Se agotó el margen
Ya se ha visto en las últimas dos semanas la capacidad del peronismo para complicarle la vida a un gobierno decidido a enredarse en sus propias complicaciones.
Artículo extraído del diario La Nación - Por Joaquín Morales Solá
Artículo extraído del diario La Nación - Por Joaquín Morales Solá
Si el Gobierno insiste en conducir el Estado como lo hizo en las últimas semanas, corre el riesgo de perder las elecciones legislativas de octubre.
No hay un sermón de Durán Barba capaz de neutralizar el efecto fulminante que tienen las decisiones equivocadas.
Varias encuestadoras han advertido ya que el Presidente y su gobierno derrocharon una parte importante de la popularidad que habían conquistado en enero.
Las mediciones cubrieron hasta el conflicto del Correo, aunque no el de las jubilaciones.
Esas decisiones fueron rectificadas por el Presidente, pero ya se agotó, en lo que va de febrero, el margen de error de un año electoral.
Las rectificaciones son siempre encomiables, pero el exceso de ellas puede fatigar a la sociedad. Nunca se sabe cuál es la última decisión.
El peronismo carece de un liderazgo capaz de capitalizar los errores políticos de la administración de Macri . Por ahora. Una victoria electoral, aunque fuere parcial y fragmentada, creará de hecho un liderazgo, nuevo o viejo.
Peor: el peronismo anticipó cómo sería la vida de Macri si perdiera las próximas elecciones. Se acabó la duda entre los que pronosticaban una derrota dulce o una derrota dura. Será dura, si existiera la derrota.
¿Hay hipocresía en el peronismo? Desde ya que sí. Sergio Massa se escandalizó por la decisión de modificar en unos pocos pesos la liquidación de las asignaciones a los jubilados.
Massa fue director de la Anses y nunca impulsó una ley que aplicara la vieja doctrina de la Corte Suprema sobre una mejor liquidación para los jubilados. Fue luego jefe de Gabinete y tampoco hizo nada.
El miércoles instó a sus seguidores a comparar a Macri con De la Rúa por la ínfima quita a los jubilados. No hay remedio: Massa es Massa.
Fue más honesto Diego Bossio, que prefirió callarse; él también fue director de la Anses y, como tal, se presentó en su momento ante la Corte para decirle que no podía cumplir con la decisión del tribunal.
Bossio lidera ahora un bloque de diputados peronistas alejado del kirchnerismo.
Pero eso lo exhibe al peronismo, no exculpa al Gobierno. Hasta sus propios economistas criticaron a Macri por impulsar una actualización de las asignaciones a los jubilados de acuerdo con la doctrina de la Corte.
Entregó toda la recaudación impositiva por el blanqueo de más 100.000 millones de dólares para ese aumento de las jubilaciones y comprometió los recursos fiscales por muchos años.
¿Por qué enredarse ahora con quitas en los aumentos que iban entre 17 a 100 pesos? Fuentes oficiales aseguran que la decisión no fue del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, ni del ministro Jorge Triaca.
¿De quién fue la culpa, entonces? ¿La desesperación por bajar el déficit instigó, acaso, la impolítica decisión de empezar el año electoral podando aumentos a los jubilados, aunque fueran pequeños gajos?
La espectacular reacción de Elisa Carrió salvó al Gobierno de una dura derrota parlamentaria. Estaban tratando la modificación a la ley de las ART (el macrismo contaba con la complicidad del massismo), cuando los diputados oficialistas se enteraron por la oposición de la decisión sobre los jubilados.
Ni siquiera el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, sabía nada de esa decisión. Los diputados del massismo y de la propia coalición gobernante empezaban a dejar el recinto.
Carrió despotricó contra la decisión de los jubilados y hasta llegó al insulto, pero logró retener a los diputados y salvar al Gobierno, que se encaminaba hacia un descalabro político.
Ayer, Macri y Carrió hablaron largamente por teléfono. Acordaron enfrentar juntos el año electoral y, sobre todo, las conspiraciones del kirchnerismo político y judicial.
Juntar en el tiempo y en el espacio a los jubilados con el Correo de Franco Macri es una fórmula letal para la popularidad del Gobierno. Y es, también, la mejor mezcla que puedan darle a la oposición.
La transparencia que pregona el Gobierno debió empezar haciendo públicas las primeras negociaciones de los funcionarios con el grupo Macri. El Presidente tiene de hecho un conflicto de intereses.
Debe preservar los intereses del Estado y, al mismo tiempo, está obligado a cuidar el capital que heredarán sus hijos.
No importa si estaba al tanto, o no, de la negociación. El conflicto existe y, por eso, debieron tomarse recaudos que en otros casos no hubieran sido necesarios.
El dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, una alumna dilecta de Alejandra Gils Carbó, desconoce que, buena o mala, existe una ley de quiebras. El acuerdo fue avalado por la mayoría de los expertos en quiebras.
Hay una sola crítica para hacerle a ese acuerdo: no obligó al grupo Macri a desistir de sus juicios contra el Estado por el Correo, como es habitual en estos casos.
El grupo Macri agravó las cosas cuando presentó una cuantiosa demanda por el Correo después del acuerdo por su deuda. Sólo ahora el Gobierno buscará una "solución integral", según el anuncio del Presidente.
¿El kirchnerismo hizo algo para cobrar esa deuda del grupo Macri? No. ¿Massa y De Vido, alarmados ahora por el acuerdo con el Correo, impulsaron alguna decisión sobre el grupo Macri y su deuda cuando tuvieron responsabilidades en el Estado? No. ¿Existe hipocresía en sus posiciones actuales? Sí.
Pero las preguntas que deben formularse son otras: ¿nadie en el Gobierno advirtió que la oposición se lanzaría sobre la yugular de Macri en cuanto se enterara de que había acordado con el grupo Macri?
¿Nadie avisó que estaban ante un enorme conflicto político? El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le respondió al periodista Jorge Lanata que el ministro Oscar Aguad le dijo "al pasar" que estaba en marcha esa negociación.
¿Cómo? ¿Acaso no percibió que una negociación del gobierno de Macri con el grupo Macri no podía ser una cuestión "al pasar"?
Nadie tuvo en cuenta, además, que muchos fiscales (otros discípulos de Gils Carbó) militan en la oposición a Macri y están dispuestos a llegar al absurdo jurídico con el propósito de debilitarlo; hay cerca de 100 causas iniciadas desde que el Presidente accedió al poder.
Un fiscal llegó a pedir el allanamiento de la Casa de Gobierno por el caso del Correo en un expediente por "daños al Estado". ¿Qué daños, si el acuerdo, ahora ya descartado por el Gobierno, no estuvo nunca vigente?
Esos fiscales también forman parte de la campaña. Es lo que hay. Al Gobierno sólo le queda el recurso de complementar la eficiencia en la gestión, que existe en muchos funcionarios, con la eficiencia política, que escasea.
Una encuestadora, que registró la caída en la popularidad del Gobierno, señaló también como una posible causa la confusión de la sociedad con respecto a las compras en cuotas.
Es buena la decisión de distinguir entre lo que un artículo cuesta al contado o en cuotas, porque los intereses que se pagaban eran confiscatorios. Le proporciona opciones al ciudadano para disponer sus compras.
La comunicación fue pésima. Resulta que existe el Ahora 12 y que el Gobierno está negociando con los bancos privados (ya lo hacen los bancos públicos) para que existan planes de hasta 50 cuotas con tasas razonables.
Es decir, no se terminaron los pagos en cuotas, pero gran parte de la sociedad cree que sí.
Como dice Durán Barba, la política se reduce más a "sensaciones" que a palabras. El gurú electoral señala esa realidad para hablar bien de las "sensaciones" que protegen al Gobierno de un temor colectivo al regreso del populismo cristinista. Tiene razón.
Resulta, sin embargo, que las "sensaciones" también sirven para dejar mal parado al Gobierno. El peronismo maneja incomparablemente bien el arte de esconder sus vergüenzas y de fijar esas "sensaciones" contra una administración no peronista (un gobierno de ricos que gobierna para los ricos o una familia empresaria que hace negocios con el Estado). Son las reglas de un juego que los funcionarios parecen no saber jugar.