Justicia dilatoria dejaría impune crimen de Jairo Zapa en Córdoba
En menos de 15 días este caso podría quedar en la impunidad si no son resueltas las apelaciones a la sentencia en contra de Jesús Eugenio Henao y Zuan Naydu López, que fueron condenados a 42 y 40 años, respectivamente.
Tras 10 años de la desaparición y muerte del joven ingeniero civil Jairo Alberto Zapa Pérez, quien fuera el director de la Oficina de Regalías del departamento de Córdoba, su familia sigue en duelo, como el primer día, a raíz de que no ha habido justicia.
Más de 3.650 días con sus noches han transcurrido desde el 27 de marzo del 2014 cuando Zapa Pérez salió para una reunión en Montería, y desde entonces no ha habido pronta y justa justicia, dice su padre Fausto Alberto Zapa Velásquez, que no declina en su objetivo de que los responsables de tan atroz hecho paguen por ello.
Y es que con Zapa Pérez se configuraron dos delitos: la desaparición forzada y el homicidio, pues su cadáver fue encontrado el 4 de agosto de ese mismo año en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en un lugar cercano a una finca que para ese entonces era de propiedad del padre del gobernador de turno, Alejandro Lyons.
Desde la desaparición de Jairo Zapa, entonces padre de cuatro menores de edad, entre ellas unas gemelas, hubo manifestaciones ciudadanas exigiendo su liberación, pero casi 5 meses después hallaron su cadáver y desde entonces su familia ha clamado justicia.
Año tras año, no solo con la intención de lograr justicia sino también construir memoria histórica, Fausto, el padre de Jairo Alberto, ha sacado fuerzas de donde no las ha tenido para dar a conocer, más que los avances, las trabas que ha tenido este proceso penal que los llevó a ellos, además, a desintegrarse con sus familiares para poner a salvo sus vidas. Tanto los padres de Jairo como su esposa, María Isabel Valencia, fueron amenazados, perseguidos y hasta intimidados y amordazados en sus casas y en razón a ello estas familias abandonaron las poblaciones de Cereté y Montería. Sus padres se fueron para el interior de Colombia y la viuda y sus hijos para el exterior.
Al cumplirse los 10 años de la desaparición y muerte de Jairo Alberto, que coinciden con el vencimiento de los términos de la prescripción de la acción penal, su padre, Fausto, ha alzado una vez más su voz de rechazo por la dejadez de la justicia en el departamento de Córdoba, y a su vez implora que no dejen que el caso de su hijo quede en la impunidad.
Desde el año 2015 hasta la presente, Fausto Zapa ha relatado los ires y venires sin Jairo y sin justicia por su crimen. En un primer escrito hizo alusión a que las balas asesinas no lo dejaron cumplir sus 38 años de vida, mientras que en el 2019 narró la cronología del crimen. En el 2021 habló del "desastre de la justicia", en enero de 2022 se refirió al estancamiento del proceso y en este 2024 lanza una voz desesperada y de auxilio para que antes del lunes 29 de abril de este año el conjuez Rafael Calixto Mendivil se pronuncie sobre las dos apelaciones en las que lleva 5 meses sin decir nada.
"Señor conjuez, haga el trabajo que le corresponde, cumpla con su deber y no permita que el 29 de este mes prescriba el caso de la muerte de mi hijo. Desde hace 5 meses el abogado del asesino de mi hijo presentó una apelación y no la han resuelto. Están mamando gallo y no resuelven el caso en ese tribunal que se ha caracterizado por sus demoras hasta por más de un año, por dilatar las cosas. Estamos preocupados y les pido celeridad", dijo Fausto en entrevista con EL HERALDO.
Agregó a través de un escrito que siente tristeza e impotencia "al ver que no se ha administrado justicia con la prontitud necesaria o requerida. No han atendido las peticiones de celeridad del comité de los derechos humanos de la ONU dirigidas al Estado colombiano, pero tampoco han surtido efectos positivos las gestiones jurídicas de nuestros abogados, ni toda la difusión que se ha dado por la prensa nacional, regional y local, también por las redes sociales, sobre este trágico caso; así como del posterior calvario y revictimización que viene sufriendo nuestra familia".
El abogado Juan Felipe Amaya Mejía, representante de la familia Zapa en este caso, le ratificó a este medio que lo que ahora ocurre no es nuevo para ellos porque ha habido una constante dilación, en especial cuando se presentaban recursos de ley que debían ser resueltos en el Tribunal Superior de Montería, donde se tomaban varios meses en responder.
