La congresista María Cordero Jon Tay es investigada desde el año pasado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle la mitad de sus haberes mensuales.
El Poder Judicial aprobó el inicio de una investigación preparatoria en el Ministerio Público a la suspendida congresista María Cordero Jon Tay por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, comunicara a su despacho que el último 22 de marzo formalizó estas pesquisas contra la suspendida legisladora como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado a raíz de este caso.
El actual titular del Ministerio Público dispuso que esta investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 120 días en el que se realizarán una serie de diligencias para establecer las responsabilidades del caso contra María Cordero Jon Tay.
Esta decisión del Poder Judicial ya fue notificada también a la Procuraduría General del Estado y la defensa legal de la suspendida legisladora para los fines pertinentes.
Congresista suspendida
El pleno del Congreso de la República aprobó el pasado 14 de marzo suspender a la legisladora María Codero Jon Tay y levantar la inmunidad de la parlamentaria a fin de que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión. Ello, luego de que la bancada de Avanza País presentara una reconsideración a la votación.
La suspensión se mantendrá por el tiempo que duren las investigaciones. Como se recuerda, la legisladora es acusada de haber recortado un total de 80 000 soles a uno de sus trabajadores en el caso mochasueldos.
Sin embargo, la representación parlamentaria rechazó el punto que incluía inhabilitar a Codero Jon Tay por 10 años del ejercicio de la función pública.
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