El diputado Miguel Pichetto propuso una modificación a un artículo clave que generaba conflictos con la CGT y el gremio de Camioneros.
La reforma laboral, una recurrente iniciativa del Gobierno nacional que cuenta con el aval de un sector de la oposición, tuvo una modificación clave debido a los reclamos de la CGT y, en especial de Camioneros, en el marco de la Ley Bases que comenzará a tratarse en Diputados.
Según confirma el portal Infobae, fue eliminado el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
La decisión fue adoptada luego de un pedido del diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. La modificación parte del argumento de que no había que incluir en el proyecto "nada que afecte a la CGT".
Por su parte, el Gobierno ya había eliminado del capítulo laboral de la Ley Bases los artículos que eran confortativos con el sector sindical y ahora se sumó un nuevo artículo.
Artículo 98°.- Incorpórase al Código Penal, como artículo 149 quater, el siguiente: "Artículo 149° quater.- Será reprimido con seis (6) meses a tres (3) años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de un (1) año a cuatro (4) años de prisión".
El Gobierno ya había aceptado bajar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, en el último borrador de la reforma laboral, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión.
El dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado cuando Javier Milei ordenó, a la distancia, la vuelta en comisión.
El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. Tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.
Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.
El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.
Se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego para poder combatir estas prácticas abusivas.
Se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado a saldar deudas previsionales con las provincias.