El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 3 años de cárcel que la Audiencia Provincial de Badajoz impuso el pasado marzo a la exgerente provincial del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Montserrat Rincón, por saltarse el turno para vacunarse contra la covid en enero de 2021, en plana pandemia. De este modo, desestima el recurso de apelación interpuesto por Rincón ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJEx.
El tribunal la condenó por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario o cargo público y la absolvió de otro de estafa. Por el primero, además de la pena de cárcel, le impuso una multa de 6 meses con cuota diaria de 10 euros (1.800 euros), así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por periodo de dos años y para el ejercicio de profesiones relacionadas con el ámbito sociosanitario durante el tiempo de la condena.
Cabe recurso ante el Supremo
Contra la resolución del TSJEx cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En la sentencia de la Audiencia Provincial, que ahora ha ratificado el TSJEx, el tribunal dio por acreditado que Rincón, que fue gerente territorial del Sepad hasta el 13 de enero de 2021, se sirvió de su cargo "y de su acceso directo a la elaboración de los listados oficiales» de vacunación en los centros residenciales dependientes de este ente público y, pese a conocer «que no tenía derecho» por estar entre los colectivos prioritarios, decidió «unilateralmente» su inclusión en la lista de personas a vacunar en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz.
Así, según el fallo, consiguió inocularse el 4 de enero de 2021 con una de «las primeras dosis» de Pfizer que se ponía en Badajoz, cuando todavía había escasez de vacunas y la población en general no tenía acceso a las mismas. El tribunal sostiene que la exgerente del Sepad, «por sí o a través de un tercero, pero en todo caso bajo su supervisión y control», alteró el listado de vacunaciones de este centro residencial de manera «mendaz e ilegalmente» para aparecer la lista oficial de vacunación, como si se tratase «de una supuesta trabajadora o personal directivo», incluyéndose de forma «falaz» al final del mismo.
El juicio por estos hechos se celebró el pasado 22 de febrero. La fiscalía pedía para Rincón una pena de 3 años y medio de cárcel y una multa de 15 meses a razón de 10 euros diarios (4.500 euros) por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o, en su defecto, 2 años y medio y una multa de 5 meses con una cuota de 10 euros al día (1.500 euros) por un delito de uso de documento oficial con la agravante de abuso de cargo público, que también aplicaba al delito leve de estafa que le imputaba y del que ha sido absuelta. Por este último, el ministerio fiscal solicitaba que se le impusiera una multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros (900 euros).
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