Las plazas en residencias para mayores crecerán en Aragón un 8% en los próximos años
Los proyectos en marcha de centros asistenciales generarán 1.430 camas más. La DGA regulará en 2025 los nuevos criterios de acreditación de estos complejos.
Las residencias de mayores que ya están construyéndose y las iniciativas que se podrían materializar a medio plazo ampliarán la actual oferta de plazas en Aragón un 8% los próximos años. Si no surgen contratiempos, se sumarán 1.430 camas, en al menos 18 nuevos centros asistenciales y algunas ampliaciones, a las 17.722 que existen en estos momentos en la Comunidad.
El complejo sociosanitario que AXA IM Alts y el Grupo Lar están levantando en el barrio del AVE de Zaragoza, con capacidad para 270 personas, es el proyecto de mayor envergadura. Le siguen el de Alcañiz, para 180 usuarios, que podría entrar en funcionamiento a finales de año, y el que el grupo Vitalia abrirá el próximo noviembre en el solar de Textil Bretón de Huesca para 158. Se trata de tres iniciativas privadas a las que se añaden centros para menos de un centenar de usuarios, impulsados la mayoría por ayuntamientos y comarcas.
Los complejos de Valdefierro en Zaragoza (100 plazas) y Ateca (56) son los únicos promovidos por la DGA con fondos europeos. La puesta en marcha de la residencia de mayores de Ateca se retrasa y no estará lista para finales de este año. El Ejecutivo autonómico está negociando con la empresa constructora, Mariano López Navarro (MLN), la ampliación del plazo de finalización, confirman desde el Departamento de Servicios Sociales. Contará con 56 plazas, agrupadas en cuatro unidades de convivencia, y centro de día. Las obras comenzaron el 23 de mayo del año pasado con un plazo de 11 meses. Su nivel de ejecución es de algo más del 11%.
El gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Lucio de la Cruz, no cree que se pueda hablar de un 'boom'. Según los datos que maneja esta asociación, en la que se visan las direcciones de obras de los proyectos que se ponen en marcha, en 2020 fueron dos, uno en 2021, cuatro en 2022 y tres el año pasado. En la provincia de Zaragoza las plazas aumentarán un 6% (701 más) y en la de Huesca un 5% (218 más). La excepción es Teruel, donde crecerán casi un 20% (511 más).
Los alcaldes de los municipios que impulsan residencias, cuya gestión en la mayoría pasa a manos privadas o de entidades sociales, coinciden en que hay una gran demanda. Valoran también que generan empleo y, por tanto, dinamismo económico, lo que les lleva a lanzarse a levantarlas con sus propios recursos, si bien ayudados por subvenciones.
Un caso curioso es el del geriátrico de Agón, con capacidad para 20 personas, que ha sido posible gracias a la herencia dejada para este fin por una vecina. Otra situación llamativa es la de Maella, donde la residencia se inauguró en marzo de 2023 pero no llegó a abrir sus puertas. El Instituto Aragonés de Servicio Sociales (IASS) le denegó el permiso de apertura por una serie de deficiencias que afectaban a la seguridad y que se han subsanado. "Hemos invertido más de 100.000 euros y esperamos poder abrir en breve. Estamos a la espera de la inspección", comenta Mª Elena Bondía, la regidora.
Por fases
Muy habituales son las situaciones en las que los trabajos se hacen por fases y se prolongan años. La residencia de Pina de Ebro para 49 mayores se inició en 2007 y su acondicionamiento culminará este verano con el arreglo del jardín. "La esperamos abrir en 2025", avanza el alcalde, Pablo Blanquet. La edificación de la segunda de Escatrón, con 52 plazas, en un edificio que la empresa Termoeléctrica del Ebro usaba como economato y escuela, se quiere acabar en esta legislatura.
