«Al Concejo Deliberante le cabe verificar que el pedido de Audiencia Pública tenga el 3% del electorado y convocar» dentro de los 30 días de haber sido solicitada, planteó un comunicado de la agrupación Magenta, de socios de CALF opositores a la actual conducción de la cooperativa eléctrica, que se mostraron molestos por las declaraciones de los concejales que pusieron en duda la eventualidad del llamado.
El pedido para que las autoridades llamen a una Audiencia Pública fue respaldado por más de 12.700 electores de la ciudad, presentada por mesa de entradas la semana pasada.
El jueves, en la sesión de Concejo, tomará estado parlamentario. Hoy por la tarde se reunían los presidentes de bloques para definir a qué comisión enviaban el expediente para tratamiento: la de Legislación y la de Servicios Públicos eran las nombradas.
Alrededor de las 13, un grupo de rezagados entregaron nuevas planillas de firmas para agregar al expediente. En este caso, fueron encabezados por el nucleamiento «Unidos por Calf», que tiene entre sus referentes a Claudio Osserof, quien fue un auditor externo de la cooperativa eléctrica. «La ordenanza, no dice que se deba evaluar ni el tema, ni la oportunidad, sino se puede observar que no se haya cumplido con el requisito del 3% del padrón», recordó Osserof.
Entregaron 32 planillas con firmas, con unas 20 rúbricas cada una, que se estaban recolectando mientras se presentó el bloque principal de más de 12.700 firmas. Solicitaron que estas adhesiones, se sumaran a las entregadas el jueves pasado. «Somos un grupo sin colores politicos y donde todos están invitados a participar (de las líneas de CALF) vinimos hoy incluso con socias autoconvocadas», sostuvo Osserof
Cuando el intendente Mariano Gaido convocó a una Audiencia Pública por el transporte público (previo a la renovación de la concesión), el Deliberante se constituyó en una comisión especial que emitió un dictamen.
Para esta petición, el MPN no adelantó si pondrá en marcha la convocatoria y varios bloques políticos plantearon sus dudas sobre dar el respaldo. Esto puso en alerta a las agrupaciones, socios autoconvocados y grupos enojados con el tarifazo en la boleta de CALF que se dedicaron a juntar firmas desde diciembre para revocar la incorporación de 3 ítems de cobro nuevos a la boleta de la luz, lo que agrega más de 6.000 pesos extras al consumo.
«La decisión no debe obedecer ni a cuestiones del tema de la convocatoria ni de oportunidad, si cumple los requisitos (de la cantidad de firmas) la Audiencia Pública es el derecho colectivo o individual de dar y recibir opinión sobre actuaciones político-administrativas» de la ciudad, expresó en un comunicado la agrupación Magenta.
El comunicado destacó que, si los concejales evitan hacer el llamado o no lo hacen en los términos de los 30 días desde que fue solicitado (plazo que establece la COM) podrán ser acusados de incumplimiento de funcionarios públicos.
Debido a que la recolección de firmas llegó a más de 12.700 y se requerían no más de 7.000, los requisitos formales no se pusieron en discusión, al menos en las declaraciones públicas.
Cuando presentaron las planillas para incluirlas en el expediente en el que peticionan por la Audiencia Pública, Osserof dijo que buscaron reunirse con algún representante en el Concejo pero estaban en reunión. «Son representantes de la gente, del pueblo, deberían respetar lo que la gente quiere, que es que se trate el tema; no son los dueños del poder; el respeto de la democracia es escuchar a la gente», sostuvo Osserof.
Agregó que «seguimos sosteniendo que está mal lo que se hizo, que se conculcaron derechos, se traspasó deuda de una persona jurídica (CALF) a otras (los contribuyentes de la ciudad) lo que está prohibido y eso fue avalado por el poder político»; dijo en referencia a la sanción de la ordenanza que incluyó a la deuda de CALF con Cammesa en uno de los cobros autorizados a patir de febrero y marzo. El importe, que se actualizará cada 6 meses, se cobrará durante 8 años.