La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), en la que se integran constructores, promotores e inversores inmobiliarios, asegura que la Ley de Vivienda es «desastrosa» para el mercado del alquiler, expulsa viviendas del mercado tradicional por la falta de protección frente a la 'okupación' y, en caso de aplicarse los 'topes' al alquiler, llevará a «cada vez más gente durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de salubridad ni seguridad».
Así se detalla en el informe del primer trimestre de 2024 sobre el sector inmobiliario elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, en el que se alerta de que la situación en Valencia y su área metropolitana «se degrada de manera acelerada», con unos incrementos en el entorno del 10% en los precios de venta de vivienda nueva y en las mensualidades del alquiler en el primer trimestre de este 2024.
Este organismo de la Politécnica valenciana cuenta entre sus patronos con Be More 3D, dedicada a la impresión 3D para la construcción de viviendas; Dasha Living Space, empresa de alquiler temporal de pisos y de larga duración; la agencia de comunicación DoYou; la constructora Edicover; Viviendea, plataforma de obra nueva a medida; White Investing, de inversión inmobiliaria; la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia, Aprova; el estudio Viraje; los desarrolladores inmobiliarios Urbania Developer, y COAT Valencia, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia.
«Sintiendo repetir predicciones de anteriores trimestres, ya anticipamos que la entrada en vigor de la nueva ley estatal de la vivienda sería desastrosa para el mercado del alquiler, pues expulsaría viviendas del mercado tradicional debido a la imposibilidad de que los propietarios vincularan la cuota a la inflación y la protección a la 'okupación'», señala esta nueva edición del informe.
La cátedra explica que presentan una realidad «contundente» en este nuevo estudio: en Valencia hay aproximadamente 1.300 viviendas en alquiler tradicional y 2.100 en alquiler de corta duración (menos de 11 meses). «Es decir, casi el doble de viviendas respecto al alquiler tradicional se alquilan por períodos menores al año para evitar esa ley, y ello seguirá condicionando el precio, tensionándolo al alza», apuntan.
La cantidad de alquileres de corta estancia en la ciudad de Valencia asciende a 2107 viviendas, lo que equivale a un 37% más que los alquileres de larga estancia. El precio medio se sitúa en los 1621 euros, con muy poca variación con respecto al de alquiler de larga estancia.
Y esto, añaden, sin aplicarse los 'topes' que contempla la nueva legislación estatal. En este sentido, expresan su esperanza en que la Generalitat Valenciana, al igual que ocurre en la mayor parte de las autonomías, no la llegue a aplicar, «pues se ha demostrado que jamás ha funcionado«.
«¿Y qué ocurre si ni siquiera se puede alquilar una habitación? Desgraciadamente ya lo estamos viendo, con cada vez más gente durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de salubridad ni seguridad», advierten.
Propuestas para movilizar vivienda
«Son los denominados asentamientos informales, de los que venimos advirtiendo hace dos años. Cuidado, pues. Es necesario activar ayudas directas a estos colectivos para el acceso a la vivienda, y no solo para el alquiler, sino también para la compra. Insistimos en que en los años 90 del siglo pasado funcionó, y esas ayudas a fondo perdido permitieron a toda una generación tener una vivienda digna en propiedad», expone el informe.
Sin embargo, estas empresas y colectivos reconocen que esta política de ayudas «a corto plazo no es suficiente», por lo que abogan por «activar más viviendas en alquiler y hacerlo ya».
«¿Cómo? Pues dando seguridad jurídica a sus propietarios. Una solución que planteamos desde la Cátedra es que la Administración sea garante de los alquileres de vivienda pública, así como de aquellos que se quieran sumar con sus viviendas a esta iniciativa. Es decir, que la Administración responda en caso de impago ante el propietario si un inquilino deja de pagar y la ley actual impide su desahucio», desarrollan.
En este sentido, especifican que no cuestionan que haya que proteger a una familia vulnerable, sino que «el coste recaiga en el propietario de una vivienda».
«Es tan absurdo como que un empleador tuviera que hacer frente íntegramente a la baja por enfermedad de un trabajador de su empresa, sine die. Con esa garantía, se revertiría la situación, quedando únicamente la revisión por inflación que, afortunadamente, parece que será estable en los próximos años», agregan.
Además, se refiere el informe a la cantidad de viviendas que permanecen vacías y que requieren una importante obra para ponerlas al día: «Podrían salir al mercado a medio plazo al entender sus propietarios que tienen garantizada esa inversión necesaria con el aseguramiento del cobro del alquiler. Para las obras necesarias, se deben movilizar fondos europeos, que están específicamente para esto, pues mejoran el parque actual de viviendas de una ciudad».