Tal vez debería comenzar esta nota con el célebre "Aunque usted no lo crea", de Ripley, ese genial creador que ilustraba las extrañezas de su época de entreguerras.
La discusión de una ley de víctimas en la Argentina del siglo 21 remeda a Ripley.
Porque es de no creer que el Congreso de la Nación reverbere en el debate del proyecto de la ley de protección y derechos para las víctimas de delitos contra la vida, complejizando una cuestión elemental que otros países de la región resolvieron hace tiempo.
Dos son las cuestiones que, una vez examinadas sin prejuicios y sin intereses corporativos o partidarios, inclinarían fundadamente la balanza del debate.
En primer lugar, por qué las víctimas de delito común, a diferencia de las modernas legislaciones del resto del mundo, hasta el día de hoy carecieron de una ley que resguardara sus derechos.
En segundo lugar, por qué esos derechos hoy en vías de ser contemplados no incluyen una cobertura económica acorde a los tratados internacionales, a los que nuestro país adhirió.
La primera de las cuestiones es deudora del incumplimiento de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34 del año 1985: cumplida a rajatablas en nuestro país exclusivamente para las víctimas de violencia institucional o de delitos de lesa humanidad, jamás fue reconocida para las víctimas de delitos comunes, pese a encabezar dicha categoría de víctimas el título de la Declaración.
No sorprende, pues la política de derechos humanos en la Argentina vino al mundo con estrabismo.
La segunda de las cuestiones es deudora del incumplimiento de otras normativas internacionales: cuando los familiares de víctimas de delitos contra la vida reclaman el derecho a contar con patrocinio jurídico gratuito al igual que el victimario, los operadores jurídicos invocan la vulnerabilidad económica como factor decisorio que habilita a la víctima a recibir ese patrocinio gratuito, vulnerando esta vez el principio de igualdad ante la ley entre las mismas víctimas Esta discriminación confirma otro incumplimiento de nuestro país de las normas a las que adhirió la Argentina por una Acordada de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009: las 100 reglas de Brasilia declaran que "la vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal.
Se destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta".
Por añadidura, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que "todas las personas son iguales ante la ley", tal como lo afirma asimismo nuestra Constitución Nacional.
El reconocimiento de los derechos en el mundo fue omitido en la Argentina: el sistema opera muy lejos de los ciudadanos, y sus intereses giran en torno de su propia perpetuación, velando por los intereses corporativos de los cuales los ciudadanos sobrevivimos cautivos.
En el mismo gesto, el sistema perpetúa la pasividad de la víctima: cuestionada cualquier intromisión de la sociedad civil en las jurisdicciones represivas, la víctima ya victimizada una vez por el Estado es revictimizada cuando es expulsada del proceso penal.
Desde la dogmática jurídica hasta el abolicionismo vigente, el sistema se niega a un proceso de deconstrucción en el cual se deberían incorporar progresivamente una serie de propuestas que devolverían la eficacia y la credibilidad a la Justicia: garantizar el equilibrio de los derechos de los delincuentes y de las víctimas durante todas las fases del proceso; obligar al juez de instrucción, al ministerio público fiscal y a la defensa y demás agencias (pericias, cuerpo forense, etc.) a recibir a los familiares inmediatamente después de conocido el delito, con el fin de explicarles los procedimientos y de leerles sus derechos; indemnizarlas civilmente; reconocerles el derecho de apelar las decisiones del juicio por jurados en caso de que le sea adverso a la víctima; crear bancos genéticos que guarden las muestras de los imputados de delitos contra la vida y sexuales, y unificar las normas de distintas jurisdicciones en beneficio de la eficacia del sistema.
Estas son un puñado de modificaciones que el Estado le adeuda a la ciudadanía. No hagamos la del Gatopardo: cambiar para que todo siga igual. Cambiemos, fundamentalmente, para atenuar la violencia y para contribuir, lo que no es poco, a la paz social.
Diana Cohen Agrest es Doctora en Filosofía. Presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia