La mafia judicial es una de las tantas que Mauricio Macri se propone remover.
Pero ese propósito, encomiable si va en serio y no es sólo discurso, enfrenta más obstáculos y avanza más despacio que lo que quisiera y ha ordenado. Dos ejemplos de esta dificultad quedaron a la vista en estos días.
Uno: el Consejo de la Magistratura no suspendió al camarista Eduardo Freiler, que enfrenta acusaciones abrumadoras por enriquecimiento ilícito.
La suspensión llegaría llegar recién a fines de mayo en simultáneo con el inicio de su juicio político. La resistencia sorda pero efectiva de los jueces a llevarse puesto sin más a un colega frenó el ímpetu del Gobierno.
Dos: el avance de la causa contra la procuradora Alejandra Gils Carbó por pago de coimas abre una nueva posibilidad de removerla del cargo.
Igual, se supone que nada sucederá antes de las elecciones de octubre.
A nadie puede sorprender que Freiler y Gils Carbó traten de desviar y dilatar los avances en su contra.
Menos esperable es que la demora del oficialismo en cumplir una orden del Presidente tenga que ver, además, con obstrucciones e ineficacias internas. Eso es lo que está sucediendo.
El camarista Freiler es uno de los que rechazó dos veces abrir la investigación por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
Esta semana se presentó en el Consejo de la Magistratura. No refutó las pruebas sobre su enriquecimiento, sus viajes y sus gastos imposibles de justificar. Pero se declaró víctima de un plan para disciplinar a los jueces.
Esa defensa política no es una línea argumental novedosa. Parece calcada de la que usan Cristina y sus hijos, involucrados en causas por corrupción.
Quizás se deba a que Cristina y Freiler tengan al mismo abogado: Alejandro Rúa.
El problema no es Freiler sino el Consejo de la Magistratura. Aunque habían avalado citarlo, llegado el momento los jueces que integran ese cuerpo estratégico del Poder Judicial no quisieron atropellar sobre el colega.
El paso a paso, evitando la carnicería rápida, fue la sugerencia corporativa que habían hecho llegar otros jueces y camaristas.
Así se frustró el impulso del ministro de Justicia, Germán Garavano, y del diputado Pablo Tonelli, motor del oficialismo en el Consejo. Son los que bregan para cumplir las órdenes del Presidente.
El Poder Ejecutivo tiene un representante formal en la Magistratura, que es Juan Bautista Mahiques. Los que miran bajo el agua turbia afirman que a veces se distrae en sus funciones.
La versión conspirativa dice que Mahiques es hombre de Daniel Angelici, presidente de Boca y gestor de Macri para temas puntuales en la Justicia.
Quizás el malestar de los jueces frente al apuro con Freiler encontró comprensión en Angelici y, por transmisión automática, también en Mahiques.
El caso de Gils Carbó tiene otras aristas. Esta aguerrida cristinista enfrenta una causa sobre coimas en la compra de un edificio para la Procuración.
Fue en 2013, se pagaron $ 44 millones y casi $ 8 millones a la inmobiliaria que intermedió. Esa comisión multiplica varias veces las usuales en el mercado.
Gils Carbó echó lastre suspendiendo al subprocurador Guillermo Bellingi, quien había llegado a la función pública nombrado por Aníbal Fernández.
Tan de confianza era Bellingi que Gils Carbó le encargó, cuando llegó a la Procuración, que definiera quién se iba y quién se quedaba de la gestión anterior.
La Justicia ya tendría probado que esa comisión millonaria se dividió entre la inmobiliaria y un intermediario.
Sería Juan Carlos Thill, hermano de Bellingi por parte de madre. El ex esposo de la procuradora, Héctor Alonso, estaría vinculado también al negocio.
En el Gobierno consideran que la prueba contra Gils Carbó es concluyente. La Justicia está buscando ahora consolidar las ramificaciones que llevarían hacia la gente que trabajó con Aníbal Fernández.
El fiscal de la causa es Eduardo Taiano, a quien se tiene por un profesional serio y moderado. Los que lo quieren menos dicen que es tímido en ciertas causas. El juez es Julián Ercolini, con perfil parecido al del fiscal.
Fuentes judiciales estiman que en dos semanas podría pedirse la indagatoria para Gils Carbó y los demás involucrados. El paso siguiente sería el procesamiento.
El ministro Garavano ya habló con Miguel Pichetto, el jefe peronista del Senado que había abrochado aquel acuerdo con Emilio Monzó y Sergio Massa para modificar la ley de Ministerio Público y darle salida a Gils Carbó el año pasado.
Todo aquello fue dinamitado por Carrió. "Si la doctora Carrió les marca la política, acá en el Congreso las cosas se le van a poner complicadas al oficialismo", dicen que dijo Pichetto, que sigue escaldado por aquella quemazón.
Curioso: Carrió tiene en el foco de su ataque al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y con su acción, objetivamente, había salvado entonces a Gils Carbó.
Es una coincidencia asombrosa y quizás irrepetible con Cristina.