SEÑOR DIRECTOR:
Como es sabido, la noche del viernes 5 de abril de 2024, la policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito, sacando de ella al exvicepresidente Glas, a quien México había otorgado asilo.
Ello constituye una vulneración de la inviolabilidad de la misión diplomática y la de sus agentes, consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de aplicación universal. Esa protección fue establecida no porque se considere que una embajada es territorio del Estado, como se suele afirmar, sino porque permite garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas.
Pero, además, Ecuador vulneró las reglas relativas al asilo diplomático, una institución regional, de raigambre consuetudinaria e integrante del particularismo jurídico de Latinoamérica. Ella es también regulada por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conforme a la cual el asilo se configura como un derecho del Estado al que se le solicita; que puede otorgarse a personas que éste considere que son perseguidas por razones políticas y no por delitos comunes. México y Ecuador la ratificaron.
El elemento característico del asilo es la obligación del Estado territorial de permitir la salida del país del asilado, ya que no es posible el desalojo por las autoridades locales en ninguna embajada. La Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva del 30 de mayo de 2018, solicitada por Ecuador, confirmó que está vedado el ingreso forzado a una representación diplomática y que, incluso, la sospecha de un mal uso de la inviolabilidad no constituye una justificación para que el Estado territorial ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática. No existe, pues, ninguna excepción al principio de inviolabilidad.
Además de lo anterior, Ecuador no ha tenido presente su práctica reciente en materia de asilo diplomático: la protección que ese Estado decidió dar a Julian Assange en su embajada en Londres en 2012.
Ante la violación de normas internacionales y regionales, México ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador y lo ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril, señalando que ese país ha violado el derecho internacional, solicitando medidas provisionales que buscan que Ecuador no desarrolle acciones que agraven el conflicto.
Astrid Espaliat Larson
Coordinadora Académica Magíster en Estudios Internacionales
Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile