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Hace más de un mes, en medio de críticas por falta de experiencia y hasta preparación académica, el exsenador Gustavo Bolívar asumió la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), una entidad que solo en este 2024 manejará recursos por más de $15 billones.
Si bien admite que aún está conociendo la entidad, el funcionario confirmó que planea un revolcón al sistema de entrega de subsidios y transferencias en el país. En diálogo con EL COLOMBIANO, Bolívar aseguró que entre 150.000 y 200.000 personas saldrán de los programas por irregularidades. Insistió además en que se necesita "convertir esas transferencias en proyectos productivos" y responde a declaraciones recientes contra el Congreso.
Hace más de un mes asumió la dirección de Prosperidad Social y, de hecho, la semana pasada ya estuvo visitando regiones. ¿Qué encontró?, ¿cuál es su diagnóstico de la entidad?
Yo terminé el empalme hace como 10 días. Me dediqué durante este primer mes únicamente a conocer la entidad y a hablar con todos los funcionarios. La responsabilidad de estar al frente de un organismo tan grande es del mismo tamaño. A partir de eso, empecé a salir a las regiones y ya empezamos a visitar e identificar elefantes blancos.
Para mí la prioridad, antes de empezar a hacer nuevas contrataciones –aunque sé que hay una presión sobre la ejecución–, es revivir todas estas obras que están ahí tiradas, que tienen mucho dinero encima y que la gente necesita.
Estamos solucionando muchas cosas que se aplazaron en este trimestre, porque pues estaban esperando que llegara el nuevo director para tomar decisiones. Estamos con muchas contrataciones (no esa de los carros que denunció algún día un concejal y que era mentira. Por el contrario, eché esa medida para atrás).
¿Cuáles son esas contrataciones en las que están trabajando?
Faltan otros contratos, por ejemplo, el de internet para las 35 sedes de la entidad a lo largo del país o el de los call center, pues recibimos 14 millones de llamadas. Pero, para curarme en salud, me reuní con el director de Colombia Compra Eficiente y sus funcionarios para que nos ayuden a adelantar esos procesos.
¿Cuánto son los beneficiarios de los programas de transferencias o subsidios?
Nosotros vamos a pagarle a 1'700.000 viejos y tenemos 517.000 mujeres cabezas de familia con hijos menores y, en total, la idea es impactar a final de año a 2'800.000 familias sumando todos los programas, entre ellos, Jóvenes en Acción, Jóvenes en Paz o Renta Ciudadana. El presupuesto total de transferencias es de $9.6 billones.
¿Qué evaluación hace de la entrega de subsidios y transferencias, uno de los ejes del DPS?
Hay programas que marchan sobre ruedas porque vienen de mucho tiempo atrás. Con las transferencias nos hemos dedicado, de la mano de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), a depurar las listas. Ha sido un trabajo muy denodado: hemos encontrado que hay mucho fraude en la clasificación de Sisbén y también que hay personas, por ejemplo madres cabeza de hogar, que niegan a su esposo para poder obtener el beneficio de $500.000.
Entonces esta depuración es muy lenta, pero la estamos haciendo. El primer giro que vamos a hacer, en alrededor de 10 días, será solo para madres cabeza de hogar con niños menores de seis años que estén en Sisbén A. Esa depuración ya finalmente nos arrojó que vamos a pagarle a 517.000 mujeres.
Haciendo la salvedad de que aún es un cálculo prematuro, ¿cuántos de esos 2'8 millones de beneficiarios podrían ser colados o irregulares que no deberían acceder a esas transferencias?
Insistiendo en que son datos todavía preliminares, porque no tenemos el dato exacto, hicimos una primera búsqueda y nos arrojó cerca de 190.000 personas, pero eso lo tiene que validar el DNP. Creemos que podría aumentar hasta 250.000 y 350.000 personas, quienes no serían objeto de los beneficios, bien sea porque pertenecen a otro Sisbén o porque, incluso, nos han reportado en pueblos que hay casos de corrupción.
Por ejemplo, va el encuestador y si la persona le paga $100.000 lo clasifica en Sisbén A. Todo eso lo estamos depurando con las autoridades. Así que del listado podrían salir, en total, entre 150.000 y 200.000 personas.
