J.A.M.
El Pleno del Ayuntamiento adejero solicita al Gobierno de Canarias que elabore los estudios correspondientes y preceptivos y declare Adeje como zona de mercado residencial tensionado. Solo VOX rechazó la propuesta que respaldaron PSOE (grupo proponente), CC, PP y Unidas Podemos, que servirá de base para desarrollar otras medidas que persiguen atajar el problema de la falta de viviendas en alquiler en el municipio.
El acuerdo incluye una enmienda de adición planteada por Unidas Podemos en el sentido de instar al Gobierno central a inventariar y analizar el patrimonio de la Administración y de los organismos públicos y al Gobierno de Canarias a que ponga los medios necesarios para el correcto desarrollo del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma.
"La zona tensionada es una herramienta más dentro de un paquete de medidas que queremos implementar"
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, definió la declaración de zona tensionada como «una herramienta más dentro de un paquete de medidas que queremos implementar para intentar paliar, de alguna manera, el problema de la vivienda». Una situación en la que el gobierno local «explora las posibilidades que nos da la ley nacional con esta medida, como también el decreto Ley del Gobierno de Canarias. Tenemos que crear marcos que posibiliten el acceso de los trabajadores a la vivienda dentro de sus posibilidades salariales y económicas».
Con el acuerdo plenario comienza el procedimiento para que el Gobierno de Canarias elabore los estudios que determinen si se cumplen los parámetros socio-económicos que permitirán llevar a efecto la declaración de zona tensionada. Entre ellas, si los adejeros dedican el 30% de sus ingresos a la vivienda o si el precio de compra o alquiler experimentó aumentos superiores a tres puntos del IPC en los cinco años anteriores, existiendo la posibilidad de realizar este estudio por zonas o núcleos poblaciones dentro del propio municipio.
«Estas medidas son opcionales para las personas propietarias de inmuebles, que podrán adherirse a ellas o no»
«Ni la ley ni la declaración de zona tensionada contemplan la obligatoriedad» de los propietarios de las viviendas a aplicar la normativa y recibir los beneficios fiscales que contempla la declaración de zona tensionada. En respuesta a PP y CC, lo dejó claro el concejal de Planificación del Territorio, Manuel Luis Méndez, y lo refrendó el alcalde, quien especificó que «estas medidas son opcionales para las personas propietarias de inmuebles, que podrán adherirse a ellas o no». Aquellos que lo hagan podrán tener hasta un 90% de beneficios fiscales en la declaración de la renta.
Otras medidas
El acuerdo plenario «es una declaración de emergencia que dará paso a otras medidas», puntualizó Méndez Martín. La misma se articula dentro de un plan «ambicioso y complicado» que derivará en desarrollar acciones en un marco de libre mercado para generar suelo en el que construir viviendas de protección oficial de promoción pública (preferentemente) y privada, así como promover bonificaciones o incentivos a la empresa privada para realizar viviendas asequibles, entre otras.
Rodríguez Fraga realzó la experiencia del municipio en «situaciones tan complejas como esta». Se refirió a la creación de la empresa municipal de viviendas –en la actualidad, Empresa Municipal de Servicios de Adeje SA (EMSA)– que puso en el mercado más de mil viviendas «que hoy disfrutan trabajadores del municipio» entre finales del siglo pasado y los primeros años del actual. Un trabajo que no ha cesado.
El alcalde recordó que el Gobierno de Canarias ya elabora el proyecto para construir 45 viviendas sociales en suelo cedido por el municipio en Armeñime. «Ahora vamos a entablar conversaciones con Visocan, que adquirió suelo para edificar otras 200 en el municipio». El regidor afirmó: «Conozco hoteleros dispuestos a construir viviendas para sus trabajadores a precios que no superen el 30% del salario».
En busca de suelo
En virtud de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, así como del Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, el gobierno municipal de Adeje emprende la elaboración de un estudio que determinará los espacios urbanizables disponibles o posibles así como la reordenación de las áreas dotacionales para construir viviendas asequibles.
Todo ello, al margen de las medidas bancarias y de un aspecto sobre el que José Miguel Rodríguez Fraga llamó la atención y reclamó reflexión: «Las viviendas deben estar lo más cerca posible de donde está el empleo. Hay que pensar nuevos modelos urbanos».
Vox insistió en reclamar seguridad jurídica para el arrendador.
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