La aplicación de una «justicia genuina» exigieron los miembros de la Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) de Venezuela para los casos de los ciudadanos que murieron en las protestas antigubernamentales de 2017.
Igualmente denunciaron que el sistema judicial «relega a las víctimas y protege a los victimarios».
«Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina; sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada», señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.
Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que «relega a las víctimas y protege a los victimarios, y la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje», una afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.
Protesta criminalizada
Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que «el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura, incluso, la muerte, y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos».
La alianza sostuvo que a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.
«No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa», apuntó.
La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de la comunidad internacional al gobierno de Maduro.