El megapuerto de Chancay en el Perú se proyecta como una infraestructura crucial que beneficiará económicamente al país con una contribución anual de 4.500 millones de dólares, lo que representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PBI) nacional, de acuerdo al nuevo ministro de la Producción, Sergio Gonzalez Guerrero.
El Gobierno sostiene que este proyecto marcará un antes y después, ya que apunta a fortalecer lazos comerciales con regiones donde reside el 55% de la población mundial y que representan el 22% de las importaciones y el 38% del PBI global, destacando principalmente a los mercados de China, Japón, Corea del Sur, e Indonesia.
Sin embargo, a pesar que la obra se perfila como un motor económico fundamental por su impacto directo en diversas industrias, también traería consigo importantes desafíos ambientales en el distrito, ubicado en la provincia de Huaral, que aún atraviesa las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol, ocurrido en enero de 2022.
De acuerdo a especialistas, los impactos ambientales del megapuerto se dividen en tres categorías principales: calidad del aire, agua y suelo.
Estas abarcan 50 puntos críticos, presentados ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), los cuales reflejan la tensión existente entre la incompatibilidad del proyecto y el entorno natural, que pone en duda la coexistencia armónica entre la infraestructura y la preservación de las áreas naturales valiosas de Chancay, como el Humedal Santa Rosa.
Dicho ecosistema es clave para la conservación de diversas especies, especialmente aves migratorias, así como para prevenir inundaciones y sequías. Además, su importancia se extiende a la cultura y la economía local por ser parte de la identidad de las comunidades chancayanas y sustentar actividades relacionadas con la pesca artesanal y el ecoturismo.
Pero, aunque la conversación acerca de los retos ambientales resiste, el impacto económico del megapuerto respecto al comercio peruano y su posición en el mercado mundial se contrapone sin mayor cuestionamiento.
Por ello, con el propósito de analizar a fondo estos desafíos, Infobae Perú conversa con diferentes expertos y una dirigente y miembro del Frente de defensa por la dignidad y libertad de Chancay, que congrega a diferentes organizaciones de la zona sur del distrito.
Entre ellas, la Asociación de Pobladores del Comité 10 y 12 de Santa Rosa, la Asociación de Pobladores del AA.HH. Santa Rosa, la Asociación en defensa de las viviendas y medio ambiente del puerto de Chancay, el Comité de Vigilancia Ambiental del humedal Santa Rosa, entre otras.
¿Cuáles son los posibles efectos negativos?
El megapuerto de Chancay continúa en la fase de su construcción, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), con un avance aproximado del 76 % y estaría listo para fines de noviembre del 2024.
Sin embargo, a medida que avanza su ejecución, continúan sin abordarse las preocupaciones de los chancayanos para garantizar un desarrollo sostenible y responsable que mitigue los impactos negativos.
Antony Apeño, biólogo marino e integrante de la ONG CooperAcción, precisa que, además de la alteración de la biodiversidad en el Humedal Santa Rosa, se suman las consecuencias directas sobre la flora y fauna marinas, debido al dragado necesario (excavación submarina) para la operación del megapuerto.
Esto, específicamente, estaría generando un cambio en la composición de las playas cercanas y el fondo marino, afectando las especies que habitan en el área, así como produciendo alteraciones en las zonas de reproducción de especies importantes para la pesca artesanal.
Pescadores artesanales de Chancay en riesgo
Asimismo, hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay, sobre todo, por el riesgo de descarga de aguas contaminadas, y, en la misma línea, por la reducción del nivel de agua del Humedal Santa Rosa, un efecto que podría estar vinculado a las actividades de construcción del megapuerto, según Apeño.
"Los impactos son diversos. Hay impactos desde la producción del dragado que se hace para realizar el megapuerto, que va a generar un cambio en toda la biodiversidad que hay en estos espacios y también en espacios colindantes, como es el humedal Santa Rosa, que está pegado a la obra. La laguna del humedal ha disminuido en su altura, su profundidad, y esto ha generado bastante preocupación en los pobladores, que no se les ha dejado expresar su inconformidad respecto a los impactos que puede generar esta gran construcción", resalta el biólogo marino.
"Se ha cambiado toda una estructura del bentos, que es el fondo marino de especies que vivían ahí, que eran zonas para reproducción de otras especies, las cuales eran comerciales para los pescadores artesanales. Ya no se van a poder desarrollar actividades de pesca alrededor de esta zona, si a esto le sumamos otro impacto, como el derrame de petróleo, el impacto es más grande", agrega.
Esta situación, en particular, según el especialista, podría causar el desplazamiento forzado de los pescadores artesanales hacia otras zonas norteñas, y, por ende, la sobreexplotación de recursos incrementaría el surgimiento de conflictos sociales, disputas territoriales y hasta el crecimiento de la pesca ilegal.
Aquella situación tendría un impacto, a su vez, en los patrones alimenticios del distrito, como resultado de la disminución del acceso a recursos hidrobiológicos, impactando en la dieta y salud de la población.
