El Comité Intergremial del Atlántico pidió dejar sin efecto tanto las multas por exceso en el consumo de energía, así como la resolución del Ministerio de Minas que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fijar nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas.
Se trata de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía y de la Resolución No.101042 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Aseguraron que la intervención del mercado energético por el Gobierno premia las ineficiencias de las hidroeléctricas que no hicieron una adecuada gestión de sus embalses y a las comercializadoras que no se cubrieron con contratos bilaterales.
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La medida, según los gremios, ocasiona incrementos en el costo de las restricciones "a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico".
"El aumento del costo del componente de Restricciones impacta el Costo Unitario, que en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución subió de $8 pesos por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora, y a ello se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada Opción Tarifaria; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades de la demanda del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno nacional para quienes excedan sus consumos", señalaron.
Adicionalmente, advierten que, al inducir a una inadecuada valoración de los recursos energéticos, se aumenta de manera relevante el riesgo de racionamiento, y se pone a cargo del usuario final un sobrecosto en su factura.
Por lo anterior, aseguran que son las hidroeléctricas las que deben asumir los costos que les permitan guardar agua y recuperar los embalses.
"La Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía también afecta a los auto generadores que contribuyen con sus excedentes y son remunerados con el precio de Bolsa. Con la caída de tales precios no les resulta rentable generar excedentes de energía para venderlas al mercado y contribuir a reducir el riesgo de apagones. El sector industrial será fuertemente impactado con mayores costos de energía, obstaculizando así su recuperación en medio de una coyuntura económica difícil", expresaron.
Asimismo, dicen que se introducen incrementos tarifarios sustanciales de hasta un 150% para los usuarios, y 200% para el sector comercial e industrial, afectando directamente el dinamismo económico de la Región Caribe.
"Esta medida puede resultar contraproducente para el dinamismo económico de la Región Caribe, una zona con una creciente demanda energética, exacerbada por el alza de las temperaturas, situación que afecta directamente a las actividades de sectores vitales como el turismo, comercial e inmobiliario", afirmaron.
Finalmente, pidieron al Gobierno que, en su lugar, se apliquen medidas que logren una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía y "concretar decisiones que lleven a un mejor diseño del mercado de este insumo básico para la productividad de las empresas, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico del país".