Fue durante un encuentro con dos representantes del Centro Excombatientes Islas Malvinas, Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, quienes presentaron una acción judicial contra el mega decreto.
"Fueron los que presentaron la acción judicial contra el decreto 70, el maligno", dijo haciendo el gesto de comillas con las manos y afirmó: "Contra el tema de la derogación de la Ley de Tierras que habíamos sancionado durante nuestro gobierno para impedir la extranjerización de las tierras".
"Estos señores, además de defender a Malvinas frente al enemigo inglés, defienden la Tierra, tuya también, en los tribunales. Los tribunales les dieron la razón y suspendieron la vigencia del decreto 70 respecto de la Ley de Tierras", manifestó la ex presidenta.
Carrizo y Alonso pertenecen al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, el grupo que mediante una denuncia judicial evitó la derogación de la Ley de Tierras que buscaba eliminar el DNU de Milei mediante el artículo 154. La Cámara Federal sentenció semanas atrás que "el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737- no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional".
En el fallo, la justicia sostuvo que "el DNU impugnado en materia de tierras constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737. No se dirige a paliar una supuesta situación excepcional e introduce reformas que revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional".
La Ley de Tierras establece que sólo el 15% del territorio rural total de Argentina puede estar en manos de extranjeros. La propuesta del Gobierno Nacional eliminaría este límite, por lo que las negociaciones para adquirir tierras rurales y territorio cercano a las fronteras quedarían liberadas a la voluntad de las partes negociantes.