El Estado Peruano casi siempre llega tarde a su cita con la historia. Entonces quema etapas e improvisa para estar presente por lo menos. Eso es lo que estaría ocurriendo con la megaobra del puerto de Chancay.
Los privados Volcan y Cosco cumplieron su tarea e inaugurarán la primera etapa de una inversión de US$1.300 millones en noviembre con la presencia del mandatario chino, Xi Jinping, como anfitrión. El Estado está elaborando a marcha forzada el Plan de Desarrollo Urbano de los distritos de Chancay, Huaral y Aucallama, área inmediata de influencia del puerto, pero sin considerar, como lo ha advertido el Colegio de Arquitectos de Lima (CAP Lima) y la Comisión Consultiva, el territorio de impacto que se conoce como el norte chico de Lima (el área comprendida entre Barranca, Huacho, Huaura, Huaral, las serranías de Oyón y Ancón).
Esta área cuenta con una población de aproximadamente 900.000 habitantes que podría incrementarse en un 20% o 30% y presentará demandas que deben anticiparse ya.
Sobre este tema y para escuchar a la población, el CAP Lima organizó el simposio "Visión y futuro del norte chico" el pasado 11 de abril. En dicho evento se evidenció que los alcaldes distritales de municipios como Chancay o Aucallama son conscientes de que con el puerto se les viene un tsunami cuyos efectos van más allá de su gobernabilidad. Tendrán problemas importantes que enfrentar como la crisis de los recursos hídricos, el colapso de la movilidad regional, el incremento del tráfico de tierras y la inseguridad; además de la demanda creciente de servicios y el riesgo de pérdida del suelo patrimonial.
Se requiere primero pensar en grande y preparar un modelo de arreglo territorial para todo el norte chico, que incluya a Lima y pueda ser un referente en el país, bajo un pensamiento de vanguardia que conceptúe toda el área como un gran espacio autosuficiente de economía circular frente al cambio climático. Bajo la idea fuerza de un modelo y un territorio más allá de los distritales, queda pendiente el tema de la gobernabilidad, en la que el Estado debería garantizar capacitación de largo plazo mientras en paralelo se requerirá una autoridad o mesa de trabajo de la sociedad civil con presencia de los colegios profesionales para que estos hagan seguimiento al cumplimiento del modelo y a un proceso de cero corrupción.
Hay que asegurar que tanto el puerto como los niveles de gobierno nacional y subnacional cumplan su cuota de responsabilidad para que Lima y el Callao se puedan posicionar como una megalópolis con dos puertos que conecte al país y al continente con un mercado mundial de 2,8 billones de consumidores.