Confieso mi confusión acerca de las tan divergentes cifras de gestión manejadas por gobierno y oposición del ayuntamiento de Palma. También sobre la misma gestión de alguna empresa municipal. Como ejemplo paradigmático, los números de la EMT. Y hay que aclarar que los resultados de 2023 se corresponden a la gestión del equipo saliente liderado por Hila y a la del entrante de Martínez. Según la información publicada, el alcalde declaró un déficit de la EMT de 7 millones de euros. La cifra se debería a la gratuidad del servicio tras la pandemia. La oposición del PSOE, muy activa, no dudó en acusarle de mentir sobre las cuentas. Según el PSOE, en realidad el resultado del ejercicio de 2023 es de un superávit de 300 millones de euros. El concejal responsable de la EMT, Antoni Deudero, acusa al grupo municipal del PSOE de tergiversar datos y cifras contables con el objetivo de confundir a la ciudadanía. La diferencia de las cifras no puede ser más extravagante. Y la primera reflexión induce a pensar que ambos contendientes pueden utilizar documentos contables heterogéneos, que miden conceptos diferentes. Aunque no puede descartarse completamente que la discrepancia no se deba tanto a la voluntad de tergiversar como a falta de profesionalidad y conocimientos en la interpretación de la documentación. O, quizá, a que algunos se hacen un lío con los números y confunden 300.000 euros con 300 millones. O pueden creer razonable que una empresa del transporte público deficitario, que sobrevive con los precios políticos que le marca la administración y las transferencias que le realiza, sin ingresos por tarjeta ciudadana, pueda tener beneficios por importe de 300 pisos de lujo de a 1 millón cada uno. O esto es un despropósito colosal, o hay que fichar para el Gobierno de Sánchez a este multiplicador de panes y peces para afrontar esos 40.000 millones de ajuste entre 2024 y 2028 para reducir la deuda a medio plazo que pide el FMI al Gobierno para afrontar nuevas emergencias futuras y atender al aumento del gasto por el envejecimiento de la población. Se bastaría él sólo gestionando el transporte en toda España para contentar al FMI.
Tanto gobierno municipal como oposición aluden a términos como déficit y superávit que no se corresponden a una cuenta de resultados de una empresa, sino a la diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto de una administración pública. Los resultados de una empresa municipal se expresan en términos de beneficios o pérdidas pues su balance, que no liquidación presupuestaria, incluye, entre otros conceptos, las amortizaciones. Si el término déficit alude a pérdidas, la cifra aportada por el alcalde parece razonable. En efecto, los ingresos durante 2023 están menguados por la gratuidad no compensada exactamente por las aportaciones del Gobierno al Transporte. Si el superávit esgrimido por la oposición tiene algo que ver con beneficios, 300 millones, me atrevería a decir que es imposible. Una empresa que mantiene su gasto de personal por encima del 70% y cuyos ingresos tarifarios están disminuidos por decisión política, no puede tener beneficios, ni mucho menos 300 millones. Lo que conduce a otra reflexión. Un servicio municipal adopta la forma de empresa privada para una gestión más ágil de personal, de contratación y de endeudamiento, menos encorsetada que la de una administración. Esa empresa cuyo capital es en su totalidad público no persigue el beneficio sino la prestación de un servicio público. Sería un escándalo de enormes proporciones un beneficio de 300 millones a costa de quienes tienen que sufragarlo, los ciudadanos, y una señal inequívoca de un servicio tarifario absurdo. Lo normal en un servicio público de transporte, es su naturaleza deficitaria. En España y en Europa, donde los precios son políticos. En fin, a falta de información más precisa, otra interpretación del déficit anunciado por el alcalde es la diferencia entre los gastos de transporte presupuestados por el ayuntamiento y los ingresos finalmente obtenidos del Gobierno.
Los otros números municipales que producen extrañeza son los de la empresa funeraria municipal. La información facilitada por la empresa es de un resultado en 2023 de 500.000 euros. Más o menos unos 83 millones de las antiguas pesetas. Los ingresos de esta empresa tendrán que ver con los servicios funerarios prestados, con los alquileres de nichos, con la venta o concesiones de sepulturas y nichos. Y con las tarifas, a mi juicio, de dudosa justificación legal a los titulares de unidades de enterramiento. La empresa no mantiene ninguna sepultura otorgada en concesión. Las mantienen sus titulares. Los gastos a ellos aplicados en forma de tarifa, o bien no existen, pues la EFM no mantiene nada, o pertenecen a limpieza o alumbrado público, que, por exigencia legal, no pueden ser resarcidos en forma de tarifa o tasa individualizada. Debido a la inexistencia de recurso contencioso-administrativo en el momento de su aplicación, esas tarifas aplicadas a concesiones a perpetuidad sin canon alguno, otorgadas a cambio de la venta de las sepulturas, construidas a posteriori a cargo del concesionario, forman la parte más sustancial de los ingresos de la empresa. Desde mi punto de vista sólo tendría plena justificación legal el cobro por el ayuntamiento, no por la EFM, a los titulares de concesiones del IBI correspondiente a cada sepultura y suprimir unas tarifas injustas de la EFM, que debería financiarse por las tarifas correspondientes a los gastos funerarios: enterramientos, incineraciones, tanatorio, mondas y limpieza de tumbas; y a la venta de sepulturas. El resultado de la gestión de la empresa funeraria, en esas condiciones privilegiadas en las que se encuentra, debería ser de 1 euro de beneficio. O, dicho de otra manera, esos 500.000 euros de beneficio deberían ir destinados a reducir las tarifas aplicadas de forma abusiva sobre las concesiones. El objetivo de un ayuntamiento y de una empresa municipal no es obtener beneficios, sino prestar un servicio público. Y el ayuntamiento ha convertido a la empresa municipal en una fuente de ingresos para sus muchos gastos de otra naturaleza, cargados de forma injusta sobre los titulares de las concesiones. Sin que se haya resuelto el problema del destino de la estatuaria fúnebre en sepulturas sin herederos conocidos que paguen las tarifas. En fin, estamos confundidos. Con lo fácil que resultaría hacer pública la documentación realizada por la Intervención municipal.
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