Las víctimas exigen dimisiones a la Conferencia Episcopal por el informe antiabusos: "Es rastrero y tramposo"
"Tienen que rodar cabezas". Este es el convencimiento de algunos de los nuevos responsables de la Conferencia Episcopal tras la publicación del listado desglosado de los 806 casos de abusos reconocidos por la Iglesia española en su informe Para dar luz, que resultó un "corta y pega" de un informe previo, con el que los obispos intentaron contrarrestar el resultado de la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que hablaba de 2.076 víctimas reconocidas.
Un informe "inventado", señalan fuentes episcopales consultadas por elDiario.es, a raíz de la publicación en El País este martes de la relación detallada de los ocho centenares de casos de pederastia admitidos por la CEE, en los que se señala, entre otras cosas, el grado de credibilidad que los obispos otorgan a cada víctima, a espaldas de diócesis y órdenes: "una de cada diez", concluye el análisis, que vuelve a poner en problemas la estrategia comunicativa y de atención a las víctimas de la Conferencia Episcopal, días después de que los nuevos presidente y vicepresidente, Luis Argüello y José Cobo, se reunieran con un grupo de víctimas.
La responsabilidad de este documento que la Casa de la Iglesia hizo público el 21 de diciembre, un día después de recibir la auditoría de Cremades, recae en el director de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera, y supone un burdo reciclaje de otro informe previo elaborado por Alfredo Dagnino –despedido por el bufete y acusado de ser el topo de los obispos en el equipo auditor–, que es el actual responsable de Compliance (políticas de cumplimiento) de la Iglesia española.
La auditoría que encargó la Iglesia española costó 1,3 millones de euros y fue ninguneada por la cúpula de los obispos. A día de hoy, el informe Cremades sigue orillado en un link inserto dentro de una nota de prensa.
Inexactitudes y trampas
Entre los casos recogidos en la lista de los obispos, algunos se califican como "No computa. Investigación en curso/Pendiente de resolución" aunque son públicos o tienen ya sentencia judicial. Por ejemplo, el del colegio Gaztelueta, que la justicia civil cerró con una condena en firme por pederastia contra el ex profesor del colegio del Opus Dei, pero que fue reabierto canónicamente por el Papa Francisco. O el del presidente de la asociación navarra que sufrió abusos en el colegio del Puy. También el de Alejandro Palomas, el escritor que reveló en 2022 en elDiario.es que fue violado en unos campamentos del colegio La Salle de Premià de Mar en los años setenta.
Las víctimas consultadas por elDiario.es no ocultan su indignación, e incluso se plantean "romper la baraja" si no hay ceses. Una primera 'patata' caliente tanto para Argüello como para Cobo, que han defendido una nueva línea de trabajo respecto a los afectados, que podría acabar antes de comenzar.
"Esperamos una reacción rápida de la nueva ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España", señala el fundador de la Asociación Nacional Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, que exige que el informe Para dar luz "sea anulado públicamente y con urgencia", pues "llama mentirosos y mentirosas a una gran parte de víctimas y supervivientes, en una actitud de re victimización intolerable y delictiva".
Se refiere a la categorización de las denuncias a las que el autor del informe adjudica un grado de credibilidad, algo que no se corresponde con la modalidad de trabajo de las investigaciones sobre pederastia eclesial que se han llevado a cabo en otros países.
"Si se quiere empezar a trabajar de modo serio, profesional, efectivo y respetuoso en la resolución definitiva de los casos de pederastia en el ámbito eclesiástico, es preciso comenzar de cero, pero no ya con informes viciados y tramposos, sino con luz y taquígrafos", exige Cuatrecasas, que reclama a Argüello y Cobo que "procedan en consonancia con la actitud que demostraron el otro día".
De lo contrario, añade el padre de la víctima del 'caso Gaztelueta', "faltando a la verdad con un pseudo informe tan rastrero y tramposo, no se dan las garantías mínimas exigibles para iniciar un procedimiento serio de reconocimiento, reparación, indemnización y acompañamiento". "Para Dar Luz es un folletín que pone en duda la credibilidad de las víctimas y supervivientes y sus responsables no pueden seguir ocupando cargos de responsabilidad", reclama Cuatrecasas.
Casos "no probados"
El informe de la Conferencia Episcopal recoge 806 casos de abusos, lo que deja fuera más de 300 que diócesis y congregaciones religiosas habían reconocido como reales. Y con una clasificación cuando menos extraña: clasificando los casos como "probados", "no probados pero verosímiles" y "no probados". Además de otros que se excluyen de la contabilidad, desechando el testimonio de la víctima, porque el acusado había fallecido, o era un laico, o el caso había prescrito.
En el documento, además, no se identifica a agresores ni víctimas, y permite constatar cómo lglesia no investiga al menos una cuarta parte del total de casos que les llegan, qué indemnizaciones paga y, sobre todo, qué acusaciones cree y cuáles no, dando pábulo a las campañas sobre posibles denuncias falsas orquestadas por grupos ultracatólicos, con el respaldo de algunos destacados miembros de la jerarquía.
En declaraciones a El País, el todavía director de Comunicación de la CEE y responsable del informe, Josetxo Vera, defiende su derecho a usar el informe de Dagnino, aunque fuera desechado por el bufete. Sin embargo, desde Cremades aseguran que el informe del actual responsable de Compliance de los obispos "fue obra suya" y se hizo "a espaldas del despacho".
En cuanto a la clasificación de las denuncias, Vera insiste en que "las realizó el equipo del despacho, y así se facturó y se nos comunicó en las distintas reuniones celebradas durante un año (…) Es fruto del trabajo en equipo del despacho siguiendo una metodología presentada por el despacho y aprobada por la Conferencia". Un trabajo que fuentes del equipo de trabajo de la auditoría han negado, a preguntas de elDiario.es.
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