Un notario público acudió a las obras de Solimán a constatar donde, pese a que se cuenta con una clausura de la Profepa, un particular sigue con las obras.
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) prepara más acciones legales ante la inoperatividad de la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en este caso donde un particular construye sin los permisos.
Dmas dio a conocer que por la mañana del lunes acudieron con el fedatario público a Bahía Tankah, donde la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis construye el desarrollo Adamar Solimán.
La Profepa clausuró el desarrollo, pese a esto las labores continúan. La clausura se pudo constatar y también es por parte del municipio de Tulum.
Sin embargo, las labores continúan, por eso la asociación civil decidió visitar el lugar con un notario para dar fe de hechos para iniciar el proceso legal de carácter penal, dio a conocer.
Por lo tanto, se logró tener acceso a la medida cautelar impuesta, con terminación 0011/2024-0008. Se ha podido saber que los inspectores de la Profepa, según el acta que presentaron, colocaron el sello de clausura, pero la realidad es que en el lugar no existe el aviso de la medida cautelar.
Se ha podido constatar, según solicitudes por Transparencia, que el proyecto de nombre "Adamar Solimán" carece de permisos de impacto ambiental de nivel federal, estatal y municipal. Por eso las autoridades federales y locales actuaron.
Desde principios de de enero, la asociación civil Dmas tramitó demandas de amparo contra la falta de acción de la Profepa y otras autoridades señaladas como responsables por la probable violación del derecho a un medio ambiente sano de las personas.
Estos juicios están siendo resueltos en los juzgados Segundo, Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno de Distrito, todos de Cancún se ha podido verificar, los cuales otorgaron suspensiones definitivas que obligan a las autoridades acudir al lugar, aunque hasta ahora no ha ocurrido.
Los quejosos prevén tramitar nuevos recursos en caso de que las autoridades continúen con la negativa de no acatar las suspensiones judiciales.