Las exportaciones alimentarias al Reino Unido vienen demostrando una indudable fortaleza pues, a pesar del Brexit y de los problemas aduaneros surgidos desde su salida efectiva el 31 de enero de 2020. Las ventas han ido creciendo cada año y la cifra provisional de cierre de 2023, de acuerdo con el avance anual de comercio exterior del Ministerio de Agricultura, supone ya un nivel de exportaciones de 4.820 millones de euros, un 19% mayor al obtenido en 2019, último año completo en el que el Reino Unido fue parte de la UE. Exportamos todo tipo de alimentos: las frutas y verduras suponen más del 50% de esta cifra, el aceite de oliva, embutidos y otras categorías de alimentos procesados tienen cada año una mayor presencia.
Desde el día 30 de abril, parte de los alimentos españoles se enfrentan a otra barrera comercial con la imposición de una nueva tasa que encarece nuestras exportaciones. Esta tasa recibe el nombre de "Common User Charge" y, por el momento, debe ser pagada por todos los alimentos de origen vegetal considerados como de riesgo medio y alto, por todos los productos de origen animal con cualquier nivel de riesgo. Es decir, que los alimentos para el consumo humano de origen animal o vegetal, sólo se librarán de pagar esta tasa los productos vegetales clasificados como de bajo riesgo sanitario, además de los que no están regulados por no presentar riesgos sanitarios de acuerdo con la nueva normativa de controles fitosanitarios definidos por el Reino Unido.
La nueva tasa será de diez libras para cada producto de origen animal de riesgo bajo y de veintinueve tanto para los productos de origen vegetal como animal de riesgo medio y alto. Unas cuantías fijas para cada producto de los tipos regulados. El cálculo se hará por cada línea presente en el Documento Común de Entrada Sanitaria (CHED) hasta un máximo de cinco líneas independientemente de la cantidad introducida. En la página del Gobierno británico, podemos encontrar el documento "Guidance: Common user charge: rates and eligibility" en el que aparece toda la información necesaria para entender la aplicación de esta tasa. También en el ICEX podemos encontrar las circulares de la Oficina Comercial de la Embajada de Londres que explican la operativa para cada tipo de producto de forma detallada en español.
La fundamentación de la tasa es la financiación de los costes adicionales que la nueva regulación de control sanitario y fitosanitario van a suponer en los Puestos de Control Fronterizo de Dover o del Eurotúnel. Yendo a lo práctico, una operación con cinco o más líneas diferentes de entre las sujetas a la tasa, independientemente de su importe, podría llegar a tener un coste de hasta unos 170 euros. En envíos pequeños este recargo podría llegar a ser muy importante y hacer inviables las compras de alimentos españoles de esas categorías por pequeños comercios, por establecimientos de hostelería y también por particulares.
Estos colectivos tendrán que encontrar otra operativa de entrega para evitar la tasa y esto supondrá en la práctica la necesidad de trabajar con algún distribuidor local que, al importar grandes cantidades, diluya la importancia de la cuantía. Sin duda será un nuevo coste a nuestros alimentos en el país, pero los grandes exportadores de alimentos son optimistas y confían en que tenga un impacto menor en sus ventas, pues el interés de los consumidores británicos por nuestros alimentos permitirá asumir este nuevo coste de comercialización, especialmente cuando se sepan optimizar de forma adecuada los envíos. Son los consumidores y los distribuidores británicos los menos satisfechos con la medida pues supondrá sin duda un incremento de la inflación de este tipo de productos. Por su parte, las empresas españolas con menor cifra de venta, así como las que lo hacen online directamente a particulares desde España, también ven la medida con preocupación pues va a encarecer o directamente a imposibilitar su presencia en el mercado. Iremos viendo los efectos en detalle en los próximos meses.