El Gobierno argentino dejará de pagar indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado
El Gobierno de Argentina anunció que dejará de pagar las indemnizaciones a las personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura (1976 y 1983), con el fin de hacer una auditoría integral de esas solicitudes.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, compartió un comunicado al respecto en su cuenta de la red social X afirmando que hay un "festival de pagos". Detalló que desde la cartera a su cargo dispusieron la realización de una "auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado", debido a la detección de "distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".
La medida fue tomada a partir de una causa judicial en la que fue procesado "un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional". Además, el texto explica que "existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido".
Según medios locales, la revisión será sobre 7.996 indemnizaciones, además del análisis de los casos de unas 14.400 personas que viven fuera de Argentina. Esas reparaciones pueden ser solicitadas por quienes hayan sufrido desaparición forzada, familiares de las víctimas mortales y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres o que, siendo menores de edad, hayan estado detenidas por razones políticas.
Tras la publicación del documento, Cúneo Libarona aseguró que las irregularidades denunciadas "no podrían haber ocurrido sin una ayuda política". "No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado", insistió durante una entrevista televisiva.
Respecto de las investigaciones judiciales, detalló que hubo personas que "con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaban y reclamaban ser víctimas y que percibieron más de 150.000 dólares por ese concepto". Por lo tanto, reiteró que la intención es el "secuestro y decomiso del dinero" porque "si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito".