La trama de Koldo García conocía por el Govern de Marga Prohens que el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros iniciado por el Pacto por el lote de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas caducaba el 18 de enero, como sostiene la Audiencia Nacional.
El magistrado Ismael Moreno señala en su auto que se produjeron una serie de comunicaciones entre Iñigo Rotaeche Lachiondo, Juan Carlos Cueto Martin y María Bárbara Díaz García, los principales implicados de la trama que dirigían la sociedad investigada, de las cuales «se infiere que si la Administración Balear en el plazo de tres meses ―fecha límite el 18-01-2024― no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de casi tres millones de euros».
El Govern notificó el trámite de audiencia a los afectados el 17 de octubre de 2023. En aquel mismo momento el IB-Salut confirmó a la empresa que el plazo máximo para dictar una resolución era de tres meses «a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación». Días más tarde la empresa registra el escrito de alegaciones y se produce un silencio absoluto por parte del Govern. Es decir, pasan los tres meses que van desde el 17 de octubre hasta el 18 de enero de 2024, día en que oficialmente ha caducado la reclamación, tal y como corrobora el juez.
La reclamación, añade el magistrado, fue la segunda circunstancia que propició «distintos encuentros» entre Koldo y Cueto. Y añade: «Además, bajo este contexto, se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión [...], a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular». Una influencia, apunta, que tuvo efecto: «A este respecto, cabe señalar que, de la observación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, pocos días antes de la fecha límite indicada se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión y, por tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto».
Asimismo, el juez relata que Koldo, a petición de su principal socio Juan Carlos Cueto, «prevaliéndose de la situación derivada de su relación personal con funcionarios públicos y/o autoridades estaría ejerciendo su influencia para conseguir una resolución beneficiosa» para Soluciones de Gestión, y confirma que el día 17 de octubre de 2023 Cueto tuvo conocimiento de que la empresa había recibido una notificación procedente de la Administración Pública balear con motivo de una reclamación económica de aproximadamente tres millones de euros debido al estado de las mascarillas que fueron entregadas como contrapartida del contrato investigado adjudicado por el Servicio de Salud: «Desde ese momento hasta el día 12 de enero de 2024 Cueto ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere».
El Govern, una vez explotado el caso y caducado el expediente, trató de buscar un salvoconducto enviando una diligencia a la empresa el 19 de marzo de 2024 en la que aseguraba que el plazo era finalmente de ocho meses y no de tres como habían afirmado con anterioridad, atribuyéndolo a un «error administrativo». Pese a ello, tan dos días después, el 21 de marzo, el IB-Salut comunica a la empresa que desiste del procedimiento de reclamación por decisión exclusiva del director del Servei de Salut, Javier Ureña, que firma el documento sin ningún informe técnico ni jurídico que avale la decisión.
Hablaron de Prohens
Los investigados por la trama de presuntas mordidas en contratos de pandemia intentaron concertar una reunión con el Govern del PP para tratar la reclamación por el contrato de mascarillas, y en sus conversaciones aluden a una mujer «de la línea de Pablo Casado», según se desprende de los oficios de la Guardia Civil. «Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar que me diga cuándo os tiene que ver. (...) El recado está dado, ¿vale?», asegura Koldo.
Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogida por Europa Press, las conversaciones durante las semanas siguientes ―tanto en octubre como en noviembre― indican que el exasesor habría tratado de comunicarse, mediante un intermediario «de las Islas», con el funcionario público anteriormente encargado de este asunto. Aunque finalmente menciona que, a través de un amigo suyo, ha logrado hablar «con la persona que actualmente desempeña ese cargo».
En declaraciones públicas, el Govern sigue manteniendo que el motivo del desistimiento del expediente de reclamación fue «la dificultad que prosperase a causa del certificado de conformidad que la administración anterior emitió a la empresa». Incluso el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, insistía ayer ante los medios que la reclamación millonaria «estaba abocada al fracaso» por las decisiones del anterior gobierno autonómico.
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