Extensos listados de empresas intermediarias, cifras millonarias comprometidas, 45 contratos bajo estudio y un ex presidente de la Nación en absoluto silencio que aún no se presentó ante la justicia ni designó abogado, dan cuenta de la envergadura del caso que investiga el negocio que se inició con un Decreto de Alberto Fernández que obligó a los organismos del Estado a contratar sus seguros con Nación Seguros SA y que, a su vez, habilitó la intermediación de brokers que cobraron multimillonarias comisiones. Todo está detallado en una auditoría a la que accedió Clarín y que podría ser el camino a recorrer para dimensionar el posible perjuicio cometido contra el Estado con esa estructura.
El informe de auditoría que comenzó a hacer Nación Seguros SA -una empresa del grupo del Banco Nación-, bajo la gestión de La Libertad Avanza, y que consta de 22 páginas, menciona a todas las empresas aseguradoras privadas que intervinieron en la maniobra bajo investigación y qué "reparticiones del Estado Nacional; Organismos Centralizados, Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado bajo cualquier participación estatal", firmaron los contratos con "la designación de los productores/intermediarios, por parte del órgano superior".
En el informe se buscó establecer cuántos de esos contratos entre los organismos públicos y Nación Seguros se hicieron a través de intermediarios o brokers -a pesar de que esas reparticiones estaban obligadas a contratar a la empresa del Banco Nación- y también cuál fue el "detalle de las comisiones liquidadas anualmente por organismos e intermediarios desde el año 2020 hasta enero 2024".
La actividad de los productores asesores de seguros se encuentra regulada por la Ley 22.400, y según la misma son los encargados de intermediar entre las empresas y los asegurados y deben estar matriculados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) que es la encargada de su aplicación y control. Los particulares o empresas pequeñas suelen acudir a esos intermediarios para que manejen la relación con las compañías de seguros -y que les ayuden, por ejemplo- a cobrar más rápidamente el resarcimiento por los siniestros, y en algunos casos las aseguradoras los contratan o les dan beneficios para que les acerquen clientes.
Lo que el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, quieren determinar son las presuntas irregularidades ocurridas alrededor del Decreto 823/2021, a través del cual el entonces presidente Fernández, impuso la obligación al Estado nacional de contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA. Esa decisión, a pesar de que los organismos no podían contratar con otras empresas, habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de intermediarios en esos contratos.
En el marco del expediente se estudian dos posibles irregularidades: por un lado el pago de comisiones que estarían por encima de los valores de mercado y además un direccionamiento en la elección de los brokers intervinientes en los 45 contratos que se estudian.
Sumas millonarias
¿Qué arrojó el análisis? Las primeras planillas exponen que durante el 2020 en concepto de comisiones a intermediarios, el Estado Nacional pagó $2.483.753. Desde entonces, los números sólo fueron en constante ascenso.
Así, al año siguiente los valores abonados a los brokers fueron de $297.199.796. Siempre incrementándose, para 2022 el Estado ya se pagaron un total de $ 928.777.819.
Fue 2023 el año que según la auditoría, se registró la mayor cantidad de fondos destinados a las comisiones: $1.984.879.730. Durante el año en curso, se continuaron pagando y la cifra a febrero -cuando se realizó el informe- arroja un total de $ 239.961.680.
En consecuencia, durante toda la presidencia de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de $ 3.213.341.098. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos.
Cuando el juez del caso observó las fechas volcadas en el informe de Nación Seguros SA, se determinó que había un conjunto de contrataciones que fueron previas al Decreto del 2021, que habría dado inicio a la maniobra. Por ese motivo, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se solicitó que la hipótesis de investigación se ampliara respecto al período y se tuviera en cuenta toda la presidencia de Alberto Fernández.
Las compañías más favorecidas
El desglose realizado por Nación Seguros SA, muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros menos beneficiados. El listado está conformado por 25 empresas dedicadas a esa intermediación entre aseguradoras y clientes.
Una de las primeras planillas titulada "Comisiones por productor (principales 25)", muestra que cinco de ellas fueron las más beneficiadas y se distancian del resto. Teniendo en cuenta el monto de dinero cobrado, se explicitó el siguiente orden:
- Bachellier SA encabeza el listado con un total de 1.665.741.081 pesos en comisiones cobradas. En el mercado, y también los investigadores piensan eso, vinculan a esta compañía con el broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández y esposo de la secretaria privada del ex presidente, María Cantero.
- Le sigue el propio Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos cobrados del Estado en comisiones durante la gestión de su amigo como presidente.
- En tercer lugar está la empresa Castello Mercuri SA, con 285.956.773 pesos. La compañía es de Oscar Castello Mercuri, que en 2019 fue el principal aportante privado en la campaña presidencial que llevó a Fernández a la Presidencia, acompañado por Cristina Kirchner
- En el puesto número cuatro figura San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos. Brian Kelly, de esa firma, fue defendido en la causa por Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro Mariano Cúneo Libarona, aunque cuando Clarín publicó ese dato dejó de defenderlo.
- Cerrando el top five está TG Broker, que, llamativamente, cobró la misma cifra que cuarta de la lista: 231.918.674 pesos. TG es de Pablo Torres García, un broker con vinculaciones con Sergio Massa y también con dirigentes del PRO.
Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
El el puesto 20 de la lista aparece también Fernando Carlos Salim, cuya empresa compró Martínez Sosa y que hoy aparece, según consigna el Grupo Martínez Sosa en su página web, como una de las empresas del holding.
