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Junts defenderá en la Comisión General de CCAA un voto particular frente al informe aprobado por la mayoría absoluta del PP sobre la proposición de ley de Amnistía y su impacto autonómico. La formación secesionista catalana centra su apoyo a la medida de gracia con un nuevo ataque frontal a los jueces por los procedimientos seguidos contra los líderes del procés, y especialmente, contra su líder, el prófugo Carles Puigdemont.
"Este grupo político", señala el texto, "considera que los procesos judiciales que se pretenden atajar con la amnistía constituyen una persecución ilegítima por motivos políticos" contra ciudadanos que defienden sus ideas "a través de medios democráticos estrictamente pacíficos". Para sustentar esta afirmación, Junts repasa las decisiones del Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) y de las autoridades judiciales belgas y suizas negándose a cooperar con los jueces españoles en relación con los procesos penales abiertos contra Puigdemont y, en base a esta premisa, concluye que ninguno de los argumentos esgrimidos por el PP para oponerse a la amnistía son válidos.
En este sentido, la formación independentista mantiene que el único fin de los populares tiene carácter "obstructivo". En su opinión, la ley no vulnera el principio de igualdad porque "todos los involucrados en el ámbito objetivo establecido por la misma son tratados de forma igual".
"La igualdad", prosigue el voto particular, "a diferencia de lo que entiende el Grupo Popular, supone que no se puede dispensar un trato diferenciado entre amigos y enemigos, de modo que todas las partes implicadas en el conflicto han de recibir el mismo tratamiento".
Junts mantiene que el PP se "equivoca" al intentar "engarzar el principio de igualdad con el delito de malversación" porque lo hace, afirma, "desde la perspectiva de algo que conoce muy bien: la corrupción". Este partido insiste en que los argumentos que esgrime el PP para considerar inconstitucional la proposición de ley son "más propios de un plató de televisión que de una Cámara legislativa" y remacha que la Constitución "no prohíbe al Parlamento conceder amnistías" e interpreta que el hecho de que los constituyentes rechazaran incluir esta medida de gracia en la Carta Magna sólo viene a demostrar que decidieron no abordar la cuestión y, en consecuencia, "optaron por no prohibir la amnistía".
Tampoco cree Junts que la ley conculque el principio de separación de poderes porque la misma establece "en principio", que debería ser el Poder Judicial el "encargado por decisión del Parlamento de determinar si los individuos cumplen los criterios abstractos establecidos" para beneficiarse de la amnistía.
En relación con los delitos de terrorismo, Junts insiste en el "carácter pacífico de los actos a los que se aplica la amnistía", algo que, aseguran "ha sido reconocido internacionalmente" y recuerdan que Puigdemont "sólo ha sido investigado formalmente por este presunto delito penal tras hacerse público el acuerdo entre diferentes partidos políticos para elaborar una ley de amnistía". Por ello, afirman, el caso de su líder es "una persecución penal que ni siquiera cuenta con el apoyo de la Fiscalía, sino que sólo está respaldada por una serie de asociaciones de extrema derecha".
En cuanto a los delitos de corrupción, el voto particular de Junts apunta que en el procés no se ha cometido ningún delito de este tipo por lo que las acusaciones en este sentido "carecen de toda base jurídica o fáctica" y son sólo un ejemplo de "persecución política" contra personas como Lluís Puig y Antoni Comín que, afirma, "se encuentran en el exilio desde 2017".
Por todo esto, Junts considera que el informe del Grupo Popular, que sin duda será aprobado por la Comisión General de CCAA, es un "acto de manipulación partidista"; que la amnistía se ajusta a la Constitución española; que las acusaciones contra los políticos y líderes catalanes son "persecuciones políticas"; que la proposición de ley sigue las recomendaciones internacionales en relación con los delitos de terrorismo y corrupción y que los planteamientos del PP "se alejan de los criterios jurisprudenciales de los grandes tribunales internacionales y europeos y, especialmente, de los del Tribunal de Justicia de la UE".