En España hay una nueva variante en la inquiokupación, pero de la que apenas se habla: los refugiados convertidos en okupas. Usurpan viviendas a las que accedieron en régimen de alquiler con la mediación de la ONG fundación Apic-Acam. Los propietarios confiaron en la bondad del acuerdo, convencidos de que así también contribuían a una labor social, pero han acabado siendo víctimas abandonadas: tienen sus pisos okupados, no cobran las rentas de alquiler y tienen que hacer frente a sus gastos: «Nos han estafado».
Esta fundación, que gestiona programas internacionales de acogida a personas refugiadas, niega, sin embargo, tener responsabilidades, pese a haber tramitado el alquiler con propietarios para que arrendaran sus pisos. Una situación que afecta a varias personas en Zaragoza, con las que OKDIARIO se ha puesto en contacto, así como con los refugiados okupas, además de con la propia fundación.
Refugiados okupas
Lorena, es una de las afectados de lo que no dudan en calificar de «estafa». Reivindica que la fundación debería ayudarles a solucionar la situación pero que, por el contrario, se han desentendido justificando que «salieron del programa» de ayuda a refugiados que gestionaban en su día, programas que acostumbran a contar con apoyo e incluso financiación de las administraciones públicas.
«A mí la asociación me engañó, alquilé mi piso a un refugiado y ahora se ha vuelto un refugiado okupa», explica Lorena. «Después del primer año, la refugiada me dejó de pagar y así llevo seis años. La fundación Apic Acam se excusó diciéndome que esta refugiada no quería trabajar y que el problema pasaba a ser mío».
«Si este tipo de personas no quieren trabajar, ni salir adelante, lo que tendría que hacer Apic Acam, es acompañarnos como nos dijeron, hasta que ella se vaya de mi piso», critica mientras sufre la paralización de la orden de ejecución del desahucio por ser considerada su inquiokupa una persona vulnerable, según los servicios sociales.
«Esta persona se declara vulnerable, pero no es justo porque, en seis años, si no ha trabajado ni ha salido adelante, y no es autosuficiente, es porque realmente no quiere», explica Lorena, madre de familia numerosa y en paro.
«Yo me siento completamente engañada», expresa. «Me acordaré toda la vida de las palabras textuales que la fundación Apic-Acam me dijo sobre los refugiados: 'Vamos a ir contigo de la mano para ayudar a esta persona', y a mí me pareció súper bien», lamenta.
La inmobiliaria y Apic Acam
Lo mismo sucede con los hermanos José Manuel y Eva, quienes decidieron poner en alquiler la casa donde nacieron para hacer frente a los gastos del cuidado cuando su madre enfermó.
«Nuestra madre calló enferma de Alzhaimer, y tuvimos que llevarla a una residencia. Decidimos poner el piso en alquiler, para poder acarrear con los gastos. Recurrimos a una inmobiliaria, Gestión de Hogar y, de inmediato, la inmobiliaria nos propuso alquilar nuestro piso a través de una fundación, Apic-Acam», relatan.
«Nos requirieron el piso con celeridad, para ya, y nos pusimos a ello. En cosa de dos días, lo dejamos listo para poderlo alquilar. En el momento de la firma, se presenta el comercial de la inmobiliaria, con una trabajadora de Apic-Acam, Yolanda Salas, y los refugiados sirios», comparte José Manuel y su hermana.
«A la hora de firmar el contrato, nos dimos cuenta de que la fundación no figura en ningún momento en el contrato, y así lo expresamos, pero el propio comercial de la inmobiliaria nos dice que no hay ningún problema, que lleva años trabajando, y nos asegura que la fundación responde de cualquier problema que puede haber», lamentan. OKDIARIO se ha puesto en contacto con la fundación Apic-Acam en Zaragoza y en la oficina niegan conocer a esta persona.
Los refugiados
Los propios refugiados políticos también están molestos con Apic-Acam, tal y como ellos mismos han afirmado a este periódico. OKDIARIO pudo conversar con una de las familias refugiadas en la propia casa okupada. Se trata de una familia de Siria, que llegaron a España a través de Jordania y que amablemente nos abrieron las puertas de la casa que okupan en Zaragoza.
Llegaron a la capital aragonesa gracias a los planes de cooperación de refugiados. El patriarca, un hombre que rozará los 50 años, no quiere salir en las cámaras, porque no habla bien el idioma, pero nos ofrece sentarnos en su sofá e intentamos entendernos. Según expresan, la familia también está decepcionada con el trato que recibió de la fundación.
«No ayuda, muy mal, muy mal», explica en su escaso español. Dice que es chef, y que no puede trabajar a causa de una enfermedad hepática, pero que no quiere saber nada de Apic-Acam, porque dejaron de formar parte del programa. «Después de seis meses con Apic Acam, nada», explica, «plaza España, no tener dinero y no comer», gesticula llevándose la mano a la boca dando a entender que tuvo que pedir en la calle.
Llegaron a Zaragoza él, su mujer y sus tres hijos. La casa está muy limpia, perfectamente ordenada. Es una familia musulmana proveniente de Siria y Jordania.
Tanto los propietarios como los refugiados políticos okupas coinciden en señalar el mal trato de la fundación. «Al final, quienes estamos haciendo la labor social somos nosotros, a costa de nuestro tiempo y nuestra propiedad, no esta fundación», lamenta José Manuel, que sufre junto a su hermana un quebranto que se está dilatando sin que vean una salida.
Se sienten engañados
«Evidentemente, si no hay una fundación, este tipo de personas no encontrarían una casa, puesto que vienen aquí, con otra cultura, con otro idioma, sin trabajo, con hijos…, nadie les alquilaría la casa. ¡En qué cabeza entra que si nos llegan a informar que esta situación podía darse íbamos a alquilar el piso!», lamentan. «Ni nosotros ni nadie, porque hay más afectados como nosotros», añade.
«No tenemos respuesta ni a nivel de la fundación ni tampoco institucional. Estamos totalmente desamparados», expresa. Durante meses, estos hermanos intentaron una solución amistosa con los refugiados políticos okupas.
«Les buscamos una opción habitacional en otro municipio y trabajo, pero declinaron. Nos dijeron que estaban bien en nuestra casa y que no se movían», relata José Manuel. Tras hablar con los servicios sociales y con la propia asociación Apic-Acam y no obtener ninguna respuesta, decidieron recurrir a la vía judicial.
Orden de desahucio
En ambos casos que relatamos, se llegó a fijar una fecha de desahucio en 2020, coincidiendo con la pandemia. Justamente con el decreto aprobado de Pedro Sánchez, que se ha ido renovando año en año.
En el caso de los hermanos, según relatan, los okupas incluso presentaron el recurso fuera de plazo, acogiéndose a la situación de vulnerabilidad. «Va para largo, tras la decisión de prorrogar el decreto de antidesahucios que presentó EH Bildu», lamentan exasperados.
No saben qué hacer. Ni Lorena ni José Manuel ni Eva entienden nada. Se encuentran en un callejón jurídico sin salida. Con un silencio estremecedor por parte de la fundación, que se mantiene hermética ante las preguntas de este periódico.
No es una situación fácil. El tiempo sigue corriendo sin que estos afectados vean una solución para recuperar sus propiedades okupadas. Se sienten engañados y jurídicamente desamparados. Son muchos años tratando de recuperar su vivienda, y en el transcurso sus propias vidas han cambiado, para poder asumir los gastos que conlleva el mantenimiento de otras familias a costa de su patrimonio y de su esfuerzo.