Aunque por razones distintas, tanto Hostelería Madrid como las asociaciones vecinales de la ciudad celebran que la justicia madrileña haya tumbado la Ordenanza de Terrazas impulsada durante el pasado madanto por el actual alcalde de Madrid, José Lus Martínez-Almeida (PP), y la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs). Unos y otros coinciden en considerar que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular la modificación normativa aprobada en enero de 2022 abre una ventana de oportunidad para desarrollar un nuevo reglamento más favorable a sus intereses; si bien para la patronal esto implica ampliar terrazas y licencias, mientras que para los vecinos supone todo lo contrario.
Los magistrados del TSJM han estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la entonces portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, en el que pedía la nulidad de la norma aprobada en enero de 2022 por carecer de informe de impacto presupuestario y medioambiental, así como por no haber sido sometida a información pública. Tras constatar esta "omisión de aspectos esenciales del procedimiento de elaboración de la ordenanza que afectan directamente al principio de buena administración", tal y como recoge la sentencia, el tribunal ha dado la razón a los socialistas y condenado al Ayuntamiento de Madrid a abonar 2.000 euros en concepto de costas.
El Consistorio está estudiando ahora si presenta un recurso de casación contra la sentencia, tal y como ha trasladado este miércoles la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz. Tras se preguntada por la prensa, la portavoz municipal ha asegurado que "respetan" el pronunciamiento del tribunal y pedido "prudencia" mientras los servicios jurídicos del Ayuntamiento analizan la situación para tomar "la mejor decisión". Mientras tanto, la modificación de 2022 ha quedado revocada y vuelve a regir el texto original de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, de 30 de junio de 2013, obra del Gobierno de Ana Botella.
Una oportunidad para "corregir los aspectos de mejora" de la ordenanza
A la espera de ver si el Ayuntamiento decide recurrir la sentencia, y con la esperanza puesta en que la decisión "no tenga consecuencias negativas para la hostelería madrileña y las terrazas de Madrid", el sector ve con buenos ojos la anulación de la ordenanza. Para Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid, esta situación representa una oportunidad para "corregir los aspectos de mejora que expusimos en las alegaciones que tenía la Ordenanza".
De acuerdo con el jefe de la patronal hostelera, el reglamento anulado contenía "medidas que iban a suponer un recorte significativo de las terrazas en Madrid", algo que valora como "muy negativo"; además de que "solo se ha puesto en marcha parcialmente y de manera limitada" y muchos establecimientos no se han terminado de adaptar. Asimismo, Blardony señala que uno de los principales problemas de la ordenanza de Almeida y Villacís fue "no abordar una solución para los retrasos continuados en la resolución de las autorizaciones", de forma que "los problemas de gestión de las terrazas continúan y no se han solucionado".
Dichas autorizaciones dependen de las Juntas Municipales de los distritos, las cuales " tardan años en contestar a las solicitudes de los hosteleros cuando deben resolverlas en dos meses", lamenta el director general de Hostelería Madrid. Por ello, el directivo considera que la oportunidad que se abre ahora es que "el Ayuntamiento se replantee cambiar la gestión de las Juntas Municipales a un órgano unificado, como ya hizo con la gestión de las licencias de los locales mediante la creación de la Agencia de Actividades, mucho más eficiente".
"Volver a la casilla de salida" para negociar un nuevo reglamento
Más satisfecho se muestra Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que asegura haber recibido "con alegría" una sentencia que viene a "refrendar todo lo que nosotros dijimos durante aquel proceso". Entonces, igual que ahora, la FRAM denunció que no era cierto que se tratase de una modificación de la ordenanza consensuada con todas las partes, tal y como presumía entonces el Ejecutivo municipal, sino que se trataba de una norma "hecha claramente al dictado de Hostelería Madrid", puntualiza.
Según Villalobos, la sentencia del TSJM confirma que el Ayuntamiento "actuó de una forma chapucera", especialmente en lo que a la confección de las zonas saturadas se refiere, "supeditando el interés del sector al interés general". A la vista de esta circunstancia, el presidente de la FRAVM aboga por "volver a la casilla de salida", que el Consistorio "renuncie" a presentar un recurso y "abra el proceso de negociación de una nueva ordenanza" que cuente "el acuerdo de todas las partes implicadas" y que "garantice el respeto al derecho a la inviolabilidad del domicilio".
Y es que, recuerda Villalobos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional han reconocido que la exposición prolongada a niveles de ruido superiores a los límites legales supone una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario. Por ello, defiende que las terrazas no deberían poder ejercer su actividad más allá de las 11 de la noche, así como que deberían "volver a ser estacionales", en vez de "ocupar espacio público durante todo el año". Apuesta tambié, enttre otras cuestiones, por limitar los veladores e imponer medidas "mucho más taxativas" contra la acumulación de mobiliario en la vía pública, ya que "Madrid se ha convertido en un inmenso trastero de las terrazas de la hostelería".
Un diagnóstico y unas soluciones compartidas en gran medida por Félix Sánchez, presidente de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, uno de los barrios con mayor acumulación de terrazas y zonas saturadas de toda la ciudad. Ve "lógico" que la justicia haya tumbado la ordenanza del anterior Gobierno, que se hizo "a espaldas de los vecinos", aunque coincide en señalar que se trata de una "buena oportunidad para que Almeida haga una nueva ordenanza que concilie los intereses de hosteleros y vecinos". En este sentido, asegura que tanto la de Retiro Norte como el resto de asociaciones vecinales tienen "la mano tendida al alcalde" para que les escuche y que se elabore una ordenanza que "no sea solo para la hostelería".
La oposición también aboga por una nueva normativa
En la misma línea que hosteleros y vecinos, la izquierda madrileña también defiende la necesidad de una nueva normativa municipal. En este sentido, el PSOE-M está trabajando en el borrrador de una "ordenanza de habitabilidad del espacio público" que integre la convivencia entre las actividades económicas y la ciudadanía, tal y como ha avanzado este miércoles la portavoz del grupo municipal, Reyes Maroto, que ha tildado de "chapuza jurídica" la norma anulada por el TSJM.
Esta iniciativa, que el grupo socialista pretende plantear en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid (PGOUM) que está elaborando el Ayuntamiento, busca reordenar el espacio público a través de una regulación más "integral e inteligente" del espacio para "terrazas, aparcamientos y zonas verdes". El objetivo, en palabras de Maroto, es que se pueda "disfrutar de la ciudad de una forma armónica", con la convivencia de los ciudadanos y empresarios, al igual que regular la movilidad y el uso del coche sin "confrontación".
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha informado en un audio remitido a los medios este miércoles de que su grupo ha planteado al Gobierno de Almeida una reformulación de la "muy poco rigurosa y chapucera" ordenanza de terrazas en la que se busque el consenso entre vecinos, comerciantes y hosteleros. Según la líder de la oposición, eso supondría, entre otras medidas, reducir elementos autorizables permanentes o fijos, definir las zonas saturadas con los actores implicados y que no se autoricen elementos de calefacción.
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