El mandatario planteó que temas económicos y de seguridad pública sean sometidos a consulta popular el domingo 21. En el campo económico, se rechazaron las medidas que establecían contratos por horas y arbitraje internacional para inversiones y temas comerciales.
No obstante, en los asuntos de seguridad pública, Noboa obtuvo el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos. Estas reformas constitucionales no necesitarán ser revisadas por la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Ecuador).
¿Qué cambios habrá?
Rol de las Fuerzas Armadas
La primera medida que la población apoyó fue sobre el rol que tendrá a partir de ahora las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
En Ecuador, como en la mayoría de los países de Sudamérica, para desplegar a las FF. AA. en las calles se requiere decretar estado de emergencia. Sin embargo, tras la aprobación de la consulta popular, la declaratoria de estado de excepción ya no será un requerimiento para que los militares apoyen a la policía en la lucha contra la inseguridad.
El despliegue de las FF. AA podrá tener una duración de 180 días y ser prorrogado por 30 más.
Extradición
Actualmente, en Ecuador esta medida se encuentra prohibida en la Constitución. Sin embargo, tras el resultado del domingo, Ecuador podrá utilizar este mecanismo para entregar a ciudadanos que son requisitoriados en otros países.
El mandatario ecuatoriano resaltó la importancia de aprobar esta medida para extraditar "a los más peligrosos".
No obstante, no se permitirá la extradición en caso de que se condene a pena de muerte al extraditado, así como tampoco a quien es perseguido por delitos políticos.
Para implementar esta medida, se reformará el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana.
Penas más severas
La consulta popular también determinó que se incrementen las penas por determinados delitos. Esto, en el marco de la ola violencia que vivió el país sudamericano en enero de este año, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno.
Los delitos que incrementarán sus penas serán los siguientes:
- Terrorismo y su financiación
- Producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
- Delincuencia organizada.
- Asesinato.
- Sicariato
- Trata de personas
- Secuestro extorsivo
- Tráfico de armas
- Lavado de activos
- Actividad ilícita de recursos mineros.
Estos endurecimientos se realizarán a través de cambios en el Código Orgánico Integral Penal.
Judicaturas especializadas
El domingo también se decidió que establecer judicaturas especializadas. Es decir que, a partir de la promulgación de la reforma, los jueces de diferentes materias no podrán conocer de casos de garantías constitucionales, sino solamente los jueces constitucionales especializados.
Esta medida ha sido apoyada por diversos sectores bajo argumentos que van desde el exceso de carga procesal para jueces de todas las materias, hasta que jueces sin experiencia en casos constitucionales resuelvan casos de garantías constitucionales.
Portación de armas y otras medidas
Los ecuatorianos también decidieron que la sola tenencia de armas o municiones se convierta en delito.
Asimismo, también se determinó que las armas incautadas que no hayan sido utilizadas para delinquir sean utilizadas por las fuerzas del orden.
Además, se aprobó la simplificación del proceso para que los bienes de origen ilícito o injustificado pasen a manos del Estado.
Por último, se apoyó la medida que contempla que las personas privadas de la libertad por diversos delitos, como financiación del terrorismo, reclutamiento de niños con fines delictivos, actividad ilícita de recursos mineros o extorsión, tendrán que cumplir la totalidad de sus penas.
Es decir, no podrán acceder a régimen penitenciario abierto ni semiabierto.
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