Los últimos acontecimientos de 2016 pueden mirarse de dos maneras. Una es la psicología de los actores, la otra son las condiciones objetivas del país.
Con una módica reseña la gente lo entenderá enseguida: el presidente se enojó con el ministro y lo echó, o el ministro era muy engreído y no se llevaba bien con sus colegas, o el presidente y el funcionario tienen sentimientos incompatibles. La mayoría de las explicaciones de la salida de Prat-Gay fueron de este tipo.
Pocas, en cambio, repararon en el contexto del recambio, que no tiene que ver con las emociones, sino con las condiciones objetivas de la economía: los recursos materiales no alcanzan para cubrir las necesidades y satisfacer las expectativas.
El déficit de las cuentas públicas se ensancha en una carrera para cubrir demandas de las que depende el equilibrio social y económico del país.
Pero no se llega: con ingresos escasos, cuando se atiende una necesidad se desatiende otra. Suele llamarse a esta dificultad el dilema de la manta corta. Ése es el verdadero problema, no el ego de los funcionarios.
Los especialistas en presupuesto y los macroeconomistas conocen bien la situación. Es muy difícil achicar el déficit fiscal, donde se originan las incoherencias que desalientan a los inversores.
En primer lugar, el gasto público no puede reducirse sustancialmente, porque la mayor parte está compuesta por partidas intocables en un esquema gradualista: remuneraciones a los empleados públicos, jubilaciones y programas sociales.
Lo que puede disminuirse, que son los subsidios a la energía, generó el conflicto de las tarifas, cuya resolución no alivió al fisco, debido a las compensaciones introducidas y a la insuficiencia de los aumentos.
En segundo lugar, las fuentes genuinas para agrandar la manta son limitadas: la presión tributaria directa está en un límite insostenible y la indirecta -como el IVA y otras imposiciones al consumo-sufre las restricciones de la recesión.
El crédito externo alivia, pero es un arma de doble filo si no se lo administra con mesura. Ante esta aridez, el blanqueo aparece como un oasis, que en lo inmediato contribuirá a reducir el déficit y aumentará en forma permanente la base impositiva.
Aunque no alcance para resolver el desequilibrio fiscal crónico, más bienes de argentinos pudientes pagarán impuestos a partir de ahora.
En tercer lugar, la manta corta está emparentada con el llamado "costo argentino", que un reciente editorial de este diario caracterizó como un secreto de familia, sugiriendo con esa metáfora que es un problema inconfesable que atañe a todos los involucrados, empezando por los líderes empresarios y sindicales, y los funcionarios públicos.
Se trata de una maraña de intereses creados que condiciona la viabilidad económica del país, resintiendo dos atributos necesarios para prevalecer en un mundo competitivo: la productividad y la eficiencia.
El peaje que las elites argentinas se cobran unas a otras es fuente de ganancias espurias y una de las razones principales de la injusticia social y el subdesarrollo.
Cuando se indaga en la manta corta se desvanece la versión sentimental del país, para dar lugar a sus problemas históricos y estructurales.
Y se confirma una hipótesis nada novedosa: la falta de reglas de convivencia entre los factores de poder atenta contra el desarrollo económico del país.
La recíproca denegación de legitimidad que Halperín Donghi atribuía a las fuerzas políticas debería extenderse al resto de las elites, abocadas a un juego de suma cero notoriamente destructivo.
No alcanza con la democracia, se requieren consensos y pactos. Eso lo saben todos los que husmean en problemas estructurales. Más aún cuando ningún partido tiene mayoría.
Es casi seguro que estas preocupaciones no contarán en el año electoral que se inicia. Cada fuerza querrá demostrar que tiene razón, desacreditando el argumento de los rivales.
Eso alejará por un tiempo la posibilidad de un acuerdo para afrontar los problemas de fondo. Cuando pase la competencia, que no resolverá el balance de poder, tal vez pueda plantearse de nuevo la apremiante cuestión. Aunque no quede claro cuáles serán entonces los incentivos para que las elites argentinas se sienten a conversar.