Con el objetivo de lograr el mayor consenso posible en torno a la nueva Ley Bases para así evitar que la iniciativa vuelva a ser rechazada en el Congreso, el Gobierno busca bajar la confrontación con los gremios, pero debe resolver primero los puntos en conflicto que se incluirían en la reforma laboral.
El oficialismo quiere eliminar del proyecto aquellos artículos que generan disconformidad en algunos sectores, para tratarlos más adelante, una vez que se haya aprobado este paquete y se haya firmado el Pacto de Mayo o, incluso, luego de las elecciones legislativas del año próximo.
En este contexto, además de haber recibido a los principales referentes de la oposición, el miércoles pasado el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunieron por primera vez en la Casa Rosada con la cúpula de la CGT y con algunos líderes sindicales, entre los cuales estaba Hugo Moyano.
En aquel encuentro de casi tres horas, ambas partes celebraron la posibilidad de abrir un canal de diálogo luego de varios meses de gestión del presidente Javier Milei y debatieron sobre los asuntos en los cuales tenían diferencias: las paritarias y la Ley Bases.
Si bien cada sector ratificó su posición, coincidieron en que la reunión fue positiva y un primer paso para el acercamiento e incluso los dirigentes sindicales reconocieron la necesidad de avanzar en una reforma laboral.
No obstante, la CGT rechazaba dos puntos que hasta ese momento estaban en agenda, la limitación de las cuotas solidarias y la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo.
El Gobierno explicó que el texto final de esta reforma estaba siendo elaborado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el cual se lo iba a entregar al oficialismo para que considere incorporarlo a la Ley Bases durante el tratamiento en comisión.
Aunque las autoridades nacionales consideraban que ninguno de esos dos aspectos iba a estar incluido en el proyecto, el jueves por la tarde el jefe de la bancada en Diputados, Rodrigo de Loredo, y en el Senado, Eduardo Vischi, presentaron en Casa Rosada la iniciativa que, al final, sí propone hacer optativo los aportes solidarios.
Mientras los dirigentes radicales se lo comunicaban a Posse en Balcarce 50, en Azopardo al 826, la sede de la CGT, los líderes de la central obrera confirmaban un paro general para el próximo 9 de mayo, que ya le habían anticipado al jefe de Gabinete el día anterior.
"Es una medida legítima, está bien que lo hagan, los sindicatos tienen que defender los intereses que consideren", comentó al respecto un importante funcionario nacional que visita casi diariamente la oficina de Francos.
No obstante, a pesar de estar en gran medida de acuerdo con la iniciativa que agregó la UCR en la reforma laboral, altas fuentes del Gobierno consideraron que se trata de un artículo que no contaría con el apoyo necesario en el Congreso para ser aprobado.
En este sentido, en el oficialismo no descartan que la modificación de los aportes solidarios finalmente quede fuera del proyecto cuando se debata con el resto de los espacios en el plenario de comisión esta semana.
La intención es que la discusión comience el martes que viene y se extienda por tres días, durante los cuales se van a terminar de definir cuestiones como estas para tratar de llegar a un dictamen que cuente con amplio consenso y facilitar la votación en el recinto.
"Creemos que no es momento de generar conflictos, quizás se pueda tratar esto mismo más adelante, pero ahora queremos tener la Ley Bases y no creo que ese punto pueda pasar el filtro", agregó el funcionario.
Por su parte, en el bloque de la UCR reconocieron que la cuestión puede generar malestar en los gremios, pero aseguraron que van a tratar de que ese artículo no sea eliminado: "Hay cierto temor con lo de la cuota solidaria y la CGT, pero esperamos que se animen a pelear contra la casta", ironizó un referente de ese espacio.
Por otra parte, la discusión en el plenario de comisiones será la primera misión del flamante jefe de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien fue elegido para ese puesto luego del conflicto entre su antecesor, Oscar Zago, y el presidente de la Cámara, Martín Menem.