Nueve jóvenes concluyeron el plan piloto que comenzó a fines de agosto en la ciudad Capital. Sólo uno de ellos volvió a reincidir. Se analiza ampliar el universo de casos que puedan abordarse bajo este modelo. Una mirada menos punitivista para evitar la reiterancia de los niños, niñas y adolescentes en el delito en el medio del debate de la baja en la edad de imputabilidad
En los últimos años la cantidad de delitos cometidos por menores de edad se disparó en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el último Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población elaborado por la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con la colaboración de UNICEF, un total de 4.437 adolescentes se encuentra sometidos a medidas judiciales de índole penal en todo el país. Del total 51,5 % de las detenciones tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA).
En Córdoba, la Justicia de Córdoba informó que en 2022 aumentó 37% la cantidad de causas con chicos y adolescentes menores de edad involucrados en hechos delictivos en comparación con 2021.
Frente a este panorama, cobran especial relevancia hechos como el ocurrido en Rosario, cuando un playero fue asesinado por un adolescente de 15 años. Como ocurre siempre en este tipo de situaciones, la magnitud del delito vuelve a reeditar un viejo debate vinculado con bajar la edad de imputabilidad.
Precisamente, en ese marco, el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona adelantó que trabaja con su equipo en la redacción y posterior presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil que tenga entre sus principales disposiciones la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años.
Cabe recordar que en materia de responsabilidad penal juvenil, Argentina es uno de los pocos países que han mantenido el tope mínimo en los 16 años..Hasta el momento, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años. No obstante, UNICEF señaló que la mayoría de los Estados han optado por trazar el límite en los 12 años (Bélice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Santa Lucía)
Durante la presidencia de Mauricio Macri, el por entonces oficialismo presentó un proyecto de ley para que la edad de imputabilidad penal sea de 15 años, iniciativa que no prosperó y fue rechazada por la mayoría de los especialistas que fueron convocados por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano en aquellas rondas de consultas.
Quienes se oponen a este tipo de medidas plantean que no logra reducir la tasa de delitos además de que profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez.
Ahora bien, la pregunta es qué se hace mientras tanto. En Córdoba se está trabajando desde agosto en un modelo de justicia restaurativa que busca dar una respuesta diferente a la problemática del delito juvenil. Por el momento sólo se trata de un plan piloto, muy acotado en esta primera etapa y circunscripto a la ciudad de Córdoba.
El modelo de justicia restaurativa no es nuevo en el mundo aunque sí lo es para nuestro país. Sus orígenes pueden rastrearse en las prácticas de comunidades indígenas de países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá y comunidades andinas. En materia penal juvenil el movimiento que impulsa la justicia restaurativa como alternativa y complementaria a la justicia tradicional retributiva comienza a cobrar relevancia durante la década de 90, habiéndose registrado las primeras experiencias en Ontario, Canadá, con una mediación penal juvenil.
Este cambio se inscribe en el salto de paradigma de una justicia tutelar de menores a una justicia de responsabilidad adolescente.
En Argentina, los más avanzados en la materia son los municipios bonaerenses de Pergamino, San Isidro y San Martín que vienen trabajando hace varios años con la justicia restaurativa con resultados muy positivos.
A nivel provincial, Córdoba se convierte en la primera provincia en replicar este modelo.
¿Cómo funciona?
El modelo de Justicia Restaurativa piensa en una respuesta para cada uno de los jóvenes, se trabaja bajo la figura del referente positivo; se establecen espacios donde éste puede sentir que puede cambiar; que puede hacer cosas diferentes mostrando alternativas distintas y abordando los factores de riesgo que lo llevaron a incurrir en hechos ilícitos. Se aborda al joven desde distintos espacios según corresponda el caso.
La intención, en primer lugar es el reconocimiento, luego la responsabilización del joven y así llegar a un pacto restaurativo que puede ser con la víctima o con la sociedad. El objetivo es evitar la reincidencia en el delito, explica a Comercio y Justicia Agustina Olmedo secretaria General del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y a cargo de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil que depende de la vocal María Marta Cáceres de Bollati.
