La Xunta iniciará "de inmediato" los trámites necesarios para comenzar a gestionar los usos de la costa gallega tras el aval unánime del pleno del Tribunal Constitucional a la Lei do Litoral de Galicia que tumbó, a su vez, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra esta norma.
Así es, ya que el fallo publicitado el pasado martes por el tribunal de garantías no supone el traspaso inmediato de estas competencias a la autonomía, sino que abre la puerta a un proceso que debe finalizar con la aprobación, por parte del Ejecutivo central, de una norma con rango de ley que dé conformidad a la transferencia.
De este modo, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció ayer en el Parlamento gallego, en respuesta a una interpelación planteada por el grupo popular, que la Administración autonómica solicitará de manera inminente al Gobierno central el traspaso de los medios necesarios para hacerse cargo de la gestión de la costa, tanto materiales como económicos.
"Un mensaje que tenemos que dar al Gobierno central: no nos van a parar cuando veamos que hay un agravio con Galicia. Nuestra obligación es defender a los gallegos y así lo haremos"
En las palabras de Vázquez se puede intuir el ánimo en las filas populares, que ven la sentencia del Constitucional como un triunfo de la Xunta sobre Moncloa en una batalla "más política que jurídica": "Un mensaje que tenemos que dar al Gobierno central: no nos van a parar cuando veamos que hay un agravio con Galicia. Nuestra obligación es defender a los gallegos y así lo haremos". En este mismo sentido se pronunció la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que tachó el fallo del Constitucional como el "naufragio" de Pedro Sánchez por "su arrogancia y desprecio a los gallegos".
En este sentido, Vázquez incidió en que se trata de "un buen mensaje para comenzar la legislatura", puesto que una vez se traspasen formalmente las competencias y la norma entre en vigor, en opinión de la titular de Medio Ambiente, se dará fin a "un periodo de mucha inseguridad jurídica". No solo para la Xunta, que tras la suspensión cautelar de la Lei "no podía siquiera hacer una senda" en el litoral, sino, sobre todo, para las empresas del sector mar-industria que desarrollan su actividad en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre. "Un sector que emplea a alrededor de 40.000 personas y genera una actividad económica de 9.000 millones de euros anuales, casi el 5% del PIB de Galicia", dimensionó Vázquez.
Sobre los dos puntos de la Lei do Litoral suspendidos por el tribunal de garantías –la posibilidad de que las depuradoras de aguas residuales se ubiquen en el dominio público marítimo-terrestre y el trato privilegiado a las embarcaciones gallegas sobre el resto de buques–, Vázquez afirmó que "en realidad no va a afectar en absolutamente nada", a la par que reconoció la voluntad de la Xunta de "avanzar en la depuración de aguas de ciertas zonas" tras entender el TC que las estaciones no pueden hallarse en este espacio.
El Consello Consultivo saca pecho por su trabajo
Una vez conocido el fallo del Constitucional, el Consello Consultivo sacó pecho porque el tribunal de garantías apoyara de forma unánime "su criterio" al avalar la Lei do Litoral de Galicia. El órgano técnico-jurídico emitió tras el recurso del Gobierno un dictamen del que fue ponente su presidente, el magistrado José Luis Costa Pillado, en el que informaba de que la comunidad contaba ya con "todas las facultades o funciones" de ordenación del litoral, incluidas aquellas sobre "la gestión de los títulos de uso y ocupación" del dominio público marítimo-terrestre, porque así lo establecía el propio Estatuto de Autonomía. Una tesis refrendada el pasado martes por el Tribunal Constitucional en su sentencia, que sostiene que la normativa relativa a la organización y usos específicos del litoral no contraviene las disposiciones legislativas estatales diseñadas para salvaguardar el dominio público marítimo-terrestre.
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