Casi en silencio, sin hacer mucho ruido, pero a gran velocidad, la violencia de género se está extendiendo, y normalizando, entre los más jóvenes. Hasta el punto de que si los casos no dejan de crecer entre los adultos, entre los menores de edad se están disparando. A la magnitud del problema le ha puesto cifras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su última memoria de actividad, la correspondiente al año 2023, que refleja cómo los asuntos que se tramitan en los juzgados andaluces acerca de violencia de género en los que los protagonistas son menores de edad han dado un salto en el último año, pasando de 96 en 2022 a 156 en 2023, lo que supone un incremento de 62%.
La memoria del TSJA, que ha presentado este viernes el presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, lanza una seria alerta acerca de la "persistencia y aumento de actitudes de este tipo de violencia entre nuestros jóvenes" y destaca cómo las relaciones afectivas comienzan a edades cada vez más tempranas y cómo influye en todo esto la tecnología y las redes sociales, "así como los estereotipos e ideas sexistas que circulan en ellas".
Aunque excede del ámbito de la memoria y no da datos, el TSJA llama la atención, además, sobre el aumento de la violencia sexual por parte de menores de catorce años y alude, como causas que citan "los expertos", a la escasez de controles de las página web de contenido pornográfico. En definitiva, a la facilidad de acceder a contenido sexual a edades muy tempranas "sin controles efectivos o reales".
En cuanto a estadísticas, el Alto Tribunal contabiliza 89 menores enjuiciados por violencia de género en 2023, de los que la mayoría, el 83%, son mayores de 16 años y en un 85% de nacionalidad española. El número de menores que han sido enjuiciados por violencia de género ha aumentado un 17% respecto a 2022.
Los asuntos vinculados a la violencia doméstica y a la violencia de género supusieron el año pasado el 13% de todo el volumen de procedimientos que ingresaron los juzgados de menores de Andalucía. Durante el año pasado, llegaron a estos órganos judiciales especializados 732 asuntos de violencia de género y violencia doméstica (un 3% más) y se resolvieron 706.
"Debemos estar muy alerta ante la persistencia de actitudes de este tipo de violencia en nuestros jóvenes", pone de manifiesto la memoria del TSJA, que hace hincapié en que es "preocupante" la estadística de menores de 14 años que incurren en actos violentos.
Récord de litigiosidad
Al margen de la alerta sobre la violencia entre los más jóvenes, el Alto Tribunal andaluz pone el foco en su memoria de 2023 en la sobrecarga de trabajo que padece la práctica totalidad de los órganos judiciales de la comunidad, que ingresaron el año pasado 1.372.072 asuntos, -un 6 % más que en 2022- de tal manera que Andalucía vuelve a situarse a la cabeza entre las comunidades con los niveles de litigiosidad más altos del país y supera la media estatal de 145,7 asuntos por mil habitantes, la segunda más elevada tras Canarias.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha recalcado este viernes que las cifras de la memoria que ha presentado este viernes son muy similares a las de años anteriores, y ha detectado una gran judicialización y una sobrecarga que, desde su perspectiva, es "a veces innecesaria".
Del Río ha considerado relevante contar con medidas de mayor eficiencia y mejorar el sistema "organizativo, procesal y funcionarial" para hacer que la Justicia sea más eficiente.
La memoria anual de actividades y funcionamiento del alto tribunal andaluz correspondiente al año 2023 destaca que la cifra de asuntos pendientes ha alcanzado, de nuevo, un récord, lo que acerca el "colapso" judicial y requiere un incremento cuantitativo y cualitativo de medios.
Durante 2023 los órganos judiciales andaluces resolvieron 1.276.551 asuntos, algo menos que el año anterior, por lo que quedaron pendientes otros 758.989 asuntos, con una pendencia que aumentó casi un 16 % respecto a los asuntos que quedaron en trámite a final de 2022.
En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 40 % al pasar de los 542.514 de 2013 a los 759.518 del año pasado.
Necesidad de refuerzos
El presidente del TSJA ha recordado en la memoria que la Justicia ha superado la pandemia y la huelga de funcionarios de justicia pero se enfrenta a un alto porcentaje de suspensiones y a una carga de trabajo en la que el número de casos registrados supera siempre al de resueltos.
La memoria del TSJA especifica que sería imprescindible la creación de plazas judiciales para paliar el atasco de la justicia y expone que, dado el volumen sostenido de ingreso de asuntos, sería necesario crear al menos 15 plazas en los órganos colegiados y 104 nuevos órganos judiciales.
Del Río ha precisado que los asuntos ingresados se han incrementado un 8 %, una tendencia mantenida desde 2017 que varía solo en la jurisdicción con mayor aumento de causas.
La jurisdicción con mayor incremento ha sido la contenciosa, que sube un 18 %, seguida de la social, que ingresa un 6 % más de asuntos, mientras que la penal recibió en 2023 un 4 % más de causas.
Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, con un 54 % de los asuntos, seguida de la civil, con un 37 %, y la social, con solo seis de cada cien asuntos.
El presidente del TSJA ha resumido que la valoración final de la situación, recogida en la memoria, es negativa y suma conclusiones similares a las de años anteriores que facilitan que la justicia sea percibida como "lenta y poco eficiente".
Evitar el colapso
"Y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad", indica el documento.
La memoria vuelve a reflejar la falta de modernización del poder judicial y lamenta que los responsables políticos sigan "frustrando" reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado.
"Llevamos más de veinte años de transitoriedad. La justicia, a nuestro pesar, no es una prioridad política", ha expuesto Del Río, que ha considerado que esta memoria es una oportunidad para que la clase política reaccione y evite el colapso.