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La liberación de los precios y las subas del 100% en las facturas de la medicina prepaga en Argentina, a partir de la medida del gobierno nacional, para fomentar la libre oferta y demanda, impactó de gran manera en los bolsillos de una, cada vez más tambaleante, clase media.
Más allá de los argumentos tanto de las empresas, que aseguran haber tenido precios "atrasados", y del Gobierno, con el ministro de Economía Luis Caputo, que directamente acusó al sector de "haberle declarado la guerra a la clase media", con esas subas, el cliente que no pueda pagar las facturas mensuales y no quiera pasarse a la salud pública, acude a la Justicia.
Concretamente en Córdoba, la tendencia es la misma: presentaciones judiciales para pedir amparos y declaraciones de inconstitucionalidad del mega DNU 70/23.
Por la materia se tramitan en la Justicia Federal. Según datos a los que pudo acceder este medio, en la actualidad hay 49 causas.
Por la materia se tramitan en la Justicia Federal. Según datos a los que pudo acceder este medio, en la actualidad hay 49 causas.
La mayoría se tramitan en la ciudad de Córdoba, donde están los juzgados 1, 2 y 3.
En el juzgado nº1, hay 15 causas, de las cuales 2 se llegó a un acuerdo entre el amparista y la prepaga; uno que pidió sumarse al colectivo en concepción del Uruguay, y dos, cuyas cautelares fueron rechazas en apelación ante la Cámara.
En tanto en el Juzgado nº2, hay 9 amparos y una acción declarativa de inconstitucionalidad. En el 3, hay otras 10 causas, dos de ellas con cautelares concedidas.
En el interior, en el Juzgado Federal de Río Cuarto, hay 6 causas: una con acuerdo; una con desistimiento y 4 en trámite. En Bell Ville, hay 4 causas y en Villa María, 2 por aumentos y una con acuerdo homologado entre las partes. En San Francisco, hay una presentación.
En instancias de apelación, en la secretaría civil, hay 2 causas.
El Gobierno denunciará a las prepagas por la presunta "cartelización"
La demanda será presentada este martes mediante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Esto se agrega a la denuncia que hicieron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que forman parte de la Unión Argentina de Salud, cuyo titular es Claudio Belocopitt.
La cartelización, es decir, determinar las subas de los precios de manera coordinada, va contra la Ley de Defensa de la Competencia, Ley 27.442.
El artículo 2 de la Ley: "Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen perjuicio al interés económico general, los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado".