El gobierno confía en bajar la inflación a un dígito en abril o en mayo. Y reducirla al 3 ó al 4% hacia fin de año. Esas metas ordenan toda la política económica. La contracara es la dura recesión que golpea a la industria, el comercio, los servicios. Y de manera incipiente al empleo. Javier Milei interpreta que es un mal menor y hasta necesario en la coyuntura.
La estanflación heredada y la corrección de shock que intenta el gobierno acumulan un costo social enorme. La Universidad Di Tella le puso números esta semana. Estimó que, según la metodología del Indec, en el primer trimestre la pobreza escaló al 51,8%. Alcanza a 24 millones de personas. En sólo tres meses, 3,2 millones de argentinos se desbarrancaron de la clase media.
El presidente mira otros números. El fin de semana le llegaron las últimas encuestas de Aresco y Poliarquía, dos de las consultoras mejor reputadas. Confirman que él mantiene intactos niveles de aprobación social próximos al porcentaje de votos del balotaje. Milei volvió a jactarse del alto nivel de legitimación del ajuste. "El más grande de la humanidad", exageró.
En los mismos sondeos asoma un temor creciente de los entrevistados a que la recesión deje sin trabajo a algún miembro de la familia. Pero prevalece todavía el consenso respecto a que la prioridad es bajar la inflación para que la economía vuelva a crecer. Un incentivo político poderoso, en la lógica de Milei, a sostener el rumbo. Pero también una señal de que los tiempos se acortan.
El programa antiinflacionario de sostiene en tres ejes. Déficit cero y reducción de la deuda del Banco Central para cortar todas las fuentes no virtuosas de emisión monetaria. Atraso cambiario. Y rezago salarial para inducir una recesión que modere los precios por una caída en la demanda.
Los desajustes inflacionarios que provoca el populismo económico y los ajustes para detenerlos siempre empobrecen. Este ajuste sin amortiguadores maximizará daños irreversibles: cierres o achicamiento drástico de empresas, sobre todo pymes, y pérdida de puestos de trabajo. La magnitud que alcancen es tan impredecible como el umbral de tolerancia social. Dependerán del tiempo que lleve atravesar el desierto. La apuesta por el shock apunta a conseguir una salida más veloz.
La etapa virtuosa del diseño sería una desaceleración en los indicadores de caída productiva en el segundo semestre y una recuperación franca de la actividad el año próximo. Uno de los motores sería el campo, con una cosecha un 30% superior a la de la campaña 2022/2023. Otros factores favorables serían cierta recomposición del poder de compra de las familias por caída de inflación, y una mayor oferta de crédito, a tasas negativas.
Una carambola a varias bandas que deberá superar múltiples limitaciones. Las que podría imponer un contexto internacional que amenaza complicarse, como vienen anticipando los mercados. Y las fragilidades del programa económico de transición.
El recorte de gastos se basó en algo de motosierra, bastante de bicicleta –postergación de pagos– y mucha licuadora. Parte de las obligaciones pendientes tal vez se cancelen con bonos, pero los pagos futuros deberán normalizarse. Y la licuación de desacelerará a medida que baje la inflación o se llegue a límites insostenibles, como sucedió con las jubilaciones.
La recaudación cae por la recesión y se sostiene en buena medida por el impuesto Pais, que desaparecerá cuando normalice el mercado de cambios. Las reservas son insuficientes para levantar rápidamente el cepo, clave para reactivar. El atraso cambiario acumula tensiones que tarde o temprano deberán revertirse. Tanto en el dólar oficial como en los financieros, contenidos por el cepo y la sobreoferta circunstancial de exportadores.
En lo inmediato, el equilibrio fiscal necesitará la aprobación del paquete impositivo en el Congreso. Y la salida del cepo, de nuevo endeudamiento para apuntalar las reservas. El gobierno busca 15.000 millones de dólares, un objetivo de concreción incierta y de efectos futuros gravosos.
Carlos Sagristani