El influencer Manuel Jorge Gorostiaga fue condenado a realizar 40 horas de tareas comunitarias y a participar de un taller de formación contra la violencia de género. Fue por hostigamiento sistemático en redes sociales por motivos de género contra Marina Abiuso, quien fue periodista y editora de género en los canales porteños TN y El Trece. La Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había condenado al libertario en otra causa.
Esta resolución es importante porque recuerda que la violencia digital, la violencia de género y el odio en redes sociales también tienen consecuencias en la vida real, tanto en la afección a la víctima (Marina tuvo que cerrar su cuenta de Twitter; tenía botón antipánico, producto de las amenazas que había recibido; su madre tenía custodia) como también para quien la ejerce: no es gratis difuminar odio, discriminación y violencia en las redes.
En Córdoba habló una mujer que denunció por violencia y abuso sexual al exfuncionario provincial Alfonso Mosquera. Contó el calvario que vivió a su lado. La de Mosquera se suma a la causa de otros funcionarios denunciados por violencia, como Diego Concha, Juan Ledesma, Martín Gill y Franco Bonino, entre otros. Si denunciar por violencia ya es una tarea difícil, denunciar a alguien con poder y autoridad es aún más complejo. El miedo a no ser creída es aún mayor. Aunque en la Provincia hay disparidad a la hora de apartar a funcionarios acusados de graves delitos, en la Justicia cada denuncia tiende a dirimirse como una causa más de ese tipo.
Córdoba
En Córdoba también asistimos esta semana al inicio del juicio por el femicidio de Margarita Bascuñán Sánchez, de 2022, por el cual se juzga al marido de la mujer, Fabián Alejandro Romero, de 56 años, imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
La fiscal de la causa, Laura Battistelli, recordó la necesidad de analizar cada una de las pruebas, con perspectiva de género. A pesar de que el imputado dice que él no mató a Margarita y nunca le pegó, la mujer, de origen chileno, dejó videos, una carta y mensajes a sus amigas en los que daba cuenta de las amenazas y golpes que le propinaba Romero durante su matrimonio.
El asesinato de Margarita sorprendió a su familia, ya que la víctima era una defensora de los derechos de las mujeres, participaba de las marchas feministas y tenía conocimientos sobre las situaciones que hacen a un contexto de violencia de género.
Esto viene a recordarnos que nadie está exento de poder vivir este tipo de situaciones. El conocimiento teórico, la capacidad de detectar situaciones de violencia, nos ayudan, siempre, a poder salir de esos contextos, pero no nos eximen de quedar atrapadas en un círculo de violencia. El enamoramiento, sumado a las amenazas, la sujeción psicológica y la manipulación pueden aislar a una persona, hacerle creer que es la culpable de situaciones violentas.
Ninguna condición, ni así sea ocupar el lugar de editora de género en un medio, exime a una mujer de sufrir violencia. A veces, incluso, potencia las reacciones. Por eso son tan necesarias las políticas de prevención. La Justicia sólo puede actuar una vez que el daño ya está hecho.
Prevención, ¿cómo? La acción más eficiente y con más alcance, según indican las especialistas, es con políticas públicas. Los esfuerzos de quienes se dedican a estos programas, el compromiso de la militancia feminista, no alcanzan si no hay un real compromiso de los estados en todas sus esferas por erradicar la desigualdad y la violencia.
Sin embargo, en un contexto de negacionismo de la problemática, la prevención se avizora como un horizonte cada vez más lejano. Por ahora tendremos que seguir esperando que la Justicia intente reparar lo que el Estado no logró prevenir.