El año pasado, en la entrevista que la candidata de Morena a la presidencia le dio a Arturo Cano para el libro "Claudia Sheinbaum Presidenta", se le preguntó si en 2024 la corrupción seguiría siendo uno de los grandes problemas del país. La respuesta que entonces dio me pareció inquietante: "Ya no", dijo.
Supongo que Sheinbaum tuvo tiempo para reflexionar esa postura, pues de otra manera no hubiera presentado una propuesta anti-corrupción tan ambiciosa como la que se hizo pública este lunes en voz de Javier Corral, uno de los políticos que más compromiso y seriedad han demostrado en este ámbito.
El programa no solo parte de la idea de que la corrupción no ha podido ser erradicada. También conlleva, de manera implícita, una crítica a por lo menos tres rasgos del gobierno actual en este terreno:
Primero, ante un gobierno que ha enfatizado que la honestidad del gobernante como la vacuna frente a casi todo, ahora se reconoce que ese elemento no basta. "La conducta personal de honestidad del presidente de la República ha sido fundamental, pero no suficiente", dijo Corral al inicio de su discurso. Y aunque es un paso importante que el jefe del Estado ya no sea más "el vértice por el que se mezclan los negocios y la política", como explicó, hace falta ahora un gran acuerdo y una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno de "carácter sistémico".
Segundo, se vuelve a hablar de la importancia de las instituciones y la necesidad de reformarlas. No solo se plantean reformas constitucionales y legales (una nueva Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción). También se propone crear una nueva instancia llamada Agencia Federal Anticorrupción que hubiera sido imposible plantear en el sexenio que está terminando. Esta agencia tendría como objetivo investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción, sin incurrir en mayores gastos.
Tercero, se habla de establecer más controles para evitar el abuso de los casos de excepción a las licitaciones públicas, tema por el cual esta administración ha sido criticada, así como asegurarse de que, para 2030, el 65% del monto anual contratado por el gobierno federal sea resultado de licitaciones. Aquí parece haber un reconocimiento de que el actual gobierno quedó a deber, pues es sabido que básicamente ocho de cada diez contratos otorgados durante este sexenio fueron adjudicaciones directas.
A mi modo de ver, la propuesta tiene un punto débil: no se mete en el ámbito del poder judicial, el más opaco y corrupto de los tres poderes. Apenas se menciona la necesidad de reformar la justicia federal y local, sin decir cómo. Es un problema porque no es posible combatir la corrupción si no se acaba con la impunidad que tiene entre jueces, magistrados y ministros a sus principales responsables. En el equipo de Sheinbaum, lamentablemente, la propuesta de reforma judicial cae en la cancha del ministro Arturo Zaldívar, quien ya tuvo su oportunidad de hacer una reforma en este ámbito y entregó pingües resultados. Por lo demás, cabe preguntarse si el ministro tiene un compromiso genuino en esta materia. Pago por ver.
@HernanGomezB