La prostitución cambia de rostros y de lugares en Córdoba, pero se mantiene muy relacionada con los delitos de trata y de explotación sexual, y con las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Entidades sociales explican que en los últimos tiempos esta actividad se ha trasladado de la calle y los prostíbulos, donde se sigue desarrollando, a pisos en diferentes barrios, que pueden encontrarse en zonas céntricas o cerca del ocio, y que funcionan como clubes o son alquilados por las propias mujeres. En el interior de las viviendas, es más difícil el control policial, los clientes pasan desapercibidos y se dificulta la ayuda a las personas. Internet, además, ha pasado a jugar un papel fundamental en la captación y en la publicidad de los servicios.
Los colectivos sociales destacan que la mayoría de las mujeres que ejercen vienen de países extranjeros, entre los que sobresalen algunos como Colombia, en Latinoamérica, y Rumanía, en Europa. También subrayan que una mayoría de personas realizan esta actividad para mantener a sus familias y que no suelen reconocerse a sí mismas como víctimas de delitos. Estas organizaciones, además, subrayan la colaboración con administraciones públicas y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para frenar el problema.
Belén Jiménez, coordinadora de Acción social en In Género, afirma que esta oenegé atendió el año pasado a 88 personas que ejercen la prostitución en la provincia de Córdoba. Sin embargo, aclara que no existe una foto fija, porque «las mujeres que en invierno están en Córdoba, en verano están en Ibiza». De este grupo, 60 son mujeres cis, 27 son mujeres transexuales y una persona es un hombre. La edad media es de 34 años. La asociación ha visitado 11 clubes y 17 pisos. Aproximadamente, una tercera parte de quienes ejercen lo hacen desde hace más de una década, un porcentaje alto que, según precisa, apunta a una cronificación de la prostitución.
Otros aspectos llamativos son que el 55% sostiene a entre tres y cinco familiares, pero un 22% mantiene a más de seis personas. El 60% desconocía que viajaba a España para ejercer y más de la mitad no conoce los servicios sociales. Entre quienes sí saben que existen, el 72% no los ha utilizado nunca. In Género estima que un 50% de las mujeres atendidas en Córdoba pueden ser víctimas de trata o explotación, frente a una horquilla del 20% al 30% en España.
Belén Jiménez afirma que «nuestra lucha es la defensa de los derechos humanos, garantizar la protección y restitución de las víctimas de trata, y garantizar la reducción del daño para quienes ejercen sin ser víctimas».
«Es imparable»
Precisamente, en los últimos días la comunidad de Adoratrices ha recibido el premio Andalucía +Social, otorgado por la Consejería de Inclusión, por su lucha contra la violencia de género y la atención integral a mujeres gestantes y a víctimas de violencia. La directora de su obra social, Esmeralda Pino, opina que la trata «es imparable» y va en aumento. Están especializadas en la detección de víctimas en aeropuertos y zonas fronterizas. El año pasado atendieron a 20 madres y niños.
Nigeria, Costa de Marfil y Senegal sobresalen entre los países con más víctimas. «Ahora está proliferando mucho esta mafia en Senegal. En los poblados matan a los familiares y las raptan. El último caso nos llegó por el aeropuerto de Barajas. Es el más macabro que he visto. Mataron a su hijo y a su padre, y la tuvieron una semana en un bosque, con la cabeza de su hijo colgada en el cuello para traumatizarla», recuerda.
Las Adoratrices acogen a mujeres embarazadas o con hijos procedentes de «violaciones en la patera o de la explotación sexual. A muchas mujeres las dejan embarazadas para traficar con los órganos de los niños, o con los suyos», comenta. Pese a lo terrible de estas experiencias, asegura que el suyo «es un trabajo bonito, porque las ayudamos de verdad a salir», ofreciéndoles una atención integral.
Mutilación y matrimonio
De otro lado, Irene Martínez, trabajadora del programa Ödos, precisa que la Fundación Emet se centra en la prevención secundaria de la trata, realizando una intervención integral con migrantes que llegan a España huyendo de situaciones de violencia como las mutilaciones genitales y los matrimonios forzados. Cuenta con 50 plazas para mujeres y menores. «Llegan muy deterioradas, porque algunas están años en ruta, y aunque hayan sido víctimas de explotación o trata no lo reconocen como tal», afirma.
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