Cristina Gallardo
En sus comparecencias públicas, el fiscal general del Estado evita pronunciarse sobre las cuestiones de trascendencia política que debe valorar su departamento, aferrándose a una necesaria "neutralidad" que evite llevar al Ministerio Público "al centro de la polémica". Sin embargo, no ha podido evitar que las controversias internas en la Fiscalía trasciendan a la opinión pública, debido sobre todo a que el criterio final impuesto, cuya ejecución delega en su 'número 2' la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, viene siendo diametralmente opuesto al de los fiscales concernidos en algunos de los casos.
El último capítulo de estos desencuentros se ha conocido a cuenta del informe que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido antes de decidir si tramita las
Isabel Díaz Ayuso contra la jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de la causa en la que es investigado por delitos fiscales y de falsificación de documentos. El empresario Alberto González Amador considera que los funcionarios públicos incurrieron en revelación de secretos al difundir una nota de prensa que aportaba datos de una propuesta de pacto realizada por su abogado y dirigida a rebajar su posible condena.
La fiscal a la que ha correspondido valorar si debe investigarse a sus compañeros -María de la O Silva-, respaldada por el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz Alegría, rechaza instar una inadmisión de plano del asunto y propone realizar unas diligencias previas para aclarar cuál fue la cadena de mando que propició la difusión de la nota de prensa. Se trata de una postura rechazada desde la cúpula la Fiscalía de la general y que ha sido zanjada por Sánchez-Conde, que ha ordenado la emisión de un informe contrario, según confirman fuentes consultadas por este diario.
La polémica responde a la celebración en los últimos días de tres reuniones internas en las que se trató este asunto, así como al hecho de que a una de ellas fueran también citados los fiscales concernidos por la querella, algo que es calificado desde algunos ámbitos de la fiscalía como una "presión inadmisible" que afecta al principio de autonomía debe regir la actuación de los fiscales. Frente a este principio, según las fuentes consultadas, Sánchez Conde habría apelado a la "unidad de actuación" en el que se basa la organización jerárquica de la propia Fiscalía.
Se trata de una situación inédita, según consideran algunos miembros de la carrera como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales Salvador Viada, que ha manifestado su opinión al respecto en la red social X. "Esto de organizar una reunión entre los fiscales encargados de un asunto y los fiscales injustamente querellados, ya que el responsable es el FGE, es asombroso. Luego, la instrucción para el Ministerio Fiscal", reflexiona el fiscal del Supremo.
Su asociación, de implantación minoritaria en la carrera, ha comunicado este martes que abandona el grupo de trabajo creado por el fiscal general para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -de cara la reforma de la ley procesal- en protesta por la situación creada a raíz de la querella contra los fiscales de Madrid.
Fuentes fiscales consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sitúan lo ocurrido lejos de lo que debe ser el funcionamiento de una institución jerarquizada como es la Fiscalía. La razón: que no se dicten resoluciones motivadas cuando la teniente fiscal Sánchez Conde asume determinados casos o bien le son asignados por el fiscal general. "No se cumplen los presupuestos estatutarios, que no son simples formalidades, sino garantías de imparcialidad". Atribuyen esta postura a que las decisiones no se fundan en razones jurídicas, "sino en la defensa numantina de los intereses del Gobierno" y, en este caso concreto, en la "autodefensa frente a la investigación penal que ya cerca al fiscal general del Estado".
Otras fuentes, sin embargo, apuntan a una postura crítica con los criterios del fiscal general por parte de Silva, perteneciente a la Asociación de Fiscales, como de su superior Ruiz Alegría que podría responder a decisiones que García Ortiz adoptó respecto a ambos en el pasado. En primer caso por un expediente por retrasos que se abrió a la fiscal Silva, y en el segundo por el precedente del caso Stampa. De hecho, Ruiz Alegría fue el fiscal que archivó la investigación interna abierta a Ignacio Stampa -y que impidió que siguiera encargándose desde Anticorrupción del macrosumario contra Villarejo-, aunque antes fue obligado reabrir este asunto hasta en dos ocasiones para realizar nuevas diligencias por indicación directa del entonces jefe de la Secretaría Técnica Fiscalía, que era García Ortiz.
Por lo que corresponde al Tribunal Superior de Madrid, se encuentra a la espera el informe de la Fiscalía para decidir qué hacer con la querella del empresario Alberto González Amador, aunque luego deberá tomar una decisión similar con respecto a un segundo procedimiento presentado también por revelación de secretos por el Colegio de la Abogacía de Madrid. por los mismos hechos. Esta segunda causa se presentó inicialmente como denuncia (sin dirigirse a ninguna persona concreta) ante el juez de Instrucción número 28 de Madrid, que al entender que afectaba a aforados ha remitido una exposición razonada ante el tribunal superior, que es el que se encargará finalmente del asunto.
La postura de Sánchez Conde ya fue adelantada ayer por el propio García Ortiz en una comparecencia pública, cuando saltándose su propia norma de no pronunciarse sobre los asuntos más polémicos salió a defender -
- a la fiscal jefe de Madrid y al otro fiscal querellado, Julián Salto, asumiendo además la "responsabilidad última" por el contenido de la polémica nota de prensa sobre la que pivotan las querellas.
"Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa", afirmó, dejando claro su postura al respecto.
Por otra parte la Fiscalía ha archivado otras diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la filtración de la investigación tributaria de González Amador. El decreto de archivo concluye que la información que contó a los medios en el Congreso era conocida "horas antes" de su comparecencia, por lo que no puede considerarse que hubo revelación de secreto alguno.
Puigdemont y amnistía
Las fuentes más críticas con la gestión de García Ortíz echan de menos que no se dé cuenta de los pormenores ocurridos al Consejo Fiscal, lo que es preceptivo cuando se da el caso de que un jefe asume la resolución de un asunto de un subordinado. Esta situación se produjo a cuenta del procedimiento iniciado en el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont por su responsabilidad en las actuaciones de Tsunami Democrátic. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la postura que se adoptó finalmente en el informe elaborado por la mano derecha del fiscal general.
Las disensiones internas se han puesto también de manifiesto respecto a la ley de amnistía y la negativa de García Ortiz de elaborar un informe sobre la proposición de ley a propuesta del Senado. Hace tan sólo una semana los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal reaccionaron redactando su propio borrador contrario a la norma, que califican de inconstitucional por vulnerar la separación de poderes.
El orden el día del Consejo Fiscal lo elabora del propio García Ortiz, por lo que aún está por ver si este asunto se termina incluyendo o no para su análisis en la próxima convocatoria de este órgano consultivo. En el caso de que no se aborde, ello iría línea adoptada hasta el momento por el fiscal general, que por el momento ha vetado hasta tres veces la elaboración de un informe a petición de la mayoría del órgano.
Desde otros ámbitos de la carrera se señala que las disensiones internas son también fruto de la política de nombramientos que se arrastra desde la ocupación de la fiscalía general por la antecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, ya que la mayor parte de los puestos de la cúpula los ocupan a día de hoy miembros de la Unión Progresista de Fiscales, cercana al Gobierno, y ello a pesar de que en la carrera son más los que pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales. La mayor parte de los 2.704 fiscales que hay en España, sin embargo, no están asociados.
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