El 10 de abril de 2014, España ratificaba el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. El texto tenía entonces apenas tres años de vida, y España se convirtió en pionera al ser de los primeros Estados miembros en suscribirse al que fue el primer documento internacional que define jurídicamente las violencias machistas. De hecho, no ha sido hasta el verano de 2023 cuando los Veintisiete lo suscribieron definitivamente.
Hace diez años, Beatriz Becerra se acababa de incorporar como eurodiputada de UPyD en el Parlamento Europeo. Era junio de 2014, y el Convenio de Estambul acababa de nacer. "Para mí fue un descubrimiento. Porque por fin había una herramienta integral, legalmente vinculante y europea para abordar las violencias contra las mujeres. Pero me di cuenta de que nadie tenía ni idea del Convenio", relata a 20minutos. Fue entonces cuando decidió ser una de las personas que liderase toda la iniciativa para aunar fuerzas, informar sobre la importancia del documento y pedirle a la Comisión Europea que lo ratificara.
El documento, por ese entonces, era muy novedoso para cómo estaban las legislaciones nacionales de los países. En el Convenio se establece un amplio marco de medidas jurídicas y políticas para hacer frente, ya no solo a la violencia de género —aquella que se da en el ámbito de la pareja o la expareja—, sino a todas las formas de violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo: la sexual, por ejemplo, o el matrimonio forzado, la violencia sexual, el acoso o la mutilación genital femenina. También establece medidas de prevención y protección de las víctimas, y obliga a las partes a invertir en educación, formación de profesionales y a impulsar programas de tratamiento para los agresores.
"Fue el primer instrumento jurídicamente vinculante que teníamos para atajar o por lo menos perseguir todas las violencias contra las mujeres. Se recogía, además, la necesidad de que los Estados tuvieran datos fidedignos sobre esta cuestión, que es todavía un reto, porque en realidad no se ha conseguido nunca. Se planteaba también que la violencia de género fuera considerada una causa para poder solicitar la protección internacional, algo que no hemos conseguido tampoco", cuenta a este periódico María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Eurocámara.
Un punto de partida
"Aparte de lo fundamental de que se trate de un texto integral y legalmente vinculante, desde el punto de vista conceptual, el abordaje de la cuestión ha marcado la diferencia. El Convenio tiene una gran ventaja, y es que hay margen de interpretación. Se puede ir a más, porque es como una ley de bases universal sobre prevención, protección, persecución y penalización de este tipo de crímenes", apunta Becerra.
La iniciativa ha servido de inspiración para numerosas legislaciones que se han ido impulsando posteriormente. En España, por ejemplo, fue crucial en la ley del 'solo sí es sí', aprobada en 2022, que establece que cualquier relación sexual en la que no haya consentimiento es una violación. Antes sirvió de amparo para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por todos los grupos parlamentarios en 2017 y que, precisamente, está ahora en proceso de actualización para incluir otros tipos de violencias machistas.
Es también, en cierta parte, el germen de la directiva europea sobre violencia de género y la de trata de seres humanos, que serán debatidas a finales de este mes de abril en el Parlamento Europeo. Sin el convenio, reconoce la eurodiputada socialista Lina Gálvez, "quizás habrían tardado más". O por lo menos no hubiese habido el consenso internacional que sí se ha demostrado con estas últimas normas.
Queda, no obstante, trabajo por hacer. Realmente, la Unión Europea (UE) firmó el documento en 2017, pero, aunque se ratificó en 2023, y según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el bloque puede suscribir el tratado sin el acuerdo de todos los países. Hay, de hecho, seis Estados miembros de la UE que todavía no han ratificado el Convenio de Estambul: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Estados en los que, según incide Gálvez, "las mujeres no van a estar igual de protegidas".
Próximo paso: la directiva de violencias machistas
De ahí la importancia de la directiva que se va a aprobar en el último Pleno antes de las elecciones europeas. Aunque finalmente no consiguieron introducir algunos puntos importantes, como el delito de la violación, se ha establecido una cláusula de revisión que dice que, cinco años después de la trasposición, el texto podrá ser reformado.
Es ahí donde Rodríguez Palop espera que se puedan incorporar nuevos tipos penales como el de la violación, que se quedó fuera por la negativa de Francia y Alemania. Se trata, además, de una iniciativa mucho más vinculante que el propio Convenio de Estambul. "Es un hito histórico, un paso adelante importantísimo. Aunque nos hayamos quedado cortos en algunos puntos, el avance es enorme, y es algo que va a transformar la vida de millones de personas en toda la UE", sostiene.
Coincide con ella Gálvez, quien insiste en que "hay que seguir trabajando" para, por ejemplo, reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. "Hay ahora una ola muy reaccionaria antifeminista que está en marcha a nivel internacional, con mucha financiación y estrategias muy claras, y lo primero que se llevará por delante es eso", advierte.