El Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco formalizó la investigación preparatoria contra ex cinco funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDCC) por una presunta omisión de funciones al no ejecutar las sanciones contra los implicados en la denuncia de instalación ilegal de antenas de telefonía en Machu Picchu desde hace más de 5 años.
La denuncia se conoció en el 2018. De acuerdo a la resolución sub directoral 210-2018-SDDPCDPC-DCC-CUS/MC del 17 de agosto del 2017 la DDCC abrió un proceso administrativo sancionador contra las empresas de comunicación: Viettel Perú S.A. (Bitel), Entel Perú S.A. (Entel), América Móvil Perú S.A.C (Claro), Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), así como la empresa hotelera Perú Belmond Hoteles S.A. (Hotel Belmond Sanctuary Lodge) al permitir la instalación de las antenas sin autorización de Cultura. El mencionado hotel es el único que se encuentra ubicado junto a la Ciudadela Inca de Machu Picchu, a pocos metros de la entrada al Parque Arqueológico de Machu Picchu
Todos los presuntos responsables habrían hecho caso omiso a lo dispuesto por la Ley 28296 "Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación" al alterar zona intangible sin autorización previa del Ministerio de Cultura.
Para el seguimiento del caso, la Comisión de Juristas Contra la Corrupción de Cusco solicitó información a la entidad cultural sobre el proceso sancionador, resolución que había caducado sin la ejecución de las sanciones, según aseveró Heraclio Cereceda integrante de la comisión. "(…) El procedimiento administrativo ha caído en caducidad y no emitió ninguna resolución de sanción", se lee en el documento de respuesta de Cultura. Situación que denunciaron
"En el 2021 presentamos este documento para que se nos facilite información de este proceso administrativo sancionador y como respuesta nos dicen que este procedimiento había caducado. Se caduca a los 3 años después de eso debieron haber reiniciado el proceso administrativo para que no prescriba", dijo Cereceda.
Notificados
Tika Luizar también integrante de la entidad jurista, afirmó que fueron notificados el pasado 4 de abril acerca de la formalización y continuidad de la investigación preparatoria en el ámbito penal contra los ex funcionarios Fredy Domingo Escobar Zamalloa, Madga Mateos Cárdenas, Claudia Miranda Sotomayor ex directores de la DDCC, José Miguel Bastante Abuhadba ex jefe del parque arqueológico de Machu Picchu y Blanca Antonia Pozo Bolaños exfuncionaria del órgano técnico colegiado por la presunta comisión del delito contra la administración pública - delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de abuso de autoridad, sub tipo rehusamiento o demora de actos funciones en agravio del Estado. Desde la fecha se vienen recogiendo sus declaraciones. De acuerdo a las diligencias durante la investigación preliminar del caso, la fiscalía advirtió indicios reveladores que confirmarían los presuntos delitos.
"Sanctuary Lodge lamentablemente como ha sido dada en concesión, los señores han permitido la instalación clandestina de de varias de antenas de telefonía. Para hacer eso debieron pedir autorización, pero como es ilegal se aperturó un proceso administrativo pero ni bien se estaba por implementar lo hicieron caducar, quiere decir que dentro de la DDCCC hay varios malos funcionarios que lejos de impulsar con las áreas de defensa del patrimonio y el órgano técnico colegiado hicieron que esta caducara (…)"
En el año 2022 los juristas exhortaron a las autoridades de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu (UGM) el retiro de las antenas de telefonía existentes por atentar y alterar la monumentalidad de la maravilla mundial, sin embargo, continúan allí, por lo que los juristas presumen la existencia de graves hechos de corrupción.
"Aquí hay responsabilidades, por qué hicieron caducar, por qué no sancionaron; que se denuncie a las empresas aquí no hubo sanción alguna. Se debe denunciar a las empresas involucradas en vista de que a la fecha las antenas continúan quiere decir que el delito persiste y aquí no hay sanción alguna. Nos hace ver que hubo tráfico de influencias, además deducimos que hubo cohecho pasivo genérico que las empresas habrían dado una "promesa" a los funcionarios, estos casos, no se pueden pasar por alto estos procedimientos sancionadores no deben paralizarse, porque así cualquier empresa puede hacer lo que quiera, no hay principio de autoridad de las instituciones", agregó Heraclio Cereceda.
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