El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado este viernes que el PSOE y el PP están "muy cerca" de un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyas negociaciones está mediando, y que ahora solo falta la "señal" política para decidir "cuándo hacerlo".
"Realmente estamos muy, muy cerca de un acuerdo sobre la renovación del Consejo en materia de justicia, pero también sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial español. Ahora es una cuestión de voluntad política saber cuándo queremos hacerlo", ha dicho Reynders a un reducido grupo de medios, entre ellos EFE.
En este sentido, ha manifestado que "tan pronto como llegue la señal" política, Bruselas retomará "el camino de una discusión a tres bandas". Para que esa vía se concrete, Reynders ha estimado que "también es útil que los dos partidos políticos hablen entre sí" y ha mostrado su esperanza de que "esto sea lo que se hace en Madrid".
El comisario ha insistido en que "es necesario que las partes estén de acuerdo para que se pueda avanzar" y ha recordado que la base del diálogo estructurado son las recomendaciones anuales sobre Estado de derecho que desde hace dos años instan a España a renovar con carácter "prioritario" el CGPJ y a emprender "inmediatamente después" la reforma del sistema de elección de los vocales.
El principal obstáculo para un acuerdo
Aunque tanto PSOE como PP han expresado disposición y voluntad para resolver el impasse en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró hace ya más de cinco años, siguen chocando en los tiempos ya que mientras los socialistas sólo ven urgencia en la renovación -y hablan de dejar para "más adelante" la reforma del modelo-, para los populares es irrenunciable que ambas cuestiones vayan de al mano.
Reynders tiene hasta el 25 de abril para tratar de desbloquear la negociación tras el retraso de la fecha de su excedencia para afrontar la campaña por la Secretaría General del Consejo de Europa. En un primer momento, estaba previsto que Reynders abandonara su puesto el 31 de marzo, pero tras una petición formulada a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, esa fecha se retrasó hasta el 25 de abril.
Reynders tiene hasta el 25 de abril para desbloquear la negociación
Reynders se había dado un plazo de dos meses, que expiraban a finales de marzo, para lograr un acercamiento de posturas entre socialistas y populares. Para culminar el proceso, tenía previsto desplazarse a Madrid y reunirse con ambas partes el pasado 27 de marzo, pero tan solo un día antes, el PP dijo no tener agendada esa cita.
El encuentro figuraba en las previsiones oficiales de la Comisión Europea y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que estaba a disposición del comisario europeo para abordar esa reunión, que habría sido la cuarta de las celebradas y la primera que se realizara en España.
Tanto Bolaños como el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, que negocian en nombre de socialistas y populares, respectivamente, han recibido el mensaje del comisario que ha asegurado a ambas partes que "sigue disponible para continuar el diálogo", aunque es consciente de que el apretado calendario electoral en España dificulta el logro de acuerdos entre los dos antagonistas.
Sin fecha para un encuentro, condicionado por la presión electoral
Por el momento, no hay una nueva fecha para un nuevo encuentro que, casi con seguridad, no se podría producir antes del 21 de abril, fecha de las elecciones vascas. Esa posible reunión está, en todo caso, en el aire puesto que el 12 de mayo es la cita con las urnas en Catalunya.
La implicación de Bruselas en las negociaciones para la renovación del Consejo así como la reforma del método de elección de magistrados, fue prácticamente lo único en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincidieron en la reunión que ambos líderes mantuvieron en vísperas de las fiestas navideñas sobre la situación del órgano de gobierno de los jueces. Lo planteó el jefe de la oposición y Moncloa lo suscribió de inmediato.