El miércoles pasado la Legislatura Mendoza tuvo un capítulo histórico al suspender a una diputada. El trasfondo detrás de una decisión sobre Janina Ortiz en la que la política se anticipó a la decisión de la Justicia.
El miércoles pasado la Legislatura Mendoza tuvo un capítulo histórico al suspender a una diputada. El trasfondo detrás de una decisión sobre Janina Ortiz en la que la política se anticipó a la decisión de la Justicia.
Para poner en contexto, hay que decir que Ortiz asumió su banca como diputada por La Unión Mendocina, ese frente que surgió muy pocos meses antes de las últimas elecciones y aglutinó a varios espacios políticos y personas desencantadas por un lado con el radicalismo liderado por Alfredo Cornejo y a otros con un peronismo en crisis.
La Unión Mendocina se conformó en base a la candidatura a gobernador de Omar De Marchi, sin una base ideológica sólida y común entre los distintos socios que la conformaron: PRO disidentes, PD, partido Libertario, partido de los jubilados, algunos partidos municipales y algunos peronistas y radicales huérfanos de sus respectivos espacios políticos.
De hecho, el ex intendente Daniel Orozco, esposo de Ortiz, acompañó en la fórmula a De Marchi, como candidato a gobernador.
Las suspicacias indican que las causas judiciales de Orozco y Ortiz aparecieron luego de que el lasherino pegara el portazo a Cambia Mendoza. Tiempo antes había sido nombrado por el propio Cornejo como "el mejor intendente" e, incluso, la propia Ortiz recibió un reconocimiento legislativo por su desempeño como secretaria de Gobierno de Las Heras.
Pero todo eso quedó en el pasado cuando las pretensiones de Orozco de ser gobernador por el radicalismo fueron desoídas y se enlistó en el grupo de los disidentes para cumplir con sus aspiraciones de pelear por un cargo provincial.
Esos antecedentes fueron el caballito de batalla que utilizaron los legisladores de LAUM horas antes de la sesión en la que se votó la suspensión y expusieron esto para argumentar que esta medida era una represalia a Ortiz por haber pegado el portazo a Cambia Mendoza. "Es una clara persecución institucional y política. No ha sido imputada, hasta este momento es una persona inocente de lo que se la culpa", expresó la diputada Lula Balsells Miró.
"Ha sido absolutamente subjetivo, no se ha medido con la misa vara. Siento que estamos todos en riesgo, que cualquier persona que se oponga a lo que se dictamina está en riesgo. Esto es una medida que va a aleccionar a una mujer", dijo la senadora Flavia Manoni, que hasta intentó comparar la causa con un hecho de violencia de género e institucional.
"Es un escarnio, una cacería de brujas. Todas estamos en riesgo, esto nos convierte en vulnerables. Cualquiera que de un paso al costado, no haga lo que se está pensando que se tiene que hacer, o no cumpla una orden sabe lo que le puede pasar. Me aterra", agregó Manoni.
Para sumar defensa a Ortiz, Balsells Miró argumentó que "presentó ficha limpia", una serie de requisitos para garantizar la buena conducta de los funcionarios y legisladores, como el certificado de antecedentes penales.
"Esto excede la situación de Janina, va más allá de eso. Cualquiera de nosotros está en peligro, cualquiera puede ser desaforado y suspendido porque tienen la mayoría", dijo el senador Martín Rostand al respecto, previo a que desde LAUM presentaran un proyecto para que ninguna persona denunciada (a pesar de no estar imputada) pueda ocupar una banca.
Esto fue una forma de exponer lo que creen que es un trato desigual, si se tiene en cuenta que por la Legislatura han pasado y -de hecho- hay otros legisladores que han sido denunciados en la justicia.
En la vereda de enfrente, desde Cambia Mendoza explicaron que esta suspensión no tiene que ver con la situación judicial, aunque si con la actitud de Ortiz frente a esto y sus intentos de evadir la justicia.
Aclararon que lejos de prejuzgar, la decisión "es política", con el objetivo de defender la "honorabilidad" de la Legislatura, que se ha visto afectada por esta situación.
Entienden que el manejo de Ortiz ha sido contrario a lo que un servidor público debe tener. "Esta es una decisión que se adopta en un ámbito político como es la Cámara de Diputados, donde no se juzga su inocencia o culpabilidad porque eso es menester de la justicia. Lo que hay que aclarar, es que la Cámara es juez de sus propios miembros y la actuación del Cuerpo está contemplada por la Constitución de la Provincia", explicó el interbloque en un comunicado enviado tras la suspensión.
Esto se fundamenta en el artículo 87 de la Constitución de Mendoza, que establece que "cada Cámara es juez de la calidad y elección de sus miembros (…)" y en el 91° se dispone claramente que "cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones".
Lo que se evaluó tanto en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales presidida por el radical Franco Ambrosini, que le dio despacho al pedido para suspenderla, fue la "indignidad de alguien que siendo funcionaria pública, ha evitado con artilugios legales someterse a proceso judicial".
Esto tiene que ver con que la defensa de Ortiz ha planteado varias nulidades y recursos que llevaron a que la investigación de las causas contra Ortiz se dilaten. Incluso, desde el propio Poder Judicial le hicieron un pedido serio. El Jury de Enjuiciamiento no solo archivó las denuncias realizadas por Ortiz contra dos fiscales a los que había acusado de llevar adelante una persecución política por la solicitud de desafuero, sino que además la exhortaron a que no se utilicen estos mecanismos constitucionales para entorpecer el accionar de la justicia.
"Nadie niega el derecho a la legítima defensa, pero la ciudadanía nos reclama, como sus representantes, predicar con el ejemplo. La misma Ortiz ha señalado en reiteradas oportunidades su voluntad de ponerse a disposición de la justicia, pero sus palabras se contraponen con su accionar y para ello, basta con ver la cronología de los hechos y actuaciones", advirtieron desde Cambia Mendoza.
Cabe aclarar que esta suspensión se mantendrá hasta tanto haya sentencia firme de la Justicia. El caso de que se la desvincule, se le "devolverá" su banca y los sueldos retenidos, mientras que se si es considerada culpable se le quitará el cargo y deberá ser reemplazada.
Por el momento, ese cargo está en suspenso, con lo cual LAUM tiene un diputado menos. Es decir, se quedó con 7 bancas.
Esta suspensión fue alcanzada por mayoría especial. Para avanzar Cambia Mendoza contó con el apoyo de los diputados del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani; y parte del PJ.
Esta división en los votos del justicialismo sacó a relucir una vez más las diferencias internas entre ellos. Los diputados Germán Gómez, Verónica Valverde, Gustavo Perret, Roxana Escuedero y Gustavo Gulino, del PJ, más vinculados a los intendentes, votaron afirmativamente. En tanto, las camporistas Natalia Vicencio (PJ) y Valentina Morán (PJ), como el tunuyanino Julio Villafañe (RJ) y Gabriela Lizana (del Frente Renovador), se abstuvieron.
Esto desató el malestar de muchos peronistas que salieron a expresarse vía redes sociales:
Y reavivó el enfrentamiento político de De Marchi con Cornejo, que el ahora funcionario del gobierno nacional expuso sin filtro en un hilo de X.
La ex secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del ex intendente Daniel Orozco está acusada de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia una cooperativa de trabajo durante su gestión como funcionaria municipal. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.