En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció en su cuenta en la red social X que destacó un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) "para determinar" si el ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston de 36 años, ingresó a un lujoso hotel del sector de El Poblado, en Medellín, durante la noche del pasado jueves 28 de marzo, en compañía de dos menores de edad.
Se indagará si "habría incurrido en conductas delictivas relacionadas con inducción a prácticas sexuales".
"De acuerdo con los hallazgos que se obtengan por parte del fiscal del Caivas, podría iniciarse una investigación que determine la posible apertura de un proceso de extinción del derecho de dominio sobre el establecimiento comercial donde fueron halladas las menores de edad, a quienes les fueron restituidos sus derechos", señaló la Fiscalía.
Tres días después de lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez reveló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por un ciudadano que puso en conocimiento la presencia de un extranjero que estaba en compañía de dos menores de edad. "La Policía de manera inmediata realizó la inspección del lugar".
De acuerdo con la información consignada en su pasaporte, el hombre es oriundo de Ohio, Estados Unidos. "Yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado. Que no solo se sepa en Colombia, sino que también en Estados Unidos", comentó Gutiérrez en rueda de prensa.
Según el mandatario, el estadounidense llegó la semana pasada a Medellín en un vuelo proveniente de Fort Lauderdale, en Florida, pero tras lo ocurrido, el estadounidense salió del país en un vuelo directo hacia la ciudad de origen.
"Esta persona por más que haya logrado salir del país, que no crea que se salvó de este caso. Si es necesario pedir la extradición de este ciudadano para que pague cárcel acá en Colombia también se solicitará a través de la colaboración con el gobierno de Estados Unidos y de la justicia", sentenció el alcalde.
Precisamente esta última aseveración del mandatario abrió el debate por la posibilidad de que Livingston pueda ser enviado a Colombia.
De acuerdo con la Cancillería, entre Colombia y los Estados Unidos de América se encuentra vigente el 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' suscrito el 14 de septiembre de 1979. Sin embargo, es de precisar que el tratado "fue aprobado mediante la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 111 del 12 de diciembre de 1986 por vicios de forma".
Por ende, el tratado no puede ser aplicado a nivel interno por las autoridades colombianas.
El debate
Ahora bien, juristas consultados por EL TIEMPO indicaron que Colombia, en los últimos años, ha solicitado aproximadamente la extradición de 70 personas, pero a la fecha, ninguno ha sido extraditado al país y destacaron que, en este caso, lo que resulta "inexplicable" y que debe ser investigado "es ¿por qué no fue judicializado de forma inmediata, en vez de dejarlo salir su país?".
Para el penalista Camilo Burbano el mecanismo jurídico "es virtualmente imposible" de aplicar a Livingston y resaltó que si bien Estados Unidos y Colombia hacen parte de un instrumento internacional que lo permitiría, esto es el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el cual prevé la extradición entre los países que lo han ratificado, el artículo 5 de ese protocolo señala que la extradición está sujeta a la regulación interna de cada país y a los límites que cada nación imponga.
"En este punto, es preciso señalar que Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos, por lo cual, no sería viable una solicitud de extradición de Colombia a ese país. Esto se ratifica con el número de extradiciones que realiza Colombia a Estados Unidos, que deben estar cerca de las 2.800 personas y las que ese país ha realizado a Colombia, que son solo 7, todas ellas de ciudadanía no estadounidense que se encontraban en territorio norteamericano y que fueron solicitados por Colombia", señaló el jurista.
Entre tanto, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, indicó que la extradición "es una posibilidad real y cercana", y es otro de los beneficios que tiene la vigencia del Tratado de Extradición celebrado hace décadas entre Colombia y los Estados Unidos.
"Ese es un mecanismo idóneo para hacer comparecer, en este caso, a ese personaje, ante la justicia y los estrados colombianos para responder por ese presunto delito, desde todo punto de vista cobarde y que requiere, obviamente, toda la colaboración armónica de los poderes públicos para que se repare debidamente las víctimas, en este caso, a ese par de niñas que habrían sido abusadas por este señor", dijo Herrera.
Por su parte, el jurista Jorge Reales puso de presente que si se logra determinar que la presencia del estadounidense en el hotel tenía como finalidad el abuso o cualquier otra conducta que afectara la integridad sexual de las menores, "Colombia, efectivamente, puede solicitar la extradición del presunto agresor en razón de qué los hechos ocurrieron en nuestro país".
"El artículo 35 de la Constitución Nacional permite esa posibilidad", dijo Reales y añadió: "Es bueno tener presente que esa figura (extradición) siempre o casi, ha sido aplicada en una sola vía. Los gringos difícilmente extraditan a sus ciudadanos. Formalmente la posición existe, pero en la práctica, la experiencia indica otra cosa".
Para este caso, se estaría hablando de la figura de la extradición activa, que procede cuando el Gobierno colombiano es quien formula a otro Estado la solicitud de extradición o de detención preventiva con fines de extradición de una persona que es solicitada por la justicia colombiana.
Esta procede cuando en Colombia se ha proferido sobre la persona una medida de aseguramiento, resolución de acusación o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a dos años de prisión.
Cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho advierta que la solicitud proveniente de la autoridad judicial colombiana cumple con los requisitos previstos en el tratado de extradición aplicable al caso o en su defecto, en la normatividad interna, le corresponde remitir la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelantará las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición.