De la CGT a Yacobitti: cómo se gestó el polo anti-Milei que marchará el 23
El próximo 23 de abril se llevará a cabo la Marcha Federal Universitaria, promovida por estudiantes, docentes y no docentes y las propias rectorías nacionales. El principal reclamo es la restitución de fondos presupuestarios para salarios, mantenimiento y programas adicionales
A raíz de la crisis presupuestaria en la que se encuentra inmersa, amplios sectores del ámbito universitario nacional dejaron por un lado los conflictos internos y llamaron en conjunto a una Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril, al que después se le sumaron importantes sectores gremiales como la CGT, que lo oficializó la semana pasada a través de sus triunviros.
"No es un dato menor", dicen desde la Confederación General del Trabajo, que junto a las dos CTA marcharán junto a las organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes; que están amparadas por el visto bueno de las rectorías de las universidades de todo el país. Según dicen desde todos estos ámbitos, el nivel de adhesión y acuerdo para esta movilización no tiene precedente desde el regreso de la democracia.
El disparador de la movilización es la reducción del 72% en términos reales que sufrieron las partidas de "Desarrollo de la Educación Superior" en el Presupuesto 2024, el cual explica el 90% del gasto total del presupuesto universitario.
Hasta el primer trimestre, el gobierno nacional sólo ejecutó el 34,4% de las políticas universitarias: este ajuste alcanza a los salarios de docentes, autoridades superiores, no docentes, fondos de funcionamiento básico de los edificios, programas de desarrollo, entre otros.
El Gobierno anunció días atrás (aún sin oficializarse en el Boletín Oficial) un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento de las universidades. De acuerdo a Chequeado, esta suba sería solo para un ítem del número total: el cual representa solo un 5,5% del total del programa "Desarrollo de la Educación Superior" [la tercera categoría de la tabla de arriba]. Es decir, sin incidencia sobre los salarios.
En este contexto, el presidente Javier Milei focalizó la actividad en su cuenta de X para repostear en contra del supuesto adoctrinamiento en las universidades nacionales. "Dedicado a los hipócritas escritores de notitas que niegan que en la UBA exista adoctrinamiento...", dijo en relación en repudio de unos carteles del MST con duros mensajes a sectores libertarios.
También Karina Milei se pronunció en contra del "adoctrinamiento" en las universidades. Y la lluvia de tuits en las redes sociales desde cuentas libertarias continuó todo el día de ayer.
Todo esto se vincula a lo dicho por el mismo Milei en una disertación en la Universidad Internacional de Florida días atrás, en la que exclamó que los argentinos son "víctimas emblemáticas de Gramsci quien decía que, para meter el socialismo en una sociedad, tenía que meterse en los medios de comunicación, la cultura y la educación".
La inesperada alianza universitaria contra Milei
La idea de que la CGT acompañe en la marcha nacional universitaria del próximo 23 de abril se gestó la semana pasada, durante la reunión de la Comisión Directiva de la central.
En un cuarto intermedio, el secretario general de ADUBA (docentes universitarios), Daniel Ricci, y el de FATUN (no docentes), Jorge Anró, se apartaron por unos minutos junto a los triunviros Pablo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad) y les propusieron que los gremios se sumaran a la movilización. Ambos aceptaron y eso fue materializado en la votación general que hicieron junto a las otras autoridades cegetistas.
El apoyo de la CGT es el último eslabón de una concatenación de acuerdos previos. Los gremios docentes universitarios se encuentran divididos entre CONADU Histórica, CONADU, UDA, FEDUN, CTERA y FAGDUT. Las cinco señalaron que ante la falta de respuestas por el freno de los aumentos salariales se profundizarían las medidas de fuerza. El polo de los no docentes sólo se engloba en la FATUN, que también se sumó para la coordinación de la marcha.
En el frente universitario se sumó otro actor clave: el de los estudiantes englobados en la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida y liderada por la dirigente radical Piera Fernández. A la movilización federal se sumarán organizaciones peronistas, kirchneristas, de izquierda y otras alternativas.
Con injerencia de las organizaciones sindicales y la FUA, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aglomera a todos los rectores de las universidades nacionales, fue la que determinó en una reunión a fin de la semana pasada el llamado a la movilización que tendrá como foco principal la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, que iniciará en el Congreso Nacional y desembocará en la Plaza de Mayo.
"Esto implica cierto diálogo y alianza con un sector de la Unión Cívica Radical. Si miramos solamente a la UBA, esto cuenta con el aval de Emiliano Yacobitti [vicerrector de la Universidad de Buenos Aires]", comentó una fuente de la CGT. El dirigente radical criticó este lunes a Milei por la oleada de tuits y por su política contra la educación superior: "No tiene un solo argumento económico ni político para justificar este presupuesto que es el más bajo de la historia".
"Son muchas generaciones de profesionales que no se pueden borrar con una campaña de intimidación en redes sociales. Como lo muestran todas las encuestas, somos una gran mayoría social la que valora la educación pública y la va a defender en las aulas y en las calles si requiere", agregó.
Yacobitti es el principal socio político del senador porteño Martín Lousteau. Ambos son de los principales apuntados por dirigentes y cuentas libertarias, y al dirigente universitario le recriminan irregularidades en el manejo de la caja de la universidad. Recientemente, la UBA se declaró en emergencia presupuestaria y adhirió a la Marcha del 23 de abril.
El manejo del Gobierno y los números del apoyo
Quienes han mantenido diálogo con las autoridades libertarias alegan que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no es el principal interlocutor con los gremios producto de que no tiene conocimiento fino del funcionamiento de los establecimientos públicos.
Para esa tarea delegó a su subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; quien tiene pasado en ADUBA y fue el encargado de plantear el 16% de actualización salarial en el marco de una acumulación inflacionaria por arriba del 50% desde diciembre.
"Hubo cuatro reuniones y solo se impuso el aumento salarial. No hubo ni siquiera cuartos intermedios. El nivel de violencia que manejó no lo vi ni en 40 años", agrega uno de los referentes que estuvo presente en las audiencias.
Entre las políticas que planea el funcionario libertario está la auditoría en las cuentas de las universidades nacionales, lo cual es rechazado por las rectorías de las mismas por considerarse violatorio de la autonomía universitaria, y el arancelamiento de la educación superior para extranjeros. "Tengo en estudio suspender esta joda. Spoiler: la burocracia autónoma de las Universidades se opone", tuiteó recientemente.
Según el informe de abril de la consultora Zuban Córdoba, "la educación pública es probablemente la categoría en la que más problemas puede tener el gobierno en términos de opinión pública. Un abrumador y mayoritario 86% coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido". Asimismo, un 50% está "muy en desacuerdo en congelar el presupuesto de las universidades".
"Los gobiernos también deben ser juzgados por su capacidad de reacciones y cambiar de dirección cuando es necesario. ¿Reconsiderará el gobierno su postura con la educación pública si las manifestaciones de este mes se vuelven masivas y el tema toma la agenda por asalto?", plantea el estudio. La misma