El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto una "alianza de país por la vivienda" y el sector privado ha recogido el guante. En una iniciativa pionera de reunirse con representantes del inmobiliario, la banca y los sindicatos –encuentros que se repetirán cada semestre- el Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha medidas que agilicen la concesión de licencias urbanísticas, que era una de las peticiones recurrentes de promotores y constructores, y, a su vez, modificar la normativa para proveer de financiación a quienes inicien los proyectos inmobiliarios.
El Ejecutivo va a lanzar hoy, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, una consulta pública para que los interesados, tanto del sector inmobiliario como financiero, puedan aportar su visión ante medidas que el Gobierno central quiere implantar para agilizar los trámites de construcción y promoción de viviendas. Estas medidas están relacionadas con las licencias urbanísticas y la tasación de viviendas sostenibles que actualmente están en el mercado.
En concreto, el objetivo es la modificación de la llamada norma ECO 805. Se trata de una normativa de licencias que data del 2003 y que actualmente dificulta o ralentiza la agilidad en la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios. El objetivo es "aclarar" esa normativa, ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para dar una mayor rapidez a las licencias e incluir en la misma novedades que el sector ha ido incorporando, como la industrialización en la construcción de viviendas o los factores de sostenibilidad.
A esta iniciativa hay que sumar la modificación de la ley de Suelo, proyecto que se encuentra en tramitación parlamentaria también exprés (este mes está previsto que se cierre el trámite de enmiendas en el Congreso) que busca evitar que un proyecto urbanístico quede paralizado por un error menor en el mismo. Esta también era una petición que podría considerarse histórica del sector constructor y promotor.
Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la financiación de los proyectos
Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector privado es la financiación para los proyectos de vivienda que se desarrollan a través de la construcción industrializada. Es decir, las cocinas o los baños de las viviendas ya no se construyen en el inmueble, sino que parten de una fábrica y llegan a su destino para únicamente ser instalados. Esta es una de las nuevas tendencias del sector. El Gobierno se ha comprometido a modificar la normativa para facilitar la financiación de estas iniciativas, que actualmente cuentan con algunas reticencias por parte de las entidades bancarias. También era otra petición del sector inmobiliario.
El objetivo, ha afirmado la ministra Rodríguez, es que "todo aquel que tenga algo que aportar, lo haga". "Aquí está el Gobierno", ha añadido, antes de recordar que su departamento ha agilizado la ejecución de los fondos europeos destinados a vivienda. En este momento, ha destacado, se han distribuido 5.500 millones entre las diferentes modalidades. La titular de Vivienda ha avanzado que también pretende incorporar la inteligencia artificial a los procedimientos administrativos relacionados con el inmobiliario.
Respecto a la aplicación de la ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas, Rodríguez ha reclamado a más autonomías que se sumen a Catalunya. La ministra ha hablado de "emergencia" pero ha destacado que para poder aplicar las medidas relacionadas con la normativa estatal "se necesita la petición" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Entre esas medidas, ha destacado, se encuentra también la bonificación del 90% en el IRPF a los pequeños propietarios que decidan rebajar sus rentas del alquiler. Hay ayuntamientos madrileños, como Alcorcón o Fuenlabrada, que están interesados en aplicar la ley de Vivienda, pero sin el respaldo del Ejecutivo autonómico no pueden hacerlo.
En el encuentro también se ha abordado la problemática del alquiler de temporada, por el que se están "escapando", ha dicho la ministra, propietarios que no quieren acogerse a un control de precios, y del turístico. Respecto a los arrendamientos temporales, el grupo de trabajo constituido en diciembre ofrecerá la próxima semana sus conclusiones. El turístico es una competencia autonómica y municipal.
El grupo de trabajo sobre el alquiler de temporada ofrecerá la próxima semana sus conclusiones
A la reunión con Sánchez, Rodríguez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha acudido uno de los principales actores del sector inmobiliario, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Vía Agora y de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce). Por parte de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha asistido su presidente, Pedro Fernández Alén, y también un represente de Seopan, Julián Nuñez, su presidente. Han estado presentes, asimismo, representantes de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), de la Confederación de cooperativas de viviendas de España (CONCOVI), de la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) y de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR).
También ha acudido María Abascal, la directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), y José María Méndez, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), así como representantes sectoriales de UGT y CCOO, no sus primeros espadas.
Por parte de los colegios profesionales, los citados han sido el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España / Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Por último, hay citados miembros de Hogar Sí, ProVivienda, la Plataforma Tercer Sector y del Consejo de la Juventud de España.
En el catálogo de ausencias destacan representantes de los grandes fondos, los llamados "grandes tenedores" de vivienda, como Blackstone, o la principal socimi del país, Merlin. La Sareb, pieza clave en la política de vivienda, tampoco ha sido invitada al encuentro con el presidente del Gobierno. Y los sindicatos de inquilinos tampoco fueron contactados.