El caso del fiscal de Rosario Matías Edery, sometido a investigación penal y trámite disciplinario en paralelo, atraviesa otra controversia, ahora por el acceso al contenido de su teléfono y el de una empleada pedido por las fiscales que los investigan. Marcha y contramarcha de un juez a horas de que la Legislatura defina el futuro de Edery.
El juez Facundo Becerra decidió suspender un pedido para abrir los celulares secuestrados al fiscal de Rosario Matías Edery y a la empleada Carla Belmonte de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Bajo el motivo que parece de simple trámite late una muy fuerte controversia. Y es que las fiscales actuantes en la causa penal solicitaron al juez que ordenara el acceso al contenido de los teléfonos cuando ese mismo magistrado había dispuesto una audiencia para esos fines.
La intempestiva queja de la defensa de Edery hizo que el juez pusiera en suspenso la medida que las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera habían solicitado de modo unilateral. La disposición para abrir los teléfonos que el juez Becerra dejó sin efecto se iba a concretar este miércoles, a un día de que la Legislatura trate la sanción disciplinaria propuesta por la Comisión Bicameral de Acuerdos, que sugirió cuatro meses de suspensión para el fiscal, acusado de omitir datos para encubrir a la testigo protegida e informante Mariana Ortigala. Al final la Legislatura, por otros motivos, postergó la sesión hasta el jueves 18.
El planteo del fiscal de Rosario acusado
Gustavo Franceschetti, que es abogado defensor de Edery y Belmonte, pidió una audiencia judicial en diciembre pasado para objetar el modo en que secuestraron los teléfonos de sus defendidos. Lo que dijo Franceschetti es que esa medida es nula porque no fue ordenada por ningún juez. Lo que es grave, a entender del defensor, porque ambos son investigadores de las bandas criminales más conspicuas de Rosario y en esos teléfonos hay afirmaciones que no solo dan cuenta de esos grupos, sino también de actores institucionales de primer orden, que podrían ventilarse con graves afectaciones.
El defensor también dijo que abrir o no el teléfono tiene que discutirse en audiencia porque, a su criterio, antes de definir tal cosa debía existir causa probable para hacer las extracciones. Para la defensa, no existía motivo entonces y no puede invocarse justificación si existen motivos seis meses después.
La audiencia para este fin se iba a hacer el 13 de diciembre pasado, pero debió aplazarse en dos ocasiones, primero por pedido de las fiscales y luego de Edery, ambos por motivos laborales. Se debió reprogramar la fecha de audiencia, pero la Oficina de Gestión Judicial nunca volvió a agendarla. El 16 de marzo las fiscales pidieron al juez de turno abrir el teléfono sin conocimiento de la defensa y sin avisar que ya se había dictado una audiencia a tal fin.
El juez, que casualmente era el mismo, el 25 de marzo autorizó que se hiciera. Las fiscales pusieron el 10 de abril como fecha para la apertura y notificaron, como está estipulado, a la defensa, que encontró inentendible toda la acción: ya había de antemano una audiencia judicial pautada para discutir los motivos sobre la pertinencia de abrir los celulares. Por eso presentaron un escrito de rápida resolución poniendo en evidencia esta circunstancia poco inteligible.
A eso el juez Becerra respondió con la suspensión del acto pericial, ya que según alegó él mismo, se trata de un acto definitivo e irreproducible, que no conlleva perjuicio para la fiscalía y que de hacerse impide que la defensa exponga los motivos por los que no debería concretarse.
Lo que queda pendiente de explicación es por qué las fiscales le pidieron a un juez que autorizara la apertura del teléfono en un escrito de parte si ya había solicitada una audiencia para hacerlo. Las fiscales Urquiza e Ilera justifican el pedido en que se comprobó que la empleada Carla Belmonte tenía trato habitual con Mariana Ortigala, que podía pasarle información de investigaciones en curso y que ella generó una reunión entre Ortigala y el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, algo de lo que se imputó a Edery.
Sin embargo, hace tiempo que la defensa de Edery y Belmonte alega que no se comprobó en ningún lado que Belmonte le pudo pasar información a Ortigala. Hay una denuncia donde el capitalista de juego Leonardo Peiti dijo eso. Pero tal denuncia fue archivada por decisión del fiscal, hoy juez, Gonzalo Fernández Bussy. Si hubiera habido gestión para una reunión entre una testigo protegida y un ministro de Seguridad, también aducen, eso no habría constituido delito.
Un caso que agita a la Justicia de Santa Fe
Estas circunstancias ocurren en un marco de fuerte controversia, no solo en el caso penal sino también institucional. Edery está sometido por la Legislatura a un proceso disciplinario en el que tuvo la ocasión de defenderse dos semanas atrás. En esa circunstancia dijo que no había cometido falta disciplinaria ni delito. Los legisladores señalaron que el proceso debía definirse en concordancia con el trámite penal que llevan las fiscales. Mientras éste dure, propusieron la suspensión de Edery por cuatro meses, amén de que ya fue corrido de la Unidad de Delitos Complejos, y tiene el sueldo reducido al 50 por ciento.
Las fiscales tienen imputado a Edery por varios delitos a raíz de las denuncias en trámite y públicas de los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca. El clima de denuncia entre fiscales contribuyó a la intervención de la Fiscalía Regional Rosario y el desplazamiento por seis meses de su titular por concurso, María Eugenia Iribarren.
En el caso de Edery el trámite también viene cargado por controversias de otro tipo, como la divulgación pública del escrito de su imputación, donde figura el domicilio particular del fiscal, quien tiene hace años custodia por investigar a diversas figuras preponderantes del crimen organizado.
La principal razón que esgrime la defensa para que no se abran los teléfonos es que no hubo motivo fundado al secuestrarlos sin orden de un juez. Franceschetti recordó en varias oportunidades que cuando les tocó hacer investigaciones sobre colegas fiscales (como Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Natalia Benvenutto), los fiscales Edery y su colega Luis Schiappa Pietra siempre acudieron a un juez para secuestrar teléfonos celulares.