El Gobierno sigue trabajando en la forma de convertir en permanente el impuesto extraordinario al sector financiero, pero analiza la incorporación de determinadas bonificaciones, como se está negociando con las compañías energéticas. En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló durante las preguntas posteriores a su ponencia este mismo lunes en Nueva Economía Forum que en medio de la posibilidad de hacerlo permanente, se analiza "ajustarlo a algunos elementos como el ciclo de los tipos de interés o a fomentar créditos a pymes".
Es precisamente este último punto el más novedoso, ya que hasta ahora habían salido a la luz propuestas para modelarlo al estilo italiano -con cambios en función de las aportaciones de capital a reservas-.
Cuerpo también aprovechó la pregunta para apuntar el "éxito" de la puesta en marcha de este gravamen ya que, en su opinión, ha permitido que las empresas energéticas y las entidades financieras "aporten más" a las arcas públicas sin perjudicar a su solvencia o a sus resultados.
Hace apenas unos días, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confirmaba que el Gobierno colará en una ley en tramitación la permanencia del impuestazo a energéticas y bancos. El Ejecutivo busca introducir "en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos", indicó entonces, apuntando que incluirá también determinados incentivos relacionados con la reinversión en transición verde.
En un principio, estaba previsto que la permanencia del impuesto extraordinario se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, pero al decaer este proyecto con la convocatoria de las elecciones catalanas debían buscarle un nuevo encaje. Inicialmente, este impuesto tenía un carácter temporal para dos años, el 2023 y el 2024. Ahora, el Ejecutivo busca el encaje para esta modificación. "Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión", dijo Ribera. La vicepresidenta tercera destacó que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen "hacia un sistema que permita incentivar la inversión". "Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial", dijo.
Es precisamente en este sentido en el que iría una modificación del mismo en función del fomento de créditos a pymes, claves para el desarrollo de la economía española.