"¡No les hemos enseñado ni las uñas!", le escuché decir a un líder sandinista por televisión oficial al inicio de las protestas de abril de 2018 (ya habían más de 20 asesinados en ese momento). Esta afirmación era cierta, pues, aunque las consecuencias de la represión han sido altísimas, la capacidad para hacer daño del régimen de Ortega es muchísimo mayor. Esa disposición a imponerse a sangre y fuego les ha permitido sostenerse en el poder a pesar de las enormes presiones a la que han sido sometidos. Un gobierno democrático o incluso un régimen autoritario menos represivo no hubiera aguantado la magnitud de las protestas que Nicaragua vivió en abril de 2018. Es más, un régimen autoritario medianamente sensato hubiera aprovechado las negociaciones de 2018 y 2019 para acordar elecciones competitivas en 2021 que diera paso a una transición democrática. Ya otras dictaduras lo han hecho en el pasado, incluso Ortega en 1990.
Desde el inicio de la crisis, la estrategia de Ortega ha sido provocar una respuesta violenta de parte de la oposición y que esta haga consciente o inconscientemente lo que su régimen marca. Ambos objetivos los ha intentado alcanzar mediante su violencia extrema. La apuesta por la lucha pacífica de parte de la oposición ha sido un gran acierto, incluso histórico para un país como Nicaragua con un legado terrible de guerras fratricidas. La incapacidad de Ortega de cooptar y marcar el paso de la oposición mediante la intimidación también fue otro gran triunfo de la oposición.
Siempre que se conmemoran las protestas de abril de 2018, vuelven los debates sobre los pasados procesos de negociación (2018 y 2019), las elecciones de 2021 y el rol que ha jugado la oposición en la lucha por la democracia en Nicaragua desde entonces. Como no se ha logrado el objetivo final, una Nicaragua con libertad, justicia y democracia, se tiende a valorar todo de manera negativa y sin matices. No se toma en cuenta que la sociedad entera ha sido abrumada por la violencia extrema del régimen de Ortega. Tampoco se toma en cuenta que la oposición post 2018 es una oposición en construcción producto de un estallido social que de manera no planificada y espontánea le dio un vuelco entero al país.
Cuando se comenzó a hablar de las negociaciones en 2018 surgieron muchas interrogantes y opiniones. Hubo quienes plantearon que Ortega convocaba a una negociación para "oxigenarse" porque estaba a "punto de caer". Incluso, dijeron que las negociaciones "apagaron" las protestas, cuando realmente lo único que las pudo detener fue la brutal represión del régimen. Primero, a través de su reacción instantánea a las primeras movilizaciones, luego mediante una respuesta más planificada a través de la "operación limpieza" y finalmente a través de la represión preventiva del "estado de sitio" de facto en el que han sometido al país. El inicial "vamos con todo" de Rosario Murillo fue in crescendo, aunque como constantemente remarcan, no han sacado "todos los fierros".
No participar en las negociaciones hubiera sido un error. Primero, hubiera contribuido a la narrativa del régimen que retrata a la oposición como un grupo intransigente y extremista que lo quiere sacar por la fuerza: la manida tesis del "intento fallido de Golpe de Estado". Segundo, en 2018 no se hubieran instalado en Nicaragua los mecanismos de la OEA que documentaron las graves violaciones a los derechos humanos que luego los mecanismos de la ONU consideraron podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Tercero, cientos de presos políticos no hubieran salido de las cárceles en 2019. Y cuarto, Ortega demostró que no tenía voluntad de cumplir lo firmado, ni de avanzar conversaciones sobre la reinstitucionalización del país en materia de justicia y democracia. Ortega esperaba una contraparte complaciente o "extremista" y no se encontró con una ni con la otra. Los complacientes hace rato están del lado de su mesa, mientras que los extremistas solo existen en su imaginación y propaganda.
Luego de los dos procesos de negociación, siguió el reto electoral de cara a las elecciones de 2021. Algunos plantearon que no se debía apostar por la vía electoral y boicotear el proceso desde un inicio. Sin embargo, la mayoría de los grupos opositores decidieron seguir en la vía electoral a pesar de los obstáculos y el incremento de la represión por parte del régimen de Ortega. Como la oposición se mantuvo firme, Ortega se vio acorralado y decidió dinamitar la vía electoral encarcelando a los candidatos presidenciales y cancelando la personería jurídica de los partidos que pudieran servir como plataformas de la oposición. ¿Por qué el régimen decidió tomar esa medida? La respuesta es que Ortega sabía que cualquier candidato opositor lo derrotaría y que le sería más costoso realizar un fraude el día de las elecciones o negarse a entregar el poder una vez fuera derrotado. Al final, el costo también fue altísimo, Ortega está más aislado que nunca e incluso cada vez más sectores de la izquierda internacional lo condenan. Sin embargo, es un costo que en su día Tomás Borge le recomendó pagar: "podemos pagar cualquier precio (...) lo único que no podemos perder es el poder".
No apostar por la vía electoral también hubiera sido un error que sabiamente la oposición no cometió. El "forfeit" de la oposición era el escenario ideal de Ortega, hizo todo lo posible para ocasionarlo desde 2020. Hubiera dicho a nivel internacional que la oposición no quiso participar porque no es democrática y su vía es la violencia "golpista". En un escenario de ese tipo, a la comunidad internacional democrática le hubiera sido más difícil condenar la farsa electoral.
Después de la farsa electoral de 2021, Nicaragua entró en una fase de profundo estancamiento, lo cual plantea mayores retos para la oposición y la ciudadanía en general. Una transición a la democracia requiere de una oposición robusta, que siendo plural esté bien organizada, coordinada y con una estrategia viable. Para impedir esto, los esfuerzos represivos del régimen de Ortega están abocados a inviabilizar a la oposición dentro de Nicaragua. De ahí las desnacionalizaciones, los exilios, el cierre total del espacio cívico y todas las demás medidas de persecución generalizada contra la ciudadanía. La lógica de este accionar del régimen es proyectar nacional e internacionalmente que son lo único existente y que la alternativa a ellos es un vacío de poder con graves consecuencias en materia de seguridad y migración para la región. Superar esos obstáculos y que la oposición se convierta en una alternativa real de poder es un reto muy difícil de cumplir en contextos autoritarios. La historia de las transiciones a la democracia lo demuestra.
Abril 2018 marcó un hito histórico en la historia reciente de Nicaragua. Como sociedad debemos estar orgullosos de que la llama de la democracia siga viva en nuestro país a pesar de los intentos del régimen de Ortega por aplastar cualquier esperanza. A pesar de sus múltiples intentos, Ortega no pudo llevarnos a la violencia y romper la convicción pacífica de la ciudadanía. Esto es un gran activo para Nicaragua, pues nuestra historia es la de la historia de violencia política. Al final, Ortega no logró cooptar a la oposición que le ha hecho frente desde abril de 2018. Como la oposición no estuvo dispuesta a doblarse por sus presiones e intimidaciones, Ortega tuvo que patear la mesa de las negociaciones y volar por los aires la vía electoral. Un año más Ortega intenta borrar abril y fracasa. Un año más recordamos abril y que Nicaragua está hecha para la libertad.