Este lunes comienza el tratamiento de la Ley Bases en una una sesión maratónica en la Cámara de Diputados. En un texto más acotado que el original, el Gobierno busca impulsar desde las delegaciones extraordinarias al Poder Ejecutivo hasta la reforma laboral.
El proyecto finalmente quedó con 232 artículos, sumado a los 112 pertenecientes a las medidas fiscales. El original tuvo una serie de modificaciones y consiguió dictamen de mayoría el jueves pasado en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, con apoyo del radicalismo, el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF).
Qué es la Ley Bases
La Ley Bases es un paquete de medidas que van desde delegaciones de poderes al Ejecutivo, privatizaciones, derogación de la moratoria previsional, modificaciones en el impuesto a las ganancias y monotributo, disolución de organismos públicos, intervenciones, fondos fiduciarios y reforma laboral, entre otros.
La base principal de este proyecto se encuentra en las delegaciones extraordinarias al Poder Ejecutivo para la cual se solicita declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
Los puntos más importantes de la Ley Bases
El proyecto, además, establece la privatización de empresas del estado como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.
Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Correo Oficial y Corredores Viales quedan sujetas a privatización o concesión. Por su parte La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas con control del Estado.
Otro de los puntos principales se encuentra en la reforma laboral en la que se extiende el período de prueba a seis meses, se eliminan multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral para indemnizaciones que será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro.
Además, el Gobierno plantea la derogación de la moratoria previsional aprobada durante el mandato de Alberto Fernández y se establece la creación de la Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.
También se busca reestablecer el cobro del impuesto a las Ganancias (que fue quitado por el gobierno anterior durante a campaña presidencial). La idea es que comience a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados.
Con respecto al Monotributo, se quiere actualizar los topes de facturación y cuotas, en las que se establecerían sumas de entre 300% y 330%. Se reduce el piso a partir del cual se empiezan a pagar Bienes Personales y se disminuye en las alícuotas.
Por otra parte, se propone un blanqueo para regularizar activos no declarados hasta los U$S100.000 sin pagar impuesto especial.
También se pretende la disolución, fusión o modificación de organismos públicos. Sin embargo, no podrán incluirse: el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Por otra parte, se busca que el Poder Ejecutivo pueda obtener las facultades de poder intervenir, durante un año, organismos descentralizados con excepción de las universidades nacionales y diferente organismos del Poder Judicial, Legislativo, Ministerio Público y entes que de ellos dependan. También ANMAT, CONICET, INTA, ANLIS, CONEAU, UIF e instituciones de la seguridad social.
Por último, la Ley Bases plantea que el Gobierno pueda modificar, unificar o liquidar los fondos fiduciarios públicos.