Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no estaban en el orden de día de Consejo Nacional del Agua convocado por el Ministerio de Transición Ecológica pero fue protagonista. Los intentos de Castilla-La Mancha por presionar para lograr una norma que recorte aún más el volumen de agua que va del Alto Tajo al Segura fueron frenados por el Gobierno. No fue el primer revés del día. La vicepresidenta Teresa Ribera recordó al presidente Emiliano García-Page que Albacete también se beneficia del agua cuando el presidente calificó la infraestructura de "enorme mentira" que dejó una "una herida profunda".
Si bien el Ministerio siguen sin atender al compromiso adquirido por la vicepresidenta con Carlos Mazón de constituir una mesa técnica con todas las autonomías implicadas, según fuentes presentes en la reunión sí fueron firmes en que no aprobarán la modificación sin tener los informes de todas las comunidades y someterlos a un periodo de consultas donde se admitirían alegaciones.
La Comunidad Valenciana, representada por la consellera de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, Salomé Pradas, insistió en la postura de crear un grupo de trabajo "que sustenten la creación de un marco técnico" que garantice "unas normas duraderas que atiendan las inquietudes, las sensibilidades, las singularidades y las demandas de los usuarios del Tajo-Segura".
Con el Ministerio poco favorable a esta petición, la Generalitat ultima el informe que remitirán en los próximos días con su propuesta técnica para la explotación del Tajo-Segura, tal y como se acordó en una reunión celebrada el pasado 7 de marzo.
Sin embargo, Castilla-La Mancha no quiere esperar. Su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, insistió en que su Gobierno ya lo ha presentado dentro de un plazo que defiende finalizó el 27 de marzo. "Castilla-La Mancha ha cumplido y hemos puesto encima de la mesa nuestro informe, pero desconocemos si el resto de comunidades lo ha hecho. Tampoco el Ministerio ha cumplido al aportar el informe que tenía que elevar a este Consejo, precisamente para hacer el cambio de reglas de explotación", argumentó.
Saldar la "deuda hídrica"
Pese a esta postura del departamento de Ribera no cediendo a la presión castellano-manchega, el Gobierno valenciano no se fía y reclama que salde la "deuda hídrica", que no pasada sólo por el Tajo-Segura, sino que afecta al envío de las aportaciones de agua necesarias a l'Albufera "para garantizar el equilibrio ecológico y el buen estado del parque natural" y la firma de un protocolo que permita a las administraciones competentes "disponer de procesos ágiles y activos en el tiempo, que sean capaces de detectar las situaciones de emergencia en el parque natural".
"El agua es dominio público de todos los españoles y que es necesaria la misma solidaridad interterritorial en materia hídrica, que la que practicamos en la Comunidad Valenciana con otras comunidades", recordó Pradas.
Este jueves se ha conocido que Cataluña, tras las lluvias de este inicio de primavera, no necesitará que a partir de junio se traslade agua en buques desde la desaladora de Sagunto a Barcelona.