Más de la mitad de la población (55 por ciento) en municipios altamente afectados por el conflicto se enfrentó con por lo menos a un problema legal serio en los últimos cuatro años, pero la mitad de estos problemas no fueron resueltos, afectando sus relaciones, bienestar financiero y salud mental.
Esta es una de las conclusiones del informe 'Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024', realizado por el Instituto de la Haya para la Innovación del Derecho (HiiL), con el apoyo del Programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), que se enfocó en la "justicia en la vida diaria" al analizar las necesidades jurídicas en 16 municipios de áreas afectadas por el conflicto, la mayoría de ellos (68 por ciento), priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), caracterizados por situaciones históricas de pobreza, violencia y baja capacidad institucional.
Este estudio, que se realizó entre agosto y septiembre de 2023, encuestó a 6.000 personas adultas y encontró que los problemas más comunes se relacionan con disputas de vecinos (25 por ciento), servicios estatales (14 por ciento), crimen y delitos (14 por ciento), y tierras (10 por ciento).
Los problemas vecinales más comunes son el ruido regular y excesivo, el mal manejo de basuras, entre otros; en el caso de servicios estatales, suele tratarse de disputas por atención médica, acceso a medicamentos y acceso programas sociales; en cuanto a los crímenes, se menciona el robo, el allanamiento, la extorsión, el chantaje y las amenazas. Los problemas con tierras suelen tener que ver con desplazamiento y despojo, disputas por linderos y por títulos, formalización, tenencia y ocupación de tierras.
Pero los problemas varían por género, condición de desplazamiento, ingresos y nivel educativo; por ejemplo, las mujeres experimentan más problemas de servicios estatales y violencia intrafamiliar que los hombres, quienes experimentan más disputas por el crimen y el empleo.
Los hallazgos también indican que uno de cada cinco problemas fue calificado por los encuestados como muy serio, y a menudo se vinculan a problemas estructurales, como el desplazamiento, también se encontró que casi una cuarta parte de los problemas (23 por ciento) se relacionaba, de alguna forma, con la pandemia de covid-19.
Al preguntar por el estado de los problemas se encontró que en poco más de la mitad de los casos (52 por ciento) el problema continúa o, peor, está abandonado. Esta situación afecta diferencialmente a la población dependiendo, entre otras cosas, de su situación económica, ya que se dice que "aproximadamente uno de cada cuatro problemas continúan y están a espera de resolución; este número crece para aquellos que son económicamente vulnerables. Dos de cada 3 personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas tienen problemas no resueltos, y 1 de cada 3 aún espera una resolución".
Entre los hallazgos también se indica que para la minoría de personas que obtuvo soluciones para sus problemas legales, las mismas se percibían en su mayoría como justas (60 por ciento), pero el principal desafío es que muchas personas no obtienen una solución. "Una parte significativa de los problemas legales siguen sin resolverse o las personas ya perdieron completamente la esperanza de su resolución. Esto es particularmente desafiante para los grupos en situación de vulnerabilidad", se lee.
Las recomendaciones
Por último, el estudió presentó siete recomendaciones, comenzando con tener datos confiables y centrados en las personas como base para el diseño de programas para enfrentar estos problemas. Seguidamente se dice que una estrategia útil para mejorar el acceso a la justicia es partir de las necesidades y experiencias de los usuarios y se trae a colación que más del 40 por ciento de los encuestados que adoptan medidas lo hacen hablando directamente con la otra parte.
En tercer lugar se habla de diseñar caminos accesibles para la impartición de justicia para los problemas legales más apremiantes, y en cuarto lugar se habla de proporcionar soluciones de acuerdo con las necesidades. La quinta recomendación es que los programas que se diseñen para enfrentar estos problemas se enfoquen en las personas, "enfocarse en los resultados de las personas, no de las instituciones, permite a las partes interesadas rastrear y estimar los cambios verdaderos en las vidas de las personas debido a la resolución de su problema legal".
La siguiente recomendación tiene que ver con aprovechar modelos comunitarios que sean escalables en los territorios, y se cita el ejemplo de los Sistemas Locales de Justicia que han sido promovidos por el Estado desde 2009 y que permiten articular a los actores de justicia a nivel local.
Por último, el estudio sugiere que se haga un esfuerzo por demostrar que la justicia centrada en las personas "es una estrategia de acceso a la justicia poderosa y factible en las áreas afectadas por el conflicto", señalando que "las experiencias de las personas de las comunidades estudiadas, incluyendo a la población desplazada, muestran que la justicia en la vida cotidiana no deja de ser necesaria. La resolución de los problemas cotidianos es críticamente importante para el proceso de consolidación de paz".
Sobre los datos presentados en el estudio, la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Delgado Gaitán, señaló que estos serán insumos claves para los proyectos que tienen en marcha en la cartera para reducir las brechas de acceso a justicia en los territorios. Añadió que en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno hay un énfasis en garantizar el goce efectivo de los derechos y la solución efectiva de los conflictos en las comunidades.
"Ya estamos trabajando para poder avanzar en respuestas desde casas de justicia o apoyar de mejor manera el fortalecimiento de las comisarías de familia para entender cuál es la necesidad de esa comunidad, porque en últimas la respuesta que damos, si no tenemos en cuenta lo que nos dice la comunidad, puede ser ineficiente. Lo más importante es responder al territorio y a las personas", sostuvo.
Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com