Seguramente 2024 marcará un antes y un después para los presos más peligrosos del país –casi todos narcotraficantes– y su manera de vivir dentro de las cárceles, con celulares entrados de contrabando, relojes inteligentes con cámara, miles de pesos gastados en comida, otros tantos en coimas y su poder de mando extra-muros intacto.
Hoy los llamados "presos de alto riesgo" están cada vez más aislados. Se creó especialmente un protocolo para lidiar con ellos y, desde enero a esta parte, protagonizan un tire y afloje con las autoridades, tal vez inevitable, pero de consecuencias aun inciertas. Como nunca antes, la tensión está al máximo.
Lo que había empezado en la gestión de Juan Martin Mena como secretario de Justicia de Alberto Fernández (tras el intento de fuga del capo Esteban Alvarado en helicóptero de la cárcel de Ezeiza) se terminó de ajustar con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Con la consigna "el que las hace las paga" como bandera, Bullrich dio este martes otro paso contra los narcos alojados en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario II de Marzos Paz. Lo hizo a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
En la primera ordenó que el capo rosarino Esteban Lindor Alvarado y su mano derecha Claudio "Morocho" Mansilla no puedan hablar por teléfono fijo con nadie. Eso por el término de 30 días y con la sola excepción de sus abogados defensores y los organismos de control, como la Procuración Penitenciaria. El argumento: que las autoridades santafesinas los señalan como posibles ideólogos de los ataques y homicidios concretados en los últimos meses en Rosario.
Dice la resolución: "Que visto lo expresamente informado por la señora Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe acerca de que se estarían concretando maniobras para evadir los controles impuestos sobre las comunicaciones telefónicas autorizadas con el fin de tomar intervención en la comisión de hechos delictivos de gravedad (...) con el objeto de impedir que los internos puedan continuar comunicándose con fines ilegales en un contexto de criminalidad organizada, se impone suspender las comunicaciones telefónicas de Esteban Lindor Alvarado y de Claudio Mansilla, alias "Morocho"" (...) por el término de treinta (30) días, al término del cual se formulará una consulta a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe respecto de la continuidad de la medida".
La orden de la ministra siguió exactamente la misma línea que se aplicó la semana pasada con Ariel "Guille" Cantero –líder de "Los Monos"– y su sobrino Uriel Luciano Cantero. Solo que ese movimiento –adelantado en exclusiva por Clarín– se hizo tras una resolución del juez federal de Morón Jorge Rodríguez y no tiene plazo establecido.
Rodríguez recibió un completo informe del fiscal federal Sebastián Basso y de Diego Iglesias (titular de la Procunar) que estaba lleno de escuchas en las que queda claro cómo los presos de alto riesgo, principalmente los narcos rosarinos, logran vulnerar las medidas de seguridad para seguir dando ordenes desde la cárcel.
En ese dictamen también se apoyó Bullrich ahora para ir tras Alvarado, y algo más. La segunda resolución publicada este martes limita drásticamente las comunicaciones –vía teléfono publico del pabellón– que pueden hacer los 70 presos ya catalogados como "de alto riesgo".
El protocolo de enero les había fijado un límite de tres contactos estrechos, cuyos números telefónicos debían ser aprobados y monitoreados. Los presos podían hablar media hora a la mañana y media hora a la tarde, todos los días.
Pero las pruebas de que esas llamadas se triangulaban llevaron a restringir el contacto telefónico. La flamante resolución permite una sola llamada por semana, de 20 minutos, siempre en un día fijo, y agendada con anterioridad.
El texto publicado en el Boletin Oficial dice: "La reciente actualización efectuada en el mes de abril de 2024 del informe 'Análisis institucional sobre el fenómeno de la Narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios' elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuración General de la Nación, se alertó a este Ministerio de Seguridad acerca del empleo de diversas tácticas que permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema".
Y detalla: "Esta forma de evadir los controles penitenciarios posibilita que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado permita la comunicación con otras personas no autorizadas o, incluso, excluidas del listado de contactos autorizados. Se destacó expresamente que, concretada la comunicación con personas no autorizadas mediante tales mecanismos, se han identificado indicaciones para la comisión de actividades ilícitas fuera del establecimiento penitenciario".
La lógica parece indicar que lo que viene es así: por cada regla que rompa un capo narco preso, se implementará otra más dura y restrictiva.
Una apuesta fuerte porque del otro lado hay un grupo de hombres, muchos condenados a prisión perpetua, que tienen poco que perder y cuentan con un importante poder de fuego en las calles de Rosario.
MG
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