Luego de que el Procurador General del Tesoro Rodolfo Barra fue corrido por Javier Milei del juicio en EE.UU contra YPF, se desató una polémica por la decisión del presidente de reemplazarlo por el subprocurador, Andrés De la Cruz, en ese proceso en que la Argentina está condenada, en primera instancia, a pagar 16 mil millones de dólares.
Los diputados de Elisa Carrió, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López, pidieron este jueves al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, que también dictamine a favor de apartar a De la Cruz porque "fue abogado de la familia Eskenazi". Este grupo empresario tuvo el 25% de las acciones de YPF hasta antes de la polémica estatización que hicieron la ex presidenta Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el 2012.
Sin embargo, voceros de la Procuración consultados por Clarín afirmaron que "De la Cruz fue abogado de la familia Eskenazi hace 15 años atrás, cuando el juicio contra YPF en EE.UU. No existía".
Según esos voceros, la ley de Etica Pública establece que "deben pasar 3 años para que no haya conflicto de intereses". "Barra pidió aportarse porque hacía hecho un dictamen en el 2021 que no es el caso de De la Cruz", agregaron los voceros.
Por su parte, voceros de la Oficina Anticorrupción confirmaron a Clarín que en enero la Procuración hizo una consulta sobre Barra y De la Cruz y el organismo aceptó la excusación del primero y dictaminó que el segundo "puede seguir en el juicio contra YPF" por esa plazo y otras razones. Además, el "estudio norteamericano que integró De la Cruz optó por representar al estado argentino y dejó a los Eskenazi como cliente", agregaron.
El dictamen de la OA está en un expediente de carácter "reservado" por pedido de la Procuración. Ahora, ante el nuevo pedido de los diputados de Carrió, Melik producirá un nuevo dictamen para ver si ratifica o no su decisión de enero pasado, explicaron los voceros.
El decreto presidencial 282 dice que se aceptó excusar a Barra por "haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid".
En el juicio en Nueva York, la jueza Loreta Preska condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares al fondo Burford.
Sin embargo, los diputados de la Coalición Cívica López y Oliveto recordaron que 18 de enero le enviaron una nota solicitando que le requiriera al "subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstuviera de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, toda vez que, según había trascendido públicamente, dicho funcionario habría sido abogado de la familia Eskenazi, la cual podría ser beneficiaria del resultado de aquel juicio" .
Ante el paso al costado, de Barra, "resulta de suma urgencia reiterarle el pedido realizado y solicitarle que requiera al Subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelantepor Burford Capital".
"Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino —el Dr. De la Cruz— mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina", afirmaron en una nota enviada hoy a Melik y a la que accedió Clarín.
El Código de Ética de la ley de Ética Pública "establece, en el artículo 9°, que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia. Y en tal sentido expresa que "(…) debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores", subrayaron.
Asimismo, en el artículo 23 "establece que el funcionario público debe manejarse con independencia de criterio, y que "…no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones", agregaron.
Asimismo, la Ley 25.188 —Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública— establece un "conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública" como "abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil."
Además, el mismo cuerpo normativo establece en su Capítulo V("Incompatibilidades y Conflicto de intereses"), específicamente en su art. 15 inc. b), el deber de los funcionarios de abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria".
Por otra parte, la propia Procuración del Tesoro de la Nación dictó la Resolución 112/2018 en la que reguló el tema de los conflictos de intereses para la contratación de sus abogados externos. En tal sentido estableció que "Deberá manifestar con carácter de declaración jurada ante su contratante que cumplirá las funciones encomendadas respetando el Código de Ética de la Función Pública y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública".
Luego señala que "mientras dure su contratación, se abstendrá de intervenir en cuestiones relacionadas con los procedimientos, personas, asuntos o actividades descriptas en los puntos b) c) y d) en los que estuvo vinculado en los últimos tres años, f) mientras dure su contratación, se abstendrá de intervenir en todo asunto que haga aplicable las causales de excusación previstas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación").
Barra intervino como abogado particular en la quiebra en España de dos empresas del grupo Petersen. Sucede que cuando Cristina hizo reestatizar YPF en el 2010 le pagó 8 mil millones de dólares al grupo español Repsol pero no le dio nada al grupo argentino Petersen lo que llevó a las empresas que tenían el 25 por ciento de las acciones a la petrolera a la quiebra en España. Su antecesor y esposa Néstor Kirchner había negociado antes con Repsol para el ingreso del grupo Petersen, de la familia Eskenazi que ya era dueño del privatizado banco de Santa Cruz.
En ese juicio en España, donde se usó la opinión de Barra como experto en derecho administrativo, el grupo Buford compró el derecho de litigar de esas empresas del grupo Petersen y llevó el juicio a Nueva York, donde la Argentina fue condena a pagar esa cifra multimillonaria, mayor aún al valor de YPF tras las administraciones del kirchnerismo.
Esa es la segunda excusación de Barra en un juicio clave. La primera fue porque la ex presidenta Cristina Kirchner usó un dictamen suyo el mes pasado para para intentar que se anule la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión por hechos de corrupción.
En ese caso de Cristina, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, había advertido de un posible conflicto de intereses, como denunció el ARI-CC de Elisa Carrió. Y le recomendó a Barra que "se abstenga de intervenir en temas vinculados" con la ex vicepresidenta. Sin embargo, no se le solicitó que se aparte del cargo, como habían pedido en la denuncia de los diputados de Carrió.
El decreto de Milei, firmado por el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señala que el mismo Barra inició estas actuaciones administrativas para ser excusado de "tomar intervención en el caso "Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen
Barra, quien ingresó al gobierno con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, es una pieza clave del Gobierno en la pelea judicial para que la Corte declare si el mega DNU de Milei es constitucional o no.
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