El Peaje de Huerna es el paso de la AP-66 utilizado para viajar de Asturias a León. Es un tramo de pago que se extiende durante 77,8 kilómetros de los cuales 16,9 kilómetros discurren dentro de túneles, dada la escarpada orografía del terreno. La carretera lleva en funcionamiento desde el 11 de agosto de 1983 cuando los primeros conductores tuvieron que depositar 785 pesetas para cubrir el primer tramo abierto al público.
Desde entonces, Aucalsa, concesionaria de la vía, ha estado explotando la carretera. Y lo hará hasta 2050... siempre y cuando la justicia Unión Europea no decida lo contrario. Teniendo en cuenta el contrato original, la concesión debía haber finalizado el 17 de octubre de 2021 pero, de momento, la compañía espera seguir explotándola otros 26 años.
En el año 2000, el contrato original se extendió hasta 2050, 29 años más de los proyectados originalmente. El Gobierno del Partido Popular prorrogó este contrato en el año 2000 alegando que la circulación sería más barata extendiendo los años de explotación. Una decisión que ahora Europa no ve con buenos ojos.
Una denuncia que abre la puerta al fin del peaje
En 2021, coincidiendo con el año que debía haberse terminado la concesión según el plan original, Daniel Ripa, diputado de Podemos de Asturias, denunció a la Unión Europea la extensión del contrato, asegurando que no se habían cumplido las directrices europeas correspondientes.
En consecuencia, la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes ha abierto un expediente a España y espera una respuesta del Gobierno, que tiene dos meses para explicar la situación.
Lo que defiende la Comisión Europea es que el proceso no ha garantizado la igualdad de oportunidades de los operadores interesados y que, por tanto, se han incumplido las obligaciones propias de los procesos de contratación. Para la Unión Europea, extender el contrato equivale a una nueva adjudicación y, por tanto, debería haber salido a concurso público.
Pero, además, desde La Nueva España sostienen que la reclamación europea es todavía más dura. La Comisión Europea también sostiene que la prórroga llegó para conseguir un mejor rendimiento con la privatización de Aucalsa, quien explota la infraestructura.
Según el organismo europeo, el Gobierno del Partido Popular ya había decidido una futura venta cuando prorrogó el contrato de la carretera de peaje. Así consiguió una privatización de la sociedad estatal Enausa, que englobaba a Audalsa (concesionaria de la AP-9) y Aucalsa (la del Huerna) que se cerró en 1.586 millones de euros.
En el documento al que ha tenido acceso el diario local se señala que la reducción en el coste del peaje de un 7% no es motivo suficiente para la extensión del contrato durante 29 años, como había argumentado el Partido Popular para defender la prórroga del mismo.
Esta advertencia obliga a España a dar su versión y, si el Gobierno no da argumentos convincentes para mantener el contrato, la Comisión Europea puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La acusación también hace referencia a la autopista del Atlántico (AP-9), que como hemos visto también fue clave en la privatización de Enausa y la extensión de los contratos sin concurso público.
Sobre las consecuencias que esto puede tener, en el Diario de León el portavoz del Gobierno de Asturias y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha pedido prudencia sobre una posible retirada del peaje entre Asturias y León, que, en estos momentos, es la tercera carretera de España más cara atendiendo al coste por kilómetro, según iLeón. En este 2024, cruzar el peaje es 0,70 euros más caro que en 2023 y ya se sitúa en 15 euros.
En La Nueva España recogen el buen recibimiento que ha tenido la decisión europea dentro de Podemos Asturies. Daniel Ripa, quien ya está fuera de la política, ha celebrado que su denuncia haya salido adelante y desde el partido político piden al Gobierno español que asuma la ilegalidad de la prórroga y elimine el peaje.
Esta carretera de peaje hace años que viene siendo criticada por los partidos políticos locales, señalando que, al contrario que en otras vías de pago que se han suprimido con el tiempo, se castiga a asturianos y leoneses en una vía que ya debía ser gratuita. Las críticas se han puesto sobre la mesa de nuevo este mismo año y Oscar Puente, ministro de Transportes, había adelantado en febrero de 2024 que se está estudiando una rebaja en el coste del mismo para los usuarios habituales del mimo.
Desde El Comercio recogen que ya hay un antecedente de un caso muy parecido. En Italia, la ampliación de un peaje entre Livorno y Civitavechia de 2028 a 2046 también fue denunciada por al Comisión Europea. El Gobierno intentó pactar la reducción de la concesión en tres años pero, al no llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, el asunto fue llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como resultado, la ampliación del contrato ha sido suprimida.
Imagen | manuel m.v.