De pisos tutelados a geriátrico
En la provincia de Teruel, Alcañiz, Valderrobres, Villafranca del Campo e Híjar construyen edificios que sumarán 328 nuevas plazas. En otros tres municipios, Aguaviva, La Iglesuela del Cid y Castellote, se reconvierten en residencias los pisos tutelados ahora en funcionamiento, creando otras 98. Una decisión que han adoptado ante la mayor demanda de plazas para asistidos. Como señala el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, los ciudadanos "están viviendo en sus casas todo el tiempo que pueden apoyados por los servicios sociales que ofrecen las instituciones a domicilio, pero llega un momento en que ya no pueden continuar así y pasan a necesitar con urgencia todo tipo de atenciones".
En otras cuatro localidades amplían su capacidad: Monreal del Campo (31 plazas más), Utrillas (23), Andorra (19) y Albalate del Arzobispo (12).
La segunda actuación de más envergadura tras la de Alcañiz es en Valderrobres. La Fundación Grupo Arcoiris construye un complejo en pleno centro urbano para 90 usuarios que podría abrir sus puertas en septiembre.
Al Consistorio de Villafranca del Campo, con solo 300 vecinos, le está costando sacar adelante su residencia para 22 usuarios. Fuentes municipales explican que el edificio está en construcción desde 2004, pues los escasos recursos económicos del Consistorio y "las muchas trabas administrativas" han ralentizado las obras, pendientes en gran parte de subvenciones. Está casi terminada, pero, a falta aún de los últimos retoques y del equipamiento, no tiene fecha de apertura. Ya concluida y a la espera igualmente del mobiliario y aparataje se encuentra la de Híjar, que con 36 plazas costará tres millones de euros. "Ya hay lista de espera", subraya el alcalde, Jesús Antonio Puyol.
En el Alto Aragón, además del complejo de Vitalia en Huesca, avanzan las obras de la comarcal de Fonz, que finalizarán en junio. Comenzaron en 2006 y en marzo de 2010 se paralizaron para reanudarse el año pasado. Entrará en funcionamiento con 34 plazas, pero habrá hasta 60. Más retrasado está el proyecto de la que promueve la comarca del Bajo Cinca en Fraga, que dispone de los terrenos.
Nuevo modelo residencial
Especialmente después de la pandemia, tanto en las privadas como en las públicas se han llevado a cabo intervenciones de mejora y ampliación. Se está implantando el nuevo modelo de atención centrado en la persona y las unidades de convivencia, módulos hogareños con entre 10 y 15 residentes que comparten algunos espacios.
El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades aprobaron por la mínima a mediados de 2022 el nuevo modelo de residencias. Entre otras cuestiones establece que deben tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, 90 en densidad intermedia y 75 en zonas rurales.
Desde el Departamento de Servicios Sociales explican que no está vigente. Está previsto recogerlo en el plan normativo de 2025. "Se hará con especial atención a las excepcionalidades del territorio, densidad de población, dispersión etcétera, para fijar los grados de cumplimiento", concluyen.
"Hay que experimentar nuevos modelos de centros"
El portavoz en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, defiende la necesidad de "experimentar nuevos modelos de centros" para cuidar a los mayores que respondan a la filosofía de la atención centrada en la persona. Aboga por iniciativas "asequibles y sostenibles" para ayuntamientos de pequeñas poblaciones, que en ocasiones se "embarcan" en proyectos con costes que se disparan, no llegan a buen puerto o son un "saco sin fondo" para las arcas municipales o comarcales.
Pone como un ejemplo novedoso los recién estrenados apartamentos tutelados de San Esteban de Litera. Aunque en casos como este, considera que la Administración "debería estudiar alguna fórmula para que la norma permita este tipo de establecimientos en Aragón".
La oferta se presentó en marzo y llamó la atención de los potenciales usuarios. El edificio consta de 13 apartamentos individualizados, una cocina general para los 26 residentes y zonas comunes. El objetivo es que quienes vivan aquí tengan autonomía y se sientan como en casa.
García explica que funcionan como "servicios complementarios de una residencia de la zona" y que habrá que esperar hasta el verano para valorar su funcionamiento y coste.
Asegura que "todo el mundo busca residencias como servicios de proximidad" y es fundamental que se ubiquen en los cascos urbanos, donde los usuarios pueden mantener su vida social. La falta de suelo, especialmente en Zaragoza, encarece los precios.