Cuando hablamos de "comprar", invariablemente hacemos alusión a una transacción comercial en donde hay un vendedor que posee una mercancía y un comprador dispuesto a pagar por ella.
La mercancía cambiará de manos en un intercambio recíproco en el que el vendedor sabe que vende y el comprador tiene certeza de su compra.
Pero cuando se trata de votos y voluntades, la transacción nunca es tan clara ni tan legítima porque hay una serie de impulsos y barreras objetivas que impiden asegurarse de que los elementos que sustentan la compra-venta se cumplen.
La Ley No.20-23, Orgánica de Régimen Electoral, dispone en su artículo 316, acápite 9, que serán castigados con la pena de uno (1) a tres (3) años de reclusión "los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada".
El presente proceso electoral, en donde se disputan los cargos presidencial y congresual está cargado de un sinnúmero de violaciones a la Ley Electoral, que debe llamar a preocupación seriamente a la sociedad dominicana, sobre todo, a la Junta Central Electoral como órgano rector del sistema.
Prácticas que entendíamos habían sido ya superadas hace años, han vuelto a resurgir con el mayor descaro, y ante la indiferencia irresponsable de los funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) y de los sectores de la sociedad que hacen opinión pública.
Compras indiscriminadas de voluntades de dirigentes políticos y funcionarios de la oposición, a quienes les hacen jugosas ofertas a los fines de que presenten "renuncia" de su partido para ser juramentados como nuevos miembros del partido oficialista, así como «partidos políticos» que, de una manera vergonzosa, se venden al mejor postor, que en este caso lo sería el gobierno.
A los candidatos que perdieron en las elecciones municipales recién pasadas les preguntan cuántos gastaron en su campaña para reembolsárselos, y a los alcaldes que ganaron, les prometen triplicarles el presupuesto, todo con la única condición de que hagan pública la carta de renuncia de su partido de origen, y acepten juramentarse posteriormente en el partido de gobierno.
Después de tantos esfuerzos realizados en el país durante años por adecentar estos procesos, resulta penoso decir que, de conformidad con lo que nos ha tocado observar, hemos retrocedido enormemente en la forma de hacer política en República Dominicana.
Por primera vez en la historia político electoral de nuestro país se pueden ver en un proceso electoral actuaciones tan bochornosas, reprochables y vergonzosas que atentan seriamente contra el sistema de partidos en la República Dominicana.
Debe llamarnos a preocupación, sobre todo a las capas de la sociedad que ejercen mayor incidencia en la vida del dominicano, el Informe que rindiera la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), así como el Informe de Participación Ciudadana, estableciendo que durante todo el proceso pasado se comprobó la compra de votos y cédulas por parte de fuerzas políticas, sobre todo del oficialismo.
Las denuncias y acusaciones vertidas durante el recién pasado proceso electoral de febrero, son tan sólo el más reciente brote de preocupación sobre una práctica considerada endémica de democracias con altos niveles de desigualdad económica, política y social.
El mercado electoral se manifiesta a través de grupos de votantes organizados que negocian sus votos a cambio de recibir dádivas, materiales de construcción, equipos o dinero en efectivo. Mayormente ocurre a través de intermediarios: líderes comunitarios que negocian con los operadores de los candidatos en disputa.
Esta práctica no sólo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio, y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral.
Lamentablemente, la JCE se ha venido haciendo de la vista gorda ante ese accionar irregular e ilegal, no enfrentando de manera decidida y responsable esos comportamientos y delitos electorales que dañan y laceran la democracia.
La JCE tiene el deber y la responsabilidad de garantizar elecciones libres, justas y transparentes, velando por el cumplimiento de las leyes electorales, por lo que la misma está en la obligación de evitar que esos comportamientos delictuales se repitan en éste y futuros procesos electorales.