En un momento en que las indemnizaciones por despido improcedente captan la atención nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto el foco en una propuesta revolucionaria: el despido reparativo o restaurativo. Este concepto, diseñado para adaptar la compensación a la situación individual de los afectados, promete cambiar radicalmente la manera en que España enfrenta los despidos improcedentes.
El sindicato UGT, con el apoyo posterior de CCOO, ha sido clave para llevar esta discusión a primer plano, destacando la insuficiencia de las indemnizaciones actuales según los estándares europeos y forzando una revisión legal que podría cambiar el panorama laboral español.
El despido improcedente en España
El despido improcedente en España, caracterizado por la falta de cumplimiento de las formalidades legales, actualmente conlleva una indemnización máxima de 33 días de salario por año trabajado, un límite establecido tras la reforma laboral del PP en 2012. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por no cumplir con la Carta Social Europea, la cual exige una protección y reparación adecuadas para los trabajadores, además de poseer un carácter disuasorio para las empresas.
Yolanda Díaz ha enfatizado que la injusticia de un despido improcedente no puede ser tolerada y que la indemnización debe servir tanto para reparar el daño como para disuadir a las empresas de prácticas desleales. La consideración de factores como la edad o la situación familiar en la determinación de las indemnizaciones podría introducir un sistema más justo y adaptado a las circunstancias individuales. Esta idea responde directamente a las demandas de UGT, que ya en mayo de 2022 había acudido al Comité Europeo de Derechos Sociales para denunciar el incumplimiento de España con respecto a la normativa europea sobre despido.
La postura de CCOO, aunque menos mencionada, también juega un papel crucial en esta conversación, proponiendo medidas específicas como la posibilidad de imposición judicial de la readmisión en casos de despidos abusivos. Ambos sindicatos coinciden en la necesidad de un cambio que no solo aumente las indemnizaciones, sino que también reintroduzca los salarios de tramitación y refuerce las causas justificadas para el despido, buscando un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la flexibilidad empresarial.
Resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales
La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que falló contra el sistema español, ha puesto de manifiesto la urgencia de adaptar la legislación nacional a las exigencias europeas. Este escenario abre la puerta a una reforma significativa en la que las indemnizaciones por despido no solo serán más justas y personalizadas, sino que también incorporarán un elemento disuasorio más fuerte contra los despidos injustificados.
El compromiso de Yolanda Díaz de cumplir con las directrices europeas y su apertura a revisar el coste del despido desde una perspectiva reparativa sugieren una evolución hacia un modelo laboral más equitativo y acorde con los valores de justicia social. La interacción entre la acción sindical, con UGT a la vanguardia y el apoyo de CCOO, y las propuestas legislativas del Ministerio de Trabajo podría marcar el inicio de una nueva era en las relaciones laborales españolas, donde el respeto a los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial coexisten en un marco legal renovado y más humano.
La perspectiva de Díaz y el empuje sindical crean un momento propicio para un cambio legislativo significativo, marcando posiblemente el inicio de una nueva era en las relaciones laborales en España, donde la dignidad y el respeto hacia el trabajador se sitúen en el corazón de la política laboral.