Consejo de Estado negó reparación a soldados del Ejército secuestrados por las Farc en 1998
Entre las razones, el tribunal consideró que ya caducó el término para que los demandantes presentaran el recurso.
El Consejo de Estado rechazó una demanda de siete agentes del Ejército que fueron secuestrados por la extinta guerrilla de las Farc en 1998, quienes pedían una indemnización económica por los años que permanecieron retenidos ilegalmente.
Los hechos se presentaron el 3 de marzo de 1998, en la quebrada "El Billar", zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá), luego que miembros del Ejército Nacional sostuvieran un enfrentamiento armado con guerrilleros del bloque sur de las Farc.
Tras los combates, la guerrilla asesinó a 61 soldados y secuestró a otros 43.
Entre las personas secuestradas están los siete demandantes, quienes consideran que hubo responsabilidad de la Nación, ya que la incursión armada al parecer fue conocida por inteligencia del Ejército y pese a ello, no se tomaron medidas para evitar esos hechos.
"Es una evidente falla del servicio, ya que venían presentándose varias irregularidades al interior de las tropas. No se tomaron las acciones para evitarlo, y una vez en combate, no se contó con los recursos suficientes", cita uno de los apartes de la decisión del tribunal.
Pese a los argumentos, los magistrados de la Sección Tercera negaron la solicitud de los agentes al indicar que el recurso fue presentado por fuera del plazo legal que se establece para este tipo de procesos, pues los demandantes habrían podido alegar solo hasta el 2008 y no en 2018, fecha en la que demandaron a la Nación.
"Sin embargo, como la demanda se presentó solo hasta el 9 de febrero de 2018, cuando había vencido el término preclusivo dispuesto por el legislador, se encuentra que el medio de control de reparación directa había caducado", añade el documento.
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Finalmente, el Consejo de Estado resaltó que los hechos que generaron la demanda son objeto de estudio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que decidieron correr traslado de los argumentos de los demandantes para que ese tribunal especial avance en el caso.
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