La Unión Europea ha dado el último empujón para sacar adelante las nuevas reglas fiscales. El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la reforma de la gobernanza económica que establece las bases para que los países cumplan con un límite de déficit del 3% sobre el PIB y una deuda del 60% sobre el PIB. Una revisión que ha salido adelante con los votos en contra de la izquierda y los verdes y que obligará a España a recortar unos 15.000 millones de euros anuales para rebajar su deuda.
La reforma de la gobernanza económica tenía como objetivo dar luz a unas nuevas reglas fiscales más realistas, aplicables y menos rígidas. Con más margen para las inversiones. El texto mantiene el punto de partida de la Comisión Europea, que planteaba planes individualizados para cada país a cuatro años, que serán extensibles a siete años en caso de que se comprometan reformas e inversiones que lo justifiquen. Se produce, no obstante, un cambio de óptica respecto a las reglas fiscales anteriores: Bruselas tendrá en cuenta la senda de gasto público para analizar la sostenibilidad financiera de cada Estado miembro.
El texto refrendado este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo deberá ser respaldado en una reunión a nivel de embajadores el próximo viernes, un punto que se prevé sin discusión. Posteriormente, el día 29 de abril, los ministros de Agricultura prevén darle el último visto bueno para su aprobación definitiva. Un punto para el que tampoco se prevé debate. Es así que los países deberán presentar sus planes de ajuste ante el Ejecutivo comunitario antes del 20 de septiembre, según explicó el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en el diálogo previo al voto en la Eurocámara.
El debate evidenció las críticas de los Verdes y la izquierda europea que consideran que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento supondrá un nuevo corsé para la fiscalidad de los países y una vuelta a la austeridad. "En dos horas se producirá el voto más importante de la legislatura", ha indicado el eurodiputado de los Verdes, Philippe Lamberts, que consideró que la decisión determina si la UE "está a favor o en contra de la austeridad".
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es uno de los expedientes más importantes de la legislatura. La UE se sumergió en la revisión de las reglas fiscales después de que la crisis financiera probara que las anteriores eran poco realistas. Lejos de impulsar el crecimiento sumió a los Estados miembro en años de austeridad.
Desaparece el requisito del anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fijaba una reducción anual de la deuda de un veinteavo anual para los países que superaran niveles del 60% del PIB. Pero hay dos cifras que sí se mantienen: ese umbral de la deuda que no se debe superar, el 60%, y el 3% sobre el PIB en el caso del déficit. Con las nuevas reglas fiscales, los países deberán crear colchones ante futuras crisis y, para ello, alcanzar un objetivo déficit del 1,5%. Una condición con la que en diciembre se contentó a Berlín.
El texto encuentra un equilibrio entre la flexibilidad que pedía Francia y el corsé fiscal que ansiaba Alemania. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluye salvaguardias para que se reduzcan los niveles de deuda. Los Estados miembro con un pasivo superior al 90% sobre el PIB deberán realizar un ajuste anual del 1%, y del 0,5% aquellos Estados miembro que se sitúen en una horquilla entre el 60% y el 90% del PIB.
Es el caso de España, cuyos niveles de deuda se situaron en el 107,7% en 2023, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, para descender al 106,5% en 2024 y mantenerse en esa cifra en el 2025. El último dato actualizado sitúa la deuda pública española en 1,57 billones de euros, por encima de ese umbral del 90%, por lo que el Ejecutivo español estaría entre aquellos que deben realizar un ajuste del 1%.
El debate en el Parlamento Europeo
Previo al voto en la Eurocámara, el pleno del Parlamento Europeo ha mantenido un debate sobre la reforma de la gobernanza económica. Un escenario en el que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha enfatizado que las nuevas reglas fiscales tienen como finalidad "reducir los altos niveles de deuda y déficit de forma gradual y sostenible" al tiempo que "da espacio para las políticas contracíclicas e incentiva las reformas e inversiones".
La reforma de la gobernanza económica no supone "una vuelta a la austeridad", respondió la eurodiputada de Renew, Eva Poptcheva a algunas de las críticas de los eurodiputados de otras familias políticas, como verdes e izquierda. "Son una oportunidad de hacer reformas e inversiones". Fue así que reclamó responsabilidad y "utilizar esta oportunidad para hacer reformas en nuestro país" pues, según explicó, el nivel de deuda en España se sitúo en el 107,7% a cierre de 2023 y "las nuevas reglas fiscales exigen que reduzcamos en 14.000 millones al año, el equivalente al gasto en defensa".
La pandemia y la guerra de Ucrania exigieron "flexibilidad fiscal", ha contextualizado el eurodiputado socialista, Jonás Fernández, que se ha mostrado satisfecho con el "amplio consenso para rechazar las anteriores reglas fiscales", que "obligaron a un austericidio", ha dicho en relación a las medidas puestas en marcha para afrontar la crisis económicas de 2008.
Frente a las reglas fiscales anteriores, el comisario letón ha explicado que la reforma promueve el control nacional, que los planes estructurales implican reformas e inversiones y que el foco está puesto en ajuste más gradual de la senda fiscal para "impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo".
Además, se fortalecen los procedimientos por déficit excesivo con sanciones económicas más efectivas, ha indicado el letón. Y es que las anteriores reglas fiscales no solo probaron ser poco realistas, sino que las sanciones nunca se llegaban a aplicar por ser demasiado elevadas.
La reforma presta "más atención a los aspectos sociales", ha indicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ya que la Comisión Europea hará "seguimiento de los avances en la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales". El italiano ha considerado que estas nuevas reglas son "más flexibles", "más orientadas al crecimiento" y "más creíbles".
Además, el italiano ha reafirmado que estas normas "permitirán una reducción gradual de la deuda pública sin socavar el crecimiento. Y nos ayudará a proteger el nivel de inversión pública".