Declarar el alquiler de la vivienda constituye una obligación legal ineludible tanto para los propietarios como para los inquilinos. No obstante, en España, la cifra de arrendamientos no declarados asciende a 1,28 millones, lo que significa que cuatro de cada diez contratos de arrendamiento escapan del radar fiscal, según los datos aportados en 2023 por los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Esta situación no solo plantea un desafío para la administración tributaria, sino que también conlleva significativas repercusiones económicas y legales para ambas partes involucradas. Para el arrendador, la omisión en la declaración del alquiler implica la pérdida de beneficios fiscales sustanciales, entre ellos, la deducción del 60% del rendimiento neto obtenido del arrendamiento, siempre y cuando la vivienda constituya la residencia habitual del inquilino.
Por otro lado, el arrendatario, al omitir la declaración de la cuota mensual abonada por concepto de alquiler, se ve privado de potenciales deducciones en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es importante destacar que la Agencia Tributaria mantiene un control exhaustivo sobre todos los contratos de alquiler activos, lo que incrementa el riesgo de detección de actividades no declaradas.
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Posibles multas
Las consecuencias de no declarar ingresos por arrendamiento son diversas y de gravedad variable. Desde la plataforma TaxDown, especializada en la declaración de la renta, advierten que las multas aplicables pueden fluctuar entre el 50% y el 150% del monto no declarado, dependiendo de la cuantía y la naturaleza del incumplimiento.
La detección de importes no declarados inferiores a 3.000 euros conlleva sanciones consideradas leves, con multas que representan el 50% del monto omiso. Para cifras superiores, la sanción se clasifica como grave, y las multas pueden oscilar entre el 50% y el 100%, pudiendo alcanzar hasta el 150% en casos de fraude o infracciones muy graves.
La Agencia Tributaria dispone de diversos mecanismos para identificar arrendamientos no declarados, incluyendo el cruce de información entre declaraciones de inquilinos y arrendadores, la revisión de anuncios en portales inmobiliarios, inspecciones y visitas a propiedades, y análisis del padrón municipal. Cabe mencionar que las viviendas destinadas al alquiler vacacional también están sujetas a vigilancia mediante la obligación de las plataformas intermediarias de presentar el Modelo 179, donde se detallan las operaciones de alquiler turístico.
En suma, la evasión fiscal en el contexto del arrendamiento no solo pone en riesgo los beneficios fiscales de arrendadores e inquilinos, sino que también desencadena contundentes respuestas por parte de la administración tributaria, armada con un arsenal de herramientas de detección y sanción. La transparencia y la declaración oportuna de estos ingresos se erigen como las únicas vías legales y seguras para evitar consecuencias indeseadas, instando a todas las partes involucradas a cumplir con sus responsabilidades fiscales.