La congestión del sistema de acogida de menores migrantes de Canarias empezará a aliviarse después del verano, como pronto. Así lo señaló el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, tras una reunión con el ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, en la que también intervinieron vía telemática, las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz. Según sus estimaciones, todavía quedan unos tres meses de trabajo antes de que la modificación legal que permitirá repartir entre todas las comunidades autónomas a los niños y adolescentes que arriban a las costas isleñas sin el respaldo de un adulto llegue a las Cortes Generales para su aprobación. A partir de ese momento, el texto fija un plazo máximo de un año para comenzar con las derivaciones desde Canarias, Ceuta y Melilla, que son los territorios que actualmente viven una situación de emergencia migratoria. Si bien, Clavijo se mostró optimista y espera que en septiembre se empiecen a ejecutar los primeros traslados.
El texto contempla que el mecanismo de derivaciones obligatorias se active cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150% de su capacidad. Así, habría que trasladar a 2.500 menores desde Canarias, para que las Islas se queden con un cupo máximo de 3.000 niños y adolescentes.
Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado ultimaron se emplazaron a definir en un plazo de 15 días la fórmula si será vía real decreto ley como defiende Canarias, que podría resolver en el plazo de un mes el colapso de la red de acogida en las islas que alberga ahora mismo a 5.477 menores, o proposición de ley como propone el Estado, y que alargaría la situación mínimo tres meses. Los servicios jurídicos del Gobierno regional y de los ministerios implicados trabajan para salvar este punto de fricción, así como la petición de Canarias de que la asignación de los menores a otros territorios se haga en el momento de la llegada, sin que su tutela sea asumida en primer lugar por el Gobierno canario, para después proceder a su derivación.
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