La Audiencia de Alicante ha absuelto a dos vecinos de La Nucía y l'Alfàs del Pi acusados de apropiarse de más de 3,5 millones de euros de las cuentas de media docena de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria y donde estuvieron como apoderados hasta que el administrador de las mismas les revocó los poderes notariales, según se recoge en una sentencia dictada recientemente por la Sección Tercera.
Los acusados absueltos, uno de ellos defendido por el abogado José Luis Sánchez Calvo, se enfrentaban a una petición de cinco años de prisión por un delito de apropiación indebida que les imputaba la Fiscalía.
Según los hechos probados en la sentencia, los dos acusados usaron los poderes notariales que les otorgó el administrador de media docena de empresas para realizar actos de gestión y reintegros bancarios en una sucursal de El Albir, en l'Alfàs del Pi, entre el 11 de julio de 2006 y el 2 de agosto de 2007.
El dinero extraído rozó los 3,6 millones de euros y según la sentencia no se ha acreditado que los actos fueran realizados por los acusados después de que les revocaran los poderes, ni que utilizasen para los reintegros documentos previamente firmados para otros usos por el administrador de las sociedades o a nombre de éste.
El fallo judicial añade que no consta que los acusados realizaran los actos de gestión y reintegros «con intención de lucrarse o con fines distintos a los propios de su gestión comercial».
Absolución de Caixabank
Asimismo, la Audiencia precisa que tampoco se ha acreditado que la entidad Caja Murcia -actualmente Caixabank- no verificase la identidad y las firmas de las personas que realizaban los reintegros. La entidad bancaria también ha sido absuelta como responsable civil subsidiaria.
La acusación particular intentó aportar al inicio de la vista oral un informe pericial encargado por ellos donde se indicaba que había firmas falsificadas por uno de los acusados. Sin embargo, el tribunal lo rechazó después de que el abogado José Luis Sánchez Calvo impugnara dicho informe y se opusiera a su admisión.
Los acusados negaron que se apropiaran del dinero e indicaron que fue para la compra de terrenos. Uno de los acusados, según el fallo, vinculó la querella a un interés económico del administrador ante el resultado de algunos procedimientos donde fue condenado por delitos contra la Hacienda Pública. Señala el tribunal que «tal intencionalidad se vislumbra, al menos en apariencia, de algunos aspectos de la actuación del querellante», como la coincidencia de la presunta apropiación de dinero -3,5 millones- con las multas de más de 3,6 millones que debía pagar el administrador a Hacienda tras ser condenado.
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