CARACAS.- Organizaciones humanitarias y de derechos humanos rechazaron el acuerdo suscrito entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja, que fue intervenida por el Poder Judicial venezolano, al considerar que no existen las condiciones de independencia e imparcialidad que debe regir la ayuda humanitaria.
El pasado viernes 26 de abril, la ONU emitió un comunicado en el que informó la firma de la "carta de entendimiento" entre los dos organismos que tiene el objetivo de "avanzar con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Venezuela, enfocándose en áreas como la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica y la incidencia".
"Es importante seguir promoviendo una respuesta humanitaria eficaz y coordinada para garantizar que llegue a las personas que más lo necesitan de manera oportuna y eficiente", indicó la ONU en su comunicado.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó "sin garantía de independencia e imparcialidad, no hay ayuda humanitaria viable". Agregó que la Cruz Roja "está intervenida con el nombramiento arbitrario de una directiva y sin que se ordene la consulta con los miembros de esa asociación".
En ese mismo sentido se expresó la investigadora Lexys Rendón, quien enfatizó que la Cruz Roja venezolana tiene "una junta impuesta violando derechos asociativos, sin independencia". Y consideró que el de la Cruz Roja venezolana es "el peor caso de intervención de una organización de la sociedad civil en Venezuela por el Estado".
En tanto, Saúl Blanco, representante de la ONG Espacio Público, cuestionó que la intervención realizada por el Estado a la Cruz Roja "violentó uno de los principios humanitarios más importantes como es la independencia". Blanco mencionó que la intervención inicialmente se pautó para que durara un año y ya van ocho meses sin que se hayan informado si ha habido avances.
El régimen de Nicolás Maduro intervino la Cruz Roja en agosto de 2023, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo que no cuenta con independencia, que ordenó "el cese" del que era presidente de esa institución, Mario Villarroel, y del comité directivo; y designó a un empresario, Ricardo Cusanno, a la cabeza de una "junta reestructuradora ad hoc".
La medida fue tomada luego de que Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusó a Villarroel de "conspirar" contra el mandatario y de "actividad mafiosa" en el manejo de fondos.
Una semana antes, la Fiscalía había abierto una investigación contra Villarroel, de 75 años y presidente de la Cruz Roja desde 1978, por denuncias de "acoso y maltrato" a voluntarios y trabajadores.
En ese momento, varias ONG alertaron sobre el "precedente peligroso" que significó la intervención.
"Se genera un precedente peligroso para el derecho de libertad de asociación y reunión (...), con un juicio 'express' donde no hubo posibilidad de ejercer el derecho a la defensa", dijo el coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA, Rafael Uzcátegui.
FUENTE: Con información de Tal Cual Digital / AFP