La necesidad de dotar las empresas de planes de igualdad continúa sin calar de forma mayoritaria en el tejido productivo de Córdoba. De este modo, desde el año 2022 la ley obliga a las sociedades que superan los 50 trabajadores a contar con este instrumento, donde se abordan diferentes cuestiones de las relaciones laborales. No obstante, de las 385 sociedades que deben tener el plan en la provincia, solo 117 cuenta con uno. Por tanto, 268 empresas (el 70% del total) estarían incumpliendo la ley.
La delegación territorial de Empleo informa de que, ante esta situación, la inspección de Trabajo ha planteado hasta el momento dos propuestas de sanción en Córdoba, que han sido enviadas al servicio de Administración laboral de esta consejería para su tramitación. El importe de una de ellas es de 1.500 euros y en el segundo caso la cantidad asciende a 3.000 euros.
Empleo recuerda que carecer de plan de igualdad se considera una infracción grave, "cada año más perseguida por la autoridad laboral", y conlleva multas que van desde los 751 euros hasta los 7.500 euros. En este sentido, la delegada territorial, Mª Dolores Gálvez, subraya la importancia de que las empresas realicen un diagnóstico para identificar los retos en materia de igualdad, como la brecha salarial o el techo de cristal, y los solucionen con medidas concretas.
Ventaja en el acceso a contratos y ayudas
La Consejería de Empleo tiene registrados 157 planes de igualdad de empresas de la provincia, pero 40 corresponden a sociedades de menos de 50 trabajadores, que no están obligadas a contar con esta herramienta. Atendiendo al tamaño, el número más alto de planes ha sido registrado por empresas de entre 50 y 99 trabajadores, con 61 (el 39% del total). Las sociedades que tienen entre 100 y 249 trabajadores han presentado 38 y las de más de 250 empleados, 18 planes. Empleo destaca que las 385 empresas afectadas por esta norma en Córdoba dan trabajo a 57.638 profesionales, el 28% de los empleados de la provincia.
Entre otros beneficios, Mª Dolores Gálvez hace hincapié en que las administraciones públicas "puntúan muy favorablemente" las solicitudes de las empresas que disponen de estos planes cuando optan a subvenciones o contratos. Del mismo modo, la delegada territorial de Empleo defiende que "incluir la visión de género no solo implica un mero cumplimiento de la normativa para evitar una sanción administrativa, sino que debe ser visto como una oportunidad de cualquier empresa para mejorar su eficiencia y posicionamiento en el mercado a un medio y largo plazo, con una mínima inversión".
CCOO: "Solventa posibles discriminaciones"
El secretario de Acción sindical de CCOO, Aurelio Martín, explica que los planes de igualdad en las empresas "ayudan a solventar posibles discriminaciones". En esta línea, afirma que "nos gustaría que tuviesen mucha más prioridad, porque son fundamentales para que se normalicen las condiciones de trabajo, sobre todo, de las mujeres, que es donde nos encontramos más discriminaciones".
Este responsable sindical explica que el bajo número de multas frente al elevado incumplimiento de la ley podría deberse a que "normalmente, la inspección de Trabajo está haciendo requerimientos y no sanciones". Así, detalla que "muchas empresas, cuando la inspección les hace el requerimiento, crean una comisión de negociación, presentan el acta de la creación y hay negociaciones que van rápido y otras, muy lentas. Hay empresas negociando el plan desde 2021", lamenta. Por esto, entre otras cuestiones, CCOO reivindica que Trabajo "dé los plazos más cortos para obligar a las empresas a ponerse las pilas".
UGT: "Las empresas públicas deben dar ejemplo"
De su parte, la secretaria de Igualdad de UGT, Paqui Haro, señala que "existe una ralentización de nuevas empresas que terminan firmando su plan". No obstante, valora que "la exigencia (de esta herramienta) para poder acceder a una licitación pública ha motivado a algunos sectores en la premura de conseguir este distintivo" y cita, a modo de ejemplo, la construcción.
Esta responsable sindical explica que UGT apuesta por fijar esta medida como indispensable, en las empresas de 50 o más personas empleadas, para poder acceder a las subvenciones públicas, con objeto de fomentar el impulso de los planes. Además, el sindicato reclama a las instituciones públicas "que exijan a las empresas públicas la elaboración y aprobación de su correspondiente plan de igualdad", ya que en su opinión "deben dar ejemplo".
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