El Gobierno del socialista Pedro Sánchez está dispuesto a tirar la toalla en el control de la inmigración, hasta el punto de querer ceder esta competencia a cada una de las comunidades autónomas, escurriendo así el bulto sobre un problema -la llegada masiva de irregulares- que se ha agravado en los últimos años. A juicio del Ejecutivo, es necesario «un modelo migratorio coherente, sin duplicidades ni disfunciones», como reconoce en una respuesta parlamentaria escrita al PP en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.
Ya no es sólo que Sánchez haya pactado con Junts esta cesión a Cataluña, o que haya hecho lo propio con el PNV para el País Vasco. La realidad es que su gabinete pretende seguir los mismos pasos con el resto de comunidades, utilizando así el control de la inmigración como moneda de cambio para sus propios intereses.
En concreto, un grupo de diputados del PP en la Cámara Baja se interesó por la Comisión Interministerial de Inmigración creada por el Gobierno el pasado enero, así como por las negociaciones que mantuvo ese mismo mes el Ejecutivo de Sánchez con Junts per Catalunya para la convalidación de varios decretos-leyes en el Congreso.
Fue en este marco en el que el PSOE y el partido de Carles Puigdemont anunciaron un acuerdo para traspasar las políticas de inmigración a la comunidad autónoma de Cataluña. El documento sobre el pacto difundido por los independentistas hablaba de una «delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalidad mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña».
De igual modo, en el mes de febrero, el Gobierno comunicó haber alcanzado con el País Vasco un acuerdo para la transferencia de «la gestión de la acogida de migrantes», manteniendo la competencia de asilo y expulsiones. El Ejecutivo cumplía así con lo pactado con el PNV para que los nacionalistas vascos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Fue la última cesión de Moncloa firmada con los soberanistas -sus socios en Gobierno vasco- antes de que acabara la legislatura en esta comunidad y se convocaran elecciones para el próximo 21 de abril.
En este contexto, los diputados del PP preguntaron al Ejecutivo el pasado marzo si «ha tratado con alguna comunidad autónoma la distribución de competencias en materia de inmigración». Y en caso afirmativo, los populares instaron al Gobierno a decir con cuáles. Además, exigieron conocer la postura de Moncloa sobre la «asunción de dicha competencia».
Ante ello, en respuesta fechada el pasado 4 de abril, el Ejecutivo dice que «en cuanto a la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman nuevas potestades en inmigración, el Gobierno no lo ha abordado con ninguna comunidad autónoma en particular, si bien cabe añadir que las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco han manifestado su interés al respecto».
Y es aquí, a continuación, donde Moncloa realiza toda una declaración de intenciones. «En este sentido -señala la contestación del Gobierno al PP-, será preciso estudiar las vías constitucionales para que las comunidades autónomas asuman nuevas competencias en esta materia con el objetivo de configurar un modelo migratorio coherente, sin duplicidades ni disfunciones», afirma el Ejecutivo.
«Distribución de potestades»
«No en vano -prosigue Moncloa-, nuestro modelo constitucional es particularmente flexible y dinámico, ofreciendo diversas vías para adaptar la distribución de facultades y potestades, entre los distintos niveles de gobierno, a los cambios económicos, políticos y sociales propios de todo sistema democrático», sostiene el Gobierno de Sánchez sobre el fenómeno de la inmigración.
Pese a esta respuesta del Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este lunes que «no puede haber ningún traslado de competencias» para el control de fronteras a favor de los gobiernos del País Vasco y Cataluña porque se trata de una «competencia exclusiva del Estado» y, por tanto, «corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional».
No obstante, añadió que «cualquier otra medida hipotética en el marco del desarrollo de las funciones de seguridad lo será de conformidad a la Constitución, a la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Estatutos de autonomía».
Puertos y aeropuertos
«Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional; no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control de las fronteras tanto marítimas, terrestres, como aéreas», manifestó antes de participar en una reunión en la Dirección General de Tráfico (DGT), según recogió Ep.
Marlaska se pronunció así ante la prensa al ser preguntado por el plan de retirada de la Guardia Civil de puertos y aeropuertos que publicó OKDIARIO el pasado 16 de marzo. Las asociaciones profesionales de agentes del Instituto Armado han alertado de la existencia de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que «entregaría competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos en favor de Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, en detrimento de la Guardia Civil». El titular de Interior manifestó este lunes al respecto que «toda medida que, hipotéticamente, pudiera adoptarse sería en el estricto marco constitucional».