No estamos aquí frente a un evento deportivo, y hablamos de agresión y muerte, por lo que necesitamos aproximarnos a la cuestión con cuidado y respeto hacia todos los involucrados, incluyendo a muchos que han sufrido en carne propia el dolor de un desgarramiento violento.
En este marco, y a raíz del evento recientemente ocurrido de "justicia por mano propia", quisiera hacer algunas breves reflexiones sobre el papel del Estado, sobre quienes hacen justicia por las suyas y sobre quienes terminan "ajusticiados" en tales actos.
La actuación de los representantes del Estado, en el caso bajo análisis, no fue buena. De hecho, algunos representantes del poder público -incluyendo a la ministra de Seguridad- salieron prontamente a tomar partido, con sus declaraciones, por una de las partes ("el victimario es en realidad la víctima"), pasando de ese modo a jugar el juego presto de la polarización y el juicio sumario y sin pruebas.
Esto, cuando lo que debe exigirse siempre a las autoridades públicas (políticas o judiciales) es exactamente la conducta contraria.
No sólo por el deber de "parar la pelota" que tiene el Estado frente a hechos que conmocionan a todos, sino también en razón de la magnitud del fracaso estatal que casos como el que aquí se comenta dejan en evidencia.
Desde hace años (y no, por cierto, desde hace ocho meses) el Estado se ha convertido en responsable de una multiplicidad de agravios que inflige sobre la sociedad cotidianamente.
Fracaso en su incapacidad de asegurar una calma paz para todos, en los asuntos diarios del vivir. Fracaso en su incapacidad de garantizar a todos, igualitariamente, los derechos sociales y económicos que constitucionalmente, una y otra vez, se ha obligado a hacer efectivos.
Fracaso en su incapacidad para hacer posible que todos, y aun sus miembros más desleales, tengan acceso a un juicio justo en el que puedan dar cuenta frente a todos de las faltas que han cometido.
Entonces, antes que apresurarse a hablar y señalar las culpas de los otros, el Estado debería llamarse a prudencia, señalarse a sí mismo y pedirnos disculpas públicas por las faltas que reiteradamente viene cometiendo contra todos nosotros.
Agrego ahora un breve comentario sobre los presuntos "delincuentes" que son ajusticiados en casos como el que aquí se comenta.
La imagen de alguien que "saliendo a robar" termina siendo víctima de quien podía ser objeto de su delito representa una escena cada vez más común de nuestra tragedia moderna.
La discusión que requiere el tema es muy delicada y por eso mismo no merece quedar en manos de quienes inventan a su enemigo de paja para salir victoriosos en una disputa que han definido de antemano.
Resulta ridículo, en este contexto, centrar la discusión en los "pseudoprogresistas" y "garantistas" que asumirían que todo delito, aun el más grave, está justificado por alguna cuestión de "vulnerabilidad social".
No tiene sentido discutir en esos términos. Nadie en su sano juicio puede hacer hoy afirmaciones semejantes. Nadie puede sostener y nadie sensatamente sostiene que la pobreza justifica cualquier violencia.
Hace más de 60 años que la doctrina dejó de lado la idea de que "la pobreza hace que el pobre no sea responsable por sus delitos" (me refiero, en especial, a la doctrina del rotten social background, que pusiera en debate el gran jurista latino Richard Delgado).
Esa noción se dejó de lado por una razón simple: asumimos que cualquier adulto en sus cabales, pobre, rico o de clase media, tiene derecho a votar o a participar de la vida cívica activamente, porque lo reconocemos como responsable de sus actos. Y así como vota porque es responsable, es responsable cuando comete un crimen.
Otra cosa es decir lo que la doctrina, conservadora, progresista o plana, ha reconocido siempre y esto es que existen, en casos concretos, causales de exculpación, justificación o atenuación frente a ciertos crímenes.
Negarse a ver esto también implica ponerse anteojeras ideológicas y retroceder cientos de años en nuestra reflexión penal.
Sobre la situación de los "justicieros" del caso podría agregarse entonces lo siguiente: del mismo modo en que no tiene sentido pensar que quienes cometen delitos son personas inimputables en razón de la pobreza o injusticia social que padecen, tampoco se justifica dispensar de su crimen a los eventuales "justicieros", por considerarlos "pobres víctimas" en razón de la situación de inseguridad en la que viven.
Quien hace justicia por mano propia se arroga una autoridad que no tiene y que no le corresponde; reemplaza al Estado, haciendo imposible que éste lleve adelante un juicio justo, e impide que podamos llamar frente a nosotros a quien ha cometido una falta grave, para exigirle que rinda cuentas por lo que nos ha hecho a todos.
Por supuesto -podrá decir alguien-, si el Estado no ocupa el lugar que le corresponde, ¿qué puede hacer la "pobre víctima" de un delito frente al delincuente? ¿Esperar años a que el Estado reaccione, mientras "nos siguen matando"?
La idea se entiende y la angustia se comprende. Pero lo que aquí nos interesa es otra cosa, esto es, hablar de la justificación o no de un cierto acto.
Y lo cierto es que no corresponde justificar la "justicia por mano propia" a partir de la indebida ausencia del Estado en materia de seguridad, como no pueden justificarse la delincuencia y el crimen a partir de la indebida ausencia del Estado en materia social.
En todo caso, así como tiene sentido pensar si eventualmente existen causas de justificación, exculpación o atenuación en torno a lo hecho por quien delinquió, tiene sentido pensar si el "justiciero" del caso puede ser exculpado o no, en un caso concreto, por haber actuado en una situación de "legítima defensa".
Si pueden servir para algo, entonces, estas líneas, que ellas sirvan para contener la banalización de una discusión que es trágica y en la que muchos nos incitan a pensar como si tratara de un juego de héroes y villanos.
Sociólogo y abogado; su último libro es Castigar al prójimo.