Fue el 29 de febrero pasado que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que tenía completa claridad de que los fiscales que llevan la arista Democracia Viva del caso líos de platas, lo citarían a declarar en marzo o abril de este año. Eso, dado que desde junio de 2023 él se ha mostrado disponible para colaborar con las pesquisas y porque, ciertamente, se posiciona como pieza clave al interior de la cartera que está bajo la lupa del Ministerio Público.
Y a varias semanas de esa exposición, la diligencia finalmente se concretará la tarde de este jueves, cuando comparecerá en calidad de testigo ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el persecutor jefe de la ciudad homónima, Cristian Aguilar.
Consultado al respecto, el secretario de Estado aseguró a La Tercera que desde hace meses que tiene estipulado entregar su testimonio en el marco de esta causa, pues así se lo evidenció -como recalcó- al fiscal Aguilar cuando le hizo entrega de antecedentes que el Ministerio tenía sobre la materia investigada.
En esta nueva etapa, según enfatizó, reiterará que se enteró de presuntas irregularidades recién tras la publicación del medio TimeLine, cuyo reportaje generó el escándalo que ha puesto en entredicho a Revolución Democrática y que gatilló la apertura de una serie de líneas investigativas por parte de Fiscalía.
"Solo reiterar que nunca supe de las irregularidades hasta el 16 de junio", manifestó el secretario de Estado a este medio.
Esa, en todo caso, no será la única diligencia que los mencionados persecutores realizarán en medio de su viaje a Santiago, pues también está previsto que la diputada Catalina Pérez brinde formalmente su declaración. En su caso, en calidad de imputada.
Desde su defensa declinaron hacer comentarios al respecto. Pero como se ha definido en el marco de la indagatoria, también sería uno de los blancos relevantes.
"Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze", se lee en un informe elaborado por la PDI y que se incorporó a la carpeta de los persecutores en julio pasado.
Verónica Serrano nuevamente interrogada
Como pudo recabar este medio, durante la tarde del jueves 18 también declarará la tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Verónica Serrano, por el rol que ejerció como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
Esta será la segunda vez que la arquitecta entregará su testimonio, pues ya tuvo un frente a frente con funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI en noviembre pasado.
En dicha ocasión declaró como testigo y se limitó a indicar: "Respecto a los convenios suscritos por la fundación Democracia Viva, a lo largo de mi gestión se asignó un presupuesto anual en torno a los $400.000.000.000, sumándose a eso alrededor de 85.000 personas viviendo en campamentos y sumado a eso el aumento de campamentos a nivel nacional, no podría dar mayores detalles ya que eso se maneja a nivel regional con la respectiva Seremi".
Ahora, en cambio, será interrogada por Castro y Aguilar, pues en reiteradas ocasiones ha sido señalada, tanto por Carlos Contreras como por Daniel Andrade, como quien ejerció las presiones para acelerar la suscripción de convenios.
De hecho, como publicó este medio, hace algunas semanas la defensa de Andrade activó acciones en su contra e incluso envió un extenso cuestionario a los fiscales a fin de que pudieran evaluar incluirlo en una futura declaración.
Se justificaría considerar su propuesta, como indicaron en el documento los abogados del exRD, porque "Serrano era la encargada nacional de Asentamientos Precarios, y para nosotros la persona que presionó para que se asignaran y ejecutara con la mayor rapidez el presupuesto de 2022 para este objeto".
"Que hayan aparecido nuevas fundaciones y que la asignación haya tenido desprolijidades, no delitos, dice relación con la presión que colocó ella para que se suscribieran, a la mayor brevedad, convenios en todo Chile, aunque con las contrapartes que hasta ese momento estaban trabajando, no daban abasto", agregaron.