El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, y el coordinador de Organización de la Coordinadora Local de la formación, Antonio Gutiérrez, han visitado este jueves al matrimonio que tras casi medio siglo de cuidar del convento y de las monjas de las Capuchinas se ven amenazados ahora por una orden de desahucio que podría hacerse efectiva tras un juicio que tendrá lugar el próximo 18 de abril.
"Esta triste situación no hace justicia a la gran labor que desempeñaron en el convento Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero desde 1975 hasta el traslado de las monjas en 2017. Él, ahora con 72 años, y ella, ahora con 68 años, llevan toda una vida de dedicación y trabajo abnegado. Como trabajadores del convento, una finca de grandes proporciones, se preocupaban día y noche de controlar el acceso, de que nada les faltase a las monjas, de que tuvieran todo lo necesario en caso de enfermedad o atención médica, de ir a la compra y de solventar cualquier tarea de mantenimiento o reparaciones propias del día a día. En definitiva eran imprescindibles y asumían unas responsabilidades que no entendían de vacaciones o libranzas", explica Romero.
A cambio de este trabajo Ildefonso, ya jubilado, contaba con un contrato laboral por el que percibía el salario mínimo interprofesional mientras que el trabajo de Carmen, sin contrato por escrito sino verbal, se veía remunerado con el usufructo de la vivienda situada en la primera planta del convento. Un usufructo que luego se vería plasmado y reconocido en un documento por parte de la abadesa, recuerda AxSí San Fernando.
"A este matrimonio, que sólo cuenta con la pensión de jubilación del marido, en ningún momento se le ha trasladado una alternativa por las partes implicadas más allá de la notificación de la demanda de desahucio", detalla el portavoz.
Por otro lado, desde AxSí se espera que este posible desahucio no sea "un daño colateral de una probable especulación urbanística".
"No hay que olvidar que antes de las elecciones en 2023 se acordó entre Obispado, Ayuntamiento de San Fernando y una promotora privada un proyecto para construir viviendas, locales y una residencia privada para personas mayores. A este fin era imprescindible cambiar la realidad urbanística del espacio de manera que en estos meses se está tramitando con celeridad el oportuno convenio de planeamiento que modifica el PGOU y la protección del inmueble para dar más valor a las parcelas como se reconoce literalmente en la propia memoria justificativa del expediente urbanístico. De momento aún se desconocen las cantidades que se manejan por la operación y quién va a gestionar y explotar la residencia privada. Entendemos que realidades como las de Ildefonso y Carmen deben quedar fuera de toda posible especulación urbanística", afirma Romero.
AxSí reclama a la alcaldesa, Patricia Cavada, que medie para impedir el desahucio y pide a los implicados que planteen una solución para frenarlo o, en el peor de los casos, ofrecer una alternativa de vivienda viable para Ildefonso y Carmen. "Las partes implicadas tienen la responsabilidad y el deber de velar porque así sea", concluye el andalucista.