La Argentina padece un cuadro severo de estancamiento estructural con demandas sociales crecientes, gestado en las últimas siete décadas y culminado con el despilfarro económico y moral del kirchnerismo. Está consolidado por el descomunal gasto público y todas las consecuencias que se derivan de esa circunstancia.
Esta situación ya es cultural y nada fácil de revertir y acarrea trastornos económicos, sociales y políticos. Y sólo se sale de ella con un shock de inversiones (en términos técnicos, alcanzando como mínimo un nivel de inversión del 24% del PBI -lejos aún de las tasas asiáticas-, algo que el país no logró nunca en los últimos 70 años). Con ese grado de inversión se lograrían mejoras sustanciales en el plano social, económico y humano y se modernizaría el país.
¿Qué se necesita para lograrlo? Desde las actuales circunstancias y en el marco de un horizonte de estabilidad serían necesarias al menos tres condiciones: bajar la inflación a guarismos de un dígito (lograr una tasa del 8 o el 9% no es una maravilla, pero es lo mínimo imprescindible para conseguir inversión en gran escala); reducir la brutal presión impositiva que hoy padecen las actividades productivas.
Sólo a modo de ejemplo, y sin aseverar que sean las reducciones más aconsejables, la tasa del impuesto a las ganancias debería pasar del 35 al 25% y las cargas sociales sobre los empleos -o aportes patronales-, caer a la mitad de los actuales niveles.
Y el tercer requisito sería -al menos en el inicio del proceso - ubicar el tipo de cambio en un nivel equivalente a lo que sería hoy 25 pesos por dólar.
(Por más que el capital suele tener mala memoria, no hay que olvidarse de que la Argentina históricamente lo ha tratado muy mal: el default más grande de la historia de la humanidad, expropiaciones -hasta no hace mucho tiempo-, cambio de reglas y una justicia al servicio de las "causas nacionales" -en el mejor de los casos- y no de lo que emana del derecho y de la ley.
Por eso sería aconsejable este estímulo adicional. Dado el extraordinario potencial del país, se entraría de ese modo en un proceso de genuino desarrollo.
Sin embargo, ninguna de estas condiciones pareciera ser técnica y políticamente alcanzable en los tres años de mandato que le restan a la actual administración.
Es más que probable que este año exhiba números positivos en el nivel de actividad económica y un clima de bonanza en más de un sector, y llegue así una brisa de alivio a la sensación de desánimo que en 2016 alcanzó a buena parte de la sociedad.
Pero debemos estar preparados para aceptar que posiblemente se trate de ciclos pasajeros, ya que no habrá elementos sólidos para modificar el cuadro de estancamiento estructural en el que estamos inmersos sin mediar un proceso masivo de inversión.
Cambiar esta situación puede implicar plazos muy largos (¿quince años, si no hay retrocesos?) durante los cuales el país deberá ir haciendo los deberes paso a paso a fin de alcanzar los requisitos que estimulen la inversión.
Y, a diferencia de la fuerza del trabajo que está intrínsecamente ligada a un país, el capital es por esencia migratorio: va adonde se siente por sobre todas las cosas seguro, y adonde le ofrecen condiciones para crecer (veamos si no adónde se han refugiado los ahorros de los argentinos).
Por eso las naciones con los mejores estándares de vida y de justicia social son las que brindan más seguridad y atractivo al capital.
Es perfectamente comprensible que el país no está hoy en condiciones políticas ni humanas de alcanzar en el corto plazo los tres requisitos que estimulen la inversión.
Pero sí es entendible que si un gobierno se propone iniciar el largo y arduo camino para lograrlo, merece tener comprensión y paciencia de la sociedad. Por eso está totalmente fuera de lugar acosarlo y exigirle resultados imposibles.
Ya muy pesada es la tarea que tiene por delante. Tres desafíos que son difíciles de compatibilizar entre sí: convencer a las mayorías parlamentarias de que acompañen sus iniciativas, seducir a la ciudadanía para que siga apoyando su proyecto en el adverso contexto de un sistema electoral perverso, pergeñado por supuestos "estadistas" en el mezquino pacto de Olivos, e intentar atraer a los capitales a que inviertan en el país en medio de condiciones desfavorables.