La jueza del juzgado de instrucción número 17 de Madrid ha dictado ampliar el procedimiento "por un posible delito de fraude en subvenciones y falsedad documental" por parte de Pimec y Uatae a los años 2020 y 2022. La jueza investiga una subvención de 266.123 euros que recibió Uatae tras presentar un certificado presuntamente falso que hace referencia a Pimec. El Ministerio de Trabajo y el Departament de Treball alertaron a la Fiscalía del presunto documento falso usado para pedir ayudas.
En la misma comunicación fechada ayer, la jueza suspende "las declaraciones señaladas para el próximo día 25 de abril hasta tanto se reciba la documentación" del Ministerio de Trabajo sobre las subvenciones de los años ahora investigados. Los citados a declarar son los secretarios generales de Uatae, María José Landaburu, y de Pimec, Josep Ginesta.
Aunque Pimec defiende que no se ha beneficiado de las ayudas en un acuerdo anterior a la solicitud de los fondos Pimec Autònoms –dependiente de la patronal Pimec– acordó con la asociación de autónomos Uatae el reparto de "forma proporcional a la representación aportada" de los "recursos conseguidos".