Usted dice que ley contra el fascismo apunta hacia el estadio final que es el Estado totalitario, ¿cómo se expresa esto?
La gente cataloga a los hacedores de esta ley como marxistas-leninistas, pero veo que son fascistas, controladores del pensamiento. Si se revisan los 30 artículos, se observa que los ciudadanos no pueden hablar ni manifestar. La sospecha de lo que la gente está pensando puede ser objeto de un encarcelamiento y de un juicio; los niveles de Corea del Norte los estamos viendo llegar [a Venezuela] con esta ley.
¿Quiere decir que la sociedad civil puede ser tildada de fascista?
Este proyecto complementa la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017). Y es producto del discurso invertido, muy ideológico, porque de entrada está diciendo que el que participe en manifestaciones, aunque sean legítimas y pacíficas, corre el riesgo de ser llevado preso, pero ya presuponen que como son contra el gobierno, bien sea por la falta de agua o de luz o de transporte público, son consideradas delito. No se podría reclamar nada, desde ese punto de vista.
Pero además las ONG que protegen los derechos humanos o que se dedican a la ayuda humanitaria, las asociaciones profesionales, organizaciones industriales o comerciales, todas esas organizaciones sin fines de lucro no podrían hacer ningún tipo de reclamo o requerimiento. Hasta las organizaciones que llevan sus reclamos a la OIT podrían ser consideradas fascistas. Lo que ha sido norma ahora es delito, según esa esa ley.
-Cuáles son los aspectos que dan al traste con lo que queda de democracia?
Uno de ellos es la constitución de ese tribunal inquisidor que se denomina en la ley la Alta Comisión contra el Fascismo, pero como además la impunidad es lo que reina entre quienes controlan el poder, cualquiera puede decidir qué es fascismo. Todo aquel que detente algún tipo de poder se sentiría facultado para acusar a otro y llevarlo a la instancia que se le ocurra. Creo que el totalitarismo se va a ir sintiendo porque se van a apretar más las tuercas.
Zarpazo final
¿Qué se busca con esta ley?
Ellos están revistiendo el garrote que tienen con una funda de legalidad. Aunque el garrote, sin esa ley, le permitía a las ONG señalar la irregularidad, ahora ya se acabó, se acabó el derecho a señalar, por ejemplo, una detención arbitraria o una desaparición forzada. La gente tiene miedo de escribir en X [red social], de postear, o de enviar mensajes por el grupo de WhatsApp. Está provocando la autocensura, totalmente.
¿Cómo define una ley que amenaza con castigar todo lo que la Constitución consagra como derecho, como la libertad de expresión o los derechos políticos?
Es una ley inconstitucional y atenta contra todas las libertades. Hasta ahora no se ha perseguido a la Iglesia, pero en esa ley se señala la prohibición de reuniones que pueden realizarse pacíficamente en una iglesia, y el gobierno puede alegar que es una reunión en su contra, según el artículo 4. Eso lo vemos en otros países como Nicaragua.
Y también vemos cómo, desde hace 25 años, se ha ido desmembrando la institucionalidad del país. Esta no es un montón de edificios, sino un cuerpo de leyes que nacen de la propia Constitución que tiene que prevalecer y que están violando abiertamente.
¿Es un zarpazo final?
Es el zarpazo final, como he dicho, el Estado totalitario, y no te extrañe que en dos años veamos a la gente obligada a reír, a llorar, o a aplaudir o a besarle los pies al tirano de turno.
Ley para el control total
¿Instrumentos legales de este corte se han visto en Cuba, en China, y en otros países totalitarios?
Sí, en China existe, sin duda, y lo hemos visto en más de una oportunidad cómo detienen a alguien por enfrentar al régimen. En Nicaragua, de acuerdo con comparaciones hechas, me dicen que no existe ley exactamente contra el fascismo, pero desde el año 2011 en adelante (con el gobierno de Daniel Ortega) se aprobaron toda una cantidad de proyectos legales con los que fueron cerrando sucesivamente los espacios cívicos, y en 2018 se aprobó el último paquete de leyes que les permitió a ellos, impunemente, clausurar universidades, a ONG, expulsar a los curas, etcétera.
Todos se amparan en leyes bufas para cometer crímenes que van a permitir un total control sobre la sociedad, que es lo que persiguen: controlar. Están rompiendo los últimos espacios de pacto social de convivencia que uno tiene, que son esas libertades.
¿Cómo queda Venezuela en el contexto regional, de ser esta ley aprobada y sancionada?
Estamos hablando de la avanzada de un país que forma parte de un grupo de socios geopolíticos que están en una gesta para destruir occidente y sus valores democráticos, los valores liberales que son los que permiten la convivencia pacífica y la cooperación. Venezuela es un actor menor, pese a que tiene petróleo y minerales, en comparación con otros actores que emplazan permanentemente los valores democráticos, pero hoy la gran pugna está entre las democracias del mundo y los países dictatoriales, autocráticos, totalitarios.
El texto legal habla de racismo o de clasismo, patrones que intentó imponer Hugo Chávez. Pero ¿quién califica eso?
La comisión inquisidora o cualquier militar armado se van a encargar de calificar eso, el nivel de discrecionalidad es enorme. Y en un país que no tiene estado de derecho ni poder judicial ni legislativo independiente, no se puede creer que esa ley está hecha para fomentar la igualdad y el respeto entre los ciudadanos. Al contrario, esta es una ley hecha para infundir miedo, permitirse aumentar más la represión y doblegar a la sociedad y silenciarla. Ese es el objetivo no hay otro, aunque en Venezuela haya mucha exclusión y racismo. De las cosas que yo más temo en este momento es que vas presa por opinar, como en Cuba donde no le hablas al vecino.
¿La sociedad venezolana está consciente de la gravedad de esta ley?
No hay absolutamente ningún nivel de conciencia en la dirigencia, porque está enfrascada en otras discusiones, como tratar de imponer a Manuel Rosales en un proceso electoral; o el tema del Esequibo o el problema de Ecuador-México; luego será otra cosa. La dirigencia tiene la responsabilidad de señalar, de anticipar y hacer labor de pedagogía y no lo están haciendo.
Los interesados, por su parte, están haciendo un silencio acomodaticio y oportunista. Quizá los que quieren proteger sus bolsillos se harán los locos y piensan que no les va a tocar, pero sabemos que el nivel de tolerancia es cambiante.
Y en la parte más gruesa de la población habrá una parte que dirá que con esto se va del país, mientras que la otra está ocupada sobreviviendo, y no tiene tiempo de saber qué está pasando, porque no es su prioridad
¿Qué se puede hacer para frenar este avance?
Es probable que a esta ley no la promulguen inmediatamente y la tengan esperando como la Ley de Fiscalización de las ONG (aprobada en primera discusión); eso es parte de los escenarios en sus tableros. Pero el tema de la educación es muy importante. La sociedad civil y los medios de comunicación en el país están muy amenazados, pero hay una diáspora enorme y unos medios que pueden ayudar desde el exterior. Yo les hago un llamado a que sean ellos quienes ayuden al resto de la población venezolana a entender lo que están enfrentando; ellos tienen la posibilidad de hacerlo.
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FUENTE: Entrevista con María Alejandra Aristeguieta, internacionalista