Miriam González, abogada y ejecutiva española esposa del que fuera viceprimer ministro británico, Nick Clegg, defiende el sistema británico para evitar situaciones como la vive Pedro Sánchez y que el socialista español pudo resolver, en su opinión..
Miriam González firma este domingo un artículo en Financial Times en el que sostiene que la falta en España de un "organismo independiente" como existe en Reino Unido para prevenir casos como el de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, provoca sospechas que podrían haberse evitado. Lo titula: "El 'caso Sánchez muestra cómo la falta de un código ético en España deja a todos expuestos". En su opinión, "como demuestra el caso Gómez, disponer de un marco de normas éticas no sólo es bueno para la sociedad, sino que también protege a los políticos y a sus familias. Sánchez culpa a la oposición y a la extrema derecha de la presión pública sobre su mujer. Pero también debería culparse a sí mismo por no haber puesto en marcha un sistema que la hubiera protegido a ella". Con un sistema claro, es posible que Gómez habría evitado tratar con empresas necesitadas de apoyo o de concursos públicos y Sánchez se habría inhibido en decisiones sobre ellas.
¿Qué sistema? "Si Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido fácilmente resueltas por la Oficina de Ética en virtud del código ético ministerial del Reino Unido. Como ocurrió con Cherie Blair, o incluso conmigo misma cuando mi marido era viceprimer ministro en el gobierno de coalición, la Oficina habría garantizado la existencia de un sistema preventivo para recusar al primer ministro de cualquier decisión que pudiera estar directa o indirectamente relacionada con el trabajo de su esposa", sostiene la cónyuge de Clegg. Ella es actualmente responsable de regulación comercial y europea en el bufete Cohen Gresser y consejera de diversas empresas.
"En España no existe ese sistema. No tenemos una Oficina de Ética con credibilidad y que enseñe los dientes. En su lugar, tenemos una obsoleta Oficina de Conflictos cuya falta de independencia y autonomía es criticada por la UE y el Consejo de Europa año tras año. Y sorprendentemente, la Oficina de Conflictos sólo considera que se produce un conflicto cuando existe una relación comercial directa entre los miembros de la familia y las empresas, sin cubrir el riesgo de ganancia indirecta", critica. En Reino Unido también ha habido polémica sobre la actuación de los supervisores de conflictos de interés, pero para González dan más garantías que lo que existe en España.
La abogada española asegura que "Sánchez se muestra comprensiblemente angustiado por la presión que sufre su mujer. Pero en España no existe un sistema eficaz para tratar los conflictos de intereses de los familiares y cónyuges de los políticos. Así, es inevitable que este asunto acabe dirimiéndose en la arena política y en los tribunales, en lugar de por la vía de un proceso más discreto, que es donde corresponde". A su juicio, aunque las acusaciones son "tenues" en materia penal, "hay escasas dudas de que hay una apariencia de falta de probidad por parte de Gómez acusada de escribir cartas de recomendación a empresas en concursos públicos".
La esposa del ex político liberal británico .-él es actualmente alto directivo de Meta- critica la decepción en materia de regeneración que ha supuesto el líder del PSOE. "Sánchez llegó al poder en 2018 después de que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy no sobreviviera a una moción de censura vinculada a un caso de corrupción en el que estaban implicados algunos cargos de su partido. En aquel momento, parecía que España iba a tener por fin un Gobierno moderno y comprometido con el establecimiento de un marco claro de normas sobre integridad. Pero tras casi seis años en el Gobierno, el historial de Sánchez en este campo es inexistente".
En su opinión, "los conflictos de intereses no son el único ámbito de la ética en el que la política española está por detrás de países como el Reino Unido. En España ni siquiera tenemos un código ético ministerial. Nuestros ministros no tienen obligación de no mentir a sabiendas en el Parlamento. No tenemos un sistema para controlar que los ministros no inunden la administración de asesores políticos".
Y añade: "No tenemos normas que limiten el uso de las casas ministeriales o de los aviones oficiales. No tenemos legislación sobre los grupos de presión. No tenemos normas que obliguen a los funcionarios a estar presentes en las reuniones de ministros en las que se debatan asuntos de gobierno. Y, por supuesto, no tenemos un organismo sobre ética independiente, como en el sistema británico. Esta falta de normas éticas exhaustivas es un problema perpetuo en la política española. Pero los políticos no han hecho ningún intento por solucionarlo".