Una decisión crucial en torno a un caso de "exorcismo mortal" ha sido pospuesta por un mes, mientras un juez evalúa si los cargos criminales procederán a juicio.
El caso involucra la trágica muerte de Arely Naomi Proctor, una niña de tres años, durante un exorcismo llevado a cabo en una iglesia pentecostal en San José.
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Originalmente programada para el martes, la decisión del juez Hanley Chew fue reprogramada para el 13 de mayo, permitiendo a los abogados presentar argumentos sobre la suficiencia de la evidencia contra Claudia Hernández, Rene Trigueros Hernández y Rene Hernández Santos, los acusados en este caso.
Los tres enfrentan cargos de abuso infantil grave que resultó en la muerte de Arely en septiembre de 2021.
Según testigos de la acusación, la niña luchó por su vida mientras era sometida a un asalto físico por parte de los adultos, quienes intentaban realizar un exorcismo.
Durante una audiencia preliminar de una semana, la Fiscalía del Condado de Santa Clara presentó pruebas contundentes, describiendo cómo Arely fue sometida a maltrato físico, lo que resultó en lesiones internas y asfixia.
Los abogados defensores, sin embargo, argumentaron que no había intención de matar durante el ritual de exorcismo, sino más bien un intento genuino de purificar a la niña de un supuesto "demonio".
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La autopsia realizada por Michelle Jorden, médica forense del condado, reveló la brutalidad de las lesiones sufridas por Arely antes de su muerte, incluyendo hematomas en todo el cuerpo y signos de asfixia.
El caso ha generado controversia no solo por la tragedia en sí, sino también por la implicación de la fe religiosa en el proceso.
Los abogados defensores plantearon el escepticismo de los detectives hacia la fe pentecostal de los acusados, sugiriendo que esto podría haber influido en el enfoque policial durante las investigaciones.
El drama se intensificó aún más cuando se revelaron conversaciones grabadas entre los acusados, donde se mencionaba la supuesta intervención divina en la muerte de Arely.
A medida que la fecha para la decisión judicial se acerca, el caso continúa generando debate sobre los límites de la libertad religiosa y la responsabilidad penal en casos de abuso infantil.
Mientras tanto, la familia de Arely espera ansiosamente por una resolución que brinde justicia para la joven víctima de este trágico evento.