El caso Nazarí, principal investigación de supuesta corrupción urbanística que se ha desarrollado en Granada y que llegó a convertirse en macrocausa, afronta ahora su recta final con el último auto de procedimiento abreviado de la jueza instructora, referido a la pieza Mulhacén, que fue el verdadero origen de todo el proceso y que se vislumbraba como la clave de bóveda de la gran operación policial y judicial desarrollada en 2016, cuando la Policía detuvo al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y a otra docena de personas, además de practicar registros en viviendas y sedes municipales y empresariales. Tras más de ocho años de procedimiento, la magistrada ha hallado indicios de la comisión de once delitos por parte de siete de los investigados, la mayoría de ellos altos cargos pasados y actuales de Urbanismo, como la exedil Isabel Nieto, además del empresario Roberto García Arrabal.
El auto fechado el 2 de abril, al que ha tenido acceso este periódico, dispone que continúen las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra la exconcejal del PP, el promotor urbanístico y otras cinco personas que tenían altos cargos municipales en los años en que se sucedieron los hechos investigados, entre 2007 y 2014. Se trata personas que han tenido responsabilidad en Licencias, Obras o en la dirección o gerencia de Urbanismo, como Manuel Lorente, la persona que durante décadas ejerció una enorme influencia sobre el urbanismo de Granada. El resto son Emilio M. H. (condenado ya por el caso Serrallo), Paz S. M., Gaspar N. C. y Agustín B. B., recientemente promocionado en el Ayuntamiento y actual responsable técnico del área.
Los presuntos delitos imputados son el de asociación ilícita y organización criminal, además de cohecho, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.
La pieza Mulhacén es la que se considera como origen del caso, cuando el empresario Ramón Arenas (acusación particular en esta causa), denunció ante la Fiscalía una serie de hechos en relación a varias parcelas municipales del Zaidín que se habían vendido y sacado a licitación con unas condiciones que no se estarían cumpliendo, por presunto trato de favor al empresario García Arrabal desde el Ayuntamiento de Granada. La Fiscalía presentó querella y se hizo cargo de la investigación la a Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de DelincuenciaEconómica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF), por las sospechas de la existencia de una "trama organizada corrupta que de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada".
Tras la división de la macrocausa en piezas separadas (que han seguido su curso, la mayor parte archivadas, enjuiciadas o pendientes de recurso), quedó para el final la primera denuncia sobre la tramitación y construcción del Pabellón Mulhacén y los restaurantes aledaños que actualmente funcionan en la zona sur de la ciudad.
Respecto a este caso concreto, la jueza expone en su auto la presunta "alteración y modificación fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de una parcela de uso deportivo mediante la alteración sucesiva de las condiciones de la misma hasta desvirtuar por completo el objeto y las condiciones de la concesión. Todo ello realizado por la empresa adjudicataria y mediante informes de los encausados, modificaciones y estudios de detalle dados en beneficio del empresario Roberto García Arrabal".
La sociedad Fontdeis SL, cuyo representante era García Arrabal, fue adjudicataria de un procedimiento municipal de concesión para la construcción de un pabellón deportivo municipal pensado originalmente como dotación para el Mundobasket. La instalación fue paulatinamente cambiando sus especificaciones originales (las del pliego) hasta el punto de que fue rechazada por la FIBA por no reunir los requisitos de nivel exigidos, tal y como señala la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz en su último auto.
Además, el pliego de la concesión incluía la obligación de hacer otro tipo de instalaciones, como una zona de pistas deportivos (de tenis y pádel) y un aparcamiento subterráneo de 196 plazas. "Residualmente", se permitía destinar un porcentaje del 30% del uso global de la parcela a uso terciario (comercial), que sería la parte lucrativa para el empresario. En una sentencia del TSJA por la vía contencioso administrativa se llegó a especificar que ese porcentaje tenía que formar parte de la misma edificación y que no era legal dividir la parcela en distintas partes.
La investigación penal se centra en el proceso seguido durante años hasta llegar al resultado final de la obra, que es la que existe actualmente. Hay un pabellón de distintas dimensiones al inicialmente previsto, no hay pistas deportivas y tampoco aparcamiento, salvo 38 plazas de parking que utiliza el restaurante Mc Donald's. Sí se ha levantado ese establecimiento de comida y otro edificio con diversos restaurantes, en la esquina entre Torre de la Pólvora y Paseo del Emperador Carlos V. El pabellón deportivo lleva años cerrado y recientemente ha sido rescatado por el Ayuntamiento. La zona de restauración sí está activa.
"Las irregularidades, en esencia, -según resume la jueza en su auto- vienen derivadas de la alteración fraudulenta de las condiciones del pliego de la concesión administrativa vulnerando fundamentalmente lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones y en el supuesto perjuicio a la ciudad y a otros empresarios que habrían podido concurrir al concurso en beneficio de un empresario determinado, la burla de la fiscalización del contrato, falseando la cantidad y la cuestión relativa al importe real de las obras ejecutadas". Y todo ello, prosigue la magistrada, "haciendo dejación por parte de los responsables del Ayuntamiento de Granada de los intereses de los ciudadanos y en beneficio de Roberto García Arrabal".
El promotor fue pidiendo sucesivos cambios a través de estudios de detalle (hasta tres veces) que se iban aprobando en el Ayuntamiento para "favorecer" sus propios intereses, según expone la jueza. Además, una vez construido, desde Urbanismo se abren varios expedientes por irregularidades que acaban siendo anulados por decretos de la concejal de Urbanismo, que son detallados en el último auto judicial.
El auto también detalla otra presunta irregularidad relativa a la "invasión de la parcela del denunciante". Antes del desarrollo de la parcela deportiva, el Ayuntamiento vendió a Ramón Arenas otro terreno de uso educativo que era colindante al futuro pabellón. Éste denunció que no ha podido construir ni desarrollar su proyecto porque tanto la instalación deportiva como los establecimientos comerciales invaden parte de su terreno.
En el sumario de la causa constan informes periciales de técnicos de Urbanismo de la Junta, así como evaluaciones económicas sobre los presuntos perjuicios para la ciudad. También constan las conversaciones entre los investigados sobre este asunto, de las que hay rastro por los correos electrónicos intervenidos.