El consenso global, dentro y fuera del país, es que el principal objetivo de Nicaragua como nación es derrotar el proyecto de sucesión dinástica del régimen actual, para abrir el camino hacia una transición democrática. La realidad obliga a diferenciar entre la lucha por alcanzar el cambio político, y cómo gobernar democráticamente. El denominador común, sin embargo, sigue siendo el mismo, crear una coalición con capacidad de lograr el cambio, y con capacidad de gobernar democráticamente.
La democratización consiste en el esfuerzo de las fuerzas cívicas de crear una hoja de ruta con tres paradas, primero, la salida política hacia un contexto democrático, segundo, la construcción e implementación del andamiaje democrático, y tercero, la consolidación democrática que incluya herramientas autosostenibles y adaptables al cambio global y la modernidad.
En cada uno de estos pasos las alianzas políticas son básicas y acompañadas de compromisos democráticos que no se contradigan entre sí. Pero hay al menos tres desafíos de por medio, ninguno es sencillo y se debe empezar a trabajar en cada uno de ellos en vez de dejar pasar el tiempo.
El primer desafío, una coalición para terminar con la sucesión dinástica
La crisis nicaragüense se encuentra en un punto en el que la extrema radicalización dictatorial con orientación dinástica, la multiplicidad de problemas globales, y la atomización de los líderes democráticos ha puesto de relieve que una salida de esta dictadura no ocurrirá en el corto plazo, y cuando ocurra será como resultado de la inercia política al interior de las contradicciones y quiebre interno del círculo de poder. El desafío está en organizar un liderazgo representativo que sirva de interlocutor con el compromiso de diseñar una estrategia de resistencia.
Ya existe una masa crítica de actores democráticos con redes transnacionales que están conformando un núcleo, superando parcialmente divisiones y resentimientos. Esta masa crítica necesita contar con una agenda de resistencia política que le permita cambiar el balance de poder frente a la dictadura actual en tres frentes. La desmoralización de la dictadura es un frente vital porque es un eslabón débil del régimen, y un frente formidable del potencial del pueblo nicaragüense.
En la medida que han pasado los años, aparte de constatar que es la violencia la que los gobierna, la gente va comparando que, a pesar de toda la retórica falsa del "golpismo", la radicalización, el aislamiento internacional y alineamiento con Rusia, Irán, y China, y una política económica regresiva a favor del clientelismo de unos pocos, Ortega-Murillo han confirmado que no les importa el pueblo. La protesta social se está extendiendo, a su manera, no solo votando con sus pies.
De igual forma los enlaces necesarios entre la disidencia dentro del régimen y el liderazgo cívico opositor están en comunicación, a pesar del riesgo de las purgas dentro de la dictadura y de las críticas moralistas de muchos de los que rechazan debilitar al régimen desde adentro. Muchos allegados al régimen quieren una salida sin Ortega, y aún más una salida sin Murillo, a quien reconocen como a una déspota irracional, obsesiva por la sucesión como única continuidad que excluye a los operadores del andamiaje político de la dictadura. Estos empiezan a señalar a la oposición cívica que quieren participar de una transición, en el entendimiento que no hay espacio para ellos de compartir el poder, pero sí de coexistir en el país bajo reglas democráticas.
Finalmente, la presión externa estará aumentando su coordinación con este grupo cívico y los actores internacionales, aparte de que las acciones mismas del régimen están contribuyendo a que el mundo les ponga más atención y presión ante la ausencia de todo tipo de credibilidad y autoridad política. El antagonismo contra la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido y otros países, mientras se evidencia su alineamiento en pro de Hamas, de Rusia, y Venezuela, dejan claro que Nicaragua no es confiable sino más bien una amenaza internacional.
La ruptura de la dictadura, inevitablemente reclama una recuperación del espacio cívico, para expresar el apoyo popular y la interlocución democrática e internacional. Sin embargo, el temor no es cuándo se producirá esta ruptura, sino la venganza violenta de la dictadura antes de salir del poder que podría dejar al país en llamas, por lo que es vital contar con una coalición política sólida, convencida de un solo compromiso de implementar esta resistencia, pero con un acuerdo de reconocer sus diferencias políticas e ideológicas, delineando qué no es negociable y qué se puede postergar y reactivar en su momento democrático. Este compromiso real es vital porque ante la destrucción que esta dictadura haya causado, se necesita gente con una responsabilidad monumental para sacar al país adelante.
El segundo desafío, gobernar democráticamente
La transición democrática llegará pero no será perfecta, irá acompañada con un profundo rezago social (niveles de educación bajísimos, mala salud, mayor economía informal, mayor desconfianza social ante la incertidumbre y el temor al cambio, una sociedad herida por años de inculcación del odio y el resentimiento, un país con una economía que sobrevive con poco y no crea riqueza), con divisiones postergadas, desencuentros y resentimientos dentro del liderazgo cívico, y desconfianza dentro de quienes eran parte colaboradora de la dictadura.
