Sumar duda de la legalidad de la nueva partida de 1.129 millones en gasto militar que se aprobó el martes en Consejo de Ministros, al considerar que contravienen las dos sentencias dictadas en 2016 por el Tribunal Constitucional que anularon sendos créditos extraordinarios en Defensa aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, por no estar suficientemente justificados y por hacerse a por la vía del real decreto. Una de estas sentencias fue a instancias del PSOE y de IU, que recurrieron el aumento en gasto armamentístico por la vía del crédito extraordinario.
Los ministerios de Sumar mostraron en la reunión del Consejo de Ministros este martes sus objeciones a esta partida, seálan fuentes de la plataforma de Yolanda Díaz, que cuestionan la validez jurídica de esta decisión, al considerar que no se ha aportado documentación que justifique la urgencia del crédito y las causas objetivas para su aprobación.
"El espacio de Sumar en el Gobierno ha planteado objeciones (observaciones en el circuito ministerial) acerca del Acuerdo Marco por valor de 1.129.648.285,92 aprobado por el Consejo de Ministros", señalan estas fuentes gubernamentales a este medio. En primer lugar critican que se hiciera mediante una "aprobación urgente", al tratarse de una partida que supone "más del 8% del presupuesto anual de Defensa". "No está justificada esta celeridad, por lo que hemos pedido que se faciliten qué factores y contextos concretos la justificarían".
Fuentes de Sumar en el Gobierno muestran "nuestra preocupación por la práctica de recurrir a los créditos extraordinarios y Fondos de Contingencia para este tipo de partidas para armamento". Aseguran compartir, además, "las advertencias del Tribunal Constitucional en 2015 y del Tribunal de Cuentas en 2016 respecto a los Programas Especiales de Armamento (2012-2015)".
SENTENCIAS DEL TC
En dos sentencias, el Tribunal Constitucional anularon en julio y octubre de 2016 sendos créditos extraordinarios para pagar los Programas Especiales de Armamento (PEAs), a los que se destinaron 856,5 y 883,65 millones de euros, respectivamente, por no estar justificada la "urgencia ni los perjuicios en caso de impago". En este caso, Sumar denuncia que "no se aportan causas objetivas ni justificación adecuada" que justifiquen el acuerdo del Consejo de Ministros, que permitirá al PSOE aumentar el gasto en Defensa sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados.
"Resulta que el recurso sistemático al Decreto-Ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales contenidas en el art. 86.1. de la Constitución Española", reza una sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2016, a la que ha tenido acceso este medio, donde se llama a aprobar el aumento a través de una ley, que en este caso se correspondería con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Una vía con la que no cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez, tras renunciar al proyecto presupuestario tras el adelanto en las elecciones catalanas..
"La especial financiación de los programas de defensa aquí analizados puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal. Pero ese carácter extraordinario bien podría vehicularse a través de la Ley y no indefectiblemente mediante el Real Decreto-Ley cuyo uso legítimo se halla restringido por la Constitución", reza el fallo.
RECURSO DEL PSOE
En aquella ocasión fue precisamente el PSOE, junto a otras fuerzas, quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy el 1 de agosto de 2014. En el recurso, señala la sentencia, el PSOE alegaba que la decisión tenía una "falta de fundamento suficiente, ya que no se hace referencia a la existencia de un motivo extraordinario y perentorio que resulte aceptable para justificar la adopción de tal medida por el Decreto-ley". Una causa que ahora Sumar emplea contra el socio mayoritario de la coalición.
En su escrito, criticaban además que el Gobierno de Mariano Rajoy no incluyera el aumento del gasto militar en los Presupuestos Generales del Estado, y consideraban que se trataba, según recoge la sentencia, "de un modo de actuar deliberadamente adoptado por el Gobierno según el cual, de manera consciente, no se dotan en los Presupuestos Generales del Estado los créditos para afrontar los pagos correspondientes de los programas especiales de armamento, recurriéndose con posterioridad a la aprobación mediante Decreto-ley de un crédito extraordinario para satisfacer dichas obligaciones". Un modus operandi que, a su juicio, supone "una clara subversión del sistema previsto por el constituyente para la aprobación de las cuentas públicas".
INVASIÓN DE COMPETENCIAS
No es la única crítica que hacen al Gobierno por el nuevo gasto en defensa. Fuentes de Sumar en el Gobierno detallan que "también hemos planteado objeciones a que solo se precisan los criterios económicos y la convocatoria no respeta la legalidad vigente en cuanto a Igualdad", apuntan.
"Consideramos además que Defensa se arroga competencias en materia laboral que corresponden al Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", continúan estas mismas fuentes, sin precisar qué competencias concretas han sido a su juicio invadidas por el ministerio de Margarita Robles. "Por estos motivos -continúan-, se señaló expresamente que los ministerios que competen a Sumar en el Gobierno no comparten el gasto en armamento que se aprobó en Consejo de Ministros.
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