La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este martes a ley el proyecto que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento, iniciativa del Gobierno que, entre sus objetivos, intenta apoyar la sobrecarga financiera de las familias que no pueden cumplir sus compromisos económicos.
En esa línea, crea un nuevo programa de garantías para refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes). La medida está focalizada en la clase media e incentiva a las instituciones financieras a repactar las deudas de quienes presenten una relación deuda-ingreso riesgosa.
Por otro lado, crea un nuevo mecanismo para el pago mínimo en tarjetas de crédito. Este consiste en traspasar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de determinar la fórmula para el cálculo de esa cuota mínima. La idea es resguardar que los pagos de las personas se destinen preferentemente a la amortización de capital y no solo a intereses.
Fraudes bancarios
Además de las normas de apoyo al sobreendeudamiento, el proyecto contempla medidas para evitar los llamados "auto-fraudes" bancarios. La justificación de esta norma es que, desde que entró en vigencia la Ley de Fraudes (Ley 20.009), que obliga a las entidades bancarias a restituir en un plazo de cinco días los montos no reconocidos menores a 35 UF, las denuncias son 6,3 veces más altas que antes de la citada ley.
Por aquello, se exigirá una declaración jurada del usuario y una denuncia ante una autoridad penal, para hacer efectiva la reclamación por fraude en operaciones. Asimismo, podrán ser solo las transacciones efectuadas hasta 60 días anteriores a la denuncia.
Igualmente, se faculta a la CMF para regular los estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación de usuarios. Junto a esto, permite ajustar de modo más expedito y periódico el monto a restituir, entre 15 UF y 35 UF ($558.000 y $1.300.000 app). Y extiende el plazo para efectuar la restitución de los fondos bajo las 35 UF, de 5 a 10 días. Además, se permite la suspensión de la restitución de los fondos reclamados por antecedentes de dolo o culpa grave por parte del usuario.
Extensión de fondos estatales
El texto en trámite también considera modificaciones al Fogaes. En esa línea, aumenta, de US$ 165 millones a US$ 208 millones, los recursos disponibles y extiende la duración de este fondo hasta diciembre de 2024. Junto a esto, amplía la garantía en 10% por tramo, elimina el piso y flexibiliza el techo de las postulaciones, con el fin de impulsar la construcción de obras públicas.
En cuanto al Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda, donde el Estado actúa como aval para que las personas accedan a un crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda, también extiende su duración hasta diciembre de 2024.
Adicionalmente, para ampliar la oferta, la propuesta habilita a las mutuarias para otorgar créditos garantizados con este programa.
En el ámbito de apoyo a las Pymes, la norma extiende, a diciembre de este año, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Además, elimina las trabas para la repartición de recursos entre empresas de distintos tamaños, lo cual fue una dificultad observada durante el tiempo que lleva vigente este programa.
Finalmente, se modifica el decreto sobre timbres y estampillas, para eximir de este impuesto a los créditos hipotecarios que se celebren desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta diciembre de 2024, siempre y cuando se trate de la primera vivienda y esté destinada a uso habitacional.
Ahora, el proyecto quedó en condiciones para ser promulgado por el presidente de la República.
Debate en Sala
El proyecto fue informado en Sala por el diputado de la Comisión de Hacienda Miguel Mellado (RN). Luego participaron en el debate Jaime Mulet (FRVS), Francisco Pulgar (IND), Johannes Kaiser (IND), Marcela Riquelme (IND) y Fernando Bórquez (IND).
En términos generales, los parlamentarios valoraron las extensiones de los programas y sus recursos. De igual modo, destacaron las normas para mejorar el pago de las tarjetas de crédito y la rebaja del impuesto de estampillas.
Sin embargo, plantearon su inquietud frente a las medidas para evitar los fraudes bancarios. A juicio de algunos, esto afectaría nuevamente a las y los clientes bancarios en beneficio de las instituciones de ahorro y crédito.
Frente a esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, alertó que esto "se ha transformado en una escuela de fraude". Aseguró que hay muchas personas que generan ingresos económicos "sobre la base de mentir" en cuanto a sus transacciones.
Por aquello, el proyecto mantiene el peso de la prueba en el emisor, pero realiza una serie de ajustes. Por ejemplo, en las denuncias de transferencias entre cuentas con la misma titularidad o "cuando la persona hace un giro de cajero y luego va a una ventanilla a desconocer ese giro".