La causa abierta contra 35 ex altos cargos catalanes del procès prosigue después de que el Tribunal de Cuentas haya dado inicio a la fase de conclusiones, a pesar de que la Ley de Amnistía podría dejar sin efecto la sentencia en torno al desvío de fondos públicos presuntamente realizado para financiar el proceso independentista catalán.
Un proceso que entra en su fase final
Según han informado a EFE varias fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas, este órgano ha dado diez días a los demandantes, la Fiscalía y Societat Civil Catalana, para presentar sus conclusiones sobre este caso.
Después, el Tribunal dará otros diez días para hacer lo propio a los abogados de los demandados, entre los que se encuentran, además de Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el expresident Artur Mas y algunos exconsejeros condenados por el Supremo y posteriormente indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El caso entra en su recta final después de esta instrucción del Tribunal de Cuentas, a pesar de que, el pasado se puso sobre la mesa suspender el procedimiento con motivo de la Ley de Amnistía. Sin embargo, tanto la fiscalía como la consejera encargada, Elena Hernáez, rechazaron abandonar la causa, que podría ser una de las materias amnistiadas cuando la ley homónima termine su trámite en el Senado.
Un desvío millonario para financiar el procès
La Fiscalía estima que los 35 encausados podrían ser responsables de un desvío 3,4 millones de euros, destinados a sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2018 y a promocionar el 'procès' en el exterior: este mismo órgano solicita que, en caso de ser considerados responsables, los líderes independentistas abonen esa cantidad a las arcas públicas.
El Ministerio Público ha reducido la estimación del Tribunal de Cuentas, que elevaba la cantidad presuntamente desviada hasta los 9 millones de euros; Sociedad Civil Catalana, por su lado, eleva esta cantidad hasta los 5 millones de euros, que solicita a 11 exmiembros del Govern catalán.
Artur Mas ya fue condenado con anterioridad a devolver 4,9 millones de euros a la Generalitat, que habían sido desviados para organizar la consulta independentistas del 9 de noviembre de 2014.
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