Una de las banderas de la política económica del Gobierno es acortar el tiempo de trabajo, pero ninguna de las iniciativas impulsadas han visto la luz por el momento. Antes de que el PSOE y Sumar reflejaran en el pacto de coalición la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, el Ministerio de Industria presupuestó 9,65 millones para llevar a cabo un proyecto piloto de cuatro días de trabajo a la semana en pequeñas y medianas empresas del sector industrial sin recortar salarios. La convocatoria, publicada hace un año, no tuvo gran acogida por parte del sector y acumula un retraso de seis meses en la resolución de las subvenciones.
El plazo para publicar las concesiones finalizó a principios de octubre de 2023 y todavía no hay novedades. Fuentes del ministerio indican que no se han establecido oficialmente nuevos plazos y que se continúan evaluando los proyectos presentados por las 41 empresas interesadas, que involucran a 503 trabajadores. El valor total de los gastos subvencionables solicitados por las empresas ascendió solo a 2,8 millones, el 29,3% del importe presupuestado, según informó en un comunicado, el ministerio.
Entre la convocatoria de las ayudas y la fecha tope de resolución hubo elecciones generales e Industria cambio de titular, pasando del ministro Héctor Gómez a Jordi Hereu. No obstante, el ministerio no explica a qué se debe la demora en la concesión de las ayudas y en su última valoración aseguró que había "diversidad y la calidad de las propuestas presentadas" por las pymes. Estas provenían de distintos sectores, entre ellos, ingeniería, arquitectura, farmacia, textil, distribución y alimentación.
El experimento duraría como mínimo dos años en cada empresa si se termina poniendo en marcha y busca recopilar datos para elaborar "una evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial". Esto habría sido útil de cara a la reducción de la jornada máxima legal, cuyo impacto previsto en el mercado laboral y en la economía suscita controversias. Reducir la jornada sin que aumente la productividad y la tasa de empleo haría más grande la distancia con Europa en PIB per cápita, uno de los principales indicadores de bienestar, pero el Gobierno (especialmente la vicepresidenta segunda) cree que sucederá lo contrario.
Las negociaciones para llevar a cabo esta medida se han ralentizado con la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña en mayo, que también ha provocado la renuncia del Gobierno a aprobar Presupuestos para 2024. El Ministerio de Trabajo comenzó el año con una intensa agenda de reuniones con los agentes sociales para acometer la reforma, pero el último contacto informal se produjo antes de Semana Santa y la última reunión tripartita en el ministerio se remonta a febrero. De hecho, UGT ya consideró en una rueda de prensa reciente que los procesos electorales de esta primavera (también elecciones en el País Vasco y europeas) retrasarán la reducción de la jornada al verano porque la ley que modificaría el Estatuto de los Trabajadores requiere obtener 176 votos a favor en el Congreso.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, se ha manifestado en la misma línea este martes asegurando que "no hay grandes novedades". Respecto a la posibilidad de que se logre un acuerdo con la patronal, considera que "no va a ser fácil", pero no lo descarta. El planteamiento de Trabajo es, según detallaron en la última reunión y recoge el Plan Anual Normativo de 2024, aprobar una sola ley que establezca la jornada máxima legal en 37,5 horas, aunque una disposición transitoria fijaría 38,5 horas para 2024. También en esa ley se pretende reforzar los instrumentos de registro horario usando nuevas tecnologías y endurecer el régimen sancionador para garantizar "el cumplimiento estricto de la normativa".
Experiencias previas en Valencia, Portugal y Reino Unido
Reducir la jornada máxima legal en el Estatuto de los Trabajadores no obligará a establecer cuatro días de trabajo. La regulación dejará que las empresas y los trabajadores adecúen la rebaja de la manera que mejor consideren en negociación colectiva o en las empresas por separado. No obstante, ya hay experimentos de introducción de cuatro días semanales que han arrojado resultados positivos.
El más cercano es el desarrollado en la ciudad de Valencia durante un mes de 2023. El ayuntamiento aprovechó que dos de los lunes del mes de abril y el primer lunes de mayo eran festivos para aprobar uno más y observar los efectos de la jornada de cuatro días. El informe publicado al respecto (de septiembre) constata efectos positivos y negativos.
Respecto a los primeros, la medida provocó una mejora en la autopercepción sobre el estado de salud, una "significativa" reducción de los niveles de estrés y mejores sensaciones con respecto a la felicidad. También mejoró la conciliación y los niveles de NO₂ y aumentó la actividad en la hostelería. En cuanto a los segundos, aumentó el consumo de alcohol y tabaco en las personas que ya lo hacían; disminuyeron las ventas en el comercio y aumentó la saturación en las urgencias médicas.
Otra experiencia es la de Portugal. La prueba afectó a 41 empresas con más de 1.000 trabajadores y se llevó a cabo durante seis meses, unos negocios optaron por un día libre más a la semana y otros por una quincena de nueve días. El informe preliminar realizado por una Universidad de Londres (Birkbeck) constató que el 95% de las empresas calificaron el programa piloto de positivo. Los trabajadores también estuvieron a favor del nuevo horario y el 85% de ellos dijo que necesitarían un aumento salarial de más del 20% para volver a cinco días. Los trabajadores afirmaron tener un descenso de la ansiedad, la fatiga y el insomnio.
La prueba en Reino Unido en 2022 fue la mayoritaria, con 70 empresas y más de 3.300 empleados afectados. Se detectó un aumento de la productividad o un mantenimiento de la misma porque las empresas reformaron las reuniones y las acortaron, usaron mejor la tecnología y rediseñaron la jornada en periodos distintos para concentrar el trabajo.