Unos 13,6 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en la tercera consulta popular en poco más de un año. Esta es la primera consulta durante el mandato de Daniel Noboa, un empresario millonario de 36 años que asumió la presidencia en noviembre por un periodo de solo 18 meses y que podría presentarse a la reelección en febrero del próximo año.
Durante su breve mandato, Noboa busca implementar cambios significativos y combatir la violencia generada por bandas vinculadas al narcotráfico que causan inseguridad en el país sudamericano. Los colegios electorales, resguardados por una fuerte presencia policial y militar, abrieron con cierto retraso, pero sin mayores contratiempos, con largas filas de ciudadanos esperando para emitir su voto.
Consulta para en frentar desafíos
Durante la ceremonia de apertura, el presidente Daniel Noboa afirmó que el resultado de esta consulta podría marcar el camino "para enfrentar el desafío de combatir la violencia, el crimen organizado, la corrupción y promover la creación de empleo".
Destacó que los ecuatorianos tienen en sus manos el poder de elegir "el futuro que deseamos" y transformar la realidad. Noboa enfatizó que en el nuevo Ecuador se prioriza la seguridad de los ciudadanos y se busca devolver la paz a las familias.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló que Ecuador atraviesa momentos que requieren decisión y unidad, instando a los ciudadanos a reflexionar con responsabilidad sobre cada una de las preguntas planteadas.
En los días previos a la consulta, la violencia imperante en el país, uno de los temas centrales de los comicios, se hizo evidente con el asesinato a tiros de los alcaldes de dos ciudades mineras al sur del país.
El voto es obligatorio para los ecuatorianos de entre 18 y 64 años, mientras que es opcional para los jóvenes de 16 y 17 años. Ecuador cuenta con una población de 17 millones de habitantes.
Las 11 preguntas, en las que los ciudadanos deberán responder "sí" o "no" en una sola papeleta, representan un nuevo intento por reformar normas que, según las autoridades, obstaculizan la lucha contra la violencia.
Cinco de estas preguntas implican enmiendas a la Constitución, mientras que las otras seis no modifican la carta magna pero sí afectan leyes secundarias. Entre los temas sobre los cuales los ecuatorianos deben pronunciarse se encuentra si la presencia militar debe mantenerse en las calles para el control de la seguridad interna, tal como lo ordenó Noboa a principios de año ante una ola de ataques de bandas criminales y motines en prisiones.
En circunstancias normales, el control y vigilancia de la seguridad ciudadana corresponde exclusivamente a la policía, y el sistema penitenciario está bajo la supervisión del organismo rector correspondiente. Asimismo, se plantea un aumento en las penas para delitos relacionados con terrorismo y otros vinculados a la delincuencia organizada y al narcotráfico, así como la tipificación de delitos relacionados con la posesión y portación de armas, cuyo uso está reservado exclusivamente para las fuerzas del orden.
Aumento de la inseguridad
Durante los últimos tres años, Ecuador ha experimentado un preocupante aumento en la inseguridad, con un récord de asesinatos que elevó la tasa de muertes violentas a 40 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2023, una de las más altas en el continente.
El año pasado se registraron más de 7.600 crímenes, atribuidos por las autoridades a la actividad de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Como parte de la estrategia para combatir la violencia en el país, que también ha visto un incremento en secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos, el gobierno de Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno. Esta medida permite a las fuerzas armadas realizar patrullajes conjuntos con la policía en las calles y cárceles del país, identificando a una veintena de bandas criminales como "terroristas".
A pesar de la presencia militar en los controles callejeros, los homicidios no han disminuido. Durante el feriado de Semana Santa a finales de marzo, se reportaron más de 130 crímenes en ese fin de semana.
El plebiscito supone un examen de validación a la gestión del presidente Noboa, a mitad del corto mandato y a meses de unas nuevas elecciones en las que ha anunciado se intención de reelección. El país tendrá de nuevo elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025.
Esta consulta popular representa una evaluación de la gestión del presidente Noboa, que se lleva a cabo a mitad de su breve mandato y meses antes de unas nuevas elecciones en las que se dice de su intención de buscar la reelección.
El país celebrará nuevamente elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025. Los analistas señalan que las consultas populares son un indicador de la aceptación del líder que las convoca y ganar la consulta sería para Noboa una oportunidad de "revitalizar su liderazgo internamente" y un impulso hacia las elecciones presidenciales.
Sostienen los analistas políticos de Ecuador que la narrativa de la lucha interna es muy efectiva para Noboa, quien logró una aprobación superior al 60% en tan solo cinco meses de gobierno. Aunque la presencia militar en las calles es evidente, no resultado en una disminución real de la violencia.
Permitir la extradición
La consulta popular busca consolidar este modelo basado en el uso de la fuerza y el control, algo que, que la población esperaba desde el aumento de la violencia en gobiernos anteriores.
Este proceso electoral se desarrolla en un contexto en el que el país experimenta racionamientos de energía eléctrica de al menos seis horas diarias, lo que llevó al gobierno a suspender la jornada laboral por dos días.
En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso convocó otra consulta sobre seguridad, la cual fue rechazada por los ecuatorianos. Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en agosto, se consultó sobre la explotación petrolera y minera en una reserva natural del Yasuní y en el Chocó Andino.
En esta nueva convocatoria a las urnas, se incluye una pregunta para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, algo que actualmente está prohibido por ley, así como otra para establecer judicaturas especializadas en temas constitucionales. Las autoridades han denunciado que algunos delincuentes han abusado de la vía constitucional para salir de la cárcel, trasladando sus recursos a jueces locales o provinciales.
Además, se somete a consulta la propuesta de permitir que el armamento, municiones y otros objetos confiscados a delincuentes puedan ser utilizados de inmediato por las fuerzas de seguridad, y que los bienes decomisados pasen a ser propiedad del Estado.
A pesar de centrarse en temas de seguridad, el gobierno incluyó dos preguntas adicionales en la consulta popular: una sobre la posibilidad de extender la validez de los contratos laborales a plazo fijo y por horas, modalidades actualmente no reconocidas en la legislación ecuatoriana; y otra acerca de permitir que los arbitrajes internacionales sean utilizados como método para resolver disputas, algo que está prohibido por la Constitución.
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FUENTE: AP, Infobae, France 24