La pandemia del Covid tuvo muchas consecuencias en todos los ámbitos de nuestras vidas. Uno de ellos fue la paralización de la mayoría de negocios, lo que supuso grandes pérdidas para la gran mayoría de las empresas. Muchas de ellas han pedido que el Gobierno les devuelva el dinero perdido en forma de indemnizaciones, por lo que han acudido a la Justicia. Desde el 2020 y hasta el 30 de marzo de este año 679 recursos han sido presentados y el Tribunal Supremo los ha desestimado todos.
Todos ellos se han basado en los argumentos comunes que esta Sala fijó con su primera sentencia, en la que se rechazó el recurso presentado por el hotel Alhambra Palace. Este negocio solicitaba una indemnización de 417.000 euros por el perjurio económico provocado por su cierre desde el inicio del confinamiento hasta el mes de junio de 2020.
Desde ese momento otros 678 recursos han sido presentados. Del total 256 han sido resuelto por sentencia y los 423 restantes por auto o decreto por desistimiento de los recurrentes. Esto significa que casi un 60% ha desistido en sus peticiones, mientras que el 40% mantiene su recurso para presentarlo ante el Tribunal Constitucional. Esto solo puede ocurrir cuando se ha agotado por completo la vía de casación en el Tribunal Supremo.
Los recursos muestran una tendencia al alza, ya que en 2024, solamente hasta el 30 de marzo, se han resuelto 414 asuntos (172 por sentencia y 242 por desistimiento) y todavía quedan 132 sin resolver. Un gran crecimiento frente a los datos de 2023, que desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre se resolvieron 265 (84 por sentencia y 181 por desistimiento).
Todas las sentencias tienen algo en común y es que todas recogen el fallo dictado por el Tribunal Constitucional en el que se declaró la inconstitucionalidad de los Reales Decretos por los que se estableció el estado de alarma y que expresamente manifiesta que ello no supone un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial: "la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia no será por sí misma título -así se afirma expresamente- para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las Administraciones Públicas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. REC.ORDINARIO(c/a)/304/2023 14. En definitiva, de la declaración de inconstitucionalidad parcial de este Real Decreto no nace en el presente caso un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial fundado en dicha declaración".
Pérdidas de las empresas en 2020
Según un estudio presentado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), las empresas españolas sufrieron pérdidas de hasta 287.000 millones de ingreso en 2020 por el impacto de la pandemia. El mayor retroceso lo sufrieron los servicios no financieros de mercado, registrando una caída del 22,2%. Este sector, que anteriormente lideraba el dinamismo económico en 2019, se vio gravemente afectado, seguido por la industria (extractiva y manufacturera) y el sector construcción, los cuales también experimentaron disminuciones significativas en su facturación. El turismo, incluidas las agencias de viajes, alojamientos y transporte aéreo, destacó por las pérdidas más drásticas en términos relativos, sumando un total de 45.600 millones de euros en pérdidas.
La caída en la cifra de negocios también obligó al cierre de numerosas empresas, especialmente entre febrero y abril de 2020, período en el que se observó una disminución de más de 90.000 empresas registradas en la Seguridad Social. Aunque hubo una leve recuperación, los niveles no alcanzaron los registros previos a la pandemia. Para febrero de 2021, el Registro contabilizó cerca de 50.000 empresas menos que el año anterior, evidenciando una caída del -3,6%. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más afectadas, destacando la industria de la hostelería entre las más perjudicadas.