La Generalitat tiene problemas de liquidez que le impiden afrontar los pagos a sus proveedores en el tiempo estipulado. Así lo ha admitido la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, después de que este lunes el Ministerio de Hacienda actualizara las cifras del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), que sitúan a la C. Valenciana como la segunda autonomía que más tarda en abonar las facturas. A cierre de febrero el plazo medio era de 48 días, cuando el límite legal es de 30.
La responsable de la caja pública valenciana ha reconocido que existen "dificultades" para abonar esas facturas, aunque ha evitado asumir cualquier responsabilidad del cambio de tendencia (el Botànic dejó este indicador en 23 días y ahora se ha duplicado). Merino ha culpado de los actuales problemas de tesorería al Gobierno central y a la herencia recibida del anterior Consell.
Según ha defendido, el Ejecutivo autonómico está "trabajando" para reducir ese plazo, que según ha dicho "ha crecido por causas sobrevenidas". En primer lugar, por la infrafinanciación crónica que sufre la Comunitat Valenciana y que "lastra" al Consell con "ingresos inferiores a los que le corresponderían". A esto hay que añadir que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 impide actualizar de momento las entregas a cuenta, por lo que la Generalitat recibe unos 90 millones menos al mes.
Merino ha vuelto a cargar contra la inacción del Ministerio de Hacienda tanto para iniciar las conversaciones para la reforma del modelo como para responder a sus cartas, que ha lamentado que "no tienen ningún efecto" sobre María Jesús Montero."Hay una asfixia del Gobierno" a la Generalitat, ha denunciado antes de insistir en que Moncloa "no tiene ninguna intención" de abordar la reforma.
La herencia del Botànic y el fin del oxígeno europeo
El maltrato del actual modelo no es el único argumento utilizado por Merino para justificar el aumento en el tiempo de pago a proveedores. Según ha señalado, el anterior Consell dejó más de 3.300 millones de euros en facturas por pagar, los llamados expedientes de resarcimiento, los cuales habrían sido satisfechos por el nuevo Ejecutivo en estos primeros meses y habría atrasado los otros compromisos por ser de un "volumen inasumible", según ha dicho la portavoz.
Asimismo, Merino ha argumentado que también influye el dinero de la UE con el que contó el Botànic y que ahora ha dejado de llegar. Estos fondos europeos van a la caja única, por lo que se pueden emplear para otros fines, como el pago a proveedores. "Entraron miles de millones de fondos europeos y del Gobierno que al ser un sistema de caja única se han utilizado para otros fines", ha señalado Merino, quien ha añadido que se trata de una práctica legal. Pero ese grifo se ha cerrado "y nos encontramos con dificultades", ha reconocido.
La consellera ha explicado que este dinero extra para combatir la crisis sanitaria de la covid ha sido el principal motivo por el que el Botànic rebajó el PMP a partir de 2020. Sin embargo, los datos históricos recogidos por el Ministerio de Hacienda rebaten este argumento.
En 2016, el primer ejercicio íntegro del Consell de izquierdas, se cerró el año con un plazo medio de 54,63 días, pero a partir de ahí fue a la baja. También agraviados por el sistema de financiación y sin fondos de recuperación, el 2017 se cerró en 27,5 días; el 2018 en 34,8; el 2019 en 24,9 y el 2020, en 23,2 días.
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