La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un acusado de defraudar 745.646 euros a la Seguridad Social a través de cuatro empresas desde Lucena. El fiscal sostiene que las cuotas presuntamente impagadas entre los años 2009 y 2015 corresponden a un total de 59 trabajadores. Por estos hechos, solicita que se le impongan cuatro años de cárcel y una multa de 2,2 millones de euros.
De esta forma, en su escrito de conclusiones provisionales señala que el encartado era administrador único de cuatro empresas. Con la primera de ellas dejó de ingresar un total de 480.095 euros. El ministerio público afirma que en este caso lo impagado corresponde a siete trabajadores. Con una segunda empresa, tiene una deuda por cotizaciones sociales de 242.304 euros que afecta a 33 trabajadores.
A través de una tercera empresa, el procesado debe a la Seguridad Social un total de 11.842 euros que corresponden, en global, a 15 empleados. En último lugar, como administrador de una cuarta sociedad este empresario adeuda 2.282 euros que corresponden a cuatro trabajadores.
Privación de libertad y multa
El fiscal le considera responsable de un delito contra la Seguridad Social, por el que reclama que se le impongan, entre otras penas, la privación de libertad y una multa por el triple de la cantidad supuestamente defraudada, con un año y medio de arresto sustitutorio.
Asimismo, solicita multas que superan el millón de euros para las cuatro empresas, pidiendo que cada una abone el doble de lo defraudado. El encartado y estas sociedades tendrán que indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el importe total de las cuotas adeudadas, que es de 745.646 euros.
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