(Por Santiago Ferro Moreno) El nuevo proyecto de Ley ómnibus busca alterar de manera estructural varias aristas de la vida social, económica, ambiental e institucional de Argentina. Entre tantas cuestiones estratégicas, varias ya legisladas y constitucionales, aparecen modificaciones estructurales sobre el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología.
El artículo 3° del proyecto de Ley, en su redacción de mayoría, establece los organismos del Estado que no pueden ser disueltos, pero habilita al Ejecutivo a modificar o eliminar funciones, responsabilidades, modificar estructuras de varios. Esto, en la jerga política, implica la posibilidad vaciarlos. Esto es focal para el sistema científico nacional y de educación superior, en especial para CONICET, INTA y las Universidades Nacionales.
Antes de asumir, en declaraciones televisivas, Milei expuso sus propuestas sobre las universidades públicas y el CONICET: busca privatizar o cerrar. Sus medidas apuntan a destruir gran parte del Estado de manera estructural, sin reparar en lo que está funcionando o tiene potencial o es estratégico (o será). Tanto el DNU como el presente proyecto de Ley van en contra de varios apartados de la Constitución Nacional.
El Artículo 76° de la Constitución Nacional prohíbe explícitamente la delegación legislativa al poder ejecutivo, salvo emergencia pública, por tiempo determinado. Bajo una justificación poco creíble y atada con alambre, se construye un escenario de urgencia y necesidad para justificar la delegación de poderes. De aprobarse la delegación de poderes, se le permite al Presidente aprobar cualquier ley sin ser trabajada en el marco del Congreso de la Nación, representantes del pueblo y las provincias que fueron elegidos/as para defender diversidad de intereses y perspectivas.
El Artículo 75°, inciso 19 de la Constitución marca a las claras aspectos centrales del desarrollo nacional, estableciendo obligaciones al Congreso que deben ser atendidas en todos sus actos. Dentro de estos ejes de desarrollo se establecen elementos relacionados a la formación de las personas, el desarrollo de la ciencia y tecnología, así como su difusión y aprovechamiento.
El mismo inciso plantea que el Congreso Nacional debe sancionar leyes de organización y de base para un sistema educativo que consolide la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Le otorga una responsabilidad indelegable al Estado en la promoción de valores democráticos, garantizando la gratuidad y equidad de la educación pública, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
El Congreso tiene varias funciones constitucionales relevantes, que han sido atendidas con ciertos reparos y muchas veces bajo perspectivas mezquinas y cortoplacistas. Somos una República porque tenemos división de poderes. El Congreso, conformado por representantes de la diversidad amplia de intereses y perspectivas nacionales, no debe desatender y delegar sus roles en circunstancias poco claras. Está llamado a equilibrar las relaciones, promover el desarrollo y la igualdad de oportunidades.
Esperemos que las necesidades de financiamiento político de corto plazo (urgencias acrecentadas por el recorte y la licuación) no sean la excusa para delegar atribuciones inconstitucionales a un Presidente que busca destruir el sistema educativo y la ciencia nacional. Sin sintonía y bisturí, sin importar lo que costó y costará a la sociedad. La educación y ciencia pública tienen muchas deudas pendientes, especialmente con el desarrollo nacional sostenible y equitativo. También deben trabajar en profundidad su compromiso social-ambiental y el manejo de los recursos colectivos. Debe mejorar su potencia democrática y ampliar sus brazos para llegar más y mejor. Pero… Más allá de todo lo que tiene para mejorar, tiene mucho construido. Su destrucción aporta a profundizar los problemas estructurales del país. Defendamos y mejoremos, no destruyamos lo que nos costará recursos y tiempos incalculables volver a construir. No hay posibilidades de soberanía sin un sistema público y robusto de educación superior, ciencia de calidad y tecnología al servicio de los intereses nacionales.