La Audiencia Provincial de Castellón tuvo que suspender ayer por la mañana el juicio contra cuatro miembros de una misma familia por una estafa múltiple a citricultores de la provincia. El motivo de la cancelación de la vista no fue otro que la incomparecencia de los acusados, de los cuales solo uno alegó algún motivo --aunque, a ojos de la acusación, una operación programada de cataratas no constituye motivo suficiente--. Del resto de los procesados, ni rastro. Además, renunciaron a sus defensas el día antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, explicaron los letrados.
La consecuencia de la incomparecencia fue que todas las víctimas citadas tuvieron que marcharse, de vuelta a sus quehaceres, y sin saber cuándo podrá volver a señalarse el juicio --la agenda de la sección hace casi imposible encontrar hueco antes de dos o tres meses--. El tribunal acordó la suspensión del juicio y la nueva citación de los acusados, apercibiéndoles de que, en caso de no volver a presentarse, se dictará contra ellos orden de búsqueda y detención para garantizar la celebración de la vista oral.
La acusación de la Fiscalía
La Fiscalía acusa a los cuatro procesados de un un delito continuado de estafa y otro de frustración de la ejecución y pide penas de entre tres y siete años de prisión. A los cuatro se les imputa la compra, a través de una mercantil creada ex profeso para ello y con sede social en Vila-real, de un total de 237.407 kilogramos de naranjas a 12 pequeños productores y mercantiles, con un precio total de 57.728,09 euros.
Los hechos que se llevan a juicio se remontan al año 2014, cuando, un año después de crear la mercantil para la comercialización al por mayor de frutas y hortalizas, y, pese a ser conocedores de la mala situación económica por la que atravesaban, según el escrito del Ministerio Público.
Según el mismo documento, actuaron de mutuo acuerdo con el propósito de inmediato enriquecimiento procedieron a adquirir desde octubre de 2014 a febrero de 2015, en 12 lotes a diferentes propietarios, una de las cuales ya ha fallecido, quedando como heredera su hija, con sumas que van de los 761,94 euros a los 23.369 euros, de la última de las cosechas adquiridas para su distribución.
Fiscalía señala que todas las ventas se celebraron con los acusados siendo conscientes de que no cumplirían con los pagos, debido a la situación de insolvencia de la mercantil. Una vez recolectados todos los productos, desatendieron los pagos.
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hay una docena de afectados por valor de 58.000 euros
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