Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron con sobreprecio.
Fuente: Unitel
Tras emitirse una sentencia en un juzgado de Estados Unidos contra el exministro Arturo Murillo y otros implicados en el caso de la compra de gases lacrimógenos en el Gobierno de Jeanine Añez, el abogado Tomas Becker, informó que la exautoridad puede apelar la decisión judicial bajo un determinado tiempo.
El Tribunal de Circuito Undécimo para el Condado de Miami, en la Florida, ordenó a Murillo pagar a Bolivia, los $us 6.2 millones, por un daño económico dentro de un juicio civil instaurado por Bolivia.
"Fue una semana muy mala a él (Arturo Murillo) y su entorno. Esto es una señal que Murillo tiene que pagar por la compra de gases. Esto es una señal que el Gobierno de los Estados Unidos puede deportar luego de que Murillo cumpla su sentencia", dijo el abogado en contacto con UNITEL.
Además, el jurista señaló que Murillo deberá pagar los gastos logísticos a la parte acusatoria que inició el proceso penal en los Estados Unidos.
"Él (Arturo Murillo) tiene que pagar y cubrir los gastos legales del gobierno de Bolivia en este caso", acotó el abogado.
"En consecuencia, como resultado del incumplimiento del demandado, Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42", señala el documento de la sentencia.
El 17 de febrero de 2023, Bolivia presentó la "Tercera Demanda Enmendada contra Murillo, que plantea reclamos contra los demandados, incluido Murillo, por incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO (una normativa contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970) de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo, fideicomiso constructivo y violaciones de la ley boliviana".
Según el mismo documento, "Murillo no respondió, alegó ni se defendió de otra manera contra la Tercera Demanda Enmendada que se le presentó, como lo exige el Tribunal. En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el Tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo".
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio. Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal.
Murillo enfrenta otro proceso en Bolivia por este mismo caso. Sin embargo, a la fecha, cumple una sentencia de cinco años y 10 meses de presidió en un penal de Florida por el caso de lavado de dinero y soborno vinculado precisamente con la compra de los gases en el gobierno de transición.
Tras ese proceso, Bolivia activó una demanda civil que ahora tiene sentencia.