Ángeles Vázquez
Solo un día después de que la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo haya ofrecido la oportunidad de declarar de forma voluntaria al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemonty el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg en el caso Tsunami Democràtic, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado el primer paso para poder tomar declaración a los también imputados que no son aforados, entre los que se encuentra, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
En una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado de plazo "una audiencia", que es equivalente a 24 horas, a los imputados que se encuentran personados en el procedimiento para facilitar, a través de sus abogados, "direcciones inequívocas" donde se les pueda citar para que acudan a la Audiencia Nacional a declarar.
Además, para los que no se han personado en el juzgado, pese al auto del pasado 6 de noviembre en el que se concretó contra quién se dirigía la investigación, el juez pide a "la fuerza actuante, averiguación de domicilio y paradero respecto de Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani y Nicola Flavio Guiulio Flogia".
Tanto en esa resolución como en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para que se imputara a Puigdemont, ya que dada su condición de aforado quedaba fuera de su jurisdicción, el magistrado situaba a Rodríguez Sellés como la persona que había utilizado la expresión "tsunami" y que comentaba que el expresidente de la Generalitat debía estar informado del nacimiento de la plataforma, pero por si acaso se lo comentaba al jefe de la oficina en Bruselas de Puigdemont, Josep Lluís Alay.
Cabani fue identificado por la Guardia Civil como el empresario a cuyo nombre había abierta una cuenta en Suiza desde la que presuntamente se financió Tsunami, por la que el juez preguntó, aunque de momento sin éxito, a las autoridades helvéticas. Flogia es un ciudadano italiano que, tras el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, aparece en los mensajes intervenidos a los investigados como quien preguntó a Alay por la forma de proporcionar dinero a la organización para la realización de nuevas convocatorias contra la sentencia del 'procés'.
Ninguno de los tres ha comparecido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a través de su abogado, a diferencia del resto, incluida la propia Rovira, que se personó y solicitó que se dejara sin efecto la comisión rogatoria cursada por el magistrado para localizarla en Suiza, aunque no facilitara más domicilio que la sede de la formación de la que es líder.
Aunque ninguno de los imputados ha declarado aún ante el magistrado, el fiscal que continuará a cargo del caso en el Audiencia Nacional será Miguel Ángel Carballo, recientemente aupado a la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real, cargo que compaginará con la instrucción. Se trata de una opción que se ha puesto en práctica en otros casos, pero cuando la instrucción estaba ya muy avanzada.
En este caso, aunque ha estado cuatro años bajo secreto, al no haber declarado aún los imputados la sustitución del representante del ministerio fiscal no presentaba mayor dificultad. Esa circunstancia se ha interpretado por las fuentes consultadas como EL PERIÓDICO por un intento de evitar que su sustitución reabriera las discrepancias vividas en este caso, en el que Carballo y la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, no aprecian terrorismo, mientras que prácticamente la totalidad de los fiscales de una de las secciones de lo Penal del Supremo sí lo hacen.
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