La Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- finalizó el miércoles 24 de abril en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En este evento se reforzó el compromiso de reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En la reunión de tres días, los Estados partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú.
En una nota publicada en el portal web de la Cepal, señala que el artículo 9 del tratado establece, entre otras cosas, que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y que deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Durante el primer día de la conferencia, Dominica se convirtió oficialmente en el 16 Estado Parte del Acuerdo de Escazú, al confirmar el depósito de su ratificación ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. De esta forma, el país caribeño su suma a Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Otros países que participaron como observadores son Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú.
La COP 3 del Acuerdo de Escazú congregó a más de 700 personas en forma presencial, entre delegaciones de 15 Estados Parte y nueve países observadores, miembros del público -entre ellos numerosos jóvenes y representantes de los pueblos indígenas-, de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. También fue seguida por cientos de personas de manera virtual.
En la clausura de la reunión, el Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, Marcelo Cousillas, subrayó que la implementación nacional del tratado es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados Partes e instó a trabajar para que más países integren el acuerdo regional.
"Hay 33 países que tienen la vocación de participar de esta asamblea. Nos queda trabajo para invitarlos, ayudarlos, fortalecer a la sociedad civil en esos países, para dar la posibilidad de que se entiendan los alcances y las ventajas de este acuerdo que posee un ámbito de diálogo, de cooperación", afirmó
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