La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó una medida cautelar con alcance nacional para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el marco de la guerra. Se trata de un fenómeno violento que investiga en cada uno de los 11 macrocasos abiertos, entre los que están la criminalidad de las FARC y de las Fuerzas de seguridad del Estado.
Según la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), una institución hermana de la JEP que nació con el Acuerdo de Paz, hasta el momento se ha registrado un universo de 111.640 desaparecidos. Además, el hallazgo de más de 8.000 cementerios ilegales y fosas comunes, y más de 32.000 solicitudes de familias que esperan conocer el paradero de un ser querido.
Sin embargo, las cifras muestran que el hallazgo de los desaparecidos es una tarea, por así decirlo, titánica. Hasta el momento, se han hallado 20 personas con vida y se han entregado de manera digna 266 cuerpos, de un universo de 1.337 de desaparecidos encontrados. Por tanto, la JEP ordenó rendir informes a ministerios, organizaciones de víctimas y a autoridades nacionales y regionales, con respecto a sus avances en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Además, sobre la exhumación e identificación de cuerpos sin nombre. Las respuestas deben llegar antes del 19 de abril.
Entre las organizaciones que deberán entregar sus registros está el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); el Equipo Colombiano de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUITAS); la Corporación Orlando Fals Borda (CFBO); la Fundación Nydia Erika Bautista; el Centro de estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social (CEDAT); el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), entre otros.
"A partir de esta información suministrada a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la magistratura podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Y, a partir de los hallazgos, con este trámite se espera generar herramientas que fortalezcan el Sistema Nacional de Búsqueda, así como generar un espacio para el reconocimiento y dignificación de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional", explica la JEP.
Así mismo, una vez la JEP tenga la información recolectada, presidirá una audiencia pública nacional los días 14 y 16 de mayo de este año, en Bogotá y Barrancabermeja, respectivamente, para explicar los avances a los que se espera llegar. De la misma forma, la JEP ordenó que les sea allegada información de la Unida de Búsqueda, del Instituto Nacional de Medicina Legal, de la fiscalía general de la Nación y la Unidad para las Víctimas, quienes entre todas deberán entregar un documento con las estadísticas en conjunto.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.