Madrid, 8 abr (EFE).- Familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia de la covid-19 han entregado este lunes el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid en la Fiscalía General del Estado y en el Defensor del Pueblo para pedir a ambas instituciones que pongan todos los medios a su alcance para investigar lo ocurrido.
Javier Cordón, miembro de la plataforma Verdad y Justicia, ha expresado el "descontento" de los familiares de las víctimas con la actuación de la Fiscalía de Madrid por considerar que "no investiga" los hechos.
Ha resaltado la importancia del informe de la Comisión que reúne una treintena de testimonios de familiares, supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de organizaciones sociales, así como las declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación que se constituyó en la Asamblea de Madrid, datos oficiales, informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil y artículos académicos.
"Esperamos que con este informe haya un cambio por parte de la Fiscalía y se tome con más seriedad y rigor su función de investigar a fondo lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020", ha subrayado Cordón.
Por su parte, ha indicado, el Defensor del Pueblo tiene recursos para abrir una investigación sobre lo sucedido en las residencias de la misma manera que ha impulsado una indagación sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
"Está claro es que no vamos a parar, porque esto no se puede quedar así, no sólo por las personas directamente afectadas, sino por la sociedad en general", ha asegurado.
En la Comunidad Madrid, ha agregado, "hubo 7.291 muertos en las residencias que no recibieron asistencia sanitaria, debido a que alguien tomó la decisión política de aplicar unos protocolos que restringieron de forma drástica las derivaciones de pacientes de las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado".
Según el informe de la Comisión, la Comunidad de Madrid aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo) que supusieron "una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal".
"¿Qué clase de sociedad es ésta que no ofrece verdad, justicia y reparación a las víctimas y no exige responsabilidades a los victimarios? No podemos consentir la impunidad", ha recalcado Cordón. EFE
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