El Govern balear que presidía Francina Armengol contrató por vía de emergencia un Airbus 330 para traer material sanitario desde China el 26 de junio de 2020, cinco días después de decretarse el fin del estado de alarma que permitía las adjudicaciones directas sin concurso y con expedientes fabricados a posteriori tras un acuerdo meramente verbal.
La Conselleria de Salud que presidía la consellera socialista Patricia Gómez y que tenía como director general a Juli Fuster, marido de la consellera, contrató este avión de 70 toneladas de carga a la compañía Privilege Style SA por 248.500 euros.
Esta contratación por vía de urgencia cuando ya había finalizado el estado de alarma es uno de los puntos que denuncia en su informe la Oficina Anticorrupción que en aquel momento (octubre de 2020) dirigía Jaime Far. En su informe Far recuerda la obligación de aplicar las normas generales de contratación cuando no hay estados de alarma o situaciones de excepcionalidad.
La Oficina Anticorrupción realizó una investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Govern de Armengol en respuesta a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 y en su informe señala en numerosas ocasiones el abuso de los contratos por vía de emergencia cuando ya se había superado la situación de emergencia sanitaria.
Entre los meses de marzo y julio de 2020 el Govern de Armengol realizó 294 contratos por vía de emergencia y por valor de 65,6 millones de euros. El informe hace especial incidencia en la compra de material sanitario por vía de emergencia cuando ya se había decretado el fin del estado de alarma.
Según explica Far en su informe, «no consta justificación alguna de la contratación del Airbus 330 a la compañía Privilege Style SA para el transporte de material sanitario ni fecha de encargo».
«Analizada la documentación aportada por el IB-Salut, no consta el contacto o el responsable intermediador que justifique la contratación con esta compañía, ya que del informe de 19 de mayo, donde se justifica la necesidad de tramitación de emergencia, sólo hace referencia a que la empresa cuenta con aviones que disponen de las dimensiones de los
cargamentos sin hacer referencia al conocimiento de la empresa y a los requisitos para ser adjudicatario», dice el informe de la Oficina Anticorrupción.
La Conselleria de Salud facturó el alquiler del Airbus 330 por una cuantía de 248.500 euros, bastante más ajustada que otros servicios de transporte similares. Dicho coste sólo superaría en un 20% el flete estimado de 201.670 euros por el propio Far en su informe para un Airbus 330 de un viaje de ida y vuelta de China a Palma.
Abuso de la vía de emergencia
Con todo, el director de la oficina antifraude denuncia el abuso que se
hizo de la tramitación de emergencia, sobre todo a finales de mayo y en junio de 2020, cuando lo peor de la pandemia había pasado, recomendando el abandono de la excepcionalidad de la vía de emergencia para volver a las normas generales de la contratación.
«La tramitación de emergencia, dado que implica la exclusión de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, transparencia y publicidad, debe limitarse a la estrictamente indispensable en el
ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia», subraya Far en un informe.
En fase de alegaciones, la Abogacía de la Comunidad Autónoma se informaba que esta compañía se puso en contacto con el Govern Administración a través de su comercial para presentar una oferta. En la misma alegación, la Abogacía insiste en que en la «tramitación por emergencia no hay requisitos para ser adjudicatario». El entonces director de la Oficina Anticorrupción discrepa de los argumentos de la Abogacía y considera que se hizo un uso abusivo de los contratos por vía de urgencia.
El informe recuerda que para declarar la tramitación de emergencia es necesaria una actuación de manera inmediata que justifica la ausencia de los trámites formales y controles que exige cualquier expediente de contratación. Al recurrir a la tramitación de emergencia se evitan los trámites burocráticos administrativos y se suprimen los controles ordinarios.
«En el caso de tramitar por emergencia contratos que no encajan en los supuestos reales de emergencia se conculcan los principios de la contratación pública, pudiendo incurrir en un contrato nulo
de pleno derecho», sostiene Far.