El lunes por la noche había sido detenida la tercera persona vinculada a una serie fenomenal de intimidaciones al Presidente: casi 11.000 llamadas, al 911 y al 101 de la Policía Federal, realizadas desde enero, con avisos de bomba en el departamento de la Avenida del Libertador donde Macri vivió hasta mudarse a la residencia de Olivos. "Va a explotar todo", era una de las amenazas escuchadas. "Vamos a matar a Macri y a toda su familia", fue otra.
En esa propiedad hoy vive Gustavo Arribas, abogado, empresario del fútbol, amigo presidencial y por ese mérito jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. El miércoles el Senado aprobó su nominación –y la de su segunda, Silvia Majdalani– con ayuda peronista, después de un proceso infestado de polémicas y objeciones.
La AFI atraviesa en estos meses un incierto proceso de recomposición profesional y política. Y el grueso de la capacidad investigativa y operativa recae en las fuerzas de seguridad, colocadas al mando de la ministra Patricia Bullrich.
Inteligencia y seguridad son territorios resbaladizos donde los éxitos, si los hay, se difunden con extrema discreción. Y los traspiés, que siempre los hay, suelen alcanzar una dimensión mucho mayor. Es la ley del juego: los que lo juegan la conocen, y no tienen derecho al pataleo.
La cuestión es que las autoridades dicen estar decididas a que no haya impunidad para quienes amenazan. Aunque como en los casos recientes, no se establecieran relaciones políticas ni vínculos delictivos de los responsables de esas casi 11.000 llamadas, hechas desde teléfonos fijos y celulares que estaban a nombre de los detenidos. "Los vamos a ir a buscar, los vamos a detener y van a tener un proceso penal", prometió públicamente la ministra Bullrich.
En mayo fue procesada la mujer que amenazó de muerte por Twitter a Antonia Macri, la pequeña hija del Presidente, y a todo lo que no fuera kirchnerismo. El juez Ariel Lijo la embargó en 150.000 pesos, cifra que habría gastado el Estado en esclarecer el caso. Es una ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social, de 27 años y con estudios de historia, quien ante el juez se arrepintió por lo hecho. Los investigadores hallaron evidencias de su simpatía por La Cámpora, pero en el Gobierno niegan que esa organización ultra K esté detrás o aliente este tipo de expresiones.
"Ellos juegan a recalentar el escenario político, pero no van más allá", sostienen en el Ministerio de Seguridad. Ponen como ejemplo la tensión contenida que rodeó el episodio desatado la semana anterior por la orden de detención contra Hebe de Bonafini, librada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi ante la negativa de la titular de Madres de Plaza de Mayo a presentarse a declarar en una causa por corrupción. Esa contención, cuando se temían desbordes mayores, fue fruto de una negociación entre emisarios del Gobierno, abogados de las Madres y autoridades judiciales y de seguridad.
Es bueno recordar que el caso de la estafa millonaria con el plan de viviendas Sueños Compartidos involucra a altos funcionarios del kirchnerismo y a la señora de Bonafini, pero no a la entidad de derechos humanos que ella dirige y que ayer cumplió su marcha número 2.000 en la Plaza de Mayo.
Las intimidaciones conocidas en los últimos meses no reconocen una única identificación política posible.
"Vamos a volar a todos los montoneros que están allí", dijo una voz que amenazó con una bomba al hotel sindical de Mar del Plata donde Bonafini estuvo el pasado fin de semana. Expertos policiales comprobaron que se trataba de una falsa alarma.
Días atrás fue detenido cuando regresaba de EE.UU. un técnico informático, dueño del revolver calibre 32 con que dos militantes de la agrupación ultra K Nuevo Encuentro fueron atacados y heridos en marzo, durante un acto partidario en Villa Crespo. Las autoridades dicen que este hombre tiene afinidad con el macrismo.
