El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha llegado este miércoles a un acuerdo con los sindicatos para una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes para los funcionarios de Justicia. Los agentes sociales reclamaban un aumento de 450 euros en línea con el incremento que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Al acuerdo no se han sumado CCOO ni STAJ porque lo consideran insuficiente y será ratificado este jueves en un acto de firma en el Ministerio de Justicia. Según han informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CFIS) –sindicato mayoritario en Justicia– y UGT, la subida se aplicará a través del complemento específico.
La subida salarial será de 165 euros para Auxilio Judicial; de 180 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio; de 195 euros para Gestión y Técnicos de Laboratorio, y de 250 euros para Médicos Forenses y Facultativos.
El incremento no afectará a la totalidad de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, como reclamaban en un principio los sindicatos. Beneficiará a unos 12.000 trabajadores del denominado territorio Ministerio, es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Balears, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC. El resto de funcionarios que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas no percibirán el complemento.
En el marco del comunicado, CSIF ha indicado que la subida se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100% de lo acordado. "De esta manera, en apenas ocho meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios", ha recalcado el sindicato.
Desde CSIF han incidido en que el acuerdo pactado con el Ministerio es equiparable a otros que se han firmado en otras comunidades como Madrid, Asturias y Euskadi, y como se está negociando en la actualidad en Catalunya.
Grandes acuerdos y grandes transformaciones
El acuerdo que se firmará este jueves también contempla la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones en materias como la reducción de la temporalidad; el nombramiento de personal de refuerzo; la formación y la protección de la salud en el trabajo.
El pacto se enmarca en la línea política seguida por el ministerio desde que Félix Bolaños asumió la cartera, que consiste en la búsqueda de acuerdos con todos los operadores jurídicos y en una transformación a gran escala del servicio público de Justicia.
CSIF señala que seguirá negociando la totalidad de las reivindicaciones del personal de Justicia, así como su mejora laboral y retributiva y el reconocimiento a su trabajo en las mesas que convoque tanto el Ministerio como las comunidades autónomas.
Por su parte, UGT ha valorado el acuerdo como un "éxito de la negociación colectiva" tras tiempo priorizando "negociar y negociar", según ha expresado en un comunicado.
CCOO Y STAJ, en contra
Desde CCOO han criticado que el acuerdo deje "abandonado" al personal de las comunidades que tienen las competencias de Justicia transferidas y han reclamado "una subida para todos".
"Nos hemos negado desde el principio a plegarnos a esa estrategia del Ministerio de dividir a los trabajadores", ha señalado el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Luis Calero, en declaraciones a Europa Press. CCOO espera una "rectificación" del Ministerio y subraya que esta subida solo para las comunidades sin competencias "no pone fin al conflicto", por lo que seguirán con las reivindicaciones.
En la misma línea, STAJ ve un "error" el acuerdo, señalando que todos desean que el ámbito del Ministerio aumente su complemento específico, pero que eso "no tiene nada que ver con las reivindicaciones de los 45.000 funcionarios".
Vicente Navarro, su secretario general, ha trasladado a Europa Press que los sindicatos firmantes y Justicia van a revestir el acuerdo como una "paz social" que finiquita las protestas. "Pero para nosotros el conflicto continúa, porque del pastel quedan fuera los treinta mil funcionarios restantes", ha avanzado.
Unas reivindicaciones que empezaron hace un año
Cabe recordar que el conflicto colectivo con el Ministerio arrancó el año pasado, cuando los funcionarios realizaron paros parciales y totales entre los meses de abril y julio, así como manifestaciones en la calle, para reclamar una subida salarial en línea con la que consiguieron los LAJ, de unos 450 euros al mes.
Los propios funcionarios paralizaron sus reivindicaciones en junio ante el adelanto de las elecciones generales y a la espera de la constitución del nuevo Gobierno, pero retomaron las mismas a finales de 2023 tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
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