Continúa el conflicto entre la Policía Local y el Concello de Cangas por el rechazo de este cuerpo a patrullar en la zona rural mientras no se firme el convenio con la Subdelegación del Gobierno, que permitiría a la Policía Local a actuar en la zona rural. Subyace también en el conflicto una cuestión económica: la Policía quiere que si se firma el convenio, las patrullas en la zona rural se considere, como siempre, trabajo a mayores.
Esta vez quien entra con contundencia en la polémica es el inspector-jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que afea el comportamiento de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) al hablar de 'chantaje' del cuerpo municipal y su amenaza de realizar 'un decreto' que obligue a la Policía Local a actuar allí dónde requiera el gobierno tripartito. Alberto Agulla recuerda a la alcaldesa que por encima de un decreto municipal está la ley orgánica, que es la que establece las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mientras Alberto Agulla realizaba estas duras manifestaciones, la regidora local aseguraba que ya se estaba negociando con la Subdelegación del Gobierno la firma del convenio, que solo está pendiente de superar las dificultades que siempre pone la Abogacía del Estado. Tal vez sea esta la razón por la que siempre se retrasa la firma, aunque hay tiempo hasta que comience el verano.
Alberto Agulla afirma que da por hecho que la Policía Local va estar en las playas, porque esa es su voluntad. Pero también que para que esto suceda es preceptivo la firma de un convenio firmado entre la alcaldesa y el Subdelegado del Gobierno, como había que firmar otro con Portos de Galicia. "Lo que le pido a la alcaldesa de Cangas es prudencia y calma. El BNG siempre defendió los servicios públicos y el que ejerce la Policía Local lo es. Tampoco hay que confundir entre chantaje y negociación. Si son trabajos a mayores lo lógico es que se retribuyan. Así que pido prudencia y sentido común". Alberto Agulla está convencido de que el BNG siempre mostró su recelo con la Policía Local de Cangas, que ahora se vuelve a manifestar. También señala que intentar reconducir el conflicto mediante la aplicación de un decreto es erróneo y puede incurrir en una irregularidad administrativa que puede acarrear también una causa penal.
Alberto Agulla afirma que se expuso la situación ahora en abril para que el tripartito tenga capacidad de acción, porque es en los meses de verano cuando la Policía Local recorría la zona rural de Cangas y vigila los aparcamientos en playas y el tráfico cuando los bañistas que acuden en masa regresan a su lugar de residencia los fines de verano.
Alberto Agulla no cree que sea oportuno poner al pueblo en contra de la Policía Local de Cangas, con la amenaza de decretos y con acusaciones de chantaje. Reclama sentido común, sobre todo.
El tripartito aceptó una subida salarial de los auxiliares administrativos del Concello de Cangas porque aseguraban que realizaban trabajos de administrativos. Al admitir la subida salarial de este grupo de trabajadores del Concello de Cangas se abrió la puerta a otras peticiones. Por eso la Policía Local no entiende porque el BNG mantiene dudas sobre las retribuciones que tiene que dar el Concello a mayores, cuando se trata de un partido de izquierdas y cuando con otros trabajadores municipales sí que igualó salario a trabajo. También se recuerda que la Subdelegación del Gobierno está en manos del PSOE, partido que gobierna en coalición con el BNG y EU en Cangas.
Vecinos de Viñó reparten culpas entre el cuerpo y el gobierno local
La presidenta de la Asociación de Viñó, en la parroquia de O Hío, Esperanza Veiga, afirma que quedó muy sorprendida para la Policía Local puedan ser los problemas de tráfico en la zona rural una moneda de cambio. "Entiendo que tengan que pedir mejoras salariales, pero la responsabilidad del puesto que ocupan debería estar por encima de las negativas. Eso sí, no le quito responsabilidad al gobierno de Cangas, porque llevan un año ene l cargo y ya es tiempo suficiente para saber cuáles son las gestionas a realizar y cómo afrontar problemas". Esperanza Veiga manifiesta que si un convenio está a punto de caducar habría que haberlo renovada porque no pudiera se moneda de cambio. "Llevo años diciendo que montar unas patrullas en la zona rural que se impliquen y multen es muy rentable para las arcas municipales. Y con el dinero que se recauda se puede contratar a más agentes, y más ahora, que el Concello de Cangas ya no está sometido al plan de ajuste". apunta Esperanza Veiga.
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