La memoria falsamente democrática de la izquierda va a llevar presumiblemente a Pedro Sánchez a emular en parte los objetivos de aquella Ley de Defensa de la República de 1931, una norma que abría la puerta a suspender la venta de ciertos periódicos incómodos para el Gobierno prohibiendo cualquier «difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz», y a sancionar -y hasta detener y deportar- a periodistas críticos. Mucho se ha hablado de los ataques a la libertad de prensa promovidos desde el franquismo y la censura impuesta a los medios por la dictadura (un hecho incuestionable), pero se habla poco de los ataques a la libertad de expresión dirigidos por la izquierda durante la II República.
Fue en octubre de 1931 cuando la Ley de Defensa de la República permitió al Gobierno disponer de una herramienta para «hacerse respetar» al margen de los tribunales contra quienes cometieran «actos de agresión», entendidos como tales acciones como la «difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público» (artículo 1.3). También se perseguiría (artículo 1.5) «toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado». En el caso de los periódicos, era el Ministerio de la Gobernación (el equivalente actual a Interior) quien tenía potestad para suspender su licencia de distribución. Meses después, el panorama era desolador: periódicos y radios cerradas, deportaciones, detenciones y multas.
Cómo sería la cosa que hasta el propio Azaña tuvo que reconocer ante las Cortes que se había pasado de frenada, pero que todo fue para garantizar «la calma y la paz». En una democracia, los límites a la actuación de la prensa los determinan los tribunales de justicia con la ley en la mano, pero nunca los gobiernos a través de leyes mordazas contrarias a la libertad de expresión consagrada como un derecho fundamental en nuestra Constitución. Aunque, visto lo visto, la propia Constitución también está en peligro de extinción.