El Pleno del Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón aprobará este martes el decreto que garantiza la libertad de elección de centro educativo en la Comunidad Valenciana. Un concepto al que se conoce como distrito único en la educación. La libertad de elección del centro educativo en la Comunidad Valenciana será efectiva ya en el próximo curso, el 2024-25.
Esta medida supone un giro de 180 grados respecto al modelo educativo de la izquierda, que tenía en vigor el Gobierno del socialista Ximo PUig, en el que madres y padres no podían elegir dónde querían que estudiaran sus hijos.
El decreto que aprobará este martes el Gobierno valenciano es, por tanto, el documento que garantiza que madres y padres decidirán dónde quieren que estudien sus hijos. De este modo, la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón fulmina la segregación educativa: «Se va a acabar», ha sintetizado Mazón a este respecto.
Además, el decreto incluirá novedades importantes. Una de ellas, la capacidad de elección para las rentas bajas que, con este decreto «van a doblar su capacidad de priorizar», según ha explicado Mazón.
Además, tendrán prioridad las personas más vulnerables. Es decir, aquellas que son receptoras de la Renta Valenciana de Inserción. Esta última, está dirigida a cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida, combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social.
La libre elección de centro educativo, un concepto al que se denomina el distrito único, está dirigido a favorecer las medidas de conciliación de la vida familiar con la laboral, con diversos aspectos.
Así, los docentes que cuenten con un familiar en el centro contarán con prioridad. Además, tendrán mucha más prioridad que hasta la fecha las familias numerosas y las monoparentales. Otra de las novedades que los centros recuperarán el punto especial que antes concedían para gestionar la libertad de elección.
La la libre elección de centro forma parte, además del punto 27 del pacto de gobernabilidad que Partido Popular y Vox acordaron el 15 de junio de 2023 y que consta de 50 medidas.
La iniciativa que ahora se pondrá en marcha fue trasladada a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación de 13 de febrero de 2024, con la finalidad de que fuera una realidad en el curso 2024-25, como finalmente sucederá.