Una denuncia anónima presentada ante la Justicia Federal marcó el inicio de una investigación liderada por el fiscal Enrique Senestrari. El foco de esta pesquisa recae en la presunta comisión de graves delitos relacionados con trata de personas en Córdoba capital.
Según las declaraciones del funcionario judicial, se llevaron a cabo procedimientos en dos clínicas de la ciudad debido a la sospecha de que estaban captando mujeres en situación vulnerable para el alquiler de vientres. Esta práctica, que implica ofrecerse como gestantes utilizando embriones de quienes demandan este servicio, está penalizada por la ley.
"Según la sospecha, estarían captando mujeres vulnerables para ofrecerlas como personas gestantes. O sea, ofrecer quedar embarazadas con embriones de quienes demandan ese servicio para procrear una criatura que no sea de ellas sino de quienes la contrataron", explicó en diálogo con Cadena 3.
Y añadió: "En la medida que sean personas vulnerables que no han tenido posibilidad de elegir y que ha habido dinero de por medio cuando eso está prohibido, consideramos que es un delito de trata de personas y hacia eso vamos".
La investigación se originó a raíz de una denuncia anónima que mencionaba el caso específico de una pareja que recurrió a una de estas clínicas debido a dificultades para concebir. Según la sospecha actual, esta pareja habría pagado a una mujer de bajos recursos para alquilar su vientre.
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