El gobierno español aprobó un programa para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en manos de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. Así lo establecieron en el Consejo de Ministros este martes 23 de abril, con vigencia hasta 2027.
El plan fue una iniciativa formulada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien, en octubre del año pasado, presentó un informe señalando la problemática de los abusos en la Iglesia, proponiendo la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas y la existencia de un órgano administrativo que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación a dichas personas.
Para el Defensor, el programa supone una reparación simbólica que debe ir acompañada de una reparación material "adecuada" y "suficiente" y, para ello, el gobierno tiene que adoptar las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos que no llegaron a una reparación en el ámbito judicial, ya sea por antigüedad, prescripción o falta de pruebas.
De esta forma, se contemplan medidas como ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual.
Los cinco ejes del plan
Por su parte, mediante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que la medida hará hincapié en cinco ejes de acción: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.
Siguiendo estos lineamientos, se busca volver a poner el foco en las víctimas que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas y a las que nadie prestó atención". En este sentido, el gobierno español confía en que la Iglesia se haga responsable de los costos de las indemnizaciones económicas.
Bolaños informó que el Ejecutivo ha mantenido una serie de conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE): "Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar. Me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia", explicó a raíz de una de las reuniones el pasado jueves con el presidente y vicepresidente de la CEE.
El plan, que sigue las recomendaciones del informe elaborado por Gabilondo a instancias de las Cortes, cifró un total de 1,13 % de la población adulta como víctima de abusos en el ámbito de la Iglesia, es decir, unas 440.000 personas. "Son cifras muy altas, que nos deberían impactar", consideró Bolaños.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, el ministro destacó que se incidirá en un trato adecuado en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y se procurarán entornos seguros para no revictimizar a los afectados en los procedimientos judiciales.
Las condiciones de la iglesia
En lo que respecta a la Iglesia, un grupo de obispos habían adelantado en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si hay sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias, como que el victimario haya fallecido.
Incluso la CEE redobló la apuesta y señaló que su colaboración estaría sujeta a la condición de que el plan se responsabilizara de la indemnización de toda víctima de pederastia y no únicamente a las de la Iglesia. Así lo notificaron este martes planteando que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales".
Si bien se contempla la contribución de la Iglesia como "la más deseable", en caso de que posteriormente la entidad religiosa muestre su rechazo, la alternativa sería una posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Por ahora, dentro del plan no están incluidos detalles con respecto a los valores, ni tampoco acerca de los procesos que tendrían que seguir los afectados en caso de solicitar la indemnización.