En Bucaramanga (Santander) fue capturado Juan Carlos Campos Fernández, juez especializado de extinción de derecho de dominio, señalado de exigir el pago de seiscientos millones de pesos para 'torcer' un fallo judicial.
En trabajo conjunto entre agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación con el Gaula Militar, se logró establecer que el funcionario judicial habría solicitado a un abogado para expedir una sentencia a favor de un ciudadano que tenía comprometidos algunos bienes en un proceso judicial en Cúcuta.
A través de un comunicado, el ente investigador explicó que "la investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio".
La Fiscalía agregó que al parecer el juez habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares "la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones".
De acuerdo con el material probatorio, el acuerdo de pago se habría arreglado de la siguiente manera: el 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería. Además, el funcionario judicial habría solicitado un adelanto de cincuenta millones, los cuales fueron incautados en medio del procedimiento de captura.
De esta manera, Campo Fernández fue imputado por el delito de concusión, impulsado contra aquellos funcionarios públicos que hacen todo lo contrario a lo que se espera de su gestión. El juez no aceptó cargos y, mientras avanza la investigación, se decretó medida de aseguramiento en su contra.
Fiscalía incautó bienes por más de 60.000 millones a "narco invisible" en varios departamentos del país
En trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional adelantaron acciones de extinción de dominio a propiedades del narcotraficante Javier García Rojas, conocido como Maracuyá o Fruta, en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Huila, Meta, Antioquia y Bogotá.
En medio de las labores de inteligencia del ente investigador, se realizó el proceso de extinción de dominio a 71 bienes que estarían titulados a personas cercanas al narcotraficante y que en total sumarían más de 60.000 millones de pesos.
Así como lo explicó la fiscal General del momento, Martha Mancera, a través de un video en el que detalló que con las investigaciones se identificaron los testaferros de Maracuyá.
"Le ocupamos lo vienes a Javier García Rojas, alias Maracuyá, gracias al trabajo de los fiscales de la dirección de extinción del derecho de dominio y a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, se logró identificar los testaferros y a estos testaferros la ubicación de 71 bienes avaluados en más de 60.000 millones".
Además, Mancera aseguró que el total de los bienes incautados "57 eran inmuebles urbanos, 10 rurales, 3 sociedades y un establecimiento de comercio", los cuales estaban distribuidos, en el Valle del Cauca, en Cali, Jamundí, La Cumbre, Jumbo y Sevilla, y que tienen un valor de más de 28.000 millones de pesos.
Por su parte, el comandante de la tercera Brigada del Ejército Nacional, brigadier General Juan Oduber Rendón Pérez, afirmó que: "Labores investigativas lideradas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio pusieron en evidencia que estos bienes habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes".
Maracuyá también tenía bienes en "Quimbaya y Armenia, en Quindío; Campo Alegre, en Huila; Puerto Gaitán, Meta; Copacabana, Antioquia, y en Bogotá",