Colombia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó a los integrantes del Comité Promotor del Referendo de Autonomía Fiscal para las Regiones con el que proponen modificar el artículo 298 de la Constitución Política con el fin de que los tributos directos de renta y patrimonio, que hoy son administrados por la Nación, pasen directamente a los Departamentos.
En total el comité contará con 12 miembros, entre estos el concejal y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, el exministro Wilson Ruiz, quien será el gerente de firmas, el senador del Centro Democrático Guido Echeverry, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, Eugenio Prieto, quien será el vocero del comité, el periodista Diego Santos, la líder social Juliana Castañeda, la abogada Hilduara Barliza Brito, el exministro Carlos Cano, la administradora de empresas Ana Lucía Villa y la exrepresentante a la cámara, Vanessa Mendoza.
De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, esta propuesta no consiste un llamado a la federalización de Antioquia o del país y su único propósito es apelar a la autonomía fiscal del nivel intermedio de Gobierno.
"Pasaría esto de ser una competencia, una obligación de la Nación, a hacer algo esencial de la estructura fiscal de los departamentos y el distrito y con fundamento en eso, poder atender mejor las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Todos los departamentos y el distrito ganarían no solo porque muchos verían duplicar sus ingresos, sino porque esta propuesta conlleva la creación de un fondo de convergencia regional".
Así mismo, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, indicó que este referendo brindaría una mayor capacidad de respuesta para resolver los problemas que tienen hoy las regiones.
"Si tiene dificultades económicas Antioquia o el Valle, pues uno se pregunta y la región de los Llanos, y el Pacifico o la Guajira, pues son muchas más las necesidades y esta podría ser respuesta real para poder tener no la totalidad de la capacidad de respuesta económica, sino suficientes recursos para atender las problemáticas regionales".
Tras la conformación de este comité, ahora contarán con 6 meses para recolectar más de 2 millones de firmas ciudadanas, presentarlas ante la Registraduría y presentar este proyecto ante el Congreso y la Corte Constitucional. En caso de obtener su aprobación allí, pasaría a las urnas de votación para decidir si se convierte o no en realidad.