Tan detonada está la situación de la obra social de los jubilados en Mendoza que es probable que la diputada nacional deba enfrentar en breve una manifestación de varios sindicatos ante el fuerte rumor de que pretende implementar un enorme recorte de personal.
Esos desatinos y algunos desmanejos habrían inquietado tanto a Karina Milei que este sábado había un fuerte rumor de que la hermana del Presidente tenía planeado venir a Mendoza en las próximas horas como para respaldar a Arrieta y ordenar ella misma el partido en estas tierras.
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El PAMI mendocino entre el caos y la anarquía
Con la venia nacional, a principios de marzo Lourdes Arrieta nombró al escribano Carlos Soloa Vacas al frente del PAMI, pero a sólo un mes y medio de ese nombramiento esa relación ya está rota.
Lo que surge de las entrañas del PAMI es que a poco de nombrarlo, Arrieta lo habría presionado para que aplicara la motosierra mileista y generara un fuerte recorte de personal, a lo que Soloa se habría negado. Es más: hay quienes aseguran que no sólo le pidió que efectivizara los despidos, sino que hasta le dio una lista con los nombres de los futuros empleados del PAMI, todos alfiles suyos y algunos ligados a un gremio que estaría colaborando con la diputada.
Esa negativa de Soloa habría enfurecido a la diputada que ya amenazó con echarlo más de una vez. Por estas horas los rumores de que podría ser destituído son atronadores.
Por si fuera poco, días atrás se conoció que desde Nación y por presunto pedido del ministro del Interior, Guillermo Francos, se dieron dos nombramientos en el PAMI de Mendoza: el de Fernando Martín González Villanueva para la jefatura departamental de Guaymallén y el de Franco Daniel Ramírez para Las Heras. Eso habría indignado aún más a Arrieta que interpretó que las designaciones venían desde el sector de Omar De Marchi, hoy responsable de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias del Congreso.
Así las cosas, y luego de que en el programa Séptimo Día se ventilaran estas diferencias políticas, el clima en la obra social se enrareció de tal manera que el viernes fue un caos.
"Esto está paralizado, nadie gestiona nada porque ante los rumores de que podrían haber cambios en la dirección, ni los empleados saben a quién responderle y los únicos perjudicados son los jubilados porque si no hay conducción no hay gestión", contaban desde la sede central de calle España al 1268 de Ciudad.
Tan fuertes son los rumores de que Arrieta pretende destituir a Soloa en las próximas horas que hasta empezó a circular el nombre de su posible reemplazante. Se trata del abogado David Miguel Litvinchuk, quien aparece como vicepresidente de la lista de La Libertad Avanza que Arrieta ya presentó en la Justicia Electoral con la intención de quedarse con ese sello partidario.
Del posible candidato se sabe que es un letrado bonaerense que trabajó dos años en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, y que hace tiempo se afincó en Chacras de Coria, en donde tiene una ortopedia.
Por estas horas el PAMI es un hervidero en el que nadie sabe a quién responderle, aunque Soloa Vacas parece decidido a resistir la tormenta porque se niega dejar su cargo.
"Este es un problema que generó la política y la política tiene que resolverlo", se quejaron antiguos empleados de la obra social.
Es tal la situación que algunos gremios evalúan medidas de fuerza ante la posibilidad de que se concreten grandes despidos en el corto plazo. Ya se habla de que al menos 22 contratados podrían quedarse sin trabajo el 30 de junio cuando se venzan esos contratos.
Trascendió que durante el fin de semana algunos antiguos empleados y uno que otro sindicalista tuvieron reuniones con dirigentes del PD para pedirles que intercedan y acudan a normalizar el PAMI.
La lucha por legalizar a La Libertad Avanza y los muertos afiliados
La otra tarea que se le encomendó a Arrieta era organizar el ala mendocina de La Libertad Avanza, para lo que contaría también con el respaldo de Luis Petri y de algunos referentes del Partido Demócrata Progresista. La primera gran misión entonces era formalizar legalmente la fuerza.
Para eso se abrió un expediente en el Juzgado Federal 2, a cargo del juez Pablo Quirós, pero este lunes el juez difundió en el Boletín Oficial de la Nación que habían dos listas de partidos con el mismo nombre de La Libertad Avanza en Mendoza.
