Históricamente se relaciona la informalidad con el trabajo por cuenta propia y esto es, en parte, cierto. Un 50% de los informales pertenece a este grupo y ahí está el desafío de que se formalicen, coticen y se incorporen al sistema. En este podemos encontrar desde un comerciante ambulante hasta un técnico o profesional que presta sus servicios sin cumplir con sus cotizaciones y obligaciones tributarias, donde las estrategias para incentivar la formalización difieren, yendo desde mayor fiscalización, educación y control, hasta cambios legales que obliguen a cumplir con las reglas del juego.
Sin embargo, existe otro grupo menos analizado, pero tanto o más preocupante: un 36% de informales que son asalariados privados, es decir, 918 mil ocupados que dicen tener un empleador, pero cumplen sus funciones de manera informal, sin contrato y sin pago de cotizaciones.
¿Por qué existe esta relación contractual informal? Uno de los determinantes es el aumento en los costos de contratación y la rigidez del mercado laboral. Por ejemplo, en el caso de la ley de 40 horas, sumado al costo que implica esta reducción de jornada para el empleador, nos encontramos con que el dictamen de la DT no viene con la flexibilidad que se pensó en su minuto y que era la voluntad de las partes cuando se debatió la ley. Por otra parte, existen los programas de protección social que muchas veces desincentivan la cotización o incentivan la subdeclaración al considerar cortes de ingresos. ¿No sería mejor apostar por programas que incentiven la formalidad?, o mejor aún ¿por qué no exigir a cada nueva iniciativa un análisis laboral de costo/beneficio que pase el filtro de no afectar la formalidad laboral?
La informalidad tiene muchas caras y no hay una bala de plata para combatirla, pero podemos avanzar de manera más eficiente si entendemos cada grupo y sus motivaciones y, sobre todo, si pensamos en un nuevo ente gubernamental que coordine a las distintas instituciones relacionadas. Ya existen iniciativas de ese tipo en algunos países, donde organismos específicos tienen el mandato de velar por el cumplimiento laboral a la vez que cruzan datos entre diferentes departamentos del Estado. En Chile, un proyecto de ese tipo podría incluso considerar el intercambio de información a través de la creación de un sistema que permita realizar investigaciones en base a análisis de riesgo, de manera de focalizar los recursos en aquellos sectores en que el empleo informal es más problemático.
Como CNC fuimos parte de la Mesa de Informalidad Laboral de la CPC, que culminó con la entrega de quince medidas para abordar este fenómeno, muchas en línea con lo que aquí exponemos. El diagnóstico ya está hecho, hay que pasar de manera urgente a la acción.
Por Bernardita Silva, gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)