Federico Guillermo Castellanos Diloné busca desmentir al ente electoral, cuya presidenta alterna ha dicho que el hombre hizo una petición de sufragio en precinto y no acudió a las urnas
Federico Guillermo Castellanos Diloné busca desmentir al ente electoral, cuya presidenta alterna ha dicho que el hombre hizo una petición de sufragio en precinto y no acudió a las urnas
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Federico Guillermo Castellanos Diloné, el elector que denunció haber solicitado voto adelantado por correo y, sin haber recibido las papeletas, aparece que sufragó en las pasadas elecciones generales, según registros de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), presentó ante esa entidad evidencia del trámite oficial que hizo en septiembre de 2020.
La solicitud de voto adelantado, que realizó de manera virtual y cuya copia fue mostrada a El Nuevo Día, contrasta con el alegato de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, quien, sobre la base de una certificación provista por la secretaría de la entidad, ha manifestado que Castellanos Diloné pidió votar antes del día del evento, pero en precinto y no acudió a sufragar. El voto adelantado precintal, a diferencia del de correo, se ejerce de manera presencial días antes de los comicios.
Además de la petición que sometió entonces, Castellanos Diloné compartió un correo electrónico de Yamilette Flores García, quien, en 2020, era la gerente de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa) del Partido Nuevo Progresista (PNP), y dio por "recibido" el pedido del elector.
"Ellos no han ido por la línea recta, como he ido yo. Yo he buscado evidencia, como se hace en justicia. Aquí, se ha hecho la cosa al revés. Yo me he tomado de que el peso de la prueba recaiga sobre mí. He buscado la evidencia de que mi caso es sólido y que yo tengo la razón", dijo Castellanos Diloné.
El hombre de 71 años sometió esta semana la documentación a la CEE por vía de su hija.
Tras confirmar el recibo de los documentos, Padilla Rivera, en entrevista el miércoles con El Nuevo Día, destacó la dificultad de evaluar el caso de Castellanos Diloné, principalmente porque el material electoral de 2020 se decomisó y porque necesita hallar en el sistema de la CEE la solicitud que envió en 2020.
"No puedo validar que esa (solicitud enviada a la CEE por la hija de Castellados Diloné) fue la solicitud que hizo el elector porque, volvemos, estamos hablando de una elección que se hizo en el 2020, de un correo electrónico que recibió una empleada que ya no es empleada nuestra y que ya ese correo electrónico no está activo en la CEE. Así que, para yo llegar a ese correo electrónico y poder accesar algún anejo de ese correo electrónico, es un asunto forense. Tomaría semanas", explicó, y agregó, sin embargo, que se hará la gestión para buscar la solicitud en el correo electrónico.
"Se me informó que puede ser que el resultado (de la investigación) sea negativo, toda vez que no hay una garantía de que podamos llegar a esa información", enfatizó, al recalcar que, en el listado que tiene la CEE de voto adelantado en precinto, Castellanos Diloné no aparece votando ni está su firma.
En una entrevista previa con El Nuevo Día, Padilla Rivera teorizó que el denunciante pudo ser uno entre un número indeterminado de electores en listas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que no fueron depuradas. Habló de la "probabilidad" de que la solicitud de Castellanos Diloné estuviera entre "unas listas de votación que permanecieron en los colegios y no llegaron a las JIP para hacer la depuración de listas" luego del año electoral y que la entidad pública, mediante resolución, decidió marcar a esos electores como votando para no penalizarlos y excluirlos del registro electoral.
"Ahí, está la evidencia. Quien certificó que pedí voto en precinto o voté, miente "
Posteriormente, aclaró que la decisión de dejar a esos electores como si hubieran votado no fue producto de una resolución, sino del Manual de Procedimiento para identificar a los electores que no participaron en las elecciones de 2020.
Este medio obtuvo, a través de fuentes, las dos certificaciones que produjeron el secretario de la CEE, Rolando Cuevas, y la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico del ente electoral, que solo confirman que Castellanos Diloné aparece en la lista oficial de votación para las elecciones generales y en la lista de voto adelantado en el precinto. "No obstante, en ambas listas, no surge registrada la firma del elector", lee el documento, firmado por Cuevas, sin explicar por qué aparece en la página oficial de la CEE como un elector que votó en noviembre de 2020.
"Se certifica algo que es falso. Eso es delito", sentenció Castellanos Diloné.
"Yo exijo que se me explique. Ahí, está la evidencia. Quien certificó que pedí voto en precinto o voté, miente", sostuvo.
Padilla Rivera encaminó una pesquisa tras la denuncia del elector con la intención, según dijo, de recuperar la confianza del electorado en la CEE, que ella misma reconoce ha estado golpeada los pasados años. También, hizo un llamado para que los electores acudieran ante la entidad si tenían cuestionamientos sobre su récord electoral.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo, por escrito a El Nuevo Día, que no investiga la denuncia de Castellanos Diloné porque, "de ordinario, el proceso inicia mediante la presentación de una querella ante la Policía, un referido de una agencia, una entidad facultada para investigar o el testimonio de una persona con personal conocimiento de los hechos".
"No obstante, advenimos en conocimiento de que la CEE, agencia que tiene el 'expertise' en materia electoral, inició el proceso de investigación. Si la CEE detecta alguna conducta de índole penal, debe realizar los referidos correspondientes, como ocurrió en torno a las denuncias de endosos falsos para varios aspirantes a puestos electivos, que nos encontramos investigando actualmente", sostuvo Emanuelli.
La solicitud provista por Castellanos Diloné tiene marcado el encasillado "por correo" en el campo que pregunta al elector cómo "prefiero votar". Además, el votante seleccionó la opción en la que se hace constar que es mayor de 60 años. La petición la envió una de las tres hijas del hombre el 24 de septiembre de 2020, fecha límite para solicitar el voto adelantado, como consta en el mismo formulario. Esa misma hija publicó los documentos compartidos a este medio a través de las redes sociales.
Al día siguiente, el 25 de septiembre de 2020, Flores García, la entonces gerente de la Javaa del PNP, contestó por correo electrónico haciendo constar que recibió la solicitud de Castellanos Diloné, según los documentos provistos.
Sin embargo, a preguntas de este medio, el elector aseguró que "nunca" recibió contestación de la CEE para indicarle si su solicitud había sido aprobada o rechazada, e informarle la fecha y el mecanismo de votación a usarse, a tono con la Sección 6.3 del Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Elecciones Generales, aprobado el 13 de marzo de 2020.
El Nuevo Día confirmó, con gerentes de la Javaa, que el curso ordinario, tras recibir la solicitud de voto adelantado, era emitir una contestación, lo que podía hacer cualquiera de las gerentes, imprimir la solicitud y tramitarla.
De acuerdo con reseñas periodísticas, en mayo de 2023, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que investigaba a Flores García, quien era contratista del Departamento de Corrección y Rehabilitación y presentó nueve facturas por $27,000 correspondientes a servicios ofrecidos en 590 horas, entre el 3 de octubre de 2017 y 30 de junio de 2018. Sin embargo, en ese período, Flores García había facturado por servicios prestados a la Cámara de Representantes, al Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola y la Oficina del Gobernador, con los que también tenía contratos.
A petición de este medio, Justicia confirmó que la pesquisa "continúa en proceso". La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, validó que Flores García ya no trabaja para la CEE.