Tras un ejercicio de periodismo de datos, se encontró que Santander hace parte de los cinco primeros departamentos de Colombia con más minería ilegal, teniendo en cuenta los delitos, capturas e incautaciones, de acuerdo con Mindefensa. El crecimiento de los delitos de esa actividad ilícita entre 2014 y 2023 es de 219 %, mientras que el incremento de capturas es aún mayor, con un alza de 326 %. Los principales minerales extraídos por este tipo de minería en Santander son carbón, oro y calizas; y los tres municipios con más registros son Bucaramanga, San José de Miranda y Cimitarra.
Desde hace varias décadas, Ramiro Vásquez le hace vigilancia al actuar de las entidades públicas de Bucaramanga y Santander. Además ha hecho varias investigaciones sobre contratos que incluyen recursos públicos. Pero hace cinco años se interesó por la defensa del medioambiente y denunciar la minería ilegal.
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"Conocí que un grupo de ciudadanos agrupados en el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán se dedicaron a ejercer una supuesta defensa de ese ecosistema, sin importarle lo que pudiera pasarles a los habitantes de California, Charta, Suratá, Vetas y Tona (provincia de Soto Norte), tanto en lo social como en lo económico. Más bien se dedicaron a realizar proselitismo político, agitando banderas para captar votos y así ser elegidos, bien sea como alcaldes, concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara y luego senadores", relata Vásquez, quien es coordinador de la Veeduría Ciudadana Activa Santandereana.
Esto fue lo que le motivó a empezar esta cruzada en la defensa del agua, del páramo de Santurbán y la lucha contra la minería ilegal que utiliza mercurio. Por este trabajo, la Contraloría General de la República reconoció el trabajo de este bumangués el año pasado y lo reconoció como el mejor veedor de Colombia.
Este veedor ciudadano se refiere a la expansión de la minería ilegal en el páramo en los últimos años, en donde unas 400 personas, coordinadas por mafias, entre locales y foráneos, extraen oro en las 280 hectáreas que le correspondía explorar a la multinacional canadiense Eco Oro. En la actualidad, esta área abandonada a su suerte por el Estado tras la salida de la compañía, carece de presencia permanente de las autoridades.
Auge de la minería ilegal en la última década
Este auge de minería ilegal tiene a Santander como el quinto departamento con más delitos relacionados con la afectación al medioambiente por explotación de actividad ilícita, deforestación, contaminación al medioambiente y daños naturales, entre otros, en la última década, de acuerdo con las bases de datos del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa.
En total, son 3.896 delitos de este tipo en el departamento en los últimos 10 años, por detrás de Antioquia (16.840), Caldas (9.522), Bogotá (5.896) y Córdoba (5.240), que completan el top 5 nacional.
Y si se pone la lupa solamente en los delitos por explotación y producción de minería ilegal, Santander ocupa la quinta posición con 519 registros, por detrás de Antioquia (4.095), Cundinamarca (777), Boyacá (672), y Córdoba (523).
De esta manera, Santander, entre el 2014 y 2023, ha experimentado un crecimiento de delitos por minería ilegal del 219%, con base en los datos del observatorio, alcanzando su pico de reportes en el 2020, cuando hubo 79.
Tras ese año, la tendencia ha sido creciente en comparación con los años antes de la pandemia. Mientras tanto, por el lado de las capturas, el incremento ha sido del 326%, alcanzando su máximo en el 2023, con 179 registros, pero desde el 2020 la tendencia es alcista.
Este sombrío panorama regional lo confirma el reciente Índice Subnacional de Riesgos 2023, de Colombia Risk Analysis, al revelar que Santander fue de los departamentos más riesgosos en la categoría de medioambiente para el 2022 y el 2023, por cuenta de la cantidad de delitos por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, así como la contaminación ambiental.
De acuerdo con los resultados del Índice de Riesgos Subnacional 2023, Santander obtuvo un puntaje de 37,97 sobre 100, ubicándose en la casilla 31 entre todos los departamentos, quedando además en la categoría de riesgo moderado, por detrás de Bogotá y Antioquia, las regiones con más riesgos.
Hallazgos en estos 10 años
Por lo tanto, al realizar este ejercicio de minería de datos con las cifras de delitos, capturas e incautaciones por minería ilegal, se encontró que en los municipios en donde hay extracción y producción de carbón y oro hay mayor probabilidad o tendencia en la actividad minera ilegal en Santander.
