La promotora musical Last Tour y el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) llevan meses enzarzados en una maraña de negociaciones, quejas y reclamaciones por el pago de unas serie de facturas por un importe que supera el millón de euros, correspondientes al festival Cala Mijas que se celebró en 2023. Este viernes la contienda ha llegado a su fin y Mijas se queda definitivamente sin su gran evento musical del verano. Un certamen que colocó a esta ciudad de la Costa del Sol en el circuito internacional de los grandes festivales de la temporada estival.
La compañía organizadora -promotora de encuentros con tanta solera como el Azkena Rock Festival de Vitoria, que en junio celebrará su 22 edición, o el BBK Live de Bilbao, que en julio cumplirá la mayoría de edad- ha dado carpetazo al asunto al anunciar que suspende definitivamente la próxima edición de este evento, prevista para el mes septiembre.
Last Tour ha optado por "resolver y dejar sin efecto" el contrato de patrocinio que la vinculaba a este municipio de la Costa del Sol desde el 15 de diciembre de 2021 y achaca a "la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales" la imposibilidad de continuar con la colaboración pactada.
Las razones principales que han llevado a la empresa a tomar esta drástica decisión y a poner fin al Cala Mijas, que en sus dos primeras ediciones había resultado un "éxito absoluto" tanto para sus promotores como para la ciudad de acogida, son "los reiterados y graves incumplimientos" en los que ha incurrido el Consistorio, dicen.
Last Tour acusa al Ayuntamiento mijeño de adeudarle "importantes sumas" económicas en relación a la última edición de este encuentro musical. Un impago que ha persistido en el tiempo, a pesar de los continuos requerimientos que aseguran haber formulado.
Y aunque este es "el más relevante de todos ellos", no sería el único motivo que aduce la promotora para justificar su decisión. Al impago de las facturas pendientes se suman "otros incumplimientos no menos graves" como "la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones del recinto", señalan.
La respuesta del Consistorio ante el anuncio de suspensión del evento y las acusaciones de la promotora no se ha hecho esperar y en un comunicado remitido a los medios de comunicación, donde enumeran lo que consideran incumplimientos contractuales por parte de esta empresa, la responsabilizan de "la resolución unilateral del contrato" para organizar un evento con el que, aseguran, querían continuar.
El Ayuntamiento ha pedido a Last Tour -explican- que justifique "de manera detallada y cumpliendo con las exigencias contractuales" las inversiones realizadas desde que arrancó el festival. Unas inversiones que pasan -subrayan- por invertir un millón de euros más en cada edición, partiendo de los ocho millones de 2022 y hasta alcanzar los doce millones en 2026.
Además, añade el Consistorio, las facturas correspondientes a 2023 "presentan reparos por parte de la Intervención Municipal, lo cual suspende la tramitación del expediente de gasto hasta que sea solventado". No se habrían negado a pagar, sólo habrían retrasado el pago hasta que estos aspectos quedasen resueltos.
En el trasfondo de esta contienda que priva a Mijas de su festival parecen estar los cambios de Gobierno que se han vivido en el Ayuntamiento de esta turística localidad del litoral malagueño tras las últimas elecciones municipales, moción de censura del Partido Popular incluida.
Pedro Sánchez, en el festival
Cuando el Cala Mijas arrancó en 2022, al frente de la corporación municipal se encontraba el Partido Socialista de Josele González, que en la segunda edición del festival logró, incluso, contar con la inesperada visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, lo que sirvió para promocionar el evento. La nueva corporación, formada por una coalición que encabeza la popular Ana Mata, optó por escudriñar al detalle las cuentas municipales y en este ejercicio de revisión de los gastos se toparon con Last Tour y el Cala Mijas, en manos del Tribunal de Cuentas.
Las facturas origen de la polémica son nueve. Hay siete de ellas, por importe de 952.875 euros, cuyo pago no está dispuesto a asumir ninguna de las partes y hay otras dos donde la Intervención Municipal observó "reparos" que no se han subsanado aún, asegura el Ayuntamiento.
Así, mientras la promotora denuncia el incumplimiento del compromiso de pago de varias facturas, el Gobierno local -que insiste en su "disposición e interés" por dar continuidad al festival- se aferra a "los reparos" que presentan para explicar porque no las ha abonado hasta la fecha y carga contra Last Tour porque -asegura- "en ningún momento se ha justificado la inversión realizada" en relación a la edición del 2023 y ha sido "inflexible" con aspectos como el acondicionamiento del recinto o las infraestructuras necesarias cuya realización -insisten- no les corresponde.