Olga Pereda
Dos meses después de su última manifestación en varias ciudades españolas, los graduados en universidades de fuera de la UE que quieren homologar su título en España para poder ejercer su profesión (la mayoría son sanitarios procedentes de América Latina) vuelven a las calles para protestar por el inmenso atasco burocrático que impide tener su documentación en regla. Esta vez, la cita será doble y en una sola ciudad: Madrid. El 25 de abril se manifestarán a las puertas del Congreso de los Diputados y al día siguiente, ante la sede del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La cifra de solicitantes es "alarmante" y ronda los 100.000, según Rami Ahmadi, una de las portavoces de Homologación Justa Ya (HJY), colectivo que reúne a unos 3.500 profesionales internacionales. El 65% son mujeres procedentes del sector sanitario (médicas, enfermeras, psicólogas y odontólogas) aunque también hay ingenieras y arquitectas. Al tratarse de profesiones reguladas, necesitan la documentación homologada para ejercer en España, tanto en el sector público como en el privado, algo que no ocurre en otros sectores profesionales. Además de sanitarios procedentes de América Latina (por el idioma, España les atrae) también hay ciudadanos españoles que estudiaron en universidades de fuera de la UE y que igualmente necesitan homologar el título para poder trabajar.
El Gobierno central (a través de Universidades y Sanidad, en el caso de la especialidad médica) es el encargado de estos trámites administrativos, salvo en Euskadi, que acaba de adquirir las competencias, un gesto muy criticado por la asamblea general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Los miembros de Homologación Justa Ya aseguran que, ante la falta de opciones para trabajar en su sector, los afectados solo pueden encontrar empleos precarios para los que están sobrecualificados. "No podemos aportar nuestra capacidad, ni conocimientos ni experiencia a la sociedad española", protestan tras insistir en que, ante la falta de empleos dignos, muchos corren riesgo de exclusión social.
Cuatro años esperando
Rami Ahmadi, de 59 años, e médica y pediatra. Nacida en Irán, se desplazó a Nueva York (EEUU) con su familia, donde estudió la carrera y la especialidad. Tenía un buen sueldo, pero decidió emigrar a España, cuyo idioma conoce a la perfección. Madre de tres hijas, reconoce que el "ambiente violento de EEUU y los episodios con armas en escuelas" le preocupaban demasiado. Consultó con la embajada española y los técnicos le dijeron que en seis o nueve meses las autoridades españolas homologarían su título universitario, paso fundamental para poder ejercer la medicina en España. En noviembre de 2020, Rami y sus hijas desembarcaron en València. Han pasado ya cuatro años y sigue esperando la homologación de su título.
El problema radica en el monumental atasco en la tramitación de los expedientes. Ya el año pasado, el Ministerio de Universidades (institución que ahora está incluida en Ciencia e Innovación) admitía el cuello de botella y argumentaba que cada mes recibían más de 3.000 nuevas solicitudes, que sumaban a los expedientes ya acumulados. "Necesitamos un ejército para tramitarlos", admitía entonces el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que insistía en que homologar un título es "un proceso delicado" porque hablamos de profesiones con alta responsabilidad social como la medicina. Según sus datos, en 2022, se homologaron más de 8.000 títulos universitarios de médicos. "Homologamos más títulos extranjeros de Medicina que facultativos salen de nuestras facultades", subrayaba el alto cargo ministerial.
Reuniones "decepcionantes"
Representantes de Homologación Justa Ya se reunieron, el pasado 15 de marzo, con Pingarrón y la subsecretaria general de titulaciones, María del Valle. El encuentro fue "decepcionante" para los solicitantes porque no consiguieron información sobre el plan de choque que anunció la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, una vez que la remodelación gubernamental dejó bajo su paraguas el departamento de Universidades. En ese encuentro, siempre según la versión de los solicitantes, los cargos ministeriales no informaron del número de funcionarios dedicados a la tramitación de las homologaciones.
"El número de expedientes pendientes no hace más que aumentar mientras el sistema de gestión está casi paralizado, y sin un plan realista para resolver el atasco. Se trata de una discriminación institucional que perjudica tanto a los profesionales y a sus familias, como a la sociedad española", se quejan la portavoz del colectivo Homologación Justa Ya.
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