Una parte del presente puede explicarse yendo a la biblioteca. Para el pensador y político francés Étienne de La Boétie, autor de Discurso sobre la servidumbre voluntaria, los libros y el saber dan a los hombres, más que ninguna otra cosa, el sentido y la capacidad de reconocerse a sí mismos y de odiar la tiranía.
En su libro Cómo funciona el fascismo, el filósofo norteamericano Jason Stanley afirma: "La política fascista quiere dañar la credibilidad de las instituciones que dan cobijo a voces discordantes hasta que pueda reemplazarlas por medios de comunicación o universidades afines. Una de las estrategias más comunes es acusarlas de hipocresía".
Esta definición parece encajar con la mirada sesgada que el presidente de la Nación, y tal vez algunos miembros del gabinete, tiene sobre el funcionamiento del sistema estatal de educación superior.
Solapado en una discusión presupuestaria, el razonamiento de Javier Milei parte desde el prejuicio ideológico: cree que la universidad pública es sinónimo de sectarismo. Por eso afirma que en sus aulas no se enseñan las ideas de la libertad. Esta aseveración lleva a suponer que el creador de La Libertad Avanza nunca escuchó hablar de libertad de cátedra y concursos docentes de oposición y antecedentes.
Quizá por ignorancia, el jefe de Estado no piensa a las casas de estudios como lo que, en términos ideales, son: instituciones que además de impartir educación de grado, dotando a los estudiantes de saberes disciplinares, forman ciudadanos, con derechos y deberes, que participan de la república universitaria y sus órganos de representación.
En el mismo sentido, considera que la universidad debe ser un ámbito académico aséptico, descontaminado de política y expresiones doctrinarias. Esta mirada, resumida en "A la universidad se va a estudiar", lejos de ser una innovación libertaria, se emparenta con el discurso y la cosmovisión autoritaria que signó a la dictadura de Juan Carlos Onganía, aquella que, en 1966, derrocó al gobierno de Arturo Illia, generando una masiva fuga de intelectuales y científicos tras la "Noche de los Bastones Largos".
Es verdad: hay universidades y facultades que, como excepción a la regla, están conducidas por personas de dudosa ética pública; dirigentes de distintas extracciones políticas que, luego de ganar elecciones en sus respectivos claustros, y en ejercicio de sus funciones, piensan que el poder es eterno y que determinada institución les pertenece.
Es cierto, también, que en un determinado momento se crearon universidades nacionales o distritales siguiendo criterios político-partidarios más que estándares de excelencia académica y pluralismo.
Estas circunstancias son la piedra angular del enfoque oficialista. A esto se suma una visión mercantilista del conocimiento que, en el fondo, encierra un marcado desdén por una de las funciones estructurales del Estado: brindar educación pública, gratuita, laica y de calidad a todos los habitantes de la Nación.
Hay otro hecho incontrastable: en pleno siglo XXI, el país de la Reforma Universitaria debe explicarle al gobierno de turno - y a determinados grupos de la población - la importancia del Estado como garante de derechos y sostén financiero de la educación. Hacerlo, recurriendo para eso a protestas y heterogéneos pronunciamientos colectivos, traduce la convicción democrática de propiciar desde la universidad pública la cohesión social de la argentina.
Damián Toschi es periodista y Licenciado en Comunicación Social (UNLP)
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