El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apuntado a que la conversión del impuesto temporal a los beneficios extraordinarios a la banca en un gravamen permanente tendrá que tener en cuenta «elementos fundamentales» como el ciclo de la política monetaria, con la subida o bajada de los tipos de interés, así como otros factores como la disponibilidad de financiación a las pymes.
En un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum, el titular de Economía ha defendido que, de convertirse en permanente, estos cambios tendrán que pasar necesariamente por el filtro de la negociación entre los partidos políticos en el Congreso, pero ha insistido en que ambos gravámenes -tanto el financiero como el energético- han sido un «éxito» de política económica.
«Han contribuido a aportar de manera más justa al escudo social y sin perjudicar al sector financiero y al energético», ha asegurado Cuerpo, sobre ambas figuras tributarias.
Sobre esta necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones, y sobre la advertencia que lanzó el Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de las consecuencias de la inestabilidad política sobre la economía a medio plazo, el ministro de Economía ha querido lanzar un mensaje de optimismo. «Estuve tres años en Bruselas y coincidió con el Gobierno belga batiendo el récord de Irak [de más tiempo con un Ejecutivo en funciones]. Ahora Países Bajos está ahí, ahí… Hemos dejado atrás un mundo de mayorías absolutas donde los proyectos legislativos pasaban como un rodillo«, ha subrayado.
En este sentido, y poniendo de ejemplo los acuerdos del diálogo social entre empresas y sindicatos, Cuerpo ha aseverado que la necesidad de negociar «no tiene connotación negativa», sino que permite que salgan adelante leyes y proyectos «equilibrados» que, a su vez, tienen una mayor vocación de permanencia.
Esta mención al diálogo social también la ha hecho respecto al debate sobre la reducción de jornada, abierto por su compañera de gabinete, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Cuerpo ha defendido buscar una «mejor conciliación entre la vida laboral y familiar», con el Gobierno acompañando ese proceso de reducción para que se produzca de manera equilibrada. Ahí es fundamental el acuerdo bipartito entre empresas y trabajadores, de tal manera que «no afecte a la productividad de las empresas ni a los salarios de los trabajadores».
El ministro ha defendido un modelo de crecimiento económico sostenible, basado en los pilares de la cohesión social, la defensa del medioambiente y la estabilidad financiera, donde los tres ejes tengan peso propio, sin estar sometidos únicamente al financiero, como ocurrió antes de la Gran Recesión. Así, ha defendido la subida de un 54% del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018, en tanto que ha tenido efectos sobre colectivos con mayor predisposición al consumo (como jóvenes y mujeres), revigorizando la demanda interna y sin efectos sobre el empleo.
A futuro, y una vez terminen los recursos del Plan de Recuperación en 2026, Cuerpo ha instado a reforzar los mecanismos de inversión tanto pública como privada, aprovechando que las empresas y las familias están en niveles mínimos de endeudamiento.
Sobre las reformas estructurales que tiene que afrontar el tejido productivo, el ministro ha señalado tres: el mercado laboral, basado en «la buena experiencia que nos precede»; el sistema educativo, para hacer una mejor conexión entre las necesidades de las empresas y la mano de obra, al tiempo que garantiza herramientas «ante un mundo cambiante»; y, sobre todo, el mercado de la vivienda.
«Este es un gran cuello de botella que limita el crecimiento económico y la movilidad laboral», ha dicho, insistiendo en que «nos jugamos mucho» por las consecuencias sociales que puede tener el tensionamiento en este sector.