MATEO L. BELARTE
El Consell ha basado su plan de vivienda pública, con el que aspira a construir 10.000 pisos durante esta legislatura, en la colaboración municipal y prepara la chequera para espolear la implicación de los ayuntamientos valencianos en el proyecto. El objetivo de la Generalitat es que los consistorios le cedan gratis suelo disponible sobre el que levantar esas nuevas promociones inmobiliarias, pero no lo pide a cambio de nada. De hecho, los municipios que se adhieran al plan Vive recibirán una contraprestación económica. En concreto, un 15 % del valor final de la obra.
Aunque recae en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales y Vivienda de Susana Camarero, el plan es uno de los proyectos estrella del president Carlos Mazón, que presentó en primera persona la estrategia la pasada semana. Para dar sustento legal a esos traspasos de terrenos, el Consell ha suscrito un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que contempla la cesión de suelo para levantar al menos 6.000 viviendas de protección pública. Las otras 4.000 saldrían de parcelas privadas.
Ese mismo día del lanzamiento del proyecto, el jefe del Consell aseguró que 40 ayuntamientos ya habían mostrado interés en explorar esas cesiones de suelo. Pero hacen falta muchos metros cuadrados para alcanzar la cifra prometida por Mazón durante la campaña electoral y por eso se está pisando el acelerador para explicar a los municipios los entresijos de la iniciativa y ganar adeptos.
Doble reclutamiento
Según aseguran desde el PP, desde el anuncio de Mazón se están recibiendo «muchísimas llamadas» interesándose por el plan, aunque piden tiempo para poder dar cifras iniciales. Así, se ha activado una doble vía de reclutamiento. Por un lado, la FVMP ultima el envío de un correo a los 542 ayuntamientos valencianos en los que incorporará toda la información del plan así como un enlace para firmar la carta de adhesión al convenio marco y especificar los terrenos ofrecidos. Se espera que se remita a principios de semana. A medida que se vayan confirmando, técnicos visitarán estas parcelas para cerrar el acuerdo y posteriormente, sacar a concurso la licitación de la obra.
En paralelo a ese envío masivo, Mazón se está apoyando en el PPCV y su poder municipal. Los populares reunieron este martes a alcaldes y concejales de toda la Comunitat para detallar la letra pequeña del plan e invitarles a sumarse. Hubo tres reuniones, divididas a nivel provincial, en las respectivas sedes del PP de Castellón, Valencia y Alicante.
En ellas, según informó ayer la formación, participaron la consellera del ramo y vicepresidenta segunda, Susana Camarero y Fernando Pastor, portavoz de vivienda del grupo popular en Les Corts, entre otros cargos.
Más vivienda a menor precio
El objetivo de la reunión fue «trasladar» esta iniciativa a los responsables locales ya que «va a suponer un aumento de la oferta de vivienda para alquiler y venta en los municipios, produciendo una disminución de los precios». Los cálculos que maneja Mazón señalan que se generará una inversión de 7.326 millones con un impacto del 2 % sobre el PIB en los próximos tres años en la Comunitat, además de crear unos 75.000 empleos directos e indirectos.
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, señaló ayer que se busca «poner soluciones a uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos, un problema que durante los últimos años no ha hecho más que crecer y multiplicarse por la pasividad del Botànic», a quien además reprochó haber diseñado un marco normativo «que ha dificultado la construcción» de pisos públicos.
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