Aunque en octubre del 2023 presentó una petición para que le dieran una rebaja de pena o fuera sujeto de una liberación por compasión, la justicia norteamericana no solo negó la petición que había hecho Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, sino que ahora también desestimó una apelación que había elevado frente a esa decisión, según registros judiciales a los que accedió EL TIEMPO.
Rodríguez Orejuela, apodado 'el Señor', fue uno de los fundadores del cartel de Cali junto a su hermano Gilberto. Tras convertirse en el segundo cartel más fuerte en el negocio de la droga, Estados Unidos los fichó, en diciembre del 2004 fue extraditado Gilberto y Miguel lo siguió poco después, llegaron a suelo norteamericano en marzo del 2005. Posteriormente, en septiembre de 2006, en medio del proceso judicial, Miguel se declaró culpable de conspiración para importar a los Estados Unidos cinco kilos o más de cocaína, y recibió una sentencia de 30 años de cárcel.
Desde la Federal Correctional Institution (FCI) Loretto, localizada en Pennsylvania, el 31 de octubre de 2023 Miguel Rodríguez Orejuela, quien ahora tiene 80 años de edad, envió a la Corte para el Distrito Sur de Florida una moción para que le redujeran dos niveles en su sentencia, lo cual se traduciría en una rebaja de pena o una liberación por compasión.
En su recurso Rodríguez Orejuela argumentó que tenía una "miríada de problemas de salud" y un riesgo mínimo de reincidencia, también señaló que no tenía antecedentes penales y que el delito por el cual fue condenado no se cometió con violencia, no resultó en la muerte o lesiones graves de nadie, no es un delito sexual, no mediaron armas en su comisión, no es un delito grave contra los derechos humanos ni fue un crimen de odio. Por todo esto dijo que era elegible para la reducción de dos niveles en su sentencia o una liberación por compasión.
Sin embargo, sus esperanzas de libertad se truncaron rápidamente cuando el 16 de noviembre pasado, poco menos de un mes después de presentar su moción, la corte la negó.
En su respuesta, conocida por EL TIEMPO, el juez William P. Dimitrouleas consideró que si bien una reducción de pena por no tener antecedentes judiciales ubicarían el rango de su sentencia entre 292 y 365 meses, Rodríguez Orejuela no calificaba para este beneficio porque recibió un aumento de cuatro niveles a la hora de su condena por su papel en el delito.
"Esto le descalifica para beneficiarse", se lee en la respuesta de la Corte, que añade que tampoco se han demostrado "razones convincentes y extraordinarias para una liberación compasiva", y que considerando todos los factores, "una reducción (de la pena) no promovería el respeto de la ley ni actuaría como elemento disuasorio".
La apelación
Según registros de la rama judicial de Estados Unidos, el 27 de diciembre se recibió una apelación de Miguel Rodríguez Orejuela contra la decisión de negarle la rebaja de la pena.
En un documento de una página se consigna su apelación que, aunque fue inicialmente enviada el 27 de noviembre al abogado del excapo, para que su representante la enviara a la Corte, un cambio en la dirección del abogado hizo que la carta con la apelación fuera retornada a prisión el 13 de diciembre, y Rodríguez Orejuela tuvo que volverla a enviar a la Corte, pidiéndole que la estudiara.
El 29 de diciembre pasado, dos días después de la llegada de la apelación a la Corte, al excapo le enviaron una carta con las instrucciones que debía seguir para que su apelación fuera considerada. En este documento se lee que dentro de los 14 días siguientes a la fecha de dicha notificación el apelante debía "pagar al Tribunal de Distrito la tarifa de presentación o presentar una moción para proceder In Forma Pauperis (IFP) en el tribunal de distrito".
Y se añadía que si no se pagaba la tarifa de presentación ni se presentaba una moción para proceder con el IFP dentro de los 14 días posteriores a la fecha de este aviso, "esta apelación será desestimada".
Una moción IFP permite a una persona pobre presentar un proceso sin incurrir en los costos del mismo, pero según los registros judiciales, Rodríguez Orejuela ni pagó la tarifa del trámite, ni presentó el documento que lo hubiera eximido de esto.
En una decisión del 7 de febrero, conocida por este medio, se lee que su apelación fue desestimada "porque el apelante Miguel Rodríguez Orejuela no pagó los derechos de presentación y expediente al tribunal de distrito, o alternativamente, no presentó una moción para proceder in forma pauperisante el distrito tribunal ni presento un Formulario de Orden de Transcripción y no cumplió con las reglas dentro del tiempo fijado".
Así las cosas, quien fuera considerado como un 'capo de capos' del cartel de Cali seguirá preso pagando una sentencia de la que todavía le faltan por cumplir más de 15 años.