Le escuché al politólogo Carlos Augusto Chacón, en Hora 20, decir que el llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez era una maniobra del presidente Gustavo Petro, ejercida a través de la nueva fiscal, para salvar a su hijo Nicolás del juicio que le espera. Tendría así el presidente un contrapeso en la orilla contraria para negociar una amnistía en la propia. Y por el significado que tiene Uribe en la sociedad política –incluso la gente que es adversa a él–, quizás hasta serviría para hacerla extensiva al resto de encausados que se puedan reclutar de tantas fuerzas violentas con las que el gobierno sostiene mesas de conversaciones, incluido el ELN, que es la pieza mayor en sus propósitos de celebrar una pacificación total. Me cuesta creer en tanta perfección y ni siquiera me parece verosímil que, en un mano a mano de amnistías, Uribe se cotice –él solito– por el precio de tantas siglas de ejércitos ilegales, insurreccionales o no. Es que ni encimando a Nicolás (el otro, no Gabino) cuadran las cuentas. ¿El comando central del ELN (Coce) se aguantaría esa tarifa? Y tocaría agregar a los miembros del antiguo secretariado de las ex-FARC, que vienen exigiendo un mecanismo de cierre que en realidad no les haga la paz tan tortuosa.
Pero volviendo al politólogo de Hora 20, creo que sobrevalora los reflejos de Petro. No solo por lo rápido de la ocurrencia –la nueva Fiscal ni siquiera ha cumplido el mes de posesionada, y resultaría demasiado obvio su petrismo–, sino por lo "óptimo" de la maroma, que por fuera de la ficción suele ser más compleja. A menos, desde luego, que Petro hubiera estado informado con anticipación del llamado a juicio a Uribe, no obstante el fiscal que lo firmó ser de la época –no digo que de la cuerda– de Barbosa.
Así son los análisis políticos que se hacen ahora. Y lo terrible, o a lo mejor es una buena cosa, es que quizás acierten. La ficción es la política y lo conspirativo es lo cotidiano. No solo es que Uribe algún día iba a ser llamado a juicio, sino que cuando en realidad ocurre eso, más exactamente la semana pasada, el hecho se le atribuye a una carambola ingeniosa a tres bandas, diseñada en un laboratorio político de maquinaciones exprés, y no a la lógica de los procesos judiciales, incluido éste, que de todas maneras ha sido muy lento. Eso querría decir que el doctor Uribe estaba destinado a mantenerse en suspenso, en un preámbulo eterno, endémico, sin desenlaces jurídicos. Y que se desencadenó por una astucia azarosa, improvisada. Y estamos hablando de uno de los casos que afectan al expresidente –su litigio con Iván Cepeda por "los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal"–, que, por su vigencia y ruido en el tiempo, además de por el léxico desdramatizado usual en la gramática judicial, ha puesto una piadosa pátina de olvido respecto al resto de culpas trágicas de AUV.
Quien no entró en el cálculo del politólogo de Hora 20, ¡qué falla!, fue Mancuso, cuya presencia en el país no es atribuible a estrategias ni intrigas del petrismo en el aparato judicial estadounidense. Esperamos que, con el nombre de este compareciente, se agreguen al historial jurídico del expresidente los temas previos al "soborno a testigos y fraude procesal", que se han estado como enfriando, no obstante lo espeluznantes.