El pleno del Congreso local inició, formalmente, el desahogo del proceso de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala, María Isabel Pérez González, Marcos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa, por presuntamente incurrir en actos y omisiones que atentaron contra el buen despacho de sus investiduras.
La demanda de procedencia en contra de los magistrados fue promovida por el abogado Daniel Morales Cruz, en contra de los integrantes de ese órgano jurisdiccional, al considerar que incurrieron "en conductas y omisiones susceptibles de ser sancionadas mediante la instauración de juicio político".
Sin especificar las acciones, conductas y omisiones en las que incurrieron los tres magistrados, los diputados determinaron, en la sesión de este jueves, iniciar este proceso con la creación de una comisión especial que se encargará de investigar las imputaciones hechas en contra de dichos servidores públicos a efecto de determinar la responsabilidad política puesta de manifiesto en dichas conductas, y aplicar las sanciones correspondientes.
Con ese propósito, los diputados designaron a la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz como presidenta de la comisión especial que se encargará de revisar la información y pruebas documentales de los hechos atribuibles a los magistrados denunciados y como vocales nombraron a los congresistas Tomás Rivera Lara y Ramiro Lima Tecocoatzi
Por otra parte, y a cuatro meses de que concluyan su mandato, los diputados crearon la comisión especial de encargada de analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación.
Lo anterior debido a que ambos magistrados concluyen su periodo de mandato constitucional de seis años el próximo 31 de agosto, por lo que, antes de determinar su continuidad o no en el cargo, tendrán que ser evaluados.
Dicho proceso estará a cargo de los legisladores Yolanda Montiel Márquez; Fátima Guadalupe Pérez Vargas y Hermenegildo Munguía Carmona, quienes deberán recabar toda la información necesaria y expedientes de ambos magistrados para determinar su posible ratificación en el cargo.
El pleno del Congreso ordenó a dichos diputados celebrarán la sesión de instalación correspondiente, y a la brevedad, emitan el dictamen por el cual se determine el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de los titulares de las magistraturas y previa evaluación, "se determine sobre la ratificación o no en el cargo de dichas magistraturas, mismo que deberá presentar ante el pleno de esta soberanía.