En 2008 se dio una de las reformas constitucionales y legales más importantes en el país, ya que la materia penal ha sido el centro de la atención en una región convulsa donde la violencia se ha generalizado y se busca disminuir la criminalidad pero con una visión humanista; un espacio donde se sancione pero se agilicen los trámites judiciales a fin de que la persona que ha sido víctima de un delito vea, en la medida de lo posible, sus derechos restituidos ante la comisión de una conducta que la ley castiga. Nuestras cárceles hacinadas por personas culpables de delitos no graves pero que no cuentan con los recursos para una defensa adecuada, la dilación en el proceso y la readaptación fantasiosa que, incluso, sumerge a las personas en entornos nada favorables, obligaron a nuestro país a cambiar la Constitución y la normatividad penal en general, para pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio y oral.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal se buscaba proteger los derechos del imputado, esclarecer los hechos, evitar que inocentes fueran culpables, salvaguardar los derechos de las víctimas y, sobre todo, conseguir que el daño fuera reparado. En esa lógica tendríamos un sistema más ágil, directo, con una discusión horizontal y la intermediación del juez para que un proceso durara, máximo, dos años.
Las miles de personas en las prisiones sin una sentencia eran producto de un sistema que podría alargar procesos durante décadas sin que fuera formalmente culpable la persona procesada. En ese sentido se buscaba implementar un sistema donde – se señalaba como justificación de su implementación – solamente el 8 por ciento de los delitos llegaran hasta el juicio, es decir, buscar que todos los demás asuntos, al no ser graves, concluyeran en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias o en un criterio de oportunidad como la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado.
La realidad ha arrojado que no se ha depurado el sistema penal debido a que muchos asuntos siguen yéndose hasta la etapa de juicio oral, lo cual, en cierta medida, es propiciado por la falta de información de las partes para llegar a un acuerdo en donde se repare el daño y se establezcan ciertas condiciones para que ambas partes queden respetadas en sus derechos.
Recientemente aprobamos en comisiones del Senado de la República una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en los que privilegiamos que se informe a las víctimas, a sus asesores jurídicos, a imputados y a sus defensores, con la conciencia e inmediación del ministerio público y/o el juez, de la existencia y el alcance de los mecanismos alternos de solución de controversias.
Esta reforma es de la mayor importancia porque pedimos que se informe a la parte de la existencia de esos mecanismos, además de habilitar al propio imputado para que pueda solicitarlos o para pedir un criterio de oportunidad siempre que cumpla los requisitos, entre los que están que las víctimas estén de acuerdo, lo cual no sólo va a permitir depurar el sistema, sino que va a propiciar que nuestra visión sea otra, no la de castigar, sino la de solucionar controversias que pueden resolverse la forma más amistosa y tranquila posible.
Buena parte de la inexistencia de muchos casos resueltos por la vía alterna tiene que ver con que la gente no sabe de forma detallada en qué consisten, cuál es su alcance y, sobre todo, cómo les beneficia. Debemos ser promotores de los mecanismos alternos en el entendido que también son una forma de justicia que se veía desde el derecho romano bajo la ideología de Ulpiano de entender la justicia como darle a cada quien lo que le corresponda.
Debemos defender un sistema ágil que no lastime derechos humanos y, desde luego, no se olvide de las víctimas, quienes tienen que pasar por una etapa más desgastante cuando forzosamente quieren llevarlos a juicio cuando la solución a sus problemas está más en la mediación que en el castigo. Sólo de esa forma llevaremos más justicia al pueblo de México.
POR NUVIA MAYORGA DELGADO
COLABORADORA
PAL