Fundación Valídame denuncia «graves y masivas irregularidades» en denegación de pensiones de invalidez por parte de comisiones médicas
Durante años, los tribunales de justicia y la Contraloría han venid corroborando, a través de pronunciamientos y juicios, las denuncias y acciones emprendidas por la Fundación Valídame, con relación a las irregularidades e ilegalidades en la concesión o denegación de las pensiones de invalidez.
Estas irregularidades fueron constatadas por un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados realizado en el año 2019. Sin embargo, según la fundación que se encarga de defender los derechos previsionales de los trabajadores que han sido afectados por enfermedades invalidantes, las ilegalidades siguen presentándose hasta el presente, no habiendo medidas efectivas para disminuirlas o hacerlas cesar.
Incluso, en el marco de nuevos casos y juicios, la Fundación Valídame, planteó que ha podido verificar nuevas irregularidades e ilegalidades en la materia,» que permiten tener una panorámica más amplia y detallada acerca del modo de operar de parte de los órganos y actores institucionales implicados, dirigidos a disminuir en una enorme cantidad las pensiones de invalidez que el sistema está obligado legalmente a otorgar».
Fundación Valídame denuncia irregularidades cometidas por comisiones médicas
En una minuta a la que tuvo acceso El Ciudadano, la organización sin fines de lucro, reveló que varias de las anomalías y conductas fuera de regla han sido cometidas que por los órganos administrativos con competencia en esta materia, en especial en las comisiones médicas.
«Una parte sustantiva está radicada en las comisiones médicas (en sus distintos niveles: Central, regionales, médicos interconsultores), instancia que decide finalmente el otorgamiento o denegación de las pensiones de invalidez y su monto», indicaron en el documento.
Según la Fundación Valídame, entre las principales irregularidades figuran: faltas a los requisitos generales de todo acto y procedimiento administrativo, como la falta de fundamentación o "motivación" en el acto administrativo de los dictámenes correspondientes y la falta de acceso al expediente administrativo de parte del afectado.
Asimismo, se observaron: infracción de requisitos formales del acto como la firma de los médicos en las actas correspondientes, así como indicios de una multimillonaria defraudación a las arcas fiscales derivada de la contratación de profesionales con multiplicidad de contratos y actividades para el mismo día, no constando efectivamente el que estén desarrollando las labores para las cuales han sido contratados, además, con altas remuneraciones.
En la minuta, la fundación señaló que la Superintendencia de Pensiones no ha accedido a dar información acerca de los registros de asistencia de los médicos.
«Nos hemos encontrado con casos en los que los tribunales en el marco de juicios en los que la Fundación Valídame ha actuado en representación de personas con pensiones no otorgadas u otorgadas por un monto menor al debido, han continuado validando tales actos, a pesar de un Dictamen de la Contraloría (E428346N23, 2019), que expresamente ordena a que se subsanen los vicios encontrados en las mencionadas denegaciones, en específico, la falta de fundamentación en ellos», relataron.
Además de las acciones legales y requerimientos ante la Contraloría, la Fundación Valídame destacó que informó sobre estos antecedentes en reunión por Ley de Lobby llevada a cabo el 24 de octubre de 2023 con la Intendenta de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados de La Superintendencia de Pensiones, Marcela Gana, «sin haber habido respuesta o cambio alguno acerca de esta situación».
Asimismo, señaló que recientemente la Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia por un recurso de protección (9577-2023) que habían introducido.
Según la fundación, en el dictamen del tribunal de alzada, se confirman y avalan estas infracciones a la legalidad pública y administrativa de nuestro país, «produciéndose un daño enorme a un número indeterminado, pero muy grande de personas a las que se deniega o concede por menor monto al debido sus debidas pensiones de invalidez, sin posibilidad de ejercer sus derechos de manera efectiva ya sea en los procedimientos administrativos, como asimismo en los jurisdiccionales, infringiendo además el derecho a la tutela judicial efectiva frente a los actos de la administración que consagra la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente».
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