El Ministerio de Economía y el Tesoro ultiman una macronormativa para impulsar la digitalización y modernización del sector financiero que pondrá especial acento en garantizar la seguridad y la protección del cliente. El Anteproyecto de ley, puesto a consulta pública previa, incluye normativas sobre ciberseguridad y la ciberresiliencia del sector, relativas a medios de pago o la revisión del sandbox, entre otras iniciativas.
Su anuncio lo realizó ayer Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, durante las jornadas Neobancos. La adaptación del cliente del siglo XXI organizadas por elEconomista.es, donde alentó al sector a participar en la consulta pública abierta hasta el próximo 30 de abril.
"Como regulador, resulta crucial para nosotros incentivar la innovación, para mantener un sistema financiero competitivo, estableciendo al mismo tiempo las cautelas necesarias para permitir un mejor funcionamiento del sector, garantizando la confianza y protección del cliente y previniendo riesgos sobre la estabilidad financiera", explicó.
Mejores servicios
Durante su intervención subrayó la creciente digitalización del sector financiero y tachó de "fundamental" la provisión de unos servicios "más rápidos, eficaces, seguros y con el foco en la atención a los clientes" con el fin último de "preservar la confianza en el sector financiero".
La responsable del Tesoro valoró la irrupción de nuevos operadores que introducen competencia en la industria financiera, lo que "favorece una mejora de la calidad de los servicios financieros, que son cada vez más amigables para el usuario, más inmediatos, con procedimientos de seguridad más intuitivos y con menores precios, contribuyendo así a satisfacer mejor las necesidades del nuevo cliente", que resulta "más sofisticado, difícil de fidelizar y experto en nuevas tecnologías".
Pero también subrayó que implica desafíos como evitar la exclusión de colectivos de usuarios menos habituados a operar de forma digital, eleva los ciberriesgos y exige adaptar las medidas de protección.
El Anteproyecto puesto a consulta pública incluye algunas trasposiciones de normativas europeas claves para la digitalización y la modernización del sector financiero relativas a Dora (normativa de ciberresiliencia), al Reglamento de Transferencias instantáneas, regulaciones para ayudar a combatir el blanqueo de capitales o para completar el Reglamento MiCA, que regula los criptoactivos.
Sobre esto último indicó que el Reglamento MiCA "busca precisamente un equilibrio entre incentivar la innovación y adoptar las cautelas necesarias que permitan minimizar los riesgos". España es, precisamente, uno de los países pioneros en la adopción de esta norma y ha fijado en seis meses la inscripción obligatoria de todos los operadores en criptoactivos ante la autoridad competente (CNMV o Banco de España), de forma que ya lo estarán a finales de año.
En materia de pagos, uno de los desarrollos, ligados al Reglamento de Transferencias inmediatas aprobado en Europa el pasado febrero es que abrirá la competencia a las fintech o neobancos. Explicó que dicha normativa favorecerá, entre otros beneficios, mejorar "la autonomía estratégica de la Unión, al reducir la excesiva dependencia de terceros actores en el mercado de pagos".
Al permitir que las entidades de pago y las de dinero electrónico accedan a los sistemas de pago sin depender de un banco intermediario como ocurría hasta ahora, explicó que contribuirá a "una mayor competencia entre los neobancos y bancos tradicionales".
Prohibir el crédito preconcedido
Entre la normativa que el Tesoro tiene en desarrollo, al margen del Anteproyecto, avanzó también que va a poner "en próximas semanas" a consulta la trasposición de la directiva europea de crédito al consumo. Sobre este último producto incidió en que ya se han desarrollado normas de conducta y transparencia de las entidades financieras para aumentar la confianza del cliente a la hora de acceder al crédito y evitar una "eventual desprotección" que puedan sentir derivado de la creciente digitalización de los servicios.
Pero esta directiva reforzará dichos esfuerzos al obligar, entre otros aspectos, a registrar a las entidades que ofrecen créditos al consumo, impondrá exigencias en materia de publicidad y evaluación de solvencia a los operadores "para prevenir situaciones de endeudamiento excesivo". Además, prohibirá la concesión del crédito no solicitado y permitirá a los países limitar la aplicación de tipos de intereses "excesivos" en las financiaciones.
Durante su intervención hizo particular hincapié en la importancia de evitar la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables, poniendo en valor las medidas adoptadas por la banca, a través de sus patronales (AEB, CECA y Unacc) con el impulso de Economía. Aunque subrayó que "aún queda camino por recorrer" en las mejoras con el protocolo adoptado por las entidades, valoró que las medidas desplegadas han beneficiado a 6,5 millones de personas de más de 65 años, y un 93% de los cajeros ya están adaptados a las necesidades de estos segmentos de población. Además, apuntó que en el entorno rural ha aumentado el acceso a servicios financieros a 100.000 personas y 300 municipios adicionales.
Mayor educación financiera
Juzgó además "crucial" adaptar la educación financiera "al nuevo contexto de la economía digitalizada para responder a las necesidades de la sociedad", ya que una persona con conocimientos digitales sin formación adecuada y, especialmente los jóvenes, tienen "tendencia a asumir excesivos riesgos a la hora de interactuar con el sector financiero -por ejemplo, invirtiendo en mayor medida en criptoactivos-". Aquellos otros con formación, pero sin habilidades digitales tropiezan con problemas de acceso a productos financieros y resultan "más vulnerables al fraude", abundó.
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