Comunidades de Tarapacá recurrieron al Primer Tribunal Ambiental para frenar proyecto de Minera Collahuasi por US$ 3.200 millones
Siete asociaciones de pueblos originarios de la comuna de Pica ingresaron una reclamación ante dicha instancia el pasado 18 de abril.
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Siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la calificación ambiental favorable del proyecto de US$ 3.200 millones de Minera Collahuasi.
La causa, admitida a trámite desde el 18 de abril, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.
Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que existiría una susceptibilidad de afectación que hace procedente la realización de una consulta indígena.
En el escrito se afirma que "al tratarse del impacto respecto de los cultivos agrícolas, el cual no fue evaluado, se podría deducir que la potencialidad del impacto ambiental significativo generaría los preceptos para la apertura de un proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, lo cual, fue denegado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en forma totalmente ilegal y no fundamentada".
Claves del proyecto
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi -minera controlada por Anglo American plc y Glencore- por un período estimado de 20 años, para lo cual se va a mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 mil toneladas por día a 210 mil toneladas mediante la extensión de los permisos medioambientales.
La iniciativa también considera una fuente complementaria de abastecimiento hídrico para lo cual se contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar.