Si Pedro Rocha pudiese volver seis meses atrás en el tiempo, a aquel 10 de septiembre en el que la dimisión de Luis Rubiales le dejó de forma definitiva al frente de la RFEF, es posible que no siguiera ninguno de los pasos que ha ido dando desde entonces. Pasos que le han conducido a la tormenta perfecta de este viernes, en la que la jueza del caso Supercopa cambió su condición de testigo a investigado y en la que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abrió un expediente por una infracción muy grave que puede derivar en su inhabilitación.
Él, Rocha, creía que su viernes iba a ser muy diferente. Pensó que iría al juzgado a declarar como testigo y se colgaría la medalla (otra más, así lo cree al menos él) de estar contribuyendo, en heroica y divina misión, a la limpieza y la regeneración del fútbol español. Y que el TAD archivaría la denuncia presentada por el ultratenaz Miguel Galán, dejando expedito el terreno para su proclamación provisional como presidente de la RFEF el lunes, candidato único como era y es.
Los malos consejeros de Rocha
Sin embargo, tras siete meses huyendo hacia delante con el único objetivo de ser presidente de la RFEF de pleno derecho, escuchando y haciendo caso a quien no debía, especialmente al también investigado Tomás González Cueto y al expresidente del CSD, Víctor Francos (pero también a empleados de la RFEF que solo buscaban garantizar su continuidad en Las Rozas tras este periodo de interinidad), Rocha se ha acabado estampando contra la pared.
¿Quién me mandaría a mí meterme en esto?, pensará seguramente ahora el dirigente extremeño, tan desubicado que a su salida de los juzgados de Majadahonda este viernes fue cazado fingiendo que atendía una llamada telefónica que en realidad no existía. La estrategia que le recomendaron de hacerse el 'orejas' con cualquier pregunta sobre su época de vicepresidente de Rubiales le había salido por la culata. Acudir sin abogado, definitivamente, no había sido una buena idea. Hacer creer alguien que Rubiales valoró su honradez (o la de cualquiera) para ungirle como su sucesor, a estas alturas de la película, roza directamente lo irrisorio.
Nada esto habría pasado, seguramente, si aquel 11 de septiembre, el día después de la dimisión de Rubiales, la comisión gestora de la RFEF hubiera salido de su primera reunión con una convocatoria a elecciones a la presidencia, o al menos con el compromiso de ponerlas en marcha en los días posteriores a aquel cisma. No hacía falta ser un lumbreras para ver que no solo era la salida más limpia y rápida a la crisis, sino también la que más se ajustaba a Derecho. O la única que lo hacía.
Las maniobras de Cueto a su favor
Varios de los barones autonómicos, con el valenciano Salvador Gomar a la cabeza, le advirtieron además de que era la decisión más sensata, pero Rocha decidió escuchar a quien más le interesaba escuchar, pues enseguida le cogió el gusto a los palcos. A un González Cueto que, según conversaciones con terceros grabadas por la Guardia Civil, trabajó internamente y presionó al Gobierno para generar "el contexto electoral más favorable" para Rocha, pese a estar a sueldo de la RFEF y de no él, y a un Víctor Francos cuya nefasta gestión está pagando ahora el fútbol español.
Francos, expresidente del CSD, dimitido en diciembre por motivos no explicados (y mejor para él y su reputación que así sea, por lo que se cuenta en los mentideros), se sintió poderoso tras resolver con éxito las crisis con las jugadoras de la selección, cuando estas no quisieron ser convocadas y tuvieron que acudir por la fuerza a la llamada de Montse Tomé.
El expresidente del CSD acudió a resolver la situación, lo consiguió y, en la práctica, ejerció un tutelaje sobre Rocha y la RFEF. Le instó a cortar cabezas de ejecutivos en la RFEF, como el secretario general, Andreu Camps, pese a que la normativa no parecía autorizar a una gestora a hacerlo, como ahora cree también, al menos de manera indiciaria el TAD. Y le garantizó la celebración de unas elecciones anticipadas en el primer cuatrimestre del año, saltándose las parciales a la presidencia, algo que el TAD confirmó que no se podía hacer.
