En España rige en materia penal un sistema acusatorio. Es decir, que si alguien no acusa, el juez no puede condenar. Y los encargados de acusar pueden ser, públicamente, los fiscales, los particulares que sean perjudicados por el delito y la acción popular cuando se trata de un delito público, presentando una querella (lo que exige abogado y procurador) y siempre antes de la apertura del juicio oral. Lo habitual es que sea el Ministerio Fiscal el que acuse y aporte las pruebas de su acusación. Luego, por lógica procesal y material, lo normal es que sean los fiscales los que se encarguen de la instrucción o investigación de los delitos, para poder obtener las pruebas que precisen presentar en el juicio oral, con la finalidad de desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y así obtener una sentencia condenatoria. Pues bien, en España no son los fiscales, sino los jueces los que investigan y después se lo pasan a otros jueces, para que juzguen. Por eso ahora el Gobierno, en buena lógica, quiere que sean los fiscales los encargados de la investigación criminal. Lo que es lógico y necesario, pero no posible, porque mientras los jueces son independientes y no están sometidos más que al imperio de la ley (hasta tal punto que carecen hasta del derecho a la objeción de conciencia), los fiscales son estatutariamente dependientes del superior jerárquico. Y de un tiempo a esta parte, el fiscal general del Estado ha hecho buena la desdichada frase expresada por el presidente del Gobierno a un periodista cuando le dijo: «¿Quién nombra al fiscal general del Estado, no es el Gobierno? Pues eso» (le obedece). Su postura ante la ley del 'solo sí es sí', o en el caso Puigdemont, e incluso su negativa a elaborar un informe a petición del Senado sobre la amnistía (en contra de la opinión mayoritaria del Consejo Fiscal) avalan lo que dijo el presidente del Gobierno, quien ahora pretende dar un paso más y atribuir a los fiscales lo que por lógica natural y jurídica le correspondería, como es la instrucción de las causas penales, pero claro, mucho me temo que no lo hagan por la lógica, sino por controlar un poco más a la justicia.
En definitiva, que mientras no se reforme el Estatuto Orgánico de los Fiscales, en mi opinión, no debe atribuirse la investigación de los delitos a los mismos. Cualquier jurista que se precie reclama esa instrucción, incluidos los propios fiscales que han informado favorablemente a este proyecto de ley, que, por otra parte, no es nada nuevo, pues desde hace quince años (Zapatero) está en marcha esta idea, pero hasta el 2020 no se aprobó por el Consejo de Ministros (Sánchez), y en febrero de 2021 se encargaron los informes preceptivos, no vinculantes, tanto al Consejo General del Poder Judicial, que ha informado favorablemente siempre que se refuerce la independencia de la fiscalía, como al Consejo Fiscal, que en más de 700 folios también informó favorablemente, y también cuestionó puntos clave de la norma, que si no se reforman pueden dar al traste con el nuevo modelo de proceso penal. La principal objeción que han puesto es la misma que ponen todos los juristas, y es que previamente a aprobar ese proyecto debe reformarse el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «lograr un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización y promover la confianza de la ciudadanía en la institución».
Esperemos que no tengamos que ir también a papá Europa para que nos tutele en esta materia, por no ser capaces de solucionarlo nosotros solos. Y si se va a obtener el mismo éxito que hasta ahora ha tenido con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, más vale que no le pidamos ayuda. En cualquier caso, no creo que sea necesario, porque a los independentistas (que son los que mandan) les interesa un fiscal controlado por el Gobierno, así que apoyarán la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea el Ministerio Fiscal quien investigue los delitos, sin reformar previamente su Estatuto para que goce de total independencia jerárquica. Todo va a depender, por lo tanto, no de Europa, donde Reynders ha puesto pies en polvorosa hacia otro cargo, sin lograr su cometido dicho sea de paso, sino de que el Gobierno siga contando con el apoyo de los independentistas, si es que aún no han roto la baraja por apretar tanto al Gobierno, que ni Sánchez ha sido capaz de ceder a sus pretensiones anticonstitucionales.
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