Tres miembros de la Policía Nacional que investigaron el presunto blanqueo de 1,5 millones de José Manuel García el Sevilla, uno de los históricos narcotraficantes de Canarias, detectaron que los escasos ingresos que había declarado su familia por la compraventa y autolavado de coches no eran suficientes para justificar la compra de inmuebles, vehículos de lujo, caballos y ponis. Los agentes llegaron a la conclusión, al ver que la empresa generaba pérdidas, de que el verdadero origen de las inversiones se encontraba en el tráfico de cocaína entre Sevilla y Canarias, una actividad que desempeñaba desde los años 80 y que le ha traído tres condenas y tres absoluciones.
Los investigadores explicaron este miércoles en la primera sesión del juicio que se sigue contra él y otros siete acusados en la Audiencia Provincial de Las Palmas que García era "muy conocido en la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) desde 1997", año en el que se dictó su primera condena. A raíz de sus actividades ilícitas, realizaron un registro en su finca del municipio sevillano de Carrión de los Céspedes, donde preparaba los vehículos para ocultar fardos de cocaína que más tarde venderían otros narcotraficantes en Gran Canaria y Tenerife, y encontraron un Mercedes y caballos de pura raza que estaban a nombre de sus hijos.
En el marco de las indagaciones, pincharon conversaciones telefónicas y escucharon una interacción con Juan José G. M. en la que padre e hijo hablaban de comprar un coche en Estados Unidos y traerlo a Canarias, según la Fiscalía, con el dinero procedente de las ganancias ilícitas. Los agentes hallaron otros 24 caballos, valorados en 224.000 euros, en una finca de Huelva.
Uno de sus hijos solo vendió 20 coches en nueve años
Los acusados justificaban que los ingresos procedían de su actividad en dos empresas familiares. La primera, con sede en Sevilla, se dedicaba a la compraventa de vehículos y la segunda, establecida en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, era un taller y autolavado de coches. "Las operaciones de las que tiene constancia la Agencia Tributaria son muy escasas. Desde mi criterio, con esas operaciones es imposible justificar el patrimonio", afirmó uno de los agentes de la Policía Nacional.
Sin ir más lejos, uno de los acusados vendió 20 coches en nueve años. Uno de los abogados, en su interrogatorio a uno de los agentes, introdujo la posibilidad de que las entidades generaran más ingresos, pero no los justificaran, y de ahí procedieran las inversiones de los inmuebles.
Las defensas citaron a un testigo que trabajó durante 11 años para José Manuel García y su hermana, María G. M., como auxiliar administrativo de la empresa de limpieza de coches. El exempleado negó la versión de los investigadores y declaró que la empresa era rentable y tenía una veintena de empleados. Aunque no ejercía labores de contabilidad, el empleado aseguró que llevaban "el control de las facturas y de las fichas de los coches".
Plantean la prescripción
El empleado afirmó que dejó de trabajar en la empresa cuando esta cesó su actividad en 2002, aunque matizó que el cierre no se produjo por motivos económicos, sino por problemas urbanísticos. Sin embargo, las compras de inmuebles y propiedades de la familia continuaron hasta 2007, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Las defensas solicitaron la prescripción de la causa en el trámite de las cuestiones previas, al alegar que todos los inmuebles fueron adquiridos más de diez años antes del inicio del procedimiento, y la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La defensa de Enai G. M. interesó a su vez el archivo de la acusación contra su defendido porque era menor de edad cuando adquirió las propiedades. El fiscal, por su parte, negó que los delitos estuvieran prescritos porque han mantenido los inmuebles.
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