Administradores de fincas y la Ascav cargan contra la nueva ley de alquiler vacacional del Gobierno canario
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El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife así como la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) han cargado este martes contra el proyecto de ley de alquiler vacacional que prepara el Gobierno de Canarias y que se encuentra en fase de exposición pública para recibir alegaciones.
Los administradores de fincas han reivindicado el derecho de los propietarios sobre sus viviendas y de los viajeros a elegir el alojamiento que prefieren. Defienden, dicen, "los intereses de todas las partes implicadas" y se muestran a favor de "controlar el alquiler vacacional, regularlo, establecer condiciones, como deciden hacer las comunidades".
Sin embargo, consideran que la futura ley "no regula, sino que prohíbe o restringe la actividad", y además "limita el derecho de los usuarios a elegir qué tipo de alojamiento quieren consumir, que no tiene por qué ser un hotel".
Además, consideran que la futura ley, que "no va a resolver el problema del alquiler en las islas", "también parece tener visos de inconstitucionalidad por vulnerar competencias municipales y exclusivas del Estado".
El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que presentó alegaciones durante el proceso de información pública del borrador del anteproyecto de ley y critica que no haya sido invitado a la reciente reunión de la Consejería de Turismo para informar de la normativa a diversos colectivos afectados.
Señalan que en su día se ofrecieron como colaboradores en la fiscalización de los establecimientos vacacionales, es decir, a ayudar a controlar "el posible mal uso del alquiler turístico" en las comunidades que gestionan.
Los administradores de fincas opinan que existe "un intento de demonizar la actividad y presentar hechos aislados, como ocurre en cualquier actividad, como representación de la actividad", en alusión al alquiler de casetas de campaña o infraviviendas.
Consideran que la futura ley, "lejos de solucionar la situación de las personas que aspiran al alquiler residencial", va a provocar "la próxima crisis del ladrillo usado, porque el propietario querrá vender ante las condiciones que se quieren imponer".
También denuncian el intento del sector hotelero de erigirse en "defensor de los ciudadanos como inquilinos, con la excusa de la falta de vivienda", y añaden: "Si tanto les preocupa el usuario de la vivienda vacacional y el inquilino, deberían apoyar la ecotasa, o podría plantear poner sus propios recursos de alojamiento para su personal, aquellos de los que disponía hace unos años y que transformó en más habitaciones hoteleras".
"En definitiva, parece claro que se trata de beneficiar exclusivamente al sector hotelero y se va a perjudicar al mercado vacacional y desalentar al inversor", concluyen.
Recurso ante el TSJC
Por otro lado, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha anunciado este martes que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Canarias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura ley de viviendas vacacionales.
La asociación recuerda en un comunicado que el 7 de diciembre de 2023 solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública y solicitando que se entregaran debidamente anonimizadas.
En cambio, la Consejería negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la ley de transparencia, concretamente que "no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones", cuando "lo cierto es que las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de nombre y apellido con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones obviando los datos personales", señala Ascav.
Frente a ello, apunta que la Consejería se ha limitado a realizar un Informe definitivo de la necesidad normativa que, según Ascav, "es una auténtica oda a la restricción o Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa anti-vivienda vacacional".
En ese informe, prosigue la asociación, la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia Consejería, pero sin permitir el acceso al contenido de las alegaciones.
"Pero lo que es más grave", indica Ascav, es que el Gobierno de Canarias "ha ocultado" a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura ley.