Fidel Castro (1926-2016), siempre encantado de hablar de la revolución, contradicciones al margen, decía que «una revolución es una lucha a muerte entre el futuro y el pasado». Antonio Garamendi, al César lo que es del César, sin olvidar que Juan de Mairena defendía que «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero», quizá ha sembrado el germen de una revolución laboral y social. El presidente de la CEOE sugiere que los trabajadores por cuenta ajena reciban como salario las cantidades que las empresas cotizan por ellos a la Seguridad Social (SS) y que sean los propios empleados quienes las ingresen, de forma obligatoria, en esas arcas. La propuesta es neutra en términos económicos. Nadie pagaría más, ni la SS recaudaría menos, pero sería revolucionaria desde punto de vista fiscal, social y laboral. Enseguida, la vice Yolanda Díaz ha descalificado a Garamendi y lo compara con Milei, ignorante de lo que dice y hace el presidente argentino.
Karel Capek (1890-1938), el checo inventor del término robot, ya advirtió de que «se puede hacer la revolución donde se quiera, salvo en las Administraciones».
Garamendi, con su propuesta, pretendía y pretende que los trabajadores sean conscientes de lo que supone para los empresarios mantener un puesto de trabajo. Habría otro efecto paralelo y es que los cientos de miles de asalariados se escandalizarían –y quizá se rebelarían– de lo que se queda el Estado de sus retribuciones. Los números no suelen mentir. Un trabajador que percibe 1.630 euros netos al mes –30.000 euros brutos anuales–, por catorce pagas, tiene un coste real de casi 2.800 euros. Es decir, más de 1.100 euros se quedan por el camino en concepto de retenciones del IRPF, unos 500 euros, y otros 600 por cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que plantea Garamendi es que las cuotas a la SS las perciba el empleado y que sea él mismo, de forma obligatoria, quien las ingrese en la tesorería de la SS, y hay fórmulas simples para hacerlo. Lo revolucionario sería, sin duda, lo que podría ocurrir cuando millones de trabajadores vieran cómo todos los meses ingresaban cientos de euros más que ahora, pero que enseguida desaparecían de sus cuentas. No hay efecto económico, ni tampoco se trata de cambiar el sistema actual, pero dejaría claros muchos costes. A Yolanda Díaz y al Gobierno –y sin duda también a la oposición– les aterraría aplicarlo y por eso nunca lo harán. Muchas conciencias fiscales abrirían los ojos y tal vez las puertas a una revolución, en este caso imposible que sí, es una lucha entre el futuro y el pasado, como decía Castro.
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