El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y los sindicatos de prisiones han mantenido este martes la primera reunión tras la crisis abierta de los últimos días a raíz del asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), a manos de un preso que después se suicidó. Como resultado de este encuentro, se ha pactado crear un grupo de trabajo sobre seguridad en el interior de los centros y otro que seguirá negociando cuestiones laborales, como hacía hasta ahora.
La reunión entre ambas partes se ha iniciado sobre las 09:30 horas en la sede del Departamento de Justicia sin la presencia de la consellera, Gemma Ubasart, ni del responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó. Por parte de la conselleria, asiste a la reunión el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy.
Después de que los sindicatos de prisiones rechazaran reunirse hasta en cuatro ocasiones con la consellera y con representantes del Departamento de Justicia, este martes las dos partes se han sentado por primera vez a la mesa para reclamar mayor seguridad en las prisiones catalanas.
Se sigue exigiendo la dimisión de Ubasart
La destitución del director del centro penitenciario de Mas d'Enric la semana pasada abrió la puerta a que los sindicatos de prisiones se avinieran a mantener "vías de contacto" con el Govern, aunque siguen exigiendo la dimisión de Ubasart y de Calderó, a los que además no consideran "interlocutores válidos".
En un comunicado conjunto emitido tras conocerse el relevo del director de Mas d'Enric, los sindicatos UGT-Prisiones, CCOO, CSIF, IAC-CATAC, Intersindical y ACAIP afirmaron que el escenario "podría estar cambiando", puesto que la sustitución del mismo "supone un reconocimiento público del Govern" de que el Departamento de Justicia "debe asumir su responsabilidad".
Asimismo, consideran que equivale al sacrificio de un "peón" para "proteger figuras más relevantes", y lamentan que la estrategia "evidencia que los objetivos electorales parecen tener prioridad por encima de la voluntad del Gobierno de resolver el conflicto".
El asesinato derivó en varias protestas
El asesinato el pasado 13 de marzo de la trabajadora de la prisión tarraconense derivó en una crisis abierta de los sindicatos contra los responsables de Justicia, con protestas que se prolongaron varios días en las que los funcionarios bloquearon los accesos a las cárceles, lo que obligó a confinar a miles de presos, y con concentraciones ante el Palau de la Generalitat y el Parlament.