- Religión El informe de Cremades concluye que los abusos sexuales son "un problema grave en la Iglesia": "Ha dejado marca a un mínimo de 2.056 víctimas"
- Justicia La Iglesia indemnizará económicamente a las víctimas de abusos sexuales incluso aunque no haya sentencia judicial
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. Una iniciativa que se deriva de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados. Hace una semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y este lunes por la tarde le remitió el plan. Sin embargo, el Gobierno no tiene aún confirmación plena de que la Iglesia vaya a colaborar en este plan de reparación.
"Desde el Gobierno hemos iniciado conversaciones con la Iglesia para que sufrague el coste de las indemnizaciones. Vamos a dialogar. Nos gustaría trabajar conjuntamente con la Iglesia, hablar con ellos y adoptar las medidas que consideremos. La voluntad es hacerlo en un trabajo conjunto con la Iglesia", ha expuesto el ministro Bolaños tras la reunión del Consejo de Ministros. El plan, elaborado en un trabajo conjunto por siete ministerios, prevé la creación de una comisión independiente que sea la que canalice los trabajos y las decisiones sobre las víctimas. Pero el Gobierno no ha ofrecido datos sobre la composición de la misma.
El ministro Bolaños, aludiendo a distintas "fuentes de información fiables", ha cifrado en 440.000 las personas ahora adultas que habrían sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia, de las que, ha detallado, la mitad de esos abusos habrían sido cometidos por religiosos. En diciembre de 2023, la Conferencia Episcopal hizo público un informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el bufete Cremades. En cuanto a los datos concretos, el despacho Cremades recogía "un total de 1.383 denuncias siendo indeterminado el número de personas victimarias". Sin embargo, deducía "un mínimo de 2.056 víctimas". Sí admitía que la Iglesia ha "registrado" un total de 806 casos de abusos y pasaba a analizar su veracidad. De esta forma, consideraba "probados" 205 y apuntaba que ascienden a 70 los "casos no probados pero verosímiles". A su vez, agregaba que se elevan a 280 los "casos no probados" y que existen 75 casos pendientes de resolución.
Casos prescritos o sin pruebas
El propósito del Gobierno es ir de la mano de la Iglesia para que ésta "sufrague y asuma el coste de la reparación económica" a las víctimas. "Es imprescindible que la Iglesia asuma esa responsabilidad. No se entendería que no fuera así", ha lanzado Bolaños. En caso de no ser así, el Gobierno adoptará las medidas legales y administrativas precisas para "aquellos casos que no hayan tenido reparación judicial por ser antiguos, estar prescritos o no existir pruebas". Desde La Moncloa aseguran que habrá una "reparación material adecuada en términos económicos", aunque no se detalla el proceso, ni las cuantías, ni cómo se accederá a ellas pues esgrimen es un plan que recoge los propósitos, que se extiende hasta 2027 y que está por desarrollar. De hecho, lo primero es conocer si la Iglesia colabora o no.
El plan se estructura en cinco ejes: reconocimiento y reparación; atención a las víctimas; prevención; formación y sensibilización de todos aquellos que tratan con menores; e información e investigación. Una de las primeras decisiones que se lleven a cabo será la organización de un acto político de reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, junto a sus familiares. "Una reparación simbólica", dicen en el Gobierno, a la espera de poder articular la reparación económica.