Es curioso y dramático a la vez ver como algunos dirigentes del oficialismo de hoy que ayer eran de la oposición van cambiando de posición sobre el tema de la creación de un régimen penal para adolescentes y la polémica propuesta de disminución de la edad para imputar a un menor.
¿Qué porcentaje de los homicidios han sido cometidos por menores en los últimos años? No se sabe, en parte porque el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández prohibió a las fuerzas de seguridad difundir estadísticas sobre los índices de criminalidad.
Otro interrogante, si se reduce la edad y los menores en conflicto con la ley deben pasar de los institutos de menores a cárceles especiales, ¿ya existen o hay que construirlas?
Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires las cárceles están colapsadas. Y no solo desbordadas, sino que "el 46 %" de los excarcelados vuelven a robar y a quedar presos, lo que habla que el nivel de reincidencia es mayor porque muchos no caen nuevamente bajo la mano de la ley.
Entonces, enviar jóvenes a cárceles por más especiales que sean en vez de los actuales institutos de menores ¿no formará un potencial delincuente más peligroso en vez de abrirle el camino hacia la reinserción?
En endurecimiento de las leyes, ¿será complementado por planes para incluir a los jóvenes ni-ni en la Argentina, que no estudian ni trabajan, ya llegan a un millón?
La no coincidencia de los líderes políticos en un mínimo diagnóstico lleva a la dirigencia a tomar medidas sin consenso que, en muchos casos, quedan sin aplicar.
En el 2004 la sociedad sintió escalofrío por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg y luego su padre, Juan Carlos, reunió multitudes en el Congreso que preocuparon al entonces presidente Néstor Kirchner.
¿Las propuestas de "mano dura" de Blumberg, apoyadas por varios políticos, cambiaron la realidad de inseguridad que viven a diario millones de argentinos? No.
Luego Cristina Kirchner se alejó de esa posición de su esposo y se apoyó en el CELS del periodista Horacio Verbistky y entronó a Nilda Garré en el flamante ministerio de Seguridad entre el 2010 y 2013 y desandó parte del camino que abrió Blumberg. Así reflotó las ideas del "garantismo".
El ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se pronunció en aquel momento a favor de bajar las sanciones para los menores de edad que cometen delitos y excluir las penas extremas, como la prisión perpetua, para los adolescentes de entre 16 y 18 años. No fue una opinión cualquiera.
A Zaffaroni le responden decenas de jueces y fiscales que son sus discípulos o han estudiado con sus libros. Si en el consenso, no se suman o se intenta sumar a los magistrados, cualquier cambio será también de difícil implementación.
Sin embargo, Cristina Kirchner con el nombramiento del viceministro de Seguridad, Sergio Berni, a fines del 2013 volvió a poner la marcha atrás. Ese año sus candidatos a legisladores desempolvaron los proyectos de rebaja de la edad de punibilidad y dejaron a un costado al "garantismo" de Zaffaroni. Había que ganar las elecciones.
El candidato a diputado del Frente para la Victoria en la provincia, Martín Insaurralde, fue uno de ellos. Pero paradójicamente perdió con el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, que propone medidas mucho más duras.
Estos constantes zigzag de los gobiernos de turno, cómo dice el ex ministro de Defensa y estudioso de estos temas Horacio Jaunarena produjeron un "estado democrático incapaz de proveer seguridad para que sus habitantes ejerzan sus libertades" y alimentan en la sociedad el crecimiento "inevitablemente de la ilusión del atajo autoritario" basado en mayores medidas represivas.