Glòria Ayuso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado a la Comisión Europea a realizar una revisión urgente de la directiva que desde el 1 de enero incluye al transporte marítimo en el pago por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Puente ha presentado una declaración en la que reclama el diseño de medidas que se aplicarían en caso de desvíos de ruta, con el objetivo de "enviar una señal al mercado".
A petición de España, los ministros homólogos de 17 países se han reunido en Bruselas para abordar las consecuencias que puede comportar la extensión del régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS) al transporte marítimo. Puente ha transmitido la preocupación de los puertos españoles de que las navieras desvíen sus rutas fuera de la Unión Europea para evitar el pago por emisiones. La directiva incluye una revisión cada dos años para verificar que la normativa no motive este desvío de rutas. Sin embargo, el ministro ha reclamado en una declaración que se establezca un mecanismo de revisión permanente, con el fin de atajar esta posiblidad antes de que se produzca.
En la reunión, además de España, han participado los ministros de Transporte de Chipre, Finlandia, Malta, Italia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Romania, Eslovenia, Países Bajos y Grecia. Según el Ministerio, han convenido que estudiarán la declaración para manifestarse al respecto.
El ministro ha expresado su "preocupación por los riesgos de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y pérdida de control sobre la soberanía comercial de la Unión Europea, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS". Puente ha presidido la reunión celebrada en Bruselas para analizar el impacto de la extensión del régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS) al transporte marítimo y compartir posibles medidas para mitigarlo.
Durante el encuentro, organizado a petición del Gobierno de España, el ministro ha trasmitido la urgencia de que la Comisión Europea revise la Directiva puesta en marcha el pasado 1 de enero, ante el impacto negativo que ya está teniendo sobre el transporte marítimo y la actividad de los puertos europeos. Asimismo, ha presentado a sus homólogos europeos una declaración para instar a la Comisión a activar una serie de medidas dirigidas a mitigar en el corto plazo las consecuencias de la extensión del sistema de derechos de emisión, como, por ejemplo, los desvíos de rutas.
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