La Justicia dictó la inhibición de bienes para el expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
La misma medida se aplicó para otros exfuncionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la exsecretaria del jefe de Estado María Marta Cantero, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras.
Según explicó el juez federal Julián Ercolini al disponer la medida, se investiga en el expediente la posible existencia de una organización delictiva "que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".
Según la acusación, el Gobierno anterior "les abonaba comisiones que serían superiores a las de mercado", y que los seguros "habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular e inexistente proceso de selección".
La imputación a Alberto Fernández
En febrero, Fernández fue imputado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.
En la presentación, se pidió investigar presuntos delitos cometidos por el expresidente y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, además de otros imputados.
La denuncia se presentó por supuesta "violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".
El juez Ercolini también pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes. Son 33 en total.
Por último, el magistrado le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre dos funcionarios actuales de Nación Seguros, el gerente general y exintegrante de La Cámpora Mauro Tanos y el gerente de compras, Marcos Eufemio.
El origen de la investigación
Ercolini actualmente tiene dos causas vinculadas a las presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la presidencia de Alberto Fernández. La primera es la que se inició con una denuncia de la abogada mediática Silvina Martínez, realizada contra el expresidente a fines de febrero, por "violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos", a la cual se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto.
La segunda causa comenzó a principios de marzo por una denuncia realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en conjunto con el titular de Anses, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Los cargos son por fraude ante la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Si bien está imputado en ambas causas, el expresidente Alberto Fernández aún no decidió qué estrategia judicial llevará adelante para defenderse de las acusaciones que salpican su gestión.
El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.
Allanaron diversos barrios privados, como el country Diciembre en Campana, Laguna del Sol en Tigre y Country Abril de Berazategui. Además, se hicieron procedimientos en varias oficinas del centro porteño. El juez ordenó el secuestro de documentación sobre los contratos, y también de notebooks, CPUs, celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos.
Dos de las tres firmas allanadas, San Ignacio y TG Broker, aparecen en una nota escrita a Nación Seguros para contratar el aseguramiento de los créditos destinados a jubilados. Dicha misiva fue enviada por Federico D'Angelo Campos, exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, quien por ese motivo fue imputado en la causa.
La tercera empresa involucrada, Bachellier, acusada de recibir más de 1600 millones de pesos en comisiones, está vinculada al broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández y marido de quien fuera la secretaria privada presidencial durante la gestión anterior, María Cantero.