A poco más de un mes de haber dejado la cárcel de Antofagasta, donde se mantuvo en prisión preventiva, Daniel Andrade y sus abogados reactivaron acciones con miras a despejar su rol en medio del denominado 'caso líos de platas'.
Es que a pesar de que el Ministerio Público formalizó al ex-RD y mandamás de la Fundación Democracia Viva por tres delitos de fraude al Fisco -al igual que al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras-, tanto él como su defensa han insistido en que es inocente y que fue encausado de manera injusta. Incluso, durante el proceso el ingeniero civil ha deslizado que se convirtió en un "preso político".
Por lo mismo, apostaron por pasar a la ofensiva y solicitaron al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, que se vuelva sobre la figura de Verónica Serrano, exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios y tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
De esta forma, se sumaron a la postura que ha mantenido Carlos Contreras, quien también ha sostenido que la profesional tiene responsabilidad en el caso.
En concreto, como aseguraron sus abogados a La Tercera, pidieron que Serrano sea interrogada nuevamente en esta indagatoria. En esta oportunidad, según manifestaron, al tenor de un cuestionario elaborado en torno a una veintena de asuntos vinculados a cómo operaba el mecanismo para transferir recursos a fundaciones, quiénes participaban en la selección de las mismas y sobre cómo ella formaba parte de esos procesos.
La diligencia se justificaría, como indicaron desde la defensa de Andrade, porque "Serrano era la encargada nacional de Asentamientos Precarios, y para nosotros la persona que presionó para que se asignaran y ejecutara con la mayor rapidez el presupuesto de 2022 para este objeto".
Agregaron, en el mismo sentido: "Que hayan aparecido nuevas fundaciones y que la asignación haya tenido desprolijidades, no delitos, dice relación con la presión que colocó ella para que se suscribieran, a la mayor brevedad, convenios en todo Chile, aunque con las contrapartes que hasta ese momento estaban trabajando, no daban abasto".
Piden que se le consulte, entre una serie de cuestiones, ¿de qué forma los funcionarios del equipo de Asentamientos Precarios de la región le proponían las "iniciativas de inversión"? Asimismo, sobre cómo se definía a las fundación receptoras, si era verdad que existía un manual que se creó para esos fines, respecto de por qué pidió transferir recursos a una fundación que aún estaba por definir y si era habitual que pidiera "apurar" gestiones en pos de ejecuciones presupuestarias.
El rol de Serrano
Fue en junio de 2022 que Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, ingresó al Ministerio de Vivienda. En ese momento se le designó como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, aunque anteriormente ya había desarrollado labores en el Estado: ejerció como secretaria ejecutiva del directorio de Obras Bicentenario del Minvu y también como directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
En este caso, había aparecido sindicada por Carlos Contreras precisamente por haber apurado la ejecución presupuestaria mediante la suscripción de convenios. De hecho, en manos de la Fiscalía hay un correo enviado por ella que así lo evidenciaría.
"Estimado Carlos. Te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria", le escribió la profesional a la exautoridad regional el 20 de septiembre de 2022.
Pese a ello, y a que el exseremi ha subrayado que Serrano visó todos los convenios por los que hoy se le cuestiona, para el Ministerio Público se mantendría en calidad de testigo.
En la declaración que ya prestó en medio de la indagatoria, el pasado 29 de noviembre, Serrano descartó tener detalles de los convenios que se suscribieron con Democracia Viva y se limitó a un testimonio más bien escueto.
"Respecto a los convenios suscritos por la fundación Democracia Viva, a lo largo de mi gestión se asignó un presupuesto anual en torno a los $40.000.000.000, sumándose a eso alrededor de 85.000 personas viviendo en campamentos y el aumento de campamentos a nivel nacional. No podría dar mayores detalles, ya que eso se maneja a nivel regional con la respectiva Seremi", sostuvo Serrano ante detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.