El Tribunal Supremo ha ratificado punto por punto la sentencia que condenó a ArcelorMittal en Sagunt y a una de sus principales contratas durante décadas, Serpusa, por la cesión ilegal de trabajadores de forma "continuada, constante, duradera e ininterrumpida".
Este fallo en primera instancia, emitido hace más de dos años por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se basaba a su vez en la resolución de febrero de 2021 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que determinó la comisión por parte de ambas empresas de una infracción muy grave contra la Ley del Estatuto de los Trabajadores por fraude en la contratación temporal, que llevaba aparejada una multa por encima de los 187.500 euros. Esa resolución fue dictada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y aprobada por el Consell.
Pese a reconocerse que las irregularidades se remontan a 1995, la condena se aplica desde 2015 por 165 empleados
La sanción alcanza el grado máximo en su tramo superior, ya que, pese a que los plazos de prescripción solo permitieron valorar los casos "nada desdeñables" de 165 trabajadores desde octubre de 2015, la práctica irregular se venía repitiendo desde la constitución de Serpusa en 1995, primero como cooperativa y posteriormente como empresa de trabajo temporal (ETT).
Miles de contratos
Pese a las alegaciones de ArcelorMittal de haber actuado en "la creencia de estar amparado en derecho", el Supremo matiza que "es evidente no solo que no siguió la normativa, sino que se apartó conscientemente de ella", cuando concertó "miles de contratos temporales de obra, servicio o interinidad para actividades estructurales, sin corregir ni encauzar su conducta", incluso después de iniciarse la inspección laboral o de dictarse sentencias que reconocieron la cesión ilegal de los trabajadores.
Hace referencia, en este último caso, a los sucesivos fallos de los juzgados de lo social de València que reconocieron el derecho de unos cuantos de estos empleados a recibir cuantiosas indemnizaciones por su cesión ilegal. Otra agravante fue la condición de gran empresa por parte de la planta de la multinacional en Sagunt, ya que solo en 2018 facturó más de 3.600 millones de euros.
El origen de este conflicto se remonta a octubre de 2018, cuando 29 empleados denunciaron la situación en la que se encontraban. Unos días después, la ITSS inició una investigación que le llevó a las instalaciones de Serpusa y ArcelorMittal y a requerir a ambas múltiple documentación. Tras meses de indagaciones, el expediente sancionador concluyó que estas contrataciones se habían realizado "en fraude de ley" por la puesta a disposición de mano de obra para "trabajos permanentes de pontoneros, flejadores, operadores...", con el propósito de aplicar una "ultraflexibilidad" laboral, que "está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico".
Igualdad de condiciones
Esta fórmula desatendía el derecho a "no ser cedidos a otras empresas, a la estabilidad laboral, así como a la promoción profesional y salarial en igualdad de condiciones" que la plantilla de la multinacional en Sagunt.
Otra cuestión que dejó en evidencia esta cesión ilegal, según coinciden en señalar tanto la ITSS como las distintas sentencias, es la "fuerte vinculación" entre estas dos empresas, ya que "la única a la que Serpusa cedía trabajadores era ArcelorMittal", más allá de algún caso aislado con Galmed. Concretamente y del análisis de 2017, la contrata facturó más de 4 millones de euros, de los que apenas 690.000 euros se correspondieron con la planta de Thyssenkrupp. Así se demuestra la "dependencia económica absoluta" de Serpusa respecto de "su, prácticamente, único cliente".
También destacan los sucesivos pronunciamientos que, pese "al altísimo movimiento de altas y bajas de trabajadores -de la ETT-, vinculado a un muy alto número de contratos, únicamente presenta como personal de estructura a tres empleados". Del resto, "si bien presenta estabilidad, se mantiene como trabajadores temporales mediante la continua sucesión de contratos y trabajando para una misma empresa". Además, los medios de formación obligatoria con los que contaba Serpusa "son absolutamente insuficientes", evidenciando que "la capacitación más importante y específica se realizaba por ArcelorMittal".
ETT aparente
A estas circunstancias se une la "vinculación permanente de estos trabajadores a través de una pauta de encadenamiento continuo de contratos sin causa temporal justificada y para cubrir necesidades permanentes de ArcelorMittal". De tal forma que "nos lleva a concluir que los trabajadores de Serpusa constituían plantilla propia -de la multinacional del acero- y se actuó en fraude de ley mediante la creación de una ETT aparente".
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