«España se está italianizando: las empresas van a lo suyo e ignoran la política, es decir, la actividad económica va por un lado y la política por otro. Por eso, España va bien a pesar de todas las medidas antimercado del Gobierno», explicaba un analista ya antes del anuncio de posible dimisión de Pedro Sánchez. Ahora bien, distintas fuentes aseguran que el mundo empresarial preferiría la convocatoria de elecciones antitipadas.
En Italia, el mundo de las empresas hace décadas que se independizó de la política debido a los continuos cambios de Gobierno que sufría ese país -hasta 2022 tenía una media de un nuevo Ejecutivo cada 13 meses-, si bien en los últimos años ha habido mayor estabilidad. Por eso, la economía italiana ha sido capaz de seguir creciendo a pesar de estos vaivenes.
En España ha empezado a vivirse un proceso similar con el Gobierno de Sánchez. Y ha quedado en evidencia con el órdago del presidente, que este lunes anunciará si dimite o si se queda tras el acto de adhesión de la militancia socialista de este sábado. Como informó OKDIARIO, este anuncio no ha tenido ningún impacto en la actividad económica ni en los mercados.
«Hemos pasado a una situación donde ya habido tantas crisis políticas que al mercado le dan un poco igual. Lo que le importa es que Europa controla el presupuesto de España y va a impedir que se hagan disparates gobierne quien gobierne. Eso tranquiliza a los inversores, que están ignorando la incertidumbre creada por Sánchez», señala un gestor de fondos de inversión.
«En realidad, los mercados están mucho más pendientes de los datos de inflación, de los datos de crecimiento o de las políticas de los bancos centrales. Para que ocurriera un evento en el cual los mercados descontaran algo de riesgo político en España, deberíamos ver la conformación de un Gobierno con políticas francamente distintas, incluso hostiles, a las políticas o a las directrices que emanan de Europa», señala Pedro del Pozo, director de inversiones del grupo Mutualidad.
También están pendientes de los eventos puramente empresariales, como los recientes resultados de Sabadell, Iberdrola o Repsol, la batalla de opas en Applus+, las próximas ofertas sobre Naturgy y Talgo, el futuro de Telefónica o la salida a Bolsa de Puig.
Además, el Gobierno actual tiene muy poco margen de actuación en política económica, por su dependencia de sus múltiples socios parlamentarios, algo que se ha demostrado con la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 por el anticipo de las elecciones catalanas.
Por tanto, siga o no Sánchez, no se espera ningún cambio en el rumbo de esta política y de su impacto en las empresas. Una política que, además, no está lastrando la actividad por una conjunción de factores que están favoreciendo a España y que describía recientemente el FMI: «El fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares, el aumento del consumo público y el sólido desempeño de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos». A lo que hay que sumar el impacto de los fondos europeos.
Anhelo de elecciones
A pesar de todo lo anterior, el mundo económico sí desea unas elecciones anticipadas de las que pueda salir un Gobierno del PP. Como informó OKDIARIO en marzo, cuando estalló el caso Begoña, la banca estaba atrapada entre su expectativa de un cambio de Gobierno y su necesidad de contentar al PSOE mientras no se convoquen elecciones, ya que tiene que negociar la modificación del impuestazo que el Ejecutivo pretende hacer permanente.
Como es lógico, el mundo empresarial y financiero prefiere un Gobierno que no suba los impuestos y las cotizaciones sociales, sino que los baje y reduzca la carga fiscal que sufren las compañías y los trabajadores. Asimismo, quiere que se reduzca el intervencionismo del Estado en la economía que ha llevado al extremo Sánchez con operaciones como la entrada de la SEPI en Telefónica o los vetos a operaciones como la compra de Prisa por Vivendi o la de Talgo por el grupo húngaro Magyar Vagon (éste sólo anunciado de momento).
Las empresas también quieren un cambio en la política laboral, que recupere el diálogo social y que deje de imponer ocurrencias como la reducción de la jornada laboral o el endurecimiento del despido.