El 'caso Oltra'
El 'caso Oltra' abre un debate en la izquierda sobre cuándo se debe dimitir en plena era del 'lawfare'
"Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.
No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana
La reflexión de Oltra el día de su dimisión fue más allá de su caso particular: "Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos como M.Rajoy y se encausan inocentes como Vicky Rosell, Alberto Rodríguez, Ada Colau y las niñeras. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha", lamentaba. Casos que, como el suyo, pusieron en la diana a dirigentes de izquierdas y les forzaron a dimitir, a apartarse o a batallar en los tribunales. Y que finalmente quedaron en nada. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes", lamentaba entonces la valenciana.
Lo cierto es que la judicialización de la política es una fórmula ensayada con éxito para debilitar a gobiernos y políticos de todo el mundo. El arranque de la nueva legislatura en nuestro país puso de moda el anglicismo lawfare. Esta expresión, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), que se refiere a la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político. De un tiempo a esta parte un sector de la izquierda ha clamado contra esta guerra judicial incidiendo en que, ante determinados casos, no se debe dimitir aunque la persona esté siendo investigada por un tribunal.
Esto enmienda el posicionamiento original de formaciones como Podemos que nacieron al calor del 15M prometiendo firmeza ante los casos de corrupción —que asediaban al PP pero también al PSOE— y marcando un alto estándar a la hora de dimitir: cuando un cargo público u orgánico estuviera imputado en una causa. Sin embargo, años más tarde la formación morada cambió su código ético y marcó esa exigencia a cuando hubiera un auto de procesamiento. Esto se debió a las múltiples causas que también se crearon sobre el partido como el caso Neurona o el informe PISA. Ante estos precedentes y con el caso de Mónica Oltra recién archivado, desde la izquierda se ha abierto un debate sobre cuándo se debe dimitir en plena era del lawfare. Un debate en el que se ha pronunciado hasta el ministro socialista Óscar Puente, que en X recogía el vídeo de la dimisión de la exdirigente de Compromís y sentenciaba: "Nuestra democracia está en serio peligro. Y estas palabras hoy deben resonar bien altas en las conciencias de quienes debemos luchar por preservarla".
¿Se equivocó Mónica Oltra al dimitir?
Alberto Ibáñez es diputado de Compromís en el Congreso y coportavoz de Iniciativa, el partido antaño liderado por Oltra. Compareció junto a ella el día de su dimisión y, en conversación con infoLibre, subraya que en todo momento se opuso a la marcha de la exvicepresidenta. "He defendido siempre que Mónica no tenía que dimitir, lo hice antes de que dimitiera, el mismo día en que lo hizo y lo he sostenido durante el tiempo", destaca, aunque también admite que se solidarizó con "la decisión colegiada" que tomó Compromís bajo "una violencia política sin precedentes". En el caso de Compromís, que está formado por una coalición de partidos, no hay ningún código ético que marque el momento de la dimisión de un cargo público.
La compañera de filas de Ibáñez en la Cámara Baja, Àgueda Micó, es también la secretaria general de Més, la formación mayoritaria dentro de la coalición valencianista. Fue la otra persona que escoltó a Oltra el día de su dimisión y, aunque defiende que Compromís "hizo lo que tuvo que hacer" porque "por encima de la persona" de Oltra estaba "el proyecto político", admite que "el hecho de estar imputado no debería ser la línea" que marque si una persona debe dimitir. "En el caso de Mónica, lo hizo por presión publica y mediática, pero ella había hecho todo lo que había que hacer", defiende Micó, que destaca como el PP ha denunciado a cargos de Compromís en 54 ocasiones y en ninguna de ellas se ha llegado a nada.
A juicio de Elizabeth Duval, portavoz de Feminismos y LGTBI de Sumar, las decisiones en política "nunca son individuales" y "hay un actor que está pareciendo injustamente inocente" pero que no lo es, el PSPV. "Oltra dimite, entre otras cosas, porque no quería servir como excusa para que el PSPV de Ximo Puig expulsara a Compromís del Govern", subraya Duval. De hecho, la propia Oltra lo destacó en su comparecencia en la que anunció su dimisión. "Fue un sacrificio injusto en relación al cual Oltra actuó con responsabilidad y que luego tuvo, evidentemente, consecuencias funestas", lamenta. El código ético de Sumar pauta la dimisión automática con apertura de juicio oral en delitos de corrupción, violencia de género o contra derechos fundamentales.
¿La izquierda debe 'rebajar' el listón a la hora de dimitir y exigir dimisiones?
