No me voy a cansar de insistir en llamar la atención de las autoridades del país, para que le presten atención a los problemas que están aconteciendo en el Corredor Minero del Sur, por la preponderancia que tiene, tanto para el desarrollo de la actividad minera como para la búsqueda de la paz social, en una zona donde se empiezan a manifestar varios conflictos, que los he venido anunciando desde hace más de un mes. Al parecer, en el Gobierno actúan de manera reactiva, cuando se sabe que la única estrategia válida para afrontar la conflictividad es la prevención.
Son ya cuatro artículos en menos de un mes que dedico con especial énfasis a la problemática subyacente en el llamado Corredor Minero del Sur, desde el bloqueo de la carretera que se dio los primeros días del mes en el sector del distrito de Velille, hasta lo que sucedió ayer en Cancahuani, como una muestra del efecto rebote que se está manifestando ya en otras comunidades campesinas en diversos tramos, tanto en la región Cusco como Apurímac.
Ayer, el bloqueo de la vía se dio en varios sectores de las comunidades de Cancahuani, Cruz Pampa, Huininquiri, Pumapcyo y Capaccmarca, que lleva el mismo nombre del distrito, donde están estas otras comunidades campesinas. Demandan, por un lado, el cumplimiento de los pagos programados por el MTC por indemnización de derecho de vía cuando se trazó y amplió la carretera que sirve para el transporte del mineral de las mineras Las Bambas y Hudway y se afectó los terrenos comunales.
Lo que se tiene que saber en el país e informar a través de las carteras ministeriales es que hoy el corredor se encuentra bloqueado; por tanto, no puede salir y retornar ningún camión, bus o hasta los llamados encapsulados que trasladan el mineral hasta el puerto de Matarani; es decir, la actividad minera está paralizada, con los costos que eso significa para el país. Solo un dato de referencia: Apurímac deja de percibir por día paralizado un promedio de 5 millones de soles, por concepto de canon y regalía contractual.
Está en manos del Gobierno la atención inmediata a las demandas sociales de las comunidades campesinas para garantizar las operaciones mineras en el corredor, antes de que siga escalando la conflictividad social.