La Corte Constitucional de Colombia jugará un papel fundamental en la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en el país, dado que la ley 2273 de 2022, por la cual el Congreso aprobó este tratado internacional ambiental, pende de su aprobación.
Es de destacar que, al ser el Acuerdo de Escazú un tratado que busca fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, su implementación en Colombia ha generado un amplio interés en diversos sectores incluyendo el gubernamental, académico y de control.
En este contexto, la Corte ha convocado una audiencia pública para el 26 de abril, buscando examinar la relación del acuerdo con principios fundamentales como la seguridad jurídica y la soberanía nacional.
Durante la audiencia, programada para realizarse de forma presencial en el Palacio de Justicia a partir de las 8:30 de la mañana , se analizarán cuestiones cruciales como el impacto potencial del acuerdo en las competencias estatales respecto a la toma de decisiones ambientales y su efecto en la gobernanza ambiental y la protección de los derechos humanos.
"¿De qué manera la actividad que desarrollan los organismos creados por el Acuerdo de Escazú (Conferencia de Partes y Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento) fortalece o pone en riesgo las competencias que tiene el Estado colombiano?", es una de las preguntas clave que abordará la Corte, reflejando la importancia de equilibrar las oportunidades que ofrece el acuerdo con las preocupaciones nacionales.
De hecho organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia citada por la Corte Constitucional sea la semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (COPE) del Acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.
Estas dos citas estaban "agendadas desde principio de año" y se cruzan con la audiencia de la Corte, que "congrega al mismo público y que no podrá participar", denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia.
También intervendrán "posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica", le dijo a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Ministerio de Hacienda han argumentado que la implementación del Acuerdo no requiere de consultas previas con las comunidades indígenas ni de análisis de impacto fiscal, teniendo en cuenta una carta de septiembre de 2020 de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas expresando su acuerdo. Esta postura, sin embargo, no es unánime entre los participantes de la revisión, destacando la relevancia de tales análisis para un debate informado sobre el Acuerdo de Escazú, especialmente luego de que la Corte haya invalidado tratados en el pasado por la falta de este tipo de consideraciones.
"¿Qué oportunidades ofrece el Acuerdo de Escazú para fortalecer la gobernanza ambiental y la protección de los derechos humanos en Colombia, y cómo pueden equilibrarse estas oportunidades con las preocupaciones sobre la soberanía nacional y la seguridad jurídica?", interrogó la Corte, subrayando la necesidad de un balance entre los beneficios del acuerdo y las prerrogativas estatales. La Procuraduría ha manifestado su apoyo a la ratificación de la ley, argumentando que no se observaron vicios de trámite en el proceso legislativo, un punto crucial para la eventual implementación del tratado en el marco legal colombiano.