En los últimos días se han dado una serie de cuestionamientos en contra de los manejos internos de la Universidad del Rosario, ante lo cual la institución se pronunció sobre varios de los puntos de la controversia.
Uno de los aspectos que más ha generado preocupación en la comunidad universitaria es la denuncia de múltiples despidos de profesores y personal administrativos, muchos de ellos con una trayectoria reconocida y amplia.
Así lo deja ver una carta abierta, pero anónima, que dice representar a un grupo de estudiantes: "Entendemos la autonomía que pueden tener las instancias directivas para tomar decisiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de transparencia sobre las mismas, así como la incertidumbre en lo que respecta a la situación económica de la Universidad. Hemos conocido de múltiples despidos en los últimos meses, tanto de personal indispensable para actividades académicas y de investigación, como de profesoras y profesores de todas las facultades o escuelas (…)", señala la carta.
Ante ello, un alto directivo de la Universidad del Rosario le dijo a EL TIEMPO que "las desvinculaciones obedecen a decisiones institucionales dadas en el marco legal y la autonomía universitaria. Están soportadas en valoraciones integrales que no afectan la misionalidad de la Universidad".
Según fuentes al interior de la institución, la universidad efectivamente ha realizado en los últimos meses una serie de despidos, en virtud de ajustes internos, organizacionales y a la situación económica. Sin embargo, insisten en que no ha habido despidos masivos.
A lo anterior se suman otros cuestionamientos que se han conocido en los últimos días. Uno de ellos tiene que ver con la situación financiera de la universidad. EL TIEMPO consultó con las personas que hacen las denuncias, quienes sostienen que actualmente la universidad está pasando por un difícil momento económico, por cuenta, entre otras cosas, de una caída en las matrículas.
Señalan que el Ebitda (resultados sobre excedentes antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos) revela una fuerte caída entre el 2018 y el 2023.
Ante esto, mediante un comunicado dado a conocer hoy, El Rosario asegura que los últimos resultados son positivos. "Los estados financieros cuentan con la revisoría fiscal de la firma Baker Tilly y registraron un excedente neto en el año 2023 por 2.275 millones de pesos. Esta información es de libre consulta en nuestra página web. En el 2024 el consolidado de excedente neto, entre enero y marzo, fue de 4.970 millones de pesos. En marzo de 2024, el Ebitda —que indica la capacidad de generación de efectivo— registró un valor de 15.074 millones de pesos".
Sin embargo, la universidad también reconoció que el contexto actual ha afectado a la institución, como también ha ocurrido con muchas instituciones de educación superior privadas: "El sector de educación superior privado atraviesa una situación difícil. No obstante, las decisiones que la Universidad del Rosario ha venido tomando, nos permiten asegurar que nuestra Institución registra una solvencia financiera comprobable".
En lo que respecta a la caída de matrículas de nuevos estudiantes, los críticos de la gestión actual sostienen que estas han caído de manera significativa en los últimos años, pasando de 4.350 matrículas nuevas en el año 2018 a 1.971 en el año 2021, un golpe que se habría sentido más en las carreras insignes de la institución como Jurisprudencia y Medicina.
Sin embargo, en el mencionado comunicado, la universidad asegura que "la población de nuevos estudiantes de pregrado y posgrado creció de 2021 a 2023 un 7,9 por ciento, según la información reportada por la universidad en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies). Trabajamos para una comunidad académica de más de 13.000 estudiantes, que confía en una institución de más de 370 años de historia".
Y pese a que reconoce la universidad una efectiva caída en matrículas nuevas en las carreras tradicionales, también destaca la creación de 81 nuevos programas que han diversificado la oferta académica y ayudado al crecimiento en estudiantes en los últimos dos años.
Sumado al tema de las matrículas, algunas personas al interior de la universidad que prefirieron resguardar su identidad, aseguran que la institución cuenta cada vez con menos liquidez a la vez que se ha concentrado en aumentar considerablemente su infraestructura con la compra ide nuevos edificios.
El comunicado del Rosario responde también a estos cuestionamientos, asegurando que se tratan de inversiones necesarios para saldar una deuda de infraestructura en la universidad y cumplir con los estándares requeridos por los sistemas de acreditación.
"Hemos desarrollado nuevos escenarios consecuentes con las necesidades de un campus multisede de talla internacional, esto incluye laboratorios de investigación de alta tecnología e innovación, salones y mayores espacios de bienestar. Por lo tanto, durante los últimos cinco años realizamos inversiones para aumentar la infraestructura en un 25 por ciento, pasando de un déficit proyectado a 2025 de 27.113 m² a 1.282 m²", reza la comunicación.
Finalmente, también pesan sobre la universidad, y particularmente sobre el rector, Alejandro Cheyne, señalamientos por supuestos conflictos de intereses, todo ello vinculado con la gobernanza interna de la institución.
Y es que el gobierno de la Universidad del Rosario es diferente al del resto de las universidades. Sus órganos superiores son tres: la colegiatura (que reúne a 15 estudiantes destacados de la universidad), la consiliatura (el máximo organismo directivo) y al rector.
Según los estatutos, el rector y la colegiatura eligen los nombres de cinco miembros de la consiliatura, pero también el rector y la consiliatura designan a los colegiales. Finalmente, colegiatura y los conciliarios eligen al rector.
Los críticos aseguran que el rector Cheyne habría beneficiado a algunos colegiales (sus mismos electores) con cargos dentro de la universidad a fin de garantizar su reelección en 2022.
Ante ello, EL TIEMPO se comunicó con Catalina Lleras, quien fue secretaria general de la universidad, y quien ha sido crítica del modelo de gobierno universitario. Sin embargo, la exfuncionaria destacó que, al menos durante su gestión, en la que tuvo que trabajar de cerca con el rector Cheyne, no se presentaron nombramientos de colegiales que estuvieran activos en la colegiatura, y que, efectivamente, sí hubo algunas contrataciones, pero de colegiales no activos, que habían terminado sus estudios, quienes fueron vinculados.
En todo caso, señaló que sí considera importante una revisión del modelo actual de gobierno universitario, ya que esto podría darse para controversias como la actual: "Mi visión es que el modelo de gobierno establecido hace 370 años por las constituciones de Fray Cristóbal de Torres, en el que se establece una cooptación, es decir, el rector y los colegiales y los consiliarios se eligen entre ellos, hoy en día con una universidad de este tamaño en el siglo XXI y con tantos retos académicos, nacionales, internacionales, es un modelo que yo creo que no es más óptimo".
REDACCIÓN EDUCACIÓN