La empresa <b>McKinsey</b>, principal consultor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, enfrenta una investigación criminal por su trabajo para la industria que produce opioides. La empresa ya ha pagado cerca de mil millones de dólares para resolver demandas civiles que alegan que sus consejos alimentaron una epidemia de adicción a las drogas, detalla el diario <b>Financial Times</b>. La investigación la abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El periódico <b>The Wall Street Journal </b>detalló que la investigación busca determinar si la compañía o alguno de sus empleados ha obstruido la pesquisa sobre los servicios de consultoría que ofreció a productores de opioides. Dicha empresa ha enfrentado a repetidas afirmaciones de que su trabajo para Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, así como otros fabricantes de medicamentos, ha contribuido en la crisis de opioides en Estados Unidos al asesorar a las empresas sobre cómo impulsar las ventas. Según Financial Times, McKinsey ha dicho que su asesoramiento solo era legal, pero dijo que había renovado la forma en que decide qué clientes aceptar y que no ha realizado trabajos relacionados con los opioides desde 2019. <br/>