Sanidad aprobará el plan antitabaco con la oposición de la mayoría autonómica pero con consenso social
"Va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye". Así de tajante se mostró este jueves por la mañana el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que aseguró a través de este mensaje publicado en sus redes sociales que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dará luz verde este viernes al Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027. Dará igual que no todas las comunidades autónomas se adhieran a él —como sucederá—, el Ministerio seguirá adelante con su objetivo: seguir la senda hacia la "primera generación libre de humo". No es sólo una pretensión propia, sino compartida con un amplísimo apoyo social y un indiscutible aval científico.
Conseguir que el texto salga adelante no ha sido un camino de rosas. Y la prueba de ello es que al final se hará sin acuerdo, aunque intentos ha habido. El pasado 14 de marzo se reunió la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial para, precisamente, llegar a un pacto entre Gobierno y comunidades que permitiera retomar la lucha contra el tabaco. Así lo expresó la ministra Mónica García. "Espero que salga un consenso para ser un país libre de tabaco, libre de espacios con humo y que podamos conseguir que la siguiente generación sea una generación libre de humo", señaló. Pero no pudo ser. Las autonomías pidieron tiempo para estudiar el documento que les habían presentado. Y el plazo terminó este miércoles, 3 de abril.
El organismo volvió a reunirse entonces. Y Sanidad incorporó a su documento 147 propuestas de las autonomías, descartando sólo diez. Aun así, las comunidades volvieron a pedir más tiempo, y se les concedieron entonces 24 horas, hasta este jueves al mediodía, cuando han tenido que comunicar si se adherirán o no al texto. Tan sólo lo han hecho cinco: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. Todas, excepto esta última que lo confirmará en el Consejo, se adherirán al plan. El resto, todas gobernadas por el PP excepto Castilla-La Mancha (PSOE), han dicho que no emiten voto por no estar de acuerdo con el procedimiento de Sanidad, aunque las conservadoras ya criticaron duramente la hoja de ruta que plantea el Ministerio.
La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón (PP-Vox), Nuria Gayán, dijo que el plan es "flojo", que la dotación económica es "totalmente insuficiente" y que no hay calendario de ejecución. Pero también, a la vez, aseguró que debería apostar, en lugar de por prohibiciones, por estrategias basadas en la "voluntariedad" o la "autorregulación", algo que comparten también desde Galicia (PP). Allí, la Xunta criticó duramente que el Ministerio fuera el que descartó, "de manera unilateral, llegar a un consenso". "Publicará una ley para dar amparo a un PIT que no es fruto del consenso de las comunidades, ni concreta la financiación con la que contará para su desarrollo", lamentó. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (PP), en la misma línea, denunció la "premura" del Ministerio y criticó que tuvo acceso al plan "con menos de 24 horas de antelación".
Hay más. Baleares (PP) se ha negado a emitir voto alguno al plan hasta que éste no incluya lo que el Gobierno entiende que es una memoria económica y una dotación presupuestaria realistas que permita un consenso para poder adoptar medidas "verdaderamente valientes e innovadoras". Al Gobierno de Cantabria (PP) el plan no les parece "serio".
Por su parte, la consejera en Madrid, Elena Andradas, mostró sus dudas, pero fue menos dura que sus compañeros de partido y mucho más suave de lo que lo fue semanas antes su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que llegó incluso a negar la evidencia científica llegando a pedir "que se publiquen esos informes que nos dicen que fumar en las terrazas es tan perjudicial".
Este ha sido uno de los puntos clave del desacuerdo en el seno del Consejo. Y eso que el plan ni siquiera impondrá en qué lugares se prohibirá o no fumar, sino que tan sólo establecerá una hoja de ruta a partir de la cual, detallan fuentes del Ministerio, se elaborará la legislación concreta. El plan, además, ni siquiera detalla si las terrazas de la hostelería serán un objetivo, puesto que el documento tan sólo menciona "ampliar los espacios libres de humo", aunque se da por hecho que estarán incluidas.
Sin embargo, en este punto, la idea de gobiernos autonómicos como Baleares, La Rioja, Galicia o Aragón era que esto fuera opcional, pero Padilla argumentó este jueves que ya lo es, y "no funciona".
Más de un 90% de españoles quiere ampliar los espacios sin humo
Pero es que además esta medida cuenta, cada vez, con más consenso. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) publicó el pasado mes de mayo la encuesta que realiza anualmente por la Semana sin Humo, y los resultados fueron reveladores: más del 90% de los encuestados quiere que se amplíen esos espacios libres de humo. En concreto, un 81,7% quiere que se impida en los alrededores de los centros educativos; un 70%, en las paradas de autobús; un 60,7%, en las playas; y un 71,6%, en las terrazas de los bares y restaurantes. Un año antes, tan sólo un 85,6% de los encuestados pedía la adopción de estas medidas.
Los datos que maneja por su parte la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) van en el mismo camino. Como explica su consejero nacional y representante en Baleares, José Reyes, hasta el 90% de los fumadores activos en España ven positivo que se restrinja el consumo de tabaco en espacios compartidos como las terrazas. "Desde el punto de vista social, la población entiende el mensaje, sabe que estas medidas son necesarias porque el tabaco es el mayor enemigo de la salud pública, provocando hasta el 30% de los cánceres que se diagnostican en nuestro país", lamenta.
