El 'Señor del Tabaco' le ganó la pulseada a Milei: qué pasó con los impuestos al cigarrillo en la nueva Ley Bases
Tras las presiones en contra, la gestión libertaria tomó una drástica decisión que beneficia los intereses de la Tabacalera Sarandí, una de las empresas con mayor cuota del mercado nacional. La dura reacción de un gobernador contra el Presidente y el Congreso
Luego de un intenso lobby, el 'Señor del Tabaco' le ganó la puleada al Gobierno y consiguió boicotear las modificaciones impositivas que impulsaba el oficialismo sobre el sector en el marco de la nueva Ley Bases y el capítulo Fiscal anexo. La movida no pasó desapercibida en las provincias del Norte del país, donde el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, cargó duro contra el empresario tras el apodo en cuestión, Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, pero también contra el Congreso y el presidente Javier Milei.
A partir del último borrador de Ley Bases y las Medidas Fiscales que circula desde anoche, no habrá aumento de la alícuota de impuestos internos de 70% a 73% y se perpetuaría el Impuesto Interno Mínimo que el proyecto proponía eliminar originalmente, siempre y cuando el texto propuesto no se modifique en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General a partir de la próxima semana.
La decisión de remover este capítulo por completo no deja de ser paradójico frente a la promesa de avanzar contra "la casta". Y es que al preservarse el satu quo en la industria del tabaco local, aseguran fuentes del rubro, lo que se preserva intacto son los privilegios de uno de los empresarios más poderosos del rubro. Otero es dueño de la tabacalera Sarandí, que ostenta casi la mitad del mercado a nivel nacional, un 40%.
Sin mencionarlos por nombre, Saenz aludió a "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, (que) torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la 'casta'".
En el Congreso señalan al PRO y un referente libertario detrás de las presiones para modificar el capítulo tabacalero, aunque con desigual tenor. Desde el bloque amarillo reclamaban cambios a la normativa, pese a estar de acuerdo con algunos de los artículos como la eliminación del impuesto mínimo. En las filas de La Libertad Avanza fue Carlos Zapata, quien supo timonear la Cámara de Tabaco salteña hasta su desvinculación, el que llevó el tema desde la versión original de la Ley Bases.
La consecuencia de mantener los privilegios de este empresario tacabalero se traduce en la imposibilidad de mejorar la recaudación del Estado a través del Fondo Nacional del Tabaco que en 2023 totalizó unos $65 mil millones. También bloquea las chances de mejorar la competencia en uno de los sectores clave de la economía, igualando las condiciones de competencia con el resto de las empresas del sector en términos impositivos.
"Una empresa que se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores", acusó Saénz.
Hoy Tabacalera Sarandí se beneficia de una serie de cautelares a partir de la judicialización del Impuesto Interno Mínimo que equivale a unos $792,73 por paquete. En la práctica, le posibilita comercializar sus productos a un valor por debajo del valor promedio del mercado, en una competencia desleal.
La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point ($625), Master ($568), Kiel ($525). Por lo que, considerando que los precios de venta al público de sus marcas de cigarrillo se ubican en una banda entre los $1000 y $1200, cerca del 50% de ese valor los consigue eludiendo el pago del tributo que sí abonan otras tabacaleras.
En términos comparativos, Rothmans se vende a $1920; Lucky Strike, a $2240; Camel, a $2460 mientras que los precios de Massalin Particulares también se ubican por arriba de los de Sarandí: Marlboro, $2460; Philip Morris, a $2210 y la marca Chesterfield, a $1430.
Esta diferencia de precios le permitió a Otero aumentar su participación de mercado de un 5,6%%, en 2016, a más del 40% del total del mercado de cigarrillos en 2023, acorde a un informe de Abeceb de enero último. Pero además también incrementar sus ganancias mediante una competencia irregular, frente al resto de las empresas que tributan de forma completa. En una entrevista con Perfil, Otero cifró su facturación anual en u$s 800 millones.
Esto tuvo varias consecuencias. En primer lugar, una merma en la recaudación de la AFIP por eludir el impuesto lo que generó una "pérdida de recaudación acumulada de u$s 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023" para el Estado nacional, sostiene el reporte de la consultora.
Esto impacta en las arcas nacionales pero, con particular énfasis, en las provincias del norte que sufrieron una pérdida acumulada de más de u$s 700 millones en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco, acuso el gobernador salteño, afectando a una economía regional que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción.
"Pero también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de 1 billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos, coparticipables entre las 24 jurisdicciones de nuestro país y el Tesoro Nacional -puntualizó el mandatario-. Para entender la dimensión del daño al erario público nacional y provincial: por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a 1 millón de jubilaciones mínimas al año."
Pero además hay un correlato sanitario, en tanto que los precios reducidos no solo desequilibran la competencia sino que promueven el consumo de cigarrillos, generando un problema ya no solo impositivo sino también de salud pública. Acorde a un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA, el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, lo que se corresponde con el 14% del total de muertes.
En concreto, se estima que esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en el país a contramano del 2% promedio que bajó el consumo de cigarrillos en el mundo, concluye Abeceb.