La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, ha expresado este viernes que la organización se encuentra "conmocionada" por la muerte de "numerosos civiles, incluidos menores", en el marco de los enfrentamientos registrados durante los últimos meses en el norte de Burkina Faso. "Aunque no hemos podido verificar de forma independiente estos informes por falta de acceso, es crucial que salgan a la luz las denuncias de violaciones y abusos tan graves cometidos por diversos actores y que las autoridades de transición emprendan sin demora investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas", ha señalado Hurtado en un comunicado en el que se ha referido a las supuestas ejecuciones sumarias perpetradas en varias localidades de las provincias de Yatenga y Soum. En este sentido, ha subrayado que es necesario que los autores "rindan cuentas" y ha hecho un llamamiento a "respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". "Combatir la impunidad y perseguir la rendición de cuentas es primordial para garantizar la confianza de la población en el Estado de Derecho y la cohesión social", ha apuntado antes de manifestar que la ONU también está preocupada por la "suspensión temporal de al menos dos medios de comunicación internacionales a raíz de sus informaciones sobre estos incidentes". "Las restricciones de la libertad de información y el espacio cívico deben detenerse cuanto antes. La libertad de expresión, incluido el derecho de acceso a la información, es crucial en cualquier sociedad, y más aún en el contexto de la transición en Burkina Faso", ha señalado. Esta misma semana, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Ejército de Burkina Faso de "ejecutar sumariamente" a más de 200 civiles, entre ellos 53 menores de edad, el pasado 25 de febrero en tres localidades de la provincia de Yatenga. La ONG ha achacado estas matanzas a la "campaña" militar contra aquellos civiles sospechosos de colaborar con grupos yihadistas que operan en la región, entre las que destacan las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, y ha instado a las autoridades del país a realizar una "investigación urgente" a pesar de que la Fiscalía de Burkina Faso anunció a principios de marzo el inicio de la misma. Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.