A su vez, se evidenció que las poblaciones con más presencia de este tipo de minería son las que tienen mayores reportes de capturas como Bucaramanga, San José de Miranda, Cimitarra, California y Sabana de Torres.
Asimismo, se pudo constatar que el 2020 fue un año de quiebre en la expansión de la minería ilegal, ya que tras esta fecha esta actividad ilícita tomó fuerza, al parecer, por las necesidades económicas y sociales que acarreó la pandemia.
De esta manera, los datos recopilados revelan un patrón notable en el desarrollo minero. Este se concentra en las zonas rurales del departamento, por eso su potencial significativo para el crecimiento económico y sus implicaciones negativas para el medioambiente y las comunidades locales.
Las denuncias de Ramiro Vásquez sobre oro y mercurio en Santurbán
En ese camino de denuncias e investigaciones sobre lo que sucedía en el páramo, Vásquez dice que encontró estigmatizaciones, incluso le endilgaron ser defensor de la minería industrial. "Ellos vieron que mi ejercicio sí ha sido la defensa del agua y la búsqueda de la salud de los habitantes de la región Soto Norte, en donde sí están afectados por el uso de mercurio y metales pesados en la extracción de oro de manera ilegal".
Los altos niveles de mercurio que se vienen registrando en el río Suratá han puesto en evidencia la magnitud del problema de minería ilegal en Santurbán. Si bien desde hace años se han reportado altos niveles de mercurio en el río Suratá, este fenómeno ha aumentado desde mediados de 2022.
El 28 de julio de ese año, el río Suratá registró 163 microgramos de mercurio por litro de agua. Se trata de una cifra 81 veces superior al límite permitido (2 µg/L) y de lejos el mayor registro en los últimos 15 años.
Estas cifras tienen estrecha relación con los resultados encontrados en las bases de datos del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, California, uno de los principales municipios mineros de Santander, que hace parte de la provincia Soto Norte y en donde se ubica Santurbán, es la cuarta población del departamento con más minería ilegal. En los últimos 10 años, se reportaron 30 capturas y 46 delitos por esta actividad ilícita.
Otro obstáculo que se encontró Vásquez en sus investigaciones fue la negativa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de entregarles los reportes de mercurio de la planta de agua Bosconia.
"Lo hice a través de derecho de petición, por lo que tuve que acudir a la tutela y luego al desacato para poder obtener las evidencias gráficas que pueden demostrar la gravísima afectación con mercurio, que pone en altísimo riesgo la salud de los ciudadanos del área metropolitana y, de manera especial, a quienes viven alrededor de las fuentes hídricas que abastecen a dicha planta", reseña el veedor ciudadano.
Esto confirma los datos del observatorio de cifras de Mindefensa. Bucaramanga es el municipio de Santander con más reportes de minería ilegal, con 176 en total en los últimos 10 años, para 122 capturas, 51 delitos de esta actividad ilícita y 3 incautaciones de maquinaria.
Le sigue San José de Miranda, una población en donde se extrae carbón con 120 reportes; y Cimitarra, en el Magdalena Medio, en donde también sacan carbón, con 79 reportes.
"Hoy, esa altísima minería ilegal en Bucaramanga y Santander con sus municipios insignias como Vetas, California, Charta, Suratá, entre otros, están padeciendo el accionar de grupos al margen de la ley y el Eln ya ronda por esas zonas. Y la otra afectación se da en la escarpa occidental de Bucaramanga por esa minería ilegal, que ya está asentada en ella. Las autoridades lo conocen y nada están haciendo", alerta Vásquez.
Escarbando en las bases de datos abiertas, se encontró que en la última década la Policía y autoridades ambientales han incautado 2.880 gramos de mercurio entre los municipios de Lebrija, Bucaramanga y California.
"Los gobernantes no se han interesado en la salud de los ciudadanos que son los afectados por la contaminación con mercurio y otros químicos. Y esto no es poca cosa. Esto es de altísima preocupación y de riesgos en la vida de miles ciudadanos que habitan Santander", concluye el veedor.
El auge del carbón en el Magdalena Medio santandereano
Estas advertencias de Vásquez sobre los riesgos en las vidas de quienes habitan Santander se han materializado en decenas de muertes en el último año. Por ejemplo, el pasado 8 de noviembre de 2023 se presentó una grave emergencia al interior de una mina de carbón en el corregimiento de Plan de Armas, en Landázuri, Santander, con un saldo de cinco muertos y dos heridos.
Esa fue la quinta tragedia minera registrada en la región. Antes, hubo otras cuatro como la ocurrida el 12 de julio de 2023 al interior de un socavón de una mina de oro, ubicada en zona rural del municipio de California, en Soto Norte. Un minero manipulaba un explosivo que terminó estallando y causándole lesiones que le costaron la vida.
Otra se dio el 10 de junio de ese mismo año, en la vereda Corinto, en Landázuri, en donde un minero falleció mientras iniciaba sus labores al interior de una mina de carbón. Él entró primero al socavón e inhaló el aire contaminado y mientras sus compañeros salieron con vida del lugar, él no alcanzó y terminó perdiendo la vida.
También en la vereda La Soledad, zona rural de este mismo municipio, un minero murió sepultado tras un alud en una mina de carbón en el mes de mayo de ese mismo año. Por último, en abril del 2023, un minero murió en una mina de carbón ilegal, ubicada en el corregimiento Kilómetro 15, en la zona limítrofe entre los municipios de Landázuri y Cimitarra. La víctima inhaló gases tóxicos.
Y a mediados de febrero de 2024 se presentó otra emergencia minera. Una explosión al interior de una mina de carbón en zona rural de Landázuri, en el sur de Santander, dejó como saldo un muerto y otro herido, según Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.
Las autoridades civiles y ambientales han establecido que en los municipios del Magdalena Medio santandereano hay por lo menos 400 minas ilegales, que han generado la llegada de cientos de personas del interior del país y de nacionalidad extranjera.
"Esto se convirtió en un problema social. Acá llega gente de Boyacá, Valle del Cauca, personas de nacionalidad extranjera con la fiebre de trabajar en esas minas y eso nos ha dejado tragedias. Esto es un problema que se ha agravado y pedimos la intervención de la agencia minera y de las autoridades ambientales", manifestó la Secretaría de Gobierno de Landázuri.
Otro foco de minería ilegal se da en el municipio de San José de Miranda, el segundo en el ránking, detrás de Bucaramanga, con 120 reportes en la última década, siendo el carbón su principal mineral de extracción. Por ejemplo, el 27 de febrero de este año, la Policía capturó a tres hombres de esta población por minería ilegal.
De acuerdo con las autoridades, estas personas se encontraban realizando trabajos de extracción de carbón en una bocamina de la parte alta de una montaña en la vereda Cutaligua. Esta mina de carbón carecía de licencia ambiental de la Corporación Autónoma de Santander, y no tenía ni título minero o amparo administrativo que acreditara la legalidad de la actividad.
A partir de estos casos y con base en las cifras de las bases de datos consultadas, se puede evidenciar que la zona rural de Santander es la más afectada por la minería ilegal. Por ejemplo, se encontró que, del total de delitos, 411 se dieron en la ruralidad santandereana, eso equivale al 79,1 %; mientras que en la zona urbana se registraron 108 casos en los últimos 10 años.
¿Qué dicen los expertos?
Luego de esbozar este panorama, Álvaro Javier Idrovo, profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander y reconocido experto en salud ambiental, subraya la necesidad de abordar la falta de vigilancia y capacitación en relación con la minería ilegal en el departamento durante la última década.
En una reciente entrevista con Vanguardia, Idrovo destaca que las responsabilidades de monitorear el medioambiente recaen principalmente en las autoridades ambientales y las corporaciones autónomas.
"Desde el punto de vista legal, es evidente que la vigilancia ambiental no ha sido adecuada en los diferentes territorios afectados por la minería ilegal en Santander", explica Idrovo. Y agrega: "La falta de capacitación para identificar los riesgos asociados con estas actividades también ha sido un factor significativo".
Por otra parte, la directora de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, Angélica María Muskus, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre las causas del aumento significativo de delitos ambientales y capturas por minería ilegal en Santander, especialmente en el contexto de la pandemia.
Según Muskus, la crisis económica generada por la pandemia ha dejado a muchas personas desempleadas o con ingresos reducidos en Bucaramanga y a nivel nacional. Aunque se registró una disminución leve en el índice de pobreza monetaria del Dane y una baja tasa de desempleo en la ciudad, muchas personas aún buscan en la minería ilegal una forma de subsistir y satisfacer sus necesidades básicas.
