Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son investigados por su supuesta implicación en irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por Q148 millones, pagaron este viernes 12 de abril la fianza de Q700 mil que les impuso una sala de Apelaciones.
Los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas se presentaron este viernes a una audiencia en el Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal, donde se les confirmó la resolución de una sala de Apelaciones que dictó un fallo favorable a una apelación del Ministerio Público (MP) contra las medidas sustitutivas con las que los togados habían sido beneficiados.
Los magistrados del TSE señalados entregaron una póliza de pago para cumplir con los Q700 de caución económica que ordenó la Sala Primera Penal, según el togado Mynor Franco.
"No contamos con los fondos, pero la ley permite que por medio de una póliza podamos garantizar ante la jueza y eso es lo que estamos haciendo", reiteró Franco.
En primera instancia, la jueza Karen Chinchilla ligó a proceso por el delito de fraude a Palencia, Franco, Aguilera y Rojas; además, la jueza dictó falta de mérito a favor de Palencia por el delito de abuso de autoridad.
La jueza había impuesto una medida sustitutiva de Q100 mil a cada magistrado, para que pudieran obtener libertad mientras se continuaba con el caso y pudieran continuar con sus funciones en el TSE.
Sin embargo, la Sala Penal resolvió parcialmente con lugar el recurso del MP y adicionó que los magistrados tienen prohibición de continuar ejerciendo sus cargos en el TSE hasta que resuelvan su situación legal; además, se les prohíbe comunicarse con empleados y presentarse a sedes de la institución electoral.
También modificó la caución económica de Q100 mil a Q700 mil para cada magistrado. La resolución también revocó el beneficio de falta de mérito dictado a Irma Palencia por el delito de abuso de autoridad.
Según la resolución, los magistrados suplentes deberán integrar el Pleno.
Critica resolución
Franco calificó como "una aberración jurídica" la orden de la Sala Primera Penal.
"Me parece una aberración jurídica, tanto esto -la fianza- como el proceso que tenemos, pero tenemos que respetar, se excedieron en sus funciones", detalló.
"El Tribunal está paralizado y espero que no avancen algunas cuestiones que se han venido haciendo de mala fe (…) que por la vía penal pretendan violentar el proceso democrático es lamentable, nosotros como magistrados enfrentamos esta situación (…) tenemos nuestras estrategias de trabajo, de lucha legal, sabemos que tenemos un sistema adverso, pero estamos dando la cara", dijo Franco.
El MP emitió órdenes de captura contra los magistrados el 11 de enero pasado. Fueron despojados de su derecho de antejuicio durante una sesión en el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2023.
El sistema Trep tuvo un costo de Q148 millones que, a consideración de la Contraloría General de Cuentas, habría sido sobrevalorado.