El Ministerio de Hacienda aprobó destinar 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para poder comprar acciones de Telefónica, como constató a través de la publicación de un informe el pasado 27 de marzo por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En él, se detallaba la ejecución presupuestaria de febrero, que indicaba una aportación patrimonial de 500 millones de euros a la SEPI para comprar acciones a la empresa de telecomunicaciones.
El Estado ya posee el 3,044% de las acciones de Telefónica y la SEPI tendría aparcado un 2% más en derivados financieros, lo que supondría un 5% del total. La intención del Gobierno es aflorar "en breve" ese 2% adicional depositado en un swap –un derivado financiero que consiste en el intercambio de flujos monetarios entre dos partes–.
En diciembre de 2023, el Consejo de Ministros acordó que la SEPI compraría hasta un 10% del capital social de Telefónica. Esa decisión del Gobierno fue una reacción al movimiento por sorpresa que dio la compañía saudí STC, que se hizo con el 9,9% de la empresa de telecomunicaciones el pasado septiembre por un valor de 2.100 millones de euros. Un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros.
Respecto al precio que marca el mercado actual, la parte del accionariado del Estado en Telefónica alberga un valor de 716 millones de euros, teniendo en cuenta que cada acción equivale a 4,089 euros. Para completar el 10% que se propuso el Gobierno, la operación tendría un coste de 1.646 millones de euros aproximadamente.
La adquisición del 7% restante por parte de la SEPI sigue en pie, según indicó el pasado febrero el Gobierno, a pesar de no haber presentado los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024.
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