"Extender la tinta del calamar". Esa expresión común en el periodismo podría describir el último capítulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su pareja Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal.
La Agencia Tributaria comenzó una investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid debido a una brutal subida de ingresos de 2019 a 2020 en su empresa, pero con una base imponible de la mitad que el año anterior. En concreto, durante 2020, Alberto González aumentó en dos millones la facturación de su empresa respecto al año anterior, pero pagó alrededor del 50% menos en impuestos.
Con la salida a la luz de estas informaciones, la presidenta madrileña habla de una "cacería política", aunque los abogados de su novio reconocían el fraude de 350.000 euros en un intento de pacto con la Fiscalía. Y en las últimas horas, la propia Comunidad de Madrid ha transmitido que la Agencia Tributaria tendrá que devolver al empresario algo más de 552.000 euros, asegurando que esto podría incluso llevar a la Fiscalía a "anular el juicio" en el que está citado como investigado.
Más tinta de calamar, porque lo cierto es que ni desde la Comunidad ni desde el entorno de González Amador explican o detallan a qué se debe esa devolución. Y la propia ministra de Hacienda ha asegurado desconocer esos hechos. "Me sorprende mucho que sea la propia Comunidad de Madrid la que maneje datos tributarios", se ha limitado a indicar María Jesús Montero, añadiendo: "no tengo ni idea, como siempre digo, de informaciones que tienen que ver con los expedientes tributarios".
Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso El Mundo da luz al caso. Hacienda ha dado orden a la Tesorería del Estado de devolver esa cantidad, pero relativa al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2022, donde la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, abonó 629.408,67 euros en lugar de los 77.156,71 que le correspondía en ese momento. No a los ejercicios 2020 y 2021, que son los que están bajo investigación tributaria y por los que se acusa a la pareja de Ayuso de un desfalco de 350.000 euros al erario público.
La propia Fiscalía sale al paso del nuevo intento de manipulación de Isabel Díaz Ayuso. En conversación con laSexta, niegan que el supuesto pago excesivo de impuestos por parte del novio de Ayuso tenga nada que ver con el fraude investigado, ni que ese dinero anule la investigación penal por fraude y falsedad. El exceso de pago se produjo en el año 2022. Los presuntos delitos son de años anteriores. Y además del delito de fraude está el de falsedad documental. En todo caso, este último delito no quedaría anulado con el argumentario del equipo de Ayuso.
Es más, la Fiscalía va a estudiar si ese sobrepago de impuestos se corresponde con un intento de regularización posterior a la apertura de la inspección de la Agencia Tributaria, algo que la ley impide expresamente.
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