Adif Alta Velocidad, la entidad pública que gestiona las infraestructuras AVE, acabó el pasado ejercicio con un récord de 727,5 millones de cifra de negocio, elevando un 29% los ingresos del año anterior y situándose por encima de los 666 millones que facturó el año previo a la pandemia. La incorporación de nuevas líneas, como la conexión gallega del AVE que entró en funcionamiento en diciembre de 2021, y la entrada de nuevos operadores ha elevado significativamente tanto los ingresos por cánones como el volumen de viajeros que hacen uso del tren.
Desde que comenzó a operar la alta velocidad entre Madrid y Ourense los usuarios y los ingresos de Adif AV prácticamente se han duplicado, en un contexto de fuertes bonificaciones en los billetes y de cánones congelados. De los 98,5 millones de pasajeros del ejercicio 2021 se pasó a los 187 millones del pasado año, con un crecimiento del 22,3% respecto al ejercicio de 2022, según consta en la memoria de ejercicio que acaba de publicar la entidad pública. El volumen de negocio evolucionó de manera similar, elevándose desde los 390 millones de 2021 a los mencionados 727 millones. De este importe, el grueso corresponde a los pagos por el uso de la infraestructura, 605 millones, y la parte más pequeña a las tasas por el uso de las estaciones y otras instalaciones, que aportaron algo más de 121 millones.
El récord de ingresos ha ido acompañado de una mejora del resto de magnitudes, consiguiendo Adif AV un resultado de explotación positivo de 128,6 millones –frente al resultado negativo de 52,3 millones de 2022– y rebajando las pérdidas a la mitad, hasta los 264 millones. La entidad que preside Ángel Contreras es inversora, asume los costes del despliegue de la infraestructura, por lo que acostumbra a moverse en los números rojos. La deuda con el Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño, el otro gran financiador de la red ferroviaria además del contribuyente, se sitúa en los 11.300 millones, de los que 521 millones se deben devolver a corto plazo.
Más recaudación en el AVE a Galicia
A la espera de la llegada de los trenes Avril de Talgo, cuyo retraso se encamina a una demanda millonaria de Renfe contra el fabricante, la recaudación en la línea de alta velocidad a Galicia ha ido en aumento, en consonancia con el crecimiento de ingresos de AdifAV y con un peso del 7% respecto al total de la red. El gestor de infraestructuras presenta los datos de tráfico en su memoria expresados en trenes por kilómetro liquidado, es decir, los trenes a lo largo de un kilómetro que generan la recaudación por los cánones a los tráficos adjudicados y circulados de las empresas. El eje Madrid-Galicia experimentó un incremento del 11,27% en 2023 y prácticamente duplicó las magnitudes respecto a 2021. Al final de aquel ejercicio comenzó a funcionar la conexión con Ourense.
La mayor actividad coincide con un lógico desfallecimiento en las inversiones en la comunidad, una vez completada la parte fundamental de la infraestructura. Aún así, Adif tiene previsto para este año la finalización del Cale del Túnel de Rante, el viaducto del Barbaña –ya completado en enero– y el viaducto Mesón de Calvos de la variante de Ourense. También la finalización de las obras de la base de mantenimiento de A Mezquita (Ourense) para el tramo Pedralba de la Pradería-Taboadela; el arranque de las obras de la estación AVE de Ourense, la inauguración del edificio de viajeros de la estación de Santiago y la continuidad de los trabajos en la estación de A Coruña y en el Eje Atlántico de Alta Velocidad, donde instalando la protección acústica en los tramos Vigo-Padrón y Padrón-A Coruña.
Bajan las reclamaciones de las constructoras
Los litigios con las constructoras del AVE, que alcanzaron cifras récord durante la fase final de la conexión gallega de alta velocidad, han ido a menos. Al menos, en cuanto a las cuantías reclamadas en los juzgados por los sobrecostes de las obras. Según las cuentas de AdifAV, las provisiones por las reclamaciones de las compañías se situaban a cierre de ejercicio en los 656,5 millones, frente a los 691 millones del año anterior.
Estos litigios tienen como origen, explica la entidad, «reclamaciones por diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por posibles sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras». A ellos hay que sumar otros cuatro millones provisionados para hacer frente a las reclamaciones cursadas como consecuencia de expropiaciones de los terrenos para desplegar la infraestructura ferroviaria.