El despacho de abogados que defiende a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto este viernes una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, de Madrid, poniendo en conocimiento de la Justicia un presunto hackeo, el pasado 2 de abril, de unos correos cruzados con el novio de la presidenta madrileña.
Dichos correos, con "intercambio de información y documentación", desaparecieron del sistema informático del bufete para reaparecer seis horas después, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario.
Alberto González, investigado por dos delitos fiscales, envió un correo tanto a su letrado como al fiscalista del bufete pasadas las once y media de la mañana del 2 de abril y fue contestado a las 12:11 minutos. El supuesto ciberataque solo afectó a esos correos y no al resto de mensajes de los servidores del bufete, indica la denuncia. Los citados correos volvieron a aparecer pasadas las doce de la noche.
El despacho explica que solicitó el peritaje de un informático, el cual ha constatado que "el ciberataque habría consistido en retirar la información (los correos electrónicos) de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas".
Alberto González Amador está investigado por presuntamente defraudar a Hacienda 155.000 euros en el ejercicio de 2020 y 195.951 euros, en el de 2021; cuotas procedentes de las comisiones que obtuvo por su intermediación en la compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Para el letrado de la pareja de Ayuso, los hechos denunciados son constitutivos de un delito de revelación de secretos que afectaría a los derechos a la intimidad, a la protección de datos personales y al derecho de defensa de Alberto González.
Hay que recordar que la pareja de Ayuso ha interpuesto una querella contra los dos fiscales que le acusan de fraude fiscal por considerar que revelaron secretos al difundir datos sobre el expediente de la Agencia Tributaria que afecta al novio de Ayuso.
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