La petición urgente del servicio de escoltas oficial para Carles Puigdemont lleva bloqueada más de 500 días en la Abogacía del Estado, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitase un informe a los servicios jurídicos del Estado antes de decidir sobre su tramitación. Pese a que diversas fuentes policiales coinciden en señalar que el riesgo de agresión sobre el expresident se ha elevado tras anunciar este que parte de su campaña electoral se celebrará cerca de Catalunya, el Gobierno no tiene prisa por agilizar la resolución del informe de la Abogacía –que ya se pronunció en el 2018 en contra del servicio de protección–, según fuentes ministeriales.
La petición de escolta lleva durmiendo en un cajón de la Abogacía del Estado desde mediados del pasado mes de noviembre. En aquel momento, el PSOE y Junts negociaban la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con las violentas protestas en Ferraz como telón de fondo. Los mensajes amenazantes contra los líderes de ambos partidos se habían multiplicado a cuenta del acuerdo por la ley de Amnistía. El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, volvió a pedir escoltas para el expresident ante el aumento de la "peligrosidad" y "el riesgo hacia su persona". En Interior no tenían previsto mover ninguna ficha. Hasta que entró en escena el entonces ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, quien aseguró en RAC1que el departamento que dirige Marlaska daría luz verde a la petición.
Fuentes policiales advierten de que el riesgo de agresión sobre el expresident se ha elevado
Tras ese anuncio, que una persona de confianza de Bolaños reconoció como fruto de un error del ministro, Elena pidió por carta al exmagistrado de la Audiencia Nacional que tramitase la petición. Al tratarse de un servicio de protección personal en un tercer país sería Bélgica quien tendría que autorizarlo, pero antes corresponde a Interior vehicular esa solicitud. Y este es el trámite que nunca antes había aceptado realizar Grande-Marlaska. Tampoco iba a hacerlo aquel miércoles de noviembre, pese a que Bolaños abrió la veda. El titular del Interior se negó por completo a firmar el documento. Así que lo que se pensó fue pedir un informe sin plazos a la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia.
En el 2018 se le negó el servicio de escolta a Puigdemont con el argumento de que no ostentaba ninguna autoridad del Estado y se encontraba, además, huido de la justicia. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de prisión por designar un mosso d'esquadra como cargo de confianza para que escoltara al expresident. Por eso el actual conseller ha insistido en numerosas ocasiones por los cauces adecuados. De manera presencial, fue a principios de año. El pasado 9 de enero, Elena se trasladó a Madrid para mantener un encuentro con Grande-Marlaska en el que se acordó celebrar la Junta de Seguridad de Catalunya que finalmente se anuló por el adelanto electoral. Según fuentes conocedoras del encuentro, Elena sacó en la conversación el asunto porque "estaba obligado a ello" y del mismo modo le contestó el ministro que estaban "pendientes del informe". Y carpetazo a ese tema incómodo para ambos. La reunión siguió en un tono "muy cordial".
Con lo que no contaban ninguna de las partes es con el adelanto electoral, que ha aumentado el riesgo para Puigdemont como cabeza de lista. Más aún cuando numerosos mítines se celebrarán a pocos kilómetros de la frontera.
"En un momento de gran polarización y crispación política, operativamente un candidato debe disponer de un buen dispositivo de seguridad", reconoce una fuente policial, que pide dejar a un lado si tiene un proceso judicial abierto. Otro agente que ha participado en campañas electorales califica de "disparate" que, "sea quien sea" el candidato a una comunidad autónoma, no disponga de protección oficial. Estos son los argumentos que volvieron a llevar al conseller a pedir la tramitación. Sin embargo, la última misiva ni ha obtenido respuesta por parte del titular de Interior. Hasta ayer, solo un simple acuse de recibo.