La Agencia Antifraude y de Lucha contra la Corrupción (AVAF) ha entrado de lleno en el polémico caso de la autorización de una licencia del Ayuntamiento de Orihuela para la construcción de viviendas turísticas y piscinas en la parcela original de la Casa Langostina. Desde principios de los años 2000 partida en dos -una de ella integrada en un plan urbanístico- en contra de la decisión de los propietarios originales.
La finca fue adquirida en los años noventa por una familia austriaca Wesenauer, que reside en ella desde entonces y que busca proteger la vivienda de 200 años y su entorno, ejemplo singular de propiedad de labranza en el antiguo secano de Orihuela Costa. Desde el pasado mes de marzo se han encadenado en varias ocasiones a la máquina excavadora que presumiblemente iba a iniciar las obras -marcadas sobre el terreno también- y han logrado paralizarlas.
Iniciativas
La embajada de Austria en España y varios europarlamentarios austriacos han solicitado en las últimas semanas explicaciones al Ayuntamiento sobre esta autorización, al igual que ha hecho el PSOE y Cambiemos ante el gobierno de PP-Vox en el Ayuntamiento oriolano.
La promotora esgrime la licencia otorgada por el Ayuntamiento, aunque inicialmente no contaba con toda la documentación ni con el proyecto de ejecución visado, con el que ahora sí cuenta. Y también ha aportado dos resoluciones judiciales, logradas por anteriores firmas promotoras sobre el mismo emplazamiento que validan la reparcelación. Además, la empresa, denunciado supuestas coacciones por parte de los Wesenauer y el derribo de un muro de dos metros de altura que separaba la finca original y que desapareció en Semana Santa.
AVAF
Así, la AVAF reclamó a finales de marzo al Ayuntamiento de Orihuela que reclamara los expedientes completos de la licencia otorgada a la promotora, aunque el expediente lo abrió en septiembre pasado tras una denuncia anónima. También cualquier documentación administrativa relacionada con la tramitación de la protección patrimonial de la finca comprometida por el municipio desde 2020, pero en la que no se ha avanzado, según denuncia públicamente la familia.
PAU25
Antifraude, en algo en lo que no han querido abundar los juzgados, sí se remonta al momento en el que el Ayuntamiento validó la incorporación ilegal de una finca urbana -la Casa Langostina en el plan Castillo de Don Juan- a un plan urbanístico anexo, el PAU 25, como suelo "urbanizable", lo que permitió a los urbanizadores del planeamiento, a principios de los años 2000, quedarse formalmente ilegalmente con la mitad de los más de 3.000 metros de suelo de la parcela de la finca a cuenta de las cargas de urbanización del sector. La urbanizadora San José quebró con la crisis del ladrillo dejando un pasivo multimillonario y cientos de viviendas construidas con muchas deficiencias, aunque finalmente legalizadas.
Y en ese sentido la AVAF reclama al Ayuntamiento que le entregue toda la documentación del proyecto de reparcelación del PAU 25 del Orihuela, con la definición pormenorizada de las parcelas de resultado y los planos del sector aprobados, el certificado de la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión del sector PAU-25 del término municipal de Orihuela.
Revocación de la licencia
Por su parte, la concejala socialista Milagros Lacárcel defenderá el próximo jueves una moción para que desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela se inicie el expediente de revisión y revocación de la licencia que se otorgó en febrero de este año a la promotora en la parcela anexa a la vivienda.
Lacárcel ha explicado "desde el grupo socialista, entendemos que ha llegado el momento de que este Gobierno demuestre que atiende a los intereses generales y derechos de la ciudadanía. Como explicamos en nuestra moción, en abril y a consecuencia de la licencia aprobada, se ha interpuesto demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por los abogados de la familia Wesenauer, en la que argumentan que la normativa que ha aplicado e interpretado el área de Urbanismo no está vigente, precisamente por la institución europea".
Protección
Lacárcel asegura que este no es el único expediente que el Ayuntamiento está pendiente de resolver ligado a la Casa Langostina. "Nos consta que existe un expediente incoado por la Conselleria de Cultura en el año 2020 para en caso de ser favorable, declarar la Finca Langostina como Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local".
En este sentido la edil recuerda que existen informes del entonces arqueólogo municipal o la Universidad de Alicante en el sentido de preservar el valor patrimonial de la casa y la finca y que desde la Generalitat han tenido que requerir varias veces al Ayuntamiento de Orihuela para que conteste, sin recibir respuesta.
Otra petición en febrero
Solo lo hizo en febrero. Para el PSOE resulta "significativo" que el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, esta vez sí respondiera, aceptando la posible declaración "pero omitiese el procedimiento de obras que afectan a la finca". Algo que el PSOE interpreta como una "omisión" para evitar que la Generalitat pudiese solicitar la paralización de las obras hasta que el expediente se resuelva. En su respuesta, el concejal señalaba que se va a iniciar un expediente para la actualización del catálogo de bienes protegidos donde se incorporaría esta finca privada. Algo que en cualquier caso exige un trámite mucho más lento que una declaración específica, que es la que pide la familia.
No gusta
El PSOE señala que es consciente de que esta moción "no va a gustar al Gobierno Local, pero lo cierto, es que es injusto, que se reuniesen con la familia y les aseguraran que no iban a dar ningún paso o permiso sin valorarlo todo y lo siguiente que conoció la familia, fue el otorgamiento de la licencia".
Lacárcel insiste en que "hay que ser serios y responsables con este asunto y por ello, entendemos que no queda más opción que revisar la normativa aplicada para la obtención de la licencia y acceder a la solicitud de la familia a parar las obras hasta que el Tribunal Europeo, conozca y dictamine la demanda registrada en abril".
Sin motivos para revocar
El equipo de gobierno ha escuchado las reclamaciones de la familia, pero recuerda que la concesión de una licencia es un acto reglado y en este caso los técnicos entienden que cumple con los requisitos -aunque cuando la empresa ubicó la máquina en la parcela y señalizó sobre el terreno los cimientos carecía de ella y no se ha abierto expediente de infracción-. Aunque las declaraciones del equipo de gobierno no han sido contundentes a la hora de valorar la petición de revocación dan a entender que no hay motivos para iniciarla, tampoco de oficio. Algo que avalaría a la empresa, que ya tiene clientes con entregas a cuenta de las viviendas, a reclamar daños y perjuicios.
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