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Opinión
domingo, 07 abril 2024 | 06:00
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Desde hace nueve años que tengo la oportunidad de publicar en esta Casa Editora he sido muy firme y congruente en mi posición de que la justicia no debe politizarse. Es decir, la justicia no debe atender al cumplimiento de acuerdos, cuotas, u otra clase de situaciones ajenas al estricto cumplimiento de la ley.
Los tribunales deben ser firmes y congruentes en sus resoluciones, pues deben entender que con sus sentencias generan certezas para situaciones análogas que sucedan en el futuro. Este es un principio básico del derecho, el de "stare decisis". Es decir, se deben respetar los precedentes que un propio tribunal emite, pues servirán para moldear la conducta del gobernado en un futuro. Entender los límites y alcances de las actuaciones del poder judicial es un elemento básico de justicia, certeza y certidumbre de los gobernados.
Cuando hablo que los tribunales deben actuar de esta forma, me refiero en general a todas aquellas instancias que lleven a cabo una labor jurisdiccional. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, e incluso aquellos tribunales administrativos como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales militares, entre otros. No se exceptúan de esta regla al Tribunal Electoral, mismo que atiende disputas de carácter político-electoral, pero atendiendo a la ley.
La labor jurisdiccional debe estar apartada justamente a toda injerencia de carácter político, y a toda injerencia e intromisión ajenas a la ley y la justicia. Eso es justamente un Estado de Derecho sólido.
A pesar de todo esto, parecería que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le gusta mucho hacer política en vez de hacer justicia y aplicar la ley.
Como escribí en una entrega del mes pasado, aquellos que aspiren a un cargo de elección popular en México deben cumplir con lo establecido en el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución. Esta disposición constitucional establece que, todo aquel mexicano que ostente otra nacionalidad, deberá renunciar a la misma para acceder al cargo que aspira en el sistema político mexicano.
Esto encuentra una lógica simple. El Constituyente determinó que fuera así justamente para evitar intromisiones de potencias extranjeras en asuntos que le competen únicamente a los mexicanos.
Sin embargo, la Ley de Nacionalidad viene a matizar esta disposición constitucional al pedir la obtención de un certificado de nacionalidad mexicana de la Cancillería. Este se obtiene yendo a manifestar a dicha Cancillería la sumisión y obediencia únicamente a las leyes de México, sin acreditar haber renunciado a la nacionalidad extranjera.
Entiendo que nadie elige donde nacer, pero resulta impensable que existan lealtades a dos países ocupando cargos de alta responsabilidad en México. Por ello la alternativa de renunciar a una nacionalidad siempre está vigente. A pesar de ello, el Tribunal Electoral ha decidido en dos ocasiones cuando menos, avalar este atropello al espíritu constitucional, bajo la premisa de la "máxima extensión" de los derechos humanos.
En 2018 Morena postuló al líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia para un escaño al Senado. En su momento, la representación del PRI ante el INE impugnó ese registro, pues Gómez Urrutia había obtenido la nacionalidad canadiense en 2014. Esto a partir de que el mismo huyó de México después de haber desviado 55 millones de dólares, dinero de los trabajadores del sector minero y se refugió en Canadá.
En su momento el Tribunal Electoral optó por una salida un tanto absurda. Al resolver el Recurso de Apelación 87/2018, dicho tribunal manifestó que quienes aspiren al cargo de Senadores solamente deberán contar con una nacionalidad. Hasta aquí todo bien, atendiendo a principios básicos de lógica.
Sin embargo, igualmente matiza el requisito constitucional al establecer que con el mero certificado de nacionalidad mexicana basta para que una persona con dos nacionalidades acceda al cargo referido, aunque esta sea una declaración unilateral y no un acuerdo con la nación que le considera como su nacional. Después lleva a cabo una relatoría de la interpretación y máxima protección de los derechos humanos de Gómez Urrutia, para concluir que tiene derecho a ser votado.
Un precedente lamentable, pero contundente.
En días recientes la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Recurso de Apelación 110/2024, en el cual el PRI por conducto de su representante, el diputado Hiram Hernández, impugnó el registro de Javier Corral Jurado como candidato plurinominal al Senado por parte de Morena.
La Sala Superior, ese ente que se dedica más a hacer política que justicia, determinó que Corral era elegible para el cargo. Esto a pesar de que se acreditó que Javier Corral Jurado es ciudadano norteamericano, acudió a una potencia extranjera a acogerse a sus leyes para demandar a un medio de comunicación mexicano, y que no había en los hechos renunciado a su nacionalidad norteamericana.
La Sala Superior en esta ocasión resolvió que en el caso concreto de Javier Corral Jurado este no "adquirió" otra nacionalidad, sino que nació en Estados Unidos, y ante ello, no podía hacer nada. Es decir, distinguen entre las nacionalidades adquiridas (como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia) y las nacionalidades obtenidas por nacimiento, como es el caso de Javier Corral.
Resulta bastante ilógico que lleven a cabo esta distinción cuando fueron ellos mismos los que en 2018 desestimaron el hecho que fuera Gómez Urrutia un ciudadano naturalizado canadiense. Es decir, les faltó poco para decir cínicamente que si Corral se hubiera naturalizado norteamericano no lo dejarían registrarse, pero como él nació en Estados Unidos, entonces sí puede ser candidato en México. Incluso refiere que los cargos a que alude el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución están reservados para aquellos mexicanos que no adquieran otra nacionalidad de forma voluntaria. Entonces, la misma Sala estaría reconociendo que lo que resolvió en 2018 con Gómez Urrutia es ilegal.
El único magistrado congruente con lo resuelto en 2018 fue Reyes Rodríguez quien manifestó que, en su opinión, Corral era elegible pero que resultaba innecesaria la distinción entre una nacionalidad adquirida por naturalización (como Gómez Urrutia) o por nacimiento, como es el caso de Javier Corral Jurado.
En pocas palabras, dentro de su ilegalidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es también incongruente con los propios precedentes que la misma ha establecido en años anteriores.
Estimo que es importante analizar el papel de conciliación política y arbitraje que la Sala Superior del Tribunal Electoral quiere asumir. Su rol no es ese, sino aplicar la ley. Puede ser que los argumentos en contra del registro de Javier Corral se pudieran estimar infundados por los magistrados. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que se aparten de sus propias resoluciones dictadas hace seis años para acomodarlas a la nueva realidad política del país. Insisto en que los tribunales no están para hacer política, sino para aplicar la ley siempre atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad y congruencia, que es lo que parece que les faltó en esta resolución.
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