El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió esta mañana impulsar un sumario para investigar al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por presunta omisión o negativa a impulsar o autorizar medidas de prueba requeridas por fiscales, a partir del año 2013, para investigar en la esfera federal a Esteban Lindor Alvarado, que está condenado a distintas penas de prisión, entre otras por narcotráfico en causas posteriores.
El pedido fue sustanciado hace dos años en el final del juicio en el fuero provincial a Esteban Alvarado por tres fiscales de Rosario, la entonces titular interina de la Regional, María Eugenia Iribarren, y de los funcionarios de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Al finalizar aquel trámite los denunciantes pidieron que el Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene como potestad analizar la conducta funcional de los jueces, estableciera los motivos por los cuales el juez federal Bailaque no accedió a producir medidas de prueba pedidas por fiscales federales para avanzar contra Alvarado. De la declaración de un testigo policía del caso surgiría que el magistrado se habría negado a intervenir teléfonos de tres personas en tres oportunidades, y recién luego de 11 meses hizo lugar a la misma
Este mediodía el Consejo de la Magistratura resolvió en decisión de sus miembros impulsar el artículo 11 del reglamento de ese órgano, que implica la sustanciación de la denuncia, que tras ser admitida será notificada al magistrado denunciado. En este trámite se le hace saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días. Se trata de un expediente disciplinario tendiente a establecer si hay mérito o no para formular una acusación relacionada con el desempeño denunciado. Un procedimiento de este tipo puede terminar en la destitución del magistrado federal, a través del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, o bien en su absolución.
El 11 de mayo de 2022 fue el alegato final del juicio contra Esteban Alvarado. Este estaba imputado de liderar una asociación ilícita y por dos hechos de secuestro que derivaron en asesinato. Allí los fiscales señalaron que en una investigación realizada en Buenos Aires por robo de autos quedó en claro, diez años antes, que el principal acusado era ya en 2012 un importante actor en la criminalidad de Rosario en el campo del comercio de drogas, y que contaba para ello con la cooperación de la policía provincial en niveles jerárquicos. Y subrayó que en el peor momento de la violencia en la ciudad, en el año 2013, se empezó a generar evidencia de esas conexiones en la Justicia Federal de Rosario, que sin explicación razonable nunca fueron tenidas en cuenta.
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El fiscal Luis Schiappa Pietra sostuvo que esa omisión quedó detallada en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Que en ellos estaba señalado que la organización dedicada a la venta de drogas lo tenía a Alvarado como jefe, que éste tenía contactos con actores importantes de ese mundo como el asesinado Luis Medina y que policías provinciales de cargos importantes le garantizaban sus negocios. Frente a lo que calificó una incomprensible inacción de la Justicia Federal de Rosario, que no autorizaron medidas cruciales para el avance de ese trámite.
Schiappa Pietra sostuvo que la evidencia de la paralizada investigación de la Justicia Federal contra Alvarado, que comenzó en 2013, estába contenida en la pesquisa que hizo en Rosario Emiliano Lencina, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (SA). El trabajo de Lencina, explicó el fiscal, comenzó tras una denuncia anónima que vinculaba a Alvarado con Medina y la policía de Santa Fe.
"Lencina explicó cómo fueron los capítulos de esta investigación que tenía como referente a Alvarado. Habló de los 14 informes que presentó a la Justicia Federal. La causa es la 5433/2013. El juez era Marcelo Bailaque", afirmó Schiappa Pietra. Con evidencia contenida en algunos de esos informes a partir de 2019 fueron condenados Alvarado y policías provinciales que le prestaban colaboración.
Según afirmaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra, en la línea de lo que declaró Lencina,el juez federal actuante en el caso denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacían sobre los sospechosos. Los fiscales dieron las fechas de esas negativas en el año 2015. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa porque los sospechosos, dijo Schiappa Pietra, cambian continuamente sus líneas.
La autorización para iniciar este sumario, a dos años de requerido, llega a menos de un mes de que la Justicia Federal de Rosario haya sido elegida como ámbito para impulsar el cambio de modelo de enjuiciamiento, que pasa del sistema escrito en su etapa de instrucción al oral y público, con realización de audiencias. Los juzgados de instrucción federal, como el que ocupa Bailaque, cesan en su actividad. Los jueces que los ocupan podrían adoptar funciones en audiencias como jueces de garantías y en el nuevo esquema no tendrán facultades de investigación.