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El Partido Popular sigue con sus maniobras de paralizar y bloquear las instituciones en este país. El último episodio es el conflicto institucional que, con su mayoría absoluta, ha planteado en el Senado, para que el Congreso de los Diputados retire la Ley de Amnistía. Pero el pasado martes, la Mesa de la Cámara Baja rechazó el conflicto de atribuciones aprobado por el Senado, de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos, considerando la mayoría progresista que lo que quería el PP es una deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática española, que es capaz de hacer todo lo posible por dinamitar el orden constitucional, según lo apuntado por Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.
Pero, siendo lo anterior muy grave, lo más vergonzoso en la vida política nacional, que tendría que estar abriendo telediarios, un día sí y otro también, es el bloqueo que los populares están realizando a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su mandato está caducado, han pasado más de 5 años sin que el máximo órgano de los jueces haya cambiado a sus integrantes. Es gravísimo que el tercer poder del Estado esté incumpliendo la Constitución y esto no tenga consecuencias. No se entiende cómo estos próceres de la patria de alta alcurnia sean los primeros en incumplir la Carta Magna y la ley.
La mediación fallida del comisario europeo, Didier Reynders, que ha dejado su cargo para preparar su campaña para hacerse con la jefatura del Consejo de Europa, pone de manifiesto que la urgente renovación del CGPJ es algo que no tiene vías de solución, lo que resulta insostenible. Aunque una posible salida sería la dimisión en bloque de todos los miembros del Consejo, ocasiones han tenido, pero siempre se han negado a soltar la poltrona y el suculento sueldo, pero los vocales ocupas y caducados han dejado patente que se sienten cómodos y legitimados como representantes de la oposición al gobierno. Tenemos muchos ejemplos de esta indignante actitud, como cuando salieron a las puertas de dicho tribunal, para manifestarse contra una ley de amnistía, que no existía. Pues en ese momento estaban haciendo política contra un gobierno elegido democráticamente.
Lo que está provocando el PP con la Justicia no lo hace un partido político responsable y al servicio de la ciudadanía, esto es una práctica mafiosa para tapar sus desmanes y mantenerse en el poder, porque consideran a nuestro país de su uso exclusivo y a los españoles y españolas meros lacayos a su servicio. No podemos permitirlo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace escasos días que daba un ultimátum al Partido Popular para que la renovación del Poder Judicial se realizara antes de que acabara este mes de abril. Los días avanzan, todo permanece encallado y va siendo el momento de exigir valentía al PSOE, para que actúe con contundencia y tome decisiones ante esta derechona antidemocrática y golpista que está produciendo tanto daño a la Justicia. Es la hora del Congreso de los Diputados, pues el Gobierno debe presentarle un nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que cambien las mayorías de renovación del CGPJ, para así cumplir con la Constitución española.
Aunque lo mismo hay una posible solución, después de la anticipada salida de Reynders, buscando un nuevo mediador que sea más cercano. Nos estamos refiriendo a Emiliano García-Page, tan amigo de los barones del Partido Popular, con los que charla de forma distendida, come amigablemente y hasta es capaz de echarse unos cantos con ellos; en fin, que el presidente castellanomanchego da el perfil idóneo que seguro aceptaría el señor Feijoo para que tercie en la solución de esta lamentable situación.
Al margen de la ironía anterior, no se puede seguir por más tiempo con el descrédito del Poder Judicial, es el momento de desalojar a los okupas, de abrir puertas y ventanas en la sede de marqués de la Ensenada, con un poco de suerte entrará la democracia. Veremos.
*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.
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