El contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vila de Cruces con la empresa Sociser expira en junio, por lo que el ejecutivo de Xuntos polo Noso Concello está ya inmerso en la redacción de los pliegos para iniciar un nuevo proceso de adjudicación, "con el fin de elaborar una propuesta completa y consensuada que responda a los intereses de las personas en situación de dependencia y de las personas profesionales que ejercen los cuidados".
Con este nuevo contrato se prevén gestionar más de 30.000 horas, por un importe que rebasa los 700.000 euros al año. En este sentido, el gobierno local indica que los costes del SAF se multiplicaron en los último años. "En 2016, con el PP en el gobierno local, la aportación municipal fue de cero euros, y en 2018, de 12.000". Tras el desembarco de Xuntos en el gobierno local en 2019, este ejecutivo en 2022 tuvo que aportar 75.000 euros de fondos propios, y calcula que para el año que viene esa aportación local será de 250.000, es decir, más de 20 veces más de la cifra de 2018.
Pese a este incremento de la cuota local para mantener y reforzar esta prestación, tanto el gobierno que encabeza Luis Taboada como, en particular, el departamento de Servizos Sociais, que coordina Noemí Lois Blanco, lamenta que la Xunta congele su aportación de 12 euros por hora. Considera que se trata de una cuantía insuficiente "teniendo en cuenta que el precio por hora se sitúa en los 23 euros", o sea, casi el doble. Por ello, el regidor pide a la Xunta "una mayor colaboración, a fin de reforzar y mejorar el SAF" y, con ello, los derechos de los vecinos y las vecinas que están en situación de dependencia. "Ante la falta de medios y de apoyo por parte de la Xunta, sostener el Servizo de Axuda no Fogar resulta insostenible para un municipio como el de Vila de Cruces".
Pago de atrasos
Cabe recordar que el pasado noviembre el pleno rechazó por mayoría un recurso de Sociser en el que la empresa proponía incrementar el precio del servicio por hora. Por otra parte, Inspección de Trabajo recomendó a la empresa que ponga en marcha un sistema para controlar la hora de inicio y de remate de la jornada laboral de cada empleada, y que además abone desplazamientos y atrasos que, en algunos casos, están pendientes desde mayo de 2022.
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