Por la asfixia financiera, la universidad pública vive su peor hora. Por qué buscan apoyo para una gran marcha.
No hay demasiados antecedentes que, por unanimidad, las 73 universidades públicas del país se hayan puesto de acuerdo en rechazar las políticas para el sector de un gobierno nacional. Entre los rectores que esta semana lanzaron un duro documento por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudios se encuentran representantes de diversas fuerzas políticas, algunos con antecedentes de militancia partidaria.
Los rectores hablan de un grave deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; y las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución. También dicen que hay una "abrumadora falta de actualización" de partidas a lo que se suma la preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En el caso de la UNCo, las actuales autoridades tienen el mismo presupuesto que en 2022 y ya hay poco margen para seguir haciendo malabares.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a los rectores, se propuso realizar una gran movilización el 23 de abril en Buenos Aires y otra en cada una de las provincias. Buscan visibilizar el impacto de la crisis en uno de los rostros más sensibles de un país que no se resigna a la desintegración de su sistema educativo y para eso salieron a requerir el apoyo de la gente.
Dicen los rectores que esa gente que debería movilizarse hace tiempo hubiesen dejado de permitirse que sus hijos accedan a formación superior de calidad sino fuera por becas o sistemas de ayudas que cada vez cuesta más sostener.
Las provincias de Neuquén y Río Negro prometieron ayudar hasta donde les sea posible; pero más allá de la voluntad de sus respectivas autoridades, no es una responsabilidad de los gobernadores financiar la universidad pública, sino del "embajador de la luz" cuyo encandilamiento no parece vislumbrar la magnitud de sus daños.