Hay zonas del país en las que el transporte estudiantil es fundamental para que los niños y jóvenes puedan estudiar.
Sin embargo, un estudio hecho por la Defensoría de los Habitantes reveló que ese transporte tan importante está en crisis y dejó a una cantidad impresionante de menores sin el servicio el año pasado.
La institución hizo una investigación sobre la gestión, el financiamiento y la prestación del servicio de transporte estudiantil, de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, en el 2023. Esa Dirección está compuesta actualmente por 52 funcionarios.
El programa hace posible el traslado de estudiantes de escuelas y colegios hacia los centros educativos, por medio de la contratación de servicios de transporte o a través del otorgamiento de subsidios. Los estudiantes beneficiados deben cumplir ciertos requisitos sobre su condición económica y la distancia a la que viven del centro educativo más cercano.
En el estudio se revelaron varias barreras que afectan el programa de Transporte Estudiantil: limitaciones presupuestarias, restricciones de recursos humanos y la necesidad de gestionar una cantidad considerable de trámites y presupuesto con un personal insuficiente.
En el 2022 se asignó un presupuesto de 44.279,01 millones de colones, mientras que para el 2023 se redujo un 29.34%, pasando a 31.286, 22 millones de colones, algo que causa gran preocupación.
Según el MEP, durante el 2023 la disminución mayor se dio en las rutas subsidiadas y afectó la capacidad para integrar a nuevos beneficiarios. Se estima que 4.198 estudiantes, categorizados como nuevos ingresos, se vieron imposibilitados de ser atendidos debido a la falta de recursos.
Además, se identificaron otros problemas en las rutas ya existentes, como los ajustes técnicos que comprenden la expansión de recorridos, la consolidación o separación de rutas, entre otros. Con el presupuesto 2024 se espera mantener la continuidad del servicio para los 167.618 estudiantes inscritos en el programa.
La sostenibilidad del programa de Transporte Estudiantil está condicionada por el presupuesto asignado y aprobado a nivel nacional. A pesar de que el artículo 78 de la Constitución Política establece un monto del 8% del PIB a la educación, en el 2023 apenas alcanzó el 5,35% y la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dijo que no era necesario más dinero.