El Gobierno ha iniciado ya las conversaciones con la Conferencia Episcopal para que la Iglesia católica asuma el pago de indemnizaciones y ayudas a personas víctimas de abusos sexuales en su seno, según ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
Bolaños ha comparecido para explicar que el Consejo ha aprobado un plan para reparar a las víctimas de abusos sexuales, sobre la base del informe del Defensor del Pueblo que estimó el número de casos en 440.000, es decir, el 1,13% de la población.
El plan incluye el estudio de medidas para evitar casos futuros, medidas legales como el aumento a 35 años de los plazos de prescripción penal, reforzamiento de la protección a las víctimas y también para su reparación. Para ello se prevé un acto de reconocimiento con víctimas y familiares y el establecimiento de una reparación "material adecuada y justa".
El Defensor del Pueblo pidió en su informe que el Estado indemnice a estas víctimas y Bolaños ha explicado que su voluntad es que la Iglesia sea la que se haga cargo de esas cantidades.
Esas indemnizaciones se establecerán, en todo caso, para supuestos en los que no pueda haber resolución judicial por estar prescrito el caso, por fallecimiento de los victimarios o por no haber posibilidad de probarlos, porque en otros ya hay indemnización judicial.
Por eso, es necesaria una negociación con la Iglesia para que asuma el pago a víctimas de supuestos que no pueden ser judicializados.
Bolaños ha explicado que ya ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y ha constatado "voluntad de colaborar para saldar a deuda".
En muchos casos es evidente la dificultad probatoria de quienes reclamen la reparación y se trata ahora de buscar fórmulas como, por ejemplo, la evaluación psicológica de las víctimas. Es imposible la prueba material y en algunos casos el autor ya ha fallecido.
Para eso, se creará una comisión independiente que fije los criterios y evalúe las solicitudes. La pretensión es que se haga con acuerdo de la Iglesia católica y con su financiación.
Bolaños ha citado como referencia casos como los de Bélgica o Países Bajos, donde ya se hizo un proceso similar.