CÓRDOBA. Luego de varias décadas, la Provincia de Córdoba abrirá licitación para la gestión de la cobranza de las multas impuestas por la Policía Caminera, famosa por su presencia en las rutas cordobesas. La caja, en manos de la ex Kolektor desde el 2008, pasará a ser gestionada por una nueva empresa.
El nuevo contrato, abierto por la administración de Martín Llaryora, dará concesión de esa cobranza por al menos cuatro años. Según estimativos, se trata de un negocio de 4.600 millones de pesos a proyecciones actuales que evoluciona al ritmo de la inflación del combustible, unidad con la que se marca la variación del precio de las multas.
De dichas multas, las empresas concesionarias obtienen alrededor del 9% del valor como honorario por el cobro. Una cifra multimillonaria que tiene movilidad propia establecida.
El actual contrato de cobranza se encuentra vencido desde diciembre del 2023. En ese mes, hubo cambio de gestión e ingresó el nuevo Gobierno, que estaría dispuesto a cambiar de manos uno de los flujos de ingresos más grandes que tiene la Provincia.
La presentación de pliegos está prevista con fecha límite al 30 de abril. Hasta allí, los prestadores podrán presentar sus respectivas ofertas.
Córdoba y la Policía Caminera
En los últimos años, la función de la Policía Caminera en Córdoba ganó notoriedad por varias cuestiones. En primer lugar, por la presencia y severidad de las sanciones, que en el último mes aumentaron junto al combustible, poniendo la multa más cara al borde de los 2 millones de pesos.
En segundo lugar porque ese trabajo, sobre el cual se cuestiona la funcionalidad real (recaudación o prevención), disminuyó la cantidad de accidentes. Pero también aumentó los dolores de cabeza, sobre todo para los conductores foráneos que se chocan con la presencia de dicha fuerza, que depende de la Policía de Córdoba.
Desde la oposición provincial levantaron la bandera y señalaron que la Provincia cuenta con un sistema de procuradores propios. Así, se planteó un cuestionamiento a la necesidad de contratar a un tercero para la gestión de cobranzas que, según legisladores como el radical Dante Rossi, el Gobierno provincial tiene capacidad de llevar a cabo por sí solo.