En Chile en materia legislativa se está avanzando en igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero también siguen existiendo brechas y desafíos por cumplir. De esto conversamos con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia, sobre las nuevas normas, las que se promulgarán o las que este mes cumplen un nuevo aniversario desde que partieron.
Cabe mencionar que el mes pasado el Congreso aprobó la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género tras por lo menos siete años de discusión. Solo falta su promulgación. "Esta es una ley que es marco, es amplia y que tiene como principal objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fortalece el rol preventivo del Estado y las obligaciones de diversas instituciones para poder abordar la prevención de la violencia contra las mujeres, desnaturalizar estas conductas agresivas y, por supuesto, incorpora indicaciones que buscan fortalecer a nivel institucional, lo que es el seguimiento de las medidas cautelares", asegura la autoridad debido a los casos conocidos por todos que muestran que a pesar de las medidas cautelares no hay seguimiento adecuado y se termina con una mujer asesinada. "Fortalece al Estado para proteger a las mujeres que viven violencia, pero también acompaña en la reparación. Además, articula mejor a las instituciones del ejecutivo y judicial", aportó la seremi.
-En 2019 se aprobó la ley de acoso sexual en espacios públicos y de ahí en adelante una serie de otras normas que ahora cumplen un año más. ¿Cree que estos avances legislativos logran un cambio social?
La ley del acoso sexual callejero es una ley que se discutió lo que consideramos por acoso. Y desde ahí es que van teniendo repercusiones los avances legislativos. Y existe ahora sanciones para las personas que realizan este tipo de estos delitos que están tipificados y que principalmente afecta a las niñas. Hay estudios nacionales que dicen que las mujeres empezamos a recibir acoso callejero desde los 13 años. Muchas veces se tiene dificultades porque el acoso callejero se da en el contexto de la calle. Podemos hacer denuncia, pero acceder al agresor es más complejo y cómo sigue esa denuncia es mucho peor. Ahora tuvimos de connotación pública el caso de un cantante que trató de besar a la animadora sin su consentimiento. Se hizo la denuncia en fiscalía y ahora se comienza a aplicar esta ley que va a tener consigo sanciones para el agresor y también unas garantías de protección a la víctima.
-De hecho, ¿han aumentado las denuncias por este tipo de hechos?
Sí y además estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, porque muchos de los acosos se realizan y se ejecutan en el transporte público. Hacemos el llamado a que, ante estas agresiones, se pueda interpelar, denunciar y/o acompañar cuando se sea testigo de este tipo de situaciones. Creemos que lo más relevante es avanzar hacia un cambio cultural. Pasa también a nivel organizacional, y ahí también hago el punto de la reciente aprobada ley KARIN, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los contextos laborales. La violencia y acosos se dan muchas veces en espacios cerrados, entre dos personas y cuando no hay más gente, por lo tanto, es muy difícil probar ese tipo de situaciones. Pero se prueban con la afectación mental y de salud de los denunciantes. Hay conductas que ya no estamos tolerando como sociedad.
LEY DE REPARACIÓN CUMPLE UN AÑO
-Se cumple un año de la aprobación de la ley de reparación a víctimas de violencia, de femicidios, y a sus familias. ¿Cómo se desempeña el Estado en estos casos donde hay víctimas de femicidios?
Este mes cumplimos un año de que comenzó a regir la ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familias que busca responder a una deuda histórica del Estado con las mujeres. Esta ley nos permite entregar una pensión a niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia que sufrieron sus madres. Hoy es de alrededor de 170 mil pesos y se entrega hasta que cumplan la mayoría de edad. Esperamos no tener estas leyes, aunque por supuesto son un aporte para las familias que perdieron a una mujer en víctimas de un agresor por razones de género. También entrega distintas garantías a las familias que componen el núcleo de una mujer que vivió violencia, entregándole acceso preferencial a los servicios sociales, públicos, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, y también le entrega garantías a las mujeres que sufrieron algún femicidio frustrado o tentado que no logran consumar. También van a tener un resguardo a foro laboral, por ejemplo, para poder asistir a terapias, al proceso de reparación que va a acompañar el Ministerio de la Mujer, o asistir a todo el proceso de denuncia.
-¿Falta camino aún por recorrer en materia legislativa? y ¿qué es lo que se viene, por ejemplo, para este año?
Vienen más desafíos en términos legislativos, por ejemplo, en materia de modificación al régimen de sociedad conyugal. También es una demanda histórica que está consolidado en el Código Civil de hace 160 años. Esto afecta a las mujeres que están casadas bajo este régimen, es que no tienen autonomía en torno a sus herencias o a sus bienes. Por ejemplo, cuando reciben una herencia, tienen que tener la firma del esposo para poder manejar o acceder a ella. O a la hora de poder solicitar, por ejemplo, un préstamo bancario, también necesitan la aprobación del esposo para acceder. Es una ley que debemos modificar, que está completamente atrasada y que reprime y ata a las mujeres a no poder ejercer libremente la autonomía económica en sus relaciones.