La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dio a conocer una iniciativa, liderada por el Gobierno Nacional, que consiste en entregar un capital semilla hasta por 8 millones de pesos y una renta básica por 24 meses de cerca de poco más de un millón de pesos a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que sean comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), siempre y cuando cumplan con una lista de requisitos.
El proyecto tiene como principal objetivo apoyar y acompañar a los comparecientes en su proceso ante el tribunal de paz. De esa manera, se creará un plan de acompañamiento para los que cumplan obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad que impone la JEP para mantenerse en el tribunal.
Ante la JEP se han sometido 4.028 miembros de la fuerza pública de Colombia que han cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, según cifras de ese tribunal. Sin embargo, el programa aún no tiene cifras sobre cuánto será el total de beneficiarios debido a los componentes que contempla el plan.
Por ahora, la resolución entrará en una fase de observaciones y comentarios. Tras los ajustes pertinentes, la JEP enviará una lista definitiva de comparecientes y empezará el plan.
En diálogo con Colombia+20, Alejandra Miller, directora de la ARN, explicó los componentes de la iniciativa y la ejecución del plan.
¿Cómo surgió este plan de acompañamiento?
Venimos haciendo un trabajo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para impulsar la posibilidad de que efectivamente estas personas que son comparecientes de la Fuerza Pública ante la Justicia Especial para la Paz tuvieran un proceso de acompañamiento a la comparecencia. Hicimos un diagnóstico que se avanzó con el PNUD y que mostró que muchas de estas personas estaban en altísimos niveles de vulnerabilidad social y económica y que eso dificultaba profundamente su proceso de comparecencia precisamente ante la JEP, su proceso de aporte a la verdad para la reparación de las víctimas. Sin ese aporte y sin esas verdades, la justicia no podría estar completa para las víctimas. Esto surge como una propuesta que no es de reincorporación ni de reintegración, sino de acompañamiento a la comparecencia de estas personas, que nos garantice que efectivamente vamos a avanzar en la reparación de las víctimas.
¿Cuántos comparecientes pueden resultar beneficiados?
El programa tiene dos componentes centrales. Uno que tiene que ver con los beneficios económicos a las personas y otro que tiene que ver con el tema restaurativo que estas personas deben hacer. En ese orden de ideas, el número de comparecientes beneficiados cambia porque todos pueden entrar al programa en el componente restaurativo, pero no todos al de beneficios económicos. Estamos esperando los listados oficiales de la JEP, pero estamos hablando de que puede haber un total de 6 mil comparecientes militares en ese tribunal. Ese universo podría entrar en ese componente restaurativo, donde se van a hacer unas acciones específicas de restauración a las víctimas, asociadas a temas de reconocimiento de responsabilidades y aportes a la verdad, entre otras.
El otro componente es el de los beneficios económicos. De ese grueso de 6 mil comparecientes militares podrán ingresar a ese componente solamente unos que tienen unas restricciones. ¿Quiénes son los que van a ser beneficiarios de ese componente económico? Los comparecientes que no tienen ningún tipo de ingreso, por ejemplo, quienes no tengan las pensiones de retiro o discapacidad que el Ejército o las Fuerzas Armadas en general muchas veces les otorgan. Claro, deben cumplir con varios requisitos, pero nuestro cálculo es que a este componente puede entrar alrededor de las 1.900 0 2.000 personas.
En el diagnóstico que hicieron ustedes con el PNUD, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a que estas personas llegaran a esos estados de vulnerabilidad?
Es que estos comparecientes salieron de las cárceles cuando se acogieron a la JEP. Ellos habían sido expulsados del Ejército porque están vinculados a las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos. La gran mayoría son soldados rasos que no tenían ningún tipo de beneficio y quedaron un poco a la deriva. Son personas que tienen todavía antecedentes y eso hace que sus posibilidades de acceso a trabajo sean muy limitadas. Algunos tienen problemas psicosociales que nunca han sido atendidos, no tienen acceso a salud o a educación o al menos un nivel educativo precario. Incluso sabemos que muchos de ellos están en condición de calle y con problemas de consumo de drogas y psicoactivos. Entonces eso muestra que muchas de estas personas no podían concurrir en las mejores condiciones a los requerimientos, o audiencias, o aportes a la verdad, o los procesos que se estaban adelantando con las víctimas desde la Justicia Especial para la Paz. Yo quiero rescatar que el centro del programa es hacer este acompañamiento para garantizar efectivamente que se contribuya con la verdad y con la justicia a las víctimas.
