El 13 de febrero de 2014, varias decenas de monitores escolares (personal de apoyo en tareas administrativas y de organización en colegios públicos de Infantil y Primaria de Andalucía) se encerró en la Catedral de Sevilla para denunciar su precaria situación laboral. Contratados a través de empresas de empleo temporal (ETT) por parte de la Consejería de Educación (entonces en manos del PSOE), la Justicia había dictaminado que sus contratos constituían un fraude de ley porque incurrían en una práctica muy perseguida por la legislación laboral: la cesión ilegal de trabajadores. Además, la Junta contrataba los servicios de monitores entre septiembre y junio y los mandaba al paro durante los meses de verano, otra irregularidad que quedó de manifiesto en las numerosas demandas ganadas por los trabajadores en los juzgados de lo Social.
Los tribunales obligaron a la Junta a asumir a esos trabajadores como parte de su plantilla y a regularizar su situación. Y la administración respondió con una convocatoria de acceso a las nuevas plazas creadas que dejó en la estacada a muchas de las monitoras (en su mayoría eran mujeres) que no reunían la titulación mínima exigida en las bases, a pesar de que llevaban años desempeñando ese mismo trabajo a través de las ETT. Comenzaba así un conflicto laboral entre los monitores y la Consejería de Educación que no se ha terminado de resolver hasta hace apenas dos semanas, cuando la Junta ha concluido la homologación de todo el colectivo.
Durante esta década, muchos de esos monitores han seguido trabajando en los centros educativos pero lo han hecho, en ocasiones, con contratos minúsculos de sólo ocho horas de trabajo mensuales (dos horas semanales), lo que convertía a la Junta de Andalucía en promotora de una modalidad de empleo muy precaria que fue duramente criticada desde muchos frentes políticos y sindicales. Cuando, en 2019, el PP y Ciudadanos accedieron al Gobierno andaluz, asumieron el compromiso de resolver definitivamente una discriminación laboral que fue paliándose progresivamente hasta la resolución final publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 4 de abril, diez años después del encierro en la Catedral.
Actualmente, el de los monitores escolares es un colectivo integrado por 1.643 profesionales que realizan tareas administrativas para agilizar y descongestionar la burocracia en los centros docentes de Educación Infantil y Primaria.
Tras la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Desarrollo Educativo publicada en el BOJA el pasado 4 de abril, la totalidad del colectivo dispondrá de contratos a tiempo completo de 35 horas semanales, tras ampliarse la jornada para 389 monitores que aún seguían con contratos parciales.
La homologación de los monitores comenzó en 2019 siendo consejero de Educación y Deportes Javier Imbroda (Cs). La Junta garantizó para toda la plantilla una relación continuada de trabajo durante los 12 meses del año, tal y como la Justicia le había exigido. Para entonces, había aún 426 trabajadores que eran despedidos en julio y septiembre.
En una segunda intervención, se fijó un mínimo de 20 horas semanales de contrato para todo el colectivo, eliminando los contratos de 8 y 12 horas, además de iniciar un aumento progresivo a 35 horas semanales, que se aplicó a 387 monitores. El acuerdo del 15 de marzo de 2023 afectó a otros 200 profesionales. El último pacto se firmó en febrero de este año para ampliar la jornada de los los 389 monitores escolares que faltaban, permitiendo así una mejora y homologación de las condiciones de trabajo de todo el colectivo, según ha explicado hoy ante el Consejo de Gobierno la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo.
La Junta de Andalucía ha consignado para ello un crédito en el presupuesto para 2024 por importe de 5,6 millones para que la totalidad de la plantilla de este colectivo trabaje las 35 horas semanales.
Figura multidisciplinar
El sindicato CCOO, que ha participado activamente en las protestas y en la negociación con la Consejería, ha valorado, a través de su secretaria general de Enseñanza en Andalucía, Marina Vega, que se haya puesto fin a la precariedad laboral de estas trabajadoras.
El sindicato ha reconocido "el esfuerzo de estas mujeres luchadoras que no se han rendido ante la injusticia social que han sufrido durante largos años, con contratos a tiempo parcial pero haciendo trabajos como si fuesen a tiempo completo y en muchos casos desempañando sus funciones hasta en tres centros diferentes."
"Las monitoras son una figura multidisciplinar que, aunque apoyan fundamentalmente en las tareas burocráticas de los centros docentes de infantil y primaria, también tienen competencias en las bibliotecas escolares, actividades extra lectivas, transporte escolar y comedores escolares, que redunda directamente en beneficio de la calidad de la Escuela Pública", ha destacado Vega en una nota del sindicato.
CCOO asegura que seguirá insistiendo para que "cada centro docente de Infantil y Primaria cuente en su plantilla con una monitora o monitor escolar porque ya se ha demostrado que la lucha incansable ante las injusticias sociales sirve".