M. Á. Montero
La Administración central, timoneada por el Gobierno de Pedro Sánchez, dejó sin ejecutar en 2023 la mitad del montante previsto para invertir en Canarias en el capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, que de cada dos euros consignados en las cuentas estatales para obra pública directa –la que ejecuta o lleva a cabo el propio Ejecutivo nacional o alguna de sus muchas entidades dependientes– en el Archipiélago, solo uno se gastó de manera efectiva. Un año más, la brecha entre lo que el Gobierno central dice que va a invertir en las Islas y lo que en realidad invierte al cabo del ejercicio es, por tanto, más que significativa.
Ha habido que esperar a que los diputados y senadores solicitasen los datos por escrito para desentrañar el misterio de cuánto invirtió la Administración estatal en cada comunidad autónoma. O cuando menos para poder aproximarse a la realidad. El gobierno de turno venía publicando desde 2009, con periodicidad semestral y estricta puntualidad, la Distribución territorial de la inversión del sector público estatal, que es el nombre que tenía la estadística hasta que el Ejecutivo de Sánchez decidió que los últimos datos que haría públicos serían los del primer semestre de 2022. Desde ese momento, apagón informativo. Fue así el 22 de octubre de 2022, el día que se dieron a conocer las cifras y porcentajes de ejecución de la primera mitad de ese año, la última vez que los ciudadanos tuvieron acceso público a esta información a través del sitio web de la Intervención General del Estado (IGAE). Una información, cabe recordar, que no solo es relevante por lo estrictamente presupuestario, sino que tiene también una evidente lectura política por cuanto permite ver el grado de compromiso del gobierno con las distintas regiones. No hay que olvidar que la mayor o menor inversión del Estado en esta o aquella comunidad es también moneda de cambio en las negociaciones entre las fuerzas políticas en Madrid, y no hay más que ver las concesiones de Sánchez al PNV o a los independentistas de Junts, el partido de Puigdemont, para corroborarlo.
El Gobierno de Sánchez decidió dejar de publicar los datos de ejecución a mediados de 2022
El caso es que el apagón informativo se ha aclarado un poquito gracias a la información recabada por los senadores del PP María Australia Navarro y Sergio Ramos Acosta, que hicieron sendas preguntas al Gobierno sobre el grado de ejecución presupuestaria en Canarias. Y los datos no precisamente muestran un alto nivel de diligencia en el cumplimiento de las inversiones previstas en las Islas. Más bien al contrario.
Los PGE para 2023 incluyeron en su capítulo VI, el de las inversiones reales –esas, cabe insistir, que planifica y ejecuta de forma directa la Administración General del Estado–, un total de 391,87 millones de euros. Pues bien, de toda esa suma de dinero, lo que en verdad se gastó o invirtió a lo largo del ejercicio fueron algo menos de 196,1 millones, un exacto 50%. Dicho de otro modo: la otra mitad, o bien no se movilizó o bien tuvo otro destino en Canarias o en otras autonomías. Pero invertirse no se invirtió, al menos no en el Archipiélago.
Lo reconoce el propio Ejecutivo central en la respuesta por escrito, fechada el pasado 12 de abril, a una pregunta de Ramos Acosta: «El importe de las obligaciones reconocidas [las obligaciones reconocidas son el epígrafe bajo el que se recoge el importe del gasto o la inversión que efectivamente se ha llevado a cabo en el ejercicio] del capítulo 6, Inversiones reales, del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado (AGE), organismos autónomos y resto de entidades dependientes de la AGE con presupuesto limitativo, entidades del sector público administrativo con presupuesto estimativo y sectores públicos empresarial y fundacional del ejercicio 2023 en la Comunidad Autónoma de Canarias asciende a 196.079.716,53 euros».
En otra respuesta por escrito, en este caso a la senadora Australia Navarro, el Gobierno precisa que de esos cerca de 196,1 millones de euros, poco más de 71,3 millones se invirtieron en las islas de la provincia de Las Palmas y casi 113,2, en las islas de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Los restantes algo menos de 11,6 millones se invirtieron en obras, instalaciones o infraestructuras cuyo uso, destino o finalidad abarca ambas provincias canarias.
Transferencias
Hay que recordar que la Comunidad Autónoma recibe también fondos para inversión con cargo a las arcas estatales a través del capítulo VII de los presupuestos, el de las transferencias de capital. El caso de Canarias es particular porque suele contar con partidas más cuantiosas en el capítulo VII que en el VI, a diferencia de las demás regiones. No en vano es en las transferencias de capital donde se consignan los dineros para, por ejemplo, el convenio de carreteras, cuyas obras se sufragan con fondos de la Hacienda nacional pero las ejecuta la Administración autonómica. De hecho, ese es el fin del capítulo VII: recoger las transferencias previstas para costear inversiones que materializará el beneficiario de cada transferencia, como el Gobierno regional en el caso de las carreteras. En 2023 se anotó en favor del Archipiélago en el capítulo VII de los PGE un total de 483,66 millones de euros, una cuantía a la que en principio se sumarían otros 62,12 millones del Fondo de Compensación Interterritorial. Todo ello, incluidos los 391,87 millones de euros de las inversiones reales o directas –que al final se han quedado en la mitad–, alcanzaba los 937,65 millones, un global que dejaba en Canarias un gasto per cápita de 416,28 euros. De ello sacó pecho el anterior Gobierno regional, liderado también por el PSOE, que por entonces insistió en que esos 416 euros por habitante colocaban a las Islas como la séptima autonomía con mayor inversión.
El 'apagón informativo' ha impedido conocer el verdadero reparto del dinero del capítulo VI
Transcurrido el tiempo, esos 416,28 euros han resultado en 329,36 –una vez restada la cuantía no ejecutada del capítulo VI–, con lo que el Archipiélago habría perdido varias posiciones en el ranking, y eso aun dando por bueno que todo el dinero de las transferencias de capital y del fondo de compensación en realidad haya llegado a Canarias. Es verdad, claro, que la Administración central tampoco habrá ejecutado toda la inversión prevista en las demás comunidades, pero no es menos cierto que esta comparación entre lo anunciado y lo materializado evidencia por qué lo importante no es lo que se presupueste, sino lo que se ejecute.
Más allá de los capítulos de inversiones, el Gobierno estatal agrega en su respuesta al senador Ramos que el desembolso total en beneficio de Canarias, es decir, la suma de las obligaciones reconocidas de todas las partidas de gasto nominadas en exclusiva para las Islas, llegó en 2023 a los 1.708,5 millones de euros.
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