Enfangada desde hace un año en una batalla electoral permanente (en este periodo se van a celebrar hasta seis convocatorias), la política ha decidido dejar a un lado lo urgente y lo importante –es decir aquellas cuestiones que nos afectan a todos y cuya resolución contribuiría a mejorar la calidad de vida general– para centrarse exclusivamente en lo suyo. Y lamentablemente lo suyo no suele coincidir casi nunca con lo nuestro.
Mientras los ciudadanos asistimos, entre indiferentes, estupefactos u horrorizados, al nada edificante espectáculo del pimpampún que nos ofrece cada día la política nacional –el barro generado ya casi impide ver los leones que flanquean el acceso al Congreso de los Diputados–, los asuntos que tienen que ver con el interés común se acumulan en cajones de los ministerios y las diferentes consejerías autonómicas.
Una de las cuestiones capitales que duerme ese sueño eterno es la nueva financiación autonómica. Todo el mundo coincide, más allá del color del partido o la ideología que lo mueva, en que sin un equitativo y actualizado modelo de financiación las comunidades no pueden atender sus múltiples competencias y responsabilidades, no digamos ya asumir otras que se están reclamando. Es decir, el Estado de las autonomías es inoperativo y el llamado Estado del Bienestar hace agua. Está cojo.
La última revisión del modelo de financiación data de 2014, cuando Mariano Rajoy era el inquilino de La Moncloa, aunque en realidad los cambios introducidos entonces fueron menores, un parche de la de 2009 que no logró satisfacer a nadie. Y desde aquella operación cosmética no se ha movido un solo papel, pese a que en la convocatoria electoral del pasado 23 de julio tanto PSOE como PP llevaban en su programa electoral la urgencia de aprobar un nuevo reparto de fondos entre las regiones. Es más, los socialistas se daban un año de plazo para sellar ese pacto nacional. Lo que ha pasado en estos casi diez meses es de sobra conocido. Ruido y ruido. Al margen de eso, nada.
El modelo de financiación autonómica es un asunto de mayúscula importancia, porque se trata de un modelo de reparto de recursos que cubre entre la mitad y dos tercios de los presupuestos de las autonomías del régimen común. Su objetivo es garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales de una manera lo más homogénea posible, tal y como establece la Constitución en sus artículos 156 y 158. Además, debería ser un instrumento clave para corregir los "desequilibrios económicos interterritoriales" a partir de un criterio de solidaridad entre todos los españoles.
Que en una década nuestros gobiernos –centrales y autonómicos– presididos por PP y PSOE no hayan sido capaces de revisar, actualizar y reequilibrar los criterios y las normas que rigen la hacienda de las comunidades autónomas –salvo las de régimen foral como País Vasco y Navarra– es sin duda un ejercicio de flagrante irresponsabilidad y un fracaso mayor de nuestra clase política.
Así que mientras no hay fumata blanca, el Gobierno central, este de Pedro Sánchez, pero también el anterior de Mariano Rajoy, ha optado por inyectar fondos de forma extraordinaria, actuaciones improvisadas destinadas a tapar algún agujero de ese enorme queso gruyere en que se ha convertido la financiación autonómica. El objetivo siempre es el mismo: callar alguna voz, salir del apuro del momento, ganar algún apoyo necesario y... patada a seguir.
En los últimos tiempos, condicionados por la absoluta fragilidad del Gobierno socialista, ha entrado en juego otro factor que empeora todavía el pestilente tufillo de la financiación, un elemento a medio camino entre el chantaje y la subasta: la condonación de la deuda. Una concesión ofrecida a los soberanistas catalanes a cambio de sus votos y que con posterioridad se extendería, al menos esa es la promesa, al resto de autonomías.
Lo único cierto es que en un clima político nacional tan intoxicado y polarizado es imposible pensar en un acuerdo multilateral entre comunidades del PP –cuyos presidentes dedican casi más tiempo a hacer oposición a Sánchez que a gestionar los intereses de sus ciudadanos–, la dirección nacional de este partido –Alberto Núñez Feijóo y su cúpula están decididos a proseguir hasta culminar una acción de acoso, desgaste y desalojo de Sánchez–, unos gobiernos nacionalistas que solo se miran el ombligo y un Ejecutivo socialista claramente desbordado, con mil frentes abiertos, sin ninguna alianza parlamentaria sólida y sin mayor proyecto vital que salvar cada día como si fuese el último de su mandato. Así que, si las condiciones para llegar a un pacto ahora son prácticamente nulas, en el futuro –elecciones vascas, catalanas y europeas– todavía serán peores, si es que eso es posible.
En este contexto, todo indica que el llamado Estado de las Autonomías seguirá sin contar con unos cimientos financieros robustos durante años. El panorama apunta a más lío, caos, griterío y acusaciones de y tú más. En esta pelea política los únicos que pierden son los ciudadanos, quienes seguirán viendo cómo sus necesidades y los déficits en terrenos esenciales –sanidad, educación o dependencia– continuarán sin ser atendidas.
Pese a que sea un ejercicio ingenuo, casi inútil a la vista de la deriva general, debemos exigir a nuestros gobernantes, a nuestra clase política, altura de miras. Que esa defensa del interés general que esgrimen cada día deje ser un trampantojo y se pongan a trabajar por un sistema de financiación más justo, equitativo, solidario, transparente y eficiente. Que destierren la arbitrariedad y la complejidad de un modelo abstruso. Que elaboren otro más simplificado que fomente de verdad la solidaridad y la cohesión entre los territorios.
La situación actual es insostenible. El callejón sin salida al que unos y otros están sometiendo las finanzas autonómicas solo redunda en el descrédito de la clase política, el hartazgo ciudadano y la sensación cada día más que extendida de que padecemos unos representantes que siguen a lo suyo, despreciando lo que de verdad importa: lo nuestro, que es lo de todos.