Se refugió en Santa Cruz. Reapareció en abril. Volvió a Buenos Aires. Convocó a una pequeña multitud. Ya no en la Plaza de los grandes días sino en Comodoro Py, el escenario abominable de los tribunales.
Su año empezó mal y pronto empeoró. Un mes después la procesó el juez Claudio Bonadio por defraudación al Estado en las maniobras con el dólar futuro. Ratificado ese fallo por la Cámara Federal, hay un juicio oral en la agenda de Cristina para 2017.
En aquel tránsito inicial del silencio patagónico a los juzgados, el peronismo que gobierna y tiene poder real ya había empezado a abandonarla.
"Hay que impedir que Macri arregle con los holdouts, si arregla se queda ocho años" era la orden tremendista que llegaba desde El Calafate.
Pero el acuerdo con los holdouts se logró y el peronismo oficial puso los votos necesarios para respaldar todo en el Congreso.
La nueva orden tomó entonces la forma de un pronóstico: "Este gobierno no llega a fin de año, se cae antes". Se buscaron voluntarios para empujarlo al precipicio. La cosecha fue pobre.
Salvo los ultra K que venían lubricados por la caja generosa de los años de gloria, los grupos piqueteros, siempre necesitados de fondos y ayuda, buscaron un rumbo negociador. Los sindicatos lo mismo: desde el primer día hablaron con el nuevo gobierno.
Salvo excepciones honrosas -algunos camaristas, un par de jueces, un puñado considerable de fiscales- que actuaron como debían en momentos difíciles, la Justicia se comportó en línea con su conducta de muchos años.
Despertó de una larga siesta y empezó a escarbar en las denuncias por corrupción contra los mismos a los que había protegido con su inacción mientras estuvieron en el poder.
Involucrada en causas por corrupción, delitos cuyas penas máximas sumadas orillan los 75 años de prisión, Cristina empezó a ser cercada por jueces y fiscales que se apoyaron en el peso abrumador de las pruebas que se iban descubriendo.
Su mejor defensa fue el dispositivo de demora y desviación judicial que sus estrategas dejaron sembrado antes de la retirada del poder.
Conducidos por la procuradora Alejandra Gils Carbó, con el concurso de abogados sagaces y de jueces y fiscales militantes de Justicia Legítima, demoraron todo lo que pudieron el avance de las causas.
Su mayor logro fue mantener congelada la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrir a Irán en el caso del atentado a la AMIA.
Al delito de encubrimiento, el fiscal Germán Moldes pidió después agregar el de traición a la Patria, que contempla una pena máxima de 25 años de prisión. Esta es la acusación que desespera a Cristina.
Durante 23 meses funcionó con éxito esa maquinaria de protección. El juez Daniel Rafecas, los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y el fiscal de Casación Javier De Luca frenaron dos veces el intento de abrir a investigación la denuncia de Nisman. Lo hicieron sin el menor disimulo: no tomaron una sola medida de prueba y firmaron igual el doble rechazo.
Pero todas las maniobras terminaron chocando con la decisión de una sala de la Cámara de Casación que el jueves 29 decidió que la denuncia de Nisman fuese investigada.
Votaron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Y también lo hizo, para sorpresa de muchos, aunque con argumentos en parte disidentes, la camarista Ana Figueroa, vinculada con el ahora invisible Carlos Zannini.
Casación aceptó a la DAIA como querellante. Ese fue el factor que cambió el escenario. Para llegar a ese punto y presentarse a la Justicia, la organización judía debió superar su extrema timidez para el coraje durante el primer año tras la muerte de Nisman, cuando Cristina todavía estaba en el poder.
Ocurrió esto apenas 48 horas después de que el juez Julián Ercolini la procesara por asociación ilícita y la embargara en la fabulosa suma de 10.000 millones de pesos.
Este caso investiga las multimillonarias cesiones de obras públicas a Lázaro Báez. Además de Cristina, Lázaro y José López, quedó pegado el infaltable Julio de Vido.
Las 220 pruebas acumuladas por los fiscales Pollicita y Mahiques auguran a los involucrados un tránsito quizás lento, pero seguro, hacia el juicio oral.
El caso de asociación ilícita se articula con las causas Hotesur y Los Sauces, empresas familiares dedicadas a la hotelería y otros rubros, donde la ex Presidenta es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Por si esto fuera poco, Cristina obró de tal manera que sus hijos Máximo y Florencia quedaron bajo investigación judicial. Hoy los tres tienen todos sus bienes embargados.
Al menos, los bienes declarados. Una suma de avaricia, grueso error de cálculo político, desesperación y pésima estrategia judicial explica la actual desgracia familiar.
Mientras su situación judicial se agravaba, Cristina iba sufriendo pérdidas políticas constantes.
Se le fueron los gobernadores. De catorce jefes provinciales peronistas sólo le responde su cuñada Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Un par más todavía le guarda alguna consideración en público. Pero ya no le obedecen ni quieren volver a hacerlo.
Se le fueron los senadores. En el bloque de 42 bancas que conduce Miguel Pichetto, apenas una docena le son incondicionales. Esa rotunda minoria perdió, y por mucho, en todas las votaciones importantes del año.
Se le fueron muchos diputados. Más de una docena rompieron de entrada, orientados por Diego Bossio y el gremialista Oscar Romero.
También se retiraron los misioneros y correntinos, casi una decena, que responden a gobernadores de origen radical que quemaron toda huella de su larga pertenencia al radicalismo K.
El menguado batallón que preside Héctor Recalde, bajo la tutela de Máximo Kirchner, tuvo escasos momentos de gloria y muchos de fracaso.
Se le fueron los sindicatos. La unificación de la CGT reunió a los que la habían enfrentado junto a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo; a los que la acompañaron hasta el final desde los grandes gremios industriales de la central oficialista; y a los que, habiendo permanecido en esa formación devaluada, ya se habían desplazado hacia el Frente Renovador de Sergio Massa.
El juego de presión y negociación con el Gobierno les permitió recuperar dinero adeudado a las obras sociales y acordar la rebaja del impuesto a las Ganancias, a lo que el kirchnerismo duro se opuso en el Congreso.
En el sindicalismo la ex Presidenta sólo conserva apoyo relevante en sectores de la CTA autónoma y en la conducción de gremios de clase media como bancarios y docentes.
Se le fueron los movimientos sociales. Los mismos que se habían cobijado en el relato y el presupuesto de Cristina marcharon hacia el presupuesto y la necesidad de paz social de Macri, ahora respaldados por la CGT.
Consiguieron fondos abundantes y reconocimiento institucional con la ley de emergencia social, a la que los kirchneristas también se opusieron.
Hasta tomó distancia el peronismo bonaerense, su trinchera más sólida. El congreso del PJ provincial resolvió que los intendentes tendrán el control de las listas electorales provinciales y municipales. Hasta ahora la lapicera era manejada por La Cámpora.
¿Qué le queda entonces a Cristina? Sobre todo le queda su arraigo en un sector considerable de la sociedad. Las encuestas le otorgan más de 30% de imagen positiva y más del 25% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Alcanza para hacer una muy buena elección.
Pero nadie le asegura ganar. Y en su situación, el que pierde puede perder todo.
Le queda también la penuria económica del primer año de gobierno de Macri. Estos largos meses de caída del salario, el empleo y el consumo. Y sobre la desgracia extendida, el argumento de la nostalgia.
El problema es que esos factores ya no dependen de ella. Sin el látigo ni la chequera, su destino lo decidirán los aciertos y los errores de otros.
El mayor peligro político que enfrenta es que su 2017 se parezca a su 2016. Que empiece peor, como lo está empezando, y que lo termine horrible.