Al grano
La libertad de criticar
Un ciudadano que puede abrir la boca para decir lo que le plazca de cualquier actuación de sus gobernantes sin temor a represalias ejerce su ciudadanía con tranquilidad.
A ninguna persona le gusta ser objeto de crítica o de censura pública. Casi toda organización privada de cierto tamaño e importancia dedica recursos a gestionar su imagen y relaciones institucionales para procurar que las opiniones de que sea objeto no tengan un tono crítico y desfavorable. Y, así, prácticamente todos los gobiernos cuentan con secretarías de relaciones públicas y portavoces expertos que con frecuencia procuran aclarar circunstancias confusas o situaciones complicadas. Es lo normal.
No olvidaré que, cuestionado una vez sobre ciertas críticas de que su gobierno había sido objeto, el expresidente Vinicio Cerezo respondió: —Es la música de la democracia. Algunos de sus enemigos políticos lo tildaron de cínico y otras cosas parecidas, pero, en mi opinión, con esa frase desarmó al periodista que lo fustigaba y también a sus acérrimos críticos.
Los desarmó porque la libertad de criticar abiertamente las acciones u omisiones de todo gobierno es, verdaderamente, condición indispensable para vivir tranquilamente en una sociedad políticamente organizada. Un ciudadano que puede abrir la boca para decir lo que le plazca de cualquier actuación de sus gobernantes sin temor a represalias ejerce su ciudadanía con tranquilidad.
A escasos tres meses de la toma de posesión del gobierno del presidente Arévalo mi impresión es que mis conciudadanos y colegas formadores de opinión hemos ejercido nuestros respectivos roles con tranquilidad. Y, por cierto, críticas no han faltado.
Ya es hora de poner al día el régimen legal de la emisión del pensamiento.
Creo que, si la tónica prevaleciente en materia de libertad de prensa y de crítica ciudadana de las actuaciones de los poderes del Estado se mantiene como hasta hoy, Guatemala recibirá un legado muy valioso y su gobierno será ejemplo para una región en la que la tolerancia a la crítica de los funcionarios públicos no es, precisamente, la regla general.
¿Que no hay que cantar victoria todavía? Pues no. Sobre todo, porque venimos de un proceso de suma polarización ideológica y porque ciertas prácticas, como la de los netcenters enfocados en sembrar críticas sistemáticas por las redes sociales, exacerban los ánimos y ponen a prueba hasta a los más serenos y prudentes servidores públicos.
En ese orden de ideas, como he opinado en alguna otra ocasión, ya es hora de poner al día el régimen legal de la emisión del pensamiento. Para lograr un objetivo tan importante, el gobierno pudiera proponer la conformación de una comisión de expertos independientes que, realizada una investigación de los principios rectores y mejores prácticas alrededor del mundo, presentaran una propuesta para consideración del Congreso de la República y, en su caso, promulgación por el Ejecutivo.
En un ambiente de polarización ideológica y de numerosas fuerzas e intereses que con alguna frecuencia convergen en torbellinos de desinformación, es sumamente importante que se regulen adecuadamente los cauces de las aclaraciones, rectificaciones o respuestas de los afectados y los mecanismos para que los funcionarios públicos puedan demostrar la inexactitud de las críticas o acusaciones de que sean objeto. Todo esto a la luz de tecnologías de comunicación social que ni se imaginaban cuando se promulgó la ley vigente hace más de medio siglo.
Todavía más importante es la conformación del fuero de prensa, en manos de órganos jurisdiccionales independientes y ajenos a toda influencia partidista o de grupos de presión. Está claro que el régimen legal vigente ya casi no tiene positividad y que la tolerancia y el respeto a la libertad de prensa y de emisión del pensamiento requiere de procedimientos bien articulados presididos por jueces independientes y protegidos de los embates de la política partidista y de los grupos de presión.