Economía > Vitivinicultura
Hay consenso en que se debe eliminar el acuerdo Mendoza - San Juan
POR REDACCIÓN
Afines de enero, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández deslizaron que, entre los diversos puntos de una agenda común en la que estaban trabajando, había una mirada compartida de que se deben ir eliminando las regulaciones por parte del Estado y permitir que el mercado sea el que se autorregule. Esto incluye el acuerdo de diversificación de la producción de uva.
En aquel momento, tan sobre la cosecha, se planteó que no se iba eliminar en 2024 y, de hecho, ambas provincias acordaron que se debía destinar un 17% a otros fines que no fueran la elaboración de vino. Sin embargo, las autoridades de ambas provincias volvieron a la semana pasada y se retomó la idea de derogar la ley interprovincial.
La pauta diversificadora, más conocida como el acuerdo Mendoza - San Juan, es una norma creada en 1994 con el objetivo de mantener equilibrados los stocks vínicos. Obliga a los industriales a destinar un porcentaje de su producción a otros productos vitivinícolas. En principio, solo se diversificaba con mosto, pero en 2018 se incluyeron otras opciones, como las exportaciones, la posibilidad de hacer destilados o inmovilizar vino de exportación a futuro. Cuando las provincias no se ponen de acuerdo, el tratado sostiene que debe diversificarse el 20% de la producción.
El viernes, durante la reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Vargas Arizu y Fernández, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se acordó avanzar en la desregulación de la industria. Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar y opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria.
Pero también se habló de eliminar el acuerdo Mendoza - San Juan. Fernández comentó a Los Andes que esta decisión ya cuenta con el apoyo del sector privado y sumó que, este año, se fijó un cupo del 17%, pero las condiciones del mercado llevaron a que el 24% de las uvas cosechadas en todo el país se utilizaran para elaborar mosto. Y ese porcentaje llegó al 48% en San Juan.
Esto reafirma la idea de las autoridades de ambas provincias de que no tiene sentido que los funcionarios fijen un porcentaje -que, además, suele demandar un buen tiempo de negociaciones-, cuando son las necesidades del sector las que van estableciendo los destinos en cada temporada.
Desde el Ministerio de Producción de la provincia se estimó la necesidad de crear un entorno de negocios en el que prevalezca "mayor responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado".
El organismo provincial sostuvo que en muchas ocasiones el exceso de regulaciones ha impedido que los productores se adapten a las demandas del mercado actual, provocando que sigan produciendo lo mismo que hace 30 años y transfiriendo estos costos a la administración pública.
Para ilustrar su postura, declararon: "¿En qué otra actividad, si una empresa quiebra, la deuda pasa al Estado o si el precio es bajo, el Estado sale a comprar? En ninguna".
Asimismo, agregaron que una vez derogada la ley, las mosteras deberán adquirir uva en el mercado, al igual que lo hacen las bodegas, ya que esta regulación beneficiaba a un reducido grupo de mosteras, alrededor de "5 o 6″, que gozaban de un mercado cautivo. "El empresario y el productor deberá asumir los riesgos en la próxima cosecha y decidir si producir vino o mosto, según su análisis de la situación. Este es un riesgo que no debería asumir el Estado", afirmaron.
Además del acuerdo entre Mendoza y San Juan, se busca derogar la Ley de Contratos que obliga a registrar los contratos entre los industriales y los productores.
Aunque parece que la decisión ya fue tomada, aún no se ha establecido una agenda de trabajo concreta. "No tenemos prisa en implementarla, ya que durante todo este año seguirá vigente". Desde el ministerio confirmaron que será el gobernador Alfredo Cornejo quien determine los tiempos para celebrar reuniones con los legisladores y enviar los cambios a la Legislatura.
Fuente: Diario Los Andes