Pero en vez de combatir el hambre, el ejército acabó por lucrar con estas carencias, según pudo investigar AP.
Ahora que varios sectores del país están liberalmente al borde de la hambruna, el tráfico de alimentos se ha convertido en un gran negocio.
Las Fuerzas Armadas están en el corazón de todo, según documentos y entrevistas con más de 60 funcionarios, propietarios de empresas y trabajadores, entre ellos 5 ex generales.
Como el dinero pasa por el sistema financiero estadounidense, la Justicia de ese país está investigando a empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del ejército chavista, por lavado de recursos provenientes de los contratos de alimentos.
"Ahora la comida da más que la droga", dijo el general retirado Cliver Alcalá. Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 2004 para aumentar el control militar de estos productos ante los intentos de la oposición de derrocarlo.
Su gobierno nacionalizó negocios agropecuarios y luego descuidó granjas y fábricas, y la producción doméstica colapsó.
Cuando el precio del petróleo se derrumbó en 2014, el gobierno ya no tenía recursos para importar lo que necesitaba.
Nicolás Maduro entregó a los generales el poder total sobre los alimentos cuando el hambre provocó protestas y saqueos. El gobierno importa ahora casi toda la canasta alimenticia.
Los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios, según Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia.
"Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de la población", dijo.
En julio pasado, un empresario sudamericano tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto. Ya había pagado millones en sobornos a funcionarios venezolanos, indicó Gutiérrez.
El barco "hacía 20 días que estaba atracado". "¿Cuál es el problema?", le respondió el general Rodolfo Marco Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es titular de Alimentación.
Aunque el di- nero no se mencionaba, el empresario entendió que necesitaba aumentar los sobornos. Tuvo que pagar 8 millones de dólares a las personas que trabajaban para Torres. Los sobornos son posibles porque inflan los precios en la facturación al Estado.
Algunos contratos terminan en empresas fantasmas. Documentos financieros obtenidos por la AP muestran que Marco Torres otorgó a la empresa Atlas Systems International un contrato de 4,6 millones de dólares para importar pasta.
Atlas -registrada en Panamá- tiene todas las características de una compañía fachada, sin activos conocidos y una estructura de accionistas difícil de descifrar.
Otro proveedor gubernamental de alimentos, J.A. Comercio de Géneros Alimenticios, tiene en su web una dirección inexistente en una ciudad cerca de San Pablo, en Brasil.
Las dos compañías transfirieron más de 5 millones de dólares a una cuenta de Ginebra controlada por los cuñados del entonces ministro de Alimentación, el general Carlos Osorio, en 2012 y 2013, según documentos bancarios e internos.
La corrupción se extiende desde el puerto hasta los mercados, según decenas de personas que trabajan en Puerto Cabello, a donde llegan la mayoría de los alimentos importados.
Los oficiales a veces dejan a los barcos esperando en el mar hasta que se les paga. De acuerdo a los estibadores, los clientes les dan sobres de dólares para que los entreguen a los militares y sus barcos puedan atracar.
Luis Peña, director de operaciones del importador Premier Foods, con sede en Caracas, dijo que paga a una larga lista de funcionarios militares por cada envío que hace de pequeñas empresas en Estados Unidos.
"Es una cadena continua de corrupción desde que los alimentos llegan en barco y se va extendiendo hasta quienes los transportan en camiones. Al final es el cliente el que paga'', señaló.
Si los importadores tratan de saltarse el proceso sin pagar sobornos, la comida se queda y se pudre, agregó. Los alimentos echados a perder son un problema a pesar de que 90 por ciento de los venezolanos dicen que no tienen suficiente dinero para comida.
La solicitud de coimas retrasa los embarques y a veces las autoridades son negligentes con la distribución.
El tema de Puerto Cabello provocó reprimendas en el informe más reciente del contralor de la nación. Cuando la comida se echa a perder, los militares tratan de deshacerse de ella discretamente.
El invierno pasado, Daniel Arteaga, un operador de grúas en Puerto Cabello, vio como empleados estatales enterraban cientos de contenedores de pollo, carne y granos podridos.
"Enterraron tantos contenedores de pollo y de carne... mientras uno tiene que hacer su cola un día en la semana, y solo te dan un pollo", relató.
"Me hizo sentir triste, porque el gobierno preferiría perder esta comida en vez de regalarla o incluso vender la", comentó Arteaga.