El Supremo ampara a una familia canaria que sufrió 62 manifestaciones a la puerta de su casa por una antena de telefonía
El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que da la razón a una familia de Las Palmas de Gran Canaria y reconoce que se vulneraron sus derechos fundamentales durante las decenas de manifestaciones (más de sesenta) que se habían desarrollado a las puertas de su vivienda en señal de protesta contra la instalación de una antena de telefonía móvil en el tejado de otro edificio de su propiedad.
La familia residía en el barrio de Lomo de Los Frailes de la capital grancanaria, en un inmueble en el que también tenía un negocio (un bazar). Además, era dueña de un edificio situado a apenas 200 metros que tenía alquilado a la compañía Orange. En el tejado de ese edificio se había instalado la antena de telefonía móvil contra la que protestaban los vecinos bajo el lema "Antenas no, salud sí". Esas manifestaciones se celebraban con una periodicidad casi semanal. Entre el 1 de febrero de 2021 y el 3 de mayo de 2022 la unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional había contabilizado 62 manifestaciones, aunque los recurrentes sostienen que se llegaron a celebrar cerca de 90.
La familia había recurrido a la Subdelegación del Gobierno de España en Las Palmas para pedir protección ante lo que consideraba una vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, la administración les negó esta protección alegando que no se habían producido incidentes durante esas protestas que pusieran en peligro la seguridad ciudadana, el único motivo para impedir este tipo de concentraciones.
Ante esa respuesta de la Subdelegación del Gobierno, la familia acudió a la justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó su demanda, al no apreciar una vulneración de los derechos fundamentales en esas protestas. Además, le impuso el pago de las costas procesales, con un límite de 2.000 euros.
Frente a esa sentencia recurrió en casación la familia, que sostenía que esas manifestaciones, por "su finalidad, frecuencia y efectos intimidatorios (como consecuencia de los insultos, amenazas y ruidos no sólo generados por las imprecaciones de cientos de personas, sino también caceroladas, batucadas contratados", habían afectado de forma grave los derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Defendían que el derecho a la integridad física y moral de las personas afectadas debía prevalecer sobre los de reunión y manifestación y denunciaban que la administración había permitido decenas de protestas en las que se les había "coaccionado y acosado" para "infundirles miedo y temor" con el objetivo de que resolvieran el contrato con la compañía telefónica y que, en consecuencia, la empresa retirara la antena de telefonía. Incluso alegaban que esas manifestaciones habían agravado la salud de las dos personas de mayor edad de la familia, de 82 y 86 años.
(Habrá ampliación)