El Poder Judicial (PJ) rechazó un recurso de tutela de derecho interpuesto por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionando a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos por no entregarle información sobre la designación del denominado "agente Roberto".
Benavides Vargas es investigada por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias, colusión y otros, al ser sindicada de haber liderado una presunta red criminal en el Ministerio Público (MP) que pactó favores con algunos congresistas a quienes les habría pedido los votos en temas de su interés a cambio de archivar investigaciones fiscales.
Como se recuerda, el caso inició tras conocerse información proporcionada por el denominado "Agente Roberto", así como la confesión de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides Vargas.
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Por ello, a través de un recurso de tutela de derechos Benavides solicitó a la Fiscalía Suprema que le ponga en conocimiento la disposición que autorizó el nombramiento del agente especial "Roberto" y de la resolución judicial que confirmó la actuación del mismo, según un documento judicial obtenido por El Comercio.
Según argumentaron, requerían la disposición fiscal mediante la cual se autorizó el nombramiento del agente especial, con la finalidad de saber si efectivamente se cumplió con el procedimiento legal porque de lo contrario las pruebas aportadas por el agente podrían ser anuladas.
En sus argumentos, afirmó que cuando la Fiscalía Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) dispuso la utilización de un agente especial el 5 de mayo de 2023, se debió correr traslado de una copia de la disposición al Ministerio Público, pero hasta noviembre del año pasado, Benavides no tuvo conocimiento del referido documento, s,e indica en el documento judicial.
Y es que, la suspendida fiscal y su defensa sostienen que dicha información es importante porque en algunas conversaciones por WhatsApp, "el agente especial de alguna manera recurre al señor Villanueva y lo induce para cometer un ilícito penal, en cuanto a la elección del Defensor del Pueblo".
A su turno, la fiscal suprema Delia Espinoza, solicitó que se declare infundada la tutela de derecho al precisar que la investigación autorizada al agente especial "Roberto" se generó en una carpeta ajena a su despacho.
Además, advirtió que el agente tiene una naturaleza especial de protección por parte del Ministerio Público y puntualizó que han seguido los procedimientos desde su designación, la reserva de identidad y el control a través de un personal policial para que se pueda contar con esta forma de coadyuvar a la investigación que inició EFICCOP.
Finalmente, indicó que han requerido al Equipo 3 de EFICCOP toda la información correspondiente al agente especial "Roberto" para analizarla y precisó que hasta la emisión de la resolución, no estaba incorporada en la investigación contra Benavides.
La Procuraduría General del Estado resaltó que en la investigación contra Benavides no se emitió ninguna disposición fiscal, ni providencia que materialice contar con un agente especial.
Por ello, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, explicó que ha quedado determinado que la Fiscalía Suprema no cuenta con las actuaciones procesales (fiscal y judicial) requeridas por la defensa, y por ende, en modo alguno se restringe el derecho de Patricia Benavides Vargas o de sus abogados.
Por ende, Checkley Soria declaró infundada la tutela de derechos.
No se advierte que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la Carpeta Fiscal N°1228-2023, haya inobservado alguna de las disposiciones normativas invocadas (artículo 139° de la Constitución Política, y artículos 71° y 84° del CPP) o afectado algún derecho de la investigada Benavides Vargas, puesto que, como se indica, la citada fiscalía suprema no cuenta con la información y/o documentación requerida"
Juan Carlos Checkley, juez supremo.
Según la resolución judicial, Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides, aseguró a la fiscalía que eliminó sus dos celulares con los que mantuvo comunicación con los congresistas y también con el agente "Roberto".
Según se indica en el documento, Villanueva aceptó haber participado en los chats obtenidos por el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) con "Roberto". Sin embargo, aseguró que uno de sus teléfonos los destruyó y el otro se le perdió.
"Se han dado 8 sesiones para las declaraciones del señor Villanueva, en sesiones consecutivas y largas, es ahí donde se le ha preguntado incluso sobre cómo habría destruido su celular que justamente es una pregunta que formuló la procuraduría y ahora lo recoge la defensa en la que contestó el señor Villanueva, que con un cincel y martillo lo partió en dos", se narra.