La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso y otros cargos regionales, a los que acusa de "transfobia" y "desprotección de menores".
Además de la presidenta de madrileña, también han sido denunciados la consejera regional de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila; la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, y dos concejalas; y el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
La Comunidad de Madrid había informado de la existencia de seis presuntos casos de hombres —que figuran en el sistema VioGén como agresores machistas y que efectuaron el cambio registral de sexo— que intentaron acceder a puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género en los que estaban siendo atendidas sus víctimas, uno de ellos en Pozuelo de Alarcón.
"Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales, y en riesgo el sistema de protección", le escribió la consejera Ana Dávila a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una carta donde le pedía que le indicase "la forma de proceder" ante situaciones de este tipo.
Transfobia y desprotección de menores
Entonces, AECC denunció ante la Fiscalía el caso de Pozuelo por un delito de transfobia y desprotección de menores, entre otros delitos. "El mencionado agresor/maltratador jamás fue condenado por ningún caso de violencia de género a pesar de haber sido sometido a más de 120 procedimientos judiciales de todo tipo en el juzgado Nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón por su expareja con dolencias psiquiátricas", según un comunicado difundido por la asociación.
AECC entiende que es "totalmente falso" que el presunto "agresor" intentase acceder al punto municipal donde fue atendida su presunta "víctima", ya que "jamás hubo una condena contra él como agresor sexual o maltratador, por lo tanto no hay víctima".
Al contrario, el "agresor/maltratador" acudió al Punto del Observatorio de Violencia de Género como "mujer maltratada para solicitar ayuda y protección para su hijo menor de edad", que "se encuentra en evaluación psiquiátrica y en fracaso escolar, teniendo que abandonar sus estudios", según la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción.
"En ningún caso para eludir la acción de la justicia u otros intereses espurios que no son más que la salud mental de su hijo y su bienestar, pues no existen procedimientos judiciales ni denuncia alguna vigentes", añade la AECC, que acusa a los Servicios Sociales y al Punto del Observatorio de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón de haber "negado la asistencia al menor por la condición de transgénero de su madre".
La denuncia, presentada por Manuel Romeral Frías, en calidad de presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, ha sido remitida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que "tome cartas en el asunto y resuelva con el gobierno de la señora Ayuso esta situación, que afecta no solo a las mujeres transgénero sino a sus hijos también".
El denunciante exige al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Pozuelo una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros "por los daños causados al menor durante toda su vida, las injurias y calumnias con publicidad que han dañado el derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen de una mujer transgénero".
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