La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en rueda de prensa | Europa Press - EUROPA PRESS
El Gobierno de Aragón va a trasladar al Ministerio Fiscal el expediente de los contratos de mascarillas «defectuosas» realizado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el año 2020 para «el esclarecimiento de los hechos en cuanto a los mismos pudieran llegar a ser constitutivos de un delito de estafa», tipificado en el artículo 248 del Código Penal. La cantidad que se va a reclamar en los juzgados asciende a más de 25.000 euros.