De acuerdo con la última encuesta Chile Nos Habla de Seguridad, elaborada por la Universidad San Sebastián, y publicada en marzo recién pasado, un 83,4% de los chilenos percibe un aumento del crimen organizado en los últimos seis meses. Esta percepción se agrava cuando 6 de cada 10 personas declaran haber experimentado alguna situación que le hizo sentir que el crimen organizado constituye una amenaza real en su vida cotidiana.
Existen múltiples diagnósticos, pero todos coinciden en que Chile enfrenta una crisis de seguridad, la violencia asociada al delito aumentó desproporcionadamente y con ello el temor alcanzó su máximo histórico. Quizás lo más complejo es que no se observa con claridad el camino que se debe seguir para enfrentar este fenómeno como política de estado. En este contexto, nos aventuramos con algunos ejes estructurales que podríamos relevar a objeto de acordar un camino común y estable en el tiempo en búsqueda de la anhelada seguridad y paz social.
Sin duda el sistema carcelario constituye un gran desafío. Hoy están convertidos en casas matrices y call center del fenómeno criminal. Desde allí se controlan operaciones de crimen organizado, se amenaza a funcionarios del sistema de seguridad y se replican -al interior- dinámicas de los barrios que estos grupos suelen controlar. Así, resulta un imperativo ético y práctico iniciar en una profunda reforma al sistema penitenciario del país, donde -entre otros temas- se logre separar a los internos en razón a su compromiso delictual evitando el contagio criminógeno que produce un efecto multiplicador de actividad delictual.
Por su parte, enfrentar al crimen organizado, supone contar con un estado organizado; y ello parte por tener sistemas unificados de información criminal, de análisis y operativa, que permita a cada institución obtener sus objetivos institucionales y aportar de manera decidida en la meta común fijada por la política criminal definida para el sistema de seguridad. Se trata de contar con cifras comunes y un sistema de intercambio nacional e internacional para prevenir la acción y traslado del crimen organizado, entendiendo que, a diferencia del delito común, se trata de un fenómeno global donde los territorios son transitorios mientras sean funcionales a su actividad criminal.
Debemos organizar las instituciones en torno a la conformación de un "sistema de seguridad" donde cada institución sea parte de un engranaje con un objetivo común. Ello implica adecuaciones en los estatutos funcionarios, sistemas de incentivos, calificaciones, posibilidad de unidades conjuntas con potestades de decisión operativa, sistema de evaluación externa con asignación de responsabilidades; en fin, se trata de pensar fuera de la caja para obtener resultados positivos.
La cooperación público-privada resulta fundamental. Adquisición de equipamiento tecnológico, formación de capacidades en la seguridad privada y convenios para el intercambio oportuno de información operativa, son algunos de los elementos base de una relación virtuosa que, bien regulada, podría dar resultados prácticos en esta materia.
Por último, se hace relevante contar con un nuevo estatuto especial para el crimen organizado y terrorismo. Una normativa que integre nuevos tipos penales y herramientas procesales, establecidas en nuevos cuerpos legales, y que -entre otras cosas- contemple medidas de protección para víctimas y testigos, fiscales y jueces especializados de zonas diversas de los lugares de ocurrencia de los hechos para evitar amedrentamientos que puedan condicionar el éxito de las investigaciones.
Chile enfrenta un fenómeno real: El crimen organizado se está instalando en nuestro territorio y debemos ser capaces de articular una respuesta coherente, organizada, decidida y eficaz. No se trata de repetir metodologías para el combate del delito común. El fenómeno es diverso y requiere de medidas a la altura del desafío. Uno de los fundamentos de la democracia liberal es la obligación de los gobernantes de preservar la libertad de sus pueblos; y a estas alturas, resulta evidente que sin seguridad, no hay libertad.
Por Felipe Harboe, Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO)