El juez del caso Daniel Sancho no va a dar un ejemplo de transparencia. El máximo responsable del juicio al cocinero español amenaza con penas de cárcel a los abogados y el fiscal si dan detalles del juicio. También ha prohibido el acceso de los periodistas y medios de comunicación a la sala. Cualquiera que se atreva a contar algo de lo que ocurre entre las cuatro paredes del tribunal de la Corte Provincial de Samui «será perseguido y se enfrentará a penas de cárcel».
El juez encargado del caso de Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, comenzó el juicio con una serie advertencia a todos los asistentes que informen de lo que ocurre dentro del juicio.
El juez del caso, cuyo nombre es confidencial, ha ordenado en la que supone la primera jornada del juicio, que no se informe de nada de lo que pase dentro de la sala en la que se celebra y, tal y como adelantó OKDIARIO, ha prohibido el acceso a los periodistas.
Penas de cárcel
Asimismo, ha advertido a todas las partes, incluidos abogados y el fiscal, de que no ofrezcan detalles del proceso, y ha subrayado que en caso de que haya sospechas de que se ha difundido información se perseguirá y conllevaría penas de cárcel.
El juicio oral empezó alrededor de las 9.45 hora local (GMT+7) en el tribunal provincial de Samui (isla al sur de Tailandia), hasta allí se desplazaron decenas de medios de comunicación, y en la primera sesión están declarando testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la isla de Koh Phangan, donde supuestamente tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto.
En concreto, hoy está citada para declarar una mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero de la isla de Koh Phangan, la responsable de la tienda que le alquiló una moto a Daniel Sancho en la isla y los encargados de los dos hoteles de Phangan en los que se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.
Además del propio Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lo que confirió al caso de un alto interés mediático desde el principio, asiste hoy al juicio su padre visiblemente emocionado.
Rodolfo Sancho supervisa el caso
El actor cogió las riendas de la defensa de su hijo poco después de su detención. Desde entonces, Rodolfo Sancho se ha ocupado de contratar los mejores abogados a su criterio y tras aprenderse el sumario del caso de memoria, supervisa todas las operaciones de la defensa.
Daniel Sancho acude al juicio representado por el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel, y la defensa argumentará durante el juicio que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea, en la que Sancho actuó en defensa propia.
Por su parte, el fiscal encargado del caso, Jeerawat Sawatdichai, tratará de demostrar que se trató de un asesinato premeditado, y acusa a Sancho de este y otros dos delitos, el de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del colombiano.
«Los hechos hablan por sí solos»
En el caso Daniel Sancho, también están presentes en el juicio los abogados de la familia de Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, del bufete Ospina Abogados, quienes en una rueda de prensa celebrada la víspera en Samui afirmaron que "los hechos hablan por sí solos" y mostraron su confianza en la investigación de la Policía de Tailandia, cuestionada por la defensa.
Se espera que el juez confirme hoy el calendario de testigos que ambas partes presentarán durante el juicio, que se prevé rondará el medio centenar, en un proceso que en principio contará con 16 sesiones y se celebrará hasta el próximo 3 de mayo.
Según el calendario preliminar del juicio de Daniel Sancho, los testigos de la acusación, en su mayoría policías y peritos, declararán entre hoy y el 19 de abril.
Los testigos de la defensa comparecerán desde el 25 de abril, cuando lo harán el propio Sancho y su padre, hasta el 3 de mayo, fecha en la que el acusado podría hacer una declaración final.
Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, no declararán finalmente en el juicio, al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia, como había solicitado la pareja septuagenaria ante la dificultad para desplazarse hasta Tailandia desde Colombia.