El Gobierno y la CGT aparecen una vez más enfrentados, con posiciones encontradas por varios números que están en juego. La pelea involucra a millones de trabajadores, cuyo futuro estará determinado por una reforma laboral que las partes consideran como "necesaria" pero sin acuerdos concretos a la vista, las negociaciones paritarias por encima de la inflación, un punto por demás áspero para las partes, y el financiamiento de las obras sociales gremiales. Todo, con un paro general determinado por el sindicalismo para el 9 de mayo.
Después de varios meses de guerra a cielo abierto, producto del capítulo laboral plasmado en el DNU 70/2023, que el gremialismo consideró como una traición ya que nunca fue consensuado, Héctor Daer, triunviro de la central obrera y referente del ala dialoguista del sindicalismo, sintió la necesidad de recobrar el vínculo con el oficialismo y llamó a Guillermo Francos, el ministro del Interior. Así nació la cumbre del último miércoles en Casa Rosada en donde se repasaron los ejes de la discordia.
Uno de esos focos es qué hacer con 20 millones de empleados en la Argentina, una cifra que surge en base a números oficiales. Una parte, es del último informe de Situación y Evolución del trabajo registrado (SIPA) que data de marzo de 2024 y que toma datos de diciembre de 2023. En ese documento, elaborado por la secretaría de Trabajo, se refleja que las personas con trabajo registrado son 13,356 millones. De ese total, el sector privado aporta 6,375 millones. Y existe, según aporta el INDEC, un 15% de trabajadores formales que viven en hogares pobres a finales de 2023. Javier Milei avisó que al menos un tercio son pobres pero todavía no está hecho el documento que va a medir el impacto de la devaluación y la escalada inflacionaria a partir de la segunda semana de diciembre.
La Encuesta Permanente de Hogares aporta otro dato para entender el fenómeno laboral en la Argentina: aproximadamente 6,5 millones de personas están ocupadas pero de manera informal. Por lo cual, como coinciden en La Libertad Avanza y en la calle Azopardo, el sistema así como está es "inviable" y se debe adaptar a los tiempos que corren.
De hecho, un sector importante de la CGT, entre dialoguistas, independientes y hasta algún dirigente cercano a la familia Moyano dejó de demonizar las palabras "reforma laboral". Por lo bajo, un dirigente de peso le expresó a PERFIL que "el movimiento obrero no puede oponerse a todo" y debe estar en la mesa de discusión. "Sino nos metemos nosotros ¿quién va a hacer la reforma laboral? ¿La UCR? Tenemos que dar el debate", sostuvo un miembro relevante del gremialismo, quien además subrayó que están trabajando un proyecto de ley referido exclusivamente al transporte en el país.
"Tiene que haber un sindicalismo con propuestas", justifican postura desde la calle Azopardo, que aceptó discutir modificaciones en el terreno laboral en una comisión técnica. Por el momento, el sindicalismo posee permeabilidad para reducir multas por contrataciones de empleados de manera irregular y aceptarían cambios en el sistema actual de indemnizaciones, como también una extensión del período de prueba de trabajadores.
Del lado del oficialismo, celebran el cambio de postura cegetista. Es más: un estrecho colaborador de Javier Milei ni se inmuta al señalar que si la CGT quiere presentar su propia versión de la reforma laboral y está "alineada" con los objetivos libertarios, le darán la bienvenida. "No tenemos espíritu anti sindical", define una voz del núcleo duro libertario.
Otro punto de conflicto pasa por la financiación a las obras sociales gremiales. En concreto, pegó duro en las distintas tribus el recorte que hizo el Gobierno de 138 mil millones de pesos. Los fondos estaban contemplados en el presupuesto 2023 y tenían como objetivo sostener las actividades de afiliados discapacitados, que requieren de servicios adicionales (como educación y transporte). Hasta el momento, no hay entendimiento sobre qué sucederá con ese dinero que pide el sindicalismo.
Como tampoco hay sintonía en el terreno paritario. La falta de homologaciones de negociaciones salariales por encima de los números de la inflación de los últimos meses, como la que Camioneros pactó en un 45%, encendieron las alarmas en el sindicalismo y en su último encuentro, en el cual definió un paro nacional para el 9 de mayo, hubo críticas a la posición libertaria. "No vamos a negociar paritarias a la baja, es imposible que cedamos", avisó un cuadro gremial en contacto con este medio. De todos modos, a casi un mes de la huelga, hay algunos dirigentes que esperan un gesto del Gobierno y que revierta su postura pero no hay ningún indicio de que eso suceda.
En LLA dieron a entender, precisamente en el último tramo del cónclave que mantuvieron en Balcarce 50, que sólo podrían conformar una comisión técnica para estudiar el tema paritario. Con un detalle: tras la confirmación de la medida de fuerza del 9 de mayo, se cuidaron de recargar críticas contra la CGT. Ahora, pese a la tensión, los libertarios protegen los canales de conversación.