El fiscal que tiene a su cargo las causas en las que se investigan los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura en jurisdicciones de La Pampa, Neuquén y Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani, fue reprendido por advertir que con el desmantelamiento de los archivos del ministerio de Defensa, se obstaculizaba la obtención de pruebas para los juicios en marcha.
La sanción le fue comunicada por el procurador general interino, Eduardo Casal, luego de que Palazzani enviara una nota al ministerio de Defensa en la que le planteó a su titular, Luis Petri, que «tuviera a bien evitar cualquier decisión que pusiera en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de defensa».
La Asociación Pensamiento Penal emitió un comunicado en el que respaldó a Palazzani y planteó preocupación por el apercibimiento. El fiscal «requirió en cumplimiento de su deber la preservación de las pruebas» que se hallan en el ministerio de Defensa, señalaron en la Asociación.
Por su parte, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio de Bahía Blanca, destacó la actitud de Palazzani en procura de resguardar elementos que pueden servir de prueba para los juicios y exigieron «al resto de los operadores judiciales» que acompañen con medidas de cuidado los documentos señalados. «Repudien el desmantelamiento de las áreas de archivo del ministerio», insistieron.
Indicaron que con la sanción de Casal, que calificaron de preocupante, se produce ante el no cumplimiento de las obligaciones del Estado para dar respuesta favorable a investigar, juzgar y condenar los delitos de lesa humanidad.
El desmantelamiento del área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura incluyó el cese del los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos que fueron sistematizados en 2.010 y que aportaban documentos ante solicitudes judiciales.
La red nacional de HIJOS respaldó el accionar de Palazzani y destacó que el fiscal fundamentó con amplia documentación y fallos jurídicos la necesidad de preservación de las fuentes «que sirven para la búsqueda de la verdad, reparación y justicia» para las víctimas de la dictadura.
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, presentó una acción de amparo y medida cautelar de cese de despidos, para evitar el desmantelamiento del equipo de Análisis Documental del Ministerio de Defensa de la Nación.
«A 40 años de democracia del retorno a la vida democrática, instamos a todos los responsables de hacer aplicar la ley a redoblar los esfuerzos para que los juicios de lesa humanidad se lleven adelante con prontitud y que se esclarezcan los casos pendientes», sostuvo la Asociación de Pensamiento Penal.
Palazzani y la unidad fiscal bahiense iniciaron el 5 de abril la etapa de alegatos contra 36 acusados de delitos de lesa humanidad en el mega juicio de Bahía Blanca, un proceso que ventiló los casos de 333 víctimas. En Neuquén, el equipo fiscal que conduce lleva a cabo el juicio contra el ex juez y el ex fiscal acusado de ser parte del plan sistemático de persecución en el Alto Valle, Pedro Duarte y Víctor Ortiz.