UNO DE LOS más grandes conflictos legales de la iniciativa privada neoleonesa, ya le adelantábamos ayer, llegó a su fin.
En una sentencia definitiva, y tras un prolongado litigio de más de seis años, el Poder Judicial resolvió que Fernando Villarreal y Blanca Ballesteros son los accionistas mayoritarios y controladores del consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik, valuado en 3 mil millones de pesos.
La pareja enfrentaba desde 2017 el embate de los accionistas minoritarios del negocio: Marcelo de los Santos Anaya, José Luis Salas Cacho, Juan Carlos López Rodríguez y José Cerrillo Chowell.
El grupo tomó el control de la empresa de manera hostil y, argumentando aportaciones no pagadas, enviaron a los mayoritarios, un matrimonio septuagenario, a prisión. ¡Todo un escándalo en San Pedro Garza García!
No obstante, la semana pasada, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de San Luis Potosí y por unanimidad de votos resolvió en favor de los Villarreal Ballesteros.
Se anuló con ello la asamblea organizada por los accionistas minoritarios el 4 de octubre de 2017, justo en la que tomaron el control de los parques de la discordia.
Empezará ahora una serie de juicios en los que los accionistas mayoritarios buscarán recuperar los activos que sus rijosos socios derrocharon actuando como administradores únicos o apoderados de Desarrollo Logistik.
Esos bienes dilapidados incluyen decenas de hectáreas de parques industriales, títulos de concesión, plantas de tratamiento de agua, naves industriales y efectivo, que se calcula en unos 600 millones de pesos.
Especial atención tendrá el caso de la venta de unos terrenos a Kansas City Southern, donde la compañía que preside Óscar del Cueto construyó ya uno de los principales hubs ferroviarios del país.
El tema es complicado legalmente; pero dicen que hay disposición de los Villarreal para llegar a un acuerdo con los norteamericanos.
Se tiene claro también que la victoria judicial de los Villarreal Ballesteros tiene un impacto importante en el escenario político de Nuevo León.
Y es que se ha documentado que detrás de los accionistas minoritarios de Desarrollo Logistik se encontraban el ex Procurador General de Justicia del Estado, Adrián de la Garza, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza.
De la Garza sufre ahora en las encuestas para alcanzar la alcaldía de Monterrey, frente a la emecista y primera dama de la entidad, Mariana Rodríguez.
A su vez Salinas Garza sigue lamentándose no haber podido quedarse como sustituto de Samuel García en una gubernatura interina del estado.
PUES LAS SEÑALES apuntan a que Rogelio Ramírez de la O sí se quedará al frente de la Secretaría de Hacienda, por lo menos los primeros meses de una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. Con su presencia se enviaría un mensaje de calma a los mercados durante la transición, y para sacar adelante el Paquete Económico para 2025, que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Sin embargo, hay otro tema adicional que le llama la atención y podría alargar más su permanencia: Pemex. Si Sheinbaum le da libertad, como no se la quiso dar Andrés Manuel López Obrador para meterse de lleno a reestructurar a la petrolera que hoy dirige Octavio Romero, el economista de Cambridge podría estar más allá de dos años.
POR CIERTO QUE trascendió que la poderosa Valero Energy Corporation, que preside Lane Riggs, estaría por promover un arbitraje ante una Corte de Nueva York para dirimir una controversia con Pemex. La firma, si no es la principal, sí es una de las más importantes compradoras de crudo de la empresa productiva del Estado que capitanea Octavio Romero. Adquieren poco más de 120 mil barriles diarios de petróleo que se procesan principalmente en sus refinerías de Estados Unidos. El quid del asunto es que Pemex dejó de suministrarles las cantidades de producto a que se comprometió contractualmente. En parte porque bajó su producción y porque un volumen importante de lo que produce se está teniendo que mandar a la nueva refinería de Dos Bocas.
HUGO LÓPEZ-GATELL pasó de ser el zar contra el Covid-19 al zar contra el Cártel de los Chupasangre en el ISSSTE. Y es que con su nombramiento de asesor en materia de salud que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus primeras encomiendas será desprivatizar los servicios integrales.
Hablamos de los contratos de cardio y mínima invasión, hemodiálisis, diálisis peritoneal, diálisis automatizada, laboratorio, banco de sangre y ortopedia, los cuales están en manos de una decena de empresas que se constituyeron en los dos últimos sexenios, el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en un oligopolio que se repartía un negocio anual que unos 7 mil millones de pesos, tan solo en la dependencia que ahora lleva Bertha Alcalde.
HABLANDO DE DESPRIVATIZAR, al equipo económico de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, le queda claro que para poder sacar adelante el cúmulo de proyectos en materia de infraestructura, incluida también la de salud y la vivienda, va ser imperativo asociarse con el capital privado. El nuevo gobierno va arrancar prácticamente sin recursos para hacer frente a las necesidades del país. Se reactivarán lo que los gobiernos neoliberales, sí, los mismos de Felipe Calderón y Enrique Peña, llamaron Asociaciones Público-Privadas que el régimen de Andrés Manuel López Obrador se empeñó en enterrar. Les van a cambiar el nombre a algo así como Sociedades de Riesgo Compartido. Las impulsa Altagracia Gómez, la principal asesora económica de Sheinbaum.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