El Poder Ejecutivo pretende reformar la Ley General de Contratación Pública para abrirle un boquete —según la expresión utilizada por la contralora, Marta Acosta— de un ancho suficiente para permitirle asignar a dedo la construcción de carreteras, aeropuertos, hospitales y otras obras sin revisión de la Contraloría General de la República ni apego a las normas de control. Ni siquiera la Asamblea Legislativa tendría la posibilidad de examinar y aprobar los empréstitos internacionales utilizados para esos fines.
El propósito de contratar a capricho ni siquiera fue disimulado por la fracción gobiernista. Según la jefa de bancada, Pilar Cisneros, es necesario desarrollar obra pública "a dedo o no a dedo". Si esa fuera la disyuntiva, todo ciudadano interesado en evitar la corrupción optaría por "no a dedo".
Eso ha hecho el legislador costarricense a lo largo de los años y todavía no consigue erradicar los malos manejos. No es difícil imaginar lo que ocurriría si la actual administración se sale con la suya y el Congreso elimina los controles vigentes. Sería mucho más que un retroceso, porque semejante descontrol de la inversión pública no tiene precedente.
Por suprema ironía, el proyecto de ley llega a la corriente legislativa justo cuando el gobierno destituye altos funcionarios, manifiesta dudas y presenta denuncias penales precisamente porque emplearon un mecanismo de excepción para contratar arreglos en la pista del aeropuerto de Liberia. Las medidas disciplinarias se tomaron por la contratación propiamente dicha, sin mencionar siquiera la irregular aplicación de la normativa sobre emergencias que la hizo posible.
También constituye una ironía que la actual administración, comprometida en campaña a conducirse con un grado de transparencia jamás visto, al punto de transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Gobierno, ahora pida autoridad para cerrar todas las persianas y contratar a oscuras, con solo bajar el dedo, grandes obras de infraestructura por cientos de millones de dólares.
El pretexto, ensayado una y otra vez para evitar controles, es la urgencia de construir las obras. En el fondo, se trata de una confesión de ineptitud. El Ejecutivo promueve el proyecto de ley, en primera instancia, para construir la Ciudad Gobierno con el opaco mecanismo diseñado tras descartar el avance de la idea durante la administración anterior. Si hubiera seguido por la misma senda, la infraestructura estaría en construcción, pero decidió tomar un rumbo a todas luces reñido con la ley y chocó de frente con la Contraloría General de la República.
El argumento de urgencia es particularmente irónico cuando la bancada oficialista argumenta la necesidad de construir con prontitud hospitales en Limón y Guápiles, mientras el país no sale del asombro por las razones esgrimidas para retrasar la construcción del Max Peralta, que van desde la invitación a geólogos californianos para revisar el terreno ya aprobado por profesionales costarricenses hasta la posibilidad de un nuevo Chernóbil, pasando por la lectura de estudios referidos a otros terrenos.
En esta oportunidad, la contralora Acosta no está sola. La Dirección de Contratación Pública del propio Ministerio de Hacienda calificó el proyecto de "riesgoso" e "inoportuno", y previno que podría generar "perjuicios propios de una inobservancia al principio de libre concurrencia, al no poderse valorar otras opciones distintas de la seleccionada y, por ende, no se podría tener garantía de que la oferta aceptada representa efectivamente la mejor opción en costo y beneficio, con lo que también se podría generar afectación al principio de valor por el dinero".
La Asamblea Legislativa deberá decidir si ese es el país que queremos y si su confianza en el Poder Ejecutivo es tanta como para poner en sus manos, o más bien, en su dedo, el dinero de la ciudadanía.