Casi 300.000 autónomos tendrán que devolver 505 millones de euros a la Seguridad Social por haber recibido ayudas Covid sin tener derecho a ellas, según un informe del Tribunal de Cuentas que presenta este martes. El Tribunal de Cuentas señala que las constantes «modificaciones» de la norma por parte del entonces ministerio de José Luis Escrivá han mostrado una gestión «ineficiente» de estas ayudas que crearon «inseguridad jurídica».
«La gestión de esta prestación se ha visto condicionada, principalmente, por su escasa y poco clara regulación jurídica, circunscrita a un único artículo (el artículo 17 del RDL 8/2020) que ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo de tres años (las cuales han afectado, en ocasiones, a aspectos fundamentales de la prestación como los requisitos para su reconocimiento y a su forma de acreditación), ya sea para incorporar aspectos inicialmente no contemplados, o porque si lo fueron, fue de forma insuficiente», señala el informe del Tribunal de Cuentas en su informe.
«A pesar de sus sucesivas modificaciones, la regulación recogida en dicho artículo se ha revelado insuficiente para su adecuada gestión, poniendo de manifiesto, en ocasiones, tanto la imprecisión de sus términos como la falta de previsión de determinados aspectos (nacimiento del derecho o causas de extinción, entre otras)», explica el organismo.
El Tribunal de Cuentas habla de una «gestión ineficiente de los recursos públicos» por parte del ministerio. Las siete modificaciones de la norma original no sirvieron para una gestión eficaz, que perjudicó a los autónomos.
«Ni las sucesivas modificaciones del artículo 17 ni la emisión de los criterios interpretativos por parte de la DGOSS han permitido garantizar una aplicación homogénea de la norma, y así, los trabajos de fiscalización desarrollados han permitido constatar la adopción de criterios dispares, ante idénticas situaciones de hecho, tanto por sus órganos gestores como por los órganos judiciales en la aplicación de la norma, que han tenido como consecuencia un tratamiento no homogéneo, y por tanto desigual, de los administrados (que resulta especialmente relevante en los aspectos analizados en los siguientes subepígrafes), y han dado lugar incluso, en ocasiones, a la renuncia a la prestación por parte de algunos beneficiarios, mientras que otro colectivo, en idéntica situación, continuó percibiéndola hasta el final de su periodo de duración», señala el Tribunal de Cuentas.
Según las cifras del organismo, 125.000 autónomos recibieron 119 millones de ayudas covid sin estar al corriente de pago o sin estar dados de alta de autónomos, mientras que otros 156.000 recibieron 386 millones sin cumplir los criterios de cese de actividad.
Según explica el Tribunal de Cuentas en el informe, el Gobierno modificó siete veces entre 2020 y 2023 las normas para acceder a estas ayudas covid.
En el escrito de alegaciones, la secretaría de Estado de Seguridad Social señala que la primera norma se aprobó a los tres días de la declaración del estado de alarma y defiende que, posteriormente, se hayan hecho modificaciones. «La elaboración de la norma, cuyo objetivo prioritario era la cobertura social de forma inmediata, vino condicionada por la urgencia en la adopción de soluciones», señala.
«Por ello, además de este proceso legislativo de choque, fue precisa la adaptación posterior a la evolución sanitaria y económica. Necesariamente la regulación hubo de ser cambiante, y fue respondiendo en cada momento a las necesidades sociales, a la evolución de la pandemia, al rebote del tejido productivo y las particularidades de la gestión, mediante las sucesivas modificaciones normativas», se defiende.
El ministerio asegura que «visto en perspectiva», se puede afirmar que la «regulación, los criterios normativos y la gestión han dado una respuesta satisfactoria a la gravedad de la situación y serán un referente de respuesta administrativa eficaz y eficiente ante situaciones excepcionales e inéditas».
Y recuerda que «el propio Tribunal señala que la norma ha cumplido su función de cobertura social y mantenimiento del empleo. Así se puede constatar a la vista del elevado número de prestaciones extraordinarias resueltas en un contexto excepcional».
Se da la circunstancia de que en 2020 la principal asociación de autónomos, ATA, lamentó los constantes cambios de la norma y la inseguridad jurídica que generaba, por lo que recibió a su vez las críticas del ministro Escrivá.