Cuando la policía te para por ser negro: las denuncias por abusos aumentan porque el colectivo ha dicho basta
El vídeo, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, sólo dura un minuto. El tiempo suficiente como para apreciar, con todo lujo de detalles, una actuación policial que ya se encuentra bajo la lupa del Ministerio del Interior. En la grabación, realizada en el madrileño barrio de Lavapiés, puede observarse a un hombre negro reducido en el suelo por un agente. Su compañero, mientras tanto, golpea al individuo con la porra. En un momento dado, otro joven, también negro, recrimina al segundo policía su actitud mientras parece pedirle calma con los brazos. Es entonces cuando dicho agente se lanza también contra este hombre. Primero, intenta agarrarle del cuello. Luego, le empuja con violencia contra la persiana metálica de un comercio.
El racismo policial no es un hecho aislado. Ni se circunscribe exclusivamente a este multicultural barrio madrileño, donde más del 20% de la población es extranjera. Es una realidad a lo largo y ancho de la geografía española. "De anecdótico no tiene nada, es algo cotidiano", explica al otro lado del teléfono Youssef Ouled, periodista que dirige el área de antirracismo en Rights International Spain (RIS). Y no es solo una asignatura pendiente en España, sino también en el resto de países de nuestro entorno. Según un informe reciente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), un 3% de las personas que sufrieron acoso racista en el Viejo Continente señalaron a agentes de policía como los autores del mismo.
En nuestro país, según denuncian los colectivos, no hay transparencia oficial al respecto. Lo cual no quiere decir que no se hayan realizado algunos estudios sobre este asunto. Uno de estos trabajos lo hizo en 2020 el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica sobre una muestra de más de un millar y medio de personas distribuidas por todo el territorio nacional. Aquel sondeo situó en el 18,7% la tasa de discriminación percibida por origen racial o étnico en el trato policial en nuestro país, lo que implicaba una disminución con respecto a otros estudios previos. Ahora bien, si se pone el foco exclusivamente en la población de origen africano, el 37,4% afirmaba haberse sentido discriminada en este ámbito, seguido por la de origen magrebí –26,1%–.
Las oficinas que la Federación SOS Racismo tiene en seis regiones del Estado –Gipuzkoa, Bizkaia, Catalunya, Aragón, Navarra y Galicia– recibieron sólo en 2022, último año con datos disponibles, 250 denuncias por racismo institucional. De ellas, 152, lo que equivale al 60,8%, señalaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como principales agentes discriminadores. "Se han ido incrementando paulatinamente", asevera en conversación con infoLibre Mikel Araguás, coordinador de estos informes que se elaboran anualmente. Durante el año 2021 se registraron 117 casos de este tipo. Y antes de la pandemia, la cifra de denuncias por abuso policial que llegaron a las oficinas de ayuda a las víctimas del racismo ni siquiera alcanzaba el centenar.
Araguás cree que este aumento se debe a una mayor concienciación, en parte por el trabajo de base que llevan haciendo desde hace décadas los colectivos antirracistas: "Tanto quienes lo sufren como los vecinos que son testigos de ello se dan cuenta de que lo que está sucediendo no es normal". Un diagnóstico idéntico al que hace Ouled. "Quizás antes, el perfil mayoritario, que sigue siendo importante, era el de personas migrantes que se encontraban en situación administrativa irregular. Pero ahora estamos hablando de población que ha nacido y crecido aquí, que sabe cuáles son sus derechos y que los pone en valor enfrentándose a los abusos de poder", reflexiona el investigador de Rights International Spain.
Ouled, no obstante, recuerda la complejidad de tener una fotografía completa a nivel cuantitativo de la realidad que supone el racismo policial. Fundamentalmente, explica al otro lado del teléfono, porque existe "infradenuncia". También sobre eso arrojó algo de luz el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. El 81,8% de las personas que habían experimentado una situación discriminatoria por motivos raciales o étnicos reconocía en aquel sondeo no haber presentado queja, reclamación o denuncia. "Hay desconfianza en las instituciones. Y especialmente en la policial, algo que tiene que ver con imágenes como las de Lavapiés. ¿Cómo van a ir a denunciar a las instituciones cuando es la propia institución la que vulnera sus derechos?", se pregunta Ouled.
