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En comunicación con ABC Cardinal, este lunes, el fiscal Luis Piñánez habló del inicio del juicio al exdiputado Tomás Rivas por el escándalo conocido como "caseros de oro", cuyo inicio está previsto para hoy, a las 11:00.
El exdiputado colorado Rivas será juzgado desde hoy por un Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez. El exlegislador es acusado de estafa contra el Estado porque durante su periodo en el Congreso tres funcionarios suyos, que cobraban salarios por cumplir funciones en la Cámara Baja, en realidad trabajaban como empleados particulares suyos.
Esos tres funcionarios –Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero– ya fueron condenados por estafa en 2021 y sentenciados a dos años de prisión.
El fiscal Piñánez comentó que la investigación demostró, mediante un cruce de llamadas centrada en un periodo de tiempo, entre julio de 2016 y enero de 2017, que en ningún momento los tres funcionarios del exdiputado Rivas se presentaron a cumplir funciones en el Congreso, sino que dos de ellos permanecían en el departamento de Paraguarí –donde uno trabajaba en una estancia y otro en un local comercial, ambos pertenecientes al legislador– y el tercero en Lambaré, en la residencia del entonces diputado.
Sin embargo, en los registros de la Cámara Baja figuran planillas de asistencia firmadas por los tres funcionarios y certificadas por Rivas.
Sobreseimiento y anulación de fallo
En 2021, un Tribunal de Sentencia decidió la extinción de la causa contra el exdiputado Rivas y el sobreseimiento definitivo del exlegislador basándose en un acuerdo firmado entre Rivas y el entonces presidente de la Cámara Baja, el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, por el cual el exdiputado depositaría más de 121 millones de guaraníes a modo de reparación a Diputados por el daño patrimonial producido por el pago de salarios a los tres funcionarios.
El fallo fue apelado por el fiscal Piñánez y un Tribunal de Apelación resolvió anularlo en septiembre de 2022.
El fiscal explicó que, si bien la ley permite que los hechos punibles contra el patrimonio público sean conciliados, según una ley de 2021, que reglamenta las atribuciones de la Procuraduría General de la República, dicta que en casos de perjuicio patrimonial contra el Estado es la Procuraduría la que debe intervenir en calidad de víctima, en representación del Estado, y no el presidente de la Cámara de Diputados.
Agregó, además, que para que la conciliación sea válida, el acta de compromiso debió ser presentada antes del inicio del juicio, pero Rivas presentó esa acta cuando el proceso ya estaba en marcha.
"El Ministerio Público atacó que esa acta de conciliación debe ser presentada antes del juicio, pero presentaron durante el juicio como un incidente; y que el presidente de Diputados no tenía legitimación activa para representar al Estado como víctima", subrayó.