Con la sentencia número 4-21-DN/24, la Corte Constitucional (CC) ordenó desclasificar la información que mantenía como reservada el Consejo de Seguridad Pública y del Estado sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, lo cual se registró entre marzo y abril de 2018.
La demanda fue presentada, en julio de 2021, por Ricardo Rivas Bravo, Galo Ortega Minda y Cristhian Segarra Jaque, familiares del fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra, cin el poyo legal de los abogados Juan Pablo Albán, María Dolores Miño y Mauricio Alarcón. Su objetivo es conocer el contenido de las actas 18, 19 y 20 del caso.
¿De qué tratan esos documentos? En la número 20 -sostienen los familiares de las víctimas- se encuentra el audio que se viralizó en diciembre del 2018, y se escucha al expresidente Lenín Moreno Garcés que dice: "Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado".
Y agregó: "Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones…". La 20 también trata sobre el secuestro de Óscar Villacís y Katty Velasco, que se registró el 11 de abril de 2018 y luego murieron en manos del grupo narcoguerrillero Óliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala, alias Guacho.
La 18 aborda -explica Ricardo Rivas- sobre la falsa liberación de los tres secuestrados y corresponde al 28 de marzo de 2018. El acta 19, del 13 de abril del mismo año, hace referencia a la confirmación del asesinato de los periodistas.
Durante la mañana de hoy, martes 9 de abril de 2024, Rivas mantuvo reuniones con sus abogados, pero todavía no se han dado acercamientos con el Gobierno. Ahora, solo espera que la información sea entregada en un plazo de 30 días, incluyendo los audios y transcripciones, tal como lo señala la CC.
"En estos días, vamos a revisar el alcance de la sentencia para ver y esperar que sale de las actas, información valedera que tribute a la investigación y alcancemos la verdad, se haga justicia".
Rivas considera que la Fiscalía ya no tiene excusas para no avanzar en la investigación porque ya se desclasificarán los documentos. "Nunca le solicitó a la CC. Solamente se limitó a pedir a la Secretaría Nacional de Seguridad. Mi apreciación muy particular es que esperaba que no se desclasifique para no indagar".
De otro lado, el Consejo de la Comunicación (Cordicom) publicó un comunicado en el que saludaron la sentencia de la CC. Afirma que el fallo representa un precedente para quienes consideran que la verdad y justicia deben primar.
Texto original de Ecuavisa
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