Inspirada en el referéndum que Escocia celebró en el 2014: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?". Esta es la pregunta que Pere Aragonès propone para una hipotética votación para resolver "el conflicto político". La respuesta, totalmente binaria: sí o no. La consulta no marcaría un porcentaje de participación para ser validada.
El presidente de la Generalitat ha comparecido este mediodía en al palacio Centelles de Barcelona para dar cuenta del informe que el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), dirigido por el exconseller de ERC Joan Ridao, le ha entregado esta mañana. El organismo tenía el encargo por parte de Aragonès de establecer la vía jurídica para la materialización de un referéndum de independencia y ha apostado como opción prioritaria canalizarlo a través del artículo 92 de la Constitución.
Este artículo dispone que las decisiones políticas de trascendencia especial pueden ser tratadas a través de un referéndum. "Hay argumentos jurídicos sólidos para sostener que el artículo 92 de la Constitución no plantea objeciones serias de inconstitucionalidad", señala el informe del IEA. Aun así, la literalidad del texto es el de un "referéndum consultivo de todos los ciudadanos", por lo que las dos partes deberían marcar el grado de vinculación del referéndum y su universo. Para Aragonès, el acuerdo de claridad que viene proponiendo desde el 2022 sería el escenario ideal para este cometido.
El propio documento elaborado por Ridao asume que los resultados abrirían la puerta "simplemente a una negociación de buena fe entre los actores territoriales y a una eventual implementación de los resultado, si fuera necesario, en el marco de la legalidad constitucional e internacional".
Aragonès ha presentado su propuesta desde la sede del IEA. "Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política, como la amnistía", ha argumentado. El president quiere presentar su propuesta en la próxima edición de la mesa de diálogo, pero ha admitido que su continuidad depende totalmente de los resultados de las elecciones al Parlament del 12 de mayo.
Cabe recordar que el anuncio de hoy se enmarca en el contexto del acuerdo de claridad. En octubre un consejo asesor entregó un primer informe con cinco opciones posibles. Aragonès escogió la vía escocesa, pactada y pidió al IEA que elaborara un segundo informe, esta vez estableciendo la viabilidad jurídica. También anunció que convocaría una mesa de partidos catalanes para dar forma al acuerdo de claridad, pero renunció a ella más tarde tras observar, dijo, "estrategias cortoplacistas" en el resto de formaciones políticas.
La pregunta difiere poco de la planteada para el 1-O: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?". Y la vía jurídica es la misma que planteó Junts durante el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que el PSOE rechaza.
Difiere, eso sí, de la planteada por el Parlament al Congreso el 8 de abril del 2014 a través de Jordi Turull (entonces en CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) cuando se acogieron al artículo 150.2 de la Carta Magna para la transferencia de competencias: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
La propuesta de Aragonès no fija un porcentaje de participación para que sea validada, así como tampoco un mínimo del 55% de votos a favor en un referéndum para obtener la independencia. Se contrapone así a la opción defendida por ERC en su última ponencia política, que establece un 55% de votos favorables y un 50% de participación, en una vñia parecida a la del referéndum de Montenegro.