El presidente de Filipinas descarta entregar al TPI al expresidente Duterte por su "guerra contra las drogas"
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha descartado este lunes entregar al Tribunal Penal Internacional (TPI) al expresidente Rodrigo Duterte en caso de que la corte emita una orden de arresto en el marco de la investigación sobre la "guerra contra las drogas" impulsada bajo su Gobierno.
Marcos Jr., que ha insistido en el pasado en que no colaborará con el TPI en estos asuntos, ha hecho hincapié en que dicho tribunal carece de jurisdicción para juzgar la política impulsada por la Administración de Duterte.
Las autoridades reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
El mandatario filipino ha subrayado así que las acciones del TPI no suponen sino "una amenaza para la soberanía" del país y ha recalcado que, por lo tanto, Filipinas "no moverá un dedo para ayudar en la investigación que la corte lleva a cabo", según ha recogido el diario filipino 'Philippine Daily Inquirer'.
Estas declaraciones suponen un duro golpe para las miles de víctimas de la "guerra contra las drogas" y sus familiares, que vienen denunciando violaciones de los Derechos Humanos por parte de la Policía contra narcotraficantes y parte de la población civil. El país abandonó en 2019 el Estatuto de Roma, el tratado que ampara el TPI, lo que ha provocado fuertes críticas a nivel internacional.
Marcos, no obstante, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar un regreso, mientras organizaciones como Human Rights Watch sitúan en 27.000 los muertos a causa de la sangrienta política de Duterte, que fue puesta en marcha tan solo un mes después de que llegara al poder en 2016.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte; una campaña de extraordinaria violencia policial contra narcotraficantes que rápidamente se extendió a la población civil.