a un gran número de empleadores estadounidenses les conviene que siga este sistema de apartheid del siglo XXI, para contar con una oferta ilimitada de trabajadores vulnerables, sin capacidad de negociación, sin oportunidad real de defender sus derechos, y sin estabilidad laboral.
Entendámonos: en el terreno, la labor de los equipos de protección en el medio centenar de consulados mexicanos en EU es invaluable: brindan asistencia frente a salarios no pagados, accidentes laborales, víctimas de trata y de crímenes de odio, y muchos casos más. Es un trabajo muy sacrificado, muy valioso, de cercanía con nuestras comunidades. Pero en la relación bilateral parece que no son prioritarios: Como presidente, AMLO visitó cinco veces EU y nunca se reunió con los trabajadores mexicanos indocumentados.
El TMEC incorpora los derechos laborales en su capítulo 23 y en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), que permite al gobierno de EU tomar medidas contra empresas privadas si éstas no cumplen con las leyes mexicanas de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. Hasta marzo de 2024 se han resuelto 19 casos, casi siempre en favor de los trabajadores, en empresas ubicadas en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, y Zacatecas, entre otros estados.
Sin embargo, enfrentamos una paradoja insólita: no se ha usado mecanismo alguno para defender a trabajadores mexicanos indocumentados en EU. No hay reciprocidad. Son mundos separados.
Volviendo a la reciprocidad: cuando México exige concesiones a sus ciudadanos en EU, algunos preguntan: ¿y tú les vas a otorgar esas mismas concesiones a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que trabajan en México sin papeles?
Hasta ahora hay una gran hipocresía de ambos lados de la frontera. Las ganancias individuales inmediatas de cada empleador y la conveniencia política de los gobernantes sabotean la construcción de un futuro compartido que sea acorde con la dignidad humana de los trabajadores y a la vez económicamente provechoso y sustentable.