Redacción
Andorra ha aprobado este jueves la nueva Ley de la lengua propia y oficial que prevé que a partir de 2029 se requiera acreditar un nivel mínimo de catalán a todos los residentes para poder renovar su permiso de inmigración.
El texto se ha aprobado en la sesión de Consejo General por 25 votos a favor y 3 en contra, correspondientes al grupo parlamentario minoritario de Andorra Endavant, mostrando el amplio consenso que se ha conseguido con el trabajo en comisión del proyecto de ley.
La consellera general (parlamentaria) de Andorra Endavant, Noemí Amador, ha criticado la norma, ya que considera que puede generar "resistencia y aversión" a la lengua y poner en peligro la economía y la cohesión social, en sus palabras.
Amador ha lamentado también los importes de las sanciones previstas, que pueden llegar a los 60.000 euros en los casos más graves y ha calificado la ley de "excesiva y coercitiva".
En cambio, han votado de forma favorable tanto los grupos de la mayoría (Demòcrates y Ciutadans Comrpomesos), como los otros dos de la oposición, Concòrdia (el principal) y Partit Socialdemòcrata.
Exigencias
El texto final prevé que a partir de 2026 se tendrá que hacer una formación de catalán de 30 horas para obtener la renovación del permiso de residencia y trabajo si no se acredita un nivel A1, que será necesario en la primera renovación.
En la segunda renovación del permiso el nivel a acreditar será el A2 y a partir del 2029 esta exigencia será aplicable a todos los permisos de inmigración que emite el Principado, por la cual cosa también afectará a 'youtubers', residentes pasivos o deportistas.
Además, las empresas tendrán que garantizar la atención al público en catalán y la obligación de las administraciones de fomentar la promoción de las obras audiovisuales en catalán.
Cursos
La ministra andorrana de Cultura, Mònica Bonell, ha defendido el texto y ha afirmado que, desde que se dio a conocer, el número de personas que asisten a los cursos de catalán "se ha triplicado", alcanzando las 1.800.
Por este motivo, ha defendido que la ley será positiva, ya que según ella no se tiene que ver la lengua como una barrera, sino como una oportunidad de compartir y como una herramienta de integración.
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