Cada vez parece ser menor la voluntad del Estado Mayor Central, comandado por Iván Mordisco, de someterse a un acuerdo de paz propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro desde hace veinte meses que llegó a la Casa de Nariño.
A pesar de los esfuerzos del mandatario y su gabinete por desarmar a las disidencias de las Farc e implementar una política de paz, la realidad muestra un panorama turbulento marcado por la violencia en diversas regiones y el fortalecimiento de los grupos residuales, además del incumplimiento del Estado a los desmovilizados en 2016, que ahora vuelven a ser tentados por el EMC para enlistarse nuevamente.
Los firmantes del acuerdo de paz se encuentran en una posición especialmente vulnerable, enfrentándose tanto a la posible reactivación en grupos armados por ofertas económicas, como a la insostenibilidad de proyectos productivos diseñados para su reincorporación.
De hecho, los comandados por Mordisco estarían engrosando sus listas con propuestas económicas que llegarían hasta los diez millones de pesos, para que los firmantes vuelvan a las armas y aportes los conocimientos que alguna vez adquirieron mientras estuvieron en las Farc.
Pastor Alape, exmiembro de las Farc y líder del partido Comunes, reveló este preocupante fenómeno, señalando que la oferta a los desmovilizados ha sido tentadora para muchos, exacerbada por los incumplimientos estatales en la implementación de los acuerdos de paz.
"Hay una oferta que ha debilitado a mucha gente, algunos compañeros se han abierto por la oferta, producto de los incumplimientos del Estado. Y eso hace que la situación sea crítica y se ganen a las personas con los ofrecimientos económicos para sostenerse. Les están ofreciendo de dos a diez millones de pesos mensuales de acuerdo con el rol que haya jugado el firmante durante su participación en el conflicto", comentó Alape en diálogo con El Colombiano.
Según la información obtenida por el medio nacional, la situación se agrava con el riesgo de fracaso de casi el 70% de los proyectos productivos en los que se invirtieron recursos para la reincorporación de excombatientes.
Jhan Moreno, líder comunitario y firmante del acuerdo, manifiesta que estos proyectos no consideraron variables económicas esenciales como la inflación, llevándolos al borde del colapso. De hecho, los datos oficiales apuntan a que mientras el Gobierno ha desembolsado fondos sustanciales para la implementación del acuerdo, el rendimiento de estas inversiones no cumple las expectativas, poniendo en jaque la sostenibilidad económica de los desmovilizados.
"La asesoría del Gobierno en términos de sostenibilidad empresarial a largo plazo, no la ofrecen los empresarios, lo están dando personas que quizás tienen una formación en administración o una formación agropecuaria, pero en una formación empresarial, una formación práctica de cómo debe operar una empresa porque no son empresarios", comentó Moreno a El Colombiano.
Actualmente, de los 14.107 excombatientes que dejaron las armas, 12.083 siguen el proceso de reincorporación, mientras que 400 han sido asesinados y otros han vuelto a la insurgencia o desaparecido. De hecho, los desmovilizados han señalado que varios de los reincorporados se han enfrentado a la muerte tras su negativa a enlistarse al EMC, que ya hace presencia en gran parte del territorio nacional y mantiene un grupo de, al menos, 4.000 disidentes.
"Han ofrecido muchísimo dinero a la población en proceso de reincorporación para que se vincule, porque es que hay una cuestión que es muy importante y es que están pagando una mano de obra con experiencia y con entrenamiento, porque cuesta más entrenarlo y prepararlo y dar la experiencia que pagar por esa experiencia que ya está. Entonces, digamos que si tú equilibras beneficio-costo-beneficio, tener un firmante de paz nuevamente en una estructura armada con la experiencia que tiene, es mucho más rentable para cualquier estructura armada", expresó Jhan Moreno.
En el departamento del Cauca, donde la violencia ha sido particularmente intensa, el testimonio de Moreno evidencia la difícil situación de los desmovilizados, quienes además de luchar por la supervivencia de sus proyectos, deben evitar ser atraídos por las disidencias o enfrentar represalias por negarse a unirse a ellas, pues es justamente en la zona del Catatumbo que los de Iván Mordisco pretenden fortalecer sus tropas.
De hecho, la expansión territorial del EMC, con presencia en 234 municipios y 19 departamentos, destaca la capacidad de este grupo para ejercer control en regiones estratégicas y ha puesto sobre la mesa la persistente amenaza que representa para la consolidación de la paz. Su estrategia también ha incluido el reclutamiento forzado y el sometimiento de comunidades, lo cual pone de manifiesto los límites de la estrategia gubernamental de paz total frente a realidades de poder local y economías ilícitas.