La ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló la propuesta del Ejecutivo respecto a la figura del delegado presidencial regional al implementarse la cartera de Seguridad Pública.
Esto, en el marco de una exposición ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Tohá explicó que el delegado será el jefe de gobierno interior en la región y será la figura que "designa y remueve a cada secretario regional ministerial, previa consulta al ministro del ramo.
"Lo que aquí vamos a proponer es que los seremis, los nombre el delegado. El delegado está subordinado al Presidente y siempre el Presidente va a poder decirle sí, no, cuando tengo una opinión. Lo hace con consulta al ministro. O sea, antes de nombrar, tiene que consultarlo, recoger sus impresiones. No vinculante. Sin embargo, el seremi nombrado puede ser removido por el delegado con consulta al ministro y puede ser removido por el ministro informándole al delegado. ¿Qué quiere decir esto? El delegado nombra el seremi, pero el ministro tiene que estar conforme con el seremi", planteó Tohá.
Según la propuesta, el delegado puede instruir al seremi de Seguridad el auxilio de la fuerza pública en casos calificados.
"Hay algunas como líneas rojas que hemos puesto. Una es que creemos que es muy importante el mando y la responsabilidad y especialmente respecto a las policías. O sea, quién está a cargo, quién manda, quién da las instrucciones, que no haya duplicidad aquí, que no haya confusión. Y, en ese sentido, si uno quiere crear un Ministerio de Seguridad que sea de verdad, que opere, que no sea música, que no tengamos este seremi débil. Hay que decir 'él es', o 'ella es', no hay otro", sostuvo la ministra Tohá.
El seremi será la expresión regional del Ministerio de Seguridad Pública y deberá ser un funcionario de confianza del delegado y el ministro.
Será el seremi el que requiere el auxilio de la fuerza pública y autoriza reuniones en lugares de uso público.
En sus funciones, deberá coordinar la ejecución de políticas, planes y programas e implementar la Política Nacional de Seguridad Pública en la región, realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre organismos con competencias en materias de seguridad y prevención, adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, prestar asistencia y colaborar con autoridades regionales, provinciales y comunales y ejercer las atribuciones de la ley sobre seguridad privada.