El lunes se tratará una versión súper acotada de la ley ómnibus original, con un fragmento de la reforma laboral incluida en el DNU 70/23; y el paquete fiscal, enviado por el Gobierno. Menem llegó a la reunión de comisión del jueves con un objetivo: dictaminar los textos que puedan aprobarse en su totalidad. "Voy a lo posible", repetía.
Sólo por esa razón, los dictámenes llegaron diez días después de lo previsto. El riojano envió los borradores finales el domingo pasado y dedicó los primeros días de la semana a contar los votos. En su despacho, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, repasó los fragmentos de los proyectos con autoridades de bloque.
El miedo a un derrotero en la votación en particular es total y llevó a Menem a eliminar artículos troncales de la ley ómnibus, hasta minutos antes de dictaminarse. La privatización del Banco Nación, el capítulo de Defensa de la Competencia y el manotazo al FGS quedaron afuera.
Fue un consejo de Emilio Monzó, con experiencia en la presidencia de la cámara. El diputado de HCF le explicó al riojano que en las votaciones en particular pesa lo emocional y si pierde artículos entusiasma a la oposición a reescribir el texto completo. En su época, para evitar una derrota, se aceptaban correcciones.
Zonas grises
La votación llegará el martes por la mañana porque esta vez no habrá intervalos nocturnos. La excusa oficial fue la escasez de vuelos para el 1 de mayo. En la oposición dicen que, en realidad, hay temor a la marcha sindical de ese día.
El cronograma se definió así este viernes, en una reunión de Menem con jefes de bloque, en la que sólo Cristian Ritondo (PRO) estuvo presente. El resto habló por Zoom.
Otra torpeza del oficialismo en febrero fue aceptar una votación por artículos e incisos, con lectura de cada palabra. Si la sesión hubiese continuado, podría haber durado diez días. El martes, Menem pedirá votar por capítulos, sin leer todo el contenido.
El miembro informante será Santiago Santurio, flamante presidente de la Comisión de Legislación General, con experiencia como asesor legislativo. Es, por lejos, el libertario que mejor entiende la dinámica parlamentaria.
Las chances de perder artículos existen por el descontrol de la interna radical. De los 34 miembros, Rodrigo De Loredo garantiza 24 y nadie le cree.
Para la sesión por el presupuesto universitario, el jefe del bloque UCR sólo logró que 19 no bajaran al recinto, para no darle el triunfo al kirchnerismo. Quiso evitar una escena que se dará tarde o temprano, porque el financiamiento de las casas de estudios superiores unió a la oposición contra Milei en el Congreso.
Un error de cálculo de De Loredo el martes puede ser decisivo, sobre todo porque el sexteto de la Coalición Cívica, que integra HCF, presentó un dictamen de minoría en la ley ómnibus y no está claro cómo votará cada artículo. En el bloque que conduce Miguel Pichetto, además, hay acuerdo en pedir que el Registro de Inversiones, el Rigi, se amplíe a las pymes. Con respaldo radical, podrían lograrlo.
Lousteau, el protagonista
Desde la presidencia de la UCR, el senador Martín Lousteau salió a jugar fuerte para voltear algunos artículos de la ley ómnibus. Con un comunicado del partido pidió eliminar el Banco Nacional de Datos Genéticos de los organismos a disolver.
No fue incluido entre las dependencias a conservar en el capítulo de la Reforma del Estado, que una decena de radicales, como mínimo, votarían en contra.
Las cuentas para este apartado están muy finas y en la Casa Rosada apuestan a una ayuda de los gobernadores de Unión por la Patria que aleje los fantasmas. Las fichas están puestas en el santiagueño Gerardo Zamora, quien controla siete bancas en Diputados y tres en el Senado.
Guillermo Francos lo visitó en su residencia y confía en su ayuda. Los gestos del Gobierno a Zamora son cotidianos. Este sábado, Victoria Villarruel iluminó el Senado de celeste en homenaje a su provincia.
Zamora tiene sus motivos para colaborar: es el gobernador más beneficiado por la reversión de Ganancias, eje del paquete fiscal. Es así porque, por obra del clan Juárez, Santiago del Estero es el distrito en el que mayor inciden los ingresos por coparticipación federal. Además, como los salarios de los santiagueños son bajos, casi no se sumarán contribuyentes a Ganancias con la reversión. El caso opuesto son las provincias patagónicas, que pedirán subir el mínimo no imponible del impuesto en sus provincias.
