Cuando faltan apenas unos días para que se cumplan tres meses del anuncio de cierre de la agencia pública, el gobierno de Javier Milei parece haber encontrado en la intimidación y el miedo la fórmula para acelerar la liquidación y la salida de empleados de Télam.
En las últimas horas, fuentes oficiales filtraron a la prensa documentos que reflejan cuál es el plan oficial para el desmantelamiento; mejor dicho, para el rediseño según las propias palabras del interventor Diego Chaher, un técnico surgido del el corazón mismo del grupo económico que dirige José Luis Manzano.
Crisis preventiva para Télam
Durante la mañana de este viernes comenzó a circular en el WhatsApp de diferentes periodistas una serie de archivos y fotos que remitían a un supuesto pedido del interventor para que se habilite un Procedimiento Preventivo de Crisis. El pedido existe y fue elaborado por el equipo de Chaher y presentado antes la Secretaría de Trabajo el 26 de abril, un día antes de la filtración que insólitamente incluyó una gacetilla que resumía las medidas y que fue recogida por medios nacionales.
En concreto, el interventor solicitó que se habilite un plan para despedir al 82% de los empleados, habida cuenta de la "manifiesta situación de crisis" que atraviesa un organismo que "resulta absolutamente inviable de no contar con las millonarias transferencias que en forma regular realiza el Tesoro Nacional para solventar sus gastos operativos". Curiosamente en esta última semana, el Tesoro Nacional desembolsó más de 7.000 millones de pesos en la agencia de bandera, sin especificar su destino operativo.
El plan oficial precisa que los despidos se harán "con un valor indemnizatorio equivalente al 50% del establecido en el actual plan de Retiro Voluntario establecido en TELAM S.E". Como anticipó LetraP, días después del anuncio del cierre de la empresa, se puso en marcha un plan de retiros "a la baja", con montos muy por debajo de lo que estipula el Estatuto de Periodista, que rige a la actividad. Así, el Preventivo de Crisis llevaría las indemnizaciones a cerca de un 25% del monto que debería pagarse según la ley.
Como remate y anticipando un proceso de larga duración, solicita suspender por 180 la aplicación de cualquier aumento de salarios y del pago de los adicionales, lo que redundaría en un mayor deterioro de los ingresos de quienes continuaría trabajando en la agencia bajo la gestión de Javier Milei.
Un campaña de intimidación
En el mundo de los abogados laboralistas ponen en duda la validez de un Procedimiento Preventivo de Crisis para una sociedad pública, dado que debería estar acompañado por pruebas y balances que demuestre la insolvencia del propio Estado Nacional, más allá de las definiciones de sus autoridades. No alcanza con decir que "falta de generación suficiente de flujos genuinos de fondos para el sostenimiento de la organización y las ingentes limitaciones del tesoro nacional para realizar aportes (ATN)".
En este sentido, el pedido oficial debería demostrar que la crisis no es imputable al empleador, algo difícil de hacer ya que continúa el flujo de recursos y anticipa una judicialización del conflicto.
La presentación oficial y la filtración del plan para Télam parecieran ser parte de un movimiento mayor que apunta a acelerar la aceptación de los retiros voluntarios, que están vigentes hasta el 10 de mayo. Al mismo tiempo que empezaron a circular los archivos, la totalidad de los trabajadores de la agencia recibieron un correo electrónico en el que se los intimaba a presentarse entre el 29 de abril y el 7 de mayo para "interiorizarse en las condiciones particulares" de los retiros que ya fue aceptado por más del 20% de la planta laboral.
La posibilidad de un apriete parece más posible si se considera que el paquete de archivos lanzados a circular incluyó un listado detallado, preciso, de toda la planta laboral de Télam, con nombre, apellido, categoría, salario básico y demás datos personales de los 582 empleados del medio; un movimiento violatorio de información confidencial y, sobre todo, que apunta a generar temor entre los trabajadores que desde hace once semanas no tienen certeza sobre futuro.