El peronismo vive horas de real incertidumbre y la padece sobre todo el kirchnerismo, que hasta ahora evitó fisuras significativas -especialmente en el Congreso- más por obra ajena que por poder propio. Una prueba central para esa inestable unidad será planteada, en las próximas dos semanas, por el trámite del pacto político y fiscal: expondrá a los gobernadores del PJ si finalmente el oficialismo revierte el fracaso inicial de la Ley Ómnibus. Las pulsaciones internas también fueron aceleradas por la relación del Gobierno con los jefes sindicales. En los dos casos, con marchas y contramarchas, abundan los recelos.
El caso de las tratativas con la CGT impactó en el terreno político y a la vez en el mundo empresarial. Sorpresa y especulaciones se sucedieron en velocidad en el lapso de apenas 24 horas entre lo que parecía un trato sellado y la convocatoria a un paro nacional. Quedaba en el aire un entendimiento con implicancias directas en las difíciles paritarias y, a más largo alcance, en materia de legislación laboral. Llamativo: hubo incluso contactos de importantes sindicatos con empresarios para analizar los motivos -visibles y no tanto- del cortocircuito y las chances de gestiones para rearmar la negociación.
Existe coincidencia en un punto. El nuevo pico de tensión habría sido fruto de una marcha atrás en el camino que iba a ser abierto para facilitar la homologación de acuerdos salariales, en primer lugar camioneros pero no únicamente. Con un añadido: podría haber un guiño sindical para "moderar" los reclamos, aunque por encima de las pretensiones a la baja de Economía.
La reunión formal entre el Gobierno y la CGT, a mediados de la semana, fue precedida por una paciente sucesión de contactos reservados -no sólo con gordos y otros espacios negociadores-, y expuso gestos nada menores de las dos partes. El Ejecutivo estuvo representado por los dos funcionarios que resumen las tratativas políticas: Guillermo Francos y Nicolás Posse. La delegación cegetista fue encabezada por Héctor Daer, Carlos Acuña y, de hecho, Hugo Moyano. La presencia del jefe histórico de la estructura camionera constituyó un dato central, porque bajó el foco de la fisura entre su hijo Pablo y los otros secretarios, y porque su gremio es el caso testigo en la pulseada por las cifras de paritarias.
Un día después, el clima negociador -con eje en la promesa de una versión acotada de reforma laboral- se desvaneció. La versión más difundida fue que, a pesar de la señal dada en el encuentro por los principales funcionarios, al día siguiente desde la secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, fue ratificada la posición frente al tema de camioneros. Otra especulación señala que ese mensaje trasciende al gremio de Moyano y que, de hecho, alentaría las medidas de fuerza por supuesto beneficio de imagen y sin preocupación frente a los bajos niveles actuales de actividad.
En sentido contrario, y desde el propio Gobierno, el mensaje es que el camino de conversaciones con la CGT no está clausurado. Había quedado en claro desde antes de la referida cita que los jefes sindicales mantenían la idea de una medida de fuerza nacional, en el marco del deterioro de ingresos y en medio de sus internas. La fecha del paro -el 9 de mayo- fue interpretada como un gesto de los más negociadores, a pesar de todo y para dar tiempo a la recomposición de las tratativas.
De todos modos, existen al menos dos cuestiones que el Gobierno -o una parte- no evaluaría en toda su dimensión. La primera es que estas idas y vueltas -que estarían exponiendo tensiones domésticas, diferentes apuesta o intereses- provocan recelos de los "dialoguistas" y alimentan las posiciones de dureza. La segunda, y si se quiere más de fondo, es que más allá de cuestiones de imagen pública, un acuerdo con los jefes sindicales tendría fuerte repercusión en la interna del peronismo/kirchnerismo.
Eso mismo reproduce en parte una sensación extendida entre legisladores de la oposición más dispuesta a un entendimiento con el oficialismo para destrabar, a la vez, la relación con las provincias. Se trata de la desconfianza que arrancó en las negociaciones por el primer texto de Ley Bases y creció por el desenlace de febrero -la caída del proyecto- y la posterior carga de Javier Milei sobre el Congreso y los jefes provinciales.
El punto fue entonces si se había tratado sólo de impericia y cerrazón ideológica básica. La rehabilitación de puentes, a partir del discurso presidencial del 1° de marzo, no resultó sencilla. Y hasta ahora, con las conversaciones avanzadas, no están despejados del todo los recelos entre legisladores y gobernadores considerados dialoguistas.
Por supuesto, los negociadores del oficialismo deben trabajar en un tablero muy complejo y en la perspectiva de números ajustados para aprobar la nueva versión de Ley Bases y el paquete fiscal, es decir, las dos llaves del acuerdo político.
Los gobernadores no pueden asegurar votaciones por sí solos, pero sin un trato con ellos es imposible avanzar en el Congreso. Del mismo modo, las conducciones de los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal -más aún, los representantes de espacios estrictamente provinciales- necesitan contar con aval de los jefes provinciales. A esa fragmentación se agregan las internas del oficialismo, con expresión insólita en el último capítulo de Diputados.
La realidad en la oposición peronista también está cruzada por fisuras. Hasta el momento, salvo alguna visible expresión menor -el caso tucumano-, el bloque peronista/kirchnerista mantiene la unidad en buena medida porque el oficialismo no termina de cerrar trato con el otro conglomerado no libertario. Nadie puede asegurar que ese estado interno se mantenga si finalmente hay acuerdo por el paquete fiscal con las provincias y la Ley Bases.
El oficialismo se plantea avanzar en Diputados con cierta rapidez: tratar los proyectos en comisiones a mediados de la semana que viene y en la siguiente, debatirlos en el recinto. Por supuesto, podría funcionar -a diferencia sustancial con el experimento de febrero- si llega con acuerdos previos. La mira estará puesta en el tejido con diputados y en la respuesta efectiva de gobernadores: la decena de JxC, algunos provinciales y -está abierta la negociación- otros del PJ. Eso tampoco escaparía la mirada de los jefes de la CGT.