El fin de semana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, calificó de "arbitraria, desproporcionada y abusiva" la diligencia de allanamiento con descerraje que se ejecutó en su vivienda, en el distrito de Surquillo, en el marco de la investigación que se le sigue por el Caso "Rolex".
Sin embargo, la decisión de romper la puerta de la vivienda fue motivada por la negativa de Daniel Gómez Boluarte -uno de los hijos de la mandataria- para permitir el ingreso de la fiscalía y la policía, según se ha dejado constancia en el "Acta de allanamiento con descerraje y notificación de medida judicial" al que accedió El Comercio.
El cuestionamiento de Boluarte ha ido de la mano con su negativa -hasta ahora- para dar explicaciones sobre la procedencia de por lo menos cuatro relojes de la lujosa marca suiza que ha usado en diversos eventos oficiales.
Sus críticas a la fiscalía y el equipo de la División de Inteligencia de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional se centran en la investigación abierta en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaración, así como el operativo que se realizó en busca de los relojes.
Lo cierto es que, en el operativo, los representantes de la justicia hallaron documentación sobre el certificado de garantía y autenticidad de un "Rolex" de modelo 126284RBR con serie AJ509842v (Rolex Datejust 36), cuya adquisición se realizó a través de la 'Casa Banchero', el 8 de julio del 2023.
No se halló ningún artículo de esa gama, pero sí se encontraron otros diez relojes de diferentes marcas y documentación.
Pese a ello, Boluarte Zegarra cuestionó que la policía y la fiscalía hayan irrumpido en su domicilio, cuando -dijo- los miembros de su familia "puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta".
Incluso, el primer ministro Gustavo Adrianzén, no descartó la remoción del coronel PNP, Harvey Colchado, como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), por haber ingresado a la vivienda de la presidenta de la República, con un descerraje forzoso.
"No lo he descartado (su remoción). En mi opinión se ha quebrantado el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado", dijo en declaraciones a Latina.
Sin embargo, según se ha dejado constancia en el "Acta de allanamiento con descerraje y notificación de medida judicial" al que accedió El Comercio, la decisión de ingresar, rompiendo la puerta de la vivienda en Surquillo, fue motivado por la negativa de Daniel Gómez Boluarte -uno de los hijos de la mandataria- para permitir el ingreso de la fiscalía y la policía.
Fuentes que participaron de la diligencia relataron que Gómez Boluarte no se encontraba durmiendo, sino en la sala del domicilio, viendo televisión con otra persona.
Fue el jefe de la Diviac, coronel PNP Harvey Colchado, quien se comunicó con el hijo de la presidenta por el intercomunicador y le hizo saber que venían a ejecutar una orden de allanamiento expedida por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Pese a que, inicialmente, Gómez Boluarte les indicó que esperen, transcurridos varios minutos y diversas llamadas por el intercomunicador, no respondió más.
"Es así que pasados diez minutos aproximadamente, y al no obtener respuesta, se procedió a realizar el descerraje correspondiente de la puerta principal", se reseña en el documento.
En el mismo documento, además, se precisa que Daniel Gómez Boluarte reconoció que no abrió la puerta por recomendación de su hermano David Gómez Boluarte, quien le dijo que espere hasta que lleguen los abogados.
"El señor Daniel Feliwg Gómez Boluarte indicó que se había comunicado con su hermano David Gómez Boluarte, quien le había indicado que esperen a que lleguen los abogados para realizar la diligencia y por tal motivo no abría la puerta para el ingreso del personal policial y fiscal", se suscribe en el acta que fue firmada por el hijo de la presidenta de la República, la fiscalía y la policía.
Mientras tanto, Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Boluarte, acudió la mañana del lunes hasta la sede de la Fiscalía de la Nación, a la que solicitó adelantar la declaración de la mandataria. Este Diario buscó comunicarse con el defensor particular de la jefa de Estado, pero no respondió. Hasta el cierre de este informe, el Ministerio Público no había anunciado algún cambio en la fecha para la declaración de Boluarte Zegarra, dispuesta para este viernes 5 de abril.
