En la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, manifestó la postura del gremio frente al proyecto de reforma integral a la tramitación de los permisos sectoriales, impulsado por el Gobierno, que busca promover una mayor inversión en el país a través de un Sistema de Permisos Inteligentes.
En su exposición, Vial sostuvo que, de acuerdo con una encuesta realizada por el gremio a sus empresas socias, éstas tienen actualmente una evaluación general negativa sobre la eficiencia de los permisos y autorizaciones (ambientales, sanitarias, de construcción, patentes, entre otras) y que, por contraste, las mejores evaluaciones corresponden a áreas en las que se ha invertido estratégicamente en mejorar los procedimientos, como ocurre con la creación de empresas o inicio de actividades.
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En este sentido, la presidenta de la CCS sostuvo que este proyecto es "de vital importancia para el desarrollo y la eficiencia de nuestro país, pues regula un área que reviste un papel fundamental en la generación de emprendimiento, empleo e inversión" y valoró que la iniciativa "reduce la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas, fomenta la innovación y el emprendimiento, y promueve significativamente un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico sostenible".
Sin embargo, la dirigente gremial advirtió que existen algunos puntos por mejorar. Uno de ellos es que, pese al esfuerzo en sistematizar autorizaciones por tipologías, siguen existiendo "otras autorizaciones", lo que resta efectividad a la clasificación e introduce incertidumbre.
En cuanto a las normas mínimas, Vial sugirió incorporar un plazo fijo para declarar la admisibilidad de un proyecto de inversión, la obligación de la administración de pedir la documentación complementaria en un solo acto y de brindar certeza al solicitante respecto de los documentos y autorizaciones requeridas y plazos aproximados a través de un documento emitido por la autoridad competente.
Respecto del "silencio administrativo negativo", la presidenta de la CCS advirtió que "el fundamento del rechazo no puede ser simplemente el paso del tiempo. Por esto, cumplido el plazo, debe existir una instancia ante el superior jerárquico que fundadamente y en un plazo perentorio inferior apruebe o rechace fundadamente".
En cuanto a la exclusión de personas incluidas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, Vial propuso que una mejor opción podría ser optar por un mecanismo de retención por esta vía y advirtió que nada se dice respecto de condenados por violencia intrafamiliar o delitos de corrupción.