Resulta inevitable que la agenda pública sea tomada por las próximas las elecciones municipales. A diferencia de comicios anteriores, los candidatos a alcalde enfrentan una situación inédita: para cuando terminen su periodo, todos los colegios públicos habrán sido traspasados (o estarán en proceso de traspasarse) a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP). ¿Qué implica esto para los nuevos ediles?
La pérdida de los colegios genera una estructura de incentivos que institucionaliza una mirada al corto plazo, en detrimento de la educación pública que requiere un trabajo de largo aliento. Durante la campaña, las condiciones de las escuelas -la calidad de la infraestructura escolar, la violencia dentro de las aulas y la seguridad de los docentes, la apertura de cupos de jardines, el estado de los liceos más señeros o la ampliación de establecimientos de alta preferencia- no será tema, pues no tiene sentido que un candidato prometa que no son parte de sus futuras atribuciones.
Ya durante su mandato, nadie podría culpar al flamante alcalde si en lugar de invertir su presupuesto en mejorar escuelas -que le serán quitadas-, prefiere el ámbito de la seguridad, más urgente para la ciudadanía. Las autoridades electas tienden, por razones obvias, a favorecer planes y programas que mejoren su probabilidad de ser reelegidas. SI la educación ya no está bajo su tutela, deja ser parte del juego. Previo a la reforma a la educación pública, algunos académicos teorizaron que los alcaldes no eran evaluados electoralmente por la calidad de la educación que impartían sus comunas. Esto convierte la teoría en realidad. En otras palabras, hay un contexto que fomenta que los alcaldes, en el mejor de los casos, propendan a dar poca prioridad a la educación en sus comunas, y en el peor, aprovechen el traspaso para obtener beneficios políticos o hacer una administración descuidada o abiertamente irresponsable.
Una opción, que ya han tomado algunos alcaldes actuales, es movilizarse para evitar o postergar el traspaso. Dado que el gobierno ha presentado un proyecto de ley para abordar dificultades de implementación de los SLEP, estos esfuerzos podrían reflejarse en un nuevo calendario, o en la posibilidad de que se facilite que algunas comunas se exceptúen del proceso. Por otro lado, la alternativa que tomó el Mineduc para enfrentar este problema tiene dos aristas: (1) hacer obligatorio para los alcaldes entregar la documentación y colaborar en el traspaso (evitando así las conductas más perniciosas que se han observado) y (2) sancionarlos muy duramente en el caso en que no cumplan.
Sin embargo, estas dos alternativas son parciales, porque evaden el bulto (postergando) o optan por el castigo (sancionando). Esto tiene una razón. Hubo una ingenuidad política grave en la ley nueva educación pública durante Bachelet II: se esperaba que los alcaldes acataran sumisamente al Estado central, a cambio de nada. El cambio no implica ningún beneficio para este agente clave que no solo es autónomo, sino que es elegido por voto popular y local, a diferencia de los funcionarios ministeriales. Con el nuevo listado de sanciones que plantea el Mineduc, la ingenuidad está mutando a un estatismo centralista y desproporcionado.
Pero también hay esperanzas. El proyecto de ley en discusión podría abrir opciones más interesantes, que prefieran incentivos a los alcaldes para potenciar el traspaso. Por ejemplo, la fuerte inversión en infraestructura escolar que se espera que sea parte de los SLEP, podría venir aparejada en inversión en beneficio de los barrios y comunidades circundantes, como infraestructura deportiva, o parques y vías públicas. Lo que se invierta en planificación y financiamiento de transporte escolar, también podría alcanzar a otros grupos de la ciudadanía mediante la mejora al transporte público en general. En otras palabras, si la educación pública quiere estar a la altura de sus expectativas, debe impactar su entorno y las comunidades que lo rodean en beneficio de los niños, y no ser una embajada del poder central en medio de barrios regidos por los alcaldes. La actual iniciativa legislativa del Mineduc trae el garrote, bien. Pero consideremos también la zanahoria.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar