Los acontecimientos se precipitan. La vida de Jorge Glas Espinel está en peligro. Tras el asalto a la embajada de México en Quito, el objetivo de las autoridades ecuatorianas es silenciar las posibles declaraciones de quien fuese vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Conocedor profundo de las redes de corrupción, narcotráfico y vínculos de la plutocracia con el crimen organizado, Daniel Novoa, el mandatario sin atributos, busca justificar el allanamiento de la sede diplomática de México, argumentando que Jorge Glas no tiene derecho a solicitar el asilo, y tampoco México a concederlo. Tienen miedo y señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador como el responsable del asalto, buscando de esa manera concitar el apoyo de la población y de paso silenciar las voces discordantes. Una especie de chovinismo se apodera de los medios de comunicación de la derecha. La sinrazón muta en un acto de patriotismo para satisfacer el supuesto honor mancillado por las autoridades diplomáticas mexicanas. Como antaño el dictador Francisco Franco en España, para acallar la represión, la falta de libertades públicas y democracia, convocaba manifestaciones de apoyo contra el comunismo y la conspiración judeo masónica, el gobierno ecuatoriano sigue el ejemplo. "Nos estamos jugando el país" dirá Noboa, agregando: "he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el estado de derecho y la dignidad de un pueblo". De esa forma busca granjearse el respaldo de sus connacionales, seguir militarizando su territorio, bajo la atenta mirada y el respaldo del comando Sur estadounidense.
El asalto a una sede diplomática, no es una decisión tomada a la ligera. En ella intervienen las fuerzas armadas, empresarios, partidos políticos, y los miembros del gobierno. Se manejan y miden al milímetro sus repercusiones. Lo cual nos lleva a pensar que la irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada de México en Ecuador no ha sido un arrebato, sino a una acción planificada. Si consideramos que el actual presidente Daniel Noboa, es un advenedizo, cuyo único mérito, si se puede considerar mérito, es ser hijo de Álvaro Noboa, empresario, cinco veces candidato a presidente y cinco veces derrotado, deja poco lugar a la duda. Por consiguiente, podemos inferir que es el padre y los poderes facticos, quienes tienen el control político, y manejan a voluntad al actual inquilino del palacio de Carondelet, nacido en Miami.
Una primera aproximación, hace pensar que la embestida a la embajada de México, desnuda la precariedad de un presidente títere, a la par que destapa lo efímero de su mandato. En este sentido, no han tardado en señalar que el único responsable del asalto es el presidente Daniel Noboa. Así lo hace saber su ministra de Asunto Exteriores, la empresaria Gabriela Sommerfeld en entrevista a los medios de comunicación locales. La orden fue dada, dirá, por el presidente, apostillando, llévese a cabo: cueste lo que cueste. Por otro lado, pocas dudas existen que la crisis diplomática acabará siendo revertida. Pero en el corto plazo, Ecuador logra su objetivo, al menos momentáneamente, impedir la salida al exilio del ex vicepresidente, durante el mandato de Rafael Correa. Aunque con un coste calculado, se ha previsto el sacrificio posterior de piezas menores implicadas en el asalto. Así, cubrirán sus vergüenzas y el incidente diplomático pasará a la historia.
