La mayoría de comunidades da la espalda al plan antitabaco de Sanidad
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunciaba a primera hora de la mañana que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo iba a seguir adelante "aunque el PP no lo apoye". Unas horas después, cumplido el plazo dado por el Ministerio a las comunidades para comunicar su postura respecto a la estrategia que pretende expandir los espacios sin humo o subir el precio de las cajetillas, se ha confirmado lo esperado.
Si nada cambia en el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) convocado para este viernes, el plan saldrá adelante con el apoyo, previsiblemente de solo cinco comunidades: Catalunya, Canarias, Navarra, Asturias y Euskadi, aunque esta última confirmará mañana su posición definitiva. El resto –todas las comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE)– aseguran que no están de acuerdo con el procedimiento elegido por el Ministerio para sacar adelante el plan y por eso "no emiten voto". Habrá que esperar a un pronunciamiento oficial este viernes.
El equipo de Mónica García no someterá a votación la estrategia y en su lugar ha pedido a las comunidades que se adhieran o no antes del mediodía de este jueves. Ya mañana, en el marco del CISNS, informará a las comunidades de la nueva hoja de ruta contra el tabaco en España.
Esta hoja de ruta no impone medidas, sino que crea un paraguas amplio que después tendrá que concretarse en leyes. Por ejemplo, no delimita en qué espacios al aire libre estará prohibido fumar, pero sí que se ampliarán una vez se plasme en una norma que deberá contar con el apoyo de una mayoría del Congreso de los Diputados.
El plan también recoge una subida de los impuestos al tabaco que deberá pactarse con el Ministerio de Hacienda; una regulación de los vapers como los cigarrillos tradicionales y más recursos para que el sistema sanitario dé una respuesta a las personas que quieren dejar de fumar. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, resumió así los objetivos maestros de la estrategia hace dos semanas: que menos gente fume, que la gente que fume tenga facilidades para dejarlo y proteger a los no fumadores y al medio ambiente ampliando los espacios sin humo, además de impulsar la investigación contra el tabaquismo.
Los argumentos de las comunidades
Algunos territorios han ido desvelando públicamente los argumentos por los que han decidido no apoyar el documento. Aragón considera que ha habido "precipitación" por parte de Sanidad para sacarlo adelante y "falta concreción", tanto en el contenido como en lo presupuestario. "Es un plan sin dotación económica ni calendario de ejecución. Nos parece flojo", ha asegurado la directora general de Salud Pública de Aragón, Nuria Gayán. Galicia, por su parte, se ha quejado de que el departamento que dirige García apruebe la estrategia sin consenso mientras Madrid apuesta por ir "avanzando año a año en acciones concretas con una votación presupuestaria específica". La Comunitat Valenciana ha pedido al Ministerio conocer el "impacto económico" de prohibir fumar en las terrazas y Extremadura, tierra de cultivo de tabaco, ha criticado la propuesta del empaquetado genérico.
El viernes se culminan dos semanas de intercambio de documentos y reuniones entre Sanidad y las comunidades. La primera se produjo el 14 de marzo. Los directores generales de Salud Pública pidieron aquel día más tiempo al Ministerio para estudiar las medidas del plan, que llevaba fraguándose desde el anterior mandato, cuando Carolina Darias era la ministra del ramo.
Sanidad dio un primer plazo para presentar alegaciones y finalmente incorporó 147 al texto que ha sido parcialmente modificado o aclarado en función de estas enmiendas, según fuentes de Sanidad. Entre ellas, están la retirada del término "espacio privado", que era polémico por si atañía a los vehículos, y el cambio por "espacios sin humo de uso público y colectivo" o la incorporación de la evidencia científica disponible a favor del etiquetado genérico que recoge el plan, según ha podido saber este medio de fuentes cercanas a las negociaciones.
Las que no han sido negociables, sin embargo, son la idea de Baleares, La Rioja o Aragón, avanzada por Efe, de que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo sea de adhesión voluntaria o se autorregulen; o la propuesta de Aragón para que los vapers se contemplen en el plan como una herramienta de "reducción de daños" –la llamada deshabituación tabáquica– en algunos casos. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido públicamente que la "autorregulación no funciona en salud pública". Lo ha hecho a través de un tuit que repasa las principales alegaciones de las comunidades y la postura de Sanidad al respecto.
Las consejerías, en general, alegan falta de tiempo para revisar las enmiendas que han sido aceptadas y la ausencia de una memoria económica de la estrategia. A esto, Padilla ha contestado que se ha trabajado en el plan durante dos años y se han dado 15 días para hacer alegaciones, muchas de las cuales se han incorporado. Sobre la memoria económica, asegura que hicieron una consulta y fueron informados de que no era necesaria.