LO diré sin rodeos: el sistema público de salud en nuestro país, y en especial en algunas comunidades autónomas como Andalucía, empieza a dar síntomas de colapso y está en riesgo. Si la situación aún no es irreversible es debido a su condición de gigante que se resiste a fenecer y por la calidad de los profesionales sanitarios. Más de doce millones y medio de españoles ya se han refugiado en seguros de salud privados, lo que les condena a la injusticia de una doble tributación: seguir pagando vía impuestos al sistema público y hacer frente a las pólizas del seguro privado. Y, a pesar de ello, siguen soportando largas listas de espera para ser atendidos de múltiples procesos a nivel quirúrgico o diagnóstico o para acudir a las consultas externas de especialistas.
Todo ello no hace sino certificar la actual impotencia de nuestro sistema sanitario para responder al objetivo que le marca el artículo 43 de la Constitución Española. A pesar de que, tras la pandemia, se ha producido un enorme incremento de recursos presupuestarios del Estado a las comunidades autónomas, esto no ha supuesto una mejor gestión sino todo lo contrario, como desgraciadamente se demuestra con el Gobierno del señor Moreno Bonilla.
Progresivamente, los pacientes de la sanidad pública pasan a ser clientes de la privada y trabajar en el Sistema Público de Salud ha dejado de ser atractivo para buena parte de las y los jóvenes médicos españoles. Esta misma semana hemos sabido que se han quedado sin cubrir un número considerable de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, a pesar de que el sector público necesita 5.000 de estos especialistas. Los primeros de la lista del examen MIR han optado por especialidades que parecen asegurarles el éxito económico (Dermatología, Cirugía plástica, etc.) en la sanidad privada.
Resulta, por cierto, llamativa la falta de articulación y reglas claras o la preocupante confusión en las relaciones entre el sistema sanitario público y la cada vez más floreciente sanidad privada. Sin caer en maniqueísmos, ambos sistemas parecen estar satisfechos con la situación actual.
La gestión de la Junta de Andalucía en estos últimos años ha acelerado la descarga a la sanidad pública de muchos procesos que antes eran de su incumbencia, mientras que el negocio de las empresas sanitarias privadas no deja de crecer. El problema es que las listas de espera no aminoran, sino que crecen, y el servicio que reciben los andaluces, por ejemplo, es cada vez más fragmentado e irregular, lo que termina deteriorando los resultados en salud.
Por otra parte, los profesionales sanitarios, con bajos salarios respecto a la media europea, liberados por fin de la obligatoriedad de una dedicación exclusiva y sin incentivos para ello, se han visto impelidos a trabajar en ambos sistemas en jornadas interminables, sin tiempo para la investigación y con indudables conflictos de interés. Además, un hospital privado que esté haciendo cuantiosas inversiones para atender a los crecientes conciertos que le demanda el sistema público, ¿qué garantías tiene de que dichas inversiones se rentabilicen a medio-largo plazo si no se le asegura la continuidad de esos conciertos? Y si su volumen de negocio está garantizado y al alza, ¿no será que este desvío de recursos de lo público a lo privado no es coyuntural, ni fruto del azar, sino una estrategia meditada que debilita a la sanidad pública y le impide de forma estructural asumir sus compromisos constitucionales con la ciudadanía?
El problema al que nos enfrentamos ha venido gestándose lentamente y hay muchos culpables. Por poner sólo un ejemplo: la deficiente gestión de los recursos humanos, una política que requiere de una visión de largo alcance, ha desembocado en importantes déficits de algunos especialistas clave, lo que lastra gravemente la gestión de nuestra sanidad pública. Así, a modo de ejemplo, numerosos hospitales grandes y pequeños tienen dificultades para abrir la totalidad de sus quirófanos por falta de anestesistas, mientras muchos profesionales bien formados se ven obligados a emigrar a otros países por falta de ofertas estables y atractivas.
Más allá de los datos cuantitativos como las listas de espera, lo peor del actual sistema de salud está en su estructura funcional. Es evidente que donde se han agudizado la mayoría de los males ha sido en la Atención Primaria, verdadera columna vertebral del sistema. Sin ella, lo que hacen nuestros dispositivos sanitarios es atender de manera irregular multitud de episodios clínicos aislados, sin una idea integral, de conjunto, de lo que ocurre a la salud de las personas, pues, sin Atención Primaria de Salud, el sistema se convierte en un prestador de servicios desintegrados, inconexos, casi sin alma.
Frente a esto, en otros países, surgen modelos sin ánimo de lucro como el californiano Kaiser Permanente, que nos demuestran que un servicio de atención sanitaria integrada y poblacional, con médicos con dedicación exclusiva, permite reducir hasta en dos tercios las hospitalizaciones y prevenir y controlar eficientemente las enfermedades crónicas, tan frecuentes entre los mayores.
En resumen: nos hemos desviado del camino correcto y urge volver a modelos integrados, centrados en la persona y su entorno y mucho más eficientes. Actualmente, no podemos estar satisfechos con el rumbo de nuestra gestión sanitaria –ni objetiva ni subjetivamente– y es palpable el deterioro, por ejemplo, en Andalucía, mi comunidad. Es urgente, pues, adoptar medidas innovadoras mediante una acción política valiente y decidida planteada a partir de acuerdos de Estado que blinden la sanidad pública y que impliquen a la gran mayoría de las fuerzas políticas españolas.
Como ocurre con la financiación autonómica, creo que el Senado es la Cámara en la que poder evaluar en profundidad la situación actual del Sistema Nacional de Salud y plantear con las y los profesionales soluciones que nos permitan reencontrarnos con lo que fue la joya de nuestra corona.