La presentación de la reforma legal para celebrar en doble jornada las elecciones de octubre de este año tiene fundamento. Con cuatro papeletas simultaneas, algunas con un total de candidatos que fácilmente superarán las cuatro decenas de nombres, y un número de electores por mesa que alcanzan hasta 400 ciudadanos, las posibles filas y el daño a la imagen del sistema electoral podría ser muy profundo. Sumado a ello, el Servicio Electoral estima que unos 20,000 candidatos se presentarían a la elección.
En ese sentido, un ejercicio matemático nos demostraría el problema que enfrentaremos esta y futuras elecciones. Imaginemos cada votante se demora cinco minutos en el proceso y están entre las etapas de acreditación, cámara secreta y verificación final; simultáneamente podrían estar hasta cuatro personas votando (una acreditando identidad, dos en cámaras secretas y una última dejando sus votos en la urna). De ser así, en una jornada de 8:00 a 18:00 horas alcanzarían a votar unas 300 personas asumiendo que llegan menos personas durante las horas de mañana que las de la tarde.
Si se espera una tasa de participación del 85%, esto significaría en el 87% de las mesas del país no se lograría completar el número de votantes. Por supuesto esto es una simplificación, pues las personas no incurren a votar de manera uniforme y por ello el escenario que se visualiza es aún más complejo. Frente a este escenario, ¿qué hacemos con los electores que podrían esperar largas filas para ejercer su derecho? ¿cómo evitamos su malestar, el de los vocales y e inclusive una posible incertidumbre por la demora en resultados?
La propuesta está sobre la mesa, una doble jornada como la que se vivió en 2021. Sin embargo, las implicancias del proyecto son tan complejas que no están acorde a la situación país. No solamente los más de 50 mil millones que podría costar la elección en doble jornada de octubre (según cifras finales de 2021), sino también lo que significa para nuestra alicaída economía y nuestro sistema escolar.
Diferentes asociaciones y cámaras de comercio han levantado esta situación. Problemas para el rubro gastronómico, para el decaído sector comercial, para pequeñas empresas y medianas empresas. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, la pasada elección de 2023 generó pérdidas por 7.700 millones de pesos, afectando a más de dos mil pymes. No es aventurarse sostener que el impacto será mucho mayor por la elección en doble jornada.
Si lo económico en un país con un desempleo del 8,5% no es suficiente argumento para buscar una aproximación diferente al problema de esta y futuras elecciones, entonces pensemos en lo que significa para la educación. En Chile se utilizaron 2.953 escuelas, liceos y colegios como centros de votación durante el plebiscito de 2023. Para celebrar comicios de dos días, deberán cancelar las clases del viernes (o inclusive jueves) por la preparación de los locales. Al menos un día perdido en una generación afectada por la pandemia y estancada en indicadores de progresión escolar.
Siendo justos, multiplicar centro de votación no es tarea sencilla, y a pesar de que oficialmente se sostiene que no es posible aumentar mesas, locales o extender horario de funcionamiento la pregunta de fondo es cómo vamos a corregir esta situación en el corto plazo. En otras palabras, necesitamos repensar la forma en que votamos; abrirnos a nuevas tecnologías, a sistemas de votación anticipada, e inclusive replantearse el feriado durante día de votaciones. Todas opciones que necesitamos comenzar a discutir y trabajar hoy. La valoración pública de nuestro sistema democrático está en juego.
Por Miguel Ángel Fernández, subdirector Académico Faro UDD