Todos los partidos políticos de Formentera con representanción institucional: Sa Unió, GxF y el PSOE, se han pronunciado claramente respecto a la polémica adjudicación de los ocho quioscos de playa sujetos a un concurso público cuya adjudicación se retrasa desde 2022. Los 16 consellers que son la suma de todos los representantes políticos de las citadas formaciones, menos el presidente, Llorenç Córdoba, son partidarios de seguir el criterio de la mesa de contratación que ya ha propuesto a la Junta de Gobierno (órgano de contratación) adjudicar siete de los ocho quioscos a las empresas mejor puntuadas en los respectivos lotes de quiosco, terraza y baño. El octavo tiene que completar la documentación requerida.
En cambio, el presidente del Consell y conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, que no pertenece a ningún partido y fue expulsado en enero de este año de Sa Unió, apuesta por declarar el citado concurso desierto en base a dos informes. El más reciente, del 21 de marzo, está firmado por María Teresa Ferrer, letrada del área de Recursos Humanos del Consell; y el segundo fue suscrito en noviembre de 2023 por Felio José Bauzá Martorell, catedrático y doctor en Derecho de la UIB.
En ninguno de los dos casos los técnicos de la mesa de contratación hacen suyos los informes, tal y como dejaron patente en las anteriores Juntas de Gobierno donde se debatió este asunto.
El presidente Llorenç Córdoba confirmó ayer que llevará a la próxima Junta de Gobierno su propuesta que pasa, tal y como ha explicado en reiteradas ocasiones, por declarar el actual concurso desierto, convocar uno nuevo, desde cero, y mientras tanto de cara a este verano continuar con una autorización temporal para los anteriores titulares que desmontaron sus instalaciones en octubre del pasado año.
El informe de la letrada
El informe de la letrada que pertenece al área de Recursos Humanos concluye: «Correspondería declarar el concurso de quioscos desierto, por no presentar unas propuestas reales y que no respetan la normativa laboral, en cuanto a las propuestas de personal presentadas de todos los proyectos que participan en el concurso, y correspondería aprobar un nuevo pliego de condiciones técnicas para poder licitar».
La letrada añade: «Hay motivos de interés público en declarar el concurso desierto dado que este hecho implicaría no tener que pagar por parte del Consell Insular de Formentera indemnización alguna a los licitadores de este concurso». Los argumentos se basan en que el personal previsto para los quioscos no cubriría sus horas de apertura. Sin embargo el secretario del Consell los rechazó y no los hizo suyos al entender que, según la jurisprudencia, ese aspecto laboral no se incluye en esta fase de contratación.
El informe de la UIB
El primer informe que encargó el Consell de Formentera fue a la Fundación Universitat-Empresa de la UIB y costó 3.000 euros. El catedrático de Derecho, Felio José Bauzá, en sus conclusiones recuerda que el Consell licitó los servicios de temporada en las playas, entre 2022 y 2027, en noviembre de 2021, y «no fueron objeto de impugnación». Luego apunta a las «modificaciones y alteraciones respecto a los pliegos, aunque no de carácter sustancial». En base al tiempo transcurrido plantea que «la explotación de los servicios de temporada se sitúe en un escenario económico muy distinto a aquel que existía en el momento de la preparación del contrato». Bauzá recomienda: «Al objeto de evitar el riesgo de paralización de la ejecución del contrato y ante la imposibilidad de imponer unas gravosas condiciones a los licitadores, el Consell de Formentera no tiene otra salida en Derecho que acordar la decisión de no adjudicar y desistir del procedimiento, toda vez que no se ha formalizado adjudicación alguna». Para hacerlo deberá motivar en una memoria «esta circunstancia de interés general, comunicar la decisión a los licitadores y compensarles por los gastos en que hayan incurrido derivados del anuncio de licitación». Es decir que debería pagar indemnizaciones a todas las empresas que se han presentado a los quioscos.
Sa Unió
El conseller de Sa Unió y presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, aseguró que el informe a la UIB «lo pedí yo porque él [Córdoba] no sabía cómo hacerlo y era el mes de agosto, los técnicos ya insistían en que había que tomar una decisión en septiembre u octubre para que hubiera quioscos en 2024, al final lo pedí yo y costó 3.000 euros».
Alcaraz, cesado por Córdoba de sus funciones de gobierno como conseller de Promoción Económica y Administración Insular en febrero de este año, pero que mantiene su acta de conseller de Sa Unió, aseguró que el informe de la UIB propone «el desistimiento que no es lo mismo que dejar el concurso desierto que es lo que dice el otro informe. Se contradicen».
Un millón a indemnizar
El conseller deja claro que el desistimiento «implicaría indemnizaciones a todos los licitadores y calculamos que sería alrededor de un millón de euros porque viene a ser 15.000 o 20.000 euros sobre lo que se ha gastado cada licitador en el proyecto». Añade que la postura del presidente «ha sido retrasar al máximo y, en marzo, se saca de la chistera el informe sobre el concurso desierto».
Asegura que ese informe «es un copia pega de un escrito, fuera de plazo, de uno de los licitadores y que se presentó en febrero y es un copia pega literal». Añade que los consellers de Sa Unió «consideramos este informe temerario».
PSOE: «Córdobase ha quedado solo con los quioscos»
El PSOE de Formentera considera que el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, se ha quedado «solo» en el proceso de adjudicación de los quioscos de playa. En un comunicado, los socialistas recuerdan que este lunes se reunió la ejecutiva del PSOE de Formentera para analizar los últimos acontecimientos políticos como la regulación de S'Estany des Peix o la contrata de basuras. El secretario general, Rafael Ramírez, solicitó que «se agilice el proceso» para que este verano haya quioscos en las playas y consideró que el presidente «no puede buscar más excusas ni informes hechos a medida para justificar una decisión que va en contra de todos los criterios de los técnicos de la casa, incluidos el secretario y el interventor». Añadió que Córdoba «no está diciendo la verdad porque el secretario, garante de la legalidad del Consell, aconsejó no adjudicar en un periodo de tránsito entre gobiernos».
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