Madrid vuelve a dar una vuelta de tuerca a su IRPF ofreciendo una desgravación del 20% de las inversiones que haga un extranjero recién llegado a la comunidad durante seis años. La deducción es sobre el tramo autonómica del IRPF que en su tipo máximo es del 20,5%. La norma no excluye que esa tributación del tramo autonómico sea cero si ese contribuyente hace inversiones altas. De ser así solo tributaría por el tramo estatal que tiene su máximo en el 24,5%. Es una medida anunciada en enero del año pasado pero que fue tumbada por Vox en la Asamblea de Madrid al considerar que no beneficiaba a los españoles.
Ahora, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a la carga pero en esta ocasión permitiendo que se beneficien también los españoles que lleven más de cinco años viviendo en el extranjero y que sitúen su domicilio fiscal en Madrid. Ayer finalizó el periodo de consultas públicas de la norma que se espera se apruebe en breve.
La deducción, sin embargo, tiene letra pequeña. Primero: los beneficiarios de la misma deben permanecer como residentes seis años en la comunidad. Si se van antes deben devolver las cantidades desgravadas. Segundo: las inversiones que dan origen a la deducción deben hacerse en el año en el que el contribuyente fije su residencia en la comunidad madrileña o en algún caso en el ejercicio precedente. Tercero: la deducción es incompatible con la tributación de los impatriados (la antigua Ley Beckham, hoy muy laminada). Y cuarto: se excluye de la deducción la inversión en vivienda.
Para una nómina de 100 millones sería necesario invertir 600 millones para aprovechar todo el potencial
La norma que prepara el ejecutivo de Ayuso puede beneficiar a cualquier trabajador extranjero que llegue a Madrid como sería el caso del jugador de fútbol del PSG, Kylian Mbappé. Si el salario del futbolista fuera de unos 100 millones al año, para poder beneficiarse de una tributación cero en el tramo autonómico durante los 6 años debería invertir unos 600 millones de euros de golpe el año que llegara a Madrid. Y si antes de los seis años ficha por el Manchester City y se va del país debería devolver todas las cantidades deducidas. O si antes de ese periodo deshace las inversiones y no las reinvierte ante de un mes también debería proceder a devolver las cantidades que se ha ahorrado. La inversión puede ser en acciones cotizadas o no de empresas españolas o extranjeras o bien en deuda del Estado o de empresas.
José Luis López-Hermida, director del área de cliente privado y family office de KPMG Abogados, explica que "para beneficiarse de las deducciones es necesario llevar a cabo una planificación fiscal compleja". A la espera de conocer la publicación definitiva de la norma, López-Hermida recuerda que si un contribuyente (como el ejemplo teórico de Mbappé) tuviera que hacer una inversión de 600 millones sería necesario tener en cuenta que habría de hacer frente al impuesto de la riqueza que grava el patrimonio. "Debe analizarse de manera conjunta cualquier medida fiscal", añade.
Fuentes del Consejo General de Economistas-REAF recuerdan que para determinados profesionales les puede salir más a cuenta acogerse a lo que queda de la Ley Beckam que la nueva norma del gobierno regional madrileño. Esa ley para impatriados especifica que los primeros 600.000 euros de ingresos tributen al 24% y el resto al 47%. La citada ley excluye a los deportistas profesionales, por lo que Mbappé o cualquier otro no pueden acogerse. López-Hermida explica que al margen de los futbolistas, los artistas y los altos ejecutivos, el resto de grandes contribuyentes con patrimonios altos suelen tributar poco a través del IRPF ya que sus ingresos no suelen venir vía nómina.
Los fiscalistas creen que para patrimonios no muy altos es mejor la norma de impatriados
En el informe económico que acompaña a la ley que prepara Ayuso se estima que los beneficiarios podrían ser unos 30.000 y que estos se ahorrarían de manera global unos 60 millones.
José María Mollinedo, del sindicato de técnicos de Hacienda, cree que la norma se podría tumbar en los tribunales al ser discriminatoria respecto a un traslado de un contribuyente proveniente de otra comunidad.