El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a 20 años de cárcel a un sujeto de iniciales C.E.C.R., tras declararlo culpable del secuestro y homicidio del joven pescador Gabriel Lorenzo Ignacio Cerda Ahumada, de 22 años.
En el juicio se acreditó que, entre las 22:00 horas del día 17 y la 01:00 de la madrugada del 18 de mayo de 2022, el ahora condenado C.E.C.R.; otro sujeto que murió baleado el año pasado y un adolescente de 15 años e iniciales J.M.E.V. -miembros los tres de una agrupación delictual- retuvieron, mantuvieron encerrado contra su voluntad y golpearon a Cerda en un departamento ubicado en la Avenida Ramón Pérez Opazo de la comuna de Alto Hospicio.
Más tarde, con la intención de darle muerte, lo trasladaron hasta un sitio despoblado, donde C.E.C.R., en presencia de los otros criminales, le disparó con un arma de fuego a la altura de la cabeza.
La ejecución fue grabada en video y luego enviada a familiares de la víctima.
"NUNCA QUISIERON REVELAR DÓNDE SE ENCONTRABA EL CUERPO"
La banda ocultó luego el cadáver en un lugar hasta ahora desconocido, pese a las diligencias de búsqueda realizadas.
En el juicio fueron claves los testimonios presentados por la Fiscalía de testigos que tomaron conocimiento -por intermedio de los mismos acusados- del mencionado video.
También declararon los funcionarios del Grupo Especial que conformó la Policía de Investigaciones a comienzos del año pasado para esclarecer éste y otros homicidios que estaban sin resolver en la zona, quienes detallaron las distintas diligencias realizadas, en especial los análisis de georreferenciación de la ubicación del teléfono celular de la víctima, de cámaras de vigilancia y testimonios sobre hechos anteriores y posteriores a la desaparición de la víctima.
La fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, quien estuvo a cargo de liderar el proceso, valoró que "al adolescente se le dio la pena máxima, atendido su rango etario: esto es, cinco años de régimen cerrado con programa de reinserción social".
"Respecto del adulto se dio una sanción de 20 años de presidio, en atención al mal causado y, principalmente, porque nunca quisieron indicar dónde se encontraba el cuerpo de la persona fallecida", explicó la persecutora.
El tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del sentenciado adulto para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.