Javier Milei generó un impacto al anunciar y firmar un amplio Decreto de Necesidad y Urgencia con la intención de desregular la economía, afectando la vigencia de cientos de normativas. Este decreto, de acuerdo con la Constitución, deberá someterse al escrutinio del Congreso, donde enfrentará desafíos significativos debido a la nueva composición, donde el oficialismo será minoría.
La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de evaluar los DNU, se encuentra en plena negociación para su integración. La complejidad radica en que ningún sector tendrá mayoría absoluta, lo que podría dificultar la emisión de dictámenes. Además, la última vez que la comisión se reunió fue hace más de un año, generando incertidumbre sobre el tratamiento de decretos pendientes.
Aunque la comisión tiene la facultad de emitir dictámenes, no puede introducir cambios al DNU. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia del control parlamentario en este caso, especialmente si la comisión decidiera paralizar su funcionamiento. En ese escenario, senadores y diputados podrían constituir ambas cámaras en comisión y, con dos tercios de los votos, rechazar el decreto.
Además del desafío legislativo, el DNU también enfrentará evaluación judicial. La Constitución establece límites claros para los DNU, reservándolos para circunstancias excepcionales. La Corte Suprema tendrá la última palabra en este aspecto, determinando si las condiciones actuales justifican la emisión de un decreto de esta magnitud sin el trámite legislativo ordinario.
En resumen, el mega DNU de Javier Milei plantea un escenario complejo, donde las decisiones del Congreso y la Justicia serán determinantes para su validez y aplicación.