Columna de opinión
"Sí, juro"
Por Fernando Leal Aravena, abogado, Litigante de Convencionalidad.
Recientemente la Subsecretaría de Justicia del gobierno del Presidente Gabriel Boric (INCONVENCIONALMENTE), a través del Oficio Ordinario N° 938, de fecha 15 de febrero de 2024, argumentó que la Supervigilancia del Presidente de la República sobre el Consejo de Defensa del Estado, no le permite representarle a dicho Consejo, la imposibilidad de que invoque la prescripción en demandas indemnizatorias por violaciones a los Derechos Humanos (pese a que ello está prohibido por los fallos interamericanos), execrando además de esta manera el inciso 2 del art 5 de la Constitución Política de la República (invocando para ello dictámenes INCONVENCIONALES de la Contraloría General de la República) negándose a ejercer «ex – officio» el «Control de Convencionalidad», como se lo impone el fallo internacional del Caso Órdenes Guerra Vs Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Curiosamente, según consta en audios de alegatos ante tribunales superiores de justicia, el Consejo de Defensa del Estado no se ha cansado de invocar la «desproporción» de las indemnizaciones establecidas por fallos internacionales en causas de DDHH (estándole vedado aquello por la Convención Americana de Derechos Humanos, pues los fallos internacionales no se critican, sino que se acatan).
La desfachatez del Consejo de Defensa del Estado ha llegado incluso al punto de pretender que judicialmente se sancione a los «Litigantes de Convencionalidad» que han representado las «aberraciones jurídicas» argumentales del Ente Defensor Fiscal.
Pero aún más, recientemente, la institucionalidad chilena incluso permitió que judicialmente, un órgano estatal y por escrito, consignara que el «Control de Convencionalidad» había sido criticado en Chile (argumento institucional irresponsable, que como queda claro en este contexto, pone en peligro los intereses internacionales del propio Estado chileno).
Y peor aún, usando el mismo argumento invocado por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, y con el solo interés de proteger al controlador de un grupo económico -y de una Isapre- que no quiere que una familiar suya figure legalmente como su nieta biológica, la institucionalidad judicial chilena en un recurso de casación, manifestó que los Tratados y Fallos Internacionales sobre Derechos Humanos no son norma «Decisoria Litis», es decir, que no tienen injerencia alguna en temas de relevancia jurídica, por lo que les es oponible la legislación meramente interna, argumentación que está prohibida por los Tratados y fallos internacionales (SCS Rol Familia/190648-2023).
De la misma manera, la institucionalidad judicial chilena, con el solo interés de legalizar el «Enriquecimiento Sin Causa» de los Bancos -especialmente del Banco de Chile- (permitiéndoles a futuro cobrar incluso deudas ya pagadas, pudiendo de tal forma llevar a la quiebra a cualquier persona), en la litis que provocó el desistimiento de la Ministra Lusic de llegar a la Corte Suprema; validó la fuerza de cosa juzgada frente a una Nulidad de Orden Público Internacional, pese a que con posterioridad, y para dar cumplimiento al fallo del caso Órdenes Guerra Vs Chile en causas de DDHH (para frenar así eventuales acciones ante la O.E.A.: Activación de la Carta Democrática), resolvió que la misma fuerza de cosa juzgada es inoponible al cumplimiento de obligaciones internacionales vigentes.
Para coronar toda esta situación, la misma institucionalidad judicial, para rechazar un requerimiento contra la ley Naín Retamal (ley cuya aplicación preocupa al actual Relator del SIDH, que se reunió con el Presidente de la Corte Suprema en su reciente visita al país), concluyó que el Derecho Internacional no permite prevenir futuras masacres «en abstracto» (lo que jurídicamente es una aberración, pues equivale a decir que para poder actuar, hay que esperar a que los cadáveres se amontonen «a granel»).
Y para no desteñir con lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito (hoy en el «ojo del Huracán»), por medio de la encargada nacional de las mesas de trabajo para prevenir encerronas en autopistas (el secuestro de Ojeda, demostró que a las Concesionarias de Autopistas se les permite operar con puntos ciegos de cámaras, violando obligaciones internacionales de seguridad, lo que permite financiar el tráfico de armas), ningunea a las víctimas exigiendo que para recibirlas, lo soliciten por «Ley del Lobby»* (lo que está prohibido por los fallos internacionales, ya que el deber de reparar no está sujeto al mero beneplácito del Estado, como si lo está la mera actividad del Lobby).
Para finalizar, durante los últimos días el Gobernador de Valparaíso en una entrevista planteó la posibilidad de volver a discutir acerca de la pena de muerte, luego diputados de derecha del partido UDI, junto al alcalde de La Florida, plantearon una amnistía a los funcionarios de Carabineros que cometieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, y en las últimas horas, parlamentarios de derecha y el ex Presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto (PPD) han llamado a que el General Director de Carabineros no sea sacado de su cargo, pese a que está imputado y será formalizado en los próximos días por su responsabilidad en hechos que implicaron graves violaciones a los Derechos Humanos.
Es decir, representantes de distintos órganos del Estado, sin ningún pudor, y sin hacerse cargo de las consecuencias que tiene para nuestro país, han desahuciado los tratados internacionales a que nos hemos obligado y que ellos juraron respetar.
¿Cuál es el precio de lo relatado al día de hoy?
La vorágine «libertaria» que actualmente tenemos de vecina y que tiene entre «ceja y ceja» a las Islas Falklands -Malvinas- (*galtieri de hecho, y en medio del mismo tipo de crisis económica que existe hoy, luego de anexar las Malvinas tenía «puestos los ojos en Chile»), intercepta en AGUAS INTERNACIONALES del sur a un remolcador chileno, en un contexto en que el país trasandino, durante el último tiempo se ha armado «hasta los dientes» con cobertura de radar de última generación, concretando también la compra de una camada de aviones F-16 y acaba de hacer ejercicios militares frente a nuestras fronteras (Sin contar, el despelote actual, relacionado con el TRÁFICO DE ARMAS trasandinas de alto calibre militar, táctico y cíclico).
No hay nada que impida hoy, que, frente a una nota de protesta de Chile, la Cancillería Trasandina responda que nuestro Estado no les puede invocar a ellos, el mismo Derecho Internacional que, sin embargo, Chile execra para con sus propios ciudadanos.
Paradojalmente, lo único que mantiene la paz con nuestros vecinos, son los TRATADOS INTERNACIONALES, que en el último tiempo (solo a manera de ejemplo) han sido denigrados (respaldando «contextualmente» incluso, los argumentos usados por Bolivia contra nuestro país ante la CIJ), por el Consejo de Defensa del Estado, la Subsecretaría de Justicia, La Subsecretaría de Prevención del Delito, y la institucionalidad Judicial Nacional (solo por mencionar algunos ejemplos, de una larguísima lista reciente).
Hace pocos días, el 24 de abril, este letrado cumplió un nuevo aniversario desde que juró como abogado ante la Corte Suprema. Ello me hizo recordar que las autoridades de los órganos de nuestro Estado también juran al asumir sus cargos, y ese juramento reproducido en las expresiones "Si, juro", "Si, prometo", implican el respeto irrestricto en el ejercicio de sus cargos a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales.
Cuando vemos que el "Sí, juro" de nuestras autoridades se transforma solo en una expresión vacía, que no se cumple y que pone en riesgo a nuestro propio Estado, quizás ya es hora de preocuparnos y cambiar decididamente el rumbo.
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