El reto más ingente del que, todo indica, será el gobierno de Claudia Sheinbaum es el incremento de la violencia y la inseguridad en varios puntos del país, cuya agudización genera una justificada preocupación en la sociedad.
El problema que representa la actividad del crimen organizado viene de tiempo atrás. Cuando le preguntaron al Presidente Díaz Ordaz si México era el "trampolín" de la droga hacia Estados Unidos, se le atribuye haber contestado: "Si es trampolín, es porque hay alberca". Desde entonces la expansión delictiva no ha cesado, abastecida por armas provenientes de nuestro vecino del norte e incentivada por el incremento de consumo de drogas en todo el mundo y una mayor internacionalización del fenómeno facilitada por redes de lavado de dinero a las que no son ajenas las instituciones bancarias de alcance transnacional. Lo más preocupante es que la fragmentación de los grupos delictivos ha incrementado los enfrentamientos armados y sus disputas territoriales han creado condiciones de asentamiento en ciertas áreas en las que se extiende su acción hacia la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión.
En estas circunstancias se muestra promisorio el enfoque planteado por la Dra. Sheinbaum para combatir la inseguridad porque muestra la comprensión de su carácter multicausal y se apoya en los reconocidos logros de su gobierno en la CDMX. De ahí que convenga insistir en la atención de las causas. Los ejes de su estrategia apuntan en ese sentido, pero no se refieren solo a las circunstancias económicas y sociales que alimentan el fenómeno, pues se acompaña con el fortalecimiento de las fuerzas del orden que debe comprender, además de mejoras en su preparación, la elevación de sus ingresos y el otorgamiento de prestaciones que los arraiguen en su empleo.
Es importante orientar la vigilancia hacia zonas con mayor presencia de grupos delictivos con un objetivo más disuasivo que represivo. Para ello es útil el uso de instrumentos de inteligencia y actuar en los sitios donde existe mayor actividad de la delincuencia, aplicando una estrategia bien definida que reduzca gradualmente la actividad delictiva en los lugares más críticos y tome las medidas necesarias para contener el problema sin que se expanda por el país. Hay que reconocer que no es posible erradicar el delito, la contención es lo esencial y, como se prevé en la propuesta, abarca el flujo de armas hacia grupos criminales; el de recursos financieros que llegan a los delincuentes y el de la cadena de suministro de drogas sintéticas.
La propuesta también toma en cuenta la extensión transnacional de la delincuencia organizada cuyos tentáculos alcanzan a todo el mundo. Esta situación obligaría a desplegar una firme actividad diplomática para impulsar acuerdos internacionales contra los flujos de armas y de dinero. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional no ha logrado esa finalidad, ni hay compromisos serios por parte de los países que solapan la existencia de paraísos fiscales. Es inconcebible que territorios dependientes de la Corona Británica como las Islas del Canal y las Islas Cayman mantengan una política que facilita el lavado de dinero.