Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, explica en 'La Segunda Dosis' la intromisión del fiscal general del Estado en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El periodista considera que esta historia "es de vergüenza".
La inspección que le hacen presuntamente encuentra rastro de fraude en dos ejercicios en el año 2020 y en el 2021, cuando ni siquiera era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Esto se refiere a que obtuvo un beneficio de 2 millones y la Agencia Tributaria se los pretende imputar íntegros porque no le acepta unas facturas de gasto de 1,7 millones. Una diferencia abismal en la tributación".
Detalla que estas facturas corresponden a dos áreas de negocio en México y en Costa de Marfil, referentes a una reforma del sistema médico y a la compra de vacunas, respectivamente. Los 1,7 millones son la relación de gastos de estos proyectos, incluyendo viajes, reuniones, etc.
Incide en que él metió estos gastos con la previsión de ganar las licitaciones, sin embargo, en el año 2022, pierden ambas licitaciones, "pese a ser la opción más barata", acota. Ante esto, decide sacar las facturas y, por tanto, tributa el exceso de la deducción que se había hecho en los dos años anteriores.
Cuesta critica que la inspección corte la pesquisa justo en el año previo a que él saque las facturas. Por lo tanto, ahora tributa por todo lo que le está imputando hacienda, lo cual es una barbaridad. Por eso, el pago fue tal al año siguiente al período de la inspección, que se le tendría que devolver más de 200 mil euros.
"Esta es la explicación al porqué Isabel Díaz Ayuso en esa declaración dijo que lo que le pasaba a su pareja no es que había defraudado sino que le debían dinero. Yo tengo que decir que lo que dice la pareja de Ayuso, es cierto. Al año siguiente del período de cierre de la investigación, él salda todo lo que debe. ¿Qué pasa con la investigación que se corta justo antes de darle la razón a él? Que eso ocurrió en el año 22, que se filtró dos años después, violando su derecho a la defensa, tanto en las conversaciones con la Fiscalía como su derecho al Sigilo y por lo que tiene que responder toda la casta socialista. ¿Qué ocurre en un país en que no se incorpora la información de que has hecho el pago y que se filtra dos años después, solo para hacerle daño a un adversario político?".
En cuanto a las patéticas declaraciones del Fiscal General, que asumió la responsabilidad de la filtración, pero que ni dimitió y ni si quiera pidió pidió, estima que es "de vergüenza ajena".
"En un país serio no estaría al frente de todos los fiscales del Estado alguien "que ha recibido dos sentencias en contra por desviación del poder, que es el paso previo a la prevaricación. Una persona que tiene la obligación de comandar el Ministerio Público en todas las actuaciones en defensa de la correcta interpretación de la legalidad es una persona que tiene dos resoluciones en contra del Tribunal Supremo, ¿estamos todos locos?".