Una vez que transcurra el fin de semana extralargo, el gobierno de Javier Milei prevé trasladar la motosierra al ámbito ferroviario para poner en marcha un programa de ajuste que tendrá cuatro medidas salientes: retiros voluntarios, recorte de contratados, renegociación de deudas con proveedores y levantamiento de la mayoría de los servicios regionales y de larga distancia.
A diferencia de los cambios abruptos que se vienen registrando en otros entes y organismos oficiales, el plan de reordenamiento operativo y racionalización de gastos del holding ferrocarrilero estatal se aplicaría de manera gradual y a lo largo de este año.
Diseñado en la Secretaría de Sociedades y Empresas del Estado a cargo de Mauricio González Botto, exejecutivo del Banco Itaú y actual mano derecha del jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ajuste comenzaría en la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), encargada de los trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de los servicios regionales y larga distancia.
Manejada por el massista Luis Adrián Luque, exconcejal renovador en San Miguel y exgerente de Asuntos Jurídicos de la empresa, SOFSE cuenta con una plantilla de 23.839 personas y arrastra un déficit operativo anual de $342.080 millones que se cubre con subsidios estatales.
El primer movimiento del ajuste ferroviario
A principios de marzo, Luque envió a todas las áreas gerenciales y técnicas una comunicación del directorio con los tres lineamientos centrales que tendrá su gestión: la no cobertura de cargos vacantes, el achicamiento de la estructura operativa y la implementación de un mecanismo de retiro voluntario. Con esa vía de desvinculación concertada y una serie de despidos justificados, la conducción de SOFSE buscaría desprenderse de unos 3.200 trabajadores en los próximos tres meses. A partir del segundo semestre, arrancaría una nueva etapa de ajuste para lograr otro recorte del 15% en la plantilla de personas empleadas.
Casi al mismo tiempo que en SOFSE, la motosierra libertaria también comenzaría a funcionar en la empresa Belgrano Cargas y Logística (BCyL), la operadora de trenes cargueros de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que tiene una plantilla de 4.631 personas y recibe una asistencia estatal anual de $35.852 millones; y en la Administración de Infraestructura Ferroviarias (ADIF), la encargada de mantener las vías y estaciones con 704 empleados y un presupuesto que en 2023 llegó a $16.384 millones.
Para estas dos empresas estatales, González Botto y su equipo tienen en carpeta esquemas de retiros voluntarios, anticipos de jubilaciones y un acortamiento extremo de las áreas gerenciales.
Tren de ajuste con varias paradas
El tren del ajuste también tiene paradas en Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (Decahf) y Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). La primera se dedica a la capacitación, custodia de documentación y pago de sueldos del Belgrano Cargas y del personal de trenes de larga distancia. Emplea a 1.098 personas y su último presupuesto anual fue de $18.877 millones. En tanto FASE, que tiene un plantel mínimo de 75 personas y un presupuesto anual de $979 millones, se ocupa de coordinar las políticas y los planes de inversiones de las restantes empresas del sector. En estos casos, el recorte recaerá básicamente en el personal contratado y en los servicios de asesoramiento y consultorías.
Más allá de las medidas para el recorte del personal y los conflictos que podrían plantearse por la reacción de los gremios afectados, fuentes de SOFSE dijeron a Letra P que la preocupación mayor es la degradación seria que registran los servicios de todas las líneas por la falta de pago a proveedores y la anulación de las compras de equipos y repuestos que se habían licitado en los últimos meses.
Las fuentes ferroviarias consultadas por este portal puntualizaron que la petrolera YPF podría interrumpir el suministro de combustible para los trenes diésel en cualquier momento, por "las facturas que están impagas desde fines de enero".
Diagramas operativos a la baja
En lo que respecta a los diagramas operativos, para la próxima semana está previsto el cierre generalizado de los servicios regionales que corren en las provincias de Salta, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y el interior bonaerense. En el caso de los trenes de larga distancia, sólo se mantendrían en las vías una mínima cantidad de servicios desde la Capital Federal a Mar del Plata y Tucumán.
En las líneas de pasajeros del AMBA, los equipos técnico-administrativos pusieron la mirada en el grado de "situación límite" en que se prestan la mayoría de los servicios. El Belgrano Sur se quedó sin piezas ni repuestos para sus coches motores chinos DMU, tras la decisión de dar por caída la licitación de compra que estaba pendiente de definición desde noviembre pasado. En la línea San Martín, las autoridades frenaron los pagos para el inicio de las reparaciones las 24 locomotoras chinas SDD7, de las cuales sólo están en funcionamiento la mitad.
A este cuadro de situación del sector, las autoridades agregan la paralización de las obras de mantenimiento de vías y arreglos de estaciones de los ramales eléctricos, cuyas formaciones también operan al límite y con reparaciones programadas que están pendientes desde hace varios meses y sin fecha cierta de concreción.