Dirigentes empresariales que cantan loas a la sucesora, dejan ver que el desorden, la desesperanza y la falta de objetivos claros hicieron presa de las organizaciones y de las cúpulas, dejando a su paso meros traficantes que buscan el beneplácito del soberano. Acabamos pagando, todos, la precariedad en la formación de líderes. Los encumbrados sólo ven hasta donde los linderos de sus balances financieros llegan.
Hundido en la desesperación por el desorden y las acusaciones que superaban sus muy modestos alcances, Ernesto Zedillo encontró un remedio, apoderarse del control de quien tiene la última palabra. Teniéndola, ya no importa lo que digan las leyes, ni lo que digan jueces y magistrados, todo fue borrado bajo pases mágicos de nuevos ministros nombrados por él. Se instauró así el monopolio de la verdad, haciendo de la justicia un bien inalcanzable a los mexicanos, la cual, quedó reservada al operador de las cuotas en turno. Hoy, López Obrador no sólo ha nombrado un número de ministros que le pone en pos del control, sino que, ahora, ha dado el paso siguiente, ya no importa lo que digan las sentencias, cualquiera de ellas será anulada, sino es del agrado del aposentado en la silla, o de quien la hubiera detentado, a través del entenado o títere que aquel haya puesto.
Parecería que la más aberrante de las propuestas sólo está circunscrita al ámbito criminal, pero no es así, dado que la absurda ley establece los más perversos incentivos. Anula la vigencia y validez de las leyes, ya que no serán oponibles, ni mucho menos exigibles, a quien sabe será exonerado por violarlas, atropellarlas, o simplemente ignorarlas, aun actuando en la loca carrera por hacer lo que bien plazca, o, incluso, obrando descaradamente para enriquecer a quien se quiera enriquecer. Se trata del poder de otorgar inocencia aún al más deleznable delincuente.
Qué atributo podría hacer más atractiva a una candidata, que aquella capacidad no de evitar la extradición, sino la de anular cualquier acusación, juicio o sentencia. Se trata de un nuevo e ilimitado fuero que puede ser otorgado a quienes abanderan las peores causas. El sueño de Pablo Escobar.
La gravedad de la propuesta es poner en manos de un sujeto la vigencia del ordenamiento jurídico mismo, ya que permite establecer capelos de inmunidad, al tener, a discrecional recaudo, la mágica vara que otorga, arbitrariamente, garantía de impunidad.
Mentira que se aprobó una ley de amnistía, se dotó al Ejecutivo Federal del poder de fijar un inusitado estatuto de impunidad. Siendo evidente que, quien puede anular sentencias condenatorias, tiene la capacidad de establecer privilegios y prebendas inimaginables, debe quedarnos claro que esa ley, sin importar causas y consecuencias, permite exonerar, exculpar o perdonar a quien sea y por lo que sea. Así es, se trata de capelos que hacen inaplicable la ley, dado que se podrá violar, atropellar y vulnerar cualquier precepto legal, sin consecuencia lesiva para el infractor o perpetrador. Se trata de una fuente de impunidad en su más grosero extremo.
En tiempos de los Luises, en Francia, el poder brutal del monarca se ejerció con penas capitales. Buscando perdón para sí y los suyos, Peña mercó y traficó la presidencia. Hoy, el que se va no tiene que negociar, sino sólo entregar a su sucesora la facultad de borrar, olvidar y enterrar los atracos y desfalcos que, con gran pena, hemos visto desfilar en la presente administración, tanto imputables a servidores y funcionarios públicos, como a una caterva de parientes. Es inconcuso, se ha concentrado el poder de juzgar en el Poder Ejecutivo.
Resulta pueril el pensar que, a 10 años de distancia, alguien pudiera encontrar en la amnistía el incentivo o el camino para colaborar a que se encuentre a los jóvenes de Ayotzinapa, eso no va a suceder, ni es el objetivo de la más baja y miserable de las leyes. No tiene pies, ni cabeza el argumento, pero sí lo tiene el despreciable objetivo de sus promotores. Tiene tantos claroscuros el asunto de Israel Vallarta que debe dejarse actuar a los tribunales, y no, al veleidoso parecer de un ignorante de las leyes, el trato que debe darse a un procesado. Una más de las mentiras del tabasqueño, la absurda, inaceptable y medieval propuesta que no puede sino albergar opacos y deleznables intereses, la cual sólo un Congreso de pacotilla pudo dejar pasar. Terminó la legislatura, y no pasaron de testimoniales intervenciones, fueron incapaces de ejercer un cargo llevando las cosas al extremo necesario para imponer el orden constitucional. Tendrán sus razones, pero también la culpa.
En tan solo una semana, Morena acabó con lo poco que quedaba de nuestro Estado de derecho, no hay ya asidero eficaz y efectivo que nos permita asegurar que vivimos en uno de ellos. De nada sirvió ser parte integrante de organismos internacionales, ni la comunidad vio lo que aquí pasaba. La degradación extrema a la que se llevó a la división de poderes; el cuestionamiento frontal y dramático de los pesos y contrapesos, así como la estulticia de quienes estaban al frente de los "otros poderes" y de los organismos autónomos, determinó que cesara el imperio de la ley, y empezara el imperio de Andrés Manuel I.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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