La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el sobreseimiento de José Ángel Fernández Villa en el «caso Hulla».El escrito de la fiscal Carmen García Cerdá, con fecha de este martes, reclama dejar sin efecto el auto dictado el martes de la semana pasada por la magistrada Begoña Fernández y que se dicte otro manteniendo «las medidas cautelares y requerir un informe de los médicos forenses sobre la situación mental y cognitiva» del investigado.
En su escrito, la fiscal argumenta que «constan en la causa varios informes que ponen de manifiesto la existencia de un estado degenerativo que no le incapacitó en su momento para declarar en las actuaciones». No obstante, añade que «dado el tiempo transcurrido, es necesario que dicho investigado sea reconocido de nuevo por los médicos forenses del Juzgado, a los efectos de que emitan informe actualizado sobre su situación mental y su capacidad volitiva e intelectiva». En caso de que se corrobore ese empeoramiento, procedería, indica la Fiscalía, dictar un auto como el que emitió la jueza del caso el pasado 2 de abril, sobreseyendo el caso respecto de Villa.
Añade la Fiscalía Anticorrupción en cuanto alzamiento de las medidas cautelares que éstas «se adoptaron no sólo para garantizar las responsabilidades civiles que se puedan acordar en sentencia, sino para asegurar los futuros decomisos del producto del delito y la ganancia ilícita y por ello, deben mantenerse embargados».
Cerdá indica que Villa «formó parte de ta trama investigada que concertó la construcción de una residencia de mayores para desviar fondos públicos a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra. Parte del capital desviado, recibido mediante entregas de dinero en efectivo que permanecieron ocultas (producto del delito y ganancia ilícita), sería posteriormente aflorado y depositado en el circuito financiero legal a través del mecanismo de la regularización fiscal. Dicho capital se mantiene embargado como ganancia ilícita del delito, para su posterior decomiso».
Y añade que el Código Penal regula «el decomiso autónomo y permite que el Tribunal acuerde el decomiso aunque no medie sentencia condenatoria cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio, entre otros en el supuesto de que el investigado sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento».
Años de retraso
Por otro lado, este miércoles se presentó en el Juzgado que investiga el «caso Hulla» el informe pericial sobre las obras del geriátrico encargado en 2021 y que llevaba un retraso de años. La jueza había dado un ultimátum al perito para que lo presentase este miércoles, rechazado su pretensión de retrasarlo para finales del mes de junio. El perito arguyó que había muerto otro perito y él no estaba habituado a hacer estos informes, por lo que necesitaba ayuda externa.
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