Desde hace semanas, el Gobierno español, sobre todo por boca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostiene que el dictamen realizado por la Comisión de Venecia, uno de los órganos del Consejo de Europa (que no forma parte de la Unión Europea) no sólo respalda la legalidad de la Ley de Amnistía, sino que "avala de manera rotunda" su intención de "buscar la reconciliación". Para el ministro, "la Comisión de Venecia destaca que la amnistía es una herramienta política y constitucional útil y necesaria para la reconciliación". Este jueves, sin embargo, la Comisión de Venecia ha desglosado en una intervención ante la Comisión de Libertades Civiles y de Justicia de la Eurocámara, todos los elementos que "preocupan", ha pedido que se dé tiempo suficiente a los críticos para debatirla durante su tramitación y la pedido no sólo que se intente aprobar "por una mayoría amplia, holgada, cualificada y no por mayoría absoluta", sino que se aclara en la Constitución española si este tipo de medidas son procedentes o no.
Los eurodiputados han abordado, una vez más, la cuestión. No ha sido en el pleno, sino en una Comisión en la que todos los que han tomado la palabra han sido españoles, salvo una socialdemócrata alemana y una holandesa europeísta. Estaban el popular Javier Zarzalejos, los independentistas Tomi Comín y Diana Riba, Maite Pagazaurtundua de Ciudadanos o el socialista Javier Moreno, todo bajo la presidencia de otro español, el ex ministro Juan Fernando López Aguilar.
La persona que ha intervenido en nombre de la Comisión de Venecia ha sido la ex ministra italiana Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y una de las ponentes del dictamen sobre los requisitos de Estado de derecho de amnistías, con especial referencia a la proposición de ley en España. Y en su alocución inicial ha mostrado que el organismo no sólo tiene "matices", en la expresión de Bolaños, sino preocupaciones serias.
El dictamen de la Comisión de Venecia tiene elementos a los que críticos y defensores se pueden agarrar. Cartabia ha reiterado por ejemplo que "queda claro que amnistías de este tipo no inciden en la separación de poderes, la mayor pate de sistemas jurídicos comprenden esto". Pero al mismo tiempo, ha criticado el ámbito material de la Ley español, el temporal, la falta de precisión, que se haya hecho pensando en personas concretas, que no haya en la Constitución española indicaciones claras de si está o no permitida. Ha reprochado que la malversación o corrupción puedan ir más allá de las llamadas consultas de 2014 o 2017, la tramitación de urgencia y recomendado que "aunque se pueda aprobar por mayoría absoluta se agradecería que se intentar por cualificada elevada ampla, holgada para lograr esos objetivos declarados de pacificación".
La profesora italiana ha sido muy concisa, sin aspavientos, y ha seleccionado los elementos que consideraba más relevantes. El primero, las dudas sobre la constitucionalidad. La Comisión de Venecia cree que las amnistías, en abstracto, pueden ser un instrumentos útil en determinadas circunstancias en la búsqueda de paz social o reconciliación. Su papel no es opinar sobre el encaje del Proyecto de Ley en el ordenamiento jurídico español, y así conta. Pero Cartabia no pasa por alto que "los expertos interpretan de formas muy diferentes que la Constitución guarde silencio y están profundamente divididos", y por eso dice que "la enorme controversia suscitada por este asuntos haría preferible que cuando sea posible el tema se estipule expresamente" en la Carta Magna.
Sobre el ámbito material de la Ley, la Comisión de Venecia considera que "es muy amplio y un poco difuso". No se estipula cuáles son los delitos cubiertos "sino que "cualquier acto considerado delito penal encaminado a facilita ro promover la secesión o independencia". Y esas cláusulas "bastantes abiertas restan claridad y precisión. Por eso la Comisión de Venecia recomienda limitar mejor y definir con más claridad la amnistía", ha explicado a los pocos diputados presentes.
Lo mismo ocurre con el ámbito temporal. La vicepresidenta ha recordado que es muy amplio y que si bien al inicio empezaba en enero de 2012, después se cambió con una enmienda a noviembre de 2011. "Lo que más nos preocupa esa la enmienda ulterior. En ese sentido, la Comisión de Venecia recuerda que es una amnistía impersonal, no ad personam, por eso los criterios no deberían declinarse en función de querer ampliar su protección a una persona. Ampliarlo en 2 meses nos plantea preocupaciones", ha afirmado.
Igual que hay dudas muy serias sobre la cobertura a delitos de "terrorismo, corrupción y prevaricación. En terrorismo, reiteramos que el principio rector es que sólo se ajusta a las normas internacionales si las violaciones graves de DDHH quedan excluidas del ámbito de aplicación. En malversación y corrupción, la Comisión de Venecia considera que sólo se debe aplicar a hechos directamente aplicados a las consultas de 2014 y 2017", zanja el organismo, que no ve nada bien que cualquier mal uso de dinero público durante esa década quede bajo el paraguas de la ley.
También hay una advertencia sobre el 'lawfare'. Carabia no ha dicho nada que no esté en el informe, pero ha considerado importante decir que si bien una amnistía per se no supone violar la separación de poder, ", para cumplir con los principios de la independencia del poder judicial, esa comisiones del Congreso no deberían tener por mandato el exigir a ningún juez cuentas ante ellos".
Por última, la intervención no ha querido dejar pasar dos elementos preocupantes sobre la filosofía defendida por el Gobierno en la tramitación. "El objetivo declarado es promover la reconciliación y la pacificación y en ese sentido tomamos nota de que la ley se ha abordado por un procedimiento parlamentario con consulta limitada a otras institucione y afectados y por procedimiento de urgencia", critica la vicepresidenta. "El proyecto ha suscitado enorme división en el mundo político, las instituciones, las universidades y la sociedad española. Por eso alentamos a las autoridades españolas a que reserven el tiempo necesario para permitir un dialogo leal entre las institucione y los partidos del gobierno y la oposición". Y que si de verdad se busca la reconciliación, que se intente la aprobación en el Congreso por mayorías mucho más amplias. Algo quizás imposible, pero deseable.