El Mundial 2030, de fondo
Francos cayó y fue sustituido por un Rodríguez Uribes que ha optado por la discreción frente a la locuacidad de su antecesor, pero que no ha terminado de atreverse a tomar cartas en el asunto. Ha preferido, y quizá acierte, coaligarse con la FIFA para buscar una solución pactada entre el Gobierno español y el gobierno del fútbol mundial. La intervención de la RFEF en los próximos días, la ejecute un organismo o el otro, sería la plasmación de esa entente, que tiene al Mundial 2030 como soldado Ryan al que salvar como sea.
Y no, no lo hará Rocha, pese a la imagen que su equipo ha querido construir de él de que era un hombre honesto, sin ambiciones económicas ni apego al cargo, responsabilizado con la misión que le ha tocado ejercer y dispuesto a asumir la presidencia de la RFEF por el bien del fútbol español. Como tampoco lo podrán hacer todos esos barones territoriales que tanto le criticaban sin micrófonos y que acabaron avalando sin una sola excepción su candidatura a la presidencia, arrojando un pestilente hedor de elecciones a la búlgara. Una vez más.
Rocha no podrá hacerlo porque éticamente está incapacitado para hacerlo. Era vicepresidente económico durante tres de los años en los que, presuntamente, la trama de Rubiales cobró mordidas con contratos de la RFEF y dice no haberse enterado de nada. Como tampoco de los contratos con Gruconsa, el último de ellos hace un mes. ¿Puede un vicepresidente que le dice a una jueza que no se ha enterado de nada de lo que ocurría en su negociado tener la más mínima legitimidad para ejercer la presidencia de esa misma institución?
El doble rasero de Rocha
Por no hablar de que, según el rasero que él mismo aplicó hace tres semanas, no puede seguir ejerciendo cargo alguno en la RFEF. Entonces, decidió abrir expediente sancionador y apartar de sus puestos de trabajo a los dos ejecutivos federativos investigados en la causa (Pedro González Segura y José Javier Jiménez), así con rescindir el contrato con el también imputado González Cueto. Que Rocha, quien decidió adoptar esas medidas, asuma la presidencia como si nada sería el colmo de la hipocresía. Su comunicado de este viernes parece apuntar en esa línea.
La situación, con todo, es tan rocambolesca que en la práctica no hay ningún impedimento legal para que Rocha, imputado por la jueza, expedientado por el TAD e incluso potencialmente suspendido por el Gobierno, pueda ser proclamado este lunes presidente de la RFEF. Aunque, si se diera el supuesto gubernamental, no podría ejercer el cargo mientras durara la suspensión.
Y como quiera que no puede designar a una junta directiva, la RFEF no tendría ningún directivo que pudiera asumir las funciones del presidente Rocha durante su suspensión, generando un vacío de poder maquiavélico que, obviamente, el legislador no previó a la hora de elaborar las normas que regular la actividad federativa.
Una posible salida al embrollo
Una posible salida sería que Rocha fuera proclamado presidente y, acto seguido, convocara elecciones anticipadas a la asamblea. Las elecciones ordinarias para un mandato de cuatro años, vaya. La autorización del CSD para adelantar esos comicios, que por norma se celebran tras los Juegos Olímpicos, sigue en vigor y, por tanto, un presidente electo, como sería Rocha, podría convocarlas de inmediato.
Pero para esa opción sería necesaria la cooperación del extremeño e incluso su compromiso de que se aparta tras la convocatoria, pues su continuidad resulta del todo inviable a estas alturas de la película. Pero esto es la Real Federación Española de Fútbol y, como se viene comprobando desde hace años, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y (casi) ninguna es buena.