Un nuevo escándalo surge en la Policía Nacional, después de que se conociera un caso de perfilamientos y seguimientos a varias personalidades de la institución y hasta candidatos presidenciales, sin ninguna autorización judicial o motivos aparentes que los vinculara a un delito.
Se trata de una extensa operación de espionaje llevada a cabo entre febrero y septiembre de 2018 que involucró también, de manera ilegal, la interceptación de comunicaciones de aproximadamente 50 personas en Colombia, incluyendo al entonces candidato presidencial Iván Duque, su esposa María Juliana Ruiz, un fiscal, un almirante de la Armada, 30 policías y cinco generales de esa institución, según reveló la revista Cambio.
Según fuentes consultadas por el medio nacional, esta operación fue ejecutada por hombres de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación, quienes recurrieron a seguimientos físicos, interceptaciones de llamadas y correos electrónicos, así como el acceso a documentos privados de la Policía Nacional.
Y es que el megaoperativo de inteligencia habría sido motivado por el interés y la preocupación de los altos mandos de la institución para conocer quién sería el nuevo director general de la Policía Nacional, además de argumentar un supuesto plan para desestabilizar a la fuerza pública, por lo que la magnitud y la sofisticación de las tácticas de vigilancia no escatimaron en gastos.
Entre los perfilados también destacó el general Humberto Guatibonza, que actualmente enfrenta procesos penales por, presuntamente, chuzar ilegalmente conversaciones de los miembros del sindicato de Avianca. Sin embargo, los perfilamientos se habrían dado incluso antes de que el general fuera imputado.
El dossier, que se filtró en junio de 2022 tras la elección del presidente Gustavo Petro, contiene 6,7 gigas de información, incluidas interceptaciones telefónicas y de WhatsApp, correos electrónicos, fotografías y documentos privados a los que tuvo acceso el medio nacional.
Aunque la orden inicial era ocultar y destruir la información con la llegada del nuevo mandatario en 2022, algunos documentos acabaron en manos de uniformados retirados. "Los costos de la operación tuvieron que ser enormes," se deduce, dada la cantidad de recursos y personal involucrado.
Entre los numerosos perfilados, se encuentra Iván Duque Márquez y su familia, de quienes se registraron datos privados, direcciones, y hasta fotografías de sus vehículos, así como de su residencia. Igualmente, Rafael Guarín Cotrino, exviceministro de Defensa, y varios generales de la Policía y un almirante de la Armada, además de un fiscal asignado a investigar las actividades ilegales, José Alexander Tibamozo Flechas, quedaron bajo vigilancia.
Un elemento recurrente en los informes de espionaje es el vínculo percibido entre las víctimas y planes de "desestabilización institucional", con menciones específicas a su cercanía con la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acorpol) y los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe. En el caso de Guatibonza y su socio, Carlos Arenas, ambos fueron acusados de delitos como utilización ilícita de redes de comunicación e interceptación de datos.
En el megaoperativo de inteligencia también se usó una operación apodada "Plan Cartero", una estrategia que implicó un meticuloso seguimiento físico, del que se obtuvieron fotografías de los perfilados, sus movimientos en la ciudad y hasta las visitas que llegaban a sus residencias. Los esfuerzos para ocultar la operación y las subsiguientes filtraciones de la información han generado una considerable consternación dentro y fuera de las instituciones implicadas.
De hecho, la investigación dedujo que dichas interceptaciones a celulares pudieron estar apoyada por algunos funcionarios de los principales operadores telefónicos, quienes habrían entregado información sobre las líneas telefónicas y sus propietarios para asegurarse de 'chuzar' a la persona correcta.
Además, en el plan de seguimiento, también se habría usado personal para disfrazarse de repartidores, con el fin de confirmar las residencias de los perfilados y luego iniciar con un extenso plan, que podía tardar semanas, con oficiales encubiertos a las afueras de sus viviendas.