En el año 2025 son las elecciones regionales, locales y legislativas. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro se está preparando para ir a este proceso electoral con la menor cantidad de contrincantes posible a través de nuevas inhabilitaciones de políticos opositores.
Este miércoles, 24 de abril, la Contraloría General de la República notificó la inhabilitación política de cinco dirigentes opositores, entre los que incluso se encuentran personas ejerciendo cargos públicos en la actualidad.
Tras revelarse las nuevas habilitaciones, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que esta acción es una muestra más «de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país».
Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país.
Expresamos nuestra solidaridad a los compañeros afectados por esa arbitraria medida.
— Edmundo González (@EdmundoGU) April 24, 2024
Por su parte, la Plataforma Unitaria publicó un comunicado en donde «condenaron y repudiaron» las inhabilitaciones publicadas «por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas».
«Desde el régimen insisten en seguir violando los derechos humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos», añadió la Plataforma Unitaria.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos y repudiamos las inhabilitaciones publicadas hoy por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas, entre ellos Juan Carlos Caldera @CalderaJuan, miembro de la dirección…
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) April 25, 2024
Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de CAMBIO de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) January 26, 2024
Entretanto, la ONG regional Transparencia Electoral rechazó el uso de la Contraloría General de la República «para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales».
«La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó 'suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa'», recordaron en una publicación en la red social X.
🚨🇻🇪#TransparenciaElectoral rechaza el uso de la Contraloría General de la República para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó "suprimir la prerrogativa de… pic.twitter.com/UcZ3hd2KRH
— Transparencia Electoral (@TransparenciaAL) April 25, 2024
Las nuevas inhabilitaciones
Aunque en noviembre de 2023 Noruega divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, instituciones del Estado como la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han hecho caso omiso, y se ha seguido inhabilitando a opositores con probables aspiraciones de ejercer un cargo público.
A finales de enero, el TSJ levantó esta sanción al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo. Ambos se sometieron al mecanismo de revisión de casos acordado entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria. Pero no corrieron con la misma suerte María Corina Machado ni Henrique Capriles Radonski, y tres meses después, la Contraloría notifica de nuevas inhabilitaciones.
Y abril se aproxima a su final con un nuevo listado de inhabilitaciones políticas. Uno de ellos es el vicepresidente de asuntos políticos del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, a quien inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante 15 años, según la página web de la Contraloría.
Además de ser militante de PJ, Guanipa ha sido diputado de la Asamblea Nacional (2015-2020) y fue embajador de Venezuela en Colombia designado por el extinto gobierno interino que presidió Juan Guaidó.
Mediante su cuenta de X, Guanipa manifestó que la Contraloría no le notificó de esta inhabilitación, «como todas las otras veces».
«Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria», escribió el dirigente político en su mensaje.
Veo en redes que la Contraloría de Miraflores por tercera vez me inhabilitan por 15 años, como todas las otras veces, sin notificarme.
Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria.…
— Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) April 24, 2024
Otro afectado es Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre, quien también figura en la lista de la Contraloría de nuevos inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años.
Ante rumores surgidos el día de hoy con respecto a una supuesta inhabilitación (nadie me ha notificado) para mí y otros compañeros; la respuesta es clara y contundente:
Edmundo para todo el mundo!!!
El 28 de julio con tu voto vamos a habilitar todos nuestros derechos!
— Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) April 24, 2024
A la lista de inhabilitados sumaron a Juan Carlos Caldera, miembro de la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática. Según la publicación de la Contraloría, no podrá ejercer cargos públicos durante 12 meses.
Al conocer este anuncio, solo se limitó a responder en su cuenta en X lo siguiente: «Algo hice bien, #EdmundoPaTodoElMundo».
— Juan Carlos Caldera (@CalderaJuan) April 24, 2024
Alcaldes en ejercicio inhabilitados
Se difundió también que el alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda -en su segundo período- Elías Sayegh también ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, es decir, hasta el 2039.
Sayegh fue militante del partido político Fuerza Vecinal, del cual se deslindó en el año 2023 y decidió crear la organización política Cambio en Paz.
