Las universidades existen para ser faros que guíen a sus sociedades hacia un mañana más próspero, donde todas y todos podamos disfrutar del conocimiento universal. La esencia de la universidad radica en su capacidad para responder a los cambios históricos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos, sin renunciar a su misión fundamental de gestionar el conocimiento. Esta capacidad de comprender su contexto afirma su papel como centro de aprendizaje y reflexión, capaz de influir positivamente en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible y equitativo.
Para cumplir con esta responsabilidad suprema, las universidades se definen por cuatro características que les permiten cumplir efectivamente su propósito superior. Estas son: la universalidad de su conocimiento, el carácter científico del mismo, su autonomía frente a otros poderes y su gobierno corporativo. En otros espacios de opinión he hecho énfasis en estas cuatro características, el día de hoy quiero hacer especial foco en las últimas dos.
El propósito superior de las universidades solo es posible si las instituciones pueden armonizar sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión para la formación de ciudadanos integrales y profesionales idóneos, la creación de nuevo conocimiento y la gestión del existente en beneficio de las comunidades. Esta armonización de las funciones misionales, así como la innovación social y la co-creación con las comunidades, requiere la posibilidad de un constante diálogo constructivo de saberes que no sea viciado por posiciones políticas, ideológicas, económicas o religiosas que limiten o censuren la construcción de conocimiento útil a la sociedad.
Estas condiciones, persistentes en la historia, han configurado un escenario adecuado para la afirmación de la autonomía universitaria. Esta autonomía incluye el derecho que tienen las universidades para cumplir con su función social y, entre otras, elegir sus propias autoridades y definir el uso de su presupuesto.
Este derecho de las universidades, que les permite actuar en este mundo que enfrenta crisis y desequilibrios, está recogido en nuestra Constitución Política y en los ordenamientos jurídicos de muchas naciones en el mundo. Este hecho constituye una segunda característica de nuestra autonomía. Las universidades tienen autonomía para cumplir su función social, siempre enmarcada en los límites que imponen la constitución y las leyes a todos los individuos y a todas las instituciones dentro del Estado Social de Derecho. De esta manera, docentes, estudiantes, egresados y administrativos (estamentos universitarios) debemos trabajar por la gestión social del conocimiento sin violar ningún tipo de derechos, sean estos individuales o colectivos, en el marco de la constitución y ley.
La existencia de estos estamentos, que conviven día a día en nuestros campus universitarios, explica la cuarta característica de las universidades: su carácter corporativo. Esta estructura de autogobierno, basada en la participación y la representación, existe, en primer lugar, para garantizar que todos los estamentos participen en el gobierno de la universidad a través de los cuerpos colegiados. En los cuerpos colegiados se producen diálogos académicos profundos que buscan conciliar diferentes perspectivas y generar consensos que permitan a la universidad avanzar en el desarrollo de sus tareas.
La autonomía universitaria, ligada a su función social, se corresponde con un compromiso de la nación en la defensa de esta institución que interpreta sus necesidades y contribuye a su desarrollo y a su realización como espacio de convivencia y libertad. La universidad, por su parte, debe cumplir su misión académica y social con integridad y visión de futuro. Al mantenerse fieles a sus principios de universalidad, cientificidad, autonomía y corporatividad, las universidades pueden seguir siendo faros de conocimiento e innovación y contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible y al bienestar de la nación y de la sociedad global.
En el caso concreto de las universidades públicas, y de la Universidad Nacional de Colombia en particular, la autonomía es aún más relevante. Somos la universidad de la Nación y el Estado; debemos trascender a tensiones políticas, ideológicas, económicas y religiosas para seguir trabajando, de manera acorde a nuestros principios, con los diferentes gobiernos nacionales y regionales, con todas las instituciones del Estado, con las otras universidades, con el sector privado y, sobre todo, con las comunidades. Hemos hecho esta tarea por 157 años y nuestro compromiso institucional es seguir haciéndola, en ejercicio de nuestra autonomía.
* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.