Luis Cervantes Liñán fue registrado nuevamente como rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Esto a pesar de haber sido cesado del cargo años atrás, luego de que se revelara que recibió más de 50 millones de soles de salario entre el 2011 y el 2013 y se le acusara -junto a una veintena de trabajadores de la universidad- por lavado de activo, enriquecimiento ilícito, fraude y otros delitos. Su hijo, Luis Adolfo Cervantes Ganoza, también ganó más de dos millones de soles trabajando como secretario académico. Ayer, el Poder Judicial ordenó su reconocimiento.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) multó en el 2019 a la Casa de Estudios y determinó la suspensión de Cervantes. El rector presentó un recurso de reconsideración y en enero del 2020, la Sunedu declaró "improcedente la solicitud de inscripción como rector del señor Cervantes". Es justamente este punto el que ha sido rechazado por el Poder Judicial. A través de una publicación en redes sociales, la Sunedu detalló que, el pasado 24 de marzo, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó que Cervantes Liñán sea reconocido como rector de la mencionada universidad para el periodo comprendido entre octubre del 2019 y octubre del 2024. Esta es la historia completa de un caso que lleva casi seis años en manos de jueces, fiscales y congresistas.
Las primeras acusaciones
Todo inicia en el 2014, cuando el 29 Juzgado Penal de Lima abrió un proceso penal contra Cervantes Liñán, tras conocerse que recibía —como rector de la UIGV— un sueldo de casi dos millones de soles al mes. En paralelo, fue investigado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y la Comisión de Educación del Congreso de la República. Incluso, fue citado de grado de fuerza al Palacio Legislativo y se le impidió salir del país por su carácter obstruccionista.
El Comercio reveló en marzo del 2014 que el rector de la UIGV avaló y realizó la compra irregular y sobrevalorada de un terreno en Chincha para la filial en esa localidad. El predio no solo fue adquirido a los familiares del coordinador de la filial chinchana, sino que se les pagó 303.975 dólares, cuando cuatro meses antes los propietarios lo adquirieron por 58.677 dólares. Como este, las investigaciones resaltaron diversos hechos adversos que motivaron sanciones y acusaciones penales.
La ANR inició las diligencias a raíz de las denuncias contra Cervantes y la UIGV por los millonarios sueldos. En dos semanas, la Asamblea confirmó que se vulneraron las leyes universitarias con relación a los exorbitantes sueldos. El grupo resaltó que "el excedente que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierte a favor de la institución y en becas para estudio. No puede ser distribuido entre sus miembros ni utilizado para ellos, directa o indirectamente". Es decir, los millones que acabaron en los bolsillos de algunos dirigentes de la universidad debieron ser reinvertidos a favor de la Casa de Estudios.
Pero no fue lo único. También detectaron que la UIGV impartía carreras en tiempos reducidos, dándose hasta tres ciclos lectivos por año. Se encontraron programas de maestría que no contaban con plan curricular ni sustento técnico, como era el caso de la Maestría en Administración con mención en Sistemas Antidrogas, Maestría en Educación a Distancia, Maestría en Medicina Humana, entre otras. Se decidió que la ANR colocaría una directiva temporal durante la suspensión de los dirigentes involucrados.
Acusados y protegidos
Como se expresó líneas arriba, el Congreso de la República también inició una investigación a través de la Comisión de Educación. El grupo parlamentario recogió suficientes indicios respecto a las denuncias y solicitó el allanamiento de la Casa de Estudios. Para entonces -inicios de mayo del 2014- Cervantes ya estaba suspendido, según lo dispuesto por la ANR. Sin embargo, Asamblea no logró ingresar a la universidad para instalar a la nueva jefatura académica. Se denunció el robo de documentos, hubo grescas al interior y a las afueras de la UIGV para impedir su acceso y se perdió por completo la autoridad por unos días. Abiertamente, la Garcilaso de la Vega acusaba a la ANR de usurpación de funciones.
