Pese a que el sistema de la seguridad social históricamente fue sinónimo de prestaciones de jubilaciones y pensiones, advierten que, en los últimos años, "abandonó su función esencial" de acompañar a la población que dejó la vida activa para "cubrir las necesidades básicas de gran parte de la población" y alertan que esto está provocando un "déficit crónico" en toda la estructura.
Así surgió de un reciente informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales (IDELAS) de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), en el que la entidad llevó adelante una radiografía del Sistema de la Seguridad Social argentino, con principal énfasis en la "distribución geográfica, relación con el total de la población y las altas netas en los últimos 13 años".
Según describe la Secretaría de Trabajo de la Nación, el mismo "está compuesto por una multiplicidad de regímenes que cubren una o más contingencias, instituciones u organismos que pueden administrar más de un régimen, leyes nacionales y provinciales que determinan diferentes ámbitos de aplicación, entre otras cuestiones, vinculados con la rama previsional, asignaciones familiares, desempleo y riesgos del trabajo".
En el caso específico del sistema previsional, asiste a poco más de 7 millones de beneficiarios, de los cuales 5,4 millones son jubilaciones y 1,6 millones pensiones.
Sin embargo, desde IDELAS afirmaron que, con "todas las coberturas que se fueron cargando a lo largo del nuevo siglo", como la "incorporación de adultos mayores por moratorias especiales y persistentes", la Asignación Universal por Hijo y subsidios por desempleo, entre otros, el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social fue "ganando participación sobre el gasto primario del Sector Público Nacional", elevándose en más de un tercio durante 2023, el último año de mandato de Alberto Fernández.
Esto tuvo lugar pese a "no contar con recursos propios, a través de aportes personales y contribuciones patronales sobre la nómina de personal asalariado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)", tal y como remarca el texto. Esto, por lo tanto, está provocando un "déficit crónico" que "impide honrar el compromiso legal de retribuir a los beneficiarios con el 82% móvil del ingreso que recibe en el presente un trabajador en una función similar al que tenía al fin de la vida activa".
Cabe remarcar que, en la actualidad, cinco de los siete millones de personas que forman parte del sistema previsional perciben el haber mínimo, de $171.283,31 en abril, número que apenas se elevará en mayo, para alcanzar los $190.141,60, más de $60.000 por debajo de la línea de la pobreza, según la medición de la Canasta Básica por parte del INDEC.
En este sentido, el informe 'puso la lupa' en la "sostenida incorporación al sistema, desde fines del 2005, de personas con aportes insuficientes, y en particular sin aportes y contribuciones de los empleadores, a través de moratorias especiales, las cuales en muchos casos se han convertido en permanentes".
Tal y como resaltan los datos divulgados por la entidad, sobre un total de 7 millones de jubilados y pensionados, poco menos de 3 millones ingresaron al sistema "por la vía natural de haber cumplido con los años de aportes y edad mínima para el retiro", siendo este un 42,2% del total.
En consecuencia, más de 4 millones se incorporaron "a través de regímenes especiales, casi en su mayoría en condición de jubilado por tareas domésticas o de adulto mayor sin sustento monetario".
"El virtual estancamiento de la economía en más de una década, con alternancia de suba y baja del PBI agregado, provocó que la relación entre aportantes asalariados y beneficiarios previsionales se redujera a 1,81, desde un máximo de 2,63 en 2006, con 9,2 millones de trabajadores en el sector privado registrado en condición de asalariado y cuentapropista y más de 3,5 millones de puestos ocupados en el conjunto de la Administración Pública Nacional, provincial, y municipal", informó el documento.
En este contexto, la UCES sostuvo que estas políticas "llevaron a que el Sistema de la Seguridad Social abandonara la función esencial de ser caja de reparto de los fondos que percibe por aportes y contribuciones entre la población que dejó la vida activa, para también cubrir las necesidades de recursos monetarios de pobres e indigentes con programas asistenciales que se fueron instrumentando con carácter de emergencia pero que se transformaron en parte del presupuesto corriente y habitual de modo permanente, hasta el extremo de constituirse en un organismo financiero deficitario que, para equilibrar sus finanzas, debe recurrir al auxilio de la Administración Central".
A raíz de esto, se fue generando, enfatizó el texto, un "círculo vicioso" de "creciente necesidad de reasignación de nuevos impuestos para el sistema de la seguridad social que condujeron a "debilitar la capacidad de inversión productiva del sector privado", a "aumentar el peso del Estado como principal fuente creadora de empleos" e "incorporar beneficiarios del sistema previsional vía moratorias, al punto de alcanzar las altas netas una proporción varias veces superior a la de los ingresos netos".
Cabe remarcar que las moratorias previsionales, que comenzaron a tener vigencia a finales del 2005 pero cobraron singular impulso como política de inclusión social durante los gobiernos kirchneristas, es una herramienta que permitió que millones de personas sin posibilidades de jubilarse pudieran acceder a una pensión.
Esto se debió a que, en gran parte, los beneficiarios carecían de los requisitos legales necesarios para hacerlo, dado que o habían sido amas de casa y no se desempeñaron en el ámbito privado, una situación común hace no muchos años, o habían sido empleados en puestos de trabajo informales, donde sus empleadores, de manera ilegal, no cumplían con las obligaciones y responsabilidades patronales correspondientes.
Provincia por provincia: la distribución geográfica de los jubilados y pensionados de la Argentina
El mapa de distribución de jubilados y pensionados divulgado por IDELAS muestra una notable disparidad en relación con el total de la población.
Es que, de las 24 jurisdicciones, solo ocho tienen una proporción superior al promedio general de poco menos de 1 por cada casi 7 habitantes (15%). Ellas son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 24,2%
- Río Negro, con un 16,9%
- Mendoza, con un 16,8%
- La Pampa, con un 16,2%
- Santa Fe, con un 15,8%
- Córdoba, con un 15,5%
- Buenos Aires y San Juan, ambos con un 15,2%.
El resto, en cambio, están muy por debajo del promedio.
- Catamarca, con un 14,9%
- San Luis, con un 14,6%
- Entre Ríos, con un 14,1%
- Tucumán, con un 13,9%
- Jujuy, con un 13%
- Santiago del Estero, con un 12,5%
- La Rioja, con un 12,3%
- Salta, con un 11,9%
- Chubut, con un 11,6%
- Corrientes, con un 11,4%
- Neuquén, con un 10,5%
- Misiones, con un 10,1%
- Chaco, con un 9,7%
- Formosa, con un 8,5%
- Tierra del Fuego, con un 7,6%
- Santa Cruz, con un 6,6%.
Respecto a la cantidad, Buenos Aires es, con diferencia, la que más jubilados y pensionados tiene, con 2,7 millones. Le sigue, en segundo lugar, con una diferencia de casi dos millones de personas, CABA, con 744.772.
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