Si finalmente Vaca Muerta resucitara, los acuerdos anunciados ayer quedarán como una de las decisiones históricas de Mauricio Macri, tal vez la que más permanecerá en el tiempo y en la memoria colectiva.
Podrá anotársela junto con el fin del cepo cambiario, con el acuerdo con los holdouts o con el exitoso blanqueo de capitales argentinos no declarados. Éstas últimas tres decisiones se agotarán en sí mismas.
Vaca Muerta, en cambio, podría dotar al país, dentro de varios años y de miles de millones de dólares, de autoabastecimiento petrolero y gasífero; de mayor capacidad de producción agroindustrial, y de más puestos de trabajo en una economía que tendrá resuelto uno de sus problemas básicos (el suministro de energía).
Hace dos años, los economistas argentinos solían decir en voz baja que uno de los aciertos de la historia fue no haberle dado a Cristina Kirchner el manejo de esos inmensos recursos.
Se hubiera convertido en presidenta vitalicia. De hecho, la decisión de expropiarle YPF a la española Repsol (con los métodos de una confiscación) tuvo el argumento oculto de que el Estado argentino se hiciera cargo de la explotación de Vaca Muerta.
YPF tiene la concesión de un tercio del territorio de Vaca Muerta y en 2011 confirmó oficialmente la existencia y la magnitud del yacimiento.
Un año después, en 2012, Cristina decidió la expropiación de YPF, pero entonces el precio del barril de petróleo estaba en casi 120 dólares.
El valor del petróleo registró una caída vertical a partir de fines de 2013, que terminó depositando el precio en menos de 26 dólares en febrero de 2015.
El shale oil y el shale gas (cuya extracción es también más cara) dejaron de ser económicamente viables. El precio del barril subió un 100 por ciento en el último año; ahora está en casi 53 dólares.
Aquel riesgo que al final no sucedió debería obligar a una política de Estado sobre el uso de los eventuales recursos de Vaca Muerta.
Si bien es improbable que Cristina Kirchner vuelva algún día al poder, la posibilidad de un regreso al populismo no debe descartarse. Otra experiencia populista podría despilfarrar Vaca Muerta en una o dos décadas.
Otro aspecto que merece una política de Estado debería referir a los aditivos químicos que se utilizarán en la explotación del yacimiento no convencional.
El elemento que más se necesita para la explotación del petróleo y el gas no convencionales es el agua, pero hay un porcentaje pequeño (no por eso menos importante) de aditivos químicos, que ya provocaron denuncias por afectación de la salud en los Estados Unidos. Europa ha fijado reglas más claras para lo que es sólo allí la exploración de esa clase de combustibles.
La Argentina tiene el segundo yacimiento de gas no convencional, después de China, y el cuarto en petróleo, después de Rusia, Estados Unidos y China.
Al revés de lo que sucede en esos países, Vaca Muerta está lejos de centros urbanos (en el desierto, virtualmente). En los otros países, los yacimientos están cerca (o debajo) de ciudades o pueblos, lo que dificulta la extracción.
Esa situación convierte a Vaca Muerta en el yacimiento de shale oil en mejores condiciones en el mundo para su explotación.
Tampoco el caso del petróleo y el gas no convencionales significará una confrontación con la política proteccionista que anuncia Donald Trump. Los combustibles están donde están, no donde Trump quiere que estén.
Es improbable que el próximo presidente norteamericano le declare también una guerra inútil a la geografía. La Argentina de Macri es, además, una especie de jardín en el paraíso para las inversiones de las petroleras, que deben vérselas, salvo excepciones, con autócratas árabes, rusos o latinoamericanos en la mayor parte del mundo. El petróleo está donde está, para todos los casos.
La dirigencia sindical argentina es vieja porque se remonta al discurso y a las cosas de los tiempos de Perón o a los postulados icónicos de la izquierda.
El problema de esas premisas es que la historia ha cambiado, no sólo en la Argentina, sino en el mundo. En 2011, las cinco principales empresas norteamericanas eran petroleras o bancos, salvo una excepción que provenía de las nuevas tecnologías (Apple).
En la medición de 2016, las cinco principales empresas de la mayor economía del mundo son tecnológicas. Estas cinco empresas de ahora dan trabajo a menos del 20 por ciento comparadas con aquellas de hace cinco años.
Es un problema que requiere de una reflexión profunda, económica y también moral sobre el mundo del trabajo. Lo único que no se puede hacer es intentar retroceder el reloj del tiempo. Sería tiempo perdido.
Macri le habló al jefe del sindicato petrolero, el también senador Guillermo Pereyra, con la experiencia acumulada como empresario.
Le ofreció cambiar ciertas condiciones de trabajo (por ejemplo, los petroleros cobraban como horas extras el viaje en taxi a su lugar de trabajo) a cambio de aumentar en un 50 por ciento el número de afiliados a su sindicato. Trato hecho.
La industria en general camina hacia la robotización, mientras los sindicatos aquí siguen hablando como lo hacía Lorenzo Miguel en los años 70.
¿El mundo irá hacia un trabajo más eficiente, moderno y placentero o condenará a millones de personas a la desocupación?
Ésa es la pregunta verdadera y su respuesta la tienen no sólo los empresarios, aunque ellos también, sino los sindicatos.
Los metalúrgicos de Tierra del Fuego aceptaron también nuevas condiciones de trabajo. Las empresas que los contratan están siendo seriamente presionadas para bajar los precios de productos que se consiguen a precios mucho más baratos en países limítrofes.
Las colas de argentinos en los pasos cordilleranos con Chile para conseguir artículos a mejores precios es una vergüenza para cualquier gobierno argentino.
El sindicato de los mecánicos aceptó de igual modo condiciones diferentes de trabajo en las automotrices, la industria argentina que más está avanzando en la robotización de sus plantas.
El costo laboral en la Argentina, para el mismo rubro, es un 70 por ciento más caro que en Brasil y un 110 por ciento más caro que en México.
Si se piensan políticas para disminuir la desigualdad (uno de los problemas más graves de América latina) y para crear puestos de trabajo, la baja del costo laboral no debería ser un problema, sino una solución.
La idea del ministro Jorge Triaca de convertir los subsidios al desempleo en parte de un salario de trabajo real es también una iniciativa que no debería provocar rechazo gremial.
Otra cosa son las declaraciones de su secretario de Empleo, Miguel Ponte, que convirtió el trabajo en el ejercicio de "comer y descomer". Es el problema de comunicación que tiene el Gobierno. Es, también, otra historia.