El Gobierno ha logrado correrle el arco a la ofensiva de la CGT unificada y ha podido desbaratar, por ahora, la tentativa de un paro general sobre el cual ningún líder de esa central sindical parecía muy convencido.
La posibilidad de un bono de fin de año y la supresión del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo son apenas un edulcorante al lado de la convocatoria presidencial a los gremialistas para participar, junto con empresarios, de una Mesa del Diálogo para la Producción y el Trabajo, desde la que algunos de esos dirigentes sueñan con manejar una porción de la macroeconomía.
Mauricio Macri aceptó convocar a esa mesa más forzado por las circunstancias políticas y sociales que por convicción personal. Siempre fue mucho más partidario de las negociaciones bilaterales que de las multilaterales.
Hasta no hace muchos días, prevalecía en la Casa Rosada la idea de que convocar a un diálogo tripartito sobre cuestiones socioeconómicas podía llegar a ser interpretado como una señal de debilidad política.
En ese sentido, no se puede olvidar que entre los principales impulsores del pacto social estuvo siempre uno de los mayores adversarios políticos del macrismo: Sergio Massa.
Al Presidente le costó admitir la necesidad de llamar a esa mesa de diálogo y no menos disgusto le habrán causado las últimas declaraciones de su ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien expresó que si ese llamado a una concertación se hubiese producido antes, "se habría tenido menos recesión y menos inflación".
Voceros del ministro recuerdan que siempre sostuvo lo mismo y que esa frase no debería leerse como una crítica al ala más política de la Casa de Gobierno.
"Es probable que antes no estuvieran dadas las condiciones para llamar a este diálogo, entre otras cosas por la enorme división que sufría el sindicalismo", aclaran. Igual, la frase hizo ruido.
Es probable que Macri se haya persuadido de dejar atrás sus prejuicios en contra de la mesa del diálogo al comprobar en carne propia que las mayores dudas de empresarios y potenciales inversores con quienes se cruzó eran de carácter político.
¿Por qué tenemos que creer que esta vez el camino de la racionalidad económica y de la integración argentina al mundo será para siempre?
¿Cuál será la capacidad política para mantener el rumbo y resistir las presiones del sindicalismo? Tales preguntas martillaron la cabeza del primer mandatario en recientes foros con empresarios de los que participó.
Este razonamiento conduce a otra duda: ¿cuál será el precio que pagará la actual fuerza gobernante para ganar esos comicios?
La respuesta está en el proyecto de presupuesto para 2017, donde el Gobierno ha blanqueado su convicción de que es más importante triunfar en las elecciones de medio término que disminuir el elevadísimo déficit fiscal.
Ni Macri ni sus principales colaboradores dicen creer en las recetas populistas.
Pero parecen convencidos de que sólo con un poco de populismo y de heterodoxia que no reniegue del asistencialismo, sumados a una fuerte inyección de fondos para obras públicas, se podrán ganar las elecciones.
El populismo puede permitir comprar tiempo. La cuestión es para qué y hasta cuándo.
Las estadísticas electorales ayudan a explicar la obsesión del macrismo. Los números de los comicios desde 1983 muestran que la elección previa a la presidencial suele anticipar el resultado de esta última.
Así ocurrió en seis de las siete elecciones legislativas inmediatamente anteriores a las presidenciales. De allí que si el oficialismo se impone en las urnas en 2017, habrá una percepción generalizada de que podría gobernar hasta 2023 y no sólo hasta 2019.
Un memorioso como Rosendo Fraga señala que 14 de las 18 elecciones nacionales que tuvo la Argentina desde 1983 explican que cuando la economía crece y el desempleo baja, quien está en el gobierno gana, mientras que cuando ocurre el proceso inverso es condenado a la derrota.
El cumplimiento de las metas que se fijó el Gobierno en el presupuesto, de un crecimiento económico del 3,5% y una reducción de la inflación al 17%, parece decisivo para ganar la elección.
Existe coincidencia entre los economistas en que el país crecería en los niveles previstos.
Sin embargo, una fuente de conflicto se producirá a principios del año próximo cuando los sindicatos reclamen un aumento salarial no inferior al 30% anual, que duplicará la proyección inflacionaria del Gobierno y que podría desbaratar el esquema previsto.
La difusión del nuevo índice de pobreza, que arrojó el 32,2%, le añade presión a Macri de cara al año electoral.
Si se comparan los recientes datos del Indec con los últimos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que mostraron un 29% de pobres, se concluye que el número de "nuevos pobres" que la oposición puede endilgarle a la gestión macrista ronda los tres puntos.
No es menor, por cierto, y puede justificarse por el sinceramiento de precios a partir de la rectificación del dólar tras el fin del cepo cambiario.
Pero ni por asomo alcanza para justificar la hipócrita diatriba de Cristina Kirchner, quien desde Ecuador intentó hacerle creer a la sociedad que el tercio de argentinos pobres es responsabilidad exclusiva de los nueve meses de Macri.
No pueden tomarse en serio las consideraciones de quien hace un año intentó convencer al mundo de que en la Argentina kirchnerista sólo había un 4,7% de pobres, al tiempo que el Indec de Guillermo Moreno buscaba persuadirnos de que una familia tipo podía satisfacer sus necesidades básicas con 6 pesos diarios por persona, y se perseguía y multaba a consultoras privadas que buscaban transparentar la realidad.
Pese a eso, las apariciones estelares de Cristina excitan al macrismo. Tanto como alguna encuesta que le otorga una intención de voto cercana al 25% a la ex presidenta en la provincia de Buenos Aires.
Este dato alienta la posibilidad de que se postule a un cargo electivo en este distrito el año próximo, para satisfacción del oficialismo, que apuesta a ver un peronismo dividido entre el cristinismo, el massismo y un tercer eje formado por gobernadores.
En los próximos días, para regocijo del macrismo, Cristina Kirchner hallaría una nueva oportunidad para victimizarse y seguir en un primer plano, cuando se conozca un dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, según el cual a la ex mandataria sólo le correspondería percibir una pensión de privilegio y no dos, que totalizan actualmente unos 332 mil pesos, por su doble carácter de ex presidenta y de viuda de Néstor Kirchner.
Claro que la verdadera gobernabilidad no estará garantizada por un triunfo electoral derivado de la atomización del peronismo, sino por la capacidad de liderazgo de Macri para persuadir a la sociedad sobre la necesidad de reemplazar una cultura populista por otra sustentada en el esfuerzo y el trabajo.
Para dejar atrás un país que apenas tiene seis millones de trabajadores en el sector privado formal; un país donde la relación del gasto en salarios del empleo público sobre el producto bruto llega al 12% y representa una de la más altas del mundo, y cuyo gigantesco Estado tiene un peso del 46% en el PBI pero no presta servicios de calidad, pese a una presión impositiva que es récord.
Es ése el verdadero drama de esta Argentina con un tercio de habitantes sumergidos en la pobreza.