El Tribunal Administrativo de Santander le ordena a la Alcaldía de San Gil construir un alcantarillado en el margen de la quebrada Curití. También debe reubicar a las familias en riesgo o que están en zonas de protección ambiental.
Autoridades de San Gil tienen que solucionar antes de finalizar este año el problema que tienen las familias que viven a un costado de la quebrada Curití en el sector del Ragonessi, quienes llevan toda una vida exigiendo la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado.
El reciente fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander a la acción popular interpuesta en 2017, confirmó el fallo en primera instancia otorgado por el juez en 2019.
De acuerdo con la sentencia, tanto la empresa Acuasan como la Alcaldía de San Gil, con el apoyo de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, deberán realizar un censo a los habitantes que viven a bordo de quebrada en el sector del Ragonessi en los próximos tres meses.
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Más PodcastEn dicho estudio se tendrán que identificar el número de familias y viviendas que están en el sector, cuántas de las estructuras están en riesgo o en zona de protección de la fuente hídrica, cuáles de ellas podrían verse afectadas por la inestabilidad de terrenos que puede ocasionar la construcción del sistema de alcantarillado y cuántas no están en riesgo ni tienen conexión al sistema de alcantarillado.
Terminado este proceso, en los dos meses siguientes, las autoridades tendrán que desarrollar el diseño y desarrollo de las obras de expansión del sistema de alcantarillado para las casas que no están en riesgo.
A las restantes, es decir, aquellas ubicadas en terrenos inestables o en las zonas de protección de la quebrada, la Alcaldía de San Gil está en la obligación de organizar planes de desalojo, cumpliendo con un plan de reubicación a las familias afectadas en opciones de vivienda subsidiadas que cuenten con acceso a servicios públicos.
El fallo además les ordena a las tres entidades vinculadas a desarrollar acciones para la descontaminación de la quebrada Curití, teniendo en cuenta que todas las aguas sucias del sector caen directamente sobre el afluente hídrico.
Marco Antonio Velásquez, veedor ciudadano y quien ha estado acompañando a las familias accionantes, indicó que la sentencia aplica para todo el sector que va desde el sector de El Guasca hasta donde conecta la quebrada Curití con el río Fonce.
En el documento, el Tribunal Administrativo de Santander le recuerda al municipio que es el responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos y que a pesar de estar algunas de estas viviendas construidas en zonas de riesgo o protección y no tener licencias de construcción, la Alcaldía tenía las herramientas y la obligación de vigilar que esta clase de construcciones no se adelantaran.
"San Gil es competente para mitigar la situación de riesgo en el sector Ragonessi, por cuanto debe velar porque cese la contaminación ambiental y ello implica que debe brindar una solución a las personas que habitan allí frente al manejo de las aguas residuales y la situación de riesgo a la que se ven expuestas por estar ubicados en suelos de protección del río Fonce, zona susceptible a inundaciones, humedad y agrietamiento en las viviendas", señala la sentencia.
Hay que recordar que luego de la avalancha en julio e 2018, la Alcaldía de San Gil tuvo que gestionar ante el Gobierno Nacional los recursos para la reubicación de las familias que vivían en la invasión que se había instalado a un costado de la quebrada Curití, también en el sector del Ragonessi.
Desde Acuasan, Karen Cediel, gerente de la empresa, dijo que acatarán la medida y empezarán con la realización de mesas técnicas con la Alcaldía y la CAS, para planificar el cumplimiento de la sentencia, en su caso, de forma particular, lo concerniente a la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado.