Actualmente coexisten en la Cámara de Diputados dos iniciativas que proponen la creación de un "Fondo de Pensiones para el Bienestar": una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero y una iniciativa de reforma legal presentada por diputados el 4 de abril. En esta última iniciativa el Estado mexicano no asume el compromiso de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la iniciativa de reforma legal en materia de pensiones requiere una evaluación meticulosa por parte de los integrantes de ambas cámaras del Congreso pues advierte implicaciones tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas.
Pro ejemplo, aunque la iniciativa señala que los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos al Fondo, el mecanismo de devolución de dichos recursos -junto con los intereses generados- por parte del IMSS, ISSSTE o Infonavit, según corresponda, no está definido aún.
En cuanto a las finanzas públicas advierten que si se considera que una proporción de los recursos del Fondo provendría de ingresos no recurrentes o que no necesariamente se materialicen en tiempo y cantidad existe la posibilidad que los recursos del Fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo.