La tarde de este viernes 12 de abril, la emisora Radio Cristal en Barquisimeto fue notificada por la Comisionado Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que su concesión ya no estaba habilitada, así lo dio a conocer el Colegio Nacional de Periodista (CNP).
La medida, que fue confirmada por el periodista, locutor y director de la emisora Orlando Fernández Medina, deja sin trabajo a 7 trabajadores y 24 productores independientes, ha sido calificada como una represalia por parte de la administración de Nicolás Maduro.
La resolución de cierre, firmada por el director del CONATEL, José Eliezer Márquez, y el ministro del Poder Popular, Freddy Ñañez, alega que Radio Cristal no solicitó la prórroga de su concesión, la cual venció en el año 2007. Sin embargo, Medina aseguró que la emisora realizó la solicitud correspondiente en tiempo y forma, sin obtener respuesta por parte del ente regulador.
«Desde el 2007 hasta ahora se dieron cuenta que Radio Cristal no había solicitado la renovación y que se le había vencido la concesión. La solicitaron, pero nunca respondieron. Todos sabemos que ese es el mecanismo que el gobierno está utilizando para mantener a los medios de comunicación y a los propietarios un cuchillo en el cuello», señaló Medina a través de un audio difundido por las redes sociales.
Indicó que la emisora durante 60 años transmitió una programación que incluía programas religiosos, musicales, culturales y económicos, además, señaló que era un espacio reconocido por defender los derechos del pueblo y expresar libremente sus opiniones, sin temor a represalias.
«Aquí sí se respetaba, por ejemplo, todo lo que el CONATEL mandaba, cadenas, todo, pero aquí el problema es, indudablemente, es la línea editorial de la radio, que era donde el pueblo se expresaba sin cortapisa sus derechos y sin el temor de que se nos castigará por no complacer a los gobernantes de turno», afirmó.
Por último, indicó que el cierre de Radio Cristal se suma a una serie de acciones emprendidas por la administración de Nicolás Maduro en contra de medios de comunicación independientes, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
«Este es un nuevo golpe a la libertad de expresión en Venezuela. Es evidente que el gobierno está utilizando su poder para silenciar a las voces críticas y controlar el flujo de información», expresó.