San José.— ¿Torpeza, novatada, arrogancia, matonismo, ignorancia, propaganda?
¿Por qué el gobierno del novel presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, se atrevió a provocar una crisis diplomática internacional con una maniobra policial contra una embajada sin precedente en el siglo 21 en América Latina y el Caribe?
La irrupción anteanoche de tropas de la Policía Nacional de Ecuador en la embajada de México en Quito, para violar la inmunidad de esa delegación y arrestar al exvicepresidente izquierdista Jorge Glas Espinel, abrió uno de los más graves conflictos internacionales "no bélicos" en la historia contemporánea del continente americano. El acto generó una masiva condena internacional.
"El asalto de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano contra la embajada de México en Quito es inaudito e inaceptable. Constituye una violación gravísima del derecho internacional y una acción que socava los principios elementales de las relaciones entre los Estados", advirtió el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018).
"Es insólito que un gobierno democrático eche mano a argumentos propios de una dictadura para arremeter contra una sede diplomática que se encuentra protegida por garantías de inmunidad y extraterritorialidad y cuya inviolabilidad no puede irrespetarse sin lesionar significativamente las convenciones diplomáticas mundialmente aceptadas", dijo Solís a EL UNIVERSAL.
"México ha actuado correctamente al romper sus relaciones [diplomáticas] con Ecuador y también en anunciar que elevará este caso a la consideración de la Corte Internacional de Justicia en La Haya", aseveró. "El acto [de anteanoche] es inadmisible y, si no se condena con absoluta contundencia, puede traer severas consecuencias en el futuro, en particular en América Latina y el Caribe", previó.
La OEA convocó ayer de urgencia para la semana entrante al Consejo Permanente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tendría una cita con fines similares en fecha a definir. Fuentes diplomáticas dijeron que ambos foros cuentan con limitados márgenes para castigar a Ecuador.
"México puede pedir medidas precautorias", para que "no vuelva a ocurrir una nueva violación" a la embajada, sugirió la politóloga Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la (no estatal) Universidad de Concepción de Chile. Al recordar que un litigio en la Corte de La Haya "demora años", Astroza declaró a este diario que confía en que lo sucedido "no sea un precedente" para que otro gobierno lo copie y "sea un caso aislado, condenado internacionalmente por todos los Estados. Esto no es de izquierdas o derechas. Se trata de respeto al derecho internacional".
"Otras medidas" son políticas, como suspender a Ecuador de alguna instancia internacional, explicó, al mencionar que "no todas las organizaciones" regionales y globales "tienen normas de expulsión", aunque sí "de suspensión".
Bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961 y que regula nexos, privilegios e inmunidades, "no puede un Estado (…) permitirse entrar a un lugar sin la autorización del Estado respectivo para detener a alguien. No hay ninguna excepción a este principio. Ninguna", advirtió.
"Son normas que, durante siglos, como costumbre internacional, vienen regulando las relaciones diplomáticas", recalcó, al subrayar que establecieron "el principio de inviolabilidad de locales de un Estado, que es la embajada, son automóviles, la residencia del embajador. Por lo tanto, aquí hay una clara violación".
"Hasta las dictaduras (…) respetaban este principio" y llegaron "hasta la reja" de las embajadas, porque se permitió el asilo y numerosos asilados "salvaron su vida" por la protección que otorga la de inviolabilidad de las sedes, destacó.
La decisión de México de romper con Ecuador es una "represalia a la violación al derecho internacional por parte de Ecuador. México no viola el derecho internacional: responde a una medida anterior".
La ruptura "va a favorecer a los cárteles" mexicanos del narco, porque la lucha en su contra "se va a ver impedida", alertó. "Si dos Estados [como México y Ecuador] que tienen problemas con el narcotráfico, que es un problema gravísimo en América Latina, el romper relaciones diplomáticas favorece a los narcotraficantes", puntualizó.
Para la comunidad mexicana en Ecuador, "tendrá que haber una embajada concurrente", aclaró.
Historia turbulenta
El asunto Glas se insertó el 17 de diciembre de 2023 en los vínculos México-Ecuador, cuando el exvicepresidente se hospedó en la embajada mexicana en Quito. Glas formalizó esa semana solicitud de asilo diplomático en México, en lo que reactivó el debate sobre conceder ese beneficio a personas prófugas por delitos comunes. Glas acumuló dos condenas por delitos comunes de corrupción, porque fue condenado a seis años de cárcel en 2017 por asociación ilícita por coimas que involucraron el escándalo mundial de corrupción por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 10 países de América Latina y el Caribe. En 2020 fue condenado a ocho años de prisión por cohecho.
Preso de 2017 a 2022 y vicepresidente de 2013 a 2018, Glas obtuvo libertad condicional en 2022 y unificó las sentencias en 2023 a ocho años y quedar con 24 meses pendientes de purgar. El exvicepresidente argumentó ser inocente y que sufrió persecución política por ser aliado del prófugo expresidente izquierdista Rafael Correa, gobernante de 2007 a 2017, condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho y en Bélgica como asilado político. Después de más de tres meses y medio de pugnas diplomáticas entre Ciudad de México y Quito, que insistió en desconocer a Jorge Glas como perseguido político al catalogarlo como fugitivo de la justicia, el gobierno mexicano anunció anteayer que le otorgó asilo político.
Ecuador fustigó anteayer esa decisión, la definió como ilícita, reafirmó que Glas fue condenado a prisión por cohecho y asociación ilícita y tiene orden de captura por peculado. La Convención de Asilo Diplomático de 1954 determinó que es ilícito conceder asilo por delitos comunes, ratificó. Ecuador notificó ese día que rechazó otorgar salvoconducto a Glas para salir de Ecuador y pidió a México entregarlo a la justicia. A las 22:00 horas del viernes (21:00 en el centro de México), policías se metieron a la embajada mexicana, extrajeron a Glas y se lo llevaron detenido. De inmediato, México rompió sus relaciones diplomáticas con Ecuador. La Cancillería mexicana prosiguió ayer en el trámite de expulsión del personal diplomático ecuatoriano acreditado en México. En un riguroso operativo militar y policial, Glas ingresó ayer a la cárcel La Roca, en Guayaquil, y fue sometido a proceso judicial.
Fustigado dentro y fuera de Ecuador por violar la inmunidad de la embajada mexicana, el gobierno de Noboa alegó anteanoche que "ningún delincuente puede ser considerado perseguido político".
"Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática [mexicana] que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura (...) El gobierno nacional defiende la soberanía nacional, sin permitir que nadie tome injerencia en asuntos internos del país", agregó, al proclamar "cero impunidad".
La operación fue precedida por un pleito entre México y Ecuador que estalló el jueves, cuando el gobierno de Noboa declaró no grata a la embajadora mexicana en ese país, Raquel Serur. La medida fue en repudio a que, el día antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó los comicios presidenciales y legislativos de agosto y octubre de 2023 en ese país.
El Presidente adujo que un asesinato político en esa contienda perjudicó la campaña de la opositora izquierdista Luisa González, a la que definió como progresista del opositor Movimiento Revolución Ciudadana y aliada a Correa. Noboa consideró a declaración de López Obrador como intromisión en asuntos internos.
López Obrador arribó a la recta final de su sexenio, que concluirá el 1 de octubre con la marca de turbulencias diplomáticas con Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia, entre otras. Noboa cumplirá el 23 de abril apenas el quinto de sus 18 meses de gestión, porque deberá concluir el mandato que el centroderechista Guillermo Lasso inició en mayo de 2021 y al que renunció en mayo de 2023 en una tormenta política por corrupción. Con información de Ángel Santamaría