Vox comienza su ofensiva para derogar la Ley de memoria democrática en Balears junto al PP
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En pleno contexto de ataque a las políticas de memoria histórica en las comunidades donde Vox condiciona los gobiernos del PP, el partido de extrema derecha ha anunciado que registrará esta semana en el Parlament balear la ley que propone la derogación de la Ley de memoria democrática de las Islas, que considera "sectaria". La encargada de anunciarlo ha sido la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas.
Según Ribas, Vox espera que la iniciativa sea tramitada con normalidad y aprobada gracias al voto favorable del PP. Ambos partidos controlan la Cámara balear con su mayoría parlamentaria. Por otra parte, Ribas ha dicho que la Ley de fosas -distinta a la Ley de memoria democrática- seguirá vigente y que "se garantiza que cualquier persona que quiera recuperar los restos de sus antepasados podrá y tendrá el respaldo institucional". "No es cierto que Vox esté en contra de la recuperación de los restos de los antepasados", ha dicho.
En cuanto a la Ley de memoria democrática, la formación ha censurado que desde los poderes públicos "se acote una parte de la historia de España y se le impida a los ciudadanos opinar libremente sobre los acontecimientos que sucedieron durante esa parte de la historia, sin tener en cuenta otras partes". "Nosotros creemos que los políticos no tienen que obligar a las personas a interpretar la historia de una forma determinada", ha explicado Ribas, defendiendo que Vox cree en la "libertad", según las declaraciones recogidas por Europa Press.
Pactado desde hace tiempo
El PP ha dejado en manos de Vox la iniciativa de derogar la Ley de Memoria Histórica de las Islas, lo cual formaba parte del acuerdo de gobernabilidad que rubricaron ambos partidos para aupar a Marga Prohens (PP) como presidenta del archipiélago. Las formaciones acordaron "garantizar la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles", en lo que fue interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de "dividir a los españoles", en vez de una herramienta para reparar las heridas de la dictadura franquista y la Guerra Civil.
Desde entonces estaba claro que PP y Vox derogarían la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, bajo el alegato de que "se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil". Sí se compromete a realizar políticas para facilitar la recuperación, en general, de "personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos", y a evitar la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico.
Qué leyes son
En 2016, bajo el primer mandato de Francina Armengol, fue aprobada la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como Ley de Fosas-, que dota a la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de localización e identificación de personas desaparecidas violentamente por razones políticas, ideológicas y religiosas, así como de prospección e intervención en las fosas de la Guerra Civil y del franquismo. Hasta entonces, y en medio de un gran vacío jurídico, eran las entidades -tanto Memòria de Mallorca como el Foro por la Memoria de Eivissa y Formentera- las que llevaban a cabo las tareas de recuperación de forma voluntaria.
Desde 2016 -mediante el despliegue de hasta cuatro Planes de Fosas- han sido localizadas 276 víctimas, han sido identificadas 48 de ellas y 46 han sido devueltas a sus familias. Entre ellas se encuentra Aurora Picornell, más conocida como la Pasionaria de Mallorca e icono del republicanismo en la isla.
Dos años después, en 2018, el Govern daba luz verde a la Ley de memoria democrática de Balears, que ha permitido al Ejecutivo reconocer y garantizar los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta normativa ha permitido también al Parlament balear condenar por primera vez la dictadura franquista y rechazar cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático.
La Ley de memoria democrática balear (2018) ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la Dictadura. Asimismo, ha permitido delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, así como declarar la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
También ha permitido recuperar, en una iniciativa pionera a nivel estatal, más de 800 objetos (elementos conservados de la vestimenta: botones, hebillas, cremalleras, restos de calzado, también objetos de aseo) pertenecientes a las víctimas, principalmente procedentes de las fosas de cementerio de Son Coletes, en Manacor, y del cementerio de Porreres, y restaurarlos para devolverlos a sus familias. Algunos de los familiares prefirieron ceder los objetos a las Secciones Museísticas de la Memoria Democrática creadas al amparo de esta normativa.
Asimismo, la Ley ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.
El PP se defiende
El Partido Popular mantiene que derogará la Ley de Memoria Democrática a pesar de que el PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos le hayan afeado que "entregue" a Vox esta normativa y el reconocimiento democrático de Balears. En rueda de prensa, el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha recordado a la oposición que "la derogación de la Ley de Memoria Histórica o Memoria Democrática es un acuerdo de investidura que firmo el PP con Vox". "Lo digo desde el principio que hago estas ruedas de prensa, el Partido Popular cumple con sus acuerdos. Por tanto, nosotros daremos apoyo a la derogación de la Ley de Memoria Histórica o Memoria Democrática", ha añadido.
"También teniendo claro una cosa que demasiadas veces se olvida", ha apuntado, señalando que "a diferencia de otras comunidades autónomas, allí donde se derogó la Ley de Memoria Histórica, aquí, en Balears, se tiene una Ley de Fosas, que salió por unanimidad, con una muy buen trabajo de la entonces diputada de MÉS per Mallorca Margalida Capellà, y esta Ley de Fosas, que es la que habilita para recuperar los cuerpos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, de los dos bandos, es con la que se seguirá trabajando, la que seguirá estando aprobada y, precisamente por eso, se derogará también la Ley de Memoria Histórica", ha concluido en declaraciones recogidas por Europa Press.
Por su parte, el Gobierno central anunció la semana pasada que iba a iniciar acciones contra los pasos atrás del PP y Vox en materia de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ha encargado un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades: Aragón se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica, a la que siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo. Ahora se une Balears.