El autor destaca que la autoridad electoral antes que respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos, decidieron bloquear, sin base legal alguna, a un conjunto de ciudadanos hábiles para ser elegidos y ejercer funciones públicas.
Por César Pérez Vivas
El desarrollo del proceso electoral para la celebración de la elección presidencial, fijada para el próximo 28 de julio, desde el momento del anuncio del cronograma hasta los pasos ya cumplidos, ha evidenciado la perversa intención de la cúpula gobernante, en nuestro país, de utilizar todo su control sobre las instituciones, para violar de forma abierta y descarada, tanto los principios constitucionales, como normas taxativas de la carta magna, de las leyes de procesos electorales, partidos políticos y procedimientos administrativos, que constituyen la legislación marco de un proceso de esa naturaleza.
La fijación de la fecha del evento de votación se guardó con sigilo para crear incertidumbre y tomar por sorpresa a los factores políticos de la oposición democrática. La convocatoria con un cronograma súper ajustado para no dar tiempo suficiente en etapas vitales de un proceso de esta naturaleza, sobre todo en un país impactado por una tragedia humanitaria compleja, evidencian el deliberado propósito de limitar la participación ciudadana al contemplar tiempos muy limitados, y pocas oportunidades operativas para la inscripción en el Registro Electoral Permanente.
Pero la arbitrariedad se hizo mucho más evidente en lapso de certificación o validación de los partidos políticos con capacidad legal para postular y en el establecido para la postulación de los candidatos. Aquí se puso de lado toda la normativa legal vigente y se aplicó de forma discrecional el más vulgar ventajismo. Además de los partidos judicializados, aberración ya adelantada en los últimos años para secuestrar las organizaciones, se le dio nacimiento a supuestos partidos que no tienen una sola firma de respaldo en su expediente, ni pueden exhibir un voto en proceso electoral alguno, mientras que organizaciones de larga o reciente vida en el escenario político, que habían participado en los últimos procesos obteniendo el mínimo de votación exigido por la ley, fueron clausurados sin fórmula de juicio.
Pero donde se apreció en toda su dimensión la arbitrariedad y la discriminación ciudadana y política fue en el proceso de postulaciones. La autoridad electoral antes que respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos decidieron bloquear, sin base legal alguna, a un conjunto de ciudadanos hábiles para ser elegidos y ejercer funciones públicas.
El caso más patético de esa arbitrariedad lo constituyó la negativa de permitir el acceso al sistema automatizado para inscribir la candidatura de la Dra. Corina Yoris, propuesta de común acuerdo por la Plataforma Unitaria y la líder de la oposición democrática la Ing. María Corina Machado. No les fue suficiente la inconstitucional inhabilitación de María Corina, o el bloqueo a otros dirigentes de la oposición, como quien escribe esta nota, sino que sin explicación formal alguna, sino por canales no formales, se le hacía saber a los autorizados para postular por la PU que no se permitía la inscripción de la Dra. Yoris.
El mundo democrático latinoamericano y occidental se sorprendió y se movilizó ante semejante arbitrariedad. En primera instancia hubo comunicados simultáneos de las cancillerías de Colombia y Brasil llamando a la sindéresis a las autoridades venezolanas. Ante la negativa a permitir la participación de la Plataforma Unitaria se produjo el pronunciamiento categórico de censura a la arbitrariedad por parte de importantes líderes democráticos de la izquierda latinoamericana como el Expresidente de Uruguay Pepe Mujica, y los actuales presidentes de Colombia, Brasil y México.
Esos pronunciamientos causaron un sismo en la opinión pública del continente, pero especialmente movieron el piso de la cúpula roja. Fue de tal magnitud el impacto, que uno de sus más conspicuos voceros, el Sr. Jorge Rodríguez, dio respuesta a los respetuosos y sensatos llamados de los citados líderes del continente. Las expresiones de Rodríguez lo muestran en toda su dimensión. Es el testimonio de un ser carcomido por la soberbia, la mentira, la manipulación, el odio y la vulgaridad.
Veamos sus palabras: "Saben el pdte Petro, el Pdte Lula, Mujica, etc, del plan insurreccional y magnicida aquí revelado x el vocero principal del fascismo en Miami? 2) Aceptarían en sus países planes para atentar contra el Pdte como los que hemos develado en numerosas oportunidades? 3) Saben que la organización fascista Vente Venezuela jamás solicitó ser inscrita como partido político ni existió postulación x iniciativa propia alguna? Es decir, jamás se inscribió ese partido en el CNE ni buscaron la inscripción x iniciativa propia. 4) se han enterado que el 100% de los partidos acreditados ante el CNE inscribieron alguno de los 13 candidatos, de todo el espectro político, que compiten x la presidencia de Venezuela. 5) desconocimiento? Ignorancia? Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones x donde les quepan."
Si se diera por cierta la lista de mentiras aquí descrita, en todo caso, para nada eso debe autorizar a la autoridad electoral, es decir a Maduro y su entorno, a impedirle a una ciudadana hábil, es decir en pleno goce de sus derechos ciudadanos, a participar como candidata a la elección presidencial.
Si fuese cierta la historieta de los magnicidios, los responsables deben ser llevados a un juicio donde se establezca su culpabilidad y en consecuencia se les asigne una pena. El solo anuncio de esa historia no es causal para impedirle a ningun ciudadano su postulación, ni mucho menos para impedir a la oposición democrática su participación en una elección presidencial.
Por otra parte, Jorge Rodríguez en el citado mensaje en la red social X esconde la verdad, es decir miente, respecto a la situación de los partidos políticos venezolanos. Dice que el 100% de los partidos acreditados ante el CNE postularon sus candidatos. Él cree que la gente, y sobre todo esos presidentes, no conoce la forma burda como bajo su dirección y manejo su camarilla intervino y sometió a su control a todos los partidos políticos conocidos. Todo el mundo sabe que aquí no hay el más elemental respeto por el derecho de asociación política. Se convierte en juez al calificar al partido VENTE como organización fascista, cuando precisamente es su grupo político el que reúne todas las características del fascismo.
Cierra su mensaje con su proverbial soberbia: "5. desconocimiento? Ignorancia? Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones x donde les quepan." Nada que ver. Al contrario, todos lo conocen. Le saben todas las artimañas aplicadas y las mentiras proferidas. Unos personajes, estos de la camarilla madurista, que viven opinando y descalificando a todo el mundo, insultando a quien ose opinar distinto vienen a afirmar que "no nos metemos en los asuntos de nadie…"
Y cierra su mensaje con una frase lapidaria: "Métanse sus opiniones x donde les quepan…". No solo recurre a la vulgaridad, característica típica de quien carece de razón y por ende debe acudir al insulto y la descalificación, sino que muestra una conducta alejada de la convivencia civilizada con lo cual lesiona a nuestra nación, pues ese tipo de comportamientos son los que han venido aislando a nuestro país con todas las consecuencias sociales, diplomáticas, políticas y económicas conocidas.
Las razones esgrimidas por el representante de la camarilla roja venezolana solo evidencian las sin razones que los acompañan en sus brutales y arbitrarios comportamientos que los ha lanzado al abismo del desprestigio por el establecimiento de un régimen autoritario, ineficiente y corrompido en nuestro país.
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