Vivir en la zona rural de Lugo tiene ventajas y también muchos inconvenientes y uno son los desplazamientos, ya que la falta de mantenimiento que afecta en general a las carreteras de la provincia, sean estatales, autonómicas o provinciales, llega también a vías y caminos municipales.
Mantener en buen estado de conservación una red que se extiende por 54 parroquias y más de 300 kilómetros cuadrados, en un lugar donde llueve en abundancia y donde hay mucho uso de maquinaria pesada, como vehículos agrícolas y forestales, exige dinero y planificación. Y eso es lo que falta en el Concello de Lugo, a juicio del PP y de los vecinos que sufren el mal estado de las pistas.
"É preciso que o goberno local cambie a forma de traballar e que se planifiquen as reparacións dos firmes para que non se fagan só cando chama o pedáneo", afirma Flor Rubinos, concejala del PP que se ocupa de hacer seguimiento de los asuntos que afectan a la zona rural.
Rubinos está muy presente en las parroquias y echó mano de un puñado de fotografías de media docena de carreteras y de caminos de otros tantos núcleos para mostrar el estado en que se encuentran. Algunas de esas vías están asfaltadas pero tienen baches, algunos pequeños y profundos, aunque muy lesivos para los neumáticos, y por tanto difíciles de ver hasta que se llega a ellos, y otros que se alargan varios metros y hacen que, cuando llueve mucho, se conviertan en piscinas.
El estado del firme resulta muy perjudicial para los vehículos, pero también suponen una amenaza a la seguridad de quienes circulan por estas carreteras, señala Rubinos. Algunas de ellas son las de Pías, San Xoán do Campo y Santa Marta de Fixós, apunta. La concejala asegura que el problema tiene tal dimensión en algún lugar que llegó a provocar una avería en un bus urbano. Sucedió, asegura, en la pista de Fonto do Mouro, en Esperante.
El PP ve necesario destinar más recursos a la red viaria de la zona rural. Según el plan de inversiones del Concello para 2024 figuran 250.000 euros, de los que 50.000 son para mejorar accesos a fincas agrícolas y 200.000 para aglomerado de pistas.
Pero, además, los populares reclaman al ejecutivo local que esté vigilante y haga cumplir a las empresas madereras con su obligación de dejar limpias y en buen estado las pistas por las que circulan. Existe una ordenanza municipal que regula esta actividad desde el primer mandato de la socialista Lara Méndez.
La zona rural del municipio está ahora bajo la responsabilidad de la concejala Ana González, que sustituyó en esa área a Miguel Fernández, ahora diputado provincial de Vías e Obras, tras el cambio en la alcaldía.