Además, hay un sinsabor debido al hundimiento de más de diez viviendas, que, aseguran, son producto de las vibraciones causadas por las excavaciones subterráneas necesarias para el desarrollo del puerto.
Y, al mismo tiempo, molestias por la dispersión de polvo y partículas que aumenta los riesgos de estrés y enfermedades respiratorias para la salud de los habitantes.
Estado no hace caso a advertencias
El sociólogo Alejandro Chirinos, quien también integra el equipo de CooperAcción, critica que los daños colaterales del proyecto han sido insuficientemente considerados por el Estado peruano, quien ha priorizado el avance económico del proyecto.
Estos daños se centran en la efectividad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), cuestionados por su capacidad para reflejar fielmente los riesgos y por la facilidad con la que proyectos de gran envergadura superan estos "filtros".
En el caso de Chancay, se subraya una percepción de que los procesos de evaluación actuales se ven más como requisitos formales que como herramientas de prevención y mitigación reales.
Sin embargo, la lucha en defensa del ambiente, encabezada por organizaciones de mujeres y pescadores artesanales, refleja la preocupación por la pérdida de sus medios de vida.
Pues, las comunidades chancayanas exigen no solo ser escuchadas, sino que se les brinden alternativas económicas viables y respeto por sus modos de vida, que, indican, ya son considerablemente afectados por la obra, entre esas personas está la dirigente y comunicadora social Miriam Arce.
"Las irregularidades del proyecto de todos estos años, desde el 2008, son inmensas, empezado por las resoluciones, autorizaciones y el estudio de impacto ambiental aprobado bajo la mesa y sin haberse enterado la población, sin mencionar las reales afectaciones. La empresa ha fragmentado a la población. El proyecto ha significado perder la pesca, áreas naturales, playas. Nosotros, como ciudadanos que estamos colindantes al proyecto, creemos que es más lo que se pierde que lo se gana"
Alertan sobre falta de transparencia por parte de empresa
Durante esta entrevista, Arce subraya en todo momento la falta de transparencia y consulta en la aprobación del estudio de impacto ambiental, el cual es fuertemente cuestionado, considerado incompleto y sesgado en el caso de la dirigente.
"Con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y CooperAcción buscamos tener la opinión de un científico para evaluar el estudio de impacto ambiental. Obtuvimos 50 observaciones y las presentamos ante el Senace, pero, lamentablemente, no las tomaron en cuenta", relata la dirigente chanchayana.
"Ya tenemos una base científica y compañeros que son profesionales que nos han ayudado a detectar estos impactos. Pero, no tener un marco legal y jurídico permite que la empresa acomode todo a su favor. No somos personas que nos oponemos, solo queremos lo mejor para el distrito de Chancay y vemos que este proyecto no va a favorecer de la manera en que se está dando al distrito y las personas que vivimos acá, es por eso que luchamos", agrega.
Asimismo, destaca que la lucha incluye el reclamo por servicios básicos y espacios adecuados para el crecimiento poblacional, en el marco de un proyecto que, según la dirigente y otras organizaciones de base Chancay, resulta desproporcionado para las características de la bahía.
"No existismos para el Estado, somos invisibles, mentirosos. Eso nos responden en documentos, que por qué reclamamos si nuestras casas son viejas y que era imposible que se cayeran por las explosiones de la obra. Hemos sido invisibilizados por años, esa es la realidad de Chancay. Es un proyecto que no calza con la ciudad, con la población. Es un proyecto demasiado grande para una bahía tan pequeña que lo único que va a ser es devorarla para favorecer a unos cuantos", señala Arce.
Además, ratifica que el conflicto en Chancay se agudiza con las presuntas denuncias de Cosco Shipping contra más de 25 personas que participaron en protestas, según la dirigente, una táctica que la comunidad interpreta como intimidatoria.
"Tenemos más de 25 personas denunciadas por Cosco Shipping por haber salido a una protesta en contra del proyecto. Su modalidad es denunciar a todos los que reclamen sus derechos, así actúa esta empresa, incumple sus propios compromisos socioambientales", afirma la dirigente.
Defensoría del Pueblo no se involucra
Siguiendo el diálogo con Arce, cuenta que, desde 2008, la construcción del puerto estuvo marcada por la falta de transparencia, ya que no se les informó adecuadamente sobre el alcance real del proyecto, sus impactos ambientales ni las compensaciones para aquellas personas afectadas.
Aún así, la comunicadora social ratifica que, tanto ella como otros ciudadanos de Chancay que han manifestado sus preocupaciones vinculadas al megapuerto, no están en contra del progreso, pero insisten en la necesidad de reevaluar los impactos de la infraestructura.
Esto con el fin de garantizar que los beneficios del proyecto no se logren a costa de las necesidades de la población y el medio ambiente.
Pero, si bien a lo largo del tiempo buscaron dialogar con el Gobierno y Cosco Shipping, hasta la fecha, estas conversaciones han tenido resultados limitados.
