El gobierno municipal envió su rendición anual de cuentas al deliberativo con un saldo de déficit de 5.000 millones de pesos, situación que la gestión del intendente Guillermo Montenegro vincula con una disminución de las partidas previstas y no recibidas tanto desde Provincia como Nación.
El Presupuesto 2023 se había contemplado un índice inflacionario menor, apenas por encima de 70%, cuando el resultado final de la medición fue al cabo del año casi tres veces superior.
Las autoridades locales reconocen que en virtud de este contexto hubo además un significativo incremento de gastos, muy por encima de las previsiones, dado los nuevos costos afectados por aumentos de precios de productos y servicios, así como también los nuevos acuerdos salariales que debieron pactar ante un escenario de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.
El municipio espera además, según argumentas desde esa administración, por más de 600 millones de pesos pendientes de 2022 correspondiente al acuerdo de financiamiento del sistema educativo de la comuna y casi 2700 millones de pesos que adeudan nación y provincia por partidas pendientes del año pasado. A lo que se suma también una deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) 1.300 millones.
Como contracara, según comentó en declaraciones públicas el titular de la cartera Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, estos tres primeros meses del año anticipan una recuperación de cuentas hacia el equilibrio fiscal a partir de recursos logrados con la actualización de tasas y recortes de gastos que ejecuta la administración.
Esta presentación, que contrasta con el superávit de casi 180 millones con el que se había concluido el ejercicio 2022, coincide con nuevos reclamos de los trabajadores por un aumento salarial y un nuevo paro confirmado para este viernes y sábado como consecuencia de no haber recibido del gobierno local una propuesta que atienda el reclamo.