Hartos ya de estar hartos, los empresarios españoles por boca de su presidente, Antonio Garamendi, ha lanzado un órdago factible al Gobierno y muy especialmente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: que sean directamente los trabajadores por cuenta ajena los que ingresen sus cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF a las distintas cajas de la Administración.
Resulta una magnífica propuesta, extraordinariamente clarificadora, para que, de una vez por todas, los empresarios y emprendedores dejen de ser recaudadores de la Administración y los trabajadores sepan de verdad y en sus propias carnes cómo devora el Estado –es decir, el Gobierno– los caudales que ellos entregan.
Hay que felicitar a la persona o personas que hayan tenido la idea expresada por la cúpula de la CEOE. Ya está bien de que una caterva que jamás ha regentado un estanco o una mercería se pasen la vida, cobrando mucho por ello, denigrando a los que crean empleo y riqueza y, de paso, les saquen la piel a tiras.
Si ello se llevara a cabo –es bien sencillo desde el punto de vista burocrático–, los empleados tendrían cabal conocimiento de lo que aportan para el sostenimiento del Estado y sus servicios. Con este Gobierno, empeñado en sacrificar a los empleadores, ello resulta materialmente imposible; pero, en cualquier caso, es bueno que la iniciativa empiece a abrirse paso, como ocurre en otros países del entorno europeo. Hay que alejar la brutal demagogia de un Gobierno con tintes comunistas que todavía no ha terminado de enterarse de que el Muro de Berlín fue derribado por las manos de los trabajadores alemanes oprimidos por el régimen de la hoz y el martillo. De golden visa hasta la derrota final.