La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abierto un expediente para aclarar si el fichaje por parte de la aseguradora sanitaria privada Asisa del ex vice consejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, se ajusta o no a la normativa sobre incompatibilidades de cargos públicos. Sobre todo por el hecho de que el ex número dos de Salud adjudicó contratos a Asisa por un valor cercano a los 43 millones de euros tanto en su etapa como viceconsejero como en la que ocupó el puesto de gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Guzmán dejó la Consejería de Salud y Familias hace apenas tres meses y la compañía privada le fichó como director médico para Andalucía. La Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía establece un periodo mínimo de dos años en los que no se puede trabajar en empresas con las que haya tenido relación en el ejercicio de sus funciones y Asisa se benefició, sobre todo entre los años 2021 y 2023, de cuantiosos contratos adjudicados de emergencia y sin publicidad en el marco de la crisis sanitaria por el Covis-19.
Como gerente del SAS, Guzmán firmó personalmente buena parte de estos contratos, que supusieron un montante total de 243 millones de euros, de los que Asisa recibió aproximadamente el 18%, cerca de 43 millones de euros, como adelantó eldiario.es.
Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron a este periódico que la apertura de este expediente -"actuación informativa" en palabras del consejero José Antonio Nieto- se ha hecho de oficio, aunque en los últimos días los partidos de la oposición han venido presionando al gobierno de Juanma Moreno con denuncias públicas y ante la Oficina Antifraude andaluza, así como una eventual denuncia ante los tribunales que estaría preparando el PSOE.
Estas fuentes confirmaron, en cualquier caso, que el ex viceconsejero de Salud y ex gerente del SAS no hizo ningún tipo de consulta a la Administración autonómica acerca de la posible incompatibilidad de su fichaje por Asisa, como suele ser habitual en estos casos. Al menos la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asegura no haber tenido conocimiento del polémico contrato de Guzmán.
Nada más abrirse el expediente, se requirió desde este departamento documentación tanto a Guzmán como a la Consejería de Salud, incluidos los contratos adjudicados por el ex número de este departamento a la empresa para la que ahora va a trabajar.
Toda esta documentación será examinada y en el caso de que se aprecie incompatibilidad, el asunto pasaría a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que es la que tiene potestad para aplicar sanciones y ante la que dos grupos políticos de la oposición, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya han formalizado sendas denuncias. La normativa prevé castigos de hasta diez años de inhabilitación en el supuesto de incumplimiento.
Desde la Consejería de Salud, insistieron en que no tienen constancia del "nuevo empleo" de su ex alto cargo más allá de lo publicado en prensa y reiteraron el compromiso "con el cumplimiento de la legalidad" expresado por la consejera, que ha expresado su rechazo a las "puertas giratorias, pero también a que el paso por la política acabe perjudicando a las personas que deciden dar el salto desde la empresa privada".
"Estamos comprobando todos los contratos que firmó, pero la prórroga del contrato con Asisa no pudo firmarla porque entonces él ya no era gerente del SAS. Si hubiera incompatibilidad, actuaríamos en consecuencia", ha dicho Catalina García, que además ha confirmado que Guzmán percibe la cesantía a la que tiene derecho como ex alto cargo y que solicitó tras su cese el 27 de diciembre pasado.
La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, habla de 44 millones otorgados "a dedo" a Asisa "con irregularidades" y sin control ni fiscalización durante su etapa en el Gobierno andaluz.
Por esos y otros contratos de emergencia, el PSOE reclama una comisión de investigación en el Parlamento y ha avanzado que el Gobierno andaluz será llamado a la que se ha creado en el Congreso de los Diputados.
Tras denunciar que el Gobierno andaluz "parece más una banda que otra cosa", la portavoz del PSOE sostiene que el Ejecutivo "ha urdido" un sistema para "cargarse" la sanidad pública y que "sus amigos hagan negocio a costa de la salud y de la vida de los andaluces".
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, considera que es un claro caso de "corrupción política" por la utilización de las adjudicaciones de los contratos a las empresas privadas.
Mientras, el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, mantiene que la "responsabilidad" del Gobierno andaluz es "garantizar que se cumpla la ley", y que no existe "polémica política" en el fichaje del exviceconsejero.