El nuevo escenario en el mercado de alquileres que se derivó de la derogación de la Ley 27.551, por decisión del gobierno nacional, sumado a la profundidad de la crisis económica, generó en esta ciudad una tímida reactivación de la oferta, pero no se tradujo hasta ahora en un descenso de los precios, para decepción de numerosos inquilinos que siguen sin encontrar vivienda.
La caída de las polémicas regulaciones que abrió paso a la libre contratación animó a algunos propietarios a ofrecer inmuebles que habían salido del circuito, según reconocieron algunos actores. Los valores pretendidos, sin embargo, los dejan fuera del alcance de un salario promedio.
La consecuencia es que muchas familias siguen sin poder alquilar la vivienda a la que hubieran aspirado un par de años atrás, como se encargaron de subrayar las organizaciones de inquilinos en una reciente nota pública al "bloque patagónico de gobernadores", en la que les pidieron establecer leyes provinciales de alquiler, el control del pago de comisiones, sellados y otros sobrecostos.
Según publicaciones recientes, en Buenos Aires y otras grandes capitales ya despunta una tendencia a la mayor oferta y un descenso en los precios de los alquileres, con contratos más cortos de los 3 años obligatorios que imponía la ley derogada por el DNU 70.
El secretario de la Unión de Inquilinos Rionegrinos, Nahuel Capobianco, dijo que en Bariloche no se reprodujeron "para nada" esas condiciones. Lo mismo señalaron desde algunas inmobiliarias, donde subrayaron que en el contexto local hay un condicionante extra, impuesto por la fuerte competencia de la locación turística.
"Hay más oferta de alquiler permanente, eso puede ser, pero la gente no lo puede pagar», subrayó Capobianco. Y agregó: «La consecuencia es el hacinamiento, familias que se acomodan en un monoambiente, otras que se juntan para compartir el alquiler, y otros directamente se van de la ciudad por la imposibilidad de acceso a la vivienda".
El dirigente dijo que el marco legal para los alquileres hoy es impensado porque "no hay ley, se maneja todo con el Código Civil". De modo que no hay obstáculo para firmar por seis meses, un año, pactar importes en dólares o regímenes de aumento a gusto y voluntad del locador.
La realidad es que las inmobiliarias siguen con sus "listas de espera", en las que los aspirantes se inscriben para ser llamados si aparece alguna oferta a su alcance.
Condiciones más duras
Sergio González es el presidente del Colegio de Martilleros de esta ciudad y dijo que a diferencia de lo que ocurría hace algunos meses, ahora la lista "se mueve", con ingresos y egresos, "aunque sea de a dos o tres por semana", porque "algo de oferta hay. Antes, con la ley 27.551, la oferta era cero".
Dijo que la perspectiva "es un poco más favorable". Señaló que la mayoría de los alquileres que se cerraron en las últimas semanas son "por un año", y los locatarios lo aceptan porque "nadie sabe bien lo que va a pasar" y prefieren no comprometerse por plazos más largos, aun a riesgo de embarcarse en una mudanza tras otra. "Acá no hay un solo perjudicado. En este contexto, todas las partes se perjudican", afirmó González.
También dijo que otro fenómeno nuevo son los contratos en dólares, que no solo están expresados en esa moneda, sino que los propietarios solo aceptan pagos en "dólar billete" y desechan el equivalente en pesos. Otros incluso tienen indexación en dólares, porque el tipo de cambio se estanca o incluso baja por períodos, y el propietario quiere quedar a salvo de esa contingencia.
El titular de otra inmobiliaria, Julio Fernández, dijo que "está habiendo un poco más de oferta. Pero en Buenos Aires dicen que dio un salto importante. Bueno, eso acá no se ve". Refirió que en Bariloche "el turismo influye mucho", porque el dueño del inmueble obtiene una renta que es "más del doble" que en el alquiler permanente, solo con unos pocos días por mes.
Consideró igualmente que "si baja el turismo seguramente va a aparecer más oferta" para locatarios de plazo mediano y largo.
