Madrid/Desde que el pasado 1 de marzo comenzó en Ciego de Ávila el proceso de control de la masa ganadera, ya se han revelado la falta de 1.933 cabezas de vacuno, 380 muertes y 276 hurtos y sacrificios ilegales de ganado mayor que no constaban en los registros. El diario provincial Invasor recogía estos datos en una información que advierte de la disparidad que se está percibiendo entre lo declarado y lo real en estas visitas, aunque el propio medio admite las dificultades de poner coto a una situación amparada por la connivencia con los propios inspectores.
"Ahora, cuando unos 80 grupos de trabajo constatan en las vaquerías el potencial real de ganado mayor del territorio, salta a la vista el abismo que separa a los números oficiales de la verdad, de modo que urgen las sanciones legales correspondientes", insta el texto, en el que se subraya que es de vital importancia en un momento de crisis alimentaria como el que aqueja a la Isla.
Rubiseyda Martínez Aguilar, jefa del Departamento de Genética y Registro Pecuario en la Delegación Provincial de la Agricultura, reprocha la falta de cooperación de los campesinos, sin la que es imposible "que el registro quede debidamente actualizado". La cuestión es vital, protesta: "Si no, ¿de qué forma vamos a tomar decisiones de las vacas que están y las que no están, de la leche y la carne que tenemos planificada y no existe?".
Según explica el medio, en esta fase se debe comprobar in situ el 10% de la investigación ya realizada, verificando "lo que se ha hecho bien y lo que no"
El censo se anunció a finales de enero, con el fin de "disponer de una caracterización de la situación actual del sector ganadero en Cuba". Como paso previo, se prohibió la compraventa y sacrificio a partir del 15 de febrero –salvo autorización expresa– y la concurrencia de los poseedores de ganado mayor ante los registros para actualizar sus datos antes del 29 de febrero. En Ciego de Ávila, un 62% de ellos acudieron a realizar el trámite, un número elevado, según Invasor, "que revela preocupación de cara al inicio de la anunciada investigación", aunque los que no lo han hecho pueden ser sancionados, recuerda el medio.
Los inspectores comenzaron a recorrer la provincia en la fecha prevista para cotejar las cifras, y ahora hay un "recontrol". Según explica el medio, en esta fase se debe comprobar in situ el 10% de la investigación ya realizada, verificando "lo que se ha hecho bien y lo que no". Este paso podría no ser el final, ya que hay otros órganos provinciales o la propia Fiscalía que podría intervenir para un repaso más "en el empeño que implica desbrozar el marabusal del desorden que nunca debió reinar en los campos, pero que hoy impera", apostilla el texto.
En el reportaje, se arranca con la –presuntamente real– historia de un campesino de Morón, de 82 años y socio de una cooperativa, y su hijo que declararon haber perdido 24 reses fruto de la violencia imperante en los campos. "Ambos coinciden en que no están dispuestos a aceptar la venta forzosa del ganado y que sería una injusticia la extinción de la tierra, después de años de duro bregar y de no se sabe cuántos intentos por formalizar la denuncia de los animales en falta. Pero en poder del usufructuario no obra ninguna constancia legal que lo hiciera", señala la nota.
Martínez Aguilar explica que los campesinos tienen que presentarse cuando antes en los registros de Control Pecuario e informar de la situación de los potreros, pero el mencionado productor dice no ser responsable de que "se hayan perdido" las denuncias que en su momento realizó y que ahora lo dejan expuesto a sanciones.
"Ambos coinciden en que no están dispuestos a aceptar la venta forzosa del ganado y que sería una injusticia la extinción de la tierra, después de años de duro bregar"
En la nota se recuerda que la ley de fomento y desarrollo de la ganadería incluye un artículo que obliga a denunciar la pérdida, sustracción, sacrificio ilegal y faltante de ganado mayor en la Policía. Además, está obligado a actualizar los datos del registro si no quiere enfrentar –de acuerdo con el Decreto Ley 70– una multa de 20.000 pesos.
Los controladores denuncian que brilla por su ausencia el de quienes acuden a cumplir con esta tarea, pero hay culpa para más implicados. "¿Cómo se permite que la estadística del ganado permanezca en casa de algún que otro registrador, como si fuera la sede de la oficina que establece el Estado en la zona?", se preguntan, unido a otras dudas sobre la capacitación de los técnicos que realizan las tareas, si hay "alianzas" con los inspectores para falsear los datos, dónde están las "actas de defunción" del ganado o las denuncias.
"Existe la posibilidad de abrir procesos penales a quienes se les compruebe que han falseado la información", advierte Martínez Aguilar, que recuerda que sin certificado de defunción un animal no está oficialmente muerto y la multa es inevitable.
El artículo afirma que en Morón el proceso avanza a buen ritmo, pero en Venezuela y Majagua "cojean de la pata más débil", hasta el punto de que a principios de este mes ni siquiera hubiera un cronograma de la investigación, hubiera que enviar a un supervisor por el cúmulo de inconsistencias, faltaran actas de evaluación y otra serie de deficiencias que se unen a la falta de recursos humanos.
El procedimiento aún se extenderá algunas semanas más y el diario insiste en que el descontrol debe atajarse de una vez
Invasor vuelve sobre el caso del anciano productor de Morón y cómo los supervisores anotan, escuchan a las partes, contactan y orientan a los directivos de la delegación de Agricultura en el municipio. "Es la manera en que debe actuarse para seguir desentrañando la verdad (...) cuando la producción de alimentos en Cuba vive un momento crítico y comprarlos en el exterior presupone casi siempre la aceptación de precios leoninos".
El procedimiento aún se extenderá algunas semanas más y el diario insiste en que el descontrol debe atajarse de una vez, ya que "corresponde defender los intereses del Estado, que es decir del pueblo".
Hace tres semanas, los datos de esa investigación en Artemisa dejaron un saldo muy negativo. Los inspectores destaparon hasta 9.300 violaciones, de las cuales solo el 29% se habían resuelto. Durante el inventario, dijo el diario El Artemiseño, se logró "reconducir a la industria unos 2.600 litros de leche diarios".
Esa misma semana se había aprobado un aumento de tarifas para la compra de leche, tanto a productores estatales como privados, pero los pagos continúan siendo ínfimos en comparación con los que ofrece el mercado paralelo, por lo que no son pocos los campesinos que se sienten más incentivados a salir del cauce legal para ganar algo más de dinero.