El oficialismo podría conseguir su primera victoria en el Congreso con el mega proyecto, mientras el kichnerismo apuntará contra el decreto 70/23, en medio de una pulseada irresuelta
Martín Menem no tendrá la sesión que esperaba a partir del mediodía de este lunes. El jueves por la tarde, cuando el oficialismo ya tenía cocinados los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal, el presidente de la Cámara de Diputados convocó a una sesión para el mediodía de este 29 de abril.
Fue para demostrar que, esta vez, la estrategia del gobierno avanzaba con menos sobresaltos que en febrero, cuando naufragó la primera versión del proyecto. Sin embargo, el viernes comenzaron a surgir nuevos nubarrones que todavía no se han disipado: el bloque de Unión por la Patria presentó un pedido para llevar el martes al recinto el DNU 70/23, qua ya fue rechazado por el Senado. Menem se negó a convocarla y abrió una pulseada inesperada que estallará este lunes, cuando arranque la sesión y se crucen los dos cables de alta tensión.
El optimismo del oficialismo se ensombreció un poco este sábado. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a 80 integrantes del espacio, presentaron un pedido de sesión especial para tratar el DNU. La solicitud se cruza con el transcurso de la sesión que empezará el lunes al mediodía para tratar la nueva versión de la ley bases.
El debate, las votaciones y el posterior tratamiento del paquete fiscal podrían extenderse hasta la noche del martes. El oficialismo no quiere llegar a mayo con este debate. Esperan que salga la media sanción antes de que arranque el feriado del miércoles. Este 1 de mayo tendrá un alto contenido político con la masiva movilización que convocó la CGT y las dos CTA. El foco estará puesto en la reforma laboral que está dentro de la nueva versión de la ley ómnibus: un tema que quizás el panperonismo busca poner de relieve antes, durante y después de la sesión donde se aprobaría un paquete de cambios en la legislación laboral que son menos ambiciosos que hace una semana.
Los dictámenes de mayoría de la ley bases y del paquete fiscal implican una inflexión en los intentos del oficialismo para sacar una ley. Hay una virtual coautoría con los bloques de Hacemos Coalición Federal, la UCR, Innovación Federal y el PRO, que ha mantenido un respaldo incondicional.
Los otros pudieron impedir el aumento de las retenciones en febrero, extirparon cambios en seguridad y un paquete mucho más grande de privatizaciones. Pero al mismo tiempo la UCR se erigió como un interlocutor práctico del gobierno con la propuesta de un proyecto de reforma laboral mucho más profundo que los puntos que están dentro del DNU 70/23, en un capítulo que ha sido suspendido por la Justicia Laboral. Hace una semana la Casa Rosada, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, tomó el proyecto del radicalismo e hizo una versión propia. Se las mandó a los bloques dadores de cuórum el domingo pasado por la noche y no cayó bien. El titular del bloque de HCF, Miguel Pichetto, pegó el grito en el cielo y repudió el envío nocturno de 60 artículos dentro de la nueva versión de la Ley Bases. Al final quedaron 17 porque el gobierno tuvo que ceder para evitar que se cayera el segundo intento. El desenlace de esa pulseda le ahorró al gobierno, al menos por ahora, un nuevo conflicto con la CGT, gracias a las presiones de Pichetto, que no tuvo reparos en apuntar directo a Cordero y recordar que fue un numerario histórico del Grupo Techint, mayor interesado en una reforma laboral profunda.
Qué pasa con el DNU
Pocas horas después del pedido que presentó UxP para sesionar el martes, Menem lo rechazó. Se negó a convocar la sesión ante la extensión de la otra y no le puso fecha, pero este sábado Martínez subió la apuesta. Le mandó una nota donde le recordó que no tiene atribuciones para rechazar un pedido de sesión. La tensión va a escalar y podría derivar en una judicialización de la pulseada porque Martínez no descarta denunciar a Menem por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La movida del panperonismo sorprendió este viernes. Se esperaba un pedido de sesión para el jueves. El objetivo era replicar el rechazo al DNU 70/23 que se registró en el Senado. La solicitud para el martes busca cumplirlo, pero hay dudas sobre los votos para hacerlo. UxP ya impulsó dos pedidos de sesión para emplazar a la cámara y marcarle la cancha al gobierno. Uno fue con el debate para cambiar la fórmula de actualización jubilatoria y el otro apuntó a acelerar el debate sobre un régimen de financiamiento universitario y reinstalar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Los dos intentos estuvieron separados por dos semanas y ambos llegaron a las 124 bancas, es decir, que le faltaron cinco para los 129 que requiere el cuórum. Ahí es donde se multiplican las dudas sobre la movida para hacer caer el DNU 70/23, porque la debilidad de los intentos anteriores podrían repetirse esta semana si se concreta la sesión que Menem quiere impedir.
