La enésima chapuza del Govern de Armengol con la compra de material sanitario por vía de emergencia durante la pandemia fue pagar 1,3 millones de euros por cuatro millones de unidades de guantes y mascarillas que nunca llegaron a Baleares. El Govern pagó el cargamento y luego anuló la compra al detectar que el material no cumplía con la normativa europea. Este dinero no se ha recuperado y se suma a los 3,7 millones perdidos con la compra de mascarillas a la trama Koldo, y, entre otras cantidades, a los 480.000 euros también perdidos por contratar a una compañía que no tenía permiso para volar a China.
En concreto, fueron tres encargos realizados por el anterior Gobierno autonómico a la empresa Tyrval Import Export entre el 26 de marzo y el 22 de abril de 2020 por un total de 6,4 millones de euros para el suministro de material sanitario Covid, entre mascarillas quirúrgicas, trajes de protección, mascarillas FFP2, guantes y termómetros.
Fue un encargo realizado por la Conselleria de Salud que dirigía la socialista Patricia Gómez a una empresa con NIF español, domiciliada en Valencia, pero que no tenía nada que ver con material sanitario. Es una empresa dedicada a la importación, exportación, compraventa e intermediación de material de iluminación y accesorios eléctricos, así como toda serie de artículos para suministros hoteleros.
Es una compañía especializada en la adquisición de material para algunas de las principales cadenas hoteleras y a la que el Govern balear no había adjudicado contratos alguno con anterioridad.
El primer encargo fue realizado el 26 de marzo mediante un informe justificativo de solicitud de tramitación de emergencia, y el segundo y tercer encargo, el 22 de abril.
Sin embargo, los pedidos efectuados a Tyrval sufrieron variaciones, ya que hubo un momento que las fábricas no garantizaban el suministro de determinado material sanitario. La anterior dirección socialista de la Conselleria de Salud tuvo que anular alguna parte de los pedidos como los guantes del primer encargo o las mascarillas FFP3 del tercero, debido a que no cumplían con la normativa europea, y algunos precios durante la fase de fabricación se incrementaron, como los de las mascarillas y los de los buzos del segundo pedido.
Hay que recordar que durante los meses de marzo y abril se produjo un colapso del mercado de producción de material sanitario en China, tanto a nivel de compradores (todos los países del mundo dirigieron sus órdenes de compra a los fabricantes chinos) como de vendedores (muchas fábricas del país asiático redirigieron su producción tradicional hacia la producción de mascarillas, guantes, batas y otro tipo de material similar).
Muchas empresas chinas reconvirtieron sus procesos de producción para la fabricación de material sanitario, cumpliendo en algunos casos con los certificados de calidad chinos, pero no con los internacionales.
En concreto, en este caso, se anularon los guantes del primer pedido por un importe de 322.800 euros (un total de 4.000.000 unidades) y las FFP3 del tercer pedido por un importe de 980.000 euros (100.000 unidades). Esto hace un total de 1.302.800 euros de material anulado, pero como expone el entonces director de la hoy ya extinguida Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Jaume Far, «a pesar de estas variaciones, el precio final de todo el suministro no varió», los citados 6.438.100 euros.
A ello hay que unir el hecho de que los importes facturados no se correspondían con los precios que constan en el informe justificativo de la contratación de emergencia.
La empresa Tyrval, en concreto, según Far, habría aumentado en 0,05 euros los precios de los 5.000.000 de unidades de mascarillas quirúrgicas, y en 3,30 euros, el de la unidad de los 50.000 buzos. Estos dos incrementos de los precios entre el segundo pedido y el suministro, supusieron 415.00 euros adicionales a la factura final, en concreto, 250.000 euros en las mascarillas quirúrgicas, y 165.000 en los buzos.
Todo un desaguisado del Servicio balear de Salud que, según lo establecido en el decreto que declaraba el estado de alarma, era el único organismo que podía ser importador de material sanitario, utilizando para ello una serie de intermediarios que, en teoría, eran «los que más garantías de calidad y facilidades de pago nos ofrecían», según reconoció en un informe la ex diputada socialista, y en 2020 abogada de la comunidad autónoma, Lourdes Aguiló.