Cuando hace un año comenzó este calvario me juré que como periodista, al tratarse de un asunto personal, no iba a denunciar la situación que nos afectaba a mis vecinos y a mí, pero el 21 de marzo, después de llegar a casa y encontrarme tapiadas las puertas de tres viviendas y tras pasar la mañana escuchando martillazos en las escaleras del edificio de Las Palmas de Gran Canaria que durante más de 20 años ha sido el hogar de siete personas –un pensionista septuagenario; una madre soltera en paro que roza la treintena y no percibe ninguna ayuda económica; otros tres parados de más de 50 años (también sin apoyos económicas) y yo mismo que, afortunadamente, sí cuento con un puesto de trabajo– no pude contener ni las lágrimas ni la pena ni la rabia que ahora se multiplican por el anuncio del Gobierno canario que, tarde y mal, pretende poner límite al alquiler vacacional.
El heredero de ese viejo inmueble de Molino de Viento que ha sido nuestra casa reside en la Península y durante más de una década se ha desentendido del edificio y de quienes lo hemos habitado, solucionando nosotros con nuestros propios medios desde su mantenimiento a, por ejemplo, sacar de él a varios okupas que en pocas semanas lo convirtieron en un fumadero de droga y foco de prostitución.
Pues hace un año y medio, sin tan siquiera dignarse a avisarnos, el propietario lo vendió a un empresario asturiano cuyo objetivo es explotar las viviendas como apartamentos vacacionales. «Lo que ustedes pagarían mensualmente de alquiler lo saco cada semana alquilándolo a turistas», dijo a quien le propuso quedarse.
Echando mano de una abogada, que ya nos advirtió que no había nada que hacer porque «es legal» comprar un inmueble con los inquilinos dentro y, además, sus dueños tampoco están obligados de informar a sus habitantes de la venta, arrancó en la capital grancanaria una pesadilla que se materializó ese jueves de marzo de 2024 tras meses de visitas a los juzgados, soportando la presencia intimidatoria en las puertas de nuestras casas de matones empleados en una empresa dedicada a 'desokupar' viviendas en Las Palmas de Gran Canaria –pese a que la mayoría contamos con contratos de alquiler– e, incluso, aguantando el desprecio y los insultos del nuevo explotador que, sin mostrarnos un documento, aseguraba ser el propietario exigiéndonos no sólo que le dejásemos entrar al inmueble sino que lo abandonáramos «antes de que la policía», amenazaba, «os desaloje porque todos ustedes son unos caraduras». Resumiendo: el 21 de marzo se ejecutó la primera orden de desahucio de los habitantes de dos viviendas, dejándolos en la calle. Si ese día hubiésemos avisado a los medios de comunicación se podría haber montado un circo, pero ese no es el estilo de quienes habitamos estas casas del barrio del Lugo en cuyas calles, y especialmente en Molino de Viento, hemos sufrido durante los últimos cuatro años innumerables peleas, robos, escándalos a altas horas de la madrugada, consumo de drogas a plena luz del día... Una inseguridad absoluta, denunciada sin éxito en numerosas ocasiones que, con el presunto objetivo de cansar o aburrir a los vecinos algunos de ellos atribuyen, supuestamente, a intereses especulativos respaldados en esta ciudad por quién sabe quién aunque entre los residentes de esta zona de Arenales circula la idea de que no parece casual que mientras la delincuencia, la venta de estupefacientes y la prostitución aumentaba en el barrio se derriban o se venden antiguos edificios para construir nuevas viviendas coincidiendo, además, con la reducción de plazas gratuitas de aparcamiento a base de convertirlas en zonas de estacionamiento de pago, medida sorprendente en un lugar donde las casas carecen de parking.
Ya no hay nada que hacer y tanto el resto de vecinos como yo saldremos en los próximos días, semanas o meses de nuestras casas, una situación que, aseguro, se repite en más edificios del Lugo. Mi realidad laboral me permite emprender en otro lugar de Las Palmas de Gran Canaria una nueva etapa donde estrenar un proyecto de vida que tampoco ha sido fácil iniciar a raíz de los desorbitados precios del mercado arrendatario de la ciudad, sumas de dinero imposibles de asumir entre aquellos a quienes la noche previa a su desahucio, y sin que ninguna autoridad moviese una pestaña, ayudé a embalar en cajas buena parte de su vida.
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