"Siento temor a raíz de la intervención a mi EPS. Me preocupa que vayamos a tener un servicio diferente y que no vaya a existir un ente donde podamos hacer los reclamos de manera oportuna. Sé que la Supersalud dijo que iban a continuar con los servicios de manera normal, pero lo ideal es que si hay cambios administrativos no nos afecte a nosotros como usuarios", le dijo a este diario Luz Osorio, paciente con hipertensión pulmonar, afiliada a la EPS Sanitas.
Su condición ha sido catalogada como una "enfermedad rara" porque solo la padecen entre 17 y 20 personas por cada millón de habitantes.
En consecuencia, teme que, con la intervención administrativa de la EPS, se produzca un posible detrimento en la atención y los servicios en medicina especializada o en centros de referencia, un asunto del cual depende su vida.
Con esta opinión coinciden muchos otros pacientes con afecciones que requieren tratamientos vitales y cuya atención hasta ahora no ha presentado mayores falencias.
"A pesar de que hemos tenido percances para que, en ciertas ocasiones, me hospitalizaran en centros de referencia, nunca he tenido problemas con la entrega de medicamentos u otros servicios", dijo Osorio.
Al respecto, Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios, aseguró que los pacientes están muy preocupados y están intentando analizar alternativas para saber qué hacer en el futuro.
Y es que, a pesar de que la Superintendencia Nacional de Salud fue enfática en decir que esta medida no implica el cierre de servicios y que es una medida preventiva para evitar la liquidación y así garantizar el derecho a la salud de los colombianos, las asociaciones de usuarios consideran que este tipo de acciones "fracturan la confianza" de los pacientes con la atención.
"Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud", dijo el supersalud, Carlos Leal Angarita, cuando anunció la intervención forzosa administrativa a Sanitas.
Entre tanto, el vocero de los Pacientes Colombia advirtió: "La historia ha demostrado que intervenciones similares en el pasado han conducido a la liquidación de las EPS intervenidas, lo que resulta en un deterioro en la calidad de la atención médica, la entrega de medicamentos y un alarmante incremento en la mortalidad del 25 por ciento".
Silva aseguró que, contrario a lo que se esperaría, estas intervenciones no han contribuido al mejoramiento de los servicios de salud ni a la solvencia financiera de las entidades.
En este punto, cabe aclarar que no todos los pacientes concuerdan con Osorio sobre el buen servicio de las EPS. De hecho, Nueva EPS y Sanitas, son las dos entidades promotoras con más quejas registradas por los afiliados en la Supersalud. Los datos, con corte a enero de 2024, revelan la existencia de 21.476 y 15.070 quejas, respectivamente para ambas EPS.
A estas le seguían EPS Sura (13.137), Salud Total (11.195), Famisanar (8.383), Compensar (6.259), Coosalud (5.345), Savia Salud EPS (4.503), Capital Salud (3.425) y Emssanar (2.927).
El dato no es menor. Los reclamos en enero del 2024 se situaron en 110.994, con un crecimiento de 6.350 casos respecto al mismo mes de 2023 y algunos de los más frecuentes eran: barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud (99.610); insatisfacción del usuario con el proceso administrativo (8.976), insatisfacción relacionada con la atención en salud (2.272), entre otras.
Ante las cifras, las EPS pidieron tener en cuenta que, en la medida en que ascendía el número de usuarios registrados en cada entidad, mayor también era la cantidad de quejas y reclamos que registraban. Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo) aseguró, además, que parte del deterioro que se ha evidenciado en la atención a los usuarios se debe a la crisis financiera que atraviesa el sistema y que afecta a todos los actores de la cadena.
El gremio reconoció que, en efecto, "la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas" para operar como aseguradoras, pero explicó que esto se debe a que la UPC, es decir, "los recursos que se giran para la atención a pacientes", son insuficientes.
Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU) concuerda con Silva, sobre la idea de que este tipo de medidas de intervención administrativas derivan en una mala atención a los pacientes y una posterior liquidación de las entidades.
"La historia reciente demuestra que los retrasos en la atención, asignación de citas y suministro de terapias ha sido el diario vivir de los pacientes en las entidades intervenidas por el Gobierno. No hay la continuidad requerida, eso lo hemos evidenciado en usuarios de Emsanar, Asmet Salud, Savia y Famisanar", dijo.
Según Salazar, en las EPS intervenidas se han presentado fallas en la atención oportuna, dificultades en el suministro de terapias, tardanza en la asignación de citas con especialistas y retraso en varios de los requerimientos sanitarios que tiene la población con enfermedades huérfanas que requiere un abordaje diferencial.
Siguiendo esta línea, la decisión de la Superintendencia ha sido interpretada por varios actores del sistema como una maniobra política más que como una medida basada en criterios técnicos de salud, "a diferencia de intervenciones previas, la situación de Sanitas y Nueva EPS no responde a un déficit en los indicadores de salud sino a intereses políticos, lo que está generando indignación entre los actores del sistema" argumentó Silva.
Para múltiples expertos, la situación actual plantea un escenario de incertidumbre y preocupación entre los afiliados de ambas EPS que suman casi 16 millones de afiliados y refleja los retos y tensiones existentes dentro del sistema de salud colombiano, en un momento en que el debate sobre el manejo y la administración de los recursos del sistema se encuentra más vigente que nunca.