Desde su creación como IFAI en el año 2003 y su posterior transformación a organismo constitucionalmente autónomo en 2014, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha diseñado y puesto en marcha diversas políticas, acciones y estrategias orientadas a dar cumplimiento a su mandato legal que es, en esencia, garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales por parte de las instituciones públicas.
En el camino, la transparencia (entendida como el principal vehículo que garantiza el acceso a la información) ha transitado hacia diferentes estadios para tratar de garantizar que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tenga acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, según su conveniencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los avances progresivos, persisten obstáculos y desafíos que debemos enfrentar para garantizar un ejercicio pleno de ambos derechos, así como un consumo y aprovechamiento cada vez más útil e intensivo de la información pública que se genera.
En esa tarea resulta fundamental que el INAI como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, extienda sus lazos de colaboración con otros sectores (privado y social) distintos al tradicional (sector público) para garantizar que las personas puedan acceder a toda aquella información que se genera día a día y que tenga el potencial de permitirles mejorar su calidad de vida, optimizar su toma de decisiones o vigilar los actos de autoridad para señalar irregularidades y mejorar la gestión de lo público.
Me refiero, por ejemplo, a la información con vocación pública, pero de carácter privado, que se genera día con día desde el sector privado o el social, o bien, en ocasiones excepcionales como puede ser un desastre natural, una crisis sanitaria o cualquier otro escenario que exija la colaboración de diferentes sectores, de modo que la información que se genere resulte oportuna y de utilidad para atender de manera efectiva las demandas y necesidades de información de las personas. Al respecto, contamos con instrumentos como la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) que señalan con claridad la falta de equilibrio que existe entre la oferta de información y la demanda de esta por parte de la población, sobre todo en situaciones de emergencia.
Tanto la Ley General de Transparencia como la Ley Federal y las leyes de todas las entidades federativas consideran la posibilidad de que sean los organismos garantes los responsables de emitir y coordinar políticas de transparencia proactiva que permitan a la sociedad consumir información de forma oportuna y en los formatos más convenientes para las personas, por lo que un buen comienzo sería acercarnos al sector privado para identificar, seleccionar y difundir información que nos permita mejorar la toma de decisiones frente a contextos de emergencia, pero también en la vida cotidiana.
En ese contexto, el país demanda un INAI que responda de manera oportuna y efectiva a sus necesidades y demandas de información, pero también, a que el gobierno como la sociedad colaboren en la tarea de construir y difundir información útil desde diferentes fuentes no sólo públicas, pues, como se ha visto en capítulos recientes de la vida nacional, en ocasiones la información no está a disposición de las personas y esto dificulta su consumo y aprovechamiento.
Finalmente, esta sinergia permitiría abrir puentes de diálogo y entendimiento entre el gobierno y el sector privado en torno a proyectos más integrales para promover la utilización estratégica de la información tanto pública como privada y disminuir las asimetrías de información, pero, eventualmente, también abrir espacios de colaboración en torno a otros problemas públicos que necesiten resolverse.