Al día siguiente del asalto, el seis de abril, La Jornada, en su espacio Rayuela, sintetizó el significado político de la acometida a su sede diplomática en Quito: ni Pinochet ni la Junta Militar argentina se atrevieron a tanto. Tal afirmación nos obliga a escudriñar en la historia reciente de América latina. Así, para encontrar un caso similar, debemos retroceder al 31 de enero de 1980. El entonces general y presidente de Guatemala, Fernando Romeo Lucas García, ordenó asaltar e incendiar la embajada de España. Fue una masacre. Entre el personal diplomático, los campesinos guatemaltecos que se encontraban en su interior y los invitados del embajador, el ex vicepresidente de ese país Eduardo Cáceres, y su ex canciller, Adolfo Domínguez, a la sazón, miembro del Tribunal Internacional de justicia de la Haya, fueron asesinados. Se contaron 37 víctimas. Hubo dos sobrevivientes, el embajador Máximo Cajal y el dirigente campesino Quiché, Gregorio Yujá Xoná. Conceptualizado como terrorismo de Estado, escribe una de las páginas más negras de la historia diplomática, protagonizada por un país latinoamericano. Ahora, en 2024, debemos sumar a esta historia de la ignominia, el asalto a la embajada mexicana perpetrado por la policía ecuatoriana, y ordenado por el gobierno de Daniel Noboa. En la historia de América latina, tampoco debemos pasar por alto el intento de asaltar la embajada cubana en la República Bolivariana de Venezuela, durante el frustrado golpe de Estado del 12 de abril de 2002. El entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles, sería juzgado y condenado por dicha acción terrorista. Habría otros implicados. En este sentido, cualquier asalto a una sede diplomática ha de conceptualizarse como terrorismo de Estado al violar el derecho internacional, practicar la violencia contra sus representantes diplomáticos o impedir el derecho de asilo de sus refugiados.
El mejor contraejemplo, que supone respetar la inviolabilidad de una sede diplomática, lo encontramos en Perú durante la dictadura de Manuel Odría. El entonces dirigente del APRA Raúl Haya de la Torre solicitó, en 1949, asilo político en la embajada de Colombia. La negativa de la dictadura a concederlo, acabo en la Corte Internacional de Justicia. Fueron cinco años de estancia en la sede diplomática. Pero, en 1955, Haya de la Torre partía a Bogotá de la mano del embajador. Otro caso, ha sido el protagonizado, también por el gobierno ecuatoriano del presidente Lenin Moreno. Más allá de considerarlo una traición, en 2019, retiró el estatus de asilado a Julian Assange, concedido en 2012 por el entonces presidente Rafael Correa, facilitando la entrada de la policía británica en Londres, para su arresto del periodista, tras siete años de permanecer en sus dependencias.
Si nos remitimos al asalto de la embajada de México en Quito, debemos asumir que los responsables intelectuales y materiales del asalto deberán ser detenidos, juzgados y condenados, así como el ex vicepresidente, Jorge Glas, tendrá que ser entregado a las autoridades diplomáticas que estipule México, mientras se mantenga la ruptura de relaciones diplomáticas, con el fin de garantizar su derecho de asilo, del cual fue despojado por la fuerza. Pero la situación ha cambiado. Bajo un supuesto intento de suicidio, inexplicable en una cárcel de máxima seguridad, Jorge Glas entra en estado de coma. Otro elemento más que corrobora el objetivo del asalto, silenciar para siempre al ex Vicepresidente. ¿Resulta inexplicable que pudiese disponer de los ansiolíticos para provocarse la muerte? Pero así funcionan los regímenes que temen a su pueblo, lo reprimen y desprecian.
En otro orden de cosas, no corresponde al presidente Daniel Noboa, ni a sus fuerzas armadas o plutocracia, decidir a quién concede México asilo político. Tampoco se puede consentir que el asalto a una embajada se justifique esgrimiendo un malestar por declaraciones de responsables políticos, sean de quien sea y vengan de donde vengan. De ser aceptado dicho argumento, cualquier excusa podría considerarse un eximente para violar el derecho internacional y asaltar sedes diplomáticas. La potestad de conceder asilo político, no lo deciden los verdugos, se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la vida de quienes se ven abocados a solicitarlo a fin de evitar su encarcelamiento arbitrario, ser sometido a torturas o terminar asesinado. En definitiva, la comunidad internacional debe responder sin ambages a este asalto que evidencia la bajeza moral de quienes lo implementan, los canallas que lo patrocinan y los políticos que lo justifican. Si como todo hace presagiar Jorge Glas no será entregado a las autoridades mexicanas, estaríamos presenciando uno de los mayor actos contra el derecho internacional y el derecho de habeas corpus.
Marcos Roberto Roitman Rosenmann, académico, sociólogo, analista político y ensayista chileno-español
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