W Radio conoció en primicia que la juez sexta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, acaba de revocar la detención domiciliaria con la que se benefició al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, quien habría exigido un soborno de 600 millones de pesos para torcer un fallo judicial.
En una decisión de segunda instancia, la juez ordenó que Campo Fernández sea enviado a prisión inmediatamente.
El fallo de la juez se dio al resolver el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y las víctimas, representadas por el abogado penalista Rodrigo Parada.
Le puede interesar:
Cabe recordar que, generó polémica la decisión que en su momento adoptó el juez cuarto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, que impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el funcionario judicial.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación realizó dos allanamientos en este caso.
El primero fue en la residencia del juez en donde encontraron varias consignaciones de pagos entre ellas una de 17 millones de pesos y otras de similares valores.
También hallaron algunos computadores y piezas procesales del expediente, por el cual habría exigido el pago de 600 millones de pesos y por el que fue capturado y le imputaron el delito de concusión e incluso fue cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
En el juzgado encontraron 42 expedientes híbridos, es decir procesos que estaban en físico y algunos documentos digitales que al parecer no estaban debidamente acreditados.
Igualmente, se conoció que el único que tenía aparentemente acceso a los expedientes era el juez Juan Carlos Campo Fernández.
Este caso se inició el pasado 31 de marzo, cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación junto con el Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga (Santander) al juez especializado de extinción del derecho de dominio del circuito de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández.
Según la investigación que adelanta desde hace varios meses un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el funcionario judicial habría solicitado al abogado Rodrigo Parada, el pago de 600 millones de pesos para expedir una sentencia favorable en un proceso de extinción del derecho de dominio.
El juez supuestamente le dijo al abogado que retirara la apelación que había presentado y que nuevamente radicara la petición de levantamiento de la medida cautelar y que él se comprometía a emitir un fallo en favor del cliente del jurista.
En medio del procedimiento de captura, le incautaron al juez, 50 millones de pesos que presuntamente harían parte del dinero solicitado a la víctima.