El Gobierno decidió ampliar la denuncia que impulsó por una supuesta defraudación multimillonaria en la compra de guardapolvos para chicos vulnerables, la cual se realizó mediante la contratación de 30 cooperativas durante la gestión del ex Ministerio de Desarrollo Social.
En este sentido, funcionarios del Ministerio de Capital Humano informaron que presentaron más pruebas en la causa que recayó en el juzgado federal de María Servini.
De qué se trata la denuncia por estafa por guardapolvos
La investigación apunta a una serie de convenios que firmaron la exministra, Victoria Tolosa Paz, y al secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con una treintena de cooperativas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, para la confección de un millón y medio de guardapolvos que debían ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos.
Según la auditoría que realizaron funcionarios del actual Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de las prendas comprometidas, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.
Qué dijo Victoria Tolosa Paz sobre estas acusaciones
Tolosa Paz rechazó esas acusaciones y aclaró: "Yo no adquirí guardapolvos como ministra, yo adquirí y llevé adelante un programa de inclusión social". Además, consideró que "Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno (...) Nos tiene que poner a todos los gestionadores públicos en el lugar de los sospechosos de corrupción". Lo cierto es que la denuncia el Gobierno acusó a la ex funcionaria y actual diputada de Unión por la Patria de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", debido a las "irregularidades manifiestan" en los convenios que ambos "no podían desconocer y/o ser ajenos".
También, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano le endilgaron a Tolosa Paz los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. "Demás está decir que si no hubo mediado un acto de corrupción por parte los funcionarios públicos implicados, a fin de conseguir un beneficio económico ilegítimo en su propio provecho, claramente no hubieran tenido lugar los hechos narrados", estableció el escrito que deberá investigar la jueza Servini.
Modus operandi
En la presentación del Ministerio de Capital Humano, se expuso un modus operandi que habría estado detrás de los convenios con las cooperativas para fabricar guardapolvos y que, según la denuncia, se inició con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada. Es la primera que pide un subsidio de 710.366.250 pesos para confeccionar "165 mil guardapolvos para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad". Al momento de solicitar el aporte, los responsables de la cooperativa plantearon que el proyecto "aportará al Ministerio de Desarrollo Social la producción de 165 mil guardapolvos que permitan un doble objetivo, en principio el trabajo social productivo y, en segundo término, el otorgamiento de estos uniformes escolares a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
Pero en la denuncia, los funcionarios que responden a Pettovello remarcaron: "Llamativamente, con fecha 13 de enero del año 2023 -esto es con anterioridad a la presentación de la cooperativa y su pedido de subsidio- el Instituto Nacional de Tecnología Industrial elaboró un informe dirigido a la Dirección de Programas de Inclusión Económica, en respuesta a una solicitud del 12 de enero con la estimación del precio mínimo de corte, confección, terminación, materias primas e insumos de guardapolvo escolar unisex. La respuesta especifica que se da 'en función del email recibido desde su dependencia'".
"El INTI estimó que el precio mínimo para la confección de un guardapolvo resultaba ser de 4.305,25 pesos, valor que multiplicado por la cantidad de guardapolvos arroja un total de 710.366.250 pesos, es decir el mismo monto solicitado el mes siguiente por la cooperativa en calidad de subsidio", subrayó la denuncia. Lo cierto es que después de la solicitud del subsidio, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Social, firmó el 2 de febrero del año pasado un "Convenio de colaboración" con la cooperativa 15 de Julio, que después sería utilizado de modelo para las 30 que terminaron fabricando guardapolvos. Más de 20, firmaron sus acuerdos cinco días después, el 7 de febrero de 2023.
Entre los últimos argumentos de la denuncia, el Ministerio de Capital Humano advirtió que en esta maniobra se llevó a cabo "una simulación fraudulenta, donde cada cooperativa se presentaba 'espontáneamente' sin ser convocada previamente por el Estado, peticionando un subsidio el que en ninguno de los supuestos ha sido cuestionado por el órgano estatal verificándose que la redacción de tales solicitudes eran idénticas entre sí. En todos los casos, las solicitudes de subsidio resultan ser llamativamente posteriores al pedido de informe al INTI respecto del pedido de precio de referencia de cada guardapolvo escolar".
Y finalmente, "se advierte que las cooperativas analizadas no poseían las maquinarias, materias primas, ni capital humano para poder confeccionar tamaña cantidad" de prendas "sin perjuicio de lo cual se comprometieron a hacerlo a sabiendas de que jamás entregarían la totalidad de lo convenido, en claro perjuicio contra la administración pública".
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