El borrador de la Ley Ómnibus llegó a manos de los gobernadores y de los jefes de bloque en el Congreso sin un importante capítulo impositivo que ponía en igualdad de condiciones a toda la industria y subía la alícuota de 70% a 73%. El lobby de un empresario con diputados habría sido el causante de retirar la ley bases una normativa que beneficiaba a los productores tabacaleros de Jujuy y Salta y las economías regionales.
El borrador del proyecto de ley bases no incluye el apartado de Impuestos Internos que ponía en igualdad de condiciones a toda la industria y subía la alícuota de 70% a 73%. Las modificaciones buscaban resolver una situación que favorece Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, y que se disputa desde hace ocho años en la Justicia.
Según consigna La Letra P, Otero impulsó un lobby parlamentario en Diputados a través de los diputados bonaerenses Cristian Ritondo (PRO) y Carlos Castagneto (Unión por la Patria), y del salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) para mantener el statu quo, que afecta la recaudación del Estado y la competencia en uno de los principales sectores de la economía.
El objetivo cumplido por Otero y los legisladores que responden a él en la Cámara de Diputados le permitirá a Tabacalera Sarandí continuar comercializando sus productos a precios ultrabajos y beneficiarse de una situación única en el mercado: no pagar el Impuesto Interno Mínimo de $792,73 pesos por paquete de cigarrillo.
Asegura La Letra P que la distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante la AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $625, Master $568, Kiel $525; mientras sus productos se comercializan alrededor de los $1000 y $1200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público. De este modo, obtiene entre $600 y $700 por atado de manera informal y por fuera de la ley.
Otero admitió en una entrevista concedida a Perfil tener una facturación anual de 800 millones de dólares. En el sector señalan que si los precios oficiales marcan esa facturación, obtiene otro tanto de manera informal, ya que sus productos se comercializan a más del doble de lo que tributan en la AFIP.
Gustavo Sáenz criticó a Javier Milei por haber cedido ante "el Señor Tabaco": "No claudique ante las presiones que usted mismo ha atacado en público"
El gobernador de Salta se manifestó en contra de la decisión del Ejecutivo de retirar del proyecto de ley ómnibus las modificaciones de los impuestos a la industria del tabaco; apuntó contra los legisladores "que desconocen el interior" y, sin nombrarlo, contra el empresario Pablo Otero.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó que el Ejecutivo haya eliminado la modificación de Impuestos Internos al Tabaco que estaba prevista en el Capítulo Fiscal del nuevo proyecto de la ley ómnibus y cuestionó que "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la 'casta'".
"Sacaron del Capítulo Fiscal la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, que iba a terminar con el privilegio de una sola empresa. Una empresa que se autopercibe PyME pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores", detalló el mandatario en un extenso hilo publicado en la red social X.
El reclamo del salteño salió a la luz luego de que se conociera que la administración de Javier Milei dio marcha atrás con los cambios en la nueva Ley de Bases por presión de la Tabacalera Sarandí. La empresa en cuestión, perteneciente a Pablo Otero, había sido cuestionada por el presidente por el lobby que realizó en el Congreso para que no se tocara el marco tributario del rubro, que lo haría pagar impuestos en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores del mercado.
Entre los diputados hubo fuertes acusaciones cruzadas, que apuntaron a varios legisladores en particular por haber puesto como condición el retiro del capítulo tabacalero para apoyar al resto de la norma.
El diputado que hizo más fuerza para que se saque fue el jefe de la bancada Pro, Cristian Ritondo, que lo habría puesto como uno de los no rotundos del bloque en las conversaciones con el Poder Ejecutivo. Interesados en el tema también estuvieron Diego Santilli; Carlos Castagneto, extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández; y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza.
En un tono muy fuerte, Sáenz calificó a la decisión del oficialismo como "una prebenda" y aseguró que las consecuencias las pagan "las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco". Esa situación, aseguró, afecta a una economía regional "que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción".
En tanto, remarcó que más allá de la afectación particular de los distritos productores, el costo de este acuerdo "también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de un billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos, coparticipables entre las 24 jurisdicciones del país y el Tesoro Nacional".
A modo de ejemplo y "para entender la dimensión del daño al erario público nacional y provincial", remarcó que "por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a un millón de jubilaciones mínimas al año en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas".
"Señor Presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco", finalizó.
Con información de la Letra P y La Nación