Según un informe sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., la corrupción fue sustancial en Argentina bajo el mandato del ex presidente Alberto Fernández. El documento destaca la condena de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el llamado caso Vialidad. El estudio fue dado a conocer este lunes durante una conferencia de prensa ofrecida por el secretario de Estado, Antony Blinken.
La ley preveía sanciones penales para la corrupción de funcionarios públicos, pero el Gobierno no la aplicó efectivamente. Durante 2023 hubo numerosas denuncias de corrupción gubernamental. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción, describió el Departamento de Estado al tiempo que recordó que "Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambas cosas, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando era presidenta.
Los fiscales estimaron el valor total del esquema de sobornos en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y, en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la sentenció a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia no quedaría firme hasta que se resolvieran las apelaciones finales, destacó también el texto.
Asimismo, el informe abordó la corrupción y la complicidad en las fuerzas del orden. Los abusos más frecuentes incluían la extorsión y la protección de los implicados en el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el blanqueo de dinero y el comercio sexual. Las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales eran frecuentes.
Las condiciones carcelarias son duras debido al hacinamiento, la mala alimentación y atención médica, y las condiciones insalubres (...) El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. A junio (de 2023), la provincia de Buenos Aires estimaba una población carcelaria de 53.097 personas en un espacio diseñado para 26.886 personas, añadió el texto.
El hacinamiento en los centros de detención a menudo provoca que las personas permanezcan detenidas en comisarías durante períodos prolongados, a pesar de que algunas ONG y el Defensor del Pueblo Penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo". El 18 de julio, organizaciones de derechos humanos protestaron por el hacinamiento en las comisarías de Buenos Aires. Las organizaciones de derechos humanos estimaron que había 1.155 detenidos en espacios diseñados para 543,″ continuó.