Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La política educativa del país, impulsada por el gobierno, le da la espalda a la educación superior con el estrangulamiento financiero a la Universidad de El Salvador (UES).
Y pareciera que con ello se encaminan a poner fin, también legalmente, a la autonomía universitaria.
El rector y la Asamblea General Universitaria (AGU), informan sobre la deuda del gobierno para con la UES, que ya pasa de 50 millones de dólares, y de la suspensión de compras, de becas, de pago de horas extras a los trabajadores, del impago de servicios esenciales, como efecto del impago o no desembolso de montos aprobados como parte de los presupuestos de los últimos tres años.
Se conoció en meses anteriores que en el gobierno tenían una iniciativa de ley para intervenir la Universidad, lo que es absolutamente distinto a lo que prometió el señor Bukele, cuando era aspirante a la presidencia, cuando esperaba los votos de la comunidad universitaria.
Prometió elevar el presupuesto de la Universidad por encima de la inversión, como porcentaje del PIB, que hacen los demás países de la región en educación universitaria; crear un presupuesto exclusivo para equipo tecnológico y para el mantenimiento de edificios y aulas; crear sedes universitarias en departamentos del país, y otros. Nada de eso se ha cumplido.
Si solo respetara la Autonomía Universitaria y asegurara el presupuesto aprobado, sería bastante; pero desde que este gobierno asumió y con el pretexto de la pandemia del COVID 19, los estudiantes han permanecido, en su mayoría, recibiendo clases a distancia, a lo cual hay que reconocer contribuyeron las autoridades universitarias.
Las instalaciones de la Sede Central, la otrora respetada Ciudad Universitaria, ha servido más a demandas del gobierno que a la labor natural de una universidad, ha servido para alojar deportistas que compitieron en los juegos centroamericanos, participantes en el concurso de Mis Universo, para los activistas de Nuevas Ideas y personal temporal del Tribunal Supremo Electoral.
La misión académica de investigación, de proyección social, el papel de centro de pensamiento crítico, capaz de ayudar a elevar la cultura del pueblo, han estado ausentes, como si con ello se preparara un letargo que lleve a silenciarla y transformar a la institución en cualquier academia de oficios, en vez de un centro de formación de profesionales y conocimiento para el desarrollo del país.
La autonomía, conquistada en la Constitución de 1950, como logro de lucha de la comunidad universitaria, especialmente de lo que fue en el pasado su sector más dinámico, los estudiantes, está a punto de perderse por la vía de los hechos y con riesgo de que en el futuro próximo sea, como se anunció antes, intervenida, sometida, también legalmente, al poder político de turno.
La esencia de la autonomía universitaria, concebida desde los movimientos de reforma del siglo pasado, consiste justamente en liberar la educación superior de la injerencia, y de presiones externas a su seno, y de tener libertad para desarrollar la actividad académica y de investigación.
Se trata de asegurar con la autonomía la capacidad de gobernarse por si mismo mediante el cogobierno de docentes, estudiantes y profesionales egresados, representados todos en los organismos creados para el desarrollo académico, innovar métodos pedagógicos sin la influencia de poderes externos de cualquier tipo.
Es pertinente que los docentes y estudiantes reaccionen a tiempo antes de perder esta condición contenida en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Viven aún y trabajan en nuestra Alma Máter profesionales que recordarán el doloroso capítulo de la intervención militar en julio de 1972 y el establecimiento de una autoridad dependiente del poder político llamado CAPUES y la presencia de cuerpos armados dentro del campus (verdes y grises).
Costó mucha lucha recuperar a la Universidad de ese dominio que facilitó agresiones como la de julio de 1975, en el Centro Universitario de Occidente, y la masacre impune del 30 de julio del mismo año en San Salvador.
Los estudiantes, siendo el factor movilizador artífice de cambios, al superar ese período, solo recuperó su representación en los organismos universitarios, en condición de paridad, en la Ley Orgánica vigente, aprobada en la segunda legislatura después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Es hora de que superen el sometimiento, que abran el campus al estudiantado, que luchen por el presupuesto y, sobre todo, para defender la autonomía. Que vuelvan a ser conciencia crítica y asuman posiciones frente a los graves problemas que vive nuestra sociedad.
Sólo con lucha se evitará que el estrangulamiento financiero sea la puerta de entrada para anular la autonomía y dejar al país sin su Universidad.