El desafío para Nicaragua empieza con una etapa que termine con toda ambición dictatorial y consiste en generar el capital político para desmontar los cinco factores que sostienen a la dictadura: la criminalización de la democracia, la propaganda del miedo y las mentiras, la captura del Estado, el monopolio de la violencia y el aislamiento internacional.
La agenda política de una transición democrática que termine con cualquier retorno al miedo empieza por el desmantelamiento del andamiaje legal apoyado por la derogación de la "Ley en Defensa de la Soberanía", La "Ley Ciberdelitos", "Ley de Agentes Extranjeros", "Ley de Protección al Consumidor Financiero", y reformas de aplicación del delito de terrorismo dentro del Código Penal Art 395 y 395, y La "ley 977, articulo 44, contra el terrorismo". Este desmontaje es prioritario para garantizar el retorno seguro de los desterrados y exiliados, para devolver la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos y restituir propiedades confiscadas. Esta garantía iría acompañada por una comisión de restitución de derechos civiles y políticos a personas físicas y jurídicas. Dentro del contexto de la violencia será importante disolver la jerarquía de la policía y redefinir la subordinación del Ejército hacia la Constitución con candados legales evidentes que no den espacio para la interferencia militar en los quehaceres de la política y la administración pública. Y la garantía de la libertad de expresión y el apoyo a los medios terminará con la propaganda y la posverdad que profesa la dictadura.
El desmontaje de la captura del Estado es un desafío gigantesco porque requiere desmantelar andamiajes institucionales y mafias para prevenir el uso del Estado para beneficio privado, y redireccionar la cooperación externa y el endeudamiento en áreas de inclusión social, mientras se resuelve la herencia de una deuda externa que la dictadura acumuló para beneficio del clan familiar. ¿Quiénes serán penalizados por estas acciones de corrupción? La experiencia reciente con la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, y las experiencias en otros países como Perú y Ecuador ofrece insumos para conformar una contraloría fiscal que prevenga la continuidad de favores políticos y económicos y que quien gane no siga con la costumbre de aplicar la política transaccional a cambio de lealtades políticas: no es secreto que algunos de los líderes cívicos actuales puedan estar ya contaminados de esta enfermedad.
También es necesaria la reanudación de relaciones internacionales con el mundo democrático, incluyendo el retorno a la OEA, cuyo asiento será bienvenido, así como la reanudación de la cooperación externa que rechazó la dictadura para reducir el contrapeso de la sociedad civil.
El tercer desafío, unidad nacional y justicia sin impunidad
Todo esto no será posible si no se estable una fórmula para la unidad nacional y la justicia (institucional y transicional) durante estos próximos años. La unidad nacional no consiste en integrar a todos los sectores sociales, políticos, gremiales, sociales, culturales, e internacionales que converjan en un vehículo político. La unidad nacional se traduce en una masa crítica de líderes representativos, legítimos y populares que posea la pasta para defender su propuesta de cambio, y que sea tolerante de la presencia de otros grupos durante la lucha política y la posible transición.
Los movimientos actuales carecen de al menos uno de estos criterios importantes, como son los candados contra el clientelismo y el populismo. Sus actores deben priorizar los reglamentos de procedimiento encima de interpretaciones y posiciones individuales, de manera tal que se subordinen los egos de muchos de sus miembros y pueda contarse con mecanismos de rendición de cuentas. También tienen que estar convencidos y apostarle a su hoja de ruta, aunque en sus acciones cometan errores. Nada es perfecto, pero la inacción política es reflejo del fracaso.
El Grupo Cívico debe empezar golpeando al régimen, pero a la vez resolver de qué justicia se habla. La mayoría de los grupos actuales se mantienen divididos porque resienten personalmente el daño causado por el sandinismo de los ochenta, las acciones de la contrarrevolución, la piñata que benefició a muchos sandinistas y exsandinistas, el pacto entre Ortega y Alemán, la vinculación transaccional entre la Iglesia Católica y Ortega, el pacto del gran capital del sector privado y Ortega y los nuevos arreglos con el clan familiar. Cada grupo reclama ser el más representativo. Una Comisión de la Verdad puede ser una solución, un vehículo de justicia transicional con la recopilación histórica que construyó Guatemala, y el colmillo con el que se estableció Sudáfrica. La justicia no es negociable, pero la venganza no es aceptable. En Nicaragua no hay tradición de justicia, hay tradición del uso de la ley pero no de hacer lo justo, conforme a un contrato social. El mejor mecanismo de solución puede ser comprometerse a establecer una Comisión de la Verdad, en que ésta defina los términos de referencia de lo que abarcaría, en donde cada uno de los ciudadanos tenga el derecho de dar su testimonio de agravio y comparecer como testigo, y en la que se establezca el esclarecimiento histórico y el rendimiento de cuentas.
El dilema radica en seguir bajo una dictadura dinástica, o empezar a resolver ahora estos desafíos.