La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG– de Sevilla ha mostrado su indignación por las numerosas e injustificadas sanciones, que alcanzan el medio millar de multas, que están recibiendo los agricultores que participaron en las tractoradas que, en unidad de acción, convocaron las organizaciones agrarias y cooperativas el pasado 14 de febrero, como protesta ante la indefensión del campo andaluz, sumido en una profunda crisis. Curiosamente, el motivo más común reseñado es "estacionar el vehículo obstaculizando la circulación".
Para COAG Sevilla, «la mansalva de multas, más de medio millar, emitidas por la Dirección General de Tráfico supone una campaña de acoso al sector agrario», por lo que esta organización agraria solicita que paralice de manera inmediata las sanciones porque las tractoradas, que contaban con autorización, se desarrollaron sin actos vandálicos ni violencia, ejerciendo los agricultores su legítimo derecho de protesta, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española.
COAG Sevilla hace hincapié en que las protestas del 14 de febrero estaban autorizadas por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, con quien se pudo coordinar la movilización y colaborar en su desarrollo por los cauces adecuados. Sin embargo, critican que «la sensibilidad mostrada por la Subdelegación del Gobierno de Sevilla nada tiene que ver con la mostrada por el Ministerio del Interior, que no ha estado a la altura y ha perseverado en su labor de acoso como demuestra la ingente cantidad de multas que están recibiendo los agricultores».
Pese a que Sevilla fue la provincia española que más cortes convocó -un total de seis en cada una de las autovías de acceso a la capital andaluza- y la que más agricultores y maquinaria movilizó (20.000 agricultores y 2.000 tractores), la jornada se desarrolló de manera pacífica, con el apoyo masivo de la ciudadanía y de los propios conductores afectados por los cortes.
Asimismo, recuerdan que tanto las organizaciones convocantes, como los propios agricultores, atendieron en todo momento las indicaciones que figuran en la autorización oficial de la Subdelegación del Gobierno, así como las indicaciones y observaciones que la Guardia Civil iba haciendo en los distintos puntos de corte a los que las caravanas de tractores accedieron, tanto a la ida como a la vuelta, de manera ordenada y escoltados por la propia Guardia Civil.
Hasta el momento se han recibido medio millar de multas, pero es posible que se supere el millar, e incluso que se multe a todos los tractores participantes. En su mayoría las sanciones son de 200 euros y el motivo más común reseñado es "estacionar el vehículo obstaculizando la circulación", justo aquello para lo que la concentración estaba convocada.