Abraham Pérez / M L Belarte.
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, visitó este lunes el barrio de la Magdalena de Massamagrell para denunciar y conocer de primera mano la situación que atraviesa el vecindario tras la llegada de varias familias de okupas que han asaltado de forma masiva al menos una decena de unifamiliares, unos hechos de los que ha venido informando este diario y que han alterado la convivencia en la zona.
Barrera aprovechó la coyuntura para incluir este tema, uno de los ejes prioritarios de Vox en el ámbito estatal, en la agenda del Ejecutivo autonómico que comparte con el PP de Carlos Mazón. Y anunció que ha propuesto a su socio del Consell «impulsar una serie de medidas desde nuestras competencias para afrontar esta lacra». Según detallaron después desde la Generalitat, en la iniciativa se van a implicar la propia Vicepresidencia segunda de Barrera, la Conselleria de Justicia (también de Vox) y la de Servicios Sociales y Vivienda de Susana Camarero.
Ni el departamento del PP ni los de Vox supieron concretar el lunes ninguna medida. Barrera sí lamentó que «haya que ir a un juzgado para defender la propiedad privada cuando lo lógico sería que si alguien detecta que una vivienda ha sido okupada llames a la policía y en una hora saque esposados a los delincuentes». En este contexto, recordó que la Generalitat cuenta con un servicio gratuito de orientación donde los afectados por la ocupación pueden recibir asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial.
«Desde nuestras competencias»
En declaraciones a los medios, el vicepresidente y conseller incidió en su intención de buscar «desde nuestras competencias» herramientas para afrontar esta lucha «para defender y darle instrumentos de defensa o de ayuda al propietario y perseguir a los delincuentes». Cultura no tiene competencia alguna en esta materia y desde el equipo de Barrera señalaron que impulsa la iniciativa desde su rango de vicepresidente primero, si bien es una apuesta «del Consell».
Barrera estuvo acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, entre ellos la directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia, Belén Pulgar, quien detalló que va a poner a disposición «todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal» y añadió que la «prioridad» de su departamento «es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban».
Oficinas de delitos
Asimismo, Pulgar indicó que actualmente existen 36 Oficinas de Delitos en la Comunitat Valenciana, una por cada partido judicial (una de ellas en Massamagrell), una red que pone a disposición de los ciudadanos «de manera completamente gratuita a tres tipos de profesionales: letrados, psicólogos y trabajadores sociales». Durante su visita a la localidad de l'Horta Nord, el vicepresidente tuvo la oportunidad de hablar con algunos vecinos, quienes le expresaron «su desamparo y su desesperación». «Nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de vecinos y todos nos decían lo mismo: 'no nos atrevemos a hablar'. Hay auténtico miedo, porque detrás de todo hay una serie de líderes que son violentos y que amenazan», señaló Barrera, quien llegó a asegurar que uno de los vecinos ha sufrido una agresión física «tras plantarle cara a alguno de los okupas».
Casos en Castellón
La lacra de la okupación azota Castelló también. Sin ir más lejos a principios de mes vecinos del PAU Lledó de Castelló alzaban de nuevo la voz contra las okupaciones y mostrando su preocupación después de que un chalet que estaba en venta por casi medio millón de euros fuera tomado ilegalmente.
En el pacto de gobierno
Si bien es cierto que en el acuerdo programático de coalición firmado por el PP y Vox para apoyar la investidura de Mazón se aborda el tema de la okupación, este se hace de forma muy genérica. Ambos partidos se comprometen a que «en el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble (...) garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado». Asimismo, prevén la creación de oficina «especializada» para asesorar a víctimas.
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