El problema de la violencia e inseguridad en México es profundo y trastoca a todos los segmentos de la sociedad. No se puede negar que el aumento acelerado de homicidios dolosos creció desde que Felipe Calderón decidió declarar la guerra contra el crimen organizado. Lo hizo intentando legitimar su administración. No actuó con estrategia. Únicamente atacó a las cabezas de los grandes cárteles, desmembrando y provocando la presencia de más grupos que disputan el territorio. De igual manera, se atacaba a una banda y se protegía a otra. Este esquema se ha repetido en los dos sexenios siguientes impidiendo que se dé una disminución real de la violencia en el país.
La propuesta de seguridad debe de ir más allá de temas ideológicos y políticos. Se tiene que buscar la estrategia que permita, desde un marco integral, atender la violencia en México.
Se debe de comenzar con la implementación de estándares de confianza dentro de los aparatos de justicia y de gobierno que permitan prevenir y erradicar la corrupción. Mucha de la violencia es producto de la impunidad que se vive en las instituciones de justicia. Es necesario tener una ley que castigue de manera severa a quienes actúan sin ética dentro del servicio público; de igual forma tienen que tener filtros que permitan elegir a los mejores perfiles y se le debe de dar seguimiento puntual al comportamiento del servidor público durante el tiempo que se encuentra frente al cargo.
Es indiscutible que se necesita pacificar al país. Ya quedó demostrado que la presencia militar no es la solución. La guerra frontal no elimina las causas de fondo que permiten a las bandas criminales mantener su poder político y económico. Pacificar al país pasa por limpiar a la política del crimen organizado, para ello se debe investigar cuánto del dinero que se utiliza en las campañas políticas proviene de fuentes ilícitas. Esto tendría que ser una causal para retirar el registro del aspirante e incluso del partido político, previniendo, así, caer en el error de Colombia donde se llegaron a tener narco-diputados; a esto hay que agregar el seguimiento que debe de existir por parte de la inteligencia financiera al dinero ilícito que circula a través de los bancos, las iglesias y la Bolsa de Valores; parte importante de que estas organizaciones mantenga su influencia y poder es que cuentan con los recursos necesarios para movilizarse y tener su propio ejército. El uso de la inteligencia debe apostar por mermar las bases económicas y políticas que permiten al crimen organizado funcionar.
Todo lo anterior, implica un acuerdo multilateral que permita regular el tráfico de drogas y armas a través de las fronteras. El problema de la droga no es únicamente de índole local está relacionado con el consumo de otras naciones, en especial de los Estados Unidos.
Un último aspecto a considerar es atender el consumo de las drogas como un problema de salud pública. Es necesario implementar una estrategia de Prevención de Adicciones que se pueda impartir desde la educación básica y que se convierta en una materia obligatoria para el estudiante.
La solución para disminuir la violencia en el país requiere de la aplicación de una estrategia que contenga mecanismos tecnológicos, financieros, legales, educativos y éticos que permitan atender el problema desde una visión humanista.
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…
Próxima entrega: Tiempo de propuesta y no de ocurrencias (3): Legalización de las drogas.