Luego de una mañana cargada de tensión en distintos edificios públicos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantiene asambleas y reuniones en distintos puntos del país en rechazo a los miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno nacional.
Según sostuvo el Secretario General de ATE Rodolfo Aguiar, el sindicato "cumplió el objetivo" luego de que muchos trabajadores ingresaran por la fuerza a las reparticiones para participar de las protestas.
"Los despedidos y despedidas ingresaban llorando, quiero decirle al Presidente que estas lágrimas no van a ser gratis", advirtió Aguiar, quien sostuvo que unos 1.000 delegados del gremio van a realizar un plenario de oficinas públicas para decidir de qué manera continuarán las protestas.
También reveló que intercambió mensajes con Pablo Moyano y le pidió a la CGT que ponga fecha de un nuevo paro general. "Ya lo dijimos en nuestra central sindical, la CTA autónoma, también ante la CTA de los trabajadores, necesitamos reeditar el 24 de enero", insistió Aguiar.
Empleados públicos: incidentes en edificios públicos
Durante la mañana, hubo una serie de conflictos tanto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) como en la Secretaría de Trabajo.
Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del INADI, mientras que en la Secretaría de Trabajo de la Nación hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones del INADI intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes. Parte del personal declaró que notificaron "casi 40 despidos" y que la policía, que estaba presente en el lugar, "tenía orden de reprimir".
Muchos de los empleados se enteraron de su desvinculación en el mismo momento y otros recibieron, mediante correo electrónico institucional, la comunicación de la cesantía de sus contratos.
Uno de los testimonios que se viralizó fue el de una mujer, empleada del INADI, que había ingresado a trabajar en el año 2008 y que le faltaban meses para jubilarse.
"En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones. Me quedo sin ingresos hasta que salga mi jubilación", expresó la mujer.
Por su parte, los trabajadores del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que actualmente es una de las secretarías que dependen del Ministerio de Capital Humano, decidieron realizar una protesta con retención de tareas por 14 contratados a los que desvincularon sin motivo.
El Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad
El Gobierno nacional dispuso un fuerte operativo de seguridad ante el nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos. Al respecto, en Balcarce 50 habían anticipado que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
Un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. "Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda", argumentó la misma fuente.
"Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito", planteó.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. "Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias", remarcó.
"Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos", puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
El funcionario hace referencia al artículo 181 bis del Código Penal que establece penas de 3 a 5 años de prisión al que "empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él".
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que "no va a dejar pasar" la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión. "Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo", contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
Denuncia de ATE
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos, y prometió judicializar cada caso. "Es válido que lo hagan y están en su derecho", se expresaron en las filas de la administración pública.
"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", contó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de "provocar cesantías masivas en el Estado" e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".