La nueva gobernanza fiscal, cuyos efectos se empezarán a ver en los presupuestos nacionales del 2025, es la mejor posible. La especial complejidad de la gobernanza europea con la presencia de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, cada uno de ellos representando, a su vez, intereses no necesariamente coincidentes hace que cualquier acuerdo que involucre a las tres instituciones refleje el mejor compromiso posible. Un aspecto positivo de dicho acuerdo es el mismo hecho del acuerdo dado que en su defecto se deberían reactivar las reglas anteriores, que ya demostraron su ineficacia, y que solo estaban suspendidas desde el año 2020 como consecuencia de los efectos en las finanzas públicas de la pandemia.
Otro aspecto positivo de la nueva gobernanza fiscal es su mayor flexibilidad. Cuando un país de la UE tenga un déficit superior al 3% del PIB o un nivel de deuda pública superior al 60% del PIB, la Comisión debe elaborar una "trayectoria de referencia" con una duración de 4 años extensible a 7 según se lleven a cabo reformas o inversiones alineadas con las políticas comunitarias. Dicha trayectoria tendrá en cuenta la evolución del gasto primario y no será igual en todos los países sino específica para cada uno de ellos y deberá ser acordada entre la Comisión, el país correspondiente y respaldada por el Consejo. Con dicha información, los estados miembros deberán elaborar y someter al Consejo y la Comisión los correspondientes planes nacionales estructurales fiscales de medio plazo.
Nuevas reglas
Se mantienen los objetivos de referencia, 3% de déficit y 60% de deuda sobre el PIB, que son arbitrarios y sin una justificación teórica
En contrapartida, las nuevas reglas fiscales siguen manteniendo los objetivos de referencia, 3% de déficit y 60% de deuda sobre el PIB, que son objetivos arbitrarios sin una justificación teórica que los avale. Se mantiene también el denominado Procedimiento de Déficit Excesivo cuando se evidencie un déficit o un nivel de deuda superior a los objetivos de referencia y se establecen salvaguardas que obligan a una reducción mínima del déficit estructural, a una reducción mínima anual de la deuda pública y a un límite máximo de desviación del gasto previsto en la trayectoria de referencia.
En todo caso, habrá que ver hasta qué punto la Comisión y el Consejo están en condiciones de garantizar el cumplimiento de estas normas a los países miembros y más cuando dichos países sean los de mayor peso específico en la UE. Además, hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una unión monetaria pero no una unión fiscal. La aplicación de las normas de la nueva gobernanza fiscal trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de los estados miembros, pero haciendo esto no garantizan las inversiones necesarias para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la UE en su conjunto. El objetivo cero emisiones, la digitalización, la política de defensa o la política industrial requieren inversiones sustanciales que alertan de la necesidad de explorar su financiación mediante la emisión de eurobonos de acuerdo con lo que ya se llevó a cabo con los fondos Next Generation.