Venezuela salió raspada en el más reciente informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La investigación correspondiente a 2023 habla de "un elevado número de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y el uso de la tortura".
El informe recoge supuestos crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad del Estado o por bandas paramilitares afectos al régimen chavista.
Además, menciona la falta de independencia judicial, así como el arresto de familiares para castigar a personas que se han convertido en "molestias" para las autoridades. "Se llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año", expone.
Más de 300 en seis meses
Según datos suministrados por ONG y que son recopilados en el informe, en los primeros seis meses del 2023 se produjeron al menos 355 casos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría reportados como presuntos enfrentamientos.
De esta cifra, 27% fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 19% por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 18% por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 17% por policías estatales.
Del total de las víctimas, 96% eran hombres, 60% de ellos con edades de entre 18 y 30 años. La mayoría procedentes de sectores populares.
El Departamento de Estado citó en su informe a la ONG Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está detenido desde julio de 2021 por supuesta instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
La organización documentó 63 desapariciones entre enero y marzo del año pasado en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia y 27 secuestros en otros seis estados adicionales entre abril y junio.
Registraron además la desaparición de 80 mujeres en la frontera con Colombia, hechos que no fueron denunciados por temor a represalias o desconfianza en las autoridades.
Jueces cómplices de la tortura
Según el Departamento de Estado, miembros de cuerpos de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Por su parte, la Misión Independiente de la ONU documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos entre enero de 2020 y agosto de 2023.
La misión informó que en ocasiones jueces ordenaron a detenidos prisión preventiva en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluso cuando estos alegaron que habían sido torturados.
En el informe recibieron denuncias por parte de presos políticos que fueron sometidos a asfixia, descargas eléctricas, fracturas, bajas temperaturas, privación sensorial y de sueño y pasar horas de rodillas y esposado.
También, informaron que algunos detenidos fueron llevados a casas clandestinas donde les torturaban. Les negaban acceso a atención médica y los mantenían aislados por largos periodos. Igualmente alegaron que fueron víctimas de violencia sexual y de género.