No resisto la tentación de reactivar mis columnas sobre la nefasta influencia de los ambientalistas extremos (AE), más ahora que se anuncia la debacle de un apagón, como lo insinuó el operador del mercado de energía mayorista XM S.A. E.S.P., al revelar que el nivel de los embalses está en el preocupante 31,5 %. Lo hago a sabiendas de que me lloverán rayos y centellas, como lo hicieron en el pasado con mezquinos ataques personales y familiares, pues, dijo Pérez Reverte, es más fácil discrepar de un terrorista que de un ambientalista.
El fenómeno de El Niño o que se retrasen las lluvias no es responsabilidad del Gobierno, pero sí alarma que la amenaza del apagón al que le tememos se desate ante un Gobierno cuyas decisiones no se adoptan con criterios técnicos sino con posturas ideologizadas.
Petro se ufana de su política pública de forzar la transición energética, prescindiendo de exploración de gas y petróleo y prohibiendo nuevos contratos para la explotación de carbón. A esa solución ha llegado de la mano intransigente de los AE, quienes todavía no aterrizan que ese camino es un suicidio que nos hará más pobres, empeorará el problema energético y marchitará todavía más a Ecopetrol, cuyo desmantelamiento de su gobierno corporativo, al igual que en la CREG, está derrumbando la institucionalidad del sector.
Esos asesores que deambulan por los pasillos de Casa de Nariño insisten en llevar la contraria a los expertos que tienen averiguado que la seguridad energética depende de contar con una balanza de alternativas de generación eficiente de energía con base en las distintas tecnologías disponibles. Para eso, además de agua, se requiere suministro confiable de gas y de carbón, pero hoy aquí el Gobierno toma todas las medidas para que no se pueda contar con ello. De este yerro sí es responsable el presidente Gustavo Petro, y sus AE, quienes han bombardeado el sector minero con anuncios funestos, paralizando las inversiones en Colombia (-24,8 % según el DANE) y proyectos industriales sumidos en un clima de inseguridad física y jurídica. En regiones carboníferas, como el Catatumbo, se ha denunciado que el ELN controla la entrada y salida de los camiones de carbón y que extorsiona a los productores ante el más indolente desamparo institucional. El Gobierno anda dedicado a proteger la minería ilegal –en la que seguramente buscará votos para 2026–, y a intimidar a los industriales con la inminente expedición de reservas ambientales temporales, que se sumarán a las extensas zonas de áreas protegidas donde está vedada cualquier posibilidad de desarrollo.
En vez de una política coherente, Petro y sus lunáticos andan empeñados en una reforma legal minera que imposibilite la iniciativa privada, todo para estatizar también este sector, como lo han empezado a hacer a la fuerza con la salud, los cafeteros y el mercado energético, creando una nueva empresa estatal minera, solución caduca que nos devolvería medio siglo.
Pero allí no se detiene el desastre. Para contrarrestar el déficit en el suministro de gas, que se estima podría llegar al 17 % de la demanda, el Gobierno anuncia la compra a Venezuela a partir de 2025, medida que, como dice Petro, no es la primera vez que sucede. La diferencia es que comprar gas a cambio de energía en pleno proceso electoral venezolano presidido por el sátrapa de Nicolás Maduro es altamente riesgoso. En efecto, las sanciones que podría restablecer el Departamento de Estado de Estados Unidos a Venezuela por las graves violaciones a su democracia, en palabras del presidente de Ecopetrol, son preocupantes, porque "esta decisión se enmarca en el levantamiento que hay hoy de esas restricciones. En la medida en que ellas vuelvan a existir, pues nos abstendremos de hacer las transferencias y transacciones".
El 18 de abril vencerán las autorizaciones a las petroleras para negociar con Venezuela y veremos qué sucede si se restablecen las sanciones. ¿Y entonces, qué pasará con el déficit de gas? ¿Cuál es el plan B? Improvisación, decisiones políticas, ideología y pobreza.
Adenda No 1. Apropiarse de las EPS es intimidante y autoritario. Resta el decretico convocando la constituyente.
Adenda No 2. Milei y su canciller Diana Mondino justifican los ataques a Petro, porque en el pasado sí fue terrorista, no insurgente. Insólito que nuestro mandatario y su camaleón canciller (e) Luis Gilberto Murillo se den por satisfechos.