Miles de personas privadas de la libertad en la Argentina están hacinadas. Es un dato oficial del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, correspondiente al último relevamiento con cifras a diciembre del 2022.
Los sistemas penitenciarios federales y provinciales tienen capacidad para 88.622 presos, pero alojan a 105.053, por lo que son exactamente 16.431 los que componen la cifra de sobrepoblación. En el país hay 330 unidades de detención. La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más cárceles tiene, con un total de 65. Le sigue el Sistema Penitenciario Federal con 30 unidades.
Si a este número se le suman las 12.757 personas privadas de libertad en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad informado por dichas instituciones, la cifra alcanza los 117.810. Es decir, una tasa de 255 personas detenidas cada 100.000 habitantes. Por otra parte, en el territorio nacional se contabilizaron un total de 12.015 personas con prisión domiciliaria y/o monitoreo electrónico.
Según el informe, "estos índices ubican a la Argentina cerca del promedio de la mayoría de naciones que informan -especialmente las de la región- bastante alejada de la elevada tasa de Estados Unidos (531) pero también de la baja tasa de Japón (36). En términos generales, desde la década del noventa existe una tendencia creciente en la población penitenciaria. Analizando la evolución de todo el período, hubo algunos breves momentos de leves bajas o amesetamiento, como los años 2006, 2007 y 2020, así como también algunos picos importantes (como el período 2016-2019)". Además, dice que "en el año 2022 hubo un ascenso del 3,7% respecto al período anterior, pero un incremento del 77% en relación al año 2010 y del 127% en relación al año 2002".
El mayor problema de sobrepoblación lo tiene la provincia de Buenos Aires, por eso en septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia provincial emitió recomendaciones para los jueces con el objetivo de evitar el agravamiento de las condiciones de detención en las cárceles y comisarías de esa jurisdicción.
En este contexto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que "resulta urgente cambiar la relación entre ingresos y egresos al sistema de encierro" y que "la sobrepoblación sigue aumentando mientras se discute cómo bajarla".
Un abogado que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que prefirió no revelar su identidad reveló: "Las estadísticas sirven, pero no dejan de ser eso y con la cantidad de problemas que hay en las cárceles no es algo que se esté mirando con lupa. Sin embargo, se sabe que hay superpoblación y que es un problema. De hecho, por ejemplo, por este asunto se construyeron varias alcaidías, pero en las alcaidías los detenidos no van a la escuela, no tienen talleres. Son un lugar de tránsito y ahí se genera el embudo, porque están las comisarías llenas, las alcaidías tienen la población justa porque dependen del Ministerio de Justicia y las cárceles están llenas. Entonces, el paso de la Comisaría a la Alcaidía y después a la unidad se frena ahí".
"En realidad lo que es necesario para que funcione el sistema penitenciario es construir más cárceles, no más alcaidías. Las alcaidías sólo sirven para descongestionar las comisarías y hasta cierto punto porque cada vez es mayor la demanda. No importa qué gobierno, si es mano dura o si es mano blanda. Cada vez hay más delincuencia y además crece la población en general, por lo que el número no baja", agregó.
Quiénes están detenidos
En el año 2022, el 58,3% de las personas privadas de libertad en unidades penitenciarias tenían condena. "De esta manera, se consolida el cambio de tendencia histórica en relación a la presencia mayoritaria de personas detenidas sin condena judicial", informó el estudio.
Además, señaló que "en términos generales, la población penitenciaria tiene una destacada presencia de jóvenes, de varones, de nacionalidad argentina y con un bajo nivel de escolarización".
El 96% de las personas detenidas al 31 de diciembre de 2022 eran varones, el 95% eran argentinos, el 61% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 54% tenía menos de 35 años de edad.