Después de 10 días, culminó la audiencia ordinaria en el Caso Panama Papers, donde la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal superior Isis Soto y los fiscales adjuntos Marcos Mosquera, Jeniffer Escribano y Johnjairo Pitti, solicitó la sentencia condenatoria para 26 personas por la comisión del delito contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales, y la sentencia absolutoria para 3 personas. La juez Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término para decidir la solicitud.
Caso Panama Papers: Hechos establecidos en los 10 días de audiencia
En la audiencia, la fiscal Isis Soto estableció cuáles eran los hechos que se habían investigado y cuál era la participación criminal de los acusados, estableciendo cuáles eran las líneas de investigación, por ejemplo, el tema relacionado a Siemens que eran investigaciones precedentes al blanqueo de capitales por el soborno internacional y delitos financieros, y la línea de investigación de la República Argentina que se trataba de estafa calificada y captación ilícita de fondos, y cómo esos dineros y bienes fueron adquiridos en Panamá y fueron blanqueados por la firma de abogados que fue investigada en este caso.
De igual manera, se dio a conocer que se mantienen aprehendidas 27 unidades de apartamentos por parte de la Fiscalía; mientras que 10 inmuebles han sido aprehendidos por la República Federal de Alemania. También se evidenció la participación de algunos bancos panameños que constituyeron cuentas bancarias con fondos de origen ilícito.
Al finalizar la fase de alegatos por parte de las defensas, se corrió el traslado de los incidentes de nulidades, prescripción y de doble juzgamiento a la fiscal Soto, donde solicitó que se declaren no probados, además, tomando en cuenta que ya habían sido presentados y decididos en ese sentido.
La investigación en este caso inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las República de Argentina y la República Federal de Alemania.