La Junta señala que los permisos para instalar redes exigen «tiempo y estudio»
Medio Ambiente dice que es una norma «garantista y protectora» con el entorno
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio respondió este martes al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que las autorizaciones para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, como la extensión de las líneas de banda ancha de internet, exigen «tiempo y estudio». En declaraciones a Ical, fuentes de este departamento explicaron que en este caso sucede algo similar a lo que ocurre con los proyectos de energías renovables.
Un día después de que la Delegación del Gobierno cifrara en más de 1.000 los trámites pendientes para poder continuar con la extensión de la fibra óptica, de los que más del 80 por ciento acumulan un retraso superior a los 120 días, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones alegó que hay que tener en cuenta los terrenos o áreas afectadas, más allá de la infraestructura, ya que señaló que la tramitación será diferente si se trata de un «entorno periurbano», «fuertemente antropizado», o una área natural con «especies de fauna o flora protegidas».
«Estas diferencias se concretan en trámites diferentes, y en exigencias de adaptación al entorno que eventualmente pueden ser muy diferentes. Esas diferencias no solo están justificadas, sino que son imprescindibles para la protección del medio ambiente», indicaron desde la Consejería. Además, añadieron que en ocasiones las empresas «no las entienden bien» y piensan a priori que una misma instalación debería tener una misma tramitación. «Desde una perspectiva medioambiental no es así», apostillaron.
A modo de ejemplo, explicaron que una instalación de este tipo puede atravesar una vía pecuaria —cañada, un cordel o una colada—, lo que está sujeto a un trámite para la ocupación de los terrenos, algo que depende de la Junta, si bien esto está regulado en legislación estatal. De esta forma, insistieron en que la normativa es «garantista y protectora» y obliga a pedir informes, a hacer anuncios, a imponer cautelas, con lo que todo ello «lleva su tiempo», más en una comunicad como Castilla y León con más de 30.000 kilómetros de vías pecuarias.
En el caso de los montes de utilidad pública, Medio Ambiente precisó que sucede «algo parecido» puesto que para su ocupación por uso no forestales se tiene que gestionar una autorización, pedir informe a los titulares —ayuntamientos— y siempre, poner condiciones a la ejecución de las obras. Además, tiene que condicionar los calendarios de trabajo para proteger la fauna y la flora.