El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ultima estos días un extenso decreto para dar forma a una de sus promesas electorales: la eliminación de trabas burocráticas para simplificar los trámites con la administración pública.
Una compleja tarea que sigue la senda iniciada por otras comunidades gobernadas por los populares -como Andalucía o la Comunidad de Madrid- y en la que su Ejecutivo lleva meses trabajando, con el vicepresidente y consejero de Hacienda de su gobierno, Antoni Costa, al frente del grupo de trabajo creado para concretar una primera batería de medidas.
Previsiblemente, el lunes se cerrará formalmente el primer documento de trabajo, un informe de más de doscientas páginas con medidas concretas que servirá como base del decreto ómnibus que irá próximamente al Consejo de Gobierno. La intención es que quede aprobado a principios del mes de mayo.
Entre las principales medidas que contemplará el plan de choque de Prohens destacan las que van encaminadas a aligerar los largos procesos de aprobación de proyectos y licencias de obra y actividad.
No en vano, en algunos municipios como Palma, el más poblado del archipiélago, el tiempo medio de concesión de una licencia roza los dos años. Un tapón que, según han denunciado reiteradamente los promotores, agrava el problema de la escasez de vivienda en la isla.
En una medida hasta ahora inédita en las Islas, el Govern permitirá la externalización de la confección de informes técnicos y jurídicos previos a la concesión de una licencia de obra. Se trabajará con empresas homologadas, las llamadas ECU (Entidades Colaboradoras Urbanísticas), empresas autorizadas para realizar esas funciones.
No se abandonará la vía ordinaria, que los ciudadanos podrán seguir empleando, pero se espera así aligerar el trabajo de los funcionarios. Palma será presumiblemente el primer municipio donde se implante.
Filtro 'verde'
Otra de las iniciativas del Ejecutivo del PP, criticado por la oposición tras haber circulado como globo sonda entre la opinión pública balear, pasa por la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Este órgano colegiado y con una nutrida representación política se reúne una vez al mes y lleva décadas funcionando con el argumento teórico de aplicar un filtro medioambiental a los proyectos públicos y privados.
En el seno del Govern actual consideran que, en no pocas ocasiones, ha sido un órgano instrumentalizado para congelar proyectos por intereses políticos. Ese es el argumento para impulsar ahora su extinción.
El plan del Ejecutivo regional contempla que esa función perviva pero que sea asumida por técnicos de la Consejería de Territorio, que seguirán elaborando los dictámenes medioambientales que exige la normativa sin necesidad de dilatar su tramitación con debates en la Comisión.
No será el único filtro que se suprimirá. El Govern prevé igualmente simplificar la exigencia de informes sobre recursos hídricos y acabar con la exigencia de la cédula de habitabilidad, un documento que expide el Consell de Mallorca y que se exige como requisito para poder residir en una vivienda recién edificada.
Subvenciones
El plan contempla paralelamente una batería de medidas para agilizar la concesión de ayudas sociales y para personas que padecen alguna discapacidad. Se creará un registro único para que los Servicios Sociales puedan tener acceso a los datos sanitarios y evitar duplicar las gestiones.
Asimismo, se eliminará la exigencia del certificado de discapacidad para que las personas con problemas de salud mental accedan a las ayudas cuando ya tengan los informes médicos pertinentes, un trámite que podía demorar un año la obtención de ayudas, según fuentes del propio Govern.
El Ejecutivo incorporará un nuevo sistema para agilizar el pago de subvenciones, permitiendo que puedan liberarse pagos con un protocolo previo y más simple de comprobación, verificado y fiscalizado con posterioridad.
En esta línea, se trabajar ya con una herramienta de Inteligencia Artificial en la tramitación de ayudas sociales, prestaciones de invalidez y jubilación y subvenciones para energías renovables. Se ha contratado a la misma empresa que ya opera en Andalucía (Servinform), donde tramita 2,5 millones de documentos.