El Gobierno prevé aprobar este año la llamada Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, un proyecto al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en noviembre de 2022, pero que está paralizado desde entonces y que dejaría fuera la actividad de lobby que realiza la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Pese a su polémica actividad, estrechamen te vinculada a empresas que pueden contratar con el sector público, la futura norma no afecta a los familiares de los altos cargos. Sólo implicará a quienes ostentan poder en el Ejecutivo, aquellos que tienen cargo oficial. El objetivo, por tanto, no es controlar las actividades de los cónyuges, aunque la Ley del Alto Cargo castiga determinadas actividades que puedan suponerles algún beneficio.
Según la exposición de motivos del texto aprobado en el Consejo de Ministros, la ley «cubre un importante vacío normativo del ordenamiento jurídico estatal que se ha puesto de manifiesto, de forma reiterada, tanto por la propia sociedad civil como por instituciones comunitarias y
organismos internacionales».
Sin embargo, establece muchas limitaciones. Para empezar, la norma será de aplicación a quienes «realicen actividad de influencia en relación con el personal público de la Administración General del Estado y de su sector público, sea cual sea su forma o estatuto», considerando como «personal público» los cargos con responsabilidad oficial.
La ley considera «actividad de influencia» la «comunicación directa o indirecta con el personal público» que se realice «con la finalidad de intervenir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter
privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado».
De esta forma, la ley dejará fuera las actividades de los familiares de los altos cargos, como Begoña Gómez, aunque éstas puedan influir en las decisiones del Gobierno.
Conflictos de interés
La Ley del Alto Cargo sí establece conexión con los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Así, entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando una decisión que vaya a adoptar «pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos». Además de los propios, se consideran «intereses personales» los de sus familiares, «incluyendo los de su cónyuge», y también «los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares (…) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración».
La polémica actividad de Begoña Gómez, tanto como directora del Africa Center del IE Business School como al frente de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid -muy vinculadas con empresas- quedará así fuera del ámbito de regulación de los lobbies.
La mujer del presidente del Gobierno imparte formación sobre captación de fondos privados y públicos, instruyendo a las empresas a captar fondos procedentes del Ejecutivo y de la Unión Europea, entre otros. Igualmente, Begoña Gómez ha organizado y participado en distintos foros, actos y otros eventos promovidos por empresas sujetas al ámbito de decisión del propio Gobierno de Sánchez.
La Asociación Española de Fundraising, el principal socio promotor de uno de los másters de Gómez -en captación de fondos-, admite de hecho que las relaciones institucionales son uno de sus principales ámbitos de actuación. «Permiten establecer puentes de colaboración con todo tipo de instituciones privadas y públicas para que las Entidades No Lucrativas, socias y no socias de la asociación, puedan desarrollar adecuadamente el fundraising».
Declaración de bienes
Como ha publicado este periódico, el Consejo de Europa ha dado de plazo hasta final de año para que el Gobierno avance en el cumplimiento de sus recomendaciones de lucha contra la corrupción.
El organismo quiere conocer los bienes de los cónyuges de los altos cargos, como ocurre ya en otros países europeos. El Ejecutivo, no obstante, se ha resistido hasta ahora a trasladar esa información, que afectaría directamente a la mujer del presidente del Gobierno.