El secretario de Justicia y el gobernador tienen la obligación de llevar a la atención del Tribunal Supremo estos asuntos que están afectando el funcionamiento del sistema de administración de la justicia Hiram Sánchez Martínez
El secretario de Justicia y el gobernador tienen la obligación de llevar a la atención del Tribunal Supremo estos asuntos que están afectando el funcionamiento del sistema de administración de la justicia Hiram Sánchez Martínez
No hace tanto, el secretario de Justicia dijo en un programa de televisión muy visto en el país que los jueces instructores de Puerto Rico —que son generalmente los jueces municipales— habían permitido la práctica de que las vistas para decidir si ordenar el arresto de un sospechoso (Regla 6) se convirtieran en minijuicios. Él lo decía ante el asombro que a todos nos producen esas vistas kilométricas y contenciosas tipo Perry Mason que hemos visto en época reciente. Al día siguiente de su comparecencia, fui invitado al mismo programa y, cuando me pidieron que me expresara sobre sus palabras, dije que él tenía razón, que ahora se celebraban no minijuicios sino juicios enteros por tribunal de derecho. Sin embargo, agregué que echaba de menos que el secretario no hubiese planteado formalmente el asunto al Tribunal Supremo, que sería más eficaz que solamente quejarse en público.