Con una acción que revela no solo la profunda división política en España sino también la amenaza que representa para los pilares de la democracia y la justicia social, el Gobierno se ve compelido a responder ante lo que percibe como un flagrante intento de revisión y negación histórica por parte del Partido Popular (PP) y Vox. Estos partidos, desde sus posiciones de poder en distintas comunidades autónomas, han iniciado una ofensiva contra la legislación de Memoria Democrática mediante la implementación de las denominadas leyes de «concordia». Esta estrategia, lejos de fomentar la unidad nacional, trata de limpiar las atrocidades del Franquismo y reescribir una parte crítica de la historia española.
Estos esfuerzos no solo contravienen la ley estatal sobre Memoria Democrática, concebida como un marco para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista, sino que también establecen un precedente preocupante de negacionismo histórico. Al intentar equilibrar los crímenes de la dictadura con los sufrimientos por otros lados en la guerra y la postguerra, PP y Vox no solo deshonran la memoria de las víctimas, sino que desafían los principios de verdad, justicia y reparación que son fundamentales para las democracias contemporáneas.
Ante esta provocación, el Gobierno prepara recursos ante el Tribunal Constitucional, intentando no solo cuestionar estas leyes, sino también detener aquellos artículos especialmente ofensivos. Este paso, más allá de ser una mera formalidad legal, es una acción defensiva de la democracia y una muestra del compromiso inalterable con la verdad y la justicia histórica. No obstante, la seriedad del asunto demanda más que medidas legales; exige una repulsa contundente y colectiva de la sociedad española y de sus representantes políticos contra este intento de revisionismo.
La maniobra de PP y Vox, especialmente en un momento de anticipación electoral, es deliberada. Pretenden posicionar estas leyes como logros de su administración, desviando la atención de sus políticas regresivas, siendo ésta una más, y su complicidad en el intento de rehabilitar la imagen de la dictadura. Este cálculo político, sin embargo, conlleva un precio exorbitante: el riesgo de retroceder décadas en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en España.
El esfuerzo de la derecha y ultraderecha española por modificar la historia y minimizar las atrocidades del Franquismo constituye un asalto directo no solo a las víctimas y sus descendientes, sino a toda la sociedad española. Pretender olvidar o distorsionar el pasado en nombre de una concordia ficticia es un acto de cinismo político que erosiona los valores democráticos y amenaza la convivencia.
Frente a estos desafíos, resulta esencial que todas las facciones de la sociedad española, sin importar su inclinación política, rechacen estas tácticas revisionistas y se consoliden en la defensa de la memoria histórica como fundamento de la democracia y la justicia social. La batalla contra el olvido y por la veracidad histórica debe ser firme, pues ignorar o tergiversar el pasado abre las puertas a la repetición de errores y horrores ya superados.
El enfrentamiento que se aproxima en el Tribunal Constitucional trasciende el ámbito legal; representa una defensa de la dignidad humana, de la justicia y de la verdad frente a los que, movidos por intereses políticos o ideológicos, buscan negar la realidad de la represión franquista.
Es imperante que España, de manera unida y decidida, refute estos intentos de revisionismo y reafirme su compromiso con la memoria democrática, no como venganza, sino como una promesa de no repetición y como tributo a quienes padecieron la injusticia del autoritarismo.