El Gobierno tiene una posición política clara respecto a la ley de Vivienda: la situación "es una emergencia social que hay que abordar", afirmó la ministra Isabel Rodríguez el pasado jueves con motivo del anuncio de agilización de las licencias urbanísticas. Lo que está intentando ahora es encontrar la fórmula jurídica para aplicar la normativa en las zonas con mayor presión de precios, que se corresponde en general con las grandes ciudades del país, y, a su vez, no encontrarse ante un conflicto de competencias. El problema con el que se encuentra el Ejecutivo central es que la vivienda es una competencia autonómica y, en determinados aspectos como el caso de los alquileres turísticos, local.
El PP se niega a aplicar la ley de Vivienda y, por tanto, en este momento la normativa sólo tiene despejado el camino en aquellas autonómicas no gobernadas por los populares. Catalunya ya la está aplicando y Asturias o Navarra lo están estudiando, explicaron fuentes del Ministerio de Vivienda.
Para salvar esa rotunda oposición de las autonomías populares, el Gobierno estudia fórmulas jurídicas para estimular a las comunidades que sí aplique la ley de Vivienda. La norma estatal, dijo la ministra Rodríguez la pasada semana, dice que "cuando se declara una zona tensionada el Estado puede intervenir de manera diferenciada respecto a otras zonas". Y añadió: "Si ellos no lo hacen –en referencia a los gobiernos del PP- yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan la ley y no lo haré con aquellas que no lo cumplan.
¿Cómo puede "intervenir" el Gobierno en materia de vivienda en algunas comunidades autónomas y no en otras? Con un mayor "acompañamiento", dijo Rodríguez. El Ejecutivo estudia cómo hacerlo, pero antes debe aclarar los aspectos jurídicos para no provocar ese conflicto de competencia. Existen varias fórmulas. En la actualidad, los pequeños propietarios que alquiler su vivienda a un precio por debajo de mercado pueden llegar a beneficiarse de una bonificación del IRPF de hasta el 90%. Esta ayuda fiscal ya está vigente en Catalunya. El ministerio también podría destinar fondos presupuestarios a aquellas zonas que decidan declarar localidades de su territorio como zonas tensionadas.
La clave jurídica es el artículo 18.5 de la ley de Vivienda, que contempla medidas extra
La clave jurídica es el artículo 18.5 de la ley de Vivienda. El ministerio lo está estudiando para concretar si puede desarrollarlo de manera más específica. En él se puede leer que el Gobierno, "en el marco de las competencias estatales [en materia de vivienda], podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplará la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda vigente".
En el mismo artículo se contempla que en esas zonas el Estado podrá "promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno".
La ley de Vivienda, en dicho artículo 18.5, habilita a la administración central al "diseño y adopción de medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta". Es decir, podrá haber recursos extra para las autonomías que apliquen la norma estatal, financiación que no recibirían las que no lo apliquen. La ley también contempla para quien aplique la normativa que el Estado pueda establecer "medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca".
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó la semana pasada: "Hago un llamamiento a que todas las comunidades autónomas que tengan este problema, pidan ayuda. Los animo para dar respuesta a los ciudadanos".