El Govern, a través del vicepresidente y portavoz del Ejecutivo Antoni Costa, ha insistido durante las últimas horas en que se contrató a detectives para que buscaran supuestos micrófonos ocultos en el despacho del conseller Alejandro Sáenz de San Pedro «por consejo de la Policía Nacional». El problema, sin embargo, es que fuentes de la Jefatura palmesana han negado de forma categórica que fuera este cuerpo el que recomendara de forma oficial esta medida. Hay que recordar que el rastreo de los investigadores privados en las dependencias del conseller costó más de 4.000 euros, que se cargaron a las arcas públicas. En realidad, si hubiera habido una petición formal entre el Ejecutivo y la policía, constaría en los oficios o documentos oficiales, y no es así. Así las cosas, el caso de los micros podría dejar en mal lugar al Govern, después de que Més y los socialistas criticaran lo ocurrido: «Si esto no fuera tan serio, parecía de chiste».
Caso micrófonos: versiones antagónicas
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