La política española continúa trasladando algunas de sus luchas internas a Estrasburgo. Este miércoles le tocó el turno a la batalla legislativa que se viene dando en materia de memoria histórica.
Como parte de su estrategia contra la oposición, el Gobierno anunció hace veinte días que denunciaría ante Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo las nuevas normas de Concordia que están saliendo de las CCAA gobernadas en coalición por PP y Vox. En concreto, las de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
"Lo hemos conseguido", celebró en redes Iratxe García, la portavoz del grupo socialista, cuando la Eurocámara aprobó incluir en Estrasburgo el debate que llevaría por título 'Los riesgos del negacionismo de las dictaduras y de que Europa vuelva al totalitarismo'. "Nunca jamás el olvido", concluyó.
El asunto volvió al primer plano cuando, a principios de abril, el presidente Pedro Sánchez visitó por sorpresa el Valle de los Caídos para conocer los trabajos de exhumación de 160 víctimas de la Guerra Civil. Aquella visita fue criticada por la oposición.
En el pleno de este miércoles intervenieron, entre otros, los eurodiputados Dolors Montserrat (PPE), Jordi Cañas (C's), Alicia Homs (PSOE), Jorge Buxadé (Vox), Javier Zarzalejos, también del Partido Popular Europeo e Izaskun Bilbao Barandica, del PNV.
"Cortina de humo"
Fuentes internas del PP trasladaron a EL ESPAÑOL en el día previo a este debate, que el partido "condena todo totalitarismo y dictadura, actual y pasada, también en Latinoamérica, como siempre ha hecho en Europa". Y advertían que el PSOE utilizaría el debate "con falsas acusaciones hacia el PP para generar cortinas de humo que tapen la subida de sus socios, los herederos de ETA, en el País Vasco".
Durante el debate, el centro y la derecha devolvieron esa ofensiva. La eurodiputada del PPE, Dolors Montserrat, mantuvo que el PP "nace en democracia y durante la Transición para protegerla", comenzó diciendo.
"¿Quieren que hablemos de tiranías? Son muy valientes para meterse con tiranos muertos y no tanto para los vivos", exclamó desde la tribuna de oradores. "Sus socios comunistas del Gobierno alaban la dictadura castrista" denunció.
Jordi Cañas, de Ciudadanos, tuvo la intervención más agitada del pleno. "Pensaba que no se iban a atrever a banalizar el mal trayendo este debate aquí para taparse las vergüenzas de la política nacional", dijo. "Son capaces de todo", continuó. "Han blanqueado a una formación (Bildu) que denomina 'grupo armado' a una banda terrorista".
Y, en referencia a Carles Puigdemont, concluyó asegurando que "la mejor manera de no aliarse con fantasmas del pasado es no aliarse con fantasmones del presente".
Tres comisiones más
La eurodiputada socialista Alicia Homs denunció que, "con la derogación de las leyes de memoria democrática" en determinados territorios de España, "se ven peligrar los principios de la memoria y la reparación". En ese sentido, dijo que "Europa no puede construirse desde el olvido", sino desde "la justicia, la memoria y la dignidad de sus ciudadanos".
Inmersos como están los partidos en campaña electoral hasta junio, la estrategia del PSOE contra las nuevas leyes de concordia del PP y de Vox irá más allá. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado crear tres comisiones de estudio para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Estos órganos estarán dedicados al pueblo gitano, a las medidas de reparación económicas de las víctimas y la vulneración de derechos humanos al inicio de la democracia -hasta 1982, como parte del acuerdo con Bildu-. Las tres comisiones se materializarán cuando la norma lleve un año y medio en vigor.
Estas comisiones están adscritas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cartera ocupada por el expresidente canario Ángel Víctor Torres.