La creciente digitalización de la economía, impulsada por la pandemia, ha dibujado en los últimos años nuevas realidades laborales -teletrabajo, nómadas digitales- que aún son minoritarias en un país como España, con un elevado peso del comercio o la hostelería.
A comienzos de 2020, España sumaba 19,1 millones de afiliados que iban cada día a sus puestos de trabajo y estrenaba un Gobierno de coalición con un ambicioso programa de reformas en el ámbito laboral.
El teletrabajo era una opción minoritaria, la temporalidad superaba el 26 % y había unas 60.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El estallido de la pandemia hizo de estos dos elementos, teletrabajo y ERTE, la clave para salvaguardar el empleo a la vez que inició una serie de cambios en la realidad laboral española que, en paralelo al avance de la digitalización, han tenido implicaciones en el mercado inmobiliario, el consumo, el ocio o la conciliación.
En cuanto a los ERTE, que llegaron a amparar a 3,1 millones de trabajadores en el peor momento de la pandemia, se han convertido en un elemento de flexibilidad laboral alternativo al despido, en un país que tendía a destruir empleo con rapidez en cada crisis.
Tras varias modificaciones para adaptar las condiciones de estos expedientes a la situación cambiante de la pandemia, finalmente el Gobierno estableció con la reforma laboral dos posibilidades de ERTE y un mecanismo (denominado RED) para crisis coyunturales cíclicas o sectoriales.
El bum del teletrabajo
Uno de los mayores cambios en estos años ha sido el teletrabajo, una modalidad apenas usada en España y que se mantiene cuatro años después, aunque se ha limitado en días y circunscrito a determinados perfiles profesionales o tipos de empresa, siendo más habitual en las de mayor tamaño.
A cierre de 2023 unos 3 millones de ocupados teletrabajaban ocasionalmente o más de la mitad de los días, suponiendo el 14 % del total.
Este cambio ha tocado de lleno al mercado de oficinas que sigue adaptándose a esas modalidades híbridas y que en 2023 sufrió un descenso de la inversión del 53 %.
Junto a esto ha surgido la figura de los nómadas digitales, una modalidad de trabajo que atrae especialmente a jóvenes, tanto "freelancers" (autónomos) como asalariados, de perfiles tecnológicos y procedentes de países nórdicos para los que España se ha convertido en uno de los destinos preferidos.
Estos movimientos, aún minoritarios, también han abierto el debate sobre el impacto en los precios de la vivienda -con ciudades como Málaga donde se han disparado desde 2020-, en el comercio local o en la de determinados modelos de restauración, que han visto caer el tradicional menú del día.
Frente a esto, el comercio electrónico ha tocado cotas nunca vistas en España con 21.803 millones de euros facturados entre julio y septiembre de 2023, un 15,2 % más que en el mismo periodo del año anterior y una cifra nunca alcanzada por este canal de compras para un trimestre.
Trabajo en plataformas e Inteligencia Artificial (IA)
En este contexto, ha cobrado también especial relevancia el trabajo en plataformas.
Con los denominados "riders" (repartidores en bici) como principal exponente, se trata de una forma de organizar el trabajo basado en la figura del autónomo, pero con reglas marcadas por la empresa y especial peso de los algoritmos.
En España, se aprobó una ley que fijó la condición de asalariados de los "riders" aunque su aplicación ha despertado problemas entre las distintas empresas.
En Europa, se aprobó también una normativa que ampliaba la presunción de laboralidad y reclamaba más transparencia en el uso de los algoritmos, de forma que se convierte en uno de los grandes retos que afronta el empleo junto a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).
Según un análisis de la consultora Accenture, casi el 73 % de las empresas del mundo están dando prioridad a la IA sobre el resto de inversiones digitales.
En cuanto al impacto en el empleo, los estudios y proyecciones señalan tanta destrucción de puestos como creación de nuevos asociados a la IA y alertan de los riesgos de entornos laborales cada vez más dispersos y desregulados.
En este contexto de cambios, el mercado laboral español ha mostrado una fuerte recuperación. Desde la pandemia, en España se han sumado 1,9 millones de afiliados en términos medios con especial protagonismo de las mujeres en esta creación de empleo.
Ellas ocupan el 60 % de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos cuatro años rozando los 10 millones de afiliadas.
Y eso tras aprobar en 2021 una reforma laboral que ha reducido al 12,7 % la temporalidad y ha impulsando la figura del fijo discontinuo, una modalidad ha generado controversia con peticiones al Gobierno para que dé más detalle sobre los trabajadores en periodos de inactividad.
Mirando al futuro: nuevos empleos y tiempos de trabajo
Otro de los debates abiertos ha sido el de los usos del tiempo con un proyecto piloto para las 32 horas semanales que aún no ha arrancado y el compromiso de reducir de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin reducción salarial, una medida que afectaría a más de 12 millones de personas asalariadas.
Un reciente informe del Banco de España pedía flexibilidad a la hora de reducir la jornada por ley para que las empresas "puedan ajustar las horas trabajadas a sus condiciones específicas", evitando así efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad.
En este contexto, el desajuste entre oferta y demanda ha empeorado en los últimos años, elevando el número de vacantes desde los 101.009 que había a finales de 2019, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, hasta marcar máximo en el tercer trimestre de 2023 con 155.797 y reducirse después ligeramente.
Aunque distintos informes apuntan a los perfiles STEM (científicos, tecnológicos, ingenieros y matemáticos), también afecta a sectores muy intensivos en mano de obra no cualificada, como la construcción o la hostelería.