El impacto económico tras los despidos estatales y por qué Milei puede enfrentar la Justicia
En la jornada de paro nacional contra el cese de 11 mil puestos en el Estado nacional, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señala cómo el achicamiento del Estado resiente el motor del país. Opina sobre la actitud de la CGT y las acciones judiciales que se vienen
"El plan de acción, el plan de lucha, es permanente, no se agota en una medida de fuerza", subraya Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional. El líder del gremio más combativo de los estatales dialoga con El Cronista en vísperas del paro nacional que arrancó en la medianoche de hoy viernes 5 de abril, tras el cese de 11 mil contratos públicos en la administración de Javier Milei.
Señala que el impacto no es solo social sino también económico porque el achicamiento del Estado resiente el funcionamiento del mecanismo que mueve el motor económico del país. Habla de la CGT y la decisión de demorar el llamado a un paro general en todo el país. Y explica por qué Milei puede enfrentar a la Justicia por sus decisiones.
-Las principales empresas agroexportadoras enviaron una carta al Gobierno, en la previa a los despidos, para pedirle que no baje al personal técnico de Agricultura, ¿hay un costo que no se ve aún en este ajuste masivo que el Ejecutivo promete seguir?
-Hay un impacto social, económico y también demográfico con el ajuste del Estado. Porque cuando se decide ajustar al Instituto Nacional de Agricultura, Familiar, Campesina e Indígena de lo que estamos hablando es de un organismo con 106 unidades territoriales distribuidas en todo el país y 1.080 trabajadores de los cuales solo 80 trabajan en la Casa Central en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una buena porción de los despidos está en las provincias y no en la Capital Federal.
-¿Cuál es la consecuencia de ese retiro del Estado que denuncia a nivel federal?
-Significa que se pierde un asesoramiento profesional permanente a las unidades productivas que puede derivar en una migración hacia las grandes ciudades. Lo mismo ocurre con el Senasa, clave para el comercio exterior y la seguridad alimentaria. O los controles fronterizos que quieren dejar a cargo de los gendarmes aunque no están correctamente capacitados para ciertas tareas de fiscalización. Todo esto alienta un quebranto de las economías de todas las provincias en el largo aliento.
-¿Confían en que el paro nacional puede poner freno a los despidos en el Estado?
-Formamos parte de un modelo sindical que considera que hay que confrontar a un gobierno como el de Milei. Pero el plan de acción es permanente, no se agota en una medida de fuerza. Y el resultado depende de la sumatoria de acciones que podamos llevar adelante. Son tiempos desafiantes para el movimiento sindical. No son tiempos para iluminados sino para un proyecto colectivo. Por eso abrimos las puertas del sindicato a delegados de todo el país y de todas las variantes ideológicas. Confío que el paro se va a sentir realmente en todo el país y va a golpear al gobierno.
-Ayer UPCN presentó un amparo colectivo, ¿desde ATE pueden llegar a elegir un camino similar?
-El equipo jurídico está en coordinación con los abogados del sindicato en todo el país. Porque la porción más importante de los despedidos recae en las provincias. Hay un denominador común de todo este proceso y es el retiro del Estado de las provincias. Pero hay situaciones diversas: uno tiene que invocar la estabilidad del artículo 14 bis en el empleo público pero también se despidió a una embarazada y a otro trabajador por estar afiliado a La Cámpora, y esas son causales de discriminación.
-¿Puede esto desatar una eventual ola de demandas contra el Estado?
-Tanto el Presidente como sus funcionarios no la van a pasar bien con esta decisión de despedir a miles. No sé si será ahora o en el largo plazo, pero van a tener que responder ante la Justicia. Porque se han decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular, la Constitución Nacional, y esa conducta está tipificada en el artículo 226 del Código Penal.
-Los despidos no contemplaron indemnizaciones, ¿hay chances de revertir estas bajas o se trata de conseguir lo más justo para cada uno?
-A mí me eligieron para luchar. La resignación no hace historia y en este sindicato no se resigna nadie. La historia demuestra que las decisiones más complejas que se tomaron contra los trabajadores fueron revertidas con la lucha gremial. Y soy un convencido que primero va la lucha gremial y atrás el abogado. No es con el abogado adelante.
-¿La CGT debería jugar más fuerte ahora que ya no se habla solo de salarios sino de pérdida del empleo?
-Estamos viviendo un momento de zozobra y tal vez no todas las organizaciones tengamos los mismos tiempos. Puedo comprender que algunas instancias demanden mayores debates y que no todos los sindicatos seamos iguales.
-¿Y ustedes qué están dispuestos a hacer?
-¿Nosotros qué decimos? Desde la CTA Autónoma, donde se ubica ATE, ya lo hemos planteado. Porque no solos somos lo estatales los que nos vemos perjudicados y por eso hay que unificar las demandas. Si se caen las ventas, los comercios empiezan a cerrar. Lo mismo les pasa a los empresarios, a los industriales. Quizás haya gremios donde todavía no se vean afectados en profundidad por las medidas, pero a los estatales ya nos atraviesa el puñal de los despidos. Si a la CGT le está costando poner fecha a un paro nacional, que lo hagan las dos CTA y vamos a salir a las calles. Va a ser un paro nacional masivo.