La Comisión de Venecia dice que la amnistía no va contra la separación de poderes pero insiste en sus críticas
La ley de amnistía no va en contra de la separación de poderes, a pesar de que podría mejorarse su tramitación y suscita dudas en el mundo académico respecto a la constitucionalidad y la inclusión de algunos delitos, como el terrorismo y la malversación. Es más o menos el resumen del paso de la vicepresidenta de la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa, Marta Cartabia, por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, donde la derecha se empeñó en celebrar un debate sobre la futura ley de amnistía en España.
"Una vez repasadas las normas internacionales y del derecho comparado teniendo en cuenta 54 estados de la comunidad internacional, queda claro que amnistias de este tipo no van en contra de la separación de poderes", ha afirmado Cartabia en su turno de réplica a los eurodiputados. Tanto PP como Ciudadanos habían denunciado que se trata de una "ley de impunidad" que, a su juicio, impide a los jueces decidir sobre los procesos judiciales. "El Poder Judicial ha de decidir si las personas especificadas pueden cumplir con los requisitos para ser aplicada", les ha recordado la parlamentaria socialdemócrata Birgit Sippel.
Ahora bien, la representante de la Comisión de Venecia ha advertido de que la aplicación de la amnistía debe cumplir con una serie de estándares que ha puesto en cuestión en el caso de la norma española, como hacía el informe que elaboró la institución a instancias del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Así, ha considerado "amplio y poco difuso" el marco de aplicación. "No se estipula cuáles son los delitos cubiertos por la amnistía sino cualquier acto considerado un delito penal que estuviera encaminado a promover la secesión o la independencia", ha expresado Cartabia: "Son cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión. Por eso la Comisión de Venecia recomienda limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía".
También ha cuestionado el periodo de aplicación y ha expresado "preocupación" por la ampliación de dos meses durante la tramitación parlamentaria a través de enmiendas: "La Comisión de Venecia recuerda que una amnistía es una medida impersonal, no es personal. Por eso los criterios no deberían aplicarse a una persona". Cartabia ha mencionado la inclusión de los delitos de malversación y terrorismo en el ámbito de aplicación de la amnistía. "Nuestro principio rector tendría que ser que sólo se ajusta a las leyes internacionales si la violación de derechos humanos queda excluida", ha dicho. Esa es precisamente la definición que incluyeron los socialistas en la redacción. Respecto a la malversación de fondos, ha dicho que "sólo se tiene que alicar a hechos vinculados a las consultas" del 9 de noviembre de 2014 y al 1 de octubre de 2017.
De nuevo ha insistido en que la ley de amnistía ha suscitado una enorme polémica y ha emplazado al Gobierno a buscar una mayoría cualificada -que requeriría el apoyo del PP- para favorecer la reconciliación que busca el texto, a pesar de que ha reconocido que puede salir adelante con mayoría absoluta. Frente a la acusación de la derecha de que la amnistía no es constitucional, Cartabia ha admitido que hay discrepancias entre los expertos que "interpretan de manera diferente el hecho de que la Constitución guarde silencio" dado que no aborda esa figura jurídica. "La Comisión de Venecia considera que la enorme controversia que ha suscitado este asunto haría preferible que, cuando sea posible, el tema de la amnistía se estiule en la Constitución", ha rematado.
"Si se unen todas las observaciones importantes de la Comisión de Venecia nos damos cuenta de que no estamos ante una ley de amnistía para la reconciliación sino de una ley de impunidad", ha señalado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos. La de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha usado la misma expresión y ha asegurado que se trata de "populismo dañoso" tras comparar la situación española con Hungría y Polonia. Su compañera liberal Sophie in Veld ha lamentado que la "situación esté tan politizada por las partes en su conjunto". La extrema derecha no ha participado en el debate.
La socialdemócrata Sippel se ha quejado de que la comisión parlamentaria haya aceptado un debate sobre una ley que ni siquiera se ha aprobado y ha asegurado que se trata de algo inédito. "Algunos grupos quieren convertir esto en un tema europeo por razones políticas. Dado que esta comisión defiende la democracia, el estado de derecho y derechos fundamentales, lamento que una de nuestras últimas reuniones se dedique a este tipo de juegos políticos", ha afirmado la alemana. El portavoz del PSOE, Javier Moreno, ha asegurado que "el objetivo es devolver a Catalunya la convivencia, la paz social y el reencuentro entre los catalanes".
La eurodiputada de ERC Diana Riba ha explicado que la ley de amnistía es una forma de "solidaridad y reconocimiento hacia aquells que han defendido de forma pacífica y democrática los objetivos políticos legítimos" y que su aprobación es una "opoerunidad para la negociación permitiendo abrir una nueva etapa". "A algunos les da absolutamente igual y por eso llevan meses incendiando, haciendo ruido y deslegitimando un instrumento democrático", ha señalado refiriéndose a PP, Ciudadanos y Vox: "Viven en el conflicto permanente, viven del conflicto permanente. Lo necesitan para existir y respirar".
"La ley de amnistía lo que está haciendo es rectificar un error gravísimo del sistema institucional español; rectificar lo que nunca debería haber pasado", ha expuesto el eurodiputado de Junts Toni Comín, que ha aplaudido el paso para "desjudicializar un conflicto político" frente a un Tribunal Supremo que, a su juicio, ha "retorcido" la legislación. "¿Qué dijeron los jueces alemanes? Juzgaron los mismos hechos que el Tribunal Supremo, pero dijeron que no había sedición, rebelión, ni siqueira desórdenes públicos", ha recordado Comín, que ha reprochado a la Comisión de Venecia la "contradicción" cuando reconocen que la amnistía es buena para la reconciliación "pero exige una mayoría cualificada" para una norma "que en ningún caso va a contar con el apoyo del PP.