Euripo Mapes Gonez es uno de los sujetos investigados por la muerte de cuatro líderes indígenas en 2014 que se encuentra desaparecido. Ayer, el resto de acusados en el caso Saweto fueron sentenciados a más de 28 años de prisión.
Comunidades nativas exigieron este viernes la pronta captura de uno de los juzgados en el caso Saweto, que culminó ayer con una sentencia después de 10 años de haberse cometido este crimen contra cuatro defensores ambientales en Ucayali. Así lo señaló Richard Ochavano, líder indígena.
Se trata de Euripo Mapes Gonez. Los magistrados del Poder Judicial reservaron su juzgamiento hasta que sea encontrado, por ello se deben renovar las órdenes de ubicación y captura en su contra.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó ayer a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, además de los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix a 28 años y 3 meses de prisión, por la muerte de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo en el 2014. Todos los sentenciados tendrán que pagar una reparación civil de 200 000 soles.
La Fiscalía precisó que esta condena fue obtenida como parte de un nuevo proceso judicial iniciado en noviembre de 2023, después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia por 28 años y tres meses contra los imputados.
Caso Saweto
En septiembre de 2014, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, perteneciente al pueblo asháninka, en la región Ucayali, fueron asesinados después de recibir múltiples amenazas de madereros ilegales.
"Esta sentencia es un hito importante para la justicia amazónica y, sobre todo, para todos los defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente", refirió el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien participó en la lectura de la sentencia ocurrido en la región Ucayali.
Arana sostuvo que el Ministerio de Justicia ha puesto a disposición del caso y de manera permanente a dos defensores públicos, con el fin de evitar que las audiencias programadas se pospongan ante una eventual falta de abogados.
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