Que el pleno del Congreso haya votado esta semana a favor del séptimo retiro de los fondos acumulados en las AFP ya no debería sorprender a nadie. No por eso, sin embargo, debería dejar de llamar la atención el poco sentido de responsabilidad –e incluso de practicidad– de la gran mayoría de parlamentarios.
Lo más probable, por supuesto, es que detrás de los discursos de tribuna que se enunciaron en el hemiciclo el jueves pasado para justificar el desembolso de hasta 4 UIT por afiliado esté un simple ánimo populista. ¿Y qué más popular que facilitar acceso a miles de soles? Pero incluso esta lógica populista es curiosa por dos motivos centrales.
El primero es que, luego de los seis retiros previos, el número de personas que disponen de saldos significativos en sus cuentas es muy bajo. Información de la SBS a diciembre del año pasado indicaba que el 81% de los afiliados a las AFP tenía menos de una UIT (entonces equivalente a S/4.950). Uno de cada cuatro tenía cero. Y apenas la mitad de los trabajadores peruanos tiene una cuenta en una AFP. La aritmética elemental indica que el número de potenciales 'beneficiados' con esta medida es, por lo tanto, bastante reducido (y quizás entre aquellos pocos afortunados se encuentre más de un parlamentario con apremios de liquidez, lo que explicaría mejor el sentido de su voto). En suma, sería una extraña medida populista que en realidad apunta principalmente a los más privilegiados.
El segundo motivo es que no queda claro qué réditos políticos esperan conseguir los congresistas de esto. Anteriores retiros no generaron mayor simpatía por los parlamentarios de entonces, y no hay mayor motivo para pensar que este será la excepción. Así, incluso si lo único que primó esta semana fue una disposición de congraciarse con la población necesitada en desmedro de las nociones económicas básicas, el camino avanzado no parece el más efectivo, ni siquiera para el aspirante a populista.
La posibilidad del retiro, además, estaba inicialmente atada a una reforma integral del sistema. La propuesta original vino del Ministerio de Economía y Finanzas, que luego fue modificada en la Comisión de Economía del Congreso. Esta tenía algunos aspectos interesantes, y otros menos, pero era un buen punto de partida para abordar los problemas centrales del sistema de pensiones. El más grave de ellos: que incluye a muy pocas personas al estar casi exclusivamente vinculado a contar con un empleo dependiente formal, tanto para los aportes a la AFP como a la ONP.
Esa parte del trabajo, la compleja y que valía la pena, se dejó de lado. En su lugar, se tomó del proyecto de ley lo único que los parlamentarios veían simple y con potencial de generarles algunos aplausos. El resultado es una norma más que parece sellar el destino de las cuentas individuales de capitalización, y que llevará los saldos administrados por las AFP a menos de la mitad de lo que se tenía ahorrado hasta el 2019.
El sistema de pensiones es un armatoste complejo, y los congresistas no tienen por qué ser especialistas en su funcionamiento. Lo recomendable en tales circunstancias es pedir opinión a las instituciones que sí manejan el tema (SBS, BCR, MEF, Banco Mundial, etc.). Cuando todas estas se pronuncian en contra de una iniciativa, es tremendamente peligroso que el Congreso decida desoír cada una de las recomendaciones para avanzar por su cuenta en un camino que solo lleva a la desprotección de los afiliados y la inestabilidad macroeconómica. El mensaje que llega es que no hay opinión especializada que valga en el hemiciclo cuando hay aplausos en juego, aún si estos son de una minoría privilegiada y poco proclive a recordarlos.