La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó el traslado de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), un ente adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la representante legal del Estado.
La Dirac pasará a formar parte ahora de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita a la Procuraduría General de la República, según una iniciativa enviada con carácter urgente por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y aprobada de forma unánime por el Parlamento.
La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada como un ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y de la Dirac, según el proyecto.
La nueva Procuraduría tendrá entre sus funciones salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas, según sus objetivos.
Asimismo, contribuirá a la solución de conflictos a través de un sistema que protegerá el diálogo y la comunicación, así como la puesta en práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos.
La norma establece que la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos será dirigida por un Procurador Nacional, quien tendrá a su cargo la dirección de Procompetencia y de la Dirac.
Los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos inscritos a nombre de la Corte Suprema de Justicia en los que actualmente opera la Dirac a nivel nacional, se transfieran a la Procuraduría General de la República, según la normativa.
Despojo a la Corte Suprema
En enero pasado, el Parlamento aprobó en segunda legislatura una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
Aunque la reforma fue oficializada en enero de 2024, la modificación de las partidas presupuestarias se hizo desde noviembre de 2023, cuando los diputados reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios a la Constitución, a pesar que solo habían sido aprobados en primera legislatura.
También el 31 de octubre de 2023, la Asamblea aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) que mandata que todos los registros públicos, que eran administrados por la Corte Suprema, pasen a la administración de la PGR, institución que también está encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas por la dictadura.
Los diputados primero aprobaron, en primera legislatura, una reforma al artículo 165 de la Constitución Política, que deroga el numeral 4 del artículo 165. Este daba al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de "supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes".
La reforma también incluyó cambios en los numerales 5 y 6 "para desvincular a los Registros Públicos de la administración de justicia, función propia del Poder Judicial".
Una crisis prolongada
Estos cambios en la Corte Suprema ocurren luego que, en octubre de 2023, la vicepresidenta Rosario Murillo se hizo con el poder total de ese poder del Estado, al sacar a su presidenta Alba Luz Ramos, y destituir a los directores de áreas claves del Poder Judicial. La barrida en el Poder Judicial dejó más de novecientos despedidos.
Bajo órdenes de la Presidencia y la Secretaría del Frente Sandinista, un grupo de policías —encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha— desalojaron de su oficina y enviaron a su vivienda a la magistrada Ramos, el martes 24 de octubre. Dos días después, hicieron lo mismo con la magistrada Yadira Centeno González, presidenta de la Sala Civil y de Familia.
Le siguieron los magistrados de tendencia liberal, plegados desde hace varios años al gobernante Frente Sandinista: Virgilio Gurdián (de 75 años), y Manuel Martínez Sevilla (de 81 años).
A finales de marzo de 2024 también se confirmó la caída en desgracia del vicepresidente de la Corte Suprema, Marvin Aguilar, y de varios magistrados y protegidos políticos del asesor presidencial en temas de seguridad, Néstor Moncada Lau.
Con información de Efe.