En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, presentó los alcances del informe remitido por el Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta a raíz de la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
El referido informe, se supo, fue presentado recién el 1 de abril de este año ante la Corte pese a que el plazo fijado inicialmente para realizar este trámite estuvo fijado para el 4 de marzo.
Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el año pasado que el Estado peruano incurrió en desacato al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que en diciembre del 2023 restituyó el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.
Asimismo, dispuso que se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, jugar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos relacionadas a las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.
El ministro de Justicia subrayó hoy que el indulto a Alberto Fujimori se dio en estricto apego a los principios de legalidad y de justicia y pidió, además, que se respete la soberanía del Estado peruano en estas "decisiones internas y soberanas".
"Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional", manifestó.
Arana estuvo acompañado en la conferencia por los agentes del Estado peruano que ejercieron la defensa del informe Jorge Luis Cáceres y César Pastor Briceño. También asistió el experto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Adrián Simons.
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