En el corazón de la selva densa y salvaje que marca la frontera entre <b>Panamá y Colombia</b>, un informe desgarrador de <b>Human Rights Watch </b>expone la angustia y la crueldad que acechan a los miles de migrantes en su travesía diaria a través del <b>tapón de Darién</b>. Hay crímenes e impunidad. Los hallazgos de Human Rights Watch dan cuenta que en Colombia y Panamá las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, y rápida. Ambos países están obligados a garantizar y proteger el derecho a la vida de los migrantes y quienes se encuentren en su territorio, ya que ambos ratificaron el<b> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</b> En el caso de Colombia, Human Rights Watch plantea que el gobierno "carece" de una estrategia clara para salvaguardar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién. "La escasa presencia gubernamental en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico que controla el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y se lucra de su desesperación y vulnerabilidad", dice el informe. En cuanto a Panamá, la oenegé subraya que el gobierno panameño aplica una estrategia de "flujo controlado", la cual más que en atender las necesidades de los migrantes, la estrategia parece enfocarse en "restringir" la libre circulación de migrantes y en buscar su rápida salida hacia Costa Rica. También detalla que comunidades indígenas como<b> Bajo Chiquito, Lajas Blancas</b>, entre otras podrían desempeñar un papel importante en la respuesta humanitaria, pero reciben poca o ninguna ayuda gubernamental, mientras que las estaciones de recepción migratoria o albergues son inadecuados, lo que supone un riesgo para los migrantes y solicitantes de asilo. La oenegé recuerda que el pasado 4 de marzo, el Gobierno tomó la "preocupante" decisión de suspender el trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF) bajo el argumento que su acuerdo con la organización humanitaria había expirado en diciembre, a pesar que desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo a víctimas de violencia sexual. Llama la atención que este informe haya sido publicado casi un mes después que el Gobierno a anunciara a Médicos Sin Fronteras que no renovaría el programa de atención en Darién, a través del cual se dieron a conocer cientos de agresión sexuales en la selva contra migrantes. "Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esta decisión para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo las víctimas de violencia sexual", agregó. Más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién en 2023, incluyendo 113,000 niños, niñas y adolescentes. En función del gran número de personas que cruzaron entre enero y febrero de 2024, las autoridades panameñas estiman que es probable que el número de personas que crucen durante el año sea aún mayor y supere las 600,000 personas. Según Human Rights Watch en algunos casos concretos, las fuerzas de seguridad panameñas parecen haber cometido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo. En este punto específico considera que los obstáculos para denunciar los delitos y la ausencia de mecanismos de supervisión crean un entorno propicio para la impunidad de abusos de las fuerzas de seguridad, incluyendo violencia sexual. De hecho, manifiesta que estos delitos en el tapón del Darién, incluyendo recurrentes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados, y que la rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas. La organización de derechos humanos se refirió a varios casos puntuales documentados en Darién. Por ejemplo, mencionó que la Defensoría del Pueblo informó a Human Rights Watch sobre dos incidentes relacionados con abusos cometidos por oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en las estaciones receptoras de migrantes de esa provincia. En un caso, precisan que los agentes del Senafront rociaron con gas pimienta a una persona en los ojos y luego le negaron asistencia médica. En otro, los oficiales supuestamente maltrataron a un hombre que intervino para defender a un haitiano, al que la autoridad estaba maltratando verbalmente. Human Rights Watch señala que los trabajadores humanitarios denunciaron otros incidentes similares. De acuerdo con el informe el elevado número de migrantes en situación de vulnerabilidad que permanecen en Panamá durante breves periodos, sumado a la ausencia de mecanismos de supervisión y a los obstáculos para presentar denuncias, crea un entorno que favorece la impunidad de las fuerzas de seguridad implicadas en abusos. Hicieron referencia a que en diciembre de 2022, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas y otros expertos enviaron una carta al gobierno panameño expresando su preocupación por "las alegaciones sobre violencia hacia las personas migrantes alojadas en las estaciones receptoras de migrantes, incluidas las alegaciones sobre violencia sexual". Estas conductas, advierten, incluían explotación sexual por parte del personal del Servicio Nacional de Migración y del Senafront, que supuestamente pedían a mujeres y niñas alojadas en la estación receptora migratoria de San Vicente mantener relaciones sexuales con ellos, a cambio de un cupo en un autobús con destino a Costa Rica. En aquel momento, la respuesta por parte del Ministerio de Seguridad es que no había recibido ninguna denuncia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que Senafront informó a Human Rights Watch que la institución prohíbe las relaciones sexuales entre sus funcionarios y migrantes. El informe detalla que los trabajadores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch dijeron haber visto a oficiales panameños mostrando "actitudes excesivamente cercanas" hacia mujeres y niñas que viajaban solas, lo que en este contexto podría constituir acoso sexual. Incluso, los trabajadores relataron a la oenegé la historia de una migrante que mantuvo relaciones sexuales con un funcionario. Cuando los trabajadores humanitarios le señalaron que el funcionario abusaba de su poder para mantener estas relaciones, la mujer les respondió que no quería presentar una denuncia, porque él "la ayuda mucho". Además el documento, que se hará público hoy, indica que las personas migrantes y solicitantes de asilo que permanecieron varias semanas en la estación receptora de Lajas Blancas mencionaron "comportamientos sospechosos" por parte de los funcionarios que trataban de acercarse a mujeres solas o jóvenes y niñas. Human Rights Watch concluye su informe con una serie de recomendaciones a Panamá entre las que se encuentran trabajar con la ONU y las oenegés humanitarias para desarrollar un plan de contingencia para responder a la situación en el Darién y garantizar la asistencia y la protección a las personas migrantes, así como a los solicitantes de asilo y la población local, teniendo en cuenta las necesidades de grupos específicos y considerando su etnia, origen, raza, edad, género, discapacidad y orientación sexual. También sugiere modificar la estrategia de "flujo controlado" para establecer un plan claramente articulado que tenga en cuenta las necesidades de esta población y garantice su derecho a solicitar asilo y a no sufrir ninguna restricción arbitraria de la libertad ambulatoria en el país. Para elaborar este documento, la oenegé defensora de los derechos humanos con sede en New York, Estados Unidos, visitó el tapón del Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas. El informe forma parte de una serie de entregas sobre la migración a través de Darién, y en esta ocasión se centra en la respuesta de Colombia y Panamá a la migración a lo largo de su frontera. <br/> <br/>