La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció públicamente la existencia de un presunto cartel en el fútbol femenino colombiano, con el que se busca limitar los derechos laborales de las jugadoras y precarizar sus condiciones de trabajo, como "poniendo un techo" a sus salarios, según dijo. Esto habría sido "pactado" entre la Dimayor y los mismos clubes.
La denuncia se basa en una investigación que está siendo llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual reveló pruebas contundentes de la existencia de un acuerdo entre la Dimayor y varios equipos para fijar dichos salarios y establecer condiciones laborales que desfavorecen a las jugadoras, que, cabe mencionar, venían pidiendo una liga femenina más justa.
"Lo que hicimos ayer fue revelar el detalle de la investigación que adelanta en este momento la Superintendencia en cuanto a cuáles fueron esas condiciones de cartelización que presuntamente acordaron la Dimayor y los clubes. Revelamos al menos cuatro cosas que a mí me parecen muy graves. Lo primero es que sí hay pruebas y la Superintendencia las tiene y yo las revelé; en mi Twitter están las actas y los correos que habría enviado la Dimayor con los clubes en donde pactaron que las jugadoras, según ellos, estaban ganando mucho, que ellos estaban preocupados y que había que, un poco, ponerle techo al salario de las jugadoras", explicó.
Según dijo la representante Juvinao en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la investigación ha demostrado que las jugadoras de fútbol femenino están ganando salarios muy por debajo de lo que se considera justo, con contratos de corta duración y sin reconocimiento de sus derechos de imagen comercial.
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Además, dijo que, según lo que se encontró, la Dimayor y los clubes se han resistido a recibir patrocinios privados e incluso fondos del Ministerio del Deporte, lo cual pone en evidencia una estrategia deliberada para limitar el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino en el país.
Insistió que esta situación no solo es una violación a los derechos laborales de las futbolistas, sino también un acto de violencia de género que busca desvalorizar y discriminar a las mujeres en el ámbito deportivo.
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En ese sentido, cuestionó el papel del Ministerio del Deporte en este caso, pues a pesar de que se le ofreció financiamiento para la liga femenina, la Dimayor rechazó estos recursos, lo cual evidencia una falta de compromiso por parte de la dirigencia del fútbol y una falta de apoyo por parte del Gobierno.