La polémica en torno a la figura del<b> contralor, Gerardo Solís</b>, ha generado un intenso debate sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Voces críticas, como la de<b> Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz</b>, lo califican como un "operador político". La gestión de Solís se ha caracterizado por ocultar auditorías o negarse a realizarlas, no investiga y borra nombres de registros oficiales. De hecho, en su último escándalo, la Contraloría escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el <b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).</b> No se trata de un monto menor, puesto que el Ifarhu, considerado uno de los brazos políticos del Ejecutivo, manejó en este quinquenio <b>$2,210.5 millones de presupuesto</b>, de los cuales<b> $1,950.4 millones</b> fueron asignados al <b>Programa de Becas y Auxilio Económico.</b> Solo este año 2024 más de $500 millones fueron destinados a dicho programa, el cual viene siendo cuestionado desde octubre de 2022 cuando se dio a conocer que figuras, empresarios y políticos allegados al gobernante<b> Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b>, obtuvieron jugosos auxilios económicos sin ningún sustento. Para Jaén, el mal uso de los auxilios económicos es una práctica de todas las administraciones, pero este Gobierno (2019-2024) ha "abusado" en la asignación de esos recursos, ya que deben ser destinados solamente a las personas de escasos recursos. "Yo creo que el contralor tiene que irse a la Constitución y las leyes. La Ley de Transparencia es muy clara… Los recursos públicos no pueden estar al margen de la integridad que se requiere para una gobernabilidad democrática. El contralor termina siendo operario político de los partidos y eso es muy peligroso para el país", apuntó. Mientras que Juan Carlos Arosemena, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), manifestó que la Contraloría se ha vuelto una entidad que no controla y que no está cumpliendo con su función fiscalizadora. "Es una entidad desfasada y todo el mundo tiene derecho a conocer a quién se le asignan los fondos públicos. El contralor se ha equivocado porque tiene que dar los nombres de las personas beneficiadas con los recursos de todo el pueblo panameño", puntualizó. En palabras de Arosemena, la manera en que se nombra al contralor debe ser revisada, puesto que su nombramiento nace en la Asamblea Nacional, una entidad totalmente cuestionada por la población y que carece de credibilidad. A juicio de la exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, los auxilios económicos se deben eliminar debido a la excesiva discrecionalidad con la que se han otorgado, a personas que no tienen necesidades económicas ni cumplen con el criterio para obtener becas, que es tener un promedio superior a 4.5. "Considero que aquellas personas que se vieron beneficiadas con auxilios económicos y sus hijos no tienen promedios superiores a 4.5, las nuevas autoridades del Ifarhu deberían trasladar el monto del auxilio económico a un préstamo, para que esos recursos puedan revertirse a la institución y beneficiar a otros estudiantes que cumplan con los criterios precitados", dijo Maytín. Para la exfuncionaria, "urge" hacer una auditoría para deslindar responsabilidades y verificar que se haya cumplido con los procesos. Además, subrayó que si Elsa Fernández, directora de la Antai, no es capaz de multar a quienes no han cumplido con sus instrucciones sobre esta materia, es mejor que renuncie. "Es evidente que el cargo le ha quedado grande", acotó. El año pasado figuras públicas como la del magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, cuestionaron la baja cantidad de auditorías que estaban llegando al Tribunal de Cuentas. "Va a llegar un momento, si esto sigue así, que no vamos a tener trabajo en el Tribunal de Cuentas", dijo Cigarruista en la Asamblea Nacional.