La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la ex consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de Melilla Dunia Almansouri Umpiérrez (CPM) y la mantiene en prisión sin fianza casi dos meses después de su detención en un presunto caso de "compra de votos" porque aunque no ve riesgo de fuga "por su ascendencia marroquí", como sostuvo el juzgado de primera instancia, sí mantiene en cambio el riesgo de destrucción de prueba. La misma suerte está previsto que corran el presidente de Coalición por Melilla Mustafa Aberchán y otros tres ex consejeros del Gobierno melillense entre 2019 y 2023 (Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed) detenidos los días 5 y 6 de marzo por diversos delitos como organización criminal, malversación, tráfico de influencias y otras irregularidades en la concesión de unos 300 contratos menores por valor de más de seis millones de euros. En el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la instancia superior ha rechazado la petición de la puesta en libertad del primero de los cinco casos en los que se han presentado recursos contra los autos de prisión sin fianza decretados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. Concretamente, en el de la ex consejera de Hacienda y actual diputada de CPM, Dunia Almansouri, a la que se ha denegado la puesta en libertad provisional porque, aunque la Audiencia ya no habla de la posibilidad de que pueda huir en moto de agua ni embarcación a Marruecos, como apuntaba el auto de prisión del juzgado de instrucción, en cambio sí mantiene la posibilidad de destrucción de pruebas. En la resolución, la Audiencia Provincial ha admitido que "de acuerdo con lo expuesto y en atención a las circunstancias personales de la investigada no se aprecia riesgo de fuga, salvo el inherente en los momentos iniciales de la investigación en atención a la gravedad de las penas y que por sí solo justificaría la medida adoptada, conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que al principio de la investigación la gravedad de la pena pueda constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga". El ponente señala que "de acuerdo con la documentación aportada con el recurso consta que la investigada es de nacionalidad española y acreditado arraigo personal, familiar y profesional en Melilla, ciudad en donde vive junto con su familia". Además, ha subrayado que "la investigada reside en Melilla, en el domicilio familiar, junto a su marido y cuatro hijos. Dos de ellos menores de edad. Profesionalmente ha trabajado durante 26 años como empleada de (...) y como Diputada de la Asamblea Local". Sin embargo, aunque ya no ve el mismo riesgo de fuga tras su arresto a principios de marzo, la Audiencia rechaza su puesta en libertad porque "en coincidencia cronológica con la detención de la investigada y posterior prisión se practicó la entrada y registro en su domicilio y en el resto de los domicilios de los investigados, con intervención de soportes informáticos". "El Ministerio Fiscal considera que pueden arrojar nuevas evidencias que podrían abrir nuevas vías de investigación que podría ser frustradas de estar en libertad la investigada" ha indicado, al tiempo que destaca igualmente la "persistencia del secreto sumarial respecto de otras piezas de la Diligencias Previas". "En atención a todo ello, concurre el riesgo de alteración de medios de prueba como causa de justificación de la prisión provisional acordada" ha recalcado la Audiencia para denegar la libertad provisional de Dunia Almansouri, una suerte que podrían correr también los otros cuatro cargos de CPM en prisión desde el 5-6 de marzo. Esta decisión en contra de los intereses de la ex consejero de Hacienda melillense puede marcar el futuro de los otros cuatro cargos de CPM en la cárcel desde los días 5 y 6 de marzo de 2024, como son Mustafa Aberchán, en una cárcel de Cantabria; Mohamed Ahmed Al-lal en una prisión de Granada y Rachid Bussián y Hassán Mohatar en el Centro Penitenciario de Melilla. Los cinco encarcelados forman parte del casi medio centenar de personas detenidas en la llamada "Operación Santiago-Rusadir" realizada por la Policía Nacional bajo la intervención del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2, que incluye empresarios y particulares, por la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal".