El oficialismo busca avanzar con el tratamiento en comisión la próxima semana. Principales ejes del texto enviado a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas.
El Gobierno envió este martes a la noche el borrador recortado de la nueva versión de la Ley Bases a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas, con el objetivo de comenzar a definir el texto final. Según fuentes del oficialismo, se espera que el proyecto ingrese al Congreso el viernes para iniciar su tratamiento en comisión la próxima semana.
El proyecto incluye un capítulo fiscal que será tratado conjuntamente e implica modificaciones al Impuesto a las Ganancias, retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y estableciendo un piso de $ 1.800.000 para trabajadores solteros y de $ 2,2 millones para casados, acorde a acuerdos previos con gobernadores y diputados dialoguistas.
En el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO hay optimismo sobre la aprobación en Diputados, considerando que esta versión ha sido mejorada con las modificaciones acordadas tras el fracaso en febrero.
El texto definitivo declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, siguiendo las condiciones acordadas previamente en la Cámara de Diputados.
Se establece también que el Poder Ejecutivo informará mensualmente al Congreso sobre el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
El segundo capítulo del proyecto se refiere a la reforma del Estado, permitiendo su reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial, y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo para la asignación de recursos.
Uno de los puntos de mayor tensión es el referente a la privatización de empresas públicas, excluyendo a YPF. Se establecen empresas para venta total, concesión y privatización parcial, con la condición de que el Estado mantenga la participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias.
Sobre los fondos fiduciarios, el Gobierno avanzó con una modificación que explicita la obligación de mantener la asignación específica de la finalidad original, que fue uno de los puntos discutidos el lunes con los dirigentes radicales.
El Gobierno también accedió a habilitar la intervención del Congreso a través de una comisión bicameral para controlar el proceso de privatización de cada empresa.
Se destaca el artículo 71, redactado nuevamente a pedido de la oposición, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, aunque con un plazo acotado a un año y con restricciones específicas.
En forma paralela, el Gobierno envió el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que contempla la restitución del impuesto a las Ganancias, modificaciones sobre Bienes Personales y la creación de un régimen de regularización de activos y obligaciones tributarias.
El nuevo proyecto de ley incluirá la reforma laboral de forma indirecta. Tras un acuerdo con la UCR, se espera que el bloque presente por separado un proyecto de ley para incorporarla durante el tratamiento en comisión de la nueva ley ómnibus. Esta versión será más acotada que la contenida en el DNU 70/2023, sin afectar aspectos sensibles como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, ni prohibir protestas y asambleas. El texto se conocerá tras la reunión de la Casa Rosada con la CGT, que amenazaba con un paro general.
Se espera que el debate comience la semana próxima en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con la intención de que la iniciativa sea votada en sesión ordinaria antes de fin de mes.