La reunión bilateral entre Canarias y el Estado sobre las competencias de Costas ya tiene fecha
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La reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado para abordar las discrepancias que existen entre ambas administraciones en materia de Costas será finalmente el próximo 22 de abril
Así lo ha dicho este lunes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Al respecto, el responsable político apuntó que el Ejecutivo regional ha pedido dictamen sobre las discrepancias al Consejo Consultivo y afirma que el mismo da la razón a las tesis del archipiélago. "El Gobierno de Canarias entiende que todas las competencias en materia del litoral le corresponden a la propia comunidad autónoma", aseveró Cabello. Sin embargo, el Consejo de Estado ya concluyó a principios de marzo que Canarias no es competente para tomar ciertas decisiones, en concreto, las referidas a los expedientes de caducidad de concesiones de ocupación del dominio público.
Esas discrepancias en materia de costas se refieren a la posición del Gobierno canario en defensa de los hoteles de la cadena Riu en las Dunas de Corralejo, en el norte de Fuerteventura. El Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien le concedió el permiso al hotel para operar en la zona ocupando parte del dominio público, decidió no renovar la concesión e iniciar un expediente de caducidad de la misma, acompañado de una orden de demolición, tras comprobar que el complejo hotelero Oliva Beach había incumplido varias de las condiciones de los permisos que ostentaba. Una de ellas, el haber aumentado el volumen del edificio en casi un 20% tras haber realizado unas obras ilegales. Además, construyó una rotonda, valló una zona de acceso público y levantó un local de uso comercial, un uso no previsto en la concesión. Por todo ello, el Ministerio, además de proceder a extinguir el permiso, ordenó la demolición de los edificios del Oliva Beach, puesto que, sin licencia, son construcciones que ocupan un espacio protegido como es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
La empresa Riu, sin embargo, asegura que el Ministerio ha actuado con ensañamiento y que no ha incumplido ninguna condición.
El Gobierno de Canarias, tanto el actual de CC y el PP como el anterior presidido por el PSOE, se ha posicionado a favor de la empresa presuntamente infractora y en contra de la resolución ministerial. De hecho, el actual Ejecutivo regional lo ha convertido en una disputa por las competencias de Costas y ha amenazado con acudir a los tribunales, aunque desde el Ministerio se ha insistido en que las caducidades de expedientes sobre el dominio público son únicamente de su competencia y que, además, este punto en concreto no está recogido en el acuerdo para la transferencia de Costas a la comunidad autónoma de Canarias, ni a ninguna otra con estas competencias transferidas.