El recurso de amparo fue presentado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta. Más detalles, en la nota.
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, Cristina Fiore, presentó un recurso amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el gobierno nacional que lidera Javier Milei. Es por omitir su responsabilidad legal y constitucional de garantizar el normal curso de leyes vigentes, como las de financiamiento educativo y de educación nacional.
Cabe destacar que el Estado salteño planteó ante la Corte Suprema que el gobierno libertario formalizó una decisión que tomó hace meses de forma unilateral.
De acuerdo con la información, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 280, que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 26 de marzo, se dejó de contribuir al financiamiento del sistema educativo de las provincias.
La provincia argumentó que esas garantías y responsabilidades se establecieron con anterioridad. Primero mediante la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, sancionada en diciembre de 2005, conocida actualmente.
Y luego, mediante la Ley de Educación Nacional 26.206, de diciembre de 2006. Mediante esos dos instrumentos legales el parlamento argentino estableció que dentro de todo el territorio nacional la educación es considerada un bien público, una prioridad nacional, y sobre todo, una política de Estado.
«Lo que se planteó fue la nulidad y la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia publicado justo antes de Pascuas, que es el 280», explicó la ministra Fiore.
En tanto, detalló que mediante ese DNU, el gobierno que conduce Javier Milei «estableció la eliminación de los fondos destinados a financiar el Incentivo Docente». Por su parte, en la página 178 del Anexo 1 de ese decreto, el gobierno nacional aclaró que, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, discontinuó partidas por casi 277 billones de pesos.