En medio de la polémica por los aumentos en las prepagas y ante la catarata de demandas colectivas, un juzgado resolvió no aceptar más demandantes colectivos de las empresas de medicina prepaga y embargó al Hospital Italiano por incumplir con las medidas cautelares que disponían refacturar las cuotas.
Se trata del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2, que lleva adelante desde hace meses el amparo colectivo de afiliados contra el Hospital Italiano y que acumula más de 700 demandantes.
Anoche, ese juzgado, a cargo de la jueza Martina Forns, emitió una resolución para que se embargue al Hospital Italiano por 7 millones de pesos en principio -ya que los abogados de los afiliados apelarán para que se incremente ese monto- por incumplimiento de las medidas cautelares.
Las prepagas implementaron un cuarto aumento consecutivo para abril, tras el DNU del gobierno de Javier Milei que dispuso la desregulación de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y los incrementos alcanzan un 160% desde diciembre.
¿Qué establece la medida?
En la resolución, la jueza hace referencia a que se acredita que el Hospital Italiano "remite una facturación con imposición de intereses por mora totalmente improcedentes y contrariando los términos de la manda judicial (vid documentación que antecede), y lo que es más grave, la falta de atención medica de aquellos afiliados que no abonan dichas facturas y el cobro de consulta particular por no tener al día los pagos de las cuotas".
Ante esa situación, la magistrada dispuso que "atento a la persistencia de la demandada en el incumplimiento de los términos de las medidas cautelares dictadas en autos, corresponde disponer el embargo de las sanciones conminatorias ya impuestas en el auto del 22/03/2024, notificadas por cédula electrónica por el Tribunal en la misma fecha".
"La gravedad de los hechos aquí denunciados merecen un tratamiento urgente atento a la vulnerabilidad de los casos traídos a examen, y ameritan una decisión jurisdiccional urgente, ello sin perjuicio de que las sanciones conminatorias se encuentren recurridas por la demandada y a las resultas de la decisión que oportunamente dicte el Superior", señala la medida.
Recordó que se dispuso el cómputo de dichas sanciones a partir del día siguiente a la notificación, es decir, desde del 23 /03/2024 y hasta el día de la fecha inclusive, son 18 días de incumplimiento, el monto a embargar arroja la suma de $ 7.650.000".
Asimismo, la magistrada ordenó al Hospital Italiano, ante la denuncia por falta de atención médica y cobrar consultas, que se abstenga de dicha conducta, respecto de los adherentes cautelados, "bajo apercibimiento de elevar las sanciones conminatorias a $ 1.000.000 y de ordenar la ampliación de la denuncia ya radicada por ante el Juzgado Federal penal interviniente".
La medida surgió luego de que una afiliada denunciara que concurrió a atenderse al Hospital Italiano el pasado 3/04/2024 y se le negó la atención, debido a la deuda que presentaba y como no podía esperar debió abonar la consulta por un importe de $ 7072,49.
Ya no aceptan amparos colectivos conta prepagas: ¿cómo hay que reclamar?
En una resolución del 3 de abril comunicó que en la causa colectiva, que tiene aproximadamente cerca de 10.000 fojas, ya no se aceptan más adherentes.
A pesar de todo, los afiliados que presentan las cautelares continúan abonando la factura porque temen que les corten el servicio por morosidad, sobre todo los jubilados, que son el grupo etario que queda más expuesto ante los altos valores de las cuotas pero no pueden arriesgarse a quedarse sin prestaciones.
Ante esta situación iProfesional consultó a Tomas Nitzcaner, uno de los abogados que representa a afilados de prepagas, y precisó que si bien no se pueden presentar amparos colectivos, la alternativa es presentar planteos individuales de ahora en más, ya que los amparos colectivos ahora "quedan delimitados por el objeto de la demanda", que es el aumento desmedido por la desregulación de las prepagas incluido en el DNU.
De todos modos, Nitzcaner explicó que al momento de la sentencia definitiva la resolución "beneficiará a todos los afiliados de esa prepaga, no sólo a los que se adhirieron al amparo colectivo, salvo aquellos que hayan solicitado no hacerlo".
¿Qué resolvió la justicia con los amparos colectivos?
