La cancelación de las obras de infraestructura y el recorte en las partidas presupuestarias que instrumento el ministro de Economía, Toto Caputo dejaron a Vialidad Nacional al borde del camino y casi sin capacidad económica para poder desempeñar sus tareas operativas básicas en la era de Javier Milei.
Las autoridades de Vialidad debieron frenar la reducción de la planta laboral que les ordenó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; se vieron obligadas a conceder una prórroga polémica al concesionario privado de la autovía mesopotámica y el puente Rosario–Victoria; y no pudieron adquirir insumos y equipos básicos para el Operativo Invernal, que realiza cada año para mantener en condiciones las rutas cordilleranas y de la Patagonia.
El achique de la planta laboral, suspendido
El organismo cuenta actualmente con un plantel de 5.600 agentes, entre personal jerárquico, técnico y operativo. Las autoridades libertarias habían fijado como primer paso del achique laboral, la desvinculación de 355 personas y la implementación de un plan de retiros voluntarios.
A raíz de la carencia de fondos y las demoras administrativas, hasta ahora se ejecutaron 187 despidos con "causa justificada" de personas que estaban procesadas, que iban a trabajar una vez por semana o que cobraban planes sociales en forma simultánea con sus funciones en la repartición.
El registro de retiros voluntarios sigue, por ahora, sin abrirse; y con los fondos escasos que reciben las autoridades de Vialidad se destinan a pagar los servicios mínimos y los sueldos, sin viáticos ni horas extras.
Vialidad Nacional prorroga concesión vial
Con la concesión del Corredor Vial 18, que agrupa a las rutas 12 y 14 y al enlace vial Rosario-Victoria, se registró una situación que ya generó una demanda judicial por posible defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público de las autoridades de Vialidad y de empresa estatal Corredores Viales (CVSA), operadora del acceso Riccheri-Cañuelas y las rutas principales del país.
En manos de la firma privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA), esa concesión tenía que haber finalizado contractualmente el 31 de octubre de 2023. Unos días antes de que Corredores Viales se hiciera cargo, la concesionaria –que acumula más de $6.000 millones en multas y penalizaciones por incumplimientos de obras e inversiones- acudió a la justicia y consiguió un fallo favorable que frenó la estatización por un plazo inicial de seis meses.
A principios de este mes, cuando estaba por expirar el plazo judicial que trababa la reversión al Estado de esa concesión, Corredores Viales advirtió que no estaba en condiciones de hacerse cargo de las rutas porque se encontraba "enfocada en reordenar las finanzas, reperfilar el pasivo corriente y reducir la plantilla de personal para adecuarla a necesidades operativas".
Manejada por José Luis Acevedo, ex presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Corredores Viales se desligó de las rutas de CRUSA planteando que le resultaba "inconveniente e inoportuno asumir un nuevo tramo de concesión, toda vez que ello interferirá con los esfuerzos de normalización que se están llevando a cabo".
Ante el desplante de la operadora estatal que tiene el 49% del paquete accionario, Vialidad se vio forzada a extenderle el contrato a la concesionaria privada por el plazo de un año, mediante una resolución que fue objetada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Economía.
En el dictamen incorporado al expediente, los abogados del ministerio destacaron que "de la lectura del asunto traído a estudio, este servicio jurídico advierte que no se encuentran cumplidos los extremos por ausencia de antecedentes que permitan el examen exhaustivo y necesario para expedirse en forma definitiva sobre la cuestión de marras referida a la prórroga de la concesión".
Denuncia por irregularidades
La decisión de Vialidad también derivó en una denuncia judicial promovida por Jorge Zatloukal, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), por las presuntas irregularidades e incumplimiento de la función pública en que habrían incurrido Bertola y Acevedo.
La presentación recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini y plantea que Corredores Viales "incumplió injustificadamente con una de sus principales obligaciones que es operar y mantener las rutas entregadas en concesión" y que Vialidad llevó adelante "una maniobra para beneficiar a la concesionaria privada que es contraria a la transparencia que debe regir las contrataciones públicas".
Operativo Invernal, en riesgo
Por su parte, la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (Agppsvn) alertó que está en riesgo la organización del Operativo Invernal, que el organismo vial realiza cada año para garantizar la transitabilidad en las rutas patagónicas y cordilleranas.
Tal como viene contando Letra P, hay incertidumbre sobre qué hará el organismo para afrontar esta situación estacional. El director de la Agppsvn, José Rizzo, detalló que el operativo "consiste en distribuir adecuadamente los equipos y el personal en lugares estratégicos desde Mendoza hasta Tierra del Fuego, para mantener los caminos despejados de hielo y nieve y retirar los desmoronamientos que se producen por las lluvias y temporales".
Tras precisar que, hasta ahora, a Vialidad "sólo le asignaron $40.000 millones frente a un presupuesto anual que debería rondar los $70.000 millones", Rizzo advirtió: "Los suelos de varios caminos han empezado a congelarse y, si se producen nevadas fuertes en las próximas semanas, no se podría despejar la nieve, ni evitar el hielo en las rutas principales del sur".