El Gobierno de Ayuso reclama hasta 900 euros a familias de mayores que murieron en residencias
Dos familias denuncian que han recibido cartas por parte de la Comunidad de Madrid en las que se reclaman impagos de marzo y abril de 2020 a las residencias públicas, en las que fallecieron sus mayores, según publica la Cadena Ser este martes. Las dos familias han asegurado que no van a abonar el dinero restante y van a presentar un recurso de reposición al Tribunal Económico-Administrativo. Además, están sorprendidas con la búsqueda exhaustiva que ha realizado la Comunidad de Madrid para encontrar a los herederos de los fallecidos y enviarles la reclamación.
Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales justifican estas peticiones debido a que "todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas" y que "la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia". Además, aseguran que el retraso de cuatro años se debe a que el proceso se dilata al tener que identificar a los herederos y localizar sus domicilios.
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Ángela Armingol cuenta a la Cadena Ser que el pasado 15 de marzo recibió una carta firmada por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, en la que se les informa de una deuda de 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020. Unos días en los que su padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo (Madrid) hasta que falleció sin ir a un hospital. "Estuve tres días completamente paralizada. La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble. Los tres primeros días estuve en sock", asegura Armingol.
La otra familia, según explica María de Álvaro, recibió esta misma carta en la que se les reclamó 674,28 euros con 28 céntimos por el mes de marzo y los cinco días de abril. En su caso, perdió a su padre, Ángel de 94 años, el 5 de abril de 2020 en la residencia Ensanche de Vallecas (Madrid) y critica que "nos están reclamando por un servicio que no se presta y llevado hasta las últimas consecuencias". Además, carga contra el Protocolo de la Vergüenza: "Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna".
El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló infoLibre. Entre ese mes y el siguiente fallecieron así 7.291 residentes, el 77% del total de los 9.468 que murieron entonces.