Los elementos reunidos en las investigaciones por los brutales hechos de sangre ocurridos en marzo último, cuando mataron a cuatro trabajadores elegidos al azar, señalan como autor intelectual de los hechos a Esteban Alvarado. Todas las referencias obtenidas en el trámite que llevó a la detención de ocho personas en los últimos diez días por los hechos, tres de ellas señaladas como ejecutoras materiales de los hechos, conectan al referente criminal condenado a prisión perpetua desde 2022, como ideólogo de la secuencia brutal de crímenes registrados entre el 5 y el 9 del mes pasado. También detrás de los hechos en el mismo rol como cerebro aparece Alejandro Núñez, conocido como "Chuky Monedita", un preso de alto perfil de la estructura de Alvarado, que cumple condena por homicidio en Piñero.
La conclusión fue expresada a este diario por altas fuentes oficiales de distintos niveles de gobierno y de la pesquisa que se ocupó de una cadena de episodios que provocaron una intimidación pública inédita en la ciudad. Además de los asesinatos de tres choferes y un empleado de estación de servicio, los eventos incluyeron balaceras a la comisaría 15ª, a institutos penitenciarios de Rosario, ataques a cuatro colectivos en un día y despliegue de mensajes prometiendo nuevos ataques y apuntando a la provincia como responsable de los hechos, en especial a la persona del gobernador Maximiliano Pullaro, por el endurecimiento de condiciones de detención en cárceles.
Todas estas evidencias obtenidas por la actividad de la policía provincial y los fiscales de las causas no indican, hasta ahora, una motivación elocuente de los atentados: el porqué de estos hechos que hoy aparecen coordinados y que así se presentarán este martes en una audiencia en el Centro de Justicia Penal. No parece claro por ahora que los indicios reunidos sean determinantes para implicarlo a Alvarado en un poceso judicial. Pero sí surgen de manera nutrida, básicamente en testimonios, las referencias que lo enlazan tanto a él como a Chuky Monedita con los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich. Así lo plantearon las fuentes consultadas a este diario.
Fuentes del gobierno provincial refieren que pese a las mayores restricciones en las vinculaciones externas de los presos, la profundización de las requisas en busca de celulares y el control en las comunicaciones permitidas, hay un tipo de contacto que está garantizado legalmente que habilita la canalización de órdenes hacia el exterior. Es la de las visitas íntimas. En el gobierno provincial y nacional, al igual que en el Ministerio Público de la Acusación, tienen indicios de que de esa forma fluyen las directivas para producir los actos de extrema violencia. En la provincia ya hay elementos en base a la última reforma de la ley de ejecución aprobadas por la Legislatura para, en casos extremos fundamentados en evidencia, prohibir incluso este tipo de contactos. Alvarado está detenido en la cárcel federal de Ezeiza. A nivel nacional en el Ministerio de Seguridad quieren promover una restricción semejante.
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La inquietud estatal es que este tipo de resquicio legal sea el lugar por el que se filtren órdenes para concretar hechos que aterrorizaron a la ciudad, paralizaron sus servicios públicos, causaron cierres de centros de salud y cacerolazos en toda la geografía urbana tras el asesinato de Bussanich, último de una saga de crímenes a personas indefensas en 96 horas. Es un campo dilemático y complejo porque es un derecho y garantía legal que tienen los detenidos. El gobierno santafesino no tiene dudas de que de allí proviene la planificación de ataques cuya repetición, decían este jueves en la Gobernación, no puede descartarse.
A los eventos ocurridos desde el gobierno los vinculan a la personalidad criminal y al modus operandi de Alvarado. En la causa que se lo condenó por asociación ilícita y el homicidio del prestamista Lucio Maldonado hace dos años hay constancias de que ordenó asesinatos de una crueldad llamativa. Y también su extrema sagacidad, refirieron, para deslizar las sospechas de actos propios hacia otros referentes criminales. El cuerpo de Maldonado fue tirado a 200 metros del casino City Center que es territorio histórico de Los Monos. También ideó un sistema de teléfonos espejo para implicar con complicidad policial a Leandro "Chulo" Olivera, un hombre de Los Monos, en el crimen de Maldonado. El 25 de marzo pasado, cuando atacaron a cuatro colectivos en forma simultánea, aparecieron carteles amenazantes en dos de los incidentes. Estas eran zonas donde prevalecen allegados a Los Cantero. Un cartel sábana a inicios de marzo contra Pullaro fue dejado en Oroño y Circunvalación a pocas cuadras de la zona originaria de Las Flores.
¿Por qué haría ahora algo así Alvarado? No hay una respuesta ofrecida. Salvo que sus últimos recursos de hábeas corpus por sus condiciones de detención, señalan en la provincia, acaban de ser denegados por la Justicia Federal. Y el deslizamiento de su animosidad negativa hacia Pullaro que ordenó su detención en un camping de Embalse Río Tercero en febrero de 2019. Tras ello lo condenaron a perpetua. En el gobierno provincial, municipal y en ámbitos del MPA interpretan que estos hechos tienen un propósito de desestabilizar la actual gestión provincial.
Fuentes de la defensa de Alvarado indicaron que el último hábeas corpus presentado ante el juzgado federal de Lomas de Zamora requirió el pasado martes para que se informe sobre la posibilidad de que el detenido tenga contacto con su abogado. Según aducen hace dos meses que Alvarado no tiene contacto con casi nadie. "No habla por teléfono con los hijos ni con los abogados. El TOF 2 de Rosario que tiene la ejecución de la pena hizo varias resoluciones para que le restablezcan esos derechos mínimos", indicó un vocero de la defensa. ¿Y visitas íntimas tiene? El letrado consultado no pudo responder con certeza pero entrevió que su pareja, ante la imposibilidad de tener otro contacto que no sea a través de un blindex, desiste de viajar.
Para voceros del gobierno provincial fue muy llamativa la capacidad logística, tanto en redes sociales como en incidencias al 911, para generar con enorme rapidez el estado de convulsión emocional que sacudió a la ciudad. Eso implica, según consignan en modo coincidente el gobierno provincial y desde la Intendencia de Rosario, un tipo de despliegue de recursos muy propia de Alvarado. La noche de los cuatro atentados simultáneos a colectivos las notas amenazantes y las fotos de las unidades atacadas se viralizaron en redes como Instagram y X antes de que los canales policiales y luego gubernamentales tuvieran registro de los hechos.
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El arrasamiento emocional en la ciudad que desataron los asesinatos de los choferes y el playero se trasladó al campo político nacional rápidamente con respuestas en el reforzamiento de fuerzas federales en la ciudad y una ley antibandas propuestas al unísono con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Defensa Luis Petri. En esos días se hablaba de una posible intervención federal a la provincia o bien de sus fuerzas de seguridad. No obstante el lugar de donde se presume vinieron las órdenes para concretar los asesinatos de trabajadores rosarinos es de una cárcel federal, es decir bajo control del Estado nacional, en la provincia de Buenos Aires.
El martes será la audiencia por los detenidos mayores en el marco de estos hechos tras los 30 allanamientos del martes pasado. Allí según fuentes gubernamentales surgirán detalles indiciarios de la conexión entre los estremecedores hechos ocurridos y tanto Alvarado como Chuky Monedita.