Los tarifazos empiezan a estrangular los bolsillos. Representan un momento crítico, no sólo simbólico, en el comportamiento social ante el ajuste.
La inflación desacelera y refuerza las expectativas de quienes apuestan al éxito de la política económica. Pero los precios de los servicios –públicos y privados– que el gobierno anterior retrasó escalan para no volver a bajar. Esa inflexibilidad fuerza una reestructuración de los presupuestos familiares.
El pago de la luz, el gas, el agua y el transporte se solventan recortando otros gastos. En algunos casos, resignando bienes o servicios aspiracionales, como la educación o la salud privada. La controversia repentina con las prepagas indica que el gobierno acusa recibo de algunas balas que empiezan a penetrar en su base electoral de clase media.
Ahora se discute la imposición de topes a las paritarias. El ministro Caputo se mostró intransigente en su defensa. Pretende que los sueldos no se ajusten por la inflación pasada sino por la futura que, supone, será menor. Como sucede con las jubilaciones, los ingresos licuados no se recuperan.
Ayer funcionarios políticos del gobierno le habrían prometido a la Cgt la homologación de todos los acuerdos. Aun de aquellos que recompongan algo de lo perdido. El de Camioneros, por caso. Todavía no hay certeza sobre en qué lugar del péndulo se ubicará esta vez el presidente. Es la señal que todos esperan, dado el ultraverticalismo del sistema decisorio.
El economista Enrique Szewach, que colaboró en el plan económico de Carlos Melconian, señala una vulnerabilidad de base en el diseño de Caputo. Explica que Argentina siempre ingresó a los procesos de alta inflación con salarios reales artificialmente elevados. Pero subraya que "ahora los precios relativos más rezagados son las jubilaciones y los sueldos". Los salarios privados formales –detalló– son del 15 al 20% inferiores a los de diciembre de 2019, ya deprimidos. Las remuneraciones se los estatales entre el 25 y el 30% más bajos. Ambos grupos representan el 48% de la fuerza laboral. El panorama del 52% de trabajadores en negro es catastrófico. Su ingreso promedio real es, en números redondos, la mitad del que percibían al asumir Alberto Fernández.
El plan ultraortodoxo de Milei-Caputo no contempló esa situación. A diferencia de la mayoría de los programas antiinflacionarios exitosos en el mundo, no tuvo en la transición una política de ingresos para atenuar el impacto social del ajuste. Ahora amaga con forzarlo de hecho, presionando a empresarios para que recorten los precios que antes les liberó. Los resultados esperables son, cuando menos, dudosos
El investigador de mercado y opinión pública Guillermo Oliveto sostiene que se mantiene el clima social que él definiera como de "recesión con ilusión". Afirma que 6 de cada 10 argentinos admiten que están mal, pero confían en que el gobierno logrará revertir la crisis y el futuro será mejor.
Oliveto previene que "no es un cheque en blanco". Y que, por la magnitud de la contracción, al gobierno le costará cada vez más sostener la aprobación mayoritaria. Refiere que la magnitud de la recesión en el primer trimestre del año es comparable a la de 2002. Hubo caídas del 40% en las ventas de electrodomésticos y en la actividad de la construcción, del 30% en autos y shoppings, y picos del 20 al 25% en productos de consumo masivo.
Los empresarios relevados por el consultor indican que el derrumbe de la actividad económica se desacelerará hacia fin de año. Pero definen a 2025 como "el año de la revancha".
El escenario recesivo ya empieza a golpear al mercado de trabajo. Para Olivetto, un crecimiento significativo del desempleo sería un punto de quiebre de la "ilusión". Y –añadimos– un indeseado final de la luna de miel.
Carlos Sagristani