La noche del lunes 22 de abril, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inauguró su oficina en Caracas, producto de un acuerdo firmado con la administración de Nicolás Maduro en junio de 2023.
La oficina está basada en el principio de complementariedad y la interacción con los Estados parte del Estatuto de Roma, documento que rige el funcionamiento de la CPI, tal como lo ha ratificado el fiscal Karim Khan.
«En lo que sigue de inmediato, mi oficina acelerará su labor para apoyar esfuerzos genuinos y significativos de Venezuela para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales, al tiempo que prosigue con las actividades independientes que se le han encomendado. Se lo debemos a quienes han sufrido y que siguen buscando la reivindicación de su derecho a la justicia», señaló Khan al término de su visita.
Aunque no se conoce el alcance total de la Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas, los abogados y expertos en derecho internacional Calixto Ávila y Simón Gómez Guaimara dan luces sobre lo que se espera –y lo que no pueden hacer– dentro del territorio venezolano.
Ambos coinciden en la preocupación de que «esta cooperación y asistencia técnica se base en memorandos confidenciales, que el plan de trabajo sea también confidencial, y que se establezca una lógica de confidencialidad en esta cooperación por parte de la Fiscalía. Uno entiende esta lógica en las funciones investigativas, pero es incomprensible que se aplique en la cooperación con un Estado en la producción de políticas públicas en materia de justicia».
– ¿Qué funciones tiene esta oficina?
– Los especialistas aclaran que esta oficina tiene funciones exclusivamente de cooperación y asistencia técnica. Esa cooperación y asistencia está dirigida a que el Estado venezolano logre una efectiva administración de justicia de acuerdo a los estándares internacionales.
La Fiscalía de la CPI proveerá de un canal para brindar asistencia y consejos en materia de justicia, especialmente en el ámbito penal, a modo de combatir la impunidad por crímenes establecidos en el Estatuto de Roma (de lesa humanidad, genocidio, de guerra y agresión).
También se espera que contribuyan al desarrollo de leyes nacionales y se intercambie conocimiento técnico y de buenas prácticas en el dominio del sistema del Estatuto, así como de la investigación y juzgamiento de estos crímenes en el ámbito nacional.
El Estado venezolano tendría la obligación de facilitar el efectivo desempeño de las actividades de la Fiscalía en el territorio nacional.
– ¿A qué se refieren esas «buenas prácticas» sobre el Estatuto?
– El profesor Simón Gómez señala que la función de la Corte, en el marco de la oficina, será el entrenamiento de jueces y fiscales, intercambio de información sobre juicios que se han hecho en otros países, la jurisprudencia de casos anteriores de la propia CPI y cómo deben hacerse las investigaciones de manera eficaz. Es intercambiar experiencias exitosas, no solo de la Corte sino de otros países como Argentina donde se aplica justicia universal.
«En última instancia, esta oficina tendrá una vocación práctica. Se va a dar este intercambio de información, esta capacitación con las autoridades venezolanas pero no a fin único de instruirlos, sino que esta asistencia se traduzca en términos reales de un mejoramiento del sistema de justicia (…) Esto último dependerá de una voluntad real de cambio de las autoridades».
– ¿De existir reformas legales serán implementadas a las investigaciones ya existentes?
– El abogado Simón Gómez dice que la inclusión de delitos contemplados en el Estatuto de Roma sería un paso importante para prevenir la comisión de futuros crímenes de esta naturaleza. «Esta legislación, de aprobarse, no podrá aplicarse de manera retroactiva, es decir, no podrá aplicarse a hechos de 2014 y 2017 que son los que están bajo investigación en este momento por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
Considera además que es posible ver leyes orientadas en el ámbito procesal, es decir, para procesar y juzgar a los responsables de estos crímenes.
– ¿Hay oficinas de la Fiscalía similares en el mundo?
