La inapelable victoria de la derecha y la extrema derecha en las últimas elecciones autonómicas y municipales parece que les autoriza a tomar decisiones e iniciativas que incluso pretenden modificar la realidad de los acontecimientos de un pasado que es imposible manipular. La metodología que pretenden poner en marcha, en unas llamadas leyes de la concordia, choca con los más elementales principios que deben regir la investigación histórica tratando de homologar épocas y situaciones radicalmente distintas e incompatibles. Por lo que se conoce, se introducen en el túnel del tiempo y retroceden hasta el 14 de abril de 1931, fecha de la instauración de la II República. No entiendo, tendrán que explicarlo, por qué prescinden de la Dictadura de Primo de Rivera y ya puestos no retroceden hasta los Reyes Católicos y la expulsión de los judíos, tema muy de actualidad.
Ya veremos cómo transcurre su tramitación y hasta dónde llegan, pero según manifestaciones de los presidentes de las autonomías de Aragón y Castilla y León se eliminará cualquier referencia a que lo sucedido entre el golpe militar de 1936 y sobre todo a partir de 1939, fue una dictadura cruel y represiva que se perpetuó hasta la muerte de Franco en 1975.
Se hace una referencia a la violencia política ejercida en la Segunda República con la indisimulada intención de justificar el sangriento golpe militar. Según el mundo académico, la Guerra Civil española, junto con la norteamericana, ha producido una abundante bibliografía que incluso supera a la de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el que quiera dedicarse al estudio de esa época histórica tiene abundante material con el que documentarse y obtener conclusiones.
Los demócratas con convicciones republicanas nunca hemos discutido que, lamentablemente, la instauración de la República coincidió con unas turbulencias políticas, sociales y represivas en todo el entorno europeo, que indefectiblemente iban a repercutir sobre sus posibilidades de llevar a cabo las previsiones de su Constitución. Lo que estaba aconteciendo en el entorno europeo; la llegada de Hitler y Mussolini al poder, la situación económica y la represión de las protestas de la clase trabajadora ejercida por el canciller Dollfuss en Austria para aplastar las huelgas, repercutían inevitablemente sobre sectores de la sociedad española integrados en una rama del anarquismo y en organizaciones obreras que no veían otra salida que hacer frente al fascismo que se había instalado en Europa y que tenía hondas raíces en nuestro país.
La Republica supuso un paso de gigante en el reconocimiento de las libertades y los avances sociales, pero no tuvo la oportunidad de desarrollar su potencial en condiciones de normalidad. Tomando el título de la famosísima composición de Simon y Garfunkel podemos decir que la Constitución republicana suponía un puente hacia una sociedad democrática construido sobre aguas turbulentas.
Según se puede leer en cualquier manual, comenzó con un Gobierno provisional (abril-diciembre de 1931), que alumbró una Constitución vanguardista que propició avances políticos y sociales que nos igualaban con otras democracias más avanzadas. Se extiende hasta 1933 con el sobresalto que supuso el golpe militar del 10 de agosto de 1932 del general Sanjurjo. Los sectarios revisionistas que pretenden sustituir la memoria por la concordia ignoran que desde 1933 se hace cargo del gobierno el Partido republicano-radical de Lerroux, apoyado parlamentariamente por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que entre otras medidas derogó la reforma agraria e incluso intentó modificar el aborto y el divorcio.
Es cierto que se suscitaron continuas reivindicaciones sociales que culminaron con la Revolución de Asturias de 1934, que fue sofocada por el Gobierno con la intervención del ejército. También se produjo la declaración de la independencia de Cataluña el 6 de octubre de 1934 por Lluis Companys, pero siempre dentro de la República Federal Española. El Gobierno presidido por Alejandro Lerroux ordenó al capitán general de Cataluña Domingo Batet que interviniese con la guarnición militar para desarbolar la declaración de independencia. La operación ocasionó medio centenar de muertos y muchos heridos. Lluis Companys y Josep Tarradellas, entre otros, fueron detenidos y juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales que les impuso 30 años de prisión. Fueron amnistiados al llegar al Gobierno el Frente Popular en febrero de 1936.
