Pedro Sánchez utilizó este jueves la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrada en Bruselas para lanzar mensajes a favor del PSOE, en plena campaña de las elecciones vascas.
De este modo, el presidente del Gobierno se expone a ser sancionado de nuevo por la Junta Electoral, si se demuestra que no ha respetado la obligada neutralidad de las instituciones públicas que exige la Ley Electoral.
Pedro Sánchez ya ha sido sancionado dos veces por la Junta Electoral por cometer la misma infracción. Fue en las elecciones generales del noviembre de 2019 y en las de julio de 2023, lo que le supuso el pago de 7.120 euros en concepto de multas y costas judiciales.
Por hechos similares, la Junta Electoral Central (JEC) sancionó con 2.200 euros a Isabel Celaá y con 4.700 a Isabel Rodríguez, ambas en sus funciones de portavoces del Gobierno.
Sánchez compareció este jueves en rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo Europeo, en el espacio institucional reservado para la representación permanente de España ante la UE en Bruselas.
Cuando una periodista le preguntó si la ministra Teresa Ribera encabezará la candidatura del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio, la respuesta del presidente del Gobierno fue la siguiente: "Estamos en las elecciones en Euskadi, el próximo domingo [los socialistas] salimos a ganar las elecciones".
"Como he explicado en muchas ocasiones, cada vez que he tenido la oportunidad de compartir actos electorales", añadió, "lo que proponen los socialistas vascos es convivencia, estabilidad y políticas progresistas que garanticen la prosperidad del País Vasco".
Unos minutos antes, en la misma rueda de prensa en Bruselas, Sánchez había realizado otro pronunciamiento presuntamente partidista (no permitido por la Ley Electoral en campaña, desde una institución gubernamental), al atribuir al PSOE el fin del terrorismo de ETA.
Preguntado por la negativa del candidato de Bildu, Pello Otxandiano, a calificar de banda terrorista a ETA, Sánchez replicó que esta organización fue "derrotada gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas, impulsada por Zapatero, entonces líder de la oposición, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior y con Patxi López como lehendakari".
"Esto es lo que ha contribuido a hacer el PSOE", añadió el presidente del Gobierno, "por la consolidación de las libertades y la democracia en el País Vasco". Ambas afirmaciones, realizadas por Sánchez en una comparecencia como presidente del Gobierno en plena campaña electoral, podrían provocar que sea sancionado de nuevo por la Junta Electoral.
Este organismo ya impuso a Pedro Sánchez una sanción de 2.200 euros, por pronunciar declaraciones similares en Bruselas tras la rueda de prensa del Consejo Europeo del 30 de junio durante la precampaña de las elecciones generales del 23-J.
En el mismo escenario
En aquella ocasión, a preguntas sobre los inminentes comicios, Sánchez advirtió sobre los pactos que el PP y Vox habían suscrito en varias comunidades autónomas: "Allí donde haya un gobierno de coalición" entre PP y Vox, indicó, "ese territorio va a retroceder desgraciadamente; en consecuencia, España va a retroceder. Todos debemos tomar nota de lo que está sucediendo en los distintos Gobiernos y en los distintos acuerdos programáticos que están alcanzando el señor Feijóo y el señor Abascal".
Sánchez llegó a acusar al PP de impulsar un "recorte obsceno de derechos a cambio de votos".
La Junta Electoral estimó un recurso presentado por el PP y determinó que, con sus declaraciones, Sánchez había vulnerado el artículo 50.2 de la Ley Electoral, según el cual, desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, los poderes públicos no pueden realizar manifestaciones que contengan alusiones a los logros obtenidos ni hacer campaña contra el adversario electoral.
"La realización de alusiones y apreciaciones valorativas con connotación electoralista podría resultar legítima en el curso de un acto de campaña o en el ordinario ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública", indicaba la resolución de la Junta Electoral.
Las palabras de Sánchez, por tanto, podían ser adecuadas en un mitin electoral, pero no en su comparecencia como presidente del Gobierno, en las dependencias de la representación permanente de España ante la UE. El mismo escenario que ha utilizado para sus declaraciones partidistas de este jueves.
Aunque la primera sanción que la Junta Electoral impuso a Sánchez fue por una entrevista concedida a La Sexta en el palacio de la Moncloa, quebrantando el "principio de neutralidad" en plena precampaña de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
A preguntas del periodista Antonio García Ferreras, Sánchez lanzó mensajes de inequívoco carácter electoral como el siguiente: "El problema no es si va a ganar el PSOE por más o por menos. Necesitamos una mayoría parlamentaria amplia que garantice la estabilidad para poder sacar adelante todos los problemas que tenemos por delante".
Por estas declaraciones, la Junta Electoral impuso una sanción de 500 euros a Sánchez, que decidió recurrirla ante la Justicia por la vía del contencioso-administrativo. Finalmente, en mayo de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la resolución.
Las portavoces del Gobierno
El presidente del Gobierno no sólo tuvo que pagar los 500 euros de multa, sino también 2.000 euros en costas judiciales a la Junta Electoral y otros 2.420 euros en costas al PP, que también se había personado en el proceso. El partido de la oposición, presidido entonces por Pablo Casado, destinó esta suma a una asociación benéfica.
La Junta Electoral Central impuso otra multa de 2.200 euros a la entonces ministra portavoz Isabel Celaá por realizar "valoraciones políticas con connotaciones electoralistas" desde la sala de prensas de la Moncloa, también en la precampaña de las generales de noviembre de 2019. Celaá recurrió al Tribunal Supremo, que confirmó la sanción y además le impuso el pago de otros 2.420 euros en costas judiciales del PP.
Por último, el mismo organismo impuso el pasado mes de agosto a la actual portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sendas multas de 2.200 y 2.500 euros por utilizar reiteradamente la sala de prensa de la Moncloa para lanzar mensajes partidistas, durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.