El 26 de abril presenté en Chiclayo el libro "El falso sheriff", del director del diario "La Verdad", Carlos Cabrejos. Es una crítica severa a la gestión de Juan Carrasco cuando fue fiscal de crimen organizado en esa ciudad, antes de convertirse en ministro del Interior de Pedro Castillo. Acepté cuando Cabrejos aún lo escribía, por aprecio profesional y porque, de cuando en cuando, en mis viajes a Chiclayo, era testigo de su implacable búsqueda de lo que verdaderamente ocurrió en numerosos asesinatos por encargo cometidos en la región.
Digo verdaderamente porque el apodado 'Sheriff', Juan Carrasco, ofrecía versiones de lo ocurrido con base en testimonios premiados de delincuentes-delatores, de los que el periodista empezó a desconfiar. Al comienzo avalaba las investigaciones. Como muchos, pensaba que Carrasco era un paladín de la lucha contra el crimen al que había que apoyar resueltamente. En el 2016, cuando conocí a Cabrejos, fue a instancias del fiscal. Al cabo de una conversación con Carrasco le pregunté quién, a su juicio, era el periodista que mejor informaba sobre los asuntos del crimen en Chiclayo.
−Carlos Cabrejos− dijo, sin vacilar. Y me dio su número telefónico.
Cabrejos cambió su perspectiva y empezó a escribir informes críticos. No mucho tiempo después terminó involucrado en una investigación como presunto miembro de una organización criminal. Carrasco negó estar detrás de la decisión, aunque lo había imputado una de las fiscalías a su cargo, que luego abandonó su propósito. El periodista ya reunía material para su libro. Fue desarrollado en un clima de venalidad por parte de autoridades municipales y de violencia a cargo de delincuentes comunes y pseudosindicalistas lumpenizados. Mientras tanto, el Poder Judicial de Lambayeque padecía de incapacidad moral.
Un dato revelador del comportamiento de la justicia local es que desde hace nueve años nombra sucesivamente administraciones corruptas en Tumán. La empresa facturaba S/150′000.000 al año y daba empleo a más de 2.000 personas en 7.000 hectáreas de caña. Ahora, con la fábrica saqueada, los campos sin cultivar e invadidos por hordas de desconocidos, no factura nada. Hay culpables directos de la situación, pero ellos han sido nombrados por jueces que se desentendieron de su responsabilidad de elegir a funcionarios idóneos y de supervisarlos. La situación ha permitido enormes negociados que permanecen en la oscuridad.
Otro dato es que la Corte Suprema desestimó a la magistratura de Chiclayo para hacerse cargo de uno de los juzgamientos más importantes. Corresponde al caso denominado Los Wachiturros de Tumán, en el que se procesa por supuesto homicidio a Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y gestor de la Agroindustrial Pomalca. Los tribunales de Lambayeque, concluyeron los jueces supremos en una resolución, no garantizaban imparcialidad. El juicio se desarrolla actualmente en una sala superior de La Libertad.
En un contexto así, una cobertura periodística judicial puede presentar retos complejos. Esta función comienza en las fiscalías, en las que es posible tener acceso a las declaraciones y, eventualmente, a las delaciones premiadas. Todo lo que el periodista acopia garantizando la reserva porque un magistrado está impedido de revelar esos pormenores. La tensión aparece cuando el periodista empieza a frecuentar a los imputados y transmite sus descargos. En ocasiones puede llegar a esbozar una teoría del caso distinta. Esto, que pudiera darle mayor equilibrio al contenido, no suele agradar a los fiscales. Es lógico. Entonces, probablemente el periodista perderá la fuente del Ministerio Público, lo que le ocurrió a Cabrejos. Es un problema delicado, pero al fin y al cabo uno de los gajes del oficio.
Más grave es que la fiscalía pase a considerar al periodista parte de una organización criminal. Lo que también sucedió con Cabrejos, aunque no fue allanado ni se le levantó el secreto de las comunicaciones como ocurrió con el director de Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, el martes pasado. Lo peor en el caso de Tafur, crítico de la fiscal Marita Barreto, es que un juez permitió el atropello sin exigir justificación para violar la garantía del secreto de las fuentes de un periodista (que es lo que implica la incautación de sus equipos de comunicación).
De igual forma, en noviembre del 2023, un tribunal asumió que la información brindada por un imputado a la prensa puede ser considerada obstrucción a la justicia. Ese es un pésimo precedente. Atemoriza a los investigados y condena a un medio a alimentarse únicamente de la fuente del Ministerio Público. Precisamente lo que no hace un periodista como Cabrejos, cuya búsqueda transita en el campo de los buenos y de los malos, con resultados sorprendentes.
El libro relata episodios de supuesto manejo irregular de colaboraciones eficaces a cargo del exfiscal Juan Carrasco, en un período que va del 2012 al 2020. Por las páginas desfilan casos que tuvieron alta repercusión, referidos a autoridades como Los Limpios de la Corrupción, y a bandas sanguinarias como La Gran Familia. En las historias, los imputados, muchos de ellos delincuentes comunes, son las fuentes principales, y eventualmente la tesis fiscal resulta contradicha. Cuando el periodista fue implicado en una red criminal, recurrió a las autoridades del Ministerio Público para hacer varias acusaciones contra Carrasco, adjuntando documentos y testimonios. Todas fueron archivadas. De modo que el exfiscal puede decir, con este fundamento, que los señalamientos del periodista no tienen base. Pero el libro levanta otra vez las objeciones. Es posible que las dudas permanezcan así, para siempre, pero hay dos situaciones pendientes de esclarecimiento, porque pertenecen a causas abiertas.
Una de ellos corresponde al caso conocido como Escuadrón de la Muerte, un grupo policial liderado por el comandante retirado Raúl Prado Ravines que liquidaba a delincuentes en falsos escenarios de enfrentamientos. Previamente, las víctimas eran inducidas a robar en el territorio en el que morirían. Hubo unos 33 asesinatos, con sentencia algunos cometidos en Piura. Un episodio se produjo en el 2013, en Chiclayo, cuando seis hombres fueron asesinados por el equipo de Prado cuando iban, supuestamente, a secuestrar a un empresario. Cabrejos ha revelado que en la fiscalía que investiga el caso obra el testimonio del testigo con clave TR 36, que dijo que un delincuente apodado la 'Vieja' suministró información falsa a las víctimas para que procedieran al secuestro de forma exitosa. El periodista conocía a la 'Vieja', cuyo nombre era Saúl Gonzales Cóndor y nadie lo había buscado para corroborar la información. Gonzales accedió a contar con lujo de detalles lo ocurrido. Fue el periodista el que lo llevó a la fiscal Geraldy Peña, de Criminalidad Organizada. El 9 de marzo del 2022, dijo que el entonces fiscal Carrasco estuvo en una reunión, con Prado y otras dos personas, en la que se le pidió organizar el engaño. Carrasco, en calidad de testigo, negó esta versión en la carpeta fiscal.
El otro caso es el de Los Wachiturros de Tumán, en el que a Oviedo se le imputa la autoría mediata de dos asesinatos. La presunción fiscal es que las víctimas eran opositoras a la administración judicial de Tumán, entonces cercana a Oviedo. En su investigación, Cabrejos tiene una teoría distinta: que la acusación fue una confabulación de quienes querían controlar la empresa, a través de un cambio de administradores judiciales. Describe cómo tres jueces se negaron a aprobar una colaboración eficaz irregular hasta que el fiscal Carrasco logró que un cuarto magistrado aceptara. Expone incongruencias en la narración del Ministerio Público. Esto es lo que finalmente va a dilucidar un tribunal de La Libertad, en algún momento del año. En la sentencia podrá apreciarse hasta qué punto los métodos empleados por el temido 'Sheriff' fueron compatibles con la legalidad.