Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
El presidente Luis Arce con la dirigencia de los trabajadores del país: Foto: La Razón
El nuevo salario mínimo nacional será de Bs 2.500, confirma el presidente Arce; Caso Litio: Dictan detención domiciliaria para el exministro Echazú; y Maestros escuchan propuesta del Gobierno y entran en cuarto intermedio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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Boris Bueno Camacho
Con el reciente anuncio del presidente Luis Arce Catacora relacionando al aumento salarial, la autoridad confirmó que el nuevo salario mínimo nacional será de Bs 2.500, mismo que tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2024. El mandatario confirmó el dato tras una reunión sostenida este martes con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), tras dos meses de análisis que tuvieron como resultado un aumento del 5,85%. Adicional a esto, también se acordó un aumento del 3% al haber básico, siendo en ambos casos retroactivo al mes de enero, es decir, los empleadores deben pagar la diferencia tomando en cuenta desde el inicio de la presente gestión 2024.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó su profunda preocupación por el incremento del salario mínimo nacional en 5,85% y el haber básico en un 3%, acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). La organización observó que estos porcentajes superan con creces la inflación del año pasado del 2.12%. Además, advierte que este incremento no tiene relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para el año 2024. Lamentó su exclusión del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas.
Después de que el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaran que para la presente gestión habrá un incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico, el sector de la microempresa advierte que puede ser insostenible al punto de cerrar unidades productivas. Así lo manifestó el presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), Boris Mendoza, al subrayar que esta es una medida "política" y "desacertada", ya que no solo no se contempló al sector privado para analizar el escenario, sino porque no se toma en cuenta la situación de la economía.
Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional decidieron continuar con el trabajo de preselección para las elecciones judiciales y reanudarán las sesiones "en cualquier momento". Una reunión entre representantes de ambas instancias definió la suerte del trabajo del Legislativo ante los amparos constitucionales presentados por algunos postulantes inhabilitados que frenaron el proceso. El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que la sesión se encuentra actualmente en cuarto intermedio mientras se resuelven los recursos presentados.
El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 denuncia la detención ilegal de opositores y, en particular, del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El documento advierte entre los "asuntos importantes" reportes sobre 'torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales'. El documento señala que "pese a que la normativa boliviana prohíbe las detenciones ilegales y las torturas, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos detectaron varias detenciones con motivos políticos".
Tras una audiencia de medidas cautelares, el juzgado sexto de instrucción anticorrupción de La Paz dictó la detención domiciliaria contra el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, acusado de presuntos hechos irregulares en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni. Además, el juez dictó arraigo y una fianza económica de 35 mil bolivianos para el exministro Echazú. Según la denuncia, los acusados son investigados por los delitos penales de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.
En horas de diálogo, la representación del magisterio urbano escuchó las propuestas del Ministerio de Educación sobre su pliego petitorio y ahora se prepara para un congreso en que transmitirá estos puntos a las bases de maestros y con ellas se prevé este miércoles dar una respuesta al Gobierno. "Vamos a analizar y seguramente esa conferencia va a determinar si acepta o no acepta la propuesta del ministerio. Nosotros, en el marco de la responsabilidad, porque somos orgánicos y no podemos tomar una decisión al margen de estos maestros que se han estado sacrificando estos días en las calles", informó el dirigente del magisterio urbano, Patricio Molina.
Los médicos y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados suscribieron un acuerdo para instalar una mesa técnica donde debatirán sobre el proyecto de ley 035 que modifica la Ley de Pensiones. Omar Yujra, presidente de la comisión, afirmó que el debate comenzará el 24 de abril y ratificó que mientras se desarrolle la reunión con los galenos el Legislativo no tratará el proyecto de ley 035. "Conformar una mesa técnica de manera coordinada con los sectores movilizados en torno al proyecto de ley 035 (…) el trabajo comenzará el miércoles", remarcó.
La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado -por unanimidad de sus miembros- rechazó el proyecto de ley 036/2024, para la aprobación de 19 contratos administrativos mineros, suscritos por la AJAM con cooperativistas mineros y alertó que de aprobarse será un precedente "terrible" que causará un desastre ambiental. "Los contratos mineros no cumplen la norma ambiental", por lo tanto, la comisión no puede aprobar. Estaríamos entrando en ilícitos, el año pasado el comité de la senadora (Cecilia) Requena identificó todas las fallas y no corrigieron nada", declaró el presidente de la comisión, Walter Justiniano.
Las motos están en la mira. En apenas los primeros tres meses de esta gestión 1.239 accidentes de tránsito protagonizados por estos vehículos de dos ruedas fueron registrados en el país; los cuales causaron en este tiempo que 75 personas pierdan la vida. El Gobierno y la Policía activarán un plan de intervención, ante la preocupación por este tema. Los reportes son diarios. Hechos que involucran a motos no son extrañadas para la Policía Boliviana, que sanciona desde falta de uso de medidas de seguridad, hasta exceso de velocidad y accidentes. Por esto, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y la fuerza del orden emprendieron una nueva campaña.