La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada ha denunciado que dos funcionarios del Centro Penitenciario de Albolote han sido agredidos y amenazados por una familia que quería acceder al centro a comunicar con un menor, tras requerirle la documentación necesaria para regularizar la situación de dicho menor de edad.
Las agresiones y amenazas se produjeron el sábado sobre las 10:15 de la mañana. Los dos trabajadores, que se encontraban desempeñando el puesto de atención al público y comunicaciones, sufrieron golpes en brazos y cabeza, además de insultos y amenazas de muerte, teniendo que ser atendidos por los servicios médicos del centro penitenciario, siendo necesaria la intervención de la Guardia Civil; según ha indicado CCOO este lunes en un comunicado.
Para la organización sindical, estos hechos vuelven a poner en evidencia "las graves carencias" de las instituciones penitenciarias donde las agresiones van en aumento. En 2023 el personal penitenciario sufrió más de 500 agresiones, sin contabilizar insultos y amenazas que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se contabilizan. En este escenario, además, en el Centro Penitenciario de Albolote, que es el más masificado de Andalucía y el segundo de España, con 1300 internos y el que tiene mayor volumen de comunicaciones, más de 600 personas al día, "se suma el déficit de 87 trabajadores/as".
Cecilia Vargas, delegada de CCOO en la prisión de Albolote ha manifestado que, "la indefensión del personal frente a las agresiones es total, Instituciones Penitenciarias no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufrimos el personal penitenciario, un grave problema al que nos enfrentamos cada día los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, agresiones que causan muertes, como la de la compañera Nuria, mientras que desde las Direcciones de los centros hasta la Secretaría miran para otro lado".
"Desde la FSC de CCOO Granada en el ámbito penitenciario, reclamamos una investigación exhaustiva y medidas preventivas para erradicar todas las agresiones, evitando así disfrazar la alta siniestralidad laboral que se vive en este sector. Exigimos la aplicación completa de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales para el personal penitenciario, incluyendo la evaluación profunda de las causas y riesgos, así como la implementación rigurosa de medidas preventivas. Todo ello unido al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad en el ejercicio de su profesión", ha señalado.
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