A mediados de noviembre del año pasado, un escándalo más salpicaba a Garder, la prestadora de la Obra Social Provincia acusada de estafa, cuando su ex abogado, Gabriel Silva, era denunciado por 'truchar' la firma de la propietaria de la empresa en una demanda millonaria que presentó contra el Estado.
Ahora, el caso presentó novedad con el revés que recibió el imputado, acusado por falsificación de un instrumento público, después de que la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, rechazara el pedido de sobreseimiento que hizo la defensa y extendiera los tiempos de la investigación por tres meses más.
Si bien la defensa -representada por Nasser Uzair- insistió con la desvinculación de su cliente, la fiscalía se opuso a ello ya que falta que se produzca la prueba más importante de la causa, la de la pericia caligráfica. Según señalaron fuentes judiciales, dicho elemento probatorio será fundamental para saber si hay evidencia para sostener la acusación o no.
El fiscal Nicolás Schiattino, que tomó contacto con la instrucción del expediente tras el paso de Adrián Riveros (hoy cumpliendo tareas en Flagrancia), espera por los resultados de la prueba que será efectuada por los peritos del Complejo Científico Forense del Poder Judicial. De la misma también participará un perito de parte, presentado por la defensa.
Pese al pedido del defensor, que advirtió que elevará la queja en el Tribunal de Impugnación, con la idea de que un juez del tribunal superior tenga un criterio favorable, la magistrado indicó en su fallo que aún es prematuro evaluar el sobreseimiento dado que es necesario avanzar sobre la causa, en la que resta dicha prueba clave.
El escándalo que salpicó a Garder
El caso que salpicó a la prestadora de la Obra Social Provincia, que a su vez está sospechada de estafa, tiene en la mira al profesional que solía representarla por una irregularidad que cometió, presuntamente, cuando inició una demanda millonaria contra el Estado en nombre de Garder.
Acorde detalló el Ministerio Público, fue la propia socia de la firma sanjuanina, Marilina De la Fuente, la que denunció a Silva por 'truchar' su rúbrica en dos presentaciones que realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo y, por ello, la jueza Adriana Tettamanti informó a las autoridades penales sobre la posible comisión de un ilícito.
Según la teoría del caso, Silva presentó un formulario de pedido de conciliación obligatoria en el Juzgado Civil, que es el primer paso para iniciar una demanda, con una firma apócrifa de De la Fuente. En dicha demanda, el letrado pretendía demandar a la OSP por una supuesta deuda de 80 millones de pesos.
Presentó un formulario preimpreso que completó con sus datos y los de su patrocinada. En él hacía un reclamo por falta de pago desde julio de 2022 a octubre de 2023 por diversos servicios prestados, más actualizaciones y costas de daño provocado. Sin embargo, un día después, ingresó un segundo documento en el que solicitaba la desestimación de lo anterior. Ese papel, aseguran, también tenía una firma apócrifa de De la Fuente.
Tras ser requerida por la jueza Civil, la representante de Garder se presentó en el juzgado y junto a una nueva abogada, Paola Nale, aseveró que el trámite que Silva realizó era inexistente, ya que la firma no era la suya y aprovechó la ocasión para negar cualquier tipo de representación de su parte. Por tal motivo, la magistrada remitió de inmediato la causa a la jurisdicción correspondiente.
Después de analizar la denuncia, el Ministerio Público entendió que la conducta de Silva se encuadraba en el artículo 292 del Código Penal, el cual refiere a la falsificación de un instrumento público y prevé una pena que va de 1 a 6 años de prisión.