El martes pasado por la mañana, en el plenario de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti fue encomendado por los otros cuatro miembros del tribunal para encontrar una solución política a la conmoción provocada por el fallo que tres de ellos habían firmado la semana anterior, otorgando el beneficio del "dos por uno" a un represor de la dictadura militar.
Fue uno de los puntos culminantes de una historia subterránea en la que se hilvanaron mentiras y traiciones, operaciones políticas y judiciales, especulaciones y complicidades.
A la vez, en la esfera pública, media docena de pronunciamientos en contra de ese criterio por parte de jueces, cámaras y tribunales en distintos puntos del país y una multitudinaria marcha de repudio en la Plaza de Mayo, replicada en otras ciudades, marcaron el pulso de los días más críticos para la Corte.
La solución empezó con la ley correctiva que el miércoles se votó en el Congreso colocando a los delitos de lesa humanidad fuera del alcance del 2 x 1.
Y se completará con el dictado de un nuevo fallo de la Corte consolidando esta ley. Sucederá en un mes aproximadamente, una vez que opinen las partes involucradas, entre ellas los abogados de media docena de condenados por violación de los derechos humanos cuyos casos están en el máximo tribunal.
Más allá de urgencias políticas, así se cumplirán los pasos y los plazos que exige la garantía de defensa en juicio.
El martes, en la severa Sala de Acuerdos, Lorenzetti logró disimular la satisfacción por la parábola que lo terminaba reposicionando en el centro de gravitación de la Corte.
No le costó demasiado hacerlo: es un hombre habituado a controlar al máximo sus emociones. Sus enemigos, que no son pocos ni poco influyentes, le reconocen un manejo florentino de las intrigas de palacio.
El fallo que salió por 3 votos contra 2 lo había encontrado del lado perdedor. Pero Lorenzetti no había hecho demasiado para impedirlo cuando vio la determinación de sus colegas.
Calculó, mejor que esa mayoría circunstancial, que la decisión terminaría sumergiendo en una ola de descrédito a quienes la apoyaran, y que estaba destinada a desatar una reacción adversa poderosa y extendida.
Así fue y así será, por mandato de la conciencia democrática de los argentinos, cada vez que se vislumbre la posibilidad de atenuar la condena que merecieron quienes violaron derechos humanos durante los años del terrorismo de Estado.
Con el mismo instinto político que Lorenzetti actuó el juez Juan Carlos Maqueda.
En las tres semanas previas al fallo, cuando el tema se estaba tratando internamente en la Corte, los dos advirtieron a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco sobre la tormenta que iban a desatar. También hubo aviso al Gobierno.
No fueron escuchados. Un impulso más fuerte guiaba a quienes estaban dispuestos a sacar el fallo a como diera lugar.
Una ley no escrita de la Corte indica que la agenda del tribunal la marca el presidente. Es quien determina, por lo tanto, cuando sale cada fallo.
Lorenzetti no actuó con inocencia: hizo un cálculo de ganancias y pérdidas puso el 2 x 1 en la grilla de salida aunque él quedaba del lado de la minoría.
Usó como palanca el apuro de sus colegas y la desaprensión y falta de sensibilidad política del Gobierno, que nunca midió cuánto podía impactar este tema.
Cuando el fallo se estrelló contra la pared sólida del rechazo social y político, Lorenzetti volvió a ser el eje central buscando una salida al embrollo por encomienda de los mismos que habían impuesto la decisión.
Aunque el costo para el tribunal resultó muy alto y el desgaste para sus integrantes todavía es difícil de medir por su extensión y profundidad. Y eso también lo afecta y lo desgasta.
Sin haber sido el promotor original del polémico fallo, ni su redactor principal, Rosatti parece haberse sumado a ese emprendimiento con el entusiasmo propio de su naturaleza emocional.
Quizás percibió que podría avanzarse hacia la consolidación de una coalición interna de voluntades que desplazara a Lorenzetti.
Rosatti tiene una aliada estratégica tremenda: Elisa Carrió. Ambos aseguran que no se han visto desde que hace un par de años se celebraron las dos décadas de la reforma de la Constitución, en la que fueron diputados constituyentes, ella por la UCR, él por el PJ. Pero actúan de manera coordinada.
Incluso Carrió defendió en el Congreso la legitimidad jurídica del fallo del 2 x 1 –aunque dijo que la violentaba moralmente- tomando los fundamentos del voto de Rosatti.
Será entonces una simbiosis intelectual. Y un afán similar –en el caso de Carrió más exacerbado- de desplazar a Lorenzetti del poder en la Corte.
