La crisis sanitaria del coronavirus fue muy dura y de inesperada virulencia. Una pandemia que se llevó por delante la vida de miles de personas y destrozó familias, que sacó lo mejor de la sociedad española, pero que también puso de relieve las carencias, sobre todo en materia sociosanitaria. De hecho, las personas mayores y trabajadores de las residencias fueron los más castigados por este virus.
Por ello, una de las conclusiones que se extrajo de aquella época fue la de que había que aprender de los errores que se cometieron para estar más preparados y atender con más y mejores medios .
Y de este compromiso ha salido la nueva Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración de Castilla y León. Más conocida como la «Ley de Residencias», que salía este miércoles adelante en las Cortes regionales gracias a la mayoría de los votos de PP y Vox. La oposición del PSOE, Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, votaban en contra mientras que el resto, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila se abstenían.
La norma, que según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, es «pionera» y la «más avanzada» de España, supera la visión asistencialista que había, da más protagonismo a las familias en la toma de decisiones y refuerza los derechos de los usuarios, además de reconocer la realidad del ámbito rural y la necesidad de mejorar la coordinación sanitaria con el sistema público de Salud (Sacyl).
Además, la ley incluye varias novedades importantes derivadas de la pandemia, como por ejemplo los cambios en el diseño de los propios centros de la Región (1.969 en total con más de 72.000 plazas) que ahora se sectorizan en pequeñas unidades de convivencia de un máximo de quince usuarios «para que estos se encuentren como si estuvieran en su casa», según Blanco, y han de contar con un plan de contingencias y material de protección de reserva.
Que los centros tengan la condición de multiservicios y puedan aprovechar infraestructuras en los barrios o municipios; la creación de un nuevo sistema de verificación de calidad de los servicios; o que las ratios de los profesionales cuenten con la formación adecuada, son otras de las novedades.
Oportunidad perdida
Durante al debate parlamentario de las 122 enmiendas de PSOE, UPL-Soria ¡Ya! e Igea que llegaron vivas, de las cuales no se aprobó ninguna, el popular Miguel Ángel García Nieto y Javier Teira, de Vox, defendían la importancia de una Ley que consideran «útil y eficaz» para atender a las personas más frágiles.
Desde el PSOE, Isabel Gonzalo decía que esta norma «es un fiasco y una oportunidad perdida» para los residentes, rechazaba que sea pionera y advertía de que se apuesta por un modelo «de bajo coste».
Igea, por su parte, acusaba a la Junta de defender más a los propietarios de las residencias que a los propios usuarios.
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