Los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, presentaron un proyecto de ley para tipificar y prohibir la intervención de abogados en el nombramiento de jueces y ministros del Poder Judicial.
Todo esto, luego de la sesión de la comisión investigadora del ya conocido "Caso Hermosilla". Donde ha trascendido la presunta participación del abogado Luis Hermosilla en la designación de distintos magistrados, como Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago.
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La "Ley Hermosilla"
Bajo ese contexto, es que el parlamentario Manouchehri, señaló que la iniciativa "se hace cargo de tres cosas fundamentales. Primero, que se prohíba expresamente que los abogados litigantes participen en el nombramiento de jueces con cualquier gestión, bajo pena de multa, bajo pena de cárcel y bajo pena de inhabilidad para ejercer la profesión por 10 años".
En esa misma línea, el diputado socialista detalló que se solicitará la prohibición del lobby de cualquier tipo en el Poder Judicial. Junto con ello, que "cualquier autoridad o persona que se acerque a una persona de gobierno que está a cargo de la designación de un alto magistrado tenga la obligación esa autoridad de ponerlo en un registro", especificó.
Por su parte, la diputada socialista, Daniella Cicardini, manifestó que, mediante el proyecto de ley, "nosotros establecemos que los abogados en ningún caso pueden hacer este tipo de recomendaciones porque sin duda se ven beneficiados directamente".
"Viene a hacerse cargo de un problema que nace por esta explosión de corrupción"
"Sobre todo por el caso de Hermosilla, que es un abogado litigante, donde al final del día el juez que pudo haber recomendado es el que puede definir una causa a la cual puede estar llevando. Este es un proyecto que viene a hacerse cargo de un problema que nace por esta explosión de corrupción de Hermosilla, pero yo creo que es una oportunidad también para que estas crisis también sean parte de la reflexión profunda que tiene que hacer el poder legislativo", agregó Cicardini.
En detalle, se pretende castigar cualquier tipo de influencia mediante la realización de reuniones o encuentros, con la pena de reclusión menor en su grado máximo para el ejercicio del cargo. En tanto, las multas llegarían hasta los los $2.607.280.