Esta infradenuncia no es, de nuevo, algo que solo se dé en nuestro país. Es una realidad a nivel general en el Viejo Continente. En su informe Ser negro en la UE, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea apuntaba que solo un 9% de las personas que se habían sentido discriminadas reportó dichos hechos. Las mayores tasas de denuncia se registraron en Suecia e Irlanda. Las menores, por su parte, en Portugal o España. Una discriminación que, además, erosiona la confianza en las instituciones. "El nivel medio de confianza en la policía es 1,2 puntos inferior para los encuestados que se sintieron discriminados racialmente que para los encuestados que no habían sufrido discriminación racial", recogía el informe.
El pasado mes de septiembre, seis agentes de los Mossos d'Esquadra fueron expulsados del cuerpo tras aceptar una condena de un año de cárcel por agredir y humillar a joven por motivos racistas durante el desalojo de un domicilio en Barcelona. "Negro de mierda, hijo de la gran puta", se escucha decir a uno de los agentes en un vídeo que el muchacho logró grabar con un teléfono móvil y que fue pieza fundamental para que los agentes acabasen reconociendo los hechos. A pesar de ello, Ouled señala que no es sencillo dar la batalla contra el racismo policial en los tribunales. "No siempre se puede grabar y todo queda en tu palabra contra la del agente, cuya versión suele prevalecer", desliza el responsable de antirracismo de RIS.
Ilegales controles discriminatorios
Una de las primeras que se enfrentó al racismo policial fue Rosalind Williams. En 1992, esta española nacida en Nueva Orleans viajaba a Valladolid con su familia cuando en la estación de tren de la ciudad castellana un policía de paisano le exigió la documentación. "Tenemos instrucción de identificar a gente como ella", soltó el policía. Williams llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo alegando que en los controles policiales "determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración" como "indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne". Ocho años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la mujer. Y sacó los colores al Estado español y a la corte de garantías.
Han pasado ya más de dos décadas desde aquel control discriminatorio en la estación de Valladolid. Y este tipo de prácticas aún siguen existiendo en suelo español. "A pesar de que son ilegales, estas identificaciones por perfil racial se siguen produciendo de forma cotidiana", apunta Aragués. Según un estudio elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, las personas gitanas tienen 10 veces más papeletas de que les identifiquen en la calle que las que tienen apariencia caucásica europea. En los magrebíes la tasa de desproporción se sitúa en el 7,5. Y en los afro-latinoamericanos, en el 6,5. Prácticas que estigmatizan y terminan por construir un relato social alrededor de todas esas personas a las que se ve rodeadas de agentes.
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La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza– establece que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "podrán requerir la identificación" cuando "existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción" o cuando "en atención a las circunstancias concurrentes" se considere "razonablemente necesario" que "acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Una práctica en la que, continúa, deben respetarse "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico". "Pero no se ponen salvaguardas para que esto se respete", se queja el responsable de antirracismo de RIS.
A finales de marzo, Amnistía Internacional volvió a exigir que se prohibiera "clara y expresamente" este tipo de identificaciones. Además, los colectivos llevan tiempo exigiendo, como también lo hizo en 2022 el Defensor del Pueblo, que se implanten de manera sistemática formularios de identificación y registro en los que se deje constancia de la raza y nacionalidad de la persona sometida al control o del motivo de la identificación. "Es una herramienta útil también para las propias instituciones, para conocer a qué poblaciones se discrimina y ver cómo puede revertirse", sostiene Ouled, que critica la falta de transparencia y la ausencia de datos oficiales respecto a los controles que se realizan.
Y luego está, explica Aragués, la necesidad de formación a nivel policial sobre "diversidad cultural", si bien reconoce que algunas policías ya han estado trabajando en distintos métodos para mermar las identificaciones por perfil racial. O de que se pongan en marcha, completa el periodista de Rights International Spain, "mecanismos independientes" ante los que se pueda acudir para poner en conocimiento de los mismos las malas prácticas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un melón, el del racismo policial, que el vídeo de Lavapiés ha vuelto a reabrir. No es la primera vez. Pero tampoco la última.