"Se hace un trabajo personalizado con los chicos, se busca que ellos puedan asumir la responsabilidad y el daño que causaron", precisa Olmedo.
La funcionaria considera importante que los operadores judiciales remitan los casos de jóvenes que han cometido delitos a este programa. En ese sentido, recordó que los abogados particulares, ya sea en su carácter de representantes complementarios o en su defensa técnica, pueden solicitar el ingreso de sus defendidos al pograma.
Por otro lado, remarcó que la intención del Poder Judicial es extender el programa a casos de mayor complejidad.
Nueve jóvenes terminaron el programa
Desde finales de agosto y hasta la fecha 84 casos fueron seleccionados para ingresar al programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Córdoba. Sobre este punto, es importante aclarar que en esta primera etapa sólo se abordan aquellas causas que tienen como protagonistas a jóvenes que han cometido delitos leves (quedan excluidos, por ejemplo, los robos calificados por el uso de armas de fuego). De ese total, sólo 16 jóvenes llegaron a la etapa de Cámara Gesell y nueve adolescentes concluyeron el programa: siete con informes positivos y 2 con informes negativos. De esos nueve, sólo uno de ellos volvió a reincidir.
Inicialmente, los fiscales analizan qué casos de delitos pueden ser derivados al programa. Luego, un grupo de profesionales evalúa si el victimario está en condiciones de participar del programa. Finalmente, un grupo de facilitadores (que son abogadas y abogados) trabaja con la víctima, el victimario y la comunidad en busca de una estrategia restaurativa. El tratamiento de cada caso es diverso.
A seis meses de la puesta en marcha de este modelo, Olmedo asegura que – por tratarse de un programa voluntario – lo más complejo es que los adolescentes permanezcan, se comprometan y no lo abandonen a mitad de camino. "El compromiso de comparecer a las entrevistas es la traba más grande que tenemos", explica la funcionaria judicial.
"Bajaremos la edad de imputabilidad, llenaremos los tribunales de jóvenes pero no habrá una respuesta"
El especialista Raúl Calvo Soler remarcó que la discusión de la delincuencia juvenil en Argentina se ha transformado, no en una discusión técnica, sino un debate netamente político de corte populista
Raúl Calvo Soler es doctor en Ciencias Jurídicas y Director del Instituto de investigaciones restaurativas de la Universidad de San Andrés y diseñó y dirigió estrategias de Justicia restaurativa con jóvenes en conflicto con la ley penal en varios distritos, incluido Córdoba. En diálogo con Comercio y Justicia, criticó la intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que la justicia restaurativa es la mejor solución para reducir la tasa de delitos en la población juvenil.
-¿Qué opina sobre esta intención del Gobierno que planea bajar la edad de imputabilidad de los menores?
El debate sobre la edad de imputabilidad por sí solo es un debate absurdo e inocente, bajar la edad de imputabilidad por sí solo no produce – y eso está demostrado estadísticamente – la reducción de los niveles de delincuencia juvenil. La gente que defiende bajar la edad de imputabilidad supone, por ejemplo, que cuando un joven llega a la justicia, la respuesta de la justicia bajará la probabilidad de reiterancia del comportamiento delictivo de ese joven, esto es falso.
Supone que la justicia tiene un modelo exitoso de respuesta para trabajar con la delincuencia juvenil y la justicia está intentando buscar esos modelos pero no los tiene, entonces que los chicos tengan 16,15,14 es irrelevante. Bajaremos la edad de imputabillidad, llenaremos los tribunales de jóvenes pero no habrá una respuesta.
Aquí el debate debe pasar por otro lado. La pregunta en mi opinión relevante es ver cómo vamos a trabajar con un joven que ha cometido un delito, la pregunta no es la edad, la pregunta es qué vamos a hacer.
Nosotros tenemos un sistema penal juvenil que tiene tasas de reiterancia altísimas. Estamos poniendo el foco en una cuestión irrelevante, es una cuestión de populismo, de discurso populista que aprovecha la mala información que gira en torno a esto, el temor racional y legítimo del ciudadano que se le tira este discurso, en el mejor de los casos sabiendo que es completamente irrelevante. Lamentablemente la discusión de la delincuencia juvenil en Argentina se ha transformado, no en una discusión técnica, sino un debate netamente político y esto no es bueno.
