Policías nacionales piden que la Real Federación Española de Fútbol se haga cargo de los costes que suponen el amplio dispositivo desplegado con motivo de la celebración en Sevilla de la final de la Copa del Rey. Recuerdan que existen precedentes europeos. El Tribunal superior de lo contencioso-administrativo de Bremen sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes.
En el ámbito nacional, la Ley 10/2015, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco, establece en su artículo 111 punto 2 que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora, por los servicios prestados por la Ertzaintza, recuerda JUPOL.
Del mismo modo, la normativa reguladora de los espectáculos públicos y el deporte establece que la seguridad de los
eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso de los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador. No siendo así a efectos prácticos en nuestro país, "donde observamos en todos los partidos de fútbol que
agentes de la Unidad de Intervención Policial son los encargados de mantener la seguridad tanto en el perímetro del terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras".
En concreto, el operativo desplegado para la celebración de la Copa del Rey ha desplazado hasta Sevilla a 1.511 agentes de la Policía Nacional de diversas unidades. Un dispositivo policial que ya se ha desplegado en la capital andaluza y que se prolongará hasta varias horas después de la celebración del partido. Un gran dispositivo que tendrá un coste para las arcas públicas cercano a los 300.000 euros, "que debería asumir la Real Federación Española de Fútbol. Un coste tan elevado,
a pesar de que la Dirección General de la Policía, únicamente compensa estos servicios especiales de los agentes con horas libres. Motivos por los que insistimos en la necesidad de poner en marcha las medidas necesarias para compensar de forma
adecuada el trabajo en este tipo de eventos deportivos a los agentes que prestan el servicio y ahorrar costes a la Dirección General de la Policía, que podrían ser repercutidos en mejoras necesarias para la institución policial y para las condiciones
laborales de los policías".
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