A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez por el recorte de sueldos a trabajadores de una comisión parlamentaria que ella presidía.
La legisladora, se recuerda, fue denunciada a inicios de marzo por el comunicador Carlos Marina Puscán por haberle cobrado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que ella presidía. De acuerdo a ese testimonio, el encargado de hacer los cobros era el asesor principal de la congresista Jony Romero.
Marina fue contratado como auxiliar de la referida comisión con un sueldo de S/4,200 que incluía un bono de alimentación.
"Él (Romero) nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. se hacía en un sobre cerrado, en efectivo y en cuarto cerrado", comentó Marina al programa periodístico Punto Final.
Por este caso, la Fiscalía de la Nación le imputa a Magaly Ruiz el presunto delito de concusión en concurso real con el delito de colusión agravada en agravio del Estado, se informó a través de un comunicado.
Cabe señalar que por este mismo caso, Ruiz fue denunciada ante la Comisión de Ética donde fue blindada en junio del año pasado. En esa oportunidad, solo se aprobó sancionarla con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de remuneración.
Tráfico de influencias
El documento señala también que el 11 de abril último se han iniciado diligencias preliminares contra Magaly Ruiz Rodríguez, Richard Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. "En el caso de Richard Rojas también por patrocinio ilegal", precisa.
Esta investigación surge a raíz de la declaración de un colaborador eficaz quien ante el Ministerio Público ha manifestado que Magaly Ruiz habría negociado con el fiscal provincial Richard Rojas para archivar su caso penal por recortar el salario de sus trabajadores.
De acuerdo con el referido colaborador, siendo fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas, en marzo de 2023, él y su hermano Alex se reunieron con la parlamentaria y uno de sus trabajadores para realizar las coordinaciones pertinentes.
Según ese mismo testimonio, el fiscal Rojas solicitó entonces la contratación de sus dos hermanos y un pago en dólares como contraprestación por su intervención en el caso. Su requerimiento fue atendido un mes después, en abril de 2023, cuando Alex Rojas, el hermano del fiscal, fue contratado en el cargo de confianza de asesor II en el despacho de la parlamentaria 'mochasueldos' con una remuneración de S/9,000.
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