El gobierno encabezado por Javier Milei ordenó reforzar la seguridad en los aeropuertos, las sedes de algunas embajadas e instituciones religiosas y culturales pertenecientes a la colectividad judía, pasibles de nuevos ataques.
"Simple protocolo. No hubo amenazas", aclaró una fuente del Ministerio de Seguridad respecto de la intensificación de las medidas de protección que fue acordada en una reunión que protagonizó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, y el secretario, Vicente Ventura Barreiro.
La decisión fue madurada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizara a la organización islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán, de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La intención de la administración es maximizar los cuidados en las áreas que consideran sensibles, susceptibles a ataques del estilo. Algunos de los edificios son aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía. El fallo declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo. Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah.