Revés para los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente
La presidencia de turno belga reconoce que no logra que los Veintisiete ratifiquen el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo
Los Estados de la UE bloquearon la ratificación de la ley europea que obligaría a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos, especialmente sobre explotación infantil, y de medio ambiente, a lo largo de sus cadenas de suministro. Por segunda vez en menos de 20 días, la presidencia belga de turno del Consejo de la UE ha admitido que no ha logrado reunir la mayoría cualificada necesaria para avanzar la directiva que, en vista de la próxima disolución de la Eurocámara y la convocatoria de elecciones europeas en junio, corre peligro de no poder ser adoptada durante este mandato, dejándola en un peligroso limbo legislativo.
Algo que, advierten las numerosas ONG, políticos, sindicatos y hasta empresas que apoyan la normativa, pone en riesgo también la "credibilidad" de la UE en materia de derechos humanos y sobre su fiabilidad negociadora.
"Se ha acabado el tiempo del posturas políticas, es hora de soluciones", ha reclamado desde Estrasburgo la relatora de la directiva por parte del Parlamento Europeo, Lara Wolters. La socialdemócrata holandesa ha criticado que los gobiernos de Alemania, Francia o Italia —señalados como los que, por su mayor peso, tienen una mayor responsabilidad en este bloqueo— "tengan en marcado rápido a los lobbies de las grandes empresas, pero no escuchen a la ciudadanía", que ha reclamado ampliamente esta directiva, como lo demuestra una recogida de firmas en este sentido que recopiló más de 100.000 apoyos. "Es indignante, esta ley debería ser una referencia global para incentivar la responsabilidad de las empresas", ha denunciado Wolters en rueda de prensa.
La Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) establece una serie de obligaciones para las grandes compañías respecto a impactos "actuales y potencialmente adversos" en materia de derechos humanos y medio ambiente de sus propias operaciones, pero también de sus subsidiarias y de las realizadas por sus socios empresariales, y prevé multas de hasta un valor no menor del 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora.
El bloqueo inicial a la directiva, cuyo texto provisional fue acordado a finales de año por la Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados, junto con la Comisión Europea en los denominados trílogos tras largas negociaciones, partió de Alemania. Ya durante la primera sesión negociadora de los representantes de los Estados, el 9 de febrero, Berlín frenó por primera vez la propuesta, debido a las presiones del partido liberal FDP que forma parte de la coalición de gobierno de Olaf Scholz. Pero desde entonces se han unido al bloqueo varios países clave como Italia o Francia que, con sus reparos al texto actual o incluso una amenaza de abstención, en este caso equivalente a un no, impiden que la directiva logre la mayoría cualificada que requiere para ser ratificada (el 55% de los Estados miembros que representan el 65% de la población total de la UE).
Según había denunciado en vísperas de la nueva cita la ONG gala Amigos de la Tierra, Francia quiso aumentar el tamaño de las empresas a las que afectaría esta normativa. Algo que, advirtió la organización, haría que la ley acabe excluyendo a más del 80% de las empresas a las que la directiva busca obligar a una conducta más responsable en materia de derechos humanos y medio ambiente, haciéndola, por tanto, prácticamente irrelevante.
Según el texto originalmente negociado, la directiva afectará a las grandes corporaciones, con un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados, así como a otras más pequeñas —con 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones— si al menos la mitad de ese volumen de negocios se genera en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o la construcción. Las normas también deberán ser cumplidas por aquellas empresas no europeas y sus matrices con un volumen de negocios de 300 millones de euros en la UE, aunque solo se les aplicará la directiva tres años después de su entrada en vigor.
En total, según fuentes diplomáticas, alrededor de una docena de países dijeron este miércoles que se abstendrían y uno más se opuso al texto, alegando, entre otros, incertidumbre legal, carga administrativa o miedo a una falta de igualdad de condiciones a nivel global, lo que llevó a la presidencia de turno a volver a retirar la directiva.
"Tenemos que considerar la situación y ver si es posible considerar las inquietudes presentadas por algunos Estados miembros, en consulta con el Parlamento Europeo", ha dicho la presidencia belga en un comunicado enviado por X (antiguo Twitter).
Daño a la "credibilidad"
Desde Estrasburgo, la eurodiputada Wolters dijo que el Parlamento Europeo esperará a conocer en detalle qué es lo que quieren cambiar los Estados antes de pronunciarse, pero advirtió del daño a la "credibilidad" que están provocando los Estados, algo que Alemania ha hecho ya en varias ocasiones desde el año pasado debido a los enfrentamientos internos en la coalición de gobierno de Scholz, formada por socialdemócratas, verdes y los liberales que han provocado los frenazos en Bruselas. "Retroceder en los compromisos o incluir nuevas demandas demuestra una flagrante falta de respeto por la Eurocámara como legislador y mina la confianza necesaria para lograr acuerdos", ha advertido Wolters.
"El sabotaje de última hora de los Gobiernos de la UE a estas reglas no solo supone una falta de respeto a las vidas, comunidades y ecosistemas afectados por prácticas de negocios destructivas, sino que también son un golpe a la credibilidad de la UE como legislador", ha afirmado también la organización WWF.
Por su parte, un grupo de 136 organizaciones civiles y sindicatos europeos han emitido un comunicado conjunto calificando el bloqueo de los países como un "deplorable revés para la rendición de cuentas corporativa y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente en todo el mundo".