La Unión de Artesanos de Santiago sigue dando pasos para tratar de solucionar el problema de accesibilidad a sus oficinas. La entidad indica que reclamará al Concello de Santiago que ejecute las obras para tener un ascensor a costa de la comunidad de propietarios en la que está situada su sede. Además, también prevén solicitar amparo al Valedor do Pobo.
La mutualidad lleva varios años batallando para garantizar la accesibilidad universal a sus instalaciones, situadas en el entresuelo de un edificio de Xeneral Pardiñas. La comunidad de propietarios les negó la posibilidad de utilizar el ascensor, así como cualquier otra solución análoga, y para llegar hasta las oficinas hay que recorrer un tramo de escaleras de diecinueve peldaños.
Ante esta situación, la Unión de Artesanos acudió a los tribunales para anular los acuerdos de la comunidad de propietarios. Una sentencia les dio la razón, pero no aclaró cómo se debe garantizar la accesibilidad. Paralelamente, la mutualidad acudió a la vía administrativa y en 2021 instaron al Concello, en virtud de la normativa vigente, a imponer a la comunidad la realización de las obras. Como consecuencia de la reclamación, en mayo de 2022 el gobierno local emitió una resolución en la que daba un mes a los propietarios para asegurar la accesibilidad al inmueble.
Sin embargo, la entidad señala que el Concello "no especificó las obras a realizar por la comunidad de propietarios ni tampoco el plazo en que las mismas tendrían que estar ejecutadas". Por ello, recurrieron esta resolución administrativa a los tribunales, aunque de momento indican que no se ha dictado sentencia. Mientras tanto, la Unión de Artesanos apunta que "la inacción de nuestros vecinos ha sido denunciada reiteradamente ante el Ayuntamiento, lo que ha determinado que se le impusieran tres multas coercitivas por un importe total de siete mil euros, cantidad que, no obstante, se ha mostrado insuficiente para que la Junta de propietarios cumpliera con los deberes legales que le incumben".
Tras todo este proceso, reclaman que sea Raxoi quien ejecute las obras y argumentan que "no le estamos pidiendo al Ayuntamiento un trato preferente respecto a ningún otro ciudadano, sino, simplemente, que aplique la Ley".
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