Entre la carga probatoria presentada por el Ministerio Público (MP) contra los ocho agentes de la DPI acusados por robo en la vivienda de un vendedor de carros, hay videos que muestran que los imputados sacaron de la sede policial armas y drogas que le implantaron al ofendido para incriminarlo en delitos que no cometió.
También entre las pruebas aportadas por los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) a cargo del caso hay filmaciones cuando los agentes de la DPI llegan en varios carros y tras bajarse ingresan a la vivienda del afectado en forma violenta en la colonia Montefresco. El hecho ocurrió el 12 de enero de este año.
Al ofendido le robaron dinero, celulares y joyas, y los policías lo habrían torturado para que les diera más dinero.
En el requerimiento presentado por el MP además están los dictámenes forenses de los golpes y lesiones producto de los tratos crueles que sufrió el agraviado supuestamente a manos de los imputados.
El pasado jueves les inició el proceso el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada a los funcionarios policiales Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.
El 24 de enero de este año encausaron a otros siete miembros de esa institución policial por el robo de 14 millones de lempiras a un prestamista.
El juez que conoce el caso el jueves les dictó a los encausados detención judicial y los remitió al centro penal de El Progreso, Yoro. Ayer los ocho policías comparecieron a la audiencia inicial y el juzgador anoche al cierre de la edición no había emitido una resolución en la que podría dejar en prisión a los imputados o dejarlos libres con medidas sustitutivas o con un sobreseimiento.
A los agentes les achacan los ilícitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
Los delitos que presuntamente cometieron los policías son en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, la administración pública, testigo protegido, la inviolabilidad domiciliaria, la fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas.