Los ecuatorianos respaldaron este domingo en las urnas las medidas propuestas en el referéndum impulsado por el presidente del país, Daniel Noboa, en cuanto al refuerzo de la lucha contra el crimen organizado, aunque perdió en las cuestiones sobre justicia y empleo. Los datos emanan del 21% del escrutinio.
El Consejo Nacional Electoral indicó que el 72,9% de la población está a favor de permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía; el 65,1%, a favor de permitir la extradición de ecuatorianos; y el 60,8%, de acuerdo con establecer judicaturas especializadas.
Estas medidas se aplicarán reformando parcialmente la Constitución de ese país latinoamericano.
Las preguntas rechazadas
Las otras dos preguntas en el referéndum fueron rechazadas. La primera de ellas es sobre el reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia contractual, al recibir únicamente el 36,3 % del apoyo (frente al 63,6%); y la segunda, sobre los contratos por horas, que ha tenido solo el 32,4% de los votos (frente al 67,5 en contra).
Durante la jornada, los ciudadanos también han votado seis consultas populares, todas ellas fueron respaldadas. Así, avalaron que el Ejército realice control de armas en la vía pública (70,6%), el incremento de penas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada (68,2%) y que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación (67,6%).
Además, se han posicionado de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia de armas que son de uso privativo del Ejército o la Policía (64,9%), que las armas incautadas puedan destinarse al uso de las Fuerzas Armadas (65%) y que el Estado pase a ser el propietario de los bienes de origen ilícito (62%).
Tras conocer los resultados del conteo rápido de la votación, que se están demorando, Noboa afirmó que la población ha "defendido al país" y que ahora tendrá "más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas".
El mandatario recurrió a las Fuerzas Armadas en los últimos meses tras declarar oficialmente que Ecuador vive un conflicto armado interno como resultado de la actividad de las bandas criminales.
Por otro lado, ha sido objeto de críticas tras la incursión de la Policía de Ecuador en la Embajada de México para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que estaba bajo asilo político y bajo orden de busca y captura por un caso de corrupción.