Santo Domingo, RD.-El empresario canadiense, Antonio Carbone, se querelló ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente Danilo Medina, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, el diputado Sergio «Gory» Moya de la Cruz, funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros legisladores, por el uso de artimañas para despojarlo de más de $580 millones de dólares en activos de negocios.
La querella fue dirigida al juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero; a la procuradora general Miriam Germán Brito, los procuradores generales adjuntos de la Dirección General de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, Yenni Berenice Reynoso, al Procurador General de la Corte de Apelación, José Del Carmen Sepúlveda y a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
El dispositivo de la querella incluye a 127 personas que, de acuerdo al empresario extranjero, utilizaron artimañas para apoderarse de los bienes que posee en la República Dominicana, también Carbone establece que pagaron por mantenerlo preso de manera ilegal y arbitraria por casi nueve años.
El inversionista canadiense interpuso la acción judicial a través de sus abogados Ysmael Molina Carrasco, Manuel Danilo Reyes Marmolejos y Jafet Y. Sánchez Mercado.
La querella incluye además, al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina; los exministros Simón Lizardo, Donald Guerrero, al ministro Neney Cabrera, al ex procurador, Francisco Domínguez Brito, Andrew Michael Pajak, Victoria Pajak, Edward Zbigniew Kremblewski, Christopher Kremblewski, Katherine Kremblewski, Adrian Kremblewski, Justyn Kremblewski, Micheal DeGroote, Michael J DeGroote Jr., Tim DeGroote, Juan Moya de la Cruz y al ex diputado Virgilio Merán Valenzuela.
La acción interpuesta también incluye al abogado Julio Cury, Fernando Arturo Báez Guerrero, José Báez Guerrero, Fernando Báez Tavarez Jr., Enrique Báez Tavarez, Nancy Tavarez de Báez, Cristina Báez Tavarez, a los coroneles de la Policía Nacional, César Augusto Cotes, a Fidel García y Buenaventura de Jesús Vilorio, a Leonardo Lantigüa González, Jocylania Burgos Paulino, María Paulino, Andrés Epifanio Ceballo Alonso, Bobby Goodoien, Lic. Idelfonso Santiago Valverde Germosén y a los jueces Teófilo Andújar y Julio César Cano.
De igual forma figuran en la querella Luis Román, Carlos Betances, Omayra García, Juan Espaillat, Hilario Ochoa Generoso, Dragoslav Ilic, Bolívar Reynoso, Gabriel Ortega, Lianmy Jackson García, Edmond Elías Barnichta Geara, Juan Ysidro Infante Sepúlveda, Winston Rizik Rodríguez («El Gallero»), Ramón Emilio Jiménez Collie («Mimilo»), Julián Argenis Rodríguez Rodríguez, Ysidro Vásquez Peña – Ex Procurador Adjunto, el fiscal Milcíades Guzmán y Edmond Felipe Elías Yuñes.
También Edmond de Jesús Elías Hermida, Sam Rogers, Gary DeGroote, Joni DeGroote, el capitán de la Policía Nacional, Hamlet Alexander Pérez Martínez, la exjueza Margarita Cristo Cristo – el exfiscal de la Cámara de Diputados, Sucre Zacarias Mejía, Pavle Kolic Alias «Zeljko Zderic» Alias «Sasha Vujacic» Alias «Sasha Visser», Peter Shoniker Ex Procurador en Canadá, Gianpietro Tiberio, el exdirector de Casinos, Rafael A. Jaquéz Hernández Ex Director de Casino.
El documento presentado también contempla que accionaron contra el empresario extranjero la jueza Esmirna Antonia Ortega Ventura, Eric Block, Juan José «Pepe» Hidalgo, Javier Hidalgo, Juan José Torrandell, Matías Sánchez, Francisco José Pérez Menéndez, al coronel de las Fuerzas Armadas, Bienvenido E. Rodríguez; Fernando Adán Ozuna Morla, Frank J. C. Newbold, Ettore Collussi, el diputado Orlando Antonio Martínez Peña, Ulises Polanco, Cristina Hidalgo, el ex administrador de la Lotería Nacional Francisco Peña Guaba, el General de Brigada Mélido Barrios Marte, al exjefe de la Policía, general Manuel Castro Castillo; al exministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez; a Joel Peña, al exdirector de Casinos, Omar Fernández y al capitán del DNI, Edwin Muñoz García.
Otros señalados por el extranjero son James Gurnick, Wilfredo Curiel Guzmán, Damiano Salvatore Coraci, Iván Antonio Bueno Almánzar, Kenya Margarita Rodríguez Duran, Roberto Román, Ana María Alonzo de Ceballo, Rogelio Antonio García Nina, Ramón Antonio Paulino Pérez, Michael Aquino Castaño Suero, Julián José Pérez Feliz, Ramón Santos Rosa, Edwin Osvaldo José Muñoz, Luis Ignacio Espaillat Arias, Ronald «Ron» Flom, Robert Trifts, Michael «Mike» Weir, Dayra Josefina Caraballo Álvarez, Sofía Altagracia González Lana y Brígida Elías Hermida y Alberto Cepeda.
Asimismo, Paul Perovich, Brenda Kover, Frank Félix, Neil Horvath, Derik Rostant, Collin Basden, Stacey Richard Krofic, Francisco José Pérez Méndez, José María Hidalgo, la directora de Medio Ambiente, Ivelise del Carmen Alejandro. El detective de Toronto Police, Lorenzo Lombardi y las empresas RCMP S. RAYNER, RCMP Liaison Officer, RCMP S. -CONSTIBLE NICOLAS BERNIER, KPMG INC., KPMG INC. DOMINICANA, The Royal Mountain Canadian Police (RCMP).
Antonio Carbone también se querelló contra el Departamento Nacional De Inteligencia y el Ministerio de Hacienda.
La querella es por violación a los artículos 59, 60, 114, 128, 132, 147, 148, 150, 151, 153, 188, 209, 265, 266, 295, 296, 297, 305, 309, 361 al 366, 379, 380, 381, 402, 403, 405, 406 de la Constitución dominicana, a la Ley 41-08 del Código Penal Dominicano.
La víctima acusa al diputado del PRM Sergio Moya (alias El Gory), Francisco Peña Guaba, al exdiputado y dirigente perredeísta Virgilio Merán, como las cabezas de despojarlo de más de 580 millones de dólares en activos y negocios en la RepúblicaDominicana, así como a otras personas que están dentro de la querella.
Dentro de los negocios que, de acuerdo al extranjero, le despojaron, figuran 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de loterías, El Gordo Iberoamericano Lotería Nacional, 108 vehículos y otros inmuebles.
Según Carbone, solamente Sergio Moya de La Cruz «El Gory» está en posesión ilegal y arbitraria de una parte de sus bienes por un valor de cincuenta millones de dólares (US$50,000,000).
En la instancia judicial se detalla en manos de quienes están los bienes del empresario Antonio Carbone, quien quiere ver si la justicia dominicana a través del Ministerio Público o la Procuraduría General es independiente e imparcial de verdad.
Espera también que se demuestre que exista una garantía judicial y una garantía del debido proceso en nuestro país.