Mario Gracia
¿Qué razones le llevaron a unirse al Ejército Popular de Liberación (EPL)?
Luchar y reivindicar una nueva constitución en un país que, en ese momento, solo tenía dos partidos políticos, que no representaban los intereses de una buena parte de la población. A fin de cuentas, que la democracia en Colombia se abriera.
¿Ha seguido defendiéndolas tras desmovilizarse, en 1991?
Con la Constitución de 1991 se pudo avanzar en numerosos temas sociales y políticos que requería el país, que mantenía estructuras casi feudales, sobre todo en las áreas rurales. Sin embargo, el cumplimiento e implementación de las reformas aparejadas se han estado incumpliendo de manera sistemática. La lucha por la tierra en Colombia está en el origen del conflicto armado, donde nunca se dio una reforma agraria. Y este es precisamente el sector que en lo personal y organizativo he estado defendiendo con mayor esfuerzo.
¿Cómo transita Colombia hacia la paz?
Colombia vive hoy el primer gobierno de izquierda en sus 200 años de historia. El presidente Gustavo Petro abandera una política de Paz Total concebida desde el derecho a vivir una vida digna, con un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. En esta lógica, en un país que cuenta con más de nueve millones de víctimas reconocidas por el Estado, el Gobierno está intentando brindarles las garantías que hasta el momento no han tenido, a partir del acceso a tierras productivas, a una salud y educación de calidad y a no hipotecar el futuro de las generaciones futuras a partir de los recursos naturales inmensos, pero finitos, con los que cuenta el país.
¿Cómo de importante en este proceso de paz es la restitución de tierras?
Garantizar el derecho sobre la tierra es el primer factor para que el retorno a las zonas rurales sea viable. Durante el conflicto se despojaron 6,5 millones de hectáreas, aproximadamente el territorio de Andalucía. Buena parte de la población tuvo que salir desplazada del campo a las ciudades, sobrepobladas y sin capacidad para garantizar sus derechos más básicos de vivienda, alimentación, salud y educación. De 150.000 solicitudes de restitución que se han dado desde 2011, solo el 10% ha obtenido una sentencia favorable.
¿En algún caso promovido por su fundación?
Forjando Futuros representa legalmente a 700 familias de víctimas reclamantes de tierras, para que puedan recuperarlas. Hemos obtenido 87 sentencias que benefician a 132 de ellas. Y hemos brindado atención psicológica a más de 50.000 víctimas. Abogamos por que el Congreso de la República reforme la actual ley para hacerla más expedita y que podamos avanzar.
¿Para qué crearon Forjando Futuros?
Trabajamos por fortalecer la democracia, la paz y el desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos. Consideramos como fundamentos la justicia social, la participación ciudadana, la convivencia pacífica, la equidad y la solidaridad. Trabajamos en multitud de proyectos con el objetivo de hacer frente a nuestro principio fundacional, con recursos colombianos –vía licitación pública-, y de cooperación –de diferentes partes del mundo, fundamentalmente española, con nuestra aliada Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)-, pero es en el campo de la restitución y formalización de tierras por lo que somos más reconocidos.
¿Qué le trajo a Zaragoza?
Forjando Futuros trabaja de la mano con ACPP desde hace casi 20 años. Una parte importante del trabajo que realizamos es gracias al apoyo de entidades españolas, como el Gobierno de Aragón. Nos reunimos con su directora de cooperación y rendimos cuentas de las acciones que realizamos con el apoyo de la ciudadanía aragonesa.
¿Qué frutos ha dado el apoyo de Aragón?
Hemos podido asumir la representación jurídica de 594 víctimas a las que les robaron sus tierras en el marco del conflicto. Hemos apoyado el fortalecimiento de organizaciones campesinas, de jóvenes y de víctimas del Oriente antioqueño, y del funcionariado. Hemos trabajado la paz, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en colegios con 400 personas de la comunidad escolar. Hemos respaldado el empoderamiento y el acceso a oportunidades de cien mujeres campesinas y personas LGTBI, y hemos contribuido a las buenas prácticas de género en seis empresas. Se ha prestado atención psicojurídica a 105 víctimas de violencia de género. Y hemos podido realizar publicaciones sobre restitución de tierras y medioambiente, participar en programas de televisión, con información a víctimas y sobre incentivos a la conservación, o de radio, sobre propuestas de paz, y hemos acompañado a líderes y lideresas que retornan.
¿Tiene sentido que comunidades autónomas y ayuntamientos españoles mantengan sus políticas de cooperación internacional?
Lo que en España puede resultar pequeño, en terreno, en este caso en Colombia, implica un apoyo trascendental para organizaciones como la nuestra y las víctimas del conflicto. Los apoyos exteriores permiten fortalecer estructuras sociales que trabajan de manera directa con las poblaciones más vulnerables e inciden para que los derechos humanos no estén determinados desde el privilegio.
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