El gobierno nacional encabezado por Javier Milei designó a Inés Liendo, una dirigente del PRO en Salta, como interventora del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Mediante el decreto N° 285/2024, el presidente decidió intervenir el organismo descentralizado adscrito al ministerio de Economía, por un período inicial de 90 días. Esta medida contempla la posibilidad de prorrogarse por un plazo igual, pero de manera excepcional y por única vez.
En ese sentido, el nombramiento de Liendo del INAFCI, suscitó interrogantes y especulaciones acerca del rumbo que tomará este organismo bajo su liderazgo.
En tanto, la experiencia de Liendo en la esfera política y su conexión con importantes figuras del partido la posicionan en el nuevo rompecabezas político del país.
Nacida y criada en Salta, la trayectoria de Liendo es identificada con un firme compromiso con el macrismo y la defensa de valores conservadores. Sugiere "un horizonte incierto para el futuro del Instituto de Agricultura Familiar".
El decreto le confiere a Liendo amplias facultades en diversas áreas
La misión de Liendo al ser designada como interventora del INAFCI consiste en llevar a cabo una revisión exhaustiva de la estructura, funcionamiento y procesos de este organismo.
- Elaborar y presentar un informe al ministerio de Economía sobre el estado actual del organismo.
- Realizar acciones para ordenar el personal del Instituto Nacional en términos de su situación laboral.
- Evaluar la dotación de personal y tomar medidas para optimizar la estructura organizativa, incluyendo la facultad de realizar ajustes en el personal.
- Designar y remover funcionarios del organismo según sea necesario.
- Revisar y analizar los procesos judiciales y administrativos en los que el Instituto participe, proporcionando informes y recomendaciones.
- Proponer modificaciones en la estructura del Instituto al ministerio de Economía.
- Revisar y gestionar los procesos de adquisiciones, contrataciones y transferencias del Instituto.
- Regularizar y reorganizar programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo.
- Realizar una auditoría integral sobre las instalaciones y los activos del Instituto.
- Evaluar y reportar al ministerio de Economía el cumplimiento de observaciones y recomendaciones, así como las acciones tomadas para su corrección.
En tanto, las facultades otorgadas a la Interventora no se limitan únicamente a las mencionadas previamente, sino que abarcan un espectro más amplio de acciones relacionadas con auditoría, sanciones y aspectos económico-financieros del INFACI.
A su vez, su rol se extiende hacia la detección y la comunicación de anomalías o irregularidades al ministerio de Economía, proporcionando detalles sobre el impacto económico y el menoscabo causado en la gestión. Además, asesora sobre las medidas necesarias y la posible continuidad del Instituto Nacional como organismo descentralizado, en función de las circunstancias detectadas.
En este contexto, el Gobierno justificó la necesidad de una reorganización profunda y un rediseño organizativo "para mejorar la eficiencia del Instituto".
Finalmente, se espera que estos cambios resulten en un ahorro considerable de casi $ 9000 millones. Según lo comunicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el cierre del Instituto llevará a su transformación en una dirección nacional con un equipo reducido de 64 personas, en conformidad con lo establecido por la Ley 27118 de Reparación Histórica de Agricultura Familiar.