Dos abogados (un penalista y un asesor fiscal) de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han presentado una denuncia en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid al comprobar el hackeo de los emails de los dos abogados con su cliente, Alberto González.
Según figura en la denuncia, los ordenadores del penalista y el fiscalista que llevan la defensa penal y la inspección fiscal de Alberto González fueron hackeados en la tarde del martes 2 de abril para hacerse con los emails cruzados con su cliente. En concreto, las dos cuentas de correo recibieron en la mañana del día 2 de abril, a las 11:39, un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, correo que fue respondido a las 12:11horas. Sin embargo, "unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril, esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas ya el día 3 de abril, a las 00: 09 minutos", expone la denuncia.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de un perito informático que determinó que había sido objeto de un ciberataque que solo había afectado a los correos mencionados. Según se relata en la denuncia, "el ciberataque habría consistido en retirar la información (los correos electrónicos) de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas".
Al ser Microsoft el proveedor de los servicios, se le ha solicitado "que facilite cuanta información disponga almacenada sobre lo sucedido en relación al funcionamiento de los servicios de correo electrónico". No obstante, hasta este momento se ha podido constatar que: "los correos fueron entregados, posteriormente eliminados y vueltos a entregar (simulando haber tenido una única entrega)" y que este tipo de técnicas "son comúnmente utilizadas cuando un tercero quiere acceder a determinada información hackeando un sistema y dejando el mínimo rastro técnico posible del acceso, y por ello que acceden, trasladan la información para su consulta y la vuelven a dejar en el sistema".
Los denunciantes exponen que los hechos denunciados son constitutivos, al menos, de un delito de revelación de secretos previsto y sancionado en los arts. 197.1, 197.2 y 197 bis CP, afectando a los derechos fundamentales de D. Alberto González Amador a la intimidad - arts. 8 CEDH, 7 CDFUE, 18.1 CE-, a la protección de datos de carácter personal -arts. 8 CEDH, 8 CDFUE, 18.4 CE- y al derecho de defensa -arts. 6.3 CEDH, 48.2 CDFUE, 24.2 CE-.
Sobre este particular, la Comunidad de Madrid ha puntualizado que "el sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado y solo al alcance de los estados".
Ayuso sale en su defensa
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno que "garantice que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley aunque algunos de esos particulares tengan una relación sentimental con un adversario político".
Del mismo modo ha mostrado su preocupación por que "se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos y creo que yo está ocurriendo aquí todo lo contrario. No se trata de un particular, sino del Estado de Derecho y la sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este gobierno tendrá enfrente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo, y será despojado de sus derechos, como también estamos viendo, y aún más si esto vale para intentar aniquilar a un adversario político".
Después ha lamentado que su pareja "está siendo condenada sin un juicio, se están vertiendo todo tipo de difamaciones por todos los medios mientras que esta persona ni siquiera ha pasado por un juzgado. La Fiscalía no ha protegido un expediente que sido esparcido convenientemente; la ministra de Hacienda, lejos de cumplir con sus obligaciones de sigilo con respecto a un contribuyente, lo ha cacareado, y todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros a través de su portavoz, 22 ministerios, delegado del Gobierno y todo aquel que ha considerado han empezado a esparcir informaciones sobre un ciudadano particular al que se le niega su derecho a la defensa, puesto que ni siquiera ha pasado por un juicio".
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