Este martes, el Gobierno de Aragón, ha anunciado que presentará ante la Fiscalía una denuncia por el contrato de mascarillas defectuosas FFP2 que realizó el anterior Ejecutivo del socialista Javier Lambán.
«El actual Gobierno de Aragón va a completar la obligación legal que el anterior Gobierno incumplió, pese a haber advertido en un requerimiento a la empresa que sirvió mascarillas, que llevaría a cabo la reclamación de la devolución del dinero por la mercancía defectuosa», tal y como ha anunciado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.
Se trata de un contrato realizado por parte del Instituto Aragonés de Salud (IAS) a la empresa Escrow Trust Europe Fundation, con sede en Ámsterdam, y que formaba parte del grupo Santacatalina, cuyo responsable Emilio Santacatalina era así mismo el intermediario.
El importe ascendió a la cantidad de 244.570 euros abonados anticipadamente y sin facturación electrónica, realizado el 2 de febrero, cuya mercancía se recibió el 24 de abril, tal y como han informado desde el actual Ejecutivo, tal y como ha informado el Gobierno de Aragón.
«Por parte del proveedor se emitió dos facturas por correo electrónico. La primera del 2 de abril de 2020 por un importe de 154.170 euros, y la segunda, que regularizaba o complementaba la primera, del 22 de abril, 106.518 euros. De lo que resultaba un pago favorable a la empresa de 16.117 euros. Según consta, tal y como ha informado el Gobierno de Aragón, el IAS no pagó este importe adicional de 16.117 euros que quedó pendiente a favor de la empresa», ha afirmado Susín.
El perjuicio total del IAS ascenderían a una cifra total de 25.382 euros, a lo que cabría añadir los costes adicionales del transporte, tal y como ha indicado el Gobierno de Aragón. Si bien, desde el IAS «se intentó sin éxito contactar con la empresa proveedora, reclamando extrajudicialmente el reintegro del importe de las mascarillas defectuosas que se pagaron a un precio cinco veces superior a las básicas, por tener una supuesta mayor calidad», ha señalado.
Según apunta el Gobierno de Aragón, la empresa era consciente de que las mascarillas que envió al Ejecutivo de Lambán eran defectuosas, pues no cumplían las características técnicas que prometió, ya que «la factura comercial en inglés y emitida previamente por la empresa del Grupo Santacatalina dejaba constancia de no estar destinas estas mascarillas a un uso médico».
El informe que alertó a Lambán de las mascarillas defectuosas
Según ha podido conocer en estas semanas el Ejecutivo de Azcón, la Cámara de Cuentas plasmó en un informe de 2020, la existencia de miles de mascarillas defectuosas, para que el equipo de Lambán pudiera reclamar su importe.
Sin embargo, pese a tener conocimiento de ello, el Ejecutivo de Lambán no terminó por reclamarlas. Se trataría de miles mascarillas defectuosas FFP2 que se encontrarían todavía en los almacenes de Servicios Sociales, situados en la plaza del Pilar de Zaragoza y que el Gobierno decidió ni utilizarlas como mascarillas quirúrgicas, ni pedir su devolución.
OKDIARIO ha tenido acceso a dicho informe en el que se da cuenta de lo sucedido, que realizó el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en fecha 25 de agosto de 2020.
En dicho Departamento, informa del contrato de compra que se realizó a la empresa Escrow Trust Europe Fundation, con dirección en Ámsterdam, y cuyo importe ascendió a 244.570 euros, por la entrega de material sanitario, que consistió en 70.000 mascarillas quirúrgicas y un millón de guantes de vinilo, y se incluía en la entrega una partida de mascarillas FFP2, 7.000 unidades que «fueron remitidas a informe de conformidad a un laboratorio habilitado para testar este tipo de productos».
Dicho informe dio como resultado que el producto en cuestión «no cumplía las especificaciones determinada». Además, de que dicho productos iba acompañado de «un certificado simulado», que «incumplía la normativa en vigor, en concreto no iba expedido por un organismo notificado para dicho tipo de productos. Simulando un certificado inexistente y etiquetando un producto de manera que falseaba la naturaleza del producto y su verdadera efectividad como EPI».
Según expone el secretario general técnico en dicho informe, teniendo en cuenta el precio pagado por dicho producto, » resulta evidente que ha habido un abuso de la situación concreta». Puesto que argumenta que el precio abonado «estaba por encima del precio de mercado», ya que la unidad se pagó a 4,15 euros, lo que determina que se estaba «aprovechando de las circunstancias concurrentes derivas de la pandemia de la Covid-19».
