Más de cuatro años llevan varios propietarios de Zaragoza para tratar recuperar su vivienda tras haber confiado en la fundación Apic-Acam para ponerla a disposición de refugiados políticos, convertidos en okupas. Es la penuria por la que están pasando Lorena y dos hermanos, José Manuel y Eva, aunque aseguran que, como ellos, hay más personas en España en la misma situación.
El caso de estas personas afectadas por la okupación es tan singular como idéntico entre sí. Hace años, estos españoles decidieron colaborar con la fundación Apic Acam para ayudar a refugiados políticos ofreciendo sus propiedades en alquiler.
Según relatan estos afectados, la fundación Apic-Acam les prometió que «irían de la mano» en todo el proceso de acompañamiento de refugiados. De buena fe, firmaron el contrato para alquilar su vivienda a estas personas pero, después de pocos meses, «los refugiados dejaron de pagar sus alquileres, convirtiéndose los refugiados de Apic-Acam en inquiokupas», explican a OKDIARIO.
Los refugiados de Apic-Acam
Tanto Lorena como los dos hermanos consiguieron una orden de desahucio hace años. Sin embargo, no se ha llegado a ejecutar, porque el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2020 un Real Decreto para adoptar medidas urgentes para evitar los desahucios ante una situación de impagos por vulnerabilidad.
Desde entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de EH Bildu y sus socios, ha ido prologando durante años este Decreto (Decreto Ley 11/2020) que, de momento, estará vigente hasta finales de 2024. Lo que ha llevado a estos propietarios a sufrir la dilatación de este proceso un año tras otro.
📝 El Gobierno aprovecha la Ley de Familias para blindar a los okupashttps://t.co/PJdcwduMJJ
— okdiario.com (@okdiario) March 17, 2024
En el caso de Lorena, este junio hará seis años. En el caso de los hermanos José Manuel y Eva, casi cinco, porque, como decimos, los refugiados inquiokupas recibieron, por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, un informe favorable de vulnerabilidad que impide ejecutar dichos desahucios.
Lorena, madre de 3 hijos
El caso de Lorena es estremecedor. Esta española es madre de familia numerosa, con tres hijos y está en paro. Tiene una hipoteca por medio de la cual se compró un piso en la calle Pignatelli, que ahora okupa la refugiada hondureña que le propuso Apic-Acam, con su hija pequeña.
«Yo también tengo hijos. Y pago la hipoteca de la casa okupada, con los impuestos del IBI, seguro, gasto de comunidad, que me suponen 800 euros mensuales, además de tener que pagar un alquiler para vivir en otra casa con mi familia», nos explica.
«No puedo vivir debajo de un puente… Mi situación es muy complicada y no recibo ninguna ayuda. Me siento desamparada», añade mientras pide al Ayuntamiento que a los afectados por la okupación no se les cobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Hermanos afectados
Lo mismo sucede con los hermanos que alquilaron su piso del zaragozano barrio de San José a una familia de refugiados sirios, procedentes de Jordania. José Manuel y su hermana Eva, decidieron alquilarles el piso, por 650 euros mensuales, por medio de la inmobiliaria Gestión Hogar, la cual le propuso la opción de los refugiados por Apic-Acam.
«La inmobiliaria, en todo momento, nos dijo que eran muy serios, que trabajaban con ellos, y nosotros accedimos», explica José Manuel. «Además, la asociación nos aseguró que los acompañarían en todo el proceso». Algo que, pasado el tiempo, «no fue así», explican.
Estos afectados intentaron ponerse en contacto con la asociación, pero no obtuvieron respuesta: «Se desentendieron». Por ello, tras meses de espera, decidieron ir a la vía judicial.
Apic-Acam y los refugiados
OKDIARIO se ha puesto en contacto con la fundación Apic-Acam de Zaragoza, encargada de gestionar estos proyectos de cooperación internacional de ayuda al refugiado, para conocer en qué consiste el protocolo de actuación y cómo se tramita la gestión del alquiler entre ellos y los propietarios.
Sin embargo, desde la fundación no dan más explicaciones, y se ciñen a que desarrollan los planes de cooperación «según el manual de gestión del Gobierno». Se refieren al Sistema de Acogida de Protección Internacional, dispuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si bien, en la página web de su fundación, no hay mención expresa a este tipo de gestiones.
Tal y como ha podido contrastar OKDIARIO, en los contratos que firmaron estas personas con los refugiados no aparece ninguna referencia a la fundación Apic-Acam. En dichos contratos de arrendamiento de Lorena y los hermanos, sólo firmaron los propietarios del inmueble y los refugiados políticos. De esta manera, la asociación no consta en ninguna parte del proceso, más allá de los correos electrónicos de contacto que los afectados poseen para tramitar la negociación.
«Nos dimos cuenta de que la fundación no figuraba en ningún momento en el contrato, y así lo expresamos, pero el propio comercial de la inmobiliaria nos dijo que no había ningún problema, que lleva años trabajando con ella, asegurándonos que la fundación responde de cualquier problema que puede haber», lamentan los hermanos afectados.
Asimismo, en la sede de Apic-Acam de Zaragoza niegan saber ni conocer quién es Yolanda Salas, la trabajadora que, tanto en el caso de Lorena como en el de José Manuel y su hermana, asistió como representante de la fundación en las firmas del contrato junto con los refugiados, tal y como nos detallan estos propietarios, quienes citan a Yolanda Salas como una de las empleadas de la fundación.