Aragonès reclama un referéndum pactado y negociar el mínimo de participación con el Estado
Pere Aragonès sigue avanzando en la propuesta de referéndum pactado con el Estado y, a pocas semanas de las elecciones catalanas del 12 de mayo, ha querido presentar el informe que defiende el encaje legal de la votación. Además, ha aprovechado para desvelar que el mínimo de participación y de votos favorables para dar validez al mandato se podría negociar con el Estado, y que la pregunta que formularía si se llevase a cabo sería respuesta binaria: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?"
El president de la Generalitat ha comparecido para presentar el estudio elaborado por el Instituto de Estudios de Autogobierno (IAE) y sobre el marco jurídico en el que se podría celebrar un referéndum acordado con el Ejecutivo. La vía escocesa que persigue el Govern desde que recibió el Consejo Académico del Acuerdo de Claridad, el proceso que ha querido abrir Aragonès durante la actual legislatura para avanzar hacia la independencia.
"Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo, es solo cuestión de voluntad, igual que la amnistía", ha argumentado Aragonès. El informe plantea para ello varias vías, pero la prioritaria sería el artículo 92 de la Constitución, que prevé un "referéndum consultivo" para decisiones políticas "de especial trascendencia", aunque convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y autorizada por el Congreso.
Aunque Aragonès ha añadido que no cierran la puerta a explorar otras vías, la idea de recurrir al artículo 92 de la Carta Magna representa una novedad respecto al último intento desde el Parlament de Catalunya de reclamar una consulta al Estado, en 2014. En esa ocasión se apeló al artículo 150.2, que permite la transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas.
El informe, sin embargo, no contempla ni una participación mínima para considerar el referéndum vinculante, ni un porcentaje de votos favorables o síes a la independencia que validen ese mandato. Aragonès los considera "requisitos" que se podrían plantear en el marco de una negociación con el Gobierno español de turno.
La propuesta, según ha detallado, se comunicará a los demás grupos parlamentarios catalanes y al gobierno español, aunque los distintos pasos previstos para el Acuerdo de Claridad se deberán dejar para presidente que salga de la votación del 12M. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, ha dejado claro en múltiples ocasiones que no contempla conceder ni negociar una votación sobre la independencia de Catalunya.
Lo ha reiterado este mismo martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha aclarado que "en absoluto es la posición" del Ejecutivo de Sánchez. Además, ha aseverado que es "clara y radicalmente contraria" a las políticas que están impulsando desde la Moncloa desde la pasada legislatura.
La iniciativa de Aragonès de inspirarse en la ley de claridad canadiense para el caso de Québec no solo no ha convencido desde el inicio al Gobierno, sino que tampoco lo ha hecho a la mayoría parlamentaria catalana. De todos los partidos a los que ERC se dirigía, solo los comuns se han abierto a participar. Ni Junts, ni CUP ni PSC lo han avalado.
El PP lo denuncia a la Junta Electoral
El PP ha denunciado ante la Junta Electoral la rueda de prensa al ver "utilización partidista y electoralista" de Aragonès del acto. La presidenta del comité electoral de campaña del PP, Dolors Montserrat, avisa de que su partido "vigilará de cerca" que ERC no utilice las instituciones para beneficiarse electoralmente.
"Ante cada uso electoralista, habrá una denuncia del PP. El independentismo, como el socialismo sanchista, se ha pensado que las instituciones les pertenecen y no lo vamos a permitir", ha añadido Montserrat. Asimismo, ha lamentado que ERC busque un "nuevo proceso" con un referéndum que, según ha dicho, sólo traería "división y decadencia" a Catalunya. "Estos son los socios del PSOE y del PSC", concluyó.