Secretario nacional sindical les exige reconocer su error y solucionar el problema
Ante la falta de justicia de la gobernadora Layda Sansores, quien en cambio los ha revictimizado, amenazado con meter al Ejército y la Guardia Nacional y hostiga para obstaculizar sus labores, cinco policías (tres hombres y dos mujeres) en manifestación pacífica viajaron a la Ciudad de México para ser escuchados, pues la gobernadora de ahí no se mueve, y recalcaron que sus derechos humanos fueron violentados.
En tanto, Rodolfo Basurto, secretario general del Sindicato Nacional de Policías, resumió que lo que los policías campechanos exigen es un mando con conocimiento y experiencia suficientes para garantizarles su seguridad e integridad física, lo que hoy no tienen.
Exhortó a Layda y a Marcela a recapacitar, a reconocer su error, para que en lugar de hostigar y criminalizar a los compañeros, encontrar solución al problema, porque afectan a toda la sociedad campechana.
Primeramente, los agentes expusieron que Layda se ha convertido en la peor pesadilla, y nosotros con apoyo del pueblo campechano estamos aquí, y que todo empezó por el operativo fallido en el penal de Kobén, que cumple hoy 37 días, a causa de la mala organización de los mandos encabezados por Marcela Muñoz, y el cual pensaron dejaría compañeros muertos.
Llevaron documentos a Palacio Nacional para que el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuche, y criticaron que Layda Sansores no les ha dado la oportunidad de esclarecer la situación que vivieron.
Recalcaron que no les respetaron sus derechos humanos al enviarlos sin el equipo adecuado al operativo. Los expusieron. Por eso quieren que López Obrador los escuche para exponerle cómo fueron las cosas, porque tampoco la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) lo ha hecho.
"Ante el Congreso del Estado, Marcela Muñoz afirmó que las mujeres policías saben a lo que van, que ahora no salgan llorando, pero las envió sin el equipo necesario, y admitió que tuvo conocimiento de cada momento del operativo y le estuvo informando vía telefónica a Layda Sansores".
Viendo que los altos mandos no sabían qué hacer —continuaron—, rescatamos a nuestras compañeras, algunas de las cuales fueron víctimas de agresión sexual, y todo para que luego la gobernadora nos denueste y humille públicamente la gobernadora, a quien le queda grande la investidura.
En su show de los martes amenaza con corrernos, ¿y no vale nada la Constitución?
En su momento reconoció públicamente que nuestra manifestación y opiniones era una situación legal, pero nos sigue hostigando por exigir respeto a nuestros derechos.
¿Y la ética profesional de Marcela Muñoz, que es psicóloga?, preguntó uno de los agentes, y denunció que a nadie les han dado atención en ese aspecto, sólo simularon, ¿y la dignificación que prometió? "Nosotros pagamos a psicólogos particulares", reveló.
La directora fue cesada, pero con ella no tuvimos ninguna interacción, y al director lo separaron del cargo pero lo tienen en la sede alterna, uniformado y armado, lo que vulnera más nuestros derechos, porque por protocolo no podemos emplear nuestras armas, después de esos hechos.
Encima, la gobernadora creó otro grupo que llama policías buenos, y nosotros somos los malos, y al suspender la gasolina vulnera no sólo a mil policías, sino a todos los campechanos.
Seguimos trabajando, pero nos quitaron gasolina y ahora quieren quitarnos unidades, pero gracias al apoyo ciudadano las seguimos vigilando y no van a callarnos.
Una mujer policía expuso que era mando y fue removida del C5, pero no pelea el cargo, sino la mala acción del director José Miguel Valdez, mandado por Layda y Marcela para informarles que serían removidos por personal sin la experiencia necesaria.
También les cancelaron las cuentas en la Plataforma México, con lo cual el Estado está siendo vulnerado, porque no sabemos quién transita, ni quién pasa.
Agradecieron el apoyo de los ciudadanos, de los sindicatos y de quienes incluso con una oración piden por ellos.
Otro elemento denunció que por el hostigamiento de Layda acude a terapia psicológica, por la vía particular, y que la última acción de la gobernadora fue publicar en sus redes sociales una lista de agentes cesados, entre los cuales él está, pero sigue portando uniforme porque no ha recibido notificación oficial.