Justo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Suiza por su inacción contra el cambio climático, la fiscalía catalana ha anunciado que está investigando a la Agencia Catalana del Agua por "reducir drásticamente" el caudal ecológico de los ríos de las cuencas interiores de la comunidad.
El Govern ya ha anunciado que, gracias a las lluvias de los últimos días, no será necesario disminuirlos aún más, pero ahora
A la mínima expresión. A principios de año, el conseller de Acción Climática de la David Mascort (junto con la Agencia Catalana del Agua) decidieron reducir los caudales de varios ríos de la comunidad tratando de exprimir al máximo el agua disponible. En principio, la medida permitiría alargar 136 días las reservas hídricas del sistema Ter-Llobregat, pero había un problema.
El problema es que "los caudales ecológicos o demandas ambientales", según explicaba la Ley de Aguas, debían "considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación" y que para fijarlos se requerían "estudios específicos para cada tramo del río".
Por eso, casi de inmediato, la Federación de Ecologistas de Cataluña anunció que tomaría medidas. Según explicaron, nadie había presentado ni informes técnicos ni estudios científicos que justificaran unos recortes tan drásticos. Hablamos de que caudal del río Ter iba a pasar de 5.500 a 600 litros por segundo, el del Llobregat de 4.300 a 250 y el del Muga de 1.200 a 40.
"Si debemos ir a los juzgados, iremos". El Govern no se amilanó y el mismo conseller Mascort dijo que la Generalitat no tenía miedo a ir a los juzgados y explicar qué estaba pasando y por qué tenían que tomar esa medida. Y todo parece indicar que, al menos la Agencia Catalana del Agua, sí que tendrá que hacerlo.
Mientras la administración justifican su acción asegurando que el caudal no ha llegado a los límites que se previeron y que han realizado crecidas artificiales para que no se produzcan daños graves en los ecosistemas, los ecologistas hablan de "atentado ambiental e irreversible" contra los ríos.
Justicia climática. Ahora será la fiscalía (primero) y los tribunales (después) los que decidirán si la actuación de la administración fue correcta; pero más allá de esto, se abre una vía que será clave para entender el futuro de las legislaciones ecológicas y climáticas.
A medida que la lucha contra el cambio climático llega a los juzgados y la Unión Europea decide pisar el freno de la transición energética, vamos de cabeza a uno de esos callejones políticos sin salida: ¿qué va a pasar cuando sean los jueces los que obliguen a los políticos a implementar las mismas leyes que ellos han aprobado?
Imagen | Joan GGK