El Gobierno y los agentes sociales se han dado cita en la mesa de negociación que aborda varios cambios en materia de pensiones. Esta reunión se produce tras un fin de semana de 'reflexión' y lectura pausada del Ageing Report, el informe con el que la Comisión Europea ha mandado una severa advertencia a España por el elevado gasto en pensiones que tendrá que asumir en las próximas décadas. Los técnicos de Bruselas consideran que España incumplirá la regla de gasto y tendrá que aplicar un ajuste de unos 12.000 millones de euros el próximo curso, cuando la reforma de pensiones pase su primer examen, aunque Gobierno y sindicatos preparan una vía alternativa para salvar el control de Bruselas y mejorar los ingresos del sistema de pensiones.
El primer bloque de la reunión ha centrado sus esfuerzos en, precisamente, analizar el "contenido" y "consecuencias" del documento de la Comisión Europea que señala a España como la economía comunitaria con mayor gasto en pensiones durante las próximas décadas, según explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. La distinta óptica con la que ven el futuro de las pensiones la Comisión Europea y el Ministerio de la Seguridad Social, cada uno basado en indicadores con amplias diferencias que van desde el saldo migratorio, pasando por la productividad o el mercado laboral.
El año que viene, la reforma de pensiones aprobada por el ex ministro José Luis Escrivá pasará su primera revisión. La Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitirá el informe necesario para medir los resultados y, especialmente, la previsión del paquete de medidas, buscando siempre que el gasto medio proyectado al restar las medidas de ingresos introducidas nunca pase del 13,3% del PIB.
"Sabemos que de aquí al año 2050 hay que seguir haciendo revisiones y evaluaciones. Estamos en disposición de abordar medidas adicionales tanto el año que viene como dentro de 3 años, porque son una revisión trienal", avanza Carlos Bravo. Aunque la última opción sería actuar sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), elevando el tipo de cotización aplicado sobre trabajadores y empresas que ya alcanza el 0,7% y que subirá hasta el 1,2% en 2032, el Gobierno maniobra y prepara un argumento de peso como alternativa: transferencias del Estado.
La ministra Elma Saiz abrió la puerta hace unas semanas en el Congreso de los Diputados a aumentar las transferencias del Estado a la Seguridad Social culminando culminar la separación de fuentes de financiación. Desde los Presupuestos de 2021 se incluye esta partida específica como recomendación del Paco de Toledo, cuyo montante alcanza los 39.000 millones a cargo del Tesoro. "Nuestra intención, aunque ya hemos recorrido la mayor parte del camino, es culminarlo con la separación total de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema", explicaba.
En esta misma dirección enfoca Bravo parte del esfuerzo para dotar de ingresos a las arcas de las pensiones. "Todavía está sin completar la transferencia presupuestaria comprometida por parte del Tesoro. La ausencia de Presupuestos en 2024 no ha permitido completar ese proceso. Tenemos todavía parte del sistema que no está afectado por el principio de separación de fuentes, por esa vía hay medidas que se pueden poner en marcha junto a otras", explica el negociador de CCOO.
Entre el paquete de mejora de ingresos, el sindicato CCOO apostaría por valorar el efecto de la jubilación demorada, la gran 'baza' de la reforma aprobada en 2023 con la que el Gobierno espera contrarrestar el desembolso en pensiones en hasta 1,4 puntos del PIB. "Sinceramente, vemos con bastante tranquilidad ese proceso. Creemos que está muy bien encauzado en las reformas de 2021 y 2023. Por tanto, no tenemos gran preocupación", explica Bravo. En línea con el mensaje del Gobierno, que trata de aplacar el mensaje de la Comisión Europea pidiendo tranquilidad y calma.
Cómo está la negociación: lejos de firmar acuerdos
El acuerdo que más cerca tienen de firmar la Seguridad Social y los agentes sociales es la mejora del acceso a la jubilación de los fijos discontinuos con actividad periódica o intermitente, aquellos trabajos de profesiones como la hostelería o el campo que, por la condición de actividad de sus profesiones, trabajan por temporadas. Hay un consenso por recuperar el coeficiente de parcialidad del 1,5 para estos trabajadores, de manera que cada día cotizado computará como uno y medio. Prevén su recuperación de forma total y con efecto retroactivo.
La Seguridad Social también tiene sobre la mesa modificaciones en las modalidades de jubilación parcial antes y después de la edad ordinaria (a los 65 años) para permitir compatibilizar el salario y la pensión; o un texto perfilando el papel que tendrán las mutuas colaboradoras en la recuperación de los trabajadores con incapacidad temporal por enfermedad común.
También han abordado la jubilación anticipada por motivos de penosidad, riesgos físicos o toxicidad, o los casos de determinadas profesiones que experimentan un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad por contingencias profesionales. No obstante, quedan lejos de determinar unos indicadores concretos para determinar el grado de penosidad, según UGT.
El gran filón de los sindicatos toma el modelo de la jubilación parcial anticipada de la industria, una normativa específica que quieren extender de forma generalizada al resto de sectores para que los trabajadores puedan adelantar su jubilación a los 61 años, cuatro antes de la edad ordinaria. La primera propuesta del Gobierno, rechaza de manera unánime por sindicatos y empresarios, aplicaba un recorte de la pensión al alterar el cálculo de las cotizaciones y establecer los coeficientes reductores, además de ser una normativa más rígida y permitir adelantar tres años la salida, frente a los cuatro actuales.
La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha señalado tras la reunión que "es una pérdida de oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y para una salida flexible y pausada del mercado de trabajo". "Dista mucho todavía de estar en términos de poder alcanzar un acuerdo. Ni recupera la regulación del año 2011, ni parte de ella para una modificación o adaptación distinta. Tiene algunos elementos interesantes, y otros que directamente disminuyen los derechos de acceso a esa regulación y generan elementos de penalización que no compartimos", especificó.
Finalmente, Bravo informó de que en la reunión su sindicato pidió nuevamente que se apruebe cuanto antes la orden ministerial que completará el derecho a que los estudiantes en prácticas puedan recuperar la cotización de ese período como becarios. "El Gobierno ha dicho que era inminente la salida una vez más", agregó este responsable sindical, quien exigió que la mesa pueda conocer antes el contenido del texto.
"Cuando se lleguen a esos acuerdos, se contarán y se contarán con total transparencia. Pero es un trabajo que no cesa, donde hay cuestiones tan importantes como esa compatibilidad de trabajo y pensión, esa justicia intergeneracional, esos coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Se está trabajando y cuando haya resultados desde la mano del diálogo social y de los consensos, se contarán", ha señalado la ministra Saiz a lo medios en unas jornadas sobre la 'Generación Z', informa 'Europa Press'.