La subida continuada de los precios a la que los hogares llevan expuestos desde que en 2021 arrancó la recuperación poscovid y que se vio espoleada por la crisis energética detonada por la guerra de Ucrania ha provocado un roto en los bolsillos de los españoles. El Gobierno podría haberlo reparado, al menos en parte, mediante una deflactación de la tarifa estatal del IRPF, lo que implicaría modificar los tramos para acompasar la progresividad del impuesto a la progresión del coste de la vida. Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas de España (CGE), un contribuyente gallego con unos ingresos por valor de 30.000 euros podría haberse ahorrado hasta 232,56 euros en 2023.
Sería así si se aplicase una deflactación del 16,1%, equivalente al IPC acumulado de 2021 a 2023. Si ese ajuste se quedara en el 3,2% — en línea con el índice de precios de consumo de 2023—, el ahorro fiscal para las rentas medias sería de 46,22 euros, en tanto que se elevaría a 78 aplicando un 5,4%, correspondiente al repunte del sueldo medio en el ejercicio pasado.
En el caso de las rentas de hasta 350.000 euros anuales, si el Gobierno hubiese accedido a adaptar el tributo al encarecimiento del coste de la vida, podrían haber evitado transferir al erario fiscal entre 354 y 1.708 euros.
Convencido de que el "esfuerzo para adaptarse al nivel de precios" debe ser "compartido" por ciudadanos y administraciones, el presidente del CGE, Valentí Pich, manifestó este martes que "después de tres años de una inflación importante sorprende que el Estado y algunas autonomías no hayan deflactado sus tarifas". El experto recordó que esto tiene "unos impactos en la capacidad de ingresos de los contribuyentes" y censuró que Hacienda no conceda "un respiro a la ciudadanía" y que, en cambio, se aproveche del repunte de la recaudación derivada del alza de los precios sin reducir su nivel de gasto. Aunque el Gobierno tenga la obligación de controlar el déficit, los economistas inciden en que no ajustar la tarifa "es una decisión política que tiene difícil justificación".
En la comunidad, la Xunta —que al igual que el resto de comunidades gestiona el 50% del tributo— deflactó en la campaña de 2022 los tres primeros tramos autonómicos para tratar de mitigar la pérdida de poder adquisitivo entre las rentas medias y bajas, evitando que las subidas salariales se vean anuladas por una subida fiscal.
De cara a la campaña de la renta de 2023, Navarra, País Vasco, Aragón, Canarias y Madrid deflactaron sus tarifas.
¿Cómo se posiciona España en términos de presión fiscal en el contexto europeo? Tomando como base el marginal máximo del IRPF, que en se situó en el 45% en 2022, el CGE señala que el país se sitúa "en la zona media", aunque comunidades como Valencia (54%), La Rioja (51,5%) o Navarra (52%) estarían entre las referencias más elevadas de la UE, donde Dinamarca va en cabeza (55,9%).
En su comparecencia para repasar la declaración de la renta y la de patrimonio de 2023 y las novedades de cara a 2024, el presidente del CGE también cargó contra las "batallitas entre administraciones" a la vista de las bonificaciones que gobiernos autonómicos como los de Madrid, Andalucía y Galicia aplicaron en el tributo que grava a los más acaudalados, que fueron contestadas por el Ejecutivo central con el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que grava los patrimonios por encima de los 3,7 millones.