El genocidio de hace 30 años en Ruanda explicado a quien no sabe por dónde empezar
En 1994 se vivió una de las matanzas más brutales de la historia reciente. El odio al diferente rompió persecución étnica, tras décadas de un desencuentro alimentado por las potencias coloniales europeas.
En 1994, en sólo cien días, más de 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda por extremistas del grupo étnico hutu. Las víctimas eran de la etnia contraria, los tutsis, además de propios hutis moderados, tibiamente comprometidos con los atacantes. La matanza fue un intento de exterminio de una población minoritaria, que sin embargo, había sido privilegiada por Bélgica, la potencia colonial. Se calcula que aproximadamente el 70% de ellos murieron en esta carnicería. Los odios generados en el tiempo de dominio blanco y pasividad de la comunidad internacional sumaron muerte sin descanso.
Este 7 de abril se han conmemorado los 30 años del inicio de una barbarie que dejó imágenes nunca vistas: cuerpos tirados a cientos por las calles, sin posibilidad ni de echarlos a una fosa común por miedo a represalias; esposos matando a sus esposas en matrimonios mixtos; vecinos que se habían llevado bien, matándose porque un DNI decía que pertenecían a una etnia o la otra; la deshumanización total del contrario, llamado "cucaracha", y las heridas, los machetazos que fueron la marca reconocible de este drama. El cuchillo que servía para las plataneras o los pollos, convertido de pronto en sable asesino o mutilador.
El colonialismo, en la raíz
Los hutis no empezaron a matar a los tutsis de la noche a la mañana, porque sí. El conflicto se había estado gestando lenta, pacientemente, y el origen hay que buscarlo en un agente exterior: el colonialismo europeo. En su ansia de control, los países del norte acentuaron las diferencias entre etnias locales en prácticamente todos los estados a los que fueron en busca de recursos y dinero, para crear redes clientelares, por un lado, y sometiendo a otros grupos, por otro.
En este caso concreto, la diferenciación entre hutus y tutsis fue creada los belgas en el siglo XIX, que entregaron documentos de identidad infames en los que se determinaba también la raza. Utilizaron a la minoría tutsi, que comprendía en torno al 15% de la población ruandesa, para co-gobernar con ellos y facilitarles los trabajos más sencillos y mejor remunerados, a cambio de una absoluta lealtad. Sin ser mayoría, se convirtieron en la élite, los protegidos. Frente a ellos, el otro 85% de ruandeses, hutus, supeditada al poder colonial. A ellos se les encargaban los trabajos más duros y humillantes, una situación desigual que fue calando, cual gota malaya. Los subordinados y sometidos, frente a los privilegiados. .Ese era el estado de la cuestión, una olla a punto de estallar que lo hizo tras la marcha de Bruselas del país en 1962.
Con la independencia de Ruanda las cosas cambiaron radicalmente, porque fueron los hutus los que se hicieron con el poder, aboliendo la monarquía tutsi y declarando la República. Desde el primer momento, comenzaron a aflorar las persecuciones contra tutsis, soterradas de tantos años, hasta el punto de que miles de ellos huyeron a Uganda y otros países vecinos en busca de protección. Fue su primer éxodo, no el último. La situación se moderó ligeramente tras el golpe de Estado de Juvenal Habyarimana, en 1978, porque, aunque era hutu, estaba dispuesto a la integración de las dos etnias en la sociedad local.
Habyarimana combatió durante décadas a la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que operaba desde Uganda, parte de esos exiliados que lograron entrenamiento, armas y libertad de movimientos en el país de acogida. Sus objetivos principales eran el derrocamiento del gobierno ruandés y el fin del exilio de los tutsis. Llegada la década de 1990, el mandatario buscó por varios medios llegar a un acuerdo de paz con los insurgentes, en un intento de calmar las aguas y evitar una amenaza a la seguridad nacional, pero ese paso molestó tremendamente a los hutus más radicales, a los que necesitaba para gobernar Ruanda.
El acuerdo, en 1993, estaba llamado a poner fin a la guerra civil, con un Gobierno de transición compuesto por hutus y tutsis, liderado por Habyarimana. Pero todo fue al traste poco después, el 6 de abril de 1994, cuando un avión que transportaba al presidente y a su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira -también hutu-, fue derribado por dos misiles lanzados desde tierra, matando a todos los que iban a bordo, cerca de Kigali, la capital ruandesa.
