La creación por parte del Gobierno de una comisión de trabajo para la memoria y reconciliación con el pueblo gitano ha sido recibida con esperanza por asociaciones e historiadores expertos en esta etnia, que confían en que haya una verdadera reparación tras siglos de "persecución" y "prejuicios".
"Es el momento de hacer justicia y reconciliación con el pueblo gitano, incluyendo el perdón a la lamentable persecución que vivimos a lo largo de la historia", reclama la directora de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, que fue diputada en la anterior legislatura con Ciudadanos.
Al igual que el resto de asociaciones consultadas, Giménez celebra la aprobación esta semana por parte del Gobierno de una comisión de trabajo para la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pero considera que es un "punto de partida" porque, en su opinión, queda mucho por hacer.
"Me preocupa la sensibilización de la sociedad, los prejuicios, los estereotipos que conllevan aún comportamientos discriminatorios, y las grandes brechas de desigualdad", dice la experta, que menciona entre los grandes retos del pueblo gitano en España el acceso a la vivienda y la educación, ya que por ejemplo seis de cada diez niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria.
En representación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Alejandra Moreno confía en que la comisión de trabajo creada por el Gobierno sea "un impulso" para recordar la historia del pueblo gitano y continuar dando pasos hacia adelante. "Es importante reivindicar nuestros derechos, merecemos un perdón", reclama.
Y su compañero José Vega, experto en historia del pueblo gitano, lamenta que el "hostigamiento" que ha sufrido esta etnia en España, desde su llegada a finales del siglo XV, apenas ha sido estudiado.
"La historia del pueblo gitano, tanto en España como en el resto de Europa, es una historia de persecución, de negación, de olvido", denuncia, y pide entre otras medidas de reparación que los libros de texto reflejen esta historia con más profundidad y que los gitanos puedan recuperar su lengua, el caló, perdida a lo largo de los siglos fruto de la "opresión".
Por su parte, el presidente de la Unión del Pueblo Romaní, Juan de Dios, que pasó a la historia al convertirse en 1977 en el primer diputado gitano en el Congreso, prefiere poner el acento en "lo que se puede hacer ahora" por el pueblo gitano, fundamentalmente a través de la educación y de los medios de comunicación, y "no en lo malo que se hizo durante el franquismo" y otros periodos históricos.
"Durante el franquismo, gitanos y no gitanos sufrieron las consecuencias de un régimen opresor, pero la culpa de lo que nos pasa no la tiene el franquismo exclusivamente, la tiene la sociedad. Y la sociedad en su conjunto ahora tiene la posibilidad a través de esta comisión de poner las bases para tomar conciencia", dice.
El Gobierno calcula que en la actualidad puede haber cerca de 750.000 gitanos en España, según señalan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, pero la última cifra oficial data de un estudio de 2015 que cifraba la población en cerca de 517.000 personas, la mayoría concentradas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid.
En los últimos años ha habido avances significativos respecto a la población gitana que destacan las asociaciones, como la ley de igualdad de trato y no discriminación, y la reforma del Código Penal con la inclusión del antigitanismo como delito de odio.
No obstante, las asociaciones avisan de que aún arrastran muchos problemas y por eso resaltan la importancia de esta comisión de trabajo, demandada entre otros por la exdiputada socialista Beatriz Carrillo, de etnia gitana, y que deberá presentar en un año un informe para sacar a la luz la verdad sobre la situación histórica de esta población, reparar y no repetir los errores cometidos.
"El olvido del pasado es perjudicial para el presente", advierte la historiadora de la Universidad de Sevilla María Sierra, especialista en el pueblo gitano en España, que asegura que los gitanos sufrieron "persecución" desde su llegada a la península, con normas que les obligaban a vivir de una determinada manera, privándoles de rasgos característicos de la etnia, como la lengua.
"Supuestamente se hacía para que se integraran en la sociedad, pero eran medidas desintegradoras porque obligaban a las familias gitanas a irse a otra localidades", cuenta.
El "pico culminante de la discriminación" llegó, en su opinión, en 1749, con el intento de exterminio de los gitanos en España conocido como 'la gran redada', que supuso la detención y el encarcelamiento de miles de gitanos, incluidos mujeres y niños. Otra medida discriminatoria que se perpetuó hasta 1978 fue el reglamento de la Guardia Civil, que en uno de sus artículos instaba a vigilar "escrupulosamente" a los gitanos.
Por su parte, la denominada ley de vagos y maleantes no estaba concebida contra los gitanos, pero se empleó contra ellos a lo largo de varias décadas, también en la dictadura franquista, un momento en que la historiadora Sierra señala que se dio una "vuelta de tuerca" al estereotipo cultural de los gitanos, fabricado en el siglo XIX con personajes como Carmen.
"Se habla de los gitanos como un pueblo exótico, pasional, artista y cercano a la naturaleza (...) pero esa aparente positividad conlleva una carga negativa de alguien que vive a espaldas de ley, fuera de la sociedad y que no se dedica al trabajo productivo", comenta.
En la misma línea, Eusebio Rodríguez, doctor en historia contemporánea especializado en el pueblo gitano, cuenta que el pueblo gitano ha vivido "continuos desprecios" a lo largo de la historia, motivados en parte por su espíritu nómada.
Y confía que la comisión (formada por representantes de ministerios, expertos y miembros de asociaciones) sirva para "hacer un reconocimiento" al pueblo gitano y combatir la discriminación, ya que asegura que "no se es mejor por ser de una etnia u otra".