El Gobierno pidió apoyo al bloque de oposición que aspira a ganar la presidencia legislativa el próximo 1.° de mayo, para un proyecto de ley cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR) porque abriría la posibilidad de contratar obras públicas a dedo, sin seguir los controles legales ni constitucionales vigentes.
Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), confirmó que la solicitud fue planteada por el Poder Ejecutivo durante una visita realizada a Casa Presidencial, el pasado viernes, por representantes de tres agrupaciones en busca de apoyo de cara a la elección del próximo Directorio del Congreso.
Cisneros no supo precisar si la solicitud fue hecha por el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; o por ella misma. No obstante, la legisladora aseguró que la aprobación del proyecto no está condicionada al eventual compromiso para conformar el máximo órgano legislativo.
En la reunión participaron los diputados socialcristianos Horacio Alvarado, candidato a la presidencia del Congreso; y el jefe de bancada Alejandro Pacheco. También asistieron Eli Feinzaig, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP); y Fabricio Alvarado, jefe del Partido Nueva República (PNR).
"Todos estuvieron de acuerdo, el mismo Horacio (Alvarado), porque tenemos claro que el país no puede seguir endeudándose", afirmó Cisneros. Agregó que las jefaturas presentes expresaron su intención de introducir controles a dicho proyecto.
Sin embargo, Feinzaig aseguró a La Nación que no se discutieron apoyos y que él nunca dijo estar de acuerdo. "Estamos abiertos a revisar, junto con la Contraloría, algunos procedimientos en aras de agilizarlos sin debilitarlos. La ley de contratación pública es nueva y estoy seguro de que la Contraloría puede identificar áreas de mejora", indicó.
Pacheco, por su parte, aseguró que su bancada está revisando el proyecto, pero que en principio observa que no está bien elaborado. Semanas antes, el legislador había dicho que el PUSC no apoyaba dicha iniciativa, recomendando al mismo tiempo al Gobierno hacer las contrataciones dentro de los límites establecidos por la legislación actual.
"Me parece que sí se puede rescatar algo, estamos estudiando si se puede hacer específicamente para la contratación de Ciudad Gobierno, pero lo tenemos que discutir en la fracción una vez que avance el proyecto. Debemos buscar un equilibrio en las posiciones: que se pueda construir y se haga conforme a la ley", indicó el pasado lunes.
Cisneros explicó que la intención del Ejecutivo es que los proyectos no se bloqueen, se discutan, avancen y se mejoren si es necesario, hasta llegar a una votación independientemente del resultado, sin pretender coaccionar a ningún diputado.
Aseguró que el mismo planteamiento hizo el Gobierno en la reunión del viernes con respecto a los proyectos de venta del Banco de Costa Rica (BCR), manejo de la liquidez de las instituciones y reformas de Estado que están bloqueados en comisión.
A la medida de Ciudad Gobierno
El proyecto objetado por la Contraloría pretende encargar la construcción del proyecto Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones, para luego pagar el alquiler de los edificios por 25 años.
El Gobierno impulsa la iniciativa después de que la Contraloría le advirtió que, bajo el marco legal vigente, no es posible contratar la construcción y alquiler de edificios en terrenos públicos.
La contralora Marta Acosta dijo que, si bien el planteamiento es un traje a la medida para Ciudad Gobierno, abriría el portillo para otros proyectos mediante la creación de una figura de "arrendamiento alternativo" en el que no hay concurso para escoger la mejor oferta, lo cual carece de asidero legal y podría ser inconstitucional.
Para el ente fiscalizador, el proyecto abriría un "boquete" en la normativa que también permitiría utilizar la figura para contratar a dedo obras en carreteras, aeropuertos y hospitales con solo una autorización administrativa, sin necesidad del aval de la Contraloría o de la Asamblea Legislativa, en caso de que el financiamiento sea internacional.
Acosta advirtió de que la reforma también permitiría otorgar a terceros derecho de uso de bienes públicos sin límite de plazo, lo que sería inconstitucional por violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La diputada oficialista Pilar Cisneros sostiene que la reforma no se limitaría a Ciudad Gobierno, sino que también podría aplicarse a otras alianzas público-privadas o proyectos de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Educación Pública (MEP).
El texto añadiría tres nuevos párrafos al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, el cual regula la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
En el último párrafo, se establece la figura del arrendamiento alternativo. Este nuevo apartado permitiría que el arrendamiento de bienes por construir pueda pactarse para obras que se desarrollen sobre terrenos públicos, ya sea en propiedad de la administración arrendataria u otros entes y órganos públicos.
Para tal fin, los entes y órganos públicos podrán otorgar derechos de uso siempre y cuando se acredite que ello conviene al interés público.
"Estos derechos de uso podrán exceder el plazo inicialmente pactado para el arrendamiento respectivo y permitir el arrendamiento alternativo a otros sujetos públicos o privados, en la medida en que esto otorgue un plazo razonable para la recuperación de inversiones por parte del beneficiario del derecho de uso, siempre bajo su cuenta y riesgo", dice el texto.
Además, la iniciativa modificaría el artículo 77, que regula la figura de arrendamiento financiero, para establecer que las autorizaciones necesarias son solamente las "administrativas".