Los problemas de la Universidad Austral de Chile (UACh) -privada, miembro de la Red G9 y con cerca de 18 mil alumnos- no son nuevos y en el mundo de la educación superior es conocido el complejo escenario que atraviesa producto de su endeudamiento y de resultados financieros negativos sostenidos, lo que ya obligó a la Superintendencia de Educación Superior (SES) a poner sus ojos sobre la casa de estudios, que suma incumplimientos financieros y una deuda superior a los $91 mil millones en los últimos tres años.
Así, a mediados de noviembre de 2023 la SES formuló cargos a la casa de estudios, además de resolver que debía presentar un plan de recuperación en 60 días. Eso ocurrió el 15 de febrero de este año, pero los equipos técnicos de la superintendencia identificaron diversas observaciones que, de no ser corregidas, "podrían comprometer la efectividad del plan de recuperación y su impacto en la salud financiera y administrativa de la institución", según señaló la institución el 29 de febrero, día en que, además, le entregó a la UACh un informe con lo que había que cambiar, para lo cual la universidad tenía 15 días hábiles. Y así, a las 18:30 horas del día que concluía el plazo -martes 2 de abril-, finalmente se ingresaron esas correcciones y desde ahí la SES tiene cinco días hábiles para determinar su aprobación o rechazo. Si se aprueba, se deberán llevar a cabo, pero si se rechaza, se daría paso al nombramiento de un administrador provisional externo.
Justo después de presentadas las correcciones, desde la rectoría de la UACh aseguraron a su comunidad a través de un comunicado que aplicaron los ajustes necesarios a una "hoja de ruta que como institución creemos que es la más adecuada para subsanar, de manera responsable y en un plazo de dos años, la actual crisis financiera que enfrentamos".
A pesar de esto, el Sindicato de Trabajadores de la UACh criticó el nuevo plan al día siguiente de ser presentado, acusando que se agregaron puntos que no fueron negociados y que les afectarían, aunque sin detallar cuáles ni cómo. Hoy, por ejemplo, desde la UACh no despejan si es que su nuevo plan implica el cierre de algunas carreras, algo que, dicen, se despejará una vez que la autoridad se haya pronunciado sobre él.
"El plan de recuperación tiene como propósito fundamental garantizar el proyecto formativo y por objetivo restituir la sostenibilidad financiera de la universidad, a partir de una amplia reestructuración organizacional y operativa, resguardando la naturaleza de institución de educación superior compleja y con acreditación de excelencia. Eso implica, en términos generales, que el plan se centra en la mejora de las operaciones, los niveles de eficiencia, mecanismos de control y la gestión interna de nuestra universidad", decía al respecto el rector subrogante (S), José Dörner.
Pero, ¿por qué el comunicado lo firmaba un rector subrogante?
Ese es otro de los problemas de la institución. Y es que el 7 de marzo, justo cuando el Consejo Académico y el Sindicato de Docentes (Sindoc) de la UACh pedían su renuncia, el rector titular, Hans Richter, presentó una licencia médica de 30 días que vence el 7 de abril.
"Es imprescindible un cambio de conducción institucional, que ofrezca confianza y garantías a la comunidad universitaria y al ente regulador", decía entonces el consejo. Y es que el periodo donde se desató la crisis coincide con su mandato.
Pero, además, la licencia se dio en medio de algunas voces que apuntaban a que las autoridades de la UACh debían bajarse el sueldo para enfrentar la crisis, algo a lo que Richter se ha negado. De hecho, durante una reunión telemática con autoridades de gobierno a días de que se cumpliera el plazo para la presentación del plan de recuperación, el rector amenazó con judicializar el tema si es que se insistía con la reducción de las remuneraciones a los directivos superiores. Con todo, Dörner sí lo hizo voluntariamente luego de asumir como subrogante.
Un gesto similar sobre dineros tuvo el sindicato de docentes, donde 68% de sus miembros aprobaron negociar el "decimotercer sueldo" anual, un bono extraordinario estipulado en el contrato colectivo y que los docentes se abrieron a tratar con la universidad sobre fecha y forma de pago del beneficio.