En un recorrido por carretera desde Cúcuta hasta Bucaramanga, la Procuraduría encontró que la atención humanitaria recae solo en cooperación internacional y que los mandatarios locales y departamentales no están apoyando la labor.
El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento Olarte, aseguró en conversación con Vanguardia que es alarmante que ni el gobierno nacional ni las administraciones locales de Norte de Santander y Santander, incluidos los alcaldes de sus municipios como Bucaramanga, Tona, Pamplona, Chinácota y Cúcuta, entre otros, no estén brindando ningún tipo de ayuda a la población migrante que proviene de Venezuela, y que la atención humanitaria esté solo en manos de cooperación internacional, junto con agencias como Acnur, OIM, la sociedad civil y otros colaboradores europeos y estadounidenses, quienes están asumiendo esta responsabilidad en su totalidad.
Gobernadores y mandatorios locales, a responder por falta de atención a migrantes
Sarmiento Olarte explicó que los mandatarios locales deben entender que la filosofía de la cooperación internacional no implica un apoyo permanente; más bien, su objetivo es ayudar temporalmente para que los gobiernos puedan encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo.
"Se nos ha advertido que varios puntos de ayuda de cooperación se cerrarán en junio, septiembre y diciembre. Esta situación sugiere que el problema puede empeorar si los nuevos mandatarios locales no toman medidas. Por ejemplo, entre 800 y 2.300 personas están llegando mensualmente, lo que indica que la movilidad continúa, aunque ya no se hable de ello como antes", comenta el funcionario.
Es por esto que, a mediados de mayo, la entidad desarrollará en Bucaramanga una mesa de trabajo para que los mandatarios de ambos departamentos y sus municipios rindan cuentas, den evidencia de cómo están trabajando y de qué manera están incluyendo programas, proyectos o partidas presupuestales para atender a esta población, y de qué manera esto también está incluido en los planes de desarrollo que pronto serán aprobados.
Por su parte, Alba Pereira, directora de la Fundación Entre Dos Tierras, aseguró que el reporte de la Procuraduría muestra una realidad que las organizaciones locales han denunciado desde hace varios meses. Pereira comentó que su comedor comunitario, el cual brinda desayuno y almuerzo a los inmigrantes que llegan a la ciudad, reporta entre 70 y 90 visitantes nuevos cada día.
"Esto no se ha detenido y desde nuestra experiencia creemos que esto aumentará. En mi caso, mi comedor está desfinanciado, tendré que cerrar, y es importante contar con el apoyo de la Alcaldía y de cooperación para seguir brindando la ayuda humanitaria", asegura esta lideresa local y quien también es migrante.
La Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios en Bucaramanga se encuentra en marcha desde marzo de este año. Este mecanismo, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y decretado en el artículo 0052 de 2020, tiene como objetivo la articulación de acciones de protección y promoción de los derechos de la población migrante, retornada y bumanguesa. Por ahora, sus integrantes se encuentran en el desarrollo de la planeación de actividades.
Puntos que cerrarán
El Procurador Delegado explicó que hizo un recorrido desde Cúcuta hasta Bucaramanga (ver mapa) y se encontró con personas enfermas que no han recibido atención médica, especialmente. "Una señora, adulta mayor, con un carcinoma en el rostro y no la atendieron en ningún centro de salud; una madre recién dada a luz, con un niño de un mes de nacido, que tampoco le prestaron ayuda. Esto por mencionar algunos casos. Las autoridades están totalmente desentendidas de esa situación", comentó.
Los puntos de atención de la ruta en los que cooperación intencional presta apoyo y que cerrarán sus puertas son: el de Tona, en el corregimiento de Berlín; el del cruce de Chinácota, sector La Don Juana, y el del kilómetro 93 de la vía Cúcuta - Pamplona, conocido como Los Hermanos Caminantes.
Si bien las autoridades locales y departamentales tienen injerencia en el tema, también tiene responsabilidad la Cancillería, Migración Colombia y el Ministerio de la Igualdad, al cual también le fijaron competencias frente a la atención de la población migrante en Colombia, con estrategias de atención humanitaria para la población en tránsito y en los territorios de acogida.
Monitoreo en la frontera
Los 339 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia cuentan con aproximadamente 72 trochas o pasos informales identificados, lo que para la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos resulta aún más sorprendente considerando que el puente oficial está abierto y esto debería haber reducido o eliminado la necesidad de estas rutas ilegales. En la zona persiste una presencia dominante de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Tren de Aragua, quienes continúan controlando principalmente estas trochas, después de las 8 de la noche, cuando el puente oficialmente se cierra.
