La situación difícil en la Unidad de Detención de Río Grande y la Alcaidía de Ushuaia no es nueva, sin embargo, cada vez de agravan más las condiciones de vida allí dentro para las personas privadas de su libertad.
A la ya conocida superpoblación hay que agregarle no solo que cada vez se condena a más personas a penas largas, sino a la política que se impulsa desde nación para reducir la edad de imputabilidad, consideró en ((La 97)) Radio Fueguina el integrante del Comité de Previsión contra la Tortura, José Piñeiro.
"El ministro de Justicia de la nación, Cúneo Libarona, vino con la idea de que hay que bajar la edad de imputabilidad a 14 años, estamos hablando de niños en prisión. Instaló este tema que fue bien recibido por algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en una provincia donde la problemática con los menores está recibiendo otro tipo de respuestas a partir de políticas de contención", alertó referente de la Multisectorial de Derechos Humanos.
Dicha política no encuentra consonancia con la situación en la provincia, ya que no hay una cantidad de delitos graves que cometan los menores, por lo que "la prevención, la contención y los espacios para contener a los menores sería la medida adecuada y no el punitivismo", consideró Piñeiro.
Por lo que la visión de condenar a los jóvenes solo vendría a agravar el cuadro ya grave que tiene la situación carcelaria en la provincia.
Al respecto, Piñeiro señaló que "la situación ya es compleja, al borde del colapso, con la caída de la Alcaidía de Ushuaia y la sobrepoblación en la Unidad de Detención de Río Grande, hay cada vez más personas alojadas en espacios reducidos, colchones en el suelo", enumeró.
"Ni hablar de otros temas que están siendo desatendidos, en especial la salud mental. Esto motivo una carta de personas detenidas en Río Grande y Ushuaia donde se expresan estas cuestiones, también allí hay críticas al comité de prevención contra la tortura, porque estos temas no se resuelven", hizo autocrítica.
Sin embargo, apuntó a que "estos temas son responsabilidad de los tres poderes del Estado, porque son quienes tienen las herramientas para resolver este tipo de situaciones. Pero nos dicen lo mismo que Milei hace un tiempo, que no hay plata. No hay plata para estas cuestiones, pero tampoco alternativas o soluciones, como liberar otros espacios, buscar edificios en desuso para readecuarlos y acomodar personas", criticó duramente.
En este sentido, el integrante del Comité de Previsión contra la Tortura habló sobre la solución que empieza a plantear el Estado nacional: la privatización de las cárceles.
"Estamos en contra de esas alternativas, hay experiencias en otros países donde está probado que no es la solución. Me niego a creer que un privado pueda hacer mejor las cosas que competen al Estado, porque es responsabilidad de quienes conducen al Estado", declaró.
"El mismo verso nos lo hicieron en los 90s con Aerolíneas Argentinas, los trenes, YPF, cuando nos dijeron que las manejaban mejor el privado", hizo memoria Piñeiro.
Asimismo, el referente de la Multisectorial de DDHH denunció el mal uso de recursos que se hace dentro de la misma Unidad de Detención. "Hay un psicólogo que pidió seis meses de licencia, pero va cotidianamente a entrenar al equipo de fútbol de los presos en la Unidad de Detención. Esto de que siga ligado al trabajo hace que no se lo reemplace y genera malestar", mencionó.
"Tampoco hay una profesional médica que esté atendiendo a las personas privadas de su libertad, hay una enfermera exclusivamente, están sin médico porque hace meses solicitó licencia la profesional a cargo. La salud es una falencia grave que se está teniendo", hizo foco.
Son alrededor de 150 personas, en la Unidad de Detención de Río Grande sin asistencia médica ni psicológica. Un número similar existe en la ciudad de Ushuaia donde además está la alcaidía femenina que tiene sus problemas particulares.
El cuadro inclusive podría agravarse aún más en lo que refiere a la alimentación de las personas privadas de su libertad:
"La comida hasta hace un tiempo era aceptable, luego empezaron a reducirse las porciones, recibimos algunos planteos por la calidad y el estado. Vamos a trabajar sobre esto en los próximos días, porque algunas personas nos decían que la comida estaría en mal estado", explicó Piñeiro.
Por último, el referente de la Multisectorial de Derechos Humanos, finalizó alertando los peligro que trae la superpoblación carcelaria, particularmente en Ushuaia:
"La Alcaidía de Ushuaia está al borde del colapso edilicio, es terrible pensar que puede pasar con la cantidad de gente ahí alojada, particularmente porque está en una zona sísmica y no está preparado para alojar a la cantidad de gente que hay ahí, es un edificio viejo y está al borde del colapso", concluyó tenebrosamente José Piñeiro.