La realidad económica y social, y la responsabilidad de cada uno
La construcción funcionó en febrero con 163 empresas menos, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), que advirtió "una marcada aceleración del ritmo de caída en el número de empleadores". El golpe se sintió con fuerza en la mano de obra contratada registrada, que llegó a los 372.311 puestos, 23.976 menos que en enero. La caída en el número de empresas activas fue del 2,3% en febrero, porcentaje muy superior al de enero, cuando las 21.313 empresas que operaban expresaron una disminución del 0,7% respecto de diciembre de 2023. En las grandes jurisdicciones del país, la caída del número de empresas llegó al 3,6%. El número de empresas operativas cayó en trece jurisdicciones del país. El informe del Ieric reportó también una caída del consumo de cemento del 23,5% respecto a febrero de 2023; el derrumbe es el más pronunciado desde abril de 2016. Los permisos para construir otorgados fueron 3.998, un 9,6% menos que en febrero del año pasado. La causa fundamental es el parate de la obra pública. La Cámara de la Construcción midió que, entre despidos y suspensiones, hay unas cien mil personas afectadas por el congelamiento de la obra pública.
La Secretaría de Energía dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas natural por red en todo el país, que implican aumentos promedio del 320%. Los aumentos en dólares serán (en promedio) del 174% en abril y del 53,3% en mayo-septiembre, con un ajuste acumulativo del 320% que expresado en pesos podría ser igual, menor o mayor a ese porcentaje en función de la paridad cambiaria oficial. Los aumentos fueron justificados por los funcionarios del sector en la necesidad de recortar el gasto en subsidios. Solo el desorden administrativo oficial imperante hace que las medidas sufran sucesivas postergaciones hasta su efectiva entrada en aplicación concreta.
Por otro lado, en estos días, 15 mil trabajadores del sector público están siendo despedidos. Empresas privadas como Acindar, Longvie, General Motors, Toyota, Petroquímica Río Tercero y líderes en la industria alimentaria están enfrentando una situación cada vez más complicada. Algunas están cerrando sus puertas, otras están deteniendo la producción, suspendiendo personal o, incluso, despidiendo empleados. La falta de divisas para importar, combinada con retrasos en los pagos por parte del Gobierno, están exacerbando la crisis. Por ejemplo, la fábrica de electrodomésticos Longvie suspendió al 50% de su personal en su planta de Paraná, Entre Ríos, por la caída en el consumo, en busca de "nivelar los stocks" en función de la caída de volumen. Allí produce termotanques a gas, eléctricos, calefones y estufas. Las ventas de electrodomésticos tuvieron una caída del 50% en febrero comparado a igual mes del año anterior. En Longvie, los números de caída acompañan la tendencia general del sector.
Hasta aquí, una cruda descripción de la realidad nacional, con datos objetivos y concretos.
Para colmo de males, el ministro de Economía de la Nación dijo que el pago, por parte del gobierno nacional, en dos partes de las jubilaciones del mes de abril se debe a "un tema puramente administrativo". Más desorden legal y, justamente, administrativo.
Cualquier similitud con el gobierno provincial no es mera coincidencia. En su momento, el Poder Ejecutivo de San Luis, a poco de asumir, desdobló el pago del salario de los trabajadores sin ningún argumento serio. La implacable realidad demostró que los fondos estaban y que la medida aún hoy resulta inexplicable. Los posteriores despidos, el maltrato permanente y la ausencia de decisiones serias abonan la idea de que la explicación tiene que ver con el desgobierno y la ausencia de políticas sensatas en favor del pueblo de San Luis. Es increíble que se sostengan criterios de campaña y alusiones permanentes a supuestos enemigos inexistentes.
Ante este panorama, cada cual deberá asumir sin demoras y sin reparos su propia responsabilidad. Y la referencia es para absolutamente todos.