Alrededor de 4 mil trabajadores de honorarios que laboran en la Cámara de Diputados -principalmente asesores legislativos- realizaron una protesta para denunciar que la Junta de Coordinación Política los está obligando a firmar sus renuncias a partir del 30 de abril, aunque al inicio de la LXV Legislatura su contrato laboral establecía que el termino de sus labores sería hasta el mes de agosto.
Con diversas pancartas, con mensajes como "No a la conclusión anticipada", "A dónde te quieres llevar el ingreso que no me quieres pagar", y "Mi trabajo vale respeto", el grupo de inconformes señaló que la protesta no es contra los diputados para los que trabajan en los diversos grupos parlamentarios, sino contra las autoridades legislativas, ya que al aplicar estos despidos anticipados, estiman en casi un billón de pesos los salarios perdidos por 4 meses de trabajo que ya no les serán pagados.
"Nos manifestamos porque el recurso está etiquetado y no sabemos porque nos despiden, queremos saber quienes son los legisladores que tomaron esta decisión, por eso estamos aquí manifestándonos porque no lo sabemos", expuso Iker García Galván, quien fue nombrado representante de los trabajadores inconformes.
El asesor legislativo explicó que los trabajadores, principalmente de honorarios, perciben sueldos de entre 20 mil y 40 mil pesos y consideró injusto que dejen de percibir un salario que de manera legítima les corresponde y más que se aplique una medida de este tipo en la Cámara de Diputados, en donde se impulsó y aprobó una reforma contra el outsourcing.
Indicó que cada trabajador debe cobrar su salario de forma íntegra hasta el mes de agosto y una liquidación correspondiente a tres meses de sueldo, sin embargo, con el despido anticipado no les pagarían su sueldo ni la liquidación correspondiente.
Algunos trabajadores que pidieron el anonimato, calificaron la medida como injusta y aseguraron que no es posible que en la casa del pueblo, donde se aprueban diversas leyes para beneficio de la población, se viole la ley y se lleven a cabo acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias para perjudicar precisamente a los empleados de la propia Cámara de Diputados.
Demandaron a los legisladores integrantes de la Jucopo que no atenten contra sus ingresos y el bienestar de sus familias y cuestionaron sobre el destino del recurso que ya no se les pagará, ya que al inicio de la legislatura les manejaron otras condiciones laborales.
Alerta Morena por parálisis legislativa ante despido de asesores
En tanto, el diputado de Morena, Klaus Uwer Ritter Ocampo, presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión de la medida contra los trabajadores de honorarios de la Cámara de Diputados y calificó la situación como un "acuerdo interno de carácter arbitrario" de parte de la Junta de Coordinación Política.
Señaló que sin el apoyo de las asesoras y asesores legislativos, los diputados difícilmente podrán llevar a cabo sus labores y alertó de una "parálisis legislativa" en San Lázaro.
Planteó que la Cámara de Diputados se pronuncie por proteger los derechos laborales y garantizar la certidumbre salarial de los empleados de honorarios.