La política de seguridad que propone Ecuador capta adhesiones, alcanza resultados, cobra notoriedad y ofrece contenido para el discurso. Implica asumir riesgos, por lo mismo, refleja una intencionalidad de cambiar las cosas. Se trata de un actuar en favor de las demandas e inquietudes de la población, no a sus espaldas, por ello es que la gestión es transparente y abierta, no solapada. No se pretende aquí poner las manos al fuego por nadie, pero sí parece interesante remarcar algunos aspectos del ejercicio de poder y anotar algunos contrastes con la realidad local.
Recordemos que el presidente Daniel Noboa asume en noviembre último para cumplir un breve mandato de año y medio. Resulta electo para completar el periodo de su antecesor, removido con un juicio político por malversación de fondos. Y aunque cuenta con la legitimidad que otorga la votación que lo instaura en el cargo, convoca a un referendo el 21 de abril para que la ciudadanía decida sobre un paquete de medidas a adoptar, en seguridad y economía. En otras palabras, decide enfrentar con más democracia los problemas que aquejan a la población. De momento, sabemos que se pretende respetar los resultados de la consulta y que se avanza en la implementación de lo aprobado.
A este lado de la frontera, en cambio, surgen voces que alertan de una contrarreforma de amplio espectro, que pretende revertir esfuerzos para fortalecer la democracia, asunto particularmente sensible por el alcance y profundidad de redes que apuntan a debilitar la institucionalidad. Y aunque algunos medios de prensa y líderes de opinión alertan sobre el fenómeno, se mantiene la agenda de los contras.
Desde otro ángulo, no faltan los cuestionamientos a la consulta ecuatoriana, pero su gran virtud, que nadie puede negar, es que permite sintonizar con la población, ajustar la aguja. El referendo tiene lugar después que Ecuador registra la mayor tasa de homicidios en la región, el 2023, y se ve obligado a poner en marcha un estado de excepción, del 18 de enero al 8 de abril de este año.
Téngase en cuenta que la tasa de asesinatos no constituye el único indicador de violencia; las extorsiones y secuestros no son tan visibles y aunque afectan día a día al ciudadano a pie, son más difíciles de medir. Por cierto, estos fenómenos tienen presencia en Ecuador, también en el Perú. Según IPSOS, el 70% de consultados en Lima afirma que la situación de seguridad ciudadana ha empeorado los últimos 12 meses, a nivel nacional la cifra alcanza un 63%. Los estados de emergencia que se han puesto en marcha en diferentes localidades parecen insuficientes para frenar la criminalidad. Todavía no hay respuestas satisfactorias.
La inseguridad ciudadana no se resuelve con recetas mágicas. Se requiere elaborar un buen diagnóstico, diseñar una estrategia y mostrar decisión política para liderarla. El caso reseñado permite observar la relevancia que tiene actuar con claridad. Y aunque el problema aún está lejos de alcanzar soluciones en Ecuador, al menos existe una agenda consensuada. La ciudadanía acaba de favorecer la adopción de medidas drásticas en seguridad y desechar las económicas. Con este resultado en las urnas el jefe de gobierno comparte el costo político de adoptar algunas propuestas y descartar otras, es decir, se diluye el peso de la decisión y se comparte la responsabilidad de la medida. Tampoco implica una carta blanca en su ejecución, si las instituciones funcionan de manera apropiada deberían operar los contrapesos para evitar abusos de poder, también los controles para evitar las salidas de libreto y sancionar acciones delictivas. Eso es una democracia.