La puesta en marcha del Decreto Ley de viviendas urgentes de la Consejería de Obras Públicas y el Anteproyecto de ley de vivienda vacacional de la Consejería de Turismo parece venir de dos gobiernos distintos, que aunque doble con el PP, ambas consejerías son de CC. Aumenta el desconcierto al plantearse el primero en clave liberal y en acuerdo, cuando el segundo extrema el intervencionismo y el conflicto. Para leerlos debemos saber que en Canarias no son extranjeros los ciudadanos de la UE27, donde ejercen sus 4 libertades de «personas, mercancías, capitales y servicios», consecuencia del Tratado de Lisboa 2009, que acuerda la liberalización en el mercado único, como ejerció Ferrovial para localizarse en Holanda.
Esta doble alma traduce las dificultades del sistema político para mantener relaciones adultas con su sociedad civil, que vemos extremada en el anteproyecto vacacional. Resulta chocante que luego de la Bolkestein la respuesta ofrezca menos libertad que antes, superando sus principios de «proporcionalidad, necesidad y no discriminación». La nueva economía está en el núcleo de la rápida evolución de la vacacional, que ha situado este segmento turístico en el segundo puesto luego del hotelero y por tanto del PIB canario. Supone en torno al 36% de la oferta, el 27% de pequeños propietarios y el 9% en gestión de grandes tenedores, con 54.000 viviendas y 200.000 plazas. Una economía que ingresa en alojamiento unos 2.700 meuros, con un impacto en la cadena que lo acerca a los 4.000. Con el turismo facturando al cierre 2023 22.000 meuros, el 40% de los 54.240 meuros del PIB de Canarias. El segmento vacacional impulsa el 7,5% del PIB canario y es quien mejor reparte la renta turística, con 50.000 empleos directos y muchas familias convertidas en pequeños empresarios, pagando IGIC e IRPF.
Ha crecido impulsado en las redes, en el despliegue global de entidades vacacionales, como Booking y Airbnb, como primeros operadores, Tripadvisor, Atrevea, Expedia. A través de ellos se contrata en torno al 75% del cliente, y directo el 25% restante, que irá en aumento dado el carácter repetidor del turista. Llama la atención del Informe del Colegio de Economistas de Las Palmas identificar el sector como modalidad en alza y situar su satisfacción por encima de la hotelera. La oferta vacacional de Canarias se sitúa en sus 2/3 en los trece municipios turísticos y Las Palmas y el tercio en los 74 restantes. Esta compleja realidad, además del efecto económico capilar y extensivo, ofrece un impacto ambiental mínimo, por cuanto su contenedor es vivienda existente. No parece por ello cierta ni proporcionada la reacción de la administración turística en su diagnóstico. La primera obligación del gobierno es buscar soluciones, no levantar muros, empezando por la «moratoria directa» para la vacacional nueva y con menos de 10 años, condicionando todas a las revisiones de los PGO, de los cuales desconoce sus plazos reales que no son inferiores a tres legislaturas y que además hoy no se revisan, cuando podemos operar con «planes-proyecto» y «modificaciones menores».
Es un despliegue de pegas, como la obligada inscripción del cambio de uso en el registro turístico, en el registro de la propiedad y en el registro catastral. Obliga al trámite del Reglamento de Actividades del 2013, cuando el mismo se resuelve técnicamente con el alta de actividad residencial. La fijación del tope del 10% vacacional sobre el total residencial, que eleva al 20% en islas verdes, mientras centraliza las capacidades normativas concedidas por la Ley de Islas Verdes, cuando su mayor vector turístico es la vacacional. Todo este intervencionismo desconfiado y más se incluye en el texto. Además se pretende trasladar a la vacacional la carga habitacional, cuando los responsables, autonomías y ayuntamientos, llevan 20 años en abandono de su obligación constitucional; al igual que de la movilidad y de las infraestructuras, con mayor déficit en Tenerife. Incluso se atreven a dudar de los beneficios de los hoteleros, con obligaciones suyas, cuando lo público consume en Canarias más del 50% del PIB. Nadie duda en cualificar la oferta, como sensatamente reclaman los hoteleros y las Cámaras de Comercio, pero las soluciones no están en las moratorias, zonas tensionadas, prohibiciones y multas, como ha demostrado la Ley de Vivienda nacional del 2022, que distraída ha expulsado el 40 por ciento de la vivienda del alquiler. En abierto conflicto adolescente y asimétrico con un segmento turístico en alza, obligado como todos a cualificarse en la nueva economía.