Las autoridades señalan a Diego Rayo de hacer parte de un grupo extorsivo que ha estado operando en Buenaventura, con el objetivo de extorsionar a contratistas del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Diego Armando Rayo Arizabaleta, conocido como "Rayo", enfrenta graves acusaciones que lo llevaron a ser enviado a prisión recientemente. Las autoridades lo señalan de hacer parte de un grupo extorsivo que ha estado operando en Buenaventura, con el objetivo de extorsionar a contratistas del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El delito que se le imputa es la extorsión, al que se enfrenta sin aceptar culpabilidad, según lo informado por la Fiscalía General. La investigación revela que Rayo Arizabaleta presuntamente forma parte de la estructura criminal conocida como "Los Espartanos", activa en el puerto.
Así funcionó Daily Cop, la firma que estafó mediante criptomonedas y aportó a la campaña Petro
Lea también: Clan del Golfo dejó en libertad a un miembro del Eln
Las denuncias en su contra detallan su modus operandi, que involucra violencia e intimidación para obligar a sus víctimas a cumplir con sus exigencias.
Uno de los incidentes que se destacan en la investigación ocurrió el 29 de enero en Pueblo Nuevo, donde Rayo Arizabaleta habría abordado a un comerciante vinculado al PAE, amenazándolo con un arma de fuego y solicitando dinero para permitir el ingreso de un cargamento de huevos a una bodega. Posteriormente, huyó al percatarse de la presencia policial en la zona.
Al día siguiente, junto a otros individuos, habría vuelto a la bodega para intimidar nuevamente al comerciante, exigiendo pagos periódicos para garantizar un ficticio servicio de seguridad privada ofrecido por "Los Espartanos".
En otro incidente, Rayo Arizabaleta habría secuestrado a la víctima, confiscado sus dispositivos móviles y solicitado la suma de $50 millones para liberarlo, en un acto de extorsión agravada.
Las autoridades también revelan que el grupo del que forma parte Rayo Arizabaleta estaría reteniendo camiones del PAE que transportan productos esenciales, exigiendo entre $30 y $50 millones para permitirles la movilidad por la ciudad. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales, quienes trabajan para desarticular esta red criminal y garantizar la seguridad en la región.
Con información de Colprensa.