En Colombia la salud se encuentra en una encrucijada. Mientras la gran mayoría de ciudadanos ostentan una afiliación al sistema de salud, la realidad en muchas regiones del país, especialmente en áreas rurales y remotas, es lamentable. La presencia de intermediarios en el sistema de salud, Empresas Promotoras de Salud (EPS), han generado una situación alarmante donde el acceso a la atención médica se ve obstaculizado y la calidad de los servicios se desvanece en la distancia y en los estratos sociales.
El gobierno colombiano reconociendo la urgencia de abordar esta crisis, ha presentado una reforma de las políticas de salud al Congreso con la esperanza de mejorar las condiciones de atención médica en el país, especialmente la atención primaria. Sin embargo, esta noble iniciativa se enfrenta a un tremendo obstáculo: senadores de la República patrocinados por las EPS, con sus intereses particulares en mente, socavan y hunden estas reformas cruciales. En el corazón de esta batalla se encuentra la lucha por la supervivencia de un sistema de salud que debería ser un pilar fundamental del bienestar y la equidad en Colombia.
Las EPS concebidas originalmente como facilitadoras en la provisión de servicios de salud, se han transformado en entidades que priorizan el lucro sobre el cuidado de la salud de la población. La prevención es generalmente más rentable que el tratamiento de enfermedades avanzadas. Al invertir en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, los sistemas de salud pueden ahorrar costos a largo plazo al evitar complicaciones y tratamientos costosos. Hallazgos recientes de los entes de control demuestran que recursos billonarios se han dilapidado en forma deshonesta.
En las zonas rurales dispersas, como La Guajira, la tragedia es palpable. Niños mueren por hambre y desnutrición, mientras que paradójicamente están registrados en un sistema de salud que no les proporciona la atención primaria ni los hospitales de alta complejidad que tan urgentemente necesitan. La presencia de intermediarios solo complica aún más este triste panorama, desviando recursos y diluyendo la responsabilidad de brindar atención médica efectiva. En otras palabras, la prevención de estas muertes evitables se soslaya cometiéndose un homicidio. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, expresó su preocupación por la situación de los niños en esta zona del país.
Cada muerte de un niño en La Guajira es un homicidio por omisión; alguien tiene que ver con esa muerte. En derecho penal es llamado omisión impropia, debería haber una investigación penal por cada infante muerto. Es imperativo que los líderes políticos de Colombia se levanten en contra de esta influencia corruptora y pongan los intereses de la población por encima de los intereses particulares. La reforma de salud propuesta por el gobierno debe ser vista como una oportunidad para restaurar la integridad y la eficacia en el sistema de salud, garantizando que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica o su situación socioeconómica, tengan acceso a la atención médica de calidad que merecen.
Es hora de que los verdaderos defensores del pueblo colombiano denuncien la manipulación de las EPS en el proceso legislativo. La salud no puede ser un privilegio reservado para unos pocos, ni puede convertirse en un negocio lucrativo para aquellos que explotan el sufrimiento y la necesidad de los demás. El futuro de la salud en Colombia depende de la valentía y la determinación de aquellos que se comprometen a hacer lo correcto, incluso cuando enfrentan una feroz resistencia de aquellos que buscan mantener sus privilegios a expensas del bienestar de la nación.