Se siguen conociendo detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía contra el juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, quien al parecer habría ofrecido 600 millones de pesos a un abogado para torcer la decisión judicial.
Sobre este caso, W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación realizó dos allanamientos en los últimos días.
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El primero fue en la residencia del juez en donde encontraron varias consignaciones de pagos entre ellas una de 17 millones de pesos y otras de similares valores.
También hallaron algunos computadores y piezas procesales del expediente, por el cual habría exigido el pago de 600 millones de pesos y por el que fue capturado y le imputaron el delito de concusión e incluso fue cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
En el juzgado encontraron 42 expedientes híbridos, es decir procesos que estaban en físico y algunos documentos digitales que al parecer no estaban debidamente acreditados.
Igualmente, se conoció que el único que tenía aparentemente acceso a los expedientes era el juez Juan Carlos Campo Fernández.
Cabe recordar que, el pasado 31 de marzo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación junto con el Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga (Santander) al juez especializado de extinción del derecho de dominio del circuito de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández.
Según la investigación que adelanta desde hace varios meses un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el funcionario judicial habría solicitado al abogado Rodrigo Parada, el pago de 600 millones de pesos para expedir una sentencia favorable en un proceso de extinción del derecho de dominio.
El juez supuestamente le dijo al abogado que retirara la apelación que había presentado y que nuevamente radicara la petición de levantamiento de la medida cautelar y que él se comprometía a emitir un fallo en favor del cliente del jurista.
En medio del procedimiento de captura, le incautaron al juez, 50 millones de pesos que presuntamente harían parte del dinero solicitado a la víctima.