La Comisión Europea ha lanzado un nuevo aviso sobre la ley de amnistía: una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dejaría la norma en suspenso porque la legislación nacional no se puede aplicar por encima de la europea, por lo que habría que esperar al pronunciamiento que se haga desde Luxemburgo. Así se desprende de una respuesta del comisario de Justicia, Didier Reynders, a una pregunta formulada por el eurodiputado Adrián Vázquez (Cs).
"La ley de impunidad es una batalla contra el Estado de Derecho. Entre quienes quieren doblegarlo para seguir en el poder y quienes creemos en los valores democráticos. No se saldrán con la suya", ha comentado Vázquez en redes sociales, adjuntando la misiva de Reynders. En ella, el comisario aclara que el artículo 23 del Estatuto del TJUE establece que "en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional".
Asimismo, Reynders menciona para apoyar esa tesis la primacía del Derecho de la UE sobre el Derecho nacional: esto es lo que haría la ley de amnistía inaplicable mientras no haya un posicionamiento del TJUE. De hecho, la vía de Luxemburgo es otra de las que está explorando la oposición para frenar la norma, además de su 'congelación' en el Senado, con mayoría absoluta del PP durante un máximo de dos meses.
Comparto la respuesta oficial en español, que es muy clara.
— Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) April 2, 2024
La ley de impunidad es una batalla contra el Estado de Derecho. Entre quienes quieren doblegarlo para seguir en el poder y quienes creemos en los valores democráticos. No se saldrán con la suya. pic.twitter.com/oiZCrpF1hP
En torno a la ley de amnistía son claves los plazos, sobre todo desde el punto de vista del principal beneficiado de la misma: Carles Puigdemont. El expresidente catalán es el candidato de Junts para las próximas elecciones a la Generalitat, que se celebran el 12 de mayo. Sus cálculos establecen que la norma estará en vigor en verano, cuando podría por tanto regresar a España. En los tiempos que él maneja, estaría 'perdonado' para una futurible sesión de investidura en la que, confía, pueda ser proclamado de nuevo presidente.