El atentado, un magnicidio, fue un shock para el país. Nunca, en estas tres décadas, se ha sabido quién lo ejecutó y cómo, porque las acusaciones se cruzaron y así siguen, hutus contra tutsis, tutsis contra hutus. Lo que sí quedó claro es que aquello suponía una vía libre para la venganza, de inmediato los extremistas hutus comenzaron una campaña de matanza bien organizada contra los tutsis. Vinieron cien días de horror que estremecieron al mundo, aunque sus Gobiernos no pasaron más que de ese estremecimiento. Cero acción.
La venganza y el abandono
Desde el día siguiente al asesinato, 7 de abril, el país fue presa del caos. Se empapó en más sangre de inmediato. La primera ministra de Habyarimana, Agathe Uwilingiyimana, fue violada y asesinada por radicales hutus, que tomaron el poder. También 10 soldados de la misión de la ONU que existía en Ruanda desde 1993 fueron asesinados. Junto con uniformados belgas, eran los únicos representados en el país. Eso hizo que salieran rápidamente los supervivientes y que nadie más se implicara. Sálvese quien pueda.
Los franceses, aliados del Gobierno hutu, enviaron una fuerza especial para evacuar a sus ciudadanos y luego establecieron una zona supuestamente segura, pero fueron acusados de no hacer lo suficiente para detener la matanza en esa zona. La huida de los blancos ayudó a transmitir el mensaje de que no habría ni acusaciones ni castigos, tampoco rendición de cuentas.
Estados Unidos tampoco intervino, porque tenía muy reciente la imagen de un año antes de sus soldados atacados en Somalia. No quería repetirlas. Ahora, el demócrata Bill Clinton, que ocupaba entonces la Casa Blanca, pide disculpas por no haber intentado frenar lo que venía. Porque fue un puro matadero. "La norma número uno era matar. Norma número dos no había. Era una organización sin complicaciones", resume Pancrace, uno de los hutus detenidos y que acabó en la cárcel por sus asesinatos, en Temporada de machetes (Anagrama), un libro imprescindible del periodista Jean Hatzfeld.
Se encadenaron masacres tras masacres, como las de Gikondo o Kibuye, donde miles de tutsis fueron asesinados ante la pasividad del mundo. Cacerías étnicas organizadas por grupos militares hutus, pero también por civiles hutus radicalizados por la propaganda del momento. A ello ayudaron los medios controlados por el Gobierno, especialmente la llamada Radio de las Mil Colinas, que emitía las listas de los perseguidos, encendiendo los ánimos de sus vecinos, que iban a por ellos antes de que lo hicieran los milicianos. Una espiral de venganza que también llevaba no poco miedo: si no lo hago yo, me lo harán a mí. Eso explica que se produjeran asesinatos en familias con etnias mezcladas, de padres o esposos que mataban a los suyos por preservar la vida propia.
El entonces partido gobernante, el MRND, tenía un ala juvenil llamada Interahamwe, que se transformó en múltiples milicias para llevar a cabo la masacre de tutsis. Se entregaron armas y listas de objetivos a grupos locales, que sabían exactamente dónde encontrar a las víctimas. Las milicias establecieron barricadas donde los tutsis eran detenidos y asesinados, en función del documento de identidad que portaban y que, desde la época de dominación belga, añadía la etnia a los demás daños personales. Fueron los principales ejecutores, pero no los únicos.
Los vecinos que antes te pasaban la garrafa en la cantina, explicaba el mismo detenido en el libro de Hatzfeld, ahora eran desconocidos, "insectos" a los que pisar. Se les pasaba a machete, ese que todos los ruandeses tenían en casa y usaban para el campo o la cocina,"el mismo ademán para diferente necesidad". Miles de ciudadanos quedaron pies o manos o con deformaciones en el rostro por los cortes. Los padres enseñaban a sus hijos a usar el arma en los cuerpos de los ya asesinados. Las mujeres, mientras, saqueaban su ropa y bienes.
Incluso sacerdotes y monjas fueron posteriormente condenados por matar personas, incluidas algunas que buscaron refugio en iglesias. Cientos, miles, trataron de tener al menos esa protección, pero las milicias amenazaban a los religiosos con matarlos o violarlos a ellos si no atacaban a los refugiados. Hay reconocidos casos de suicidios de estos ejecutores, incapaces de soportar en sus conciencias lo que hicieron para sobrevivir. "Dios callaba", se lee en Temporada de machetes.
