Un grupo de fiscales anticorrupción y efectivos policiales allanaron este miércoles la sede del Gobierno Regional de Ayacucho que dirige Wilfredo Oscorima, implicado el llamado Rolexgate, un caso por el que la presidenta Dina Boluarte enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Imágenes difundidas por la Estación Wari evidencian el ingreso de representantes del Ministerio Público y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor), quienes recabaron los registros de las cámaras de seguridad y revisaron expedientes dispersos en el piso.
La misma emisora había reportado por la mañana la extracción de documentos en vehículos que estaban estacionados en la puerta del edificio. De acuerdo con Infopaís, una de estas unidades tenía la placa de la región Cusco, cuyo gobernador, Werner Salcedo, admitió días atrás que Oscorima le prestó dos Rolex de imitación.
Aunque los móviles abandonaron el Gobierno Regional ante la presencia de la prensa, la oficina indicó que la salida de expedientes y folios es habitual por excesiva documentación en la sede. Salcedo y Oscorima declararon ante la Fiscalía la semana pasada como parte de la pesquisa en la que se encuentra incursa la jefa de Estado por no haber declarado relojes y otros bienes de lujo.
En ese momento, la autoridad cusqueña entregó dos réplicas de relojes que —dijo— su par de Ayacucho le prestó. "Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. Así que nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de que era un Rolex, sin pensar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca. Tengo que ser mucho más cuidadoso [con los obsequios]", reconoció.
La Fiscalía ya incautó los tres Rolex y la pulsera que Oscorima, un empresario del rubro de casinos, le prestó a la mandataria. El abogado Humberto Abanto, quien lo defiende legalmente, calificó la acción como un "atropello" y anunció que presentará un recurso, después de ser agredido por simpatizantes del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a su salida del Ministerio Público.
El gobernador se acogió el martes al derecho al silencio ante la comisión de Fiscalización del Congreso, que lo invitó para que ofrezca explicaciones sobre este caso, que ha generado diversas reacciones en el ámbito mediático y político, donde se salvó de dos mociones de vacancia.
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