Instituciones y personalidades de la sociedad civil, mediante un pronunciamiento, expresaron su preocupación por la merma de confianza y legitimidad de las elecciones judiciales, a causa de algunas opiniones de autoridades de gobierno y actuaciones de autoridades del propio sistema constitucional.
También expresaron su preocupación por los amparos constitucionales presentados por postulantes, porque de no tomarse con celeridad pueden generar graves consecuencias en la continuidad del proceso de preselección.
En ese marco, exhortaron a las Comisiones Mixtas que llevan adelante la preselección a asumir defensa en las acciones constitucionales activadas por los postulantes, además de emitir un comunicado público en el que quede constancia sobre las decisiones y dinámicas asumidas en las distintas fases del proceso, para asegurar la transparencia.
Instaron a que las salas constitucionales resuelvan con celeridad y prioridad las causas puestas a su conocimiento, evitando así una tramitación dilatoria que pueda llegar a impedir la agenda legislativa y electoral.