La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la ley Sonia Torres -en homenaje a la titular local de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida en octubre pasado- para capacitar en derechos humanos al personal de los tres poderes del Estado. Fue en la primera sesión especial del periodo ordinario, en la localidad de José de la Quintana, departamento Santa María, donde funcionó el exgrupo de Artillería 141.
La reunión parlamentaria - encabezada por el presidente provisorio de la cámara, Facundo Torres- se realizó con motivo de conmemorarse el 48° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La ley Sonia Torres fue aprobada por 66 votos a favor y establece en el ámbito de la provincia, "la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado- para los tres Poderes del Estado".
Qué dice la nueva ley
La norma establece contenidos mínimos en la materia: principios básicos de DDHH, jurisprudencia, juicios y procesos, sitios de la memoria, violencia institucional, derechos de minorías y genocidios, entre otros aspectos. El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba será el órgano de implementación de la capacitación.
La normativa también prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa y da un plazo de un año desde su aprobación para su puesta en marcha.
El miembro informante del despacho de mayoría, Matías Chamorro, indicó que la ley es una muestra de reivindicación, por lo que desde la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura se designó a este proyecto de ley Sonia Torres, "por su ejemplo, por su amor, por su lucha incansable por las políticas de memoria, verdad y justicia, sin duda, una referente fundamental e imprescindible en la política de derechos humanos de nuestra provincia".
Los contrapuntos en la Legislatura de Córdoba
"Este proyecto tiene como objeto fortalecer la herencia democrática recordando que la democracia, la libertad y el respeto por los valores inquebrantables de los derechos humanos deben ser conocidos y promovidos por todos los ciudadanos, y en especial por los agentes públicos", finalizó Chamorro.
Por su parte, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) fundamentó su despacho en minoría: "Propusimos introducir la obligación de capacitación a los empleados y funcionarios del Estado también sobre la dignidad del niño por nacer".
La iniciativa contó con la abstención del legislador Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica -ARI), quien señaló que "sin memoria completa, no hay verdad, hay relato". "Para mi generación, que no vivió los hechos ocurridos en 1976, esta medida despertó el dilema de, por un lado, dejarse adoctrinar por un relato sesgado y falaz", agregó.
Desde La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi señaló que "la única certeza que nos queda es que el estado de derecho tiene que estar siempre y en cualquier situación por encima de todo". Aunque rechazó el "paralelismo que algunos legisladores trazaron entre el liberalismo, las ideas que defiendo, y en las que creo, con la dictadura".
Y anticipó su voto negativo por la ley, porque "parece darle un marco normativo a una forma de adoctrinamiento".
Finalmente, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, indicó que "no alcanza con estar presentes en el sitio de la Memoria si se va a soslayar que el golpe del 24 de marzo del 1976 fue un hecho político objetivo que se llevó la vida de 30 mil personas".