En dicho informe, el secretario hace referencia que se ha puesto en contacto telefónico en diversas ocasiones con un señor llamado Emilio Santacatalina, el vicepresidente del Grupo Santacatalina, quien habría hecho de intermediario, y según recoge el funcionario, «todas ellas con resultado negativo en las gestiones que aquí nos interesan».
Santacatalina, investigado por vender vacunas falsas
Pues bien, la Fundación Santacatalina así como la empresa Escrow Trust Europe Fundation ya estaba señalada por fraude internacionalmente. OKDIARIO ha podido comprobar que en incluso en un diario de Brasil, Diário Do Comércio, con fecha de 7 de julio de ese mismo año, se advertía como un «comunicado importante», de una alerta de fraude en relación a esta empresa y precisamente un grupo dedicado a la importación en el país, se excusaba en dicho anuncio de que no había comercializado con ellos.
Precisamente esta misma empresa Santacatalina un año después, tal y como ha recordado la consejera, fue señalada de un supuesto delito de estafa a nivel europeo en 2021, tras las alertas dadas por el responsable del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, a la Guardia Civil y la Interpol, tras recibir una oferta por el comisionista Samuel Machín que actuaba de intermediario con el grupo Santa Catalina, para la compra de tres millones de vacunas Pfizer.
Tal y como informó El Periódico de España, la oferta y el modo le resultó extraño a Domínguez quien acudió al Ministerio de Sanidad, tal y como informó en julio de 2022, el periódico de España, y tramitó el aviso a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), iniciando así una investigación la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
La Guardia Civil advirtió que Santacatalina tenía un entramado de empresas, así como antecedentes de diversos delitos y así mismo había sido investigada por blanqueo de capitales. De tal forma que el aviso sirvió para que la OLAF lograra enviar una «alerta rápida» para prevenir a las administraciones públicas de esta posible estafa.
La reclamación del importe de las mascarillas 'fake'
¿Por qué no reclamó el Ejecutivo de Lambán el importe dado que el «contrato no ha surtido el efecto previsto»?, como le apuntaba el secretario del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Puesto que en dicho informe se decía muy claro: «Lo procedente es efectuar el reintegro de la cantidad correspondiente a la partida de 7.000 mascarillas FFP2 que resultaron fallidas».
El reintegro de las mascarillas 'fake' hubiese supuesto unos 25.382 euros a favor del Gobierno de Aragón, pero además haber puesto en alerta de un posible estafador, que un año después resultaba hacer lo mismo con un producto mucho más peligroso, como eran vacunas falsas de Pfizer.
A la luz del documento y teniendo conocimiento el Gobierno de Aragón de la existencia de estas mascarillas defectuosas, por su parte, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha anunciado este martes, que tras solicitar un informe jurídico para dirimir si todavía se está en plazo para reclamar el dinero por las mascarillas defectuosas que la administración aragonesa compró en 2020, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
La UCO alertó al juez del chivatazo a la trama de las mascarillas mientras Sánchez cerraba su investidurahttps://t.co/lf8Afn5rmO
— okdiario.com (@okdiario) April 1, 2024
«Cuando se dijo que se iba a reclamar el dinero porque las mascarillas no habían llegado y el dinero no se reclamó, me encantaría saber por qué no reclamaron el dinero», expresó hace unas semanas el propio presidente Jorge Azcón, señalando que el anterior Ejecutivo de Javier Lambán debería explicar «por qué no hicieron lo que era de justicia y lo que correspondía con el dinero de todos los aragoneses».
Pese a ello, desde el Ejecutivo de Azcón han aclarado que esta denuncia ante la Fiscalía no busca señalar al anterior Ejecutivo, sino reclamar la cantidad correspondiente a las mascarillas defectuosas, pese a criticar la «dejación de funciones» de Lambán por no tomar acciones legales que se advirtieron a la empresa que se tomarían.
Puesto que, tal y como ha señalado la actual consejera de Bienestar Social y Familia, «desde el IAS se intentó sin éxito contactar con la empresa proveedora, reclamando extrajudicialmente el reintegro del importe de las mascarillas defectuosas que se pagaron a un precio cinco veces superior a las básicas, por tener una supuesta mayor calidad».