Diferencias sustanciales
Hay un dato llamativo que se desprende de la planilla: el listado conformado por 25 intermediarias, sigue desde el puesto seis con dos brokers que recibieron 171 y 152 millones de pesos respectivamente. Pero de allí hacia el final del listado las cifras son sustancialmente inferiores: la octava percibió 86 millones de pesos, la que le sigue en el puesto nueve cobró 44 millones de pesos, debajo de la misma se registran 32 y 23 millones de pesos y desde allí, seis de las aseguradoras rondaron los 15 millones de pesos. El resto son pagos que van entre los 2 y 1,7 millones de pesos.
Los organismos y los productores contratados
Los auditores hicieron un desglose de esas cifras. Detallaron las comisiones por productor y detallaron qué organismos del Estado las pagaron.
Por ejemplo, Bachellier SA -que encabeza el top five de comisiones cobradas y que los investigadores relaciones con el broker amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa-, fue contratada por Gendarmería Nacional (con ese negocio cobró $ 1.363.649.059), el Ministerio de Seguridad de la Nación ($ 29.493.862), la Policía de Seguridad Aeroportuaria ($ 57.810.184), Policía Federal ($ 192.274.332), Prefectura Naval ($ 22.435.471) y la Superintendencia de la Policía Federal ($ 78.172).
Por su lado, la empresa que se adjudica formalmente Martínez Sosa fue contratada por 19 organismos del Estado Nacional, ministerios y entes descentralizados. Por ejemplo, Vialidad Nacional ($ 10.450.624), Gendarmería Nacional ($ 254.091.184), Policía Federal ($ 23.610.992), Corredores Viales SA ($ 30.260.148), también recibió comisiones del Ministerio de Turismo ($ 7.200.451), Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible ($ 2.535.387), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 2.437.703), Ministerio de Seguridad ($ 5.895.230), entre otros.
El listado sigue. La firma Castello Mercuri SA (tercera en el listado de la que más dinero recibió), fue contratada por la Empresa de Argentina de Navegación Aérea SE ($ 8.641.496), INVAP SE ($ 34.451.623), por Jefatura de Gabinete ($ 2.574.659), el Ministerio de Desarrollo Social ($ 239.621.093) y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ($ 667.902).
Las dos intermediarias que cierran el "Top Five" son San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker. Cada una recibió de parte de la ANSES la misma cifra: 231.918.674 pesos. El Ministerio de Educación de la Nación también le pagó a esa compañía una cifra de 69.453.924 pesos.
Otras reparticiones del Estado bajo el mismo sistema implementado a través del Decreto 823/2021 contrataron aseguradoras también a través de brokers. YPF SA le pagó a Willis Argentina SA 36.313.708 pesos, a AON Risk 4.535.309 pesos y a Marsh SA un total de 101.005.199 pesos. A esta última empresa le abonó 63.679.744 pesos Fábrica Argentina de Aviones San Martín SA. El Ministerio de Defensa a la misma intermediaria le pagó 778.117 pesos.
A Aspen Broker SA, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales le abonó 17.011.188 pesos. La Agencia de Bienes del Estado contrató a Consultable SA por 4.158.685 pesos. A esta misma compañía la contrató el Banco Central por 10.832.264 pesos.
El Ministerio de Turismo contrató más de un broker y también firmó con Garrido Norberto Matías por una cifra de 17.573.669 pesos. A Barbeito Tomas, la contrató Radio y Televisión Argentina por 4.010.362 pesos.
Dentro de las 25 intermediarias se encuentra Net Broker SA, que fue contratada por el Ministerio de Economía por poco más de 5,5 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura contrató a Paris Broker de Seguros SA por 9.856.491 pesos.
Es un muestrario de un extenso desglose que se volcó en la auditoría de Nación Seguros SA. Un universo amplio de brokers e intermediarios y 45 contratos firmados con el Estado.
¿Qué organismo del Estado pagó más?
Hay otro listado al que hay que prestarle atención: los organismos del Estado que más utilizaron este sistema. La Gendarmería Nacional, por lejos, encabeza el listado. Desde allí se pagaron 1.617.740.243 pesos en comisiones a los brokers, sobre todo a Bachellier SA.
La ANSES ocupa el segundo puesto con pagos en concepto de comisiones por 463.837.349 pesos. En tercer lugar se ubica la cartera que dirigió Victoria Tolosa Paz, el Ministerio de Desarrollo Social, con erogaciones por 239.621.093 pesos.
El top five de los organismos del Estado que más desembolsaron en concepto de comisiones tiene en el cuarto lugar a la Policía Federal con una cifra de 215.885.324 pesos y en el quinto puesto figura en el informe Corredores Viales con 148.337.674 pesos. Pero
Si se amplía por fuera de esos primeros cinco puestos y se tienen en cuenta los ocho siguientes del listado, también puede destacarse a YPF que desembolsó un total de 141.854.216 pesos, la compañía petrolera es seguida por el Ministerio de Educación de la Nación con una cifra de 69.453.924 pesos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria también es parte de este primer corte con pagos por 66.169.749 pesos; dentro de este mismo rango se ubica Fábrica Argentina de Aviones con 63.679.744 pesos.
La Empresa Argentina de Navegación se sitúa en este ranking con pagos por 49.612.273 pesos, seguida por Vialidad Nacional con una cifra de 39.777.692 pesos y el Ministerio de Seguridad de la Nación con 35.811.988 pesos.
El resto de las erogaciones en concepto de comisiones a aseguradoras están por debajo de los 34 millones de pesos.
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