El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón también quiere avanzar en la instrucción del "caso Tsunami". Horas después de que el Tribunal Supremo (TS) citase a declarar por videoconferencia a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg el próximo junio, el magistrado ha dado el primer paso para tomar declaración al resto de imputados, cuya investigación dejó el Supremo en manos de la Audiencia Nacional en la resolución en la que acordó abrir una causa penal por terrorismo contra el expresident.
Esta investigación es una de las que la ley de amnistía pretende dejar en papel mojado, aunque la última palabra la tendrá la Justicia europea, que deberá determinar si es posible aplicar la medida de gracia pactada con los independentistas por el Gobierno de Pedro Sánchez va en contra del Derecho comunitario respecto a la persecución de los delitos de terrorismo.
García Castellón ha emplazado a los abogados de la decena de investigados -entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, refugiada en Suiza desde 2018; el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el empresario Josep Campmajó- a facilitar al juzgado sus "direcciones inequívocas en las que recibirán las citaciones para declarar".
En la misma resolución, el instructor ordena a las Fuerzas de Seguridad que averigüen el domicilio y paradero de tres de los imputados: Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani y Nicola Flavio Giulio.
El Supremo vio indicios de terrorismo
La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó en febrero por unanimidad investigar por terrorismo a Puigdemont y Wagensberg y citar a ambos a declarar como imputados, lo que finalmente acordó ayer la instructora del procedimiento, la magistrada Susana Polo, que ha fijado esas comparecencias (voluntarias dada su condición de aforados) entre el 17 y 21 de junio.
El alto tribunal considera que el expresidente de la Generalitat era el líder "absoluto" de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que protagonizó en 2019 graves altercados en diversas protestas contra la sentencia del "procés", entre ellas el asalto al aeropuerto del Prat, el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de la Junquera o la "huelga general" convocada en Cataluña en esas fechas. Una iniciativa que, según determinó la Sala, nació para "combatir" las condenas del Tribunal Supremo a los líderes independentistas y evitar su cumplimiento mediante "actos violentos".
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