Un grupo de diputados de distintos bloques -entre ellos, Roberto Mirabella, Cristian Ritondo, Leandro Santoro y Carla Carrizo- presentaron el proyecto de ley de "Administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados" por la Justicia federal: contrabando, trata de personas, narcotráfico y Lavado de dinero.
La iniciativa busca establecer un "sistema racional", en el entendimiento de que la normativa que regula la materia (Ley N° 20.875) devino "obsoleta en términos prácticos"; en gran medida, "por responder a un paradigma superado" en el cual "los bienes objeto de secuestro en las causas penales generan un problema" por las dificultades de conservación.
Mirabella argumentó que los depósitos que la Policía Federal están "totalmente colmados", a punto tal que en la actualidad no sólo se dedica a ello un edificio especial, sino también lugares del departamento central.
"Todos los bienes que se secuestran quedan depositados por años y no sirven para nada, quedan esperando hasta que se resuelva la causa, queremos que tengan utilidad social", enfatizó.
Los legisladores proponen una legislación moderna que "respete el ejercicio de la jurisdicción" excluyendo la arbitrariedad y asegurando una gestión eficiente de los bienes sin sacrificar derechos y garantías.
Principios
Entre los principios rectores de la ley figuran: asegurar la conservación del valor y/o productividad de los bienes; garantizar la reparación integral de las víctimas; garantizar el decomiso y la pena pecuniaria; promover la reutilización social de los bienes a través de la participación ciudadana y mantener la transparencia y equidad en la administración y el destino de los bienes.
Para permitir una administración eficiente, el proyecto contempla la creación de una agencia especializada sujeta a control parlamentario -tal como sucede actualmente en países como Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Bolivia, México y otros de la región-, que será la encargada de custodiar, administrar, asignar y eventualmente disponer de los bienes cautelados y decomisados por autoridad judicial, que conservará sus potestades decisorias y facultades de control.