La primera presidenta del Perú ofende a las mujeres cuando, ante las evidentes muestras de desbalance patrimonial, señala que las investigaciones por sus joyas y su colección de relojes de alta gama esconden un sesgo sexista y discriminatorio. En una conferencia de prensa donde no aclaró nada, quien dijo ser "la mamá de todo el Perú" nos miente descaradamente y por señal nacional.
El caso opuesto es el 'affair Toblerone', emblemático en el mundo anticorrupción. A mediados de los 90, la viceprimera ministra sueca Mona Sahlin utilizó para compras personales la tarjeta de crédito destinada para sus gastos como funcionaria. ¿Qué compró? Dos barras de chocolate Toblerone y un vestido, por los que pagó 35,12 euros. El pueblo sueco alzó su voz de protesta, Sahlin renunció y devolvió el dinero a las arcas del país escandinavo.
En el Perú, la Contraloría General de la República ha estimado en S/24.268 millones el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional en el Estado durante el 2023. Precisó que casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones, equivalentes a S/19.300 millones, se hizo a dedo.
Todo lo anterior confirma varias cosas. Primero: que para todo corrupto existe un corruptor, sea público o privado.
Segundo: que, más allá de calcular cuánta infraestructura se podría construir con ese dinero perdido, el costo de no tenerla es invaluable. La corrupción es mucho más que coimas, malversación y negociados. Nos quita calidad de vida, bienestar, salud. Impacta en nuestros derechos más fundamentales, afecta nuestro presente y nos roba nuestro futuro.
Tercero: la corrupción no distingue ideología, edad, raza, condición social, nivel educativo, nacionalidad ni sexo. Históricamente se pensó que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Una encuesta realizada por Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, encontró en el 2012 que, aunque el 66% de los peruanos consideraba que los policías varones eran corruptos, solo el 19% creía que sus contrapartes femeninas lo eran. No sé cuáles serán las cifras hoy, pero sospecho –muy a mi pesar– que no serán tan alentadoras para nosotras.
¿Qué hacer? Quiero compartir la visión del nigeriano Efosa Ojomo, investigador principal del Instituto Clayton Christensen para la Innovación Disruptiva y especialista en prosperidad global. Ojomo explica que la corrupción crece ante una mayor escasez, porque siempre habrá alguien que ofrezca ese servicio a quien pueda o se sienta obligado a pagarlo.
El propio contexto de escasez fomenta la corrupción –¿recuerdan los cobros ilegales por camas UCI durante la pandemia del COVID-19?–. El problema es que, en países como el nuestro, bienes esenciales también son escasos: educación, atención médica, justicia, seguridad, entre otros. La solución, entonces, es inversión pública y privada que vuelva la educación, la salud, la justicia y la seguridad más accesibles.
El experto pone como ejemplo a Corea del Sur, que en la década de 1950 estaba dirigida por un gobierno autoritario, sus instituciones eran tan frágiles como las de los países africanos más pobres y corruptos de entonces, y los economistas la tildaban de caso perdido. Pero, cuenta Ojomo, a medida que empresas como Samsung, Kia y Hyundai invirtieron en innovación, se logró que más cosas fueran asequibles para más personas. Corea del Sur prosperó, en 1987 celebró sus primeras elecciones democráticas y empezó a invertir en reconstruir sus instituciones. Esto permitió que, en el 2018, quien había sido elegida presidenta cinco años antes fuera condenada a 24 años de cárcel por corrupción y abuso de poder. En consecuencia, para Ojomo la prosperidad es el vehículo para reducir y combatir la corrupción.
Desde Videnza nos ponemos a disposición del país para avanzar en ese sentido. Porque ni Dina ni la corrupción nos representan.