El grupo de más de 700 damnificados por la agencia de viajes Transhotel, clausurada a fines de 2022 tras recibir varias denuncias por viajes y paquetes turísticos pagos que no fueron otorgados, apuntó contra el Ministerio de Turismo porque todavía –a 20 meses de los hechos– no recibió el pago de la garantía que había depositado la empresa y evalúa demandar al Estado por su actuación en el caso.
Distintos afectados por la agencia indicaron a El Observador que hace meses esperan el reparto de la garantía de US$ 180 mil que Transhotel depositó en el Ministerio de Turismo, monto que se dividirá entre los damnificados que comprueben haber sido perjudicados por la agencia ante la secretaría de Estado en un prorrateo del total de los afectados.
Desde el grupo de denunciantes saben que a cada persona le corresponderá entre un 10% y un 20% de lo que perdieron, pero una de las coordinadoras del grupo, que pidió que su nombre se mantuviera en reserva, indicó que "a muchas personas ese dinero les cambia" criticando que la dilación del pago tiene a mucha gente molesta.
Algunas personas se comunicaron en varias ocasiones con la cartera y han recibido una respuesta similar en los últimos meses: faltan pocas denuncias por tramitar, y deben estar todas ya registradas para comenzar el prorrateo.
En el núcleo del grupo se analiza hace tiempo "iniciar acciones tendientes a resarcir los daños ocasionados por el Ministerio de Turismo por la demora y negligencia en todo el trámite" con una demanda contra el Estado, detallaron. "Hemos sido un grupo paciente, pero después de casi dos años no se nos puede pedir paciencia", remarcó la fuente consultada.
Según la coordinadora del grupo consultada, algunas personas "dieron la plata por perdida" y otras hasta creen que "el dinero no existe". Muchos son afines a movilizarse frente al ministerio o manifestarse públicamente, indicó el damnificado Noel Fernández.
La molestia con el Ministerio de Turismo creció en 2024, luego de que la cartera comunicara que esperaba empezar el reparto del dinero "antes de fin de año" de 2023 (algo que no se cumplió), tras una carta de los damnificados que reclamaban por las demoras en esta materia.
A esto se sumó que las otras dos vías por las que se investigó el caso tuvieron avances: en noviembre de 2023 la justicia penal imputó al gerente de la agencia, Radamés Montero, por varios delitos de libramiento de cheques sin fondo y un delito de apropiación indebida. Ese mes, un juzgado de Concursos lo inhabilitó por 10 años para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a cualquier persona, además de obligarlo a cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso.
Claudia Fernández, otra de las damnificadas, relató a El Observador que cuando se enteró de la posible fecha, empezó a enviar distintos mails al ministerio para conocer la situación de su denuncia.
Antes de la fecha estipulada le dijeron en dos ocasiones que "quedaban tantos expedientes por consultar". Cerca del fin de 2023 se contactó por teléfono con un funcionario de la cartera, quien le dijo que "no tenían conocimiento de la fecha de fin de año".
En febrero y abril volvió a comunicarse, pero en ambos casos le dijeron que su expediente estaba "a resguardo y en espera" de que finalizaran "20 trámites", misma cifra que le habían comunicado en diciembre.
En estos casos, y en distintos mails similares a los que accedió El Observador, el final de la respuesta siempre aclaraba que solo cuando todas las denuncias fuesen procesadas comenzaría el prorrateo.
La fuente consultada lamentó que muchos damnificados "sienten el total desamparo del Estado", y el grupo se muestra crítico con el accionar de las autoridades de Turismo, en específico con el exministro Tabaré Viera, quien aseguran "no hizo nada por el tema Transhotel" más que reunirse "con los primeros damnificados" en 2022.
La coordinadora valoró que el nuevo ministro, Eduardo Sanguinetti, recibió a los damnificados y su equipo de abogados en dos ocasiones, pero lamentó que desde fines del año pasado "no atienden el teléfono" a pesar de pedir "infinitas veces" que los reciban nuevamente.
Consultado sobre esta posible medida el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, afirmó a El Observador que la cartera "actuó con celeridad y conforme a derecho".
Según el jerarca, al ministerio llegaron un total de 788 reclamos por la operativa de Transhotel, una cifra "inusitada" en relación a otros casos, y las denuncias siguieron llegando hasta hace pocos meses. "Es un trámite muy engorroso. Se ha trabajado denuncia por denuncia. En muchos casos tuvimos que hablar con los denunciantes por falta de información", agregó.
Monzeglio afirmó que Turismo "ya cerró" la recepción de denuncias, y sus autoridades ya calculan el prorrateo para los damnificados, a falta de procesar "cinco denuncias" para completar la tarea.
"La gente puede estar tranquila", agregó.
Además, para el subsecretario la cartera actuó "con celeridad" desde el principio del caso. Recordó que días antes de que comenzaran a llegar las denuncias, Radamés Montero se presentó en el ministerio y comunicó que estaba buscando la aprobación de créditos para pagar su deuda, solicitudes que se trancaron cuando la agencia comenzó a ser investigada.
"Cuando nosotros recibimos las primeras denuncias la empresa tenía su garantía vigente, estaba en normalidad con los bancos, tenía créditos pendientes y no tenía denuncias en el Ministerio de Turismo. Cuando llegaron las primeras denuncias realizamos la primera inspección, y luego una por día hasta comprobar a los tres días que la empresa había dejado de operar", continuó Monzeglio.
El jerarca indicó que "todo el mundo está en su derecho" de tomar las medidas que crea pertinentes, pero defendió que la actuación de Turismo "fue ajustada a toda normativa". "Actuamos rápido porque entendimos la gravedad del tema", concluyó.
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