La teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha de Álvaro García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, ha archivado de plano la denuncia contra la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sus filtraciones contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Montero fue denunciada ante la Fiscalía por revelación de secretos al afirmar haberse enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y con «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Sin embargo, esa noticia aún no se había publicado, lo que evidenció que Montero tenía información privilegiada sobre la investigación de la Agencia Tributaria al novio de Ayuso.
El Ministerio Público ha dado carpetazo a la denuncia contra María Jesús Montero interpuesta por un ciudadano valenciano ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo al estar Montero aforada y ser competencia de este tribunal el estudio de la misma. Sin embargo, sin practicar diligencia alguna, la teniente fiscal del Alto Tribunal ha rechazado su admisión a trámite.
«En aquellos casos en los que la noticia criminal recibida no presente relevancia, bien por fundarse en meras hipótesis carentes de verosimilitud y de todo sustento objetivo, bien por tratarse de hechos no constitutivos de delito, los fiscales se hallarán facultados para acordar su archivo de plano, decisión que no impide reiterar la denuncia ante los órganos judiciales», argumenta Sánchez Conde dando legitimidad a su competencia para archivar el caso.
En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la teniente fiscal admite que los datos a los que dio publicidad Montero sobre el novio de Ayuso eran privados. «Es obvio que, tal como se expone en la denuncia, lo relativo a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tiene el carácter de reservado», señala.
«No desveló datos»
La máxima responsable jerárquica de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia al considerar que la ministra «no desveló ningún dato que no estuviera a disposición de la opinión pública», ya que a primera hora de la mañana un medio de comunicación publicó que la Fiscalía había denunciado en el juzgado los delitos de fraude fiscal y falsedad documental al novio de Ayuso.
Tras ello, indica la fiscal Sánchez Conde, «otros medios de comunicación demandaron confirmación de la información tanto al Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid como al de la Fiscalía General del Estado, ambos confirmaron la existencia de la denuncia que fue facilitada a aquellos que la solicitaron». Y prosigue: «De lo con anterioridad expuesto, fluye que la información era conocida bastantes horas antes a que la denunciada atendiera a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso».
Deber de secreto y sigilo
Al margen de los presuntos delitos que la Fiscalía del Supremo ha archivado de plano, la titular de Hacienda también difundió datos procedentes de una inspección fiscal de la Agencia Tributaria, departamento que depende directamente de su ministerio. María Jesús Montero tenía información privilegiada sobre este caso, pese al carácter reservado de las inspecciones de Hacienda que consagra el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
El citado artículo señala que «la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado». Sin embargo, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se han filtrado datos de la investigación que se han traducido en una denuncia de la Fiscalía. De este modo, se ha incumplido el deber de sigilo y secreto de los funcionarios que es una falta disciplinaria muy grave que puede conllevar la inhabilitación.
Montero no es funcionaria de la Agencia Tributaria, por lo que no estaría sujeta a este régimen sancionador. Pero es la titular del departamento que dirige el Fisco, por lo que no estaría colaborando con el deber de secreto y sigilo que deben respetar los trabajadores de la Función Pública. Además, llama la atención que difunda información sobre una inspección concreta cuando la ministra, desde su posición, no puede acceder a las inspecciones que se están realizando. Por el momento, la Fiscalía no ve delito en las palabras de Montero ante la prensa difundiendo datos sobre la inspección fiscal al novio de Ayuso.