En las llegadas internacionales del aeropuerto José María Córdova de Rionegro se activó este miércoles la campaña "¡Ni lo intentes, es un delito!", dirigida a los turistas -principalmente extranjeros- que visitan la capital antioqueña, con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y advertirles que este es un delito que se penaliza hasta con 25 años de cárcel.
Esta campaña de turismo responsable se extiende al aeropuerto José María Córdova y al Enrique Olaya Herrera, así como a establecimientos turísticos, y comprende acciones de control, formación y acompañamiento en las comunas 10- La Candelaria, 11-Laureles/Estadio y 14-El Poblado, esta última donde encontraron a las dos menores de edad con el estadounidense Timothy Alan Livisntgon.
"Hay que acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y hemos comenzado con toda esta estrategia también básicamente forrando, desde que la gente se baja de los aviones, todo el que nos visiten lo primero que empieza a encontrar es esta imagen donde le decimos ni lo intentes es un delito, la explotación sexual contra niños niñas y adolescentes en Colombia se paga con cárcel, hasta con 25 años", detalló el alcalde Federico Gutiérrez.
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A la fecha, según la Alcaldía, se han implementado 245 acciones de prevención de la explotación sexual de menores, se han llevado a cabo 4 capturas por explotación sexual y se expidió la orden de captura con circular azul de Interpol contra Timothy Livingston.
Según la Administración Distrital, con respecto a las mujeres en condición de vulnerabilidad y que son principalmente víctimas de explotación, se encargarán de protegerlas y acompañarlas, no sólo a ellas, sino también a sus entornos.
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Con relación a los niños, se les garantizarán oportunidades y que estén dentro del programa Buen Comienzo o en las instituciones educativas, y no en la calle.
También señalaron como una tarea adicional de la Administración Distrital arrebatarles el parque Lleras y otros sectores críticos de Medellín a los criminales que quieren instrumentalizar a las niñas, niños y adolescentes, así como protegerlos de delitos como microtráfico y el lavado de activos.