La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha denunciado en los tribunales a la Consejería de Turismo del Gobierno canario "por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones" presentadas en la consulta pública sobre la futura ley sobre el uso turístico de las viviendas.
La entidad ha informado en un comunicado de que su demanda contra la Consejería regional de Turismo "por inadmitir el acceso a la consulta pública" ya se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras haber sido aceptada a trámite.
El 7 de diciembre de 2023 Ascav solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública "debidamente anonimizadas".
La entidad asegura en su escrito que la Consejería de Turismo "negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la Ley de Transparencia, a saber, que no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones".
Sin embargo, la asociación afirma que las alegaciones se presentaron a través de internet, "distinguiéndose separadamente los campos de 'nombre y apellido'", por lo que entiende que "era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones -que era lo que se solicitaba- obviando los datos personales".
Frente a ello, critica que "la Consejería se ha limitado a realizar un 'Informe definitivo de la necesidad normativa'", que considera que "es una auténtica oda a la restricción o un manifiesto antivivienda vacacional", ya que ha sido "redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa antivivienda vacacional".
Ascav asegura que en ese informe, la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, pero sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas.
La entidad ve "más grave que el Gobierno de Canarias haya ocultado a la ciudadanía que más del 70 % de las alegaciones que se presentaron en la consulta pública fueron en contra de la futura ley".
Y recuerda que La Ley de Transparencia establece como principio general que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico" y que "tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.), sin que en ninguna de dichas causas conste no disponer de medios, como argumenta el Gobierno de Canarias".