En el 2017, durante la huelga magisterial que hizo tristemente famoso a Pedro Castillo, conversé con gobernadores regionales, directores regionales de educación y congresistas que defendían los intereses de los profesores, pero nunca el de los niños. Alguna vez les hice notar: "¿Se han dado cuenta de que no han mencionado la palabra alumnos ni una sola vez en todas sus intervenciones? Ustedes parecen profesores, no autoridades".
La semana pasada la agenda de este tipo de autoridades se ha vuelto a imponer, y esto recién comienza. Una de las banderas con las que llegó Pedro Castillo al poder se ha conseguido: 14.863 "profesores interinos" cesados en el 2014 por no rendir una evaluación o desaprobar la prueba serán incorporados a la carrera pública magisterial de forma automática.
Se trata de personas que, a partir de 1984, por falta de suficientes docentes, fueron autorizadas para enseñar sin tener título pedagógico y con cargo a que lo obtuvieran. Desde el 2012, se les brindaron dos años para que cumplieran con el requerimiento de inscribirse en la prueba de ingreso, pero solo se inscribieron 5.315, de los que solo 546 pasaron la prueba.
En corto, más de 14.000 personas que no han rendido exámenes que acrediten sus conocimientos estarán encargadas de educar y evaluar a nuestros hijos. Ingresarán a la carrera pública por la ventana; de ahí que diversas voces de docentes que viven desde hace años bajo las reglas de la meritocracia se hayan levantado para oponerse al nombramiento automático.
Pero la agenda antimeritocracia es mucho más amplia que la de los profesores interinos. Desde el 2018, el Frente Amplio y luego Perú Libre (PL) y la Bancada Magisterial vienen presentando proyectos de ley para eliminar el requisito de pasar una evaluación de desempeño para permanecer en la carrera, como los proyectos 604 y 3979; a pesar de que eso ocurriría si desaprueban tres veces las evaluaciones y hay capacitaciones ofrecidas antes de cada evaluación.
Esta visión también está presente en el proyecto 5648 de Katy Ugarte, excongresista de Perú Libre, que propone eliminar como causal de destitución el "no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada", argumentando que de esta manera "los maestros no pasarán por episodios de angustia, ansiedad ni estrés".
Incluso, la agenda antimeritocracia no se limita al sector Educación. Ya Waldemar Cerrón de PL ha presentado el proyecto de ley 7267, que busca eliminar la Ley Servir –hay otros cinco proyectos parecidos– porque "afecta el derecho constitucional de no ser despedido sin una causa justa". Incluso ha llegado a afirmar "para qué le sirve el doctorado a un docente universitario, y una maestría, cuando está dedicado a […] su experiencia".
La visión de PL, dividida entre PL y la Bancada Magisterial, a los que podemos llamar los "castillistas", es la de una sociedad en la que un grupo allegado a ellos –no importa que sea inepto y hasta corrupto– sea quien controle el poder, sin que haya lugar para la meritocracia, la competencia política y el libre mercado. Con eso sueñan. Algo que Anne Applebaum (2021) define como el Estado unipartidista antiliberal.
Quienes hemos estado involucrados en política sabemos que la negociación es parte del trabajo. El problema es que hay asuntos que no debieran ser negociables, como la meritocracia en el sector público o la libre competencia en los mercados, y que lamentablemente esta vez han negociado decenas de congresistas que no están de acuerdo con el sueño castillista. El precio de la estabilidad no puede ser tan alto. Vergonzoso y preocupante.