La demolición judicial de Cristina
Artículo extraído del Diario La Nación - por Julio Blanck
Inexorable, el avance de las causas en su contra colocan a Cristina Kirchner en un estado de potencial demolición judicial y política. En la semana que pasó, apenas reabierta la actividad de los tribunales, la puesta en marcha de las medidas de prueba a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de iraníes en el atentado a la AMIA y el llamado a indagatoria bajo acusaciones de lavado de dinero y cobro de sobornos en el caso Los Sauces, marcaron un punto crítico para la ex Presidenta. Pero Cristina quizás llegue a extrañar estos días: lo que le espera, en términos judiciales, puede ser mucho peor.
Frente a la acumulación incesante de pruebas adversas, la única defensa a la que atinan de la ex Presidenta y sus allegados es denunciar persecución política. Es una manera poco sutil de esquivar la montaña de acusaciones. Puede resultar eficaz para quienes siguen creyendo a ojos cerrados en Cristina. No son pocos los creyentes, hay que decir. Y a eso habrá que sumar la gruesa legión de cínicos que dicen mantener la fe intacta porque saben que ese es su único aunque improbable pasaporte a la salvación de bienes y honores, si es que de estos les quedase algo. Pero poco y nada pesan esos argumentos en los expedientes.
"Si las pruebas están, no hay forma de que uno pueda ser perseguido" había dicho hace diez días Claudio Bonadio en una entrevista con el diario La Nación. Bonadio es el juez que el viernes citó a indagatoria a Cristina por Los Sauces. También fue el primer juez en citar, indagar y procesar a la ex Presidenta. Lo hizo el año pasado por las maniobras con el "dólar futuro". La acusó de "administración infiel en perjuicio del Estado". Es la más liviana de las causas que se acumulan contra ella. Es poco probable que puedan condenarla y del todo imposible que pueda ir presa por este asunto. Pero no se privará de ofrecer el espectáculo de ser enjuiciada. El miércoles próximo el fiscal Eduardo Taiano presentaría la acusación formal y a fin de mes la causa podría ser elevada a juicio oral.
Poco después, el 7 de marzo, Cristina deberá presentarse a ser indagada por Bonadio en el caso Los Sauces. El fiscal de esta causa es Carlos Rívolo. Quienes conocen el expediente dicen que contiene evidencias escandalosas por la incongruencia, falta de sustento y errores groseros en la administración y manejo de fondos de esa sociedad familiar, que facturó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López el 86% de su operación.
Un día antes que Cristina deberán declarar sus hijos, Máximo y Florencia. Es la primera vez que la Justicia los cita. Esto marca un punto de inflexión altamente sensible en las desgracias judiciales de la ex Presidenta. Queda en evidencia que sus acciones terminaron colocando a sus hijos en el límite de la conducta delictiva. La Justicia dirá de qué lado de ese límite quedaron.
Máximo es diputado igual que Axel Kicillof, el ex ministro también procesado y camino al juicio oral por el "dólar futuro". La ola judicial que avanza sobre Cristina amenaza así a familiares directos, ex ministros, secretarios y funcionarios de variado rango, escribanos, contadores, allegados, socios y testaferros.
El modelo de negocios de los Kirchner, tan ferozmente próspero durante tantos años -doce gobernando Santa cruz, otros doce mandando en el país- puede terminar en la desgracia de muchos de sus actores y beneficiarios. Quizás sirva de escarmiento a los responsables y de enseñanza a la sociedad. Ya se ha dicho: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Los Sauces es el caso promovido por denuncias muy precisas de la diputada Margarita Stolbizer. Está naturalmente conectado con la causa Hotesur, que involucra a los negocios hoteleros de la familia Kirchner y que fuera investigada originalmente por Bonadio para incomodidad notoria de Cristina, entonces presidenta. El caso después fue puesto en manos de Daniel Rafecas donde durmió un largo sueño y en abril del año pasado, ya con Cristina fuera del poder, recayó en el juez Julián Ercolini por decisión de la Cámara Federal.
