La Unión Europea ya ha descontado a Baleares los 3,7 millones de euros del contrato del caso Koldo con el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut), una circunstancia que ya ha hecho valer la Comunidad ante la Audiencia Nacional para que le permita personarse como perjudicada. En un auto fechado este lunes, el instructor, el juez Ismael Moreno, ha dado traslado al fiscal de nuevos escritos presentados por el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) el pasado viernes.
La Abogacía de la Comunidad acompañó su petición de la descertificación de fondos instada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y un informe reciente del Ministerio de Hacienda al respecto constatando el descuento de los recursos.
El Govern balear ha podido demostrar que la Unión Europea ya ha descontado a Baleares los 3,7 millones de fondos Feder que utilizó el anterior Ejecutivo que presidía Francina Armengol para pagar las mascarillas adquiridas a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL. El Govern de Armengol consiguió que la UE pagara las mascarillas ocultando que las mismas eran fraudulentas.
Al tener conocimiento del fraude de las mascarillas, el Govern de Armengol se adelantó a las posibles sanciones de la Unión Europea y descertificó los 3,7 millones de euros de unas mascarillas que nunca podían pagarse con fondos Feder al ser fraudulentas. La Unión Europea ya ha recuperado los 3,7 millones descontando este dinero de otros pagos pendientes a la Comunidad Autónoma de Baleares.
De esta modo, Baleares ha perdido los 3,7 millones de euros de las mascarillas del caso Koldo y es, en consecuencia, parte perjudicada. Al mismo tiempo, deja de ser perjudicada la Unión Europea.
Mediante la personación en el caso, si finalmente se consigue, el Govern balear abre la vía penal para recuperar los 3,7 millones correspondientes a las mascarillas compradas por el anterior Ejecutivo que presidía Francina Armengol a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL.
Paralelamente, el Govern ha abierto una nueva reclamación por vía administrativa para pretender declarar la nulidad de todo el procedimiento. Alega que de un análisis pormenorizado se deduce que la empresa Soluciones de Gestión SL carece de objeto social y que no estaba capacitada para suscribir este contrato. La empresa se dedicaba a unas cosas que nada tenían que ver con una posible venta de mascarillas ni con la venta de material sanitario. El Govern pretende declarar la nulidad del contrato y recuperar los 3,7 millones del mismo.