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Una resolución del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía atribuyó a las autoridades públicas, las familias, la sociedad y las empresas la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir los derechos de la niñez y la adolescencia en un entorno digital.
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Diario Oficial de la Unión .
El texto define el entorno digital como "las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como redes, contenidos, servicios y aplicaciones digitales disponibles en el entorno virtual (internet); dispositivos y entornos conectados; realidad virtual y aumentada; inteligencia artificial (IA); robótica; sistemas automatizados, biometría, sistemas algorítmicos y análisis de datos". Se deberá garantizar el acceso a todos estos contenidos y servicios a todos los menores de 18 años.
En estos lugares los niños, niñas y adolescentes tienen priorizados sus derechos como el desarrollo, la libertad de expresión y el ejercicio de la ciudadanía y se garantiza la protección de sus datos. La norma también destaca la protección contra todas las formas de negligencia, discriminación, violencia, crueldad, opresión y explotación, incluida la explotación comercial.
La resolución también aclara que las empresas proveedoras de servicios digitales deben adoptar medidas para combatir la exclusión digital, la inferiorización y la discriminación ilegal o abusiva, directa o indirecta. Y que los poderes públicos y la sociedad tienen el deber de garantizar, sobre todo, la libertad de expresión y los derechos a buscar, recibir y difundir información "segura, confiable y completa".
Violaciones
Se considera violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes la exposición a contenidos o contratos que supongan un riesgo para esta población, como contenidos violentos y sexuales, ciberagresiones o ciberbullying, discursos de odio, acoso, productos adictivos, juegos de azar, sexual y comercial. explotación y abuso, incitación al suicidio, autolesiones, publicidad ilegal o actividades que fomenten y expongan a riesgo la vida o la integridad física.
La norma también incluye la participación de menores de 18 años en el desarrollo de políticas públicas en el entorno digital, atribuidas a la Secretaría Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y por el Consejo Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Conanda).
Las empresas que operan en el entorno digital también tienen la responsabilidad de remitir denuncias de violaciones de derechos, en este contexto, a la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos, a través del Dial 100 y también a las autoridades del Sistema de Garantía de Derechos, como consejos de tutela y autoridades policiales. . La falta de transmisión de las denuncias hará responsables a los involucrados conforme a las sanciones previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente, independientemente de que la omisión sea negligente o dolosa, es decir, cuando exista o no intención de obstaculizar la denuncia.
Fuente: Agencia Brasil