Daniel G. Sastre
La eliminación de las 'golden visa' puede ser una medida positiva, pero no va a hacer ni cosquillas al problema de la vivienda en España. Es la conclusión unánime de todos los sectores implicados en una cuestión que genera quebraderos de cabeza a seis de cada 10 ciudadanos, según estadísticas avaladas por el Gobierno. Otra cosa es que la supresión de esos visados, que premian con el permiso de residencia a los extracomunitarios que hagan grandes inversiones en el país -sobre todo inmobiliarias-, no sea positiva en términos de lucha contra el blanqueo de capitales o incluso contra el narcotráfico. Pero, en puertas de un decisivo maratón electoral –vascas, catalanas, europeas–, el Ejecutivo ha puesto el acento no en esos encomiables objetivos, sino en que la medida servirá para que el derecho universal a un techo digno y adecuado pase por primera vez del artículo 47 de la Constitución a la realidad.
Y en ese sentido, según las fuentes consultadas, la eliminación de las 'golden visa' es lo contrario de matar moscas a cañonazos. "La idea de que los visados de oro han generado los problemas de la vivienda es generar un chivo expiatorio, para atribuir a los de fuera lo que ha hecho la clase especuladora local", afirma Carlos Delclós, profesor del Departamento de Sociología e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Es poco probable que la supresión tenga un efecto significativo en la solución del problema de la vivienda en España", dice Manuel Burgos, vicepresidente de la asociación de empresarios de viviendas de alta calidad de Marbella Dom3. "No diría que la medida es totalmente simbólica, pero es claramente insuficiente si la miras en un contexto más amplio", subraya Carme Arcarazo, portavoz de la entidad por la defensa de una vivienda digna Sindicat de Llogateres. "No es verdad que vaya a mejorar el acceso a la vivienda de nadie, y me irrita mucho cuando los políticos nos quieren tomar por tontos", concluye Gonzalo Bernardos, director del Máster en asesoría, gestión y promoción inmobiliaria de la Universidad de Barcelona.
Las reglas del mercado
Pedro Sánchez anunció el lunes que el Gobierno inicia los trámites para eliminar un mecanismo que permite acceder a la residencia española a los extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en bienes inmuebles. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", dijo el presidente del Gobierno. "Ese no es el modelo de país que queremos, el de la inversión especulativa. Tener una vivienda digna no puede depender solo de las reglas del mercado", añadió.
Según las encuestas, el malestar de los españoles con respecto a las dificultades para acceder a un piso, sobre todo en las grandes ciudades y en los puntos turísticos, no deja de crecer. Y los últimos datos del Banco de España disponibles, del tercer trimestre de 2023, muestran que las familias tienen que destinar siete años y medio de su salario bruto a la compra de una vivienda, el nivel máximo de los últimos 13 años.
El Gobierno asegura que la supresión de las 'golden visa' "sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial". Lo dijo el martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una comparecencia en la que también puso números al anuncio. Entre 2013, cuando las creó Mariano Rajoy para tratar de dar vida a un mercado inmobiliario comatoso, y enero de 2024, 10.528 personas se han beneficiado de estos visados ligados a las adquisiciones de vivienda. Al Ejecutivo se le "encendió la luz de alarma" recientemente, cuando comprobó que, en los dos últimos años, "se han duplicado las concesiones de 'golden visa' y la inversión extranjera".
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