La concesión del referéndum es lo único que le queda a Sánchez para conseguir el apoyo de los independentistas. Por eso, al órdago soltado por Aragonès en el Senado exigiendo una consulta le ha seguido una respuesta polivalente de Pilar Alegría. La portavoz del sanchismo no ha dicho que el referéndum de autodeterminación sea inconstitucional. Lógico. Tienen la cara colorada con los mentís sobre el indulto, la amnistía, o pactar con Podemos y Bildu.
La señora Alegría, portavoz sanchista, se ha decidido por un requiebro que permitirá el «cambio de opinión». La portavoz ha dicho que el Gobierno socialista no está «a favor del referéndum» porque «no es positivo para Cataluña». No es que el Ejecutivo piense que el referéndum no encaja en la Constitución porque rompe la soberanía nacional. Quia. Es que el referéndum no toca ahora. Tocará cuando se sienten a negociar el gobierno de Cataluña después de las elecciones, o cuando pacten cualquier ley vital en el Congreso.
Las medidas declaraciones de Alegría dejan la posibilidad a cambiar de opinión sin el peso de la hemeroteca reciente. Con esas medias tintas los socialistas podrán decir en plenas negociaciones que están a favor del referéndum porque justo entonces será positivo para la convivencia en Cataluña. Esto significa que ya están hablando del momento y de la forma para plantear una consulta sobre la independencia antes de que acabe la legislatura.
A partir de dicha conclusión, de la evidencia de que ya está sobre la mesa el referéndum, al igual que la amnistía se pensó antes del 23-J, todo es teatro. Las declaraciones de Salvador Illa al respecto no valen nada. Hay que examinarlas a la luz del interés de Sánchez de tener algo que atraiga el apoyo parlamentario de los nacionalistas. La suspensión de la iniciativa legislativa popular registrada en el Parlamento de Cataluña para seguir el plan de independencia que ha dictado el Tribunal Constitucional forma parte del control de los tiempos en una negociación. No solo eso, sino que niega la unilateralidad del proceso; es decir, que Sánchez se quiere guardar la carta del referéndum para negociar. Si la consulta no sale de un pacto para la «concordia» el PSOE no la puede vender ni rentabilizar.
El TC ha dicho que el Parlament, por sí solo, no puede repetir el referéndum y la desconexión golpista de 2017. Vamos, que no tiene competencias para dicha iniciativa. Otra cosa es si la iniciativa es del gobierno de España o del Congreso. De hecho, ha sido Sánchez quien ha presentado el recurso al TC contra dicha iniciativa nacionalista.
El atractivo negociador del referéndum es que se puede maquillar con la legalidad existente. La jurisprudencia del TC impide que sea sobre la autodeterminación y solo en Cataluña. Igualmente, no puede ser vinculante, sino consultiva. ¿Qué soluciones caben en la negociación de Sánchez con los independentistas? La primera es la posibilidad de transferir a la Generalitat la competencia para convocar un referéndum consultivo. Lo pidió Artur Mas en 2014 y Rajoy se negó. El Congreso, de mayoría sanchista y Frankenstein, podría tramitar una ley orgánica que lo permitiera.
Luego está la posibilidad de que Puigdemont, o el independentista de turno, se marque un Ibarretxe en el Congreso de los Diputados con un nuevo Estatuto bajo el brazo. En 2003, el lendakari se plantó en la Cámara Baja para explicar el «derecho del pueblo vasco a decidir su futuro» en pro de «la convivencia». De hecho, Rajoy invitó a Puigdemont a presentar su plan en el Congreso como había hecho el peneuvista. La respuesta del catalán fue que no quería un nuevo Estatuto ni una reforma de la Constitución. Ahora puede ser diferente. Las posibilidades, en suma, están ahora más abiertas que nunca para seguir el proceso independentista dentro de la ley si, como dice el sanchismo y el independentismo, impera la voluntad.
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