En una reciente sesión conjunta secreta de las comisiones de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, se presentó un informe clave sobre el reglamento de uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas. La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase legislativa, indicando que "está maduro para entrar a la siguiente etapa y comenzar a votar".
La urgencia asignada al proyecto busca equilibrar la rapidez en su tramitación con la profundidad del debate necesario. Tohá enfatizó la importancia de establecer reglas claras para el uso de la fuerza en un Estado democrático, donde el monopolio de este poder reside en las fuerzas de orden y seguridad pública, y en ciertas situaciones, en las Fuerzas Armadas.
La discusión ha generado controversia, particularmente en torno a una indicación que proponía aplicar las reglas de manera diferenciada cuando estuvieran presentes niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, o personas adultas mayores.
La ministra Tohá aclaró que, tras escuchar preocupaciones, se redactará una indicación para precisar el alcance de esta medida, evitando malentendidos y asegurando que no se creen grupos privilegiados. La intención es que las fases iniciales de uso de la fuerza, presencia y comunicación, consideren los efectos diferenciados que pueden tener en ciertos grupos.
Ante la sugerencia de algunos legisladores de dividir el proyecto para que las normas aplicables a la policía se discutan en la Cámara de Diputados y las relativas a las Fuerzas Armadas en el Senado, Tohá manifestó su desacuerdo. Argumentó que analizar el proyecto en su conjunto facilitará un debate más integrado, dada la existencia de elementos comunes y diferenciados entre ambos cuerpos.
Este proyecto busca la modernización y clarificación de las normativas que rigen el uso de la fuerza en Chile. La expectativa es que su aprobación contribuya a una aplicación más justa y transparente del poder estatal, en línea con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.