El exvicepresidente Jorge Glas «fue secuestrado» durante la incursión a la Embajada de México en Quito. Pero aún se beneficia de la condición de asilado, asegura su abogada, Sonia Vera,.
El equipo legal espera que se restablezca la condición de asilado diplomático de Jorge Glas. «Él sigue teniendo esta condición. Simplemente fue secuestrado por el gobierno ecuatoriano», apuntó Vera
El exvicepresidente fue retirado de la legación diplomática y puesto bajo arresto por cargos de corrupción, acusaciones que él niega enfáticamente. Como Glas aún «tiene el estatus de asilado político del gobierno mexicano (…) pedimos que sea devuelto a la embajada mexicana más próxima de Ecuador«, detalló la abogada.
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México rompió relaciones con Ecuador y retiró a todo su personal diplomático del país, pero Glas permanece detenido. El gobierno mexicano ya adelantó que elevará el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La irrupción policial a la embajada generó reacciones de numerosos países del continente americano, España, Bélgica y la Unión Europea. La ONU y la OEA también se pronunciaron.
La abogada del exvicepresidente insistió en que al momento Jorge Glas «está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar«.
Abogados piden acceso
El exvicepresidente «está totalmente aislado e incomunicado», y por ello el equipo legal encabezado por Vera solicitó formalmente la «inmediata restitución de los canales de comunicación«, permitiéndole acceso a sus abogados.
También solicitó el acceso «de observadores independientes» para verificar las integridad física y psicológica de Glas, así como la visita de un médico designado por sus familiares para constatar su estado de salud.
En opinión de Vera, «esto va más allá de que si te cae bien o mal Jorge Glas, o si eres de derecha o de izquierda (…) Lo que ha hecho el Estado ecuatoriano es una brutal agresión a los principios básicos del derecho internacional. Por eso el repudio. Actualmente el Ecuador es un Estado paria a nivel internacional», agregó.
Asimismo, hizo énfasis en que el Acuerdo de Caracas, que regula el asilo diplomático, establece que una persona sentenciada por delitos comunes no puede ser beneficiario del asilo diplomático, es el estado asilante quien califica si existe o no una persecución política.
En este sentido, dijo que el Estado territorial tiene la obligación de otorgar el salvoconducto para permitir que un asilado pueda salir del país. (AFP)