El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la puesta en marcha del llamado Fondo de Coinversión (FOCO). Un instrumento financiero dotado con 2.000 millones de euros gestionado por la empresa pública Cofides y que nace con la idea de atraer a inversores extranjeros para que apuesten su dinero en proyectos relacionados con el plan de recuperación español.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al acuerdo que regulará las operaciones de este fondo, que recibirá su financiación de los préstamos del plan de recuperación. El plan español tiene asignados 83.160 millones de euros en préstamos blandos —es decir, con un tipo de interés más bajo que el que podría obtener España por sí misma—, de los cuales el FOCO recibirá 2.000 millones, un 2,4% del total.
El objetivo de este nuevo fondo —que ya está operativo— es atraer inversiones extranjeras al país en ámbitos relacionados con el plan de recuperación. Hablamos de inversiones en transición verde y digital, movilidad sostenible, biotecnología o agricultura sostenible. ¿Cómo se quiere atraer este capital? Ayudando a que las empresas o fondos de inversión extranjero interesados en España lo tengan más fácil y dándoles un empujón con financiación pública.
Así, por cada euro de financiación que traiga a España el inversor extranjero, el FOCO aportará como máximo otro. De esta forma se busca multiplicar el impacto de la inversión. La gestión del fondo se le ha otorgado a Cofides, una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía que se encarga de ayudar a que las compañías españolas se internacionalicen y también a que las firmas extranjeras inviertan en el país.
El esquema de financiación funciona de la siguiente manera. De un lado, tenemos a Cofides que, como se ha dicho, hace una aportación máxima equivalente a la que haga el inversor. Del otro lado está el inversor extranjero, sin el cual la operación no se puede ejecutar.
La pregunta ahora es, ¿a qué clase de inversores busca el Gobierno? Pues bien, puede tratarse de empresas privadas extranjeras con participación en sociedades españolas; inversores institucionales como fondos de inversión o de pensiones tanto si su capital es público como privado y de vehículos o entidades de inversión privada españoles que atraigan a inversores extranjeros.
¿Quién se lleva el dinero?
¿Quién es, entonces, el receptor final del dinero? Pues, en este caso, hablamos de empresas o fondos que inviertan en proyectos relacionados con el plan de recuperación en España. Si la inversión se realiza directamente en una empresa, esta debe tener sede en la UE y centro de trabajo en España. La idea es que la inversión se haga prioritariamente mediante aportaciones de capital y que Cofides mantenga siempre una posición minoritaria.
En cambio, si el dinero del FOCO va a parar a un fondo de inversión, este puede ser español o extranjero, pero debe invertir sí o sí en sectores estratégicos en España vinculados al plan de recuperación. La participación de Cofides se limitará a un máximo del 49%. Sea quien sea el receptor del dinero, la inversión mínima del FOCO por operación será de 10 millones de euros y la máxima de 150 millones.
Los sectores prioritarios en los que se podrán realizar las inversiones son aumento de producción de energías renovables; eficiencia energética, descarbonización; movilidad eléctrica; digitalización del tejido empresarial y procesos productivos; desarrollo de infraestructuras sostenibles; biotecnología y agricultura sostenible.
En cuanto a la duración de la inversión, la vigencia del FOCO es indefinida. Esto quiere decir que las ganancias que obtenga el Estado con las inversiones se pueden reinvertir en nuevas operaciones siempre que se hagan en ámbitos compatibles con la filosofía del fondo. En todo caso, cuando el FOCO retire sus posiciones, el Tesoro español recuperará el dinero y posteriormente lo devolverá a la Comisión Europea. Todas las inversiones deben estar formalizadas como tarde el 30 de junio de 2026. Y el dinero transferido desde la UE debe quedar devuelvo como tarde el 31 de diciembre de 2058.
El impacto económico de esta segunda parte del plan de recuperación —la de los créditos blandos— es todavía una incógnita. La parte mollar del Next Generation eran las transferencias no reembolsables, dinero europeo a fondo perdido del que el Gobierno ya ha ejecutado casi la mitad de lo asignado.
Sin embargo, el impacto de esta segunda parte del plan parece menos claro. Las fuertes subidas de tipos de interés que se han vivido desde julio de 2022 han encarecido drásticamente el coste de tomar prestado, lo que hace que los créditos sean menos interesantes que cuando se concibieron. Aun así, se trata de préstamos blandos a un tipo de interés que es más favorable que el que puede lograr España por sí misma y con plazos de devolución muy largos.