Esta semana se votó favorablemente en el Congreso de los Diputados una importante Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por el artículo 87.3 de la Constitución y avalada por más de 700.000 firmas, junto al respaldo de otras 906 organizaciones sociales, en la que se pide la regularización de cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España de manera irregular sin contar con permisos de residencia y de trabajo, también conocida como #ILPRegularizacion.
La posibilidad de presentar estas ILP se recogió como un reconocimiento a que los propios ciudadanos puedan impulsar iniciativas legislativas para su debate y aprobación, si así lo aprueban los grupos políticos del parlamento, en un intento de facilitar la participación política en la elaboración de normas ampliamente sentidas y demandadas por la sociedad. Bien es cierto que las exigencias recogidas en la ley orgánica que regula el ejercicio de este derecho son muy estrictas y farragosas, comenzando por la presentación ante la mesa del Congreso por la comisión promotora de un texto articulado y bien desarrollado, precedido de una exposición de motivos, que fundamente la justificación de la ILP, siendo esta mesa la que resuelve inicialmente sobre la admisión de la iniciativa y el plazo para el procedimiento de recogida de firmas, lo que se comunica a la Junta Electoral Central.
Las iniciativas deben de contar con, al menos, 500.000 firmas debidamente autentificadas en unos pliegos específicos que, posteriormente, son enviados a las juntas electorales provinciales, que los revisa y supervisa de manera minuciosa, reconociendo su validez. Es solo entonces cuando comienza su tramitación parlamentaria, debiendo ser explicada ante una comisión parlamentaria para su posterior toma en consideración y votación en pleno, algo que ha sucedido en contadas ocasiones.
Desde que se aprobó la Constitución, solo 12 de las 179 ILP presentadas finalizaron con tramitación parlamentaria, y de ellas únicamente dos fueron finalmente aprobadas. Se comprenderá, por tanto, el valor de estas iniciativas por el trabajo que contienen y la necesidad de que las fuerzas políticas reconozcan y valoren este esfuerzo, sin olvidar su papel en la revitalización del debilitado sistema democrático.
Finalmente, esta ILP de regularización ha contado con el apoyo casi unánime (e inédito) de todos los grupos políticos de la Cámara, con 310 votos a favor, que han decido dar el visto bueno a la petición ciudadana, contando con los únicos 30 votos en contra de Vox, un rechazo que viene a destacar su talante autoritario, ya que lo que el Congreso ha votado ahora es aceptar la discusión de una petición mayoritaria de la ciudadanía que desde hace más de dos años ha plasmado su firma para pedir que se tramite la propuesta. Es evidente que el discurso y las políticas de criminalización de los inmigrantes que promueve Vox no son compatibles con la posibilidad de regularizar e incorporar en el mercado de trabajo formal a estas personas porque se les cae una parte importante de su alegato xenófobo, además de despreciar iniciativas sociales tan ampliamente respaldadas.
Pero la aprobación por el Congreso de su tramitación parlamentaria no conlleva, automáticamente, la aprobación de la regularización, únicamente que la propuesta será debatida y, posteriormente, votada por las fuerzas políticas. Todo indica que habrá algún tipo de regularización extraordinaria, pero sobre casos y situaciones concretas.
Sin embargo, esta iniciativa legislativa popular tiene algunos elementos que añaden más importancia a la propuesta, si cabe. Por un lado, ha sido la primera gran iniciativa política dirigida a mejorar las condiciones de la población inmigrante, en este caso de inmigrantes en situación irregular, que ha sido liderada por los propios inmigrantes y sus organizaciones a través de la plataforma «Regularización ya», algo que tiene un especial valor desde la perspectiva de la participación política y social de este colectivo. Algunos de quienes llevamos años trabajando por estas personas y promoviendo la dignificación de sus condiciones de vida queríamos que fueran los propios inmigrantes quienes asumieran el liderazgo de los asuntos importantes que les conciernen, teniendo voz propia. Y en este caso, han demostrado la madurez de su trabajo, habiendo obtenido un incuestionable apoyo popular y el respaldo de centenares de organizaciones e instituciones, incluyendo a numerosos ayuntamientos y a la propia Conferencia Episcopal.
Pero además, la propuesta pretende sacar de la marginalidad, la discriminación y la economía sumergida a una importante bolsa de extranjeros, muchos de los cuales trabajan en la clandestinidad expuestos a la explotación, limpiando casas, cuidando de nuestros familiares, haciendo de repartidores, trabajando en el campo o en las obras.
De llevarse a cabo no sería, ni mucho menos, la primera regularización extraordinaria de inmigrantes que se realiza en España ya que en total, se han aprobado nueve, cinco bajo gobiernos del PP y cuatro por el PSOE, siendo la última de ellas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2005, facilitando permisos de trabajo y residencia a 600.000 trabajadores extracomunitarios, algo que tuvo una incidencia muy positiva para la economía, como han recogido diferentes investigaciones.
Se trata de avanzar hacia una sociedad más fuerte y cohesionada, reduciendo espacios que niegan derechos esenciales a personas que están entre nosotros y a los que invisibilizamos con indisimulado cinismo. En tiempos tan contradictorios, tenemos que seguir reivindicando mejorar nuestra sociedad, como plantea esta importante iniciativa.