La Fiscalía Anticorrupción investiga al anterior gobierno del Consell de Mallorca encabezado por la ex presidenta socialista Catalina Cladera por multiplicar por seis el precio de una obra. Se trata de la reconstrucción por desprendimiento de una pared de piedra en la carretera de Inca a Lluc, que costó casi 1.500.000 euros cuando el informe de intervención del técnico de emergencias valoró la obra en 250.000 euros.
Todo ello después de que la Oficina Anticorrupción, un vez concluida la pasada legislatura, trasladara el 19 de junio de 2023 copia del expediente a la Fiscalía de las Islas Baleares.
Entre las posibles irregularidades cometidas por el Gobierno del PSOE en Mallorca que se investigan están las certificaciones de una obra ejecutada en 2019 y que no se adecuan a los precios de mercado. En concreto, hay una serie de cuestiones en esta obra con una cuantía significativa facturada que o no tenían justificado su precio, o son muy superiores, al precio de mercado.
La primera de estas incidencias que está bajo la lupa del Ministerio Público es la facturación de las horas de un oficial de primera al que se le abonaron un total de 303.722,50 euros (IVA excluido).
En este importe existiría un exceso de facturación de horas que no se ha podido justificar, y tampoco el precio de las mismas ha quedado justificado en el expediente de contratación. A ello se le unen posibles irregularidades en la facturación de las horas y precios de las tareas subcontratadas.
Así, a pesar de que el informe de los técnicos del Consell de Mallorca establece como razonable un precio hora de 11 euros, se facturaron 9.843 horas a un precio de 25,93 euros la hora.
Y además, y de acuerdo con el desglose de la certificación final, se facturó al Consell un total de 9.843 horas de la categoría oficial primera, frente a las 6.300 horas del resto de operarios de inferior categoría. Existiría, por tanto, una diferencia de 3.543 horas facturadas en exceso que no ha podido justificarse en las alegaciones de las personas afectadas.
En segundo lugar, figura el coste abonado por la tonelada de caucho reciclado, facturada a un precio de 15.969,70 euros (IVA excluido), pese a que su uso no estaba autorizado en las tareas de conservación o construcción de carreteras, ni tampoco se justificó el precio desembolsado.
El informe de la Oficina Anticorrupción, que ha servido de base para las investigaciones de la Fiscalía, rechaza que se utilicen materiales en fase de pruebas en los contratos de obra pública, y menos en un contrato de emergencia. Entre otras cuestiones, porque supone el pago de un precio que no se puede contrastar que sea de mercado, ni están garantizados los resultados de los materiales empleados.
«Va en contra de los principios básicos de contratación administrativa de eficiencia y economía y de contraprestación cierta que cumpla las necesidades de la Administración porque no se tienen precios de referencias al ser material en pruebas».
A ello se le une el hecho de que en la documentación enviada por el Consell de Mallorca, no consta ni el proyecto de construcción en la carretera afectada, ni tampoco el informe de supervisión del mismo.
Este contrato de obras se tramitó antes de la pandemia mediante la figura de emergencia regulada en la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Pero como remarca en sus conclusiones la Oficina Anticorrupción, no todas las actuaciones que se facturaron tendrían que haber sido empleando esta fórmula. Entre otras cita la reconstrucción del muro de piedra en seco, la construcción de un mirador, rampas de acceso, señalización, parking, escaleras del mirador, etcétera, que debían contratarse con una tramitación ordinaria.
Por ello de los trabajos efectuado por la Oficina Anticorrupción se desprende que gran parte de las obras no se corresponden a obras indispensables para su tramitación con este procedimiento excepcional.