La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la solicitud de libertad condicionada de Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar había pedido la libertad tras ser aceptado por el tribunal y teniendo en cuenta que fue designado como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
"La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024", señala la JEP en la decisión.
En diálogo con Blu Radio, Juan Carlos Villamizar, asesor de Mancuso y experto en justicia transicional, aseguró que el equipo de defensa ya prepara una apelación frente a la decisión, pues aunque reconocen que están de acuerdo en que la libertad no es automática, consideran que no se evaluaron otras condiciones que sí cumple el exjefe paramilitar.
"Registramos no uno, sino varios casos en los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha otorgado libertades con muchos menos requisitos que los que ya cumple Mancuso; por lo tanto, estamos ante una situación en la que evidentemente no hay garantías y, por lo tanto, vamos a apelar esa decisión y a exponer de una manera fundada y detallada los argumentos que tenemos para creer que el señor Mancuso tiene derecho a el beneficio de la libertad condicional", agregó Villamizar.
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Para la defensa de Mancuso hay una situación de inseguridad jurídica para el exjefe paramilitar, debido al conflicto de competencia entre Justicia y Paz y la JEP, un tema que deberá resolver la Corte Constitucional.
"Hablamos de una persona que ha cumplido con su condena y no hay justificación alguna para que siga privado de la libertad, y al día de hoy no hay un juez que tome esa decisión por una cuestión de competencia; por lo tanto, sigue privado de la libertad una persona que no debería estar en tal situación. Súmele a ello que esta persona fue nombrada gestor de paz por el Gobierno para desarrollar una tarea de vital importancia en la agenda de paz de este país, elemento que la Sala de Definición tampoco tuvo en cuenta", explicó el asesor del exjefe paramilitar.
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