La Fiscalía de Valladolid y el Partido Socialista de Castilla y León, en calidad de acusación popular, han retirado los cargos contra Alberto Esgueva, exconsejero delegado de EXCAL y exdirector del Área de Internacionalización de ADE Parques, quien figuraba en la lista de las doces personas, entre altos cargos de la Junta y distintos empresarios, encausadas en el denominado juicio de 'La Perla Negra'.
En la jornada dieciocho del juicio que se sigue desde el pasado día 26 de febrero en la Audiencia de Valladolid, Fiscalía, la Junta y el PSCyL, las dos últimas partes como acusación particular y Popular, respectivamente, han tomado la palabra para anunciar una serie de modificaciones en sus escritos de acusación, y entre ellas las novedades más importantes han sido la retirada de cargos contra el hoy empresario afincado en Polonia y la considerable rebaja en las condenas solicitadas para el resto por parte del letrado que representa a los socialistas.
Así, Alberto Esgueva, a quien la Junta no acusaba, ha sido exonerado de todos los cargos a solicitud de las acusaciones pública y popular, que inicialmente solicitaban para el encausado penas de seis años y hasta 22,5 años de privación de libertad, respectivamente, tras entender que de las pruebas practicadas no ha quedado acreditada su intervención en las supuestas irregularidades registradas en la operación de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para desarrollar un polígono industrial en Portillo que no llegó a ejecutarse finalmente.
En su intervención, la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, primera en tomar la palabra, considera probado que en el caso de 'La Perla Negra' el estudio de arquitectos madrileño Lamela contó con información privilegiada del pliego de condiciones antes de la publicación del concurso en el Bocyl el 30 de diciembre de 2005 y de su publicación en prensa el 3 de enero de 2006, y fue, según apunta, gracias a un correo electrónico remitido por Ángel Román Montes, gerente de Urban Proyecta PM3, adjudicataria del concurso y cuya oferta fue la única presentada.
Pero además, la acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera igualmente probado que el 19 de julio de 2006 Gesturcal y Urban Proyecta, representada la primera por su consejero delegado Juan Carlos Sacristán y la mercantil por Germán José Martín Giraldo, firmaron el contrato de alquiler de 'La Perla' "sin que el Consejo de Administración" de la sociedad pública tuviera a su disposición el informe que había requerido.
Impulsar un área industrial
En el caso de la promoción de un polígono en Portillo, la fiscal, al igual de lo ocurrido con el edificio de Arroyo, mantiene que ya antes de publicarse la estrategia de desarrollo, el también encausado Rafael Delgado y Begoña Hernández, ambos con distintos cargos en la Consejería de Economía y en Gesturcal, mantuvieron contactos con socios y administradores de Urban Proyecta y otras mercantiles, entre ellas Grupo San Cayetano, de Francisco Esgueva, "con intereses económicos en el citado ámbito territorial ya que su empresa se hallaba radicada en el mismo", y les trasladaron el interés de la sociedad pública ADE Parques por impulsar un área industrial en dicha localidad vallisoletana.
"Lejos de acudir esa empresa pública a la compra de los terrenos a través de los titulares de las parcelas, lo haría a través de las sociedades que ellos gestionaban", sostiene la fiscal.
De este modo, y a excepción del exculpado Alberto Esgueva, Fiscalía mantiene su solicitud de condena para los otros once encausados, en concreto once años de prisión para Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, al primero de ellos por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.
En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo director financiero de ADE Parques y Gesturcal, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.
Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.
De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarán a la Administración Autonómica en la suma que fue desviada a favor de las mercantiles citadas que, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal, con responsabilidad civil subsidiaria de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.
Por su parte, la Junta, como acusación particular, salvo alguna modificación en el relato de hechos, ha mantenido su petición de condenas para ocho de los doce encausados--no acusa a Alberto Esgueva, Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero--, que en el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández se elevan a once y cuatro años, respectivamente, junto con multas de 22.500.000 euros y el pago entre todos de indemnizaciones por importe de 16.300.000 euros.
En el caso del PSCyL, lo más destacado de la intervención de su representante legal es la sustancial rebaja aplicada a las once personas a las que acusa por delito continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Les ha exonerado, eso sí, de los delitos de fraude a la administración, cohecho y pertenencia a grupo criminal, de los que les acusaba inicialmente.
Así, las penas más elevadas solicitadas se centran en Rafael Delgado y Begoña Hernández, con trece años de cárcel y treinta y cuatro de inhabilitación para el primero y once años e idéntica inhabilitación para la segunda, frente a los 34 años de privación de libertada y 105 de inhabilitación iniciales.
Además, interesa ahora para Juan Carlos Sacristán, Francisco Armero y Salvador Molina idéntica condena que la pedida para Begoña Hernández, así como cuatro años para Germán José Martín Giraldo, frente a los 22 iniciales; Ángel Román Montes--le pedía 18 antes--; Francisco Esgueva frente a los 14,5 iniciales; Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez, a los que en su escrito de calificación provisional solicitaba diez años y medio.
Con posterioridad tocaba el turno de las defensas de los ahora once encausados, que además de mantener su solicitud de una sentencia plenamente absolutoria han coincidido a la hora de solicitar del tribunal que condena en costas al PSCyL por manifiesta "mala fe y temeridad".
El juicio no se reanudará hasta el próximo día 6 de mayo, cuando las tres acusaciones y las once defensas expongan sus informes finales, antes de que este maratoniano y complejo proceso judicial quede visto para sentencia.
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