El Gobierno decidió dar de baja un millonario convenio de la Universidad de Tres Febrero con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). La medida se produce en medio de la embestida del Ejecutivo contra las autoridades de las universidades nacionales pero también en el marco de una posible modificación del FAMP que, en caso de prosperar las negociaciones con los legisladores fueguinos que deben votar la Ley Bases, podría llegar a "atenuarse".
El Fondo había sido creado en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández y puesto bajó la órbita de Producción, con el objetivo de incentivar la expansión del entramado productivo local y mejoras de su competitividad. Pero desde la semana pasada quedó bajo el mando del ministro Luis "Toto" Caputo (Economía) que, a través de la resolución 200, se garantizó la gestión de los fondos fiduciarios a través de su secretaría Legal y Administrativa que incluso podrá "receptar las adecuaciones contractuales que resulten necesarias" de cada una de estas cajas, que representan un 2% del PBI y quedaron bajo la mira de Javier Milei.
Si bien en el caso del acuerdo con la UNTREF, aducen en el oficialismo, se busca terminar con un convenio que requiere partidas millonarias para una tarea que no resultaría primordial, según la óptica oficial, también asomaría como objetivo del oficialismo poner en consideración la continuidad de algunos de los fondos a cambio del apoyo legislativo a la Ley Bases.
El rector de la UNTREF, Aníbal Jozami, aseguró a Clarín que el acuerdo con el Fondo "para construir un puerto para la empresa Mirgor está de hecho interrumpido desde que asumió este Gobierno". Pero que la auditoria que se hace a los proyectos "a través de la provincia de Tierra del Fuego" dependen de las autoridades locales.
¿Moneda de negociación por la Ley Bases?
"Lo del asesoramiento de la Universidad de Tres de Febrero se saca seguro", indicó una calificada fuente oficial consultada. A través del citado acuerdo, la casa de altos estudios "audita" la calidad de los proyectos para dotar de mayor infraestructura o la provisión de servicios a Tierra del Fuego: con ese dictamen, las autoridades del Fondo autorizaban la eventual construcción o no de un puerto, por caso.
En principio, en el Palacio de Hacienda evalúan "modificar" el FAMP para hacer más eficaz su funcionamiento y el uso de los recursos públicos. Pero hay un sector de los halcones libertarios que amenaza con su eliminación si continuarán las resistencias de la provincia patagónica a la ex Ley Omnibus y a la reforma fiscal. "Si volteas el Fondo y no las exenciones impositivas a las dos ensambladoras, éstas la van a ´juntar en pala", remarca la fuente consultada al advertir que las empresas de electrónica de la provincia patagónica que se benefician con este sistema están obligadas "a devolver el 40% del beneficio" que obtienen por esta caja para diversificar la matriz productiva de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
La resolución de Economía conocida la semana pasada se fundamentó "por razones de eficacia y celeridad en la toma de decisiones, en tanto resulta conveniente delegar en la Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio el dictado de instrucciones al fiduciario, cualquier otra acción de carácter operativo y el ejercicio de las facultades de dirección en representación del Ministerio de Economía". Pero en esta cartera no descartan que el destino de los fondos esté atado a eventuales negociaciones con los bloques legislativos, en especial, a los de la Cámara alta, donde más pesan los gobernadores.
Es que, más allá de la declamada eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Ejecutivo tiene otra obsesión: la sanción de la ley Bases y un capítulo fiscal que le den sustentabilidad política al proyecto libertario. La vigencia de estas normativas están por encima de la eventual rúbrica del Pacto de Mayo con el que el Presidente desafió a los 24 gobernadores en marzo pasado.
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