El próximo viernes 26 de abril, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe que todavía no se ha implementado en Colombia, a pesar de que, desde diciembre de 2022, el alto tribunal tiene pendiente tomar la decisión.
Está previsto que la audiencia suceda a las 8:30 a.m. en el Palacio de Justicia, en la que expertos y demás invitados tendrán cerca de 10 minutos para hacer intervenciones. Sin embargo, un comunicado emitido este 19 de abril por diversas organizaciones ambientales manifestó desacuerdo con la decisión, pues, en sus palabras, aunque fueron 73 personas naturales y jurídicas las que manifestaron su interés de hablar en la Corte, solo 23 fueron aceptadas.
"No se refleja una representación equilibrada entre posturas", se lee en el documento firmado por la WWF Colombia, Dejusticia, Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Movimiento Ambientalista Colombiano, Escazú Ahora Colombia, Grupo de Acciones Públicas y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Al respecto, Erika Castro, docente de la Universidad de Medellín y experta en el Acuerdo de Escazú, le dijo a El Espectador que "no a todos los llamaron a hablar y eso está bien. Con lo que hay desacuerdo es con el hecho de que no habrá igualdad en la audiencia pública. Por eso se están solicitando garantías", contó Castro.
Por otro lado, Vanessa Torres, subdirectora de AAS y miembro de la alianza Escazú Colombia, contó que "de esas 23 intervenciones, hay 9 posturas a favor del acuerdo y el resto están en contra. Asimismo, que solamente se citaron a dos ONG, pese a que son más de 20, las que presentaron conceptos". Torres agregó que la Corte solo piensa a escuchar a una organización afro y otra indígena.
Las organizaciones también manifestaron descontento con la fecha del encuentro, pues se cruzaría con la COP 3 del Acuerdo de Escazú en Santiago de Chile (23 y 24 de abril), y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados (22 y 26 de abril). "Ambas estaban agendadas desde principio de año y, evidentemente, se cruzan con el espacio convocado por la Corte, que congrega al mismo público interesado", se lee en el comunicado.
Por ejemplo, y respecto al encuentro en Santiago de Chile, Castro explicó que habrá que dividir a las personas del Gobierno para que unas estén en Colombia y otras vayan al encuentro internacional.
Ahora, sobre la temática, participación y metodología de la audiencia, las organizaciones añadieron que "dejan por fuera otros temas fundamentales que atienden a la diversidad de posturas de sectores sociales y comunidades, entre ellos los aportes del Acuerdo de Escazú en el marco normativo nacional y los avances ya existentes a nivel regional que traerán amplios beneficios para el país".
Casto explicó también que ese tipo de audiencias no son muy comunes en el trámite de revisión, porque "la Corte solo hace revisiones de fondo y de procedimiento, no revisa aspectos de conveniencia política, económica o social. La cuestión es que el acuerdo ha tenido muchas dificultades al rededor de su aprobación y también ahora que va hacia la ratificación. La Corte lleva más de un año haciendo el análisis y no se ha pronunciado frente a la constitucionalidad", añadió.
Por ahora, el Magistrado encargado, Jorge Enrique Ibáñez, decidió continuar con la audiencia, permitiendo que en 10 días cualquier ciudadano se manifieste en el proceso de constitucionalidad, con el que se busca analizar que todas las acciones que se realizarían bajo el acuerdo ambiental estén alineadas con la constitución colombiana.
Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente se tomará una decisión para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia, pues las audiencias públicas van dirigidas a escuchar a involucrados, como expertos, organizaciones o sociedad civil. Esto, con el objetivo de que puedan explicar y ampliar información, sobre los planes y programas que se piensan ejecutar en el país.
En temas relacionados con el activismo ambiental, Colombia ha ocupado el primer puesto con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, para 2022, según Global Witness. Por lo que varias organizaciones esperan la implementación del Acuerdo de Escazú, que pretende proteger a aquellos que defienden y previenen conflictos de este tipo.
Lea el comunicado completo aquí:
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