El ex concejal rosarino y ex titular de la Ansés Rosario, Roberto Sukerman, afirmó que la realidad comenzó a demostrarle al presidente Javier Milei que sin la presencia de un Estado capaz de regular el mercado será difícil llevar su teoría ultraliberal a la práctica. Lo hizo en alusión a la orden que emitió su administración para que un grupo de prepagas retrotraiga el costo de sus aranceles y ajuste esos valores por inflación tras los aumentos desmedidos.
La reflexión de Sukerman, actual presidente de la Fundación por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Fundep) y docente de la Facultad de Derecho de la UNR surgió en declaraciones a La Capital, a partir de la exposición realizada este miércoles en el Congreso ante la comisión de Defensa al Consumidor, en el marco del nuevo debate por la ley Bases que el gobierno intenta promulgar para llevar adelante la serie de reformas de fondo.
Ocurre que el presidente Javier Milei llegó a la presidencia bajo la bandera de las libertades individuales y pregonó el "anarcocapitalismo" a ultranza, pero fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien había reconocido públicamente que a las prepagas "se les recontra fue la mano" con el incremento de sus cuotas, y eso es lo que Sukerman intentó argumentar como una muestra de contradicciones entre las palabras y las cosas.
Muestra de ello fue la renuncia a la Unión Argentina de Salud (UAS) del presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, tras admitir que "el sector salud ha recibido reproches del gobierno" a raíz de estas subas desmesuradas de las prestadoras de salud a sus asociados, puesto que esos incrementos habían alcanzado un 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo y otra prevista para abril.
Las prepagas y la intervención del Estado
"Es una demostración de que, sin Estado, el mercado no se autorregula porque está «carterizado» por empresas que concentran el monopolio. Y esto que acaba de pasar con la medicina prepaga es para enmarcar el ejemplo", sostuvo Sukerman al mencionar como "una contradicción el hecho de liberar y desregular el mercado, pero de alguna manera es en contra del pensamiento de este gobierno libertario".
Para el abogado constitucionalista resulta lógico que, a partir de las ideas que fomenta en el marco de las libertades individuales, el Estado "se ahorra" fondos si los ciudadanos acceden a una prepaga, pero si los mismos no tienen manera de acceder a una empresa de medicina prepaga, "no tendrán otra alternativa de ir al sistema público, con lo cual queda claro que el Estado se termina perjudicando".
Sin Estado no hay autorregulación
"Lo que hizo justamente el DNU era derogar estas facultades del Estado a la hora de autorizar los aumentos, que en este caso habían sido absolutamente desproporcionados y exponenciales y, sobre todo, se tornaron impagables en las personas mayores", sostuvo.
Más allá de los anuncios del gobierno y la readecuación del arances de las prepagas, para el ex concejal la cuestión de fondo sigue estando en el DNU 70/2023, donde esta desregulación sigue vigente. "Por eso habría que insistir en la derogación del DNU y darle otro tratamiento en el Congreso", sostuvo.
La reunión convocada por la comisión de Defensa al Consumidor del Congreso nacional era para tratar prepegas, obras sociales, medicamentos y alquileres, entre otros detalles incluidos en el DNU 70/23.
"Por eso planteé la inconstitucionalidad en materia de salud, al argumentar el derecho inalienable a la salud y la vida en el marco del tema prpegas, porque el DNU modifica la ley en ese ámbito, la cual había sido sancionada en 2011", señaló.
En aquella oportunidad, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, esa normativa autoriza al Estado a transformarse en un ente de contralor en acuerdo con las emrpesas de medicina prepaga por tratrase justamente del derecho natural e inherente a la salud y a la vida.