Una encuesta de Ipsos difundida ayer en Perú21 es tajante con las limitaciones que la ley y la Constitución deben establecer respecto a quienes postulan a la Presidencia de la República. Nueve de cada de 10 peruanos considera que no se debe permitir que los condenados por homicidio, por rebelión contra el Estado, secuestro y asesinato, por ejemplo, puedan presentarse como candidatos, aun cuando ya hayan cumplido su condena.
Los peruanos han sido testigos de cómo se ha degradado la figura presidencial, el más alto cargo de nuestra nación, así como el Congreso de la República, con personajes impresentables, a menudo hasta prontuariados y nulo compromiso con los fundamentos de la democracia.
En el Congreso el deterioro de los valores y principios, así como las trayectorias que antaño se exigían a los así llamados "padres de la patria", es más que evidente. Y como resultado tenemos un cúmulo de normativas que van en contra del bienestar y el futuro del país y responden solo a intereses particulares, que en no pocos casos son incluso contrarios a la Constitución.
Pero sería más grave aún que el sillón de Pizarro termine siendo ocupado por alguien que ha cometido los graves delitos que menciona la encuesta. La población pide casi en su totalidad (el 94%) que se cambien las disposiciones que permitirían una aberración semejante, suicida para la democracia peruana. Porque no otra cosa implicaría la eventualidad de que saliese elegido un personaje de esta naturaleza, un delincuente prontuariado, prácticamente con sangre en las manos.
El ejemplo más obvio es Antauro Humala, que viene recorriendo el país desde hace meses como parte de una campaña electoral apenas disimulada. Como se recordará el JNE aceptó la inscripción de su partido político, A.N.T.A.U.R.O. en febrero pasado, alegando, entre otros legalismos, que Humala no figuraba como dirigente de la agrupación (cosa que no tardó ni un mes en ser desmentida por los hechos y dichos del propio exconvicto).
¿Qué espera entonces el Congreso para legislar en ese sentido? Se sabe que han corrido iniciativas en el hemiciclo, pero lo cierto es que no hay nada concreto hasta ahora. Si los legisladores no cambian la normativa, la democracia peruana puede caer en manos de personajes que, según predican abiertamente desde hace años, solo buscan destruirla.