El mismo día en que se realizó esta entrevista, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a otras organizaciones sociales realizaron el "primer paro nacional activo", acusando al gobierno de no tener iniciativa ni acción propia y que estaba encerrado en las tareas institucionales.
Si bien la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dice que las manifestaciones son parte de la autonomía sindical, no comparte las razones de fondo que entregan las organizaciones sociales.
Ad portas del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la secretaria de Estado descarta que las relaciones entre la CUT y el gobierno, y en especial con su cartera, lleguen tensionadas. No obstante, sí considera que al movimiento social le "ha faltado una presencia más activa durante este período", tanto "para apoyar, criticar o proponer".
El jueves hubo una movilización organizada por la CUT, quienes acusan al gobierno de no tener iniciativa ni acción propia, encerrándose en las tareas institucionales y aislando a las organizaciones sociales del debate público. ¿Cómo toma esa manifestación?
-Como parte de la autonomía sindical, respetamos la expresión de su opinión, pero con discordancia en los temas de fondo. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante por avanzar en una agenda laboral y previsional. El bloqueo se ha producido en el Parlamento. La oposición en distintas materias ha hecho que esta tarea se haga más dificultosa de lo que podría haber sido.
¿No recoge la crítica de que el gobierno se esté encerrando en las tareas institucionales y aislando a las organizaciones sociales?
-Como ministerio, el espíritu que mueve nuestro trabajo día a día es precisamente la relación con los trabajadores y los empleadores. Por tanto, no comparto esa crítica.
En el marco de esta movilización, el presidente de la CUT, David Acuña, dijo que "el gobierno tiene que escuchar al movimiento social, porque fue el movimiento social el que los llevó hoy día donde están parados y queremos que se vuelvan a retomar esos vínculos". ¿Se alejó el gobierno del movimiento social, de los trabajadores?
-El movimiento social está compuesto por distintas entidades de distintos sectores, y, por tanto, habría que hacer un análisis en cada uno de ellos para ver qué tan fluida ha podido ser la relación. En nuestro caso, en la relación con los trabajadores, como con los empleadores, tenemos una institucionalidad funcionando permanentemente (Consejo Superior Laboral). Es entendible la crítica, toda vez que el propio movimiento social también ha tenido una baja durante este periodo. Es una crítica que uno tiene que mirar en una perspectiva de que siempre puede hacer las cosas mejor.
Cuando dice que el movimiento social ha tenido una baja, ¿es que les ha faltado mayor presencia en el debate público?
-Al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este período. Nuestro gobierno tiene una alianza estratégica con el movimiento social y si hay algo que podemos hacer mejor, lo tenemos que corregir.
¿Más visibles para impulsar las reformas o levantar sus propias propuestas y demandas?
-Para apoyar, para criticar, para proponer en todos los roles que cumple un movimiento social autónomo de un gobierno. Ese es el punto. El movimiento social es autónomo del gobierno. Cuando critica al gobierno o a la oposición se hace desde su propia autonomía de la cual nosotros somos respetuosos. Lo que tenemos que observar es qué podemos hacer mejor como gobierno, porque para nosotros es importante el rol que juegue el movimiento social dentro de la sociedad organizada para también dinamizar cambios.
¿Cómo califica usted la relación con la CUT?
-Positiva, con diferencias en temas concretos, pero es parte del rol que a cada uno le corresponde jugar. Es una relación buena, al igual que con los empresarios. De hecho, es una relación institucionalizada en este ministerio a través del Consejo Superior Laboral.
¿Llega tensionada la relación con el mundo sindical este 1 de mayo?
-No, descarto que sea tensión lo que hay. Tenemos miradas distintas y, por lo mismo, hay que hacer un esfuerzo por un mayor diálogo con los trabajadores. Sin duda hay varios avances, como el primer acuerdo de salario mínimo, fortalecer el seguro de salud Chile Valora, que es el organismo certificador de competencia. Ha habido avances.
¿Asistirá a las actividades del 1 de mayo que organiza la CUT?
-Va a depender de la responsabilidad que tenga como ministra ese día, pero sin duda mi ánimo es poder asistir a la marcha. Mi compromiso con los trabajadores y con la marcha del 1 de mayo viene de mucho antes que el 2022.
¿Habrá algún anuncio en lo laboral por el 1 de mayo?
