El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional a reparar a los familiares de un militante de la Unión Patriótica (UP), el cual fue desaparecido forzosamente, torturado y asesinado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el municipio de Curillo (Caquetá).
Se trata de Jhon Jairo Bermúdez Marín que, según el alto tribunal, el 2 de octubre de 2002, fue abordado por integrantes del grupo paramilitar, quienes lo obligaron a subir a un vehículo en el que se lo llevaron con rumbo desconocido.
Los magistrados reconocieron que la desaparición forzada de Bermúdez se dio durante el conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la Unión Patriótica, por lo que concedió una reparación económica por daños morales a familiares de la víctima
"No hay duda de la grave afectación moral que supone para los demandantes la desaparición forzada del señor Jhon Jairo Bermúdez Marín, como lo consideró la Corte Interamericana, la cual resaltó que el móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas al partido político Unión Patriótica, lo cual constituía una grave violación a los Derechos Humanos", se lee en el fallo del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Nación deberá pagar $750 millones de pesos por los daños causados producto de la desaparición, tortura y homicidio de Jhon Jairo Bermúdez Marín.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ya había condenado Estado colombiano por la desaparición forzada de la que fue objeto la víctima directa, "lo que condujo al Consejo de Estado declarar la cosa juzgada internacional sobre la responsabilidad de la administración en la producción del daño antijurídico".
El tribual internacional precisó que el exterminio sistemático contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, para lo cual se contó con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de distintas autoridades.
Adicionalmente, existen procesos penales en los que comandantes paramilitares admitieron su responsabilidad por la desaparición forzada, tortura y homicidio de Bermúdez Marín, en los que se estableció que la organización ilegal causante de esos hechos tenía el apoyo y la colaboración de algunos miembros de la fuerza pública. De ahí que el Consejo de Estado declare a las demandadas administrativamente responsables de los perjuicios originados en estas tres conductas, así lo explica la decisión de la entidad de ordenar la reparación económica de las víctimas por concepto de perjuicios morales.
El fallo también obliga al Estado colombiano a que cumpla las medidas de "reparación integral de naturaleza no pecuniarias que le impuso la Corte Interamericana al Estado por la persecución sistemática y graves violaciones a derechos humanos de la que fueron víctimas los integrantes de la UP", señala la sentencia.
Finalmente, el Estado también deberá investigar y sancionar a los responsables; continuar la búsqueda de los desaparecidos; reconocer su responsabilidad y ofrecer excusas públicas a las víctimas, entre otras medidas restaurativas. Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que ninguna de esas medidas podría compensar la desintegración de una familia por un hecho tan grave como el que sufrieron las víctimas, razón por la que también reconoció una medida pecuniaria para garantizar su reparación integral.
Cabe recordar que en enero de 2024, víctimas del exterminio a la UP denunciaron incumplimiento del Gobierno tras un año del fallo de la Cidh, emitida en 2023. La directora de la Corporación Reiniciar, Stella Aponte, señaló que no ha habido reparación real del Estado, pues no ha sido posible llevar a cabo reuniones para avanzar en el proceso de reparación de familiares de integrantes, funcionarios y militantes del partido, quienes fueron asesinadas entre 1984 y los primeros años de la década de los 2000.
La respuesta a esta denuncia la dio el mismo presidente Gustavo Petro, que días después escribió en X (antes Twitter) que la demora en la reparación efectiva de las víctimas de la UP se debe a que hay entidades del Estado que no han querido acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Las sentencias de la CIDH deben ser cumplidas integralmente por el estado colombiano según nuestra constitución y la ley, pero aún hay secciones del estado que se niega a hacerlo. Esta sentencia debe ser publicada en todos los medios de comunicación del país".
Así las cosas, las más de 6.000 víctimas siguen esperando que el Gobierno cumpla la orden impuesta por la Cidh.