Ramón Ferrando
La patronal nuclear reclama que la central de Cofrentes siga abierta más allá del 30 de noviembre de 2030, fecha pactada entre Iberdrola y el Gobierno para su cierre definitivo. El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, insiste en que hay que revisar el cierre del parque nuclear español bajo la premisa de que las centrales "son necesarias para el sistema". La exigencia se produce después de que la central valenciana haya permanecido 27 días parada entre marzo y abril porque producía electricidad a pérdidas por el aumento de la producción renovable y el desplome del precio en el mercado mayorista. El coste de la luz sigue en mínimos gracias a la producción eólica y fotovoltaica, y los expertos insisten en que cada vez serán más frecuentes los periodos con energía barata por la apuesta que está haciendo España por aumentar su parque renovable.
A pesar de esta situación, Ignacio Araluce subrayó a mediados de semana durante la presentación de resultados de la industria nuclear en 2023 que España "no puede ir en sentido contrario (al resto de países), se está quedando sola" por lo que hay que "replantear" el futuro de las centrales y "las condiciones que garanticen su viabilidad".
Cofrentes cerró casi un mes porque perdía dinero por cada megavatio que colocaba en el mercado. Las centrales nucleares españolas deben abonar unos 25 euros por MWh en impuestos y tasas con independencia del precio de la luz. Los meses de marzo y abril han sido complicados para los operadores nucleares por el desplome del coste de la energía. El mercado mayorista cerró en marzo a un precio medio de 20 euros el MWh y este mes va por la misma senda. Cada día hay más horas a coste a cero en el mercado mayorista y las eléctricas aseguran que es insostenible mantener la producción en esas condiciones.
El parón de Cofrentes, que genera el 44% de la electricidad de la Comunitat Valenciana, se produjo en pleno choque con el Gobierno por los impuestos que soportan las nucleares y por una posible nueva subida. El Ministerio de Transición Ecológica frenó el proceso legal que había lanzado para aplicar una subida de casi el 40% de la tasa que pagan las nucleares para financiar el coste de desmantelar los reactores (ante el próximo cierre del parque español) y por la gestión de sus residuos. Las eléctricas se quejan de que los 25 euros euros MWh que pagan en impuestos suponen entre el 35 y el 40% de los ingresos de las centrales.
En este contexto se produce el cuestionamiento del cierre del parque nuclear. El PP y Vox están a favor de alargar la vida de las nucleares y los partidos de izquierda son contrarios por los residuos radiactivos que generan las plantas. Las eléctricas pactaron con el Gobierno hace cinco años el cierre ordenado de las cinco centrales con siete reactores que operan en España.
El calendario establece que los primeros reactores que van a dejar de operar son los de Almaraz I (Cáceres) el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II el 1 de octubre de 2028, Ascó I (Tarragona) el 1 de octubre de 2030 y Cofrentes. El proceso de apagón nuclear requiere de unos preparativos previos que provocan que este año sea el último en el que no haya marcha atrás y se han redoblado las presiones para mantener operativas las plantas.
La junta directiva de Sociedad Nuclear Española (grupo de presión formado por la industria nuclear y los profesionales que trabajan en ella) ha acusado al Gobierno de cerrar Cofrentes por razones ideológicas. Al igual que la patronal, la asociación subraya el papel esencial que desempeñan estas instalaciones en la estabilidad y sostenibilidad del sistema. Sin embargo, el Gobierno es inmune a las presiones y sigue la senda de Alemania que apagó sus últimas centrales nucleares en abril del año pasado (en plena crisis energética por la invasión de Ucrania). En el propio municipio de Cofrentes dan por hecho que la planta dejará de operar en 2030.
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