Amnistía Internacional ha reprochado al Estado español que siga sin investigarse eficazmente la tragedia de la valla de Melilla ocurrida en 2022, en la que murieron al menos 37 migrantes, y que no haya avances en las investigaciones sobre el uso del software espía Pegasus contra figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana, en su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al año 2023.
El informe también señala que durante el año pasado persistía la violencia de género contra mujeres y niñas, valora positivamente la nueva legislación para garantizar el derecho a la vivienda pero lamenta que no protege del desahucio a las personas vulnerables y critica que se imputaran indebidamente "delitos de redacción imprecisa para coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica". Asimismo, entiende que las medidas adoptadas para combatir la crisis climática eran positivas pero "insuficientes".
El informe recuerda que en julio, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre "la fuerza ilegítima" empleada por la policía en junio de 2022 al reprimir a la multitud que intentaba pasar a Melilla. Además de los 37 fallecidos, la organización señala que unos centenares más "fueron expulsadas ilegalmente" durante la operación.
AI incide en que la Fiscalía General cerró la investigación sobre los hechos en diciembre de 2022 argumentando que los agentes de policía habían actuado conforme a la legislación nacional.
Por otro lado, Amnistía advierte que nadie pudo cruzar la frontera de Melilla para solicitar asilo en 2023, según fuentes oficiales citadas y añade que en un informe publicado en abril sobre su visita a España en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló la falta de acceso a un procedimiento ágil y efectivo de asilo en todo el país. "Muchas de las personas que lo solicitaban tenían que esperar al menos seis meses hasta su primera entrevista, tiempo durante el cual se exponían a ser expulsadas", denuncía la ONG, que además lamenta que los menores no acompañados que llegabana las islas Canarias eran detenidos junto a personas adultas y no recibían la suficiente protección.
Respecto al conocido como Catalangate, Amnistía recuerda que en mayo una investigación del Parlamento Europeo confirmó que se había utilizado el programa Pegasus contra almenos 65 personas, entre las que había periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. En este sentido, AI reprende a las autoridades españolas que "no hubo avances" en la investigación de al menos 13 demandas por el uso de software espía presentadas ante varios tribunales españoles.
La ONG agrega que en julio, debido a la falta de cooperación de las autoridades israelíes, la Audiencia Nacional cerró provisionalmente la investigación sobre el uso del programa espía Pegasus contra el presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.
Causa reabierta
Sin embargo, ayer mismo se supo que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la causa al hallar una nueva línea de investigación gracias a las autoridades francesas. Y es que el país galo ha enviado al instructor una investigación llevada a cabo en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, ministros y diputados con el software Pegasus. El juez entiende que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones.
Otras preocupaciones: violencia de género, acceso a la vivienda, a la sanidad y abusos policiales
El informe destaca además una serie de desafíos en materia de derechos humanos, que incluyen problemas persistentes y la necesidad de medidas más efectivas para abordarlos. Así, por ejemplo, indica que persiste la violencia contra mujeres y niñas, con un alto número de casos de feminicidios. Además, la falta de centros de ayuda a víctimas de violencia sexual sigue siendo un problema. Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, valora que se aprobó una ley que permite el acceso al aborto sin consentimiento parental para mayores de 16 años.
Respecto a la vivienda, AI valora que se aprobara una ley para limitar los precios del alquiler y proteger a los inquilinos pero sostiene que aún hay desafíos en términos de desalojos a personas vulnerables y de acceso a vivienda adecuada. En este punto hace una referencia al barrio madrileño de la Cañada Real, donde 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, seguían viviendo sin acceso a electricidad tras la desconexión de 2020.
La organizción también valora la entrada en vigor en marzo de la ley Trans que protegía los derechos de las personas LGBTI, ya que garantizaba el acceso de las personas trans a los servicios de salud y al reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación y prohibía las terapias de conversión, pero lamenta que la Asamblea de Madrid aprobara a final de año una legislación regresiva que, entre otras cosas, "prohibía el reconocimiento de la identidad de género basado en la autodeterminación y restringía las iniciativas educativas de promoción de los derechos LGBTI".
Respecto al derecho a la salud, la organización observa una disminución en la inversión en salud pública, lo que afecta a la accesibilidad a servicios de atención primaria.
Para Aminsitía, persiste la preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, incluyendo casos de heridas y muertes, como la de un hombre en Barcelona en noviembre de 2021 al que la policía autonómica había disparado varias descargas eléctricas con un arma Taser. La ONG también muestra preocupación por "restricciones indebidas a la libertad de expresión", multas a manifestantes y periodistas, así como casos de infiltración policial en movimientos sociales "empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera".
AI también lamenta ciertas "transferencias irresponsables de armas" y pese a constatar que se suspenden las licencias de exportación de armamento a Israel se revela un alto número de licencias previamente concedidas.