Freixenet se ha visto obligada a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para más de 600 trabajadores por el impacto de la sequía en la producción de cava. Así lo ha anunciado este lunes la compañía propiedad del grupo alemán Henkell y de la familia Ferrer, que ha justificado la solicitud del ajuste laboral por "causas de fuerza mayor".
La organización, con sede en Barcelona, ya ha presentado la solicitud formal del ERTE a la Generalitat y ha trasladado la propuesta a los sindicatos. "La medida, implementada como un ejercicio de responsabilidad, tiene como objeto garantizar la operatividad del negocio y preservar la empleabilidad para poder hacer frente a causas externas y de fuerza mayor provocadas por la grave sequía", ha señalado a través de un comunicado.
Aunque la afectación máxima se cifra en 615 empleados, sobre un total de 778 trabajadores en plantilla, el ajuste laboral temporal se realizará sobre los empleos de Freixenet y Segura Viudas, quedando exenta la plantilla dedicada a la actividad comercial. Con todo, está previsto que la intensidad del ajuste, que arrancará ya en el mes de mayo, se vaya modulando en función de las lluvias de los próximos meses y su impacto sobre la oferta.
Falta de uva
La decisión, en todo caso, no pilla de sorpresa a los sindicatos. Durante la presentación de resultados de 2023, y a pesar de un incremento en la facturación de más del 4%, hasta superar los 1.230 millones de euros, Pere Ferrer, vicepresidente de Grupo Freixenet, ya expresó sus dudas sobre la actividad en los próximos meses "debido a la incertidumbre provocada por la falta de uva derivada de la fuerte sequía que nos viene afectando desde el 2021 y con especial afectación en 2023 en la zona de El Penedès".
"Viendo que la demanda mundial de cava está en auge y que no podemos producir suficientes botellas para satisfacerla adecuadamente a corto plazo, la situación es realmente complicada a todos los niveles", añadió Ferrer. De ahí la decisión de llevar a los trabajadores al ERTE, ya que las generosas lluvias de las últimas semanas no han resultado suficientes después de que el año pasado las precipitaciones se desplomaran a la mitad en la zona y se perdieran 80 millones de botellas.
La compañía calcula ahora que la falta de agua recortará en un 30% la capacidad de producción y, ante este escenario, se ha visto forzada a poner en marcha un expediente de regulación temporal de empleo, medida a la que ya se acogió en los peores momentos de la pandemia, cuando el Gobierno desplegó un escudo para proteger a los trabajadores bajo esta herramienta de ajuste laboral temporal con financiación pública y evitar una cascada masiva de despidos por las restricciones a la actividad en determinados sectores productivos.