Los datos actualizados de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2023 revelan que apenas un 1,9% de los asalariados españoles obtuvo su trabajo gracias a la participación de una oficina pública de empleo. Suman un total de 338.200 personas: menos de la mitad de los que consiguieron un contrato gracias a una empresa de trabajo temporal. Este último tipo de mediador registra un récord histórico impulsado por la vía de emplear trabajadores fijos discontinuos, que les abrió una reforma laboral para erradicar el empleo eventual. Por el contrario, los resultados de los servicios públicos quedan muy lejos de los niveles que registraban antes de la crisis financiera y muestran la enorme distancia entre las políticas de empleo y la realidad del mercado laboral. Una brecha imperdonable en un país con 2,7 millones de parados registrados.
Aunque el Gobierno pretenda echar balones fuera, señalando que las competencias sobre las medidas para encontrar trabajo a estas personas corresponden a las comunidades autónomas, su responsabilidad es innegable. No solo porque en el pasado año repartió 2.800 millones entre los servicios de empleo regionales, que no han mejorado ni un ápice su eficacia, sino porque hace algo más de un año aprobó una nueva Ley de Empleo que reforzaba el SEPE (convertido en la nueva Agencia Española de Empleo) y modernizaba la gestión, coordinación y control del desempeño de las oficinas regionales. Nada cambió desde entonces y Trabajo parece haber aparcado su propia normativa, pese a ser un compromiso ante Bruselas, lo que hace aún más inevitable el naufragio de las políticas laborales en el país con mayor tasa de paro de los Veintisiete.