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Este martes 23 de abril se realizará la marcha nacional educativa por la universidad pública, movilización que se inscribe en un proceso de lucha frente al ajuste del gobierno de Javier Milei. En ese marco, ¿qué dicen las últimas encuestas sobre este tema? A fines de marzo, la medición de la Universidad de San Andrés (Udesa) arrojó que 60% está en desacuerdo con congelar el financiamiento a las universidades públicas, vs 32% de acuerdo (gráfico arriba). Así, el apoyo a la medida se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a La Libertad Avanza (LLA) en las primarias de agosto de 2023 y la primera vuelta de octubre (30%), pero la
oposición lo duplica y supera por casi 16 puntos porcentuales al caudal obtenido por Unión por la Patria en el ballotage de noviembre (44,3%), lo que confirma que se trata de una postura mayoritaria.
Con más fuerza todavía, la encuesta realizada en marzo por Proyección Consultores reportó 71,1% de acuerdo con la frase "Las universidades fomentan la igualdad de oportunidades y la movilidad social", vs apenas 19,5% de desacuerdo (gráfico arriba). El mismo estudio muestra que en una época donde predomina el descrédito, las universidades públicas lideran la confianza en actores sociales, con casi 51% de las menciones y casi 11 pp de ventaja sobre su escolta, las pequeñas y medianas empresas (gráfico abajo).
En ese marco, la última encuesta de Zuban Córdoba arrojó que 58,5% de los votantes está en desacuerdo con congelar el presupuesto universitario, vs 38,4% está de acuerdo (gráfico abajo). Aunque el apoyo es mayor al caudal duro de LLA, es superado por 20 pp por la postura adversa, lo que confirma que la "causa universitaria" supera con creces al voto de UP.
El mismo informe detecta un consenso cercano a la unanimidad respecto a la frase "La educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla": 87,4%, con apenas 10,7% de desacuerdo (gráfico abajo). Así, todos los datos convergen en el sentido de un apoyo social a las universidades públicas, lo que favorece las expectativas de una movilización multitudinaria en todo el país. Independientemente del debate que pueda generarse en torno a la masividad de la protesta, sería otro síntoma de la debilidad del gobierno nacional en la calle, puesto que, más allá de la aplicación o no del "protocolo Bullrich", desde el momento de la asunción del poder en diciembre de 2023, cuando se produjeron los primeros cacerolazos de protesta, el oficialismo nunca pudo contar con masas movilizadas a su favor como contrapeso a las opositoras.
Además de una calle copada por movilizaciones adversas, otro problema para el oficialismo es la negatividad en las redes sociales, un ámbito donde Milei construyó su posicionamiento: desde que comenzó 2024, el sentimiento social arroja valores de pesimismo muy por encima del optimismo, y la conversación en redes sobre educación reforzó ese patrón: según el último monitoreo de Scidata, durante la disputa electoral del año pasado el sentimiento de diálogo sobre el tópico se mantuvo entre "regular/malo" y "algo malo". Sin embargo, tras la asunción de Milei, la charla sobre la educación comenzó a rozar valores de clima "malo", mientras que la conversación sobre las universidades se negativizó (gráfico abajo).
Durante abril se detectó una leve mejoría en la charla de redes sociales sobre las universidades (gráfico abajo), debido al incremento de las menciones de respaldo a las casas de altos estudios públicas ante los cuestionamientos oficiales al manejo de fondos en esas instituciones: entre febrero y marzo pasados, la charla migró de un diálogo de corte propositivo a otro "politizado".
Hasta octubre de 2023, la conversación sobre las universidades se centraba en deseos y augurios de un país mejor, sostenido en parte por los aportes de una educación de más calidad. Sin embargo, entre noviembre y abril el diálogo viró hacia el debate político, centrado en la relación de las instituciones educativas (especialmente la Universidad de Buenos Aires) con el gobierno libertario. Habrá que ver cómo el oficialismo procesa la movilización, a casi un mes del "Pacto de Mayo", en semanas claves que pueden definir la suerte del mega decreto (DNU) y del proyecto de ley "Bases" en el Congreso Nacional.