Con ostensible y honroso acierto, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica propició la corrección de un craso error ocurrido hace 76 años, cuando las maledicencias y los odios llevaron a que un grupo de compatriotas sufrieran una serie de vejámenes.
En efecto, tras los aciagos episodios de la guerra civil que afligió a la sociedad costarricense entre marzo y abril de 1948, la entonces recién creada Universidad de Costa Rica (UCR) no escapó a las consecuencias nefastas de esta reyerta, lo cual condujo a una profunda división entre sus profesores, estudiantes y personal administrativo.
Tras el término del conflicto y en lugar de propiciarse un ambiente de reconciliación en la comunidad universitaria, acaecieron varios episodios de encono contra personas acusadas de oponerse al bando que se impuso en la contienda, es decir, al grupo dirigido por el llamado Ejército de Liberación Nacional.
Pero gracias a una acertada investigación que la historiadora y docente Patricia Fumero realizó en 1997, se conocieron las draconianas acciones de tribunales ad hoc del Consejo Estudiantil Universitario de aquel entonces, cuyos miembros, tras supuestos juzgamientos, decidieron que 17 profesores y 5 alumnos debían separarse de la universidad, so pena de ser hostilizados, por lo que todos tuvieron que retirarse.
El oprobio se mantuvo impune hasta este año, cuando el Consejo Universitario de la UCR acordó emitir una disculpa pública e inaugurar una placa reivindicatoria con los nombres de las 22 víctimas de tan rencorosa inquina.
Ignominia normativa
No obstante, la persona que recibió más ultrajes y agravios en la coyuntura de 1948 fue precisamente el exmandatario Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, sobre quien se perpetró un ilegítimo elenco de actos contra su honor, prestigio profesional, patrimonio y familia.
En mayo de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República emitió el Decreto-Ley N.º 16 que creó los Tribunales de Sanciones Inmediatas, ente que, como su nombre lo indica y sin fundamento jurídico alguno, le decomisó la vivienda al Dr. Calderón en el barrio Escalante y se la adjudicó al Estado.
El traspaso fue ratificado por la Junta (Decreto-Ley N.º 652 de agosto de 1949). Igual despojo sufrió su madre, Ana M. Guardia Mora, de su propia casa.
Pocos meses después, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos determinó, el 4 de agosto de 1948, su expulsión inmediata del gremio, así como una prohibición a perpetuidad para que ejerciera su profesión de médico en nuestro territorio.
Por su parte, los doce miembros de la referida Junta Fundadora le asignaron la condición de traidor a la patria (Decreto N.º 322 de diciembre de 1948), decisión que, un año más tarde, fue ratificada por la misma entidad (Decreto N.º 840 de noviembre de 1949).
Finalmente, el 15 de enero de 1949 y con el voto de 40 de sus miembros, la Asamblea Nacional Constituyente ordenó que el retrato del Dr. Calderón Guardia fuera quitado del Salón de Expresidentes de la República en el Congreso. El óleo fue dejado a su suerte y años después encontrado en paupérrimas condiciones.
Historia y tiempo
El inexorable pasar de los años permitió la paulatina reivindicación del Dr. Calderón Guardia, pues comenzó a descubrirse el cúmulo de subterfugios e invectivas efectuadas contra su persona.
En marzo de 1956 y por petición firmada por cientos de profesionales en medicina, el Colegio de Médicos y Cirujanos revocó lo actuado en 1948 y restituyó al expresidente todas sus prerrogativas.
En marzo de 1957, el Congreso derogó lo aprobado en 1949 y reinstaló su retrato en la pinacoteca legislativa y en 1960 cuando se le restituyó la casa. Pero fue en el 2020 cuando el plenario legislativo suprimió los decretos de felonía.
Además, tras vivir los embates del exilio en México durante casi una década, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia volvió a Costa Rica en 1958, después de lo cual regresó, con gran distingo, puesto que en 1966 fungió como nuestro embajador en ese país, hasta que en 1974 se le declaró, con absoluta justicia histórica, benemérito de la patria.
Por lo demás, junto con numerosos homenajes y monumentos para resaltar su nombre y trayectoria, existe una valoración superlativa de su figura en el corazón de la mayoría de los costarricenses, para quienes el doctor es, por antonomasia, el pionero artífice de nuestro eximio Estado social de derecho.
El autor es profesor en la Cátedra de Historia del Derecho de la UCR.