València, 14 abr (EFE).- Las cinco leyes impulsadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, sobre materias como la memoria histórica o el plurilingüismo, llegan la próxima semana al pleno de Les Corts, donde los socios de gobierno defenderán que son un "impulso a la agenda reformista" y la oposición, que suponen una "involución".
Las proposiciones de ley fueron registradas el 21 de marzo y, tras haber recibido el criterio favorable del Consell, pasarán el miércoles su primer hito parlamentario: el debate de su toma en consideración, que implica iniciar una tramitación cuyos siguientes pasos serán el proceso de participación pública y la presentación de enmiendas.
PP y Vox han acordado tramitar por urgencia -que reduce a la mitad todos los plazos- estas normas, con las que quieren sustituir la ley de memoria democrática por la de concordia y la de plurilingüismo por la de la libertad educativa, las que más polémica han generado y que la oposición amenaza con llevar a la justicia.
También se introducen cambios en la radiotelevisión pública valenciana, en las obligaciones de transparencia de los cargos públicos (que ya no tendrán que publicar completas sus agendas ni sus declaraciones de renta) y, solo a propuesta del PP, en la Agencia Valenciana Antifraude, organismo del que Vox ha abogado por su desaparición.
La oposición (PSPV-PSOE y Compromís) ha criticado que hayan elegido la fórmula de la proposición de ley, por lo que no tienen informes del Consell Jurídic ni el Comité Económico y Social, a lo que el PP ha replicado que el anterior Consell del Botànic presentó 36 proposiciones de ley y que pueden plantear enmiendas "si algo no les gusta".
No obstante, las críticas se centran principalmente en el contenido de las normas, empezando por la llamada ley de Concordia, que en cumplimiento del pacto de gobierno que PP y Vox firmaron el pasado junio deroga la ley de memoria democrática de 2017 al considerar que "ataca la reconciliación".
La nueva norma abarca desde 1931 a la actualidad, lo que para la oposición "blanquea el franquismo", y hará decaer todos los procesos no concluidos de la ley vigente, menos las exhumaciones. Es una de las leyes que el Gobierno de España llevará a las instituciones europeas, como la de Castilla y León, por si viola derechos humanos.
Otra de las normas, según el PP la más importante porque afectará a más personas, es la que han denominado de libertad educativa -en la elección por los padres de la lengua de estudio de los hijos-, que sustituye la ley de plurilingüismo de 2018, que fijaba un mínimo del 25 % en castellano y valenciano para todo el alumnado.
Ahora se diferencia entre las zonas de predominio lingüístico castellano -donde el alumnado podrá acogerse a la exención del valenciano- y valenciano, en las que se da un mayor peso a la lengua base durante las primeras enseñanzas, y también podría ser llevada ante la justicia por una oposición que cree que "declara la guerra al valenciano".
La oposición considera que estas cinco leyes suponen "un asalto" a la democracia, derechos, libertades y lucha contra la corrupción, por lo que las combatirán donde haga falta, incluso en los tribunales. "Que las lleven donde quieran, será un viaje corto de ida y vuelta", ha sido la respuesta del PP. EFE
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