Si el 11M no se hubiera cruzado en su camino, Eduardo Zaplana habría sido vicepresidente en el primer gobierno de Mariano Rajoy. El atentado lo cambió todo: Rajoy no fue presidente, sino jefe de la oposición. Pero Zaplana fue el portavoz parlamentario de aquel PP que no acababa de concebir su salida del poder. Del cielo que rozó entonces con la punta de los dedos, al infierno que lleva viviendo desde que en 2018 fue detenido en València y que esta semana se ha hecho carne viva con el inicio del juicio del llamado «caso Erial», donde afronta una petición de 19 años de cárcel como presunto cerebro y principal beneficiario de una organización criminal supuestamente creada por él mismo para enriquecerse con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y que empezó a funcionar, según el sumario, en 1997, apenas dos años después de asumir la presidencia de la Generalitat Valenciana. Si eso fue así, habría que coincidir con Aute en que algunos vinieron con hambre atrasada.
La sombra de la corrupción siempre persiguió a quien una vez pareció el político más audaz y con más proyección del PP. Desde los inicios. Pero también desde el comienzo tuvo un adalid que nunca flaqueó en su apoyo. Fue José María Aznar quien lo salvó de la quema cuando en 1990, nada más despuntar su carrera, estalló el llamado «caso Naseiro», el primer gran escándalo del recién refundado Partido Popular. El periódico El Mundo abrió un domingo su portada con el titular "El PP expulsará a Naseiro, Moreno, Palop y al presidente provincial de Alicante". Era lo que proponía el informe elaborado deprisa y corriendo por Alberto Ruíz Gallardón, con la colaboración de Federico Trillo, tras conocerse la trama capitaneada por Rosendo Naseiro, gerente de AP en tiempos de Fraga, en la que también participaba un miembro del llamado entonces «clan de Valladolid», Arturo Moreno, y un concejal valenciano, Salvador Palop, amigo de Zaplana. 24 horas después, la junta directiva echaba del partido, efectivamente, a Naseiro, a Moreno y a Palop. Pero a Zaplana, que aparecía en unas comprometedoras grabaciones que finalmente el Supremo anuló, no. También fue Aznar el que le animó a hacerse con la Alcaldía de Benidorm merced al apoyo de una tránsfuga del PSOE a la que mantuvieron oculta durante semanas hasta el día de la votación, el que le respaldó para que se encaramase a la jefatura regional del partido, el que le designó candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana y el que se lo llevó después a Madrid, primero como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y después como ministro portavoz del Gobierno. Aznar siempre estuvo ahí.
Concejal, alcalde, senador, diputado nacional, diputado autonómico, portavoz en el Congreso y en las Cortes Valencianas, presidente autonómico, biministro… La carrera política de Eduardo Zaplana resulta tanto más impresionante si se tiene en cuenta que abarcó menos de 20 años, los que van de 1990 a 2008, cuando renunció a su escaño y se fue a Telefónica. Pero su agenda, posiblemente la más completa de España, continuó engordando hasta mucho después de abandonar la política activa. Son bastantes los que piensan que es precisamente la cantidad y la calidad de sus relaciones las que hicieron que su teléfono no fuera intervenido durante la investigación que acabó con su arresto e ingreso en prisión preventiva, donde permaneció casi nueve meses. La versión oficial reza que no se pidió autorización judicial para monitorizar su terminal porque, por su cargo en Telefónica, podría haber sido avisado del «pinchazo». Pero la realidad es que de haber sido transcritas las conversaciones que mantenía, en el sumario habría aparecido la nomenclatura completa de la política española, desde el Rey emérito hasta Pablo Iglesias. A nadie le interesaba eso.
Esa sombra de corrupción que le rodeó desde el principio acabó por sentarse con él en el banquillo este martes, en el inicio de una vista que se prolongará hasta al menos el mes de junio. Zaplana ha defendido siempre su inocencia, alegando ser víctima de una trampa del CNI cuya razón de ser, sin embargo, nunca ha explicado. Pero en realidad no busca que se le considere inocente, porque es consciente de que esa batalla ya está perdida. Lo que intenta es que el tribunal no le declare culpable. Los pactos a los que la Fiscalía ha llegado con algunos de sus más estrechos colaboradores, como su amigo Joaquín Barceló, que ya ha confesado ser su testaferro; su antiguo jefe de gabinete, Juan Francisco García, que declarará esta semana que entra, o los Cotino, los empresarios que supuestamente pagaron algunas de las mordidas a cambio del trato de favor de la Generalitat, debilitan en extremo su posición. De la misma manera que le deja en precario la actuación del intermediario uruguayo Fernando Belhot, que devolvió al juzgado más de seis millones de euros porque, según él, no eran suyos sino de Zaplana, lo que le permitió pasar de imputado a testigo. Pero el exministro también tiene bazas, sobre todo la ausencia de pruebas documentales que demuestren su implicación vinculándole directamente con los cobros, por lo que la resolución final de un juicio en el que, para que no falte de nada, declararán también personajes como el excomisario Villarejo o la sobrina del espía más famoso de la historia de España, es incierta.
La Comunitat Valenciana ostenta el triste récord de ser la que más políticos ha tenido encausados por corrupción, sólo después de Andalucía. Pero en Andalucía, aunque hubo otros, un solo caso, el de los EREs que acabó por derribar del poder a los socialistas, concentró un gran número de imputados. Aquí, la Policía tuvo que echarle imaginación sólo para bautizar cada investigación que abría, distinta de las anteriores: Erial, Gürtel, Brugal, Pitufeo, IVEX, Naranjax, Zombies, Ciegsa, Imelsa, caso Cooperación, cártel del fuego, Taula, Terra Mítica, primas únicas, monjitas de Orihuela… De los cuatro políticos que presidieron la Generalitat en la anterior etapa de gobiernos del PP, tres se han sentado ante los jueces y uno tuvo que dimitir del cargo. Como los alcaldes de las principales ciudades o los presidentes de las tres diputaciones. Todavía hay consellers en la cárcel y hasta un delegado del Gobierno fue detenido por las mismas fuerzas de seguridad que comandaba. Culpable o inocente en términos judiciales, esa semilla la plantó Zaplana, al que sus acólitos, como él mismo ha reconocido con aparente pesar, siempre le llamaron el jefe. O sea, que pudo ser rey. Lo que ahora se juzga es si se quedó en padrino.