Alcalá de Guadaira, Estepona, La Línea de la Concepción, El Ejido... Son algunas ciudades andaluzas con una población similar al número de personas a las que beneficiará en Andalucía la regularización extraordinaria de migrantes que tramitará el Congreso, tras aprobarse este martes, con el apoyo de todos los grupos menos VOX, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) del movimiento Regularización Ya.
En caso de la tramitación legislativa prospere, la medida afectará a unas 80.000 personas en Andalucía, de los que 14.000 serían niños y jóvenes que residen en la comunidad con sus familias, según los datos que manejan las organizaciones sociales. Entre los posibles beneficiados, los trabajadores de dos sectores económicos clave para la comunidad autónoma: los temporeros del campo y las cuidadoras del sector doméstico.
Garantía de derechos para combatir la exclusión social
La Federación Andalucía Acoge, organización social que trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes, insta a los grupos parlamentarios a que "se priorice un debate parlamentario real con un enfoque amplio". En esta línea, su director general, José Miguel Morales, subraya la relevancia de cómo se va a llevar a cabo: "Es importante que no se impongan condiciones muy duras e irrealizables".
Morales reflexiona sobre cómo ha evolucionado el país en los últimos 20 años, los que han pasado desde la anterior regularización extraordinaria con el Gobierno de Zapatero. "Haciendo posible que las familias accedan a su documentación, se normaliza su situación y se evitan situaciones de pobreza y exclusión social", recalca.
La iniciativa comenzó su andadura hace dos años, cuando la plataforma Regularización Ya, conformado por los propios inmigrantes y organizaciones sociales de toda España, impulsó una gran campaña de recogida de firmas. Una propuesta respaldada por 611.821 firmas y 900 organizaciones sociales, entre las que se encuentran las vinculadas a la Iglesia como Cáritas o Servicio Jesuita a Migrantes.
Niños nacidos en España
Una actuación de este calado será especialmente relevante para los menores de edad, los niños y niñas que viven en la comunidad autónoma andaluza con sus padres en situación de irregularidad administrativa. Un problema que ya estudiaba atajar el Gobierno a través de la reforma de la Ley de Familias.
En este sentido, Save The Children cifró en 2021 en un informe que Andalucía es la cuarta comunidad donde viven un mayor número de menores. En concreto, 14.000 niños y jóvenes migrantes en situación irregular viven en la región, un 14% del total del país. Unicef, por su parte, ha asegurado este martes que "es una oportunidad para garantizar los derechos de los cerca de 125.000 niños y niñas en situación irregular y sus familias".
Falta de censos reales de extranjeros irregulares
Estimar el número de personas migrantes indocumentados en España es complejo, debido a la falta de censos fiables sobre el número real de extranjeros que residen y trabajan en el país sin papeles en vigor. A este respecto, la investigación más reciente es la de la Fundación PorCausa, en cuyo informe Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles (2022), se habla de una cifra en torno a las 500.000 personas, a través del cruce de datos del patrón o las encuestas de población activa.
En Andalucía, con un 11% de población extranjera con permiso de residencia y trabajo, según el INE, la situación se complica, debido a los problemas de acceso al padrón de estas personas, ya que un buen número de ellas residen por ejemplos en los asentamientos chabolistas de las provincias de Huelva y Almería, por los problemas de acceso a la vivienda de los trabajadores temporeros del campo.
No obstante, las ONG estiman que una regularización extraordinaria de las personas indocumentadas en la comunidad beneficiaría a unas 80.000 personas, si se cruzan los datos de las tarjetas sanitarias y el empadronamiento municipal por provincias.
Una oportunidad para la sostenibilidad del mercado laboral
Gonzalo Fanjul, director de investigación de la Fundación PorCausa considera que esta medida es fundamental para acabar con "una gran bolsa de trabajadores irregulares", que no se estaba pudiendo atajar a través de las reformas del Reglamento de la Ley de Extranjería.
Fanjul apunta, por ejemplo, al escaso alcance de la última modificación normativa en este ámbito, el arraigo para la formación impulsado por el Gobierno el año pasado, que solo permitió documentar a unas 15.000 personas. "A menos que no introduzcas medidas de choque como estas, la realidad siempre te va a alcanzar", puntualiza.
Para Fanjul, "este tipo de acciones son de carácter extraordinario, la prueba es que es la segunda en 20 años". "No tiene ningún sentido enrocarse en el control fronterizo y la lógica histérica de la inmigración como amenaza. La realidad es que, en 2050, España tendrá un 30% menos de población activa. Abordar la movilidad laboral de las personas migrantes es fundamental para el futuro del país", asegura.
Qué pide esta iniciativa legislativa popular
Lamine Sarr, portavoz del movimiento que llevó al Congreso la regularización de migrantes, aseguró cuando se registró la ILP: "Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles". "Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad", apuntó.
La Iniciativa Legislativa Popular presentada reclama una regularización extraordinaria los inmigrantes irregulares que ya viven y trabajan en España debido a que "los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento".
Esta ILP da al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. La Plataforma Regularización Ya defiende que, sin su regularización, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad ,y no se pueden planificar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos, como los centros de salud, centros de educación pública, equipamientos de uso público en los barrios, como parques o centros cívicos, en otros.
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