El Poder Judicial de Puno dictó esta semana nueve meses de prisión preventiva para Lelis Enrique Quispe Ramos, alcalde del Centro Poblado de La Rinconada, por estar implicado en un caso de cohecho pasivo propio, afectando directamente al Estado.
Esta decisión, aprobada tras la denuncia del Ministerio público, sigue a su detención en flagrancia el 9 de abril, durante un operativo en su domicilio, donde se hallaron S/ 20,000.
Quispe Ramos es investigado debido a la presunta demanda de S/ 35,000 para evitar la clausura de la discoteca "Casa Verde", ubicada en el mismo Centro Poblado de La Rinconada. Como se recuerda, la intervención contra el burgomaestre se dio después que la dueña del local nocturno acusara al Quispe Ramos de exigirle una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de evitar el cierre.
Durante la detención de Quispe Ramos, se le encontró en posesión de solo S/ 59, aunque en el registro de su domicilio se localizaron S/ 19,950. Las investigaciones se extendieron además a las instalaciones de la municipalidad de La Rinconada, según detalló el medio local Los Andes.
La orden de prisión preventiva fue fundamentada por el fiscal provincial Gilmer Escobar Gil, con el soporte de sus colegas Elías Jamachi Cueva, Elda Loza Guerra, Darwin E. Huamán Mamani, y Angela Catacora Aguirre, quienes jugaron un papel esencial en la presentación del caso ante las autoridades judiciales.
La detención y la posterior medida cautelar reflejan el esfuerzo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno por combatir la corrupción dentro de las entidades gubernamentales, resaltando la importancia de mantener la integridad y la transparencia en el manejo de asuntos públicos.
Dirigentes piden revocatoria
Enterados del hecho, la Asociación Central Única de Barrios y Urbanizaciones (ACUBUR) ha lanzado una demanda para la destitución inmediata del alcalde Lelis Enrique Quispe y de algunos regidores, tras su detención en flagrancia por supuestamente solicitar pagos ilícitos a gerentes de establecimientos nocturnos.
La ACUBUR no solo ha pedido la vacancia de Quispe Ramos, sino también ha instado a una acción decidida contra los regidores implicados, acusándolos de abandonar sus deberes de fiscalización y coludirse en prácticas corruptas.
"En tema de fiscalización, los regidores no han cumplido el papel importante, como es la fiscalización; más al contrario, se han inmiscuido al cogobernar con el alcalde, dejando de lado sus funciones y deber de fiscalización como regidores; coludiéndose en actos bochornosos de corrupción y cobros indebidos", expresó la asociación en su comunicado.
"La inmediata convocatoria de elecciones transitorias" es otra de las demandas clave de la sociedad civil. Los detalles del escándalo se evidencian en la documentación obtenida por las autoridades, donde figura la recaudación indebida de fondos provenientes de los clubes nocturnos, "una práctica que ha lanzado al alcalde y a sus conspiradores al centro de las críticas públicas y legales".
En respuesta a la creciente controversia, la ACUBUR, junto con firmantes adicionales, ha hecho un llamado al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que investiguen con profundidad los recientes acontecimientos que involucran al alcalde y a los regidores en cuestión. Este pedido subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un escrutinio exhaustivo para asegurar que se haga justicia.