Tras finalizar su mandato como presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández obtuvo la aprobación para recibir su jubilación de privilegio, un tema que generó debate tanto entre políticos como ciudadanos. Fernández había iniciado el trámite antes de concluir su período presidencial y, tras tres meses de espera, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que recibirá un total de siete millones de pesos por el tiempo en que estuvo en el cargo.
El proceso estuvo marcado por la controversia, con reclamos del Gobierno y del oficialismo intentando evitar que Fernández obtenga este beneficio, que había prometido anular durante su campaña presidencial. A pesar de los esfuerzos por detener el pago, la confirmación llegó y Fernández recibirá la jubilación de privilegio.
Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes de la oposición, como Graciela Ocaña, expresaron su rechazo a través de las redes sociales, denunciando la existencia de privilegios injustificados. Ocaña prometió utilizar todos los medios posibles, incluso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Fernández mismo firmó durante su mandato, para evitar que se le otorgue la jubilación.