Nación
Esta es la magistrada que resolverá el conflicto de competencias entre JEP y Justicia y Paz por el caso Mancuso
El pasado 1 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá le envió al alto tribunal el debate jurídico que hay detrás del proceso para definir la libertad del exjefe paramilitar.
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En las últimas horas, llegó al despacho de la magistrada Diana Fajardo de la Corte Constitucional el conflicto jurídico que se disputa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Sala de Justicia y Paz, para definir la competencia jurídica del proceso que se adelanta contra el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
La expresidenta de la Corte Constitucional ahora deberá analizar toda la información alrededor de este cuestionado debate jurídico, para poder tomar una determinación sobre si el caso del exparamilitar debe quedar en manos de la jurisdicción que nación con el Acuerdo de Paz con las extintas Farc o a la Sala de Justicia y Paz.
El conflicto de competencia en el caso Mancuso arrancó cuando la JEP anunció que asumía todos los crímenes del exjefe paramilitar entre los años 1989 y 2004, por lo que la Sala de Justicia y Paz lo podría seguir investigando, pero no tendría la posibilidad de imponer condenas u ordenar su libertad.
Frente a ese concepto salió el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá en Función de Garantías, José Manuel Bernal, a criticar esa decisión de la JEP y a reafirmar su competencia, dándole la libertad a Mancuso por las medidas de aseguramiento que tenía vigentes en esa jurisdicción. Sin embargo, el 'expara' aún sigue detenido por las 33 medidas de aseguramiento que tiene en la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla.
En un verdadero limbo jurídico quedaron todos los procesos que se adelantan contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Debido a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no existe claridad sobre el "juez natural" del exjefe de las AUC, que se desmovilizó en el 2006 y se acogió a la ley de Justicia y Paz.
Recientemente, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla tomó la decisión de suspender provisionalmente la diligencia en la que se le iban a imputar cargos a Salvatore Mancuso y 20 postulados más de los Bloques Córdoba, frente Mojana y grupo Casa Castaño de las AUC por 2 mil crímenes cometidos durante el conflicto armado, por el lío jurídico en el que quedaron los procesos de Mancuso.
Mientras que la JEP sigue llamando a Mancuso para que rinda versión sobre las masacres de La Granja y El Aro, en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública "en asocio con paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles durante el conflicto".
Frente a este debate, el exministro de Justicia, Wilson Ruíz, aseguró que la competencia prevalente de la JEP en ese proceso, sería una "excusa" para dejarlo libre y desconocer los procesos que se adelanta contra el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la justicia ordinaria.
Lo cierto es que ahora será la magistrada Diana Fajardo la encargada de definir esa controversia jurídica que se armó en la Jurisidicción Especial para la Paz y el Tribunal Superior de Bogotá para tomar decisiones sobre el futuro penal de Mancuso.