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En comunicación con ABC Cardinal este martes, la abogada Alejandra Peralta habló sobre el amparo constitucional que presentó contra dos senadores colorados cartistas que la bloquearon en la red social X (ex Twitter), lo que la letrada considera un acto de "censura previa".
Peralta afirma que los senadores Basilio "Bachi" Núñez y Norma Aquino incurrieron en "censura previa" al bloquearla en X, impidiendo que la abogada pueda leer las publicaciones en las cuentas de ambos legisladores, en las que suelen publicar información que puede considerarse de interés público.
"Las cuentas que utilizan estos funcionarios públicos son en principio particulares, pero las usan para la transmisión de información de interés público", argumentó Peralta.
"La información de interés público es aquella sobre la que toda la sociedad tiene legítimo derecho de conocer", agregó. "Cuando es trasmitida por una alta autoridad que puede generar derechos, obligaciones, la promulgación de leyes, elaboración de decretos, ordenanzas, no importa la vía de información, la información es de interés público".
La abogada anunció que hoy presentará el desistimiento de su amparo contra el senador Núñez, luego de que este la desbloqueara ayer en X, pero insistió en que el asunto que altos funcionarios públicos bloqueen a usuarios en redes sociales tiene que ser analizado judicialmente para sentar un precedente en base a un análisis jurídico.
Cuentas privadas y "oficiales"
Desde su perspectiva, considera que, si bien los funcionarios públicos tienen derecho a mantener cuentas para su uso personal, deberían tener también cuentas "oficiales" exclusivas para la transmisión de información pública, como se estila en varios gobiernos alrededor del mundo.
Señaló como un ejemplo local de esa práctica a Paula Carro, vocera de la Presidencia de la República, quien mantiene una cuenta particular y una para sus funciones como funcionaria del Poder Ejecutivo.
Reflexionó, además, que "dar y admitir críticas es un derecho de doble vía" y que, al bloquear a usuarios en redes sociales, los funcionarios públicos cercenan a estos ciudadanos el derecho de criticar y participar de un debate que debería ser público, además de incurrir en discriminación.