¿Cuál será el impacto del caso contra Uribe en la campaña a 2026?
¿Cómo sería la aplicación de un acuerdo nacional para una ley de punto final en el país, en la que además relacionan a Álvaro Uribe Vélez, el primer ex presidente de la República acusado ante la justicia?
Uno de los interrogantes que deja el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de esta semana de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos para que estos aparentemente se retractaran de sus señalamientos en su contra por supuestos vínculos con grupos paramilitares, es si todo este caso, que impacta a la opinión pública toda vez que es el primer ex presidente de la República acusado ante la justicia y, además, se trata del quizá principal opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, como líder natural del Centro Democrático, es si el llamado a juicio repercutirá de alguna manera en la ya temprana campaña presidencial que se perfila de cara a las elecciones de 2026.
La directora de la especialización en gobierno y gestión pública de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, le dijo a EL HERALDO al respecto que "el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe y de acuerdo con la velocidad con que avance el proceso judicial puede tener efectos en la reducción de su iniciativa política y su capacidad de articulación con otros actores que le permita asumir un papel protagónico en las elecciones 2026".
Agregó en este sentido la docente e investigadora que en este caso "podría abrirse un espacio de fortalecimiento para otros liderazgos, en particular algunos provenientes de casas políticas regionales".
A su vez, el analista político Jorge Iván Cuervo comentó en este diario: "Yo en realidad creo que (este caso impactará) muy poco de cara a las elecciones, creo que Álvaro Uribe ha perdido muchísima relevancia política, ya no me parece un actor relevante y no creo que ese sea un tema que esté fuerte en campaña, seguramente habrá alusiones desde distintos candidatos en su momento, pero en realidad yo creo que el declive como figura pública de Álvaro Uribe es importante para efectos de una discusión nacional".
Precisa el catedrático de la Universidad Externado que es posible que el expresidente siga siendo relevante para temas locales, como por ejemplo la convocatoria de la 'vaca' en Antioquia y temas así, "pero yo creo que para ese entonces además ya habrá decisión definitiva bien sea porque lo hayan condenado o absuelto, pero aún así creo que en 2026 va a haber otros temas en la agenda mas apremiantes que ese".
Uribe, por su parte, ve motivaciones y venganzas políticas en su llamado a juicio.
"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", dijo el exmandatario tras conocer la decisión a través de una declaración leída en sus redes sociales.
Agregó que la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, "fue su segunda en la misión (de la ONU) en Guatemala, que yo critiqué. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo".
También Camargo investigó junto con Velásquez, desde la Corte Suprema de Justicia, la parapolítica, pesquisas que se sumaron a otras posteriores y que terminaron procesando a decenas de congresistas de la coalición del gobierno de Uribe Vélez por nexos con las AUC.
Y concluyó el líder opositor: "Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho".
Por su parte, Petro aseguró que su gobierno no persigue a la oposición ni interviene en procesos judiciales.
"Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.
El mandatario añadió: "La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia".
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, víctima en el caso contra Uribe, planteó esta semana al expresidente "un acuerdo nacional en torno a la verdad como el que ha propuesto el presidente Gustavo Petro".
Añadió en este sentido: "Invitamos a que el expresidente Uribe diga la verdad y busquemos un camino para el acuerdo nacional".
Precisamente se conoció en ese momento lo que sería un borrador de reforma constitucional que otorgaría facultades extraordinarias, durante dos años, a Petro para, entre otros asuntos, otorgar perdón judicial, previo estudio de un equipo jurídico y excluyendo los delitos de lesa humanidad, a cambio de verdad y reconciliación en el marco del conflicto armado.
La iniciativa contempla la posibilidad de solicitar a la JEP la apertura de nuevos macrocasos para esclarecer violaciones de derechos humanos como parte de una política de Estado.
El proyecto también prevé la creación de un tribunal de cierre para actores democráticos, que estará encargado de estudiar los casos y garantizar el perdón judicial como parte de un acuerdo político nacional.
A su vez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al tema en la plenaria del Congreso durante la conmemoración del Día de las Víctimas: "Necesitamos escucharnos y tener el alma abierta al perdón. Para ello, necesitamos la verdad, no debemos temerle. La justicia es mucho más que castigar, es reconocer que podemos superar los daños hechos a la sociedad".
Uribe, de otro lado, cuestionó lo que, en sus consideraciones, pretende el Gobierno con la ley de punto final: "Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para hacer parte de un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las Farc y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido".
Y concluyó el exmandatario: "No pido perdones penales. Repito, debería haber una amnistía política por una vez, para que los condenados o que llegaren a serlo, por hechos anteriores, puedan ejercer sus derechos políticos".
Al respecto, Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto y catedrático de la Universidad Externado, indicó en EL HERALDO que "meter el caso de Álvaro Uribe en una ley de punto final desafortunadamente politiza mucho la propuesta y deslegitima su alcance".
Aunque opinó que "en el marco de un proceso tan violento como el que hemos vivido en el país, en el que se debe priorizar la paz sobre la justicia, sin que eso implique promover la impunidad, yo creería que todas las motivaciones que busquen conocer la verdad serán bienvenidas y bien recibidas por las víctimas".
Por su parte, César Niño, doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, advirtió en este medio que "la propuesta de esta ley de punto final puede llevar a mayores grados de impunidad y esto puede además abrir la puerta a que la Corte Penal Internacional entre al país a investigar estos crímenes".
Recordó en este sentido el profesor de la Universidad de La Salle que hay que tener en cuenta que "hay crímenes no amnistiables como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión, que investiga la CPI".
Los días 17 y 24 de mayo, ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá, se dispondrán las audiencias de acusación contra el expresidente Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Tras la acusación vendrá la audiencia preparatoria, donde se anuncian las pruebas y los testigos de las partes y, por último, el juicio como tal, en el que la defensa tendrá la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica de medios probatorios y alegaciones. Finalmente, se emitirá un fallo condenatorio o absolutorio.
Un fiscal delegado radicó esta semana solicitud de audiencia de imputación en contra de Enrique Jairo Pardo Hashe y Samuel Arturo Sánchez Cañón, por el delito de soborno en la actuación penal en relación a los procesos penales que vinculan al expresidente Uribe y al procesado abogado Diego Cadena. La diligencia, que se realizará el próximo 24 de abril, tiene que ver con una supuesta presión que habría ejercido Pardo Hasche sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que presuntamente se retractara de los señalamientos que había hecho contra el líder natural del Centro Democrático por aparentes vínculos con grupos paramilitares. Pardo Hasche, quien se encuentra detenido, además, habría servido de intermediario entre el procesado ex abogado del exmandatario, Diego Cadena, y el testigo Monsalve. Sánchez, de otro lado, es un abogado que habría supuestamente gestionado la recolección de declaraciones que fueron allegadas al proceso y en las que al parecer había falsos señalamientos en contra del senador Iván Cepeda.
La JEP, de otra parte, llamó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a rendir una versión libre sobre las masacres ocurridas en las localidades de La Granja y El Aro, en Antioquia. La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la masacre de El Aro, con 15 campesinos como víctimas mortales, cometida también por las extintas AUC cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era el gobernador del departamento de Antioquia.