El futuro judicial de Carles Puigdemont es, aún a día de hoy, una ecuación difícil de resolver. La conclusión llegará previsiblemente en los próximos meses y los tiempos lo serán todo a la hora de determinar si el líder de Junts puede acabar declarando ante un juez. Pese esta incertidumbre, el expresident catalán fugado desde octubre de 2017 ha tomado la decisión de volver a Cataluña el día de la investidura, para convertirse de nuevo president o abandonar definitivamente la política activa.
Carles Puigdemont tiene clara su apuesta al caballo de la amnistía, que sin embargo deberá llegar a la meta antes de que el eurodiputado pierda su aforamiento y se exponga a una posible detención. La seguridad del expresident no se comparte en Moncloa, que ven la jugada como "un tiro en el pie". "Está poniendo toda la carne en el asador", consideran en el Gobierno.
Cierto es que el calendario es complicado. Por un lado está la tramitación de la ley de amnistía, paralizada actualmente en el Senado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que podrá dilatar el proceso parlamentario hasta mediados de mayo. A partir de ahí, se prevé que los populares propicien la aprobación de un veto a la ley, que será devuelta al Congreso de los Diputados y aprobada allí a finales del mismo mes.
Para entonces se habrán celebrado ya las elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo, a las que el líder de Junts se presenta candidato. Este lunes anunció que si no logra recuperar la presidencia de la Generalitat, abandonará la política activa, pero regresará igualmente a Cataluña, exponiéndose así a enfrentarse a cualquier imprevisto en la aplicación de la amnistía sin la protección que le ofrecería estar aforado.
Hasta que no asuma el acta de diputado en el Parlament, Puigdemont podrá mantener el que ostenta en la Eurocámara, con el correspondiente aforamiento que, a día de hoy, permanece pendiente de un recurso presentado contra una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que dictó la retirada de su escaño. Escaño que perderá, en todo caso, una vez se celebren las elecciones europeas de junio. Precisamente a mediados de ese mes, entre los días 17 y 21, la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo quiere citar al expresident, al que investiga por presunto terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, para una declaración telemática y voluntaria.
El plan declarado por Puigdemont es acudir a Cataluña para el día de la investidura, pero ahí entrará en juego un tercer factor, probablemente el más impredecible, que es la aplicación de la ley de amnistía por parte de los tribunales que investigan o han juzgado ya causas relacionadas por el procés. La proposición de ley de amnistía, elaborada con intención de que la medida de gracia se aplique de forma integral e inmediata, da un plazo de dos meses para que los órganos judiciales correspondientes la estudien y tomen una decisión. A partir de la misma, se podrán presentar recursos que, según acota la norma, no tendrán efectos suspensivos.
Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero no solo un juez puede acudir al tribunal de garantías. También pueden hacerlo, entre otros, los grupos parlamentarios con más de 50 diputados, presentando un recurso que el tribunal debe admitir o inadmitir y, en el primer caso, resolver.
Por otro lado, un juez puede dudar sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho europeo. Si esto ocurre, debe presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dirimirá sobre esta cuestión. Si el TJUE dice que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo. Y, según dicta la jurisprudencia de la UE, la causa correspondiente quedará en suspenso hasta que el tribunal europeo resuelva.
La propia ley de amnistía trata de blindar a sus beneficiarios frente a este supuesto al establecer en su articulado que "el carácter singular" de la norma "deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".
Sin embargo, no está claro que este blindaje sea infalible y tampoco que Puigdemont vaya a estar libre de todo riesgo una vez regrese a España como ha anunciado.