El ataque a tiros contra un taxi en la ciudad de Rosario, que dejó a tres personas heridas, es investigado como "un conflicto entre delincuentes". En principio se pensó en un nuevo episodio con víctimas inocentes, ordenados por narcos detenidos para generar terror, pero con el correr de las horas todo se fue aclarando.
Según se supo, al Chevrolet Corsa le habían sacado la habilitación porque no pasó la inspección.
Además, el herido que está grave, de 26 años, ya había sido baleado el año pasado.
Todo sucedió pasadas las 19 del domingo en Ituzaingó, entre Corrientes y Entre Ríos, en el barrio Abasto. El Corsa, que estaba inhabilitado para circular como taxi, fue atacado por un hombre en moto, vestido de delivery, que se puso a la par y empezó a disparar.
El joven de 26 años fue el que sufrió las lesiones de mayor gravedad, en la cara y el pecho. Este lunes a la mañana permanecía internado en una sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
"Recibió múltiples balazos en la zona facial y en tórax, con grave compromiso en la columna vertebral. Fue intubado y sometido a procesos quirúrgicos", expresó la vicedirectora del HECA, Andrea Becherucci, a Radio 2, y añadió que"su estado es muy reservado, su condición es sumamente crítica".
Además, una chica de 18 años también fue derivada al mismo establecimiento con heridas en las piernas y fractura de fémur, por la cual será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.
El hombre de 53 que iba en el asiento del acompañante fue asistido en el Hospital Provincial con un balazo en la pierna izquierda.
El chofer del Corsa declaró y fue dejado en libertad.
José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), aseguró que el auto no pertenecía a la flota oficial de taxis de la ciudad.
"Se trata de un auto al que se le sacó la licencia por no estar en condiciones de circular. Tengo entendido que eso sucedió el fin de semana pasado. Anoche venía desde Cabín 9 (Pérez) con tres pasajeros, tal vez trabajando como remís o con la aplicación Uber", indicó a la radio LT8.
Apenas sucedió el hecho, creyeron que podía tratarse de otro caso de narcos presos para mandar mensajes sobre las condiciones de detención, ante las últimas medidas para aislarlos y restringir sus comunicaciones telefónicas al exterior.
En marzo fueron asesinados cuatro inocentes, todos trabajadores de servicios esenciales (transporte público y abastecimiento de combustible).
Los taxistas Raúl Héctor Figueroa (42) y Diego Alejandro Celentano (32), el colectivero de la línea K de trolebuses Marcos Iván Daloia (38) y el playero de la estación de servicio Bruno Nicolás Bussanich (25) fueron ejecutados a sangre fría.
El fiscal Patricio Saldutti precisó que los sicarios, entre ellos uno de 15 años, recibieron pagos de entre "200.000 y 400.000 pesos" para ejecutar los crímenes con el fin de "causar conmoción pública para torcer decisiones del Poder Ejecutivo provincial", relacionadas a las medidas restrictivas en las cárceles.
En estos días, además, se conoció una drástica medida contra Ariel "Guille" Cantero (35), capo de Los Monos, y contra su sobrino, Uriel Luciano "Lucho" Cantero (21), hijo del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero.
Detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, hace cuatro meses a Cantero se le restringieron al mínimo las llamadas telefónicas y las visitas.
Luego de descubrirse que triangulaba las órdenes a través de su hija Triana, de 18 años, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez (con jurisdicción sobre el penal de Marcos Paz) ordenó que Cantero no pueda hablar con nadie y solo se le permita entrevistarse con su abogado defensor.
Los ataques del fin semana
Este fin de semana hubo distintos episodios de violencia que, según el intendente Pablo Javkin, apuntan a "revertir situaciones carcelarias e impedir que los detenidos ordenen delitos desde prisión".
El sábado fueron incendiados 13 vehículos en distintos puntos de la ciudad.
Por la noche, además, con una hora de diferencia, atacaron a dos colectivos urbanos en la zona sudoeste, ambos de la línea 112.
En el primero, dejaron un papel con una amenaza al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la unidad.
Una hora después, en la misma zona, un hombre armado buscó subir a otro de la misma línea, y al no conseguirlo, gatilló sin éxito.
EMJ
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