Puerto Príncipe de Haití
En medio de la inestabilidad y una crisis social por la violencia de las bandas criminales, la población de Haití conoció los nombres de los siete integrantes del nuevo Consejo Presidencial de Transición. El ejecutivo interino a cargo del primer ministro Ariel Henry publicó el decreto oficial con la identificación de los miembros del consejo. La instancia asumirá el control del gobierno una vez que se concrete la renuncia del autodesignado mandatario interino. Los haitianos no tienen elecciones desde 2016 y la crisis política se acentuó tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021.
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La designación del consejo presidencial llegó tras una negociación con Estados Unidos y en medio de las protestas de grupos opositores a Henry, quien había postergado nuevamente las elecciones. El magnicidio de Moise había dejado sin efecto el esfuerzo de que se realizaran votaciones y se volviera a tener un parlamento. En medio de la crisis política y la crisis económica que acentuara la pandemia, las bandas criminales comenzaron a ampliar sus zonas de injerencia y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para ir tomando el control de las principales ciudades.
El crimen organizado asumió el control de diferentes zonas de las capital Puerto Príncipe y ayudaron al escape de más de 3.000 presos desde una cárcel. Ante la ola de violencia la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos elevaron los llamados a instalar una fuerza internacional en el país caribeño. En medio del desplazamiento de miles de personas hacia la frontera con República Dominicana, Ariel Henry aprovechó su ausencia del país para anunciar su renuncia. Claro que la haría efectiva cuando se definiera un consejo de gobierno con la participación de diversos partidos políticos.
Luego de que este lunes se informara la formación del futuro consejo de gobierno, el ejecutivo de Henry se vio forzado a identificar a quienes son los siete integrantes con voto y los dos observadores sin voto. El decreto publicado exige que los integrantes "deberán presentar los documentos necesarios en un plazo razonable y que, si no pueden hacerlo, se verán obligados a dimitir", lo que algunos sectores temen se trate de una forma de impedir su funcionamiento.