El asesino de Lola Chomnalez, Leonardo David Sena, fue condenado a 27 años y seis meses de prisión gracias al amplio registro de ADN de Uruguay, que incluye a todas las personas privadas de libertad en su territorio. Pasaron ocho años desde el crimen cometido el 28 de diciembre de 2014, hasta la identificación del homicida a través de un estudio de huellas genéticas.
La resolución del caso se produjo cuando un familiar directo de Sena fue detenido por otro delito y su muestra de ADN ingresó en la base de datos, lo que alertó sobre coincidencias con la sangre encontrada en las pertenencias de la adolescente argentina. La investigación, inicialmente desastrosa, logró orientarse hacia un sospechoso. En nuestro país, una investigación de este tipo es imposible, situación que la ministra Patricia Bullrich busca cambiar con un proyecto de ley enviado esta semana al Congreso.
El Gobierno busca ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos de Argentina, que actualmente solo incluye muestras de personas condenadas por agresiones sexuales, a través de esta iniciativa parlamentaria. El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, propone expandir esta base de datos a todas las personas procesadas por cualquier tipo de delito.
Las autoridades nacionales consideran esta modificación como un hito que "constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich", según un comunicado de prensa.
La propuesta de la Casa Rosada para los legisladores es reformar la ley 26.879, promulgada en julio de 2013. Esta ley creó el registro nacional de ADN, pero limita su aplicación a la recolección de muestras de personas con condena firme por casos de agresiones sexuales. Esta restricción se basó en que el espíritu de la ley era contar con herramientas de identificación para un delito específico, con alto nivel de reincidencia, o más bien de reiterancia, según el concepto que el Ministerio de Seguridad busca incorporar en un proyecto para cerrar la llamada "puerta giratoria" que beneficia a delincuentes que siguen en libertad a pesar de tener varios procesos abiertos en su contra.
La nueva iniciativa oficial propone una visión diferente. En el texto se detalla que "el registro almacenará y sistematizará huellas genéticas asociadas a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculadas con una persona ya identificada judicialmente como imputada.
Se aclara que "los datos serán removidos cuando la persona imputada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada; huellas genéticas de las víctimas de un delito obtenidas en la escena del crimen, por medio de una investigación judicial, siempre que la víctima no se hubiese opuesto a su incorporación. Las huellas genéticas podrán ser retiradas del registro a pedido de la víctima, en cualquier momento".
El cambio fundamental se prevé en otro punto que indica cómo se ingresarán las muestras de ADN en la base de datos, ya que se especifica que se incorporarán "huellas genéticas de una persona imputada, procesada o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraren asociadas con su identificación, así como las huellas genéticas de menores de 18 años, cuya responsabilidad penal haya sido declarada judicialmente, y de aquellas personas a quienes no se condenó por mediar una causa de inimputabilidad penal".
Más allá de las investigaciones destinadas a establecer la responsabilidad en un delito, la ampliación del registro de ADN es impulsada como una manera de contar con nuevas herramientas en la búsqueda de personas desaparecidas. Según los fundamentos del proyecto de ley, en nuestro país hay unas 6000 personas denunciadas como desaparecidas en los últimos años, y se considera necesario ampliar el registro de ADN para facilitar su identificación.
En este sentido, el proyecto establece que se agregarán "huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados, o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas, y huellas genéticas de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten aportar voluntariamente una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para la identificación genética de la persona en búsqueda".
Además, se contempla la obligación de que el personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como los funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales, proporcionen muestras de ADN.
También se prevé la posibilidad de agregar el perfil genético de cualquier persona que acceda voluntariamente a entregar una muestra. Aunque esta opción genera polémica entre los opositores, que defienden la privacidad de las huellas de ADN, se argumenta que empresas realizan campañas de recolección de datos biométricos a cambio de criptomonedas, y muchas compañías privadas almacenan registros biométricos como llaves de acceso a lugares de trabajo. Además, las huellas digitales de toda la población quedan registradas obligatoriamente sin cuestionamientos sobre la privacidad de esa información. El debate actual se centra en la actualización de las herramientas de investigación criminal.
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