Un total de 3.121 parcelas privadas se enfrentan en Gondomar desde esta semana a un plan de talas y desbroces forzosos por parte de la Xunta. Son fincas sin limpiar situadas a menos de 50 metros de viviendas en las que la Consellería de Medio Rural ha decidido intervenir de manera subsidiaria –tratando de cobrar la factura a los propietarios a posteriori– en el marco de un proyecto piloto de prevención de incendios que desarrolla en siete municipios de toda Galicia. El gondomareño es el único de la provincia de de Pontevedra, los seis restantes son el de Carnota en A Coruña, el de As Nogais en Lugo, y los ourensanos de Cualedro, Monterrei y A Gudiña.
Este plan experimental surgió en virtud del convenio firmado ya en 2018 entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga (Servizos Agrarios Galegos S.A.) para resolver el problema con el que se encontraban los ayuntamientos a la hora de realizar las talas forzosas: la falta de recursos económicos. Un total de 144 municipios de toda la comunidad, 29 de la provincia de Pontevedra, se adhirieron al pacto por el que la Xunta se comprometía a asumir los costes para tratar de cobrárselos después a los dueños de los terrenos, además de imponerles las correspondientes multas por no cumplir con la ley de prevención de incendios. Cada ayuntamiento puede hacer uso de este servicio en 10 hectáreas al año, dado que los recursos son limitados.
Son 233,65 hectáreas las que se talan en las diez parroquias gondomareñas
Solo en los siete municipios elegidos, entre los que se encuentra Gondomar, las limpiezas llegan a toda la superficie que incumple la normativa que obliga a dejar las fincas en la franja de 50 metros libres de matorrales y arbolado pirófito. Para identificarlas, los inspectores de la consellería realizan inspecciones periódicas. Hace algo más de dos años de la primera, en la que se revisaron un total de 13.000 parcelas y se comprobó que que los propietarios de 9.000 habían cumplido con su obligación mientras los casi 4.000 restantes no habían sido desbrozadas ni se habían cortado los árboles. A partir de entonces arranca el trabajo administrativo de localizar propietarios y enviar requerimientos para dar una oportunidad a los propietarios de hacerse cargo de las limpiezas. Una vez concluido este proceso, han quedado todavia pendientes las citadas 3.121 propiedades, que suman un total de 233,65 hectáreas.
Seaga ha contratado a empresas madereras para realizar los desbroces y cortas de árboles prohibidos por su capacidad de expansión del fuego –eucaliptos, acacias y pinos–. Operarios y maquinaria arrancaron el lunes en el barrio de A Mourisca, en Chaín, y a lo largo de las proximas semanas intervendrán en zonas de las diez parroquias gondomareñas.
El Concello ha publicado un bando municipal para informar del inicio de las talas, con un enlace al plan municipal de prevención de incendios, en el que los vecinos pueden consultar cuáles son las parcelas afectadas a través de planos.
Una vez finalizada la corta, el departamento autonómico iniciará los trámites para tratar de cobrar los gastos a los propietarios. Todo apunta a que no será posible en numerosos casos en los que resulta complicado encontrar a los titulares de los terrenos, en muchos casos de emigrantes, porque no aparecen los herederos.
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