Hace una semana, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió por unanimidad declarar la emergencia presupuestaria. La decisión fue tomada en medio de las tensiones con el gobierno de Javier Milei por el congelamiento del presupuesto del 2024.
Ahora, las autoridades de la universidad compartieron una serie de medidas que fueron tomadas para garantizar la continuidad de las funciones y los servicios. Las mismas entraron en vigencia el lunes 15 de abril e incluyen, entre otras cosas, cortes de luz programados y la no utilización del servicio de gas.
Las medidas que tomó la UBA para afrontar la crisis presupuestaria
A través de un comunicado de prensa, la Universidad de Buenos Aires anunció que afronta "una situación crítica". Según detallaron en la comunicación, esto se debe a "la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024, en un contexto de inflación interanual del 276%".
En esta línea, autoridades aseguraron que la casa alta de estudios está en "riesgo de desfinanciamiento", con la posibilidad de comprometer sus "funciones esenciales". Las áreas que podrían verse afectadas son: la educación universitaria y preuniversitaria, la investigación científica y la atención médica "a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios".
Debido a esto, desde la Universidad anunciaron algunas disposiciones tendientes a reducir su gasto operativo. A partir del pasado lunes 15 de abril, se dispusieron las siguientes medidas;
- La no utilización de los aires acondicionados en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.
- El apagado de la iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación durante el período diurno y hasta 30 minutos antes del comienzo de la actividad académica del día y 30 minutos posteriores a su finalización.
- El uso de los ascensores de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.
- La no utilización de los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.
- Las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria quedarán supeditados a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas.
- Las acciones vinculadas con el programa de atención a la comunidad UBA en Acción, estarán limitadas a las financiadas por organismos externos a la UBA y/o aportes privados.
¿Hasta cuando podrá funcionar la UBA?
En medio de la crisis, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó a cabo un informe que concluyó que la institución cuenta con recursos para funcionar normalmente hasta el 31 de mayo. A partir de esa fecha, la universidad no podrá sostener todas sus funciones esenciales y verá gravemente afectada la cursada de las distintas carreras.
El documento, difundido por ACIJ, indica que el presupuesto asignado este año para el Programa Desarrollo de la Educación Superior es un 72% más bajo que en 2023 debido a la política de Gobierno. En línea con este estudio, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires coincidió en que "sin actualización del presupuesto" la Universidad no durará "más de dos meses sin tener que afectar directamente su funcionamiento".
En los últimos días, las consecuencias de está falta de actualización del presupuesto comenzaron a verse en las distintas facultades. En las redes sociales se volvió viral como, por ejemplo, el edificio de Medicina de la UBA llevaba a cabo un corte de luz programado para reducir los gastos energéticos.
En medio de las tensiones, rectores de universidades públicas de todo el país convocaron a una marcha para el próximo 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario. La decisión de movilizar fue tomada por las autoridades tras reunirse en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el 91.º Plenario de Rectoras y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional