Adela explica que suma la friolera de 16 años "sin poder pisar" su finca de Albacete, por culpa de unos okupas, debido a que han levantado un asentamiento ilegal sobre los terrenos de esta funcionaria jubilada. "Por lo menos, hay treinta o cuarenta familias con niños que están viviendo dentro de mi propiedad, así que puede decirse que tengo un poblado okupa", tal y como denuncia Adela, de 68 años, en conversación con EL ESPAÑOL. "No me puedo acercar a la parcela ni para hacer fotografías del estado en el que se encuentra porque salen a por mí como fieras".
Esta funcionaria jubilada pone como condición para atender a este diario que su rostro sea pixelado porque afirma vivir "angustiada" y con "miedo" de los moradores que hay en su finca: "He recibido varias amenazas". La parcela ubicada en el Camino de la Pulgosa, cerca del Campus Universitario de Albacete, tiene una piscina de 15 por 20 metros cuadrados, zona de barbacoa y una pista de pádel, con una valla perimetral de seguridad, pero ha degenerado en un poblado okupa donde han montado chabolas.
"Todos los recuerdos que tenía de esa finca eran de momentos familiares entrañables, disfrutando de mis hijos, hasta que se convirtió en un infierno". La situación se ha vuelto tan disparatada que el Consistorio no solo ha expedientado a esta pensionista por la existencia de un asentamiento ilegal dentro de su propiedad, sino que además le reclama que pague de su bolsillo 143 euros, por los gastos derivados de un incendio que meses atrás causaron los okupas y que movilizó a los bomberos.
"Lo de menos es el dinero que me piden del incendio, el problema es la desidia con la que actúa el Ayuntamiento de Albacete porque me lo cobra de forma automática con un embargo a mi cuenta bancaria, a pesar de que en los últimos 16 años no he podido pisar mi parcela y ya he perdido la cuenta del número de denuncias presentadas ante la Policía pidiendo que desalojen de allí a los okupas", reflexiona Adela.
"Es de juzgado de guardia lo que está pasando". Tal impotencia siente esta vecina que ha puesto el asunto en manos de una abogada y ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Albacete, alegando un funcionamiento anormal de la Administración local.
En su escrito, Adela reclama al Consistorio albaceteño que asuma el desalojo del asentamiento ilegal, que restituya la propiedad a su estado original y que la indemnice con 11.400 euros porque los okupas han destrozado la finca desde que en 2008 comenzó a pedir auxilio a la Administración local para que tomara cartas en el asunto.
"Lejos de verse auxiliada por el Ayuntamiento al que nos dirigimos, éste ha propiciado que dicho asentamiento se haya consolidado en propiedad privada y se haya prolongado en el tiempo, como a continuación se expondrá", tal y como argumenta la abogada de esta funcionaria jubilada.
De hecho, en el poblado okupa, cuyo padrón está compuesto por ciudadanos rumanos, muchos de los cuales están en situación irregular en el país, se puede apreciar en las fotos de papel que Adela tomó años atrás, la presencia de coches de alta gala y de roulottes con parabólicas. "Ellos están vigilando porque saben que viven de forma irregular y salen a intimidar cuando me acerco", insiste esta funcionaria retirada.
"Como hemos apuntado anteriormente, esta situación se remonta al año 2008. En fecha 1 de julio de 2008, doña Adelaida recibió una llamada anónima que alertaba de que su propiedad había sido ocupada, por lo que avisó a la Policía Nacional, quien se personó en la propiedad y pudo constatar que se había forzado la puerta de entrada y había varias familias instaladas en lo que era la piscina de la propiedad. Doña Adelaida interpuso entonces las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional y la Policía Local, solicitando que se llevaran a cabo las necesarias diligencias para el desalojo de su propiedad", según expone la reclamación de responsabilidad patrimonial.
"A pesar de la denuncia interpuesta, no se toma ninguna medida por autoridad alguna, y en fecha 6 de agosto de 2014, se interpone una nueva denuncia, al poder comprobar que hay más familias viviendo en su propiedad que incluso han metido vehículos y que justo enfrente de su parcela hay una especie de vertedero".
"Al realizar fotos para poder demostrar los hechos denunciados, varias de las personas que han ocupado la propiedad se dirigieron a doña Adelaida en tono amenazante, por lo que, con miedo a lo que le pudieran hacer, abandonó el lugar, pudiendo constatar que los muros y las vallas de la parcela han sido arrancados", según prosigue relatando la abogada en el escrito.
Causa pavor escuchar a Adela enumerando el listado de destrozos provocado por los okupas del que ha tenido constancia, bien divisándolo desde la distancia, o por información que le ha facilitado la Policía, debido a que los inquilinos de su finca han puesto lonas para dificultar que se vea lo que ocurre dentro de unos terrenos que son propiedad privada. "La piscina ahora está llena de basura y arena", "la barbacoa está destrozada", "el abeto que daba sombra al jardín se ha secado"...