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tiene claro que "la derecha usa el lawfare contra sus adversarios políticos, de manera que la imputación, apoyada por los medios de comunicación afines, se ha convertido en una manera de sacar fuera de juego a los adversarios políticos". Por ese motivo reclama diferenciar, como hizo Podemos, entre imputaciones o condenas políticas —insumisión, parar un desahucio, manifestaciones— de las imputaciones por corrupción o por delitos comunes. "Cuando hay mala fe, como ocurre con la derecha española, todo se distorsiona", opina. Aún así, considera que no se puede "renunciar a un mayor nivel ético" porque "entonces se hace cierto que todos los políticos son iguales".
Ibáñez, por su parte, aboga por "tomar medidas estructurales" y considera que hay que "solidarizarse" con quienes sufren este tipo de ataques aunque no estén en el mismo espacio ideológico, como es el caso del exalcalde de Barcelona Xavier Trías. "Las garantías del Estado de derecho, que a priori han de vigilar para dar seguridad a las personas que son investigadas, se han convertido en una cacería mediática sin precedentes", lamenta, al tiempo que señala los intereses de "multinacionales" y la concentración de los grandes medios de comunicación en unas pocas manos y en accionariados muy concretos.
Sobre el impacto mediático, Duval destaca que siempre se dedica más tiempo a la apertura de causas, como sucedió en el caso de Podemos, que cuando estas son sobreseídas. "Una mirada atenta indica que Oltra no pedía exactamente una dimisión por mera imputación, sino por la existencia de una responsabilidad política. Pero creo que lo que se ha comunicado ahí sí que nos ha pasado factura y que la barra de exigencias ha sido tan alta que en ocasiones se volvía un arma en nuestra contra", admite.
¿La dimisión de Oltra (y su imputación) influyó en la derrota del Botànic en mayo?
Una de las tesis ampliamente compartidas dentro de la izquierda del PSOE es que la dimisión de Oltra y su previa imputación influyeron en la derrota del Botànic en los comicios de mayo del pasado año, ya que Compromís —representado por Joan Baldoví— retrocedió en votos y escaños. Micó admite que estaban "en una partida de ajedrez regalando a la reina y sabíamos cómo iba a acabar" y, en ese sentido, lamenta que la derecha "ganara ese relato" que era "muy morboso y delicado", porque involucraba a menores tuteladas. Así, cree que sí influyó la marcha de Oltra.
También lo ve de ese modo Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, que defiende que el Oltra se vuelva a presentar "para resarcir el daño político" cometido en su contra. "Entiendo que el objetivo era forzar su dimisión para debilitar al Botànic y facilitar el cambio en el poder político. Que se haya demostrado lo que ya se sabía, que ella no tenía nada que ver, deja un sabor agridulce porque el objetivo político ya está consumado", lamenta. Aunque Moruno subraya que no es quien para decir a otra fuerza política lo que tiene que hacer, en términos políticos su vuelta podría ayudar a compensar todo lo que ha sufrido durante estos meses.
La portavoz de feminismos y LGTBI de Sumar admite que "es difícil hacer hipotéticos y jugar a las posibilidades", pero considera que es bastante evidente que sí influyó por, entre otros motivos, "las graves acusaciones" que se vertieron contra la política valenciana. "No solo a Compromís y a Oltra, sino a la credibilidad de toda la izquierda transformadora. No creo en las grandes conspiraciones ocultas, pero poco importa lo que se buscaba: es lo que se consiguió".
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Según destacan fuentes cercanas, Oltra se va a dar un tiempo para pensar si quiere volver o no a la primera línea de la política ya que su formación ya le ha ofrecido "ser lo que ella quiera". Sin embargo, en estos meses, según trasladan estas mismas voces, se ha sentido "muy sola". Así, una de las consecuencias de llevar a cabo este tipo de acciones judiciales es también la renuncia a hacer política desde las instituciones por las posibles consecuencias. Según la secretaria general de Més, "te juegas la vida" y eso "desincentiva" a cualquiera, ya que "se consigue que solo quiera participar en política la gente que es funcionaria, porque tiene un sitio al que ir".
Monedero también cree que hay una intencionalidad detrás de los "ataques" cuyo objetivo final es que ciertas personas dejen de participar en política. "Creo que hace falta que los partidos protejan a sus líderes de estos ataques cuando son claramente trucos políticos, de la misma manera que tienen que ser contundentes en no dar cobijo a los malos comportamientos", señala.
Duval, por su parte, destaca que "si el precio a pagar es ese, o el acoso y la persecución, es difícil convencer a la gente de que el sacrificio de la vida propia merece la pena". En ese sentido considera que "funciona como una advertencia", en la que se traslada que "esto es lo que puede pasarte si no nos convienes, este es el peligro de intentar cambiar cualquier cosa".