El Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla ha abierto una investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, denunciada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. Las diligencias fueron incoadas el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez por sus relaciones con varias empresas beneficiarias de ayudas y contratos con el Gobierno.
Las diligencias han sido declaradas secretas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y han recaído por turno de reparto ordinario en el instructor Juan Carlos Peinado, que según ha adelantado El Confidencial ordenará la comparecencia de varios testigos entre sus primeras investigaciones.
La información ha sido revelada al tiempo que el Gobierno encara su primera sesión de control en el Congreso tras los comicios vascos. El presidente ha subido a la tribuna y, en referencia a la investigación abierta contra su mujer, ha afirmado: "En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en la autonomía, la independencia y la separación de poderes". "Esta usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, le entiendo", le ha espetado el diputado de ERC, Gabriel Rufián, desde su escaño.
Tal y como desveló El Confidencial, Begoña Gómez se reunió con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en las mismas fechas en que esta compañía negociaba un rescate con el Gobierno de Sánchez en plena pandemia. El Consejo de Ministros acabó aprobando el desembolso de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, la aerolínea de Globalia, una decisión de la que participó el propio presidente.
El PP presentó en marzo una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Función Pública, alegando que Sánchez debió abstenerse en aquel Consejo de Ministros. A juicio de los populares, los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de Gómez con Globalia eran motivo suficiente para que el presidente se abstuviera de decidir sobre el rescate de Air Europa.
Pero la Oficina de Intereses decidió archivar la denuncia del PP. "La mujer del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades", justificó el organismo, que se negó a inhabilitar al presidente por un periodo de "entre cinco y diez años", como planteaba el PP.
Según las informaciones del diario El Confidencial, la demanda del sindicato Manos Limpias apunta a dos posibles delitos del Código Penal en los que podría haber incurrido la esposa de Pedro Sánchez. Por un lado, el "tráfico de influencias" recogido en el artículo 429, dirigido a quien "influye sobre un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico". Es decir, que Manos Limpias acusa a Begoña Gómez, en primer lugar, de influir en su marido para generar un beneficio económico, en este caso para el holding de Javier Hidalgo.
En segundo lugar, el sindicato apunta hacia el artículo 286 bis del Código Penal, que regula el delito de corrupción privada. Entre otros, el delito castiga a quien "prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales".
Más allá de las relaciones con Globalia, El Confidencial añade que Begoña Gómez firmó en 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas del empresario Carlos Barrabés, que previamente había asistido a un Máster de la UCM que dirige la esposa del presidente. La UTE de Barrabés se presentó a un concurso público del ente público Red.es, dependiente del ministerio de economía, y ganó los tres lotes a los que optaba al superar a una veintena de contrincantes. Un total de 10,2 millones de euros. La denuncia de Manos Limpias solicita al instructor Peinado que recabe las cartas de recomendación que Gómez firmó para Barrabés.