El gobierno abrirá esta semana un regateo con los rectores sobre la magnitud de los recortes en el presupuesto universitario. Para que no suena a derrota política, requerirá, a su vez, controles más efectivos sobre la transparencia con que se gasta el dinero público.
La negociación es una consecuencia obvia de la masividad de la protesta, que permeó en la base electoral del Presidente. El gobierno acompañó la apertura con un giro discursivo. En sus últimas declaraciones, Milei atribuyó las marchas a "una causa"noble". "El gobierno valora la educación pública", avanzó el vocero Adorni.
El movimiento libertario postula la abolición del Estado. Y en la transición hacia ese objetivo, limitar sus funciones a cuestiones tan básicas como seguridad, justicia y defensa. Es el pensamiento liminar del teórico de esta corriente Murray Rothbard, que Milei recitaba en el llano.
El presidente reivindica la generación de 1880 por haber convertido al país en una potencia económica de la época. Pero abjura de dos fundamentos decisivos de aquel proyecto liberal. Uno, la creación del Estado moderno. El otro, la enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Entre otros logros, erradicó el analfabetismo, mejoró empleabilidad de los estudiantes e integró con éxito a la enorme ola inmigratoria, también clave para el desarrollo económico acelerado de aquellos años.
Este gobierno carece de políticas para la educación pública. Por convicción ideológica y por escasa capacidad de gestión. En lo educativo se limitó a cortar aportes a las provincias y licuar las partidas a las universidades.
Un informe revelador de Idesa, un instituto especializado en políticas sociales fundado por Osvaldo Giordano, sostiene que las universidades "necesitan un ordenamiento, no un ajuste". Señala que el recorte de los recursos para las universidades comenzó en 2012. Ese año se destinó un millón de pesos por alumno, a valores de 2023. El año pasado la inversión se redujo a 723 mil pesos. Una caída real del 27% en el presupuesto universitario.
Es sugestivo el silencio resignado que mantuvieron las conducciones de las universidades en todo ese período.
El estudio, que valora el superávit fiscal como un avance en la política antiinflacionaria, destaca sin embargo que la contribución de la poda a las universidades es marginal. De apenas un 2%, contra el 38% de ahorro que aportaron los jubilados, por caso.
Idesa subraya la necesidad de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. Ejemplifica con la creación en ese período de once universidades nuevas. Sin financiamiento, con estructuras sobredimensionadas. Y, en muchos casos, con un fuerte componente demagógico en la motivación.
A la ineficiencia se añade la opacidad en la gestión de los fondos, los contratos de consultoría a empresas privadas y gobiernos locale, y otras actividades, algunas desvinculadas de los objetivos de la universidad.
En una entrevista periodística, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba no pudo precisar fecha y detalles de la última auditoría. Los informes de la Sigen, que depende del Ejecutivo, y de la Auditoría General de la Nación, en la órbita del Congreso son deficientes. No están actualizados, ni alcanzan a todas las casas de estudio y son incompletos. Y algunos especialistas les señalan baches técnicos que limitan su utilidad.
Es deseable que se alcancen progresos en la discusión económica. Y que derive en mejoras en la eficiencia y la erradicación de corruptelas. Serviría para mejorar los sueldos desproporcionadamente bajos de docentes e investigadores. E incluso para generar un sistema de becas por mérito (con perdón de la palabra) para estudiantes de bajos recursos.
El listado de pendientes es más frondoso. Incluye la alta deserción, la prolongada duración del cursado, la falta de incentivos a la formación docente y a la producción de conocimiento original. Otros capítulos son los de la planificación de las carreras en función de las demandas del desarrollo, la expansión y excelencia del cuarto nivel. Si la negociación que se anuncia queda sólo en un regateo de partidas y un compromiso pour la galerie de controles más rigurosos, será otra oportunidad perdida.
Carlos Sagristani