El Fondo Monetario Internacional (FMI) es muy pesimista sobre las perspectivas de evolución de las cuentas públicas españolas, tanto en lo que se refiere al déficit presupuestario como al manejo del endeudamiento del Estado, y se ha sumado, en la publicación de su informe económico de primavera, a la tesis de Bruselas de sancionar al Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que no presente lo antes posible un programa suficientemente sólido de consolidación fiscal a medio plazo-incluyendo un ajuste del gasto, subidas de impuestos, o ambas decisiones a la vez-.
La institución que dirige Kristalina Georgieva no ve capacidad en el actual Ejecutivo español para enderezar los principales desequilibrios del sistema. En concreto, estima que el déficit público no bajará del 3% y la deuda no será inferior al 104% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta que termine la década. Tales previsiones representan un contratiempo para la coalición que dirige en estos momentos los destinos del país, pero no sorprenden: coinciden con los cálculos de la mayoría de los servicios de estudios de las principales entidades financieras españolas y del propio Banco de España, que lleva tiempo exigiendo un plan creíble de consolidación fiscal que no acaba de llegar.
Por otra parte, el incumplimiento palmario de los estándares de higiene contable por parte de España coincide con el restablecimiento de las reglas fiscales en la Unión Europea después de tres años de estar suspendidas con motivo de la pandemia y de la posterior guerra de Ucrania. El FMI llega a la conclusión de que, salvo en presencia de una estrategia de corrección económica creíble, la Comisión Europea acabará incluyendo a España en un proceso punitivo a fin de disciplinar las cuentas públicas.
Ya el pasado 26 de marzo, OKDIARIO publicó que el Ejecutivo de Bruselas está dispuesto a incluir a España en el procedimiento de déficit excesivo, que acarrea sanciones monetarias a los estados miembros -de hasta el 0,5% de su PIB- por el incumplimiento continuado de los límites de desequilibro presupuestario y deuda fijado en los tratados, salvo que se presente un plan drástico de corrección de las cuentas públicas.
Según los medios consultados, la decisión definitiva al respecto se quiere adoptar antes de que se celebren las elecciones europeas de junio, aunque otras fuentes contemplan con más dificultad que esto pueda concretarse en ese tiempo dado el tráfago de frentes abiertos que se vive en Bruselas casi en vísperas de los próximos comicios de junio.
La Comisión no tiene sólo a España como destino de su eventual expediente punitivo. Éste podría afectar a varios países miembros, y entre ellos a otros grandes como Francia e Italia. Sólo Alemania, que ofrece una de las peores cifras de crecimiento económico de la UE-, pero cuya obsesión por el control de las cuentas públicas continúa inalterada, quedaría a salvo de las eventuales sanciones que maneja el Ejecutivo de Bruselas.
La diferencia entre los casos de España e Italia en relación con el de Francia es que la desviación de los objetivos asignados se produce al mismo tiempo que los PIB de ambos estados son los que mayor crecimiento registran. En lo que se refiere a España, de manera poco sana, pues la mayor parte del empuje de la actividad deviene de la explosión del consumo público, y el récord de recaudación alcanzado gracias a la inflación -que no se ha descontado de los impuestos- no se ha empleado para mejorar la posición financiera del Estado.
En el caso de Italia, debido a la intensa inversión en edificación gracias a un paquete de ayudas fiscales sin precedentes. En ninguno de los dos países, sin embargo, es posible que se mantenga encendida la mecha del crecimiento sobre estas bases, pues el restablecimiento de las reglas fiscales va a obligar a apretarse el cinturón del gasto público a fin de contener el déficit.
De acuerdo con las estimaciones del FMI, la previsión de crecimiento del PIB de España sobrepasará ampliamente el estimado para la eurozona este año y el siguiente, con una expansión del 1,9% en 2024 y del 2,1% en 2025, frente al 0,8% y el 1,5% anticipado para los Veinte. El revés de la moneda es que esta brecha a su favor se irá estrechando durante los siguientes años. En concreto, la institución espera que el crecimiento del PIB español se desacelere al 1,8% en 2026 y al 1,6% para cada uno de los tres siguientes ejercicios, mientras que para la zona euro prevé una expansión del 1,4% en 2026 y del 1,3% en 2027 y 2028, con una proyección de crecimiento del 1,2% para 2029.