El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, independiente de cuál sea su resultado final, debe pasar a la posteridad como una de las grandes infamias en la historia colombiana. En un futuro, las generaciones que lo estudien quizá se asombren con la enorme cantidad de mentiras, manipulaciones, verdades a medias, difamaciones, cinismos, vistas gordas, escarnios públicos a los que apeló el Centro Democrático, y Uribe, para evitar no la cárcel, que nunca estuvo en consideración, sino el conocimiento de la verdad y el gran debate histórico sobre el influjo de un proyecto paramilitar que logró hacerse con el poder en 2002.
Se preguntaba Paloma Valencia la semana pasada cómo era posible que luego de que dos fiscales (Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas) pidieron precluir la investigación, ahora un tercero (Gilberto Villarreal) sí encontrara pruebas y decidiera acusar y llevar a juicio a Uribe. En la reconstrucción histórica de los hechos debe quedar muy claro que esos dos primeros fiscales fueron designados a dedo por el fiscal general, Francisco Barbosa (era su prerrogativa), que sí, ambos optaron por archivar el expediente, pero que a cada uno una juez, nombrada por reparto, o sea en un orden preestablecido y, si se quiere, aleatorio, les respondió que no, que el caso debía seguir. Olvida Paloma, o no cuenta, que hubo un tercer fiscal (Palencia) que duró apenas tres meses y que renunció un día antes del plazo para acusar o archivar; así se echaron por la borda tres meses que van a ser claves, cuando en octubre del 2025 el proceso expire por prescripción extintiva de la acción penal.
Lo que uno ve como ciudadano es que el expresidente ha tenido todas las garantías y hasta más allá (con fiscales y procuradores afectos a su causa), que se han seguido con rigor los procedimientos y tiempos, y que la rama judicial en su base ha resistido la enorme presión política y mediática, para decidir libre y actuar en derecho. ¿O está la rama politizada hasta el último juez, al punto de que incluso el azar del mecanismo del reparto perjudica al expresidente?
Magnifican desde el uribismo que la última decisión, la del fiscal Villarreal, haya salido antes de cumplirse un mes de la nueva Fiscal General en el cargo, "al cual llegó ternada por el gobierno Petro". No dicen que Villarreal se apersonó del caso por reparto y desde el 16 de enero, o sea cuando aún su jefe era Barbosa. Además, que tenía solo 90 días para decidir.
El miércoles pasado, en entrevista con CNN, Pacho Santos ante la pregunta del periodista Fernando del Rincón sobre Luz Adriana Camargo, "la fiscal de Petro", dijo sin sonrojarse, y en tono muy rolo, que la nueva fiscal tenía un "problema así de chiquitico" y era que hace unos años fue la segunda al mando de Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de este gobierno, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, "de donde salieron expulsados" en 2018. Lo que no dijo Pacho fue que Velásquez y su equipo consiguieron trazar el mapa de la corrupción y represión en ese país hasta señalar al propio mandatario Otto Pérez (enviado a prisión), y que fueron expulsados cuando tocaron intereses del presidente sucesor, Jimmy Morales. Tampoco que la ONU se pronunció a favor de ellos y en contra de Morales. Pero, sobre todo, lo que no mencionó Pacho ante el sesgo del periodista de CNN es que en Colombia, en los cuatro años anteriores hubo un fiscal general que fue subordinado directo del presidente Duque, y de paso de Uribe, y que salió derecho de Casa de Nariño a presidir la Fiscalía. Sobre esa verdad vergonzosa, todos callaítos.
Momento culminante de esta historia de infamia, que ya reconstruirá en sus partes la historia oficial con la perspectiva y sindéresis del paso del tiempo, fueron los veintidós minutos del comunicado verbal del expresidente Uribe en respuesta a la decisión del fiscal Villarreal de acusarlo y llevarlo a juicio; allí, el tono del hombre decidido y determinado, el del "sea varón" que impuso por tantos años y con el que devolvió la seguridad a este país tras acorralar a "la Far", se metamorfoseó en una meliflua victimización por las "animadversiones" y "venganzas" de los magistrados Barceló, Hernández, y Castro Caballero, en particular, y de la Corte en pleno que lo chuzó ilegalmente, desoyó sus alegatos, desconoció sus pruebas, maximizó unas evidencias que según él no existen, y unos testimonios falaces; tampoco olvidó mencionar el revanchismo del exfiscal Montealegre, y de la Fiscalía actual.
Para la posteridad deben quedar asentadas las constancias de que todo esto lo inició el propio Uribe cuando, bravera y temerariamente, acusó a Iván Cepeda de estar comprando testigos en contra de él, y tras años de investigación, la Corte Suprema no encontró nada de eso y sí más bien lo contrario; no olvidar que en 2018 afirmó que no iba a hacerle el quite a la Corte y por eso no renunciaría a ser senador, lo cual incumplió rápidamente, para acogerse a la seguridad de una fiscalía amiga (la de Barbosa), pero que no contó con dos juezas valientes y su negativa a precluir el caso. También para la memoria debería quedar la incógnita de cómo alguien de la altísima relevancia y capacidad económica de Uribe contrata a un abogado oscuro y de poca monta como Diego Cadena. Y, escrita en piedra, esa verdad comprobada jurídica y periodísticamente de que él, como jefe de Estado, espió a la Corte, la chuzó, la infiltró, intentó desprestigiarla por todos los medios.
Sí, este es un capítulo histórico y para la infamia. Mucho más porque, calculando tiempos y conociendo a los grandes abogados del expresidente, es altamente probable que en octubre del 2025 todo expirará, a menos que, coherente con esa doctrina del "sea varón", y en la seguridad de esa inocencia que grita y proclama, decida renunciar a la prescripción. De resto, aquí no va a pasar nada.