La historia del fallo de la Corte que permitió acortar la condena al genocida Luis Muiña está llena de marchas, contramarchas, intrigas palaciegas y disputas de poder.
El episodio, ya dado por cerrado por el Gobierno, aún no termina: el máximo tribunal analiza dictar otros fallos, esta vez procurando que sean unánimes, para dar por cerrado el asunto, restableciendo la idea de que la ley del "dos por uno" no se aplica para beneficiar a violadores de los derechos humanos.
La nueva integración de la Corte, con la llegada de los jueces que propuso el Gobierno, modificó no sólo el número de integrantes y lo elevó a cinco, sino que cambió las prácticas de los últimos tiempos en el tribunal.
La llegada de Carlos Rosenkrantz, un técnico que viene de la academia y el derecho corporativo, y de Horacio Rosatti, un jurista que atravesó la política desde el peronismo, cambió las costumbres en una Corte chica donde Ricardo Lorenzetti tenía un rol aglutinante y ordenador. Supo timonear la Corte durante tormentas políticas.
Conversó y chocó con el kirchnerismo, abroqueló a la Corte detrás de decisiones que impidieron el avasallamiento de la independencia judicial, pero también la llevó a convalidar peligrosas iniciativas.
Desde hace un año, las cosas en la Corte están más conversadas.
Y eso hace que las opiniones del presidente sean confrontadas con las del resto de sus colegas, en encuentros a solas, de a dos o de a tres. No ya por intermedio de los secretarios, sino cara a cara y en cualquier momento.
Intercambios regados de citas jurídicas, con modales recoletos, en un ámbito donde las intrigas de poder son subterráneas.
El caso Luis Muiña llegó al tratamiento de la mano de Lorenzetti, coinciden en afirmar en la Corte y el Gobierno. No había apuro, se trataba de un represor, condenado, pero en libertad condicional.
Sin embargo el asunto circuló y contó con el apoyo de Rosenkrantz que entendió que había una cuestión de garantías.
Highton de Nolasco lo acompañó. Rosatti, más político, resaltó en su voto el rechazo que le provocaba el caso, pero destacó que se ajustaba a derecho.
Lorenzetti no acompañó esta postura y con Maqueda quedó en minoría. Firmaron. Esa noche desde la Corte avisaron al Gobierno que se venía una sentencia sobre lesa humanidad. Nada más.
Al otro día todo estalló. Rosenkrantz estaba, de todos modos, satisfecho con su voto.
Rosatti, con menos de 11 meses en la Corte, nunca esperó que el estrépito social y político tuviera esa resonancia. Lorenzetti, con 10 años en la Corte, lo suponía.
Licenciado en Organización Institucional, no abogado, declaró: "Estoy de acuerdo con el «dos por uno» de la Corte si el fallo está ajustado a la ley".
Su respaldo al fallo y la reacción política motivó que el Gobierno recalculara. En su reunión de gabinete del viernes 5, micrófono en mano, informó el ministro de Justicia Germán Garavano.
Aportó los argumentos a los que se abrazó el macrismo: la ley del "dos por uno" es una aberración que permitió liberar a los peores delincuentes. No se criticó el fallo ni a la Corte, sino la ley.
Marcos Peña tenía claro en ese encuentro que la reacción social y política iba a ser arrolladora. Otros de sus colegas del gabinete no estuvieron tan convencidos.
Al día siguiente, Peña salió con los tapones de punta: "El «dos por uno» es un símbolo de impunidad". El malestar político se había volcado contra el Gobierno y el Congreso canalizó la solución.
Las espadas legislativas de Cambiemos, Federico Pinedo y Pablo Tonelli, trabajaron en un parche interpretativo. Hablaron con Rosatti. Acordaron los términos que iba a tener el futuro texto.
En una reunión en el despacho de Emilio Monzó, el oficialismo y los principales bloques de la oposición, incluido el kirchnerismo, se pusieron de acuerdo.
Era esencial que se viera el consenso de toda la clase política, el que no había logrado la Corte.
Se apuraron y llevaron el asunto a tratarlo sobre tablas en Diputados y luego en el Senado. Hubo ley en menos de 24 horas tras pasar por las dos cámaras.
Dos razones había para el apuro. Una era que ya estaba convocada una marcha que amenazaba con ser multitudinaria para repudiar la sentencia.
No hubo allí ataques al Gobierno y el discurso de Estela de Carlotto fue más manso que en otras ocasiones. Acaso las varias charlas telefónicas que mantuvo con ella Garavano ese día sirvieron para tratar de aplacar el enojo.
Y la otra razón era que Lorenzetti quería tener la norma cuanto antes para dictar una nueva sentencia que reparara el "mal paso", en términos de Garavano, que había tomado la Corte.
Y ese es el camino que se comenzó a transitar ayer. Con otro clima están más cerca del consenso.
En julio se sabrá si la Corte pudo restablecer la paz y cómo quedará el reparto de poder considerando que Lorenzetti tiene mandato como presidente hasta fines de 2018.