En un esfuerzo por optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado, el precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara plantea una reestructuración ministerial en Uruguay, reduciendo de 14 a 8 las carteras gubernamentales. Esta medida busca enfocar la atención en áreas estratégicas como salud, educación y desarrollo social, así como en la promoción de una producción nacional sustentable. Además, aborda temas de seguridad y narcotráfico proponiendo medidas drásticas para enfrentar estos desafíos.
En cuanto a los delitos, propone la construcción de una cárcel de máxima seguridad para delincuentes relacionados con el narcotráfico y la implementación de medidas más severas contra el lavado de dinero. También se planea desarrollar una aplicación móvil para denunciar delitos en tiempo real, con el objetivo de mejorar la comunicación y la colaboración entre la sociedad y las autoridades.
Entrevistado por El Observador, el precandidato detrás de esta iniciativa detalló que buscará transformar los ministerios en secretarías de Estado dentro de dos grandes áreas ministeriales. Uno de estos ministerios se denominará Ministerio de Gestión Humana, que incluirá las áreas de Salud Pública, Educación y Desarrollo Social. Esta reestructuración permitirá una mejor focalización de los servicios en el territorio y una mayor coordinación en la planificación nacional.
Además, creará otro gran ministerio llamado Ministerio de Producción Nacional Sustentable, que se encargará de la planificación estratégica de la producción inteligente en Uruguay. Este enfoque busca impulsar una visión integral hacia el mundo, promoviendo una producción más inteligente y sostenible.
El líder del sector Viento de Cambio Uruguay enfatizó la importancia de una administración más vertical y concentrada, con el objetivo de garantizar que los servicios lleguen efectivamente a la población y que los recursos sean utilizados de manera adecuada. Espera que esta reestructuración permita optimizar la gestión del Estado y generar un impacto positivo en la economía y el bienestar de la sociedad.
"Lo que vamos a tener ahí es un gran ministerio que haga una planificación estratégica de la producción inteligente que exige el Uruguay y no una producción pensada exclusivamente en sectores. Si nosotros no tenemos una visión del país que exporta y vende servicios al mundo en forma inteligente y global, vamos a seguir teniendo distintos ministerios que van a estar trabajando por sectores y en forma descoordinada", argumentó.
En este caso, plantea tener "una gran dirección de energía, una gran dirección que maneje los recursos naturales del Uruguay, otra que sea de la industria nacional, otra de las micro y pequeñas empresas y otra de comercios y servicios".
"Lo que vamos a focalizar es tener un Uruguay mucho más integrado, con una producción mucho más inteligente pensando en un país que es chico pero no puede seguir pensando solamente en polos de desarrollo sin una visión integral hacia el mundo", apuntó.
Sin embargo, aclaró que "esto no es bajarle el nivel al ministerio ni mucho menos, lo que queremos generar es una producción mucho más inteligente y que de esa manera no solamente sea el presidente el que tiene la noción de lo que está pasando en el país en un Consejo de Ministros, sino que exista una cabeza que sea la que piense en la producción del Uruguay del futuro, donde queremos un Uruguay en donde los servicios lleguen a la gente, la plata llegue a donde tiene que llegar y donde pensemos en un Uruguay de innovación, de tecnología y como un Estado adecuado".
"Si nosotros tenemos un Estado grande, gordo, caro, con funcionarios por todos lados y superposición de políticos, lo que vamos a lograr es no poder hacer el gran salto que Uruguay necesita", agregó.
"El Uruguay ha venido retrocediendo en algunos lugares del territorio ante el narcotráfico y otras ausencias del Estado. Para que el Estado haga una planificación concreta tiene que ser mucho más vertical y mucho más concentrada para que la gente sea el foco de esos servicios", sostuvo.
Además de la reducción de ministerios, planea implementar otras medidas para mejorar la transparencia y eficacia en la gestión pública. Esto incluye una auditoría en tiempo real del gasto público, así como la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación entre el Estado, los ciudadanos y la Policía.
