El Constitucional avala por unanimidad la Lei do Litoral de Galicia que había recurrido Moncloa
Sin embargo, anula el artículo que permitía que los sistemas de aguas residuales pudiesen ocupar el dominio público marítimo-terrestre
23 abr 2024 . Actualizado a las 15:53 h.El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la Lei do Litoral de Galicia aprobada el año pasado y que el Gobierno central había recurrido al entender que invadía competencias estatales e incluía otras que requerían modificar el Estatuto de Autonomía de Galicia, infringiendo además la Ley de Costas del Estado.
El pleno del TC ha emitido una sentencia en la que desestima 70 de las 72 impugnaciones que Moncloa incluyó en el recurso de inconstitucionalidad presentado en el mes de octubre.
El fallo, del que es ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, descarta que Galicia tenga que modificar su Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Entiende que esa función ejecutiva está incluida en la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral que marca el artículo 27.3 del estatuto.
También rechaza que los preceptos impugnados por el Gobierno central, al menos en abstracto, sean contrarios a las normas estatales. Entiende, de hecho, que la Lei do Litoral gallega «salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas». Y considera que la norma gallega sigue permitiendo al Estado actuar en el caso de que una autorización o un plan concreto que se apruebe posteriormente llegue a incumplir la Ley de Costas.
La sentencia del Constitucional también interpreta que los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria pueden ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre cuando requieran captar o devolver agua al mar para sus procesos, «siempre que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». En el caso de que se sitúen en la zona de servidumbre de protección, podrán hacerlo cuando presten servicios necesarios o convenientes para el uso de ese dominio.
Los únicos puntos que el TC declara inconstitucionales son el artículo 52.9, al entender que da un trato privilegiado a las embarcaciones gallegas frente al resto, y el 60.3, que daba la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre
Aunque la norma gallega ha sido ahora avalada por unanimidad, una de las magistradas, María Luisa Balaguer, ha añadido un voto concurrente en el que señala, entre otras cuestiones, el riesgo de que algunos de los argumentos de la sentencia puedan llevar a largo plazo a una rebaja de los estándares de protección medioambiental.
Tras conocer la sentencia del TC, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda celebró que Galicia «poderá exercer o seu dereito a ordenar a súa costa, a súa riqueza», y consideró que el fallo deja «en evidencia» la «falta de diálogo e o trato discriminatorio do Goberno Central». «Isto era perfectamente evitable», remachó.
La Lei do Litoral de Galicia fue aprobada en julio por el Parlamento gallego, con los votos a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG. El Gobierno central la recurrió ante el Constitucional el pasado 11 de octubre, y el alto tribunal admitió a trámite el recurso, dejando suspendidos los artículos impugnados. La resolución del caso se demoró en dos ocasiones por su «complejidad jurídica y técnica».