Las últimas encuestas de opinión han sido contundentes: todas las mediciones serias y con bases técnicas –incluidas algunas de empresas que tradicionalmente han favorecido a la derecha— coinciden en señalar que la distancia que separa a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum, de la izquierda, es prácticamente irreversible.
Estamos a dos meses escasos para la jornada electoral del 2 de junio. La empresa De las Heras-Demotecnia, dirigida por Rodrigo Galván, publicó en fecha reciente que Claudia Sheinbaum reúne el 66 por ciento de las preferencias, mientras Xóchitl Gálvez solo tiene escaso 31% de las mismas. La diferencia es de 24 puntos porcentuales, los que traducidos a cifras concretas arrojan muchos millones de votos.
Lo más importante, sin embargo, es que la tendencia favorable a Claudia Sheinbaum tiene gran consistencia y estabilidad, y sus números han mostrado un proceso constante de crecimiento, mientras las cifras de Xóchitl Gálvez se han estancado, o bien mejoran de manera muy leve, para volver a descender en la siguiente medición. En estas condiciones, es poco probable que surja una brusca tendencia al alza por parte de la candidatura prianista. No hacemos referencia al candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, porque a la fecha no ha realizado ningún emprendimiento notorio en su campaña, y se debate en un lejano tercer lugar.
De acuerdo con la medición de Rodrigo Galván, si hoy fueran las elecciones Claudia Sheinbaum obtendría más de 32 millones de votos, mientras Xóchitl Gálvez apenas alcanzaría poco más de 15 millones. Jorge Álvarez Máynez solo llegaría al 3% de las preferencias, lo que arroja poco más de 1 millón de sufragios. La cifra histórica de 30 millones de votos, con la que AMLO venció en las elecciones del 2018, será ampliamente rebasada, según estos indicadores.
En este contexto, los asesores de la campaña prianista tuvieron la ocurrencia de proponer varios textos donde aparecen los colores y el logo del Instituto Nacional Electoral (INE) con diferentes contenidos, en las cuales destacan los mensajes de que los programas sociales (becas, pensiones, etc.) no pertenecen a ningún partido, y si algún candidato o representante de partido maneja tal cosa ante los electores, se le debe denunciar.
Al redactar estos proyectos, la candidata prianista propuso que el propio instituto los manejara en sus mensajes; sin embargo, sin esperar su aprobación se adelantó a publicarlas en sus redes, por lo cual consumó un acto de pillaje electoral, ya que realizó un acto de campaña utilizando los mencionados logos y colores del órgano electoral. De manera tibia, los directivos del INE le ordenaron que bajara esas imágenes, pero el daño ya estaba hecho, porque el mensaje duró un día entero circulando en las redes de los prianistas, quienes ya las están manejando como publicaciones oficiales del INE.
No cabe duda de que los publicistas del prianismo son muy listos. Y nos queda claro que el INE sigue teniendo dos pesas y dos medidas: a la izquierda le da órdenes perentorias y sanciones expeditas; mientras a la derecha le tiene paciencia, la mira con tolerancia y le guiña un ojo.
Con relación al tema de fondo, hay que recordar que el PAN, organismo que postula a Xóchitl Gálvez, votó el 24 de marzo de 2020 en contra de que los programas sociales se elevaran a rango constitucional. En aquella ocasión, los partidos de la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) además de MC, emitieron todos sus votos a favor, sin ninguna abstención ni voto en contra; por el contrario, los legisladores del partido albiazul emitieron 46 votos en contra y 18 abstenciones. La misma Xóchitl Gálvez manifestó hace cerca de un año que los programas sociales deben ser transitorios, y los adultos que los reciben deben regresar al empleo productivo. Queda claro que el esfuerzo actual de los prianistas se está enfocando en tratar de revertir, mediante argucias y pillerías, el desprestigio que se les vino encima a consecuencia de sus actitudes y posiciones políticas antipopulares.
Por otro lado, el INE sigue siendo un aparato pesado, oneroso, poco transparente, y no ha superado el síndrome de la parcialidad. Algunos funcionarios actúan de buena fe, pero la mayoría de ellos tienen temor de que si la votación del 2 de junio otorgara a la izquierda la mayoría calificada, la existencia misma del instituto como órgano regulador quedaría en situación precaria. Lo mismo, por cierto, pasaría con sus congéneres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) órgano que acaba de despojar a Santiago Nieto de la candidatura al senado por el estado de Querétaro, supuestamente por falta de residencia en esta entidad.
El despojo al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo realizaron a sabiendas de que la distancia entre su domicilio y la capital de Hidalgo, donde ha prestado sus servicios, es de menos de dos horas, y --como hacen muchos otros funcionarios públicos de México-- podría ir a su trabajo y regresar a su casa. O bien, podría trabajar en Hidalgo de lunes a viernes y regresar a Querétaro los fines de semana. Estos hechos no interrumpen la vigencia de su domicilio queretano.
Por el contrario, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya, ambos candidatos del PAN al senado de la República, el TEPJF los mantiene en la candidatura al senado de la República aunque residen en Estados Unidos desde hace años; son prófugos de la justicia y además pesan sobre ellos varias órdenes de aprehensión y acusaciones por innumerables delitos.
Gerardo Fernández Noroña, representante del PT en el propio INE, ha denunciado de manera enérgica este doble rasero, esta doble conducta, pero sus llamados han caído en oídos sordos. Ha señalado de manera constante las irregularidades que cometen los prianistas y la pasividad de las autoridades electorales.
Por ejemplo: en Guanajuato, los panistas han aumentado sustancialmente tanto los montos de dinero como el número de mujeres beneficiarias de sus programas, y lo hacen en plena campaña electoral, sin que los órganos electorales resuelvan ni hagan nada. Lo anterior muestra fuertes síntomas de parcialidad de los órganos electorales de nivel local y nacional.