Si las negociaciones avanzan, este año la jornada laboral en España será de 38,5 horas a la semana; y el que viene, de 37,5. Este fue el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar, y se acelera la negociación. Resultaría más convincente que el pacto de reducción horaria se firmara a tres –Gobierno, sindicatos y patronal–, no solo a dos, de modo que fluyera más fácilmente en los convenios colectivos. Aparte de la contundencia de que todos se impliquen en la operación, existe otro motivo para que firmen los tres: los 30.000 millones que cuesta la operación lo pagamos entre todos, empresarios y trabajadores, de modo que las penas y los beneficios hay que compartirlos.
Todo consiste en cuadrar la ecuación entre los beneficios obtenidos, la productividad y los salarios, dentro de los cuales tienen que ver las horas de trabajo. En lo que respecta a los beneficios obtenidos por las empresas españolas en los dos últimos años, aunque van por barrios, hay que afirmar que han resultado ascendentes. Por su parte, la productividad no mejora. Según el estudio Productividad en España: mucho trecho por mejorar (CaixaBank Research, 2023), la brecha sigue muy parecida a la de 1995; en 2022, el PIB nominal de España por hora trabajada era el 76% del valor registrado en la eurozona. Y finalmente, los salarios han experimentado una fuerte revalorización, pero no han conseguido en 16 años superar la inflación, 34,8% frente al 36%, según el estudio Evolución salarial 2007-2023 (EADA).
Desde la constitución de la empresa moderna, pocas coyunturas han permitido en la historia cuadrar la ecuación y que los tres actores estuvieran cien por cien de acuerdo, ni en los albores de la primera revolución industrial, ni en la tecnológica, ni ahora en la era digital; beneficios, productividad y salarios dignos no han ido a la par, basta echar una ojeada a las luchas sindicales por mejorar su parte con gobiernos a favor –como ahora– o en contra.
La jornada partida es culpable de una parte importante de la baja productividad y da pábulo al absentismo
La medida afectará a unos 10 millones de trabajadores sujetos a convenio colectivo, sobre todo del comercio, la hostelería y la agricultura, por ser sectores que requieren amplia presencialidad. Pero a pesar del gran avance que significará la reducción de jornada acercándola a la de los grandes países de la eurozona, la ecuación no se cerrará tampoco. Porque los costes del trabajo presencial resultan excesivos: la jornada partida, esa excepción española, que impide la conciliación y gasta enorme energía, tiempo y espacio inmobiliario fijo, es culpable de una parte importante de la baja productividad y da pábulo al absentismo.
Por otra parte, no podemos olvidar que las empresas adoptan cada vez más la gestión por objetivos; y además nos hemos visto obligados a encontrar rápidamente la proporción adecuada para el teletrabajo. Las tareas presenciales representan una menor proporción dentro del conjunto laboral, por lo que el salario responderá cada vez más a la resolución integral de una tarea o proyecto; su relación con las horas de trabajo se irá desdibujando.