R.V.
Cientos de funcionarios de prisiones de toda España se manifestaron este jueves en Madrid para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de Nuria, la responsable de cocina de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, a manos de un preso que posteriormente se quitó la vida. Entre los asistentes había funcionarios de la prisión pontevedresa de A Lama y de otros centros penitenciarios gallegos así como del Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo. Reclaman mayor seguridad en sus puestos de trabajo: ser reconocidos como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo.
La marcha comenzó a las puertas del Ministerio de Trabajo y discurrió por un lateral del Paseo de la Castellana para llegar al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, antes de finalizar junto al Congreso de los Diputados con tres minutos de silencio en recuerdo de la trabajadora asesinada, que tenía 48 años. Familiares de la fallecida estuvieron en este acto de protesta.
"Está manifestación se convoca para mostrar nuestro rechazo a unas políticas que priorizan las buenas estadísticas sobre los buenos resultados. Prefieren tener a internos peligrosos en regímenes correspondiente a internos que acatan las normas a exigir el cumplimiento de esas normas. De esta manera, aparentemente, hay pocos internos violentos y un alto éxito del tratamiento penitenciario. Pero todo es ficticio", denuncia Julio Díaz, representante en la provincia de Pontevedra del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.
"Hasta que nos matan o agreden no se considera la potencial peligrosidad de los internos"
"Hasta que no nos matan o agreden no se considera la potencial peligrosidad de los internos", denuncia, añadiendo que "la falta de consideración sobre los trabajadores penitenciarios llega hasta el punto de que somos los únicos que para que se considere que nos han agredido debe haber un daño físico perdurable. Un bofetón no es agresión, un empujón no es agresión, una amenaza de muerte no es agresión, que manoseen a una funcionaria no es agresión, etc." Junto a ser considerados agentes de la autoridad y profesión de riesgo reclaman "la actualización de los medios coercitivos y de protección y que haya suficiente personal para garantizar la seguridad de todos, tanto los trabajadores como los propios internos". El Ministerio del Interior debe empezar a "tomarse en serio" la seguridad, solicita.
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