Es que a la lista que presentó Arrieta el 15 de abril, se le sumó otra que radicó ese mismo día y con el mismo lema el abogado Alejandro Gustavo Barraza, un histórico demócrata que jura y perjura que pretende armar su propia línea y que no tiene vinculación alguna con Omar De Marchi, a quien lo ligaron algunos.
En lo legal la única diferencia radicaría en que el sector de Arrieta mostraba un acta constitutiva fechada el 30 de enero en un domicilio de Las Heras, mientras que el sector de Barraza indicaba haberse constituido el 1 de marzo en Ciudad.
Hasta ese momento las fuerzas del cielo parecían beneficiar a Arrieta, ya que por el principio que indica que lo que se presenta primero en el tiempo se constituye como primero en el derecho, pero cuando se comenzó con el visado de las adhesiones todo volvió a enrarecerse.
Según trascendió en el listado de Arrieta habrían figurado 4 personas muertas, una en 2019, dos más en el 2021 y la restante en el 2023. Quien firmó la presentación de las fichas de adhesiones del incipiente partido fue el hermano de la diputada y a la vez su jefe de despacho, Martín Arrieta.
Por su lado, la lista de la Libertad Avanza blue de Alejandro Barraza, ya consiguió los 5.300 avales, superando ampliamente los 4.000 que requiere la Justicia Electoral para dar cauce al pedido de formalización.
No sería el caso de Arrieta y los suyos que hasta ahora rayaron los 3.976, aunque tienen tiempo de convencer voluntades hasta la misma fecha de la audiencia a las que los citó la Justicia Federal que es el 9 de mayo a las 12.
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La Ley Bases tendrá el ok de 7 de los 10 diputados mendocinos
Con ciertos resquemores, y con algunas molestias atragantadas, los tres diputados nacionales mendocinos de la UCR volvieron este fin de semana de Buenos Aires con la postura de que el lunes van a acompañar la votación de la Ley Bases cuando la nueva versión se discuta en el recinto.
Es que esos mismos legisladores estuvieron hasta el jueves trabajando en algunas reformas del paquete que se debatirá, y si bien se guardan un puñado de planteos particulares que llevarán el lunes, en general están conformes con la letra chica de lo que quedó.
Con su aporte, más el del bloque de Miguel Angel Picheto y otros de bloques provinciales, al oficialismo le darían los números para conseguir el aval que necesitan para la media sanción en Diputados y acercarse a la meta de sancionar la ley antes del mentado Pacto de Mayo, previsto para firmarse el 25 del próximo mes en Córdoba.
Descontado está que a los tres radicales mendocinos, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Julio Cobos, se sumarán las voluntades de los demócratas asociados a los libertarios, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, y de la alfil libertaria Lourdes Arrieta. Más el ex PRO, Álvaro Martínez, con los que ya son 7 los mendocinos que avalarán la nueva ley.
El mismo jueves, cuando salió el dictamen de comisión al miembro informante, el mendocino Facundo Correa Llano le habría quedado claro que los tres mendocinos del PJ, Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet se mantendrán en su postura de rechazar la mega ley.
El "sí, pero...." de los radicales mendocinos se debe a que tanto de la Ley Bases, como del paquete fiscal, incluso del paquete laboral se quitaron algunos puntos que ellos consideran claves.
Los correligionarios pretenden avanzar con la eliminación de la cuota sindical obligatoria, algo que obviamente rechaza la CGT y que tras una larga negociación el Gobierno accedió a quitar.
"Eliminar las contribuciones obligatorias a los sindicatos para garantizar la verdadera libertad sindical. El trabajador tiene derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse", insisten los radicales y por lo bajo disparan: "Se quejan pero cedieron ante la casta sindical".
También quieren recuperar el capítulo tabacalero, que formaba parte del primer proyecto de Ley Ómnibus que había enviado el Ejecutivo, pero que fue quitado de la nueva versión.
La letra original proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. El perjudicado de esa modificación a la actual ley sería Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.
