California analiza una ley que podría impactar en la Justicia tras el fallo de un emblemático caso
La Asamblea estatal estudia una norma que permitiría iniciar un juicio por daños para obras que fueron robadas o arrebatadas como parte de una persecución política
Las ondas provocadas por el Caso Pissarro han alcanzado California. El Poder Legislativo del Estado analiza una iniciativa de ley que pretende facilitar la recuperación de obras de arte que fueron expoliadas por una persecución política. La propuesta fue elaborada por el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, quien redactó el texto de la norma con especial dedicatoria a los Cassirer, la familia que mantiene desde hace dos décadas un juicio contra España para recuperar Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia, de 1897, de Camille Pissarro. Esta obra maestra impresionista cuelga desde 1993 en el Thyssen de Madrid. En enero, un Tribunal de Apelaciones dio la razón al museo para quedarse con el cuadro.
La ley, llamada Assembly Bill 2867, permite a cualquier residente en el estado de California presentar una demanda por daños o para recuperar una obra de arte o una propiedad perdida como parte de una persecución política. De ser aprobada, la reforma al Código Civil otorgaría seis años desde el descubrimiento del robo o del paradero de la obra para comenzar el proceso judicial. La norma incluye las previsiones de una ley federal aprobada en 2016 que favorece la recuperación de arte expoliado durante el Holocausto para las familias o herederos de judíos en Estados Unidos.
Dichas demandas, por la vía civil, podrían ser presentadas contra "museos, galerías, casas de subasta o comerciantes de arte" para recuperar obras que fueron expoliadas o hurtadas por medio de fraude o amenazas. La propuesta cubre todo tipo de arte. Desde pinturas, fotografías o dibujos; pasando por grabados, litografías, esculturas o estatuas; hasta libros, instrumentos musicales e incluso archivos sonoros o cinematográficos. El texto propuesto asegura que será insuficiente que la parte válida pruebe que adquirió legalmente la obra de arte en disputa. La parte perdedora también deberá pagar los costes de representación y legales de quien gane el caso.
La iniciativa comenzó su proceso legislativo semanas después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito Central de California concluyera que el Museo Thyssen era el legítimo propietario del cuadro de Pissarro, valorado en unos 28 millones de euros. La institución española quedó satisfecha por la decisión de la corte. No así la familia que lo reclamaba, los Cassirer, quienes en 1939 malvendieron la obra para obtener dinero con el que pagar un visado y abandonar la Alemania nazi a inicios de la II Guerra Mundial. Claude Cassirer, residente en California, nieto y único heredero de Lilly Cassirer Neubauer, propietaria original de la obra, se enteró en 2000 de dónde estaba el cuadro y emprendió acciones legales para recuperarlo.
El Thyssen, además, considera que los Cassirer ya fueron compensados en 1958 cuando Lilly, la primera dueña del cuadro, alcanzó un acuerdo de 120.000 marcos alemanes con el Gobierno alemán y dos marchantes de arte. Este pago ponía supuestamente fin a la controversia.
David Cassirer, el hijo de Claude (fallecido en 2010), ha aplaudido el esfuerzo legislativo estadounidense y avalado la ley, que aún aguarda fecha para que sea votada por el pleno de la Asamblea estatal, controlada por el partido demócrata. "[Mi padre] estaría terriblemente decepcionado del reciente fallo del tribunal estadounidense que permite a España, a través de su museo nacional, quedarse con el pissarro robado por los nazis a su querida abuela. Pero estaría muy contento y agradecido de que el Legislativo de California está tomando las acciones necesarias para hacer que las leyes del Estado se aseguren del regreso del arte expoliado a sus justos propietarios", señaló David a finales de marzo, cuando la norma fue presentada. Su familia recurrirá a la decisión de la Corte de Apelaciones, dejando al Supremo como último recurso legal en esta batalla de décadas.
La oficina del asambleísta Gabriel no respondió a las peticiones de comentario hechas por EL PAÍS. El legislador afirma que su iniciativa cuenta con el apoyo de políticos como el fiscal estatal, Rob Bonta, y de la antigua senadora por California y hoy vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Gabriel, el representante del Valle de San Fernando en la Asamblea desde 2022, es un abogado constitucionalista con amplia experiencia como litigante. Ha defendido en los tribunales a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers. También es copresidente del caucus judío en el Congreso de California, desde donde ha promovido legislaciones para castigar más severamente el antisemitismo.
La propuesta sigue ahora su curso dentro del órgano legislativo. Ya ha sido analizada por la Comisión Judicial, que estudia las reformas al Código Civil. Fue allí donde la norma sufrió modificaciones mayúsculas. El texto original de la ley 2867, presentado el 15 de febrero, proponía cambios técnicos a la sección sobre expropiaciones, que permite a las entidades estatales obtener la posesión de una propiedad reclamada. El pasado marzo, sin embargo, el texto de la totalidad de la norma fue cambiado al estado en el que se encuentra actualmente.
La ley iba a ser presentada al pleno este jueves 18 de abril, pero esta no llegó a someterse a la votación esta mañana. Necesita de 41 votos a favor para ser enviada posteriormente al Senado Estatal y después a la oficina del gobernador Gavin Newsom, quien debe promulgarla con su firma.