Un joven matrimonio
Unos pocos vecinos de Villa San José, Chimbas, no olvidan aquel trágico caso de Alicia Aida Granado. Ella era una mamá de 24 años que, junto a su esposo el agente Rafael Antonio Fernández, alquilaba un pequeño departamento en el fondo de una propiedad en la antigua calle Urquiza, hoy llamada Salta.
Llevaban 4 años de casados y tenían una hija de 3 años. La pareja venía de una crisis, había estado separada un tiempo y volvieron a convivir en ese departamento que alquilaron al chileno Osvaldo Lillo Piquillen en Villa San José. El agente Fernández, de 23 años, en esos años se desempeñaba en la División Criminalística de la Policía de San Juan.
Una vecina recordó que "la chica era callada y sumisa. Salía poco. Yo la veía cuando el muchacho la acompañaba tomada del brazo. Ella andaba siempre con su nena". Sobre Rafael Fernández, contó que tomaba mucho y solía emborracharse con Lilllo y otro de los inquilinos, un joven de apellido Parra.
Fernández sometía a esa chica. En un artículo periodístico de la época se dijo que "la relación del matrimonio se había visto frecuentemente trastocada por desavenencias que derivaron en separaciones transitorias y en los últimos tiempos se hicieron reiteradas las discusiones y malos tratos por parte del agente", incluso llegando a las "agresiones físicas".
Un sábado de borrachera
La mañana del sábado 15 de mayo de 1982, Rafael Fernández se despertó con ganas de comer un asado. Sacó unos bonos de mercadería que le dieron en el trabajo y salió a comprar carne, leña y vino. De paso invitó a Lillo, el dueño de la propiedad, y al otro inquilino.
Parece que esto último no le gustó nada a Alicia, que se encerró en la habitación y no compartió el almuerzo con los hombres. Es que sabía que Fernández se iba a poner a beber y eso la sacaba de quicio. A él no le importó, se sentó a tomar toda la tarde con sus amigos.
Los testimonios indicaban que el agente maltrataba a la joven. El muchacho bebía y se cree que la golpeaba.
En la tarde se cruzaron a la casa de otro vecino y antes que oscureciera fueron a un pool situado sobre avenida Benavidez. Allí también tomaron, pero llegada la noche regresaron a la calle Urquiza al 513 Norte.
El agente Fernández caminó tambaleando hacia el fondo y al entrar al departamento tuvo una nueva discusión con Alicia, quien en esos momentos estaba en la cocina dando de comer a la hija de ambos. Se supone que la muchacha le reprochó por el estado en que se encontraba y el policía se enfureció.
Un alevoso ataque
En realidad, él sostuvo que no recordaba qué pasó. Pero las evidencias grafican bien qué sucedió esa noche del 15 de mayo de 1982 dentro del departamento de la pareja. Fernández extrajo su pistola 9 milímetros, provista por la Policía de San Juan, y atacó a balazos a Alicia.
Las pericias y los casquillos de bala hallados en el lugar confirmaron que efectuó cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la joven de 24 años, según la causa judicial. Uno le dio en el costado derecho del tórax y el otro tiro le atravesó el abdomen.
El ataque se produjo a las 20 horas. Alicia cayó muerta al lado de su nena de 3 años, que lloraba sin entender nada. En esos instantes Lillo entró al departamento, vio la espantosa escena y agarró al joven agente, que supuestamente amenazó con pegarse un tiro en la cabeza.
El mismo Lillo salió a buscar a la Policía. Cuando los uniformados de la Comisaría 17ma arribaron, encontraron al agente Rafael Antonio Fernández sentado en un banco en la entrada a la propiedad de calle Urquiza, en Villa San José.
Los testimonios de los uniformados señalaron que el agente pronunciaba incoherencias y no se le entendía qué decía debido a su supuesto estado de embriaguez. El informe realizado horas más tarde por el personal del Gabinete Químico Toxicológico de la Policía de San Juan, o sea los compañeros de trabajo de Fernández, arrojó que éste registró 1,5 gramos de alcohol en sangre.
Hermetismo
La noticia del brutal asesinato se dio a conocer el lunes 17 de mayo de 1982 en Diario de Cuyo, dentro de un escueto recuadro al pie de una página. Lo llamativo fue que se informaba sobre el asesinato perpetrado por un policía, que mató de dos balazos a su esposa, pero no se mencionaban los nombres del homicida ni de la víctima.
En dicho artículo periodístico se consignaba que el juez del caso confirmó el hecho de sangre, pero ni el magistrado ni la Policía brindaron datos pormenorizados del episodio. Con decir que no se divulgó siquiera el lugar donde se produjo el crimen, sólo se sabía que había ocurrido en Chimbas.
Hubo un gran hermetismo entorno al caso, tanto que en principio no se difundieron los nombres del asesino ni de la víctima, ni siquiera el lugar del hecho
Recién el martes 18 de mayo trascendieron detalles y se conoció que el asesino era el agente Rafael Antonio Fernández y la fallecida, Alicia Aida Granado. "El policía habría matado a su esposa por motivos pasionales", señalaba el titular de la nota. En sus líneas hablaban de un asesinato producto de las desavenencias maritales y las continuas discusiones, aunque también destacaban en segundo plano que el sujeto era una persona violenta con la chica. Eso sí, jamás se difundieron fotos del lugar ni del asesino.
Una primera condena, con un duro castigo
El juez Félix Herrero Martín procesó y dispuso la prisión preventiva del agente Fernández por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Posteriormente, en octubre de 1983, el juez José Raúl Iglesias del Quinto Juzgado en lo Penal condenó al policía Rafael Antonio Fernández a prisión perpetua por el asesinato de su esposa, por ese mismo delito.
El magistrado dio por acreditada la autoría de Fernández en el crimen y remarcó que no se encontraba amparado en ninguna causal de inimputabilidad o justificación. También afirmó que el estado de ebriedad que tenía al momento de cometer el asesinato era voluntario y parcial, que eso no lo eximía de su responsabilidad.
La apelación
La defensa del policía apeló la sentencia y el caso llegó a manos de los jueces José Luis García Castrillón, Arturo Velert Frau y Alejandro Hidalgo, de la Cámara Primera en lo Penal. Contra todos los pronósticos, el tribunal revisó el fallo y le terminó dando la razón al abogado del policía.
Los magistrados se centraron en analizar el estado de ebriedad del policía. No valoraron las circunstancias que rodearon el asesinato, que revelaron de forma unívoca que el agente maltrataba a la esposa de antes.
La primera condena fue a prisión a perpetua, pero posteriormente intervino otro tribunal que revisó ese fallo
Las pruebas recolectadas en la investigación señalaron que los disparos fueron efectuados de frente e impactaron en zonas vitales del cuerpo de la víctima. Por otro lado, el policía había empleado su arma reglamentaria: una pistola 9 milímetros que cuenta con un seguro, justamente para evitar accidentes, y en la cual se debe mover la corredera para cargarla. Es decir, accionarla implica todo un procedimiento. Además, él era un funcionario policial y sabía de la peligrosidad de esa arma.
La defensa argumentó que el agente Fernández se encontraba en un estado de embriaguez total y que la prueba de dosaje que arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre había sido practicada tres horas después de su detención. En base a eso, sostuvo que la graduación de alcohol en su sangre del acusado a la hora de la tragedia era muy superior al detectado en ese análisis.
El fallo polémico
Después de citar los informes de la Policía y algunos testimonios que indicaban que Fernández estaba alcoholizado, el tribunal concluyó que al momento de disparar el arma el policía "padecía una ebriedad grave, total y completa".
Más abajo expresaron que "la ebriedad grave, total o completa que padecía reviste el carácter voluntaria y culpable y por lo tanto debe responder por su accionar… La embriaguez completa, contraída voluntariamente, implica imprudencia. No ha existido ni la intención, ni la voluntad de cometer un delito, ni se ha representado la idea un posible resultado delictuoso. No existe dolo del delito. No corresponde sanción por dolo sino por la imprudencia de embriagarse".
En marzo de 1984, el tribunal resolvió y confirmó la condena, pero le cambió la calificación legal del delito. Los jueces atribuyeron al agente Rafael Antonio Fernández el delito de homicidio culposo, o sea una muerte accidental, en reemplazo de la calificación anterior de homicidio agravado por el vínculo. Así, la pena de prisión perpetua fue dejada sin efecto y le impusieron un castigo de 3 años de prisión e inhabilitación para utilizar armas por el término de 10 años.
De esta forma, un asesinato que hoy no dudaríamos en calificar como un femicidio, quedó como un hecho accidental y el homicida se salvó de ir a la cárcel por muchos años. Se desconoce qué pasó con él luego de su polémica liberación. Los vecinos se enteraron tiempo después que Fernández andaba en la calle y recordaron que el padre de Alicia estaba tan indignado por el fallo judicial, que prometió hacer justicia por mano propia si lo veía de nuevo.