El homicidio de la fiscal Yolanda Paternina, ocurrido el 29 de agosto de 2001 a manos de paramilitares, fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía 69 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Con esta decisión, el ente investigador deberá seguir indagando sobre el asesinato de la jurista sin que el paso de los años sea un motivo para frenar las pesquisas.
La fiscal segunda especializada de Sincelejo (Sucre) investigaba en 2001 la masacre de Chengue, en la cual, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, ingresaron al caserío y asesinaron a 27 personas el 17 de enero de ese año.
Hoy estamos un paso más cerca de alcanzar justicia en el caso de Yolanda. Seguiremos insistiendo para que este crimen no quede en la impunidad.
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) April 16, 2024
Paternina, en su labor de investigación, dio con Cadena como el responsable de la masacre y logró coordinar varios operativos para su captura, todos sin éxito. Incluso, la fiscal ordenó el allanamiento de la finca desde la cual se gestó la masacre y desde donde salieron más de 200 paramilitares hacia el caserío.
Meses más tarde, Paternina expuso las amenazas de las cuales estaba siendo víctima, e incluso solicitó un traslado. El 29 de agosto de ese mismo año, fue asesinada por sicarios en frente a su casa en el barrio Laford, en Sincelejo, después de que su escolta se hubiera ausentado por enfermedad.
La reciente decisión de la Fiscalía en el caso de la fiscal Yolanda Paternina significa que este delito, ahora declarado como de lesa humanidad, es considerado como una grave violación a los derechos humanos que no solo tiene impacto en las víctimas directas sino también en la sociedad, ya que atenta contra principios fundamentales.
"Hoy estamos un paso más cerca de alcanzar justicia en el caso de Yolanda. Seguiremos insistiendo para que este crimen no quede en la impunidad", señaló la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes han estado al frente del caso para garantizar la no impunidad del homicidio de la jurista. Al mencionar la impunidad, la Comisión se refiere a que ahora el ente investigador deberá seguir adelante sí o sí con las pesquisas.
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