Tres años y cinco meses. Este es el tiempo que Modu Mbodj lleva viviendo en Canarias sin tener papeles. Lo tiene gravado a fuego porque no han sido años fáciles para él. «Yo pensaba que lo difícil era llegar hasta aquí y que como mucho al mes estaría trabajando», afirma. Pero nada más lejos de la realidad. «Una vez aquí te das cuenta que sin papeles no puedes hacer nada, no puedes avanzar», lamenta. Este joven senegalés de 28 años sobrevive realizando pequeños trabajos de costura y arreglos de ropa, vive en casa de una amiga a la que ayuda como puede a pagar el alquiler y sueña con poder regularizar su situación para poder asentarse de forma definitiva en el Archipiélago y convertirse en modista, la profesión que aprendió en su país de origen.
Mbodj es uno de los migrantes que podrá beneficiarse de la regularización que tramita ahora el Congreso de los Diputados, a la que podrán acogerse unas 26.000 personas en las Islas. «Sueño con los papeles, si los tienes puedes hacer formación, tener médico y derechos», apunta. Este joven asegura que nadie les advierte antes de venir que en España es necesario haber residido al menos tres años para poder conseguir regularizarse. «Y si nos lo dicen, no les creemos», admite. Cuenta que su familia en Senegal «no cree que no tenga dinero o trabajo porque estoy en Europa» y él hace todo lo posible para mandarles algo para ayudarles. «También he tenido que mentirles, no podía decirle a mi madre en la situación en la que estaba en realidad».
Durante tres meses vivió en la calle donde se encontró con el racismo. «Me gritaban que me fuera a mi país y que venía a quitarles el trabajo», recuerda. Después una mujer que ayuda a personas sin hogar le salvó, abriéndole las puertas de su casa.
A pesar de las dificultades, ratifica que no se arrepiente de haber emigrado de Senegal y recalar en Canarias. Solo cambiaría una cosa: «Nunca volvería a venir en patera». Siete días en el mar, tres de ellos sin agua ni comida que asegura fueron una experiencia que no repetiría jamás.
Sin embargo, la mayor parte de los migrantes que residen en las Islas no llegan jugándose la vida en el mar en una de las rutas migratorias más peligrosas que existen. Lo hacen en avión como turistas que al acabar su visado no regresan a su país de origen. De esta manera, la mayor parte de los 26.000 que podrían acogerse a la regularización no son africanos sino latinoamericanos.
Óscar Donda es uno de ellos. Este argentino llegó hace siete años con su mujer y sus tres hijos a Canarias. ¿El motivo? Visitar a su suegra que llevaba aquí varios años y quería ver a sus nietos. «Después decidimos que no nos íbamos a volver», sentencia. Donda explica que es difícil de comprender para las personas que ya han nacido aquí. «Allá veíamos delincuencia, droga, poca educación, acá mis hijos pueden jugar tranquilos en la calle y eso es impagable».
Ha intentado conseguir los papeles varias veces pero no lo ha conseguido y todo este tiempo han sobrevivido gracias a la economía sumergida. Él trabajó primero en la construcción y ahora colabora con un club de fútbol y ella cuida a una persona mayor en su domicilio. Donda califica como una odisea para ellos hacer cosas que para el resto se consideran normales. «No tener papeles me implica un dolor de cabeza constante». Alquilar un piso, tener carné de conducir o viajar entre Islas suponen para su familia un suplicio muchas veces fuera de su alcance. La vivienda la consiguieron gracias a «nuestro padrino» como él le llama. Un hombre del que se hizo amigo y les ayudó avalando el contrato del piso donde residen. «Nadie te alquila si no tienes papeles y él firmó el contrato por nosotros», le agradece.
Pero para otras cosas no les queda otra que resignarse. «Mi hijo juega a fútbol y un billete de avión que con la residencia saldría 30 euros a nosotros nos cuesta más de 100», lamenta. A él no le pueden contratar en el equipo de fútbol en el que colabora porque al no tener papeles no puede obtener un certificado de delitos sexuales, necesario para trabajar con niños.
Lo que sí valora es que desde el primer día sus hijos han podido ir al colegio. «El Gobierno te lo exige y es muy bueno». Aunque apunta que no pueden acceder a becas u otras ayudas. También han recibido atención sanitaria. «A pesar de ser inmigrante jamás me han mirado mal y le han dado a mi hijo que tiene diabetes todo lo necesario, igual que a un residente», agradece.
A pesar de las cosas en contra, no se arrepienten de su decisión de quedarse. «Tomamos el riesgo pero merece la pena», admite. Ahora, la posibilidad de una regularización abierta por la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa popular que la promueve les da nuevas esperanzas. «Cuando vimos la noticia nos alegramos un montón», celebra y se muestra convencido de que esta regularización «no es buena solo para los inmigrantes sino para toda la sociedad».
