Comisión de Renovables: se ha respetado lo que dice la ley, pero ha faltado planificación
Responsables políticos de Energía y del Inaga comparecen en las Cortes en la penúltima sesiónResponsables políticos de Energía, así como el actual director del Inaga, aseguraron este lunes que se ha respetado lo que dice la ley en materia de renovables, pero admitieron que ha fallado la planificación al no haberse elaborado un nuevo Plan Energético de Aragón pese a que desde 2018 cambió la hoja de ruta marcada por Europa.
En la penúltima sesión de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías de renovables en Aragón celebrada en el Parlamento aragonés, se puso de manifiesto que faltó gestión política a la hora de priorizar la elaboración de un nuevo plan, si bien quienes han tenido responsabilidades en la Administración autonómica garantizaron que la tramitación de los expedientes fue correcta, a la vez que coincidieron en rechazar cualquier tipo de moratoria porque supondría un revés para el liderazgo y el impulso que ha tomado el sector en la región.
Tres directores generales de Energía y Minas, entre ellos la que puso en marcha el Plan Energético de Aragón 2013-2020, Marina Sevilla, y la actual titular de este área, Yolanda Vallés, así como Alfonso Gómez Gámez, que lo fue con el primer gobierno de Lambán, comparecieron en la Cortes de Aragón; además de hacerlo el actual director del Inaga, Luis Simal, que fue a su vez director del servicio provincial de Zaragoza del Departamento de Industria entre 2011 y 2022, y el director provincial de Industria en Teruel desde 2011, Ángel Lagunas.
En sus intervenciones pudo verse cómo en el caso de la energía fotovoltaica se ha producido un desvío de más del 400% sobre lo planificado en el Plan Energético por los avances de esta tecnología, con las consecuencias que eso supone para el territorio sin que se haya aprobado un nuevo plan y ni siquiera revisado.
Revisión
Gómez Gámez, que es a quien hubiese correspondido acometer al menos una revisión para adaptarlo a los nuevos planteamientos que hizo la Unión Europea en 2018, dijo que no lo actualizaron porque "no teníamos tiempo" ni medios debido a que "el volumen de trabajo era bestial" y había que resolver los procedimientos judiciales que estaban abiertos.
El plan caducó en 2020, si bien puede estar prorrogado hasta 2025, y el actual Ejecutivo está trabajando ya en uno nuevo cuya previsión es sacarlo a información pública en el último trimestre de este año, según apuntó Yolanda Vallés, la responsable ahora de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.
En las preguntas a los comparecientes se insistió mucho en el tema de la fragmentación de proyectos, así como en las modificaciones sustanciales recogidas, además de producirse reproches entre algún ponente y los portavoces de Aragón Teruel Existe y Vox por la orientación de las exposiciones y de las preguntas formuladas.
Gómez Gámez afirmó que en esa comisión se habían vertido manifestaciones con "escaso soporte científico" y que había quienes estaban haciendo una "utilización excesivamente politizada de esta cuestión". Tomás Guitarte, de Teruel Existe, le reprochó que no hubiese hecho "conscientemente" una ordenación de las renovables porque "no hubo ninguna voluntad de hacerlo" para "dar manga ancha en general al sector". El ponente tildó de "inquisidor" su tono y negó que hubiese sido así.
La primera en intervenir, Marina Sevilla, actual directora general de Administración Local, que fue de Energía y Minas entre 2011 y 2015, opinó que no se priorizó el Plan Energético después de que ella dejó el cargo probablemente por una "falta de gestión", aparte de por la alta complejidad técnica y los escasos medios técnicos y humanos.
Tormenta perfecta
Sevilla consideró que eso generó "la tormenta perfecta" y valoró la importancia que tiene este sector por tratarse de un "motor económico incuestionable" con territorios que hoy día tienen un posicionamiento en energía estratégico. En respuesta a los portavoces parlamentarios manifestó que no hay que perder el tren de las renovables y aseguró que desde que se creó el Inaga se ha recurrido a consultoras externas en todos sus expedientes.
En términos similares se expresó el director del Inaga, Luis Simal, que dijo que las asistencias técnicas son "un modo de funcionamiento habitual", a la vez que negó que se hubiesen fraccionado los proyectos para los trámites ambientales. Lo importante, dijo, es que se hubiesen evaluado bien y analizado los efectos sinérgicos por acumulación en una zona.
Argumentó que los procedimientos y las tramitaciones se habían hecho a nivel ambiental "correctamente", y que otra cuestión era la falta de ordenación territorial para su ubicación. Añadió que la evolución actual creía que iba a ser positiva y que el Inaga "tendrá una mejor imagen en un tiempo razonable".
Alfonso Gómez Gámez, director general de Energía y Minas entre 2015 y 2019, dijo que no se hacían proyectos fragmentados y que la evaluación ambiental se realizaba "tomando en cuenta los efectos acumulativos", que la misma está definida por la ley y que por eso no tiene incidencia en esa cuestión.
Márgenes de la ley
Gómez Gámez argumentó que dentro de los márgenes de la ley hay que hacer cumplir el interés general, y recalcó que al menos durante su mandato "la ley me consta que se ha cumplido siempre en todos los procedimientos que se han llevado". Reconoció por otra parte que "una buena planificación es muy importante", que los promotores deben tener "certeza" y "seguridad jurídica", que ha dado beneficios al territorio y que gracias al sector "hay ayuntamientos que nadan en dinero literalmente", por lo que una moratoria sería "un desastre total y absoluto".
El que fuera director del servicio provincial de Industria en Teruel, Ángel Lagunas, dijo que el único criterio que habían seguido era "el cumplimiento de la ley" respetando lo que ponía en las normas, y que solo se pidió a los técnicos que atendiesen los expedientes en riguroso orden de entrada, "uno detrás de otro".
En cuanto a la planificación, Lagunas opinó a título personal que lo primero que debería haber es una planificación estatal, y a la pregunta de qué mejoraría en los trámites, dijo que clarificar aquellas cuestiones en las que puedan suscitarse dudas.
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