Necesitamos la humanización de todas las instituciones gubernamentales y la implementación de políticas públicas para fomentar el conocimiento y práctica de los derechos humanos en México, tal y como están establecidos en la Constitución y así poder transitar hacia un Estado constitucional humanista.
Y es que, desde junio de 2011, la Constitución mexicana fue reformada y obliga a que todos los servidores públicos, que conforman el Estado mexicano, ya sean funcionarios federales o estatales, se adapten a esta nueva corriente humanista.
Cada estado-nación rige su vida conforme a ese gran pacto social nacional, que se ha plasmado en una Constitución federal y en las constituciones de cada Estado; cada uno de estos documentos, tiene características muy específicas, pero todas, están enfocadas en proteger la dignidad humana.
El humanismo constitucional en México, a partir de esta reforma, sigue enfrentando obstáculos, ya que históricamente, el sistema que teníamos era legalista, y en el momento en que surge este cambio radical, sin preparar a quienes dirigen el poder y peor aún, sin generar conciencia en la sociedad de esta nueva visión de Estado, estamos en problemas y no avanzamos.
Como sociedad, teníamos una cultura legalista, identificada como un Estado que regula su vida pública y la relación con su pueblo, basándose en las reglas que están en la ley, y aunque este sistema normativo debe estar acorde con lo que establece la Constitución local y federal, incluso con tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, nuestra forma de percibir el sistema constitucional era, como lo decía la ley: aplicar la ley y luego la Constitución local, si se trata de resolver una controversia de una entidad federativa, comparándola con la forma en cómo lo dice la Constitución y tratados internacionales.
Este sistema cambió radicalmente con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que todavía enfrenta muchas dificultades para materializarse, ha tenido mucha resistencia por parte del propio Estado, y esto ha ocasionado el retraso en el avance significativo de lo que realmente implica esa obligación constitucional, y por supuesto, seguimos estancados y esperando se consolide con ese cambio.
Es necesario darnos cuenta de que el cambio que sufrió nuestro sistema constitucional; de un legalismo a un sistema constitucional humanista: ya que la forma en que se atendía y ahora se atiende este último sistema, es diferente; debido a que, en el sistema constitucional humanista parte de que, ante el conocimiento o solicitud, ya sea por petición o porque el mismo Estado se dé cuenta de que hay una violación a un derecho humano, primeramente se tiene que identificar el derecho por el que se pide protección, e inmediatamente evitar que se siga violentando ese derecho: ordenando medidas cautelares o cualquier otra que siga causando daño y ordenar se investigue de inmediato y prevenir que otras personas resulten víctimas en sus derechos por esas mismas causas, identificar a los responsables y reparar de forma integral el derecho a quienes sean víctimas.
Luego, una vez neutralizada la violación o el peligro para la víctima o para otros, se tienen que echar andar los procedimientos que están en la ley y concluir con una investigación para que con la verdad encontrada, se resuelva la controversia.
Pareciera sencillo, sin embargo, no lo es, pues el cambio fue profundo ya que antes primeramente se estudiaba la ley, y aunque se tenía presente que esta debería estar alineada con la Constitución y tratados internacionales, esto poco ocurría y empezamos a tener un estado constitucional que poco protegía a los derechos humanos, a pesar de que otros países ya lo venían haciendo desde al menos las décadas de los 70 del siglo pasado y nos fuimos rezagando, ahora que existe este cambio, por supuesto que el Estado mexicano lo resiente, y la sociedad, como consecuencia, lo conoce muy poco, por eso, casi a 13 años de la implementación, hemos tenido poco avance, pues los resultados no son tan alentadores, y por eso es necesario que empecemos a hacer conciencia sobre la humanización de nuestro sistema constitucional y que le empecemos a dar vida, pues este proceso de cambio es el que se utiliza prácticamente en todo el mundo y vamos muy rezagados, por eso tanta injusticia, tanta desigualdad y tanto desequilibrio entre los poderes.
Todos los poderes del Estado deben estar sometidos al sistema constitucional humanista, pues no hay que olvidar que el Estado-nación se rige por el poder democrático, (voluntad humanista popular) y si éste creó expresamente en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que indica el respeto y promoción de los derechos humanos, entonces se tiene que consolidar; aparte de estar obligados, se tiene el deber de cumplir con la Constitución y su sistema humanista integral.
Hay críticas de este cambio paradigmático que sufrió nuestro sistema constitucional, sin embargo, el humanismo está vigente en nuestra constitución y en los tratados internacionales que hemos firmado, por eso es que no tenemos otra alternativa y todos los poderes públicos del Estado están obligados a hacerla cumplir y como sociedad también tenemos el deber de exigir que lo que está en la Constitución se cumpla; ya que si no se hace estamos incumpliendo, no nada más los valores y principios de nuestra carta magna, sino los pactos internacionales que hemos firmado frente al sistema jurídico de la Organización de Estados Americanos y al de la Organización de Naciones Unidas.