El Gobierno y Canarias están cerca de llegar a un acuerdo para repartir unos 2.500 menores migrantes no acompañados que actualmente permanecen en las islas, Ceuta y Melilla para repartirlos por la Península, y a la par otorgar 125 millones de euros a las regiones que los acojan, aliviando la presión migratoria en aquellos territorios y modificando la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo que facilite su reparto, de oficio, por toda España, y no sólo en los lugares en que habitualmente se concentran.
La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Política Territorial y ex presidente canario Ángel Víctor Torres, y por su sucesor al frente de esa comunidad, Fernando Clavijo, quienes subrayaron que no sólo se busca una válvula de escape para los cúmulos migratorios más habituales en las primeras fronteras africanas de España, sino también «el bienestar de estos menores».
El acuerdo entre los ejecutivos central y canario, que aún no es definitivo a falta de «algunos flecos jurídicos» según explican fuentes ministeriales a este diario, deberá ser refrendado luego por el Congreso de los Diputados y en ese trance necesitará de una escenificación de unidad entre PSOE y PP. Los 'populares' gobiernan tanto en las islas como en Ceuta y Melilla; el artículo a reformar, el 35, requiere de mayoría simple, y en Moncloa no se fían de que alguno de los partidos que forman la mayoría parlamentaria de gobierno no se desmarquen cuando llegue el momento, en especial Junts per Catalunya.
En principio, de salir adelante la iniciativa, la distribución de menores debería ser pactada «conforme a las cifras actuales», explicaron fuentes de Política Territorial, pero de no haber pacto la distribución sería la marcada en la reunión del 27 de julio de 2022 de la Comisión Intersectorial de la Infancia y la Adolescencia, y ahí la parte del león se la llevaría La Rioja. De ser una de las comunidades con menos recursos de este tipo, la región pasaría a liderar el despliegue con, en principio, casi 300 camas.
De los 2.500 menores extranjeros que se redistribuirían de sellarse el pacto, 2.350 saldrán del archipiélago canario, mientras que los otros 150 lo harán desde Ceuta. La arquitectura de solidaridad territorial es otro de los pilares del acuerdo. Para establecer el reparto se tendrán en cuenta la población, la renta y la tasa de paro que ostenta cada comunidad que deberá emplear en la acogida de los menores.
De igual manera se repartirán los fondos públicos destinados a esos recursos: La Rioja recibirá algo más de 15 millones de euros, y de ahí para abajo. El gasto medio por cada uno de estos menores sería de 52.925 euros anuales, según los datos de aquella Comisión Intersectorial.
Más allá de la contingencia actual, los signatarios del acuerdo buscan establecer de una vez por todas un sistema para que, en caso de falta de acuerdo entre las comunidades autónomas, la ley funcione subsidiariamente y los menores no se vean hacinados en recursos que apenas les pueden acoger. Esto sucederá cuando una región se halle en «contingencia migratoria extraordinaria», y ésta se podrá alegar cuando sus recursos para estos menores migrantes no acompañados estén sobrepasados en más de un 150%. Si eso sucede, esa comunidad podrá llevar la situación a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Y, si ahí no hay acuerdo, el nuevo artículo 35 de la ley funcionaría.
La sensación en el Gobierno es de confianza con respecto a conseguir el apoyo no sólo del PP, sino de una amplia mayoría de grupos políticos en el Congreso, a excepción de Vox. El propio vicepresidente canario, Manuel Rodríguez, señaló este lunes en la rueda de prensa que daba por hecho dicho apoyo por parte del PP, y la medida fue una de las condiciones de Coalición Canaria para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en esta legislatura.
La presión migratoria va camino de hacerse inmanejable en las islas. En lo que va de 2024 las Canarias han recibido en sus costas un total de 11.932 migrantes, un 540% más que en el mismo periodo de 2023.