En un contexto marcado por preocupaciones sobre el acceso a la salud y los costos asociados, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha tomado medidas para abordar las crecientes inquietudes en torno a las empresas de medicina prepaga. El pasado 17 de abril, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió la Resolución Nº RESOL-2024-1-APN-SIYC#MEC, en la que se establece una serie de directrices para regular los precios de los planes de salud médico-asistenciales.
Esta resolución, en consonancia con el artículo 44 de la Ley Nº 27.442, impone a las principales empresas del sector, entre ellas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, la obligación de ajustar el cobro de las cuotas de acuerdo con el valor del plan más una variación vinculada a los índices de precios al consumidor publicados por el INDEC. Esta medida busca garantizar que los usuarios no sean afectados por aumentos desproporcionados y que los costos sean razonables y transparentes.
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Además, la Superintendencia de Servicios de Salud ha tomado medidas legales contra las empresas que concentran más del 90% de los usuarios y usuarias del sistema de medicina prepaga. A través de una acción de amparo, se busca que se detenga de manera cautelar la práctica de aumentos que han sido implementados desde la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23.
Sin embargo, más allá de estas acciones regulatorias, queda pendiente el tratamiento de una problemática crucial: la situación de aquellas personas que, debido a los elevados costos de las cuotas, se vieron obligadas a darse de baja de sus planes de salud. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha expresado su preocupación por este aspecto y ha decidido iniciar una investigación de oficio para esclarecer cómo serán tratados estos casos tanto por las empresas de medicina prepaga como por las autoridades de salud.
Uno de los puntos centrales de esta investigación es determinar cómo se llevará a cabo el eventual reintegro para aquellos que abonaron cuotas con aumentos considerados abusivos. "Es fundamental garantizar la protección de los derechos de los usuarios y usuarias afectados y asegurar que reciban una compensación justa por los perjuicios sufridos", se indicó desde la Defensoría del Pueblo, que busca recabar información detallada tanto de las empresas de medicina prepaga como de las autoridades competentes, con el objetivo de evaluar la magnitud de los derechos vulnerados y promover su reparación correspondiente.