Santa Cruz (Bolivia), 12 abr (Sputnik).- El Gobierno boliviano inició los trámites para la repatriación de ocho millones de dólares desde Estados Unidos, luego de que la Justicia determinara el pago de reparaciones civiles a favor de este Estado sudamericano, en un caso de corrupción en la gestión de la expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020), informó este viernes el Procurador General del Estado boliviano, César Siles.
«En Estados Unidos ya se ha dictado sentencia no sólo contra dos ciudadanos bolivianos, sino también contra tres ciudadanos norteamericanos. Y esa condena, en ese proceso penal, se está cumpliendo la mayor parte en Estados Unidos y ha generado una acción reparatoria civil (a favor del Estado boliviano)», explicó Siles en una rueda de prensa.
En 2019, después de una semana del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), el gobierno de Añez licitó la compra de gases lacrimógenos para la Policía boliviana, para reprimir las protestas sociales.
La adquisición fue realizada por un valor de 5,6 millones de dólares a la empresa Bravo Tactical Solutions; sin embargo, investigaciones posteriores dieron cuenta de un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Según la investigación judicial, el sobreprecio fue repartido en «comisiones» para el entonces ministro del Interior, Arturo Murillo, y sus colaboradores, quienes internaron el dinero proveniente de la corrupción a Estados Unidos sin ninguna declaración legal.
«Al inicio del proceso penal, incluso antes de la acción reparatoria civil ya se procedió en Estados Unidos a la confiscación de aproximadamente dos millones de dólares que ya están en cuentas del Tribunal de justicia y hemos iniciado la repatriación de esos dineros», informó el procurador boliviano.
Los 6,2 millones de dólares restantes provienen del pago de compensación a favor del Estado boliviano, a la que fue sentenciado el exministro Murillo, por el Tribunal de Fort Lauderdale, en el estado de La Florida.
En Bolivia, Murillo y sus colaboradores afrontan otros procesos por corrupción y vulneración de derechos humanos.
La Cancillería boliviana solicitó al Departamento de Estado la extradición del exfuncionario para que afronte a la justicia, dicha solicitud permanece sin respuesta desde enero de 2022. (Sputnik)