El objetivo detrás del congelamiento de salarios de legisladores y altos funcionarios es el ahorro fiscal, aunque el resultado final sea, justamente, todo lo contrario. El argumento es que hay que dar el ejemplo y hacerse cargo de la mayor parte del ajuste fiscal. Pero las bajas remuneraciones no implican mejoras en la gestión.
Lo deseable es un Estado ordenado, eficiente y razonable, con funcionarios bien pagos. Paralelamente, el Ministerio de Economía volvió a anunciar superávit fiscal en febrero. En el primer bimestre del año, el superávit primario fue de aproximadamente $3 billones y el superávit financiero (luego del pago de intereses) de $800 mil millones.
Para tomar cierta perspectiva, en el primer bimestre del año pasado, el resultado primario era de un déficit de -$400 mil millones y el resultado financiero de un déficit de -$1 billón.
Una decisión poco acertada
Sostener una correlación entre los sueldos de los funcionarios públicos y la generación de superávit fiscal no es algo muy acertado, más allá del gesto simbólico que esto podría tener. En efecto, para febrero 2024, la dieta de un legislador asciende, en promedio, aproximadamente a unos $2,8 millones y hay 329 legisladores, por lo que el gasto mensual en dietas es de unos $900 millones.
El gasto primario nacional en febrero 2024 escaló a los $4 billones. ¿Qué significa esto? Que el gasto en las dietas de legisladores representa apenas el 0,02% del gasto primario nacional. La incidencia en el gasto es insignificante dentro del total. Incluso es poco relevante dentro de las erogaciones del Congreso, ya que hay aproximadamente 14 mil empleados.
La buena práctica es tener funcionarios probos y calificados, en la cantidad necesaria. Comprometidos con ordenar y mejorar el funcionamiento del Estado. Y una condición necesaria es una remuneración acorde a estos requisitos. En un contexto de alta inflación, va en contra del objetivo de equilibrar las cuentas públicas porque se deteriora la posibilidad de generar buena gestión en el Estado.
La mayor reducción del gasto público se dio en las jubilaciones, no en los salarios públicos. Se hizo aumentando el gasto público por debajo de la inflación. Dentro de esta licuación de gasto público, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones representa aproximadamente la mitad. Menor incidencia tuvieron la disminución de transferencias a provincias (18% del total de la reducción del gasto) y el gasto en empleados públicos (14% de la caída). Cuando baje la inflación, el gasto público volverá a crecer.
En resumen, el desafío es enorme. Se necesitan equipos con altas calificaciones, compromiso y capacidad para innovar y combatir intereses espurios.
Congelar remuneraciones distrae la atención y hace mucho más difícil llegar a la meta del equilibrio fiscal sostenible con eficiencia y profesionalismo en la gestión pública.
(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA