El plan de Pedro Sánchez sobre inmigración tiene un nombre: Quitarse de encima el marrón. Así se resume la estrategia que maneja el Gobierno después de que los socialistas acordaran con Junts la cesión de competencias en esta materia, salvo -cabe suponer, el control de fronteras, aunque todo es posible, incluso lo que se da de bruces con la Constitución-. En definitiva, lo que busca el Gobierno es que sean las comunidades quienes lidien con un asunto que le quema en las manos a Pedro Sánchez, y más aún cuando continúa la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias, lo que se ha convertido en un problema gigantesco para el Ejecutivo. Su política de dispersión por distintas comunidades le ha supuesto un quebradero de cabeza y Pedro Sánchez es especialista en quitarse de encima los problemas, de modo que su plan es que sean los territorios quienes se lo guisen y se lo coman.
Trocear las políticas migratorias es un disparate, pero para Sánchez es mucho más cómodo, así que pretende aprovechar el acuerdo con los separatistas catalanes para darle al resto de comunidades lo mismo que a Cataluña. En una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP, el Gobierno da claras muestras de lo que pretende hacer: «Será preciso estudiar las vías constitucionales para que las comunidades autónomas asuman nuevas competencias en esta materia con el objetivo de configurar un modelo migratorio coherente, sin duplicidades ni disfunciones. No en vano, nuestro modelo constitucional es particularmente flexible y dinámico, ofreciendo diversas vías para adaptar la distribución de facultades y potestades, entre los distintos niveles de gobierno, a los cambios económicos, políticos y sociales propios de todo sistema democrático».
Más claro, agua. Sánchez sabe que el problema de la inmigración amenaza con convertirse en una bomba de relojería y lo que pretende es que los efectos de la deflagración no le sacudan de lleno. O, dicho de otro modo: que el problema se lo coman otros.