Estas trochas son utilizadas para el paso de personas, mercancías y contrabando, pero carecen de la presencia del control por parte de las autoridades colombianas, que se concentran principalmente en el puente oficial.
"Durante nuestra observación, del otro lado de un río, vimos grafitis relacionados con el Eln, junto con la presencia de la Guardia Venezolana y a tres menores de edad construyendo un puente peatonal. Estos menores nos advirtieron inmediatamente que no grabáramos y fueron llamados de vuelta por adultos al percatarse de nuestra presencia. Esto revela una frontera porosa, un fenómeno conocido pero que sigue llamando la atención", según explica el Procurador Delegado.
Rumbo al Tapón del Darién
En Colombia, de acuerdo con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), existen dos tipos de migrantes: el que tiene vocación de permanencia y busca integrarse en el territorio nacional, y el que viaja rumbo a Estados Unidos, vía el Tapón del Darién o San Andrés Islas. Vale precisar, según el Gifmm, que el 52 % de los migrantes venezolanos consultados manifestaron entrar por la zona de Villa del Rosario.
En 2023, por el Tapón del Darién, aproximadamente pasaron 474.000 migrantes de al menos 120 nacionalidades. Este año, de los 2.300 que pasan mensualmente, un 30 % son niños, niñas y adolescentes que viajan solos, sin sus padres. Estos niños se clasifican como "menores no acompañados", incluyendo aquellos de entre 8 y 15 años. El problema se agrava aún más con el alto número de menores de 14 años, quienes no tienen la capacidad de aceptar o rechazar lo que los coyotes o grupos armados ilegales les imponen. Además, se ha identificado la debilidad en las comisarías de familia de los municipios de Turbo, Acandí o Capurganá, ya que cuentan con uno o dos funcionarios para atender esta situación.
La economía en Necoclí está dolarizada y existe la presencia del Clan del Golfo. Solo el año pasado, según la Procuraduría, se manejaron grandes cantidades de dinero, lo que facilitó la corrupción y el soborno a funcionarios en la playa.
"En el Urabá, se estima que se movieron entre 140 y 330 millones de dólares en actividades ilegales en un solo año. Esto implica lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo. Hemos presentado estos hallazgos a todas las agencias pertinentes, incluyendo la Fiscalía, con quienes estamos colaborando en una investigación detallada", dijo Sarmiento.
Migración por San Andrés
Si se migra por San Andrés, el viaje tiene un valor entre los 3 mil y 5 mil dólares. Según la Procuraduría, una agencia de viajes situada en Maicao ofrece viajes desde Bogotá y Cali, con hospedaje en Medellín y salida en avión desde esa ciudad, más comida y traslado a los cayos Albuquerque o Pescador en ferry o buque carguero.
De esa ruta se conoce que la travesía ha dejado 110 desaparecidos entre diciembre de 2022 y octubre del 2023, lo que deja ver la otra cara de este drama humanitario.
"Pensamos que algunas personas pueden haber naufragado y fallecido, pero sus cuerpos flotan y hay una explicación técnica para esto. Sin embargo, los últimos podrían estar secuestrados en otros países, siendo víctimas del tráfico ilegal, trata de personas o explotación sexual. La situación se agrava con mujeres embarazadas debido a la alta conflictividad en el país y la necesidad de reformas políticas", comenta el funcionario.
Y agrega: "El problema radica en la falta de control, a pesar de las alertas que hemos emitido en San Andrés, que debería ser más fácil de regular, sigue ocurriendo cualquier cosa", concluye este Procurador.
Otras nacionalidades
En el Tapón del Darién se está viendo la llegada de personas de más de 120 nacionalidades, un hecho alarmante que no está recibiendo la atención adecuada. Se observa la presencia de personas provenientes de lugares como Bielorrusia, Afganistán y Bangladesh, ingresando por la frontera con Ecuador a Colombia, y al continente a través de Brasil.
"Más allá de la preocupación por el creciente número de asiáticos, nos preocupa especialmente la llegada de personas de esas nacionalidades, como lo hemos informado al gobierno de los Estados Unidos, ya que puede ser un problema de seguridad nacional para ese país", asegura la alerta de la dicha delegación de la Procuraduría.