Ratificada la alianza con los Estados Unidos, como expresó el presidente Javier Milei en distintos tramos de la visita de la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, en el Ministerio de Defensa esperan más apoyo norteamericano en el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
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Ratificada la alianza con los Estados Unidos, como expresó el presidente Javier Milei en distintos tramos de la visita de la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, en el Ministerio de Defensa esperan más apoyo norteamericano en el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Esa es la expectativa que prevalece entre los colaboradores del ministro de Defensa, Luis Petri, quien seguramente acelerará la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en todo tipo de agresiones externas, como por ejemplo un eventual ataque de organizaciones terroristas.
Esa posibilidad está hoy vedada por el decreto reglamentario 727/2006 firmado por Néstor Kirchner, que restringió el despliegue militar solo a casos de "agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados". Esta disposición, que impone un criterio restrictivo del texto de la ley de defensa nacional, fue derogado durante la presidencia de Mauricio Macri, pero restablecido por el gobierno de Alberto Fernández, durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, en junio de 2020.
"La nueva reglamentación de la ley de defensa nacional saldrá pronto", anticiparon en el Ministerio de Defensa, envalentonados por el respaldo que encontraron en la visita de la comandante militar norteamericana.
"Queremos volver a la letra de la ley de defensa. Ese es el núcleo. Abre la puerta para otro tipo de amenazas y agresiones, más allá de las estatales militares externas", entienden cerca de Petri, en un escenario internacional convulsionado por ataques como la sangrienta ofensiva de la agrupación terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Con el decreto actualmente vigente en la Argentina, un ataque de estas características no podría ser repelido por los militares, insisten en el Ministerio de Defensa.
Equipamiento militar
Más allá de las reformas legales y a partir de las preocupaciones comunes entre Milei y Richardson por el avance de China en la región, en el Gobierno apuntan a un intercambio más sustantivo en materia militar con el país del norte, lo que podría materializarse en un fuerte apoyo al equipamiento de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo en esa dirección fue el acto en el que la general Richardson donó a la argentina un avión Hércules C-130, valuado en 30 millones de dólares, que ya está en manos de la Fuerza Aérea.
Fue un gesto simbólico que se suma a la anunciada compra de 24 aviones de combate F-16, en una operación realizada con Dinamarca y aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Si bien las aeronaves están en manos danesas, el sistema de armas que las convierte en un medio militar es aportado por el país que gobierna Joe Biden. Antes de fin de año llegaría el primero de ellos y se encuentra en marcha un proceso destinado a preparar pistas e instalaciones para operarlos, inicialmente en la VI Brigada Aérea de Tandil, junto al adiestramiento y capacitación de pilotos y mecánicos.
"Son aviones que están operativos en Dinamarca en forma permanente, con armamento de vanguardia. Son utilizados dentro de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) e iban a ser empleados en la guerra de Ucrania", informaron fuentes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo titular –el brigadier general Xavier Julián Isaac– había iniciado las negociaciones durante el gobierno anterior, cuando era jefe de la Fuerza Aérea.
Sectores del kirchnerismo relativizaron el avance en el compromiso de Estados Unidos a partir de la asunción de Milei. El exministro Jorge Taiana, antecesor de Petri, aseguró en X: "En junio de 2023 firmamos un leasing con Estados Unidos para operar el Hércules TC 60, con la premisa de que terminado el contrato el avión se incorpore a nuestra flota". Insistió en que "dotar de medios a las Fuerzas Armadas fue una prioridad en nuestra gestión".
Fuente: La Nación