Hubo una temporada en que el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, introdujo programas para promover el deporte entre los migrantes alojados en Las Canteras. Se les dieron los bonos para las guaguas y así se trasladaban hasta los campos y las canchas donde se juntaban también con tinerfeños. En ese tiempo, se veía a jóvenes motivados practicando deporte. Entrenaban en sus ratos libres pensando en los partidos que jugarían y las carreras que correrían. Quizá por eso, la vida social que hacían en las calles de La Laguna se veía alegre. Formaban parte activa del lugar y no estaban al margen.
Los planes deportivos ya no existen. Ya no se ven chicos entrenando en las afueras del campamento. Pasean, pero es raro encontrar la misma motivación en sus rostros. Hay algunos que dedican el día a pedir dinero a las puertas de supermercados, dulcerías y otros negocios. Con la incertidumbre sobre su futuro, sin posibilidades de trabajar para pagarse ropa o comida, poco se puede hacer. Practicar deporte no es ni mucho menos la solución, pero aporta pequeñas metas diarias y fomenta las relaciones sociales. Por eso, les planteo: si el deporte a nivel local pudo hacer ese cambio en positivo, ¿qué podría hacer la regularización a escala estatal?
Vivir en una situación administrativa irregular es un factor de exclusión social muy determinante. En España, son 500.000 personas las que viven en ese contexto, lo cual no les permite, entre otras cosas, trabajar. Eso es solo sobre el papel, porque física y mentalmente sí pueden hacerlo. La diferencia está en que, sin un contrato, las garantías de estabilidad, sueldo digno o derechos fundamentales no existe. Los empleadores –si los tienen– encuentran vía libre para cometer abusos laborales. Mientras, se cronifica la dependencia de las personas migrantes, pudiendo hacer añicos su autoestima y perspectivas de futuro.
El estatus legal incide sobre infinitos aspectos de la vida, donde también están el acceso a una vivienda o los derechos sociales y sanitarios. Dependiendo de la nacionalidad de partida, será más o menos complicado regularizarse. No es una novedad que los africanos en general tienen innumerables trabas, siendo una de ellas el colapso selectivo que vienen arrastrando las citas de Extranjería desde hace tiempo. Para muchas personas, el proceso de regularización dura años y años entre esperas y contradicciones. En ese tiempo deben ser relativamente invisibles, porque en teoría no tienen permiso de residencia, pero al mismo tiempo estar relativamente presentes, porque tienen que justificar su arraigo en la sociedad de acogida.
Sobre este sistema ha protestado activamente durante los últimos años el movimiento Regularización Ya. Su iniciativa legislativa popular (ILP) sumó el apoyo de más de 600.000 firmas y cientos de organizaciones con el objetivo de regularizar a medio millón de personas que viven en territorio español. Esta semana, se aprobó en el Parlamento la toma en consideración de la ILP. Es decir, que esta proposición de ley ha pasado a trámite y está ahora en periodo de enmiendas, en el cual los distintos grupos podrán aportar los cambios que consideren oportunos al texto.
No sorprende absolutamente a nadie que Vox haya dado un no rotundo a la ILP. Quizá sí puede sorprender que todos los demás grupos del Congreso, de forma unánime, hayan votado sí; pero en realidad tiene mucho sentido. No es porque, de repente, se hayan vuelto implacables defensores de los derechos humanos. Más bien, porque ven a las personas migrantes como mano de obra útil. Cuantos más trabajen, más dinero se generará, más impuestos se acumularán y menos dependencia habrá. Es evidente que eso es beneficioso para todo el mundo, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos. Parece mentira que todavía tengamos que aclarar que se trata de seres humanos, no máquinas de fábrica que trabajan incansables.
Es un paso muy importante que la ILP haya llegado al Congreso y que la propuesta de ley se tome en consideración. Sin embargo, y a pesar de la alegría que supone, desde Regularización Ya insisten en que todavía «queda mucho camino». Sobre todo teniendo en cuenta que aún no se sabe cómo quedará el texto final, ni tampoco si se aprobará o no.
En el caso del PP, señalaron que esta ley podría abrir sendas para el retorno de migrantes a sus países de origen. Desde el PSOE se ha insistido en que la propuesta debe ser «razonable» y que no puede consistir en «cerrar fronteras», pero tampoco «dar barra libre». El PNV señaló que las regularizaciones deberían estudiarse caso a caso y vincularse a la situación económica. La ILP se ve con buenos ojos en Sumar, Podemos y Bildu, si bien varios representantes han apuntado que todavía existe el riesgo de que «se quede en el cajón» durante el resto de la legislatura y al final caiga en saco roto.
Todo esto será un debate hasta que la propuesta esté en firme. Lo que sabemos ahora es que la gente afectada es real y necesita soluciones. No se trata de decidir si van a formar parte de la sociedad o no, porque ya están en ella. Al contrario, se está debatiendo si seguir excluyendo y restringiendo derechos o empezar a corregir el racismo institucional.