En una actividad encabezada por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, fueron presentados los resultados de la supervisión desarrollada entre los meses de febrero y marzo para conocer la condiciones en que se encuentran los almacenes de bienes de ayuda humanitaria correspondientes a 25 gobiernos regionales y 196 municipalidades provinciales. Como parte de los resultados, se evidencia que, pese a que nuestro país es altamente vulnerable ante situaciones de desastre, un gran sector de los gobiernos regionales y locales incumple con implementar dichos espacios o no los tiene adecuadamente equipados.
Como parte de los resultados, se dio a conocer que, a pesar de su importancia para la atención de víctimas en casos de emergencia, 15 municipalidades provinciales no han cumplido hasta el momento con implementar sus respectivos almacenes. La lista la conforman los municipios provinciales de Bongará, en Amazonas; Grau, en Apurímac; Camaná, en Arequipa; y de Cajamarca y Dos de Mayo, en Cajamarca y Huánuco, respectivamente.
La lista de comunas provinciales que aún no cuentan con almacenes de bienes de ayuda humanitaria incluye también a Sánchez Carrión, en La Libertad; Lambayeque, en Lambayeque; Huaura, en Lima; Putumayo, en Loreto y Lampa, en Puno. Asimismo, se encuentran comprendidas las municipalidades provinciales de Huallaga, Mariscal Cáceres, Rioja, San Martín y Tocache, en la región San Martín.
Respecto a la infraestructura de los almacenes supervisados, el informe detalla que el 15.05 % presenta fisuras en las paredes y el 14.56 %, en el techo. Asimismo, que el 9.71 % presenta grietas en el piso y más del 23 % se ubican en zonas expuestas a inundaciones, caída de rocas, huaicos o deslizamientos. Como casos críticos destacan los almacenes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde pudo observarse fisuras en la parte superior; asimismo, los almacenes del Gobierno Regional de Madre de Dios y de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, cuyas estructuras superiores se encuentran deterioradas debido a la humedad.
Otro de los aspectos que formó parte de la supervisión fue el estado de los almacenes supervisados. En ese sentido, se pudo evidenciar que el 23.30 % registra la presencia de roedores; el 16. 02 %, de insectos; el 9.22 %, de aves y el 0.97 %, de murciélagos. Entre los almacenes con presencia de roedores e insectos se encuentran los de Utcubamba y Condorcanqui, en Amazonas; y los de Carhuaz, Sihuas y Huaylas, en Áncash. Además, 63 de las instituciones supervisadas almacenaban bienes de ayuda humanitaria en el piso; por ello, más del 20 % de los almacenes se encontraban empolvados, dañados o en la intemperie.
Entre las causas de esta situación se encontraría el tiempo reducido en el cargo de quienes tienen como responsabilidad la administración de los almacenes. En efecto, durante la supervisión se pudo verificar que más del 52 % de los funcionarios entrevistados tenían una permanencia menor de un año en el cargo.
Para la Defensoría del Pueblo, sin embargo, en un contexto de emergencias y desastres, las entidades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de garantizar la custodia, conservación, distribución y supervisión de la entrega de los bienes de ayuda humanitaria a la población afectada. Para ello, deben implementar almacenes con infraestructura adecuada y el stock de bienes necesarios para atender las necesidades de las personas damnificadas y afectadas.
Así lo recordó el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien precisó que la obligación de los gobiernos regionales y locales de mantener los almacenes de bienes de ayuda humanitaria debidamente equipados es un deber establecido en la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
Cabe indicar que los resultados y recomendaciones formuladas tras la supervisión han sido remitidos a los tres niveles de gobierno con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la preparación para brindar una asistencia humanitaria inmediata y eficaz con enfoque de derechos. Se busca con ello garantizar una atención oportuna y efectiva de la población damnificada y afectada ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.