El Gobierno ha vuelto a la estrategia de vincular al PP copn la extrema derecha y Vox en cada una de las comparecencias de los ministros, anticipando lo que será la argumentación principal del PSOE en los diferentes procesos electorales que se celebrarán hasta el mes de junio, las vascas, las catalanas y las europeas.
Tres ministros diferentes lo han hecho este martes en la solemnidad de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: Pilar Alegría, portavoz del Gobierno; Ángel Luis Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, y Diana Morant, de Ciencia.
Especialmente lo ha hecho Torres para presentar los pasos previos a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Concordia aprobada en Aragón, que anticipa textos similares que se aprobarán en otras comunidades donde gobierna el PP con Vox.
El ministro anunció el inició del proceso para ese recurso, es decir, el plazo que se abre para lograr un posible acuerdo con Aragón. Este paso no suele ser anunciado en comparecencia posterior al Consejo de Ministros cuando se van a recurrir leyes de comunidades autónomas.
Las normas autonómicas que son rechazadas por el Gobierno central no identifican al franquismo de manera expresa como una dictadura y el ministro ha avanzado que además de esos recursos, el Gobierno estudia reformar la ley de memoria estatal para incluir derogaciones expresas de normas que puedan aprobarse en las diferentes comunidades.
El Gobierno entiende que hay base para recurrirlas porque van contra los derechos humanos, cuya defensa garantiza la Constitución. la futura interposición de los recursos paraliza la aplicación de la norma.
Torres aprovechó ia intervención para identificar al PP con Vox. Primero señaló que la equiparación entre la dictadura y el periodo de la II República previo a la Guerra Civil es "inaceptable" y luego señaló que es una "imposición del PP por parte de la ultraderecha, obligado por sus socios por los pactos cerrados, contra los avances democráticos".
La ministra Alegría ha arremetido contra el PP sobre todo a propósito de la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en concreto, a propósito de unas declaraciones del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, en TVE.
Tellado aseguró: "Yo creo que el presidente del Gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de Gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del PP".
Y la ministra le ha respondido que "querer comparar la obligación constitucional de renovar el CGPJ con los ultimátum que ETA daba a sus víctimas es absolutamente indigno y no lo vamos a tolerar".
Alegría ha sido especialmente dura contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por una información de la Cadena Ser que asegura que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha exigido a familiares de ancianos muertos en pandemia en residencias el pago correspondiente a sus estancias.
La ministra ha hablado de "falta de empatía, humanidad y respeto a las víctimas y el dolor de tantos familiares. Ojalá la Comunidad de Madrid fuera tan dirigente para derivar a los hospitales y tendríamos que lamentar muchas menos muertes. Ayuso no les extiende la mano, les extiende una factura".
Al ser preguntada por las informaciones sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, la ministra ha asegurado que "en política no vale todo y el PP busca embarrar la vida política con bulos e infamias. Tenemos una oposición destructiva".
Y hasta la ministra de Ciencia, que presentaba una iniciativa de su departamento, ha empezado su intervención hablando de "los negacionistas del conocimiento, del cambio climático y de violencia machista".