La administración de la justicia es una de las bases del Estado de derecho. Garantiza la correcta resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las personas, partiendo de la premisa de que todos somos iguales ante la ley. La solución a los conflictos debe ser justa y equitativa. Pero esto rara vez ocurre en el Perú. ¿Se sentiría usted seguro de poner su libertad o la propiedad de sus bienes en las manos de los jueces peruanos? Difícilmente. De hecho, según Latinobarómetro (2021), el 89% de los peruanos considera que el acceso a la justicia no es igual para todos.
Si los jueces y fiscales no son independientes, imparciales ni están bien capacitados, si no entienden los principios del Estado de derecho y si no son íntegros, los ciudadanos estamos desprotegidos. La realidad es que el sistema judicial peruano no es garantía de justicia, sino de abuso, corrupción y persecución política. En los últimos años hemos sido testigos del abuso de las prisiones preventivas y de las demoras injustificadas en las investigaciones fiscales y la solución de los procesos judiciales, porque en nuestro país la justicia ha sido politizada. Nos enfrentamos a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e, incluso, las internacionales que, pretendiendo mantener una apariencia de legalidad, privan a las personas de sus derechos y en algunos casos de su libertad.
La justicia, que se supone es ciega, no debe conocer de membresías en partidos políticos, colectivos civiles ni asociaciones. Tampoco de ideologías ni favorecer a un grupo por encima de otro. Sin embargo, en el Perú podemos parafrasear a George Orwell y sostener que todos somos iguales ante la ley, pero algunos somos más iguales que otros.
Pero la utilización del sistema de justicia no se limita a la persecución contra actores políticos. Es utilizada también contra personas y empresas, en defensa de intereses ilegítimos o por la simple desidia contra ciudadanos acusados injustamente. Cuando no levantamos la voz por los abusos que se cometen en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, estamos siendo cómplices de un sistema perverso. Y el problema es que así un día cualquiera alguien podría decir que sobre usted o sobre mí recaen sospechas de ser parte de una organización criminal, aunque no sea cierto. Y podríamos ser enviados a prisión preventiva. Sin derecho al debido proceso y sin que se respete la presunción de inocencia. Y nadie dirá nada, porque siempre es más cómodo callar. Pero son precisamente nuestros silencios los que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos hoy, en la que diversas facciones dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público se enfrentan por el control político de la institución. Donde poco importan los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia. Importa el poder, quién lo ostenta, cómo y para qué lo utiliza.
El problema es que, cuando decidimos tomar partido por aquel que ideológicamente se acerca más a nosotros, nos equivocamos. La defensa tiene que ser siempre por el Estado de derecho.