La obra social de la provincia de La Rioja es el centro de un escándalo de corrupción que tendrá, en breve, derivaciones políticas. Una serie de documentos a los que se tuvo acceso revelan pagos con sobreprecios, la utilización de empresas fantasmas, y la aparición de un empresario, Marcelo Navarro, que controla, a través de varias compañías, todo lo que ocurre en el organismo provincial, formalmente a cargo de Claudia Ortiz.
Uno de los casos más irregulares es de Global Médica SA, contratada por APOS (Administración Provincial de Obra Social) para la provisión de distintos elementos. Documentación filtrada desde oficinas públicas revela evidentes sobreprecios. En abril de 2022, la obra social de La Rioja le pagó a Global por cada equipo de concentrado de oxígeno $7.626, mientras que la empresa Ética cobró en noviembre del mismo año $6.300. Es decir, pagó más en abril que en noviembre, pese a la inflación reinante.
Global Médica fue representada en ese contrato por Marcelo Navarro Icazati y fijó su domicilio en Benavídez 327, en la capital riojana. Lo curioso es que hay muchas empresas que usaron ese mismo domicilio, aunque Navarro no aparece en esos contratos.
Además de los sobreprecios, Navarro controlaba, a través de la misma empresa, la gestión, provisión y distribución de prótesis. El dato consta en otro contrato que firmó Global Médica con Claudia Ortiz. Navarro se encargaba de manejar el Sistema de Gestión y Control, conocido como SISCON. Eso le permitía decidir quién licitaba.
Hay más. Una planilla interna de APOS, donde constan las deudas de la obra social con proveedores de prótesis en 2022 y 2023, revela que la empresa más beneficiada es Global Médica. Pero también hay una serie de empresas que le vendían las prótesis a Global Médica, que luego le revendía a APOS.
Solo entre abril y diciembre de 2022, Global se quedó con $184.656.813. En 2023, en cambio, se alzó con $148.110.456. Sin embargo, el mismo documento aclara que hay empresas que "cotizan para Global".
En diciembre pasado esas firmas facturaron un total de $100.662.250, sobre una facturación total por prótesis de $218.552.594. De esa manera, la empresa de Navarro, sus satélites y algunas empresas fantasma se quedaron con prácticamente la mitad de los contratos prótesis.
El escándalo fue tan grande que un grupo de empresas -no alineadas con Navarro- contrataron un abogado para hacer gestiones ante APOS.
Ante los reclamos realizados sobre la discrecionalidad del sistema SISCON, la obra social decidió reemplazar el sistema y contratar uno nuevo. De hecho, hace unos días se anunció que el sistema será reemplazado por el SIA. La empresa que lo gestionó, Tekhne, fijó domicilio en Benavídez 327, justamente donde funciona el estudio contable de Navarro y otras empresas que maneja, como la propia Global Médica, Farmanor, MyN Construcciones y Telcos.
Sectores opositores de La Rioja se preguntan por estas horas cuál es el rol en toda esta maniobra del gobernador Ricardo Quintela, quien no puede estar ajeno al escándalo. Es más, algunos especulan que el tema podría estar presente en la próxima reunión del gabinete provincial.
Navarro, el empresario preferido de Claudia Ortiz, también se quedó con el control de las afiliaciones de adherentes. Así lo prueba otro de los documentos filtrados: un contrato con la empresa Crear Salud SA, que sería una empresa fantasma creada por allegados a Navarro.
Las pruebas son claras. La persona que representó a esa compañía en el contrato, Leonardo Javier Dragani Zarracán, es gerente general de Global Médica en San Juan. Además, el propio brochure que se le entrega a los interesados en afiliarse a APOS menciona la dirección que se repite en toda esta trama: Benavídez 327.
La principal responsable de la obra social es Claudia Ortiz. Está en ese cargo desde 2019. En algún momento, sonó como posibles ministra de Salud. Cuando la consultaron sobre esos rumores se sinceró: "Soy contadora, nunca estuve vinculada a algo referenciado a Salud, y cuando me tocó ir a APOS me interioricé tiene que ver con el compromiso que uno asume". En su cuenta de X, se define como "Mamá, Contadora, Militante Peronista, Presidenta del Partido Político MoPIP".
Su firma figura en la mayoría de los documentos filtrados. (Fuente Infobae)