La Alcaldía de Medellín lleva días anunciando medidas para atacar el abuso sexual de menores, casi todas referidas a cómo perseguir a los abusadores y pocas orientadas a mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes que desde hace años se ofrecen en las redes de explotación sexual comercial de esa ciudad (y de otras del país).
Ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez que prohibirá por seis meses la prostitución en El Poblado. Aunque se entiende que desde su orilla política privilegie el orden sobre las respuestas sociales, el drama de niños y niñas expuestos al abuso no se soluciona poniéndole más reglas a Airbnb, declarando toques de queda o escondiendo a las prostitutas.
Las prohibiciones a la prostitución siempre han sido contraproducentes, pues le suben el precio al negocio de los proxenetas. Y las que ahora propone el alcalde no evitarán que estos sigan alquilándoles menores a los buscadores de tusi y experiencias sexuales. Para eso tienen sus mafias y catálogos virtuales en los que ofrecen cuerpos para atender fiestas en casas, en fincas en Barbosa y en tours en Guatapé o en Jardín.
Con la complicidad de muchos, los rufianes y madames del Parque Lleras no se asustarán con las amenazas de extinción de dominio y seguirán reclutando a niñas y niños pobres, desescolarizados, descuidados por el Estado y las autoridades de Buenos Aires, Envigado o Itagüí.
La mayoría de notas de prensa sobre el caso se han referido al abusador gringo. Llamados a la Interpol, a las fotos, sugerencias de sanciones, construyen las noticias en las que poco se ha indagado por las víctimas: ¿de dónde vienen los menores abusados? ¿Qué sector social representan? ¿Cómo se les restablecerán sus derechos? ¿Cómo son sus familias?
En 2016, en su primer período como alcalde, Gutiérrez incluyó en el Plan de Desarrollo la apuesta por lograr cero niños explotados sexualmente en Medellín y creó en la Secretaría de Seguridad, un grupo especializado en investigar la explotación sexual y comercial de menores.
Ocho años después, no mucho ha mejorado y los hoteles y los sofás no son los únicos responsables: el Estado no ha puesto la protección infantil como prioridad, el ICBF ha gestionado más diagnósticos que atenciones, la justicia ha dado pocos resultados, la Raya y la Terraza siguen explotando a menores, se ha perdido la plata de la alimentación escolar, Medellín se sigue vendiendo como la ciudad de las mujeres hermosas y los niños y niñas de La Candelaria, Popular, Robledo, Manrique y Buenos Aires siguen aguantando hambre.
En febrero de este año el alcalde sostuvo que casi la mitad del millón y medio de turistas llegan a la ciudad buscando "mujeres para tener sexo". Bien que no entre en negacionismos, pero está demostrado que el bukelismo parece no ser suficiente para atacar el abuso infantil. Urgen soluciones estructurales: caminos para deslegitimar el machismo, para presionar a la justicia para dar resultados, para que Bienestar Familiar prevenga en vez de denunciar. Con la mirada en las víctimas, la mejor manera de atacar el abuso infantil es sacar a millones de niñas y niños -35 mil en Medellín- del hambre y de la miseria.