El Constitucional verá el conflicto entre el Gobierno y el PP por impuesto de sucesiones
La Mesa del Senado dio el visto bueno a la iniciativa con el argumento de que la proposición de ley se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto abierto entre el Gobierno y el Senado, donde tiene mayoría el PP, por el acuerdo adoptado en la cámara alta para derogar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Se trata del acuerdo adoptado en el Senado en enero de este año para tramitar una proposición de ley para derogar la ley, que data de 1987, del impuesto de sucesiones y donaciones, a lo que se opone el Ejecutivo.
En un comunicado, el Tribunal Constitucional explica que abordará este conflicto entre órganos constitucionales después de que el Gobierno haya planteado que el acuerdo de la Mesa del Senado podría suponer una vulneración de los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación al ejercicio de la facultad de veto presupuestario.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero plantear al Constitucional este conflicto de atribuciones, al entender que el visto bueno a esa iniciativa legislativa infringe la Constitución.
Cualquier proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, defiende el Gobierno, necesita de su conformidad para tramitarse.
La iniciativa del PP, aprobada en noviembre de 2023 y ratificada por la Mesa del Senado en enero, ya recibió un informe en contra del Ministerio de Hacienda, en el que se cifraba en 2.800 millones de euros la merma de recaudación para las arcas públicas.
Sin embargo, la Mesa del Senado, que controla el PP, no admitió esta disconformidad y dio el visto bueno a la iniciativa con el argumento de que la proposición de ley se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente.
El Gobierno defiende, en cambio, que la menor recaudación sí afecta a este año, ya que los presupuestos de 2023 han sido prorrogados, y asegura que "la mera aprobación de la norma conllevaría inmediatamente un cambio en el comportamiento de los actores económicos en este ejercicio" que se traduciría en una reducción de ingresos respecto a los previstos.
Asimismo, el Gobierno considera que una proposición como la tramitada por la Mesa del Senado afecta a la iniciativa exclusiva en política presupuestaria del Gobierno, y amplía la capacidad del Parlamento hasta límites que van más allá de lo que se desprende de la letra y del espíritu de la Constitución.