La Fiscalía General de la Nación espera que en audiencia del próximo 8 de abril sea enviado a la cárcel el tulueño Ricardo Orozco Baeza, conocido como El Bendecido, por presuntamente encabezar una poderosa red de contrabando que controlaba el ingreso ilegal de contenedores por Buenaventura y Cartagena a través de millonarios sobornos.
Esos sobornos servían para mantener en su nómina a oficiales activos y retirados de la Policía, así como a funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian. Por eso, ya están siendo procesadas otras 18 personas.
Entre los implicados en la poderosa red se encuentran el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas y los expolicías Alexánder Galeano Ardila y José Helí Alzate, quienes fueron capturados a mediados de marzo. También aparece Diego Marín, capturado en un lujoso apartamento de Portugal, pero dejado en libertad provisional por ser ciudadano español y al alegar que no contará con un juicio justo en Colombia.
De acuerdo con el diario El Tiempo, parte del expediente judicial de la Fiscalía se basa en las investigaciones de tres agentes encubiertos que eran miembros de la Policía Nacional. Uno de ellos es el mayor Peter Steven Nocua Henao, que en todas sus piezas procesales habría puesto en evidencia la participación en la red de contrabando de otro mayor retirado de la Policía Nacional.
Se trata del oficial Tito Yesid Castellanos, que fue sacado del alto mando de la institución en octubre de 2023, cuando era subdirector e incluso sonaba para ser director.
Según dijo Nocua en audiencia, escuchó el nombre del general Castellanos en una reunión que sostuvo con uno de los uniformados que están siendo investigado, el mayor activo Mario Sarmiento Rojas, piloto y exsecretario privado de un brigadier general de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Esa reunión se habría llevado a cabo en Bogotá, cerca del centro comercial Multiplaza, y habrían estado presentes tanto Diego Marín como el mayor Sarmiento. Allí mencionaron el listado de agentes de la Polfa que tenían en su nómina. "También menciona el mayor Mario Sarmiento que era conveniente si el señor subdirector de la Policía, mi general Tito, quedaba como director en firme", dijo en la audiencia.
Juan Felipe Criollo, abogado penalista que representa al mayor retirado Castellanos, le dijo a El Tiempo que logró verificar que no existe contra su defendido ningún caso en fiscalías delegadas ante la Corte Suprema, donde debe ser juzgado al tratarse de un aforado. "Estamos evaluando interponer una acción judicial por injuria por las menciones al general en donde, sin embargo, no se le atribuye ninguna conducta ilegal", agregó el penalista.
Además, dijo que el alto oficial nunca estuvo vinculado a la Polfa ni conoce a ninguno de los vinculados en el proceso. Así mismo, aseguró que también recibió el poder para representar al coronel Carlos Oviedo, otro de los investigados por el escándalo.
Entre tanto, los apoderados de El Bendecido piden que su cliente sea dejado en libertad para que pueda ejercer su derecho a la defensa en un caso que califican como un falso positivo judicial.
Señalan que los audios que los audios del expediente contra los procesados están editados o fueron sacados de contexto y aseguraron que no hay evidencia suficiente que revele una operación millonaria de contrabando en los puertos de Buenaventura y Cartagena, como lo indica la Fiscalía General de la Nación.
Inclusive, cuestionaron la legalidad del agente encubierto Nocua y del actual director de la Polfa, el coronel Yorguin Malagón, que aseguró que Alexander Galeano, otro de los procesados, le ofreció pagos mensuales y una camioneta Toyota de alta gama para permitir la operación de contrabando.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en las acusaciones y espera demostrar que Marín y todos los procesados hacen parte de una millonaria red de contrabando.