La discusión sobre el caso Muiña, el represor de los 70 al que la Corte acaba de beneficiar con el 2x1, es de esas cosas que definen si la Justicia va con jota de justo o o con ge de gusto.
Los represores presos están encuadrados en el marco legal que ellos violaron. La ley y su aplicación es igual para todos. Esa es una de las diferencias entre la dictadura y la democracia.
El fallo provocó un revuelo previsible y razonable. Repugna que quienes mataron, torturaron y robaron bebés disfruten de una reducción de la condena y hasta puedan recobrar su libertad.
Así no sea comparable también repugna que asesinos y violadores disfruten de ese cómputo doble de los años de prisión ideado para proteger a los detenidos contra la demora judicial. Aunque derogada en 2001, la ley aún se aplica.
El debate sobre si el 2x1 alcanza a represores es jurídico y jurídico su eventual beneficio para otros represores. En cuanto a libertad, el caso de Luis Muiño es curioso o como se lo quiera llamar.
El represor paramilitar que escoltando a militares irrumpió en el hospital Posadas donde funcionó un centro clandestino de detención no estaba preso.
Cumplió los dos tercios de la pena y goza de libertad condicional. Está por verse cuántos y quienes de los alrededor de 350 militares condenados podrán pedir el beneficio. Puede haber una ola.
Los represores sufrieron estos años peores situaciones de detención y una restricción de beneficios respecto de los otros presos.
Ejemplo: la Universidad de Buenos Aires les impide por resolución cursar en los programas montados en las cárceles.
Dos sentencias de la Corte han asumido ahora que a los acusados o condenados por la represión se los debe juzgar con los principios generales del derecho porque no se ha sancionado una ley específica que lo impida.
Ha sido la posición de la mayoría de Rosatti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz. Rosatti planteó el dilema moral de votar como votó, pero dijo que un estado de derecho es el que respeta las garantías establecidas para todos.
En cambio, para Lorenzetti y Maqueda la política de castigo de los delitos de lesa humanidad no incluye la prescripción y mucho menos el beneficio del 2x1.
En el fallo se cruzan lecturas políticas. Una: por segunda vez deja de funcionar el consenso forzado que durante años expresó Lorenzetti.
Otra es una pregunta o sale de una pregunta: ¿por qué si estaba en contra, Lorenzetti incluyó semejante tema en el orden del día? Y la rareza: el voto de Highton, antes tan próxima al kirchnerismo como hoy alejada de Lorenzetti.
Otra rareza: que el Gobierno sostenga que fue sorprendido por el fallo. Lo trató muy brevemente en el Gabinete y decidió tomar distancia porque le estaban cargando la responsabilidad.
La tragedia de los 70 es un notorio campo de batalla de la política y una herida muy profunda que aunque el fallo de la Corte lleve la jota de justicia no lo va a cerrar.