La Corte Constitucional estudió una tutela interpuesta por una pareja de campesinos de 63 y 66 años que fue desplazada de su predio por las diversas inundaciones del río Bojabá.
La pareja manifestó que, por esa circunstancia, no habían podido retornar y vivir en su predio del que derivaban también su sustento, y que las acciones de prevención y atención ejecutadas por las autoridades para garantizar sus derechos han sido mínimas e insuficientes.
Por lo que le solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno y recibir los mismos beneficios que se otorgan a otros desplazados en el marco de la Ley de Víctimas.
Sin embargo, la UARIV rechazó la solicitud por no cumplir con los requisitos que se exigen para la demostración de ser víctima del conflicto armado.
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La decisión de la Corte
La Corte determinó que, "aunque en Colombia existen disposiciones legales que contemplan medidas que permiten algún tipo de atención a las víctimas del desplazamiento forzado por factores ambientales, ellas resultan limitadas".
En concreto, porque:
- (i) no reconocen de manera expresa el fenómeno del desplazamiento forzado por factores ambientales.
- (ii) no prevén una regulación integral frente a este fenómeno.
- (iii) definen medidas de atención parciales o limitadas.
- (iv) no proveen una protección definitiva. Además, la Corte advirtió que la normatividad existente se ha centrado en la atención de desastres naturales y en la protección de las víctimas del desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, pero ha dejado de lado el fenómeno de desplazamiento causado por otros factores, como los hechos asociados al cambio climático de evolución lenta.
Por lo que el alto tribunal concluyó que las víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales enfrentan un déficit de protección constitucional e indicó que la población desplazada por este fenómeno debe tener una atención urgente y priorizada, pues se trata de un fenómeno que ya impacta de manera importante a la población colombiana, especialmente a aquella en mayor condición de vulnerabilidad.
Finalmente, la Corte le pidió al Congreso que desarrolle un marco normativo comprensivo para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales.