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Muchos de los que se han enfrentado en los últimos años a la decisión de comprar un vehículo nuevo han sopesado la idea de adquirir un eléctrico. No hace falta entrar en debate en el popular forocoches para encontrar opiniones encendidas a favor y en contra. Que si el período de amortización, que si la duración de las baterías...
Más allá de su incuestionable papel para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cierto es que a día de hoy no es fácil encontrar argumentos económicos o de conveniencia a favor de este método de transporte que los gobiernos quieren fomentar pero que, al menos en España, parece no haber alcanzado la maduración suficiente. En España la renovación de un parque de vehículos que, en un 63% tiene una antigüedad de más de 10 años, es una prioridad. La realidad demuestra que algún cálculo podría haber fallado en la ambición de llegar al objetivo de 5,5 millones de coches eléctricos en el año 2030. De los 949.999 vehículos matriculados en España en 2023 solamente 51.600 fueron 100% eléctricos, un 5% frente a la media de casi el 15% en Europa.
Según cálculos del sector el parque de vehículos 100% eléctricos a finales de 2023 rondaba los 340.000 turismos, poco más del 1% de los vehículos totales y a años luz de los objetivos del gobierno. Pese a las ayudas estatales en diversos planes y al desembarco de marcas chinas que han rebajado considerablemente el coste de los vehículos, la aventura real de comprar y utilizar un coche eléctrico en España se enfrenta a numerosos obstáculos que han ralentizado su desarrollo y expansión.
Una de las principales barreras identificadas es la complejidad y lentitud en el proceso de instalación de los vitales puntos de recarga. En España, los trámites necesarios para instalar un punto de recarga llevan una media de 18 meses, aunque en algunos casos pueden representar hasta tres años, un desafío a todas luces enorme para avanzar en la soñada movilidad eléctrica del país que quiere ser referente en energías no contaminantes. La burocracia y los trámites administrativos juegan un papel crucial en este aspecto, obstaculizando el funcionamiento de cerca de 7.000 puntos de recarga que esperan permiso actualmente en España.
El proceso de instalación de un punto de recarga eléctrica implica múltiples etapas. Cada fase está plagada de obstáculos burocráticos que contribuyen a la dilación del proceso en su conjunto. Particularmente difícil resulta la negociación y solicitud de ayudas, que puede llegar a extenderse hasta dos años, debido a la complejidad de los trámites legales y la obtención de aprobaciones necesarias, como el Plan Moves III de ayudas europeas.
"No es alentador que para instalar un punto superrápido de carga se tarde de media entre 28 y 46 meses, cuando deberían estar operativos en apenas una semana", explicaba recientemente el director general de Anfac, José López-Tafall. Además de las dificultades de instalación de puntos de recarga para los particulares, el despliegue de estaciones públicas de recarga rápida va con enorme retraso. Para cumplir los planes que el propio gobierno se ha puesto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es preciso multiplicar por 25 los 15.000 puntos de recarga eléctricos que existen actualmente en el país (frente a los 350.000 proyectados).
"La mayoría de los vehículos se volverán totalmente eléctricos cuando la infraestructura de recarga esté ampliamente extendida", señala el último informe del Observatorio de Movilidad Sostenible realizado por Grant Thornton. "Existe la necesidad de mejorar la infraestructura pública de recarga rápida, no solo en las ciudades sino también en los pequeños municipios y corredores, un mínimo de infraestructuras de recarga de uso público hará más útiles, prácticos y viables los VE y se podrá solucionar uno de los principales impedimentos al desarrollo de la movilidad de cero emisiones en España".
Otro de los puntos clave en el desarrollo del coche eléctrico es la modernización, digitalización y expansión de unas redes eléctricas que necesitan una nueva configuración para atender a la electrificación de la sociedad y las industrias. En el marco de los ambiciosos planes de descarbonización, las eléctricas llevan años pidiendo al gobierno que incremente los actuales límites que topan a la inversión de las redes de transporte y distribución, un negocio regulado por el Estado.
Pero, a pesar de las preocupaciones sobre la capacidad de la red para soportar un aumento significativo en la demanda de energía, diversos expertos indican que el impacto del crecimiento del parque de vehículos eléctricos podría gestionarse técnicamente si se agilizase la burocracia. Otra cosa sería cumplir con las ambiciones de crear gigafactorías de baterías u otros componentes que requerirían, eso sí, de una red con nuevas y mayores capacidades.
Más allá de la capacidad de la red, avances tecnológicos como la digitalización de las redes, contribuirán a reducir el impacto de la electrificación del transporte. La aplicación de sistemas inteligentes y contadores eléctricos permite gestionar la demanda y optimizar el uso de los recursos disponibles.
Producido por EcoBrands