El fiscal delegado de Medio Ambiente en la Región de Murcia, Miguel de Mata, ha denunciado a una empresa por la muerte de cuatro buitres leonados electrocutados en una Zona de Especial Protección de la Avifauna (ZEPA) en Lorca. La denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión, relata los dos episodios en los que se localizaron cuatro buitres muertos en el paraje lorquino de Collado del Pino.
El incidente tuvo lugar en el verano de 2018, cuando se localizaron dos cadáveres de esta especie y la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático requirió al titular de la línea de alta tensión que tomase las acciones de conservación estipuladas en el Real Decreto que establece las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión del año 2008, que ya debía de tener implementadas.
El segundo se registró en junio de 2023, cuando dos agentes medioambientales, que estaban efectuando una inspección de ese mismo tendido eléctrico, se toparon con dos nuevos cuerpos electrocutados, ya que no se habían tomado las medidas obligatorias de protección ni incluso después del expediente abierto por el primer episodio.
Investigado el administrador
En el escrito de denuncia, el fiscal se apoya en cinco leyes, el citado Real Decreto y una sentencia de 2021 del Tribunal Supremo, para considerar que los hechos podrían ser constitutivos de dos delitos, uno contra el medio ambiente y otro contra la fauna, recogidos en los artículos 326 y 334 del Código Penal y que cada uno de ellos puede ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
La denuncia fue remitida el pasado cuatro de septiembre al juzgado de instrucción de Lorca con la petición de la declaración en calidad de investigado al administrador de la empresa, así como la declaración de los agentes medioambientales que localizaron a los dos últimos buitres electrocutados, así como la petición de la copia del expediente del primer caso y del informe del segundo a la Consejería de Medio Ambiente.
Más casos
Esta es la única de las diligencias de investigación del pasado año que Fiscalía finalizó con denuncia. Hubo seis casos más relacionados con la muerte por electrocución de aves que acabaron archivadas al no haber podido acreditar los hechos.
La investigación por estos delitos es anterior a la comunicación que el responsable de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, remitió a los fiscales responsables de esta temática en todo el país con una serie de pautas de cómo proceder en los casos de electrocución de aves y que impulsa este tipo de investigaciones.
Un espaldarazo basado, en parte, en la modificación del Código Penal de abril de 2023 que incluye la inhabilitación especial para profesión u oficio para los que cacen, pesquen, adquieran, posean o destruyan especies protegidas de fauna silvestre.
Además, la pena de hasta dos años de prisión se «impondrá en su mitad superior si se trata de especies catalogadas en peligro de extinción». Por lo que hay que recordar que el buitre leonado (Gyps fulvus) está incluido en el listado de protección especial y que en la Región de Murcia llegó a ser declarado como extinguido en 1995.
SOS Tendidos Eléctricos exige al Ministerio una nueva normativa
Varias organizaciones ecologistas y asociaciones por la defensa de la naturaleza integran la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos que reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica que se ponga las pilas para reformar el Real Decreto del año 2008 tras incumplir el plazo de un año para su revisión. Además, desde SEO/Birdlife, una de las organizaciones integrantes, recuerda que, según un informe del propio Ministerio, la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos es la causa de unas 39.000 muertes de aves al año, de las que 33.000 son aves rapaces, así como de cerca del 50% de los ingresos de aves en Centros de Recuperación de Fauna. El buitre leonado es, junto al águila ratonera, el búho real, el cernícalo y la cigüeña blanca, la especie más afectada.
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