La mesa está servida para que en Venezuela se celebren el 28 de julio una de las elecciones más injustas y desiguales de su historia. ¿Cabe en este contexto algún resquicio de esperanza para retomar una dinámica democratizadora? La respuesta es sí, pero la ventana de oportunidad se va cerrando rápidamente. El resultado depende de un juego a dos niveles: en el ámbito doméstico, de la posibilidad de articulación opositora; y en el ámbito internacional, de la capacidad de presión de los otrora aliados del gobierno bolivariano. Es momento para que se las fuerzas democráticas de todo el espectro político no solo se unan en la demanda de respeto de los principios democráticos, sino que esa unidad pueda dar cauce a la participación y activismo popular.
Hace apenas unos meses, Venezuela abrazaba la esperanza de cambio, generada por el apoyo masivo de la opositora María Corina Machado y sus campañas a escala nacional, así como la hoja de ruta hacia las elecciones presidenciales firmada por el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados en octubre. No obstante, desde enero, el gobierno de Maduro no solo ha violado, sino burlado los mínimos acuerdos de Barbados y ha arremetido contra la oposición en una ola de represión que se enfila con particular encono hacia el partido de Machado, Vente Venezuela. A su vez, ha atizado la división entre distintos grupos dentro de la llamada Plataforma Unitaria, mientras que endosa y promueve partidos secuestrados, líderes sin popularidad pero con atención mediática y variopintos «opositores» de utilería. Hasta el Partido Comunista fue intervenido y al candidato apoyado por el partido se le impidió inscribirse.
Al cierre del periodo de inscripción de candidaturas para la elección, el gobierno impidió sin justificación legal ni explicación alguna, la candidatura de la profesora Corina Yoris, una filosofa octogenaria que María Corina Machado designó como su representante para la elección dado que ella estaba inhabilitada. Al mismo tiempo, el líder del partido Un Nuevo Tiempo y gobernador del estado Zulia, el más poblado del país, Manuel Rosales, inscribió su nombre minutos antes del cierre de los registros. La inscripción de Rosales, que se define como socialdemócrata, ha desatado denuncias de traición y la ostensible apertura de una nueva –¿e irreconciliable?— grieta en la oposición. Un día después, el ex-embajador Edmundo González Urrutia fue aceptado como candidato temporario (podría ser reemplazado antes de la elección) en la tarjeta de la Plataforma Unitaria.
Alianza o cizaña intra-opositora
En este contexto, la oposición se encuentra una vez más ante el desafío de la coordinación y negociación interna por la defensa del voto como principal manifestación de la voluntad ciudadana. Esta vez, pese a todo, la oposición sigue articulada alrededor de la vía electoral. Pero el voto en sí mismo no puede asegurar una transición. Esta radica en la organización ciudadana y en la capacidad social para resistir los embates de un Estado depredador. Justamente el gobierno de Maduro ha pasado años socavando esa organización y capacidad de la mano de una liberalización económica rapaz y neopatrimonial y el incremento de la represión a la protesta en las calles.
Por eso María Corina Machado insiste en la organización de comandos ciudadanos en cada pueblo, ciudad y caserío venezolano en una estructura social que alcance los seiscientos mil comanditos. Machado, que proviene del ala radical de la oposición, tiene consigo el aval más importante en ese espacio: el voto consagrado por una mayoría apabullante y una popularidad que se mantiene pese a los embates del gobierno y algunos opositores. Por su parte, Rosales se inspira en el discurso conocido que ha hecho de la moderación su caballo de batalla y dar garantías al chavismo en el caso de que se produzca una transición democrática. Esta «potabilidad» del candidato incluye la adopción de un discurso antiimperialista que rechaza cualquier acción externa en busca de la democratización interna, sea por vía de una sanción individual o sectorial. Rosales, que proviene de Acción Democrática, obtuvo en 2006 36% de los votos contra el entonces imbatible Hugo Chávez. Desafortunadamente para él, este discurso parece enfocado más en garantizar esa confianza en las filas del chavismo que en la propia oposición.
Estas posiciones de ambos grupos opositores parecen irreconciliables y sugieren que no se necesitan mutuamente, aunque no cierran completamente la puerta para llegar a un acuerdo. Rosales insiste en su disposición a ceder su puesto a una candidatura avalada por Machado si esta es finalmente aceptada por el gobierno. Machado, as su vez, no termina de llamar a Rosales traidor y mantiene el intercambio con él a través de la Plataforma Unitaria.
No está claro si Machado y Rosales –y las fuerzas que representan– tendrán la capacidad de articularse en medio de intrigas, la opacidad impuesta por un espacio público minado y las pequeñeces mismas de un liderazgo político en crisis. Esta articulación se podrá alimentar, empero, de un terreno en el que juegan otros actores.
