Mauricio Macri regresa hoy a su despacho con un gabinete remodelado y una obsesión que funcionará como eje de campaña: competitividad.
Entiende que en su administración se abrió una nueva etapa, que va más allá de la incorporación de Nicolás Dujovne, con quien tendrá su primer encuentro cara a cara.
La etapa que termina fue la de una relativa normalización de los precios: dólar, tarifas, retenciones. Ahora el reto es más severo.
Igual que la reducción del déficit fiscal, la búsqueda de la competitividad será gradual. Mañana, el Gobierno presentará, como reducción a escala de su plan general, un nuevo régimen para la explotación de Vaca Muerta.
Gracias a ese reservorio de hidrocarburos no convencionales, uno de los tres más importantes del planeta, la Argentina podría cambiar su lugar en el mapa energético global.
Eso está lejísimos de suceder, salvo que se modifiquen las condiciones del negocio, que requiere inversiones más intensas que el del gas y el petróleo clásicos.
El nuevo marco se viene negociando desde agosto en una mesa en la que intervienen Macri; Gustavo Lopetegui; Juan José Aranguren; Jorge Triaca; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el de Panamerican, Marcos Bulgheroni; el de Total, Jean-Marc Hosanki, y el sindicalista Guillermo Pereyra.
El acuerdo consiste en una adenda al convenio colectivo, por la cual el tiempo de traslado y de pernocte en los pozos no se remunerará como horas extras.
También se admitirá que un empleado realice más de una tarea en el yacimiento. A cambio, los empresarios comprometerán inversiones y el Estado fijará el precio del plan de estímulo Gas Plus para este año.
Aranguren trabaja contra reloj: anoche todavía trabajaba en la documentación del pacto. No es un salto brusco: el Gobierno pretende ir aproximándose a las coordenadas que rigen en los Estados Unidos, donde el shale revolucionó la actividad.
En el caso Vaca Muerta se cifra la misma tendencia que en Aerolíneas Argentinas, que en 2016 bajó su déficit de US$ 1000 millones a US$ 300 millones. Este año pretende llegar a US$ 150 millones, hasta desaparecer en 2018.
Macri se enteró, a través de Isela Costantini, de que en Aerolíneas muchos empleados que cumplen años tienen asueto, a veces de dos días.
Resultados: desde que se estatizó, la empresa consumió subsidios por alrededor de US$ 7000 millones. Casi el doble del valor de su competidora Latam.
El gradualista Macri pretende modificar el contexto productivo y, al mismo tiempo, postergar la discusión de los convenios laborales, que lo llevaría a un choque con el sindicalismo.
Una receta es atenuar la influencia que ejercen en los tribunales laborales muchos abogados del fuero, amparados por el costosísimo Héctor Recalde.
La batalla se libra en el Consejo de la Magistratura, que debe cubrir varias vacantes, incluso en la Cámara del Trabajo. En la Casa Rosada esperan que la Corte sea una aliada en la modernización del régimen de empleo.
Aplauden dos sentencias del tribunal dictadas en la era kirchnerista: los fallos Cairone, sobre contrato laboral, y Espósito, sobre accidentes de trabajo.
Los funcionarios esperan también que Diputados termine de sancionar la ley de ART. Si se demorara, Macri podría dictar un DNU.
Otra dimensión de esta política es la reducción del costo financiero. Es a lo que apuntó Dujovne al eliminar la última restricción a la circulación de capitales.
El efecto fue que JP Morgan incorporó los bonos argentinos nominados en pesos a su índice de activos en monedas locales. El jueves subieron esos títulos y cayó un punto porcentual la tasa de interés en pesos.
Con 32,6% de pobreza, el gasto social no puede disminuir. Pero en dos semanas se anunciarán medidas para hacerlo más eficiente.
Ya se conoce un capítulo de esa iniciativa, elaborada por Triaca: los subsidios al desempleo podrán utilizarse para cubrir una parte del salario en un empleo formal.
Habrá otra decisión, igual de relevante: los trabajadores que contratan trabajadores podrán blanquear a sus ayudantes pagando una suma fija.
Es el caso del pintor o del quiosquero que tiene un asistente. Gracias al nuevo sistema, muchísimos empleados accederán a la jubilación y a una cobertura de salud.
El Gobierno ya dio un paso, pequeñísimo, para reducir el costo tecnológico, al eliminar el arancel del 35% que protegía ese mercado.
Según el índice de costos de productos electrónicos del sitio Linio.com, la Argentina está en el puesto 38 sobre 72.
Pero hay 14 dispositivos en los que es uno de los países más caros del mundo: para notebooks de Apple o Sony, está en el puesto 58; para el iPhone, en el 69, y para los smart TV de 40 pulgadas, 67.
Macri piensa la agenda de la competitividad con categorías más audaces de que las que, por cautela, expone en público.
Vale la pena conocer algunos comentarios que escucharon sus amigos durante los días de Cumelén. Infidencias de verano:
"Los 20 países que más crecieron son los que más abrieron sus economías".