Este asentamiento ilegal se está empezando a extender a zonas aledañas que afectan a otros dueños de parcelar del Camino de la Pulgosa y los okupas se abastecen de agua de un pozo que pertenece a varios propietarios, entre los que se encuentra esta funcionaria retirada. Un panorama preocupante que la letrada achaca a la "dejadez" del Consistorio en su reclamación de responsabilidad patrimonial:
"[...] Dicha Administración ha obviado las normas municipales que velan por la salubridad del municipio, fomentando con su actuación negligente que la ocupación ilegal de la propiedad de doña Adelaida haya ido asentándose y extendiéndose, provocando daños ambientales irreparables que incluso, ponen en peligro, la seguridad y salud de sus ciudadanos, al originarse gran cantidad diaria de basuras y residuos orgánicos, con la aparición de posibles plagas, y teniendo en cuenta, además, su cercanía al casco urbano y la proximidad a la Universidad [...]".
El 28 de noviembre de 2017, Adela volvió a denunciar los mismos hechos y la "indefensión" que sufría. "Y de nuevo, en fecha 17 de enero de 2020, interpuso denuncia ante la Policía Nacional, manifestando que la ocupación de la finca seguía, que se habían derruido las pocas edificaciones que quedaban en la propiedad, y que se han levantado nuevos vallados sin su consentimiento ni conocimiento".
Poco o casi nada queda de aquella finca donde Adela vio la nieve posarse en su jardín, jugó con su pastor alemán o disfrutó de las tardes de verano. Un incendio ha sido la puntilla a la propiedad. Así lo expone su abogada en su reclamación contra el Consistorio: "Pero es que además, desde hace unos meses la situación se ha agravado, ya que al parecer se produjo un incendio en dicho asentamiento, debiendo acudir el Servicio de Urgencias de los Bomberos de Albacete, que tuvo que apagar el referido incendio".
"De nuevo, el Ayuntamiento de Albacete, lejos de intervenir en defensa de los derechos de doña Adelaida, le reclama los gastos originados como consecuencia de dicho incendio, atribuyéndole la responsabilidad del mismo, cuando la propia Administración reconoce que doña Adelaida ha sido privada de la posesión del inmueble. Así, se genera a esta parte una grave indefensión [...]".
A lo largo de estos años, una de las denuncias de Adela ha llegado a prosperar en sede judicial porque el ciudadano rumano Titi Patru fue condenado por un delito de usurpación por el Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete. Tal sentencia acredita la veracidad del inusual episodio de ocupación que sufre esta vecina que ha derivado en un poblado okupa y en una reclamación contra el Ayuntamiento porque -en apariencia- carga las tintas contra la que se presupone víctima de esta historia.
Así lo recuerda la letrada de Adela recriminando al Consistorio que instara a su clienta a acabar con el poblado okupa: "En fecha 3 de junio de 2022, se le hizo por parte de la Administración local un requerimiento para que se realizaran los trabajos necesarios en orden a la eliminación de las chabolas y desperdicios existentes y la limpieza de los terrenos para la seguridad, salubridad y ornato, pretendiendo que un particular acabe con un asentamiento irregular existente en su propiedad".
Una fuente del Ayuntamiento de Albacete aclara que el expediente donde se insta a la dueña de la finca, a desmantelar el asentamiento ilegal, fue tramitado en 2022 por el anterior equipo de Gobierno local: compuesto por PSOE y Ciudadanos. La actual corporación liderada por el PP "se ha puesto a trabajar para modificar la ordenanza", para evitar que Adela tenga que abonar la factura de 143 euros por el incendio que sofocaron los bomberos: "En cuanto hemos tenido conocimiento de la situación, hemos actuado para que no se repitan este tipo de hechos".
Esta fuente municipal también subraya otra cuestión de interés en este episodio okupa: "El Ayuntamiento no tiene competencias en materia de ocupación, es el propietario el que debe emprender acciones en los juzgados. Entendemos que es una situación injusta para esta vecina y estamos analizándola para encontrar una solución habitacional para todo el poblado chabolista, cuyos miembros, la mayoría de nacionalidad rumana se niegan a abandonar la zona".
La abogada de Adela concluye en su escrito que el Ayuntamiento ha cometido "una dejación de funciones y omisión de su deber in vigilando, como Administración pública". "Dada la situación en la que se encuentra mi mandante, en la que por una parte, se le requiere el desalojo del asentamiento ilegal, así como que haga frente a los daños que dicho asentamiento pueda producir, denunciamos un acto del Ayuntamiento de Albacete que sólo puede calificarse como de abuso de derecho frente a mi mandante, por lo que anunciamos, desde este momento, la interposición de las correspondientes acciones judiciales".
Adela solo tiene clara una cosa: "Lo que me está pasando durante todos estos años es de juzgado de guardia".