"Entramos ahí y todo bien, nos vamos contentos. Pero cuando salimos siempre hay un martes 13". La frase viene de larga data y corresponde a un ex gobernador peronista que resumía de esa manera sus vivencias en reuniones con el kirchnerismo.
Hoy esas palabras gozan de absoluta actualidad. Y es el pensamiento que abarca a la decena de gobernadores de Juntos por el Cambio que este jueves se reunirá mano a mano en Casa Rosada, desde las 14.30, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
No estarán el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que mantendrán un encuentro paralelo, desde las 14, por el reclamo de la Ciudad a Nación por la quita de coparticipación decidida por el kirchnerismo.
En la previa a la cumbre en la Rosada, los 10 mandatarios cambiemitas mantuvieron un Zoom en el que intercambiaron posturas sobre cómo plantarse ante los enviados de Javier Milei. Y hubo una serie de coincidencias.
Por un lado, consensuaron apoyar la Ley Bases que impulsa el Gobierno en el Congreso y la convocatoria al Pacto de Mayo que promovió Milei. Por el otro, en cambio, expresaron su preocupación porque sienten que, como sucedió otras veces, las promesas que hace el Gobierno generalmente no sólo no se cumplen sino que terminan con duros reveses para los intereses de las provincias.
El caso más fresco, en ese sentido, fue la decisión del Ejecutivo de eliminar el envío de fondos a las cajas jubilatorias de 13 provincias, entre las cuales hay cinco de Juntos por el Cambio. También existe alerta en torno a los cambios incluidos dentro del denominado paquete fiscal: los gobernadores, mayoritariamente, están en contra de la reversión de Ganancias que propone el Gobierno y que volvería a incluir en el grupo que paga el impuesto a gran parte de la población.
En relación al conflicto por las cajas jubilatorias, es donde más tensión se generó en la última semana. El jueves, a través del DNU 280/24, Milei eliminó las transferencias que la ANSeS realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de esas 13 provincias, medida que se sumó a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensador del Transporte y a las demoras existentes en el pago del Servicio Alimentario Escolar. En el lote de afectadas están Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Chubut, todas de JxC.
El fin de semana, Francos buscó bajarle el tono al tema. "Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales", declaró, en paralelo a un comunicado que difundió el Gobierno en el que afirmó que la eliminación de las transferencias a las cajas previsionales era información "falsa". Los gobernadores desconfían de la Rosada en este punto.
Valdés va a la Justicia y reclama fondos por $ 100.000 millones
La reunión, además, se da en un contexto en el que las provincias vienen advirtiendo al Gobierno con acudir a la Corte Suprema de Justicia en el caso de que se avance con esos recortes, pero también en simultáneo con una serie de judicializaciones ya planteadas en ese ámbito.
El que salió durísimo el miércoles, antes del Zoom, fue Gustavo Valdés, el gobernador correntino. "Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja. Por lo tanto hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben", apuntó, confirmando que irá al máximo tribunal en reclamo de esos recursos.
Ante la consulta respecto a que el recorte pueda entenderse como un apriete a los gobernadores para que se negocie la Ley Bases respondió: "Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino".
"No nos mandaron nada desde principio de año". Y recordó: "Tenemos una demanda metida hace varios meses; son 25.000 millones que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos $ 100.000 millones que nos deben".
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