El gobierno acordó un convenio similar al que tenía la anterior gestión. Reactivarán las obras tras la autorización a tomar deuda.
Tal como ya lo había hecho la gestión anterior del gobierno provincial, las autoridades de Neuquén firmaron un convenio con distintas organizaciones sociales para que sus integrantes presten servicios a las obras públicas neuquinas a cambio de una compensación. De este modo, los desocupados que forman parte de distintas cooperativas podrán realizar trabajos en viviendas, obras menores y mejores que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la provincia.
"No es una política asistencial sino una política vinculada al trabajo", dijo el ministro de Gobierno de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares, en una entrevista que brindó a LU5 después de la firma. Tras la asunción del gobernador Rolando Figueroa, los referentes de las organizaciones habían realizado otra vez acampes y medidas de fuerza, como solían hacer durante la gestión anterior, para exigir que se los incorpore como prestadores de servicios para las obras públicas provinciales.
Los ministros de Infraestructura, Rubén Etcheverry, y de Gobierno, Jorge Tobares encabezaron la firma del convenio del que también participaron el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich y el director provincial de Hábitat y Urbanismo, Jorge Salas.
Asistieron representantes del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Trabajadores Excluido (MTE), Polo Obrero, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán (UTEP), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Teresa Vive y Frente de Organizaciones en lucha Unidad (FOL).
Un vínculo tenso con las organizaciones sociales
Tobares explicó que a las cooperativas se les asignarán obras de distintas envergadura, como la realización de un cordón cuneta, la instalación del gas o la construcción de una vivienda en particular, y que luego se les pagará como a cualquier otro prestador de este tipo de servicios, mediante certificados que avalen el avance en la obra.
Si bien el gobierno había objetado a algunas organizaciones sociales por distintas irregularidades, finalmente se avanzó en este convenio para repetir una modalidad similar a la que tenía la gestión anterior del gobierno. "Solamente pueden acceder a este tipo de obras las cooperativas que tienen ordenadas de punto de vista contable y administrativo y que pasen por todo el proceso que tiene que pasar cualquier entrega concentración del punto de vista impositivo y también previsional", aclaró el funcionario.
Este verano, y tras la decisión de las organizaciones sociales de endurecer los acampes para ser reincorporados a las obras públicas, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, había calificado su medida de fuerza como absurda. Además, había revelado que las auditorías del gobierno provincial detectaron que estas entidades habían recibido más de mil millones de pesos por los que no habían rendido cuentas.
Al respecto, el ministro Tobares explicó que la gestión busca transparentar el uso de los fondos públicos para alcanzar una administración más eficiente. Aclaró que buscan evitar que "se tercerice la distribución de recursos hacia los más vulnerables", con organizaciones que concentras las ayudas en lugar de volcarlas directamente a los necesitados.
Por otro lado, señaló que se está pensando en un paquete de obras que habían quedado suspendidas por falta de financiamiento del gobierno nacional pero que, a partir de la aprobación de la Ley de Financiamiento que aprueba endeudamientos para la provincia, podrán planificarse nuevos trabajos que incorporen a los desocupados de las organizaciones.
"Vamos a comenzar como en todo este proceso con obras de carácter menor y vamos a ir viendo cómo se desarrolla en el tiempo esta modalidad de inflación con las organizaciones sociales y si realmente hay responsabilidades compartidas, será digamos sostenida en el tiempo", afirmó Tobares.
La nueva ley que permite reactivas las obras
En Sesión Especial, la Legislatura neuquina aprobó este jueves el proyecto de ley 16.618 enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, a través del cual gestiona la autorización para tomar deuda por un monto de 500 millones de dólares para el financiamiento de obras públicas y el pago de vencimientos de deuda a afrontar en este 2024.
El proyecto fue aprobado con 29 votos afirmativos y cinco negativos. Fue rechazado por los diputados del bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda y cosechó el acompañamiento del resto de los espacios.
Con relación a la toma de nueva deuda, tema que fue anticipado en su momento por LMN, el proyecto establece que la tasa de interés puede ser fija o variable, con pagos de intereses trimestrales, semestrales o anuales, y que no superen en cinco puntos porcentuales anuales la tasa de interés de los títulos comparables emitidos por el Estado Nacional.
El oficialismo agregó a la redacción, la obligación de que el Ejecutivo informe cada 120 días lo realizado con el crédito y el avance de las 574 obras que se incluyeron en el anexo.