Si hay algo que Mauricio Macri no oculta es su desacuerdo con la acción de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Y si hay algo que se lamenta es no haber utilizado el poder inicial para removerla.
Hoy sigue teniéndola "atravesada en la garganta", como un colaborador presidencial lo describió, pero una cosa son los deseos y otra, muy distinta, las posibilidades constitucionales de hacerlo.
La jefa de los fiscales es una desembozada militante kirchnerista y su jurisdicción ha sido una playa de maniobras contra la actual administración en dos aspectos.
El primero, la inacción -cuando no la obstrucción- de las investigaciones emblemáticas del sistema de corrupción K, algo que ya venía desde la administración de Cristina, y, segundo, sembrar de denuncias al actual Presidente y a su gestión, con débiles o nulos cimientos.
Gils Carbó sería indagada por el juez Ercolini, tal como lo solicitó el fiscal Taiano, por negocios inmobiliarios que la propia jefa de los fiscales admitió como irregulares.
Se dice en Comodoro Py que cuando Ercolini acepta un pedido de indagatoria es porque tiene en mente el procesamiento del indagado.
Las versiones sobre la existencia de un borrador de decreto de remoción de Gils Carbó fueron intensas el fin de semana pasado, basado en la probable decisión de Ercolini.
Elisa Carrió, que no ahorra críticas contra Gils Carbó, ya anunció que se opone firmemente a esa hipotética remoción por decreto porque la herramienta legal para hacerlo es la que prescribe la Constitución de 1994, de la que fue una de las parteras en Santa Fe. También lo fue Cristina Kirchner.
Carrió quiere un juicio político para remover a la funcionaria y enumeró las causas para promoverlo.
Si había alguna chance para el decreto, la candidata del oficialismo en la Ciudad acaba de enterrarlo, como enterró oponiéndose a otro procedimiento que se había pergeñado en 2016 en el Congreso.
Dijo: "Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes".
Por oficio que tampoco a veces parece ser tenido en cuenta, le sobran 140 caracteres del twitter para no dejar duda ni puerta abierta.
Cuando el Gobierno propuso, con margen de aprobación legislativa, de una ley modificando el funcionamiento de la Procuración, ya Carrió había salido con otra frase corta y contundente: que ella no votaba leyes con nombre propio.
Ya se ha visto la influencia o el temor que Carrió despierta en la Casa Rosada cuando se planta, más ahora que encabeza los candidatos del oficialismo en la Ciudad.
Otra cuestión de mucho peso es la decisión del bloque del Frente para la Victoria en el Senado de apoyar a uno de sus miembros como integrante del Consejo de la Magistratura.
Ruperto Godoy no es abogado y la Justicia determinó que no puede integrar ese cuerpo pero el senador ya dijo que se negará a abandonarlo.
Obtuvo, para ello, el respaldo de la bancada que lidera Miguel Pichetto, el ubicuo jefe que se ha manejado con habilidad para sostenerse y, a la vez, despegarse del kirchnerismo y, sobre todo, de Cristina, quien lo acusa de "traidor" en cada oportunidad.
Godoy es una pieza clave para sostener al camarista Freiler, acusado de enriquecimiento, y Freiler es una pieza clave en votaciones que involucren a Cristina, sus hijos o De Vido en la Cámara.