M.J.A.
Los problemas económicos del Concello de Ourense, de los que llevan meses alertando los grupos de oposición, como falta de liquidez, los más de 30 millones de euros en deudas a pequeños proveedores y adjudicatarias de servicios municipales y, como último conflicto, la anulación por sentencia judicial del capítulo I (Gastos de Personal) de los presupuestos municipales 2020, los últimos que consiguió aprobar el gobierno local, se ha cobrado nuevos damnificados.
Se trata ahora de los funcionarios municipales, en concreto de Policía Local y Bomberos de Ourense, que se movilizaron ayer ante el edificio del Concello en la Plaza Mayor, convocados por Comisiones Obreras "para defender el derecho al salario". Aseguran que en el mes de marzo sus nóminas se han visto reducidas hasta en un 40%, desde 500 a los 700 euros menos, por pluses impagados.
Los retrasos que venían sufriendo se han complicado, tras el reciente fallo judicial que anuló el apartado de Gastos de Personal de los presupuestos del Concello de 2020, tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF, pues PP y DO, que entonces conformaban el gobierno bipartito, habían aprobado ese capítulo sin la preceptiva negociación del mismo con los representantes de los trabajadores.
Esto ha supuesto que el capítulo anulado de personal se haya retrotraído al que regía en los presupuestos de 2014 (los últimos que había aprobado el Concello antes de los de 2020), cuyo capítulo de nóminas tenía una partida muy inferior.
En consecuencia el interventor municipal ha emitido un informe para congelar el pago de pluses, pues es posible que no llegue el dinero para las nóminas de 2024.
El alcalde echa balones fuera
Fueron las explicaciones del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que llamó ayer a los manifestantes a un encuentro en el salón de plenos, acompañado por otro técnico municipal. Según señalaron los portavoces de los trabajadores, el alcalde culpa al interventor, con el que está inmerso en una disputa en el juzgado, tras la denuncia que le ha presentado el técnico por acoso, y al sindicato CSIF por haber impugnado judicialmente los presupuestos de 2020, algo en lo que el juez luego le dio la razón, pues el alcalde tendría que haber negociado ese capítulo de gastos de personal con los representantes sindicales.
"Al parecer el informe de Intervención dice que no va a llegar el dinero para las nóminas y el alcalde nos dijo ayer que no podremos cobrar esos pluses como mucho hasta julio o agosto. Creo que estamos en medio de una guerra judicial entre el alcalde y el técnico", explican los funcionarios.
"Tendremos que decirle al director del banco que no podemos pagar la hipoteca, y al supermercado que nos fíen, en especial a los trabajadores de Policía Local y Bomberos", explicaron ayer.
Según CC OO, "la reducción de la nómina corresponde a los pluses de Festividad, Nocturnidad, horas extras, subida salarial del Estado y atrasos e incumplimientos" según el Juzgado y el Convenio de Acuerdo Regulador del Concello de Ourense y del Consello Municipal de Deportes del Concello de Ourense.
En todo caso, CCOO explica que, pese a las derivación de responsabilidades que hizo Jácome sobre los motivos de esos impagos "lo cierto es que es él y su equipo son los responsables de lo que está pasando por no haber negociado; no hace otra cosa que e insultar a los trabajadores, no importándole si cobramos o no", señalan desde el sindicato.
Los funcionarios se refieren a las críticas del alcalde, las más recientes de ellas la pasada semana, en una charla en la Asociación de Constructores de Ourense, en la que culpó de los atrasos en la gestión del Concello y en apartados como concesión de licencias y otros a esa administración "oxidada", y a unos funcionarios de los que "el cincuenta por ciento son vagos o incompetentes" para desarrollar su trabajo, señaló el regidor. "Hay algunos listos y trabajadores", dijo Jácome, "pero son los menos".
La anulación judicial del capítulo de Personal restó 3,6 millones a la partida para pagar nóminas
Según confirman fuentes municipales, la situación de los trabajadores del Concello de Ourense podría agravar con el paso de los meses, pues la anulación, por sentencia judicial del capítulo de Gastos de Personal de los presupuestos municipales de 2020 –los últimos que ha aprobado el Ayuntamiento, pues lleva sin presupuestos aprobados desde entonces y trabaja con ellos prorrogados– han supuesto una pérdida de 3,6 millones de euros de la partida para pagar nóminas. De ahí ese informe del interventor tratando de retrasar el pago de pluses adeudados, dada la dificultad para garantizar la nómina de todos los funcionarios hasta que remate 2024. CC OO lamenta que ayer fuera el único sindicato presente en unas movilizaciones para defender los derechos de todos. Ni siquiera CSIF, que presentó la denuncia en 2020 que generó ahora esta consecuencias, "por no haber actuado a tiempo el Concello" señalan, se sabe qué va a hacer . "Estudiamos las próximas acciones contra la administración y agradecemos el apoyo de CC OO contra esta administración inútil y caótica a la que no le importa la situación de los trabajadores".
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