De acuerdo a información de la Fiscalía de la Nación, las regiones que más denuncias han registrado por el delito de minería ilegal son Madre de Dios, La Libertad, Cusco y Ucayali. ¿La estrategia del Ejecutivo y Legislativo para frenar este crimen es eficiente? Expertos consultados por RPP Data responden.
El último atentado cometido por mineros ilegales a inicios de abril contra la Minera Poderosa, en Pataz (La Libertad) cobró la vida de una persona y dejó dos heridos. Este es el segundo ataque cometido en menos de cinco meses, lo que evidencia que la estrategia del Gobierno para erradicar este crimen no está siendo la más eficiente, según especialistas consultados por RPP Data.
¿Cómo se ha avanzado en la sanción a este delito? A nivel judicial, se han interpuesto más de 7,200 denuncias por minería ilegal desde el 2019 hasta fines del 2023 en todo el Perú, de acuerdo a información del Ministerio Público. Las regiones en las que más denuncias se han reportado son Madre de Dios (2,700), La Libertad (527), Ucayali (300) y Cusco (286).
Demora en el avance de los casos por minería ilegal
El 40% del total de denuncias por minería ilegal ya están judicializadas, es decir están avanzando en el proceso, indica el fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental. Sin embargo, solo 285 han conseguido una sentencia. La demora recae en la instalación de las audiencias de juicio oral que están a cargo del Poder Judicial, señala el fiscal.
"En muchos casos, los juzgados que ven los delitos de minería ilegal también están viendo los delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de robo o delitos comunes y eso les genera una carga procesal bastante alta, lo que ocasiona que muchos de los casos de minería ilegal agravada se reprogramen", explica Chávarry.
Así, comenta que en su despacho tiene casos del 2018 que se han programado para el 2026 y el 2027. "Los jueces de determinados departamentos como Puno, Madre de Dios o Ucayali tienen la agenda demasiado recargada", señala. A esto se le agrega que si bien, existen jueces especializados en materia ambiental, no se dedican únicamente a ese tipo de delitos.
"La idea al crear estos juzgados especializados era que se dediquen única y estrictamente que juzgar delitos ambientales y eso nos ayudaría mucho a disminuir la carga procesal que se tiene estancada por varios años", comenta.
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La "estrategia" de formalización
Una de las políticas del Estado para luchar contra la minería ilegal es el proceso de formalización minera, mediante el cual se busca que los mineros pequeños y artesanales ingresen al sistema formal. Esto les permite, entre otras cosas, comercializar sus productos de manera legal, acceder a financiamientos del Estado y a programas de capacitación, según el Ministerio de Energía y Minas.
Este proceso inició en el 2002 mediante la Ley 27651. En el 2016 se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), donde se registran los mineros en proceso de formalización. Actualmente existen 86,934 mineros inscritos, sin embargo más de 66 mil tienen registro suspendido, es decir que no han cumplido con los requisitos para formalizarse, pero siguen en el proceso.
¿Cuál es el problema con ello? Según expertos consultados por RPP Data, existen mineros ilegales inscritos en el REINFO que no tienen interés en formalizarse y que lo utilizan para operar en la impunidad, ya que según el Decreto Legislativo 1102, quienes tengan inscripción en este registro no pueden ser sancionados penalmente.
"Esto perjudica la lucha contra la minería ilegal. El Estado está permanentemente tratando de perseguir o de luchar contra ilegales que usan el disfraz del REINFO o mecanismos similares para evadir la sanción [de la Fiscalía de la Nación]", advierte César Ipenza, vocero de Observatorio de Minería Ilegal.
En esa línea, cuenta que ha tenido reportes desde las Direcciones Regionales de Energía y Minas de Huánuco o Amazonas, que el proceso para sacar del REINFO a los mineros que no cumplen las condiciones para operar, está estancado. "Ellos envían un informe al Ministerio de Energía y Minas para oficializar la exclusión, pero el ministerio se demora más de dos años en hacerlo. Esto podría ser mucho más rápido y no generar un procedimiento engorroso para sancionarlos", considera.
Para Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la estrategia para resolver el problema de la informalidad e ilegalidad en la minería no ha funcionado. "En el mejor de los casos hubo algunos mineros informales o artesanales que fueron tomando el camino de la formalización, pero nunca llegaron a más del 10% de todos aquellos que se habían inscrito", comenta.
Cardozo agrega que la estrategia debería tener en cuenta que el 75% de nuestra economía es informal. "Si el Estado no puede formalizar a otros sectores que operan en las zonas cercanas, ¿cómo podemos creer que logarán controlar a los mineros ilegales que operan en todo el país? Ya ocupan gran parte de la Amazonía y están mezclados con el narcotráfico, tala ilegal y el tráfico de tierras", señala.
Congreso busca ampliar plazo para formalizar a los mineros
Pese a que el REINFO ya tiene más de ocho años desde su creación, el Congreso de la República ha ampliado su vigencia al menos tres veces; en el 2016, 2019 y 2021. Ahora, por ley, el proceso de formalización debería vencer el 31 de diciembre del 2024.
Sin embargo, el congresista Segundo Quiroz, presidente de la Comisión de Energía y Minas y miembro de la bancada del Bloque Magisterial, ha presentado un proyecto de ley que pretende extender su vigencia hasta fines del 2027.
El abogado César Ipenza cuestiona la necesidad del Parlamento de seguir ampliando el plazo de formalización, pues un minero suspendido en el REINFO está prohibido de operar. "Lo que está sucediendo, en la práctica, es que los suspendidos siguen trabajando y no hay mecanismos de verificación. El Ministerio de Energía y Minas debería revisar y sacarlos automáticamente de este registro, pero hay mucha complicidad y compadrazgo, lamentablemente, en la Dirección General de Formalización Minera", advierte.
Si esta ley es aprobada, recae en el Ejecutivo observarla o promulgarla, por lo que es importante que se aborde la lucha contra la minería ilegal de forma estratégica. Este delito no solo causa impacto ambiental, si no que, según los expertos, está estrechamente ligado a otros crímenes como narcotráfico, explotación sexual y trata de personas. Es responsabilidad del Ejecutivo y Legislativo protegernos de los peligros de este crimen.
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