El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón (PSOE), la teniente alcalde Ana Belén Juárez Pastor y dos técnicos -secretario interventor e ingeniero en el momento de denunciarse los hechos- iban a ser juzgados por un delito de acoso laboral este mes de abril en la Audiencia Provincial. La acusación particular suma al acoso los delitos de cohecho, en el caso del alcalde, y prevaricación para los cuatro acusados.
Aplazado
Pero el juicio, que llegaba a la vista oral tras más de una década de instrucción y que se había aplazado en varias ocasiones en las últimas semanas, se ha suspendido porque la causa ha sido elevada a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tras una petición de Ana Belén Juárez, quien ha hecho valer su adquisición sobrevenida de la condición de aforada como diputada autonómica, cargo que asumió el pasado 12 de marzo tras la renuncia de su antecesor David López en la lista electoral para asumir otras responsabilidades.
Desde 2014 y hasta 2020 este tipo de peticiones por aforamiento sobrevenido no eran atendidas si el procedimiento judicial ya se encontraba con la instrucción cerrada y juicio oral señalado, pero los tribunales cambiaron de criterio con una causa abierta a cargos públicos aforados en Cataluña.
Fiscalía
La Sección VII de la Audiencia ha aceptado la solicitud, también la Fiscalía por la condición de aforada de la edil, ahora diputada, y además porque el relato de su escrito de acusación, que se reitera en su petición, señala que la supuesta participación del alcalde y los dos funcionarios en la comisión de los delitos que se juzgan está ligada a la de la concejala y por lo tanto debe juzgarse conjuntamente. La Fiscalía pide un año de cárcel para los acusados.
Urbanismo
El jefe de Urbanismo de Los Montesinos denunció ante el equipo de la Policía Judicial de las Guardia Civil en marzo de 2012 supuestas irregularidades en la gestión urbanística, con denuncias que fueron archivadas, y desde ese momento, según el Ministerio Público «los acusados actuando conjuntamente procedieron a desplegar una actividad de represalia y violencia psicológica». En concreto el jefe de Urbanismo denunció que el regidor socialista supuestamente le ofreció un aumento de sueldo por silenciar irregularidades urbanísticas y le abrió varios expedientes cuando se negó.
Prevaricación
La prevaricación, también según la acusación particular, consistió en que, presuntamente, los cuatro acusados alteraron «arbitrariamente el procedimiento administrativo para la apertura y tramitación de expedientes sancionadores; concertando la eliminación del informe preceptivo del secretario/técnico de personal y su sustitución por el informe de un letrado externo que, además, era el abogado de otro de los acusados».
Los tres delitos prevaricación se corresponden, según la instrucción, a uno por «cada expediente disciplinario injusto abierto» al denunciante. La acusación particular solicita en su escrito de calificación una pena de 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ejercer cargo público para Butrón y dos años de cárcel y 25 de inhabilitación para la diputada socialista.
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