Seis años después del arranque en la Corte Suprema del proceso en su contra por fraude procesal y soborno de testigos, Álvaro Uribe Vélez terminó acusado y convertido en el primer expresidente de la República que enfrenta un juicio penal en la historia moderna del país.
En su primera gran decisión, la fiscal Adriana Camargo le dio un giro radical a la posición que por más de tres años mantuvo la administración de Francisco Barbosa en el caso. Así, el fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema (que asumió el proceso el 16 de enero pasado, nombrado por el mismo Barbosa), Gilberto Villarreal, no insistió en la preclusión (cierre del caso a la espera de nuevas pruebas) sino que optó por acusar al expresidente y líder del Centro Democrático.
"El doctor Álvaro Uribe Vélez, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con él beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y/ o otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos que no correspondían a la realidad y que les sirvieran para falsear o colocar (sic) en duda versiones que contra él y su hermano Santiago habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda", se lee en el escrito de acusación. Son estos dos últimos los que habían hablado de supuestos nexos de los hermanos Uribe Vélez con la conformación de grupos paramilitares en los 90 en Antioquia.
La tesis de la Fiscalía es radicalmente distinta de la que sostuvieron otros dos fiscales nombrados en la era Barbosa para el proceso, Gabriel Jaimes y Javier Fernando Cárdenas, quienes no lograron en actuaciones independientes que dos jueces de Bogotá avalaran su solicitud de cerrar el proceso contra Uribe por la supuesta inexistencia de indicios concluyentes que mostraran su responsabilidad en las actuaciones de Diego Cadena.
Mientras ellos consideraron que no había cómo establecer que Cadena obedecía a indicaciones del expresidente, el nuevo fiscal consideró que "particularmente el doctor Uribe Vélez determinó al abogado (Cadena) para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas". Y dice que esas actuaciones supuestamente indujeron a error a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia".
El caso, por haber perdido el fuero el expresidente, pasa al juez 44 penal de Bogotá, quien tendrá en sus manos la suerte del político más poderoso e influyente del país en el último cuarto de siglo.
En la arena judicial, se trata de un proceso inédito que pondrá a prueba la fortaleza de la justicia colombiana y su capacidad para sacar adelante, sin presiones y con pleno respeto por las garantías del procesado, una causa en la que el acusado es el líder de una corriente de centroderecha con la que se identifican millones de colombianos y, a la vez, blanco de ataques y cuestionamientos permanentes de amplios sectores, incluidos el liderado por el hoy presidente Gustavo Petro.
En el caso de la fiscal Camargo, además del reto de sacar adelante un proceso penal como los millones que tiene a cargo la institución correrá con la carga de demostrar que el hecho de haber sido ternada por el presidente Gustavo Petro, otrora enemigo político de Uribe, no influye en las actuaciones de su institución. No es una carga nueva: también rondó a Francisco Barbosa, que por haber sido ternado por el presidente Iván Duque fue señalado de favorecer al expresidente Uribe, más aún después de las dos fallidas solicitudes para precluir el caso.
Para el abogado penalista Luis Carlos Oviedo Herrera consideró que lo que viene es que en juicio se demuestre o no que el expresidente haya sido determinador de los delitos por los cuales ha sido acusado", dijo Oviedo Herrera, quien añadió que este será un "juicio complejo" toda vez porque las pruebas no son menores, son complejas y muy seguramente los abogados del ex senador Uribe van a aportar un volumen alto de pruebas.
En el plano político, el llamado a juicio a Uribe llega en uno de los momentos más polarizados de la historia reciente del país y cuando el mismo exmandatario ha acusado al gobierno del presidente Gustavo Petro de haber devuelto al país al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso con el supuesto fin de enredarlo en procesos por apoyo a los grupos 'paras'.
En ese sentido, el analista Jairo Libreros considera que los efectos políticos del enjuiciamiento del máximo líder del Centro Democrático "va a crear una imposibilidad de llegar a acuerdos". "Aunque la Fiscalía es un órgano de naturaleza judicial, se lee de una forma política. Va a haber distorsiones, porque van a utilizar el juicio de forma electoral y seguro sus efectos terminarán proyectándose hasta las campañas de 2026". Sea cual sea la decisión que se tome sobre el expresidente, se da como un hecho que el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, a la Sala Penal de la Corte Suprema, en un proceso jurídico que puede tardar varios años
"El proceso se va a politizar de ambos lados. Va a ser un elemento para descalificar", anticipa.
Por su lado, los también analistas Héctor Riveros y Yann Basset coinciden en las repercusiones mediáticas del caso, pero no en sus efectos sobre el mundo político, más de cara a 2026.
"Aunque cohesiona a la derecha y genera un efecto de solidaridad general y hace un efecto en contra del presidente Petro, la correlación de fuerzas sigue igual", señala Riveros.
Y agrega Basset: "Los temas judiciales alrededor de Uribe generan pasiones entre partidarios y detractores. Que eso ocurra en el cambio de administración de la Fiscalía da una lectora de persecución entre los aliados del expresidente, mientras que hay una lectura de favorecimiento en la Fiscalía de Barbosa. Pero Uribe ya no está en el centro del juego político. Creará polémica, pero no habrá repercusiones tan fuertes como hace unos años".