Las pérdidas económicas que sufre el Estado peruano cada año, que superan los 20 mil millones de soles debido a la corrupción y a la inconducta funcional, deben hacernos reflexionar sobre la urgencia de implementar nuevas políticas en las instituciones públicas, para prevenir y castigar con severidad la vulneración a los intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
La corrupción no solo priva a un país de recursos, sino que también perpetúa la pobreza, restringiendo a las poblaciones de contar con conexiones de agua potable, servicios de salud óptimos, una educación de calidad; y la acostumbra a tener pésimos sistemas de transporte y enfrentar a la delincuencia imperante en las ciudades, mientras que malos funcionarios y sus allegados se benefician de los fondos públicos y del trabajo de todos.
¿Por qué debemos seguir permitiendo que la corrupción afecte la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones públicas y nuestros derechos ciudadanos? Para abordar este desafío, es crucial implementar medidas efectivas, como la Ley 31507, ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción al dar la potestad al contralor general de la República para solicitar, en el marco de una acción de control, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado, en los tres niveles de gobierno.
Con esta información se conocerá el detalle de las cuentas y movimientos bancarios y financieros de un funcionario, sus cheques girados, tarjetas de crédito, declaraciones juradas, información tributaria pública y no pública, relaciones vigentes con holdings nacionales e internacionales, entre otros, a fin de determinar desbalances patrimoniales y enriquecimiento ilícito.
En un país donde la corrupción y la impunidad imperan, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción porque permite investigar y seguir el rastro del dinero relacionado con actividades ilícitas, como el soborno. Al revelar información financiera confidencial, se pueden identificar transacciones sospechosas y seguir la pista del dinero para descubrir actividades corruptas.
Para ello, emitimos recientemente la Directiva 007, que regula el proceso y fija las pautas para el requerimiento de información protegida por levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria. La norma dispone que el requerimiento se realiza en el marco de un servicio de control posterior en la modalidad de auditoría forense, cuando se advierta la existencia de indicios de presuntas irregularidades vinculadas a la comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y otros relacionados al uso y gestión de bienes y fondos públicos.
El proceso para requerir información a las empresas y a los órganos de la administración y tributaria se desarrollará, a través de un aplicativo informático habilitado por la Contraloría General, mediante tres etapas interrelacionadas: identificación y sustento de la necesidad; validación y conformidad del sustento; y emisión y remisión del oficio de requerimiento de información protegida por el secreto bancario y/o reserva tributaria. Esta información se manejará en estricta reserva y no podrá ser cedida o comunicada a terceros ni para fines distintos a los solicitados bajo responsabilidad administrativa y penal correspondiente.
Contar con esta importante herramienta fortalece el control gubernamental y da señales claras a la ciudadanía que reclama y espera acciones rápidas contra la corrupción y los malos funcionarios, pero también es una advertencia para aquellos que planean llegar al Estado para beneficiarse del dinero público y delinquir.
La Contraloría General está decidida a combatir la corrupción y perseguir a los corruptos. Reforzaremos y ampliaremos nuestras operaciones de control en todas las instituciones públicas. ¡Advertimos a aquellos que planeen beneficiarse ilícitamente del dinero público, porque serán detectados y responsabilizados!
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