El Gobierno ha renunciado a reformar este año la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno desoyendo así la petición del Consejo de Transparencia, el órgano que vela por la aplicación de la norma que garantiza el derecho de la ciudadanía a reclamar información a las administraciones públicas y que lleva ya más de una década en vigor. En enero de 2022 se creó un grupo de trabajo específico para trabajar en un nuevo marco regulatorio. Este órgano, creado en el seno de Ministerio de Hacienda, emitió unas conclusiones a finales de aquel año con propuestas para adaptar al contexto nacional e internacional actual una norma que data de 2013. Sin embargo, la reforma no se hizo el año pasado y el Gobierno tampoco la ha incluido en su Plan Normativo para 2024, al que ha tenido acceso Europa Press. El actual presidente del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, volvió a reclamar la actualización de esta ley hace tan sólo un mes en su última comparecencia ante el Congreso. Como en ocasiones anteriores, insistió en que la nueva norma ya no debería incluir los asuntos relativos al denominado 'buen gobierno', que habrían de contar con una ley específica. RÉGIMEN SANCIONADOR Además, entre otras cosas, urgió a cometer esa reforma para facultar a este organismo a imponer multas a los departamentos de la Administración General del Estado o de los ámbitos autonómicos y locales que hacen caso omiso de las resoluciones judiciales que les obligan a proporcionar a los ciudadanos la información que les reclaman. A su juicio, la principal "falla" de la norma vigente es la inexistencia de sanciones coercitivas, pero no bastaría con establecer un régimen sancionador, sino que debería ser el propio Consejo el que contara con medios para garantizar la "ejecución forzosa" de sus resoluciones mediante la imposición directa de "multas coercitivas" a los responsables de los incuplimientos. El sistema para la imposición de estas multas debería ser sencillo y ágil, aunque, desde su punto de vista, la mera posibilidad de que el Consejo ponga multas ya sería un elemento disuasorio para que las administraciones dejaran de desoír las resoluciones judiciales y cumplieran con su obligación de dar la información que se les reclama. Como en sus anteriores comparecencias en el Congreso, el máximo responsable del Consejo de Transparencia volvió a poner de manifiesto otras "disfunciones ya denunciadas y aún no corregidas" como el elevado número de reclamaciones de información que se contestan fuera de plazo o que se acaban desestimando por silencio administrativo. UNA DEMANDA CLÁSICA DEL GRECO "Es muy criticable que se obligue a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de un derecho", ha apuntó Rodríguez, quien también reiteró la denuncia de que los órganos a los que se piden datos recurren con "excesiva frecuencia" y como "recurso fácil" a causas de inadmisión previstas en la ley para no darlos. La planficación normativa del Gobierno para 2024 tampoco incluye mención alguna a la regulación de la actuación de los denominados grupos de interés. En noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó y abrió a audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, pero no ha ido más allá. El objetivo era regular la actividad de los 'lobbies' en sus relaciones con la Administración General del Estado y su sector público, clarificando cómo se deben producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas. Y TAMPOCO HABRÁ NUEVA LEY DE SECRETOS La regulación de las actividades de los 'lobbies' se ha convertido ya en un clásico de las demandas que viene realizando a España el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que también incide en regular su labor en el ámbito parlamentario. Y tampoco está previsto que vea luz este año la Ley de Información Clasificada, que está llamada a sustituir a la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. Y todo pese a que el Ejecutivo ya aprobó en agosto de 2022 su propio anteproyecto para cambiar la ley vigente y a que desde 2016, el Congreso ha aceptado en varias ocasiones tramitar una iniciativa del PNV sobre la materia. La última vez fue el pasado mes de febrero.