El gobierno encabezado por Javier Milei, en consonancia con sus promesas de campaña, revivió el debate en torno a la última dictadura en Argentina y el rol de las fuerzas armadas, al cuestionar el número de desaparecidos y proponer la participación militar en la seguridad interna del país.
Durante un acto celebrado el martes, en compañía de veteranos de la guerra de Malvinas, donde Argentina resultó derrotada por el Reino Unido en 1982, el presidente de tendencia ultraderechista atribuyó la responsabilidad de los acontecimientos durante la dictadura al "hostigamiento y humillación" hacia las fuerzas militares, tras el retorno de la democracia un año después, y prometió rehabilitar sus reputaciones.
El gobierno de Milei también suscitó polémica al difundir recientemente, con motivo del aniversario del último golpe de Estado de 1976, un video que pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, cifra que en su momento fue consensuada por organizaciones de derechos humanos.
Además, anunció el mes pasado su intención de reformar una ley para autorizar la participación de las fuerzas armadas en operaciones destinadas a restablecer la seguridad en asuntos internos. Esta medida busca hacer frente al problema del "narcoterrorismo" que afecta a Rosario, una ciudad ubicada a 300 km al norte de Buenos Aires, siendo escenario de hechos de violencia perpetrados por bandas criminales, así como de respuestas mediáticas por parte de las fuerzas de seguridad.
'Narcos en chancletas'
En Argentina, desde 1991, el ejército solo puede brindar equipamiento y apoyo técnico a la policía y otras fuerzas de seguridad, sin intervenir directamente en labores de seguridad interna.
La propuesta de que los militares asuman el control de la seguridad interna evoca dolorosos recuerdos del pasado, en un momento en que el gobierno revive el debate sobre lo acontecido en la década de 1970, caracterizada por miles de desapariciones, exilios y ejecuciones en centros clandestinos.
Los propios militares se sienten incómodos con la idea de involucrarse en el mantenimiento del orden interno, y amplios sectores de la sociedad, desde la derecha hasta la izquierda, rechazan esta iniciativa.
Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel, vinculada a ciertos sectores cuestionados de las instituciones militares, expresó su desacuerdo: "La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles", afirmó en una entrevista al canal TN. Aludiendo a los grupos guerrilleros de los años 1970, Villarruel mencionó: "¿Y dónde están los que los combatieron? Presos", respaldando la "teoría de los dos demonios", que sostiene que los movimientos clandestinos que enfrentaron a los militares en aquel entonces también deben ser procesados judicialmente.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el uso de las fuerzas armadas para enfrentar el denominado "narcoterrorismo", argumentando que "el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro". "Las fuerzas armadas hoy son parte integral de nuestra democracia", añadió.
Sin embargo, algunos expertos plantean cuestiones de proporcionalidad, argumentando que en el caso de Rosario, la delincuencia es principalmente perpetrada por pequeñas pandillas aún poco organizadas. "Hay que preguntarse si el nivel de violencia narco en Rosario amerita el uso de las fuerzas armadas. Acá estamos hablando de narcotraficantes en chancletas", ironizó Jorge Luis Vidal, especialista en gestión de la seguridad pública y lucha contra el narcotráfico.
Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, adoptó una postura más firme: "Si las fuerzas armadas intervienen en conflictos de seguridad y fracasan, estos dispositivos criminales le perderán definitivamente el respeto al Estado (...) por esto la respuesta debe ser gradual y con fuerzas de seguridad".
'Una lista abierta'
El replanteamiento del rol de las fuerzas armadas ante la opinión pública también implica la revisión de su actuación durante la dictadura militar y la cifra de víctimas que esta dejó.
Mientras que organismos de derechos humanos y diversos sectores políticos, desde la centro-derecha hasta la izquierda, sostienen que fueron 30.000 las personas desaparecidas, otros sectores hasta hace poco marginales aseguran que la cifra real ronda los 8.000.
Javier Milei sostiene que la dictadura dejó 8.753 desaparecidos, cifra que se acerca más a los 8.961 registrados en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) publicado en 1984. La Conadep también aclaró en ese entonces que se trataba de "una lista abierta", que fue levemente modificada en 2015.
"No es una discusión nueva, esto ha pasado en otros períodos políticos; no con interés de conocer la verdad sino con interés de acusar a las víctimas de un déficit de información que en todo caso es responsabilidad del Estado y es parte de la victimización", explicó a esta agencia Marcela Perelman, directora del equipo de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El breve documental difundido por el gobierno de Milei el 24 de marzo, en el 48 aniversario del golpe, rechazaba la cifra de 30.000 y abogaba por contar "la historia completa".
Ese mismo día, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país con carteles que afirmaban "Son 30.000″, en las movilizaciones más numerosas de los últimos años en conmemoración del golpe.