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En medio de la puja entre el Gobierno nacional y las prepagas, por los aumentos en las cuotas, desde la Casa Rosada lanzaron un duro comunicado. A través de las redes sociales, aseguraron que fue "un abuso" hacia los afiliados.
En primer término, aseguraron que la gestión libertaria tiene un mandato claro, que es "promover la libre competencia en los distintos mercados. El objetivo es que haya más y mejor oferta, y de esta manera, los ciudadanos puedan acceder a mejores bienes y servicios a un menor precio".
Por ello, explicaron: "El DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre obras sociales y prepagas, e impulsar la libre competencia entre los distintos actores".
"En este marco y dentro de las competencias que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, se detectó que las empresas del sector subieron las cuotas de la medicina prepaga de manera abusiva y muy por encima de los índices de inflación. Es decir, que eligieron continuar con viejas prácticas avaladas por gobiernos anteriores y optaron por el camino de la cartelización, los acuerdos espurios en beneficio propio y en contra del conjunto de la ciudadanía", siguió.
Y sostuvieron: "El Gobierno no va a permitir el abuso. Nuestra prioridad es dar la mayor libertad al sector privado después de muchos años de un supuesto Estado presente, que no hizo más que generar gasto ineficiente en perjuicio de todos los argentinos y dejar el sistema de salud prácticamente quebrado".
"El Estado ya no fija los precios, pero tiene que quedar claro que una cosa es la libertad que les dio el gobierno para ponderar los precios y otra, muy distinta, es establecer valores extremadamente altos acordados entre un grupo de empresas que dominan el mercado", agregaron.
Para concluir, afirmaron que trabajan en tener un sistema de salud "solidario, equitativo y competitivo donde no se conviertan a los argentinos en rehenes" aunque "es una batalla muy difícil" porque la pelea es "contra una manera de actuar que lleva años en Argentina pero, sin dudas, es el camino de la libre competencia".
Si la Justicia lo avala, las entidades de medicina privada deberán reintegrarle a la gente el dinero que desde diciembre estuvieron cobrando por encima de la inflación, luego del tope fijado por el Gobierno.
Tras una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, esa dependencia investigó precios abusivos y cartelización de un puñado de compañías, y decidió que siete entidades retrotraigan por seis meses (hasta octubre) sus cuotas al valor de diciembre.
Como máximo les permiten aplicar aumentos en sintonía con el IPC, el Índice de Precios del Consumidor del INDEC. Significa que si uno en diciembre pagó 100 pesos la cuota de Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde, el techo de la próxima factura deberá mantenerse en 190 pesos. Son los 100 pesos más la inflación acumulada entre el último mes de 2023 y marzo (último dato oficial de inflación disponible).
En cuanto a la segunda novedad, se trató de una medida cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) contra, no 7 sino 16 prepagas que representan el 91% de los afiliados a la medicina privada de Argentina.
Al igual que en la denuncia de la Coalición Cívica, el eje fue la presunción de conductas comerciales "abusivas", luego de que el decretazo 70/2023 liberara los precios del sector.
El pedido de la "Súper" no solo no apunta a las mismas entidades (entre las 7 y las 16 en uno y otro caso sólo hay 5 en común) sino que, mientras la resolución del Ejecutivo ordenó acomodar las cuotas -a los valores comentados- por seis meses, el amparo de la Superintendencia apunta a la devolución retroactiva (o sea, todo lo cobrado por encima de la inflación desde diciembre), pero no dice nada sobre lo que debería pasar con las cuotas de acá en más.
La cautelar de la Superintendencia incluye un documento anexo donde se esboza una propuesta sobre cómo concretar la devolución del dinero. Es solo una sugerencia, que por supuesto, como toda medida, depende de la disposición de la Justicia.
La diferencia entre el IPC de estos meses y lo que estuvieron cobrando las prepagas prácticamente llega al 70%. La propuesta es una devolución en cuotas.
Siete meses consecutivos de devolución, en cuotas de 9,68% cada una. Arrancaría en junio y seguiría hasta fin de año. En cuanto a cómo impactaría en lo que paga el afiliado, la cautelar no le pidió a la Justicia que obligue a las empresas a mantener sus cuotas futuras acorde a ningún índice.
Mientras se empieza a hablar de un "control de precios encubierto" (lo opuesto a la impronta libertaria), se deduce que si la Súper no hizo ningún planteo a futuro, es precisamente para no quedar en una posición contradictoria.
Así, con respeto al decreto 70, les deja la puerta de la libertad para fijar sus precios pero, según se sugiere desde el Gobierno, con la idea de que superen a la inflación. Si en junio las empresas deciden aumentar un 10%, dado que deberían devolver 9,68%, el aumento de la cuota quedaría en 0,32%.
Las entidades incluidas en el amparo son OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social Unión Personal Civil de la Nación, Mutual Federada 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud y Prevención Salud.
En comparación con las siete obligadas por el Gobierno a recalcular las cuotas, faltan de esta lista los planes de salud de los hospitales Alemán y Británico.
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