M. Á. G.
La consejera de Educación, Lydia Espina, aseguró ayer en la Junta General del Principado que el Gobierno regional trabaja en la tramitación de un nuevo contrato para "normalizar" a partir de septiembre los precios de los comedores escolares afectados por el cambio de adjudicataria, tras la quiebra de la empresa que llevaba el servicio. Dos de los centros más afectados por la subida son el José Bernardo de Sama y el Vega de Guceo de Mieres, según denuncian las familias.
En sendas respuestas a las preguntas planteadas por la diputada del PP, Gloria García, y por la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé, la Consejera insistió en que su departamento logró "en tiempo récord" tras la quiebra de la anterior adjudicataria asignar el contrato por la vía de emergencia a una nueva empresa, "sin tener que mandar a casa a los niños" por no tener comedor.
Apuntó que la subida se corregirá al inicio del próximo curso con la adjudicación de un nuevo contrato. Y aseguró que la Consejería ha asumido la subida de alumnado con transporte que tiene comedor gratuito, pero que no puede hacer lo mismo con el resto "porque no es legal. No tenemos becas y no hay fórmula jurídica para hacerlo", señaló Espina, que instó a no caer en "mensajes populistas".
Por su parte, el grupo de concejales no adscritos del Ayuntamiento de Langreo manifestó su apoyo a "las reivindicaciones de los padres y madres de los alumnos del colegio José Bernardo. La Consejería de Educación debe de estudiar alternativas para asumir el excesivo coste que quieren cargar a las familias. El comedor escolar no es una opción, es un elemento fundamental para la vida de la conciliación familiar y laboral de las familias. Y es por ello por lo que entendemos que no se les puede exigir a las familias pagar al mes 165 euros por cada hijo, 65 euros más de lo que venían pagando".
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