La ausencia de una cultura de prevención en el Perú se refleja en el respaldo de la opinión pública a medidas como los retiros de fondos de las AFP y en los ataques que constantemente recibe ese esquema de parte de políticos ávidos por sumar puntos en las encuestas. El concepto de que esos ahorros son para el muy largo plazo no parece ser tomado en cuenta. Esto se evidenció el último jueves: el pleno del Congreso aprobó raudamente otro retiro de aportes a las AFP (el séptimo), pero rechazó el dictamen aprobado por la Comisión de Economía que proponía una reforma del sistema previsional del país.
Este sistema tiene dos regímenes muy distintos: uno es manejado por el Estado (ONP, Essalud, Pensión 65, entidades castrenses y policiales, entre otras), y se caracteriza por usar aportes de trabajadores activos para financiar las pensiones de sus jubilados. El otro es el sistema privado de pensiones (SPP), a cargo de las AFP, que funciona bajo un esquema de cuentas individuales, lo que significa que el afiliado no subsidia las pensiones del resto y recibe información mensual de la situación de su fondo. Es clara la ventaja del segundo sobre el primero, aunque existen aspectos que necesitan corregirse.
Entre ellos figuran las comisiones que las AFP cobran por administrar los fondos, que no varían en función de su rentabilidad, así como el riesgo de que la pensión que recibirán sus jubilados no cubra las necesidades propias de la vejez (la llamada "pensión mínima"). El SPP ha sido sometido a numerosas "reformas" desde que fue implementado, en 1993, algunas porque existía una preocupación genuina por mejorarlo y otras, en años recientes, porque se ha convertido en una especie de señuelo populista. Habría que agregar la ojeriza que el SPP despierta en muchos –recordemos que fue una de las grandes reformas del Gobierno de Fujimori, promulgada luego de que disolvió el Congreso–.
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No se necesita pretender leer el futuro con hojas de coca para predecir que el Congreso aprobará más retiros, aunque esas medidas desestabilicen al mercado financiero y pulvericen las pensiones futuras de millones de afiliados. Lo incierto es si irá más lejos en su objetivo de desmantelar al SPP o si en una eventual reforma elevará la carga previsional del Estado –por ejemplo, vía subsidios para elevar la pensión mínima–, la cual se había reducido de 9% a 7% de los gastos rígidos del Gobierno entre el 2017 y el 2023. Lo menos que le interesa a este Congreso es debatir con argumentos técnicos la solución a un problema que se agravará en el futuro.