"¿Estamos aprovechando lo que estamos viendo en otros países? Sí, no necesitamos una crisis para eso. El uruguayo sabe que el Uruguay es un país políticamente caro, entonces nosotros con este recorte de cargos políticos en la administración central lo hemos calculado en 80 millones de dólares por año, no son dos pesos, y eso lo vamos a reinvertir en otras cosas que son importantes para el país, no lo vamos a mandar a rentas generales", agregó.
La apuesta, en términos generales, es "cambiar el concepto de administración, de ser transversal para ser mucho más vertical, más focalizado en territorio y que llegue a la gente a donde tiene que llegar".
En tal sentido, considera que esta situación "no se arregla solamente con la administración central" y cree que "podemos sacar otros 80 millones de dólares más o más con los más de 3.500 cargos políticos de confianza que existen en las intendencias".
Pese a que reconoció que los gobiernos departamentales tienen su independencia política porque así lo establece la Constitución, sostuvo que "hay recursos que recibe, que son administrados por el gobierno central y son vertidos a las intendencias, en los que podemos condicionar el gasto. Y nosotros vamos a condicionar ese gasto, porque tenemos que darle transparencia a ese gasto y decirle a la gente que no queremos más intendentes feudales, que hay de todos los partidos y lo que hacen es nombrar políticos, gastan plata en políticos".
"Se gastan la plata de la gente y después salen a pedir un fideicomiso porque no tienen plata para hacer las obras, y eso creo que es una falta de respeto al ciudadano", enfatizó.
En contrapartida, Acosta y Lara adelantó que la idea de su propuesta es "hacer una auditoría online, en tiempo real, de lo que está gastando cada organismo del Estado, administración central e intendencias, para que tengan que justificar el gasto de cada uno de los recursos que están utilizando".
El precandidato colorado va a "pedir es reducción de esos 3.500 cargos a más de la mitad, el primer día. Vamos a instar a las intendencias a que lo hagan, nosotros vamos a hacerlo con el gobierno central, y si las intendencias no lo hacen se los vamos a descontar de los recursos que correspondan", explicó.
"Queremos cambios profundos en el Uruguay, yo creo que ya pasó el momento de los maquillajes o los cambios iniciales. Creo que la nueva coalición tiene que tener cambios profundos y esos no los va a hacer el Partido Nacional", remarcó.
Acosta y Lara considera que los cambios profundos "van a venir de la renovación que surja del Partido Colorado y por lo menos de la que pretendo hacer yo: ser el hombre que haga los cambios profundos en el Uruguay".
Acosta y Lara subrayó que, en su opinión, "los que atentan contra el Estado en un país, cometen un delito de terrorismo. El terrorismo está definido en organismos internacionales, pero también en la Ley de Lavado de Activos, y una de las formas de terrorismo es el lavado de dinero por parte de los narcos".
"Queremos dejar claro que van a perder sus derechos individuales, lo diré sin rodeos, los perderán porque atentan contra el Estado y no es un delito común. Hay que llamar las cosas por su nombre, y proponemos aumentar las penas", argumentó.
Sin embargo, aclaró que estas penas "no son para los que venden marihuana, sino para los organizadores y aquellos involucrados en actividades criminales, algunos de los cuales pertenecen a familias o clanes nacionales y otros a grupos internacionales".
Al discutir con el asesor y especialista del equipo en estos aspectos, Edward Holfman, el precandidato tiene presente que "debemos ser firmes en esto y no podemos ser ambiguos".
"Estamos dispuestos a tomar las medidas más extremas en este sentido: una cárcel de máxima seguridad, declarar los delitos de terrorismo y poner a los perpetradores en esas condiciones, que sepan que lo pasarán mal, y duplicar el presupuesto para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (SENACLAFT) para cortar el acceso al dinero por parte de los narcos", añadió.
