El administrador de la empresa que consiguió 1,3 millones de euros del Gobierno de Baleares, que lideraba Francina Armengol, por guantes y mascarillas que nunca llegaron a esa comunidad autónoma tuvo una empresa offshore en Panamá. La enésima chapuza del Ejecutivo de Armengol en la gestión de la pandemia pasa por confiar en una compañía que ya desde 2020, en el arranque de la crisis sanitaria, ya protagonizó la polémica. El empresario valenciano responsable de Tyrval Import y Export SL, Jorge Manuel Tomás Romero, mantuvo durante casi dos décadas una sociedad opaca en Panamá llamada Jardines y Estructuras SA.
El Ejecutivo autonómico liderado entonces por el PSOE balear adjudicó más de 6,4 millones de euros a este empresario. Su empresa estaba ubicada en Valencia y su objeto social era la adquisición de material para algunas de las principales cadenas hoteleras, de retretes y grifos a máquinas de aire acondicionado, pasando por dotaciones médicas. De esos contratos, OKDIARIO desvela que uno de 1,3 millones ha sido objeto de reproche por parte de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. En pleno escándalo con la sociedad Soluciones de Gestión SL, cuyos contratos de ministerios y gobiernos autonómicos derivaron en comisiones que investiga la Audiencia Nacional, ahora se localiza otro contrato llamativo en Baleares.
Tyrval Import y Export SL consiguió en total 6,4 millones euros de las arcas autonómicas en un momento crítico. El Govern hizo uno de esos desembolsos, pero luego lo anuló al darse cuenta de que el material no cumplía con las leyes europeas. Este dinero no se ha recuperado y se añade a los 3,7 millones perdidos con la compra de mascarillas del caso Koldo, y, entre otras cantidades, a los 480.000 euros también perdidos por contratar a una empresa que no tenía permiso para volar a China.
En lugar de apostar por las compañías habituales que traían material sanitario con todas las garantías, Armengol se lanzó a contratar con empresarios de dudosa reputación. En concreto, el nombre del administrador de Tyrval saltó a la palestra por aparecer en Los Papeles de Panamá. Cuando ese hombre fue preguntado sobre su empresa en el Caribe, reconoció la existencia de la empresa y argumentó que actualmente «no tiene actividad». Esgrimió que creó la sociedad «hace 18 años» porque tenía planes de «desarrollar negocios en Panamá y en Costa Rica» que finalmente no llegaron a término.
A la empresa especializada en material para compañías hoteleras se le encargó 5 millones de mascarillas quirúrgicas, 60.000 mascarillas de protección tipo FFP2, 100.000 mascarillas FPP3, seis millones de guantes de nitrilo y 2.000 termómetros. Todo ello desde la Sanidad pública de Baleares que entonces comandaban la pareja sentimental de Patricia Gómez, como consejera de Sanidad, y Juli Fuster, como gerente de ese servicio público IB-Salud. Ambos son muy amigos de Armengol y la invitaron a su boda.
Esas adjudicaciones controvertidas de las que ahora se comprueba que al menos una fue por material que no llegó a las islas y, por tanto, no se llegó a usar nunca se sumaron a otro caso polémico que también tenía ligazón con países con baja tributación y gran opacidad para localizar a los verdaderos propietarios de las empresas.
Otros contratos
El Gobierno balear también se volcó con contratos con Soluciones de Gestión SL, entre cuyos administradores está un empresario que, como desveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tenía dos compañías en Malta. Esa otra empresa compró el material sanitario a través de brokers en Hong Kong y en España y manejó un amplio margen de beneficio de unos 50 céntimos por mascarilla. En el caso de Tyrval Import y Export SL nunca se llegó a saber el nombre de los proveedores chinos que le nutrieron del material que llevaron a Baleares, buena parte del mismo defectuoso.
Sobre estos nexos de los empresarios con países que se usan habitualmente para esconder fortunas ya alertó en octubre de 2020 la Oficina Antifraude en el Informe razonado de Investigación sobre la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Estudio, conclusiones y recomendaciones, de 228 páginas.
Ese documento que se puso a disposición de Armengol y su equipo recogía datos como a Juan Carlos Cueto, uno de los responsables de Soluciones de Gestión «la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil le investigaron sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas». Se trataba de un caso de sobornos para la venta de armas por el que la Fiscalía pide 50 años de prisión.