Javier Milei volvió a jugar con fuego. Este miércoles, en su discurso en la Fundación Libertad, el Presidente dijo: "Mah, tiren la ley Bases, hagan lo que quieran. Vamos a lograr todo esto a pesar de la política". En su fuero íntimo, el diplomático Guillermo Francos debió agarrarse la cabeza. "Pobre Guillermo Francos, sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo?", se había atajado el mandatario antes del dardo contra la "casta".
Sucede que el ministro del Interior es el encargado de sostener la difícil relación entre la gestión libertaria y las provincias, un vínculo que lleva apenas cinco meses de vida pero que se deterioró a velocidad supersónica. Ahora, en el sprint final por las negociaciones del proyecto ómnibus versión pocket, las palabras del mandatario atentan contra el espíritu que pretende construir el ala política de la Casa Rosada con los gobernadores.
La semana pasada, ante la consulta de este medio, las administraciones provinciales descontaban que, tarde o temprano, el paquete oficialista se convertiría en ley y el Pacto de Mayo sería una realidad. "Siempre y cuando no aparezca un cisne negro", aclaraban, recordando episodios traumáticos de un verano agitado. Si bien la diatriba presidencial no quebró la frontera, sí se acercó peligrosamente a una línea roja.
Gobernadores de JxC reiteran respaldo a Ley Bases
Entre las filas de los jefes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) reiteran que su apoyo permanece inalterable. "Los 10 gobernadores de JxC están para apoyar la ley", sentencia una voz desde un distrito amarillo. "Vamos a acompañar", suman desde un despacho del norte.
El martes, durante un Zoom que compartieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y legisladores dialoguistas, los mandatarios de la coalición que nuclea al PRO y a la Unión Cívica Radical (UCR) institucionalizaron, una vez más, su respaldo al nuevo texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. "El Gobierno escuchó y tomó nota. Está más abierto al diálogo y lo celebramos" fue el balance de un operador cambiemita ante la consulta de Ámbito.
Por más que en Balcarce 50 ya daban por hecho que así sería, lo vertiginoso de la hora política obliga a aclarar lo obvio. "Es un minuto a minuto y todo puede cambiar", admiten legisladores de escuderías variopintas mientras se desarrollan las conversaciones. La Libertad Avanza (LLA) parece haber aprendido de la fallida aventura estival y ahora se muestra más receptiva con los reclamos distritales.
La foto que se planea para el 25 de Mayo en Córdoba sería obra casi exclusivamente del ala política de LLA, con Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a la cabeza. "Javier está abocado a otras cosas", se sinceran en el espacio.
Eso sí: el buen diálogo no frena a la motosierra. El ajuste sobre ítems como los subsidios al transporte y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) sigue golpeando en el interior. A esos reclamos se les sumó esta semana la masiva marcha por la universidad pública, que desbordó decenas de plazas en todo el país, y que tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, donde estaciones y distintos puntos neurálgicos se vieron desbordados por la marea de estudiantes.
Provincialismos: claves para la Ley Bases
Más allá de los gobernadores amarillos, hay otros caciques listos para sumar voluntades. El cordobés Martín Llaryora, por caso, ya manifestó en más de una ocasión que respaldará la nueva ley Bases. No es menor: en caso de que se concrete, Llaryora será el anfitrión del Pacto de Mayo. La otra pecera donde el oficialismo busca pescar votos es en la de los provincialismos. Se trata de fuerzas con lógicas locales que, a falta de estructuras nacionales para sostenerse, intentan mantener buenos vínculos con Nación independientemente del signo gobernante.
Es el caso de los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Hugo Passalacqua (Misiones); y Gustavo Sáenz (Salta). Los primeros tres integran la combativa liga Patagónica, un espacio que nuclea a seis provincias, ahora plantadas contra temas como la restitución del Impuesto a las Ganancias. El abroquelamiento, que de momento atañe a cuestiones regionales, se pausaría para que cada fuerza tome su propio camino a la hora de votar el proyecto.
Similar escenario atraviesa a Sáenz y Passalacqua. Ambos protestan contra la decisión del Ejecutivo del eliminar el capítulo tabacalero que estaba contemplado en la ley ómnibus original. Sus diputados, junto a los oficialistas de Río Negro, integran el bloque Innovación Federal. Consultados respecto a la negociación, dijeron: "Lo pusimos en disidencia desde Innovación, Hacemos Coalición Federal y la UCR, cada uno en su propia disidencia. Coalición Cívica, con dictamen propio, también lo sostuvo".
"Quedó claro quienes queremos tratarlo y quienes sacarlo", dispararon desde el espacio de los gobernadores. Finalmente, el ítem fue incluido en disidencia, al igual que como ocurrió con el Banco Nación -excluido de la lista de empresas a privatizar-.
"Las palabras se las lleva el viento", protestó una fuente que participó del plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales, donde Bases obtuvo dictamen.
Al margen del resultado favorable para LLA, el discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad no pasó desapercibido durante la jornada palaciega.
Dirigentes de fuerzas aliadas al Gobierno expresaron su malestar con el Presidente. El diputado cordobés Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) consideró que "resulta raro que el Presidente pida un pacto, que mande a sus funcionarios a negociar con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso medio raro que no le importa que tiren la ley".
"Sería bueno que, atento a estos antecedentes, el Presidente no use Twitter hasta la sesión. Sería bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley", completó.
En la misma senda, el formoseño Fernando Carbajal (UCR) lanzó: "Nosotros no delegamos facultades, y menos a un Presidente que ha dicho 'tiren la ley Bases, hagan lo que quieran. A pesar de la política, lo vamos a hacer'".
"Esto es un mensaje autoritario, porque la política es el funcionamiento de este Congreso. Lo q ue dice que el Presidente es que va a hacer los cambios a pesar de lo que diga la democracia y el estado de derecho. Sepa que no se lo vamos a permitir", concluyó.