Més per Palma ha criticado "la criminalización" y "las políticas represivas" por parte del Ayuntamiento de Palma en relación a las personas que viven en autocaravanas, a raíz de la próxima aprobación de la nueva ordenanza cívica.
En rueda de prensa, la portavoz municipal, Neus Truyol, ha indicado este jueves que la Policía Local ha hecho apercibimientos a las personas que viven en estos vehículos, indicándoles que deben trasladarse a cientos de metros porque, de lo contrario, se enfrentarán a multas que rondan entre los 750 y los 1.500 euros.
Truyol ha explicado que la situación se da a causa de los precios "desorbitados" que hay en Palma para acceder a una vivienda, pues estas personas "no llegan a fin de mes". Al respecto, ha valorado que "el gobierno de Jaime Martínez no tiene ningúna política para mejorar el parque público ni limitar los precios de la vivienda" y, tampoco, "busca solución" a las personas afectadas.
Según Truyol, el panorama local provoca un "mercado inmobiliario que expulsa" a colectivos vulnerables, como pensionistas o familias de escasos recursos, así que "una alternativa es vivir en una caravana". Por ello, ha citado una resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se aclara que la pernoctación "es legal" siempre y cuando se realice dentro del vehículo, a diferencia de la práctica de acampar.
Afectados
Asimismo, Més ha indicado que no se les ha trasladado información de la nueva ordenanza cívica y que, en todo caso, conocen algunos aspectos "por lo que se ha publicado en medios".
Para la ocasión, el partido ha invitado a algunos afectados de aprobarse la futura ordenanza, como Javier y Diego. El primero de ellos, pensionista, pagaba hace una década un alquiler de 650 euros, pero el aumento de los precios provocó que optara por una caravana. No obstante, ha indicado que "hoy se encuentra ante un problema que ha generado el señor alcalde, quien ha declarado la guerra".
Durante su intervención, ha defendido la actitud cívica tanto de él como de otros 40 afectados que viven en la misma zona, aunque ha preferido no detallar la ubicación porque "no quieren represalias". De hacerse efectivas las multas, ha lamentado que "su pensión no alcanza para eso" y, además, observa que las advertencias de la Policía se realizan por la noche cuando ya descansan.
Por su parte, Diego es un trabajador del sector turístico con un contrato fijo-discontinuo y llama la atención con que no se ha ofrecido "ningún tipo de solución ni un espacio tipificado" en donde aparcar los vehículos. Además, ha contabilizado que hay alrededor de unas 2.000 autocaravanas matriculadas en Mallorca, por lo que ha opinado que Cort "no escucha porque no suma votos".
Como él, ha advertido que hay otros empleados que han descartado trasladarse a Mallorca para trabajar en la nueva temporada turística debido a los "altos precios" de vivienda que se encuentran, y para los que no se les ofrece alternativas.
Empadronamiento
Por otra parte, Truyol ha anunciado, a partir de la denuncia de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), que Més per Palma presentará una moción en el pleno municipal para que Cort cumpla con la normativa municipal de empadronamiento y no pida las facturas de pago del alquiler debido a que "se incumple la ley de datos y la directiva estatal".
Esta inscripción en el padrón municipal se debería de hacer, como ha valorado, "ya sea en una plaza, en una caravana o un lugar sin techo", ya que es "la parte previa para acceder a todos los servicios públicos y esenciales", como la colegialización o la tenencia de la tarjeta ciudadana. Por tanto, ha considerado estas exigencias de Cort como "un caso de vulneración directa" de los derechos de la ciudadanía.
De no aceptar la moción, la portavoz de Més ha adelantado que se estudiarán otras vías para garantizar el empadronamiento.
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