La economía española ha resistido mejor que otras del entorno el golpe de unos tipos de interés en máximos de veintitrés años, del estancamiento de la Eurozona o de las tensiones geopolíticas crecientes en Ucrania y Oriente Medio. Lo ha hecho respaldada por el consumo público y privado, por la resiliencia del mercado de trabajo -en contra de lo sucedido en anteriores crisis-, por el empuje de las exportaciones de bienes y servicios y gracias al impulso 'extra' que ha supuesto la llegada de los fondos europeos.
Ha aguantado pese a verse constreñida por los ciclos electorales. El que acaba de comenzar, con las gallegas en la recta final y las catalanas y europeas a la vuelta de la esquina, se han traducido en la renuncia a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Y ha aguantado, también, pese a las dificultades de lograr apoyos parlamentarios suficientes con los que sacar adelante las reformas comprometidas con Bruselas (subsidio de paro) o los mismísimos objetivos de estabilidad.
Esa inestabilidad ha sido señalada como un riesgo a medio plazo por organismos nacionales e internacionales en un momento en el que España debe hacer frente a sus desequilibrios de forma decidida para poder cumplir con las nuevas reglas fiscales a nivel europeo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el último en advertir de que "la prolongada fragmentación política interna podría obstaculizar la aplicación de las reformas estructurales y la consolidación fiscal".
En su último informe sobre la evolución de la economía española el Fondo recomienda al Gobierno que ponga en marcha un ajuste del déficit de tres puntos porcentuales de PIB de aquí a 2028, el equivalente a unos 44.000 millones de euros. El organismo asegura que, de mantenerse a más largo plazo, esta situación de inestabilidad política puede empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, sobre todo si se endurecieran de nuevo las condiciones financieras.
En realidad, ya se aprecia algún impacto en este sentido. La Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial sitúa la incertidumbre sobre la política económica (un 58% de compañías que dicen verse afectadas por ella) y la falta de mano de obra como principales condicionantes del retroceso de las ventas y la inversión en lo que va de primer trimestre junto con las tensiones en el Mar Rojo
La incertidumbre política y la rebaja del déficit más allá de 2024
El comportamiento del PIB sorprendió con un avance del 2,5% en 2023 gracias al acelerón del último tramo del año y ahora va camino de repetir en el primer trimestre del año el crecimiento del 0,6% que registró entre octubre y diciembre. El dinamismo de la actividad ha permitido al país borrar dos tercios del aumento de la deuda relacionado con la pandemia y llevar a cabo un ajuste gradual del saldo presupuestario negativo.
Pese a ello, la advertencia sobre los riesgos cada vez mayores de que la situación política acabe por afectar al desempeño de la economía cala también en el análisis que ofrecen las agencias de rating. "La incertidumbre política debería frenar la reducción del déficit más allá de 2024", sostiene Moody's.
La debilidad parlamentaria del Gobierno y la incertidumbre sobre cómo el resultado electoral en País Vasco y Cataluña puede afectar al juego de poderes entre sus socios de Gobierno (PNV y EH Bildu, de un lado, y ERC y Junts, de otro) preocupa por la dificultad para sacar adelante las reformas y medidas que exigirán los desembolsos de los fondos Next Generation y el nuevo marco fiscal europeo. De que estas medidas lleguen a buen puerto dependerá que el ajuste para contener la deuda tenga que ser más o menos agresivo.
En el mejor de los casos podría ser necesaria una corrección del 0,43% del PIB al año durante siete ejercicios, lo que supondría un ajuste de unos 5.600 millones para cada uno de ellos. En el peor, esta corrección sería del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años, esto es, el equivalente a unos 9.900 millones para cada ejercicio, como advertía esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El organismo fiscalizador ha advertido de que las Administraciones incumplirán este año la recomendación europea sobre el aumento del gasto primario neto de medidas de ingresos, dado que lo elevarán un 4%, frente al 2,6% sugerido. Esto, cuando los ministros de Economía de la Eurozona están preparando el terreno de cara a 2025 y han apostado por contener el gasto público en los próximos presupuestos.
"La Eurozona se enfrenta a múltiples demandas presupuestarias en paralelo con la necesidad de seguir reconstruyendo colchones fiscales", apunta el documento que aprobaron recientemente y que apuesta por ir generando ya los colchones con los que capear futuras crisis. Son desafíos que en una coyuntura política como la nacional van a suponer una negociación todavía más compleja para el Gobierno. El tiempo sigue corriendo y los plazos se estrechan cada vez más.