El 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú en Costa Rica, se firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tratado que promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo, ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones, y, sobre todo, busca luchar contra la desigualdad y la discriminación, a la vez que se garantizan los derechos a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Una de las grandes novedades en la confección de este tratado fue la inclusión de la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, algo que no sólo se hacía necesario, sino que urgente en América Latina (y a nivel global), debido a los crecientes actos de represión, amenazas, persecución e incluso asesinatos que enfrentan los líderes ambientales producto de su trabajo en defensa de la naturaleza.
Chile ratificó el Acuerdo en mayo de 2022, convirtiéndose en la 13a nación en hacerlo, luego de que el gobierno lograra que el Senado respaldara el tratado, con el compromiso de incorporar paulatinamente estas materias a la normativa vigente. Pero, desde entonces, me parece que hemos perdido el norte y el sentido de urgencia con el que se debe avanzar en estas materias, más aún si está en juego la integridad de un grupo en riesgo inminente, como son los defensores ambientales.
En los últimos meses, el debate se ha centrado en torno a la necesidad de modernizar el sistema de permisos ambientales, donde un sector ha alegado demoras excesivas en algunos proyectos de inversión por el supuesto carácter obsoleto de la regulación ambiental, algo que diversos especialistas han desmentido. Sin ir más lejos, una investigación realizada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica dio cuenta que si bien los proyectos complejos requieren mayor tiempo de tramitación respecto de aquellos más simples, esto se debe a los conflictos socioambientales asociados a ellos, y las recomendaciones de los especialistas apuntan precisamente a más y mejor participación de las comunidades.
De este modo, los profesionales a cargo del citado estudio destacan "la relevancia del relacionamiento entre titulares de proyectos y comunidades en el proceso de evaluación ambiental", recomendando aumentar la información disponible y mecanismos de participación para solucionar oportunamente los potenciales problemas y reducir los tiempos de tramitación. Parece de perogrullo, pero es evidente que al entregar información de calidad y fomentar la participación ciudadana, los proyectos podrían gozar de mayor credibilidad en los territorios y más adhesión desde las comunidades. Pero en esa ecuación no sólo se les debe dar información y voz a las comunidades, también se las debe escuchar y brindar mecanismos de participación y justicia adecuados.
Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la aprobación del proyecto minero Los Bronces Integrado, donde vecinos de Lo Barnechea y sus autoridades comunales y regionales han mostrado permanentemente reparos, destacando las falencias ocurridas durante los procedimientos de participación ciudadana y la complejidad e insuficiencia de la información entregada. A su vez, la academia y la comunidad científica han alertado de los daños al territorio que este megaproyecto podría generar, todo lo que fue desatendido por las autoridades centrales (en este caso, el Comité de Ministros) que decidieron dar luz verde al proyecto a puertas cerradas, respondiendo a presiones corporativas y económicas.
El gobierno tuvo la oportunidad de fortalecer estas materias y solucionar el problema de los retrasos en las autorizaciones de los proyectos -a la vez que se podría haber comenzado a avanzar en aquello pactado en el Acuerdo de Escazú- con la modernización de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, actualmente llamada de Evaluación Ambiental 2.0. Sin embargo, en la urgencia de realizar un gesto hacia el corporativismo y las industrias, se perdió de vista lo verdaderamente importante: profundizar nuestra democracia con más instancias de participación en los proyectos que afectan directamente las vidas de las personas.
Hace pocos días se llevó a cabo en Chile la COP3 del Acuerdo de Escazú, donde se logró la aprobación del Plan de Acción Regional sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y Chile presentó su Plan de Acción Nacional y el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, materias que venían siendo exigidas desde hace tiempo por la ciudadanía.
Pero siguen quedando desafíos en materias fundamentales: es urgente contar con información ambiental actualizada y realmente accesible en tiempo y forma; con procesos de participación pública tempranos y oportunos, para que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en la toma de decisiones y nunca más queden excluidos en decisiones que afectan sus vidas directamente; y con mecanismos concretos para avanzar en la disminución de las brechas y barreras de acceso a la justicia ambiental.
Y, por sobre todo, urge avanzar en el reconocimiento, valoración y protección de nuestros defensores ambientales, quienes siguen siendo vulnerables en nuestro continente y, por cierto, también en nuestro país.
Por Estefanía González, subdirectora de Campañas, Greenpeace Chile