El funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), quien fue despedido y luego vio reconocida la ilegalidad de su despido con una orden de indemnización de $200 millones, llegará a la Corte Suprema, luego de apelar al fallo, pidiendo su reincorporación a la empresa estatal.
El proceso legal inició el año pasado, cuando Jorge Araya fue desvinculado de la compañía tras la paralización de la planta, argumentándose la eliminación del cargo como motivo.
Sin embargo, el trabajador sostuvo que su despido estuvo motivado por denuncias que había realizado en su calidad de miembro del Comité Paritario de la empresa, lo que considera represalias por evidenciar irregularidades.
"El puesto existe, se hizo el concurso y está actualmente vigente. Las razones son otras; mi actitud de transparencia para denunciar cosas de seguridad y altos costos que se han tenido en la empresa, que nosotros hemos transmitido en el sindicato para tener probidad en los recursos públicos", explicó Araya a Radio Biobío.
La justicia laboral respaldó su reclamo, declarando ilegal el despido y ordenando el pago de una indemnización de $200 millones.
Sin embargo, Araya y su abogado, Remberto Valdés, han decidido apelar este fallo ante la Corte Suprema, buscando reemplazar la indemnización por la reinstalación en su puesto de trabajo.
La apelación, aunque busca la revisión de la indemnización, prioriza la reintegración de Araya a Enap, incluso si eso implica renunciar a la compensación monetaria dictaminada.
"Buscamos una sentencia que reconozca que aquí hubo una práctica desleal, antisindical y una violación de los derechos del trabajador. Es tan fuerte la postura de mi representado, que hoy tiene la posibilidad de recibir $200 millones y está disponible a renunciar a ellos, en pos de que se haga justicia y se le reintegre a sus labores", explicó el abogado defensor.
En caso de no obtener el resultado deseado en la Corte Suprema, Araya y su abogado ya tienen previsto llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando justicia a nivel internacional y evidenciando la importancia de proteger los derechos laborales en el ámbito nacional e internacional.