Sánchez fue sentenciado el 25 de febrero de 2019 junto al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella (también a seis años de prisión), al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera (cinco años y cinco meses de cárcel), al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito (cinco años) y al ex policía Waldino Rodríguez (tres años de prisión condicional).
El ex responsable de la seguridad en la provincia estuvo en la cárcel sólo 10 meses. En diciembre de 2020 los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán, Daniel Leiva y Daniel Posse, hicieron lugar al hábeas corpus en favor del ex jefe de Policía al entender que presentaba problemas de salud, por lo cual se resolvió autorizar otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.
A diferencia de los otros sentenciados, Sánchez logró que se le computara la pena desde abril de 2018. Es que fue en ese momento cuando el tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Marcoritto ordenó que sea detenido con prisión preventiva luego de un incidente conocido durante la audiencia.
Uno de los testigos, el entonces médico forense Fernando Vázquez Carranza dijo que había recibido mensajes intimidatorios mediante Whatsapp de quien en ese momento era el abogado de Sánchez, Enrique Andrada Barone. Ante esto, el letrado fue apartado de la causa y los jueces decidieron investigar a Sánchez por amenazas coactivas, instigación al falso testimonio y estafa procesal en grado de tentativa.
En octubre de 2022, durante una audiencia de ayer, el actual defensor de Sánchez, José Sarmiento, planteó la posibilidad de que se le otorgue al condenado la libertad condicional. Sin embargo, el juez Gonzalo Ortega lo rechazó basándose en que no se habían cumplimentado requisitos legalmente establecidos, como informes del servicio penitenciario, como la negativa del imputado a someterse a estudios psiquiátricos y sobre todo a la falta de reconocimiento de Sánchez del delito por el que fue juzgado. Pero además, advirtió Ortega que el ex jefe de Policía tiene dos procesos penales pendientes, uno por amenazas durante el juicio contra el ex jefe del servicio forense, Vázquez Carranza, y otro por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hace 15 días hubo una nueva audiencia de control, para saber cuál era la situación del condenado, durante la cual Ortega advirtió que estaban a pocos días de que se cumpliera la pena. Eso efectivamente sucederá hoy y a partir de mañana Sánchez podrá salir de su vivienda y tener actividades como cualquier otro ciudadano.
Alberto Lebbos, el padre de Paulina, se mostró indignado con la situación. "Hubo condenas, pero ninguno dijo la verdad. Yo exijo verdad y justicia y nunca se olviden que hay asesinos sueltos", afirmó.
De todos los condenados por la muerte de Paulina, el único que está en la cárcel es el ex fiscal Carlos Albaca, condenado en 2021 a seis años de prisión también por encubrimiento. Di Lella, Barrera y Brito gozan de prisión domiciliaria.
Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006, y su cuerpo apareció días después, el 11 de marzo a la vera de la ruta 341 en Trancas. Hasta aquí la Justicia logró determinar la red de encubrimiento que se movió en la provincia tras el caso, y que involucró a las principales cabezas de la seguridad e incluso hasta a uno de los fiscales que investigó, Albaca. Pero no aún hay certezas sobre la autoría del crimen, aunque sí investigaciones abiertas.