Ángeles Vázquez / Cristina Gallardo
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría amparar a una profesora universitaria que sufrió abusos sexuales continuados por parte de quien era decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, al declarar "irrazonable" y "carente de base legal" que las dilaciones indebidas que le supusieron una rebaja de pena al condenado se atribuyan a que las víctimas tardaron dos años en denunciar.
En diciembre de 2016 el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla condenó a Santiago Romero Granados, catedrático de educación física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, por haber abusado sexualmente de tres profesoras de dicho departamento, de manera continuada, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2010, en que era el cargo de decano de dicha facultad.
Se le condenó a un total de siete años y nueve meses, pero en diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla revocó parcialmente esa sentencia y, pese a mantener los hechos probados y la condena por tres delitos de abusos sexuales continuados, redujo la pena de prisión a dos años y ocho meses, al aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional considera que esa decisión de la Audiencia Provincial lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente al responsabilizar a las víctimas del retraso en la tramitación de la causa por haber tardado aproximadamente dos años en denunciar los hechos. De acuerdo con la sentencia aprobada por mayoría de la Sala, esta conclusión se declara que es irrazonable y que carece de base legal, porque lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico es que quien resulte perjudicado por un delito tiene el derecho a denunciarlo en cualquier momento, con el único límite de la prescripción, que la propia sentencia de apelación descartó en este caso.
Por otra parte, las dilaciones indebidas a que se refiere la circunstancia atenuante prevista por el Código Penal son aquellas que se producen durante la tramitación del proceso y que pueden atribuirse a la actividad de los órganos judiciales encargados de dicha tramitación; nunca a la conducta particular que las personas perjudicadas por el delito hayan desarrollado antes de que la causa penal se haya iniciado siquiera. A todo ello se añade que la sentencia dictada por la Audiencia no tiene en cuenta el contexto en que se produjo la actividad delictiva de Romero Granados.
Jóvenes y su jefe
Los abusos sexuales se prolongaron durante más de tres años en el marco de una relación laboral en que el agresor era decano de la facultad y catedrático del departamento al que estaban adscritas las tres víctimas; y éstas eran mujeres jóvenes, que acababan de emprender su carrera profesional, contaban con contratos de trabajo no permanentes y tanto su renovación como su promoción en la carrera académica dependían de la voluntad del agresor, tal como éste les hizo notar en reiteradas ocasiones.
En este contexto, las dificultades intrínsecas para denunciar hechos de naturaleza sexual se incrementaban notablemente, pese a lo cual las víctimas pusieron reiteradamente los hechos en conocimiento de sus superiores en la Universidad de Sevilla, y, ante la inactividad de éstos, llegaron a formalizar denuncia escrita ante el Vicerrectorado meses antes de que se formalizara la denuncia penal por la propia Universidad, previa tramitación de una información reservada.
La Sala Segunda considera que no tener en cuenta este contexto y responsabilizar a las perjudicadas por la demora en denunciar no solo es irrazonable desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que desconoce también el mandato de prohibición de discriminación por razón de sexo que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución.
Los abusos sexuales, por los que Romero Granados fue condenado, forman parte de los delitos relacionados con la violencia de género, que constituye la forma más grave de discriminación contra la mujer, circunstancia que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ignora por completo, lo que le hace soslayar las exigencias derivadas de la aplicación de la perspectiva de género y la prohibición de discriminación por razón de sexo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en relación con la investigación, enjuiciamiento y castigo de delitos de violencia sexual, que "los tribunales nacionales no deben estar dispuestos en ningún caso a permitir que queden impunes graves atentados contra la integridad física y mental, ni a permitir que delitos graves sean castigados con sanciones excesivamente indulgentes", y ha admitido que la labor de control asignada al propio tribunal se extienda en estos casos al examen de si los criterios y razones ofrecidas por el tribunal nacional a la hora de determinar las consecuencias penales de esta clase de delitos resultan "adecuados para asegurar que el castigo se mantiene proporcionado a la naturaleza y gravedad del maltrato ínsito en los actos criminales cometidos contra la demandante como víctima".
Voto de Balaguer
La magistrada María Luisa Balaguer emite un voto particular concurrente en el que, estando de acuerdo con la estimación parcial de las pretensiones de la parte, declara que aquellas debieron estimarse en su totalidad, porque entiende que debería haberse aplicado la perspectiva de género en el análisis de las lesiones alegadas. También han formulado un voto concurrente conjunto los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo, por el que discrepan de la argumentación de la sentencia de la mayoría aunque no del fallo estimatorio
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