Un operativo por una red de trata de personas para fines sexuales encabezado por la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI) dejó al descubierto la participación de dos detectives en una célula del Tren de Aragua en Santiago.
Un reportaje de Meganoticias mostró que el hecho se gatilló en 28 de noviembre de 2022: ese día, una adolescente de nacionalidad venezolana, de 17 años, cuyas iniciales son L. A. G. D., fue detenida por funcionarios de la policía civil al descubrir que era explotada sexualmente por la mencionada organización criminal internacional de origen venezolana en el Portal Fernández Concha, frente a la plaza de armas capitalina.
El día 29 del mismo mes, la adolescente recibió una llamada de quien dijo ser su padre. Pero en su diálogo, de acuerdo a la publicación, mostró "incomodidad", lo que generó una solicitud para intervenir las llamadas del falso familiar. La solicitud mostró que el teléfono estaba siendo intervenido por otra investigación: era de Yariel Ulloa López, de nacionalidad cubana, cuyo rol en la organización era la de captar adolescentes y jóvenes para explotarlas sexualmente en Chile.
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Cuando se revisó el tráfico de las llamadas de Ulloa López, saltaron a la luz los nombres de dos funcionarios activos de la PDI: Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y de la Brigada de Robos Oriente de la institución.
Tras la detención de L. A. G. D., el cubano Ulloa López llamó a sus contactos para preguntarles sobre la residencia de acogida a la que sería destinada por el Tribunal de Familia respectivo.
En marzo pasado, Yariel Ulloa hizo una fiesta de despedida en un departamento del piso 33 de una torre de calle Morandé 696, en Santiago. Uno de sus invitados fue el entonces detective Nicolás Ortega. Pero en medio de la fiesta, funcionarios ed la Bitrap allanaron el inmueble: cuatro personas fueron detenidas: los dos PDI, el cubano y Aura Acosta Villalobos, colombiana dueña de una peluquería instalada en el paseo Puente, que sería para lavar los ingresos por la trata de personas.
La fiscal Carolina Suazo, en 16 de marzo pasado, les imputó a los detenidos los delitos de asociación ilícita, trata de personas, lavado de dinero, cohecho y soborno. Las diligencias determinaron que 13 personas componían la organización, algunos de los cuales ya estaba en prisión preventiva, otros con órdenes de detención vigente. La persecutora explicó que fueron las víctimas quienes sindicaron las redes del Tren de Aragua en la PDI:
"Manifestaron que dentro de la PDI había funcionarios que entregaban información al Tren de Aragua, eso lo que dijeron en forma textual y a propósito de eso es que se inicia una serie de diligencias vinculadas con aquella información".
"Paralelamente, también se obtienen antecedentes producto de una interceptación telefónica que es desarrollada en otra causa, en que precisamente uno de los tratantes se comunica con un imputado haciendo referencia a información que se solicita a uno de los funcionarios públicos involucrados, esto permite realizar ese seguimiento y finalmente establecer la participación de estos funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) como integrantes de la asociación criminal", acotó, citada por el mismo medio.
Los detectives Nicolás Ortega y Sebastián Peredo fueron desvinculados de la policía civil. Las indagatorias de la Fiscalía han acreditado que desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024 los ex PDI reportaban a Yariel Ulloa, quien a su vez le respondía a Lewis Ponce Ortiz, venezolano líder de la célula: su rol era el de advertir procedimientos policiales, nombrar los lugares donde iban las víctimas y entregar información sensible de la PDI.
¿Qué ganaban los exdetectives? Dinero y especies. Peredo, por ejemplo, recibió dinero y compró un automóvil Audi, modelo A4.
"Los integrantes de la organización consultan a los PDI qué es lo que va a ocurrir con esa víctima y saben perfectamente que va a ser derivada de una casa de acogida, indican cuál va a ser el procedimiento y lo que hace la organización teniendo acceso a esta información, es mandar a buscar por otras dos víctimas a la menor de edad donde había sido derivada. (...) Los tratantes sabían todo lo que iba a pasar", precisó la fiscal Suazo.