A cuarenta y siete días de la jornada electoral, lo que debe imperar es la certeza en la organización y el arbitraje de la elección, y la incertidumbre sobre los resultados, esa la despejará la ciudadanía en las urnas. De eso se trata la democracia.
A estas alturas el contraste de las propuestas debería ser el eje de la comunicación para que la ciudadanía terminemos de decidir el sentido de nuestro voto. Sin embargo, ocupan un lugar protagónico actores que deberían estar en un segundo plano.
Lo más preocupante y sobre lo que poco se ha hablado es lo que tiene que ver con la debida integración de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, es decir, de los tribunales federales y locales, los órganos que dirimen las diferencias entre los actores políticos y resuelven las quejas ante probables faltas a la normatividad en la materia.
La cuestión no es menor, se trata de las instancias que dan certeza sobre la legalidad del proceso que llevará a elegir a gobernantes y representantes el próximo 2 de junio y en caso de violaciones graves pueden incluso anular una elección.
Tribunales que tienen que resolver todas las querellas antes de que los funcionarios electos tomen posesión del cargo y antes de que los colegiados de representantes se integren, es decir, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los 31 Congresos locales que se renuevan este año.
Quien está en falta, y hay que decirlo con claridad, es el Senado y en particular la fracción mayoritaria del mismo (Morena, PT y PVEM), quienes han impedido la votación de las ternas que la SCJN ha enviado en tiempo y en forma como está previsto en la norma correspondiente.
Por lo que hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su Sala Superior (SS) –última instancia del mismo, cuyas decisiones son inapelables y tiene la altísima responsabilidad de calificar la elección presidencial y a partir de ello extender la constancia de presidente electo– que debe estar integrada por siete magistraturas sólo cuenta con cinco integrantes desde el primero de noviembre del año pasado.
En ese caso la Corte envió al Senado las dos ternas antes del 31 de octubre cuando concluyó la gestión de dos magistrados, sin embargo, las mismas no han sido puestas a la consideración del pleno para la votación correspondiente y al parecer la intención es que esta situación anómala continúe.
La calificación de la elección presidencial demanda la presencia de seis magistrados de la SS y si bien está previsto, como es el caso, que cuando no se cuente con ese número se podrá convocar al decano de los magistrados de las cinco salas regionales y la especializada que integran el TEPJF, evidentemente dada la trascendencia de dicha atribución, este no es ese el mejor escenario para el bien de la legitimidad de cualquier elección y con mayor razón para una de esta envergadura.
Además, la SS analiza y resuelve directamente los procedimientos legales que se interpongan sobre las elecciones de gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX y es la última instancia para resolver casos de constitucionalidad o criterios novedosos que sean controvertidos en resoluciones de otros tribunales electorales.
Por otra parte, el TEPJF cuenta con cinco salas regionales, una por cada circunscripción, y con una Sala Especializada, que tienen entre otras atribuciones resolver las quejas asociadas a las elecciones de senadores y diputados federales, y las inconformidades sobre resoluciones de los tribunales electorales locales.
En este caso las seis salas desde hace dos años cuentan con sólo dos de sus tres miembros y han tenido que habilitar a un secretario para ocupar la vacante. La misma situación viven los 32 tribunales electorales locales, todos tienen al menos una vacante, siendo los órganos que en primera instancia resuelven sobre los litigios asociados a las elecciones en cada entidad. La responsabilidad en estos casos es también del Senado, que sigue sin resolver sobre las ternas enviadas por la SCJN.
Estamos ante una situación de la mayor gravedad que no tiene ningún precedente, se deja incompleto al poder que vela por la legalidad de las elecciones, nada más y nada menos.
Aún es tiempo para que el Senado haga su tarea y despeje cualquier sospecha sobre intenciones de vulnerar con su omisión la legitimidad de las elecciones y si bien la presidencial se debe calificar a más tardar el 6 de septiembre, la integración de todos los tribunales electorales debería suceder antes de la jornada del 2 de junio, ya que después de esa fecha cualquier decisión tendrá la impronta de los resultados.
POSDATA: Lamentable lo que ha sucedido con el listado nominal para los residentes mexicanos en el extranjero. Se detectaron registros de personas que indebidamente pretendían emitir su voto más de una vez, bien por el INE al proceder dando de baja esos registros. Sin embargo, al parecer también se dieron de baja inscripciones legítimas que tal vez tenían alguna omisión o duda registral, en este caso la autoridad debió haberse dirigido a los interesados para aclarar y distinguir entre las intentonas de vulnerar el listado de votantes y las faltas subsanables de quienes tienen legítimo derecho. Ante estos casos nada mejor que una explicación clara, oportuna y convincente de la autoridad ante los involucrados y la ciudadanía en general, ya que lo que está en juego es la credibilidad del padrón electoral.