Félix Lonigro sostuvo que no le sorprendió el fallo de la Corte frente a la acción para impugnar el DNU presentada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, ya que no consideraba que existiera un daño en concreto. "Cuando la Corte Suprema se quiere pronunciar, se pronuncia", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Félix Lonigro es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.
Alejandro Gomel: ¿Lo sorprendió el fallo de la Corte?
No, no me sorprendió, porque cuando en diciembre del año pasado supimos que el gobernador de La Rioja había presentado una acción, tuve la oportunidad de leerla. En su momento me pareció exactamente lo mismo que dijo la Corte, que había una serie de generalidades en las que Quintela no pudo lograr invocar un daño concreto.
Él se presenta como gobernador de la provincia para impugnar este DNU diciendo que es inconstitucional porque afectaba a los ciudadanos, y eso en definitiva también terminaba afectando a la provincia, una relación indirecta de daño. En su momento pensé que era difícil que prosperara, y que de cualquier modo, si la Corte quisiera pronunciarse lo haría. Si la Corte se quisiera pronunciar sobre la validez constitucional de ese decreto, le daría validez a la presentación y lo va a hacer, porque la Corte, en eso, maneja los tiempos políticos y si tiene ganas se pronuncia. Más allá de que la Corte dijo que no era el momento de pronunciarse, encontró un argumento jurídico válido, porque efectivamente no estaba invocado un daño, ni en el caso de Quintela ni en el caso de Jorge Rizzo, el otro amparo que se rechazó, porque la Corte dijo "ustedes no logran decirme cuál es el daño concreto que les produce ese mega DNU", que además tiene tantos temas.
AG: Al ser tan amplio, ¿tendría que ser como en el tema laboral?
Claro. También es cierto que uno puede plantear, si uno ve afectado un interés concreto, que no hay circunstancias excepcionales para dictar un DNU de esas características, hacer el punto en la inexistencia de las circunstancias excepcionales, pero basta con que algunas de las partes del DNU le provoque un daño, porque si no estamos frente a una declaración abstracta de inconstitucionalidad, que es lo que la Corte dice que no corresponde, que únicamente se pronuncian a través de casos controvertidos, que existen cuando alguien acredite un daño.
Esto es lo que los profesores de derecho constitucional enseñamos cuando explicamos el control de la constitucionalidad de las normas, cómo funciona, y decimos que funciona así porque la misma jurisprudencia, al igual que en Estados Unidos, la Corte en distintos fallos se viene pronunciando acerca de cómo interviene en el control de la constitucionalidad de las normas, y copiando el modelo norteamericano, se necesita, como la Corte dijo, un daño de interés legítimo, concreto.
AG: Esto tiene que ver con cómo maneja los tiempos políticos la Corte, y esto también juega.
La Corte es tiempista en esto. Siempre recuerdo que cuando ocurrió el caso Bussi, que por ahí muchos no se acuerdan porque fue hace 20 años, que fue elegido diputado nacional después de haber sido gobernador de Tucumán y represor de la dictadura, la Cámara de Diputados no quiso aceptarlo, le rechazó el diploma, él hizo un juicio y llegó a la Corte y cuando llegó se le habían pasado los cuatro años de mandato, con lo cual la Corte podría haber dicho que no había interés en pronunciarse porque se le pasó el periodo, y eso no puede volver aunque le dieran la razón, pero la Corte dijo que eso podría volver a ocurrir, así que "nos vamos a pronunciar".
Cuando la Corte se quiere pronunciar, se pronuncia. Acá le ha hecho un guiño el Gobierno y le ha dicho de alguna manera "ves que no somos tan malos, vos que nos querés poner a Lijo". Pero hay que decir que la Corte no se pronunció sobre la validez constitucional y que todavía tiene la oportunidad de hacerlo, porque está por lo menos el tema constitucional que se tendría que resolver en algún momento.
Claudio Mardones: Hay una vigencia clara con respecto al DNU. Hay que recordar que el primer golpe más duro lo plantea la Cámara de Apelaciones del Trabajo, suspendiendo el capítulo laboral. Y ahora está la expectativa de lo que pueda hacer la Corte a partir del planteo de la CGT. ¿Cree que va a haber margen para que se definan en el corto plazo o que esta decisión de fondo la pueden patear sin plazo alguno? ¿Cree que hay posibilidades de que sea abstracto teniendo en cuenta que el DNU sigue vigente y está trabado su tratamiento en Diputados?
La Corte no tiene plazos para pronunciarse, con lo cual si le llega un expediente puede tenerlo haciendo la plancha hasta ver que los tiempos políticos se acomodan como para pronunciarse, y estos tiempos tienen que ver con el tratamiento del DNU en el Congreso. En un principio nadie dudaba de que el DNU iba a ser aprobado, cuando las cosas se pusieron turbias con la Ley Bases empezaron a pensar que podía ser rechazado, de hecho el Senado lo rechazó. Lo que pasa es que se necesita el rechazo de las dos cámaras. Ahora uno advierte que empieza a recuperar vida ese DNU, que rige desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. ¿Esos son los tiempos que maneja la Corte? Un poco sí, si la Cámara de Diputados también lo rechaza, nos vamos a encontrar con un DNU muerto y la Corte va a sostener que no tiene nada que decir al respecto.
Si no es rechazado pero resulta que aparece una ley que regula el tema laboral, porque pareciera que lo laboral va a ir en una ley aparte, el DNU seguirá vigente pero no en la parte laboral, por lo cual ese expediente específico en el que se ha declarado la invalidez de la parte laboral del DNU también va a quedar muerto, y si el Congreso aprueba el DNU, aun cuando está vigente, pero todavía falta la aprobación formal, eso no quiere decir que la Corte no pueda declararlo inválido, porque si puede declarar la invalidez de una ley sancionada por el Congreso, mucho más un DNU aprobado por el Congreso.
CM: Al menos lo que se percibe en Diputados es que si hay voluntad de llevarlo al recinto mientras la Bicameral de Trámite Legislativo sigue. Podría ser después del Pacto de Mayo.
El trámite de la Comisión Bicameral hay que darlo por superado, porque la Constitución Nacional dice que una vez que el DNU ingresa al Congreso, la Comisión tiene 10 días para emitir una opinión o un dictamen. Esos 10 días ya pasaron, y también establece la ley que regula todo este trámite, que si pasan esos diez días el Congreso puede darle tratamiento aún sin dictamen de esa comisión. El único tema es que el Congreso reúna los votos para rechazar el DNU, y para eso hay que esperar, mientras tanto está vigente.
AG: En las últimas horas se supo que el Ejecutivo propuso al juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia y, a su vez, Milei tiene una pelea con Jorge Lanata, quien hace una denuncia por injurias en la Justicia, y el caso cae en el juzgado de Lijo. ¿Se tendría que excusar el juez? ¿Cómo ve esto?
Es un tema complejo. Creo que Lijo debería excusarse. El mecanismo de designación del juez está previsto en la Constitución, es el Presidente quien lo designa, con acuerdo del Senado. Un juez puede decir, un momentito, que haya un mecanismo pendiente de designación previsto en la Constitución no es motivo para que tenga que excusarme. Por un lado, tiene razón; pero por otro le está debiendo un favor al Presidente que le hizo esa designación, porque el Presidente podrá retirar el pliego del Senado. Si yo fuera el abogado de Lanata, lo recusaría, pero habrá que ver qué pasa.
MVB JL