Desde ese momento se aceleraron los planes para derrocar la República mediante un golpe militar. Se acentuó la violencia política por parte de los pistoleros falangistas que asesinaron, entre otros, al teniente Castillo y al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Pedregal, que había formado parte del tribunal que condenó a 25 años al falangista que asesinó al escolta de Luis Jiménez de Asúa, que resultó ileso. La reacción injustificable de los guardias de asalto, que en represalia del asesinato del teniente Castillo detuvieron y asesinaron al diputado José Calvo Sotelo, hecho duramente condenado por Indalecio Prieto, no fue el desencadenante del golpe militar que estaba avanzado y era inevitable.
No fue posible la paz, como dijo José María Gil Robles, ni tampoco la concordia, porque los golpistas ya habían diseñado su estrategia que consistía en la eliminación y el exterminio de los que denominaban la anti-España que se encarnaba en los partidos políticos y sindicatos integrados en el Frente Popular. Los redactores de las leyes de la concordia pueden documentarse leyendo las declaraciones de Franco al Chicago Tribune o las proclamas y bandos de Queipo de Llano. Todavía quedaba un último resquicio para reconducir el golpe militar. El presidente de las Cortes Generales, Diego Martinez Barrios, gran oriente de la masonería española, el 17 de julio por la noche llamó al general Mola ofreciéndole la cartera del Ministerio de la Gobernación y plenos poderes para restablecer el orden y detener el golpe. Su respuesta rotundamente negativa se puede encontrar en la primera página del Diario de Navarra del 18 de Julio de 1936.
Todo lo sucedido durante los tres años que duró la Guerra Civil está escrito y documentado. Nadie puede negar los excesos de uno y otro bando. Por si alguien tiene alguna duda, muchos consideramos que los fusilamientos de Paracuellos constituyeron un crimen de lesa humanidad que no se puede imputar a ninguna orden expresa del Gobierno de la República, mientras que las masacres y bombardeos de Madrid, Guernica y otras ciudades, obedecieron a órdenes directas de los mandos golpistas.
Por si les interesa, y para facilitar la redacción de una posible Exposición de Motivos de la Leyes de la Concordia, termino con unos datos que les pueden servir de inspiración. El 31 de diciembre de 1938, el general Franco, en una entrevista concedida a Manuel Aznar (abuelo de José María Aznar), manifestó: "Que no habría ni amnistía ni reconciliación para los vencidos. Solo el castigo y el arrepentimiento abrirían la puerta a su redención, exclusivamente para los que no fueran criminales empedernidos, a los que solo les esperaba la muerte". Acabada la guerra, Ramón Serrano Suñer negó que pudiera haber ningún tipo de reconciliación porque los vencidos eran un "enemigo irredimible, imperdonable y criminal".
El Valle de los Caídos, obra personal de Franco a pesar de algunas versiones, no fue construido para enterrar a los muertos de ambos bandos, como se pone de manifiesto en la carta que envió el 7 de marzo de 1959 a los hermanos de José Antonio Primo de Rivera, Miguel y Pilar, para que dieran permiso para enterrarlo en el Valle. En la carta Franco afirma que "la grandiosa basílica del Valle de los Caídos" fue "levantada para acoger a los héroes y mártires de nuestra Cruzada" y habla del "lugar preferente" que le corresponde a José Antonio "entre nuestros gloriosos caídos".
Las familias del llamado bando nacional que tenían enterrados a sus muertos en los cementerios de sus localidades se negaron a llevar los restos al Valle de los Caídos. Estaban suficientemente honrados a las puertas de los cementerios y en las paredes de las iglesias con sus nombres y apellidos. Ante el fracaso, Franco ordenó a los gobernadores civiles que desenterrasen a los fusilados ejecutados extrajudicialmente, que, sin solicitar el consentimiento de sus familiares, fueron trasladados a la cripta. A estos desvergonzados revisionistas de la historia les recomiendo la lectura de la obra de Georges Bernanos Los grandes cementerios bajo la luna.
Los gobiernos de coalición de Vox y PP se están comportando como los vencedores de la Guerra Civil. La democracia no puede permanecer impasible ante la exaltación o justificación de un fascismo criminal reprobado, en su momento, por la ONU (12 de diciembre de 1946).