Cúcuta
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que fue rechazado por el procesado quien permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.
El procesado habría pedido que dicha suma fuera entregada en dos contados y pactado un adelanto de 50 millones de pesos, suma que tenía en su poder al momento de la captura.
La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio.
El funcionario judicial habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares, la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones.
El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería. Además, se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura.
Campo Fernández habría afirmado que, para poder emitir el fallo en favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una nueva solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.