En las últimas horas se conoció el caso de un juez de la República, especializado de extinción del derecho de dominio, que fue capturado cuando le entregaban 50 millones de pesos como parte del adelanto de los 600 millones de pesos que había pedido para desviar un proceso de extinción de dominio. El hecho se registró en Cúcuta, Norte de Santander.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, presuntamente implicado en actos de corrupción.
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Capturan a juez de extinción de dominio por corrupción
"La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio. El funcionario judicial habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares, la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones", reveló le Fiscalía.
De acuerdo con las indagaciones, habían pactado el pago del 50% de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería.
"Se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura. Campo Fernández habría afirmado que, para poder emitir el fallo en favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una nueva solicitud de control de legalidad sobre dichos activos", indicó el documento conocido por PUBLIMETRO COLOMBIA.
Con las pruebas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que no aceptó el procesado quien permanecerá privado de la libertad en casa por cárcel, mientras se adelante el proceso en su contra.