Fue el 22 de junio del 2023 que Leonarda Villalobos apretó el botón rojo que grabaría una conversación que tendría una serie de consecuencias. No solo por lo que se habló en esa cita en que estaba con Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, sino por todo lo que vino después: allanamientos, declaraciones e incautaciones de celulares, entre ellos, el del abogado.
El acceso de la Fiscalía al celular de Hermosilla le permitió acceder a 777 mil páginas de sus conversaciones por WhatsApp, entre ellas, las que mantuvo con el director de la PDI, Sergio Muñoz. El hallazgo terminó con la formalización del detective, pero también encendió las alarmas en distintos organismos por las redes que allí tejió el abogado. El análisis de los otros chats aún está en desarrollo por parte de los investigadores.
Lo cierto es que la "causa madre" tiene una serie de derivadas: el supuesto pago de sobornos en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la grabación del audio, su divulgación, y lo que salga de la investigación de las conversaciones.
Lo primero, sin embargo, no solo está siendo investigado por el Ministerio Público, sino que también por el propio SII, el cual lleva una investigación interna, a cargo del Departamento de Fiscalía Administrativa.
Esa indagatoria, hasta ahora, no ha establecido religiosidades, a pesar de que en noviembre suspendió a cinco funcionarios por su presuntiva vinculación al caso. La medida duró poco: en febrero, el SII reintegró a los afectados, y el Ministerio Público los mantiene en calidad de testigos en su causa.
En ese proceso han declarado una serie de fiscalizadores y testigos, entre ellos, Leonarda Villalobos. La abogada también fue requerida por el Servicio para entregar su versión de los hechos y aclarar lo que se escuchó en el polémico audio.
"Respecto al contenido del audio del que da cuenta el artículo periodístico del diario electrónico Ciper Chile, publicado el día 14.11.2023, bajo el nombre "Aquí estamos haciendo una huevá (sic) que es delito: El audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SIl y la CMF", refiérase a los procesos de fiscalización ante el SIl, a que se aluden. ¿En cuáles Ud. ha actuado en representación o como apoderada de los contribuyentes aludidos?. ¿Tiene otros antecedentes que agregar a lo señalado?", le consultó el 18 de enero, el fiscal Norberto Jorquera a la abogada, en un interrogatorio que duró cerca de dos horas, y al cual accedió La Tercera.
Villalobos respondió que "en el audio, como primera cosa, se identifica un proceso de fiscalización ante el Sil, del año 2016, relacionado con liquidaciones de impuestos en virtud de las cuales estaba embargada una propiedad del Sr. Daniel Sauer. Yo actué en ese caso como agente oficiosa y presentamos una solicitud RAF, de cuyo resultado después fui notificada el día 02.03.2018 (...) por sentencia de tribunal, la que corresponde a la Resolución Ex. N°53, de 17.01.2018 del DEPAT de la DRMS Oriente, que fue notificada por carta certificada al contribuyente", partió señalando.
En esa misma línea agregó que "luego, en el expediente liberado por la CMF el día 18.06.2023, por fiscalización de esa entidad a STF Corredores de Bolsa, (aclaro que ese expediente queda liberado solo para los abogados, ya que en el DL 3538, indica en su artículo 21, inciso segundo, que no se puede hacer publicidad d ellos expedientes secretos). En esa condición tomo conocimiento del expediente y a partir de ello, inicio una investigación propia, para llegar a determinada información que se cometan el audio, relacionado con un listado de RUTs de contribuyentes a que se aluden, investigación a lo que agregue después, antecedentes que obtuve de fuentes públicas, como del Registro de Comercio, el rutificador y consulta sobre situación tributaria de terceros en el internet del SII".
No hay estacionamiento
En una parte del audio se menciona que Leonarda Villalobos tenía un estacionamiento en el Servicio, lo cual abrió sospechas en el organismo -y también en la Fiscalía- por qué contaba, aparentemente, con ese privilegio.
