Fue necesaria una nueva medida de fuerza con corte total de servicio del transporte interurbano de pasajeros de la provincia para que de alguna caja saliera la plata destinada a pagar los salarios de los choferes. De esa forma, se retomó una normalidad que, en rigor, desde hace tiempo no es la deseada.
Alguna vez se dijo con acierto que sin aportes en forma de subsidios o de auxilios de emergencia, el servicios de colectivos, tanto urbanos como interurbanos, toca los extremos de lo inviable.
Y son, como siempre, los usuarios los que pagan los platos rotos; o, mejor dicho, quienes cargan con años de desinversiones y de arreglos contractuales inciertos desde lo operativo y lo transparente.
Vale poner en recuadro un testimonio: una mujer fue consultada en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba acerca del perjuicio que le acarreaba la huelga dispuesta por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) y contestó, con resignación y la paciencia al límite, que un coche de alquiler le facturaba 90 mil pesos el viaje hasta Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra.
Lo concreto es que se cerró el grifo de los subsidios nacionales y el sistema vuelve a colapsar. Y con pronóstico reservado para los interurbanos.
En materia económica, nada parece enderezar la situación; ni los incrementos de las tarifas que han llevado a valores superlativos el costo de un viaje a una ciudad no muy lejana de la Capital. La espiral inflacionaria, la poda de subsidios y los ajustes en los presupuestos familiares colaboran para ahondar una crisis (que excede al transporte público) para la que pocos se atreven a pronosticar un final.
Los porcentajes no son para soslayar: durante los meses de mayor retracción de ingresos, los pasajeros tuvieron que echar mano a sus módicos recursos para hacer frente a incrementos tarifarios interurbanos que treparon al 270% en dos meses.
Y volvemos a lo recurrente: como autoridad concedente, el Estado (provincial y municipal) tiene la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía el derecho de contar con un sistema de transporte eficaz y de innegable necesidad al momento de movilizarse por variadas razones, sean laborales o de salud, entre otras.
Cómo será la sequía que los propios empresarios avalan las medidas de fuerza de los choferes. Y ni que hablar de las quejas que levantan los ejecutivos cuando tienen que ponerles precio a los repuestos de unidades con destino irremediable de taller.
Con todo, es auspicioso que se habilite una mesa de diálogo que contenga a empresarios, al gremio y a la Provincia, en busca de (como ha sido dicho) procurar la "resurrección del sistema" en picada.
Las autoridades provinciales confían en que las empresas tienen los fondos para pagar salarios, pero estas alegan que la "licuadora" del presidente Javier Milei tumbó todas las expectativas.
El sistema de transporte interurbano cruje desde hace rato. Hay que hacer algo por los usuarios.