El 1 de enero de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica dio un plazo de 18 meses a los municipios para que puedan poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, a día de hoy, y a falta sólo de tres meses, algunos municipios, entre ellos el de Murcia, se resisten a implementarlas, por lo que se arriesgan a sufrir penalizaciones, tal y como como advirtió en su momento el ministro de Transportes, Óscar Puente. La negativa a diseñar y activar estas zonas llevó al Defensor del Pueblo a iniciar actuaciones de oficio en 33 ciudades, donde además de la capital regional, también se encuentra Lorca.
Cuando esta Redacción ha preguntado al Ayuntamiento de Murcia por la Zonas de Bajas Emisiones la respuesta del Ejecutivo popular va desde un silencio incómodo que se suele prolongar durante semanas a comentarios vagos y genéricos como el «no es una prioridad para este equipo de Gobierno» o «hay formulas alternativas de calmado de tráfico que no requieren ningún tipo de restricción». Sin embargo, la definición de las ZBE es clara.
De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, «se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».
El Defensor del Pueblo pide explicaciones, mientras que el Ayuntamiento da la callada por respuesta
Esta discriminación por nivel de emisiones no existe en Murcia, donde como mucho, hay zonas en las que sólo se permite el paso de vehículos residentes, como ocurre en la céntrica calle San Nicolás o más recientemente en el acceso al barrio del Carmen por el Puente Viejo, pero en ninguno de los dos casos se cumple la normativa ni se sanciona al infractor.
Además, cabe destacar que el Ayuntamiento de Murcia recibió a mediados del año pasado, vía fondos europeos, 6,6 millones de euros, que servirían, entre otras cosas, para colocar 849 cámaras y sensores medioambientales con el fin de controlar las ZBE, tal y como explicó en su momento el anterior equipo de Gobierno.
Reacción de PSOE y Podemos
Ante esta situación de retraso, por no hablar de parálisis, la izquierda política en el municipio no ha dudado en arremeter contra el Gobierno de José Ballesta.
Según el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, el Ayuntamiento debe definir cuanto antes la ZBE y las medidas que se adoptan en la misma. «No sólo porque es necesario mejorar la calidad del aire, sino también porque es un mandato legal de la Ley de Cambio Climático, que ya estamos incumpliendo», advierte el edil, que recuerda que las obras del Plan de Movilidad están encaminadas a mejorar los índices de calidad del aire, «pero no serán efectivas hasta que no se apruebe el nuevo modelo de transporte público y hasta que se definan de una vez esa zona de bajas emisiones».
Según Ruiz Maciá, el equipo de Gobierno del PP tiene que dejar de «dar patadas hacia delante y dejar de decir que la ZBE no es una prioridad, cuando tenía que estar aprobada ya».
Por su parte, la nueva portavoz de Podemos en Murcia, Elvira Medina, sostiene que no le preocupa tanto el Defensor del Pueblo «como la posible devolución de millones de euros en fondos europeos para la implantación de estas Zonas de Bajas Emisiones si no se cumple con los plazos».
En cualquier caso, Medina señala que la implantación de las ZBE «solo puede ser un fracaso más si solo se aplican restricciones y no se refuerza el transporte público, invirtiendo en la ampliación del tranvía y la mejora del transporte en autobús, «algo que nunca entendió el PSOE de Serrano y Ginés Ruiz, que llegó a bloquear nuestra enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para llevar el tranvía al Carmen». Y tampoco lo ha entendido, añade la portavoz morada, el PP de Ballesta, «que sigue sin licitar el nuevo contrato de los autobuses. Sin transporte público no hay bajas emisiones».
Vox: "Atentado contra la libertad de circulación"
Si la izquierda reclama y mete presión para la instauración de las zonas de bajas emisiones y el PP hace equilibrismos para compaginar su ideario con la exigencias de Europa, Vox se muestra frontalmente en contra de la implantación de estas zonas «en primer lugar, porque son un atentado a la libertad de circulación y, en segundo lugar, porque sólo generan caos y, como se ha visto en Madrid, son inútiles para combatir los niveles de contaminación», indica el portavoz de Vox, Luis Gestoso, que recuerda que el día de más contaminación en los últimos años «fue durante Filomena en 2021 con todos los coches en el garaje».
Luis Gestoso recuerda que hay sentencias de tribunales europeos contrarias a su implantación
Recuerdan desde el partido de Santiago Abascal que ya hay sentencias de tribunales europeos contrarias a la restricción de la libertad de circulación en el centro de las ciudades, «y eso de que son obligatorias es una mentira más de 'PPPSOE' que están en lo mismo», señala Gestoso.
Para Vox, su implantación en Murcia generaría un «desastre» más para el tráfico y la supervivencia del comercio y la actividad en el centro «y convertirá la ciudad en una ciudad dormitorio pues la gente hará las compras y el ocio en otras donde no haya ZBE».
En cualquier caso, Vox asegura que en la próxima legislatura, si gobierna, derogará cualquier ZBE y el plan de movilidad para devolver «a los murcianos la Murcia amable y libre que fue, la riqueza, los comercios, los carriles; y haremos parkings baratos donde no sea un atraco a mano armada el venir a comprar o a trabajar al centro de la ciudad».
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