BRUSELAS.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) acusó a las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) de utilizar la tortura, la amenaza y la coacción para extraer confesiones falsas de sus empleados, detenidos en Israel, sobre sus supuestos vínculos con Hamás.
La denuncia aparece en un informe titulado 'Detención y presuntos malos tratos a detenidos de Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás', que publicó este martes la UNRWA.
Abusos y maltratos
El documento precisa que el personal de la agencia recibió maltratos y abusos por parte de interrogadores que trabajan con el Ejército israelí, a pesar de que ellos desempeñaban sus funciones oficiales en la agencia. Los propios miembros del personal expusieron que esos maltratos incluyeron fuertes palizas y un procedimiento similar al ahogamiento simulado, todo lo cual les provocó lesiones físicas extremas.
Asimismo, denunciaron que recibieron palizas por parte de los médicos que trabajan con el Ejército, cuando fueron remitidos para recibir supuesta asistencia médica. Además, revelaron que fueron expuestos al ataque por parte de perros y a abusos verbales y psicológicos.
Los empleados de UNRWA manifiestan que mientras eran apuntados con armas recibieron múltiples tipos de amenazas, que incluyeron las de violación y electrocución; de asesinato, lesiones o daños a familiares; trato humillante y degradante; ser obligados a desnudarse y fotografiados mientras estaban desnudos; y ser obligados a mantener posturas de estrés.
Denuncias y silencio
Según el informe, más de 1.506 detenidos de la Franja de Gaza han sido liberados de la custodia de las FDI después de ser interrogados, incluidos 23 miembros del personal de la UNRWA y 16 familiares de su personal. La agencia de la ONU señala que ha formulado protestas oficiales ante las autoridades de Israel sobre el trato impuesto a miembros de su personal en centros de detención israelíes, pero no ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha.
El Estado hebreo sostiene que parte del personal de la agencia, que sumaba 13.000 empleados en el enclave al inicio de la última escalada de violencia, está implicado en actos de colaboración con Hamás y la Yihad Islámica, e incluso acusa a sus integrantes de participar en la incursión del 7 octubre, aunque no ha presentado pruebas al respecto. A raíz de esa acusación israelí, varios países e instituciones suspendieron la financiación a la agencia.