Oscar Zago era el presidente de bloque de diputados de la Libertad Avanza. Como jefe de la bancada oficialista, es el encargado de proponer formalmente los nombres de los presidentes de las comisiones que le correspondan.
Para la comisión de Juicio Político, Zago pensó en Marcela Pagano, una diputada de su confianza, con buen manejo mediático por ser periodista y con la personalidad suficiente para imponerse en caso de que aparezca algún problema. Milei le dio el ok, según compartió el diputado con un grupo de máxima confianza.
Pero algo pasó en el medio y una gestión de último momento terminó desbaratando todo el acuerdo. Javier Milei estaba de viaje en los Estados Unidos. Martín Menem, presidente de la Cámara, mandó a bajar la reunión de comisión: un grupo de legisladores de la Libertad Avanza gritaba desde afuera para que se suspendiera.
Pero la oposición dio quórum y la elección de autoridades se hizo igual, Pagano quedó nombrada presidenta y ahora todo queda en un limbo. Hay un acta firmada por todos los miembros de la comisión presentes, que tiene un número de expediente y es jurídicamente válida. Menem tiene que darle una salida jurídica (y política) al asunto.
Hasta ahora, Milei no se expidió. Hasta el viernes no le había pedido a Pagano la renuncia. Ella no se va a ir sin que se lo pida el Presidente.
¿Por qué es clave la comisión de Juicio Político?
La comisión de Juicio Político es una de las más importantes de la Cámara de Diputados. Es la que tiene como función dar inicio a un juicio que puede terminar con la destitución de un juez de la Corte Suprema, un ministro, un vicepresidente o un presidente.
Es la encargada de cursar las eventuales denuncias contra los funcionarios, evaluar el proceso y determinar técnicamente si esa acusación es fundada y se encarga de enviarla al recinto.
Después, la Cámara en su totalidad, con el voto de los 2/3 de los diputados vota a favor o en contra de iniciar el juicio político. Diputados es el "acusador" y el Senado es el "juez", que decide si el acusado es culpable o inocente, también con 2/3 de los votos.
El juicio político siempre es "político". Hay que presentar causales, pruebas, testigos, etc, como en cualquier juicio. Pero no hace falta probar nada. Porque su naturaleza es política.
Para poder gestionar, cualquier gobierno necesita tener garantizado el número mágico que evita el juicio político: 86 diputados y 25 senadores. Con eso, el Presidente puede estar tranquilo de no lo van a destituir.
Por primera vez en la historia, un gobierno no tiene esos números. Milei cuenta con 42 diputados y 7 senadores. Es un equilibrio muy inestable. Hoy, el Gobierno tiene un 50% de aprobación popular en promedio (dependiendo la encuesta); pero a lo largo de una gestión, suele haber muchas subas y bajas. En algún momento de debilidad, se necesita de dirigentes (ministros, secretarios, diputados, senadores) que pongan la cara y defiendan hasta lo indefendible. Y hoy a Milei no le sobra nada.
La presidencia de la comisión de Juicio Político es una instancia clave: su titular (hoy Pagano) convoca a las reuniones, ordena la palabra, llama a votación, cita a eventuales testigos. Es un rol muy importante, que necesita de mucha pericia política pero -fundamentalmente- de confianza plena e incondicional. Según el círculo más cercano al presidente de la Nación, Marcela Pagano no lo garantizaba,
"Para ese rol, necesitas a alguien que te defienda aunque entres a un supermercado con un arma y empieces a disparar", ironiza un importante dirigente del espacio.
Javier Milei dio el visto bueno para esa designación. Lo hizo a través del emoji de un "peluca rubio". Esto llegó a oídos de Karina Milei, "el Jefe" del espacio. Fue ella, con Lule y Martín Menem, los que se encargaron de bajar la candidatura de Pagano.
Ahora convocaron para este jueves a las 11 a una nueva reunión "constitutiva" de la comisión. Se viene un nuevo escándalo: algunos sectores políticos consideran que Pagano ya está formalmente designada. La pregunta es si hay consenso para hacer otro cambio.
¿Se podía hacer otra cosa?
El tema es que el oficialismo no tiene mayoría en las cámaras. Es tradición de "la casa" que el oficialismo retenga las comisiones de "gestión". Entre ellas, la de Juicio Político.
Pero la cosa está tan tensa entre oficialismo y oposición, que esa "tradición" no necesariamente tiene que ser respetada.
"Si yo no seguía adelante con la reunión de la semana pasada, el kirchnerismo se terminaba quedando con la Comisión de Juicio Político", se defiende Zago cuando le preguntan por qué cortó la cadena de mando y siguió adelante con las designaciones.
Al haber quórum y no estar presentes los diputados de La Libertad Avanza, el kirchnerismo por sí mismo podría haber impuesto un presidente para esa comisión.
