El empleo de los remanentes de Tesorería -esto es, el dinero sobrante del año pasado que no se pudo gastar a tiempo según lo previsto- ha logrado poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas de la Diputación de Córdoba al menos en una cosa: en que tienen que ponerse de acuerdo para decidir en qué se van a gastar esas partidas.
Lo que a priori parece una tautología en realidad esconde una voluntad de pactar poco frecuente en las administraciones públicas en tiempos de crispación política, menos aún cuando un solo partido tiene una amplia mayoría de gobierno como es el caso del PP en la Diputación. Lo habitual es que el poder ejecutivo de cada institución decida por su cuenta y riesgo en qué se gasta ese dinero, que no puede destinarse a cualquier cosa. Por eso es relevante que todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha y sus variantes, consideren que es bueno negociar el destino de unos fondos que ascienden a 19 millones de euros.
Unanimidad en el Pleno
Así lo han acordado los grupos políticos en el Pleno de la Diputación de este miércoles por unanimidad, merced a una moción presentada por el PSOE que ha sido enmendada por el PP y aceptada al final por todos. El pacto indica que los diputados tendrán que sentarse a negociar en los próximos días para tener un acuerdo sobre gasto de remanentes antes de que acabe el mes.
Hay poco tiempo para gastar el dinero y si la institución no fue capaz de hacerlo durante un ejercicio completo en 2023 (aunque con unas elecciones de por medio), más complicado será con sólo ocho meses por delante. Pase lo que pase, esos 19 millones deberán estar liquidados el 31 de diciembre de este año; en caso contrario, volverán a los bancos para amortizar deuda, y los ciudadanos no percibirán un beneficio directo de ese dinero. De ahí la urgencia de tener el gasto acordado antes de que acabe abril, lo que dejaría un plazo razonable de ocho meses para invertir. Técnicamente se puede hacer.
Otra cosa es que las diferencias políticas terminen haciendo naufragar las negociaciones. El PSOE, por ejemplo, ha dejado claro que quiere que el dinero de remanentes se gaste, entre otras cosas, en las empresas públicas que ahora mismo presentan déficit. Está por ver si se puede justificar ese gasto, ya que los remanentes están muy condicionados y no pueden emplearse en cualquier cosa. Una posibilidad es financiar las denominadas inversiones financieramente sostenibles, aquellas que no suponen un gasto añadido en ejercicios posteriores. Por ejemplo, valen para comprar vehículos o arreglar caminos y carreteras.
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