El número 7 de la calle Tribulete, en el madrileño barrio de Lavapiés, encarniza el choque entre la renta antigua y el voraz mercado del alquiler actual. Cinco de los 55 pisos de ese edificio residencial son de renta antigua, con inquilinos que van desde los 80 años hasta los poco más de 30 debido a subrogaciones recientes, pero desde marzo el inmueble es propiedad de Elix Rental Housing, "una socimi enfocada a la adquisición, reforma y alquiler de edificios residenciales" a quienes los inquilinos adjudican otras intenciones.
Uno de los vecinos con contrato de renta antigua de esa comunidad ha hablado con elEconomista.es. Paga de alquiler entre 200 y 300 euros al mes por un piso de algo menos de 50 metros cuadrados, dos habitaciones e interior. Es menos de la mitad de lo que pagan los vecinos de esa misma finca que titularizan contratos 'normales', aunque en ambos casos, las rentas están muy por debajo de los precios de la zona; según el catastro, los precios acomodados al momento actual rondarían los 800 euros, pero un vistazo a los anuncios publicados en Idealista los eleva entre los 1.000 y los 1.200 euros, dependiendo de las características concretas de la vivienda (planta, número de habitaciones, interior o exterior...).
Hace unos meses, la situación cambió al entrar en juego Elix Rental Housing, la sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) cogestionada por AltamarCAM (firma de inversión de activos que dirige Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre) y Elix Vintage Residential (propietaria de activos residenciales estabilizados en régimen de alquiler en el centro de Madrid y Barcelona).
El 22 de marzo, confirman a este medio fuentes de la compañía también consultadas por este medio, adquirió el inmueble de Lavapiés con el objetivo de "adaptarlo a las necesidades que requiere la sociedad y la legislación actual en materias de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad de las viviendas". Actualmente, la socimi tiene bajo gestión 165 viviendas de renta antigua con las que "siempre cumplimos con la legalidad vigente y respetando los contratos existentes". Sin embargo, la traducción de la situación que ofrecen los vecinos es distinta, y por eso están en plena guerra con la empresa.
"Quieren reformarlo íntegramente y poner en alquiler pisos de 1.500 euros para arriba", según asegura el inquilino contactado que les habría reconocido la propia empresa. Desde Elix, que rechazan ser descritos como un fondo de inversión, indican que "no es posible conocer el precio final del alquiler", descartando haber prefijado importe alguno, pero reconocen que "en cualquier caso, estará en perfecta sintonía con el mercado". También aseguran que las viviendas estarán destinadas a uso residencial y "en ningún caso, el edificio será destinado a viviendas de uso turístico".
De momento, sólo hay cinco pisos vacíos en la finca ("a los que ya han puesto alarma", indica el inquilino) pero Elix confirma haber abierto ya un proceso de negociación con los vecinos tanto individual como colectivo: "Siempre establecemos una relación con los inquilinos para encontrar la mejor solución para ellos, esta es nuestra preocupación", aseguran las fuentes.
El relato de los vecinos también diverge en este punto. Aseguran haber solicitado una negociación colectiva ya que la socimi está contactando primero de manera individual con los vecinos de alquileres normales (con contratos vigentes hasta 2026 o 2028) para ofrecerles indemnizaciones que se mueven entre los 3.000 y los 5.000 euros, indica el inquilino, que denuncia que la actuación del "fondo buitre está siendo descarada" porque "intentan atemorizarnos diciendo que van a hacer obras, que va a haber mucho ruido, que si no nos vamos perderemos el periodo de carencia y nos vamos a ir con una mano delante y otra detrás...".
"En todas las fincas que ha adquirido la socimi existen negociaciones abiertas con los vecinos, tanto en el ámbito individual como en el colectivo sí así lo requieren", recalcan desde la compañía, que reconoce preferencia a la negociación "de forma individualizada, ya que es la forma de conocer las circunstancias particulares de cada uno, y poder así ser sensibles a ellas". De hecho, añaden que "con una amplia mayoría de los vecinos que no se adhieren a una negociación colectiva, hemos llegado a acuerdos satisfactorios para ellos".
En Tribulete 7 quieren unirse porque dicen conocer el modus operandi de la socimi por testimonios de vecinos de Galileo 22, otro edificio (este en el barrio de Chamberí) que fue adquirido por Elix Rental Housing a finales de 2023 y cuyos inquilinos también denuncian coacciones por parte de la socimi para que abandonen las viviendas por hartazgo y con indemnizaciones "menores".
En este sentido las fuentes de la compañía inciden en que el "contacto con las personas designadas para liderar los procesos colectivos es permanente en todos los casos, bien de forma directa con nuestro equipo de gestión de inquilinos o a través de agencia de mediación, como es el caso de Galileo", subrayan las fuentes de la compañía.
La 'ley de socimis' y el derecho a la vivienda
Tribulete 7, Galileo 22, Boldano 5 (Ciudad Lineal), Salvia 1 (Tetuán)… las protestas se acumulan en los últimos meses y las pancartas con textos del estilo 'fuera buitres de nuestros barrios' o 'no a los planes especulativos' proliferan por los barrios en un intento de los vecinos de proteger "nuestro derecho a la vivienda".
La situación no es nueva. En una de las últimas acciones de protesta, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid recordaron que llevan años enfrentándose "a compras de edificios completos, expulsiones y subidas abusivas de precios" del alquiler, que sigue encadenando nuevos máximos aupado, además, por el desajuste entre oferta y demanda.
En este sentido, exigieron la derogación de la 'ley de socimis' de 2009 -la que configuró a estas empresas como un instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario del alquiler- porque, dicen, ha generado "empobrecimiento y la inestabilidad de las inquilinas" con el beneplácito de las administraciones públicas, que "han puesto la alfombra roja a los fondos buitre para expulsarnos".