Se convocarán en una jornada el lunes 25 para contar a qué se dedican. Algunos tienen hasta veinte años de antigüedad.
Una protesta similar en 2016. Crédito: Facebook de ATE Chaco
Con el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) 900 trabajadores de todo el país quedaron sin trabajo y de ellos 37 pertenecen a la delegación Chaco. Delegados sindicales señalan que se trata de profesionales, técnicos y administrativos que estaban distribuidos en siete localidades, en sedes del INTA, Senasa y CIC, para trabajar con 4.500 agricultores familiares.
Ante la nueva situación el sector convoca a una jornada de lucha y visibilización que se realizará el lunes 25 de marzo, a las 10, en la sede Resistencia del Inafci, en Arturo Ilia 549. Una vez conocida la noticia los trabajadores reunidos en asamblea esta semana resolvieron declararse en estado de asamblea permanente y movilización en defensa de los derechos laborales y las políticas públicas para la agricultura familiar.
Además de exigir la continuidad de área y reincorporar a sus trabajadores, denuncian que con "falsedad, mentiras y estigmatización se busca justificar" la decisión que afecta a un sector que produce para el mercado interno y la mesa de los argentinos.
Programas y proyectos
En respuesta a la acusación de no trabajar y ser un gasto, los mismos trabajadores reunieron información sobre sus tareas. En total señalan que se ejecutaron y gestionaron $1.595 millones en diez programas y proyectos de fuentes internacionales, nacionales y provinciales. Dentro de esos fondos lo destinado a programas y la estructura de la delegación Chaco representan unos $368 millones.
También se aclara que el Instituto nacional tiene 23 coordinaciones y 106 unidades territoriales en todo el país. De esas oficinas solo dos tienen gastos de alquiler (Santiago del Estero y Catamarca), el resto de las oficinas funcionan en organismos estatales y desde allí sus técnicos asisten a más de 200.000 agricultores familiares.
De los 200 vehículos mencionados por el vocero presidencial Manuel Adorni, 30 fueron dados de baja por desuso, 60 están en reparación y solo 120 están en funcionamiento. "Ante estas deficiencias estructurales, son los mismos trabajadores del Instituto quienes se ocupan de solventar los gastos de movilidad (nafta, viáticos, reparaciones, etcétera) para llegar a los territorios", sostienen en un comunicado.
La principal partida presupuestaria son los sueldos, porque las tareas de los agentes promueve el arraigo territorial para que las familias puedan vivir en el campo y no superpoblar los centros urbanos. Por otra parte el financiamiento se explica en gran parte por el aporte de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) entre otros.
FUENTE Y FOTOS: Norte