Ignace, uno de los hutus, contó desde la cárcel: " Las matanzas podían dar mucha sed y ser agotadoras y, muchas veces, repugnantes. Pero rendían más que el trabajo del campo. Sobre todo para el que no tenía buena tierra o tenía un campo yermo. Durante las matanzas, cualquiera que tuviera fuerza en los brazos traía a casa tanto como un comerciante conocido. No éramos ya capaces de contar las chapas que guardábamos. Nos levantábamos ricos, nos acostábamos con la panza llena, vivíamos saciados. El saqueo rinde más que la cosecha porque todo el mundo le saca partido de forma equitativa".
Y Alphonse: "A mí no me daba miedo la muerte; hasta cierto punto se me olvidaba que estaba matando a personas vivas. Ya no me fijaba ni en la muerte ni en la vida. Pero lo que me daba miedo era la sangre. Olía y chorreaba. Por las noches, me decía: A fin de cuentas, soy un hombre que lleva sangre por dentro; toda esa sangre que salpica traerá desgracia, una maldición. La muerte no me alarmaba, pero ese exceso de sangre sí, mucho".
A estos hechos atroces se suman las agresiones sexuales masivas que sufrieron las mujeres tutsis. Muchas de ellas fueron violadas antes de ser asesinadas. Según pudo contabilizar Naciones Unidas, unas 250.000 ruandesas fueron víctimas de violencia sexual, usada como crimen de guerra. Miles de ellas quedaron con vida y fueron usadas además como esclavas sexuales.
El objetivo de los radicales hutus estuvo claro desde el inicio: eliminar a toda la población tutsi de Ruanda. Y para lograrlo incluso también asesinaron a aquellos hutus moderados que se negaban a matar tutsis o los acogían para protegerlos. Por eso se ha calificado su acción de "genocidio", que según el derecho internacional se define como "la comisión de uno o más actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso"; esos actos son: matar o causar daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo concreto; infligir deliberadamente a ese grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo y transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo diferente.
Cuando acabó el ruido y la furia, había 800.000 muertos en las calles, las cunetas, las iglesias. Como contabiliza la Agencia EFE, son 330 asesinatos a la hora o cinco al minuto.
El principio del fin y el principio de otra crisis
La reacción por parte de Naciones Unidas no se produjo hasta finales de junio de 1994, cuando se aprobó la Operación Turquesa, liderada por Francia, en la que un contingente de varios miles de soldados arribaron a la nación africana para mediar y poner final al conflicto. Pero para entonces solo quedaba un 25% de los tutsis que había antes de 1994 en Ruanda.
A la vez, la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés, que tenía su base en Uganda, consiguió reducir el poder del Gobierno hutu hasta que a mediados de julio de 1994 tomaron Kigali e instauraron un mandato propio. Eso fue lo que realmente puso fin a la crisis.
Unos dos millones de hutus, tanto civiles como algunos de los implicados en el genocidio, huyeron a través de la frontera hacia la República Democrática del Congo, entonces llamada Zaire, por temor a ataques de venganza. Otros fueron a los vecinos Tanzania y Burundi.
Grupos de derechos humanos sostienen que los combatientes del FPR mataron a miles de civiles hutus cuando tomaron el poder y que siguieron matando hutus cuando entraron en la República Democrática del Congo para perseguir a los miembros de las milicias Interahamwe. El FPR lo niega. No hay datos fiables sobre esa denuncia o el número de muertos y heridos.
Pero mientras las cosas se estabilizaban poco a poco en el interior de Ruanda, crecía la crisis fuera, la provocada por los desplazados, por los escapados. En la República Democrática del Congo, donde casi un millón de ruandeses se habían refugiado, estalló una de las peores epidemias de cólera que había visto el país. La ONU calcula que unas 12.000 personas murieron por la enfermedad, y se acusó a los grupos de ayuda humanitaria de dejar que gran parte de su asistencia cayera en manos de las milicias hutu.
El FPR acogió a los grupos armados que luchaban tanto contra las milicias hutus como contra el ejército congoleño, que estaba alineado con los hutus. Los grupos rebeldes respaldados por Ruanda finalmente marcharon hacia la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, y derrocaron al gobierno de Mobutu Sese Seko, instalando a Laurent Kabila como presidente. Pero la renuencia del nuevo presidente a enfrentarse a las milicias hutu provocó una nueva guerra que arrastró a seis países y llevó a la creación de numerosos grupos armados que lucharon por el control de este país rico en minerales.