— El profesor Simón Gómez Guaimara destaca que esta presencia en el terreno de la Fiscalía de la CPI es inédita. «Este es el sello propio de Karim Khan en su gestión. (El despacho en Caracas) es la segunda de las oficinas instaladas de las cinco situaciones priorizadas, donde se encuentra Venezuela pero también Bangladesh, la situación de Darfur (Sudán), Ucrania y Libia».
La primera oficina instalada bajo el principio de complementariedad fue la de Ucrania en septiembre de 2023. A diferencia de Caracas, el despacho de Kiev sí cuenta con plenas facultades de investigación.
– ¿Las facultades de esa Oficina de la Fiscalía podrían ser ampliadas en un futuro para incluir investigación en el terreno?
— En el terreno de los acuerdos podría ser posible, dice Calixto Ávila, «pero como está planteado, el fiscal ha hablado de una relación de dos vías: una, la cooperación y la asistencia técnica, y otra es la investigación. Lo más probable es que si el fiscal tiene que realizar funciones de investigación y tenga que acudir al territorio nacional, no sea a través de esta oficina, sino que se mantengan solo facultades de cooperación y asistencia y se movilice una misión técnica desde La Haya para investigaciones de carácter penal como ha ocurrido en otras situaciones».
– ¿Cómo queda la investigación sobre crímenes de lesa humanidad?
— La investigación no se encuentra suspendida, recuerdan los expertos, pues la Sala de Apelaciones –en la decisión del 20 de julio de 2023– dijo que no se iban a suspender las facultades investigativas del fiscal, solicitadas por el Estado venezolano. El 1 de marzo de este año, esa misma Sala desestimó los alegatos del gobierno venezolano.
El profesor Calixto Ávila explica que las facultades de investigación «sobre si ha habido o no crímenes de lesa humanidad en el territorio venezolano seguirá siendo competencia del fiscal y se ejercerá a través de su equipo en La Haya».
– ¿Qué pasó con el plan de trabajo firmado en diciembre?
— Calixto Ávila señala que este plan estaría dirigido a facilitar esta asistencia y cooperación por parte del Estado venezolano, aunque recuerda que no se conoce su contenido. «Esto es delicado porque estamos hablando de políticas públicas dirigidas a fortalecer la administración de justicia en el territorio nacional. Es simbólico que se haya hecho el lanzamiento de este plan desde la Asamblea Nacional, que es donde se producen las leyes del país y donde debería enfocarse gran parte de la asistencia técnica por parte de la Fiscalía».
– ¿Qué más se logró durante la visita de Karim Khan?
— Según lo dicho por el propio fiscal de la CPI, existe un acuerdo para que dentro de tres semanas retorne un equipo técnico de su oficina al país, con el objetivo de «acordar un conjunto de nuevas iniciativas de complementariedad positiva que puedan establecer una plataforma tangible para la acción en relación con las denuncias de crímenes del Estatuto de Roma».
La Fiscalía también logró el compromiso público de las autoridades venezolanas para que se incorpore el Estatuto de Roma dentro del marco jurídico nacional, así como una invitación –por parte de Nicolás Maduro– para que retorne la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expulsada a mediados de febrero luego de referirse sobre la situación de la abogada Rocío San Miguel, actualmente detenida en el Sebin y vinculada a la operación «Brazalete Blanco».
– ¿Cuáles son las próximas actividades de la Fiscalía de la CPI?
— El abogado Simón Gómez recuerda que este jueves 24 la Fiscalía de la CPI lanzará en Colombia su «Política de Complementariedad y Cooperación desde ubicaciones en el terreno». En su elaboración participaron organizaciones de derechos humanos a escala mundial, donde se señaló su preocupación sobre la transparencia y el manejo discrecional de la información en los convenios de cooperación.
Según la explicación de esta instancia, se basa en el «compromiso de acercar la justicia a las comunidades» y describe «un enfoque de dos vías para lograr la complementariedad y la eficacia de las investigaciones y los enjuiciamientos».