El Gobierno "trabaja a toda velocidad" para preparar un 'juicio en ausencia' por el atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos y sigue impune, aseguró la ministra de Seguridad del país suramericano, Patricia Bullrich.
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El Gobierno "trabaja a toda velocidad" para preparar un 'juicio en ausencia' por el atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos y sigue impune, aseguró la ministra de Seguridad del país suramericano, Patricia Bullrich.
"Vamos a trabajar a toda velocidad con el Ministerio de Justicia (...) Es el momento de que aquellas personas sean juzgadas por la Justicia argentina", afirmó en una conferencia de prensa la titular de Seguridad del Gobierno que preside Javier Milei.
El encuentro con los medios tuvo lugar un día después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación declarase como "crimen de lesa humanidad" el ataque a la sede de la AMIA y vinculase al Gobierno iraní de ese entonces y al partido libanés Hezbollah con estos hechos, en un fallo en el que se confirmaron penas de prisión para los principales investigadores del caso.
"La verdad es que este jueves fue un gran día para Argentina", aseguró Bullrich al ser preguntada por el refuerzo de las medidas de seguridad en edificios públicos, sedes de organismos internacionales y embajadas en Argentina.
La ministra no incidió en este asunto y se limitó a cargar las tintas sobre el Gobierno presidido por Cristina Fernández (2007-2015) que, según Bullrich, "quiso esconder (el carácter terrorista de Irán) detrás de un nefasto memorándum que nos llevaba a negociar con los terroristas en vez de seguir adelante con la investigación".
Los 'juicios en ausencia' no son posibles según la actual legislación argentina, aunque existen varios proyectos de ley que pretenden posibilitar este tipo de procesos en el país.
Distintas fuerzas políticas han propuesto que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, reconocidos en el Estatuto de Roma (1998), puedan ser juzgados pese a la ausencia física de los imputados en el marco judicial.
El atentado a la sede de la AMIA fue el mayor ataque terrorista contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.
El rol de Nisman
Carlos Mahiques, uno de los jueces de la Cámara de Casación Penal que dictó el fallo que considera a Irán como un Estado terrorista, resaltó que el fallecido fiscal Alberto Nisman "tenía muy en claro que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podía haber tenido antes de este fallo resultados palpables".
Al referirse al fallo, Mahiques precisó: "Hemos dado un giro que tiene una misión de esclarecimiento. Mi voto hace un análisis de la naturaleza del acto terrorista en sí y en particular del terrorismo yihadista".
"El acto terrorista en sí tiene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una suerte de califato universal. A partir de allí surge claro que hay una interdependencia. Hezbollah no es un organismo estatal, aunque gobierna prácticamente en El Líbano. Tiene un brazo militar y una expresión política", describió en diálogo con radio Mitre.
En esa línea, Mahiques continuó: "También fue el brazo armado y la organización que respondió a designios de la política de la Revolución Islámica. Hay un lazo muy demostrado entre la conducción del Gobierno de Irán en esos tiempos y Hezbollah. Allí es donde uno llega a la conclusión de que Hezbollah no podría haber hecho un atentado como el de la AMIA sin el financiamiento, la planificación, el armamento del Estado Islámico de Irán".
Las claves del caso por el atentado de hace tres décadas
La sentencia publicada el último jueves vinculada al atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires, deja una serie de preguntas sobre el mayor ataque terrorista ocurrido en el país.
Estas son las claves que explican la relevancia del fallo que estableció el atentado como "crimen de lesa humanidad" y que consideró responsables a Irán y a Hezbollah:
1. Treinta años de impunidad
El 18 de julio de 1994, a las 9.53, un vehículo bomba explotó frente a la sede de la mutua judía AMIA, en Pasteur 633, en pleno barrio porteño Once, causando 85 muertos y centenares de heridos y convirtiéndose en el peor atentado cometido en suelo argentino.
En tres meses se cumplirán 30 años, en los que, pese a todas las investigaciones judiciales, no ha habido una sola condena, al igual que en el atentado de 1992 contra la Embajada de Israel.
2. El fallo no es la sentencia del 'caso AMIA'
El último jueves, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, emitió un fallo en el que revisó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 del 28 de febrero de 2019, que dictó condenas por el encubrimiento del atentado, la llamada 'Causa AMIA II'.
Los condenados fueron Hugo Anzorreguy, titular de la Secretaría de Inteligencia durante el Gobierno de Carlos Menem (2 años y 6 meses de cárcel); Juan José Galeano, primer juez del caso AMIA (4 años); Eamon Mullen y José Barbaccia, fiscales al inicio del expediente (2 años); y Carlos Telleldín, último propietario del vehículo usado en el ataque (1 año y 9 meses).
No es la sentencia del 'caso AMIA', que es el que investiga el atentado en sí.
3. Otras causas
Además del 'caso AMIA', una de las causas vinculadas más importantes es la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación durante 10 años. Fue hallado en su casa en Buenos Aires con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015. Caratulado como homicidio desde 2018, el caso sigue sin aclararse.
Esto ocurrió horas antes de que se presentara en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque a través del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, de 2013. Irán no lo aprobó y con ello no entró en vigencia.
Nisman había emitido un dictamen en 2006, en el que responsabilizaba a miembros del Gobierno iraní y de Hezbollah, a partir de lo cual se emitió una orden de captura internacional sobre nueve iraníes, entre ellos el expresidente iraní Akbar Rafsanjani.
Nisman presentó una denuncia contra la exmandataria y otros presuntos involucrados en el supuesto encubrimiento. Tras la muerte del fiscal, y después de ser desestimada, Casación ordenó reabrir la causa, lo que recién se hizo a finales de 2023.