Ciudad de México. La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, logró que el viernes pasado un juez federal dejara sin efectos la única orden de aprehensión girada en su contra por el caso de la estafa maestra que estaba pendiente de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía General de la República (FGR) ya no podrá perseguir a la ex funcionaria ni presentar una acusación formal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 77 millones de pesos.
Según registros judiciales, este era el único mandato de captura que tenía pendiente la también ex jefa de Gobierno de la capital y que la FGR nunca cumplimentó, a pesar de tener el visto bueno de un juez, tras el encarcelamiento de Robles por otras acusaciones.
Fallo a revisión
El resolutivo que benefició a la ex funcionaria y la dejó libre de acusaciones todavía puede ser revisado y calificado por un tribunal, a pesar de tratarse de un amparo. Además, la FGR puede volver a solicitar la aprehensión, pero para ello requiere fundamentar un argumento que convenza al juez.
El pasado 6 de diciembre un tribunal federal confirmó la absolución de Robles por presuntas omisiones ante desvíos por más de5 mil millones de pesos dentro del caso de la estafa maestra.
Los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México decidieron que la acusación que hizo la FGR no configura un delito, pero puede ser sancionado por la vía administrativa.
Desde marzo de 2023, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron la decisión de un juez de control federal de absolver a Robles.
Nueve meses después, el tribunal de apelación confirmó la resolución dictada el 24 de febrero por el juez de control Roberto Paredes, quien sobreseyó el caso penal contra Robles, con efectos de sentencia absolutoria, al considerar que la ex funcionaria debe ser sancionada por la vía administrativa y no por la vía penal.
El juzgador ordenó continuar el proceso por la vía administrativa. Según la legislación aplicable al caso de la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su momento el ejercicio indebido del servicio público estaba sancionado únicamente en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que el asunto debía resolverlo la Secretaría de la Función Pública.
Por esta resolución, la FGR abrió una carpeta de investigación contra el juez Paredes y también presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Tanto la FGR como la ASF señalaron que el juez que ordenó la absolución omitió estudiar los indicios sobre la participación de Robles en los delitos que causaron un daño a las finanzas públicas por más de 5 mil 73 millones de pesos mediante el esquema que permitió la adjudicación de contratos públicos que nunca se cumplieron.