MADRID, España.- El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró un alarmante aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos en las cárceles del país durante el mes de marzo. En comparación con el informe de febrero, la cantidad de eventos reportados se incrementó en un 70%, pasando de 112 a 190. Los problemas más acuciantes siguen siendo la represión, la falta de medicamentos y atención médica, y la deficiente alimentación.
Las 190 denuncias fueron registradas en 45 centros penitenciarios de todo el país, incluyendo La Habana (31), Camagüey (30) y Mayabeque (28) como las provincias más afectadas. Las prisiones con mayor número de denuncias fueron la Prisión de Quivicán (13), el Combinado del Este (12), Kilo 8 (12) y la Prisión de Melena del Sur (11).
En total, se identificaron 116 personas víctimas de violaciones de derechos humanos, de las cuales 12 eran mujeres. De las denuncias, 31 se referían a problemas que afectaban a toda la población reclusa de una prisión en particular.
Entre los reclusos que reportaron mayor cantidad de violaciones se encuentran los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Julián Manuel Mazola Beltrán, Abel Lázaro Machado Conde, Lizandra Góngora Espinosa y Reinier Calderín Socarrás. Las características más comunes entre las víctimas eran ser presos políticos, afrodescendientes y activistas o defensores de derechos humanos.
La mayoría de las violaciones fueron cometidas por el personal penitenciario (137), oficiales de la Seguridad del Estado (23) y el sistema judicial (9). Se identificaron a 34 personas como responsables, de las cuales 19 eran funcionarios de prisiones, ocho oficiales de la Seguridad del Estado, cinco jueces, un policía y un recluso común.
Una de las situaciones más graves denunciadas es la falta de atención médica y medicamentos. De los 190 hechos registrados, 163 implican hostigamiento hacia los reclusos en este sentido. Se recibieron denuncias por negación de asistencia médica o falta de medicamentos en 29 centros penitenciarios de 13 provincias. Entre las enfermedades más preocupantes se encuentran la tuberculosis, la sarna y las plagas de insectos. Las muertes de cuatro reclusos durante marzo se asocian directamente a la mala atención y negligencia médica.
Las denuncias relacionadas con la alimentación también son alarmantes. Durante marzo se registraron 27 denuncias en 16 cárceles de ocho provincias. En todos los casos, se reporta una reducción de las raciones, mala calidad de la comida y ausencia de platos fuertes.
En prisiones como Kilo 8, Ciego de Ávila y Quivicán, los reclusos reciben agua de col en lugar de sopa, mientras que en otras como Kilo 7 y Combinado del Sur las porciones son mínimas y de mala calidad. Se han documentado casos de desnutrición considerable en prisiones como Guantánamo, Boniato, Veguitas 1 y Kilo 7.
Los reclusos que denuncian las violaciones a sus derechos humanos sufren represalias. En marzo, se reportaron casos de celdas de castigo, restricciones de llamadas telefónicas, amenazas y agresiones físicas.
Las víctimas de estas represalias incluyen a Emeregildo Duvergel, Maykel Dávila Castillo, Roberto Ángel Piloto Rodríguez, Ediyersi Santana, Reinier Calderín, Virgilio Mantilla, Jorge Martín Perdomo, Alien Tijerino Castro, Maykel Puig Bergolla, Yosvany Rosell García Caso, Ramón Enrique Montero, Maykel Castillo Pérez, Pedro Albert Sánchez, Roberto Pérez Fonseca, Lázaro Savón Claro, Yoandy Masó López, Yanet Pérez Quevedo, Julián Manuel Mazola Beltrán, Abel Lázaro Machado Conde y José Daniel Ferrer.
En marzo también aumentó el número de prisioneros políticos en Cuba. Según reciente reporte de Prisoners Defenders, la cifra se elevó a 1.092 luego de las protestas antigubernamentales ocurridas en el mes, cuando en varias ciudades los cubanos salieron a reclamar servicio de electricidad y comida.
Los 1.092 cubanos encarcelados por motivos políticos no cuentan con supervisión judicial en sus condenas o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías. Tampoco tienen un debido proceso o defensa efectiva, algo que viola la ley internacional, recordó la ONG al presentar su informe.