San Salvador, 3 abr (EFE).- Un grupo de habitantes de una comunidad del norte de El Salvador se concentraron este miércoles en la sede en San Salvador del Centro Judicial para brindar su apoyo a cinco líderes comunitarios que enfrentan una audiencia preliminar por los cargos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Las personas, que llevaban pancartas con mensajes de apoyo, pidieron la libertad para los defensores y ambientalistas, y señalaron que el proceso penal en su contra "no debe continuar porque la Fiscalía no tiene pruebas del hecho" que se le atribuye.
Los defensores, que son parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) y que guardan prisión provisional desde agosto del año pasado, son acusados de asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil salvadoreña.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, dijo a periodistas que en la última semana de junio de 2023 se realizaron diligencias de exhumación en el lugar donde supuestamente se cometió el hecho y "no fue encontrado el cadáver o restos de la supuesta víctima".
"Sin cuerpo de delito y sin ningún elemento probatorio, este caso no puede pasar a vista pública (juicio) y debe ser cerrado", añadió.
Al Centro Judicial también llegaron representantes de la Embajada de la Unión Europea (UE) en El Salvador y están presentes en la sala donde se lleva a cabo la audiencia preliminar, según constató EFE.
Borja Hidalgo, encargado de Negocios de la Embajada de la UE, señaló a periodistas, antes de su entrada al Centro Judicial, que ve importante que la comunidad internacional "siga este tipo de casos" e indicó que en el mismo "se tiene que mantener la independencia judicial".
"Importante dar el apoyo en este caso para poder seguir y analizar si se está dando esta independencia", dijo y agregó que el caso toma "especial relevancia por el apoyo importante que han tenido (los procesados) tradicionalmente en sus comunidades".
El proceso penal es en contra de seis personas, entre estas los cinco activistas que son residentes de la comunidad Santa Marta, localizada en el municipio de Victoria, del departamento de Cabañas (norte).
Dicha comunidad fue uno de los lugares más golpeados en la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Sobre la víctima, una mujer, no se ha proporcionado información por parte de la Fiscalía General, ya que el caso tiene reserva judicial total.
Los involucrados, que fueron detenidos el 11 de enero de 2023, son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a la comunidad Santa Marta-.
También es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra 'Fermán Cienfuegos'.
De acuerdo con la Fiscalía, Cienfuegos se encuentra "ausente" en el proceso y otro de los acusados, que no ha sido identificado y vive en Estados Unidos. EFE
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