¿Estuvo sustentado el procedimiento de descerraje en la vivienda de Dina Boluarte?
Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, el despliegue policial ocurrido el viernes 29 de marzo en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte, fue el procedimiento que corresponde ante la negativa de abrir la puerta por parte de las personas que se encontraban en el interior.
Puntualizó a El Comercio que el requerimiento y quien dirige tanto la investigación penal como la diligencia es la fiscalía. Añadió que el Poder Judicial, en este caso un magistrado de la Corte Suprema -por la investidura presidencial de Dina Boluarte- ordenó la diligencia. Por tanto, acotó, "no es la decisión caprichosa del fiscal y menos de la policía".
Explicó que, cuando se realiza el descerraje durante un allanamiento, es porque lo faculta la resolución judicial y en el marco de ésta, el fiscal ordena y quien ejecuta es la fuerza pública, es decir la Policía.
"Es decir, en este caso en específico, de acuerdo al acta de intervención, los que estaban en el interior de la casa de la residencia de la presidenta Dina Boluarte, decidieron no abrir la puerta, a pesar que había una identificación clara del fiscal y de la policía. Entonces, cuando la fiscalía requiere que se abra la puerta del domicilio para ejecutar lo que ordena el Poder Judicial, todos estamos obligados a acatar, tendría que haber abierto la puerta; y la diligencia es responsabilidad de la fiscalía."
Vargas dijo que no se debe analizar el lamentable espectáculo del descerraje a la puerta de la vivienda de la presidenta, sino en su conjunto la disposición de la Fiscalía de la Nación en donde, incluso, califica de desacato la falta de colaboración de Boluarte con la investigación en su contra.
"Fue precisamente, ante esa falta de colaboración que la fiscalía, requiere una diligencia de incautación y allanamiento. Entonces, no es un capricho", insistió.
Respecto a la situación del jefe de la Diviac, coronel PNP Harvey Colchado, el exministro destacó que una vez más se presentan reacciones en contra del efectivo policial por parte de investigados, como lo hizo en su momento el expresidente Pedro Castillo.
"El amenazar a un policía que está cumpliendo con su función es parte de las responsabilidades penales que tendrán que enfrentar (los investigados), porque eso es claramente obstrucción a la administración de justicia. Lo que se pretende es buscar impunidad cuando se quiere castigar a un policía que está cumpliendo con sus funciones", dijo.
"No es necesario la presencia del abogado para recién ejecutar el allanamiento"
Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión mencionó que la propia resolución, expedida por el juez supremo Juan Carlos Checkely, indica de manera expresa que se autoriza el allanamiento, y, en caso, de no darse las facilidades, se haría el ingreso forzoso al domicilio.
"¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué no pueden ingresar una hora, media hora después de llegar? por la urgencia de la medida y porque eso ameritaría la desaparición de elementos de prueba. Como Bruno Pacheco, que esconde los $20 mil en el baño, entonces vas y escondes los relojes"
El especialista en derecho penal también precisó que "no es necesario la presencia del abogado -tal como se excusó el hijo de la presidenta Boluarte para no abrir la puerta- para ejecutar el allanamiento, porque sino ya no tendría sentido el allanamiento".
"Imagínese que el abogado viva en San Juan de Lurigancho y el allanamiento es en Surquillo. Uno no puede decir que se espere hasta que llegue mi abogado porque ya el allanamiento perdería el sentido de urgencia, para recabar y asegurar los elementos de prueba", sostuvo.
Posteriormente, acotó, la persona allanada tiene derecho a llamar a su abogado, pero mientras tanto la diligencia se va realizando.
Sobre la intención del Ejecutivo de remover al coronel Colchado de la Diviac, Carrión recordó que durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo ya se intentó remover al oficial.
