Horas después de que el 2 de febrero pasado comenzaran los múltiples incendios en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción por calamidad pública en las dos provincias costeras de la región. En esa ocasión, el Mandatario decidió nombrar al contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz, como Jefe de la Defensa en esa zona, quedando el funcionario militar a cargo de la administración y seguridad de la emergencia en la zona.
Desde entonces ha pasado poco más de dos meses y, tras la renovación del Estado de Excepción la Contraloría ha emitido un nuevo dictamen respecto a la emergencia. Esta vez para determinar que el jefe de la defensa de la región no puede ingresar a lugares privados y tomar medidas para impedir que se produzcan nuevos incendios, sin que dicha facultad -que afecta el derecho a la propiedad- le haya sido conferida por el Mandatario a través de un decreto.
La resolución del organismo dirigido interinamente por Dorothy Pérez, surge a raíz de una solicitud del propio Muñoz, quien tras la renovación de la medida constitucional fue reemplazado por el contraalmirante Roberto Zegers. Pese a eso, el dictamen de la Contraloría se da ante la consulta de quien ocupara el cargo desde febrero hasta marzo, y en medio del estado de excepción declarado por Boric que aún se mantiene vigente.
La emergencia decretada a comienzos de febrero provocó la quema de más de 43 mil hectáreas, la destrucción de más de 15 mil viviendas y la pérdida de la vida de 135 personas, quienes fallecieron a raíz de múltiples circunstancias provocadas por los incendios.
Este no es el primer pronunciamiento que hace el ente fiscalizador respecto a los incendios, ya que tras decretada la emergencia flexibilizó las medidas de adquirir bienes, así como también ha emitido otros dictámenes para regular la compra de insumos y la entrega de ayudas. Lo más reciente es que ofició a los municipios de la zona para que entreguen la información sobre las compras que hicieron relacionadas a la catástrofe.
El rechazo de Contraloría
La respuesta de Contraloría se da luego de que el entonces Jefe de la Defensa para las provincias Marga Marga y Valparaíso, ingresara un requerimiento al ente fiscalizador para solicitar su pronunciamiento para conocer "si tiene atribuciones para ingresar a recintos particulares con gran concentración de especies arbóreas y vegetales que constituyen un riesgo de incendios". Todo aquello, según el documento, con el fin de "adoptar medidas preventivas o de mitigación de incendios forestales, tales como corte de árboles o construcción de cortafuegos".
Ante esa solicitud, según el dictamen del organismo dirigido por Pérez, se hizo un análisis jurídico que comenzó con la revisión de la legalidad y la normativa que regula el Estado de Excepción Constitucional, seguido de la facultad que tiene el Presidente para nombrar a un Jefe de la Defensa bajo la calamidad pública y las atribuciones que este cuenta, quien según la regulación "asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale".
En ese sentido, el dictamen de Contraloría cita que según la misma normativa, al Jefe de la Defensa le corresponde asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de la zona. En esa línea, el documento también apunta que ante el Estado de Excepción, el Mandatario podrá "establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad", facultad que puede ser delegada al encargado de las FF.AA en la zona. Todo esto a través de un decreto fundado.
Sin embargo, según cita el ente fiscalizador, en los dos periodos de vigencia de la medida constitucional hasta ahora Boric "no delegó atribuciones en el respecto Jefe de la Defensa Nacional".
Seguido de aquello, Contraloría sostiene que el ejecutar medidas preventivas o de mitigación de posibles focos de incendios en recintos privados, ya sea el cortar árboles o hacer cortafuegos, "constituyen limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad de sus respectivos propietarios".
Facultad presidencial
Considerando lo anterior, el ente fiscalizador sostiene que tomar medidas como aquellas corresponde a una facultad que radica en el Presidente de la República, la cual podría haber sido delegada al contraalmirante -recuerda-, como que hasta ahora no ha ocurrido. Pese a eso, afirma que "si bien no consta que actualmente se haya decretado, total o parcialmente, tal delegación, nada obsta que así se disponga, lo que, por cierto, corresponde ponderar" al Mandatario.
Más adelante el dictamen también apunta que considerando esas facultades, "es necesario" que las autoridades se coordinen con los organismos que integran que tengan relación con la materia, como en este caso -sostiene- podría ser la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Por último, el pronunciamiento concluye y reitera nuevamente que solo en la medida que el Presidente "delegue en el respectivo Jefe de la Defensa Nacional atribuciones para adoptar medidas que puedan implicar una limitación o restricción al ejercicio del derecho de propiedad, este último se encontraría habilitado para ordenar en terrenos privados la ejecución de trabajos como los descritos".