Una serie de irregularidades fueron las que detectó recientemente la Contraloría General de la República respecto de la transferencia, ejecución y rendición de recursos entregados por la Seremi de Desarrollo Social del Maule en el marco del Programa Noche Digna.
Y es que producto de una auditoria a los procesos realizados por la citada repartición con miras a ofrecer servicios a personas en situación de calle durante el invierno de 2022, el organismo hoy encabezado por Dorothy Pérez detectó varias inconsistencia y ordenó emprender acciones para revertirlas.
Pero eso no es todo. En paralelo, el informe de la entidad volvió a implicar un duro golpe para La Moneda, pues la autoridad que estuvo a la cabeza de la citada Seremi durante gran parte del periodo auditado se erguía como uno de los hombres de confianza del Presidente Gabriel Boric.
Se trata del abogado Manuel Yáñez, militante de Convergencia Social y quien se desempeñó como asesor legislativo del Mandatario cuando este ejerció como diputado por el distrito 28°.
Si bien el renunció al cargo el 15 de noviembre de 2022 -extinguiendo, según comentan desde su entorno, eventuales responsabilidades políticas y administrativas-, su salida se dio justamente en medio de cuestionamientos de la oposición por su manejo de las necesidades sociales de los vecinos del Maule.
Las irregularidades detectadas
Conforme con al informe publicado por Contraloría, al examinar los procesos los evaluadores detectaron que no existía evidencia que acredite el monitoreo de la contraparte técnica –Encargado Regional del Programa Noche Digna- de la Seremi a las prestaciones entregadas por los organismos ejecutores para la aprobación de los informes técnicos.
Al comparar la cantidad de prestaciones aprobadas en los informes, se detectó que estos no se condicen con las ingresada por los ejecutores en el Sistema de Registro Noche Digna (SND). Por lo mismo, Contraloría ordenó incorporar el ítem en el procedimiento disciplinario que ya se había iniciado al interior de la repartición.
Asimismo, observaron que cinco de los nueve dispositivos revisados, incumplieron la cantidad mínima de prestaciones que debían ser entregadas por los ejecutores. Según la información ingresada en el SND, alertaron los evaluadores, las prestaciones de alojamiento, alimentación y/o higiene y abrigo no alcanzaron a cumplir el porcentaje mínimo de 80%, lo que vulnera la cláusula 2da de los convenios de transferencias.
En la misma línea el ente contralor comprobó la existencia de tres usuarios que se encontraban fallecidos al momento de recibir las prestaciones de alimentación, higiene y/o atención médica.
Asimismo, se alertó que dos albergues de 24 horas -de los ejecutores Fundación Luxemburgo y Municipalidad de Linares-, no cumplieron con el plazo máximo de instalación del dispositivo de 20 días corridos, establecido en el convenio. A su vez, la Seremi incumplió los plazos de revisión de las condiciones de apertura de los dispositivos con una dilación de hasta 36 días corridos en la fecha de supervisión.
Junto con esto, además de otras observaciones, el informe hace hincapié en que si bien la Seremi había aprobado en la plataforma Sigec el Informe de Planificación del ejecutor ONG Alta Tierra, éste se encontraba en blanco sin los datos solicitados.