La patronal asturiana se queja cada año del alto grado de incumplimiento en la contratación y ejecución de inversiones por parte del Principado respecto a sus previsiones presupuestarias. María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), mostró hace cuatro meses en la Junta General su preocupación porque la administración autonómica había dejado sin ejecutar un 40 por ciento de la inversión prevista. Un informe de la Inspección General de Servicios alerta ahora de las "deficiencias" que lastran la contratación autonómica y apunta "a la ausencia de planificación" y a la "carencia generalizada de instrucciones que orienten la actividad contractual", entre un amplio listado de causas.
El informe interno sobre el ejercicio de 2021 establece entre sus conclusiones "la ausencia de una planificación unitaria de la contratación pública en la Administración del Principado". La Inspección General de Servicios, que tiene como misión vigilar el cumplimiento de la legalidad y velar por la mejora de eficiencia del Principado, señala que cada órgano de contratación actúa de manera individual "sin contenidos homogéneos" y concluye también la "ausencia planificadora" así como "la falta de seguimiento y evaluación de cumplimiento" en la contratación. El responsable de este departamento, José Ángel Morán, comparecerá este jueves a la tarde ante la comisión de Presidencia del parlamento asturiano, a petición del PP, para responder a cuestiones relacionadas con este informe.
El 90%, contratos menores
El estudio señala, además, que "no se ha asumido la contratación centralizada de varios servicios de utilización común como son, por ejemplo, los de limpieza, la publicidad institucional o los mantenimientos de todos los inmuebles en los que se prestan o albergan servicios públicos" y constata una "residual adhesión a los sistemas estatales de contratación centralizada".
Otra de las lagunas advertidas por la Inspección general de General de Servicios radica en "la escasa atención a la relevancia que representa la fase de preparación o pre-licitación" en el ciclo de la contratación. El informe destaca "la importancia estratégica" de este labor, tras señalar que "el acierto en el diseño de esta fase determinará la viabilidad de una correcta y eficiente adjudicación", y apunta "la ausencia generalizada de las consultas preliminares del mercado" y la falta de pliegos tipo, que puedan servir de base para diferentes contratos y departamentos. Todo ello desemboca en "unas deficientes propuestas de contratación de los órganos gestores, que ralentizan notablemente, no ya la tramitación del expediente de contratación, sino el propio inicio formal del mismo", llegando a generar "frecuentes situaciones de inestabilidad presupuestaria para acometer la licitación en el propio ejercicio en que se debería haber iniciado la ejecución". De hecho, el análisis arroja un dato concluyente: de los 941 contratos planificados en 2021, "un total de 328 no llegan a tramitarse ni iniciarse" en ese año ni tampoco en el siguiente. Es decir, el 35% de contratación planificada ni siquiera llegó a a activarse.
La Inspección General de Servicios también precisa en dicho informe que el 90 por ciento de la contratación realizada por el Principado en ese periodo correspondió a contratos menores, "cuya gestión se lleva a cabo por las direcciones generales correspondientes, bajo su exclusiva responsabilidad y sin fiscalización previa". Pero matiza que en términos económicos esa contratación menos apenas supone el 5% del dinero adjudicado, en torno a 6,2 millones de euros sobre un total de 522 millones.
El informe recoge recomendaciones para mejorar la gestión en la contratación pública como, por ejemplo, mejorar la planificación previa a las licitaciones, fijar plazos máximos para agilizar la tramitación y potenciar la contratación centralizada tanto en el propio Principado como adhiriéndose a la estatal. También aconseja vincular la planificación de la contratación con la planificación presupuestaria.
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