En las sedes de muchas multinacionales se toman hoy decisiones de inversión estratégicas que afectarán al futuro bienestar de cientos de territorios y millones de familias en el mundo. Estas decisiones tienen como objeto acomodar capital y talento allá donde sean más eficientes.
Este proceso adquiere especial relevancia en un momento en el que convergen dos situaciones inéditas. Por un lado, la necesidad de ordenar la globalización ante el creciente desapego geopolítico, redirigiendo inversiones hacia países amigos. Por el otro, la eclosión de tecnologías, avances científicos y regulaciones medioambientales que requieren ubicar globalmente negocios que antes no existían (IA, semiconductores, movilidad eléctrica, hidrógeno verde, robótica, 3D, biotecnología…).
Muchos de los criterios que se consideran para tomar estas decisiones cambian según los sectores. Y el factor humano siempre cuenta: la confianza de la casa matriz en el equipo local es fundamental, y la relación de los decisores con proveedores, socios o clientes clave o incluso con políticos locales.
Otros requisitos sí son generales y se encuentran recurrentemente en las hojas de cálculo que preceden a cualquier decisión. Uno es la estabilidad política y la fortaleza de instituciones y agencias regulatorias. Otro, la seguridad jurídica y el tratamiento de igualdad que se otorgue a los foráneos. Y un tercero es la existencia de un marco fiscal atractivo, tanto para el impuesto de sociedades como para el de las personas, en tanto que facilita importar talento.
Fundamental para decidir muchas inversiones es la calidad de la formación universitaria y técnica (nuestra denostada FP), necesaria para incorporar talento local. También es importante la calidad y apertura de las escuelas, lo que influye en el desplazamiento de las familias de los directivos y expertos. Es asimismo esencial la dimensión del mercado en que se venderán sin trabas los productos resultantes (para nosotros, el de la UE).
La existencia de especialización sectorial siempre es determinante, proceda de un tejido empresarial local preexistente o sea efecto de grandes inversiones públicas (de ahí la importancia de los proyectos Perte, dirigidos a reforzar y crear clústeres de especialización). Para muchas inversiones (industriales o en centros de datos, por ejemplo) será fundamental contar con fuentes de energía seguras y baratas y de origen renovable (una sobrevenida ventaja para España). Para otras, será imprescindible un coste laboral asumible. En muchas, tendrá relevancia la calidad de las infraestructuras (carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, fibra óptica...). Y en otras, pesa más la protección jurídica a la investigación e innovación, sus incentivos fiscales y su prestigio social.
Un elemento común en todas las decisiones es la agilidad de los trámites administrativos
Un elemento común en las decisiones es la agilidad de los trámites administrativos, así como el esfuerzo político por reducir la burocracia. Por supuesto, importa la situación macroeconómica y su buena gobernanza; y la fortaleza del sistema bancario y de los mercados financieros. Y se exige erradicar la corrupción y, cada vez más, que haya una cultura de esfuerzo, trasparencia y honestidad.
Los líderes políticos responsables compiten en todo el mundo por franquear este escrutinio. Saben que a estas inversiones estratégicas les seguirán otras, de empresas locales y otros inversores, configurando en su conjunto, indeleblemente y por generaciones, el éxito o fracaso de ciudades, regiones y países enteros.