El 17ABR24 la Casa Blanca realizó una rueda de prensa telefónica en la cual participaron tres funcionarios de alto nivel (seniors), con su nombre bajo reserva, quienes expusieron las consideraciones del gobierno de EEUU sobre un nuevo esquema para las sanciones que mantiene sobre empresas estatales venezolanas controladas por el régimen chavista. Al día siguiente vencía una licencia genérica LG 44 mediante la cual EEUU había suspendido por seis meses las sanciones a los negocios con petróleo y gas. La LG 44 fue el premio pagado por EEUU el 18OCT23, como parte de las negociaciones con el régimen chavista, a cambio de la suscripción del llamado "Acuerdo de Barbados" firmado por el chavismo y representantes de la oposición y que orienta sobre un "cronograma electoral". A los participantes en la rueda de prensa les hicieron llegar, con la advertencia de embargo por varias horas, copia del comunicado que el Departamento del Tesoro emitiría esa misma tarde. "La Licencia General 44 no se renovará y, en su lugar, emitiremos la Licencia General 44A, autorizando un período de liquidación de 45 días para transacciones relacionadas con petróleo y operaciones del sector gasífero en Venezuela" fue el anuncio central. Uno de los voceros explicó las razones de lo que aparentemente era el regreso a las sanciones petroleras: "durante los últimos meses y semanas, hemos completado una revisión muy cuidadosa y hemos determinado que, si bien las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave, también se han quedado cortas en varias áreas (…) [que] "incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil".
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Los voceros del gobierno de EEUU en la rueda de prensa del 17ABR24 desde la Casa Blanca informaron que la decisión sobre la licencia general no significaba el fin de las negociaciones con el régimen chavista en tanto la Casa Blanca aún cree posible que en Venezuela se produzca una "elección competitiva" en 2024. "Nuestra acción sobre GL 44 no debe verse como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas. Continuaremos interactuando con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional". Agregaron que "estamos en contacto regular con representantes de la oposición y quiero resaltar que está bastante claro que ellos todavía quieren y están haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr una elección competitiva con un candidato de oposición serio en las elecciones de 2024", con lo cual adelantaba lo que ocurriría dos días después cuando en Caracas las distintas fuerzas opositoras acordaron centrarse en el embajador Edmundo González Urrutia como un candidato unitario.
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La licencia 44 permitía que personas o empresas con asiento en EEUU realizaran negocios en petróleo y gas con el régimen chavista. La licencia que la reemplazó, la 44 A estableció un lapso hasta el 31MAY24 para cerrar cualquier negocio que hubiese estado amparado por la licencia 44, aunque dejó abierta la posibilidad para que el Departamento de Tesoro alargue operaciones de empresas específicas más allá de esa fecha.
La decisión de dejar sin efecto la licencia 44 no significó en realidad un retorno a la política de sanciones duras. La principal vía para el alivio a las sanciones, lo ha logrado el régimen chavista mediante la licencia LG 41 del 26NOV22 que permite a la petrolera estadounidense Chevron, explotar yacimientos, exportar crudo hacia EEUU, llevar insumos a Venezuela incluyendo diluyentes y pagar en divisas al régimen chavista y, la licencia 8M del 16NOV23 que permite a cuatro empresas de ingeniería petrolera operar en Venezuela. Estas licencias siguen vigentes, por lo menos hasta mediados del mes de julio, tras la muerte de la licencia 44. En la rueda de prensa del 17ABR24, uno de los voceros oficiales admitió que la licencia a favor de Chevron fue emitida en el año 2022 como un "compromiso inicial" con el régimen chavista para retomar las negociaciones.
Las licencias específicas autorizadas por EEUU a favor del gobierno de Trinidad & Tobago, y a las empresas Shell, Repsol, Maurel & Prom y ENI siguen vigentes incluyendo las referidas a explotación de gas en áreas marinas venezolanas para su procesamiento en Trinidad. La licencia a favor de Shell y el gobierno de T&T, contemplando el pago en divisas a PDVSA, fue objeto expreso de las negociaciones entre EEUU y el régimen chavista.
El Departamento el Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, informó el 17ABR24 que "para las personas que deseen realizar transacciones y actividades previamente autorizadas por la GL 44, la OFAC considerará las solicitudes de licencias específicas caso por caso", pero uno de los voceros en la rueda de prensa de ese mismo día desde la Casa Blanca fue más explícito: "tenemos dos tipos de licencias que otorgamos. Algunas son licencias generales. Esas son públicas. Pero también permitimos que partes individuales con sus particularidades lo soliciten y las evaluamos caso por caso para obtener licencias específicas. Y esos son no públicos y están protegidos por la ley, en lo que respecta a discutir los detalles de ellos, aunque cualquier parte que lo presente puede revelarlo".
Compradores de crudo distintos a Chevron tendrán que recurrir a la OFAC para licencias individuales o, como en el caso de empresas de China, retomar el esquema de compras de crudo venezolano en condiciones de mercado negro y con altos descuentos en el precio.
La política de licencias como mecanismo para administrar las sanciones al régimen chavista pasan a la condición de "privada", lo que a su vez deja ver que por ahora el gobierno de EEUU no pretende cerrar el flujo petrolero venezolano hacia el exterior. En paralelo, la diplomacia de EEUU ha estado apelando a gobiernos izquierdistas de la región para tratar de influir en la conducta del régimen chavista ante las votaciones convocadas para el 28JUL24, a la vez que intenta retomar el cumplimiento de un acuerdo sobre repatriación de venezolanos desde EEUU hacia Venezuela.
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Según la Casa Blanca en declaraciones del 20DIC23, "la visita del Asesor Principal Adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, a Bogotá [22ABR23] para una reunión organizada por la comunidad internacional sobre Venezuela, que fue organizada por Colombia, sentó las bases para las negociaciones directas entre EEUU y los representantes de Nicolás Maduro". Finer ha estado jugando un papel relevante en esas negociaciones dirigiéndolas en tiempo real desde Washington.
Tras la decisión del gobierno de EEUU dejando sin efecto la licencia 44, el negociador del régimen, Jorge Rodríguez, emitió el 18ABR24 una larga declaración narrando detalles de sus negociaciones con los enviados estadounidenses. La versión de Rodríguez coincide con otras fuentes y no ha sido desmentida por voceros de EEUU. Las negociaciones habrían comenzado el 07MAY23 en Doha, la capital de Catar, bajo los auspicios del emir Tamim bin Hamad Al-Thani y acompañadas por el ministro de Estado Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi quien actuó como facilitador. El facilitador catarí visitó Caracas el 18DIC23.
Los representantes de EEUU estuvieron encabezados por el entonces asesor presidencial de la Casa Blanca Juan González y el embajador Brian Nichols sub secretario de Estado del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Las sedes de las reuniones se alternaron entre Doha y la ciudad italiana de Milán. Además del primer encuentro en mayo, en los siguientes meses se realizaron cuatro rondas de negociaciones con periodicidad mensual, varias reuniones vía teleconferencia hasta que el 28SEP23 habrían sido firmados dos instrumentos: uno referido a los vuelos desde EEUU para la repatriación de venezolanos y un segundo que contemplaría el listado de acciones que tomaría la dictadura (firma de un acuerdo político con la oposición que ahora se denomina Acuerdo de Barbados, un mecanismo para evaluar a los candidatos opositores inhabilitados, anuncio de fecha para elecciones en el segundo semestre del año, invitaciones a observadores electorales internacionales) y las medidas que EEUU iría realizando para desmontar las sanciones como recompensa. Los acuerdos habrían sido suscritos por el embajador estadounidense Brian Nichols y por el negociador de la dictadura Jorge Rodríguez. La lista de encuentros incluye dos reuniones adicionales en Ciudad de México, durante el mes de marzo del 2024, cuando ya era inminente que EEUU no levantaría las sanciones y reemplazaría la Licencia 44 por un mecanismo discrecional y privado. Estas reuniones en la capital mexicana fueron confirmadas al Informe Otálvora por la Casa Blanca. A los efectos de la dictadura, el gobierno de EEUU violó lo pactado en Catar y asegura que la candidatura de María Corina Machado no fue autorizada por tratarse de una "traidora a la patria". Según Jorge Rodríguez, EEUU se habría comprometido a dejar sin efecto "todas las sanciones" una vez que las autoridades electorales del régimen anunciaran la fecha de las elecciones presidenciales. A los efectos de EEUU, las negociaciones no están cerradas y la Casa Blanca hace seguimiento a la situación de Venezuela en espera de unas elecciones "competitivas".
