El pasado 23 de abril, el Senado aprobó 19 artículos del proyecto de ley de la reforma pensional, envuelto en polémicos debates y comentarios de los mismos congresistas, más que todo de la orilla de la oposición. Con 47 votos a favor y seis en contra, se aprobó que la implementación gradual de la ley comience a partir del 1° de julio de 2025.
Hay que aclarar que la nueva reforma pensional será aplicada a las mujeres que hayan cotizado menos de 750 semanas, mientras que en el caso de los hombres será con menos de 900 semanas hasta el 1° de julio de 2025. Además, entre lo que se había aprobado previamente en el Senado se constató que no será Colpensiones la que maneje los ahorros de los colombianos, sino el Banco de la República.
De este modo, se siguen sumando más voces a la conversación de la reforma pensional, en la que le queda otra prueba de fuego frente a la Cámara de Representantes.
La Procuraduría General de la Nación se pronunció ante las omisiones en las que habría incurrido el Ministerio de Trabajo al momento de estructurar el proyecto de ley.
Según un comunicado, la Procuraduría pone en evidencia que la ministra Gloria Inés Ramírez no se habría apoyado de expertos y de los estudios respectivos para la eficiencia y buen funcionamiento del sistema de pensiones para la sostenibilidad fiscal y jurídica.
"Al votar en bloque algunos de ellos (artículos), no se atendieron los diferentes análisis poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos, fiscales, entre otros, realizados por la academia, expertos en pensiones, centros de estudios sociales, económicos y financieros (Anif, Fedesarrollo, etc.)", afirmó la entidad de control en el documento publicado.
El Ministerio de Trabajo estaría bajo la lupa
Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría manifestó la variedad de sugerencias expresadas por Colfondos que "buscaban garantizar los derechos de los afiliados, los ahorros y la sostenibilidad financiera del sistema". Aun así, la cartera de Trabajo no tomó en cuenta estos informes técnicos.
De este modo, el Ministerio Público expresó su preocupación por la presunta falta de preparación por parte de Colpensiones al entrar en vigencia la iniciativa del Gobierno nacional.
"Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, ni operativa, para la implementación de la norma", añadió la Procuraduría.
Mientras tanto, la entidad de control recalcó que, en el pasado, el sistema operado por un fondo público no llegó a funcionar, por lo que esto traería sus consecuencias al país.
"La iniciativa inicial de la conformación de este fondo es riesgosa, máxime cuando tenemos antecedentes históricos de los manejos administrativos que hacía el gobierno de turno con el ISS [Instituto del Seguro Social], por lo que, es grave para el país que este fondo estuviera a cargo de Colpensiones", manifestó la Procuraduría.
Lo que le falta a la reforma pensional para ser ley
Contrario a lo que expresa la Procuraduría, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respaldó que se fijara la entrada en vigencia de la reforma pensional a partir del séptimo mes del 2025, destacando los avances que se irán desarrollando para su aplicación. "Estamos listos para trabajar. Colpensiones ya está avanzado (...) Nosotros llevamos 18 meses construyendo", afirmó.
Según Ramírez, con esta reforma va a ser posible "encausar este sistema de protección a la vejez, no solo para tener mayor cobertura, mayor equidad, sino mayor inclusión social". Con estos avances, la reforma pensional estaría en camino hacia su fase final en el Congreso, solo faltándole dos debates más en la Cámara de Representantes. En caso de llegarse a aprobar, más la firma final del presidente Gustavo Petro, se convertiría automáticamente en ley.