La Comisión de Ursula von der Leyen deja en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Popular si quieren o no seguir con la mediación para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La vicepresidenta responsable de Estado de derecho, la liberal checa Vera Jourová, asumiría el relevo de Didier Reynders como árbitro en las negociaciones, pero sólo si los partidos españoles toman la iniciativa y se lo piden.
Reynders ha abandonado este mismo lunes, diez días antes de lo previsto, su cargo de comisario de Justicia. El político belga se toma una excedencia sin salario para hacer campaña por su candidatura a la secretaría general del Consejo de Europa. Una excedencia que durará al menos hasta la fecha de elección del nuevo secretario general, que está previsto que se produzca durante la sesión de la Asamblea Parlamentaria que se celebra del 24 al 28 de junio.
Von der Leyen le ha pedido a Jourová que asuma temporalmente las competencias de justicia de Reynders al menos hasta el final de la excedencia. Entre ellas, también la función de arbitraje en el diálogo entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador popular, Esteban González Pons, según ha confirmado una portavoz del Ejecutivo comunitario.
"Corresponde a los españoles decidir si quieren celebrar nuevas reuniones o no. Si este es el caso, la Comisión estará dispuesta a seguir desempeñando su papel de mediadora y en este caso será la señora Jourová, mientras Reynders esté ausente", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario considera que la pelota está en el campo del Gobierno y del PP. Bruselas está para ayudar, pero no lidera el proceso, señalan las fuentes consultadas. Sobre todo porque el plazo inicial de dos meses ya ha expirado sin que se haya constado ningún avance concreto, ni siquiera voluntad de llegar a un acuerdo.
Desde que Bruselas asumió la mediación el 26 de enero, Reynders ha organizado dos reuniones en Bruselas y una tercera en Estrasburgo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons. También convocó un tercer encuentro en Madrid para el 27 de marzo, que tenía que haber sido el definitivo, pero se acabó anulando por la falta de disposición de las partes.
El propio Reynders dijo en su última aparición pública que Bruselas estaba dispuesta a más prórrogas, siempre que viera voluntad política en el Gobierno y el PP de alcanzar un acuerdo.
Thank you President @vonderleyen for entrusting me with the #justice portfolio for the time being.
— Věra Jourová (@VeraJourova) April 15, 2024
I am ready to continue in the good work of @dreynders. Wishing him best of luck. #vdLCommission pic.twitter.com/73z8rrCQrQ
"Realmente estamos muy, muy cerca de un acuerdo sobre la renovación del Consejo en materia de justicia, pero también sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial español. Ahora es una cuestión de voluntad política saber cuándo queremos hacerlo", aseguró Reynders el pasado 5 de abril.
"Creo que hemos realizado enormes progresos, ahora hace falta voluntad política para concluir", ha insistido.
Las conversaciones están atascadas en el cambio de modelo de elección del CGPJ. El PP reclama que, de acuerdo con los estándares europeos, los 12 vocales del Consejo que deben ser jueces o magistrados sean elegidos democráticamente por la carrera judicial.
Esto es una línea roja infranqueable para Bolaños, que rechaza cualquier cambio que implique que las fuerzas parlamentarias dejen de elegir a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial (20 vocales, de los cuales ocho son juristas y 12 jueces).