La reforma pensional en Colombia, recientemente debatida en el Congreso, propone una reestructuración significativa del sistema de pensiones, pasando de dos regímenes que compiten (prima media y ahorro individual) a una modalidad complementaria.
Este cambio pretende limitar los subsidios estatales para pensionados, actualmente beneficiando hasta 25 salarios mínimos de manera desigual, favoreciendo a los de mayores ingresos.
La polémica se centra en el umbral de ingresos a partir del cual los cotizantes deberán complementar su aporte pensional en fondos privados, tema que ha provocado un intenso debate y ajustes en el umbral de cotización sugerido por el presidente Gustavo Petro, que ha oscilado entre cuatro salarios mínimos y 2,3, planteando desafíos políticos y económicos.
A través de este proceso legislativo, el umbral de cotización ha experimentado variaciones, inicialmente recomendado en cuatro salarios mínimos y posteriormente ajustado a 2,3 salarios mínimos para facilitar la aprobación en el Senado. Sin embargo, el presidente Petro ha manifestado su interés en retornar al umbral original de cuatro salarios mínimos, lo que ha encendido el debate en la Cámara de Representantes y podría influir en la conciliación final de los textos aprobados.
Los fondos de pensiones, por su parte, se preparan para una transición, negociando su papel en el nuevo esquema pensional y enfrentando cambios en las comisiones que pueden cobrar por la administración de los ahorros, un aspecto relevante en el contexto de la reforma.
La propuesta de reforma también incluye medidas como un régimen de transición específico, la posibilidad de traslado de régimen para algunos cotizantes, ajustes en los requisitos de pensión para grupos étnicos, y mecanismos de protección al ahorro en la pensión, orientados a garantizar una mayor equidad y sostenibilidad del sistema pensional.
Entre las novedades, se encuentra el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado para mujeres, permitiéndoles una reducción en las semanas de cotización, y la introducción de una pensión anticipada para quienes no cumplan con el régimen de transición, pero hayan alcanzado un mínimo de semanas cotizadas.
La reforma se enfrenta a un camino complejo en el Congreso, con la oposición preparando estrategias para retrasar la discusión y posibles tutelas, mientras el Gobierno busca asegurar los votos necesarios para su aprobación antes del cierre del periodo legislativo.
Este contexto refleja las tensiones y los desafíos que supone la implementación de cambios profundos en sistemas de seguridad social como el pensional, en un país donde la equidad y la sostenibilidad fiscal son preocupaciones centrales. La propuesta de Petro, junto con las negociaciones con los fondos de pensiones y los debates legislativos, sigue siendo punto de atención y análisis por parte de expertos y afectados por la reforma.
Críticas y apoyos a la nueva reforma pensional del Gobierno Petro
El Senado de la República aprobó el 23 de abril de 2024 una reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, que ahora será deliberada en la Cámara de Representantes. Dicho proyecto introduce un modelo basado en diversos pilares, incluyendo aspectos semicontributivos, contributivos, solidarios y de ahorro pensional. Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas y reservas entre especialistas, destacando comentarios del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ahora rector de la Universidad EIA.
Entre las preocupaciones señaladas por Restrepo se incluyen las implicaciones negativas para los trabajadores que no logren cotizar el mínimo de semanas requeridas para acceder a una pensión, resultando en beneficios mínimos tras finalizar su vida laboral.
Destaca, además, la inexactitud técnica en el ajuste de cifras relacionadas con los ingresos mínimos necesarios, lo cual podría afectar la ejecución de políticas públicas eficaces. Por otro lado, el exfuncionario aplaudía la decisión de dejar la administración del fondo de ahorro pensional en manos del Banco de la República, en lugar de Colpensiones.
Aun así, lo que realmente ha sido objeto de crítica es la anticipada necesidad de una futura reforma pensional debido a la insuficiencia de recursos para pensionar a las nuevas generaciones. Restrepo también señaló de manera crítica la propuesta de una reforma laboral que, a su juicio, fomentaría la informalidad y el desempleo, elementos contraproducentes para la sostenibilidad del sistema pensional.
Este enfoque en la reforma pensional y sus posibles implicaciones se une a una serie de retos que debe enfrentar la Cámara de Representantes para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad y equidad del sistema. La necesidad de ajustes a regímenes especiales no abordados en esta iniciativa, y la importancia de promover el ahorro y la formalidad laboral son aspectos cruciales para el futuro del sistema pensional de Colombia.