Madrid/Las sentencias del Tribunal Provincial de Camagüey dictadas contra los manifestantes de Nuevitas de agosto de 2022 repiten el patrón represivo de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Entre 4 y 15 años de cárcel han recibido 13 cubanos por salir a la calle pacíficamente a protestar.
Según el activista Marcel Valdés, uno de ellos, Fray Pascual Claro Valladares, "intentó ahorcarse" en la prisión Cerámica Roja, en la misma provincia, al conocer su condena, de 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Su madre, Yanelis Valladares Jaime, también procesada por sedición, fue absuelta "por insuficiencia de pruebas".
La condena más alta fue para Mayelín Rodríguez Prado, la joven de entonces 21 años que transmitió las protestas a través de Facebook, y que ha sido sentenciada a los 15 años de cárcel que pidió para ella la Fiscalía, por "propaganda enemiga de carácter continuado" y "sedición". Los fiscales pidieron también 15 años para José Armando Torrente Muñoz, que ha sido condenado finalmente a 14 años de privación de libertad por los delitos de sedición, atentado y resistencia.
A 13 años de prisión fueron sentenciados Jimmy Jhonson Agosto y Ediolvis Marin Mora, ambos por sedición y sabotaje
A 13 años de prisión fueron sentenciados Jimmy Jhonson Agosto y Ediolvis Marin Mora, ambos por sedición y sabotaje. Le sigue en gravedad de la condena Lisdan Cabrera Batista con 11 años de prisión por sedición y "otros actos contra la Seguridad del Estado".
La mayoría de enjuiciados fueron condenados a 10 años de cárcel por sedición, el delito por excelencia que también esgrimieron en las condenas del 11J. Junto al de Fray Claro Valladares, es el caso de Davier Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carreón Suárez y Lázaro Alejandro Pérez Agosto.
Por su parte, Yennis Artola del Sol recibió una sentencia de 8 años de privación de libertad por "propaganda enemiga de carácter continuado", y Wilker Álvarez Ramírez, 4 años por encubrimiento.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emitió un comunicado este sábado en el que condena "en los términos más enérgicos" la resolución de este juicio, que transcurrió durante dos días del pasado enero.
La organización Justicia 11J, que recopila la lista de manifestantes detenidos desde aquella jornada de 2021, reportó en agosto de 2022, luego de dos días seguidos de manifestaciones pacíficas en Nuevitas, la detención "violenta" de José Armando Torrente, que salió a la calle en el barrio de Pastelillo. La ONG advirtió entonces de que había "evidencia audiovisual de la agresión a su hija de 11 años, Gerlin Torrente Echeverría" y otra niña que la acompañaba, cuando la policía reprimió a los manifestantes.
El OCDH emitió un comunicado este sábado en el que condena "en los términos más enérgicos" la resolución de este juicio
También la madre de Gerlin fue detenida violentamente, pero liberada en la noche del sábado. De igual manera, interrogaron a Fray Claro Valladares y a Mayelín Rodríguez Prado, por transmitir las protestas a través de Facebook.
Las manifestaciones en Nuevitas iniciaron la noche del 18 de agosto al grito de "el pueblo está cansao". Cientos de vecinos salieron a las calles a gritar consignas de libertad y exigencias de electricidad. Ese día también amenazaron con volver a las calles si las autoridades cortaban la energía nuevamente.
Al día siguiente, los vecinos de Nuevitas reportaron la militarización del lugar.
Las protestas, tal y como se observó en numerosos videos compartidos en redes sociales, fueron multitudinarias, alumbradas por la linterna de los celulares y los faros de motocicletas y acompañada de cacerolas, cláxones, palmas y consignas a voz en cuello.
Junto a los gritos que pedían el fin de los apagones –"pongan la corriente, pinga"– resonaron también los de "libertad" y "patria y vida". Algunos ciudadanos clamaban aquel lema irreverente repetido el 11J –"oye, policía pinga"– y otros cantaban a todo pulmón y al unísono el himno nacional.