Ruina y abandono de las medievales Casas del Retiro tras ocho años de gobierno de la izquierda en Palma que presentan un estado deplorable con toda clase de pintadas vandálicas, ventanales destrozados, basura, humedades en las fachadas por doquier, e incluso puertas tapiadas, para dificultar la entrada al inmueble de unos okupas cuya presencia ha sido una constante de forma intermitente en las pasadas dos legislaturas.
Cuando se cumplen justo 30 años del inicio del proceso para su expropiación por el Ayuntamiento de Palma a petición de los propietarios de una finca colindante con la residencia de ancianos de La Bonanova, la degradación de este inmueble que rehabilitó durante años el ex alcalde del PP, Joan Fageda, es máxima.
Tanto es así que el nuevo gobierno municipal que lidera el primer edil, Jaime Martínez, necesitará acometer una notable inversión para, primero recuperar, y después darle alguna utilidad a un edificio que fue abandonado a su suerte por su antecesor, convirtiéndolo en el enésimo cadáver urbano que dejó en la ciudad el ex alcalde socialista, José Hila.
Incluso para poder llegar hasta este espacio hay que adentrase y dar la vuelta por el bosque, dado que el antiguo acceso, desde la calle Francesc Vidal i Sureda, fue cerrado por orden del propio Ayuntamiento para dificultar el acceso al inmueble.
Desde que pasó a manos municipales en la década de los años noventa del siglo pasado, la finca fue inicialmente rehabilitada por alumnos de diferentes talleres de inserción sociolaboral del antiguo IMFOF (Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Trabajo), hoy Palma Activa.
Distintos gobiernos municipales de diferente color político, han tenido proyectos de futuro para esta finca que sirvió para la ampliación del perímetro del Bosque de Bellver, pero ninguno llegó a concretarse en el tiempo.
Si el ex alcalde Joan Fageda, pensó destinar el inmueble a albergue juvenil, el anterior gobierno municipal le quería dar un destino más burocrático: centro de interpretación del bosque. Así lo anunció en la recta final de la primera de las dos legislaturas (año 2018) que estuvo en el cargo, el ex alcalde socialista Hila.
Hay que tener en cuenta que el inmueble tiene una extensión de 380 metros cuadrados, e incluso el anterior gobierno, llegó cifrar el coste de este proyecto en torno a 700.000 euros. Una suma que iría a cargo del también fracasado Plan Litoral de Ponent EDUSI, que iba a contar con la aportación de los fondos europeos FEDER, que permitiría cofinanciar hasta el 50 por ciento de la obra.
Aunque se anunció que los trabajos de acondicionamiento de la finca y el inmueble, iban a arrancar a finales de 2018, ni lo hicieron en aquella ni en la siguiente legislatura, donde la degradación fue avanzando paso a paso, a medida que los okupas iban destrozando su interior, hasta la lamentable imagen que presenta a día de hoy.
Hila en la presentación del proyecto que quedó, como tantos otros, en un cajón enmarcó la iniciativa en la apuesta de su gobierno por » recuperar espacios municipales» para los barrios que conforman el Distrito de Ponent dada «la carencia de equipamientos municipales en estos barrios, estos dos proyectos nos permitirán comenzar a revertir esta situación».
Y ahí quedó la cosa. Será ahora el gobierno municipal del alcalde Martínez, el que tenga que acometer la recuperación de este edificio público que junto a la finca de cinco hectáreas que la enmarca, costó a las arcas municipales casi tres millones de euros después de una década de litigios en los tribunales.