El mismo día en el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número seis de València acordaba el ingreso en prisión provisional de Borja M. M., detenido en el valenciano barrio de la Fuensanta acusado de intentar matar de una paliza a su actual novia en un hotel de Pedreguer, la Audiencia Provincial de Valencia revocaba su libertad, acordada por el Juzgado de Instrucción número 15 de València el pasado 20 de diciembre, por la causa pendiente de juicio del incendio que presuntamente provocó el ahora arrestado en el garaje comunitario del complejo residencial donde vivía su expareja y madre de sus tres hijos, en la avenida Corts Valencianes de València, y que dejó siete heridos, veinte coches calcinados y daños millonarios.
En dicha resolución, cuyo fallo estaba previsto para finales de mes, la Sección Cuarta alerta de que persiste un «altísimo riesgo de reiteración delictiva». Además advierte que, aunque jurídicamente no estemos ante un caso catalogado de violencia de género (hubo un serio dilema de competencias sobre este asunto), no se puede obviar que existe «riesgo de una posible finalidad de violencia vicaria» que podría ir dirigida contra los tres hijos que tiene en común con su exmujer. De ahí, que la acusación particular, ejercida por el letrado Miguel Vilata, solicitara extender las medidas de protección adoptadas a los hijos, menores de edad, en caso de desestimarse su recurso.
La Audiencia Provincial ha estimado íntegramente sus recursos de apelación contra el auto que acordaba la libertad en diciembre, y su posterior ratificación en enero, a los que se adhirió el otro letrado de la acusación, Francisco González. Y acordó el pasado miércoles su ingreso en prisión provisional por la causa del incendio, al argumentar también que se mantiene también un «altísimo riesgo de fuga», tanto por las elevadas penas a las que se enfrenta, que van desde los 30 a los 55 años de cárcel –según la estimación de los delitos imputados, contemplando incluso posibles atenuantes, que realiza el magistrado–, así como por la «alta disponibilidad económica» el acusado.
De hecho, la Sala cuestiona los escasos minutos que tardó el encausado en obtener los 10.000 euros que se le impusieron inicialmente como fianza. Además de haber consignado otros 25.000 euros en busca de una posible atenuante de reparación del daño. Cantidad que, por otra parte, el magistrado califica de «irrisoria» teniendo en consideración los daños millonarios causados en el edificio, la veintena de vehículos quemados y las indemnizaciones a las siete personas lesionadas. Asimismo, insta al presunto maltratador a que justifique el origen lícito de esos 35.000 euros.
De igual modo, rebate las argumentaciones del Juzgado de Instrucción que le llevaron a dejarlo en libertad tan solo un mes después de que este mismo juez considerara que había «extremo riesgo» para la vida de su expareja, como informó ayer este periódico. Para Borja M., con 22 detenciones a sus espaldas, «el paso del tiempo no significa nada», puntualiza el magistrado, que aprecia una «persistencia obsesiva» contra sus exparejas «incólume al paso del tiempo». Como ejemplos pone la agresión al compañero sentimental de una exnovia de éste tras encontrarse con ellos en un centro comercial seis años después de la ruptura. O el propio incendio del garaje, ocurrido tres años después de que se separara de la madre de sus hijos.
Ocho quebrantamientos en quince días
También desmiente la argumentación de que durante el tiempo en el que estuvo en libertad «cumplió escrupulosamente todas las medidas cautelares impuestas». En los apenas quince días en los que llevó el dispositivo de localización quebrantó la medida de alejamiento hasta ocho veces (se desconectó el brazalete en tres ocasiones, una de ellas durante 44 minutos, y se internó en la zona de exclusión otras cinco veces).
Por último, el detenido ahora por un delito de tentativa de homicidio a una nueva pareja, presenta una especial fijación por los incendios «como medio para superar su frustración», según indica el auto. En 2008 fue denunciado por incendiar el vehículo de un antiguo amigo, y diez años después amenazó de muerte a un vecino y le quemó su domicilio junto con otras personas. Por si todos esto ello fuera poco para justificar su ingreso en prisión, también tiene un proceso pendiente por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, lo que indica que «tiene medios, modos y formas de hacerse con armas ilícitas», con el riesgo que ello implica.
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