Operadores del PAE en el Huila están siendo extorsionados por disidencias de las Farc
El Gobernador Rodrigo Villalba denunció a actores ilegales interfiriendo en el programa.
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, encabezó un consejo extraordinario de seguridad en el que se conoció la situación que se estaría registrando en varios municipios, donde los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) están siendo extorsionados.
Villalba Mosquera indicó que "ya se hizo un llamado a la mesa de negociación de paz que adelanta el Gobierno Nacional, para que examine una denuncia que existe sobre actores armados ilegales interfiriendo en el Programa de Alimentación Escolar en territorio huilense".
"Hay una denuncia en algunos municipios del departamento, que trata de fuerzas irregulares y actores ilegales que estarían interfiriendo en el normal desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en el Huila hay reporte de Algeciras y La Argentina. Esto es muy grave", señaló el mandatario regional.
Precisó que "no hay un programa más lindo, más solidario, bondadoso, sensible, que la alimentación escolar. Este programa tiene elementos nutricionales, pero, sobre todo, es una estrategia para la permanencia de nuestros estudiantes en sus aulas de clase".
El mandatario de los huilenses también señaló que este programa le cuesta mucho al Gobierno Nacional, al departamento, y conlleva a realizar una exigente contratación pública, donde hay operadores, y muchos actores que participan del PAE.
"No se admite ninguna interferencia. Hoy lo analizamos y dimos aviso a la fuerza pública para que nos colabore en lo pertinente. También le dijimos a la misión de verificación del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional, y a funcionarios de la ONU, para que tomaran cartas en el asunto y que también por supuesto llevaran esta denuncia a la mesa de negociación", argumentó Villalba.
Esta interferencia es considerada un hecho violatorio de Derechos Humanos, al Derecho Fundamental a la Educación, a la alimentación. Debido a que es un programa protegido por la Constitución Nacional, por el Derecho Internacional, por lo que debe estar exento de cualquier interferencia de actores ilegales.
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