Hermenegildo Hernández, exgerente de Casinos de Tenerife, no provocó ningún perjuicio económico a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife ni cometió ninguna irregularidad al despedir con bajas incentivadas a ocho trabajadores de los tres casinos de la Isla entre 2019 y 2020.
El juez Alejandro Carrillo, del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, ya no solo descarta que Hernández cometiera un delito de malversación de caudales públicos, sino que concluye que sus actuaciones lograron todo lo contrario: ahorrar dinero a Casinos de Tenerife, empresa dependiente del Cabildo.
De esta manera, el magistrado archiva un caso denunciado el pasado mandato por el Gobierno del Cabildo formado entonces por PSOE y Ciudadanos. «Los hechos denunciados no merecen reproche penal», deja claro el magistrado, que se une a las tesis de la Fiscalía y de la defensa del que ha sido único investigado, Hermenegildo Hernández.
El juez, además, deja claro en el auto que Hernández «actuó en todo momento guiado por la intención de conseguir una ventaja patrimonial para los casinos, mediante la reducción del montante total de los salarios».
El juez deja claro en el auto que Hernández «actuó en todo momento guiado por la intención de conseguir una ventaja patrimonial para los casinos, mediante la reducción del montante total de los salarios»
El despido de ocho trabajadores de los tres casinos de Tenerife entre 2019 y 2020, dentro de un proceso de regularización de las plantillas que afectó a más de 30 trabajadores de esta empresa pública desde 2012, se ajustó a la legalidad como respuesta a la grave crisis económica que sufrían estas salas dependientes del Cabildo. Es la conclusión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a la que se adhiere ahora el juez a la hora de decretar el sobreseimiento de la causa.
Pocos meses antes de las elecciones locales de mayo de 2023, tras las que CC y PP tomaron el relevo al frente de la Corporación insular, el equipo de Gobierno liderado entonces por el socialista Pedro Martín llevó a la Fiscalía un informe en el que exponía unas presuntas irregularidades. Estas se centraban en la concesión de las llamadas bajas incentivadas realizadas en las sociedades de los casinos Playa de Las Américas (Adeje), Taoro (Puerto de la Cruz) y Santa Cruz desde 2012 a 2020, cuando Coalición Canaria estaba en el Gobierno insular.
En concreto, la documentación elevada al ministerio público se refiere a las bajas incentivadas que, según la denuncia, «podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal» que conllevaron el pago de 1,57 millones de euros en concepto de indemnizaciones.
Tal y como defendía el Gobierno insular de Pedro Martín, algunos trabajadores «llegaron a cobrar una indemnización superior a su salario anual, excediendo la indemnización por despido objetivo» a través del procedimiento de conciliación y «sin que existiera ni siquiera una resolución judicial que obligara a ello».
La lectura que hace el juez, la misma que la Fiscalía, es contraria a la denuncia: «Los tres casinos pasaban por una situación económica crítica, optando el investigado por extinguir los contratos de aquellos trabajadores que desempeñaban un peor rendimiento, y que era consciente de que difícilmente fueran a prosperar esos despidos, por ser extremadamente insólito que un despido por descenso de rendimiento prospere en el orden social. Es decir, no se ha causado un perjuicio patrimonial».
El importe de las indemnizaciones fue de 292.888 euros, cuando el máximo legal era de 888.717. De ahí que el fiscal concluyera que de lo investigado «no solo se deduce que no se ha causado perjuicio» a las arcas públicas, «sino beneficio».
Fuentes vinculadas al exgerente de Casinos de Tenerife critican que «se hayan utilizado recursos públicos para emitir una denuncia sesgada»
Fuentes vinculadas al exgerente de Casinos de Tenerife citadas por Mírame Televisión, medio que adelantó este jueves esta resolución judicial de archivo de la causa, critican que «se hayan utilizado recursos públicos para emitir una denuncia sesgada». Se refieren al anterior Gobierno del Cabildo de Tenerife de PSOE y Ciudadanos.
También cuestionan que «no se permitiera el derecho a la defensa de un trabajador con más de 30 años de experiencia» en la administración. «Se ha causado un daño a la reputación de una persona honrada en base a falsas acusaciones», concluyen.
Las mismas fuentes aseguran que están «ejerciendo acciones legales contra las dos personas que firmaron la denuncia», en referencia a María Elena Rodríguez, que ocupaba el cargo de secretaria no consejera de los tres casinos del Cabildo de Tenerife, y Lidia Patricia Pereira, exdirectora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, que en la actualidad desempeña las funciones de interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias, detalla Mírame TV.
Contra la resolución del juez Alejandro Carrillo se puede presentar recurso. Ya en su momento, el grupo de CC consideró «una cortina de humo» las presuntas irregularidades laborales denunciadas por el PSOE en los casinos. Los despidos «se hicieron conforme a la legalidad», aclaró. Ahora de regreso al Gobierno insular, CC volverá a intentar la venta de estas tres salas de juego.
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