El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la intención del Gobierno de "extinguir" la Fundación Francisco Franco. "No ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla. Si una Fundación rememora y vanagloria a alguien no tiene ningún sentido en una democracia", ha dicho el ministro en una entrevista en SER Canarias.
El ministro y también expresidente de Canarias ha hecho estas declaraciones en una visita para convertir la colonia agrícola penitenciaria de Tefía en un lugar de memoria, para restituir la dignidad de las personas LGTBi que fueron sometidas por el Franquismo. Preguntado sobre si estamos ante los últimos días de la Fundación Francisco Franco, Torres ha respondido con un contundende "sí".
Según la ley de Memoria Democrática, concurrirá "causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
¿Y a qué se dedica la Fundación Francisco Franco? En sus estatutos explicitan así sus objetivos: "Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos; difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977". Esto es, la exaltación de la dictadura.
Pero la Fundación dice que no incumple la ley. Al menos, se aferran a la segunda parte de la norma democrática y aseguran que, en su caso, promover el legado de Franco, con documentos, testimonios o pantanos, no supone una ofensa a la dignidad de las víctimas; que simplemente es una ley como "venganza".