Tranquilizador, al menos para los gobernantes –y, evidentemente, también anestesiante para los posibles asistentes a la marcha de ayer–, es poner a la Justicia en el centro de todos los reclamos por la inseguridad.
La Justicia son Ellos. Los Otros. Los que están adentro de los Tribunales y sólo hablan por sus fallos. Los que ni siquiera tienen rostro, por lo cual es más fácil pegarles.
Pero, claro, el razonamiento olvida que no hay distrito del país donde no sea el titular del Poder Ejecutivo local quien, en última instancia, designe a los jueces.
Y quien digite, en general a través de sus órganos legislativos, a cuáles se sanciona y a cuáles no. Los jueces no nacen de un repollo: son elegidos por la política de cada distrito.
Si los jueces resuelven mal, son vagos, laxos o demasiado afectos a anteponer su ideología a lo que dicta la ley, es responsabilidad de la política corregirlo.
A nivel nacional se podría empezar por algo bastante urgente: hay 300 juzgados federales y nacionales –un cuarto del total– que no tienen juez designado, por lo que son otros magistrados los que deben desdoblarse y atender causas propias y ajenas.
El (mal) funcionamiento de la Justicia en la Argentina es apenas una de las patas de la inseguridad.
Es decir, que del 1.500.000 víctimas que se presentan cada año en una comisaría para denunciar, por ejemplo, un robo o una violación, sólo 47.000 obtendrán una respuesta judicial a su problema.
Si se tiene en cuenta que, según las estimaciones oficiales, sólo se denuncia la mitad de los delitos que ocurren, el alcance de los fallos es apenas del 1,5% de los casos criminales que se producen en la Argentina.
Es decir, que cuando discutimos la labor judicial sólo nos estamos ocupando del 1,5% de los delitos que sufrimos.
Hay una explicación a la baja cantidad de sentencias que se dictan.
Por empezar, los cálculos más optimistas indican que la Policía –encargada de todas las investigaciones de campo en nuestro país– logra identificar a menos del 50% de los autores de los delitos denunciados.
De ellos, sólo consigue llevar hasta los Tribunales a menos del 5%. Sobre esa cantidad es que los jueces dictan sus fallos.
En parte por eso se da el brutal contraste de impunidad entre el 1.500.000 delitos denunciados al año y los apenas 70.000 presos que hay en el país.
Los prófugos son varios más: 100.000. Quizás habría que empezar por detener a algunos. Por ejemplo, a los integrantes de "La banda del millón", que ayer difundieron su segundo video provocador desde la clandestinidad.