De las muchas respuestas a la pregunta "¿Cuándo fue que se jodió la Argentina?", la mía es: "La Argentina se jodió en 1930, con el primer golpe militar contra un gobierno democrático, infelizmente continuado con el de 1943".
De esos dos golpes nacerían las dos grandes fuerzas políticas que gobernarían casi con exclusividad el país durante ocho décadas, el Partido Militar y el Partido Populista, conduciéndonos a la decadencia a través de la violencia, reiteradamente utilizada por ambos como método de acción política; de su común autoritarismo verticalista, destructor de instituciones, y de su nacionalismo patriotero, empobrecedor del pueblo y saqueador de la nación.
Es ese pasado que nunca pasa, es esa herida infectada que aún da fiebre, la que afloró a propósito de las declaraciones de Gómez Centurión.
Que fueron dos: "No hubo un plan sistemático" y "Los desaparecidos no fueron treinta mil, sino ocho mil". Cualquiera comprende que ambas se contradicen, ya que sin un plan sistemático no se pueden explicar ocho mil desapariciones.
Curiosamente, el hecho de que Gómez Centurión haya sido carapintada pasó desapercibido y sigue pareciendo secundario hoy, en un país en que las palabras siguen contando más que los hechos aunque los hechos en cuestión sean dos alzamientos contra el orden constitucional.
Acaso, porque entre Aldo Rico, Taiana, Kunkel, Garré y tantos otros, los gobiernos del Partido Populista abundaron también en funcionarios que se alzaron contra el orden democrático y se reintegraron sin pedir disculpas.
Aún más, que disfrutaron de homenajes y prebendas, como las indemnizaciones concedidas a terroristas confesos, los festejos del "Día del montonero", la reivindicación oficial de aquella "juventud maravillosa" especializada en secuestros y asesinatos, su ascenso a posiciones de poder y su glorificación por parte de organismos que dicen defender los derechos humanos: "Nuestros hijos eran guerrilleros maravillosos que defendieron a la patria".
Que el kirchnerismo presente hoy denuncias por "apología del delito" y hable de respetar fallos después de doce años de sacralizar condenados por terrorismo es un absurdo más de una larga y demencial cadena de hipocresías y atropellos.
Un insulto, además, para sus víctimas; en muchos casos civiles, militares y colimbas inocentes de todo crimen. A cuatro décadas de aquellos horrores, ¿no es tiempo de una reparación histórica para ellos, ya que el indulto de Menem y la prescriptibilidad de aquellos delitos han dejado a los victimarios sin castigo?
¿Y no es tiempo, también, de un amplio acuerdo entre nuestras fuerzas políticas para que nadie que se haya alzado en armas contra un gobierno democrático, como terrorista o como carapintada, pueda desempeñar funciones estatales sin haber hecho público su arrepentimiento?
Veamos la otra afirmación de Gómez Centurión: "No es lo mismo 8000 verdades que 22000 mentiras". Podrá criticarse la brutalidad de equiparar muertes con mentiras y la impertinencia de que quien debería concentrarse en la Aduana se meta en cuestiones que no le competen.
Pero el problema no es ése. El problema es que lo que dice Gómez Centurión es cierto: no hubo 30.000 desaparecidos, y si la discusión de la cifra era impertinente durante los años que siguieron a la dictadura, ya no lo es.
Pasadas cuatro décadas, la identificación de todos los desaparecidos, la reparación moral y material de las familias afectadas y el establecimiento de una cifra basada en la realidad y no en el mito deberían integrar el programa de los organismos de derechos humanos como parte de la memoria, verdad y justicia que tanto reivindican.
La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué las Madres, que consideran la negación de la cifra de 30.000 como apoyo encubierto al genocidio, no buscaron los nombres que faltan, como sí hicieron las Abuelas con los nietos?
¿Por qué no destinaron la mayor parte del abundante presupuesto estatal que recibieron a la búsqueda de las familias y las historias de los desaparecidos en vez de dilapidarla en universidades truchas y sueños compartidos? ¿No es ésta una admisión directa de que tampoco ellas creen en la cifra que proclaman?
La polvareda levantada por Gómez Centurión no puede ser desligada de la mancha que ha cubierto los pañuelos, ni de la apropiación sectaria de un principio universal: los derechos humanos, que había llegado a ser un valor compartido por la mayoría de los argentinos.
Por esta otra grieta abierta por el último representante del Partido Populista se cuela la provocación del Partido Militar.
Y la respuesta populista volvió a mostrar la miseria moral que reina allí también, y que incluyó hasta una innoble reivindicación del asesinato de Aramburu.
Freudianamente, los sectores que se ensañaron con Gómez Centurión son los que mayores pecados acumulan. Las Madres y Abuelas, por haber promovido la partidización de los derechos humanos y por su aval a la designación de un acusado de crímenes de lesa humanidad, Milani, entre varios ejemplos.
El kirchnerismo, porque la lista de colaboracionistas y funcionarios de la dictadura entre sus referentes es larga e incluye a los propios Kirchner, la hermana Alicia, Timerman, Zaffaroni, Tomada y más.
En el caso del peronismo, porque 1976 no fue más que la monstruosa profundización de lo que ya sucedía bajo el peronismo, responsable del apoyo de Perón a Montoneros, de su posterior llamado a "exterminar uno a uno" a "esos psicópatas", de la creación de la Triple A, de los decretos de aniquilación de la subversión y de los primeros exilios y desapariciones, que no ocurrieron en 1976, sino en 1975.
Para no hablar del apoyo del candidato peronista de 1983 -Luder- a la autoamnistía militar ni de los indultos menemistas que liberaron a todos, terroristas y genocidas.
Finalmente, las declaraciones de Gómez Centurión fueron impropias y ofensivas, pero no constituyeron negacionismo ni apología del delito.
Fueron, además, las declaraciones del jefe de Aduanas y no de un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ninguna de las tareas desempeñadas por Centurión tiene la menor pertinencia con ellas, ni ningún fallo judicial es suficiente para establecer una verdad de Estado impermeable a la crítica, por más aberrantes que puedan parecer sus argumentos.
Si la ley es igual para todos, todos los funcionarios y empleados estatales que pensaran como Gómez Centurión deberían ocultar sus ideas o perder sus puestos de trabajo, lo que convertiría las dependencias estatales en campos de delación o de silencio.
Hasta 2017 han llegado las esquirlas del combate entre el Partido Militar y el Partido Populista, las dos fracciones nacidas del Ejército Argentino.
Ojalá que esta polémica sea uno de los últimos estertores de ese pasado que nunca pasa, para lo cual no se necesita cancelación y olvido, sino una discusión honesta sobre lo sucedido, sin historias oficiales ni verdades de Estado, vengan de donde vengan.