¿Cómo van andando los demás programas?
Estamos trabajando en el programa de adulto mayor, que lo vamos a subir a $225.000 (estaba en $80.000). Ese es otro tema complicado y tengo que decirlo acá: no es una queja, pero cuando llegué no había una licitación para encontrar al organismo para hacer la dispersión. Ese proceso había sido declarado desierto, es decir, no tenía a quién entregarle las transferencias. Iba a ser un poco caótico, pero ya lo logramos solucionar de emergencia.
¿Cuántos recursos de más implica ese aumento en las transferencias para los adultos mayores?
El aumento de más para ese segmento es más o menos de $450.000 millones, pero estamos intentando involucrar a los de 75 años. Eso nos costaría $475.000 millones al año. Nosotros los tenemos, porque en esa depuración de listas fue sobrando plata. Son recursos que van quedando rezagados que se van a quedar sin ejecutar y mi propuesta es bajar la edad de transferencia de los adultos mayores a 75 años.
Eso sí, estamos mirando si se podría sostener en el tiempo, es decir, si el año entrante habría recursos para sostenerlo. En ese caso, mejor no lo lanzaríamos. O también dependemos de si se aprueba la reforma pensional, que es muy probable, y que sí libera esos recursos.
Parte de la esencia de la reforma pensional es que el Gobierno del presidente Petro pueda pagarle a los más viejos esa cuota, pero ya todos, no solamente a los de 80 años, sino de 65 para arriba.
Usted planteó que las transferencias "no sacan la gente de la pobreza". ¿Cuál es la estrategia para darle un vuelco a la forma como tradicionalmente se han entregado subsidios?
Nos hemos dado cuenta que las transferencias no sacan de la pobreza a la gente, entonces necesitamos convertir esas transferencias en proyectos productivos. Estamos ya craneando la solución. Yo tengo una –que no he consultado con el presidente–, y es una propuesta para que se asocien 20 o 30 personas objeto de transferencias y, en vez de hacerles una transferencia mensual, ponerles un capital semilla para que hagan un emprendimiento.
Tenemos la forma de focalizar y contamos con un sistema muy poderoso para identificar a las familias que en determinado municipio están recibiendo una transferencia. La idea sería llegarle a esa familia y decirle 'esta transferencia se va a acabar en un año. Les damos ese año para que se asocien, miren en qué van a trabajar y nosotros les ponemos esa plata de las transferencias'.
Sería la única manera que la gente realmente salga la pobreza: a través de cooperativas de trabajo productivo. Así como estamos, nos preocupa que pasen y pasen los años y la gente sigue recibiendo $80.000, $200.000 o lo que sean mensual. Lo que van a tener es una caja menor para sus necesidades básicas, pero nunca van a poder salir de la pobreza.
Usted ha defendido que se encuentran en una reestructuración administrativa, pues el Ministerio de la Igualdad asumió funciones centrales del DPS. ¿Cómo evitar la duplicidad de funciones y ratificar la necesidad de la entidad que ahora dirige?
Tenemos una función en la que se viene trabajando desde mucho tiempo atrás y que está muy engranada. Imagínense el traumatismo de haber pasado todo para allá. Sería muy complicado.
El sistema de transferencias trae un historial de depuración de 10 años, son procesos muy largos. Por ejemplo, Jóvenes en Paz se fue al Ministerio de la Igualdad para que allá focalizaran, pero nos lo mandan para que nosotros paguemos. Es una muestra de que esos sistemas tan depurados y tan largamente trabajados es muy difícil transferirlos. Ellos van a fijar muchas políticas y nosotros acá las pagamos.
Además, nosotros sí podemos trabajar en proyectos productivos. El presidente tiene todo el empeño de que, con el tiempo y salvo esos dos sectores tan vulnerables como los ancianos y los niños, los demás programas se tengan que volver trabajo productivo.
¿Teme que el DPS termine convertido en una subdirección del Ministerio de la Igualdad?
