El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, evitó en el Congreso confirmar si se va a inhabilitar a Pedro Rocha y defendió que el Gobierno "ni pretende colonizar nada, ni mira hacia otro lado" para revertir la situación" de la Federación Española de Fútbol (RFEF).
En respuesta a las críticas de los portavoces de los distintos grupos en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes ante su inacción desde que se inició la investigación sobre presuntas irregularidades en la RFEF, Uribes insistió en que han activado todas las peticiones de denuncias ante el Tribunal Administrativo del deporte y en que están en comunicación con la FIFA para actuar en consonancia con esta.
"El estado de derecho está actuando y el TAD en el ámbito disciplinario, impulsado por nosotros. No puedo adelantarme a los acontecimientos, vamos a convocar esta tarde o mañana a la Comisión Directiva del CSD para analizar la decisión del TAD que califica como muy graves actuaciones de la Comisión Gestora", señaló, después de que el tribunal haya incoado expediente a Rocha y a los miembros de esta comisión por posibles infracciones muy graves al excederse de sus funciones.
Uribes mantuvo que no podía responder en este momento a la pregunta de si va a inhabilitar a Pedro Rocha, ya que la Comisión Directiva estudiará en detalle la resolución del TAD. "Tengo pensadas las cosas pero el estado de derecho también son los tiempos, no lo interprete como una falta de respeto. La decisión va a ser coherente, va a tener que ver con la propia valoración que ha hecho el TAD, pero anticipar decisiones es poco prudente", contestó a la pregunta concreta formulada por el diputado del Grupo Mixto Alberto Catalán.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) está "analizando" la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de incoar expediente sancionador por posibles infracciones muy graves a Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la RFEF, para "definir los siguientes pasos" y solicitará "más información" al ente por si se han cometido "otras posibles infracciones", y advirtió que el Gobierno no dudará en "actuar con toda la determinación" que le permita la ley para devolverle "a un lugar de estabilidad".