EL PARLAMENTO EUROPEO aprobó el pasado miércoles, 10 de abril, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE. Como era de esperar, el texto genera dudas entre los socios de la Unión. No en vano, ya anticipamos aquí en diciembre las carencias de una norma que llevaba gestándose siete años, pero que no conseguía la aquiescencia del club europeo en su totalidad ("Un pacto migratorio incierto", ECG 23/12/2023). La crisis migratoria desatada en 2015 debido a la guerra en Siria supuso el pistoletazo de salida a una redefinición de los derechos y los deberes de los Estados para con los inmigrantes. Pero el alivio que supone para muchos este parto casi forzoso, no lo es tanto para quienes consideran que la nueva decena de normas no logrará solucionar muchos de los problemas asociados a los nuevos trasvases humanos del siglo XXI.
Las carencias expuestas aquí en diciembre no se han solventado, y los países más críticos mantienen sus recelos. De ahí que, como señalamos hace cuatro meses, lo que para unos constituye un paso "histórico", para otros no sea más que un Pacto forzado con elementos cuestionables desde un punto de vista estratégico y humanitario ("este pacto mata", se oyó gritar dentro de la Eurocámara). Unos lo consideran "muy duro", por proyectar la imagen de una "Europa fortaleza", mientras otros lo ven "demasiado blando" y susceptible de generar un "efecto llamada". Pero las elecciones europeas del 9 de junio están cerca, y las altas instituciones, así como las formaciones políticas que las gestionan, buscan resultados y titulares que demuestren la operatividad de unas administraciones lentas y burocratizadas que alientan postulados de extrema derecha relacionados con la seguridad, el empleo y los valores europeos.
Ahora los líderes políticos ya tienen un elemento más para esgrimir durante la precampaña y la campaña. La derecha, así como centristas, liberales y una mayoría de socialdemócratas, están a favor de una normativa que venden como exitosa; pero la extrema derecha, Los Verdes, o La Izquierda, así como ciertas familias socialistas, la consideran un fracaso y la critican, al igual que hacen muchas asociaciones y ONG; Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, e incluso Cáritas, incluidas. Y es que esta propuesta de reforma migratoria incluye aspectos positivos, sí; pero también cuestiones que generarán polémica a la hora de aplicarla. Entre los aspectos positivos destacan la celeridad, una gestión más predecible, el endurecimiento de los controles fronterizos, o la presteza a la hora de retornar a los migrantes a sus países de origen (devoluciones más rápidas). Incluye la tramitación compartida de solicitudes de asilo, y la cooperación en situaciones de crisis y a la hora de intercambiar incluso datos biométricos.
Sin embargo, otros no ven en el Pacto esas garantías jurídicas que alegan sus promotores. De hecho, entre las críticas destacan el olvido a los países de origen, el poco compromiso con el rescate y el salvamento marítimos, o la falta de transparencia con respecto a "terceros países seguros" (sin una definición del término), o en relación a permisos de residencia, obtención de visados, o inserción laboral. Preocupan las condiciones de los migrantes en los períodos de "retención"; así como el concepto de "solidaridad compartida" y el "mecanismo de compensación" que permitirá rechazar a inmigrantes a cambio de pagar 20.000 euros por persona (mercantilización del ser humano). Además, fuerza a la Comisión Europea a fiscalizar el respeto a los Derechos fundamentales. Habrá que ver cómo se va cumpliendo el Pacto una vez que lo apruebe el Consejo.