El Ministerio de Seguridad bonaerense detectó un encuentro entre jefes policiales despedidos y sancionados. Fue en un barrio de La Matanza. Todos tenían algún rencor acumulado contra la actual administración provincial por negocios caídos.
Esa supuesta conjura no se tradujo hasta ahora en ningún hecho. Tampoco en una posterior amenaza concreta. O quizá la amenaza, más sutil que un llamado telefónico o un mensaje en el celular, haya sido dejar saber la existencia de la reunión.
El límite para discernir entre amenaza y acción psicológica suele ser muy delgado. Y no sobran los que puedan identificar por dónde pasa esa línea de frontera.
La inteligencia del gobierno de Vidal no es justamente de excelencia. Tampoco la que está al servicio del presidente Mauricio Macri. Muchas veces navegan sin rumbo, reaccionan a estímulos intencionados, son llevados de aquí para allá.
Han corrido en las últimas semanas detrás de amenazas inconsistentes, inverosímiles, hechas por el afán básico de alterar a las autoridades. Pero al tipo de amenazas como esa reunión de peso pesados policiales le otorgan credibilidad. No es enojo político, animosidad personal o cierto afán de notoriedad.
Se trata de personas afectadas por las acciones de los gobiernos macristas. Tipos que tenían algo que perder y en parte lo están perdiendo. Gente peligrosa.
La gobernadora Vidal está recibiendo amenazas a repetición. Esta semana llegó a tener cinco en un solo día. El avance de reformas en la Policía bonaerense y en el Servicio Penitenciario provincial, en este caso llevadas adelante por el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, explican lo sustancial de esta oleada furiosa, como informó en Clarín el periodista Eduardo van der Kooy.
Hay policías y guardiacárceles investigados, hay cajas negras y circuitos administrativos que generaban dinero ilegal que fueron interrumpidos. Es una pulseada crucial para el gobierno provincial. No va a durar poco tiempo ni será sencilla, y su final es incierto.
"No vinimos para durar sin cambiar nada", les dijo Vidal a sus colaboradores directos, a veces abrumados por la multitud y la complejidad de los problemas que enfrentan.
De todos modos, en la Bonaerense están metiendo mano. Los números impresionan. En ocho meses, desde que asumieron Vidal y Ritondo, se abrieron 5.312 actuaciones administrativas como resultado de 17.151 denuncias. Esto derivó en que 1.867 agentes, suboficiales y oficiales perdieran su estado policial: no pueden portar arma ni placa.
Y hubo 509 suspendidos. Datos comparativos: en todo 2015, con Daniel Scioli gobernador y Alejandro Granados ministro, hubo 17.042 denuncias y se iniciaron 4.200 actuaciones administrativas.
Igual, el momento más complicado que atravesó Vidal fue acompañando a Macri. Sucedió hace dos semanas, cuando en Mar del Plata militantes sociales y políticos hostilizaron y atacaron un acto de anuncio de obras en un barrio periférico.
"Si hubieran querido hacer algo más que arruinarnos el acto y tirarnos alguna piedra, nosotros estábamos indefensos", confió Vidal después a su equipo íntimo.
Autoridades provinciales aseguran que tres hechos sustentan y completan la teoría del Ministerio de Seguridad nacional que encabeza Patricia Bullrich, en el sentido de que se trató de una "provocación profesional muy bien preparada".
Primero, que en el barrio marplatense Belisario Roldán, entre quienes hostilizaron y obligaron a acortar los discursos a Macri y Vidal, habría personas "que fueron traídas a la ciudad la noche anterior".
Segundo, que la vigilancia del lugar fue sorprendida porque quienes provocaron el altercado "no tenían carteles que los pudieran identificar y se mezclaron con la gente del barrio".
Tercero, que ya iniciado el acto y con Macri y Vidal en el predio, la calle de salida prevista por el esquema de seguridad fue cortada por manifestantes en actitud agresiva.
Así, al salir los coches de la comitiva oficial se vieron obligados a buscar un camino de retirada alternativo, fuera de toda previsión y quedaron al alcance de los que protestaron con violencia cuidadosamente contenida.
Otro elemento que refuerza la tesis de una preparación puntual del incidente es que ese viernes, después del acto, Vidal volvió a Buenos Aires y por la noche regresó a Mar del Plata en viaje privado junto a sus hijos, para pasar allí el fin de semana.
Caminó por la zona comercial de la calle Güemes, estuvo en el centro de la ciudad y asegura haber recibido de la gente el mismo trato afectuoso de siempre. De hecho, es la política con mejor imagen en el país.
Las conclusiones obtenidas por investigaciones policiales y judiciales aún en curso abren un enorme interrogante sobre la capacidad operativa de los organismos de seguridad e inteligencia para prever estas situaciones y proteger a las autoridades.
Por cierto, en las últimas dos semanas el componente político de agitación empezó a coincidir con la ola de amenazas motivadas por los avances contra mafias policiales y penitenciarias, o hechas a modo individual sin apoyo ni coordinación orgánica.
Cortes de autopistas y piquetes más agresivos vinculados al reclamo de puestos de trabajo en los planes oficiales, coinciden en el tiempo con el nuevo llamado sedicioso hecho ayer por el partido de Luis D'Elía y el jefe de Quebracho, Fernando Esteche, llamando a "apoyar y alentar todo tipo de protestas contra el Gobierno", y a hacerlo sin importar "su origen y legitimidad".
Los incidentes del miércoles en la autopista Buenos Aires-La Plata fueron protagonizados por la Corriente Aníbal Verón, que es la "expresión social" de Quebracho. La agresión a un automovilista, cuando las fuerzas de seguridad y los manifestantes habían acordado levantar el corte, derivó en la dura represión de Gendarmería.
Autoridades del Gobierno habrían dicho después, informalmente, que el automovilista era un gendarme de civil que se apuró a cruzar la línea de los manifestantes atropellando a una mujer. Todo muy raro.
A esto se suma el llamado a una marcha contra Macri organizada para hoy y mañana por La Cámpora bajo el paraguas político de las Madres de Plaza de Mayo, tal como coordinaron ayer los diputados Máximo Kirchner y Andrés Larroque con Hebe de Bonafini. La consigna convocante habla de "resistir sin descansar" y reivindica pertenencia política: "Cristina conducción".
Ocurre todo esto sobre un escenario de fuerte dificultad económica y social. Datos del INDEC recuperado informaron sobre una desocupación superior al 9%, con un millón y medio de desocupados plenos y cinco millones de argentinos con problemas de empleo.
El mismo INDEC reconoció que la economía cayó un 1,3% en la primera mitad del año, agudizando la recesión que venía del Gobierno anterior. El único dato a favor, en este terreno, es el freno progresivo de la inflación.
La extendida penuria en el tramo inicial del gobierno de Macri explica por qué la agitación política, la ola de amenazas y la persistencia de la inseguridad tienen hoy una resonancia social mayor.
Pero sería incompleta la descripción del momento si no se considera la crítica situación judicial de Cristina Kirchner. Las continuas revelaciones sobre hechos de corrupción, la aparición de nuevas pruebas y la acumulación de causas que la involucran, colocan a la ex presidenta ya no en situación de defender su capital político, sino –en un plazo menor al previsto– su propia libertad ambulatoria.
La reacción de su sector es simétrica a ese apremio creciente. Ese factor de agitación se incrementará en las próximas semanas. Es un problema más que deberá afrontar el Gobierno. Pero también es una prueba de solidez y gobernabilidad para la oposición, en especial el peronismo que gobierna provincias y municipios y es decisivo en el Congreso.
Lo que se busca, para blindar judicialmente a Cristina, es que el gobierno de Macri tropiece y tambalee. Muy pronto. Antes de que termine el año.