En el año 2013 se registró mayor monto de operaciones sospechosas, tanto en número como en cantidad de dinero.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una evaluación donde han analizado cuáles son los riesgos del financiamiento al terrorismo. Entre el 2010 y el 2023 han tomado registro de 529 reportes sospechosos, lo que representa un movimiento económico de 1802 millones de dólares.
Sergio Espinoza, superintendente adjunto de la UIF, manifestó que este estudio cubre exclusivamente los riesgos que el Perú enfrenta en cuanto al financimiento de terrorismo y su proliferación.
"Por primera vez que se ha hecho un estudio individual, separado para estos fenómenos, porque los estudios que se hicieron anteriormente incluían el financiamiento al terrorismo dentro del estudio de lavado, y siempre terminaba resultando muy aislado, empequeñecido. La idea de este estudio es resaltar lo que está pasando en el Perú en cuanto al financiamiento al terrorismo", comentó.
Lima, Ucayali e Ica son las regiones que han registrado mayor movimiento de estas operaciones sospechosas, pero también existe una importante presencia sobre todo en el centro del país. El especialista refiere que la explicación más directa es la vinculación de estas zonas con los grupos terroristas.
"En el caso de Lima es el centro financiero y económico del Perú, pero en el caso de las otras regiones, creo que tiene que ver con la vinculación o cercanía a las zonas donde actúan todavía remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso", explicó.
Minería ilegal también reporta movimientos sospechosos
Si bien el estudio no es exactamente sobre minería ilegal, el funcionario acotó que anteriormente se han realizado algunos donde se ilustra que este es el fenómeno delictivo más grande en el Perú.
"Es un fenómeno transversal que arrastra tráfico ilícito de drogas, trata de personas, incluso de menores; y ahora también este tipo de actos violentos (ataque a la minera Poderosa) que uno puede calificar perfectamente como terroristas. Hemos visto que hay vinculación de organizaciones extranjeras con este tipo de actos, lo cual ya la minería ilegal es una amenaza directa a la seguridad pública", enfatizó.
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