Este jueves (18/04), el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó la inmediata detención del exministro de Cultura, Pedro Báez, para que sea derivado a la Unidad Penal N°1 de Paraná. Asimismo, exigió la prisión preventiva del exgobernador, Sergio Urribarri, y su cuñado, Juan Pablo Aguilera por temas de corrupción.
MEGAJUICIO
Corrupción y condenas: Pedro Báez, Sergio Urribarri y su cuñado, perseguidos por la Justicia
Por corrupción, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos elevó un pedido para detener a Báez, junto a la prisión preventiva de Sergio Urribarri y su cuñado.
En el marco del Megajuicio por delitos de corrupción, en la que Báez, Urribarri y Aguilera están condenados a prisión efectiva, los fiscales pidieron, en caso de que no se de la preventiva para el exgobernador y su cuñado, que se prohíba que ambos puedan salir del país.
A partir de lo informado por el medio de Entre Ríos, Análisis, desde la acusación pública entienden que quedó firme la condena contra Báez debido a que su defensor, Ignacio Díaz, no hizo el reclamo ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), por lo que se comprende que el exministro cultural quedó envuelto en una situación "delicada".
Por su parte, los fiscales del Megajuicio pidieron una caución real o prisión preventiva, y que se les imposibilite salir de Argentina a Urribarri y Aguilera.
Corrupción y condenas
Para contextualizar, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión en el marco del megajuicio por corrupción por lo que se lo consideró responsable de delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración y peculado.
Entre 2021 y 2022 se lo juzgó, junto a otros funcionarios y particulares asociados a contrataciones del Estado provincial durante sus años de gobierno. Dentro de los condenados, de mayor jerarquía por el cargo que ocuparon, estuvieron Báez y Aguilera. En ese sentido, los fiscales, Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y Patricia Yedro, se pusieron al hombro la acusación en el debate oral que se desarrolló durante varios meses.
Los representantes de la acusación pública sacaron a la luz cinco causas acumuladas por corrupción en la gestión de Urribarri. Una contratación del Estado de la provincia a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público; las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por su cuñado; la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata con dinero público que tuvo como fin la promoción de la candidatura a Presidente del exgobernador.
Posteriormente, la contratación de espacios publicitarios, también en medios nacionales, para difundir su imagen sobre su campaña presidencial así como de carteles en rutas bonaerenses.
En el mientras tanto que se llevaba a cabo el debate, Urribarri cumplía su función como canciller del gobierno argentino en Chipre e Israel. El exgobernador tuvo que renunciar a su cargo diplomático por la condena iniciada en abril de 2022.
Su alejamiento de los cargos se dio en medio de una polémica, debido a que se oponía. No obstante, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, le remarcó que de un paso al costado por sus cometidos.
Ahí, en esa misma condena, fue que se sentenció a Báez y a Aguilera con penalidad de 6 años y medio para cada uno, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.
Sentencia
Con respecto a las 13 imputaciones en el megajuicio, cuatro personas terminaron absueltas: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el contador y empleado del gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el diseñador gráfico, Maximiliano Sena, y Alejandro Almada. Además, se absolvió a Hugo Céspedes, que falleció luego del debate arrancado.
El adelanto de sentencia también ordenó la expropiación de las instalaciones en Paraná donde funcionaba la imprenta y toda la logística de las empresas de Aguilera. A raíz de eso, el tribunal consideró acreditada su titularidad sobre ese comercio que se puso en base a un mecanismo de corrupción.
El juez, José María Chemez, comunicó que el galpón fue adquirido con un crédito bancario subsidiado por el Estado y que el negocio se llevó a cabo con dineros públicos que se desvió en las dos gestiones de Urribarri como gobernador.