En cinco oportunidades, funcionarios y operadores claves de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht estuvieron con Julio De Vido cuando era ministro de Planificación, para cerrar negocios.
Fue en momentos de decisiones sobre obras y de beneficios millonarios que otorgaba el gobierno cristinista a través de los oscuros fideicomisos estatales.
Se trató de estructuras creadas –con distintos fines– para evitar controles y asignar en forma poco trasparente fondos públicos.
Esas reuniones se hicieron en los últimos tres años de gestión de Cristina Kirchner, entre 2013 y 2015.
Y se sospecha hubo negociaciones ilegales: que se otorgaron beneficios especiales a la corrupta compañía dedicada a la construcción.
De Vido y su equipo íntimo –se estableció– quisieron mantener esos encuentros en secreto: se intentaron ocultar los contactos con los máximos ejecutivos de Odebrecht en Argentina y Brasil.
Clarín confirmó que hay una investigación interna en el Palacio de Hacienda cuyas conclusiones son las siguientes: 1) los ejecutivos y operadores de negocios turbios de la empresa ingresaron por puertas alternativas del edificio, para no dejar constancia, y 2) utilizaron el exclusivo ascensor ministerial para no ser vistos ni tener contactos con terceros.
Los datos, que se mantienen en secreto, surgen de una pesquisa que realizó Bernardo Saravia, el secretario legal de Hacienda. Saravia está recolectando testimonios para responder dos duros oficios judiciales.
Uno es de Sergio Rodríguez, fiscal de la Procuraduría de Fiscalizaciones Administrativas, y está relacionado con Odebrecht y Electroingeniería, la firma de los kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.
El otro lo exigió el fiscal Carlos Stornelli: reclama precisiones de audiencias o encuentros con directivos de Odebrecht. En particular, Marcelo Odebrecht y Flavio Faria.
Faria fue el mandamás de la compañía en la Argentina. Ocupó el cargo de director superintendente y lideró a todos los inversores brasileños en Buenos Aires. En 2014 lo nombraron titular del Grupo Brasil.
El funcionario Saravia recibió una instrucción precisa del ministro Nicolás Dujovne: reconstruir esos encuentros y colaborar al máximo con la Justicia.
Todo esto se produce cuando –otra vez– se registra una señal fuerte de Estados Unidos sobre el escándalo de las coimas.
En la reciente reunión del "Grupo Antisoborno" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un emisario de Washington comunicó que el FBI y el Departamento de Justicia entregarán una declaración informativa con los nombres de los funcionarios, políticos, empresarios y operadores que recibieron coimas de Odebrecht en la Argentina.
La embajada norteamericana en Buenos Aires, durante una secreta reunión en pleno verano, se lo adelantó a la Casa Rosada. Hubo contactos directos.
Como adelantó Clarín –y ahora se confirmó en la OCDE– el FBI tiene toda la información y archivos de la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht: el "departamento de coimas", donde se concentró el pago de los sobornos.
La difusión de esos datos en un año electoral se convierte en una bomba política.
Por eso, Washington reclama una garantía: que la información se use para concretar denuncias y no para la manipulación electoral.
Sergio Moro, el juez del caso Lava Jato (como se conoce en Brasil el escándalo de coimas), viaja a Buenos Aires. Va a hablar en la Universidad Católica Argentina.
Y aprovechará para sostener encuentros vinculados a la derivación de su pesquisa en Argentina. Moro pidió hablar con Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción.
Al magistrado le sorprende la lentitud que tiene la investigación judicial en nuestro país. Un interrogante similar al que escuchó Mauricio Macri en su viaje a Madrid.
La cúpula de la Unión Industrial Argentina estuvo en España. En su última reunión habló de la corrupción y las inversiones.
En el mundo de los negocios también coinciden: no pueden llegar inversiones serias mientras la corrupción kirchnerista continúe impune.
Ayer la Justicia dio un primer paso en la dirección correcta: Cristina va a juicio oral por la causa del dólar futuro. La acompañan el exministro de Economía Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli.
Clarín adelantó los detalles de la operación financiera el 30 de octubre del 2015. El título fue: "Dólares a futuro: la más desfachatada maniobra K".
La bicicleta financiera que ordenó Cristina les generó ganancias notables a cerealeras internacionales, bancos extranjeros y multinacionales.
Así, exactamente, Cristina benefició a los grupos concentrados que el relato K decía combatir. La utilidad extraordinaria que obtuvieron fue igual al quebranto del Estado: 54.960 millones de pesos.
El escándalo envolvió a actuales funcionarios. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui tuvieron que deshacer operaciones para evitar un dolor de cabeza.
Ahora sus preocupaciones son otras. Ayer volvieron las internas y las operaciones en Casa Rosada: hubo versiones de renuncias y un ataque directo contra el sector más político dentro del Gabinete.