—Ya no hay río... Ya no hay agua...
El lamento es de Bernardo Caal Xol, un líder indígena de la comunidad quekchí -de origen Maya- que ha sufrido de primera mano las operaciones de las grandes empresas en Guatemala y cómo éstas, según afirma, dirigen las propias instituciones del Estado.
Los grupos étnicos indígenas están relegados a un segundo plano político, económico y social en este país. Caal es de esas personas que, a pesar de la miseria en la que vive su aldea -ubicada en una de las zonas más pobres de Guatemala- decidió dar un paso adelante y realizó sus estudios de magisterio. Ahora enseña español en la aldea en la que vive.
Sus padres y abuelos, como cuenta en una entrevista con Infobae España, murieron sin saber leer ni escribir porque desde los 10 años fueron esclavizados en las fincas del café.
—Los empresarios de estas fincas todavía consideran que las manos más ágiles para el corte del café son de los niños y niñas.
El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas en Guatemala calcula que este país tiene, al menos, seis millones de habitantes indígenas. De hecho, el censo oficial del año 2018 estimó que alrededor de la mitad de la población se identifica como de etnia indígena, aunque otros estudios apuntan a que este grupo constituye el 60% del total de la población.
A pesar de formar un amplio porcentaje demográfico, la representación política de estos grupos es imperceptible y, por tanto, sus derechos se encuentran desprotegidos ante el poder de las grandes mineras e hidroeléctricas, en su mayoría extranjeras, que han llegado al país en las últimas décadas. Contra todo, Caal siente la necesidad de defender a los suyos, y en especial, a la tierra "que le ha dado todo".
—Yo creo que es el amor que se tiene a la naturaleza, que así nos inculcan los abuelos y las abuelas. A todo se le tiene que tener respeto y amor: a los cerros, a los valles, a los bosques, a los pájaros, a las mariposas, a todos los seres vivos que hay a nuestro alrededor. Y de igual manera a los ríos.
Las aguas del río Cahabón recorren 195 kilómetros hasta desembocar en el inmenso lago Izabal. A lo largo de su recorrido fluye la vida de las diferentes comunidades indígenas, como aquella a la que pertenece Caal. Allí lavan la ropa, se bañan, pescan...
—Cualquiera podía entonces agarrar sus utensilios para la pesca y dependerá de su suerte que agarre muchos o pocos y que con eso se alimenten.
Lejos de aquellos tiempos, ahora ese río es propiedad de las empresas hidroeléctricas, que a lo largo de las últimas décadas se han asentado en la región para construir hasta seis centrales gestionadas por dos compañías: Renace-Cobra (propiedad entonces del grupo ACS, de Florentino Pérez) y Oxec.
La lucha contra las hidroeléctricas
Caal estuvo preso durante cuatro años y dos meses en una cárcel de Guatemala por denunciar unas obras por las que en ningún momento se les informó ni a él ni a los más de 29.000 indígenas quekchí, a pesar de que la ley obligue a ello.
El activista fue nombrado representante por las propias comunidades y en 2017 logró paralizar algunas de las licencias de construcción -en concreto, las de Oxec-, después de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala le diese la razón. En aquella sentencia, el tribunal confirmó que se cometió una "violación de los derechos de las comunidades" y exigió la realización de una consulta a los pueblos indígenas. Aquella sentencia no sentó nada bien entre las personas con poder en el país.
—Aquí es donde se unen todas las empresas, no solo las hidroeléctricas, sino todas las cámaras y asociaciones empresariales en Guatemala. La agarran contra mi persona porque yo firmé el amparo. Estas compañías empezaron a hacer comunicados diarios en todos los medios de comunicación con mi foto y diciendo 'es este', 'esta persona está en contra del desarrollo'. Entonces es cuando logran generar un odio social contra mí y contra la corte que dictó sentencia.
La empresa Cobra, una filial del grupo ACS, se encargó de la construcción de dos de las tres fases del complejo hidroeléctrico, en un proyecto liderado por la compañía guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI), según explica un informe del Observatorio de Multinacionales en América Latina. A pesar de ello, la compañía española sigue eludiendo cualquier responsabilidad, al alegar que estaban contratada por CMI, afirma el activista. La licencia que en un primer momento otorgó el Gobierno permitía el aprovechamiento del 90% del río durante los próximos 50 años, pero ellos "tomaron el 100%". Este diario ha intentado ponerse en contacto con ACS, pero hasta el día de la publicación de esta pieza no ha obtenido respuesta. En el pasado, ACS ha dicho que su posición en este tema es la de la promotora, CMI. Y por su parte, CMI ha criticado que todo se debe a una campaña de desinformación y que ha tenido "conversaciones y acuerdos" con las comunidades.
Siete años de prisión
La persecución contra Caal ha causado que, un año más tarde, el caso se elevara a la máxima instancia judicial y se pidiera una orden de captura contra el activista maya. Convencido de no haber cometido ningún delito, el activista quekchí se presentó ante el magistrado, que eliminó la orden. Sin embargo, meses más tarde, en octubre de 2018, el activista fue detenido y sentenciado a siete años de prisión por el mismo magistrado, a raíz de otra denuncia interpuesta por trabajadores de la hidroeléctrica y de la presión mediática. A su vez, el Tribunal levantó el amparo y permitió retomar las obras sobre el río.
—Me acusan de que yo y 100 personas más nos pusimos en el camino de un camión y les robamos dos costales de cables. La pregunta que yo formulé al juez fue: ¿Dónde están esas 100 personas? ¿Por qué solo me tiene a mí aquí? Esa afirmación era falsa. La lucha es que no toquen el río, y punto.
Durante esos cuatro años en prisión, ambas compañías terminaron el complejo hidroeléctrico. Pero la comunidad indígena asegura que la electricidad no llegará a ellos y que el río no pasará por donde antes fluía.
—En la comunidad donde yo vivo, Sepós, nunca ha habido energía eléctrica, sin embargo ahora es una región donde se produce mucha energía eléctrica, si no la que más. ¿Desarrollo para quién? Eso no es desarrollo. Florentino Pérez desvió el río Cahabón con su empresa, fue la que construyó un canal y un túnel. ¿El Estado español va a aplicar alguna sanción contra él? ¿O no va a hacer nada?
El rostro de Caal es un rostro exhausto, de alguien que lleva décadas plantando cara a las instituciones del país y que se ceba con los activistas.
—¿Tiene miedo de volver a ser encarcelado?
— Definitivamente. Mi vida está está en constante peligro, pero los únicos responsables de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia son estas empresas hidroeléctricas que hay sobre el río. Lo único que hemos hecho es denunciarlos y manifestarnos pacíficamente.