La mortalidad materna es un indicador que refleja la calidad de atención que reciben las mujeres en edad reproductiva, pone de manifiesto las disparidades ocasionadas por la distribución desigual de ingresos, así como, las capacidades y carencias institucionales de los gobiernos para atender muertes prevenibles.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe la mortalidad materna se incrementó entre 2016 y 2020 en un 15 por ciento. Para el caso de México -según la Secretaría de Salud- debido a la pandemia, durante 2020 y 2021 hubo un alza muy significativa en el número de muertes maternas a nivel nacional, 959 y 1045, respectivamente.
Sin embargo, en 2022 hubo una reducción a niveles previos a la pandemia, con 644 muertes maternas. Tendencia que se mantuvo en 2023 donde se contabilizaron 556 muertes maternas.
Si bien la mortalidad materna ha mantenido una tendencia a la baja en los últimas décadas, es claro que las políticas públicas no han sido suficientes.
México no pudo alcanzar el objetivo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015, en el cual se comprometía a disminuir en tres cuartas partes la mortalidad materna, con lo cual debió llegar a 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados (RMM). Al cierre del 2023, -ocho años después- seguimos sin alcanzar el objetivo propuesto, pues en dicho año fue de 26.5 (RMM).
La situación de las mujeres indígenas es particularmente alarmante, ya que enfrentan múltiples desafíos para acceder a servicios de salud de calidad y oportunos.
Una de las principales barreras para lograr un progreso sostenido en la reducción de la mortalidad materna es la notable heterogeneidad que caracteriza al país. Esto se traduce en brechas significativas entre las diferentes entidades federativas, con avances notables en algunas y estancamientos en otras.
En una comparación de la RMM entre lo ocurrido en 2002 con respecto al 2022, se observa que, si bien la reducción es prácticamente generalizada, se confirma la heterogeneidad. Estados como Morelos, Baja California Sur y Campeche tuvieron descensos de alrededor de tres cuartas partes de la mortalidad materna mientras que, en Durango, Baja California y Nuevo León ocurrió incluso un ascenso.
El acceso a los servicios de salud constituye una de las principales barreras para el bienestar de las mujeres. En los estados, un alto porcentaje de mujeres embarazadas carece de acceso oportuno a los servicios públicos de salud, lo que pone en riesgo tanto su propia salud como la de sus hijos e hijas. Esta problemática adquiere una dimensión aún más preocupante en grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres indígenas.
La situación de las mujeres indígenas es particularmente alarmante, ya que enfrentan múltiples desafíos para acceder a servicios de salud de calidad y oportunos. Las barreras lingüísticas, culturales y geográficas contribuyen a que estas mujeres tengan un acceso limitado a la atención médica durante el embarazo, el parto y el posparto.
La efectividad de la respuesta para atender la mortalidad materna depende directamente de la priorización que los gobiernos federales y estatales otorguen a la atención del embarazo
Aunque en nuestro país se han logrado avances significativos, tanto los gobiernos federales como estatales en los últimos años no han mantenido una atención consistente en abordar el problema y acelerar el progreso.
A nivel estatal, vemos mejoras cuando el gobierno en funciones prioriza la atención a la salud materna, pero también enfrentamos retrocesos graves cuando la siguiente administración no continúa con esta prioridad, lo que resulta en la falta de impulso a estrategias efectivas.
En el ámbito de la salud, son conocidas las medidas más eficaces para combatir la mortalidad materna: mejorar los sistemas de atención primaria, capactacitar al personal de salud, incrementar el suministro de productos médicos, ampliar las capacidades para atender emergencias obstétricas, impulsar los controles prenatales, así como, las redes comunitarias de apoyo a la mujer embarazada y al recién nacido, son solo algunas de ellas.
La efectividad de la respuesta para atender la mortalidad materna depende directamente de la priorización que los gobiernos federales y estatales otorguen a la atención del embarazo, parto y puerperio, así como a la implementación de políticas públicas respaldadas por evidencia y mantenidas a lo largo del tiempo.
Solo mediante este enfoque se podrán lograr avances sostenidos y generalizados en la reducción de la mortalidad materna en el país