Salvador Lachica
La opacidad alcanza a todas las empresas. Desde las más grandes y conocidas entidades hasta la más diminuta Pyme. Un total de 111 empresas que recibieron más de un millón de euros de ayudas de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia durante 2021 suspendieron el examen llevado a cabo por el equipo que dirige el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán.
Además, un total de 26 empresas fueron perceptoras de más de 5 millones de euros en 2021 y siete de las mismas no llegaron al aprobado en esta última evaluación.
Esto quiere decir que todas estas empresas suspendidas no presentaron en parte o en su totalidad alguna de las 16 obligaciones sobre información a publicar al haber recibido una subvención pública, entre las que destacan el importe, el objetivo o finalidad de la ayuda, la administración concedente, la normativa aplicable a la entidad, funciones y competencias, objeto social, fin fundacional de la entidad, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y auditoría de cuentas.
El número de entidades privadas emplazadas a presentar su declaración de transparencia de 2021 fue de 3.319, que recibieron 1.352,8 millones de euros públicos en total. De ellas, 2.767 (83%) presentaron la documentación exigida por el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y alcanzaron una nota media de 4,49.
Por lo que respecta a la evaluación de 2022 y 2023, que se está llevando a cabo ahora, un total de 1.114 entidades privadas serán evaluadas por percibir subvenciones públicas por un importe superior a 60.000 euros.
La existencia de menos empresas a evaluar se debe, según confirmó el propio comisionado, a que ya no existe el flujo de dinero público especial y urgente que se desembolsó para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
Cerdán, que hizo entrega del informe anual de Transparencia 2022-2023 a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, se mostró partidario de que una futura Ley del Comisionado de Transparencia incluya "la posibilidad de imponer multas a quienes incumplan con su obligación de transparencia", ya que esta institución no tiene capacidad coercitiva, como también le ocurre a la Diputación del Común.
"No se trata de multar por multar, pero si hay que pagar cuando uno incumple el Código de Circulación y pisa la línea continua, también hay que hacerlo si se incumple el código de transparencia", aseguró.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Suscríbete para seguir leyendo
- El portavoz de Presidencia de Canarias sobre la vivienda vacacional: "Ha llegado para quedarse y puede llegar a ser muy positiva
- No voy a sujetar ninguna pancarta, pero sí creo que esta manifestación es una oportunidad": Clavijo, sobre las convocatorias del 20 de abril
- Ecotasa para todos: los canarios de turismo por las Islas también tendrían que pagar
- El PSOE 'derriba' a Rafael Yanes por los informes críticos de la Diputación del Común al gobierno de Torres
- El Gobierno reconoce que en Canarias hay personas jurídicas que tienen hasta 500 viviendas vacacionales
- La Fiscalía Europea investiga a 15 funcionarios por contratos covid
- Fernando Clavijo sobre la manifestación del 20 de abril: "Si fuese un ciudadano más, probablemente iría
- El mensaje directo del presidente de Canarias a la patronal turística: "Los empresarios tienen que cambiar, tienen que ser responsables