Opinión de Marcela Pabón.
En julio de 2023, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, informó que entre 2010 y 2023 la impunidad en casos de corrupción ascendió a la vergonzosa y preocupante cifra del 94%.
Sin embargo, contrario a lo que podría esperarse, en lugar de una estrategia legal para combatir la impunidad, existe un nuevo proyecto de acto legislativo, en el marco de la Política de Paz Total, para conceder el "Perdón Político" donde se incluyen las condenas por delitos de corrupción. Esta iniciativa es liderada por Luis Fernando Rosas, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Caldas en 2018, a 70 meses de prisión por los delitos de Contrato sin el lleno de los requisitos, Celebración indebida de contratos y Peculado.
El proyecto propone que los responsables de delitos contra la administración pública, favorecidos por ese "perdón", deberán pagar el valor de los recursos apropiados, pero con el beneficio del archivo de las investigaciones en curso y la restauración de derechos políticos, con lo cual podrían incluso levantarse las inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, eso sí, con la suscripción de un cándido "compromiso de no repetición".
Mientras en otros países se aumentan las estrategias legales para combatir la corrupción, en Colombia aún no se ha entendido que la impunidad es el motor que impulsa y fortalece este flagelo. Los casos de éxito a nivel internacional en los cuales se ha logrado reducir los índices de corrupción, han tenido como elemento central el incremento de la dureza en las penas para los culpables, justo lo contrario de lo que se pretende en Colombia.
Por ejemplo, cuando Singapur ejecutó su proyecto nacional para la eliminación de la corrupción, la pena mínima para pequeños sobornos era, en 1965, de diez años de cárcel y cien mil dólares de multa, lo que hoy equivaldría a casi 400 millones de pesos colombianos.
Y los resultados son claros: actualmente Singapur ocupa el quinto puesto en la escala de transparencia internacional y es tercero en el ranking mundial de competitividad. Por su parte, Colombia ocupa el puesto 57 en competitividad y el 87 en Transparencia.
En definitiva, la impunidad disfrazada de perdón político no será el camino que nos conduzca al desarrollo social y económico, pues lo único que logra la impunidad es el aumento de la inequidad y la injusticia, la degradación de la democracia, la pérdida de la confianza en la institucionalidad y la devastación del Estado de Derecho.