El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha presentado este martes el recurso de su partido al Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad --que modifica 15 textos normativos-- aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 22 de diciembre. "Modificaciones que van en la línea contraria de lo que plantea la Constitución, en la línea contraria al pluralismo político, el control y la fiscalización de los gobierno democráticos", ha indicado el socialista, que es uno de los 50 senadores que firman este recurso. Esta norma fue aprobada en el Pleno extraordinario del 22 de diciembre que siguió al que sacó adelante los Presupuestos Regionales para 2024. Introduce cambios en la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid y la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación, la Ley de Medidas Urgentes para el para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y la de Vías Pecuarias. Lobato ha cargado contra la "forma de legislar" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien "rompe consensos" y hace que el poder Legislativo pierda parte de sus capacidades en "asuntos absolutamente nucleares". "Ayuso entiende que una mayoría absoluta lo que le da es derecho a saltarse la democracia, lo que le da es derecho a imponer lo que ella quiere, lo que le da es derecho a acusarnos a quienes queremos, en cumplimiento de nuestro deber, fiscalizar el trabajo que hace con todo respeto y educación", ha proseguido el portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, quien ha reclamado que la "democracia funcione plenamente" en la región frente a la "falta de respeto" de Ayuso a la arquitectura legislativa de la autonomía. El recurso está basado en que se están "limitando los derechos políticos de los parlamentarios", el del debate en la Cámara regional. Ha defendido que estas modificaciones merecían un "debate sosegado" que no se ha llegado a dar. Asimismo, ha advertido de que "en cualquier momento" en el que aprecien que se está poniendo en jaque el "buen funcionamiento de la democracia" en Madrid acudirán a los tribunales. "Ojalá no hubiera que hacerlo, porque un gobierno democrático como debía ser el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no bloqueara y no impidiera el buen funcionamiento de la democracia y la buena fiscalización de su gobierno. Pero por desgracia no es así", ha concluido Juan Lobato. LOS CAMBIOS DE LA LEY La primera de las normas que cambia es la del Gobierno y Administración de la Comunidad, que entre sus puntos permite al Consejo de Gobierno regular el estatuto de los expresidentes además de la obligación del Ejecutivo de revisar sus leyes periódicamente para comprobar que han "conseguido los objetivos previstos". En el caso de la Ley de Vías Pecuarias se hacen cambios para adaptarla tras la supresión del Patronato de la Red de Vías Pecuarias, mientras que en el caso de la Ley del Suelo, hacen lo propio con la secretaría general técnica y en la Cámara de Comercio eliminan la limitación de mandatos del presidente. La Cámara de Cuentas presenta varias modificaciones en la elección del presidente y de los consejeros. Estos últimos se amplían de 3 a 7 y se crea el puesto de vicepresidente. Cambia también la mayoría para elegir al presidente que se reduce de 2/3 a 3/5 (81 diputados). El Consejo Consultivo también vive varios cambios. Ahora sus funciones pasan a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que estará integrada en la Abogacía General de la Comunidad. Además de los letrados vocales (técnicos nombrados por el Consejo de Gobierno) también habrá vocales electivos (personas de "reconocido prestigio" que cobrarán por asistir a los Plenos). En el caso de Telemadrid hay varios cambios como la reducción de la Carta básica de 9 a 8 años prorrogables o el contrato programa que pasa a durar cuatro. Se elimina la exigencia de contabilidad analítica para "garantizar la transparencia financiera" y la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente para a ser de creación voluntaria. En la misma hubo dos puntos sobre los que los servicios jurídicos de la Asamblea expresaron "dudas" legales. Eran la elección del director general y el Consejo Asesor. El PP enmendó su ley para incluir la participación de la Asamblea, como pedía el informe. En el primer caso será designado por la Junta General de Accionistas de RTVM a propuesta del Consejo de Administración y una vez que la Comisión de la Asamblea "determine su idoneidad". En el caso del segundo también tiene que pasar por la Cámara regional. Por otra parte, en la de Ley de Profesionalización de Gestión de Centros y Organizaciones Sanitarias del Sermas se marca que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un "proceso de igualdad, mérito y capacidad" sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a 5 años. En el caso de la Ley de Transparencia y Participación, el Consejo de Transparencia pasa a estar adscrito a la Consejería de Presidencia y añade en sus funciones la protección de datos de carácter personal. En la elección de su presidente también hubo enmienda de los 'populares' para incluir que el candidato deberá comparecer previamente en la Comisión de la Asamblea y refrendado por mayoría absoluta en primera vuelta o simple en la segunda. Por parte de la Ómnibus de 2022, se busca ampliar la actividad de la Agencia de Contratación Sanitaria además de la contratación de personal sanitario extracomunitario; mientras que en la de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias se marca que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid asesorará, representará y defenderá en juicio a la ASEM112.