El posible fichaje de David Broncano por RTVE debería resultar como poco inquietante a cualquier persona mínimamente respetuosa con la muy necesaria separación entre la sociedad civil y el Estado.
Ni el objetivo, ni los medios, ni las circunstancias en las que se ha fraguado son mínimamente decentes y aceptables. Primero, no son decentes ni aceptables los objetivos que ambiciona: a saber, diluir la audiencia de El Hormiguero de Pablo Motos para evitar que millones de espectadores se expongan a las críticas que desde este espacio televisivo se vierten muy ocasionalmente en contra del Gobierno.
Segundo, tampoco son decentes ni aceptables los medios que se han empleado: por un lado, la orden del fichaje ha partido directamente de La Moncloa y se ha enfrentado a una presidenta del ente, Elena Sánchez, que tuvo que ser decapitada y reemplazada por una militante del PSOE para conseguir que transigiera; por otro, la televisión pública va a destinar alrededor de 14 millones de euros anuales para remunerar a la productora del programa de Broncano, a un coste medio de más de 87.000 euros por emisión (de lunes a jueves durante la mayor parte del año). Es decir, injerencia política en organismos supuestamente independientes y despilfarro del dinero público en satisfacer los caprichos propagandísticos del Ejecutivo.
Y tercero, tampoco son decentes ni aceptables las circunstancias en las que se ha producido: por un lado, el programa de Broncano ya estaba siendo ofrecido por una televisión privada, esto es, la televisión pública no se ha dedicado a producir algo de calidad que, por falta de rentabilidad, el sector privado no producía, sino a reventar el mercado de fichajes televisivos tirando con pólvora del Rey (el dinero del contribuyente); por otro, y como ya hemos dicho, ese fichaje se ha efectuado para intentar hundir en audiencia otro programa del sector privado que le resulta ideológicamente incómodo al PSOE.
Así pues, doble competencia desleal. En España estamos normalizando, y no deberíamos hacerlo, que los políticos hagan y deshagan a su arbitrario antojo con nuestras haciendas y con nuestras libertades: lejos de fiscalizar y cuestionar cualquier paso en falso que dé el sector público, parece que le colocamos la alfombra roja para que baile sobre nuestras cabezas y sobre nuestros bolsillos. Y no pasa nada.
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