Al calor de la movilización del 24 de marzo, a 48 años del golpe cívico-militar, Abuelas de Plaza de Mayo exigió una ley contra el negacionismo. La idea guarda un antecedente cercano: a fines del año pasado, poco antes del balotaje que definió la presidencia de Javier Milei, se debatió en el Congreso la formulación de una iniciativa que erradique el negacionismo y actúe ante la proliferación de los discursos de odio en nuestro país.
"Frente a este Gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas", dijo la titular de la entidad, Estela de Carlotto, al leer el comunicado en la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo señaló que desde la instalación de la Libertad Avanza como fuerza con representación política e institucional "se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia".
Durante noviembre de 2023, y con la presencia de representantes de especialistas y organismos de DDHH, se discutieron en la Cámara de Diputados una serie de proyectos presentados con la intención frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad.
Presentaron proyectos los en ese entonces oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna. También los organismos de DDHH presentaron el suyo, que recogió la diputada Carolina Gaillard encabezando con su firma, además de otras iniciativas propuestas anteriormente y otras que no llegaron a tener estado parlamentario.
Tras dos reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, no se llegó a dictaminar ni a consensuar un texto unificado. El punto más conflictivo tuvo que ver con los aspectos penales que contemplaban algunos proyectos. El principal motivo para no penar con cárcel a quienes realicen apología del negacionismo tiene que ver con el presunto choque que se genera con el derecho a la libertad de expresión.
Algunos proyectos que se discutieron contemplaban las penas con prisión, la sanción a través de multas, y la inhabilitación para funcionarios públicos. También se contemplaron iniciativas que tenían en cuenta la educación y capacitación sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Al día de hoy, la comisión que trata estos temas no está conformada y el momento no parece propicio, en un clima difícil entre el Gobierno y UP en la Cámara de Diputados, ya que no se está negociando con el bloque mayoritario para otorgar las presidencias. Este punto es central, ya que quien preside la comisión marca el rumbo de la misma y, sobre todo, decide si la convoca o no.
"Nosotros venimos reclamando la conformación de todas las comisiones y eso se está haciendo a cuentagotas" explicó a C5N una de las diputadas que participó activamente de esta discusión del año pasado. Al tiempo que apuntó que, a partir de los dichos de Estela de Carlotto de este domingo, volvieron a hablar del tema y ya están trabajando para impulsar el tratamiento en comisión. "De lo contrario, impulsaremos una informativa que nos permita avanzar con este tema que es complejo, pero necesario de abordar", agregó.
Experiencias internacionales
Para llevar adelante este debate, quienes trabajaron en las iniciativas, estudiaron los efectos de genocidios que sucedieron en el resto del mundo y sus respectivas legislaciones. Uno de los casos más reconocidos es el de Alemania, en donde la negación del genocidio nacionalsocialista es sancionable, según el grado, con una multa o una pena privativa de hasta cinco años de prisión. No obstante, no es el único país que posee legislación al respecto.
Hace décadas que el negacionismo está penado en Francia. En 1990 se modificó la ley sobre la libertad de prensa para adoptar la represión del negacionismo. En la redacción actual, se establece una pena para los que hayan negado, menospreciado o banalizado de manera notoria la existencia de un genocidio, un crimen de reducción a la esclavitud o de explotación de personas, o de crímenes de guerra.
Austria castiga el negar, banalizar gravemente o justificar el genocidio nacionalsocialista u otros delitos contra la humanidad con pena de prisión entre 1 y 10 años, y en caso de especial peligrosidad del detenido o de la actividad, hasta 20 años.
Por su parte, Noruega penaliza con multas o prisión de hasta tres años las expresiones de odio o discriminación por motivos de raza, nacionalidad o etnia, incluida la exhibición de símbolos nazis.
También existen los casos de España, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Andorra, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria, Chipre, Italia y Grecia que condenan referencias discursivas en relación al Holocausto. Fuera de Europa, además de Israel, lo prevén Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Ruanda, Camboya.