El Gobierno redujo 12.000 puestos de trabajo en la administración nacional durante su primer año de gestión. Pero no se animó a comunicarlo. La razón de esa discreción fue política.
Y puede emparentarse con aquella decisión original de Mauricio Macri, quien apenas llegado al poder evitó la descripción cruda del estado en que Cristina le había dejado el Estado.
Los estrategas de marketing del presidente impusieron entonces la idea de que no había que comunicarle a la sociedad noticias con mala onda, con la ilusión de mantener el aura optimista que acompaña la llegada de cualquier gobierno.
El resultado de esa estrategia fue cuando menos frustrante para quienes habían votado a Macri y engañoso para quienes no lo habían hecho.
Ahora, en el silencio sobre la reducción de empleados en la administración central quizás pesó el recuerdo de las críticas y batifondos levantados alrededor de aquel primer impulso limpiador de los desbordes kirchneristas.
Recuérdese que febrero y marzo pasados fueron meses difíciles para el Gobierno, por la persistencia de la penuria económica y social y la ola de reclamos sindicales y opositores.
Para qué agregar un dato que podría irritar a los quejosos, pudo haberse pensado. Otra vez, entonces, la cautela política ordenó las acciones de la Casa Rosada.
Es posible que también haya influído el hecho de que Macri engrosó hasta niveles nunca antes alcanzados el organigrama de la burocracia estatal.
Esto habrá hecho sentir al Gobierno más permeable a las críticas de la oposición y también a las de quienes, apoyándolo, reclaman un achicamiento drástico del Estado, sin gradualismo alguno –o sea sin sensibilidad política- y direccionado sobre los abundantes remanentes del tiempo de Cristina en el poder.
Hoy el esquema de gobierno incluye 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales.
Al mismo tiempo que se reducía el plantel de empleados directos del Gobierno, se creaban cantidad de organismos y cargos jerárquicos para para repartir entre aliados políticos en Cambiemos. Una contradicción difícil de explicar.
De todos modos, la firmeza de la gobernadora María Eugenia Vidal en su larga pulseada con los sindicatos docentes bonaerenses, respaldada de modo decisivo por Macri; y las manifestaciones a favor del Gobierno del 1 de abril pasado, ayudaron al oficialismo a retomar la ofensiva política.
Ese es el actual estado de cosas, cuando se inició ya –con la exhibición de padrones- el camino hacia la estratégica elección de octubre.
Los gobiernos tienen pleno derecho de comunicar sus acciones del modo que les plazca. Este gobierno lo hace con modos no tradicionales, básicamente porque es un gobierno no tradicional.
Su método no sigue los lineamientos habituales de la política, que en cierto modo fueron comunes a todos los gobiernos democráticas de 1983 a la fecha, más allá de las profundas diferencias entre ellos.
La reacción instintiva de políticos, periodistas y demás involucrados –como sujetos u observadores- en lo que se ha denominado "círculo rojo", fue de rechazo. Y de enojo.
Resultaba más sencillo rechazar y enojarse que tratar de entender qué era lo nuevo, cómo funcionaba y, en definitiva, dilucidar si el método resultaba eficaz o no por el simple ejercicio de medir sus resultados.
Fue un recorte del 1,5% en ese universo de casi 750.000 personas, si se consideran la administración central, las fuerzas armadas y de seguridad, las universidades y los hospitales nacionales, Y supuso un cambio de tendencia.
La plantilla del Gobierno traía un crecimiento histórico del 2% al 5% anual. En 2016 no sólo no creció, sino que se redujo ligeramente. Eso se mantendría durante este año, según fuentes de la Jefatura de Gabinete.
La muy completa radiografía publicada por el periodista Ismael Bermúdez en el suplemento Económico de Clarín, el domingo pasado, reveló que hay poco más de 3.600.000 empleados públicos en el país.
Que casi 2.300.000 son empleos provinciales y 575.000 municipales. Esos datos ofrecen una dimensión más real, y acotada, acerca de cuánto puede influir en ese universo desbordado la acción del gobierno central.
Ese informe sobre las finanzas públicas mostró también que casi 16.000.000 de personas reciben cada mes fondos de la seguridad social.
Es un dato clave para entender las dificultades en la reducción del gasto público, otro de los temas estructurales sobre los que el Gobierno y la sociedad se deben un debate profundo.
El llamado gasto social insume un 55% del total del gasto público. Dentro de esa porción mayoritaria, cuatro de cada cinco pesos se destinan a jubilaciones y pensiones.
Y del peso restante, algo más de la mitad corresponde a la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares.
Los planes sociales tan reclamados por unos y cuestionados por otros, insumen apenas el 2% del total de ese gasto.
En un país con el 32% de pobreza, del cual un 29% vino de arrastre de los años kirchneristas, resulta imposible desplegar una discusión seria sobre la imprescindible reducción del gasto público si no se considera la dimensión social de lo que se está debatiendo.