Lo confirman los datos de la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, que dirigiéramos junto a Daniel Zovatto y Eduardo Fidanza, realizada en 2014 y recientemente publicada como libro por Eudeba. El título es contundente y contiene esta conclusión principal: Argentina, una sociedad anómica.
Se han repetido, en general, los resultados de la Primera Encuesta, efectuada en 2004, donde el sociólogo que intervino fue Manuel Mora y Araujo.
En efecto, el 80 % de los entrevistados considera que nuestro país funciona la mayor parte del tiempo fuera de la ley; un 83 % que los argentinos somos desobedientes y transgresores y un 34 % afirmó que están dispuestos a desobedecer la ley si es necesario para ellos.
Y en el ranking de los violadores de las normas aparecieron nuevamente en el primero, segundo y tercer lugar los políticos, los policías y los funcionarios públicos.
En la anterior encuesta en el cuarto y quinto lugar estaban los jueces y el resto de la gente, y ahora se invierte, ya que los jueces mejoraron al pasar al quinto lugar.
En otra oportunidad, con Zovatto, señalamos que hay una paradoja. Por una parte, existe una alta valoración de la Constitución (alcanza el 91 %) y al hecho de que el respeto a la ley aparece como un objetivo a lograr.
Pero, por otra parte, existe un elevado desconocimiento de la Ley Suprema Nacional, del 73 %. Este es mayor para las Constituciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 87 %, que se eleva a un 94 % de desconocimiento para la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba.
Aunque los argentinos valoramos y apoyamos la democracia, hay una elevada desconfianza en las instituciones y en particular, en los partidos políticos, los gremios, la policía, el Congreso y el Poder Judicial.
En este sentido, un 63 % sostiene que no existe la igualdad ante la ley y un 85 % estuvo en desacuerdo con la frase de que la Justicia juzga a las personas sin importar su dinero.
La pregunta "¿Por qué cree que se incumplen las leyes?", incorporada en esta Segunda Encuesta, mereció que un 33% de los encuestados respondiese que ello se debe al mal funcionamiento del sistema judicial, seguido por un 30% que lo atribuye al mal comportamiento del ser humano y un 17% debido al mal funcionamiento del sistema de castigos, como opiniones mayoritarias.
Creemos que no puede obviarse la gravedad del problema señalado por estas respuestas, que apunta directamente a profundas cuestiones culturales, institucionales, sociales y educativas que nos caracterizan a los argentinos individualmente y como sociedad.
Asimismo, hay que observar que los entrevistados otorgan a varios asuntos una especial responsabilidad en las conductas anómicas que padecemos. En primer lugar, responsabilizan al sistema judicial por su mal funcionamiento.
Y, casi en el mismo porcentaje, a los propios argentinos. En torno a esto último, se ha comprobado que la visión más negativa sobre el comportamiento humano se aprecia en el Gran Buenos Aires.
Nos preguntamos si ello es consecuencia directa de esa enorme concentración demográfica –propia del deficiente ordenamiento territorial argentino–, donde se observan los más graves problemas de pobreza, violencia y exclusión social.
La percepción también alcanzó a la falta de independencia de los Jueces, con un 60 % para los Magistrados inferiores y un 51 % con respecto a la Corte Suprema de Justicia.
A ello agregamos que en torno a los valores, ante la pregunta de si en nuestra sociedad existe un gran acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal, un 53 % respondió en desacuerdo y un 20 % con un muy en desacuerdo.
Sostenemos que estas percepciones debieran originar un proceso de cambio muy profundo en los aspectos éticos, culturales, educativos e institucionales del país.
No podemos dejar de señalar, en particular, la indudable y perentoria demanda a favor de una modificación del sistema judicial, ya que su incorrecto funcionamiento ha impedido la lucha contra la corrupción –entre otros aspectos–, además de facilitar algo aún más grave, que es la impunidad.
El tiempo transcurrido entre la primera y segunda encuesta demuestra que los cambios culturales requieren de tiempo y enorme esfuerzo.
Y por ello, aunque entre la realización de la segunda encuesta y la publicación del libro, se hayan producido elecciones y cambios políticos, es altamente probable que los graves problemas detectados se mantengan.
Las dos Encuestas muestran como principales conclusiones la debilidad del compromiso de la sociedad argentina con su Constitución y las leyes, una elevada percepción de desigualdad ante la ley y una democracia de baja calidad agravada por la pronunciada falta de confianza en las instituciones.
Estamos ante un problema complejo, que requiere de una estrategia integral y de largo aliento para desarrollar y arraigar una cultura de la legalidad.
Necesitamos cambios institucionales y culturales que partan de una educación cívica y democrática en base a los principios y valores de la Constitución Nacional.