La Policía investiga si se falsificó la firma de una jefa de la empresa municipal de aparcamientos de Málaga
El grupo socialista en el ayuntamiento de Málaga ha denunciado este martes un caso de supuesto "amaño" de contratos en la sociedad municipal de aparcamientos (SMASSA) para construir el parking de Pío Baroja. El aparcamiento, adjudicado por 8,7 millones de euros, acabó teniendo un sobrecoste del 30% que elevó la factura final a más de 11 millones. En su día, la exjefa de la oficina técnica de SMASSA, un cargo clave para dar luz verde a las obras de la empresa, declaró ante el Pleno que fue cesada de su puesto por negarse a "traspasar ciertas líneas rojas" en relación a esta obra, y denunció judicialmente un presunto acoso laboral.
Este martes, los socialistas han mostrado a los medios de comunicación un documento de SMASSA (en la que el ayuntamiento participa al 51%) en el que la firma de la entonces jefa de su oficina técnica (Trinidad Rodríguez) parece haber sido falsificada por el rudimentario método de copiar la imagen de la firma desde otro documento y pegarla en este. A través de los metadatos, este medio ha comprobado que el documento, supuestamente firmado el 1 de febrero de 2022, fue creado en realidad el 15 de noviembre de 2023 por alguien que en 2022 ni siquiera trabajaba para SMASSA. Rodríguez denunció los hechos ante la Policía Nacional el pasado 30 de enero, según el atestado que ha podido ver este medio.
Los socialistas creen que la presunta falsificación habría sido utilizada para amparar un cúmulo de irregularidades en la designación del jefe de obra y la asistencia técnica de una obra, así como en la adjudicación y certificación de los trabajos realizados en un nuevo aparcamiento municipal en Pío Baroja, al este de la capital.
Algunas certificaciones y facturas por aquellas obras se emitieron antes de que la empresa se hubiese adjudicado el concurso público, según la documentación interna que este medio ha podido consultar. "Se ha falsificado la firma de técnicos municipales, así como se han obviado procedimientos legales para, a todas luces, otorgar a dedo licitaciones públicas", ha denunciado Daniel Pérez, portavoz del PSOE, acompañado de todos los concejales socialistas del ayuntamiento.
Preguntado por este asunto, el alcalde Francisco de la Torre (PP) ha dicho desconocer los detalles.
Una obra que se encareció un 30%
Los documentos mostrados por los socialistas sugieren una alteración de los procedimientos legales para justificar a posteriori la contratación de determinadas personas y empresas para las obras del aparcamiento, situado bajo el colegio público Valle Inclán, con capacidad para 412 plazas de vehículos, 31 para motos y 20 para vehículos eléctricos.
La obra se adjudicó a IELCO-CHM en mayo de 2021 por 8.021.342 euros más IVA, y levantó desde el comienzo las sospechas de la oposición, que no entendía por qué se había elegido esa ubicación y no otra. Por el camino, ha ido alejándose del proyecto original y encareciéndose hasta los 11 millones de euros por circunstancias supuestamente sobrevenidas, como el tipo de suelo que se encontraron al empezar a picar, la colocación de la cubierta o el tipo de pintura.
En su comparecencia ante el Pleno, en octubre de 2022, la exjefa de la oficina técnica aseguró que desde el comienzo se le hizo saber que la adjudicataria debía ser esa, y no otra, porque era una empresa malagueña. Las presuntas irregularidades habrían continuado una vez comenzada la obra. Según Rodríguez, el gerente de Smassa intentó perdonar a la UTE la penalización por los retrasos, mientras se producía un incremento del precio por un cauce no previsto en la ley: se aceptó la modificación por el gerente y luego se buscó una justificación técnica y jurídica al aumento.
Firmas no certificadas, sino insertas
En febrero de 2022 se abrió un expediente para contratar una asistencia técnica en las obras, con un informe de necesidad que incluye las firmas no certificadas, sino insertas mediante imagen en el documento PDF, y que coinciden en fecha y hora con la rúbrica de otro documento que sí estampó Rodríguez. Esta es la presunta falsificación denunciada.
A partir de ahí, Rodríguez fue cesada, según ella por su negativa a participar de las irregularidades, y en septiembre de 2022 SMASSA contrató a Alejandro Donaire para sustituirla. En noviembre de 2023 Donaire crea el PDF en el que se insertó la imagen de la firma electrónica de Trinidad Rodríguez, según los metadatos del documento, que en teoría debía estar firmado en febrero de 2022. También es él quien propone contratar la dirección de obra de Pío Baroja con un particular que, según la documentación mostrada por los socialistas, ya había facturado y firmado certificaciones antes de que se propusiera formalmente su contratación.
En junio de 2023 se abre un nuevo expediente para adjudicar nuevamente la asistencia técnica, adjudicada en julio, meses después de que se hubieran pagado ya algunas facturas correspondientes a esa asistencia.
El 30 de enero de 2024 Rodríguez presenta una denuncia ante la Policía, que ya habría llamado a declarar a Díaz Guirado por estos hechos.
El pasado 23 de febrero, un mes después de la denuncia policial de la antigua jefa de la oficina técnica, Díaz Guirado y Donaire suscriben un documento, en el que señalan que "sin causa aparente se han revisado" los expedientes y se han encontrado una serie de errores: duplicidades, errores en los informes de necesidades, en la propuesta de adjudicación y "en la adjudicación propiamente dicha". Así que anulan uno de ellos y mediante un informe de subsanación piden que se corrijan las fechas de los informes de necesidades, propuesta de adjudicación y adjudicación de la asistencia técnica.
Para los socialistas, es un torpe intento de borrar las huellas, cuando la Policía ya estaría investigando el asunto.
Un gerente bajo sospecha
El PSOE pone el foco de este asunto en Manuel Díaz Guirado, gerente de SMASSA. Hace un año, Díaz Guirado declaró como investigado ante el juzgado de instrucción 3 de Málaga por el presunto acoso laboral contra Trinidad Rodríguez. El supuesto acoso se habría producido precisamente tras la negativa de esta, con décadas de experiencia en SMASSA, a firmar la documentación en relación a la obra de Pío Baroja. "Las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel", dijo ella en su día. Su denuncia, en un Pleno extraordinario convocado a tal efecto, causó un notable revuelo político.
En paralelo, se han seguido investigando en vía judicial las denuncias formuladas en su día por PSOE y Unidas Podemos relativas a las adjudicaciones de la obra, a las que ahora se añade la declaración policial de Rodríguez por el presunto uso no autorizado de su firma.
Pérez ha exigido al alcalde Francisco de la Torre (PP) que cese a Díaz Guirado, quien en 2011 ya estuvo investigado en el llamado Caso Piscinas, un presunto cohecho que se archivó sin llegar a juicio. Por aquel entonces sonaba como uno de los favoritos de De la Torre, pero el caso le hizo descarrilar y pasó unos años apartado de la política. En 2019, el alcalde lo recuperó para SMASSA.