Desde Desde que fuera aprobada la ley de vivienda hace un año tras el pacto del PSOE, EHBildu y ERC, los precios de los alquileres no han dejado de subir. Hoy la cantidad de viviendas vacías se acerca, según el INE, a los 4 millones y el problema es cada vez mayor. Lo lógico es pensar que cualquier responsable político, ante un panorama de este tipo, entienda que la decisión tomada ha sido incorrecta y dé un giro de 180 grados a sus estrategias. Pero, mientras en los temas referentes a la amnistía, los referéndums o las alianzas electorales, los cambios de opinión son constantes, en otros tan sensibles como la vivienda las posturas son inflexibles y maximalistas. Y ya afecta a un número excesivo de ciudadanos.
Esta semana, la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, reclamaba a los propietarios su colaboración para sacar al mercado viviendas a precios asequibles. Es difícil de entender este tipo de solicitudes cuando se ha disminuido la reducción del IRPF para los alquileres, se ha protegido la ocupación y se ha estigmatizado a cualquier tipo de arrendador. Parece no haber entendido que son muchos los ciudadanos que compatibilizaban sus ahorros de toda una vida, invirtiendo en una vivienda y alquilándola para mejorar sus pensiones. Esa es la realidad de la mayoría de las casas que hoy han dejado de estar en el mercado, y que seguirán incrementándose si no se protege legalmente a sus propietarios.
Este problema difícilmente puede ser resuelto sin un radical cambio de estrategia. Las zonas más afectadas de nuestro país coinciden con aquellas que tienen una mayor demanda extranjera. Por tanto, al unirse su atracción turística con su capacidad de acoger a profesionales de otros países, se produce la tormenta perfecta. Es lógico que nadie alquile a precios bajos mientras haya clientes dispuestos a pagar más, y las medidas intervencionistas no han hecho más que empeorar la situación. Tratar de encontrar un punto de equilibrio entre sueldos justos y alquileres módicos requiere de una seguridad jurídica que hoy está muy lejos del espíritu legislativo.
Es realmente curioso ver como otros países siguen políticas de construcción de viviendas públicas que cubren las demandas de alquiler de su sociedad. Mientras tanto en España no ha sido, ni es, ni al parecer será, el procedimiento a seguir para resolver el problema. ¿Queremos ser Europa sin aplicar soluciones europeas?