Esos procesos no son tan fáciles como cambiar de letrero. Acá hay 2.000 funcionarios, la mitad son de carrera. Si usted quiere acabar una entidad tiene que proponer una salida que es demorada. No sé si ese era el interés del presidente, pero al final se decidió que una parte de las funciones fueran al Ministerio y las demás se mantuvieron, porque era muy riesgoso –sobre la marcha– empezar a hacer esas maromas de comenzar de nuevo.
La gente no espera. El hambre no espera. Y no puede haber un rediseño institucional tan drástico. Nosotros estamos rediseñando el DPS para que esa Subdirección de Superación de Pobreza, que convirtió en el Ministerio de la Igualdad, ahora se vuelva una subdirección para el emprendimiento productivo. Así se va a llamar y vamos a ir convirtiendo todas esas transferencias en trabajo.
Usted recorrió la semana pasada tres regiones para alertar por 100 elefantes blancos. ¿Con qué se encontró?
Son 100 en todo el país, pero empecé por visitar cuatro: dos en Córdoba, uno en Sucre y otro en Bolívar. Lo que encuentra uno es una tristeza. Muchas obras a medio terminar y paralizadas, que con un solo impulso, con voluntad política de sentar al alcalde, al DPS y contratistas, se pueden destrabar. La gente necesita esas obras. Estamos hablando de colegios, centros de salud y carreteras abandonadas. Para mí es vital revivir esas obras este año, por lo menos, el 30 % de ellas.
La semana pasada usted también levantó ampolla porque dijo que el presidente del Senado estaba saboteando las reformas. Usted llegó a decir que se había roto la democracia representativa y habló de una crisis de legitimidad de los congresistas. ¿Usted sugirió que se debe cerrar el Congreso?
Al contrario. Lo que estoy diciendo es que si la gente (el constituyente primario) ya no se siente representada, se debe convocar y presentar leyes por vía de los mecanismos de participación ciudadana, como recoger firmas y presentar leyes. También hacer asambleas populares y discutir los temas, y reclamarle el Congreso.
Ustedes lo saben. Acá no hay secretos. El Congreso está legislando para intereses particulares hace mucho rato y la gente siente que esas reformas que necesitan nunca llegan. Pero jamás hablaría de cerrar el Congreso.
Esta semana, además de Francisco Maltes (expresidente de la CUT), tomó posesión como asesor suyo el exconcejal Celio Nieves, quien será el enlace del DPS con el Congreso. ¿Cómo mejorar las relaciones con esos congresistas a los que hoy les da palo, pero que son decisivos para el trámite de sus proyectos?
Tomaron posesión como asesores de mi despacho, el maestro Celio Nieves Exconcejal de BTá y Francisco Maltes, expte de la CUT. Celio será enlace del DPS con el Congreso y Pacho, enlace del DPS ante alcaldes y gobernadores. Puertas abiertas para todos, sin importar color político.
Encontré que todo mundo quiere hablar con el director del DPS. Si uno atendiera todas las citas que le piden podría entrar y salir al año sin haber hecho nada, solamente respondiendo citas. Por eso, puse un enlace para que hable con los congresistas. Y a Maltes para que hable con gobernadores y alcaldes. Se me pasaría la vida atendiendo y atendiendo a todos. No podría salir a campo. Esos enlaces tendrán poder decisorio.
Desde el Centro Democrático lo criticaron porque en su momento usted renunció al Senado diciendo que no le alcanzaba para sus gastos (eran $ 43 millones), pero ahora como director del DPS ganará $ 24 millones. ¿Qué responder a los que dicen que lo hace por el billonario presupuesto de la entidad y "pondrá en riesgo los recursos de la inversión social"?
Eso yo lo dije en 2022. Estamos en 2024, no puede ser la misma realidad. Me retiré y trabajé todo el año pasado: hice novelas con RCN y Telemundo. Así hice mi caja para poder volver a trabajar en el Gobierno. Cuando trabajo con el Gobierno tengo que tener una caja mía para poder mantener mi operación y la de mis empresas.
¿Cuándo se gradúa como profesional?
En julio. En este momento estoy estudiando sábados, domingos, de noche, de día. Por todo lado.
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