Organismos de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento del equipo civil de relevamiento de archivos de las fuerzas armadas, que realizó en los últimos tiempos "aportes fundamentales" para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad, y advirtieron que desde el gobierno nacional se "busca obstaculizar el proceso de justicia y averiguación de la verdad".
En un comunicado titulado "Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos", las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) e H.I.J.O.S. Capital advirtieron sobre el desmantelamiento del denominado Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, que establece el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada fuerza.
"Como organismos de derechos humanos, queremos expresar nuestro rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza", indicaron en un comunicado difundido ayer.
Los organismos explicaron que estos equipos "realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad" y consideraron que la decisión del Ministerio de Defensa –que encabeza Luis Petri– "busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad".
"Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización", indicaron en el texto.
Además, sostuvieron que "mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia".
"¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia", dijeron los organismos en el comunicado.
Señalaron asimismo que "el vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado" y agregaron: "Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos".
"Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria, verdad y justicia y los derechos humanos", concluye el texto.