- Justicia Seis vocales del Consejo Fiscal se enfrentan al fiscal general y redactan un informe contrario a la Ley de Amnistía
El Partido Popular ha registrado en el Senado un veto a la proposición de ley de Amnistía que sin ninguna duda saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares. No obstante, este veto puede ser levantado por el Pleno del Congreso en cuanto la proposición de ley cumpla con los trámites legislativos en el Senado y sea remitida de nuevo a la Cámara Baja.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha justificado esta decisión aludiendo al convencimiento que tiene su grupo, reforzado por los informes jurídicos del Senado, de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión de Venecia y del aprobado ayer mismo en la Comisión General de CCAA, de que la citada ley "es inconstitucional y se ha tramitado de forma fraudulenta".
Los populares aseguran que el Gobierno, a través de la proposición presentada por el Grupo Socialista con el apoyo de sus aliados independentistas y nacionalistas, intenta proceder a una reforma encubierta de la Constitución y, además, el contenido de la misma choca gravemente con los principios fundamentales de la Carta Magna. En opinión del PP, la medida de gracia con la que se pretende borrar los delitos cometidos en el marco del procés vulnera los principios de separación de poderes e igualdad.
Es, además, argumentan, una amnistía a la carta redactada por los propios políticos que cometieron los delitos que ahora se perdonan y quiebra la estabilidad del Estado autonómico porque afecta a la unidad de la nación y a la solidaridad interterritorial.
El PP defiende igualmente que la amnistía choca con el Derecho de la Unión Europea y supone una regresión en la garantía de los principios del Estado de Derecho principalmente en lo que afecta a los delitos de terrorismo y malversación.
El próximo día 11, los populares presentarán la lista de los ocho expertos que quieren que comparezcan en el Senado para analizar la ley. Ese día el PSOE hará también público el nombre de sus tres comparecientes. Su presencia en la Cámara Alta se producirá entre los días 16 y 30 de abril y el 6 de mayo se reunirá la ponencia para analizar las conclusiones de estos informes.
La presentación de este veto se produce un día antes de que los populares utilicen su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar también el requerimiento al Congreso para que eche atrás la proposición de ley de Amnistía. En caso de rechazo o silencio de la Cámara Baja el Senado activará la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto inédito de atribución de competencias contra el Congreso por entender que dicha ley implica, en realidad, una "reforma constitucional encubierta" y que los motivos de inconstitucionalidad de la misma son "abundantes y graves".
Afirman que la intención del PSOE, grupo proponente de la iniciativa, al optar por la vía de una proposición de ley orgánica en vez de por una reforma de la Constitución, como plantea la secretaría general de la Cámara y sugiere la propia Comisión de Venecia, pretende rebajar las mayorías necesarias para su aprobación y esquivar que la posible oposición del Senado en un procedimiento simétrico entre ambas Cámaras -como el requerido para la reforma de la Carta Magna- le impidiese salir adelante.
Los populares mantienen que el propósito del Gobierno y sus socios es el de que la amnistía salga adelante sólo con el 51% de los escaños del Congreso y no con la mayoría reforzada de Congreso y Senado que requieren las reformas constitucionales. Y recuerdan que esta medida de gracia no es sino el precio que los independentistas exigen a Sánchez para mantenerlo en la Moncloa.
Alicia García ha insistido en que los secesionistas lejos de mostrar arrepentimiento por los delitos cometidos, tienen la intención clara de volverlo a hacer tal y como dejó claro ayer el presidente de la Generalitat Pere Aragonès. En su opinión, la amnistía cuenta con el rechazo claro de la mayoría de españoles.