Desde cierto ángulo podría decirse que, después del voto de confianza recibido por el Consejo de Ministros presidido por Gustavo Adrianzén y de las explicaciones ofrecidas por la presidenta Dina Boluarte con respecto al origen de las costosas joyas que estuvo usando en los últimos meses, su gobierno parece tener una base de sostenimiento inesperadamente sólida.
A pesar de la evidente ausencia de propuestas concretas de política y de iniciativas para enfrentar los problemas del país, y a pesar de lo inverosímil de las explicaciones de la presidenta, a la gran mayoría de congresistas les interesa que Boluarte llegue al final de su mandato, o al menos hasta julio del próximo año, cuando el Parlamento ya no puede ser disuelto. A la derecha en general no le interesa aumentar el "ruido político", la oposición activa no logra presentarse como opción viable y, ante lo que se percibe como una situación sin solución a la vista, la ciudadanía opta por ahondar su desafección hacia la política. Así logra sobrevivir un gobierno, en realidad, sin respaldo ciudadano, sin apoyo parlamentario propiamente dicho y que no expresa propiamente a ningún sector en particular.
Esto no significa, sin embargo, que no se estén generando grietas importantes dentro del amplio, diverso, contradictorio, precario e inestable frente de apoyo que sostiene al Gobierno. La debilidad del Gobierno lo hace vulnerable a presiones provenientes desde diferentes grupos de interés, presentes en todos los grupos políticos en el Parlamento. Así, en los últimos días y semanas hemos podido ver cómo el Congreso aprobó la incorporación automática a la carrera pública magisterial de profesores cesados por no rendir evaluaciones o desaprobarlas; cómo se modifican disposiciones que limitan la acción de la policía ante la tenencia ilegal de explosivos de mineros en proceso de "formalización"; y cómo las presiones siguen con la propuesta de autorización de un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Frente a estas iniciativas legislativas, la pasividad del Ejecutivo es bastante elocuente. No solo hay presiones de este tipo desde el Parlamento; el alcalde de Lima, por ejemplo, en un intento demagógico y cortoplacista por construir legitimidad política, está embarcando a la ciudad en un endeudamiento excesivo que tendrá consecuencias a largo plazo, pasando por encima de la opinión de entidades fiscales, y ha roto el principio del respeto a los contratos, supuesto pilar de la estabilidad y del crecimiento económicos establecidos en la Constitución de 1993.
Pero esta pasividad tiene consecuencias. Los gremios empresariales más serios e influyentes están denunciando las consecuencias que estas acciones tendrán sobre el desarrollo del sector minero, la inseguridad ciudadana, la educación o las políticas de promoción a la inversión privada. Sectores de derecha empiezan a darse cuenta de que este gobierno y este Congreso podrían resultar tanto o más peligrosos que el gobierno de Pedro Castillo, del que supuestamente se libraron. Ante tanto cinismo y pasividad, muchos sectores se sienten obligados a desmarcarse y exigir cambios de rumbo con más claridad. Los tiempos electorales se sienten más cercanos, y fuerzan reposicionamientos.