La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles el inicio de un proceso disciplinario contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Ahora, el magistrado tendrá veinte días para responder por escrito ante el organismo por qué durante el año 2013 negó la intervención de varias líneas telefónicas de personas vinculadas al narcotráfico.
El trámite contra Bailaque se había iniciado en mayo de 2022, durante el juicio que se hizo en el edificio rosarino del Centro de Justicia Penal contra Esteban Alvarado, que terminó con una condena en prisión perpetua para el narco rosarino, hoy preso en la cárcel de Ezeiza. En su alegato de cierre los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que habían estado a cargo de la acusación, sostuvieron que el tráfico de drogas había podido avanzar en la ciudad de Rosario por la complicidad de sectores de la política, la policía, el empresariado y una parte del Poder Judicial.
En ese marco, ambos fiscales recordaron que casi diez años antes -en 2013- la justicia federal de San Isidro le había pedido al juez Bailaque la intervención de las líneas telefónicas de Esteban Alvarado y Daniela Ungaro: con datos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ya existía la firme sospecha de que la denominada "Banda de los rosarinos", que había sido condenada por robo de autos, también estaba relacionada con el narcotráfico.
Bailaque decidió que no había razones para escuchar lo que hablaban Alvarado o Ungaro, viuda del dueño de Esperanto -Luis Medina- y hermana de René, otro narco reconocido. "Rosario se podría haber ahorrado muchísima sangre si este juez hubiera atendido los reclamos de la PSA. Había 14 informes contra Alvarado, que fueron desestimados en su momento", alegaron los fiscales en el Centro de Justicia Penal.
En septiembre de 2022, además, la Fiscalía Federal a cargo de Javier Arzubi Calvo había presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones un planteo por la negativa del mismo Bailaque a realizar allanamientos en "cuevas" financieras en el centro de Rosario que estaban sospechadas de tener vinculación con el lavado de dinero narco. En esa causa, la autorización para allanar finalmente sería solicitada al provincial Pablo Pinto, con participación de las TOE.