Ramón Salazar tiene 80 años y hace diálisis cada día. Carmen Manzano tiene 77 y a penas puede caminar. Llevan 31 años viviendo en su piso del barrio de La Plata, donde han visto crecer a sus hijos y a sus nietos. En dos meses un fondo de inversión intentará desahuciarlos.
La carta llegó hace tres semanas, y desde entonces ni comen ni duermen por la angustia. Reconocen que han llorado porque no tienen alternativa. Si el desahucio se ejecuta, se quedarán en la calle. La única solución que les han ofrecido los servicios sociales en este tiempo es irse a un albergue. El primer desahucio estaba previsto para este viernes, pero el día anterior la jueza ha ampliado el plazo a dos meses para el desalojo.
Su piso es una vivienda humilde, en un bloque de los de ladrillo visto y toldo verde que albergan a los trabajadores en la periferia de las ciudades. Objetivos, desde la pandemia, de los fondos buitre y de inversión, que sobrevuelan este tipo de barrios.
"A los del quinto los echaron hace poco. Nos dimos cuenta porque ya no había tanto ruido en la casa", cuenta Carmen. Ramón, por su parte, echa de menos a su amigo Galán. "Nos echábamos la partida todos los días en el bar del barrio. De toda la vida que le conocía, éramos muy amigos. Ahora ha comprado su piso un ruso, han hecho apartamentos para turistas y Galán se ha tenido que ir", lamenta.
A Ramón le falló el riñón hace una década, por su enfermedad tuvo que dejar de trabajar y su mujer empezó a cuidarle. Los subsidios no llegaron y no pudieron afrontar su hipoteca en 2012. Perdieron el piso y se lo quedó el banco en subasta, pero ellos se quedaron pagando un alquiler social. Hace unos años el banco vendió el piso a un fondo buitre en un paquete de miles de viviendas como la suya, y este a su vez lo volvió a vender al fondo de inversión Corelsa Gestión, registrado en Madrid, pero cuya matriz está en Valladolid. Todo sucedió sin que el matrimonio lo supiera, y ahora los quieren echar a la calle.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha ayudado a la familia con este caso, y asegura que no van a consentir que se ejecute. "Esto es un drama social y no entendemos que una jueza haya autorizado el desalojo. Que sepan que vamos a ser muchos en la puerta, y si hace falta nos encadenaremos, pero no vamos a consentir que Ramón y Carmen se queden en la calle", asegura Luis Vargas, de la plataforma.
"No queremos un castillo, solo una casita"
Ramón, a su edad, lleva dos años entregando papeles y metido en un laberinto de burocracia. "No paramos de dar papeles y papeles que nos piden para nada. No nos dan ninguna solución ni de un lado ni por otro. Que nos vayamos a un albergue nos dicen", denuncia Carmen.
"Los ancianos tenemos derecho a la vida. En cambio, los jubilados ingleses vienen a su chalet de la playa y no tienen ningún problema, mientras los de aquí pasamos estas penurias", lamenta Ramón. Ambos cobran una pensión y aseguran que no se niegan a pagar un alquiler, ni tampoco a dejar el piso ya que entienden que "es de su nuevo dueño". "No queremos un castillo, solo una casita de dos habitaciones, y no queremos vivir de gorra. Aunque en vez de pescado coma patata, me lo quiero comer en paz y sin tener que ir agachando la cabeza", explica.
Sin embargo, Carmen y Ramón ya se habían mentalizado de que iban a acabar sus días en ese piso, cuyas paredes están llenas de recuerdos. Un poto que tiene 22 años se agarra a la pared grande del salón, una planta que era de su hijo fallecido por una enfermedad y que cuidan como oro en paño, pero que se quedará dentro si los desahucian. Allí tuvieron que criar no solo a su hijo, sino a sus nietos cuando este faltó. Ramón hace diálisis en una habitación llena de aparatos médicos y de cajas. De la pared cuelga una foto suya con Carmen de cuando eran jóvenes. "Es toda una vida... Yo de aquí quería irme al cementerio, pero tuve una época mala, enfermé y dejé de trabajar y no pude levantarme hasta hoy. Desde entonces nadie se ha preocupado por nosotros", cuenta Ramón.
Drama social
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica lo extremo del caso, en especial por la decisión judicial que consideran injusta. "¿De verdad una jueza no ve vulnerabilidad en dos ancianos de 80 años, uno de ellos en diálisis? No entendemos cómo este caso ha ido adelante, no lo entendemos", critica Luis Vargas.
La respuesta de las administraciones (de esta, y del anterior Gobierno) ha sido escasas. Fuentes de Conselleria de Igualdad explican que la familia estaba inscrita en el registro de demandantes de vivienda pública, pero que al cobrar ambos una pensión no están en un lugar prioritario para recibir vivienda. Además, explican que el ayuntamiento ya les ha ofrecido una alternativa (ir a un albergue). "En servicios sociales nos decían que había muchísima gente igual y que nos iban a tirar", cuenta Carmen. La PAH denuncia que no se ha ofrecido vivienda social a estas familias mientras el ayuntamiento de Valencia tiene más de 30 viviendas sociales vacías en el edificio de Safranar habilitado para las víctimas del incendio de Campanar.
Otra de las críticas de la PAH es la falta de compromiso de Conselleria de Igualdad. "Antes, en casos como este, conselleria mandaba al juzgado un informe de adjudicación de vivienda social urgente, para que el juez diera un par de meses de plazo hasta que se consiguiera una alternativa a la familia, ahora, no sabemos por qué, se están negando a redactar esos documentos", critica Luis Vargas.
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