Gabriel Ubieto
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mantenido este lunes pasado la segunda reunión con patronal y sindicatos para modificar la normativa en materia de pensiones. Uno de los aspectos que busca regular la ministra Elma Saiz es la jubilación anticipada y, en ese sentido, plantea adelantar el retiro de los trabajadores de aquellos sectores que tengan un índice de bajas y accidentes elevado. Este es uno de los elementos que contempla el primer borrador remitido a los agentes sociales y que no acaba de convencer a los mismos, ya que no comparten ni todas las variables contempladas para argumentar ese retiro anticipado, ni confían en las actuales estadísticas oficiales para sustentar dichos índices.
Actualmente la legislación española ya contempla la posibilidad de que determinados colectivos se jubilen antes de la edad ordinaria, que este 2024 se encuentra en los 66 años y seis meses, sin que ello implique un recorte de su pensión. Colectivos como los policías locales, los trabajadores ferroviarios o los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos pueden jubilarse antes, por ejemplo.
Ahora el Gobierno negocia modificar las condiciones que justifican que un colectivo sí y otro no pueda acceder a esa jubilación anticipada. Los negociadores de la Seguridad Social han planteado "tener en cuenta, entre otros factores la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar", según fuentes del departamento liderado por Saiz.
¿Sesgo de género?
El problema, por el momento, es que la primera propuesta no ha convencido a los agentes sociales. La negociación es de largo recorrido y habrá 'toma y daca' durante meses de documentos, pero el primero tiene amplio margen de mejora a ojos especialmente de los sindicatos. Ya en la pasada reunión, la primera toma de contacto de la legislatura, las centrales advirtieron de que el planteamiento del Ejecutivo podía llevar a sesgos de género indirectos.
Y es que en gremios altamente feminizados, como por ejemplo el de las camareras de piso, las dolencias profesionales están muy infra detectadas y como las empleadas necesitan el dinero muy pocas acaban cogiendo la baja. Y lo que hacen es ir a trabajar medicadas. Según apunta fuentes sindicales consultadas, una casuística así quedaría excluida de esos índices objetivos que pretende construir el Ministerio de Seguridad Social.
Durante las negociaciones producidas durante la pasada legislatura el Gobierno y los agentes sociales ya anticiparon elementos en esa línea de modificar los coeficientes reductores. Por ejemplo, consensuaron revisar el catálogo de profesiones susceptible de acogerse a los mismos cada 10 años.
Cambiar la normativa en lo relativo a la jubilación anticipada tiene efectos directos sobre las empresas y es que aquellos sectores considerados como 'penosos' pagan mayores cotizaciones a la Seguridad Social que aquellos que no. Esto está pensado para aportar más dinero a las arcas públicas, ya que los empleados trabajan menos años. Es por ello que ampliar los gremios considerados como penosos implicará un aumento de costes laborales para las compañías o la propia Administración.
Actualmente el Ministerio tiene encima de su mesa alrededor de 70 expedientes de asociaciones, empresas o trabajadores que le han reclamado que reconozca su profesión como penosa y habilite así un retiro anticipado. Y Seguridad Social deberá decidir si resuelve dichos expedientes -positiva o negativamente- antes o después de consensuar la nueva normativa con los agentes sociales.
Las negociaciones continúan y durante los próximos días el Ejecutivo remitirá una propuesta por escrito a patronal y sindicatos en materia de jubilación parcial y contrato de relevo, dos prioridades de los agentes sociales que quedó pendiente de abordar durante la pasada legislatura. Ahí también puede la Seguridad Social incluir propuestas en relación a su idea de maximizar las posibilidades e incentivos para que un trabajador decida alargar su vida laboral más allá de la edad de jubilación y compatibilizar parte de su pensión y el sueldo.
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