Silvia Martinez
La nueva arquitectura fiscal de la Unión Europea, que concederá más flexibilidad a los gobiernos para que diseñen sus sendas de ajuste presupuestario al tiempo que establece requisitos más estrictos de reducción del déficit y la deuda pública, ha superado este martes uno de sus últimos obstáculos con la aprobación de la reforma de las reglas fiscales en el Parlamento Europeo. Un voto sin sorpresas que ha logrado un fuerte respaldo y ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales.
La reforma, según los planes de la presidencia semestral de la UE que lidera Bélgica, será adoptada este próximo viernes por los embajadores permanentes en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) y el próximo lunes 29 de de abril, sin debate y en el que será el último trámite, por los ministros de agricultura de la UE. Tanto los verdes como la izquierda han criticado durante el último debate celebrado este martes en el pleno la nueva arquitectura que dicen conllevará "una austeridad a perpetuidad", según ha denunciado la francesa Manon Aubry. "Impondrán una camisa de fuerza a todos los Estados miembros", ha dicho el ecologista Philippe Lamberts.
Para la líder de los socialistas europeos, en cambio, "este acuerdo es sin ninguna duda mejor que no tener acuerdo y regresar a las viejas reglas", ha valorado Iratxe García. Para el coponente del informe, el popular aleman Markus Ferber, la reforma "constituye un nuevo comienzo y un retorno a la responsabilidad fiscal" aunque solo tendrá éxito "si la Comisión la aplica adecuadamente", ha recordado.
"Equilibrio delicado"
Para el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, el resultado "no es perfecto" pero "es un buen compromiso" que ofrece un "equilibrio delicado" con nuevas reglas "más flexibles", "orientadas" y "creíbles" que permitirán "una reducción gradual de la deuda pública sin socavar el crecimiento" al tiempo que ayudarán a "proteger el nivel de inversión pública" para "financiar las transiciones verde y digital, salvaguardar nuestro modelo social y garantizar la seguridad del continente", ha valorado el italiano que considera que la nueva arquitectura servirá para corregir unas reglas actuales que por ser tan rígidas no se aplicaban.
"No es perfecto. En particular, hace poco para reducir la complejidad. Sin embargo, es inequívocamente mejor que las normas existentes", ha insistido aludiendo a cuatro motivos. En primer lugar, Bruselas defiende que las reglas fortalecerán los incentivos para la inversión pública –para impulsar la transición verde y digitales y la defensa –y las reformas. En segundo, establecerán un camino creíble para la "necesaria reducción de la deuda". En tercero, garantizan que los Estados miembros se apropien de sus políticas fiscales, dentro de un marco común europeo. Y, por último, darán un mayor protagonismo a los aspectos sociales y consideraciones climáticas.
Planes para el 20 de septiembre
Las nuevas normas, que nacen un año después de que el Ejecutivo comunitario presentara su propuesta , ofrecerán "más margen de maniobra a los Estados miembros" a la hora de fijar sus respectivas trayectorias fiscales teniendo en cuenta la situación de cada país. El próximo paso, una vez que el Consejo ratifique el acuerdo definitivo la próxima semana, será empezar a implementarlas. Esto implicará la negociación entre los Estados miembros y Bruselas de los nuevos planes de ajuste plurianual a cuatro o siete años. "Esperamos que los Estados miembros presenten sus planes fiscales estructurales a medio plazo antes del 20 de septiembre. Estos proporcionarán claridad sobre su política fiscal para los próximos años y establecerán reformas e inversiones clave", ha dicho el vicepresidente Valdis Dombrovskis,
A petición de los eurodiputados, los países con déficit o deuda excesivos podrán demandar la apertura de un proceso de debate con la Comisión antes de recibir orientaciones sobre la trayectoria del gasto. Un Estado miembro podrá además solicitar que se presente un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación, por ejemplo, un cambio de gobierno. Además, la Eurocámara ha reforzado el papel de las instituciones fiscales independientes nacionales, encargadas de investigar la idoneidad de los presupuestos y proyecciones fiscales de su gobierno, con el objetivo de que este papel más importante contribuya a mayor aceptación nacional de los planes. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cumplir con las nuevas reglas fiscales exigirá a España un ajuste anual equivalente al 0,64% del PIB cada uno de los cuatro años, entre 2025 y 2028, lo que se traducirá en un ajuste anual de casi 10.000 millones de euros.
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