El atasco urbanístico en la ciudad de Valencia desde hace años ha provocado que haya grandes proyectos para desarrollar suelo para vivienda que lleven sin avanzar en décadas. Uno de ellos es el Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Grau, con los terrenos que albergaron la mayoría del circuito urbano donde se celebró el Gran Premio de Fórmula 1.
Una zona que antes de la crisis de la burbuja inmobiliaria protagonizó la venta de suelo más caro de la historia de Valencia, con la compra en 2006 por parte de una sociedad que aglutinaba a los mayores promotores de la ciudad y la propia Bancaja de los terrenos de los antiguos depósitos de combustible de CLH cercanos al puerto por 300 millones de euros.
Aquella operación y el desplome inmobiliario llevó a la quiebra a la sociedad compradora, y hace más de un lustro varios fondos, entre ellos el valenciano Atitlan, se hicieron con la mayoría de ese suelo por un precio muy inferior. Además, ante la cada vez mayor falta de vivienda nueva en Valencia otras promotores han ido sumando parcelas en los últimos años.
Pero la crisis no ha sido el único escollo para que el antiguo circuito de Fórmula 1, posiblemente una de las zonas más degradadas actualmente de la ciudad, siga sin desarrollarse. En su momento y con la promesa de que la elitista competición no costaría ni un euro del dinero de los valencianos, que no tardó en ser incumplida, se firmó que el coste de las obras en esa parte del circuito sería sufragado por los propietarios de los futuros desarrollos inmobiliarios.
De esa forma asumirían 42 millones de euros del coste del circuito abandonado como parte de la urbanización de los terrenos. Un pago que nunca se materializó y que según el último acuerdo en 2022 se rebajaba a 32 millones, al asumir la Administración otros 10 millones.
El anterior Gobierno municipal de Joan Ribó, formado por Compromís y los socialistas, decidió ante la situación de los sueños de suelo asumir directamente la gestión y el diseño del PAI a través de la empresa municipal Aumsa. Sin embargo en sus 8 años al frente la tramitación tampoco ha avanzado al ritmo previsto.
Nuevo cambio de planes
Ahora, la Corporación municipal en manos de PP y Vox ha decidido volver al plan inicial de 2010. La Comisión de Urbanismo ha aprobado este miércoles el cambio en la gestión del PAI, para que pase a los actuales propietarios del suelo. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha justificado la medida en que "durante ocho años, este PAI solo ha encontrado obstáculos por parte de la anterior corporación municipal lo que ha supuesto un claro freno para la construcción de viviendas, uno de los grandes problemas que afronta València en estos momentos".
Una decisión en plena guerra política por las políticas de vivienda, que por supuesto ha provocado las críticas de la oposición, otrora en el Gobierno municipal. Para la que fuera vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, "la incapacidad de gestión de Catalá hizo que en julio de 2023, fecha tope para aprobarla, dejara sin aprobar la evaluación ambiental de un cambio de planeamiento que incluía un gran Delta Verde que lo conectaba con el Jardín del Turia, más de 700 vivienda públicas adicionales de alquiler asequible, y un aumento del suelo terciario para que empresas se puedan instalar junto a la Marina".
Gómez considera que la decisión supone "retroceder 14 años volviendo al planeamiento de 2010", una visión que comparte Papi Robles, de Compromís. La sucesora de Ribó asegura que "se privatiza el desarrollo del PAI, pasando de una gestión pública del mismo, para que el ayuntamiento tenga el control, a que sean privados los que lo desarrollen para que sean estos quienes obtengan el beneficio en lugar de las arcas públicas".
Por su parte, el actual concejal de Urbanismo, achaca a "la ineficaz gestión de la todavía portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, hizo que pasaran esos años y que su propuesta se archivara dado que caducó el informe de evaluación ambiental. Fue ella la que tumbó su propia idea, por lo que no se entienden sus críticas".
Las cifras sin plazos
El Ayuntamiento asegura que el proyecto supondrá una inversión de 120 millones de euros por parte de los propietarios del suelo. Además, con esta decisión se impulsará un PAI que incrementará en 2.550 el número de viviendas en la ciudad, de forma que se mantiene la edificabilidad total del sector en 380.000 metros cuadrados.
Así, el 85 % del suelo del PAI se destinará a equipamientos, espacio libre y jardines con un gran delta verde de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes, que se añaden a los 200.000 metros cuadrados de la finalización del Jardín del Turia hasta su desembocadura. El 15 % restante se dedicará a la construcción de 2.550 viviendas de las que 450 serán de protección pública, de forma que no se reducen el número de viviendas del Grau.
La gran cuestión que sigue con respuesta es el plazo para empezar a desarrollar una zona que ya era el futuro de Valencia hace 20 años, por su privilegiada posición en el tramo final del antiguo cauce del Turia y el mar de la zona de La Marina, y que en estos momentos alberga fundamentalmente chabolas y espacios deteriorados.