El sistema de pensiones en el Perú está seriamente amenazado por los sucesivos retiros de los fondos de las AFP aprobados por el Congreso. Al escribir este artículo, la Comisión de Economía ha dejado todo expedito para la aprobación en el Pleno de lo que sería el séptimo retiro. Con esto se estima que más de 8 millones de afiliados quedaran con sus cuentas previsionales en cero, saliendo S/. 121,000 millones acumulados entre el 2020-2024. Así, el fondo total administrado habrá perdido un total cercano al 15% del PBI.
Los impulsores de los retiros han venido justificando la medida basados en la crítica situación económica que enfrenta la población. Así, la inyección de liquidez provenientes del acceso a sus cuentas para la jubilación sería un bálsamo para sus finanzas y con ello además se contribuiría a la reactivación. Esta explicación, sin embargo, se aleja de lo que debiera ser una buena política pública, donde son las políticas fiscales contracíclicas focalizadas, dirigida a los más vulnerables, las que debieran tomar protagonismo. Por el contrario, los retiros anticipados quiebran el concepto básico de seguridad social en el que los aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones (SPP) constituyen el denominado primer pilar que es, por definición, solo utilizado para el momento de la jubilación. Es decir, este no es un sistema de ahorro previsional voluntario –que algunos congresistas confunden– en el que sí existe la flexibilidad de hacer efectivo parte del fondo en cualquier momento.
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Otras justificaciones esgrimidas en favor de la defensa de los retiros anticipados se basan en los bajos niveles de aportes que tienen la mayoría de afiliados en sus cuentas. Como se sabe, esta situación responde al mal funcionamiento de nuestro mercado laboral que manifiesta elevadas cargas de contratación, alejadas del nivel de productividad laboral, lo cual dificulta la permanencia del trabajador aportando en el mercado formal. Ante ello, en lugar de la errónea prescripción congresal de permitir más retiros anticipados, la política pública correcta sería el de impulsar políticas laborales y de productividad que eleven la probabilidad del trabajador de permanecer en el mercado formal, incrementando la densidad de cotización. La mayor frecuencia de aporte, además, permitiría que el afiliado se beneficie del "milagro" del interés compuesto, es decir, de las altas rentabilidades que ha venido generando el sistema y que ha permitido que en promedio 2/3 del total del fondo acumulado corresponda a la rentabilidad generada. Si como base se introdujera un mecanismo de pensiones mínimas que brindara un piso para construir las pensiones, la receta estaría completa.
Lejos de las decisiones responsables para fortalecer el sistema de pensiones, nuestros hacedores de política han venido optando por el camino populista. ¿Cómo hemos llegado a esto? Haciendo memoria, este comportamiento no se inaugura con los retiros del 2020, sino más bien puede ser rastreado desde el 2009 cuando se dispuso que las gratificaciones de julio y diciembre estuvieran exoneradas de los aportes de ONP, Essalud y AFP, lo que ha tenido un duro efecto de largo plazo sobre la capitalización de los aportes del afiliado. Recordemos también que en el 2016, el Congreso aprobó la infausta norma que permitió el retiro del 95.5% al jubilarse. Así, hoy el 99% de los jubilados elige esta modalidad que implica la gestión directa de todo el capital ahorrado durante un muy largo periodo de retiro cuando las facultades mentales y físicas se van perdiendo y en el que los recursos financieros se pueden evaporar rápidamente si no se hace con sapiencia. Una renta vitalicia, en sus diversas modalidades, cumplía ese rol de gestión prudente. La "Ley del 95.5″ hirió de muerte al sistema.
Si uno tuviese una máquina del tiempo que pudiera trasladarnos al pasado con el fin de intentar detener o cambiar las malas decisiones que han venido condenando a una muerte lenta al SPP desde hace más de 15 años, sin duda las acciones deberían haber apuntado de manera decidida a mejorar la incompleta reforma de los 90. Es cierto que sin cambios en las políticas laborales difícilmente un sistema de pensiones funcionará a la perfección, pero si se hubiese luchado con mayor determinación en una reforma que introdujera, por ejemplo, una pensión mínima junto con modificaciones que brindara mayor armonía en el funcionamiento del componente privado y público de las pensiones, hoy estaríamos en una posición muy diferente a la que vivimos actualmente. Varias comisiones e iniciativas de reformas de pensiones fueron parte del debate durante todos estos años; sin embargo, la falta de consenso y el petardeo a estas iniciativas desde diferentes espectros ideológicos que querían mantener las cosas como están, impidieron que vieran la luz. Si algunas de estas propuestas de reformas de pensiones hubiesen sido consideradas, hoy no seríamos testigos inermes de la brutal sangría previsional que no tiene visos de acabar.
Exministro de Economía.