EuroCommerce, la organización que agrupa la distribución en Europa, ha reelegido por unanimidad como presidente a Juan Manuel Morales, director general de Grupo IFA.
De esta manera, el Consejo de Dirección de la patronal respaldan el trabajo realizado durante los últimos tres años por el directivo, el primer español en ocupar su presidencia, ahora por un segundo mandato que se prolongará hasta 2027.
En este nuevo mandato su de desafío más inmediato es trasladar al legislador comunitario los retos que plantea para el comercio el borrador del Reglamento contra la Morosidad, conocido como el Reglamento de Plazos de Pago, que prevé la limitación de los plazos de pago a 30 días y la supresión de la libertad para negociar condiciones, que benefician a empresas de todos los tamaños, y crea un déficit de financiación de hasta 150 mil millones de euros.
"Agradezco la confianza que los miembros del Consejo de Dirección de EuroCommerce me han otorgado. Quiero destacar el apoyo que he tenido durante estos años por parte del Consejo de Dirección y por parte del equipo de EuroCommerce, con Christel Delberghe a la cabeza. Todos juntos, hemos abordado en nombre del comercio europeo la gestión de la salida de la pandemia y la grave crisis energética e inflacionista", ha asegurado Juan Manuel Morales tras conocerse su reelección.
Sobre este nuevo mandato, el directivo indica que "el objetivo para los próximos tres años es afianzar la unidad del comercio mayorista y minorista europeo para establecer mejores y más eficaces vías de diálogo con las instituciones comunitarias ante los retos legislativos que tenemos por delante".
La competitividad del comercio europeo y la unidad de mercado son dos de los grandes objetivos generales para EuroCommerce, así como cuestiones de amplia trascendencia en el marco de las elecciones europeas de junio de 2024. La revisión de los plazos de pago y de algunas de las medidas recogidas en el amplio paquete legislativo comprendido en el Green Deal es una urgencia para mantener dicha competitividad. En este sentido, explica la entidad, la necesidad de legislar menos y con mayor calidad es otra demanda del comercio, que necesita flexibilidad para culminar la triple transformación –medioambiental, digital y laboral-, que costará al comercio europeo entre 300 y 600 mil millones de euros hasta 2030 y que debe ser un impulso para la creación de riqueza y de empleo.