Los accidentes se recuerdan siempre en cámara lenta pero suceden a toda velocidad.
Eso es lo que le pasó a Gabriela Michetti el 18 de noviembre de 1994.
Volvía algo apresurada a Buenos Aires desde su Laprida natal por un camino de ripio. Manejaba un Fiat Duna que se salió de control cuando intentó pasar a otro auto.
Tenía 29 años y todavía no soñaba con ser vicepresidenta de la Nación. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y por eso salió volando a través del parabrisas.
Lo supo enseguida, apenas volvió en sí. Estaba tirada a un costado de la ruta, sin un rasguño. Pero no sentía la espalda ni las piernas.
─Estoy paralítica... se me cagó la médula.
Después de pronunciar aquella frase, Gabriela Michetti supo que su vida había cambiado para siempre.
Esa misma tarde la atendió su padre en el hospital bonaerense de Laprida. Era el médico y el cirujano del pueblo. Y fue quien debió enfrentar el caso que jamás hubiera querido recibir.
Desde la camilla, su hija trató de consolarlo.
─Mirá, papá, no te hagas ningún problema. Yo sé que es complicado pero no te preocupes porque yo en mi vida voy a ser feliz igual aunque sea en una silla de ruedas.
Veintiún años después, la chica de la promesa compartió la fórmula ganadora con Mauricio Macri y se dio el gusto de observar al país sentada en su silla de ruedas en el balcón de la Casa Rosada.
Nunca un argentino con una discapacidad había ocupado un cargo de tanta jerarquía en el poder.
El Gobierno, además, le dio la conducción del Ministerio de Trabajo a Jorge Triaca, un abogado hijo de sindicalistas que también perdió la movilidad de sus piernas en un accidente automovilístico cerca de Bariloche.
Por eso, la vicepresidenta fue una de las personas a la que más afectó la noticia de que el Gobierno (su gobierno) se disponía a dar de baja 70.000 pensiones no contributivas para quienes sufren la pérdida de alguna función de su cuerpo.
Como muchos otros argentinos, Michetti se enteró de la novedad cuando leyó el artículo que la periodista Marcela Pagano escribió en Clarín el domingo 11 de junio.
Nadie le había avisado. Si alguien le hubiera consultado el tema, quizás el Gobierno se habría evitado el papelón más sonoro del mes.
El responsable del desquicio que llenó de preocupación al comité de campaña del macrismo fue Guillermo Badino, un ex ejecutivo del Banco Galicia que dirige la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y que responde las directivas de Mario Quintana, ministro coordinador de la Jefatura de Gabinete.
Pero quien más sufrió el costo político del más reciente error no forzado (ya un clásico del Gobierno) fue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Ella fue quien debió anunciar en público la enésima marcha atrás el último jueves. Lo habían decidido esa mañana, tras una charla extensa con el Presidente.
Ensimismados en sus mundos paralelos, muchos funcionarios del Gobierno no acostumbran a hablar con quienes ejercieron sus funciones con anterioridad.
Si lo hubieran hecho, habrían sabido que una de las internas más explosivas de la gestión K fue entre Cristina y Alicia Kirchner, ex ministra de Desarrollo Social.
Por eso es que la ex presidenta se reservó para sí el manejo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se hizo con resultados razonables a través de la Anses, y le dejó a su cuñada el manejo exclusivo de las pensiones no contributivas.
Esos recursos extraordinarios se convirtieron entonces en un arma política que llevó las pensiones de 180.000 a más de un millón y medio, dando lugar en todo el país a infinidad de abusos cometidos en nombre del estado de bienestar.
El más famoso de ellos, según recuerda un encumbrado integrante de aquel equipo, fue el del "remisero ciego de Formosa", quien detentaba una pensión justificada oficialmente para poder conducir un remís en la provincia pese a su ceguera de años.
Sólo el 20% de los discapacitados cuenta con el certificado único de discapacidad (CUD), que otorga el Estado después de los controles médicos correspondientes.
Ese universo restante sin verificación estatal dejó entonces el campo abierto para que florecieran las históricas avivadas argentinas, que hicieron eclosión durante los años del kirchnerismo.
De todos modos, ni los casos de abuso contra el Estado ni el aprovechamiento político del cristinismo pueden ocultar la cantidad de situaciones injustas en las que incurrió el Gobierno actual por su miopía y su necesidad de mantener el marketing de la eficacia presupuestaria.
Entre los 70.000 casos dados de baja hay cientos de personas discapacitadas con situaciones dramáticas y recursos mínimos que sufren hoy el mismo castigo o uno peor al de aquellos que se benefician con ingresos del Estado que no les corresponden.
Hay argentinos y hay necesidades detrás de las planillas de Excel que requieren una mirada mucho más atenta e inclusiva de los funcionarios.
Es hora de que en el Gobierno lo entiendan. Antes que muchos decidan que las elecciones de agosto y de octubre son un buen momento para hacérselos entender.