En el 2020, Áncash era noticia porque cuatro de sus gobernadores regionales habían terminado detenidos. Apenas cuatro años después, Junín le sigue los pasos tras conocerse que el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción allanaron la sede del Gobierno Regional y 17 inmuebles vinculados al actual gobernador Zósimo Cárdenas como parte de las investigaciones por la contratación de una empresa que supuestamente no reunía los requisitos. Con Cárdenas investigado, Junín acumula tres gobernadores involucrados en actos de corrupción en casi 15 años.
El poder en Junín ha sido un péndulo desde el 2010 cuando Vladimir Cerrón se erigió por primera vez como presidente regional. En el 2014, Cerrón perdió ante su principal rival político Angel Unchupaico. En el 2018, volvería Cerrón. Para el 2022, con Cerrón inhabilitado y la lista de Perú Libre improcedente, todo parecía listo para el regreso de Unchupaico, pero este fue excluido por no declarar una sentencia por difamación.
Con los dos principales contendores fuera, Zósimo Cárdenas logró ser elegido como gobernador pero no ha podido romper con la sombra de corrupción de sus antecesores. Con apenas un año en el cargo, la Fiscalía acusa al actual gobernador de Junín de otorgar la buena pro a la empresa Fast Net Perú por un monto de S/ 78 mil por internet.
Cerrón cumplió seis meses prófugo de la justicia y acumula dos sentencias con pena de cárcel efectiva. Mientras que Unchupaico, pese a recibir dos sentencias en primera instancia, se mantiene gerenciado tres radioemisoras y dictando clases en Lima. "Son denuncias politizadas impulsadas por Perú Libre que ahora tiene el gobierno nacional. En ambos casos he apelado a la segunda instancia", afirmó Unchupaico a El Comercio.
Por su parte, el gobernador Cárdenas indicó en Junín que colabora con las indagaciones en su contra e insinuó que podría tratarse de una "cortina de humo" dede Lima.
—Oferta limitada—
Además de la investigación fiscal, el gobernador Zósimo Cárdenas se ha visto envuelto en otras polémicas como su anunciada intención de invitar al dictador venezolano Nicolás Maduro para la celebración del bicentenario de la Batalla de Junín. Pese a esta y otras accionesl, los analistas coinciden en que el voto en Junín no es ideológico.
El analista político, José Carlos Requena, enfatizóque "Junín tradicionalmente ha sido capitalista, pegada a la productividad", pero que termina votando por un discurso distinto por la oferta electoral donde, como en otras regiones, los partidos han abandonado territorio y prevalecen los movimientos regionales.
"Antes del 2010, la presidencia regional fue de centro izquierda con un Huaroc de tinte socialdemócrata que luego se convierte en un jale de Fuerza Popular", recordó requena tras comparar Junín con Áncash.
Cuando Vladimir Cerrón dejó su cargo regional para intentar postular en la plancha de Pedro Castillo, su vicegobernador Fernando Orihuela asumió el mando en Junín. Orihuela también es investigado por Fiscalía, y su domicilio fue allanado en el 2022 como parte de la indagación a Cerrón.
—La fiebre del cemento—
Para el politólogo Paulo Vilca, en Junín cojungan tres factores claves para el éxito electoral fuera del tema ideológico: la base territorial, la permanencia política y los recursos económicos.
"En Junín tienes a todo el Valle del Mantaro, que es la zona andina, de donde proviene la disputa de Cerrón y Unchupaico, y tienes la zona de la selva central, de donde proviene Cárdenas, quien fue alcalde de Pichanaqui y que en el 2018 había quedado tercero en la contienda regional", explicó.
A esto se suma que los movimientos regionales de los tres últimos gobernadores de Junín tienen varios años con inscripción electoral: Perú Libre de Cerrón desde el 2008 (pasó a ser partido en el 2016), Junín Sostenible con su Gente de Unchupaico desde el 2006 y Sierra y Selva Contigo Junín de Cárdenas desde el 2017.
Pero el factor que más incidencia podría tener en la corrupción regional es el económico. El politólogo Paulo Vilca sostuvo que, al no tener recursos económicos propios, los políticos regionales recurren al financimiento de actores privados.
"Los contratistas no financian carreras políticas en regiones por ideología, sino con la expectativa de que, una vez elegidos, puedan ser beneficiados con recursos públicos. Es por eso que buena parte de los proyectos de inversión son de fierro y cemento. No hay proyectos de desarrollo", dijo Vilca.
En el Congreso de la República existía un proyecto de ley que proponía eliminar a los movimientos regionales con el fin de eliminar el poder de los caciques regionales. Sin embargo, la Comisión de Constitución retrocedió y solo realizó modificaciones donde se establece que ahora los movimientos regionales deberán alcanzar por lo menos cuatro quintos (4/5) de municipios provinciales y distritales de su jurisdicción.