Los seis miembros –provenientes de la UPR– vienen a ocupar el espacio que dejaron los líderes académicos y comunitarios que notificaron su salida la semana pasada
Los seis miembros –provenientes de la UPR– vienen a ocupar el espacio que dejaron los líderes académicos y comunitarios que notificaron su salida la semana pasada
Tras la renuncia de nueve académicos y líderes comunitarios que denunciaron, hace una semana, la presunta politización del proyecto de descentralización del Departamento de Educación, la agencia anunció este viernes el nombramiento de seis catedráticos y ejecutivos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como nuevos integrantes del grupo de trabajo.
Los nuevos miembros de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) incluyen al director ejecutivo de la Administración Central de la UPR, Josué Hernández Álvarez, y a Grace M. Carro Nieves, decana de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras.
Además, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, designó a Yolanda Huertas, profesora jubilada de la UPR en Bayamón; Kevin S. Carroll, catedrático del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras; y los catedráticos auxiliares Héctor Aponte Alequín y María Elba Torres, también del campus riopedrense.
"Este grupo de voluntarios son académicos destacados de la UPR y trae a las mesas de trabajo e implementación habilidades y conocimientos que seguirán fortaleciendo el proceso de descentralización educativa en la isla. La incorporación de estos destacados y prominentes académicos demuestra el interés de la mayoría de los puertorriqueños, de todos los sectores, de tener un sistema educativo que actúe con agilidad y eficiencia", expresó Raíces Vega en un comunicado de prensa.
El 16 de abril, nueve miembros que participaban de Idear como representantes del tercer sector comunicaron a Educación sus renuncias, al considerar que los trámites de descentralización incumplían "con los elementos básicos de buena gobernanza".
La carta fue firmada por la decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune Rivera; el consultor en política educativa y abogado Enrique Colón Bacó; la consultora en filantropía y política educativa Janice Petrovich Beiso; la catedrática en Economía en la UPR Eileen Segarra Alméstica; el economista y catedrático asociado de la UPR José Caraballo Cueto; la catedrática en Administración Pública de la UPR Yolanda Cordero; la psicóloga clínica Ángeles Acosta; la curadora de alianzas educativas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Enery López Navarrete; y la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.
"El principio de descentralización se ha visto derrotado por la filosofía existente de mantener el poder decisional en los niveles centrales", escribió el grupo renunciante.
Como parte del anuncio de los seis académicos que se incorporan al proyecto, el director de Idear, Roger Iglesias, agradeció al presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, "por poner sus recursos a la disposición del Departamento de Educación".
"Su compromiso y experiencia serán fundamentales para continuar avanzando en nuestro objetivo de mejorar el Departamento a través de la descentralización y la participación comunitaria", afirmó Iglesias.
Por su parte, Raíces Vega adelantó que la semana entrante visitará las tres regiones donde se desarrollan los proyectos piloto de descentralización, denominadas la zona de la Montaña, la zona Sur y la zona Oeste.
Previo a la renuncia de los nueve miembros del grupo de trabajo de Idear, al menos, cuatro integrantes del consejo asesor local (CAL) de la zona Sur habían hecho lo propio, por lo que Iglesias describió como "distintas situaciones". Los CAL, bajo el modelo descentralizado, tienen la responsabilidad de acompañar a los superintendentes regionales en la toma de decisiones.
El plan de trabajo de Idear prevé que, para el año académico de 2027-2028, todas las regiones educativas de Educación estén operando bajo el modelo de agencias educativas locales, lo que les proveería mayor autonomía para gestiones como el acceso a fondos federales. El nivel central operaría como una agencia estatal educativa, a cargo de la política pública, de velar por garantías de derechos civiles y la definición de los requerimientos de desempeño académico.
Además de las renuncias en masa, Educación enfrentó un traspié cuando el Senado rechazó, la semana pasada, el Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas, un requisito de la Ley 85-2018 de Reforma Educativa. Desde entonces, la administración de Pedro Pierluisi ha insistido que ausculta otras vías para impulsar la descentralización de la agencia.