El Gobierno de Aragón ha inaugurado este lunes un nuevo juzgado de primera instancia en Zaragoza. La comunidad lidera las tasas de resolución y es, junto con Navarra, la comunidad autónoma que menos asuntos pendientes tiene.
«Aun así no debemos de conformarnos», ha señalado el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, en la inauguración como consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, del juzgado n.º 23, ubicado en la segunda planta del Edificio Vidal de Canellas, en la ciudad de la Justicia, situada en el parque Expo de Zaragoza.
El nuevo juzgado contará con una plantilla de 8 personas, a la quedan por incorporarse dos tramitares y un gestor. «Una vez inaugurado este juzgado, comenzamos los trámites para solicitar al Ministerio de Justicia la apertura del juzgado número 24», ha expresado Esmeralda Pastor, directora general de Justicia, quien ha asistido a la inauguración junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y del juez decano de los Juzgados de Zaragoza, Roberto Esteban.
Además, según ha anticipado el vicepresidente, el Gobierno de Aragón se encuentra en el estudio de la apertura de nuevos juzgados en las tres provincias aragonesas.
Nolasco defiende la independencia de los jueces
El vicepresidente de Aragón ha aprovechado la inauguración del nuevo juzgado de primera instancia, para subrayar, la independencia de los jueces y magistrados, defendiendo que son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley, así lo fija el art. 17 de la Constitución Española».
⚖️El vicepresidente primero y la directora general de Justicia han inaugurado el Juzgado 23 de primera instancia de Zaragoza.
👉🏼@_a_nolasco ha defendido la independencia del poder judicial como principio básico del orden constitucional.
— Gobierno de Aragón (@GobAragon) April 1, 2024
«Este concepto, el de la independencia judicial, es un principio básico de nuestro Estado de Derecho y del orden constitucional, nadie está por encima de la ley, ningún gobernante puede aplicar medidas que vulneren la división de poderes y supongan una intromisión del poder judicial», ha sostenido.
«La ley es un marco, y la ley de leyes es la Constitución Española que aprobamos los españoles en 1978, en consecuencia, cualquier ley debe estar encuadrada dentro del marco legal», ha señalado.
Por consecuencia, «los poderes ejecutivo y legislativo jamás deben inmiscuirse en la actividad del poder judicial y, así mismo, no se puede juzgar ni responsabilizar a los jueces de una incorrecta elaboración de las leyes, consecuencias que son percibidas por la sociedad en el momento en que determinados delincuentes reciben ventajas o rebajas de condenas».
«Son los gobernantes los que deben asumir las consecuencias de las leyes que impulsan y aprueban», ha expresando eludiendo indirectamente la Ley del sólo sí es sí que el Gobierno de España, y a la cabeza Podemos, continua señalando a los jueces.
«La independencia judicial es un derecho de los justiciables y, por tanto, es el principio que garantiza una adecuada impartición de Justicia, de esta manera se hacen efectivas las libertades y la igualdad entre los aragoneses y el resto de los ciudadanos. Desde el Gobierno de Aragón tienen ustedes el compromiso absoluto de que siempre van a encontrar abiertas de par en par las puertas de nuestros despachos para mejorar y agilizar el sistema de Justicia y para despertar la independencia del poder judicial», ha mantenido.
Aragón: el juzgado de primera instancia y la sobrecarga de litigios
El Juez Decano de Zaragoza, Roberto Esteban, ha celebrado la nueva apertura del juzgado n.º 23, como una «gran noticia», «es el reflejo de dar una respuesta eficaz y pronta a los ciudadanos».
«En los últimos años no se ha podido realizar una respuesta eficaz, debido a la exponencial carga de trabajo. Si una cifra normal está entre los 1.200 y 1.400 asuntos al año, los primeros juzgados de instancia ordinarios llevan soportando una carga, en los últimos ocho años, de 2.500 asuntos», ha señalado, lo que significa un 200% más de litigios.
Una circunstancia que ha señalado también el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Manuel Bellido: «Era una necesidad que habíamos expresado en los últimos años, precisamente por el aumento de la litigiosidad en todos los partidos judiciales, pero muy especialmente en el de Zaragoza».
El presidente del TSJA ha advertido que no es solo en Aragón, sino que es un fenómeno que se está produciendo en toda España, «como consecuencia de la llamada litigación en masa, especialmente en materia bancaria y de abuso de las cláusulas de los préstamos hipotecarios».
Propuesta: aumentar el número de magistrados
«Sería conveniente aumentar las plazas de los magistrados de secciones civiles de la sala provincial de tal manera que todas tuviesen cuatro magistrados, en vez de tres que tienen en la actualidad salvo una de ellas», ha demandado Bellido.
«De tal manera, podríamos ajustar de una manera más realista el tiempo de resolución de los órganos judiciales civiles con las necesidades que genera la litigación, y de esta manera reducir la sobrecarga de trabajo que padecen los jueces y letrados de la administración de Justicia y los funcionarios», ha señalado.
Según el presidente del TSJA, «tradicionalmente, los juzgados de primera instancia era un destino deseado para los funcionarios, sin embargo, se está produciendo un abandono de los mismos concursos, para acudir a otros juzgados con menor carga de trabajo».
Bellido ha aprovechado para reivindicar «la gran reforma de la organización de la Justicia española, que estamos esperando desde hace años», en referencia a la sustitución de los juzgados unipersonales (originarios del s. XIX) por el tribunal de instancia que supone una «colegiación con servicios comunes de estos órganos judiciales, no podremos aprovechar la eficiencia que estos tribunales de primera instancia generarán tanto para gestionar los recursos materiales como personales».
¿Cuál sería la ventaja? Según ha expuesto el presidente, en lugar de la necesidad de crear un juzgado completo, «mientras que con los tribunales de instancia será posible crear plazas o bien de juez, o bien de letrado de la administración de Justicia o de funcionarios, según sean las necesidades, reduciendo, por tanto, los costes».