Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han denunciado este lunes que la externalización de los parques de La Aldea y San Mateo costará 2,6 millones de euros de dinero público, que pagarán incluso los ayuntamientos que se oponen a esa medida, cuando existen otras soluciones que no tienen coste alguno para la ciudadanía y garantizan la prestación de los servicios por funcionarios y profesionales en estas labores, no por personas contratadas de forma provisional que carecen de su preparación y conocimientos. Además, según los representantes de los trabajadores, está establecido por ley que este servicio debe ser prestado con funcionarios y de manera directa por la administración, por lo que es ilegal hacerlo con personal laboral de una empresa. Por tanto, no existe ni un solo precedente en toda España de esa externalización que se pretende en Gran Canaria.
En respuesta a las afirmaciones del presidente del Consorcio de Emergencias y consejero de Hacienda del Cabildo, Pedro Justo, el pasado viernes en una comparecencia ante el Pleno del Cabildo, la Junta de Personal y el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) consideraron que los actuales responsables de organismo están utilizando la estrategia de "tierra quemada" para dilatar en los tribunales una solución definitiva al problema, pues todas las sentencias de los órganos superiores, tanto del Tribunal Supremo (TS) como del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), han sido favorables a los trabajadores.
En una nota, la Federación de Servicios de Ciudadanía de CCOO aseguró que "la externalización de los parques de bomberos de San Mateo y La Aldea tendrá un coste de 2,6 millones de euros adicionales a sufragar por los municipios asociados en el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria", según reconoció el propio Pedro Justo. "A estos 2,6 millones que tendrán que pagar los ayuntamientos, el Cabildo y Gobierno de Canarias, se suman las cantidades generadas como consecuencia de haber impuesto a los bomberos, durante más de diez años, un exceso de jornada que no venía legalmente impuesto, en lugar de haber convocado una oferta pública de empleo para contar con más personal", detalló.
Estas cantidades que se adeudan a los trabajadores, según el sindicato, "han sido refrendadas hasta el momento por las cuatro sentencias del Tribunal Supremo y más de 160 sentencias de los Juzgados de Las Palmas", y tendrán que abonarse "conforme al porcentaje de participación de cada uno de los entes consorciados", tal como admitió Pedro Justo en el Pleno. La resolución del conflicto, según los bomberos, ya solo está pendiente de una quinta sentencia del Supremo, que también esperan que sea favorable porque ese alto tribunal difícilmente va a ir en contra de sus cuatro sentencias anteriores.
Según los representantes de los trabajadpres, "así lo manifestó el pasado viernes Pedro Justo en contestación a las preguntas formuladas, afirmando que lo democrático es que las consecuencias que conlleva la externalización del servicio, impuesto unilateralmente por su partido, Nueva Canarias, es que lo paguen todas las administraciones consorciadas a razón de su cuota de participación en el Consorcio, incluidos aquellos que hayan votado en contra de la externalización del servicio."
Además, prosigue la nota de réplica, "Pedro Justo aclaró que, en caso de que se ratifiquen por los órganos superiores las demandas judiciales de los bomberos, y se confirme así su pésima gestión, todas las cantidades que deban pagarse como consecuencia de las mismas, serán también abonadas de manera coparticipada conforme a los mismos porcentajes de participación". La portavoz de CC en el Cabildo, Vidina Cabrera, solicitante de la comparecencia, calculó que la cantidad que se adeuda a los bomberos ya supera los 20 millones de euros.
Obligaciones
La Junta de Personal también denuncia que Pedro Justo "falta gravemente a la verdad, afirmando que, aunque sí hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo que lógicamente son firmes y ejecutivas, en su opinión no obligan a nada". A su juicio, el consejero de Hacienda "olvida que las obligaciones derivadas de dichas sentencias son evidentes a la vista del Auto del Alto Tribunal de 26 de octubre de 2023, y van a provocar una quinta e innecesaria sentencia del máximo órgano judicial español, sin que nadie asuma responsabilidades por ello".
Igualmente, según la Junta de Personal, "no es cierto, como afirma Pedro Justo, que existe una controversia jurídica, pues todas las sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en el Tribunal Supremo son favorables a los bomberos; la única contradicción se produjo en la sala de primera instancia que estimó parcialmente un recurso del Consorcio, pero que posteriormente la misma jueza rectificó a favor de los bomberos".
"Ello sin perjuicio -añade la nota- de que Pedro Justo admitió en la comparecencia del Pleno que está siendo investigado por un Juzgado de Instrucción de Las Palmas por tres presuntos delitos en este momento: prevaricación, atentado contra la salud de los trabajadores y no abonar las cantidades obligatorias por ley en la base de cotización de los trabajadores ante la seguridad social".
Por último, los representantes de los trabajadores sostienen que "las inicuas decisiones que están siendo adoptadas por parte de Pedro Justo, imponiendo en la Junta General la disciplina de partido de Nueva Canarias, son su respuesta y represalia al ejercicio de las acciones judiciales de los bomberos, y no entienden que, a pesar de reconocer que se encuentra incurso en causa de abstención y haber sido recusado, siga dirigiendo el Consorcio de Emergencias y peor aún, ejerciendo funciones y tomando decisiones para las que ahora mismo él mismo reconoce estar incapacitado".
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