El Gobierno financiará su entrada en la SEPI en Telefónica a través de 2.000 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Ante unos Presupuestos prorrogados, el Ejecutivo tiró de 1.500 millones del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas y de otros 500 millones del Fondo para Entidades Locales, algo que impactará en las cuentas de estos territorios y que ha levantado en armas a algunas regiones gobernadas por el PP. Otras, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, guardan silencio, aunque sean las más afectadas al ser las más dependientes de estos instrumentos.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha criticado que con el traspaso a la SEPI de dinero para ayuntamientos y autonomías el Gobierno "no sólo maltrata a las comunidades con un Sistema de Financiación Autonómica injusto y obsoleto (por el que comunidades como Andalucía sufren una especial infrafinanciación que les hace perder cada año 1400 millones de euros) sino que ahora les resta más recursos".
La consejera andaluza señala que "estos agravios se intensifican con la falta de Presupuestos Generales que, por un lado, no permitirán nuevos proyectos para 2024 y que, además, conllevan la no actualización de las entregas a cuenta a las autonomías, es decir, el dinero que el Estado debe transferir periódicamente a las comunidades. Al no estar actualizadas las cantidades, a Andalucía llegan desde enero 150 millones de euros menos cada mes".
La dirigente señala que esta "dejación de funciones" al no presentar los presupuestos "les permite actuar con discrecionalidad y opacidad en el destino de los fondos públicos, como se ha visto en esta operación de Telefónica, donde han desplazado 500 millones de euros de las partidas para ayuntamientos y CCAA. Por eso advierte sobre lo que "podrán hacer en el futuro con otras actuaciones".
Fuentes de la Xunta también lamentan la utilización de estos fondos destinados "sin consultar ni informar a las propias comunidades". La administración, como la mayoría de territorios gobernados por el Partido Popular, se muestra muy crítica por la decisión de prorrogar los Presupuestos en 2024 y sus consecuencias parala financiación.
"Si bien aún se desconoce el detalle de cómo va a financiar esta partida el Estado, con unos presupuestos prorrogados, lo que se deduce de la información que tenemos por la prensa, es que se hará con cargo al Capítulo 8 del presupuesto de gastos y detrayéndolo de un fondo de financiación que puede ser necesario para aquellas comunidades que hayan incumplido el objetivo de déficit del 2023", añaden. No obstante, registró un déficit del 0,1% frente al 0,3% máximo permitido y se financia en los mercados.
Cataluña y Valencia, las más agraviadas
En el otro extremo esta Cataluña. Aunque la Generalitat no se ha pronunciado ante esta situación, sus necesidades la colocan como el territorio más afectado por el uso de recursos procedentes del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Se trata de la región que mayor volumen del vehículo ha captado. En 2023 se le asignaron 12.646 millones, casi el 37% .
En el primer trimestre de 2024 mantiene la misma tónica, con otros 3.132 millones de euros de los 8.500 millones distribuidos, un porcentaje idéntico al del año pasado. Y es que, aunque quería hacerlo en 2023 -luego lo retrasó a este 2024-, Cataluña todavía no puede financiarse directamente de los mercados, por lo que tiene que acudir a este tipo de financiación.
La Comunidad Valenciana también sería una de las agraviadas con esta decisión de destinar dinero previsto a las CCAA para la compra de acciones de Telefónica. La Generalitat Valenciana se ha mostrado muy crítica con la decisión de prorrogar los presupuestos, que ya está suponiendo una merma en las entregas a cuenta del Estado.
En el caso valenciano, la prórroga de los presupuestos del año anterior supone rebajar en cerca de 90 millones de euros las entregas a cuenta para este año. El importe final se elevaría hasta los 1.793 millones de euros anuales, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, al incluir también la parte afectada por partidas presupuestarias de la liquidación de 2022. Desde el Ejecutivo de Carlos Mazón se considera una muestra de la falta de interés de Pedro Sánchez por encontrar una solución a la infrafinanciación que arrastra la comunidad frente a la negociación bilateral con Cataluña que exigen sus socios independentistas.
No estarían impactadas las comunidades forales. La financiación de las corporaciones locales del País Vasco depende de los ingresos propios y de la participación en los tributos concertados y no concertados. Mientras, el fondo autonómico excluye a País Vasco y Navarra, que son de régimen foral.