El pasado 20 de marzo entraron en vigor algunas de las principales disposiciones de un texto que está llamado a marcar un antes y un después en el sistema de administración de Justicia en España. Se trata del Real Decreto 6/23, que introduce novedades de tal calado que cambian de manera radical tanto la relación del ciudadano con el sistema como las relaciones entre los propios profesionales de la Justicia. Un reto para el que el sistema en Lugo no parte de cero ni en las últimas posiciones, pero que afronta con notables carencias.
Las medidas son tan amplias y profundas que es imposible resumirlas todas. Pero, en esencia, se trata de que la administración de Justicia entre en el mismo siglo en el que vive el resto de la sociedad, el XXI: marca la digitalización total del sistema y, a través de ella, la agilización y la transformación de la relación y comunicación de este tanto con los profesionales como con el ciudadano. Lo hace, además, creando un derecho que obliga a todos a vencer las resistencias atávicas: es el ciudadano el que puede exigir ese modelo de comunicación, por lo que resto de actores está obligado a dárselo.
OLALLA DÍAZ
Jueza decana de Lugo
"A nosotros nos tienen que formar, pero los abogados y procuradores también se tienen que poner las pilas"
Marca, también, diferentes plazos para que las administraciones pongan a disposición de los juzgados los medios necesarios e implica a todos en el objetivo, desde el Estado a las comunidades autónomas pasando por jueces, fiscales, funcionarios o profesionales del Derecho. Y lo hace, al menos en teoría, asegurando que habrá dinero para su puesta en marcha, procedente de los fondos europeos de desafío digital.
Entrando en el detalle, a partir de su implantación los expedientes serán todos digitales y los profesionales podrán acceder directamente a ellos, al igual que se podrán transmitir entre cualesquiera órganos judiciales. Es más, un ciudadano tendrá derecho a acceder a su expediente en cualquier momento para comprobar cuál es su estado de tramitación.
ROBERTO BREZMES
Fiscal jefe de Lugo
"Ese cambio de paradigma, el del papel a la pantalla, todavía no existe, hay que dejar de pedir que impriman cosas"
Se establece la preferencia de los actos procesales con presencia telemática (se exceptúan expresamente las actuaciones de naturaleza personal, como los interrogatorios de partes o testigos), siempre con la decisión del juez como última palabra. Para facilitar estas comparecencias por videoconferencias, se determina la creación de puntos de acceso y lugares seguros de acceso.
La lista sería interminable y todo el proceso está todavía en un estadío muy inicial, pero El Progreso ha tratado de conocer en qué punto del camino está Lugo y cuánto le queda por recorrer. Para ello, ha consultado a los representantes de cuatro de los principales colectivos implicados.
Jueces: la inmediación y la última palabra
"La ley está bien, dice cosas muy buenas y conlleva muchísimas ventajas. Lo que pretende es transformar la administración de Justicia física en una administración digital. Que haya una sede electrónica para que los profesionales no tengan que venir para todo al juzgado. Y también el ciudadano, pero a la vez hay que asegurar que el ciudadano que no tenga cultura digital también esté cubierto, que nadie se quede atrás". Es el resumen a grandes rasgos de Olalla Díaz, jueza decana de Lugo y magistrada del juzgado Contencioso Administrativo número 1.
Acto seguido, avisa: "Hay que ser cautos. Esta ley no atiende a la situación real de los juzgados de España, se necesita una inversión de dinero brutal". Ese dinero, explica, debe servir no solo para dotar de los medios digitales necesarios a todos los juzgados y para formar a todos los profesionales, sino para desarrollar los lugares de acceso seguro para que los ciudadanos y abogados puedan conectarse o para conseguir algo tan sencillo como que los sistemas de interconexión de todas las comunidades autónomas sean compatibles, algo que ahora no se produce. "Para los jueces es bueno que se busque la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal. Ha pasado que puedes estar dictando una medida sobre custodia compartida sin saber que el padre tiene dictada una orden de alejamiento en otro lugar. Esas cosas pasan, y es terrible".
CARMEN VARELA
Coordinadora de los LAJ
"La intención es buenísima. Si se cuenta con los medios, será un cambio trascendental en la Justicia"
Olalla Díaz tiene además la convicción de que Lugo y Galicia parten de una situación mucho mejor que otras comunidades, ya que han avanzado en el expediente digital o la dotación de las salas de vistas. Pero esa ventaja, como ejemplo de la situación real, se limita a que en estos momentos solo en tres juzgados de la provincia se está con un plan piloto para que el expediente digital sea también de acceso a los abogados: el suyo, el de Primera Instancia 6 y el número 2 de Monforte.
En cualquier caso, el punto de principal interés para los jueces es el que afecta al principio de inmediación: la ventaja que otorga observar el testimonio en presencia del sujeto. Un principio que podría verse afectado por las comparecencias a través de videoconferencia: "Está regulado de forma contradictoria", alerta esta magistrada, "se da preferencia a la telemática, salvo declaración de partes, testigos y peritos y otras circunstancias a criterio del juez. A los jueces nos gusta celebrar personalmente. No es lo mismo ver y escuchar una declaración en vivo que en una pantalla. Se pierde inmediación. Luego dependerá de la naturaleza de cada asunto, cada juez decide".
