"Se establece un sistema parecido al del sector privado. Incluso se mantienen algunas diferencias favorables (para el trabajador público)", dijo el ministro de Trabajo.
El nuevo sistema de licencias médicas para funcionarios públicos comienza a aplicarse este lunes únicamente en los trabajadores de las unidades ejecutoras de Presidencia.
En dos meses será tiempo de los organismos de la Administración Central que tienen menos de 1.000 vínculos laborales, como los ministerios de Relaciones Exteriores, Industria, Turismo, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Ambiente. El 1º de agosto será turno de los organismos descentralizados y de contralor y, finalmente, el 1º de setiembre culminará con los incisos de la Administración Central con más de 1.000 trabajadores: ministerios de Defensa, Interior, Economía, Ganadería, Transporte, Educación y Desarrollo Social. En los entes autónomos "no se puede imponer por vías legislativas", indicó el ministro de Trabajo Pablo Mieres, pero "se hace la exhortación para que también se aplique".
¿Qué implica este nuevo régimen? Establece que los funcionarios públicos tendrán nueve días por año para ausentarse por enfermedad y que, al décimo, cobrarán el 75% del jornal. Hasta el 31 de marzo, cobraban el 100% del salario más allá de las certificaciones médicas.
"Se establece un sistema parecido al del sector privado. Incluso se mantienen algunas diferencias favorables (con el trabajador público). Se establece un banco de nueve días por año que se puede utilizar para certificaciones sin ningún tipo de descuento (que no tiene el sector privado) y después de esos días, que pueden ser alternados, se pasa a un pago de 75%, cuando en el sector privado es de 70%", indicó a Telemundo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
¿Qué pasa en los entes autónomos? "Allí no se puede imponer por vías legislativas, pero se hace la exhortación para que también se aplique", indicó Mieres.
"Se busca un régimen de equidad y evitar que la certificación médica que hasta hoy no tenía un costo desde los ingresos no sea pasible de abusos, de un uso equivocado. Se espera mejorar el presentismo y la reducción de la certificación", indicó.
Consultado sobre las críticas del sindicato de públicos (COFE), que denuncia pérdida de derechos, respondió: "Hace cuatro años estamos analizando y discutiendo esto con los sindicatos públicos. Todo régimen es perfectible pero no podemos seguir pateando la pelota para adelante. En el sector privado se aplica de manera más exigente, me parece que no es correcto el planteo", dijo.
Además, enfatizó que han "incorporado pedidos del sindicato" que se vienen discutiendo desde 2020, y recordó que a pedido de COFE se atrasó 60 días la puesta en marcha, marcada inicialmente para el 1º de febrero.