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Opinión
domingo, 28 abril 2024 | 06:00
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Desde hace algunas décadas existe la tendencia de ir fraccionando cada vez más el poder. El surgimiento de organismos autónomos, así como mecanismos de nombramiento de fiscales cada vez más rígidos tuvo como origen justamente el abuso del poder de quienes lo detentaron.
Debemos recordar que esto no es un invento mexicano. En Estados Unidos al fiscal general lo nombra el presidente con la ratificación del Senado. Para casos especiales (y para evitar la politización de la justicia) existe el mecanismo de nombrar fiscales especiales. Estos si bien jerárquicamente responden al fiscal general, tienen autonomía de gestión.
En México tenemos al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y a la Fiscalía General de la República. Justamente, esta última tiene a su vez dos fiscalías especializadas con su propio régimen interno y autonomía: la de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción.
A nivel estatal se ha intentado en varias entidades federativas dotar de autonomía a las fiscalías. Por ejemplo, en la Ciudad de México el mecanismo para nombrar fiscal general es muy distinto al de otros estados. Requiere el consenso de una mayoría calificada en el Congreso de la ciudad.
A pesar de que existen estos mecanismos de pesos y contrapesos, el nombramiento de organismos autónomos y de fiscalías 'independientes' en los estados es simplemente un dominio del gobernador en turno. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
En estricto sentido es el Congreso del Estado el que nombra al fiscal Anticorrupción. Esto se diseñó de tal forma para el efecto de que no hubiera compromisos adquiridos con el gobierno en turno. Sin embargo, es una práctica común en las entidades federativas que son los gobernadores los que nombran esas posiciones.
Durante el gobierno de Javier Corral, este se jactaba de que la Fiscalía Anticorrupción era autónoma. Colocó en esa posición a su incondicional Gema Chávez, quien salió con el cambio de gobierno, a pesar de que le quedaban cinco años a su período. Gema Chávez no era autónoma, sino que seguía las directrices que se dictaban desde Palacio de Gobierno, justamente lo que la reforma trataba de evitar.
Con el cambio de gobierno, la gobernadora impulsó al abogado juarense Abelardo Valenzuela. Desde que Valenzuela llegó a la Fiscalía Anticorrupción inició con diversas investigaciones de corrupción que han resultado bastante relevantes: la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, y la gestión de Javier Corral.
En esta última no queda claro cuál es la postura de la Fiscalía Anticorrupción. Valenzuela anunció con bombo y platillo que se integraba una carpeta de investigación en contra de Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda en tiempos de Javier Corral. Evidentemente, la reacción de Fuentes Vélez fue correr, por lo que actualmente se encuentra prófugo. No queda claro si Valenzuela fue presa de la ingenuidad o si por instrucciones superiores se le instruyó dar esa declaración.
Dentro de las mismas investigaciones del corralato, prácticamente a todos los imputados se les ha concedido el beneficio de enfrentar su respectivo proceso penal en libertad. Esto es una diferencia justamente con su antecesor, quien estableció la regla de someter a prisión preventiva a todos los imputados. Esto con el aval de un poder judicial corrupto que autorizaba todas estas tropelías.
El único procesado de esta operación que está en prisión preventiva es Antonio Pinedo. Sin embargo, Eduardo Fernández, Juan Pedro Santa Rosa y otros imputados se encuentran libres aunque procesados. No digo que tengan que estar presos antes de su juicio, pero lo refiero para ilustrar que no están siendo medidos con la misma vara que ellos midieron.
A partir de estos procesos, el exgobernador Javier Corral llamó "pelele" al fiscal Anticorrupción. Lo hace desde la seguridad de que Valenzuela no lo tocará por alguna razón que aún desconocemos. Resulta bastante raro que Corral hubiera acusado a la gobernadora Maru Campos de haber recibido dinero del exgobernador César Duarte. El equipo de la gobernadora desestimó dichas acusaciones y señaló que las pruebas habían sido fabricadas. Si dichas pruebas fueron fabricadas, entonces, ¿quién está siendo procesado por ello?
En días pasados, la Fiscalía Anticorrupción cateó y aseguró la casa del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar. Es evidente que la actuación tiene una motivación político-partidista, pues fue justo unas horas antes de que Pérez Cuéllar arrancara su campaña rumbo a la reelección.
Durante el inicio de ambos mandatos, la gobernadora y el alcalde parecían estar en una luna de miel plural desde la perspectiva partidista. Ambos se conocen porque ambos militaron en Acción Nacional, fueron compañeros diputados en 2006, y ambos son señalados por Javier Corral. Sin embargo, las rencillas partidistas vinieron a complicar esta relación que trajo consigo el rompimiento entre ambos. Seguramente, muchos de los personajes cercanos a la gobernadora contribuyeron al deterioro de la relación entre ambos.
Ahora la Fiscalía Anticorrupción ejecuta una operación en la casa donde vive Pérez Cuéllar en un acto que parecería ser de intimidación por parte del Gobierno. Quien debe estar atacado de la risa es justamente Javier Corral, a quien la gobernadora no ha querido importunar. A Corral le clausuraron una librería, pero a Pérez Cuéllar (su antiguo aliado) le catean la casa.
No creo que Pérez Cuéllar pierda puntos en la elección que viene en cinco semanas. Sin embargo, es un mensaje que le envía la gobernadora, y que tiene como consecuencia tratar de emparejar un poco el tablero electoral de la ciudad.
Estimo que la gobernadora debe ser cuidadosa con estas acciones. Si bien está haciendo un cálculo político para tomar estas decisiones, lo cierto es que a ella menos que a nadie le conviene mermar la fortaleza de Pérez Cuéllar dentro de Morena. En poco más de dos años los partidos elegirán a sus candidatos a la gubernatura de Chihuahua. Dentro de las cartas que maneja Morena, Pérez Cuéllar es la que menos le resulta incómoda a la gobernadora. Han tenido una relación cordial. Golpear demasiado al alcalde significaría fortalecer las pretensiones de los aspirantes al Senado por Morena, con quien la gobernadora sí tiene una relación tortuosa e insalvable. Esto al margen de quien impulse la gobernadora dentro de su partido.
Es claro que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción tiene una motivación electoral. Quien diga lo contrario de plano miente o no entiende el contexto actual. Creo que nadie gana con esta pelea entre el Estado y el Municipio. Como decía líneas arriba, no creo que con esto se merme la fortaleza electoral de Pérez Cuéllar. Es decir, la gobernadora no gana. Tampoco gana la gobernadora al debilitar a uno de los posibles candidatos para 2027, pues lo único es que favorece al corralismo (enemigo de ambos) que aspira a llegar al Senado por Chihuahua en los candidatos de Morena. Por otro lado, el alcalde tampoco gana nada peleándose con la gobernadora. Como dice el dicho, las puertas de la política se abren desde adentro. Una enemistad con la gobernadora le puede costar a Pérez Cuéllar la posibilidad de llegar a la gubernatura en 2027, como tiene planeado.
Desafortunadamente, una vez más, la justicia es utilizada con fines político-partidistas.
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