Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, prometió al llegar a La Moncloa que se dedicaría a cuestiones «solidarias» para evitar un conflicto de intereses con la actividad institucional de su marido. Sin embargo, la realidad fue otra, puesto que la cónyuge del jefe del Ejecutivo efectuó después una actividad profesional que ahora está siendo objeto de investigación parlamentaria y judicial. De hecho, tras la apertura de diligencias por un juzgado de Madrid, Sánchez se ha tomado unos días de reflexión hasta que el lunes anuncie su futuro.
En concreto, nada más aterrizar en La Moncloa a raíz de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP), Begoña Gómez participó en una cena benéfica organizada por el doctor Pedro Jaén en el palacete Fortuny el miércoles 27 de junio de 2018. Se trató de un acto benéfico cuyos fondos se destinaron a la ayuda de niños albinos en Tanzania. De ahí la relación de Jaén con la mujer del presidente, que ya se dedicaba entonces a la captación de fondos.
Aunque la modelo israelí Bar Refaeli acaparó los focos, la aparición a última hora de la mujer del presidente del Gobierno también llamó la atención de los periodistas, que le preguntaron: «¿Todo bien desde su llegada a Moncloa?». A lo que contestó: «Todo bien», se limitó a decir.
Sin embargo, fue ya durante el acto, en una conversación distendida y personal con la periodista Paloma Barrientos (Vanitatis), cuando Begoña Gómez dio a entender que se dedicaría únicamente a asuntos «solidarios» para no entrar en colisión con la responsabilidad de su marido al frente del Gobierno. «Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias», contó a Barrientos.
Apenas unos días después, el 8 de julio, el diario El País se hizo eco de estas palabras de Begoña Gómez y citó además fuentes socialistas que daban por hecho que la mujer del presidente, en efecto, dejaría su actividad profesional hasta ese momento. «En estos días Begoña Gómez se aclimata a su nuevo hogar -donde se ha instalado con sus hijas de 13 y 11 años la pasada semana después de pintar, como única reforma- y reflexiona sobre su actividad profesional, que probablemente abandone para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, según informan fuentes socialistas», publicaba entonces el rotativo de Prisa.
Precisamente, esa faceta profesional que Begoña Gómez no aparcó -a diferencia de otras primeras damas- ha terminado por causarle problemas, en tanto que su marido no se inhibió en decisiones adoptadas en Consejo de Ministros sobre empresas con la que ella mantenía contactos. Por ejemplo, los tuvo con el principal conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF, y la dirección de Globalia, grupo rescatado por el Gobierno.
Tribunal Supremo
A la denuncia que ha llevado a un juez de Madrid a incoar diligencias de investigación por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se une la intención del PP de llevar este asunto, la no inhibición de Pedro Sánchez sobre negocios de su mujer, al Tribunal Supremo, previsiblemente por la vía contencioso-administrativa.
Antes de ello, el principal partido de la oposición está a la espera del resultado del recurso de alzada -trámite previo a acudir al Supremo- que presentó la semana pasada ante el superior jerárquico de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que es la Secretaría de Estado de Función Pública.
Asimismo, el PP está analizando si empresas que patrocinaron y patrocinan la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid pudieron obtener algún tipo de beneficio o ventaja en relaciones contractuales con el Gobierno.
Carpetazo
La Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno dio carpetazo el pasado marzo a la denuncia registrada por los populares. La Secretaría General de Presidencia despachó la petición de información de la Oficina en apenas nueve líneas, como publicó OKDIARIO.
En el primer párrafo, Moncloa esgrimió: «No ha concurrido en la persona del presidente del Gobierno ninguna de las causas de abstención previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 3/2025, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, pues las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos».
Y a continuación, Presidencia manifestó: «Asimismo, señalar que la cónyuge del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en las fechas del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021». En esto se basó la Oficina de Conflictos de Intereses para archivar el escrito del PP.
En España no existe ninguna regulación específica sobre la actividad de la esposa del presidente del Gobierno, que no tiene obligación de hacer pública su agenda.