San José, 18 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este jueves a los Estados de la región y a la comunidad internacional promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para poner fin a la represión en ese país y evitar la impunidad de "crímenes internacionales" cometidos desde el 18 de abril de 2018.
"El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente", argumentó la CIDH en una declaración en ocasión del sexto aniversario del inicio de las protestas sociales contra el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua.
La CIDH recordó que la respuesta estatal "represiva y violenta" en Nicaragua "resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas y más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente".
De acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) y otros mecanismos de Naciones Unidas, en el contexto de la represión estatal, Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada, indicó la CIDH.
Ese ente autónomo de la OEA anotó que desde abril de 2018, "la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose".
Desde 2018, la CIDH ha documentado la continuidad de detenciones arbitrarias, la permanente amenaza de criminalización y un clima de persecución y vigilancia contra la población civil que ha forzado a miles de personas a desplazarse a otros países, sostuvo.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 440.000 nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial entre 2018 y 2023.
"A ello se suma la expulsión de estudiantes de universidades y la eliminación de sus historiales académicos; la detención arbitraria y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso; una política arbitraria para impedir el libre ingreso o salida del país de la población; amenazas y hostigamiento más allá de las fronteras del Estado llegando hasta la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y al destierro, así como el despojo de bienes y pensiones", denunció la CIDH.
Asimismo, la CIDH advirtió que el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua "constituye uno de los más graves en la región".
"El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan", alertó.
"La concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales", añadió.
En su último informe, la CIDH documentó la radicalización de la represión estatal para suprimir completamente los derechos y libertades fundamentales que integran el espacio cívico, mediante la continua prohibición de las protestas y manifestaciones, la desarticulación de medios de comunicación, el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de estudio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.