Europarlamentarios que representan a la República de Austria se han dirigido al Ayuntamiento de Orihuela para solicitar al alcalde Pepe Vegara (PP) la protección de la Finca Langostina. Ha sido el eurodiputado Roman Haider el que ha solicitado en una carta al alcalde que «proteja a la familia Wesenauer en lo relativo a que no se construya en el terreno que forma parte de la histórica finca Langostina».
El origen
La raíz del problema que se arrastra desde hace más de dos décadas es que la singular finca y Casa Langostina, parcela única del histórico secano tradicional de Orihuela Costa, forma parte de suelo urbano en el plan Lomas de Don Juan con todos los servicios.
Sin embargo, el Ayuntamiento la incorporó a principios de los 2000, en pleno boom inmobiliario, como suelo urbanizable del PAU 25, para que esa urbanización se completara con más suelo de forma totalmente ilegal. Haider reclama al Ayuntamiento que deniegue toda licencia para construir en ese terreno, ya que una construcción «supondría la total consolidación de la usurpación producida» a través de un plan urbanístico tramitado al amparo de la derogada y polémica LRAU.
Y lo que para Haider resulta más grave: la construcción aledaña supondrá la «ruina de la edificación de carácter histórico, dado su asentamiento sobre una losa pétrea».
Ruego
El europarlamentario, que forma parte del grupo situado más a la derecha ideológicamente en el parlamento europeo ruega al Ayuntamiento que active los instrumentos para declarar la finca como bien protegido desde el municipio y la Generalitat. Una figura de protección que anuncia el Ayuntamiento oriolano sin cumplir su compromiso desde hace cuatro años. Una petición similar realizó la embajada de Austria en España semanas atrás.
Más de veinte lleva la familia Wesenauer peleando por mantener la integridad de esta finca tradicional y sus valores patrimoniales, reconocidos por especialistas de la Universidad de Alicante. Y en una acción legal sin precedentes en España ha registrado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales en España.
Promotora
Por su parte, la empresa promotora que cuenta con licencia municipal para construir piscinas y viviendas turísticas junto a la casa, ha denunciado a varios miembros de esta familia por coacciones al encadenarse a la máquina retroexcavadora que iba a iniciar las obras y por presuntamente derribar el muro de dos metros de altura que separaba la casa del resto de la finca. Muro levantado por la promotora y que desapareció en Semana Santa.
Sentencias en firme
La promotora insiste en que los juzgados han avalado en firme la propiedad y la ejecución del deslinde en primera instancia y en la Audiencia Provincial, algo que documentaron ante este medio y defienden la legalidad de la licencia solicitada y el aval financiero que han presentado, aceptado por el Ayuntamiento y cuestionado públicamente por los Wesenauer.
Señalan que la situación que denuncia la familia nada tiene que ver con la propiedad actual y se remonta a dos décadas atrás, mientras que la actual mercantil ha recibido la propiedad de otra promotora. También recuerda el perjuicio económico que puede suponer la actuación de las personas a las que ha denunciado a la hora de cumplir los plazos de entrega con los clientes.
Escuchar a la familia
El equipo de gobierno del PP, que de pasar a escuchar a la familia intenta ahora mantenerse en un segundo plano, habría trasladado estas sentencias a la embajada de Austria y al europarlamentario, mientras que no ha contestado a la reclamación de la familia de que revoque de oficio la licencia solicitada por la empresa.
Una revocación que implicaría una denuncia por parte de la empresa contra el Ayuntamiento y asumir una responsabilidad patrimonial elevada en caso de que los juzgados le dieran la razón. Pero a la que también se enfrentarán los miembros del equipo de gobierno responsables de la licencia actual si el Tribunal de Estrasburgo admite y resuelve la demanda.
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