El Parlamento Europeo ha aprobado este martes, en su última sesión en Estrasburgo antes de las elecciones, a favor de las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública. Una revisión del pacto de estabilidad y crecimiento ya existente, que se aplicará a partir del año que viene, y que devuelve la disciplina fiscal al orden del día, después de cuatro años de barra libre en el gasto durante la pandemia y tras la invasión de Ucrania.
Las instituciones ya llegaron a un principio de acuerdo a principio de año tras meses de difícil negociación entre los países. Con las nuevas normas, se mantienen los límites de deuda en un máximo del 60%, y de déficit del 3%, tal y como exigen los tratados, pero a diferencia de antes, los Estados tienen un poco más de margen para decidir cómo cumplir con estos objetivos, además de tener espacio para invertir en Defensa y en la transición verde.
Cada gobierno deberá enviar a la Comisión Europea un plan creíble a cuatro años vista de cómo reducirán la deuda y el déficit, aunque el plazo se podrá ampliar a siete años si se adoptan reformas para impulsar el crecimiento. Unos planes que los países deberán remitir como tarde el próximo septiembre. Aun así, se impondrán los mismos objetivos comunes de recorte, y evitar que los países posterguen los ajustes, tal y como exigió Alemania durante la negociación. Así, cuando la deuda pública sea superior al 90% tendrán que reducirla al menos un punto porcentual al año; mientras que aquellos que superen el 3%, tendrán que aplicar un recorte anual mínimo del 0,5% del PIB.
La Comisión Europea será la encargada de que vigilar que los países cumplen con lo prometido y podrá abrir expedientes en caso de incumplimiento. Hasta ahora también se incluía la posibilidad de multar, pero nunca se había llegado a este paso por la dureza de la sanción. Por ello, con las nuevas normas, la multa será de un 0,05% del PIB cada seis meses si no se corrigen los desvíos.
De hecho, ayer se confirmaron los datos de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) en que España incumplió el déficit con 3,6% en 2023, lo que podría llevar a la Comisión a abrir un expediente sancionador. La Comisión Europea ya ha avanzado que propondrá en junio la apertura de expedientes sancionadores a aquellos países que cerraron 2023 con unos niveles de déficit y deuda superiores a los límites que recogen los Tratados.
Los principales grupos populares, socialistas y liberales han votado a favor, mientras que los Verdes y la Izquierda han votado en contra por considerar que se vuelve a la austeridad. El eurodiputado socialista, Jonás Fernández, considera que es "una gran noticia" el amplio consenso y rechaza que lleven a un "austericidio". "Son necesarias para orientar las políticas fiscales de los Estados", ha defendido.
Sin embargo, organizaciones sindicales y medioambientales han criticado las nuevas normas porque consideran que no dejarán suficiente margen para invertir en la transición ecológica ni en medidas sociales. "Estas reglas fiscales son cortas de miras e irresponsables", dijeron en un comunicado conjunto la Confederación Europea de Sindicatos, la Red de Acción Climática (CAN), la New Economics Foundation y la organización Social Platform.
Las reglas tendrán el visto bueno definitivo de los Estados la semana que viene y entrarán en vigor antes de acabar el mes de abril.