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La decisión marca el fin de una política antidrogas enfocada en el tratamiento, que eliminó las penas de prisión para los consumidores e introdujo, en cambio, multas de 100 dólares, que podían ser exoneradas si la persona se sometía a controles.
La despenalización, inspirada en una política similar de Portugal, fue impulsada en medio de una crisis nacional por el uso del fentanilo. En Oregon, las muertes provocadas por el opioide aumentaron a más del triple entre 2019 y 2022.
La nueva ley "representa un paquete que promueve el tratamiento en primer lugar, al tiempo que impulsa también la necesidad de asumir responsabilidades", dijo el lunes 1 de abril Tina Kotek, gobernadora del estado.
La tenencia de pequeñas cantidades de drogas duras, entre ellas el fentanilo, la heroína y la cocaína, será ilegal desde el 1 de septiembre, con penas de hasta seis meses de cárcel.
La policía fomentará alternativas a los procesos penales establecidos en la ley, que también enfatiza la colaboración con los servicios sanitarios.
La Alianza para la Política de Drogas, una organización a favor de la despenalización, consideró este martes que la nueva legislación es un "peligroso retroceso".
"Se trata de una falsa promesa de cambio que llevará a la gente ante el sistema penal sin que haya ninguna conexión efectiva que los encamine hacia un tratamiento", afirmó Kassandra Frederique, directora ejecutiva del grupo.