La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha pospuesto la vista en la que iba a decidir si suspendía el juicio a los doce acusados de integrar los Comités de Defensa de la República (CDR) en previsión de que se les aplique la futura ley de amnistía, tal como han solicitado las defensas. El motivo ha sido que uno de los abogados, el representante de Alexis Codina, se ecuentra de baja médica, por lo que no podía personarse y plantear sus argumentos en el tribunal.
Las defensas habían presentado una serie de artículos de previo pronunciamiento entre los que solicitaban la suspensión del procedimiento judicial al tener la certeza de que, una vez esté aprobada la ley de amnistía, este caso encajaría entre las causas relacionadas con delitos del "procés" que serán amnistiables. Sin embargo, el texto legal no está aprobado y actualmente continúa su tramitación como proposición de ley en el Senado.
A pesar de ellos, las defensas sostienen que en pocas semanas la causa será cerrada de forma definitiva como consecuencia de la entrada en vigor de la futura ley de amnistía, por lo que no tiene sentido continuar con la misma.
Según ha podido saber este periódico, los letrados que sí han podido intervenir en este acto previo al juicio han solicitado la paralización del procedimiento judicial debido a que no se puede pasar por alto que en breve la ley de amnistía se aplicará a los doce imputados y obligará al archivo de la investigación de los CDR. Por ello, han pedido prudencia y que se evite el derroche de recursos judiciales en una causa que está abocada a finalizar.
Los argumentos que han planteado las defensas van más allá de esta medida de gracia y también se centran en la falta de competencia por parte de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, lo que derivaría en la indefensión de los acusados, un planteamiento al que se adhirieron varias defensas. Fue entonces cuando uno de los abogados planteó el aplazamiento de la vista porque uno de los abogados estaba de baja por motivos de salud.
Tras ello, el tribunal deliberó y aceptó posponer la vista, una decisión que adoptó en contra del criterio del fiscal, Vicente González Mota.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por concluido el sumario en noviembre del año pasado, tal como había acordado el juez instructor, Manuel García-Castellón, y abrió juicio oral contra doce miembros de los CDR que habrían formado parte de un subgrupo denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radicalizada y clandestina integrada por individuos de la máxima confianza que estaban dispuestos a utilizar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
La Fiscalía imputa tres delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos; o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa a nueve acusados: Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín. Para ellos, solicita 27 años de cárcel a cada uno y ocho años de libertad vigilada. Para los otros cuatro -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- a quienes atribuye solo un delito de pertenencia a organización terrorista, solicita ocho años de prisión en cada caso.
Además, el Ministerio Público ha pedido penas de diez años de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre.
En este caso, la Fiscalía sí ha visto indicios de actividad terrorista desde un principio, a diferencia de la causa de Tsunami Democràtic, que investiga a expolíticos de enorme relevancia en el proceso independentista, como Carles Puigdemont, Marta Rovira o el recientemente fugado Rubén Wagensberg.
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