Poca construcción
Fernández también aportó su mirada sobre la interrupción en el ritmo de construcción, que debería aportar nuevas unidades todos los años al mercado locativo. El límite no parece estar dado por una retracción en las inversiones sino por el estrangulamiento en la oferta de servicios.
La veda de nuevas conexiones de gas es un condicionante que frena todo, dijo Fernández. "Se podría reemplazar con electricidad, pero es muy cara", entonces los desarrolladores de nuevos edificios paralizan los proyectos y esperan que haya gas para avanzar, explicó.
Fernández admitió que el bloqueo en el mercado de alquileres tuvo consecuencias serias y "hay gente que se ha ido de la ciudad, porque ya no podía esperar. Y porque los valores están desfasados, como todo".
El concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) tiene antecedentes también por su trabajo en favor de los inquilinos y es impulsor de un proyecto de "alquiler social". Villalba dijo que con la "saturación" de alquileres turísticos había una expectativa de que baje la transferencia de propiedades a ese segmento, pero "por ahora fue muy limitada". Se esperanzó en que esa tendencia se incremente con "la baja temporada en serio", que comenzó con el cierre de Semana Santa y se extenderá hasta julio, por lo menos.
Consideró válido que "el propietario vaya a buscar la mayor ganancia" y aceptó que con la rentabilidad que le da el turismo una familia residente no puede competir. Dijo que los "datos duros" sobre la situación de los alquileres en Bariloche surgirán de una encuesta periódica que la Unión de Inquilinos, que este año todavía está en gestación.
Precios casi inaccesibles
Un repaso por las inmobiliarias y la oferta en redes sociales permite comprobar que los cambios de contexto a nivel nacional ayudaron poco y nada a moderar el costo de los alquileres en Bariloche.
González dijo que por un monoambiente piden entre $150.000 y $180.000, por dos ambientes alrededor de 250.000 y las casas -las poquísimas que hay- varían según las comodidades entre los $300.000 y los $500.000.
Capobianco dijo que hoy una familia no puede pagar entre 400 y 600 mil pesos mensuales, como les piden, y si en el hogar entran dos sueldos, a veces uno o un poco más deben destinarse a pagar la renta de la vivienda.
"Hay gente que, si encuentra algo, después de buscar mucho, se mete igual, pero después le resulta imposible de sostener", aseguró.
Pero a pesar de esa dificultad para encontrar locatarios solventes, hay una marcada inflexibilidad en los precios.
Concejales de Bariloche impulsan regulaciones locales
Al tomar nota de la cantidad de reclamos de barilochenses en estado de desesperación porque están a días de un desalojo y no pueden alquilar, varios concejales han elaborado proyectos para dar alguna respuesta.
Facundo Villalba, por ejemplo, impulsa un régimen de "alquiler social" con fuerte intervención del Estado, que debería realizar una inversión inicial en viviendas destinadas al alquiler, para asignarlas luego a un valor acorde al salario promedio.
Villalba dijo que la prioridad deberían tenerla los empleados públicos (que tienen un ingreso regular) y reservar un porcentaje destinado a personas en situación de vulnerabilidad dentro de la ciudad.
El concejal consideró que la resolución de este problema debe ser "prioridad para cualquier intendente".
El edil dijo que el cobro de las locaciones debería servir para mantener y ampliar la red y que el desafío es cómo obtener el capital inicial para ponerla en marcha.
Señaló que ese punto podría resolverse con participación privada, "como ocurre ya en experiencias realizadas en Holanda y en Estados Unidos".
También inspirada en políticas aplicadas en otros países, especialmente en ciudades turísticas, la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) promueve una ordenanza de "zonificación", para acotar los alquileres temporarios solo a determinadas áreas de la ciudad, y prohibirlas en el resto.
Todo en el marco de un programa de promoción del alquiler permanente.
En tanto que Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro) presentó un proyecto para crear el Observatorio de Alquileres, con participación multisectorial y los objetivos específicos de brindar información actualizada, asesorar a los inquilinos y propietarios y "fortalecer las políticas públicas" en ese rubro.