Oficialmente se informa muy poco. Se habla en público de reuniones positivas y amables con legisladores de Hacemos Coalición Federal, bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto, o con diputados aliados del PRO, liderados por Cristian Ritondo, o se recibe a Alfredo Olmedo, parlamentario salteño, sojero y millonario del PARLASUR, para analizar la nueva ley Bases que será puesta a consideración parlamentaria. Y, todas son reuniones que transcurren con normalidad y terminan siendo positivas según expresan sin ponerse colorados.
Pero, lo que los voceros no dicen, es que las reuniones entre algunos funcionarios de Javier Milei y diputados "dialoguistas" son en la mayoría de los casos "a cara de perro" y, esto sucede, porque en su afán renovador, la administración libertaria está tocando intereses muy sensibles como el que beneficia al empresario Pablo Otero de Tabacalera Sarandí al que se lo vio muy nervioso en los últimos tiempos remitiendo, a través de sus costosos abogados, cartas documentos para todo periodista que se le ocurra informar acerca de la cuestión.
Sector tabacalero: la oposición dialoguista pelearía por evitar mayores retenciones
Lo sufrió Andrés Sanguinetti de este medio, pero, también, Diego Cabot y Camila Dolabjian de La Nación, y Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia.
Sea como fuere, la realidad indica que, de las extensas negociaciones políticas por el nuevo envío de la ley Bases al Congreso, Otero sale beneficiado una vez más en su lucha contra Massalin Particulares S.A, la controlante de Philip Morris y la British American Tobacco, que observan cómo Tabacalera Sarandí, en sociedad con la multinacional británica Imperial Brands, ganan cada vez más volúmenes de venta de paquetes de cigarrillos de sus marcas, Red Point, West o Nevada, no por las propiedades exquisitas del tabaco que comercializan sino por su atractivo precio, mucho más barato para el desahuciado consumidor argentino que prefiere pagar un poco menos por su vicio y no convalidar los precios de venta de marcas como Phillip Morris, Marlboro o Chesterfieldde Massalin o Camel, Lucky Strike de la British American Tobacco.
No es que el resto de las compañías no quisieran ofrecer sus atados de cigarrillos al mismo precio que los comercializa Tabacalera Sarandí, sino que no pueden hacerlo porque tienen encima la carga impositiva de un impuesto interno que la empresa de Pablo Otero no paga gracias a una decisión de la Justicia.
A fines de febrero, iProfesional lo había adelantado de manera exclusiva, ni Javier Milei pudo quitar los privilegios en el Congreso de Tabacalera Sarandí.
En la maltratada Ley ómnibus había subsistido, hasta los primeros días del mes de marzo, el artículo que, en el sector del tabaco, proponía elevar la alícuota del impuesto interno a los cigarrillos del 70% al 73% y eliminar el denominado impuesto mínimo, creado por el gobierno de Mauricio Macri, que enfrentó a la industria en una lucha de gigantes entre Massalin y Tabacalera Sarandí.
En 2016, Tabacalera Sarandí, que en ese entonces tenía una mínima porción del mercado de cigarrillos y hoy cuenta con más del 40% de las ventas minoristas, consiguió una cautelar en la Justicia en lo contencioso administrativo para no pagar el impuesto interno.
Esta decisión le permitió generar un ahorro cercano a los 2.000 millones de dólares, según fuentes de la industria tabacalera.
La administración de Javier Milei, cuyo norte es conseguir el déficit fiscal cero en un país con necesidades extremas, comenzó por introducir, en la Ley ómnibus caída, un aumento a las retenciones al sector tabacaleros del 15% de sus exportaciones, que fue lo primero que eliminaron los diputados.
¿Quienes? Casi todos los legisladores de las provincias del norte.
Milei propuso eliminar el impuesto mínimo de la polémica, pero, en este caso, el Señor del Tabaco habría ejercido su poder de lobby sobre los representantes del pueblo y no solo no se eliminó el tributo, sino que se aumentó la alícuota de otra carga fiscal.
Casi como si se tratara de una comedia italiana, Otero por un lado plantea la inconstitucionalidad del impuesto mínimo, pero aseguran que habría celebrado porque la alícuota del gravamen de otro impuesto, el denominado "interno", iba a subirse dos puntos del 73% al 75%, decisión que afecta en mayor medida a sus competidores y perpetúa su posición de liderazgo en el mercado.
Francos cedió y retiró el capítulo tabacalero de la Ley ómnibus
Pues bien, ante las ríspidas reuniones, a "cara de perro", entre Cristian Ritondo, y Guillemo Francos, entre los diputados salteños relacionados a Alfredo Olmedo y los funcionarios políticos de Jefatura de Gabinete y del ministerio del Interior que buscan un mínimo consenso para avanzar con la ley Bases, Guillermo Francos arrojó la toalla y el gobierno de Milei decidió retirar en bloque todo el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada.
Para el titular de la cartera del Interior y parte del equipo político del Presidente era vital quedar bien con Massalin Particulares S.A. pero en la negociación se toparon con un "veterano" de mil batallas políticas.
En realidad, Francos intentó ser el rostro amable de la facción pro Massalin que tiene en los despachos que ocupan los asesores de Federico Sturzenegger a un cruzado contra Tabacalera Sarandí, como es Javier Ortiz Batalla.
Un viejo conocido de Sturzenegger, que fue economista jefe del Banco Ciudad cuando el alma mater de la ley Bases dirigía la entidad pública bancaria de la CABA, y que, previamente, había sido vicepresidente de Massalin. Problemas de conflictos de intereses, lo llaman en algunas democracias más avanzadas.
Pero no en Argentina, donde el lobby, que está prohibido de manera formal para el sector privado, toma cuerpo entre funcionarios y legisladores cada vez que un gobierno audaz decide tocar intereses mega millonarios y porciones de mercado significativas.
Tabacalera Sarandí y Pablo Otero podrán continuar sonriendo, mientras observa como la crisis económica y los precios más económicos que ofrece, por los efectos de un impuesto distorsivo, le proporciona una mayor presencia en el mercado argentino.
Los facilitadores de esta distorsión en el mercado, como seguramente evaluaría la situación el presidente, Javier Milei, se debe a la persistencia de Cristian Ritondo, Diego Santilli, Carlos Zapata y otros diputados nacionales que lograron torcerles el brazo en esta pulseada a Guillermo Francos y a Federico Sturzenegger.
Como decíamos, al menos, por ahora, ni Milei puede contra algunos privilegios heredados de los malos gobiernos que sufrieron los argentinos.