Asturias fue la comunidad autónoma donde más aumentaron los cambios de comercializador de electricidad y de gas entre 2021 y 2023, un periodo afectado por la crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania y en el que se registró una fuerte volatilidad de los precios. En ese escenario, los cambios de compañía de luz en el Principado se duplicaron y los de comercializador de gas se triplicaron.
Tras la liberalización del mercado hace 27 años, Asturias siempre aparecía en las estadísticas como una de las regiones con menores tasas de cambio de comercializador de energía sobre el total de puntos de suministro. Esa fidelidad se hizo pedazos en los dos últimos años en un contexto de fuertes subidas de los precios de la energía registrados al calor de guerra en Ucrania y también de los numerosos cambios normativos que introdujo el Gobierno para tratar de amortiguar la subida de los precios, sobre todo los del gas. Esas medidas provocaron, por ejemplo, un fuerte trasvase del mercado libre al regulado del gas para poder aprovechar las ayudas estatales.
Los cambios de comercializador han aumentado en todas las comunidades autónomas y en los últimos años se han registrado récords, pero Asturias ha sido donde más se han disparado las cifras, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el mercado de electricidad se pasó de 74.081 cambios de comercializador en Asturias en 2021, a 139.114 en 2022 y a 173.904 en 2023. El incremento fue de casi el 135% en dos años incluyendo cambios de compañía dentro del mercado libre y también trasvases entre el mercado libre y el regulado, y viceversa.
Por su parte, en el mercado del gas se pasó en Asturias de 20.791 cambios de comercializador en 2021, a 52.698 en 2022 y a 72.616 en 2023. En ese caso el incremento fue de más del 249% en dos años. De los 72.616 cambios del 2023, muchos más de la mitad (41.218) fueron migraciones del mercado libre al mercado regulado, a la tarifa de último recurso (TUR) de gas que se puede contratar si el consumo anual es igual o inferior a 50.000 kWh/año y si el suministro es de baja presión. La mayoría de los consumidores residenciales cumplen esos requisitos.
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