La Corte Constitucional de Colombia dictaminó que la investigación por la masacre en Alto Remanso, Putumayo, donde once civiles perdieron la vida en marzo de 2022, continuará bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria.
Este veredicto, unánime de 9 votos a favor, desestima la solicitud de traslado a la justicia penal militar, argumentando que los hechos investigados constituyen una aparente violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH). Tal decisión mantiene el proceso bajo el escrutinio del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo, donde están implicados 25 miembros del Ejército, incluyendo un coronel y un capitán.
La controversia surgió tras un operativo militar presuntamente dirigido contra un cabecilla de las disidencias de las Farc, conocido como "Bruno", que resultó en la muerte de civiles durante un evento comunitario en la vereda Alto Remanso. La decisión de la Corte se sustenta en la premisa de que los delitos investigados podrían no estar directamente relacionados con las actividades del servicio militar, sino más bien con posibles graves violaciones a los derechos humanos. Según los informes, los afectados no mostraban vínculos con grupos ilegales, entre ellos un líder indígena y una mujer embarazada.
"Hay duda de que los delitos investigados tengan una relación directa, próxima y evidente con las facultades constitucionales y legales vinculadas con la misión de la fuerza pública. Por el contrario, existen elementos de prueba que vinculan lo ocurrido con la posible configuración de delitos contrarios al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario", se lee en el fallo de la Corte.
Además, Human Rights Watch ha contribuido con un informe sugiriendo que los homicidios podrían constituir crímenes contra personas protegidas según el DIH, refutando la afirmación del Ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la legitimidad de la operación basada en inteligencia de meses de planificación.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria, incluyendo a un general involucrado en el incidente. Contrariamente, los defensores de los militares investigados buscaron previamente trasladar el caso a la jurisdicción militar, lo cual fue últimamente resuelto por la Corte a favor de mantener los procedimientos bajo el ámbito ordinario.
Este importante fallo reafirma la posición judicial de Colombia en el tratamiento de casos que involucran a las fuerzas armadas y alegaciones de violaciones de derechos humanos, poniendo un énfasis en la responsabilidad de seguir los estándares internacionales en el juzgamiento de estas graves acusaciones. Los implicados enfrentan cargos de homicidio en persona protegida, lo que subraya la seriedad con la que las autoridades colombianas abordan la conducta de sus fuerzas de seguridad en operaciones controvertidas.
En julio del 2023, la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra 25 miembros del ejército colombiano, inicialmente programada para el 1 de agosto de 2024, en relación con la masacre de Alto Remanso en Putumayo, ha sido suspendida.
Esta decisión, tomada por el juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo el 27 de julio, responde a una solicitud de la defensa de los acusados, quienes argumentan un conflicto de competencia y proponen que el caso sea trasladado a la Justicia Penal Militar. La Corte Constitucional de Colombia se encargará de determinar la jurisdicción competente para investigar y juzgar este caso.
El debate sobre la competencia surge después de que, a finales del año pasado, la Justicia Penal Militar se declarara incompetente para manejar el caso, trasladándolo a la Fiscalía General de la Nación, según reportes de El Espectador. El fiscal asignado, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, ha expresado su desacuerdo con la petición de traslado, señalando la falta de un verdadero conflicto de competencias. Familiares de las víctimas y representantes de derechos humanos han expresado su preocupación de que trasladar el caso a la justicia militar pueda resultar en impunidad para los responsables del asesinato de once personas en marzo de 2022.
Mayerli Oliva, familiar de una de las víctimas, compartió con el programa Sigue La W su preocupación sobre el posible cambio de jurisdicción, temiendo que esto prolongue el proceso y dificulte la consecución de justicia. De manera similar, Yuri Sirleney Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, y Ermes Pete, representante a la Cámara del Movimiento Alternativo Indígena y Social, han manifestado su rechazo a la solicitud de traslado, argumentando que tal movimiento comprometería la transparencia y efectividad del proceso judicial. Por otro lado, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, ha hecho un llamado al respeto por la independencia judicial, destacando que será la Corte Constitucional la encargada de resolver la disputa sobre la competencia.