El régimen abulta su nuevo diccionario al que ha decidido limpiar de sutilezas democráticas. Su voracidad desde el poder anula formas que otro gobierno respetaría en favor de la libre expresión. Se han sincerado, señores. Que María Corina Machado diga que vamos "hasta el final", entra en la clasificación de convocatoria terrorista. Pedir justicia será interpretada como una clave fascista, ni qué decir del peligro que significa exigir elecciones libres. Por ese camino, el régimen calificará la palabra justicia como una afrenta, así como expresar lo que se piensa puede colocar a quien lo haga en merecedor de la máxima pena. El asunto puede ser todavía peor: algún arrastrado llegará a exigir castigo para quien no se sume a la ceremonia de halagos nauseabundos que la élite oficialista repite al oído de Nicolás Maduro.
Las acciones de la tiranía se tornan más violentas en proporción al peligro que los jerarcas del régimen van sintiendo cuando se acerca una fecha donde tendrán que simular ser una democracia que cumple con una elección presidencial. El proceso del 28 de julio es para el régimen un incómodo procedimiento para el que están elaborando toda una escenografía con un decorado de apariencia legal, que nadie cree, pero que lo necesitan para su narrativa. Parte de esa atmósfera es esa nueva ley que han denominado contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Sería risible lo de expresiones similares si no tuviésemos la certeza de que cualquier pensamiento hecho público puede entrar en esa parte del delito.
Esta norma es una versión mejorada de la ley contra el odio que la dictadura va sintiendo insuficiente. Buscaron entonces una clasificación política tratando de ubicar y descalificar todo lo que ha significado María Corina Machado en los últimos tiempos. El régimen no solo necesita desesperadamente construir un concepto que extraiga y anule lo que ella ha ganado en el pueblo, también le urge revertir la rabia y el desprecio que el venezolano siente por Maduro.
Las campañas que intentaron burlarse de María Corina diciéndole doña, fracasaron. Tampoco les ha funcionado el empeño de descalificar a la dirigencia política por los apellidos. Ese argumento demodé no le dice nada a las nuevas generaciones, y a los mayores no les interesa, o, al contrario, muy lejos del resentimiento de los hipócritas maduristas opíparos de riqueza fruto de la corrupción, el adulto venezolano decente añora esos capitales de los apellidos que llevaron al progreso a Venezuela y que en 25 años una casta corrupta ha destruido.
El proyecto de esta ley comodín para amordazar a los venezolanos fue presentado en el Palacio Legislativo que sirve de escenario para la actuación de unos oscuros personajes que se hacen llamar diputados. Dicho proyecto incluyó convenientemente en su procedimiento que una comisión designada desde Miraflores dictará pautas, reglamentos y políticas relativas a esta ley.
Los próximos tiempos significarán sin duda la profundización de la represión por parte de un régimen que apretará las tenazas para impedir la libre expresión. Al respecto, Maduro ha venido asomando sus deseos. En Venezuela nadie puede referirse al desprecio del pueblo expresado hacia Maduro en la clara ausencia de gente en sus visitas a diversas comunidades. También, -a pesar del altísimo presupuesto destinado a comprar opinadores y publicidad en las redes sociales-, es evidente que le afecta que a casi nadie le interese lo que él dice o hace -salvo que la voz opositora se haga eco-. Opta entonces por la alternativa de perseguir, amenazar y apresar. En eso ellos son buenos. Aunque suceden situaciones reveladoras e interesantes, por ejemplo, lo ocurrido con el youtuber Oscar Alejandro Pérez Martínez detenido en el aeropuerto Simón Bolívar bajo la acusación de terrorista. Como es usual, la privación de su libertad fue ejecutada bajo un procedimiento completamente irregular, así como absurdas e injustas fueron las razones para su prisión. ¿Qué sucedió? Las redes reventaron con mensajes que registraron dentro y fuera de Venezuela este nuevo atropello a una persona que no cometió delito alguno y que ejerce libremente en diferentes plataformas su derecho a decir lo que piensa a sus millones de seguidores. Y justamente por eso optaron por dejarlo en libertad, por sus millones de seguidores. En minutos a la tiranía el mundo le cayó encima.
Efectivamente, las redes sociales son un poder que se sale del control de la dictadura lo que significa que quienes vivimos fuera del país y podemos expresarnos tenemos el deber de mantener la presión. Hemos de hacerlo, eso sí, con responsabilidad e inteligencia. Sin repetir versiones falsas que nos dividan como lo son los bulos del oficialismo.
Tenemos un poder. Hagámoslo valer.