Opinión
Cómo sigue el golpe a la salud
Las posibilidades pérdidas, la inconsciencia, el carácter insuficiente, todo eso está en el pasado. En el presente, tenemos que aceptar que, bajo la presunción de legalidad de los actos administrativos, aquella porción del Estado de derecho que Petro sí aprovecha para destruirlo, el Gobierno controla para bien, pero sobre todo para mal, el destino y las UPC de 25 millones de colombianos.
Encuentra aquí lo último en Semana
A pesar de tantas advertencias, el grueso del establecimiento no quiso enfrentar la toma de control de la salud por parte del Gobierno. Se debió declarar que la inducción de la "crisis explicita" de Corcho era un delito, un detrimento patrimonial y causal de suspensión disciplinaria para ella, como para Jaramillo, como para Ulahy Beltrán.
De haberse tomado las medidas, vinculaciones penales, fiscales y disciplinarias, otros en el Pacto Histórico se hubiesen visto asustados y limitados para implementar la crisis de la salud y la presente etapa de lo que no es otra cosa que el plan de toma de poder definitivo por parte de Petro. Pero no se hizo, no se hizo nada. Las instituciones nacionales no están diseñadas ni dispuestas para enfrentar una conspiración contra el Estado de derecho liderada por la cabeza del ejecutivo.
Pero nada de eso importa ya. Las posibilidades perdidas, la inconsciencia, el carácter insuficiente, todo eso está en el pasado. En el presente, tenemos que aceptar que, bajo la presunción de legalidad de los actos administrativos, aquella porción del Estado de derecho que Petro sí aprovecha para destruirlo, el Gobierno controla para bien, pero sobre todo para mal, el destino y las UPC de 25 millones de colombianos.
Decir que el Gobierno los controla, claro, es un decir. En realidad, ha hecho el 'raponazo' con débiles interventores del registro público, personas que le deben la designación al SuperSalud y que tendrán una responsabilidad monumental en empresas a las cuales, en el corto plazo, se les drenará una parte importante de su talento, serán negadas por el sector financiero y perderán la confianza de sus proveedores principales.
Pero tratemos de especular sobre las acciones que, en el corto plazo, marcarán la ruta del Gobierno. Es importante para que los entregados, los acomodados y los oportunistas no resulten, de buenas a primeras, muy pronto en la galería de aplausos, recogiendo velas y en laudatorias al Gobierno.
Lo primero es que la directiva cantada por Aldo Cadena, como defenestrado presidente de Nueva EPS, y prevista en la archivada reforma a la salud, se hará extensiva a todas las EPS intervenidas por el Gobierno, en relación con el pago parcial de las facturas presentadas por los prestadores. Se habla del pago del 80 % o el 85 % de lo facturado, quedando el saldo sometido a una supuesta auditoría, que no existe en la normatividad, pero que será adoptada como criterio empresarial.
Esta medida responde a la premisa petrista de que todos los prestadores, aseguradores y proveedores privados de la salud son unos rateros. Y como tal, afirma el presidente y su ministro, se han de estar robando el 20 o el 15 % de lo facturado y haciendo que el sistema esté desfinanciado. Presumen una gran conspiración, sin prueba o estudio alguno, y por ello someterán a todos los prestadores a este descuento forzado.
El desafío será simple. Acepte la retención de auditoría, sin certeza de cuándo se realizará, de si podrá impugnarla o de cuándo le pagarán lo que le deben o deje prestar servicios a esta EPS.
Pero ahí vendrá la segunda ordenanza siniestra de Petro. Si no acepta el descuento forzado e incierto y deja de atender la EPS, el castigo real será que el prestador no podrá ofrecer sus servicios a las restantes EPS intervenidas. La coerción para aceptar el arbitrario descuento derivará en la pérdida de acceso al 50 % del mercado para quien se atreva rechazar la medida.
Muchos prestadores se someterán, generando con ello varios efectos perversos. Veamos.
En pocos meses, el Gobierno, sin pagar la retención para auditoría, reclamará ante la opinión que tenía razón. Que los privados sí estaban robando y traerá como evidencia que siguieron prestando servicios y despachando insumos a pesar de todo.
Los prestadores encajarán el golpe, pero modificarán su prestación, en detrimento de los usuarios, para que su costo y su margen enmarquen dentro del 80 % o 85 % que el Gobierno pagará. Empezarán a atender menos, a resolver menos, a dilatar entradas y a reducir la calidad de insumos, procesos, profesionales, reducirán el personal asistencial, reducirán mantenimientos y calidad de la comida, entre muchas otras medidas para ajustarse a la pretensión del Gobierno.
Esto tendrá impactos progresivos y sutiles que los usuarios, si los registran, no podrán denunciar y también impactos acumulativos que no serán auditados o evidenciados por las EPS a los prestadores y proveedores, por cuanto habrán perdido el interés de hacerlo.
Y es que atender mal y denegar servicios sale barato. Prontamente, los P&G reflejarán reducciones en costos, al tiempo que, por fin, a su acomodo y para sus EPS, el ministro se vendrá a ajustar la UPC y a pagar los saldos adeudados por presupuestos máximos.
Los excedentes que arrojen estas despiadadas y riesgosas medidas (porque la reducción de calidad por regla se traduce en más complicaciones y muertes) no irán al fortalecimiento patrimonial de las EPS. Irán a todas las formas de corrupción. Peajes de cartera, burocracia, contratos no asistenciales. Ingentes cantidades de recursos que entrarán al cofre petrista para asegurarse la permanencia en el poder en 2026.
La propaganda gubernamental lo mostrará como un gran logro a la galería, los obsecuentes aplaudirán y los acomodados exaltarán al presidente mientras los muertos, que ya nadie contará, se acumularán.