Rafael Cúneo Libarona, miembro del estudio del ministro de Justicia, defenderá a uno de los brokers investigados en el caso de los seguros
El hermano del funcionario fue contratado por San Ignacio, una de las empresas más favorecidas con la supuesta maniobra; el ministro dijo que no sabía del nuevo cliente de la firma familiar
En las últimas horas, varios de los imputados, allanados y ahora inhibidos por la Justicia aceleraron la definición de su estrategia judicial. San Ignacio, uno de los brokers más involucrados en el caso por los vínculos que se trazaron entre sus directivos Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi (presidente y director suplente de la empresa) y los ahora exfuncionarios de Nación Seguros Mauro Tanos y Federico Eufemio, contrataron a Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Rafael es uno de los integrantes del estudio familiar, del que es dueño, por escritura, el ministro, según él mismo informó a LA NACION. Consultado por este medio, Mariano Cúneo Libarona contestó hoy que no sabía del nuevo cliente de su hermano, a quien dijo no ver desde hace meses. Agregó además que él no va a su oficina en el estudio desde el 5 de diciembre y que su hermano tiene derecho a trabajar.
Según fuentes cercanas al estudio, en el que el ministro ejerció como abogado hasta que asumió en el gabinete de Javier Milei, San Ignacio ingresó como cliente hace algunos días y su defensor todavía no tomó completo conocimiento de la causa. San Ignacio es una de las productoras que oficiaron de intermediarias en la póliza de Anses y cosechó un total de $231.918.674 en comisiones entre 2023 y 2024.
Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros durante la gestión de Alberto Fernández, negoció para contratar a Fernando Enrique Pinto, un conocido penalista que, entre otros clientes defiende a Martín Insaurralde, a quien representa en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la justicia federal de Lomas de Zamora y en Comodoro Py, pero finalmente no lo contrató, según confirmaron fuentes cercanas a ellos.
Ayer, el juez Julián Ercolini dispuso una serie de medidas cautelares sobre imputados que todavía no fueron llamados a indagatoria. Se dictó la inhibición general de bienes de 33 personas físicas y jurídicas, entre las cuales están Fernández, Pagliano, María Cantero (que era la secretaria privada de Fernández), Héctor Martínez Sosa (broker y marido de Cantero) y Tanos, que se desempeñó en Nación Seguros en el gobierno de Fernández y en la gestión de Milei fue ascendido a gerente general de Nación Seguros. Fue desplazado de su cargo hace tres días. Según supo LA NACION, Tanos no designó todavía abogado. Alberto Fernández tampoco
La lista de los inhibidos incluye también a otros titulares de compañías (y sus empresas), como Osvaldo Tortora (de Bachellier), Pablo Torres García (de TG brokers) y Castello Mercuri.
Una auditoría de Nación Seguros ubicó en la cúpula de los intermediarios que más dinero en concepto de comisiones obtuvieron desde el año 2020 a Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri, a San Ignacio y a TG Broker. "En conjunto, las cinco acumulan $ 2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre $ 3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%", dijo Ercolini.
Por lo recolectado hasta el momento, el tribunal entendió conducente para la investigación disponer una serie de medidas cautelares tendientes "a garantizar los derechos del Estado Nacional, parte damnificada por las maniobras investigadas en estas actuaciones". El juez afirmó: "Sentado lo expuesto y teniendo presente la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados podrían llegar a disponer de los bienes que integran su patrimonio, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia en su contra".