Sería grave, porque en caso de que alguien quiera denunciar al presidente (o a la Corte), todos los resortes para acelerar o frenar el trámite quedarían en manos de la oposición. Zago -dice- actuó con responsabilidad política; no es lo que piensan del otro lado del mostrador.
Como sea se dio una situación inédita. Nunca en la historia se vio un quiebre tan explícito adentro de un bloque oficialista. En una confusa decisión, los diputados libertarios decidieron separar a Zago de la conducción.
Enojado con la situación, Zago se fue del bloque de La Libertad Avanza y armó su propia bancada: el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo). El nombre lo toma de un espacio político que creó Arturo Frondizi y tuvo su auge en los 60; poco tiene de libertario. El desarrollismo brega por una fuerte intervención del Estado para impulsar la industrialización. Casi un oxímoron.
Zago se llevó a 3 diputados. Podría haber dos más. Si esos pases se concretan, el bloque libertario quedaría en 37, por debajo de los 39 del PRO; lo dejaría en una situación todavía más delicada de gobernabilidad.
Al salirse de La Libertad Avanza, Zago planteó la idea de hacer un interbloque. Es una manera de decir que sigue en el oficialismo. El tema es que una vez que alguien saca un pie del plato, ya no se sabe bien dónde queda parado. Además, la relación ya nunca va a ser la misma.
Por último, si la relación de fuerzas de La Libertad Avanza en Diputados cae, podría perder sillas clave como representantes en el Consejo de la Magistratura, en la Auditoria General de la Nación o incluso en algunas comisiones.
El problema sigue. Porque la comisión tiene fecha convocada de reunión el jueves que viene. Marcela Pagano no va a renunciar salvo que se lo pida Milei. Él vuelve al país de su gira internacional el miércoles. No hay mucho tiempo; máximo porque el Presidente no está muy interesado en estas cuestiones del manejo del Estado. Eso sí: estalló en furia cuando se enteró de toda esta novela, cuentan los que hablaron con él estos días. Hasta ahora no se pronunció sobre la cuestión: en cambio, sí fue claro al anunciar desde los Estados Unidos, su ruptura con Fátima Florez. Prioridades.
El comienzo de la "fase 2"
El Gobierno arrancó esta semana una nueva etapa, la fase 2 de su plan. El vocero presidencial anunció el inicio de la apertura de las importaciones. "Eliminamos el control aduanero a un 36% de las operaciones de importación de los productos que estaban en el 'canal rojo normativo'", dijo.
El tema generó la alarma los gremios textiles. Empresarios del sector empiezan a ver cómo generar las importaciones. Tienen certeza sobre dos situaciones: 1) si no traen ropa ellos, la van a traer los de su competencia. 2) una vez que se inicie el proceso de importaciones, van a tener que echar gente.
Según datos de Fundar, la industria en 2022 ocupó 293.000 personas y explica el 1,5% del empleo total de la economía argentina y el 12% del empleo manufacturero. Considerando la cadena en su conjunto, la cantidad de personas ocupadas asciende a 539.000, equivalentes al 2,8% del empleo total del país.
También decidió modificar la composición obligatoria para la vacuna de la aftosa para que sea bivalente. En la práctica implica que van a poder ingresar vacunas brasileñas. Un golpe a la industria de laboratorios nacional.
Además, les anunció a los sindicatos que no va a homologar paritarias por encima de la inflación. Pone en situación de mayor fragilidad a los que sí tienen trabajo. Hoy, una familia tipo necesita $773.385 para no ser pobre. Si no se reajusta lo perdido desde diciembre, más familias van a caer en esa situación.
Un informe del Frente Renovador -que tomó la CGT para decidir ir a un paro general el 9 de mayo- advierte que en tres meses de gobierno, el salario registrado cayó 19,6%. En la crisis de 2001/02 había sido 8%.
El consumo masivo cayó 19% interanual, según la consultora Focus Market, acompañando esa caída en los salarios. ¿Puede haber cierres y despidos en sectores de comercio y gastronomía?
Con el desempleo creciendo, nadie se va a animar a reclamar por mejor salario. ¿Y a sumarse a un paro general?
Todavía faltan los aumentos de luz, gas, transporte. Les van a poner presión a la inflación. Hay que ver si los números que vienen van a poder sostener esa desaceleración.
El 23 de abril se anunció una marcha interuniversitaria para pedir más presupuesto. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, avisó que a este ritmo a la Universidad de Buenos Aires le quedan 3 meses de vida. No tienen fondos para más que eso. La universidad pública es una fibra sensible de los argentinos. Especialmente de la clase media.
Frente a un malestar creciente, un gobierno necesita respaldo político. No siempre las decisiones duras van a ser aceptadas por la mayoría. Por eso, es fundamental que conserve los resortes del poder. La comisión de Juicio Político es uno de ellos.
Pero el Presidente no quiere saber nada de esas cuestiones. Varios diputados intentaron hablarle del asunto durante su gira por Estados Unidos. No tuvieron suerte. El tema no está en su agenda.
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