a primavera ha llegado a nuestro país acompañada de los fenómenos climáticos típicos de la estación, como el incremento de las temperaturas y la escasez de lluvias. Sin embargo, las condiciones que estos fenómenos encuentran en los ecosistemas del país y la magnitud con que se presentan encienden alertas. Mientras los incendios forestales se han multiplicado en los bosques las semanas recientes, como en el estado de Veracruz la semana pasada, los monitoreos hídricos y los pronósticos pluviales para este año son conservadores respecto de las posibilidades de revertir los efectos de una sequía sostenida en el país por lo menos desde 2020.
Las dimensiones de una problemática tan urgente y tan extendida en todo México de la que los incendios y la sequía son indicio, contrasta con el nivel de importancia que le conceden en los diagnósticos y las propuestas que hasta hoy han dado a conocer los contendientes a cargos de elección popular, especialmente a la Presidencia, quienes parecen estar relegando a un segundo plano la atención integral del cambio climático, no obstante los altos riesgos que ello implica para la soberanía y el futuro del país y las advertencias de los organismos internacionales en la materia.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la temperatura promedio nacional entre 1960 y 2018 aumentó 0.85 grados Celsius, mientras la temperatura invernal promedio aumentó en 1.3. El mismo instituto estima que, al ritmo actual, para 2100 la temperatura promedio nacional aumentará 4 grados en estados fronterizos y entre 2.5 y 3.5 en el resto del país, mientras las precipitaciones disminuirían alrededor de 10 por ciento. Con estas afectaciones se estima que se pierda entre 5 y 20 por ciento del rendimiento de los principales cultivos, principalmente el maíz, cuya pérdida se estima entre 30 y 40 por ciento en el suroccidente del país. Igualmente peligroso para México es el aumento del nivel del mar, cuyo nivel promedio global aumentó 19 centímetros entre 1901 y 2010, incremento que afecta ya a comunidades en Tabasco y la Península de Yucatán.
En este sentido, no es coincidencia que 2023 haya sido el año con mayor número de hectáreas de bosques afectadas por incendios desde que la Comisión Nacional Forestal tiene registro, con un millón 47 mil 493 hectáreas afectadas por esa causa, cifra que supera la de 2011, que tenía el récord de superficie afectada. De acuerdo con dicha comisión, 22 por ciento de los incendios forestales en México son causados por actividades agrícolas, mientras 31 por ciento son causados por actividades ilícitas.
Asimismo, el último reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua con corte al 15 de marzo, indica que 72.63 por ciento del territorio nacional presenta sequía en distintas intensidades. Este valor es preocupante, aunque no superior al de otros años, que igualmente presentaron cifras muy altas los meses de marzo.
Las anteriores cifras dan cuenta de una dinámica de acelerado ascenso de las afectaciones asociadas al cambio climático en nuestro país que deberían igualmente empujar a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para contar, entre muchas otras medidas, con una capacidad instalada suficiente para la prevención y atención de catástrofes.
Lo que está en juego, por tanto, es la garantía de un cúmulo de derechos económicos y ambientales cuya protección materializa los ideales del buen vivir de nuestros pueblos. El estrés hídrico y los incendios forestales que hemos presenciado apenas iniciada la primavera son un síntoma de una explotación ecosistémica no atendida en las últimas décadas y poco priorizada ahora en los proyectos de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.
Subrayamos una vez más que los desastres asociados a fenómenos climáticos no pueden seguir considerándose desastres naturales, sino desastres socioambientales, pues a la fuerza de la naturaleza se le suman las deficiencias en la prevención, la gestión integral de riesgos y la capacidad de respuesta de las autoridades e instituciones competentes. De nuestros candidatos requerimos, por tanto, propuestas de políticas de Estado que identifiquen adecuadamente los riesgos potenciales a los que nos enfrentamos y atiendan las causas estructurales del deterioro ambiental asociadas a la sobrexplotación de la tierra, el extractivismo mineral y energético, la mala gestión del agua, la apuesta por energías fósiles, los sistemas deficientes de transporte público, la poca regulación de concesiones, la omisión e invisibilización de la voluntad de los pueblos campesinos e indígenas, entre otras.
Desde luego, son muchas las necesidades del país, y muchas las prioridades que han de ser atendidas. No se trata de colocar al cuidado de nuestra casa común por encima de otras problemáticas como la violencia y la desigualdad, sino de articularla en el cúmulo de propuestas de cada candidato expresados en diagnósticos profundos que dimensionen en su debida magnitud el cambio climático, sus implicaciones y riesgos, así como en propuestas legislativas y políticas que hagan del cuidado de la casa común una prioridad nacional que trascienda la actual coyuntura y las divisiones partidistas. Los organismos internacionales han coincidido en que nos encontramos cerca de un punto de no retorno, pero afortunadamente la ventana de oportunidad aún no se cierra.