La Administración es un servicio público a disposición de los ciudadanos. Sin embargo, su funcionamiento ineficiente, del que es claro ejemplo la Justicia, puede causar importantes perjuicios. Durante meses, se vio afectada por las huelgas de letrados y funcionarios, demorando e, incluso, paralizando causas y procesos. De ese «caos administrativo» ha sido víctima Mónica, una menor de 15 años que, hace dos, sufrió un presunto caso de acoso por parte del centro en que estudiaba, el Bristish Council de Pozuelo de Alarcón. Y es que la Justicia no investigará por vía penal los hechos, algo que se produce no porque los mismos no sean constitutivos de un supuesto delito ni por falta de pruebas, sino porque el juez encargado de la instrucción cerró la causa sin haber practicado ninguna diligencia ni haber tomado declaración a los querellados ni a la víctima porque «se le pasó» el plazo para prorrogar la investigación, que se vio varias veces paralizada, precisamente, por el parón de los juzgados.
Contra esta decisión, la familia de Mónica presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación para reabrir el proceso, el cual ha sido ahora desestimado. No obstante, en el auto de resolución, paradójicamente, la sala reconoce los perjuicios que el mal funcionamiento administrativo ha causado a los querellantes y les invita a exigir responsabilidades por ello. «Resulta evidente que los conflictos indicados han impedido un pronunciamiento sobre la prórroga del plazo de instrucción, por lo que si la parte recurrente considera que se le ha producido algún perjuicio, podrá exigir la responsabilidad correspondiente por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», recoge.
Los magistrados encargados de estudiar la apelación argumentan que, transcurrido el plazo máximo o sus prorrogas, el instructor deberá ineludiblemente dictar el auto de conclusión, ya que para adquirir la condición de imputados los querellados deben «ser oídos en los plazos procesales estipulados, por lo que, al haber precluido el tiempo de instrucción, no procede la toma de declaración a los mismos». Una circunstancia que se produce independientemente de que el archivo haya sido consecuencia del deficiente funcionamiento administrativo. Y es que la huelga suspendió hasta en tres ocasiones la declaración de los denunciados, tres profesores y la directora del colegio. «El plazo que determina el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no fue interrumpido mediante la correspondiente prórroga, que no se adoptó porque, cuando se dio cuenta el juez, el plazo había expirado, lo que se reflejó en la resolución por la que se sobreseyó el procedimiento», añaden.
Asimismo, la familia presentó ante el Consejo General del Poder Judicial una queja por «la dejadez e inactividad del órgano judicial encabezado por el magistrado, quien, con su actuación, ha desamparado a una menor y a la sociedad, generando una indefensión absoluta a la víctima que no se ha molestado ni en escuchar». El juez alegó que las huelgas afectaron a su trabajo, pero no dio ninguna explicación de por qué no dictó el auto para que la investigación continuara.
Ingresada
El calvario de Mónica comenzó en 2022 cuando denunció ante sus profesores el "bullying" sufrido por una de sus compañeras. Según relata su madre, los docentes y la jefe de estudios instaron a la niña a mirar hacia otro lado y a obviar las vejaciones sufridas por su amiga. Ante la negativa de la menor, prosigue, el centro inició entonces una «campaña de acoso y derribo contra ella», que socavó gravemente su estabilidad emocional hasta tal punto que desarrolló una anorexia nerviosa y acabó ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital madrileño con una masa muscular del 16% y una descalcificación ósea tras perder más de 10 kilos de peso. Hasta tal punto llegó la situación que, incluso, se llegó a temer por la vida de la niña.
Por su parte, el centro asegura que su política hacia el acoso escolar es de «tolerancia cero».
«Estamos absolutamente decepcionados por el hecho de que no se haya atendido nuestro recurso, pese a que ha quedado demostrado que el cierre de la causa responde a una incompresible falta de diligencia judicial, como se refleja en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid. La Justicia ha fallado a Mónica, como en su día lo hizo la Inspección Educativa, que no intervino y remitió al juez, que le solicitó información, a las autoridades educativas británicas por tratarse de una institución extranjera, pese que unos hechos constitutivos de un presunto delito se estaban produciendo en Pozuelo de Alarcón», manifiesta la madre de Mónica.
La familia estudia ahora presentar una demanda «por el anormal funcionamiento de la Justicia», tal y como le ha instado el propio tribunal.
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