Nuevamente la Liga Profesional Femenina de Fútbol tiene la lupa puesta por la presunta cartelización que se estaría produciendo. Esta vez la denuncia fue hecha por la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, quien señaló directamente a la Dimayor y a los clubes profesionales de fútbol de estandarizar de forma ilegal y abiertamente inconstitucional un modelo contractual que pondría en riesgo los derechos laborales de las jugadoras.
La congresista reveló cinco hallazgos que darían cuenta de las condiciones desfavorables para las mujeres deportistas, dejando en evidencia el trato diferencial frente a las reglas de juego de los hombres que, al igual que ellas, se dedican profesionalmente a ese deporte.
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En primer lugar, Juvinao señaló que en cuanto a los términos de duración de los contratos, "los clubes establecieron términos de duración muy similares al indicado por la DIMAYOR", con lo cual "las jugadoras profesionales tienen contratos de dos meses, que es lo que dura en promedio la liga" y que si su equipo queda eliminado de la liga, les terminan el contrato en algunos casos, mientras que los de los hombres son de dos o tres años en promedio.
Adicionalmente, los clubes habrían fijado topes y rangos salariales para las jugadoras "pues la DIMAYOR habría hecho un 'llamado de responsabilidad' para que los clubes no pagaran 'altos salarios'", con lo cual lo máximo que se puede llegar a ganar una jugadora profesional, según estos contratos, es 4 millones de pesos mensuales.
La mayoría de las mujeres gana un salario mínimo mensual en ese deporte, mientras que los hombres en promedio ganan 53 millones mensuales, según la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio.
"La DIMAYOR promovió la explotación de la imagen de las jugadoras para que se incluyera en los contratos el uso de su imagen para publicidad sin reconocerles remuneración adicional, cuando más de la mitad de la jugadoras de fútbol profesional femenino se ganan entre 1 y 2 millones de pesos. Ese precario valor incluye sus servicios como jugadoras profesionales y además toda la explotación a su imagen. Los jugadores de la liga masculina, en cambio, toman parte en la negociación de sus salarios y de sus derechos de imagen", agregó.
Finalmente, la representante cuestionó la decisión los dirigentes del fútbol profesional de no hacer esfuerzos para la promoción de la Liga Femenina, afirmando que el manejo que se está dando reflejaría un "sesgo abiertamente machista".
"Increíblemente, directivos de la FCF, DIMAYOR y los clubes de fútbol profesional femenino renunciaron a la recepción de dineros y patrocinios para la promoción y desarrollo del fútbol femenino, tanto del sector público como del sector privado. MinDeporte aprobó 1.500 millones de pesos pero directivos advirtieron que 'recibir dinero del Gobierno Nacional podría generar que se tuviera que rendir cuentas ante los entes de control' y que eso era 'un desgaste muy grande'", concluyó.
La congresista pidió a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, celeridad en las investigaciones, pues aseguró que el caso estaría "parado desde que llegó a esa entidad", advirtiendo que podría terminar en impunidad.