L.V.
El debate sobre la ley de concordia de PP y Vox sigue agravando el enfrentamiento entre el Gobierno y el Consell. Si el jueves el Ejecutivo de Sánchez anunció que llevaría ante el Consejo de Europa, la Eurocámara y la ONU la futura norma que sustituirá a la ley de memoria democrática, ayer el presidente de la Generalitat Carlos Mazón acusó al Gobierno de querer «tapar los gravísimos problemas a los que se enfrenta» con su ofensiva en instituciones europeas.
Mazón señaló a los medios de comunicación durante una visita a la fábrica de frutos secos de Grefusa, en Alzira, que es «más que evidente» que el Gobierno de Pedro Sánchez, con esta estrategia de llevar a la ONU, al Parlamento europeo y el Consejo de Europa las leyes autonómicas, trata de «ocultar gravísimos casos que le asedian en estos momentos», aunque sin citarlos expresamente.
Mazón considera que en La Moncloa y en el PSOE tienen «una situación muy difícil», de la que «no quiere dar explicaciones», y por ello recurren a estrategias de las que «no hay ninguna duda de que lo único que buscan es tapar» esos problemas. «La concordia es otra cosa», defendió el presidente de la Generalitat, quien defiende que hay que «trabajar por la concordia» y darles «la categoría de víctimas de violencia política» a quienes aún no la tienen, como los once crímenes de ETA en la Comunitat Valencia no resueltos.
Para el jefe del Ejecutivo valenciano, no es «de recibo» que no se haya incorporado a esas víctimas, para las que se quiere con la nueva ley consolidar y desarrollar «mucho mejor» sus derechos.
También respondió a Pedro Sánchez el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera (Vox), quien replicó que en Nueva York (sede de la ONU) se verán, pero por la amnistía que recurrirá el Consell. El también conseller de Cultura y Deporte advirtió a Sánchez de que el Consell «también recurrirá hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional, Europa o hasta la ONU» la «transacción comercial» entre el Gobierno de España y los «golpistas, independentistas y demás agentes» que, a su juicio, están «llevando a cabo a través de la amnistía», también en plena tramitación parlamentaria, en este caso, en el Senado. «Nosotros también anunciamos que vamos a recurrir todo este tipo de leyes», avisó Barrera, en declaraciones a los medios de comunicación ayer, tras ser preguntado por la decisión del Gobierno de recurrir ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre memoria impulsadas por los gobiernos de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la ley de memoria democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
En este sentido, el dirigente autonómico, principal referente de Vox en el Ejecutivo autonómico, ha considerado «sorprendente» que el Gobierno presidido por Sánchez «no esté a favor de la igualdad» y, al respecto, ha defendido que el objetivo de la futura ley de concordia, «desde la democracia», no es «eliminar ninguno de los derechos que ya se reconocían», sino que trata de «ampliarlos».
Barrera ha señalado que desde el año 1931, cuando comienza la II República, hasta la actualidad «han habido muchas víctimas de persecución ideológica, política y religiosa, y lo que estamos es poniendo en plano de igualdad a todos». La ley actual de memoria democrática aprobada por el Botànic en 2017 contempla el periodo desde el golpe de Estado en 1936, la dictadura franquista y la transición y aunque incluye a las víctimas de la represión republicana, Barrera considera que ésta no ha sido «para todos sino para unos cuantos».
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