La transparencia debería ser la piedra angular de toda gestión pública, pero parece que el actual contralor nunca comprendió su responsabilidad. Públicamente, asumió la responsabilidad por el ocultamiento de información sobre los beneficiarios finales de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Esta declaración, lejos de servir como un manto de absolución, resalta como un recordatorio de su deber incumplido. Nombrado guardián de las finanzas públicas, esperábamos de él una defensa férrea contra la corrupción, no una colaboración con ella, especialmente considerando que la gestión del Ifarhu ya había mostrado signos de irregularidades desde sus inicios. Haber admitido públicamente que se benefició de auxilios económicos en el pasado, desde una posición de privilegio político y económico, lejos de justificar sus actos, lo muestra como cómplice del abuso de los recursos del Estado para beneficio de unos pocos privilegiados. La posición del contralor, lejos de ser neutral y objetiva, parece estar teñida por influencias y favores políticos, erosionando los principios de independencia y confiabilidad que deberían regir su cargo. Debe renunciar, no solo por su gestión deficiente y parcial, sino porque ha fallado fundamentalmente en el deber de actuar con transparencia y probidad, en la fiscalización de los recursos de todos los panameños.