EFE
La Junta de Personal Docente de la Consejería de Educación ha denunciado este lunes la falta de respuesta de la administración regional a los problemas planteados por este órgano de representación, como la instalación de barracones, los impagos de la carrera profesional, la falta de recursos para la atención a la diversidad o el aumento de las cargas burocráticas para los docentes.
Se trata de problemas que se vienen arrastrando desde hace años y que han llegado a un punto "insostenible", según ha explicado en una rueda de prensa Luis Prieto, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, que representa a los más de 20.000 maestros y profesores de colegios e institutos públicos de la región.
La junta, ha recordado, eleva a la Consejería carencias del sistema educativo pero, ha lamentado, la administración ha demostrado un "desprecio absoluto" hacia las propuestas de mejora, con respuestas tipo que, en lugar de plantear soluciones con presupuestos y actuaciones concretos, se limitan a subrayar que "comparten la preocupación" de los representantes de los trabajadores.
Los barracones
Los representantes de la junta ha puesto cuatro ejemplos de carencias que consideran las más acuciantes y que han recibido esa respuesta de la administración, la primera de ellas, según ha detallado José María González, del sindicato de funcionarios SIDI, el mantenimiento durante décadas de aulas prefabricadas, los denominados barracones, una solución que debía haber sido transitoria y que sin embargo en muchos centros educativos, especialmente en el área del Mar Menor, se han mantenido a lo largo de los años a pesar de que estas aulas tienen unos costes de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales.
En relación con las infraestructuras educativas, González ha insistido también en la necesidad de publicar un plan de infraestructuras "que no existe" y del que la Consejería no ha dado ningún detalle a pesar de haberlo anunciado en campaña electoral.
También ha puesto de relieve la necesidad urgente de elaborar un "plan de climatización de las aulas", ya que hasta el momento la consejería "ha ido parcheando" sin poner una solución clara al problema de la falta de aire acondicionado en las aulas.
Las deudas
Por su parte, María Dolores Caballero, del sindicato ANPE, ha insistido en la necesidad de que Educación abone las diversas deudas que acumula con el personal docente, algunas de ellas, con una década de retraso, como los adeudos a los funcionarios interinos de las nóminas de los veranos de 2014 y 2015, cuyo derecho está reconocido por sentencia judicial.
Asimismo, ha lamentado, que desde febrero de 2023 no se está abonando la actualización del primer tramo de la carrera profesional, y del mismo modo se le debe abonar los atrasos a los docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que han sido integrados en Secundaria y a quienes se les deben los pagos desde enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2023, según ha denunciado la representante.
En cuanto a la atención a la diversidad, Nuria Sánchez, de Comisiones Obreras, ha insistido en que contar con más recursos para ese alumnado vulnerable es vital para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, y ha dividido las propuestas en ese sentido en cinco bloques.
Así, ha exigido dotar de más orientadores y personal de servicios a la comunidad a los colegios e institutos, actualmente con una ratio de un orientador por cada 1.100 alumnos, cuando la recomendación es de uno por cada 250 alumnos.
También ha pedido que respeten las ratios del profesorado especialista, que se incrementen los recursos destinados al alumnado con desventaja social y desconocimiento del idioma, que se dote de recursos extra a los centros educación especial y aulas abiertas, y que todo el personal que trabaja con alumnos con necesidades educativas especiales sea.
Por último, desde el sindicato STERM, Vladimir Sola ha lamentado que el personal docente se encuentra obligado a completar importantes procedimientos burocráticos que son inasumibles con las ratios actuales, y ha exigido una reducción de las mismas en dos sentidos: una bajada estructural de la ratio "generalizada para todas las etapas, de alumnos por grupo y de alumnos por docente" y otra bajada "específica" para el alumnado con necesidades especiales y para los centros con mayores situaciones de complejidad y con más alumnos en riesgo de exclusión, que se sume a la anterior y permita un trabajo más personalizado.
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