Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola, explica en su primera entrevista exclusiva con elEconomista.es la nueva estrategia del grupo en España, así como la discusión que mantiene con Repsol a costa del llamado 'greenwashing' (ecopostureo).
Iberdrola presentó su Plan estratégico con 41.000 millones de inversión. ¿Qué papel juega España en esta hoja de ruta?
España es un país clave en el proceso de electrificación de la economía y en el plan estratégico de Iberdrola. Vamos a destinar unos 6.000 millones a inversiones en los próximos tres años, que irán focalizados al desarrollo de más redes para conectar a la industria y nuevos clientes, además de los clientes que inician sus procesos de descarbonización electrificando sus procesos productivos y una selectiva inversión en renovables dado el fuerte avance que hemos realizado anticipando inversiones en los últimos años, y en este periodo nos centraremos en el desarrollo de proyectos de almacenamiento, fundamentalmente hidroeléctrico. Estas inversiones están en línea con el plan estratégico de 2022 a 2025.
¿Qué cuantía irá a redes?
Existe un consenso universal de la urgente necesidad de acelerar la inversión en el refuerzo de las redes, incluso anticipándola, para permitir que las renovables lleguen a los consumidores. A nivel global vamos a destinar 21.500 millones al negocio de redes, de los cuales más de 2.100 millones se destinarán a España. En nuestro país tenemos la particularidad de que las inversiones en redes están limitadas. Solo se puede invertir el 0,13% del PIB. Es difícil encontrar otro país en que la inversión en redes está limitada por el PIB. Parece un contrasentido que siendo la electrificación un proceso que ayuda al crecimiento del PIB, este sea una limitación. Hoy con la regulación cuando cae el PIB baja la inversión y entendemos que debería ser todo lo contrario, más aún en estos momentos en que la electrificación es una palanca de crecimiento y competitividad de nuestra industria. No obstante, tras conocer el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, vemos que es probable que este límite se eleve para llegar a los objetivos de descarbonización. Y, en ese caso, estamos preparados para elevar la inversión y llevar la electricidad a la industria, que nos la está demandando cada día más.
¿Son interesantes las retribuciones de las redes en España?
El actual periodo regulatorio que abarca 2020-2025 reconoce una rentabilidad del 5,6% sin incluir la inflación. Hemos visto como los procesos inflacionarios a nivel mundial, el incremento del precio de equipos y de los costes financieros han afectado a la inversión. Las redes no están ajenas a esta situación y en momento de gran demanda de infraestructura de red debemos crear las condiciones adecuada para atraer inversión a España. Además, estamos iniciando el proceso para calcular la rentabilidad del próximo periodo regulatorio —de 2026 a 2031—, y esperamos que esta sea más atractiva. De hecho, ya estamos trabajando con el Ministerio y creemos que son sensibles a esta situación. Esperamos que se pueda establecer una retribución incentivadora, acompañada de reglas predecibles y estables. Hoy España compite con el resto de Europa y el mundo para la inversión en redes. Por ejemplo, en Reino Unido la remuneración está en el 7,5%, en Estados Unidos en el 8,5% y en Brasil en el 16%. Además, en estos países la rentabilidad se blinda frente a la inflación, cosa que no ocurre en nuestro país, lo que aumenta el riesgo y lleva inversión a países que han conseguido blindar la inflación para asegurar una rentabilidad estable y atractiva.
El Plan estratégico destaca que hay que ser selectivos en las inversiones renovables. ¿Cómo se concreta esto en España?
Hemos realizado un gran esfuerzo inversor en energías renovables en los últimos años y hemos focalizado nuestro esfuerzo para el próximo periodo en el almacenamiento hidroeléctrico a través del bombeo, el que hemos visto como su aporte es crucial para permitir una mayor penetración de las energías renovables y para que España pueda afrontar el proceso de descarbonización con seguridad y autonomía proporcionada por energías renovables El almacenamiento por bombeo es la única fórmula para evitar la dependencia del gas, que tantos dolores de cabeza nos ha dado en los últimos años y que en los peores momentos de la crisis de suministro de gas en Europa provocó gran incertidumbre y aumentos de los precios mayoristas de la electricidad. La gran lección de la crisis fue que la electricidad debe estar contratada a largo plazo tanto para clientes como para industriales, los que se arriesgaron al mercado spot sufrieron de manera innecesaria.
