El Consell no tiene opinión sobre la ley que prepara el Gobierno de España para asumir una parte de la deuda de las autonomías porque, de momento, dicha ley no existe. No solo es que no exista, criticó la portavoz del Ejecutivo autonómico y consellera de Hacienda, Ruth Merino, sino que tampoco ha informado de los criterios en los que se va a basar. "Puedo decir lo mismo que hace dos semanas o dos meses", expresó Merino quien pese a no tener "ninguna novedad ni notificación" al respecto, sí aprovechó para presionar al departamento de María Jesús Montero para basar esta ley en el porcentaje de deuda generado por la infrafinanciación así como para reclamar la actualización de las entregas a cuenta tras la renuncia a elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
"Son euros montantes y sonantes", señaló la consellera de Hacienda sobre la demora para actualizar las entregas a cuenta, el dinero que el Estado envía mensualmente a las comunidades de la financiación. En este sentido, lamentó que este retraso supone un coste para la Generalitat de 90 millones de euros de ingresos menos cada mes. Esta cifra se reingresará en el momento en el que se apruebe esta actualización, algo que se hará a través de las enmiendas al proyecto de ley con ayudas anticrisis, ya en el Congreso, pero para el Consell "llega tarde". Sea cuando sea, el Ejecutivo autonómico reclama que se pague "todo de golpe" y no prorrateado.
No es la única petición ni crítica que Merino ha lanzado al Gobierno de España desde la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. La otra ha estado centrada en la ley en la que, tal y como confirmaron fuentes del Ejecutivo central a Levante-EMV, trabajan ya la Moncloa y el Ministerio de Hacienda para que el Estado se quede con un porcentaje del pasivo de las comunidades. Sobre esta, la consellera mostró su desconfianza por el momento de concatenación electoral en el que se encuentra España y reclamó que tenga en cuenta el porcentaje de deuda causado por la infrafinanciación.
"Todo es publicidad y ahora más", indicó la portavoz del Ejecutivo autonómico por la triple cita electoral que afronta España en los próximos dos meses y medio: primeros las vascas (21 de abril), luego las catalanas (12 de mayo) y por último, las europeas (9 de junio). "A la hora de la verdad, no ocurre nada", agregó Merino quien recordó que la ministra y ahora vicepresidenta del Gobierno de España anunció a finales de año que en febrero se darían los primeros contactos con las autonomías para negociar con ellas la quita de esta deuda que será, eso sí, homogénea a todas. Pero de esas negociaciones, de momento, nada. "No hay novedad ni notificación", reiteró Merino.
43.000 millones de 57.000
Sin embargo, la consellera de Hacienda señaló que si en algún momento el Ejecutivo autonómico puede trasladar su opinión al ministerio, la reclamación se basará en el porcentaje de deuda generado a causa de la infrafinanciación. En concreto, y según los estudios de los expertos valencianos, esta representa un 78 % del total, unos 43.000 millones sobre los más 57.000 millones que se deben actualmente. "Es el primer cálculo que se debería abordar, aunque sea en el pago generado por los intereses", reclamó Merino quien no se mostró en contra de la futura ley que, sin embargo, no genera consenso en el Consell ante el rechazo de Vox.
"Siempre vamos a estar defendiendo los intereses de los valencianos", expresó, sin embargo, la consellera de Hacienda este martes. La posición del PP en este sentido es centrarse en reclamar la reforma de la financiación, pero que en caso de que haya una asunción del Estado de la deuda, la Generalitat la aceptará. Lo que parece complicado es que sea en los umbrales solicitados por Merino. Los criterios, según han expresado en varias comparecencias tanto Pedro Sánchez como Montero, serán la población y la infrafinanciación durante la crisis económica cuando el FLA se convirtió en un oxígeno asistido para las cuentas.
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