Los intereses políticos han generado que los esfuerzos del Congreso y el Senado se centren ahora en fiscalizar las ayudas que se dieron en su momento para luchar contra la pandemia del Covid. La reacción del PSOE y sus socios de Gobierno al «caso Koldo» ha sido citar a representantes de todas las administraciones en el Congreso para investigar los procesos y destinos del dinero que invirtieron para hacer frente a esta situación en 2020. Entre otros, el PSOE, que no ha propuesto la comparecencia del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos –para el que trabajaba Koldo García como asesor–, sí ha llamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se podrá presentar en Madrid con un informe de la Cámara de Cuentas en el que, en términos generales, avala la gestión de las medidas de apoyo que el Gobierno andaluz concedió al sector de servicios de atención residencial, centros de día a las personas mayores y a personas con discapacidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
El trabajo de la Cámara de Cuentas estaba previsto en su calendario de fiscalización. Los auditores dan una opinión «favorable» a la gestión aunque señalan una serie de «salvedades», es decir, cuestiones que hay que mejorar. En concreto, señalan en sus conclusiones que «el procedimiento de gestión de las medidas de apoyo económico presenta lagunas en su regulación y deficiencias en la implantación de controles efectivos para que los datos sean exactos e íntegros, lo cual ha originado, en determinados casos, incumplimientos de la normativa de aplicación».
Hay que señalar que el total de centros beneficiarios de las ayudas fueron 1.035, a los que se le concedieron 40,33 millones de euros en incentivos. Este dinero iba destinado a sufragar los gastos extraordinarios derivados de la puesta en marcha de las medidas de higiene y protección derivadas de la expansión de Covid 19, como la compra de EPI, la contratación de personal y otras medidas adicionales de higiene y protección. En sucesivos decretos se incluyeron los gastos derivados de la adquisición de materiales de limpieza y desinfección, de la protección de espacios y los de adquisición y puesta a disposición del personal de los medios digitales oportunos para facilitar su trabajo y la atención a las personas usuarias.
Una vez abonadas las ayudas, el Gobierno andaluz abrió 516 expedientes de reintegro por un importe de 1,1 millones a la mitad de las residencias beneficiarias de los incentivos. El trabajo de la Cámara de Cuentas revela que «de los 516 centros que tienen abierto expediente de reintegro, 129 centros, el 25% del total, han ingresado las cantidades percibidas indebidamente durante el plazo otorgado en el acuerdo de inicio de expediente», una suma que asciende a 107.604,65 euros, una décima parte del dinero total que reclama la Junta de Andalucía.
Sobre las causas que originaron los expedientes de devolución de los fondos percibidos, el informe del organismo de fiscalización externa apunta conceptos como «acreditación inferior al importe recibido, diferencia en el nivel de ocupación o no acreditar el gasto». Las ayudas las concedió la Administración autonómica a través de los decretos-leyes 31/20, 15/21 y 23/21. El desglose provincial apunta que esos 40,33 millones se distribuyeron así: Almería (3,97 millones, el 10% de las ayudas); Cádiz (6,01 millones, 15%); Córdoba (5,86 millones, 15%); Granada (4,77 millones, 12%); Huelva (2,64 millones, 7%); Jaén (4,13 millones, 10%); Málaga (5,5 millones, 14%); y Sevilla (7,36 millones, 18%).
El trabajo concluye que «aunque se ha cumplido la finalidad de las medidas que es favorecer la continuidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias del SAAD durante la crisis sanitaria, constan gastos justificados en los que no queda suficientemente acreditado el daño sufrido por el contratista, debido, principalmente, a la falta de concreción en la normativa sobre el concepto de los gastos extraordinarios soportados por los centros y su delimitación»
Hay que señalar que en Andalucía solo existían en 2021 un total de 19 centros de titularidad de la Junta Andalucía y que estos servicios asistenciales se gestionan por la Agencia de Servicios Sociales de la Dependencia de Andalucía de forma indirecta, mediante la concertación de las plazas.
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