Por qué funciona aislar a la extrema derecha en el País Vasco (pero en Cataluña está aún por ver)
En el País Vasco la extrema derecha está prácticamente borrada del mapa. La formación dirigida por Santiago Abascal solo cuenta con una diputada en el Parlamento vasco y un juntero, ambos por Álava. A pesar de que el propio líder de Vox es vasco y que en sus inicios en política fue concejal con el PP en Llodio, apenas cuenta con predicamento electoral en su tierra natal, donde las encuestas apuntan a que se podría quedarse fuera del Parlamento después de conseguir un escaño hace cuatro años. El de Amaia Martínez, su candidata para los comicios del domingo.
En esta campaña electoral la formación ha dejado aparcadas consignas como la independencia o el terrorismo de ETA y ha centrado su mensaje en la inmigración bajo el lema Sabes que es verdad. Paradójicamente, en sus intervenciones los dirigentes de Vox se están sirviendo de datos falsos para denunciar el aumento de la delincuencia —un fenómeno que vinculan con la llegada de población migrante— y de las agresiones sexuales a mujeres. Con la obvia intención de provocar una reacción airada en la izquierda, la campaña no ha dado los frutos esperados, ya que todas las formaciones, desde EH Bildu al PP, están ignorando a los de Abascal.
Es más, el candidato del PP, Javier de Andrés, ya ha revelado que entregaría sus votos —estarían en torno a siete actas, según las encuestas— en caso de que no obtuvieran mayoría con el PSE, pero bajo "unas condiciones" como, por ejemplo, mejorar el sistema de VioGen, que da seguimiento y respaldo a las víctimas de violencia de género. El objetivo de los populares es, precisamente, ser decisivos en la configuración del gobierno y arrebatar a Vox su escaño por Álava. Si la formación ultra se queda sin representación, se incrementaría la imagen de desgaste tras las elecciones gallegas, donde tampoco obtuvieron representación.
No se trata de un fenómeno nuevo. El pasado 23J la formación ultra se quedó sin representación en la Cámara Baja y solo logró el 2,6% del total de votos. Ahora centran sus esfuerzos en la provincia de Álava, donde obtuvieron su escaño en 2020 y cuyo sistema electoral podría jugar a su favor si logran superar la codiciada barrera del 3%, aunque no lleguen a esa cifra en global. De ahí que la mayoría de actos se hayan programado en las distintas ciudades de la provincia.
Lo cierto es que la sociología electoral del País Vasco permea bien el discurso de Vox, que hace de la confrontación —contra los migrantes, los independentistas o el feminismo— su razón de ser y se sirve de un discurso antipolítico de manual. Los datos del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno muestran que la sociedad vasca está convencida de que las instituciones funcionan "mejor" que en el resto del país y están a la cabeza del ránking por autonomías. Además, la campaña ha estado centrada en el estado de los servicios públicos y se han obviado, por lo general, las disputas de carácter nacional. De hecho, la presencia de los líderes nacionales ha sido más bien discreta, en comparación con otros procesos.
El auge de los discursos ultras anti-inmigración en Cataluña
El predicamento de Vox en Cataluña, si bien no excesivo, sí supera con creces al del País Vasco. Los de Abascal obtuvieron once escaños en las autonómicas de 2021 con el 7,7% de los votos, superando el resultado de Ciudadanos y también del Partido Popular. Sin embargo, lo cierto es que carecen de alianzas en el Parlament como se ha visto en los últimos años, con la mayoría de diputados ausentándose durante la intervención de Ignacio Garriga en la investidura de Pere Aragonés o dejándoles sin poder participar en ninguna comisión parlamentaria.
La formación ultra ya llevó a cabo en Cataluña el mismo manual que ahora practica en Euskadi. Garriga incorporó el discurso anti-inmigración de Plataforma Per Cataluña de Josep Anglada utilizando conceptos como "estercoleros multiculturales" y con mensajes como "fronteras seguras o violadores en nuestras calles" o "no queremos que Cataluña se convierta en Argelia". Ahora, según las encuestas, la formación de Abascal podría sufrir un desgaste y bajar en votos y escaños que recuperaría, por su parte, el candidato del PP Alejandro Fernández.
Sin embargo, Vox no es el único partido en el ecosistema catalán con un discurso —abiertamente— de extrema derecha. También las hay de corte catalanista como Aliança Catalana, liderada por Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll (Girona), Som Identitaris o el Front Nacional. Orriols ya ha confirmado que se presentará a los comicios del próximo mayo y obtendría, según las encuestas, el 2% de los votos —la barrera se sitúa en el 3%—. La posible entrada de la formación en el Parlament ha llevado a que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya demandado un compromiso por parte de todos los partidos, con especial foco en Junts, para no aceptar sus votos.
"No negociaré nunca con ninguna formación de derecha extrema ni de ultraderecha", aseguró el candidato de Junts, Carles Puigdemont, este martes. Los posconvergentes han dejado ver su sintonía con Orriols en algunas materias como la migración y recientemente pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez el control de los flujos migratorios, los permisos de residencia o la deportación de migrantes que reincidan en múltiples delitos. A ello se suma que el pasado mes de diciembre alcaldes de Junts de la comarca del Maresme organizaron un pacto público para señalar a colectivos migrantes como responsables de un malestar social creciente en la zona.
Lo cierto es que, a tenor de las encuestas, las investigaciones sociológicas y los análisis especializados, el discurso anti-inmigratorio está sirviendo como combustible para la extrema derecha en Cataluña —tanto por parte de Vox como de las formaciones catalanistas— y, a diferencia de Euskadi, se está asentando en la sociedad un caldo de cultivo de sentimiento antipolítico tras los años marcados por el procés, según desgranan estudios como el del CEO.
¿Pactar con los ultras o no? El dilema de los partidos conservadores
Feijóo se queda sin discurso en el País Vasco y lo fía todo a ser clave para que Bildu no gobierne
Cordón sanitario contra la extrema derecha sí o no. Es la eterna pregunta que, habitualmente, están obligadas a responder las formaciones de corte conservador en toda Europa —en el caso español sería el PP— ante el auge de las formaciones ultras. Aunque hay algunos países que sí se comprometen a llevarlo a cabo aunque ello implique no llegar al gobierno —como es el caso de Alemania, Francia, Suecia o, recientemente, el de Bélgica— la norma general es que estas formaciones forman parte del Gobierno o lo sostienen en más de una decena de países de la UE.
El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, demostró tras las elecciones del 28M su predisposición a pactar con Vox en todas las autonomías —aunque las elecciones las hubiera ganado el PSOE, por lo que el mensaje de la lista más votada se difuminó rápidamente— para desalojar del poder a la izquierda. Las elecciones generales frustraron las esperanzas de Feijóo de convertirse en presidente del Gobierno, aunque no fue porque no lo intentara. Trató de meter en la misma ecuación a formaciones como Vox y el PNV, abiertamente opuestas.
El manual de Steve Bannon, gurú de la internacional nacionalista, funciona allí donde se aplica: polarizar, dividir, atraer toda la atención, poner su agenda sobre la mesa –a base de mentiras si es preciso–, señalar unos culpables fácilmente identificables e inundar el espacio público de estridencia populista. Donald Trump, Javier Milei, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro –cada uno con su peculiaridad– han empleado parecida receta. Y les ha funcionado. En los comicios del Parlamento Europeo previstos para el mes de junio se comprobará si el Partido Popular da vía libre a la alianza con el grupo de los ultras o reedita la fórmula de alianza con los socialdemócratas. Por el momento, parece que gana la primera opción. ¿Quién dijo cordón?