Reducción de la carga burocrática y generación del suficiente suelo para corregir el actual desequilibrio entre oferta y la demanda. Esas son dos de las ideas principales de un conjunto de propuestas que han sido planteadas por la Cámara de Comercio de Alicante para agilizar la construcción de viviendas, en un contexto en el que el déficit existente está trayendo consigo un notable encarecimiento del mercado inmobiliario.
La entidad cameral, en el transcurso de una jornada celebrada este jueves en el Marq, ha presentado las conclusiones de un documento elaborado por la comisión de Infraestructura y Urbanismo tras un año de trabajo, en el que se recogen sugerencias, retos y oportunidades para el sector de la construcción y la promoción. En la cita han estado presentes Toni Pérez, presidente de la Diputación; Carlos Baño, de la Cámara; Javier Gisbert, de FOPA; María José Rocamora y Rafael Regalado, vocales del comité ejecutivo de la Cámara; y Manuel Cortés, vocal de la comisión de Urbanismo de Alicante en la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras.
El encargado de poner sobre la mesa la importancia de este sector ha sido el presidente de la comisión que ha realizado el informe, Josep Llorca, quien ha destacado que representa el 7 % del PIB de la provincia de Alicante, y que el número de afiliados a la Seguridad Social ascendía en 2023 a 57.165, representando con ello el 8 % del total del empleo.
En 2023 se vendieron 53.155 viviendas, el tercer registro más alto desde 2007, correspondiendo el 90 % a inmuebles de segunda mano. Del total de viviendas vendidas, 28.113 fueron a compradores extranjeros, lo que sitúa a Alicante a la cabeza de las provincias españolas, un 23 % del total nacional.
Durante este mismo periodo se visaron 7.222 viviendas de obra nueva, una cifra que se sitúa muy por debajo del promedio del periodo 2000-2007. El precio de la vivienda libre, por otro lado, creció un 5,8 %, 1,9 puntos por encima de la media nacional, alcanzando un valor de 1.488,2 euros el metro cuadrado.
Sobre esta base, la Cámara ha presentado doce propuestas, tendentes a incrementar la oferta y potenciar las oportunidades para el sector. Así, la entidad plantea el fomento de la iniciativa privada y pública para la construcción de viviendas de protección oficial, la generación de suelo para reducir el desequilibrio actual entre oferta y demanda, y favorecer el acceso a la primera vivienda.
También propone la aplicación del silencio administrativo positivo a los dos meses, y establecer un plazo de tres meses en el mismo sentido para la resolución de los planes sectoriales necesarios para cualquier actuación urbanística donde intervengan distintas administraciones sectoriales. Se reclama, igualmente, la generalización del uso de declaración responsable, y agilizar y flexibilizar los trámites para adecuar la compatibilidad de usos urbanísticos al mercado actual.
Otras medidas pasan por la restricción de los medios propios (empresas públicas) para la ejecución de obra pública por la vía de urgencia, establecer un mecanismo de revisión de precios en el que se incluyan los costes salariales en los contratos públicos, la mejora de la Ley de Contratos del Sector Público, solucionar el problema de la falta de mano de obra cualificada, y dotación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo y mejora de los distintos sectores de actividad empresarial, accesibilidad y movilidad en la provincia, actualmente infrafinanciada.
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