Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero llegaron al convento de las Capuchinas de San Fernando en 1975, cuando ella empezó a trabajar de portera. Nunca cobró dinero por ello pero como salario en especie las monjas le cedieron la vivienda aledaña, pared con pared con las religiosas, donde el matrimonio ha vivido y ha criado a sus dos hijos y donde ha residido hasta el día hoy.
Dos años más tarde, en 1977, Ildefonso empezó a trabajar también para la comunidad. Hacía de todo: desde bregar con la huerta hasta labores de mantenimiento y todas aquellas gestiones en el exterior que las religiosas, por su condición de clausura, no podían llevar a cabo. Ganaba muy poco, el salario mínimo, pero la familia compensaba aquello con la cesión de la vivienda y así tiraban para adelante. El problema es que mientras que Ildefonso consiguió regularizar su situación laboral, Carmen no. Nunca estuvo de alta ni cotizó. Así que a pesar de haber trabajado toda la vida no se le ha reconocido nada.
Las monjas se fueron en 2017. El convento de la calle Constructora Naval cerró sus puertas ante la falta de vocaciones y la avanzada edad de las cuatro últimas religiosas que quedaban, que fueron trasladadas a otra sede de la congregación en El Puerto de Santa María. Finalizaba una historia de 128 años... Y empezaban los problemas para Ildefonso y Carmen.
Desde ese mismo año se enfrentan a una orden de desahucio por parte del Obispado de Cádiz y Ceuta, titular del convento. Y tras haber sido suspendido en dos ocasiones ya tienen fecha para el juicio: será el próximo 18 de abril. Una fecha que ven acercarse con temor porque a su edad -Ildefonso tiene 72 y Carmen 68 años- podría suponer su marcha de la que ha sido su casa durante casi cinco décadas. Y también porque debido a sus escasos recursos -a Ildefonso le ha quedado solo una modesta pensión tras haber estado cobrando el salario mínimo- y los precios que actualmente alcanzan los alquileres tienen muy difícil ahora acceder a una vivienda.
En medio de todo se encuentra una operación urbanística para afrontar el desarrollo residencial de los terrenos del antiguo convento en la que participan el Obispado, una promotora privada con la que ha cerrado una operación de compraventa y el Ayuntamiento de San Fernando, con el que ya ha firmado un convenio urbanístico.
En la zona está prevista la construcción de "una residencia de ancianos, alojamiento de alquiler asequible, viviendas de renta libre, viviendas VPO y también VPO de precio limitado", según los usos pactados. Además, la antigua capilla, ya desacralizada, pasa en calidad de equipamiento al Consistorio isleño, que tiene prevista su cesión al Consejo de Hermandades y Cofradías para que sea su sede.
Ildefonso y Carmen, no obstante, siguen viviendo allí. Son los últimos inquilinos de las Capuchinas.
Un compromiso por escrito de las monjas
"Hay documentos que acreditan que ellos tienen que vivir aquí, compromisos por escrito", afirma Auxiliadora Moreno, la graduada social que lleva su caso. Pero el problema de fondo, aclara, "es que nunca se regularizó la situación laboral del Carmen a pesar de que ella lo pedía al prever lo que les podía pasar al ser mayores". "Aquello fue un error, pero no se quiere rectificar", explica. "Podría haber cotizado por la vivienda en especie y hoy podría estar cobrando una pensión". Y eso lo condiciona todo, claro, porque al no tener una pensión por el trabajo desarrollado los recursos de la pareja no llegan si pierden la vivienda. "Es una injusticia por parte de la Iglesia", apunta. "Si hoy esta mujer tuviese su pensión de jubilación este matrimonio estaría buscando vivienda y aquí no pasa nada".
"Las monjas, viendo la situación, buscaron un abogado y redactaron un documento en el que se reconoce públicamente la situación nuestra: la relación laboral, la vivienda... Pero ellos (el Obispado) no lo aceptan", apunta también Ildefonso al citar el compromiso por escrito que existe con la vivienda.
"Hay un documento firmado por la abadesa en el que se comprometen a que ellos se queden en la vivienda aunque finalice la relación laboral", apunta Moreno. De hecho, así estuvieron los padres de Ildefonso, que vivieron también allí hasta su fallecimiento.
El Obispado, asegura, no se ha puesto en contacto con la pareja para nada. No ha habido negociación alguna ni intención de llegar a un acuerdo que les permita dejar la vivienda en unas condiciones dignas.
El desahucio ha estado paralizado durante años al interponerse una demanda laboral contra el Obispado de Cádiz con la que se buscaba que se reconocieran los derechos de Carmen por haber estado trabajando como portera del convento.
"La demanda -explica Moreno- se estimó parcialmente, se reconoció la relación laboral y la subrogación empresarial (con el Obispado una vez que cerró el convento)". Pero ellos no quisieron demandar a las monjas, faltaba un demandado "lo que dificultaba bastante el proceso". Ambas partes recurrieron la sentencia, pero finalmente no se les dio la razón. Se intentó recurrir también al Supremo pero no se admitió a trámite. Así que el desahucio volvió a ponerse en marcha.
Desde el Obispado, por su parte, se ha descartado hacer declaraciones alegando que el proceso judicial está abierto.