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La ONU y el Consejo de Europa han criticado duramente la Ley Ruanda, aprobada por el Parlamento británico como "una amenaza para los derechos de los refugiados" y "un peligroso precedente a nivel global". El texto legal prevé la deportación al país africano de los inmigrantes irregulares pendientes de la solicitud de asilo y el premierRishi Sunak ha anticipado que los primeros vuelos saldrán en "10 o 12 semanas".
El drama de las travesías en el Canal de la Mancha se cobró entre tanto otras cinco víctimas mortales. Cinco inmigrantes, entre ellos un niño, murieron ahogados en la madrugada del martes. Según el diario La Voix du Nord, las víctimas viajaban en un bote con más de 100 personas que zarpó desde Wimereux, cerca de Calais. Varios helicópteros y barcos guardacostas fueron movilizados en la operación de rescate.
Otros 70 migrantes -entre ellos, mujeres y niños- lograron llegar sin embargo el martes a las costas de Dover y fueron recatados en el último tramo por la Border Force. El número de travesías este año supera ya las 6.300, lo que supone un aumento de más del 30% con respecto al año pasado. En 2022 se registró el récord de 45.774 travesías, reducidas a 29.437 en 2023, gracias sobre todo a la deportación de inmigrantes irregulares procedentes de Albania.
Según el Consejo de Refugiados británico, la mitad de las travesías corresponden a ciudadanos de cinco países en conflicto o con graves restricciones de derechos (Afganistán, Siria, Irán, Eritrea y Sudán). "La única manera de reducir estos viajes peligrosos es abriendo rutas seguras, permitiendo las reuniones familiares y cooperando con los países europeos, en vez de introducir leyes hostiles" declaró Enver Solomon, director ejecutivo de la ONG.
El secretario de Interior británico, James Cleverly, respondió por su parte a la tragedia alegando la necesidad de acabar con la redes de tráfico humano: "No aceptamos este status quo que está costando vida humanas. Este Gobierno está haciendo todo lo posible para parar los botes y romper el modelo de negocio de las bandas criminales".
Tras lograr la aprobación final de la ley, Rishi Sunak vaticinó que estamos "ante un cambio fundamental en la ecuación global de la inmigración". "Hemos impulsado la ley Ruanda para disuadir a los inmigrantes vulnerables", dijo el premier. Hemos dejado claro que quienes lleguen aquí ilegalmente no podrán quedarse".
Michael O'Flahertty, comisario de Derechos Humanos en el Consejo de Europa (el organismo de cooperación en el ámbito jurídico creado por el Tratado de Londres de 1949), advirtió sin embargo que la ley Ruanda es un paso preocupante hacia "la externalización del asilo y de la política migratoria y la falta de protección de los refugiados".
"Proteger a los refugiados requiere que todos los países, y no solo los que tienen frontera con zonas de crisis, asuman sus obligaciones", declaró Filippó Grandi, comisario para los refugiados de Naciones Unidas. "Esta ley supone una delegación de la responsabilidad, una ruptura de la cooperación internacional y un preocupante precedente global".