El Gobierno desplazó a Ignacio Cingolani del área de Comunicación y Conectividad. El funcionario prácticamente no llegó a iniciar su tarea. Había llegado como uno de los técnicos adoptados por el Gabinete de Javier Milei, a pesar de su pasado como colaborador de Axel Kicillof, pero su función había quedado en una especie de limbo sin funciones claras ni una cadena de comando establecida.
Se trata de un sector estratégico que dicta las normas y políticas para la industria de la telecomunicaciones, que incluye los negocios de telefonía, fija y móvil, Internet y televisión por cable. Esos tres rubros fueron impactados días atrás por la desregulación del sector, cuando el Gobierno derogó un decreto de Alberto Fernández de 2020, que declaró a los mencionados servicios públicos y estableció un control en los precios mensuales de los mismos.
El movimiento forma parte de una nueva reestructuración del Gabinete Nacional, sobre todo del área de la jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse. Comunicación y Conectividad dependía de Infraestructura –el disuelto ministerio que comandó Guillermo Ferraro, también desplazado por Milei– y, como tal, había sobrevivido al traslado de más y más competencias de esa cartera hacia Economía, el ministerio a cargo de Luis Caputo.
Según pudo saber Infobae, sin titular a cargo Comunicación y Conectividad pasará a ser una subsecretaría dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino.
Aún no está establecido quién será el titular de la subsecretaría.
Abogado de profesión, Cingolani fue subsecretario legal en el área de Transporte bonaerense durante el primer mandato de Kicillof como gobernador de la provincia y anteriormente había ocupado cargos en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, en el Afsca y el Comfer.
Según versiones del sector, el ahora ex funcionario había comenzado a tener contactos con empresas de la industria –donde se destacan los gigantes de las comunicaciones móviles Telefónica, Telecom y Claro–, algo que había generado algunos roces con Cosentino y no había caído nada bien en el despacho de Posse.
Fuentes oficiales desmienten tal tensión y aseguraron a este medio que el funcionario quedó fuera de la estructura por una esperada organización del área luego de la salida de Ferraro y el reordenamiento en la jefatura de Gabinete. Se espera que la nueva subsecretaría sea la encargada de fijar la normas del sector y que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sea el regulador. Ambas quedarán bajo la órbita de Cosentino.
Decreto desregulador
Lo había adelantó Infobae a fines de marzo y se confirmó el 9 de abril: como parte de su estrategia desreguladora, el Gobierno de Javier Milei anuló un decreto de 2020 con el que Alberto Fernández buscó controlar los precios de los principales servicios de la industria de las telecomunicaciones local, un sector estratégico con rubros como tevé por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet.
Esa norma –el decreto 690– los declaró como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante, algo que se logró a medias por medidas cautelares que las principales empresas del rubro interpusieron ante la Justicia.
"Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios", resumió el nuevo DNU.
En ese contexto fue derogado el artículo 48 de la mencionada ley que decía que "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
Esa parte seguirá vigente, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta".
Esa autoridad de aplicación, el Enacom, ya no podrá interferir en los precios, ni por el decreto de Fernández, que ya no existe más, ni por ese artículo de la ley, que también quedó en el olvido. Ese es el eje central de las modificaciones: que el Estado no puede interferir en las políticas de precios de las empresas.