El mercadillo de Frigsa estrenó este martes nuevas normas de funcionamiento bajo las cuales pudieron instalarse 55 feriantes, según informó el Concello. Son los que tenían el permiso en regla.
En total son 104 los vendedores que obtuvieron autorización para instalarse en el proceso de regularización en el que el Concello lleva tiempo trabajando y que culmina ahora, con aplicación plena desde el 1 de mayo. Sin embargo, el primer día montaron el puesto aproximadamente la mitad, debido a que los martes son en general días bastante más flojos que los viernes, como sucede con el mercado tradicional de la Praza de Abastos, y porque algunos vendedores no pudieron instalarse porque no eran los titulares de los puestos o no tenían autorización, según explicó la concejala de Participación e Servizos á Veciñanza, la nacionalista Cristina López.
La edil explicó que la especulación con algunos puestos es uno de los problemas que el Concello observó y que se propuso corregir, así como la competencia desleal que suponía el "mercado paralelo" que se llevaba a cabo en el recinto. A este solían acudir personas que no reunían los requisitos para ejercer la venta ambulante y que ofrecían artículos de lo más variado y de diversa procedencia, como casas o contenedores. Era una actividad de pura subsistencia, según defienden algunas de estas personas, que estarían dispuestas a pagar una pequeña tasa pero no están en condiciones de llevar a cabo una actividad comercial regularizada, dicen.
Esa venta paralela llevaba tiempo siendo perseguida por la Policía Local, lo que con anterioridad ya había dado lugar a muchas quejas de los afectados. Estos volvieron a manifestar su contrariedad ayer. Como lo hicieron también otros feriantes que acuden con cierta regularidad a Frigsa, en algunos casos siguiendo la estela de generaciones familiares anteriores, pero que no solicitaron o no lograron la renovación del permiso municipal por elevada inasistencia al mercado o por otras razones, como haber presentado la documentación fuera de plazo o de forma incompleta. Un total de 14 feriantes se quedaron sin permiso, más otro que no puede solicitar puesto en el plazo de un año.
Otro motivo de queja de algunos vendedores es que a partir de ahora se exigirá el pago de la tasa por adelantado. Para los meses que quedan de este año, las personas que han obtenido autorización tiene de plazo hasta el 20 de mayo. Son 2,60 euros por metro cuadrado y día y hay puestos de 2, 4, 6, 8 y 10 metros. El importe más bajo es de 302,40 euros al año y el más alto, de 1.512 euros.
Hay feriantes que mostraron su disconformidad con este sistema, porque tendrán que pagar aunque no acudan todos los días de mercado, aunque la ordenanza municipal impide faltar más de ocho mercados consecutivos o de doce alternos en un periodo de doce meses. El gobierno local alega que se concede la ocupación de la vía pública para esos días, en los que ni el Concello ni otros ciudadanos pueden hacer uso de ella, por lo que los adjudicatarios deben pagar por ese derecho.
La concejala responsable de los mercados municipales insiste en que el fin de los cambios que se están acabando de implementar buscan ordenar el espacio, mejorar las condiciones de venta y dignificar un mercado donde hay vendedores muy profesionales y que acuden con mercancía de mucha calidad y a precios competitivos, dice. "Cremos que vai ser moi positivo e que, lonxe de restar afluencia, o mercado vai funcionar mellor. Tíñamos moitas queixas pola competencia desleal que supoñía o mercado paralelo, e por outras cuestións. Había xente que non acudía e dificultaba que seu lugar fora ocupado por outro vendedor. E había feirantes que especulaban cos postos. Por algún chegouse a pedir 5.000 euros", asegura López.
En este momento todavía hay 27 puestos libres, algunos en la zona tradicional de venta, por lo que podrán ser solicitados por vendedores que fueron trasladados a la explanada del auditorio, lo que también provocó quejas porque es una zona menos visible y de peores ventas.
El mercado contó este martes con un amplio despliegue policial, para controlar que solo accedieran vendedores con permiso.