El proceso de legalización que ultima el Govern para los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico que quieran acogerse a estos cambios no puede privilegiar a los infractores. Y, en consecuencia, las sanciones que deben pagar tendrían que ser elevadas. De lo contrario, podría malentenderse como una amnistía urbanística, con todo lo que ello conlleva. El ejecutivo todavía no ha fijado las cuantías, pero una multa dura es la única forma de darle legitimidad a este proceso urbanístico. Hay que dejar muy claro que las viviendas ilegales que se pueden acoger a esta legalización son las que ya han prescrito, es decir, que llevan al menos ocho años construidas. La medida no se limita a las casas, también se incluyen porches y piscinas.
El Govern no puede privilegiar a los infractores
También en Opinión
- Cortes y restricciones de tráfico por la celebración de la Mallorca 312
- Los vecinos de Marratxí denuncian un «escándalo insoportable» en una casa turística ilegal
- El hijo asesino de Andreu Coll, de heredero universal a no ver un euro de la herencia
- La ITV penaliza a los conductores de Mallorca que no acuden a la cita con dos meses de espera
- Ejecutan en Cala Major un desahucio y se encuentran con cola para okupar el piso