La decisión de Javier Milei de retrotraer a diciembre el precio de los planes de las prepagas alimentó la interna que se libra en el Gobierno entre Federico Sturzenegger y Luis "Toto" Caputo. El ministro de Economía acusó al sector de "declararle la guerra a la clase media", mientras que el creador del DNU 70/2023 sostiene que los montos de la medicina privada estaban entre los más atrasados ante la escalada inflacionaria.
Después del anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni que formalizó la avanzada contra las prepagas, Sturzenegger le dio la orden a su equipo para que elaborara un informe que refleje la progresión desde 2017 a la fecha de varios precios de la Economía, ajustados por la inflación. Su objetivo era demostrar que la medicina privada estaba entre los más atrasados.
Para el estudio, su equipo comparó los precios que estaban por encima o por debajo de la inflación hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Luego, utilizó la misma metodología para calcular los cuatro meses de Milei y así reflejar que las prepagas venían muy por detrás de los demás precios de la economía, incluso ya con La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada.
La conclusión final del equipo Sturzenegger -que ya llegó a todos los despachos de la Casa Rosada- es que las prepagas tenían al menos un 30% de retraso por sobre la inflación y que eso debía compensarse como otros precios de la economía. Tal como por ejemplo sucedió con los medicamentos, que están en la franja de los precios que se recuperaron frente al IPC.
Al documento que elaboró Sturzenegger llegó también a Balcarce 50 diferentes análisis de economistas (algunos muy cercanos al Gobierno) que criticaban la regulación de las prepagas, al considerar que la suba iba en línea con el resto de los precios que se actualizaron por inflación. En uno de esos cuadros, elaborados por la consultora Invecq, se observa que el precio de la medicina prepaga está en niveles similares que durante la gestión de Fernández.
"No se animan a decir (por el equipo económico de Caputo) que la marcha atrás con las prepagas se debe a que están preocupados por lo que marcan las encuestas de opinión, sobre todo en la clase media del AMBA", afirmó un ministro ante Letra P.
Con respecto a eso -fuentes oficiales consultadas por Letra P- confirmaron que la decisión gubernamental de ir contra las empresas privadas de medicina se adoptó tras conocerse un informe sobre la "reacción social" frente al ajuste y un estudio que aseguró que pagar una prepaga demanda el 32% del salario formal promedio.
De hecho, las empresas de medicina privada también atribuyen el embate contra el sector a "encuestas" de opinión pública que subrayan una caída de la imagen de Milei. "No hay otra explicación, pero esta medida administrativa traerá consecuencias y puede significar el fin del sistema", advirtió una fuente de las compañías prepagas consultada por Letra P.