Se espera que este jueves el Parlamento Europeo vote una resolución no vinculante para incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El borrador del texto asegura que para la Eurocámara «todas las personas tienen derecho a la dignidad inherente y poseen derechos iguales e inalienables sobre la base de la libertad, la justicia y la paz», y hace hincapié en que «las mujeres tienen derecho a la integridad física y la libertad para responsabilizarse de su cuerpo y de sus elecciones».
Aunque el texto reconoce que «la responsabilidad de regular la prestación de asistencia en caso de aborto corresponde a los Estados miembros», también asegura que «a la Unión le compete apoyar, coordinar o complementar estas acciones». Se espera que los socialistas, liberales e izquierda europea voten a favor, mientras que algunas delegaciones nacionales del Partido Popular Europeo podrían pronunciarse en contra del texto. Este dictamen también defiende que «en primera instancia, debe hacerse todo lo posible por reducir el número de abortos; que los abortos inseguros suponen un riesgo para la salud y la vida de las mujeres; que el empoderamiento, el fomento y el apoyo de las mujeres es un inherente valor europeo que debe promoverse y defenderse», y que «la preparación del futuro de Europa implica apoyar a las familias y a la maternidad y paternidad».
Durante la pasada presidencia francesa en 2022, Emmanuel Macron propuso incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el aborto, después de que su Constitución fuera reformada para que la interrupción voluntaria del embarazo fuera recogida oficialmente como derecho en la Carta Magna. Para incluir el aborto en la carta de derechos fundamentales se necesita la unanimidad de los países europeos, algo que parece imposible de conseguir, ya que hay países como Hungría y Malta con legislaciones muy restrictivas. Precisamente, levantó gran polvareda la elección como presidenta de la Eurocámara de la eurodiputada maltesa del Partido Popular Roberta Metsola, conocida por sus posiciones contrarias a la interrupción del embarazo en consonancia con la legislación de su país.
A pesar de que las instituciones europeas no tienen poderes sobre este tema, la Eurocámara se ha pronunciado a favor del aborto en diversas ocasiones. Antes de que el tribunal Supremo de EE UU anulase el histórico fallo «Rose versus Wade» de 1973 que consagra el derecho al aborto sin restricciones durante el primer trimestre de gestación, el Parlamento Europeo votó a favor de «salvaguardar el aborto seguro y legal» en EE UU.
Además, en junio de 2021, la Eurocámara votó el denominado «informe Matic», en referencia a su ponente, el socialdemócrata de origen croata, Pedrag Fred Matic, que considera el aborto como un «derecho humano». En este texto se hace un llamamiento «a los Estados miembros a la hora de descriminalizar el aborto, así como a eliminar y combatir los obstáculos al aborto legal».
Además, el texto invita a los «Estados miembros a revisar sus disposiciones sobre el aborto para que estén de acuerdo con los estándares de legalidad internacional y las mejores prácticas para asegurar que el aborto sea legal en la etapa temprana del embarazo y, cuando sea necesario, más allá de este periodo, si la salud de la persona embarazada o su vida están en peligro». Además, recalca que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género».
Libertad de conciencia
Sobre la posibilidad de que los médicos ejerzan la libertad de conciencia y se nieguen a practicar abortos, el texto reconoce que «por razones personales, los médicos de manera individual puedan invocar esta cláusula de conciencia», pero subraya que ésta no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud», y hace un llamamiento a los Estados miembros «a tener en cuenta estas circunstancias en sus disposiciones geográficas de los servicios de salud».
Además, el dictamen también «lamenta que a veces la práctica común en los Estados miembros permita a los responsables médicos y, en algunos casos instituciones médicas enteras, rechazar estos servicios médicos en base a esta cláusula de conciencia, lo que conduce a la negativa al aborto basado en la religión o la conciencia, lo que pone en peligro la vida y derechos de las mujeres».
El texto también subraya que «esta cláusula también se utiliza en situaciones en las que cualquier retraso puede poner en peligro la vida de la paciente o su salud».
Reacción de los obispos
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece) manifestó su rechazo a que se incluya el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. «El aborto nunca puede ser un derecho fundamental. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, especialmente el derecho a la vida de los más vulnerables, frágiles e indefensos, como el niño no nacido en el vientre de la madre, el emigrante, el anciano, la persona con discapacidad y los enfermos», aseguraron los prelados en un comunicado dirigido a los miembros del Parlamento Europeo.
En este sentido, defienden que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE «no puede incluir derechos que no son reconocidos por todos y son divisorios».
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