Menos empleo y competitividad. Ese es el escenario al que se arriesga España si la vía para sufragar el incremento del gasto en pensiones que parece venirse encima es el aumento de las cotizaciones sociales. Así lo advierte el Banco de España en un análisis que incluye en el Informe Anual de 2023 sobre el sistema de pensiones público.
El organismo recuerda que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la última reforma de las pensiones pilotada por José Luis Escrivá. Dicha cláusula estipula que, si la proyección del gasto medio en pensiones en el período 2022-2050 publicada en el Informe sobre Envejecimiento, corregido por las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020, se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregir la desviación. Estas, detalla el Banco de España, pueden consistir en actuaciones dirigidas a incrementar los ingresos del sistema de pensiones, reducir los gastos del mismo o una combinación de ambas. En caso de ser necesarias, estas medidas deberán entrar en vigor en 2026. Y si no se acordase ninguna medida, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en dicho año.
La institución asegura que una subida de un punto en el tipo efectivo medio haría caer los ocupados un 0,25% al cabo de cuatro años
La institución que dirige Pablo Hernández de Cos asegura que las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento muestran que, "con alta probabilidad, se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones". El análisis detalla que el gasto en pensiones promedio en el período 2022-2050 se sitúa, de acuerdo con el Informe sobre Envejecimiento, en el 15,4% del PIB en el escenario base. Por su parte, la AIReF cuantificó el impacto de las medidas de ingresos en el 1% del PIB en promedio en dicho período. Por tanto, el nivel de gasto en pensiones neto de las medidas de ingresos aprobadas alcanzaría el 14,4% del PIB, por encima de la referencia del 13,3% del PIB que establece la normativa.
Este escenario llevaría a la necesaria activación de la citada cláusula de salvaguarda. En caso de tener que hacerlo, el Banco de España advierte de que "hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española". El supervisor asegura que sus ejercicios de simulación sugieren que existe "una relación entre los tipos efectivos de las cotizaciones sociales y la evolución del empleo". En particular, advierte, "los resultados apuntan a que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio generaría, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%".
Medidas a analizar
Ante esta situación, el Banco de España sugiere varias medidas: analizar los efectos de los incentivos a posponer la edad de jubilación, estudiar los efectos de la subida de las cotizaciones en el empleo y la productividad, así como medidas alternativas, incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo -porcentaje de la pensión que garantiza los ingresos anteriores-; y analizar la evolución del ahorro privado para la jubilación.
Respecto a las incentivos para retrasar la jubilación, el Banco de España asegura que en 2022 y, especialmente, en 2023, el número de jubilaciones demoradas ha aumentado significativamente con respecto a los años previos a la introducción de las nuevas medidas destinadas a prorrogar la permanencia en el mercado laboral. En concreto, el peso de esta modalidad sobre el total de altas de jubilación, situado en el 4,8% en 2021, aumentó hasta el 5,4% en 2022 y hasta el 8,1% en 2023, superando las 26.000 el pasado ejercicio, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al año anterior.
De las tasas de reemplazo, el Banco de España recuerda que están en niveles superiores a los de la media de los países de nuestro entorno. Según "Pensions at a Glance", un informe que elabora cada dos años la OCDE, la tasa de sustitución del sistema de pensiones español fue del 80,4% en 2023, frente al 50,7% de la media de los países que integran esta organización.
En la compensación de una hipotética reducción de esta tasa deberían jugar un papel importante los planes privados de pensiones. El Banco de España afirma que los datos correspondientes a 2023 muestran una tendencia al alza de estos planes, tanto en el número de partícipes como en las aportaciones, que crecieron, con respecto al año anterior, en un 13,4% y un 8,6%, respectivamente. El supervisor también considera preciso analizar la evolución de las aportaciones a los planes de pensiones individuales, cuyos menores incentivos fiscales, dice, han coincidido con una caída de las mismas del 64,1% entre 2020 y 2023.
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