La ley Bases trae mayor precarización para las mujeres: sólo podrán jubilarse a partir de los 65 años
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Esta semana estuvo plagada de datos económicos:
- una cadena nacional, en la que una vez más se celebró con bombos y platillos un superávit fiscal cuyo componente principal –un 35%– fue la licuación de los haberes jubilatorios;
- la confirmación estadística de la caída de la actividad económica –a febrero, 3,2% menor que un año atrás– con derrumbes de sectores líderes en puestos de trabajo como construcción (-19%) e industria (-8%);
- una marcha federal universitaria en la que se denunció el recorte feroz sobre las universidades nacionales –que recibieron en marzo 18% menos de financiamiento en términos reales que en 2023– en un contexto de derrumbe de todas las partidas de gasto, como puede observarse en el gráfico a continuación.
Sin embargo, el dato apareció ayer en el Congreso. Tras el fracaso de una sesión impulsada por Unión por la Patria que buscaba dar respuesta a las millones de personas que se movilizaron en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, el oficialismo logró dictaminar y convocar para su tratamiento el lunes próximo su tan anhelada ley ómnibus. Esta vez, en dos tramos: un paquete fiscal que beneficia a un sector minúsculo de la sociedad mientras castiga a las mayorías, y una "ley Bases" que consolidaría –quizás para siempre– una Argentina primarizada, extranjerizada y subdesarrollada. Son las dos caras de una moneda: un país para pocos.
Al igual que en su primera versión, el proyecto contiene un sinfín de temáticas: delega facultades en el Presidente, habilita la privatización de empresas, prácticamente confisca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG) –al quitarle los títulos públicos que están en su poder–, cercena los derechos de los trabajadores con una regresiva reforma laboral, otorga cuantiosos beneficios impositivos para "grandes" inversiones –en detrimento de las obligaciones tributarias de las pymes– y suprime el derecho a la jubilación de millones de personas.
La mayoría de las cuestiones han sido discutidas largamente en estos cuatro meses que pasaron desde la primera vez que ingresó el proyecto al Congreso. Por ello, me detendré en una cuestión "novedosa": la derogación de la moratoria previsional. Este capítulo de la ley, ausente en la versión original, se incorporó –como artículo final– hace un mes, y en esta versión final aparece acompañado de otro artículo que condena a millones de ciudadanos –pero principalmente ciudadanas– a ingresos de miseria.
La política de moratorias ha sido ampliamente criticada por un sector de la política. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ha mostrado en más de una oportunidad su oposición y hoy sabemos cuál es su propuesta alternativa: si no tenés 30 años de aportes, te corresponde la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), una creación del macrismo. Esta prestación es un 80% de la jubilación mínima: en abril fue de $137.000. Incluso con el bono de $70.000 –congelado desde marzo–, la PUAM no cubre la canasta mínima de una sola persona sino apenas el 75%.
No sólo el problema es el monto a cobrar, sino que además, para las mujeres representa una situación bastante más desventajosa que la actual política de moratoria: para acceder a la PUAM deben haber alcanzado los 65 años, en vez de los 60. A su vez, no puede acumularse con otra pensión, por lo cual, por ejemplo, si un/a viudo/a cobra una pensión por fallecimiento del cónyuge, no es susceptible de ingresar a la PUAM. Por último, no es pensionable. ¿Qué significa esto? Que en caso de fallecimiento, a diferencia de una jubilación, su beneficio no se traslada al cónyuge ni a los hijos con discapacidad o menores de 18 años. La PUAM es la precarización de una situación ya de por sí precaria de jubilados y jubiladas de la mínima. Esa es la salida que le ofrece La Libertad Avanza a las millones de personas que están cercanas a la edad jubilatoria pero no cuentan con los años de aporte.
Una vez más, el discurso del gobierno se contradice con la práctica: dicen querer mejorar los haberes jubilatorios, pero en realidad quieren recortarles un 20%, además de haberlos licuado un 31% interanual como se observa en el gráfico precedente y ahora congelado vía modificación por DNU de la fórmula de movilidad previsional.
Más allá de las implicancias prácticas que tendría este apartado de la ley, la cuestión es por qué hizo (y hace) falta una política de moratoria: el punto de partida es el reconocimiento por parte del Estado de un problema estructural que es anterior al momento de la política pública. En el caso de la moratoria hoy vigente, los períodos que se pueden "comprar" de aportes son precedentes al 2008: durante los 15 años anteriores la tasa de desocupación en Argentina superó los dos dígitos y la tasa de informalidad alcanzó picos del 50%. Ese período, paradójicamente, coincidió con una serie de reformas en el mercado laboral que decían orientarse a la inclusión laboral pero que finalmente sólo permitieron reducir costos a los empleadores –en línea con las reformas al mercado laboral que hoy se proponen en este proyecto de ley, y cuyos negativos efectos ya vivimos en Argentina–.
Ante largos períodos de desocupación e informalidad laboral, una buena porción de trabajadores no logran cumplir con el mínimo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria. Esto afecta de manera diferencial a las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad. Por eso, actualmente el 78% de las mujeres que accedió a una jubilación lo hizo vía moratoria.
Por último, en este contexto de embate contra el pueblo trabajador, es preciso poner en cuestión la lógica de la derogación de la moratoria, que culpabiliza al trabajador sin aportes, castigándolo con una PUAM en vez de una jubilación, mientras sí se realizan moratorias para deudas tributarias, aduaneras, para blanquear capitales. A quienes sí son responsables de no haber cumplido sus obligaciones ante el fisco, facilidades; a quienes trabajaron toda su vida pero sus empleadores no les hicieron los aportes, pensiones de miseria.