¿Qué opinión le merece la última resolución del Tribunal Constitucional (TC)?
Es una vergüenza lo que han hecho los cuatro magistrados del TC que han firmado la resolución en mayoría. Resaltar que los otros dos magistrados han salvado no solo su voto, sino su responsabilidad histórica. Tendrá que ser evaluado cuando volvamos a una situación de normalidad en cuanto a democracia y ejercicio de poderes. Es un atentado contra el propio ordenamiento, porque dejan sin efecto una medida cautelar firme. No tiene sentido. Es el ánimo de copar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y deshacerse de estos dos integrantes. Y con ello se deja inoperativa la JNJ y se evita que concluya el proceso administrativo sancionador contra la fiscal Patricia Benavides. Es una vergüenza.
¿El contenido de la resolución también le parece una vergüenza o solo la forma?
La forma. La resolución finalmente hace referencia a una serie de supuestos. Pero, a través de una acción distinta al amparo, dejar sin efecto una medida cautelar dictada en el amparo no le encuentro justificación ni sentido.
Trascendió que hay un colaborador eficaz que habría hablado con el presidente del TC…
Sí, hay que tener en cuenta que, en el tema de los aspirantes a colaboradores eficaces, lo importante no es la versión que ellos dan, sino los medios probatorios que sirven para corroborar sus declaraciones. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la resolución que ha dictado hace poco el juez de la investigación preparatoria, autorizando el pedido de la Fiscalía de allanamiento, detención preliminar e incautación.
Pareció una respuesta al Operativo Valkiria XI…
He escuchado decir que Valkiria XI es la respuesta de la Fiscalía porque no tenían los votos para destituir en la JNJ. Primero, no se condice con la resolución del TC. Esa versión queda descartada. Y, por otro lado, carece de sustento porque es una medida ejecutada por la Fiscalía, pero que responde a un pedido formulado al juzgado varios días atrás. El que ha dictado la resolución autorizando la detención preliminar, el allanamiento y la incautación es el juez de la investigación preparatoria. No es una respuesta inmediata o consecuencia de... Decir que esto es respuesta a o que es una prueba más de la persecución política, no tiene sentido. Es una persecución, sí, claro. Pero es una persecución jurídica, una persecución lícita. Más que persecución, es una investigación que está llevando la Fiscalía respecto de una organización delictiva. Y creo que los hechos a los que estamos asistiendo permiten establecer el verdadero poder de esta organización.
Si bien la historia es más compleja, ese fraseo en el que la resolución describe un artículo de Juan Carlos Tafur parece la parte más débil.
Coincido con eso. Me parece que esa es la parte más débil de la resolución. El hecho de que un periodista cumpla con su función y emita las opiniones que estime pertinentes está protegido por la Constitución. No solo las fuentes del periodismo, sino la propia actuación del periodismo está protegida. El Código Penal señala claramente que está exento de responsabilidad el que ejerce regularmente una profesión. Es el caso de los periodistas. Y el secreto profesional también protege no solo a ellos, sino a sus fuentes. Creo que esa es la parte más débil. Ese extremo en su momento debe corregirse. Uno puede o no estar de acuerdo con las opiniones vertidas por un periodista a través de un medio de comunicación social, pero eso no necesariamente constituye un acto ilícito o indicio de acto delictivo. Lo que habría que establecer es si esos artículos se emitieron en la actividad de una organización criminal. Y no hay ningún elemento que permita establecer siquiera indiciariamente eso. Cuando la señora Benavides instauró investigación contra el presidente de la República, muchos salimos a apoyarla. Yo salí a decir claramente que estaba de acuerdo y me parecía muy bien, que era la decisión de una persona que entonces me parecía no solo honesta sino valiente. Una persona no es 100% mala o 100% buena. Yo siempre reconozco que económicamente el gobierno del expresidente Fujimori permitió salir de la megainflación. Recuperamos la moneda y la estabilidad económica. Pero eso no permite dejar de reconocer los grandes actos de corrupción y violación de derechos humanos. Una cosa no elimina la otra.
Luego del caso Fujimori-Montesinos hay muchos imitadores. Como el filósofo debe haber varios.
Sí, hemos visto varios casos en el Estado. En la Policía, alrededor de la minería ilegal… La gran diferencia de la organización delictiva de Fujimori y Montesinos es que lograron copar el poder del Estado. Ahí se presentó lo que se conoce en el mundo jurídico y sociológico como el Estado corrupto. Un Estado corrupto que controlaba el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público e incluso sector importante de la prensa. Esa es la diferencia: era una mega organización delictiva. La historia nos enseña que hay gente que trata nuevamente de acceder a ese poder indebido. Por ejemplo, los Cuellos Blancos. En este caso es igual: organizaciones que buscan copar la JNJ, la Fiscalía…
Hablando de minería ilegal, ¿senderizamos al terrorismo?
Se ha ideologizado y politizado la figura del terrorismo. Pero el concepto de terrorismo es más amplio. Estos grupos buscan entorpecer el poder para garantizar su conducta delictiva. En esas zonas de minería ilegal no hay Estado. Ellos deciden. Ese hecho también responde al concepto de terrorismo.
¿Cómo evoluciona el caso de los relojes?
Ese es un delito. El fiscal le ordenó poner a disposición los relojes. Y ella no ha cumplido. Es infracción a la Constitución. Además, se está interfiriendo con la actuación de un órgano constitucionalmente autónomo. Y tres: un acto delictivo. No solo violencia y resistencia a la autoridad, sino también encubrimiento real.
¿Alberto Fujimori podría ser candidato?
Él ha sido indultado, pero ese indulto está todavía en examen. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el indulto ha sido mal concedido y que lo que resolvió el TC, como muchos sostenemos, es un grave error, tendrá que ser dejado sin efecto. Nos queda claro que el expresidente no está sufriendo una enfermedad terminal. Habría que santificar a los que le dieron el indulto, viendo su vitalidad. El expresidente podría tener acceso al indulto, pero cumpliendo adecuadamente los procedimientos y el ordenamiento legal. Esa prohibición de indultos no es absoluta. Hay la salida.