El concepto de autodeterminación que maneja y considera una parte de la ciudadanía catalana es erróneo. Porque en Cataluña no se cumplen las condiciones, como sucede en el caso de las antiguas colonias, que se convirtieron en Estados. El derecho de autogobierno está reconocido, ya que la nacionalidad catalana está amparada por la Constitución española y se expresa desde una perspectiva autonómica.
El caso de Puigdemont es increíble, porque manifiesta su rotunda intención de seguir con la pretensión de lograr, la plena independencia de Cataluña y lo expresa públicamente, en una comparecencia ante los medios y sus seguidores, presentándose como candidato de Junts de cara a las elecciones autonómicas del 12 de mayo próximo. Ante esto y las reiteradas preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno señor.
Pedro Sánchez, no comenta las declaraciones de este expresidente de la Generalitat fugado de la justicia española. Es como si considerara, que no son significativas y que tampoco representan un claro desafío a la ciudadanía española, y a la democracia de este país. Incluso el abogado defensor de Puigdemont afirma que podría incluso volver a España, aunque sería detenido, porque tiene que declarar ante la justicia por presuntos delitos. Un golpe de Estado o un intento de secesión, en mi opinión, son delitos muy graves y el apoyo de un terrorismo de baja intensidad también. El inmediato alzamiento de las medidas cautelares, respecto al expresidente de la Generalitat no es aplicable, porque la ley de amnistía está todavía en proceso en el Senado español. Y si entra en vigor, a partir de junio o julio la interpretación de los jueces sería decisiva, para saber si es detenido y puesto a disposición judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado esta misma semana un informe muy bien argumentado, que afirma que la norma de la amnistía es inconstitucional, porque vulnera, entre otras cuestiones, la separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley. Además, considera que para mantenerse en el poder, no se puede ceder a las condiciones abusivas e ilegales de los independentistas. Coincide plenamente con lo que yo pienso y con lo que consideran la mayor parte de los ciudadanos españoles. Según el CGPJ, el poder legislativo no puede dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución. La espiral de cesiones por parte del Gobierno español está poniendo en peligro la unidad de nuestro país y esto es, en mi opinión, muy grave. El principio de unidad territorial de los Estados está reconocido también en el Derecho Internacional. En la Constitución española la unidad de España está explícitamente expresada, sin posibilidad de interpretaciones alternativas. El Rey y las Fuerzas Armadas también son garantes de la indisolubilidad del Reino de España.
La falta de apoyo parlamentario para gobernar no se puede compensar con cesiones a las exigencias de los partidos independentistas, porque desde un enfoque político coherente es inadmisible y se está haciendo. Si se sigue por esta vía, se podrá producir la secesión de facto de Cataluña del resto de España. Esto no puede ser una especie de efecto colateral indeseado de las negociaciones con el independentismo. Tampoco se puede hacer creer a la opinión pública, que la situación política de Cataluña se soluciona, con una federación de naciones ibéricas o con alguna propuesta similar, que sirva para acallar los desafíos secesionistas. Sería un engaño en toda regla y un flagrante incumplimiento de lo que expresa la Constitución y las leyes españolas. Mantenerse en el gobierno durante una legislatura de cuatro años no lo justifica todo. Negarse a reconocer o hablar de lo que está sucediendo, por parte de Pedro Sánchez no es lo racional. La ciudadanía española se merece un respeto y que se insista en que el referéndum de autodeterminación no se va a celebrar nunca. Y esto el Gobierno español tendría que decirlo alto y claro a los partidos independentistas, cada vez que exponen este planteamiento. Callar ante estas exigencias, que traspasan las líneas rojas de cualquier país democrático es, en mi opinión, una muestra evidente de debilidad, porque no se quiere molestar a Junts y ERC porque sostienen al Gobierno con su apoyo en las votaciones. Es una política que se sustenta en condiciones leoninas que no deben ser aceptadas. No se puede aceptar ningún tipo de chantaje para seguir gobernando. Si no existe forma de aumentar el apoyo parlamentario, por causa de la intransigencia de la política independentista catalana, lo más sensato y racional es convocar nuevas elecciones. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, motivada por la presumible falta de apoyo para su aprobación en el parlamento español, es otra expresión de la fragilidad de la situación política actual. Lo que es inaceptable es que, para cada votación en el Congreso de medidas sociales o proposiciones de ley, el Gobierno tenga que estar negociando continuamente, por un puñado de votos.