El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a añadir el matrimonio forzado, las adopciones ilegales y la vientres de alquiler como nuevos delitos en la nueva directiva europea contra la trata de seres humanos, que también prevé nuevas medidas para apoyar a las víctimas de estos delitos.
El pacto actualiza la directiva europea de 2011 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, también incluye la penalización como delito de la utilización consciente de servicios proporcionados por las víctimas, que contarán con más apoyo y asistencia. La actualización de la noma tan solo ha recibido siete votos en contra en la Eurocámara.
En el último pleno de la legislatura, los eurodiputados validaron el acuerdo ya negociado a principios de este año, que prevé que los Estados miembros actualicen sus ordenamientos jurídicos para castigar este tipo de delitos con un máximo de al menos cinco años de cárcel o diez en el caso de que concurran agravantes.
El objetivo de esta medida es reducir la demanda de estos servicios que lleva a la explotación de las víctimas, que también deberían beneficiarse de una mejor coordinación entre las autoridades que gestionan las solicitudes de asilo y las que luchan contra la trata de personas para que, cuando sea el caso, se respete su derecho al asilo.
La eurodiputada española del grupo The Left María Eugenia Rodríguez Palop ha sido la encargada de presentar a la Eurocámara en las negociaciones con los Estados miembros. Palop ha asegurado este martes que la UE ha dado "un paso adelante" por las "miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable".
De este modo, la eurodiputada ha alertado de que "buena parte de los prostíbulos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones" y ha añadido que "cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual, pero esta directiva persigue también la explotación laboral que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios".
En este sentido, Palop ha hecho referencia a las "internas secuestradas, temporeras esclavizadas y personas migrantes de cuya vulnerabilidad se extrae un provecho económico".
En el ámbito judicial, los fiscales podrán optar por no imputar a víctimas que hayan sido coaccionadas para la comisión de ciertos delitos y se asegurará que puedan recibir apoyo aunque no cooperen en investigaciones judiciales.
Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos (ya mencionadas explícitamente en la directiva de 2011) y el matrimonio forzado y la adopción ilegal (que entran con esta revisión de la directiva) representan ahora el 11 % de todas las víctimas en la UE en 2020.
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