El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, parece haber puesto el dedo en la llaga con una idea –no una propuesta– que, aunque pueda resultar chocante, no es en absoluto nueva. Aun así, ha provocado una réplica visceral como pocas por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que acusó al dirigente patronal de "imprudente" por dejarse "secuestrar por discursos más propios de Milei o Trump" y hablar solo para "unos pocos privilegiados"
Sugería el líder empresarial que los trabajadores reciban su salario bruto y sean ellos los encargados de abonar sus cotizaciones a la Seguridad Social. "Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", decía el líder patronal que, en el fondo, pretendía reflejar el hastío de muchos empresarios ante el incremento de los costes laborales que no derivan de los salarios si no de una carga creciente de impuestos y cotizaciones.
No hace falta recordar que esa información ya figura en las nóminas de todos los asalariados, igual que el 'mordisco' que suponen los impuestos. Pero hay una diferencia entre ambos casos: el asalariado no está obligado a saldar cuentas anuales con la Seguridad Social como sí lo hace con Hacienda a través de la Declaración de la Renta. Por ello, los trabajadores por cuenta propia son mucho más conscientes del recorte en sus nóminas que suponen los impuestos, que lo que restan las cotizaciones.
Para la CEOE, esto ha permitido al Ejecutivo 'sacarse de la manga' numerosas cotizaciones adicionales, por no hablar de las derivadas de una reforma de las pensiones más pensada para tapar agujeros contables que para garantizar la sostenibilidad real del sistema mientras criminaliza a los empresarios acusándoles poco menos de racanería salarial, cuando, según defienden, es el propio Gobierno el que más lastra los sueldos en España.
Escalada verbal contra la CEOE
Quizá la literalidad de la fórmula elegida por el dirigente de la CEOE no sea la mejor forma de plantear esta necesidad de "transparencia", ya que en la práctica supone trasladar la elevadísima carga burocrática de unos trámites, que ahora asume la empresa a los asalariados. Si lo que se busca es que los trabajadores tengan claro cómo se reparte el coste de su protección social, hay maneras de hacerlo sin provocar un terremoto en las relaciones laborales.
Pero la polémica y confusión que han generado las palabras de Garamendi muestran que, si cuestiones como estas levantan tantísimas ampollas, es porque nos encontramos ante un diálogo social fracturado que necesita más pedagogía y menos exabruptos. O al menos, escuchar sin caricaturizar al que defiende otros puntos de vista.
A fin de cuentas, igual que los sindicatos representan a los trabajadores, las patronales defienden a los que contratan. El diálogo entre ambos es un imperativo insoslayable, y más allá de las desavenencias y retóricas, no se puede negar la voluntad de Garamendi de cerrar pactos con CCOO y UGT, como quedó claro con hitos tan recientes como la renovación del Acuerdo de Negociación Colectiva.
Por ello resulta especialmente preocupante la respuesta de Díaz. La número tres del Gobierno lleva más de dos años correspondiendo a la responsabilidad de las patronales a la hora de pactar una reforma laboral o el citado AENC, despreciando sus propuestas en temas tan relevantes como el SMI e incluso cuestionando su representatividad en la negociación, mientras se lanza a una escalada retórica que ha alcanzado sus máximos con este asunto.
Un día antes de irrumpir en un conflicto laboral reuniéndose con el comité de huelga de una empresa (y no como líder de Sumar, sino como ministra de Trabajo, es decir, representando al Gobierno), la vicepresidenta acusaba al presidente de la CEOE de dejarse "secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump" y de "hablar solo para unos pocos privilegiados".
Eso sí, no lo hacía cara a cara, sentados en una mesa del diálogo social, sino en una red social. Una oportunidad perdida de escuchar y dialogar con los representantes de los que crean la gran mayoría del empleo en España, y lo hacen además cumpliendo escrupulosamente con unas obligaciones que, como en el caso de la reforma laboral, no se aplican igual cuando el empleador es una administración pública.
Este jueves, ahora en una entrevista en televisión, Díaz 'suavizaba' el tono con Garamendi y le pedía que "vuelva a la sensatez" para tratar "temas que son muy serios". Si estas palabras responden a una voluntad real de sentarse a hablar, bienvenidas sean.
Pero en los pocos meses que llevamos de Legislatura, el talante negociador que Díaz mostró en la anterior se difumina cada vez más. Su triple papel como ministra, vicepresidenta y líder de Sumar, se ha traducido en cada vez más intensos desencuentros con el PSOE y sus antiguos socios. La prueba palpable fue el fracaso de la reforma de los subsidios, que llegó al Congreso sin acuerdo con sindicatos ni patronal.
Ahora se encomienda de nuevo al diálogo social tripartito para sacar adelante esta y otras medidas no menos relevantes como la reducción de la jornada o la proyectada reforma de los despidos. Si el objetivo es sacar rédito electoral, los resultados de Sumar no avalan la eficacia de una estrategia de este tipo.
Si se trata de desgastar a la CEOE descalificando a su presidente, no sería la primera titular de Trabajo que lo intenta y, aparte de generar ruido, siempre es el Gobierno de turno el que acaba 'volviendo a la sensatez' del diálogo social. ¿No sería mejor ahorrarnos tiempo y ruido con una actitud pragmática y constructiva?
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