Carlos Forcadell Alvarez
Años después del final de la Gran Guerra, en París, conversaban el presidente de la República, Clemenceau, y un político socialdemócrata alemán, quien le sugirió que los historiadores del futuro juzgarían que las responsabilidades de la catástrofe habían sido mutuas y compartidas, como así ha sido; el viejo zorro, encarnación de la Francia republicana, le respondió que bien, pero que nadie podría afirmar que Bélgica invadió Alemania, porque fue Alemania la que invadió Bélgica.
Hay hechos establecidos, realidades del pasado, que no pueden estar en discusión, aunque las opiniones, explicación o memoria de los mismos puedan ser diferentes. Por lo que se refiere a nuestra historia reciente, se ha ido construyendo un consenso generalizado en que nuestra Guerra Civil tuvo su origen en un golpe de Estado militar, en que militares y civiles sublevados tuvieron importante e inmediato apoyo del nazismo alemán y del fascismo italiano, en las brutales dimensiones de la represión desde el día de la «victoria» que dejaron campos y cunetas sembrados de cadáveres que hoy se van, muy parcialmente, localizando e identificando, en que la jerarquía eclesiástica apoyó, sin apenas fisuras, a los sublevados y vencedores, en que el sistema político, desde 1939, se configuró como una dictadura militar que acabo siendo extravagante en la Europa democrática de la posguerra, incluso ante los ojos de sus partidarios más razonables. No tiene ninguna justificación pretender equiparar el gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó, ni la dictadura del General Franco con las democracias europeas de la posguerra.
La ley de memoria histórica, aprobada por el gobierno socialista de Zapatero en 2007, incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura (1939-1975). Fue un avance indudable en la dirección de la «paz, piedad y perdón» mutuas que ya reclamó el presidente republicano Azaña en 1938, pero buena parte de los historiadores profesionales criticaron la expresión «memoria histórica», por su indefinición y generalidad, un concepto que podía albergar tanto a los internados y gaseados de Auschwitz como a sus guardianes y ejecutores, por ejemplo.
La vigente ley, ahora de «memoria democrática», de octubre de 2022 precisó mejor el concepto, con el objetivo de «reconocer, reparar y dignificar la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura franquista» como un inexcusable deber moral en la vida política y signo de la calidad de la democracia, porque «la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos (…). La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia».
Es la ley que han derogado, en su versión autonómica, diversos gobiernos del Partido Popular, presionados por sus acuerdos de con la ultraderecha de Vox. Las leyes se pueden derogar, pero los hechos no. Y en este 14 de abril, 93 aniversario de la proclamación de la II República, conviene recordar que la cultura y política republicanas se caracterizaron por defender la instrucción pública y no la ignorancia, mejorar las condiciones de trabajo en el campo y en la industria, el acuerdo cívico y el pluralismo democrático por encima de los lazos de la sangre o de la tribu, la necesidad de no expulsar al adversario de la comunidad política, el patriotismo cívico y sereno de Azaña, el coraje republicano de Machado.
El progreso republicano
La tradición republicana es recordada desde esta perspectiva como una tradición de democracia, modernidad, libertad, justicia, educación, progreso, igualdad y derechos universales para todos los ciudadanos, cuyos logros fueron la reforma agraria, el sufragio femenino, el divorcio, la separación de poderes, la difusión de la cultura, el impulso a la investigación científica, el florecimiento de la educación, la extensión de la asistencia sanitaria pública…. Estos fueron los hechos y así han quedado establecidos.
Los historiadores, por otra parte, somos particularmente conscientes de que no hay que caer en el error de idealizar la época republicana, y no se debe ocultar ni rehuir que el discurso y el lenguaje de la democracia no era mayoritario entre muchos de los principales actores sociales de los años treinta, más bien era inexistente entre anarcosindicalistas, comunistas, incluso en amplios sectores del socialismo, que el discurso de la revolución obrera, tan difundido en el momento, acabaría en vía muerta.
A la hora de recordar la etapa y el legado republicanos conviene recordar que constituyeron el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado, que con todos sus defectos y virtudes, con toda su complejidad y su trágico desenlace, buena parte de los valores y principios políticos y sociales que presidieron ese periodo se han hecho realidad, desde 1978, en nuestra inacabada democracia, pues ni una sola de las libertades que afirmaba la Constitución de 1931 está ausente de la de 1978.
Una intervención de Claudio Magris en el contexto del debate sobre la asunción del pasado nacional italiano puede resultar esclarecedora para nosotros, cuando el escritor de 'Trieste apela', reconociendo también a las víctimas italianas del antifascismo y la resistencia, a la necesidad de no transformar la igualdad de las victimas –todas dignas de memoria y de pietas- en una igualación de las causas por las que van a morir. En esta línea podríamos convenir, entre nosotros, que una equiparación memorial de las víctimas de quienes defendieron la república y de quienes la asaltaron y destruyeron no debe conllevar la igualación de las causas y razones por las que unos y otros combatieron, por cuando unas eran portadoras de futuro tanto como otras eran rescoldos mal apagados del pasado.
Un buen recordatorio del 14 de abril que alumbró la República asaltada nos indica que nuestra democracia actual, desde hace casi medio siglo, se asienta sobre las experiencias y culturas republicanas de los años treinta. Estos son los hechos. Fue Alemania la que invadió Bélgica en 1914, y Polonia y Europa en 1940.
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