La polémica medida de los administradores del mercado de Lo Valledor de solicitar la cédula de identidad para acceder a sus instalaciones, fue suficiente para desnudar un problema mayor, que es el déficit crónico de orden estatal.
La disposición apuntaba a lograr mayor control, bajo el supuesto que la delincuencia era, principalmente, responsabilidad de inmigrantes indocumentados, con lo que la restricción de acceso sacaría de la ecuación al elemento más disruptivo.
La medida fracasó, no porque la prohibición fuese discriminativa -que lo es-, sino porque el primer incidente grave en el control de acceso lo protagonizó una chilena, con lo que se desmoronó la idea de que el problema estaba en los migrantes.
Sin embargo, el problema persiste, y lo grave es que llega a las primeras páginas de los diarios cuando ciudadanos y empresas privadas tratan de imponer orden ellos mismos, con todo lo peligroso que es para la convivencia social. Tal como pasaba en el Far West, donde a diario había tiroteos en las calles, y la seguridad quedaba en manos de los propios individuos.
El gobierno condenó lo sucedido, y aseguró que viene trabajando una agenda de prevención y un refuerzo policial del sector. Incluso los dirigentes de Lo Valledor y La Vega fueron invitados a La Moneda, desde donde salió humo blanco. Pero, las autoridades se vieron reactivas.
Después de todo, pasan diariamente 30.000 personas y 7.000 vehículos por Lo Valledor, según datos de la FAO, lo que equivale a un partido de fútbol de alta concurrencia cada jornada. Eso, sin contar las grandes cantidades de bienes y dinero que circulan. Es decir, se trata de un foco de potencial inseguridad altamente previsible, en el que se espera que siempre haya inteligencia policial observando y varias alternativas de solución en una pizarra.
Dada esta realidad, es justificable la actitud de los administradores de Lo Valledor, aunque se equivoquen en las medidas concretas, pues incluso así, lograron llamar la atención del gobierno.
Por otro lado, el gobierno aludió a la necesidad de elevar los estándares de la seguridad privada, hoy regulada en el decreto ley 3.067 y próximamente en la Ley 21.059. Sin embargo, ésta no puede transformarse en la punta de lanza en la crisis de seguridad, pues su rol es meramente complementario. En otras palabras, no podemos desentendernos del rol del Estado, con una privatización del orden público.
Hoy hay un clamor ciudadano por mayor seguridad, que necesariamente traerá mayores restricciones a las libertades, y el único que está llamado a equilibrar con legitimidad y con criterios de igualdad ambos elementos -tal como pasó con la pandemia- es el Leviatán de Thomas Hobbes (el Estado), a través del uso racional e inteligente de la fuerza.
Si el gobierno no lo comprende a cabalidad, la seguridad terminará siendo materia de mercado, con lo que solo habrá este bien jurídico para quien pueda proveérselo, transformando la seguridad -y la libertad, pues nadie que vive en la inseguridad es realmente libre- en privilegio de pocos.
Por Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio, abogados