El exvicepresidente Jorge Glas quiere evitar que extraigan información de sus dos celulares y tablet decomisados durante la incursión policial a la Embajada de México en Quito, donde fue detenido, el pasado 5 de abril de 2024.
Este martes 16 de abril de 2024 se conoció que la defensa de Glas solicitó revocar la autorización del un juez de la Corte Nacional que permite extraer información de esos dispositivos.
Ese magistrado autorizó «la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos en cadena de custodia» dentro de la investigación del caso Reconstrucción de Manabí. Ese permiso se otorgó el pasado 12 de abril de 2024.
El abogado de Jorge Glas ingresó la solicitud de revocatoria en la Corte Nacional de Justicia, según Ecuavisa. En ese documento se argumenta que la cadena de custodia está «irremediablemente comprometida» porque no se sabe por cuántas personas pasó antes de llegar a la Unidad de Flagrancia.
Además, el escrito señala que quien firmó el parte policial no estuvo en la Embajada de México en Quito. Y que, al ser la detención de Glas «ilegal y arbitraria», las «pruebas obtenidas son también ilegales».
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El 5 de abril de 2024, Glas fue detenido en la Embajada mexicana en Quito. Durante ese operativo le decomisaron dos Iphones y un Ipad. Luego fue trasladado a la Unidad de Flagrancia. Allí aguardó toda la madrugada del 6 de abril y a las 07:00 fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil.
Glas fue capturado por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, donde está imputado por presunto peculado por el que podría permanecer entre 10 y 13 años de prisión.
El exvicepresidente solicitó un habeas corpus para recuperar su libertad. El 12 de abril de 2024, un Tribunal resolvió ese pedido. Los jueces determinaron que la detención de Glas en la sede diplomática fue ilegal y arbitaria.
Pero, los magistrados no ordenaron su libertad porque aún debe cumplir penas acumuladas por sentencias ejecutoriadas. El exalto funcionario del correísmo tiene condenas en firme por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y de cohecho en el caso Sobornos.