Por su parte, José Antonio Fernández López, conocido como 'Josy Fernández', fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, al igual que Sayegh.
Fernández es actualmente alcalde del municipio Los Salias, también de Miranda. Está en ese cargo desde el año 2013, tras obtener la victoria en las elecciones regionales. También militó en Fuerza Vecinal y ahora está en Cambio en Paz, al igual que Sayegh. Hasta ahora, ni Sayegh ni Fernández han emitido declaraciones sobre estas inhabilitaciones.
La inhabilitación que impidió inscripción de Machado
Las inhabilitaciones de políticos opositores han sido denunciadas en los informes del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, entre muchas otras instituciones, gobiernos y organizaciones, por «socavar el Estado de Derecho» y «profundizar la crisis política» en Venezuela.
Recientemente, académicos de la UCV denunciaron la «permanente intervención del Tribunal Supremo de Justicia», a través de sus salas electoral y constitucional; «usurpando funciones legislativas, interviniendo la dirección de los partidos políticos, confirmando inhabilitaciones y modificando las reglas de los procesos electorales».
Justamente el pasado 26 de enero de 2024, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó a María Corina Machado que está inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Según el TSJ, el recurso que introdujo Machado el 15 de diciembre de 2023 sobre su inhabilitación "no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos" en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado.
La Sala Político Administrativa alegó que la inhabilitación de Machado ocurre, entre otras cosas, por propiciar las sanciones internacionales y la presunta trama de corrupción que habría encabezado Juan Guaidó durante el interinato.
Esta inhabilitación le impidió a Machado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial, a pesar de haber tenido una victoria arrolladora durante la primaria opositora del 22 de octubre de 2023.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, entre las irregularidades que presenta este caso se destaca que la Sala Político Administrativa incurrió en la «omisión de publicar los textos completos de sus decisiones».
«En lugar de ello, se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan», señaló la ONG en un reporte.
El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados.
Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias.
Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 26, 2024
Capriles, inhabilitado después de dos candidaturas presidenciales
El mismo día en que Machado recibió la notificación que ratificaba su inhabilitación, también salió una sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ que ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.
El TSJ consideró improcedente la solicitud de Capriles sobre esta inhabilitación porque, según el máximo tribunal, tampoco cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo de Barbados "y en consecuencia" está inhabilitado por quince años.
Capriles está inhabilitado desde el año 2017 "por irregularidades administrativas" presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda. Esa inhabilitación le impidió competir en las regionales de ese año y en las presidenciales de 2018.
Tras esta decisión, el dos veces candidato presidencial se pronunció en su cuenta de X donde señaló que el «sentimiento de cambio» no se podrá inhabilitar.
Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de CAMBIO de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) January 26, 2024
Leopoldo López, el primer inhabilitado
Fue en el año 2008 cuando el alcalde de Chacao, quien gozaba de una gran popularidad y tenía aspiraciones de postularse a la alcaldía metropolitana, se convirtió en el primer dirigente opositor con fuerte arraigo popular inhabilitado por la Contraloría General de la República por seis años debido a supuestas irregularidades administrativas en su gestión. En esa ocasión, otros dos dirigentes opositores también fueron inhabilitados: Enrique Mendoza y Antonio Barreto Sira.
La inhabilitación le impidió participar en las regionales y municipales de ese año. El caso de López fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque la instancia falló a favor de López en 2011, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la medida de la corte como "inejecutable". Al vencerse la inhabilitación, López fue detenido en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
Otros casos sonados de inhabilitaciones opositoras
En el 2021 se celebraron las elecciones regionales y municipales, el período que está a punto de finalizar. Ese mismo año, el 23 de febrero, la Contraloría inhabilitó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 por negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos «forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional desde hace tiempo para sacar del camino a sus rivales».
Por su parte, Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, también estuvo inhabilitado desde agosto de 2014 hasta que la Sala Político Administrativa del TSJ levantó esa sanción en octubre de 2017. Después de eso, obtuvo la victoria en la Gobernación del Zulia en 2021.