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La Fiscalía Superior de Madrid ha emitido este jueves el informe solicitando la inadmisión de la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso por un delito de revelación de secretos. En el documento, se acata la orden dada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde obligando a pedir archivo. Este miércoles, la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano doctrinal de la Carrera Fiscal, avaló dividida que la postura de no investigar la presunta comisión de un delito por parte de miembros del Ministerio Público.
El informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge que "no existe en la querella interpuesta ni un solo indicio de que los querellados divulgasen indebidamente el contenido de los correos electrónicos remitidos por el letrado del querellante a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid". La querella presentada por el empresario Alberto González Amador se dirige contra la fiscal jefa Provincial de Madrid Pilar Rodríguez y el fiscal Julián Salto.
La Fiscalía justifica la filtración y publicación de los datos confidenciales del pacto de conformidad que el letrado del novio de Ayuso, Carlos Neira, estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid de la siguiente manera: "Es obvio que la investigación seguida contra Alberto González Amador había adquirido dimensión pública, a la vista del tratamiento ofrecido por los medios de comunicación, y, lo más importante, las dudas acerca del recto proceder del Ministerio Fiscal deslizadas, además de por distintos medios de comunicación, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y su director de gabinete, aconsejaban trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido, ofreciendo datos objetivos que despejaran cualquier sombra de duda a propósito de la actuación desarrollada por el Ministerio Fiscal", en referencia a Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez.
Revelación de secretos
"Por lo que respecta al posible delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público del artículo 417 del Código Penal, es sencillamente notorio que la publicación de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid resulta atípica. Ninguna duda existe de que al momento de publicarse y/o difundirse dicha nota de prensa las informaciones que en la misma se contenían ya no podían ser consideradas secretas o reservadas, pues habían sido publicadas por diferentes medios de comunicación", recoge la fiscal.
La Fiscal señala que "los datos que se dicen revelados en la nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento, pues lo cierto es que tanto la existencia de la investigación en curso contra el querellante, como la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, como el contenido del correo electrónico en cuestión, ya habían sido publicados en diversos medios de comunicación. (...) Una vez reveladas y difundidas por distintos medios de comunicación de ámbito estatal aquellas informaciones, la nota informativa de la Fiscalía no resultaba idónea para generar daño alguno a la causa pública ni perjuicio alguno al investigado".
Asimismo, el Ministerio Fiscal sostiene que "en nada" ha perjudicado al novio de Ayuso "que tales datos fueran conocidos".
El investigado, "en nada" perjudicado
En el informe remitido a la Sala Civil y Penal del TSJM, órgano que tiene la última palabra para abrir o no una investigación por la filtración, se señala que "el ejercicio legítimo del derecho de informar verazmente a la ciudadanía sobre un hecho noticiable previamente aparecido en los medios (que en el caso del Ministerio Fiscal se erige, asimismo, en deber legal institucional) no puede considerarse determinante de ilícito penal alguno".
Asimismo, la fiscal sostiene que "en nada" ha perjudicado al novio de Ayuso "que tales datos fueran conocidos".
En el informe remitido a la Sala Civil y Penal del TSJM, órgano que tiene la última palabra para abrir o no una investigación por la filtración, se concluye que "el ejercicio legítimo del derecho de informar verazmente a la ciudadanía sobre un hecho noticiable previamente aparecido en los medios (que en el caso del Ministerio Fiscal se erige, asimismo, en deber legal institucional) no puede considerarse determinante de ilícito penal alguno".
El Consejo Fiscal y la Amnistía
El Consejo Fiscal, reunido este jueves, ha abordado la petición del Senado de un informe sobre la proposición de Ley de Amnistía al procés. Esta inclusión en el orden del día ha venido precedida de una enorme polémica y de la rebelión por parte de los seis vocales de la Asociación de Fiscales que acusaron al fiscal general de "ocultarle" las distintas peticiones que la Cámara Alta ha remitido a este órgano en los últimos meses para reclamar un informe sobre el borrado de los delitos del desafío independentista catalán.
Según informan fuentes fiscales, durante la reunión, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, presidente de este órgano, ha señalado que no está legalmente prevista la labor informante o consultiva del Consejo Fiscal en proposiciones de Ley en tramitación en el Parlamento, sino tan sólo en proyectos legislativos.
Por su parte, los consejeros de la Asociación de Fiscales y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, han expuesto su postura contraria al fiscal general. La asociación mayoritaria valora ahora si impugnar esta decisión de García Ortiz en los tribunales.