Estos días se celebra un juicio en el que se investiga a un total de 16 personas ligadas a UGT Andalucía (UGT-A) por delitos como fraude de subvenciones o falsedad en documento mercantil. Entre ellos, se investiga al ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, así como a antiguos responsables de la organización sindical y hasta diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban. Este martes, la que fuera secretaria de Empleo y Formación del sindicato, Pepa Castillejo, ha testificado que ella cobraba «en metálico» los anticipos ligados a su cargo y que lo hacía de manos de UGT-A. Cabe recordar, en este sentido, que el juez de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha cifrado en 40.750.047,74 euros la cantidad defraudada por UGT-A a través de subvenciones públicas.
Pepa Castillejo, otrora secretaria de Empleo y Formación de UGT-A y miembro de la comisión ejecutiva de la entidad, ha explicado que merced a las funciones de su puesto, contaba con una serie de «anticipos» para hacer frente a «los gastos asumidos» en el cargo, como frecuentes desplazamientos por la geografía andaluza en su vehículo particular, dietas o pernoctaciones. «Andalucía es muy grande y te das cuenta de eso cuando tienes un cargo regional», ha dicho, exponiendo que incluso tuvo que «cambiar el motor» de su turismo marca Audi.
Anticipos
Se trataba, según ha insistido, de gastos que ella no podía pagar por adelantado con su «sueldo de funcionaria base», asegurando que cubrir tales costes «era la función» de los mencionados anticipos, respecto a los cuales posteriormente presentaba las correspondientes facturas para justificar los gastos y «si sobraba algo» de la cuantía adelantada ya se cuadraba al mes siguiente, según ha dicho.
A preguntas del fiscal Fernando Soto, Pepa Castillejo ha expuesto que dichos anticipos los cobraba «en metálico» de la mano de «un empleado de la Secretaría de Administración» de UGT-A, que «no tenía por qué ser el mismo» cada mes.
En ese sentido, ha negado que ella cobrase de la sociedad Soralpe, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría funcionado como empresa instrumental de UGT-A.
Soralpe, según testificaba en el juicio un comandante de la UCO encargado de la investigación, habría pagado «determinadas cantidades» de entre 900 y 3.000 euros con carácter «mensual» o «anticipos» a responsables de UGT Andalucía como Pepa Castillejo o Dionisio Valverde, figurando además con cargo a esta entidad un «viaje a Dublín» (Irlanda) de la responsable de UGT Andalucía María Navarro o un viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica. Ello, sin que según este investigador consten devoluciones de los beneficiarios de las cantidades.
Soralpe
Al respecto, el fiscal ha mostrado a esta antigua secretaria de Empleo y Formación de UGT la documentación contenida en un disco duro intervenido por los agentes a Soralpe, con menciones a «anticipos» a dirigentes del sindicato como Federico Fresneda o ella misma, con pagos «todos los meses», reconociendo Pepa Castillejo que dichas anotaciones en la documentación aluden a ella.
Empero, ha asegurado que a ella le «daba el dinero» de los anticipos «un empleado de la Secretaría de Administración», área del sindicato que dirigía el acusado Federico Fresneda. Por otro lado, Pepa Castillejo ha asegurado que durante las sesiones de la comisión ejecutiva de UGT-A, de la que ella formaba parte, nunca escuchó menciones a los descuentos o «rápel» de los proveedores del sindicato al mismo por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos, extremo no comunicado a la Junta de Andalucía como responsable de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban estos gastos en cuestión.
El bote
Tampoco hubo alusiones en las sesiones de la comisión ejecutiva, según ha dicho, al «bote» económico que según la UCO, la Fiscalía y el juez instructor Juan José Vélez, habría cosechado el sindicato al «concertar» supuestamente con algunos de sus proveedores un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, inflando el importe de tales facturas a la hora de la justificación de gastos para obtener un excedente con el que sufragar gastos no imputables a las ayudas.
«Eso lo escuché después, cuando salió en la prensa», ha asegurado respecto a ambos aspectos, defendiendo en cualquier caso que las acciones formativas sufragadas por la Junta de Andalucía fueron desplegadas y acometidas merced a la «programación» acordada en materia de cursos. «Por favor que sí se realizaron correctamente», ha enfatizado.
Una nueva sesión así de este juicio, que previsiblemente este miércoles afrontará una nueva fase, con la comparecencia de los primeros peritos previstos en el calendario de declaraciones.