Próximamente se acabará de definir el modelo de transporte que será eléctrico, inteligente, cero emisiones, universal y accesible a todos los ilicitanos
El Alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por los concejales de Estrategia Municipal, Francisco Soler y el de Movilidad, Claudio Guilabert y técnicos municipales mantuvieron una reunión de trabajo en Valencia con el Secretario Autonómico de Infraestructuras, Vicente Domine y los técnicos de la Generalitat Valenciana.
La reunión, de más de cuatro horas de duración, y a la que se incorporó la Consellera de Infraestructuras y Transportes, Salomé Pradas, abordó asuntos vitales para el desarrollo de movilidad de Elche como el iTRAM y la conclusión de la EL-20/Ronda Sur.
Con respecto al iTRAM Elche, en próximas fechas, se firmará un convenio entre Ayuntamiento y Generalitat que fijará la manera de financiación del nuevo medio de transporte y las fases a ejecutar. En estos próximos meses, de la mano de instituciones de reconocido prestigio, se definirá el modelo de transporte que será eléctrico, inteligente, cero emisiones y universal, accesible a todos los ilicitanos.
Ruz señaló que "estamos ante un momento clave para definir la movilidad del futuro en Elche". "Vamos a poner en marcha con la Generalitat la primera fase del iTRAM Elche entre Carrús y el Parque Empresarial, y tenemos que hacer sostenible económicamente este proyecto para el futuro, porque hay que ampliar el servicio hasta nuestra estación de AVE y también al aeropuerto", afirma el alcalde.
También, Ayuntamiento y Generalitat avanzaron en el convenio para la redacción del proyecto del trazado del último tramo y la finalización de la EL-20/Ronda Sur. El consistorio ilicitano iniciará, a la mayor brevedad posible, la expropiación de los terrenos por donde discurrirá el vial para la conclusión de la Ronda. La Generalitat Valenciana dispuso cerca de 30 millones de euros, en varias anualidades, para la infraestructura, y el Ayuntamiento se hará cargo de las expropiaciones. En este sentido, Ruz indicó que "el pago de las expropiaciones, entorno a los 8 millones de euros, tiene que ser asumido por el Gobierno de España. Es una obra que debía acometer el gobierno central, como se hizo en 2015, y finalmente la ha asumido la Generalitat. Así que trabajaremos para que sea satisfecho por el ejecutivo central y no por el Ayuntamiento".