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Posibles conflictos de interés en integrantes de la nueva junta directiva de Ecopetrol. ¿Qué puede pasar?, esto dicen juristas
Lo más peligroso es la información privilegiada a la que podrán acceder los miembros del equipo. ¿Están ya todos atornillados en la silla que ocupan o su elección puede ser impugnada?
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Ecopetrol, la petrolera estatal en la que la mayoría de la propiedad la controla el Estado (88,5 %), ha permanecido en el ojo del huracán desde que se realizó la asamblea general de accionistas, en la que se eligió la nueva junta directiva.
Al equipo llegaron varios nombres nuevos, muchos de ellos, aun sin ser elegidos con la venia definitiva de la asamblea, generaron un vendaval, no solo porque se cuestionó su experticia para ocupar el cargo, sino por los posibles conflictos de interés para sentarse en la mesa directiva. A este último punto se refirió un jurista conocedor, cuyo nombre pidió mantener bajo reserva.
Primero, antes de exponer cuál es el problema, hay que mencionar su formación y experiencia.
Los nuevos integrantes son Ángela María Robledo, sicóloga y magíster en ciencias políticas y relaciones internacionales, conocida laboralmente por su paso por el Congreso de la República, donde perdió la curul.
Lilia Tatiana Roa, ingeniera de petróleos, actual viceministra de medio ambiente y ampliamente experimentada en temas socio ambientales y energéticos, lo que en general estaría en línea con los ideales de transición energética que tiene el gobierno, pero en contravía del principal negocio actual de la petrolera: los hidrocarburos.
Edwin Palma, extrabajador de Ecopetrol y exsindicalista de la USO; de formación abogado y especialista en derecho laboral.
Guillermo García Realpe, abogado y especialista en ciencias socioeconómicas, cuya principal experiencia es la de político y exsenador de la República. Y Álvaro Torres, ingeniero electricista, especialista en transporte de energía eléctrica, actual CEO de Electryon Power Inc., empresa de energías renovables que desarrolla proyectos solares y de hidrógeno verde en América Latina. Es decir, línea que sería parte importante del portafolio de Ecopetrol.
El nuevo cuarteto fue llamado a acompañar a los integrantes que se mantuvieron en el equipo directivo: Luis Alberto Zuleta, quien estuvo a punto de salir, pero quedó finalmente en la junta, pues se requería un experto financiero para que la plancha fuera validada y era el único que cumplía los requisitos. Mónica de Greiff, perteneciente al equipo directivo desde octubre de 2022, tras haber llegado con una larga trayectoria en asuntos directivos desde su condición académica de doctora en jurisprudencia y especialista en derecho administrativo. Juan José Echavarría, ingeniero administrativo de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante especial en economía de la Universidad de Harvard, cursó una maestría en economía en la Universidad de Boston, entre otras. Gonzalo Hernández, PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts, exviceministro de Hacienda y, como tal, entró a hacer parte de la junta, donde permaneció luego de renunciar a su cargo en el Ejecutivo.
¿Cuál es el problema?
Antes de describir las dificultades que se pueden presentar, por posibles conflictos de interés de los nuevos integrantes de la junta de Ecopetrol, el jurista consultado por SEMANA señaló como clave, establecer que el papel del equipo directivo es el direccionamiento de la compañía, con la diferencia que no están en el día a día, como si lo está el presidente de la petrolera.
En ese contexto, el abogado señala que lo más peligroso en el escenario que implica la nueva junta, es la obtención de información privilegiada. "Un miembro de junta directiva tiene toda la información de la compañía", lo podría dejar abierta la posibilidad de direccionar algunos negocios privados a partir de esa data que conoce, explicó la fuente.
Y agregó: "si hay una empresa que es competencia de Ecopetrol y es administrada por el miembro de junta, pues claramente se configura un conflicto de interés". El posible caso en este sentido sería el de Álvaro Torres. Pero, en la letra menuda de la jurisprudencia, aunque "podría presentarse un conflicto de interés por la actividad privada relacionada con actividades en las que podría incursionar Ecopetrol: energías renovables", existe la posibilidad de acudir al impedimento en el momento de una toma de decisión, cuya exigencia dependería de la aplicación de un Buen Gobierno Corporativo.
Caso de los excongresistas
En cuanto a los posibles conflictos de interés, en el caso de los dos excongresistas que entran a la junta (Ángela María Robledo y Guillermo García Realpe), el jurista consultado señala que, más allá de si existe una norma en ese sentido, como si la hay por ejemplo en el caso de un superintendente financiero, que debe esperar un año para volver a ocupar un cargo, hay un aspecto más relevante: "la credibilidad que generan las personas como miembro de junta, frente a una empresa que tiene sus actividades listadas en bolsa. Y no solo nacional, sino internacional".
Al decir del jurista, "si se analiza el perfil de Robledo, es sicóloga de profesión, sin ninguna experiencia en el área temática de la empresa. Y García Realpe no ha ocupado nunca un cargo de dirección", explicó la fuente. Por supuesto, jurisprudencialmente el tema no es en blanco y negro, pues, si bien el de congresista es un empleo público y Ecopetrol tiene capital dominante público, se rige por el derecho privado". Además, los impedimentos son asuntos de interpretación.
De Edwin Palma y Lilia Roa
Para el caso de los dos integrantes activistas, uno como sindicalista y otro como ambientalista, la fuente consultada explica que, más allá de la actividad previa que realizaba Palma, por ejemplo, está el hecho de su condición de viceministro. "Las empresas listadas en bolsa, sobre todo de capital público dominante, tienen que ser lo más rigurosas posibles en el cumplimiento de las obligaciones de orden legal y de convenios internacionales".
En ese sentido, hay un convenio suscrito con la OCDE, en el cual, "casi que el gobierno de Colombia se comprometió a establecer una frontera muy clara entre quien hace política pública y quien ejecuta presupuesto y adelanta actividades comerciales en el Estado". Según el jurista consultado, la norma está ahí, por lo tanto, podría ser demandable. Palma y Roa, como viceministros, estarían en medio de esa disyuntiva.
Sobre los posibles conflictos de interés del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el gran interrogante que plantea el jurista es: ¿por qué no se destapa plenamente el resultado del estudio de la firma Control Risks?