Créditos hipotecarios: lecciones de competencia
ANA MARÍA MONTOYA Economista, Red ProCompetencis
- T+
- T-
ANA MARÍA MONTOYA
En 2019 la Fiscalía Nacional Económica realizó recomendaciones para aumentar la competencia en el mercado de los créditos hipotecarios en Chile, algunas de las cuales se tradujeron en cambios normativos, como la Ley de Agentes de Mercados N°21.314. Dicha ley eliminó el "derecho de reemplazo" -que permitía a las entidades crediticias sustituir al corredor de seguros colectivos en las licitaciones-, y también la exigencia de proveer los seguros asociados a los créditos hipotecarios a través de un corredor.
Luego de la implementación de dichas recomendaciones, la FNE dio un paso más. Y estimó los impactos que habrían generado a los clientes de créditos hipotecarios las modificaciones, estimando así ahorros anuales de US$ 25,52 millones (producto de la reducción en las comisiones cobradas), beneficiando a casi 1,3 millones de clientes.
"Es bueno aprender de los casos que han sido exitosos e incentivar la coordinación entre autoridades para que finalmente éstas vayan en beneficio de los consumidores".
Esta disminución de comisiones se asocia principalmente a una menor participación y adjudicación en las licitaciones de corredores relacionados a las entidades crediticias, y a un aumento en la participación y adjudicación de las pólizas a aseguradoras sin corredor de seguros.
¿Por qué menciono todo esto en esta columna? Porque es un muy buen ejemplo de cómo la coordinación entre el Poder Ejecutivo, órganos sectoriales y autoridades de libre competencia -a través de un buen diagnóstico y diseño de los cambios regulatorios- logran aumentar la competencia en beneficio de los consumidores.
El caso anterior puede servir de lección para otras oportunidades latentes, como la implementación del sistema de finanzas abiertas en Chile, pues no olvidemos que su foco y definición estuvo centrada en aumentar la competencia en el sistema financiero entendida como una mayor innovación y reducción de la asimetría de información entre los actores del mercado.
Si bien la ley de Finanzas abierta deja establecidos algunos principios con el fin de evitar prácticas anticompetitivas en su implementación como los cobros por el uso de la información, la existencia de un sistema de back up para acceder a la información requerida, contar con un registro de usuarios del sistema para evitar discrecionalidad en cuanto a quien puede acceder a dicho servicio, y garantizar la interoperabilidad y trato no discriminatorio entre instituciones participantes.
En la misma ley se establece que la FNE deberá pronunciarse respecto de las características del sistema, lo que tiene como objetivo evaluar los riesgos para la libre competencia en su implementación, donde habrá espacio para abordar, por ejemplo, que pasa con las Bigtech, o evitar mecanismos ya conocidos donde los incumbentes han favorecido a sus instituciones relacionadas en desmedro de los entrantes como se ha evidenciado en otros casos de la industria financiera en nuestro país.
En tiempos en que no es común relevar aspectos positivos de políticas públicas implementadas es bueno aprender de los casos que han sido exitosos e incentivar la coordinación entre autoridades para que finalmente éstas vayan en beneficio de los consumidores.