¿Erosiona la vivienda vacacional el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada? Aluden a ello en el anteproyecto que han presentado.
No es que lo erosione, pero afecta. Es uno de los factores que ha venido a tensionar más el alquiler en Canarias. No es el único, también la ausencia de políticas para tener más vivienda pública o malas políticas estatales que han provocado que el 40% de la oferta residencial se haya esfumado. De estas, el 21% ha estado o está en estos momentos en el segmento vacacional animados por la inseguridad jurídica creada. Todo este conjunto de hechos es lo que provoca que al final se tensione muchísimo más el mercado ordinario y llegue el malestar de la ciudadanía, por tanto, ha contribuido de manera notoria. Antes todo estaba mucho más claro y ahora existe una colisión entre el modelo turístico y la vivienda en Canarias. Los alquileres residenciales estaban muy definidos, pero tenemos un decreto de mínimos (113/2015) que permite en 24 horas adoptar el uso turístico para la vivienda, y es lo que entendemos que se tiene que ordenar en el planeamiento.
¿No es eso dejar todo en manos de los municipios?
No, porque vamos a darles lo que nos han pedido, un paraguas de ordenación que no les proporcionaba el decreto que le menciono. Les vamos a dar herramientas para que puedan ordenar el urbanismo. Aun así, si no lo hacen en un plazo de cinco años, la ley contempla normas subsidiarias.
"No vamos a dejar solos a los ayuntamientos, vamos a darles el paraguas de ordenación que nos han pedido"
¿De obligada aplicación?
Exacto. De aplicación directa en caso de ausencia de regulación en el ámbito municipal. En donde no podemos meternos es en zonificar, en determinar los usos por áreas, eso tendrán que hacerlo ellos porque está entre sus competencias. No les regalamos una pelota nueva. Para facilitarles su uso les damos criterios de sostenibilidad, de presión, de carga demográfica en los territorios. Podrán medir todo ello. Pasar los datos por ese tamiz determinará cuestiones que a nadie se le escapan como que la presión de la vivienda vacacional es mayor en áreas costeras que en medianías. Puede ocurrir que a un ayuntamiento le interese dar licencias de alquiler vacacional en áreas de las que se está marchando la gente por falta de oportunidades. Lo cito solo como ejemplo del beneficio que tiene zonificar, que se puede hacer por barrios, áreas o hasta diferenciar por manzanas.
¿Han contado entonces con los municipios?
Y lo seguiremos haciendo durante la tramitación, pero es que, además, el propio texto contempla la creación de una comisión formada por ayuntamientos, cabildos, agentes públicos y privados, y Gobierno de Canarias. Su objetivo será dar efectivo cumplimiento a esta normativa. No vamos a abandonarles en ningún momento. Les vamos a dar un mapa caliente para determinar las zonas de tensión y una ordenanza tipo para que puedan regular.
¿Esta entrada en vigor de unas normas subsidiarias pasados cinco años de inacción por parte de los municipios está testado ya?
Hemos tomado lo mejor de otras normativas, y en el caso este en concreto, pues tenemos muy presente que es lo que ha pasado en otras comunidades y en otras ciudades o municipios, y nos parece que este era un periodo de tiempo más que razonable para que los ayuntamientos puedan adaptar sus planeamientos.
"Solo Las Palmas de Gran Canaria tiene su planeamiento adaptado y Pájara está en ello"
¿De dónde han tomado esta idea concreta?
Es algo que ya se ha hecho en Donosti y Madrid.
¿Ningún municipio de las Islas ha tomado la iniciativa para regular esta actividad?
Solo Las Palmas de Gran Canaria tiene su planeamiento adaptado. Pájara está en ello y dentro de su plan general ya limita las licencias zonificando.
Digamos que transcurren esos cinco años y entran en vigor unas normas subsidiarias, ¿qué pasa con las viviendas vacacionales que ya existen?
Los propietarios que funcionan en estos momentos con su correspondiente declaración responsable pueden dormir absolutamente tranquilos. Hasta dentro de cinco años no tendrán que volver a demostrar que, por ejemplo, si el ayuntamiento ha actuado, su zona no ha cambiado y no están dentro de un área tensionada. Trabajamos en una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores, lo que hará más fácil comprobar que lo declarado es cierto.
"Trabajar con el Colegio de Registradores nos permitirá comprobar que la información que nos aportan es cierta"
¿Y los nuevos? ¿Quienes pretendan poner en el mercado una vivienda vacacional cuando la ley entre en vigor?
El propietario tiene que aportar, como toda actividad clasificada, una memoria. Además, demostrar que el ejercicio de esta actividad está autorizado en su comunidad de propietarios y que no se trata de una vivienda de protección oficial. Es decir, ponemos una barrera previa porque ya el registro se encarga de confirmar que la información es correcta.
¿Qué exigencias contemplan las normas subsidiarias?
Fundamentalmente que mejoren la calidad de sus viviendas. Por ejemplo, en sostenibilidad asociada a los electrodomésticos, que ahorren energía. Son normas perfectamente asumibles.
¿Tienen localizadas viviendas que operan sin una declaración responsable?
Es muy fácil estar dentro de las plataformas con esa declaración responsable. No tenemos una oferta ilegal muy amplia. Lo que sí hay en las plataformas son anuncios ilegales, porque ni siquiera son viviendas. Y ahí coincido con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que ha solicitado a Airbnb que se cumpla la normativa. Ha pasado desapercibido un hito muy importante. El 29 de febrero entró en vigor el reglamento de comercialización de las plataformas, que dice que solo se pueden comercializar viviendas que tengan un número de registro. Se acabaron los tipis y las casetas de campaña en azoteas, que tienen que salir de forma inmediata de la oferta de las plataformas.
"Me he equivocado al pensar que la administración es más ágil"
Siempre hablaron del 30 de junio como fecha tope para la entrada en vigor de esta ley. ¿Qué ha pasado para contemplar ahora el final del año?
Me he equivocado al pensar que la administración es más ágil.
¿A qué sanciones se enfrentan quienes incumplan?
Las infracciones graves oscilan entre 15.000 y 150.000 euros.
¿Cree que la vivienda vacacional alimenta el rechazo a la actividad turística?
Los precios han subido, y eso nada tiene que ver con el turismo. Pero si los alquileres se disparan y donde antes había residentes ahora solo hay turistas... La turistificación de zonas residenciales es lo que creo que ha despertado, no solo la atención del mercado, sino también el malestar ciudadano. Es donde tenemos que hacer una labor fundamental de control. Creo que durante muchos años se ha mirado para otro lado y lamentablemente llegamos tarde con esta regulación. En estos nueve meses hemos insistido muchísimo en la elaboración de este texto normativo y desde mi punto de vista hemos cumplido con creces.
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