Palabras Clave es el espacio de opinión, análisis y reflexión de eldiario.es Castilla-La Mancha, un punto de encuentro y participación colectiva.
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El bono social térmico es una ayuda económica destinada a familias vulnerables para asistir en el pago de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina, que se abona a personas en vulnerabilidad económica reconocida y que se abona en un pago único anual. Se trata de una ayuda estatal que en algunas regiones se complementa, debido a las condiciones climáticas extremas en las que se encuentran.
En Castilla-La Mancha, los primeros datos de la Encuesta de Condiciones de Vida salieron a finales de febrero, y nos informaban que nuestra región mejoraba en algunos indicadores generales, aunque en aquellos que tienen que ver con la pobreza vergonzante, es decir, las restricciones que la ciudadanía se autoimpone para evitar que su carencia económica sea visible, como el sostenimiento de una temperatura adecuada en la vivienda, los indicadores se elevaban, afectando a más de uno de cada cinco castellanomanchegos.
La llamada pobreza energética se manifiesta cuando los hogares no pueden costear o acceder a la energía necesaria para calentar o enfriar sus viviendas adecuadamente. Este fenómeno va mucho más allá de un simple inconveniente; es una cuestión de salud pública que golpea con más fuerza a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como familias con bajos ingresos, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
La incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada puede desencadenar y agravar una serie de problemas de salud. En invierno, las bajas temperaturas en los hogares pueden aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, agravar dolencias como la artritis y, en los casos más extremos, llevar a la hipotermia y cada invierno lamentamos accidentes debidos a una climatización ineficiente. Durante los meses de calor, la falta de un ambiente fresco puede provocar golpes de calor y exacerbación de enfermedades cardiovasculares. Estos efectos no solo representan una amenaza directa para la salud física, sino que también impactan profundamente en el bienestar emocional y mental, incrementando los niveles de estrés y ansiedad entre los afectados.
Si esta realidad afecta a familias con hijos, las viviendas mal climatizadas afectan significativamente la salud y desarrollo de la infancia, con una incidencia muy importante en el rendimiento educativo ya que dificulta la concentración en las tareas escolares, estigmatizando su situación y limitando sus redes sociales.
Frente a esta realidad, el bono térmico emerge como un salvavidas para muchos de ellos, ya que, como prestación ligada al bono social eléctrico, está diseñado para ayudar a las familias a pagar los costes de calefacción y refrigeración, asegurando que nadie tenga que pasar excesivo frío en invierno ni sufrir el calor extremo en verano. Es una prestación fundamental que no solo protege la salud, sino que también promueve la equidad social, permitiendo que todos, sin importar su situación económica, puedan vivir en un ambiente adecuado
Por el momento, muchos de nuestros vecinos aún esperan saber qué pasará con los recursos 2023 para este fin, ya que no han recibido comunicación alguna sobre el estado de sus solicitudes, generando frustración y desesperanza tras un invierno sin calefacción.
Como vemos, todas estas situaciones tienen un impacto social y sobre la desigualdad socioeconómica que limita las oportunidades de movilidad social, sobre todo de niños y jóvenes, generando nuevos desafíos en la educación, la salud y el desarrollo social que pueden perpetuar ciclos de pobreza y desventaja de buena parte de la ciudadanía. Más allá del confort térmico, hablamos de justicia social.
Considerando el enfoque social y de cercanía a las necesidades de la ciudadanía de los que hacen gala los gobiernos progresistas modernos que promueven no dejar a nadie atrás, consideramos fundamental ofrecer una respuesta adecuada a la ciudadanía, que pese a estar en este momento en situación de vulnerabilidad, también paga impuestos y por tanto cuenta con derecho a la información, transparencia y servicios públicos de calidad para superar esa situación.
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