Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 3 de abril 2024, 22:51
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La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, llevará este jueves al consejo de administración la propuesta de contratación por 45.000 euros del despacho de abogados Oliva-Ayala, de Madrid, para llevar la defensa del anterior presidente del organismo Luis Ibarra, el actual director, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodrigúez, frente a la querella por prevaricación, calumnias y acoso laboral presentada contra ellos por la jefa de Dominio Público, E.M, y que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas. De hecho, el pasado 12 de marzo los tres acudieron a declarar al juzgado.
Los tres investigados remitieron a principios de marzo un escrito a la presidenta solicitando la contratación de este servicio. En el caso de Trujillo y Rodríguez, Calzada justificará hoy que se debe hacer esta contratación puesto que son empleados públicos de la Autoridad Portuaria mientras que, con Ibarra, se le incluye porque los hechos incluidos en la querella se dieron cuando era presidente. Sin embargo, existe controversia entre los empleados del organismo que critican que el erario público tenga que hacerse cargo de la defensa de una persona que hoy está fuera de la Autoridad Portuaria. Además, señalan que existe conflicto de intereses a la hora de que la Autoridad Portuaria se haga cargo del pago de los abogados, debido a que la promotora de la querella es también empleada pública y tiene el mismo derecho.
Francisco José Fajardo
En la resolución que se lleva hoy al consejo de administración se recoge que los interesados buscaron distintas ofertas de abogados, dos de ellos de Las Palmas, pero finalmente se decantaron por el despacho de Madrid a pesar del encarecimiento del precio puesto que al abono por los servicios se le añade el pago por los desplazamientos a Canarias.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas abona cada año 120.000 euros a la Abogacía del Estado para que le preste los servicios de representación y defensa, incluia la vía penal, cuando se dan situaciones de este tipo. Sin embargo, en esta ocasión no se ha solicitado a la Abogacía del Estado la defensa por dos motivos, según fuentes próximas. De un lado, hay conflicto de intereses, como se señaló anteriormente y de otro, las acciones por las que están siendo investigados penalmene no tuvieron lugar en el desempeño lícito de sus funciones. Según las fuentes consultadas, si no se dan ambos requisitos no debe cubrirse con dinero público su defensa. De hecho, parte de la querella se fundamenta en declaraciones realizadas por Ibarra de forma personal ante distintos medios de comunicación.
Respecto al primer punto, se trata de empleados públicos contra empleados públicos del mismo organismo, con lo que se da trato de favor a dos ellos -Trujillo y Rodríguez- frente a la jefa de Dominio Público que presentó la querella y supuestamente es la víctima de las actuaciones investigadas por el Juzgado. Pese a estas circunstancias, Calzada lleva hoy a ratificación la contratación de este despacho a razón de 15.000 euros por cada uno de los investigados.
Esta situación ha vuelto a generar un malestar entre los empleados del organismo y sus sindicatos más representantivos, según apuntan fuentes próximas, que confían en que el punto no salga adelante.
El consejo del Puerto también llevará hoy la resolución sobre el trámite de competencia iniciado tras solicitar Hamilton y compañía una parcela de casi 27.000 metros cuadrados para la puesta en marcha de un silo de coches en el Puerto. En principio y dado que no se ha presentado ninguna otra opción todo apunta a que se le concederá.
También se lleva la convocatoria del concurso para ampliar el Muelle Deportivo, que se convoca por segunda vez después de que en la primera -durante la etapa de Luis Ibarra- quedara desierto. El concurso es para la explotación integral de la dársena e incluye la construcción de nuevas infraestructuras en régimen de concesión de dominio público.
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