El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una propuesta para crear una Oficina de asesoramiento y soporte a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales. Se trata de una propuesta del PP, que ha transaccionado con el PSC y que ha prosperado con los votos favorables de Trias por Barcelona y Vox. Han votado en contra a los Comuns y ERC.
La medida contempla también aplicar el Protocolo dictado por el consistorio sobre las actuaciones a realizar ante ocupaciones de inmuebles municipales; poner en marcha una unidad especializada de la GUB, que trabaje de forma coordinada con los Mossos d'Esquadra; e instar al Estado a apoyar la tramitación de las medidas legislativas adecuadas para proteger la propiedad privada.
Una ciudad "ocupa friendly"
El concejal del PP, Daniel Sirera, ha remarcado la necesidad de que Barcelona deje de ser una ciudad "ocupa friendly" y ha lamentado que la capital catalana se haya convertido en un "paraíso para los antisistema". En este sentido, ha defendido la puesta en marcha de la nueva oficina para dar respuesta a las necesidades de los propietarios que actualmente "se encuentran solos". También ha considerado imprescindible desalojar los 22 pisos de titularidad municipales que a su juicio están ocupados desde hace más de 22 años, y poner en marcha una unidad de la Guardia Urbana especializada en la materia que trabaje de la mano de los Mossos d'Esquadra. Asimismo, ha ofrecido al gobierno municipal ir juntos al Congreso para pedir las reformas legislativas necesarias para que se puedan realizar desalojos exprés en 24 horas.
El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha recordado que ya existen varios recursos municipales para atender esta problemática, pero se ha mostrado predispuesto a "integrarlos en una oficina centralizada y especializada" desde de la que puedan operar con mayor eficiencia. Asimismo, recordó que la GUB ya dispone de un procedimiento operativo relacionado con estas situaciones y que trabaja de forma coordinada con la policía catalana. También ha recordado que el pasado 5 de marzo el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, participó en un acto en el Colegio de la Abogacía en el que se presentó una serie de propuestas de reformas legislativas para combatir la ocupación ilegal y también para endurecer las penas para ladrones multirreincidentes. Este documento se entregó al delegado del gobierno español en Cataluña.
Por su parte, Jordi Martí de Trias por Barcelona ha expresado su apoyo a la medida, puesto que da "continuidad y coherencia" a los planteamientos que ha defendido y promovido esta formación. Sin embargo, ha recordado que los máximos responsables de la situación en la que se encuentra la capital catalana son la exalcaldesa Ada Colau y el actual alcalde, Jaume Collboni.
El concejal Liberto Senderos de Vox, ha lamentado que "España sea el único país donde se vulneran los derechos de los propietarios de esta forma". Ha dicho que la oficina es necesaria porque en estos momentos los propietarios están desamparados: "Se tarda entre un año y medio y dos en desalojar un inmueble y la ley es más beneficiosa para los ocupas", ha criticado.
Comunes y ERC se oponen
Tanto los comunes como ERC se mostraron muy críticos con la propuesta que ha liderado Daniel Sirera. Marc Serra, concejal de BComú, ha asegurado que las ocupaciones en Barcelona se han reducido en los últimos años. Ha expuesto datos de la Fiscalía General del Estado y ha dicho que las diligencias abiertas por usurpación de vivienda en la capital catalana en el último año han descendido un 10%. Ha admitido que hay situaciones en las que es imprescindible actuar, como aquellas que están relacionadas con el uso de inmuebles como puntos de venta de droga o por la multirreincidencia. Sin embargo, ha avisado de que en la mayoría de casos estos pisos pertenecen a grandes tenedores "que no se preocupan por los problemas de convivencia que sufren los vecinos".
Además, ha remarcado que la oficina antiocupa que se creó en Madrid hace un año, sólo ha recibido 5,8 llamadas diarias. "En esta ciudad lo que tenemos es un problema de colosales dimensiones que es el derecho a la vivienda. Ante esto lo que hace falta es acabar con los privilegios de quienes especulan", ha sentenciado.
Por su nada, Eva Baró (ERC), se ha mostrado taxativa y ha avisado de que no se puede aplicar la misma vara de medir a las ocupaciones delincuenciales y a las precarias. Baró ha asegurado que la ciudad ya dispone de servicios municipales con profesionales capaces de mediar en este tipo de supuestos y ha recordado que más del 80% de las ocupaciones se realizan en viviendas propiedad de grandes tenedores. "Las ocupaciones son graves pero han ido menguando", ha asegurado la republicana que ha atribuido la propuesta de los populares a una "falta de ideas ahora que ha empezado la campaña".