Paula Clemente
Nueve meses después de abrir distintos expedientes sancionadores al respecto, la Dirección General de Consumo cierra varios de ellos con final feliz para las aerolíneas acusadas. Este organismo las ponía en el ojo del huracán por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente o no informar lo suficientemente bien de su existencia, y este lunes ha hecho público que varias de estas compañías han admitido su responsabilidad y se han comprometido a subsanar el problema, lo que las libra de la sanción.
Así lo ha difundido el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado en el que actualiza el estado de algunos de los procedimientos que este departamento, ahora liderado por Pablo Bustinduy, heredó de la anterior legislatura.
"Las compañías han asumido su responsabilidad y han suscrito una serie de compromisos de no reiteración, por lo que los expedientes han terminado sin la imposición de sanción pecuniaria mediante un acuerdo de terminación convencional", precisa este texto, que reconoce que no disponer de un canal de atención gratuita como el que se exige en este caso supone un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de atención al cliente. Las sanciones previstas para estas infracciones oscilan entre los 150 y los 10.000 euros si se consideran leves, y pueden llegar a los 100.000 euros, si son graves.
De hecho, igual que algunas de estas aerolíneas (Consumo no detalla cuáles) han alcanzado un pacto con el Ministerio, este organismo matiza que hay expedientes que se mantienen abiertos.
La asociación en defensa de los derechos de los consumidores Facua no ha tardado en reaccionar a la decisión. Esta entidad ha asegurado que considera "inaceptable" la "extrema laxitud" de este departamento "con empresas que se han saltado la legislación, obligando a multitud de consumidores a realizar desembolsos económicos que no tenían por qué asumir por contactar con ellas telefónicamente". "Bustinduy lanza al mercado un mensaje muy peligroso y perjudicial para los intereses de los consumidores –añade Facua–: las empresas que se salten la legislación de consumo pueden hacerlo sin temor a ser sancionadas si cuando las pillen se comprometen a dejar de hacerlo".
Equipaje de mano y otros cobros
En este sentido, Consumo no descarta que así terminen también los expedientes abiertos por el cobro de servicios que deberían estar incluidos en el precio del billete, como ocurre –ejemplifica el departamento– con el equipaje de mano o el pago extra por reservar un asiento contiguo para acompañar a menores de edad o a personas dependientes.
Según repasa también el Ministerio en el comunicado difundido este lunes, los expedientes abiertos a diversas aerolíneas 'low cost' recientemente por esta razón ya han finalizado su fase de instrucción y ya se ha informado a las empresas de su propuesta de multa. Ahora es la Secretaría General de Consumo y Juego la que tiene que resolver la cuestión, si es que las compañías aéreas deciden alegar la sanción.
"La resolución final puede conllevar una sanción pecuniaria, alguna otra sanción accesoria (como la prohibición de reiterar las prácticas objeto de sanción) o, como en el caso de alguna de las aerolíneas expedientadas con motivo de los servicios de atención al cliente, acabar con un acuerdo de terminación convencional, en el que las empresas no son sancionadas a cambio de que asuman su responsabilidad y modifiquen sus conductas", recuerda el organismo.
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