La inédita apertura de un expediente de recomendación normativa sobre la participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), proceso iniciado a partir de una petición ante dicho tribunal por parte de Conadecus, ha completado una etapa importante, luego de que distintas entidades técnicas, grupos empresariales y organizaciones gremiales hicieran llegar sus comentarios.
La presentación que formuló Conadecus en septiembre pasado descansa en una serie de perjuicios o desventajas a los que se ven expuestos la economía real y los consumidores por la excesiva concentración y la presencia de grandes conglomerados, sobre todo cuando estos también participan del sector financiero. Así, se alude a que los conglomerados tendrían incentivos para facilitar capital a las empresas que forman parte del grupo, en desmedro de los competidores. Asimismo, la presencia de grupos empresariales en distintos mercados podría facilitar prácticas de colusión, precios predatorios o asegurar facilidades financieras a empresas pertenecientes a conglomerados para soportar pérdidas en un proceso predatorio.
El debate acerca de cómo mejorar la competencia y el impacto de grandes conglomerados empresariales, o hasta dónde estos pueden facilitar prácticas indebidas es de gran relevancia. Lo importante es que esta discusión se haga sin sesgos, pues lo cierto es que los conglomerados también pueden ayudar a incentivar la competencia.
Si bien nuestra realidad no está exenta de problemas, no es evidente que ello se vaya a resolver por la vía de desarmar a estos grupos. Es el caso, por ejemplo, de los cruces de información, donde mediante la conformación de complejos entramados societarios podría ser posible favorecer los cruces indebidos, que probablemente el regulador no tendría como detectar. Esto independientemente de que se trate de entidades que formen parte de un mismo grupo.
También se ha hecho hincapié en la posibilidad de que un grupo que además posea bancos podría favorecer a los propios o ahogar a competidores negando o dificultando el crédito. Siendo este un riesgo que puede ocurrir, cabe considerar que hoy existen regulaciones más estrictas en operaciones con empresas relacionadas, y que ante la eventualidad de que se llegara a negar un crédito por razones discrecionales en el país hay una amplia diversidad de entidades financieras -además de ser una práctica contraria a la ley-, por lo que no es evidente que estas aprensiones sean una amenaza evidente.
En su presentación ante el TDLC, la FNE planteó que si bien "la institucionalidad de defensa de la libre competencia vigente es robusta y permite abordar de manera adecuada los riesgos anticompetitivos derivados de la operación de conglomerados en el país, es recomendable impulsar normas que brinden mayor transparencia sobre la propiedad de estos". La FNE hace ver, por ejemplo, la falta de transparencia en la conformación de los conglomerados, planteando que una mejora permitiría una fiscalización mejor y más eficiente de las conductas anticompetitivas. También propone una fiscalización más robusta entre partes relacionadas, entre otras medidas.
La discusión que se ha abierto a partir de esta presentación es interesante, y siendo un hecho que hay ámbitos donde mejorar, el camino para corregirlos parece ser avanzar en mayor información y en fiscalización.