Aún sin la Ley de Amnistía, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, decenas de personas privadas de la libertad han logrado decisiones judiciales para salir de la cárcel pese a tener condenas, incluso de más de 100 años de prisión.
Para ello, se han valido de todo, principalmente, alegan tortura por parte de las fuerzas del orden que los detuvieron, e incluso, responsabilizan de los actos inhumanos a policías que nada tuvieron que ver con su detención.
No solo está el caso Ayotzinapa, al que se refirió la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que entre los más de 80 libertados por este caso, hay muchos que no fueron torturados como alegaron.
El infierno de los acusados 'inocentes'
También hay otros casos como el de Hugo Martínez Gorostieta, detenido el 29 de octubre de 2008 por elementos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía, y sentenciado en agosto de 2010 a 113 años de prisión por secuestro.
Asesorado por una ONG, Martínez Gorostieta, a quien las autoridades identifican como El Wonder, acudió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA-ONU) que, en enero de 2022, emitió la opinión de responsabilidad al Estado mexicano.
En el expediente A/HRC/WGAD/2021/67, el GTDA aseguró que a Martínez Gorostieta le violaron los derechos a la libertad personal, debido proceso, protección judicial y presunción de inocencia, y pidió su inmediata libertad.
El 29 de septiembre de 2023, a pregunta de un periodista, el presidente López Obrador dijo que se analizaría el caso.
Martínez Gorostieta no ha salido de prisión, pero la Fiscalía capitalina investiga ya la tortura. Dicha indagatoria ha puesto en evidencia una serie de irregularidades en el caso, como señalamientos poco claros hacia algunos agentes judiciales.
A Jaime Alejandro Mejía Mariscal, por ejemplo, se le señala de haber participado en la tortura cuando, según su abogado, en actuaciones ministeriales está probado que él ni siquiera estaba trabajando en la fecha de la detención, pues estaba de vacaciones.
Por ello, Mejía Mariscal denunció penalmente al agente del Ministerio Público Rogelio Mariñón Calzadilla, al responsable de agencia Marcial Valencia Valencia y al Fiscal de Servidores Públicos.
Y es que acusa que señalarlo como probable responsable de tortura no solo es un acto de molestia, también lo deja en la incertidumbre de ser encarcelado porque "una persona sentenciada por secuestro me puso el dedo, de manera frívola y sin pruebas, y que la autoridad se trague esa mentira, sustentada únicamente con el deseo del sentenciado de salir de prisión a como dé lugar".
La denuncia por la tortura a Martínez Gorostieta avanza y la presentada contra los fiscales está prácticamente congelada.