El Ministerio de Seguridad de la Nación prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria. Lo hizo mediante la Resolución 254/2024, publicada en el Boletín Oficial, la cual advierte que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 no sólo persisten, sino que se han agravado.
Para la cartera, la cantidad de plazas disponibles "resulta insuficiente para satisfacer la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal" y gran parte de la problemática se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, la resolución hace especial hincapié en la falta de concreción del traspaso de la justicia ordinaria en materia penal al ámbito porteño al considerar que "resiente las capacidades físicas de alojamiento de personas con las que cuenta actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a la par que impide el alojamiento de personas privadas de la libertad por orden de distintos tribunales con competencia federal que, en consecuencia, deben permanecer alojados en dependencias ajenas al SPF".
Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, marzo finalizó con 11.424 personas detenidas establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país, e indicó que desde enero la población carcelaria aumentó un 1% en ese ámbito, es decir, 113 personas más que en diciembre 2023. El dato surge del informe trimestral enero – marzo 2024, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.
De acuerdo con el documento, la sobrepoblación registrada en establecimientos del SPF en el período analizado ascendió al 4,5%. La cifra representa 492 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento (la capacidad utilizable es de 10.932.