Un nuevo escándalo sacude la cárcel de Bouwer en Córdoba: un exdirector, seis guardiacárceles y un médico forense fueron detenidos. Ocho funcionarios públicos en total. Están señalados de torturar y matar a un detenido; un hecho que ocurrió en septiembre del año pasado.
Así lo dispuso el fiscal de Instrucción del Distrito 1, José Alberto Mana, quien ordenó las detenciones. Justamente, por orden del fiscal, este miércoles se llevaron a cabo 10 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, y en el Establecimiento Penitenciario N°1, es decir, la cárcel de Bouwer.
El informe preliminar publicado por La Voz del Interior da cuenta que se detuvo a 8 personas y que secuestraron elementos personales, y que además hay un noveno involucrado. Se trata de otro efectivo penitenciario, que no pudo ser ubicado, pero que se espera que comparezca a la sede de la Fiscalía en las próximas horas.
Todos están acusados de "tortura seguida de muerte", un delito que prevé la pena máxima: prisión perpetua.
La investigación se inició con la muerte de César Darío Moreno (50), quien no contaba con antecedentes penales y fue encarcelado por un delito menor: resistencia a la autoridad. El interno murió cuando se encontraba bajo custodia sobre una camilla del servicio médico, el 18 de septiembre del año pasado.
Según la acusación que recae en estos nueve funcionarios públicos, al ingresar al complejo de Bouwer, Moreno habría sido gravemente golpeado por personal penitenciario. "Posteriormente fue atado e inmovilizado por más de 48 horas, sin brindarle atención sanitaria ni médica adecuada, producto de lo cual, a raíz de los severos padecimientos sufridos, su estado de salud empeoró, desencadenando su fallecimiento", dice la denuncia.
El parte emitido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) es contundente: "La investigación reunió un importante caudal probatorio: filmaciones, evidencia documental, prueba testimonial, peritaje técnico científico, que permiten sostener, en esta altura del proceso, la existencia del hecho y la participación de los ahora imputados", señalan.
Y continúa: "Asimismo se realizaron allanamientos, secuestro de prueba digital, análisis interdisciplinarios por parte de la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense, siguiendo lineamientos de instrumentos internacionales de referencia como lo son el Protocolo de Estambul y Minnesota para la investigación de hechos de tortura y muertes ilícitas en contextos de encierro".
La profunda investigación
Implicar a personal que trabaja en las cárceles supone un desafío extremo para cualquier fiscalía. La violencia institucional es muy difícil de demostrar ya que si hay algún asesinato dentro de la prisión, los guardiacárceles tienen el control absoluto de cualquier tipo de escena del crimen.
Cuando se conoció la muerte de Moreno, según el primer informe forense "de muerte natural"; se inició un minucioso trabajo investigativo. Mayor cantidad de testimonios, revisación exhaustiva de las distintas cámaras de seguridad y sobre todo un nuevo informe más exhaustivo del forense.
El informe que llegó desde la Morgue Judicial no sólo contradijo al primero, sino que certificó que la víctima había sufrido una feroz golpiza, previo a morir. Es decir, no había sido un infarto o una descompensación natural, como señaló el primer informe carcelario.
El 14 de septiembre había sido detenido por un incidente en una panadería de Nueva Córdoba por "resistencia a la autoridad". Si bien primero fue trasladado al Establecimiento Penitenciario 9 (ex-UCA), finalmente se dispuso que, por cuestiones de espacio, fuera trasladado a la cárcel de Bouwer.
Según la presunción de la Fiscalía, apenas ingresó al penal, el 16 de septiembre, Moreno tuvo un altercado con uno de los guardias. Y fue reducido y golpeado por otros efectivos del Servicio Penitenciario.
Pero, en lugar de recibir atención médica, el hombre brutalmente golpeado fue esposado de pies y manos a una cama y dejado en una celda aislado. Así, permaneció al menos 48 horas, hasta que murió el 18 de septiembre.
DP
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