Las prepagas están en el ojo de la tormenta. Luego de los fuertes aumentos de los últimos meses, tanto Javier Milei como Luis Caputo se expresaron al respecto y el Gobierno comenzó a investigar un posible delito de cartelización.
La reacción del oficialismo llegó después de un sinfín de presentaciones judiciales por parte de los afiliados afectados por las subas. De hecho, frente a la enorme cantidad de amparos presentados por distintos estudios jurídicos, un juzgado dijo que no aceptará más reclamos.
Amparos contra las prepagas: un juzgado avisó que no recibe más reclamos
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2, que lleva adelante el amparo colectivo de afiliados contra el Hospital Italiano, comunicó que no se aceptarán más adherentes al reclamo colectivo.
Según informaron, tienen 700 demandantes y otros 400 sin incorporar. También señalaron que el proceso de la demanda colectiva se organiza a través de expedientes ordenados por fecha para la recepción de la cautelar de cada uno de los adherentes que se presentan.
En tanto, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay 2 abrió otro amparo colectivo que concentra todas las demandas contra la empresa de medicina prepaga OSDE. Estos amparos se deben a los aumentos que viene percibiendo las prepagas desde principio de año.
Según informaron, en mayo, las cuotas tendrán un alza del 9% con respecto al mes anterior. El cual es el quinto aumento consecutivo y en lo que va del año ya acumula una suba del 160% promedio.
El Gobierno investiga a las prepagas por presunta cartelización
Desde el Gobierno nacional advirtieron este martes que hay "un grado de cartelización" en el sector "que afecta a los argentinos".
"Nosotros desregulamos, damos libertadores, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos y es lo que el ministro Caputo entendió qué está ocurriendo. Habla de una cartelización que está fuera de toda razonabilidad", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
En este contexto, hay una investigación en marcha que se está tramitando en la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC). A partir de la misma, el Ministerio de Economía quiere averiguar si hubo un pacto ilícito entre las compañías de medicina prepaga para fijar precios de venta.
El Gobierno decidió sumarse así a una denuncia generada a principios de año por un grupo de diputados de la Coalición Cívica, liderado por Hernán Reyes. La misma fue presentada el 15 de enero por "conducta anticompetitiva" y fue dirigida contra compañías de medicina prepaga que forman parte de la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt. Se las acusa de incurrir en una supuesta cartelización al aumentar las tarifas tanto a los usuarios como a los proveedores en forma coordinada y por arriba de la inflación.
Ahora, varios meses después, esta iniciativa toma un nuevo giro con la intervención del Gobierno.