Nación
¿Y las cámaras? Inspección de la Procuraduría no pudo verificar en video si Emilio Tapia salió de manera irregular de la cárcel en Barranquilla
El equipo especial del ente de control llegó hasta las instalaciones del centro penitenciario en la capital del Atlántico, cuando ni siquiera estaba la directora de la prisión.
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Con un sorprendente panorama se encontró la inspección de la Procuraduría que llegó a adelantar una inspección a la cárcel del Bosque, en Barranquilla, tras las graves denuncias que se conocieron del polémico "empresario" Emilio Tapia, con unas supuestas salidas de manera irregular del centro penitenciario en donde permanece recluido por el escándalo de Centros Poblados.
Fuentes del ente de control consultados por SEMANA confirmaron que cuando el equipo llegó a adelantar la diligencia, la directora del penal no se encontraba en el lugar y lo más delicado es que se percataron que la información previa de las cámaras de seguridad porque no existirían ese tipo de dispositivos para registrar lo que ocurre a las afueras de esa prisión.
Desde muy temprano la Procuraduría confirmó que una inspección se iba a dirigir hacia esa cárcel en Barranquilla para verificar las denuncias que se conocieron a través de redes sociales, sobre las supuestas salidas de Tapia de la cárcel a bordo de una camioneta con aparente colaboración de guardias del INPEC.
El procurador Javier Sarmiento notificó la apertura de una indagación previa por estos hechos. En este momento, un equipo de la dirección de Nacional de Investigaciones Especiales, en conjunto con la Procuraduría, se encuentran realizando una inspección disciplinaria con el fin de recaudar el material probatorio que permita el rápido avance de este proceso".
La indagación se abrió después de que en redes sociales se viralizara la denuncia de que supuestamente Tapia, recluida en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, por la polémica de Centro Poblados y el millonario contrato para llevar internet a miles de escuelas en áreas rurales que terminó en pérdidas por más de 70 mil millones de pesos.
Aunque el propio Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la directora de la cárcel, quien no estaba en el lugar cuando llegó la comisión de la Procuraduría a adelantar la inspección, salieron a desmentir esas versiones, el Ministerio Público prefirió abrir una indagación para esclarecer los hechos detrás de la denuncia.