División entre los funcionarios de Justicia, de la Región y del conjunto del país. Los sindicatos STAJ, CCOO y CIG, que no firmaron el acuerdo para la subida salarial de hasta 250 euros al mes para estos empleados públicos, seguirán con las movilizaciones (la siguiente, el 23 de abril en la Ciudad de la Justicia de Murcia) y se desmarcan de lo rubricado por las organizaciones CSIF y UGT.
«Vamos a seguir con las movilizaciones porque toda la plataforma reivindicativa está plenamente en vigor», manifestó a La Opinión Flora Martínez, secretaria del Sector Administración de Justicia de Comisiones Obreras en la Región de Murcia.
Los sindicatos STAJ, CCOO y CIG llaman a los trabajadores de Justicia a concentrarse durante 30 minutos en la puerta de su lugar de trabajo el martes 23 de abril (en el caso de Murcia, en la Ciudad). Además, han convocado para el próximo 27 de abril una «gran manifestación en Madrid de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de todos los ámbitos territoriales».
Flora Martínez explicó que lo firmado por CSIF y UGT «es un acuerdo que se refiere a determinadas comunidades, entre ellas la Región, que no tienen las competencias transferidas, pero el conflicto es a nivel estatal».
A este respecto, recordó que existe «una plataforma reivindicativa con unos puntos concretos que afectan a todos los trabajadores, independientemente de cuál sea su destino».
División entre organizaciones
La semana pasada, tras un año de conflicto (en el que cogieron el testigo de los secretarios judiciales), el departamento que dirige Félix Bolaños alcanzó un acuerdo con los funcionarios de Justicia y pactó una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes para el 'territorio Ministerio', frente a los 450 euros que reclamaban los sindicatos en línea con el incremento que lograron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Flora Martínez remarcó que los sindicatos «CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia, y UGT, han firmado este acuerdo», pero recisó que «la firma de estos dos sindicatos es inferior al 50% de la representación de Justicia».
"División"
«Esto era una estrategia del Ministerio para dividir a los trabajadores, dividir a las comunidades entre transferidas y no transferidas y callarnos con un dinero encima de la mesa», sentenció.
Admitió que existe «división» entre las organizaciones sindicales y confirmó que, en el día a día, hace meses que no hay funcionarios en huelga: los paros cesaron en verano y, cuando se formó el nuevo Ejecutivo central, tras los comicios, se reactivó la negociación que ha dado lugar al pacto solo firmado por UGT y CSIF.
Parar la Ley de Eficiencia
STAJ, CCOO y CIG siguen exigiendo que «se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta que no se haya producido su preceptiva y efectiva negociación con los sindicatos para modificar su contenido en todos aquellos aspectos que ponen en riesgo los centros de destino, la movilidad voluntaria, los puestos de trabajo, las retribuciones complementarias de muchos centros de trabajo, incluidas guardias».
Flora Martínez lamentó que «al Ministerio, con este acuerdo firmado, no le interesa negociar nada más» para mejorar una Justicia que sigue saturada.
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