Un trabajador del área contable de la empresa Campismo Popular de Sancti Spíritus defalcó a esa entidad un monto de 7 968 699.50 pesos mediante trasferencias bancarias, aprovechando el deficitario control y violaciones de los directivos.
La sustracción del dinero se ejecutó mediante operaciones extendidas desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, de acuerdo con un reportaje publicado por el periódico local Escambray.
El implicado, de 26 años y especialista B en Gestión Económica, de la Dirección Contable y Financiera, aprovechó el acceso a usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de Telebanca escaneadas y firmas electrónicas para operar las cuentas (corriente, de inversiones y de intermediación financiera) en moneda nacional de la entidad perteneciente al Ministerio del Turismo (Mintur).
Con esas herramientas ejecutaba las transferencias a partir del servicio Virtual Bandec, "un sistema de conexión remota banco-cliente, que permite realizar variadas operaciones desde la oficina u otro lugar, mediante Internet o la Intranet cubana, sin necesidad de presentarse en la sucursal correspondiente del Banco de Crédito y Comercio (Bandec)", precisa la publicación.
El desvío sistemático de cuantiosas sumas de dinero a cuentas personales y de terceros levantó las sospechas de las autoridades. Luego de radicada la denuncia, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria acudieron al domicilio del infractor en Trinidad, e incautaron los artículos adquiridos con el dinero defalcado.
El trabajador fue acusado por el delito de falsificación de documentos bancarios o de comercio de carácter continuado, como medio o fin para cometer una malversación. Recibió una sentencia de 18 años de privación de libertad por el Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, aunque aun no es firme dado que el acusado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, según confirmó el medio.
En las investigaciones realizadas y en el juicio oral celebrado a finales de noviembre de 2023, quedaron establecidas las violaciones y falta de control de los directivos de la empresa que permitieron la comisión del delito.
"En agosto del 2022, cuando cesó temporalmente en su labor, primero debido a un certificado médico y, posteriormente, a una licencia de maternidad, la entonces directora del área Contable y Financiera no cambió ni usuario ni clave en Virtual Bandec", precisa la publicación.
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A partir de ese momento, el acusado se convirtió en la única persona en operar la plataforma electrónica de Bandec y les negó a sus colegas el acceso a la computadora donde él laboraba, de acuerdo con las declaraciones de los dos especialistas del área Contable y Financiera en el juicio.
Por contrato entre el banco y la empresa, solo estaban autorizados a operar el sistema el director general, el director adjunto y la directora del área Contable y Financiera. Al no actualizarse ese documento tras la salida de esta, se cometió una transgresión del control interno permitida por los directivos, quienes admitieron en el juicio que se mantenía al margen de esa "dinámica de trabajo".
Durante el proceso de investigación se le aplicaron multas penales administrativas a cinco personas de la empresa: director general, director adjunto, directora contable y financiera, jefa de Recursos Humanos y un especialista de esta última área, por el incumplimiento del deber de preservar bienes en la entidad, refiere el reportaje firmado por Enrique Ojito y Yosdany Morejón.
Las pesquisas indican, además, que el encartado realizó una primera operación fraudulenta de más de 85 mil pesos en septiembre de 2022 y la última ascendió a 100 mil en mayo del siguiente año, mes que acumuló 200 mil pesos en transferencias. En enero de 2023 realizó la malversación más cuantiosa, pues la cifra llegó hasta 1 650 000 pesos.
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Después de esas operaciones el especialista contable alteraba mediante programas informáticos los documentos de estados de cuenta, al eliminar las transferencias hacia su tarjeta magnética y la de terceros para el pago de artículos que fueron decomisados, como un televisor de pantalla plana (55 pulgadas), refrigerador, nevera y dos motos eléctricas.
El acusado admitió su responsabilidad desde el inicio de la fase investigativa y, además de la sanción de privación de libertad, deberá reparar el daño material ocasionado a la empresa con el pago de la millonaria cifra malversada.
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