Ginebra. La ONU expresó este viernes su preocupación por informes que indican un aumento en los esfuerzos de las autoridades en Irán para perseguir y sancionar a las mujeres que se niegan a usar el velo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también manifestó inquietud por un proyecto de ley denominado "Apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab", que contemplaría penas más severas para las mujeres que no usen el hiyab en público, una prenda que cubre el cabello.
"Lo que hemos visto y escuchado es que, en los últimos meses, las autoridades, ya sea policías de civil o uniformados, están aplicando cada vez más la ley del hiyab", declaró Jeremy Laurence, portavoz de la oficina, durante una conferencia de prensa en Ginebra. "Hay reportes de detenciones generalizadas y acoso a mujeres y niñas, muchas de ellas entre 15 y 17 años", añadió.
La policía iraní anunció a mediados de abril un refuerzo en los controles sobre el uso del hiyab, argumentando un creciente incumplimiento de la ley. Cientos de establecimientos, incluidos restaurantes y cafeterías, han sido clausurados por no cumplir con la normativa, y se están utilizando cámaras de vigilancia para identificar a las mujeres que no lo llevan, explicó Laurence.
Muchas mujeres comenzaron a rechazar el velo después de la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, tras su detención por la policía moral iraní, lo que desató una ola de protestas, fuertemente reprimidas, contra el régimen.
Según Laurence, el 21 de abril "el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán anunció la creación de una nueva brigada para hacer cumplir las leyes vigentes sobre el hiyab obligatorio, y añadió que los miembros de la guardia han recibido formación para hacerlo de manera más rigurosa en los espacios públicos".
Aunque el texto del nuevo proyecto de ley sobre el hiyab no fue divulgado públicamente, "una versión anterior estipula que quienes sean declarados culpables de violar el código de vestimenta obligatorio podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, flagelación y multas", afirmó.
La Oficina de Derechos Humanos también instó a la liberación de un rapero condenado a muerte por respaldar las protestas desencadenadas por la muerte de Amini. Toomaj Salehi, de 33 años, fue detenido en octubre de 2022 por apoyar públicamente el levantamiento.
"Todas las personas encarceladas por ejercer su libertad de opinión y expresión, incluida la expresión artística, deben ser liberadas", dijo Laurence.