Familias de reclusos en Alabama denuncian la desaparición de órganos de sus seres queridos después de la muerte en prisión.
Tras la muerte de Jim Kennedy Jr. el año pasado en el centro penitenciario de Limestone en Harvest, Alabama, su cuñada recibió una llamada perturbadora de la funeraria encargada de los preparativos del entierro.
Mirá tambiénHallaron muerta en una maleta a una niña de 12 años: relacionan el hecho con el tráfico de órganos"¿Se habían dado cuenta de que regresó sin sus órganos?", recuerda Sara Kennedy que le dijeron. "El hígado, el corazón. Todos sus órganos principales desaparecieron". Su hermano, Marvin, confirmó la falta de los órganos, expresando su consternación.
La situación no se limita a Kennedy Jr. Otro recluso, Arthur Stapler, sufrió un destino similar. Stapler, de 85 años, murió cinco meses después que Kennedy Jr. en el Centro Médico Bautista Brookwood de Birmingham. Billy Stapler, su hijo, descubrió la ausencia de órganos tras contratar a un patólogo privado para realizar una autopsia al cadáver.
Una universidad en la mira
Después de una serie de investigaciones, se reveló que las desapariciones de órganos estaban relacionadas con la práctica de autopsias en el sistema penitenciario de Alabama.
La Universidad de Alabama en Birmingham.
La Universidad de Alabama en Birmingham, una de las instituciones que realiza autopsias para el sistema penitenciario, se enfrenta a acusaciones de las familias de cinco reclusos cuyos órganos fueron extraídos y conservados sin consentimiento.
"Es el salvaje, salvaje oeste. No hay gobierno", dijo Lauren Brinkley-Rubinstein, experta en normas penitenciarias, sobre las acusaciones relacionadas con la manipulación de los órganos de los reclusos en el sistema penitenciario.
La disputa sobre quién autoriza en última instancia las autopsias ha generado un cruce de acusaciones entre la universidad y el departamento penitenciario de Alabama. Mientras tanto, las familias de los reclusos exigen respuestas y justicia.
Sin consentimiento
La situación ha suscitado preocupaciones éticas y legales, ya que muchas de las familias afectadas afirman que ni los reclusos ni ellos dieron su consentimiento para la conservación de los órganos con fines de investigación o enseñanza.
"Es el robo más atroz y una mutilación grave", afirman las demandas presentadas ante el Tribunal de Circuito del condado de Montgomery. Las instituciones estatales están acusadas de fraude, conspiración, negligencia y otros cargos relacionados con la retención no autorizada de órganos de los reclusos fallecidos.
El caso ha puesto de relieve las deficiencias en la supervisión y regulación de las prácticas médicas en las prisiones de Alabama, así como la vulnerabilidad de los reclusos y sus familias ante tales abusos.