Enrique Ponce: "Lo que veo son despidos indiscriminados"
Cuestionó la falta de políticas públicas en seguridad, desarrollo humano, social y económico.
El Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, se refirió al escenario actual de la provincia. Su visión de los acontecimientos es crucial, ya que los temas de la actualidad están atravesados por derechos primordiales de los ciudadanos, que en su mayoría se ven seriamente afectados. Sin tapujos, con la imparcialidad que caracteriza su función, pero con la palabra puesta en la verdad de los hechos, dio fuertes definiciones.
"Yo estuve en la audiencia (Asamblea Legislativa) que dio el Gobernador, en la que manifestó los cuatro ejes de su gestión. Me parece que ejemplificadoras son otras cosas. Demostrar sensibilidad social, afrontar las consecuencias, invertir en recursos y no afectar a los sectores vulnerables. Ver si hay que hacerse una rinoscopia para saber si alguien fuma marihuana, vulnera la reserva (…) ¿Va a reducir el narcotráfico? ¿Acaso el que toma clonazepam no toma una droga? Me parece una medida testimonial, que no aporta nada y demuestra un aspecto que raya lo totalitario", apuntó frente a la polémica normativa con la que buscarán que los funcionarios públicos de alto rango no sean adictos a las drogas ilegales.
Por otra parte, cuestionó la falta de medidas concretas que traten de prevenir la criminalidad. Destacó que lo lógico hubiese sido analizar las acciones implementadas antes, conservarlas y mejorarlas. "¿Cuál es el plan de seguridad que tiene?", se preguntó y ejemplificó que hay jurisdicciones como Chivilcoy, en Buenos Aires, donde el delito es cero debido a que la Policía está constantemente capacitada en la prevención, mediante un avance fuerte en tecnología de monitoreo para seguimiento. "No veo que esté en la carpeta de la ministra de Seguridad. No tengo nada personal ni profesional contra ella, pero no alcanza para ser ministro con ser Policía", subrayó.
Lamentó la búsqueda de modificación de leyes procesales, que se pregonan bajo la premisa de "evitar que un delincuente entre por una puerta y salga por otra". Ponce, desde su conocimiento penal, explicó que es un concepto muy sencillo de decir, pero que en la práctica se diluye.
"Puedo asegurar que si se viera el mapa del delito, el 70% son hurtos simples, como robar una gallina para comer, muchas veces. Un robo en poblado, en banda, cuatro personas en un barrio van a una fábrica destartalada y roban un rollo de alambre viejo. Los agarra la Policía. Adentro. Y piden 6 años de prisión por robar en poblado y en banda. Y estaban robando un alambre que era de cualquiera menos del dueño, porque está abandonado el predio. ¿Qué pasa en el instituto de resociabilización? ¿Qué pasa en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué política pública hay para luchar contra la pobreza? No para administrarla, porque se profundiza con el modelo neoliberal (…) ¿Dónde está el anuncio? ¿Alguien lo escuchó? Yo no. Lo que veo son despidos indiscriminados, falta de acción en desarrollo humano, económico, social y un gobernador muy condicionado con el gobierno nacional, tratando de rogar que mande fondos. Hay que tener una actitud mucho más firme", sentenció.
Al mismo tiempo, desestimó la idea que busca eliminar la feria judicial para que la ciudadanía tenga acceso a la Justicia todo el año. Ponce especificó que no pasa por ese concepto. De hecho, Poggi, rodeado de letrados que conocen el panorama, debería pensar mejor: el acceso no tiene relación con el exceso de Justicia. Es más, durante la feria, si se necesita una acción urgente se pide habilitación y hay un juez subrogante que actúa. La problemática se asocia más bien con el funcionamiento de la Justicia. "Acceso no significa que los tribunales estén abiertos las 24 horas", aseguró.
También recordó lo que sucede con los aspirantes a la escuela de Policía, que vieron sus sueños frustrados por una medida arbitraria del gobierno de Poggi. Al momento, no tienen certezas sobre el inicio de la cursada (con todos los gastos y sacrificios que hicieron en busca de la vocación), todo en medio del incumplimiento del derecho a la libre elección de profesión, el derecho a la educación, a la igualdad y la no discriminación, al debido proceso administrativo y hasta la protección de los derechos humanos, porque la formación de futuros policías atraviesa a la comunidad. "No puede aducir que porque un edificio está roto no va a dar clases", destacó.
Redacción/MGE
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