Redacción / agencias
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó ayer que reformará el despido en España para cumplir con la doctrina europea con el objetivo de que "no sea rentable" para las empresas y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare "adecuadamente" el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales, según recoge la agencia Europa Press. Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su Departamento, Díaz declaró que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales, que hará pública su resolución sobre la denuncia de UGT contra el coste del despido en España en el mes de julio.
"Uno de los problemas que tiene la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro", precisó. Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz aseveró que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. "Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (...) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente", subrayó, con la intención también de reforzar las causas del despido y hacer que su coste sea "verdaderamente disuasorio".
Díaz anunció también que procederá a la retirada, con carácter inmediato, de las medallas al mérito de Trabajo a personas condenadas por corrupción, medida que afectará al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el exdirectivo de la extinta Caixanova Julio Fernández Gayoso, condenado en 2015 a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida en el caso de las prejubilaciones de las antiguas cajas de ahorros. La revocación es pertinente para aquellos que "están lejos de la ejemplaridad" que requiere dichas medallas, en alusión a estos dos casos. "No podemos tener ninguna complicidad con personas vinculadas por la corrupción. No merecen estas medallas", enfatizó.
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