El 20 de mayo finaliza el plazo para que los propietarios de edificios que tuviesen 50 años o más el 14 de abril de 2022 presenten un Informe de Evaluación de Edificios que pruebe que está en buenas condiciones de conservación, y la mayoría de inmuebles de la ciudad aún no lo han elevado. Arquitectos, aparejadores, administradores de fincas y agentes de la propiedad piden a la Xunta más tiempo, señalando que no hay profesionales suficientes para cubrir las solicitudes. Pero el Gobierno gallego, consultado por este diario acerca de la solicitud, descarta alargar el plazo, señalando que ya ha realizado una prórroga anterior y afirmando que intentó "desde el primer momento facilitar los trabajos", pero insistiendo en que el límite es mayo.
El Gobierno gallego recuerda que el Ayuntamiento es el responsable de garantizar que se cumpla la normativa y de poner las sanciones por no presentar el informe, que, siguiendo la normativa, deben estar en la franja de los 300 a los 6.000 euros. Los colegios profesionales piden al Concello que no aplique sanciones, y aunque el Gobierno local tampoco ha manifestado si acepta la petición, el letrado Carlos Tomé, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña, cree que no habrá multas por el momento.
Uno de los motivos es, precisamente, el elevado número de inmuebles: en la ciudad las viviendas con más de medio siglo superan las 52.000, las construcciones son más de 45.000, y en octubre del año pasado el Concello apenas se habían presentado apenas 1.247 inspecciones. "El propio Ayuntamiento no da abasto, ni sé si puede tener claro conocimiento de todos los edificios" que deben presentar el informe y no lo han hecho; y, aunque pueden averiguarlo por el censo y catastro, "no hay técnicos [municipales] suficientes para revisarlos todos a corto plazo".
Además, antes de multar "lo normal es que te llegue primero un requerimiento", lo que da posibilidad a los propietarios a poner en marcha el proceso y evitar la sanción. "En otros casos, con otro tipo de edificios, he visto que el Ayuntamiento daba un margen", resume Tomé.
El letrado sí que señala que alguna comunidad de la ciudad, viendo que no le daba tiempo a presentar el informe, optó por pedir licencia para realizar alguna obra de mejora o rehabilitación "que favorezca el informe de evaluación". "Eso en teoría suspende el plazo" , señala.
Consecuencias en el juzgado
Desde el Colegio de Arquitectos temen que la falta de informe pueda llegar a tener consecuencias de carácter penal para los dueños de un edificio, si hay un accidente derivado del mal estado del inmueble y se interpreta los propietarios han incumplido su obligación de garantizar su conservación. Pero Tomé descarta esta posibilidad, pues "entiendo que no estás cometiendo ningún delito, ni siquiera por omisión".
Lo que sí que puede ocurrir, señala, es que si hay un incidente y alguien denuncia a la comunidad, la reclamación tenga "más posibilidades" de obtener una resolución favorable si "a mayores acredita que hay incumplimientos por parte de la comunidad". Es decir, que "si como perjudicado dices: no es solo que tuviesen la escalera en mal estado, es que ni siquiera hay informe de evaluación", esto puede ser una ventaja en un juicio. También podría haber algún tipo de responsabilidad civil hacia un presidente que no haya dado pasos para encargar el informe, pero solo si su actitud "ha sido claramente negligente". Por ejemplo, si ha habido acuerdos por parte de la comunidad para solicitarlo y "no hace la más mínima gestión".
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