Por eso cree que las medidas que plantea Sanidad "van en la dirección adecuada". "Es un plan bueno y necesario y desde la asociación le damos un apoyo pleno. Van en la dirección adecuada", celebra. Y por eso pide consenso, el mismo que solicitan desde Nofumadores.org, que este jueves advirtió de que la falta de acuerdo era algo "altamente temerario". "En estos momentos nos encontramos ante una oportunidad histórica en la lucha contra el tabaquismo que no podemos ni debemos desaprovechar en función de nuestra responsabilidad con la sociedad y con las generaciones futuras", recalcaron.
Para Asensio López, médico de familia y coordinador del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC no es sólo es temerario, sino también "decepcionante". "Todo plan siempre es mejorable, pero estos días estamos viendo cómo se da la espalda a una necesidad de salud de las personas", lamenta. "El plan es un gran plan pero, como todos, lo que hace falta es trabajar en él para que se cumpla", añade Andrés Zamorano, coordinador del grupo de tabaquismo de la SEMG. "Aquí no caben matices políticos. Es evidencia social y científica, no hay más", recalca.
"Las medidas que se plantean son muy razonables y tienen un beneficio claro en la disminución de la incidencia de cáncer en el futuro", recalca Reyes, que incide de esta manera en el incontestable aval científico que también da la razón a Sanidad. Por ejemplo, un estudio liderado por investigadores de la Agència de Salut Pública de Barcelona y llevado a cabo en 11 países europeos corroboró que hay "nicotina ambiental" en el 94% de las terrazas de hostelería. Y recordó además que el humo tampoco es inocuo, sino que "contiene compuestos carcinógenos, tóxicos, e irritantes que al ser inhalados incrementan el riesgo de sufrir trastornos respiratorios, enfermedades cardiovasculares y cáncer".
"En las terrazas hay humo de primera mano (el del propio cigarrillo), segunda (el que está en el ambiente), de tercera (el que queda sobre las superficies) y hasta de cuarta (que se queda en los residuos)", lamenta Zamorano. Y todos son perjudiciales. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata a más de ocho millones de personas cada año, de las cuales cerca de 1,3 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. La institución pidió por ello el pasado mes de julio seguir redoblando esfuerzos. Y la medida más eficaz es subiendo impuestos, sostuvo.
Cerco a los vapeadores y subida de impuestos
Es otra de las propuestas de Sanidad. Y, a la vez, otro de los puntos de disenso, junto al deseo de Sanidad de poner coto a los vapeadores —o cigarrillos electrónicos.
Respecto a esto último, Aragón solicita que los vapers se contemplen en el plan como una herramienta de "reducción de daños", algo que rechazan organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer, que recuerda que estos instrumentos no sólo son "una amenaza debido a su creciente popularidad entre los adolescentes, y punto de entrada a otras formas de liberación de nicotina, sino también por su potencial de daño a corto y largo plazo". "Los datos preliminares sugieren que incluso los cigarrillos electrónicos, que a menudo se comercializan como alternativas más seguras, pueden inducir alteraciones perjudiciales en el ADN de manera que se asemejan a los efectos del tabaquismo tradicional", recuerda la organización a través de una nota de prensa.
Esta posición también la comparte la OMS, que recordó el año pasado que "las evidencias revelan que estos productos son perjudiciales para la salud y no son seguros". "Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos. Se ha comprobado que algunos productos que dicen estar libres de nicotina contienen nicotina", advirtió.
López, por ello, cree que las autonomías que utilizan esta herramienta como escollo tan sólo ponen "excusas" para hacer oposición al plan de Sanidad. "El vapeador es un recurso alternativo para seguir fumando. Es perjudicial, crea adicción y, además, es una fuente de entrada al tabaco para los más jóvenes", denuncia el experto, que cifra en hasta un 50% los menores de 18 años que lo han probado. "Es una especie de juguete aparentemente atractivo que crea integración en el grupo, pero también dependencia", valora.
Un 18% menos de fumadores y un 28% menos de infartos avalan a Sanidad para ampliar los espacios sin humo
En lo relativo a los impuestos, Padilla criticó a través de las redes sociales que algunas comunidades pretendan que se eleven de manera finalista, puesto que, explica, esta fórmula tiene "un dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico". Se trata, pues, de un aspecto, confirmó, a debate con el Ministerio de Hacienda. Pero que también funciona, puesto que los cálculos de la Organización Mundial de Salud sostienen que un incremento de un 10% en la fiscalidad del tabaco reduce su consumo en un 4% en los países de altos ingresos y en casi un 5% en los países de ingresos medianos y bajos.
"Estamos orgullosos de volver a poner a España en la vanguardia de la lucha contra el tabaco", dijo García este miércoles en una entrevista en la que también lamentó las "presiones" que ha recibido su departamento para sacar adelante el plan. "Lo que vamos a hacer es dar más salud a los españoles y españolas, dar más años y más calidad de vida", añadió.
Las leyes antitabaco que se aprobaron en los años 2005 y 2010 lo hicieron. En concreto, de 2009 a 2014 disminuyó un 7% el número de fumadores diarios y un 18% el de fallecidos por infarto agudo de miocardio. Hasta 2020, el último en el que se realizó la Encuesta Europea de Salud en España por el INE, esos porcentajes han caído mucho más: un 17,8% y un 28,3%, respectivamente.