Wladimir Rodríguez, secretario general de la Alianza del Lápiz en el estado Aragua, consideró que las inhabilitaciones políticas contra Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera y los alcaldes Elías Sayegh y José Antonio Fernández López, efectuadas por la Contraloría General de la República, va en contra de los principios de la democracia, que él y su organización están apegados.
En este contexto, el vocero de la tolda morada comentó que desde hace años este organismo del Poder Ciudadano del Estado venezolano, viene asumiendo las facultades para realizar este tipo de acciones, siendo cuestionado por diversos factores políticos en reiteradas ocasiones.
Rodríguez también comentó que durante el proceso de negociación entre un sector de la oposición venezolana y el Gobierno nacional en la isla de Barbados, a través de la mediación del gobierno de Noruega, no tocaron este tema.
"Hemos señalado de que cuando fueron a esa negociación no hicieron lo que tenían que hacer, que era solicitar la derogación del artículo 105 de la Contraloría General de la República, porque le da facultades desde el punto de vista administrativo al Contralor de hacer juicios sumarios e inhabilitar a ciudadanos hasta por 15 años", argumentó el dirigente político.
También acotó que esta herramienta jurídica la usan para beneficiarse políticamente, causando el panorama actual que ocurre en el país.
"Y lo decimos con mucha responsabilidad, ha privado de no derogar ese artículo por los actores que han venido haciendo esas conversaciones y esas negociaciones, porque lo utilizan para arriba y para abajo, para el beneficio de las negociaciones políticas", aseveró.
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Efectos políticos de las inhabilitaciones
Recordó que en el pasado también se encontró inhabilitado el fallecido gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, y que ésta impulsó a Henrique Capriles a que fuera gobernador de esa entidad.
"Y bueno, sabemos todo lo que fue su trayectoria política. Entonces la realidad es que es un artículo que lo maneja a conveniencia por los factores políticos y la negociación que esté en ese momento. Ante eso, nosotros de la Alianza del Lápiz, y creo que es lo que debemos ir al fondo del problema, es solicitar la derogación aprovechando de que se están haciendo reuniones con diferentes factores internacionales y políticos", comentó.
Concluyó asegurando que este es uno de los pasos para profundizar la democracia en el país. "Y ese artículo lo que hace es contradecir lo que dice el artículo de la Constitución Nacional, que un ciudadano que aspira un cargo de elección popular o de representación ejecutiva, hasta que no tenga sentencia firme no se le puede habilitar o no permitirle participar en un proceso electoral. Entonces, hay que ir al fondo del problema, solicitar la inconstitucionalidad de ese artículo porque se ha manejado a la conveniencia de los factores y actores políticos que están en la negociación en ese momento y eso le ha hecho mucho daño a la democracia venezolana", sentenció.
LINO HIDALGO | elsiglo
JAS