Mi última columna anunciaba lo que se veía venir, con un Tribunal Constitucional sometido a la ignominia y los caprichos de este Congreso que busca someter a la JNJ, sin importarles nada; tan ruines son sus acciones que los congresistas buscan maquillar sus actos inconstitucionales y atropellos zurrándose en el propio Reglamento y la Constitución, para lo cual les es útil un TC a la medida, genuflexo y servil a este eje del mal.
En tiempos contemporáneos, si algo se mantenía incólume a los vaivenes de la política y los caprichos de los sátrapas que hemos tenido de gobernantes, ha sido definitivamente el TC, como un último bastión de la democracia, pero hoy está venido a menos. Solo se presta a los designios del eje del mal. El Congreso requería del aval del TC y por eso hoy no queda nada de ese garante de nuestra Constitución; es irreconocible y hasta prevaricador, porque, con la última resolución, atropellan al Poder Judicial, emitiendo en una demanda competencial una medida cautelar, que claramente interfiere en un proceso que tiene una resolución judicial en curso, porque justamente el propio Congreso apeló a segunda instancia a la Corte Suprema.
Los hechos fácticos muestran que el TC ha decidido interferir groseramente en un caso en marcha en la JNJ, para favorecer a Patricia Benavides -una incriminada en serios delitos de corrupción-, dejando descabezada a la JNJ, porque requiere de mayoría de votos para proceder con la destitución y, con esta decisión del TC, se muestran las intenciones subrepticias para protegerla, como ya lo ha hecho antes el Congreso; en realidad, el TC ha venido actuando en pared con el Legislativo y hoy ya sin ninguna vergüenza cometen una intromisión en la independencia de poderes.
Además, con esta decisión del TC, legitiman una ilegalidad de la votación del congresista Luna Gálvez -el presunto cabecilla de Los Gánsters de la Política-, porque recuerden bien que en la votación del Pleno del Congreso votaron dos congresistas de la Comisión Permanente, con el pretexto de que no participaron en dicha Comisión, cuando se establece claramente que los miembros de la Permanente no pueden votar en el Pleno. Además, en el supuesto negado de que fuera así, los dos tercios de votos ya no son 67 votos, sino 68. En consecuencia, fue irregular e ilegal la votación, vicio suficiente para desconocer la decisión del Congreso, pero al TC no le importa nada, con tal de satisfacer las angurrias del eje del mal.