Poco después de las 14:00 horas de este jueves, se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al recurso de amparo presentado por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que apuntaba a suspender su formalización por su presunta responsabilidad (por omisión) en los delitos cometidos por la policía uniformada durante el estallido social, entre octubre de 2019 y marzo de 2020: se consideró inadmisible.
Desde la Corte señalaron que el recurso presentado por Yáñez "no constituyen una denuncia de hechos que correspondan a aquellos que (...) deban ser conocidos en esta clase de acciones". Estas acciones hacen referencia a los artículos 21 de la Carta Fundamental y el 7,6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe "controlar la 'legalidad' de eventuales afectaciones o amenazas a la libertad personal o seguridad individual".
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Desde la misma Justicia precisaron que, en caso de aceptar el recurso de amparo presentado por la máxima autoridad de Carabineros, "importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige, sin perjuicio de la cautela de garantías ya ejercida en los mismos antecedentes".
Hacia el final, se lee en el fallo: "Que, en este orden de ideas, conforme lo refrendan los artículos 186, 230 y 232 del Código Procesal Penal, la oportunidad procesal para conocer los hechos de la investigación, y los detalles de los mismos como su calificación jurídica preliminar, no es otra que la audiencia de formalización, cuyo objetivo legal es simplemente comunicar en presencia del Juez de Garantía, de que se desarrolla actualmente por el Ministerio Público una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados, los que serán expuestos verbalmente en esa misma audiencia, singularizando los cargos que se presentarán y además solicitudes que se efectúen al mismo tribunal y el imputado manifestará lo que estime conveniente, siendo esa la orgánica exclusiva y excluyente para esos objetivos".
Cabe recordar que el argumento expuesto por Yáñez era que queda "amenazada su libertad".
El Ministerio Público le atribuye la responsabilidad por más de mil 300 casos vinculados a derechos humanos ocurridos durante el periodo antes señalado.