Las primeras apariciones de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda expresan un reajuste en el discurso económico oficial. Dujovne se presentó como el ejecutor del capítulo fiscal de un programa cuyo titular es Mauricio Macri.
Esa exaltación del rol presidencial es la otra cara del elogio al trabajo en equipo. El detalle es relevante para una administración que se sostiene en el financiamiento externo.
Que quede claro a los mercados: el garante es Macri. La segunda novedad de las presentaciones de Dujovne es su intensidad: seis entrevistas en un día.
El nuevo ministro fue llamado a llenar un vacío didáctico: el Gobierno careció hasta ahora de una explicación general y sistematizada de su estrategia económica.
La tercera nota destacable es que, con Dujovne, esa explicación pone énfasis en el estado de las cuentas públicas. No es una preferencia arbitraria. Es la respuesta a un contexto internacional que ha tenido cambios inquietantes.
El financiamiento es más costoso; el precio del petróleo, que guía el de los productos energéticos que importa la Argentina, promete subir; y desde los Estados Unidos están llegando las primeras señales de la nueva prioridad de las economías avanzadas de Occidente: crear trabajo doméstico y, en consecuencia, evitar la inversión directa en el extranjero.
Los vientos del mundo indican que el sistema financiero va a ser mucho más estricto con los países emergentes. Por eso el primer mensaje de Dujovne fue prometer un déficit fiscal inferior al 4,2% pautado en el presupuesto.
Ese esfuerzo adicional fue el primer tema de discusión dentro del nuevo gabinete. Primero con Luis "Toto" Caputo, que festeja poder explicar a los banqueros que las necesidades financieras serán menores que las esperadas.
Y luego con Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, cuyo control sobre la gestión económica es ahora mucho más directo.
Lopetegui es siempre un entusiasta de la racionalidad fiscal. Quintana, en cambio, sigue confiando en la simpatía de los inversores hacia Macri como blindaje externo. Matices.
Colocar la reducción del déficit como objetivo principal de la gestión económica significa relegar otras prioridades: los ingresos adicionales a los presupuestados no se destinarán a nuevos gastos, y tampoco habilitarán, en un principio, una rebaja de impuestos.
Cualquier reforma tributaria deberá garantizar el piso actual de recaudación. La intención principal es, entonces, ganar independencia respecto del endeudamiento externo.
La receta de Dujovne tiene un límite: no puede abandonar el gradualismo. Sólo debe reponerlo. Para decirlo en los términos que él empleó en una de sus últimas columnas en LA NACION, el gradualismo, concebido como un descenso paulatino del déficit fiscal, terminó siendo lo contrario: un aumento paulatino de ese déficit.
Dujovne debe transitar, entonces, un estrecho sendero entre dos propósitos: equilibrar las cuentas y evitar un ajuste ortodoxo. Su estrategia apuesta todo al crecimiento.
Como explicó anteayer ante este diario, pretende congelar el gasto en términos reales. Es decir, que no aumente más que la inflación. Así, en relación con un PBI que se expande, su peso relativo bajaría.
Desde este punto de partida, el Gobierno prevé reducir el déficit en términos absolutos, mejorando los ingresos. El éxito del blanqueo está en la raíz de esa mejora.
La eliminación del subsidio del 5% del IVA a los usuarios de tarjetas de débito va en la misma dirección: recaudar alrededor de $ 7000 millones más.
Es lo que costó la última negociación del impuesto a las ganancias con los sindicatos. El dato es clave. Conseguir esos $ 7000 millones con un impuesto al juego era improbable porque casi equivalen al ingreso neto de la actividad.
Una curiosidad: ya que por el ahorro del IVA las provincias recibirán $ 3500 millones más, ¿no hubiera sido mejor para Macri incluirlo en el último toma y daca con los gobernadores? Malditos problemas de coordinación.
La otra vía para reducir el déficit es una baja en el gasto. Pero su dimensión es enigmática. Por ejemplo, nadie sabe cuántos jubilados aceptarán la reparación del año pasado y cuántos preferirán seguir litigando.
Estos últimos son aliados tácitos del ordenamiento fiscal. En Hacienda se proponen también mirar con lupa todas las erogaciones que no comprometan las coberturas sociales. Ese análisis tiene dos velocidades.
Una es la del seguimiento cotidiano de lo que se gasta. Es la responsabilidad de Rodrigo Pena, el nuevo secretario de Hacienda.
Pena viene de realizar esa tarea a las órdenes de Quintana y Lopetegui; antes había trabajado en la consultora de Martín Lousteau y colaborado con la campaña de Ernesto Sanz.
También Bernardo Saravia Frías, el secretario de Legal y Técnica, abogado y académico especializado en derecho financiero, es amigo de Sanz.
