Alguien está despachando al público conversaciones telefónicas privadas con los espasmos de un loco. Se conocieron algunos audios (el primero de Cristina Kirchner en su diálogo de compinches con Oscar Parrilli) y también algunas transcripciones de otras conversaciones, aunque sin audios.
Otro audio complicó también al presidente de Boca, Daniel Angelici, viejo amigo de Macri, quien en el momento de la conversación, hace dos años, estaba también bajo intervención telefónica judicial.
La intensa filtración de conversaciones telefónicas atravesó la sociedad entre la sorna y la bronca, entre la indignación y la solidaridad.
Conviene detenerse en un aspecto poco mentado en estos días. La difusión de esas conversaciones vulnera garantías constitucionales, que protegen la inviolabilidad de la correspondencia de las personas y que, según la interpretación posterior de los jueces, incluyen las charlas telefónicas.
Se trata de una extensión del derecho constitucional a administrar la vida privada, que la Constitución deja en manos de la conciencia y de Dios.
La ley permite sólo en casos excepcionales las intervenciones de teléfonos, que deben ser autorizadas por los jueces en resoluciones fundamentadas.
Está claro que las escuchas telefónicas sólo deben servir para investigar un presunto delito. Ningún párrafo de la Constitución las autoriza para manipulaciones políticas, ni para destruir a un adversario ni para provocar la hilaridad colectiva.
El caso que comprometió a Cristina Kirchner comenzó en los primeros días de septiembre de 2015, poco antes de que la entonces presidenta entregara el poder.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales sucedería el último domingo de octubre. El país estaba en medio del torbellino de la campaña electoral que tenía ya como protagonistas principales a Macri y Daniel Scioli.
Dos fiscales, Franco Picardi, de la Capital, y Juan Bidone, de Mercedes, le pidieron ayuda al entonces jefe del servicio de inteligencia oficial, Parrilli, para localizar al prófugo Ibar Pérez Corradi.
Parrilli accedió. Fuentes oficiales señalaron que cuando asumió el gobierno de Macri hubo una primera sorpresa con este caso.
Había una alteración en el envío de informes de la AFI (la ex SIDE) a la Justicia. No estaba el informe sobre Pérez Corradi. Había un salto entre los informes anteriores y posteriores; faltaba el de Pérez Corradi.
El gobierno le ordenó a la AFI que investigara el tema. Dos expedientes con los informes sobre Pérez Corradi fueron encontrados, solitarios y abandonados, en la caja fuerte del ex director de asuntos judiciales de la AFI, el abogado Emiliano Rodríguez, que respondía directamente a La Cámpora.
Justo en esos días, el juez Ariel Lijo recibió una denuncia de Graciela Ocaña contra el ex secretario de Seguridad Sergio Berni por abuso de autoridad. Berni había dicho, campante, que ellos sabían dónde estaba Pérez Corradi.
A fines de enero de 2016, Lijo ordenó a la AFI que le enviara todas las actuaciones sobre Pérez Corradi, a quien se buscaba por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina (casos que involucraban a varios funcionarios kirchneristas), y porque Washington pedía su captura y extradición.
El informe cajoneado en la campaña electoral decía exactamente dónde estaba Pérez Corradi en Paraguay.
Cuando Lijo fue notificado de que existía ese informe sobre Pérez Corradi, pidió en el acto que le enviaran toda la información del expediente.
Tres meses después, ordenó las intervenciones telefónicas de Parrilli, de Emiliano Rodríguez y de dos agentes de la AFI, cuyos nombres nunca trascendieron, aunque el juez sabe quiénes son.
Los teléfonos estuvieron intervenidos de junio a septiembre de 2016. Lijo requirió que fuera la AFI la que se hiciera cargo de la transcripción de las conversaciones telefónicas, cuya captura es responsabilidad de una oficina de la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces pueden derivar esa tarea a las fuerzas de seguridad o al servicio de inteligencia. Lijo entendió que la AFI, ya en tiempo de Macri, podía ser más eficiente porque se estaba investigando a su ex director.
La Corte Suprema tiene la responsabilidad política de esa oficina de intervenciones telefónicas, pero poca injerencia en el asunto.
Los jueces envían los pedidos de intervención a la oficina, cuyo jefe máximo es el prestigioso juez Martín Irurzun, aunque el jefe operacional es un ex secretario de Lijo, Juan Rodríguez Ponte, elegido por la Corte tras probar a varios aspirantes. La oficina de captaciones telefónicas les responde luego directamente a los jueces. La responsabilidad final es de la Corte Suprema.
Lijo aseguró públicamente que la defensa de Parrilli se llevó todos los CD con las conversaciones telefónicas de éste.
La AFI las haría trascender sólo por una orden reservada del gobierno. Sin embargo, los que conocen los audios aseguran que lo que se sabe es muy poco y muy suave; hay material político (no judicial) mucho más explosivo que el que salió a la luz pública.
¿Por qué el Gobierno filtraría los audios menos comprometidos y tanto tiempo antes de las elecciones, cuando no se sabe si Cristina será candidata?
Paradójico: esos audios no sirvieron en el caso que inculpa a Parrilli; él nunca se refirió al caso Pérez Corradi durante la intervención telefónica.
El inagotable espectáculo de denuncias de persecución política por parte de Cristina y de Parrilli permite no descartar la posibilidad de que la filtración viniera de ese propio espacio.
Cristina denunció un "peligro sin precedentes" para la democracia. Tan grande es el peligro que canceló un viaje a Croacia para conocer el pueblo de los ancestros de Néstor Kirchner.
Pero se atropellaron al señalar culpas. Primero desenterraron a Jaime Stiuso y lo culparon de operar contra políticos y periodistas durante el gobierno de ellos.
Después apuntaron contra Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y, al final, se despacharon contra Macri y la conducción de la AFI.
El fárrago de denuncias y filtraciones escondió lo más importante. Parrilli fue procesado por Lijo por encubrir a un prófugo de la Justicia acusado de narcotráfico.
El fiscal Guillermo Marijuan le pidió a la Cámara Federal la detención de Parrilli porque sospecha que podría fugarse.
Y un informe crucial sobre el paradero de ese prófugo se encontró en la caja fuerte de un funcionario kirchnerista. Las cosas estaban tan claras con Pérez Corradi que lo apresaron cuatro meses después de asumir el nuevo gobierno.
Con todo, no debe olvidarse que cada filtración de audios de conversaciones telefónicas es una violación de garantías constitucionales.
Gobierno y Justicia deberían asumir que son, en parte al menos, responsables de la filtración de las escuchas o que no hicieron nada para evitarlas.
El caso interpela también a la prensa, que tiene la obligación moral de respetar la vida privada y los preceptos de la Constitución.
Pero también tiene el derecho y el deber de mantener informada a la opinión pública. Una reflexión del periodismo es siempre oportuna cuando entran en colisión el deber y el derecho.