En seguimiento al conflicto que moviliza a las personas con discapacidad en marchas de protesta en la ciudad de La Paz desde ayer, 16 de abril, la Defensoría del Pueblo constató que las principales demandas se centran en el incremento del bono mensual de discapacidad, así como la destitución del Director del Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS).
Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo
Asimismo, se conoció que la dirigencia sostuvo una reunión con el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, y ante la falta de acuerdos, los movilizados se apostaron en una vigilia a la intemperie en puertas de la mencionada institución estatal.
Esta jornada, en el marco de su legitima protesta, un grupo de personas con discapacidad movilizadas intentó ingresar a la Plaza Murillo, acto que fue intervenido por efectivos policiales, derivando la situación en altercados y enfrentamientos, donde se hizo el uso de gas pimienta afectando a los manifestantes, acción que va en contra ruta de lo que establece el Artículo 71 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual prohíbe cualquier tipo de maltrato o violencia contra las personas con discapacidad.
Esta situación trae a la memoria los hechos acontecidos en septiembre 2020, cuando se produjeron afectaciones a la integridad y dignidad de las personas con discapacidad que exigía la otorgación de un bono por la emergencia sanitaria a consecuencia de la COVID – 19, hecho que motivó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Resolución Defensorial DP/AVEDH/N°002/2021 de 12 de enero de 2021, donde se recomendó al Comandante General de la Policía Boliviana, entre varias acciones, emita un instrumento especializado para realizar intervenciones y operativos policiales en movilizaciones que involucren a esta población.
En respuesta, la institución policial emitió la Instructiva No. 03/2022 normando el procedimiento de las y los servidores públicos policiales en Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público que involucre la participación de personas con discapacidad.
En ese contexto, la institución defensorial insta al Comandante General de la Policía Boliviana a instruir a todos los servidores policiales a enmarcar sus actuaciones en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y de la normativa nacional, con la finalidad de evitar que se reproduzcan nuevamente excesos y afectaciones a la integridad del sector movilizado, y se adopten medidas correctivas pertinentes.
En conformidad del Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los
Artículos 70 y 71 de la CPE, la Defensoría del Pueblo insta al Órgano Ejecutivo a agotar los medios de
prevención y gestión pacífica de conflictos, atendiendo las demandas de las personas con discapacidad, con
carácter prioritario, a fin de evitar el agravamiento de las medidas de hecho que pudieran afectar la integridad de las personas movilizadas y terceros ajenos al conflicto.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento al conflicto, vigilando el respeto a los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad en situación de protesta, así como las acciones de gestión
de conflictos donde el diálogo se constituye en el mecanismo fundamental para la búsqueda de soluciones.