La consejera de Bienestar Social niega el retroceso en Dependencia en Canarias y se escuda en que el nuevo decreto "es un borrador"
La Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha negado este martes en el Parlamento que el área de Dependencia en las Islas esté sufriendo un retroceso aunque sí ha admitido " un cambio profundo en las formas de trabajo" que a su juicio se traducirá en mejoras.
Así ha respondido a las preguntas parlamentarias de la diputada socialista Elena Máñez, que ha afeado que el personal de Dependencia lleva meses denunciando el "caos" en la gestión y que ha pedido la dimisión de la directora del área, Concepción Ramírez. Así mismo, ha reprochado el nuevo decreto (que se ha sometido a información pública) según ha dicho sin consensuar con la FECAI, la FECAM o los colegios profesionales.
En este sentido, ha afeado que en ese decreto se recoge que si en seis meses la Administración no responde, decae la solicitud. Se trata de un decreto que además "está expulsando a los más vulnerables del sistema obligándoles que vayan a los tribunales".
"¿Usted se ha leído el decreto?", preguntó la consejera a la diputada, "porque yo sí me lo he leído", agregó. Delgado incidió en que una cosa es es silencio y otra la caducidad de un expediente. Además, apuntó que el decreto aún está en fase borrador, pero que el objetivo de su Gobierno sigue siendo gestionar las ayudas en seis meses.
"Improvisación, caos y despropósito: adjetivos de su Consejería en estos meses al frente de este gobierno", ha dicho Máñez, que ha invitado a la consejera a que se reúna con los trabajadores y trabajadoras, que están denunciando que se les presiona para aumentar ratios o bajas por estrés. "Están empeñados en negar cualquier cosa que haya hecho positiva el pacto de las flores", indicó.
La consejera incidió en que sigue trabajando con el personal y que se ha enviado el trámite a los colegios profesionales, a la FECAI y a la FECAM. "Creo que no tengo que explicarle ese procedimiento", dijo.
Así mismo, Delgado aseguró que los comités de empresa están trabajando con los coordinadores para ver cuáles son las incidencias en el 012 (la cita previa de Dependencia ahora la gestiona este teléfono) y con los aplicativos. "Me he sentado varias veces con el personal", incidió.
El nuevo decreto
El decreto establece entre sus principales novedades que si pasan seis meses desde que se solicita la ayuda se entenderá desestimada "por silencio administrativo". Una medida que se justifica en que así se permite "la interposición del recurso administrativo". Para los técnicos que trabajan en la Consejería y que han presentado alegaciones al decreto, "no queda claro que un cambio de procedimiento sin aumentar los medios humanos y materiales, vaya a producir una reducción significativa del tiempo para la resolución y un acortamiento efectivo de los plazos".
El decreto establece que antes de decidir si la valoradora acude al domicilio del solicitante, se realizará un "triaje", es decir, un profesional con formación sanitaria es el que realizará una valoración únicamente con la documentación aportada por ese posible beneficiario. "La práctica de la valoración nos ha enseñado que, aunque las patologías recogidas en el informe de salud no hagan pensar que el solicitante pueda tener dependencia, puede ser que sí la tenga", recuerdan en su escrito de alegaciones.
Otra de las cuestiones que aparecen en el decreto es que "si la persona no estuviera presente en la cita se le tendrá por desistida de su solicitud, salvo que acredite con anterioridad a la fecha de cita la imposibilidad de estar presente en esa fecha y solicite un cambio de la misma". En este sentido, las técnicas recuerdan que la población mayoritaria de solicitantes de la dependencia son de edad avanzada y que les puede surgir repentinamente una cita médica importante, a la que no pueden renunciar por su salud o porque la próxima no sabrían para cuándo se realiza. Además, muchas veces en cuestión de unos pocos días, se puede producir un ingreso hospitalario.