La diputada provincial Laura Aloisi presentó en la Cámara de Diputados bonaerense, un proyecto de Declaración en repudio y con preocupación ante el desmantelamiento del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas definido por el gobierno de Javier Milei, cuya inmediata consecuencia es la desvinculación de 40 delegados/as de todo el país.
La legisladora de UxP sostuvo que esta decisión del Gobierno Nacional no es aislada, forma parte de la retracción del Estado en desmedro del bienestar de las y los argentinos: "Esta situación engrosa la serie de embates a los y las trabajadoras, una matriz que diluye (hasta borrarlas) las políticas públicas y los derechos que protegen a los sectores más vulnerables", enfatizó.
Este comité es un organismo de alcance nacional, creado a partir de la ley 26.364, con autonomía funcional e integrado por diferentes ministerios que aportan sus políticas públicas a la prevención de los delitos de trata y la atención de las víctimas. El plantel de delgados y delgadas que acaba de desemplear Milei fue artífice de acciones eficaces para aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación, la capacitación y especialización de los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, la coordinación de Sistema Sincronizado de Denuncias, línea 145, junto con la campaña de publicidad para promover su uso y muchas actividades más.
"En todo el país, el Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas estableció 36 mesas interinstitucionales (también en nuestra Séptima Sección) que contribuyeron a la aprobación de 4 leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas. Se restituyeron derechos a más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023", resaltó Aloisi.
El proyecto que la diputada provincial presentó en la Cámara declara "Su más enérgico repudio y preocupación por el desmantelamiento del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y la desvinculación de 40 delegados/as de todo el país, decisión que paraliza las acciones tendientes a la prevención de estos delitos, la asistencia integral a las víctimas, el acceso a la justicia, dando forma a un escenario con disminución de las políticas públicas necesarias para la contención, acompañamiento y recuperación de las víctimas".