El fiscal federal Ricardo Toranzos emitió un dictamen en el que ratificó la competencia de ese fuero para entender en el recurso de amparo que promovió la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta contra los fuertes aumentos aplicados en el servicio de energía eléctrica.
Allí, el miembro del Ministerio Público Fiscal señaló: "Considero que se encuentran cumplidos los recaudos para la procedencia de la acción colectiva". De esta manera, marcó un primer paso importante en la aspiración del citado sector empresario de ver frenado por la Justicia el tarifazo que tiene jaqueados a muchos comercios y pymes.
Al mismo tiempo, Toranzos precisó que Juan Eduardo Lucero, en su carácter de presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de la Provincia de Salta, interpuso la acción de amparo en contra del Estado Nacional y la Secretaría de Energía de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Bajo ese marco, agregó que la entidad demandante solicitó una medida cautelar de no innovar "a fin de que la empresa distribuidora de energía local (Edesa) se abstenga de facturar (el servicio) conforme los aumentos autorizados por el art. 177 del DNU 70/23 y lo haga conforme lo venía realizando en forma previa al dictado del referido Decreto, hasta tanto sea resuelta la cuestión constitucional de fondo".
Por su parte, Lucero en su presentación puntualizó que el gobierno nacional facultó a la Secretaría de Energía de la Nación a fijar un nuevo esquema tarifario consistente, básicamente, en la eliminación de subsidios al sector energético.
Allí, sostuvo que "la fijación por parte del Estado Nacional de un nuevo esquema de tarifas influye de forma negativa debido a que establece un traslado a tarifas entre un 127% y un 337% de aumento para las tarifas de luz y de un 168% a un 336% para las tarifas de gas".
En ese sentido, afirmó que "el Poder Ejecutivo, en un claro gesto inconstitucional, pretende usar un DNU para instaurar una política permanente de eliminación de subsidios al sector energético sin seguir los carriles legales necesarios".
Finalmente, concluyó: "Al haberse utilizado una herramienta indebida para el establecimiento de una política permanente, se ocasionó una lesión actual y concreta de derechos y garantías constitucionales para los miembros de la Cámara".