Para hacer caer el DNU, según cuentan en el peronismo, faltarían cinco voluntades, pero la estrategia es gota a gota y hubo algunos cambios, porque esta semana el radicalismo aportó 14 legisladores que bajaron al recinto para llegar al cuórum. No alcanzó el gesto. La bancada de la UCR tiene 34 voluntades y las disidencias que se resumián a cuatro o seis integrantes ya llegó a los 14 y podría seguir creciendo. Con eso especula el panperonismo, aunque el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, recién estaría dispuesto a mover sus fichas contra el DNU después del 25 de mayo, cuando se concrete, o se caiga, la convocatoria del pacto que impulsa el presidente Javier Milei desde el 1 de marzo. Pidió que le aprueben la nueva ley bases para llegar a Córdoba y por eso la sesión de este lunes reviste una dimensión determinante para el gobierno.
El choque será entre el tratamiento de la nueva versión de la ley y el interés del peronismo por hacer caer el DNU. El resultado de esa pulseada se podrá advertir en el recinto, cuando arranque la sesión de este lunes. Recién entonces se sabrá hasta donde puede escalar el debate. El panperonismo apuntará con todos sus recursos contra el proyecto de Ley Bases y también contra la negativa de Menem de convocar a la sesión para tratar el decreto. Con esos condicionamientos, el oficialismo deberá llevar adelante el trámite y evitar que la situación empeore y ponga en peligro la sesión. Sólo será el comienzo de un debate que podría durar dos días y, si se supera la tensión del arranque, vendrán las demandas de templanza cuando lleguen las decisiones artículo por artículo.
El peronismo orientará sus 99 votos en contra. Podrían sumarse los tres del bloque Independencia, una escisión impulsada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo para negociar con mayor autonomía con el gobierno. La UCR no tiene una posición común, dos de sus 34 integrantes ya anticiparon que votarán en contra. ¿Qué pasará con los 14 que ya le mostraron sus disidencias al presidente del bloque Rodrigo De Loredo?
En los cálculos del oficialismo, existen posibilidades de llegar a los 144 votos de la aprobación en general que la primera versión tuvo en febrero. Otros son menos optimistas y vaticinan una aprobación de 135 votos y un combate cuerpo a cuerpo en la particular, con la obligación del gobierno de negociar alternativas durante la sesión y en la etapa más crítica, es decir, la votación artículo por artículo, donde aparecerán dictámenes en minoría que fueron impulsados por integrantes de HCF y de la UCR para reinstalar el impuesto al tabaco, que fue quitado de la última versión, incluir la eliminación de los aportes sindicales solidarios que Pichetto quitó y la inclusión del Instituto Nacional del Teatro dentro de los organismos que no podrían ser cerrados, fusionados o intervenidos.
Cada cambio que el Ejecutivo conceda durante la sesión de este lunes será un indicio para lo que viene. El gobierno cree que tendrá suerte en Diputados y suscribe los poroteos que tiene Menem, pero en el Senado asoman más problemas. No hay acuerdo de un grupo importante de gobernadores patagónicos y de la zona centro con el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, tampoco con el alcance del paquete de privatizaciones y siguen sin aparecer garantías de que la ANSeS reanudará las compensaciones mensuales para las cajas jubilatorias de 13 provincias.
Las críticas que surgen de los gobernadores no son innegociables, pero si no hay anticipación, volverá a quedar al desnudo la ausencia de coordinación entre Diputados y el Senado. No hay coordinación entre Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel y eso impacta en la ausencia de una negociación sincronizada entre las dos cámaras para evitar el riesgo de que el Senado introduzca cambios a la versión que reciban de la Cámara Baja y luego la devuelva y estire el tratamiento. Eso podría resquebrajar el compas que el gobierno espera apretar en mayo. Desde el miercoles arrancará la cuenta regresiva de 25 días para llegar al acto del Pacto de Mayo en Córdoba. Milei pidió la ley bases como un requisito para juntarse en "La Docta" y todavía queda recorrer un camino que, si todo sale bien en Diputados, todavía no ha sido recorrido. Hasta ahora ninguna versión de la Ley Bases pasó por el Senado y en ese terreno podrían surgir nuevas sorpresas.