Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado este jueves por sorpresa el laboratorio en el valle de Cuelgamuros en el que se está llevando a cabo la exhumación de 160 víctimas del franquismo. Se trata de unos trabajos muy complejos, que a pesar de los obstáculos de todo tipo ya están dando resultados. Prueba de ello es la docena de víctimas que han sido recuperadas de las cuales 11 ya han sido identificadas genéticamente y entregadas a sus familiares.
Se ha podido conocer que las primeras víctimas de la dictadura franquista exhumadas de Cuelgamuros fueron asesinadas el 20 de agosto de 1936. Justo 87 años después, el pasado 20 de agosto, sus familiares las pudieron enterrar tal y como se puede observar en las imágenes que acompañan a estas líneas. Fausto Canales, es uno de los miembros de estas familias que llevaban casi 90 años buscando a sus parientes. Él, en concreto, a su padre.
Tras la ceremonia de homenaje y acto solemne de entrega a los familiares de los restos humanos de las víctimas de Pajares de Adaja y Navalmoral de la Sierra, en Ávila, Canales contaba a los micrófonos de laSexta que "la satisfacción mía y en nombre de todos los familiares de Pajares es plena y es total".
Ahora, la visita del presidente del Gobierno a este laboratorio no ha gustado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que ha registrado una queja porque el presidente del Gobierno y el Ministro hayan podido ver esos trabajos, y los propios familiares no.
Las labores de exhumación comenzaron el 12 de junio del pasado año, sin embargo, nadie sabe cuándo podrán terminar debido a la enorme cantidad de restos que se han encontrado. Todo ello lleva a pensar que se prolongarán en el tiempo. Sin embargo, las labores han tenido que superar obstáculos políticos y judiciales.
Primero, fue la nieta de una mujer que se encuentra enterrada en la Basílica de Cuelgamuros que consiguió la paralización cautelar en la Audiencia Nacional, aunque se retomaron después de un recurso del Gobierno al considerarse que el lugar en el que estaba enterrada esta mujer no quedaba para nada afectado por estas exhumaciones.
Además desde la Fundación Francisco Franco logró paralizar la licencia de obra necesario que había emitido el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para llevar a cabo estas exhumaciones. De hecho, la alcaldesa popular de este municipio, Carlota López, fue imputada por prevaricación después de impedir la exhumación de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936.