A raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid), Juan Carlos Peinado, incoó el pasado 16 de abril diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez por sus relaciones laborales con algunas empresas que han firmado contratos o recibido ayudas del Gobierno. Sus primer paso será la citación de algunos testigos que aporten luz en la investigación.
Manos Limpias es una organización dirigida por Miguel Bernad que ha adquirido relevancia mediática a lo largo de décadas por las denuncias presentadas en asuntos de gran calado social. El propio Bernard acabó condenado en 2021 a cuatro años de prisión por extorsionar a bancos y empresas a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito. El sindicato pide que se investigue a la esposa del presidente por dos delitos: tráfico de influencias y corrupción privada.
¿Qué delitos atribuye el denunciante a Gómez?
El tráfico de influencias es un delito que viene recogido en cuatro artículos del Código Penal, del 428 al 431. La conducta de Begoña Gómez podría encuadrarse, según el querellante, en el artículo 429, que castiga al "particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero".
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"En este caso, la mujer del presidente según Manos Limpias estaría mediando para que a un empresario le dieran unas ayudas a cambio de la subvención de una actividad docente", explica el penalista Borja Mapelli en referencia a las cartas de recomendación escritas por Begoña Gómez para favorecer al empresario Carlos Barrabés en un concurso público.
"En este tipo de delitos siempre hay una relación triangular", añade, "una persona próxima a una autoridad que media para que a una persona 'x' se le otorgue un privilegio a cambio de unos intereses". El penalista subraya, de todas formas, que "el momento procesal es aún muy incipiente y todo está por demostrar".
Las penas previstas para quien cometa este delito van de los seis meses a los dos años de prisión, junto a una "multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido". Además, la ley prohíbe al condenado por este delito que contrate con el sector público y obtenga subvenciones, ayudas e incentivos fiscales por un periodo de entre seis y diez años. "El delito de tráfico de influencias requiere que se haya abusado de una relación personal para ejercer la influencia", explica el Penalista Manuel Cancio. En el caso de Gómez, "se tendría que probar la utilización de su capacidad de influir en los funcionarios responsables a través del presidente".
El delito de corrupción privada, al que también apunta el sindicato, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal. Entre otros, el delito castiga a quien "prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales".
Este tipo penal es un delito "relativamente reciente", según coinciden las fuentes consultadas, y existen "muy pocas sentencias" que lo incluyan. "En el sector privado es muy difícil intervenir la corrupción", resume el penalista Borja Mapelli. "No veo nada que encaje en este delito según lo que describe la querella y lo que se ha publicado en la prensa", sostiene por su parte Manuel Cancio.
¿Qué hechos concretos se denuncian?
Una de las cuestiones a las que se refiere el sindicato Manos Limpias en su denuncia, que está basada mayormente en informaciones de los medios de comunicación, son las relaciones laborales que mantuvo Begoña Gómez con Globalia, un holding turístico, durante la pandemia.
Esta compañía es propietaria de Air Europa, una de las aerolíneas rescatadas durante la crisis de la covid-19. Globalia patrocinó las actividades de Begoña Gómez como directora del Instituto de Empresa África Center. Javier Hidalgo, CEO del holding presuntamente implicado en la trama Koldo, se reunió con Gómez en los meses más duros de la pandemia, antes de que el Ejecutivo de su marido rescatara a la aerolínea.
El Consejo de Ministros acabó aprobando el desembolso de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, la aerolínea de Globalia, una decisión de la que participó el propio presidente. El PP presentó en marzo una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Función Pública, alegando que Sánchez debió abstenerse en aquel Consejo de Ministros. A juicio de los populares, los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de Gómez con Globalia eran motivo suficiente para que el presidente se abstuviera de decidir sobre el rescate de Air Europa. La Oficina, en cambio, archivó la denuncia.
El querellante, Manos Limpias, ha pedido investigar un segundo asunto. También al comienzo de la pandemia, en julio de 2020, Begoña Gómez firmó dos cartas de apoyo a una unión temporal de empresas (UTE) que se había presentado a un concurso público del ente Red.es. El principal accionista de la UTE era el empresario Carlos Barrabés, quien participó en el diseño de un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido a día de hoy por Gómez.
La UTE acabó ganando los tres lotes a los que optaba, una adjudicación total de 10,2 millones de euros, pese a que no presentó la oferta más barata. La querella pide al instructor Juan Carlos Peinado que recabe los escritos de recomendación de Gómez, a quien acusa también de un delito de corrupción privada.
¿En qué estado se encuentra la investigación?
Las diligencias que por turno de reparto ordinario recayeron sobre el instructor Juan Carlos Peinado están "en un momento muy inicial", tal y como recuerda el catedrático Borja Mapelli. Se iniciaron el pasado martes 16 de abril, con lo que el juez instructor aún no ha tomado ninguna medida que se conozca. Peinado ha establecido el secreto de sumario y tiene intención de comenzar sus pesquisas citando a algunos testigos. La esposa del presidente aún no ha sido citada por el juez ni está imputada por ningún delito.
"Para incoar diligencias basta con que en la querella haya una narración de hechos posible, coherente, y que da lugar a responsabilidad penal", advierte Mapelli. En todo caso, el auto de apertura de diligencias se puede recurrir, en este caso ante la Audiencia Provincial de Madrid.