¿Tenemos claro qué se recuerda los 24 de marzo?, ¿qué comparten el Estado y la sociedad como memoria y lección histórica de ese día? En mi opinión, para nada.
Ante todo, porque esa fecha alimenta la confusión y obtura otras tanto o más significativas, que tienden a olvidarse.
Si se trata de recordar los males de la intolerancia política y la represión salvaje, tal vez sea mejor que lo hagamos evocando el 20 de junio de 1973, día de la masacre de Ezeiza y verdadero punto de partida de la violencia masificada y sin límite.
O el inicio del Operativo Independencia, con la subsecuente puesta en marcha del plan de secuestros y desapariciones, el 5 de febrero de 1975; o la extensión de dicho plan a todo el país por los "decretos de aniquilamiento" del 6 de octubre de ese año.
Si lo que se quiere recordar, en cambio, es la puesta en marcha de una política de ajuste draconiano de los salarios y acotamiento del poder sindical, el 4 de junio del 75, lanzamiento del Rodrigazo, merece tenerse en cuenta.
Y si se busca hacer memoria del abandono de la política civil y del respeto a la Constitución, bueno, las fechas sobran: elijamos entre el 6 de septiembre de 1974, cuando las guerrillas rompieron la "tregua" poco antes establecida, el 25 de septiembre del año anterior, cuando matan a Rucci, o el 16 de octubre de 1975, día en que el peronismo se rindió a la voluntad de Isabel Perón de continuar en la presidencia a cualquier costo y dejó caer el juicio político acordado con la UCR y otros partidos.
Pero, si lo que buscamos es esa síntesis y destacar la íntima relación entre el respeto de los derechos y la democracia, ¿qué mejor que recordar no el comienzo sino el final de la dictadura y el regreso del gobierno constitucional?, que coincide, ¡oh casualidad!, con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.
Tan cierto es que la fecha del golpe es una síntesis de las tragedias de nuestra historia reciente como que con esa fecha y el mensaje más obvio que la acompaña se bloquea la reflexión sobre cómo fue posible que ese descenso a los infiernos sucediera con la indiferencia o el directo apoyo de la gran mayoría de la sociedad, incluidos sus partidos (también el grueso del peronismo, que no veía la hora de que los militares les sacaran la papa caliente de las manos), sus sindicatos (la CGT llamó ritualmente a la huelga, pero ninguna organización movió un dedo para que se concretara) y la propia izquierda revolucionaria (que soñó con una incontenible rebelión popular una vez que los militares tomaran el poder).
Al hecho de que la fecha oculta más de lo que recuerda se suma que funciona, igual que el mito de "los 30.000", como instrumento extorsivo: quien la objete es silenciado como "negacionista", amigo del Proceso, un miserable que no tendría nada útil que decir.
Lo que se refuerza con el modo en que se ha venido recordando, en particular los discursos y gestos que concita desde que los Kirchner la hicieron suya.
Hagamos memoria: el 24/3 fue declarado Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia en 2002.
Pero fue en 2006 cuando se estableció el feriado y en 2008 cuando se lo politizó como fecha fundante del relato K, a raíz de la crisis del campo, desatada al principio de marzo de ese año. Entonces se evidenciaron dos problemas, que no dejarían de agravarse hasta hoy.
Primero, que el kirchnerismo se plantaba sobre la plataforma brindada por los derechos humanos para descalificar a sus adversarios como "personeros de la dictadura".
Así, los chacareros y sus piquetes fueron presentados como "grupos de tareas", "golpistas" y "comandos civiles", una lacra a extirpar.
Y luego les seguirían Clarín y los periodistas profesionales, los jueces y fiscales que no se le sometían, etc.
Segundo, los organismos de derechos humanos no sólo avalaron y festejaron ese uso, sino que le sumaron su propia batería antipluralista y antiliberal: la bandera de los derechos humanos no sería ya de todos los argentinos, sino sólo de los que a esos organismos les simpatizaran, empezando por los Kirchner, "nuestros hijos", como los definieron Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto.
Estos dos fenómenos no dejarían de profundizarse, ni siquiera cuando el kirchnerismo dejó el poder. Y la última celebración así lo demostró.
En ella no sólo Bonafini definió a las Madres de Plaza de Mayo como una facción de esa fuerza política, sino que Carlotto y las demás organizaciones, aunque se declararon a sí mismas democráticas y no partidistas, lanzaron un sablazo aún más artero contra estos principios al identificarse no como facción, sino como "expresión de todo un pueblo" (con lo cual quienes no nos sentimos representados por su acto ¿qué vendríamos a ser?), y "recordar" a las organizaciones guerrilleras de los setenta y sus supuestos denodados esfuerzos por construir una "patria justa, libre y solidaria".
Abandonaron así una ambigüedad arrastrada por años, cada vez más a disgusto, con la cual solían recordar elogiosamente la "militancia" y el "compromiso de lucha" de las víctimas de la represión, sin hacer mención de la lucha armada ni de organizaciones específicas.
Ahora, envalentonados igual que Bonafini frente al enemigo macrista, corporización de la dictadura, esa ambigüedad ya no se justificaría.
La lucha de la que hablaban era, desde un principio, ésta, la revolución por todas las vías posibles, incluida la violencia extrema.
Y llegó la hora de ponerlo sobre la mesa. Porque una vez más se espera que de su mano las masas se rebelen y acaben con sus enemigos.
Por supuesto que de todo esto puede resultar todavía algo bueno. Un discurso de los derechos más democrático y pluralista tiene hoy más chance de prender en la sociedad.
En la infinidad de actores de todos los signos políticos que no piensan acompañar a los "organismos" en su aventura.
E incluso ayudar a disipar la confusión en muchos de quienes se han seguido movilizando los 24 de marzo para recordar el pasado más oscuro, no para repetirlo.
Se despejará en ese caso otra confusión que nos viene torturando desde la transición democrática entre quienes abrazaron la causa de los derechos humanos y la democracia por su condición circunstancialmente minoritaria y por las obvias ventajas que ofrece ser "víctima de", y los que en serio aprendieron de nuestros trágicos años 70 y tomaron distancia del unanimismo, de la intolerancia y de la violencia.
La manifestación del 1° de abril, que vista bajo su mejor luz cabe considerar justamente una respuesta inesperadamente masiva al último y más virulento 24 de marzo, nos reclama que terminemos con toda esta confusión y manipulación, y con la tóxica extorsión que se escuda tras ella.
Para que la democracia argentina vuelva a tener como sustento común una ética de los derechos y no siga por años pidiendo perdón por lo que no hizo a quienes no son leales con sus principios ni cumplen las obligaciones que ella nos impone.
No se trata, por eso, de profundizar grieta alguna ni de descalificar el dolor y la memoria de nadie en particular, sino de simple y elemental cuidado de lo que nos une a los argentinos.
Sociólogo, doctor en Filosofía