Por ello, destinamos el grueso de los 1.500 millones previstos para inversión en energías renovables al desarrollo de esta tecnología en la Península Ibérica. Tenemos varios motivos para hacerlo así: España cuenta con una orografía óptima para el desarrollo del almacenamiento gracias a los saltos de nivel entre diferentes embalses existentes. Además, cada día vemos como el aporte de la energía renovable exige desarrollar formas de almacenamiento para permitir que esa energía llegue las 24 horas del día al consumidor y no solo en las horas de sol, y por la noche tener que generar con gas natural, más caro y contaminante. Contamos con un importante desarrollo de proyectos de almacenamiento los que nos permitirán "guardar" la energía excedentaria generada por el sol y el viento acumulando agua, y utilizarla en los momentos en los que haya mayor demanda o en los momentos que no tenemos sol o disminuye el viento. Esta tecnología nos dará independencia, autonomía y, sobre todo, estabilidad de precios a largo plazo, ya que dependeremos cada día menos del gas para la generación eléctrica. Contamos con el conocimiento y las infraestructuras necesarios para convertir las centrales hidroeléctricas en reversibles.
¿En concreto qué proyectos tiene Iberdrola por delante?
Ya contamos con el mayor complejo de bombeo en Europa, las centrales de La Muela I y La Muela II, y la gigabatería portuguesa del Támega recientemente inaugurada, además de Aldeadávila II, Villarino o Puente Bibey, entre otros. Tenemos ya 4.200 MW operativos, y son una prueba de que Iberdrola cuenta con el know-how suficiente para potenciar más esta tecnología en los próximos ejercicios. Por ello, ya estamos construyendo tres proyectos más: Valparaíso en Zamora, Valdecañas en Cáceres y Santiago Jares en Orense. Solo con estas tres centrales pretendemos sumar más de 400 MW. Pero el potencial es mucho mayor, calculamos que, del orden de 10.000 MW, lo que significan del orden de 100.000 empleos y 8.000 millones de euros de inversión.
¿Cuáles son los planes de eólica marina en España?
En Iberdrola estamos abiertos a todas las tecnologías que permitan una generación 100% renovable. Ya tenemos gran experiencia en eólica marina en Europa y EEUU. En España estudiaremos esta posibilidad una vez que conozcamos la regulación. De momento, estamos participando activamente en los procesos de consulta aportando nuestro conocimiento y experiencia. Aún queda mucho camino por recorrer. Existe un importante recurso eólico marino en zonas muy bien definidas, pero nos exigirá innovación tecnológica dado que nuestro fondo marino no es el adecuado para la eólica fundada en pilotes en el fondo del mar. Todos los estudios indican que las zonas donde podrá desarrollarse será con eólica marina flotante en donde aún hay mucho que estudiar y aprender. Esto sin duda afectará al valor de la inversión y el precio del MW producido.
¿Qué le parece la creación de la CNE?
Tener una Comisión especializada, que privilegie lo técnico, que destaque por su independencia siempre es bueno. Nuestra experiencia en países donde existe este tipo de organismos es que se consigue una mayor estabilidad y previsibilidad en la regulación, lo que se traduce en menores costes de la energía y peajes por el uso de las infraestructuras. Es altamente recomendable la modernización de los órganos reguladores, la creación de un ponente para los asuntos relevantes que pueda coordinar los órganos técnicos del regulador con la visión de los agentes. Sin duda la mejor regulación es la que nace con altos niveles de consenso, más allá de los efectos que pueda tener para los agentes.
El proceso está todavía en sus fases iniciales, por lo que nuestra opinión la daremos cuando esté terminado, pero entendemos que es una gran oportunidad de agilizar y modernizar la regulación del sector.
Polémica con Repsol
En los últimos días, hemos presenciado una polémica con Repsol a raíz de sus campañas publicitarias. ¿A qué se debe?
