La universidad pública se ha metido, como pocas veces, en la agenda pública. Esta vez no se vincula con el lugar que ocupan en los rankings mundiales, sino con el proceso de desfinanciamiento de las instituciones educativas que devino en el anuncio de una movilización en todo el país el próximo 23 de abril.
En ese marco, estudiantes universitarios concurrieron a la Comisión de Educación en Diputados. El encuentro no se pudo ver en vivo, como ocurre habitualmente con el resto de sesiones, porque la Presidencia de la Cámara -a cargo de Martín Menem- decidió suspender la transmisión oficial.
El punto de partida del conflicto fue la decisión del Gobierno de replicar el Presupuesto 2023 lo que, con una inflación del 211,4% en el año, implica necesariamente un deterioro en las posibilidades de las universidades públicas. Entre distintas consecuencias, se frenaron la conformación de cinco instituciones creadas por ley; la falta de paritarias a profesores; la Universidad de Buenos Aires informó que funcionará hasta el 31 de mayo; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución y la no renovación de los sistemas nacionales de becas.
A partir de allí, estudiantes de al menos 26 universidades públicas se reunieron -de manera presencial o virtual- con diputados nacionales, quienes firmaron un compromiso en donde instan "al gobierno nacional que adopte las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las universidades del país".
Además cinco de los siete bloques mayoritarios del Congreso firmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril. ¿Las excepciones? La bancada de La Libertad Avanza y el PRO. El documento está abierto a nuevas adhesiones.
Ante la ausencia de Alejandro Finocchiaro (PRO), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la sesión fue dirigida por Blanca Osuna (Unión por la Patria), quien destacó para este medio que los participantes del encuentro "se expresaron unánimemente sobre la necesidad de que el Gobierno deje de desfinanciar a las universidades nacionales y reponga lo necesario para que no se afecten funcionamiento, obras, investigación, extensión, salarios y también se incluyó el FONID".
Por su parte, el diputado Tomás Ledesma (Unión por la Patria) señaló para Ámbito: "Queremos poner sobre la mesa que hay otro camino para que la Argentina salga adelante y una alternativa al supuesto sufrimiento necesario que nos quiere imponer el Gobierno nacional". "Cuidar la educación pública es seguir garantizando que en las universidades sigan habiendo hijo de obreros y trabajadores y primeras generaciones universitarias", agregó.
En ese sentido, el diputado Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) sostuvo para este medio que durante el encuentro "pudimos constatar las preocupaciones que tienen los estudiantes universitarios que en relación con el desfinanciamiento que se está produciendo en las universidades".
Además de enumerar a las becas Progresar, el aumento del transporte "que hace más inaccesible la universidad" y el deterioro del salario docente, Paulón aseguró que el contexto "está pegando y está dificultando el acceso al estudio en todo el país. Las universidades están al borde de tener que cerrar por falta de recursos y se cierran sedes, sobre todo las de la Patagonia y otras provincias en donde las universidades tienen distintas sedes por su extensión territorial".
Universidad pública: qué dice el Gobierno
En contrapartida, la versión oficial la ofrece Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. "No existe ninguna intención del presidente Javier Milei de 'cerrar' las universidades públicas, pero sí de que el gasto se use para el objetivo que tienen: dar clases y que los alumnos estén en un ambiente adecuado, si esto no se cumple es responsabilidad de la mala administración de las autoridades universitarias", señaló en su cuenta de la red social X.
El funcionario sostiene una intensa actividad en redes. En las últimas 48 horas, también se refirió a la restricción del consumo eléctrico en la Universidad de Buenos Aires ("apagan la luz para hacer terrorismo e intentar movilizar a los estudiantes"), sobre las estadísticas de ingresantes ("cada vez más y más inscriptos y reinscriptos -eternos cursantes- y los graduados cada vez menos") y hasta la diversidad de género ("solo hay dos sexos, hombre y mujer, el ESI es anticientífico y peligroso").
En esa línea, y en el marco de la Comisión de Ciencia, la diputada libertaria Mercedes Llanos dijo que "para La Libertad Avanza es una clara prioridad la ciencia y la técnica, con una modificación en el direccionamiento hacia las ciencias duras y con reformas en términos del dimensionamiento de este ámbito y con una clara inclinación hacia la desideologización". "La partidización de muchas universidades ha resentido el vínculo entre la ciencia y nuestras instituciones educativas", añadió.