El Gobierno asume que la prórroga de dos meses que le concedió la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del cuarto pago de los fondos europeos Next Generation EU, por un valor de 10.000 millones de euros, no serán suficientes para sacar la reforma del subsidio por desempleo, por lo que será necesaria una ampliación del plazo o solicitar el desembolso parcial.
Fuentes gubernamentales explicaron que la reforma, que entró en vigor a finales de año pero decayó cuando el Congreso tumbó el Real Decreto-ley que el Ejecutivo empleó para tramitarla, está ya muy avanzada con los sindicatos, por lo que esperan cerrar un acuerdo en las próximas semanas.
Sin embargo, la amarga derrota parlamentaria -Podemos votó en contra, en lo que se entendió como una venganza contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- y la dificultad para sacar sus decretos-ley hizo que el Gobierno se replantease su estrategia para lo que resta de legislatura. No habrá más lentejas.
El proyecto de ley dilata los plazos para el subsidio
El Ministerio de Trabajo propondrá el acuerdo con los agentes sociales -hay una Mesa de Diálogo Social abierta al respecto, aunque probablemente será bipartito, con los sindicatos- a través de un proyecto de ley. El Plan Anual Normativo para este año, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, sitúa la Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo como uno de las normas clave que presentará la vicepresidenta Díaz este año.
Este documento detalla que el objetivo de la norma es «ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales; simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión; vincular esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo; permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social, cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad».
Ahora bien, a las semanas que suponga cerrar este pacto sobre el subsidio, habrá que añadir los trámites que implica un proyecto de ley. Y, una vez salga del Consejo de Ministros, iniciará su propio recorrido en las Cortes, donde el resultado es incierto. La excusa que Podemos dio para tumbar el real decreto-ley, relacionado con la eliminación de la sobrecotización del subsidio para mayores de 52 años, sigue en los borradores con los que trabaja la Mesa. Y, en ambiente electoral con los comicios europeos en los que Podemos aspira a conseguir representación, transigir con esta ley parece difícil.
Dos meses que se quedan cortos
El Gobierno consiguió una prórroga, hasta el 20 de mayo, gracias a unos cambios técnicos en el Plan de Recuperación para hacer más fácil su evaluación. Si en estos dos meses el Ejecutivo no consiguiera sacar adelante la medida, podría pedir una nueva ampliación del plazo -el comisario Paolo Gentiloni se mostró abierto a esta opción- o recibir un pago parcial, descontándose del montante final -10.000 millones- el valor de la reforma en cuestión. Bruselas no ha desglosado el importe, pero podría tratarse de una reducción de unos 800 millones de euros.
Una vez Bruselas notifique la consecución del pago, España contaría con seis meses adicionales para completar la reforma que falte. Al final de ese periodo, podría contar con entre uno y dos meses adicionales para adoptar la medida. En el caso de no conseguir adelante, España perdería el dinero asignado a esa reforma.
Como pronto, si se cumplen los plazos, la reforma podría estar en vigor dos meses después de su salida del Consejo de Ministros. Y esto podría ser ya entrado junio.