El Gobierno de Sánchez prepara un centro de acogida para inmigrantes en la Base Aérea de Armilla (Granada) con el objetivo de descongestionar las saturadas islas Canarias. La Administración central lleva meses dispersando por toda la península a las miles de personas que alcanzan en patera el archipiélago (trasladó a casi 80 al día en 2023), ya sea alojándolos en hoteles de lujo -como en Málaga o Almería-, en albergues -en Granada o Zaragoza- o en bases militares y cuarteles generales -en Alcalá de Henares y Carabanchel-.
Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto el ojo en Armilla, en el área metropolitana granadina, lo que ha provocado críticas incluso en el PSOE. La alcaldesa socialista, Loli Cañavate, ha advertido este jueves de que una instalación temporal para la «atención humanitaria» de inmigrantes va a «saturar y a colapsar todos los servicios públicos» dadas las características de los municipios del entorno.
La regidora ha señalado que Armilla es una localidad «solidaria» que está capacitada para acoger a un número determinado de inmigrantes en función de su población, unos «80 o 90», pero no el volumen que pretende el Gobierno -más de mil-. «En nombre del Ayuntamiento de Armilla», he informando al Gobierno «de la no idoneidad de la ubicación, tanto por las características de los municipios afectados como por la calificación urbanística de los suelos», ha aseverado en un comunicado. El Ejecutivo central ha respondido al Ayuntamiento que «no es una decisión final» y que estudian «posibles ubicaciones alternativas».
El Ayuntamiento de Alhendín (PP), otro de los municipios por donde se extienden estos terrenos, ya mostraba este miércoles su oposición a «cualquier construcción» en la parte del término municipal que se incluye en la base aérea «al no estar permitida en la normativa urbanística». Este jueves la Corporación ha celebrado un Pleno extraordinario para abordar el asunto.
A este respecto, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha confirmado que «se están analizando» ubicaciones en distintos puntos de España para acoger instalaciones de este tipo, entre las que figura la Base Aérea de Armilla. Preguntado por la oposición vecinal que puede desencadenar la decisión, ha defendido que estos centros «son absolutamente necesarios y urgentes».
Visita de Vox a Armilla
El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha visitado este mismo jueves los terrenos de la Base Aérea de Armilla, desde donde ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) «para paralizar la construcción» del campamento que acogerá «a más de 1.200 inmigrantes ilegales». «Estamos hablando de precarización de servicios públicos. Vamos a tener más inseguridad y vamos a tener también más criminalidad», ha advertido, acusando al Gobierno de Sánchez de actuar «sin importarle lo que dice la Ley, lo que requiere el orden, olvidándose de que hay fronteras y de lo que demandan sus vecinos».
El portavoz parlamentario de Vox ha aludido a los datos del Ministerio del Interior publicados esta misma semana que reflejan «el incremento de la criminalidad en Andalucía en el último año» y un aumento de «casi el 20% de agresiones sexuales». «El mensaje que hay que lanzar es que ya ni Europa ni España ni Andalucía pueden tener una política de fronteras abiertas. Hay que empezar a desmentir esa falacia de que la inmigración ilegal es inevitable, porque no es así. La inmigración ilegal se puede evitar como lo están haciendo otros países», ha sentenciado.
También este jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado durante una visita a Ceuta que España está actualmente «mejor preparada que nunca» para la gestión de la inmigración ilegal y que la forma de hacerlo del Gobierno de Sánchez es «un ejemplo» a nivel internacional.
Pero los datos muestran lo contrario: tras dispararse un 565% la llegada de menores extranjeros no acompañados a Ceuta en 2024, la ciudad acoge ya a 288 menas. Y en los dos últimos años, Canarias ha recibido un total de 62.900 inmigrantes ilegales. «Nunca ha habido tantos fondos y tantos foros para abordar este importante desafío migratorio, poniendo los derechos humanos en el centro y trabajando por una migración ordenada, regular y segura, algo que está siendo puesto como ejemplo por muchos otros países y por la Unión Europea», ha celebrado.
En 2018 ya hubo un intento de imponer un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en un antiguo cuartel militar de Motril (Granada), pero la presión vecinal frenó el proyecto: se lanzaron a recoger firmar e hicieron guardia día y noche para asegurarse de que las obras no avanzaran y evitar así una «cárcel de inmigrantes» en su ciudad.