El rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, ha concedido este lunes un perdón a cerca de 1.600 personas condenadas por "delitos comunes" o participación en disturbios durante las manifestaciones prodemocráticas que estallaron en el país en 2011 al hilo de la 'Primavera Árabe'.
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA, la medida ha sido adoptada con motivo del 25º aniversario de su acceso al trono y la festividad del Eid al Fitr, que marca el fin del mes de Ramadán.
El decreto aprobado por el monarca contempla que la medida sirva para "mantener la cohesión y la estabilidad en la sociedad" mientras "se protege su fábrica social, se mantiene el interés público y se salvaguardan los derechos individuales y civiles".
Asimismo, busca "alcanzar un equilibrio entre el castigo y las circunstancias humanitarias y sociales de los condenados", incluida una "oportunidad" para su "reintegración en la sociedad", sin que por ahora esté claro si importantes presos políticos figuran entre los beneficiarios. Ahmed al Uadaei, del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que la decisión "es un reconocimiento indirecto de que la lista incluirá a presos políticos, ya que el término 'disturbios' hace referencia a los que piden un cambio político".
"Estas liberaciones coinciden con los importantes disturbios en la prisión de Jau, donde cerca de mil presos políticos protestan para reclamar su liberación incondicional tras la trágica muerte de un preso político", ha sostenido. Asimismo, ha subrayado que "nadie debe ser encarcelado por ejercer su derecho legítimo a criticar al Gobierno y pedir reformas" y ha recordado que "líderes políticos, muchos de los cuales han sido encarcelados desde 2011, deben ser liberados, incluidos los condenados ilegalmente a muerte".
Bahréin, base de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, ha sufrido diversas oleadas de manifestaciones desde el inicio de la 'Primavera Árabe' en 2011, cuando se produjeron protestas en masa, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. La comunidad chií, mayoritaria en el país, se queja de sufrir marginación política y económica, lo que niega el Gobierno, liderado por una familia suní. Además, miembros de la comunidad suní se unieron a las movilizaciones para pedir a la familia real un proceso de democratización.
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