Mucho se habla del Anillo Vial Periférico (AVP), pero muy poco de los peruanos que sufrirán las consecuencias al perder su hogar, su trabajo y su futuro por la construcción del megaproyecto. Como es el caso de Marcelino Muñoz, un mecánico de 50 años que está en contra de esta gran obra, al igual que miles de vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL).
Como ya ocurrió en el lado norte de la ciudad con lo que ahora se conoce como el 'Barrio Fantasma' de Independencia, centenares de casas deben ser expropiadas en SJL para colocar los cimientos de lo que será una amplia autopista de 34.8 kilómetros, que busca unir 12 distritos de Lima y Callao y descongestionar el tráfico de la ciudad.
"Este proyecto va a beneficiar a muchas personas, pero va a perjudicar a otras, como a mí. Estamos de acuerdo con la modernización de la ciudad, pero no es la manera. Hay otras formas, no queremos que se anule el proyecto, pero pueden hacer el anillo más grande y no en medio de la ciudad", contó Muñoz a Infobae Perú.
Según narró para este medio, él, junto a su esposa Helida Bravo, se instalaron en un terreno alquilado en el paradero 1 de la avenida Canto Grande, en la década de los 90. Por ese entonces, ya se hablaba de la construcción del Anillo Vial Periférico.
Tras colocar un negocio en lo que se convirtió su hogar, en 2012 analizaron la posibilidad de comprarlo. Para ello, acudieron a la Municipalidad de SJL para conocer a detalle la situación de la zona ante la posible construcción del AVP. Allí, las autoridades de ese entonces les indicaron que dicho terreno no se iba a ver afectado y que podía adquirirlo con total tranquilidad. Todo transcurrió con normalidad, hasta que, en el 2019, personal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) tocó su puerta.
"Vino una señorita haciendo como un censo porque nos dijeron que iban a reactivar el proyecto. Nos hacía preguntas, si es que estábamos de acuerdo o no con el anillo vial, le dijimos que no porque nos había costado mucho comprar el terreno", indicó la señora Bravo.
"Yo soy profesora y le tuve que sacar crédito al Estado, empeñé casi todo mi sueldo, me presté de familiares y todo para comprar mi casa. Mis hijos han crecido acá, yo trabajo a solo dos cuadras, me ahorro el pasaje", agregó.
Por ese entonces, desde la cartera de Transporte le indicaron que los podían reubicar en Ventanilla, Rímac o Puente Piedra, o dar un "justo precio" por su casa, más del 20% "si se iba sin hacer problemas y rápido".
"Es una incertidumbre saber cuánto te van a pagar. Yo estoy en toda la avenida y tengo un negocio, obvio debe valer más, pero no es así, ellos (el gobierno) nos están imponiendo el precio. A la casa de mi vecina fueron tres veces. En las dos primeras ella les dijo que no iba a vender, en la tercera les dijo lo mismo a los del MTC, pero ellos le respondieron que se iba a salir de allí por las buenas o por las malas. Ahora están con amenazas", lamentó.
"Con mi esposo hemos llorado al pensar que tantos sacrificios hemos hecho privando a mis hijos de todo para conseguir esto para ahora irnos a la nada. Pensar que en cualquier momento pueden venir a botarte es desesperante, al igual que no saber adónde te vas a ir", prosiguió.
Óscar Badillo, vocero del Frente de las personas afectadas por el Anillo Vial Periférico en San Juan de Lurigancho y Separador Industrial que pertenece a Ate Vitarte, coincidió en que desde hace más de 30 años ya se tenía conocimiento de que un tramo del Anillo Vial Periférico iba a pasar la avenida El Sol, por lo que sus padres construyeron su casa bajo los estándares que les pedían, sin embargo, el MTC cambió los planos.
"De este proyecto se hablaba que iba a ocasionar una afectación en la avenida del Sol, concretamente donde yo vivo, de 7 metros en ambos lados de la avenida. Entonces, muchas familias, entre ellas mis padres, construyeron la casa al fondo, un poco metida, dejando esos 7 metros para cuando se haga esta obra", precisó.
"De la noche a la mañana, para nosotros, el MTC saca una resolución y nos sorprende, porque nadie está mirando las resoluciones. En ella cambian el derecho de vía y sostienen que ya no afectará solo 7 metros, sino que, en el caso particular de la avenida El Sol, serán 40 metros. Con eso, la carretera tendría que pasar por encima de mi dormitorio", agregó a este medio.
En esa línea, Badillo resaltó un hecho que consideró "curioso". "No afectarán a tres universidades que están en la avenida. Entonces, son 40 metros por un lado y, de repente, llegan a la universidad y la vía se reduce al ancho actual de la avenida El Sol", sostuvo.
"Cuando le hacemos la consulta al Ministerio de Transporte por esos cambios nos dicen que la empresa concesionaria al proyecto está protegiendo el derecho a la educación de los estudiantes. Está bien, pero solo está protegiendo el derecho a la educación de los estudiantes de estas tres universidades, pero en la avenida hay cuatro colegios primarios y secundarios, que no protegen", aseveró.
Cuando se anunció este proyecto, en el periodo del expresidente Alberto Fujimori, Lima no era la de hoy. Por esos años, la periferia de la ciudad ya había sobrepasado la avenida el Sol en San Juan de Lurigancho, distrito que tenía 500 mil habitantes. En la actualidad, superó el millón 300 mil.
Durante todos esos años, además de casas y negocios, se ha construido infraestructura vital para la urbe y que "se encuentra en la zona que ahora buscan eliminar, como reservorios de agua, subestaciones de energías que abastecen al tren eléctrico a la Línea 1 del Metro de Lima". "Estamos hablando de una zona urbanísticamente consolidada", expresó el vocero.
"Entendemos de que sí hay necesidad de una infraestructura de esta clase para Lima, hay que reconocerlo, sin embargo, no le puedes poner dentro de la ciudad de Lima una carretera nacional pensada para los camiones de carga pesada. Se debe contemplar un anillo vial muchísimo más periférico, más grande, que sí vaya por afuera de la ciudad", manifestó.
Por ello, consideran que el proyecto, aprobado por el Decreto de Urgencia N° 018-2019, es inviable por su antigüedad y los cambios sociodemográficos en Lima y Callao. Además, denuncian la vulneración de derechos fundamentales, la falta de transparencia y discriminación en el proceso, así como el acoso por parte de funcionarios, y sugieren la evaluación de alternativas menos perjudiciales para la población y el medio ambiente, de lo contrario, se podría desatar un conflicto social.
"Los profesionales más destacados están diciendo que es una locura hacer este proyecto. Desde el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros nos han dicho que es un proyecto inviable y no sirve ahora para la ciudad. Que está desfasado", indicó
Oscar Bohadillo, Marcelino Muñoz, Helida Bravo, al igual que cientos de familias en San Juan Lurigancho, no van a ceder a la expropiación de sus casas hasta que las autoridades no sean transparentes y tomen en cuenta la opinión de expertos sobre el Anillo Vial Periférico.
"Le diría a la señora presidenta que nosotros también somos sus waykis, que nos ayude. Nosotros también somos hermanos peruanos. Que escuche la voz de la población. Dicen desde el gobierno que se van a afectar 2.300 predios, pero eso es solo en el papel. Cada predio, en 40 años, ha ido creciendo verticalmente, las familias se han ido multiplicando y en una casa ya viven 4 o 5 familias. Entonces, no hay una sensibilidad sobre el grave problema al truncar el proyecto de vida de miles de personas", dijo Bohadillo.
En tanto, Bravo manifestó lo siguiente: "No quiero que la presidenta Dina Boluarte me quite mi casa, yo le diría que, como ella es la representante de todos los peruanos, yo sé que las grandes obras modernizan las ciudades, pero por lo menos que nos escuche y nos deje expresarle nuestro dolor. Ella debe saber que no es fácil levantar una casa y hacer un hogar".
