Los siete investigados detenidos ayer en el operativo 'Valkiria II', por sus vínculos con la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, pasaron control de identidad esta noche que estuvo a cargo del juez Raúl Justiniano.
Los exasesores de Benavides, Miguel Girao y Abel Hurtado; el abogado José Luis Castillo Alva y su pareja Mirtha Gonzáles; el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho; el nexo con empresas que ganaron contratos, Giancarlo Valer; y el exgerente de la Oficina de Logística de la Fiscalía, Jorge Palomino.
Todos permanecerán en detención por 15 días, plazo en el que el Ministerio Público puede decidir su liberación o requerir la prisión preventiva después de formalizar la investigación preparatoria.
Según la indagación, Castillo Alva y Gonzáles habrían ofrecido a Benavides ayudarla con su proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que removiera a los fiscales del equipo Cuellos Blancos que investigan al primero.
El apoyo se habría concretado con la declaración que Rodríguez, encargado de elaborar los informes técnicos sobre las llamadas telefónicas entre los Cuellos Blancos, habría brindado en mayo de 2023 a la JNJ limpiando de responsabilidad a la suspendida fiscal suprema.
Y es que existían comunicaciones entre Benavides Vargas y el empresario Antonio Camayo, sindicado integrante de la red criminal. Ante la declaración del oficial PNP, de acuerdo a la tesis fiscal, la entonces fiscal de la Nación cambió a los fiscales como lo exigió el letrado.
El otro grave hecho en el que está inmersa la fiscal en la presunta coima que habría recibido por direccionar una licitación de compra de computadoras para la Fiscalía. La buena pro por S/3 millones 451 mil 769 se concedió a inicios de octubre de 2023 a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú.
Según el relato del exasesor Jaime Villanueva, Giancarlo Valer, vinculado a esa compañía, le entregó después de la adjudicación un sobre manila que contenía S/70,000.
El dinero se lo repartieron entre Valer, Villanueva, el otro asesor Miguel Girao y el gerente de la Oficina de Logística de la Fiscalía, Jorge Palomino. Los restantes S/30,000 fueron a manos de Benavides, según la imputación.
Toda esta información fue elevada por la coordinadora del equipo especial contra la corrupción en el poder, fiscal Marita Barreto, a la suprema Delia Espinoza, quien por la investidura es la encargada de seguir el proceso contra Patricia Benavides.
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