Las autoridades italianas han llevado a cabo una operación en la que han arrestado a 22 personas acusadas de defraudar cientos de millones de euros al Plan Nacional de Recuperación de la Pandemia (PNRR), el cual está financiado con fondos europeos. La operación, que ha sido dirigida por la Fiscalía europea y ejecutada por agentes de la Guardia de Finanza italiana, con la colaboración de las policías de Eslovaquia, Rumanía y Austria.
Mientras que a ocho de los detenidos se les ha encarcelado de forma preventiva, catorce han quedado bajo arresto domiciliario y a dos se les ha prohibido ejercer cualquier actividad comercial. Además, se les han confiscado bienes por un valor estimado de 600 millones de euros, incluyendo propiedades, criptomonedas, relojes de alta gama, joyas, oro y coches de lujo.
Blanqueo de capitales
La operación de la Oficina de la Fiscalía Europea (EPPO) afecta a varios países europeos y en Italia los arrestos se han producido en las regiones de Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adige, Friuli Venecia Julia, Toscana, Lacio, Campana y Apulia. Según ha revelado la investigación, el fraude ha sido perpetrado por un grupo criminal, que contó con la colaboración de varios testaferros y cuatro empresarios.
Concretamente, el fraude afectaba a varios proyectos financiados por el plan de recuperación en los sectores de la digitalización del sistema productivo prestados por la compañía SIMEST, participada por el banco público Cassa Depositi e Prestiti y que ayuda a las empresas italianas a su internacionalización.
A continuación, la investigación ha confirmado la creación de créditos inexistentes para el sector de la construcción, mediante la captación de subvenciones para reformar fachadas en el país, y el apoyo a la capitalización de empresas por 600 millones de euros.
Los agentes han descubierto un sistema de blanqueo de capitales a través de una red de empresas ficticias en Austria, Eslovaquia y Rumanía. Cabe recordar que Italia es el principal beneficiario del Fondo de Recuperación, con 191.500 millones de euros hasta 2026, de los cuales 69.000 millones son subvenciones y 122.600 millones llegarán como créditos a devolver, a los que conviene añadir otros 30.000 millones en recursos nacionales.