Las medidas contenidas en la denominada Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, un proyecto al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en noviembre de 2022, pero que está paralizado desde entonces, no afectaría la actividad de lobby que realiza la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pues no afecta a los familiares de los altos cargos, un sinsentido que se aparta de las recomendaciones del Consejo de Europa y que deja fuera las actividades de los cónyuges al implicar en exclusiva a quienes ostentan el poder en el Ejecutivo.
Es un disparate colosal que, de facto, supone blindar las actividades de las parejas de los altos cargos, aunque se beneficien de las contrataciones del sector público. No hay que ser muy sagaz para convenir que la norma protege las actividades de la esposa del jefe del Ejecutivo. Y ello, pese a que la ley presume de cubrir «un importante vacío normativo del ordenamiento jurídico estatal que se ha puesto de manifiesto, de forma reiterada, tanto por la propia sociedad civil, como por instituciones comunitarias y organismos internacionales».
Eso de que la norma responde a las exigencias de la sociedad civil, instituciones comunitarias y organismos internacionales es para partirse de risa, porque el texto legal está lleno de limitaciones, especialmente al ser sólo de aplicación a los grupos de interés, es decir, aquellos que «realicen actividad de influencia en relación con el personal público de la Administración General del Estado y de su sector público, sea cual sea su forma o estatuto», considerando como «personal público» los cargos con responsabilidad oficial. De esta forma, la ley dejará fuera las actividades de los familiares de los altos cargos, como Begoña Gómez, aunque éstas puedan influir en las decisiones del Gobierno.
La Ley del Alto Cargo sí establece conexión con los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, pero la polémica actividad de Begoña Gómez, tanto como directora del Africa Center del IE Business School como al frente de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid -muy vinculadas con empresas-, quedaría así fuera del ámbito de regulación de los lobbies. Cualquiera diría que la nueva ley se ha hecho a la medida de la mujer del presidente.