"Los proteccionistas se equivocan. El verdadero problema de la destrucción de empleo, sobre todo en Estados Unidos, no está afuera. No es China. Es Silicon Valley".
"Los taxistas franceses se quejan de Uber. Y Uber protesta contra el auto no tripulado. Ésa es la tendencia de la historia. Estamos ante un misterio y nadie sabe cómo resolverlo. Decir que la causa es China es una simplificación".
"No podemos acordar con la Unión Europea si no logramos competir con Brasil. Por lo menos deberíamos alcanzar la productividad brasileña".
"Admito que es imposible que los empresarios compitan, con los costos que tienen: mucha presión impositiva, caminos destruidos, justicia laboral desbalanceada... Pero, si como gobierno cumplimos con nuestra parte y bajamos esos costos, ellos tendrán que adaptarse al nuevo ecosistema".
La visión de Macri, a pesar de ser tímida, promete conflictos que modificarán la dinámica política. Durante 2016, la escena siguió polarizada entre lo nuevo y lo viejo, el cambio y la continuidad.
Lo viejo era el kirchnerismo y lo nuevo, el antikirchnerismo. Sin renunciar a esa antinomia, Macri se propone entrar al año electoral con otra, superpuesta: lo viejo es una red de intereses y prebendas que demora al país en el atraso. Es irónico que quien convoca a desmantelar ese sistema haya sido formado en sus entrañas.
La mayor dificultad que enfrenta esta pretensión es el consenso social. La encuestadora Isonomía preguntó en agosto "¿qué actividades deberían estar en manos del Estado?".
Respuestas: educación universitaria, 91%; salud, 91%; jubilaciones, 90%; educación primaria y secundaria, 88%; agua y cloacas, 84%; rutas y autopistas, 82%; gas, 78%; petróleo, 76%; electricidad, 72%; telefonía fija, 62%; bancos, 57%.
Estas preferencias integran un cuadro de impresiones confusas. Muchos de los que confían en el Estado rechazan a los políticos y creen que la administración pública está plagada de incompetentes o de ñoquis.
La predilección por lo estatal cobija una expectativa de protección, no de mayor calidad. E integra un trío de axiomas muy arraigado en la mentalidad argentina: siempre, cualquiera sea la discusión, a priori, lo público es mejor que lo privado; lo nacional es mejor que lo extranjero; y los pobres tienen razón respecto de los ricos. Los Kirchner han encarnado como nadie estos prejuicios, con ecos bergoglianos.
Los aliados y rivales con que cuenta Macri para encarar sus reformas no son los mismos que lo acompañaron en su conflicto con el kirchnerismo. No está claro si los tiene identificados. Aparecen paradojas.
Los sindicalistas, por ejemplo, se benefician con una gestión que intenta incorporar desocupados y trabajadores informales al mercado laboral.
Pero, a la vez, están amenazados: la mejora en la productividad requiere discutir, tarde o temprano, la rigidez de los convenios.
El Gobierno tiene una ventaja: el desprestigio de los gremialistas ronda el 75%. Se los ve como a Boudou, Menem o Duhalde.
En 2016, la oposición enfrentó la agenda de Macri cuatro veces. Impuso la doble indemnización para garantizar el empleo. Macri la vetó, sin costo.
Sergio Massa propuso el cierre transitorio de la Aduana. No prendió. Los movimientos sociales, aliados al PJ, quisieron crear por ley un millón de puestos de trabajo.
Desistieron. Massa y el kirchnerismo intentaron reducir el impuesto a las ganancias con un daño fiscal que ni se preocuparon por calcular. Debieron retroceder.
A Macri no le fue del todo mal en estos escarceos. Pero el nivel de resistencia que siga enfrentando en el PJ dependerá en adelante de una variable principal: el crecimiento.
Un dirigente peronista suele formularlo así: "Cuanto más se expanda el PBI, más nos dividiremos nosotros". El teorema ha sido puesto a prueba en la provincia de Buenos Aires.
Gustavo Ferrari y Jesús Cariglino, acercan a María Eugenia Vidal con Aldo Rico, Alejandro Granados y Mario Ishii, para un experimento improbable: armar listas no peronistas a favor de Macri.
Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior, ofrece el MID para una boleta alternativa a la de esos dinosaurios.
Eduardo Duhalde aconseja a los sindicalistas: "Lo mejor que puede pasarle al país es que este año nos gane Macri y nosotros volver en las presidenciales".
Ricardo Pignanelli, de Smata, le respondió: "¿No te das cuenta de que, si gana, este tipo viene por nosotros?".
Estas alquimias violentan la cláusula central del credo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba: los pactos de cúpula son inconducentes, porque el dueño del voto es el votante.
Esta premisa pone a Macri frente a un desafío. Su programa obliga a un ejercicio pedagógico porque aspira a mover una frontera conceptual.
Él no tiene la ventaja que encontraron Menem en la hiperinflación o Duhalde en la hiperrecesión. Se propone reemplazar un orden que aún no había estallado.
Está en la situación del odontólogo que debe extirpar una muela que no duele. Si quiere inspirar confianza en el paciente, tendrá que explicar mucho.