El Gobierno de Pedro Sánchez emitió el año pasado 20.000 millones extra de deuda pública por encima de la necesaria para financiar el déficit público sin dar explicaciones de su destino final. La suma de la deuda lanzada por el Tesoro en 2023 ascendió a 71.000 millones mientras el desequilibrio presupuestario fue en términos absolutos de 52.000 millones, una diferencia insólita que no tiene parangón en la historia reciente. La ausencia de un proyecto de presupuestos para 2024 impide saber con exactitud a qué partidas se ha dedicado esta necesidad de financiación adicional.
En condiciones normales, la emisión de bonos públicos se dedica casi en su totalidad a dar cobertura al déficit. Adicionalmente, y según ex secretarios de Hacienda consultados por OKDIARIO, si las condiciones del mercado son favorables, se suele acudir de manera extraordinaria a los mercados para obtener condiciones más ventajosas y así refinanciar parte de la deuda a un coste final mejor. Esto es lo que ha podido suceder ante la expectativa de un giro en la política de endurecimiento monetario establecida por el Banco Central Europeo, que podría producirse el próximo junio.
Los citados medios aseguran, sin embargo, que la relativa certeza de que el BCE cambie radicalmente el sesgo de su estrategia durante la segunda mitad del año es muy reciente, de manera que las posibles ventajas obtenidas han debido ser en cualquier caso limitadas y no justifican una diferencia tan abultada. Adicionalmente, la segunda partida a la que se dedica la emisión de deuda es la variación de activos públicos. Es el caso de lo que sucederá durante el presente ejercicio con la participación del Estado en Telefónica.
De momento, el 3% que ya posee se ha conseguido desviando recursos de otras partidas presupuestarias todavía sin agotar, como la que atañe a las transferencias a las autonomías -que ya han puesto el grito en el cielo ante la irregularidad del procedimiento-. «Hasta la fecha, la entrada en la multinacional española de telecomunicaciones ha corrido a cargo del presupuesto, pero el resto del esfuerzo de capital para alcanzar una participación del 10% tendrá que ser financiado con deuda», ha advertido la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.
De acuerdo con los medios consultados, parte de los 20.000 millones extra emitidos por el Tesoro en 2023 puede haber sido destinada, como en otras ocasiones, a cubrir los problemas de capital de empresas públicas como Correos -en una posición financiera muy delicada-, Renfe, Aena -que gestiona los aeropuertos del país- o RTVE. Esta financiación adicional también suele emplearse para afrontar inversiones: la compra de trenes, por ejemplo, en el caso de la compañía ferroviaria pública.
El problema que destacan los expertos en relación con este endeudamiento adicional es que, tarde o temprano, esta clase de operaciones «deben ser encajadas, cuando sea más conveniente, en el presupuesto del Estado, generando finalmente déficit público precisamente en un momento en el que la sanidad de las cuentas brilla por su ausencia».
El déficit público se redujo en el último año desde el 4,73% de 2022 al 3,66% de 2023, mejorando la previsión oficial del 3,9%. Es verdad que se ha conseguido recortar el desequilibrio de 2023 en alrededor de 3.500 millones por debajo de lo inicialmente previsto, pero en esta situación han jugado un papel central los fuertes aumentos de ingresos generados por la inflación. En concreto, el colchón extra de recaudación aportado por el crecimiento de los precios en 2023 (8.800 millones) ha sido equivalente al 87% de la reducción del déficit (10.200 millones). Sin embargo, estos recursos extra asociados al efecto precios se irán reduciendo en los próximos años, en la medida que la inflación continúe su línea descendente hacia el 2%.
La consecuencia es que la progresiva mejora en los niveles de precios obligará a buscar fórmulas activas de consolidación fiscal -ajuste presupuestario- más allá de las que, de forma silenciosa y sin necesidad alguna de reforma fiscal, proporciona la inflación. Y en ausencia de medidas específicas, existen serias dudas de que se pueda reducir el déficit por debajo del 3% en los próximos años. De hecho, las predicciones de la Comisión Europea (In-depth review 2024) publicadas a finales de marzo sitúan el déficit en una trayectoria ascendente del 3,2% en 2024 y del 3,4% en 2025. Con diferentes matices, estas predicciones coinciden con las realizadas por el Banco de España o Funcas, que sitúan el déficit en esos años claramente por encima del 3%.
En su último informe, conocido estos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por malgastar la oportunidad del crecimiento de la economía en 2023, y el récord de recaudación por impuestos, para reducir el déficit y la deuda públicos. En las conclusiones de su última visita a España también eleva su previsión de crecimiento del PIB para este año al 1,9% -una décima por debajo de lo que espera el Ejecutivo- pero mantiene la de 2025 en el 2,1%.