El Gobierno dejó caer las recompensas para quienes aportaran datos de 21 prófugos por delitos de lesa humanidad
El Ministerio de Seguridad ya no ofrece dinero para dar con el paradero de los acusados de crímenes de la última dictadura; argumentan que enfocarán los recursos en los crímenes graves de Rosario
El Ministerio de Seguridad dejó de ofrecer las recompensas que hasta el mes pasado daba para encontrar a 21 prófugos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Según reconstruyó LA NACION, de los 36 acusados de esos crímenes a los que busca la Justicia, hay uno solo, Aníbal Miguel Sánchez, por el que el Poder Ejecutivo todavía ofrece dinero a quienes acerquen información certera y confidencial sobre su posible paradero.
Mediante una resolución del 24 de marzo de 2023, que fue publicada en el Boletín Oficial, habían sido prorrogados los avisos de recompensa para encontrar a 21 de los prófugos. Esos avisos tenían un plazo de 12 meses y no fueron renovados el 24 de marzo pasado, el día que se conmemoraron los 48 años del golpe. La noticia se conoce cuando el Gobierno plantea una "reconciliación" con las Fuerzas Armadas, promete poner fin a "las humillaciones" y llama a la cúpula militar a participar en el Pacto de Mayo.
El aviso de la recompensa ofrecida para dar con el paradero de Sánchez fue publicado el 11 de abril del año pasado en el Boletín Oficial. Es el único que sigue en la página web del Programa Nacional de Recompensas, que depende del Ministerio de Seguridad. El monto que ofrece el Estado para quienes acerquen información confidencial y certera sobre Sánchez es de 5.000.000 de pesos. Su pedido de captura fue emitido en abril de 2018.
Sánchez cumplió funciones como oficial de Personal en el Regimiento de Infantería N° 6 "General Viamonte" de Mercedes entre finales de diciembre de 1974 y de diciembre de 1976. Está imputado como partícipe necesario, durante ese lapso, de delitos que incluyen el homicidio calificado, la privación ilegal de la libertad agravada de 36 personas y la imposición de tormentos en cinco ocasiones. El juez a cargo del caso es Daniel Rafecas, quien pidió mediante un oficio al Ministerio de Seguridad que se ofrezca una recompensa para encontrarlo.
Los ofrecimientos de recompensa para quienes informen sobre prófugos de casos de lesa humanidad duran 12 meses. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, para que se renueven es necesaria una solicitud del juez interviniente. "Quedó uno solo vigente. Los jueces no renovaron los pedidos", dijeron a este diario fuentes a cargo del programa. "Es normal, no es un cambio de política", agregaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
"Estamos poniendo el dinero en casos gravísimos en Rosario y otros lugares. Las pocas que pusimos. Otras que piden jueces", alegó otra fuente de la cartera de Seguridad.
Sin embargo, el artículo 6 de la ley 26.375, que regula el programa, dice que si bien el ofrecimiento de la recompensa tiene un plazo de doce meses, esta puede ser prorrogada sin limitación por parte de la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Seguridad. "El ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce meses a partir de la fecha de la resolución que la establezca, pudiéndose prorrogar sin limitación o restablecer conforme lo considere la autoridad de aplicación", dice el texto de la ley. El oficio judicial no es, por ende, necesario para que sea sostenido el ofrecimiento de la recompensa.
Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), los prófugos por haber cometido delitos durante la dictadura militar son 36.
Las recompensas que cayeron eran para encontrar a 21 prófugos. Entre los buscados están el exsubcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, el expenitenciario de La Plata Jorge Luis García, los exmilitares que formaron parte del Destacamento de Inteligencia 144 Héctor Adán Giménez y José Luis Piedra, el civil Eduardo Rebechi, el expolicía de Santa Fe César Heriberto Peralta, el exmilitar mendocino Jorge Gallo Linares, el civil que fue personal de inteligencia en Rosario Carlos Gabriel Jesús Isach, el exmilitar de Bahía Blanca Carlos Alberto Arroyo (estaba detenido y se escapó en 2013), los exintegrantes de la Armada en Mar del Plata Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg, el civil Fernando Federico Delgado, el expolicía federal Juan Carlos Linarez, el teniente coronel de Bahía Blanca Miguel Ángel García Moreno, el expolicía federal de Santa Fe Antonio Tuttolomundo, los exmiembros del Ejército en Rosario Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno, el exmiembro del Ejército en Salta Oscar Chapur, el exteniente coronel tucumano Héctor Mario Schwab y el exmiembro del Ejército en Formosa Ángel Ervino Spada.
Hasta hace poco eran 22 pero uno de ellos, Jorge Raúl Vildoza, murió prófugo en Sudáfrica en 2016. La recompensa para dar con su paradero siguió publicada hasta hace menos de un año porque, según dijo una fuente judicial a LA NACION, su partida de defunción fue falsificada. Fue jefe del grupo de tareas de la exESMA y mientras estuvo prófugo se hizo llamar Roberto Sedano.
El actual Programa Nacional de Recompensas tiene esa denominación desde 2022 por una decisión del exministro de Seguridad Aníbal Fernández. Antes llevaba el nombre de Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia y había sido creado en 2012, cuando se conformó por ley el Fondo de Recompensas.
Cómo funciona el Programa Nacional de Recompensas
Quienes tengan datos para aportar se deben comunicar a la línea 134, del Ministerio de Seguridad, para aplicar al programa de recompensas. Para poder mantener la reserva de identidad se le entrega a la persona que se comunica un código alfanúmerico, se labra un acta y se envía la información al juzgado interviniente. En esa comunicación se coordina un día para realizar una declaración presencial. La información brindada se vuelca en un acta en la que la persona incluye sus datos personales y la deposita en un sobre lacrado que se abrirá al momento del pago de la recompensa. En esta fase del proceso ninguna persona debe conocer la identidad del aportante. Una vez conocida la captura de un prófugo o el hallazgo del paradero de una persona buscada, se inicia la etapa final del procedimiento, donde la Justicia determina si el resultado final fue alcanzado gracias al aporte de información brindada o no y, en el primer caso, se paga la recompensa ofrecida.