La intensificación de los conflictos y la inseguridad, el impacto de las crisis económicas y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos amplifican la inseguridad alimentaria. En Mauritania, Malí y Senegal, los principales países de origen de los migrantes que arriban a Canarias de manera irregular, 3,1 millones de personas pasan hambre, según el último Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias (GRFC, por sus siglas en inglés). La fragilidad de los sistemas alimentarios, la marginación rural, la mala gobernanza y la desigualdad son factores que abocan a la población local a desplazarse. Solo en estos tres países africanos, se estima que 1,3 millones de personas tuvieron que abandonar de forma forzosa sus hogares para migrar, tanto dentro de la región como fuera del continente. Una circunstancia que incrementa su desprotección y su inseguridad alimentaria.
El documento recoge que la crisis alimentaria en Malí "es grave" y "prolongada". Además apunta que el escenario se afeó a partir de 2019, cuando explotó la situación del Sahel, sobre todo por el deterioro de la seguridad en el norte y el centro del país, incluyendo la región de Liptako Gourma -frontera entre el este de Burkina Faso, el suroeste de Níger y el sureste de Malí-. La población en crisis alimentaria alcanzó los 1,8 millones de personas a mediados de 2022 y se prevé que la población de Ménaka llegue este año a una situación de catástrofe -el nivel más alto de la crisis alimentaria que establece el GRFC-. El año pasado, el 6% de los malienses sufrieron dificultades para acceder a alimentos, una cifra que no mejorará a lo largo de 2024. Si bien el informe, elaborado por UNICEF, ACNUR, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Banco Mundial, apunta que el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria se reducirá en algunos puntos del país gracias a las buenas cosechas, algo que no sucederá en las zonas en las que se desarrolla el conflicto bélico, donde se dispara la inflación de los alimentos.
apunta que el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria se reducirá en algunos puntos del país gracias a las buenas cosechas, algo que no sucederá en las zonas en las que se desarrolla el conflicto bélico, donde se dispara la inflación de los alimentos.
La persistencia de la inseguridad civil por la guerra ha provocado miles de desplazamientos, "limitando oportunidades de empleo rural y aumentando los saqueos y daños los daños a las cosechas". Según el estudio, los mercados "han sido gravemente perturbados y el acceso a los servicios sociales básicos se ha visto reducido". Muchos malienses se han trasladado a localidades que no están en guerra, pero otros se han trasladado a países cercanos, como Mauritania, donde se ha desatado una crisis migratoria interna, por la que Nuackchot ha pedido ayuda internacional. La mayoría de los refugiados se han instalado en la frontera con Malí, aunque muchos han optado llegar a la costa mauritana con el objetivo de dar el salto a Europa a través del Archipiélago. Desde noviembre de 2023, aproximadamente, el 80% de los cayucos que han arribado a las Islas proceden de Mauritania, aunque a bordo también llegan numerosos migrantes malienses.
El 7% de la población de Senegal no pudo acceder a una correcta alimentación durante 2023. Esto supone que 1,3 millones de ciudadanos están malnutridos, aunque se espera que a lo largo de este año el porcentaje se reduzca hasta el 4%, según el GRFC. La inflación y los altos precios de los productos alimenticios básicos, especialmente de los cereales, está detrás de estas cifras.
Se calcula que 500.000 de los 3,5 millones de habitantes de Mauritania sufren desnutrición. Así, 13 de cada 100 personas que viven en este país no tiene capacidad para adquirir los productos alimenticios necesarios para subsistir. Según el estudio, hasta 28.000 personas estarían en situación de emergencia. Esta cifra se redujo a la mitad desde 2022, cuando el país aún experimentaba los efectos de la sequía de 2021, que diezmó la producción local de alimentos. Las previsiones apuntan que la situación mejorará en 2024, pues se reducirá al 8% la población que vive con inseguridad alimentaria, un pronóstico que se basa en la buena producción de arroz del año pasado.
Malnutrición infantil
En Malí, la malnutrición aguda entre los niños menores de 5 años "es grave" y empeoró un 85% entre las mujeres embarazadas y lactantes. Las tasas más altas se registran especialmente en las zonas afectadas por el conflicto. Se calcula que más de 1,5 millones de niños y cerca de un millón de mujeres están en esta situación, que afecta directamente al desarrollo de los menores. En Mauritania, el estudio destaca que unos 200.000 niños menores de cinco años están malnutridos, superando en muchas regiones el 15% de la población, un dato que sitúa al país en situación de emergencia. En Senegal el porcentaje de niños afectados es similar a la de Mauritania, pero el número se eleva hasta los 300.000 menores malnutridos.
Cambio climático
El informe también pone el foco en el impacto de la crisis económica en precio de los cereales y en los efectos del cambio climático. "Alrededor de 100.000 agricultores de Malí, 12.000 de los cuales eran mujeres, se vieron afectados en 2023 por las condiciones meteorológicas adversas. Las inundaciones destruyeron unas 12.500 hectáreas, mientras que las sequías afectaron a otras 110.000 hectáreas, provocando graves pérdidas de producción", señala el documento.
Mauritania sufrió el verano pasado una grave sequía que afectó a los pastos y los cultivos, aunque la producción total de cereales fue ligeramente superior a la de años anteriores. Las altas temperaturas y las fuertes precipitaciones alteraron la trashumancia y la dependencia de la alimentación animal. La campaña agrícola en Senegal fue positiva durante 2023, pero tuvieron que afrontar diferentes plagas que afectaron a más de 38.700 hectáreas de cultivo. Además, la sequía se vio agravada por los incendios, provocando importantes cambios en la trashumancia.
El GRFC señala que hacer frente a las crisis alimentarias persistentes requiere inversiones nacionales e internacionales urgentes a largo plazo para transformar los sistemas alimentarios e impulsar el desarrollo agrícola y rural, junto con una mayor preparación ante las crisis y una asistencia vital crítica a gran escala, allí donde la gente más la necesita. La conclusión del estudio es que "la paz y la prevención deben convertirse en parte integrante de la transformación a largo plazo de los sistemas alimentarios. Sin ello, la gente seguirá pasando hambre durante toda su vida y los más vulnerables morirán de hambre".
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