La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece la colocación de rótulos frontales de formato digital en los productos disponibles al consumo, que será responsabilidad de los fabricantes, fraccionadores o importadores. La idea es que esto sea incorporado a través de códigos de barra o códigos QR que permitan a los oferentes "brindar más y mejor información a los consumidores", explicó el diputado del Partido Colorado Martín Melazzi.
"El proyecto establece que se debe incluir una información básica", es decir, el elaborador, el fraccionamiento, el fabricante, el fraccionador, el importador y las habilitaciones y advertencias, que "deberán coincidir con los impresos en la etiqueta física del producto", indicó Melazzi. También se podrá agregar la información extra que se crea conveniente para dar cuenta, por ejemplo, de la "autenticidad" del producto o de su "origen", agregó el diputado.
El proyecto aprobado no establece la clase de productos que estarán obligados a contar con esta herramienta, por lo cual, si es aprobado en la Cámara de Senadores, deberán definirse esas cuestiones en la reglamentación. Por lo pronto, en la fundamentación del proyecto se planteó la posibilidad de tener "mayor conciencia sobre la salud", con detalles sobre "ingredientes, valor nutricional y cualquier otro aspecto relevante".
Por otra parte, también se destacó la utilidad para "conocer el impacto ambiental y las prácticas éticas asociadas con la producción". Se hace referencia, por ejemplo, a la posibilidad de detallar "las prácticas de sostenibilidad de las empresas y cualquier otro aspecto relacionado con la responsabilidad social corporativa".
El proyecto también señala que esta información puede ser útil para las personas con "alergias e intolerancias" que "necesitan información detallada sobre los ingredientes de los productos para evitar posibles riesgos para su salud".
Por último, se planteó que el proyecto contribuirá a la "transparencia y confianza", con la incorporación de información más amplia de cada producto. "Se busca no sólo reducir la evasión fiscal, sino que se persigue el fin de informar a los consumidores el origen de los bienes. De esta manera, los mismos podrán saber si los productos fueron legalmente obtenidos por parte de los vendedores y que no son productos adulterados o falsificados".
La iniciativa dispuso que "el Poder Ejecutivo establecerá las condiciones y plazos para la implementación", así como también la "fiscalización". Además, incorporó el cumplimento de la Ley 19.307, en lo referido a las campañas de bien público, para "dar a conocer las características y la importancia del rotulado". También detalló el pedido de que "la campaña sea difundida especialmente en los centros de enseñanza de primaria y secundaria y en las escuelas técnicas de todo el país".