La Sareb y su estropicio económico repercute en nuestra deuda pública, fruto de un más que anunciado fiasco. El llamado banco malo era en el 2012 la gran oportunidad de contribuir a estabilizar el sector de la vivienda por su abultado volumen de activos (disponía en origen de 107.000 activos inmobiliarios, de los que 76.000 eran viviendas vacías acabadas). A día de hoy únicamente ha servido para limpiar el balance de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas con el dinero de los ciudadanos.
Y no solo eso, pues también sirvió para comisionar a esas mismas entidades para que sus oficinas bancarias fuesen auténticas inmobiliarias. Un despropósito mal permitido y consentido por el regulador y supervisor financiero de este país, es decir, el Banco de España.
Bruselas tumbó repetidamente los planes de negocio de la Sareb, ya que exigía que obtuviese rentabilidad desde el primer año, y lo único que ha tenido ejercicio a ejercicio son pérdidas millonarias.
Hagamos memoria. En diciembre del 2012 recoge los activos tóxicos, limpia balances y se inyecta el dinero del rescate europeo. Dos meses después, devuelve la comercialización de las propiedades a las mismas entidades financieras a las que ha metido dinero público y paga, a ocho bancos, 112 millones al año por «su gestión».
La Sareb tenía un 75% del capital en deuda subordinada, 27 inversores privados que controlan un 55%, y el FROB que tuvo que quedarse con el 45% (el Estado tomó el control de Sareb en 2022, después de que el FROB alcanzara una participación del 50,14% del total). No me extraña que los fondos de inversión no hayan querido entrar, lo que obligó a buscar otras vías.
El despropósito económico, como siempre, lo pagamos todos nosotros con impuestos.