Desde presentaciones de legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación, pasando por legislaturas provinciales y concejos deliberantes de todo el país, crece el rechazo frente al abandono de las políticas públicas en materia restitución de derechos a victimas de trata y explotación de personas, el quiebre del funcionamiento en red interinstitucional federal y el desguace del Comité que produjo la decisión de la Ministra Patricia Bullrich.
A casi dos meses del decreto por el cual se trasladó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la órbita del Ministerio de Seguridad (que se materializó hace un mes); y a pocos días del desmantelamiento de la estructura federal, distintos sectores legislativos comienzan a pronunciarse de forma contundente.
La diputada Micaela Morán (Unión por la Patria/Frente Renovador) presentó el primer Proyecto de Resolución en la cámara baja, por medio del cual se expresa preocupación y rechazo a las medidas del gobierno nacional que implican el desmantelamiento del Comité Ejecutivo, y -en los hechos- el abandono de las políticas públicas por las que el Estado asistía y protegía a las y los sobrevivientes del delito. El proyecto ya cuenta a la fecha con el acompañamiento de casi 30 legisladores.
Por su parte, la diputada provincial Laura Aloisi (Unión por la Patria), presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto de declaración que busca que el cuerpo repudie la desarticulación del organismo, así como el despido de la totalidad del equipo que lo integraba.
En la misma línea, la diputada de la Provincia de Catamarca, Adriana Diaz (Frente de Todos) presentó ante el poder legislativo catamarqueño un proyecto de declaración expresando preocupación por el arbitrario despido de los delegados y delegadas del Comité Ejecutivo y la gravedad que implica dejar de asistir a víctimas de trata en todo el país.
En el mismo sentido, se encuentran en circulación proyectos de declaración y resolución de Concejos deliberantes de Lomas de Zamora, General Pueyrredón, Viedma.
Cabe destacar que por el Decreto de Necesidad y Urgencia 195/2024 del 26 de febrero de este año, el Comité Ejecutivo, que desde su creación y debido a las funciones que desarrolla interministerial, se encontraba en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, pasó a funcionar en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Esto es un error por doble partida: en primer lugar, porque un DNU no puede legislar en materia penal; tanto el Comite como el Consejo Federal contra la trata fueron creados en el marco de la ley 26.842 que reforma artículos del Código penal y en segundo lugar, porque ambos organismos tienen autonomía funcional con tareas y despliegue interministerial e interinstitucional y por tal razón los legisladores que aprobaron esa ley resolvieron que la sede logística y administrativa de ambos fuese la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En la práctica, con el traspaso vino el desguace de los delegados y delegadas de todas las provincias y secciones de la provincia de Buenos Aires, en simultáneo con el despido de una fracción importante del personal del Programa de Rescate, de Senaf que oficiaba de Punto Focal, Nacional, de personal de las Agencias Territoriales del Ministerio de trabajo y de los CDR de Desarrollo Social.
Lo único que va quedando en pié es el creciente monopolio de las fuerzas de Seguridad en las politicas de trata, no solamente las de persecución, sino tambien prevención y asistencia y fortalecimiento institucional que hoy brillan por su dramática ausencia.
De un enfoque de Derechos Humanos y con Perspectiva de Género, retrocedimos a un enfoque meramente policial con todos los peligros que ello implica y que vivimos los primeros años luego de sancionada la primer ley de trata en 2008 (la denuncia y desmantelamiento de la primer división de trata de la policia Federal en 2010 , más de 60 comisarios pasados a disponibilidad, imputados y procesados por cohecho con redes de trata en una causa que instruyó jueza Servini de Cubria, la complicidad policial en casos resonantes como la desaparición de Marita Verón etc, etc). .
Sin embargo, la situación de mayor gravedad se da con respecto al abandono de las políticas de restitución de derechos de las personas víctimas del delito. A la fecha, más de 350 personas, rescatadas en allanamientos producidos los últimos meses, se encuentran sometidas a situaciones revictimizantes, sin un acompañamiento del estado nacional, ya que inmediatamente luego de rescatadas, fueron abandonadas a su propia suerte por la paralización de todos los programas de restitución de derechos.
Desde la Fundación Alameda seguiremos luchando contra toda forma de esclavitud y por la restitución plena de los derechos a las y los sobrevivientes de trata de personas y profundizando las articulaciones en redes desde la sociedad civil y en todo el territorio nacional, a la vez que denunciamos en todos los foros judiciales, publicos e internacionales los graves retrocesos que estamos verificando con la actual gestión.