Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han desarticulado un grupo criminal dedicado al expolio de yacimientos arqueológicos de la provincia de Cáceres, con daños por valor de 376.000 euros, en una operación que se ha saldado con seis detenidos y 2.500 piezas de interés arqueológico incautadas, mayoritariamente monedas que datan de la antigua Roma.
A los detenidos, además de otras tres personas investigadas, se les acusa de los delitos de daños continuados contra el patrimonio histórico, hurto agravado, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a grupo criminal.
El grupo criminal ha actuado en los yacimientos de Cáparra, Villasviejas del Tamuja y el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de Alcántara, según ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar los resultados de la denominada 'Operación Tamussia' en el Museo de Cáceres.
La investigación comenzó a finales de septiembre de 2023 y Quintana ha manifestado que se trata de "un hecho importante conseguir desarticular a este grupo", pues "son operaciones complejas que llevan mucho tiempo y han tenido un final feliz".
Por ello, ha felicitado a la Guardia Civil y al Seprona, a la vez que ha mostrado su agradecimiento a "la Consejería de Cultura que hará que estas piezas vuelvan a ser de todos los extremeños y españoles".
En este sentido, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, Adela Rueda, ha señalado que la recuperación de estas piezas va "a permitir seguir ahondando en las civilizaciones que nos precedieron", y ha considerado "muy importante la colaboración entre administraciones para preservar el patrimonio".
La investigación se inició al detectarse una gran cantidad de excavaciones o remociones de terreno, realizadas con herramientas manuales, en el interior de los yacimientos arqueológicos de Cáparra, en el término municipal de Oliva de Plasencia (Cáceres), y de Villasviejas del Tamuja, en el de Botija (Cáceres), ambos enclaves considerados de gran interés por la relevancia de los restos arqueológicos.
"Son yacimientos muy potentes, que todavía tienen mucho que ofrecer y esta banda lo sabía", ha explicado Rueda.
Según ha indicado, los yacimientos son altamente vulnerables porque están en zonas rurales, de poca población, por lo que se planteó desde la Junta de Extremadura un refuerzo de la seguridad, algo que es "complicado".
El Seprona detectó que se estaban vendiendo un tipo de monedas "de cuño muy extraño por internet, y eso nos dio una pista".
Se trataba de monedas "muy exclusivas" que sólo se acuñaban en dos yacimientos de la Península Ibérica. De hecho, una moneda de estas puede llegar a valer en el mercado desde 3.000 euros, ha especificado la directora general.
El grupo se asentaba principalmente en Moraleja (Cáceres) y sus miembros no eran expertos en arqueología, ha matizado Antonio Manuel Lucero, del Seprona.
Uno de los compradores es de Cáceres, otro de Lleida y otro de Valencia, a los que se investiga por un supuesto delito de receptación.
La banda criminal se enfrenta a 4 años y medio de cárcel "sólo por los daños agravados para los expoliadores".
Los autores de los hechos, en horario nocturno y con la ayuda de sofisticados aparatos de detección metálica, realizaban un barrido sistemático del interior de las zonas protegidas con la finalidad de apropiarse de las piezas de interés arqueológico, "omitiéndose con ello cualquier tipo de rigor científico en su estudio, causando, además, la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada".
Posteriormente, a través redes sociales, en grupos cerrados y especializados, ofrecían para su venta parte de las monedas expoliadas a precios muy inferiores a su valor real en el mercado legal.
Estas piezas son exclusivas de la Ceca de Tamusia, con un índice de rareza del 97 % y datarían del siglo I a.C., según los informes elaborados por técnicos especializados.
Durante el transcurso de la investigación policial se pudo constatar, además, "la gran actividad expoliadora de los detenidos, quienes fueron sorprendidos, en varias ocasiones, en otros enclaves de entidad arqueológica".
Tras asentar y definir el grado de participación y estructura del grupo criminal, la operación -que está cerrada- procedió al registro de dos domicilios particulares ubicados en Moraleja, donde se procedió a la intervención de las piezas.
Todos los detenidos e investigados, siete hombres y dos mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.
La Guardia Civil ha recordado que el fin de los "detectoristas" o "piteros" es la localización de objetos arqueológicos ayudados por aparatos de detección metálica cuyo uso, ha subrayado, está prohibido para la búsqueda de restos relacionados con la prehistoria, la historia, el arte y la arqueología sin haber obtenido previamente una autorización administrativa.