Mediante un informe, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte le respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la liberación del expresidente Alberto Fujimori se otorgó bajo los principios de "justicia" y los parámetros de "legalidad".
Fue precisamente el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien en conferencia de prensa arguyó que la liberación del exmandatario no incumplió ninguna norma y enfatizó que "el Estado peruano no va a "permitir que su soberanía sea afectada".
CON FIRMEZA
Esta fue una respuesta a los constantes cuestionamientos por la liberación de Fujimori, que se ejecutó en diciembre de 2023 tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC).
"Somos respetuosos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero quiero dejar en claro que el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones que sea injustas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional", resaltó.
Agregó que nuestro país actuó conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori, en estricto apego a los principios de legalidad y de justicia.
En el mismo sentido argumentó que el Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional.
Por su parte, el exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa Jorge Luis Cáreces añadió que la postura del Estado se sustentó en el ordenamiento constitucional y los alegatos del TC.
"Lo que nosotros hemos defendido y pretenderemos defender no es una decisión ideológica, sino una motivada en el ordenamiento constitucional, sin apasionamientos políticos", puntualizó.