Los legisladores de Texas «quizá fueron demasiado lejos» con la Ley antiinmigrante, reconoció este miércoles el propio procurador general del estado, Aaron Nielson, en una corte de apelaciones. El tribunal analiza la legalidad de la polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera.
Nielson dijo en una audiencia realizada en una corte de Nueva Orleans (Luisiana) que cuando los legisladores redactaron la ley buscaron ir hasta «el límite mismo» de lo que el Tribunal Supremo de EE.UU. permite que los estados hagan.
«Ahora, y para ser justo, quizá Texas fue demasiado lejos», añadió durante la vista en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. El tribunal rechazó el 27 de marzo la solicitud de permitir que la ley antiinmigrante, que se presta para la discriminación racial, entre en vigor mientras la examina.
Ese fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la entrada en vigor de la nueva ley, que estaba prevista para marzo, mientras el caso sea litigado.
El tribunal de apelaciones también escuchó los argumentos sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios.
Texas se basa en las atribuciones antiinmigrante de los gobiernos federales
La ley de inmigración y su aplicación son atribuciones exclusivas del Gobierno federal. El gobierno de Texas ha emprendido su propia política migratoria alegando que el Gobierno de Joe Biden no protege la frontera con México.
Nielson añadió que, según la interpretación que la Fiscalía General de Texas hace de la ley, los migrantes sujetos a una orden de detención emitida por un tribunal estatal (no de inmigración) serán entregados a las autoridades federales para su deportación.
Será entonces cuando las autoridades federales determinarán si estas personas han de ser dejadas en libertad en Estados Unidos a la espera de audiencias de inmigración, o serán deportadas.
El Centro Las Américas de Abogacía por los Inmigrantes y otros grupos han calificado la ley como inconstitucional y presentado demandas judiciales contra Texas.
Otros demandantes incluyen la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto Texas de Derechos Civiles, el Condado de El Paso, American Gateways.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Texas alegaron este miércoles que los demandantes contra la Ley antiinmigrante no tienen reclamo válido. No son partes afectadas ni perjudicadas por la ley.
«Vamos a hacerle resistencia a la ley», dijo este miércoles a EFE Fernando García, presidente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Convocó a manifestantes frente al tribunal.
«Hemos reunido delegaciones de casi todo el estado de Texas, venimos de El Paso, el Valle de Texas, Laredo, Houston», añadió. «Queremos la eliminación de la S-B4 y de la Operación Estrella Solitaria».
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