El proceso penal en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por su presunta responsabilidad en el incendio en una estación migratoria, a finales de marzo del año pasado, y que causó la muerte de 40 migrantes y dejó 27 lesionados, está suspendido desde finales de 2023 debido a un amparo interpuesto por los representantes legales de las víctimas.
Además de Garduño, quien el lunes acudió a firmar ante los juzgados federales en Ciudad Juárez como medida cautelar, otras 10 personas están sujetas a procesos penales por el incendio y sus consecuencias.
También se han iniciado al menos cuatro causas penales contra ellos, pues fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales en diferentes fechas, lo que motivó la radicación de diversas causas y delitos, aunque se juzga un solo hecho con varias víctimas.
La Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) son algunas de las organizaciones que acompañan y representan a los sobrevivientes.
Blanca Navarrete, coordinadora de DHIA, dijo este martes que buscan que "se unifiquen las distintas causas penales porque no hacerlo implica segmentar la realidad" y no permite ver que lo sucedido en la estancia del INM fue una gran violación a derechos humanos.
"El proceso penal está en pausa por un amparo que interpusimos las organizaciones que acompañamos a algunos de los sobrevivientes y a algunas de las familias de los fallecidos porque lo que buscamos es que la justicia realice una investigación integral de los hechos, y no que segmente el caso como lo ha hecho hasta ahora", declaró Navarrete.
Los representantes de las víctimas también dijeron que, de seguir así, con varias causas penales, "se desgastaría a los sobrevivientes, testigos, a los acusados y a las propias organizaciones" pues todos tendrían que comparecer a varios juicios orales.
Manuel Ochoa, abogado de Garduño, dijo a medios que están a la espera de que se resuelva el amparo y mientras tanto su representado está cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el juez, y a la fecha ha comparecido a firmar en 17 ocasiones.
A Garduño y a Antonio Molina , quien fue director general de control y verificación del INM se les inició abrió un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con las organizaciones que representan a las víctimas, Antonio Molina ya no acude a firmar por lo que podría estar sustraído del proceso penal. A él se le permitió enfrentar el proceso en libertad, igual que a Garduño.
A finales de octubre pasado iban a terminar los plazos para la investigación complementaria en la mayoría de las causas penales, pero todo está suspendido por el amparo.
Las nueve personas a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, siguen presos. De ellos seis son funcionarios públicos.