*Por María Luisa Calero
El pasado 15 de abril, el gobierno de la República de Chipre tomó una decisión radical en su política de inmigración al suspender el procesamiento de las solicitudes de asilo de los migrantes sirios por un período de 21 meses. Esta medida surge como respuesta a un aumento significativo en el arribo de migrantes sirios a su país, con más de 1,000 personas llegando en barco desde el Líbano solo en los primeros días de abril, y otros 2,000 en los primeros tres meses de este año.
El ministro del Interior, Constantinos Ioannou, ha abogado durante algún tiempo para que la UE desclasifique ciertas partes de Siria como zonas de guerra, lo cual eximiría a Chipre de la obligación legal de aceptar a los sirios que huyen de esas áreas. Sin embargo, esta solución potencial está lejos de ser una respuesta inmediata y podría tardar meses en materializarse, si es que lo hace.
En una reciente declaración, el secretario permanente del Ministerio del Interior, Loizos Hadjivasiliou, admitió que esta medida también busca ganar tiempo para que Chipre continúe promoviendo algunas áreas de Siria como un destino seguro en la UE, lo que permitiría el retorno de los sirios.
La decisión ha provocado críticas por parte del partido de oposición Akel, que la considera de dudosa legalidad, y advierte sobre posibles problemas como el hacinamiento en los centros de acogida y la acumulación de solicitudes pendientes, que podrían resultar en recursos ante el tribunal de protección internacional.
La Comisión Europea, por su parte, dijo estar investigando el asunto y cooperando con las autoridades chipriotas. Además, anunció que el próximo 2 de mayo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizará una visita oficial al Líbano junto con el presidente chipriota Nikos Christodoulides.
Christodoulides hizo pública la medida por primera vez el sábado 13 en un post en X. En palabras del presidente, "Estamos en una situación extraordinaria, las decisiones son difíciles", pero estas medidas se toman "en el marco de la legalidad, con un solo objetivo: salvaguardar los intereses de la República de Chipre y el pueblo chipriota".
El gobierno, que alega insuficiencia en el apoyo de la UE y en la cooperación del gobierno libanés para detener el flujo migratorio, justifica su actuar como una forma de desincentivar la migración; un migrante sirio podría pensárselo dos veces antes de pagar para ser llevado a Chipre si sabe que estará atrapado en un centro de acogida durante un mínimo de 21 meses sin perspectivas de trabajo ni otros beneficios estatales.
Actualmente, hay 10.000 solicitudes de asilo pendientes para sirios en Chipre, y este número sigue aumentando. Así, las autoridades dicen verse obligadas a tomar medidas contundentes para proteger los intereses de su país y su pueblo, antes de que la situación se salga completamente de control.
La República de Chipre se encuentra en una encrucijada enfrentando desafíos sin precedentes en materia de inmigración. Solo el tiempo dirá el verdadero impacto y las implicaciones de estas drásticas acciones.
*Titular de la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac | @CatedraChipre.