Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.
El PP contra el corredor
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Los populares españoles pierden 565 a 37 en el Parlamento Europeo
Minoría exigua de la derecha contra la ejecución del eje ferroviario mediterráneo
Hay pocas propuestas que logren en el Parlamento Europeo mayorías tan amplias como la del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que se votó en Estrasburgo el pasado 24 de abril, en el último pleno de la Eurocámara antes de las elecciones del próximo 9 de junio. La totalidad del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y la práctica totalidad del Partido Popular Europeo votaron a favor, así como de los liberales de Renew Europe o de los Verdes / Alianza Libre Europea, con un resultado de 565 votos a favor, 37 votos en contra y 29 abstenciones. Los eurodiputados españoles del Partido Popular optaron por situarse en la exigua minoría y votaron en contra, junto a algunos de Vox y del grupo de la Izquierda.
El reglamento, que venía negociándose desde hace unos años en busca del máximo consenso, entre otras cosas, establece medidas para ejecutar a tiempo los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Dado el carácter estratégico del Corredor Mediterráneo, que implica una inversión europea en la península, entre Algeciras y la frontera francesa, de 3.000 millones de euros, y la amplia reivindicación de esta infraestructura en territorios como la Comunitat Valenciana, ha llamado mucho la atención la postura del PP. "La historia se repite: los parlamentarios europeos del PP acaban de votar contra el Corredor Mediterráneo, como hizo Ana Pastor en 2012. No entiendo su voto negativo", se lamentó el coordinador de esa infraestructura ferroviaria, el valenciano Josep Vicent Boira, al conocerse el resultado.
Como es lógico, los socialistas cargaron contra la actitud de los populares. La eurodiputada socialista Isabel García Muñoz, que negoció por parte de su grupo, señaló: "No se entiende que el PP español haya votado en contra de los intereses de nuestro país". Y destacó que el reglamento incluye proyectos prioritarios para España. Los populares alegan que no se han incorporado al acuerdo final la mayoría de las enmiendas que habían presentado. El acuerdo para esta norma fue alcanzado durante la presidencia española de la Unión Europea en diciembre de 2023. Y ahí radica una de las claves. La furibunda oposición del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alimenta el rechazo del PP, que no comparte el resto del grupo europeo.
El hecho es que, al votar en contra del RTE-T, la derecha española también ha rechazado aspectos incluidos en el reglamento como la conexión de los puertos de Castellón y Alicante y del aeropuerto de L'Altet al Corredor Mediterráneo. Aunque el PP asegura que el Corredor Mediterráneo habría seguido formando parte de las prioridades de la UE en materia de redes ferroviarias en el caso de ser rechazado el documento, la realidad es que el asunto se habría retrotraído al año 2013, cuando se contemplaba una menor financiación y no se preveían muchas de las inversiones ahora incluidas en las previsiones europeas.
Belhot, experto en fondos opacos, señala al exdirigente del PP
El blanqueador completa el círculo que sofoca la defensa de Zaplana
La declaración como testigo del abogado uruguayo Fernando Belhot, el experto en manejo de fondos opacos que puso a disposición de Eduardo Zaplana sus más de 2.000 empresas pantalla para blanquear el dinero de la trama del caso Erial, completó el círculo de las confesiones anteriores de acusados como Joaquín Barceló, Pachano, testaferro del expresidente de la Generalitat Valenciana; Juan Francisco García, que fue su jefe de gabinete en el Palau, y los hermanos Vicente y José Cotino, que implicaron a su propio tío, el exdirector genral de la Policía Nacional Juan Cotino, en el pago de sobornos por la adjudicación de las ITV y por el plan eólico. "En realidad, los activos eran de él", explicó Belhot en el juicio en referencia a Zaplana. Como señaló con humor Francesc Arabí en su crónica, la "caja de ahorros de Montevideo", en alusión a la nacionalidad del personaje, "vende a Zaplana".
Si eso no bastaba para sofocar los argumentos de la defensa del exministro del PP, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión y 40 millones de euros de multa, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación desmenuzaron detalles del caso, como seis archivos digitales intervenidos en el ordenador de otro de los acusados, el asesor fiscal Francisco Grau, denominados "la cuenta de la vieja", que reflejaban "operaciones, saldos e inversiones" de la presunta trama corrupta.
Lucas Marco en una de su informaciones, describía cómo los agentes de la UCO detallaron el tren de vida de Zaplana, con yates de lujo, un piso en el madirleño barrio de Salamanca y hasta dos televisores de 20.000 euros de coste. En la sala de la Ciudad de la Justicia de València ha ido emergiendo estas semanas todo lo que logró mantener en secreto durante años el expolítico del PP.
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