Según el último informe de la OCDE, Chile se mantiene como uno de los países miembros con más gasto de bolsillo en salud, alcanzando al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada $100.000 que una familia gasta para manejar sus problemas de enfermedad, prevención, y rehabilitación, deben salir directamente de su ingreso familiar, $30.000. Ello implica que no tiene cobertura de la seguridad social, lo que es evidentemente regresivo, por cuanto, proporcionalmente, mientras menos ingresos se tiene, una mayor proporción de debe destinar a copagos, que es aquella parte no cubierta por Isapres, Fonasa o seguros complementarios. La mitad de este gasto directo de las personas es en medicamentos.
En tiempos que las patologías crónicas representan la mayor carga de enfermedad, el gasto excesivo de las personas en remedios se transforma en una promesa de miseria. Condiciones como diabetes, hipertensión, depresión, y en el futuro próximo, obesidad, una vez diagnosticadas, obligan a recibir medicinas todos los días.
Los distintos gobiernos han sido sensibles a este gran problema, y se han implementado iniciativas para mejorar las necesidades de las personas. Ejemplos son la Ley de Fármacos, que permitió a tono con el primer mundo implementar una política de bioequivalentes, menor precio con calidad certificada; la creación de la Agencia Nacional de Medicamentos, y el fortalecimiento de Cenabast con una ley adecuada.
La intermediación de la Central de Abastecimiento, para recintos públicos y luego con la inclusión de agentes privados, es de particular importancia. Ha derivado en la creación de 212 farmacias bajo administración municipal en 170 comunas. Allí, los ciudadanos pueden despachar sus recetas a un 30% promedio del valor de una farmacia habitual, representando un ahorro y un aumento del patrimonio de los más vulnerables muy significativo.
Es cierto, la influencia de la industria para que quienes prescriben sigan recetando medicamentos de alto precio, habiendo sustitutos certificados, sigue siendo un problema; y resulta ofensivo que la tramitación de la ley que limita estas prácticas esté empantanda en una comisión parlamentaria mixta desde hace años. También es cierto que los centros de Atención Primaria de Salud no cumplen con entregar gratuitamente los medicamentos de determinados programas para lo que se les ha entregado financiamiento, obligando a los pacientes a adquirir fármacos que, en justicia, no les correspondía pagar.
Durante los últimos días se ha generado un manto de duda por la necesaria probidad en la administración de las farmacias de dependencia municipal, llámense populares, comunitarias o municipales. Hay que advertirlo, independiente de la investigación en curso sobre algunos casos, el esfuerzo por disminuir el gasto en medicamentos debe ser una política de Estado que se mantenga con denuedo. Y en ese contexto, las farmacias de gestión municipal con una administración adecuada representan un valor que hay que cuidar.
Por Jaime Mañalich, médico