ARIZONA- La gobernadora Katie Hobbs anunció la firma de dos proyectos de ley relacionados con la seguridad en el estado.
Se trata de las iniciativas HB 2107 y HB 2245. La iniciativa HB 2107 establece la continuidad de las funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Arizona (AZDOHS) hasta el 1 de julio de 2028, con una derogación prevista para el 1 de enero de 2029.
La ley actual es está programado para terminar en julio de este año, a menos que lo continúe la Legislatura. El nuevo texto del proyecto de ley busca extender las operaciones del departamento por cuatro años adicionales más allá de la fecha de terminación actual, con una revisión final antes de la fecha de derogación de 2029.
El proyecto de ley también incluye la derogación de la sección 41-3024.22, Estatutos Revisados de Arizona, y agrega la sección 41-3028.04, que se relaciona con AZDOHS.
AZDOHS es responsable de crear planes de respuesta ante casos de terrorismo, amenazas a la seguridad cibernética y otros peligros críticos y de distribuir dinero estatal y federal para la seguridad nacional.
Además, tiene tres funciones principales en el cumplimiento de sus responsabilidades, incluida la de servir como: 1) agencia asesora de la Gobernadora y su personal; 2) una agencia administrativa de subvenciones responsable de gestionar varios programas de subvenciones de seguridad nacional; y 3) la Oficina Estatal de Privacidad y Seguridad de la Información.
VENTA DE FENTANILO
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La iniciativa HB2245 propone enmiendas a la sección 13-3408 de los Estatutos Revisados de Arizona, específicamente dirigidas a los delitos relacionados con la venta de fentanilo. El proyecto de ley introduce rangos de sentencia específicos para personas condenadas por posesión o transporte de un estupefaciente cuando el delito implica la venta de al menos 200 gramos de fentanilo.
Para un primer delito, el proyecto de ley establece una pena mínima de 5 años, una pena presunta de 10 años y una pena máxima de 15 años. Para personas con una condena previa por un delito similar, el rango de sentencia aumenta a un mínimo de 10 años, una sentencia presunta de 15 años y un máximo de 20 años.