La semana pasada nos dejaba el brillante psicólogo del comportamiento Daniel Kahneman, galardonado del Premio Nobel de Economía en 2003 por el estudio de las elecciones humanas bajo situaciones de incertidumbre, como es el caso de las decisiones financieras.
Partiendo del análisis de la evidencia empírica, su teoría prospectiva (Prospect Theory) describe cómo los individuos evalúan las potenciales pérdidas y ganancias. La mayoría de personas somos propensas a participar en juegos aleatorios cuando partimos de una situación de pérdida, pero nos volvemos aversos al riesgo cuando se nos ofrece una ganancia potencial.
En febrero de 2010, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, el hoy Ministro Escrivá, entonces director de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), afirmó que la mayoría de estudios sobre pensiones dibujaban un "escenario futuro demasiado pesimista", al no contemplar que la demografía, el mercado de trabajo o los resultados de las reformas aplicadas podrían ser "muy favorables".
Escrivá criticó en especial el uso de las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como el hecho que los informes más favorables solo proyectaran una recuperación de las tasas de empleo hasta los niveles existentes en 2007 antes de la crisis. Ambas proyecciones podrían ser tildadas de pesimistas, pero en ningún caso de poco realistas.
Lo cierto es que relajar la prudencia en contextos de incertidumbre es una actitud irresponsable. La decisión racional es actuar prudentemente en situaciones inciertas, aunque como describió el mismo Kahneman, los seres humanos no siempre optemos por este camino.
Hoy sabemos que nuestros dirigentes fueron imprudentes cuando dijeron que no hacía falta ajustes en el sistema de pensiones español, cuando dijeron que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sería transitorio o cuando dijeron que no se rompería el principio de contributividad – eso es, que cada uno reciba una pensión de acuerdo con sus aportaciones al sistema.
El Gobierno aprobaba la semana pasada, por Real Decreto-Ley, el desarrollo reglamentario pertinente para un nuevo impuesto sobre los salarios más elevados. En concreto, la mal denominada "cuota de solidaridad" tiene como objetivo rapiñar un extra de ingresos a aquellos trabajadores cuyas nóminas superen la base máxima prevista a partir de 2025, actualmente en 56.600 euros anuales.
El tipo sobre los trabajadores cuyas nóminas superan esta base comenzará en el 0,92% en 2025 y llegará al 5,5% en 2045 para retribuciones hasta el 10% superior a la base; en el 1% y hasta el 6% para retribuciones entre el 10% y el 50% superior a la base máxima; y en el 1,17% y hasta el 7% para retribuciones un 50% superiores a la base máxima. El tipo más elevado se aplicaría sobre un salario de unos 90.000 euros en la actualidad.
La cuota de solidaridad no es más que un impuesto adicional y no tendrá un carácter contributivo, sino "redistributivo" (entrecomillado porque no redistribuirá de ricos a pobres, sinó de trabajadores a boomers). La cuota sirve para generar un extra en la partida de ingresos que se usará para financiar las pensiones, pero no genera una mejora en la base reguladora que calcula la futura prestación del cotizante. En definitiva: permite suavizar el golpe financiero del retiro masivo de la generación del "baby boom", pero no tiene efectos sobre la pensión del cotizante actual.
En un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro (aunque cada vez en menor medida), las cotizaciones sociales no deberían constituir un impuesto sino un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión.
«Relajar la prudencia en contextos de incertidumbre es una actitud irresponsable»
Esto, sin embargo, deja de ser el caso en el momento en el que un aumento de la base de cotización no se traduce en una mayor pensión. Las cotizaciones sociales que se aplicarán a partir de un determinado umbral son, en la práctica, un impuesto puro y duro, una exacción monetaria sin contrapartida alguna.
La mayoría de los países del centro y norte de Europa han transitado a sistemas de capitalización que complementan la pensión pública con instrumentos de previsión empresarial y ahorro individual. Esto permite evitar que se hunda el poder adquisitivo de los jubilados sin comprometer la estabilidad futura de todo el sistema.
Nuestro sistema de pensiones es hoy una gran fuente de desequilibrios intergeneracionales: una pirámide demográfica invertida, un denominador raquítico en el reparto del peso de las pensiones que hay que pagar − la población activa es escasa, con unas tasas de paro que lideran los rankings de la UE − y unos ajustes al alza en la pensión media que exceden los incrementos salariales de la población activa.
Un fenómeno que tiene visos de Esquema Ponzi, de estafa piramidal. Una situación que no cambiará dada la demografía política: la bolsa de votantes pensionistas es demasiado suculenta para cualquier gobierno.