La Guardia Civil requisa en Baleares por orden de la Fiscalía Europea todo el expediente administrativo de la compra de mascarillas defectuosas a la trama vinculada a Koldo García, el asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos (PSOE).
Agentes del Instituto Armado acudieron el pasado martes por la mañana a la sede del servicio público de salud del Govern balear (IB-Salut), donde estuvieron hasta entrada la noche.
Allí, y con una orden procedente de la Fiscalía comunitaria, recabaron toda la documentación pública sobre el pago de 3,7 millones de euros ordenado por el Govern que presidía la socialista Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Es decir, la compañía investigada por el presunto reparto de comisiones con cargo a contratos públicos por valor de más de 50 millones de euros adjudicados desde organismos controlados por el PSOE a mediados de 2020, en plena pandemia.
Los actuales responsables del IB-Salut, del gobierno del PP que desde 2023 preside Marga Prohens, entregaron todos los documentos que les requirieron, trasladando a los agentes la disposición del actual Ejecutivo balear a la "máxima colaboración" con la Justicia.
Además del expediente de pago, la Fiscalía Europea ha reclamado el expediente de reintegro de los fondos, que no se inició hasta pasados tres años desde que se pagó por el material.
La Guardia Civil no sólo se llevó documentos sino que también visitó las instalaciones donde permanecen almacenadas las 1,5 millones de mascarillas compradas a la trama. Un material que resultó defectuoso y no apto para el uso sanitario para el que se habían comprado, por lo que acabó caducando en un almacén sin que nadie reclamara los daños.
De hecho, el Govern de Armengol llegó a expedir un certificado de calidad a la empresa dos meses después de haber recibido un informe del Centro Nacional de Medios de Protección que alertaba de que las mascarillas eran fraudulentas.
La investigación de la Fiscalía Europea discurre de forma paralela a la que se sigue en la Audiencia Nacional. El organismo europeo actuó después de tener conocimiento de que tanto los contratos adjudicados a la red vinculada a Koldo García desde las Islas Canarias como el que se llevó en Baleares fueron cargados a fondos de la Unión Europea.
De hecho, en Baleares se endosó ese gasto a fondos comunitarios FEDER a pesar de que el Govern de Armengol era ya conocedor de que las mascarillas habían resultado inservibles.
Además de requisar documentos, la Guardia Civil de Baleares ha estado estos días tomando testimonio a personas que formaban parte del IB-Salut en la época en que se adjudicaron los fondos. Seguirán interrogando a más personas en los próximos días, tanto funcionarios como antiguos altos cargos. De momento, en calidad de testigos.
Tres delitos
La Fiscalía Europea anunció en marzo la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama.
Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.