Las medidas de Caputo que ponen al borde del colapso al sector energético
La cartera económica acumuló una importante deuda en dólares hacia las empresas generadoras y hoy bajó una oferta que no las convence. Los focos de conflicto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las empresas generadoras de electricidad y productoras de gas, con el objetivo de ofrecer una salida al grave conflicto por la importante deuda que el Tesoro mantiene con ellas por la energía consumida entre diciembre y febrero, que ha puesto en jaque al sector.
Se trata de las compañías que producen la energía que luego se consume en los hogares o en las empresas, que es comprada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
En el encuentro de esta tarde, que se llevó adelante en un ambiente tenso, el titular del Palacio de Hacienda propuso una solución que no convenció a las generadoras: otorgarles bonos por un total de $600.000 millones, incorporando una quita de deuda, que incluye cosas muy variadas, como contratos ya asumidos, generación spot y combustible.
Caputo quedó al frente de las negociaciones tras haber apartado al secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, quien había prometido regularizar la deuda, pero no tenía recepción cuando le reclamaba el destrabe de fondos al ministro.
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Las generadoras le exigen a Luis Caputo el pago de la deuda por la compra de energía
En ese sentido, el titular de la cartera económica puso a su sobrino Diego Arduriz -jefe de asesores del Ministerio- a la cabeza de las conversaciones con las empresas y le reservó a Chirillo un papel secundario. Ambos participaron de la cumbre de hoy.
Allí hubo una promesa que el flujo de pagos desde febrero se normalizará, a raíz del mayor ingreso que percibirán por la quita de subsidios, que generó la llegada de facturas con aumentos siderales a hogares y unidades productivas.
El freno de las obras licitadas, otro de los frentes que abrió Luis Caputo
Además de la deuda con las generados, la gestión de Caputo generó un nuevo foco de conflicto al frenar las obras licitadas por Sergio Massa sobre el final de su mandato para sumar centrales de energía eléctrica por 3.000 megavatios.
El incumplimiento de los contratos para la construcción de las nuevas centrales, y las construidas durante el gobierno de Mauricio Macri, exponen a la Argentina a juicios millonarios, incluso en tribunales internacionales.
Esto remite a obras licitadas y adjudicadas en los últimos tres gobiernos. Durante el gobierno de Macri se construyeron nuevas centrales con financiamiento propio a cambio de contratos de venta de energía en dólares por 15 años.
Incumplir esos acuerdos dejaría al país susceptible de ser denunciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); además de afectar directamente la continuidad del Estado y la seguridad jurídica nacional.