Cristina Gallardo
El Consejo General del Poder Judicial encara un nuevo frente de tensión con la vista puesta en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de noviembre para designar a los integrantes de las salas de gobierno en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia, unos puestos clave para la organización y funcionamiento del poder judicial en cada territorio.
Desde las asociaciones minoritarias y sectores progresistas del Consejo se denuncia lo califican de 'maniobra' de los conservadores para abortar los planes en los que ya se trabajaba para introducir el voto telemático en el proceso, superando el sistema actual de voto presencial o por correo que según estas fuentes viene facilitando una posición de dominio por parte de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en la mayoría de los órganos. El asunto saldrá previsiblemente a colación en la Comisión Permanente que se celebra este jueves y que incluye un punto sobre la cuestión.
En la actualidad, y como la elección se produce en día laborable, es común y viene siendo aceptado que un juez de Soria, por ejemplo, evite trasladarse a la sede de su TSJ a Burgos -o uno de Huelva a la sede del TSJ en Granada- para emitir su voto presencial. Para el que se hace por correo, muchas veces se delega en otro compañero de la asociación que se pasa por los despachos para recopilar varios votos, y a quien se entrega el sobre y la fotocopia del carnet profesional para facilitar la gestión, perdiendo desde entonces el control sobre el recorrido del voto que llega finalmente a la urna.
"Este sistema de delegación, aunque admitido, no garantiza la integridad y el anonimato" señalan las fuentes consultadas, que explican se trata de elegir en listas abiertas que permiten que, aunque un juez sea miembro de una asociación en concreto, pueda apoyar a candidatos de otras organizaciones o a compañeros independientes.
Se vio viabilidad
La idea de impulsar el voto telemático ante las elecciones de este año fue propuesto al Consejo General del Poder Judicial por el Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia, con el apoyo también de la segunda asociación con más apoyos, la Francisco de Vitoria. En el órgano de gobierno de los jueces se aceptó estudiar su viabilidad y para ello creó un grupo de trabajo que integran los vocales José Antonio Ballestero, Roser Bach y Mar Cabrejas que han venido elaborando un proyecto que cuenta con luz verde de los servicios técnicos del órgano.
También se pidió opinión a las Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los TSJ, y es en este punto en el que se ha producido un movimiento que parece dirigido, como mínimo, a retrasar el cambio: en el informe del alto tribunal, emulado posteriormente por aquellas salas de gobierno de los órganos autonómicos en los que la APM tiene mayoría, se dice que el cambio no puede hacerse sin reformar antes la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula las elecciones. "Si tiene que hacerse un cambio legal, no llegamos a tiempo", lamentan desde las asociaciones impulsoras de la vía telemática.
Los informes que obran ahora en poder del Consejo General del Poder Judicial aluden a una "falta de habilitación legal específica" para regular un voto telemático dado que no encuentra cabida en el textual del artículo 151 de la LOPJ, y tampoco en la Ley de Régimen Electoral General a la que hay que remitirse de forma supletoria.
Con esta lectura coincide la presidenta de la asociación mayoritaria, María Jesús del Barco, que señala a este diario que las salas de gobierno están obligadas a cumplir el principio de legalidad y el voto telemático no está previsto en la ley orgánica. Su organización, que lamenta que se arrojen dudas sobre un sistema al que se someten todas las asociaciones por igual -Francisco de Vitoria obtuvo mayoría en Murcia, Extremadura o Canarias, apunta- estará de acuerdo con el voto telemático "cuando haya un cambio legal".
Desde el sector minoritario del Consejo no se asume la postura adoptada en estos informes, y los vocales que trabajan en el asunto quieren plantear a sus compañeros si siguen adelante o frenan en espera del cambio legal aconsejado. "La opción b será introducir una enmienda en la ley orgánica para realizar el cambio, pero por tiempo no llegamos", señala uno de los encargados del asunto, que añade que previsiblemente se adoptará una decisión definitiva en el Pleno que está convocado para el próximo día 25.
Los promotores del cambio no entienden que no se haga una interpretación extensiva cuando el voto telemático ya se utiliza en el caso del Comité de Ética Judicial y los propios jueces tramitan desde sus puestos informáticos otras operaciones como la presentación a un concurso de traslados.
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