Los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal ratificaron, en un fallo histórico, la participación de Irán en el atentado que sufrió el país en 1994, cuando un coche bomba destruyó la Asociación Mutual Israelita Argentina y provocó 85 muertos y centenares de heridos. El hecho ocurrió dos años después de que una camioneta cargada de explosivos estallara frente a la embajada de Israel y causara 22 víctimas dentro y fuera de la sede diplomática.
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Los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal ratificaron, en un fallo histórico, la participación de Irán en el atentado que sufrió el país en 1994, cuando un coche bomba destruyó la Asociación Mutual Israelita Argentina y provocó 85 muertos y centenares de heridos. El hecho ocurrió dos años después de que una camioneta cargada de explosivos estallara frente a la embajada de Israel y causara 22 víctimas dentro y fuera de la sede diplomática.
Desde el primer momento las autoridades del país tuvieron la certeza de que habían sido funcionarios iraníes los instigadores, estrategas y organizadores de los dos ataques, que atribuyeron al grupo Hezbollah. Del primero quedaron pocos indicios, aunque los informes de inteligencia internacional confirmaron esa hipótesis. En cambio, el ataque contra la mutual AMIA permitió identificar muchos elementos de prueba sobre la participación de Irán y Hezbollah, aunque no se reunieron evidencias categóricas sobre la conexión local.
Por el caso AMIA, el país reclamó formalmente la extradición de varios funcionarios iraníes, que siempre fueron amparados por los gobiernos de Teherán y sus países cómplices. En 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó un acta de entendimiento con Irán sobre el atentado que cedía atribuciones de la Justicia argentina al Estado iraní. El acuerdo fue declarado inconstitucional e interpretado como un "pacto de impunidad".
La investigación por corrupción en ese acuerdo llevada adelante por el fiscal especial Alberto Nisman culminó con el asesinato del funcionario en enero de 2015. Esa muerte evidenció la profundidad y la persistencia del conflicto.
El nuevo fallo define que los atentados fueron represalias de Irán contra la Argentina por la decisión del presidente Carlos Menem que dejó sin efecto tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear que formaban parte del proyecto armamentístico de la teocracia instalada en Irán tras la revolución de 1979. La Cámara de Casación califica por eso a Irán como "Estado terrorista", a los atentados como "crímenes de lesa humanidad" y responsabilizan por ellos al entonces presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, y a ministros, diplomáticos y militares de ese país.
A partir de este fallo, la Argentina y los familiares de las víctimas podrían recurrir a la Corte Internacional para requerir sanciones y resarcimientos.
Este dictamen, de enorme trascendencia, es el corolario de una investigación que afrontó las dificultades que la guerra y el terrorismo plantean para el orden jurídico.
En los dos atentados y en la muerte de Nisman, calificada como homicidio por el Ministerio Público, se vislumbra claramente la precariedad de nuestros servicios de inteligencia, escasamente profesionales y desprovistos ética, pero además enfocados en operaciones de política interna y despreocupados por la seguridad del país.
Hoy, Medio Oriente es un polvorín. La guerra desencadenada en Gaza tras la masacre de 1200 personas a manos de la organización palestina Hamas en Israel ya supera largamente las 30.000 víctimas. Pero ahora los enfrentamientos se han extendido. Proliferan los ataques entre Hezbollah e Israel y EE. UU. moviliza sus fuerzas a la espera de un ataque de Irán a este país.
No se trata de hechos lejanos. Los atentados ocurridos hace tres décadas nos ubican en la línea de fuego. El terrorismo fundamentalista está dispuesto a expulsar a Israel de la región, pero su estrategia abarca a todo el planeta.
Es imprescindible para nuestro país un servicio exterior profesional, un sistema de inteligencia depurado de corrupción e integrado por agentes idóneos, y asignar a las Fuerzas Armadas su rol irreemplazable en materia de seguridad exterior. El terrorismo no tiene códigos y la Argentina sigue siendo un país vulnerable.