El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido a los partidos políticos que se facilite una solución para que los abogados que van a percibir una pensión de jubilación por debajo de la mínima puedan traspasar la cotización de forma voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, se ha reunido este martes con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso: María Jesús Moro (PP), Joaquín Martínez (PSOE), Javier Ortega Smith (Vox), Enrique Santiago (Sumar) y Mikel Legarda (EAJ-PNV).
En este encuentro, pidió una solución al problema de las pensiones de algunos abogados que pasa necesariamente, según explicó Ribón, por facilitar el tránsito voluntario al RETA de los mutualistas alternativos, "especialmente aquellos que enfrentarán prestaciones de jubilación por debajo del umbral de subsistencia y dignidad", manteniendo un equilibrio que proteja los intereses de los miles de mutualistas que, ya sea como alternativos o no, han invertido y contribuido significativamente a la Mutualidad, superando los mínimos requeridos.
En este sentido, reclamó el apoyo de los grupos parlamentarios a una solución normativa que abre "una ventana excepcional hacia el logro de acuerdos sustanciales que favorezcan el bienestar colectivo", recordando a los legisladores que tienen en su tejado "la enorme responsabilidad" de estar a la altura de ese reto.
El ICAM ve necesario una reforma legislativa que facilite esta transición al RETA para aquellos mutualistas que así lo deseen. Cabe recordar que el Colegio presentó una proposición no de ley ante el Congreso y la Asamblea al respecto, y ha encargado a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la elaboración de un marco normativo que ofrezca al legislador español una propuesta técnico-jurídica variable.
Ley General de la Seguridad Social permite que el mutualista realice aportaciones mensuales menores a las que realizaría si cotizara al RETA. Concretamente, pueden aportar el 80% de la cuota mínima que haya de satisfacerse a este régimen de la Seguridad Social. Esta menor aportación se ha traducido en que abogados y procuradores jubilados están percibiendo pensiones de 300 o 400 euros al mes. Otros, ante esta situación, continúan trabajando a los 70 y 80 años ante la imposibilidad de jubilarse con esos ingresos.