La prisión preventiva es una de las medidas más controvertidas de la justicia. Surgió como una necesidad para proteger a la sociedad de criminales que, si bien no habían sido sentenciados, el que llevaran sus juicios en libertad significaba una amenaza por probabilidad cierta de que podrían volver a delinquir o dañar a otra persona.Merced a la ineficiencia policial y la burocracia judicial, la prisión preventiva se convirtió en una forma de hacer justicia selectiva exprés. De lo que se trata es de obtener del juez una vinculación a proceso, no de probar fehacientemente un delito. Primero fue el Gobierno de Felipe Calderón el que propuso la prisión preventiva para delitos graves, como secuestro, asesinato o crimen organizado. Eso dio lugar al famoso caso Florence Cassez, quien estuvo años en prisión porque a un policía adicto a los montajes le pareció que era una gran historia que una extranjera formara parte de una banda de secuestradores. López Obrador amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, entre ellos la defraudación fiscal y el delito electoral, lo que puso en las manos del Gobierno un arma política. Los datos que dio a conocer ayer la secretaria de Gobernación, María Luis Alcalde, es que 68 mil personas, que ella llamó criminales, saldrían de la cárcel si la Corte vota la anticonstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. El problema es justamente que el Estado ya los juzgó, que en un juicio sumario se decidió la suerte de los acusados, los refundieron en el bote a la espera de un juicio que no llega y se les olvidó la presunción de inocencia. Para Alcalde todos son presuntos culpables.Es cierto que gran parte de la responsabilidad, digamos 50 por ciento, de la falta de una justicia eficiente y expedita en México tiene que ver con el Poder Judicial federal y los poderes judiciales de los Estados. La otra mitad es un problema de los poderes ejecutivos, el federal y los estatales, responsables de la falta de policías capaces de investigar un delito. No es gratuito que los Estados que tienen más personas en las cárceles por prisión preventiva sean Estado de México y Jalisco, dos Estados de los que menos presupuesto han destinado a la justicia y menos policías ministeriales tienen, de acuerdo con la evaluación de la organización civil Impunidad Cero.Eliminar la prisión preventiva sería un problema de seguridad por la cantidad de personas que quedarían en libertad y son potencialmente peligrosos para la sociedad. Tendría que llegarse a un acuerdo para evitar un daño mayor, pero lo cierto es que restituir el principio de presunción de inocencia sería un acto de justicia y un acicate para que como sociedad nos preocupemos en serio por tener policías y jueces, suficientes, capaces, bien pagados y vigilados.diego.petersen@informador.com.mx