"Esto ha ido acumulando una dilación grande dentro del proceso, y sobre esto último (prescripción de la acción penal por cumplir 10 años la formulación de imputación) se lo hicimos saber al Tribunal de manera respetuosa en un escrito radicado en el mes de febrero. Estamos en una situación de alto riesgo y entonces la condena proferida en primera instancia no podrá ser confirmada y la desaparición forzada de Jairo Zapa no podrá ser sancionada por el Estado colombiano", advirtió el abogado.
Ante ese escrito del mes de febrero, el conjuez les dijo que el caso estaba priorizado y que eran dos los recursos de apelación pendientes por resolver. Uno es de uno de los condenados, el contratista Jesús Henao, y el otro de la Fiscalía que se muestra en desacuerdo porque fue absuelto un ciudadano que consideran también responsable del crimen.
El abogado Amaya no se explica por qué un caso de tan gran magnitud y por un delito grave como la desaparición forzada no ha sido resuelto con la prontitud que merece, máxime cuando la ley colombiana establece unos términos amplios de prescripción.
"Lo que esperamos, más que una comunicación como la que ya obtuvimos, es que próximamente nos fijen la fecha para conocer la sentencia de segunda instancia antes de que se dé un fenómeno como la prescripción. Han pasado 10 años y el proceso no ha terminado. Ese no es un tiempo razonable para que un proceso penal no concluya. Aquí ha habido una mora por parte de la administración de justicia con un gravísimo riesgo de que esto termine en una prescripción".
Más allá de la prescripción de la acción penal que se pueda dar y que sería una "bofetada para las víctimas", el Estado colombiano podría ser sancionado al incumplir las obligaciones que tiene a nivel internacional al suscribir tratados donde asume compromisos para luchar contra la desaparición forzada.
"Aquí ya hay una sanción drástica por parte del Estado colombiano a través de la sentencia que se dictó en noviembre de 2023, pero si no se resuelven prontamente las apelaciones el Estado va a incumplir con esas obligaciones internacionales y eso va a acarrear responsabilidades, lo pueden demandar por esa mora e incumplimiento de sus deberes. Se le estarían violando los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", dijo el representante de los Zapa.
Este connotado caso judicial ha sido seguido también por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que en múltiples ocasiones hizo llamados por las dilaciones en el proceso que ahora está ad portas de una prescripción de la acción penal.
El caso de Jairo Zapa está en manos de un conjuez, porque cuando el proceso subió por primera vez al Tribunal Superior de Justicia de Montería por una apelación que presentaron ya uno de los defensores de uno de los acusados había presentado una tutela, y como los magistrados se habían referido ya a un mismo tema en la tutela entonces se declararon impedidos y pasó a una sala de conjueces que tiene las mismas responsabilidades a la hora de administrar justicia porque representan al Tribunal.
Tras el hallazgo del cadáver de JaIro Zapa Pérez, que fue posible gracias a las revelaciones que hiciera un exintegrante de las AUC, la viuda María Isabel Valencia Cárdenas dijo públicamente que el crimen de su esposo había sido planeado por políticos y que además ella tenía asegurados unos archivos digitales de él.
Estas situaciones incomodaron a quienes posteriormente saldrían implicados en este sonado caso, entre ellos al contratista Jesús Henao, quien le ofreció a la mujer –antes de ser capturado– una millonaria suma de dinero para que callara sobre este particular, por lo que ella, presa del miedo, decide irse de Montería y luego de Colombia. Hoy está en el exilio.
Mientras que Henao es uno de los dos condenados desde noviembre de 2023 a la pena de 42 años de prisión por un juzgado especializado de Montería, fallo que fue apelado por la defensa de este y que debe ser resuelto, al igual que el que instauró la Fiscalía General de la Nación, hasta el 29 de abril de este 2024, so pena de que la acción penal, como lo demanda la ley, prescriba, y con ello la desaparición de Zapa y su posterior crimen queden en la impunidad.
Es de anotar que el caso que debe ser resuelto por el Tribunal Superior de Montería está bajo la responsabilidad del conjuez Rafael Calixto Mendivil, a quien Fausto, el padre de la víctima, le pide que cumpla con el deber de impartir justicia.