Y. K. robó cuatro prendas de ropa en la tienda Lefties de la plaza Universitat de Barcelona. La Guardia Urbana lo atrapó in fraganti con dos pantalones, una chaqueta y una cazadora cuyo valor ascendía a 83,96 euros en total. Y. K. tiene 26 años y es un ladrón habitual con problemas de adicción a las drogas que merodea por el centro de Barcelona en busca de carteras, móviles o prendas de ropa para posteriormente venderlos. Los Mossos y la Guardia Urbana ya lo conocen y a sus espaldas acumula multitud de detenciones. El robo en la tienda Lefties se cometió el 15 de octubre del 2022 y un año y medio después todavía no se ha juzgado. Este caso real al que ha tenido acceso La Vanguardia evidencia la lentitud con la que la justicia aborda casos de escasa complejidad.
La tardanza para enjuiciar a Y. K. se debe a que es un multirreincidente y, por tanto, se le tiene que aplicar la normativa que entró en vigor en agosto del 2022. Aquella reforma del Código Penal castiga con penas más duras a los delincuentes que actúen de forma reiterada y acumulen al menos tres sentencias firmes por delito leve. Sin embargo, la inclusión de este supuesto provoca que una causa sencilla acabe años languideciendo en el juzgado. Por esta razón, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, junto con otras instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, reclaman una modificación legal que permita que la ley sea más eficaz para combatir la multirreincidencia. "La norma tiene un buen espíritu, pero desconoce cómo funciona la práctica jurídica diaria", sostenía el decano del colegio en una entrevista en este diario.
El Col·legi de l'Advocacia y el Ayuntamiento de Barcelona piden mayor agilidad
Cuando Y. K. fue detenido por robar las prendas, al tratarse de un delito leve de hurto (antiguas faltas), fueron los propios agentes de la Guardia Urbana los que lo citaron para juicio. Debía comparecer el 8 de mayo del 2023, casi siete meses después de que se cometiera el robo. Los juicios de delitos leves se realizan de lunes a viernes en dos salas de la Ciutat de la Justícia. La sala la preside un juez de instrucción, custodiado por un fiscal y varios funcionarios. La mayoría se celebran sin el acusado ya que no tiene la obligación de comparecer puesto que la pena a la que se enfrenta es inferior a los dos años de cárcel. Por ahí desfilan como testigos los policías que atrapan a los delincuentes y los vigilantes de seguridad de los establecimientos donde se ha cometido el robo. El sistema funciona con agilidad. En cuestión de 10 minutos se celebra el juicio y se dicta la sentencia con la pena impuesta. Se juzgan 24 casos cada día en dos juzgados. En total, 48 juicios, que, sin embargo, son insuficientes para absorber la demanda. Hay más casos que los que el sistema es capaz de juzgar, con lo que el resto se acumula en los juzgados creando un atasco.
El día 8 de mayo del 2023, el juzgado que estaba de guardia era el de instrucción 29 de Barcelona. Antes de celebrar el juicio contra Y. K., el juez revisó el sistema de registros de la administración de justicia y se percató de que el acusado acumulaba más de tres condenas firmes por hurto. En este supuesto había que aplicar el agravante de multirreincidencia, con lo que el robo de las cuatro prendas de ropa pasaba a convertirse en un delito menos grave y el juez de instrucción no podía enjuiciarlo sino que debía abrir un proceso de instrucción (diligencias previas) y, una vez finalizado, derivarlo a un juzgado de lo penal para que juzgase a Y. K.
La nueva reforma transforma un delito leve como este en un delito menos grave, que puede acarrear penas de prisión. El delito se agrava cuando se hayan cometido al menos tres hurtos y, además, que el valor de lo robado supere los 400 euros. Esto implica tener que buscar en el sistema de antecedentes penales a cuánto ascendía el valor de los objetos robados anteriormente, información que no siempre aparece en el registro. Esto obliga a los jueces a pedir las sentencias dictadas por otros juzgados para mirar si ahí sí figura el importe, con lo que todo el proceso se demora durante meses. Esto es lo que sucedió en este caso. En el registro de antecedentes penales no constaba a cuánto ascendía el valor de los objetos que Y. K. había robado en el pasado, con lo que hubo que solicitar a los juzgados que enviasen las sentencias anteriores para explorar si figuraba el valor de lo sustraído.
La justicia invierte un año en realizar una instrucción que podría durar 10 minutos
Y. K. acumula 36 condenas firmes, la mayoría en Barcelona, pero otras en el País Vasco y en Madrid, con lo que había que reclamar a los juzgados correspondientes que enviasen las sentencias al juzgado de Barcelona para ver el importe de lo robado y saber si se podía aplicar la agravante de multirreincidencia. Un proceso muy lento para juzgar un simple robo de cuatro prendas de ropa.
Al ser un delito menos grave y existir una fase de instrucción, debía citarse a declarar a Y. K. En el sistema figuraban distintas direcciones. A los multirreincidentes no siempre se los localiza porque suelen llevar documentación falsa. En este caso, la policía buscó al acusado hasta que descubrió que estaba en la prisión de Quatre Camins cumpliendo varias condenas por un delito de robo con violencia y doce hurtos. Para responder ante la justicia por el robo de las cuatro prendas fue citado a declarar por videoconferencia el 13 de junio del 2023. El Col·legi de l'Advocacia le designó un abogado de oficio. Con todo preparado, asistido por una letrada y con la conexión realizada desde la cárcel, el acusado se acogió a su derecho a no declarar. El juez, a la vista de la información aportada, que era la misma que ya tenía el primer día, finalizó la instrucción y dejó el caso pendiente de juicio. Si hubiera sido un delito leve, el caso se habría juzgado en 10 minutos. Al tratarse de un delito menos grave, el proceso se prolonga durante un año, aunque las pruebas son las mismas. El fiscal presentó su escrito de acusación el 23 de octubre del 2023, casi un año después de que se cometieran los hechos. Reclama para Y. K. una pena de 5 meses y 29 días de cárcel. La abogada defensora entregó su escrito de defensa y ahora falta que el juez de lo penal señale una fecha para el juicio. Hoy por hoy, todavía no se sabe cuándo será.
Los Mossos sugieren mejoras
Los Mossos d'Esquadra, en el mismo informe que fue avanzado por La Vanguardia en el que reclaman medidas legales para combatir el tráfico de marihuana, también aprovechan para solicitar mejoras para luchar contra la multirreincidencia. Interesan cambios respecto a las órdenes de alejamiento en relación con distintos lugares donde los ladrones actúan con más frecuencia. El año pasado se dictaron 59 órdenes de alejamiento de la autopista AP-7. Los Mossos destacan que es una medida muy útil, pero que acaba siendo provisional gracias a los recursos de los abogados defensores, que la hacen decaer. También aprecian complicaciones para que declaren las víctimas de países extranjeros en los juicios, con lo que proponen la aplicación de la prueba preconstituida o la comparecencia por videoconferencia de los afectados.