El proceso electoral que tiene lugar en nuestro país avanza en forma regular, mientras que la elección del próximo 2 de junio se realizará, como afirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, en condiciones técnico-operativas óptimas.
La funcionaria aseguró también que, a unas semanas de la jornada electoral, 74 mil trabajadoras y trabajadores de esa institución organizan los comicios concurrentes en nuestro territorio. De esas personas, 42 mil son capacitadores asistentes electorales y 7 mil, supervisores electorales, que ya visitan domicilio por domicilio para capacitar a más de un millón y medio de compatriotas que fungirán como funcionarios en poco más de 170 mil casillas.
Esta información está respaldada por las condiciones de tranquilidad social que prevalecen en más del 90 por ciento del territorio nacional, como lo referí anteriormente en este mismo espacio.
Lamentablemente, es innegable que en México ha habido asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular; sin embargo, algunas voces amplifican de manera deliberada esos casos de violencia, para transmitir la idea de que en el país se vive en un estado permanente de crimen y barbarie.
Vale la pena destacar algunos datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contravienen este sensacionalismo informativo respecto de la violencia.
En marzo pasado, el homicidio doloso en el país se redujo en un 22 por ciento, considerando desde diciembre de 2018, pero si contrastamos esta cifra respecto a pasadas administraciones de gobierno, cobra su verdadera significación, ya que de 1990 a 1994 el delito de homicidio aumentó un 9.2 por ciento; de 1995 a 2000 disminuyó un 31.2 por ciento; de 2001 a 2006 se elevó un 1.6 por ciento; de 2007 a 2012 se incrementó en un 192.8 por ciento, y de 2013 a 2018 se acrecentó un 59 por ciento.
Por otro lado y de acuerdo con información de la misma SSPC, en el actual proceso electoral que inició el 1 de octubre pasado se tiene registro, lastimosamente, de dos candidatos fallecidos que están registrados ante los organismos electorales de los estados; el homicidio de cinco precandidatos que ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos; ocho homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero que habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir.
Se sabe que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales realizan las investigaciones correspondientes de los casos. En cualquier escenario, se asegura que no habrá impunidad para nadie y se brinda todo el apoyo en las investigaciones.
En el caso de los asesinatos de las y los aspirantes, precandidatos y candidatos, se debe investigar si habían solicitado protección al Gobierno federal, a los Gobiernos estatales o a los Gobiernos municipales, dependiendo del caso y, en tal situación, si la protección se aplicó en tiempo y forma.
Así, y de acuerdo también con información de la SSPC, hasta el 1 de abril pasado se registraban 108 solicitudes de protección por parte de personas candidatas, de las cuales 86 han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo.
Ni el sensacionalismo y ni el riesgo de violencia nublarán el escenario electoral en marcha; tampoco suplantarán la voluntad popular que las y los mexicanos expresaremos en las urnas este dos de junio. En nuestro país se vive un ánimo democrático generalizado que nada ni nadie nos arrebatará.
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