Nueva York – La organización no gubernamental y no partidista "Right to Democracy" trabaja en un caso relacionado con la negación del voto a ciudadanos estadounidenses en territorios como Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes como parte de la agenda del grupo en contra de la doctrina de Casos Insulares establecida por el Tribunal Supremo.
Poner en cuestionamiento y revocar el marco legal que legitima el discrimen contra los residentes de los cinco territorios de EE.UU., que además incluyen las Islas Marianas del Norte y Samoa, es parte del enfoque de la entidad, creada hace aproximadamente un año por la licenciada boricua Adi Martínez Román y el también abogado, pero nacido en EE.UU. y criado en Guam, Neil Weare.
En entrevista con El Diario, Martínez Román adelantó que la organización se encuentra en el proceso de redacción del recurso que se presentará en los tres territorios mencionados.
"Hay un caso que hemos estado trabajando fuertemente en este último año que está basado en la negación de los derechos civiles, específicamente, el derecho al voto de los ciudadanos en el territorio de Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes por razón de raza", reveló la también activista comunitaria.
"No se ha presentado todavía, se está trabajando todavía; va a ser presentado en las tres jurisdicciones. No se pide un remedio específico que no sea una sentencia declaratoria que la doctrina que excluye a estas personas de sus derechos políticos, y específicamente, el derecho al voto, es racista e inconstitucional", abundó a preguntas de este rotativo la también profesora en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
"¿Cuál sería el efecto que pudiera tener este caso en términos de la revocación de los Casos Insulares?", cuestionó directamente El Diario.
"Igual efecto de todo lo demás que estamos haciendo. Primero que haya un reconocimiento de EE.UU. de su gobernanza colonial en los territorios; y segundo, que se rechace, que se desmantele esa legitimidad (de los Casos Insulares)", contestó la abogada.
Los residentes de los territorios no incorporados de EE.UU. no pueden votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, si residen en algún estado o en Washington D.C. pueden ejercer ese derecho.
Lo anterior es una muestra más del trato desigual que reciben los ciudadanos en los territorios versus los ciudadanos en los estados.
Los Casos Insulares son una serie de decisiones de principios del siglo pasado que básicamente establecieron que la Constitución y los derechos de los residentes en los estados no tienen que aplicarse de igual manera a los territorios no incorporados.
Grupos como Right to Democracy insisten en el argumento de que el marco legal discriminatorio y racista impuesto por estos fallos tomados por la Corte Suprema legitiman que otros organismos como el Congreso no tomen acción para resolver los asuntos que afectan diariamente a residentes en territorios como Puerto Rico, incluyendo algunos medulares como el estatus.
En ese sentido, para Martínez Román, el derecho y el cambio social por la vía jurídica van de la mano.
"Nosotros queremos crear avenidas para el cambio, y es esa relación entre el derecho y el cambio social que mucha gente no lo mastica. Siempre ven el derecho como algo lejano; algo que no tiene que ver con la vida real. Pero veamos lo que pasó bajo casos como Brown vs. Board of Education que revocó Plessy v. Ferguson, que es el mismo tribunal que decide los Casos Insulares. Bajo Plessy v. Ferguson se decidió la idea de 'separados, pero iguales' como que eso es legítimo…El derecho trabaja con lo político y lo social para producir realidades. Nuestra teoría del cambio va hacia eso hacia cómo a través del reconocimiento de esa realidad legal y el rechazo a la misma se puede promover un cambio", explicó.
En ese caso en particular (Plessy v. Ferguson) que data de 1896, el máximo foro determinó mantener la constitucionalidad de la segregación racial bajo la doctrina de "Separados pero iguales".
El informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos sobre los Casos Insulares
La entrevistada dijo que la organización que representa acogió positivamente el proceso que encabeza la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) para divulgar un informe sobre el impacto de las decisiones de la Corte Suprema en los derechos civiles de los puertorriqueños como otra iniciativa para poner en cuestionamiento la doctrina de Casos Insulares.
"Nosotros estamos muy contentos con el informe que se pudo desarrollar aquí en Puerto Rico por el comité de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles, y ha sido este gobierno a través de la comisión que por primera vez crea estos comités distintos en cada territorio. Así que cada territorio tiene su comité. El comité de Puerto Rico entonces desarrolla este informe, y nosotros participamos de esas audiencias, y estamos contentos de que esto se presenta porque hay un rechazo rotundo a la doctrina de los Casos Insulares, y eso se desprende de ese informe", señaló sobre el documento que se espera sea liberado este mes.
"Esto sirve para cambiar narrativas. Esto sirve para el reconocimiento. Que la Comisión de Derechos Civiles esté trayendo este asunto, sirve", planteó.
En su ponencia ante los miembros del comité el año pasado, Martínez Román argumentó que la situación colonial afecta la participación cívica en Puerto Rico, y, por ende, la atención del Gobierno a las necesidades de las comunidades que buscan empoderarse y desarrollarse de manera sustentable.
"Es un ángulo de cómo nosotros logramos que las personas puedan ejercer sus derechos a participar en la creación de la realidad que les afecta. Entonces, los Casos Insulares, básicamente, lo que crean es un área, una negación permanente, hasta que el Congreso le dé la gana, decida, le niega a el pueblo, a las comunidades, personas que viven en los territorios, la capacidad de incidir en la toma de decisiones. En asuntos tan neurálgicos como la justicia climática, las políticas para atender los desastres, problemas sociales, se ve de entrada la desventaja que tenemos en los territorios porque no participamos a nivel local ni internacional. Por ejemplo, nosotros no tenemos un asiento, y en el Pacífico es bien patente, porque hay un cuerpo que está trabajando con los resultados del cambio climático, y Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte no pueden participar, sentarse a la mesa en esos foros…Estamos fuera de esos procesos políticos. Esto tiene muchas implicaciones sociales, desde el sentimiento de inferioridad y minusvalía hasta una realidad concreta que las políticas que se desarrollan nos pasan por encima, y nos hacen más mal que bien", expuso la deponente.
El memorándum preliminar divulgado el 12 de febrero que recopila lo planteado por varios panelistas en la audiencia realizada el 10 de mayo de 2023, se enfoca en el impacto de la doctrina en cuanto al derecho al voto y falta de representación política, la discriminación racial y nacional y el acceso a programas públicos.
La estrategia de acción de Right to Democracy se basa en tres pilares: abogacía, la creación de un ecosistema comunitario mediante procesos de diálogo, y el cambio de la narrativa "tóxica" en la discusión del tema del colonialismo.
Aquí puedes leer la primera parte de la entrevista a Martínez Román en la que abunda sobre las ideas detrás de la creación de la organización Right to Democracy