En una llamativa resolución judicial, la cerealera Díaz y Forti, perteneciente al Grupo Olio, fue condenada por no liquidar USD 680 millones en concepto de exportaciones de granos, por lo que recibió una multa de tan sólo USD 4 millones. Hasta mediados de diciembre de 2023, el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona lideraba la defensa de la exportadora, que operaba a fasón en Vicentin.
La representación de Ariel Orio, titular del conglomerado que lleva su apellido, estuvo a cargo hasta el 11 de diciembre pasado por Cúneo Libarona, quien renunció para formar parte del Gobierno Nacional.
Diez días más tarde, el 21 del mismo mes, el juzgado federal N°3 de Rosario, Santa Fe, a cargo de Carlos Vera Barros, absolvió al ex cliente del funcionario de Javier Milei.
La causa en la que intervino Cúneo Libarona
La causa nació a raíz del sumario penal cambiario 7530 remitido por el Banco Central (BCRA) el 22 de febrero de 2022. En dichas actuaciones, la autoridad monetaria investigó y comprobó "la falta de ingreso y el ingreso tardío de las divisas comprometidas en diversas destinaciones de exportación por la firma Diaz y Forti S.A".
En efecto, la Gerencia Principal de Exterior y Cambios, dependiente del BCRA, informó que la compañía, encabezada por Marcelo de Vicentis, mantenía operaciones de exportación de las cuales no constaba certificación de cumplido emitida por la entidad de seguimiento.
En tal sentido, 68 de las operaciones indicadas se tramitaron a través del Nuevo Banco de Chaco; 7 en el Banco BBVA Argentina; 14 en el Banco Galicia y 9 en el Industrial and Commercial Bank of China. De esta manera, el BCRA constató que Díaz y Forti liquidó 6 operaciones por USD 3.390.439 entre el 4 de septiembre y el 9 de octubre de 2020 fuera de los plazos establecidos por la normativa cambiaria vigente al momento. A la vez, el organismo informó que 95 operaciones por USD 308.804.170 no fueron ingresadas ni liquidadas.
A dichas maniobras se agrega una reincidencia de la infracción en otras 118 exportaciones entre el 1 de julio y el 28 de diciembre de 2020 por un valor de USD 372.509.427,25. Según detalla el expediente al que accedió PERFIL, la empresa investigada no presentó facturas de exportación ni documentación vinculada al acceso al mercado de cambios.
En el sumario 7749, el Central también advirtió sobre la existencia de "24 exportaciones reportadas incumplidas por las entidades financieras designadas para su seguimiento cambiario" correspondientes a la firma en cuestión. El monto denunciado totalizaba USD 9.752.438,64 y registraba vencimiento en el período comprendido entre el 4 de enero de2021 y 12 de mayo de 2021.
A partir de la investigación del BCRA, a fines de 2020 se procedió a suspender a la cerealera en el Registro de Exportadores por la Dirección General de Aduana (DGA) y en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), dispuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A mediados de 2021, la Justicia dispuso un embargo por USD 3.100 millones.
La cerealera admitió los cargos y cuestión al gobierno anterior
Durante el proceso judicial, de Vicentis admitió ante el juez las transgresión cambiaria y adujo dificultades financieras de la compañía para hacer frente a sus compromisos en un contexto de crisis económica producto de la pandemia de coronavirus, el cepo y la devaluación del peso.
De hecho, la defensa remarcó que con una parte de las divisas originadas de las exportaciones, la empresa canceló una deuda vencida que había contraído con el Banco Sabadell de los Estados Unidos por USD 15 millones, pese a que el Banco Central no autorizó la compra de dólares para la cancelación de lo adeudado.
La auditoría de la entidad monetaria arrojó que Díaz y Forti ingresó las divisas surgidas de los granos exportados a través de la compra de activos de cotización nacional nominados en dólares y su posterior liquidación en pesos en bancos locales, una práctica conocida popularmente como "Contado con liquidación".
Por otra parte, los condenados acusaron al gobierno de Alberto Fernández de pretender instalar "la falsa premisa que la firma Vicentin SAIC (en concurso de acreedores) estaría continuando fraudulentamente su actividad a través de Diaz y Forti".
A propósito de este tema, subrayaron que la sociedad sólo había suscripto un contrato de fasón con la exportadora así como pactos de "servicios de elevación, descarga de barcazas, y almacenaje de productos", que habrían sido autorizados por el juez interviniente en el concurso de Vicentin.
Absolución y multa ínfima: la polémica resolución del juez
A pesar de las contundentes pruebas aportadas por el BCRA y la admisión de culpabilidad de la propia compañía, Carlos Vera Barros resolvió absolver a Ariel Olio, al entender que había renunciado a la presidencia del directorio el 10 de marzo de 2020, antes de que se produjeran los ilícitos.
En cuanto a de Vicentis, el magistrado le fijó una pena económica de USD 100.000 y dispuso el levantamiento inmediato parcial de las medidas cautelares que habían sido trabadas en su contra.
En cambio, a la empresa se la multó por USD 4 millones, una suma que representa menos del 1% de los USD 680 millones totales que evitó liquidar la cerealera, y estableció un plazo de 60 días hábiles desde la resolución para el cumplimiento del pago.
MFN