Más demanda y menos profesionales y recursos para su atención. La salud mental pública vive "la tormenta perfecta" para desgracia de usuarios, familiares y el conjunto de la sociedad. Es más, "la atención en salud mental pública en Cádiz no existe". Así de rotundos, unidos y reivindicativos lo acuerdan los usuarios, familiares y profesionales que este lunes 1 de abril han presentado en la sede gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) la nueva plataforma ciudadana La Salud Mental es un Derecho, una iniciativa que viene a recordarnos, no sólo en fechas de guardar, las carencias del sistema público en la atención a la salud mental.
Así, aunque la salud mental "siempre ha sido la hermana pobre de la salud pública", desde este movimiento aseguran que en los últimos tiempos la situación se ha recrudecido, "como ya se demostró con el informe presentado el 10 de octubre" donde se analizaba la situación de este área tanto en Andalucía como su incidencia en Cádiz. Un documento que, de alguna forma, puso la primera piedra para que colectivos como la propia APDHA, Marea Blanca, la coordinadora de la escuela pública, y las asociaciones Dignamente, Ubuntu, y de Enfermos Duales, entre otros, se decidieran a crear esta plataforma abierta a la participación ciudadana.
Así, los datos autonómicos -18.000 personas esperando más de 40 días de media para recibir una primera consulta en los servicios de Salud Mental; o un media de entre 4 y 6 meses para la segunda cita- tienen todavía más incidencia en una ciudad como Cádiz en la que el Puerta del Mar, "que recordemos que es el Hospital Regional", "no tiene siquiera una unidad de salud mental", asegura el doctor Antonio Vergara que aunque recuerda que en Puerto Real, Jerez y Algeciras sí existe el servicio, "las unidades de salud mental hospitalarias sólo contemplan ingresos agudos".
En plata, si no escandalizo a la calle, el criterio de agudo "disminuye muchísimo". Pero, además, es que aunque exista el ingreso, "no hay recursos médicamente después del ingreso", lo que traducido resulta que se trata al enfermo el episodio unos diez días, por ejemplo, en el hospital, se le medicaliza, lo tranquilizan, "y ya a los cuatro meses pues lo verán en consulta". "Y esta es una cosa muy importante, por eso la situación de la salud mental en el sistema público es inaceptable, y es que cuando pongo un tratamiento tengo que ver al paciente cada semana para ver cómo va la evolución y así ajustar las dosis. Si después de la primera consulta con un psiquiatra, que además suele ser de 10 minutos, tiempo totalmente insuficiente, te ve la próxima a los cinco meses, eso es una situación aberrante", clama Vergara que, con este panorama, no habla de "déficit sino de cero" atención en la salud mental desde la sanidad pública. "Bueno, esa es la atención psiquiátrica, lo de psicólogos ni lo cuento, porque tener uno, es no tener ninguno", apostilla.
Los recursos intermedios -acceso a ingresar en comunidades para enfermos que no pueden vivir solos en sus domicilios- también están "totalmente colapsados" en el territorio andaluz con listas de espera de "2 años". "Son unos 20 en Andalucía pero con este tiempo de espera es lo mismo que decir que no hay, por lo que el peso vuelve a recaer en la familia o, si hay poder adquisitivo, a una residencia privada".
Y es que los recursos económicos y el abandono "aun mayor" de colectivos vulnerables también son avistados por la plataforma La Salud Mental es un Derecho que, por cierto, recuerdan que en la sanidad privada tampoco está la solución al problema, "te pueden dar una atención puntual, pero no tiene un sistema de atención, y este es un problema sistémico". Con todo, es innegable que la brecha económica también tiene sus consecuencias, en múltiples direcciones, en la salud mental. "Y es que las personas y colectivos precarios tienen un mayor sufrimiento", como certifica Antonio Lobato, miembro de la plataforma y encargado del área de sensibilización de la APDHA
Una mirada a los colectivos vulnerables y a la juventud
Así, todos los representantes de los diferentes colectivos que integran la plataforma, han coincidido en resaltar en la presentación de la iniciativa que las personas con menores recursos económicos, personas sin hogar, migrantes y también la población infanto-juvenil, cuyo estado de salud mental se ha puesto sobre la mesa sobre todo tras la pandemia, están aún más desprotegidos por el sistema público.
