La Personería Distrital de Barranquilla advierte del aumento de quejas por parte de usuarios de las EPS intervenidas por el Gobierno.
Miguel Álzate, personero distrital de Barranquilla, calificó como una "incertidumbre" que se siente en los usuarios por la reforma a la salud que sigue estudiando el Gobierno y las recientes intervenciones a Sanitas y la Nueva EPS.
Álzate sostuvo que, recientemente, tuvo una reunión con los diferentes gerentes de las dos EPS en donde le entregaron un parte de tranquilidad en la prestación del servicio, pero manifestó que la apreciación que se tiene por parte de los usuarios es un deterioro de este.
De acuerdo con el funcionario, anualmente se reciben en promedio de 3.000 quejas.
"A raíz de las intervenciones y de todo este proceso a al reforma a la salud, hemos notado un incremento en las distintas quejas que presentan los usuarios, debido a la incertidumbre de los usuarios. Luego de la directiva que expidió la procuradora general, citamos a unas mesas técnicas a la Nueva EPS y Sanitas, donde dieron un parte de tranquilidad y dijeron que el servicio se seguirá prestando. Sin embargo, no podemos desconocer que el sentir de los usuarios es de un deterioro del servicio", precisó Alzate.
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Quejas por parte de usuarios
El personero dio a conocer que una de las quejas más frecuentes que se han identificado con las IPS, es que han "empezado a ralentizar el servicio" en temas como la asignación de citas médicas o procedimientos quirúrgicos.
"El tema que sin duda está en la cima de las quejas de los usuarios, es como se ha ralentizado la entrega de medicamentos. Esto es el común denominador no solo de las EPS intervenidas, sino de las demás IPS, algunos por problemas de logística, pero sabemos que están afectados por la incertidumbre que ha generado la polarización en la que se encuentra el sistema de salud en nuestro país", explicó el funcionario.
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Procuraduría le pone la lupa a las intervenciones
Luego del proceso de intervención por parte del Gobierno contra las EPS Sanitas y Nueva EPS, la procuradora Margarita Cabello anunció que se adelanta una vigilancia especial para garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados.
En su momento, la jefa del ministerio público anunció la creación de una red nacional conformada por procuradores, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo para verificar aspectos como la logística, el presupuesto y la calidad de la atención de los usuarios.
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