Se estima que cinco millones de personas murieron como resultado del conflicto que duró hasta 2003, con algunos grupos armados activos hasta ahora en las zonas cercanas a la frontera con Ruanda.
La recuperación y las cuentas
El Consejo de Seguridad de la ONU estableció un Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la ciudad tanzana de Arusha para procesar a los cabecillas, una vez que todo acabó. Ha podido condenar hasta el momento a más de 700 personas por las matanzas vividas entre abril y julio de 1994, 28 de ellas por el delito de genocidio. Un caso que sentó un precedente en el Derecho Internacional. La vía de la La Corte Penal Internacional no estaba activa para estos crímenes, porque se creó en 2002, mucho después, y no tiene autoridad para juzgar con retroactividad.
Se crearon, además, tribunales comunitarios, conocidos como gacaca, para acelerar el procesamiento de cientos de miles de sospechosos de genocidio en espera de juicio. Hasta 10.000 personas murieron en prisión antes de poder ser llevadas ante la justicia pero al menos, gracias a esta vía, se llegaron a formar hasta 12.000 tribunales que se reunían una vez por semana en pueblos de todo el país, a menudo al aire libre en un mercado o bajo un árbol. Juzgaron más de 1,2 millones de casos en un entorno de comunidad, de participación de todos, que se considera uno de los pilares de la convivencia y la reconstrucción que ha venido después. Gacaca significa sentarse y discutir un tema. En este caso, con afán de verdad, justicia y reparación, que son los pilares de los movimientos memorialistas del mundo entero.
Para el Ejecutivo ruandés, cientos de personas sospechosas de participar en el genocidio siguen en libertad en las vecinas RDC y Uganda. Veintiocho personas han sido extraditadas desde el extranjero, seis de ellas desde EEUU.
Entre mayo de 2020 y noviembre de 2023, el equipo de localización de fugitivos del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales confirmó la muerte de cuatro de los fugitivos más buscados acusados por el Alto Tribunal. "La justicia aplazada es justicia denegada. La muerte confirmada, antes de que pudieran enfrentarse a la justicia, de varios de los sospechosos de genocidio más buscados, y la suspensión indefinida del juicio de otro acusado debido a una enfermedad relacionada con la edad, muestran la importancia de mantener el impulso para hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas en Ruanda", ha denunciado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
El Gobierno de Ruanda, por su parte, quedó en manos de Paul Kagame, actual presidente, reelegido por última vez en 2017 con más del 98% de los votos y que, para unos, es el héroe que ha dado tranquilidad y unidad al país y, para otros, un mandatario con mano de hierro que está persiguiendo a la oposición.
Se le aplaude por el proceso de entendimiento promovido entre las etnias del país, ya no más marcadas por sus documentos de identidad, y por su apuesta por nuevas aventuras, sobre todo por la tecnología, que han hecho del país del genocidio una de las más vivas economías del continente africano.
"Encontraron una nación destrozada. Y decidieron poner en marcha un modelo estatal único, que fomenta la participación ciudadana en todo tipo de eventos, desde juicios populares hasta la reconstrucción de acequias: o que celebra con entusiasmo febril elecciones -entonces, las calles se llenan de música, de banderines-, pero en las que la oposición encuentra un sinfín de obstáculos para postularse", explica Pablo Moraga en su crónica para EFE desde Kigali.
"Tenemos una deuda con los supervivientes que os encontráis entre nosotros. Os pedimos hacer lo imposible, llevando sobre vuestros hombros el peso de la unidad y la reconciliación, y seguís haciéndolo (...) cada día", dijo Kagame en una ceremonia, el domingo, para recordar lo ocurrido y en la que plasmó tanto los avances como las heridas del país. "Nuestro viaje ha sido largo y duro. Ruanda se vio completamente abrumada por la escala de nuestra pérdida y las lecciones que aprendimos están gravadas con sangre", ahondó.
Sin embargo, sobre esa base de dolor se ha avanzado y los jóvenes hoy -el futuro y el presente, porque la media de edad es de 19 años- creen que el genocidio es imposible de repetir. La comunidad internacional se suma a ellos con un tardío mea culpa: "El deber de la memoria es ante todo una exigencia, es la exigencia de recordar, la exigencia de no olvidar, la exigencia de aprender de los errores", dijo en Kigali el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que precisamente es belga. Aprender y no repetir.