"¿De qué se trata esto?". La pregunta fue formulada por Mauricio Macri a Ricardo Lorenzetti el mismo día (miércoles 3) que la Corte Suprema, en fallo dividido, dispuso el beneficio del dos por uno para el ex represor Luis Muiña.
El dictamen hizo estallar una tormenta política súbita pero breve en la Argentina. La duda del Presidente, según confesó el senador Federico Pinedo, fue también la del PRO.
Quizás no tanto para otros integrantes de Cambiemos, la coalición oficialista. Aquella sorpresa resultó corroborada por otro dato: Germán Garavano, el ministro de Justicia, fue informado un día antes que el veredicto se hizo público.
Desde entonces, amén de haber sido el primero en criticar la decisión, se dedicó a revisar cuántos ex represores podían acogerse a la medida. La tarea le insumió casi una semana.
Ese cuadro echaría por tierra la construcción conspirativa de la oposición acerca de una trama secreta entre el Presidente y la Corte para favorecer al universo de los viejos militares.
Tampoco el desguarnecimiento del poder debiera haber sorprendido si se hubiera reparado en antecedentes importantes.
El Gobierno también trastabilló en 2016 cuando otro fallo del mismo Tribunal desairó su estrategia para la primera aplicación del ajuste en las tarifas de los servicios públicos.
Macri debió retroceder y pagó un costo en ese terreno que no habría terminado de saldar.
Pasada aquella tormenta por la corrección interpretativa que el Congreso realizó a la aplicación del dos por uno, quedaron en la escena una confirmación y un interrogante.
El Gobierno sigue teniendo un vínculo incierto con la Corte, más allá de la química que existe entre Macri y Lorenzetti.
¿Qué razón fuerte pudo haber inducido a los miembros del máximo Tribunal a emitir un dictamen controvertido y disruptivo para la sociedad?.
El enigma se circunscribe antes a la determinación política que a la sustancia del fallo. Los cinco jueces, aún desde visiones de jurisprudencia bien distintas, fallaron bajo la sombrilla del derecho.
El propio Congreso lo convalidó cuando consideró imprescindible reglamentar el dos por uno en los casos de delitos de lesa humanidad.
Existía un vacío, según proclamó Elisa Carrió. El interrogante que permanece es si la enmienda no derivará en nuevas controversias judiciales.
La Corte dispone de por lo menos 25 causas anexas a la del caso Muiña para considerar en el futuro. Varias de ellas más urgentes que la que provocó el escándalo.
Por un detalle: el ex represor que tomó notoriedad gozaba de libertad. Otros continúan encarcelados y algunos en delicado estado de salud.
La reconstrucción de la historia reconoce dos estaciones. En la Corte fue Carlos Rosenkrantz, uno de los nuevos miembros, quien dio impulso a la cuestión.
Carrió venía prestando mucha atención a la misión sigilosa de la Conferencia Episcopal para el llamado a una reconciliación nacional amplia que, saltó a la vista, requiere aún para cristalizarse un tiempo largo de maduración.
La diputada mantiene un vínculo excelente con Fabián Rodríguez Simón, legislador del Parlasur. Considerado en el oficialismo como el cerebro jurídico de Macri.
Aunque a veces atorado: fue quien en el arranque del mandato lo indujo a ensayar por decreto las designaciones en la Corte de Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Una audacia que derivó en un incordio y recule del Gobierno. Rodríguez Simón hace tándem en el Parlasur con Mariana Zuvic, discípula de la líder de la Coalición.
Rodríguez Simón es un frecuente interlocutor de Rosenkrantz. A Carrió siempre le atrajo la compostura de Rosatti. En especial, su modo de haber abandonado al kirchnerismo. Resistiendo presuntos actos de corrupción.
Las señales de ambos, tal vez sobrevaluadas por los jueces, habrían amalgamado el fallo al cual se sumó Elena Highton. Los tres presentaron a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda el hecho consumado.
No estaba en juego sólo la resolución de un hecho jurídico: aquella asociación alteró también la lógica de las mayorías que el titular de la Corte venía desde hace mucho administrando con éxito.
Rosatti no pareció, al comienzo, del todo convencido con el contenido del fallo.
En marzo había votado junto a Maqueda, en otra sentencia dividida, por la imprescriptibilidad de las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad.
En esa oportunidad (causa Amelia Villamil) la mayoría fue compuesta por Lorenzetti, Rosenkrantz y Highton. La jueza, en cambio, estuvo firme desde el primer momento.
"No me vas a convencer", le replicó a un colega que le acercó un memorándum con consideraciones desfavorables sobre el dos por uno.
