El Informe 2023/24 de Amnistía Internacional señala que "es claro" que Uruguay ha "perdido terreno en materia de derechos humanos". La sección Uruguay de Amnistía Internacional elaboró un capítulo ampliado donde profundiza sobre los principales "avances y retos" en derechos humanos.
El informe trató la corrupción, salud mental, presión del Estado a víctimas, afectaciones a la libertad de prensa, aumento de violencia y femicidios. Según la organización el objetivo del documento es ser una "herramienta útil y confiable" que permita dar luz sobre aquellos lugares donde el país debe mejorar.
Según dicho informe, "ante la confirmación de sucesos de espionaje y vigilancia" -en referencia al caso Astesiano- se visibiliza el "debilitamiento" de los sistema de garantías de derechos del país, impactando de "manera integral" en el ejercicio de derechos civiles y políticos, afectando el "Estado de Derecho y sus instituciones".
Por otro lado, manifestaron su preocupación ante la imputación del exsenador, Gustavo Penadés por más de 20 delitos sexuales y la identificación de "diversos hechos de corrupción policial". Como también ante el caso Marset, que derivó en la renuncia del canciller de la República, Francisco Bustillo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y el asesor presidencial en materia de comunicación, Roberto Lafluf.
El estudio realizado por el organismo presenta a Uruguay como "el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado", llegando a 11,2 homicidios cada 100 mil habitantes. Además, resaltó que durante el 2023, "el gobierno no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos".
Asimismo, resaltan que durante el 2023 aumentó el número de mujeres víctimas de homicidios debido al crimen organizado, provocando la muerte 18 de ellas. Cifras se asemejan al total de mujeres asesinadas por femicidio, que fue de 23 durante el año pasado.
En agosto del año pasado el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) indicó que, cada 200 personas uruguayas, una está privada de su libertad. Número, que según manifestó Amnistía Internacional convierte a Uruguay en el país con "más personas privadas de libertad per cápita en América del sur", siendo el décimo país con mayor tasa de "prisionización" del mundo.
Acerca de esto reiteró las "duras" condiciones a las que se tienen que exponer las personas privadas de libertad e indicaron que la población penitenciaria aumentó un 31% desde el 2020, lo que "visibiliza las condiciones de hacinamiento que continúa experimentando el sistema penitenciario en Uruguay".
En otro punto resaltan las continuadas muertes por homicidios de personas privadas de libertad. Entre el 2020 y junio de 2023 se registraron 229 muertes en distintos centros penitenciarios: 77 fueron declaradas homicidios, 55 suicidios y otras 16 muertes por diversos problemas de salud.
También manifestaron sus inquietudes ante la constatación de que 64 niñas y niños menores de 4 años se encuentran en centros de privación de libertad junto a sus madres, en tanto que se estipula que más de 1.280 niñas, niños y adolescentes tienen a su madre en situación de privación de libertad.
"El gran porcentaje de mujeres privadas de libertad es consecuencia de delitos asociados al microtráfico de estupefacientes. Esta situación refuerza el hacinamiento en los centros de reclusión que se encuentra en estado crítico. (...) y refleja el impacto en la vida de las mujeres de la política de seguridad (...) como consecuencia directa de las disposiciones (...) en la Ley de Urgente Consideración (LUC)", afirmaron en el informe y dijeron que "requiere una revisión urgente" para establecer penas acordes.
Según reveló el organismo se observa que ser mujeres es "una variable altamente indicadora" de vulnerabilidad frente a la violencia sexual y de género. Con cifras de abuso sexual y de explotación sexual comercial que se muestran "altamente feminizadas".
Del total de las víctimas, 86% son niñas y adolescentes mujeres, en tanto que 13% son varones y 5% representan a niños, niñas y adolescentes no binarios. Un 62% de las situaciones de explotación sexual, sucedieron en un contexto familiar o comunitario, en tanto que un 36% de las situaciones ocurrieron en la órbita del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU).
"El aumento de denuncias de violencia, y específicamente abuso sexual, hacia niños, niñas y adolescentes resulta alarmante", expresó Amnistía. Además expresaron que es de "menester" que el Estado y sus instituciones realicen "acciones integrales y articuladas" que den respuestas ante este problema para "disfrutar de una vida digna sin violencia ni discriminación".
Por otro lado resaltan los casos de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años -donde el 50% se produjeron por abuso sexual- y los matrimonios en personas menores de edad -se produjeron 22 en 2022-.
"El crecimiento de la violencia de género en el país está estrechamente vinculada a los obstáculos que aún persisten en la aplicación de la ley N° 19580 por la falta de asignación de los recursos necesarios para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia", aseguraron.
También señalan los suicidios -754 el año pasado-, las dificultades para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis hídrica y la calidad del agua potable. La impunidad por crímenes del pasado -en cuanto a crímenes cometidos en la dictadura- y el "cambio de postura de Uruguay" en materia de política exterior.
Finalmente, mencionaron que al igual que en 2022 Uruguay sigue cayendo puestos en la clasificación de Reporteros sin Fronteras en materia de libertad de expresión, pasando del puesto 44 al 52 en 2023. Sus mayores preocupaciones en este aspecto se centran la Ley de Acceso a la Información Pública donde "aún persisten obstáculos que impiden avanzar hacia una cultura plena de trasparencia".
En este sentido, junto con la publicación de este informe, Amnistía Internacional realizó un llamamiento al Estado uruguayo a utilizar todas las herramientas posibles para salvaguardar la institucionalidad, el Estado de derecho y garantizar a la población el pleno ejercicio de todos los derechos humanos en todo el territorio uruguayo.
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