<a href="https://www.prensa.com/tema/ricardo-martinelli/" target="_blank">Ricardo Martinelli Berrocal</a> pretende que una respuesta sencilla se convierta en un rompecabezas: ¿quién es el principal accionista del conglomerado de las empresas Martinelli, cuya joya es <a href="https://www.prensa.com/tema/importadora-ricamar/" target="_blank">Importadora Ricamar, S.A.</a>, propietaria de la cadena Súper 99? La respuesta a la pregunta se halla detrás de una sociedad extranjera creada con el único propósito de evitar que el conglomerado pueda ser alcanzado por la justicia local. Pero ese día podría llegar cuando el expresidente tenga que pagar una multa de $19.2 millones, tras ser condenado por lavado de activos en el caso <a href="https://www.prensa.com/tema/new-business/" target="_blank">New Business</a>. El expresidente ha eludido su condena tras haber obtenido asilo diplomático en la embajada de Nicaragua en Panamá. Pero, ¿puede la justicia conseguir el dinero de la multa si el expresidente no paga? El primer escollo que enfrentaría el Estado en cobrar la multa es determinar de qué es dueño el condenado. Seis meses después de dejar la presidencia, en enero de 2015, Martinelli salió del país con rumbo a Estados Unidos, donde tenía planeado residir, para lo cual compró una mansión en <b>Miami</b>, por la que pagó más de $8 millones. Antes de irse, debía solucionar el problema que suponía para sus empresas que él viviera permanentemente en Estados Unidos. Para entonces, su nombre empezaba a visualizarse en varios casos penales de corrupción. De acuerdo con la consultora de riesgo <b>Kroll</b> –contratada por la esposa del expresidente, <b>Marta Linares de Martinelli</b>–, Ricardo Martinelli tenía en marzo de 2015 una participación del 63.6% del <i>holding</i> de la familia (<b>Empresas Martinelli, S. A.</b>). El resto –36.4%– pertenecía a su familia inmediata: esposa, hijos, hermano y madre. Hasta esa fecha, la cosa parecía estar clara, pero en abril de ese año, Martinelli, de acuerdo con un estudio que hizo Kroll, traspasó la totalidad de sus acciones del <i>holding</i> a su esposa. Así consta en el libro de acciones, con lo cual Marta de Martinelli pasó a ser dueña y supuesta beneficiaria final de esas acciones. Pero el paquete de acciones que recibió de su marido no estuvo mucho tiempo en sus manos. El 15 de septiembre de 2015, esas acciones pasaron a ser propiedad de una <i>offshore</i> de Nueva Zelanda llamada Martello Limited, sociedad cuyas únicas accionistas y supuestas beneficiarias finales son Marta y su hija <b>Carolina</b>, con una participación del 75% y 25%, respectivamente. Este esquema haría suponer que Ricardo Martinelli no tiene participación alguna en las empresas familiares, dado que, en el papel, no tiene una sola acción de Empresas Martinelli, S.A., sino su esposa y su hija. Pero la realidad es muy distinta. El 30 de abril de 2018, el diario de Martinelli, <b>Panamá América</b>, publicó que "<i>la poderosa firma estadounidense Kroll reestructuró la cadena de supermercados 99 […] para que recupere el acceso al mercado financiero y cambiar su imagen corporativa, informaron fuentes vinculadas a la operación</i>". Para ello, Kroll –añadió el rotativo– "<i>hizo que todos los accionistas que son parte de la junta directiva del Súper 99 y de las empresas Ricamar salgan de la estructura empresarial, para que la misma pueda tener otros ejecutivos a los que el sistema financiero no les objete el crédito</i>". En efecto, para recuperar la imagen de las empresas Martinelli y tener acceso a crédito bancario, Marta de Martinelli contrató los servicios de Kroll en 2018. Para entonces, llovían las "<i>investigaciones judiciales por corrupción que desde 2014 afectan a Martinelli y a sus hijos, hermanos, ejecutivos cercanos y hasta abogados, lo que dificulta