El futuro inquilino del Palau de la Generalitat de Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo tendrá que hacer frente a urgentes deberes económicos pendientes. Uno de los prioritarios será revertir el grave desequilibrio financiero que presenta la autonomía, una de las más endeudadas de España.
Ése es el resultado de un impulso desmedido del gasto que, sin embargo, no ha servido para paliar el grave déficit de inversión en infraestructuras, que ya asciende a 40.000 millones desde 2009. El Govern busca eludir esa realidad culpando al Estado de incumplimientos en este ámbito cuando la propia Generalitat es la que torpedea grandes obras públicas, como la ampliación del Aeropuerto de El Prat. La sequía ha sacado igualmente a relucir la imprevisión de Cataluña en la gestión del ciclo del agua. Una dejadez que ha llevado a implantar restricciones cuando se podrían haber evitado.
Otro del grandes fracasos de la legislatura es el impulso a la actividad manufacturera. El Ejecutivo catalán se propuso que la industria representase el 30% del PIB, pero el mandato de ERC concluye con el cierre histórico de la fábrica de Nissan y el de las plantas de Bosch o Danone. El peso de la industria en la economía catalana se estanca así en el 20%. .
Por si fuera poco, la elevada presión fiscal y el intervencionismo, especialmente en la vivienda, también frena la inversión. La mala gestión ha dejado en un segundo plano la economía frente al procés, y eso explica por qué Cataluña sigue perdiendo pujanza frente a autonomías como Madrid. El futuro Gobierno catalán debe poner el foco en atender las necesidades de los ciudadanos y apoyar a las empresas en vez de recurrir a posiciones políticas inviables que socavan las inversiones y el crecimiento económico.