La Embajada española en Pakistán se está olvidando de las fiscales afganas que han logrado salir de su país al otro lado de la frontera para intentar lograr un visado y poder llegar a España. Estas mujeres, algunas con niños, están en riesgo de ser apresadas por el gobierno talibán si no logran salir de ahí. Ante el silencio administrativo del embajador, la Audiencia Nacional ha ordenado que éste prepare la documentación para que en el cao concreto de una fiscal y su hija puedan llegar a España.
Así lo ha acordado la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que esta fiscal en concreto, especializada en asuntos antiterroristas antes de que llegara el Gobierno talibán, ha participado en "relevantes" procesos en materia de terrorismo internacional.
Esta fiscal ha logrado que los tribunales españoles le den la razón ante el "silencio administrativo por parte del embajador de España en la República Islámica de Pakistán en el marco de un procedimiento de solicitud de protección internacional".
Esta mujer ha podido hacer esta reclamación al tratarse de una no nacional del país en que se encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física.
La Sala explica que, tal y como establece el Tribunal Supremo, la valoración de la medida cautelar ha de atender primordialmente a la apariencia de riesgo de persecución por alguna de las razones que justifican la concesión de asilo. Así ha de valorarse en función de las condiciones objetivas del país de origen y también en función de las circunstancias personales del solicitante de asilo, sin olvidar que también existe un interés público en que la institución del asilo no se desnaturalice.
En esta caso concreto, afirma la Audiencia, la mujer ha justificado que como fiscal de profesión ha intervenido en relevantes procesos en materia de terrorismo internacional y que, como consecuencia de la situación política en Afganistán, ha huido del país a Pakistán "ante el temor de ser represaliada por su labor profesional".
"Riesgo real y efectivo"
Además, el auto añade que el Ministerio Fiscal que ha comparecido en las actuaciones ha aportado un informe policial en el que "se pone de relieve la seriedad y verosimilitud del temor" manifestado por la demandante y el "riesgo real y efectivo" de que pudiera ser deportada a Afganistán con la consiguiente actualización del riesgo vital que ello llevaría consigo para ella y para su hijo.
El tribunal indica que para la resolución de esta cuestión resulta determinante la nota de orientación de ACNUR sobre las necesidades de protección internacional de las personas que huyen de Afganistán, de febrero de 2022.
En dicho documento, elaborado a partir de los informes disponibles sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese país, ACNUR sigue haciendo un llamamiento a todos los países para permitir que la población civil que huye de Afganistán pueda ingresar en sus territorios y para garantizar el derecho a solicitar asilo y asegurar el respeto del principio de no devolución en todo momento. Además, reclama a los Estados que registren todas las llegadas de personas que busquen protección internacional y para que emitan prueba documental del registro de todos los afectados.
El Tribunal recuerda, frente a las alegaciones del abogado del Estado, que en la nota de orientación aludida también se hace una previsión especifica a la reagrupación familiar, de forma que ACNUR sigue exhortando a los Estados a que faciliten y agilicen los procedimientos de reunificación familiar, en cuanto que reconoce que es el único modo de asegurar que se respete el derecho a la vida familiar y la unidad de las personas refugiadas.