El bufete de abogados que lleva la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal y falsedad documental, ha presentado una denuncia en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid por un presunto ciberataque que afectaría a correos electrónicos que se intercambiaron con su cliente esta misma semana.
En concreto, la denuncia recoge que, durante la mañana del martes 2 de abril, las cuentas de correo electrónico del abogado penalista y el asesor fiscalista de González Amador recibieron un e-mail del empresario, y que "unas horas después de haberse recibido y respondido", "esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos" para reaparecer "transcurridas unas seis horas", pasada la medianoche.
Según la denuncia, estos hechos se pusieron en conocimiento de un perito informático que, tras un análisis preliminar, determinó que habían sufrido un "ciberataque" que solo había afectado a esos correos electrónicos. Siempre según la versión recogida en la denuncia, el supuesto hackeo habría consistido en retirar los correos electrónicos de los sistemas -"presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas", dicen- para luego devolverlos al buzón de los usuarios.
Los denunciantes afirman que han pedido ayuda a Microsoft para que facilite información sobre lo sucedido, pero sostienen que por el momento puede garantizarse que "los correos fueron entregados, posteriormente eliminados y vueltos a entregar". Técnicas, aseguran, "comúnmente utilizadas cuando un tercero quiere acceder a determinada información hackeando un sistema y dejando el mínimo rastro".
Los abogados de González Amador, que denuncian estos hechos como constitutivos de presuntos delitos de revelación de secretos y contra el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y el derecho de defensa, se comprometen además a aportar el informe con las conclusiones del perito "en los próximos días".
Rechazo a una moción del BNG
Unos días atrás el pleno de la localidad coruñesa, controlado por los socialistas gallegos, rechazaron una moción del BNG en el que se pedía la retirada de una cruz franquista en los jardines de O Coto. Esperaban a la constitución del Consejo Sectorial de Memoria Democrática que ha tenido lugar este jueves.