El juicio contra nueve policías locales de Palma, un antiguo funcionario de Cort y un empresario, acusados de sobornos por un presunto trato de favor a los locales de Miguel Pascual Bibiloni en s'Arenal a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre 2007 y 2015 ha quedado visto para sentencia este mediodía en la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita sendas penas de cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho.
En cambio, las defensas reclaman la libre absolución de sus clientes. Hoy, en el trámite de informes, los abogados han pedido que sus representados sean exonerados por falta de pruebas de cargo, inconcreción en la acusación y por prescripción.
Varios de los encausados han hecho uso del turno de la última palabra, mientras que otros como el empresario Miguel Pascual o el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Palma han preferido guardar silencio. El subinspector de la Policía Local de Palma, Bartolomé Capó, en la última palabra, ha agradecido a la sección primera la posibilidad de dar explicaciones y también a su familia y amigos, por el apoyo recibido. Capó ha tenido palabras de recuerdo hacia el oficial Torres, fallecido, y hacia Rafael Puigrós, que cumple condena en una cárcel de la península. También ha mencionado a sus compañeros enfermos "en un camino de no retorno" y a las 80 o 90 personas que tuvieron como él su momento difícil. Por último, el subinspector ha lamentado que cuando fue detenido no se le intervino su teléfono móvil ni su ordenador, con los que se podría haber sabido si había contactos entre él y el empresario acusado.
Los policías, muy afectados
Otros agentes no han podido contener las lágrimas al recordar el sufrimiento padecido. "El precio ha sido muy alto, yo hoy por hoy me hubiera autocondenado para evitar el sufrimiento", ha manifestado uno de ellos. Un inspector ha criticado la instrucción. "Las medidas de control han sido cero o ninguna", ha recalcado, al tiempo que se ha quejado de que le han obligado a jubilarse a los 65 años. "A mí me costó el divorcio. Me ha costado mucho, un cáncer. Quiero pedir perdón a mi exmujer, mis hijos y a mi familia por lo mal que se lo he hecho pasar", ha añadido. "Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia", ha asegurado.
Un oficial del GAP también ha sido muy crítico en el turno de la última palabra con la investigación de Penalva y Subirán y la utilización de los testigos protegidos. "Esto se originó por una pelea, por un juego de tronos, un tema ideológico, los que son del PSOE y los que son del PP. El GAP está inventado por el PP", ha subrayado. "Ustedes son el último auxilio que tenemos", ha sentenciado, dirigiéndose al tribunal de la sección primera.
Informes de los abogados defensores
Las defensas, en el trámite de informes, han coincidido al destacar la ausencia de pruebas de cargo y al tratar de desacreditar a uno de los testigos, el antiguo encargado del local Table Dance, quien manifestó que en ocasiones él invitaba a consumiciones a varios policías y que únicamente tenía órdenes de su jefe, Miguel Pascual, de no cobrarle al funcionario de Cort porque le ayudó a solucionar un problema de una licencia del establecimiento. "Este señor no es prueba de nada. No es prueba directa. Es un testigo de referencia. Además, no tiene ningún tipo de credibilidad. El testigo no es válido, no es prueba de cargo. Y este señor no está bien", ha indicado el abogado del funcionario, basándose en una sentencia anterior del Tribunal Supremo por un caso de cohecho. El letrado además ha señalado que los hechos ya estarían prescritos porque a los cinco años el delito prescribe. "Quiero que le absuelvan y además que aleguen que está prescrito", ha enfatizado, mientras ha detallado que esta causa es la pieza principal.
Otros abogados han apuntado que no se han concretado los hechos en el escrito de acusación ni las dádivas que recibían los funcionarios. "No han recibido ninguna dádiva, han realizado su trabajo", ha destacado uno de ellos. "No existe prueba de cargo. Esta acusación se ha basado en rumorología", ha lamentado un defensor. "La acusación no es válida. Invitar a alguien no es delito", ha agregado otro letrado en la novena y última sesión del juicio. "Yo lo único que he visto gratuito aquí es la acusación", ha abundado otro compañero.
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