La Audiencia de Granada ha fijado para primavera del año que viene el juicio contra la ex consejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, por presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en nóminas a cargo de fondos públicos durante su etapa de gestión en la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Anteriormente, López fue consejera de Justicia de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves.
El juicio se celebrará los días 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2025 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según han confirmado fuentes judiciales. Junto a la ex directora de Cetursa se sentará en el banquillo de los acusados el que fuera director de finanzas de la entidad, Alberto Ollero. Ambos se enfrentan a peticiones de prisión.
La Fiscalía les acusa provisionalmente de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, por el que pide que sean condenados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y de otros dos delitos de falsedad en documento público, por el que solicita una pena de más de siete años de cárcel y multa, según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
María José López, recordemos, compareció ante el juzgado por este asunto a finales de febrero de 2020. En declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados defendió su gestión y negó que en Cetursa se hubieran cobrado cantidades de manera irregular.
Condena por el Tribunal de Cuentas
En paralelo a este proceso se ha seguido otro en el Tribunal de Cuentas, que condenó a López en mayo del año pasado a abonar 58.512 euros a la Junta de Andalucía por el menoscabo de fondos públicos en la estación de esquí debido a pagos «indebidos o carentes de justificación» realizados a determinados trabajadores en 2015.
El Tribunal de Cuentas señaló «una conexión directa» entre la conducta de la socialista y el daño producido a los fondos de Cetursa. El supremo órgano fiscalizador estimó parcialmente las demandas presentadas por la Junta de Andalucía y la Fiscalía -reclamaban el pago de 85.164 euros- por este asunto y concluyó que López incurrió, como mínimo, en negligencia grave en la gestión de los fondos públicos que tenía encomendada, ya que «por acción u omisión», permitió los pagos.
La sentencia aludía a los importes percibidos por cuatro trabajadores de Cetursa en concepto de «incentivo por razón de especial dedicación al puesto de trabajo» por un total de 26.237 euros, una cantidad que cobraron a pesar de que este complemento no venía contemplado en la normativa y «no estaba justificado».
La aportación osciló entre los 100 y los 815 euros brutos al mes, según los distintos jefes, y fue aprobada por la consejera delegada de Cetursa con «omisión del informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública», según precisó la resolución, dictada en mayo de 2023.
A estas cantidades se suman un total de 20.723 euros que cobraron medio centenar de trabajadores de la empresa pública al no aplicarle la reducción de determinados «incentivos o complementos de carácter variable» que exigía la ley, una irregularidad a la que apuntó la propia Intervención General de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones de control interno.
Los beneficiaros fueron personal laboral no directivo de Cetursa que cobraban una serie de complementos que, en cualquier caso, «no se recogían» en el convenio colectivo de la empresa ni habían sido autorizados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. También existió, según el Tribunal de Cuentas, un «exceso de retribuciones abonadas a un trabajador con relación a las que corresponderían a su categoría profesional según el convenio». Este empleado cobró de forma indebida 9.552 euros.