Pocos minutos después de que el alcalde Daniel Jadue (Recoleta, Partido Comunista) denunciara, a través de sus redes sociales, que se le impidió salir del país, parte de la bancada de los diputados de la colectividad salieron en su defensa y acusaron que existe una persecución política en su contra.
El jefe comunal llegó la noche del miércoles hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, para viajar a Venezuela. Contaba con una invitación de la administración de Nicolás Maduro para llegar a Caracas.
De los primeros en respaldar al jefe comunal fue la diputada Nathalie Castillo (PC), quien publicó en Instagram que "los hechos son claros: una persecución política contra Daniel Jadue. No existe ninguna medida en su contra y este apremio es del todo ilegal. Mi solidaridad con nuestro compañero, esperamos que esto se subsane y se reconozcan sus derechos civiles en democracia".
Por su parte, el también diputado comunista Matías Ramírez afirmó que "la persecución de la Fiscalía en contra de Daniel Jadue es inaudita. Sin medida cautelar y con una colaboración permanente en todo el proceso investigativo, se le amenaza al más estilo de la CNI para que no realice un viaje. ¡El Ministerio Público perdió el rumbo!". "Esto es persecución política", comentó la diputada Lorena Pizarro (PC) en sus redes.
"Acá se han vulnerado los derechos del alcalde Jadue, dando cuenta de la persecución política de la cual ha sido víctima. No hay medidas cautelares y, por lo mismo, no hay razón alguna para que él no pueda salir del país", sostuvo, por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC).
Fue el propio Jadue quien sugirió -a través de su cuenta de X- que el impedimento para viajar es "un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional". Y, por medio de un video, complementó: "No querían que viajara, lo que me parece de una alta gravedad. Estamos ante una persecución sin parangón".
Hasta el cierre de esta edición, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa -presidente y secretaria general de la colectividad, respectivamente- no se habían pronunciado respecto a la situación de Jadue. Ambos están en La Habana como parte de un periplo para fortalecer las relaciones con Cuba.
De todas formas, la comisión política de los comunistas -la cual integra también la ministra del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo- emitió un comunicado en que señalaron que "estos hechos descritos constituyen una vulneración a las garantías establecidas en la Constitución", porque, según ellos, se atentó contra el debido proceso, la libertad personal y el derecho a la libertad de tránsito.
"Como partido expresamos nuestra solidaridad con el compañero Daniel Jadue, reiteramos lo que hemos dicho a nivel público, en cuanto a relevar la presunción de inocencia del alcalde, quien ha colaborado activamente en el proceso en curso, incluso abriendo de manera voluntaria sus cuentas bancarias. Situaciones de este tipo, con una persona de alta figuración pública, exponen y agravian la legítima defensa que Daniel ejercerá", se lee en la declaración.
A diferencia de sus compañeros de partido, en el gobierno optaron por tomar distancia de la situación en que está el jefe comunal. El ministro Luis Cordero (Justicia) dijo que "en Chile el Ministerio Público y los tribunales funcionan de modo independiente. Yo desconozco el relato respecto a lo que él señala. Lo que puedo decir es que en Chile el Ministerio Público y los jueces funcionan de manera autónoma".
En tanto, el subsecretario Manuel Monsalve (Interior) afirmó que "esta es una materia, a partir de lo que ha publicado el alcalde Jadue, que tiene que explicar la Fiscalía, el Ministerio Público. Hay una causa, hay una investigación, entiendo que el alcalde tenía pasaje para salir del país. La razón y los procedimientos que la Fiscalía utilizó para evitar ese viaje, tiene que explicarlo la Fiscalía", expuso Monsalve, al ser consultado por la prensa respecto al tema.
Y añadió: "Uno no maneja los antecedentes de las decisiones que tomó la Fiscalía, no sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada de la Fiscalía y autorizada por un juez de garantía, por eso creo que lo prudente en esta materia es que sea el fiscal a cargo de la causa el que dé las explicaciones".