La Junta de Castilla y León desvincula la posición del Gobierno y la del Grupo Parlamentario Popular sobre la dictadura franquista
"Nosotros tenemos la posición clara de condena a la dictadura franquista, pero también respetamos el trabajo parlamentario", ha respondido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de la estrambótica situación que se dio el miércoles, cuando el Grupo Parlamentario condenó la dictadura franquista en en Pleno, tras haber omitido esa condena en la futura Ley de Concordia que ha elaborado de la mano de Vox. Ha añadido además, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco dejó claro que la Junta condena la dictadura.
La Ley cuenta con el rechazo expreso de 11 asociaciones memorialistas pero el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha pedido que "lean más y critiquen menos". "Rogaría un tiempo de esfuerzo y dedicación para estudiar las cosas porque quizás podamos entender mejor la perspectiva o contenido de las normas que tenemos", ha dicho. En este sentido, ha insistido en que "se está hablando mucho, se está criticando mucho y leyendo poco y estudiando poco" y se ha referido a la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022 que incluye tanto el periodo de 1936 a 1978 como una disposición adicional de 1978 a 1983. Según él, "la Ley del Estado junta un periodo de dictadura, del 36 al 78, con un periodo democrático, bajo la vigencia actual de la Constitución española, y amplía del 78 al 83, junta dictadura y democracia", por lo que no entiende que se critique la Proposición de Ley presentada por PP y Vox en las Cortes de Castilla y León que amplía el periodo a la II República, es decir, de 1931 a 1936.
En concreto, la Ley de Memoria Democrática aprobada por el gobierno de la nación en 2022 incluye la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación". Este periodo concreto se refiere al año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA. Con esa ampliación temporal se podrá examinar casos como el asesinato de la líder estudiantil Yolanda González en 1980 a manos de un comando de extrema derecha.
Para González Gago es "sangrante" que se hable de reparaciones en la etapa democrática y ha subrayado que es una disposición en los que PSOE y Bildu son los "redactores de puño y letra". EH Bildu incluyó esa propuesta entre los motivos que le llevaron a apoyar la ley de memoria democrática. La izquierda abertzale interpreta que la ampliación a 1983 puede incluir la investigación de los asesinatos de Segundo Marey, a manos de los GAL, y los casos de Lasa y Zabala, todos ellos perpetrados en el comienzo del mandato de González.
González Gago también ha rechazado que la proposición de de Ley presentada por PP y Vox derogue el decreto de Memoria Democrática de la etapa de Juan Vicente Herrera, que condenaba la dictadura franquista y la mencionaba hasta 13 veces, por estar mal y ha justificado que se pasa de 17 artículos a 20, por lo que concluye que no solo se contemplan derechos que había "sino que se amplían". Es más, la considera "novedosa" porque "se reconoce el derecho subjetivo de las propias víctimas a ser exhumadas".
Por su parte, Carlos Fernández Carriedo ha insistido en que lo importante son las víctimas y no ha aclarado si con la condena expresa de la dictadura a la que sumó el Grupo Parlamentario Popular a instancias de una PNL del PSOE se incluirá una enmienda en la ley que lo recoja.