Por otro lado, se propone "radarizar el 100% del territorio uruguayo" y señaló que hasta ahora el 55% del territorio uruguayo aún no está radarizado.
"Después vamos a implementar los famosos escáneres, que no se caigan en el puerto sino que funcionen (...) si un escáner se cae en algún lugar, tendría que haber una investigación y los responsables de ese error deberían ser despedidos y los políticos responsables deberían ser responsabilizados políticamente, porque está claro que hay corrupción", agregó.
Acosta y Lara considera que "si logramos eso, será más difícil el ingreso de drogas y el uso del dinero, y la situación será más complicada para ellos".
"Hay personas que tienen miedo de decir estas cosas porque están más preocupadas por los derechos humanos de los narcos y los que escriben informes internacionales que por los derechos humanos de toda la sociedad. Yo estoy preocupado, si tengo que liderar un Estado y un gobierno, por los ciudadanos que queremos vivir en paz", señaló el precandidato.
"El tema de la seguridad es lo más importante para todos nosotros, no solo por lo que estamos viviendo, sino porque la coalición falló. No estamos satisfechos con la seguridad que tenemos. Dirán 'ustedes son gobierno', sí, pero no somos los que hemos tenido el control del gobierno para decir qué es lo que hay que hacer", señaló.
El precandidato indicó que "desde que nosotros hablamos de una cárcel de máxima seguridad, vimos que otros partidos políticos ya están considerando positivamente lo que proponemos en campaña. Observamos lo que sucede en el mundo, ¿por qué no podemos tener una cárcel de máxima seguridad como la que implementó Bukele?
La prisión que proyecta está diseñada para 2.500 reclusos que hayan cometido delitos relacionados con mafias y narcotráfico.
"Esto no se soluciona con una pequeña comisión de seguridad como dice Robert Silva, o creando una organización para combatir las mafias, como dice (Álvaro) Delgado. Eso ya lo podríamos haber hecho. Construyamos una cárcel de máxima seguridad, con condiciones rigurosas en las que estén aislados, sin visitas, contacto con el mundo exterior ni ningún beneficio externo ni reducciones de pena. No deberían recibir teléfonos celulares, comida ni ropa de sus familiares. Son personas que cometieron delitos que no se limitan a la venta de drogas, sino que están vinculados a organizaciones criminales que dominan barrios, ciudades y cobran peajes a los ciudadanos para acceder a sus barrios.
El colorado ejemplificó su argumento contando una experiencia personal, cuando en pleno barrio de Montevideo lo "tuvieron que ir a buscar a la puerta, porque no dejaban entrar a ninguna persona extraña, porque en ese barrio la ley es la del narco y no la de la sociedad".
"Otro gran tema de seguridad es desarrollar una aplicación que hemos llamado el "Waze del delito", que ya teníamos un desarrollador uruguayo y que el gobierno anterior no quiso. La aplicación que hicimos ahora aquí no funcionó", reconoció.
La idea de esta aplicación es que permita "denunciar delitos en línea, con geolocalización, fotos y videos, para que la gente se sienta segura al denunciar delitos sin tener que pasar horas en una comisaría o exponerse a ser reconocida por los delincuentes".
"Ya vi esto en Argentina, viajé especialmente a Vicente López para ver cómo funcionaban los puntos seguros en distintos lugares de la ciudad y cómo, mediante aplicaciones y distintos procesos de denuncia, la sociedad actuando en conjunto con la Policía trabajaban en común acuerdo y, de esa manera, bajaba el delito notablemente".
Acosta y Lara explicó que el delito en Uruguay "no baja porque no tenemos encuestas de victimización, donde vemos qué está pasando con el delito, y el mapa del delito no lo tenemos a la vista porque solamente el 23% se denuncia".
"Eso lo sabe el Ministerio del Interior, y por eso están en un proceso de una encuesta nueva, pero hay que mejorar los canales de comunicación entre el Estado, el ciudadano y la Policía", agregó.
