Los feroces ataques y malintencionados producto de informaciones falsas de la derecha política y mediática española hacia el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, han determinado que el presidente se haya planteado dimitir porque, humanamente, le han provocado una situación personal insoportable, que no es producto de los ataques de un día o de unos meses, sino de seis años que lleva presidiendo el Ejecutivo central.
La gota que ha colmado el vaso de la indecencia la ha provocado la denuncia interpuesta por un pseudo sindicato ultraderechista denominado paradójicamente "manos limpias", que se ha encargado de recoger noticias periodísticas –que el propio responsable de este pseudo sindicato ha reconocido que pueden ser falsas- y presentar denuncia judicial contra el presidente del gobierno y su esposa y ser admitida por un juzgado de Madrid. Resulta incomprensible que una denuncia amparada en noticias falsas que no aporta ni indicios racionales ni prueba alguna que sostenga conductas presuntamente delictivas por parte de la esposa y otros familiares del presidente, sea admitida a trámite por un juzgado. Es más, la fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la denuncia ya que es insostenible mantenerla abierta e investigar sobre hechos que carecen de veracidad.
Nos encontramos ante un evidente caso del denominado "lawfare", es decir, de judicialización de la política, utilizando los resortes judiciales con acusaciones falsas para derribar al oponente político, siendo admitida la acusación por el juez y así generar un manto de rechazo y de estigmatización de la ciudadanía hacia los falsamente acusados. Una práctica perversa que no sólo ha sufrido el presidente Sánchez y su esposa, sino que también lo han practicado presuntamente autoridades del gobierno de M. Rajoy sobre líderes políticos independentistas catalanes, sobre otros cargos públicos de partidos de izquierda (caso Neurona, en Podemos) o sobre la ex presidenta valenciana, Mónica Oltra, que luego resultaron absueltos y siempre con el objetivo de derrotarlos políticamente, de que desaparezcan de la escena pública y del poder. Algo totalmente perverso y vomitivo.
Feijóo, uno de los principales inspiradores de estas mafiosas prácticas políticas, es incoherente con su incendiario discurso acusatorio sobre Sánchez. Alguien, utilizando sus mismos argumentos, puede -ante las fotos aparecidas de Feijóo con un narcotraficante condenado a larga pena de prisión-, interponer una denuncia ante un juez diciendo, sin pruebas, que Feijóo forma parte de una organización criminal de narcotraficantes, dado que su gran amigo, Marcial Dorado, el que le pagaba las vacaciones en yates de lujo, estuvo en prisión condenado por tráfico de drogas, y que el juzgado admita a trámite esta denuncia, sin que puedan dilucidarse con claridad indicios racionales de criminalidad ni presentado pruebas que puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Sería incomprensible presentar semejantes acusaciones sin pruebas, con independencia de que estemos convencidos que la amistad de Feijóo con Marcial Dorado no parece que fuera casual.
En la patética rueda de prensa que ha dado este jueves Feijóo sobre la decisión de Sánchez, ha llegado a decir que si llega a ser presidente del gobierno, pedirá a su pareja "que no tenga contratos con la administración pública". Pero este mínimo ético no lo exigió a su propia hermana siendo presidente de la Xunta de Galicia, ya que Micaela Núñez Feijóo, su hermana, es la directora de la zona noroeste del Grupo Eulen, una empresa de servicios con más de 70.000 empleados en todo el mundo. Pues bien, desde que Feijóo llegó al poder en la Xunta, en 2009 hasta la actualidad, Eulen ha recibido contratos del gobierno gallego por más de 37 millones de euros. Feijóo no permitirá que su esposa tenga contratos con la administración pública, pero sí ve bien que el hermano y el novio Ayuso se hayan lucrado por la venta de mascarillas en la época más dura de la pandemia cuando morían miles de ciudadanos todos los días. Ese, en resumen, es el compromiso ético, falso, como siempre, que ofrece el presidente del PP, Feijóo.
Durante este jueves, cuando salía de una reunión de la Junta Directiva de la asociación "Memoria y Justicia" de Salamanca e íbamos comentando la noticia de la carta que Pedro Sánchez escribió a la ciudadanía, mi amigo Ramón, de Béjar, me contaba una anécdota curiosa e interesante. Hace ya bastantes años, en los primeros de nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho, después de la Constitución del 78, hubo un alcalde socialista en Béjar que también fue Diputado Provincial de Salamanca. Me contaba Ramón que el alcalde, durante aquélla época, se compró un automóvil utilitario de marca modesta para desplazarse desde Béjar a Salamanca a cumplir con sus cometidos de Diputado Provincial, concretamente para asistir a los plenos y comisiones correspondientes y para desplazarse a los respectivos pueblos del partido judicial de Béjar a los que representaba en la institución provincial. Pues bien, muchos ciudadanos de Béjar vieron con "malos ojos" que su alcalde se comprase un coche nuevo y el comentario rondaba por todos los mentideros de la ciudad textil, considerando que la adquisición del cochecito era un acto de posible corrupción política. Por la misma época, un edil de la entonces Alianza Popular (antiguo PP) de Béjar, uno de los señoritos a los que adulaban los vecinos porque era un señor importante, miembro de los sectores acomodados de Béjar, también se compró un automóvil, pero éste de alta gama, de importación y de marca cara y muy conocida. En cambio, la ciudadanía de Béjar veía con buenos ojos que este señor hubiera adquirido tal vehículo. Cuando algún ciudadano preguntaba el motivo por el que la gente no veía mal que el señorito hubiera adquirido aquél vehículo, le contestaban que no era lo mismo porque el concejal de AP era un caballero bien visto, era "Don Tal" y podía tener el coche que quisiera.. "Don Tal" era un señor y el alcalde no tenía la misma categoría personal, procedía de las "clases bajas" y estaba más cerca de la "villanía que de la señoría". Ya se sabe, aunque nuestra Carta Magna en el artículo 14 considera que todos somos iguales ante la ley, antes y también ahora, la derechona política y mediática no piensa lo mismo. Y eso que se declaran "altamente constitucionalistas". Lo que son es "altamente hipócritas".
Así son y así piensan los miembros de la derechona política, económica y mediática de nuestro país y, en consecuencia, se consideran herederos del poder, por casta y tradición, y los "perroflautas" de izquierdas no tienen la categoría humana suficiente para ostentarlo. Cuando eso ocurre, ya se encargarán ellos de manipular, engañar e intoxicar a la ciudadanía para que les voten en las confrontaciones electorales y son capaces de poner autobuses para ir a buscar a los ciudadanos allí donde se encuentren, sea en pueblos perdidos o en las más recónditas residencias de mayores. Si aún así no consiguen llegar al gobierno, divulgarán noticias falsas para insultar, calumniar e injuriar a los políticos de izquierdas intentando implicar a todos los poderes públicos. Si a eso le añadimos que luego incumplen las obligaciones constitucionales, entre ellas la de renovar el Poder Judicial para que el gobierno de los jueces sea afín a sus estrategias, conseguirán la cuadratura del círculo, miel sobre hojuelas, que se suele decir.
Infinidad de veces, me hago la siguiente pregunta y, la verdad, me resulta complicado responderla, ¿se encuentra realmente España ante una democracia plenamente consolidada como el resto delos países más avanzados del mundo?.
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