Mensaje de tranquilidad envía Petro a afiliados de EPS Sanitas tras intervención forzosa: Todos seguirán con sus servicios de salud
–Tanto prestadores de salud de Sanitas como los afiliados seguirán con sus servicios de salud y sus pagos al día, afirmó el presidente Gustavo Petro, tras la intervención forzosa de la EPS porque incumplía indicadores de patrimonio y reservas técnicas, y se encontraron deficiencias en la prestación de servicios, insuficiencia de red de prestadores que afectaban la cobertura y el acceso de sus usuarios a los servicios de salud.
«No se dejen malinformar por exfuncionarios irresponsables que se llevaron copia de la base de datos para engañar», precisó el jefe del Estado en su cuenta en la red social X.
Además, el presidente Gustavo Petro advirtió que "el gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos» y añadió:
«El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión».
El jefe del Estado también respondió al expresidente Alvaro Uribe Vélez:
Ningún estatismo, estimado expresidente Uribe: todas las clínicas, hospitales y consultorios que pagaba sanitas con dineros públicos seguirán sin intermediario siendo pagadas con dinero públicos, es decir, creceran.
En toda EPS intervenida debe establecerse la libre elección de… https://t.co/D9Md6Ufdsi
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2024
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también notificó: "Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente».
Y puntualizó: "Pueden tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención, y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS».
?El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, se pronunció en el mismo sentido: Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud.
Además indicó que el objetivo de esta intervención «es tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas, así como de los afiliados a la prepagada».
Leal aseguró que el proceso de intervención se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia, que, además de nombrar un agente interventor, por primera vez se utiliza la herramienta que da "el Estatuto Orgánico Financiero, que nos permite la creación de una junta asesora para este agente interventor, donde están representados los cinco principales acreedores. Nos va a permitir hacer una comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud».
Destacó que con la intervención fue relevado del cargo el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS Sanitas.
"Se ha designado también un agente interventor que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy están prestando un servicio de calidad a la población», sostuvo.
Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.
El jefe de la Supersalud advirtió las situaciones evidenciadas e indicadores de la EPS "se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento».
Agregó que se constató una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.
Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados.
Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales, como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.
Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud y en la autorización y atención de otros servicios de salud.
Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios de continuidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente. Este escenario refleja una violación de los derechos básicos de los usuarios.
Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.
Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo que ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2,04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.