Más de la mitad de las mujeres migrantes que viven en el país no han podido acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por Daniela Mogollón
Las mujeres migrantes enfrentan una realidad desafiante en Colombia. De los casi tres millones de personas venezolanas que residen en el país, un poco más de 500.000 están en situación irregular. De ellas, el 31,9 % son mujeres. De ahí que ser mujer migrante irregular implica una serie de retos como la violencia de género, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios de salud, la discriminación y, en ocasiones, la inserción a economías informales que la expone a situaciones vulnerables y riesgosas.
El más reciente Análisis de Situación de Población (ASP) realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), alerta sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes en Colombia: el 51% de las migrantes afirmó no poder acceder a este tipo de servicios de salud.
Esta situación empeora al no estar regularizadas debido a que, por cuenta de su condición jurídica, no pueden acceder a las EPS. Aun así, tanto las mujeres regularizadas como las irregulares enfrentan barreras a la hora de acceder a la salud sexual y reproductiva, con la agravante de que las que están en situación irregular se exponen más a vulnerabilidades.
Las mayores alarmas
Son tres los desafíos más críticos. El primero es el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva, fundamental para garantizar el bienestar de las mujeres. Lamentablemente, esta es una realidad inalcanzable para muchas, sobre todo para aquellas que no pudieron acceder a su Permiso Por Protección Temporal (PPT), ya que tampoco pueden afiliarse a una EPS.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que solo el 25% de las mujeres migrantes venezolanas en situación irregular en Colombia tienen acceso a anticonceptivos modernos. Esta falta de acceso se debe a barreras financieras y legales, así como a la falta de acceso a la información que existe sobre los derechos reproductivos.
Catalina Correa, doctora en salud pública de la Universidad de Drexel, insiste en sus estudios sobre riesgos migratorios, en la importancia de la planificación familiar y el acceso a anticonceptivos como parte de las estrategias de atención médica y de salud pública que contribuyen no solo a la salud reproductiva, sino a la autonomía y el bienestar general de las mujeres en contextos de migración.
Por otro lado, aún persiste la estigmatización en la atención médica. De acuerdo con entrevistas realizadas en 2023 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre oportunidades para la inclusión, las participantes resaltaron que persiste la discriminación en los centros de salud por parte del personal, especialmente hacia mujeres jóvenes embarazadas, mujeres trans o personas viviendo con VIH. Esto desincentiva a la población a acercarse a estos espacios, lo que aumenta la desigualdad.
El segundo desafío es la vulnerabilidad ante la explotación sexual y la violencia de género. Las mujeres migrantes irregulares están expuestas a un mayor riesgo en estos dos ámbitos. Según la OIM, el 70% de las mujeres migrantes venezolanas han experimentado algún tipo de violencia durante su tránsito por Colombia, mientras que el 40 % ha sido víctima de explotación sexual.
Y como si fuera poco estar expuestas a estas situaciones alarmantes, las mujeres se enfrentan a barreras en el acceso a la justicia, revictimización y negación, sobre todo aquellas explotadas sexualmente. Esto frena los procesos de denuncia y aumenta el ciclo de violencia contra la mujer.
La FIP también encontró que las jóvenes migrantes irregulares están aún más expuestas a ser raptadas por bandas criminales con fines de explotación sexual y trata de personas.
El tercer desafío es la violencia ginecobstétrica, que incluye el maltrato y la negligencia en la atención obstétrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos el 15% de las mujeres en todo el mundo han experimentado algún tipo de violencia obstétrica durante el parto.
Para las mujeres migrantes irregulares, esta cifra podría ser mayor debido a la falta de acceso a recursos legales, financieros y de apoyo.
La violencia ginecobstétrica se manifiesta de diversas formas: trato deshumanizado por parte del personal médico, falta de consentimiento informado en los procedimientos médicos y negación de atención médica adecuada durante el parto. Esta violencia no solo tiene consecuencias físicas y emocionales para las mujeres, sino que puede perpetuar un ciclo de desconfianza en el sistema de salud y evitar que se busque atención médica en el futuro.
Se suma la atención de los embarazos adolescentes. Entre enero y julio de 2023 se atendieron 15.853 mujeres y adolescentes gestantes en el plan de respuesta a personas refugiadas y migrantes venezolanas. De ellas, el 13% fueron niñas y adolescentes de 17 años o menos. Sin embargo, qué sucede con las adolescentes no regularizadas: ¿evitan los servicios o, si los usan, son víctimas de discriminación y violencia? La FIP encontró, en Cúcuta, que muchas adolescentes sufren este tipo de violencia y no reciben la atención, ni el acompañamiento necesario en su proceso de gestación.
¿Qué hacer?
Este panorama refleja la urgente necesidad de implementar políticas y medidas concretas que promuevan la igualdad de acceso a la atención médica para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio u otras condiciones. Es evidente la necesidad de mejorar la pedagogía sobre los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, tanto para el personal de salud como para los migrantes.
Abordar los desafíos en salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes venezolanas irregulares en Colombia requiere de la provisión adecuada, oportuna y continua de servicios que promuevan la salud, prevengan enfermedades y atiendan las diversas necesidades de esta población, considerando su diversidad sexual, cultural y los diferentes ciclos de vida.
De igual forma, urge estudiar más a fondo la efectividad de las respuestas para migrantes que acceden a servicios sociales y de salud, así como explorar alternativas para resolver las necesidades de aquellos irregulares. Se necesitan, además, cifras desagregadas actualizadas sobre mujeres irregulares para comprender su situación particular y abordarla de manera efectiva.
Si estas situaciones de desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva se perpetúan, aumenta el riesgo para la salud de estas mujeres, exponiéndolas a complicaciones durante el embarazo, a enfermedades de transmisión sexual y otros problemas de salud reproductiva que contribuyen al deterioro de la salud pública.
Esto puede conducir a una mayor prevalencia de enfermedades sexuales transmisibles y complicaciones relacionadas con la maternidad, impactando negativamente en el bienestar de toda la comunidad.
Además, negarles servicios de salud sexual y reproductiva a estas mujeres constituye una violación de sus derechos humanos, dificultando su inclusión en la sociedad y el acceso a oportunidades de desarrollo.
*Daniela es politóloga. Actualmente es investigadora junior de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).