La reforma laboral aprobada hace dos años y tres meses ha cumplido su objetivo de reducir el número de contratos temporales, pero no ha mejorado la calidad de los que se siguen firmando, que suponen el 55% del total de los firmados en los tres primeros meses del año. De ellos, 1,2 millones, seis de cada diez duraron menos de un mes, cuando antes del cambio legal solo llegaban al 40%. De ellos, 720.000 duraron menos de siete días. Paradójicamente estos últimos son los únicos que crecido en lo que va de año, un 4%, pese al encarecimiento de la 'multa' que conlleva su uso.
Se trata de una "cotización adicional" que los empleadores deben abonar a la finalización de estos contratos de duración determinada inferior a 30 días y que desde la aprobación de la reforma laboral ha aumentado un 13,4%, en línea con los incrementos del SMI. Sin embargo, su impacto es cuestionable, a tenor de los datos del primer trimestre del año. Los contratos de menos de siete días no solo son los únicos que repuntan, además, son los más numerosos tras los indefinidos, que caen un 6%.
En cualquier caso, la última subida de las cotizaciones, del 5%, se publicó en el BOE el pasado 28 de marzo, pero con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Aunque esto pueda suponer un quebradero burocrático de cabeza para muchas empresas que hicieran contratos cortos en los tres primeros meses del año, no parece que tuviera un impacto disuasorio.
Se puede objetar el efecto del adelanto de la Semana Santa, que se celebró en los últimos días de marzo en lugar de en los primeros de abril, como en 2023. En teoría, este desfase impacta en los contratos y sobre todo los ligados a la hostelería. Sin embargo, los datos mensuales del SEPE muestran que no fue así: los contratos cayeron un 14,6% interanual, los de menos de siete días un 6,8% y los indefinidos un 17,9%.
Esto revela la elevada volatilidad de la contratación en España, que en temporadas turísticas puede fluctuar enormemente por variables como el clima. Al usar como referencia los datos acumulados de los tres primeros meses del año, este impacto se modula, aunque no desaparece por completo. En todo caso, los datos en lo que va de 2024 muestran que el repunte de los contratos precarios se produjo en los dos primeros meses del año. La pregunta es por qué.
Los datos de 2024 son relevantes porque muestran el 'suelo' de la reforma laboral. El cambio legal propició un récord de contratos indefinidos, pero también un desplome de la contratación temporal. Que reflejo el número total de firmas a mínimos históricos. Esto no es necesariamente malo si se interpreta que los empleos son ahora más estables, pero en un país con 2,7 millones de parados buscando trabajo, que se enfríe la contratación resulta algo inquietante porque compromete las oportunidades laborales. Sobre todo si los únicos que crecen son los contratos más precarios.
Los contratos de menos de siete días son hoy el 20,9% del total, cuando hace un año estaba en el 19,3%. Un porcentaje muy similar al de 2022, coincidiendo con los primeros meses de aplicación de la norma. A pesar de este estancamiento, en 2019, último ejercicio comparable (se puede considerar que las estadísticas de 2020 y 2021 vinieron distorsionadas por la pandemia), el porcentaje llegaba al 25%. Eso sí, con una cifra de contratos total un 33% inferior.
Esta comparativa indicaría que la 'multa' a los contratos precarios ha tenido un efecto positivo al reducir su peso. Pero conviene tener en cuenta que para realizar este cálculo se incluyen también a los indefinidos, cuyo número se ha disparado hasta el punto de que han pasado de suponer el 10,3% de los firmados en el primer trimestre de 2019 al 45,5% en 2024.
Un efecto de peso muerto
Los contratos temporales han caído un 57,4% respecto al dato de hace cinco años. Con ello su peso sobre el total ha pasado del 89,7% al 54,5%. Pero aquí se produce una paradoja: los contratos de menos de un mes, los penalizados por la sanción solo han caído un 42,1% (un 47,8% en el caso de los de menos de siete días). Es decir, se firman menos eventuales pero el porcentaje de los más precarios ha crecido, lo que pone en duda la eficacia de la sanción.
Una explicación de este fenómeno está en el fin de los contratos por obra y servicio, que no declaraban duración a la firma. En las estadísticas del SEPE entraban en el grupo de temporales de duración indeterminada, que ahora solo recoge a los de sustitución. ha 'aflorado' muchos contratos efímeros que antes se firmaban bajo aquella categoría. Esto contribuye a explicar el descenso de la duración media de los temporales, que solo computa a aquellos determinados.
Aunque varios expertos, como Florentino Felgueroso de Fedea apuntan a que los contratos más precarios se habrían derivado a los indefinidos fijos discontinuos para evitar tanto el coste de la indemnización como la sobrecotización. Así, varios expertos cuestionan que un coste adicional de 30 euros tenga un efecto disuasorio más allá de los contratos de un día y que la evolución registrada es un claro caso de peso muerto: es decir, se habría producido de la misma forma.
Además, apunta a que la sanción no penaliza realmente a los empleos precarios, solo a los contratos que declaran una duración inferior a un mes. En este sentido, algunas voces proponen que la penalización se aplique a las bajas de afiliación decididas por la empresa (como las causadas por el fin de un contrato temporal, pasea la inactividad de un fijo discontinuos, despido o no superar el periodo de prueba) con independencia del tipo de contrato que se firme.
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