En medio de los operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el apoyo de un equipo técnico de Air-e, se determinó el cierre del casino La Esquinita y de los billares El Búnker y La Pista, donde fueron detectados fraudes para acceder al servicio de energía.
Allí las autoridades identificaron irregularidades en la acometida principal, con las que evitaban que el medidor marcara el consumo real de energía.
De esta manera, en el casino evadían pagos de hasta $48 millones por año, mientras que en el billar La Pista, ubicado en la calle 83 con carrera 21D, los desvíos de energía ocasionaban perjuicios económicos a la compañía por $90 millones al año.
En el tercer caso, correspondiente al billar El Búnker, ubicado en la carrera 27 con calle 82F, se trata de casi $98 millones de pesos los que hay en pérdidas equivalentes a doce meses de consumo.
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Así las cosas, estos negocios deberán cumplir con una sanción de 3 a 10 días de cierre, a partir de lo estipulado por la inspección de Policía.
Disminución de robo de energía en el Caribe
Como "una cifra récord para la región Caribe" reportó la empresa Air-e la reducción en un 25% del robo de energía en los tres departamentos donde presta el servicio: Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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Jussy Zelaya, gerente general de Negocio de Air-e, indicó que "como resultado de un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la compañía de energía", el monto diario de las pérdidas no técnicas pasó de 2.000 millones a 1.500 millones de pesos.
Aunque la cifra representa una disminución considerable, no deja de ser preocupante el panorama. De hecho, en un seminario que realizó recientemente la empresa Air-e, el exfiscal General de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, dejó ver que la legislación actual es insuficiente, porque son billones de pesos los que se pierden en el país por el hurto de energía.
En ese sentido, Montealegre afirmó que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas debe crear una comisión de análisis de política criminal para presentar una reforma legislativa que comprenda herramientas más efectivas en la lucha contra la defraudación de fluidos por parte del Estado y la justicia.