La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos Sin Fronteras (MSF) y Save the Children han criticado el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado este miércoles por el Parlamento de la Unión Europea. "Con la aplicación del Pacto sobre Migración, podemos anticipar las inevitables repercusiones médicas y humanitarias de un mayor número de personas atrapadas, obstaculizadas, detenidas y privadas de seguridad y protección en toda Europa, tanto en el mar como en países no pertenecientes a la UE", subraya la coordinadora de MSF España, Raquel González. La coordinadora de la organización en España considera que el Parlamento de la UE "ha optado por una política excluyente centrada en la disuasión y la violencia en lugar de priorizar la dignidad y la seguridad de las personas". En concreto, González ha advertido de que el Pacto sobre Migración "condonará en la práctica los abusos y hará la vista gorda ante el sufrimiento de quienes buscan protección, con unos procedimientos fronterizos que restringen el derecho a asistencia jurídica", por lo que, a su juicio, "hay un mayor riesgo de devolución ilegal y de vulneración del interés superior de los menores". "Esta cruda realidad pone de relieve las consecuencias de las políticas migratorias. El Pacto es una receta para el desastre", sentencia. Médicos Sin Fronteras ha mostrado su preocupación por las consecuencias que tendrá también el nuevo reglamento de crisis que incluye numerosas derogaciones en tres tipos de situaciones: crisis, casos de fuerza mayor e instrumentalización, "concepto que pasa a ser incluido en la legislación europea y que pervierte la acción humanitaria que salva vidas al incluir de forma vaga acciones de actores no estatales hostiles" destinadas a "desestabilizar la Unión". La organización cree que, en la práctica, este reglamento "podría ser utilizado para acosar y criminalizar a las ONG y organizaciones humanitarias, especialmente en el ámbito de la asistencia y el rescate en el mar y en las fronteras". En el caso de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, avisa de que el Pacto abre la puerta a que la consideración de que una "amenaza para la seguridad" justifique la exclusión de la protección internacional. "Pedimos al Gobierno de España que prevalezca el principio de humanidad y respete la dignidad y protección de las personas que llegan a España y Europa en busca de seguridad y refugio", reclama la coordinadora de MSF en España. En la misma línea, CEAR ha alertado sobre los "efectos devastadores" que tendrá el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para miles de personas migrantes y refugiadas, que verán como "la Unión Europea refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países donde sus vidas podrían correr grave peligro". Este acuerdo, según indica CEAR, "permitirá imponer más obstáculos para acceder al derecho de asilo y más facilidades para que se vulneren los derechos humanos en las fronteras". La organización, que ha hecho un análisis de los reglamentos, subraya que "la UE ha fracasado estrepitosamente" en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. "El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible", apunta. Entre otras cuestiones, detalla que se introducen "mínimos cambios" en los criterios para determinar la responsabilidad de los Estados miembro en el examen de las solicitudes de asilo, lo que unido a la reducción de los plazos del procedimiento "aumenta la presión sobre los Estados fronterizos como España, sobre quienes además recaen nuevas responsabilidades derivadas de los nuevos procedimientos de controles previos de entrada, así como de asilo y retorno en frontera", según el análisis de la entidad. PROYECTOS EN TERCEROS PAÍSES DESTINADOS AL CONTROL MIGRATORIO Asimismo, añade que el nuevo Pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad "a la carta" o "flexible", con el cual los países europeos pueden financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, en lugar de garantizar un sistema de reubicación obligatoria que ponga en el centro la protección de las personas. "Pagar para no acoger es inaceptable, especialmente cuando se financia a países como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez o Egipto, donde no se respetan los derechos humanos, ni se garantiza una adecuada protección", denuncia el director de Políticas y Campañas de CEAR, Mauricio Valiente. CEAR también muestra su enorme preocupación por la ficción jurídica de "no entrada", con la cual, en sus palabras, se pretende considerar que una persona "no ha llegado" a la UE hasta que lo autorice el Estado miembro independientemente de su presencia física en territorio europeo, lo que vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También alerta de que el nuevo procedimiento de control previo a la entrada ('screening') "retrasa el acceso al procedimiento de protección internacional y a todas sus garantías". CEAR alerta asimismo de que la "invocación discrecional" de situaciones de crisis, fuerza mayor o instrumentalización posibilitan "la suspensión de las garantías del derecho de asilo y podría derivar en un estado de excepción a las normas de asilo cuasi permanente y en un régimen subestándar de derechos". "UN RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA MIGRANTE" Por último, Save the Children ha calificado el nuevo pacto europeo sobre migración y asilo como "un retroceso" en los derechos de la infancia migrante. "La decisión adoptada hoy por la Unión Europea y sus Estados miembros de aprobar el nuevo pacto europeo sobre migración y asilo debilitará significativamente la protección de los niños y niñas que huyen de la guerra, el hambre y la muerte", ha declarado la ONG. El director de la organización, Willy Bergogné, opina que la decisión de este martes "no podría haber sido peor para los niños y sus familias que buscan refugio en Europa". "Está claro que el Parlamento Europeo ha dado prioridad a cerrar las fronteras por encima de la protección de los niños y niñas vulnerables que escapan de los conflictos, la persecución, el hambre, los matrimonios forzados y la pobreza extrema", lamenta. Precisamente, ha aclarado que el nuevo pacto detalla que ahora, todas las familias, incluso las que viajan con niños muy pequeños, "podrían acabar pasando semanas o meses en centros de detención". "Estos niños deberían estar en la escuela, creando recuerdos felices, no recuerdos dolorosos en centros de detención que sin duda les afectarán durante años", ha dicho. Save the Children ha hecho un llamamiento a las autoridades encargadas de diseñar la implementación del pacto para que den prioridad a la protección de los niños y tomen medidas para "abordar y minimizar cualquier riesgo que pueda perjudicar sus derechos". En este sentido, la organización ha destacado que "es fundamental" que la aplicación del pacto en España no suponga un retroceso en la protección efectiva de los niños y adolescentes que llegan al país y pide al Gobierno español que "garantice que todos los menores de edad accedan a un sistema que reconozca sus necesidades y proteja sus derechos de manera inmediata".