El gobierno de Venezuela protestó por la reimposición de sanciones de Estados Unidos al petróleo y lo acusó de "violar" los acuerdos firmados entre ambos países el año pasado en Qatar donde se discutieron temas bilaterales, incluidas garantías para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", manifestó el canciller Yván Gil.
Además indicó que, con esta medida, Estados Unidos "consumó su política de violación a los compromisos asumidos bajo la facilitación de Qatar" en septiembre pasado que, según Venezuela, implicaba la eliminación de las sanciones al momento de la convocatoria a elecciones.
Estados Unidos anunció este miércoles que no renovará la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela como castigo al presidente Nicolás Maduro que impidió que "la oposición democrática" se presente a las elecciones presidenciales y detuvo a políticos y activistas.
"Después de una revisión minuciosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El Departamento del Tesoro estadounidense estableció como plazo el 31 de mayo para la liquidación de transacciones pendientes e incluyó un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas.
La negociación entre Venezuela y Estados Unidos ocurrió de forma silenciosa y, entre otros temas, terminó por acordar un canje entre Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, por 10 estadounidenses y 18 venezolanos presos en territorio venezolano.
En paralelo, se desarrollaba otra negociación entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, mediada por Noruega, en la que se acordó la celebración de elecciones en el segundo semestre y la revisión de las inhabilitaciones contra opositores.
Como respuesta, Estados Unidos flexibilizó las sanciones y condicionó el levantamiento total a una celebración de elecciones donde todos los inhabilitados pudieran participar.
"Estados Unidos no le está haciendo daño a una Venezuela independiente que ha aprendido a sobreponerse a sus agresiones, por el contrario, le hace daño a cualquier intento de normalización de las relaciones bilaterales, al mercado energético internacional (...) y sobre todo, le hace daño a sus propias inversiones e intereses en la industria petrolera venezolana", agregó Gil.