"Yo soy paciente oncológica y créanme que el ver esto me ha afectado. No es justo que de la nada te digan que te van a expropiar. Yo no quiero vender mi casa. A mí me ha costado, me ha costado sacrificio. Sí hay otra solución, se lo agradecería. Dicen que somos pocos a comparación de los millones de personas que van a favorecer, pero también somos peruanos", finalizó.
Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, por su parte, se mostró de acuerdo con el Anillo Vial Periférico al considerar que es una obra que le urge a la ciudad para ayudar a sus residentes a travesar por los distritos de manera más rápida y efectiva, siempre y cuando vaya de la mano con la implementación del Sistema Integrado de Transporte.
"Esta megaobra, definitivamente, va a ayudar al problema que tiene Lima, ciudad que ha crecido desordenadamente desde la conquista de Francisco Pizarro. El centro de Lima es muy bonito, pero la ciudad se ha extendido sin ninguna planificación urbanística y sin acompañamiento de las municipalidades. El poblador emigrante ha colocado sus casas donde ha podido", expresó.
En cuanto al desalojo de familias en miles de predios, el experto en tránsito y movilidades urbanas lamentó que el Estado, por culpa de malos funcionarios, no negocie correctamente con las personas involucradas para así evitar un conflicto que lleva años en solucionar.
"No ponen un poco de esfuerzo en su trabajo. El problema del retraso de la Línea 2 es el mismo, por eso han pasado 10 años del inicio de la obra. Falta que el Estado sea mucho más capaz de expropiar con rapidez. La Constitución permite la expropiación porque todo bien puede ser expropiado en busca del bien común, es derecho del Estado", consideró.
"Ningún propietario tampoco puede encapricharse y decir quiero que me apaguen más de lo que realmente debe ser su costo comercial, y el Estado debe pagar lo que en verdad corresponde y ser transparente con los involucrados. De lo contrario, se complicada todo", puntualizó.
Infobae Perú buscó obtener una entrevista con representantes del sector encabezado por Raúl Pérez Reyes. Sin embargo, la respuesta recibida indicó que no había voceros disponibles en ese momento.
En su lugar, nos proporcionaron un documento que contiene la siguiente información: "El MTC agotará todos los esfuerzos para lograr la adquisición por trato directo. Si luego de agotadas todas las gestiones para lograr la adquisición por trato directo no se consiguiera esta, entonces se procederá, de acuerdo a norma, con el proceso de expropiación".
"Tanto en el caso del trato directo como de la expropiación, el sector procederá al pago del valor de la tasación correspondiente; debiendo precisarse que, en el caso del trato directo se paga el valor de la tasación, más un incentivo del 20 % de dicho valor. Y, en el proceso de expropiación, la norma establece que únicamente se reconoce el valor de la tasación sin ningún incentivo adicional", complementa el documento.
De acuerdo a Óscar Badillo, los vecinos de Ate Vitarte también se han manifestado en contra de la construcción del Anillo Vial Periférico debido a que, además de perder sus casas, la megaobra va a provocar que desaparezca gran parte del bósque existente en la avenida Separadora Industrial, la cual tiene 40 hectáreas de áreas verdes.
Trascendió que, de ese total, los trabajos destruirán cerca de 20 hectáreas. Al respecto, el MTC asegura que va a compensar y reubicar, según Ordenanza 1852 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la parte del bósque que se vea comprometida.
"Entre las medidas específicas para las áreas verdes, no se prevé una afectación total, sino parcial, debiendo el concesionario encargarse de reubicar y compensar los árboles que se retiren. Además, se mejorará el área verde que permanezca a través de la implementación de un parque lineal", indica el MTC.
Según Proinversión, la obra terminará en construirse en 9.5 años y el trayecto contará con tres tramos: Tramo 1 (8.7 km) desde el Óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte (Ovalo del Naranjal); el Tramo 2 (15.1 km) inicia en Panamericana Norte y concluye en Av. Ramiro Prialé; y el Tramo 3 (11 km), desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación (intersección de Av. Del Aire con la Av. Rosa Toro).