En los casos judicializados más polémicos del gobierno se puede encontrar un patrón común: una vez conocidos los hechos y desatados sus consecuentes escándalos, los implicados tejen maniobras para ocultarlos o disimularlos, cometiendo a su vez nuevos delitos o irregularidades en el intento. Tras el caso Penadés vino la trama urdida por el exsenador en complicidad con Carlos Taroco y otros policías y funcionarios públicos para amedrentar a los denunciantes. Tras la entrega del pasaporte a Marset vinieron las sugerencias de simular la pérdida de chats requeridos por la Justicia, la destrucción de un documento público que certificaba esas conversaciones virtuales y las reuniones entre autoridades ministeriales y legisladores para ocultar información al Parlamento. En el caso del puerto, ning...