Los sindicatos Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) mantuvieron un encuentro ayer con la diputada de Vox en el Parlamento canario Paula Jover Linares para expresarle sus principales demandas. Una de las reivindicaciones claves es que se les considere agentes de la autoridad. Y llevan años sin lograr su objetivo. Hasta ahora han presentado 23 propuestas para tener dicha condición y el Ministerio del Interior no les ha hecho caso. «No sabemos lo que tiene que pasar para lograr ese objetivo y ser también reconocidos como profesión de riesgo», apunta uno de los representantes de dichos trabajadores públicos.
Con la designación de agentes de la autoridad, los funcionarios de prisiones desean que los reclusos que comentan agresiones o vejaciones sobre ellos sean condenados a penas más altas y se lo piensen dos veces antes de atacar a uno de dichos trabajadores. Nacho Fernández, de APFP, afirma que en 2023 hubo 508 agresiones en toda España a funcionarios de prisiones. O, lo que es lo mismo, se registró un ataque cada 17 horas el año pasado.
Fernández recuerda que en esa estadística no están todos los casos, sólo los incluidos en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones (Peafa), en el que no se recogen las amenazas, coacciones e insultos. Apunta el portavoz de APFP que «somos el colectivo del Ministerio del Interior que más agresiones sufre», aclara Fernández.
También deja claro que los funcionarios de prisiones están a favor de que los guardias civiles y los policías nacionales tengan el reconocimiento de profesión de riesgo.
Con Paula Jover también se reunió Mariano Sánchez, representante de la organización Tu Abandono Me Puede Matar, quien recordó la grave situación que existe en Tenerife II en el ámbito sanitario. Sánchez menciona la Ley 16/2003 de 28 de mayo, por la que las comunidades autónomas debían asumir las competencias de los servicios sanitarios en las cárceles situadas en su territorio. Según dicha normativa, esa «transferencia» debía realizarse en un periodo de 18 meses. Pero casi 21 años después, en la inmensa mayoría de las regiones todavía no se aplica. Y eso influye en la carencia que existe de personal sanitario (médicos, enfermeros y auxiliares de Enfermería) en Tenerife II. En dicha cárcel hay en la actualidad 951 internos y, según dichos sindicatos, hace tres años que los médicos no pasan consulta, sino que se limitan a atender urgencias. Sánchez también recuerda que los médicos dedican más de la mitad de su tiempo a tareas burocrácticas, como informes para los juzgados o rellenar datos estadísticos.
Paula Jover insistió en la importancia de que los delincuentes sean retirados de las calles, pero también recalcó que los funcionarios de prisiones deben tener medios y recursos suficientes para garantizar su seguridad. El encuentro con ambos sindicatos fue para conocer sus demandas, a nivel nacional y regional, así como la situación que viven en el principal centro penitenciario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Jover se interesó por la situación de las mujeres y las madres con hijos en las cárceles.
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