El PNV y EH Bildu acuden a las elecciones del próximo 21 de abril con programas electorales en los que la vivienda es un tema prioritario.
Aunque ambas formaciones coinciden en reivindicar el derecho subjetivo a la vivienda y en aplicar algunas soluciones similares, el PNV abre la puerta a las deducciones fiscales para los propietarios de casas que las alquilen, mientras que Bildu pretende reactivar la Ley de la Vivienda de 2015 del País Vasco.
«Impulsaremos el mercado del alquiler con incentivos fiscales y mayores garantías jurídicas«, dice el programa del partido liderado por Imanol Pradares, «estudiando, junto a las haciendas forales, deducciones fiscales a los arrendadores cuando los arrendatarios sean menores de 35 años, mayores de 65 años o personas con bajos ingresos».
El partido liderado ahora por Imanol Pradales no precisa más detalles sobre como se articularía esa deducción fiscal a los propietarios. No hace alusión alguna al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas.
A nivel nacional, la Ley de Vivienda del anterior Gobierno de Pedro Sánchez, publicada en el BOE el pasado mes de mayo, contempla también deducciones fiscales para los arrendadores, pero limitadas.
El rendimiento neto positivo se reducirá en un 90% en los casos en los que previamente se hubiera rebajado en más de un 5% el precio de alquiler respecto al anterior, según la Disposición final segunda incluida en la nueva Ley.
Por su parte, EH Bildu quiere promover «una reforma fiscal«, en coordinación con las Diputaciones Forales, «que incentive los alquileres asequibles y penalice los caros (…)», pero tampoco precisa nada más al respecto.
También pretende reactivar la Ley de Vivienda del País Vasco aprobada en 2015, que ya reconocía el derecho subjetivo a la vivienda. La formación abertzale afirma en su programa electoral que la Ley de Vivienda aprobada ese año «apenas ha tenido desarrollo».
El partido liderado en esta ocasión por Pello Otxandiano propone desarrollar «un sistema propio de índices de precios de referencia que limite en consecuencia los incrementos de los precios del alquiler en zonas tensionadas a partir de 2025″, así como implantar «mecanismos propios de control del precio de los alquileres«.
El PNV contempla la «posibilidad» de modificar la legislación actual sobre suelo y urbanismo, con el objetivo de «agilizar la tramitación de los instrumentos urbanísticos de competencia municipal» para facilitar «reformas de los Planes Generales o las modificaciones puntuales de los mismos que posibiliten una mayor oferta de vivienda».
También se compromete el partido a modificar «el rango de ingresos máximos que permiten acceder a una vivienda de protección pública». Asegura que creará una línea de avales de hasta 200 millones de euros, exclusiva para «las personas jóvenes», con la que los bancos podrán financiar, dice, el 100% del precio de compra de una primera vivienda.
EH Bildu asegura en su programa que prevé adquirir «500 viviendas de protección pública al año«, y garantizar «desde el planeamiento urbanístico que al menos la mitad de las viviendas de protección pública se califican para alquiler protegido».
Ni PNV ni EH Bildu recogen en sus programas electorales medidas particulares para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas o locales.
El partido abertzale sostiene que la presencia «de fondos buitre en la Comunidad Autónoma Vasca se hace cada vez más patente y afecta a un número creciente de personas». EH Bildu pretende adoptar medidas «para controlar y limitar el impacto de los grandes fondos especulativos y tenedores de vivienda que operan en el mercado inmobiliario».