El Gobierno de Aragón prevé presentar antes de verano el Plan de Concordia con el que sustituirán la ya derogada Ley autonómica de Memoria democrática. Se basará en el "espíritu de la Transición", según la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, y no diferenciará entre unas y otras víctimas. "Para explicar y unir y no para remover y enfrentar". Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la semana que viene se reunirán con las asociaciones memorialistas para planificar las acciones de este año del Plan de Exhumaciones, cuyo presupuesto ha aumentado un 10% hasta los 110.000 euros.
Se trabajará con el mapa "anterior a la Ley de Memoria", para seguir localizando represaliados en fosas comunes y cunetas. Esperan superar las ocho exhumaciones que se realizaron el año pasado en el último año del gobierno de Lambán. Vaquero ha destacado el compromiso del ejecutivo con ese plan para localizar víctimas de la "violencia ideológica" durante la II República, Guerra Civil y Dictadura.
Críticas al PSOE
Vaquero también ha acusado al presidente Pedro Sánchez de seguir levantando muros entre españoles y de confrontar por intereses electorales, tras anunciar ayer en Cuelgamuros que elevará a Naciones Unidas, a la comisión Europea y al Parlamento Europeo la derogación de la ley aragonesa de memoria democrática.
La vicepresidenta asegura que el Gobierno incumple reiteradamente la Ley de Memoria y califica de "inaudito" que el Gobierno quiera derogar la derogación de una norma aprobada en el parlamento aragonés de forma ajustada a derecho.
Beltrán responde
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, cree que el ejecutivo autonómico ha dado "una patada hacia delante" en materia de memoria histórica. Les acusa de "hacer piruetas" al anunciar ese plan de exhumaciones pese a que en la ley de derogación de la Memoria Democrática. "Tengo mis serias dudas de cómo puede hacerse con la ley derogada". Cree que el PP ha intentado contentar a VOX con esa decisión, pero después del "acto de trilerismo con el vicepresidente Nolasco" están "buscando la manera de recuperar todo lo que ponía en esa ley". "Me parece una pirueta compleja de acometer y ejecutar".
Además, Beltrán asegura que la Ley aragonesa de Memoria suprimida no distinguía entre bandos o entre unas víctimas y otras. Defiende el paso que ha dado el Gobierno llevando la derogación a la ONU y a instituciones europeas. Insiste en que lo preocupa es el fondo y no las formas jurídicas en las que se ha producido. "Al decir que quedan suprimidos aspectos que hacen imposible desarrollar la identificación, guardar memoria de lo que ha ocurrido, trabajar para que esa información se preserve y dignificar los restos humanos que están todavía en las cunetas, va contra los derechos humanos", ha concluido.