La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia va a estudiar la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que no se cite al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, pero en todo caso fuentes parlamentarias recuerdan que, conforme a la ley, si llega a ser convocado está obligado a acudir, aunque siempre puede no responder a aquellas cuestiones que considera inadecuadas. García Ortiz envió la misiva a la Cámara Baja tras conocer que el nombre Luzón había sido incluido en el listado de 134 comparecientes aprobado por la comisión. Fuentes del Ministerio Público indican que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está "directamente involucrada" en los procedimientos que se investigan y que su comparecencia "podría constituir un inconveniente" para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada. LA PIDIÓ BILDU Y EL PSOE LA ACEPTÓ La comparecencia de Luzón fue pedida por Bildu y el PSOE la aceptó para sumar apoyos parlamentarios con el fin de que pudiera salir adelante el listado de comparecientes promovido por los socialistas. En el PSOE explican que su intención en que Luzón ofrezca una "visión completa" de la lucha contra la corrupción, y, "en ningún caso", para que aborde "casos concretos". La petición del fiscal general está en manos del presidente de la comisión de investigación, el socialista Alejandro Soler Mur, y en una próxima reunión de la Mesa estudiarán la respuesta. La respuesta no urge ya que la comparecencia sólo se activará si la comisión acuerda dar el paso de enviar la convocatoria, y de momento sólo se ha programada una primera sesión, para el próximo lunes, en la que están llamados la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el exministro Salvador Illa, actual candidato del PSC a la Generalitat. En todo caso, fuentes parlamentarias recuerdan que la ley obliga a acudir a una comisión parlamentaria de investigación, pues desatender una citación se considera delito, pero al mismo tiempo nada impide que el compareciente decline contestar asuntos que considere inadecuados, bien sea para proteger sus intereses de defensa o para no interferir su labor profesional.