La mayoría de las interrogantes se centran en temas de seguridad, abordando el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, el endurecimiento de las penas por delitos graves y la posible extradición de ciudadanos ecuatorianos.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad pública, con alrededor de 8.000 muertes violentas registradas en 2023, la tasa más alta de homicidios en América Latina.
Además de estas cuestiones de seguridad, la consulta también aborda temas polémicos como los contratos laborales por horas y el arbitraje internacional para asuntos comerciales e inversiones.
Aunque a principios de marzo Noboa gozaba de una alta popularidad, las primeras semanas de abril han sido difíciles para él, especialmente tras el asalto a la embajada de México en Quito y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas con México y Venezuela.
El país también enfrenta una grave crisis energética, lo que ha llevado al presidente a declarar emergencia en el sector eléctrico y a implementar medidas de racionamiento de energía.
En cuanto a las preguntas de la consulta, una de ellas busca permitir el apoyo de las fuerzas armadas a la policía sin la necesidad de decretar estados de excepción, mientras que otra busca aumentar las penas para delitos como el terrorismo y el asesinato.
Además, se plantea la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación nacional, una medida respaldada por el gobierno para combatir la criminalidad.
Otro aspecto relevante de la consulta es la propuesta de legalizar el contrato de trabajo por horas, una medida que el gobierno afirma que permitirá generar más empleo formal.
Finalmente, se pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para resolver disputas en materia de inversión y comercio.
La consulta popular se percibe como un importante test para el presidente Noboa, tanto en términos de su gestión actual como de sus aspiraciones políticas futuras.