La trama para el cobro de comisiones irregulares del "caso Koldo" celebró cuatro contratos con el Gobierno de las Islas Canarias en la época en queÁngel Víctor Torres presidía esa comunidad autónoma. Estas cuatro adjudicaciones, que están siendo investigadas por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, presentan cinco irregularidades en común, tal como detallan los informes policiales que integran el sumario, que detallan el caos de fechas y de entregas de algunos de los contratos, así como la falta de antecedentes sobre cómo se negoció la adquisición.
Todo ello se deduce después de la revisión y análisis de los archivos digitales que el día 19 de julio de 2022 se envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras un requerimiento que fue atendido por el director general de Recursos Económicos del archipiélago canario, Sebastián Fuentes Trajano, tal como consta en el informe. En el contenido, había cuatro carpetas con los antecedentes relativas a los cuatro contratos bajo sospecha y que figuran en el portal de contratación del Estado.
El procedimiento judicial investiga las supuestas mordidas que se dieron en nueve contratos celebrados en plena pandemia por el procedimiento de urgencia y sin publicidad. Se trata de adjudicaciones que se celebraron por parte de una sociedad, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, con una actividad previa que nada tenía que ver con el sector sanitario, que nunca había sido proveedora de las administraciones públicas y que apenas tenía funcionamiento como empresa.
Pero a partir de marzo de 2020, con la crisis del coronavirus, el estado de alarma y los confinamientos, se embolsó 53 millones de euros de dinero público. Cuatro de los contratos, se firmaron con el Gobierno canario cuando Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, era su presidente. Según ha declarado Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y presunto intermediario en los contratos de la trama, él mismo habría hablado con Torres y con sus más cercanos colaboradores para ofrecerle su "ayuda", algo que el ministro ha negado de manera tajante.
Lo que sí queda claro, según los informes de la UCO que analizan las cuatro adjudicaciones que vinculan al Ejecutivo de las Islas Canarias de entonces con el "caso Koldo", es que estos contratos tenían varias irregularidades en común. Por una parte, los agentes que han revisado toda la documentación relacionada con estas adjudicaciones ponen de relieve la ausencia de datos, pistas, emails o documentos en los que se dé cuenta cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato.
Otro punto oscuro que ponen de relieve es la inexistencia de comunicaciones entre la parte contratante y el adjudicatario, es decir, entre el Gobierno Canario y Soluciones de Gestión. No hay rastro de emails, llamadas telefónicas ni cartas en las que se dé cuenta del diálogo que caracteriza a cualquier relación entre una administración pública y sus proveedores. La opacidad también alcanza a la manera como se gestionó el suministro de mascarillas, cómo se pactaron las entregas, etc. Además, según señala el informe, en todas las entregas de intentó "colar" material sanitario que no se correspondía con la licitación, una irregularidad que fue detectada a tiempo y que se intentó compensar con medidas como ajuste de precio a la baja por las mascarillas con un estándar de protección inferior al requerido –en todos los casos, FPP2- o bien con el envío de otros productos que sí cumplían con los requisitos.
Caos en los contratos del "caso Koldo"
El 22 de abril se firmaron los dos primeros contratos para la adquisición de distintas partidas de mascarillas. La primeraadjudicación 6.875.000 euros para comprar 2.750.000 mascarillas para los servicios de salud de Canarias. Sin embargo, en el ajuste derivado del "trueque" para compensar el "error" de la empresa de la trama, aunque el importe sumaba 2.094.500 euros, finalmente se abonaron 2.095.018,50 euros, sin que haya quedado justificada la diferencia entre estas dos cifras.
En el segundo caso, el importe fue de 4.775.500 euros por 1.910.200 mascarillas. En este caso, en base a la documentación aportada, "no figura que Soluciones haya hecho entrega de más mascarillas aparte de las entregadas en el mes de abril", es decir, las del primer contrato. Y el baile de fechas se repite: aunque las facturas de este contrato datan del 7 de mayo de 2020, la web de contratación pública refleja que el acuerdo de adjudicación tiene fecha de 5 de junio.
El caos de documentación es tal, que la Guardia Civil señala que "no se puede encontrar explicación al hecho de que en primera instancia se realizara un pedido de 2.500.000 mascarillas a Soluciones por importe de 6.875.000 €, pero finalmente se facturasen 3.302.30011 mascarillas por un importe de 6.870.518,50 € sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia (802.500 unidades) por parte de Soluciones o que se hubiera producido un cambio en el acuerdo inicial".
El tercer contrato se adjudicó el 4 de mayo por 5.000.000 de euros para adquirir dos millones de mascarillas en tres envíos los días 12, 14 y 25 de mayo. En este pedido también hubo modelos no aptos. Aunque en este caso, aparentemente, se ha cumplido con lo pactado, existen las mismas dudas comunes a todas las contrataciones: "Se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas".
El último de los cuatro contratos, por importe de 417.814,71 euros, corresponde al pago de los costes de transporte relacionados con cada una de las entregas de mascarillas contratadas en las tres adjudicaciones anteriores. En este caso, La Guardia Civil duda sobre si fue correcto o no desvincular el pago del transporte del pago del suministro propiamente dicho "sabiendo que Soluciones no es una empresa que se dedique al transporte de mercancías, sino que en este caso actuaría como mero intermediario con la empresa que realiza el transporte", pero no se puede concretar si esta decisión partió de la Administración canaria o de la sociedad del "caso Koldo".
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