Cuestiona un artículo de la Ley de Presupuestos Generales de Baleares para 2024 en relación a una deducción en el IRPF para fomentar alquileres a largo plazo, por considerar que la comunidad se ha extralimitado en sus competencias.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres y el Govern, ya ha iniciado negociaciones para resolver esta discrepancia, según el acuerdo que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y evitar así que se eleve un recurso al Tribunal Constitucional.
De hecho, ya se ha designado un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda y se ha comunicado este acuerdo al Constitucional.
En concreto, el artículo afectado se encuentra dentro de una de las disposiciones finales del texto de la ley presupuestaria y establece que los propietarios que pongan viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, tendrán una deducción del 30% de los importes obtenidos por este rendimiento en el período impositivo, con un máximo de 3.600 euros anuales, cumpliendo una serie de requisitos, incluido el que el contrato sea de al menos cinco años.
Tienen que ser, además, propietarios que no sean grandes tenedores y que pongan viviendas vacías en el mercado de alquiler a un precio igual o inferior a las de protección oficial.
El artículo también recogía una deducción del 75 por ciento de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio, en concepto de primas de seguros que cubran total o parcialmente el impago de las rentas, en contratos de al menos un año.
La intención del Ejecutivo era sacar al mercado miles de viviendas vacías que hay en Baleares, porque sus propietarios no se atreven a alquilarlas por miedo a impagos y a la inquiokupación.
Esta nueva deducción en el IRPF está contemplada en el punto 93 del acuerdo programático firmado por PP y Vox que posibilitó el Govern en solitario de Marga Prohens en Baleares. El mismo contempla el acuerdo de aprobar una reducción en el IRPF para los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, ampliando los límites y los beneficiarios de la deducción por arrendamiento de vivienda.
De hecho, es la única medida de rebaja fiscal en materia de vivienda que recoge ese pacto entra ambas formaciones cuya legalidad ahora cuestiona el Gobierno de Sánchez.
El Govern intentará «salvar» esta deducción
Fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación han apuntado que trabajarán en intentar «salvar» esta deducción, que consideran de calado al afectar a un tema tan sensible en Baleares como es el acceso a la vivienda.
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, ha recordado que el objetivo de la deducción es incentivar a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado y así atajar el problema «gravísimo» de oferta en Baleares.
La comunidad entiende que la regulación del impuesto sobre la renta le da suficiente capacidad normativa para aplicar, dentro de sus competencias, esta deducción tal y como quedó redactada en los presupuestos.
En cualquier caso, el Govern se reunirá con el Estado para tratar de llegar a un acuerdo y está abierto a realizar las modificaciones necesarias para mantener la deducción.
La necesidad de incrementar el parque de viviendas en el mercado en Baleares es vital en una comunidad que cerró 2023 como la segunda autonomía de España con el alquiler más caro con una subida del 18,3% sobre los precios del año anterior.