¿A partir de cuándo entraría a ejecutarse este plan?
Bueno, esta entrevista precisamente surge porque publicamos la resolución que ahora estará a disposición del público para sus observaciones, comentarios, deliberación, etc. Lo que esperamos es que una vez estén los comentarios de la ciudadanía a la resolución podamos hacer los ajustes pertinentes a que haya lugar, y después quedamos a la espera de la JEP para que nos envíe los listados oficiales que son los que abren la posibilidad del proceso de implementación. Nuestra meta es que podamos estar por tarde el primero de junio empezando el programa.
Hablemos de los dos componentes del programa. Empecemos por el tema restaurativo, ¿cómo se ha pensado?
Tenemos acciones y eventos relacionados con el reconocimiento de responsabilidades que para nosotros ha sido muy importante. Yo vengo de la Comisión de la Verdad y tengo aquí un equipo importante que conoce la metodología restaurativa que es la que esperamos aplicar para avanzar en ese proceso de reconocimiento de responsabilidades sociales, públicas. Lo que esperaríamos y es parte de lo que estamos en conversaciones con la JEP es que todos esos componentes restaurativos de alguna manera sean reconocidos por la JEP como parte de los TOAR (Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras). Quiero aclarar que es un proceso, no eventos donde juntamos a las víctimas con los responsables. Es un proceso que se hace con las víctimas y con los responsables en el que hay un proceso de preparación con acompañamiento psicosocial tanto para víctimas como para los responsables.
Ese proceso con las víctimas se hace alrededor de sus expectativas, y con los responsables, también es necesario porque ellos a veces tienen discursos justificativos o no saben cómo hacer el reconocimiento y lo que no podemos hacer es que las víctimas terminen más golpeadas de lo que entraron al proceso. Entonces hay que hacer una preparación también con los responsables para que ellos vayan conociendo de qué se trata la responsabilidad. Cuando ya consideremos que están preparados unos y otros, empezamos encuentros restaurativos, de conversación, de diálogo, de trabajo alrededor del reconocimiento. Todo ese proceso se desarrolla en encuentros privados, porque aquí no se trata de buscar protagonismo, sino de que efectivamente sean procesos sólidos para la reconciliación. Y esos procesos al final pueden terminar, y digo pueden, porque no obligatoriamente va a ser así, depende de lo que dé el proceso, en momentos públicos en donde se hace un reconocimiento de responsabilidades frente a las víctimas y frente a la sociedad.
Entiendo que esos procesos se harán por ciclos, ¿es así?
Sí, la dimensión restaurativa tiene varios beneficios para el compareciente que pasan por unos ciclos de comprensión de la comparecencia para entender su rol en el marco del conflicto armado, el daño causado, las acciones reparadoras en el marco también de los trabajos, obras y acciones reparadoras. Esa es como una línea que estamos diseñando que tenga al menos cinco ejes temáticos: el ser, la comprensión del conflicto armado, la justicia transicional restaurativa, entre otros. Eso es como un gran grupo de beneficios. Otros que tienen que ver con el acompañamiento individual, familiar y grupal, en el que se intenta rescatar también la humanidad del sujeto, pero también el impacto que tiene en la familia del compareciente. En este, por supuesto, también se incluye a las víctimas tanto individuales y colectivas.
En total tendremos cinco ciclos, uno por mes con una duración de cuatro horas.
Otro de los grupos de beneficios tiene que ver con unos dispositivos que se están diseñando justamente para el fortalecimiento de la participación, de tal manera que cada intervención que hagan en escenarios privados o públicos cuide de manera integral a las víctimas en su integralidad y por eso comparecencia efectiva pasa por el lugar de una comprensión del daño, pero también de lo que realmente puede ser reparador para las víctimas.
Y el otro componente son los beneficios económicos, explíquenos un poco.
