Sólo hizo falta que Elisa Carrió hablara para que el Gobierno de Mauricio Macri quedara sumido en una confusión mayor de la que ya tiene.
El problema: el desafío de los movimientos piqueteros que cortan calles –sobre todo en la Ciudad-- de manera incesante.
"Hay que dejarlos porque están buscando muertos", disparó la líder de la Coalición Cívica e integrante de talla en Cambiemos, la alianza oficialista.
La diputada vaticinó algo más.
Que los violentos se van a agotar por su propio peso. No precisó si refirió a algún dirigente en especial o al conjunto de las organizaciones que, en este año electoral, buscarían dejar acorralado al Presidente.
El macrismo estaría enfrentando un dilema similar al del perro que se muerde la cola: muchas de esas estructuras piqueteras (el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) se logran financiar con el dinero que aporta el Estado.
La Ley de Emergencia Social, que deberá derivar $30 mil millones en tres años a esos grupos, podría representar el ejemplo fidedigno.
El Gobierno estaría enfrentando con ese panorama a la vista una doble derrota parcial.
En 16 meses de gestión incrementó casi en un 20% el presupuesto destinado a aquellas organizaciones en comparación con la última oferta de Cristina Fernández.
Pero Macri no logró borrar en un sector del imaginario colectivo su imagen de "gran ajustador".
También prometió desde febrero de 2016, cuando fue aprobado en Bariloche el Protocolo Antipiquetes, que progresivamente repondría cierto orden en las calles. La realidad está a la vista.
Algunas cifras resultan, a propósito, elocuentes.
Según un trabajo de la consultora Diagnóstico Político (dedicada desde 2009 a medir ese fenómeno) las estadísticas mostrarían pequeñas variaciones dentro de una modalidad prepotente que no se repite en ningún otro país del mundo.
Un comparativo nacional informa que durante 2015 –el último año kirchnerista-- se efectuaron 6323 cortes de la vía pública contra 6491 del 2016, el tiempo del debut de Macri en el poder.
La región mas convulsionada fue Buenos Aires aunque la de mayor visibilidad es siempre la Capital.
Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño, puede exhibir un descenso de los cortes en 2016 respecto del 2015 (644 contra 702).
Pero marzo en curso amenaza con convertirse en un karma: en la primera quincena (es decir, se excluye la presente semana) los cortes alcanzaron la cifra de 62 contra 53 de todo el mes de marzo del 2016.
Hoy está la Marcha Federal Docente que producirá colapsos múltiples.
La contabilidad de Diagnóstico Político refiere a cortes de la vía pública en la cual no se incluye solamente a piqueteros.
Pero estos junto a los trabajadores estatales (muchas veces mezclados) se quedan con el 88% del total de las interrupciones.
El resto se reparte en distintos pequeños actores, entre ellos vecinos que protestan por alguna anomalía en sus barrios.
También suelen hacerlo interfiriendo la libre circulación. La raíz cultural del problema, como se observa, llega hasta el hueso de la propia sociedad.
Cuando exhuma el discurso de la vuelta al orden trasunta, al menos por ahora, su impotencia.
Rodríguez Larreta ha quedado en el ojo de la tormenta. Porque la Ciudad es el gran teatro para la actuación piquetera.
El jefe porteño intentó aparear ayer el gradualismo que se propone aplicar con los piquetes, con la metodología –en tela de juicio, por cierto—por la que optó Macri para salir de la herencia económica que dejó el kirchnerismo.
Según Rodríguez Larreta, en la Ciudad se estarían disolviendo diariamente una decena de pequeños piquetes. O, por lo menos, abortando su formación. Imposible tener sobre esas situaciones alguna comprobación.
Resulta comprobable, en cambio, la ocupación callejera que hacen grupos piqueteros frente a la conducta impasible de las fuerzas de seguridad. Algunas irrupciones sonarían, con franqueza, extremadamente provocativas.
El viernes último los militantes del "Frente Milagro Sala" cortaron la Avenida 9 de Julio con una vanguardia de encapuchados provistos de decenas de garrotes, todos llamativamente similares.
Como si hubieran sido confeccionados por artesanos. Detrás de ellos afloró una conjunción de mujeres con niños en brazos.
El corte se terminó levantando también después de otra negociación con el poder. Se ignora todavía a qué costo.
A Rodríguez Larreta lo cruza esta complicada realidad en el momento en que pretende dar respuesta a otro flagelo. La inseguridad que diseminan los asaltos de los motochorros.
Insinuó poner un práctica una reglamentación cuya primera réplica fue, justamente, un piquete de motoqueros delante del Obelisco.
El jefe porteño, con papeles en mano, intentó demostrar que esa cuestión pegaría mucho mas entre los porteños que la de los piquetes.
El 69% se manifiesta de acuerdo con la propuesta para que los conductores de motos estén obligados a usar casco con la identificación de la patente del vehículo.
En el interior del macrismo recrudece el debate sobre el rumbo que se debe tomar frente al reto piquetero. Se trata de la clásica división entre "halcones y palomas". Duros o blandos.
O, en este caso, tal vez, entre gorriones y jilgueros. La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, resolvió cortar intrigas.
No querría mas desencuentros de los que tuvo con Rodríguez Larreta. La resolución de ese litigio la habría dejado en manos de Macri.
Bullrich regresó sobre la necesidad de mantener desbloqueados los accesos a la Ciudad. Tal objetivo naufragó el miércoles pasado durante la programada protesta del Movimiento Evita y la CTP.
El Puente Pueyrredón y la Panamericana resultaron cortados.
Pudo haber existido en ese traspié una combinación fatal: el mareo de Bullrich por los cabildeos en el Gobierno; la impericia de los jefes de gendamería a cargo de los operativos.
Ayer mismo algo de aquel paisaje cambió. En la Panamericana con el cruce de la ruta 202 fue posible descrubrir media docena de camionetas de Gendamería y un puñado de efectivos.
Empiezan a llegar las delegaciones del interior que participarán hoy de la Marcha Federal Docente. Aunque con esa prevención no alcanzaría.
Cualquier operativo requiere de una pata política.
"¿De que serviría tener desalojado el Puente Pueyrredón si no existiera prevención en las avenidas aledañas de Avellaneda?", interrogaba un funcionario del ministerio de Seguridad.
Por eso comenzó a funcionar un organismo de enlace con algunos intendentes. Sobre todo del norte y el sur.
Otra discusión tampoco saldada en la administración apunta al modo en que podrían ser disueltos los piquetes.
Sobre esto existiría una coincidencia entre gorriones y jilgueros: habría que evitar cualquier desalojo que implique un cuerpo a cuerpo entre policías y manifestantes. En ese caso podría cumplirse la profecía de Carrió.
La alternativa sería el uso de sofisticada tecnología utilizada por muchas policías en el mundo. Pero que escasería aquí. O la vuelta a los viejos camiones hidrantes, que nadie sabe por qué han caído en el olvido.