Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja que presentó la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en contra del libro ¡Gracias! del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De acuerdo al análisis de los magistrados, el texto que se publicó semanas atrás es legal debido a que se enmarca en el derecho a la imprenta y a la libertad de expresión que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
El proyecto fue presentado por el magistrado Rodríguez Mondragón; sin embargo, él contemplaba que la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptara la queja de la aspirante de la oposición, al considerar que no se analizaron todas las pruebas aportadas sobre la presunta intromisión del presidente en los comicios presidenciales.
Además, señaló que el análisis de las pruebas no representa ningún tipo de censura debido a que no se están restringiendo las libertades fundamentales; no obstante, destacó que se trataba de una medida que permitiera a las autoridades desplegar sus competencias en medio de una contienda electoral como la que vive actualmente el país.
Asimismo, la magistrada Janine Otálora coincidió en que se debe de admitir la queja y, en caso de considerarlo pertinente, remitir el asunto a la Sala Especializada para que se estudie a fondo el asunto; sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata indicó que en la denuncia se solicitaron mediadas cautelares contra el libro, lo que alertó como un peligro si se dejan precedentes sobre la difusión, venta y publicidad de textos.
"Las autoridades debemos evitar cualquier clase de actitud que, escondida bajo la mano del paternalismo, pretenda convertirse en un baremo de lo que el lector puede y no puede recibir en su biblioteca. ¿También vamos a censurar bibliotecas? ¿Vamos a quemarlas como en los años 40 o 30 en Alemania nazi?"
Los votos a favor fueron de la magistrada presidenta Mónica Soto, así como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes; mientras que Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón rechazaron la postura que salió como válida del máximo tribunal en la materia.
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