Tras una larga y compleja instrucción judicial que se prolongó durante casi cuatro años y en la que las periciales contables jugaron un papel clave, el caso del presunto desfalco denunciado en 2020 por la comunidad de propietarios de un edificio de plaza Elíptica está preparado para juicio. La causa ya fue elevada a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que deberá poner fecha a la vista oral que sentará en el banquillo a S.T.S., para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión e igual tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la administración de fincas como presunta autora de un delito continuado de apropiación indebida: la acusa de quedarse para su "beneficio personal" de más de 83.000 euros pertenecientes a los fondos del edificio que gestionaba, donde residen más de 60 familias, cantidad con la que se habría hecho a lo largo de un período de seis años mediante "numerosas" disposiciones y trasferencias a dos cuentas bancarias de su titularidad.
Esta causa se incoó en 2020 en el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo y, aunque el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado ya se dictó en abril de 2022, la fase de presentación de los escritos de acusación y defensa y por tanto del juicio se retrasó hasta ahora ya que el magistrado, a petición del fiscal, accedió a la práctica de una diligencia complementaria, concretamente una pericial contable para examinar a fondo las cuentas de la comunidad, informe que se unió a las dos periciales que ya constaban en el procedimiento: el que se presentó acompañando la querella y el aportado por la defensa.
Un delito agravado por el "valor de la defraudación"
La acusación pública solicita que la gestora de fincas sea condenada a 4 años de prisión, igual tiempo de inhabilitación profesional y 2.970 euros de multa, cifrando la cantidad de la que supuestamente se apropió, entre 2014 y 2019, en al menos 83.648 euros, cuantía que pide que la acusada abone a la comunidad de propietarios en concepto de indemnización con la responsabilidad conjunta y solidaria de dos aseguradoras. Considera que el delito se ve agravado por el hecho de que "el valor de la defraudación" supera los 50.000 euros.
La acusación particular que ejerce la comunidad perjudicada califica también de delito continuado de apropiación indebida, pero introduce como calificación alternativa la de delito de administración desleal y eleva a seis años la petición de cárcel y de inhabilitación. Y añade como circunstancia que agrava los hechos el que la mujer cometió presuntamente los hechos "con aprovechamiento de su credibilidad profesional". Sin embargo rebaja, en comparación a lo solicitado por el fiscal, la cantidad que interesa en concepto de responsabilidad civil: 79.115 euros.
Gestión de cobros y pagos de la comunidad
La Fiscalía concreta en su escrito que la acusada desempeñó el cargo de administradora de la comunidad de propietarios de dicho edificio de plaza Elíptica entre el 5 de octubre de 2006 y el 26 de junio de 2019. "Teniendo entre sus funciones la gestión de cobros y pagos de la citada comunidad, así como la gestión de los contratos de mantenimiento, reparaciones, suministros, trámites ante organismos oficiales y todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del edificio", arranca el fiscal, sin embargo entre 2014 y 2019 supuestamente "realizó disposiciones y transferencias" desde las dos cuentas de la comunidad a las dos personales de ella. Y todo ello, describe, "simulando" que dichas transferencias "iban destinadas al pago de gestiones, recibos, obras y otras deudas".
El auto judicial que en su día ordenó la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado fue recurrido por la defensa, que alegó que, con la prueba que aportaron, acreditaron la "autenticidad" de los gastos que en la querella se calificaron como "dudosos", si bien la resolución apelada fue ratificada y declarada firme. En el más reciente auto de apertura de juicio oral, con fecha del pasado 22 de diciembre, se requirió a la acusada y a las aseguradoras para que prestasen fianza de 108.700 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponerse –multa y/o indemnización– en el futuro juicio.
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