Una nómina compuesta por más de 50 profesionales de distintos ámbitos ha participado en la elaboración de un protocolo centrado en la asistencia interinstitucional ante casos de violencia contra niños y adolescentes en el Archipiélago. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, pretende brindar una protección integral a los menores y establecer las pautas de actuación. "La finalidad del protocolo es ofrecer una actuación sanitaria frente a la violencia infantojuvenil y abordar de una forma integral y ética estas situaciones, de forma coordinada con todas las instituciones implicadas", explicó este jueves la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, durante el acto de presentación de esta acción, donde estuvo acompañada por la directora general de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez; la especialista en Pediatría del Servicio Canario de la Salud (SCS) Ángeles Cansino; y la subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y coordinadora de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Eva Bajo.
Estos objetivos se concretan, en palabras de la titular de la sanidad canaria, "en la detección precoz de indicadores e indicios de violencia que por imperativo legal obligan a ser notificados". Ahora bien, ¿cuáles son las principales novedades que incorpora el documento? Antonia María Pérez detalló las claves. "El 112 se encargará de poner en contacto a todos los actores involucrados y, una vez activados, se trabajará desde una perspectiva de no victimización secundaria, es decir, no se harán múltiples exploraciones y entrevistas, sino una sola vez y con todos los profesionales implicados en la misma sala -sanitarios, profesionales del ámbito judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Tareas de sensibilización
Con el fin de sensibilizar a la población y al personal sanitario de la importancia que tiene la prevención y la notificación de estos episodios, la Consejería de Sanidad emprenderá dos acciones fundamentales: Formar a los sanitarios que atienden a la población infantojuvenil en los centros de salud y hospitales de las Islas, y difundir el proyecto Clave A entre los sanitarios y los usuarios. La primera tarea comenzará el próximo sábado con la celebración de una jornada que reunirá a pediatras y a enfermeros pediátricos. La segunda, impulsada por la asociación Star-up Corazón Solidario, promueve la comunicación de situaciones de violencia de forma simbólica con la letra A. "Simboliza ayuda, y puede solicitarse a través de un dibujo, un gesto o la manifestación verbal. De esta forma, el menor que manifieste una A, transmitirá el mensaje de sufrir una situación de violencia", precisó la consejera, que además recalcó que todas las personas que sean testigo de un maltrato "tienen la responsabilidad y el deber de denunciarlo por el bien del menor afectado".
Según el último registro unificado de maltrato infantil en España, en 2021 se registraron 33.400 casos de violencia a menores de edad en el país, de los que 1.587 correspondieron a residentes en Canarias. La mayoría de estos episodios se produjeron en el ámbito intrafamiliar. "Estos datos nos dan una idea de la afectación, si bien hay un consenso internacional sobre la infradetección y el infradiagnóstico", señaló Esther Monzón.
Ante esto, la directora general de Programas Asistenciales quiso poner de relieve el importante papel que desempeñan los sanitarios. "Los profesionales de la salud, como asesores de confianza tanto para progenitores como cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia. En este sentido, lo importante es ofrecer a la víctima un abordaje eficiente de la situación de violencia para evitar una menor afectación a su salud", apostilló Pérez. Y es que la violencia sufrida durante la infancia y la adolescencia tiene repercusiones en la salud y en el bienestar. "Sus consecuencias pueden perdurar toda la vida", aseveró.
Además, el estrés al que se someten las víctimas afecta a su desarrollo cerebral, lo que puede perjudicar su rendimiento académico y profesional, producir déficit cognitivo, trastornos del lenguaje y del desarrollo psicomotor. "También puede afectar a otros órganos, a sus relaciones sociales y ocasionar baja autoestima, agregó Antonia María Pérez. Por esta razón, el nuevo protocolo tiene en cuenta todos los casos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente. De hecho, el documento define todos los indicadores y las pautas que hay que seguir para ofrecer una asistencia integral, desde el punto de vista sanitario, judicial y de protección.
"La Unidad de Atención a la Familia y Mujer, de la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecen a la víctima una protección integral. También interviene en este proceso la oficina de Policía Judicial y el cuerpo de Menores y Familia de la Policía Autonómica de Canarias", aclaró la responsable de la citada dirección general. Las entrevistas, el examen físico, la recogida de evidencias biológicas y la toma de registros de imagen corren a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por su parte, los servicios sociales municipales y los equipos de familia infancia analizan las posibles situaciones de riesgo. "La Dirección General de Protección a las Familias del Gobierno de Canarias valora las situaciones de desprotección y acuerda las medidas adecuadas a cada caso. La Fiscalía se centra en el impulso de la actividad protectora, y los juzgados de guardia se encargan de la recepción e incoación de las denuncias y querellas que se presenten, así como de la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes", concluyó.
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