El despido no estaba en el listado de prioridades del Ministerio de Trabajo para este 2024, sin embargo, el tema ha escalado a primera línea por los pronunciamientos del comité del Consejo de Europa que limitan el alcance de la indemnización, tal y como está concebida en España, para reparar el daño causado al trabajador. El equipo de la vicepresidencia del Gobierno se muestra dispuesto a poner en marcha cambios, pero se da cierto margen para abordarlos, según trasladan fuentes de la cartera, al menos hasta que el órgano emita las recomendaciones para adaptar la normativa española. Hasta entonces, impulsarán un proyecto de ley por el que se modificará el artículo que vincula la declaración de la incapacidad permanente con el despido automático.
Este es el acuerdo sellado este miércoles por Yolanda Díaz y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, que se traducirá en la modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. "Se independizará la muerte de la persona trabajadora como causa del despido de las causas relacionadas con la discapacidad. Con ello, lo que pretendemos es eliminar una aberración jurídica que es la que ofrece un tratamiento legal común en términos laborales a las situaciones de muerte y discapacidad" explicaba la ministra. También tienen previsto eliminar la extinción automática del contrato, que se condicionará a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el mismo puesto de trabajo u ofrecerle otro puesto de trabajo vacante acorde a su perfil profesional.
Los cambios a los que se ha referido la ministra de Trabajo están comprendidos en un anteproyecto de ley que ya ha superado el trámite de audiencia pública y que tendrá que pasar otra vez por el Consejo de Ministros para ser enviado al Congreso de los Diputados. Díaz no se ha fijado un plazo, pero sí ha animado a las principales asociaciones a ponerse en contacto con el resto de formaciones políticas para que la medida pueda recibir el respaldo unánime del parlamento. La voluntad del Ejecutivo es que esta norma salga adelante este 2024, pero las fuentes gubernamentales se muestran menos convencidas de que sea posible aprobar una reforma más amplia que se aproxime a las interpretaciones de la Carta Social Europea.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) resolvió la reclamación impulsada por UGT por la falta de adecuación de la normativa española con el citado texto internacional hace una semana. El sindicato y el Gobierno ya han sido informados del sentido del fallo, que según adelantó 'El País' ha sido positivo, pero que desde el Ministerio evitan confirmar, a la espera de que se levante el veto automático que se impone sobre todas las resoluciones de dicho comité. Si bien, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sostenía este martes que la indemnización máxima de 33 días en los casos de despido improcedente "difícilmente cumple con la carta", lo que avanza un resultado en este sentido.
Sobre todo porque días antes dicho órgano ya había señalado que no era suficiente para reparar el daño causado a la trabajadora en los supuestos en los que el despido se haya producido por un embarazo o durante la baja de maternidad. También en los casos en los que se decida prescindir de un trabajador por tener familiares a cargo. De hecho, esta observación fue clave, dado que formaba parte de las conclusiones emitidas en la revisión periódica de cada estado firmante y en esta ocasión, estaba centrada en los derechos de la infancia. La UGT tampoco ha confirmado cuál ha sido el sentido en el que se ha pronunciado el órgano, pero tras conocer la resolución el secretario general, Pepe Álvarez, defendió en X (Twitter) que "la indemnización por despido injusto tiene que ser disuasoria y resarcir a la víctima".
Pero el compromiso reflejado por los dos partidos en el Gobierno de reformar el despido para adecuarse a la Carta Social Europea y la voluntad manifiesta de Díaz de avanzar hacia una indemnización que tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador (edad, carrera profesional, si tiene una hipoteca a cargo, cargas...) no garantizan que los plazos vayan a ser más cortos o que la reforma pueda recibir la luz verde del hemiciclo este año. Fuentes de Trabajo explican a este medio que ahora es el turno del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el órgano estatuario que toma las decisiones y que debe dar pautas concretas sobre los pasos a dar. Asimismo, señalan que hasta entonces -hacia el verano-, no se hará pública la resolución y que después convocarán una mesa de diálogo social, por lo que se aplazará a 2025.