El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife será declarado monumento para la memoria histórica de Canarias. Así se acordó durante la celebración de la Comisión Técnica para la Memoria Histórica de la Comunidad Autónoma, que está presidida por la consejera de Presidencia y Justicia, Nieves Lady Barreto.
Barreto apuntó que la citada designación es "un acuerdo en firme" y, a partir de ahora, la Dirección General de Patrimonio Cultural deberá desarrollar el procedimiento formal para que dicho edificio pueda llevar esa catalogación.
Otro de los puntos aprobados consiste en llegar a un acuerdo con el Cabildo de Fuerteventura para declarar lugar de utilidad pública el Centro de Tefía, que durante años fue utilizado como recinto de reclusión de personas a las que se les aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes desde mediados del siglo XX. Por dichas instalaciones pasaron presos comunes, condenados por sus ideas políticas, aquellas personas que se suponía que eran un peligro social y homosexuales, por ejemplo.
También se aprobó crear una norma para regular la base de datos de ADN de familiares de personas que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo, que están desaparecidas y cuyos restos se buscan a través de diferentes proyectos de excavaciones en varias zonas del Archipiélago.
En opinión de Nieves Lady Barreto, "damos pasos el Gobierno de Canarias, todas las asociaciones de memoria histórica y los miembros de la Comisión para conseguir poner luz y hagan Justicia con las personas y, sobre todo, en una época en la que no la hubo y que tenemos que superar con pasos firmes como estos, con seguridad y con dignidad".
Para la consejera, es un deber del Ejecutivo Autónomo "poner dignidad donde no la hubo y Justicia donde tampoco la hubo".
El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo Redondo, recordó que su departamento va a colaborar con la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas. Según Clavijo, "nos hemos puesto a disposición de los ciudadanos para iniciar el procedimiento, que va a tener cierta complejidad, porque hay que armonizar el derecho de la Ley de Patrimonio Cultural, que no recoge esa figura, y la Ley de Memoria Histórica, pero no creo que sea insalvable".
El director general espera que, durante este año, se resuelva una cuestión que, eminentemente, tiene carácter jurídico.
Uno de los participantes en la Comisión Técnica fue Juan José Pestano, director del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
Pestano explicó que "hay que desarrollar la norma y los pasos a seguir para formalizar la base de datos de ADN". El objetivo es identificar todos los restos óseos que se han encontrado hasta ahora y que se hallen en el futuro.
Las diferentes excavaciones realizadas han permitido localizar, hasta el momento, alrededor de cincuenta cuerpos de personas que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo. De ese medio centenar, tan sólo se ha identificado a la mitad aproximadamente, según señala José Juan Pestano.
En la futura base de datos de ADN se recogerán muestras genéticas de personas vivas, que se compararán con las que se extraigan a personas enterradas en fosas comunes o tiradas a pozos y simas.
En la actualidad, más de 200 ciudadanos del Archipiélago han aportado su ADN para que pueda ser cotejado con el de personas represaliadas.
Entre otros, están pendientes de realizar proyectos de excavaciones para localizar cuerpos en la Sima de Jinámar y revisar dos pozos del municipio de Arucas.
En opinión del director del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, la labor encargada ayer por la Comisión Técnica de Memoria Histórica se desarrollará de forma rápida.
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