El nombre es extenso y pomposo, pero transmite solidez: Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dos relatores de ese organismo darán hoy acá un informe después de visitar cárceles, comisarías y neuropsiquiátricos en Jujuy, Buenos Aires, Chubut y Santa Fe.
Un objetivo central de su labor fue comprobar si se producen torturas contra detenidos. Da la casualidad que, emocionalmente agobiada y con muy severas complicaciones en la Justicia, la dirigente ultra K Milagro Sala denunció ante los visitantes que estaba sufriendo torturas en su prisión jujeña.
Es el capítulo más reciente de la novela del relato, refugio último del kirchnerismo cuando no queda modo de defenderse judicialmente de las acusaciones y pruebas en su contra.
El fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, rechazó la denuncia. "Es falso y busca victimizarse", dijo.
Uno de los defensores de la señora Sala, Ariel Ruarte, recordó ante Clarín que ya antes de venir al país el Grupo de Trabajo de la ONU había pedido la liberación de la dirigente detenida.
Y reveló que en la denuncia de torturas ella había mencionado a la subdirectora del penal, que "le pega patadas en las piernas con sus borcegos cada vez que puede".
El jueves pasado los funcionarios de la ONU fueron recibidos por el gobernador Gerardo Morales, el fiscal Miranda y tres ministros. Preguntaron sobre medidas concretas para prevenir y erradicar la tortura en las cárceles.
Esa misma tarde fueron a la Unidad Penal 3. Según testigos presenciales, estaban bien formateados. Entraron preguntando "Where is the pig?" (Dónde está el chancho?). En la jerga nombran así a las salas de tortura.
Un rato después Milagro Sala les dijo que había sido torturada, en una fecha que ubicaba semanas atrás.
Un detalle: nunca ella ni sus abogados lo habían denunciado a la Justicia, ni lo mencionaron en abril cuando estuvieron forenses de la Corte Suprema para verificar su salud y condiciones de detención..
Fuentes del gobierno de Jujuy aseguran que la señora Sala goza de un trato preferencial. Que dispone de una sala especial para atender visitas.
Y que no se atiende en hospitales públicos ni en el servicio del penal sino en una clínica privada que le provee el sistema de medicina prepaga al que está adherida.
Los relatores especiales de la ONU - Elina Steinerte de Letonia y Setondji Adjovi de Benin- también se reunieron con las llamadas "víctimas de Milagro Sala", diez o doce personas que vienen describiendo los actos de violencia sufridos a manos de la jefa del Tupac Amaru, que encabezó un virtual Estado paralelo en Jujuy alentado y financiado por el gobierno de Cristina Kirchner.
Milagro Sala está detenida desde hace 16 meses. Sus defensores, con Cristina Kirchner y el CELS a la cabeza, alegan que es una presa política.
Hay una polémica muy fuerte acerca de si su detención original, por supuestas amenazas en un acampe frente a la gobernación, fue arbitraria o no.
Pero las prisiones preventivas que después se le dictaron están sostenidas en pruebas concretas.
Hoy afronta seis causas penales, con cargos de asociación ilícita, fraude al Estado, extorsión, amenazas, tentativa de homicidio y lesiones graves.
Mientras el Grupo de Trabajo de la ONU hacía su tarea en Jujuy, un fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa por corrupción contra la señora Sala.
Es un caso que incluye casi 3.000 viviendas nunca terminadas y el desvío, sustracción o evaporación de más de $ 1.200 millones a valores actuales, girados desde el Ministerio de Planificación de Julio De Vido.
La semana próxima llegará al país –invitada por el Gobierno- una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA.
Aunque no esté en la agenda oficial, el tema Milagro Sala se ubicará en el centro de atención.
El lobby internacional del kirchnerismo y los organismos de derechos humanos es intenso, persistente y eficaz. Para el gobierno de Mauricio Macri el caso se convirtió en un problema de sus relaciones exteriores.
Era una solución salomónica. Pero el fallo del 2 x 1 a favor de un represor de la dictadura puso a la Corte en situación incómoda, abriendo un interrogante acerca de cómo influiría esto en la decisión fina de este casol.
Los jueces supremos ya habían postergado la definición hasta que concluya la misión de la CIDH pronta a empezar.
En ese tiempo, quizás puedan producir un nuevo fallo que -apoyándose sobre la ley correctiva que con urgencia votó el Congreso la semana anterior- consolide el principio de que el 2x1 no puede aplicarse a delitos de lesa humanidad.
De ser así, se reflotaría la prisión domiciliaria. Pero desde el oficialismo pegaron un grito de alerta.
Si ese beneficio se aplica a quien tiene prisión preventiva mientras espera la sentencia, podrían reclamar igual trato la mitad de los 72.693 detenidos en todo el país que están bajo esa condición.
En la provincia de Buenos Aires cerca del 70% de los detenidos está con prisión preventiva. En un año electoral, nada como una seguidilla de ruidosos reclamos carcelarios para despertar los fantasmas más temidos.