Como escribía hace unos días en OKDIARIO, el nivel de impuestos que sufrimos es insoportable, llevando la confiscación a extremos inasumibles para familias y empresas, que viven asfixiadas mientras el sector público se nutre a costa de ellos, aprovechándose del esfuerzo de su trabajo, del riesgo que asumen y de las actividades que realizan.
En España se paga por todo, absolutamente por todo, siendo el sacrificio que tienen que realizar sus ciudadanos, medido por el esfuerzo fiscal, uno de los más altos de la Unión Europea.
La demagogia gubernamental, de la izquierda y de los intervencionistas en general, es que con esos impuestos se realizan actuaciones que impiden que las personas desfavorecidas lo pasen mal, pero no es verdad. Puede que, tangencialmente, parte de nuestros impuestos vayan a ayudar a personas que lo necesitan, a las que, obviamente, no se puede dejar tiradas, pero el grueso del dinero de los contribuyentes va a otros menesteres no tan bondadosos, sino que persiguen crear una suerte de clientelismo político con la que manipular a la sociedad y comprar sus voluntades, privando a la sociedad de su capacidad para esforzarse, sacrificarse y salir adelante, al anularlos con un subsidio permanente que tratan de extender para tener controladas a las personas y perpetuarse en el poder.
Por eso, hay una buena parte de las actuaciones que debería cesar, porque no mejoran para nada la vida de la sociedad, ni mucho menos la de las personas en dificultades, sino que drenan recursos para que puedan ser asistidas y asfixian a los contribuyentes. Por eso, aunque tengamos que pagar, porque las leyes hay que cumplirlas, aunque sean injustas y no nos gusten, debemos repetir que eso debe acabar y que no debe ser financiado con nuestros impuestos.
- No con nuestros impuestos a la contratación de presentadores de televisión que el Gobierno presume afines, para tratar de contrarrestar a otros que son financiados legítimamente por el dinero privado. Esos casi 30 millones de euros de un caso bien conocido son un auténtico escándalo, no porque su peso dentro del inmenso gasto público sea significativo, sino porque muestra muy bien qué es lo que pretende financiar el Gobierno con nuestros impuestos.
- No con nuestros impuestos al establecimiento de una red clientelar de subvenciones para actuaciones que en nada mejoran la vida de las personas, sino que buscan mantener núcleos de propaganda con los que hacer política.
- No con nuestros impuestos al ejercicio de tratar de anular la capacidad de las personas, sumiéndolas en un subsidio permanente.
- No con nuestros impuestos al encarecimiento innecesario de la prestación de los servicios: se necesitan servicios públicos seguros y efectivos, pero no adornados innecesariamente con elementos que no mejoran para nada la calidad del objeto esencial del servicio y que lo encarecen.
- No con nuestros impuestos a crear un clima con el que se asuma que toda necesidad debe quedar convertido en un derecho.
Porque ese despilfarro, esa mala utilización del dinero de los contribuyentes, asfixia a familias y a empresas y drena recursos para lo realmente necesario:
- Sí con nuestros impuestos al apoyo permanente a las personas que sufren ELA y que el Gobierno lleva escatimando y alargando la tramitación de las ayudas para que puedan vivir.
- Sí con nuestros impuestos a la ayuda para el acompañamiento de personas que se encuentren solas e impedidas.
- Sí con nuestros impuestos a ayudar a quien atraviesa por un bache económico.
- Sí con nuestros impuestos a unos servicios esenciales, seguros, efectivos y eficientes.
- Sí con nuestros impuestos para que todos los ciudadanos puedan contar con igualdad de oportunidades.
Por tanto, con nuestros impuestos no al gasto político y superfluo y sí al gasto necesario y eficiente, sin adornamientos. Sólo así podremos salir adelante. La sociedad, que ha de cumplir la ley aunque no le guste y sea injusta, como antes he dicho, debe penalizar en las urnas ese despilfarro, porque todo lo que los políticos ofrecen envuelto en celofán esconde que se malgastan los recursos de los ciudadanos, que son los que pagan esos ofrecimientos contraproducentes de los políticos, mientras estos últimos regatean con las ayudas a quienes realmente lo necesitan, como los enfermos de ELA, antes citados.