Tras el escándalo desatado por presuntas irregularidades en contratos de seguros durante la gestión de Alberto Fernández, nuevos acontecimientos sacudieron el ámbito judicial. Allanamientos, cambios en la defensa legal y un posible conflicto de intereses marcaron las últimas novedades en el desarrollo de la causa.
Desde la entrega de contratos de brokers vinculados al expresidente en el Anses, el caso cobró relevancia. La renuncia de abogados defensores en la causa previa de «Fiestita en Olivos» dejó a Fernández buscando nuevos representantes legales. Ahora, Graciela Peñafort y Carlos Beraldi, junto con Gregorio Dalbón para lo mediático, se perfilan como su equipo legal.
El papel de los abogados vinculados a Cristina Kirchner y la causa de los Cuadernos también fue objeto de análisis. Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo fueron parte de la defensa previa, pero ahora Fernández busca un nuevo rumbo legal.
El último giro en la investigación ha sido la aceptación del presidente de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguro SA, Brian Kelly, como parte en el caso. Con él, los abogados Andrés María Gutiérrez y Rafael Cúneo Libarona, este último vinculado al actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, se suman al panorama judicial.
La aparición de Kelly y su empresa en el expediente judicial señaló el origen de la investigación, que se centra en presuntas irregularidades en la intermediación de seguros en entes estatales durante la gestión de Fernández. Los allanamientos recientes y la entrega de documentación sugieren la profundización de la investigación en este complejo entramado.
La causa también tocó al gobierno de Milei, con la destitución de un funcionario vinculado al caso. Además, cooperativas como la Cooperativa 7 de Mayo y la Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada se encuentran en la mira de la justicia en un entrecruzamiento de escándalos que involucran tanto al ámbito de los seguros como al «negocio de la pobreza».
Con información de Noticias Argentinas