En enero, la jueza Martina Isabel Forns de dicho juzgado había dispuesto una medida individual para suspender los aumentos de la prepaga a Marta Cristina Brauchli, una jubilada de 78 años, a quien le resultaba imposible pagar la cuota en el Italiano.
Pero, ante la acumulación de demandas, que generó caos en los juzgados, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2, que lleva adelante desde hace meses el amparo colectivo de afiliados contra el Hospital Italiano, resolvió no aceptar más adherentes al amparo colectivo.
En una resolución del 3 de abril comunicó que en la causa colectiva, que tiene aproximadamente cerca de 10.000 fojas, ya no se aceptan más adherentes (hay 700 demandantes y otros 400 sin incorporar), los cuáles deberán presentar las demandas de manera individual.
De esta manera, todos los afiliados a la Sociedad Italiana de Beneficiencia con casos similares al de Brauchli, podían acudir a la Justicia de manera individual para anular los aumentos y pedir que se aplique el último incremento de diciembre, del 8,51%.
De todos modos, está pendiente una apelación de OSDE y de otras prepagas que respondieron a las diferentes presentaciones que hicieron los afiliados para rechazar los aumentos.
"Si bien en el Hospital Italiano dicen que hay que aplicar el 8,51%, en OSDE dice que retrotraigan a diciembre, y que depende de lo que autorice la autoridad de aplicación. O sea, no hay un porcentaje a aplicar para la refacturación", sostiene un estudio de Abogados que están trabajando en un cúmulo de presentaciones.
El gobierno arremete contra las prepagas por los aumentos
"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", aseguró el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, en referencia a los incrementos de las cuotas de las prepagas.
Fue la segunda vez que el ministro carga contra las prepagas, luego de que las empresas aplicaran fuertes alzas desde que el Gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas del sector en diciembre con el DNU.
En una entrevista reciente en TN, Caputo había afirmado que a las compañías "se les fue la mano con los aumentos" que les aplicaron a los afiliados.
"Se les recontra fue la mano, yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto (para el cambio). Cien años después de hacer las cosas mal, es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo", sostuvo Caputo.
Incluso, en las últimas horas, desde el Gobierno redoblaron la apuesta y advirtieron que hay "un grado de cartelización" en el sector "que afecta a los argentinos".
"Nosotros desregulamos, damos libertadores, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos y es lo que el ministro Caputo entendió que está ocurriendo. Habla de una cartelización que está fuera de toda razonabilidad", sostuvo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud prepara un informe para la Comisión de Defensa de la Competencia en medio de la investigación por presunta cartelización de las empresas de la salud para fijar precios, ya que sostiene que hubo aumentos similares entre los "principales cinco actores del sector".
¿Qué dicen las prepagas?
Tras las declaraciones del ministro, las prepagas pidieron mantener una reunión con funcionarios del gobierno nacional para poder dirimir las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados, a la vez que denunciaron un "desfinanciamiento".
Según argumentaron las empresas de medicina prepaga, "no son formadoras de precios" y señalaron que "la inflación del país cruza transversalmente todos los costos".
En un comunicado de las cámaras que nuclean a empresas de medicina prepaga (CIMARA, ADEMP Y CEMPRA) aseguraron que el objetivo de la audiencia es "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años".
Ante esa situación, las empresas pidieron "no polemizar a través de los medios sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado".
Asimismo, reconocieron que les "preocupa el aumento de las cuotas". Sin embargo, argumentaron: "Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina".
No obstante, las empresas expresaron la voluntad de "llegar a acuerdos que contemplen la necesidad de todos los actores" y señalaron que "el sector está dispuesto a acompañar -dentro de las reales posibilidades- los esfuerzos del gobierno por resolver los problemas de fondo de nuestro país".
La oposición ya había denunciado la cartelización
La decisión de Gobierno de Milei de denunciar la cartelización de las obras sociales ocurre tres meses después de que desde la oposición apuntaran contra los aumentos desorbitantes y "coordinados" de las empresas de medicina prepaga.
A mediados de enero, tras el primer fallo judicial contra la suba de esas empresas, dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las compañías de la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.
"Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?", habían cuestionado los diputados y legisladores opositores Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso.