Julio De Vido no deja de sumar procesamientos y complicar su situación judicial. La Cámara Federal porteña procesó este jueves al ex ministro de Planificación Federal por el pago de un sobreprecio del 56 por ciento y sospechosos adelantos financieros a las empresas Urban Baires y SVC para las obras para la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) del Estado.
De esta forma, el ex ministro de la ex presidenta Cristina Kirchner ya suma dos condenas (Tragedia de Once a 5 años y 8 meses) y compra de trenes chatarra a España (4 años), más siete procesamientos en los casos Skanska, Cuadernos de las Coimas, la telenovela "Mamá Corazón" de Andrea del Boca, el otorgamiento irregular de subsidios a colectivos, dos causas de fraude en obras de Odebrecht y la ampliación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros.
Sin embargo, De Vido no está con condena firme porque aún falta que las sentencias sean ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte. Se encuentra con prisión domiciliaria en su casa en un countrie de Puerto Natal.
Este nuevo procesamiento le implicó también un embargo de 50 millones de pesos que sumados a los de los otros 7 procesados por la maniobras se llega a una cifra total de 400 millones de pesos.
El fallo de 48 páginas fue decidido por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah mientras que su colega y ex abogado de Cristina Kirchner, Roberto Boico, votó por el sobreseimiento del poderoso ex ministro K.
Al igual que en el caso de YCF, De Vido no hizo la obra en forma directa sino a través de una universidad del Estado para seguramente evadir procedimientos y controles. En este caso fue la Universidad de San Martín (USAN).
"La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas", agregó.
La cámara subrayó que "no puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas".
Para convertir el sobreseimiento inicial de De Vido en procesamiento, el tribunal consideró que De Vido puso al Consejo Asesor del proyecto en la órbita de su ministerio.
"Más aún, estipuló que el titular del Ministerio lo presidiría. Fue el propio De Vido quien aprobó la resolución 1785/2009 del MINPLAN del 18 de septiembre de 2009, y con ella, el Acuerdo para la conformación del Consejo Asesor" de este proyecto de TV digital para "democratizar la información", agregó el fallo.
De esa forma, "la supuesta realización de los hechos habría sido llevada a cabo a través de conductas concretas desplegadas por ese funcionario público, lo que amerita considerarlo al menos en esta instancia coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
En el pronunciamiento se confirmaron los procesamientos de directivos de la Universidad Nacional de San Martín (USAN) y de la empresa Urban y SVC: Luis Alberto Vitullo, Carlos Rafael Ruta, Raúl Eugenio Pieroni, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez y Domingo Alfredo Simonetta.
Al contrato original, De Vido y Ruta, ex rector de la USAN, le fueron agregando varios cambios desde el 2009 en adelante.
Entonces, "el perjuicio económico que se imputa, respecto de los montos irrogados por la obra civil y adquisición de equipamiento, surge primeramente al tener en cuenta los montos presupuestados por las empresas URBAN BAIRES y SVC y aprobados y receptados por las autoridades del otrora Ministerio de Planificación y la UNSAM".
Esos llegaron a "las sumas de $ 222.993.181 para la realización de la obra en los edificios susodichos, y por SVC S.A. en la de $ 107.376.072 para el equipamiento tecnológico".
Sin embargo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) , "fijó los siguientes valores para ambos rubros: $ 129.532.464,38 para la obra civil; y para el equipamiento $ 81.924.698,81". "Esto determinó un sobreprecio en el presupuesto de $ 93.428.892,74 en la obra civil (72,15%) y con relación al valor real del equipamiento CIARDI/MOCAP completo, el sobreprecio que se advierte respecto lo presupuestado es la suma de $ 25.451.373, 19 (31,07%)", indicó la Cámara Federal porteña.
De esta forma, el valor total de lo aprobado y contratado luego de las sucesivas adendas "fue la suma de $ 330.369.253, mientras que su valor de mercado era $ 211.457.163, lo cual determina que la diferencia total en demasía o sobreprecio fue de $ 118.912.089,87 o sea, un 56,23%", destacó el fallo.
Durante la investigación, todas las defensas coinciden en criticar la tasación del TTN y el informe del Cuerpo de Peritos Contadores.
Sin embargo, la Cámara los confirmó en la mayoría de su contenido y destacó la declaración testimonial de la licenciada en economía Mariángeles Novelle, que fue coordinadora administrativa de la Gerencia de Infraestructura de la UNSAM.
Novelle manifestó que "en cuanto a los anticipos financieros yo fui la que le recomendé a Raúl Pieroni que dejara de firmarlos. Primero son inusuales, no están comprendidos dentro del marco de la obra pública y segundo que llegó un momento en que eran incontrolables". Antes, los proyectos se pagaban con adelantos de obra tras confirmar los trabajos sin anticipos financieros.
La economista dijo a la Justicia que "además le quedó a Urban Baires un montón de plata a partir del método que había inventado el Secretario General Scherdwfeder -sic- hizo que les quedase en su poder entre veinte y treinta millones sin justificación"
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