El Inaga admite un "colapso" al acumular medio año de retraso y 6.500 expedientes por tramitar
Su gerente anuncia un plan de choque con la simplificación de procedimientos y la gestión electrónica de los expedientes más sencillos.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) necesitaría medio año de trabajo solamente para ponerse al día en la tramitación de los 6.500 expedientes pendientes de resolución, de los cuales casi la mitad se encuentran fuera de plazo. Así ha descrito el gerente del Inaga, Luis Simal, la situación de "colapso" que sufre este organismo clave para la concesión de las autorizaciones ambientales a las empresas para desarrollar su actividad, lo que le ha llevado a anunciar un plan de choque con el fin de paliar la situación
Este es el panorama que se encontró hace seis meses al ponerse al frente del Inaga y que, ha admitido en su primera comparecencia en las Cortes, se ha agravado desde entonces con la marcha de 16 funcionarios, ahora sustituidos por 13 a los que se les está formando. "Hemos estado dos meses en inferioridad de jugadores", ha dicho de forma gráfica este alto cargo, que ha reconocido que se ha enfrentado a los "meses más duros" de su carrera profesional en la Administración autonómica.
No obstante, ha subrayado que se puede poner solución al problema estructural de retraso que sufre el organismo desde su constitución hace dos décadas y que pretende atajar a corto plazo. Su pretensión es acometer lo antes posible una simplificación de los procedimientos y extender el uso de la administración electrónica en aras de la agilidad. "Estamos picando datos manualmente y hay que centrar los esfuerzos del personal en las cuestiones complejas para ganar rigor y rapidez", ha destacado.
El plan de choque será una realidad antes del verano con la posibilidad de que las empresas tramiten de forma electrónica los diez procedimientos más sencillos, "los de trámite", de forma que se puedan acortar los plazos de resolución y descargar la labor burocrática del personal del Inaga. Además, en febrero de reforzó su plantilla con la llegada de media docena de empleados y ahora cuenta con 69, de los que un 49% es personal administrativo, otro 39% se dedica a labores técnicas y el 12% restante conforma la dirección.
Simal ha señalado que son capaces de resolver casi 13.000 expedientes al año, por lo que sufren un importante "déficit" al acumular 6.900 de ejercicios anteriores que evidencia, ahora, la "incapacidad material de ser ágiles".
El gerente del Inaga ha apuntado que el modelo de gestión por el que se apostó desde un principio fue el de la subcontratación y ha aclarado que ahora se centraliza todo con Sarga, otra de las empresas públicas de la DGA. En la pasada legislatura se fichó a consultoras para resolver especialmente el tapón de expedientes de renovables con el fin de evitar reclamaciones millonarias.
Con la capacidad de respuesta "comprometida", el objetivo es aumentar la capacidad de resolución de expedientes para "corregir una situación histórica" y así reducir los tiempos legalmente establecidos para la resolución de los informes. Y para solventar el atasco crónico se pretende activar un "mecanismo de actuación de carácter extraordinario y temporal, que pasa por apoyarse en el personal de Sarga, aunque no lo ha detallado.
Hasta quince tipologías de expedientes arrastran el 90% de los expedientes fuera de plazo, que representan 3.652 de los 6.500 pendientes. Los permisos relativos a residuos peligrosos son, con mucha diferencia, las más afectadas, al concentrar casi un tercio del total de las que incumplen los periodos fijados para su resolución (1.032). Le siguen las autorizaciones ambientales integrales y las de ocupación temporal de vías pecuarias le siguen muy lejos, con otros 384 y 336 expedientes, respectivamente.
La oposición ha mantenido posturas dispares. La socialista Leticia Soria ha excusado la herencia dejada por el cuatripartito aludiendo al problema estructural aludido por Simal y ha aprovechado para criticar a la actual coalición PP-Vox por haberlo agravado. En esta línea, ha apuntado que el atasco se redujo un 15% en el año previo al cambio del Ejecutivo y que desde el pasado verano se ha incrementado un 21% la acumulación de expedientes.
El líder de CHA, Joaquín Palacín, ha destacado el problema que supone los retrasos de tramitación para la actividad industrial, mientras el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que el Inaga ha perpetuado el "descontrol" en las renovables pese al cambio de socios en la DGA. "Sigue aplicando los mismos criterios y aprueba casi todo", ha denunciado.
Mientras, la diputada popular Susana Cobos ha recriminado al PSOE que no hubiera hecho nada en los últimos ocho años para paliar el atasco estructural del Inaga, empeorándolo incluso con su "nefasta política de personal". Por último, Juan Vidal (Vox) ha achacado el colapso de expedientes al "despliegue incontrolado" de las renovables por la "desastrosa decisión" del Ejecutivo de Javier Lambán.