En caso de avanzar el juicio político en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como solicitaron los partidos PAN y PRI, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría enfrentar una sanción de hasta 200 años de inhabilitación para asumir cualquier cargo como servidor público.
"Si se confirma que amenazaba a jueces y magistrados por órdenes de AMLO, debe ser inhabilitado", expuso la senadora panista Kenia López Rabadán.
Kenia López Rabadán, del PAN, explicó que la solicitud presentada por los partidos de oposición se apega a la Constitución y en caso de resolverse a favor, Zaldívar estaría impedido hasta por dos décadas para ejercer un cargo público.
"En esta solicitud estamos argumentando lo que México ya conoce, pero que necesitamos formalizar y hoy lo hemos hecho. Que (Zaldívar) haya requerido a jueces y magistrados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, mientras se encontraba en funciones como presidente de la Corte, para obligarlos a dictar sentencias a favor del Gobierno, evidentemente es ilegal e inmoral", afirmó la senadora panista.
Este jueves, senadores panistas y priistas se presentaron ante la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio político contra el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ahora es vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, que tiene como fin llevar a cabo un examen detallado de las acciones del exfuncionario durante su periodo en la presidencia del máximo tribunal, ha sido depositada en la Cámara de Diputados, que ahora tiene la tarea de resolver el asunto conforme a derecho.
Manuel Añorve Baños, senador del PRI, mencionó la importancia de este proceso, declarando que "Lo que tenemos que hacer es presentar en este juicio, como lo estamos haciendo, las pruebas de todos los incidentes de la presidencia del exministro Zaldívar".
Por otro lado, Claudia Edith Anaya Mota, también del PRI, enfatizó la existencia de una denuncia previa en la SCJN que implica al ministro en retiro en diversas irregularidades dentro del sistema judicial. "Por ello venimos a presentar esta solicitud de juicio político", subrayó.
La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, respaldó estas afirmaciones, señalando la responsabilidad de llevar a cabo este proceso tras conocer cómo Zaldívar habría utilizado su puesto. "Lo menos que podíamos hacer era presentar este recurso", afirmó.
La Cámara de Diputados es ahora el escenario principal donde se desahogará este asunto, bajo la supervisión y expectativa de diversos sectores de la sociedad que buscan transparencia y justicia en las acciones de sus representantes y funcionarios judiciales.
La ruta a seguir comprende un análisis meticuloso de las pruebas presentadas por los senadores, siguiendo los tiempos y formas establecidos por el marco legal mexicano.
Las acusaciones contra el exministro Zaldívar y la solicitud de juicio político conforman un episodio más en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro del sistema judicial de México. Los ojos de la ciudadanía están puestos en cómo se desarrollará este proceso y cuáles serán los veredictos que emita la Cámara de Diputados.
La resolución de este caso no solo determinará el futuro inmediato de Zaldívar sino que también podría sentar precedentes importantes en cuanto a la rendición de cuentas de altos funcionarios públicos en el país.
Por su parte, Arturo Zaldívar advirtió que impulsará una demanda de juicio político en contra de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, a quien acusó de actuar en contra de él por animadversión.
Zaldívar también señaló a Piña Hernández de emprender una estrategia para afectar a la 4T.