El borrador del proyecto de ley ómnibus XS que el Gobierno presentará al Congreso este martes no incluiría el apartado de Impuestos Internos que ponía en igualdad de condiciones a toda la industria y subía la alícuota de 70% a 73%. Las modificaciones buscaban resolver una situación que favorece Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, y que se disputa desde hace ocho años en la Justicia.
Otero impulsó un lobby parlamentario en Diputados a través de los diputados bonaerenses Cristian Ritondo(PRO) y Carlos Castagneto (Unión por la Patria), y del salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) para mantener el statu quo, que afecta la recaudación del Estado y la competencia en uno de los principales sectores de la economía.
El objetivo cumplido por el denominado Señor del Tabaco y sus laderos en la Cámara de Diputados le permitirá a Tabacalera Sarandí continuar comercializando sus productos a precios ultrabajos y beneficiarse de una situación única en el mercado: no pagar el Impuesto Interno Mínimo de $792,73 pesos por paquete de cigarrillo.
La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante la AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $625, Master $568, Kiel $525; mientras sus productos se comercializan alrededor de los $1000 y $1200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público. De este modo, obtiene entre $600 y $700 por atado de manera informal y por fuera de la ley.
Otero admitió en una entrevista concedida a Perfil tener una facturación anual de 800 millones de dólares. En el sector señalan que si los precios oficiales marcan esa facturación, obtiene otro tanto de manera informal, ya que sus productos se comercializan a más del doble de lo que tributan en la AFIP.
Denuncias de la prensa
En los últimos meses, periodistas de diferentes medios de comunicación del país, como Marcelo Longobardi y Diego Cabot, recibieron mensajes intimidatorios para que dejaran de hablar del Señor del Tabaco.
El estudio de Maximiliano Rusconi, exdefensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido y de Diego Lagomarsino, acusado de la muerte del fiscal Alberto Nisman, es el encargado de ejecutar las cartas documento enviadas a diferentes medios y periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizó en la última semana con otro periodista que también recibió una carta documento, Andrés Sanguinetti, en la que se lo intimaba a que "en forma inmediata elimine de Internet y de las redes sociales la nota 'Una tabacalera 'dudosa' ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local'".
"FOPEA reitera que las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario, sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad", señaló la entidad.
Según un informe de la consultora ABECEB de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 40% en 2023. El accionar irregular de estas compañías generó una "pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre 2018 y 2023" para el Estado nacional, según el informe.