La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Ana María Garzón Botero, exsecretaria general del Ministerio de Defensa, por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército, celebrado el 28 de enero de 2022, con una compañía rusa.
El contrato que investiga el ente de control corresponde a lo suscrito con la National Aviation Services Company S.A., por un valor de USD $ 7.747.710, para la "recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero MI-17-1V" del Ejército.
El Ministerio Público encontró que el 5 de mayo de 2022 las partes acordaron suspender por dos meses la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el conflicto entre Rusia y Ucrania generó dificultades para llevarlo a cabo.
Pasado este tiempo (dos meses), las partes acordaron reiniciar la ejecución contractual del contrato y el 27 de enero de 2023, suscribieron un suplemento al contrato con el que se modificó aspectos como la forma y las condiciones de pago, al igual que el plazo de ejecución, pese a que el conflicto que originó la suspensión continuaba latente.
Uno de los riesgos que advierte el ente disciplinario tiene que ver con el supuesto giro anticipado de recursos, correspondientes al 50% del valor acordado en el contrato, cuando al parecer los helicópteros Ml-17 estarían en los hangares de Tolemaida sin prestar servicio.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para conocer el estado de la contratación, los pagos girados, al igual que las acciones adelantadas para lograr la ejecución del contrato.