Un caso extremo fue el del autor de unas 600 llamadas amenazantes contra la ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos. Las intimidaciones habían empezado en agosto pasado, durante el gobierno anterior. El hombre que fue descubierto en marzo, detenido y procesado, no perseguía razones políticas sino, créase o no, amorosas.
La idea de que quienes amenazan pueden ser sólo portadores de personalidades extraviadas o fanáticos sin anclaje orgánico no detiene las tareas de seguridad. "Los que llamamos loquitos muchas veces son los que terminan cometiendo magnicidos", dicen en el Gobierno.
Ofrecen ejemplos: Yigal Amir, estudiante judío extremista que asesinó en 1994 al premier de Israel y Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin; o Mark David Chapman, fanático de Los Beatles que en 1980 mató a John Lennon de cuatro tiros por la espalda.
Así, Gobierno otorga a las amenazas contra Macri tanta importancia como a las que denunció haber recibido Cristina Kirchner. Fue a través de "notas manuscritas, papeles y anotaciones de contenido hostil" contra la ex Presidenta, provenientes de un –hasta ahora– "autor anónimo" y enviadas desde diferentes lugares, según la presentación hecha por ella ante la Justicia.
La ministra Bullrich le pidió al asistente personal de Cristina, el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, que le envíe copias de las cartas amenazantes para poner a las fuerzas de seguridad en acción. Hasta anoche Parrilli no se las había remitido.
Hace dos años Cristina dijo haber sido amenazada por el grupo terrorista islámico ISIS. Lo atribuyó entonces a su "amistad" con el papa Francisco. Y explicó que no se habían tomado medidas excepcionales de seguridad "porque si no tendríamos que vivir bajo una cama".
Más allá de las razones que inspiraron aquella actitud de la ex presidenta, su gobierno no descolló por las medidas para prevenir una eventual actividad terrorista. El controvertido pacto con Irán, la íntima vinculación comercial y política con el chavismo de Venezuela y el vínculo conflictivo con Estados Unidos fueron en esa línea.
El establecimiento por parte del gobierno de Macri de nuevas relaciones con EE.UU., Israel y los grandes países de Occidente, trajo rápidas modificaciones en este terreno. Así, con la colaboración de la CIA y el FBI que actúan en la región, especialmente en la zona de la Triple Frontera, se pudo por ejemplo recomponer parte del recorrido del sirio Abu Dhiab, uno de los seis presos de Guantánamo que en 2014 llegaron al Uruguay y que desapareció de ese país semanas atrás.
Buscado por las Policías uruguaya y brasileña, hace dos semanas se supo que el sirio había aparecido en Venezuela con intención de viajar a Turquía, argumentando razones familiares.
Las pesquisas multilaterales y los cruces de datos determinaron además que a mediados del año pasado Abu Dhiab llegó a Buenos Aires procedente de Montevideo. Permaneció unos días y regresó a la capital uruguaya. Las autoridades de entonces no parecieron enterarse de la novedad. Pudo ser negligencia, incompetencia o complicidad. Difícil saberlo.
Por cierto, no existían entonces bases de datos de Interpol disponibles para la Dirección de Migraciones, que registra el ingreso y salida de personas del país. Ese insumo elemental es parte de lo que se consiguió desde el cambio de gobierno.
Las alarmas antiterroristas se activaron nuevamente cerca del comienzo de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Se anunció la desactivación de una célula y hubo detenciones en Brasil. Circuló información no siempre clara y directa. Por ejemplo, la supuesta vinculación entre un diario ruso que difunde ideas del chavismo y cierta actividad de grupos fundamentalistas islámicos en la Triple Frontera.
Pero no es el terrorismo sino el narcotráfico –tan facilitado en la "década ganada"– lo que ocupa la atención principal del país en las regiones limítrofes.
Hay un peligroso punto en común: se detectaron zonas en la provincia de Corrientes que podrían ser permeables para eventuales células terroristas y, a la vez, serían observadas por carteles del narco para intentar por primera vez establecer control territorial en suelo argentino.
El mundo queda demasiado cerca.
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