Bajo ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha sido señalada por no registrar esta realidad como un conflicto social. Pues, la comunidad de Chancay, en su búsqueda de diálogo y soluciones, propuso la creación de una mesa multisectorial que incluyera a la sociedad civil para discutir los impactos ambientales y sociales del proyecto.
Sin embargo, a pesar de las movilizaciones y el apoyo de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y CooperAcción, que ayudaron a evaluar el estudio de impacto ambiental, los reclamos permanecen, en gran medida, sin respuesta.
"Vivimos con ruidos con 24 horas del día, cuando el MEIA (Modificación del Estudio de Impacto Ambiental) dice que no debemos vivir así. Hemos intentado aperturar el diálogo, incluso con la Defensoría del Pueblo, y por eso propusimos una mesa multisectorial. Pero, la ciudad tiene que mirar y aguantar las afectaciones diarias", afirma la dirigente Miriam Arce.
Sobre ello, el sociólogo Alejandro Chirinos advierte: "lo que está sucediendo en Chancay no ha sido registrado como un conflicto social por la Defensoría del Pueblo y nos preocupa, porque si esa es la lógica para promover inversiones, lo que vamos a tener, al final, es mucha resistencia a proyectos que, probablemente, tengan dificultades para operar con tranquilidad, porque la gente simplemente no verá los beneficios por un lado, pero, por otro, va a estar muy preocupada debido a que se van a afectar sus medios de vida".
También, el especialista agrega que la falta de un adecuado mecanismo de participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental ha sido un obstáculo para garantizar que las inquietudes de la población sean escuchadas y atendidas correctamente.
"El megapuerto, sin duda, creemos que es muy importante geopolíticamente en términos económicos para el país, pero el proyecto no ha tenido una estrategia de negociación o contrato social con la gente que le permita tener una actitud favorable al megapuerto. En el país tiene que haber un proceso de reforma de las políticas ambientales, que no se está haciendo, para que este tipo de proyectos no tengan estas dificultades, porque finalmente la gente no percibe los beneficios y mucho menos la tranquilidad cuando llegan inversiones importantes como estas", explica el sociólogo.
Estudio de impacto ambiental de megaobra no contempla todas las amenazas
Como bien se ha detallado antes, el proyecto portuario en Chancay plantea desafíos en varios frentes, desde la protección ambiental y la gestión de impactos sociales hasta la necesidad de fortalecer las normativas y los mecanismos de participación ciudadana.
Acerca de estos dos últimos puntos, se sabe que hay brechas en la normativa ambiental aplicada a la megaobra, ya que su EIA-d (Estudio de Impacto Ambiental Detallado), al momento de ser aprobado en 2013, no identificó todos los impactos adversos desde un comienzo, según un análisis elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Diana Suárez, asesora legal de la SPDA, detalla que cuando se aprobó el EIA-d (2013) no existía un reglamento ambiental sectorial enfocado en el sector Transportes y Comunicaciones.
Por lo tanto, este instrumento, que busca prevenir y, de ser necesario, compensar posibles efectos negativos, se aprobó sin establecer medidas de manejo ambiental para verificar los riesgos de manera eficaz, completa y adecuada.
Esto, por ejemplo, se evidencia con las advertencias dadas por la ONG Mundo Azul. Pues, en una nota elaborada por este medio en mayo del año pasado, la organización expuso numerosas omisiones e inconsistencias en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la obra
Stefan Austermühle, líder de la organización, recalcó manipulaciones en el documento, sobre todo en aspectos críticos como la reducción de la línea de playa y el insuficiente registro de polvo tóxico en el área, en base a investigaciones de Convoca, y cuestionó el proyecto por no considerar adecuadamente el impacto acústico.
En esa línea, la abogada de la SPDA, Diana Suárez, enfatiza que "los procesos de evaluación de impacto ambiental no deben ser solo un mero requisito legal a superar para ejecutar un proyecto, sino que deben ser mecanismos efectivos".
Esto con el objetivo de garantizar derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y derecho a la vida y a la salud, sobre todo, teniendo en cuenta que proyectos como este pueden tener impactos en el entorno social y económico de la población.
"Desde SPDA, a fines del año pasado publicamos un informe legal ambiental que da cuenta de la normativa bajo la cual se aprobaron los instrumentos de gestión ambiental del Megapuerto de Chancay. Nosotros para acceder a la información del proyecto e instrumentos de gestión ambiental, formulamos solicitudes de acceso a la información y la que recibimos no se encontraba en un lenguaje ni formatos accesibles para todos", indica la abogada.
Respuesta de Cosco Shipping y Poder Ejecutivo
Para obtener declaraciones sobre los efectos ambientales del desarrollo del megapuerto en Perú, Infobae Perú buscó comunicarse tanto con Cosco Shipping como con el Ministerio del Ambiente (Minam).
Por su lado, Cosco Shipping, la compañía multinacional a cargo del proyecto, respondió que este mes que no brindará declaraciones sobre el asunto.
Mientras que el Minam no proporcionó respuesta a las solicitudes de comentarios sobre los posibles impactos ambientales que podría tener el proyecto portuario.