Latinoamérica es el continente que tiene los más altos niveles de desigualdad en el mundo, concentrando la mitad del "Top 30″ de los países con más alto índice de GINI. La otra mitad está en África. Esa desigualdad es una barrera para el desarrollo, porque detrás de este indicador subyace una enorme informalidad que erosiona los objetivos colectivos de acceso a salud, educación y vivienda en forma justa, y también una barrera estructural que dificulta recuperarse rápido cuando nos azotan crisis profundas, como el COVID 19 o los desastres naturales. La pandemia nos hizo más pobres y desiguales, y el BID estima que esto se replicará crecientemente con el cambio climático.
Para frenar el incremento del cambio climático, todos los países de la región se han comprometido a la carbono neutralidad. La generación de energía en Latinoamérica ha sido dominada históricamente por la hidroelectricidad, y en muchos de sus países solo se necesita evitar la tentación de invertir en infraestructura fósil que pronto quedará obsoleta (por razones de precio y por compromisos ambientales). Pero también hay lugares donde ha habido un alza de generación de carbón, los que han iniciado un proceso de cierre de termoeléctricas. Ese es el caso de Chile, donde se espera que la mayoría de las centrales a carbón cierren antes de 2030, que marca un giro de 180 grados en la trayectoria que llevaba el país hace menos de una década. Gran parte de estas centrales dejará de operar mucho antes de su vida útil proyectada -una de ellas inició operaciones apenas en 2019, y cerrará en 2025-, lo que da cuenta de un sector que calculó mal la velocidad de la revolución energética mundial. El avance de este proceso de descarbonización ya ha significado una disminución de más del 33% en las emisiones del sector energético en los últimos cuatro años, cifra impensada hasta hace poco.
Si bien estas transiciones son necesarias también generan impactos, y por ello es necesario velar por un trato digno y sensible a quienes verán amenazadas sus fuentes de trabajo. El BID ha mostrado que la carbono neutralidad genera más inversión, empleo y crecimiento que continuar igual, pero esta ganancia no siempre calza con los mismos sectores ni regiones donde se implementa. Pero el sector privado ha adelantado el trabajo, con empresas como AES relocalizando a algunos trabajadores a otras funciones, o bien pensando en transformar las centrales a carbón en centrales de almacenamiento mediante el uso de baterías para generar nuevas fuentes laborales y desarrollo económico local. Pero aún estamos al debe si miramos experiencias como la de Ventanas, donde el cierre de la fundición no vino aparejado de un plan de reinserción laboral, y menos un plan de reemplazo de la fundición por una menos contaminante y eficiente.
Le debemos al continente una transición justa. La desigualdad en el ingreso hará que una transición insensible a nuestra realidad económica y social tenga efectos desproporcionados en quienes tienen una menor capacidad para responder a los cambios. Por esto mismo, es fundamental que los países exportadores de combustibles fósiles no crean que este juego de sillas musicales no terminará. Ya sea por razones ambientales, o simplemente de precio, la electromovilidad está reduciendo la demanda futura de petróleo, y los países cuyos ingresos dependen de la exportación de este combustible fósil tendrán serios ajustes fiscales. De no invertir en una transición justa, podrán verse crecientemente endeudados y con problemas severos de empleo. Una transición ordenada, en cambio, traerá mayores oportunidades.
Estas cuestiones serán parte de lo que se deberá discutir en la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se realizará en la CEPAL la semana del 22 al 26 de abril. En esta cumbre se espera que los países adopten por primera vez un plan de acción que permitirá hacer carne este acuerdo, el primer tratado ambiental con enfoque de derechos humanos de esta región. Especial dedicación se deberá tener en la protección de los defensores ambientales, los que en la región lamentablemente han sido perseguidos y asesinados como en ningún otro lugar del mundo. Este acuerdo, el primero en su tipo, es la sede natural de la discusión sobre una transición justa para Latinaomérica, dada la naturaleza y complejidad del tema en la región.
Por Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente.