El Tribunal de Contralor abrió un expediente para determinar si el gobierno municipal incurrió en irregularidades al participar en subastas "privadas" para adquirir maquinaria vial por cientos de millones de pesos. Las operaciones habrían eludido la normativa establecida para las compras directas y tampoco fueron aportados hasta ahora los informes técnicos obligatorios sobre el estado de los equipos.
Un concejal opositor fue el primero en alertar sobre las supuestas falencias en la compra y pidió la apertura de la investigación. Otras dos concejales, en la comisión Legislativa de ayer, también reclamaron que el Ejecutivo informe los detalles de la operación. El presidente del cuerpo, Gerardo del Río, dijo que hay un compromiso del vicejefe de Gabinete Carlos Iglesias para llevar las precisiones a la próxima reunión.
El presidente del Contralor, Estanislao Cazaux, confirmó que existen tres resoluciones de marzo pasado que autorizan al intendente Walter Cortés a participar en las subastas, con la exigencia de respetar montos máximos. Aunque no hay actos administrativos posteriores, Cazaux aseguró que "el municipio ya compró" las máquinas.
En la reunión ordinaria de hoy el Tribunal (que Cazaux integra junto a Esteban Romero y a Damián Vila) dio ingreso formal a la denuncia sobre el tema que presentó el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y como primer paso pidió un dictamen a la asesoría letrada del cuerpo, antes de profundizar la investigación.
Ayer también ingresó al Contralor un primer aporte de información remitida desde el Ejecutivo sobre las operaciones de compra y las características de las subastas Pero estarían lejos de cumplir con todos los requisitos. Según pudo saber este medio, faltan firmas autorizadas en las facturas, tampoco están los nombres de los técnicos responsables de certificar el estado de las máquinas, ni los presupuestos alternativos que obliga la normativa.
Costa Brutten dijo que las compras se realizaron, tal como pretendía el intendente Cortés al proponer la participación en las subastas. Estimó que, dados los valores que surgen de las resoluciones, fueron adquisiciones "ruinosas para el erario público". A su entender, si no aparecen razones fundadas para la polémica operación, el paso siguiente será llevar el caso a la justicia penal.
Cifras millonarias
En la resolución 523 firmada el 21 de marzo, Cortés se "auto autoriza" (al decir de Costa Brutten) a participar en subasta privada por una pala cargadora Komatsu modelo 2019 con 11.000 horas de uso, y a pujar hasta un monto máximo de 110 millones de pesos.
La resolución 524, de la misma fecha, lo habilita a intervenir en una compulsa similar por una retroexcavadora con oruga de 20 toneladas (no especifica marca), de modelo 2014 y 9.000 horas de uso, hasta un valor de 115 millones de pesos. La tercera resolución es la 551, del 22 de marzo, por la subasta de una notoniveladora John Deere 2017, con 4.885 horas de uso, y permiso para cotizar hasta 240 millones de pesos.
Según esos datos, el municipio adquirió maquinaria usada por un valor superior a los 450 millones de pesos, sin que exista constancia de que se trata de un monto igual o inferior a otros de mercado.
Las tres resoluciones tienen unas pocas líneas de fundamentación, no incluyen detalle alguno sobre el estado de los rodados, ni informa sobre el precio base de las subastas, que en el Tribunal de Contralor consideran un primer dato clave para saber si se pagó un precio razonable.
Costa Brutten señaló que las subastas privadas fueron organizadas por la firma Adrián Mercado, que no está inscripta en el registro de proveedores del municipio, lo cual constituye otra irregularidad.
Tampoco hay detalles sobre el costo de flete y sobre la necesidad de capacitar operadores para esas máquinas, que hoy el municipio no tiene.
El concejal opositor subrayó en su presentación que hubo "incumplimiento de las recomendaciones" contenidas en un dictamen previo elaborado por el Contralor a solicitud del Ejecutivo. También dio que por más que se apele al mecanismo de la subasta privada -sin antecedentes en el municipio-, la operación es en los hechos "una compra directa". Observó que el precio pactado excede lo que permiten las normativas, que hoy fijan un límite máximo de 13 millones de pesos para obras públicas y 3 millones paro otro tipo de contrataciones.
Otros requisitos que debe cumplir el gobierno para recurrir a la compra directa, fuera de los montos, es la designación de una persona responsable para pujar en la subasta, un idóneo que determine si el bien a comprar es útil, la remisión de dos presupuestos alternativos del mismo producto y demostrar que el contratante está inscripto en el registro municipal de proveedores.
Muchas dudas
La concejal Natalia Almonacid (JSRN) dijo ayer que la operación de las máquinas usadas ameritaba un pedido de informes, porque las resoluciones "son muy escuetas" y simplemente "autorizan" la participación en una subasta privada, de la que "no se concoen las bases y condiciones". También dijo que es preciso "identificar los gastos administrativos y las costas, que deben tener algún detalle, así como el estado del bien".
Subrayó que todos esos interrogantes surgen porque la subasta privada "es un mecanismo nuevo para la administración". Roxana Ferreyra (del bloque Nos Une Río Negro) manifestó también la necesidad de que el Ejecutivo aporte sin demora esa información.
Del Río dijo que conversó con el vicejefe de Gabinete Iglesias sobre "cómo fue el procedimiento, los montos y cómo están las máquinas". Prometió que el funcionario se presentará en el Concejo la semana próxima para aclarar las dudas.
Para Costa Brutten, la investigación administrativa que efectúe el Contralor es solo un paso previo "para presentar una denuncia penal contra el intendente Cortés", en razón de que la compra en subasta privada no respondió a "razones de mérito, oportunidad de conveniencia" y perjudicó a las cuentas públicas.
La compra de máquinas viales en subastas de Adrián Mercado amenaza así en convertirse para Cortés en una mochila parecida a la que cargó su antecesor Gustavo Gennuso con la operación de alquiler de varias máquinas similares a la empresa OPS, que mantuvo por años y que le generaron al municipio una deuda aun no cuantificada, pero que superaría los 4.000 millones de pesos.