Dicen algunos que la casta política española actual es la peor de la etapa democrática. No estoy tan seguro, porque basta recordar nombres como Otegi, Roldán, Zaplana, Matas, Rato o Fabra para dudarlo. La del franquismo era pésima, además de dictatorial y en algunos casos criminal. Hoy basta con escuchar unos minutos a algunos políticos para constatar que su formación intelectual es flojísima, su preparación profesional nula y sus conocimientos exiguos.
En algunos casos son tan groseros que queda la duda de si se trata de mentirosos compulsivos o de ignorantes supinos, bien entendido que estos términos no son excluyentes sino en ocasiones incluso complementarios.
El señor Bolaños, a la sazón ministro de Justicia, es uno de ellos. Hace unos días, con un desparpajo arrogante y mendaz, afirmaba sin el menor rubor que «la soberanía nacional radica en el Congreso de los Diputados». Con afirmaciones falsas como ésta, se constata que este ministro o es un ignorante o es un mentiroso, o ambas cosas a la vez. Basta acudir al texto de la Constitución para leer lo siguiente: «Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Escuche y lea, señor ministro: la soberanía es del pueblo, no de los diputados, que «representan al pueblo español», artículo 66.1. Por cierto, no sólo los diputados, como quiere hacer creer el ministro, también los senadores, según reza este mismo artículo.
Esta misma semana el presidente del Gobierno Autonómico de Cataluña se ha presentado en el Senado para decir que, según un informe «sólido, robusto y concreto» encargado por la Generalitat, puede hacerse un referéndum para que sean los catalanes quienes decidan si se constituye Cataluña como un Estado independiente. Pues no, señor Aragonès, no. En el artículo 92.1 se lee que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». La independencia de Cataluña no es una cuestión exclusiva de las personas empadronadas en los municipios catalanes, pues esa decisión cambiaría el orden político y el espacio territorial del conjunto de España y, por tanto, es competencia de todos los españoles. Todos.
Estos dos asuntos son tan fáciles de entender que incluso dos políticos como el ministro de Justicia y el presidente de Cataluña deberían comprenderlo, y no engañarnos con su torpe verborrea y su sectarismo militante; salvo que sean mentirosos compulsivos o ignorantes supinos, o ambas cosas a la vez.
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