El fútbol español se halla ante una situación cuanto menos rocambolesca, una de tantas en las que se encuentra últimamente, por otro lado.
El pasado jueves, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) acordó crear una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante los próximos meses. Sin embargo, rehusó suspender a Pedro Rocha y el resto de los miembros de la comisión gestora de la RFEF tras el expediente disciplinario abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por posibles infracciones muy graves.
Solo un día después, el viernes por la mañana, Pedro Rocha ha sido proclamado nuevo presidente de la RFEF. Pese a su condición de investigado por la 'Operación Brody' que implica de lleno a su antecesor, Luis Rubiales, Rocha llega a un cargo sin saber cuánto tiempo se quedará en él: curiosamente el mismo CSD podría decidir este próximo martes su suspensión provisional.
Para entender cómo será la convivencia entre el nuevo presidente y la nueva comisión lo primero es tener en cuenta las funciones de esta última, cuya jerarquía será superior a Rocha: según el propio Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Uribes, la Comisión se limitará en sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad. ¿El objetivo? "Corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad".
Por lo tanto, esta comisión y sus miembros se convertirán en la parte más visible de la Federación y podrán tomar decisiones administrativas, económicas e incluso deportivas. Según informaba El Mundo, al nuevo presidente Pedro Rocha se le ha pedido adoptar un perfil bajo durante estos meses y que sea algún miembro de la Comisión quien dé más la cara. ¿Quién? El primer candidato sondeado es Vicente del Bosque, que de momento calla.
El funcionamiento de este dúo Rocha-Comisión tendrá una supervisión extra: la UEFA y la FIFA, poco amigas de las intervenciones gubernamentales, ya han deslizado que el más mínimo atisbo de injerencia podría acarrear sanciones deportivas para la propia selección o los clubes españoles en competiciones internacionales.