En noviembre del 2015, Felipe Calderón Hinojosa, fue testigo de la certificación de Tuxtla Gutiérrez como "Comunidad Segura", miembro 231 en el mundo y primera en México, otorgada por el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, para ello, se tomaron en cuenta los programas sociales y la medición de la criminalidad, entre otras acciones, como la participación ciudadana, en la actualidad la capital de Chiapas en el sur de México presenta altos índices delictivos.
En ese momento el compromiso era que quienes pretendían lucrar envileciendo la vida de otros a través de la trata de personas serían perseguidos y castigados, también se debía mantener estándares de prevención, participación ciudadana, indicadores de seguridad y eficiencia institucional, hoy a casi nueve años de aquella certificación, Tuxtla Gutiérrez con una población superior a los 800 mil habitantes registra anual un promedio de 6 mil 380 delitos en el año, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Chiapas.
Entre los delitos que más se comenten están el homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo en casa habitación, robo en negocio, robo a transeúntes, robo en transporte público, violación, violencia familiar, trata de personas, narcomenudeo, lesiones dolosas, sin embargo, el Observatorio Ciudadano Chiapas precisa que el uso de arma de fuego es el principal medio para cometer el delito de homicidio doloso durante el 2023, representando el 60 por ciento de los casos; uno de cada dos homicidios dolosos se cometen con arma de fuego.
La Fiscalía General del Estado (FGE) documenta que en Tuxtla Gutiérrez y por los que ha iniciado carpetas de investigación este año son crimenes contra mujeres, violencia familiar, desaparición de personas, delitos contra la salud, homicidio calificado, homicidio doloso, violación agravada, por desaparición de persona y robo con violencia.
El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, dijo que el certificado de Tuxtla Gutiérrez como Comunidad Segura fue por implementar algunos programas como la despistolización, dar clases a las policía, mejorar sus sueldos, dotarlos de vehículos. Poniendo 74 medidas que entraron en vigor para certificar a la capital y al estado como estado más seguro, solo comprendieron algunas medidas y algunos protocolos, pero no fue incorporado a las leyes.
De acuerdo con el abogado, la empresa certificadora constató que se aplicaban algunos programa de manera parcial, pero no se acabó el delito, lo cual sería ilusorio amén que no hay acciones para aminorar los delitos, las autoridades no tienen un sistema legal que nos protejan a la sociedad. Habría que buscar el mecanismo legal para implementar el derecho penal preventivo establecido en el Código Penal para establecer las medidas preventivas y garantizar la vigilancia policíaca para combatir los delitos, "porque la cruzada de brazos de las autoridades es la que nos ha causado daños", reiteró.
Dijo que "lamentablemente hay leyes mal desarrolladas que protegen a los delincuentes, como el hecho de que todo mundo sabe dónde se reúnen los delincuentes menos la autoridad. Todo mundo sabe a qué hora se reúnen pero la autoridad no quiere entrar con el pretexto de no poder violentar los derechos humanos. No les quieren hacer nada porque no han cometido nada, pero sí se puede incluir en las leyes preventivas, mientras no se ponga orden en las leyes, ni en el sistema jurídico, no vamos a salir adelante. Generalmente ponen leyes con imposibilidad de cumplir, los procedimientos son inadecuados, mientras que las propuestas ciudadanas no prosperan".
Por otra parte el presidente de la Federación de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, expuso que esa certificación de Tuxtla Gutiérrez como Comunidad Segura fue solo una farza, después certifican a Chiapas como el Estado aún más Seguro del país, fue una ocurrencia del gobierno de Juan Sabines Gutiérrez.
"Desgraciadamente cada gobierno tiene su sistema, su forma de gobernar, sus colores y sus gustos, el estado de Chiapas se merece otro destino, un mejor destino, en favor de que el estado de desarrolle, que tenga seguridad, industria, fuentes de ingreso, tenemos un estado muy rico pero vivimos muy pobres, falta el desarrollo de la frontera con Guatemala", señaló.
El desarrollo de la frontera debe servir de muro para miles y miles de personas que necesitan trabajo, para quienes quienes vienen de otros países.en busca de un mejor nivel de vida. "Tuxtla Gutiérrez es un ejemplo de la descomposición social que vive el estado, hay delitos todos los días, la violencia en Chiapas y en la capital inhibe la presencia turismo la incidencia de delitos, no podemos negar la presencia de violencia, y el Estado tiene que cambiar la forma de gobierno para dar seguridad a la población, evitar las complicidades para que haya mayor seguridad para todos los chiapanecos y sea un foco de desarrollo".
Las cámaras de videovigilancia sirven de mucho, pero no basta solo eso, es un coadyuvante para la investigación, lo serio es que se investigue, que se actúe en contra de los delincuentes, tiene que aplicarse la ley, el Estado Mexicano tiene que garantizar la seguridad para la población en todos los municipios, en la capital, donde se han incrementado los delitos tiene que haber una aplicación muy estricta de la ley, afirmó.
Hasta enero del 2023 el Sistema Estatal de Seguridad Pública había instalado en Tuxtla Gutiérrez 900 cámaras de videovigilancia, que contribuyen al control de la vida social, la seguridad, al patrullaje y para combatirla la incidencia delictiva, este equipamiento hace un reconocimiento facial de las personas que cometen un delito.
El delegado del Frente Cívico Nacional en Chiapas, Saraín Osorio Espinosa, dijo que hay un miedo en la población de Tuxtla Gutiérrez y en el estado de Chiapas debido a las condiciones de inseguridad, cada vez tenemos mayor incidencia delictiva y el sistema de cámaras de videovigilancia no han contribuido a disminuir la incidencia delictiva y la razón es que las instituciones públicas han sido rebasadas por la delincuencia, es un temor, nadie garantiza a la población y a los candidatos a puestos de elección que no van a ser víctimas y cuando el gobernante dice que todo está bien, y que lo que pasa son casos aislados, nadie tiene seguridad, hay miedo de los candidatos a presidentes municipales, incluso, temos de registrarse para las elecciones del 2 de junio.