La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado la decisión de Santiago Pedraz de ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción del caso por el que se investigan a tres altos cargos de la cúpula de seguridad del Gobierno de Guinea Ecuatorial por el secuestro y torturas de cuatro opositores al régimen de Obiang. Entre los sospechosos se encuentra Carmelo Ovono, *** e hijo del presidente del país.
Pedraz accedió a delegar la investigación del caso a Guinea Ecuatorial a principios de enero de 2024, como respuesta a la solicitud hecha por la Justicia africana el año anterior y en la que aseguraban que habían iniciado diligencias por el mismo caso en su territorio. El instructor español decidió dar credibilidad a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de este país, a pesar de las numerosas muestras de la falta de independencia del sistema judicial de la antigua colonia española y de las advertencias de la acusación de que aquel movimiento no fuera más que una treta para evitar que los tres políticos ecuatoguineanos fueran juzgados.
En aquel momento, Pedraz argumentó que los indicios presentados por la acusación no eran suficientes para dudar de la voluntad de la Justicia ecuatoguineana de instruir el caso, y que "lo que se investiga son unos hechos muy concretos, no al régimen guineano ni a su poder judicial".
Apenas un día después, la Sala de lo Penal frenó esta decisión, al transformar las diligencias previas en un procedimiento sumario ordinario, tal y cómo habían solicitado la acusación y la Fiscalía meses antes. Esto significaba que Pedraz, en tanto que juez instructor, no tenía potestad para cerrar el caso y ceder la investigación a la Justicia ecuatoguineana, sino que era la Sala quien debía tomar esa decisión.
El viernes 5 de enero los tres jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, han tomado la decisión de revocar definitivamente la cesión de la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, estimando el recurso que interpusieron los familiares de los opositores ante la decisión de Pedraz y anulando la misma.
En su escrito, los jueces de lo Penal recuerdan al instructor que según el artículo que regula las competencias de la Audiencia Nacional, es la Sala la que conocerá "de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte".
Además, argumentan que al ceder la jurisdicción del caso, Pedraz "confunde, ciertamente, las reglas de atribución de la jurisdicción extraterritorial a la jurisdicción española con el acto de cesión de jurisdicción" y aseguran que "difícilmente podría cederse algo de lo que se carece".
Este es un nuevo revés para el juez instructor, después de que la Sala le obligara en febrero a dictar las órdenes internacionales de detención contra los tres investigados. La acusación llevaba meses solicitando esta medida, después de que ninguno de ellos se presentara a declarar, siquiera de manera telemática, en abril de 2023.
En una providencia adicional, la Sala de lo Penal ha confirmado que Javier Gómez Bermúdez, actual abogado de los investigados y expresidente de la Sala de lo Penal de la AN hasta 2012, no puede actuar en la causa por no contar con personación al estar en busca y captura sus defendidos.
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