La familia del soldado Carlos León, que falleció ahogado el pasado diciembre junto al cabo Miguel Ángel Jiménez en unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba) sigue buscando justicia y que se depuren responsabilidades hasta donde se pueda llegar. Mientras tanto, su abogado, Luis Romero, ha sido apercibido por hablar con los medios de comunicación y contar detalles de la investigación. "Voy a seguir hablando", ha asegurado.
Romero, que representa la acusación particular ejercida por la familia del soldado Carlos León, ha ofrecido este lunes en el hotel Alfonso XIII de Sevilla una rueda de prensa en la que ha denunciado que le han dicho que "no puede hablar" y también ha valorado los últimos avances del caso, sobre todo en relación a la investigación al general de brigada Ignacio Olazábal.
En concreto, el abogado ha recibido una "sanción de apercibimiento por haber revelado actuaciones a los medios de comunicación", ante lo cual va a interponer un recurso ante el Tribunal Militar Central contra el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla. "Se nos ha intentado poner la mordaza. Hay que respetar el ordenamiento jurídico, la libertad de expresión y de información", ha pedido, sin dar un paso atrás: "Voy a seguir hablando con la prensa, haciendo uso de mi libertad de expresión y de opinión, y ejerciendo de portavoz y abogado de la familia del soldado Carlos León".
También añade que la familia nunca ha salido a su lado porque quiere intimidad, pero sí se le pidió que les "ayudara" y les han transmitido un agradecimiento a la labor de los medios. Por eso, desafía al tribunal militar y seguirá informando sobre la investigación a pesar de la advertencia formal, que por ejemplo no ha llegado a la defensa del cabo Jiménez, el otro soldado fallecido en Cerro Muriano. Asegura que ese auto "contradice" a otro que descarta "responsabilidad penal" o disciplinaria por su parte respecto al delito de revelación de secretos.
En caso de volver a ser amonestado, se podría enfrentar a una multa de entre "500 y 10.000 euros", ha explicado Romero. Así, pedirá amparo este lunes al Colegio de Abogados de Sevilla y al Consejo General de la Abogacía Española y presentará quejas contra los abogados defensores del capitán y el teniente, por supuestas infracciones del Estatuto de la Abogacía y el Código Deontológico en cuanto al respeto, así como una demanda de conciliación previa a querella por delitos de injurias y calumnias contra el letrado del capitán.
Pide investigar al general de brigada Ignacio Olazábal
Romero anunció esta pasada semana en un comunicado que recurrirá el auto de inhibición del juzgado Togado Militar 21 de Sevilla, ya que entienden que habría que investigar también al general de brigada Ignacio Olazábal, que a principios de este año pasó a situación de reserva, y en esta rueda de prensa ha explicado los motivos. "Voy a extralimitarme otra vez", ha repetido en varias ocasiones, arriesgándose a ser sancionado.
El auto del juzgado Togado Militar 21, dictado el martes pasado, apuntaba a posibles conductas delictivas de los dos coroneles jefes del Regimiento La Reina 2 cuando se programaron y se ejecutaron las maniobras, y también del teniente coronel y el comandante jefes de la Plana de Mando. Serían estos cuatro mandos los señalados como responsables de la autorización y el control de la actividad.
"No creo que los generales deban estar en la chimenea. Estarán al tanto, ese día y en todas las semanas anteriores", cuestionaba el letrado sobre la responsabilidad de Olazábal. "El general de brigada algo tendrá que saber. Como jefe supremo y mando supremo, debe supervisar que los jefes cumplen con su cometido. Yo entiendo que ese mando supremo tenía que haber sabido que no estaban realizando su labor de supervisión de lo que estaba haciendo el capitán Zúñiga", ha desarrollado.
El letrado ha manifestado que el general de brigada tenía que estar "al tanto de la seguridad de unos hombres, para que sus subordinados, desde el coronel hasta todos los demás, llegando a los suboficiales, cuidaran a la tropa". "Desde el día siguiente a la fecha del accidente doblemente mortal dijimos y pusimos por escrito en la denuncia que no solamente eran responsables penales de la grave negligencia el teniente Tato y el capitán Zúñiga, sino que era responsable toda la cadena de mando, incluido el general de brigada", ha enfatizado.
Cuestiona las maniobras y el cambio de día
Romero también ha comentado que los ejercicios estaban "indicados" para el día 22, y no el 21, pero los cambiaron porque querían "terminar cuanto antes", según ha dicho el abogado en base a la declaración del capitán investigado, remarcando que "ese día no había nada más que una ambulancia" y estaba en el campo de tiro, retirado del lago de maniobras.
"¿Por qué se traslada del 22 al 21 sin ambulancias ni sanitarios? Está demostrado que no hubo medidas de seguridad, que había falta de medios, y que había además antecedentes. Cuando se había practicado antes esa maniobra, la vez anterior, no había los medios pero se hizo a pie, no como esta vez", ha continuado.
Así, el abogado ha aseverado que está "muy contento" con la decisión del Juzgado Togado Militar de inhibirse ante los indicios de posible delito respecto a mandos que ostentan los rangos de teniente coronel, coronel y comandante tras "la investigación exhaustiva"; esgrimiendo que había pedido investigar a tales mandos ante dicha instancia y previamente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.
También ha añadido que, de las 35 preguntas que afirmó mandar a la ministra de Defensa en la última rueda de prensa, recibió como respuesta que "el caso se encontraba en investigación" y le contestarían a ninguna. Pese a que "hay 27 o 28 que no implican a los investigados ni a su presunción de inocencia".
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