En medio del achicamiento del Estado, la administración de Javier Milei tomó la decisión de desmantelar el Plan Embarazo No Intencional en la Adolescencia, un programa que en los 10 años que estuvo vigente logró reducir a la mitad las concepciones en esa franja etaria.
La medida fue cuestionada por especialistas que la consideran un enorme retroceso.
El anuncio oficial
"En el marco de las auditorías que está llevando adelante el gobierno, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación... Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan Enia...", anunció el lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
Según publica Clarín, desde el área del Ministerio indicaron que el plan seguirá funcionando pero la aplicación quedará en manos de las provincias.
"Como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia", indicaron.
Y sumaron: "Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos".
Las fuentes detallaron que el plan dependerá de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hoy acéfala. No se brindaron datos sobre cuál será el presupuesto destinado.
Qué es el Plan Enia
El Pan Enia comenzó a diseñarse en 2016, impulsado desde el Cippec junto con el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), y fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).
Se pensó porque era necesario articular las intervenciones que había distribuidas en distintas áreas del gobierno. La idea fue integrarlas para reforzar su impacto", explicó a Clarín Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
"Los métodos anticonceptivos no llegaban a los adolescentes, básicamente porque se daban en los hospitales y los adolescentes son una población sana, no van al hospital. Entonces se hicieron consejerías en las escuelas, donde sí están los adolescentes, y se fue a los barrios -detalla-. Al principio se implementó en doce provincias hasta que llegó a todo el país, y el embarazo adolescente cayó a la mitad", destacó y destacó que "no implicó costos adicionales sino articular políticas que ya existían".
Día Langou consideró que interrumpir el Plan "es una mala noticia en este contexto porque va a amplificar las desigualdades y terminar con las posibilidades de miles de chicos por desinformación".
En tanto, Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y ex coordinadora técnica del Plan, sostuvo que el desmantelamiento del Plan Enia "significa abandonar a las adolescentes, retirar el apoyo que en los últimos cinco años se les dio para que tuvieran mejores oportunidades para completar sus estudios e ingresar al mercado de trabajo en mejor situación. También significa desmantelar una política pública ejemplar por su eficiencia, su buena relación costo-beneficio, ya que cada embarazo prevenido sólo cuesta 60 dólares, su transparencia y su enorme impacto en la reducción de la fecundidad adolescente a la mitad en un tiempo récord. Las niñas abusadas serán abandonadas también".
Los resultados del Plan Enia
Las últimas estadísticas dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. El Plan Enia logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.
Cuando empezó a implementarse, habían nacido en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años.
El trabajo para reducir el embarazo adolescente es una política pública en casi todos los países del mundo.
Especialistas destacan que el Plan Enia es un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe.