La policía desalojó el miércoles a cientos de militantes de organizaciones sociales argentinas que durante una protesta interrumpieron el tráfico en una de las principales avenidas de Buenos Aires en desafío al protocolo del gobierno de Javier Milei que prohíbe los cortes en la vía pública.
Desde vehículos hidrantes la policía de la capital lanzó chorros de agua contra los manifestantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Polo Obrero que avanzaron por la Avenida 9 de Julio durante una protesta en contra de las políticas económicas del mandatario de extrema derecha. Los agentes hicieron retroceder a las personas que avanzaban sobre la calzada y las dispersaron.
Al menos ocho personas fueron detenidas durante el operativo, informó el ministro de Justicia y Seguridad de la capital argentina, Waldo Wolff, al canal de noticias La Nación.
"Estamos terminando de liberar la 9 de Julio restableciendo el orden en el centro de Buenos Aires", dijo Wolff, del partido conservador PRO, aliado circunstancial del oficialista La Libertad Avanza.
Imágenes tomadas por los canales de televisión locales mostraron a los manifestantes arrojando palos y piedras contra los agentes de policía.
El funcionario señaló que los actos "vandálicos" serán denunciados ante la justicia.
Wolff negó que discrepancias entre las autoridades nacionales y las capitalinas sobre las políticas de seguridad hayan causado una descoordinación que desembocó en el bloqueo por parte de los manifestantes de la ancha avenida donde se encuentra el Ministerio de Capital Humano, encargado de políticas sociales que han registrado fuertes recortes.
El funcionario subrayó que la represión de la protesta se realizó de forma coordinada con el gobierno nacional y advirtió que la policía capitalina actuará las veces que sea necesario para despejar cualquier corte de la vía pública.
Las protestas de las organizaciones en reclamo de más alimentos para los comedores populares a los que acuden familias empobrecidas venían sucediéndose sin el bloqueo total de la avenida donde se encuentra el Ministerio de Capital Humano y con la mayor parte de los manifestantes concentrados en las aceras o parques aledaños.
El protocolo de seguridad que entró en vigor pocos días después de que Milei asumió el 10 de diciembre habilita a las fuerzas federales a desalojar o dispersar manifestantes que impidan el tránsito de personas o medios de transporte, en forma parcial o total, en rutas nacionales y otras vías de circulación. Sus críticos sostienen que atenta contra los derechos a la libre reunión y asociación y a la libertad de expresión.
El protocolo establece que los agentes podrán intervenir sin que medie una orden judicial.
Cada vez más familias acuden a los comedores gestionados por organizaciones sociales de izquierda o peronistas agobiados por la licuación de sus ingresos en un contexto de galopante inflación.
La suba de precios es de alrededor de 276% anual, lo que ha incrementado la pobreza, que afecta a cerca de 42% de la población de más de 46 millones de personas.
El gobierno redujo o suspendió la entrega de alimentos en el marco del drástico recorte del gasto público y de la revisión del modelo de asistencia vigente desde hace años, que considera oneroso para el Estado.
El Ministerio de Capital Humano sostiene que detectó maniobras discrecionales en la elección de los beneficiarios de los alimentos, que los costos para el Estado son altos, que el control de los productos una vez que abandonaban los depósitos estatales es nulo y que bajo el paraguas de las organizaciones sociales hay falsos comedores.
El ministerio fomenta una tarjeta alimentaria que considera más eficiente porque llega sin intermediarios al bolsillo de 3,8 millones personas. Esa asignación fue incrementada.