La Policía Nacional ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un futuro trabajo en salones de belleza en un total de seis provincias. Además, ha detenido a ocho personas acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, entre otros.
La operación ha puesto al descubierto una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de sus víctimas después de engañarlas diciendo que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes, según ha remitido el cuerpo en una comunicado. La investigación ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual en las ciudades de Úbeda, Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares, Lugo y Ciudad Real.
Por otra parte, se ha detenido a ocho personas en Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real, por delitos de trata de seres humanos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Captaba a víctimas en su mayoría de Colombia
La organización captaba a víctimas mayoritariamente de Colombia y las introducían en España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona. Los implicados las engañaban ofreciéndoles un trabajo diferente, en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, o bajo condiciones muy diferentes a las que finalmente las forzaban a someterse.
El entramado criminal obligaba a sus víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva. Las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Las mujeres tenían que abonar a los miembros de la organización el 50% de cada servicio sexual. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos y eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón.
Los implicados compraban sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes. Asimismo, la investigación ha dado a conocer que la máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.