Impulsado quizás en exceso por esa ambición, Rosatti dejó que desde su oficina se hiciera circular como un hecho incontrastable la existencia de una nueva mayoría en la Corte.
Desde la misma usina se buscó instalar que las críticas al fallo venían del kirchnerismo como contraofensiva por las causas que Cristina debe enfrentar en la Justicia.
Pequeño detalle: el diluvio de rechazos incluía también a dirigentes del radicalismo –que tiene más pergaminos que nadie en la materia-, de la izquierda y el centroizquierda y finalmente del macrismo.
La última perla de ese collar fue la versión según la cual Rosattii quería dictar muy pronto un fallo en sintonía con la ley correctiva que votó el Congreso, lavando sus propias culpas.
Pero como la interna parece ordenar toda esa acción, además se insinuaba que en cambio quien tendría poco apuro sería Lorenzetti.
Desde la política, pero también en Tribunales, se señala como responsable de esa acción, en el fondo dañina para quien pretende favorecer, a un colaborador de Rosatti que ya habría trabajado con él cuando fue ministro de Justicia de Kirchner, y que después prestó servicios para Felisa Miceli, ex ministra de Economía condenada por la bolsa de dinero que apareció en el baño de su despacho, y para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como integrante central del sistema corrupto del kirchnerismo y que hoy está condenado y preso.
Lorenzetti no es ajeno a la disputa de poder, ni se conforma con una participación lateral en ella. Se lleva en buenos términos con Rosatti, en el trato personal. Se conocen desde hace treinta años.
Pero la disputa entre ambos es feroz. Fuentes políticas y judiciales recuerdan que Lorenzetti se opuso a la llegada de Rosatti a la Corte, en el amanecer del gobierno de Macri.
Así se lo habría planteado en su momento a gobernadores peronistas que lo visitaron.
Incluso habría mencionado a la jueza Claudia Sbdar, miembro de la Corte de Tucumán, como una posible candidata al máximo tribunal. Pero con el respaldo de Elisa Carrió, la nominación del peronista Rosatti terminó imponiéndose.
Planteado hoy este escenario de conflicto sobre los ardores extremos que produjo el fallo del 2x1, se asegura en medios oficiales que un político peronista, cercano al titular de la Corte, se habría reunido con el fiscal Guillermo Marijuan, quien imputó a Rosatti, Rosenkrantz y Highton por el delito de prevaricato –esto es tomar decisiones contrarias a la ley- a partir de una denuncia del abogado de izquierda Marcelo Parrilli.
También llamó la atención que el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, denunciara al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del fallo.
Rizzo, que supo ser un sostén leal del juez Carlos Fayt, ahora es hombre cercano a Lorenzetti.
En Tribunales se asegura que el juez Rosenkrantz –de origen radical y quien tiene mejor sintonía con el Gobierno- deseaba pronunciarse en esta materia delicada, ya que hasta el momento la Corte sólo había avalado la aplicación del 2 x 1 a represores mediante el simple trámite de rechazar apelaciones a decisiones de cámara que lo habían aceptado.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, habló con él después del fallo, pero se llevó pocas explicaciones.
Juristas de nota consideran a Rosenkrantz un liberal-conservador en términos judiciales, Quienes lo conocen sostienen que se ve a sí mismo como un cruzado del Derecho, decidido a aplicar la letra de la ley bajo cualquier circunstancia. En rigor, eso es lo que hizo la Corte en su polémico fallo.
Por su parte la jueza Highton de Nolasco había votado en sentido contrario en un caso similar en 2009, durante la primera presidencia de Cristina.
Desde que llegó a la Corte, nombrada por Néstor Kirchner con el auspicio del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, supo sintonizar con el oficialismo. Ahora cambió el signo del gobierno, pero la jueza mantendría esa tendencia.
Viene de atravesar una situación conflictiva al forzar su permanencia en el tribunal.
La jueza cumplirá 75 en diciembre próximo. Es el límite de edad que establece la Constitución de 1994, por la que ella juró al ingresar a la Corte diez años después.
Pero en diciembre pasado logró que un juez de primera instancia avalara su continuidad. El Gobierno decidió no apelar y Highton seguirá en su cargo. Pero quedó en deuda con el presidente Macri.
Y distanciada de Lorenzetti, quien se disgustó por la maniobra, parece haber encontrado comprensión y contención en Rosenkrantz.
En el mundillo político-judicial se asegura que éste juez habría intercedido ante el Gobierno para mantener a Highton en la Corte, conocedor de la disposición de la jueza para acompañar estos nuevos tiempos.
