El constitucionalismo se ha convertido en una moneda de cambio, un estandarte que algunos, como Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular (PP) a la Generalitat de Cataluña, blanden con vehemencia, mientras sus acciones contradicen sus palabras. El liderazgo de Fernández en Cataluña se enmarca en una campaña que busca posicionar al PP como el adalid del constitucionalismo, un esfuerzo que, lejos de consolidar una imagen de coherencia y compromiso con los valores democráticos, revela las contradicciones internas y las estrategias cuestionables del partido.
El reciente señalamiento de Fernández hacia el Partido Socialista (PSOE), acusándolo de salirse de los márgenes constitucionales por sus alianzas políticas en Cataluña, ignora un elemento esencial y evidente: la sistemática negativa de su propio partido, el PP, a cumplir con el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta obstrucción, sostenida durante más de cinco años, subraya una ironía mordaz en el discurso del PP: acusar a otros de anticonstitucionalismo mientras incumplen abiertamente la Constitución.
La crítica de Fernández hacia el PSOE y su líder en Cataluña, Salvador Illa, se basa en la premisa de que cualquier colaboración con partidos independentistas es, de facto, una traición al constitucionalismo. Esta visión simplista ignora la complejidad del tejido político y social catalán, así como la necesidad de diálogo y consenso en una sociedad democrática. La afirmación de Fernández de que «el PSC no forma parte del bloque constitucionalista» no solo es una falacia estratégica, sino también un intento de polarizar aún más el debate político en Cataluña y en toda España.
Lo que el PP parece olvidar, o más bien ignora deliberadamente, es que el constitucionalismo no puede ser el patrimonio exclusivo de ningún partido. Se trata de un compromiso compartido con la legalidad y los valores fundamentales que sostienen el Estado de Derecho y la convivencia democrática. En este sentido, resulta paradójico, y hasta cínico, que Alejandro Fernández y el PP busquen etiquetar al PSOE como anticonstitucionalista, cuando su propia formación ha demostrado una flagrante indiferencia hacia el cumplimiento de la Constitución, especialmente en lo que respecta a la renovación del CGPJ.
Esta estrategia del PP, lejos de fortalecer el constitucionalismo, lo debilita, convirtiéndolo en una herramienta de confrontación política en lugar de un principio unificador. La ciudadanía española, lejos de ser espectadora pasiva, debe cuestionar y desafiar esta manipulación del discurso constitucional y reconocer que la defensa de la Constitución va más allá de las alianzas políticas momentáneas y requiere de un compromiso con los principios de democracia, legalidad y diálogo.
La intentona de Fernández de distanciarse de los partidos independentistas, mientras simultáneamente el PP evade sus responsabilidades constitucionales, no solo es una contradicción, sino una muestra de la politización del constitucionalismo en España. Este enfoque, que privilegia la retórica sobre la acción, no solo es insostenible, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el marco democrático del país.
El constitucionalismo y la integridad democrática de España merecen más que ser meras fichas en el juego político. Requieren de líderes y partidos que, más allá de la retórica, estén dispuestos a vivir según los principios que proclaman defender. La democracia española, con su rica diversidad y su compleja historia, necesita de un compromiso real con la Constitución, uno que trascienda las estrategias electorales y se enraíce en el respeto mutuo, el diálogo y la búsqueda genuina del bien común.