El gobierno de Mauricio Macri empezó a caer en una cuenta peligrosa. Las anunciadas visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se demorarán bastante más allá del verano.
La demora no significaría un olvido ni un segundo plano para el conflicto que tomó envión internacional. Tanto el Grupo de Trabajo de la ONU como la CIDH podrían entrar en escena cuando despunte en la Argentina la campaña electoral para las legislativas de octubre. No sería una novedad grata para el macrismo.
La CIDH está trabajando, mientras tanto, en la realización de una "audiencia específica" para tratar el caso Sala. El Grupo de Trabajo de la ONU acopia antecedentes –incluso los procesos en curso contra Sala—para convertir su pedido de liberación en una denuncia por persecución presunta. Es un grado de importancia mayor en la jurisprudencia internacional.
El macrismo carece de oficio y pergaminos en esos foros. Posee buenos apuntalamientos en Santiago Cantón, el secretario de DDHH de Buenos Aires, que depende de María Eugenia Vidal.
También en Claudio Avruj, el ministro del área de Macri. Leandro Despouy, el ex titular de la AGN y embajador extraordinario para los DDHH, recorre Washington y Ginebra con asiduidad.
Pero nada alcanzaría para contrarrestar una trama que el kirchnerismo tejió con habilidad en su década de poder. Allá sigue pesando la figura del ex miembro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
También la cúpula del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), militantes infatigables de la defensa de Sala. Influye un dirigente social alejado de esos organismos pero cercano a Francisco, el Papa.
Se trata de Juan Grabois, abogado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que suele aparecer tan solidario con la piquetera jujeña como crítico del gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales. También lo fue de su antecesor, el peronista Eduardo Fellner.
El macrismo supone que ese equipo K puede haber diseñado la estrategia que planearían desplegar la CIDH y el Grupo de Trabajo de la ONU. Primero postergar su visita para intentar encadenarla con el tiempo electoral.
Segundo, deslegitimar a Morales con denuncias sobre la supuesta compra de testigos en contra de Sala. También con algunas decisiones suyas que, miradas ahora a la distancia, no parecieron pulcras.
¿Cuáles?. Una sobre las demás. Ni bien asumió, el gobernador produjo cambios en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Aumentó el número de jueces de cinco a nueve.
Nominó en aquel Tribunal a dos diputados radicales que votaron la ampliación y a un tercero con la misma identidad política.
Morales pudo hacerlo sin obstáculos por una razón: la enorme fatiga popular en la provincia con la dirigente piquetera. En especial en la ciudad capital. Fueron muchos años, de su parte, de abuso, violencia y extorsión.
En el plano político el gobernador habría sacado una clara ventaja. La Tupac Amaru se ha ido desmembrando desde que cesaron los flujos de fondos clandestinos enviados desde la Casa Rosada.
La prisión de Sala fue otro golpe. La Tupac Amaru llegó a convertirse en la tercera empleadora de la provincia, detrás del Estado y del ingenio Ledesma.
La CIDH y el Grupo de Trabajo de la ONU también afrontan sus dilemas. La defensa de Sala los colocaría excesivamente emparentados en la Argentina con el kirchnerismo.
Al movimiento de Néstor y Cristina le pasó en la región la época de buena ponderación. Esa incomodidad produjo un movimiento discreto que se verificó a fin de año.
El ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, visitó sorpresivamente el último día de 2016 a la piquetera. Hasta la mujer se asombró al verlo.
Fernández está cerca del Frente Renovador de Sergio Massa. El dirigente cree en la ilegalidad de la detención de la líder de la Tupac Amaru. No cuestiona las causas que se le siguen.
Concretó su gesto después de recibir dos sugerencias. Una de parte de Luis Almagro, el uruguayo titular de la OEA. Otra de José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Humans Rigths Watch.
Se trata de un abogado chileno que fue cabeza en la OEA y tuvo posiciones muy duras contra el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela.
La movida de Fernández provocó estremecimientos en el Frente Renovador. Massa, su líder, guarda un silencio impenetrable. Nunca comulgó con Sala.
Jujuy fue además la única provincia que ganó en las presidenciales del 2015. Llevó a Morales en su lista. El vicegobernador, el peronista Carlos Haquim, es su aliado.
Fernández aclaró que Massa no compartió su decisión. Pero Felipe Solá sí. La diputada Graciela Camaño se pronunció a favor de la detención de Sala.
Héctor Daer, miembro de la CGT y legislador del FR, se sumó a la prédica del ex jefe de gabinete. La aliada Margarita Stolbizer continua rezongando.
La detención de la piquetera es un conflicto que va permeando toda la política.