El Consejo de Ministros ha aprobado este martes unplan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
De esta forma, el Ejecutivo aumentará también las medidas para impedir que las personas con antecedentes por abusos puedan trabajar con menores en nuestro país. Así lo recogerá la reforma del registro central de delincuentes. De esta forma, las empresas podrán solicitar un certificado de antecedentes, con permiso del trabajador. En el registro se incluirá a los condenados por trata de seres humanos.
El plan que ha presentado el Gobierno estará vigente entre 2024 y 2027 y se basa en las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia. En el plan se contemplan medidas como ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y se reforzará el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que se incidirá en un trato adecuado en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y se procurarán entornos seguros para no revictimizar a los afectados en los procedimientos judiciales. Además, garantiza la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales y, en el ámbito de la prevención, reforzará las labores de supervisión en las inspecciones educativas, además de modificar el real decreto de inspección educativa para formar y dar mayores competencias a los inspectores en las escuelas.
Se creará la figura del coordinador de bienestar y de protección en los centros docentes y se impartirán cursos de formación para quienes tengan trato habitual con menores. Además, se elaborará un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia. El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.