El régimen cubano está amenazando con aplicar la cadena perpetua o la pena de muerte en caso de protestas masivas, según lo anunciado por autoridades que comparecieron en la televisión para recordar las medidas que la Justicia puede tomar para reprimir el disenso y la manifestación contra el gobierno.
Las autoridades cubanas han invocado el delito de sedición, entre otros cargos utilizados con propósitos políticos, para advertir a aquellos que promuevan o participen en protestas masivas en Cuba que pongan en peligro al régimen y sus instituciones de control.
Oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del sistema judicial del gobierno se presentaron en el programa de propaganda Hacemos Cuba, transmitido por televisión, el cual es replicado por otros medios oficiales para defender la imagen de la Policía y restringir el derecho a la libre expresión y manifestación.
El coronel Hugo Morales Karell, segundo al mando de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), acusó a presuntos terroristas radicados en Estados Unidos de incitar a la violencia contra las autoridades.
Según el oficial, el objetivo de estos presuntos terroristas es provocar una respuesta excesiva por parte de la Policía, para luego difundirla en redes sociales y así intentar demostrar un supuesto fracaso del gobierno y una falsa brutalidad policial.
Morales intentó contrarrestar las frecuentes denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, atribuyéndolas a supuestos "planes de guerra no convencional" con los cuales, según él, el enemigo busca crear un pretexto para seguir acusando a Cuba.
Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez, advirtió sobre llamamientos en redes sociales para perturbar el orden público, agredir a la Policía y desestabilizar las instituciones públicas.
Para estos casos, Molina amenazó con el uso del delito de sedición, que ya ha sido aplicado a manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), y que puede ser castigado con hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte "en situaciones excepcionales, desastres o cuando afecta la seguridad del Estado".
A pesar de estas amenazas, las protestas populares en Cuba han sido cada vez más frecuentes, desafiando la represión del régimen y exigiendo cambios políticos y sociales.