Si la mitad de nuestras empresas fueran dirigidas por mujeres y la mitad de nuestros hogares por hombres, las cosas serían mejores.
Sheryl Sandberg
En datos del Banco Mundial se puede observar cómo es que en la mayoría de los países se han frenado los avances en la reducción de la brecha de género en las pensiones, reflejando que las mujeres reciben pensiones entre un 25 por ciento y un 30 por ciento más bajas que las de los hombres.
La interrelación que existe entre la brecha salarial, la brecha laboral y la brecha salarial por maternidad respecto a la brecha en las pensiones obliga a generar políticas públicas económicas con perspectiva de género que permitan incorporar a las mujeres en condición de una vejez digna, sin ese enfoque y acciones específicas será difícil lograrlo de manera espontánea en los próximos años, llevando así el costo de varias generaciones en condiciones de pobreza.
Sabemos, a través de los datos ofrecidos por INEGI, que el 74 por ciento de las actividades domésticas es aportado por las mujeres, sin embargo, al primer trimestre de 2022, las mujeres representaron tan solo el 39 por ciento de la Población Económicamente Activa por Género, así como su incorporación en mercado laboral formal ha sido con menores salarios. Todos estos factores representan un obstáculo en el logro de una pensión más igualitaria para las mujeres.
En las bases de datos del SAR nacional, hasta el segundo trimestre del 2022, las mujeres con cuenta son más jóvenes, en promedio tienen una edad de 41.8 años, mientras que el dato comparable de los hombres es de 44.6 años,pero los recursos del SAR propiedad de las mujeres representan 1.7 billones de pesos, que equivalen al 34 por ciento de los recursos totales, mientras los hombres tienen 3.2 billones de pesos, representando el 63 por ciento de los activos.
Es esta condición y posición económica de las mujeres que obliga a plantearnos un esquema integral, partiendo de un nuevo enfoque en el reparto de las pensiones diferenciado que considere una redistribución en el presupuesto de los programas sociales de las y los adultos mayores, una reducción de la cantidad de años de servicio para que las mujeres tengan derecho a una pensión, la incorporación del computo de años adicionales por las interrupciones debido a las responsabilidades de cuidado y los ajustes por inflación.
El derecho humano a una vejez digna pasa por la vista de una economía que realmente incluya a las mujeres, atendiendo y subsanando estas condiciones de desigualdad.