La semana pasada, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA), realizado en Comodoro Rivadavia, donde adelantó que el Municipio iba a realizar una serie de acciones en contra de los aumentos en las tarifas de gas, impulsados por el gobierno nacional.
La administración de Javier Milei decidió conceder el pedido de las empresas energéticas para actualizar mensualmente su nivel de facturación y así "evitar atrasos" en un contexto de alta inflación. Esos montos se aplicarán por encima del 700% de aumento que ya se otorgó.
Este lunes, el jefe comunal estuvo presente en la presentación de dos nuevos camiones recolectores que se sumarán a la flota municipal y ahondó sobre las medidas que tomarán sobre la cuestión gasífera.
"Estamos presentando un recurso de amparo por el tarifazo de gas. Yo los voy a defender a los vecinos. No podemos esperar a que se naturalice esto", sostuvo el intendente y señaló que "Santa Cruz y Chubut somos los que generamos mayor cantidad de gas del país y somos los que más caro la vamos a pagar".
Contó, además, que "Estamos juntando firmas en todo el territorio de la provincia" y dijo que "tenemos que discutir las políticas sociales porque tenemos un gobierno nacional que las está acribillando".
En tal sentido, definió: "tenemos dos caminos: el judicial por intermedio del recurso de amparo y el político para declarar la emergencia gasífera".
Consideró que el amparo y la emergencia gasífera deben ser medidas "que tienen que ser acompañadas por todo el arco político. El medidor de gas les llega a los de todos los partidos políticos. Hay cosas que tenemos que resolver y ojalá lo podamos hacer juntos. Hay que sentarse a debatir con el Gobernador, los legisladores por los intereses de la provincia", afirmó.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de la capital de Santa Cruz, Gonzalo Chute, brindó detalles técnicos a La Opinión Austral sobre el amparo judicial que se presentará en el Juzgado Federal de Río Gallegos para la suspensión del aumento de las tarifas de gas dispuesto por la resolución 122/24 del ENARGAS.
"Lo planteamos porque entendemos que este aumento que va del 360% al 1000%. De hecho el usuario promedio de Río Gallegos va a tener un aumento del 1000% a partir de mayo. Esto se opone al mandato constitucional de imponer tarifas justas y razonables. La corte suprema ya ha fallado en esto", aseguró.
Y agregó: "Cuando uno impone tarifas no solamente tiene que pensar en el bienestar económico de la empresa y el mantenimiento de la ecuación económico-financiera, sino que también tiene que tener en cuenta los niveles de ingresos y las necesidades del consumidor, las características geográficas particulares como las que tenemos acá, donde el gas necesario todo el año. Son cuestiones que el ente no ha hecho".
En ese tenor, el letrado indicó que el artículo 2 de la resolución de ENARGAS estableció un mecanismo automático de actualización tarifaria, mientras dure esta "tarifa de transición". Este mecanismo se podría actualizar a través de diferentes variables como el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
"No puede establecerse una actualización automática de este tipo sobre factores que no sabemos cómo van a incidir dentro de cuatro meses, porque nadie tiene la bola de cristal. Son todas estimaciones", dijo Chute y señaló que esa decisión "vulnera la audiencia pública. La audiencia en este caso se cumplió, pero fue solo para llenar el expediente. Fue un paso burocrático formal que no buscó escuchar a los que participamos de las distintas audiencias".
"Al establecer un índice que no sabemos cómo va a modificarse a futuro -continuó-, sin dudas se genera un perjuicio porque los usuarios no pudimos hacer uso de nuestro derecho a defensa ni opinar sobre las tarifas, ni cómo van a impactar, no sabemos como van a impactar porque quedan sujetas a la evolución económica, y las variables no son buenas como todos sabemos, con la inflación, desempleo y salarios".
En ese contexto, detalló a La Opinión Austral que "la acción se basa en precedentes anteriores como el fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la razonabilidad de las tarifas y entendiendo que son un derecho humano". Ese emblemático fallo, en el que se suspendió el aumento de las tarifas de gas, fue una acción de amparo colectivo interpuesto por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) interpuso contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios.
Por eso, indicó que "tenemos precedentes a nivel nacional con respecto a la nulidad de los aumentos, la particularidad geográfica de Santa Cruz seguramente será planteado por la Procuración".
Finalmente, el secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos advirtió que "el gobierno nacional no entiende las tarifas como el acceso a un derecho, sino que parece creer que las tarifas son solo para beneficiar al concesionario. Si uno ve los derechos sociales más básicos como una relación meramente de mercado, sin dudas va a perjudicar a los usuarios. Eso es gravísimo y no lo vamos a permitir", enfatizó.
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