Agencia EFE
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Actualizado 11:53
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha confirmado que la Cámara Baja responderá desde la "lealtad institucional" y "sin politización" al conflicto de atribuciones que ha planteado el Senado al Congreso por la tramitación de la ley de amnistía, que consideran irregular.
El requerimiento que planteó el grupo parlamentario del PP en el Senado y que fue aprobado por el pleno de la Cámara Alta el pasado miércoles, 10 de abril, será analizado y previsiblemente contestado mañana por la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y Sumar.
Se trata de la primera vez que el órgano rector de la Cámara Baja se enfrenta a un requerimiento que plantea un conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras que componen las Cortes Generales y que, en este caso, pide al Congreso que retire la proposición de ley de amnistía que ya está tramitando en comisión la Cámara Alta.
"Hemos recibido el requerimiento y desde el Congreso de los Diputados vamos a responder desde la lealtad institucional, desde el entendimiento que debe haber entre las cámaras, sin politización sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso para dar respuesta desde el rigor y siempre pensando en la ciudadanía", ha recalcado Armengol.
La respuesta a esta petición, que fue aprobada por el pleno del Senado por 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención, podría emitirse este martes, pese a que tendría de plazo un mes para pronunciarse.
La Mesa del Congreso emitirá su opinión apoyándose en un informe jurídico y fuentes cercanas a este órgano señalan que lo hará "punto por punto".
"Se trata de una cuestión jurídica y lo haremos con todas las garantías jurídicas y desde la Mesa", ha incidido Armengol.
Si el Congreso rechaza el requerimiento del Senado, que será lo que previsiblemente ocurra, el Senado podrá iniciar ya un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que tomaría su primera decisión sobre la amnistía, aunque sería sobre cómo fue su tramitación.
El texto del requerimiento que salió del Senado plantea que hubo no solo errores durante la tramitación de la ley de amnistía sino sobre todo que el Congreso tendría que haber tramitado la ley como una reforma constitucional y no como una ley orgánica.
Hace constar las "dudas" sobre la constitucionalidad de la ley y se basa en el informe de la Secretaría General del Senado cuando alerta de "fraude constitucional" al elaborarse una ley que no tiene encaje en la Constitución y que supondría "una reforma constitucional encubierta".
Asimismo, alude a las vulneraciones con la ley de amnistía a derechos fundamentales como la separación de poderes, la tutela judicial efectiva, la igualdad o los principios de seguridad jurídica y legalidad penal, mientras que también señala "vicios formales de procedimiento" en la tramitación de la proposición de ley orgánica en el Congreso.
Un texto que a su vez puntualiza que la intención del PSOE al optar por la vía de una ley orgánica en vez de la de una reforma constitucional, no ha sido otra que la de "rebajar las mayorías necesarias para su aprobación y esquivar que la posible oposición del Senado dentro de un procedimiento simétrico entre ambas Cámaras le impidiese salir adelante".
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"Al haber admitido inicialmente a trámite esta amnistía en forma de ley orgánica y al haber mantenido esta calificación a lo largo de todo su controvertido trámite, pese a las dudas que razonablemente aconsejaban la vía de una reforma constitucional, el Congreso de los Diputados ha impedido de hecho que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución", señala también el requerimiento a la Cámara Baja.
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