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Con pantalones de faena, una chaqueta reflectante, las manos manchadas por el polvo y los guantes de protección en el bolsillo trasero. Así fue sorprendido y engrilletado por agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano un presunto pandillero salvadoreño reclamado por la justicia de su país el pasado martes 16 de abril. Sin embargo, su deportación interesada peligra debido a las políticas penitenciarias y judiciales emprendidas por Nayib Bukele, que, a criterio de la Fiscalía española, constituyen una «vulneración de derechos humanos».
Según fuentes policiales, el detenido pertenecía a la banda llamada Barrio 18 -también conocida como Calle 18, Mara 18-, una de las principales pandillas de El Salvador que, junto con la Mara Salvatrucha, controlan el crimen organizado en el país centroamericano y cuyas raíces se sitúan en Los Ángeles (California) en la década de los 60.
Este «destacado miembro» de la organización estaba «buscado en su país por su presunta participación en delitos de homicidio agravado, privación de libertad y extorsión agravada, cometidos todos en el marco de la actividad delincuencial propia de la pandilla», según indican fuentes de la Policía Nacional.
El detenido había llegado a España hace más de un lustro y se ganaba la vida en la construcción. Su arresto se produjo de forma conjunta por el Grupo de Localización de Fugitivos y la Comisaría General de Información en respuesta a una «noticia roja» de Interpol emitida por El Salvador, que motivó las pesquisas para su localización.
Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial en el Juzgado Central de Instrucción cuatro de la Audiencia Nacional (A.N.) -el tribunal competente para decidir sobre este extradiciones interesadas-, que decretó su ingreso en prisión a la espera de que una de las cuatro salas del Alto Tribunal celebre una vista.
Sin embargo, el mismo día de su arresto, la Fiscalía de la sección cuarta de la Audiencia Nacional dio a conocer su postura contraria a la extradición para otro miembro de la pandilla Calle 18, que en este caso ya contaba con una condena en firme en su país, argumentando en sus conclusiones que «no procede acceder a la solicitud de extradición» a El Salvador por «el riesgo cierto de vulneración de derechos humanos».
En su razonamiento, la fiscalía de la Audiencia Nacional afirma que «la situación actual [en El Salvador] resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales» y habla de un «estado penitenciario calamitoso» apoyándose en un dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos.