Una década después, este lunes ha declarado el principal acusado en el juicio por el fraude en los cursos de formación, Francisco Fernández Sevilla. El exsecretario general de UGT Andalucía está investigado por el presunto desvío de 40,7 millones de euros destinados a cursos para parados. Subvenciones públicas que la antigua cúpula de UGT habría usado, según la Fiscalía, para financiar el sindicato.
"La situación económica de la UGT no era buena, la Junta de Andalucía nos debía muchísimo dinero", ha reconocido el exlíder sindical en el juicio, en el que ha declarado que "la organización tenía poca liquidez" y ha negado que existiera una contabilidad paralela: "En UGT-Andalucía no había contabilidad A ni contabilidad B, había una contabilidad", ha defendido. "A mayor transparencia la llevamos a una notaría", ha incidido el acusado.
Aunque Fernández Sevilla lo niega todo, según la acusación se habría servido de tres técnicas fraudulentas. En primer lugar, el 'bote', consistente en el pago a proveedores con facturas simuladas que no corresponden a ningún servicio prestado, imputadas a programas subvencionados, cuya existencia negaba en 2013: "Eso que ustedes denominan 'botes' es una relación normal con una empresa cualquiera proveedora de nuestra casa", esgrimía entonces.
Por otro lado, usaban la técnica del rápel, beneficiándose de descuentos en facturas sin declararlos a la Administración. "Los rápel que yo sepa son legales", argumentaba en esa época. La última vía sería la cesión en usufructo de locales de su propiedad a la mercantil Soralpe, de la que UGT Andalucía era socio único.
También ha declarado Federico Fresneda, extesorero de la organización sindical, que defiende que la aplicación de estas subvenciones estuvo siempre controlada por auditorias externas.