La investigación que la Inspectoría General del Ministerio del Interior inició en contra del coronel Harvey Colchado el pasado 12 de abril, luego de que subiera su torta de cumpleaños a sus redes sociales, se ha convertido en una vía del Estado para obtener documentos reservados de las investigaciones que pesan contra las más altas autoridades peruanas. Ello, luego de que se supiera que la entidad había citado a todos los policías que conforman el Equipo Especial EFICCOP de la Fiscalía de la Nación.
El objetivo de la presencia de estos agentes respondería a la necesidad de conocer, por medio de las declaraciones de los integrantes de la DIVIAC, sobre las alertas que se emitieron el día del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte.
Esta alerta surge luego de que se supiera que un grupo de agentes de la Inspectoría habían visitado las instalaciones del Ministerio Público con la intención de intervenir las oficinas del equipo especial de la DIVIAC a fin de "recabar información" para el informe que se espera sea emitido esta semana. Como se sabe, el último martes 16 de abril, un grupo de agentes del Ministerio del Interior se presentó ante las oficinas de dicho equipo especial de policías a fin de buscar, aunque sin éxito, documentación que les permita conocer más sobre el caso iniciado contra el coronel Colchado.
Marita Barreto frenó operativo de la Inspectoría en el que se buscaba acceder a documentos protegidos
Según lo revelado por Canal N, el tipo de información al que estos agentes de la Inspectoría buscaban acceder era de carácter reservado y contenía información relacionada con casos en los que la misma presidenta Dina Boluarte y su hermano, Nicanor Boluarte; eran investigados. En el reportaje se detalla que la presencia de "miembros de inspectoría de la Policía en las oficinas del EFICCOP cuya intención era hurgar en los documentos del equipo de la DIVIAC"; se revela en el reportaje emitido por dicho medio.
Así se corrobora en la disposición con la que los efectivos intentaban acceder, en la que se detalla que el objetivo era ejecutar "acciones de control administrativo que se orientan específicamente a la revisión y verificación de la documentación pasiva de carácter administrativo interno que ha realizado la unidad policial del Equipo Especial de Inteligencia DELTA DIVIAC en referencia a las Órdenes de Operaciones Policiales ejecutadas".
No obstante, las acciones de los agentes del Mininter fueron refrenadas por la coordinadora del equipo, Marita Barreto, quien emitió un oficio de providencia detallando la importancia de la reserva de estos documentos y computadoras de uso de la DIVIAC. Es en estos recursos en donde resta información de casos importantes relacionados con las más altas autoridades del Ejecutivo, como la presidenta y los congresistas.
En esta providencia, Barreta detalla que las investigaciones que se buscan allanar por parte de los agentes del Mininter, "tienen información sensible que de trascender podría poner en riesgo las mismas". Esto, "al tratarse de investigaciones en trámite que involucra a investigados vinculados a las más altas esferas del poder, como el caso del investigado Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la señora Presidenta de la República y jefa de la Policía y las Fuerzas Armadas".
Inspectoría general en la mira de la Fiscalía de la Nación
Como consecuencia a estas disposiciones refrendadas por el Ministerio del Interior, Barreto dispuso "declarar improcedente el pedido formulado por el coronel PNP Edgar Portocarrero Damasen, jefe de la oficina de disciplina N° 16 DIRINV - IGPNP; quien forma parte del equipo de agentes que deberá emitir el informe sobre Harvey Colchado en el que se determinará la existencia de una falta grave o muy grave.
En tanto, fuentes del medio Canal N señalaron que desde el despacho de la misma Fiscalía de la Nación, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena Campana se encuentra evaluando la posibilidad de iniciar una denuncia en contra del Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria; y el titular del Ministerio del Interior, Walter Ortiz; por el presunto delito de obstrucción a la Justicia en favor de la presidenta Dina Boluarte y su hermano.