En parte como consecuencia de la destrucción de las estadísticas públicas ocurrida en la última década en Argentina, en 2016 nos despertamos de la bruma que nos envolvió en materia informativa.
Así, además de los nuevos datos del INDEC, se divulgaron datos diversos que, se supone, expresaban diversas circunstancias de la situación económica y social por la que atravesamos.
Se dijo sin rubor alguno, que la pobreza se había duplicado o que se habían sumado varios millones de pobres. O que se habían perdido centenares de miles de puestos de trabajo.
Cada punto adicionado de pobreza, por ejemplo, son algo más de 400000 pobres más de manera que si había a fines de 2015 30% y se elevó hasta 33%, (según la UCA y el INDEC respectivamente) el drama de la pobreza agregó algo más de un millón de personas.
Es decir que se superaron los 13 millones de habitantes por debajo del nivel de pobreza, lo cual significa que a fines de 2015 había más de 12 millones. Las declaraciones de Mons.
Casaretto divulgadas a fines de noviembre de 2016, dicen más o menos eso con lo que no se desdibuja el drama pero se ubica mejor la foto en el transcurso de la película.
El empleo registrado: buenas y malas noticias En materia laboral, fuera de los escasos datos provistos por la "nueva" EPH, correspondiente al peor momento del año –el segundo trimestre-, se cuenta con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con datos agregados del conjunto del sector laboral pero al que le falta un par de elementos: por un lado no refleja el empleo estatal en su totalidad y lo que es cuantitativamente muy importante, no incluye el trabajo no registrado.
Este último, según las estimaciones que resultan de la propia EPH expandidas a la totalidad del país abarcaría unas cuatro millones de personas asalariadas. Lo que suele llamarse el trabajo en negro.
De la información del SIPA se deduce que la pérdida de empleo asalariado privado en los primeros diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80000 personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción.
En igual lapso en los años recientes se aprecia que tanto en 2012 como en 2014, la destrucción de empleo privado fue también significativa aunque naturalmente no llegaba a la intensidad actual.
Claro que ni Brasil había entrado en la crisis que contribuyó, al término del mandato de Dilma Rousseff (afectando nuestra producción automotriz), ni se había interrumpido la obra pública como ocurrió desde la primavera de 2015 anticipando la ola de despidos en el verano último.
Si se toma hasta octubre de cada año, en los años pares (2012 y 2014), la participación del empleo estatal en el incremento total fue del 77% y 56%, mientras que en los impares alcanzó el 37% y el 50%.
Debe señalarse que se trata de proporciones significativamente mayores que el peso del empleo estatal en el total (25% aproximadamente). En las categorías de monotributistas se aprecia similar desproporción.
Las voces que alertaron en 2014 sobre los verdaderos números del empleo (de su destrucción) fueron en su momento acalladas a través de una desacreditación oficial vocinglera.
Se recuerda los esfuerzos de autoridades del INDEC o del Ministerio de Trabajo para negar lo ostensible. Y el contexto político no pareció sensibilizarse al respecto.
El empleo desprotegido ¿agrava el problema?
Aún con la cuestionada (con sólidos fundamentos) Encuesta Permanente de Hogares, el contraste entre el final de 2013 y el tercer trimestre de 2014, indicó una disminución de 130000 asalariados, la abrumadora mayoría, protegidos.
Esto es que en aquel año se destruyeron 110.000 puestos "en blanco" y también casi 20.000 de empleos precarios o en negro.
Es notable que en veinte años (1992-2011) sólo en tres la pérdida de empleo precario excedió a la del protegido. En 2000 fue del doble; en 2001 fueron casi idénticos los valores y en 2002, llamativamente, fue "sólo" un 15% mayor.
¿Qué implicancia tiene esto? Tira por tierra la desafortunada afirmación de quienes han sostenido con liviandad que por cada puesto en blanco que se perdía en los meses iniciales de 2016 había que sumar otros dos de los precarios. Es decir, generalizando lo ocurrido en uno de ¡veinte años!
Claro que no en todo momento las cosas funcionan igual. En 2013 se destruían puestos en blanco pero se agregaban puestos precarios.
Lo mismo se observó en varias ocasiones a mediados de los noventa y en 2003, al inicio de la recuperación económica.
Nada de esto atempera ni, menos aún, resuelve los problemas sociales y económicos actuales que incluyen a la calidad del empleo y a la remuneración del trabajo como expresiones singularmente relevantes.
El año 2016 dejó un saldo negativo en la capacidad de compra del salario. Su perjuicio fue al menos de 3% según el Ministerio de Trabajo hasta 5 u 8 puntos según estimaciones sindicales alternativas.
Su medición se complica por la cantidad de mecanismos que procuraron compensar aquella pérdida más allá de los valores obtenidos en las convenciones colectivas. Aparentemente el deterioro en 2016 fue similar al de 2014.
En definitiva, no parece haber dudas sobre la prioridad que tiene en 2017 la creación de puestos de trabajo y la recuperación de su capacidad de compra. Ojalá que así sea.