La decisión de Sánchez de seguir en Moncloa para iniciar un programa de "regeneración democrática", tras meter el miedo en el cuerpo a su partido y a los socios de la investidura para allanar el camino que va a emprender, no está exenta de riesgos. El presidente del Gobierno ha puesto en la diana de sus objetivos a los medios de comunicación y al Poder Judicial, subrayando la gravedad de la manipulación informativa y asumiendo de forma implícita la existencia de 'lawfare' en España.
Quizás no tenga la intención de llegar tan lejos como denuncia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ve en los planes de Sánchez el peligro de que "cuele un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro", pero sus apelaciones a "abrir paso a la limpieza" para acabar con las "prácticas tóxicas" no son nada tranquilizadoras.
En el caso de los medios de comunicación, porque dos de sus socios de legislatura, Podemos y Más Madrid, se apresuraron ayer a reclamar una Ley de Medios para "garantizar la pluralidad", como si no existiera ya en España, y "poner coto" a la publicidad institucional que reciben determinados medios. Cualquier intervención del Estado aunque sea mínima en los medios de comunicación supone un peligro al que una sociedad democrática no debería resignarse.
En este sentido, genera muchas dudas la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación que quiere impulsar el Gobierno, especialmente porque se apela de forma directa a periodistas y medios a "difundir información contrastada y confiable", como si ese no fuera el objetivo diario de la mayoría de profesionales y con la duda de quién dictamina cuándo lo es y cuándo no.
Respecto al Poder Judicial, el PSOE ya ha amenazado con retirar competencias al órgano constitucional de gobierno de los jueces, principalmente para que pierdan la potestad de realizar nombramientos en la cúpula judicial, en la línea de lo planteado por el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y que el propio Sánchez hizo suyo en la entrevista nocturna en RTVE. Lo hizo tras descartar la opción de rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, una vía a la que se opuso la Comisión Europea y que nos equipararía con países como Hungría y Polonia.
Desconocemos los planes concretos del Ejecutivo, porque Sánchez no los ha explicitado, pero sus socios aprietan para introducir cambios sin la participación del PP, obviando que es el primer partido de las Cortes. Las preguntas en la encuesta del CIS sobre los últimos movimientos judiciales que han afectado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, añaden desconfianza respecto a las verdaderas intenciones del Gobierno.
Los medios de comunicación y la Justicia son los principales contrapoderes en un Estado de derecho y así debe seguir siendo. Se pueden introducir mejoras que aumenten su eficacia e independencia, evidentemente, pero hay que huir de toda impresión de intervencionismo. Y asegurar que hay que "abrir paso a la limpieza" no genera precisamente confianza.
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