El otro estudio del presupuesto es cualitativo. Estará a cargo de Guido Sandleris y de Sebastián Galiani. Ambos son, cada uno a su modo, expertos en el impacto social del gasto y de la inversión pública.
El Gobierno pretende ir más allá de un recorte en las planillas, para debatir en qué aplicar los recursos, lo que puede derivar en el aumento de algunas partidas y la eliminación de otras.
El gradualismo significa mantener el gasto social. Sin embargo, en el gabinete se prepara una reforma muy progresista en ese frente. Está a cargo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Los planes asistenciales, que son alrededor de 280.000, se convertirían en un voucher que facilita el ingreso del beneficiario al mercado formal.
En vez de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, se subsidiaría una parte del salario convencional mientras dura la prestación social.
Triaca ya presentó ante los sindicalistas y los líderes de movimientos sociales este estímulo a la creación de empleos.
También buscó el aval de la Iglesia, aprovechando que Jorge Bergoglio no se cansa de predicar que el sustento de las familias debe venir de la remuneración por el trabajo y no de la dádiva.
Esa negociación política es indispensable. La medida amenaza el poder de los piqueteros. Y, si bien amplía el padrón del gremialismo, también despierta recelos en la CGT: allí temen que los empresarios reduzcan costos laborales sustituyendo a sus empleados actuales por los que reciben la subvención estatal.
Ayer por la mañana Dujovne y Triaca analizaron el costo fiscal de esta saludable innovación, que Macri quiere anunciar cuanto antes.
La primera es el mayor costo del dinero para los países emergentes desde el ascenso de Donald Trump. Es el riesgo más serio que enfrenta el gradualismo.
Según el Instituto Internacional de Finanzas, desde el 4 de octubre esos mercados vieron salir US$ 23.000 millones. De ellos, US$ 18.000 lo hicieron a partir del 8 de noviembre, cuando triunfó Trump.
El riesgo para esos países subió desde entonces, promedio, 10 puntos básicos. El dato alentador es que, según calificadoras como Fitch, ese proceso se detuvo.
Dujovne aclaró que no pretende seducir a los que se pliegan al blanqueo con bonos más atractivos, como había recomendado cuando era consultor.
Pero en el Gobierno hay quienes siguen entusiasmados con esa posibilidad, que aumentaría los ingresos en dólares a muy bajo costo. De estos problemas se encargará el jefe de Gabinete de Hacienda, Ariel Sigal.
Este financista será la medianera entre Dujovne y Caputo, y el responsable de la cumbre del G-20 de 2018, la mayor reunión internacional que se habrá realizado en la Argentina en toda su historia.
El segundo fenómeno externo que obliga al Gobierno a recalcular sus previsiones es el encarecimiento del petróleo, previsto desde que la OPEP dispuso, a comienzos de diciembre, un recorte de la oferta en más de 1.500.000 barriles diarios.
Quien más temprano calibró la proyección de esta novedad sobre la economía local fue el experto Daniel Gerold en su informe semanal sobre el mercado energético.
Gerold apunta que el 30 de diciembre los futuros del crudo, que rige las importaciones energéticas argentinas, se ubicaron en US$ 58 el barril, es decir, US$ 7 más que antes de la cumbre de la OPEP.
El efecto de este incremento, por ahora conjetural, es una alteración de primera magnitud para una sociedad que importa alrededor de 13% de la energía que consume.
El efecto fiscal es relevante, porque una parte importantísima de ese consumo está subsidiada. Al aumento del gasto por la suba de precios hay que sumar el que deriva del incremento de las cantidades: la demanda energética equivale a la del PBI, es decir, alrededor del 3%.
Para llegar a la cuenta final que deberá afrontar el Tesoro con los subsidios se debe agregar la devaluación del peso.
Si los pronósticos del mercado se verifican, para mantener la austeridad fiscal Macri deberá ajustar de nuevo las tarifas.
Hay una tercera mutación global para este año que anteayer presentó un síntoma: obediente al proteccionismo de Trump, Ford canceló la construcción de una planta en México y anunció que ampliará la que ya tiene en Detroit.
Sería un error limitar esta conducta a las coordenadas de los Estados Unidos. Amenazadas por la insatisfacción de sus electorados, las elites políticas de los países desarrollados de Occidente se repliegan en el nacionalismo.
La creación de trabajo es el vector de todos los programas. Por eso los países emergentes que, como la Argentina, esperan inversiones directas de los más desarrollados deberán rever sus expectativas.
La inversión directa se dirigirá a los sectores en los que es inevitable: por ejemplo, actividades extractivas, como hidrocarburos y minería. Macri deberá revaluar el peso de cada cartera en su gabinete.
Y soportar esta paradoja: mientras Wall Street le exige más austeridad en el gasto, las multinacionales industriales lo vuelven más dependiente de la inversión pública. Salvo que sea la gran hora de China.