El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha enviado una comunicación al presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, solicitándole que haga las gestiones necesarias con el Ministerio del Interior para que le sea asignada protección personal a cargo de la Policía Nacional.
La petición se produce después de que el pasado jueves llegase al Juzgado un paquete que contenía una bomba simulada.
El paquete, que fue abierto por personal de la oficina judicial, llevaba escrito a mano el nombre del Juzgado, tenía dos sellos y carecía de remitente. Dentro albergaba una pequeña estación meteorológica que simulaba ser el temporizador y, debajo, una sustancia de color amarillento envuelta en papel de aluminio.
El paquete pudo ser enviado desde otro Juzgado de Barcelona capital y transportado por valija interna hasta el de Aguirre, por lo que no habría seguido los sistemas ordinarios de seguridad.
Rusia y el 'procés'
El juez y sus colaboradores interpretan que ese envío es una "clara amenaza" contra él y así se lo indica en la comunicación a Guilarte.
Instructor de los casos Volhov y Negreira, Aguirre no tiene duda de que el envío de la bomba simulada tiene relación con el primero de esos casos y no con la investigación de los pagos millonarios del F.C. Barcelona a quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, José María Enríquez Negreira, por supuestos amaños en el arbitraje de los partidos.
Dentro de una pieza del caso Volhov, Aguirre investiga los vínculos de dirigentes independentistas -entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont- con supuestos agentes de los servicios secretos del Kremlin en Cataluña.
En una resolución dictada el pasado 26 de enero, por la que prorrogó durante seis meses más la investigación, Aguirre aseguró tener indicios de las "estrechas relaciones" entre los investigados e "individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", algunos de ellos vinculados "con los servicios secretos rusos".
Esos contactos habrían tenido como objetivo mediato apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña con la finalidad, de más largo alcance, de "desestabilizar la democracia y la Unión Europea".
En esa pieza figuran como investigados el jefe de la oficina de Puigdemont en el extranjero, Josep Lluís Alay; Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC; y Alexander Dmitrenko, empresario ruso afincado en Cataluña.
Protección no idónea
Tras la recepción de la falsa bomba, el instructor del caso Volhov solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, que gestionara con el Ministerio del Interior la asignación de un servicio de protección personal.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contestó, sin embargo, que esa escolta correspondería a los Mossos d'Esquadra.
Fue entonces cuando el juez decidió ponerse en contacto con Guilarte para que intente una nueva gestión con el fin de que sea la Policía Nacional, y no la Policía autonómica catalana, la que se encargue de escoltar al instructor del caso Volhov.
Aguirre considera que, dada la naturaleza de esa investigación, no es idóneo que sean los Mossos los que le acompañen día y noche, conociendo sus pasos o con quién se reúne.
En definitiva, que "no parece oportuno que se designen como escoltas a funcionarios policiales dependientes de la Generalitat de Cataluña", con la que está vinculada la investigación, ha explicado a Guilarte.
El actual presidente suplente del CGPJ ya se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, aunque aún no ha recibido respuesta. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue vocal del CGPJ, donde coincidió con Guilarte.
Incidentes sospechosos
Aguirre ha manifestado al presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces que el paquete bomba no es el primer incidente que considera dirigido a amenazarle y a tratar de amedrentarle.
Unas dos semanas después de que el pasado enero acordara la prórroga de la investigación, una mujer que iba en bicicleta se acercó al juez, que se encontraba en la calle, y le instó a "dejar de investigar al independentismo".
Unos 15 días más tarde, un mensajero intentó hacerle llegar un paquete, al parecer con botellas, al Juzgado, lo que fue rechazado por el personal de seguridad de la Ciudad Judicial.