Ya lo dijo la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, pero conviene parafrasear el mensaje: En cada gaveta que se abre en esa cartera y, en general, en el Organismo Ejecutivo, "hay una rata muerta".
Con dicha expresión, la funcionaria dimensionó la corruptela que ha encontrado en las distintas dependencias de la cartera aludida, situación que, poco a poco, ha trascendido a la opinión pública y elevado la molestia que los guatemaltecos sienten ante la indecencia que ha caracterizado a los exfuncionarios.
Uno de los temas más emblemáticos, por la desvergüenza con la fue perpetrado, es el contrato para la instalación de ocho gradas eléctricas y seis elevadores en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
En este caso, el colmo del descaro ocurrió cuando se constató que la dimensión de las gradas eléctricas no coincidió con los espacios donde se iban a asentar.
De esa cuenta, las adquisiciones se encuentran abandonadas en la terminal aérea y a la espera, quizás, de un milagro divino que resuelva las asimetrías.
Como consecuencia de este supuesto latrocinio, De la Vega presentó denuncia en el Ministerio Público, en la que señala a su antecesor en el cargo, Javier Maldonado, y a Francis Argueta, exdirector de Aeronáutica Civil, de cuatro delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, concusión y fraude.
En otras condiciones, los ciudadanos confiarían en el imperio del Estado de derecho y esperarían, con algún grado de certeza, que los mafiosos sean juzgados y conducidos a la cárcel, pero lamentablemente el sistema de justicia ha sido cooptado para favorecer la impunidad y garantizar el asalto del erario.
Lo cierto es que esas ratas a las que alude la ministra continúan apareciendo en las escuelas bicentenario, pasos a desnivel, puentes y cuanta oportunidad de malversación se les presentó a quienes ejercieron cargos de alto y mediano nivel en el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, por citar a las últimas autoridades.
El momento es propicio para insistir con el TPS
Desde el gobierno del binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, hasta la administración de Joe Biden, se ha insistido en afirmar que las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos pasan por uno de los mejores momentos de la historia de ambos países.
Tal circunstancia, que más que discurso es una clara realidad, es propicia para replantearle a la nación norteamericana que conceda el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un beneficio que el exmandatario Álvaro Arzú despreció en 1998, cuando la tormenta tropical Mitch devastó buena parte de los territorios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por cierto, las últimas naciones mencionadas optaron y se les otorgó la concesión.
Lo cierto es que desde finales del siglo pasado hasta 2023, los seis gobiernos guatemaltecos popularmente electos han solicitado el TPS, aunque a ninguno se le confirió. Sin embargo, hoy las condiciones son distintas o parecen serlo, dada la confianza que genera entre demócratas y republicanos el binomio formado por Arévalo y Herrera.
Para tramitar el Estatus, EE. UU. demanda tres condiciones: que el territorio solicitante atraviese por un conflicto armado, haya pasado un desastre natural u otra coyuntura extraordinaria que impida a sus ciudadanos volver a sus hogares.
Cifras oficiales advierten que 2 millones 800 mil compatriotas persiguieron el llamado sueño americano, quienes, en 2023, enviaron 19 mil 804 millones de dólares en concepto de remesas, dinero vital para la estabilidad macroeconómica que pregonan las autoridades monetarias y financieras locales.
En los últimos 10 años, dichos ingresos han ido en aumento, tal como ocurrió en los primeros dos meses de 2024, que superaron los registros de ese lapso del año pasado.
Estadísticas estadounidenses refieren que más de medio millón de ciudadanos de 16 naciones reciben el citado beneficio, por lo que pensar que en el futuro cercano algunos connacionales puedan acceder al TPS es una noticia que despierta esperanza y una prueba de fuego para creer, como se afirma, que los vínculos bilaterales atraviesan sus mejores momentos.
Se avizora una posible alza en precios de electricidad
En este momento no puede asegurarse que habrá un incremento a la tarifa de energía eléctrica en los próximos meses. Sin embargo, el panorama actual que vive el país en términos climáticos apunta a que puede darse un alza.
La escasez de agua, falta de lluvias y encarecimiento en los combustibles son algunos factores que, según conocedores del tema, influirán en un inminente aumento en la tarifa del servicio eléctrico.
La época seca está influenciada por el fenómeno El Niño, el cual, según previsiones, se extenderá hasta julio. A partir de ese mes se concretaría el aumento, que podría ser de 1 o 2 por ciento.
El 18 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas declaró situación de emergencia nacional a la red de distribución eléctrica interconectada del país, medida que abarca hasta el 31 de mayo próximo.
El objetivo es permitir al Administrador de Mercado Mayorista (AMM) tomar decisiones y hacer más flexibles todas las operaciones del despacho de energía.
El fenómeno El Niño ha causado que los caudales entrantes en todas las hidroeléctricas sean bajos. Por ello se le da herramientas al AMM para que tome acciones con la finalidad de evitar el desabastecimiento, debido a que la época tiene muy poca generación hidroeléctrica.
Evitar un alza dependerá de que el invierno se presente en las fechas acostumbradas (a mediados de mayo) y no sea necesario recurrir al uso de combustibles para generar electricidad. Además, las autoridades descartan los racionamientos del servicio para la población.
Vale la pena reconocer que la Asociación Nacional de Generadores (ANG) está comprometida en apoyar en lo que sea posible al país.
El gremio sabe que la situación se sale de control y este año es extremadamente seco con las hidroeléctricas funcionando al mínimo, debido a la falta de agua, pero su deber es hacer todo lo posible por apoyar a las autoridades para enfrentar el asunto.
Una denuncia que escuchó el mundo entero
El presidente Bernardo Arévalo habló fuerte y claro. Y lo hizo en el foro propicio: ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La franqueza con que abordó la situación del país le permitirá ganar apoyos en la búsqueda de solucionar a la infame herencia de los desgobiernos que llegaron a los organismos del Estado.
Sus palabras aún deben resonar en los oídos de aquellos que, sin ser aludidos, deben sentirse señalados. "Los retos no cesan y continuamos enfrentando a un pequeño grupo que intenta recuperar una posición dominante en la sociedad, un pacto que utiliza su control sobre pocos, pero poderosos operadores de justicia, para mantener un régimen de corrupción y persecución", manifestó.
El mandatario no escondió nada y tampoco calló lo que consideró pertinente denunciar. "Los golpistas no cesan en su ataque a la institucionalidad democrática, a través de maniobras legales contra los resultados electorales", resaltó.
En los momentos más álgidos del discurso, el gobernante señaló directamente al Ministerio Público (MP), institución que se rehúsa a cumplir sus funciones constitucionales, pero gestiona el respaldo de parlamentarios para "continuar minando el orden legal del país".
Como parte de la trama mafiosa que impulsan los sublevados, Arévalo recordó la supuesta defensa de la soberanía de Guatemala. Sin embargo, advirtió que se trata de una independencia que procura impunidad en el asalto al erario.
De esa cuenta, el dignatario pidió a la comunidad internacional que acompañe el ejercicio de designación de magistrados y jueces de apelaciones en el Organismo Judicial (OJ), proceso que calificó determinante para el fortalecimiento del Estado de derecho y la erradicación de los malhechores de cuello blanco y conciencia negra.
En fin, luego de agradecer el respaldo de la comunidad internacional durante el período de transición de mando, Arévalo reconoció que lo que Guatemala vive hoy es una victoria ganada por los ciudadanos, lo que debe catapultarse hacia el pueblo y por el pueblo.
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