La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- considerar la inclusión de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, (Falsos Positivos), ocurridas en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrociminal para ser investigado en busca de sus máximos responsables.
En el documento resalta que "Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad",
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, estos asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual propone en su documento de observaciones que se configure una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002.
"Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares", dijo.
Otras solicitudes clave hechas por la Procuraduría frente al macrocaso 03, sub caso Antioquia, fueron adoptar medidas urgentes para atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial de género a las mujeres víctimas para efectos de constatar posibles hechos relacionados con violencias basadas en género.
Finalmente pidió garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía y prevenir los traslados fragmentados de información para las versiones voluntarias.