En los primeros meses de la administración Macri el público esperaba que el nuevo gobierno tomara medidas drásticas con los empleados militantes nombrados por el gobierno anterior.
Se hizo mal y a medias.
El propio presidente lo había prometido al final de la campaña y antes del balotaje: "El Estado tiene que estar al servicio de la gente –dijo-, no puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Esto destruye la posibilidad de crecer. Vamos a revisar esos contratos".
Al poco tiempo –como recuerda ahora Margarita Stolbizer en un informe sobre el empleo público- se dicto el decreto 254/2015 en el que se instruía a ministros y demás a revisar "los procesos concursales en un plazo no mayor a seis meses y de tres meses en relación a los contratos más recientes".
Nada de esto sucedió: continúan en el Estado cientos de funcionarios que fueron designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
El informe sobre empleo público de Stolbizer muestra que el actual gobierno les prorrogó la designación y en muchos casos, incluso, fueron ascendidos.
En medio de aquel barro, al gobierno se le agregó otro problema: las incompatibilidades de los funcionarios actuales, lo que podía suponerse como intereses particulares de los CEOs que interfiriesen en su trabajo.
El caso de Alejandro Cacetta, titular del INCAA, ex gerente de Pol-Ka y Patagonik Film Group era uno de ellos y sobre el volveremos enseguida.
Los anexos del informe de Stolbizer detallan cientos de funcionarios políticos K que permanecen en sus puestos: directores nacionales y subsecretarios en su mayoría.
El escándalo del INCAA, los despidos y los videos de vergüenza ajena grabados por los actores se vinculan a estos hechos.
El gobierno nunca fue claro a la hora de comunicar los hechos y el mismo Cacetta, que en las primeras horas era tachado como corrupto paso al día siguiente a ser una especie de San Martin de la butaca.
Al asumir su cargo Cacetta consultó a la Oficina Anticorrupción por eventuales incompatibilidades: la oficina de Laura Alonso le sugirió no firmar ni intervenir en negocio alguno con la productora Patagonik ni empresas ligadas.
Sin embargo, lo hizo: alquiló el predio donde funcionó el laboratorio Cinecolor (socios de Patagonik) por 600.000 pesos mensuales por dos años; allí inauguró la Cinemateca y el Archivo de la Imagen Nacional.
El INCAA ha sido, históricamente, un nido de corrupción focalizada y manejada por parte de la industria; ni siquiera esto fue patrimonio exclusivo de los K, aunque fue durante la gestión kirchnerista donde el robo aumentó como nunca antes.
Hasta se sospecha que quien prendió esta mecha con una denuncia anónima a la Jefatura de Gabinete fue un miembro de una de las bandas: un abogado que se vio perjudicado por el avance de la "competencia".
Algunos ejemplos que ya están en poder de la OA, documentados: para evitar llamados a licitación por cifras superiores a 300 mil pesos hay, en el mismo día, adjudicaciones por 290.000 a la misma empresa.
Los proveedores son de lo más versátiles: la misma empresa arregla un baño, arma una isla de edición o vende tarjetas de Navidad.
Los investigados son Place International Trading, César Javier Martínez, Marta Lucía Villarreal y Aldo Zanetti. En la mayoría de los viajes a festivales se aplicó la ley del doble de monto.
También en las compras de informática. Un ejemplo mínimo: el 22 de enero la compra de 300 pendrives tipo tarjeta de 16GB se pagó $86.700 cuando en Mercado Libre el mismo producto se cotiza $ 45.000.
Pablo Rovito, el rector del ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) es, a la vez, propietario del 16,66% de la sala INCAA de Constitución, que le alquila al INCAA y fue comprada con un crédito del Instituto.
Rovito acusó al gobierno de llevar a cabo una caza de brujas aunque su mandato por concurso estaba vencido desde el 2012 y continuaba en su puesto.
La reacción del "ambiente" frente a esto fue completamente corporativa, argumentando que el INCAA no le pide dinero al Estado y se maneja con un presupuesto que ellos mismos generan.
En principio, no es así: el INCAA no es de los cineastas sino del estado argentino y esto va más allá de quien pone el dinero; de todos modos, el Estado agrega 500 millones de aportes extra del Tesoro que sirven para pagar los sueldos de los 700 empleados.
Como sucede habitualmente, se lanzaron acusaciones de hechos que no estaban sucediendo: el gobierno no piensa bajar el presupuesto del INCAA ni –como escuché en uno de los videos bochornosos "venderlo a las multinacionales".
Entiendo que, al carecer de letra propia, los actores tengan una tendencia a leer letras ajenas, pero deberían pensar en el contenido de lo que memorizan, someterlo a un análisis mínimo.
Robar por izquierda no es mejor que robar por derecha, es lo mismo. La mitad del escándalo se hubiera evitado si el gobierno, a la hora de hacer los anuncios, hubiera dado a conocimiento público las boletas, los contratos y la tonelada de papeles que posee y que muestran el desfalco. Fue, todo, un papelón de película.