El Ayuntamiento de Foixà y la mayoría de vecinos de este pequeño municipio del Baix Empordà, de apenas 300 habitantes, han frenado la posibilidad de que la casa de colonias El Mercadal, propiedad del obispado de Girona, acoja menores migrantes no acompañados, tal como pretendía la Generalitat.
El Departament de Drets Socials quería utilizar el espacio de forma temporal mientras no encontraba otro recurso habitacional mejor para la inserción de estos jóvenes, pero la oposición del Consistorio y de los vecinos les ha obligado a paralizar la actuación. Los opositores esgrimen razones de distinta índole, urbanísticas, de habitabilidad del espacio o la falta de servicios privados y públicos del municipio, que consideran que hace "absolutamente inadecuado el espacio para este tipo de actividad".
"No estamos en contra de estos jóvenes, pero el lugar es inadecuado", afirma una vecina
"Es un pueblo sin núcleo, de casas diseminadas, sin transporte público, ni médico, sin una sola tienda, bar o restaurante. ¿Qué harán estos jóvenes? ¿Estarán confinados y aislados socialmente o se trata de que puedan participar en un proceso de socialización?, se pregunta Josep Maria Carbonell, portavoz vecinal, que considera que el uso de la casa para este fin no cumple con la legalidad urbanística vigente.
Niegan que se trate de una cuestión de racismo o xenofobia. "No estamos en contra de la Iglesia ni contra estos jóvenes, que viven en situación de vulnerabilidad, pero hay que hacer bien las cosas", indica una de las más de 150 personas que en los últimos días ha firmado un manifiesto en el que se palpa la "preocupación social" y se reclama al Ayuntamiento, como medida cautelar, la suspensión de cualquier actuación encaminada a convertir temporalmente la casa de colonias en un centro de acogida de menores migrantes no acompañados. La petición fue entregada al Consistorio el pasado día 7 de abril, tras un reunión de los vecinos con el alcalde, Josep Oliveras (Junts), en la que se les informaba de las intenciones del departamento de Drets Socials.
La cifra de jóvenes que se preveían albergar rondaba la veintena, según algunas fuentes, sin un plazo de permanencia concreto. "El tiempo necesario para su cuidado, inclusión y preparación para la vida adulta", afirman fuentes de Drets Socials, que aseguran que el Govern busca espacios, especialmente casas de colonias, donde atender a jóvenes que llegan al país solos.
La reacción del gobierno municipal no se hizo esperar y el pasado lunes se celebró un pleno extraordinario ante la "alarma social generada" en el que se acordó pedir a la Generalitat la "suspensión cautelar" del procedimiento, al considerar que destinar la casa de colonias a menores migrantes no se ajusta a lo que la ley regula para este tipo de alojamientos.
Un día después el plenario acordó suspender cualquier licencia de actividad para la casa de colonias durante un año mientras se concretan cuáles deben ser los usos permitidos. Eso impide también la celebración de cualquier actividad turística, lúdica o cultural también.
La Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont, dependiente del obispado, que gestiona el recurso, lamenta la situación. "La acogida de estos jóvenes migrantes es una necesidad de país, creemos que podíamos ayudar", explica su director, Josep Bosch.
La Generalitat está estudiando jurídicamente los efectos de este acuerdo municipal, que ha levantado las quejas de entidades como la Coordinadora de ONG Solidàries, que lo tilda de "irresponsable" porque "atenta contra la convivencia y la cohesión social".