Camino a la campaña, con seguridad
Artículo extraído del Diario La Nación - por Jorge Liotti
Artículo extraído del Diario La Nación - por Jorge Liotti
La Argentina se encuentra en situación de emergencia en materia de seguridad. Y no se trata de una opinión. Así lo declaró el propio Gobierno a poco de asumir, y lo acaba de ratificar en un decreto firmado la semana pasada. Pero este año la formalidad institucional estuvo acompañada por medidas de alto impacto público, como el aumento de controles en los vuelos, las restricciones al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y el proyecto de imputabilidad de menores. La diferencia la hace la cercanía de las elecciones.
Para el presidente Mauricio Macri, la inseguridad siempre fue un desafío importante, y de hecho la lucha contra el narcotráfico figura entre sus tres ejes discursivos de campaña. Pero nunca pareció ser una obsesión, como, por ejemplo, el déficit y el crecimiento productivo. Sin embargo, ahora, como ocurre en otras áreas, busca que la sociedad identifique progresos.
La percepción en la opinión pública de la inseguridad es fluctuante. Asume que es un déficit estructural de varias décadas, y por eso, no es el rubro en el que el Gobierno recibe la peor evaluación, aunque en los últimos meses la calificación desmejoró. Según un sondeo que se evaluó en la Casa Rosada, la delincuencia aparece más mencionada como una problemática general del país (33% lo cita como la principal), que como un asunto personal (sólo lo hace el 21%), a pesar del creciente número de encuestados que dice haber sufrido un hecho de violencia o tener un conocido al que le haya pasado. Como consecuencia, la inseguridad tiene un menor nivel de correlación con el humor social que, por ejemplo, la economía. Macri siempre lo tuvo en cuenta.
El tema fue evaluado esta semana en la mesa chica que rodea al Presidente. Uno de sus integrantes ofreció una explicación práctica: "La percepción es que la economía, que fue el tema dominante en 2016, nos va a permitir este año exhibir datos crecientes, más allá de que la mejoría tarde en bajar de los números macro al entramado social. Ahí tenemos más elementos para dar la batalla discursiva. Ahora estamos tomando precauciones con el tema seguridad, porque sabemos que la oposición lo va a utilizar en campaña. Es un clavo fácil de martillar. Cada caso resonante genera un estrépito social y debemos estar preparados".
Aunque sin admitirlo, en el oficialismo empiezan a hacer propio el concepto de Aníbal Fernández sobre la "sensación de inseguridad". No importan tanto las estadísticas como la percepción social. Tanto en 2015 como en 2016 bajó la cifra de homicidios respecto del año inmediato anterior, pero el impacto y la cercanía de algunos casos tuvieron un efecto más fuerte que la fría estadística.
Además, en el mismo período aumentaron mucho los robos y hurtos, que son delitos cuyos efectos se difunden rápidamente en la sociedad. Conscientes de ello, en el Ministerio de Seguridad preparan dos proyectos: uno para instrumentar un sistema que inhabilite completamente los celulares una vez que son robados, y el otro para que quienes circulen en motos estén obligados a utilizar cascos y pecheras con identificación. Quizá con exceso de optimismo, creen que así disuadirán a parte de los motochorros, propagadores efectivos de temor en las familias.
Si bien la estadística oficial es deficiente para registrar este tipo de delitos que dependen de las denuncias (el Gobierno dice estar trabajando en un "Indec de la criminalidad"), muestra que este fenómeno es protagonizado por un segmento bien identificable: hombres jóvenes, de baja calificación, desempleados. De acuerdo con un amplio relevamiento de la Universidad de Tres de Febrero, en las cárceles del país "el 73,7% de los varones proviene de un entorno donde hay antecedentes delictivos entre familiares, amigos o vecinos", "el 30% de los presos se hallaba desocupado el último mes antes de ser detenido", y "la mitad cursó estudios hasta la primaria". La composición del contexto social de la delincuencia exhibe la profundidad del problema.
A eso se agrega el narcotráfico. Según el especialista Diego Gorgal, en los últimos 15 años hubo un exponencial incremento en el mercado de drogas, impulsado por los jóvenes. En 2001 los estudiantes secundarios que decían consumir marihuana no llegaban al cuatro por ciento; diez años más tarde superaba el diez por ciento. En igual proporción crecieron en ese segmento el consumo de cocaína y otros productos. También se desarrolló la producción local, que sustituyó importaciones y abarató costos, y más recientemente se descubrieron los primeros cultivos en Misiones. El negocio se dinamizó en la región porque Colombia, tras años de retroceso, desde 2013 recobró incidencia como efecto no deseado del proceso de paz con las FARC.
En este contexto de complejidades, el Gobierno apuntó a dos segmentos con sus recientes medidas: los menores de 18 años y los inmigrantes, especialmente de Bolivia, Perú y Paraguay. El primer grupo quedó en la mira después del asesinato del joven Brian Aguinaco. Según las estadísticas, en la provincia de Buenos Aires, principal foco delictivo, el 11% de los homicidios consumados o en tentativa son cometidos por menores. Si se toma en cuenta la pirámide demográfica, no hay una sobrerrepresentación. Pero hay tres datos que esgrimen en el Ministerio de Seguridad: son actores de episodios muy violentos por la falta de experiencia (la mayoría de los homicidios se producen en ocasión de otros delitos), son los protagonistas más frecuentes de los robos y hurtos, y su participación en hechos ilegales crece. En cualquier caso, existe un consenso de que es necesario crear un régimen penal juvenil especial y preciso para que la imputabilidad no quede en manos de la discrecionalidad de cada juez, como ocurre hoy.
Con el caso de los extranjeros sucede algo similar. Integran un 4,5 % de la población total, y en las cárceles representan el seis por ciento de los reclusos. No parece haber una asimetría marcada. Pero en el entorno de la ministra Patricia Bullrich (aún sacudido por el reciente hackeo) resaltan que la "narcoactividad" es realizada en un 33% por inmigrantes, contra un 66 % de argentinos. "Hay una lógica de clan: primero viene al país un integrante de la familia y después va trayendo al resto. Así establecen un dominio territorial del narco", señalan en Seguridad.
En la Capital Federal, los tres focos más calientes son las villas 31, la 1-11-14 y la Zavaleta. Allí se produce el 30% de los homicidios. Si bien los indicadores de violencia bajaron por una mayor derivación de recursos, siguen representando un gran desafío para la nueva Policía de la Ciudad. Allí, Horacio Rodríguez Larreta aún está lidiando con las enormes complejidades del traspaso y la unificación de las fuerzas federales y metropolitanas. Ahora está consciente de que el éxito de su gestión se juega en la seguridad. En territorio bonaerense, María Eugenia Vidal pugna contra distintas mafias con suerte dispar. La realidad le impone objetivos más limitados.
Los especialistas coinciden en que las medidas adoptadas por el Gobierno para acotar la delincuencia juvenil y la incidencia de los inmigrantes difícilmente permitan reducir la tasa de inseguridad en el corto plazo. Sin embargo, es probable que sean efectivas para transmitir una idea de mayor operatividad, que es lo que más demanda hoy el Presidente. En los pasillos de la Casa Rosada reconocen que resolver otras aristas más profundas de la inseguridad, como la corrupción policial o el desarrollo de una auténtica inteligencia criminal, llevará más tiempo.
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