Vigo tendrá próximamente los primeros cargadores de vehículos eléctricos en la vía pública. Por fin. El Concello asegura que ya se está licitando el contrato para poner en marcha los surtidores de la calle Fernando Conde, justo al lado de la Praza Elíptica, instalados durante la obra de reforma integral de este céntrico enclave. Son tres postes con siete surtidores de 50 y 43 kW, según se puede observar en la rotulación. Llevan el sello de la empresa Circontrol, fabricante español referente en tecnología de recarga de vehículos eléctricos integrado en el Grupo Circutor.
Informan desde el gobierno local que se sacará a concesión la explotación de este servicio, muy demandado en la ciudad, precisamente, por la escasez de este tipo de infraestructuras, una de las grandes cuentas pendientes para impulsar la movilidad eléctrica. Las áreas de recarga todavía no superan el centenar –hay en torno a 85– y la gran mayoría se encuentran en centros comerciales, estaciones de servicio, parkings o concesionarios. En Fernando Conde, se generan cinco plazas de aparcamiento para la carga, que ya están señalizadas con pintura en el asfalto.
La falta de puntos de recarga es uno de los factores que alejan a los conductores del acceso a los vehículos eléctricos, pero también su elevado precio y la escasa autonomía. Estos motivos explican que, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), tan solo haya unos 600 turismos eléctricos en la ciudad, una cifra que avanza con el paso del tiempo –en el último año, la circulación de este tipo de coches se incrementó prácticamente un 36% en la ciudad–, pero que aún representa una parte muy reducida del parque móvil.
Resulta paradójico que se dé esta situación en Vigo, un lugar pionero en la fabricación de este modelo de automóviles, que no convencen en masa a los ciudadanos, al menos, por ahora: a comienzos de los años 90, la actual Stellantis se convirtió en la cuna de estos automóviles con el montaje de las furgonetas Citroën C15 y, ahora, da vida a seis modelos –cinco furgonetas y un todocamino–. Curiosamente, una Fiat E-Doblò –100% eléctrica– hizo historia el martes en la planta de Stellantis en Balaídos: fue la unidad número 16 millones fabricada en estas instalaciones.
En comparación con el resto de las grandes ciudades gallegas, Vigo lidera el censo de turismos eléctricos, seguido de A Coruña, por donde circulan 417 coches de este tipo. El tercer gran municipio gallego con mayor volumen de vehículos eléctricos es Santiago de Compostela, con 247 registrados. Detrás, aparecen Lugo y Pontevedra, con 209 y 208, respectivamente. Ourense se sitúa a la cola con un censo de tan solo 135 turismos eléctricos en su parque móvil.
Aunque los coches diésel y gasolina están presentes en la gran mayoría de los hogares vigueses, cabe destacar que, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico, estos experimentaron una ligera caída en el último año. Frente a los 83.220 turismos diésel y 67.341 de gasolina registrados en el mes de febrero de 2023, la DGT constata que, en la actualidad, hay 1.532 y 5.006 menos, respectivamente.
Recientemente, se pusieron en funcionamiento 70 tomas de carga rápida de vehículos eléctricos repartidos en siete parkings –Praza da Independencia, Urzáiz, Areal, Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro, O Calvario y Praza América– con un mecanismo de reserva de plaza para estos automóviles con reconocimiento de matrícula –se indica que está reservada con una barra que baja desde el techo con un cartel informativo–. También se instalaron varios postes en el aparcamiento de la Praza do Rei.
La zona azul sigue a la espera
Todavía están pendientes los 27 postes de recarga de coches eléctricos que, por contrato, debería estar repartidos en las plazas de la zona azul (también llamada ORA o XER) antes de que empezase 2024. Fuentes de toda solvencia del servicio de la zona azul indican a este periódico que desconocen el motivo del retraso.
Subrayan que, a todas luces, es un incumplimiento de contrato, por lo que, si se considera una falta grave, podría desembocar en una rescisión del mismo. "El Ayuntamiento tendría que dar la orden a la empresa para que cumpla lo establecido y los grupos de la oposición, destacar esta anomalía", indican estas mismas fuentes.
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