A exactamente 17 días de que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema, la ley corta de isapres, la cual busca poner en marcha el fallo que el mismo tribunal dictó sobre tabla de factores, dando viabilidad a la industria y permitiendo restituir los cobros en exceso a los afiliados, entró a su etapa más compleja: la tramitación en la comisión mixta.
Hace semanas que los parlamentarios y el Ejecutivo advertían que el proyecto iba a necesitar de este cuarto trámite, debido a las discrepancias que había en diversos puntos entre senadores y diputados. Y así fue.
Ahora, quienes han participado desde un principio del debate de la norma advierten que estas semanas serán claves, pues llegó el momento en que deberán destrabarse las discrepancias más profundas. Y es que la oposición ha dicho en varios tonos que así como está no aprobarán la ley, lo que pone al Ejecutivo en una situación compleja: además de estar trabajando contrarreloj, en la nueva instancia no tienen mayoría: hay cinco integrantes de la oposición y cinco del oficialismo, aunque en estricto rigor uno de ellos ha actuado independiente y se ha desmarcado de algunos debates.
En concreto, la comisión mixta está conformada por los diputados Tomás Lagomarsino (PR-ind.), Gael Yeomans (CS), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Lilayu (UDI) y Andrés Celis (RN), y los senadores Javier Macaya (UDI), Juan Luis Castro (PS), Sergio Gahona (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Francisco Chahúan (RN).
Sumado a la "desfavorable" composición de la instancia, ambos sectores no están del todo de acuerdo con el proyecto y supeditarán su voto al cumplimiento de sus peticiones. Por ejemplo, los parlamentarios oficialistas insistirán con avanzar hacia la reforma de salud e incluir más artículos en la ley- además de los que ya hay- para hacerlo.
Mientras, la apuesta de la oposición es reponer algunos artículos que se cayeron en la Cámara de Diputados, como el funcionamiento permanente del Consejo Consultivo que asesorará a la Superintendencia de Salud, pero sobre todo reintegrar un método de cálculo que rebaje la deuda de las isapres.
En ese contexto, los parlamentarios advierten que estos días, antes de que se inicie la mixta -fecha que aún no se sabe con exactitud-, serán de "negociaciones intensivas", primero con el oficialismo y después con la oposición. De hecho, ya se está organizando el primero de esos encuentros, el que podría ser vía telemática.
La estrategia de la oposición
El plan de los parlamentarios de Chile Vamos es dilatar la discusión del proyecto lo más que se pueda, pues el objetivo de ellos es que el Ejecutivo se sienta presionado con la falta de tiempo y ceda frente a las peticiones. Y como cada minuto cuenta en esta prueba contrarreloj, las primeras jugadas en ese sentido se pudieron ver ayer.
Una vez que la Cámara de Diputados despachara la ley, esta tenía que ser votada en el Senado, con el fin de determinar si pasaría a mixta o no. Sin embargo, desde el lunes los parlamentarios de oposición instalaron el debate de que primero se tenía que revisar en las comisiones de Hacienda y de Salud, lo que indefectiblemente demoraría los trámites restantes.
Por eso, este miércoles, cuando el proyecto fue despachado desde el Congreso, los comités de Chile Vamos solicitaron a la mesa de la sala evaluar esta posibilidad, lo que provocó un tenso debate entre los presentes. Incluso algunos senadores como Daniel Núñez (PC) y Yasna Provoste (DC) gritaban que la oposición estaba "armando un show" y que la petición de que las comisiones revisaran el proyecto que venía desde la Cámara Baja tenía "intenciones mañosas".
Y aunque la sala determinó que el proyecto debía pasar inmediatamente a la comisión mixta, la votación en el Senado estuvo paralizada por casi dos horas, tiempo en el que tuvo que intervenir el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien a su vez recurrió al senador Juan Luis Castro para acercarse a sus pares -senadores Macaya y Gahona- para no insistir con esta alternativa.
La materialización de esta opción era uno de los escenarios que el Ejecutivo tenía dibujado como de los peores, toda vez que una de sus principales preocupaciones es el tiempo: los parlamentarios tienen tres semanas para despachar la ley, con una semana distrital de por medio, de la que aún no se sabe si usarán para trabajar la ley o no.
En tal sentido, que el proyecto no sea aprobado el 12 mayo -fecha fatal fijada por la Suprema- también se configura como uno de los escenarios más catastróficos para el gobierno, pues el fallo se tendría que implementar a través de una circular y con el cálculo de la deuda que originalmente hizo la Superintendencia de Salud -cifrada en 1.400 millones de dólares- y sin los componentes atenuantes que hasta ahora incluye la ley.
Ahora, tanto fuera como dentro La Moneda advierten que las solicitudes de la oposición no pueden ser atendidas y, hasta el momento, el Ejecutivo mantiene su idea de descartar todas las posibilidades de recálculo.