El gran fracaso de los años que Sánchez lleva gobernando es el aumento sostenido del porcentaje de población en riesgo de pobreza y de exclusión social, cuya corrección es la piedra angular de la legislatura a través de toda clase de medidas destinadas a fortalecer el Estado de Bienestar y el sistema de protección por medio de un mayor gasto social y de la ampliación de los derechos de los ciudadanos. En concreto, la tasa de pobreza aumentó en 2023 del 26% al 26,5%, según la encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos consolidados de 2022. Pero, precisamente, dicho año el PIB creció un sorprendente 5%, sin que el intenso empuje de la actividad económica sirviera para aliviar a los ciudadanos en situación más precaria, sino todo lo contrario.
La tasa de pobreza se construye sobre tres componentes: el porcentaje de población en riesgo de pobreza relativa, el que se encuentra en situación de carencia material y social severa y el que tiene una baja intensidad laboral (definida como el número de meses efectivamente trabajados en el año por los miembros del hogar familiar en relación con el máximo que podrían trabajar). Este indicador está estrechamente ligado a la evolución del ciclo económico -el ritmo de variación del PIB-. Por eso, lo llamativo de lo sucedido durante el último ejercicio del que se disponen datos (2022) es que la tasa no se haya recortado a pesar del extraordinario crecimiento de la producción (por encima del 5%), y que apenas haya variado con respecto al 26,2% en que finalizó en 2019, antes de la pandemia.
Esta circunstancia, que debería ser crítica para el presidente Sánchez, está teniendo lugar a pesar de las agresivas políticas sociales del Gobierno, supuestamente dirigidas de forma prioritaria a mejorar la situación de los más desfavorecidos y de las personas con mayor riesgo de pobreza y de exclusión social. Este ha sido el objetivo declarado de la reforma laboral, de las subidas del salario mínimo, del establecimiento del ingreso mínimo vital (coincidiendo con la crisis del Covid), de la estrategia seguida sobre las pensiones -ligando su revalorización al crecimiento del IPC con carácter estructural, hasta un 8,5% en 2023-, y de las múltiples subvenciones y ayudas aprobadas para levantar una suerte de escudo social en favor de los segmentos de población en situación más frágil.
Los datos de la encuesta de condiciones de vida apuntan a algunas de las causas por las que las intensas políticas sociales no han sido capaces de resolver, ni siquiera ligeramente, la precariedad en la que se mueve un cuarto de la población española. La tasa de pobreza se divide por tres grupos de edad: menores de 16 años, entre 16 y 64 años y mayores de 65 años. Desde 2019 a 2023 la tasa se redujo del 27,4% al 26,4% para la población entre 16 y 64 años, aumentó del 18,1% al 20,9% para la población mayor de 65 años y se incrementó nada menos que del 30,8% hasta el 34,3% para los menores de 16 años.
El sondeo no desagrega la población entre 16 y 64 años, pero teniendo en cuenta la acusada precariedad de los menores de 16 años, parte de los cuales se van incorporando al grupo más amplio de edad, así como los datos de las estadísticas de paro y salarios por edades, parece claro que la tasa para los menores de 25 años ha de ser elevada y haber seguido una evolución similar a la de los menores de 16 años.
Según el economista José Luis Feito, miembro de la patronal de empresarios CEOE, «una de los motivos del deterioro de la situación de este grupo de edad desde 2019 hasta la actualidad es, sin duda, la subida acumulada del salario mínimo interprofesional y de las correspondientes cotizaciones sociales decididas desde entonces. Los más jóvenes, y dentro de estos los menos cualificados, son el grupo más negativamente afectado por estas medidas, tanto por la pérdida o la reducción de las posibilidades de empleo como por la disminución del número de horas trabajadas de las nuevas ocupaciones disponibles.»
La reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Díaz, junto al aumento de las cotizaciones sociales, también ha contribuido al crecimiento del riesgo de pobreza y exclusión social por la vía de limitar los contratos temporales, que se ha traducido en un aumento de los contratos indefinidos pero, en general, de menor duración que los anteriores y, sobre todo, de menos horas de trabajo por contrato. Esta reducción de la duración de los contratos y del número de horas por contrato también ha afectado a la contratación temporal, lo que demuestra que «la reforma laboral del Gobierno ha perjudicado especialmente a los más vulnerables e indudablemente son otra de las causas de la elevada tasa de pobreza que tenemos», explica Feito.
Según Feito, la razón fundamental por la cual «los aumentos de los costes laborales pueden generar desempleo o menos horas de trabajo en amplios colectivos cuando cruzan un cierto umbral, aun cuando dicho umbral suponga salarios sustancialmente inferiores al salario medio, es la baja empleabilidad y productividad de esos colectivos». Esto, a su vez, obedece a su escasa dotación de capital humano (educación general y formación profesional) y a la reducida dotación de capital en proporción a la población en edad de trabajar, en comparación con la existente en países con mayores salarios y menor paro que el nuestro.
Esta situación ha empeorado en el transcurso de estos últimos cinco años, durante los cuales la formación de capital privado se ha deteriorado aún más que en el promedio de países europeos como consecuencia de los mayores impuestos a la actividad empresarial, a los beneficios y a la contratación de trabajadores establecidos por el Gobierno de Sánchez.