En un Estado democrático, en el que se trabaja (o se debería trabajar) para consolidar y ampliar derechos de la ciudadanía, no resulta difícil encontrar situaciones injustas y que no se corresponden con las normativas, leyes, cartas, convenciones y objetivos que tenemos publicados para proteger dichos derechos.
Si nos centramos en los niños y niñas, nuestra Carta Magna, en su artículo 39 dice que «gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos»; la Convención de los Derechos del Niño también fue elaborada para promover y proteger los derechos de la infancia. Avanzando en el tiempo, debido a la necesidad de promover espacios protectores, se han seguido redactando protocolos y leyes, como la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que pone el foco en la necesidad de prevenir cualquier situación de peligro y en generar espacios seguros.
Pero, a pesar de articular todas estas normativas, como educadoras y educadores sociales en el ejercicio de nuestra profesión nos encontramos a diario con situaciones de extrema vulnerabilidad. Según el informe Ser Pobre en España, el retrato de 1.000 familias, publicado por Save the Children en 2023, «en nuestro país hay más de 820.000 niños, niñas y adolescentes en carencia material severa, que viven en hogares en los que el no poder y el no tener son lo normal».
Aunque esto es una realidad que tenemos muy cerca y resulta muy preocupante, todavía lo es más cuando la administración no protege adecuadamente a los niños y niñas que tiene bajo su tutela, haciendo dejación de sus responsabilidades y permitiendo que en los centros de protección, que es donde se atiende a la infancia más vulnerable, se produzcan impagos de manera sistemática.
Año tras año, estos centros durante períodos más o menos largos, se encuentran sin recursos económicos, lo que les impide pagar las nóminas de sus empleados y empleadas, y atender las necesidades más básicas, como puede ser la compra de comida, material escolar, ropa o productos de higiene.
Este problema se sobrelleva mejor por algunas entidades que tienen una estructura más sólida y atienden diferentes programas, paliando los impagos con recursos propios o solicitando financiaciones externas, sin embargo, otras se encuentran en una posición verdaderamente insostenible y han de asumir los propios educadores y educadoras la responsabilidad de mantener unos mínimos esenciales, llegando incluso a tener que poner dinero de su bolsillo, solicitar ayuda a los bancos de alimentos y apelar a la solidaridad vecinal.
No creo que este tipo de situaciones tan flagrantes se pudieran dar en otros contextos, pero la administración permite que pase en el ámbito de lo social, situando en una tesitura muy delicada a las y los profesionales que hacen más que milagros en unas condiciones inadmisibles, y poniendo en riesgo el bienestar de los niños, niñas y adolescentes a los que, presumiblemente, debería proteger.
Vita da Mediano
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