Las Balanzas Fiscales son uno de esos temas recurrentes de la política española, que aparecen y desaparecen dependiendo de los particulares intereses del nacionalismo catalán. Es un asunto complejo, tanto por sus dificultades de cálculo como por las discusiones que se derivan, porque la finalidad que realmente persiguen los nacionalistas es justificar el engañoso eslogan «España nos roba».
Conviene recordar que todos los modelos de financiación autonómica aprobados hasta ahora lo han sido con el voto favorable de la Generalidad de Cataluña. Tras acordarse el último, su entonces consejero de Hacienda, Castells, manifestó que «el nuevo sistema no sólo es bueno para Cataluña, sino que también lo es para el conjunto de España». Sin embargo, las continuas reivindicaciones nacionalistas les lleva a denunciar lo previamente aceptado. Sus compromisos son siempre temporales y con fecha de caducidad.
Los nacionalistas catalanes presentan unas balanzas fiscales que arrojan un déficit en torno al 8% del PIB autonómico. Por su parte, el Gobierno central lo reduce a la mitad. Cabe preguntarse ¿dónde está la diferencia de cálculo? Las balanzas fiscales son el resultado de imputar territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo determinado, arrojando el correspondiente saldo fiscal para cada territorio. Su cálculo se realiza, al menos, por dos sistemas diferentes: flujo monetario y flujo del beneficio.
Según el criterio del flujo monetario, los ingresos de cada territorio los constituyen la recaudación de impuestos de esa comunidad, con independencia de donde efectivamente se hayan obtenido. Por su parte, los gastos se imputan en el territorio en que estos se materializan, con independencia de quien sea el beneficiario real. En cambio, si se utiliza el sistema del flujo del beneficio, los ingresos recibidos por la administración central se imputan al territorio donde se estima que se han generado realmente, y no donde se ha recaudado, es decir, se imputa al territorio donde residen los individuos que realmente han pagado los impuestos, mientras que los gastos se imputan al territorio donde residen los individuos que efectivamente se benefician de los mismos, sea cual fuere el lugar donde se prestan los servicios públicos o donde se materializan las inversiones. La Generalidad utiliza el muy discutible sistema de flujo monetario, mientras que el Gobierno central hace sus cálculos en base al flujo del beneficio, mucho más racional e internacionalmente bastante más empleado.
La Generalidad entiende que todo lo recaudado en Cataluña constituye esfuerzo fiscal de los catalanes, lo que es incierto porque muchas empresas domiciliadas en Cataluña obtienen sus beneficios en toda España y, además, considera que los catalanes solo se benefician de las inversiones y gastos del Gobierno central en Cataluña, lo que es igualmente erróneo. Según el profesor Barea, cuya autoridad en esta materia nadie discutía, consideraba que «este método carece de sentido económico». Aun así, los nacionalistas se aferran al sistema de flujo monetario porque presenta un mayor déficit fiscal, que les permite continuar con su política victimista, a pesar de que su renta es superior a la media española.
Como hemos señalado, el sistema utilizado por la Generalidad imputa como gastos los realizados exclusivamente en territorio catalán y, por ello, solo contabiliza los gastos de Justicia de los Órganos judiciales radicados en Cataluña, como si la Generalidad y los catalanes no se sirvieran de los Tribunales centrales con competencia en toda España, como el Tribunal Supremo; ni imputa gasto alguno relativo a los Servicios Centrales del Estado, como el Congreso, Senado, Banco de España, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, que sirven a todos los españoles sin excepción. O las aportaciones y contribuciones a los Organismos Internacionales y a la Unión Europea, cuya pertenencia también beneficia a los catalanes.
Lo mismo ocurre con las inversiones y gastos, por ejemplo, de la línea de AVE Madrid-Barcelona, donde solamente contemplan las inversiones realizadas en territorio catalán (según ese criterio se le imputaría a Soria los gastos en dicha provincia, aunque el AVE no tenga parada en ella) y con independencia que la mayoría de los beneficiarios de esa línea sean ciudadanos de Madrid y Barcelona.
Igualmente ocurre con las partidas presupuestarias de Defensa; la Generalidad solo contabiliza los gastos realizados en el territorio catalán, sin tener en cuenta los realizados en otros territorios que le benefician, como por ejemplo los relativos a vigilancia y control de las fronteras terrestres, aguas territoriales o espacio aéreo, que se llevan a cabo con medios radicados en otras comunidades autónomas y que benefician también a los catalanes, como ciudadanos de un Estado cuya seguridad, como bien público que es, se garantiza de forma general y por igual para todos los españoles.
No hay que insistir mucho más en la inconsistencia de los cálculos de la Generalidad, de manera que el «España nos roba» deja de ser un exceso para convertirse en toda una infamia.
Tomas Torres Peral.Comandante de Caballería y Economista. Academia de las Ciencias y Artes Militares.
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