Jornadas como la de este martes en el Congreso de los Diputados, que ofrecen una esperanzadora tregua en la descarnada competencia partidista del ciclo electoral permanente, resultan infrecuentes en un clima político envilecido que deja poco espacio a los acuerdos.
Con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, a excepción de los irredentos de Vox, se ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria para Personas Extranjeras en España.
En favor de esta medida habla no solamente el amplísimo consenso político que ha concitado, sino también su origen en la ILP con mayor respaldo cívico hasta la fecha. Los impulsores han recabado 612.000 firmas, y el apoyo de 906 organizaciones, incluida la Conferencia Episcopal.
Resulta arduo encontrar argumentos para oponerse al razonable objetivo de esta ILP, que da respuesta a las reclamaciones de los empresarios y de las asociaciones que cuidan de inmigrantes: poner en regla el estatus administrativo de 500.000 personas en situación ilegal. Estos extranjeros desempeñan un importante papel en el mercado laboral español, de modo que parece injusto que vean limitados sus derechos de residencia y de acceso a los servicios públicos.
Y es que la regularización de los simpapeles no responde sólo a razones humanitarias, motivadas por las exigencias morales que impone el respeto a la dignidad humana y el deber de acogida de los más vulnerables.
También tiene una dimensión de utilidad para todos los empleadores que necesitan de esta mano de obra. La medida será beneficiosa para la economía española, y contribuirá positivamente a la sostenibilidad del sistema de pensiones en un país acuciado por el desplome demográfico. La población de nacionalidad extranjera aportó el 97,48% del crecimiento poblacional registrado en España entre julio de 2022 y de 2023, según el INE (524.087 de las 537.611 personas que engrosaron el censo).
Ha acertado el PP al apoyar la ILP, después de haber mantenido en vilo hasta el último momento el sentido de su voto. Los populares pueden trazar así una nítida frontera frente a Vox, en uno de los aspectos que más claramente diferencian los planteamientos nativistas y nacionalistas de la derecha radical del ideario de la sociedad abierta del centroderecha liberal.
Esto no empece para que el PP y otros grupos puedan plantear matizaciones al texto en el período de presentación de enmiendas que ahora se abre.
Es posible buscar una solución intermedia entre el cierre de fronteras que preconizan los grupos europeos más extremistas y la política de libre entrada de cierta izquierda, que corre el riesgo de alentar los flujos migratorios masivos y descontrolados explotados por las mafias de tráfico de personas. Al fin y al cabo, ha sido el propio Gobierno de España quien en su reciente Análisis de Riesgos ha situado la inmigración irregular como la tercera mayor amenaza para la Seguridad Nacional.
Debe alcanzarse una política migratoria equilibrada que sea capaz de generar incentivos para la atracción de trabajadores, al tiempo que favorece la integración para evitar tensiones en la sociedad que los radicales puedan instrumentalizar criminalizando a los extranjeros.
El gran apoyo a esta regularización demuestra que en nuestro país la xenofobia es afortunadamente muy marginal, y que los discursos de odio, al menos de momento, gozan de escaso predicamento.
Y no precisamente porque España cuente con menos población extranjera. De hecho, es el tercer país europeo con la proporción más alta de inmigrantes: un 17% de la población, por debajo de la media europea del 13%, y sólo por debajo de Alemania (26%) y Francia (14%).
Sólo cabe por tanto congratularse de que la cuestión migratoria, factor de discordia manoseado políticamente por los extremistas en muchos países de Europa, vaya a ser abordada en España desde una política de Estado consensuada.