A falta de 105 días para las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Gustavo Petro estrechó su relación con el régimen de Nicolás Maduro y dejó sentadas las bases para que Colombia funja como observadora del proceso electoral del país vecino que siembra dudas en el mundo.
Un segundo tiempo en el que el Gobierno colombiano frenó las críticas que hizo públicas por la inhabilitación de los principales opositores en cabeza de María Corina Machado, las cuales provocaron la molestia del oficialismo señalando injerencia en sus asuntos internos.
Pues bien, rápidamente el Ejecutivo corrigió el paso y dos semanas después del pronunciamiento de la Cancillería venezolana, el presidente Petro viajó a Caracas, su quinta visita en año y medio. Allí tuvo un nuevo encuentro con Maduro que ya tenía la antesala de la reunión entre los cancilleres Luis Gilberto Murillo e Yván Gil un día antes en Cúcuta, donde este último llevó la propuesta para que Colombia sea garante de las elecciones del 28 de julio. En la cumbre entre los presidentes, el tema del veto a la oposición pasó casi de agache –ambos mandatarios se refirieron a la búsqueda de la paz política– y priorizaron la agenda bilateral.
"Hay una agenda común alrededor de proyectos concretos de unión o de integración latinoamericana. Pasa por ejemplo, por la navegabilidad del río Meta, el Orinoco, hasta el mar; la articulación de la economía nortesantanderana con el lago de Maracaibo y, por tanto, la salida al mar", explicó Petro en la rueda de prensa del Palacio de Miraflores.
En la jornada siguiente, el mandatario colombiano anunció que se vería también con la oposición y finalmente el canciller (e) Murillo confirmó que la cita fue solamente con Manuel Rosales, gobernador de Zulia y candidato inscrito a última hora. Esto no evitó las críticas, ya que se trata del candidato aceptado por el chavismo, ya que no amenaza verdaderamente las opciones del régimen de reelegirse.
Los expertos en las relaciones con Venezuela consultados por este diario temen que estas decisiones y la posibilidad de actuar como veedor de los comicios puedan dejar a la Casa de Nariño en una posición parcializada y que legitime un proceso electoral lleno de vicios.
"Esto puede generar la sensación de estar legitimando un proceso que se sabe que tiene fallos y errores garrafales (...) sería un acompañamiento a un proceso que, de por sí, está viciado de forma y de fondo", sostiene Érika Rodríguez, analista y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Para Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el país no tiene la experiencia, capacidad y ni siquiera cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con una tarea de veeduría. "Las fechas que ha puesto el chavismo tienen la intencionalidad de que no haya observación electoral. Los procesos de observación no salen de la noche a la mañana, requieren toda una dinámica de preparación, se suele hacer por organismos multilaterales con la participación de actores de diferentes nacionalidades y puede tardar uno o dos años" describe.
Sobre los costos políticos que puedan tener estas acciones, el más inmediato y visible es el distanciamiento con la oposición venezolana, advierte el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Manuel Camilo González. Según él, el Gobierno "deja muy lesionada y con un manto de sospecha su relación con la oposición", tras alinearse un poco más con el oficialismo y no haber visitado a los principales candidatos opositores.
Por su parte, Luis Gilberto Murillo bajó el nivel a los señalamientos y aseguró esta semana en Washington: "Nosotros nunca hemos desconocido al sector de María Corina Machado. Yo he tenido conversaciones permanentes y confidenciales con María Corina Machado".
Por otro lado, mantener un frío y meditado rechazo al bloqueo de las fuerzas opositoras, sin denunciar ninguna de la irregularidades e incumplimientos de los acuerdos de Barbados –que Colombia acompañó en 2023– puede abrir más la polarización y afectar el inconformismo social incluso de los ciudadanos venezolanos que tienen vida en el país.
"Colombia tiene que ser muy cuidadosa porque un ejercicio de legitimación de las elecciones del régimen venezolano podría jugar, en el largo plazo, en contra incluso de su propia democracia. Muy seguramente van a generar algunas dinámicas de movilización y de protesta frente al comportamiento del Estado colombiano si el Presidente decide jugarse en parcialidad hacia Venezuela", advierte Ronal Rodríguez.
No obstante, las voces reconocen que se trata de un escenario incómodo y de mucho cálculo para el Gobierno, pues implica cuidar una de las relaciones más importantes en la agenda del Ejecutivo donde entran factores económicos, migratorios y de paz, como lo son los acuerdos energéticos para la explotación de hidrocarburos en la frontera, así como la intermediación venezolana en una de las mesas más importantes de la 'paz total', la del Eln.
"Para Colombia es un compromiso y es un poco llevar esto a una postura en la cual yo creo que Petro no está en lo absoluto cómodo", asevera Érika Rodríguez.
Ya dijo el ministro de Relaciones Exteriores que la idea de la Presidencia es mantener un papel discreto y confidencial con el país vecino. Un rol institucional que si bien puede templar la sensibilidad del régimen, también puede ver perjudicado su estabilidad por inclinar la balanza en un panorama electoral que no es el ideal.