María Jesús Ibáñez
Dos meses después de que empezaran las
en España, y una vez que las agitadas aguas parece que se empiezan a calmar, el Ministerio de Agricultura ha presentado este lunes un nuevo paquete de medidas para tratar de responder a sus reivindicaciones. Se trata, según ha explicado el titular de este departamento, Luis Planas, de un "conjunto sólido" formado por 43 propuestas, negociadas en el transcurso de la quincena de reuniones que en este tiempo han mantenido técnicos del ministerio y de las principales organizaciones agrarias en España.
Entre las novedades planteadas por el Gobierno -y que ahora los representantes del sector tendrán que dar por buenas-, destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 700 millones de euros, de los que 500 millones serán para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarán exclusivamente a jóvenes profesionales. También la propuesta para la constitución de un grupo de trabajo permanente que haría el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias, con el objetivo, en este caso, de llevar un control estricto sobre los productos llegados de países de fuera de la Unión Europea (UE).
Las 43 propuestas se dividen en siete ámbitos, ha detallado Planas. Algunos de ellos son ya conocidos, como el de la flexibilización y ajuste de la política agraria común, la polémica PAC, que el martes pasado fue objeto de revisión por parte de los ministros de Agricultura de la UE, reunidos en Bruselas. "Solo falta que el Parlamento Europeo dé luz verde a esa propuesta para que entonces podamos aplicar en España los ajustes necesarios en el plan estratégico nacional o en los ecorregímenes", ha señalado el ministro. También se había hablado ya de las ayudas específicas a la ganadería extensiva, que sufre una crisis particular dentro de la crisis generalizada del sector, y de la creación de una agencia estatal sobre la cadena alimentaria, "que podría acelerarse con su inclusión como enmienda en alguna ley que en ministerio tenga ya en trámite", ha apuntado Planas.
Ayudas fiscales y de financiación
Dentro de este plan de choque, destacan, sin embargo, dos propuestas potentes, relacionadas con las actividades comerciales y con las ayudas fiscales, de financiación y laborales. En el primer bloque, la ya mencionada sobre la creación de un equipo de trabajo que de manera permanente lleve un control de las exportaciones e importaciones de alimentos, una de las cuestiones que más preocupados tiene a los agricultores y ganaderos españoles, que consideran que los productos que llegan de países extracomunitarios son una competencia desleal, porque muchas veces no se cumplen los requisitos ambientales y de mano de obra que sí se exigen en Europa.
El otro ámbito, el de las ayudas fiscales y la financiación, es el que contempla los créditos ICO, con una línea de préstamo con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval, que implica la movilización de 200 millones de euros en exclusiva para jóvenes. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y dos millones de euros por un importe total de 500 millones de euros.
Este apartado incluye, además el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y el descuento de un 15% de la de fertilizantes. Asimismo, se prevé una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal de 2023 en el método de estimación objetiva de IRFP; y la adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.
Las otras dos áreas de medidas pasan por el refuerzo del seguro agrario y por la celebración de una conferencia sectorial para la incorporación de jóvenes.
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