Jueves 4 de abril de 2024, p. 28
Campeche, Camp., Un juez de distrito de Campeche otorgó un amparo a todos los policías que se encuentran en protesta desde hace 19 días para impedir que sean detenidos, suspendidos o sufran algún otro tipo de sanción, incluida la suspensión del pago de sus salarios.
En asamblea realizada ayer en las instalaciones de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), el diputado federal por Morena José Luis Flores Pacheco y el diputado local priísta Ricardo Medina Farfán informaron de la suspensión provisional concedida por el juez, mediante la cual se ordena incluso cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los inconformes.
Entre gritos de júbilo de los uniformados, ambos legisladores precisaron que si alguna autoridad estatal o federal viola el amparo concedido incurrirá en faltas a la ley que podrían derivar en su destitución.
Destacaron que la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, debió ser suspendida en el momento en que se abrieron las investigaciones por la fallida operación efectuada el pasado 15 de marzo en el penal estatal de San Francisco Kobén. Los agentes han señalado que se puso en riesgo a más de 280 efectivos enviados sin el equipo necesario para contener a los reos.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ligia Rodríguez Mejía, entregó un oficio a los policías para que acepten reanudar las mesas de diálogo.
También reiteró, en entrevista, que las investigaciones del organismo concluyeron que sí hay responsabilidad de Muñoz Martínez por la malograda operación policiaca y solicitó al gobierno del estado aplicar medidas cautelares, las cuales se cumplieron parcialmente, pues la funcionaria no fue suspendida para que continúen las investigaciones.
El secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, aceptó el exhorto de la CEDH para restablecer las mesas de diálogo y pidió a los inconformes corresponder.
Sin embargo, la noche del martes el director jurídico de la SPSC, Juan Manuel Chavarría Soler, entregó dos circulares a los agentes para que acudan a la Academia de Policía como sede alterna, en tanto se resuelve el conflicto, y les ordenó entregar las patrullas, motocicletas y demás equipo.
Un vocero de los agentes señaló que esa medida contradice el supuesto llamado al diálogo porque los obligan a reportarse a la nueva sede, con la amenaza de que si no acuden les levantarán actas por ausencia laboral, y ya sin patrullas ni equipo no podrán con sus labores de vigilancia.