Alentadas por la crisis económica y la pérdida de empleo, las ferias barriales y populares toman en esta ciudad cada vez mayor envergadura y el Concejo Municipal ya evalúa un proyecto para encuadrarlas en un marco regulatorio, que incluya un registro de los comerciantes, evite abusos y controle la venta de artículos de origen ilegal.
La propuesta fue presentada por la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche), quien dijo que las ferias existen desde hace años, pero hoy "se transformó en una necesidad" que el municipio se involucre y garantice un "Estado presente". Aseguró que desde el año pasado ese reclamo comenzó a circular entre los mismos feriantes.
En sus fundamentos el proyecto señala que la venta móvil y las ferias callejeras "estimulan el comercio local" y brindan oportunidades de sumar ingresos "a los sectores más vulnerables", además de favorecer su integración al circuito productivo.
Señaló la importancia de establecer "mecanismos claros y transparentes para la inscripción de los feriantes y la comercialización de productos", muchas veces "usados", que requieren una participación del Estado para garantizar "la calidad y la seguridad de los bienes ofrecidos".
Ferreyra destacó la necesidad de avanzar hacia "un marco normativo integral, que promueva el desarrollo transparente de las ferias populares". Destacó que Bariloche "ha crecido mucho en población y debe atender esatas nuevas actividades". Manifestó también su preocupación por las campañas indiscriminadas de levantamiento de puestos, que a veces promueven los comerciantes y una reciente "prohibición del trabajo de artistas a bordo del transporte urbano".
Menos alcohol, artículos de todo tipo
Entre otras regulaciones, la ordenanza establecería qué se entiende por "feria popular" y las define como "un conjunto de comerciantes minoristas agrupados en un mismo predio destinado a la venta de mercaderías no alcohólicas (ropa, calzado, accesorios, elementos de cocina, juguetes, libros, artículos de iluminación, muebles pequeños herramientas, pequeños electrodomésticos), de manera "periódica, regular y programada".
La propuesta incluye la creación de un Registro Municipal de Feriantes y Ferias Populares, de inscripción abierta, en el que cada uno dejará constancia de sus datos personales, el cumplimiento de la condición de residencia y la precisión del rubro al que se dedica.
Los permisos serán de renovación anual. El ingreso al registro les dará a los feriantes el derecho a un carnet habilitante y quienes vendan alimentos deberán realizar el curso de manipulación que brinda el municipio. También se les podrá exigir la factura de compra a quienes ofrezcan artículos de "reventa".
La gratuidad del registro, un tema a revisar
Ferreyra dijo que el texto está abierto a los aportes que puedan realizar sus pares y que en principio su idea es que la inscripción y la tutela que ejerza el municipio sea gratuita. Aunque admitió que eso podría modificarse si disponer esa estructura implica un costo para las arcas públicas. Según la concejal, entre sus pares hay buena predisposición para avanzar con el tema.
Ferreyra dijo que su iniciativa alcanzaría en primer término a la feria de la calle Otto Goedecke, en el barrio Santo Cristo, que reúne cada fin de semana a cientos de puesteros. Pero también sería para otras ferias que se conforman en muchos barrios y que no son regulares.
Para abrir un nuevo espacio de comercialización popular -si la ordenanza prospera- será necesaria la firma de un "convenio de feria" entre los feriantes y la dirección de Inspección General del municipio.
La firma obligará a los feriantes a generar una "comisión interna" con un estatuto. Además deberán mantener un "concepto estético" de su proyecto, el ordenamiento espacial, la limpieza e luminación, el ordenamiento vehicular y la recolección de residuos.
El proyecto de Ferreyra prevé incluso el empleo de "instancias de mediación", en el caso de que ocurran conflictos entre los feriantes y los vecinos cuya residencia se encuentre en el espacio afectado.
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