Por otro lado, reconoció estar en desacuerdo con la presencia militar en los barrios, pero sí está a favor de esta fuerza en la frontera y en las rutas nacionales "para el control del tráfico de drogas y del contrabando, que también es otro flagelo importante en la sociedad".
En ese sentido, se mantendrá la estrategia actual, pero "con más tecnología, más comunicación, mejores denuncias y penas severas".
"Estamos estudiando un nuevo Código de Procedimiento Penal, con especialistas de primer nivel de la región, porque sabemos que este código fue un gran mamarracho, un gran parche que copiaron de otros lados para cumplir con los organismos internacionales y lo único que terminó generando es el mercado de la transacción del delito, y el delito se persigue, no se tranza", adelantó.
A modo de ejemplo, dijo que hay delitos que no se resuelven "confesando, arreglando y saliendo por la puerta del costado", motivo por el cual "la gente siente que el Estado no está haciendo cumplir las penas como corresponde".
El político apuntó que "los fiscales no están preparados para hacer el proceso de investigación, con el mayor respeto, no están calificados para poder hacerlo al estilo de Estados Unidos y todo se transformó en sacarse el trabajo generando una transacción, y eso está mal, no es el verdadero código que estábamos pensando para cambiar la situación".
"Terminamos agravando un problema, sumado a todo lo que hizo el Frente Amplio lamentablemente en 15 años, que fue llevar los presos al interior", añadió.
Con el ahorro que busca mediante "achicar el costo político del Estado", Acosta y Lara adelantó que su idea es poder "empoderar a pequeños y microempresarios" con esos recursos.
"Quiero formalizar a esa empresa familiar, que no alcanza con el monotributo y que hay que tratar que tanto la persona como la familia y su hijo, tres personas mínimo, constituyan una empresa. Para eso vamos a ayudarlos digitalmente con una app en la que puedan abrirla y cerrarla en el momento", adelantó.
De esta manera, el precandidato busca que los beneficiarios "no tengan que estar yendo a hacer trámites físicos y después la empresa tenga que ser controlada, tanto por DGI como por BPS, de manera digital".
Además, aseguró que "el primer año no les vamos a cobrar ningún impuesto patronal y los vamos a ayudar a que se desarrollen, vamos a invertir en esa gente".
Acosta y Lara plantea invertir en esa clase "empobrecida y hasta pasando situaciones de vulnerabilidad" debido a que apuesta a que "se desarrollen por sí mismos y no estén haciendo cola en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides)".
"De la otra manera lo que estoy haciendo es aumentar la cola en el Mides, los estoy empobreciendo y no los estoy sacando de la pobreza. La única manera de sacarlos de la pobreza es si los ayudo a generar a generar su propio emprendimiento", sostuvo.
Considera que "muchos lo van a poder hacer" si se encuentran con un Estado que "no les cobra por 12 meses".
El precandidato subrayó que se trata de un programa piloto por 12 meses y enfatizó que la inscripción será "por una única vez".
"Vamos a poder ir monitoreando cómo esa persona se va desarrollando abriendo una cuenta bancaria, una página web e iniciándola en el proceso de ventas electrónicas", detalló.
A juicio del político, quien se lance a emprender "no va a tener techo" ya que "no es un sueldo de 20 mil pesos, ahí estamos pensando en gente que va a empezar a generar recursos superiores a eso".
"Va a ser un antes y un después, pero no lo será para los que no tienen esa voluntad de empoderarse, generar su propio desafío y que ven al Estado como el socio más caro y que no los deja crecer", añadió.
Quienes quede rezagados "van a seguir en esos planes sociales, que tampoco creo que sean eternos".
Sobre este último tema, señaló que los planes sociales "los vamos a manejar por un período mínimo de 12 meses, asociado a capacitación".
"En esos 12 meses tenés que salir con un oficio y con una oferta laboral", apuntó.
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