Usuarios de Paraná y las localidades del área metropolitana suman diez días sin transporte urbano de pasajeros debido al paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, ante el no pago de sueldos por parte de las empresas ERSA y Mariano Moreno que tienen a su cargo la prestación del servicio.
Se recordará que el municipio de Paraná intimó a las empresas al "restablecimiento inmediato del servicio", según reafirmó la intendenta Rosario Romero al prometer "tomar medidas, lo más pronto posible, para salvar la situación".
"Si no hay servicio, tendremos que anticipar el proceso de licitación del servicio", anticipó tras repasar el nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros, que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros.
"Estamos dispuestos a mejorar las condiciones, porque es un negocio. Y, de hecho, a las empresas prestatarias les ofrecimos circuitos nuevos que les hacen ahorrar muchos kilómetros diarios y recorridos más troncales, pero hasta ahora no les interesa discutirlo", informó Romero.
"Tomaremos medidas para proteger a los usuarios y, mientras tanto, medidas de emergencia, pero no las puedo anunciar", consignó y reiteró la anécdota pertinente al diálogo con el rector de una secundaria y la directora de una primaria, quienes le comentaron "cómo con la cooperadora, se organizan entre padres y docentes para poder llegar a la escuela".
La intendenta aguarda expectante "una posición razonable de parte de Buses Paraná porque se tienen que hacer cargo de la responsabilidad empresarial y social".
"680 pesos es una tarifa razonable, pero elevarla, tiene que ser de la mano de una mejora del servicio; porque no puede ocurrir que nos sigan presionando para subir tarifas sin brindar el servicio", argumentó.
"El transporte urbano de pasajeros siempre tuvo deficiencias en Paraná y la situación se agravó a partir de diciembre, con la quita de los subsidios al transporte por parte del gobierno nacional; ante esto, las empresas requirieron aumentos del boleto, que dimos hace pocos días y a la fecha tenemos un paro que lleva diez días", aseveró Romero y acentuó que "la Municipalidad no debe nada a las empresas".
"Si las empresas quieren más aumento del boleto, les exigimos que presten el servicio y demuestren que tienen voluntad", fundamentó al descartar el incremento del precio del pasaje de los colectivos urbanos.
"Los dineros públicos se administran con una causa, entonces, con qué causa podríamos dar dinero a las empresas de Paraná después de diez días de un paro salvaje ¿Qué retribución tenemos del otro lado?", inquirió la intendenta de Paraná.
Al pronunciarse "en defensa de los intereses de los paranaenses", Romero puso de relieve que no puede "tirar tantos millones al sistema de transporte porque no está previsto en un fondo ni un subsidio de parte del Estado Municipal".
"El Estado Municipal otorga más de 40 millones de pesos, todos los meses, para pagar el BEGU; y Provincia también paga subsidios por aproximadamente 100 millones de pesos", pormenorizó la intendenta. Se recordará que Buses Paraná insiste con respecto a que los subsidios municipales y provinciales, además del aumento del boleto, no compensan la quita de aportes nacionales.
En ese sentido, según Romero, las firmas ERSA y Mariano Moreno "deben buscar prestar un mejor servicio para que los usuarios vuelvan a confiar en el colectivo porque en Paraná podría haber más de 100 mil cortes de boletos diarios, pero el corte viene disminuyendo porque la gente se hartó y busca otras formas de movilizarse".
La intendenta exigió "conducta empresaria" a Buses Paraná: "Que asuman el riesgo, brinden un mejor servicio y convoquen a los paranaenses a que usen el colectivo", exhortó.
Romero recalcó que no es intención de la Municipalidad de Paraná, declarar la nulidad del contrato de concesión por incumplimiento del servicio. "No es propósito del municipio, expulsar a las empresas. Sí les exigimos, como autoridad de aplicación, que cumplan con la prestación del servicio porque firmaron un contrato de concesión por ocho años", persistió al puntualizar: "Pedimos responsabilidad a las empresas".
En lo inherente a la sanción del nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros, que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros, la intendenta admitió que, "en lo inmediato, no hay una salida al conflicto, a menos que la empresa se comporte como empresa y pague a sus trabajadores".
"El nuevo marco normativo da amplias potestades al municipio, por eso era necesario derogar el anterior, para endurecer las condiciones porque queremos servicio de transporte en la ciudad", justificó Romero.
Y prosiguió: "Somos solidarios con el usuario del servicio, que está cansado de un servicio que no satisface las mínimas expectativas porque los colectivos tienen agujeros desde los que se ve el piso, asientos rotos y están sucios".
Para la intendenta, podría interpretarse la falta de inversión para comprar unidades nuevas, "pero no que estén rotos y sucios". De hecho, concluyó: "La misma empresa en Santa Fe tiene mejores coches para prestar el servicio".