La Playa y El Danubio. Así se llaman dos magníficos lotes ubicados en Zipaquirá, Cundinamarca, donde un grupo de amigos y entonces socios del Club Los Arrayanes planearon levantar una ambiciosa ciudadela.
El proyecto era tan prometedor que la multinacional mexicana Cemex entró a participar en el negocio, comprando el 60 por ciento del proyecto e inyectándole 21.418 millones de pesos. Pero la cementera decidió apartarse, aduciendo razones de gobierno corporativo.
Las torres y el laudo
Desde ese momento, los socios pasaron de enfrentarse en los campos de golf del exclusivo club a sentarse en tribunales de arbitramento. Y ahora se alistan para ir ante la Fiscalía.
EL TIEMPO investigó el caso y estableció que cuatro de los socios están señalando al empresario y constructor Juan Daniel Flórez Páez y a su empresa Ecoinsa Ingeniería SAS de incumplir el contrato por cuentas de participación que firmaron desde junio de 2015.
Según denunciaron ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, desde que salió Cemex no volvieron a saber nada del proyecto que contemplaba la construcción de 1.800 apartamentos en varias torres de 12 pisos. La mayoría es vivienda de interés social (VIS) y una parte se iba a destinar para otro estrato.
En el lugar ya hay varias torres levantadas, pero los socios originales –Mario Combariza, Juan Carlos Arias y José Alejandro Concha– aseguran que Flórez les dejó de rendir cuentas sobre el proyecto al que ellos lo invitaron a participar.
Luego, dicen, supieron que los dos lotes que habían conseguido para levantar el proyecto urbanístico Caminos Salinas, Sendero Salinas de Zipaquirá, terminaron divididos en 15. Además, el megaproyecto fue rebautizado con el nombre Ciudadela Residencial Zuá.
Y advierten que Ecoinsa es la misma firma que aparece en otro proyecto rezagado de VIS en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, que EL TIEMPO denunció hace unos meses.
Tras acudir a préstamos, lograron activar el tribunal de arbitramento. Este falló el pasado 10 de noviembre, condenando a Ecoinsa a pagarles a cada uno de los demandantes la suma de 4.543 millones de pesos, para un total de 13.629 millones de pesos. Además, la condenó a asumir las costas del proceso: 1.167 millones de pesos.
Pero las cosas no pararon ahí. Flórez formuló recurso de anulación del fallo arbitral ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero le fue negado el 28 de febrero pasado por los magistrados María Patricia Cruz Miranda, Stella Ayazo y Jaime Chavarro, que declararon infundado el recurso.
Sin embargo, ese no es el final de la historia.
Fiscalía y tutela
Ahora, los otrora socios del club y del proyecto están esperando a que les pague los 13.629 millones de pesos y van a ir más allá. Alistan una denuncia ante la Fiscalía por administración desleal. En el documento se habla de "una grave defraudación patrimonial y la presunta disposición ilegal de millonarios recursos".
EL TIEMPO se comunicó con Mónica Llinás, apoderada de Ecoinsa, quien empezó por señalar que ya tienen en sus manos una decisión de la Fiscalía en la que no prosperó una denuncia previa por supuesta administración desleal.
Además, dijo que las circunstancias descritas en el laudo son diferentes a la realidad: "El proyecto existe, están las torres, está todo. Cuando un proyecto está vigente, usted no puede hablar de liquidar algo que está vivo y en el fallo hicieron como si el contrato de cuentas en participación no estuviera vigente".
Y agregó: "Los denunciantes tienen que demostrar lo que hayan dado para la participación, cuánto invirtieron. Ellos no dieron un peso, todo se hizo con créditos que respaldó la empresa Ecoinsa".