El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se rebeló este lunes contra la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados, como era de esperar. "No pienso consentir que los murcianos paguen la factura independentista porque un presidente acorralado anteponga su supervivencia personal al interés general", señaló durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, en una sesión forzada por el PP para cargar contra la medida de gracia y que también contó con otros presidentes autonómicos, la mayoría populares y el mismísimo jefe de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.
Precisamente fue el president quien intervino justo antes que López Miras, cuando aseguró que el referéndum y la financiación singular serán "inevitables", como la amnistía. "No deben alarmarse ni sorprenderse con las afirmaciones de los representantes de partidos independentistas porque la historia demuestra que el independentismo se basa en la división, el enfrentamiento, la discriminación y las ilegalidades frente a nuestro ordenamiento jurídico", quiso subrayar el jefe del Ejecutivo murciano nada más subir a la tribuna.
"N voy a dejar que se juegue con los recursos financieros que garantizan a los murcianos unos servicios públicos a los que tienen derecho como el resto de los españoles"
El murciano remarcó que "el verdadero problema es que, por primera vez en la democracia, hay alguien dispuesto a someterse al dictado de los independentistas", para continuar diciendo que "el drama es que es el presidente del Gobierno de los españoles". "Coincido con Aragonés plenamente: si de Pedro Sánchez depende que haya referéndum de autodeterminación, habrá referéndum de autodeterminación", dijo.
Apuntó a la exigencia, por parte de los soberanistas catalanes, de un "pacto de privilegios fiscales que supone dinamitar el sistema de financiación de las comunidades de régimen común", una vez "superada la amnistía".
En este sentido, dijo que, en defensa de los murcianos, no dejará que "se juegue con los recursos financieros que les garantizan unos servicios públicos a los que tienen derecho como el resto de los españoles". Aprovechó, además, para denunciar que se trata de unos servicios que prestan "con mucho sacrificio, midiendo al milímetro el destino de cada céntimo de euro", ya que "ese es el precio de ser la Región peor financiada de España, junto con la Comunidad Valenciana".
No es la primera vez que los presidentes populares acuden a esta comisión en la Cámara Alta para mostrar su rechazo a la ley de amnistía. La primera fue el pasado 19 de octubre, cuando Pedro Sánchez aún no había conseguido ser investido presidente del Gobierno de España tras las elecciones del 26 de julio. Ya entonces, López Miras advirtió de que los españoles asistían a "cómo se cocina un proyecto de amnistía inconstitucional con el que se abre un camino tan incierto como peligroso". "172 días más tarde, esa amenaza es un troyano, un destructivo virus, instalado por el separatismo en el marco de convivencia nacido de la Transición", dijo este lunes.
Recordó el presidente murciano que la Región de Murcia "denunciará en cuanto sea posible" la ley de amnistía, alegando que es "inconstitucional", un "proyecto legislativo 'self service'" y "el principio de la hoja de ruta secesionista".
"Su encaje en el ordenamiento legal es imposible. Así lo han puesto de manifiesto con rigor numerosos expertos, entre ellos los servicios jurídicos de esta Cámara, el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Venecia", explicó Miras.
"El fin es la autodeterminación, un camino que tienen más despejado ahora, ante un Estado con menos recursos para defenderse después de eliminar la sedición y reformar la malversación"
Asimismo, el mandatario aseguró que la razón de ser de la polémica normativa "no es la búsqueda de la concordia, la pacificación de un conflicto o la reconciliación, sino un contrato de compra-venta". En otras palabras, "inviolabilidad a cambio de apoyo en el Congreso de los Diputados. La impunidad más absoluta para los delincuentes", afirmó.
Miras denunció que "la norma abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales", ya que "el fin es la autodeterminación", un "camino que tienen más despejado ahora, ante un Estado con menos recursos para defenderse después de eliminar la sedición y reformar la malversación".
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