La consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha hecho balance de los primeros resultados de una de las medidas fiscales estrella del Gobierno valenciano, la supresión del Impuesto de Sucesiones y de Donaciones para los familiares más directos con la aplicación de una bonificación que entró en vigor hace unos meses.
Según los datos de la Agencia Tributaria Valenciana en los dos primeros meses del año 29.871 ciudadanos se han beneficiado de esta rebaja fiscal, con un ahorro de 15,5 millones de euros, explicó la consellera, que desgranó estos primeros datos por provincias.
En Alicante los beneficiarios hasta febrero han sido 9.426 personas que se han ahorrado 5,8 millones, mientras que en Valencia fueron 17.154 personas que han mantenido 9,7 millones de euros en sus bolsillos y en Castellón afectó a 3.291 contribuyentes.
Según la consellera, en el caso del Impuesto de Donaciones, su impacto ya se ha dejado notar con un incremento del número de donaciones que en el conjunto de la comunidad ha sido del 43% en dos meses. Unas medidas que además Merino defendió que están generando actividad económica al permitir la puesta en el mercado de inmuebles y otros bienes procedentes de herencias.
Merino, que también se reunió con varias entidades deportivas este viernes, estimó además que las deducciones fiscales para la práctica deportiva impulsadas por la Generalitat en el tramo autonómico del IRPF supondrán un ahorro fiscal para la ciudadanía de alrededor de 25,7 millones en la campaña de la Renta 2023.
Merino, que participó en la presentación del informe de Panorama de Fiscalidad Autonómica 2024 en el Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV), aseguró que la intención del Gobierno valenciano es ir más allá. "Nos gustaría dar pasos más valientes", aseguró, y en esa línea también ha apuntado otras medidas ya anunciadas, "como la no entrada en vigor de los tres impuestos medioambientales" que había previsto el Botànic a partir de 2025.
Sobre el Impuesto de la Renta, la consellera de Hacienda aseguró que "vamos a repensar la escala autonómica del IRPF. Somos conscientes que nuestra escala autonómica es la más baja en rentas inferiores, pero somos paradigma y excepción en los tramos más altos". Precisamente el cambio en los tramos del impuesto era una de las grandes promesas electorales del propio Mazón. También insistió en que la voluntad del Ejecutivo es "acabar en la medida de lo posible con el Impuesto de Patrimonio".
Merino volvió a cargar contra el Gobierno central por la falta de avances en la reforma de la financiación autonómica, que no ha sido incluido en su plan normativo lo que según la consellera "descarta directamente la posibilidad de abordarla".
Impuesto sobre grandes fortunas
En el acto, el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez ha criticado que la ley de impuesto sobre grandes fortunas "ha limitado la capacidad real de competencia entre CCAA" y también "ha reducido su autonomía fiscal con una importante quiebra de la seguridad jurídica". Por ello, ha abogado por "repensar el reparto de competencias fiscales entre distintos estamentos del Estado y así plantear reglas seguras, duraderas y que den seguridad jurídica".
En el informe se recoge que la recaudación en el Impuesto sobre Patrimonio en la Comunidad Valenciana representa el 11,19% del total del Estado; mientras que el Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) supone el 9,68% del total. La recaudación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) es el 14,14% del conjunto estatal y en el caso del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) representa el 11,15% de la recaudación estatal.