El Gobierno de España niega que exista intención de suprimir unidades de la Guardia Civil en la provincia de Castellón. Así lo afirmó ayer la subdelegada, Antonia García, en respuesta a las advertencias de las asociaciones profesionales de agentes, que indican que la última publicación de vacantes sería el primer paso de una reestructuración que vienen anunciando y temiendo desde hace varios años y que ya ha tenido su reflejo, por ejemplo, en la reducción de efectivos de Fiscal en el puerto.
García dijo querer lanzar «un mensaje tranquilizador» porque «no se va a suprimir absolutamente nada». Sobre la inquietud que han trasladado estos días la Asociación Profesional de Cabos (APC) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en relación a la publicación de solo 19 vacantes cuando en la provincia hay más de 100 plazas por cubrir; y la derivación de las tres pendientes en el Seprona de Vinaròs y Burriana, a las unidades de Sant Mateu, SegorbeCastelló, dejando las dos primeras bajo mínimos, afirmó que «no tenemos menos efectivos de los que teníamos antes» de la publicación el pasado martes.
La subdelegada ha remarcado que «en el 2018, en la Comandancia de Castellón había una ocupación del 82% sobre el catálogo y en estos momentos estamos hablando del 90%», defendiendo de este modo que «el esfuerzo que se ha hecho es muy importante».
En cuanto a la preocupación generada por los últimos movimientos, argumenta que «desde la Guardia Civil siempre nos dicen que puede ser que haya una reestructuración en aras de la eficacia y la efectividad, pero al final esos efectivos están al servicio de todos los municipios de la provincia».
Datos de Ministerio
Las asociaciones profesionales dicen que las declaraciones de la subdelegada se contradicen con los datos que el propio Ministerio reconoce, y recuerdan que no se tienen en cuenta aspectos operativos como los agentes de reserva activo en segunda actividad --61 plazas, de las que solo 48 están ocupadas-- que no hacen otros servicios que vigilancias en los juzgados, y los alumnos en prácticas --otros 60-- que este año no se incorporarán hasta el mes de octubre, «cuando normalmente lo hacen en mayo».
Es la propia dirección general de la Guardia Civil la que, en una información facilitada en el Congreso a preguntas del PP, reconoce que de los 1.384 agentes en catálogo en el 2023, solo 1.331 están disponibles (un déficit de 53 guardias). En ese total, sin embargo, incluyen a los agentes en segunda actividad --y sus 13 vacantes-- por lo que este verano, al no poder contar con los que están en prácticas y que compensan el déficit real de guardias, rondarán los 150 efectivos menos en las calles de los que contempla la plantilla.
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