La llegada de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín desató una serie de revelaciones de presuntas irregularidades de la Administración de Daniel Quintero, que es investigado por los entes de control debido a las constantes denuncias.
En un nuevo episodio, Paula Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reveló una extensa auditoría en la dependencia que dirige, que da cuenta de serias irregularidades que habrían tenido lugar durante la administración previa, encabezada por Juan David Palacio y con Daniel Quintero, alcalde de Medellín, al frente de la junta directiva de la entidad.
Las acusaciones detallan una gestión marcada por decisiones cuestionables, contrataciones irregulares y falta de soporte en las acciones emprendidas, pérdida de información importante, sobrecostos y demás.
"En varias de las situaciones que encontramos en la entidad, y que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, y hoy de la ciudad, la pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Qué hicieron con la plata del Área Metropolitana?", dijo la directora.
Un primer punto de controversia apuntado por Palacio se relaciona con una reforma administrativa implementada por la anterior dirección, la cual es objeto de debate legal por parte de algunos empleados de la entidad.
En el informe se establece que los trabajadores de la entidad argumentaron que dicha reforma carecía de los estudios técnicos y financieros de respaldo, pues según un estudio contratado por la gestión pasada, se necesitaba la creación de 128 cargos, de los cuales, solo en 2023, se crearon 25 sin realizar concursos internos, muchos de ellos nombrados en fechas estratégicamente cercanas a limitaciones legales, lo que levanta sospechas sobre la objetividad de estos procesos.
Esos nombramientos incluyeron a personas cercanas o vinculadas con la administración anterior, tales como familiares de Daniel Quintero, así como de altos funcionarios de su gabinete e incluso cuotas políticas del exalcalde encargado Óscar Hurtado y hasta la mamá de un concejal de Itagüí.
"Los perfiles no fueron creados objetivamente de acuerdo con la necesidad de la Entidad sino subjetivamente conforme a las personas que se pretendía nombrar. Se evidenció posible conflicto de intereses en los nombramientos para proveer las plazas", aseveró la directora del Área Metropolitana.
Adicionalmente, Palacio denunció la existencia de convenios interadministrativos bajo la gestión de Juan Carlos Upegui, cuñado de Quintero, con la Secretaría de la No Violencia, cuyo valor ascendía a $1.500 millones y cuya ejecución se tercerizó sin claros soportes sobre la utilización de estos fondos.
La nueva dirección también encontró un preocupante panorama en cuanto a la gestión y transparencia de la entidad, principalmente en los indicadores del plan de gestión, de los cuales más de la mitad carece del necesario soporte documental, además de un incumplimiento en objetivos clave como la implementación de ciclorrutas y la mejora de infraestructura vial.
Al tomar posesión de su cargo, Palacio descubrió que varios contratos cruciales para el funcionamiento de la entidad como internet, telefonía, transporte y combustible para los carros y otras labores cotidianas, habían expirado sin ser debidamente prorrogados.
A eso se sumó el hallazgo de prácticas que podrían indicar un intento de obstruir la transparencia y la rendición de cuentas, como el formateo de computadores de la dirección general y el de contratación, que no fue realizado por trabajadores de la entidad, sino por un contratista externo.
Además, se reportaron problemas con las cámaras de seguridad de la entidad, específicamente con una de la oficina de archivo, que no funciona desde diciembre del año anterior.
Ante esa situación, la dirección actual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá puso el informe en conocimiento de los organismos de control para que se adelanten las investigaciones pertinentes en torno a las irregularidades reportadas.