Despidos en el Inadi: confrontación entre el Gobierno y los trabajadores
El Gobierno nacional monitorea el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado
Por Redacción
El Gobierno nacional está supervisando las acciones de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes están dando inicio a un nuevo plan de protesta contra los despidos masivos de empleados públicos.
Con relación a esto, desde Balcarce 50 se advirtió que, en caso de ocupación de oficinas, las fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con la autoridad correspondiente, no dudarán en intervenir y se presentarán denuncias penales.
Un alto funcionario del Gobierno nacional evaluó la estrategia del sindicato en el contexto de su reclamo y rechazó la reincorporación de los trabajadores despedidos a sus lugares de trabajo. "Una vez que han sido despedidos, ya no pueden considerar esos lugares como sus sitios de trabajo. Deberían llevar a cabo sus protestas en la vereda", argumentó la misma fuente.
"Siempre y cuando se respete la ley, todos tienen derecho a manifestarse. Sin embargo, si se comete algún delito, habrá consecuencias. Las protestas son legítimas, pero los actos delictivos no lo son", declaró ante la agencia Noticias Argentinas.
Siguiendo esta línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de haber sido despedidos serán objeto de denuncias penales. "Aquellos que intenten tomar edificios públicos serán denunciados penalmente y se les llevará hasta las últimas consecuencias", enfatizó.
"Llegó el momento de que aquellos que cometan delitos asuman su responsabilidad. La ley es igual para todos", subrayó en una entrevista en el canal TN.
El funcionario hace referencia al artículo 181 bis del Código Penal, que establece penas de 3 a 5 años de prisión para aquellos que "empleen violencia o intimidación sobre las personas, alteren los límites de una propiedad inmueble con el objetivo de ocuparla, despojando total o parcialmente de su posesión o derechos reales".
Fue el propio presidente Javier Milei quien primero advirtió que no permitirá la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las posibles consecuencias de la represión. "El delito no es lo que nosotros haremos, sino gobernar al margen del Congreso, en contra de la Constitución nacional y en detrimento del pueblo", respondió el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en la Casa Rosada no se ha observado un aumento en las medidas de seguridad habituales.
Denuncia de ATE
En medio de la ola de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos y prometió llevar cada caso a la justicia. "Es su derecho y están en todo su derecho de hacerlo", expresaron desde las filas de la administración pública.
"Durante el fin de semana, hemos contabilizado más de 11.000 despidos. El presidente ha decidido socavar el sistema jurídico argentino en su núcleo y tanto él como sus funcionarios podrían terminar tras las rejas", compartió el líder sindical en la red social X (Twitter).
El líder del sindicato que representa a los empleados públicos acusó al Gobierno de "provocar despidos masivos en el Estado" y señaló que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".
La palabra de Adorni
En su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los diferentes ingresos en edificios públicos en protesta despidos a trabajadoras y trabajadores estatales, adelantó que serán 15 mil los contratos dados de baja y señaló que no se le renovó el contrato al "personal que no es necesario".
"Esto es parte del trabajo que venimos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado. Como digo yo siempre, por más que les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga. En este caso, quienes no tenían un trabajo definido era un ingreso que sostenía un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes; no es justo", manifestó en conferencia de prensa durante la jornada de este miércoles.
En esa línea, Adorni también se refirió al intento de ingresar a los diferentes edificios por parte de las trabajadoras y los trabajadores dados de baja en los diferentes organismos. "Lo que sea fuera de la ley, tendrá las consecuencias correspondientes en cada caso", advirtió.
"Viniendo para acá, para la conferencia, todavía en algunos lugares había intentos de ingreso. Creo que en el exINADI era donde más transmitieron los medios de comunciación. No puedo decir nada porque aún no terminaron los episodios. Cuando terminen, daremos alguna precisión. Sí puedo decir que todo el que esté cometiendo algún hecho, algún acto fuera de la ley, tendrá sus consecuencias", advirtió.