Entre el brutal crimen de la joven Cintia Vanesa Fernández y el fallo que condenó a la pena de 23 años de prisión a Mario Federico Condorí, pasaron más de ocho años. Cinco años después de aquel fallo, será llevada a juicio Gimena Antonia Núñez, la policía que declaró como testigo en el juicio y ahora será juzgada por los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado.
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Entre el brutal crimen de la joven Cintia Vanesa Fernández y el fallo que condenó a la pena de 23 años de prisión a Mario Federico Condorí, pasaron más de ocho años. Cinco años después de aquel fallo, será llevada a juicio Gimena Antonia Núñez, la policía que declaró como testigo en el juicio y ahora será juzgada por los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado.
La audiencia será con Tribunal colegiado y está previsto que comience el próximo 9 de mayo y se extienda por varias jornadas. El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro.
Núñez fue citada el 15 de mayo de 2019 como testigo a la audiencia de debate por el homicidio de Cintia Fernández ya que el día del hallazgo (mayo de 2011), se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la Unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios.
En función de su declaración bajo juramento de ley, quedó demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven. Esto se demuestra a través de las omisiones en el informe de la imputada, la falta de cumplimiento de diligencias investigativas básicas, las anotaciones con la intención de vincular a otra persona en el hecho, desprestigiar a la víctima y a su madre, así como de desdibujar la responsabilidad de Condorí, actualmente condenado.
En el requerimiento, el fiscal Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la Oficial de la Policía de la Provincia, afectó directamente la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo tratando de facilitar la impunidad de Condorí.