En Ganancias, además, una rebelión de la UCR puede complicar las cuentas.Este sábado surgió otro problema: el gremio de aceiteros amenazó con frenar las exportaciones si se aprueba la reversión, que grabaría a la mayor parte de su personal afiliado.
Zamora, el aliado esperado
Con la mira en Zamora, en el Gobierno instruyeron a que, en las dos Cámaras del Congreso, la reforma fiscal se vote después de la ley ómnibus. De esta manera, si el proyecto Bases naufraga, no hay plata para nadie. El orden de los factores, en este caso, altera y mucho el producto.
En el Senado, sin los tres santiagueños y Lousteau, el Gobierno no llega al cuórum, a no ser que consiga el voto del bloque de Santa Cruz, declarado en rebeldía. O que controle a la outsider Lucila Crexell, vía el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Para el pacto fiscal, en la cámara alta los votos de provincias australes no estarán si no hay cambios a Ganancias en Diputados. La otra apuesta de la Rosada es Catamarca, pero el gobernador Raúl Jalil no controla a sus representantes en el Congreso.
Capturar algún voto tucumano es otro plan: apuntan a la senadora Sandra Mendoza, cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, aliado del Gobierno. Sin estas cuentas resueltas en el Senado, llegar con la ley ómnibus y el pacto fiscal al 25 de mayo, por ahora es una ilusión.
Temporada de lobbies
La negociación por la ley bases tuvo una exhibición de lobbies a cielo abierto pocas veces vista en el Congreso por parte de empresarios que suelen colaborar con campañas políticas. Casi frustran la sesión. El principal es el dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, quien no abona el impuesto interno y sólo paga el mínimo, uno de los tributos que recaen sobre el sector.
En el proyecto de la ley ómnibus enviado en diciembre había artículos para eliminar el impuesto mínimo y obligar a Otero a pagar el interno, como las multinacionales, que a su vez se subía de 70 a 73%. Por decisión del Gobierno, esos artículos desaparecieron del dictamen.
El caso Sarandí trabó las negociaciones, no se resolvió y se debatirá en el recinto. Las provincias tabacaleras, la UCR y HCF quieren que Sarandí pague los mismos impuestos que las multinacionales. Señalan que las excepciones la alejaron de su condición de pyme, captura el 40% del mercado y procesa tabaco importado, en desmedro de los pequeños productores.
El PRO defendió a Otero. Aseguran que es muy poco lo que recibirán las provincias tabacaleras si paga como el resto. Hubo una tensa discusión en el despacho de Menem, con Rolandi de testigo, en la que los representantes amarillos se fueron. No hubo acuerdo y los dialoguistas pedirán recuperar los artículos que gravan a Sarandi.
Para lograrlo, necesitan a Unión por la Patria, que se abre del juego. "Es una guerra de lobbies. No nos metemos", responden. Están metidos, porque las exenciones a Otero las aplicaban los anteriores gobiernos. El último jefe de AFIP es actual diputado: Carlos Castagnetto. La reforma laboral también tuvo carpetazos: antes de lograr que el gobierno quitara la cuota sindical, Pichetto había escrito un tuit en el que acusaba a la UCR y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, de responder al lobby de Techint. No llegó a publicarlo. El rionegrino logró que el Gobierno cediera y aceptara no incluir la quita de cuota sindical. En el recinto, el radicalismo pedirá incorporarla. Acusará de casta a quienes voten en contra.
Villarruel, encerrada
Tras el escándalo de las dietas, Villarruel sigue en búsqueda de un acuerdo que le permita abrir el recinto. Los viernes suele quedarse en su despacho a firmar resoluciones y este último sorprendió con una que crea una comisión para controlar al personal.
La vicepresidenta empezó a recibir noticias sobre acuerdos entre Unión por la Patria y otras fuerzas que deberían preocuparla.
En distintos días, le pidieron sesiones en el Senado para debatir proyectos sobre financiamiento universitario. Con Lousteau a la cabeza, la UCR y partidos locales la solicitaron para el martes. Con el mismo temario, Unión por la Patria, la pidió el jueves, cuando además quieren tratar proyectos para poner un tope salarial a funcionarios y retrotraer tarifas a diciembre.
La vicepresidenta negocia con Lousteau y Carlos Espínola (Unidad Federal) una fecha para sesionar la otra semana y la anunciaría los próximos días. Busca un control del recinto que no es fácil, porque todos juegan.
Además, con la dilación de dos meses que tuvo la convocatoria para tratar el DNU 70/23, a partir de una interpretación del reglamento, en la Casa Rosada le piden a Villarruel ganar tiempo para todo. Menos para la ley ómnibus y el pacto fiscal. Si llegan.