El consejo de administración del Palau de la Música de València aprobó en julio de 2022 el reconocimiento extrajudicial de crédito para 23 obligaciones que suman un total de 57.668 euros, referidos a diversos gastos de ejercicios cerrados contraídos sin contrato en vigor.
Así consta en la conclusión del expediente de investigación abierto por la Agencia Valenciana Antifraude a raíz de una denuncia recibida sobre el presunto pago por el Palau de la Música de València de diversas facturas sin autorización del gasto y con observaciones de secretaría e intervención.
Según Antifraude, estas obligaciones se contrajeron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", y se han localizado en el expediente memorias justificativas sobre gastos de cafetería únicamente, no sobre el resto de obligaciones, pese a lo cual se dio la conformidad a las prestaciones facturadas.
Durante el trámite de audiencia se alegó que la no aportación de memoria justificativa del resto se debió a error en la aportación de documentación, subsanándose en esta fase de alegaciones, si bien Antifraude indica que los gastos debieron ser planificados y adjudicados conforme a la legislación de contratos y previamente autorizados conforme a la legislación presupuestaria.
Antifraude no considera que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción, pero cree que se han producido "déficits en el adecuado cumplimiento" del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales reguladores de la actuación administrativa pública en materia de contratación pública.
Vistas las "conductas irregulares" detectadas en materia de contratación pública, la Agencia Antifraude ha formulado una serie de recomendaciones para evitar "las disfunciones o prácticas administrativas no ajustadas a derecho", como que se apliquen las instrucciones internas dictadas por el Ayuntamiento de Valencia.
Así, plantea que en la tramitación de los contratos menores se incluyan en los expedientes el informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto.
También propone que se respete la normativa municipal dictada en la tramitación de la aprobación del gasto, procediéndose a la autorización y disposición del mismo, así como la incorporación de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
Otra de las recomendaciones es que este organismo autónomo proceda a planificar sus necesidades de contratación, en cumplimiento con los principios de la contratación pública y de buena gestión, para evitar la prestación de servicios y entrega de bienes o suministros incumpliendo la normativa contractual, o al menos minimizar dicho riesgo.
Finalmente, Antifraude plantea que se valore la apertura de expedientes reservados y/o disciplinarios y/o de exigencias de las responsabilidades a las autoridades y personal responsables de la gestión y contracción de obligaciones económicas con respecto a la entidad pública en la que prestan sus servicios por obviar la tramitación de los procedimientos legal y/o reglamentariamente exigibles para llevar a cabo dicha contracción.