Un día como hoy, 25 de abril, en 1998, las puertas de Doñana se tiñeron de negro. La fractura de una balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), explotada entonces por la compañía Boliden-Apirsa, provocó que seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos discurrieran afectando a más de 6.000 hectáreas. La labor de los tractores de los arroceros, que construyeron un dique de contención en tiempo récord, impidió que las aguas ácidas y los metales pesados arrasaran el enclave.
Al accidente le precedió un goteo de advertencias por parte de la entonces Confederación de Ecologistas y Pacifistas de Andalucía (CEPA) y de varios extrabajadores que concedieron entrevistas en las que ya apuntaban a la deficiente estructura de la presa, que, cumplidos sus presagios, acabó llevando al desastre. La recuperación de los suelos contaminados y la creación de un espacio protegido, el Corredor Verde del Guadiamar, significaron entonces un estudio de caso con relieve internacional.
Ahora, 26 años más tarde, Aznalcóllar se prepara para reanudar su actividad bajo la gestión de la minera Los Frailes, que espera recibir pronto luz verde para trabajar sobre una explotación con galerías "radicalmente diferente" a la anterior a cielo abierto. La reapertura de la mina, prevista para este año —aunque aún pendiente de la obtención de una Autorización Ambiental Unificada—, cuenta con el apoyo directo de la Junta de Andalucía, pero no con el de los principales colectivos ecologistas.
SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han mostrado su oposición al proyecto, pidiendo su rechazo según el principio de precaución y presentando múltiples alegaciones. Temen la posibilidad de que se vierta un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados en Sevilla, último destino de una tubería de 30 kilómetros que saldría del recinto, atravesando los municipios de Sanlúcar la Mayor, Valencina, Olivares y Salteras hasta llegar al río Guadalquivir, cerca de una zona declarada de especial conservación por la Red Natura 2000.
¿Es un riesgo o "compatible"?
En ese tramo, denuncia Ecologistas, se localizan las tomas de riego de 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, "con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados podría ser significativa", advierte. Asimismo, la organización critica que "el contenido del dictamen ambiental y del informe de admisibilidad del vertido no han sido sometidos a información pública" por parte del Gobierno autonómico.
Desde Los Frailes han reaccionado al revuelo recordando que la reapertura, para la que se destinarán alrededor de 450 millones de euros, es "plenamente respetuosa y compatible con el mantenimiento de la calidad del agua del Guadalquivir", y "no compromete las actividades en el entorno de su cauce". Dentro de la inversión planean instalar "una estación depuradora de última generación", que se sumará a una nueva red de infraestructuras encaminada a "resolver el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera".
El director de operaciones, Miguel Ángel González, ha explicado a EFE que es fundamental depurar el agua de lluvia que se contamina al entrar en contacto con las escombreras mineras, y que la nueva planta garantizará el cumplimiento de los parámetros químicos establecidos en la normativa vigente. Según la información a la que ha podido acceder este periódico, Los Frailes habría diseñado un plan de vigilancia independiente para monitorear a diario la calidad del agua depurada y asegurar que se respeten las regulaciones ambientales.
Sin embargo, Greenpeace ha denunciado recientemente las posibles consecuencias ambientales de un eventual vertido tóxico al río Guadalquivir si no se garantiza una correcta depuración. Con el respaldo de Más País Andalucía, la organización ha solicitado a la Junta de Andalucía que niegue la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto, un trámite clave para la reapertura tras el que habría que esperar a la obtención de un posterior permiso por parte de la Consejería de Industria.
En este sentido, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, indicó el pasado 22 de abril que la reapertura de la mina de Aznalcóllar podría concretarse en un "plazo razonable", aunque enfatizó la importancia de no precipitarse. También respondió al reclamo de las oenegés. "El agua no será vertida tal cual, sino que será sometida a un tratamiento previo para reducir la carga de metales pesados, todo dentro del marco normativo", recordó.
La reacción ecologista contrasta con el entusiasmo del Ayuntamiento de Aznalcóllar. Su alcalde, Juan José Fernández, celebró la reapertura en una entrevista reciente con EL ESPAÑOL. "Somos el pueblo con más parados de la provincia de Sevilla, pero no por eso queremos la mina a toda costa; queremos seguridad y este proyecto la tiene", expresó. Y cargó contra quienes piden su rechazo: "No se han informado ni leído los documentos. El agua que se puede verter está limpia, vale hasta para regadíos".
Temor ecologista por Doñana
Con proyecto o sin él, una de las grandes preocupaciones ambientales de los últimos años ha sido el Parque Nacional de Doñana, el humedal más importante de Europa Occidental. Con 543 km2 de superficie protegida, es uno de los hábitats más importantes para las aves acuáticas nidificantes e invernantes, así como de especies endémicas en peligro de extinción. Sin embargo, la sequía y la sobreexplotación están afectando negativamente a la zona, adelantando los períodos de floración y reduciendo la biodiversidad, un indicador clave de la degradación a la que se enfrenta.
La catástrofe de Aznalcóllar, acaecida en plena época de reproducción de miles de aves en abril de 1998, motivó la coordinación urgente de un dispositivo que incluía la recogida de animales afectados y el censo de especies para conocer el alcance del desastre en la avifauna. Sin embargo, años después, el fantasma de la mina todavía se cierne sobre el humedal: "En Doñana no se ha cumplido la máxima de que quien contamina paga", aseguró el año pasado Carlos Dávila, responsable de la oficina técnica de la asociación conservacionista SEO/BirdLife en el parque.
"La empresa causante del desastre ha esquivado hasta la fecha su responsabilidad en los juzgados y no ha llegado a abonar los 132 millones que le reclaman las administraciones", recordó, haciendo referencia a que, en julio de aquel 2023, el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla eximió a la multinacional sueca-canadiense de pagar a la Junta de Andalucía los 89,8 millones de euros que se le reclamaban por los costes de restauración ambiental afrontados.
Desde SEO/BirdLife, Carlos Dávila también mencionaba la aprobación, ya entonces sobre la mesa, del nuevo proyecto minero de Los Frailes, un "asunto sobre el que seguimos vigilantes", dijo. Pese a la negativa de las oenegés, el Gobierno andaluz ha asegurado recientemente que la explotación, con la que se pretende crear hasta 2.000 empleos, cumplirá con todas las garantías y que "no se verterá ni un litro de agua sin depurar al río".