La investigación de Techo Digno se sigue ampliando, alcanzando a unos 30 imputados, entre exintendentes y empresarios de la construcción.
Trasladado a Río Negro en el 2018, el expediente -que se caratuló originalmente Marchisella Mónica- se sigue engrosando. Así, a fines de mayo, el calendario judicial incluye audiencias en Roca por diferentes incidentes y, entre ellos, la imputación del exintendente de Río Colorado y hoy legislador de JSRN, Gustavo San Román. Posiblemente, también, se formalice la acusación a la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro.
Simultáneamente, los fiscales roquenses requirieron nueva información de ejecuciones de obras, originando un cuestionamiento por parte de las defensas y, también, el pedido de apartamiento hasta la misma jefe del equipo, Graciela Echegaray.
Actualmente, iniciadas hace seis años, las investigaciones por el manejo irregular de fondos nacionales para planes de viviendas por parte de administraciones municipales alcanzan a 14 ex jefes comunales en los períodos del 2011-2015 e igual número de actores particulares.
En esa instancia, el equipo de fiscales -que dispone de causas en las cuatro circunscripciones- amplían sus imputaciones. Así, entre el 28 y 30 de mayo, se programaron tres audiencias y se prevé que el ministerio Público incorporare en la nómina a Montanaro y al hoy legislador San Román, quien fue el sucesor de Carlos Pilotti al frente del municipio de Río Colorado. Este exintendente ya está imputado por «defraudación a la administración pública», con delitos de «uso de documento público falso» y también de «peculado».
En estos casos, como en otros, los desmanejos cuestionados son prolongaciones de administraciones anteriores.
Los fiscales están jugando a la política. Y si quieren jugarla en el ámbito judicial, mis defendidos se van a defender con uñas y dientes».
Damián Torres, uno de los defensores de los exjefes comunales imputados.
Hasta ahora, el listado de exintendentes imputados formalmente son los actuales legisladores Daniel Belloso (Choele Choel) y Luis Ivancich (Godoy), la parlamentaria del Parlasur, Alejandra Mas (Conesa), María Martini y Gustavo Gennuso (ambos de Bariloche); Gilberto Montanaro (Cervantes), Renzo Tamburrini (Sierra Grande), Javier Iud (SAO), Pilotti (Río Colorado), Juan Reggioni (Fernández Oro), Ariel Baratti y el diputado nacional Anibal Tortoriello (los dos por Cipoletti) y Liliana Alvarado y Germán Epul (Cinco Saltos).
Los distintos constructores involucrados -entre otros particulares- suman también 14: Longinos de Dios, Jacobo Baskir, Guillermo Gazia, Néstor Sarasola, Juan Castelli, Alberto Uzandizaga, Daniel Quinteros, Fabio Huenchenao, Luis Méndez, Lucila Chiocconi, Domingo Mocciola, José Zoppi, Arturo Mediberri y Luis Saiz.
Por su parte, el defensor Damián Torres -que patrocina a Belloso, Ivancich , ambos Montanaro y San Roman- formalizó las recusaciones a de la coordinadora del equipo Echegaray y la fiscal Jessica González, a partir del pedido de información al municipio de Godoy por la compra de sistema de riego de dos piletas colocadas en el centro natatorio de esa localidad.
Torres entiende que se «está utilizando la causa Techo Digno para investigar cuestiones de gestión que no tienen nada que ver con los hechos y personas imputadas, excediendo el marco de lo que se encuentra en grado de investigación o sospecha». Usan -agregó- «la causa para investigar personas y hechos que no estaban ni siquiera en investigación preliminar».
En su escrito, el defensor remarcó que «ha quedado demostrado que la objetividad y la imparcialidad de las acusadoras de la causa en Roca se encuentran afectadas, puesto que han perdido la objetividad para investigar, utilizando el legajo para hacer investigaciones de pesca».
En declaraciones periodísticas, el abogado afirmó que «la fiscalía logró lo que nadie pudo hacer. Juntar a muchos intendentes de varios signos políticos y ponerlos enfrente, y también empresarios de distintos lugares. Llevaremos una verdadera batalla judicial. Es imposible pensar que todos delinquieron».
Explicó que «el problema fue el financiamiento de Nación, pero de ninguna manera puede decirse en el caso de mis defendidos que haya algún tipo de delito».
Una investigación de 8 años y en 12 municipios
La megacausa de Techo Digno lleva ocho años, con un paso inicial por la Justicia Federal que, en el 2018, derivó el expediente a los tribunales provinciales.
La investigación analiza el uso de fondos de un plan nacional para viviendas.
Entre el 2012 y 2015, un grupo de municipios firmaron convenios de financiamiento de viviendas con el ministerio de Obras Públicas de Nación y las ejecuciones eran responsabilidades de los gobiernos municipales.
Las transferencias de Nación en análisis se concentran -mayormente- en el período del 2013 al 2015.
Los fondos se remitían según el avance de la obra, previa certificación de la construcción por parte de las autoridades de los municipios.
En el segundo semestre del 2015, Nación suspendió los envíos y las ejecuciones se paralizaron.
En doce municipios llegaron las acusaciones por los manejos realizados por sus exjefes comunales. Entre ellos, el exdiputado y hoy legislador Pedro Dantas, que fue el único que quedó finalmente afuera del proceso en trámite actualmente aunque siguen las investigaciones por las obras del municipio de Campo Grande.