La Sala Constitucional declaró que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lesionó los derechos al buen funcionamiento de los servicios públicos, a la salud y al acceso al agua potable, por no contar con protocolos eficientes para detectar rápidamente la contaminación del agua en los cantones de Tibás, Moravia, Goicoechea y San José.