Este lunes 22 de abril, se conoció el más reciente reporte de derechos humanos que emite anualmente el Departamento de Estado. En el documento, que abarca el periodo 2023, se incluye a Colombia.
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El Departamento de Estado deja claro, inicialmente, que "no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año".
En uno de los apartes del documento, se menciona Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. La mención se da, aunque brevemente, en el apartado que dedica Estados Unidos hablar de la situación de la corrupción en la política colombiana.
Advierte el Departamento de Estado que la ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo.
"Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción", se lee.
Y agrega Estados Unidos: "La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes".
En todo caso, la preocupación sí se mantiene en varios temas como ocurrió en el reporte anterior.
Por ejemplo, el informe señala que organizaciones criminales, disidencias de las FARC, el ELN y delincuencia común secuestraron a varias personas.
"Según el Ministerio de Defensa, del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 3.875 secuestros. De los secuestros, 15 fueron atribuidos a disidencias de las FARC, 13 al ELN y el resto a otros grupos armados organizados y organizaciones criminales", se lee.