Hace justo seis años que a Daniel le detectaron un tumor benigno en la cabeza, por lo que fue derivado al servicio de Cirugía General del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Durante dos años estuvo esperando la citación para entrar en quirófano, mientras la masa tumoral se extendía y empezaba a afectar a la visión de su ojo izquierdo.
A lo largo de los dos años siguientes, el médico de cabecera de Daniel hizo constar en numerosas ocasiones la necesidad de que fuera intervenido cuanto antes, al comprobar que su visión no dejaba de empeorar. El resultado de esta desproporcionada demora, explica el abogado Ricardo Agóiz, fue que, finalmente, Daniel perdió por completo la visión de ese ojo izquierdo, sin posibilidad alguna de revertir el daño fatal provocado en el nervio óptico.
El Gobierno de Aragón reconoció en una resolución que esa pérdida de visión era producto de un fallo administrativo y valoró la indemnización en 64.000 euros, una compensación irrisoria si se toma como referencia la compensación económica contemplada por ese mismo daño en caso de accidente, que sería del doble de lo que el Gobierno de Aragón ya ha abonado al afectado. Ricardo Agóiz cree que se les está tomando el pelo y asegura que irán a juicio, ya que la reclamación se interpuso por vía administrativa.