Juan A. Ardura / Y. G.
El Gobierno asturiano acepta pero pone condiciones al consorcio entre las agencias tributarias de la Generalitat catalana y el Estado central que ha planteado Salvador Illa, candidato del PSC, en plena campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña. El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, reconoció ayer que la posibilidad de un consorcio así "está contemplada en el Estatuto de Cataluña y se podría evaluar", pero con la garantía de que la competencia sobre caja de los ingresos seguirá siendo de la Administración central.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez admitió que no conoce los detalles de la propuesta lanzada por Illa. El también exministro de Sanidad se ha limitado por ahora a formular genéricamente la opción del consorcio, pero sin definir cómo sería su trabajo y qué medida cambiaría el manejo de la recaudación. "Es cierto que el Estatuto de Cataluña contiene esa posibilidad, que los tributos estatales se recauden en Cataluña a través de un consorcio entre la Agencia Tributaria y la agencia catalana. Pero aquí lo importante está en quién gestiona la caja, es decir, quién recibe los ingresos de los impuestos estatales", valoró el también portavoz.
Peláez no se cerró en banda a la propuesta del "cartel electoral" del PSC, pero con matices y con la salvaguarda de que no quebrante el criterio de solidaridad entre territorios contenido en la Constitución española. "El hecho de que los impuestos estatales los pueda gestionar la agencia tributaria catalana a través de un consorcio, es decir, la mera gestión, se podría llegar a evaluar, pero siempre y cuando sea la Administración General del Estado la que gobierne íntegramente los fondos. Es fundamental en el para cumplir el principio de solidaridad", manifestó el portavoz del Gobierno asturiano.
A tenor de la propuesta de Illa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que lo que ella ha "escuchado" al candidato del PSC tiene que ver con que "por supuesto" todas las comunidades autónomas aspiran a tener recursos suficientes para dar servicios de calidad, y no "que quiera recaudar todos los impuestos". Montero aseguró que Illa reclama "servicios públicos adecuados y con recursos suficientes", para superar "un debate identitario respecto a divisiones antiguas" y trabajar "para conseguir inversión crecimiento económico".
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