El juez que investiga el caso Pegasus insiste en aclarar si el president Pere Aragonès fue espiado sin la autorización del Tribunal Supremo. En un auto dictado por el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, el magistrado rechaza desimputar a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, hasta que se aclare si el espionaje del president fue plenamente autorizado. En el escrito, el juez rechaza la petición de la Abogacía del Estado, que en representación de la exdirector de la inteligencia española, había solicitado el archivo de su imputación una vez ya dio explicaciones en sede judicial por este asunto. El juez sostiene que todavía faltan diligencias por hacer y sería prematura dar carpetazo a la investigación, según han avanzado Eldiario.es y la agencia EFE citando fuentes judiciales. Esteban aseguró que todo lo realizado por el CNI contó con la autorización del Supremo.
En su querella, Aragonès sostenía que su móvil fue espiado los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, según detectó el laboratorio canadiense Citizen Lab. Sin embargo, un informe pericial realizado con posterioridad a petición del president indicaba que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, periodo que no contaba con el aval del Tribunal Supremo. Por esta razón el magistrado se plantea encargar un informe a los Mossos d'Esquadra para que realizen un análisis independiente y determinar las fechas exactas en que estuvo infectado con Pegasus el móvil president.
La fiscalía también se suma a la petición pero solicita que Aragonès entregue su móvil para proceder a su estudio, petición que el president ha denegado. En paralelo, el juez instructor ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si debe prorrogar por otros seis meses la investigación abierta a raíz de la querella de Aragonès, como exige la ley una vez transcurrido medio año de instrucción.