FÉLIX MONDELO
Decano de los abogados
"Se van a evitar suspensiones de juicios y muchos desplazamientos y gastos innecesarios"
En cualquier caso, concluye que "es un antes y un después, estamos ante un cambio trascendente, es un cambio cultural que va parejo a los cambios de la sociedad. Es la modernización de la Justicia que va a suponer enormes ventajas y más agilidad".
Fiscales: mucha ambición, muchas dudas
Roberto Brezmes es el fiscal jefe de Lugo, un colectivo que ya se adaptó bastante, asegura, obligado por el covid. Es muy habitual que los fiscales actúen en determinados juicios por videoconferencia: "Antes íbamos a las vistas. Suponía un día de trabajo para un par de juicios. Hoy un fiscal hace tres vistas en Becerreá, una comparecencia en su despacho, se reúne con abogados para conformidades y hace un par de calificaciones. Has conseguido que el sistema funcione mejor".
Pero eso es una cosa y otra, lo que plantea esta reforma: "Siempre se nos dijo que la informática iba a estar al servicio de los profesionales y hasta ahora los profesionales hemos estado al servicio de la informática. El expediente judicial electrónico que la administración cree que hay no existe. En la juntas de fiscales se habla casi más de informática que de derecho. Está claro que el futuro es esto, pero te cuesta confiar".
Brezmes reconoce que "la ley es muy ambiciosa y necesitamos un cambio de paradigma de la Justicia", pero duda de que este Real Decreto sirva para ello. Sí destaca, sin embargo, que "la digitalización es una obligación para el profesional, mientras que para el ciudadano se convierte en un derecho, se puede exigir".
Prevé que para su puesta en marcha sea necesaria mucha inversión y mucha formación, y resalta algunos puntos que cree bienintencionados: "Se crea la figura del facilitador. Cuando se hace el ofrecimiento de acciones a las víctimas, si detectas una situación de discapacidad tienes que acercarte tú a ella, garantizar su derecho a la Justicia. Pero no se concreta quién es el facilitador. La música suena bien, pero hay que llevarlo a efecto". También destaca que a partir de ahora el silencio administrativo operará a favor del ciudadano en la petición de cancelación de antecedentes penales.
Pero su escepticismo se resume en un detalle, que "la ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, por muy bien que redactara don Alonso Martínez estamos en 2024. No puedes estar siempre poniendo parches". Eso sí, "si se cumple todo, va a suponer un gran avance para el sistema. Tenemos muchísimo margen de mejora".
LAJ: información y formación como claves
Los letrados de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) son básicos en el desempeño de cualquier juzgado, con competencias organizativas y de impulso y control de procedimientos, entre otras muchas. En la provincia de Lugo hay 34, más dos de refuerzo, y su secretaria coordinadora provincial es Carmen Varela. "En este momento no tenemos todos los medios en todos los lugares", advierte, "y esos medios deben ser tanto digitales como de formación". "La información y la formación", remarca, "van a ser claves para el éxito de una ley que puede suponer un cambio trascendental".
Por lo que se refiere a los LAJ, supondrá "un modo diferente de trabajar, pero que ya se está produciendo ahora, las herramientas están cambiando. Ya estamos funcionando en modo expediente electrónico y sede electrónica".
Varela pone mucha insistencia en que hay que evitar que los ciudadanos que no están en la cultura digital no se vean afectados en sus derechos, y que hay solucionar problemas muy graves como el de la itineración de los expedientes judiciales entre todos los órganos, pero también recuerda que en Lugo y en Galicia no se parte de cero, porque muchas de esas soluciones técnológicas ya se están probando e implementando, si bien a distintas velocidades.
Cuando todas las medidas estén en marcha, cree que se podrá hablar de "una ley global que modifica la relación y la comunicación de la Justicia con el ciudadano".
Abogados: cambios de profundidad
Félix Mondelo es decano del Colegio de Abogados de Lugo, uno de los colectivos que más directa y profundamente se van a ver afectados por los cambios que se propone. En aspectos tan serios, sin ir más lejos, como que la posibilidad que da a un letrado de comparecer telemáticamente en partes del proceso hará que numerosos pleitos de aseguradoras, bancos o eléctricas que ahora se subcontrataban a despachos de Lugo "ya no serán necesarias. Pero también tiene una ventaja para el abogado de Lugo, que puede llevar asuntos por España sin desplazarse. La gente se tiene que amoldar". No obstante, entiende que "es a lo que se va a tender, se va a generalizar. Evita suspensiones de juicios y desplazamientos y gastos". Mondelo también llama la atención sobre algo "muy importante, los servicios alternativos de mediación al conflicto: será obligatorio antes de interponer una demanda que vayas a una mediación, y hay que acreditar que has intentado evitar el litigio judicial". No menos relevante es el llamado juicio testigo, ya en vigor: en los pleitos masa, como los de las preferentes o las cláusulas bancarias, las demandas quedan paralizadas mientras se resuelve la primera; cuando haya sentencia firme, se aplica a las demás.
Cree que muchas de estas medidas sí servirán para agilizar la Justicia, pero advierte que "de momento no estamos preparados, es como poner un fórmula 1 a correr por una corredoira".