El mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa ha acabado en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La decisión de cambiar de una gestión indirecta, a través de una mercantil privada, cuyo proceso de licitación estaba en marcha, a la gestión directa mediante la empresa municipal Ildo ha hecho que la UTE STV/Evocivil, una de las tres ofertas que optaban al concurso, haya presentado este viernes un recurso contra el acuerdo de la Concejalía de Contratación con el fin de que se declare nulo y continúe el procedimiento de licitación.
Así, STV Gestión y Evocivil Gestión piden que la tramitación quede "en suspenso de forma inmediata y automática" hasta la resolución del tribunal. Además, hasta entonces las empresas se reservan el derecho de emprender acciones contra la cantidad acordada por el Ayuntamiento en concepto de compensación a los licitadores por los gastos en que se ha incurrido (500 euros) y por la renuncia del Consistorio a seguir con el proceso.
El escrito sostiene que esta decisión produce discriminación y arbitrariedad: "No hay nada más discriminatorio que pretender desistir de una licitación perfectamente validada cuando el adjudicador conoce quién tiene probabilidades de resultar adjudicatario y no le gusta o no es quién él había pensado", en referencia a que uno de los técnicos ya le había otorgado la mayor puntuación.
Dicho de otro modo: "Ha sido el licitador mejor puntuado el que ha provocado la voluntad del órgano de desistir de la licitación y no, como malintencionadamente pretende justificarse, el ahorro económico", que el Ayuntamiento ha cifrado en 3,5 millones de euros. La UTE niega la mayor tachando los argumentos de "falaces, tergiversados y falseados", puesto que, según defienden, Ildo "no es la opción más barata", ni va a mantener la misma extensión de zonas verdes contempladas en la licitación, ni va a utilizar los medios materiales exigidos.
Así, describe que "las puertas se iban cerrando" porque "la posibilidad de encontrar un informe a medida se iban dilapidando", y "ante la imposibilidad de encontrar un mejor puntuado y que el informe de valoración se emita por la persona concreta que interesa la Administración decide cortar por lo sano y, con despotismo fuera de lugar, acuerda la gestión del servicio por una empresa municipal de forma directa: Ildo, conformada, en su mayoría, por personal especialmente sensible y cuya experiencia previa es la gestión de la ORA y poco más".
Por ello, insiste en que los informes del Consistorio para "justificar un supuesto interés público han sido elaborados con el simple objetivo de satisfacer los intereses espurios y partidistas del Ayuntamiento, ya que no están fundamentados en cálculos realizados sobre una base objetiva, legal y justa".
La opción más cara
Además de que el informe no analiza los costes si la prestación se llevara a cabo por una empresa externa, por lo que el ahorro estimado es "una manifestación incierta", "ha sido elaborado sobre fundamentos arbitrarios, subjetivos e interesados". Mientras que el análisis del Ayuntamiento cifra el coste anual en 1,7 millones de euros para Ildo, la UTE afirma que esta cantidad es superior, ascendiendo a 1.951.577 euros, mientras que al Ayuntamiento le cuesta, según su propia memoria, 1.938.891. "No parece que esté justificado ese supuesto ahorro económico que sirve de base para decidir no adjudicar el contrato", prosigue.
Para más inri, continúa, ambos presupuestos son más caros que el precio previsto en el pliego de condiciones, sobre el que, además, las licitadoras han hecho una baja económica: 1.910.700 euros.
Menos hectáreas
Además, la extensión de las zonas a mantener es menor, con una reducción de superficie de 143,36 hectáreas, lo que supone un 55% menos. "Resulta que se van a mantener muchas menos hectáreas y, encima, a un precio muy superior que si se gestionara de forma indirecta", asevera.
También se le "exige infinitamente menos" a Ildo en cuanto a vehículos y maquinaria, que además debían ser nuevos, y asimismo "se falta a la verdad" sobre el ahorro en el IVA, que solo se aplicaría a los costes de personal pero no a las adquisiciones e inversiones que se realizaran.
"La congruencia brilla por su ausencia", añade, al tiempo que recalca que "no se trata de que el Ayuntamiento haya decidido gestionar de forma directa, sino que ha decidido paralizar la licitación porque no le gustaba el licitador mejor puntuado, y lo ha intentado disfrazar con un cambio de gestión".
Por tanto, concluye que "la actuación del Ayuntamiento durante toda la tramitación ha sido plenamente arbitraria, haciéndose evidente la voluntad de eludir el procedimiento de licitación con la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa". Subjetividad y "mala fe con la que ha actuado, de forma torticera, desde el momento en el que la Mesa de Contratación es conocedora de las puntuaciones otorgadas a las ofertas, lo que conlleva a que la decisión de no adjudicar deba ser considerada como nula de pleno de derecho", argumenta.
Todo ello para "salvaguardar intereses personales", porque "no existe interés público que ampare la actuación del Ayuntamiento". Prueba de ello es también que "no ha sido hasta el 3 de abril cuando el Ayuntamiento ha decidido hacer público el informe, en un ejercicio de ocultismo barato, en el tablón de anuncios de la sede electrónica y no en la Plataforma de Contratación como corresponde, y con dos días de antelación al vencimiento del plazo para la presentación de recurso", con "el objetivo de obstaculizar e impedir a toda costa el acceso a cierta documentación", concluye.
Tres recursos pendientes
El escrito insiste en que en este expediente "se han cometido multitud de irregularidades y atropellos jurídicos que no pueden quedar impunes". Según expone, "el órgano de contratación ha orquestado toda una (mani)obra", frente a la que las empresas STV Gestión y Evicivil Gestión "han ido poniendo freno mediante el uso de los medios jurídicos a su alcance". Así, la UTE ha interpuesto un recurso de reposición frente al <strong>acuerdo adoptado por el pleno</strong> en febrero para el cambio del modelo de gestión del servicio (de indirecta a directa): "La concejalía no está ejerciendo su competencia en materia de Contratación, sino que está cumpliendo las órdenes del grupo político que gobierna la Corporación".
A su vez, ha interpuesto un recurso de reposición ante la Concejalía de Infraestructuras y otro de alzada contra la Mesa de Contratación "ante el empecinamiento obsesivo de buscar un informe de valoración fuera del Ayuntamiento que desdijera el previo elaborado" por un técnico. La mesa lo encargó primero a un profesor de la Universidad de Cartagena y después a otro de la Universidad Politécnica de Valencia, con conflictos de intereses por su vinculación con la actual prestataria del servicio a través de un contrato vencido desde hace más de siete años (Actúa, que también se presentó al concurso).
Estos tres recursos están pendientes de resolución.
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