Lo pactado por Nichols y Juan González con Jorge Rodríguez no satisfizo a altos niveles del Departamento de Estado razón por la cual a nombre del secretario de Estado Antony Blinken, el Departamento de Estado emitió el 18OCT23 un virtual adendum a lo pactado en Catar. En el comunicado de Blinken se especificaba y, el texto curiosamente estaba subrayado, que EEUU esperaba "la reinstalación acelerada de todos los candidatos".
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El candidato de la unidad opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, dejó abierta como una posibilidad, en declaraciones del 27ABR24, su renuncia al cargo presidencial una vez obtenga la victoria electoral el 28JUL24. La situación podría ser análoga al gobierno argentino de Héctor Cámpora quien permaneció menos de dos meses en la Presidencia, renunciando al cargo para así forzar la realización de nuevas elecciones en las cuales pudo participar y ganar su jefe político Juan Domingo Perón quien había sido inhabilitado en las elecciones.
González Urrutia aceptó ser candidato de la unidad condicionado a un apoyo total de la alianza denominada Plataforma Unitaria Democrática y de la líder María Corina Machado que no forma parte de la PUD. El candidato ha informado que no hará campaña electoral de calle la cual estará en manos de Machado y de los liderazgos opositores regionales. En diversas declaraciones, el candidato ha reiterado que la líder del proceso es MCM y que una victoria el 28JUL24 será de ella. La candidatura de González Urrutia ha sido la solución táctica encontrada por MCM para burlar al régimen e intentar continuar con su esquema de la ventana abierta para desalojar al chavismo del poder mediante una vía electoral.
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Contactos directos con el canciller de Colombia Luis Gilberto Murillo ha mantenido González Urrutia luego de su designación como candidato unitario. Consultado por el Informe Otálvora sobre sus contactos con gobiernos extranjeros, EGU afirmó que ha tenido comunicaciones con "varios gobiernos latinoamericanos a través de sus representantes diplomáticos aquí en Caracas". Entre esos gobiernos se encuentra el de Brasil.
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Luis Gilberto Murillo, quien es embajador de Colombia en Washington, está ejerciendo como ministro de Exteriores de Colombia desde enero llenando la ausencia del titular Álvaro Leyva quien está suspendido del cargo investigado por corrupción. Murillo ha estado muy activo desde Washington y ahora desde Bogotá en el "tema Venezuela". En enero sirvió de anfitrión en la residencia del embajador colombiano en Washington para que los negociadores por EEUU con la dictadura chavista expusieran a un grupo de diplomáticos latinoamericanos la situación con Venezuela. Ya en el cargo de encargado de la Cancillería, Murillo ha mantenido contacto directo tanto con altos jerarcas del régimen como el liderazgo opositor incluyendo a MCM, actuando como virtual facilitador.
El 23ABR24, la Procuraduría colombiana extendió por tres meses más la suspensión de Leyva, lo que hace muy remoto su regreso al cargo de ministro de Exteriores. Luis Gilberto Murillo podría convertirse entonces en el primer colombiano de color en ejercer como jefe de la diplomacia de su país.
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