Las Palmas de Gran Canaria será el primer municipio de la isla en solicitar al Gobierno canario la declaración de zona tensionada. A instancias de alcaldía, el pleno tratará hoy un acuerdo para instar al Ejecutivo autonómico a que valore la situación del mercado inmobiliario en la capital y que proceda a aplicar una de las herramientas previstas en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que entró en vigor en mayo del año pasado. El objetivo es hacer frente a la escalada del precio del alquiler que padece la ciudad, con precios que rompen su máximo histórico prácticamente mes tras mes. El pleno también tratará la inaplicación de cuatro artículos del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda presentado por el Gobierno canario.
La alcaldesa, Carolina Darias, señala que «el Gobierno de la ciudad da un paso decisivo para dar respuesta a una de las demandas más importantes que viene realizando la ciudadanía: el acceso a la vivienda digna». En cuanto a los socios de gobierno, Pedro Quevedo (NC) resalta que «la dificultad de acceso a la vivienda por una parte importante de la población, la más vulnerable, implica que las instituciones públicas debemos intervenir». Gemma Martínez Soliño (Podemos), por su parte, añade que «hay otra serie de medidas que se tienen que ir tomando y lo vamos a hacer por ejemplo con la vivienda vacacional».
¿Cuál es la situación del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria?
El metro cuadrado en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria estaba a 12,3 euros el pasado marzo, según cifras del portal inmobiliario Idealista. Esta cifra supone un máximo histórico. Por encima de esta media se encuentra especialmente la zona Puerto, donde el metro cuadrado está ya a 15 euros. Además, los alquileres disponibles por debajo de los 500 euros son inexistentes. Al mismo tiempo, la oferta de viviendas ha estado varios años en caída libre.
¿Qué es una zona tensionada?
Una zona tensionada en cuanto al mercado inmobiliario se refiere es un área urbana que cumple, principalmente, dos requisitos. Que el alquiler o el precio de compra supere el 30% de los ingresos mensuales de los hogares de esa misma zona y que el crecimiento de los precios de la vivienda superen en tres puntos porcentuales a los del IPC (Índice de Precios al Consumo) acumulado de la Comunidad Autónoma durante los últimos cinco años. La vigencia de las áreas declaradas como tensionada tiene una duración de tres años, prorragable por un año más, aunque los ayuntamientos deberán volver a justificarlo.
En el acuerdo municipal, el grupo de gobierno resalta que el precio del alquiler y de la venta de viviendas en la capital se ha elevado un 23,3% en los últimos cinco años, cifra que supera en cinco puntos al IPC en Canarias en este mismo periodo (18,2%). Es más, resaltan que hay zonas de la ciudad donde esta cifra es del 30%. Por otro lado, si se tiene en cuenta la renta media por hogar de 2021, la coincidencia alcanza a más del 50% de la ciudad.
¿Qué lleva el Grupo de Gobierno a pleno?
El Ayuntamiento lleva a pleno un acuerdo alcanzado entre los tres partidos que gobiernan la ciudad (PSOE, NC y Podemos). El documento señala que será elevado al Gobierno canario para instarle «a iniciar el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial». En tal caso, «se proceda, previa elaboración de la memoria requerida, a la declaración que determine las zonas» que estén en esa situación. Por última, se deberá redactar «un plan específico que ha de proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo».
¿Qué debe hacer el Gobierno?
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que deben ser los ayuntamientos quienes tienen que desarrollar los expedientes administrativos con una extensa memoria justificativa. Esta debe incluir el ámbito territorial que debe ser declarado como zona tensionada, la renta de los hogares en dicha área y los indicadores de precio de alquiler y compra, entre otros requisitos. El Ejecutivo autonómico está desarrollando un protocolo que sirva de guía a los municipios. Esta todavía no se ha publicado y la idea será consensuarla con la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Calculan que todo el proceso burocrático entre los distintos niveles de las administraciones podría durar como mínimo unos seis meses.
¿Qué consecuencias puede tener?
La declaración de una zona tensionada conlleva una serie de consecuencias, aunque no tienen carácter retroactivo. En el caso de los nuevos contratos, estos deben limitar la renta a los del inquilino anterior. Los grandes tenedores de vivienda- aquellos con más de cinco en una misma zona tensionada- y los propietarios que saquen al mercado una vivienda que llevara al menos cinco años fuera deberán ajustarse a los topes que marque el índice de precios para dicha zona.
¿Qué dice la oposición?
Los partidos de la oposición en el ayuntamiento capitalino (PP, Vox y CC) son contrarios a esta medida. La portavoz del PP, Jimena Delgado, señaló en una entrevista a este periódico que «el problema [de la vivienda] no se soluciona con este tipo de decisiones» y destacó el rechazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia este tipo de medidas. Para la concejala popular, la clave está en construir vivienda pública y flexibilizar el mercado. Por otro lado, Coalición Canaria, partido que ostenta la consejería de Obras Públicas y Vivienda, se muestra contrario a este tipo de herramientas para dar respuesta a la crisis habitacional.
¿Qué ocurre con el decreto ley del Gobierno canario?
El Ayuntamiento ha expresado su rechazo a los artículos 13, 14, 15 y 16 del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno canario. Según el equipo de Darias, invade competencias municipales y, además, se ha redactado sin consenso. Estos artículos permiten la recalificación de locales comerciales y de edificaciones a uso residencial, el aumento de la edificabilidad y la división de viviendas. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, ha asegurado que el Plan General de Ordenación (PGO) vigente es más ambicioso que dicho reglamento y que parte de esas medidas ya están contempladas.
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