La conmemoración del Día de las Víctimas y de la Memoria el 9 de abril, misma fecha en que ocurrió el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cobra un significativo valor para la historia de Colombia. Tan importantes celebraciones nos colocan de cara a la remembranza de las raíces de nuestra inveterada y añeja violencia social y política.
Partiendo de allí se deben considerar como un imperativo la paz y la reconciliación nacional. No se puede perder de vista que la paz es un derecho fundamental consagrado desde la Constitución del 91. Empero, la paz para los cristianos y católicos se define como "la armonía entre la humanidad y toda la buena creación, pues está interrelacionada, ya que cada criatura, cada elemento, cada fuerza de la naturaleza participa en toda la creación". Este hecho, en un país creyente en su mayoría, con frecuencia se echa de menos.
Pareciera que los llamados del papa Francisco, los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica colombiana durante la reciente celebración de la Semana Santa no hubieran resonado y hecho eco en los fieles católicos, que después de múltiples oraciones, genuflexiones y persignarse olvidaron rápidamente cómo el santo padre exhorta pastoralmente que "la paz auténtica es trabajar para que todos encuentren solución a los problemas, a las necesidades, que tienen en su tierra, en su patria, en su familia, en su sociedad".
En medio de la diáspora por la que vienen atravesando las víctimas del conflicto armado colombiano desde épocas inmemoriales, es fundamental hacer memoria de hechos dolorosos y humillantes, repudiados por organismos internacionales que velan por la protección y defensa de los derechos humanos, con el propósito de visibilizar su angustia y tratar de omitir su revictimización.
De suerte que el apoyo de la comunidad internacional a los procesos de paz liderados por el presidente Gustavo Petro tiene que superar los disímiles imponderables, enfilando baterías para, a la postre, resolver temas inaplazables, como la implementación del proceso de paz de 2016, que de suyo conlleva como eje central la propia reforma agraria y la restitución de tierras, problema anacrónico que ha impedido sistemáticamente concretizar los nobles deseos por una paz plena y duradera.
Entonces, lo que está al orden del día es el desarme de los espíritus, el respeto del cese al fuego y a la población civil y el compromiso de las partes sentadas a la mesa para que el diálogo sea fluido, sincero y productivo. Entretanto, los conflictos armados hay que desactivarlos pacíficamente, apelando a conversaciones y acuerdos razonables, donde no existan vencedores ni vencidos. El país entero tiene la obligación de transitar por los caminos de la paz y el perdón. Por lo mismo, las víctimas, sin más eufemismos ni promesas incumplidas, están en todo su legítimo derecho de soñar en una patria en paz y reconciliada, donde la justicia social aflore como un clamor inherente a su condición y dignidad humanas.
Orlando Morales, Bogotá.
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