El caso Oltra ha quedado en nada. El juzgado número 15 de Valencia ha archivado provisionalmente la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Gobierno valenciano, que la forzó a dejar el cargo en junio del 2022. Según la resolución del juez Vicente Ríos, que no ha hallado indicio alguno de delito, las imputaciones hechas contra Oltra y quince colaboradores de su gabinete, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor, no tenían otro fundamento que meras sospechas, especulaciones y conjeturas. Aunque la resolución es recurrible, la contundencia de sus argumentos sugiere que acabará siendo firme.
La tesis de los denunciantes, vinculados a asociaciones de extrema derecha, entre ellas el partido Vox, era que la ex vicepresidenta y sus colaboradores habían maniobrado para ocultar los mencionados abusos. Cuando estalló el caso, Oltra optó por abandonar todas sus responsabilidades, tanto en la Generalitat como en su partido, Compromís. Ahora, el auto judicial ha borrado las sospechas proyectadas sobre su honor. Pero las imputaciones tuvieron consecuencias políticas: la marcha de Oltra, dos años atrás, debilitó el ejecutivo de izquierdas valenciano encabezado por Ximo Puig, que en las elecciones de mayo del 2023 fue derrotado por el PP, integrante ahora de un gobierno de coalición con Vox.
Acusar sin fundamento de delitos al rival político debería tener algún tipo de coste
No estamos ante un caso excepcional. En la escena política de nuestro país abundan las descalificaciones, las insidias y las acusaciones con más o menos sustancia. Lo estamos comprobando, de nuevo, en las últimas sesiones parlamentarias, que podrían resumirse como un áspero cruce de acusaciones entre los dos grandes partidos. El PP parece dispuesto a convertir el lamentable caso Koldo en una causa general contra el PSOE. Alberto Núñez Feijóo, líder conservador, vino a sugerir anteayer martes que la mitad del Gobierno estaba salpicado. Los miembros del Ejecutivo aludidos ni siquiera aparecen en el sumario, pero ya han sido verbalmente acusados.
Cada partido es libre de seguir la estrategia que le parezca más útil para lograr sus objetivos o que mejor se acomode a su estilo. Pero cualquier estrategia que pretenda retorcer la realidad es equivocada, y más aun si resuenan en ella ecos trumpistas. Algo funciona mal en nuestro sistema cuando se puede acusar a un inocente con argumentos inconsistentes, obtener así beneficios políticos y salir indemne, sin coste alguno, del lance. Sería deseable que ningún partido recurriera a semejantes artimañas. Mientras eso no suceda, conviene exigir algún tipo de reparación a quienes imputan delitos a rivales políticos, cuando tales delitos se revelan inexistentes. Lo contrario supone dar carta de naturaleza a la falsedad y embarrar un poco más la política.