La Defensoría del Pueblo alertó por el incumplimiento del Gobierno a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-622 de 2016, en la cual se reconoce al río Atrato como sujeto de derechos.
Precisamente, debido a la problemática relacionada con la contaminación, deforestación y minería ilegal en la cuenca del río Atrato, la entidad defensora de los derechos humanos solicitó, con carácter urgente, se establezcan acciones claras y concretas que garanticen el bienestar y cuidado de las comunidades chocoanas que la habitan.
"En el seguimiento que realizamos desde la Defensoría del Pueblo al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, y cuyo fin es la efectiva conservación y protección de ese ecosistema estratégico, uno de nuestros equipos evidenció la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato", expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en una visita al departamento del Chocó.
De acuerdo con lo hallado, la Defensoría le hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que, "en articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implemente acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la sentencia proferida hace ocho años, la T-622 de 2016, de la cual a la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal".
Dichas acciones, señaló el defensor, es importante incluirlas en los Planes de Desarrollo Territorial: "Este es el momento propicio para que los mandatarios locales diseñen las estrategias para lograr el efectivo cumplimiento de la mencionada Sentencia y así garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato".
Con el propósito de garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen del afluente, el tercero más importante y navegable del país después de los ríos Magdalena y Cauca, desde la Defensoría se insiste en la necesidad del trabajo articulado entre los diferentes ministerios y entidades que tienen como deber constitucional la descontaminación y restauración de ese ecosistema, así como la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido uso de mercurio, las cuales deterioran día a día la salud de quienes habitan esa región del occidente de la geografía colombiana.
"Comprometidos con la defensa del Atrato, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, le hemos solicitado al Tribunal de Cundinamarca el desarrollo de una audiencia de seguimiento que permita vigilar el estricto cumplimiento de las órdenes dispuestas en la Sentencia", precisó el defensor del Pueblo.
A comienzos de 2024, un grupo de 1.600 habitantes del municipio de Atrato radicó una demanda contra el Estado por la presunta contaminación con mercurio del río Atrato. La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitando reparación económica por afectaciones a la salud y medio ambiente por causa de actividades de minería ilegal en la zona.
La demanda, conocida por El Espectador, pone en evidencia que desde 2006 la cuenca del Atrato ha sido objeto de minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio por parte de operadores extranjeros y grupos armados como el clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
Por la afectación que estas acciones han causado, dejando erosiones y contaminación del agua y los peces, la comunidad exige una indemnización de más de $220.000 millones por la presunta responsabilidad y omisiones del Ministerio de Minas y Energía, de la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y del municipio de Atrato, respecto de acciones que hagan frente a la grave situación de riesgo para los habitantes.