Hemos asistido durante los últimos meses a movilizaciones significativas de diversos sectores agrícolas. Durante estas movilizaciones, algunos colectivos agrarios han generado un relato contra la transición ecológica, la Agenda 2030 y la reducción de los plaguicidas y fitosanitarios. Este relato tiene un sesgo ideológico evidente, es erróneo, antiambiental e insostenible a la luz de la evidencia científica. Es un grave problema en el camino de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa.
Si la situación de muchas agricultoras y agricultores es grave, no se puede confundir este sector con la agricultura industrial de exportación y sus lobbies en el ámbito estatal y regional. Es necesario contrarrestar ese relato y señalar que, sin un medio ambiente sano, no hay futuro para la agricultura y la ganadería.
El Gobierno regional y las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja han llegado a un acuerdo de un plan plurianual, hasta 2029, con 18'6 millones de euros. Han conseguido un compromiso de López Miras para debatir las normativas medioambientales, y buscar una regulación "más razonable". El objetivo de la desregulación que están experimentando las cuestiones ambientales mediante la revisión de su normativa es un camino a ninguna parte. Además, resulta muy contradictorio que se doten 9.240.000 euros, de ese plan, para el mantenimiento de la agricultura ecológica y se quiera eliminar o minimizar la normativa medioambiental
Si algunas medidas pudieran ser compartidas, sobre todo si el objetivo es evitar duplicidades, mejorar la coordinación y eficacia de las administraciones, tienen que ir acompañadas de salvaguardas que garanticen el equilibrio entre el ejercicio de las actividades productivas, la protección del medio ambiente y la salud humana, la participación efectiva de la ciudadanía y el control último de la administración sobre las labores de vigilancia e inspección.
La simplificación excesiva de los expedientes conlleva la eliminación de determinados trámites que son necesarios para garantizar el ejercicio de la actividad con la necesaria protección del medio ambiente y la participación pública en los procesos de decisión.
El actual modelo de producción y distribución alimentaria imperante, intensivo y orientado a la exportación, ha provocado una pérdida de fertilidad de los suelos. El uso excesivo y la contaminación con agrotóxicos los ha llevado al límite del cual tenemos ejemplos en el Campo de Cartagena y el Mar Menor. La dependencia de los insumos químicos y de las semillas, controlados por la industria agrícola, ejerce una presión cada vez mayor sobre las agricultoras y agricultores.
Al mismo tiempo, hay un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria y una llamativa falta de control de intermediarios y grandes grupos de distribución, que son quienes condicionan los precios para incrementar sus beneficios, mientras que no se remunera de forma justa a productoras y productores.
Los acuerdos de comercio e inversiones, que han llevado a la desregulación de los mercados, la precariedad laboral y los bajos ingresos de agricultoras y agricultores han causado la destrucción de miles de pequeñas y medianas explotaciones en beneficio de las multinacionales del agronegocio.
La Política Agraria Común se ha convertido en una herramienta económica a favor de los grandes que perjudica, y mucho, al pequeño agricultor y ganadero. La superficie cultivable, cada vez más concentrada en menos manos, reduce las oportunidades de fijar población en el medio rural que realmente ponga en marcha y mantenga otro tipo de sistema de producción, más acorde con los ritmos productivos del campo. La falta de relevo generacional en las explotaciones rurales y el envejecimiento del sector es un grave problema que incumbe a toda la sociedad civil.
Fondos de inversión internacionales están ya haciéndose con la propiedad de las mejores tierras, mientras las personas que quieren iniciar proyectos agroecológicos se encuentran con grandes dificultades para poder acceder a tierras de cultivo. Se invierte en macrogranjas, arrinconando a la ganadería extensiva y disminuyendo su capacidad de competir.
Se necesita un cambio de modelo agroalimentario en la Región de Murcia que priorice la soberanía y la seguridad alimentaria, fomentando y apoyando la ganadería extensiva; que reduzca el regadío agroindustrial y, con ello, la sobreexplotación del agua; que disminuya el impacto negativo en los ecosistemas y garanticen la justicia social en el agro. Trabajar por un sistema agroalimentario que facilite a las personas agricultoras y ganaderas salir de este modelo agroindustrial a otro sistema más justo y sostenible.