El sistema de pensiones en México requiere de una reforma que aborde los desafíos de manera integral y profunda, afirmó la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, quien instó a un análisis cuidadoso de las necesidades específicas de los grupos afectados y explorar alternativas como las pensiones no contributivas para garantizar la seguridad financiera de los jubilados sin comprometer los ahorros individuales acumulados a lo largo de la vida laboral.
Al hacer un análisis, la especialista destacó la complejidad del problema de las pensiones en México, señalando que es un desafío histórico que ha requerido diversas reformas a lo largo del tiempo. Recordó que el sistema de pensiones tradicional, basado en un monto acordado entre el trabajador y el empleador, se volvió insostenible, lo que llevó a la implementación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992 y posteriormente al sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Sin embargo, resaltó que el ahorro generado bajo este nuevo sistema ha demostrado ser insuficiente para proporcionar una pensión digna a los jubilados. Señaló que muchos trabajadores se enfrentan a la perspectiva de jubilarse con montos mínimos, incluso después de décadas de ahorro.
Uno de los puntos críticos discutidos recientemente fue la propuesta por parte de Morena para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar para complementar las pensiones de aquellos con ingresos inferiores a cierto umbral. Sin embargo, Viramontes Ornelas expresó preocupación por la falta de claridad en cuanto a los mecanismos de recuperación de los recursos retirados de las Afores, así como por la posible disminución de los rendimientos para los trabajadores afectados.
Otro aspecto destacado de esta propuesta es el uso de un fideicomiso público para administrar el Fondo de Pensiones propuesto, lo que generó críticas debido a la susceptibilidad a la corrupción de este tipo de estructuras. Esta contradicción con las políticas de eliminación de fideicomisos anteriores del gobierno federal fue señalada como un punto de preocupación adicional.