El diputado Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque de Hacemos Coalición Federal, generó polémica al presentar un proyecto de ley con el objetivo de derogar la Ley 26.160. Esta legislación, vigente tras una prórroga durante la gestión de Alberto Fernández, cual garantiza los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras y frena los desalojos. Qué dice el proyecto.
La Ley 23.160, promulgada en 2006, prorrogada y reafirmada por un decreto en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, suspendió el estado de emergencia que existía y protegía a estas comunidades de desalojos y expulsiones de sus territorios ancestrales. «A casi 20 años de su sanción, no dudo en afirmar que no ha cumplido su objetivo», manifestó Pichetto.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al amparo de la emergencia declarada por dicha ley, e ignorando los derechos de las provincias, validó acciones de ocupación de tierras en forma violenta que buscan menoscabar la soberanía e integridad del territorio nacional.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 9, 2024
«La emergencia no presupone un permiso de actuación indiscriminada de parte de los poderes públicos, sino que deben sujetarse a una serie de principios rectores, como ser la razonabilidad o proporcionalidad y la temporalidad», expresó el parlamentario, respecto a los fundamentos del proyecto.
El legislador continuó su argumentación, citando que la ley que pretende derogar es «ineficaz» y que generó «pasividad estatal, justificando el abuso, sin real beneficio y equidad social».
Por otro lado, volvió a insistir con que «no hay razón legal que justifique la continuidad de la emergencia» y que, hacerlo, presupone privilegiar «alevosamente a un grupo de argentinos que gozan de excepciones».
De esta manera, Pichetto busca anular la «pertenencia» de las comunidades indígenas sobre sus tierras y eliminar cualquier disposición del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) relacionada con tierras públicas.
La propuesta legislativa ya fue presentada en el Congreso Nacional con el objetivo de restringir las funciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y garantizar la soberanía nacional en Argentina.
El diputado defendió su postura y aclaró que «en los últimos 20 años el INAI no fue más allá de su mandato fundacional, arrogándose funciones y actuando de manera arbitraria». Acusó al organismo de avalar actos irregulares sin control y de convertirse en cómplice de intereses desintegradores del territorio nacional.
Entre las presuntas irregularidades mencionadas por Pichetto en el proyecto se incluye: el relevamiento de comunidades indígenas no originarias del territorio argentino actual, el reconocimiento de ocupaciones de tierras sin la debida intervención de las partes afectadas, y la emisión de resoluciones ignorando los derechos de las provincias.
El Pueblo Mapuche de Río Negro cruzó a Pichetto: «El proyecto de Pichetto es inconstitucional y racista», dijo Orlando Carriqueo
Líderes indígenas como Orlando Carriqueo del Pueblo Mapuche en Río Negro criticaron fuertemente la iniciativa, calificándola como un «intento de legislar hacia atrás y violatorio de los derechos adquiridos».
Carriqueo señaló que la protección de estas tierras es una «obligación internacional de derechos humanos» y que el proyecto de Pichetto es «inconstitucional y racista».
Además, denunció que detrás de esta propuesta se esconde un interés extractivista y que Pichetto está incumpliendo la obligación del Estado argentino para con los pueblos indígenas.
La Ley 26.160, que se pretende derogar, está respaldada por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional argentina, el cual reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Con información de Noticias Argentinas
Un diputado de Río Negro ya le había pedido la derogación de la Ley 26.160, con una carta a Milei
El diputado del PRO de Río Negro Sergio Capozzi ya había presentado -en enero- una nota al presidente Javier Milei para que derogue un decreto de necesidad y urgencia firmado por el expresidente Alberto Fernández en noviembre de 2021, mediante el cual se prorrogó hasta 2025 la Ley de Comunidades Indígenas.
En ese momento, Capozzi señaló que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tenía la misión de realizar un relevamiento territorial pero "vencido ese plazo y visto el magro resultado, se procedió a prorrogar la vigencia de la ley en tres oportunidades" y la última, en noviembre de 2021, se aplicó por decreto debido a que no prosperó en la Cámara de Diputados.