Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha ordenado la intervención de cuatro EPS. A Asmet Salud (1,6 millones de usuarios) se le ordenó intervención forzosa el 10 de mayo de 2023; a Savia Salud (1,6 millones de usuarios) se le ordenó intervención forzosa el 16 de junio de 2023; a Famisanar (2,9 millones de usuarios) se le ordenó intervención forzosa el 15 de septiembre de 2023; y finalmente ayer 2 de abril se ordenó la intervención forzosa de Sanitas (5,7 millones de usuarios).
Todas fueron intervenidas administrativamente por factores muy similares: incumplimiento en reservas técnicas, deudas con prestadores de servicios y falta de liquidez requerida para seguir operando. Esta realidad, en todo caso, responde a la generalidad del sistema, pues desde hace varios meses las EPS vienen insistiendo en que están en una grave crisis financiera.
Y es que las EPS han insistido que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que es lo que recibe la empresa por cada afiliado es demasiado baja y que aún se adeudan pagos de Presupuestos Máximos, que no se habrían girado en los tiempos correspondientes, lo que tiene al sector financieramente contra las cuerdas.
Por ejemplo, un informe de la Contraloría con datos a octubre de 2023 muestra que para 21 EPS, se observa que, del pasivo de Reservas Técnicas de $13.7 billones, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones (Bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), evidenciando un faltante de $12.4 billones, lo cual constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del 100 % de los recursos (Decreto 780 de 2016).
Solo 5 EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud). En ese sentido, solamente 21 EPS, equivalentes al 80,7 % del sistema, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud.
En cuanto a las deudas de la EPS, el mismo informe de la Contraloría publicado a inicios de este año muestra que de la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia.
En ese sentido, la decisión del Gobierno de intervenir administrativamente busca, según ha señalado el Gobierno, mejorar esos indicadores negativos en estas cuatro EPS. Pero, ¿qué tanto ha mejorado la prestación del servicio de salud de los usuarios de estas EPS?
¿Ha mejorado el servicio de los usuarios de las EPS intervenidas?
De acuerdo con Amanda Rincón, usuaria de Famisanar y quien por 14 años fue presidenta de la Asociación de Usuarios de esa EPS, si bien se ha visto "una leve mejoría" en la prestación del servicio, al mismo tiempo continúan las problemáticas y las elevadas tasas de PQRD.
Rincón estuvo a inicios de marzo de este año en una reunión en la que participaron los representantes de otras 27 organizaciones regionales de usuarios de Famisanar y la actual interventora de la EPS, Sandra Milena Jaramillo, quien les aseguró que "la meta es no permitir que Famisanar llegue a liquidación".
Sin embargo, ese objetivo, según Rincón, ha llevado a que las IPS que prestaban servicios a la EPS hayan sido cambiadas por otras que son menos costosas, pero disminuyendo la calidad en la prestación de los servicios.
"Hay una ligera mejoría pero las PQRD continúan disparadas. Un ejemplo: en la Fundación Santa Fe hay un paciente de enfermedad huérfana, un joven de 17 años, que deben darle un manejo integral multidisciplinario y está desde el sábado allá y no ha sido posible que Famisanar le autorice su hospitalización ahí como lo amerita y lo exige su patología", resalta Rincón.
Por su parte, Juan Carlos Mejía, presidente de la Asociación de Usuarios de Savia Salud, si bien es cierto que la EPS ha mejorado en algunos indicadores, también ha desmejorado en otros. Bajo su visión "es imposible cumplir con todos los indicadores" que se requieren para mejorar la prestación del servicio de salud en un contexto político tan convulso como el colombiano.
Mejía enfatiza en que, por ejemplo, tras la intervención, Savia Salud ha mejorado en el control del gasto pasando de prestadores privados a públicos, pero eso se tradujo en que muchas IPS públicas no estaban preparadas para los requerimientos de tantos usuarios, lo que inevitablemente ha generado quejas y reclamos por parte de los afiliados.
"Organizaciones fuertes de primer nivel como Metrosalud no entendieron el mensaje. El Hospital General de Medellín no entendió el mensaje y con todos sus problemas de administración y corrupción que hubo en la administración pasada, muchas de las necesidades de tercer y cuarto nivel direccionadas al Hospital General de Medellín desbordaron su capacidad", enfatizó Mejía.
Sumado a ello, se cambió al gestor farmacéutico, es decir la empresa que entrega los medicamentos, y la nueva empresa encargada en vez de solucionar, dice Mejía, lo que hizo fue "heredar" los problemas de la anterior, por lo que la dispensación de medicamentos sigue siendo un problema.
"Esto es un juego de ajedrez político en el que siempre terminamos perdiendo los usuarios", agrega el líder de los usuarios.