En un entorno marcado por la burocracia y la complejidad administrativa, miles de personas en Canarias se ven enfrentadas a la difícil tarea de obtener el reconocimiento de su discapacidad. Este proceso se convierte en un verdadero laberinto de trámites y largas esperas que ponen a prueba la paciencia y la determinación de quienes lo atraviesan.
En las oficinas de atención social y de salud, los solicitantes esperan hasta cinco años para ser atendidos, solo para ser redirigidos a otros departamentos o enfrentarse a interminables formularios. Esta sensación de desamparo y frustración se vuelve el compañero constante de aquellos que buscan alivio para sus dificultades físicas o mentales. Los meses se convierten en años mientras los expedientes se mueven de un escritorio a otro, sumergidos en un mar de trámites y procedimientos administrativos.
"Esperar y desesperar"
Juan Carlos Hernández, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y presidente de CERMI, describe esta situación como un ciclo de "esperar y desesperar". Destaca la importancia fundamental del reconocimiento de la discapacidad, ya que sin él, se ven limitados en el acceso a derechos básicos como la accesibilidad, educación universitaria, vivienda, transporte e incluso atención en casos de violencia de género.
La espera, que en ocasiones se extiende hasta 65 meses, se convierte en una carga para las familias y cuidadores, quienes muchas veces dependen económicamente de la persona con discapacidad. La necesidad de una revisión periódica del grado de discapacidad agrava aún más la situación, especialmente en casos de enfermedades degenerativas como la de Sergio Barrera, quien ha esperado dos años para una revisión que considera urgente, según cuenta a los micrófonos de COPE Canarias.
Canarias, con más demoras para reconocer la discapacidad
Canarias destaca por ser una de las regiones de España con mayores demoras en el reconocimiento de la discapacidad, según un informe de CERMI. La falta de personal, los procedimientos complejos y la insuficiencia de centros contribuyen a esta situación, según el estudio.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, denuncia el abandono institucional hacia las personas con discapacidad y critica la falta de acción por parte de los políticos, quienes, según él, muestran apoyo en palabras pero no en acciones concretas.
A pesar de los obstáculos, obtener el grado de discapacidad es motivo de celebración y alivio para aquellos que finalmente lo consiguen. Sin embargo, también es un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por un sistema más eficiente y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad.
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