El Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha sido criticado por la oposición tras la presentación de una medida con la que se pretende permitir la entrada de asociaciones 'antiaborto' en los consultorios familiares. Esta disposición que ha enfurecido a la izquierda y a asociaciones femeninas se encuentra en una enmienda al llamado "Decreto PNRR", un amplio texto legislativo con partidas de los fondos europeos del Plan de Recuperación de la pandemia.
La futura ley fue aprobada este martes en la Cámara de los Diputados, presentada como una moción al Gobierno, una frecuente estrategia en el Parlamento italiano usada para acelerar la aprobación de leyes e impedir sus enmiendas. El miércoles prosiguió su debate en la Cámara Baja antes de su votación final y después pasará al Senado para su aprobación definitiva, que se da por descontada dado que los partidos derechistas en el Gobierno cuentan con la mayoría de escaños.
La enmienda del diputado Lorenzo Malagola, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni, dice que "las regiones organizarán los servicios de consultorio (...) y podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad".
Los críticos creen que esto abriría la puerta a las organizaciones 'antiaborto' de los consultorios, centros del servicio nacional de salud de apoyo a las mujeres embarazadas, ataque en definitiva a la conocida como "Ley 194", que desde 1978 regula en Italia el aborto.
La diputada del opositor Movimiento Cinco Estrellas, Gilda Sportiello, intervino hoy a gritos en el Parlamento: "No quiero que ninguna mujer que quiera abortar se sienta atacada por el Estado. Deberíais avergozaros por la escuálida propaganda que hacéis con los cuerpos de las personas", denunció, golpeando su escaño.
Valentina Ghio, del Partido Demócrata, sostuvo acto seguido que esta medida pretende "limitar como siempre la libertad y la autodeterminación" de las mujeres y "poner en cuestión derechos adquiridos", por lo que animó al Gobierno a financiar las clínicas.
La diputada de Verdes e Izquierda, Francesca Ghirra, explicó que aún en la actualidad el aborto es "una carrera de obstáculos" en Italia porque los médicos objetores de conciencia son muchos (en torno al 78 % en el sur italiano).
El portavoz en la Cámara Baja del partido de Meloni, Manlio Messina, respondió con sarcasmo ante la visible indignación de las parlamentarias: "Quizá habría que repartir manzanilla", dijo. Messina defendió que la "Ley 194" en su artículo primero obliga al Estado a "proteger la vida humana desde el comienzo" y a acabar con "todas las condiciones que empujan a una mujer a interrumpir su embarazo".
"Nosotros no queremos quitar ningún derecho. Se puede estar de acuerdo o a favor, pero nosotros personalmente estamos convencidos de que la interrumpción del embarazo es un derecho para las mujeres, no lo quitamos. Pero nadie nos puede impedir garantizar a las mujeres elegir entre abortar o tener un hijo, para que no se vea obligada al aborto", reivindicó.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabio Rampelli, también de los Hermanos de Italia, resumió que la enmienda pretende ofrecer a las mujeres "una posibilidad de reflexión". Por su parte, la organización 'Pro Vita e Famiglia' aseguró que sus activistas no entrarán en los consultorios pero defendió "la urgencia" de hacer de estos espacios "lugares donde las mujeres puedan ser ayudadas a encontrar alternativas al aborto".