El Consell ha dado el "pistoletazo de salida" a uno de los "proyectos más importantes de la legislatura". El president de la Generalitat, Carlos Mazón; la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rocío Cortés, han presentado este martes el Plan Vive por el que el Ejecutivo autonómico prevé impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública antes de 2027, un plan basado en tres ejes: la "cooperación interadministrativa", la "seguridad jurídica" y la "colaboración público-privada".
"No es la presentación, es un paso más; ya hemos empezado, la estrategia ya está en marcha", ha expresado Mazón en su intervención tras firmar el convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Este acuerdo es uno de los pilares sobre los que se basa el plan "ambicioso" y "realista", según Mazón, para lograr la cifra señalada desde el principio de la legislatura: 10.000 viviendas.
Según este marco, los ayuntamientos cederán suelo público municipal a la Generalitat para que en estos se construyan hasta 6.000 viviendas entre 2024 y 2027, según expectativas de la Administración autonómica. No obstante, esta cantidad, según los estudios del Instituto Valenciano de Edificación respecto a las bolsas de suelo disponibles, podría llegar hasta las 9.200 viviendas en localidades de hasta 10.000 habitantes. De momento, Mazón ha indicado que ya hay 40 ayuntamientos que han mostrado su interés en participar en este proyecto y que desde este martes se podrán unir a este marco de colaboración.
"No vamos a recalificar nada, es un plan 100 % sostenible", ha matizado Mazón quien ha señalado que ahora toca "arremangarse" para "movilizar todo el suelo disponible". También el privado. Y este es otro de los puntos sobre los que se mueve el plan: lograr la "colaboración público-privada" para que el sector privado se implique en esta promoción de viviendas. En este sentido, la previsión del Ejecutivo autonómico es que más de 4.000 viviendas se podrían desarrollar sobre suelo privado.
Para ello, han explicado los responsables autonómicos, es necesario un cambio de las normas elaboradas por el Botànic porque "las condiciones anteriores no lo permitían". En concreto, hay tres modificaciones. La primera, será el decreto de las VPO que el pleno del Consell aprobará en abril tras paralizar el anterior del Botànic. La segunda ha sido la paralización de otro decreto impulsado por Héctor Illueca a final de la pasada legislatura: el de condiciones para la construcción de vivienda, ya paralizado. El último es una "reforma" de la Lotup, ya en vigor, que permite "agilizar las licencias".
A ello se añadirá la "optimización de fondos europeos" con las que, entre otras, ya está en marcha la construcción de 1.100 viviendas para alquiler sostenible. Con todo ello, la previsión del plan es que tenga un impacto de 7.600 millones de euros de inversión y que suponga la creación de 74.000 empleos además de que con la ampliación de la oferta de vivienda se permitirá la bajada de los precios tanto de alquiler como de venta de vivienda, uno de los asuntos que más preocupan a la población.
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