El Gobierno de Uruguay, representado por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La firma tuvo lugar en Washington DC, donde se rubricó un "memorando de cooperación", consolidando el compromiso mutuo en este ámbito.
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El convenio, aunque no implicará la reapertura de una oficina de la DEA en Montevideo como en el pasado, establece una estrecha colaboración entre ambas partes, aunque la posibilidad de una futura presencia de la DEA en Uruguay no se descarta por completo.
El ministro Martinelli destacó en redes sociales que este acuerdo fortalece los lazos entre ambas naciones y permitirá intensificar el intercambio de información y llevar a cabo operaciones conjuntas dentro del marco legal vigente en ambos países. Esta cooperación se ha venido desarrollando desde el año 2020 y ahora se formaliza con este memorando.
Acuerdo de cooperación
La consejera de Educación, Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, Kerri Spindler-Ranta, subrayó la importancia de la cooperación continua en temas de seguridad entre ambas naciones, resaltando que si bien no hay planes inmediatos para la reapertura de una oficina de la DEA en Uruguay, la relación de colaboración es sólida.
El acuerdo prevé diversas formas de cooperación, incluyendo el intercambio de información operativa, el análisis de datos de interés mutuo, la participación en operaciones conjuntas y la asistencia en materia de lavado de dinero y flujo de dinero ilícito.
Uruguay, siendo parte de la ruta internacional del narcotráfico, se enfrenta a desafíos significativos en esta área, como lo demuestran los recientes hallazgos de envíos de cocaína a puertos europeos.
La DEA en América Latina
Nacida hace 50 años con el objetivo de reforzar la guerra antidroga lanzada por el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon. En ese momento, la atención se concentró en controlar el mercado de marihuana y cocaína, producidas entonces en países como Colombia, Perú y Bolivia.
La DEA opera sin mayores restricciones en países como Guatemala, aunque en Venezuela, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó su expulsión en 2005, tras acusar que sus agentes apoyaban a los narcotraficantes en vez de combatirlos.
Tres años después, Bolivia seguiría el mismo camino. Bajo el argumento de que conspiraban contra su Gobierno, Evo Morales, el entonces mandatario, dio tres meses a los agentes de la DEA para abandonar su país.
En contraste, la red de la DEA en Colombia fue esencial para combatir a los célebres cárteles de Medellín y de Cali. Pero, tras la implementación del Plan Colombia, expertos acusaron que las acciones generaron pocos resultados y, en cambio, aceleraron el desplazamiento de miles de personas.
En su declaración de principios, la DEA asevera que coopera con Gobiernos extranjeros a fin de reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en Estados Unidos. Para ello, dice recurrir a métodos sin fuerza para erradicar y sustituir cultivos ilegales de droga. Así, los países latinoamericanos continúan encabezando la lucha armada contra el narcotráfico.