El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) son las principales organizaciones que impulsan la marcha a Plaza de Mayo de este martes para defender la educación pública superior y reclamarle al gobierno de Javier Milei el refuerzo para un presupuesto que hoy no les permite funcionar más allá del mes que viene.
En una convocatoria que todos los sectores anuncian como masiva y hay quienes se apuran en calificar como histórica, casi nadie se anima a establecer una proyección de la cifra de asistentes. Fuentes gremiales garantizan un piso de 60.000 almas. En los pasillos de la UBA hay quienes estiman la participación de cientos de miles de personas. Las voces más optimistas ubican el cálculo por encima de 400 mil manifestantes, tomando como referencia la movilización del 24 de marzo. Estiman que se superará aquella jornada, para redondear la movilización más grande contra el gobierno libertario.
Con Axel Kicillof, Sergio Massa y Martín Lousteau como primeros anotados para participar y el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la dirigencia no formará parte del escenario que se dispondrá en Plaza de Mayo. La organización resolvió cerrarle el palco a la política y las figuras que asistan deberán hacerlo por su cuenta en medio de la manifestación. La columna central de la movilización tendrá sólo una bandera con la frase "En defensa de la universidad pública" y estará encabezada por referentes de las federaciones estudiantiles y gremiales.
Los detalles de la marcha de las universidades
Los detalles de la jornada que el sector proyecta como histórica se darán a conocer este lunes a las 17 en una conferencia de prensa en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a rectoras y rectores y que se sumó a la convocatoria de estudiantes y gremios para reclamar por la situación de un sector que cuenta con un presupuesto de 2023 prorrogado que pone en riesgo la continuidad de la cursada a partir de mayo.
Ese fue uno de los motivos del 23 de abril como fecha elegida para la movilización: lanzar una alerta a la sociedad acerca de lo que estos últimos días se evidenció en facultades a oscuras y con el uso de ascensores reducido para ahorrar en gastos de funcionamiento. Si bien el Gobierno anunció un nuevo aumento de 70% de aumento para estos gastos, todavía no efectivizó el primer 70% que prometió hace semanas. De todas maneras, ese incremento queda lejos del 300% que calculan en las casa de estudio para sobrellevar las consecuencias de la inflación sobre los recursos para funcionar y también para el pago de salarios, que representa el 90% de sus fondos.
El Gobierno vendió el anuncio de la semana pasada como un acuerdo con las universidades, pero el CIN lo negó y planteó que todavía espera la concreción de la primera actualización anunciada. Por su parte, en la subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro Álvarez aseguran que citarán el martes 30 a las autoridades para tratar la problemática de los fondos para el funcionamiento y "los procesos de auditoría y fiscalización". Este último punto exacerba la fricción, ya que el CIN sostiene que la autonomía universitaria impide al Poder Ejecutivo inmiscuirse en sus cuentas, que son anualmente auditadas por el Congreso.
Por el momento se sabe que en la Ciudad de Buenos Aires la concentración será desde pasado el mediodía en Congreso para comenzar a marchar a las 16.30 hacia Plaza de Mayo, donde a las 18 está prevista la lectura del documento conjunto de los tres sectores a cargo de la jornada: estudiantes, gremios docentes y no docentes y autoridades. La expectativa por la participación es alta, ya que se trata de una iniciativa que involucra a todos los actores de la vida universitaria y se extenderá a toda localidad del país donde haya una sede de cursada. También habrá movilizaciones en las provincias.
Diálogos sin acuerdo
La marcha tomó relevancia cuando en el último plenario del CIN en la Universidad Nacional de San Martín quedó convocada formalmente después de las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y de Álvarez. En esa reunión, los representantes de la FUA intentaron acercarle una carta al titular de la caretra educativa solicitando la apertura de las Becas Progresar, pero no lograron hacerlo de manera directa y tuvieron que recurrir a las autoridades universitarias para hacer el pedido.
Representantes estudiantiles aseguran que no hay instancias de diálogo con las autoridades del Palacio Pizzurno. Quienes sí se sientan con Álvarez son las representaciones gremiales de docentes y no docentes, pero no logran acuerdos. Las propuestas paritarias hasta el momento fueron del 12% y el 8%, por debajo de la oferta que el Ejecutivo formuló al gremio de estatales. La última propuesta llegó el pasado jueves y fue rechazada por todos gremios. En este marco se conformó este año el frente sindical que viene trabajando de manera conjunta las negociaciones salariales y que será uno de los protagonistas de la marcha.
En el frente confluyen Conadu, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), CTERA, Conadu Histórica, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Mientras tanto, desde Álvarez a Milei, el Gobierno agita la discusión con las universidades hablando de las instituciones como espacios de "negocios turbios" y adoctrinamiento. La respuesta sumó también a docentes e investigadores de universidades privadas como los de la Universidad de San Andrés, quienes emitieron una solicitada de repudio a "las campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica" o al centro de estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que se llamó a la movilización del 23.
La tensa relación con el gobierno libertario tiene como antecedente el paro nacional universitario del 14 de marzo pasado. Fue horas antes de esa medida de fuerza que Educación anunció el 70% de aumento para los gastos de funcionamiento que todavía no se concretó.