El juez federal Julián Ercolini ordenó el entrecruzamiento de más de 40 líneas telefónicas de todos los investigados en la causa por la contratación de seguros del Banco Nación, entre ellos el teléfono del ex presidente Alberto Fernández.
La medida apunta a determinar el grado de relación y conocimiento que tenían entre sí todos los imputados, la frecuencia de esos contactos y la vinculación con los momentos en que se produjeron cada una de las contrataciones.
Entre los teléfonos que se entrecruzarán aparecen los del ex titular de Nación Seguros, Albergo Pagliano, la secretaria privada del ex presidente, María Cantero, esposa del bróker Héctor Martínez Sosa, el de este operador de seguros y otros de su mismo rubro.
La medida incluye las líneas de telefonía fija oficiales que utilizaban los funcionarios en cada una de las reparticiones públicas que ocupaban, así como los celulares que aparecen registrados, tanto oficiales como privados.
El período abarcado comprende toda la presidencia de Alberto Fernández.
La medida, que fue encargada a la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal, incluye también los mensajes de texto que pudieron haber intercambiado los involucrados.
El peritaje fue ordenado sobre las principales aseguradoras que tercerizaron la contratación de pólizas a través de Nación Seguros.
La investigación se orienta a determinar por qué, tratándose de operaciones entre organismos estatales, intervinieron operadores de seguro privados, cobrando además elevadas comisiones por ello.
Alberto Fernández y ex funcionarios bajo la lupa de la Justicia
Semanas atrás se dictó la inhibición de Alberto Fernández como parte de la investigación.
Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario.
Una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.
El magistrado está investigando las presuntas irregularidades surgidas en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos de comisiones.
Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras.
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