Los okupas del quiosco de La Pajarera se empadronarán en dicho inmueble. Adriana y su pareja alegan que esas instalaciones son su morada actual y quieren que el ayuntamiento los incluya en el censo municipal.
La pareja solicitará el empadronamiento en el quiosco municipal en el que residen desde el 25 de marzo. Según ellos, viven en una situación indigna y sin ayuda de los servicios sociales municipales, «vinieron a echarnos, no nos han dado ninguna solución, solo que acudamos al albergue de la calle Bravo Murillo».
Además la pareja de Adriana aseguraba que «nos dijeron que en el quiosco no podían notificarnos nada desde servicios sociales, pero sí nos notificaron que nos iban a echar, para echarnos sí pueden».
La pareja asegura que seguirán luchando por sus derechos, que de momento no van a abandonar el espacio de La Pajarera y, anunciaban nuevas acciones, «si no nos ayudan voy a sentarme en la puerta del ayuntamiento y esa va a ser mi morada habitual, si no quieren ayudarme me van a ver a diario», adelantaba.
En su declaración, reivindicaba una vivienda digna, ayudas reales y se acogía a la modificación de la Ley 7/1985 en mayo de 2020 en cuanto a la gestión del padrón municipal. Concretamente recurría a un punto específico en el que se podría considerar como vivienda habitual y tener derecho a empadronamiento las «infraviviendas tipo chabolas, caravanas, cuevas, e incluso ausencia total de techo».
Este empadronamiento tendría efectos para posibles notificaciones, para considerarlo vecino del municipio y, finalmente, para saber en qué punto residen las personas. «El estar empadronados en el inmueble no tiene nada que ver con tener derechos sobre el mismo», asegura Sonia Galán, del despacho Galán & Cordero Abogados, con amplia experiencia en desahucios. Para poder empadronarse en el municipio tendrían que, al menos, tener un informe de la Policía Local que asegure que viven en ese espacio.
La letrada recuerda uno de los fragmentos del BOE en que se modifica la ley: «toda persona que viva en España tiene la obligación de empadronarse en la que ha constituido su vivienda habitual, independientemente de que ostente un título que legitime la ocupación o de las condiciones higiénico-sanitarias del domicilio». De igual forma, recuerda que «todas las actuaciones del ayuntamiento, en cuestión de empadronamiento, tienen por única finalidad acreditar que el vecino habita en el domicilio que ha indicado», puntualiza Sonia Galán.
Los plazos para el desalojo
El gabinete jurídico del consistorio optó por la vía administrativa para solicitar la devolución de ese espacio de dominio público. Según recoge la ley la administración pública puede recurrir a la recuperación de oficio de este bien patrimonial durante un año desde que tuvieron conocimiento de la usurpación. En el caso de esta pareja reside en La Pajarera desde el 25 de marzo. El ayuntamiento puede recuperar este espacio por este aspecto temporal, escenario diferente del que ocurre con las dependencias del estadio José Pache, al poder acreditar las personas que residen allí más de un año en las instalaciones. Desde que se lo notificaron el día 4 de abril la pareja cuenta con 10 días hábiles para alegar cualquier cuestión que estimen, plazo que finaliza el día 18.
Una vez pasado el plazo para presentar alegaciones el consistorio puede llevar al próximo pleno municipal la aprobación para recuperar de oficio este bien inmueble. Tras la aprobación en el pleno, algo que no se duda ya que el equipo de gobierno cuenta con mayoría, la corporación solicitará que se cumpla el desalojo de La Pajarera. Dicha evacuación la ejecutarían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por el momento, el ayuntamiento no tiene fecha para el próximo pleno, pero se estima que sea en las próximas semanas.
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