Ángeles Vázquez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aprovechado un acto de toma de posesión de miembros de la carrera para salir a defender con contundencia a los que más han sido atacados últimamente: la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que firmó la denuncia por delito fiscal y falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva", aseguró García Ortiz, que no se había pronunciado todavía públicamente en relación con la polémica que ha rodeado la denuncia del ministerio público.
"En consecuencia, sirva esta declaración institucional como respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Instrucción número 3/2005 de la Fiscalía General del Estado. E, insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid", añadió.
Se ha referido así a la nota de prensa facilitada el pasado 14 de marzo por la fiscalía madrileña en la que se aseguraba que el intento de lograr una conformidad, que pasaba por aceptar la comisión de dos delitos fiscales, había partido de la defensa de González Amador y que no se había podido concretar, porque para ello debe estar judicializado el asunto y aún se había formalizado ni la denuncia.
La nota supuso la interposición de una querella por parte del imputado, pero también del Colegio de la Abogacía de Madrid, que consideró el comunicado constitutivo de un delito de revelación de secretos por divulgar las comunicaciones abogado-fiscalía. También ha interpuesto una denuncia el autodenominado sindicato Manos Limpias.
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