Los españoles pagamos entre impuestos y cotizaciones 551.185 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Añadiendo otros ingresos de las distintas administraciones públicas, tenemos récord de ingresos, pero esto no es suficiente para hacer frente a los gastos.
Por eso, terminamos el 2023 con un déficit público del 3,64%, aunque de esa cuestión hablaremos otro día. Este importe de recaudación es el máximo de la serie histórica, aunque no el de presión fiscal. Éste es el índice más utilizado para determinar cuántos impuestos y cotizaciones se pagan en un país. Por ejemplo, estos son los datos que recopila la Agencia Europea de Estadística (Eurostat). A los números de la IGAE sobre presión fiscal, Eurostat añade dos conceptos que cobran las instituciones europeas, que son el arancel aduanero y la aportación de los bancos al fondo europeo de garantía. En la práctica, en el caso español viene a ser añadir tres décimas de PIB.
Sin tener esto último en cuenta, en 2021 España alcanzó el máximo histórico de presión fiscal con el 38,31% del PIB. Desde entonces, la recaudación se ha incrementado un 18%, pero el PIB nominal ha crecido un 20%. En estos dos últimos años, el crecimiento real del PIB ha sido del 8,5%, el resto es inflación interna, lo que se conoce como deflactor del PIB. En cualquier caso, desde la pandemia, la presión fiscal ha crecido más que en los demás países de la OCDE pasando del 35,5% del PIB en 2019 al 37,7% este pasado 2023. Por otro lado, si consideramos que los "gravámenes temporales" a la banca y a las eléctricas son realmente impuestos, y los incluimos en el cálculo de la presión fiscal, entonces el índice se nos quedaría en niveles cercanos a los de 2022 y a unas tres décimas del "récord" de 2021.
Disculpen la exposición de datos, pero es imprescindible para intentar clarificar un debate fiscal donde no hay acuerdo mínimo en las cifras, y que se está convirtiendo, desgraciadamente, en puro populismo. Empezando por el populismo de izquierdas, Podemos presentó el pasado martes en el Congreso su proposición de ley para "una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran Banca". Las intenciones declaradas del grupo proponente eran doblar la recaudación del vigente gravamen temporal, al pasar de un tipo del 4,8% del margen bancario (intereses y comisiones cobradas menos pagadas) al 10%.
La recaudación esperable de esta propuesta de Podemos sería cero. La razón es que el mínimo del gravamen sería el 50% de este beneficio "bruto". Como luego los bancos tienen otros gastos, como pagar a los empleados, suministros… y el "gravamen" no es deducible en el impuesto de sociedades, que es un 30% en el caso de los bancos… por este sistema, los bancos afectados entrarían en pérdidas. Si alguno intentase cobrar más intereses y comisiones, se encontraría con otro mínimo, el del 75% sobre el exceso del margen de 2021. Si a este 75%, sin contar otros gastos, se le suma un 30% en sociedades, se consigue el objetivo de que los bancos necesariamente pierdan dinero. Por supuesto, no hay que dramatizar, como solo afectaría a los bancos que ingresen más de 800 millones de euros, no toda la banca dejaría de operar en España, sólo unas cuantas entidades, pero que son las que dan la mayor parte de los créditos y tienen la mayoría de los depósitos.
Esta propuesta fue rechazada, pero recordemos que Podemos tiene 4 escaños decisivos, que fueron los que tumbaron, por ejemplo, el decreto-ley de reforma del subsidio de desempleo que sigue pendiente.
Pasando al otro extremo, también esta semana, Vox presentaba su propuesta de rebaja del IRPF, y su portavoz adjunto, José María Figaredo, preguntaba en el Congreso a la ministra de Hacienda, cómo pagaban los perceptores del salario mínimo (SMI) un 54% en impuestos, 8.400 euros. El diputado también señalaba que, en 2018, estos contribuyentes pagaban 5.200 euros al año en impuestos, lo que suponía un "incremento de la presión recaudatoria para las rentas más bajas del 60%".
Sobre la nómina, sólo recae un impuesto, el IRPF. En 2018, el SMI de entonces no tributaba, y aunque éste ha subido, a los únicos contribuyentes que se les ha rebajado el IRPF, son precisamente los que cobran menos. El resultado es que ahora, con un SMI superior, siguen sin pagar IRPF. Una cotización no es un impuesto, puesto que genera derechos como cobrar desempleo o pensiones. Pero, la cotización del empleado a la Seguridad Social es el 6,47% (ha subido una centésima desde 2019). Otra cuestión es que también hay impuestos sobre el consumo. Pero los impuestos indirectos se redujeron en 2023, de hecho, el tipo efectivo sobre el gasto sujeto al IVA pasó del 15,3% en 2018 y 2019 al 14,3% en 2023 según datos de la Agencia Tributaria. En términos globales, del 37,7% de presión fiscal, un 12% proviene del IRPF (y del impuesto de sociedades). En consecuencia, todo lo demás, aunque incluyamos las cotizaciones, incluidas las que pagan las empresas, no puede ser un 54%, ni ha aumentado un 60% en estos últimos años. Vamos, que los espectaculares datos y porcentajes de Figaredo no se parecen en nada a la realidad.
Como comentábamos la semana pasada, el IRPF ha subido, y el tipo efectivo es el más elevado de la historia. Pero, esto "sólo" le ha pasado a aquellos contribuyentes a los que no se le ha rebajado el impuesto, que son la inmensa mayoría. Así, por ejemplo, un contribuyente, soltero y sin hijos, que, por ejemplo, ganase 23.000 euros brutos antes de la pandemia, y que ahora gane un 10% más, 25.300, ahora paga un IRPF superior, pasando del 13,03% al 14,26%. Sin embargo, como la inflación acumulada en este periodo ha sido del 17%, su capacidad económica ha disminuido. De esta "progresividad en frío", que es una subida real de impuestos, proviene una parte importante del aumento recaudatorio del IRPF. Esto no sólo lo han pagado los ricos, ni mucho menos, pero no ha sido de un 60%, y desde luego no ha afectado a los asalariados que cobran el SMI.
La situación fiscal en España dista de ser idílica, aunque la recaudación esté en máximos. Por una parte, porque seguimos teniendo un déficit importante, dado que el gasto público, aunque se ha reducido en los últimos años respecto del PIB, sigue estando muy por encima de la situación anterior a la Pandemia. Además, el aumento recaudatorio está, en parte, ligado a la inflación, y esto, además de injusto, y de ocasionar problemas de eficiencia económica, se está agotando. Por eso, habría que plantearse que seguimos necesitando una reforma fiscal en profundidad, que debería incluir impuestos, cotizaciones y también la revisión de la eficiencia del gasto público.
En cualquier caso, para poder mejorar es necesario partir de la realidad: no se puede aspirar, por ejemplo, a rebajar cargas fiscales que no existen. Ni tampoco se pueden crear expectativas de rebajas fiscales imposibles de cumplir. Por último, establecer gravámenes superiores al 100% es una forma segura de reducir la recaudación, y la actividad económica, a cero. También, eso sí, estas propuestas, y no son las únicas, están llevando a máximos, el mercado muy competitivo del populismo fiscal y económico. No es una buena noticia.