La advertencia de una coalición de grupos europeos de defensa de los derechos digitales se produce después de que la polarizante nueva legislación rompiera un bloqueo que duraba ya años.
Una coalición de grupos europeos de defensa de los derechos digitales afirma que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea"marcará el comienzo de una nueva y mortífera era de vigilancia digital".
La coalición 'Protect Not Surveil' (Proteger, no vigilar), que incluye a grupos como 'Border Violence Project', 'Privacy International' y 'Access Now', afirma en un comunicado que el pacto "representa una mayor incrustación de las tecnologías de vigilancia en la UE".
"Por tanto, representa una mayor erosión de los derechos fundamentales y la normalización de la vigilancia digital en las fronteras y dentro de ellas, justificada por un enfoque de la política migratoria basado en la represión y no en los derechos", afirma.
El año pasado, la UE recibió 1,14 millones de solicitudes de protección internacional y registró 380.000 cruces irregulares de fronteras.
La Comisión Europea desbloqueó la semana pasada una nueva legislación sobre migración que llevaba años en punto muerto con la aprobación del Pacto de Migración de la UE. Se describe como un "conjunto de nuevas normas que gestionan la migración y establecen un sistema común de asilo", que es "firme, pero justo".
'Euronews Next' se puso en contacto con la Comisión para pedirle comentarios, pero no respondió en el momento de la publicación.
"Peligrosamente vaga e indefinida"
La nueva legislación realizará lo que la Comisión denomina un "examen exhaustivo" de quienes no cumplan las condiciones para entrar en la UE, lo que incluye controles sanitarios y de seguridad.
A continuación, los solicitantes de asilo pasarán por una de las dos siguientes fases posibles: una solicitud de asilo tradicional o una acelerada que durará aproximadamente 12 semanas.
El procedimiento acelerado está pensado para aquellos que la Comisión identifique como un "riesgo para la seguridad nacional", que proporcionen "información engañosa" o que procedan de países con bajos índices de reconocimiento de solicitudes de asilo.
La coalición señala que los conceptos de seguridad son "peligrosamente vagos e indefinidos", lo que podría suponer que los funcionarios de fronteras recurrieran a "prácticas discriminatorias" para tomar decisiones sobre la duración de las solicitudes de asilo, como utilizar la nacionalidad como sustituto de la raza.
"Las personas identificadas como de riesgo... serán empujadas a un procedimiento acelerado con menos salvaguardias", dice su declaración.
Los solicitantes de asilo acogidos al programa acelerado serán retenidos en la frontera durante el tiempo que dure su proceso en "centros de detención", donde podrán tener acceso a intérpretes y asesoramiento mientras esperan a que se tramite su solicitud.
Según la coalición, es probable que estos centros de detención se construyan del mismo modo que los tres centros de refugiados "modelo" de las islas griegas del Egeo, que "[recurren] a la vigilancia de alta tecnología para vigilar y controlar a las personas".
Estos centros de refugiados ya construidos en Grecia utilizan sensores de movimiento, cámaras y acceso mediante huella dactilar in situ, prosigue la coalición.
"Lejos de tratarlo como un 'último recurso', escalofriantemente, el Pacto prevé la expansión de la detención por toda Europa", reza la declaración.
Posibles prácticas digitales invasivas
El Pacto también amplía la base de datos 'Eurodac' de inmigrantes y solicitantes de asilo: una recopilación de todas las huellas dactilares de los cruces irregulares de fronteras. Europa ha modificado esta base de datos varias veces desde su creación en 2003.
El sistema 'Eurodac' ampliado también recogerá imágenes faciales, copias de pasaportes u otros documentos de identidad, así como otros tipos de "datos de identidad".
La normativa también amplía el plazo de conservación de los datos personales; algunos datos no especificados se conservarán cinco años, otros diez.
También se recogerán los datos de niños de hasta seis años, lo que, según la Comisión, ayudará a la policía a identificar a los niños "vulnerables a la trata de seres humanos y la explotación". Con esta información, 'Eurodac' podrá ver e impedir que una persona presente múltiples solicitudes de asilo.
La coalición sostiene que la recogida de datos podría aumentar la "represión de los defensores de los derechos humanos", porque se intercambiarán con las autoridades competentes en cada paso del proceso de asilo.
El Pacto también establece que, en cualquier momento del proceso de asilo, los solicitantes podrán ver registradas sus pertenencias "de conformidad con la legislación nacional", si las autoridades europeas lo consideran necesario.
La coalición sostiene que estos registros podrían allanar el camino a "prácticas invasivas", como la extracción de datos de teléfonos móviles para encontrar información que contradiga o refute una solicitud de asilo; procesos que, según la coalición, ya se utilizan en varios países europeos, como Alemania y Dinamarca.