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El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta, elevó un escrito al juez penal de garantías de Crimen Organizado Osmar Legal, solicitándole su pronunciamiento jurisdiccional en relación a la Resolución N° 502 emanada por la Cámara de Senadores, que dejó sin efecto la Resolución N° 48 por la cual se le retiraron los fueros a Erico Galeano, el 26 de julio de 2023. Galeano está imputado por lavado de dinero en asociación criminal, en una de las aristas del caso A Ultranza.
En otro párrafo, Corbeta argumentó su pedido señalando que esta revocación del desafuero, resuelto por la Cámara Alta, "tiene el efecto de paralizar la tramitación procesal del caso, la cual por contrariar el orden constitucional es nulo y sin ningún valor". Recalcó el principio de independencia del Poder Judicial, que está establecido en el artículo 248 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe a los miembros de otros poderes arrogarse atribuciones judiciales o intervenir en juicios.
De la misma forma, Corbeta destacó que el artículo 137° de la Carta Magna establece la invalidez de disposiciones o actos de autoridad contrarios a lo que prescribe la máxima norma de la República del Paraguay. Al igual que con Erico Galeano, la Cámara de Senadores "devolvió" los fueros a los también senadores Hernán David Rivas Román, procesado por la supuesta falsedad de su título de abogado y a Rafael Augusto Filizzola Serra, quien debe afrontar juicio por lesión de confianza.
Ante la situación procesal que se presenta, el representante del Ministerio Público consideró imperativo un pronunciamiento judicial para salvaguardar el curso adecuado del proceso penal en cuestión, que tiene fecha para requerimiento conclusivo el próximo 24 de mayo.
Erico Galeano y su vínculo con el presunto narco Sebastián Marset, en A Ultranza
La imputación contra el parlamentario colorado Erico Galeano, quien fue desaforado el 25 de julio de 2023, es por su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo "A Ultranza Py". El escrito refiere que la investigación se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022 en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La hipótesis del Ministerio Público señala que la sospecha sobre Erico Galeano es por la conducta que habría concretado a través de la recepción en efectivo de la suma de US$ 1.000.000 por la compraventa de un inmueble de su propiedad situada en el complejo Aqua Village, el 14 de octubre del 2020, de parte de Hugo Manuel González Ramos, presunto miembro del grupo liderado por el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
El Ministerio Público señala también que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.
Según la documentación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, los supuestos "capos narco" utilizaron la aeronave en unas cinco ocasiones, entre el 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2020. Uno de los viajes está bien especificado y tuvo como destino la ciudad fronteriza de Saltos del Guairá, ubicada en el departamento de Canindeyú. Entonces, viajaron Sebastián Marset, Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán Galeano, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, todos procesados por supuestamente ser integrantes de la red criminal.
Llamativamente, tras el inicio de la operación, Galeano y sus empresas comenzaron a despojarse de los bienes, entre ellos casualmente la aeronave Beechcraft, modelo B58, del año 1989, que habría utilizado la presunta banda criminal. Fue así que exactamente cinco meses después de "A Ultranza Py", específicamente el 12 de junio de 2022, Erico concretó la transferencia a la empresa Grupo Capital SA, cuyo principal accionista y representante legal es Guillermo Del Puerto Moreno.