Nueva sesión plenaria con la bronca política como protagonista en Ronda. Más allá del debate de los diferentes puntos del orden del día del Pleno, el enfrentamiento entre el portavoz del PSOE, Francisco Cañestro, y la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, volvieron a cruzar acusaciones sobre falta de transparencia o actitudes "infantiles".
Cañestro acusó a los populares de estar poniendo sus intereses particulares por encima de la ciudad, al tiempo que insistió en calificar de "infantil" la postura del PP de rechazar automáticamente todas sus mociones mientras siga ejerciendo de portavoz. El enfrentamiento fue subiendo de tono en cada punto y la alcaldesa llegó a dar dos avisos al líder sociales y le advirtió sobre un tercero. "Al tercero ya sabe lo que pasa", dijo la regidora.
Por su parte, el portavoz del PP volvió a pedir a Cañestro que pida disculpas por la "persecución" hacia el grupo popular y sus familiares si requería realmente que las relaciones se puedan reconducir. Algo que Cañestro no hizo y aseguró que su trabajo es "fiscalizar" al gobierno municipal.
Más allá de este enfrentamiento se aprobó una nueva modificación del plan especial del casco antiguo que afecta a la redacción del texto ya ratificado. Un aspecto que el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, aseguró que "simplemente es una cuestión de cambio de palabras que nos han pedido y espero que sea ya la última".
Este punto salió adelante con el apoyo de todos los grupos de la Corporación y algunos de ellos, como Co Ronda, pidieron que se pase a la aplicación de algunas de las medidas del mismo como la restricción para residentes del barrio de Padre Jesús.
Por su parte, desde el Gobierno local destacaron la importancia de este documento y la generación de inversión que ya está produciendo en alusión a la construcción del que sería el tercer hotel de la cadena Catalonia y que sería el primero de cinco estrellas de la ciudad.
El Pleno también aprobó iniciar el expediente de desahucio de un local del convento de Santo Domingo tras producirse dos meses de impago por parte del adjudicatario del mismo.