En 2024, los varios procesos electorales en América Latina serán sometidos a intensas presiones. La democracia estará a prueba ante una peligrosa disyuntiva: consolidar los incipientes avances democráticos o mostrar efectos regresivos. Peor aún, instaurar regímenes autoritarios, muy cercanos a la dictadura.
Además de la elección presidencial en El Salvador, en febrero pasado y cuyos resultados no sorprendieron a nadie, tendremos elecciones en Panamá, República Dominicana, México y Uruguay, en ese orden cronológico. Eventualmente habrá comicios en Venezuela. Todas, con varios ingredientes conexos: narcotráfico, corrupción y signos inequívocos de autoritarismo.
El 5 y 19 de mayo, votantes de Panamá y República Dominicana, respectivamente, acudirán a las urnas. En el caso de Panamá, hay 10 candidatos, incluso los expresidentes Ricardo Martinelli y Martin Torrijos. Según algunas encuestas, Martinelli es el favorito, aunque no es seguro que se pueda presentar, tras ser condenado recientemente a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, fallo que ha sido impugnado por sus abogados. Martinelli también será juzgado en agosto por el presunto pago de comisiones durante su gobierno a la empresa brasileña Odebrecht.
En la República Dominicana el actual presidente, Luis Abinader, anunció su candidatura a la reelección desde el año pasado, con una aprobación a su mandato de más de 70 por ciento. Bajo su liderazgo, la República Dominicana ha tenido una de las tasas de crecimiento del PIB más altas de América Latina, según la CEPAL. La elección tendrá como ingrediente importante la crítica a la actual administración del terrible manejo de la crisis por la inmigración haitiana.
En Uruguay se perfila Alvaro Delgado, mano derecha de Lacalle Pou y la economista y excandidata a la alcaldía de Montevideo, Laura Raffo; esta última con pocas probabilidades de triunfo.
La delincuencia podría ser un tema importante de debate en estas elecciones, ya que las tasas de homicidio han aumentado desde la pandemia; quizá por la intensa actividad de las bandas criminales brasileñas, en alianza con la mafia albanesa e italiana.
Uruguay es visto por la delincuencia organizada transnacional como un lugar de lavado de dinero, crímenes de cuello blanco, etc., en momentos en que un importante caso de narcotráfico atrae la atención nacional y regional .
En México, luego de las elecciones del 2 de junio, el país tendrá su primera mujer presidenta. La candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, ofrece continuidad en áreas en las que el gobierno no ha dado buenos resultados como servicios de salud, disminución de la pobreza, combate a la corrupción y a la delincuencia; extorsiones y crímenes de toda índole, particularmente, feminicidios y, sobre todo, altísimo nivel de inseguridad.
La coalición opositora estará representada por Xóchitl Gálvez, quien se autodefine como la candidata ciudadana. Gálvez impulsa la relocalización o nearshoring y la liberalización del sector energético, además de criticar activamente al gobierno actual por sus exiguos resultados en lo que prometió.
La elección mexicana está siendo marcada por la violencia política y los asesinatos de candidatos de todos los partidos, y un evidente crecimiento –en todo el país y fuera de este– de los cárteles mexicanos, con la amenaza que representa la intervención del crimen organizado y los narcotraficantes en las próximas elecciones.
Venezuela tendrá elecciones en la segunda mitad del año. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, está bajo presión internacional para celebrar elecciones libres y justas en 2024. Su gobierno es conocido por irregularidades electorales y represión de sus oponentes. Sin embargo, en octubre, él y la oposición acordaron una hoja de ruta electoral para 2024, como condición para que Washington eliminara algunas sanciones a los sectores de petróleo y gas del país durante seis meses.
Maduro se ha deshecho de casi todos sus contrincantes políticos y no permitirá la participación de la candidata que más opciones tenía, María Corina Machado.
Las elecciones que se llevaron a cabo en el 2023; entre ellas las de Ecuador, Argentina y Guatemala, no estuvieron exentas de la influencia de los grupos delincuenciales y la violencia contra los candidatos.
En varios países de la región los gobiernos coquetean con la idea de militarizar la lucha contra el crimen organizado. En México se pretende disfrazar esta práctica incorporando a esta lucha efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de las Fiscalías estatales, aunque los miembros de la GN, no son otra cosa, sino militares.
Desde luego, es importante combatir al crimen organizado, pero no debemos olvidar que combatirlo no es solo una cuestión de seguridad, sino de preservación de la democracia; de lo contrario, la lucha contra la criminalidad se convertirá en un instrumento de legitimación de nuevos autoritarismos.
Así, hoy América Latina enfrenta una disyuntiva sería: transitar y fortalecer los regímenes democráticos o virar hacia el autoritarismo. Todo, con la cereza del pastel: la elección presidencial en Estados Unidos, en la que -hasta ahora- se perfila como eventual candidato (y quizá triunfador), Donald Trump, lo que podría desdibujar los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos, por mejores gestiones y óptimos resultados para sus gobernados.
POR JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ
MIEMBRO DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO (SEM), CON RANGO DE EMBAJADOR / JEFE DE CANCILLERÍA EN LA EMBAJADA DE MÉXICO ANTE LA SANTA SEDE
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