Tádic: "Tras la sentencia de la Corte Interamericana se nos abren otros canales y uno de ellos es la Corte Penal Internacional"
Uno de los sobrevivientes a la intervención en el hotel Las Américas dijo a EL DEBER que la Procuraduría, Fiscales y otras entidades tienen conocimiento de sus datos personales, desde el momento que salieron del país. Señala que están búsqueda de justicia y no de venganza
Mario Francisco Tádic Astorga es un ciudadano croata-boliviano que estuvo ocho años detenido en Bolivia tras ser acusado de formar parte de una cédula terrorista que pretendía separar al país. El caso se cerró en 2020 y los cargos fueron levantados tras 11 años de pesquisas.
Volvió a Croacia en 2015. Dijo, en esta entrevista, que hace 15 años vino al país para formar una empresa turística en territorio nacional y que todas esas pruebas fueron borradas.
Tádic demandó al Estado boliviano por esta detención, pero también por las torturas y la forma en la que fue detenido el 16 de abril de 2009, cuando se produjo el asalto al hotel Las Américas. Ese día fueron ejecutados otros tres extranjeros por la Policía, pero él sobrevivió.
Afirmó que no se borra los 10 años que sufrieron violación a sus derechos humanos y confía en que la justicia internacional determine quiénes son los responsables.
— ¿Dónde está?
Desde que salí en libertad, después de un proceso abreviado, estoy residiendo con la familia en Croacia.
— ¿Cómo recibió la noticia de que la Fiscalía haya rechazado la denuncia por vejámenes y tortura a las víctimas en el Hotel Las Américas?
Hay que dejar en claro que la denuncia no la hice yo ni el señor Elöd Tóásó. Esa denuncia la presentó el Sepret (el Servicio de Prevención de la Tortura, una entidad que era parte del Ministerio de Justicia, pero que desde 2021 depende de la Defensoría del Pueblo).
Esa denuncia fue por iniciativa propia de esa entidad y es lo que correspondería como su obligación.
Se nos comunicó hace unos dos años atrás de que se había abierto esta investigación, pero supimos que fue rechazada y que terminó. Me sorprendió que el caso nuevamente sea abierto esta vez en un juzgado y con intervención de la Fiscalía. Realmente no tenía muchas esperanzas de que esto prosperara, conociendo cómo funciona el sistema.
— ¿Qué demuestra este rechazo de la Fiscalía, tomando en cuenta que se trata de la cuarta conminatoria que ha dado la justicia?
Esto demuestra que la impunidad es una política del Estado, no una situación casual. No es el resultado del pensamiento de un funcionario, sino parte de una política porque todas las denuncias salieron el mismo 2019 en la audiencia cautelar.
Hubo reclamos, la abogada de oficio en ese entonces reclamó y no se atendió. El 2009 presenté una denuncia en contra del capitán Andrade, Marilyn Vargas (policía), también fue rechazada, así que no avanzó gran cosa.
— ¿Cómo está el proceso que inició en la CIDH, tanto el de usted como el de Elöd Tóásó?
Nuestro proceso está en la etapa de cumplimiento de recomendaciones, lo que significa que habiendo ya terminado la etapa de informes con la admisibilidad se abrió un proceso de lo que se llama solución amistosa. Esa solución tenía un plazo hasta antes de que salga el informe que es el que tenemos ahora (26 de julio).
Ese informe de fondo es el paso previo, si se cumple y si se aceptan las condiciones y se logra un acuerdo se evita el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se condena al Estado. Con los avances nulos que se han visto, tanto investigación como en recuperación de salud, indemnización, garantías, reformas del sistema judicial, entonces estamos prácticamente ante la etapa para ir a la Corte. Es cosa de esperar que se cumpla el plazo que dio la CIDH al Gobierno.
— ¿Qué opina sobre la extensión de tres meses que dio la CIDH al Gobierno?
No lo esperábamos, sin embargo, debido a jurisprudencia existente es algo que previamente se ha presentado en otros casos.
— Uno de los fiscales asignados a la comisión investigadora, mencionaba que espera que las víctimas al asalto del hotel Las Américas vengan al país para que den su testimonio y aporten en los elementos de la investigación. ¿Vendrán nuevamente a Bolivia?
Hay algo que es claro y es que no es absolutamente necesaria nuestra presencia en Bolivia para hacer esas declaraciones. Existe antecedente en la misma jurisprudencia videos conferencia, sin embargo, una cosa que hay que destacar es que la Fiscalía, Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y otros organismos saben que nosotros no estamos en el país desde 2015.
Según lo que dice la Fiscalía, trataron de ubicarnos en las direcciones antiguas sabiendo que nosotros no estamos en el país. Lo lógico y legal hubiera sido que la Fiscalía emita una solicitud por medio de la embajada adjunta en Lima, en el caso de Hungría, o por medio del consulado de Croacia en Chile y haberlo hecho por la vía legal, entonces nos podían haber visitado o entrevistado por teleconferencias.
Si hubiera existido la voluntad de la Fiscalía de realmente investigar nos hubiera contacto directamente. Ellos tienen nuestros números, correos electrónicos, realmente no hay un interés en esclarecer este caso. Sabemos cómo funciona la Policía, la Fiscalía y la justicia, en esta supuesta investigación.
— ¿Por qué supuesta investigación?
Junto a Elöd Tóásó, en 2014, presentamos una denuncia ante el Fiscal General que fue rechazada casi inmediatamente, sin previo estudio de ella, y eso demuestra que no hay un interés real en investigar las violaciones de derecho.
— ¿Podrían demandar al Estado boliviano ante la Corte Penal Internacional?
Tenemos que esperar la sentencia de la Corte Interamericana y después de eso se nos abre muchos otros canales internacionales para poder seguir adelante. Uno de ellos es la Corte Penal Internacional.
— ¿Qué otros canales adicionales existen?
Claro, lógicamente hay otras posibilidades, pero esas son informaciones como comprenderá tenemos que guardarlas.
— ¿La Fiscalía ha intentado buscarlos en este tiempo?
Eso dijeron, que habían intentado localizarnos.
— Otro de los puntos clave en este complejo caso es el resarcimiento?
No hubo ningún acuerdo, es más, el Comisionado que atendió la última reunión virtual recomendó al Estado boliviano a hacer una contraoferta, lo que no se materializó. Entonces, todo esto lo vemos como una táctica para ganar tiempo y alargarlo, Por eso estamos decididos a ir a la Corte (Interamericana de DDHH).
— ¿Cuánto han solicitado de resarcimiento?
Eso debería mantenerse en condición reservada por la misma norma de la CIDH. Ni el procurador ni ninguno de los actores debería mencionarlo en público, ni menos hablar de millones. Nosotros con Tóásó, la familia Dwyer, siempre hemos respetado el reglamento de la CIDH y no sería ético que hablemos de las pretensiones mías o de los otros demandantes.
— ¿Se tiene que investigar a los responsables que lideraron el operativo en el Hotel Las Américas?
Para que haya una acción de parte de la Policía tiene que haber una orden, esa orden no se la da el comandante de un grupito de la Policía, viene de arriba, el conducto regular como es el lenguaje policial-militar. O la autoridad jerárquica, desde la persona que ordena hasta el ejecutor, todos son responsables.
Ahora hay una cosa que no se nos respetó, que es el principio de presunción inocencia, desde un inicio se nos presentó como criminales, asesinos, nosotros no somos ese tipo de personas, respetamos los derechos de todos los que serán acusados en su momento y no vamos a entrar al juego de ellos, al juego político de decir que fue este o aquel. No, la justicia tiene que hacer su trabajo, y en base a nuestras declaraciones ante la CIDH ejercer contra las personas que resulten responsables, no se trata de buscar venganza, se trata de buscar justicia. Lo vamos a hacer respetando los derechos de cada uno que violaron nuestros derechos.
— Después que fueron sobreseídos por el llamado caso terrorismo, ¿usted cree que se avanzó en justicia a favor de las víctimas?
Parcialmente, pero eso no borra los atropellos que cometieron en más de 10 años
— ¿A qué se debía su presencia en Bolivia en 2009?
Lo dije desde un principio, yo llegué a formar una empresa turística. Desgraciadamente, toda mi documentación la borraron; hicieron desaparecer muchas pruebas y posteriormente pruebas que nos podían exonerar se perdieron en el juicio.
— ¿Ahora, a qué se dedica en Croacia?
Recibo una pequeña jubilación como militar jubilado y tengo algunas asesorías en la parte administrativa en construcciones.