Educación
La falta de financiación de la LOSU frena el avance del Campus soriano
El conflicto de competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas aumenta la preocupación en el sector que a las administraciones una solución «urgente y coordinada»
El pasado 12 de abril se cumplió un año de la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, a día de hoy, continúa sin la financiación necesaria para mejorar el sector debido al conflicto de competencias que existe entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Un año marcado por la «preocupación e incertidumbre» del sector universitario que demanda un «acuerdo urgente» en materia de financiación entre ambas Administraciones que les permita comenzar a trabajar y cumplir con los plazos establecidos en la nueva normativa. «La esencia y propósito de esta ley es positivo pero el procedimiento no ha sido el correcto», asegura José Luis Ruiz Zapatero, vicerrector del Campus Universitario de Soria, asegurando que la coordinación entre instituciones y colectivos es imprescindible para conseguir avances y estabilidad. «La nueva ley de universidades tiene cosas buenas y otros aspectos con los que no estamos de acuerdo o creemos que se podrían mejorar. Si se hubiera optado por sacar una ley consensuada con las Comunidades Autónomas y los colectivos afectados, no estaríamos en esta situación de incertidumbre y desconcierto que solo consigue empeorar y retrasar el desarrollo del sector».
Tras un año de su aprobación, el acuerdo entre ambas administraciones no parece estar cerca. Una falta de coordinación que preocupa mucho a los profesionales del sector universitario sin una solución a la vista. «Necesitamos unas directrices claras para planificar el próximo curso adaptado ya a la nueva normativa. La prolongación de esta situación de bloqueo administrativo acaba perjudicando a los ciudadanos y profesionales de las universidades ante la imposibilidad de avanzar y realizar bien nuestro trabajo».
La implantación de la Ley de Universidades tiene como objetivo situar la inversión en educación superior en el 1% del PIB nacional con el horizonte puesto en 2030 consiguiendo una equiparación progresiva a la inversión media de la Unión Europea.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo inminente, Gobierno y Comunidades autónomas han optado por actuar de manera independiente para intentar minimizar las consecuencias de cara al comienzo del próximo curso. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades apuesta por una flexibilización de ley permitiendo a las universidades retrasar hasta tres años y medio la estabilización de los profesores asociados y la aprobación de los estatutos de las universidades así como la elección de nuevos claustros y consejos de gobierno. «Es una manera de ganar tiempo mientras buscan alternativas para acercar posturas», asegura Ruiz quien muestra su rechazo a esta medida ya que supone una suspensión de los plazos de actuación y, por lo tanto, una prolongación de la incertidumbre. «El contexto general del sector universitario es preocupante y después de darles un año de margen para negociar un acuerdo sobre la financiación nos encontramos como al principio o peor». Otro de los cambios introducidos es la normativa y que más debate ha generado aborda un nuevo modelo de gestión de carrera académica con el fin de conseguir un a mayor estabilidad y con condiciones laborales dignas.
Este nuevo modelo recogido en la LOSU trata de equiparan las vías funcionarial y laboral reconociendo a todo el profesorado permanente laboral derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente. La ley exigirá la estabilización de los profesores asociados a través de contratos indefinidos aunque con una reducción de las horas lectivas que pasarán de 180 a 120 horas. La Ley marca también que esta reducción de horas de trabajo de los profesores asociados quedará cubierta con la contratación de 4.200 profesores ayudantes consiguiendo renovar plantillas envejecidas y estabilizar a docentes en situación precaria e inestable. Una medida muy positiva para el sector universitario pero imposible de realizar si no existe un acuerdo sobre quien debe hacerse cargo de su financiación. El vicerrector del Campus de Soria destaca la importancia de realizar una «labor coordinada» para sacar adelante una normativa que mejore las condiciones del sector y sea beneficiosa para los trabajadores y el alumnado.
Actualmente, el Campus Universitario de Soria cuenta con un total de 240 docentes de los cuales 90 son profesores asociados, 40 cesales de Ciencias de la Salud y 100 profesionales de distintas categorías. «Está situación afecta al conjunto de universidades españolas pero en Soria tenemos unos 'handicaps' añadidos. Por norma general, en las poblaciones pequeñas como Soria es más complicado encontrar profesionales sobre todo en ramas muy concretas. El objetivo que marca la ley en relación a la renovación de la plantilla y mejora de las condiciones laborales no da pie a debate. El problema es quien debe asumir esa financiación», explica Ruiz quien demanda medidas más atractivas para conseguir atraer profesionales a Soria. «Hay que conseguir una Universidad más atractiva para los jóvenes que están decidiendo dónde asentar su futuro laboral. Tenemos que apostar por implicarnos más para poder garantizarles una calidad de vida que no can a encontrar en otro sitio y buscar fórmulas de ayuda económica para facilitar su asentamiento en Soria de manera permanente. En conclusión, trabajar de la mano para convertir nuestra ciudad en un lugar atractivo para vivir».