El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha publicado un nuevo informe donde se constata que los problemas y cuestiones que ya analizaron en 2017 continúan presentes y sirven de instrumento para promover la segregación de «más de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son personas con discapacidad intelectual».
En Septiembre de 2014, el Comité recibió información de la organización de personas con discapacidad (SOLCOM), que sostenía «violaciones graves y sistemáticas» del derecho a la educación a personas con discapacidad especialmente del tipo intelectual o psicosocial, con trastornos del espectro autista, hiperactividad y déficit de atención o con discapacidad múltiple. A partir de ese momento, se inició un proceso para indagar sobre la demanda de la organización que finalizó con la redacción, en 2017, de un crítico dictamen.
Tras examinar la política educativa del estado Español, se ha llegado a la misma conclusión. Los hallazgos del nuevo informe de 20 páginas, fechado el 22 de marzo de este año, destacan que España incumple sistemáticamente las recomendaciones de la Convención -tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Estado parte- y que, aunque en los textos legislativos españoles se hable de inclusión educativa, esta no es efectiva.
Un derecho fundamental vulnerado
El reconocimiento del valor de la educación inclusiva forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el gobierno español lo ha tenido en cuenta dentro de su estrategia, incluyendo el desarrollo del plan previsto en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE de 2020, con el que se pretende que en el plazo de diez años, los centros ordinarios dispongan de «los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
Sin embargo, la Convención aclara de forma explícita que el derecho a la educación se refiere a aquella inclusiva y de calidad y que la segregación a centros especiales se considera una «violación» de este derecho y «constata con pesar, que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias continúa estando prevista y vigente en su legislación».
Señalan que el Estado cuenta con los recursos necesarios de «infraestructura, sociales, económicos y financieros para avanzar en la implementación del derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad» para frenar las prácticas que perpetúan una estructura discriminatoria de segregación que las encuadra en un sistema médico-rehabilitador.
El Comité considera que un análisis exhaustivo de ámbito nacional y que contemple de forma individual cada una de las comunidades autónomas, cuyos pilares se sostengan sobre la base de establecer un plan de acción nacional elaborado bajo la coordinación entre las personas e instituciones concernidas, «permitiría abordar muchas de las violaciones resaltadas en el informe». Porque afirman que existe riesgo de que se retroceda en el camino hacia la inclusión mientras las instituciones públicas «continúen promoviendo la escuela especial y planteen revertir las medidas que hasta ahora se han adoptado en favor de la inclusión educativa.»
Concretamente, se recomienda una reforma de la legislación vigente que incluya aspectos como la definición de los objetivos específicos a cada nivel de enseñanza, contemplar la educación como un derecho y no solo como un principio, añadir una cláusula de no rechazo por razones de discapacidad y garantizar a las personas con discapacidad el derecho de ser oídas y tener en cuenta sus opiniones.