La Dirección General de Ingresos (DGI) decidió extender nuevamente el plazo para que los abogados presenten la declaración jurada de registros contables correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. El nuevo plazo será hasta el 31 de agosto de 2024. Es decir, que se ha extendido por cinco meses, entendiendo que la DGI había concedido, previamente, hasta el pasado 31 de marzo para cumplir con el requisito. La entidad dejó plasmada su decisión <a href="https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29999/103830.pdf" target="_blank">en la Resolución No. 201-1754 de 26 de marzo de 2024, </a>publicada en la Gaceta Oficial del pasado 28 de marzo. De acuerdo con la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, modificada por la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, se establece la obligación del agente residente de entregar ante la DGI una declaración jurada anual que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente. La normativa establece que los abogados actuando como agentes residentes en Panamá, sin excepción, deben certificar su conocimiento sobre cómo y dónde acceder a los registros contables de las sociedades offshore que representan, en virtud de lo que establece la ley y como parte de los acuerdos suscritos por Panamá para el intercambio de información tributaria. La extensión de tiempo se otorgó porque se trabaja en la reglamentación de la ley, indicó a este diario Publio De Gracia, director de la DGI. Dicha reglamentación se realiza de forma "alineada con abogados, para que salga en las próximas semanas el decreto", precisó el funcionario. De acuerdo con los nuevos tiempos, será al próximo Gobierno al que le toque lidiar con la aplicación efectiva de la norma. Actualmente, Panamá está calificado por la Unión Europea como "parcialmente cumplidor" en las evaluaciones del intercambio de información fiscal a requerimiento. Para salir de la lista de la UE, es crucial cumplir con la ley de registros contables. La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea incluye jurisdicciones que no cumplen con los estándares en transparencia fiscal, equidad tributaria o aplicación de normas internacionales para prevenir la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios.