Los habitantes de Sacramento de San José de la Montaña, un pueblo ubicado en las alturas de Barva de Heredia, viven en la incertidumbre después de que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) confirmó que todo el pueblo debe pasar a manos del Estado, para cumplir con una ley dictada en 1888 para proteger las fuentes de agua.
El año pasado, la Sala Constitucional ordenó al Minae recuperar los terrenos descritos en la ley 65, emitida durante el gobierno de Bernardo Soto. Esta norma declaró patrimonio natural inalienable una franja de dos kilómetros de ancho alrededor del volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el Concordia, para asegurar la protección de las nacientes y fuentes subterráneas.
La situación preocupa a cientos de familias, cuyos ancestros vivieron en las faldas del volcán Barva desde hace más de un siglo, y quienes aseguran ser propietarios legítimos. Sacramento es un pueblo beneficiado por el flujo de visitantes al volcán Barva. El Minae solo indemnizará a los que logren demostrar una titularidad previa a la ley.
Mediante una visita a la zona y conversaciones con vecinos, La Nación constató que no todo el pueblo está dentro de la zona inalienable, sino solo el sector ubicado más al norte. El área afectada está delimitada por mojones que colocó el Minae en el 2013. Uno de esos mojones está justo al frente de la Escuela Lourdes de Sacramento, por lo cual el área inalienable partiría a la mitad al centro educativo.
Sacramento es un pueblo pequeño, con una escuela, un salón parroquial (en el cual atiende la médica de la comunidad), un par de restaurantes, una plaza de fútbol y algunos alojamientos turísticos. Según explicaron los vecinos, ahí no llega transporte público.
Los pobladores afirman que las mediciones para colocar los mojones no se hicieron correctamente, ya que Sacramento está a más de dos kilómetros de la cumbre del volcán. Además, argumentan que cerca del pueblo no hay nacientes de agua importantes que deban ser protegidas.
Jorge Mejía, presidente de la Asociación de Desarrollo de Sacramento, recibió por herencia varias hectáreas de terreno que ahora pasarían a manos del Estado. Tanto él como su hijo, Pablo Mejía, están convencidos de que los mojones se instalaron erróneamente y, si se hace una corrección, el pueblo de Sacramento no se vería afectado.
"La finca de mi familia era de 90 manzanas, era de mi abuelo, quien la dividió entre mi papá y mi tía; y ahora la de mi papá se dividió entre cuatro hermanos; ya se van haciendo varias escrituras. Yo juro y apuesto que esos dos kilómetros no están bien medidos, pero la palabra de uno no vale nada. No nos oponemos a la ley, pero que midan bien los dos kilómetros", declaró Mejía, quien es adulto mayor.
Su hijo, Pablo, criticó que, en el caso de que sean expropiados, el Estado pagaría el valor fiscal de las propiedades, no el valor comercial, lo que considera injusto. "Si llegara a ese punto, lo mejor es no aceptar el pago, que lo vengan a sacar a uno", aseguró el joven.
Don Jorge Mejía lamentó que, si las casas son deshabitadas por orden del gobierno, esto solo servirá para que precaristas se metan a vivir ahí gratuitamente, afectando no solo los inmuebles, sino también la atracción de turismo.
"Quieren sacar a las familias que hicieron el pueblo e hicieron el propio Parque; ellos volaron cuchillo para hacer senderos, arreglar los caminos, dar acceso a la laguna del volcán y, ahora, quieren venir a sacarlos. Ahí solo hay una naciente muy arriba, Sacramento no afecta en nada al agua", alegó Pablo Mejía.
El hogar de doña María Auxiliadora Hidalgo está algunos metros más abajo de los mojones, por lo tanto, no se vería afectado por las expropiaciones. No obstante, sí perdería parte de una finca que heredó de su difunto esposo. Pese a esto, ella asegura entender la lógica bajo la cual se creó la ley 65, en 1888.
Hidalgo resalta el valor de la biodiversidad en las faldas del volcán Barva, pero defiende que se deje vivir en el lugar a las personas que ya son propietarias. Desde su punto de vista, las autoridades deberían dejar que el pueblo sea habitado y la escuela siga funcionando, pero negar futuros permisos de construcción.
Este medio intentó hablar con Lucy Gutiérrez, secretaria de la Asociación de Desarrollo de Sacramento y una de las personas afectadas por la ley de 1888, pero indicó que prefería no referirse por el momento. No obstante, reconoció que están realizando gestiones ante el Minae en defensa de sus propiedades, como parte de "una lucha de 15 años".
Existen 471 planos en la zona inalienable, los cuales suman 6.861 hectáreas. Los terrenos que están en manos de privados, entre ellos el pueblo de Sacramento, equivalen al 18% de esa extensión (1.248 hectáreas). El resto de planos corresponde a tierras del Parque Nacional Braulio Carrillo (5.164 hectáreas) y la reserva forestal Cordillera Volcánica Central (448).
El Ministerio también ha conversado con la Municipalidad de San Rafael, el otro cantón herediano que alberga propiedades que se deben recuperar.
En setiembre del 2023, este medio habló con vecinos rafaeleños, quienes externaron su preocupación, ya que tienen décadas de vivir en la zona, al amparo de un Estado que les permitió registrar sus propiedades, obtener servicios públicos y hasta hipotecar los bienes.