Iván Francisco Daza Ramírez fue, durante años, un juez promiscuo del circuito de Corozal (Sucre). Por su despacho pasaron cientos de tutelas y demandas, pero solo una le costó reconocimiento nacional: en 2009, un grupo de trabajadores de Telecom pidieron que la empresa les reconociera unas mesadas pensionales que, dijeron, no les habían pagado de manera injusta. La decisión en segunda instancia le correspondió a Daza Ramírez, quien confirmó una decisión cuyos montos llamaron la atención. No solo ordenó el pago de $1.400 millones, sino que embargó las cuentas de la empresa para garantizar el desembolso.
Por las sumas de dinero, pero también alegando que la decisión del juez de Sucre no tenía ningún sustento, Telecom llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que un año después confirmó que algo andaba mal en los juzgados de Cereté. Ese llamado de atención llevó a que la Fiscalía investigara a Daza Ramírez y a que la justicia lo condenara en 2022 por prevaricato y peculado. Ahora, el juez vuelve a estar en líos con la justicia: el ente investigador le imputó cargos por los mismos delitos por los que ya fue sentenciado, pero por otros hechos diferentes al caso de las pensiones de Telecom.
Lo que reveló ahora la Fiscalía es que hay pruebas suficientes para investigar a Daza Ramírez por su supuesta participación irregular en el estudio de dos fallos de tutelas en los que ordenó el pago de $4.328 millones a 112 profesores de Sucre, de nuevo, por un tema pensional y de cesantías. Según el fiscal del caso, entre abril y mayo de 2008, el exjuez ordenó el embargo y secuestro de las cuentas del municipio de Corozal para poder pagar lo ordenado por él mismo. Además, días después de su decisión, resolvió que el dinero se lo debían entregar al abogado de los docentes para que él fuera el encargado de pagarle a sus clientes.
"La investigación estableció que las decisiones de Daza Ramírez habrían sido contrarias a la ley, en el entendido de que indexó valores y tuvo en cuenta intereses moratorios, algo que no procedía en este caso y generó que el municipio pagara $1.103 millones de más", explicó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa. El exjuez se conectó a la audiencia de imputación de cargos, pero no aceptó ninguno de los delitos imputados. Ahora, Daza Ramírez tendrá que defenderse en este caso, mientras termina de cumplir la condena a nueve años de cárcel por el caso de Telecom.
Ese viejo expediente también le trajo la suspensión de su tarjeta profesional, pues la justicia logró probar que, con sus decisiones, benefició de manera irregular a los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones que terminaron recibiendo millonarios pagos de dinero público. Ese caso, además de conocerse como el cartel de las pensiones, también es conocido como el cartel de las Tucsons, pues la Fiscalía probó que Daza Ramírez y otros jueces de la región beneficiaron a varios trabajadores con el pago irregular de las pensiones y, con el dinero, compraron camionetas de esa marca.
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