La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca proteger derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales. La iniciativa fue presentada por el Frente Amplio y aprobada con modificaciones en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología por todos los partidos que integran la comisión.
El proyecto propone implementar mecanismos de prevención con foco en la búsqueda activa de material de contenido sexual relacionado con niños, niñas y adolescentes, promover la educación digital y fortalecer las prácticas de cooperación internacional en la materia.
Si bien este martes el Frente Amplio tenía previsto presentar como aditivos modificaciones para incorporar los conceptos planteados en los tres artículos quitados, finalmente para evitar la postergación de la discusión, definió volver a discutir el punto cuando el proyecto sea tratado en el Senado.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad en el plenario de la cámara, pero durante la votación del articulado legisladores colorados, de Cabildo Abierto y el diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente no votaron en literal D del artículo 2 por considerar que utiliza neologismo como "ciberembaucamiento" o "sextorsión" que no tiene una definición de referencia para su aplicación como ley.
Tras la votación, la diputada Micaela Melgar -autora del texto junto a Martina Casás- explicó que esas definiciones estaban contenidas en unos de los artículos que se retiró como parte de la negociación interpartidaria y coincidió con el planteo realizado por el diputado colorado Ope Pasquet, en cuanto a que no haya términos sin definir en el texto, algo que será revisado cuando el proyecto se trate en el Senado.
Además, el texto sufrió otra modificación en su artículo tercero que también fue propuesta por Pasquet y aprobada por unanimidad en cuanto al grado de obligación que se impone al Estado en materia de prevención. Pasquet sugirió cambiar el texto para que la obligación del Estado no sea "prevenir" sino "procurar prevenir" este tipo de delitos, para evitar eventuales acciones contra el Estado.
Al proyecto original, que tiene por cometido reducir los riesgos a los que se exponen niños, niñas y adolescentes en redes sociales y establecer mecanismos de denuncia y prevención de ciberacoso, se le quitaron cuatro artículos referidos al bloqueo de sitios web por vía administrativa, sin que medie una determinación de la Justicia, por entender que viola el artículo 233 de la Constitución, al tomar atribuciones propias del Poder Judicial, y puede afectar la libertad de expresión, posición que también fue compartida por la organización Data y Soc, que advirtió a los legisladores sobre el peligro que implica la arbitrariedad de definir bloqueos por parte del Ministerio del Interior.
La responsable de realizar el informe ante el plenario, la diputada Lilián Galán, hizo hincapié en que el proyecto busca fortalecer la prevención del delito y dar herramientas para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
"En este proyecto no se están cambiando los objetivos ni el tipo de delitos, lo que pretende este proyecto es cambiar las herramientas que tienen los delincuentes para cometerlos y cambiar las posibles vulnerabilidades, porque los entornos digitales hace que muchas veces los niños, niñas y adolescentes se encuentren solos frente a posibles delincuentes en las redes, aùn cuando estèn dentro de su casa y tengan adultos en sus alrededores", expresó.
Galán detalló que los juegos en red son la principal amenaza para niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales y que el 100% de los adolescentes entre 14 y 19 años accedieron a internet en los últimos tres meses y señaló que muchas veces los adultos de referencia desconocen los vìnculos que forman sus hijos a través de internet. "Los juegos en red, que parecen lo más inocuos, es donde más actúan los delincuentes", agregó.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi destacó que estamos viviendo "en un mundo cada vez más digital" y que "crece día a día" el uso del celular. "La mayoría de las conductas las estamos desarrollando digitalmente y por eso la mayorìa de los riesgos se presentan en el entorno digital", señaló.
Goñi valoró el consenso que se alcanzó en el proyecto y señaló que los artículos que fueron quitados del proyecto permitieron dar "una muy buena señal a la ciudadanía para tomar conciencia y prestar atenciòn de lo que los entornos digitales generan" y mencionó las preocupaciones planteadas por organizaciones sociales que concurrieron a la comisión en relación a la libertad de expresión, la libre circulaciòn de información y los procedimientos de bloque sin intervención judicial.
Sebastiàn Cal hizo foco en los tiempos que implicó el proceso de discusión parlamentaria, dado que el proyecto fue presentado en 2021. "Un proyecto de esta importancia no puede esperar tres años para pasar por el plenario de la primera cámara. Es inadmisible que tengamos esta demora", expresó y agregó que espera que en el Senado el proyecto no tenga muchas modificaciones para no extender la aprobación del proyecto.
En tanto, el colorado Martìn Melazzi calificó como "un gravìsimo error" bloquear a las plataformas por parte del Ministerio del Interior, tal como proponía la primera versión del proyecto. "El problema en general no son las plataformas, sino quienes suben contenido a las plataformas", agregó.