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Finalmente, y después de cinco años de investigación, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los máximos referentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), enfrentarán el juicio oral y público por los graves delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, en perjuicio de sus propios afiliados.
El Tribunal Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba informó que el inicio de las audiencias será el próximo 15 de octubre y serán juzgados también otros 16 imputados.
Los jueces José Asís, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci estimaron que las audiencias serán nueve y se prolongarán hasta diciembre.
Ya en 2021 el fiscal federal N°1 de Córdoba, Enrique Senestrari, los había enviado a juicio por el supuesto armado de una asociación ilícita dedicada a la usura y la administración fraudulenta, pero debido a interposiciones jurídicas no se logró llevarlos al banquillo de los acusados.
Cabe aclarar, que Saillén y Catrambone también están acusados de lavado de activos, pero ese tramo está siendo investigado en otra causa, por lo que no será parte del juicio de octubre.
Los otros 16 imputados que serán juzgados son Juan Manuel Krainbuhl; Osvaldo César Medina; Juan Manuel Riba; Juan Carlos Delgado; Franco Gabriel Catambone; Salomé Alfazak; Héctor Gabriel Balnes; Jorge Vicente Blanes; Miguel Ángel Catrambone; José Luis Yacanto; Juan Carlos Saillén; Micaela Del Valle; Verónica Anabel Quevedo; Adriana Cecilia Oviedo; Yamila Gisel Monjes, y Darío Mauricio Saillén.
Cómo era la trama de las maniobras delictivas
Según la investigación encabezada por Senestrari, a fines de agosto de 2009, Saillén y Catrambone (exdirector obrero de la Crese y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (Conmecor) habrían formado una asociación ilícita en perjuicio de los afiliados y del propio sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac con el objetivo de enriquecerse ilícitamente.
La organización, que los tenía como "jefes" a ambos, habría cometido los graves delitos hasta 2015. De acuerdo al expediente, abrían abusado de su posición de poder, cometiendo las irregularidades denunciadas en contra de los propios trabajadores del Surrbac.
Los imputados habría otorgado créditos a los empleados a tasas usurarias de interés a través de la mutual, que funcionaba como "una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados", según la investigación.
Los fondos no contaban con la autorización y el control oficial, y los intereses oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual.
Además, cinco de los imputados habrían desviado parte del dinero a través de las ventas realizadas en la mutual hacia sus patrimonios personales entre 2012 y 2013.
A su vez, la mutual habría pagado gastos de la obra social y el sindicato, pero su devolución habría sido en condiciones perjudiciales para la mutual porque a julio de 2018 la deuda con la mutual ascendía a $ 2,1 millones.
Para cometer los ilícitos los presuntos jefes de la banda hacían participar en sus maniobras a conocidos y/o familiares -también imputados- "cuando no ellos mismos, que actuaron de testaferros poniendo sus nombres, pero bajo las órdenes" de los líderes.
Según las estimaciones de los investigadores, Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Medina y Riba colocaron en circulación durante nueve años $ 11 millones, "inversión" que se habría multiplicado casi un 400%, ya que, para mayo de 2018, "se hicieron" con $ 54,6 millones
Además, se cree que la mutual del sindicato era usada como "fachada" para blanquear las excesivas ganancias de los préstamos. Quien más dinero movía habría sido Catrambone padre, quien invirtió $ 6,4 millones y recibió $ 18,4 millones, según publica La Voz.
"Mientras entraba mucho dinero de la usura, salía una cantidad proporcional de los mutuos. ¿Quiénes eran los únicos o, como mínimo, principales beneficiarios? Saillén y Pascual Catrambone", explicó Senestrari.
Los millones y los lujo de los sindicalistas
Saillén y Catrambone habrían perjudicado al sindicato al rendir gastos personales como si fueran de la mutual: viajes al Caribe, gastos exorbitantes en hoteles, viajes de estudios de sus hijos, entre otros, como si los hubieran realizado en sus funciones.
Para evitar que estos gastos injustificables (también patentes, seguros e impuestos) aparecieran en los balances, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a la mutual con reintegros. Por ejemplo, entre 2016 y 2018 se habrían desviado $ 4,1 millones.
Los beneficiarios de estos gastos millonarios eran afiliados y familiares de la Comisión Directiva o personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no tenía vínculo con la entidad; cuyos ingresos declarados (en blanco) no permitían justificar los pagos.
En el expediente figuran pagos realizados a través de cheques a Alfazak (secretaria privada de Saillén) por más de $ 39 millones por supuestas ventas de carne y de comestibles.
La obra social también se habría visto afectada en estos presuntos delitos, ya que se habrían rendido gastos personales de Catrambone y Saillén (viajes y hoteles) como si los hubieran hechos en el ejercicio de sus funciones. La mecánica habría sido la misma: el ocultamiento de los montos de los balances, la absorción por parte de la mutual y una devolución posterior.
Los directivos fueron detenidos en 2019, bajo un escandaloso procedimiento ya que, ante el rumor de las aprehensiones, integrantes del Surrbac se presentaron en el domicilio de Saillén para evitar que lo llevara la policía. La tensión y las agresiones duraron varias horas, hasta que en la tarde del 27 de agosto de 2019 fueron apresados.