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El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó que el allanamiento al domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno.
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"Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió", dijo Arévalo a medios de comunicación.
Decisiones judiciales deben cumplirse "gusten o no"
Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta.
"Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad", afirmó.
Afirmó que las decisiones judiciales deben acatarse sin importar las preferencias, y que el respaldo del presidente es al cumplimiento, no a las decisiones específicas.
"Yo no voy a tomar ninguna decisión porque esto está en trámite. Entiendan que los jueces son independientes y ellos responder por lo que resuelven. Cada juez responde por sus decisiones", indicó Arévalo.
Arbitrario
Cerca de la medianoche de este viernes y hasta la mañana del sábado un equipo fiscal de policías y fiscales allanó el domicilio de la presidenta y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Horas después, en un pronunciamiento, Boluarte definió este suceso como arbitrario, desproporcional y abusivo.
"Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", afirmó Boluarte en una declaración sin preguntas.
La presidenta dijo que es "respetuosa de la investigación fiscal", pero que rechaza la forma en la cómo se hace, "de manera discriminatoria e inconstitucional".
Critica el rompimiento de la cerradura en su domicilio de Surquillo, señalando que la medida afecta los derechos familiares y la gobernabilidad.
Después de estas declaraciones, la Fiscalía emitió un comunicado en el que detalló que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, descartaron que la intervención "haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva". EFE