En el marco de las indagaciones por el llamado caso Rolex que involucran a la presidenta Dina Boluarte, y ahora también al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, precisó que "cualquier funcionario publico tiene que estar, y así lo dice la ley, sujeto a un nivel de escrutinio mayor" que el de otros ciudadanos toda vez que podría estar involucrados eventualmente fondos públicos.
En este contexto, Espinosa —consultado sobre el caso específico de Oscorima, quien incluso obsequia costosos relojes marca Rolex— comentó que "no tiene nada de malo ser funcionario público y a la vez tener una empresa, siempre y cuando no haya conflicto de intereses, de corrupción, pero todo eso es materia del análisis permanente" de la UIF, explicó.
Se refirió también a las informaciones periodísticas que dan cuenta de que la mandataria retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según informes de la UIF, y agregó que "es lamentable" que estos datos hayan sido difundidos.
"No es la primera vez que algo así ocurre, es lamentable porque los informes de la UIF no deben ser utilizados como una herramienta o arma en otro tipo de escenario", indicó.
Explicó que dichos informes "se hacen basándose en información que se recibe de bancos y empresas" y al llegar a algún tipo de conclusiones se alcanzan a la Fiscalía que es la autoridad competente para realizar las investigaciones del caso.
"El trabajo de la UIF es un trabajo confidencial, no hay una citación a una persona, no se le pide su versión de movimientos; eso lo hace la Fiscalía, es ahí donde la persona investigada tiene que dar su versión, defenderse y la Fiscalía llegará a la conclusión si hay un caso penal o no", refirió.
En tal sentido, respondió también a las críticas de algunos congresistas que han cuestionado la demora de la UIF en las indagaciones sobre el caso Rolex.
"Creo que se trata en parte de un error en lo que es el rol de la UIF que no hace investigación en el sentido legal y penal, eso lo hace la Fiscalía; nosotros somos una unidad que se encarga de recibir información del sector privado, analizarla, contrastarla y enviarle a la Fiscalía mapas de movimiento de dinero y de vinculaciones de personas para que ellos hagan la investigación, quien tiene que hacer la investigación y explicar cuánto demora y por qué demora es el Ministerio Público, no nosotros", subrayó.
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