Iniciativa legislativa
La regularización de migrantes que tramita la Cámara Baja abre la puerta para que 26.000 personas en Canarias puedan legalizar su situación. Una posibilidad a gran escala que no se presenta en España desde hace dos décadas, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una iniciativa similar que benefició a 578.000 personas en todo el país. Ahora, se calcula que serán medio millón los que podrían acogerse a ella en todo el país si finalmente sale adelante.
La iniciativa legislativa popular (ILP), presentada a instancias del movimiento Regularización ya, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos con presencia en la Cámara, salvo Vox. Le queda por tanto un largo camino de tramitación para conocer cuáles serán los requisitos para poder acogerse, pero la intención es que pueda beneficiar a aquellos migrantes en situación irregular que estuviesen viviendo en España desde antes del 1 de noviembre de 2021.
Conocer la cantidad de personas sin papeles que residen en el país no es tarea fácil. No existen registros oficiales y las aproximaciones hay que buscarlas en informes especializados. El último, elaborado en 2022 por la Fundación PorCausa cifra en medio millón las personas en esta situación en España. Para calcularlo el estudio recurre a los datos del padrón ya que los municipios permiten empadronarse a toda la población extranjera, con independencia de su situación administrativa. Datos que cruza con los permisos de residencia oficiales y ajusta en función de varias casuísticas.
Distribución
Este mismo estudio apunta que la distribución de estas personas dentro del territorio nacional es muy similar a la del conjunto de las personas migrantes. Canarias acogía en 2022 al 5,2% de los extranjeros que residían en España, por lo que si se extrapola este porcentaje a las cifras aportadas por este estudio se obtiene que en el Archipiélago conviven unas 26.000 personas en situación irregular. Una condición que no les permite acceder a servicios públicos y les deja en una situación de desprotección laboral, obligándoles a formar parte de la economía sumergida.
Sin embargo, las asociaciones insisten en la dificultad de ofrecer estimaciones sobre esta realidad, ya a veces el empadronamiento, uno de los trámites que sí está permitido, se vuelve tarea imposible. Valeria Mastroianni, portavoz del Comité Canarias de Regularización, explica que apuntarse en el padrón es vital para ellos. «Es el único papel con el que pueden demostrar desde cuándo han residido en España, pero muchas veces aunque puedan empadronarse no tienen dónde hacerlo», apunta. Alquilar un piso en situación irregular es «imposible» y muchos acaban recurriendo a casas de familiares o conocidos para poder llevar a cabo el trámite.
Lejos de atajarse, la fundación PorCausa estima que la población en situación irregular creció un 16% en un año. Entre los migrantes irregulares en España hay una amplía mayoría de personas que proceden de latinoamérica y solo un 11% son africanos. Hay una mayor prevalencia de mujeres, jóvenes y niños.
Economía sumergida
El estudio apunta que la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando. Eso sí en la economía sumergida. En El Archipiélago la mayoría se dedica al cuidado de personas mayores en sus domicilios y a la hostelería. Hay también personal de limpieza, trabajadores de la agricultura y repartidores. Antes se dedicaban más a la venta ambulante pero esta opción para ganarse la vida cada vez resulta más difícil para ellos.
«Hay que decirlo claro: la hostelería no se sostiene en Canarias sin los migrantes», sentencia Teodoro Bondyale, portavoz de la Federación de Asociaciones Africanas. Y critica a los partidos y sectores que están en contra de esta regularización «porque no quieren gente con derechos sino trabajadores sin ellos y esos son esclavos».
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha avalado el proceso de regularización aduciendo que es necesario para afrontar la falta de mano de obra que existe en varios sectores.
Isabel Alfaro, presidenta en Canarias de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, sostiene que «todos los que venimos lo hacemos para trabajar pero nos abocan a la economía sumergida y cubrimos la carencia laboral que existe». Asegura que los migrantes ocupan puestos que «otros no quieren hacer» y que la regularización «nos dará derecho a vacaciones, a reclamar y a ponernos enfermos».
Las asociaciones sostienen que la situación de irregularidad es una «trituradora» de derechos como la educación, la salud, la vivienda digna o la protección de la justicia y aboca muchas veces a estas personas a la vulnerabilidad. El estudio elaborado por PorCausa apunta que una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los ciudadanos que han nacido en España. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%. Para los hogares españoles el porcentaje no sobrepasa el 20%.
Pero es que la regularización también supondría un beneficio económico, ya que estos trabajadores abocados a la economía sumergida no pueden realizar aportaciones fiscales directas a través del impuesto sobre la renta o las contribuciones sociales, aunque sí pagan impuesto indirectos a través de su consumo. Regularizarse les permitiría aportar más. En concreto hasta 3.500 euros por año a cada uno de ellos, lo que beneficiaría a las arcas públicas.
«Hay que descartar también la idea del efecto llamada porque no es así», insiste Valeria Mastroianni, ya que como ha ocurrido en otras regularizaciones anteriores se impondrán condiciones. «Tendrán que ser personas que estén empadronadas aquí y normalizar su situación les permitirá hacer una vida normal, alquilar una vivienda, ir al médico y tener sus derechos como trabajadores», apunta.
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