El gobierno argentino volvió a pedir la detención del actual ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, cuya orden de captura, con alerta roja de Interpol, fue emitida originalmente en 2006. Sucede que Vahidi acompaña al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Pakistan y Sri Lanka y, supuestamente, cuando están fuera de Irán, está la chance de que se efectivice la detención. En realidad hay mucho show del gobierno de Javier Milei: del primer país, Vahidi ya se fue el martes y de Sri Lanka también habría partido al cierre de esta edición. Ya se sabe, lo que importa es la sobreactuación de la alianza con Estados Unidos e Israel, más todavía en tiempos en que se agudizó el conflicto palestino-israelí.
A Vahidi se lo acusa de haber participado de una reunión de las máximas autoridades del gobierno de Irán, en la ciudad santa de Mahshad, en noviembre de 1993. En esa cumbre, publicada entonces por los diarios, se habría decidido el atentado contra la AMIA. La información nunca tuvo una prueba fehaciente y fue aportada a la causa judicial por opositores al régimen de los ayatolas. Luego, la versión fue refrendada por informes de inteligencia de la agencia israelí Mossad y de la CIA norteamericana.
En los 17 años transcurridos desde que se emitió la captura, Vahidi estuvo en muchos países, entre ellos Nicaragua, Bolivia, Singapur, Rusia, Malasia, pero nunca lo detuvieron porque las estaciones locales de Interpol -en la Argentina, la Policía Federal- dependen de los respectivos gobiernos. Y parece improbable -de hecho, no ocurrió- que un gobierno detenga a alguien que fue invitado.
En la época del atentado, Vahidi era el jefe de las Brigadas Al Quds, Brigadas de Jerusalem, una especie de comandos militares iraníes, paralelos a las Fuerzas Armadas, y concentrados en la lucha contra Israel. Con ese cargo, Vahidi habría participado de la reunión de Mahshad, por lo que el juez original de la causa, Juan José Galeano, imputó a todos los allí presentes por homicidio agravado de 85 personas, las víctimas del ataque contra la mutual judía. El magistrado que luego tomó el expediente, Rodolfo Canicoba Corral, consideró que no había pruebas judiciales contundentes, pero mantuvo las sospechas, la convocatoria a declaraciones indagatorias y, por lo tanto, las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol. Como obviamente Irán no detiene a sus propios funcionarios porque considera que la causa es un armado de Estados Unidos e Israel, la oportunidad aparece cuando los imputados salen de Irán. En este caso, Vahidi a Pakistán y Sri Lanka.
Por supuesto que Teherán argumenta que la orden es ilegal porque carece de pruebas, pero eso no es así en la causa que tramita en Comodoro Py. El fiscal Sebastián Basso tiene delegada la investigación que actualmente está a cargo del juez Ariel Lijo y las órdenes de captura se ratificaron ya varias veces. Eso sí, el 12 de abril, los medios alineados con el macrismo, difundieron que la Cámara de Casación dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado. Esa versión fue falsa. Sólo un juez, Carlos Mahiques, planteó esa postura; los otros dos, Angela Ledesma y Diego Barroetaveña no suscribieron esa parte del fallo "por no ser materia del expediente".
El periplo de las autoridades iraníes, con el presidente Raisi a la cabeza, se inició el lunes con la llegada a Islamabad. La relación entre Irán y Pakistan es muy tensa y en el trimestre pasado hubo acciones bélicas -disparos de misiles de uno y otros lado- en la frontera. Tras una fría recepción, al final, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se encontró con Raisi y dicen que terminaron echándole la culpa de los enfrentamientos a los talibanes. Como se trataban temas de seguridad, Raisi llevó a su ministro del Interior, Vahidi.
La segunda escala fue en Colombo, Sri Lanka, donde la delegación iraní participó de la inauguración de un complejo hidroeléctrico, construido por una empresa de Irán. La obra estuvo parada por el embargo internacional al régimen persa, pero al final se consiguieron los fondos para terminarla. La inauguración se hizo este miércoles y Raisi-Vahidi ya habrían salido hacia Teherán. De manera que, nuevamente, no parece posible que se concrete la detención de Vahidi.
En la movida del gobierno de Milei, la canciller Diana Mondino y la ministra Patricia Bullrich hay mucha sobreactuación y poca efectividad: se supone que un Estado tiene que llegar antes con los reclamos de detenciones, no cuando el viaje ya está en marcha. Pero el objetivo real es, nuevamente, poner el acento en marcar que la Argentina está del lado de Estados Unidos e Israel.
Respecto de Irán, el régimen teocrático, después de la firma del Memorándum, que no pasó el filtro del propio parlamento iraní, nunca hubo intento alguno de colaboración con la justicia argentina ni propuesta de una via alternativa, como, por ejemplo, la de hacer un juicio en un tercer país. Teherán dice que la acusación es falsa, el expediente armado y no se mueve de esa postura.