Las consideraciones legales han entrado en el debate sobre la entrada de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018), involucrado en casos de corrupción y condenado dos veces por delitos anteriores. Quienes han defendido la decisión del presidente Daniel Noboa apelan al artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que establece que «no es lícito conceder asilo» a personas que se sientan ante la Justicia por delitos comunes «salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político». La norma también establece que las personas que entren a lugares buscando asilo «deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al Gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega».
El texto difundido por políticos cercanos al oficialismo como respuesta a las denuncias de violación del Derecho Internacional por México, que anunció que elevaría el caso incluso ante instancias internacionales. Para Ecuador, Glas no es un perseguido político, sino un delincuente. El propio Noboa dijo que su país «rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes».
La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 dice en su artículo IV que «corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución», aunque ese numeral es menos referido en las últimas horas en Ecuador.
Noboa defendió la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada de México como una decisión excepcional «para proteger la seguridad nacional» y calificó a Glas como un «delincuente sentenciado, involucrado en crímenes muy graves» e insistió en que Ecuador no podía correr el riesgo inminente de su fuga. Ese asilo, según el mandatario andino, hubiese violado «el artículo II del Acuerdo de Caracas, el artículo I de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena», especialmente porque –según cree– existía un «riesgo inminente» de fuga. Noboa se dirigió a México diciendo que «siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia», pero ratificando que «la justicia no se negocia».
Desde el extranjero, el expresidente Rafael Correa instó a la UE y al resto de la comunidad internacional a ejercer «presiones políticas» para que el Gobierno ecuatoriano otorgue un salvoconducto a Glas. Correa llamó la atención de que «hay una persona secuestrada, cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos».
Noboa aseguró que algunas personas «han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista», señaló en referencia a Correa, y sin mencionarlo. «Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votarán por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática de una nación», añadió en referencia al plebiscito impulsado por su Gobierno sobre seguridad, inversiones y empleo.
Será también una medición de popularidad, pues la campaña para la participación está fundamentalmente impulsada por el mandatario. Hace un mes, cuando Noboa cumplió sus primeros 100 días en el poder, su aprobación se ubicaba en 82%, según una encuesta de Cedatos.
Por su parte, la presidenta en funciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Xiomara Castro (Honduras), anunció que convocará una cumbre de presidentes del organismo regional para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México. La reunión está prevista de manera virtual el viernes, para definir «acciones» con el propósito de requerir al Gobierno de Ecuador «la rectificación» por sus acciones. En la reunión se propondrá «la firme condena» de la Celac a Ecuador por «el ingreso ilegal» de las fuerzas de seguridad en la Embajada de México, haciendo «uso indebido de la fuerza violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas».
Y mientras Noboa enfrenta la crítica internacional, puertas adentro se le calienta el panorama con una oposición que comienza a reorganizarse. Los acuerdos que había logrado en el Congreso, que le habían permitido gobernar sin problemas legislativos y sin trabas, comienzan a resquebrajarse. El partido Revolución Ciudadana, el grupo más grande, ya se declaró abiertamente como opositor al Gobierno. Junto a otros grupos ha convocado a tres ministros de Noboa para fiscalizar sus actuaciones. El objetivo es llegar a realizar juicios políticos que vayan desarticulando el Gabinete.
Glas, quien fue vicepresidente con Correa, fue condenado por corrupción en Ecuador, pero había salido libre después de que un juez aceptara un recurso. Tras nuevas investigaciones, Glas se refugió el 17 de diciembre en la embajada de México, que le concedió asilo político el viernes, horas antes de su arresto.
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