Kirchnerismo sin olfato: el 83% apoya los controles migratorios
Artículo extraído del Diario Clarín - por Eduardo Van Der Kooy
Artículo extraído del Diario Clarín - por Eduardo Van Der Kooy
Las noticias que suelen sonar bien en los oídos de la sociedad se le suelen escurrir con rapidez a Mauricio Macri. Arrancó la semana con un decreto que endurece controles migratorios como señal –precaria aunque entendible-- de la búsqueda de caminos para mitigar la inseguridad. Los aumentos desdoblados en las tarifas de luz que comunicó el secretario de Energía, Juan José Aranguren, desdibujaron aquel optimismo. Con un agravante: muchos bolsillos flamearán en febrero y marzo para afrontar los incrementos. Los resultados tangibles de la lucha contra la inseguridad podrán demandar una eternidad.
Las pruebas están a la vista. Según datos del Ministerio Público Fiscal, durante enero que acaba de concluir ya se denunciaron 104 secuestros extorsivos en todo el país. Casi la mitad de los conocidos durante 2016. Lomas de Zamora y Morón encabezan las estadísticas en el Gran Buenos Aires.
El macrismo hizo al menos algo que había olvidado en su primer verano. Articuló consensos alrededor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deberá ser analizado por la Comisión Bicameral y aprobado o rechazado por Diputados y el Senado. Cambiemos, la coalición oficialista, asoma amalgamada. El Frente Renovador de Sergio Massa se acopló a la negociación. El pejotismo respalda bastante. La resistencia mayor surge del Frente para la Victoria. De los sectores cristinistas. La Cámpora estaría hurgando el modo reglamentario de complicar el paso de los DNU macristas (también el de la reforma de las ART y el cambio en el calendario de feriados) en aquella Bicameral. El FPV posee ocho miembros sobre 16.
El cristinismo suele oponerse sistemáticamente a todo lo que sale del poder porque, como sostuvo Mariano Recalde, una parte de la sociedad le otorgó en las urnas tal responsabilidad. Sin matices. Algo que reprochó el diputado del PJ Diego Bossio. Ni siquiera están reparando en las expectativas que la cuestión migratoria –con todos los cuidados del caso—despertaría en la población.
Una encuesta de la consultora Poliarquía resulta, en ese sentido, reveladora. Fue realizada la última semana de enero en todo el país sobre 1381 casos. Respecto de la prohibición del ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos, el 69% de los consultados se manifestó muy de acuerdo con el DNU de Macri. El 14% bastante de acuerdo. En suma, el 83% opina que es correcto el rumbo adoptado. Resulta interesante el desglose. Los macristas que apoyan son mayoría. Pero se registra también un 71% de adherentes sin pertenencia política. Y un 45% de kirchneristas.
La pregunta sobre la rápida expulsión de extranjeros que delinquen en suelo argentino, propuesta por el Gobierno, reúne cosechas similares. El 75% se manifiesta muy de acuerdo. El 13% bastante de acuerdo. Una sólida base del 88%. De nuevo el mismo paisaje. A la mayoría macrista se añade un 78% de independientes a favor. Y un 60% de kirchneristas, entre muy y bastante entusiasmados.
Acerca de la necesidad de contar con información válida para autorizar o no el ingreso de extranjeros, el 82% lo aprueba. Un 3% no sabe y el 15% preferiría la entrada irrestricta. Otra vez llama la atención el desacople kirchnerista. De esa identidad política, el 68% apoyaría los controles. Lo de macristas e independientes es similar a los casos anteriores.
En un terreno de evaluación política, el 69% de los consultados sostiene que se trata de medidas orientadas a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Un 6% no responde. Un 25% las considera decisiones puramente demagógicas. En ese punto, por única vez, los kirchneristas duros arrancan con una nítida ventaja. El 62% se inclina por valorarlas como medidas demagógicas.Aunque está claro, según las estimaciones precedentes, que una porción de ellos las considera igualmente útiles.
La percepción política del DNU de Macri sobre controles migratorios poseería una densidad mayor que la chance de resolver el problema. El riesgo sería decepcionar aquella expectativa. Según datos del Ministerio de Seguridad existen en el país 72693 presos. De ese total el 5.9% corresponde a ciudadanos extranjeros. Aunque se advierte una alteración en los números imposible de ser soslayada. Ese total trepa al 22.6 cuando se circunscribe al Servicio Penitenciario Federal. Causas vinculadas con el narcotráfico, se conjetura. Según las nacionalidades, el ranking podría componerse de la siguiente forma: el 1.9% de ciudadanos extranjeros detenidos son paraguayos; el 1.1% peruanos y el 1% bolivianos. Los tres países que puso como ejemplo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que levantó polvareda diplomática.
Susana Malcorra, la canciller, se ocupó de apaciguar los ánimos. Jorge Capitanich, el ex jefe de Gabinete de Cristina, maltrató a Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de senadores del FPV, por apoyar la reforma migratoria. Fóbico, le espetó entre una parva de estiércol.
En el FPV empiezan a caer en la tentación típica de las épocas de desgracia. Suponen que la actual malaria política sería producto de una mala comunicación. Un campo que el macrismo, según ellos, domina como un malabar. Discutible. El problema sería otro y aparece reflejado en el debate sobre los controles migratorios. La opinión popular va para un lado. La dirigencia K para el otro.