La Generalitat da el pistoletazo de salida al proyecto que movilizará 10.000 viviendas sociales para garantizar el derecho a la vivienda.
La Generalitat Valenciana da el pistoletazo de salida al ambicioso proyecto con el que pretende poner fin al problema de acceso a la vivienda, a los desproporcionados precios de alquiler y se desbloqueará el parque de vivienda pública. El Plan Vive prevé crear 10.000 viviendas de titularidad pública en los próximos cuatro años en la Comunidad Valenciana.
Frente al modelo del anterior Gobierno del Botànic, basado en el intervencionismo mediante la regulación directa de los precios del mercado inmobiliario, el Consell de PP-Vox apostará por la creación de viviendas públicas a través de la cesión del suelo de los ayuntamientos, la simplificación de las trabas administrativas, la gestión de los fondos europeos no ejecutados por el Botànic y fomentando la colaboración público privada con el objetivo de influir en la bajada de los precios aumentando la oferta de alquiler y compra. "Se trata de movilizar todo el suelo disponible de la Comunidad Valenciana y el suelo privado para que el derecho a la vivienda sea por fin un derecho constitucional en marcha y no en expectativa", ha destacado el presidente Carlos Mazón.
La anunciada "legislatura de la vivienda" ha protagonizado su puesta de largo con la firma de un convenio marco entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMPV) y el aval de las Diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante.
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, asegura que con este plan se logrará "la igualdad real" en el derecho al acceso a la vivienda que es "irrenunciable". El Plan Vive pretende afrontar la situación "heredada" del anterior Gobierno del Botànic en el que "los problemas no dejan de crecer por la falta de vivienda social construida en los últimos años, con un parque público de vivienda colapsado lleno de ocupas sin título y alto índice de morosidad, con una maraña normativa realizada a espaldas al sector que dificulta la promoción y construcción de nuevas viviendas públicas y privadas generando inseguridad jurídica". Camarero atribuye a todo ello la subida "abusiva" del precio del alquiler. "Los jóvenes no pueden emanciparse. Muchas familias no se pueden plantear la compra ni formar un futuro. Es el momento de mayor desigualdad en el acceso", ha lamentado.
Concretamente, el Plan Vive incorporará 10.000 viviendas al parque público, generando un impacto de 7.327 millones de euros de inversión, (un 2% del PIB valenciano) creando nuevos barrios residenciales modernos que respetan el medioambiente y fomentan el comercio de proximidad en los que 24.600 personas encontrarán un nuevo hogar, además de generar 74.000 de empleos directos e indirectos y generar 487 millones de euros en recaudación de IVA de los cuales el 50% que recae en las arcas públicas valencianas se destinará "a políticas sociales", ha anunciado el jefe del Ejecutivo valenciano.
El secretario autonómico, Sebastián Fernández, ha desarrollado y detallado el Plan Vive. En primer lugar ha explicado que se ha paralizado en tiempo de descuento la normativa aprobada por el Botànic y en los próximos días el Consell aprobará la reforma de la regulación de la vivienda pública consensuada con los Colegios de Arquitectura que permitirá que el sector público pueda desarrollar vivienda pública. A ello se suma la agilización de la licencias de obra y la ya aprobada reforma fiscal con bonificaciones y deducciones de impuestos "esenciales" para el acceso a una vivienda digna.
El segundo pilar se basa en la colaboración interadministrativa con los ayuntamientos. 40 consistorios ya han mostrado su interés en la cesión del suelo y ya se está trabajando en la viabilidad de los suelos y su tipología, ha anunciado Fernández en el acto en el que se suscribe y se firma el convenio a partir del cual se impulsará el plan "animando a la cesión de suelo público".
Actualmente el suelo de la Generalitat Valenciana es de 9.200 viviendas disponibles. Hasta 2027 se procederá a realizar 600 rehabilitaciones integrales para incorporar 600 viviendas más. Otras 685 se facilitarán antes de 2026 del caudal de suelo de la entidad valenciana de vivienda y suelo disponible que no requiere ningún trámite y que este mes de abril que pondrá en marcha licitación de las obras. También se encuentra disponible bolsa de suelo residencial de ayuntamientos a los que se destinará una compensación del 15% del valor del suelo. Hasta 2026 se prevé la construcción de 6.000 viviendas más procedentes de suelo municipal destinadas a alquiler y compra de VPO.
A esto se suma la reserva de suelo que permitirá desarrollar un parque de 1.101 viviendas más empleando los planes de fondos europeos que se ejecutarán en la denominada fase uno antes de 2026. Actualmente están pendiente la empresa adjudicataria de concretar el crédito oficial de la financiación para acometer. Con estos fondos, este 2024 se incorporarán 184 viviendas a alquiler asequible en el barrio de La Torre de Valencia.
4.000 viviendas más de la nueva Sociópolis se sumarán al parque público mediante la dinamización por parte del sector privado que desarrollará en suelo privado la construcción de viviendas que se desinarán a alquiler, compra de VPO o alquiler con opción a compra. "Antes las condiciones no lo permitían", ha apostillado el secretario autonómico. La nueva normativa desarrollará nuevas fórmulas de concesión administrativa que cederá la gestión del alquiler asequible a entidades privadas durante un tiempo determinado y una vez finalice el plazo de explotación volverá a las manos de la administración pública.
El suelo más conflictivo actualmente bloqueado por el Gobierno de España son las 360 viviendas del antiguo cuartel de ingenieros de Valencia con titularidad de una entidad dependiente del Gobierno que "a día de hoy no ha procedido a la cesión del suelo tal y como se comprometió", ha lamentado Fernández, quien ha reivindicado "una solución inminente al Gobierno para desbloquearlo". A ello se añaden "los anuncios de la ministra de los ICO" destinados para financiar obras congelados ya que, según denuncia el secretario autonómico "no ha dado información para disponer a las empresa de financiación para las obras".