La empresa buscaba que se declarara la nulidad del acto administrativo emitido por la Anla, el cual le impedía llevar a cabo un proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, ubicado en una zona de especial importancia ecosistémica en los municipios de La Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá, cerca de Caño Cristales.
En una sentencia emitida el 1 de febrero de 2024, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las pretensiones de la demanda, destacando que la zona en cuestión había sido declarada de especial importancia ecosistémica y que cualquier actividad de extracción de hidrocarburos representaría un riesgo para la misma.
Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), comentó al respecto: "Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalada gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida".
Esta decisión del Tribunal representa un precedente positivo para el Estado en términos de protección y conservación del medio ambiente, especialmente en el área de manejo especial La Macarena.
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Asimismo, confirma el enfoque preventivo de las licencias ambientales como herramienta para garantizar el desarrollo sostenible. Además, evita el pago de una posible condena que superaría los 100.000 millones de pesos.