Con una condena de hasta 12 años de pena privativa de la libertad, la nueva autógrafa buscaría "establecer la convivencia pacífica y la tranquilidad pública", según se lee.
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Por ello, "quien solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos, será inhabilitado políticamente por dicho tiempo".
"(La norma busca) proteger a la sociedad venezolana de cualquier expresión de fascista, neofascista o de similar naturaleza", como también de los partidos que la defiendan.
Adicionalmente, la "divulgación de mensajes prohibidos" en radio o TV será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que los medios impresos o digitales recibirán una multa.
Sin embargo, Marino Alvarado, defensor de derechos humanos en el país llanero, señaló que esta nueva ley "atentará contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas".
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