El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidirá si cita al fundador de Telegram, Pavel Durov, una vez reciba información por parte de las autoridades belgas sobre la plataforma en el marco de la causa que gira en torno a la difusión en la red de contenido protegido por derechos de autor.
Fuentes jurídicas señalaron este martes que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número cinco solicitó a Bélgica la información que no aportaron desde Islas Vírgenes, y que contiene datos sobre cuentas que habrían compartido series españolas como 'La que se avecina' o 'Águila Roja' y también producciones turcas.
En línea con lo solicitado por el Ministerio Público, el juez Pedraz requiere datos de registro, incluyendo nombre y apellidos, número de teléfono y correos electrónicos asociados así como la fecha de creación de las cuentas y su dirección IP.
Las fuentes consultadas incidieron en que será una vez que reciba esta información cuando atienda la petición de Movistar+, que pidió que se citase a Durov como representante legal de Telegram.
El resto de acusaciones particulares, por su parte, instaron al juez a la identificación del representante de Telegram para citarle a comparecer con carácter de urgencia ante el juzgado.
El magistrado sigue, de esta manera, la indicación del fiscal, que entiende que se debe "esperar al resultado de la Orden Europea de Investigación".
"Una vez que se conozca el resultado del instrumento de cooperación internacional procederá plantearse la adopción de nuevas medidas de investigación si fueran necesarias como sería la averiguación de la identidad del representante de la entidad Telegram y su citación y en qué condición en este juzgado", añadía la Fiscalía.
Cabe recordar que, en el marco de esta causa, el juez Pedraz acordó bloquear la aplicación de mensajería instantánea pero rectificó posteriormente su decisión argumentando que la medida sería "excesiva y no proporcional" y asegurando que "supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan".
En un principio, el juez consideró la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional, para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no habían colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Todo ello en el contexto de esta causa, que nació a raíz de la denuncia presentada por los grupos de comunicación Mediaset, Atresmedia y Movistar+ por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.