San José, 19 abr (EFE).- El inspector general de la Policía de Nicaragua, Jaime Vanegas, dijo este viernes en Managua que esa institución no permitirá que sus "enemigos triunfen", en alusión a los opositores al Gobierno que preside Daniel Ortega, a los que calificó de "golpistas", "mercenarios" y "asesinos".
Durante un acto en conmemoración del Día Nacional de la Paz, en la capital nicaragüense, el jefe policial explicó en su discurso que hace un año la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista, declaró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, una fecha simbólica para la oposición que rememora las manifestaciones que estallaron en 2018 contra el Ejecutivo de Ortega.
"Es un día de alegría para nosotros y este mes también fue declarado Mes de la Paz, pero, ¿Por qué?, porque nosotros no podemos permitir que vuelva la destrucción, no podemos permitir que nuestros enemigos triunfen, no podemos permitir que se destruya lo que con tantos esfuerzos nuestros héroes y heroínas han construido", señaló.
Durante el acto, la Policía Nacional rindió honores a los 22 oficiales que murieron en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de 2018, a los que tildaron de "héroes de la patria".
"A cada uno de estos compañeros y compañeras les fueron truncados sus sueños y anhelos por estos golpistas, mercenarios, asesinos, que fueron utilizados por el imperialismo norteamericano y otros Gobiernos, a todos ellos les decimos aquí estamos construyendo la paz", resaltó el inspector general Vanegas.
El jefe policial dijo que ellos no olvidan y que el principio policial "es no repetición" y que no van "a permitir que se cierna sobre nuestra población el destrozo o la zozobra o la criminalidad que estos golpistas ejercieron contra el pueblo nicaragüense" hace seis años.
Sostuvo que "todo aquel traidor a la patria, independiente de su profesión o función, debe pagar, como dicen las leyes".
"Sean sacerdotes, sean pastores, sean empresarios, sean lo que sean, si son malos hijos de la patria tienen que pagar", sentenció.
En la víspera, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, responsabilizó a Estados Unidos y a sectores nicaragüenses de la Iglesia católica, del gremio empresarial y de los medios de comunicación por las protestas contra su Gobierno que estallaron hace seis años y dejaron cientos de muertos, miles de heridos, detenidos y decenas de miles en el exilio, aunque no ofreció pruebas.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a los Estados de la región y a la comunidad internacional promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para poner fin a la represión en ese país y evitar la impunidad de "crímenes internacionales" cometidos desde el 18 de abril de 2018.
Mientras que la ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hizo un llamado urgente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de Ortega, Murillo, y de otros altos funcionarios, por delitos de "lesa humanidad".
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza a dichas movilizaciones.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado. EFE
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