Creemos que hay que ser veraz en lo que se informa y se anuncia. Hay un consenso político, social y legal, y así lo está pidiendo la Unión Europea en sus directivas sobre el cuidado especial que hay que poner en la prevención del greenwashing o blanqueo ecológico. Cada vez más países de nuestro entorno están aprobando regulaciones sobre la publicidad y la imagen corporativa de las compañías para garantizar la veracidad, es decir, para que haya una identidad total entre lo que se informa o anuncia y la realidad del negocio de cada empresa. Los consumidores merecen claridad y veracidad, sin engaños, y debe asegurarse que las empresas compitan lealmente en el mercado.
No te puedes plantear como el adalid de la transición energética y la descarbonización cuando eres reiteradamente el campeón nacional de emisiones de CO2. Cuando el 99% de tus ingresos provienen de las actividades de comercialización de combustibles fósiles… cuando incentivas el consumo de gasolina y diésel haciendo descuentos cruzados con electricidad limpia, cuando la mayor parte de tus inversiones van destinadas a la producción y comercialización de combustibles fósiles y sus derivados.
¿Están nerviosos por la pérdida de clientes de electricidad?
Los nervios y menos ahora al término de la Semana Santa, se los dejamos a otros, que se esfuerzan por mostrar una apariencia que no tienen. Iberdrola está presente en más de 25 países con más de 100 millones de clientes. En España tenemos una cuota de mercado superior al 33,6% y 10,2 millones de clientes. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando en darles la mejor energía, limpia, adecuada a sus necesidades y que los clientes confíen en la calidad de nuestro servicio.
¿Iberdrola está enfrentada a las petroleras?
En absoluto. Nosotros respetamos el modelo de negocio de los demás y estamos totalmente a favor del fomento de la competencia entre distintas fuentes de energía, porque además entendemos que la electricidad procedente de centrales renovables es la más competitiva, limpia y con una mayor contribución a la descarbonización.
Creo que existen al menos tres grupos de empresas petroleras en relación con su posicionamiento sobre la transición energética. Las que no se han pronunciado y siguen su actividad con normalidad; las que se han posicionado claramente contra el cambio climático y a favor de la transición energética y que están ejecutando planes en esta línea, actuando con coherencia entre su posicionamiento y sus inversiones y es con este grupo con el que claramente tenemos mucho en común y trabajamos juntos en diferentes proyectos, como movilidad eléctrica, eólica marina, producción e hidrogeno verde, etc.; y un tercer grupo que son los antiguos negacionistas y hoy denominados "retardistas", los que dicen creer en el cambio climático, pero su actuación busca administrar los tiempos de esta transición señalando que no existe urgencia para adoptar medidas retrasando la descarbonización. Este grupo de empresas tienen una clara incoherencia entre su posicionamiento oportunista a favor de la transición, pero sus acciones concretas en favor de la transición dejan mucho que desear. Hablan de movilidad eléctrica, pero no se comprometen con redes de recarga, incentivan el consumo de gas para calefacción del hogar, cuestión claramente ineficiente y cara y así muchos ejemplos que vemos día a día.
Con el grupo de empresas petroleras que creen y hacen, tenemos importantes alianzas. Por ejemplo, con BP tenemos un acuerdo para acelerar el despliegue de la movilidad eléctrica con una inversión conjunta de más de 1.000 millones en instalación de puntos de recarga rápida. Con este acuerdo pretendemos poner en marcha una red de recarga de alrededor de 12.000 puntos en España y Portugal. También estamos trabajando con Shell en Reino Unido y con varias de ellas estamos avanzando en la producción e hidrógeno verde para sus refinerías
Estamos alineados con Europa y contamos con algunas petroleras como socias estratégicas. Con lo que no estamos alineados es con la falsedad en el posicionamiento, con el retardismo de la transición. Lo que no queremos es que se mezclen conceptos. Nosotros creemos y apostamos por la transición energética, que es a través de las energías renovables. Las soluciones con combustibles fósiles son caras, no son sostenibles ni verdes.
