ADRián FONCILLAS
La treintena de periodistas españoles desplazados hasta Koh Samui sufrió ayer la canícula a las puertas del tribunal que desde ayer juzga a Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El juez ha vetado la prensa, ha confiscado los móviles y otros dispositivos electrónicos a los presentes y ha amenazado con penas de prisión o deportaciones a quienes filtren información. Ni siquiera está permitido tomar notas, a excepción de abogados y fiscales.
No es habitual esta medida pero pesó más el miedo al circo mediático y el hastío por la pertinaz presencia de la prensa española que el pasado año ya lamentaban fuentes judiciales, policiales y penitenciarias. Apenas una decena de personas asistieron ayer a la apertura de la fase oral. Entre ellos Rodolfo Sancho, padre del acusado, pero no su madre, Silvia Bronchalo. El popular actor ocupó un banco detrás de su hijo, quien contó con la traducción de una intérprete por videoconferencia, según la agencia Efe.
A los abogados solo se les permite que compartan las "valoraciones generales de cómo se está desarrollando" el proceso. Mitiga la hambruna informativa que en esa sala confluyan dos letrados ávidos de focos. Marcos García-Montes, defensor de Sancho y asiduo a los platós televisivos durante décadas, ha encontrado a un rival de altura en el joven Juan Gonzalo Ospina, representante de la familia de la víctima.
Los retales de la crónica jurídica llegaron de él. Fue "escalofriante" la visión de Sancho encadenado de pies y manos, compartió Ospina con la prensa en las instalaciones judiciales. El abogado lo ha visto muy seguro y tranquilo y "sin ninguna muestra de arrepentimiento".
La sesión empezó a las 9.45 (hora local) y concluyó nueve horas más tarde con una hora de descanso para el almuerzo. Tras los alegatos iniciales desfilaron los primeros testigos convocados por el fiscal, Jeerawat Sawatdichai. Comenzó la inmigrante birmana que dio con los restos de la víctima en una bolsa mientras rebuscaba entre la basura de un vertedero de Koh Pangán, la vecina isla donde se cometió el crimen, y siguió la mujer que alquiló la moto en la que Sancho condujo al cirujano colombiano al hotel.
Premeditación o accidente
La fiscalía intenta demostrar la premeditación del crimen frente a la muerte accidental en una pelea que sostiene la defensa. Ahí radica el océano entre la pena de muerte o una larga temporada entre rejas y una sentencia corta que permita la rápida extradición a España.
Estrangulados los canales informativos en Tailandia, el caudal llegó desde el documental de HBO de cuatro episodios sobre el crimen. Y ahí aparece Rodolfo Sancho rompiendo su alergia a los medios, quizá para sufragar las facturas de los abogados o para endulzar la imagen de su hijo, probablemente para ambas cosas. "Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad", sostiene el actor. El acusado, revela Sancho, le dijo que Arrieta "le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia, que se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual".
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