La jueza de juicio Romina Martini concedió 15 días para que las partes de la causa por usurpación en la zona de Mallín Ahogado que tiene como imputados a integrantes de la comunidad mapuche Coronado Inalef, denunciados por particulares, tengan instancias de diálogo en busca de una solución alternativa al desalojo forzoso que ordenó un juez de Garantías en marzo.
El desalojo está frenado porque hacia fines de marzo, la defensora oficial Natalia Araya interpuso un recurso extraordinario para que analice el caso el Tribunal de Impugnación provincial, pero hoy estaba prevista una audiencia de control de acusación que quedó suspendida luego de que la jueza Martini hizo lugar a un nuevo planteo de la abogada oficial que representa a la comunidad mapuche.
En la causa están imputados por el delito de usurpación Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, tras instalarse en tierras de la zona de Mallín Ahogado en abril de 2023.
El juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, en marzo ordenó el desalojo y ante la negativa de retiro voluntario de la comunidad el 15 de ese mes se activó el protocolo, pero finalmente el 25 de marzo quedó suspendido ante la elevación del expediente al Tribunal de Impugnación.
La defensora hoy solicitó a la jueza un nuevo plazo de 15 días para "seguir dialogando en busca de una salida alternativa" al conflicto, a pesar de que hasta el momento los acercamientos fueron infructuosos.
Araya indicó que se propuso a la querella y la fiscalía que la zona de conflicto, que son tierras que reclama como propias la abogada Patricia Zavalía, querellante en este caso, quede como un área de "tránsito" y se dicte una medida de no innovar de ninguna de las partes hasta que se resuelva en sede Civil el conflicto primario respecto a la titularidad de la tierra. Explicó que además en esa área hay un loteo que reclama la familia Sepúlveda, quienes tampoco podrían avanzar en ninguna reforma. Esa opción no fue aceptada por la querella.
"Se puede ir trabajando para darle forma", prometió Araya en la audiencia realizada esta mañana por Zoom. Los imputados además dijeron a la jueza Martini que estaban comprometidos a cumplir las pautas en caso de llegar a un acuerdo.
La abogada de la querella, Marcela Fragala, dijo que "no hay acuerdo posible y no lo va a haber porque en todo acuerdo presentado han impuesto una carga muy fuerte para las víctimas, las condiciones son perjudiciales" para su parte afirmó. También indicó que los acusados son "muy violentos" y que su representada no confía en un acuerdo, por lo que instó a que se avance con el desalojo ya ordenado por un juez de Garantías.
El fiscal Francisco Arrien remarcó que si hay un acuerdo "tiene que ser bajo ningún tipo de presión" y que quienes decidan conciliar "tienen que tener la convicción" de acordar. Luego afirmó que la querella no estaba de acuerdo, por lo tanto no avaló hasta el momento ninguna resolución alternativa del conflicto.
La jueza Martini, tras escuchar a las partes, dijo que "la ley procesal dice que jueces debemos procurar la solución del conflicto primario como regla" y bajo esa premisa y su desconocimiento del caso, debido a que es la primera vez que interviene, consideró prudente "habilitar estas dos semanas para que las partes intenten arribar el acuerdo no litigioso".
La magistrada indicó que si en este plazo no hay acuerdo se deberá retomar la audiencia de control de acusación suspendida hoy.
Ante la decisión judicial, el fiscal Arrien informó que en los próximos días citará a las partes a una audiencia en lo posible presencial para poder acercarse.