Repsol ha provisionado 329 millones de euros para hacer frente al deterioro de su negocio en Venezuela, según explica la petrolera en su informe anual, en el que subraya el fin desde el 18 de abril de los permisos concedidos por Estados Unidos a las compañías para hacer negocios en Venezuela ante la falta de democracia en las elecciones que se celebrarán en el país a finales de julio.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aprobó en octubre de 2023 una autorización a las compañías petroleras y gasistas internacionales para hacer negocios con Venezuela durante seis meses, levantando el veto impuesto hasta ese momento. «Esta licencia supone un alivio temporal del régimen de sanciones, a raíz del acuerdo llegado por el Gobierno venezolano con la oposición y condicionado a que el Gobierno venezolano cumpla sus compromisos de garantizar unas elecciones presidenciales democráticas y libres (en 2024), además de otras cuestiones como la liberación de presos políticos», señala Repsol.
Gracias a ese levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y de la mejora de la producción de petróleo en Venezuela, Repsol pudo reanudar la importación de crudo venezolano a España como medio de pago de las deudas que atesora la petrolera pública venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), socio de la española en varios pozos petrolíferos y gasistas. Hasta enero, un 130% de incremento anual de las importaciones.
Fruto de la mejora de la situación tras el movimiento de Biden, Repsol firmó
con PDVSA el 18 de diciembre de 2023 un nuevo acuerdo de gestión para la empresa mixta Petroquiriquire con el objetivo de aumentar la producción (en los campos Mene Grande, Barúa Motatán y Quiriquire) y facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos.
Sin embargo, el 30 de enero Estados Unidos anunció que, en ausencia de avances entre Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, especialmente en lo que respecta a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la Autorización de Transacciones Relacionadas con Operaciones del Sector Petrolero o Gasífero en Venezuela cuando expire el 18 de abril de 2024.
La decisión de Estados Unidos vuelve a complicar el negocio de Repsol en Venezuela, donde la petrolera siempre ha operado cumpliendo las leyes internacionales, incluidas las de Estados Unidos. «Empeora las perspectivas futuras», reconoce en su memoria Repsol. En medio del nuevo riesgo que supone la decisión de Biden, la petrolera que preside Antoni Brufau ha decidido provisionar 329 millones de euros a cierre de 2023 después de realizar una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones y del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA.
En concreto, Repsol reconoce provisiones por 34 millones de euros por «el difícil entorno de los negocios en Venezuela, afectando a las cuentas a cobrar a PDVSA», y otros 295 millones por el valor de las inversiones realizadas en el país. En total, los citados 329 millones de euros.
Venezuela, donde Repsol tiene 131 empleados, es uno de los cuatro países que Repsol califica de mercados con riesgo político. Después de salir de Rusia a tiempo antes de la invasión de Ucrania, Libia, Argelia, Bolivia y Venezuela son los cuatro países donde la petrolera reconoce un riesgo patrimonial. Entre los cuatro suman una exposición patrimonial de 2.000 millones para la petrolera.