La semana pasada, Sánchez anunció en una carta dirigida a la ciudadanía que, ante una "operación de acoso" de la derecha y la ultraderecha, estaba considerando dimitir. En realidad, lo que ocurrió fue que un juzgado independiente abrió una investigación a su esposa por tráfico de influencias que supuestamente terminó en enriquecimiento ilícito.
A su vez, un tribunal de justicia reabrió el llamado Caso Pegasus, que tiene que ver con un espionaje a los celulares del presidente y algunos de sus ministros y cuyos hallazgos aparentemente serían comprometedores.
Era obvio que el anuncio del presidente no era por una posible dimisión, sino para montar una campaña propia de victimización y apoyo partidario hasta que comunicara su decisión el lunes. Como era de esperar, decidió quedarse.
Luego de que Sánchez anunciara su decisión junto con sus razones, el analista Juan Ramón Rallo declaró acertadamente que "se levanta el telón bolivariano". Es así tanto por el cinismo como por el mensaje del presidente que está siguiendo fielmente el manual del populista.
Según Sánchez, él y su familia han sufrido por años un ataque sostenido y sin precedentes de la ultraderecha. Dice que este se basa en el ejercicio del odio y en el uso de la información falsa, y que se tiene que decir basta a "esta degradación de la vida pública". Agrega que existe una crisis que no se resolverá sin la movilización de lo que él denomina "la mayoría social".
Esa mayoría, legítima por definición propia, será liderada por Sánchez y la decisión de tomar tal liderazgo "no supone un punto y seguido, es un punto y aparte". Habrá una "limpieza" y una "regeneración". Por supuesto que la carta que escribió, y por extensión su decisión de quedarse en el cargo, "no obedece a ningún cálculo político".
En España y en cualquier democracia liberal, es normal que los medios critiquen e investiguen al poder, como han hecho en este caso. Pero Sánchez dice que no hay que "confundir libertad de expresión" con lo que él llama "libertad de difamación". En otras palabras, ante una crisis fabricada, está anunciando que la libertad de expresión en España estará bajo ataque.
Sánchez no menciona que las cortes independientes son las que van a juzgar los casos que puedan comprometerlo. Solo dice que tales acusaciones de los medios llenos de odio han sido absolutamente desmentidas. Si es así, ¿cuál es el problema de comprobarlo ante la justicia?
Además de abusar de la libertad de expresión, el otro "punto y aparte" de Sánchez se trata evidentemente de las cortes. El presidente está declarando su total falta de confianza en esas instituciones al decir que la única manera de contrarrestar el odio de la extrema derecha es a través de las movilizaciones.
Esas campañas claramente apuntan a desmantelar las instituciones de la sociedad española que sirven como contrapeso al poder. Queda claro, además, que la voluntad popular será interpretada por Sánchez y que él considera que por lo menos la mitad del país que no está de acuerdo con él es un peligro a lo que él llama libertad y democracia.
El discurso y la estrategia polarizantes son propios del populismo. Pero tampoco nos debe sorprender que Sánchez y su gobierno denuncien la polarización conforme han dividido a la sociedad democrática española más que nunca. Recordemos que el lenguaje es una institución más que corrompe el populismo.