El proyecto busca resguardar la prestación de los servicios esenciales y es aplicable a los tres poderes del Estado.
El Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la ley de Emergencia. La iniciativa, no solo declara la emergencia económica y financiera sino que también la educativa.
Otro de los puntos distintivos es que promueve los retiros voluntarios para empleados públicos a partir de los cinco años de servicio.
La ley tiene por objeto "resguardar la prestación efectiva de los servicios esenciales del Estado Provincial, por lo que es de aplicación al Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas y Municipios". También contempla organismos descentralizados y empresas estatales.
En lo que hace a los retiros voluntarios, el proyecto advierte que podrán acogerse al régimen los agentes de planta permanente que se encuentren en efectivo servicio al 31 de diciembre de 2023 y que posean cinco años o más de antigüedad en sus cargos. Quedan exceptuados los agentes de Seguridad, el Personal Sanitario con tareas asistenciales, docentes que presten servicio frente a alumnos, directivos de establecimientos educativos y supervisores que sean esenciales. Agentes con proceso penal o sumario, autoridades superiores y el personal aeronáutico.
os agentes sujetos al régimen percibirán una prestación pecuniaria mensual en forma simultánea con el pago de los haberes de los agentes en actividad. La prestación será proporcional a la remuneración bruta correspondiente a su situación de revista e incluirá adicionales, suplementos y compensaciones.
Para calcular el porcentaje de la prestación a recibir, se computarán los años que le falten al agente para acceder al beneficio jubilatorio. En este sentido, si le falta 5 o menos años se liquidará el 80%; hasta 7 años, el 75%; hasta 10 años, el 70%; hasta 14 años el 60%. Desde 15 años en adelante se pagará el 50%.
Se advierte que el personal alcanzado por este sistema no podrá ser reincorporado en los Organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, aún cuando renunciare al beneficio, excepto cuando asumiera un cargo electivo o como autoridad superior.
En lo que hace a gastos de personal, el proyecto dispone que "no se podrá efectuar contrataciones o designaciones de personal". Quedan exceptuadas de esta prohibición, las contrataciones o designaciones en las áreas de salud, educación y seguridad.
La iniciativa establece que en materia de obra pública, el Ejecutivo podrá afectar recursos para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas. Deberá priorizar viviendas, escuelas, hospitales, caminos provinciales y obras complementarias que se encuentren en ejecución. Podrá disponer de la rescisión o renegociarse los contratos de obras o servicios celebrados con anterioridad al 1 de marzo de 2024.
Se restringe el otorgamiento de viáticos y la adquisición de bienes de capital y vehículos. La compra de estos solo queda reservada a los Ministerios de Salud y Seguridad. Se suspenden las nuevas contrataciones de locación de inmueble, con excepción de prórroga o renovación o en situaciones justificadas. Se faculta al Ejecutivo a agilizar las ventas de los bienes muebles, automotores e inmuebles del dominio privado del Estado o ente en que tenga participación del capital que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.