El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que el Estado peruano es respetuoso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero pidió respeto a las decisiones "internas y soberanas" del sistema de justicia del país.
El Estado peruano remitió un informe sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que recalcó y concluyó que no cometió desacato al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre del 2023, restituyó el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
La Corte IDH determinó el año pasado que el Estado peruano cometió "desacato" al ejecutar la referida sentencia y, además, dispuso que se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanas relacionadas a las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta; por los que se condenó a Fujimori a 25 años de prisión.
Inicialmente, el organismo internacional dio como plazo máximo el 4 de marzo; pero el Perú presentó el documento el lunes, 1 de abril, tras requerir una ampliación.
A quince días de haber presentado el informe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseveró que el indulto de Alberto Fujimori se dio en estricto apego a los principios de "legalidad y de justicia" y pidió también que se respete la soberanía de las decisiones "internas y soberanas" del país.
"Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional", dijo Arana desde la sede del Minjusdh, en el distrito de Miraflores.
El integrante del Gabinete Ministerial detalló también que el informe fue elaborado por un equipo de agentes del Estado peruano ante la Corte IDH, quienes contaron con la asesoría de un experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
"Somos respetuosos del SIDH, pero quiero dejar en claro que el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones que sean injustas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional", apuntó.
Alegatos
A su turno, el agente y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Luis Cáceres Arce, señaló que la postura del Estado peruano se sustenta en el "ordenamiento constitucional" y los alegatos del TC para ordenar la liberación de Fujimori del penal de Barbadillo, en Ate, en diciembre del 2023.
"Lo que nosotros hemos defendido y pretenderemos defender no es una decisión ideológica ni política ni partidaria, es una decisión debidamente motivada en el ordenamiento constitucional y con base a la defensa; sin apasionamientos políticos ni ideológicos. Es defender al Estado peruano y al TC", señaló.
A su turno, el agente y especialista en derecho constitucional, César Pastor Briceño, señaló que el Estado peruano juzgó al exmandatario entre 2007 y 2009 por los casos 'La Cantuta y 'Barrios Altos' y que también sancionó a Fujimori con 25 años de prisión; de los cuales cumplió 16.
"Tal desacato no existe, se ha acatado lo señalado por la Corte IDH en mayo del 2018 y se ha producido un control jurisdiccional a través del TC, que ha determinado que el indulto cumplía con los parámetros legales y constitucional para su otorgamiento", detalló
"Esta defensa es la defensa de la posición del Estado peruano no es la defensa del señor Alberto Fujimori", añadió.
Los deudos de las víctimas de las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta tendrán un plazo de cuatro semanas para presentar una respuesta a las conclusiones del informe elaborado por el Estado Peruano. Posteriormente, la Corte IDH podría convocar a una audiencia en la que participarían los abogados y de los deudos, y los representantes del Estado.
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