La jornada Modernización de la contratación pública: modelos colaborativos, celebrada por elEconomista.es en colaboración con Seopan, ha reunido en torno a una mesa de debates a expertos y referentes del sector que han aportado su visión más cercana sobre los temas que acaparan el foco de la contratación pública y que pueden resolverse con la adopción del sistema de coste objetivo. Así la primera mesa de debate ha reunido a Rafael Domínguez, abogado del Estado; Francisco Javier García, director de la División de Análisis Económico y Evaluación de los Contratos de Concesión en OIReScon, y María Vidales Picazo, directora de promoción de la competencia de la CNMC.
Javier García, director de la División de Análisis Económico y Evaluación de los Contratos de Concesión de OIReScon, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, ha sido el primero en intervenir. "Es fundamental una planificación de la contratación pública muy rigurosa que establezca un objetivo y se encamine hacia una positiva fase de licitación y adjudicación", ha remarcado para hablar del modelo colaborativo de coste objetivo que propone Seopan.
Por su parte, Rafael Domínguez, abogado del Estado, ha indicado que es muy positivo que se planteen iniciativas y propuestas nuevas. Dicho esto, ha añadido, "hay algunos aspectos desde el punto de vista legal que son críticos y pueden suscitar alguna duda sobre su encaje". Un tema es el abono del precio objetivo, que busca que el contratista recupere todos los costes ligados a la ejecución del proyecto. "Me suscita dudas su acomodo en el artículo 148 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se establece que las obras se pagan en base a otros parámetros".
Hay un segundo aspecto que el abogado del Estado considera que habría que profundizar: los eventos de compensación. "Se enumeran 27 supuestos de compensación que hay que encajarlos en el artículo 197 del reglamentos", ha añadido.
Por su parte, María Vidales Picazo, directora de promoción de la competencia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), ha matizado en su primera intervención que la CNMC no se ha posicionado todavía sobre el modelo colaborativo de coste objetivo. No obstante, sí ha habido otras actuaciones de interés del supervisor, como la publicación de la guía para orientar a los empleados públicos sobre cómo mejorar la contratación pública en encargos a medios propios y convenios.
Sistema actual
Sobre los aspectos positivos y negativos, Rafael Domínguez se ha centrado en los primeros y ha indicado que el modelo colaborativo de coste objetivo puede, a priori, tener ventajas en la medida que se reducen los riesgo del contratista, un objetivo declarado del sistema vigente. También considera que puede favorecer en que los retrasos habituales que aparecen en las fases de ejecución del contrato no tengan lugar. "El modelo se ha empleado en otros países cuando había que ejecutarse algunos proyectos con alguna fecha límite", ha ejemplificado al respecto.
Desde la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oriescon), Javier García ha repasado algunas de las cifras de contratación que actualmente muestran la radiografía del sistema actual. "Si echamos un vistazo a las plataformas de contratación vemos que los procesos de diálogo competitivo son muy limitados. En general esa cultura de preparación de este tipo de contrato no está muy arraigada", ha incidido.
"Nos preocupa especialmente el nivel de concurrencia. El año pasado no llegó a dos licitadores por contrato", ha añadido al respecto García. El tercer aspecto preocupante es el nivel de licitaciones desiertas, que puede llegar a porcentajes inclusos del 30% en función de cómo se analice.
Vigilancia de la CNMC
María Vidales Picazo, directora de promoción de la competencia de la CNMC, ha continuado analizando la radiografía actual del sistema de contratación en España y ha resaltado que los parámetros del scoreboard que publica la Unión Europea no deja generalmente a España en buen lugar. "Tenemos el semáforo rojo en ocho de las doce señales de alerta", ha indicado.
El camino por delante que recorrer es todavía largo y se debe centrar en revertir situaciones como la escasez de licitadores en cada proceso o también en la presencia de la pequeña y mediana empresa. Para ello, ha contado Vidales, "nosotros formamos anualmente entre 900 y 1000 empleados públicos para que detecten comportamientos ilícitos en contratación". Pero "aquí somos reactivos, necesitamos que nos llamen desde los órganos de contratación locales y regionales".
Donde sí ha sido reactiva Competencia es en la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) para detectar prácticas colusorias (Bid Rigging, en inglés) en materia de contratación. Este sistema, BRAVA, como así se ha bautizado, sirve para identificar si dos licitadores se están repartiendo contratos, por ejemplo, o si han contactado previamente a presentar una oferta.
¿Adopción masiva?
Sobre cómo podría llevarse a cabo la implementación de un nuevo sistema, Javier García ha indicado que "los cambios no acostumbran a ser "buenos acompañantes" en la administración púbica. "Este tipo de modelos deben llevar un cambio de cultura. Desde luego insisto nuevamente en la necesidad de la formación y profesionalización para que pueda implementarse con garantías",ha rematado.
Rafael Domínguez, por su parte, se ha mostrado favorable a poder "superar las sinergias". El nuevo sistema, en su opinión, "puede tener un recorrido si se hace un planteamiento claro de quien lo promueve".
María Vidales ha cerrado el turno de intervenciones recordando que "en la administración los cambios suelen ser lentos por el corsé administrativo, pero lo cierto es que los sistemas colaborativos son ya una realidad y en algunos países ya están implementados".