Según todas las encuestas, para la mitad de los uruguayos la seguridad -o, mejor dicho, la inseguridad- es el problema más importante que tiene el país. No es un dato menor, más cuando el Gobierno no cesa de declamar que los delitos han descendido.
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Los últimos cuatro años los dedicaron a compararse con la gestión del Gobierno frenteamplista, particularmente con la del ministro Eduardo Bonomi. Ese fue el eje de su gestión.
Lograron que se aprobara la Ley de Urgente Consideración (LUC) con varios artículos sobre seguridad. Por ejemplo, se endurecieron algunas penas y se llegó a la más alta tasa de prisionización en establecimientos indignos.
Pero los delitos se bajaron falseando la realidad. ¿Cómo? Pues complicando las denuncias de los ciudadanos. En un acto de sincericidio, Álvaro Delgado, exsecretario de Presidencia y probable candidato a la presidencia por el Partido Nacional, dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que "este Gobierno logró frenar el crecimiento de las denuncias de delitos…".
Un par de días después, una señora, propietaria de una panadería asaltada en Montevideo, dijo a Subrayado que "la Policía no solo demoró 25 minutos en llegar al lugar, sino que además no le quisieron tomar la denuncia".
¿Un caso aislado? En el año 2020 fue formalizado con prisión el número tres en la jerarquía de la Jefatura de Policía de Maldonado. En las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia se oye al comisario Fernando Pereira decirle a un funcionario: "No pongas abigeato, porque después nos matan con las cifras".
Por la misma época, el jefe de Policía de San José, Orestes Leles da Silva, dijo que "no informa todos los delitos", "no estoy obligado".
Poco después, el periodista Gabriel Pereyra informó que la Jefatura de Policía de Durazno "maquillaba" las cifras de delitos, después de comprobar que varias denuncias por rapiña habían sido consignadas como hurtos.
En Lavalleja se pretendió consignar como muerte dudosa la de un joven cuyo cadáver fue encontrado maniatado dentro de una bolsa.
Este cronista fue testigo de la acción policial en el hurto a un supermercado de Maldonado. Un sujeto ingresó rompiendo la vidriera, por lo que se hizo algunos cortes. Su sangre quedó regada por el piso. Pero para la patrulla que llegó "eso no servía para nada". La propietaria tuvo que pasar una odisea de cuatro horas en la seccional 1ª para que le tomaran una denuncia, algo que pudieron haber hecho los policías que concurrieron al local.
La policía detuvo al ladrón, pero la Fiscalía lo liberó por falta de pruebas.
A las dos semanas, el mismo sujeto volvió a robar el mismo lugar, según registraron las cámaras del local. Porque las de videovigilancia, ubicadas exactamente en la vereda de enfrente, no mostraron nada.
Todos los que han sido víctimas de algún delito han vivido su propia peripecia cuando fueron a denunciar. Hubo una estrategia para dificultar las denuncias como forma de exhibir públicamente los números que el Gobierno quería.
Fernando Gil Díaz: "Desmantelaron una estructura que servía a la gente".
Durante 10 años, Fernando Gil Díaz se desempeñó como director de Comunicaciones del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi.
Ahora, entre otras cosas, mantiene un blog donde, bajo el seudónimo "El perro Gil", publica datos y opiniones sobre varios asuntos, entre ellos seguridad. Hace una semana se refirió al tema del descenso de las denuncias, explicando cómo sucedió.
"Lejos de fomentar la denuncia y facilitar el acceso a la ciudadanía para que puedan radicar una denuncia en caso de haber sufrido un delito, se le han puesto trabas o dificultades para ello, y vamos a referenciar algunos puntos que hicieron parte de esa 'estrategia' no escrita pero bien instrumentada, configurando una verdadera precarización de los registros", dice Gil Díaz.
Y luego explica:
"Becarios. El plan MiComisaría de la anterior gestión había puesto el foco en la mejora de la atención al público en las oficinas policiales que cada jefatura tiene instalada en los barrios a lo largo y ancho del país. Un plan piloto que comenzó en Montevideo y luego se extendió por otros departamentos y que no solo mejoraba la infraestructura edilicia de los locales (accesibles, cómodos, con nuevas tecnologías, incluyendo cámaras que grababan lo que ocurría en los espacios de atención al público), sino que incorporó la figura de los becarios. Estudiantes que –en régimen de pasantía de 18 meses– atendían público mejorando los tiempos de atención con el uso de nuevas tecnologías informáticas. Hoy fueron sustituidos por retirados policiales, desactualizados en el uso de las nuevas herramientas y procedimientos administrativos de gestión".
