En febrero de este año la Contraloría General de la República entregó un informe sobre la situación financiera de las EPS en el país. Los hallazgos más significativos tienen que ver con una deuda de 25 billones de pesos entre aseguradoras y prestadores de servicios y el cumplimiento de solo 5 de 26 EPS que reportaron la información de sus indicadores financieros.
Sobre lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, también presentó en el último trimestre de 2023 un balance sobre la gestión administrativa de estas entidades. Justamente, coincide el ente de control y vigilancia del sector salud con un déficit superior a los 12 billones de pesos en la constitución de las denominadas reservas técnicas.
En este mismo sentido, desde ACEMI (agremiación de las EPS del régimen contributivo) se han socializado estudios que concluyen que en la actualidad las administradoras del plan de beneficios están gastando un 102% de sus ingresos. Según la agremiación, esta situación se produce principalmente por la insuficiencia de la UPC (prima de la salud que financia el Estado para servicios de salud) que en promedio anual es de 1.300.000 por cada colombiano.
Adicional a esto, desde el sector prestador de servicios de salud agremiado en la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales publica periódicamente un informe de cartera. En esta medición, se ha demostrado que las principales IPS de Colombia tienen pagos pendientes por cerca de 16 billones de pesos y las aseguradoras son las principales deudoras de ese monto. Desde esta organización han reiterado que además de la reforma, es necesario que el gobierno trabaje articuladamente con actores de la salud en un plan de flujo de recursos extraordinario y que la estrategia evite llegar a un punto de no retorno.