En su comparecencia, Pedro Afonso detalló el alcance y los objetivos de este decreto que impulsa la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, y que "atiende a una circunstancia específica y coyuntural".
En este sentido, Afonso se refirió al ámbito insular del decreto, que facilitará la construcción de viviendas protegidas en La Palma para alojar a las personas que se vieron afectadas por la erupción y no han podido hacer uso de las facultades de recuperación de sus edificaciones o parcelas preexistentes, pero que también dará respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida en la isla, de forma que no sufran un agravio por la situación generada por el volcán. "Pasamos en 85 días de tener 531 familias demandantes de vivienda protegida como realidad estructural a la pérdida de 1.785 edificaciones, de las cuales 1.583 tenían uso residencial", señaló.
Además, el viceconsejero apuntó a la urgencia por aprobar este decreto cuanto antes para revertir la situación creada y ofrecer a los afectados la capacidad de recuperar sus proyectos de vida de forma definitiva, acabar con los alojamientos provisionales y evitar que se genere un espacio vaciado de población en el Valle de Aridane.
Entre otras medidas, el viceconsejero señaló la creación de un parque público específico de viviendas protegidas. A estos efectos, se identifican quince parcelas cedidas por ocho ayuntamientos de la isla (Los Llanos de Aridane, El Paso, Villa de Mazo, San Andrés y Sauces, Tijarafe, Barlovento y Puntagorda).
Sobre el contenido del decreto, Pedro Afonso destacó el artículo 5 de cesión del suelo, que determina que transcurrido un año sin acuerdo plenario de cesión de suelo, las parcelas recuperarán la clasificación, categoría y clasificación anterior y el 7, de contratación conjunta de proyecto y obra, como medida de simplificación del procedimiento administrativo.
Además, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en estos municipios, el decreto clasifica estas parcelas, directamente, como suelo urbano consolidado. También se reconocen todas las actuaciones como obras públicas de interés general y se declara su urgencia para facilitar la celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, con la consiguiente reducción de plazos, entre otras medidas.