-¿Por qué cree que la justicia restaurativa es la solución?
Está acreditado estadísticamente en el mundo que la justicia restaurativa reduce los niveles de reiterancia y es la que produce mejores resultados. Ahora es importante hacer una aclaración,con los chicos que no sean punibles, sea cual sea la edad, tenemos que pensar cómo vamos a trabajar porque el hecho que no sean punibles no quiere decir que no podamos hacer algo. Que no sea punible significa que el sistema judicial no se activa pero eso no quiere decir que no haya mil maneras de trabajar con un joven no punible desde una lógica que se llama práctica restaurativa.
En Córdoba, cuando un menor es punible, a través del sistema judicial aparece un facilitador resturativo que trabaja con él. Si el menor es no punible se designa a un facilitador restaurativo que en, en ese caso, no pertenece al Poder Judicial sino a la Senaf o al municipio.
-Ahora bien, en un contexto de profunda crisis resulta difícil creer que el Estado podría dotar de recursos humanos y materiales suficientes para que este sistema funcione. ¿Qué países han avanzado en este sentido?
– Lejos de lo que se cree es más barata la justicia restaurativa que los sistemas que tenemos hoy. Suecia, España, Belgica hace muchos años que vienen trabajando y acreditan niveles de éxito que no tienen los niveles tradicionales. Cada país ha ido diseñando su sistema conforme a su cultura, no es lo mismo Costa Rica que Brasil pero están avanzando. El Consejo de Europa y Unicef han expresado públicamente que la justicia restaurativa es el modelo que da mejores resultados.En Inglaterra se publicó recientemente un estudio que da cuenta que el nivel de satisfacción de las víctimas es más alto en el sistema restaurativo que en el sistema punitivista.
En Argentina, Pergamino está muy avanzado, ya trabajan en programas de prevención, antes de que los chicos cometan sus primeros delitos, tienen un programa a través de los clubes deportivos en zonas carenciadas para trabajar el desarrollo de competencias que ayuden a los chicos para enfrentar mejor el contexto en el que viven. Hay un conjunto de estrategias de prevención que se suman a los programas de justicia restaurativa juvenil, es muy interesante lo que se está haciendo.
Hacia formas menos punitivistas
Con la sanción de la ley 26061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Argentina alineó parte de su normativa a la Convención sobre los Derechos del Niño y derogó la Ley de Patronato de Menores. El carácter federal del país ha permitido que varias legislaciones provinciales -entre ellas, Córdoba- hayan podido adecuar sus sistemas morigerando, en parte, los aspectos más violatorios del debido proceso que encierra aquella norma. En ese contexto, aparecen las prácticas restaurativas, aún débilmente institucionalizadas. Están condicionadas por la falta de normativas específicas, por la escasez de dispositivos para llevarlas a cabo, por la falta de operadores especializados y por el bajo nivel de aceptación de la sociedad.
Pese a todo, los lineamientos internacionales han provocado que cierto activismo judicial haga un uso creativo de los recursos disponibles para procurar formas menos punitivas en la justicia penal juvenil.
Las medidas alternativas, vinculadas al enfoque restaurativo, se aplican mayoritariamente en delitos leves o incluso en los casos en que no se proseguiría una persecución penal y serían destinados al archivo.
En diciembre de 2021, el Ministerio Público de la Defensa de nuestra país suscribió una declaración manifestando sobre la conveniencia de la aplicación de la justicia restaurativa en el sistema de justicia juvenil, "en cuanto recupera los valores educativos y pedagógicos de toda la acción penal, el valor de la participación social y comunitaria, el valor de la responsabilidad y el valor de la reparación, a través de una amplitud y variedad de mecanismos reconocidos legalmente (…)»;
En este contexto, el MPD argentino -que integra la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (Aidef) -se comprometió, entre otras cuestiones, a organizar capacitaciones y actividades de difusión y concientización en la materia; particularmente a «capacitar a defensores y defensoras en herramientas de negociación, mediación y conciliación para la gestión de los conflictos de su incumbencia, así como en los valores y los principios del enfoque restaurativo con adolescentes".