La sombra de Pedro Sánchez es alargada. Tanto que, una vez más, buena parte del debate del pleno de Alicante se centró en la acción del Gobierno nacional por las distintas iniciativas de la derecha. Y no porque no hubiese asuntos de calado dentro de la actualidad municipal. Sin ir más lejos, menos de 24 horas antes de iniciarse la sesión, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana concedió licencia ambiental para la instalación de macrodepósitos en el puerto de la ciudad, pese al rechazo del Ayuntamiento. El tribunal estimaba el recurso presentado por la promotora del proyecto, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder dicho permiso para la primera fase de la planta, que incluiría seis tanques de grandes dimensiones en la zona portuaria, a escasos metros de donde pretende ubicarse el futuro Palacio de Congresos.
Antes de darse a conocer la sentencia, EU-Podemos ya había registrado una iniciativa para mostrar su rechazo y reclamar al Puerto que revocase la autorización. Sin embargo, una vez se supo la decisión del TSJ, en los pasillos del ayuntamiento cobró fuerza la idea de plantear una iniciativa conjunta para presentar un frente común contra el proyecto. Sin embargo, ni para eso hubo unidad. La sentencia del tribunal autonómico rompió el bloque que, hasta ahora, había sido el Pleno de Alicante en este sentido, ya que la iniciativa de la coalición de izquierdas tampoco salió adelante.
La propuesta, la más estrictamente ligada a la actualidad municipal de las que se presentaron, fue la última en debatirse, tras más de seis hora de sesión. Antes del debate, intervino la portavoz de la asociación de vecinos Gran Vía Sur, Sol Garcín, que consideró el proyecto «irracional, insostenible e incompatible con la ciudad». Garcín recordó el rechazo público de Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Generalitat a la construcción de los macrodepósitos y planteó como solución que se modifique la concesión otorgada a la mercantil, algo para lo que considera que hay «sobrados» motivos legales.
El concejal precursor de la iniciativa, Manolo Copé, pidió al alcalde Barcala y al presidente Carlos Mazón «que se arremanguen» para «luchar contra esta barbaridad». Tras ello, protagonizó un encontronazo con el alcalde después de que el dirigente popular llamase al orden al público presente en el Salón Azul por aplaudir las palabras de Copé: «Está teniendo una actitud caciquil», le espetó el de EU, en un tono bronco al que no acostumbra.
Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, afeó a Barcala que estuviera «bien callado esperando la sentencia» y que se ponga «siempre del lado de las empresas». Además, al mismo tiempo que se debatía en el pleno de Alicante, su formación trasladó en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno central sobre si tiene previsto modificar la gobernanza de los puertos, impidiendo que estas instalaciones se ubiquen cerca de suelo residencial. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, criticó la actitud del alcalde ante este asunto y le acusó de «claudicar» siempre ante Carlos Mazón. Además, la líder de los socialistas fue un paso más allá e insistió en que, si no es posible revocar la autorización, lo que se debe hacer es hablar con la empresa y buscar una solución alternativa mediante el diálogo.
En el lado contrario de la balanza se situaron esta vez los ediles del PP. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, criticó que la sentencia «va en contra del criterio sostenido por este Ayuntamiento» e incidió en que los servicios jurídicos ya están estudiando las «posibles alternativas» con las que cuenta el Ayuntamiento «para poder minimizar el impacto de la citada sentencia», por lo que defiende que «este equipo de gobierno no debe ni puede manifestarse por responsabilidad». Además, Gómez pidió «tiempo» para poder «abrir la puerta a las negociaciones que propone el grupo socialista».
Una iniciativa que tampoco compartieron desde Vox, donde no consideran «tan fácil» revocar la concesión y piden «no dar falsas esperanzas a los alicantinos».
Villar niega la manipulación de sonómetros
En uno de los momentos más esperados del día de ayer, el PSOE reclamó la comparecencia de vicealcalde, Manuel Villar, para responder sobre las cuestiones relativas al conflicto del ruido en la ciudad. En el turno de preguntas, el edil socialista Raúl Ruiz defendió que «la gestión de la red acústica municipal es una verdadera estafa», puesto que, según afirmó, no se llevan a cabo verificaciones periódicas de los sonómetros desde el año 2020. Además, Ruiz recordó que, la última vez que se llevó a cabo dicho mantenimiento «se lo adjudicaron a dedo a una empresa que nunca ha estado incluida entre las reconocidas por el ministerio», requisito obligatorio de acuerdo con lo expuesto por el socialista.
