Juan Ruiz Sierra / Carlota Camps
El PSOE y Junts han decidido congelar en la superficie sus relaciones, con ambos partidos anunciando que no celebrarán nuevos encuentros en Suiza hasta después de los comicios catalanes del 12 de mayo, pero los puentes se mantienen en paralelo a la disputa electoral. Socialistas y posconvergentes continúan negociando los detalles de la ley que cederá a la Generalitat las políticas de inmigración, una iniciativa que el Gobierno concedió a la formación de Carles Puigdemont a cambio de que se abstuviera en tres cruciales reales decretos a principios de año. El propio expresident y candidato señaló el martes en una entrevista en RAC-1 que los detalles estaban muy avanzados.
Sin embargo, según fuentes de la Moncloa, todo tendrá que esperar. La norma, que llevará las firmas del PSOE y de Junts, como adelantó EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, a mediados de enero, solo será registrada en el Congreso de los Diputados cuando pase la cita con las urnas, una convocatoria que puede tener un enorme impacto sobre el futuro de la legislatura española.
La migración es un tema muy sensible para la formación liderada por Carles Puigdemont, más aún con el partido de la ultraderecha independentista Aliança Catalana amenazando con atraer a una parte de su electorado tradicional. Aunque fuentes del partido se muestran convencidos de que Sílvia Orriols no conseguirá entrar en la Cámara catalana, especialmente si hay una alta participación en los comicios, como prevén; lo cierto es que fue a Junts a quién más daño le hizo la irrupción de este partido en las pasadas elecciones municipales en Ripoll. Y, según la última encuesta del GESOP realizada para EL PERIÓDICO, también son los votantes de Junts los que más conocen a Orriols y los que más simpatía tienen por ella.
Pero más allá de esta nueva competencia electoral, Junts quiere empezar a poner el foco en esta cuestión, para responder a la presión de sus alcaldes. Fuentes del partido consideran que la situación ha cambiado en los últimos años y que el partido debe actualizar su posicionamiento al respecto. Así, con el discurso de "derechos y deberes" que el secretario general del partido, Jordi Turull, empezó a poner sobre la mesa a finales del año pasado, los posconvergentes incluyen aquí tanto su integración -a nivel cultural y lingüístico- como todo lo relacionado con la delincuencia. Además, consideran que la Generalitat debe poder controlar los flujos internos de inmigrantes en Catalunya, para que no estén descompensados respecto a otras comunidades autónomas.
La letra pequeña
De momento, sin embargo, está por ver la concreción del acuerdo. Cuando se anunció el pacto para la cesión de esta materia, Junts, en competición permanente con ERC para ver quién logra sacar más partido a su apoyo a Pedro Sánchez, aseguró que incluiría el control de las fronteras y la posible expulsión de inmigrantes con multirreincidencia delictiva, una de las principales demandas de sus alcaldes. Una posibilidad que, ya en aquel momento, los socialistas desmintieron de plano. Y que mantienen. Ambas competencias, insisten, seguirán siendo estatales. Lo contrario sería inconstitucional. Oficialmente, Junts rechaza dar detalles de la negociación hasta que no esté sellado el pacto. Pero de forma oficiosa, fuentes de la formación admiten que el control fronterizo seguramente será una materia impracticable, aunque defienden que la ley incluya la gestión de los permisos de residencia y trabajo.
Los contactos "discretos", en cualquier caso, discurren a buen ritmo, confirman los colaboradores del presidente del Gobierno. A pesar de que a los de Puigdemont les gustaría anotarse este tanto en plena precampaña, la cesión no tendrá lugar en ningún caso antes de las elecciones. Primero, por los ritmos de trabajo de la negociación en un asunto tan espinoso y complejo como este. Y después, continúan las mismas fuentes, por la cercanía de los comicios, en los que el socialista Salvador Illa aparece primero en las encuestas y con posibilidades de alcanzar el Palau de la Generalitat.
"Hasta el 12M no habrá nada que Junts o ERC puedan aprovechar electoralmente", explican en la Moncloa. También en Junts son conscientes de que no les harán ningún "regalo" en pleno contexto electoral, pero se muestran confiados en que, una vez pasada la cita con las urnas, no habrá problema.
Con todo, la presentación de la norma será posterior a la disputa electoral, en un momento todavía por determinar, pero a partir de aquí su futuro tampoco estará por completo asegurado. Al tener que ser forzosamente de rango orgánico por la materia que regula, la ley deberá ser aprobada por mayoría absoluta. Es decir, con los mismos apoyos que tuvo Sánchez en su investidura. Pero el PNV ya ha reclamado el traspaso de estas competencias a Euskadi. Y ERC muestra recelos sobre la cesión. Aun así, en el PSOE dan por hecho que los republicanos votarán a favor.
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