El ingreso a la Policía desde hace bastante tiempo viene siendo un ardid para cometer estafas. El titular de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, Mariano Fernández, anunció que abrió una investigación en contra de una agente de la fuerza acusada de haber cometido esta maniobra. En principio, según las primeras averiguaciones, habría recaudado más de $1,5 millón.
Una persona se presentó para informar que habían pagado una importante suma de dinero para poder ingresar a la fuerza. Denunciaron que unas 20 personas habían sido víctimas de esta joven que supuestamente era policía y que era muy conocida por los mandos superiores.
Por esa exposición, Fernández consiguió que un juez otorgara una serie de allanamientos que terminaron concretándose el jueves por la tarde en El Chañar, en el este tucumano, y en la capital de la provincia. Los investigadores lograron reunir pruebas en contra de la sospechosa de 34 años, que ya fue notificada de que se inició una investigación en su contra.
La agente captaba la atención de jóvenes que querían ingresar a la fuerza asegurándoles que tenía contactos y vínculos para que pasaran a formar parte de la Policía. Les explicaba que había dos alternativas para que pudieran lucir el uniforme. Una de ellas consistía en esperar que ella moviera sus contactos y la otra, pagando una suma de dinero para que concretaran su plan de manera más rápida y segura. Según los dichos del denunciante el monto del dinero se lo hacía llegar mediante efectivo o transferencia bancaria a la cuenta sueldo de la sospechosa. De la incipiente investigación, surge que podrían haber sido víctima de esta maniobra unas 20 personas.
El mecanismo que utilizaba la sospechosa estaba perfectamente aceitado. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, al momento de solicitar el dinero, les comunicaba que con esa suma de dinero también adquiriría las botas que forman parte del uniforme policial.
Los investigadores también lograron confirmar que la investigada los citaba cada tanto para dictarles una suerte de entrenamiento. Siempre según las primeras averiguaciones, que surgieron por el trabajo que realizó Gabriela Susana Rodríguez y personal de la División Cibercrimen de la Policía, hasta había formado un grupo de WhatsApp que tenía como nombre "Aspirantes". Esa era el canal de comunicación que habría utilizado para comunicarse con los damnificados. En los allanamientos se secuestró el celular de la mujer que será analizado en los próximos días. Una vez que tengan los resultados, el fiscal Fernández solicitará una audiencia para acusarla formalmente.
En tanto que fuentes del área de Seguridad que dialogaron con LA GACETA informaron que la agente fue puesta en disponibilidad hasta tanto se avance con la investigación. En el momento que se le formulen los cargos, podría dejar de pertenecer a la fuerza porque no estaría en planta permanente.