El Estado bloqueará la ocupación del edificio de 95 viviendas proyectado en una parcela de Pedro Fernández, cerca del puente de A Pasaxe y en el lado opuesto de la AC-11 que la iglesia de Santa Gema. El inmueble sería la primera obra nueva de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en el municipio, pero el Ministerio de Transportes considera que el proyecto de urbanización, un documento que recoge las vías y servicios de la parcela, incumple las exigencias de seguridad y aislamiento acústico, además de invadir terrenos públicos. El Concello ya ha aprobado este documento y la Sareb está realizando obras para adaptar la parcela, pero aún está tramitando la licencia para construir el edificio, y el Ministerio de Transportes advierte de que nadie podrá vivir en los pisos si no se garantiza un mejor aislamiento.
Según un informe del Ministerio sobre el proyecto de urbanización, el nuevo edificio incrementa "significativamente" el uso de carreteras estatales. Uno de los accesos proyectados surge del ramal de salida de la AC-12, que viene de Oleiros, hasta la AC-11, pero "incumple la normativa vigente". La vía está en un tramo de concentración de accidentes, y el proyecto conlleva una "afección negativa a la seguridad viaria", por lo que el Estado pide, entre otras medidas, reordenar los accesos y estudiar reconducir todo el tráfico "a través del nuevo viario interno hacia la calle Pedro Fernández y el enlace con la avenida de Pedralonga".
El Estado también considera que al proyecto le falta garantizar el aislamiento del ruido de las carreteras. Reclama un estudio acústico y que los promotores ejecuten los "medios de protección acústica que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente", aunque se abre a que las protecciones ocupen terreno de dominio público.
Pero al mismo tiempo, advierte de que hasta que estas medidas no están "ejecutadas y operativas" el Concello no podrá "conceder licencias de primera ocupación o actividad". Es decir, aunque se construya el edificio los inquilinos no podrán entrar a los pisos, ni los ocupantes de los bajos iniciar un negocio.
El informe añade que el proyecto incluye una pequeña porción de terrenos público, una superficie de 22,5 metros expropiados para reformar los accesos al puente de A Pasaxe. Aquí, el Ministerio de Transportes abre la posibilidad de que los promotores paguen una "indemnización al Estado", pero indica que esta debe realizarse. Transportes incluye otras consideraciones menores en su documento, que, recalca, es "preceptivo" y "vinculante" para la obra de urbanización: pide colocar las infraestructuras de servicios fuera de terrenos viarios, justificar mejor la capacidad de la red de pluviales y asegurarse de que la iluminación de la promoción no deslumbrará a los conductores, y, mientras todo esto no se corrija, establece que su informe es "desfavorable".
Denuncia y posible acuerdo
Todas estas consideraciones no se incluyeron en la urbanización, defiende el Concello, porque el Ministerio no respondió en tiempo y forma. El informe se le pidió en junio de 2022, y, aunque debía haber respondido en tres meses, no lo hizo hasta noviembre de 2023. El Ayuntamiento ya había entendido que el informe era favorable, por silencio administrativo, y aprobado el proyecto en febrero de 2023. Así, el Gobierno local considera que la oposición del Estado es "extemporánea" y acordó esta semana llevar al Ejecutivo central a la Audiencia Nacional.
El Estado entiende que el inmueble no se podría habitar aunque se construyera, con lo que obtener el visto bueno del Gobierno central es necesario para llevar la promoción a buen puerto. Fuentes del Ejecutivo municipal señalan que "estamos dialogando con la Dirección General de Carreteras" para llegar a un acuerdo.
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