En los últimos meses nos hemos sentido muchas veces en medio de conversaciones que atrasan más de un siglo, con la necesidad de argumentar por qué no es aceptable avasallar las bases fundamentales del Estado de derecho o por qué debemos proteger aquellos principios sobre los que se desarrolló un país con aspiraciones de progreso, como que el trabajo infantil está prohibido y que apoyamos la escolaridad pública, laica y obligatoria.
La distopía de hoy es sentir que no hay temas saldados incluso cuando se hayan cimentado en debates profundos, con argumentos basados en la evidencia, con construcción de consensos interpartidarios y federales como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nuestras certezas se enfrentan cotidianamente con las consecuencias del desfinanciamiento y recortes en el apoyo del gobierno federal, incumpliendo leyes y retrocediendo en políticas públicas.
Mientras tanto, el mundo sigue su marcha y muchos de los foros internacionales siguen marcando un norte que no debemos resignar.
Uno de esos espacios es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, también conocida como CSW por su sigla en inglés (Commission on the Status of Women), el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Fundada en 1946, se reúne todos los años por un período de dos semanas en Nueva York, a continuación del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo. Allí, representantes de los Estados que integran las Naciones Unidas, líderes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de las entidades de Naciones Unidas se encuentran para debatir sobre los progresos logrados a nivel global, compartir los desafíos de las distintas regiones y decidir futuras acciones.
Durante más de 70 años ese espacio ha liderado debates sobre las desigualdades y la discriminación a las que hacen frente las niñas, adolescentes y mujeres en distintas regiones del mundo; han generado atención pública sobre temas sociales de preocupación contribuyendo a derribar estereotipos y a cuestionar las estructuras de desigualdad; y han impulsado la acción para fomentar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el mundo con una perspectiva interseccional.
Argentina, con sus movimientos sociales, feministas y los avances en legislación y en política pública de las últimas décadas ha sido muchos años una fuente de inspiración ocupando un rol relevante entre los países de la región. En esta oportunidad, los debates en torno al tema prioritario del 68º período de sesiones anual (CSW68) "Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género", nos encontró en un lugar distinto.
Organizaciones y activistas de todo el mundo llegamos a este período de sesiones de CSW para compartir información, evidencia y propuestas que permiten evidenciar los vínculos que hay entre el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de las violencias, la pobreza y la igualdad de género con la calidad de la democracia. Compartimos preocupaciones, estrategias y oportunidades para que la cooperación entre nuestros países, nuestras organizaciones y alianzas puedan seguir potenciando el progreso de las mujeres y el avance hacia la igualdad
En un contexto geopolítico complejo, de todos modos representantes de los Estados parte de Naciones Unidas llegaron a una declaración final y conclusiones de consenso que reafirman el camino recorrido por la comunidad internacional hasta ahora, enfocados en la necesidad de avanzar de manera decisiva en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género e interseccionalidad. Asimismo, recuperaron la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de continuar apoyando las instituciones y las políticas públicas que promueven la igualdad de género.
Por eso, en sus conclusiones, la CSW insta a los diversos actores de la comunidad internacional a que tomen medidas para integrar una perspectiva de género en los compromisos de financiación para el desarrollo; aplicar políticas económicas y sociales que respondan a las cuestiones de género y reforzar las instituciones públicas; ampliar el margen fiscal para inversiones que acaben con la pobreza de mujeres y niñas; fomentar nuevas estrategias de desarrollo en pro de economías y sociedades sostenibles; promover condiciones que favorezcan la participación y financiar a organizaciones y colectivos de mujeres; y mejorar la producción de datos y estadísticas sobre pobreza multidimensional.
En medio de nuestra propia distopía es reconfortante comprobar que mientras la comunidad internacional avanza hay un interés sostenido de parte de países de todo el mundo sobre la situación de las mujeres y la democracia en Argentina. Es una reafirmación importante para nuestro trabajo que tanto los organismos de Naciones Unidas como activistas y organizaciones filantrópicas sigan con atención nuestras luchas, argumentos y estrategias para resistir los retrocesos que se anuncian y sobre los cuales se pretende avanzar.
No será la primera vez que la solidaridad internacional y la posibilidad de apoyar a las organizaciones, movimientos y activistas de nuestro país sea crucial para proteger nuestros valores democráticos. En esto anda el mundo, aunque no siempre llegue a las agendas de quienes hoy marcan el ritmo de nuestra política.
NG/DTC