Copar y ser el primero en introducir aspectos relevantes que provoquen debate en periodos de precampaña y campaña electoral es una constante. Actualmente la baza se juega a doble partida, puesto que hay comicios catalanes y europeos. Ayer la puso sobre la mesa Pere Aragonès. El acuerdo de claridad que propone desde el 2022 no tiene consenso, pero el president tira millas y dio a conocer el informe que en noviembre encargó al Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), dirigido por el exdiputado de ERC Joan Ridao, para que estudiara la vía jurídica más factible para materializar un referéndum de independencia.
El artículo 92 de la Constitución es, a su juicio, el ideal, pero el texto va más allá e incluso se atreve a formular una propuesta de pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?". También estipula, entre otros, que no se requieren porcentajes de participación para considerar válido un referéndum.
El PP denuncia al Govern ante la Junta Electoral por actuaciones electoralistas; el PSC lo estudia
Algún efecto causó el intento de Aragonès y ERC de llevarse el gato al agua del debate mediático: poco después, la Moncloa respondía con un nuevo no rotundo y el PSC anunció que estudia la posibilidad de denunciar ante la Junta Electoral el uso de medios del Govern para hacer campaña electoral ante los comicios autonómicos. El PP de Catalunya ya lo ha denunciado y Alberto Núñez Feijóo reclamó al republicano que deje de "dar la matraca".
Sea como fuere, la pregunta del referéndum se inspira en la de Escocia en el 2014, con respuesta, totalmente binaria: sí o no.
Desde el palacio Centelles de Barcelona, sede del IEA, Aragonès dejó claro que la opción prioritaria para la votación es canalizarla a través del artículo 92 de la Constitución. Dispone que las decisiones políticas de trascendencia especial pueden ser tratadas a través de un referéndum. "Hay argumentos jurídicos sólidos para sostener que el artículo 92 de la Constitución no plantea objeciones serias de inconstitucionalidad", señala el informe del IEA.
Aun así, la literalidad del texto constitucional es el de un "referéndum consultivo de todos los ciudadanos", por lo que las dos partes deberían marcar el grado de vinculación del referéndum y su universo. Para Aragonès, el acuerdo de claridad que viene proponiendo desde el 2022 sería el escenario ideal para este cometido. El propio documento elaborado por Ridao –que tomó como base los estudios previos presentados en octubre por un consejo asesor para el acuerdo de claridad– asume que los resultados abrirían la puerta "simplemente a una negociación de buena fe entre los actores territoriales y a una eventual implementación de los resultados, si fuera necesario, en el marco de la legalidad constitucional e internacional".
"Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política, como la amnistía", argumentó Aragonès. El president quiere presentar su propuesta en la próxima edición de la mesa de diálogo, pero admitió que su continuidad depende totalmente de los resultados de las elecciones al Parlament del 12 de mayo.
El artículo 92 es la vía prioritaria, pero el informe prevé alternativas, como una reforma de la ley orgánica 2/1980 sobre regulación de los diferentes modalidades de referéndum o la delegación de las funciones estatales para autorizar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución.
La propuesta de Aragonès no fija un porcentaje de participación para que sea validada, así como tampoco un mínimo del 55% de votos a favor en un referéndum para obtener la independencia. Se contrapone así a la opción defendida por ERC en su última ponencia política, que establece un 55% de votos favorables y un 50% de participación, a imagen del referéndum de Montenegro.