La inestabilidad política que vive nuestro país desde hace años es, qué duda cabe, una de las principales razones que explican la desconfianza con la que hoy muchos inversionistas extranjeros ven a nuestro país. Y es difícil culparlos: ¿no dudaría usted de invertir en un lugar en el que las reglas de juego pueden cambiar súbitamente según quién esté en el poder en cada momento?
LEA MÁS: "Es cierto que el sistema de pensiones necesita mejoras, pero ha mostrado una adecuada rentabilidad"
En este contexto, el proyecto de reforma constitucional aprobado ayer en la Comisión de Constitución y que verá pronto el pleno, que propone incluir a los titulares de los organismos electorales entre las autoridades pasibles de juicio político (impeachment en otros países), solo podría agravar más este problema. Es decir, volvería más inestable e imprevisible nuestro sistema electoral, ya hoy con problemas.
Actualmente y, en conformidad con el principio de separación de poderes, nuestra Constitución protege a los tres organismos electorales de la influencia de los poderes políticos –el Ejecutivo y el Congreso–, para asegurar su independencia y generar más confianza. Los titulares de la ONPE y Reniec son nombrados (y eventualmente destituidos) por la JNJ, mientras que los cinco miembros del JNE son nombrados por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima y las universidades públicas y privadas.
Ciertamente, la separación de poderes implica también que existan mecanismos de pesos y contrapesos. Es decir, que los organismos constitucionales deben poder fiscalizarse entre sí a través de distintos mecanismos, entre los que se encuentra el juicio político del Congreso.
LEA MÁS: Editorial: "El Congreso ha petardeado lo avanzado en volver más meritocrática la contratación de maestros"
Dicho esto, es lógico que un diseño en el que la fiscalización a los organismos electorales viene de un organismo político como el Congreso, difícilmente es el que generaría más confianza. Menos aun en un país cuyo Parlamento ya ha demostrado ser capaz de alcanzar votaciones muy altas guiados por intereses políticos cortoplacistas antes que por criterios técnicos, como ocurrió con la elección del defensor del Pueblo o con la aprobación de tantas leyes populistas que han salido del Legislativo en los últimos años.
Si este Congreso modifica la Constitución para permitirse destituir e inhabilitar a las autoridades electorales, el resultado será que estas empezarían a cuidarse de no incomodar a los congresistas de turno con sus decisiones, para evitar ver truncada su carrera judicial. ¿Se imagina este escenario con un eventual Congreso de mayoría radical o autoritaria?
LEA MÁS: Editorial: "Megaproyectos que tenían años esperando, incluso décadas, están dando sus primeros pasos"
Nuestros congresistas tienen que dejar de aprobar leyes y reformas pensando que quienes tienen el poder hoy lo mantendrán para siempre. Si queremos volver a generar confianza como país, tenemos que entender que nuestro diseño constitucional debe hacerse siempre priorizando lo que generará más estabilidad en el largo plazo. No hay otra forma.