Joan Batalla
El juzgado de instrucción número uno de Majadahonda ha citado para el 7 de junio a David Zalaznick, uno de los propietarios del grupo JZI, a su vez accionista del grupo valenciano Gedesco, con el que mantiene una dura pugna judicial por el control del mismo. Zalaznick estaba citado para el 18 de abril pero pidió el aplazamiento de la declaración para poder estudiar mejor la documentación del procedimiento, a lo que el juez ha accedido.
Dicho procedimiento penal se deriva de una causa civil anterior. Y es que el juzgado de Primera Instancia 99 de Madrid dictó el pasado 11 de marzo una sentencia en la que fallaba contra una 'filial' del grupo norteamericano JZIpor diversas operaciones de pagarés que habrían beneficiado a firmas en las que participaba.
En el caso, iniciado en 2018, se vieron implicadas varias compañías vinculadas directa o indirectamente con JZI. Por un lado, está Toro Finance, firma controlada por JZ Business Services, que se dedicaba a invertir o financiar en otras compañías de otros sectores. Por el otro, Recorti Náutica, propiedad de Rodrigo Cortina, propietario, a su vez, de otra firma, Recorti Inversiones, dedicada al mundo de las embarcaciones de recreo. Cortina y su familia poseían el 26,66 % del grupo de seguridad Ombuds. En mayo de 2011, JZI, a través de otra filial, se hizo con el 75 % de este grupo. Por tanto, los norteamericanos Zalaznick y Jordan eran socios de Cortina en Ombuds.
Para atender las necesidades de financiación de este último, JZI utilizó como intermediaria a Recorti Inversiones con la emisión de pagarés que dieran soporte a los sucesivos movimientos de fondos "sin que figurase como financiadora el grupo JZI", según la sentencia, debido a la propias normas contables del fondo de inversión, que impedían elevar el riesgo contraído con Ombuds por encima de determinado límite. La suma global ascendería a unos 11 millones. La disputa judicial arranca a partir del momento en que Toro Finance pide la ejecución de los pagarés a Recorti después de que Ombuds entrara en concurso de acreedores y, por tanto, ante la imposibilidad de recuperar el dinero directamente a través de esta.
Sentencia
El juez, en su sentencia, considera probado que Recorti fue una mera intermediaria y que, con ese fin, fue utilizada por JZI y que "la verdadera deudora cambiaria no es" Recorti Náutica, "sino las empresas del grupo Ombuds". Así las cosas, estima las pretensiones de Recorti y ordena que la ejecución no siga adelante. Este diario contactó ayer con JZI para conocer su opinión sobre esta cuestión, pero las fuentes consultadas no respondieron.
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