El 30 de diciembre pasado, en el marco de esta causa, Ercolini inhibió todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. Tres días antes el juez había tomado una decisión más grave: procesó a Cristina y la embargó en 10.000 millones de pesos bajo el cargo de asociación ilícita por el multimillonario direccionamiento de obras públicas en favor de Lázaro Báez. En aquel megaprocesamiento también cayeron Julio De Vido y José López, piezas clave en la arquitectura y ejecución del turbio manejo de fondos durante la "década ganada".
Todo este paquete viene fuertemente encadenado. La hipótesis sólida que se maneja en la Justicia es que el desvío de fortunas en dinero del Estado, a través de esa asociación ilícita que habría liderado Cristina, constituye el delito precedente del lavado de dinero investigado en Los Sauces y Hotesur. No se entiende un caso sin el otro. Así, no habría que asombrarse si en un punto se plantea la confluencia de estas causas en un único juicio oral. Las condenas, si se llega a ellas, sin duda serían severas.
También están unidas las causas políticamente más corrosivas para Cristina, que son las vinculadas al entendimiento con Irán respecto del atentado a la AMIA en 1994, a la denuncia de encubrimiento que por ese pacto le hizo el fiscal Nisman y a la muerte del fiscal cuatro días después de haberla denunciado, en enero de 2015.
El 29 de diciembre pasado un fallo de la Cámara de Casación dispuso, después de casi dos años de vergonzoza parálisis, abrir la investigación por la denuncia de Nisman. Al mismo tiempo apartó del caso al juez Rafecas y a los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes dos veces rechazaron investigar el presunto encubrimiento a los iraníes sin haber tomado una sola medida de prueba.
La denuncia de Nisman recayó en Ariel Lijo. Lo primero que hizo este juez, al reabrirse la actividad judicial, fue ordenar la realización de las 49 medidas de prueba que el fiscal Gerardo Pollicita había pedido sin éxito a Rafecas. De hecho, Lijo delegó la investigación en el fiscal.
De mismo modo el juez federal Ercolini había delegado en el fiscal Taiano la investigación por la muerte de Nisman, que también durante casi dos años fue sepultada en la justicia ordinaria. Ahora, una junta integrada por jefes de Gendarmería, expertos forenses, médicos y especialistas analizará las pruebas acumuladas. En dos meses deberán dictaminar si Nisman se suicidó o lo mataron.
Todas y cada una de las diligencias que se hagan tendrán en la mira a Cristina y a quienes fueran sus funcionarios. Resultados concretos podrían empezar a conocerse en también dos o tres meses. Justo cuando entre en terreno de definiciones el armado de las candidaturas para la elección de octubre ¿Pura casualidad? En tribunales se lavan las manos: dicen que están bajo el imperio de los tiempos procesales.
Mientras la denuncia de Nisman permanecía inmovilizada, el juez Bonadio avanzó en una causa contra el ex canciller Héctor Timerman basada en el mismo hecho: el pacto con Irán. La acusación es por traición a la Patria. Alrededor de 20 de las 49 pruebas que pidió el fiscal Pollicita ya fueron realizadas por Bonadio. Entre otras, las declaraciones testimoniales de los ex cancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana y Susana Ruiz Cerrutti.
Bonadio en su momento le pidió a Rafecas que le enviara la denuncia de Nisman para uniicarla con el caso que está en su juzgado. Pero con el juez Lijo la situación es distinta: mostró desde el principio decisión de avanzar. Hay allí un problema de competencia, que pronto resolvería la sala de la Cámara Federal integrada por su presidente Martín Irurzun, junto a Horacio Cattani y Eduardo Farah. Estos camaristas, que dan una garantía razonable de independencia, tienen jurisdicción ahora sobre la denuncia de Nisman contra Cristina y también sobre el caso de la muerte del fiscal.
No todo es producto de la pura casualidad: los jueces Bonadio y Lijo intercambiaron ideas acerca de cómo agilizar las investigaciones vinculadas al pacto de Cristina con Irán, en una charla de la que también participó Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal.
Fue el 18 de enero, en los elegantes salones del Palacio Bosch, durante la fiesta de despedida del embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet.