Iván Gil
El nivel de la polarización política sigue subiendo desde la investidura y los dos grandes partidos están inmersos en un clima de crispación, alimentado por el ciclo electoral, que parece alejar cualquier posibilidad de entendimiento. El heterogéneo bloque de investidura, con formaciones que pivotan tanto a derecha como a izquierda, ya llevó al Gobierno a moderar su agenda legislativa en aras de la búsqueda de mayor transversalidad. Una aritmética parlamentaria que obliga a hacer equilibrios y reducir el número de iniciativas. Con todo, las grandes reformas que el Gobierno tiene en cartera descansan ahora mismo en las manos del PP. Desde la modificación de la ley del suelo, la reforma de la ley de extranjería y la ley abolicionista de la prostitución hasta las reformas de financiación autonómica y de las entidades locales. Todo ello, al margen del pretendido impulso de pactos de Estado, como en materia LGTBI o salud mental.
La modificación de la ley de suelo, que se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria, cuenta con un rechazo explícito de Sumar. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el sector a la izquierda del PSOE en el Gobierno presentó una observación formal. Podemos ha avanzado su voto en contra, mientras que ERC y EH Bildu no han oficializado su posición, aun cuestionando su carácter liberalizador. En el ministerio de Vivienda se limitan a mostrar su confianza de que saldrá adelante, pero sin reclamar todavía los votos del PP. Los populares no han aclarado si votarán a favor, aunque el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, deslizó la amenaza de que no serán el salvavidas del Ejecutivo si le fallan sus socios. Tanto la patronal como la FEMP, que presiden los populares, apoyan esta reforma.
El plazo para la presentación de enmiendas a esta norma remata el próximo 23 de abril y la intención es evitar una prórroga. El sector tiene prisa, después de que el nuevo marco regulatorio que vienen pidiendo ya decayese en la pasada legislatura por el adelanto electoral. El Gobierno también busca acelerar el proceso por su prioridad de eliminar las 'golden visa', un cambio normativo que introducirá a través de una enmienda en la ley del suelo.
La ley para la abolición de la prostitución presentada por el PSOE tampoco cuenta con el respaldo suficiente del arco de la izquierda. Comenzando, nuevamente, por los socios de coalición. Dentro del espacio de Sumar hay actores como los Comuns que se oponen frontalmente. El equipo de Yolanda Díaz ya rechazó incluir esta medida en el programa de Gobierno por las diferencias internas.
El PP, por su parte, se mostró a favor en la pasada legislatura de una iniciativa en los mismos términos. En la dirección socialista confían en que ahora "harán lo mismo". ERC se abstuvo entonces para permitir su tramitación, si bien desplegó un discurso alejado al de los socialistas. El impulso de una legislación abolicionista es uno de los principales mandatos del último congreso federal del PSOE. La decisión de registrarla en este primer compás de la legislatura da cuenta de que es prioritaria para los socialistas.
La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería es uno de los principales retos del Gobierno que en Moncloa califican como una "modificación histórica". El Ejecutivo aspira a implantar un reparto obligatorio a las comunidades autónomas de los migrantes menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias. Se trata de un compromiso adquirido en el acuerdo de investidura con Coalición Canaria. El borrador de la reforma se está ultimando para llevar el próximo martes a la comisión interministerial de Inmigración.
Riesgo de recursos al TC
El Ejecutivo necesita un acuerdo previo con el PP antes de llevar la norma a las Cortes tanto por su trascendencia como por la necesidad de evitar su bloqueo por parte de las comunidades autonómicas presididas mayoritariamente por los populares. El marco competencial autonómico dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox. Precisamente, la presencia de la formación de Santiago Abascal en varios ejecutivos autonómicos es la principal dificultad para sacarla adelante.
Alberto Núñez Feijóo todavía no se ha posicionado a la espera de que se cierre el texto. El PP de Canarias, que forma parte del gobierno de Fernando Clavijo que está negociando la reforma, sí se ha mostrado favorable. En Moncloa confían en una presión de los populares canarios sobre Génova para poder consensuar esta reforma en el Congreso. Si no es un amplio respaldo, anticipan que no podrán seguir adelante. Mientras tanto, en el seno del Ejecutivo se ultima el texto con criterios de reparto de menores migrantes no acompañados basados en población, PIB y recursos, acompañados de financiación del Estado. Dentro de la propia coalición ha habido diferencias entre la parte socialista y la de Sumar, encabezada en este asunto por la ministra de Infancia, Sira Rego.
Posiciones de "máximos" en financiación
La reforma del modelo de financiación autonómica o de las entidades locales son otros de los grandes asuntos en los que el Gobierno busca un acuerdo con el PP. Por el momento, no hay una posición común dentro del principal partido de la oposición y el Ejecutivo sigue dilatando la convocatoria de foros como la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto. La FEMP reclama por su parte una reforma urgente de la financiación de las entidades locales. Esta misma semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, instaba al PP a "abandonar posiciones de máximos" para llegar a un acuerdo.
Los grandes acuerdos entre el Gobierno y el PP parecen ahora una quimera. Casi tanto como que las principales reformas que tiene Pedro Sánchez en su agenda legislativa puedan salir adelante con sus socios. Todo ello a la espera de que se resuelva el escenario de la gobernabilidad en Cataluña, con comicios el próximo 12 de mayo, y se desvele la incógnita sobre qué estrategia adoptará Junts a partir de entonces. Si los de Carles Puigdemont, quien ha anunciado que dejará la política si no es elegido president, se ven tentados a retomar su estrategia rupturista previa a la investidura o se mantienen en el escenario de la gobernabilidad. El riesgo de una ruptura con los posconvergentes tras las elecciones del 12-M que haga descabalgar la legislatura está sobre la mesa.
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