la administración del negocio…</i>", escribió <b>Panamá América</b>. Kroll fue contratada para crear un gobierno corporativo –en especial, para los supermercados–. El plan era diseñar y ejecutar un programa de "acompañamiento de programas de cumplimiento", pero Kroll renunció antes de finalizar, en 2019, cuando el expresidente salió de su detención preventiva en El Renacer para hacerse cargo de las empresas, a pesar de que él, formalmente, ya no era su dueño. Antes de irse, Kroll dejó por escrito a los accionistas de Empresas Martinelli un extenso y detallado informe en el que señala las irregularidades que encontró en la administración del conglomerado: falta de controles, poca transparencia, carencia de gobierno corporativo, incumplimientos de normas contables y de leyes de comercio, posibles delitos fiscales, insanas prácticas con sus proveedores, arbitrariedades en el pago de dividendos y un largo etcétera. El informe fue elaborado con el producto de investigaciones internas conducidas por Kroll, que incluyeron el examen de sus programas contables, entrevistas a ejecutivos y empleados de contabilidad, revisión de cuentas, etc. Además, reveló cómo se manejó el dinero que recibió –en concepto de dividendos– la sociedad Martello Limited, de la que supuestamente son beneficiarias finales Marta de Martinelli y su hija. Para llegar a sus conclusiones sobre Martello Limited, Kroll siguió el dinero que recibió de Empresas Martinelli, S.A. Y esto resume sus hallazgos: "Martello Limited es una sociedad que […] era propiedad de la señora Marta Linares de Martinelli y de Carolina Martinelli Linares; sin embargo, lo que se observa es que en la parte legal, las anteriores son las propietarias reales, pero, según evidencias contables, quien sigue controlando el 63.60% de las acciones es el señor Ricardo Martinelli y estos dineros [los dividendos], al igual que los del año 2015, 2016 fueron ingresados a Estados Unidos, a través de [el abogado] <b>Jorge L. Gurian</b>, para cubrir los gastos e inversiones personales de Ricardo Martinelli Berrocal", afirmó Kroll en su informe a los accionistas de Empresas Martinelli, S.A. Kroll menciona que, al comparar las evidencias contables con los registros y documentos soportes, encontró "las siguientes irregularidades": "<i>La sociedad Martello Limited, como persona jurídica, no posee ni tiene a su nombre cuenta monetaria en Panama o fuera de Panama</i>"; que "<i>entre marzo de 2015 a la fecha [2019], no existe ningún pago de dividendos a nombre de esta persona jurídica</i>"; que "<i>esta sociedad no diligencia o mantiene contabilidad al día desde su constitución […], razón por la cual no existe ningún registro contable que permita establecer que esta sociedad es la beneficiaria real de los dividendos mantenidos en Empresas Martinelli, S.A y subsidiarias...</i>" Además, Kroll advirtió que "<i>no existen documentos, como actas de junta de accionistas de Martello Limited donde autoricen a la alta gerencia la forma cómo se deben cancelar los dividendos a los que legalmente tiene derecho</i>". Kroll notó que numerosos pagos de Importadora Ricamar, cargados a las cuentas internas creadas para Martello Limited, fueron a dar a manos de los abogados de Martinelli, tanto en Panamá como en Estados Unidos, incluido el abogado norteamericano Jorge L. Gurian, quien, en 2015, recibió cuatro transferencias que sumaron $952 mil. Este abogado, según Kroll, "<i>es una persona natural, extranjero y quien igualmente aparece relacionado como agente residente de la compañía Sebra Enterprises Llc […], sociedad que está asociada como proveedor de Importadora Ricamar, S.A, con una serie de irregularidades e inconsistencias a partir de diciembre del 2015</i>″. Las transferencias a Gurian permitieron a Kroll determinar que "<i>Ricardo Martinelli Berrocal