El Concello de Vilagarcía exigirá a Proinsa, la concesionaria de Xoán XXIII, una indemnización de 791.071 euros, el presupuesto de ejecución material de las obras a realizar en la instlación para estar en óptimas condiciones de uso.
El informe elaborado por un arquitecto técnico ajeno a la administración municipal valoró estas intervenciones en 1,2 millones de euros, pero en esta cifra se incluye el benefiicio industrial del contratista, emolumentos de técnicos e impuestos, entre otros conceptos similares. Con todo, Ravella también exigirá a Proinsa, mediante incidente en el concurso de acredores, el pago de los 295.000 eiros que debe a las arcas municipales por impago del canon de explotación, impuestos (IBI, vados, basura...), recargos e intereses.
Estas son parte de las propuestas que se elevarán al Pleno de la próxima semana, de acuerdo con el informe elaborado por la Secretaria Xeral y la Intervención Municipal. Según este dictamen, el Concello "en ningún caso deberá indemnizar a Proinsa, posto que esta renunciou expresamente a tal eventualidade no propio contrato da concesión", señalan fuentes municipales.
De hecho, desde el Concello hacen alusión a la cláusula 51ª, apartado 2, del pliego administrativo con el que la empresa logró la concesión y en el que se regulan las causas de extinción, diciendo textualmente "disolución ou creba da sociedade concesionaria, sen que exista dereito a indemnización".
Para los funcionarios municipales, la actual situación de liquidaación alcanzada en el concurso de acredores de Proinsa es equivalente a una quiebra y, por tanto, no procede indemnización, según defiende Ravella. A este respecto, el informe jurídico y económico alude al principio de libertad de pactos entre las partes.
Según se relata en los antecedentes del asunto a debatir en el próximo Pleno, las únicas obras de mantenimiento que hizo la concesionaria, desde la firma del contrato en 2003, es decir, hace más de veinte años, tuvieron un presupuesto de 16.000 euros y consistieron en impermeabilización, limpieza y saneamiento de partes afectadas, lo que contrasta con la valoración hecha por un técnico independiente, que sitúa las actuaciones necesarias en 797.000. Según los cálculos técnicos, el parking tiene un valor de 3.666.766 euros.
Si la propuesta de Alcaldía, con base en el informe técnico, supera el trámite plenario, el procedimiento de liquidación tendrá tres meses por delante para ser elaborado. Proinsa, el Banco Santander (con el que la empresa hizo la hipoteca) y las personas que figuran como titulares de derechos y cargas en el Registro de Propiedad, tendrán diez días para presentar alegaciones. En cualquier caos, todo lo que suceda no afectará a la decisión, ya firma, de la gestión directa del aparcamiento por parte del Concello.