El contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro, estaría en un conflicto de interés para una auditar a la CREG, pues no pasó ni un año desde que él dejó de ser comisionado en esta entidad (CREG) y pasó a ser contralor delegado.
Expertos nos dicen que habría un conflicto de interés si tiene que hacerle control fiscal a decisiones que él haya tomado.
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Revisamos sus funciones como comisionado en la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas Combustible y entre esas está hacer la agenda regulatoria y entre los temas que tiene que analizar la Contraloría es la ejecución de la agenda regulatoria.
El contralor Germán Castro nos aseguró que no hay ninguna inhabilidad para ocupar su cargo actual y por eso no se declaró impedido. Asimismo, señaló que en caso de que un auditor de su equipo revise en la CREG un tema que haya sido aprobado o revisado por él, "caso a caso tocaría revisar el posible conflicto de intereses".
"Las Inhabilidades son taxativas y precisas en la Ley y no se dan por analogía. Las inhabilidades para excomisionados están en las Leyes 142 del 94 y 2099 de 2021. Y son precisas: No hacer parte de juntas directivas ni ser directivos de Empresas del Sector que hayan regulado. Tampoco pueden directamente ni por interpuesta persona, representar a algún Agente que haya sido objeto de la regulación. No se puede ser directivo de ninguna entidad del sector donde estuvo regulando y no puede contratar con la CREG", aseguró el contralor Castro.
Lo que llama la atención es que las decisiones en la CREG se toman en conjunto, es decir, los comisionados votan sobre todos los temas.
Recordemos que el 17 de enero de 2018 (Decreto 067 de 2018) por tercera ocasión fue nombrado como experto comisionado hasta mayo de 2022, y en noviembre de ese año pasó ser contralor delegado para el sector de Minas y Energía de la Contraloría General de la República
Excontralores le señalaron a esta emisora que con base a la Ley 1474 2011 estaría en un conflicto de intereses dado que desde la Contraloría se auditan a las entidades que aplican las metodologías generales y particulares que él debió haber avalado y promulgado por regulación, y que tienen una vigencia de 5 años como mínimo, y que ahora debe auditar la misma entidad reguladora, es decir a la CREG.