es beneficiario final de dividendos de Martello Limited […] propiedad de Marta Linares de Martinelli y de su hija Carolina Martinelli Linares, concluyendo que Ricardo Martinelli sigue controlando su participación a través de terceros (esposa e hija)…</i>" Las transferencias a Gurian, de acuerdo con el informe de Kroll, siguieron en 2016: 16 transferencias por la suma de $2 millones 293 mil, provenientes de los dividendos pagados a Martello Limited. También en 2017: 11 transferencias a Gurian por un total de $1.2 millones, destinados a Martinelli. En total, Kroll identificó que entre 2015 y 2019 se pagaron $3.8 millones en abogados en Estados Unidos que no guardaban relación alguna con Importadora Empresas Martinelli, S.A. ni con Importadora Ricamar, S.A., a pesar de que esta última era la que pagaba por esos servicios, lo cuales en su inmensa mayoría no contaban con documentos que sustentaran esos pagos. Lo mismo ocurrió con el pago a abogados locales, que no guardan ninguna relación con Empresas Martinelli ni con Importadora Ricamar. Kroll identificó en 2015 múltiples pagos a abogados al servicio de Ricardo Martinelli, como Alejandro Pérez ($51 mil); Carrillo & Asociados ($178 mil); Cortes, Cortés, Molina & Asociados ($35 mil); Cristóbal Arboleda ($41 mil); Guevara y Asociados ($18 mil); Jaime Padilla ($293 mil), y Sidney Sitton Abogados ($26 mil), entre otros. En total, la suma de pagos a abogados locales ese año sumaron $878 mil. En 2016, esos pagos casi se duplicaron, hasta alcanzar la suma de $1.7 millones, que incluye a los mismos abogados y otros. Ese año destacan pagos a los abogados Alejandro Pérez ($108 mil); Carlos Carrillo y su firma legal ($514 mil): Cortes, Cortes, Molina y Asociados ($222 mil); Jaime Padilla ($98 mil), y Morgan & Morgan ($370 mil). En 2017, los pagos aumentaron hasta $2.1 millones: Alejandro Pérez ($126 mil); Carrillo & Asociados ($684 mil); Holanda Polo ($220 mil); Morgan & Morgan ($287 mil); Franklin Amaya Jované ($143 mil), y William Parodi Pugliese ($141 mil), entre otros. En 2018, siguieron los pagos hasta $1.3 millones. El informe de Kroll incluye otros elementos que refuerzan su tesis de que el expresidente sigue en control de su paquete accionario de Empresas Martinelli, S.A., –a través de su esposa y Martello Limited–, que incluyen más transferencias bancarias e inversiones en las que está involucrado. El abogado <b>Carlos Barsallo</b>, exmiembro de la Comisión de Valores de Panamá y fundador del Instituto Gobierno Corporativo-Panamá, ve pocas esperanzas en el cobro de la multa en el caso New Business, dado que los bienes están en una corporación extranjera desde hace años. Si el traspaso se hubiese hecho después de la condena, mediante procesos civiles habría sido posible retrotraer –para volverlas nulas– las acciones que se hayan hecho para evadir el cumplimiento de la condena, es decir, cobrar la multa. Pero ese no es el caso, porque se podría alegar que los traspasos se hicieron en el marco de la libertad de comercio. Además, está el tema de la jurisdicción extranjera. Barsallo recordó que Panamá poca ayuda brinda cuando otros países le solicitan su cooperación en casos como este. "A Panamá no le va muy bien en los pedidos de ayuda, porque como no da mucha ayuda, tampoco no le hacen mucho caso a sus pedidos", dijo. "Es una batalla cuesta arriba –añadió– que implicaría una dedicación casi que exclusiva… Y a veces hay mucho desorden y dejadez y ni siquiera incluyo el elemento de la maldad, que es importante: que no hay voluntad de recuperar nada. Se requiere organizarse para una búsqueda internacional, que toma tiempo y recursos, además de ser difícil". "En mi experiencia de 25 años, Panamá no persigue con mucho interés a los que burlan el Estado. Estas son las cosas que hay que ir cambiando", expresó el abogado.