Se trata de la expresión más abarcadora que han hecho miembros del Congreso sobre este asunto, en el que se unen a varias organizaciones pro derechos civiles
Se trata de la expresión más abarcadora que han hecho miembros del Congreso sobre este asunto, en el que se unen a varias organizaciones pro derechos civiles
Washington D. C. - Más de 40 miembros del Congreso han hecho un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que "rechace inequívocamente" la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.
"El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación", indica una carta suscrita por 15 miembros del Senado y 28 miembros de la Cámara de Representantes.
La carta - enviada el lunes al secretario de Justicia, Merrick Garland, y adelantada a El Nuevo Día -, se hará pública este mediodía en una conferencia de prensa en el lado este del Capitolio, con la participación de varios legisladores federales y líderes de organizaciones civiles, como Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares – decididos entre 1901 y 1922-, el máximo tribunal estadounidense creó el concepto de territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
Los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.
Los legisladores federales que suscriben la carta- que incluyen nueve miembros de los comités de lo Jurídico de ambas cámaras-, recordaron que los jueces asociados del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch, han pedido acabar con esa jurisprudencia. "Estuvieron basados en creencias tanto de odio como equivocadas", ha indicado la puertorriqueña Sotomayor.
Tan reciente como el mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense, en un argumento sobre la constitucionalidad de la ley Promesa, afirmó que si bien "Estados Unidos está de acuerdo en que aspectos del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares, que invocan estereotipos racistas, son indefendibles y repugnantes … este caso no presenta ninguna ocasión para abordar los Casos Insulares".
La carta al Departamento de Justicia estadounidense incluye a los cuatro congresistas demócratas boricuas– Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres-, y la comisionada de Puerto Rico residente en Washington, Jenniffer González.
La comisionada González y el delegado de Guam, James Moylan, son los únicos republicanos que firmaron la carta.
Los 15 senadores que suscriben la misiva son miembros del caucus demócrata, incluidos el número dos de la mayoría y presidente del Comité de lo Jurídico, Richard Durbin, el independiente Bernie Sanders (Vermont); Elizabeth Warren (Massachusetts), Martin Heinrich (Nuevo México), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Peter Welch (Vermont).
"Los Casos Insulares son una mancha en la historia de nuestro país y de su máximo tribunal… estas decisiones todavía impactan a quienes viven en territorios estadounidenses", señaló el senador Durbin.
En la Cámara de Representantes, la carta tiene el respaldo de los líderes de la minoría demócrata en los comités de lo Jurídico, Jerrrold Nadler (Nueva York), y Recursos Naturales (con jurisdicción primaria sobre la isla), Raúl Grijalva (Arizona).
"El Departamento de Justicia se encuentra en un momento crucial para corregir una injusticia histórica y poner fin al trato de segunda clase de los más de 3 millones de ciudadanos que viven en territorios estadounidenses. Nuestro gobierno hace tiempo que debería haber rechazado esta doctrina racista y discriminatoria", dijo Nadler.
Grijalva, cuya comisión tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y quien ha promovido antes una resolución en busca de que el Congreso rechace la controvertida jurisprudencia, afirmó que el "Departamento de Justicia ha avanzado en la dirección correcta al criticar 'aspectos' de los Casos Insulares racistas como 'indefendibles y repugnantes'… pero es hora de que vaya más allá y rechace inequívocamente estas decisiones racistas, como lo ha hecho con otras opiniones de la Corte Suprema que se basaron en estereotipos racistas que no respetan el mandato constitucional de igualdad y respeto por el estado de derecho".
"Ni el Departamento de Justicia ni nadie más debería defender ningún "aspecto" de los Casos Insulares racistas", dijo, por su parte, la delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, quien lideró la carta junto a Grijalva.
En una carta enviada en agosto pasado, una docena de organizaciones civiles solicitó al presidente Joe Biden que condene públicamente la jurisprudencia de los Casos Insulares.
"Es momento de pasar la página", dijo el miércoles el cofundador de la organización Right to Democracy, Neil Weare, quien se preguntó a que se refirió recientemente el Departamento de Justicia cuando expresó que hay "aspectos indefendibles y repugnantes" en los Casos Insulares, lo que implica que otros no lo son.
La cofundadora de Right to Democracy, la puertorriqueña Adi Martínez Román, sostuvo que urge tachar una jurisprudencia que describió como 'salvajes e incivilizados' a los residentes de los territorios, con el propósito de defender que "se les podía negar derechos constitucionales básicos y la autodeterminación".
El pasado día 9, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, envió una carta parecida a la de los congresistas al secretario Garland y la Oficina del Procurador General, en la que sostiene que Estados Unidos se distanció de su fundación anticolonial con la firma del Tratado de Partís que puso fin a la Guerra Hispanoamericana.
"Hoy en día, los residentes de los territorios pagan más de $3,000 millones en impuestos federales y sirven en el ejército a tasas que exceden las de cualquier estado, pero están excluidos de los beneficios federales que salvan vidas, incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario ("SSI") y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las tasas de pobreza en los territorios de Estados Unidos oscilan entre aproximadamente el 23% y el 60%, en comparación con la tasa de pobreza nacional de aproximadamente el 11%. Todo esto ha contribuido a una disminución demográfica de dos dígitos en todos los territorios, perturbando comunidades y separando familias", sostuvo Quilichini.
"Daríamos la bienvenida a propuestas para rectificar las injusticias históricas que representan (los Casos Insulares) eliminando políticas que discriminan a los residentes de territorios estadounidenses en lo que respecta a los beneficios y derechos públicos que reciben otros ciudadanos estadounidenses", dijo, por su parte, la presidenta de Latino Justice-PRLDEF, Lourdes Rosado.