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La cadena nacional del pasado lunes 22 de abril confirmó que el gobierno nacional de Javier Milei se concentra en una agenda socioeconómica que gira en torno a la inflación y a bajarla forzando el equilibrio fiscal a base de "licuadora y motosierra".
Al día siguiente, la masiva, federal y transversal marcha del 23-A en defensa de las universidades públicas puso de manifiesto la vulnerabilidad política de esa definición monotemática, que las últimas encuestas ya venían mostrando.
A fines de marzo, la medición de Reale-Dalla Torre (RDT) arrojó que la preocupación por la inflación venía cediendo desde febrero pasado, al mismo tiempo que crecían las inquietudes por la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo, el empleo, la educación y la salud; en tanto, ingresó en el top 5 la preocupación por el alza de tarifas de servicios públicos en marcha (gráfico arriba).
Consistente con eso, la encuesta realizada por Ágora consultores en abril marcó que mientras la gestión del gobierno nacional respecto a la inflación alcanza 44% de valoración positiva vs 45% de negativa (empate técnico), las valoraciones en materia de educación, ayuda social, salud, empleo, ingresos/sueldos y jubilaciones resultan desfavorables (gráfico arriba). En esos 6 ítems, los saldos negativos oscilan desde un mínimo de -3 pp hasta un máximo de -32 pp.
El mismo informe arroja que los bajos ingresos (20%) ya compiten con la inflación (19%) en términos de problemáticas percibidas como principales: mientras los primeros tienden a crecer, la segunda baja (gráfico arriba).
Con mayor contundencia aún, la encuesta más reciente de Opina arrojó que la desocupación (30%) ya disputa la primacía con la inflación (32%, gráfico abajo). La brecha de 2 puntos porcentuales (pp) entre ambas no resulta estadísticamente significativa, y mientras que la primera viene creciendo, la preocupación por la suba de precios cedió a partir de febrero pasado.
De cara al 1ro de mayo que se celebra esta semana, una de las primeras mediciones en identificar el deterioro en el mercado de trabajo fue la de Atlas Intel (gráfico abajo): respecto a noviembre de 2023 (mes del ballotage), la expectativa de empeoramiento creció de 22% a 52% (suba de 30 pp), mientras que la de mejoría cayó de 50% a 41% (-9 pp).
En la misma línea, la encuesta nacional realizada por Delfos en abril reportó que 58% de la población económicamente activa (PEA) percibió una disminución en su trabajo o actividad en el último trimestre, vs 40% que no (gráfico abajo), una proporción muy alta en lo que va del año.
Sobre ese casi 60%, más de la mitad (55%) percibió mucha disminución (gráfico abajo). Eso marca la intensidad del fenómeno en la PEA, que conforma el sector socialmente más dinámico.
En este contexto, 46% de la población en relación de dependencia dijo tener miedo de perder el trabajo, una proporción muy alta, en situación de empate técnico con quienes no experimentan esa sensación (gráfico abajo).
Esto marca un cambio de tendencia, ya que al cierre de la gestión del Frente de Todos el desempleo tocó valores mínimos de los últimos años; el desafío pasaba por la pérdida del poder adquisitivo que afectaba tanto a asalariados formales como informales.
Cuando se hace foco en el segmento de población empleadora o cuentapropista, 44% plantea temor a tener que cerrar su negocio o empresa, o a dejar de prestar servicios (gráfico abajo).
En síntesis:
- Aunque la inflación sigue al tope de la agenda social, no se trata del único tema prioritario
- La receta de ajuste definida por el gobierno ha reinstalado la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, el desempleo y la ayuda social, junto a los servicios de educación y salud
- Haciendo foco en el ámbito de trabajo, las últimas mediciones marcan claramente el deterioro de la actividad en el marco de la recesión económica, lo que genera una suba del temor a perder la fuente de ingresos
- La agenda social no es una diana, sino un blanco móvil; si el gobierno insiste en restringir su foco de manera monotemática, con la reducción de la inflación como único objetivo de su política económica, corre el riesgo de quedar desfasado con respecto a las urgencias que plantea el metro cuadrado de los electores.