"Desde aquel día de mayo de 2020 estoy viviendo una película de terror", asegura en conversación con este periódico José García, vecino de Rociana del Condado (Huelva). Aquel día su padre José, de 74 años en aquel entonces, mató a tiros a Manuel, otro vecino de la localidad que entró a robar en su huerta por "enésima" vez.
Por ello fue condenado a 15 años de prisión y a pagar en concepto de responsabilidad civil a los familiares 587.749 euros por una sentencia, aún pendiente de confirmar por el Supremo. Tan sólo cumplió uno de cárcel al depositar una fianza y por su delicada situación de salud. Padecía alzheimer y "el lóbulo frontal con muchos microinfartos".
El doble drama se debe a que su padre falleció la pasada semana un mes después de recibir una brutal paliza, que lo dejó en coma, en una farmacia del pueblo a manos de un hijo menor de edad de la primera víctima, que fue detenido a los tres o cuatro días. "Lo hizo por venganza".
Asegura que su padre no salía de casa por la enfermedad que sufría, únicamente a firmar al cuartel de la Guardia Civil todos los lunes. Lo cuidaba su hermana y aquel día "se le escapó" para ir a la farmacia, aunque realmente tenía todas las medicinas del día anterior.
Allí encontró la muerte y ninguno de los testigos pudieron hacer nada para salvarle, excepto llamar a la Guardia Civil y, posteriormente, a la ambulancia que se lo llevó al Hospital Juan Ramón Jiménez. Allí ha permanecido en coma hasta el pasado 11 de marzo y desde entonces sin apenas comer ni hablar, falleciendo finalmente.
A la espera del resultado final de la autopsia, asegura que, según un análisis preliminar, "falleció a causa de los golpes". "Hasta la pasada semana era un intento de homicidio, ya es un homicidio", asegura este albañil de profesión, como lo era su padre.
Aunque es duro de aceptar, José se temía que esto podría ocurrir. También futuras represalias hacia él y su familiares (tiene dos hijas adolescentes). "Desde que ocurrió aquello en 2020 mi familia ha sufrido amenazas y yo he sufrido dos intentos de agresión por la calle". Por tanto, ahora teme que quieran ir de nuevo a por él.
"¿Y qué hago? ¿No me defiendo si estoy en el campo y vienen cuatro o cinco a hacerme daño por venganza?", se pregunta José con un gran gesto de preocupación en su rostro. Rociana es un municipio onubense pequeño. Cuenta con algo más de 7.000 habitantes, aunque su población se triplica por las campañas agrícolas, sobre todo por los frutos rojos.
De ahí que durante las primeras semanas tras la muerte de aquel hombre a manos de su padre, se movió con escolta por temor a esas represalias. También ahora siempre lo acompaña su perro pastor belga malinois, como el que adiestran los policías. Aunque reconoce que también es "un problema". "Lo que haga el perro es mi responsabilidad".
Familiares del menor tiene antecedentes penales, incluso por "delitos de sangre", vive en una zona de Rociana donde hay muchas viviendas okupadas.
Tan sólo en Rociana, el padre que murió del diparo acumulaba 27 denuncias por robo, más otras tantas en localidades de alrededor. "Lo que le ocurrió se veía venir, pero no lo debería haber hecho mi padre". Sin embargo, en ese mismo momento reconoce que "si él no hubiera entrado a robar tantas veces, nada de esto habría pasado".
Los familiares del menor también tiene su versión. Según publica el diario Huelva Información, el portavoz de la familia y también presidente de la Asociación para la Defensa del Preso, José Castro, niega estas amenazas. En cuanto a la reacción del joven en la farmacia asegura que "no fue intencionado, de hecho, se derrumbó al enterarse de que finalmente murió".
En cualquier caso, ahora se abrirá otro proceso judicial para juzgar al menor, que en la jornada de los hechos le quedaban 12 días para cumplir los 18 años.
Por tanto, este será enjuiciado de acuerdo con la ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores. La misma establece medidas y penas diferentes a las que tipifica el Código Penal para los delitos cometidos por adultos.
En concreto, recoge diversas medidas que, en el caso de los delitos más graves como el homicidio o el asesinato, pueden alcanzar los ocho años de internamiento en un centro cerrado y otros cinco años de libertad vigilada. "Una pena muy baja para lo que ha hecho", lamenta José.