Un año de cárcel para un veterinario de la Junta por daños en un monte de Iruela
Junto a su mujer y su cuñada tenía arrendados los pastos a la Junta Vecinal, de los que tuvieron que ser desahuciados
Un veterinario de la Junta de Castilla y León, su mujer y su cuñada, propietarios de una empresa ganadera, han sido condenados a un año de prisión y al pago de 47.776 euros a la Junta Vecinal de Iruela, en la Cabrera, representada por el letrado Javier Barrio González, por los desperfectos ocasionados en unos montes de utilidad pública, concretamente las parcelas 48 y 63, que tenían adjudicadas para pastos.
Según consta en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, que pone fin al recurso de reposición, los acusados tuvieron que ser deshauciados de los pastos en octubre de 2020, casi un año después de que en diciembre de 2019 venciera el contrato de adjudicación formalizado con la Junta Vecinal de Iruela, ante la negativa de llevarse el ganado de los pastos, y desalojar las parcelas, que ya se habían adjudicado a otro ganadero de la zona.
Entre los hechos probados, consta que antes de que se produjera el desalojo forzoso por parte de las autoridades judiciales, empleados de los acusados retiraron los bienes e instalaciones fijas de dominio público, causando desperfectos que fueron tasados en la cantidad de 47.756 euros, que reclamó la Junta Vecinal de Iruela. En la sentencia figura la declaración de un agente de la Guardia Civil, que en noviembre de 2020 se personó en la zona e identificó a varios trabajadores de la empresa y al acusado, que aunque en su declaración había asegurado que no era socio de la empresa de su mujer y su cuñada, se encontraba desmontando y llevándose el vallado. Los empleados aseguraron en ese momento que cumplían órdenes de «jefe» en alusión al acusado.
En concreto, según la sentencia, los acusados emplearon radiales y vehículos para arrancar los postes de hierro fijados con hormigón, las estacas de madera y las vallas metálicas, y llevarse ese material.
En su declaración, una de las acusadas defendió que todos esos elementos los habían colocado ellos, y eran de su propiedad, y que se los llevaron porque los necesitaban para otra ganadería. Explicaron que cuando llegaron a la finca los postes estaban quemados, por lo que instalaron un pastor eléctricos.
El acusado, funcionario de la Junta actualmente jubilado, desmintió que fuera socio de la empresa ganadera de su mujer y su cuñada, y que él, por sus conocimientos como veterinario, «solía ir por la explotación de vez en cuando». A pesar de ello, declaró que todos los elementos que se llevaron eran de su propiedad, y que tuvieron que usar radiales y vehículos para llevárselos. También dijo que para ellos «hubiera sido más fácil dejarlos allí».
También declaró que sacaron el ganado en octubre de 2020, que tardaron un mes más en llevarse el resto de las instalaciones y que no pudieron hacerlo antes porque les llevaron mucho tiempo los trámites de traslado del ganado, por culpa de la pandemia.
En el contrato de arrendamiento con la Junta Vecinal figura entre las condiciones particulares que «las obras, instalaciones o trabajos de mejora que realice el adjudicatario deberán contar con la autorización expresa», y que «en todo caso las instalaciones fijas quedarán a beneficio del monte una vez finalizado el aprovechamiento». También se especifica que «durante los años que dure la concesión, mantendrá en buen estado de uso y conservación las obras, instalaciones e infraestructuras existentes actualmente en el monte, así como todas aquellas que puedan construirse en el futuro y que tengan la finalidad de mejorar el manejo del ganado».
El delito de daños en dominio público prevé penas de uno a tres años de prisión, pero el juez decidió aplicar un atenuante de reducción dado que el juicio, por su complejidad, ha tardado más de tres años en celebrarse.
Por todo ellos, los tres acusados han sido condenados a un años de prisión por un delito de daños causados en bienes de dominio o uso público o comunal, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de dos meses con cuota diaria de seis euros.
En concepto de responsabilidad civil indemnizarán, de forma conjunta y solidaria, a la Junta Vecinal de Iruela en la cantidad de 47. 766 euros.
También deberá pagar las costas procesales.