El gobierno de Río Negro anuncia un programa de desvinculación voluntaria para empleados estatales, con el objetivo de reducir el gasto en la planta de personal y optimizar la eficiencia administrativa.
El proyecto, que será presentado en la próxima sesión legislativa, ofrecerá incentivos económicos a aquellos empleados que decidan acogerse al régimen.
El programa contempla una suma inicial como compensación, así como la garantía de mantener parte del sueldo durante un período determinado. Se establecerán dos fórmulas de indemnización según la antigüedad del empleado en el Estado provincial, con montos diferenciados para aquellos con menos de 10 años de servicio y para los que superen esa cifra.
Se excluye de este régimen a docentes y policías, cuyas vacantes deberán ser cubiertas para no afectar el funcionamiento de los servicios esenciales. El gobierno busca con esta medida no solo reducir el gasto público, sino también incentivar la inserción laboral de quienes opten por desvincularse del sector estatal.
Además de los beneficios económicos, el programa contempla incentivos tributarios para los desvinculados que se registren como trabajadores en actividades económicas privadas, así como exenciones para las empresas que los incorporen en su plantilla laboral.
El gobierno, bajo la administración de Weretilneck, pretende también implementar controles más estrictos sobre el ausentismo y las licencias médicas, como parte de una estrategia integral para optimizar la gestión de recursos humanos en la administración pública.
Este programa recuerda al implementado en 1997 bajo la gestión de Verani, el cual contó con el financiamiento del Banco Mundial y resultó en la desvinculación de unos 1.200 empleados estatales. Sin embargo, se espera que en esta ocasión se logren mayores eficiencias y resultados, especialmente en sectores como el de los porteros, donde se registra un alto nivel de inasistencia y licencias médicas.
La propuesta del gobierno de Río Negro busca, así, modernizar la administración pública y adaptarla a las necesidades y realidades del contexto actual, fomentando la eficiencia y la productividad en el sector estatal.