"Menos mal que el año pasado saqué el pasaporte en Colonia y ya no tengo que ir al consulado", dice Oleg, de Kiev, quien ahora vive en Alemania con su mujer y sus tres hijos. Esta es su reacción a la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, de que los servicios consulares dejarán de prestarse íntegramente a los ciudadanos en edad de ser enrolados que se encuentren en el extranjero. Esto se aplicará en particular a los que no se inscriban en el registro militar.
"Vivir en el extranjero no exime a un ciudadano de sus deberes para con su país de origen", subrayó Kuleba el martes en la plataforma X, añadiendo que había ordenado medidas para garantizar "un trato justo a los hombres en edad de movilización en Ucrania y en el extranjero."
Mientras tanto, Kiev ha dejado de expedir pasaportes a los hombres de entre 18 y 60 años que se encuentran en el extranjero. Esto significa que los hombres ucranianos en edad de combatir sólo pueden obtener pasaportes en el propio país. La única excepción es la expedición de documentos de identidad para regresar a Ucrania.
Posibles sanciones y multas
La medida está vinculada a la ley recientemente aprobada para reforzar la movilización y pretende instar a los hombres a regresar a su país de origen. La ley entrará en vigor el 18 de mayo.
Según la nueva normativa, los ciudadanos ucranianos varones que vivan en el extranjero también deberán presentarse en el ejército. "No está claro cómo hay que hacerlo en el extranjero ni qué documentos hay que presentar", afirma la abogada Hanna Ishchenko, en Kiev. El gobierno aún no lo ha determinado. Lo único que está claro hasta ahora es que la ley se aplica a todos los ciudadanos varones sin excepción, tanto a los que abandonaron Ucrania tras la invasión rusa en 2022 como a los que viven en el extranjero desde su nacimiento.
Las disposiciones sobre el registro obligatorio estipulan que los ciudadanos ucranianos solo podrán utilizar los servicios consulares en el extranjero una vez se haya aclarado si se han registrado en el ejército. De no ser así, se enfrentan a una multa de 510 a 850 hryvnia (unos 12 a 20 euros), además de la denegación de los servicios consulares, y de hasta 1.700 hryvnia (unos 40 euros) en caso de infracción reiterada.
Caso para los tribunales
La abogada Ishchenko espera demandas contra las autoridades. Los tribunales tendrían que aclarar si las decisiones oficiales se ajustan al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. "Debe haber compatibilidad entre las consecuencias para los ciudadanos y los objetivos que se pretenden alcanzar con las medidas", explica. En su opinión, las medidas adoptadas por el Estado no se ajustan al principio de proporcionalidad, a pesar de la situación de guerra.
Oleksandr Pavlichenko, de la Unión Ucraniana de Helsinki para los Derechos Humanos, habla incluso de discriminación. Teme que las autoridades ucranianas puedan negarse a ayudar a los afectados en el futuro, incluso en situaciones de emergencia. Como consecuencia, las personas buscarían otra ciudadanía, a través del estatuto de refugiado u otros procedimientos, para librarse de la ciudadanía ucraniana, que les resulta "inconveniente". Pavlichenko también espera que los ucranianos presenten demandas contra las nuevas disposiciones, invocando el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Oleg no quiere alistarse en el ejército. Teme ser enviado a la guerra, aunque como padre de familia numerosa está exento del servicio obligatorio según la normativa vigente. "No voy a dejar solos a mi mujer y a mis tres hijos", subraya.
(gg/ers)