La querella de la organización ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez admitida a trámite por un juzgado de Plaza de Castilla ha derivado en una situación inédita en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido abandonar las responsabilidades de su cargo durante 5 días para reflexionar sobre si le vale la pena continuar o no.
La cuestión es la siguiente. Lo sucedido con esa querella, cuyo recorrido judicial será corto en base a la nefasta calidad jurídica de la misma, es la muestra de cómo funcionan un conjunto de jueces en España.
No se trata en exclusiva de un lawfare político, sino que en este país está implantado un lawfare contra todos los ciudadanos. No se trata de que los jueces sean fachas, rojos, verdes o azules. El problema es mucho más grave que eso y no hay más que analizar sentencias dictadas en este país para comprender que esos jueces son los defensores de los intereses de una serie de élites pasando, incluso, por saltarse la ley.
Pedro Sánchez está sufriendo ahora la impunidad de la que gozan los jueces. Pero son, al menos, decenas de miles los ciudadanos los que llevan sufriendo, en algunos casos durante décadas, las consecuencias de quien tiene poder y lo ejerce sabiendo que aunque tomen decisiones injustas no hay nadie que les vaya a juzgar. Esa impunidad de la que disfrutan los jueces españoles podría ser interpretado como un modo de corrupción.
Sin embargo, el sectarismo político y la violencia en la que ha derivado el legítimo y democrático ejercicio de contraposición de modos de entender la acción de gobierno, llevan a que se defienda lo indefendible o a que se pretenda mantener un régimen judicial que lo que necesita es una revolución, un reseteo absoluto.
Mucha gente estaba esperando la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a la carta de Pedro Sánchez porque la traca estaba garantizada. La presidenta de la Comunidad de Madrid no decepcionó, pero defendió el mantenimiento del fango judicial actual.
«Una advertencia, señor Sánchez: no se atreva a tocar el Poder Judicial, no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se encierra cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y la empresa independiente a partir del lunes […] Sus redes mediáticas ya lo convierten en un asunto de lo que llaman "lawfare", que vienen mucho tiempo trabajando. En lugar de dar explicaciones, ¿Qué está ocurriendo? ¿Está amenazando la independencia judicial? Que lo diga, porque eso es lo grave, que su carta alegal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible», afirmó Ayuso.
Estas declaraciones demuestran un analfabetismo absoluto de Isabel Díaz Ayuso sobre lo que sucede en los tribunales españoles, sobre todo en las altas instancias o en los juzgados de lo Mercantil. En España no hay independencia judicial, hay dictadura judicial. Un grupo importante de jueces, colocados en puestos muy estratégicos, sucumben día a día a un supuesto tráfico de influencias que deriva en la aplicación de la injusticia por defecto.
Cientos de miles de ciudadanos saben que no pueden confiar en la Justicia, sobre todo cuando se enfrentan a intereses políticos, económicos, empresariales, financieros y de las grandes fortunas. Determinados tribunales españoles llegan a incumplir sistemáticamente la jurisprudencia europea con tal de beneficiar a los verdaderos poderes. Hay ciudadanos que se querellan contra estos jueces por prevaricación, pero el propio aparato judicial se encarga de archivar esas denuncias y, en muchos casos, aplicar represalias.
En España hay jueces que, a la hora de dictar sus sentencias, si tienen que beneficiar a esas élites o intereses cercanos a las mismas, no dudan en aplicar criterios subjetivos para tergiversar el espíritu de la ley.
La situación judicial en España es de tal gravedad que hay muchos casos de jueces justos que se ven obligados a pasar al sector privado porque no soportan el hedor que les rodea o no están dispuestos a hacer lo que sus superiores les ordenan que hagan. La presidenta de la Comunidad de Madrid parece desconocer que en España hay jueces que no dudan en no tener en cuenta pruebas documentales o contradecir su propia instrucción de los casos cuando entran en escena los juegos de las influencias.
La situación de la Justicia española está tan al límite que en un auto en el que se elevaba una cuestión prejudicial al TJUE, una jueza dijo «el Tribunal Supremo español ha realizado una reinterpretación con el dictado de una reciente jurisprudencia […] en exclusivo beneficio de las entidades financieras predisponentes […] Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras en detrimento de los consumidores afectados por esta cláusula». Esto no lo dice un analista o un periodista, lo dijo una jueza en un auto que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En España, si un juez quiere ascender, tendrá que pasar por el aro de tener que aceptar que deberá dictar sentencias injustas en beneficio de los poderes públicos y privados. Si no lo hacen, entonces se quedarán eternamente en juzgados de primera instancia u ocupando plazas de juez sustituto. Esto es así, tal y como han confirmado a Diario16 diferentes fuentes judiciales.
Isabel Díaz Ayuso, por el cargo que ocupa, debería saber que prestigiosos abogados con sede en Madrid han visto cómo casos que llevaban encauzados se torcían en el momento en que los bufetes de siempre eran contratados por la parte contraria. La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco sabe que en los juzgados españoles hay jueces que, según han confirmado fuentes judiciales a este medio, presuntamente cuentan con listas negras de abogados, lo que ya determina el resultado del proceso.
Entonces, cuando Isabel Díaz Ayuso le dice que «que no se atreva con el poder judicial» comete un error gravísimo. Pedro Sánchez, si finalmente no dimite, lo primero que tiene que hacer es, precisamente, lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le advierte [o amenaza] que no haga. No es una cuestión política, es, precisamente, la defensa del sistema democrático y de que el poder judicial sea realmente independiente. Eso solo se conseguirá con el control sobre la actividad de los jueces a través de organismos independientes formados por juristas de reconocido prestigio, por ejemplo, con todos aquellos jueces que tuvieron que abandonar la carrera de manera voluntaria porque no aguantaban que se les presionara para dejaran de aplicar la ley.