Las centrales hidroeléctricas de Ecuador se encuentran custodiadas por personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desde la tarde del viernes 19 de abril del 2024. El objetivo es garantizar su operación en medio de la crisis energética.
Desde el Gobierno se ha señalado que estas infraestructuras son importantes no solo para la distribución de energía sino también para la seguridad nacional. Por ello, con el Decreto Ejecutivo 229 se ordenó el despliegue de «personal altamente capacitado» para que vigilen las instalaciones con el objetivo de «asegurar su operación interrumpida y protección contra amenazas«.
En imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas se observa al personal militar en los alrededores de los proyectos hidroeléctricos y junto a ellos una pancarta con una advertencia de área restringida, para evitar incumplimientos.
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La medida se tomó después que el presidente Daniel Noboa denunciara presuntos hechos de sabotaje, una de las causas de la una nueva jornada de apagones de hasta 13 horas, según el Gobierno. La denuncia se presentó en contra de 22 personas, entre ellas altos funcionarios del sector eléctrico incluida la exministra Andrea Arrobo.
Además, el secretario general de Comunicación, Roberto Izurieta, aseguró que tras tomarse el Ministerio de Energía se descubrieron acciones sumamente graves para que la distribución de energía a escala nacional no se llevara a cabo.
Izurieta aseveró en un entrevista a Teleamazonas que el sector eléctrico de Ecuador ha "sufrido, en estas dos semanas, una arremetida" con el objetivo de afectar la consulta popular y referéndum planteada por el presidente Daniel Noboa.
Ante esta crítica situación de las hidroeléctricas, sumada a la falta de condiciones climáticas para recuperar los niveles de embalse, Noboa decretó un nuevo estado de excepción para «precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica«. Esta medida durará 60 días.