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La reciente medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Sebastián Holguín Guzmán, de 29 años, ha generado un nuevo debate sobre la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación solicitó esta medida tras acusarlo de maltrato verbal y psicológico hacia su madre, en una serie de hechos que han conmocionado a la comunidad local.
La historia de abuso presuntamente perpetrada por Sebastián Holguín Guzmán se remonta a varios episodios, según lo establecido por la Fiscalía.
Sin embargo, el último evento, que tuvo lugar el pasado 5 de marzo, marcó un punto crítico. En esta ocasión, la madre, una mujer de 60 años, solicitó a su hijo abandonar la casa para cumplir con una libertad condicional relacionada con un proceso anterior en su contra por el mismo delito. La respuesta de Holguín Guzmán fue alarmante: reaccionó con agresividad y amenazas de muerte hacia ella.
Exigencias monetarias y amenazas
Además de los ataques verbales y psicológicos, la investigación reveló que el presunto agresor habría ejercido presión económica sobre su madre.
Se sospecha que Holguín Guzmán exigía dinero y, ante la negativa de su progenitora, recurría a tácticas coercitivas, como llevarse los alimentos de la nevera.
Esta dinámica de abuso prolongado y multifacético muestra la complejidad de la violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de las víctimas ante la manipulación emocional y económica.
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