En la tarde de este martes, la Superintendencia de Salud llegó de manera sorpresiva a la sede administrativa de la EPS Sanitas, ubicada en la Calle 109, en Bogotá, para llevar a cabo un proceso de intervención.
El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que se trata de una medida de intervención forzosa administrativa por un año a esta EPS que tiene a su cargo la salud de 5,5 millones de personas en todo el país.
La medida se habría tomado por "el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la superintendencia".
Ojalá no se interprete como una crítica a la buena gestión que han hecho los funcionarios de la EPS
Según explicó Gustavo Morales, actual presidente ejecutivo de Fasecolda y exsuperintendente de Salud, esta medida de intervención administrativa consiste en suspender al actual presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda; al revisor fiscal y a su junta directiva.
Por lo tanto, la administración de la entidad pasará a manos de un interventor independiente que debe nombrar la Supersalud, y que tendrá la categoría de auxiliar de la justicia.
Según la ley, durante un periodo de cuatro meses, que se puede prorrogar por otros cuatro meses, el interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que motivaron la intervención. Sin embargo, en el caso de la EPS Sanitas la Supersalud definió que esta medida durará un año.
"Mi solidaridad con el personal médico y administrativo de Sanitas, es una organización en donde están las 24 horas del día dedicados a atender a los pacientes y a prestar el mejor servicio. Cualquiera que sea la causal que se invoca para la intervención, ojalá no se interprete como una crítica a la buena gestión que han hecho los funcionarios de la EPS", manifiesta Gustavo Morales.
Además, explica que a una intervención administrativa se llega luego de varios pasos previos. El primero es determinar unos hallazgos que impiden la buena gestión de la EPS, y para superarlos, la Superintendencia debe hacer unos requerimientos que se implementan a través de un plan de mejoramiento.
Si se observa que no es posible que este plan funcione, se procede a aplicar una medida de vigilancia especial, que consiste en ejecutar un plan de mejoramiento intensificado a raíz del cual la EPS debe hacer reportes mensuales.
Solo si no funciona el plan de mejoramiento ni la vigilancia especial, la Supersalud debe proceder a la intervención administrativa. Sin embargo, el experto aclara que este paso a paso no está establecido por la ley, sino que es el aconsejado como una buena práctica para no generar traumatismos excesivos en la EPS a intervenir.
Cuando se cumpla el año de la intervención a Sanitas que ordenó la Supersalud, se debe evaluar si los hallazgos que se determinaron en un inicio fueron superados. De ser así, se procederá a levantar la medida y se le devolverá la administración a la misma EPS.
En la mayoría de los casos las intervenciones terminan en desastre
Pero si la Superintendencia llega a concluir que los hallazgos no son superables, la medida de pasa de ser administrativa a una intervención para liquidar la EPS.
"En la mayoría de los casos las intervenciones terminan en desastre porque, como no hay una junta directiva ni revisor fiscal, el interventor termina siendo un dictador y eso casi nunca termina bien. Ojalá este no sea el caso de Sanitas", dice el presidente ejecutivo de Fasecolda.
La intervención a la EPS Sanitas se da luego de que en septiembre de 2023 la Superintendencia de Salud también ordenara la intervención forzosa para administrar de la EPS Famisanar durante un año.
Esta decisión se tomó después de evidenciar el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectaban el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada.
Esta EPS tiene más de 3,04 millones de afiliados en 21 departamentos del país, pero el 77 por ciento se concentra en Bogotá y Cundinamarca. También tiene usuarios en Santander, Boyacá, Tolima, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
En ese momento, la Superintendencia de Salud aseguró que una evaluación al desempeño de los componentes administrativos, financieros, jurídicos y técnico científicos de la EPS permitió concluir que Famisanar no estaba cumpliendo con su objeto social.
Además, tenía dificultades crecientes para garantizar a sus afiliados el acceso a servicios en salud y elevó el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con sus acreedores en el corto, mediano y largo plazo por el incremento de sus pasivos en más de 140 por ciento desde 2021.