Al reclamar para sí el poder de aplicar una política migratoria propia (aunque se contradiga con la legislación federal), Texas ha reiniciado un debate sobre el federalismo que es tan viejo como Estados Unidos. Pero puesto que muchos de los participantes justifican sus posiciones invocando el pasado, es crucial contar cómo fue la historia.
Muchos citan la Guerra Civil como analogía (y advertencia) para el momento actual. Pero la referencia más exacta no es la guerra en sí, sino las cinco décadas de conflicto constitucional en gestación que la precedieron. Las semejanzas entre esos años y la actualidad deberían ser un llamado de atención para todos.
En 1820, Thomas Jefferson describió los reclamos de derechos para los estados como una "alarma de incendio en plena noche", que amenazaba con hacer sonar "el toque de difuntos de la Unión". En vísperas de la Guerra Civil, el presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln proclamó en su primer discurso inaugural que "la Unión de estos estados es perpetua". Lo mismo hubiera podido decir: "El conflicto sobre la estructura de la Unión es perpetuo": lo ha sido desde que los redactores de la Constitución pusieron plumas a la obra en 1787.
Entre 1815 y 1861 (el período que denomino interbélico), los debates políticos y jurídicos en los Estados Unidos estuvieron dominados por discusiones sobre la naturaleza de la Unión. Para los estadounidenses, que vivían bajo una multiplicidad de gobiernos, determinar cuál de ellos tenía el poder de decirles qué hacer (sobre todo en las áreas del comercio, las migraciones y la esclavitud) fue un tema recurrente de conversación (y a veces de lucha). Hoy usamos el término federalismo para referirnos a la relación entre los estados y el Gobierno nacional.
Cuando la Constitución instituyó la versión estadounidense de federalismo, la idea subyacente no era nueva. Se basaba en la teoría política europea y en la experiencia práctica de los colonos como súbditos del Imperio británico. Lo novedoso fue que la existencia de varios niveles de gobierno se adoptara como ideal en vez de defecto. Los fundadores, entre ellos James Madison, vieron en una estructura que fuera "en parte federal y en parte nacional" el mejor modo de lograr el objetivo de una "Unión bien construida".
El ideal de una unión federal fue convincente, pero los fundadores no determinaron su contenido. Cuando a principios del siglo XIX los estadounidenses comenzaron a discutir las nuevas cuestiones políticas que al parecer implicaban el federalismo, no tenían a los fundadores para que les dieran respuestas claras y sencillas. Estos solo habían legado una idea, que las generaciones futuras tendrían que pensar por sí mismas.
Fue una era de cambios acelerados. Estados Unidos experimentó una revolución mercantil, con la expansión de sus redes de transporte y comercio a la par de la del territorio (y de la expulsión de pueblos indígenas y potencias europeas rivales).
Pensar el modelo.
Mientras la esclavitud se afianzaba en el sur y generaba conflictos por la expansión a estados recién incorporados del oeste, instituciones nacionales como el Banco de los Estados Unidos, el correo y los tribunales federales extendían los ligamentos del poder federal a más distancia y a más profundidad en la vida diaria de la gente. De modo que los estadounidenses de inicios del siglo XIX se encontraron con problemas acuciantes para los que sus antecesores solo habían dejado un impreciso mapa.
Muchos de los debates constitucionales más significativos del período interbélico giraron en torno de la jurisdicción de diversos niveles de gobierno sobre ámbitos de poder superpuestos.
Hay que añadir que, en general, para los estadounidenses de aquel tiempo, este conflicto no era incompatible con el diseño del sistema. En 1815, en oposición a un intento de la Corte Suprema de anular una decisión del tribunal superior de Virginia, el juez de dicho estado William H. Cabell escribió: "Seguramente se habrá previsto que a veces surgirían controversias respecto de los límites de las dos jurisdicciones; pero la Constitución no ha provisto un árbitro, no ha instituido un tribunal que permita resolverlas".
El argumento de que los estados tenían derecho a determinar por sí mismos los límites entre su jurisdicción y la del gobierno federal reapareció muchas veces en las primeras décadas del siglo XIX.
