El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 600.000 firmas de ciudadanos, cuya finalidad es el estudio por parte de las Cortes Generales de la regularización de entre 390.000 y 470.000 inmigrantes que viven y -gran parte de ellos- trabajan en España.
Con este proyecto de ILP se busca una modificación de la Ley de Extranjería. La propuesta aprobada prevé que se establezca un "procedimiento para la regularización de extranjeros que se encuentren en territorio español con anterioridad al 1 de noviembre de 2021".
Este proyecto debe salir adelante por varias cuestiones. La primera, porque se trata de personas que ya residen en nuestro país y por respeto a los derechos fundamentales. Muchas de ellas quedan condenadas a la explotación laboral con sueldos exiguos y excluidos de servicios esenciales como la educación y la sanidad.
En segundo lugar, existen cuestiones de índole económica. No pueden contribuir a las arcas públicas, pagando impuestos, ni cotizar al formar parte de la economía sumergida. De llevarse a cabo la regularización, brotaría el gran potencial de sus impuestos directos y cotizaciones, engrosando las arcas de la Seguridad Social y, con ello, de las pensiones. Además, tendrían un salario digno en igualdad de condiciones a los mismos trabajadores españoles.
Todos conocemos que existe paro en España, pero estas personas son necesarias. Temporeros y trabajadoras del hogar son quizá los dos mejores ejemplos para mostrar lo esenciales que llegaron a ser las personas migrantes durante la pandemia. Lo siguen siendo, de hecho. "Las trabajadoras del hogar fueron el segundo sector laboral con más contagios tras los médicos y de eso pocas veces se habla. Los temporeros no pudieron parar y trabajaban sin acceso al agua porque viven en chabolas. Junto a ellos, quienes se encargan del cuidado de nuestros mayores. Pero no ha habido reparación de ningún tipo y no se les dota de derechos ni se soluciona esto porque no existe voluntad política", señala Silvana Cabrera, de Regularización Ya.
Precedentes
España ha hecho seis regularizaciones extraordinarias en democracia. Entre 1996 y 2008 los países miembros de la Unión Europea han aprobado 43. No es algo nuevo. Y no es solo algo de justicia. De ahí que junto a las anteriores razones se esgriman otras por las cuales una regularización masiva sería algo muy ventajoso para España.
La migración ha sucedido desde siempre en nuestro país. En los años difíciles de la posguerra muchos fueron quienes emigraron hacia países de Europa y Sudamérica, donde nos acogieron con las mejores pretensiones.
Y en los tiempos en que vivimos, en pleno siglo XXI, es hora de que nos demos cuenta de que nuestro país es un lugar diverso donde conviven, junto con los españoles, personas de múltiples nacionalidades. Todos habitamos el mismo territorio y no debemos discriminar en derechos a quienes llegaron desde fuera en busca de mejores oportunidades.
Hay que dejar que salga adelante la regularización por economía, por justicia social y por dotar de derechos a los que de ellos carecen viviendo en nuestro suelo.