La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició el expediente de queja TLAX/23/2024/PVG-RS e inició la investigación correspondiente a través de la Defensoría I, por los hechos suscitados en el municipio de Zacatelco el pasado 8 de abril, donde un ciudadano y un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perdieron la vida.
La ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer condenó cualquier acto y tipo de violencia cometidas por particulares contra cualquier persona, pues tales acciones vulneran los derechos humanos, que son prerrogativas sustentadas en la dignidad e integridad humana.
Dijo que los hechos ocurridos el 8 de abril del presente año, en la sección quinta, del municipio de Zacatelco, en los que un elemento de la SSC perdió la vida, debido a un linchamiento, y dos elementos más de dicha dependencia pública resultaron lesionados, no pueden ni deben justificarse bajo ningún contexto.
Agregó que cualquier conducta delictiva debe ser juzgada bajo los procedimientos del Estado de derecho y que toda persona que cometa actos ilícitos debe ser juzgada bajo los preceptos de la ley, pero la violación al orden jurídico no debe, de ninguna forma, ser pretexto para hacer justicia por propia mano.
Como parte de la investigación que inició la CEDHT, personal de la Defensoría I se constituyó el lunes 8 en el lugar de los hechos, pero por la naturaleza del acontecimiento no fue posible recabar la información necesaria en ese momento.
Posteriormente, personal de la Defensoría I y la Visitaduría General, al realizar investigación directa, obtuvo más información en la Dirección de Seguridad y Vialidad municipal de Zacatelco, en la SSC y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para conformar el expediente de queja ya referido.
Entre los datos recabados en la PGJE se conoció el estado procedimental de las carpetas de investigación iniciadas por los sucesos ocurridos en Zacatelco, ubicadas en la Mesa Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos Región Sur y en la Mesa de Detenidos por el delito de robo calificado, como garantía del derecho de acceso a la justicia, entre otros.
La ombudsperson hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender casos como los suscitados en aquella comunidad.
Una oportuna y adecuada coordinación en la implementación de los protocolos de actuación y estrategias para la atención de casos como el señalado, han probado su efectividad para evitar la pérdida de vidas humanas.