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Felipe VI fue la primera persona que ayer, después de un periodo de reflexión de cinco días, conoció la decisión final de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno llegó al Palacio de la Zarzuela en torno a las nueve y cuarto de la mañana y entró por la puerta de Valdemarín. ¿Su objetivo? Comunicar al Rey que había decidido seguir al frente del Ejecutivo. Sánchez le informó el miércoles de su decisión de reflexionar unos días y ayer quiso escenificar su relación con la Jefatura del Estado en una visita que muchos interpretaron como un gesto de dimisión, pues se consideraba que no era necesario contarle en persona que seguiría todo como estaba.
El artículo 56.1 de la Constitución afirma que el Rey «arbitra y modera el funcionamiento de las Instituciones». Pero las atribuciones reservadas para el Jefe del Estado están reguladas en el 62. En concreto, el apartado G afirma que Felipe VI «tiene que ser informado de los asuntos de Estado». ¿Debía Sánchez trasladar esta decisión en persona?
«Se ha hecho bien en comunicar al Rey la decisión antes que al resto por cortesía institucional», opina Germán Teruel, profesor titular en Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia vinculado a la Red de Estudios sobre las Monarquías Contemporáneas (REMCO). Disiente el también profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria y columnista de EL MUNDO Josu de Miguel, quien se muestra más crítico. Opina que «Sánchez ha convertido un asunto personal que habla de su mujer en un asunto de Estado». Además, cree que el presidente del Gobierno se toma poco en serio el papel de la jefatura del Estado, por más que esta vez le haya comunicado su decisión en persona. «Alguien que ha acabado haciendo los despachos por teléfono muestra poco respeto institucional». Según su interpretación de los dos artículos citados anteriormente, el Monarca «tiene la auctoritas muy mermada por seguir al pie de la letra la Constitución», aunque cumple el mandato que le indica la Carta Magna, le deja poco margen para actuar. «El Rey puede escuchar, advertir, opinar.... Me imagino que en la conversación del miércoles y en la reunión de ayer le recordó sus deberes constitucionales, pero no puede hacer más».
Para Teruel, el problema está en que Sánchez «está desaprovechando el valor que tiene contar con un jefe del Estado como es el Rey, es una cuestión de saber entender las instituciones». El constitucionalista explica que la función del Rey de arbitrar y moderar se refiere a las «facultades latentes de animar, advertir y ser informado». Es un papel que en una monarquía parlamentaria deja al Rey capacidad de actuación «sin tener un papel coactivo ni bloqueante». Para él, Sánchez cumplió ayer «sobre el papel» con la cortesía de informar al Rey, pero no le permitió cumplir con el artículo 56: «Ha ido a Zarzuela con una decisión ya tomada, por lo que no le ha dado ninguna capacidad para analizar la situación y escucharle. Tampoco creo que lo hiciera cuando adelantó las elecciones, le llamó para comunicárselo, pero no con intención de que Felipe VI 'arbitre y modere' la situación», opina. «Aunque no haya un mandato expreso, siempre hay que escuchar al Jefe del Estado», sentencia.
Josu de Miguel recuerda que es «inaudito» que Sánchez haya intentado «involucrar al Rey» en su decisión. «Es que al Monarca no hay que molestarle para estas cosas, sino para lo que llamamos el mapa constitucional de crisis: cuestiones de confianza, dimisiones... pero no para decir que continúas». No está de acuerdo Teruel, que opina que en el momento que se compromete la estabilidad de un Gobierno se convierte en un asunto de Estado. Felipe VI tiene muy limitado su papel por las funciones que previeron para él, es por ello que De Miguel piensa que «el sistema actual [la monarquía parlamentaria] beneficia a la izquierda porque el Rey no puede hacer más cosas. Todo esto que ha pasado habría sido imposible en una república», reflexiona.
Teruel recuerda que «no se puede tratar de comprender la posición del Rey aludiendo a la literalidad de las normas constitucionales». El profesor titular recuerda que la Constitución de Italia reserva para el primer ministro las mismas atribuciones que para el Jefe del Estado español, sin embargo, allí ha habido situaciones en la que el primer ministro le ha bloqueado al presidente la elección de un ministro. «En España, el Rey no haría eso».
Según De Miguel, cuando los padres de la Constitución la redactaron, concibieron al Rey «más como un símbolo que alguien con fuerza para hacer política, y ahora nos encontramos que quien arbitra el funcionamiento de España se llama Waterloo», afirma. Sin embargo, De Miguel también opina que «sin el Rey esto habría sido un desastre absoluto y habría caído el régimen constitucional» porque en estos diez años que han pasado desde la proclamación, Felipe VI ha lidiado con una importante crisis política que le ha obligado a celebrar diez rondas de consultas y a convocar la repetición de elecciones generales. Una inestabilidad que ha reivindicado al Jefe del Estado como el «símbolo de unidad y permanencia» con el que lo define el principio del artículo 56 de la Carta Magna.
Teruel lo tiene claro: «El Jefe del Estado es un contrapeso que demuestra que el presidente del Gobierno no lo puede todo. Su mujer no es la primera dama, lo es la Reina. Y sin ser el Rey un tutor del sistema parlamentario, en el espacio de encuentro el presidente debería, además de informar al Jefe del Estado, no tomar decisiones sin escuchar su criterio».