Las administraciones públicas españolas, excluidas las locales, acumularon un déficit de 12.031 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 17,4% más que en el mismo periodo de 2023 y equivalente al 0,78 % del PIB, debido al incremento de los gastos.
De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, en los dos primeros meses del año el gasto público creció un 6,5 % -impulsado por partidas como los intereses de la deuda, que sube un 25,2%, o la remuneración de asalariados, un 5,7%-, mientras que los ingresos repuntaron un 5,1%, con un avance de la recaudación del 6,2%.
Como es habitual, la mayor parte del déficit se concentró en la administración central, 8.441 millones, y aunque aumentó en un 3 % en comparación con 2023, la ratio con respecto al PIB bajó una centésima, al 0,55 %, por el crecimiento económico.
Las comunidades triplican el déficit
Las comunidades autónomas triplicaron su déficit hasta sumar 3.646 millones, un 0,24 % del PIB, ante el fuerte incremento de los gastos en intereses (29,3 %) y remuneración de asalariados (6,5 %), entre otras partidas. Solo Asturias, Canarias y el País Vasco cerraron febrero con superávit.
Por lo que respecta a la Seguridad Social, registró un pequeño superávit de 56 millones, frente al déficit de 782 millones de un año antes, gracias a un incremento de los ingresos en un entorno de subida del salario mínimo y del mecanismo de equidad intergeneracional.
Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado del primer trimestre, un periodo en el que registró un déficit de 667 millones, un 33,3% menos y un 0,04% del PIB, ante un aumento de los ingresos superior al de los gastos.
En los tres primeros meses del año el Estado ingresó 61.904 millones, un 1,3% más, impulsado por la recaudación tributaria, que sumó 53.896 millones, un 7% más.
Repuntan los ingresos
El IRPF recaudó 16.131 millones, un 16,6 % más, y el IVA, 27.585 millones, un 2,9 % más, mientras que el impuesto de sociedades redujo en un 3,8 % sus ingresos tras realizar más de 300 millones de euros en devoluciones extraordinarias por la anulación de la reforma del impuesto de 2016.
En el primer trimestre también repuntó la recaudación del impuesto de generación y del impuesto especial de electricidad, que recuperaron sus tipos, mientras que el impuesto energético ingresó 612 millones y el bancario, 843 millones.
Por lo que respecta a los gastos, ascendieron a 62.571 millones, un 0,7 % más, ante el aumento de varias partidas entre las que destaca la de intereses de la deuda, que repuntó un 20 % hasta los 6.489 millones.
El gasto en consumos intermedios se incrementó en un 25,6%, en parte por los gastos electorales (237 millones) y la remuneración de asalariados, un 3,7 %, después de que los empleados públicos cobraran atrasos pendientes.
Por el contrario, descendió el gasto en subvenciones (un 52,6 %), cooperación internacional (44,9 %) y ayudas a la inversión (72,3 %).