Doce años de experiencia profesional, como Fiscal Sustituto, los que van de 1999 a 2010, me han permitido llegar a varias conclusiones:
La primera es que la fiscalía aragonesa, en particular, y la española, en general, dispone de grandes profesionales, la mayoría de ellos muy sacrificados, y en el caso de los sustitutos, una especie de interinos, nombrados por años judiciales, francamente explotados, al menos en mi caso.
La segunda es que la autonomía de la que habla el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, ni está ni se la espera…
El nombramiento del Fiscal General "del Estado" por el gobierno de turno, hacen que acabe siendo el fiscal general del gobierno, que no del Estado.
Y para muestra, un botón: La designación de la Ministra de Justicia con la PSOE, como fiscal general, sin solución de continuidad, o el posterior nombramiento de su acólito más aventajado, como remedo de fiscal general…
A ello se une el ninguneo a que se somete, continuamente, al Consejo Fiscal, máximo órgano colegiado de la carrera, y cuyos dictámenes e informes se omiten, o ignoran, de forma grosera y hasta maleducada.
O la imposición del criterio del fiscal jefe correspondiente, por encima de las juntas colegiadas de fiscales, donde se abordan determinados asuntos, escuchando todos los criterios, y, finalmente, se vota cual es la postura mayoritaria.
Pues bien, esa opinión mayoritaria tiene menos valor que lo que diga el fiscal jefe correspondiente.
Esos fiscales jefes, en sus respectivos ámbitos, son designados con total discrecionalidad por el fiscal general, que como ya hemos dicho, es nombrado por el gobierno de turno.
Ergo…, blanco y en botella.
Ustedes creen, que con semejante "no autonomía", ¿se puede encomendar instrucción alguna a la fiscalía…?
Si es cierto, que en la jurisdicción de menores, instruye la fiscalía, y creo lo hace bien, pero no es una materia sensible, sometida a la política, o en la que se puede enjuiciar, o llegar a enjuiciar, al gobierno, o a alguno o algunos de sus miembros, políticos con mando en plaza, altos cargos, etc.
¿Se imaginan ustedes la cantidad de presiones, entre el palo y la zanahoria (expedientes disciplinarios, ascensos, etc.) que recibirían los fiscales correspondientes…?
Por no hablar, que también, de la institución del visado, que permite que el fiscal jefe respectivo corrija, modifique, o incluso anule, los escritos de acusación o los dictámenes que elabore un determinado fiscal.
O la posibilidad del fiscal jefe de avocar un asunto X para resolverlo él, o incluso encomendarlo a otro fiscal distinto al que lo estaba instruyendo, teóricamente especializado, más competente…, o simplemente acomodaticio a las órdenes del fiscal jefe.
En otras palabras, si los fiscales acaban instruyendo en España, como quiere el gobierno, no hará falta dar más indultos o posibles amnistías, pues la gran mayoría de los asuntos "sensibles" para el poder, o contra el poder, político, económico o social, ni siquiera llegaran a juicio.
(A mayor abundamiento, pueden ver El Libro negro de la Fiscalía española, del que soy autor, disponible en Amazon).