A contramano de lo que dicta la Constitución Nacional y ajeno a toda la historia de un país construido por inmigrantes, el concejal de La Libertad Avanza pidió que los extranjeros paguen un arancel por estudiar en las universidades públicas durante el debate por la marcha del martes. Tanto desde Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio se diferenciaron de esta postura.
La sesión comenzó con un pedido de informe sobre el derrumbe ocurrido en una vivienda ubicada en la calle D'elía y Roca, del centro de San Miguel, el pasado 6 de febrero, en donde un trabajador perdió la vida y otro resultó con fracturas en sus miembros inferiores. Desde el oficialismo acompañaron el proyecto, el cual fue girado al Departamento Ejecutivo.
En cuanto a las declaraciones, la primera en levantar polémica fue una referida al Foro de Seguridad que se realizó el 11 de abril. Desde la oposición cuestionaron el valor del salón donde se llevó a cabo elevento. "Se malgasta la plata de los vecinos. Se desvían fondos haciéndoles regalos a quienes denuncian en 'Ojos en alerta', regalándoles televisores", acusó además Juan José Castro, de Unión por la Patria.
Desde el oficialismo, Miguel Nieto respondió: "Se premia a aquellos vecinos que tienen el coraje de involucrarse". El proyecto de declaración fue aprobado.
Pero sin lugar a dudas, el tema que generó mayor debate fue la marcha llevada a cabo el pasado martes 23 de abril en defensa de las universidades públicas. "El futuro de los pibes depende de la educación", dijo Pablo Walker, de Unión por la Patria, mientras se debatía una declaración de apoyo a la movilización.
En tanto que su compañero de bancada, Santiago Fidanza, dijo: "Les pido que no archiven esto porque es algo que la sociedad no quiere negociar".
Luego de esto, Carlos Romo, de La Libertad Avanza, realizó un discurso leyendo en donde largó varios conceptos. "Además de participar estudiantes, también lo hicieron dirigentes del gobierno anterior, sindicalistas y representantes de movimientos de izquierda", dijo.
Luego, el concejal libertario, padre del diputado provincial Agustín Romo, quien también suele caer fácil en el ridículo, aseguró que el gobierno pasado "tuvo pisado el presupuesto universitario". "Nunca se quiso desfinanciar, sino llevar a cabo una auditoría para que queden expuestas aquellas personas que se quedan con el presupuesto", manifestó.
Más tarde, lanzó una frase con una alta carga de xenofobia y desprecio hacia los inmigrantes. "No podemos darnos el lujo de seguir pagándoles la universidad a los extranjeros. Cualquier carrera de medicina en el exterior cuesta alrededor de 5 mil dólares mensuales. Es un despropósito porque se reciben. Se llevan el título y jamás ejercen aquí", dijo.
Por su parte 'Juanjo' Castro respondió: "Es mentira que las universidades no se quieren someter a las auditorías. Ponen un relato y todos los boludos se prenden a esa consigna, aunque queden en ridículo. Tienen cara de cemento". "Llenaron la plaza de policías, de prefectos, de gendarmes con palos, y se los tuvieron que meter en el orto", añadió.
Luego, Marcela Viguera le respondió a Romo: "Eso de que los extranjeros vienen y se llevan los conocimientos es un cuento de cipayos". La edil complementó su argumento refiriéndose a que en su equipo tiene una contadora de otra nacionalidad recibida en la Argentina.
Luego, desde el oficialismo, Miguel Nieto pidió "no embanderar esta marcha", aunque aclaró que "no acompañamos discursos xenófobos", en clara referencia a Romo. "Como bloque abrazamos la educación pública y no creemos que esté en riesgo", agregó. "La marcha fue de los estudiantes, y no de banderas políticas, y estamos seguros de que el gobierno entendió el mensaje", sostuvo.
Finalmente, el expediente fue archivado.
Más tarde, se generó otro debate por un proyecto de declaración de emergencia alimentaria en el Municipio. La iniciativa fue presentada por la edil de Unión por la Patria, Claudia Borras.
Maxi Beltrando, del oficialismo, sostuvo que el proyecto "tiene una falla de origen", y dijo que el hecho de ser una declaración no le otorga herramientas el Poder Ejecutivo, y que debiera ser una "ley a nivel provincial en virtud de los argumentos de la concejal Borras".
El expediente fue archivado.