La empresa reiteró no estar de acuerdo con la decisión judicial, pero que "en respeto a la institucionalidad" realizarán el pago. Sin embargo, señalan que frente a los montos restantes que puedan derivarse de las liquidaciones se requerirá un fraccionamiento ante SUNAT de acuerdo con el Código Tributario.
Telefónica del Perú informó este viernes que procederá al pago de S/ 1 361 millones a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Esto en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia en enero del 2023 por la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
La empresa de telecomunicaciones emitió un comunicado señalando que están en desacuerdo por lo resuelto por el Poder Judicial, pero "en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica" procederán con desembolsar el monto al Estado peruano. Sin embargo, señalan que frente a los montos restantes que puedan derivarse de las liquidaciones, requerirán un fraccionamiento ante la Sunat, basándose en el Código Tributario.
"Telefónica del Perú está en total desacuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica procederá a efectivizar el pago bajo protesto. Para estos efectos, ha instruido a las entidades financieras para que en su oportunidad procedan al pago a SUNAT de la suma de hasta S/1,361 millones en honramiento a las cartas fianzas emitidas en el marco de los procesos indicados", se lee en el comunicado.
En el documento, la compañía también enfatiza que el principal accionista de la compañía (Telefónica S.A.) mantiene desde marzo de 2021 un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por diversas conductas del Estado Peruano violatorias del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, que incluyeron asuntos relacionados con estos temas tributarios.
El origen de la controversia
La controversia entre Telefónica y la SUNAT se origina en ingresos que la empresa, aseguran, nunca percibió en los años 1998, 2000 y 2001. Años después, a raíz de un proceso de fiscalización, la SUNAT objetó deducciones de gastos, lo que llevó a la compañía a aceptar y pagar una parte de ellas.
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