Son contenedores y, por cumplir una función de almacenaje de basuras, arrastran una imagen peyorativa que también se asocia a su valor de mercado. Pero estos depósitos cumplen otras funciones en el sector del transporte de mercancías que elevan su precio considerablemente y ello no pasa desapercibido para los amigos de lo ajeno. No en vano, la Fiscalía ha acusado a dos camioneros –C. P. y G. D.– de desviar sus trayectos entre la localidad barcelonesa de Esparraguera y Vitoria para vender a un chatarrero –C. M. O. F.– más de 200 depósitos de Mercedes Benz tasados en 654.000 euros. Ninguno de ellos pudo aclarar nada al respecto porque el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, decidió suspender el juicio señalado ayer a las 11.00 horas tras la petición de la abogada de uno de los acusados, la letrada Pilar Sangorrín.
Así lo solicitó la jurista al alegar que el auto de apertura de juicio de oral no le fue comunicado a la empresa –en calidad de responsable civil– el 13 de octubre del año pasado y, por ello, la entidad no pudo designar abogado y procurador para ejercer su defensa. A la petición se adhirió su compañera de estrado, la abogada Olga Oseira, y la representante del ministerio fiscal mostró su conformidad hacia ello al reafirmar que esa «omisión» tenía que «subsanarse».
De acuerdo al escrito de acusación del ministerio público, los hechos referidos se remontan al periodo de tiempo transcurrido entre el 23 de mayo y el 17 de octubre de 2022. Según la Fiscalía, tanto C. P. como G. D. desviaron sus trayectos «en varias ocasiones» hasta una chatarrería ubicada en el polígono de Cogullada de Zaragoza. Allí, supuestamente, ofrecieron al propietario del negocio –C. M. O. F.– los citados contenedores y, «con conocimiento de su procedencia ilícita», este último terminó adquiriéndolos.
En total fueron 87 contenedores de piso valorados en 514.000 euros y otros 167 de peldaño peritados en 140.000 que hacen un total de 654.000. Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los dos camioneros como autores de un delito continuado de apropiación indebida. Y rebaja la pena privativa de libertad hasta los dos años para el empresario, a quien imputa un delito continuado de receptación.
En el caso de ser condenados, todos ellos deberán abonar 654.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza.
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