El final de curso promete ser «caliente». Los sindicatos educativos madrileños están en pie de guerra por el número de horas lectivas de clase. El conflicto parece estar asegurado teniendo en cuenta que hacía 22 años que todos los sindicatos del sector no se ponían de acuerdo en Madrid para conformar un frente común en la defensa de sus intereses. El origen de la reivindicación arranca con la crisis de 2012, cuando el Ministerio de Educación obligó, por decreto, (el llamado «decreto Wert»)a aumentar de 18 a 20 horas el número de horas de clase para los profesores de Secundaria y 25 para Primaria. En 2018, pasada esa coyuntura, Educación aprobó otro decreto por el que se revertía la situación y daba vía libre a las comunidades autónomas para recuperar las horas lectivas previas a la crisis. Los sindicatos lamentan que, seis años después, Madrid sea la única comunidad autónoma, junto con Galicia, en la que no se haya revertido la situación.
CC OO, Anpe, Csif y UGT, junto a otros sindicatos minoritarios del sector confiaban en que se daría un paso en este sentido cuando, en noviembre pasado, la Consejería de Educación les presentó una propuesta verbal para reducir el número de horas el próximo año de las 20 semanales a 19 y al siguiente a 18, mientras que en Primaria se eliminaba una hora complementaria (tiempo que destinan los profesores para otras cuestiones como tutorías, juntas de evaluación, guardias...). Cuando ya parecía que los sindicatos estaban dispuestos a firmar la propuesta, Educación decidió retirarla «por motivos presupuestarios», cuentan los sindicatos.
Tras la Mesa Sectorial de Educación, celebrada el lunes, los sindicatos anunciaron ya movilizaciones después de que el consejero de Educación, Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, planteara un retraso en el calendario con una reducción de horas lectivas a los profesores madrileños de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a 19 horas, pero hasta el curso académico 2026/27.
El presidente del sindicato Anpe-Madrid, Andrés Cebrián, ha tachado la propuesta de «provocación», mientras que Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de «tremendo error. Nosotros queremos negociar, pero ¿tenemos que llevar nuestra protesta a una situación como la de los médicos? No creo que se pueda permitir», planteaba ayer. Es más, considera que la exigencia no supone un desembolso tan importante para «la locomotora económica de España», que cifran en 32,2 millones al año para Primaria y en 45,5 millones al año en Secundaria.
Las movilizaciones comenzarán el próximo 22 de abril con una concentración frente a la Consejería de Educación, un calendario que se completará con dos jornadas de huelga en la educación previstas para los días 9 y el 21 de mayo. Ahora la lista de exigencias se ha visto ampliada y ya no solo piden una recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, FP y Régimen Especial y de 23 en Infantil y Primaria, sino también la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. Y es que como explica el presidente de Anpe, pese a que la presidenta madrileña aprobó un complemento autonómico para los profesores madrileños que supuso un aumento salarial, «seguimos estando a la cola en retribuciones. Un profesor en Castilla-La Mancha gana hasta 300 euros más que en Madrid». También exigen un plan de choque contra la burocracia «porque nos consume» y una bajada de ratios y dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad.
El consejero de Educación no se niega a hacer esa rebaja de horas lectivas de 20 a 18 horas, que reclaman los sindicatos, pero considera que debe llegarse hasta ese punto de manera progresiva y no en los tiempos que reclaman los sindicatos. ¿Por qué motivo? «Por la complicada situación económica nacional e internacional, con unas previsiones de crecimiento económico muy preocupantes a las que hay que sumar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, a fecha actual, por parte del Gobierno central». Se revisará, pero «cuanto se produzca una mejora sustancial de la coyuntura económica y presupuestaria». A eso se une el desembolso económico tan importante que ya se ha hecho a nivel presupuestario en la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones de los maestros y profesores de la región. Como ejemplo puso la reducción de ratios en las aulas de Educación Infantil y Secundaria, que supone la contratación de casi 2.700 docentes con una inversión de 130 millones de euros anuales.
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