Lo que creemos que no es adecuado es optar por estas soluciones contaminantes a la vez que se ofrece a la sociedad una imagen verde o sostenible que es obvio que no es tal.
¿Qué opina de las declaraciones de la ministra Ribera, que afirma que el combustible sintético solo servirá para quien tenga un Maserati y quiera algo caro?
Los combustibles sintéticos son caros de producir. Así lo demuestran los propios precios a los que son comercializados. Claramente no son una alternativa barata como lo es la movilidad eléctrica. Estos precios, además, estarán sujetos a la volatilidad de los precios de sus materias primas en la medida que aumenten su producción. Alimentos como la caña de azúcar, la soja o el maíz sin duda subirán de precio por el aumento de demanda o exigirán grandes cantidades de superficie para producirlos y elevado gasto de agua en riego agrícola, con el impacto que esto supondrá en la producción de otros alimentos. Para mover toda la flota de España con biocombustibles necesitaríamos toda la superficie de Castilla-La Mancha y Extremadura. Esa tierra por si sola ya absorbe casi el doble de emisiones que supuestamente se ahorrarían con los biocombustibles. Creo que la ministra no ha hecho más que constatar una realidad.
Impuestos en España
¿Qué va a ocurrir con el gravamen del 1,2% de los ingresos?
Este es un impuesto construido en el medio de una crisis de precios del gas en Europa producto de la invasión de Rusia en Ucrania. Es un impuesto que Europa diseñó para las gasistas y acabó aplicándose en España a las eléctricas. El diseño original se establecía sobre beneficios extraordinarios, la mayoría de los países que lo aplicaron consideraban como extraordinarios los beneficios que superaran el 20% y sobre ese monto capturaban un porcentaje con el impuesto. Inexplicablemente en España se aplicó sobre el volumen de ventas, que nada tienen que ver con los beneficios extraordinarios.
La realidad ha sido muy cruda al demostrar que el efecto del impuesto es una caída importante de las inversiones en redes y renovables. Las circunstancias extraordinarias de precios han desaparecido y el impuesto sigue ahí, incluso con propuestas de convertirlo en permanente. La propuesta del Gobierno parece interesante, pero desconocemos detalles de cómo se pretende implementar un modelo de deducciones, basado en ejecución de inversiones. Lo más preocupante es la inseguridad fiscal que este tipo de impuestos generan para los inversores que ven a España como un mercado atractivo. Los inversores no quieren regímenes de deducciones, lo que buscan son países con estabilidad fiscal y regulatoria entre otros parámetros, donde no aparezcan y desaparezcan impuestos que afecten sus rentabilidades.
Una de las críticas que se achaca a las empresas es que no aportan suficiente a la sociedad. ¿Es así?
Los hechos son los hechos y los números son bastante contundentes. En la actualidad aportamos 9.300 millones de euros a las arcas públicas de los países en los que estamos presentes, de los cuales 3.500 millones de euros se quedan en España. Este año ha supuesto un incremento del 35% respecto del año anterior. (casi 900 millones de euros) España es el país en el que más contribuimos. Para ponerlo en perspectiva esto supone destinar unos 10 millones de euros al día a pagar impuestos. Cuanto mayor es nuestro beneficio, mayor es nuestra aportación fiscal.
Además, en España somos un gran motor industrial y empresarial. No solo por nuestros 10.000 empleados directos, sino porque, gracias a todos los pedidos y compras que realizamos a los proveedores, damos soporte a casi 90.000 puestos de trabajo en todo el país.
Sin duda que esos recursos aportados al Estado, CCAA y Ayuntamientos contribuyen decisivamente al desarrollo social de las comunidades donde actuamos. Pero además la sociedad debe valorar el contar con un servicio de calidad a precios razonables que permiten a la industria española ser competitiva. La energía eléctrica en España esta cargada de impuestos, paga casi 8 veces más impuestos que el gas. Sin duda que una política fiscal que valore el principio del que contamina paga debería desgravar la electricidad. El que descontamina produciendo y consumiendo energías 100% renovables debe disfrutar de incentivos fiscales que lo motiven al cambio y aceleren la transición energética.