La junta del AMPA y las familias del consejo escolar del colegio Cervantes-Dualde, de Betxí, piden más personal para cumplir la ley de inclusión. Tras varias reuniones con varios responsables de la Administración, el conjunto de padres y madres critica que "los problemas no se resuelven", ya que "simplemente se intenta otro parche" y "se nos pide que aceptemos lo que hay".
"Necesitamos el apoyo para exigir el aumento de personal que es imprescindible para que el colegio pueda atender las necesidades de nuestros hijos, mejorar la calidad educativa del centro y cumplir la legalidad vigente", ponen de manifiesto.
Las familias muestran su malestar después de que la inspección decidiera sacar del aula a los alumnos que necesitaban apoyos educativos. Una atención que "generaliza lo que debería ser una excepción" y provoca que "se pierda la convivencia y la diversidad del grupo", además de que "la intervención de los profesionales se diluye y eso implica que, en ciertos casos, no se pueden atender realmente las necesidades personales de cada uno de forma directa".
Comunicado completo
En el colegio Cervantes-Dualde de Betxí se atiende a todo tipo de alumnado. Entre otras diversidades hay alumnos y alumnas que necesitan apoyos educativos y para algunos de ellos hay especialistas en Audición y Lenguaje o en Pedagogía Terapéutica. Estas especialistas atienden al alumnado de manera directa -trabajando con el niño o niña y su entorno- y personalizada -según las necesidades individuales establecidas en las indicaciones del servicio de orientación del centro- tal y como indica la legislación vigente.
Eso se debe hacer generalmente -y así se intenta- en el aula y con el grupo en que ese alumno o alumna está habitualmente, de manera que todos aprendan conjuntamente y todos se comuniquen y practiquen las habilidades necesarias en un entorno social diverso, lo que beneficia no solamente al alumno o alumna con dificultades sino a todos los que conviven normalmente en el aula.
Sin embargo, durante este curso se han apreciado diversas carencias en la provisión de apoyos y en su aplicación.
Al principio los alumnos y alumnas que lo necesitaban, recibían la atención en la propia aula con el resto de su curso, algo necesario para la verdadera inclusión, pero no tenían el número de sesiones que necesitaban según las indicaciones de los documentos que planificaban la intervención.
Para corregirlo y que pareciera que se cumplía el número de sesiones, la inspección organizó el servicio sacando a los alumnos del aula y realizando agrupaciones para recibir la atención. Esto, además de generalizar lo que según la normativa debería ser una excepción, genera problemas:
--La atención no se realiza en su contexto de aula, con lo que se pierde la convivencia, la diversidad del grupo y la intervención personalizada como establece la norma y que es lo que enriquece y educa a todos los alumnos y alumnas.
--La intervención de los profesionales se diluye y eso implica que, en ciertos casos, no se pueden atender realmente las necesidades personales de cada uno de forma directa.
Esto no solamente es un perjuicio para el alumnado con necesidades de apoyo. También perjudica al conjunto del grupo, a los especialistas y a los docentes. Los profesionales se preocupan y se esfuerzan en dar la mejor atención para cada alumno y para todo el grupo, para cubrir las necesidades del centro, pero no son suficientes para hacerlo. Falta personal para cumplir la ley.
Tras varias reuniones con diversos responsables de la administración vemos que los problemas no se resuelven, simplemente se intenta otro parche y se nos pide que aceptemos lo que hay, aunque eso no sea lo que nuestros hijos y el centro necesitan ni lo que la normativa legal garantiza.
Ponemos esta situación en conocimiento de todas las familias porque necesitamos el apoyo de todas para exigir un aumento de personal que es imprescindible para que el colegio pueda atender las necesidades de nuestros hijos e hijas, mejorar la calidad educativa del centro y cumplir la legalidad vigente.
Junta del AMPA, Colectivo de padres y madres del Consell Escolar y familias afectadas.
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