Hasta ahora, casi toda la atención pública sobre Antauro Humala se ha centrado en considerar si debe poder postular a la presidencia por lo que hizo, pero muy poco sobre si lo que viene haciendo es aceptable dentro de una democracia.
Así, en el Congreso se han presentado 22 proyectos de ley para limitar que postulen a cargos públicos personas que hayan cometido determinados delitos, como los de homicidio y secuestro cometidos por Antauro, hasta dentro de 10 años tras ser rehabilitadas. Pero aun cuando esto prospere, el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional en el 2022 una norma parecida, la Ley 30717, que restringía postular a rehabilitados que hubieran sido condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, etc.
Miremos, en su lugar, el presente. Antauro ha logrado inscribir el partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) liderado en la práctica por una persona que viene mostrando una conducta antidemocrática, lo que, según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), es causal suficiente para que la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, declare ilegal la existencia del partido.
A menos, claro está, que estas instituciones crean que hacer política reconociendo (nuevos) delitos, cometiéndolos o anunciando que los cometerá cuando llegue a la presidencia no promueve atentados contra la vida o integridad de las personas, o legitima la violencia como método para conseguir objetivos políticos (artículo. 14 de la LOP).
Júzguelo usted mismo con estos ejemplos recientes: "A mí tampoco me dejaron llamar [por teléfono]; sobórnate a un INPE [le sugiere a Pedro Castillo], cómprale un celular y llama por ahí, arriésgate; así yo construí el partido desde la prisión". Y en otra entrevista propone que, de llegar al gobierno, "tenemos que fusilar a expresidentes en el Perú, moralizar a la sociedad. Antes de defender derechos humanos de PPK, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, yo prefiero defender los derechos humanos del pueblo peruano".
Una más. También ha afirmado: "Quiero mandar ya en el gobierno a un comando de 170 etnocaceristas [paramilitares, se entiende] para que vayan en un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas en Madrid, y en una ceremonia que lo capturen al rey de España y recuperamos lo que nos hicieron con Atahualpa, porque tenemos que destraumatizar a nuestro pueblo".
Incluso, como sostuvo el abogado Óscar Balladares al presentar una tacha contra la inscripción de Antauro, que fue analizada con mucha ligereza por el JNE, los propios fines y objetivos del partido pueden considerarse antidemocráticos, vulnerando el artículo 2, inciso a, de la LOP.
De hecho, si revisamos el acta de fundación y estatuto del partido Antauro, se propone la creación de batallones de reservistas, una especie de paramilitares a disposición de la presidencia, y la construcción del país sobre la etnonacionalidad, pues él no reconoce la igualdad ante la ley, sino "la nacionalidad de la estirpe y del ADN".
Entonces, frente a un JNE que se ha negado a analizar lo que significaría un país regido por el etnocacerismo originario o qué implicarían los batallones de reservistas, deberían tomar acción la fiscalía o Defensoría del Pueblo para que se evalúe si encaja dentro de la conducta democrática promover atentados contra la vida o integridad de las personas, o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos.
Tiendo a pensar que la manera más eficaz de combatir ideologías contrarias a la democracia es vencerlas en las urnas (y Antauro viene bajo en las encuestas desde que reconoció a Dina Boluarte como presidenta). Pero las intervenciones de Antauro Humala no parecen enmarcarse dentro del sistema democrático. ¿Deberíamos dejarlo seguir participando en política?