Alfonso Peña será el nuevo presidente del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón
El alto funcionario fue sustituido en febrero al frente de la Cámara de Cuentas por Jesús Royo.
El Consejo de Gobierno de este miércoles ha acordado el nombramiento del alto funcionario Alfonso Peña (Logroño, 1963), quien hasta el pasado febrero dirigió la Cámara de Cuentas de Aragón, como presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). Después de seis años al frente del organismo fiscalizador, sustituye a Esperanza Ríos, en el cargo desde 2017.
La renovación de la institución, que dirime los recursos que se interponen frente a los procesos de contratación de las administraciones públicas, será completa. Junto a Peña, fueron designados vocales Teresa Cubero, letrada de la DGA, y Paúl Inieva, que procede del Tribunal Económico Administrativo de Zaragoza.
El procedimiento se inició el pasado mes de febrero, cuando el Boletín Oficial de Aragón (BOA) convocó las plazas del Tacpa, dirigidas a funcionarios de carrera de cualquier administración, licenciados en Derecho, y sujetos a una serie de condiciones para optar a la plaza. Se dio un mes de plazo para presentar las solicitudes y el pasado 25 de marzo, el Departamento de Hacienda designó a los nuevos miembros del tribunal.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y miembro del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 1988, Alfonso Peña fue interventor general en la DGA. Su mandato se prolongará durante los próximos seis años.
Con el nombramiento de Peña, el Ejecutivo cierra el proceso de renovación de los principales organismos consultivos y de control y fiscalización de la Comunidad autónoma. Precisamente en febrero tomó posesión Jesús Royo de su cargo como nuevo presidente de la Cámara de Cuentas en sustitución de Peña, organismo que se renovó también por completo.
La llegada de Peña al Tacpa prevé cerrar una etapa no exenta de polémicas en la institución. Es lo que ocurrió con dos de los contratos más importantes que ha manejado el Ayuntamiento de Zaragoza, como el de la limpieza pública, cuya tramitación quedó suspendida varios meses entre 2021 y 2022. El motivo fue la falta de cuórum en la institución, dado que Ríos estaba casada con un funcionario municipal que había participado en los pliegos y se abstuvo. Esta situación coincidió con el hecho de que en los últimos años una vocalía ha estado vacante.
También fue muy controvertida la anulación del proceso de contratación de la nueva Romareda, que acabó dando al traste con la operación que iba a permitir que el estadio hubiera sido financiado íntegramente por el Real Zaragoza. El Tacpa sufrió un duro revés cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al Consistorio y, a la espera de sentencia, rebatió los argumentos del órgano administrativo.