No obstante, precisó que legalmente es posible porque el tema depende de órganos superiores, el problema radica en que "la remoción responde a finalidades ulteriores vinculadas a una determinada investigación". Por tanto, dijo, ello podría vincularse a un grado de obstrucción a la justicia porque estás actuando en contra de funcionarios que ejecutan acciones operativas de una investigación.
Con ello, estimó que podría abrirse una investigación por presunta obstrucción a la mandataria, tal como ocurrió con la denuncia que hizo el exministro Mariano Gonzáles sobre la orden de Pedro Castillo Terrones para sacar del cargo a Colchado.
"Cuando investigas el delito de obstrucción a la justicia ya tienes el tema de peligro procesal, si está ese delito ya tienes casi garantizado que te den detención preliminar o prisión preventiva. Ahora, en el caso de la presidenta de la República no es posible ahora, pero se tiene los antecedentes", indicó.
"Se trata de un comportamiento dirigido a entorpecer la acción de la acción de la justicia"
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, cuestionó el comportamiento de la presidenta Dina Boluarte, frente a la investigación en su contra y a las acciones que ha adoptado la fiscalía, incluyendo el allanamiento a su vivienda.
"Este tema tiene a un claro responsable que es la persona de Dina Boluarte, que cree que está por encima de la ley, y donde los ministros, en lugar de entender que se estaba ante un procedimiento de órganos idóneos, se han comprado un pleito absurdo."
El exdefensor del Estado señaló que se trata de un comportamiento dirigido a entorpecer acción de la justicia.
"Postergar las diligencias y luego reprogramarlas, y luego retroceder y pedir otra reprogramación adelantada. Y digo que ha evolucionado porque creo que la señora sabía del allanamiento, porque tan pronto se empezó a conocer la noticia, ella estaba en Palacio con cuatro ministros para recibir al Ministerio Público", indicó.
Para el especialista, "Boluarte ya tendría el escenario construido" para apuntar hacia una falta administrativa por no consignar alguna información sobre los relojes; y por ello habría pedido el adelanto de su declaración.
"¿Por qué quiere adelantar la diligencia la señora Boluarte? Porque podría estar construyendo la teoría de que alguien, por ejemplo, como (Wilfredo) Oscorima (gobernador de Ayacucho) le regaló ese reloj y que ella cometió un error al no declararlo, o sea una falta administrativa", dijo como posible escenario.
Maldonado no descartó que alguno de sus abogados e incluso ministros podrían estar dando pautas para ocultar la información sobre los objetos de investigación; y, por tanto, dichos ministros podrían hasta ser considerados "encubridores" de un posible delito.
Sobre la actuación policial y de la fiscalía en el descerraje a la vivienda de Boluarte, el exprocurador anticorrupción, sostuvo que al haber actuado en ejecución de una resolución judicial, se "actuó siempre en forma prudente".
"Me parece a mí que el Ministerio Público y la Policía han actuado de manera impecable, y está muy clara la resolución judicial del juez Juan Carlos Checkley en el sentido de que si no daban las facilidades para el allanamiento se produciría el descerraje", sentenció.
Stefano Miranda, abogado del coronel PNP Harvey Colchado, anunció que ante una posible remoción de su patrocinado, están preparados para tomar acciones legales, los que podrían incluir recursos constitucionales.
Señaló que no existe justificación para abrir un proceso disciplinario contra Colchado Huamaní, removerlo del cargo o reasignarlo a otra dependencia.
Según fuentes policiales, a pedido de sus superiores, habría elevado un informe sobre el procedimiento para ejecutar el allanamiento que se realizó en el vivienda de la presidenta Dina Boluarte.
El comandante de la Policía Víctor Zanabria, dijo que no le había pedido ningún informe a Colchado. No obstante, no descartó que se le pueda iniciar algún procedimiento disciplinario.
"Si alguna acción policial tiene un exceso o es cuestionado por alguien va a ser materia de investigación administrativa y yo soy el máximo ente decisor disciplinario en la Policía Nacional, por tanto no podría opinar si es que se va a dar una investigación sobre ese hecho", señaló a RPP.