La tormenta política súbita también tomó desprevenida a la Corte. Ninguno de los cinco jueces imaginó semejante oleada de críticas, reacciones públicas y protestas callejeras.
Algo falló en el Tribunal al margen de la interpretación del derecho.
Esa revulsión terminó produciendo tensiones entre los magistrados que impusieron su postura. Se escucharon discusiones ásperas entre Highton y Rosatti. Rosenkrantz se habría mantenido imperturbable.
Pinedo sostuvo que la Corte podría haber sufrido un daño político. Probablemente sea así.
Pero observando su corto recorrido –incluso con el fallo de la discordia— cabrían detectarse destellos de autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
También sería prudente convenir que el Poder Legislativo terminó tendiéndole una soga para sacarla del pantano político.
A ese pantano la habían empujado las durísimas criticas de la oposición y de las organizaciones de Derechos Humanos. También un perezoso reacomodamiento de Cambiemos.
Su tibieza inicial empezó a virar cuando irrumpieron Marcos Peña, el jefe de Gabinete, María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti. Macri le colocó el moño después de la enmienda que consagró el Congreso.
Pero Carrió supo cargar con la mejor estrategia discursiva que justificó el voto –salvo Lorenzetti-- de todos los jueces, aún desde veredas opuestas.
Tan audaz resultó la diputada que se animó a subrayar en una hipótesis que su voto hubiera sido parecido al de Maqueda. Rosatti habría sufrido un repentino escozor.
Aquel viraje de Cambiemos tuvo otros acicates atendibles.
Un sondeo realizado a partir del viernes de la semana anterior demostró que 8 de cada 10 personas del ámbito metropolitano (Ciudad más conurbano) estaban muy informadas sobre el pleito detonado por la Corte.
Desbordaba claramente el interés que pudo haberse circunscripto a la oposición y las organizaciones de DD.HH.
Aquellas geografías pueden ser determinantes para el Gobierno en la contienda electoral de octubre.
Esa realidad sirvió para que un macrista avezado hiciera un balance político zumbón de Cambiemos : "Durán Barba le terminó ganando a Pepín". Así se apoda a Rodríguez Simón, uno de los brazos de Macri en la Justicia.
El episodio de la Corte sirvió además para reponer muestras de la realidad nunca superadas. El kirchnerismo, sobre todo, y también la izquierda siguen poseyendo el patrimonio discursivo y político de los derechos humanos.
El radicalismo asoma rezagado pese a que la historia verifica que Raúl Alfonsín fue pionero. Se atrevió a juzgar a las Juntas Militares cuando las Fuerzas Armadas representaban aún un poder político interno.
No fue lo mismo descolgar un cuadro de Jorge Videla en la sede del Ejército en el 2004, como lo hizo Néstor Kirchner. El macrismo suele asistir más como espectador que protagonista de esos acontecimientos.
Aquella apropiación K sería la que impide encontrar una síntesis colectiva sobre la tragedia. Su afán de fragmentación llegó a un punto tal que terminó dividiendo aguas entre las propias Madres de Plaza de Mayo.
La intolerancia de Hebe de Bonafini se estrelló esta semana contra la cordura de Nora Cortiñas.
El país, en estos días agitados, quedó reflejado en dos fotografías antagónicas.
La rapidez y unanimidad del Congreso para cruzar el fallo del dos por uno insinuaría el consenso sobre un asunto crucial. Pero el teatro público, demasiadas veces, indica otra cosa.
Una descripción aproximada del desencuentro fue realizada por Jaime Malamud Goti.
El prestigioso jurista, que participó en nuestro país y el exterior en transiciones de dictaduras a democracias, sostuvo que aquí falta todavía el norte principal.
"Se ha sufrido en la Argentina. Pero no se está mirando a futuro. No veo un movimiento colectivo hacia la construcción de una comunidad", diagnosticó. "Predomina siempre un panorama de blanco contra negro", cerró.
Cristina Fernández en el extranjero le sigue dando la razón. Dijo que los torturadores vuelven a caminar en la Argentina por las calles. Falso.
Agregó que Macri constituye la "estafa electoral más formidable de que se tenga memoria". También etiquetó de "ilegítimo" a su gobierno.
Macri, al compartir un foro con ex presidentes, comparó la crisis en Santa Cruz con lo que sucede en Venezuela. Es innegable que en la provincia de los Kirchner el modelo de dos décadas acaba de implosionar.
Hay carencias y privaciones. Y hasta flashes de violencia. Pero en Caracas existen decenas de muertos y corren ríos de sangre.
La política y la campaña no deberían hacer perder las proporciones y justificarlo todo. Menos en una nación que temblequea como la Argentina,