Un total de veinte empresas y estudios internacionales de arquitectura han visitado ya la parcela que ocupará la futura Ciudad de la Justicia, que comprende una extensión de 463.00 metros cuadrados, lo equivalente a una superficie similar a 65 veces el estadio Santiago Bernabéu, según detalló el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.
El proyecto se pensó ya en la época de Esperanza Aguirre y, después de numerosas trabas, podrá iniciar ahora su construcción, al hallarse en proceso de licitación. De hecho, el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 20 de mayo. Se convertirá así en el «el complejo judicial más grande del mundo y una de las mayores obras de edificación pública de España», según el consejero madrileño. Para hacernos una idea, la superficie construida será cuatro veces mayor que el Tribunal de Justicia de París y doce veces más grande que la Corte de Justicia del Estado de Nueva York.
Una de las novedades es que la Ciudad de la Justicia «será 100% accesible, estará completamente digitalizada y además será un referente constructivo en eficiencia energética, ya que su consumo de energía será casi cero y diez puntos por debajo del objetivo de la Comisión Europea», expuso el consejero.
En total, está previsto que la Comunidad de Madrid invierta en esta obra de infraestructura más de 680 millones de euros.
Según el calendario de ejecución previsto por la Administración autonómica, en 2026, estarán finalizados los edificios que albergarán al Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y todos los Juzgados de Primera Instancia. En 2027, lo estarán el resto de las jurisdicciones, a excepción de la Penal, que se terminará a finales de 2028. En ese año será cuando quede completado todo el proyecto constructivo, coincidiendo prácticamente con la llegada del Metro a Valdebebas. la Ciudad de la Justicia reagrupará en una parcela propiedad de la Comunidad de Madrid 26 sedes judiciales que actualmente se encuentran dispersas por la ciudad de Madrid y que dan servicio a más de 30.000 personas. Esa concentración de sedes judiciales permitirá ganar eficacia, según ha venido defendiendo García Martín.
Esa concentración también supondrá un ahorro importante para la Administración ya que la previsión es que en los próximos cuarenta años sea del 50%. Es decir, el ahorro alcanzaría unos 2.000 millones, según las primeras estimaciones.
Por otra parte, García Martín también ha anunciado que llegará a un acuerdo con los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid, para seguir garantizando la mejora de la justicia gratuita y el turno de oficio «con más baremos y dando estabilidad a los profesionales».
La digitalización es otro de los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia. Es por esto por lo que se prevé contar con más medios tecnológicos para que antes de finalizar 2025 se haya implantado el «papel cero» en la Administración de Justicia de Madrid. Este mismo año se implantará la figura del «facilitador judicial» para mejorar la relación con la Administración de las personas con discapacidad.
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