La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite del recurso de casación preparado por la representación procesal del Concello de A Estrada contra la sentencia del 13 de octubre de 2022 en la que la Sala d lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obligaba a la administración local a pagar los atrasos de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) desde 2016. De este modo, queda vigente dicha sentencia de 2022 y por lo tanto deberá abonarse la cuantía, a la que hay que sumarle dos años más –desde 2022 a 2024– de atrasos. Así figura en la resolución publicada por el Tribunal Supremo que además reza: "Contra la presente resolución no cabe recurso alguno".
La RPT ha sido punto de debate y discordia en A Estrada durante años y si bien en 2021, cuando el gobierno local consiguió el visto bueno del juez para sus últimas modificaciones y su aplicación, parecía que por fin se pondría un punto y final, el desarrollo de los acontecimientos ha hecho que la Relación de Puestos de Trabajo de este concello siga en el limbo. Una sentencia judicial del TSXG dio la razón a la reclamación presentada por el sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT) y otra planteada por un grupo de quince funcionarios municipales en 2021. Según dicha sentencia, la aplicación de la RPT, que venía de una propuesta aprobada inicialmente en el año 2016, implicaba el pago de los atrasos de todos los trabajadores desde ese año hasta su implantación. Esta sentencia choca contra lo entendido por el gobierno local, una postura que encontró el visto bueno del juzgado en noviembre de 2021, de que esos atrasos no debían pagarse al estar sacando adelante una RPT diferente a la de 2016.
Fue entonces cuando el Concello presentó al Supremo el recurso de casación que este viernes conocía su resolución Una vez más, las cortes dan la razón a sindicatos y trabajadores y obligan a la administración municipal a pagar dichos atrasos, así como los intereses que se han ido generando hasta ahora.
Por su parte, el edil de Facenda, Alberto Blanco, advierte de que este podría no ser el final de la historia: "Estamos estudiando el decreto de inadmisión y pensaremos qué hacer, cabe la posibilidad de presentar un recurso ya que hay dudas jurídicas". En cuanto a los dígitos de la deuda, afirma: "No hemos querido hacer número sin saber cuándo va a ser el momento de pagar y qué colectivos entrarán de forma definitiva".
PSOE y Móvete recitan el "ya te lo dije"
Tras conocer la actualización en el proceso de la RPT los partidos de la oposición no tardaron en salir al paso de la noticia. El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, definió la inadmisión del recurso de casación como "una bofetada histórica" para la política de personal del PP de A Estrada y advirtió de que supone la confirmación oficial de que "el PP le debe a los trabajadores y trabajadores bastante más e dos millones de euros". En este sentido, opinó que la actuación del gobierno popular al interponer el recurso fue "temeraria" ya que "sabían que estaba perdida" y afirmó que "les convenía presentarla por la proximidad de las elecciones municipales". Además, destacó que el grupo socialista les advirtió de esto "en incontables ocasiones" pero que el PP "no hizo caso". Del mismo modo, la concejala de Móvete, Mar Blanco, se sumó a las declaraciones de López Bueno y aseguró que el presentar dicho recurso era una mera estrategia política para no enturbiar la campaña de la municipales de 2023, a tan solo unos meses de distancia. Por otra parte, confesó: "Nos preocupa que no se sepan las cifras de a cuánto asciende esta deuda después de todos estos años y de pedirlas reiteradamente". Para finaliza, Blanco sentenció: "Ahora toca hacer frente a lo que estuvieron atrasando y proceder a planificar este pago, en lugar de seguir dando la espalda a los trabajadores municipales".
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