-Más que anuncio, lo que hay son hechos concretos. Ingresaremos un proyecto de ley que modifica la salud laboral, en términos de que separa la calificación de las enfermedades profesionales de quienes son las mismas que realizan la prestación, que son las mutualidades, y que los trabajadores tienden a categorizar que son juez y parte. Eso se va a separar y se hará a través de una comisión autónoma. También entre abril y mayo vamos a ingresar el proyecto de ley que regula la equidad salarial para disminuir la brecha e igualar sueldos entre hombres y mujeres que cumplen una misma función, tarea que no es fácil de abordar y que ha recogido experiencias internacionales, pero que, principalmente, requiere convicción por parte de los empleadores. También se ingresará un proyecto de ley de 40 horas para el sector público.
La CUT ha dicho que el compromiso del gobierno es que se ingrese un proyecto de ley para la negociación ramal. ¿Se mantiene en agenda esa propuesta?
-Está en la agenda laboral. Se está trabajando a nivel de expertos. Cualquier anuncio que se haga será más adelante, pero no es solo el compromiso que se suscribió con la CUT, sino que está en el programa de gobierno. Tenemos la convicción de que en un país donde las relaciones labores se puedan conversar más equilibradamente entre empleador y trabajador, ayudará a la paz social y al desarrollo de las empresas. No hay que temerle a la capacidad negociadora de los trabajadores.
¿Cómo espera que reciban estos proyectos el sector privado y la oposición?
-En el proyecto de equidad salarial no veo ninguna razón por la cual la oposición pudiese no estar de acuerdo. Si hay incorporaciones que hacerles, enriquecerlo o mejorar, vamos a estar disponibles. En el caso de la negociación ramal, antes que adelantar un juicio respecto de lo que la oposición podría hacer, creo que hay que esperar primero la propuesta que presentaremos como Ejecutivo.
¿Las dos grandes reformas hasta el momento es 40 horas y salario mínimo a $ 500 mil?
-Tenemos 22 leyes que hemos podido sacar adelante. En eso destaca 40 horas y salario mínimo, pero no son los únicos. Está la ley de conciliación de la vida laboral, familia y personal, que en su implementación, sin duda, involucra cambios también en la cultura organizacional de las empresas. También la ratificación del convenio 190, que es sobre violencia y acoso. El fortalecimiento del seguro de cesantía Chile Valora, que son cosas a veces que no son tan visibles, pero que impactan, y fortalecen los derechos laborales de las personas.
Si se han aprobado 22 proyectos laborales, ¿por qué cree que está la sensación en la CUT de que el gobierno ha abandonado la organización social y sindical?
-Es una muy buena pregunta para la CUT... Uno puede compartir que en algunos temas hubiésemos querido avanzar más rápido, como, por ejemplo, en pensiones. En ese contexto, creo que es importante dar cuenta de los límites que tiene un gobierno con un Parlamento en el cual no tiene mayoría. Sin duda, la capacidad de diálogo que hemos desplegado como gobierno ha sido importante para alcanzar acuerdo en 40 horas, en salario mínimo y en otras normas, pero en materia de pensiones se ha dificultado y esto tiene mucho que ver con la propia industria de las AFP, con su mirada más ideológica de las pensiones como negocio y ha sido más difícil concretamente. Sería una muy buena idea que el 1 de mayo los trabajadores pudieran saber que la postergada reforma de las pensiones va avanzando y que se apruebe la idea de legislar por parte de la Comisión de Trabajo del Senado para su paso a la Sala.
¿Es viable?
-Hay varias materias en las que podemos avanzar y que tienen que ver con fortalecer la densidad en las cotizaciones, para lo cual se requiere el seguro para las lagunas previsionales y aumentar el tope imponible de manera gradual. Pero hay otros elementos en los cuales no hemos podido lograr acuerdo. Entonces, hay que ir avanzando en lo que tengamos acuerdo. Para eso sería bueno poder aprobar la idea de legislar y no mantener esta situación de inmovilismo permanente.
Sobre el inmovilismo, déjeme hacerle un comentario: Enade, el encuentro de los empresarios, está llamando a su reunión anual con el lema Contra Inmobilis, que significa contra el inmovilismo. Creo que esa frase refleja, en buena medida, lo que hemos estado viviendo en temas que son tan importantes para la ciudadanía, como el de pensiones durante más de una década. Así que ojalá que el espíritu contra el inmovilismo alcance para todos los temas y todos los sectores, no solo para los de interés de un sector, sino que para el interés de toda la población. El crecimiento es algo muy relevante para el país y muy importante para un gobierno progresista, un crecimiento con redistribución, un crecimiento que alcance a todos. El país debe avanzar, pero todos juntos: gobierno, empresarios, trabajadores y toda la ciudadanía.
¿Se puede avanzar subiendo un 3% a capitalización individual y elevar la PGU, como lo han planteado algunos sectores?