La experta también detalla que la minería ilegal, en muchos casos, está vinculada al subempleo y a otros fenómenos socioeconómicos, como la migración, el crecimiento demográfico y la disponibilidad de oportunidades de empleo. Esto indica que la minería ilegal se ha convertido en una opción de ocupación para comunidades que enfrentan dificultades económicas.
La académica explica que, aunque Santander no está entre los tres primeros departamentos en donde se practica la minería sin permiso de explotación, es crucial destacar que cualquier forma de minería, por pequeña que sea, puede tener impactos negativos significativos en el medioambiente.
Por ejemplo, señala que la tala de árboles en los sitios de extracción minera conduce a la pérdida de cobertura vegetal, hábitat de especies y biodiversidad.
Ante esta situación, advierte sobre los riesgos asociados con el uso de productos químicos como el mercurio, cianuro y otros metales pesados en el proceso de extracción de minerales, los cuales pueden contaminar los cuerpos de agua cercanos.
"Esta contaminación no solo afecta a las comunidades acuáticas, sino que también puede tener repercusiones negativas en la salud humana a través del consumo de alimentos contaminados."
La exposición crónica a altas concentraciones de metales pesados como el mercurio puede causar graves daños al sistema nervioso central, especialmente en niños y niñas. Además, la manipulación directa de estos productos químicos por parte de los trabajadores mineros puede resultar en efectos adversos graves para la salud.
Muskus alerta que la extracción minera ilegal puede deteriorar la calidad del suelo al remover sus capas superficiales o alterar la topografía de la zona, lo que puede provocar la inestabilidad del terreno y deslizamientos posteriores.
Asimismo, advierte sobre el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades locales debido al deterioro de los servicios ecosistémicos disponibles en la región.
A su vez, Miguel Francisco Contreras, especialista en Derecho Constitucional y en Instituciones Jurídico-procesales, abogado del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso y docente de Derecho Ambiental, coincide con el investigador Idrovo y señala cómo la omisión estatal en el cumplimiento del principio de prevención a través de la supervisión, vigilancia y rendición de cuentas del sector minero legal es la principal causa del auge de minería ilegal en Santander.
A pesar de décadas de explotación de los recursos naturales, como parte central del modelo económico del país, Contreras sostiene que el sector minero no ha sido regulado adecuadamente, como lo demuestran múltiples decisiones judiciales.
En particular, menciona una sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, que cuestiona la herramienta conocida como "ventanilla minera" para la concesión de títulos mineros.
Según el abogado, es inaceptable que, a pesar de la prohibición de realizar trabajos mineros en ecosistemas protegidos, existan alrededor de 1.000 títulos mineros superpuestos en áreas sensibles como páramos, ríos, bosques biodiversos y parques naturales.
"Esta superposición evidencia una falla estructural en la regulación minera y una falta de aplicación efectiva de la ley para proteger los ecosistemas vulnerables".
En consecuencia, la falta de rigurosidad del Estado en la supervisión de la concesión de títulos mineros resulta en una situación ilegal en el ámbito de la minería legal.
Además, explica que el aumento de la minería ilegal en Santander también se debe al constante aumento del precio de los minerales, combinado con la falta de empleo formal y la poca presencia estatal, lo que lo convierte en una forma de generar ganancias económicas a partir de la extracción ilegal de los minerales.
Entre 2022 y 2023, según la Asociación Colombiana de Minería, cerca de 5.000 mineros en Colombia se formalizaron a través de subcontratos y otros modelos de coexistencia, que permiten avanzar en una pequeña minería con estándares y aportes fiscales, sociales y ambientales. De ese total, 160 se dieron en Santander.
Principales afectaciones socioambientales
En relación con las afectaciones de la minería ilegal en el medioambiente de Santander y a la salud humana, Contreras afirma que una de las principales y más evidente recae en el agua.
"El uso del mercurio, prohibido por ley, es común en la minería ilegal, afectando ecosistemas acuáticos como el río Suratá, vital para el abastecimiento del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Este hecho ilustra la gravedad de la situación, especialmente en zonas cercanas al Páramo de Santurbán y la antigua mina de Eco Oro en California", puntualiza el abogado.
