Para lograr este objetivo, el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado la formación de una Comisión de Alto Nivel destinada a abordar las problemáticas de la minería artesanal para finales de diciembre, diferenciando entre esta y las prácticas ilegales.
En esa línea, en entrevista con RPP, Adrianzén destacó los problemas relacionados con la minería ilegal en la provincia Pataz, en la región La Libertad, resaltando los graves impactos ambientales y las condiciones precarias en las que se encuentran los trabajadores de este sector.
Pues, Adrianzén relató que, durante su visita al lugar donde el año pasado asesinaron a 10 diez trabajadores y vigilantes en la mina de oro Poderosa a manos de presuntos mineros ilegales, observó de primera mano cómo la criminalidad se engrana en la minería, con personas expuestas a sustancias peligrosas como el cianuro, bajo condiciones laborales degradantes.
"Los crímenes contra el medio ambiente son terribles y dije con claridad que había mineros que estaban trabajando en condiciones infrahumanas, ya ni siquiera se utiliza mercurio, que es igual de dañino, se utiliza cianuro, y tratándose de este tipo de explotación minera sin protecciones adecuadas nuestros mineros se exponen a enfermedades que los conducen a la muerte muy jóvenes", dijo Adrianzén a RPP.
Ejecutivo sigue sin detallar cómo abordará crisis por minería ilegal
Por otro lado, el premier afirmó que, en el Perú, se estima que unos 1.500 mineros artesanales impactan indirectamente en la vida de aproximadamente 15.000 personas, lo que evidencia la magnitud del sector y sus desafíos.
Por tal razón, indicó que está comprometido con apoyar la minería artesanal reglamentada, oponiéndose firmemente a la minería ilegal, que no solo daña el medio ambiente, sino también pone en riesgo la vida y el bienestar de la población.
Asimismo, para combatir a la economía ilegal, que genera más dinero que el narcotráfico, prometió una solución integral que involucraría múltiples sectores del Gobierno; sin embargo, no brindó detalles de cómo se desarrollaría esta.
"Tenemos que buscar una solución más integral, no solamente es policial, involucra a varios sectores, no es posible que tengan necesidades de transitabilidad tan grandes (...) hay que trabajar mucho en zonas que han estado décadas olvidadas, con la maldición de tener tanto oro", declaró el primer ministro.
Los cuestionamientos sobre el Reinfo
Durante el diálogo con el medio radial, también se consultó al premier su opinión sobre la posibilidad de ampliar el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de la recientemente derogada Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1607 por el Congreso, cuyo objetivo era ayudar a combatir la minería ilegal en el país.
Sobre ello, Adrianzén respondió que, por el momento, el Ejecutivo ha decidido no objetar las acciones del Congreso. "El Congreso emitió una disposición para derogarlo y nosotros no lo hemos observado por el problema social que existe", indicó el premier.
Dicha declaración llama la atención, puesto que surge en medio de debates sobre una nueva propuesta legislativa, impulsada por el congresista Segundo Quiroz, que busca modificar el Decreto Legislativo N.º 1293, el cual pretende extender la formalización de estas actividades hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esto a pesar de que, especialistas en materia ambiental, ya han advertido que dicho proceso implica un riesgo en concreto: ofrecer a las empresas y negocios dedicados a la extracción y procesamiento minero un marco de operación legal que los exime de responsabilidad penal relacionada con prácticas de minería ilegal.
En una entrevista con Infobae Perú, César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, lo explica: "Cuando uno se registra en el Reinfo, los fiscales no pueden procesar a las personas por minería ilegal (...) lo que están haciendo en la práctica es disfrazar a mineros ilegales de informales, con el beneficio de que no puedo perseguirlos y sancionarlos penalmente".