La asesoría jurídica gratuita frente a la ocupación, que presta el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) en virtud de un convenio con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, ha atendido hasta el mes de marzo de este año 54 consultas, las mismas que en los ocho primeros meses de 2023. Así lo han anunciado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el decano del Colegio, Antonio Morán, que han suscrito este miércoles el segundo convenio para continuar con esta asesoría gratuita.
Serrano, tras agradecer su colaboración al Colegio de Abogados y a la asesoría jurídica municipal, ha insistido en que la ocupación ilegal es "un problema real" que afecta a muchos zaragozanos y comunidades de propietarios y que los datos demuestran la oportunidad de este convenio, que atiende "a quienes más lo necesitan".
Asimismo, ha añadido que la lucha contra la ocupación "no siempre ha tenido en esta casa --Ayuntamiento-- las mismas connotaciones" y ha asegurado que, en 2019, las personas que habían ocupado ilegalmente tenían "más posibilidades" de acceder a una vivienda que quienes no lo hubieran hecho.
Balance del convenio
En el acumulado de tres años y tres meses de funcionamiento del convenio se han atendido un total de 340 consultas, de las que el 56% se concentran en 2021; el 21% en 2022; el 16% en 2023 y el 7% en los primeros meses de este año. De todas ellas, 312 casos han sido por ocupación de viviendas, 20 de edificios, tres en locales, tres en solares y uno en un almacén. El Colegio de Abogados solo ha detectado situación vulnerabilidad entre los ocupantes en un 10,3% de los casos, que son remitidos a los servicios sociales municipales.
Respecto a los solicitantes de las consultas, 235 eran propietarios, 76 eran comunidades de vecinos, 19 eran vecinos y 10, otros casos. Por distritos, aunque hay casos de prácticamente todos los barrios urbanos y rurales, encabeza el 'ranking' el Casco Histórico, con el 20,5% de los casos, seguido de Delicias, con un 18%. A más distancia, aparecen Las Fuentes (6,5%), Torrero-La Paz (6%), Arrabal (4%) y San José (4%). En general, están más afectados los barrios con menor renta.
Sin embargo, en los primeros 90 días de 2024, el distrito de Delicias se ha colocado en primer lugar, con un 36,4% de las 22 consultas, seguido del Casco Histórico (18%) y Oliver-Valdefierro (9%). De ellas, 17 proceden de propietarios y cinco, de vecinos afectados. En cinco ya se han iniciado los trámites judiciales y otras 15 se ha asesorado para denunciar.
En este contexto, el consejero municipal ha subrayado que los datos demuestran que este fenómeno "ha ido a más", así como la necesidad de que quienes tienen la competencia en materia de seguridad, en referencia al Gobierno de España, sigan atendiendo estas situaciones, que son "absolutamente perentorias", para que en los barrios "la convivencia sea mejor".
En un 26% de los casos hay que iniciar acción judicial
En cuanto al desarrollo de las consultas, en el 68% de los casos el Colegio de Abogados está asesorando para encaminar la denuncia con la mayor seguridad jurídica de cara a una futura acción judicial que "a veces se entabla y a veces no es necesario entablar" y que hay que iniciar en un 26% de las ocasiones. En algunos casos, además, dirigen a los particulares a la justicia gratuita, aunque en la mayoría no les consta si la ejercen finalmente.
Por su parte, el decano de los abogados, Antonio Morán, ha enmarcado este convenio con la "visión social" y "compromiso con los problemas que tenemos alrededor" del colegio profesional, y ha agregado que en muchos casos la consulta llega porque detrás de la ocupación "hay algo más" o una presencia "que genera conflicto o molestia".
Morán ha considerado que es "conveniente" seguir colaborando en esta cuestión, aunque ha reconocido que no es un problema que afecte exclusivamente a Zaragoza, "ni siquiera a España".
En este sentido, ha apostado por incorporar al marco legislativo y procesal a nivel nacional una "solución rápida" a estos casos porque la justicia es "muy lenta" y en los últimos años se ha acrecentado esta lentitud. De hecho, ha asegurado que, ante denuncias actuales, se están señalando juicios para 2025 e incluso para 2026 y 2027 en otras comunidades.
Víctor Serrano se ha referido también a la legislación nacional en este ámbito, que, a su juicio, no solamente impacta en los propietarios, sino también en las Administraciones Públicas.
Así, ha admitido que el Consistorio zaragozano tiene "cada vez mayor dificultad" para que los propietarios se adhieran al Programa Alza de captación de vivienda vacía, a pesar de que es "extraordinario", lo que ha achacado al impacto de la Ley de Vivienda y de los efectos de la ocupación, además de por el temor a que un conflicto jurídico demore meses la recuperación de su vivienda, ya que el promedio medio de resolución es de 16 meses.
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