Corren tiempos muy difíciles para el sistema de salud colombiano.
La propuesta de reforma del Gobierno —cuyo radicalismo destrozó la coalición de gobierno y la diversidad ideológica del gabinete, y lo llevó desperdiciar tres semestres claves para la agenda legislativa— finalmente fue rechazada por el Senado de la República. Pero con o sin reforma, las instituciones de salud pasan por delicados momentos financieros.
Una parte de esa crisis tiene que ver con el estrangulamiento del Gobierno a las EPS al no haber ajustado apropiadamente las primas que les debe reconocer a los prestadores por sus usuarios, ni pagado a tiempo los servicios que están por fuera de los planes básicos cubiertos por las primas.
Pero hay otro problema financiero de fondo en el sistema, que como sociedad debemos debatir y que ha estado completamente ausente de la discusión pública.
Sin importar si el sistema de salud es privado o público, si privilegia los subsidios a la demanda o a la oferta, no hay ninguno que pueda pagar todo, al precio que sea. Y para efectos prácticos, el sistema colombiano permite esa ruta.
¿Cuál es el debate que estamos en mora de dar? Doy un ejemplo para ilustrar el punto: suponga que una empresa farmacéutica acaba de lanzar un nuevo medicamento que en promedio alarga en tres meses la vida de un paciente con cierto tipo de cáncer. ¿Debemos adoptar ese medicamento? ¿Debe el sistema de salud pagar esa tecnología? La respuesta correcta, creo, es depende.
Si el medicamento vale $10.000 por mes, no hay duda alguna de que deberíamos pagarlo. La misma respuesta aplicaría si vale $100.000. ¿Pero si estuviéramos hablado de US$100.000 por mes lo aprobaríamos?
Si su respuesta sigue siendo un sí rotundo, súmele otro cero al precio para llegar a US$1′.000.000 por mes. ¿Lo aprobaría? En algún punto, a medida que sumamos ceros a la cuenta, la respuesta deja de ser afirmativa. Ningún país puede pagar todo al precio que sea.
La población colombiana va envejeciendo y los costos de la medicina van subiendo. Debemos lograr una coherencia entre el derecho a la salud y los recursos para financiarlo. Esa es una discusión ética muy compleja, que incluye hacer las incómodas piruetas del precio y el retorno de esas nuevas tecnologías.
Lo fácil es eludir el debate, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero si los costos del sistema suben sin límite, las deudas se seguirán acumulando y el servicio de todos se deteriorará, como ha estado ocurriendo en los últimos meses de estrés financiero.
Eso no se arregla estatizando el sistema ni con medicina preventiva. La sociedad debe dar esa discusión y la Corte Constitucional no puede seguir mirando para otro lado.
@mahofste