A partir del año 2021, con la reforma del Código de Justicia Militar, se prohibió expresamente el juzgamiento de civiles en tribunales militares, lo que llevó a esa jurisdicción a declinar los casos a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, un informe realizado por la Coalición por los DDHH y la Democracia, evidencia como los tribunales en materia de terrorismo son usados como arma política para reprimir y castigar a la disidencia.
El informe señala que con dicha reforma no cesó la persecución sino que se utilizaron los tribunales con competencia en terrorismo para encarcelar las voces disidentes tanto de civiles como de militares.
Durante el primer trimestre del 2023, se reportó que el 61% de los presos políticos eran militares, mientras que el 39% restante eran civiles. Esta proporción se mantuvo constante en el segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, la cifra de militares disminuyó ligeramente a 58%, aumentando la de civiles a 42%, cerrando el año con 62% de presos político militares y 38% pertenecientes al sector de la sociedad civil.
La distribución de los casos en los tribunales refleja una realidad alarmante. En el 2023, 50% de los casos se llevaron a tribunales con materia en terrorismo, 25% a tribunales militares y 25% a tribunales penales ordinarios. Sin embargo, en el tercer trimestre, los casos en tribunales de terrorismo aumentaron al 58%.
Traición a la patria es el «delito» más común
La traición a la patria es el delito que encabeza las imputaciones contra civiles y militares, seguidos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, luego la rebelión militar, instigación a la rebelión, sin duda, hay una clara predominancia de los delitos relacionados con el terrorismo.
La coalición señala que las violaciones al debido proceso han sido una constante en las últimas dos décadas, en el 2023, el 94% de los casos tuvieron retardo procesal y una ausencia probatoria y de igualdad procesal del 100%, algunos personas se encuentran detenidas de manera preventiva, sin ser llevados a juicio desde hace 5 años.
Entre otras violaciones destacan que las pruebas presentadas en los juicios se limitan a funcionarios actuantes durante la detención y a informes de inteligencia sin valor probatorio. También, los detenidos son llevados a juicios sin contar con abogados de su confianza, lo que impide su derecho a la defensa.
«Preocupa enormemente, la persecución y la utilización de sistema de justicia contra dirigentes políticos, periodistas y defensores de DDHH, así como los patrones continuados de ilegalidad como desapariciones forzadas al momento de las detenciones y detenciones arbitrarías», señala la ONG y además hace un llamado a la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia en Venezuela para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente, de su posición militar, civil y política.