La pandemia obligó a la UE a tomar una decisión sin precedentes, a emitir deuda conjunta para articular un plan conjunto que permitiera a los Veintisiete minimizar el impacto económico. Los años de barra libre de gasto han dejado paso ahora a la disciplina fiscal. España ha cerrado el 2023 con el cuarto nivel de deuda más alto de la UE, en el 107,7% sobre el PIB y un déficit que se sitúa en el 3,6%, según los datos publicados este lunes por Eurostat. Unas cifras que la exponen a que Bruselas tome represalias y le exija medidas para corregir sus cuentas a través de un procedimiento por déficit excesivo.
Según las cifras publicadas este lunes por la oficina de estadística comunitaria, España cerró el 2023 con una deuda del 107,7%. Se sitúa así por detrás del 161,9% de Grecia, el 137,3% de Italia y el 110,6% de Francia. Es decir, registró el cuarto nivel de deuda más alto de la UE. En lo que se refiere a los niveles de déficit sobre el PIB, España cerró el pasado ejercicio con un 3,6%, en línea con la medida de la eurozona. La cifra supera el límite del 3% que fijan las reglas fiscales y pone a España en la palestra para que Bruselas le aplique un procedimiento por déficit excesivo el próximo junio.
El déficit de España mejora los datos registrados por otras economías del euro. Italia terminó con un déficit del 7,4%, Francia del 5,5% y Bélgica del 4,4%. Al otro lado de la balanza, Grecia es uno de los Estados miembro con un déficit más bajo, del 1,6%; Alemania con el 2,5%, Austria con el 2,7%.
El nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pendiente de aprobación definitiva esta semana, mantiene las cifras que limitan los niveles de déficit sobre el PIB al 3% y la deuda sobre el PIB al 60%. Estas reglas fiscales, que fueron suspendidas por la pandemia, se volvían a aplicar en 2024. Aunque finalmente este ejercicio se articula como un año de transición, la Comisión Europea ya avisó la primera pasada que miraría las cuentas de los países con lupa y que abriría un expediente sancionador a aquellos que superaran el límite del 3% de déficit. El hecho de que el déficit de España se sitúe en el 3,6% y la deuda en el 107,7% le da todas las papeletas para que Bruselas le abra un procedimiento en el que le exija apretarse el cinturón.
El procedimiento por déficit excesivo, medida correctiva que aplicará también a Italia, Francia y otros diez países, obligaría a los Estados miembro a recortar su déficit estructural en un mínimo del 0,5% del PIB al año. Además, los somete a un escrutinio detallado por parte de Bruselas, con informes bianuales sobre la situación presupuestaria. Un cómputo en el que cabe considerar que París y Roma no solo superan los umbrales, sino que han aumentado su déficit en lugar de recortarlo como lleva exigiendo Bruselas los últimos años.
El dato de Eurostat se publica justo la misma semana en que la reforma de las reglas fiscales afronta un momento decisivo: el Parlamento Europeo decidirá si respalda o no la nueva gobernanza económica. Es el último paso para su aprobación definitiva a tiempo para zanjar este expediente legislativo antes de las elecciones europeas. El 2024, de hecho, se presentaba como un año en el que los países de la UE tendrían que volver a aplicar una fiscalidad restrictiva y Bruselas lleva meses avisando de que también tendrá en cuenta las cuentas de finales de 2023.
Cabe recordar, además, que ya en marzo, el Banco de España puso en duda que España cumpla con las reglas fiscales por el aumento del gasto público del 4%, superior al 2,6% que pedía Bruselas el pasado año. Las nuevas reglas fiscales tienen en cuenta el desvío de la senda del gasto primario neto a la hora de aplicar medidas correctivas a los países.
El nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento se enfrenta esta semana a su último trámite para su aprobación. Si sale adelante, como está previsto, los países tendrán que presentar ya en septiembre sus planes estructurales a cuatro años para que sean sometidos a evaluación por Bruselas. Se trata de planes individualizados para cada Estado miembro, ampliables a siete años si se comprometen reformas e inversiones adicionales.
En sus previsiones económicas de otoño, la Comisión Europea estimó que España rebajará su déficit al 3,2% en 2024. No obstante, el Gobierno fue más optimista y auguró que llegará a ese umbral del 3% sobre el PIB.
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevé que los países deberán contar con colchones fiscales para hacer frente a imprevistos económicos, por lo que se fija un objetivo de déficit del 1,5%, por debajo de ese límite máximo del 3% sobre el PIB. Para caminar hacia este objetivo, los países deberán realizar un ajuste anual del 0,4% del PIB en los planes de cuatro años y del 0,25%% en los que se extiendan a siete años.
La otra salvaguarda, también dentro del brazo preventivo de las nuevas reglas fiscales, se refiere al ritmo de reducción de la deuda para países con niveles elevados. Establece que los Estados miembro que registren ratios superiores al 90% sobre el PIB deberán ejecutar un recorte anual de, al menos, un 1%. En el caso de aquellos cuya deuda se sitúe por debajo del 90% pero por encima de ese umbral del 60% sobre el PIB, la rebaja mínima obligatoria será del 0,5%.
En todo caso ambas salvaguardas se traducirán al gasto primario neto ya que las nuevas fiscales tienen en cuenta este indicador, excluyendo los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos. Los países que incumplan las exigencias de Bruselas se enfrentan a un nuevo sistema de multas crecientes.