TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción ha dictado detención judicial para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, así como para los exfuncionarios de la misma institución, Douglas Javier Murillo, Karen Yadira Martínez y Santiago Antonio Reyes.
La noticia fue comunicada por el Poder Judicial a través de su cuenta de X, antes Twitter. Se les atribuye el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Administración Pública.
La audiencia inicial está programada para el día jueves -4 de abril- a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público ha informado que los exmagistrados Juan José Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, junto con Douglas Javier Murillo Barahona, Karen Yadira Martínez Villatoro y Santiago Antonio Reyes Paz, habrían incurrido en delitos de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de los funcionarios.
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada en el Ministerio Público por empleados del Tribunal Superior de Cuentas, específicamente de la unidad de Auditorías Especiales de Municipalidades.
Según la Fiscalía, empleados de la unidad de auditorías, bajo órdenes superiores, estaban llevando a cabo actos irregulares, incluyendo la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, señaló que se están evaluando posibles requerimientos fiscales contra alcaldes a medida que avanza la investigación.
Además, no se descarta la posibilidad de ampliar los cargos a otras personas o delitos conforme se descubra más información sobre las municipalidades involucradas.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2023 tras una denuncia anónima que expuso la destrucción y ocultamiento de documentos por parte de empleados del departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, por órdenes superiores.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llevó a cabo acciones como la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, así como la revisión de videos de las cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testificales de los empleados.
Según el Ministerio Público, las investigaciones han revelado la existencia de redes de empleados dentro del TSC que influyen en otros subalternos para emitir resoluciones contrarias a la ley en beneficio de terceros.