El Gobierno reformará la regulación del despido para cumplir con el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya ha notificado su resolución a la queja presentada por UGT, que alegaba un bajo coste del despido.
Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social, recordando que este era un compromiso firmado entre el PSOE y Sumar en el acuerdo de Gobierno.
«La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado que el régimen jurídico del despido en la actualidad en España difícilmente cumple con los estándares previstos en la Carta Social Europea», ha aseverado el 'número dos' de Yolanda Díaz.
Esta «falta de ajuste» con la Carta Social Europea revisada tendría que ver, ha dicho Pérez Rey, con el carácter «reparador» de las sanciones derivadas del despido injustificado, «que no siempre tienen en cuenta las circunstancias subjetivas o de otra índole del trabajador», y las referidas al carácter disuasorio del despido.
«Está escrito negro sobre blanco en el programa de coalición», ha insistido. «Una de las reformas comprometidas con la ciudadanía el el cambio en el despido para mejorar la protección de las personas trabajadoras y dar cumplimiento a la Carta Social Europea. Obviamente, en la medida en que esa resolución se sitúe en lo que ha hecho el Comité con Francia o Italia… Haría imprescindible una reforma para cumplir con nuestros compromisos internacionales», ha zanjado.
Pérez Rey ha insistido en el carácter «especulativo» de la citada reforma, vinculada al fallo, dado que existe un embargo sobre la resolución que no se levantará hasta junio o julio. Ambas partes conocen ya el contenido, pero no pueden hacerlo público. El diario El País avanzó que la resolución había sido a favor del sindicato, dando la razón en cuanto a que la indemnización por el despido es insuficiente en España.
La central reclamaba ante el Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tuvieran en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación), al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.
En su informe anual de hace dos semanas el CEDS ya apuntaba a que la legislación española respecto al despido improcedente no permite a los jueces fijar una compensación adecuada a la pérdida sufrida por el trabajador al limitar la indemnización a 33 días por año trabajados con un máximo de 24 mensualidades.