Sira Rumbo Ortega
Hace trece años que comenzaron los litigios por la legalidad del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, pero en la práctica no han servido para mucho, pues el enclave sigue tal y como estaba cuando el caso entró en los tribunales: un hotel de cuatro estrellas en funcionamiento, un campo de golf, 185 chalés, una marina con más de 70 amarres y una playa artificial. Y junto a ello, la estructura de otras construcciones, entre ellas un segundo hotel y más viviendas particulares, que habían comenzado a levantarse pero que tuvieron que detener los trabajos, a la espera de que se resolvieran los procesos judiciales.
Sin embargo, llegaron las sentencias por los procedimientos iniciados y tampoco supusieron una solución: son ya decenas de autos y resoluciones en las que se ha instado a la Junta de Extremadura al derribo del complejo (la primera en el año 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ordenó la restitución de los terrenos a su estado original) y, a día de hoy todo sigue igual. Cada resolución se recurre creando así una amalgama de apelaciones interminable.
Y tampoco parece tener un final cercano. En estos momentos el mantenimiento de Marina Isla de Valdecañas depende de que el Tribunal Constitucional (TC) decida si el complejo es legal y, por tanto, debe mantenerse lo construido y en funcionamiento. O si, por el contrario, no lo es y hay que tirarlo.
Apelaron Junta y propietarios
La Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios de las viviendas y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo recurrieron al tribunal de garantías la sentencia del Tribunal Supremo (la última, aunque no es la única) en la que ordenaba la demolición al completo del complejo. El TC admitió a trámite esta alegación en noviembre del 2022, hace casi un año y medio.
El siguiente paso es que el caso sea debatido en el pleno del Constitucional para decidir si admite o rechaza el recurso, pero, de momento, no se ha hecho. Y las partes implicadas no esperan que se haga hasta después del verano, como pronto.
La previsión es que el TC no estudie el caso del complejo turístico al menos hasta después del verano
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la demolición del resort. Lo comunicó en junio del año pasado y la orden sigue vigente a día de hoy, diez meses después. Es decir, la parte construida no se puede tirar hasta que el tribunal de garantías comunique lo contrario. Pero, ¿qué pasa con el resto? Esta decisión del TC no afecta a la zona a medio construir, sobre la que ya existe sentencia firme de demolición. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a instancias del Tribunal Supremo, dio en marzo de 2022 al Ejecutivo autonómico un plazo de ocho meses para que redactara el plan de derribo. Dos años después, tampoco se ha desarrollado. Es más, este plazo está también paralizado porque esta orden de ejecución de sentencia ha sido asimismo objeto de más recursos.
Primero la Junta apeló al propio tribunal extremeño, que rechazó sus peticiones. Y se volvió a recurrir al Supremo. Esta alegación se resolvió en mayo del año pasado, en mitad de la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, rechazando también el recurso y ordenando de nuevo la demolición del complejo.
Y otra vez la pelota volvió al TSJEx, que en octubre del 2023 ordenó tirar la zona a medio construir de Valdecañas. Y dio de nuevo ese plazo de ocho meses a la Junta de Extremadura para que redactara el plan de derribo. Pero tampoco se ha hecho nada, pues el Gobierno extremeño presentó un incidente de imposibilidad de ejecución ante el propio tribunal extremeño, alegando que, de materializar el derribo, estaría incurriendo en una ilegalidad . El TSJEx lo denegó y la Junta ha recurrido de nuevo al Supremo, que aún no se ha pronunciado.
Ley Zepa: blindar el complejo
Y aquí es donde entra en juego otra variable en el 'caso Valdecañas', ya que, en mitad de toda esta amalgama judicial, en la anterior legislatura la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara aprobó en marzo del 2023 la ley Zepa, con la que se pretendía precisamente blindar Valdecañas. Esta norma, que salió adelante solo con los votos del PSOE, incluía 55 territorios en la Red Natura 2000 que no contaban con la catalogación oficial de zona protegida. Y establecía, además, el mantenimiento de todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación dictadas en este tiempo, lo que incluía al Proyecto de Interés Regional (PIR) de Valdecañas. Es decir, como el Ejecutivo entiende que hasta marzo de 2023 la zona en la que se levanta el complejo no era zona Zepa, el PIR no puede ser ilegal pues se aprobó antes de que se declarara la protección de este espacio.
Pues bien, ahora el Gobierno de María Guardiola (PP) recurre a esta ley para argumentar la imposibilidad de tirar la parte a medio construir del complejo. Por tanto, hasta que no se pronuncie el Supremo, el plan de derribo continúa paralizado. El caso sigue en la casilla de salida.
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