La economía española presenta una coyuntura favorable, con un crecimiento del PIB que sorprende al alza y que está en cabeza de las principales economías de la zona euro. Pero una cosa es la coyuntura (del momento) y otra, la estructura (a medio y largo plazo). Y es aquí donde el Informe Anual del Banco de España, publicado este martes, saca a flote todas las incertidumbres que, a su juicio, ensombrecen las perspectivas de la economía española y que afectan, a su juicio, al sistema de pensiones, al mercado laboral, a los impuestos, a las cuentas públicas, al acceso a la vivienda, al tamaño de las empresas, a la productividad, al sistema educativo o a la reducción de las desigualdades sociales.
"España lleva ya más de una década sin conseguir mantener una senda de convergencia sostenida en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos", certifica
en la presentación del Informe Anual. "Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos que permitan consolidar las reformas necesarias a lo largo del tiempo", reconoce el gobernador después de advertir de que -como ha dicho el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe sobre España- "la falta de consensos, en un contexto de elevada fragmentación política, puede dificultar el diseño e implementación de las reformas estructurales y del plan de consolidación fiscal, y afectar negativamente a las perspectivas de crecimiento futuro".
Ajuste en las pensiones
En el caso del sistema público de pensiones, el Informe Anual ve prácticamente inevitable la necesidad de adoptar a partir de 2025 nuevas medidas de ajuste (para subir cotizaciones o recortar la cuantía de la prestación). Ello será así si en marzo de 2025 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), certifica el gasto en pensiones ha alcanzado el 13,3% del PIB. En 2023 este gasto alcanzó el 13,1% y las proyecciones publicadas recientemente por la Comisión Europea advierten de un crecimiento mayor de lo que había estimado el Gobierno.
El reciente informe 'Ageing Report 2024' de la Comisión Europea prevé que la reciente reforma del sistema de pensiones en España (que, entre otras cuestiones, garantiza la revalorización de las prestaciones con el IPC) elevará al 17,3% del PIB el peso del gasto en pensiones en 2050. La Airef proyecta un peso del 16,2% en el horizonte de 2025 y el Banco de España apunta una horquilla de entre el 14,3% del PIB y el 16,9%, según diferentes hipótesis de crecimiento económico.
La reforma que impulsó el ministro José Luis Escrivá incorporó una cláusula de salvaguarda para que en el momento en que el gasto supere el 13,3% del PIB se adopten medidas de ajuste por el lado de los ingresos (con nuevas subidas de cotizaciones) o de gastos (con recorte de las prestaciones) a un plazo de cinco años. El Informe Anual del Banco de España desaconseja nuevas subidas de las cotizaciones sociales ya que, según sus cálculos, cada punto que suben las cuotas conlleva 50.000 puestos de trabajo menos al cabo de cuatro años. "Las estimaciones del Banco de España sugieren que, en el caso de ser necesaria su activación [de la cláusula de salvaguarda], realizar el ajuste correspondiente exclusivamente mediante un incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española", apunta el gobernador del Banco de España.
24,6 millones más de trabajadores inmigrantes
La razón demográfica que está detrás del estallido del gasto en pensiones tiene que ver con la llamada 'tasa de dependencia'. En la actualidad, el peso del colectivo de mayores de 64 años sobre la población total se sitúa en el entorno del 26,6%. De acuerdo con las proyecciones demográficas de Eurostat, la tasa de dependencia en 27,2 puntos, hasta el 53,8%, en 2053.
Según el Banco de España, "para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante a lo largo de los próximos 30 años, el tamaño del colectivo nacido en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser tres veces mayor que el contemplado por el INE en sus proyecciones de población más recientes", que ya prevén una ganancia de casi 10 millones de población inmigrante hasta el 2053. En concreto, según las estimaciones del Banco de España, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar para lograr mantener la actual tasa de dependencia del 26,6%.
Unos 11.000 millones más por la 'progresividad en frío'
El Banco de España también aconseja una reforma profunda del sistema tributario que, entre otras cuestiones, sirva para aumentar el peso recaudatorio de los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) y de los de carácter medioambiental frente al de los impuestos directos (IRPF e impuesto de sociedades).
El Informe Anual del Banco de España incorpora un análisis sobre la mayor recaudación que está permitiendo a Hacienda el hecho de no haber corregido el impacto de la inflación en el impuesto sobre la renta. Según los datos de la Agencia Tributaria, la recaudación por IRPF ha pasado de 86.821millones en 2019 a 115.739 millones en 2023, con un incremento de casi 29.000 millones. Los cálculos del Banco de España permiten concluir que de haberse corregido la inflación en el IRPF desde 2019 hasta 2023 de acuerdo al IPC del año anterior, la recaudación por este impuesto habría sido de 11.000 millones más baja.
El servicio de estudios del Banco de España concluye, además, que el tramo de salarios más afectado por la llamada "progresividad en frío" (como se conoce al impacto de la inflación en los impuestos) es el comprendido entre 16.385 y 19.873 euros. En este tramo, cada punto de subida salarial se traduce en un aumento del 10% de su cuota tributaria en el impuesto sobre la renta si no se corrige la inflación.
Un ajuste presupuestario similar al de 2010-2013
El gobernador del Banco de España advierte también de que "dada la persistencia de un alto déficit público estructural y una deuda pública elevada, el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas requerirá la implementación de un plan de consolidación fiscal que permita una corrección gradual de estos desequilibrios". El organismo ha estimado que cumplir con las reglas fiscales obligará a un ajuste anual de las cuentas públicas equivalente al 0,5% del PIB en cada uno de los próximos ejercicios. Se trata de un ajuste algo inferior al que tuvo que acometer la economía española en el periodo de la crisis de deuda, entre 2010 y 2013 -durante la etapa final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y los primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy (PP)-, según las estimaciones del Banco de España.
Hernández de Cos advierte de que "el impacto de dicho plan de ajuste acarrearía, previsiblemente, un grado de dinamismo de la actividad menor del esperado" y propone que las medidas que se adopten se acompañen de reformas estructurales que favorezcan "el crecimiento potencial de la economía".
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