Víctor Hugo Granados Zapata
La semana pasada, el senador Ricardo Monreal sostuvo (mientras defendía la reforma a la ley de amparo) que al eliminar la suspensión con efectos generales se está acabando con la "dictadura de la toga", apuntando que el Poder Judicial Federal se está sobreponiendo al resto de los poderes al suspender los efectos de las normas aprobadas en el congreso de la unión (a pesar de que contradigan al texto constitucional). Esta reforma trae consigo un retroceso en materia de protección constitucional, toda vez que elimina la posibilidad de que las y los jueces de distrito, tribunales colegiados y la SCJN puedan suspender los efectos de una norma general a través del juicio de amparo cuando dichas normas estén violentando derechos fundamentales. Más allá de efectuar un análisis sobre las implicaciones jurídicas que vendrán a raíz de este cambio legislativo, se abrió una discusión sobre la distinción de la función legislativa y la judicial, en específico sobre los límites de la SCJN en materia legislativa. Este discurso se ha tergiversado al grado de que otros funcionarios públicos federales, como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Martí Batres y la ministra de la SCJN Lenia Batres (su hermana), apuntan que el PJF está sobrepasando sus funciones, empleando discursos sin sustento jurídico alguno, solo aportando razones ideológicas o políticas. ¿Cuál es el trasfondo de este debate? ¿Qué implicaciones vendrán si siguen avanzando reformas de esta naturaleza?
Antes de comenzar, es necesario precisar que hablar de estos temas sin caer en un análisis repleto de tecnicismos jurídicos es complejo y parte de ello es lo que aprovechan quienes son partidarios de reducir los mecanismos de protección constitucional. En ese sentido, el debate puede encaminarse a malentendidos al momento de simplificar los planteamientos de los partidos en el tema; y, evidentemente, mezclan situaciones que van de la mano con la materia (los mecanismos de control constitucional) pero no tienen relación con las modificaciones. Por ejemplo, una de las razones que aportan los simpatizantes de Morena es que solicitar un Amparo es costoso e ineficiente (se requiere contratar un abogado particular), así como también que el emitir suspensiones afecta el interés general de la sociedad y solo beneficia a las personas que lo pueden pagar. Esta idea está plagada de lugares comunes y verdades a medias: es cierto que es difícil debido a que se requiere de personas capacitadas en la materia (algo de lo que muchos abogados poco éticos se aprovechan al aceptar casos sin conocer de la materia), sin embargo el juicio de amparo en sí mismo no tiene ningún costo, por lo que la propuesta debería devenir en ampliar el acceso a defensores más capacitados, o bien, rediseñar los mecanismos de acceso a la justicia de la unión (como se ha ampliado en los últimos años gracias a la suplencia de queja en grupos vulnerables, etc); pero, la solución no debería ser privarle a la ciudadanía de una figura que está para proteger sus derechos fundamentales ¿a quién le beneficia realmente esto? Por lógica, a quienes detentan el poder.
Por otro lado, las y los legisladores de Morena (entre ellos el senador Monreal quien emitió comentarios tergiversados y engañosos sobre las atribuciones que, entre poderes, quedando como el constitucionalista farsante por excelencia a nivel nacional) señalan que las decisiones de una mayoría parlamentaria se deben traducir como la voluntad del pueblo. En el mismo sentido, la "ministra del pueblo" Lenia Batres, recientemente, ha defendido esta posición e incluso haciendo videos explicando sus posturas al respecto, quedando en ridículo al no saber lo mínimo e indispensable en materia de interpretación constitucional (hace análisis estrictamente gramaticales de la constitución y luego aborda el tema desde un punto de vista ideológico, sin motivar ni fundamentar adecuadamente sus posiciones), ignorando que la voluntad popular reside en la constitución y el papel de la SCJN (y los tribunales/juzgados federales) es velar por el cumplimiento del orden constitucional cuando las acciones del poder legislativo y ejecutivo estén violentando lo que señala la constitución. En vez de contar con verdaderos expertos en materia constitucional, le han apostado a funcionarios mentirosos, improvisados e irresponsables que su única tarea es darle gusto al presidente y su partido.
Lo anterior es sumamente grave porque, tal y como lo anunció el diputado federal de Morena Ramiro Robledo, su bancada está planteando reducir la protección de los derechos humanos mediante más reformas en la materia y con ello favorecer las iniciativas de la 4T a pesar de que estas no estén en sintonía con la constitución (es decir, que sean inconstitucionales). Esto le daría al poder ejecutivo facultades metaconstitucionales (contradiciéndose con los discursos que emanan desde la tribuna), quebrantando la división de poderes e instaurando las bases de un estado autoritario y antidemocrático, justo como en los tiempos de la hegemonía priísta del siglo XX, que el escritor Mario Vargas Llosa denominó "la dictadura perfecta".