Luego de que el senador nacional Luis Juez denunció un presunto entramado entre Ersa y exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba para desviar subsidios nacionales, el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, dijo que la presentación "en sí no tiene mucha prueba" por lo que deberá profundizarse la investigación.
Qué dijo Luis Juez
De acuerdo con la presentación de Juez, la supuesta maniobra se habría realizado durante un año, entre diciembre de 2022 y ese mismo mes del año siguiente, en el marco de la colaboración a través de la cual la estatal Tamse prestó servicios que tenía asignada la privada Ersa.
La acusación -rechazada públicamente por el actual intendente capitalino, Daniel Passerini, y por el exfuncionario de Transporte apuntado, Marcelo Rodio- fue presentada ante el fiscal Senestrari, ya que el objeto de la denuncia es que se investigue si funcionarios de Llaryora y los empresarios de Ersa se confabularon para que los subsidios nacionales llegaran a Ersa aunque los servicios de las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobús eran prestados por Tamse, en el marco de un "acuerdo de colaboración" firmado entre ambas empresas.
Los apuntados en la denuncia de Juez son Rodio, actual secretario de Transporte de la Provincia y llaryorista de la primera hora, y los empresarios Eduardo Ramírez y Gustavo Monzón, quienes, "en connivencia", habrían hecho un "entramado" para que Ersa "cobrara los subsidios nacionales sin prestar ningún servicio en cinco líneas de la ciudad de Córdoba".
De acuerdo con los cálculos de Juez, cada colectivo recibió durante 2023 unos $ 30 millones, de los cuales $ 7,4 millones correspondieron a subsidios nacionales. Por el acuerdo Tamse-Ersa, 49 ómnibus de la empresa estatal cubrieron las mencionadas rutas de la empresa oriunda de Corrientes.
Es decir que la suma de subsidios nacionales habría ascendido a $ 365,2 millones. Juez suma a ese cálculo los subsidios provinciales ($ 7,4 millones) y municipales ($ 15 millones), por lo cual sostiene que Ersa habría cobrado $ 1.500 millones en subsidios sin prestar los servicios de esas 49 unidades.
"No se trata de un enriquecimiento sin causa de Ersa, facilitado por la Municipalidad de Córdoba, sino de un montaje para eludir controles de la Secretaría de Transporte de la Nación, cobrando Ersa por lo que no hizo, a partir de un pacto espurio con la Municipalidad, que suple al privado pero le deja percibir los aportes que le envía el Estado nacional", se lee en la denuncia.
Qué dijo Senestrari
El fiscal indicó que deben reunir información en el marco de la reciente investigación: "Todo depende del resultado de la información que obtengamos porque la denuncia en sí no tiene mucha prueba. Lo que tiene es una mención de algo que el denunciante sostiene que es delito".
"Lo que tenemos que ver es qué prueba hay de que sea cierto esto que dice, porque lo único que tenemos, además de la denuncia, es un convenio y una ordenanza que autoriza el convenio. De ahí en más que esto sea ilícito no nace del convenio ni del acto que lo autoriza. Si se hicieron manejos indebidos con el dinero, quién los hizo, cómo los hizo, que no lo tenemos hoy...", agregó en diálogo con Aquí Petete, por Mitre.
"Tenemos que juntar información que diga acá que no pasó nada, o al revés, que diga sí pasó, pasó en tales períodos de gobierno, con tales funcionarios, con tales actos. Ahí sí se hace complejo porque son operaciones del Estado con concesiones con empresas que siempre son dificultosas de investigar", indicó.
La denuncia anterior del juecismo
En 2014, el por entonces fiscal federal N° 2 Gustavo Vidal Lascano (jubilado) había imputado originalmente al exintendente Ramón Mestre y los exsecretarios de Transporte municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac y César Alejandro Ferreyra y al expresidente de Ersa Juan Carlos Romero por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.
La causa se había iniciado por una denuncia del entonces concejal del Frente Cívico Daniel Juez (hermano del actual senador y denunciante), quien luego de las imputaciones realizó otra presentación, para exponer otros supuestos desvíos de subsidios.
En esencia, los supuestos hechos que la Justicia investigó se refirieron a una situación registrada desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014. En ese período, los servicios de Tamse pasaron a la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe, que tomó provisoriamente a su cargo todos los corredores de la empresa municipal, y habría cobrado los subsidios nacionales y los cupos de gasoil correspondientes a ocho colectivos articulados que cumplen funciones en el servicio de trolebuses. A diferencia del servicio de colectivos, el de troles permaneció siempre en manos de Tamse.
La denuncia recalcaba que declaraciones juradas con la firma del intendente Mestre informaban a la Nación que esos coches estaban en manos de la UTE y que por esa razón los privados se beneficiaban con unos 240 mil pesos mensuales que le correspondían a la empresa municipal.
El hecho fue admitido por la empresa Ersa. El 23 de abril pasado, en una solicitada publicada en este diario, la firma correntina admitió haber recibido esos subsidios correspondientes a unidades que seguían operando para Tamse, aunque informó que ya los había devuelto.
Desde el municipio siempre se apeló al argumento de la confusión administrativa y la lentitud de la Secretaría de Transporte de la Nación para actualizar las declaraciones juradas que mensualmente envía el municipio para explicar el hecho denunciado por el juecismo.
Sin embargo, luego el fiscal solicitó al entonces juez federal N° 1 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro el sobreseimiento de todos, lo que finalmente sucedió.
"Resulta que existen elementos de convicción que permiten, con la certeza necesaria, acreditar que el hecho sostenido por el fiscal (Vidal Lascano) en oportunidad de requerir instrucción no existió, y no siendo necesario meritar ningún otro elemento probatorio, corresponde disponer el sobreseimiento" de todos, indicó Bustos Fierro y cerró la causa.