La crisis carcelaria, que se arrastra desde hace varios años en nuestro medio, ha llegado a momentos inquietantes con los motines y las fugas registrados esta semana y la revelación de que hay aproximadamente 2.000 personas alojadas en comisarías, puesto que las cárceles están saturadas y las obras para ampliar la infraestructura del sistema carcelario se encuentran demoradas por falta de fondos nacionales. Ayer el Gobernador prometió que se van a inaugurar cuatro pabellones en el complejo penitenciario Benjamín Paz pero al mismo tiempo reconoció que hay personas condenadas por el Poder Judicial "en lugares que no están preparados para albergar presos como son las comisarías". Además dijo que la policía que los cuida "no es el personal que se ha capacitado. El policía se ha capacitado para estar en la calle y garantizar la seguridad".
La crisis carcelaria no es nueva. Hace casi 10 años que se advierte de la falta de infraestructura adecuada para alojar a personas aprehendidas o detenidas, y puntualmente se tramitó un habeas corpus de la Justicia cuando se denunció que había presos hacinados en las comisarías y eran momentos en que se encontraban unas 500 personas privadas de libertad en las seccionales. Hoy la cantidad es cuatro veces mayor y es de imaginarse que esto genera violación de derechos básicos de personas no condenadas sino aprehendidas; riesgos de problemas, motines, fugas y otros inconvenientes que se extienden a la población aledaña a las seccionales, y problemas de ocupación del personal policial que se ve obligado al cuidado de todas las personas detenidas, sin estar, como bien señala el mismo Gobernador, adecuadamente preparado para esta tarea. El jefe de Policía ha dicho que ha dispuesto que áreas especiales de la Policía como Infantería y motoristas estén atentas a reaccionar cerca de las comisarías si se produce algún inconveniente como los de la seccional 7a, de la comisaría de Alberdi y de la Regional Norte.
"Estamos trabajando y las soluciones van a llegar. Mientras tanto, estos riesgos los tenemos que correr", dijo el Gobernador, y añadió una aseveración contundente: "A todos aquellos que delinquen, aquellos a quienes los condena la justicia, los prefiero encerrados en las comisarías y no sueltos en la calle". Más allá del impacto de sus palabras, está claro que una cosa es la emergencia que genera situaciones que no se pueden resolver en un momento determinado y que da lugar a vulneración de derechos; y otra cosa es observar que ya van pasando nueve años con el problema y que se va agravando la población carcelaria en las comisarías.
Es de esperar que se pueda avanzar con las obras para los lugares destinados a alojamiento de detenidos, como la primera parte de la penitenciaría de Benjamín Paz, y que al mismo tiempo se logre hallar salidas alternativas como el alquiler de casi 300 tobilleras electrónicas, con el objetivo de liberar espacios en las comisarías. Convendría agilizar las medidas destinadas a solucionar el problema que, según se ha visto, no ha hecho más que crecer.