Una deshonra para el país
La confesión de un ex diputado oficialista de que traficó más de 11 mil libras de cocaína a los Estados Unidos, ganando más de seis millones de dólares por lavado de activos, llena de vergüenza al país.
El ex diputado Miguel Andrés Gutiérrez, postulado por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago, admitió la culpabilidad de estos delitos ante un tribunal de Florida, Estados Unidos.
Por causa de esas operaciones ilícitas, el juez Roy Altman, lo sentenció a 16 años de prisión, convirtiéndose en el primer político dominicano condenado por narcotráfico en los Estados Unidos.
No es el primer legislador dominicano, y probablemente tampoco sea el último, que se ve implicado en operaciones propias del crimen organizado, amparado en su inmunidad legislativa, lo que constituye un bochorno para la imagen del país.
Y más que para la imagen del país, lo es para el propio sistema democrático que poco a poco ha ido en declive, en la medida en que delincuentes de toda laya consiguen insertarse en los estamentos de los poderes públicos para lucrarse perversa e impunemente.
Los partidos políticos dominicanos deben pronunciar su mea culpa por haber apañado el ascenso de tipos vinculados a la actividad delictiva, a sabiendas que han hecho uso de fortunas de dudoso origen para enquistarse en el poder.
Es poco probable que lo hagan, porque ya sus mecanismos de admisión, promoción, postulación y elección han sido vulnerados de tal modo que ahora les resulta difícil descontaminarse de esta bochornosa intrusión.
Senadores y diputados, de antes y de ahora, han sido imputados en distintos tipos de actividades ilícitas, pero los escudos de protección que se forman a su alrededor, han impedido que el sistema partidario se libere de esas plagas.
Más abominable resulta si los imputados, o los que no lo han sido pero el rumor público los reputa como narcotraficantes, estafadores o contrabandistas, pertenecen al partido que ostente el poder.
Solo una justicia irreprochable, como la que funciona en países institucionalizados, es la única que podría garantizar que los poderes públicos, incluyendo a las fuerzas armadas, no sean asaltados por crápulas que avergüenzan a la sociedad.
Esa justicia no la tenemos aquí.
A ese poder, como al legislativo, también hay que someterlo a depuración.
Cuando eso ocurra, si ocurriese, al Poder Ejecutivo le resultaría más difícil acunar en las instituciones del gobierno a personas depravadas, viciosas y de baja calaña que deshonran la institucionalidad y la democracia nacional.