La Justicia argentina concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán
La decisión fue adoptada por Casación, que dictó sentencia definitiva en la causa que investigó el ataque a la mutual judía. En otro fallo paralelo, también revisó el expediente por las irregularidades en la investigación y modificó condenas.
Actualidad 12/04/2024 El DepartamentalLa Cámara Federal de Casación Penal sentenció este jueves que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 "respondieron a un designio político y estratégico" de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
Según publica Infobae, el fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de "lesa humanidad" y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.
Se trata de una resolución clave en el marco de la causa AMIA, cuyo atentado cumplirá 30 años. La sentencia -dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma- incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán, indicaron a infobae fuentes judiciales. Y en su voto, el juez Mahiques sugiere que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Es que Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).
La sentencia contiene una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas que todavía continúan en trámite y que se vinculan de diferente manera con el atentado a que se avance con mayor celeridad. Pero también a los poderes ejecutivo y legislativo para que definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, la modernización y dotación de mayores recursos en el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada y que, a casi treinta años de cometido el atentado, aún no ha concluido.
El pronunciamiento se hizo en el marco de la revisión de la absolución de Carlos Telleldín, el reducidor de autos que se convirtió en el primer detenido en la causa. Casación ratificó esa decisión, al sostener que la camioneta que Telleldín vendió no fue la que se usó como "coche-bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con su armado".
En otro fallo conexo, Casación también confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.
La decisión de Casación para dar una sentencia sobre el origen del brutal atentado terrorista impacta en el escenario político y jurídico mundial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza desde el año pasado si la Argentina es condenada por falta de justicia en el atentado contra la AMIA, en un reclamo abierto por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la agrupación de familiares Memoria Activa.
Durante la madrugada de este lunes el gobierno de Javier Milei valló las oficinas de la agencia de noticias Télam, mientras daba de baja la web y enviaba por mail un aviso a sus 700 trabajadores de que no debían presentarse a trabajar. Un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información sin precedentes en democracia.
La Secretaría de Trabajo habilitó videoconferencias paralelas con empresarios y sindicatos, lo cual fue cuestionado por los trabajadores. La CGT pidió una suba del 85% para llevar el mínimo de $156.000 a $288.600.
El gobierno de Santa Fe definió readecuar los precios del transporte interurbano frente al aumento de costos y la quita del Fondo Compensador del Transporte del interior.
"Para nosotros la agenda verde es fundamental y queremos que se empiece a debatir en la República Argentina", dijo el gobernador Pullaro, en el acto de relanzamiento de Generfé, el programa destinado a energías renovables.
Se trata de una herramienta clave para favorecer el acceso a la educación. Hasta el momento se inscribieron 167.970 estudiantes de los distintos niveles, 29.725 docentes y 7.300 asistentes escolares, que pueden acceder sin costo al transporte público. Se encuentra disponible para el uso desde el 1 de febrero, y se extenderá hasta fin de año.
Fue en el marco del Programa Provincial "Postas Territoriales".
En un comunicado, la entidad rural manifestó su respaldo a los cambios que propone el gobierno de Javier Milei, aunque mantiene su postura de rechazo al incremento de las retenciones. "Consideramos que estas retenciones limitan la producción y empobrecen a los productores, sin contribuir al abaratamiento de los alimentos" indicaron.
Se estima que los aumentos del mes pasado promediaron cerca del 10%, menos que los últimos meses.