El Ayuntamiento de Orihuela recibió ayer a última hora por registro la resolución de archivo de la investigación abierta por la Agencia Antifraude y de Lucha contra la Corrupción (AVAF) por la licencia concedida por el municipio para construir viviendas y piscinas junto a la conocida como Casa Langonstina. Una finca cuyos propietarios, la familia Wesenauer, luchan por proteger patrimonialmente y mantener en su estado original.
"No se ha detectado indicios que pudieran significar comportamientos corruptos o fraudulentos con desviación de la actuación por acción u omisión de la finalidad de protección del interés general, de hecho no consta prueba de los hechos denunciados", señala la resolución (que se puede consultar aquí).
Sin irregularidades
Los funcionarios especializados en la investigación de irregularidades administrativas de la Agencia no las aprecia ni el planeamiento del PAU 25, que amparó la integración de la finca en ese planeamiento el 18 de diciembre de 2002, al amparo de la LRAU, derogada años después; ni en la propia licencia concedida por el Ayuntamiento en febrero de este año para 9 viviendas turísticas y piscinas en el terreno anexo a esta vivienda con 200 años de historia.
Tampoco ha considerado de interés que el Ayuntamiento anunciara en 2020 el impulso a una figura de protección para la casa y su entorno, pese a que no ha realizado ninguna tramitación al respecto. Solo ha certificado, en una resolución firmada por el director de la AVAF, Joan Antoni Llinares, que no existe expediente de protección en ese sentido.
Tribunal de Estrasburgo
La familia por su parte intenta mantener el foco de atención en la preservación de la finca y se ha encadenado varios días a las máquinas de la empresa promotora. La finca que adquirió a mediados de los noventa rodeada de pinadas y ramblas está ahora cercada por cientos de viviendas turísticas. Una vez agotadas todas las vías judiciales en España, los propietarios y residentes austriacos en la costa oriolana han impulsado un nuevo frente judicial ante el Tribunal de Derechos Humanos que tiene que aceptar la demanda que acaba de registrar en su sede de Estrasburgo.
Menos de un mes
La AVAF ha liquidado el asunto además en menos de un mes. La denuncia anónima se presentó el 17 de marzo pasado -no en septiembre pasado como por error publicó este medio en la edición impresa-. El director de la Agencia dio orden de priorización a la investigación, el día 25 de ese mes y reclamó la documentación al Ayuntamiento en esa misma jornada. El 3 de abril el secretario general del pleno de Orihuela, Virgilio Estremera, elaboró un informe con 83 documentos sobre el expediente, y el 12 de abril el concejal delegado Matías Ruiz remitió la información a la Agencia.
La mayor parte referidos a la licencia, con menor presencia de los informes sobre el PAU 25. Sin aportar expediente de protección de la finca, anunciado en 2020 por el alcalde Emilio Bascuñana, y ahora por el primer edil Pepe Vegara y el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, porque no existe pese a que la familia ha insistido en que los cargos públicos habían expresado su compromiso en ese sentido.
Ni tan siquiera se cita en la resolución la respuesta de Ruiz a la Conselleria de Cultura el pasado mes de febrero en la que indica que esa protección se incorporaría en la actualización del catálogo de bienes protegidos que tramita el Ayuntamiento para todo el término municipal.
Licencia
Sobre la licencia consta el decreto de concesión firmado por el concejal Matías Ruiz el pasado 27 de febrero y la subsanación de deficiencias que pasaban por la falta de estudio de seguridad y salud, aval de la empresa (que la familia insiste en que no está autorizado en España), justificante de pago del impuesto del ICIO, además de las notas registrales que certifican la independencia de los terrenos sobre los que se quiere construir de la anexa de la casa.
"Se comprueba que el trámite realizado presenta los adecuados informes técnicos y jurídicos favorables acerca de la solicitud de la licencia para la construcción de 9 viviendas y que consta proyecto técnico básico y de ejecución y el resto de los documentos necesarios para la comprobación técnica de las obras a realizar", señala la resolución sin mencionar la petición de revocación de la licencia.
SIN ABUNDAR EN EL PAU
Los Wesenauer compraron 5.167 metros cuadrados que pese a su oposición, quedaron reducidos con las cargas de urbanización, a 1.786 metros. Mantienen desde hace veinte años que su finca ya era urbana en la ordenación urbanística oriolana, tal y como se recoge en sus escrituras de propiedad y, por lo tanto, era desde el punto de vista urbanístico totalmente ilegal que se convirtiera en urbanizable.
Est es lo que permitió , con el visto bueno municipal, que se le incorporaran esas cargas urbanísticas y los 3.381 metros restantes se hayan convertido en el solar donde se van a hacer piscinas y 9 viviendas, terreno que los propietarios luchan desde hace dos décadas por preservar de la construcción. Consideran que las obras pueden provocar que su vivienda se venga abajo. Algo que certifican con distintos informes especializados, de técnicos, ingenieros y geólogos.
[object Object]Sin embargo, respecto a la aprobación del plan parcial que redujo la finca urbana original de más de 5.000 metros cuadrados propiedad de la familia Wesenauer a poco más de 1.700 para aportar el resto a la propia urbanización, los funcionarios de la AVAF apenas se detienen en un párrafo, en este caso, una escueta resolución de 16 páginas, para certificar que, efectivamente, se aprobó sin querer abundar en el "cómo se hizo".
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