La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio comandado por Andrés Rodríguez, presentó en la Justicia laboral una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo por los despidos masivos de trabajadores estatales. Además, solicitó una medida cautelar para que el Estado frene las desvinculaciones y para que reincorpore a los despedidos, que según el vocero presidencial, Manuel Adorni, son alrededor de 15 mil.
Mientras en el plano político Rodríguez debate acerca de la posibilidad de un nuevo paro general de la CGT, en el plano gremial decidió activar un planteo a la Justicia que, de ser avalado, podría significar un fuerte revés para el Gobierno de Javier Milei.
La presentación ante la Justicia laboral lleva la firma del secretario general del gremio, con el patrocinio letrado de la abogada Florencia Teuly.
En la descripción de los hechos, la presentación le endilga al Ejecutivo el despido de "más de 70 mil" de sus trabajadores, lo que calificaron como "una medida inédita y desproporcionada". Y mencionaron un fragmento que dio el propio Milei en un el Foro Económico de las Américas donde decía que se habían echado a 50 mil empleados, y que se iban a caer otros 70 mil contratos.
Según UPCN, los despidos incluyen a trabajadores con contratos regidos por el artículo 9 de la ley 25.164. Para el gremio, entre los despedidos hay trabajadores y trabajadoras con más de 20 años de antiguedad, cupos trans, otros en el periodo de prueba para el ingreso a planta permanente y delegados sindicales amparados por ley. "No existe justificación ni motivación de dichos actos. (...) Los despidos masivos de los trabajadores son consecuencia de una decisión arbitraria de la más alta autoridad estatal de 'recortar gastos', pasando con la topadora o motosierra por garantías constitucionales que hacen al estado de derecho, sin tener en cuenta que los trabajadores son 'sujetos de preferente tutela'".
En la presentación señalaron que de acuerdo a un relevamiento de trabajadores despedidos que la UPCN comenzó a hacer en los últimos días contabilizaron más de 10 delegados sindicales desvinculados, al menos dos trabajadores trans del cupo legal, e "infinidad de trabajadores con más de 20 años de antiguedad y cargas de familia".
En ese mismo párrafo también defendieron los roles que cumplen los trabajadores estatales y las tareas que desempeñan que "nada tienen que ver con la estacionalidad prevista" en sus contratos. Por el contrario, apuntaron contra "la desidia del Estado Empleador de regularizar en tiempo y forma el pase a planta permanente de los mismos cumpliendo con la manda constitucional del art. 14 bis".
En otro de los apartados, UPCN le pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto 84/2023, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, donde se ordenó el cese de los contratos iniciados en el último año y se instruyó a las autoridades para que releven el personal contratado previo al 1° de enero del año pasado.
"El Estado podrá efectuar una revisión, podrá prescindir de miles de trabajadores, pero luego deberá volver a cubrri los puestos de trabajo porque de otra manera el Estado deja de cumplir sus funciones específicas e inelegables de la administración gubernamental", arguementaron.
La UPCN identificó cinco tipos de despidos masivos: la no revonación de contratos, la supresión "indiscriminada" de organismos de la Administración Pública y descentralizados; la cancelación del periodo de 12 meses previo a la estabilidad en procesos de selección; el destpido de quienes gozan tutela sindical; y la desvinculación de quienes gozan de estabilidad sin sustanciación de sumario previo.
En la presentación le pidió a la Justicia laboral que le ordene al Estado que reincorpore a todos ellos vía cautelar al menos hasta que haya una sentencia de fondo. También que le ordene al Ejecutivo que "se abstenga de continuar desvinculando trabajadores estatales en forma masiva".
"En atención a la naturaleza alimentaria del salario destinada a proveer a la manutención de los trabajadores estatales y de su grupo familiar, de no dictarse la cautela peticionada se convalidaría la afectación del nivel de ingresos con el consiguiente daño", plantearon.