El juicio penal de mayor trascendencia política de las últimas décadas en Colombia, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el banquillo de los acusados, tendrá como escenario un pequeño despacho del complejo judicial del piso 3 del Bloque C del complejo de Paloquemao, en Bogotá.
Es la primera vez en la historia moderna del país que un exjefe de Estado va a juiciopor cargos penales. El caso contra Ernesto Samper por el proceso 8.000, la financiación del cartel de Cali a su campaña presidencial, fue precluido en la Cámara en la etapa del antejuicio político, en junio de 1996.
Este será entonces un juicio inédito, por donde se le mire. Por un lado, está la figura pública procesada: Álvaro Uribe, el político colombiano más influyente del último cuarto de siglo, lapso en el que logró elegirse dos veces a la Presidencia, estuvo a punto de lograr una segunda y polémica reelección (atajada por la Corte Constitucional), fue clave para llevar a la Casa de Nariño a Juan Manuel Santos (2010) y a Iván Duque (2018) y fue también determinante en el apretado triunfo del No en el plebiscito por la paz.
La gravedad de los cargos es otro elemento determinante. Uribe fue acusado por fraude procesal y soborno a testigos, que en esencia significan un supuesto intento de engañar y llevar a error a la justicia y tienen penas cercanas a los 10 años de prisión. También juega el alto perfil de otro dirigente político reconocido como víctima central en el proceso: el senador Iván Cepeda Castro, caracterizado enemigo del expresidente y hoy convertido en pieza clave de la estrategia de 'paz total' del presidente Gustavo Petro.
Y no pueden dejarse de lado los ruidos jurídicos y políticos que han caracterizado el caso, cuya génesis se remonta a las duras peleas entre Uribe y Cepeda de comienzos de este siglo y que más de 20 años después siguen teniendo nuevos capítulos. Uribe pasó de denunciante a investigado por la Corte Suprema debido a las cuestionadas estrategias de uno de sus abogados, Diego Cadena, que en el mundo penal era conocido por haber defendido intereses de capos de la mafia y que hoy está esperando fallo por cargos similares a los que enfrenta el expresidente. Tanto Uribe como su defensa sostienen que en el expediente no hay ninguna prueba que demuestre que él estaba al tanto de todos los pasos que al parecer daba Cadena.
En el proceso, que inicialmente llevó la Corte Suprema (tribunal con el que el expresidente ha mantenido una tensa relación desde los tiempos de las investigaciones de la 'parapolítica'), hay episodios que no han sido suficientemente explicados, como la interceptación, supuestamente por error, del teléfono personal de Uribe por orden de esa Corte. La detención domiciliaria ordenada por la Sala de Instrucción contra Uribe –que estuvo vigente entre el 4 de agosto y el 10 de octubre del 2020– y la renuncia del entonces senador a su curul para que el caso pasara a la justicia ordinaria son también capítulos claves de esta historia.
Con el reloj de la prescripción por vencimiento de términos avanzando (la justicia tiene hasta octubre de 2025 para emitir fallo, so pena de que se archive el proceso), la Fiscalía de Luz Adriana Camargo debía tomar una decisión después de los dos fallidos intentos en la administración de Francisco Barbosa por lograr la preclusión (el caso se cierra mientras no aparezcan nuevas pruebas) en favor del exmandatario.
La determinación de acusar llega además en un momento de alta tensión política, cuando el presidente Petro ha endurecido su posición debido al hundimiento o estancamiento de sus 'reformas sociales', y cuando el jefe de Estado sigue promoviendo su polémica idea de una constituyente. En los dos frentes, Uribe ha sido un caracterizado opositor, si bien no el más acérrimo (papel que han venido cumpliendo otros como Germán Vargas Lleras).
¿La prioridad de defender su inocencia alejará a Álvaro Uribe de la actividad política? En el 2022, en las presidenciales, el jefe del Centro Democrático optó por alejarse parcialmente de las tarimas, si bien desde las regionales del año pasado volvió a recorrer barrios y pueblos apoyando a los candidatos de su partido y sus coaliciones. Los resultados de un año a otro pueden dar alguna idea del peso que puede tener Álvaro Uribe haciendo proselitismo activo.
"Muy golpeado anímicamente" por encontrarse en una situación en la que jamás pensó estar después de todos sus años de trayectoria pública, según algunos de sus allegados, el expresidente Uribe deberá decidir si alterna su defensa jurídica con la vocería de una oposición que considera que el caso en su contra es una retaliación política, postura que tienen en el Centro Democrático. El representante Hernán Cadavid, por ejemplo, sostiene que el Gobierno y sus aliados "van a utilizar el caso de Álvaro Uribe para hacer política" y llama a la Fiscalía y a los jueces a "no dejarse influenciar de sectores de Gobierno que, evidentemente, tienen toda la animadversión contra el expresidente".
Hoy llega, al final, una decisión que, consideramos, es justa.
El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, tiene una lectura diametralmente opuesta del proceso. "Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia luego de dos intentos de preclusión, de la manera como fue desatendida o, mejor, dejada a un lado la Corte Suprema de Justicia (...) Hoy llega, al final, una decisión que, consideramos, es justa", dijo esta semana.
Uribe, por su lado, cuestiona que la decisión de acusar en la nueva Fiscalía es totalmente contraria a la que defendió la administración Barbosa y recordó que la nueva jefa del ente acusador trabajó por varios años con el exmagistrado y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, uno de sus mayores contradictores públicos en los últimos 30 años.
"El juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", aseguró esta semana en un video el jefe del Centro Democrático. Esta última afirmación de Uribe, la de un proceso por supuestas animadversiones políticas, es la que lleva a varios de sus alfiles a pensar que el exmandatario está dispuesto a mantenerse firme en el ruedo público.
El juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia.
Patricia Muñoz Yi, catedrática de la Javeriana, considera que el proceso podría, en todo caso, tener efectos en la iniciativa política del exmandatario y en "su capacidad de articulación con otros actores que le permita asumir un papel protagónico para las elecciones del 2026". Por su lado, Jorge Iván Cuervo, catedrático del Externado, considera que el impacto del proceso podría no ser tan importante, de cara al "declive" de la figura pública de Uribe en estos años.
El hecho es que el juicio seguramente terminará traslapándose con el inicio de la campaña presidencial del 2026, al igual que otro que tiene también altas implicaciones jurídicas y políticas: el juicio porcorrupción contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Nicolás Petro. Los tiempos procesales de los dos casos van a coincidir, y probablemente seguir de largo, con los de las elecciones.
Precisamente, después de resolver la acusación en contra de Uribe, el manejo del caso de Nicolás Petro será la siguiente papa caliente para la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. Por ahora, al frente de ese juicio, que se desarrollará en Barranquilla, sigue el fiscal Mario Burgos, quien ha sido blanco de cuestionamientos del acusado y del propio presidente Gustavo Petro.
El reto para la justicia
Camargo mantuvo al último fiscal nombrado por Barbosa para el caso Uribe, Gilberto Iván Villarreal Pava, quien decidió cambiar el rumbo de sus antecesores y proceder con la acusación.
Según consideró, el expresidente sería el 'determinador' del plan de Cadena para "lograr testimonios, documentos y otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertas o que no correspondían a la realidad para falsear versiones que contra él o su hermano Santiago habían rendido los señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve", dos 'exparas' que relacionan a los Uribe con los grupos paramilitares de la Antioquia de los años 80 y 90.
"El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Al mismo tiempo, con tan específicos actos, indujo en error a la Sala de Instrucción n.º 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para obtener de esta decisiones contrarias a la ley", dice la acusación.
Jaime Granados, abogado de Uribe, subraya que la Fiscalía no podrá demostrar una conducta que no existió, añadiendo que "vamos a tener en un proceso adversarial, de corte acusatorio, la oportunidad de que quede clara, públicamente, la infamia que se ha cometido en contra del expresidente".
En todo esto, la jueza 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, tendrá la responsabilidad de blindar el proceso de todas las presiones y los ruidos que lo han marcado en los últimos seis años.
Será una prueba de fuego para todo el aparato de justicia del país, empezando por la nueva administración de la Fiscalía, que como a la de Barbosa en su momento le tocará lidiar con señalamientos de presuntos sesgos y demostrar con argumentos jurídicos la objetividad de sus decisiones en el caso.