El gobierno del presidente Gustavo Petro se jugó desde inicios de 2023 por una reforma a la salud que acaba de hundirse en su tercer debate en la Comisión Séptima de Senado. El proyecto fue construido, primero, por la entonces ministra Carolina Corcho, y defendido por Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual ministro. Pese a que nueve congresistas habían anunciado su voto negativo hace varios días, el gobierno se negó a retirarlo.
La reforma pretendía una profunda transformación en el sistema de salud, pero no logró consenso, como suele pasar cada vez que se intentan llevar a cabo este tipo de reformas. El Gobierno pretendía cambiar la naturaleza de las EPS, eliminando muchas de sus funciones y trasladándolas a otras entidades llamadas "Gestoras de Vida y Salud". El papel que tendrían esas Gestoras en el nuevo modelo nunca convenció del todo a una parte del sector de la salud. Fue criticado por organizaciones como Acemi (que reúne a las EPS del régimen contributivo) y Gestarsalud (del subsidiado).
A otra parte del mundo de la salud, como al sector hospitalario, sin embargo, no le disgustaba del todo ese nuevo actor. A la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) no le incomodaba que fuesen los encargados de hacer las auditorías y tuviesen una "relación contractual con una red", como nos había dicho el director de ese gremio, Juan Carlos Giraldo.
Tampoco generó un consenso la idea del Gobierno de darle mayores funciones a la ADRES (el llamado banco de la salud), que tendría algunas responsabilidades de auditoria y control de los millones de cuentas de gastos médicos del sistema. Hubo largas y duras discusiones sobre el papel que la reforma le daba a las direcciones territoriales de salud y al Estado. Para algunos, como los integrantes del Centro Democrático, era una "estatización" de la salud. La ACHC creía, por el contrario, que no era tan mala idea que hubiese un pagador único.
Otro de los puntos sobre los que no hubo acuerdo tuvo que ver con el tiempo de transición que proponía el Gobierno de un modelo a otro, que se planteaba de dos años. ¿Sería suficiente para realizar los cambio que proponía la reforma?, era la pregunta que todos se hacían.
Uno de los aspectos que más discusión suscitó tuvo que ver con la plata. Aunque por muchos meses no hubo mucha claridad sobre el costo de implementar las propuestas de la reforma, el Ministerio de Hacienda presentó en un par de oportunidades documentos sobre costos que no terminaron de convencer a algunos congresistas, que pedían mucha más precisión.
La conformación de las redes integrales de servicio (prestadores como hospitales y clínicas) y cómo se planteaba la conexión entre la atención primaria y la mediana y alta complejidad fueron otros puntos que se debatieron con intensidad.
No todo fue desacuerdo
El proyecto, sin embargo, sí logró cierto consenso en torno a varios puntos. Por ejemplo, el fortalecimiento de la atención primaria que pretendía la reforma, puso en un mismo lado de la acera a partidos políticos. También hubo un acuerdo en la necesidad de que se universalice el giro directo (que el Estado pague, a través de la Adres, directamente a las IPS, sin la gestión de las EPS) y que se elimine la integración vertical (lo que, en términos simples, significa que se impida que las EPS tengan bajo su propiedad a clínicas y hospitales).
El proyecto también sirvió, señalaron en varias oportunidades políticas y técnicos del sector salud, para reconocer las virtudes del sistema de salud, pero también para aceptar sus fallos y deudas. Todos los senadores y congresistas que votaron y discutieron este proyecto reconocieron en diversas oportunidades la necesidad de que el sistema no brinda la misma oportunidad de acceso en las zonas más apartadas del país. No pocas veces se mencionó la vieja necesidad de que se requiere una atención diferencial en esos territorios.
La necesidad de desplegar equipos territoriales de salud en el país (especialmente en sus zonas periféricas), de fortalecer la red de hospitales públicos, de construir un sistema de información interoperativo que sirva para conectar a todas las entidades y actores del sistema de salud y de diseñar una política de formalización y dignificación a los empleados y servidores del sistema de salud, fueron otros de los temas y artículos que recibieron el apoyo de varias bancadas.
Las discusiones paralelas que acompañaron la reforma a la salud
Mientras eso sucedía en el Congreso, el sistema de salud afrontaba discusiones que enfrentaron con cada vez mayor dureza al Ministerio de Salud con entidades como las EPS e incluso con organizaciones de pacientes. La sostenibilidad financiera del sistema, la insuficiencia o no del aumento de la UPC (la plata que gira el Estado a las EPS para garantizar el acceso al Plan de Beneficios en Salud) y las medidas de vigilancia y de intervención sobre EPS como Savia Salud (en Antioquia) y Sanitas despertaron gran debate.
Durante esas discusiones, el ministro de Salud defendió en reiteradas ocasiones la suficiencia de los recursos y varias veces sugirió que las EPS no gestionaban bien los recursos. Incluso, y en el calor del momento en el que Cruz Verde dejó de brindar medicamentos No PBS a los afiliados de Sanitas por falta de pagos, Jaramillo pidió que se le levantara el velo corporativo a dicha EPS. Fue el propio Ministerio de Salud el que demandó ante el Tribunal de Cundinamarca a 21 EPS. Ayer, como se sabe, la Superintendencia de Salud decidió intervenir forzosamente a Sanitas.
La Contraloría y otras entidades como la Procuraduría también anunciaron y presentaron diversas investigaciones sobre las finanzas del sistema de salud, un asunto sobre el que siempre suele haber diferentes cifras. A finales de diciembre la ACHC aseguraba, por poner un ejemplo, que a los hospitales les debían $16.1 billones, de los cuales $11.4 billones correspondían a deudas sin pagar de las EPS.
El otro escenario que enmarcó esta discusión fue el de escasez de algunos medicamentos, que, como hemos contado en estas páginas, tiene diversas causas, según el grupo de medicinas del que se hable.
No se puede dejar por fuera que senadores como Norma Hurtado (quien anunció su voto negativo) denunciaron que fueron amenazadas durante el trámite del proyecto.
Todas las cartas políticas por sacar adelante la reforma
La reforma a la salud fue una de las apuestas más importante del Gobierno durante todo el año legislativo de 2023. Tan crucial era que, tras la negativa que recibió en el Congreso por parte de algunos partidos políticos, el Gobierno renunció a la coalición que había conformado en los primeros meses de su gobierno.
"La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", dijo Pero en una alocución presidencial en abril del 2023.
"La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto", escribió luego en Twitter.
La discusión en torno a la reforma también tuvo consecuencias al interior del gabinete. Los entonces ministros de educación, Alejandro Gaviria; de Agricultura, Cecilia López, y de Hacienda, José Antonio Ocampo, fueron claros en las críticas proyecto liderado por Carolina Corcho. Los tres (que, posteriormente, dejaron la Casa de Nariño) firmaron cartas en donde señalaban que el cambio de modelo ponía en peligro la sostenibilidad del sistema. Para Corcho, como para el hoy minsalud, Guillermo Jaramillo, la propuesta era una buena iniciativa para resolver los problemas de la salud en Colombia.
Además de esas discusiones, el intento de reformar el sistema de salud condujo a que el presidente Petro se reuniera en varias oportunidades con líderes de partidos como César Gaviria (Liberal) y Álvaro Uribe (Centro Democrático), así como con congresistas y políticos.
El Gobierno tiene ahora la posibilidad de volver a presentar su proyecto en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio. Si eso sucede, la discusión volverá a comenzar en primer debate.
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