Adelantos a contratistas, obras que siempre eran prioritarias y entraban al Presupuesto evitando filtros legales. Semejante modelo reinó en la era K.
Se lo llamó Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), aunque también podría habérselo llamado programa de inversiones a la medida de ciertos intereses de la Casa Rosada, o de negocios de la Casa Rosada.
Los proyectos figuraban en los presupuestos nacionales, sin detalles ni costos siquiera aproximados.
Gambeteando los rigurosos filtros que impone la Ley de Inversión Pública, eran prioritarios y a otra cosa mariposa. O a cosas armadas previamente.
Al principio el sistema fue manejado por el tándem Julio De Vido-José López, lo cual ya dice bastante.
Puede decir menos o decir lo mismo que luego hubiese pasado a manos de Axel Kicillof, pues nada del andamiaje original fue alterado.
Extrañamente y pasto para las sospechas, el mismo modelo continúa en pie. ¿O sucedió que nadie controló como correspondía el Prespuesto de 2017, donde aún está, o que la burocracia dejó el paquete tal cual venía de antes?
Fuentes cercanas al Gobierno afirman hoy que van a "pasarle el trapo" a toda la estructura del Programa de Inversiones Prioritarias. Mejor sería que lo eliminasen.
Un minucioso trabajo del economista radical Ricardo Carciofi explica cómo funcionan los PIP, la plata que se usó y el modo en que fueron salteadas leyes clave y se ocultaron gastos.
En sus palabras: "Resultan una vía exprés para ingresar al Presupuesto, acceder a los fondos públicos y eludir cualquier tipo de evaluación económica, social, ambiental de los proyectos".
Lo primero que allí huele fuerte a corrupción es un régimen de pagos basado en "adelantos a proveedores y contratistas", lo cual significa que bastará con lograr la adjudicación de una obra para empezar a cobrar.
Y así de seguido hasta su finalización.
Cuesta nada descubrir quién fue el primer adelantado. Fue desde luego Lázaro Báez, el rey de la obra pública K en Santa Cruz y zonas aledañas, para más datos supuesto socio o definitivamente socio de Néstor y Cristina.
Siempre se hacía de la plata por anticipado y a menudo dejaba gran parte sin terminar.
Hay más de los propios o más o menos propios, a un lado y al otro del mostrador. Eso que apuntándole a empresarios de la construcción, el ministro de Transporte definió "loteo de lo público".
Si de sus palabras luce evidente que Guillermo Dietrich conocía cuanto menos algunos casos, ya que estaba podría haberlos denunciado ante la Justicia.
Hay para todos los gustos, en listas a las que mejor que PIP sería más preciso decirles VIP. Autopistas, rutas, túneles y puentes, trenes, vías, acueductos y "viviendas sociales".
Ya menos genéricos, sobresalen las compras de material ferroviario a China, bajo un contrato del cual se sabe poco aunque fue exprimido a fondo durante la era K; las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic en Santa Cruz, ahora sometidas a un proceso de revisión, una usina termoeléctrica para Río Turbio y el antiguo y nunca bien pon- derado soterramiento del Sarmiento.
Mucho de ésto, si no el listado completo todavía puede encontrarse en el Presupuesto macrista de 2017. Los PIP han llegado a representar la mitad de la inversión real de toda la Administración Pública Nacional.
Un privilegio formidable, pues entonces las inversiones del Estado no fueron precisamente descollantes.
Usados a pasto por el kirchnerismo, Carciofi revela cómo durante ese tiempo volaron los adelantos a proveedores y contratistas: en pesos nominales, crecieron desde los 2.600 millones de 2010 hasta entre 20.000 y 26.700 millones en 2015. Aumentaron nada menos que 900% en seis años.
Dicho de otra manera, Cristina, De Vido y Kicillof estrujaron la caja cuando era abundante y también cuando había dejado de serlo. A ninguno les preocupó el impacto fiscal sino ir por ciertos proyectos rápidamente.
¿Y cuánto hay previsto en el Presupuesto de 2017? Según el crédito asignado, alrededor de $ 45.000 millones.
Otra rareza del modelo consiste en considerar "activos financieros" a las inversiones, como si un puente o una ruta pudiesen entrar en la categoría de activos financieros.
Mejor que rareza, manipulación: así se zafaba de cumplir con la Ley de Inversión Pública.
Más de la misma especie es poner los gastos "debajo de la línea", o sea, no computarlos para el cálculo del déficit fiscal.
Pura contabilidad creativa estilo K, igual a la que hubo en cada uno de los presupuestos de esa década larga.
De un modo u otro el Gobierno se garantizaba financiamiento y recursos públicos que no habrían estado disponibles si se hubiesen seguido los pasos legales que correspondían.
Queda claro que estos programas administrados desde el poder son sólo la punta de un iceberg enorme. Lo cual suena parecido a imaginar cuánto hay que no está a la vista.
Son un muestrario redondo de la manera en que el kirchnerismo entendía el Estado. Por fuera de eslóganes para la tribuna, hubo un Estado grande, cargado de recursos y, al fin, siempre funcional más a la política y a los negocios que a los principios.