El proceso de legalización que ultima el Govern para los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico no puede privilegiar a los infractores. Y, en consecuencia, las sanciones que deben pagar tendrían que ser elevadas. De lo contrario, podría malentenderse como una amnistía urbanística, con todo lo que ello conlleva. El Ejecutivo todavía no ha fijado las cuantías, pero una multa dura es la única forma de dar legitimidad a este proceso urbanístico.
Sin privilegios para los infractores urbanísticos en suelo rústico
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