La exalcaldesa de Rioblanco, Elisabeth Barbosa, y Arquímedes Martínez Díaz, líder comunal de Campoalegre, han sido detenidos bajo la acusación de establecer conexiones con el grupo insurgente denominado frente Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc.
Según investigaciones realizadas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se descubrieron pruebas de comunicaciones entre ambos acusados y el grupo armado, presuntamente para coordinar apoyo logístico y financiero.
Estas coordinaciones incluían la entrega de dinero, medicamentos y equipos de comunicación a miembros del frente Ismael Ruíz durante el período de gestión de Barbosa, que abarcó desde 2020 hasta 2023.
Martínez Díaz, por su parte, habría facilitado el enlace entre la entonces funcionaria y los campamentos de dicho grupo, asegurando así la llegada de los recursos acordados. Los arrestos se llevaron a cabo de manera conjunta por parte de la Policía Nacional, capturando a la exalcaldesa en Bogotá y a Martínez en Chaparral, Tolima.
Ambos enfrentan ahora cargos por concierto para delinquir agravado, y se les ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario después de que no aceptaran los cargos presentados en su contra.
Este caso sigue en investigación para determinar la profundidad de los vínculos entre funcionarios públicos y estructuras armadas ilegales. La situación pone de relieve la crítica problemática de la influencia de grupos insurgentes en regiones vulnerables y la potencial complicidad de líderes locales.
Las amenazas a Barbosa desde las disidencias
Barbosa, quien lideró Rioblanco entre 2020 y 2023, ha enfrentado previamente amenazas de muerte, supuestamente provenientes de los mismos grupos que ahora se le acusa de apoyar.
En octubre de 2023, un incidente que requirió la intervención del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para asegurar su protección fue señalado por Barbosa como un intento de atentar contra su vida, vinculado a su postura política en áreas controladas por disidencias.
La noticia de esta detención provocó una reacción inmediata de la representante Olga Beatriz González, quien defendió vehementemente a Barbosa, describiendo las acusaciones como injustas y resaltando su trabajo en el sur del Tolima.
Carlos Reyes, diputado del Tolima, expresó su preocupación por lo que considera una transformación de víctima a victimario, pidiendo imparcialidad en el proceso judicial. La situación ha generado un amplio debate sobre la relación entre políticos regionales y grupos armados residuales, destacando la complejidad de las dinámicas de seguridad en regiones de conflicto.
"Tengo enemigos políticos muy poderosos que estarían interesados que no vuelva al territorio a compartir con la comunidad. Tengo temor por mi seguridad, pero todo lo pongo en manos de Dios. Por ahora estará ejerciendo mis funciones desde Ibagué y Bogotá", indicó Elizabeth cuando terminaba su periodo como alcaldesa.
Barbosa se encuentra actualmente a la espera de que un juez de control de garantías evalúe la legalización de su captura e impute los cargos correspondientes. Este caso subraya no solo las tensiones en áreas afectadas por el conflicto armado en Colombia, sino también los desafíos que enfrentan los políticos locales en su interacción con estos grupos y la justicia colombiana.
"Es una injusticia absoluta, es una cosa en lo que uno se queda asombrado, como tenemos que sufrir de estas denuncias falsas, son cosas que ella nunca ha hecho en su vida, nos sentimos orgullosos que ella haga parte del Partido Liberal y que trabaje por los pueblos del sur del Tolima... "Estaremos acompañándola en este proceso y colaborando con la justicia para esclarecer la inocencia de esta líder del Partido Liberal del Tolima, que queremos, apreciamos y admiramos"", señaló la representante Olga Beatriz González, en conversaciones con Caracol Radio.