Restrictivo, intervencionista, inconstitucional… los propietarios de viviendas vacacionales han reaccionado con el cabreo esperable ante la propuesta del Gobierno. Se sienten estafados porque desde la consejería se les dijo que no se preocuparan, y el palimpsesto legal con el que se han encontrado les ha dejado muy preocupados. Algunas de las exigencias de la nueva norma, si prospera su actual redacción, parecen completamente absurdas, por excesivas. Un solo ejemplo: que las explotaciones vacacionales tengan que estar a una determinada distancia de un enchufe para cargar coches eléctricos, parece algo excéntrico, cuando esa exigencia no se hace a los hoteles. Plantearlo como exigencia, cuando una red regional de carga para coches puede ser imposible de implementar en los próximos años, y cuando en cinco podría haber cambiado la tecnología actual, no tiene más explicación que el arrogante diletantismo de quienes han redactado el proyecto, inspirado –también– en la ley nacional de transición energética.
El proyecto gubernamental no responde a lo que el propio Gobierno esperaba de él. En el PP hay una cierta desazón por su redacción final, que no fue consultada con el partido, mientras en Coalición parece haber sentado mejor. Paradojas de la política: en Coalición se cree con optimismo que la ley servirá al menos para evitar que más viviendas residenciales acaben por retirarse del mercado de alquiler. Puede que se consiga paralizar la sangría de viviendas residenciales cuyos propietarios deciden convertirlas en residenciales. Pero la decisión de mantener fuera del alquiler las doscientas mil casas vacías que existen en estos momentos en las islas, no va a modificarse sólo porque se evite a sus propietarios obtener una renta menos arriesgada por ellas. Es el miedo a la ocupación, al impago reiterado y a la destrucción de las propiedades alquiladas lo que saca viviendas del sistema de alquiler, para situarlas –en la inmensa mayoría de los casos– en situación de absoluta inutilidad: ni se usan para vivir los propietarios o sus familiares en ellas, ni se obtiene renta alguna por ellas. Frente a las 54.000 casas convertidas en el nuevo modelo turístico de las redes, casi cuatro veces esa cifra, permanecen vacías, sin que hayan funcionado hasta ahora ninguno de los planes e incentivos gubernamentales para impulsar su alquiler.
El principal error del proyecto no son los errores y diletancias de un texto que era necesario, pero que sin duda será mejorado en el Parlamento, con enmiendas más que probables del Gobierno. El principal error es que responde al criterio de que la intervención de la Administración sobre el mercado vacacional permitirá suplir la falta de intervención en la construcción de vivienda pública, parada de forma irresponsable en los últimos años.
Pero los errores de la ley no determinan su inutilidad. Algunas de las decisiones que incorpora son correctas y además urgentes. No es de recibo que se coloquen en el marcado vacacional viviendas de construcción social. Si me apuran, ni siquiera es de recibo que una propiedad adquirida a precios simbólicos, gracias al esfuerzo fiscal de los ciudadanos, sea siquiera usada para ser alquilada…
Frente al proyecto de turismo, la reacción de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional resulta quizá algo maximalista: no es verdad que la iniciativa legislativa suponga de forma inexorable la liquidación de la mayor parte de las viviendas destinadas a uso turístico que existen actualmente. Mucho menos que eso sea lo que vaya a ocurrir en el plazo de 10 años. El turismo es un sector muy dinámico que asimila rápidamente los cambios. Es casi imposible que una actividad que hoy mueve más de 200.000 camas gestionadas directamente por los clientes desaparezca de la noche a la mañana.
El proceso de elaboración de las leyes puede servir además para mejorarlas, y así suele ocurrir cuando los parlamentos no actúan desde posiciones hiperideologizadas o los partidos no actúan desde el frentismo y la confrontación. En este asunto en concreto, todo el mundo parece estar de acuerdo en considerar que es necesarias una regulación del sector, frustrada tras años de errores en la forma de intentar hacerlo. En este caso, lo más seguro es que las propuestas más excesivas se vean moderadas por la actuación parlamentaria, y la norma final sea más ponderada y razonable que la propuesta inicial. Antes del debate en el Parlamento canario, tal y como es preceptivo, la propuesta estará en información pública hasta el 2 de mayo. Las patronales turísticas –controladas por el sector hotelero– han preferido mantener la prudencia y hacer una lectura más detenida del texto, aunque es evidente que están encantadas de que se haya dado el paso de regular una actividad que ha reducido su participación en el negocio turístico –que no en sus beneficios– más de un tercio en apenas una década.
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