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La apertura del juicio está centrada en el presunto lavado de dinero que realizó la firma panameña Mossack Fonseca. El Órgano Judicial de Panamá informó que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, bajo la supervisión de la jueza Baloisa Marquínez, "ha designado defensores públicos en caso de ausencia de algunos abogados técnicos privados", con el objetivo de evitar postergaciones del inicio del juicio, algo que ya había ocurrido.
La audiencia vincula a 27 imputados por presunto blanqueo de capitales y se llevará a cabo hasta el 26 de abril, fecha alternativa establecida por el tribunal para el juicio, que originalmente estaba previsto para 2021.
La investigación, que se inició a comienzos de 2016, consta de 528 tomos. La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, dijo que el Ministerio Público ha presentado "pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso", y aseguró que "pedirá una condena ejemplar". Sin embargo, recordó que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.
Los 'papeles de Panamá' comprenden 2,6 terabytes de información y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que salpicaron a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del ya desaparecido bufete de abogados, que estuvo en el centro del escándalo internacional.
El bufete, que tenía presencia en una decena de países, cerró todas sus oficinas en marzo de 2018 debido a problemas de liquidez y falta de clientes. Sus fundadores se desligaron de la investigación en una carta publicada en junio de ese mismo año, en la que declararon que su firma había vendido más de 250.000 sociedades en 40 años y que "nunca estuvo involucrada en actividades ilícitas".
El proceso judicial por presunto blanqueo de capitales inició tras las revelaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según un informe del Ministerio Público de Panamá.
A través de complejos esquemas societarios y financieros, se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, facilitando el lavado de miles de millones de dólares", según el informe.
En Panamá, la investigación llegó hasta septiembre de 2019, cuando el Ministerio Público solicitó al tribunal de la causa el enjuiciamiento de 44 personas por blanqueo de capitales y el sobreseimiento de otras 11. Aunque la audiencia preliminar estaba programada para noviembre de 2020 como fecha límite, se llevó a cabo un año después, enjuiciando a 32 personas por blanqueo, incluidos los dos socios fundadores de Mossack Fonseca.
En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países. La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016. El entonces primer ministro británico (actual Ministro de Asuntos Exteriores) David Cameron, reconoció que se había beneficiado de unas acciones de una empresa de su padre en un paraíso fiscal y en un ejercicio de transparencia inédito publicó su declaración de Hacienda.
El primero en dejar su cargo por los 'papeles de Panamá' fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. En el Gobierno de España, dimitió el Ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, y abandonó totalmente la política.
Panamá sufrió un golpe significativo a su reputación por este escándalo. El país cuenta con un régimen fiscal para las sociedades 'offshore' que les permite pagar impuestos mínimos sobre sus beneficios. Esto convierte a Panamá en un destino ideal para los inversores extranjeros que buscan llevar al mínimo sus obligaciones fiscales.
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