Acordemos, nuevamente, que esto no es para todos los comparecientes, sino para aquellos que están en un estado de precariedad, de vulnerabilidad, y que justo por estos factores asociados a eso no han podido hacer su comparecencia de la mejor manera. Contemplamos entonces un capital semilla de 8 millones de pesos por una sola vez para trabajar sobre algún proyecto productivo. También tendrán el acompañamiento técnico que haremos para que efectivamente ese proceso sea efectivo y ojalá tenga condiciones de sostenibilidad. El otro beneficio es un apoyo de un 90% de un salario mínimo durante dos años que le permita a estas personas generar como una estabilización de estas condiciones de precariedad, seguir aportando en su proceso de comparecencia, y avanzar tanto en el acompañamiento restaurativo como en recuperar de alguna manera la ciudadanía. Es una manera de ayudarlos, pero de paso dar garantías para su comparecencia y para la garantía de no repetición. Esto que voy a decir no solamente con los militares o con los miembros de la Fuerza Pública, pasa también con los firmantes, y es que estas son personas son una mano de obra calificada para los grupos armados y para la criminalidad que ejercen una enorme presión sobre estas personas. Este proceso busca trabajar sobre un componente central para la paz: la no repetición. A mayor nivel de precariedad, digamos que hay más posibilidad de ser vulnerable a eso. Es un caldo de cultivo para que tomen decisión, por ejemplo, de irse a estos grupos de criminalidad, etc. Entonces ahí también hay un elemento clave de aporte a la no repetición.
¿Quién va a ser el proceso de acompañamiento?
Tenemos un equipo para este programa de fuerza pública donde hay facilitadores y facilitadoras en los territorios, hay desde psicólogos y otras personas que harán orientación jurídica.
¿En qué territorios se va a hacer esta apuesta también? ¿Ya los tienen identificados?
Desde que se aprobó este punto en el Plan Nacional de Desarrollo venimos haciendo un proceso de alistamiento. Todo el año pasado empezamos a trabajar desde lo territorial en convocatorias, han pasado creo que más de 700 comparecientes en este año en esos procesos de alistamiento donde hemos estado explicándoles de qué se trata el programa, cómo se va a hacer -porque es un tema totalmente voluntario-. Sobre los lugares, tenemos unos listados preliminares a partir del diagnóstico que hicimos con PNUD, de dónde son los territorios donde hay más de estas personas comparecientes. Tenemos Antioquia, Bogotá y Casanare. Había unos territorios donde creíamos que no eran tantos y resulta que ahorita con los listados, probablemente se nos crezca ese número en Cauca, Valle del Cauca y los Santanderes.
Hemos hecho 16 talleres territoriales en este escenario de alistamiento, aún faltan cuatro más por hacer. Para nosotros era muy importante que ellos conocieran de este plan y nosotros poder escuchar sus reflexiones. Eso nos ayuda a pensar cuáles pueden ser las acciones restaurativas
¿Cómo van a hacer para este plan no duplique tareas que ya tiene la JEP?
Nosotros estamos trabajando sobre la sistematización de la metodología para que la JEP efectivamente la valore e incluso pueda ser como un tipo de TOAR anticipado. En todo caso sí hemos venido trabajando de una manera muy articulada con la JEP en la definición de qué es lo restaurativo, porque no queremos duplicar, sino todo lo contrario, complementar. Hay una cosa que es muy importante y es que hemos venido conversando con la JEP y es que lo restaurativo no es una función exclusiva de ese tribunal, sino del Estado. Es decir, en otras instituciones del Estado, pueden hacerse muchas acciones restaurativas. Nosotros aquí con este programa podemos hacer acciones restaurativas que le sumen, que le contribuyan a la JEP en su tarea.
¿Y se han reunido con víctimas también?
Claro, tiene que ser así. Por eso decía que una parte del proceso está en el trabajo con las víctimas para prepararlas de cara a esos reconocimientos. Yo creo que este país tiene una característica y es que hay una enorme generosidad de las víctimas, es impresionante. Nosotros lo pudimos vivir en la Comisión de la Verdad. Ellas siempre tienen toda la generosidad de querer participar en este tipo de procesos a pesar de los dolores, y por supuesto el derecho, que les asiste a conocer la verdad, a poder acceder con este tipo de elementos a algún nivel de justicia, creo que las motiva.
