Los dichos del canciller venezolano, Yván Gil, respecto a la inexistencia de la organización criminal internacional de origen venezolano Tren de Aragua remeció al Ejecutivo, desde el ministerio del Interior hacia abajo, calificándolo incluso como una falta de respecto para todos quienes han sido víctimas de ellos. Pero no es motivo suficiente como para cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela. O al menos así lo aclaró la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.
La vocera de Gobierno señaló que, tanto la migración irregular como el crimen organizado son "un problema regional y no solo de nuestro país, que tenemos que abordar con políticas públicas más allá de la mirada nacional". Ello se condice con el acuerdo firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la policía venezolana: "Necesitamos que respecto a las relaciones diplomáticas, estas nos sirvan para avanzar en la persecución del delito (...), como también poner orden migratorio en nuestro territorio".
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Las declaraciones las hizo en conversación con Biobío. En la misma línea, precisó: "Una cosa son las declaraciones que hemos rechazado y otra cosa es desechar instrumentos que nos permitan lograr de mejor forma el objetivo propuesto, que es prioridad para la gente, que es mayor seguridad".
Sobre aquellas voces que pedían que el Presidente Gabriel Boric llamara a consulta al embajador de Venezuela en Chile (una herramienta diplomática), Vallejo precisó que es el propio Mandatario quien hace la evaluación "en función de los impactos que pueda tener en las relaciones (de ambos países)". Asimismo, respondió a los dichos de la oposición por el término de estas:
"Otra cosa es acudir al llamado de la oposición a terminar toda relación que nos deseche, por ejemplo, instrumentos que actualmente nos pueden servir para el objetivo que es fundamental, que es perseguir el delito y el crimen organizado transfronterizo".