'Vaca' para las 4G: Consejo de Estado estudiará solicitud de pérdida de investidura de congresistas que la respaldaron
Entre los congresistas está Miguel Uribe, Paloma Valencia y Paola Holguín.
El Consejo de Estado aceptó estudiar una solicitud de pérdida de investidura contra al menos diez congresistas que apoyaron la 'vaca' para terminar las megaobras de cuarta generación en Antioquia.
El recurso alega que los congresistas, tras haber apoyado y donado a la recolección de dinero promovida por la Gobernación de Antioquia, incurrieron en una inhabilidad que implicaría pérdida de investidura.
"Contemplada por la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política Nacional", se indica en el auto de admisión.
El demandante asegura que la inhabilidad está relacionada con que considera las donaciones como un contrato entre una persona natura y la Gobernación, debido al decreto que emitió esa entidad, para reglamentar todo el dinero que ingresaría producto de la 'vaca'.
"La misma Gobernación creó un decreto mediante el que regulaba el mecanismo para la obtención de sus aportes a la denominada vaca, y en ese contrato, pues en ese decreto se establece, es una donación entre vivos", afirmó Carlos Patiño, el demandante de esta actividad.
El accionante afirmó que la jurisprudencia establece que estos contrato, aunque no representen un beneficio para el donante, representan un acuerdo contractual, lo que implica una serie de compromisos que deben asumir ambas partes.
"La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la donación, la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la donación pública o con la donación como contrato estatal, establece que es típicamente un contrato, genera obligaciones para las dos partes", afirma Patiño.
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Los congresistas accionados tendrán un plazo de cinco días para emitir sus respuestas a los argumentos del demandante, por lo que el Consejo de Estado deberá esperar a que todas las partes se pronuncien para emitir una decisión de fondo.
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