En cuanto a la tierra, señala que la minería ilegal provoca erosión y desprendimiento del suelo al eliminar la capa vegetal en los márgenes de los cuerpos de agua, generando deslizamientos por la disposición de escombros y residuos. "Además, la contaminación con sustancias nocivas afecta la productividad de la tierra y la salud de los ecosistemas, como se ha documentado en la escarpa de Bucaramanga".
Finalmente, el experto en temas jurídicos y ambientales afirma que el aire también se ve afectado por la minería ilegal, ya que las actividades como la adecuación de carreteras o la perforación de suelos emiten material particulado y gases tóxicos que pueden causar enfermedades respiratorias.
¿Qué se debe hacer?
La directora de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UPB Bucaramanga sugiere que las instituciones educativas pueden desempeñar un papel fundamental en la sensibilización de la comunidad mediante la implementación de estrategias de educación ambiental.
Estas estrategias deben centrarse en concienciar a las personas sobre los impactos negativos de la minería ilegal tanto en el medio ambiente como en la salud humana.
Además, propone el desarrollo y la aplicación de modelos de predicción para identificar posibles focos de desarrollo futuro de la minería ilegal. Esta información puede ser invaluable para implementar estrategias de control y prevención en áreas vulnerables.
Asimismo, el investigador de la UIS señala que hay esfuerzos recientes para abordar esta problemática, como los diplomados en salud ambiental dirigidos a las autoridades de salud, incluyendo la Secretaría de Salud de la Gobernación.
No obstante, expresa su preocupación por el nivel de conciencia ambiental en las corporaciones autónomas, sugiriendo que aún queda trabajo por hacer en este aspecto.
"Es alentador ver que se están tomando medidas para mejorar la conciencia sobre la salud ambiental, pero es fundamental que las corporaciones autónomas también intensifiquen sus esfuerzos en este sentido", enfatiza Idrovo.
En cuanto a las zonas afectadas por la minería ilegal, Muskus enfatiza en la importancia de desarrollar estrategias de remediación y recuperación de los ecosistemas intervenidos. Estas acciones son fundamentales para restaurar la salud de los ecosistemas y mitigar los daños causados por la actividad minera.
Finalmente, la directora insiste en la necesidad de apoyar a las comunidades afectadas mediante la implementación de estrategias de transición económica. "Estas estrategias deben ofrecer alternativas de generación de ingresos que sean ambientalmente responsables, brindando a las personas oportunidades económicas sostenibles que no dependan de la minería ilegal, debido al deterioro de los servicios ecosistémicos disponibles en la región".
Por su parte, el abogado Contreras sugiere al Gobierno nacional y a las autoridades locales coordinar políticas públicas para poner fin a la contaminación por mercurio provocada por la minería ilegal. E insiste en la importancia de formalizar y entregar títulos mineros a asociaciones y personas de estos municipios como parte de un ordenamiento jurídico adecuado.
Además, recomienda a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) incrementar la vigilancia y control sobre la contaminación por metales en el agua en su jurisdicción. "Esto implica iniciar investigaciones a través de procesos sancionatorios ambientales y coordinar con la Fiscalía General de la Nación para determinar los responsables y las causas de la minería ilegal".
En términos generales, enfatiza en la necesidad de aplicar la normatividad existente de manera efectiva. Menciona leyes y decretos relevantes, como el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 1333 de 2009, así como disposiciones del Código de Policía que protegen los recursos hídricos y el medio ambiente.
Los expertos coinciden, finalmente, en que la educación ambiental es una herramienta fundamental para sensibilizar y proteger los recursos naturales, apoyados con capacitación para comunidades, con el fin de cambiar la forma en que las personas se relacionan con la naturaleza y prevenir los delitos ambientales.
Estas observaciones resaltan la complejidad de las causas que impulsan la minería ilegal en la región y la necesidad de abordar no solo sus aspectos legales y ambientales, sino también sus raíces socioeconómicas.
Hoy en día, Santander se encuentra en riesgo por el auge de esta actividad ilícita, a la que se exponen los habitantes de la región, así como el aumento de delitos y afectaciones al ecosistema.
El crecimiento de los delitos por minería ilegal en Santander, entre 2014 y 2023, alcanza los 219 %, mientras que el incremento de capturas es aún mayor, con un alza de 326 % en los últimos 10 años.