"La ayuda social se la cargan al propietario"
Tras más de dos años de impagos, tuvo que esperar otros cuatro meses por la vulnerabilidad del inquilino
José Falcón es de Muimenta, aunque lleva casi 60 años en Barcelona. Inversor inmobiliario, ha llegado a tener hasta una docena de pisos en alquiler, en su mayoría de alquileres bajos. Ahora, sin embargo, asegura que está abandonando este sector de negocio: "Me voy a quedar con tres y a invertir en locales comerciales y naves, porque la administración está en contra del propietario".
En Lugo llegó a tener un edificio completo de cuatro pisos en la calle Río Ser, "y lo vendí por aburrimiento. Le perdí 150.000 euros. Y eso que eran de rentas que iban de 175 a 300 euros. Los reformé, los alquilé y acabaron que daban pena, algo que no se puede concebir".
El último piso que le queda en la ciudad es uno de 90 metros cuadrados en Avenida da Coruña, que también tiene en venta después de otra mala experiencia con sus últimos inquilinos. Se trataba de una familia de origen marroquí con dos hijas que llevaban ya muchos años en Lugo. "Los primeros años me pagaron. Eran 220 euros en un piso de tres habitaciones, salón, baño y la cocina nueva. Todo legal", explica Falcón, hasta que "dejaron de pagar durante dos años y pico. Me prometía, me decía, me daba cien euros a cuenta y no volvía a pagar".
A esto añade una circunstancia a mayores: "Incluso le daban ayudas de asistencia social, porque tenía dos niñas, una ayuda para alquiler, pero no pagaba". Tras más de dos años de acumular deudas, acudió a la vía judicial para pedir el desahucio. El resultado acabó por decidirle a vender y dejar de alquilar: "El procedimiento tardó siete u ocho meses. Pero lo declararon en situación de vulnerabilidad y se alargó cuatro o cinco meses más que tuve que pagar yo. Hasta el agua, porque el Concello de Lugo no te deja poner el agua a nombre del inquilino y se la carga al propietario". Al final, "no sé qué hicieron, creo que encontró él un piso, encontró otra víctima. Si ve cómo dejó el piso, se asusta, estaba destrozado".
En su opinión, el problema viene generado por la administración en un doble sentido. Por un lado, la falta de control de las ayudas sociales, porque "lo que me pasó es habitual en Lugo, me pasó en Río Ser también. Yo iba a los Servicios Sociales y les decía que no entendía que si daban ayuda para alquiler no se asegurasen de que pagaban, que les enseñe el recibo de pago". También reclama un registro de morosos de alquiler para que los propietarios puedan decidir.
Y, en segundo lugar, considera que la administración está haciendo política social de vivienda a costa de los propietarios inmobiliarios: "Mucha gente estamos quemados del todo, no hay manera de echarlos del piso porque tienen un montón de gente detrás que los apoyan y les incentivan para no pagar, incluidos los políticos. Así necesitan menos ayuda del Estado y se la cargan al propietario".
"El alquiler de bajos recursos es un problema; que lo hagan las administraciones", concluye.
"Para gente como yo es imposible alquilar"
Perdió sus ingresos en la pandemia y se vio obligada a dejar el piso en el que vivía y que pagaba en negro
Sandra Fabiana es de Argentina y lleva en España más de doce años, siempre en situación legal con permiso de residencia y trabajo. Lo que no ha sido tan legal es su situación laboral, ya que "la gente no quiere hacernos contratos de trabajo, y nosotros tenemos que trabajar para mantenernos". La economía sumergida emerge como la única opción.
Ella estaba trabajando en negro cuidando a unos señores mayores cuando llegó la pandemia y el confinamiento. "Me dijeron que dejara de ir. Tenía estos ingresos y cobraba una Risga, por una minusvalía del 40%, porque tengo artrosis. Pero luego me lo quitaron porque decían que no podía tener más gente empadronada en la casa, que eran mis dos hijos", explica Sandra sobre cómo comenzó su infierno particular.
Esta mujer se quedó con dos hijos y sin ingresos. "Yo vivía en un piso de alquiler en San Roque que la dueña tampoco tenía declarado. Le pagaba en mano y ella me hacía un recibo con esos talonarios que se compran en los chinos".
A través de Stop Desahucios, afirma, consultaron la situación de vivienda en el Catastro para poder solicitar la ayuda de 200 euros al alquiler "y ni siquiera figuraba esa vivienda", explica. "No pude seguir pasando el alquiler no porque no quisiera, sino porque me quedé sin ingresos y esta señora tampoco quería hacer un contrato ni dar su cuenta de banco ni nada para que le pagaran el depósito y el alquiler. Hasta habló la trabajadora social con ella, pero no tenía las cosas en condiciones, no declaraba nada".
La consecuencia es que dejó de pagar y la propietaria instó en el juzgado un desahucio. Sandra recuerda que "cuando me llegó el papel del juzgado yo ni me presenté del miedo que tenía. Al tiempo me llegó el segundo y ahí ya me designaron una abogada de oficio. Me dijo que mucho no se podía hacer pero presentó mis informes médicos y de la trabajadora social".
El juzgado ordenó el desahucio, pero la situación de vulnerabilidad le permitió aplazarlo: "Desde que me denunció la dueña, estaría en el piso otro año hasta que me llegó el desahucio", calcula.
Sin embargo, Servicios Sociales no le ofreció ninguna solución, y la salvó "una amiga que me acogió en su casa y mi iglesia evangélica, si no yo sería un despojo humano junto con mi pobre hijo; estaríamos en la calle. Los Servicios Sociales no sirven para nada, y luego dicen que los inmigrantes venimos a vivir de ellos. No es verdad".
"Encontré una solución", reconoce, "a base de una desgracia. Soy víctima de violencia de género, por lo que me dieron una ayuda de 600 euros y el bono alquiler de la Xunta. Gracias a eso y a la inmobiliaria Ronda logré alquilarlo. Imagine que yo no tengo ni nómina ni nada, solo un papel de la Xunta, nadie quiere alquilar a nadie en esas condiciones".
Ahora también acompaña a una persona mayor tres días la semana. "Para la gente como yo es imposible alquilar, es descabellado todo, un sinsentido".