Máxima opacidad en Junts. El partido político que lidera Carles Puigdemont oculta, como se financió la estancia del expresidente, en Bruselas. Pese a sus promesas de transparencia, ni Pugidemont ni el Consell de la República, que tiene la sede hasta ahora en la mansión en Waterloo en la que vivía el ahora candidato, nunca han hecho públicas sus cuentas.
Según publicó el diario Les Echos, el alquiler de la casa era inicialmente de 4.400 euros al mes, pero a esa cifra habría que sumar otros 300.000 euros anuales en concepto de gastos de seguridad y mantenimiento. Y eso sin incluir, el coste del lujoso colegio en español al que llevaba hasta ahora a sus hijas. La Generalitat de Cataluña admite el pago de solo 90.835 euros a la oficina del expresident desde que huyo de Barcelona en 2017.
En estos gastos, sin embargo, no se incluyen los personales ni el mantenimiento de la oficina, pues se gestionan directamente desde el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Según el artículo 7 de la Ley 6/2003, del 22 de abril, "el Gobierno debe facilitar a los expresidentes de la Generalitat los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas", explica la legislación. Además, la normativa contempla una "dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y para las atenciones de carácter social y protocolario que corresponda". La oficina se creó en 2018 y en su primer ejercicio fiscal completo tuvo unos gastos de 13.711 euros. Un año después se elevaron un 200%, hasta los 41.134 euros, siendo la cifra más elevada para todas las que hay registros.
Los gastos de la oficina de Puidemont, profugo de la justicia, se redujeron los siguientes años, para volver a aumentar en 2022 hasta los 23.525 euros, más del triple que el ejercicio anterior cuando fueron de 6.934 euros. La oficina está compuesta por tres trabajadores, según queda reflejado en el artículo 4 del Decreto 195/2003. Desde julio de 2018, el director y coordinador de la misma es Josep Lluís Alay, que dejo su cargo en el área exterior del gabinete del también expresidente Quim Torra. Este mismo Decreto, además, estipula que se incluye un presupuesto para gastos, un vehículo de representación con conductor y la seguridad necesaria.
La justicia también investiga
Como ha financiado sus gastos, Puigdemont en Bruselas es además uno de los misterios que ha tratado de esclarecer la justicia en los últimos años con diferentes pistas: desde subvenciones camufladas a través de entidades catalanistas a fondos procedentes de Rusia. Ya en 2020 el juez que investigaba la concesión de subvenciones fraudulentas a entidades afines a Convergència se detuvo en determinar si la trama desvió dinero público recibido por entidades como CATmon a financiar las actividades del expresidente. También el magistrado Joaquín Aguirre, que tiene en marcha la instrucción del 'caso Voloh', busca los vínculos financieros entre las fuerzas de inteligencia rusas y Puigdemont. Por el momento, sin embargo, no se han encontrado evidencias en ninguna de las pesquisas.