Detenciones en masa de migrantes, incluidos menores a partir de seis años, en centros o islas; retrasos en el procedimiento de acceso al derecho de asilo; rechazo de solicitudes; pago de hasta 20.000 euros por persona a los estados por no acogerlas y suspensión de leyes y derechos fundamentales. Este es parte del dramático panorama que vaticina la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) a partir de la aplicación del denominado Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado hoy en Bruselas.
Miembros del colectivo se concentraron esta mañana ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en protesta por la ratificación en el Parlamento Europeo de un acuerdo que "pretende legalizar las mayores vulneraciones y represiones contra estas personas y sus derechos, y pretende por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial arrancar la universalidad de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho a asilo", dijo de sus activistas durante la lectura de un manifiesto. Fue una protesta que se reprodujo en Bruselas y en otras muchas ciudades de estados miembros de la UE.
"Las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de los Derechos Humanos, junto con la ciudadanía, levantamos nuestras voces y puños en lucha contra esta nueva realidad que se pretende, llena de sufrimiento humano y vulneraciones de los principales derechos fundamentales y del menor. Vamos a luchar por la justicia y la humanidad, por un futuro en el que prevalezca la vida humana y la justicia", añadió.
Desde la Apdha sostienen que el pacto dejará a los migrantes "en territorio europeo, pero sin derechos". "Se va a aplicar la llamada 'ficción jurídica de no-entrada', que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio de la UE. Esto implica que las personas serán detenidas en masa en centros o islas", explicó la activista.
Esta regla se aplica durante dos procedimientos: uno, de control previo, o screening, y uno nuevo de carácter fronterizo acelerado de aplicación obligatoria. El primero consiste en "un proceso de evaluación de hasta 7 días que implica la recogida de datos biométricos y un análisis de riesgos de seguridad, incluso con menores a partir de seis años, y con posibilidad de uso de la fuerza. Se aplica a todas las personas que ingresan al territorio europeo, provocando retrasos en el acceso al procedimiento de asilo, un aumento en el uso de la detención en las fronteras y controles raciales una vez dentro del territorio", aclaró la miembro de la Apdha.
El nuevo procedimiento fronterizo acelerado de aplicación obligatoria "une los procesos de asilo y retorno sin una distinción clara entre ellos, lo que conlleva una evaluación menos individualizada y discriminatoria de las solicitudes de asilo. Se pueden rechazar solicitudes si se considera que el solicitante puede encontrar seguridad en otro país o en un 'zona' de otro país, y es obligatorio para ciertas nacionalidades con baja tasa de aceptación de asilo o que 'supongan un riesgo de seguridad'. También se les aplica a las familias con menores o a los menores sin referentes adultos que 'representen un riesgo para la seguridad"
El pacto contempla que los estados puedan suspender normas y leyes en caso de "crisis", "fuerza mayor" o "instrumentalización". También una "extensión del procedimiento fronterizo de asilo y/o retorno hasta 6 semanas, sin excluir a familias con menores, lo que podría afectar la evaluación individualizada de solicitudes de asilo".
En situaciones de "instrumentalización", es decir, de la "interpretación de posible manipulación de la situación migratoria con otros propósitos, como fines políticos o económicos, todas las personas serán sometidas al procedimiento fronterizo, lo que también pone en riesgo a las ONG de búsqueda y rescate".
Desde la Apdha también vaticinan "más presión a los países de llegada como España, que hace ya un gran esfuerzo de acogida. Se obliga a pedir asilo sólo en el primer país de llegada, alargando la responsabilidad de éstos estados". Además, se contempla la posibilidad de "pagar para no acoger" mediante "un sistema flexible que permite a los Estados abonar 20.000 euros por persona para no acogerlas en sus territorios". Este dinero, aseguran, "irá destinado a fronteras, screening, deportaciones y que han llamado por ello principio de solidaridad".
A todo lo anterior, el pacto plantea, según el colectivo, "la aplicación de menos vías legales y seguras y más externalización de las fronteras, delegando la gestión migratoria en terceros países".