A pesar de esta situación, la jueza María del Carmen Bless Cabrejas denegó el pedido del Legislativo para allanar el local. Esta decisión motivó que la Comisión de Educación acusara formalmente a la funcionaria por conflicto de interés, pues la jueza era también docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UIGV. Cabe recordar que el rector cesado fue acusado de tráfico de influencias por condecorar fiscales y jueces para obtener beneficios sobre sus denuncias.
Días luego de que se negara el allanamiento, durante el último día de mayo del 2014, la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios archivó la denuncia en contra de Cervantes. Meses luego, la denuncia por lavado de activos también terminó en el archivo.
Los seis delitos
El tiempo corrió y en julio del 2014, la Comisión de Educación concretó el informe de la investigación. Esta determinaba que Cervantes Liñán habría cometido los delitos de fraude a la administración de persona jurídica, apropiación ilícita, defraudación tributaria, asociación ilícita para delinquir, estafa y lavado de activos. Asimismo, se reveló que entre el 2004 y el 2013, las remuneraciones de los 22 investigados –incluyendo al rector- superaron los 215 millones de soles.
Según el entonces congresista Daniel Mora, quien lideró la investigación, el 1% de planilla de la UIGV concentraba el 37% del gasto. Vicente Zeballos, entonces parte de la Comisión de Educación, criticó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y a la Fiscalía por no observar lo que sucedía en la universidad antes de que los hechos se vuelvan públicos. Pese a los hechos, Cervantes fue reelegido como rector en agosto del 2014 hasta el 2019, pese a estar cesado del cargo.
Pero todo el informe elaborado por la Comisión fue anulado por el Poder Judicial. El juez Ricardo Chang Racuay dispuso que "en dicho acto parlamentario, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor" y ordenó reponer "todas las cosas a su estado anterior". Es decir, Cervantes Liñán podía volver a su puesto. El juez Chang Racuay fue estudiante de maestría en la UIGV, por lo que la Comisión elevó una queja contra el letrado y apeló la decisión. En octubre del 2014, el Legislativo aprobó el informe que acusaba a Cervantes Liñán y a los demás involucrados.
En julio del 2018, el programa Punto Final reveló un audio donde Cervantes Liñán se jactaba de que tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y quince miembros del Congreso de la República eran de la UIGV.
Con el voto de los tres miembros señalados de la CNM (Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Águila, según el dominical) se ratificó al juez Ricardo Chang Recuay, quien emitió la resolución judicial para evitar el allanamiento de la Casa de Estudios.
Chang Recuay luego fue investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y condenado a cinco años de pena efectiva por beneficiar a César Hinostroza Pariachi.
El eterno gobernante
No fue hasta octubre del 2016 que la imagen de Cervantes Liñán volvió a los medios. A sus 67 años y dentro de su tercer periodo de gestión, el rector de la Garcilaso de la Vega modificó los estatutos de la universidad para quedarse por un periodo adicional. En el 2019 terminaba su último mandato y cumplía los 70 años, imposibilitando una nueva postulación. Sin embargo, con el cambio de la normativa interna buscaba extender la edad límite hasta los 75.
Un año luego fue reelegido para su cuarto periodo consecutivo como rector, hasta el 2024. Pero en setiembre del 2019, pocos meses luego de que iniciara el nuevo periodo del rector, la Sunedu suspendió a Cervantes Liñán del cargo en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado en contra de la Casa de Estudios. Sin embargo, el acusado continuó despachando como rector de la UIGV pese a la decisión de la Sunedu, lo que motivó un nuevo proceso sancionador contra la Garcilaso. "La Sunedu actualmente no lo reconoce como rector de dicha casa de estudios", comunicó la superintendencia entonces.
Las investigación y los procesos continuaron, al igual que las apelaciones y reconsideraciones presentadas por el rector de la Garcilaso de la Vega. Es así que -como se explicó al inicio- el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó que Cervantes Liñán sea reconocido como rector de la mencionada universidad para el periodo comprendido entre octubre del 2019 y octubre del 2024.