Buenos Aires, Argentina (AP) — Un juez argentino dictaminó el viernes que 20 monjas de clausura habían sufrido abusos durante más de dos décadas a manos de altos clérigos en el norte conservador del país, y ordenó que el arzobispo acusado y los funcionarios de la iglesia reciban tratamiento psicológico y capacitación en discriminación de género.
La decisión en la tierra natal del Papa Francisco puso en foco los abusos de monjas por parte de sacerdotes y obispos en la Iglesia Católica.
Aunque durante mucho tiempo han sido opacados por otros escándalos de la iglesia, tales abusos en la vida religiosa se están aireando y denunciando cada vez más debido a que las monjas se sienten más empoderadas por el movimiento #MeToo, que tiene un correlato en la iglesia, #NunsToo.
"Concluyo y afirmo que las monjas han sufrido actos de violencia de género religiosa, física, psicológica y económica durante más de 20 años", dijo la jueza Carolina Cáceres en la sentencia de Salta, en el noroeste de Argentina.
También ordenó que el veredicto se trasmita a Francisco.
Los cuatro clérigos acusados han negado haber cometido violencia. El abogado del arzobispo, Eduardo Romani, desestimó la decisión del viernes como infundada y prometió apelar. Aun así, dijo que el arzobispo acatará la orden de recibir tratamiento y capacitación antidiscriminatoria a través de una ONG local, "aunque no esté de acuerdo con su base".
El abogado de las monjas celebró la sentencia como sin precedentes en Argentina al reconocer la situación de las demandantes y el problema más profundo de la discriminación de género.
"Esto rompe el 'status quo' porque se dirige a una persona con mucho poder", dijo José Viola, el abogado.
En años recientes, han surgido varios casos destacados en los que monjas, mujeres laicas o mujeres consagradas denuncian abusos espirituales, psicológicos, físicos o sexuales por parte de sacerdotes alguna vez exaltados.
Pero las quejas han caído en su mayoría en oídos sordos en el Vaticano y en la jerarquía exclusivamente masculina a nivel local en Argentina, aparentemente llevando a las monjas en Salta a buscar remedio en el sistema de justicia secular. Una dinámica similar se dio cuando estalló el escándalo de abuso sexual de menores por parte del clero décadas atrás y las víctimas recurrieron a los tribunales debido a la inacción de las autoridades eclesiásticas.
Las 20 monjas de la orden reclusa de las Carmelitas Descalzas en el Monasterio de San Bernardo, dedicadas a la soledad, el silencio y la oración contemplativa diaria, presentaron su caso en 2022, enviando ondas de choque a la conservadora Salta.
Sus quejas citaron una variedad de maltratos que incluyen insultos verbales, amenazas, humillación y agresiones físicas, aunque no sexuales.
Las monjas describieron al arzobispo Mario Cargnello como agarrando, abofeteando y sacudiendo a las mujeres. En un momento, dijeron, Cargnello apretó los labios de una monja para silenciarla. En otro, se abalanzó sobre una monja, poniéndola de rodillas en el suelo. También acusaron a Cargnello de pedir dinero prestado a las monjas sin devolverlo.
Cáceres, la jueza, describió los incidentes como parte de un patrón de "violencia de género física y psicológica" generada por la rígida jerarquía de la iglesia y la cultura del silencio.
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Las periodistas de Associated Press Nicole Winfield en Roma e Isabel DeBre en Buenos Aires, Argentina, contribuyeron a este informe.