Más de 700 empresas de 8 países han implementado el Canal de Denuncias de GlobalSuite Solutions
EINPresswire.com/ -- La herramienta permite a empleados y partes interesadas de cualquier organización reportar conductas inapropiadas o violaciones de políticas corporativas, fomentando un ambiente de integridad y confianza enmarcado en una estrategia de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC).
• En España, desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con 50 empleados o más están obligadas a disponer de un canal de denuncias.
• En América Latina, la adopción de canales de denuncia sigue una tendencia al alza, destacando su relevancia en países como Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.
• Según Verified Market Research, la industria GRC generó 50.500 millones de dólares en 2023 a nivel global, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 15,41% entre 2024 y 2030.
GlobalSuite Solutions, empresa tecnológica española experta en soluciones GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), anuncia que 730 empresas de 8 países han implementado el Canal de Denuncias de su división de Software.
Este alcance geográfico subraya la capacidad de la compañía para adaptarse y satisfacer las necesidades de un mercado global diverso, donde la importancia de los enfoques y estrategias de Gobiernos, Riesgo y Cumplimiento resultan vitales en un entorno cambiante y desafiante. Cada territorio tiene sus propias normas y leyes, así como riesgos inherentes, que requieren soluciones personalizadas y eficientes.
Una herramienta dentro de la estrategia GRC para la transparencia y la ética de las organizaciones de España y Latinoamérica (LATAM)
Desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con 50 empleados o más en España están obligadas a disponer de un canal de denuncias. La plataforma permite a empleados y partes interesadas reportar conductas inapropiadas o violaciones de políticas, fomentando un ambiente de integridad y confianza.
El Canal de Denuncias de GlobalSuite Solutions posibilita que el capital humano de las empresas realice reportes anónimos, con el objetivo de fomentar un ambiente de trabajo ético y transparente y detectar y abordar cualquier problema de manera oportuna y efectiva. Lo que garantizará el correcto funcionamiento de las organizaciones.
En América Latina, la adopción de canales de denuncia y sistemas de cumplimiento sigue una tendencia similar y varía dependiendo de cada país. No obstante, destaca su relevancia en países como Chile, México, Perú y Colombia. En Chile, la Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos, incentivando la implementación de modelos de prevención de delitos que incluyen la obligación de disponer de canales habilitados para empleados y terceros con el objetivo de que puedan comunicar de buena fe incumplimientos de la normativa aplicable o de procedimientos internos de las compañías.
En Colombia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aborda mediante leyes clave como la Ley 1778 de 2016 y la Ley 1983 de 2019, las cuales establecen sanciones por delitos como el soborno transnacional, el lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción. Las empresas enfrentan multas, restricciones en licitaciones públicas e, incluso, su disolución. Para prevenir estas conductas, es crucial implementar programas de cumplimiento robustos, fomentando una cultura organizacional de ética y transparencia. Por otro lado, la Ley 1474 de 2011, también conocida como el Estatuto Anticorrupción en Colombia, constituye un esfuerzo notable por erradicar la corrupción y fomentar la claridad en la gestión de fondos públicos y privados. Esta legislación introduce sistemas de vigilancia y precaución, como el papel del Auditor Interno y las estrategias de claridad.
Dentro del marco regulatorio de México, la responsabilidad penal corporativa y las normativas de Compliance, han cobrado fuerza tras la implementación del CNPP en 2016 y las reformas a la LGRA en 2017. Estas leyes instan a la integridad de las organizaciones, obligando a las empresas a adoptar programas de prevención y canales de denuncia eficaces para combatir la corrupción y promover prácticas empresariales éticas. La institucionalización de estos programas busca no solo prevenir actos ilícitos, sino también proteger la reputación corporativa en el competitivo mercado mexicano.
Por su parte, la Ley Nº 30424 de Perú, establece la responsabilidad penal corporativa, exigiendo que las empresas implementen canales de denuncia como parte de sus programas de cumplimiento. Esta normativa lucha contra la corrupción y el lavado de activos, obligando a las empresas a adoptar medidas proactivas para prevenir delitos y proteger su reputación.
Gracias a este software, las compañías consiguen evitar la responsabilidad penal empresarial; cumplir con estándares éticos y normativas internacionales como ISO 37301, ISO 37001 o ISO 37002; poder anticiparse a los riesgos antes de que ocurran y sobre todo en la creación de un entorno laboral más íntegro y responsable.
"En un mundo empresarial en constante evolución, la necesidad de transparencia y cumplimiento normativo nunca ha sido tan crítica. Con nuestro Canal de denuncias, las organizaciones y empresas no solo se adaptan y cumplen con las normativas vigentes, sino que también promueven una cultura corporativa de integridad y responsabilidad. Estamos comprometidos en apoyar a las empresas en su camino hacia la excelencia a la hora de adoptar estrategias de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento", afirma Antonio Quevedo, CEO de GlobalSuite Solutions.
GRC, una industria global en pleno crecimiento
El Canal de Denuncias se consolida como una herramienta esencial dentro de la estrategia GRC de una empresa, alineando las prácticas empresariales con los principios de transparencia, integridad y responsabilidad, fundamentales en el panorama corporativo actual.
La importancia y envergadura de la industria GRC queda de manifiesto en un reciente estudio publicado en enero de 2024 por Verified Market Research, que confirma que este mercado generó a nivel global un valor de 50.500 millones de dólares en 2023. Además, se espera que mantenga un crecimiento anual compuesto de más del 15% entre 2024 y 2030.
