El 20,4 % de la población española, es decir, unos 9,67 millones de personas, están en riesgo de pobreza. En los últimos 12 meses, el 17,1 %, peor cifra que en 2020 y 2021, no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
También es muy importante el incremento registrado entre la población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, que supone más del 5%. Estos datos, entre otros, son más que suficientes para que un gobierno socialista tuviese como prioridad las cuestiones sociales.
La desigualdad ha aumentado y la pandemia, la guerra de Ucrania y el azote de la inflación han puesto contra las cuerdas a miles de personas. Sin embargo, la centralidad de la legislatura es protagonizada por la cuestión territorial y si Cataluña avanza en el camino hacia la independencia o no.
Que el asunto más debatido en la campaña electoral sea sobre si Puigdemont debería tomar posesión en Cataluña o abstenerse de pisar suelo español o que Aragonès haya prometido un referéndum de autodeterminación, ninguneando al ejecutivo que lo niega, son síntomas de una legislatura agotada casi antes de empezar.
Lo mejor que le puede ocurrir al país es que cuanto antes termine la dinámica viciada y tóxica que vivimos desde el 23 J.
El tiempo que vivimos no es de un nuevo proceso constituyente, pese a lo que Díaz Ayuso ha asegurado en los últimos días, sino de demolición de la Constitución del 78. La cuestión principal que se dinamitó fue el principio de igualdad entre los españoles, se canalizó a través de la reforma del Código Penal y la ley de amnistía.
El segundo elemento, es la estructura territorial del Estado, primero en Cataluña y, con posterioridad, la crisis se extenderá al País Vasco, que dan pasos acelerados hacia la escisión.
El tercer elemento que se está derribando es la cohesión social. Las balanzas fiscales no son sino el vehículo que romperá definitivamente la solidaridad nacional que impregnó la Constitución.
Muchos socialistas no quieren un gobierno de derechas y se movilizan ante el miedo a que la extrema derecha ocupe posiciones en un Gabinete. Pero esos mismos socialistas tampoco quieren a Pedro Sánchez al frente del PSOE y del país.
La solución es pasar página a este periodo. Sánchez debería marcharse y PP y PSOE deberían tomar buena nota de cómo ha resuelto Portugal el problema que suponen las ideologías extremas.
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