A más de un año que trascendiera la denuncia contra el dueño de una conocida juguetería de Capital, la fiscalía pidió el sobreseimiento para el acusado por no contar con los elementos suficientes para sostener la acusación y un juez de Garantías lo concedió y dictó el fallo a su favor.
Se trata de Víctor Di Luciano, el empresario que había sido denunciado por violencia de género y agresiones sexuales. Estaba imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de la misma. Quien lo había denunciado había sido una mujer con la que mantuvo una relación de varios años, en la que la habría sometido física y sexualmente.
Ante semejantes sospechas, las autoridades de la UFI CAVIG -en ese entonces representadas por los fiscales Daniela Pringles y Francisco Nicolía (ahora en otras UFIs)- resolvieron la detención inmediata del propietario de Puerto Libre. No obstante, al cabo de indagar y colectar pruebas, la fiscal que retomó el caso, Adriana Ginestar, no halló indicios que lo complicaran en ese sentido y por tanto solicitó su desvinculación.
A pesar de que el juez Diego Manuel Sanz lo sobreseyó, Di Luciano seguirá siendo investigado por la tenencia ilegítima de un arma de fuego. Es que en un allanamiento en el domicilio del denunciado, personal policial encontró un rifle calibre 22, cuya procedencia no pudo explicar.