Un asunto en el que el vicealcalde no pudo contar ni con el apoyo de sus socios habituales: los ediles de Vox. Mario Ortolá advirtió de que «si es cierto que hay medidores vacíos que están emitiendo datos, nos parece un misterio que hay que aclarar porque alguien tendrá que tener alguna responsabilidad». Además, el concejal ha recordado al concejal que «estamos esperando la ordenanza contra el ruido y la de la Zona de Bajas Emisiones».
A la hora de responder, Villar defendió que se dijeron «muchas injusticias», pero advirtió de que él no va a «hacerse la víctima» como otros a nivel estatal, en una clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre el conflicto de los sonómetros, Villar insistió en que se trata de un problema «concreto» que se está reparando actualmente. «Ni ha habido ocultamiento ni se ha falseado nada» algo que, según Villar, los demás grupos políticos saben, porque de lo contrario habrían emprendido acciones legales. «No ha habido nada más que un fallo en unos aparatos que se han retirado para su reparación».
«Franco ya no existe»
En otro de los puntos del día, la izquierda planteó de forma conjunta una Declaración Institucional para rechazar la denominada Ley de Concordia impulsada por el PP y Vox en la Generalitat Valenciana.
Un punto en el que intervino el portavoz de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórico Miguel Ángel Mauri, quien señaló que la citada ley «reescribe la historia e incluso trata de borrarla; equipara democracia y dictadura; y expresa la intención de hacer 'tabula rasa' con todo lo preexistente en la Comunidad Valenciana», lo que supondría, a su juicio, «un enorme retroceso en reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo». Tras la intervención, volvió a ser el turno de las acusaciones cruzadas: como las de Rafa Mas, que tildó a los ediles de Vox de «franquistas». También Copé, de EU-Podemos, defendió que «negar y ocultar la realidad de una dictadura de cuarenta años es un disparate que carece de rigor». Por su parte, Trini Amorós (PSOE) argumentó que el PP y VOX «pretenden blanquear un golpe de Estado y las consecuencias de que triunfara», además, incidió en que «no puede haber concordia sin reparación, memoria, justicia y verdad».
Los de Abascal, en cambio, acusaron a la izquierda de «mentir» y su portavoz, Carmen Robledillo, defendió la importancia de reconocer «a todas las víctimas», centrando buena parte de su discurso en el terrorismo de ETA pero obviando por completo cualquier alusión al Franquismo. «¿Qué argumento van a dar a quienes tienen víctimas en el otro bando? Yo también tengo víctimas», señaló.
En la misma línea, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, también centró su discurso en la importancia de «impedir el blanqueamiento de los herederos de ETA» aunque, en esta ocasión, sí condenó el franquismo. Eso sí, con un matiz dirigido al PSOE que ya se escuchó hace unos días al presidente Mazón y que Beldjilali trajo preparado en su discurso: «Franco fue un dictador y la época franquista fue una dictadura, pero Franco ya no existe. El único que queda es el que está sentado en la ejecutiva del PSPV», en referencia al exsenador socialista Ángel Franco, que controla la agrupación política en Alicante desde hace décadas.
Un error de cálculo del PP aprueba una propuesta de Vox
La «sorpresa» del día se la llevó el alcalde, Luis Barcala, a la hora de votar una iniciativa de Vox sobre el horario del tanatorio de la Siempreviva. Pese a que la concejala Cristina García había rechazado los motivos de la ultraderecha, los populares terminaron absteniéndose. Sin embargo, no habían previsto que el PSOE apoyaría a los de Abascal, lo que supuso un total de 12 votos a favor, frente a solo 3 en contra (los de EU y Compromís). «Queda aprobada la Declaración Institucional», se resignó a decir Barcala, mirando con reproche a su bancada. A alguien en el PP le falló la calculadora.
En el resto del pleno, solo dos propuestas consiguieron poner de acuerdo a todos los grupos presentándolas de forma conjunta: la de nombrar a una plaza o calle como «del Pueblo Gitano» y la de apoyo al inicio del trámite para declarar la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural inmaterial.
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