Petición desestimada. La Gerencia de Urbanismo ha rechazado la solicitud realizada por la Real Maestranza de Caballería en la que pidió la suspensión de la licencia concedida el pasado 22 de diciembre para levantar un inmueble de nueva planta en los números 10 y 11 del Paseo Cristóbal Colón. El Servicio de Licencias e Inspección Urbanística concluye que los motivos alegados por la institución nobiliaria "no pueden ser considerados al no concretarse los daños irreparables".
En el expediente al que tuvo acceso este periódico, se expone en las consideraciones jurídicas que el recurrente alega que la ejecución de la resolución causaría perjuicios de difícil reparación, en el sentido de que de ejecutarse las obras aprobadas se provocaría unos daños irreparables a la integridad de los elementos que conforman una edificación catalogada con un nivel B protección global.
"Tales motivos, en opinión de la técnico que suscribe, no pueden ser admitidos en base a lo expuesto anteriormente. Es decir, la ejecutoriedad de los actos administrativos, la presunción de legalidad y la ejecutividad de los mismos. De la misma manera que es claro el perjuicio que supone para el interés público la suspensión del acto al ser doctrina reiterada el prevalente interés público de la ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística, constantemente declarado por esta sala", expone.
Por consiguiente, el Servicio de Licencias e Inspección Urbanística finaliza exponiendo que los motivos alegados no pueden ser considerados de perjuicios de imposible reparación, sin concretar el recurrente cuáles serían esos daños irreparables que argumenta para plantear la suspensión del acto. "Por cuanto antecede, quien suscribe considera que, salvo mejor criterio fundado en derecho, debe denegarse la solicitud de suspensión del acto impugnado y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos".
La Real Maestranza de Caballería no quiere apartamentos turísticos junto a su sede, enclavada en el número 12 del Paseo de Cristóbal Colón y obra del arquitecto Aníbal González, principal referente del estilo regionalista andaluz de principios del siglo XX. La institución nobiliaria, que dirige Santiago de León Domecq como teniente de hermano mayor, presentó hace un mes ante la Gerencia un recurso de alzada al proyecto para construir un complejo de 36 alojamientos para turistas, 24 plazas de aparcamiento y diversos locales comerciales en la parcela colindante al entender que su inmueble se vería gravemente afectado debido a las obras por distintos motivos.
En el escrito de los maestrantes se exponía que "el diseño proyectado que ha obtenido licencia afecta gravemente a huecos abiertos (concretamente dos ventanas) que forman parte del diseño original de este edificio catalogado con nivel de protección global B, y se verán completamente cegados por un muro de cerramiento de la nueva edificación proyectado en la linde". A modo de introducción, añadía que también afectará al patio de la Sacristía por unos pilares necesarios para levantar los forjados proyectados para la nueva edificación, cuya ejecución implicaría afecciones sobre muros propiedad de la Real Maestranza. Por último y en relación con el alzado a la calle Circo, explicaban que en uno de los informes emitido por la Sección Técnica del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística se valora erróneamente como acreditada una servidumbre de huecos, luces, vistas y/o ventilación "cuando en modo alguno existen motivos que lo avale, circunstancia que debería provocar una modificación del alzado del edificio a la calle privada denominada Circo".
Entre los fundamentos jurídicos se podía leer que "las funciones de asesoramiento e informe que tiene encomendadas la Comisión Provincial de Patrimonio se han visto defraudadas por la presentación por parte del promotor de un documento técnico posterior a su informe que, bajo la ilegítima y oportunista calificación de refundido de proyecto básico, modifica sustancialmente el alzado" de la sede de la institución.
En la documentación a la que tuvo acceso Diario de Sevilla, la Real Maestranza solicitaba a Urbanismo que anulase y dejase sin efecto el acuerdo de la comisión ejecutiva impugnado, acordando retrotraer el procedimiento al trámite previo a su adopción para que sean subsanados "los aspectos advertidos en el recurso y emitidos los informes preceptivos que permitan valorar por el órgano consultivo competente en materia de patrimonio histórico la solución finalmente adoptada en el proyecto técnico".
Los maestrantes insistían en que con la ejecución de las obras objeto de la licencia se provocaría unos daños irreparables a la integridad de los elementos que conforman una edificación catalogada y que serían imposible de restablecer a su estado originario en el caso de que el Ayuntamiento no anule la licencia de obras. Entienden que esos daños podrían evitarse en el caso de que "la administración acordara la suspensión de la ejecutividad del acuerdo hasta tanto se resuelva el presente recurso de alzada, habida cuenta de que la ejecución de las obras objeto de la licencia impugnada podrían continuar en el hipotético caso de que por esta administración se considere que la misma es conforme a derecho".