El Fondo Monetario Internacional (FMI) valora la "resiliencia" que está presentando la economía española en el actual contexto de débil crecimiento de la zona euro y de elevados tipos de interés y ha revisado al alza el crecimiento previsto para este año, hasta el 1,9% (desde el 1,5% proyectado en enero), que, según su pronóstico, se acelerará hasta el 2,1% en 2025.
Con todo, el avance del informe sobre España publicó ayer el FMI, plantea una larga lista de deberes para la economía que, entre otras, incluye la recomendación de un ajuste presupuestario de tres puntos porcentuales del PIB entre 2024 y 2028, a razón de "un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales". Traducido a euros, un 0,6% del PIB previsto para 2024 equivale a algo más de 9.200 millones de euros (46.000 para el conjunto de los cinco años).
La lista de deberes reitera alguna de las clásicas tareas que el FMI ha ido recomendando a España en los últimos años, e incluso, décadas: extender el cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, reducir el coste del despido, frenar la subida del salario mínimo interprofesional y suprimir las exenciones del IVA, entre otras. También advierte sobre los riesgos para la productividad de reducir la jornada laboral y de los topes al alquiler de vivienda.
El organismo que dirige Kristalina Georgieva asume, en todo caso, que la actual coyuntura política puede no ser la más adecuada para atender sus recomendaciones: "La prolongación de la fragmentación política interna podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación de las cuentas fiscales, lo que eventualmente podría terminar empeorando la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, sobre todo si las condiciones financieras se endurecieran", afirma.
El FMI entiende que abordar un ajuste fiscal de 3 puntos de PIB en cinco años "será más que suficiente para cumplir con los requisitos establecidos en las nuevas reglas fiscales". En particular, considera que para 2024 se puede juzgar como "adecuado" el ajuste derivado de los gravámenes "temporales" sobre banca y energéticas y de retirada paulatina de medidas antiinflación (con la recuperación progresiva de la fiscalidad sobre electricidad y gas). "Sin embargo, será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural", se apunta. En líneas generales, la magnitud del ajuste coincide con las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha instado al Gobierno a reunir la conferencia de presidentes autonómicos para acordarlo.
Para avanzar en el ajuste estructural de las cuentas públicas, el FMI propone, sobre todo, medidas que afectan a los ingresos. Así, junto a la retirada programada de las medidas antiinflación restantes (la rebaja del IVA de los alimentos, por ejemplo), se aboga por suprimir las exenciones del IVA, armonizar los tipos de IVA entre productos e incrementar la imposición medioambiental.
De entrada, el FMI se muestra poco partidario de gravámenes sobre beneficios extraordinarios como los que existen en España sobre la banca y el sector energético. En cuanto a las pensiones, apuesta por elevar la edad efectiva de jubilación y anima a seguir adelante con la reformas del mercado laboral pero plantea, por ejemplo, "relajar la legislación de protección del empleo, reduciendo la incertidumbre en torno a los costes del despido".
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