Alberto Núñez Feijóo reconoció ayer en Antena 3 que la política presente es la peor de la democracia, con responsabilidades varias, pero incomparables según el ejercicio del gobierno o de la oposición. Compartimos la reflexión del presidente del PP, de la que, por lo demás, hemos dejado constancia en estas páginas editoriales. Nos resulta imposible desligar la corrosión de la vida nacional de la irrupción de Pedro Sánchez en la primera línea de la contienda partidaria, más todavía de su asalto irregular a La Moncloa con una moción de censura fraudulenta. Desde entonces, la degradación del régimen de derechos y libertades ha sido un proceso ininterrumpido al servicio de la conservación del poder a cualquier precio.
No se trata de repasar de nuevo las «gestas» del sanchismo contra el modelo constitucional que nos dimos los españoles en 1978, artífice de la mayor y mejor etapa de progreso y bienestar de nuestra historia. Toca hoy incidir en la denuncia sobre la resistencia del presidente y sus ministros a someterse al escrutinio de las Cortes Generales, como es su deber, en una burla escandalosa a las previsiones constitucionales. El sanchismo atraviesa sus meses más críticos porque la corrupción anega su desempeño con un torrente de informaciones e investigaciones, especialmente vinculadas a los contratos de la pandemia, pero no solo, sin otra explicación oficial que no sea la espantada, el insulto y la estrategia del ventilador para transformar la vida nacional en una ciénaga en la que justos y pecadores se confundan. Pedro Sánchez aparece en la cúspide del entramado porque son varios los ministros implicados en contratos millonarios bajo sospecha, además de por conductas que le afectan en el orden familiar. Núñez Feijóo ha abierto la puerta a citarlo en la comisión de investigación del Senado por el llamado «caso Koldo» y las actividades profesionales de su mujer si no da las oportunas explicaciones.
Es indiscutible que aquel cargo público que está en condiciones de defender y responder de la dignidad y la legalidad de su ejecutoria resulta siempre el más interesado en exponerse y comparecer ante las audiencias correspondientes. Quien nada tiene que ocultar no se esconde, sencillamente da la cara ante la ciudadanía, que es soberana. En cualquier democracia digna de ese nombre, la respuesta de los señalados habría sido la opuesta al juego sucio institucionalizado desde Moncloa. Boicotear el trabajo de la oposición y por tanto del Parlamento, como hace el Gobierno, habla de una administración empeñada en cancelar el estado de derecho por todos los medios a su alcance por indignos que sean, incluida la instrumentalización política de la Fiscalía contra el adversario. Que la pareja de Díaz Ayuso haya interpuesto la querella contra las manos negras del Ministerio Público era inevitable. Con el presidente y la administración más opacos y obstruccionistas, no es descartable que Sánchez niegue la legitimidad del Senado para interrogarlo. Se siente por encima de la Ley.
✕