Con cuatro votos en seis, la comisión Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado dio luz verde al proyecto de ley que busca que las mujeres y varones tengan la misma representación. El proyecto de ley, denominado "paridad política", ahora pasa a la votación del plenario del Senado donde existe incertidumbre sobre si conseguirá el apoyo necesario.
La senadora nacionalista Gloria Rodríguez, impulsora del proyecto de ley, integra la comisión que aprobó el texto. Los únicos que se opusieron fueron los varones Jorge Gandini (Partido Nacional) y Marcos Methol (Cabildo Abierto).
El proyecto había sido presentado hace tres años, dado que la ley de cuotas existente no estaba logrando su objetivo de incrementar la representación política de las mujeres en Uruguay.
Tras la salida de la dictadura, las mujeres ocupaban menos del 5% de las bancas parlamentarias. Desde entonces su participación fue aumentado tan lento que, en la última elección nacional, la cantidad de legisladoras titulares apenas se movió 0,7 puntos porcentuales respecto a 2014 y llegó a 20,9%.
De aprobarse el texto —resta la votación en Senado y luego todo el trámite legislativo en Diputados—, las listas parlamentarias tendrán que estar compuestas mitad por mujeres y mitad por hombres. Lo mismo ocurre para varios puestos del Poder Ejecutivo, aunque el gabinete puede quedar desequilibrado (según quién ocupe la titularidad de cada cartera).
La última encuesta de Equipos Consultores, encomendada por ONU Mujeres, demostró un crecimiento del apoyo de la ciudadanía uruguaya a una ley de paridad: casi la mitad está a favor. Representa un crecimiento de la adhesión superior a 10 puntos porcentuales respecto a lo observado previo a la campaña electoral anterior.
Uruguay, que fue el primer país de la región que les dio a las mujeres los mismos derechos políticos que sus pares varones de votar y ser elegidas, "se fue quedando" y el proyecto de ley que apunta a la paridad busca dar un nuevo impulso. Pero al ser un texto que modifica la normativa electoral, requiere de la aprobación de una mayoría especial (dos tercios de ambas cámaras).
Hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos le pidió al Parlamento "dar un amplio y rápido" tratamiento al proyecto.
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