Este miércoles, una empresa fundada por Rod Lewis, un petrolero multimillonario de Texas, anunció un acuerdo con la compañía petrolera estatal de Venezuela. Esta noticia llega apenas unos días después de que la Administración Biden reinstaurara las sanciones contra la industria de gas y petróleo venezolano.
LNG Energy Group, la empresa en cuestión, informó que el acuerdo se cerró el 17 de abril, mientras aún se mantenía un alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. Este acuerdo implica la producción y desarrollo de dos campos petroleros en el este de Venezuela, que actualmente generan alrededor de 3.000 barriles de crudo al día, a cambio de entre el 50% y el 56% de la producción de hidrocarburos.
LNG declaró que "tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las sanciones aplicables". Sin embargo, la restauración de las restricciones podría plantear problemas para este acuerdo.
Si bien el Gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad para que las empresas soliciten licencias que las eximan de las restricciones, pocas empresas estadounidenses han estado dispuestas a invertir en Venezuela en los últimos años debido a preocupaciones de incautación gubernamental, sanciones y corrupción.
"Esta será una prueba para las sanciones estadounidenses, ya sea que obtengan una licencia o no", comentó Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana del Instituto Baker de la Universidad Rice.
Cabe recordar que Estados Unidos reinstauró las sanciones contra Venezuela el 18 abril y otorgó únicamente un período de gracia de 45 días, para que las empresas y bancos culminaran negocios pendientes con Venezuela. Esto, luego de que Nicolás Maduro incumpliera con el acuerdo firmado en Barbados en octubre del año pasado, en el que el dictador se comprometió a celebrar elecciones presidenciales libres y justas.
Maduro incumplió el acuerdo no solo tras inhabilitar ilegítimamente a María Corina Machado, quien ganó las primarias organizadas por la oposición con más del 90 % de los votos, sino que también intensificó la persecución y represión contra otros opositores y activistas, e impidió la inscripción de candidatos que cuentan con el respaldo de Machado.