Detrás del fallo dividido de la Corte Suprema que la semana pasada benefició con la reducción de la pena a un ex represor asoma en desarrollo una batalla política ardua.
Mauricio Macri ha visto alterado el sosiego que había logrado reponer luego del marzo convulsionado y de la huelga nacional de la CGT el 6 de abril.
La decisión de Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz de convalidar la aplicación del dos por uno –en oposición a los votos de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-- en favor de Luis Muiña, reconoció puntos de contacto jurídico con otro par de casos ocurrido durante el ciclo de Cristina Fernández.
Una vez el máximo Tribunal (entonces con Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni como integrantes) dictaminó a favor de la flexibilización de la condena para el coronel Antonio Simón.
En otra ocasión, (causa del gendarme de Formosa Víctor Rei, por apropiación de un menor) la mayoría de los jueces sostuvo que era inadmisible la reducción de la pena. Vale una precisión: en ambas circunstancias el voto del juez Zaffaroni se inclinó por la flexibilización.
¿Por que razón, entonces, aquellas sentencias no produjeron ni un mosqueo en la vida política?. Porque el kirchnerismo estaba en el poder.
Porque su política de derechos humanos resultaba impenetrable, al margen de la manipulación y usufructuó turbio que hizo tantas veces de ella.
Porque la desperdigada oposición se sentía sólo cómoda metiendo su dedo en la llaga de la corrupción o en la decadencia económica.
Uno de aquellos fallos de la Corte ocurrió, como ahora, también en plena campaña. Fue agosto del 2013, dos meses antes que Sergio Massa le arrebatara Buenos Aires al kirchnerismo y enterrara los sueños continuistas de Cristina.
La polvareda política de este tiempo estaría demostrando, en forma simultánea, varias cosas.
El último fallo de la Corte, en contra de lo que se pretendió instalar, calzó objetivamente a la medida de la oposición antes que del Gobierno. Sería una locura suponer que fue confeccionado con tal intención.
El kirchnerismo continúa teniendo el patrimonio discursivo y político de los derechos humanos. El poder suele avizorarse débil, equívoco e ineficaz cada vez que se propone pulsearle aquella propiedad.
El kirchnerismo puede representar ahora fuera del poder sólo el valor de una facción. Pero en materia de derechos humanos aglutina. Posee la incondicionalidad de las organizaciones. También de la izquierda.
Incluso de amplios sectores de la sociedad que le terminaron dando la espalda y optaron por Macri y por el Frente Renovador de Massa.
Habiendo dispuesto naturalmente de tal consenso, el kirchnerismo cometió el peor de los pecados. Utilizó los derechos humanos para fraccionar.
Jamás para amalgamar. Dejó pasar un oportunidad inmejorable para que, por una vez, la sociedad encontrara un punto de convergencia indiscutido.
No lo es: las divisiones afloraron del peor modo desde que tres de los magistrados de la Corte convalidaron la tesis del dos por uno.
El Gobierno resultó varias veces inoportuno. Introdujo, por ejemplo, la vana discusión sobre el número real de desaparecidos durante la dictadura.
Ensayó además un cambio fracasado en el calendario de recordación del 24 de marzo. El propio Macri fue ingrávido cada vez (pocas) que le tocó referirse a la tragedia argentina.
También fue posible apreciar contradicciones frente al hecho consumado. Claudio Avruj resultó la primera voz oficial que refirió al controvertido fallo de la Corte.
Su palabra fue virando según la dirección del viento público. Al principio sólo declaró que había que respetar la decisión de los jueces. Mas adelante precisó que no había que confundir el fallo con una voluntad del Gobierno.
Ayer, como secretario de Derechos Humanos, rechazó finalmente el dos por uno en su calidad de querellante en el caso Carlos Trucco, condenado en Tucumán a 14 años de cárcel.
La debilidad del Gobierno aflora en campos similares. La Corte debe resolver la situación de Milagro Sala, en prisión desde enero del 2016.
Nadie en Cambiemos podrá tener garantía, luego del último fallo, acerca de cómo se alinearán los votos del máximo Tribunal para resolver sobre la piquetera de Jujuy. Algunas presunciones optimistas habrían caído en las sombras.
El macrismo observa tal conflicto de modo lineal. Sin reparar demasiado en las ramificaciones que genera en el tablero internacional. Una contradicción en la política de apertura al mundo que pregona.
Ese mundo constituye un cuerpo. Desde hace varios días está en el país, a propósito, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
Una entidad que depende de la ONU con sede en Ginebra. Fue la primera en pronunciarse a favor de la libertad de Sala.
El próximo lunes 22 arribará la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, invitada al país con motivo de las repercusiones de la detención de la piquetera de Jujuy. Hay gestiones para que Macri la reciba.
Pero todavía no logra sortearse el obstáculo de la agenda: el Presidente iniciará el 17 una gira por Oriente, en China y Japón. Sobre aquellos dos grupos merodea el kirchnerismo. Tratando de revertir sus viejos desencuentros.
Salvo Venezuela, ninguna otra nación tuvo desde el 2009 una relación mas traumática con la CIDH que la Argentina bajo la batuta de Cristina. Pero el macrismo no ha sido diestro para sacarle rédito político a tal antecedente.
Tampoco resuelve situaciones sensibles. Leandro Despouy se alejó como embajador extraordinario para los derechos humanos.
Ese cargo fue ofrecido a Juan Carlos Balbín, después que fue separado de la Procuración General del Tesoro. El funcionario declinó. El sillón sigue vacante.
Tampoco el macrismo supo aprovechar otra corroboración que enloda el relato K. El ex jefe del Ejército, César Milani, está arrestado en La Rioja acusado por delitos de lesa humanidad.
Esas acusaciones surgieron a los pocos meses de haber sido entronizado por Cristina. La ex presidenta lo sostuvo, pese a todo, hasta el final.
Aunque guardó silencio sobre su detención. Denuncia, en cambio, en Grecia y Bélgica, que el gobierno de Macri auspició el dos por uno que puede favorecer a represores detenidos.
El Gobierno empezó a zafar lentamente de aquella carga cuando se impusieron las voces de Marcos Peña, el jefe de Gabinete, Germán Garavano, el ministro de Justicia, y María Eugenia Vidal. Todos condenaron el dos por uno.
Aunque el mensaje de la gobernadora pudo incluir un subtexto. Remarcó que lo importante es hacer valer la Justicia en los delitos de lesa humanidad.
Algún correo pudo haber aterrizado en la Conferencia Episcopal que, en medio del fallo de la Corte, se propone articular una política de reconciliación nacional.
El macrismo también debió tomar la iniciativa en el Senado corrido por las denuncias del kirchnerismo, el massismo y la izquierda en Diputados.
Se hurga una norma interpretativa para el articulo 7 de la ley 24930 del dos por uno cuyo unico propósito, entre 1994 y 2001, fue aliviar las cárceles atestadas de detenidos sin condena. Un vacío jurídico que la diputada Elisa Carrió no vaciló en endilgarle al kirchnerismo.
El Gobierno estará obligado a asistir, además, a un renacimiento de las protestas callejeras que se habían declinado.