La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) consideran que en España se ha descuidado la calidad de la educación y la adecuación de la oferta formativa a las necesidades del sector productivo lo que ha hecho que nuestro mercado laboral no disponga de profesionales suficientemente cualificados para muchos de los puestos ofertados, a la vez que muchos trabajadores ocupan puestos de trabajo para los que están sobretitulados (aunque no necesariamente sobrecualificados). Esta es una de las conclusiones de la sesión titulada "Encuentros FEDEA-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española" que ha proporcionado una visión realista del nivel educativo español en comparación con otros países, identificando los principales problemas de nuestro sistema educativo.
Los recientes cambios en la normativa educativa española enfrentan críticas que sugieren que podrían no resolver los problemas del sistema. En primer lugar, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es cuestionada por su enfoque en la equidad a través de una rebaja de estándares, en lugar de garantizar un nivel mínimo de conocimientos para todos los estudiantes. Esta política se percibe como perjudicial para los alumnos de entornos desfavorecidos. En segundo lugar, la nueva regulación de la Formación Profesional (FP) genera preocupación al limitar al 35% el tiempo dedicado a prácticas en empresas, lo que se teme que reduzca su impacto en la empleabilidad y la alineación con las necesidades empresariales. Por último, la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) es criticada por no abordar los problemas fundamentales del sistema universitario español, como la endogamia y la falta de incentivos para la excelencia, así como un modelo de gobernanza que se considera una anomalía en comparación con otros países avanzados. Estas críticas resaltan la necesidad de reformas más profundas para mejorar la educación en España.
Diferencias en el rendimiento
Los expertos señalan que la falta de evaluaciones nacionales ha dado lugar a diferencias significativas en el rendimiento educativo entre las diferentes regiones, con una brecha que equivale a más de dos años de escolarización entre las de mejor y peor desempeño. Para abordar esta situación, proponen medidas como fortalecer los contenidos curriculares en todos los niveles educativos, implementar exámenes externos para garantizar la calidad de la enseñanza y mejorar la formación y selección de los docentes.
El presidente del CGE, Valentín Pich, ha destacado que "las métricas internacionales sitúan cada año a España en una situación comparativamente peor a nivel educativo, lo que, unido a una constante fuga de talentos hacia el extranjero, hace que nuestro mercado laboral no disponga de profesionales suficientemente cualificados para muchos de los puestos ofertados. Por tanto, parece prioritario reforzar la calidad de la enseñanza desde los niveles más bajos hasta los profesionales actuales que, de no seguir formándose continuamente, verán como sus habilidades quedan obsoletas con el paso del tiempo".
De hecho, recientemente se ha desvelado que España y Grecia ocupan una posición preocupante en una clasificación que destaca el mayor desajuste entre la formación educativa y la ocupación en el trabajo de los empleados jóvenes de 20 a 34 años. Según datos de Eurostat recogidos por el think tank Funcas en su último Cuaderno de Información Económica, ambas economías del sur superan el 35% de tasa de sobrecualificación. Esto significa que una gran cantidad de personas están trabajando en ocupaciones que no requieren el nivel educativo que poseen. En contraste, la media de la Unión Europea sitúa esta tasa en alrededor del 22%.
Los datos indican una necesidad urgente de ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral. Parece evidente que hay una falta de graduados en Formación Profesional (FP), mientras que hay un exceso de universitarios. Esto subraya la urgencia de mejorar la formación básica y de enfocarse en carreras técnicas y profesionales que se alineen mejor con las necesidades del mercado laboral actual. Este desajuste pone de manifiesto la importancia de revisar las políticas educativas y de formación para garantizar una mejor integración entre la educación y el empleo.
Reforzar los contenidos
Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea ha añadido que "España ha invertido muchas energías y recursos para aumentar los años de escolarización de su población y para facilitar su acceso a los niveles educativos superiores, pero ha descuidado la calidad de la educación y la adecuación de la oferta formativa a las necesidades del sector productivo. Entre otras cosas, necesitamos seleccionar mejor y reforzar los contenidos de los temarios, establecer exámenes externos para asegurar que estos se imparten y mejorar la calidad de los profesores a través de una selección más rigurosa y una mejor formación".
Los esfuerzos de la sociedad española en la formación de los nuevos integrantes del mercado laboral son notables. Durante el curso 2021-2022, se matricularon un total de 940.000 estudiantes en Ciclos Formativos de grado medio y superior, además de cerca de 1,7 millones de estudiantes universitarios de grado, máster y doctorado. En cuanto a los resultados de ambos sistemas educativos, tanto la Formación Profesional como la universitaria, contribuyen al mercado laboral con 647.000 titulados anuales. De estos, 293.000 provienen de Ciclos Formativos de grado medio y superior, mientras que 354.000 son graduados de grado, máster y doctorado.
Es relevante destacar que aproximadamente el 50% de todos estos titulados se afilian a la seguridad social un año después de obtener su titulación, y entre un 66,5% y un 75% lo hacen al cuarto año después de finalizar sus estudios.
Martí Parellada, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y miembro del Steering Committee del U-Multirank (ranking mundial de instituciones de enseñanza superior, promovido por la Comisión Europea), ha destacado que "entre la población ocupada, el porcentaje de aquellos que disponen de estudios postobligatorios no terciarios es notoriamente más reducido que en los países de nuestro entorno". Iugalmente, en España, el porcentaje de titulados universitarios que llevan a cabo trabajos que no requieren tal titulación es el más elevado de la UE. Para hacer frente a estos desajustes, "es imprescindible una mayor relación entre las empresas y la enseñanza postobligatoria no terciaria (Bachillerato y Ciclos formativos de grado medio, CFGM) y la superior (Ciclos formativos de grado superior, CFGS, y universidad)", ha asegurado.
Parellada también ha hablado sobre cómo reducir esa brecha: "La universidad no tiene la responsabilidad en exclusiva de reducir los desajustes entre la oferta formativa y las demandas del personal cualificado que realizan las empresas. Sin duda, el modelo productivo español condiciona los perfiles laborales que se demandan por parte de las empresas. Es ahí donde la colaboración universidad-empresa debería ser más efectiva. La universidad ha dado una importancia creciente al desarrollo de bolsas de trabajo, servicios de inserción laboral y al fomento de las prácticas en la empresa en la actividad curricular de los estudiantes. Hay que hacer, sin embargo, mucho más, y la oportunidad que suponen la aplicación de las microcredenciales y la introducción y desarrollo de la mención dual debería ser aprovechada por el sistema universitario".
Por su parte, Montserrat Gomendio, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ex secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y ex directora adjunta de la Dirección de Educación de la OCDE, ha resaltado que "la falta de evaluaciones nacionales ha conducido a una divergencia entre comunidades autónomas, con diferencias de desempeño que ya superan el equivalente a dos años de escolarización, creando inequidades según el código postal. La inflación de notas se magnifica en algunas regiones pretendiendo ocultar las diferencias reales en el nivel de conocimientos. Sin embargo, es el nivel objetivo de conocimientos el que se relaciona con la tasa de NINIs y de desempleo juvenil. Por tanto, la inflación de notas es sólo un espejismo y el nivel real de conocimientos no evoluciona de forma satisfactoria, lo que tiene consecuencias importantes de cara a la inserción laboral de los estudiantes".
El estudio anual de la OCDE sobre educación, 'Education at Glance 2023' ('Panorama de la Educación 2023') revela que en España, un 61% de los jóvenes de entre 18 y 24 años continúan su formación. Por otro lado, un 21% de este grupo no estudia pero sí trabaja, mientras que un 17% ni estudia ni trabaja. Durante la última década ha habido una disminución significativa en la proporción de adultos jóvenes ninis, a la que contribuyó notablemente la crisis económica del 2008. Así pues, sí se puede decir que la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ha disminuido, mientras que aumenta el número de aquellos que continúan su formación más allá de los niveles obligatorios, tanto en España como en el resto de la Unión Europea.
Por último, en la sesión también se ha hablado de cuáles serían las soluciones para mejorar el sistema educativo actual y se han propuesto reforzar los contenidos curriculares y establecer evaluaciones nacionales para garantizar estándares uniformes en todo el país; mejorar la calidad y efectividad del profesorado mediante una selección más rigurosa y una formación más enfocada, junto con la introducción de incentivos ligados a evaluaciones sistemáticas. También se destacado la necesidad de una mayor cooperación entre empresas y el sistema de enseñanza postobligatoria, especialmente en Formación Profesional y universidades, para facilitar prácticas formativas y diseñar temarios adecuados. Asimismo, han sugerido revisar el sistema de gobernanza de las universidades y fortalecer su rendición de cuentas ante la sociedad y las administraciones que las financian. Han abogado por reformar el sistema de financiación universitaria, vinculándolo a los resultados y fomentando la competencia, así como facilitando la atracción de talento extranjero y extendiendo el uso de contratos laborales. Finalmente, han subrayado la importancia de tomar medidas urgentes para fortalecer las titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ante la creciente demanda de empleos generados por la digitalización a medio y largo plazo.