El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes que el fin de la Fundación Francisco Franco está muy cerca. "No ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla. Si una Fundación rememora y vanagloria a alguien no tiene ningún sentido en una democracia", ha esgrimido.
Durante una visita a la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, campo de concentración franquista en la isla de Fuerteventura, el ministro ha respondido con un categórico "sí" a la pregunta de si estamos próximos al fin definitivo de la Fundación Francisco Franco.
En esta línea, el que fuera presidente de Canarias entre 2019 y 2023 ha cargado con dureza contra el Gobierno de Aragón que, con el apoyo de la ultraderecha, ha impulsado una ley que, en opinión de Torres, blanquea el franquismo.
"Aragón habla de la Ley de Concordia al mismo tiempo que deroga los reconocimientos a las víctimas del nazismo", ha asegurado Torres, que también ha querido aludir a la situación del Valle de Cuelgamuros y las críticas vertidas por la ultraderecha: "No exhumamos tumbas del bando vencedor, porque no hay, ya fueron exhumadas".
En cuanto a los pasos que deberá seguir el Gobierno, Torres explicó en su día que se tienen que aprobar tres comisiones y un decreto de Consejo de Ministros para finalmente ilegalizar la Fundación Francisco Franco en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Los ultras aseguraron su intención de llegar incluso a Estrasburgo para evitar la extinción.
"Humillación de la dignidad de las víctimas"
La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre de 2022 contempla en su disposición adicional quinta que serán objeto de "causa de extinción" aquellas fundaciones que "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo".
"A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales", señala la normativa.
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria, el presidente de la FNFF, el militar retirado Juan Chicharro Ortega –quien ocupó altos cargos en la Armada en plena democracia y llegó a desempeñarse como ayudante de campo de Juan Carlos I– declaró varias veces la guerra a la nueva norma y no ocultó su desprecio hacia lo que denomina "gobierno socialcomunista".
Los supuestos que maneja la Ley de Memoria Democrática para decretar la extinción de organizaciones franquistas no sólo afectan a la FNFF. A día de hoy existen al menos otras seis fundaciones que hacen apología de la dictadura y, por tanto, chocan con los principios establecidos por la normativa. Entre ellas se encuentran la Fundación Yagüe, que homenajea al responsable de la matanza de Badajoz; la Fundación Blas Piñar o la Fundación José Antonio Primo de Rivera.
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