No conozco personalmente al Ingeniero Alejandro Stipanicic. Nada tengo contra él ni a su favor. Pero es el Presidente del Directorio de ANCAP, la empresa pública más grande del Uruguay, la que se ocupa, entre otras cosas, de todo lo relativo a los combustibles en el Uruguay. Eso significa que lo que haga o diga Stipanicic nos afecta, tanto a mí como a tres millones y medio de uruguayos.
Hace pocos días, entrevistado en el programa "Desayunos informales", de Canal 12, Stipanicic formuló declaraciones que deberían llenarnos de preocupación.
El tema de la entrevista era la reciente firma de un memorándum de entendimiento con la empresa HIF Global para la producción de hidrógeno verde en Paysandú, usando para ello más de ocho millones de litros diarios de agua del Río Uruguay.
Quien abrió la caja de Pandora fue la periodista Analía Matyszczik, que, en una actitud profesional a la que nos tiene desacostumbrados la prensa uruguaya, le formuló a Stipanicic dos preguntas clave.
La primera fue si el contrato con HIF Global sería sometido a la consideración parlamentaria. Y la segunda fue si HIF pagaría algo por los ocho millones seiscientos mil litros de agua dulce que consumiría por día.
Aun antes de que abriera la boca para contestar, las actitudes faciales y corporales de Stipanicic demostraron que las preguntas habían dado en el blanco.
La respuesta verbal sólo empeoró las cosas.
Respecto al tratamiento parlamentario del asunto, que, como expresó la periodista, parecería elemental ya que el contrato proyecta sus efectos mucho más allá del período de gobierno en curso, Stipanicic, que ya se había enredado tratando de justificar que el memorándum recién firmado no debería ser de conocimiento público, porque "el público no lo entendería", afirmó que el tratamiento parlamentario no correspondía, para luego terminar refugiándose en que la pregunta debería dirigirse al Poder Ejecutivo.
Obviamente, uno puede preguntarse para qué emitió opinión sobre la procedencia o no de la consulta parlamentaria, si luego iba a sostener que el tema no le correspondía. Algo así como un acto fallido muy revelador.
Pero el derrape definitivo fue ante la pregunta de si HIF Global pagaría por el agua.
Primero intentó "cancherear", diciendo "¿A quién le va a pagar, a Brasil?, porque el Río viene del Brasil". La periodista fue firme al señalar que el agua sería extraída en territorio uruguayo. Y el entrevistado comenzó a derrumbarse. "El agua es gratis", afirmó, olvidando las tarifas que pagamos todos los uruguayos, y lo muy abultado de las tarifas comerciales e industriales de OSE. Después intentó otro argumento absurdo: "¿Vamos a cobrar por el sol, por el oxigeno y por el nitrógeno?", dijo, tratando de equiparar falazmente a recursos no fungibles, como la energía solar, o realmente gratuitos hasta el momento, como el aire, con un recurso limitado, fungible y de valor comercial, en el Uruguay y en el mundo, como lo es el agua.
En suma, es una verdadera vergüenza que el Presidente de un empresa pública de primer nivel cometa esas falacias y faltas de respeto a los periodistas y al público.
Lo penoso es que éste no es un caso aislado. La entrevista puso de manifiesto a un tipo de mentalidad cada vez más frecuente entre los tecnócratas y políticos que integran el gobierno y toman decisiones en su nombre.
¿Cómo puede sostener un funcionario público de alto nivel, que administra bienes de todos nosotros y a quien le pagamos el sueldo, que no debe informarnos lo que compromete con una empresa privada extranjera? ¿En qué se basa para sostener que "no entenderíamos" el tema? Si la afirmación viene de alguien que cree que el agua es gratis como la luz del sol, hay que concluir que el que no entiende nada es él.
Ese tipo de mentalidades tecnocráticas están convencidas de dos cosas: 1) que, actuando en nuestro nombre, pueden ocultar información, comprometer lo que sea, y pasarse por santas partes la opinión del resto de los uruguayos; 2) que su misión como funcionarios y gobernantes es posibilitar y facilitar la inversión extranjera sin preocuparse en absoluto por el resultado que esos negocios tengan para el Uruguay y para los uruguayos.
Reitero: este no es un caso aislado. Hay docenas de esas cabezas negociando los contratos de inversión, administrando nuestros créditos internacionales y ejecutando los proyectos de reforma (enseñanza, seguridad social, administración pública, etc.) que nos recomiendan y financian el BID, el Banco Mundial y el FMI. Y no están en un solo partido. De hecho, se las encuentra a montones en los dos grandes bloques electorales del Uruguay.
Muchos uruguayos están empezando a percibir que, gobierne quien gobierne, las decisiones políticas se toman sin ninguna consulta ni control, y que nuestros recursos más valiosos se regalan impunemente. Pero, como siempre, la culpa no es tanto de chancho sino de quien le rasca el lomo.
Mientras se siga votando por descarte, a lo que aparenta ser "lo menos malo", sin exigir a cada partido y a cada candidato un firme compromiso respecto a nuestros recursos y a nuestros intereses comunes, nada cambiará. Mientras permitamos que se sigan negociando y firmando contratos en secreto –ahora hay una forma de reformar la Constitución para evitarlo- seremos los artífices de nuestra pobreza y sometimiento.
El programa de "Desayunos informales" fue un penoso espejo de la clase de representación política que, para nuestro mal, estamos permitiendo.
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