El próximo paso en el Consejo de Estado es determinar a qué sección y qué consejero se asignará el estudio de la demanda. Una vez admitida, el alto tribunal deberá decidir si es necesario suspender temporalmente el decreto.
El decreto emitido por el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, que establece cada tercer viernes de abril como un día cívico "por la Paz con la Naturaleza", enfrentó este viernes, 19 de abril, su primera demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.
La acción legal fue presentada por Germán Calderón España, un abogado constitucionalista, quien fundamentó su solicitud en un extenso documento de siete páginas. En este, argumentó que el Presidente tomó la decisión sin contar con las competencias legales necesarias para hacerlo.
Mujer de 67 años prestaba su casa para que adultos tuvieran encuentros sexuales con menores
"Ni el Presidente de la República ni sus ministros pueden crear un día festivo de carácter civil o religioso", afirmó el demandante, respaldándose en normativas existentes desde la década de los 80, que aparentemente prohíben al Ejecutivo establecer una fecha cívica.
Calderón expresó su confianza en que el Consejo de Estado anule el Decreto 0500 del 18 de abril de 2024, emitido por el Gobierno a través de la Presidencia y los ministerios del Interior, de Minas, de Ambiente y de Educación, además del Dapre.
Para el abogado, el Ejecutivo "realmente" declaró el tercer viernes de cada abril "como un día festivo", no como uno cívico excepcional, por lo que considera que el acto administrativo debe ser invalidado "por adoptarse sin la competencia para ello".
"El Acuerdo acusado es nulo, porque quienes expidieron la norma acusada no tienen la competencia administrativa para expedirla", insistió el jurista, quien también solicitó suspender provisionalmente el decreto mientras se toma una decisión de fondo.
La demanda pone en tela de juicio el esfuerzo de Petro por limitar el uso de agua y energía eléctrica "al máximo posible", especialmente en un momento en el que Bogotá enfrenta racionamiento y el país teme posibles cortes de estos servicios básicos.
El próximo paso en el Consejo de Estado es determinar a qué sección y qué consejero se asignará el estudio de la demanda. Una vez admitida, el alto tribunal deberá decidir si es necesario suspender temporalmente el decreto.