La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habló con EL TIEMPO sobre lo que está ocurriendo en algunos departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Quindío y una parte del Huila, luego del anuncio del Estado Mayor Central de la creación de un nuevo bloque, para unificarse o rearmarse.
Este anuncio ha tenido repercusiones y todo tipo de reacciones en el gobierno Nacional, como la del comisionado de Paz, Otty Patiño, quien manifestó que se trata de "una organización interna de ellos (...), la cual tienen derecho de hacerla".
Las declaraciones han sido cuestionadas por mandatarios regionales, principalmente por los departamentos que se ven afectados, como el Valle del Cauca, donde la mandataria, ha sido reiterativa en que los únicos que tiene derechos son los ciudadanos y los grupos armados no pueden pasar por encima de ello.
Gobernadora, ¿qué se conoce de la presencia de este grupo armado en la zona?
En el Valle del Cauca, lo que nosotros sabemos es que hay una disidencia de 'Adán Izquierdo, esa disidencia es el 'Frente 57', que está establecido básicamente en la cordillera central y afecta municipios como Guacarí, Buga, El Cerrito y Palmira.
Esta otra disidencia, que parece que se está rearmando, va a afectar a Pradera, Florida y otros municipios, entonces se convocó un consejo de seguridad para hoy, en Planadas, Tolima con los gobernadores que se verían afectados con este frente nuevo que se está rearmando.
Yo he venido diciendo que la seguridad del Valle del Cauca depende de los departamentos contiguos, por ejemplo, la seguridad del sur del Valle, depende mucho del norte del Cauca y del Pacífico, por eso se debe abordar la seguridad de una manera regional, no departamentalmente.
La idea es que no haya fronteras, sino que el Ejército de cualquiera los estos departamentos, pueda afectar estas estructuras.
¿Usted siente ausencia por parte del Gobierno con lo que está ocurriendo en las regiones frente a la presencia de estos grupos?
Hemos tenido la colaboración tanto del Ejército como de la Policía. Se nos habían llevado 600 soldados del Batallón Pichincha, ahora los están devolviendo, con apoyo del Ministro de Defensa, porque además tenemos la problemática de minería ilegal en los Farallones.
Lo que sí ha faltado es lograr que regionalmente actuemos, aunque ya se logró con el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, que se hiciera la 'Operación Cauca', que está implementándose en dos municipios del Cauca y en el Valle está Jamundí. Con esa operación regional, hemos logrado capturar, por ejemplo, a cabecillas de la 'Jaime Martínez'.
Eso es lo que se debe hacer, abordar la seguridad de una manera integral para estar más en comunicación entre los departamentos.
Sobre los diálogos que se han tenido con grupos armados, a pesar de la suspensión del cese al fuego, ¿han servido, se avanzó en algo con el tema de 'Paz Total?
La paz se hace dialogando, pero tiene que tener unas garantías, unas reglas claras del juego para que haya un proceso de paz, pero si eso no está logrando, pues hay que reflexionar sobre el proceso a ver qué está pasando y por eso estuve de acuerdo con el presidente de levantar el cese al fuego en el suroccidente colombiano.
Si se van a volver a retomar las conversaciones, tiene que ser con unas garantías para la población, donde la institucionalidad esté presente y no haya control territorial de ellos.
Frente al nuevo bloque 'Comandante Isaías Pardo', ¿es cierto que varias estructuras que delinquen en los departamentos del suroccidente pretenden unificarse para tener mayor presencia los territorios, al mando de alias 'Marlon'?
Lo que sabemos es lo que se comunicó a través del video donde anunciaban la creación de este nuevo bloque, pero podemos garantizarle a los ciudadanos que el Ejército está en la cordillera central, en la cordillera occidental y eso ha sido producto de toda la articulación que hemos tenido del Ejército, la Policía y la Fiscalía.
Desde las regiones, hemos dado todo nuestro impulso para que haya resultados, como lo espera la comunidad. Tenemos unos controles establecidos en el departamento para que la gente se sienta segura de movilizarse.
¿Qué otras estrategias se vienen desarrollando para el tema ambiental y la recuperación de espacios en materia de seguridad, previo a la COP16?
Estamos trabajando con la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, y desde la Secretaría de Ambiente para que muchas más empresas entren en el proceso de tener carbono neutro.
Realmente, no es un trabajo de ahora, sino desde antes, nos hemos estado preparando. Desde hace seis u ocho años, tenemos una asociación público privada con organizaciones sociales para cuidar las cuencas hidrográficas, hemos priorizado siete cuencas que son las que nos generan, el agua no solo para el consumo humano, también para el tema agrícola.
Tenemos un reto y es en los cuatro años conseguir más de 10 millones de árboles sembrados. También, tenemos pensado y hemos tenido visitas de inversionistas para hacer una planta de hidrógeno verde en Buenaventura, donde hay muchos afluentes.
Asimismo, en el Bajo Calima, tenemos cerca de 4.000 hectáreas, donde se espera sembrar y obtener recursos de abonos de carbono y así lograr más recursos para invertir en las comunidades porque la seguridad, también tiene que ver con la inversión social.
Haremos foros, en el marco de la COP, donde podamos traer a las comunidades de cada uno de los departamentos que cuidan a la naturaleza y que están comprometidas con el medio ambiente, tanto comunidades afro como indígenas. Además, vamos a llevar a las delegaciones a San Cipriano, donde está una de las reservas naturales cuidada por afrodescendientes y por su consejo comunitario.
Y en el tema de los Farallones, ¿qué resultados hay con la intensificación de los operativos?
En este tema ya está toda la logística desplegada para el cierre de las minas y no solo eso, sino que la Fuerza Pública, Policía y Ejército se queden en la zona. Los Farallones también será uno de los sitios que visitarán las delegaciones que vendrán a la COP. Es algo que tenemos que mostrar, no solo el cierre de minas ilegales, también que se convierta en un gran parque, una zona de biodiversidad, mostrar nuestro ecosistema.
El año pasado, se cerraron tres minas, este año vamos dos, faltan unas seis más.
A propósito de Buenaventura, ¿cómo va la situación de orden público?
Los diálogos entre los Shottas y Espartanos continúan, ha habido crisis, pero el gobierno Nacional se tiene que sentar a generar unas condiciones mucho más claras para el diálogo.
En zona rural están las disidencias que han venido enfrentándose entre ellos mismos, con el Eln, las 'Jaime Martínez', lo que ha perjudicado a la comunidad.
Finalmente, usted como médica y conocedora del tema, ¿cuál es su posición sobre la intervención a la EPS Sanitas?
Fue sorpresivo porque uno escucha que Sanitas es una de las mejores EPS, creo que sus razones tendrá la Superintendencia, pero se hubiera podido hacer una medida especial, antes de intervenirla.
Debe haber una solución estructural a la problemática que se está viviendo en la salud y eso tiene que ver con el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capacitación), el ver cómo se le paga a tiempo a la gente.
Nosotros en el Valle, tenemos una problemática, tenemos dos EPS intervenidas y esas no le están pagando ni a tiempo, ni lo que deben pagarle a los hospitales públicos, nos tienen en una crisis, tanto que esos centros asistenciales le están debiendo a sus trabajadores hasta dos meses o más.