Después de haber tomado la decisión de intervenir a la EPS Sanitas, la Superintendencia de Salud decidió intervenir a la EPS con más afiliados de Colombia: Nueva EPS. Así lo confirmó Laura Sarabia en la tarde de este 3 de abril a El Espectador.
Nueva EPS es una de las EPS con más presencia en el país. Tiene 10,9 millones de usuarios que están distribuidos de esta manera: 4,7 millones en el régimen contributivo y 6,1 millones en el régimen subsidiado.
Por el momento, no se sabe con precisión cuáles fueron los motivos de la Supersalud para haber tomado esta decisión. Se espera que Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud, haga una rueda de prensa alrededor de las 4 pm.
"Hasta el momento no nos han notificado sobre esa medida, estamos aguardando el pronunciamiento de la Superintendencia de Salud, quien determina la intervención", dicen, por ahora, desde Nueva EPS.
Hace tan solo unas semanas, Nueva EPS tuvo un importante cambio: después de que se confirmara la salida de José Fernando Cardona como presidente de Nueva EPS, la junta directiva de esa entidad nombró en ese puesto a Aldo Cadena. Cadena es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro, que lo nombró como secretario de salud cuando era alcalde de Bogotá.
Cadena es abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional y Mágister en Derecho Administrativo. Es investigador en salud, y ha dedicado toda su vida a lo que ha dicho es la defensa del derecho a la salud.
"Aldo Cadena, sindicalista, fue un organizador de los trabajadores de la salud, conocedor de lo que está pasando con el sistema de la salud y de los esfuerzos que se han hecho en Bogotá por cambiar el modelo", dijo Petro sobre Cadena en 2013, cuando lo nombró como director de la Secretaría de Salud de la capital.
Esta decisión llega solo un día después de otra medida que tomó por sorpresa al mundo de la salud: la intervención de la EPS Sanitas, que tiene más de 5,7 millones de afiliados. Se trató de una intervención para administrar a la EPS.
La medida se ordena por un año, y está basada, dijo el Supersalud, Luis Carlos Leal, "en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia".
Tanto Leal como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enviaron ayer un mensaje a los usuarios de Sanitas: "(...) Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios".
Pero no a todos les llamó mucho la atención esa decisión. "Las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida", asegura el profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, Óscar Bernal.
"Lo que preocupa en este momento es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. Hoy hay otras EPS que también están en situaciones que podrían ser causal de intervención. ¿Las intervendrán también? ¿La idea es recuperarlas y devolverlas a los empresarios que tanto critican o simplemente pagar las deudas que puedan y liquidarlas? Este gobierno ha sido inflexible a la hora de asignarles más recursos. No creo que a punta de 'buena gestión' resuelvan la crisis de Sanitas ni de otras, ni si tienen la intención de hacerlo", afirma, por su parte, Johnattan García Ruiz, investigador de salud pública de la Universidad de Harvard.
Para Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, la intervención genera preocupación y es una muestra de los problemas estructurales del sistema de salud. "La intervención perjudica a todos, pero es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe. Eso ratifica la necesidad de una reforma a la salud".
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