¿De dónde va a salir el dinero para esto?
Para poder presentar la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo hicimos un estudio económico, que nos dio, un estimado económico del programa y lo incluimos en el presupuesto de este año. Sin embargo, sin duda alguna, pues tenemos déficits porque por lo que hemos hablado con la JEP el universo de personas se nos podría ampliar con respecto a lo que habíamos planteado el año pasado en ese primer diagnóstico que tuvimos. Entonces, ahí tenemos una preocupación. Tenemos que dejar claro que la ARN es una agencia que aporta la paz desde el sentido de la no repetición del conflicto. Entonces, esto no es solamente un tema de dar plata. Yo sí creo que ahí tenemos un reto enorme de seguir insistiendo en que podamos tener más recursos. Por ahora tenemos cubiertas varias cosas y seguirá el tema de priorización del que hablamos. Este año, tenemos recursos para capital semilla y para apoyo al sostenimiento de unas mil personas inglesas. Y ya para los siguientes años estamos presentando proyectos también con el apoyo de Departamento Nacional de Planeación.
¿Saben cuánto será el total?
Podrían ser unos 18 mil millones para ambos componentes.
¿Cuáles serán las condiciones para ese plan?
Deben estar sujetos al régimen de condicionalidad y cumplimiento que tengan la JEP y cumplir con los compromisos y ciclos que tiene el proceso de la ARN en el ejercicio restaurativo. Para cada beneficios económico y social también hay una serie de requisitos estipulados en la resolución.
Ese plan de acompañamiento de renta básica va a ser de manera mensual por 24 meses. mes a mes deben irse cumpliendo unos criterios para definir qué tanto está cumpliendo con el régimen de condicionalidad que está activo ante la JEP, pero además que va transitando las diferentes etapas de esos ciclos, dispositivos y metodologías de nuestro plan de acompañamiento para garantizar ese tránsito ético.
¿Este plan se ha socializado con los firmantes del Acuerdo de Paz? Lo pregunto porque ellos también tienen muchos obstáculos en su reincorporación a nivel económico, social y político, ¿cómo tomarían que ahora haya un plan para militares?
Nosotros no hemos encontrado realmente resistencias de los firmantes, entre otras cosas, por no estás compitiendo en términos de recursos con el presupuesto que está asignado a reincorporación. Esto es un programa adicional al cual se le buscaron recursos adicionales. Creo que los firmantes que todavía permanecen en el proceso de reincorporación han venido avanzando mucho en su noción de construcción de paz y de reconciliación. Intuyo, que no lo tengo, digamos, verificado, pero yo intuyo que ahí hay un valor importante y que permite que este tipo de procesos no tengan, por ahora, resistencias en el marco del proceso de reincorporación.
Se ha hablado mucho, incluso el presidente Gustavo Petro lo ha dicho, de que no hay muchos recursos para víctimas. ¿Le preocupa que este plan pueda encontrar resistencia por eso?
Las víctimas son el centro siempre, pero la otra parte de la reconciliación tiene que ver con quienes participaron en la guerra, quienes fueron responsables y que tienen también un componente importante en términos de sus aportes a la paz, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es una parte que no podemos invisibilizar. Parte de nuestra tarea central, es que estas personas puedan hacer su tránsito, en algunos casos hacia la vida civil, hacia la ciudadanía, de tal manera que nunca más retornen a las armas. Esta es la tarea de un proceso de reincorporación o de acompañamiento a la comparecencia o de reintegración. Eso sin duda redunda en el beneficio de las víctimas, de las comunidades y de la sociedad en general. En todo el mundo, en todos los acuerdos y los procesos de paz, las personas que dejan las armas tienen un acompañamiento del Estado precisamente para que nunca más se retorne a esas armas. Y, repito, eso termina beneficiando a las comunidades y a las propias víctimas. Ahora, eso no es a cualquier costo, por eso decimos, esto no es solamente un tema de que ahora seremos una agencia de beneficios, estos procesos de acompañamiento están afincados en medidas restaurativas con las víctimas, que ayudan precisamente a que demos ese paso a la reconciliación.