La decisión del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo, luego de que se tomara unos días para dar a conocer si dimitía o no, causó reacciones en las diferentes orillas políticas. La oposición, principalmente proveniente de los populares, pero también del partido Vox, le recriminó haber llevado a cabo un pulso político que, a su juicio, muestra que España "no tiene un presidente a la altura". Por su parte, miembros de su coalición, aunque también lo respaldaron en su decisión de quedarse, hicieron un llamado a tomar acciones para tomar un nuevo rumbo.
En un discurso ante los españoles, Alberto Núñez Feijóo, cabeza del Partido Popular, criticó la decisión del líder de los socialistas, luego de haber usado la ironía para mostrar su postura ante su amenaza de dimitir: "España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. La política que el país merece, llegará". En su intervención, quien fue el principal contrincante de Sánchez en la más reciente elección, dijo también que "el PSOE se muestra a estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada. Le han tomado el pelo a una nación".
Pero no fue el único. De hecho, José María Aznar, expresidente del Gobierno por el Partido Popular, calificó la actuación de Sánchez de "caudillismo lacrimógeno" y "chantaje" a la ciudadanía. En su discurso precisó: "Hemos visto a todo un presidente europeo usar las redes sociales para anunciar un retiro. Se ha chantajeado a la sociedad. Hemos visto vaciarse la presidencia del Gobierno de contenido institucional para ser suplantada por un caudillismo lacrimógeno por la mera apertura de unas diligencias judiciales". Ambos, tanto Núñez como Feijóo, calificaron al gobierno de Sánchez como el responsable de "causar un enfrentamiento entre los españoles", también de usar la "fórmula conmigo o contra mí, que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia".
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, no demoró en decir que los cinco días que se tomó Sánchez para decidir sobre su renuncia fueron un "teatro burdo, indignante y victimista que nos ha asumido en bochorno internacional de dimensiones incalculables". En ese sentido, le pidió a los populares romper cualquier negociación con los socialistas y cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno. De hecho, invitó a Feijóo a que se sumara a la estrategia de confrontación total de su partido, "sin el más mínimo atisbo de colaboración con un autócrata enrabietado y desatado", como califica al líder de los socialistas, de quien ha repetido que "lo peor está por llegar".
A la par de estas críticas, se dieron a conocer también las voces de apoyo al mandatario español. Por ejemplo, Margarita Robles, ministra de Defensa, aseguró: "Pedro Sánchez no se podía ir, porque eso hubiera sido el triunfo de los que consideran que la política es lodo y eso no lo podíamos aceptar". Ante la decisión de Sánchez de no renunciar, dejó ver su emoción: "Él ha demostrado una vez más su compromiso con España y con una forma de hacer política que es voluntad de servicio y, sobre todo, decencia democrática". Sobre las acusaciones alrededor de Begoña Gómez agregó: "Se puede criticar, naturalmente, pero con el presidente del Gobierno y con su mujer se han sobrepasado unos límites que en democracia no son aceptables. No creemos que la política tenga que ser la difamación, el insulto y la maledicencia. No todo vale".
Finalmente, Sumar, miembro de la coalición de Pedro Sánchez, mostró su "respeto" por la continuidad del mandatario, pero le reclamó que, ante esta crisis, hay que gobernar "más y mejor". Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, reconoció que el discurso del socialista estuvo encaminado hacia una estabilidad para las fuerzas políticas a su alrededor, pero le pidió de urgencia al PSOE un cambio de rumbo y enfatizó en que este "punto y aparte" no puede quedarse solo en una cuestión retórica, sino que debe llenarse de "contenido, iniciativa y políticas públicas nuevas". De hecho, a su parecer, el foco debe estar ahora en garantizar el derecho a la vivienda, reducir la jornada laboral, los permisos de crianza, subir salarios, reducir listas de espera en sanidad y proteger los servicios públicos.
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