La causa de estafa que tiene a una prestadora de la Obra Social Provincia en la mira de la Justicia sumará un nuevo capítulo el próximo lunes, cuando la fiscalía impute a dos nutricionistas que habrían colaborado con la ingeniería delictiva de los principales acusados, los propietarios de Garder Salud, para facturarle al estado servicios que no proveía.
Si bien este diario había anticipado que habían otras personas involucradas, además de las que ya fueron imputadas formalmente tras dos denuncias de la OSP, la novedad estará en el engrosamiento del expediente judicial de defraudación contra la administración pública con dos nuevos nombres.
Se trata de dos licenciados en Nutrición, una mujer de apellido García y un hombre de apellido Quintana, quienes están bajo la sospecha del fiscal Iván Grassi por haber participado, supuestamente, del fraude. Según informaron fuentes judiciales, la primera presenta un cuadro más complicado todavía, ya que afronta la imputación de defraudación y la de incumplimiento de los deberes como funcionaria pública.
Es que la nutricionista que se sentará en el banquillo de los acusados cumplía funciones como auditora en la OSP y, por tanto, le cabe dicha calificación. Por su parte, de Quintana se supo que trabajaba para Garder, por lo que se convertiría en el segundo empleado de la firma en quedar bajo la lupa; el otro es un enfermero que habría truchado documentos para inventar servicios que no fueron dados.
La sospecha que recae sobre los profesionales está vinculada con la primera denuncia que se hizo, por la entrega de módulos alimentarios y las irregularidades que fueron descubiertas en una auditoría de la OSP; que más tarde fueron denunciadas en la fiscalía para dar inicio al escándalo y al origen de la causa.
Una vez concretada la audiencia de formalización contra los nutricionistas serán 9 los imputados de la causa de estafa, que instruye la UFI de Delitos Especiales. Aunque es importante aclarar que estos nombres están sospechados por el supuesto fraude con los módulos alimentarios, ya que hay presunción de delito en otras cuestiones como internaciones domiciliarias y traslados fantasmas.
El director y las dos socias de la firma, Eduardo Guzmán, Marilina de la Fuente y María Florencia Molina de la Fuente, se sometieron al proceso de formalización el 10 de agosto de 2023, luego de que los fiscales que intervenían consideraran que había elementos de convicción en su contra. Diez meses atrás, la OSP había radicado la denuncia por el perjuicio económico impulsado por facturaciones truchas.
Más tarde, otros cuatro implicados quedaron en la mira, después de que las auditorías de la OSP descubrieran irregularidades no sólo en el manejo de la misma empresa, sino también en la conducta de sus empleados y vinculados. Fue por ello que hizo una nueva denuncia y se cursó una segunda causa en la Justicia. La nueva sospecha era por internaciones inexistentes y pacientes e intervenciones fantasmas.
Ahí fue cuando un enfermero y una médica de Garder, identificados como Mauricio Mesias y María Noel Becerra, fueron señalados como cómplices de las maniobras delictivas. Los otros dos sospechosos, que cumplían funciones en la OSP y ejercían tareas de control, fueron los médicos Valeria Aciar y Leonardo Trincado.
Ambas denuncias que dieron origen a la escandalosa causa suponen una estafa millonaria contra el Estado. En principio, se hablaba de 15 millones de pesos; todo ese cálculo, previo a la aceleración de la inflación de los últimos meses, cuando la suma resultaba todavía más significativa.