El caso del ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, constituye un claro ejemplo de la manera en que la arena política se sigue agitando. La reciente investigación en su contra, derivada de una acusación anónima, plantea varias interrogantes respecto al propio Poder Judicial de la Federación (PJF) y al actuar de la ministra presidenta, Norma Piña.
Llama la atención la velocidad con que ha avanzado este proceso, contrastando dramáticamente con la lentitud que caracteriza a otros cientos de casos judiciales en nuestro país. Pero, ¿a qué obedece esta premura? ¿Es genuina la búsqueda de la verdad y la justicia o estamos presenciando una cacería política para debilitar a todo un movimiento? Las respuestas aún no son claras, pero las preguntas persisten.
La denuncia, presentada en el marco de una investigación iniciada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), acusa al expresidente de la SCJN de interferir en la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales del PJF, entre otros argumentos. Sin embargo, es importante recordar que tales señalamientos están todavía bajo investigación y no se han probado.
La respuesta del ministro Zaldívar fue contundente, al señalar la violación de la confidencialidad y sugerir motivaciones políticas detrás de la filtración de la investigación, con el fin de desprestigiarlo tanto a él como a otros exfuncionarios del CJF, quienes habrían emitido criterios favorables al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, afirmó que presentará una solicitud de juicio político contra la actual ministra presidenta de la SCJN.
Sin embargo, más allá del curso de la investigación y su posible trasfondo político, este caso también plantea una oportunidad para reflexionar sobre la calidad de nuestra justicia y la necesidad urgente de una reforma de fondo. La transparencia en la selección de juezas y jueces, la rendición de cuentas por parte de las y los ministros, la verdadera autonomía del Poder Judicial y una revisión constitucional que refleje los desafíos actuales son tópicos impostergables.
Definitivamente, la justicia no puede ser un privilegio reservado para unas cuantas personas ni estar sujeta a los vaivenes de la política partidista. Al contrario, es momento de trabajar para restaurar la confianza en las instituciones, fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la balanza de la justicia se incline hacia el bienestar de toda la población, más allá de intereses individuales o de grupo.
Si bien es posible ver la acusación contra Arturo Zaldívar como un síntoma de los tiempos electorales, también debe considerarse como una llamada de atención para impulsar los cambios significativos que requiere nuestro sistema judicial. Algo ante lo que no podemos permanecer como espectadores pasivos, sino, por el contrario, actuar con determinación y voluntad política para seguir construyendo un México más justo y equitativo para todas y todos.
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