"Tablets. A pesar de que lo negaron de forma sistemática, basta con consultar a cualquiera que haya sido víctima de un delito para confirmar que ya no se usan, para registrarlos y subirlos al sistema. Hoy las víctimas deben concurrir a una seccional para radicar la denuncia. Incluso se ha llegado al colmo de simular que le toman la denuncia y cuando la víctima concurre a otra seccional, se encuentra con que la misma nunca fue ingresada al sistema. Todo ello con el adicional del tiempo de espera que afecta y revictimiza a los ciudadanos, haciendo que lejos de fomentar se desestimule la denuncia. Solo en casos graves o que sea requerido por algún trámite adicional (seguro, cédula de identidad, etc), se cuentan por miles los delitos que nunca llegan a ser registrados. Delitos que antes se registraban en el lugar del hecho, a partir de una tablet", sostiene Gil Díaz.
Pero agrega otro dato preocupante: "Tenemos información de que también se habrían afectado los registros de movilidad de la flota, desafectando la funcionalidad de geolocalización del SISCONVE (Sistema de Control Vehicular), con el que se podía controlar a todos los vehículos del Ministerio del Interior. Y ese no es un dato menor, pues junto a los sistemas de comunicación encriptados (TETRA) forman un doble control de localización que permite cruzar información.
Algo que sirvió de prueba en casos emblemáticos, como el del joven ultimado por un policía en Santa Catalina, al que se le había plantado un arma y terminó con policías presos y la cartera pidiendo perdón a la familia de la víctima. De confirmarse esto, ya no será posible conocer la trazabilidad de la flota vehicular de la cartera (incluidos los patrulleros) si estos no tienen encima un equipo TETRA, con todo lo que ello implica en materia de seguridad", dijo el responsable del blog.
La fórmula ha sido exitosa para las autoridades. Desde hace cuatro años, pandemia por medio, muestran números de delito en descenso. Pero lo que realmente bajaron fueron las denuncias.
Porque la calificación de delito la establece la Fiscalía, no el Observatorio de Violencia y Criminalidad, que se basa en la información consignada en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SSGP). Allí se consignan las denuncias.
Por lo tanto, el que haya menos denuncias no significa que hayan bajado los delitos.
Los cadáveres no se pueden esconder
Desde el año 2020 se verifica una diferencia significativa entre los datos de homicidios que difunde el Ministerio del Interior y los que se obtienen en fuentes abiertas (internet, redes sociales, periódicos, revistas, radios, canales de TV). Incluso las del 2022 difieren con las que aporta Fiscalía General de la Nación.
En el 2020, el Ministerio consignó 338 homicidios, pero las fuentes abiertas difundieron 352. En el 2021 oficialmente se consignaron 306, extraoficialmente fueron 316. En el 2022 el Ministerio mencionó 383 víctimas de homicidio; la Fiscalía actuó en 388 asesinatos y extraoficialmente se informó que fueron 399. En el 2023 oficialmente se informó de 382 crímenes, extraoficialmente fueron 399.
En lo que va del año, y hasta el 15 de abril, son 126 los asesinatos.
Las diferencias se producen porque el Ministerio no consigna como homicidio lo que califica como muerte dudosa. Y con la Fiscalía la diferencia radica en que se consignan los homicidios sobre los que hay resolución.
El año en que se registraron más homicidios fue el 2018. Pero si la tendencia actual se mantuviera, seguramente este año esa cifra podría ser igualada o superada.
En los últimos cinco años de gobierno frentista se produjeron 1.687 homicidios. En tanto, desde marzo del 2020 hasta el 15 de abril pasado, se han registrado 1.553 asesinatos.
Una Policía destruida
Seguramente, con el paso de los años, el lamentablemente fallecido Jorge Larrañaga será recordado como uno de los peores ministros del Interior de la historia contemporánea. En tanto, a Luis Alberto Heber se lo recordará como el que le dio un pasaporte a un jefe narco y luego le mintió al Senado.
Ambos cometieron errores muy graves con el manejo de la fuerza policial. En principio porque recurrieron para los cargos de confianza a jerarcas del pasado que mantuvieron viejos vicios. No en vano con el caso Astesiano cayó casi la mitad de la cúpula policial; el pedófilo Gustavo Penadés se llevó al director del Comcar, Carlos Tarocco; más de la mitad de los jefes de Policía nombrados en marzo del 2020 fueron sustituídos y alguno procesado.
Los casos de abuso funcional y sexual son práctica corriente, según han señalado dirigentes de los sindicatos policiales.
En lo que va del año, 6 policías se suicidaron, dos de ellas funcionarias del 911 que no soportaron las presiones y el estrés que les generaba la tarea. Los policías denuncian que han perdido salario. Y, para peor, los nichos de corrupción crecen y cada vez más policías aparecen vinculados a casos criminales.
El resto, la gran mayoría, sobrevive como puede.
Pero a esta Policía acosada desde dentro por sus autoridades y desde fuera por los delincuentes, no le podemos pedir más. Sin una Policía bien pagada, educada, profesionalmente preparada, será imposible encarar los desafíos sobre seguridad.
Pero a esta situación llegamos porque hubo un ministro que creyó que revoleando el poncho y gritando consignas vacías de contenido iba a terminar con la inseguridad.