Detrás de la acusación de Mauricio Macri a Héctor Recalde surge una estrategia oficial para enfrentar lo que el Presidente definió como "la mafia de los juicios laborales". Pero el plan es mucho más ambicioso que una pelea retórica.
Es así, sobre todo, ante la acumulación de denuncias contra algunos funcionarios, una maniobra que desde el Gobierno relacionan con la huella que el kirchnerismo dejó en los tribunales.
La embestida de Macri tal vez es un anticipo de otra posible derrota del oficialismo en el Consejo de la Magistratura.
Caída por ahora la posibilidad de desplazar al camarista Eduardo Freiler, la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo archivaría antes de la feria de invierno el pedido de juicio político que hizo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contra los dos abogados que avalaron la paritaria de los bancarios, según pudo averiguar LA NACION de fuentes gremiales y judiciales.
Hace dos semanas, Macri acusó a los jueces federales de proteger a Julio De Vido.
En el mismo acto, también embistió contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, los magistrados que avalaron el reclamo salarial de los bancarios.
La preocupación oficial escaló tras el fallo que ordenó reincorporar a 10 despedidos y 20 suspendidos de la línea de colectivos 60 acusados de provocar incidentes.
El enfrentamiento con los laboralistas se distingue más nítido en los despachos del Ministerio de Trabajo.
Triaca frenó la habilitación de nuevos gremios y modificó drásticamente la política del kirchnerismo, período en el que se crearon 650 sindicatos a un ritmo de 60 por año. Desde que Macri llegó al poder, apenas cuatro sindicatos obtuvieron la personería.
Tres de ellos están vinculados a Luis Barrionuevo y otro a Oscar Mangone, jefe del gremio del gas y un dirigente con poder propio en el ministerio.
Al impedir la expansión gremial, el Gobierno apuesta a debilitar a una casta de abogados laboralistas que identifica como una amenaza. Entre ellos, Recalde. En la lista, sin embargo, hay muchísimos más.