Bajo la estrategia integral de seguridad 'Bogotá Camina Segura', la Policía en un trabajo articulado con la Sijín y la Fiscalía desmanteló cuatro droguerías dedicadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional, adulterados y falsificados.
Los investigadores detectaron que distintos inmuebles eran utilizados para la venta de estos productos. Asimismo, encontraron que comercializaban medicamentos falsos en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.
Ante dicha situación fueron efectuadas medidas de extinción de dominio en 16 inmuebles y cuatro droguerías. Con estos 20 bienes ocupados se logra afectar las finanzas de estos sujetos que tenían ganancias aproximadas de nueve millones de pesos mensuales.
Se incautaron productos farmacéuticos y medicamentos sin registro Invima, ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, muestras médicas y fármacos de uso institucional, así como empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos. Para producirlos utilizaban harina y hasta cemento blanco.
En uno de los inmuebles fueron hallados punzones y matrices metálicas, los cuales eran usados para dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características; máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos, elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plásticocortado para la elaboración del blíster y diferentes tipos de presentación de los fármacos.
"Enfrentar la inseguridad también consiste en atacar estas actividades ilícitas como la falsificación de medicamentos. Este es un delito que atenta contra nuestros hogares. Los materiales con los que falsificaban los medicamentos incluyen hasta cemento blanco y harina entre otras sustancias que, claramente, van a generar mayor afectación en la población" indicó César Restrepo, secretario de Seguridad.
Para producirlos utilizaban harina y hasta cemento blanco.
— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 24, 2024
Estos bienes ocupados estarían avaluados en 10 mil millones de pesos y quienes están detrás de la comisión de este delito están siendo investigados penalmente por el delito de corrupción de alimentos que tiene una pena entre 8 y 16 años de cárcel.
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