La tensión entre las generadoras de energía y el Gobierno nacional por la deuda que arrastra Cammesa llegó a su máximo nivel: las facturas sin pagar por parte del Estado nacional ya superan los u$s2.000 millones.
La decisión del Ministerio de Economía de suspender todos los pagos desde noviembre del año pasado a las empresas que generan la electricidad en la Argentina comenzó a generar preocupación e inquietud en el sector. Según pudo saber Energy Report, importantes compañías comenzaron a remitir notas oficiales a sus accionistas y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reportar los montos acumulados por deudas y para informar que tuvieron que volcarse al mercado para "tapar los agujeros" que la Nación abrió sin posibilidad de negociación.
AES Argentina Generación S.A. informó oficialmente que Cammesa les adeuda $37.483 millones por facturas impagas de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y por las cuotas de marzo y abril del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Mayorista (MEM). El Fonivemem se lanzó en 2017 y aplica recursos del Tesoro a nuevas inversiones para mantener operativo el sistema eléctrico nacional.
Pampa Energía, otra de las principales generadoras de energía eléctrica, informó que al 22 de abril la deuda de Cammesa alcanzó los $133.191.236.814, incluyendo los intereses devengados. En el detalle, precisó que se encuentran vencidos y pendientes de pago "las transacciones de los meses de diciembre 2023 por un total de $38.907.909.098, enero 2024 por un total de $43.965.580.313 y febrero 2024 por un total de $50.317.747.401″.
Otras empresas como Central Puerto, Genneia, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz también tienen enormes montos por cobrar. En total, se estima que la deuda total llegó a u$s2.000 millones con las facturas impagas de abril.
En el Gobierno sostienen que no le corresponde el pago de deudas contraídas por la gestión anterior y aseguran que la suba de tarifas energéticas deberían servir como compensación de esos pagos que el Tesoro dejó stand by. Después de todo, gran parte del superávit que celebra Economía se debe al recorte de los subsidios y pagos a Cammesa. Según el CEPA, de cada $100 de ajuste en marzo, $37 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron un 26% del ajuste total) y los subsidios económicos (5%), principalmente energéticos (por la falta de transferencias a Cammesa), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz. En marzo, los subsidios energéticos acumularon $308.939 millones, un 17% menos en la variación real interanual.
Si bien no hay canales de comunicación oficiales abiertos, este medio pudo averiguar que una de las alternativas que se analizó para empezar a cubrir los créditos pendientes fue lanzar un bono. Pero en la Secretaría de Energía lo descartan por completo.
Hasta el momento -y a través de la Resolución 34/2024- se comenzó a normalizar el pago de la deuda con las transportadoras eléctricas, como Transerner S.A., que semanas atrás tuvo que diferenciar el pago de salarios de sus trabajadores por falta de fondos.
Un informe de María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero titulado "Reflexiones sobre los idas y venidas del Gobierno entre Gobierno, CAMMESA y generadoras de energía", puso en alerta a los inversores.
Según el paper en inglés que circula en las empresas de energía y al que accedió Energy Report, Hildago aseguró que el sector energético en Argentina enfrenta una situación compleja. "Si bien algunas medidas apuntan a mejorar la rentabilidad, otras contribuyen a la incertidumbre corporativa", afirmó.
La analista aseguró que la crisis económica impactó en el sector energético, aunque el impacto fue "parcialmente compensado" por un aumento de precios. "Sin embargo, los cambios de política, como la suspensión de fondos a Cammesa han creado una sensación de malestar entre las generadoras de energía. Estos cambios no sólo han perturbado el flujo de caja operativo sino que también han planteado dudas sobre la estabilidad futura del sector", sostuvo.
Moyano Hildalgo remarcó que el sector energético se encuentra en el "ojo del huracán" y que si bien algunas medidas fueron dirigidas a mejorar la rentabilidad del sector, otros contribuyeron a darle una "incertidumbre operativa", que según consideró, no necesitaban. "Más allá de las medidas dirigidas al sector, la fuerte caída de la actividad económica afecta negativamente a la industria, aunque los aumentos de precios por ahora lo compensan parcialmente. Los aumentos de tarifas en línea con la política de Javier Milei de reducir el déficit fiscal y de reducir subsidios, terminó con la suspensión de la transferencia de fondos del Tesoro a CAMMESA", indicó en el documento.
En ese marco, resaltó que las generadoras ya habían tenido en cuenta los retrasos en los pagos de Cammesa como parte de sus cuentas por cobrar, con un número medio de días de mora, pero que nunca había superado los 90 días. Sin embargo -afirmó- la paralización de pagos durante diciembre, enero y febrero provocó un importante malestar entre los generadores. Se especula que una posible emisión de BOPREAL pueda utilizarse para liquidar el monto de pago pendiente que suma u$s2.000 millones, incluyendo noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
"La interrupción de pagos para contribuir con el superávit fiscal está generando tensiones en el sector y preocupación entre los tenedores de bonos corporativos internacionales", alertó.
Una de las mayores preocupaciones en el sector -y los inversores extranjeros- es la posible ruptura por esta situación de los contratos de compra de energía vigentes (PPA, por sus siglas en inglés) entre las empresas y Cammesa. "En general, este fantasma aparece de vez en cuando. Aún así, considerando que esta figura lleva 20 años de uso ininterrumpido y dio pie a la creación del parque de generación, a nuestro juicio, sería una inconsistencia considerando que (el Gobierno) es un gran admirador del modelo chileno (que se basa principalmente en contratos tipo PPA)", expresó Moyano Hildago.
Sin embargo, la ruptura de los PPA podrían desembocar en un potencial conflicto de alcance internacional, ya que esos compromisos están calzados sobre préstamos y créditos financiados por los principales fondos de inversión del mundo.