La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que el frustrado viaje que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) pretendía hacer con destino a Venezuela, pusiera en una situación "difícil" al gobierno. Además, aseguró que la situación se enmarca en acciones que le competen a la Fiscalía y que el Ejecutivo no "interviene ni corresponde que intervenga".
El miércoles en la noche, el jefe comunal llegó hasta el Aeropuerto de Santiago para embarcar en un vuelo Copa que lo llevaría a Caracas. Sin embargo, la Policía de Investigaciones (PDI), frenó su viaje, tras comunicarse con la Fiscalía Centro Norte.
La fiscal Giovanna Herrera alertó que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Y si bien, no cuenta con medidas cautelares, desde Fiscalía temían una posible fuga del jefe comunal.
Jadue acusó una "abierta acción de discriminación y un "abuso de poder". Asimismo, anunció acciones legales. Por su parte, militantes del Partido Comunista acusaron "una persecución política" contra el alcalde.
Bajo ese contexto, Tohá, mientras participaba junto a la PDI de una actividad en la comuna de Independencia, fue consultada respecto a si la situación ocurrida con el alcalde ponía en una situación difícil al oficialismo, considerando que el jefe comunal milita en el PC.
"No, no nos ponemos en una posición difícil porque tenemos muy claro que aquí las cosas operaron como corresponde y que no hubo ningún actor político que interviniera en este proceso", declaró la titular de Interior.
En esa línea, manifestó que "esta es una alarma que, de acuerdo a cómo está el protocolo en estos casos, tiene que entregar la policía de investigaciones cuando hay un paso a través de Policía Internacional, se le hace llegar a la fiscal que está a cargo del caso y ella toma una decisión de acuerdo a lo que le parece conveniente para el proceso".
"El gobierno no interviene en ningún momento y no le corresponde juzgar, sino respetar la labor que hacen la Fiscalía y las policías en esta materia", sostuvo la ministra.
Por otra parte, la ministra aseguró que depende de la Fiscalía evaluar si esta medida se aplicaría a otra autoridad que esté ad portas de ser formalizada y que pretenda emprender un viaje al exterior. "Es una evaluación que la fiscalía debe hacer", sostuvo. En ese sentido, reiteró que al gobierno "ni interviene ni corresponde que intervenga".