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La alcaldía Benito Juárez que tanto presumen los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), por ser una de las más seguras y el lugar del más alto Índice de Desarrollo Humano en todo el país, gracias supuestamente a los "eficientes gobiernos panistas" de esa demarcación enclavada en la Ciudad de México (CDMX), alberga no solamente a un poderoso Cártel Inmobiliario encabezado por servidores públicos del blanquiazul, sino también una mafia que podríamos llamar el "Cártel del Despojo" que también es un lucrativo negocio.
La forma de operar de la mafia inmobiliaria de la Benito Juárez funciona de la siguiente manera, desde el 2011 durante varias administraciones panistas, algunas desarrolladoras acudían a los servidores públicos para pedir ayuda para solucionar problemas con falta de documentos o de medidas de protección civil, que legalmente tenían como consecuencia suspensión de la obra o multas.
Las autoridades, específicamente el general jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación General, Ventanilla Única, la Dirección de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez, y los mismos titulares de la alcaldía, pedían montos de dinero que partían de los 150 mil pesos y aumentan dependiendo el tamaño y estado de la obra.
En época electoral se les pide montos de dinero o especie a las constructoras para apoyar a los candidatos panistas, brindando a cambio protección entera a los proyectos o incluso permitiendo pisos extras o construir en donde el uso de suelo es distinto.
La corrupción generada por el Cártel Inmobiliario ha ocasionado que en esa zona de la capital del país haya escasez de agua al no cumplir con los reglamentos de desarrollo urbano que determina los pisos que se pueden construir, lo que hace que haya más habitantes que demandan el vital líquido, también, se ha provocado que haya inmuebles con deficiencias arquitectónicas, uso de materiales de baja calidad en la construcción de los inmuebles y que no se respeten las medidas de protección civil, lo que representa un peligro en caso de sismos.
Delegados y alcaldes panistas que han estado solapando y beneficiándose del negocio irregular inmobiliario
(2009 - 2012): Mario Alberto Palacios Acosta
(2012 - 2015): Jorge Romero Herrera
(2015 - 2015): Ricardo Amezcua Galán
(2015 - 2018): Christian Damián Von Roehrich
(2018 - 2018): Ángel Luna Pacheco
(2018 - 2023): Santiago Taboada Cortina (actualmente candidato a para jefe de gobierno de la CDMX).
(2023 - a ): Jaime Isael Mata Salas
El otro gran negocio de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez es que actuarios, policías y civiles, y hasta notarios públicos, participan en despojos de viviendas contra adultos mayores, para después regularizar el predio y construir edificios, una presunta red de corrupción inmobiliaria relacionada con el Partido Acción Nacional.
El "modus operandi" que utiliza esta mafia consiste en la presentación de notificaciones expedidas a una persona distinta a la propietaria del inmueble, como sucedió en la calle de Palenque 35, de la colonia Narvarte, donde tres familias fueron desalojadas de su domicilio con una notificación judicial que no estaba a su nombre.
Entre los más altos operadores del Cártel Inmobiliario y del despojo está, el actual candidato a la alcaldía Benito Juárez, el diputado federal con licencia Luis Mendoza Acevedo.
El político de Acción Nacional ha negado reiteradamente ser propietario de un departamento en el complejo de lujo City Tower, involucrado en la trama de corrupción denominada Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, pero el contrato de compra venta y el cheque firmado por él desmienten a este personaje.
El periódico digital Sin Embargo tiene en su poder "copia del contrato de compra-venta que el diputado con licencia firmó, el 16 de noviembre de 2016, con Guillermo René Ramos Palacios para adquirir el departamento de 154 metros cuadrados en City Tower, por la cantidad de 5 millones 100 mil pesos, que pagó con un cheque de banco Santander".
Luis Mendoza compró el departamento bajo sospechas de que su adquisición la hizo a través de una simulación y que fue ayudado por su hermano Víctor Mendoza Acevedo, cuando este se desempeñaba como director general de la Dirección de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez, "[en la] 'Autorización de uso y habitabilidad' de otro desarrollo de la misma empresa... El mismo funcionario tiene también una propiedad".
En la actualidad Víctor Mendoza es un prófugo de la justicia ya que fue llamado a cuentas por los múltiples casos de corrupción inmobiliaria cuando desempeñó el cargo público en la Benito Juárez.
Hace unas semanas el gobierno de la Ciudad de México envió reformas del Código Penal al Congreso Local para tipificar los actos de corrupción inmobiliaria como delitos, y darles a los funcionarios públicos vinculados, de 10 a 20 años de prisión, de acuerdo con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno.
El pasado 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer un video en el que un empresario detalla de qué manera funcionaba el llamado Cartel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde, por lo menos, 2011.
Los líderes de dicho cártel en la Benito Juárez es el grupo panista conocido como 'Los Ocean' o 'Los Cinco Fantásticos', Jorge Romero Herrera, ha abierto espacios en las curules de San Lázaro para proteger con el fuero a personajes y servidores públicos involucrados, donde nada se mueve si no tiene el visto del actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y ex jefe delegacional en esa demarcación.
Otros de los líderes son Santiago Taboada, Luis Mendoza y Christian Damián Von Roehrich (actualmente preso).
La corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez está afectando a esa demarcación de muchas formas y los problemas para las personas que habitan en la zona cada vez son más severos como es la falta de agua, despojo de sus viviendas para adultos mayores, vicios ocultos en construcciones habitacionales, crecimiento del robo de autopartes y daños a casas habitación que tienen a un lado construcciones que no tienen la debida supervisión.