El ministro de Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, recibieron este miércoles en la Casa de Gobierno el líder ferroviario y titular de La Fraternidad, Omar Maturano, y al secretario general de la Federación Argentina de Remiseros (Farem), Alejandro Poli, para dialogar sobre las paritarias en el sector y los encuadramiento gremiales de los choferes de aplicaciones de viajes.
Según pudo saber Ámbito, el encuentro en el depacho de Francos duró unos 40 minutos y fue en un tono cordial, de diálogo y buenos entendimientos. Maturano llegó a la Casa Rosada preocupado por el pago del 8% para los ferroviarios correspondiente al segundo tramo del aumento pactado en marzo pasado con las autoridades de Trenes Argentinos SOFSE y Belgrano Cargas y Logística.
A fines de se mes y después de semanas de negociaciones, La Fraternidad cerró un incremento del 20,96% sobre las grillas de febrero 2024, ocho puntos por encima de lo que ofrecía el Gobierno inicialmente (12%), y que fue aceptado por otros sindicatos como Unión Ferroviaria (UF), Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA).
En aquel entonces, y tomando distancia de los reclamos por una recomposición mayor de parte de La Fraternidad, los sindicatos señalados destacaron haber obtenido ese acuerdo "sin llegar a la adopción de medidas de acción directa, ni pérdida de horas de trabajo con lo que ello conlleva". Pero tras el aumento que pactó Maturano, los dirigentes de los sindicatos "dialoguistas" dejaron sin efecto el entendimiento alcanzado por un 12% y lo reemplazaron por un número similar al que logró La Fraternidad.
De esta manera, los trabajadores agrupados en La Fraternidad, UF, APDFA y ASFA cobraron en marzo 12% sobre las grillas salariales de febrero (incluidos antigüedad, viáticos y otras bonificaciones) y ahora resta el incremento adicional del 8% "sobre las nuevas grillas salariales resultantes del porcentaje detallado en el punto anterior". Este fue el pago que Maturano reclamó y que Francos y Cordero prometieron destrabar. "Estamos trabajando en eso", le respondieron al gremialista ferroviario.
En tanto, el líder de los remiseros Alejandro Poli planteó la necesidad de que las aplicaciones de viajes como Uber, DiDi, Cabify y otras, que usan vehículos remise para el transporte público de pasajeros, sean registradas debidamente ante la AFIP y los organismos de control, y que esos choferes sean encuadrados bajo el Convenio Colectivo 773/19 que regula la actividad. Ese CCT fue homologado mediante la Resolución 776/22 del Ministerio de Trabajo, lo que implicó la ampliación del Convenio del sector para todo el territorio nacional.
"Así como nosotros pagamos impuestos, como nosotros estamos registrados, como hemos logrado un convenio colectivo para toda la República Argentina, como los empresarios argentinos pagan impuestos, como los titulares de autos pagan impuestos, como nosotros tenemos que tener nuestros registros profesionales, queremos que las empresas ilegales transnacionales paguen como pagamos nosotros. No queremos que se vayan del país, solo queremos que paguen impuestos", le remarcó el titular del sindicato de remiseros a los funcionarios, que escucharon atentamente la problemática.
Para dar ejemplo de la falta de regulación con las appa de viajes, Poli destacó que unos meses atrás un grupo de inspectores de la Federación Argentina de Remises (Farem) y de la obra social de los remiseros OSCAIRA realizaron visitas a las supuestas oficinas de Uber en la ciudad de Buenos Aires, las que motivaron una respuesta inesperada de la empresa: un representante legal de la aplicación admitió que no registra actividad en el país, no tiene empleados, ni oficinas, ni libros comerciales o laborales. Tampoco -dicen en Uber- poseen choferes dependientes, ni parque automotor, ni están vinculados a monotributistas. Ni si quiera -afirman- realizan transporte de pasajeros. Esta documentación, en poder de los remiseros, sería la prueba de que Uber es una "empresa fantasma" que está presente en país ilegalmente, sin declaración de CUIT ni pago de impuestos, aportes y contribuiciones. En este marco, el jefe de los remeseros pidió que se solucione esta falta grave, que alcanza a miles de choferes en todo el país.