La primera de todas las chapuzas y presuntas irregularidades en el transporte de material sanitario a Baleares durante el estado de alarma de 2020 por el Govern presidido por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, es sin duda, el caso de las 1,4 millones de mascarillas fake adquiridas a la trama del caso Koldo por 3,7 millones de euros, pese a saber que no cumplía los requisitos.
El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) dio el visto bueno el 12 de agosto de 2020 a las mascarillas a pesar de que ya había recibido en junio los resultados de los análisis constatando que el material adquirido no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran fraudulentas.
Como reveló este periódico, Armengol pagó de una tacada a la empresa clave de la trama del caso Koldo los 3,7 millones sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra, sin saber si eran o no válidas, y tras una llamada telefónica de una compañía que nunca antes le había suministrado material sanitario al IB-Salut.
Fue el 25 de abril de 2020 cuando Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, remitió el ofrecimiento de las mascarillas al alto cargo socialista Manuel Palomino, director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud.
Fue aceptado el mismo día y se iniciaron los trámites para el desembolso del millonario contrato «independientemente del resultado de los análisis» de calidad de las mascarillas.
La segunda irregularidad, en este caso, es que el Ejecutivo de Armengol no inició los trámites para reclamar el dinero desembolsado por las mascarillas fake hasta julio de 2023, tres años después.
En tercer lugar, el Govern contrató entre el 27 de marzo y el 10 de junio de 2020 para el transporte de material sanitario entre Shanghái y Baleares, 15 vuelos por los que abonó, en total, siete millones de euros: más del doble de lo que costaba su transporte aéreo, cifrado en apenas tres millones de euros.
¿Por qué se pagó ese sobrecoste, si tenemos en cuenta el contexto en el que se produjo: en plena pandemia, con la demanda de billetes cayendo estrepitosamente como consecuencia de las medidas de cierre de fronteras adoptada por muchos países y la prohibición de viajar?
Y más teniendo en cuenta «la posición estratégica de Baleares en este ámbito, la multitud de compañías que operan en nuestros aeropuertos, y sin necesidad de contratar un intermediario, para encontrar las compañías que pudieran hacer el transporte», como indicó en un informe el director de la Oficina Antifraude, Jaume Far.
La cuarta chapuza relacionada con esos vuelos de material sanitario fue la de contratar una aerolínea que no podía operar en China, provocando un quebranto a las arcas públicas de 480.000 euros, por las consecuencias derivadas del retraso para su traslado a las Islas.
En concreto el IB-Salut, encabezado por la consellera socialista Patricia Gómez, tuvo que desembolsar ese importe en gastos adicionales e imprevistos a causa de los retrasos ocasionados por los fallos logísticos de la aerolínea alemana PANAF para transportar mercancía sanitaria del fabricante chino Shanghai Fanrui. Por cierto, un proveedor «un tanto dudoso», como lo calificaba la citada Oficina Anticorrupción ya que se dedicaba «principalmente al suministro de alimentos saludables y productos dietéticos, alimentos para bebés y bebidas alcohólicas».
Llama la atención, en quinto lugar, que Armengol contratara material sanitario durante la pandemia a empresas de iluminación, dietética, muebles y gestorías, que carecían de experiencia previa en la contratación con las administraciones públicas y en la fabricación de este tipo de material antes del estado de alarma.
En concreto, desembolsó 37 millones de euros a seis fabricantes, en su práctica totalidad, empresas dedicadas a actividades relacionadas con muebles de oficina, materiales de iluminación, productos dietéticos o consultoría de gestión empresarial, como era el caso de la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión SL.
De hecho, y en sexto lugar, en la escala de chapuzas cometidas por el anterior Ejecutivo balear figura la pérdida de otros 380.000 euros por los fallos e improvisaciones en las contratación de material sanitario urgente, en este caso, por el sobreprecio pagado por 100.000 buzos sanitarios valorados en 2,3 millones de euros.