• En España, desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con 50 empleados o más están obligadas a disponer de un canal de denuncias.
• En América Latina, la adopción de canales de denuncia sigue una tendencia al alza, destacando su relevancia en países como Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.
• Según Verified Market Research, la industria GRC generó 50.500 millones de dólares en 2023 a nivel global, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 15,41% entre 2024 y 2030.
GlobalSuite Solutions, empresa tecnológica española experta en soluciones GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), anuncia que 730 empresas de 8 países han implementado el Canal de Denuncias de su división de Software.
Este alcance geográfico subraya la capacidad de la compañía para adaptarse y satisfacer las necesidades de un mercado global diverso, donde la importancia de los enfoques y estrategias de Gobiernos, Riesgo y Cumplimiento resultan vitales en un entorno cambiante y desafiante. Cada territorio tiene sus propias normas y leyes, así como riesgos inherentes, que requieren soluciones personalizadas y eficientes.
Una herramienta dentro de la estrategia GRC para la transparencia y la ética de las organizaciones de España y Latinoamérica (LATAM)
Desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con 50 empleados o más en España están obligadas a disponer de un canal de denuncias. La plataforma permite a empleados y partes interesadas reportar conductas inapropiadas o violaciones de políticas, fomentando un ambiente de integridad y confianza.
El Canal de Denuncias de GlobalSuite Solutions posibilita que el capital humano de las empresas realice reportes anónimos, con el objetivo de fomentar un ambiente de trabajo ético y transparente y detectar y abordar cualquier problema de manera oportuna y efectiva. Lo que garantizará el correcto funcionamiento de las organizaciones.
En América Latina, la adopción de canales de denuncia y sistemas de cumplimiento sigue una tendencia similar y varía dependiendo de cada país. No obstante, destaca su relevancia en países como Chile, México, Perú y Colombia. En Chile, la Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos, incentivando la implementación de modelos de prevención de delitos que incluyen la obligación de disponer de canales habilitados para empleados y terceros con el objetivo de que puedan comunicar de buena fe incumplimientos de la normativa aplicable o de procedimientos internos de las compañías.
En Colombia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aborda mediante leyes clave como la Ley 1778 de 2016 y la Ley 1983 de 2019, las cuales establecen sanciones por delitos como el soborno transnacional, el lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción. Las empresas enfrentan multas, restricciones en licitaciones públicas e, incluso, su disolución. Para prevenir estas conductas, es crucial implementar programas de cumplimiento robustos, fomentando una cultura organizacional de ética y transparencia. Por otro lado, la Ley 1474 de 2011, también conocida como el Estatuto Anticorrupción en Colombia, constituye un esfuerzo notable por erradicar la corrupción y fomentar la claridad en la gestión de fondos públicos y privados. Esta legislación introduce sistemas de vigilancia y precaución, como el papel del Auditor Interno y las estrategias de claridad.
Dentro del marco regulatorio de México, la responsabilidad penal corporativa y las normativas de Compliance, han cobrado fuerza tras la implementación del CNPP en 2016 y las reformas a la LGRA en 2017. Estas leyes instan a la integridad de las organizaciones, obligando a las empresas a adoptar programas de prevención y canales de denuncia eficaces para combatir la corrupción y promover prácticas empresariales éticas. La institucionalización de estos programas busca no solo prevenir actos ilícitos, sino también proteger la reputación corporativa en el competitivo mercado mexicano.
Por su parte, la Ley Nº 30424 de Perú, establece la responsabilidad penal corporativa, exigiendo que las empresas implementen canales de denuncia como parte de sus programas de cumplimiento. Esta normativa lucha contra la corrupción y el lavado de activos, obligando a las empresas a adoptar medidas proactivas para prevenir delitos y proteger su reputación.
Gracias a este software, las compañías consiguen evitar la responsabilidad penal empresarial; cumplir con estándares éticos y normativas internacionales como ISO 37301, ISO 37001 o ISO 37002; poder anticiparse a los riesgos antes de que ocurran y sobre todo en la creación de un entorno laboral más íntegro y responsable.
"En un mundo empresarial en constante evolución, la necesidad de transparencia y cumplimiento normativo nunca ha sido tan crítica. Con nuestro Canal de denuncias, las organizaciones y empresas no solo se adaptan y cumplen con las normativas vigentes, sino que también promueven una cultura corporativa de integridad y responsabilidad. Estamos comprometidos en apoyar a las empresas en su camino hacia la excelencia a la hora de adoptar estrategias de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento", afirma Antonio Quevedo, CEO de GlobalSuite Solutions.
GRC, una industria global en pleno crecimiento
El Canal de Denuncias se consolida como una herramienta esencial dentro de la estrategia GRC de una empresa, alineando las prácticas empresariales con los principios de transparencia, integridad y responsabilidad, fundamentales en el panorama corporativo actual.
La importancia y envergadura de la industria GRC queda de manifiesto en un reciente estudio publicado en enero de 2024 por Verified Market Research, que confirma que este mercado generó a nivel global un valor de 50.500 millones de dólares en 2023. Además, se espera que mantenga un crecimiento anual compuesto de más del 15% entre 2024 y 2030.
Juan del Castillo
121PR
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