El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contra la renovación de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La asociación argumentaba la «falta de idoneidad» del fiscal general para desempeñar el cargo. Fuentes consultadas señalan que los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se pronunciarán sobre este recurso tras el verano. Tras archivar la querella del Partido Popular contra el fiscal general, tal y como adelantó OKDIARIO, los togados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se disponen a investigar un nuevo recurso que impugna su nombramiento.
Los fiscales asociados a la APIF formularon en febrero un recurso ante el Supremo contra el Real Decreto del 27 de diciembre que revalidaba a García Ortiz como fiscal general del Estado. Los fiscales argumentaban que el nombramiento no era procedente «por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo». También hacían alusión al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le declaraba no idóneo para el cargo, y a la condena del Alto Tribunal por «desviación de poder» al nombrar a Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar.
«Ello bastaría para justificar la no renovación de un cargo cumbre y fundamental en un Estado de Derecho como el español», señalaron los fiscales de la APIF en su recurso.
El señalamiento para deliberar llegará en los próximos meses. Por el momento, la petición ya ha cumplido los trámites solicitados por el Supremo y la APIF ha presentado una demanda con todos los datos para sustanciar el recurso. Los fiscales han remitido al Supremo los expedientes disciplinarios, quejas de fiscales por su silencio ante reiterados ataques al Poder Judicial, incluso en sede parlamentaria, y sus negativas a permitir que el Consejo Fiscal se pronunciase en cuestiones como la amnistía, tal y como requirió el Senado.
Por su parte, el Gobierno también ha remitido al Supremo la documentación correspondiente al nombramiento de Álvaro García Ortiz que está relacionada con el recurso. Fuentes consultadas señalan que entre los expedientes aportados está el acuerdo del Consejo de Ministros y la intervención en sede parlamentaria del fiscal general. Durante esta comparecencia, García Ortiz cargó contra el CGPJ sosteniendo que le habían sometido «a un tribunal de honor» al declararle no idóneo como fiscal general por primera vez en democracia. En esta misma línea, también cuestionó la sentencia del Supremo que anuló el ascenso de Delgado.
El Supremo tumba la querella
Si bien los magistrados del Supremo han abierto la puerta a estudiar el recurso contra Álvaro García Ortiz, no lo han hecho con la querella del PP. Tal y como adelantó OKDIARIO, la Sala Segunda del Alto Tribunal acordó el pasado lunes 15 de abril la inadmisión a trámite y el archivo de la querella interpuesta por el PP al no apreciar indicios de delito en su propuesta de nombramiento de Delgado.
Según la querella, la propuesta sería «arbitraria e injusta y causaba un perjuicio a la función pública al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando un descrédito de la función pública, además de un perjuicio para otro miembro de la Carrera Fiscal que, a juicio del querellante, tenía más méritos para ser ascendido a esa plaza».
Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal no lo consideran así. En el auto consultado por este periódico concluyen que en este caso no concurren los elementos de los delitos de prevaricación administrativa ni, subsidiariamente, de nombramiento ilegal que se relatan en la querella. En relación con el delito de prevaricación administrativa, la Sala advierte que «el fiscal general del Estado no dictó ninguna resolución […] ya que hizo una propuesta y, por tanto, no concurre el elemento objetivo de este tipo legal». Sobre el delito de nombramiento ilegal, el tribunal explica que Delgado reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente para la cobertura de la vacante. Con esos argumentos, la Sala Segunda no abrirá juicio. Por el contrario, la Sala Tercera sí estudiará tras el verano el recurso interpuesto por los fiscales de la APIF.