El gobierno suspendió las recompensas para buscar a una veintena de represores de la dictadura que están prófugos
Las sumas se destinaban a quienes aporten información sobre los acusados por delitos de lesa humanidad.
Dos de las recompensas que se cayeron son la del exmilitar de Bahía Blanca, Carlos Alberto Arroyo (foto), que estaba detenido y se escapó en 2013, y el teniente coronel de Bahía Blanca Miguel Ángel García Moreno.
Hasta el 24 de marzo el Programa Nacional de Recompensas tenía publicadas unas 22 fotografías de los imputados por delitos de lesa humanidad que son buscados por el Estado.
Por cada uno de ellos se ponía a disposición de una suma de $5.000.000 para los que suministren datos relevantes sobre el paradero de los prófugos.
Sin embargo, ahora solo queda una búsqueda activa: la de Aníbal Miguel Sánchez, un oficial del Ejército de Mercedes acusado como partícipe necesario de homicidio calificado de 8 personas, el secuestro de otras 36 y torturas en cinco ocasiones durante el plan de represión ilegal diseñado por la Junta Militar.