Las productoras Canal Maestrat y Kriol Produccions han logrado una victoria en los tribunales frente a la Generalitat Valenciana, que les había instado a devolver varias subvenciones públicas de fomento del valenciano por un importe superior a los 170.000 euros. Las empresas de comunicación audiovisual son de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig, el hermano del ex presidente valenciano Ximo Puig. Todos ellos fueron sancionados por montar un "cártel" para llevarse un contrato de la televisión autonómica À Punt y se han visto salpicados por el presunto fraude en subvenciones públicas que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha estimado los recursos presentados por estas dos firmas contra las resoluciones de la Consejería de Educación que les obligaban a retornar varias ayudas públicas por incumplir sus requisitos. Según cuatro sentencias notificadas este jueves, el Tribunal da la razón a las empresas porque el plazo que tenía la Administración para notificar su decisión había caducado.
Es decir, fue el anterior ejecutivo de Ximo Puig el que reclamó la devolución de las ayudas. Ahora bien, al no haberlo hecho en tiempo y forma, los socios de su hermano se librarán de tener que retornar más de 170.000 euros a las arcas públicas.
Según recogen las sentencias, la Administración dispone de 12 meses para resolver y notificar su decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro. En todos los casos, el anterior gobierno incoó los procedimientos de reintegro el 7 de noviembre de 2019, por lo que el plazo para resolver y notificar a la empresa finalizaría el 6 de noviembre de 2020.
Sin embargo, con la irrupción de la pandemia y la declaración del Estado de Alarma, los plazos administrativos estuvieron suspendidos 79 días (entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020), con lo que la fecha límite se fue al 24 de enero de 2021.
Pero las resoluciones de Educación -el departamento que otorgaba las ayudas- no se produjeron hasta el 26 de enero y el 26 de febrero de 2021. En definitiva, fuera de plazo: "Se emitieron y comunicaron a los interesados una vez sobrepasado el plazo establecido".
Aunque el mismo 28 de enero la Consejería ampliaba un mes el plazo para resolver y notificar, esa decisión "no pudo surtir efectos por cuanto la caducidad del procedimiento ya se había producido", según explican los magistrados.
Según fuentes del TSJ, el mismo tribunal ha deliberado conjuntamente a estos recursos otros dos relativos al mismo objeto de litigio que están pendientes de fallo. Las sentencias no son firmes y pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.