Las comunidades de vecinos de la Región tratan de blindarse ante la proliferación de los pisos turísticos. Para evitar que los propietarios del inmueble puedan destinar las viviendas que se quedan vacías al uso turístico están optando por reformar los estatutos de la comunidad para prohibir de forma expresa esta práctica, según ha confirmado a La Opinión el portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, Antonio Ruiz.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aboga por limitar este tipo de alojamientos en las ciudades con más déficit de viviendas, que están sufriendo incrementos de precios desbocados, y ha anunciado que va a convocar a los consejeros de Turismo a una conferencia sectorial para tratar de establecer restricciones ante la merma de la oferta que genera en el mercado inmobilario.
Según los datos facilitados por la Consejería de Turismo, en este momento hay 7.531 viviendas de uso turístico registradas, frente a las 4.700 computadas por Exceltur en 2023, que aportan 38.412 plazas.
Esta cifra resulta muy superior al número de camas que ofrecen los hoteles de la Región, que no llegan a las 23.000. Mientras que la apertura de nuevos establecimientos hoteleros se produce por goteo, los pisos turísticos siguen una trayectoria vertiginosa y han sumado 14.533 camas más en un año.
Muchos de estos pisos pertenecen a propietarios particulares, que encargan la gestión a las plataformas digitales como AirbnB. En otros casos la propiedad está en manos de inversores y fondos que adquieren todas las viviendas de un edificio para destinarlas íntegramente al uso turístico, lo que está provocando un paulatino abandono de los residentes, porque no tienen posibilidades de pagar los elevados precios del mercado inmobiliario.
La Región cuenta, además, con 2.442 apartamentos turísticos tradicionales, que están regulados por la Consejería de igual forma que los hoteles, y suman otras 10.164 plazas. En su gran mayoría se encuentran en las playas.
La expansión de los pisos destinados al uso turístico en las ciudades españolas con mayor demanda de viviendas también está complicando la convivencia entre los vecinos y los inquilinos ocasionales, que entran y salen a cualquier hora del día y suelen hacer más ruido del normal al moverse en grupo, sin tener en cuenta muchas veces el descanso de los demás ocupantes del inmueble.
El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas admite que la presencia de estos turistas «puede alterar el día a día de los vecinos», aunque precisa que no suele ocurrir lo mismo «cuando se trata de una familia que va a ver una ciudad», dado que su comportamiento es más acorde con el del resto de los residentes.
«Lo peor es que esos pisos se alquilen para celebraciones o despedidas de soltero. Eso sí les da miedo a los vecinos», asegura Antonio Ruiz.
Su opinión es que en las ciudades de la Región, al tener «un carácter monumental», este tipo de alojamientos son utilizados por personas que realizan «un turismo cultural o gastronómico».
El temor a que los propietarios con viviendas vacías las destinen al uso turístico está llevando a las comunidades de vecinos a blindarse mediante un cambio en los estatutos, que debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos en una asamblea, precisa Ruiz.
Recuerda igualmente que la modificación estatutaria debe ser inscrita en el Registro de la Propiedad para que tenga validez legal a la hora de impedir el cambio de uso de una casa del edificio.
Por su parte, la Consejería de Turismo ha manifestado que no prevé la reforma de los decretos que han establecido las normas de cada tipo de alojamiento, «ya que en los últimos seis años se han actualizado todos los que regulan los distintos segmentos». Añade que «se abordaría únicamente alguna parcela que actualmente no cuente con normativa regional y que se considere que pueda mejorar las prestaciones turísticas de la Región en conjunto con las capacidades del sector».
También considera que «el segmento de los alojamientos de uso turístico es indispensable para reforzar y ampliar la oferta de la planta hotelera de la Región, en especial en periodos de alta ocupación».
Contratos por meses tras la reforma de la ley
El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jerónimo Jover, asegura que entre un 15% y un 20% de los propietarios de las viviendas de alquiler de la Región cuyos contratos de arrendamiento están a punto de caducar han decidido destinar sus casas al alquiler vacacional o de temporada, lo que les permite firmar un contrato por meses a estudiantes o a inquilinos de paso. Jover sostiene que esta fórmula se ha convertido en un escudo para sortear las imposiciones que la nueva ley de vivienda establece cuando los inquilinos son familias vulnerables que dejan de pagar.
No obstante afirma que, «incluso en un contrato de 11 meses, cuando el inquilino sea una familia que ha caído en una situación de vulnerabilidad», se aplicará las mismas medidas de protección que hacen posible «la prórroga hasta los cinco años».
A su juicio, la reforma legal está haciendo que la oferta de casas en alquiler se reduzca aún más y que gran parte de los demandantes queden fuera del mercado, porque no pueden asumir los precios. «Cuando sale una vivienda, a las dos o tres horas hay 20 o 25 personas esperando, lo que permite al propietario elegir el mejor perfil», explica.
El portavoz del Colegio apunta que en caso de impago «los arrendadores tendrían que seguir costeando el agua y la luz para no ser acusados de acoso, pero 98% son personas que han invertido sus ahorros pensando en el futuro», defiende.
El Colegio de Agentes de la propiedad cumple 75 años
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria cumple 75 años. Entre otros actos conmemorativos, ha organizado una mesa redonda en Murcia este jueves con la participación de los expresidentes del Consejo General de Colegios de España, Jaime Cabrero García, y del Colegio de Cataluña, Joan Ollé.
El viernes se celebrará en Cartagena un homenaje a familias vinculadas al Colegio y una conferencia de Gonzalo Bernardos sobre 'El regreso del boom inmobiliario'.
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