"Vistos los artículos 92.bis y 130 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como las demás normas de general y especial aplicación, y teniendo en cuenta que el titular del puesto de trabajo de Interventor General Municipal fue nombrado por concurso, cabe entender que no procede la tramitación de un expediente de cese por parte del Concello de Ourense ni, por ello, ha de emitirse informe a la solicitud remitida por la Entidad local", señalaba el informe de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, ante el expediente de cese que inició mediante providencia el regidor del Concello de Ourense, Gonzalo Jácome. Pues ni los argumentos legales del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda sirvieron para evitar que el regidor cesara al interventor municipal.
Este viernes se firmaba la remoción de Gonzalo Alonso, como interventor municipal del Concello de Ourense, y se le trasladaba a la Concellería de Facenda, concretamente como jefe del órgano de gestión tributaria. Una medida única a nivel estatal, ya que como se citó anteriormente la regulación normativa no contempla el cese de los interventores que ganaron su plaza por concurso.
Tras la apertura del expediente de cese, el interventor alegó una serie de actitudes de "acoso laboral" que llevó a la justicia y que el Concello de oficio abrió el protocolo de prevención, sin tomar ninguna medida después de tres meses, cuando el propio protocolo establece 10 días.
Jácome cumple así su segunda amenaza a un funcionario municipal de habilitación nacional, después de cesar a la tesorera del Concello y nombrarla viceinterventora. El cese del interventor municipal se produce en un contexto de "acoso laboral" denunciado por el funcionario desde el punto de vista "público, desde redes sociales y jurídico" y que está judicializado en el Juzgado de lo Social Nº3 de Ourense.
Reacciones de la oposición
El principal partido de la oposición, el PP, denuncia que "es inadmisible que el alcalde cese al interventor, y que lo haga, además, cuando el Concello atraviesa un colapso económico y se están desmantelando servicios". Y dicen que "seguiremos defendiendo a los trabajadores públicos que ejercen sus derechos en defensa de sus funciones y su persona, ante una actitud dictadora".
Por su parte, el PSOE sostiene que "se trata de otra maniobra de distracción, ante el estado crítico de los servicios sociales y la situación extrema de la inestabilidad presupuestaria que no garantiza, ni siquiera, poder abonar las nóminas de las trabajadoras públicas durante el presente año lo que hace es desviar la atención hacia el funcionariado y hacia los responsables de la fiscalización a la labor de gobierno que encabeza". Y añaden que "no podemos más que rechazar la manera del regidor ourensano y pedimos que toma el timón de este ejecutivo, gestionado por DO S.L., que lo único que intenta es demonizar a los empleados públicos".
Los representantes del BNG arguyen que el objetivo de Jácome "es poder tirar hacia delante sin nadie que cuestione lo que se hace, se pretende tapar la grave situación económica en la que se encuentra a día de hoy el Concello, consecuencia de una nefasta gestión a lo largo de los últimos cinco años con PP y DO, bien sea junto o separadamente gobernando el Concello". Y finaliza diciendo que "no quieren que nadie alerte sobre los continuos incumplimientos de los procedimientos y de la legalidad que debe regir una administración pública, ya que el alcalde, a menudo, piensa que gestionar el Concello es lo mismo que Jolper".
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