La pre-candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, tronó este domingo contra de una propuesta de decreto impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la cual concede una exención del setenta y cinco por ciento (75%) a Luma Energy LLC del pago de impuestos municipales, el cual tendría un alegado impacto de sobre $600 millones de dólares en las arcas de los ayuntamientos.
"Nuevamente, el gobernador pone los intereses de LUMA por encima del pueblo y los municipios. Ningún contratista o subcontratista de agencia o municipio está exento del pago de patentes y arbitrios de construcción.
¿Por qué eximir a los contratistas de LUMA, compañía con trayectoria de contratar a compañías subsidiarias y relacionadas? ¿Cómo este decreto redunda en un beneficio para nuestra gente? Esta medida lo que hace es quitarla $600 millones a los municipios que usan los mismos para ofrecer los servicios esenciales al pueblo.
Aquí quien único sale beneficiado es LUMA, sin nada a cambio a favor de nuestro pueblo. Tan sencillo como eso. Hago un llamado para que todo trámite que se este llevando a cabo a favor de la otorgación de este decreto se paralice inmediatamente", expresó la actual comisionada residente en Washington D.C. mediante declaraciones escritas.
Según había revelado en los pasados días el portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, varios líder de la Palma están en contra de la propuesta, incluyendo la Federación de Alcaldes.
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El expresidente cameral hizo referencia a una carta enviada el pasado 22 de abril por el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Axel Roque, sobre el 'borrador del Decreto Luma Energy'. De acuerdo con la misiva, el DDEC notificó a varios municipios que se encuentran evaluando otorgar el antes mencionado decreto bajo el amparo de le Ley 60-2019 (caso número 2023-Act60/2071.01-000152).
La propuesta del decreto se encuentra enmarcada en la Sección 2071.01 relacionada a 'Empresas Dedicadas a la Infraestructura y a la Energía Verde o Altamente Eficiente'. La carta además indica que los municipios tendrán hasta 20 días para expresarse sobre esta propuesta de decreto.
"El decreto establece que Luma y sus contratistas de servicio tendrá un 75 por ciento de exención sobre cualquier contribución, impuesto, derecho, licencia, arbitrio, tasa o tarifa impuesta por cualquier municipio sobre la construcción", detalló Méndez.
La Federación también exhortó a los ayuntamientos a revisar el estatus contributivo de las patentes municipales, propiedad mueble e inmueble, así como arbitrios de constriction y el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) que aplique a Luma y sus contratistas.
Reacciona el DDEC
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, emitió una declaraciones sobre la solicitud de decreto de LUMA Energy.
"En días recientes ha circulado públicamente información sobre una solicitud de decreto de la entidad Luma bajo la Ley Núm. 60-2019, conocida como el "Código de Incentivos de Puerto Rico ("Ley 60″). Si bien confirmamos que tal solicitud fue presentada, es preciso aclarar que la misma no ha sido aprobada. Al presente, esta se encuentra en proceso de evaluación interagencial y municipal, según establecido en ley.
Asimismo, aclaramos que los contratistas y subcontratistas de entidades Alianzas Públicos Privadas haciendo obras en la red eléctrica, tienen que pagar arbitrios y patentes a los municipios, sin exención alguna.
Los incentivos contributivos son una herramienta importante para el desarrollo económico y para promover inversiones nuevas, aumentar la competitividad de las empresas locales y lograr la atracción de capital, entre otros objetivos. Ahora bien, cuando la solicitud de incentivo no cumple con algunos de estos, pudiera ser contra producente proceder con el incentivo.
Es por lo anterior, que la Ley 60 provee para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio evalúe los méritos de dicha solicitud, su impacto positivo o negativo sobre la economía, al igual que su costo fiscal, incluidos los municipios, y basado en ello, poder denegar una solicitud", detalló Cidre mediante declaraciones escritas.