Ana Cabanillas
La parálisis total acecha a RTVE. Después de la polémica desatada por el fichaje de David Broncano, que se saldó con ceses cruzados, una pugna interna con intereses políticos de fondo, y la salida de una parte de la alta dirección de la corporación, ahora el ente público podría quedar completamente descabezado, al estar en duda el papel de la presidenta interina. El Consejo de Ministros modificó los estatutos de RTVE para dar plenos poderes a esta figura tras la dimisión en 2022 del presidente elegido por Las Cortes, José Manuel Pérez Tornero.
Los sindicatos UGT, USO y SI recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo, que el próximo 14 de mayo fallará sobre la nulidad o la validez del acuerdo, según ha podido saber este medio. En caso de que lo tumbe, RTVE quedaría maniatada, sin presidente con competencias plenas y con un importante bloqueo en la gestión que obligaría a los partidos a negociar un acuerdo exprés para acordar un nuevo presidente en el Congreso.
En el último año y medio, la corporación pública ha afrontado la dimisión de Tornero, el polémico cese de la anterior presidenta interina, Elena Sánchez; y la controvertida elección de su sucesora en el cargo, la socialista Concepción Cascajosa; en unos episodios que se enmarcan en la batalla interna que detonó con el fichaje del presentador de 'La Resistencia' por 14 millones anuales, una apuesta que despertó gran interés en La Moncloa. Pero al castillo de naipes cada vez parecen faltarle más piezas y la situación amenaza con llevarle a la parálisis total en caso de que el Supremo declare nulo el acuerdo del Consejon de Ministros.
Más competencias
Fue el 4 de cotubre de 2022, tras la salida de Tornero, cuando el Gobierno modificó el artículo 34 de los estatutos de RTVE para que Elena Sánchez, la entonces presidenta interina, pudiera disponer de las mismas capacidades para dirigir la Corporación pública que sus predecesores, en lugar de las competencias limitadas que hasta entonces tenía esa figura.
Gracias a aquella modificación, la presidenta interina ha podido realizar nombramientos y ceses, además de firmar contratos de elevada cuantía o aprobar planes de empleo. Unas potestades que han permitido a RTVE funcionar con la normalidad, contratar trabajadores o adquirir productos audiovisuales, imprescindibles para diseñar la parrilla. Unas competencias que están en el aire, a la espera del fallo del Supremo.
El Gobierno argumentaba su decisión en la necesidad de poder gestionar la televisión pública hasta que el Congreso de los Diputados eligiera un nuevo presidente. Un parche provisional que sin embargo se viene prolongando ya durante más de un año y medio y que no tiene visos de cambiar; un tiempo, además, en el que el cargo incluso ha cambiado de manos.
La modificación estatutaria del Gobierno, propietario de RTVE a petición de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), fue impulsada como vía rápida para dar capacidad ejecutiva a la recién elegida presidenta Sánchez, a quien propusieron el cargo en una reunión en Moncloa, según ha publicado este medio. La entonces presidenta interina accedió a la cúpula del Consejo de Administración con el apoyo de dos consejeros del PSOE, los dos de Unidas Podemos y uno del PNV. En caso de no haber modificado los estatutos, el Gobierno habría requerido la elección de un nuevo presidente en el Congreso de los Diputados para hacer plenamente operativo el ente público.
Sin retroactividad
Después de que el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños propusiera la modificación y se aprobara en Consejo de Ministros, los sindicatos UGP, USO y SI de RTVE llevaron la causa a los tribunales, presentando demandas en distintas instancias; la más alta, contra la decisión del Gobierno, recayó sobre el Tribunal Supremo, cuyo ponente inicial fue el magistrado José Luis Requero, que rechazó la adopción de medidas cautelares; es decir, dio potestad a la presidenta interina a seguir tomando decisiones mientras no hubiera una sentencia contraria.
En caso de que ahora declare nulo el nombramiento, el fallo tendría consecuencias de carácter inmediato, con la imposibilidad de que firmar contratos audiovisuales, y las subsiguientes dificultades que supondría a la hora de configurar la parrilla de emisiones para la próxima temporada.
Esta nulidad, sin embargo, no tendría 'per se' efectos retroactivos, y no quedarían automáticamente revocadas las decisiones tomadas en el último año y medio, explican fuentes de la parte demandante. Sin embargo, la declaración de nulidad sí daría potestad a los sindicatos para pedir la nulidad también de las decisiones que se tomaran durante este tiempo.
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