Las universidades públicas de Argentina convocaron, el último martes, a una marcha procurando defender la educación pública. El motivo del reclamo tuvo que ver con la situación presupuestaria, exigiendo que se actualice por inflación sobre todo por el impacto en salarios y en temas vinculados a la formación académica, incrementando los gastos de funcionamiento mensuales, dando continuidad a programas universitarios en vigencia vinculados a obras de infraestructura, equipamiento y al sostén del sistema de becas más los recursos necesarios, en el marco de las actividades que se realizan en materia de ciencia, tecnología y extensión universitaria.
El disparador del conflicto universitario tuvo que ver con las declaraciones del presidente Javier Milei atacando (fiel a su estilo) a aquellos que niegan que las universidades públicas "se usan para hacer negocios turbios y adoctrinar". Los desbandes emocionales del presidente, desde que llegó al poder, lo obligan a repensar las cosas y a retroceder dramáticamente en sus poco meditadas decisiones. De hecho, cuando aparecieron encuestas, Milei le ordenó a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello que arregle con los rectores para evitar que el escándalo se espiralizara aún más.
Milei, obsesionado por el déficit, recorta la realidad pero no deja de mirar encuestas. Tal es así que un muestreo sobre la credibilidad de la estructura institucional del país arrojó en las últimas horas que las universidades son las instituciones más creíbles para los argentinos y casualmente las "casas" de altos estudios están integradas por jóvenes que, en términos electorales, fueron el bastión que pusieron a Milei en la Casa Rosada.
Por otro lado, el politólogo argentino radicado en Portugal Andrés Malamud dijo que "lo de la marcha universitaria es una señal del electorado del Presidente".
El error político del Gobierno activó a sectores que están pendientes de los actos fallidos del oficialismo y aprovechan la ocasión para colgarse de cualquier marcha con tal de hacer bulto para quebrar la gestión de La Libertad Avanza.
Las universidades no dan cuenta de su distribución presupuestaria. Esto genera un círculo vicioso de desconfianza mutua y justificada desde ambas partes.
Por primera vez desde que se reinició el proceso de normalización de Gobierno de las universidades nacionales de gestión pública en 1983 y desde que se creó la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación como su órgano de coordinación y fijación de los objetivos en este nivel educativo, el responsable de esta área no fue designado con acuerdo del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo con rango legal que nuclea a todos los rectores. Es decir, la tensión entre las universidades y el Poder Ejecutivo se naturaliza a partir del 10 de diciembre de 2023 por primera vez desde el regreso de la democracia.
El artículo 58° de la ley 25.421 de Educación Superior establece que el aporte del Estado para las instituciones de educación superior de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes. Las partidas que se destinan a las universidades en valores iguales nominalmente a los de enero de 2023 teniendo en cuenta una inflación del 200% permite que el Estado incurra en el cumplimiento de la ley, por lo cual los actos de los funcionarios del poder Ejecutivo nacional responsables de esta irregularidad deberían eventualmente ser denunciados penalmente en el fuero federal.
Además, el control administrativo externo de las instituciones de educación superior es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación y posteriormente informar los resultados al Congreso Nacional. Este organismo estatal está integrado por recursos humanos vinculados a la política lo cual su independencia de acuerdo a la valoración de la opinión pública está "opinada".
Sin embargo, el Gobierno aun admitiendo errores sostiene con firmeza que hay que auditar a las universidades convocando a estructuras imparciales sin margen de sospecha sobre vínculos con la actividad política. En ese marco, la experiencia europea en materia de fiscalización ofrece un novedoso sistema de agencias administrativas independientes que podrían incorporarse a la tarea de control en el ámbito universitario. Estas agencias están dotadas de un reglamento cuyo objetivo es garantizar un control de rendición de cuentas. En España son un referente de garantía para que las universidades presten mejores servicios para lograr profesionales idóneos.
El conflicto con las universidades argentinas es de carácter económico y está bien que se auditen los números, pero no es menos importante plantear otras realidades dentro de las casas de estudios, que son las insuficientes capacidades de atender adecuadamente a los estudiantes que se inscriben, debido a la promesa de que obtendrán sus saberes y competencias junto con su diploma en un tiempo acordado en el plan de estudios. Los que lo logran no alcanzan el 2% de los inscriptos. Y los que se reciben en un 50% más de los años previstos, sólo llegan al 17%.
De los casi dos millones de alumnos que cursan en sistema universitario, sólo la mitad aprueba al menos dos materias por año. Si se analiza el costo que esto significa para el Estado, esta ineficiencia de gestión resulta por lejos muy superior a cualquier desvío de los fondos cuestionados. Evidentemente de este tema el Gobierno no habla porque no quiere o porque no sabe.
En Jujuy la politización de la actividad universitaria no es ajena a los intereses de la vieja política. Iniciativas como la política territorial de antiguas y nuevas gestiones rectorales con el propósito de generar desde la Universidad Nacional de Jujuy estructuras políticas partidarias con acuerdo entre sectores políticos y autoridades universitarias que nada tienen que ver con la actividad académica y a espaldas del alumnado es un hecho que ameritaría una profunda investigación, ya que eventualmente la estrategia fue financiada con partidas afines a la actividad estrictamente académica.
Retomando la actualidad, lo que se sabe hasta el momento es que el Gobierno nacional informó que elevó una propuesta a los representantes de las universidades nacionales que mantienen desde hace más de una semana el reclamo por recortes presupuestarios. Los directivos representantes del sector aseguraron que al repetir los mismos montos del presupuesto 2023 el efecto inflación los deja fuera del juego. En este sentido, el Ministerio de Capital Humano informó que las asignaciones que salieron del tesoro se enviaron con un 70% de incremento en el mes de marzo y habrá incrementos similares en el mes de mayo, lo que suma un 140% de incremento según trascendió.
La calidad y competitividad de un país no depende solo de la performance de sus empresas sino que vendrá determinado en gran parte por la calidad, productividad y competitividad de las universidades y de sus miembros, tanto en el campo de la investigación como en la actividad docente. El desarrollo económico y del conocimiento de un país tiene mucho que ver con la calidad de la enseñanza de sus universidades.