Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de abril 2024, 14:33
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Vinculado al debate sobre la emergencia residencial, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también aprobó este viernes la suspensión de cuatro artículos del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias. En concreto se trata del 13, que admite el cambio de locales comerciales y oficinas a uso residencial en edificios de vivienda y suelo urbano; el 14, que permite el uso de edificios cerrados o desocupados por más de un año como viviendas; el 15; que da la posibilidad de aumentar la alturade los bloques de vivienda hasta el máximo de los edificios colindantes; y el 16, que autoriza la división de viviendas existentes en suelo urbano, tanto colectivas como unifamiliares.
El decreto canario de medidas urgentes en materia de vivienda reconoce que la realidad de las islas en esta materia es de «emergencia habitacional» por el hecho de que la demanda ha crecido mucho más que la oferta de casas, en especial de viviendas protegidas. Por eso propone incrementar la disponibilidad de suelo destinado a uso habitacional y facilitar la construcción de nuevos bloques.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entiende que la norma despoja al municipio de parte del control que tiene en materia de vivienda, a través de la planificación existente, y defiende que el planeamiento vigente ya contempla las reservas de suelo para fomentar la construcción de nuevos parques residenciales.
El Gobierno de Canarias ya ha señalado su intención de respetar la autonomía municipal –la posibilidad de suspender los cuatro artículos en cuestión está recogida en el propio decreto-, pero también ha aclarado que el decreto se debe ver como un complemento que ayuda a facilitar la incorporación de viviendas en un momento de «emergencia habitacional». En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, las listas de solicitantes de viviendas es de 3.500 personas.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha planteado como objetivo la construcción de un millar de casas de alquiler asequible en este mandato. Pero el informe realizado por los técnicos de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se basó el Pleno para decidir la no aplicación de los mencionados artículos también abre la puerta a convertir locales en viviendas en Fincas Unidas, Schamann (entre Pío Coronado, Pedro Infinito y Jacinta) y en dos zonas de La Isleta: por un lado, las calles Anzofé, Veneguera, Palmital y Prudencio Morales; y, por otra parte, entre Coronel Rocha y Don Quijote de La Mancha.
El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, aseguró que la congelación de los cuatro artículos autonómicos no es que no se apueste por la vivienda protegida, «sino todo lo contrario». Así defendió las posibilidades de construcción de pisos que ofrece el Plan General de Ordenación. «Desplazar nuestro planeamiento es derogarlo y eso, además, disminuye la oferta de comercio local, aumenta el precio de los locales y genera más molestias a los vecinos», argumentó el edil, quien recordó que en algunas zonas de la ciudad ya se permite la posibilidad de abrir viviendas en planta baja.
Roque recordó que se están poniendo en marcha 466 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, lo que demuestra que existe una colaboración institucional estrecha. Pero insistió en defender el planeamiento municipoal porque «contribuye a la salud, bienestar físico y social de las personas», además de ordenar mejor el mercado con criterios de sostenbilidad y convivencia.
«El decreto aumenta el número pero no lo hace de forma ordenada y eso genera problemas», añadió el responsable de Urbanismo, «el decreto ley se aprobó sin orden ni concierto, y sin consultar a los municipios».
Sin embargo, Gustavo Sánchez (PP) entiende que no aplicar estos artículos supone ir por la «vía lenta» a la hora de afrontar la emergencia habitacional. «Donde ustedes ven inconvenientes, nosotros vemos oportunidades», dijo el edil, «si están tramitando que en diversas zonas se pueda usar los bajos como viviendas, el artículo 13 nos permite hacerlo ya, con efecto inmediato».
Coalición Canaria no apoyó la iniciativa del gobierno local por entender que empobrece la posibilidad de acción de las instituciones. Para su portavoz, David Suárez, lo que late tras la decisión de suspensión de los cuatro artículos autonómicos es una posición partidista. «Si las medidas ya están previstas en el Plan General de Ordenación y el decreto tiene un alcance mayor (50% de superficies a viviendas protegidas), no tiene fundamento decir que los efectos distorsionadores solo aparecen con las medidas de la Comunidad Autónoma», expuso, «parece que están haciendo oposición al Gobierno de Canarias».
Careolina Darias también apuntó que el hecho de no contar con los muncipios no fue un buen inicio, como señaló también el Consejo Consultivo. «Podemos entender que la norma sea de utilidad para los munciios que no tengan un planeamiento aprobado», aclaró, «tenemos un plan adaptados a las máximas exigencias ambientales».
Y aclaró que lo que se trata es de reforzar las competencias legales, que se alteran con el decreto. «Lo que hacemos es ejercer nuestra autonomía local, llevar a cabo nuestro plan general y no lo que digan los promotores», insistió, «somos el primer municipio con diferencia en la promoción y construcción de vivienda pública».
La iniciativa salió adelante con los votos del pacto de gobierno y el rechazo de la oposición.
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