La plenaria del Parlamento Europeo aprobó una reforma de la política migratoria del bloque a través del Pacto de Migración y Asilo, que refuerza los controles fronterizos y establece un sistema de solidaridad entre los miembros del bloque.
La sesión de votación llegó a ser brevemente interrumpida a causa de una ruidosa protesta en las gradas de la plenaria. Ahora la nueva normativa deberá ser formalmente aprobada por los 27 países miembros.
El Pacto se aplicará hasta 2026 y la Comisión Europea deberá presentar hasta el mes de junio un programa detallado de implementación.
Los tres principales bloques del Parlamento Europeo —el Partido Popular Europeo (PPE, derecha), los Socialistas y Demócratas (S&D, centro izquierda) y Renovar Europa (Renew, liberales centristas)— son en general favorables al texto de la reforma.
Por otro lado, el eurodiputado francés Mounir Satouri, de los Verdes, dijo previo a la votación que la propuesta representaba un "hundimiento de los valores" de la UE, al tiempo que los representantes de la extrema derecha consideran que las nuevas reglas son insuficientes.
A su vez, el proyecto de reforma fue criticado por oenegés y organizaciones sociales.
Un grupo de 161 entidades —que incluyó a HRW, la Cruz Roja y Amnistía Internacional— pidió a los eurodiputados que rechazaran el plan de reforma, por considerar que atenta derechos fundamentales de los migrantes.
El 2023 fue el año récord de solicitudes de protección en la UE
Según la Agencia de Asilo de la UE, las solicitudes de protección en 2023 alcanzaron 1,14 millones en los países del bloque (más Noruega y Suiza), su nivel más elevado desde el año 2016.
Como estrategia para reducir el número de llegadas a las fronteras del bloque, la UE había negociado acuerdos con países de origen y tránsito de migrantes como Mauritania, Túnez y Egipto.
Sin embargo, el Pacto aprobado establece un procedimiento obligatorio para controlar a los migrantes que llegan a las fronteras, donde deben ser registrados para determinar el procedimiento aplicable.
Por eso, los inmigrantes que no sean aceptados serán retenidos en centros especiales de acogida mientras se determina su expediente en forma acelerada, para proceder más rápidamente con la devolución de esas personas.
La reforma también contempla la implementación de un sistema obligatorio de solidaridad, como forma a ayudar a los países que reciben a muchos inmigrantes y demandantes de asilo, como Italia, Grecia o España.
De esa forma, otros Estados deberán recibir en su territorio a solicitantes de asilo o tendrán que proporcionar apoyo financiero a los países bajo mayor presión migratoria.
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