Un hecho que constatan tanto José Lorenzo como Mayte Fernández, de la asociación Dignamente, donde son los usuarios los que toman la voz de su problemática y piden "más terapia de diálogo que fármacos" en sus tratamientos; como Miguel Bou, miembro de la coordinadora de la Escuela Pública, que habla de que la salud mental del alumnado y profesorado está "peor" con "el desmantelamiento de lo público", que "el bienestar emocional y la salud mental debe ser una prioridad y no lo es", y que "el derecho a la educación del alumnado que tiene problemas de salud mental no se cumple porque no están atendidos".
"La falta de profesionales y recursos es absoluta y el ejemplo son los orientadores, tenemos un orientador por centro a no ser que haya más de 20 unidades de la ESO, es decir, que tenemos un orientador (un psicólogo) para 500-600 alumnos en los centros educativos, y eso sin entrar en la cuenta los alumnos de Bachillerato", apunta Bou también acucia la falta de orientadores en los Equipos de Orientación Educativa (EOE), "los equipos que coordinan los asuntos más delicados", y que en su equipo más específico "sólo cuenta con 2 personas para toda la provincia de Cádiz".
Testimonio de una madre de una persona enferma dual: "En el momento que ven 'adicción', ya parece que dicen apártalo porque éste me da igual"
Además, la puesta de largo de la Plataforma ciudadana La Salud Mental es un Derecho también dio su lugar a los familiares de los enfermos, entre ellos, los que a juicio de todos los presentes son de los más abandonados por el sistema público, los enfermos duales. "Yo me he recorrido muchos sitios, he vivido muchas cosas, muy dolorosas, y he visto cómo tratan a los duales porque en el momento en que ven adicción ya parece que dicen a éste apártalo porque este me da igual. Es un drograta, un yonki, olvídate. Y para esto, y eso espero también de esta plataforma, tenemos que prepararnos las familias. Para saber los derechos que tienen nuestros familiares enfermos", ha explicado Paqui, madre de una persona con este doble padecimiento.
"Las familias nos enfrentamos a un sistema que realmente es que ni existe. Ellos, nuestros enfermos, a veces no saben ni donde están. Suelen estar de pastillas hasta aquí (se señala más allá de su cabeza), porque es la única solución que les dan. Tú vas al Clínico de Puerto Real con un enfermo con un brote, que antes le han tenido que coser las piernas y los brazos y después verlo el psiquiatra, y lo que te dicen es que se va a quedar esa noche y ya al día siguiente te llaman para decirte que vayas a por él que ya está nivelado, que eso es que si antes tomaba 8 ahora va a tomar 16 pastillas, con lo cual lo que hay en casa es un zombie dando vueltas hasta que dentro de 7 u 8 meses lo ve el psiquiatra de salud mental de la calle Escalzos", cuenta de forma cruda, directísima, esta madre que no tiembla al hablar del "desgaste físico y emocional" de las familias, ni de que estos enfermos "no tienen derechos".
"Es una de las enfermedades más crueles que existen, porque en todas enfermedades, aunque haya pocos recursos, los hay, pero la enfermedad mental y la patología dual es algo sangrante, es algo que yo es que ya no sé qué hacer, no sé a qué puerta llamar. ¿Con dinero? Puedes llamar donde quieras, los centros de desintoxicación valen 2.500 a 4.000 euros al mes, dime qué hace un padre de familia con una jubilación por mucho que quiera salvar a su hijo o su hija...", deja en el aire Paqui ante el asentimiento de los diferentes representantes de esta plataforma ciudadana, entre ellos, de la portavoz de Fedepadual y Faisen (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) que minutos antes exponía la "complicada" situación de los enfermos duales y pedía una "redistribución de los recursos públicos" para atender a estas personas de forma integral.
Una atención integral de la salud mental que, de hecho, es lo que pide a nivel general esta plataforma que habla de "un cambio de modelo de atención que supere la realidad de una sociedad patologizada y con un consumo de fármacos de los más altos entre los países de nuestro entorno", además de la necesaria "ampliación y diversificación de las plantillas" destinadas a la salud mental en la sanidad pública. "Lo que no podemos es resignarnos, ni normalizar esta desatención generalizada en el sistema público", reivindican.