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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira, especializado en Violencia sobre la Mujer, decretó este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para Jhul Príncipe Casahuaman, el hombre acusado del crimen machista ocurrido hace dos semanas en la parroquia de Palmeira del concello coruñés.
El acusado de matar a su expareja, Andrea Yturry, de 24 años, llegó a las dependencias judiciales de Ribeira a las 09.25 horas. Tanto al bajarse del vehículo policial como al ser conducido a pie a los calabozos de la Policía Local a la espera de su traslado a la cárcel de Teixeiro en un vehículo de la Guardia Civil, se mostró sereno, caminando con la cabeza alta y sin intentar ocultar su rostro.
Tras tomarle declaración durante tres horas, la jueza dictó un auto en el que le atribuye un presunto delito de homicidio con los agravantes de género y parentesco en base a los artículos 22.4 y 23 del Código Penal.
Además de su ingreso en prisión, la magistrada ha ratificado las medidas adoptadas en el auto emitido el pasado 20 de marzo, con atribución cautelar a la abuela materna de la patria potestad del hijo en común (de dos años de edad), suspendiendo las visitas y comunicación con él.
Los hechos
El crimen tuvo lugar en la tarde del pasado 19 de marzo, cuando el detenido supuestamente acabó con la vida de su expareja acuchillándola un arma blanca. Lo hizo en el domicilio de la víctima en la parroquia ribeirense de Palmeira, en el que, en ese momento, no se encontraba el hijo pequeño de la pareja, que estaba con un familiar. Tras el crimen, el hombre trató de suicidarse utilizando el mismo arma y tras llamar por teléfono a un familiar para decirle lo que había hecho y que iba a quitarse la vida.
Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, derribaron la puerta y encontraron el cadáver de Andrea Yturry en la cocina y, en una estancia anexa, a Jhul Príncipe en un charco de sangre, por lo que tuvo que ser evacuado al Hospital Clínico de Santiago, donde ha permanecido ingresado durante dos semanas. De hecho, inicialmente estaba previsto que el acusado recibiese el alta médica y pasase a disposición judicial el pasado 26 de marzo. Sin embargo, el equipo médico consideró que todavía no se encontraba en condiciones y aplazó el alta.
El artículo 23 del Código Penal establece como agravantes "ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente".
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