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La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) aprobó finalmente ayer sus cuentas con superávit, en el seno de la Asamblea General organizada en su sede. Se presentó el plan de actuaciones de la entidad para 2024, que elevará su presupuesto en un 26% con una ejecución prevista de 3,3 millones de euros, y se reafirmó el valor del asociacionismo como instrumento necesario para la defensa de la libre empresa y la unidad de mercado. Tal como destacó su presidente, Jorge Cebreiros, este ejercicio continuarán luchando por conseguir su objetivo fundamental, que no es otro que "la defensa de las empresas durante su actividad y conseguir el mayor desarrollo económico y social de Pontevedra". En este sentido, ensalzó el potencial de la provincia como tercer motor exportador en automoción de toda España, con un valor de más de 5.500 millones que representa el 40% de las exportaciones de la región.
El representante de los empresarios pontevedreses aplaudió el "trabajo serio" de la Xunta a la hora de apoyar a las compañías de la provincia en la consecución de sus objetivos, pero criticó duramente al Gobierno central por hacer sentir "olvidados y despreciados" a los empresarios. Denunció una "auténtica persecución" a las empresas por parte del Ejecutivo central, con "descalificaciones" y medidas que "amenazan la paz social", haciendo referencia al encarecimiento del despido, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o el incremento de la presión fiscal.
Estas palabras fueron reafirmadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al intervenir en la clausura del acto; su primero en la ciudad olívica tras ser investido y después de formar un Gobierno gallego que no cuenta con representantes de Vigo o su área. El mandatario, que resaltó la puesta en marcha de una Oficina de Coordinación Económica para evaluar los grandes proyectos y gestionar los fondos europeos, hizo hincapié en que "no permitirá" que Galicia "pierda oportunidades". A este respecto destacó también la apuesta del Ejecutivo autonómico por desburocratizar la Administración al concentrar todos los permisos sectoriales en una sola Consellería para evitar "peregrinajes administrativos".
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