La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley a propuesta del PP para exigir a Óscar Puente la reapertura urgente de la línea de ferrocarril directo Madrid-Burgos, que lleva 13 años sepultada, tras la actitud «evasiva» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible al referirse recientemente al asunto del corredor.
Concretamente, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a la redacción del proyecto de acondicionamiento de la totalidad del eje industrial, comercial y turístico de conexión ferroviaria, inoperativa por un derrumbe en el túnel de Somosierra, así como su posterior reapertura al tráfico.
Ese derrumbe que dejó enterrada la máquina bateadora, en 2011, dio lugar al cierre de la conexión directa entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos, y se perdió el servicio para pasajeros y para mercancías, con el consecuente perjuicio económico. Además, el corredor permitía a su vez que Madrid contara con una conexión adicional para su transporte de mercancías con el norte de España y con Francia, de forma que también ha desfavorecido al ramal central de la Península.
13 años sin servicio
Han pasado 13 años y la Comunidad de Madrid sigue sin ver indicios de que se esté trabajando en su recuperación, pese a que fue una promesa del Gobierno de Sánchez. La línea del ferrocarril, de 282 kilómetros, estaba operativa desde julio de 1968.
A principios de marzo, Puente dijo que la reapertura «no pinta bien» y que no es «sencillo», además de subrayar que la relación entre coste y beneficio es «muy desequilibrada». Aun así, no quiso aventurarse hasta no tener el resultado del estudio de viabilidad.
Junto al perjuicio obvio para los viajeros, el cierre de la línea ha provocado también que los tiempos para desplazarse desde Burgos hasta Madrid aumenten, mientras que los trenes de mercancías deben dirigirse a Valladolid, lo que suma 100 kilómetros a su ruta, así como más costes económicos y medioambientales.
Numerosas empresas han solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración Central la reapertura de la línea que en su tramo Aranda de Duero-Burgos, el único tramo que se mantiene operativo para el tráfico -que presta servicio solo para mercancías- junto a otro de 36 kilómetros en el área de Madrid.
Según ha defendido el PP, la reapertura de la línea, que dispone de pendientes no superiores al 1%, «llevaría consigo el abaratamiento en el transporte, no sólo por el inferior consumo de carburantes, sino también por la cantidad de toneladas transportadas en un mismo convoy».
El diputado Juan Carlos Carretero ha indicado que también disminuiría la intensidad en el tráfico de vehículos por la carretera A1, que es una de las vías que presentan más complicaciones de España.
El Ayuntamiento de Burgos y al Diputación Provincial solicitaron formalmente la reapertura en 2017, y acreditaron la viabilidad económica y los impactos positivos. Un año después, el Gobierno se comprometió a llevarlo a cabo mediante un escrito.
«Es de justicia que el Gobierno de Pedro Sánchez devuelva a los madrileños y a los municipios de la Sierra Norte aquello que se les quitó», ha afirmado Carretero, y ha instado a «restaurar de forma definitiva un servicio que demandan miles de madrileños, cientos de empresas y el resto de los españoles».
Por su parte, Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, planteó que sea el Ejecutivo central el que se haga cargo de la conexión Madrid-Aranda-Burgos en el caso de que no puedan financiarse los trabajos con fondos europeos.