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La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, la entidad que agremia a jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, volvió a reprochar los planteos recusatorios y denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y señaló que esas acciones no tienen otro objetivo más que «socavar» la confianza en la Justicia.
Y de paso pidió la intervención del Poder Ejecutivo. «La custodia de la independencia judicial compromete a todos los Poderes del Estado, por lo que desde la Asociación se solicitarán audiencias con el Gobernador de la Provincia, sus ministros y funcionarios/as, autoridades del Poder Legislativo, del Superior Tribunal de Justicia y del Colegio de la Abogacía, a los fines de reiterar sobre las consecuencias que situaciones como las aquí planteadas producen al sistema judicial y a la ciudadanía como destinataria del mismo», subrayó.
«La instancia constitucional del jury de enjuiciamiento está prevista para afianzar la independencia y la buena marcha de la justicia, pero de ningún modo puede erigirse en un instrumento de presión o condicionamiento del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, o de cualquiera de sus integrantes», señaló la Asociación de la Magistratura.
La entidad que preside el juez Alejandro Cánepa dijo que «la misma preocupación generan las recusaciones formuladas recientemente a la Dra. Gisela Nerea Schumacher y al Dr. Miguel Ángel Giorgio, como miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, así como las advertencias de juicio político o de denuncias penales en su contra, o en contra de los miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos que intervinieron en la investigación y juicio contra el ex Gobernador Sergio Urribarri, pues al igual que en el caso del Dr. Eduardo Ruhl, no tienen otro objetivo más que socavar la confianza en la Justicia».
De ese modo, la entidad respondió a las manifestaciones públicas hechas por el nuevo abogado defensor del exgobernador Sergio Urribarri, Fernando Burlando, quien impulsó la recusación de Schumacher y Giorgio, planteo que este jueves fue rechazado «in límine» por el presidente a cargo de la Sala Penal, Germán Carlomagno.
«La custodia de la independencia judicial compromete a todos los Poderes del Estado, por lo que desde la Asociación se solicitarán audiencias con el Gobernador de la Provincia, sus ministros y funcionarios/as, autoridades del Poder Legislativo, del Superior Tribunal de Justicia y del Colegio de la Abogacía, a los fines de reiterar sobre las consecuencias que situaciones como las aquí planteadas producen al sistema judicial y a la ciudadanía como destinataria del mismo», abundó la entidad.
En particular, la Asociación de la Magistratura aludió a los pedidos de jury al juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, y al fiscal Álvaro Piérola, y el pedido de recusación al juez de Garantías José Eduardo Ruhl, todos con participación en causas que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), y a su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, a su vez presidenta del Jurado de Enjuiciamiento.
Rossi será sometido este mes a un juicio por supuesto pago de sobreprecio en una obra de pavimentación, y junto a su esposa, la senadora Díaz están sospechados del delito de enriquecimiento.
Al respecto, la Asociación de la Magistratura hizo notar que el fiscal Piérola, durante la audiencia celebrada en la causa "Diaz Patricia Teresa y Rossi Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito", fue "anoticiado de manera verbal e informal por parte del abogado Carlos Guillermo Reggiardo, abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y de la senadora provincial, Patricia Teresa Diaz, de su denuncia ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño en el ejercicio de su función como Fiscal Coordinador en esa misma causa y en la que se juzga un presunto peculado que tiene como imputados, entre otros, al intendente Daniel D. Rossi y a Roberto Carlos Mendez".
Al respecto, agrega: "Como es de público conocimiento, dicha denuncia fue anunciada por el Dr. Reggiardo en la misma audiencia, en la que también recusó al Dr. Eduardo Ruhl, Juez de Garantías, por la causal de falta de imparcialidad y se suma, a la denuncia que días atrás fue realizada al Dr. Walter Carballo por Roberto Carlos Mendez, quien fuera secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Elena en la intendencia de Domingo Daniel Rossi, y actual coimputado, junto a este, en la causa `Rossi Daniel y Otros s/peculado`. Al igual que en el caso del Dr. Piérola, la denuncia formulada contra el Dr. Carballo lo es por mal desempeño en su función de juez de garantías de la ciudad de La Paz en el marco de su actuación como tal en dicho juicio".
En ese marco, la Asociación de la Magistratura insistió en la necesidad de apartar a la senadora Díaz de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento -órgano que debe analizar las denuncias contra Carballo y Piérola- como forma "de salvaguardar la garantía de la independencia judicial ante la evidente concomitancia entre su función constitucional de investigar y juzgar políticamente a integrantes de la magistratura y la función judicial y las investigaciones y juicios a los que están sujetos dicha Senadora y su cónyuge. Tal situación y la preocupación que la misma genera fue trasmitida por esta Asociación a la Sra. Vicegobernadora de la Provincia y a los Senadores provinciales, en audiencia llevada a cabo con los mismos".
"En tal contexto, las denuncias formuladas a los Dres. Walter Carballo y Alvaro Piérola, así como la recusación del Dr. Eduardo Ruhl, realizadas luego de la designación de la Senadora Diaz como Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento y motivadas en su intervención como magistrados y funcionarios en las causas que tienen a la misma y al intendente Rossi como investigados, expresan en hechos concretos la preocupación expuesta, lo que entendemos resulta de gravedad para la independencia del Poder Judicial, como valor republicano", sostuvo la Asociación.