A lo largo de este año, se ha desarrollado una sistemática campaña contra el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos e hijas. Lamentablemente algunas autoridades electas le han dado apoyo. La campaña busca terminar con el derecho de los padres para reponer el de los establecimientos a seleccionar "a los mejores", por la vía de la eliminación del SAE.
La campaña intencionalmente vincula la falta de cupos o vacantes en algunos territorios con el proceso de admisión vía SAE
Lo primero que hay que aclarar es que el problema de falta de cupos o vacantes al inicio del año escolar existe. Siempre hay y habrá en ese momento estudiantes sin establecimiento, pero las razones son diversas y solo una de ellas se asocia al resultado del SAE. Lo que hace la diferencia entre lo que ocurría antes y ahora es que con el SAE se sabe exactamente cuántos son y dónde están, lo que permite implementar soluciones, en cambio antes esto no se sabía. También, antes, las familias afectadas eran más pobres tanto en información, redes sociales y recursos en general, además que su situación les parecía un problema personal, ya que no estaban al tanto de que la situación afectaba simultáneamente a otros, y por ello no trascendía a la opinión pública.
Dicho lo anterior cabe señalar que los estudiantes no matriculados pueden estar en esa situación por dos razones diferentes: porque no hay oferta suficiente en la localidad que residen, problema que se soluciona con incrementos de oferta, o porque los padres rechazan la asignación que el SAE les ha asignado, lo que se busca resolver con las listas de espera, y antes con las colas.
Es posible que la centralización del proceso de listas de espera tenga dificultades que deban resolverse, pero sin duda es más razonable este sistema que el de las colas en las puertas de los establecimientos. Primero, porque hay transparencia, segundo porque una familia sin cupo de matrícula puede situarse en lista de espera en varios establecimientos, tercero porque se sabe la situación exacta de la falta de vacantes y cuarto, porque permite distinguir entre la falta de vacantes neta de aquella que incluye a estudiantes que desean cambiarse de establecimiento.
Al conocerse la situación exacta se puede implementar soluciones. En lo inmediato el Ministerio de Educación puede autorizar la ampliación de cupos o sobrecupos, por ejemplo, si el problema afecta a una persona en un territorio; o restablecimiento transitorio de una doble jornada o rehabilitación de aulas en situaciones de falta de ofertas. Estas soluciones transitorias han permitido crear más de 13 mil cupos desde 2022, pero la solución definitiva es mejorar la oferta.
Esta consiste en abrir un nuevo establecimiento donde hay un déficit, lo que la ley permite. Esto toma más tiempo, por razones obvias, y enfrenta diferentes situaciones según sea el sostenedor. Puede ser más ágil en el caso de los SLEP que en aquellos territorios en que la educación estatal está aún en manos de los municipios (sería interesante conocer cuántos municipios han creado escuelas y liceos y en qué magnitud desde que se inició la "municipalización"), aunque hay que tener en cuenta los plazos de evaluación del sector público. Por otra parte, cuando existe interés por establecer una escuela o liceo particular subvencionado la obligatoriedad de ser propietarios del inmueble podría limitar las creaciones y, de ser así, cabría modificar la legislación para que se estableciera un período de transición hasta que esta obligación se cumpla. Eventualmente esta fórmula permitiría recuperar infraestructura privada ociosa.
En síntesis, aquello que se adjudica al SAE no le es adjudicable. Al contrario, dado que gracias al SAE se conoce esta realidad recurrente, es posible encontrar soluciones transitorias y permanentes que garanticen que sean los padres quienes escojan el establecimiento en que se eduquen sus hijos e hijas, tal como se viene haciendo desde que se puso en marcha el SAE.
Por Andrés Palma, economista y miembro del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible