La Audiencia Nacional ha activado el procedimiento para trasladar con urgencia a España desde Pakistán a la fiscal afgana que acusó al líder del Estado Islámico en su país, liberado por los talibanes el pasado agosto, y evitar así el "gravísimo riesgo" para su vida si finalmente fuese repatriada a Afganistán. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha ordenado con ese objetivo al embajador de España en Pakistán que proporcione a la fiscal y a su hijo menor de edad la documentación necesaria para que puedan llegar a nuestro país.
En la resolución en la que acuerdan la medida cautelar, los magistrados amparan así la petición efectuada por la Fiscalía después de que el embajador español desestimara la solicitud de protección internacional efectuada en base al artículo 38 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo, que estipula que "con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física", los embajadores de España podrán promover su traslado para hacer posible la presentación de la solicitud de asilo.
La beneficiaria de la medida estuvo destinada en la Fiscalía Antiterrorista de Afganistán y participó como fiscal antiterrorista en la investigación al entonces líder del Estado Islámico en su país, que salió de prisión después de que los talibanes asumieran el poder. Su marido, abogado, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses a su cargo, y su hermana, que huyó con ella a Pakistán, ya ha sido deportada a Afganistán.
La Sala pone en valor la existencia de un "riesgo de persecución" por alguna de las razones que justifican la concesión de asilo y hace hincapié en que la mujer, que ha justificado que como fiscal intervino en relevantes procesos de terrorismo internacional, tuvo que huir a Pakistán por la situación política en Afganistán, "ante el temor de ser represaliada por su labor profesional".
"Verosimilitud del temor"
Los magistrados han tenido en cuenta también un informe policial aportado por la Fiscalía que pone de relieve la "seriedad y verosimilitud del temor" de la fiscal por su integridad física y el "riesgo real y efectivo" de que pueda ser deportada a Afganistán, con el "riesgo vital" que eso supondría para ella y para su hijo.
La Audiencia Nacional ha ponderado igualmente la Nota de Orientación de ACNUR sobre las necesidades de Protección Internacional de las personas que huyen de Afganistán, de febrero de 2022, que a partir de diversos informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese país, hace un llamamiento a todos los países para permitir que la población civil que huye de Afganistán pueda ingresar en sus territorios para garantizar así su derecho a solicitar asilo. En ese documento, aboga específicamente por la reagrupación familiar, pues ACNUR insta a los estados a facilitar y agilizar los procedimientos de reunificación familiar, que considera "el único modo de asegurar que se respete el derecho a la vida familiar y la unidad de las personas refugiadas".
Tras ser alertada por Maurici Pérez Simeón, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la Clínica Jurídica de la UPF (que tramitó ante la embajada española su traslado a nuestro país), la Fiscalía de la Audiencia Nacional -en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dirige Dolores Delgado- reclamó el traslado a España de la fiscal antiterrorista afgana para poder obtener así su derecho de asilo. Con este objetivo, el Ministerio Público reclamó a la Audiencia Nacional como medida cautelar su traslado a nuestro país.
La Fiscalía pidió su traslado a España de forma cautelar como acto "preparatorio y necesario" para que pueda formalizar la solicitud de asilo ante el Ministerio del Interior. El Ministerio Público esgrimió "el grave riesgo de ser deportada de Pakistán a Afganistán con serio peligro para su vida".
La Policía certificó la "especial gravedad" de la situación de la mujer teniendo en cuenta "la específica labor" que desarrolló en la Fiscalía de Afganistán y que, además, "se ha pronunciado públicamente contra medidas que restringen severamente derechos fundamentales en su país". Una defensa pública de los derechos humanos que, junto a su desempeño como fiscal "contra grupos de terrorismo islámico" le sitúa en una posición de "grave riesgo para su vida y la de su hijo menor", según alertó el fiscal del caso, Manuel Campoy.
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