Los servicios jurídicos del Parlamento canario han determinado que el objeto de la comisión de investigación, sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia, puede abarcar la actuación «no solo de los cargos del Servicio Canario de Salud (SCS) en la pasada legislatura, sino de cualquier persona que tuviera o pudiera tener conocimiento de dichos hechos, incluidas las que formaron parte del Gobierno de Canarias», presidido entonces por Ángel Víctor Torres. Para los letrados de la Cámara, «sostener lo contrario supondría limitar el buen fin de la investigación pretendida, al dejar extramuros de la misma a personas que pudieran haber tenido una participación directa o indirecta en dicho proceso contractual sin estar integradas en el organigrama del ente SCS».
De este modo, los servicios jurídicos del Parlamento respondían ayer a una alegación presentada en la Junta de Portavoces por el PSOE al borrador de las normas de funcionamiento que han de regir la comisión de investigación. El portavoz socialista, Sebastián Franquis, alegó que en la redacción del artículo 1 de ese borrador, donde se establece «el objeto» de la comisión de investigación, se modifica el acuerdo del pleno del 20 de marzo para la creación de misma.
El portavoz socialista remarca que en la sesión plenaria se aprobó expresamente que lo que se va a investigar son las contrataciones de material sanitario realizadas por el SCS durante la covid-19. Pero en el borrador de las normas de funcionamiento, a propuesta del PP, se suprimió del enunciado el término «Servicio Canario de Salud», y quedó redactado que «se investigarán las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la gestión de la contratación de material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid». Es decir, esa omisión supone extender la investigación a todas las contrataciones de material sanitario en la pasada legislatura y no solo a las del SCS.
Para el PSOE, con esta redacción se incumple el acuerdo plenario y, por tanto, solicitó en su alegación que se volviera a citar al Servicio Canario de Salud. En su reclamación remarcó, además, que la modificación del objeto de la investigación solo puede hacerse en otro pleno y no en la Junta de Portavoces.
Junta de Portavoces
Así las cosas, ayer se reunió de nuevo la Junta de Portavoces para estudiar estas alegaciones a las normas de funcionamiento, y en este artículo se produjo otra vez la controversia, pues los servicios jurídicos dan por válidas ambas redacciones. Es decir, «no hay reparos en aceptar la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario Socialista Canario –de introducir de nuevo el término SCS, cuestión que apoya NC–. De la misma forma que sería igualmente factible mantener la redacción que actualmente contemplan las normas de funcionamiento en su artículo 1», propuesta por el PP, y que respalda CC.
Para los servicios jurídicos, en resumen, del acuerdo del pleno «se evidencia que el objeto de la comisión creada se ha de circunscribir a la investigación relativa a la adquisición del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19 llevada a cabo por el Servicio Canario de la Salud». Pero, los letrados exponen que «dentro de ese ámbito objetivo de contratación nada impediría un potencial examen de la participación o conocimiento, directo o indirecto, de la materia investigada por parte de otros cargos públicos o personas ajenas a la Administración».
Lo que si dejan claro los servicios jurídicos es que «una eventual ampliación del ámbito objetivo de la contratación por otros entes distintos al SCS no encontraría encaje en el acuerdo del pleno del 20 de marzo, de forma que requeriría la adopción de un nuevo acuerdo plenario, sobre la base de una nueva propuesta de modificación del objeto de la Comisión».
Los socialistas no ponen reparos a que se llame a declarar a quienes formaron parte del Comité de Gestión Sanitaria
Por tanto, la investigación solo se centrará en los contratos realizados por el SCS, pero los grupos parlamentarios pueden llamar a personas que crean que influyeron, conocían o participaron en esas contrataciones sin necesariamente ser cargos del SCS sino de todo el Gobierno anterior. Tanto el PP como CC tienen claro que pueden llamar a quien crean conveniente, pero quieren precisar en «el objeto» de la investigación que no solo deben ser del SCS, es decir, los que firmaron los contratos, sino a quienes hayan podido influir en las contratraciones, en alusión a los miembros comité de gestión Sanitaria que presidía Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El comité nunca fue creado oficialmente, y de hecho no hay actas de sus reuniones, pero se ha constatado que dio órdenes para contratar a ciertas empresas material sanitario, contratos que están siendo investigados. Junto a Torres, en el comité figuraban el exvicepresidente Román Rodríguez, y algunos consejeros del pacto de las flores como Teresa Cruz, Julio Pérez, Blas Trujillo o el propio Franquis.
El actual portavoz del PSOE deja claro que su partido no rechaza que se llame a los miembros del comité, pero sostiene que no se puede cambiar el objeto del acuerdo plenario para crear la comisión. Por ello, ante el informe de los servicios jurídicos, la Junta de Portavoces aplazó a una nueva reunión del viernes la redacción precisa de este artículo, de forma que se puedan aunar ambas propuestas.
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