La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentará una denuncia contra el gobierno uruguayo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la implementación del nuevo régimen de licencias médicas en el sector público que comenzó a regir este lunes 1° de abril.
A partir de ahora los trabajadores tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva.
Desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser del 75% o 100% de su remuneración. Algo que han criticado desde el sindicato es que para el cálculo del subsidio se excluirán beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte que recibe el funcionario.
En líneas generales, hasta este momento a los funcionarios no se les descontaba salario cuando se certificaban. La situación planteaba diferencias con el sector privado, en donde – salvo acuerdos o beneficios específicos – al trabajador no se le paga los tres primeros días y comienza a recibir, a partir del cuarto día, un subsidio por el 70% de su salario.
A fines de enero, después de que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informara su disconformidad con el nuevo sistema, el gobierno postergó por 60 días la aplicación.
Desde COFE dijeron que durante este plazo de 60 días, el gobierno nunca convocó al sindicato para tratar el tema.
Por esta medida, el sindicato que nuclea a los funcionarios del Estado decidió denunciar al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la puesta en práctica del nuevo régimen.
Además, COFE anunció una serie de movilizaciones en los próximos días que van desde una paralización nacional de 24 horas y ocupaciones en diferentes ministerios. Las mismas serán definidas este miércoles en asamblea.
El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo a Informativo Carve del Mediodía que el gobierno no tomó en cuenta varias de las recomendaciones del sindicato, como la implementación de mayores controles que planteaba por ejemplo "que los trabajadores tengan que certificarse por su mutualista y no por cualquier prestados del sistema de salud, conocer qué médico es el que otorga la certificación y que se trabaje en la prevención".
"Es un cúmulo de situaciones que el gobierno no quiso sentarse a negociar para terminar con los pocos abusos que hay en el tema de certificaciones. Se plantea que existe un gran problema, pero si sacamos al Ministerio del Interior, la cantidad de certificaciones en el sector público es la misma que existe en el sector privado", aseguró Pereira.
A su vez, opinó que en el sector público no existe un problema de gran ausentismo por licencias médicas, aunque reconoció que sí existen "pequeños abusos en algunos organismos, pero son los menos".
El gobierno necesitaba hacer caja y una de las maneras que encontró fue descontando de las licencias médicas el 25% del salario. esto lo reconoció la número tres del Ministerio de Economía. Esto le generaría 90 millones de dólares de ingreso al Poder Ejecutivo.
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