El caso más famoso fue en 1832, cuando Carolina del Sur declaró "nulas y sin valor" dos leyes arancelarias del Congreso y prohibió a los funcionarios del estado y del gobierno federal aplicarlas "dentro de los límites de este Estado". La misma ordenanza también prohibió cualquier intento de cuestionar la anulación apelando ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un caso ya decidido por el tribunal superior del estado.
Tensiones
Anular las leyes del Congreso, prohibir a los funcionarios aplicarlas y excluir la posibilidad de apelar la anulación ante la Corte Suprema implicaba una desvinculación entre el estado y los tres poderes del gobierno federal. En el período interbélico hubo muchos ejemplos de reafirmación de derechos de los estados; y no solo en favor del esclavismo.
En las décadas de 1840 y 1850, los estados del norte y del medio oeste invocaron la soberanía estatal para blindarse contra las leyes del Congreso referidas a los esclavos fugitivos. Massachusetts, Pensilvania y Wisconsin aprobaron leyes sobre la "libertad personal" que protegían a sus residentes negros de intentos de sacarlos del estado por la fuerza. La respuesta de estos estados a la normativa federal sobre la captura de los esclavos fugitivos fue posicionarse explícitamente como partidarios de la doctrina de la anulación.
En 1854, una convención contra los cazadores de esclavos celebrada en Milwaukee exhortó a la formación de una "liga de estados" con el objetivo de "defender la Soberanía y los Tribunales de nuestros Estados y las Constituciones Nacional y de los Estados contra las flagrantes usurpaciones de Jueces, Comisarios y Auxiliares de Justicia de los Estados Unidos".
En una resolución conjunta aprobada en 1859, la legislatura de Wisconsin insistió en que el "justo remedio" a "cualquier acto no autorizado que se realice o pretenda realizar con el pretexto" de la Constitución era la "resistencia activa" (positive defiance) de los estados soberanos.
Situación actual
Pero más allá de la omnipresencia de conflictos sobre la jerarquía de los poderes federal y estatal en la política y en la legislación de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, entre esas disputas y los debates actuales hay dos diferencias fundamentales.
En primer lugar, los conflictos del período interbélico obedecían a disputas estructurales y tensiones entre diversas áreas, mientras que los de hoy son resultado de la polarización política.
En segundo lugar, la era constitucional en la que tuvieron lugar los conflictos interbélicos fue totalmente diferente de la nuestra. La insistencia de Lincoln en el carácter perpetuo de la Unión configuró el significado de la Guerra Civil para Lincoln, para sus contemporáneos y para las generaciones futuras. Pero en aquel momento su aseveración era una mera hipótesis; solo con la derrota de la Confederación en 1865 se convirtió en un hecho.
Por eso debemos ver la historia de principios del siglo XIX como una advertencia. Revivir argumentos que casi lograron desintegrar a la Unión es un asunto muy serio.
ALISON L. LACROIX (*)
© Project Syndicate - Chicago
(*) Exmiembro de la Comisión Presidencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos, profesor de Derecho y miembro asociado del Departamento de Historia de la Universidad de Chicago y autora de 'The Interbellum Constitution: Union, Commerce, and Slavery in the Age of Federalisms' (Yale University Press, mayo de 2024).
Las medidas antimigratorias
El estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbot, promulgó una ley antiinmigrante que ha sido fuertemente rechazada por el gobierno de Joe Biden, al considerar que es contraria a la legislación federal.
La ley, bautizada SB4, convierte en un delito estatal la entrada ilegal de migrantes en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México sin un juicio.
"Hemos dicho desde el principio que la SB4 es una ley extremadamente inconstitucional que sobrecargará a los cuerpos de seguridad y hará que las comunidades sean menos seguras", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Los defensores de los migrantes estiman que la aplicación de la ley de Texas provocaría discriminación racial, separaría a las familias y perjudicaría a la comunidad latina.
El Gobierno de México ha advertido en varias ocasiones que se negaría a aceptar los
migrantes, incluidos los mexicanos, que fueran deportados por Texas.
Por ahora la ley se encuentra bloqueada en una Corte de Apelaciones, que está dirimiendo las diferencias entre el gobierno federal y estatal de Texas, y determinando si la normativa se apega a la Constitución de los EE. UU.
AFP / Washington