El auditor del SII le consulta por aquello y la abogada contestó: "la referencia al estacionamiento de la Dirección de Grandes Contribuyentes, es más bien una referencia al estacionamiento público que tiene su acceso muy cerca de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC). Entre la DGC y a torre Entel. No me estoy refiriendo a un estacionamiento dentro de la DGC".
En la declaración, a Villalobos se le preguntó por cada una de las menciones en el audio, con la anotación del minutaje exacto en que se habrían mencionado las partes más sospechosas de interés para el SII. Una de ellas lo referido a los RUT que ella lee en un tramo de la conversación, que son las empresas a las cuales Factop le despachaba boletas ideológicamente falsas.
La abogada indicó al interrogador que eso lo expuso anteriormente, aunque insistió en que "esa información se refiere a una investigación que yo realicé con las fuentes abiertas, motivada por lo que conocí".
Despejado eso, el Servicio en su pregunta n°4, va por una de las principales interrogante en el caso: el supuesto pago de coimas. Algo de lo que hasta ahora no hay antecedentes vinculantes. "Aproximadamente en el minuto 16- en cuanto a la referencia en la conversación a controlar la información del SII, aludiendo a alguien que tendría la llave de la puerta para esa información y a quien ya se le habrían pagado $5 millones de pesos y que en total se le debían $15 millones de pesos; explique a que se refiere dicho comentario? A quién se refieren?", le pregunta el investigador.
Villalobos replicó: "Ese comentario, que creo fue de Luis Hermosilla, desconozco si se está refiriendo a algún funcionario del SIl en particular, yo no puedo responder por los dichos de Luis Hermosilla. Creería que se estaría refiriendo al Sr. Adrián Fuentes, que no es funcionario del Sil y que nuca ha sido funcionario de ese Sil, quien intervino en la corrección de un escrito que se presentó entre el 27 y el 29 de marzo de 2023, ante la CMF, solicitando suspender la medida de suspensión de las operaciones de la corredora. Adrián Fuentes es abogado y fue contratado para esos efectos. Aclaro que finalmente a Adrián Fuentes nunca se le pagó por esos servicios".
El nombre de Fuentes también apareció en el sumario de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sin embargo, la Fiscalía lo despejó rápidamente, pues no se trataba de un funcionario público, sino que de un abogado participar -que luego trabajó en el Registro Civil- que prestó un servicio a Villalobos, en medio del proceso sancionatorio en contra de Factop. Fuentes terminaría siendo el abogado de los $10 millones, los cuales nunca fueron cancelados.
Los honorarios
Otro punto que el SII quería despejar era sobre los honorarios por $140 millones que Villalobos le cobró a Daniel Sauer. "Efectivamente, corresponden a honoraros pagados, sustentados en tres contratos de prestación de servicio", indicó, para luego exhibir al fiscal administrativo los documentos que respaldaban ese acuerdo.
Finalmente, le consultaron por seis correos que envió al director de Grandes Contribuyentes, Chistián Soto -funcionario suspendido y después reintegrado al Servicio- a lo que Villalobos contestó que "le escribí como le podía escribir a cualquier funcionario de este servicio o de otro, para requerir información".
También se le preguntó por su jefe de gabinete, Lus Inarejo -también suspendido y luego reintegrado al SII- con quien mantuvo una conversación por teléfono a comienzos del 2023. Sobre eso, Villalobos explicó que "lo contacté el año 2023 para consultarle a quien se le podría pedir una reunión para unas consultas tributarias del Ministerio de Ciencias, donde mi marido era jefe de asesores de la ministra". Luego la declaración continuaría para contrastar correos electrónicos sobre lo mismo.
En el SII, el sumario avanza sin sanciones, por ahora, y en sede penal, se siguen indagando las motivaciones y consecuencias de una grabación que hicieron caer al jefe de la PDI, y mantiene entre las cuerdas, al abogado Luis Hermosilla.