El Ayuntamiento de Sóller ha desempolvado un viejo proyecto que llevaba años en el cajón: la recepción de la urbanización de Muleta I, en el Port, anexa a Muleta II, que es propiedad de Matthias Khün y que recientemente originó una indemnización millonaria. El municipio ha reactivado el procedimiento para que en el futuro las calles e infraestructuras de esta otra urbanización pasen a ser de titularidad municipal. Pero para que esto sea posible, todavía habrá que recorrer un largo camino, dice la edil de Urbanismo, Esther Alfonso, quien ha explicado que desde hace poco el Ayuntamiento trabaja en reactivar el proyecto de recepción. Alfonso lo ha recuperado en el punto donde quedó hace seis años cuando el Ayuntamiento inició la tramitación para delimitar los edificios y solares que forman parte de la urbanización. Se trata de un trámite «largo y complejo», explica Alfonso, que ha asegurado que el municipio trabajará para llevar adelante un proyecto a largo plazo que supondrá la renovación de todas las infraestructuras de la urbanización (desde el alumbrado, las redes de agua y alcantarillado, hasta el pavimento de las calles) para que después pasen a ser de titularidad municipal. Un proceso similar al de las urbanizaciones del Través I o en la de Can Joy.
En el caso de Muleta I lo que todavía no está muy claro es quién y cómo pagará el cuantioso coste que supondrá renovar las infraestructuras de la urbanización. El Ayuntamiento entiende que tendrán que ser los propietarios, como ya se ha hecho en las otras urbanizaciones. Sin embargo, para la concejala de Urbanismo en estos momentos no se ha llegado a esta fase. Primero deberá concluirse el proceso de delimitación de la urbanización (con el proceso de participación de los afectados) y ya después se trabajará en lo que será la inversión a realizar, su coste y la repercusión del gasto.
El proyecto que ahora se reactiva después de seis años en estado de latencia fue impulsado por Jaume Mateu. En 2017 se realizaron los primeros estudios para recepcionar la urbanización y se cuantificó que las obras tendrían un coste que rondarían los cuatro millones de euros. Un precio que posiblemente hoy en día sea mayor.
El Ayuntamiento deberá lidiar con los residentes partidarios y contrarios de la recepción de una urbanización donde actualmente no se puede construir ningún edificio precisamente por el mal estado de sus servicios.
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