-En subir sólo la capitalización individual no hay acuerdo. La reforma previsional tiene un objetivo principal, que es subir las pensiones actuales y futuras, sobre todo de las mujeres. Tiene otros objetivos más específicos, pero en relación a lo central, que es la distribución de la nueva cotización del empleado, no hay acuerdo, porque la oposición ha planteado que, ya sea el 6% o el 3% extra de cotización, vaya a capitalización individual sin seguro social. El efecto que eso produce es que no se suben pensiones actuales, por tanto, no se cumple el objetivo principal de la reforma. En eso no hay acuerdo.
¿Hay espacio para que el gobierno se mueva de este 3% y 3% a un 4%-2% o 5% y 1%?
-La propuesta del gobierno es 3% y 3%.
¿Esa es su línea roja?
-Es que no se trata de línea roja, se trata de para qué queremos la reforma.
Dada cómo están las posturas en esta distribución del alza de la cotización, ¿se corre el riesgo de que finalmente pase otro gobierno sin tener una reforma previsional?
-Nosotros trabajaremos hasta el último día para que haya un acuerdo previsional. El único mandato que me ha dado el Presidente de la República es hacer todo lo posible para que haya un acuerdo cumpliendo el objetivo de la reforma. Y eso es superimportante no perderlo de vista, porque no es cualquier acuerdo. Es un acuerdo que mejore las pensiones actuales y futuras. La propuesta de 3% y 3% mejora todas las pensiones en Chile, todas.
Relación con empresarios: "No tiene sentido reunirse sólo para pegarse palmotazos en la espalda"
¿Hay anticomunismo en la política chilena?
-En algunos sectores sí, pero son minoritarios. Es lamentable en todo caso, porque me imagino que es la herencia de lo que transmitió durante tanto tiempo la dictadura, pero cada vez son menos y esa es la noticia positiva.
¿Cómo analiza las palabras del senador Daniel Núñez (PC), quien dijo que el gobierno debe "convocar a la ciudadanía" a movilizarse para avanzar en las reformas?
-Los que han tratado de señalar que el senador Núñez llamó a un nuevo estallido social, lo que hacen es tergiversar sus palabras. Se sobreinterpretaron sus palabras.
¿La relación entre usted y el empresariado se ha tensionado este año en relación a 2022 o 2023?
-Tenemos una relación fluida con los empresarios. Hay diferencias, pero eso se da en un marco de una relación fluida. No tiene sentido reunirse solo para pegarse palmotazos en la espalda. Esto es un tema en el cual se representan intereses distintos, que en algún momento pueden ser convergentes, en otros casos, distintos.
¿Pero puede generar complicaciones para las reformas que se están negociando?
-Las reformas se negocian en el Congreso con los parlamentarios y entiendo que los parlamentarios representan a quienes los eligieron.
El presidente de la CPC dijo hace unas semanas que "hay un sesgo ideológico antiempresarial de una parte del gobierno". Al revés, ¿ve un sesgo ideológico del empresariado hacia el gobierno?
-En el terreno político hoy, y desde hace varios años, hay una importante polarización, en general. Esto tiene que llevarnos a la reflexión de qué es más relevante para los chilenos, si la lucha por el poder político y económico o el bienestar de las personas y el solucionar los problemas que enfrentan a diario. Aquí lo relevante es eso: el bienestar de las personas y que el crecimiento sea para todos y no para unos pocos. No tenemos que olvidar que las desigualdades, que se expresan en distintas esferas, fueron las que nos llevaron al estallido social. Nuestro gobierno busca equilibrar la balanza. Ni más, ni menos. Y así lo hemos dicho siempre.
Han pasado varias semanas desde la frase "paguen mejor". ¿Por qué cree que generó tanta repercusión manteniéndose aún en debate?
-Me ha llamado la atención lo sorprendido que se han mostrado algunos sectores de esta realidad. Sinceramente, creo que no solo los datos lo muestran, sino que además la gente lo vive diariamente.
Algunos economistas dijeron que esa frase era voluntarista y que con las ganas no basta para mejorar los salarios, sino que se debe potenciar el crecimiento…
-Sí, lo comparto. Es evidente que tiene que haber más crecimiento para que también crezcan los salarios, pero lo que no nos puede pasar es que haya crecimiento solo para algunos. Nuestro país creció mucho en las décadas anteriores, pero ese crecimiento generó también una tremenda desigualdad.
Por la situación judicial del alcalde Daniel Jadue (PC), ¿debería suspender su militancia?
-Esos debates los doy al interior del partido, como militante comunista que soy. Lo que sí es que nadie está por sobre la justicia y que los procesos judiciales en Chile dan garantías para que las personas se puedan defender debidamente.