Todas las encuestas señalan que la ciudadanía está harta de los piquetes.
Los números son contundentes y se justifican en estos días, puesto que sólo en los primeros 15 días de marzo se produjeron en la ciudad de Buenos Aires 62 cortes de calles, una cifra que supera con creces los 16 piquetes registrados en febrero y los 17 de enero, de acuerdo con el estudio periódico de la consultora Diagnóstico Político.
La cuestión ha sido tema de discusión entre funcionarios del gobierno nacional, incluido el presidente Mauricio Macri, y de la administración porteña, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, a quien el primer mandatario intimó en público y en privado a tomar medidas concretas para garantizar el orden público.
El desafío de las autoridades es garantizar el derecho constitucional a circular libremente sin incurrir en excesos policiales que le permitan a la oposición acusar al Gobierno de represor salvaje.
Claro que, antes, los gobiernos nacional y porteño deberán dejar de pasarse la pelota el uno al otro acerca de quién debe tener la responsabilidad de ejecutar el protocolo anti piquetes, que hasta hoy brilla por su ausencia.
En las últimas horas, tanto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, dieron cuenta de la preocupación oficial frente a los piquetes.
Aunque sus expresiones también fueron un reflejo de las dudas que sobrevuelan en el oficialismo a la hora de enfrentar los cortes de calles.
"Vamos a actuar. Ahora, si actuamos, no entremos en la paranoia argentina. Porque después, si actuamos por qué actuamos, y si no actuamos por qué no actuamos. Las fuerzas de seguridad van a actuar como en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia", afirmó la ministra de Seguridad.
Su par de la ciudad de Buenos Aires, Ocampo, advirtió que los grupos de piqueteros que vienen obstaculizando permanentemente el tránsito en la Capital "están buscando que el gobierno entre en un canal represivo y, si es posible, ver si tienen una víctima".
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se insiste en que se iniciarán más acciones judiciales contra quienes corten la totalidad de una calle o avenida, aunque se aclara que no es lo mismo dispersar a un grupo de veinte manifestantes que a una movilización de cinco mil.
El fantasma de la recordada represión en la zona del puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, que derivó en el asesinato de dos militantes por policías, y obligó al presidente Eduardo Duhalde a adelantar el proceso electoral aún recorre los despachos oficiales, y mucho más en un año electoral.
El problema para el Gobierno es que la paciencia de quienes a diario se ven hundidos en el desamparo frente a quienes se apropian del espacio público también tiene un límite.
Bajo el paraguas de la no criminalización de la protesta, no se pueden cercenar eternamente las libertades de una mayoría de habitantes que simplemente buscan cumplir con sus obligaciones laborales.
Los conflictos no se resolverán haciendo la vista gorda frente a los problemas. Y la desidia sólo alentará la ley de la selva.