Capturan a una familia involucrada en red de lavados de activos en Barranquilla
Entre los detenidos, según la Fiscalía, hay un funcionario de la Dian.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército Nacional capturaron en Barranquilla a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos, producto de actividades de contrabando en el norte del país, entre los aprehendidos está un funcionario de la Dian, según indicó el ente acusador.
En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
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De acuerdo con la Fiscalía: "Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad".
El ente acusador agregó que, "producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad".
Además, los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), apuntan a que: "Desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos".
Ante esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
No obstante, los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
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