Bogotá, 4 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó una medida cautelar nacional, así como una audiencia pública, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, informó este jueves el alto tribunal.
La medida de la JEP busca proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno, un crimen transversal a los once grandes casos que investiga.
Según la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), más 100.000 personas fueron desaparecidas en el conflicto armado colombiano.
Para la JEP existe una "estrecha relación entre la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas. Hacer justicia por este crimen implica concederles el derecho a saber las circunstancias en las que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que llevaron a la perpetración de los crímenes".
Igualmente recordó que la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con la búsqueda e identificación y el subregistro de víctimas de desaparición son algunas de las problemáticas identificadas durante en el trámite de las medidas cautelares.
Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos, detalló la JEP.
En ese contexto, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada, unificar la ruta de acción y definir las estrategias que permitan dar respuesta efectiva, se "adoptó una medida cautelar nacional que busca articular los deberes institucionales de los entes nacionales y territoriales con las víctimas y sus familiares".
Como parte de esta decisión, la JEP ordenó rendir informes a ministerios, organizaciones de víctimas y derechos humanos y a las autoridades del ámbito nacional y territorial.
Entre las preguntas que deberán responder, se deberán referir a acciones vinculadas a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, exhumación e identificación de Cuerpos No Identificados (CNI). Tienen hasta el próximo 19 de abril para radicar sus respuestas.
Con esa información que se deberá entregar a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la JEP "podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada".
A partir de los hallazgos se espera fomentar herramientas que fortalezcan el Sistema Nacional de Búsqueda, así como propiciar un espacio para el reconocimiento y dignificación de las víctimas de desaparición forzada.
Las audiencia pública se realizará los días 14 y 16 de mayo de 2024, en Bogotá y Barrancabermeja, está última en el departamento de Santander.
Para brindar garantías de este proceso, la JEP también ha convocado a organizaciones especializadas en derechos humanos como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), este último, por su naturaleza, se convocará a diligencia en la condición de observador.