Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 11 de abril 2024, 14:25
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Evitar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia física, psíquica o sexual revivan el maltrato repitiendo su relato al ser interrogados en distintas instancias es uno de los objetivos del protocolo elaborado por el Gobierno de Canarias y el Instituto de Medicina Legal.
El documento, presentado este jueves en la Consejería de Sanidad, establece distintos procedimientos para que cualquier situación que evidencie que un menor ha sufrido violencia se comunique, llegue al sistema judicial y sea investigada, señaló la especialista en medicina forense del Instituto de Medicina Legal, Eva Bao.
El 'Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias' fija pautas de actuación para que pediatras y enfermeras pediátricas notifiquen de forma rápida y directa cualquier indicio de maltrato en menores.
El documento ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar, con especial implicación del Juzgado de Violencia contra la Infancia, con la participación de representantes del ámbito sanitario, judicial, el Centro Coordinador de Emergencias 112, la Dirección General de Protección de la Infancia y la Juventud, el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos.
El protocolo, que será divulgado entre los profesionales sanitarios, da instrucciones para notificar la situación de violencia al Centro Coordinador de Emergencias del 112, que se encargará de activar todos los recursos implicados con el fin de que el menor solo sea explorado y entrevistado una vez.
Por otra parte, también se prevé poner en marcha el programa Clave A, un código que podrán usar los menores para advertir en el ámbito sanitario o escolar que está sufriendo violencia, explicó la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, sobre una iniciativa promovida por la Asociación Corazón Solidario que tiene como objetivo fomentar la comunicación entre profesionales y usuarios.
«Podrán pedir ayuda a través de dibujos o gestos», comentó la consejera que invitó a la ciudadanía a denunciar los casos de violencia contra los menores.
«Todas las personas que seamos testigos de un maltrato tenemos la responsabilidad y el deber de denunciarlo sin ambages por el bien del menor», señaló Monzón que recordó que, en el año 2021, en España se denunciaron 33.400 casos de violencia a menores de 18 años, de los que 1.587 correspondían a Canarias. Si bien, puntualizó que la violencia contra los menores es difícil de detectar porque se produce en su mayoría en el entorno intrafamiliar.
Por su lado, la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, insistió el deber de la población de notificar este tipo de violencia y subrayó que «el maltrato sufrido durante la infancia y la adolescencia afecta a la salud y al bienestar de los menores y sus consecuencias pueden perdurar durante toda la vida».
De hecho, agregó, el estrés que soportan las víctimas «afecta a su desarrollo cerebral, pudiendo perjudicar su rendimiento académico y profesional y producir déficit cognitivo, trastornos del lenguaje y del desarrollo psicomotor».
Por su parte, Eva Bao señaló que este protocolo servirá para visibilizar la violencia sexual que sufre la infancia y que no sale a la luz. «Uno de cada cinco niños sufrirá a lo largo de su vida, antes de llegar a los 18 años, una situación de violencia sexual. Estamos hablando de unas cifras brutales», subrayó.
Este tipo de violencia es difícil de detectar porque el 75% es intrafamiliar y se calcula que solo se llegan a denunciar un 20% de los casos de violencia sexual en menores. «Aún así, hubo un incremento del 66% en el número de denuncias el año pasado», indicó la experta en Medicina Forense.
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