El propietario de un campo serrano, y dos de sus empleados, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por provocar un incendio en 2020 en la zona de Pampa de Achala. El siniestro afectó aquella vez más de 120 hectáreas, que incluyeron a un sector del parque nacional Quebrada del Condorito.
El juicio, en modalidad abreviado, se definió en los Tribunales de Villa Dolores, y tiene repercusión por la naturaleza del hecho: hay pocos antecedentes en Córdoba de condenas judiciales por incendios forestales o rurales.
"Me parece más que importante que haya condenas, porque quien prende fuegos debe saber que hay consecuencias", dijo Diego Quevedo, presidente de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero que, entre otras fuerzas del valle de Traslasierra, acuden con demasiada frecuencia a extinguir incendios provocados en las sierras.
"Era común que a los bomberos nos dijeran que había fuego de nuevo en los Becerra", graficó Quevedo. Y destacó el alto costo que tienen las intervenciones en las zonas altas de las montaña en términos de recursos humanos, técnicos y económicos.
"Hemos logrado probar que la quema de pastizales es una práctica habitual que se realiza desde hace años en ese y en otros campos de la zona, porque se cree que después de quemar, el verde viene con más fuerza para el pastoreo de los animales; pero está prohibida y penada", dijo una fuente judicial de los tribunales de Villa Cura Brochero, donde en 2020 se sustanció la acusación.
Los bomberos de distintos cuarteles de la región ya saben que, en épocas de sequía, es común acudir a las llamadas "zonas calientes", que son campos donde se repite el descontrol de los fuegos.
El incendio juzgado
A pocas horas de que el Plan Provincial de Manejo del Fuego hubiese advertido que había en la zona serrana un "riesgo extremo" de incendio, en la extensa Estancia San Alejo, al norte del paraje La Posta, en Pampa de Achala, decidieron quemar pastizales. Lo hicieron el propietario del lugar, Alejandro Becerra (67), ingeniero agrónomo y vecino de un country de Córdoba, y dos de sus empleados: José Cortés (34) y Carlos López (54), domiciliados en la localidad de Villa Icho Cruz. Fue el 16 de mayo de 2020.
Como era de esperar, el fuego se descontroló y se extendió en varias direcciones, llegando a entrar al vecino parque nacional Quebrada del Condorito. En el lugar provocó un daño ambiental calificado como excepcional.
Quienes provocaron el siniestro no llamaron a los bomberos, que finalmente llegaron desde los pueblos transerranos para extinguir los fuegos.
La causa judicial iniciada recayó en Analía Gallaratto, fiscal de Villa Cura Brochero, quien ordenó un allanamiento a la estancia, entre otros procedimientos, e imputó por incendio a los tres supuestos causantes.
Después de casi cuatro años, el juicio llegó este lunes. Se sustanció de manera abreviada en Villa Dolores, por el juez Carlos Escudero. Los imputados se reconocieron responsables de los hechos, para acordar la pena. Los tres fueron condenados a tres años de prisión en suspenso (sin perder la libertad).
Becerra, el propietario, ofreció un pago de tres millones de pesos en favor del colegio rural Padre Liqueño, situado cerca de su campo. La propuesta fue aceptada por el juez.
Los peones López y Cortés, en tanto, serán obligados a prestar 250 horas de trabajo comunitario en el dispensario de Icho Cruz. Becerra fue defendido por Tristán Gavier, y sus empleados por Martín Berrotarán. El juicio no tuvo querellante.
En los mismos tribunales, en 2023, se condenó a un joven de la localidad de La Paz por el mismo delito. Esa vez, la Provincia se constituyó en querellante.
Según la revista La Tinta, de agosto de 2020, en las dos estancias de la familia Becerra en la zona, San Alejo y Paso de las Piedras, se habían registrado más de 200 incendios en cuatro años, según datos de brigadistas y vecinos. No obstante, los imputados no llegaron a juicio con antecedente en este sentido.