El València CF podrá recuperar la edificabilidad sin condiciones si Catalá no aprueba el plan del nuevo estadio antes de agosto
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"Suspender el otorgamiento de licencias de edificación de obras de nueva planta, al amparo de lo previsto en el artículo 68 del TRLOTUP, en los Ámbitos declarados en el punto quinto del presente acuerdo como Estratégicos de Cualificación Urbana, únicamente respecto de las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado a las que el Plan ATE asigna un uso dominante residencial o terciario que se ubique tanto en la zona A (Antiguo Mestalla) como en la zona B (Corts Valencianes), hasta que se publiquen y entren en vigor las fichas de gestión adaptadas a las determinaciones de la presente propuesta de Acuerdo. Todo ello sin perjuicio de las competencias que también corresponden a la administración local".
El acuerdo del Gobierno valenciano por el cual se decretó la caducidad anticipada de la actuación territorial estratégica (ATE) del Valencia CF se pronuncia así en su apartado séptimo. Las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) avalan la decisión del anterior ejecutivo autonómico del PSPV, Compromís y Unides Podem y por lo tanto validan este acuerdo (documento completo al final de la información) que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 3 de agosto de 2022.
Por medio de este decreto quedaban suspendidas las licencias para levantar los nuevos edificios vinculados a la edificabilidad que otorgaba la ATE al club, esto es los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas y los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón, hasta que el Ayuntamiento aprobara "las fichas de gestión adaptadas a las determinaciones de la presente propuesta de acuerdo".
Sin embargo, las denominadas fichas urbanísticas que establecen unas condiciones de obligado cumplimiento para que el club pueda ir recuperando los derechos urbanísticos no se han aprobado en el pleno municipal pese a haber superado hace meses la fase de alegaciones por la falta de acuerdo del PP con el resto de fuerzas políticas, incluido sus socios de Gobierno de Vox.
En virtud de estas fichas cuya tramitación inició en enero de 2023 el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV, el Valencia CF solo recuperaría el terciario de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap; podría tramitar el programa de actuación integrado (PAI) del viejo Mestalla una vez iniciadas las obras y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez finalizadas las obras del nuevo estadio.
El problemas según han confirmado a elDiario.es fuentes de toda solvencia es que el decreto establece un plazo de dos años desde su publicación para aprobar las fichas urbanísticas. Un plazo que vece el próximo 3 de agosto. Superado este plazo, que además según aseguran las mismas fuentes es improrrogable, el club podría presentar al Ayuntamiento el PAI y este estaría obligado a tramitarlo, lo que implicaría que podría recuperar los derechos que establecía la ATE pero sin los condicionantes que le imponen las fichas urbanísticas.
El artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje al que se refiere el acuerdo del Consell dice: "La administración promotora del plan podrá acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años".
De esta forma, la alcaldesa de València, María José Catalá, tiene hasta el pleno del mes de julio para alcanzar un acuerdo con el PSPV o con Compromís (o con ambos) para poder aprobar las fichas urbanísticas en el pleno si no quiere exponerse a que el club dirigido por Peter Lim opte a recuperar y rentabilizar todos sus activos sin necesidad de abonar el polideportivo o de finalizar el nuevo estadio. Una difícil papeleta que quizás explicaría su nerviosismo una vez se hizo pública la sentencia que avala la caducidad de la ATE. En aquel momento anunció una junta de portavoces para tratar el tema de las fichas e instó al PSPV y a Compromís a aprobarlas teniendo en cuenta que son las que ambos partidos acordaron.
Sin embargo, tal y como ya han avanzado públicamente ambas formaciones de izquierdas, no darán su apoyo si no tienen antes una copia del convenio que se le va a plantear al club y que establece las condiciones que debe cumplir el nuevo estadio así como las condiciones en las que el Ayuntamiento podrá utilizarlo.
Catalá anunció hace meses que solo negociaría el convenio una vez el Valencia CF tenga las obras avanzadas, pero tanto Compromís como el PSPV consideran que esto implica validar el último proyecto que presentó el club, que consideran de mínimos (la cubierta solo cubre un 75% de la grada y el parking es insuficiente), y que por lo tanto las fichas urbanísticas y el convenio deben ir de la mano y firmarse antes del reinicio de las obras. Las posiciones están distanciadas, la alcaldesa no mueve ficha y el tiempo corre en favor del máximo accionista, Peter Lim.