El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, bajo el lema: "Mi salud, mi derecho". Se eligió éste para defender el derecho de cada persona a tener acceso a servicios de atención de la salud, educación e información de calidad, agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes sin ninguna discriminación. El lema dirigido a la salud pública, este año por la Organización Mundial de la salud se basó en los siguientes principales problemas: este derecho está cada vez más amenazado; las enfermedades y desastres causan muchas muerte y discapacidad; los conflictos armados causan muerte, dolor, hambre y angustia; el uso de combustibles fósiles genera crisis climática, afectan el aire puro y se cobra una vida cada cinco segundos. A esto se suma que solo 140 países reconocen la salud como un derecho humano, pero no la están garantizando, estimando que la mitad de la población mundial no está cubierta por los servicios esenciales. Con estos antecedentes consideremos la situación del derecho a la salud en nuestro país. Empecemos por considerar qué piensan los argentinos sobre su salud. Según un estudio mundial, Argentina junto con Perú muestran el mayor deterioro en la percepción de su estado de salud. El nivel de estrés fue el más alto, indicando que es uno de los principales problemas que a su vez, afectó la capacidad de dormir, la falta de actividad física y el aumento de peso. El nivel de estrés se asocia a la situación laboral y económica. Esto se ha visto incrementado frente a la amenaza primero de despidos y luego por su concreción. La crisis económica genera estrés que la incertidumbre laboral agrava. Esta percepción genera disconfort y quiebre del completo bienestar físico, psíquico y social que implica la salud.
En lo relativo al acceso a la atención de salud ante el crecimiento del estrés, debemos reconocer que los servicios de salud mental en el país son insuficientes. El cambio de la ley de salud mental no logró cambiar el paradigma, ni que los servicios de salud mental se instalaran adecuadamente en los hospitales y otros servicios públicos. Estos por su larga duración y su costo no están cubiertos o sólo muy insuficientemente por las obras sociales, y menos por las prepagas. Quiere decir que el derecho a la salud proclamado está lejos de cumplirse en el país. A esto se agrega una concepción del federalismo del gobierno de Milei que considera que las provincias deben autoabastecerse, y que el Estado nacional no las debe asistir. Esto ignora el rol del Estado nacional de equilibrar las diferencias en lo económico, productivo, de extensión, población de las provincias y los principios de solidaridad, subsidiariedad y unidad. La unidad es concebida como sometimiento de las provincias a la Nación y no como una obligación mutua. Esto produce una quiebra de los programas de salud fundamentales como el tratamiento para los enfermos de cáncer, de VIH/sida y de salud sexual y reproductiva. La falta de Presupuesto 2024 obligó a reiterar el de 2023, que por la inflación desde fines de 2023 redujo las partidas. La compra individual de cada provincia aumenta los costos y afecta los tratamientos.
La niñez ve muy afectada su salud por el aumento de la pobreza y la indigencia que llegan al 60% y 20%. La política de restricción del gasto ha llevado a una disminución clara del Presupuesto para la niñez que deja a muchos sin poder hacer la única comida por día. La interrupción del apoyo del gobierno nacional a los comedores infantiles y las restricciones al cuidado de la salud, que debe ser asumida por las provincias afecta la salud de la niñez. Los dichos del diputado Benegas Lynch expresan las ideas del Gobierno que son inaceptables, porque violan los derechos de los niños. Hoy más que nunca debemos exigir que se garanticen los derechos a la educación y a la salud de la niñez.