Barcelona, 24 abr (EFECOM).- El Govern acordó el pasado 27 de febrero -el mismo día que se oficializó el pacto con el PSC para los presupuestos catalanes de 2024- renovar su compromiso con la compraventa de los terrenos en los que se ubicaría el macrocomplejo de ocio de Hard Rock, entre Vila-seca y Salou (Tarragona).
El acuerdo al que llegó ese día el Govern -avanzado por La Directa y al que ha tenido acceso EFE-, del que no se dio publicidad en su momento, establece que se "mantiene el encargo al Incasòl para que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan para adquirir y luego alienar, en unidad de acto y por el mismo precio, por adjudicación directa", los citados terrenos.
Precisamente la polémica alrededor de este proyecto de Hard Rock provocó que las cuentas, acordadas de antemano entre el Govern y el PSC, no obtuvieran el 'sí' de los comunes, lo que acabó precipitando el adelanto electoral del 12 de mayo.
En el marco de los presupuestos de 2023, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometió con el PSC a aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) para regular los usos de los terrenos en los que se debe ubicar este macrocomplejo de ocio.
En concreto, el pacto contemplaba que el PDU se aprobara durante la primera mitad de 2023, algo que no se cumplió, pues a día de hoy se sigue a la espera de la luz verde de un informe del Departamento de Acción Climática.
Pese a ello, el PSC acordó con el Govern el proyecto de presupuestos de 2024; la semana antes del pacto, el líder del PSC, Salvador Illa, dio por cumplido el acuerdo de 2023 porque dijo confiar en la palabra de Aragonès, que se acababa de comprometer en el Parlament a no paralizar la tramitación del Hard Rock.
El acuerdo de Govern del 27 de febrero, según fuentes implicadas en las negociaciones consultadas por EFE, fue una suerte de garantía extra -para los socialistas y para los promotores del macroproyecto- de que el PDU seguiría su tramitación, al tiempo que daba al ejecutivo algo de margen para seguir buscando el 'sí' de los comunes a los presupuestos.
A finales de 2020, el Govern encargó a su empresa pública Incasòl acometer una complicada operación de compraventa de los terrenos en los que debería construirse el Hard Rock.
El procedimiento fijado era el siguiente: una vez aprobado el PDU, el siguiente paso era, en un plazo máximo de dos meses, la firma del contrato de compraventa por un mínimo de 120 millones de euros.
En virtud del mismo, el Incasòl compraría los terrenos por un mínimo de 120 millones a Mediterranea Beach & Golf Community -una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa- y en el mismo momento los vendería a los promotores del Hard Rock, en concreto a la sociedad BCN IR 3, con James F. Allen como representante legal, un empresario que aparece en los "papeles del paraíso" o "paradise papers".
El acuerdo de Govern del pasado 27 de febrero, sin embargo, "deja sin efecto" lo anterior, aunque "mantiene el encargo al Incasòl", sin entrar en mucho más detalle. EFECOM
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