La Cámara de Diputados, sobre tablas y por unanimidad, aprobó este jueves el proyecto de ley de emergencia alimentaria del Poder Ejecutivo que ya tenía media sanción del Senado. La iniciativa se suma a las declaraciones de emergencia en obra pública y en educación que ya están vigentes.
La emergencia en materia de seguridad alimentaria regirá en Entre Ríos hasta el 31 de diciembre. Habilita las compras y contrataciones directas y "procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos y enseres necesarios para la elaboración", según el texto de la iniciativa.
También dispone un incremento en los créditos y partidas presupuestarias vigentes de un 50 por ciento mínimo y la creación de una Mesa de Diálogo Social en ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. Algunas de sus funciones serán el análisis y diagnóstico de la realidad alimentaria provincial, la formulación de propuestas y la firma de convenios de cooperación.
El 15 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio había anticipado el impulso a un proyecto de esta naturaleza. "Encontramos una desinteligencia inconcebible en un tema que no puede esperar: la asistencia alimentaria a cientos de familias. Los módulos alimentarios que encontramos sólo alcanzaban para dos meses y medio, cuando los procesos licitatorios duran entre seis y ocho meses en la provincia", cuestionó el mandatario.
Al estado en el que se halló la cartera aludieron durante el debate los diputados oficialistas Bruno Sarubi y Carolina Streitemberger. Del bloque de Juntos por Entre Ríos hicieron uso de la palabra también Julia Calleros y Fabián Rogel.
Desde la bancada del PJ, su presidenta, Laura Stratta, consideró "urgente" la aprobación de la iniciativa, mencionó otro proyecto sobre el tema presentado por su bloque y pidió conocer "resultados" de las emergencias aprobadas. También expresaron su respaldo Lorena Arrozogaray y Silvia Moreno.
Hablaron también en la sesión los libertarios Roque Fleitas (LLA) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), quien pidió controles al haber detectado irregularidades en la asistencia alimentaria en el marco de su trabajo territorial.