México vivió durante muchos una etapa obscura en la relación con las personas y los medios que hacen pública su opinión o sus investigaciones. Ese fue un reclamo constante de diversos comunicadores que eran intimidados y censurados desde el poder para evitar que hicieran críticas al régimen.
Por eso, desde 2018 se ha promovido acabar con esas prácticas y que se respete a cabalidad la libertad de expresión que está garantizada como un derecho humano en nuestra Constitución.
Aun a riesgo de que con frecuencia se cometen excesos y muchas veces se hacen señalamientos sin sustento, el gobierno y el propio Presidente de la República han manifestado su absoluto respeto a quienes disienten de la información pública.
Hoy en día nadie puede afirmar que es perseguido por emitir sus puntos de vista. Como nunca es posible ejercer las actividades relacionadas con el periodismo sin temor a que desde el poder se realice algún tipo de censura.
Según el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la única limitante que existe en el derecho a hacer pública una opinión o investigación periodística es la obligación de respetar la vida privada de las personas y, por supuesto, es importante que cualquier idea o dato que se hagan del conocimiento general responda a la verdad.
Lamentablemente, en ocasiones esto no sucede y por ello quienes se consideran haber sido afectados también tienen el derecho a defenderse o a desmentir lo que puede estimarse como alguna difamación o la falta a la objetividad.
Lo que si sucede en esta época es la posibilidad de replicar o refutar lo dicho por alguna persona. Por eso, es fundamental que lo que se publique se haga con responsabilidad y al margen de especulaciones.
Es fundamental que en las actividades periodísticas siempre se actúe con estricto apego a los más altos principios y valores de la ética y que desde el poder se creen las condiciones para que en nuestro país siga existiendo y amplíen los espacios de libertad que todos disfrutamos.