REDACCIÓN
Un total de 1.148 ganaderos gallegos recibirán ayudas de la Xunta para compensar los daños ocasionados por el ataque de lobos a sus animales durante el pasado año. En total la Vicepresidencia Segunda de la Xunta y Consellería de Medio Ambiente destinará más de 713.000 euros a pagar estas indemnizaciones.
Entre los beneficiarios hay 17 ganaderos que cobrarán más de 3.000 euros por las pérdidas derivadas de estos ataques, según la resolución publicada ayer por el Diario Oficial de Galicia.
Los ataques de lobos a la cabaña ganadera no dejan de crecer. En 2023 se alcanzó una cifra récord: los ganaderos informaron de hasta 1.644 ataques del depredador a sus granjas, en los que sucumbieron un total de 2.804 animales.
Se trata de los más elevados de la serie histórica, que permite remontarse hasta 2010. En comparación con el ejercicio anterior, los ataques de lobos suponen un incremento de un 23 por ciento. En la misma medida, un 24 por ciento, se disparan las víctimas de esos asaltos.
Esas cifras suponen que, de media, los dueños de explotaciones trasladan a las autoridades nueve ataques cada dos días que afectan a una quincena de reses, desde caballos a cabras o vacas, entre las que se han incrementado más los daños, pero, sobre todo, ovejas. En comparación a una década atrás, los asaltos notificados por las granjas casi se han triplicado, mientras la cabaña ganadera dañada en esas incursiones experimentó un salto de un 128 por ciento.
Las provincias más castigadas son las del interior, en especial Lugo. Durante el último año sus ganaderías han sufrido asaltos por parte de lobo en 850 ocasiones, más del doble que en Ourense, donde se registraron 400 ataques, y también Lugo ha acusado más pérdidas: las reses dañadas ascienden a 1.450, el doble que en Ourense (701).
En A Coruña las embestidas del lobo han ido a más: se notificaron 316 asaltos y 494 reses abatidas. Mientras en Pontevedra, la zona menos afectada de Galicia, los números descienden, respectivamente, a los 78 y 159. De hecho, es la única provincia que notifica menos agresiones con respecto a 2022 –cuando habían sido 85–, si bien sí hay una ligera subida en los animales perjudicados, 11 más.
El lobo fue incluido en 2021, por parte del Gobierno central, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que implica que su caza está prohibida. Esto ha generado rechazo y malestar en las comunidades del noroeste, las más afectadas por los ataques de este depredador a las cabañas ganaderas.
La Comisión Europa (CE) propuso el pasado mes de diciembre a los miembros de la UE rebajar la protección del lobo para "flexibilizar" su gestión ante el aumento de ataques al ganado en ciertas zonas del continente y al entender que su población se ha elevado "considerablemente".
El Gobierno ha condicionado rebajar la protección del lobo a que se actualicen los censos sobre este animal. En Galicia, según el último registro oficial elaborado por la Xunta, se ha constado la presencia de 93 manadas, lo que implica una evolución positiva de esta especie derivada del abandono del rural.
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