Xunta y Gobierno central abordarán discrepancias en la ley que acompaña a los Presupostos
Iniciarán negociaciones para resolver diferencias en asuntos relacionados con minería, sanidad y transporte
26 abr 2024 . Actualizado a las 18:15 h.La Xunta y el Gobierno iniciarán negociaciones para resolver las discrepancias del Ejecutivo estatal en relación al varios artículos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas del 2023, anexa a los Orzamentos del 2024, y conocidas como ley de acompañamiento. Este instrumento, utilizado cada año por la Xunta para acompañar a las cuentas del ejercicio siguiente, introduce diversas modificaciones normativas que acortan los trámites parlamentarios al incluirse todas estas bajo un mismo texto.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes un acuerdo de la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Xunta que determina la decisión de iniciar estas negoiaciones, en las que se acuerda designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral la solución que proceda. El Gobierno central ve problemas competenciales en tres artículos, siendo el primero de ellos el 25, que atañe al transporte público urbano e interurbano.
La ley de acompañamiento introduce que el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que se domicilien en Galicia y se habiliten para la prestación de servicios interurbanos será ahora realizado por el órgano de la Xunta que, directamente o por delegación, tuviera atribuida la competencia para su expedición. La norma agrega que los concellos serán competentes para dar autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quienes dispongan previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia, condicionando, en todo caso, su vigencia al mantenimiento de esta última.
En este caso, la ordenanza municipal deberá establecer limitaciones para el otorgamiento de las autorizaciones por motivos de tipo medioambiental o vinculadas con la seguridad vial, «proporcionais para a garantía da sostibilidade, a calidade e a seguridade dos servizos de interese público involucrados e a a consecución ou mantemento dos índices medioambientais que se establezan».
Los otros dos artículos con los que tiene desavenencias el Ejecutivo central aluden a la modificación de la ley de salud (en puntos relativos a la resolución de expedientes de incompatibilidades y a la cesión de datos, así como a la medicina genómica), y a la modificación de la ley de ordenación de la minería.
También hay discrepancias sobre la disposición adicional primera, que tiene en el foco las medidas especiales en materias de listas de contratación de personal laboral temporal o de personal funcionario interino durante este año, en el apartado que se centra en las listas de contratación de personal de perfil sanitario.