El Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía esta semana de que la nueva escalada de precios derivada de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Gaza, la persistencia de la inflación subyacente en países con escasez de mano de obra o la tardanza del Banco Central Europeo (y otros emisores) en empezar a bajar los tipos de interés podrían suponer un riesgo para las perspectivas mundiales. No son desafíos nuevos y las economías globales ya han tenido que batallar con ellos a lo largo de los últimos ejercicios. La española, en concreto, ha resistido mejor que otras del entorno su impacto y llegó a crecer al 2,5% en 2023.
Ese avance superior al previsto se consiguió en buena medida gracias al estirón del PIB en el último trimestre del año, cuando creció al 0,6%. Los indicadores económicos que ya se han publicado apuntan a que ese dinamismo habría sido incluso mayor entre enero y marzo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que acaba de actualizar su modelo de previsión de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en tiempo real (MIPred), apunta en concreto a un crecimiento del 0,7% trimestral con el 81% de los indicadores disponibles.
En términos interanuales el avance sería del 2,2%. Entre los datos que avalan este mejor desempeño estarían la buena marcha del empleo (la Seguridad Social superó los 21,032 millones de cotizantes en marzo descontando la estacionalidad y el efecto calendario, su mejor dato de la serie histórica), así como la de la actividad del sector servicios, del consumo de energía eléctrica o de la producción industrial. Todos permitirían a la economía crecer una décima más de enero a marzo de lo que lo hizo en el cuarto trimestre.
Perspectivas positivas con retos importantes a futuro
En principio, el organismo fiscalizador estima que la economía avanzará un 2% en el conjunto del ejercicio y que el déficit público se moderaría hasta el 3% del PIB. A medio plazo, sin embargo, el crecimiento convergerá progresivamente hacia su potencial de largo plazo, que se sitúa en torno al 1,3% (la autoridad prevé un avance del 1,8% en 2028), el déficit se estabilizará por encima del 3% y la deuda permanecerá por encima del 100% del PIB, por lo que serán necesarios ajustes adicionales para cumplir con el nuevo marco fiscal europeo.
La inversión y el consumo privado, que siguen sin recuperar los niveles previos al estallido de la pandemia, son dos de los factores que más pueden condicionar el desempeño de la economía nacional en el medio o largo plazo, según Funcas. La Fundación de las Cajas de Ahorros dibuja un escenario en el que la actividad echará algo el freno este año por la menor aportación del consumo público y del sector exterior, dos de las piedras angulares de la recuperación tras la Covid.
En sentido contrario, el impulso vendrá dado -esta vez sí- del consumo privado gracias a la creación de empleo y al desembolso de parte del ahorro acumulado a lo largo del último año. "Es importante abordar las preocupaciones del sector empresarial y reducir la incertidumbre para estimular el crecimiento de la inversión y fortalecer los fundamentos de la economía española", señala Javier Molina, analista senior de mercados para eToro.
Entre las grandes cuentas pendientes a nivel nacional siguen estando una tasa de desempleo que duplica de forma estructural la de la Unión Europea (UE) desde hace décadas y un gasto público en aumento. Son otros dos de los grandes retos a los que se enfrenta la economía española, que tardó tres años y medio en recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia del Covid-19, más del doble que la media de los países de la Unión Europea, remarcan en Cobas Asset Management.
Desde la gestora apuntan que el gasto público español ascendió a unos 640.000 millones de euros el año pasado, la cifra más alta de la historia. Los desembolsos del Estado y los de la Seguridad Social sumaron más de 450.000 millones, y los financieros se convirtieron en la tercera partida por volumen, con 133.000 millones. El Estado hizo frente a este gasto público en aumento con un presupuesto total de 583.000 millones, casi un 40% más que la cantidad presupuestada en 2014, que ascendió a 423.000 millones de euros.