Si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral para las próximas elecciones catalanas y no puedes ir, el plazo para presentar alegaciones empieza a contar desde el día en el que recibes la comunicación. Es decir, los designados (un total de nueve personas por cada mesa, pues son dos vocales y un presidente por cada mesa más los dos suplentes por cada cargo) tienen siete días desde la recepción para presentar alegaciones.
Cómo saber si formo parte de una mesa electoral
A partir del día 16 de abril, los ayuntamientos empezarán a notificar a aquellas personas que, mediante un sorteo, han sido seleccionadas para ser parte de una mesa electoral.
Excusas para no formar parte de una mesa electoral
En el caso de recibir la notificación y no poder asistir a la mesa electoral hay que presentar alegación, pero es importante saber que no vale cualquier excusa.
Existen razones de carácter personal para quedar eximido de acudir a una mesa electoral: tener entre 65 y 70 años (los mayores de 70 están excluidos del sorteo); situación de discapacidad; incapacidad; el embarazo a partir de los seis meses y el período correspondiente de descanso maternal; el internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos; haber formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos diez años; o ser víctima de un delito, en razón del cual se haya dictado una prohibición de aproximación al condenado o investigado, y que este figure en el censo del mismo colegio electoral.
Justificaciones personales o familiares
Ser madre, durante el periodo de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses, cuidar de manera directa y continua de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial también son algunas de las justificaciones que eximen a personas seleccionadas a acudir a una mesa electoral.
Otras justificaciones son: ser madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, o tener una lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral.
También eximen de acudir a la mesa el tener una intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquella, siempre que resulten inaplazables o pertenecer a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral.
Por razones profesionales
En lo que se refiere a las causas profesionales se prevén una serie de circunstancias si estas coinciden con el día de votación: están exentos quienes deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los juzgados y a las administraciones públicas que tengan funciones electorales; quienes deban prestar servicios esenciales; directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos; y los profesionales que deban participar en eventos públicos.
Cómo presentar alegaciones
Los ciudadanos pueden presentar su excusa de manera presencial ante las oficinas de la Junta Electoral de Zona correspondiente y también se puede realizar por vía online a través de una aplicación de la administración electoral. Para dicho trámite se requiere el sistema Cl@ve. En ambos casos, los designados deben identificarse, rellenar un formulario de petición y aportar la documentación que justifique la causa alegada.
Delito penal
Quien sea designado y no cumpla ninguno de los supuestos mencionados tiene la obligación de acudir o podría incurrir en un delito penal. La ley electoral (LOREG) en su artículo 143, dentro del apartado de delitos electorales, fija un castigo para el abandono o incumplimiento en las mesas electorales con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Ambos castigos generan antecedentes penales, que quedan cancelados pasado un tiempo. También se contempla la prohibición del derecho a voto de maneral temporal.
Es el juez quien decide la duración de la condena y las cantidades. A pesar de que la ley no especifica rangos, recientemente se han impuesto sanciones económicas de entre 2.000 y 7.000 euros y condenas de prisión y retirada del derecho a voto durante unos pocos meses. Los criterios para fijar tales penas se basan en la gravedad de cada hecho, que puede variar, y la capacidad económica del acusado (en este caso, en lo que refiere a las multas).