Sanidad admite 160 de las 180 alegaciones de las comunidades para sacar adelante el plan antitabaco
Los comunidades pidieron hace dos semanas más tiempo para estudiar la nueva estrategia del Ministerio de Sanidad contra el tabaco. Y el tiempo ha pasado. Los directores generales de Salud Pública de cada territorio se reúnen nuevamente este miércoles con el equipo de la ministra Mónica García en un encuentro monográfico en el que se van a debatir un total de 180 enmiendas o propuestas presentadas por las 17 consejerías al plan. Será la antesala de un Consejo Interterritorial de Salud agendado para el viernes que tendría que dar el visto bueno definitivo a la nueva hoja de ruta para combatir el tabaquismo en España, aunque no hay a estas alturas ninguna garantía de que vaya a alcanzarse un acuerdo.
Sanidad avanza que aceptará 160 de las 180 alegaciones al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 para allanar el camino hacia el consenso. Hay, sin embargo, una veintena de las propuestas que tendrán más difícil encaje porque "chocan" con el espíritu de la estrategia. Entre ellas estaría la idea de Baleares, La Rioja o Aragón, avanzada por Efe, de que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo sea de adhesión voluntaria o se autorregulen; o la propuesta de Aragón para que los vapers se contemplen en el plan como una herramienta de "reducción de daños" –la llamada deshabituación tabáquica– en algunos casos.
En cuanto a la primera propuesta, la hoja de ruta que quiere aprobar Sanidad no explicita qué espacios exteriores quedarían libres de humo. La redacción se despacha solo con un "ampliar los espacios libres de humos", aunque la ministra de Sanidad ha expresado en varias ocasiones, entre ellas en una entrevista reciente con elDiario.es, que su intención es incluir a las terrazas. "En un estudio en Europa se ha descubierto que el 94% de las terrazas tienen nicotina en el ambiente, que es inhalada por terceras personas. Estamos recibiendo presiones, pero con este ministerio han pinchado en hueso", aseguró. Este, el de los espacios exteriores, parece que será uno de los campos de batalla, no solo de las patronales de hosteleros, sino también de algunas comunidades.
Respecto a la alegación relativa a los vapers, el Ministerio ya avanzó en diciembre su intención de regular específicamente los cigarrillos electrónicos y dos meses después el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, confirmó que la intención de Sanidad era equipararlos al tabaco. La reducción de daños es una idea defendida por los favorables a estos dispositivos bajo el argumento de que son más inocuos y, además, ayudan a dejar de fumar los cigarrillos tradicionales.
Sin embargo, un informe aprobado en 2020 por Sanidad y las comunidades aseguraba que no existe evidencia sólida sobre la hipótesis de que son útiles para abandonar el tabaquismo. Además, según otro informe de la Organización Mundial de la Salud, los niños que usan estos dispositivos tienen hasta el triple de probabilidades de consumir tabaco en el futuro que aquellos que no lo hacen. Según una encuesta periódica de adicciones en adolescentes dentro del Plan Nacional de Drogas (Edades), uno de cada cuatro chicos y chicas de 12 y 13 años han fumado con estos dispositivos en el último año.
Amenaza de "frente político"
Entre las peticiones de las comunidades también hay incentivos fiscales por declarar más espacios exteriores sin humo, la petición de una memoria económica para la estrategia, fondos para las medidas que dependen de ellas o mayor concreción en lo que se refiere a la prohibición de fumar en espacios privados, como los vehículos, según Efe.
Los encuentros entre Sanidad y las comunidades confirmarán qué extremos se incorporan finalmente a la estrategia, que después deberá plasmarse en textos legales. Es decir, el plan no es una ley. "Cada medida legislativa que afecte a las comunidades autónomas la tendremos que ir aprobando en su foro correspondiente. No estamos hablando de que, de repente, cuando se apruebe el plan, estén todos los espacios regulados y todas las leyes cambiadas", aclaró Gullón hace dos semanas, cuando el Ministerio se reunió con sociedades científicas y asociaciones contra el tabaquismo para demostrar que su plan –parcialmente heredado del anterior mandato– tenía respaldo.
La propia ministra, Mónica García, ya envió un mensaje directo a las comunidades anticipándose al "frente político" que puede suponer este asunto. "Más allá de la crispación y el ruido, son responsables de la protección de la salud. Me sonaría muy raro, después de toda la evidencia, de las cifras y de la trayectoria de nuestro país, que se utilizara este tema concreto con consenso social avalado para hacer de ello otro frente político", dijo ante la prensa.