La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dado su aval a un medicamento para el tratamiento del VIH, con el objetivo de permitir al país fabricar o importar dolutegravir genérico sin requerir permisos del titular de la patente, ViiV Healthcare, una empresa formada por Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) y Shionogi.
Este medicamento, vital en el contrarrestar el VIH debido a su eficacia para reducir la carga viral, estaba disponible para millones de personas en todo el mundo mediante licencias con el Medicines Patent Pool, sin embargo, las empresas propietarias de las patentes optaron por excluir a Colombia y a numerosos países de ingresos medios, con el objetivo de mantener un monopolio caracterizado por precios elevados, según indicó el Ministerio de Salud.
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Ante este panorama, organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) venían generando presión para que los precios de este medicamento fueran justos, puesto que muchas veces era imposible para pacientes en situación de vulnerabilidad acceder a tratamientos oportunamente.
En respuesta a esto, el año pasado el Ministerio de Salud solicitó declarar el dolutegravir como un interés público para garantizar su disponibilidad. Tras un primer paso con la Resolución 01579 de 2023, que reconoció la necesidad de la licencia, la SIC otorgó la autorización final mediante la Resolución N° 20049, recientemente firmada por la Superintendente Cielo Rusinque.
Esto ha generado controversia, especialmente entre la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que expresó su desacuerdo. Afirman que la concesión de esta licencia obligatoria contraviene normativas de propiedad intelectual y podría afectar la autonomía médica al imponer el uso exclusivo del dolutegravir en ciertos pacientes con VIH.
No obstante, el Gobierno defiende la medida como esencial para garantizar el acceso equitativo a tratamientos vitales.
En conclusión, la aprobación de esta licencia obligatoria representa un paso significativo en la accesibilidad de medicamentos en Colombia y suscita importantes discusiones sobre la relación entre propiedad intelectual, acceso a la salud y la búsqueda de soluciones efectivas para enfermedades como el VIH, destacando así la necesidad de un enfoque integral y equitativo en el sectorde la salud pública.