En todas sus manifestaciones públicas, Gallardo ha recalcado que siempre pondrá por delante «los intereses de Extremadura a los del partido», en relación con el activismo medioambiental que ha representado hasta la fecha la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firme opositora a la energía nuclear a pesar del cambio radical de estrategia de la Comisión Europea, que hace más de un año que ha incluido esta clase de fuente de generación en la taxonomía verde -coincidiendo con la decisión de gran parte de los países del mundo de construir nuevas centrales nucleares o de instalar minirreactores, que son la última tecnología del sector-.
Gallardo ha llegado a asegurar, en relación con Ribera, que «por muy ministra que sea no puede eliminar 4.000 puestos de trabajo sin tener un proyecto alternativo». El socialista es firme partidario de que el Gobierno central garantice una solución que genere, al menos, los mismos empleos, porque «una central parada es una comarca hundida hasta que haya alternativa real que aumente o multiplique los puestos de trabajo que ya está dando la planta nuclear».
Por otra parte, el propio delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la decisión sobre el futuro de la planta de Almaraz «no está tomada» y es «un asunto complejo» sobre el que el Ejecutivo de España actuará «en el interés general de todas las partes». Las iniciativas en favor de la continuidad de la energía atómica o, como mínimo, de la extensión del actual calendario de cierre se vienen multiplicando en los últimos tiempos.
La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares ha presentado un manifiesto en defensa de la extensión de la vida de estas plantas en el Ayuntamiento de Almaraz, y ha defendido la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, entre ellas la extremeña. Precisamente, Almaraz II ha iniciado un proceso de recarga para el que a la plantilla habitual se han sumado 1.200 trabajadores procedentes de 70 empresas especializadas del entorno.
Por otra parte, la posición del Partido Popular es muy clara al respecto. De hecho, en febrero pasado registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el Ejecutivo «acuerde de manera inmediata una moratoria sobre el cierre nuclear programado». El PP trata igualmente de revertir, con el apoyo de las empresas del sector, el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de empezar a cerrar las nucleares el 1 de noviembre de 2027 -con el primer reactor de Almaraz- y completarlo en 2035. El PP recuerda en su escrito que más de 28.000 empleos dependen de las nucleares, que aportan al PIB 3.500 millones de euros, y que su cierre tendrá un sobrecoste de casi 3.000 millones.
En su escrito, el PP recuerda que países como Estados Unidos, Canadá, Francia, República Checa, Finlandia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido, entre otros, «han renovado su apuesta por la energía nuclear». «Y de los estados que cuentan con parque nuclear y que han decidido cerrarlo sólo se encuentran Alemania y España. Pero Alemania, mientras cierra nucleares, abre centrales térmicas de carbón, incrementando emisiones, pero, al menos, dando cobertura a la seguridad de suministro», señala el partido de Feijóo.
Según la asociación de municipios implicados, de los casi 30.000 puestos de trabajo que sostienen las centrales atómicas, 8.500 son directos, al tiempo que esta clase de energía mantiene una fuerte actividad de I+D -cercana a 70 millones de euros-, desarrolla conocimiento tecnológico -cuya utilidad va más allá de las centrales- y provee a la red eléctrica de energía constante y segura de gran valor para la seguridad de suministro, cuyos costes influyen en la contención de los precios de la energía.
Los siete reactores nucleares españoles operativos generaron en 2023 el 20,34% de la electricidad consumida -54.275,01 GWh- y, según el sector, han conseguido evitar emisiones de hasta 20 millones de toneladas de CO2. A juicio del Foro Nuclear, estas cifras reflejan el «papel esencial» de esta energía tanto en el proceso de descarbonización como en la estabilidad del sistema.