P. Cerrada
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Elda (Alicante) ha acordado la apertura de juicio oral a dos médicas por la muerte de Aitor, el niño de 8 años de Petrer que falleció el 28 de octubre de 2020 a causa de una peritonitis tras no detectar que tenía una apendicitis aguda pese a que acudió cinco veces a Urgencias con fuertes dolores abdominales y vómitos. El auto judicial se ha notificado después de que la Fiscalía y las acusaciones particulares hayan presentado sus escritos de acusación, en los que han solicitado penas de entre un año y diez meses de cárcel por homicidio imprudente y 21 años de prisión para cada una por un delito de homicidio por comisión por omisión.
El juzgado también ha acordado que se forme una pieza separadas de responsabilidad civil y exige a las dos investigadas y a la Conselleria de Sanidad y a una aseguradora, como responsables subsidiarias, el abono de una fianza de 1.850.000 euros para garantizar las indemnizaciones que puedan fijarse al final del proceso.
La abogada Raquel Sánchez Navarro, que ejerce la acusación particular en nombre de los abuelos de Aitor, que eran la tutores legales del niño y lo consideraban como un hijo al tenerlo a su cargo desde pequeño, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa del juzgado a tramitar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado. Tanto esta abogada como la acusación ejercida por la madre biológica del niño, quien cedió la custodia a su progenitora, reclaman sendas penas de 21 años de cárcel a cada médica por homicidio por comisión por omisión o alternativamente penas de seis y cuatro años de cárcel por homicidio imprudente agravado, respectivamente. Asimismo, las acusaciones particulares reclaman su inhabilitación durante el tiempo de la condena y que sean condenadas también por un delito de omisión del deber de socorro a sendas multas de 7.200 euros.
Mala praxis
Por su parte, la Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de homicidio por imprudencia y ha solicitado dos años y cuatro meses de cárcel para la médico residente que atendió al niño en el Hospital de Elda y un año y diez meses para una facultativa del Centro de Salud de Petrer II donde llevaron previamente a Aitor. Para el Ministerio Público, hubo mala praxis en la actuación de las médicas e infringieron las normas básicas de su profesión.
Mientras que la Fiscalía solicita 143.000 euros en indemnizaciones para los abuelos y la madre, la abogada de los abuelos reclama 1,5 millones de euros y la letrada de la madre 350.000 euros más.
Las defensas de las dos médicas solicitan en cambio su absolución al entender que no hubo mala praxis en su atención al menor. El caso, siempre que no sea admitido el recurso ante el Supremo para que el juicio sea con jurado popular, se enjuiciará en un juzgado de lo Penal en Alicante.
Según el escrito de acusación de la abogada Raquel Sánchez, Marta Gonzálvez, abuela y tutora del menor, llevó a Aitor el 24 de octubre de 2020 a Urgencias del Centro de Salud Petrer II por presentar un cuadro de dolor abdominal y vómitos. Un médico que le atendió le remitió al hospital dado su estado y el intenso dolor que tenía, hasta el punto de que no pudo realizarle la revisión abdominal y vomitó en la consulta.
Ese mismo día llevaron al niño a Urgencias del Hospital General de Elda, donde vomitó en reiteradas ocasiones y la doctora que le atendió calificó el dolor de 7 sobre 10 en triaje, pero no detectó otros síntomas, le diagnosticaron una posible viriasis y se acordó un control con su pediatra, según la acusación particular.
Dos días más tarde -el 26 de octubre-, la abuela llamó por la mañana al centro médico porque el niño tenía un dolor "insoportable" y tras personarse de nuevo en Urgencias una médica lo envió de inmediato al hospital.
Aitor, según la acusación particular, tenía fiebre, estaba ojeroso, seguía vomitando y tenía una fuerte dolor, sin tolerar líquidos ni sólidos. A las 18:38 horas de ese mismo día entró en Urgencias del Hospital de Elda y le atendió una de las dos médicas acusadas ahora en la causa. Era médica residente del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elda y tras explorarlo dio el alta al menor, "infringiendo normas básicas de su profesión, pues no consultó a un facultativo especialista y no realizó pruebas complementarias exigidas por las circunstancias del caso". Señala la acusación que no realizó ni una simple ecografía de abdomen o una analítica sanguínea. "Si hubiera realizado alguna de esas pruebas, totalmente necesarias e imprescindibles para salvarle la vida, o hubiera avisado al médico responsable, el menor hubiera sobrevivido, y el resultado se hubiera podido evitar", con un porcentaje de supervivencia del 99,9%, según el informe emitido por una perito medico judicial.
"Desidia"
La médico residente recomendó que volviera a Urgencias si vomitaba mucho, cuando ya tenía conocimiento de vomitaba de 7 a 9 veces al día, y que su pediatra le controlara en 24 o 48 horas. Para la familia de Aitor, la actuación de esta doctora fue "de total desidia2 y ello derivó en una infección en el tracto digestivo que evolucionó a una peritonitis y el 28 de octubre falleció en el Hospital de Elda.
Antes de su fallecimiento, la madrugada del 28 de octubre la abuela volvió a llevar a Aitor al Centro de Salud Petrer II porque no aguantaba más el dolor y le decía a Marta que se estaba muriendo. La otra médica imputada recibió al menor y a la abuela, quien le dijo que ya habían estado cuatro veces en Urgencias y que el dolor era "insostenible". Pese a ello, en lugar de realizarle alguna prueba o remitirlo al hospital le administró Buscapina, "un medicamento no recomendado en niños y que precipitó la muerte del menor", según la acusación particular. En este momento, añade el escrito, el fallecimiento aún era evitable en un 70%, según la perito médico judicial y la doctora "no solo incrementó el riesgo de muerte del menor, sino que lo aceleró de forma activa". Esta médico le dio el alta, el menor regresó a su domicilio y ese mismo día lo llevaron al Hospital de Elda, donde Aitor falleció.
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