Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el expediente anónimo que recibió en días pasados en el que se denuncia la posible comisión de delitos o faltas administrativas por parte del exministro Arturo Zaldívar.
La Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitieron un comunicado conjunto en el que se establece qué artículos de la ley interior del Poder Judicial otorgan autoridad para que las denuncias anónimas sean investigadas.
También se precisa que el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones para investigar a un exministro, por lo que el caso fue enviado a la Corte, que lo aceptó como uno más de los que investiga, pero será el pleno el que resuelva lo que proceda en las próximas semanas.
La Corte y el propio CJF tardaron una semana en definir la posición oficial sobre este tema que ha ocupado un gran espacio en los medios de comunicación.
Si el comunicado precipitó la amenaza de Zaldívar de solicitar un juicio político a la ministra Norma Piña, Zaldívar debería estar preocupado.
El comunicado en cuestión establece que una reforma realizada al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece "las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas", pueden ser admitidas sin la presentación de pruebas.
La reforma prevé "que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si la queja o denuncia no se acompañan de pruebas pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación''.
Es decir, que la Corte aceptó la denuncia, porque encontró "indicios de modo, tiempo y lugar'', que tendrán que ser ratificados o rectificados durante la investigación.
Con esta precisión, queda claro el por qué la Corte aceptó la denuncia, una más de las 300 y tantas que tiene, en contra del personal del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados.
A ver.
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La sesión de ayer en la Cámara de Senadores resultó muy interesante, no solo por el hecho de que se aprobó el proyecto monrealista de casi desaparecer el derecho de amparo sino por los argumentos que esgrimieron quienes se suponen especialistas en la materia.
Por ejemplo, Ricardo Monreal aseguró que ningún juez tiene derecho a otorgar un amparo en contra de una ley aprobada por el Legislativo (aunque el artículo 107 Constitucional le concede tal poder) y menos si el juez en cuestión "no fue elegido por el pueblo''.
Ah, caray, pues como se mezcló la gimnasia con la magnesia.
¿Qué tiene que ver que un juez haya sido puesto ahí por su conocimiento de las leyes con el hecho de que no sea un personaje surgido de una votación?
Llamó la atención también la defensa que hizo la exministra Olga Sánchez Cordero, de la iniciativa monrealista (y la ferocidad con la que la hizo), cuando acusó que el Poder Judicial solo se la pasa casi casi regalando amparos o declarando el sobreseimiento de los casos, sin analizar el fondo de los actos reclamados.
La también exsecretaria de Gobernación dijo que el Poder Judicial tiene un enorme rezago de casos y que la reforma aprobada no contribuirá a incrementar ese rezago.
Que, en parte, también es su responsabilidad.
Porque como preguntan los morenistas, ¿dónde estaba ella cuándo se repartían amparos como dulces?
@adriantrejo