Roberto Rímola Real, el alcalde electo de Parrita, detenido este martes 2 de abril, no podrá salir del país mientras se le investiga como sospechoso de firmar escrituras falsas. Tampoco podrá acercarse a testigos u ofendidos en la causa que se sigue en su contra, no podrá confeccionar escrituras y deberá firmar cada 15 días en el Juzgado Contravencional de Parrita.
Estas medidas cautelares fueron impuestas este miércoles por la mañana por el Juzgado Penal de Parrita - Quepos, tras acoger las solicitudes presentadas por la Fiscalía local.
Además de Rímola, su madre, de apellidos Real Celis, y un trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social en Parrita, de apellidos Retana Carmona, quien aparentemente se hacía pasar por prestamista, están siendo investigados como sospechosos de falsedad ideológica y fraude relacionado con escrituras, hipotecas y ventas de propiedades en la zona marítimo terrestre de ese cantón del Pacífico central. Tanto Real como Retana también tienen prohibido salir del país, acercarse a testigos y deben firmar en el mismo despacho mencionado anteriormente.
Roberto Rímola Real, abogado y notario, actualmente ejerce como segundo vicealcalde del cantón. Es miembro del Partido Nueva República (PNR), cuyo presidente, el diputado Fabricio Alvarado, ha mencionado que la agrupación no descarta pedirle a Rímola que se abstenga de asumir el cargo de alcalde en mayo próximo.
Según Edwin Obando, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en este caso se han agrupado seis denuncias por falsedad ideológica y fraude con escrituras. La Fiscalía está investigando si el notario simuló la comparecencia en el país de costarricenses residentes en Estados Unidos, propietarios de terrenos, para obtener préstamos otorgados por Retana Carmona, con garantías hipotecarias por sumas millonarias. En las escrituras se certifica que los propietarios de los terrenos hipotecados consintieron la suscripción de estos créditos.
En relación a este caso, la mañana del martes se realizaron allanamientos en tres viviendas y una oficina, donde el OIJ incautó equipos de cómputo y documentación relacionada.
Andrey Cambronero, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, aclaró que en las circunstancias actuales, con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no se puede impedir que Rímola asuma el cargo el próximo 1° de mayo. Explicó que esto solo ocurriría con una sentencia firme emitida por los Tribunales de Justicia que inhabilite a la persona para ejercer cargos públicos o la mantenga en prisión.
Además, Rímola podría optar por renunciar voluntariamente al cargo para atender el proceso penal en su contra. En ese caso, el Tribunal Supremo de Elecciones delegaría las funciones en la primera vicealcaldesa electa, Elizabeth Segura.