El envejecimiento de la población se presenta como uno de los desafíos más prominentes que las principales economías mundiales deberán afrontar en los próximos años. Este desafío no solo se caracteriza por la amplitud de los cambios demográficos en curso, sino también por las múltiples implicaciones que estos conllevan. Desde el Banco de España, destacaron en la presentación de los capítulos I y II de su informe anual, que serán necesarios 24,67 millones de extranjeros en edad de trabajar en 2053 para "evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español".
A pesar de ello, apuntan a que la capacidad de estos flujos migratorios es limitada a la hora de mitigar el envejecimiento de la población. "En particular, para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante a lo largo de los próximos 30 años, el tamaño del colectivo nacido en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser tres veces mayor que el contemplado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus proyecciones de población más recientes", apuntan.
Para mantener la tasa de dependencia en 2053 en el 26,6% del valor actual, con una proyección de mayores de 66 años de 14.847.105 según el INE, sería necesario tener un grupo de personas entre 16 y 66 años de 55.897.931. Según los supuestos del INE, en 2053 habría 12.355.237 personas nacidas fuera de España entre 16 y 65 años y 18.870.103 nacidos en España. Por lo tanto, para mantener el número total de personas nacidas en España en 2053, se requeriría que hubiera 37.027.828 personas nacidas fuera de España entre 16 y 65 años.
"Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España, sino en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha", explica el organismo.
Desde 2002, más de 10 millones de extranjeros han ingresado a España, lo que equivale a un promedio de medio millón de entradas por año. En el período más reciente, tras la disminución durante la pandemia, la llegada de inmigrantes ha recuperado un ritmo dinámico, alcanzando alrededor de 1,1 millones en 2022, incluso superando las cifras observadas en 2007. Esto posiciona a España como uno de los países de nuestro entorno con mayor inmigración extranjera, medida aproximadamente por la tasa de entradas de extranjeros por cada mil habitantes, incluso por encima de Alemania.
Los inmigrantes muestran tasas de participación laboral significativamente más altas que los nativos, con un 70% para los primeros y un 56,5% para los últimos en el año 2022. Según proyecciones del INE para los próximos 10 años, los flujos migratorios podrían incrementar la participación laboral en el país en 1,6 puntos porcentuales. A pesar de que la tasa de desempleo es más alta entre los extranjeros, esta brecha se ha reducido a la mitad desde la crisis financiera.
El problema es que, a nivel de formación, estos perfiles no podrán cumplir (a priori) con las vacantes de empleo más especializadas. Tomando en cuenta los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) dentro del grupo de extranjeros que llevan menos de 1 año en España, aproximadamente el 80% de los que están en edad de trabajar no poseen estudios universitarios, y más del 70% trabajan en ocupaciones de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería.
Estos porcentajes son similares a los registrados en 2008, del 87,4% y 60,4%, respectivamente. Estas cifras contrastan con las de los nativos, donde menos del 29% trabajaba en empleos de baja cualificación en 2023. Además, entre los españoles que emigran, hay una incidencia particularmente alta de personas con estudios universitarios, representando alrededor del 60% del total en 2022.
Reto con las pensiones
Desde el Banco de España, destacan la necesidad de perfiles que puedan cubrir posiciones más cualificadas, y destacan dos iniciativas aprobadas en los últimos años. Por un lado, en 2022 se aprobó la reforma de la Ley de Extranjería, una medida que flexibiliza el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que facilita la entrada de trabajadores desde otros países, incorpora la formación en la figura de arraigo y permite el acceso al mercado laboral de estudiantes extranjeros. Por otro lado, en los últimos años, el Gobierno ha suscrito varios acuerdos migratorios con diferentes países. Destaca entre ellos el acuerdo firmado en 2023 entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México y España, destinado a promover la migración regular desde América Central y del Sur.
Y es que, en materia de pensiones, el envejecimiento de la población "ya está suponiendo un incremento apreciable del gasto público, tanto en pensiones como en sanidad y cuidados de larga duración; una dinámica que se intensificará en el futuro", según destaca el informe. Todo esto implica una presión adicional sobre las cuentas públicas, lo que requiere llevar a cabo sin demora un proceso de consolidación fiscal ambicioso con una perspectiva temporal de medio plazo.
"Como parte de este proceso, será necesario evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos", apunta el Banco de España.
En 2023, el gasto en pensiones, que incluye las prestaciones contributivas, no contributivas y las clases pasivas, representó el 13,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto equivalió al 28,3% del gasto no financiero en Contabilidad Nacional de las Administraciones Públicas (AAPP) en ese año.
De cara al futuro, la evolución demográfica de nuestro país destaca por un notable aumento en el peso poblacional de las personas de mayor edad, lo que anticipa un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. Según las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea, este gasto escalará en el escenario central hasta el 17,3% del PIB en 2050. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto alcanzaría el 16,2% del PIB en dicho año. Además, se espera que el número de pensiones se incremente desde los 11,1 millones actuales hasta los 16,7 millones.
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