En diálogo con Mañanas Blu, junto a Camila Zuluaga, Margarita Gómez, líder comunitaria con una experiencia de una década en el estudio de proyectos energéticos, habló sobre las inquietudes de las comunidades impactadas por iniciativas del Grupo Energía de la capital.
"Estamos enfrentando una desinformación que está sembrando temor entre la población", afirmó Gómez, refiriéndose al reciente llamado de alerta de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, sobre el riesgo de escasez de suministro eléctrico en la capital. Asimismo, señaló que los proyectos en discusión tienen como objetivo ampliar la infraestructura eléctrica hacia Meta y Tolima, no para abastecer la capital.
En relación a las comunidades afectadas, Gómez detalló que se trata de 22 municipios en Cundinamarca, 11 en Santander y 5 en Boyacá. Aseguró que estas comunidades no se oponen al proyecto en sí, sino al trazado propuesto, el cual afecta áreas de gran importancia ambiental y genera preocupaciones sobre posibles efectos en la salud y la biodiversidad local.
Además, explicó cómo el proyecto ha sido mal gestionado desde sus inicios y resaltó la falta de diálogo y consulta con las comunidades afectadas. Margarita Gómez enfatizó que las comunidades no están en contra del progreso, sino que buscan garantizar la protección del medioambiente y una participación significativa en el proceso de toma de decisiones.
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Por otro lado, aseguró que las comunidades demandan la implementación de energías alternativas, como paneles solares, y que se consideren los impactos en la salud y la biodiversidad. Además, Margarita Gómez destacó la importancia de la concertación y la protección del agua, ya que considera que este recurso vital está en peligro debido a la falta de planificación y consideración de los impactos ambientales.
"Estamos hablando de especies endémicas en riesgo de extinción y del impacto en la producción de agua", enfatizó Gómez y aseguró la necesidad de un diálogo con las autoridades pertinentes para encontrar soluciones que reconcilien el desarrollo energético con la preservación ambiental.
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Ante la pregunta sobre la posibilidad de una acción coordinada de las comunidades, Gómez explicó que han intentado diversos enfoques legales y de participación ciudadana, pero se han encontrado con obstáculos y falta de diálogo por parte de las autoridades y la empresa energética.
"No estamos representando a familias adineradas, sino a campesinos y comunidades que se verán directamente afectadas", aclaró Gómez ante las insinuaciones de motivaciones económicas detrás de la oposición al proyecto.