El pacto entre el Gobierno y algunas EPS que disimularía la estatización
El expresidente Álvaro Uribe denunció que las EPS ya no tendrán responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas, como las incapacidades médicas, y pasan a ser apéndices del Gobierno y de la política, según el acuerdo.
El Gobierno Nacional y algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) establecieron un pacto para disimular la estatización del Sistema de Salud, a través de unos oficios de relleno y unos pagos sin mérito.
La denuncia la hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta en X, quien afirmó que en dicho acuerdo "no se modifica lo fundamental de la dañina propuesta oficial", sino que "se mantiene la obligación de afiliarse ante el Centro de Salud del Gobierno, lo que equivale al empadronamiento político y al riesgo de que se use esto para perseguir a los ciudadanos. Y sin necesidad, porque la afiliación no ha sido problema".
El líder opositor manifestó que les asignan a las EPS, ya en calidad de gestoras, unas tareas de colaboración con el nuevo sistema estatal, que en la actualidad tienen que cumplir como aseguradoras. Explicó que estas pasan de aseguradoras con las mayores responsabilidades, sometidas a la tutela del ciudadano y vigiladas por la Superintendencia de Salud, a ser apéndices del Gobierno y de la política.
"El Estado escogerá la red de prestadores o el conjunto de hospitales. Las EPS hoy escogen la red, con la posibilidad que el Estado les exija ampliarlas. En adelante, como gestoras, tendrían una participación marginal en la organización de las redes en los territorios, que se podrían entender como zonas remotas únicamente", afirmó el expresidente de Colombia.
Uribe añadió que, hoy, esas entidades tienen que asumir la responsabilidad de toda atención, incluida la mayor complejidad. Como gestoras, intercederían, para que las entidades competentes, públicas, políticas, acepten la remisión del paciente.
Expresó que se pretende que unas EPS, transformadas en gestoras, "sometidas al Gobierno", hagan monitoreo y evaluación de hospitales, de los oficiales, por ejemplo; y peor, ninguna vigilancia podrían hacer en la práctica de los centros de salud del Gobierno.
"Se propone que contribuyan al uso eficiente de los recursos financieros, sobre los cuales no tendrán inherencia alguna. También se lee que harán una auditoría de calidad, pero queda expósito la auditoría de los recursos. Ya no tendrán responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas, como las incapacidades, solamente harían gestión para que se paguen por parte del monopolio estatal".
Álvaro Uribe destacó que, actualmente, las EPS pueden dedicar hasta el 10% del pago por usuario, para lo que se podría llamar administración, imprevistos y utilidad; lo anterior, siempre que les alcance después de pagar los costos totales del aseguramiento al paciente.
"Como gestoras, recibirían una comisión fija, cumplirían con un oficio subordinado al Gobierno, que neutralizará la politiquería y les darán un pago sin mérito. Hay un acuerdo entre los actores Gobierno y EPS, que parece que estas aceptan por presión o por negocio, sin consentimiento ciudadano. Esta imposición que las EPS le aceptan al Gobierno es el conducto para que el siguiente paso sea la anulación de los hospitales privados y de fundaciones sin ánimo de lucro", señaló Uribe.
El dirigente del Centro Democrático invitó a pensar en una alternativa, para reivindicar el derecho ciudadano a escoger.
Alegó que, en un país lleno de cooperativas, mutuales, fundaciones, cajas de compensación, buenas empresas privadas, aseguradoras, asociaciones médicas y hospitalarias, se debería dar libertad para que las personas, con todos los requisitos de solidaridad, se afilien a seguros de salud que los entes mencionados ofrezcan.