El acuerdo de Barbados bajo respiración artificial
Hasta ahora, las negociaciones entre el gobierno y la oposición han sido mediadas de manera cuidadosa por un equipo técnico bajo los auspicios de Noruega. No obstante, los incentivos reales para avanzar en la negociación los tiene Estados Unidos, que abandonó la estrategia de «máxima presión» durante la gestión de Joe Biden y ha flexibilizado las sanciones económicas a cambio de una tímida liberalización y el compromiso de celebrar unas elecciones libres. Pero todo eso parece hoy sepultado tras la estrategia de Maduro de competir sin opositores de peso. En ese marco, las principales voces que denuncian los abusos del gobierno de Maduro no se reducen a Estados Unidos o la Unión Europea, sino que son sus vecinos y gobiernos hasta hace poco aliados, o por lo menos permisivos, quienes comenzaron a pronunciarse de manera más firma. Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil empujan hoy por condiciones mínimas electorales.
Precisamente María Corina Machado, quien se mantuvo crítica de los esfuerzos de negociación previos –así como de la estrategia electoral–, apuesta ahora por una salida electoral e incluso ha respaldado el Acuerdo de Barbados. En ese sentido, conminó al primer ministro laborista de Noruega, Jonas Gahr Støre, a invertir los recursos diplomáticos necesarios que permitan el cumplimiento mínimo del acuerdo. Luego mandó una carta similar a los integrantes de la Conferencia Internacional sobre Venezuela organizada por el gobierno de Gustavo Petro en 2023. La presión de Colombia y Brasil es fundamental para limitar los impulsos del gobierno a impedir por completo la participación de una candidatura avalada por la Plataforma Unitaria.
La presión o el intercambio directo de Estados Unidos, en cambio, no ha tenido los efectos buscados y la ventana de oportunidades que se va cerrando de cara a la elección presidencial parece menos sensible a la presión que pueda ejercer el gobierno de Biden, por ejemplo no reanudando licencias petroleras a finales de abril. Maduro claramente quiere evitar el reimpulso de las sanciones (revocar la «licencia general 44», emitida por Washington y que permite una producción petrolera modesta, mandaría una señal significativa) pero lo más importante será un esfuerzo concertado regional, que incluya a antiguos aliados latinoamericanos. Estos gobiernos progresistas, electos democráticamente, tienen un poder de influencia mayor tanto en el gobierno como en sus seguidores. Son ellos los que deben cargar además con el costo del recrudecimiento de la crisis venezolana, que se traduce en migración forzada e inseguridad regional. Han sido ellos los que recientemente han denunciado las trampas antidemocráticas del gobierno.
Si Colombia y Brasil se convierten en aliados serios de la democracia venezolana, deberán demandar no solo condiciones electorales, sino límites a la represión que obstaculiza la organización de la sociedad civil. Pueden empezar con apoyar e integrar un comité de monitoreo de la implementación de los acuerdos de Barbados, ya firmados. También es importante ejercer presión para que el gobierno permita la observación electoral con plenas facultades. Actualmente, la Unión Europea se encuentra en un dilema de aceptar observar las elecciones bajo las condiciones limitadas de Maduro o quedar fuera del proceso electoral. Lo que puede aliviar esta diyuntuva es una fuerte presión desde sus aliados, sobre todo Brasil y Colombia.
La posibilidad de activar una presión eficaz desde estos dos niveles en la defensa del voto y, más allá, a favor del desmantelamiento del autoritarismo en Venezuela, necesita a su vez de la articulación social de base. Una articulación que trasciende a las elites partidistas y de gobiernos extranjeros. Esta articulación en Venezuela está hoy disminuida después de años de represión, abusos y entramados de impunidad. El deseo de expresión política representa hoy nuevamente un motivador que podría reanimar la protesta social y fortalecer el camino hacia la democratización. Sin embargo, varias leyes adoptadas los últimos años (incluida la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 2017, y la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional de 2023), inhabilita la libre expresión por parte de un gobierno sin espíritu democrático y que viola regularmente los derechos humanos. La última de estas leyes es la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, que pretende prohibir cualquier opinión que el gobierno determine como conservadora, neoliberal, o clasista, sin mayor precisión sobre lo que esto significa.
Un buen comienzo para los países vecinos sería abogar por la libre expresión y la participación política de todos candidatos. Por ahora solo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha expresado su apoyo incondicional al proceso preelectoral venezolano. Los demás países –de diferente signo ideológico– tienen una oportunidad histórica de articularse y retomar el liderazgo en la defensa de la democracia en la región.
*Antulio Rosales es profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de New Brunswick (Canadá).
**Artículo publicado originalmente en Nueva Sociedad.