La política económica muestra los primeros resultados positivos. Coexisten, sin embargo, con algunas señales de inconsistencia, que generan dudas sobre su capacidad de revertir la crisis.
La inflación sigue en niveles insoportables, pero desacelera. En marzo habría rondado el 10%. Y mejoran los indicadores financieros.
Se reduce la brecha cambiaria entre los dólares libres y el oficial. Está en el 12% para el blue y el 21% para el Contado con Liquidación. En los peores momentos del gobierno anterior superó el 100%. Los bonos en dólares se recuperan y el riesgo país se redujo a la mitad de los peores momentos del gobierno anterior. Está en 1300 puntos. Todavía distante de los 600 puntos que se considera el umbral necesario para reabrir el crédito internacional de los mercados.
El Banco Central acumula reservas. Compró 12.000 millones desde el 13 de diciembre. Ya con el ingreso inicial de los dólares de la soja y el maíz, se espera un balance de reservas netas positivas en las próximas semanas. El déficit del Central en pesos se redujo 25% real desde diciembre. La deuda en pases (que hoy sustituyen a las leliqs) se licúa aceleradamente por la fijación de tasas muy negativas frente a la inflación, pero aún positivas frente al dólar libre que cae.
Inflación en baja, superávit fiscal y dólar planchado refuerzan la confianza pública. El presidente mantiene alta aprobación social. Hasta allí los éxitos del programa. Los contrapesa una fortísima recesión. La industria sólo utiliza el 54% de la capacidad instalada. En marzo las ventas minoristas continuaron el desplome de meses, con una caída del 12%. El empleo se resiente. Hay despidos, suspensiones y reducciones de horas trabajadas. Y los salarios no recuperan el rezago frente a los precios.
Se prepara otro recorte de tasas, para acompañar el descenso inflacionario, y sostener así el achicamiento del pasivo del Central. La contrapartida es la erosión real de los ahorros de los depositantes en los bancos. La licuación patrimonios y la de ingresos (sueldos, jubilaciones, planes sociales) profundizan la recesión.
Economistas privados –algunos cercanos al gobierno, como Domingo Cavallo– alertan sobre la fragilidad del equilibrio fiscal, los riesgos de la política cambiaria y el poder destructivo de estos niveles de recesión.
El déficit cero se consiguió con licuadora, motosierra y atajos provisorios. Se pisan pagos y se generan pasivos contingentes, deuda a futuro por el recorte de gastos que la justicia no validará. Entre ellos, el de los giros para financiar el déficit de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, establecida por ley-convenio. O el cese de contratos laborales con más de cinco años de antigüedad, pese a que existe jurisprudencia en contrario.
La recesión empezó a derrumbar la recaudación. En marzo cayó 16% interanual, en términos reales. Lo cual obliga a aumentar impuestos y recortar más gastos, con efectos recesivos. El plan Caputo enfrenta el peligro de comerse la cola en un círculo vicioso.
Uno de los tributos que más recaudan es el impuesto Pais, que debería desaparecer con la unificación cambiaria. Otra fuente sustancial de ingresos de la Afip son las retenciones. En conjunto, ambos tributos penalizan la exportación y encarecen la importación, incluida la de insumos y bienes de capital. Distorsionan los costos de las empresas. Desincentivan la inversión y la producción. Y también refuerzan las tendencias recesivas.
Esos efectos se potencian por el atraso del dólar, un recurso hererodoxo para anclar artificialmente precios. El oficial, con minidevaluaciones del 2% mensual, varias veces inferiores a la inflación. El libre, mediante la feroz sequía de pesos por el freno a la emisión –la base monetaria se redujo 39% real desde diciembre– y por el mantenimiento del cepo.
El tipo de cambio rezagado genera inflación en dólares. Acentúa el efecto pobreza, con ingresos de las familias que corren por detrás también en moneda dura. Y consolida sobrecostos que afectan la competitividad externa de las empresas.
Se demoran además los acuerdos parlamentarios –indispensables—para las reformas impositiva, laboral y previsional, así como de múltiples regulaciones que traban la inversión. Un déficit político que expone al gobierno a un cortoplacismo siempre vulnerable.
Carlos Sagristani