El juez Joaquín Aguirre ha renunciado a la escolta ofrecida por los Mossos d'Esquadra y pide protección a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. El magistrado, que es el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona y se encarga de dirigir causas como el caso Volhov o el caso Negreira, ha renunciado al ofrecimiento del a policía catalana después de que la semana pasada recibiera en su despacho un paquete con una falsa bomba. Según han explicado fuentes cercanas, el magistrado ha esgrimido que la protección prestada por la policía catalana podría interferir en el cauce de la investigación abierta por las supuestas conexiones rusas del procés en la denominada Operación Volhov.
A través de una carta, Aguirre ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la escolta se la habilite la Policía Nacional o la Guardia Civil. En la misiva enviada al CGPJ, el magistrado recuerda que está a cargo de una investigación que afecta a la Generalitat de Catalunya y que no considera oportuno que le escolten funcionarios dependientes de dicha entidad.
Aguirre recibió un falso paquete de bomba en su despacho que superó todos los controles de seguridad. En el interior se hallaba un termostato sin ninguna nota ni amenaza. El sobre iba dirigido a la juzgado de instrucción 1 de Barcelona sin concretar el nombre del juez. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido. Presentaron una denuncia ante el juzgado, que recayó en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona que decidió archivarlo "por autor desconocido".
Difícil relación con los Mossos
Registro al cuartel general el 2012
Aguirre investigó a los Mossos d'Esquadra en el conocido como caso Macedonia en el que se buscaba si varios altos mandos de la policía catalana protegían a narcotraficantes, causa que quedó en nada y en la que todos quedaron absueltos. En 2012, Aguirre, en el marco de aquella causa, mandó a la Policía Nacional a registrar el cuartel general de los Mossos en el complejo Egara de Sabadell.