El Gobierno exige a las prepagas que bajen los aumentos aplicados a sus afiliados. Ahora, las prepagas buscan trasladar esto a las prestadoras.
La resolución de la secretaría de Industria y Comercio de la Nación determinó, días atrás, que las cuotas a abonar por los afiliados de las empresas de medicina prepaga no podrán exceder la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), con base de valores de cuota de diciembre 2023.
Frente a este escenario, las prepagas están exigiendo que dicha reducción sea trasladada a las prestadoras (clínicas, sanatorios y centros de salud del país) que son las que verdaderamente ejecutan los servicios médicos a la población. Por ahora, no hay nada por escrito. Solo hubo algunas comunicaciones telefónicas, pero la intención está intacta.
Este escenario propuesto por las empresas prepagas colocaría a las prestadoras a un escenario muy complejo, ya que afectaría la cadena de pagos con los proveedores, problemas para afrontar salarios y la imposibilidad de sostener el sistema de Salud tal como viene funcionando hasta ahora.
En los primeros tres meses del año, las empresas de medicina prepaga aumentaron, en promedio, las cuotas a sus afiliados un 129%. A las prestadoras le trasladaron, en ese mismo período, un incremento del 91%. Sin embargo, a principios de semana las primeras anunciaron a las prestadoras que no solo no va a aplicar el incremento promedio de 12% prometido para abril, sino que, además, deberán facturar los servicios de marzo con un 21% promedio de descuento respecto de los valores que estaban previstos para ese mes.
Las prepagas incrementaron a sus afiliados la cuota 129% contra una inflación, en ese mismo período, del 51,6%. El Gobierno toma estos valores para exigirle que se ajusten a los precios medios que indica el IPC.
Pero cuando se toma un período algo más prolongado, 'la película' de todo el año 2023, la situación cambia drásticamente. Según detalla el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), Jorge Cherro, en 2023, un año en el que la inflación general medida por el INDEC a nivel nacional se ubicó en el 211,4%, las prepagas aumentaron un 137% y a los prestadores se les reajustó menos: un 118%. De acuerdo con un índice de costos que elabora Adecra+Cedim (Cedim agrupa a cámaras de entidades de diagnóstico), en este mismo año los insumos médicos aumentaron un 645% -entre otras razones, por la suba del dólar y por la escasez de stock de productos, muchos indispensables-, al tiempo que el costo de las inversiones en el sector subió un 273%; el precio promedio de los insumos no médicos, un 241,2%; los servicios, un 237,6%, y los costos laborales, un 151,1%.
Prestadoras, las más perjudicadas
Tomando como referencia el último quinquenio, se observa claramente que los aumentos registrados por la empresas de medicina prepaga no se trasladan en forma lineal a las prestadoras, que son las que verdaderamente realizan los servicios de Salud.
Los argumentos: aumentos de gastos administrativos. Pero, en realidad lo que se observa es que, con los fondos que retienen y no transfieren a las prestadoras en esta dos últimas décadas, las empresas de medicina prepaga se capitalizaron con la construcción de grandes clínicas para ser ellas mismas las que actúen como prestadoras en parte del mercado de la Salud.
A esto hay que sumarle que en todo este tiempo, las prepagas que perciben puntillosamente todos los meses sus ingresos a través de los salario que perciben los trabajadores, las transferencias a las prestadoras se hacen en períodos de hasta 90 días lo que genera un fuerte desfinanciamiento para estás últimas. Y más aún a partir de 2023 que fue cuando se dispara con fuerza la inflación. LMN