La educación ha sido un factor estratégico para todas aquellas sociedades que a lo largo de la historia han procurado el máximo bienestar y desarrollo de sus poblaciones.
Con la educación se espera que las personas desplieguen individualmente todas sus capacidades cognitivas y emocionales para escoger la vida que valoran, y al mismo tiempo conformar una robusta capa de ciudadanos que aporten al desarrollo económico, social, ambiental y democrático de los países mediante un conjunto de habilidades, actitudes, valores y competencias a lo largo de sus vidas.
Aunque los resultados de la educación se ven a largo plazo, no ha sido impedimento para que se le reconozca como uno de los principales bienes públicos mundiales (junto con la salud) que las sociedades más avanzadas han incluido en sus contratos sociales gracias a los importantes frutos que genera.
La tasa de retorno de la educación, es decir, los ingresos que depara a las personas en el tiempo cada año de formación recibida, ha sido ampliamente estudiada.
En más de 139 países, los economistas han calculado que cada año adicional de educación para una persona significa un retorno promedio del 10 % anual en sus ingresos.
A este retorno privado, se suma el "retorno social de la educación", es decir, los beneficios que obtienen las sociedades por contar con una ciudadanía educada, entre los cuales destacan mayores ingresos fiscales para los Estados, menores gastos en asistencia médica y otras prestaciones públicas, así como una disminución significativa de la delincuencia (Shafik, 2023; Bell et al., 2017).
La educación también es parte sustancial de los contratos sociales de los países porque se reconoce que una población sin educación tendrá una mayor exposición a diversos riesgos sociales, como la pobreza, la desigualdad, la manipulación política, la violencia y el crimen organizado.
Los acuerdos o pactos entre el Estado, las empresas y las familias para destinar recursos públicos han sido la base de esos contratos sociales en los países desarrollados, permitiendo desplegar apoyos sustantivos para que todos sus habitantes puedan educarse, abordar el tren del desarrollo y no quedarse atrás.
Por ello, una sociedad que niega o restringe a sus ciudadanos el derecho a la educación es una sociedad en la que se reconoce que su contrato social ha fracasado.
Crisis educativa
Costa Rica fue un país que de manera temprana supo entender la importancia de la educación para sus habitantes y apostar por ella con recursos fiscales y humanos, cuando en los siglos XIX y XX hizo de la educación parte fundamental de su contrato social. Una apuesta que a lo largo del tiempo rindió frutos en lo económico, lo social y lo político.
Hoy, en vista de la profunda crisis educativa que el país experimenta en materia de recursos, aprendizajes y gestión educativa, señalada por el IX Informe del Estado de la Educación, la educación como componente central del contrato social costarricense cobra especial relevancia y preocupación por sus implicaciones actuales y futuras.
Costa Rica ha entrado en la tercera década del siglo XXI afectando las bases de su contrato social. Un indicador claro de ello es la pérdida de importancia de la educación en la inversión social.
El noveno informe resaltó que uno de los principales retrocesos experimentados en los últimos cinco años es la reducción en la inversión social pública (ISP). Los análisis realizados mostraron que la inversión total y por habitante en términos reales se contrajo en el período 2017-2022. Al mismo tiempo, señaló que el conjunto de recortes afecta en mayor medida las oportunidades de la gente más vulnerable que asiste al sistema público.
En el 2024, el presupuesto del MEP se redujo un 5,2 % del PIB, esto es, 2,2 puntos porcentuales menos que en el 2015 y similar a la cifra que Costa Rica tuvo a mediados de la primera década del siglo XXI.
Significa un retroceso de casi 20 años, que restringe seriamente las posibilidades de avanzar en asuntos cruciales en la coyuntura actual, tales como la expansión de los programas de equidad para apoyar a los estudiantes pobres, mejorar los ambientes de aprendizaje en los centros educativos (infraestructura, bibliotecas, una red educativa interconectada y otros recursos para el aprendizaje), mejorar los resultados educativos y brindar capacitación y mejores condiciones laborales a los docentes.
También impide alcanzar metas claves aún pendientes, tales como la universalización de la educación preescolar para los niños de 0 a 4 años y para los de 4 a 5 años, la universalización del currículo completo en primaria y la universalización del cuarto ciclo de la educación general básica y diversificada, la ampliación de la cobertura de la educación técnica y la educación superior al menos un 50 % en los próximos 10 años.
Una paradoja por resolver
La evidencia internacional señala que los estudiantes costarricenses tienen dos años de rezago, es decir, niños y niñas de tercer grado saben hoy lo que sabían antes quienes estaban en primero. Además, en materia de escritura y lectura, la población estudiantil que cursa cuarto, quinto y sexto año de primaria muestra serios problemas de ortografía y comprensión lectora, que falsean las bases de un buen aprendizaje.
Los resultados de las pruebas PISA del 2022, dados a conocer recientemente por la OCDE, confirman los serios rezagos que arrastran nuestros estudiantes de 15 años en habilidades claves, como resolución de problemas, comprensión lectora e indagación científica, lo cual afecta su inserción en la sociedad actual y coloca a Costa Rica en posiciones de rezago frente a otras naciones.
Pese a la gravedad de la situación, las autoridades han optado por la peor de las soluciones: realizar una mejora fiscal a costa de las oportunidades educativas de la población.
Esta decisión coloca al país frente a una paradoja relevante: en momentos de crisis, en que problemas estructurales de larga data y rezagos sin resolver coinciden con la aparición de nuevos desafíos "de futuro" (como el uso de la inteligencia artificial), se opta por una estrategia de menor financiamiento educativo.
Aunque los recursos económicos no son por sí solos toda la solución a los problemas y desafíos, está claro que sin ellos y sin una base sostenible de estos no es posible afrontarlos como se requiere. El país lejos de avanzar se quedará atrás frente a otras naciones.
Por eso, además de recuperar la inversión, hay que definir metas claras y mecanismos que garanticen el uso más eficiente de los recursos (en esto hemos alcanzado un consenso nacional de que ya no estamos para cheques en blanco).
Volver a priorizar la educación
En resumen, sacrificar el binomio educación-bienestar en un país cuya principal riqueza es su gente implica devaluar el contrato social histórico, no comprar el boleto del tren al desarrollo y quedarse atrás. Esta no es una discusión fiscalista, sino de desarrollo humano.
En tiempos poco claros sobre el devenir político, social y económico de América Latina y el mundo, revisar nuestras fortalezas históricas no está de más.
En el pasado, con una población más pobre y con menos experiencia, Costa Rica supo diferenciarse al elegir la educación como su principal estrategia para impulsar el desarrollo humano y el bienestar de sus hijos e hijas.
Para ello, asignó y priorizó recursos para la educación, formó buenos docentes y construyó un fuerte tejido social e institucional alrededor de la educación.
En el presupuesto del 2025, el gobierno y el Poder Legislativo tienen la gran oportunidad de resolver la paradoja señalada y honrar el contrato social costarricense, volviendo a colocar la educación en un lugar prioritario, reconocer la grave crisis educativa que tenemos, fijar metas estratégicas para salir de ella y actuar en consecuencia.
La autora es coordinadora de investigación del Informe del Estado de la Educación.