Algo abrumada por la conmoción que provocó el fallo del que fue firmante, y por derivaciones inesperadas como el durísimo cuestionamiento que sufrió por parte del senador peronista Miguel Pichetto en la sesión donde se aprobó la ley correctiva del fallo del 2 x 1 por su maniobra para permanecer en la Corte, la doctora Highton pidió el viernes una semana de licencia.
Por eso no viajará, como vicepresidenta del tribunal, a la reunión que se hará en Madrid entre las cortes supremas de España, Argentina, Brasil y México.
Será entre el miércoles y el viernes y tiene incluída una recepción de honor del rey Felipe de Borbón. Por la Corte argentina sólo estará Lorenzetti.
El primer paso de la solución al fallo del 2 x 1, quedó dicho, fue la ley que votó el Congreso y que impulsó sin disimulo el Gobierno.
No se trataba sólo de atender las angustias y tribulaciones de los jueces que lo habían firmado.
También el oficialismo necesitaba salir de un atolladero en el que llevaba todas las de perder, frente a la extendida reacción transversal de rechazo.
Entre la noche del martes y la tarde del miércoles, primero la Cámara de Diputados y después el Senado hicieron ley un proyecto original del macrista Federico Pinedo, al que se acoplaron iniciativas de otras fuerzas.
El marco conceptual de esa ley correctiva fue fruto de consultas urgentes de Pinedo y el presidente de Diputados, Emilio Monzó, con Lorenzetti por un lado ; y de Pichetto con Maqueda por el otro.
Ya habían pasado aquellas 72 horas de titubeo oficial hasta que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró que el Gobierno estaba en contra del 2 x 1 porque era "una señal de impunidad".
Después remató la gobernadora María Eugenia Vidal, afirmando que "para los delitos de lesa humanidad no puede haber atajos".
Quizás haya habido un incremento veloz de las convicciones en el macrismo, pero parece más apropiado suponer que esa escalada del repudio al fallo respondió a la comprobación del daño político que el tema les estaba causando.
Según un dirigente radical que es referente en el tema de los derechos humanos, éste es un tópico de la política que al presidente Macri no le interesa mayormente. "Lo único que quiere es que no le cause problemas", dice.
Pero esta vez se los causó. Como sucedió en su momento con declaraciones inoportunas y desafortunadas de funcionarios como Darío Lopérfido o Juan José Gómez Centurión.
Macri habló al final de la semana de vértigo, para felicitar al Congreso por la ley correctiva y decir que siempre estuvo contra el 2 x 1 y más en casos de lesa humanidad. Políticamente correcto, institucionalmente impecable. Pero todo sonó un poco vacío de convicción.
La cuestión a dilucidar es cuánto estuvo involucrado el Gobierno en la génesis del fallo, si es que lo estuvo.
Al menos dos fuentes vinculadas al sistema histórico de operación sobre la Justicia hicieron circular que el jefe de asesores presidenciales, José Torello, y el abogado de Macri para casos especiales, Fabián Rodríguez Simón, habían sido impulsores originarios del fallo del 2 x 1.
Se mencionaba, además, una supuesta red de apoyo que incluía a representantes de la política y de otros sectores de poder.
Todo esto, para dar satisfacción a un sector social que apoyó a Macri y reclama un alivio para los militares detenidos, más allá de las prisiones domiciliarias por edad avanzada y deterioro en el estado de salud.
Consultado por este tema, Rodríguez Simón lo negó con todo énfasis.
Dijo que a Rosatti no volvió a verlo desde que asumió en la Corte y que con Rosenkrantz tiene una relación anterior, pero que el nuevo juez se niega a hablar de las causas que tiene en estudio.
Según una versión que en el Gobierno no terminaron de confirmar pero tampoco negaron de manera rotunda, un peronista que tuvo paso relevante por la política unos cuántos años atrás, actividad que dejó para transformarse en empresario y dedicarse sólo a los negocios, habría avisado que impulsaba esa operación para involucrar a Torello y Rodríguez Simón.
El aviso lo habría recibido una de las piezas clave en el gabinete de Macri. Consultado, este funcionario se limitó a responder que no hacía comentarios sobre reuniones privadas.
En el Gobierno insisten que se enteraron del contenido del fallo a través de los sitios de noticias en la web. Que habrían recibido la noche anterior un aviso desde la Corte, pero referido sólo al tema sobre el que se iba a fallar y no sobre el contenido de la decisión.
De hecho, advirtieron con demora cuál era el costo político que les aguardaba si la ola seguía creciendo.
Y les resultó imposible disimular la tibieza en el abordaje de los derechos humanos, un tema que para la sociedad –incluso más allá de sectarismos limitantes- sigue estando suficientemente caliente.