Alcaldes y portavoces del PP de la Costa da Morte alzan la voz contra el Gobierno Central, al que critican que gestione "a costas dos concellos" y exigen más financiación para poder asumir las nuevas obligaciones impuestas por el Ejecutivo estatal. Así lo manifestaron tras la reuniones mantenidas con el presidente provincial, Diego Calvo; y el secretario xeral, Evaristo Ben, en Razo (Carballo) y en Vimianzo.
El servicio de urgencias veterinarias 24 horas, la gestión de las colonias felinas, las instalacines y el personal cualificado para cuidar de cualquier tipo de animal abandonado, suponen muchos gastos para los consistorios que, en la mayoría de los casos, ni siquiera pueden destinar eses recursos para los propios vecinos, tal como denuncia el PP.
"A situación é insostible por moito máis tempo. Os concellos non poden asumir os caprichos e as ocorrencias do Goberno Central que obriga, pero que non dá medios, nin diñeiro para cumprir con esas obrigacións", denuncia Calvo, al tiempo que reclamó más financiación para los ejecutivos locales.
Además de los problemas derivados de la ley de Protección Animal, los populares criticaron la obligatoriedad de tener un censo para edificios con amianto y presentar un plan para eliminarlo, lo que consideran un ejemplo más de la "falta de respecto e de pouca consideración que o Goberno ten cara aos concellos, aos que non para de cargar con deberes e obrigas que supoñen gastos, pero aos que non dota de máis fondos para asumilos".
Diego Calvo también cargó contra el "seguidismo" del PSdeG que, lejos de criticar las medidas del Gobierno, llevan mociones para exigir a la Xunta que asuma el 100% de la financiación del servicio de atención en el hogar. "Hai que ter moi pouca vergoña, pero así logo pasa o que pasa nas eleccións. Miran para outro lado cando o seu partido maltrata aos concellos, pero logo esixen máis compromiso ao Goberno Autonómico cun servizo no que achega o que lle corresponde, mentres o Estado non o fai", criticó Calvo.
El presidente del PP también aprovechó para cargar contra el papel de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), a quien acusó de "abandonar" a su suerte a los gobiernos locales.