Según los cálculos de los radicales, que avalan incluso varios gobernadores del Norte, sobre todo los de Jujuy y Salta, con esos vericuetos legales Otero no paga los mismos impuestos que las otras tabacaleras desde el 2018 y por tanto -aseguran- le debería al fisco unos $2.000 millones.
Aún así, con esos pataleos, los radicales están dispuestos a acompañar en general la Ley Bases, y los libertarios mendocinos hacen una y otra vez el poroteo, repasan los últimos acuerdos y se muestran confiados en lograr el número de que necesitan para lograr la media sanción cuando este lunes a las 12 la ley llegue al recinto de Diputados.
No lo dicen, pero para sus adentros unos y otros ruegan que este fin de semana el presidente Javier Milei no agarre su celular para tuitear y termine disparando contra algún sector de la política y eche por tierra los consensos que tanto les costó construir.
Un código minero que desbarata los viejos negocios inmobiliarios
Esta semana Alfredo Cornejo logró avanzar con una meta clave para su plan minero: consiguió convertir en ley el nuevo Código de Procedimiento Minero, que viene a actualizar ese manual que databa de 1945 y le da las herramientas no sólo para impulsar una minería sustentable, sino que además viene a erradicar viejas costumbres y negocios inmobiliarios que rodeaban la minería.
Sucede que hasta antes de esa sanción, el proceso de concesión de una propiedad minera se basaba en el Código Minero Nacional de 1860, que permitía que cualquier persona pudiera pedir esa propiedad sin ni siquiera contar con conocimientos técnicos. Es más, lo que ocurría en Mendoza es que muchos de esos concesionarios una vez que lograban esa concesión pasaban décadas sin hacer ninguna inversión real, esperando que apareciera un inversor real a quien venderle esa propiedad.
Hay que recordar que el derecho de propiedad de un terreno no supone tener el derecho sobre lo que hay en el subsuelo de esa tierra. Lo que existe bajo tierra es siempre propiedad del Estado y es él quien debe otorgar las concesiones.
Con aquel Código Minero Nacional vigente centenares de propiedades mineras, sobre todo de Malargüe, estaban en manos de 5 o 6 estudios de abogados especializados en minería que sabían cuándo esas propiedades se vendían, cuándo vencían y demás y se encargaban de apoderarse de esos títulos mineros, porque el vacío legal se los permitía. El primero que se enteraba de una vacante la pedía y por el principio de "primero en el tiempo primero en el derecho" se quedaba legalmente con esa propiedad.
Ahora con el nuevo código la empresa estatal Impulsa, cuyo gerente es Emilio Guiñazú Fader, comenzará a jugar un rol clave en las futuras concesiones de esas minas.
Es que si una de esas propiedades mineras vence o queda vacante, será Impulsa quien tome toda la información técnica de esa propiedad, estudios ambientales y demás, y saldrá a licitarla para conseguir inversores que demuestren capacidad técnica y operativa para explorar ese lugar.
"Ahora con el nuevo código el que no invierte pierde la mina y como las minas vacantes van a pasar por ese proceso de licitación se corta con el proceso especulativo que se daba de que quien podía perder una mina le avisaba a su amigo o a su hijo para que la pidiera él", explicó Guiñazú en diálogo con No Tenés Cara de radio Nihuil.
En el Gobierno se entusiasman con que este nuevo Código Minero reactive de verdad las inversiones mineras en Mendoza.
Es que habiendo roto aquel negocio inmobiliario de unos pocos y obligando al dueño de un título minero a hacer inversiones, el que hoy tenga una propiedad minera y no tenga capacidad de invertir obligatoriamente saldrá a venderla y es probable que aparezcan otros inversores que sí lleguen para invertir y explorar.
"En minería el primer cheque de movimiento de suelo es un U$S1 millón, el segundo de U$S10 millones y el tercero de U$S100 millones, por eso el que no tenga esa espalda empezará a desprenderse de la propiedad porque además van a comprobar que si la rueda comienza a andar y se logra explorar en Malargüe, comprobando que efectivamente existe cobre por ejemplo, a la primera propiedad la venderán a un precio y a la segunda la podrán comercializar al doble o el triple" calculan en Casa de Gobierno.