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Nada es normal en la casa de Ayuso
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Supongo que estás al tanto de nuestra última exclusiva. Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, está intentado legalizar las obras de la casa donde vive con la presidenta de Madrid.
En la práctica, esto supone otra confesión: reconoce que la obra que hizo es ilegal. El Ayuntamiento de Madrid no aprobó los permisos. Aún así, la reforma continuó. Y el concejal y la funcionaria que negaron la licencia fueron después apartados de sus puestos.
Este arranque de sinceridad sobre la obra ilegal en la vivienda de la presidenta de Madrid solo ha ocurrido porque elDiario.es puso el foco ahí, en esa casa, en cómo se pagó, en cuántos pisos son. La reforma se hizo hace más de un año. Y solo ahora se intenta legalizar.
Después de nuestras primeras informaciones, el 20 de marzo, Más Madrid presentó una denuncia por la reforma de la casa. En la práctica, esto implicaba que tendría que ir allí un inspector municipal. Fue solo entonces, justo al día siguiente, el 21 de marzo, cuando la pareja de Ayuso admitió su enésima ilegalidad, esta vez ante el Ayuntamiento.
Es el tercer organismo ante el que confiesa ilegalidades, después de la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Siempre que le pillan, hace igual.
Esto muy probablemente acabará con una sanción para la pareja de Ayuso. Otra multa más, como las de tráfico de su Maserati que le reclama el Ayuntamiento. O como las que acabará pagando a Hacienda. Esta vez, por unas obras ilegales en una casa donde todo apesta. Donde nada es normal.
Porque no es una casa: son dos. El piso de abajo, a nombre de Alberto González Amador. El de arriba –que también usa la pareja–, a nombre del abogado de González Amador. Entre ambas, suman 387 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid. También incluye una plaza de garaje, donde se guarda el Maserati.
Un tren de vida que muy pocos pueden pagar. Desde luego, no basta ni siquiera con el sueldo de una presidenta de Madrid.
Nos contaron, lo recordarás, que la pareja de Ayuso era un simple "técnico sanitario". Y, años atrás, antes de conocer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta definición se ajustaba mucho a la realidad.
Alberto González Amador trabajaba como técnico de prevención de riesgos laborales. Hacía informes para empresas, con recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo. También les ayudaba a prevenir accidentes. Ya sabes: si estás en un andamio, ponte el arnés. Y si estás en una oficina, vigila el respaldo lumbar. Dependiendo de los años de experiencia, un técnico de prevención de riesgos laborales suele ganar entre 30.000 y 42.000 euros anuales. Es más que el salario medio en España. Pero para Maseratis no da.
En aquellos años, Alberto González vivía con su mujer y sus tres hijos en una casa de lo más normal. Nada que ver con la de hoy: un piso de unos 90 metros, en una primera planta de un edificio de ladrillo visto, levantado a principios de este siglo en el barrio de Alameda de Osuna, lejos del centro, muy cerca del aeropuerto de Barajas. No es mala zona. Pero allí el metro cuadrado vale casi la mitad que en Chamberí.
Alberto González empezó como técnico en Frater Prevención, una empresa que como casi todas del sector dependía de las mutualidades, unas organizaciones semi públicas que a su vez estaban adscritas a la Seguridad Social. En 2015, el Gobierno de Rajoy obligó a las mutualidades a vender estos negocios. Frater y otras cuatro empresas similares acabaron así compradas por el Grupo Quirón –el gigante de la sanidad privada en España–, que con ellas formó la que hoy es la compañía más grande en España de este sector: Quirón Prevención.
El presidente de Quirón Prevención se llama Fernando Camino. Al igual que Alberto González venía también de Frater. Quédate con el nombre, que en esta historia no es un personaje más.
Camino ha sido durante años el jefe de Alberto González Amador. Y figura en todos los momentos clave que han permitido al novio de Ayuso saltar del piso de 90 metros en Alameda de Osuna al dúplex de 387 metros en Chamberí.
Además de su trabajo en Quirón Prevención, Fernando Camino es administrador de MAPE: la empresa gallega que pagó a la pareja de Ayuso una comisión de dos millones de euros por comprar mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia.
Fernando Camino también es quien vendió a Alberto González una segunda empresa, con poca actividad, que usó como pantalla para canalizar parte del fraude fiscal, según la inspección.
Fernando Camino también creó una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá, donde Alberto González figuró como administrador.
Y Fernando Camino es el responsable último de Quirón Prevención. La empresa de la que –pelotazo de mascarillas aparte– Alberto González ha conseguido la mayor parte de sus ingresos conocidos.
Desde que es pareja de Ayuso –oh, casualidad– los pagos de Quirón Prevención a Alberto González Amador se han multiplicado por cuatro.
El Grupo Quirón –hay que recordarlo– es el principal proveedor de la sanidad privada de la Comunidad de Madrid.
Tras empezar como técnico de prevención de riesgos laborales, Alberto González Amador montó una pequeña consultoría, de nombre tan rimbombante como limitado era su negocio: Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL.
¿Su principal y casi único cliente? Quirón Prevención.
Pero algo pasó de repente. Algo se cruzó en la vida de Alberto y su suerte cambió. No hay más que ver cómo evolucionó la facturación.
"Es un ciudadano particular", repite la Comunidad de Madrid, mientras Miguel Ángel Rodríguez despliega todo tipo de bengalas pirotécnicas con las que trata de distraer la atención, como si fuera un caza intentando eludir un misil.
Otras veces, esta estrategia le funcionó. Como cuando Ayuso denunció un supuesto espionaje por parte del PP de Pablo Casado –del que nunca más se supo porque era otro bulo más–, al tiempo que reconocía la comisión de su hermano en un contrato adjudicado por su Gobierno.
Es lo mismo que está intentando ahora, cuando acusa a los periodistas de elDiario.es de asaltar encapuchados la vivienda de la presidenta de Madrid. O cuando dice que la Fiscalía quiso llegar a un pacto con el abogado de González Amador y después lo rechazó (fue justo al revés). O cuando culpa sin pruebas al Gobierno de hackear a los abogados de la pareja de Ayuso. Un bulo tras otro, con los que intenta desviar la atención.
¿Un ciudadano particular? ¿Qué hacía entonces el secretario general del PP de Madrid reunido con él en un restaurante de Alameda de Osuna –su antiguo barrio– unas horas después de que su abogado presentara una querella contra la Fiscalía?
¿Qué hace entonces el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid filtrando todo tipo de bulos en su defensa?
¿Cómo va a ser un asunto particular que la vivienda de lujo donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid se pagara tras un fraude fiscal con facturas falsas y empresas pantalla, con el dinero de una comisión millonaria durante la pandemia y los ingresos de una empresa que tanto depende de la Comunidad de Madrid?
Ayuso vive con un defraudador fiscal confeso. En una casa de lujo cuya obra es ilegal. Con un proveedor del principal contratista de la Sanidad madrileña, cuya facturación se ha multiplicado por cuatro desde que son pareja.
¿Un asunto particular? ¡Y qué más!
Te mando un abrazo,
Ignacio Escolar
P.D. A pesar de Miguel Ángel Rodríguez, elDiario.es sigue en pie, gracias a personas como tú. Ni nos cierran ni nos van a triturar. Ni tampoco nos vamos a callar.
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