Madrid, 24 abr (EFECOM).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, encabezará la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo que presente el PSOE, que se encomienda así a la trayectoria y la experiencia negociadora de la actual ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Ribera (Madrid, 1969), Ribera se ha enfrentado a dos de los mayores 'shocks' de la economía de las últimas décadas desde su actual cartera: los estragos económicos de la pandemia de la COVID y la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania.
Muy beligerante contra la energía nuclear y los combustibles fósiles, Ribera ha sido una de las pocas ministras que se ha mantenido en su cartera desde el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, ganando peso político, competencias y proyección internacional, tras sus éxitos en materia energética.
La vicepresidenta tercera es considerada, de hecho, una de las ministras más próximas al presidente del Gobierno, como se constató en las pasadas elecciones generales, cuando Ribera mostró su perfil más político después de ser designada número dos por Madrid.
Su esperada irrupción como candidata a los comicios europeos del próximo 9 de junio lo refrenda.
Un secreto a voces que ha perseguido a Ribera en todas y cada una de sus últimas ruedas de prensa, donde respondía siempre con el mismo mantra: "En un sitio o en otro estaré muy contenta" -en alusión a su continuidad en Madrid o a su marcha a Bruselas-.
La invasión rusa de Ucrania y la crisis energética que desencadenó llevó a su ministerio a pisar el acelerador en la hoja de ruta de la transición verde, pero también a adoptar una ingente batería de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios en los bolsillos de los consumidores.
Entre ellas, las rebajas de impuestos en los recibos de la luz y el gas, la ampliación del bono social o los descuentos en los carburantes.
Uno de sus principales triunfos fue conseguir que la Comisión Europea aprobase la denominada 'excepción ibérica', mecanismo que decayó el pasado diciembre, una vez normalizada la situación, y que permitió a España y Portugal limitar o "topar" el precio del gas utilizado para producir electricidad para evitar que los máximos alcanzados en los mercados mayoristas se trasladasen al consumidor.
Además, bajo la presidencia española de la Unión Europea, los países miembros, salvo Hungría, acordaron una reforma del diseño del mercado eléctrico comunitario -recién aprobada por el pleno del Parlamento Europeo- en la que las posturas enconadas de los pronucleares y los prorrenovables terminaron acercándose.
A lo largo de su mandato, la ministra ha mantenido una tensa relación con las empresas energéticas, muy críticas con algunas de sus propuestas, sobre todo, con el impuesto, inicialmente temporal y extraordinario, al sector.
Ribera se marchará previsiblemente antes de que la Justicia resuelva los recursos, tanto de patronales como de las propias compañías, contra este gravamen que consideran ilegal e inconstitucional, pero también, de que PSOE y Sumar, que acordaron prorrogarlo, aclaren en qué términos seguirá adelante -en el caso de que finalmente así se decida-.
La todavía ministra se ha situado claramente del lado de las energías renovables tras dar el último carpetazo al funcionamiento de las centrales nucleares en este país, con el establecimiento de un calendario de cierre escalonado que concluirá en 2035.
Con el acelerador del Plan de Recuperación, desde su departamento se ha desplegado una política de ayudas a la extensión de las renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas, y se ha trabajado en mejorar dos de los potenciales obstáculos de las energías limpias: los trámites burocráticos y la oposición social.
También se ha querido potenciar un vector energético en el que están puestas las esperanzas de descarbonización del transporte y la industria pesada, el hidrógeno verde.
Para Ribera todas estas acciones son "capitales" para cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), cuya actualización, en su texto definitivo, queda pendiente para su sucesor.
Conciliadora con sus socios europeos pero tajante frente a las críticas, la ministra dejará el complejo madrileño de Nuevos Ministerios en un momento de asperezas con Repsol, de las compañías que más han arremetido contra el gravamen temporal hasta el punto de avisar de que condicionará sus futuras inversiones en España a la continuidad o no de esta prestación.
La demanda de Iberdrola a la multinacional española por supuesto blanqueo ecológico de su publicidad ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Tras una enigmática publicación de Ribera en una red social -"Y llega a los tribunales el hartazgo por el #greenwashing", rezaba-, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la interpeló públicamente -"Ministra, ¿quiere que cerremos las refinerías?", dijo-.
Con las aguas más calmadas, la vicepresidenta tercera atribuyó las palabras de Imaz, al que meses atrás había acusado de "negacionismo climático", a una reacción propia de un "momento de inflamación".
Muy en sintonía con los grupos ecologistas por sus postulados verdes en defensa del clima y la biodiversidad, Ribera ha destacado asimismo por su férrea defensa del Parque Nacional de Doñana frente a las explotaciones agrícolas de la zona por temas de sequía.
En el caso de Murcia y el Levante español, su postura ha consistido en abogar por unos caudales "ecológicos" que garanticen el bienestar de las aguas fluviales en las transferencias hídricas. EFECOM
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