¿Hay una jugada secreta que aún sigue sin develarse? La postulación por parte del Poder Ejecutivo del juez Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia tiene perplejos, incluso, a sectores del propio oficialismo. Por más que le busquen la vuelta, no encuentran la forma de qué puedan avanzar los pliegos en el Senado, sobre todo el del polémico magistrado federal.
Se sabe que la nominación de Lijo cayó mal entre algunos senadores libertarios -el formoseño Francisco Paoltroni salió a criticar públicamente su nominación- y también entre aliados clave del PRO, como el cordobés Luis Juez.
Que los candidatos no sean del paladar de todos los miembros de la bancada de La Libertad Avanza, probablemente tenga sin demasiado cuidado a la Casa Rosada. Al final de cuentas, por ser oficialistas tienen pocas chances de mostrar autonomía, menos en un tema políticamente delicado. El problema es que con sus 7 senadores propios el Gobierno no puede hacer absolutamente nada.
Para la aprobación de los pliegos se necesitan dos tercios de los miembros de la Cámara alta, es decir el voto de 48 senadores. Hay especulaciones de que esa cifra puede eventualmente bajar debido a ausencias -se necesitan dos tercios de los presentes-, pero lo cierto es que en sesiones de este tenor son raros los faltazos.
Podría haber algún acuerdo para que se ausenten, solo para especular, dos senadores a los que les resulte indigerible votar a uno u otro postulante. Pero con 70 senadores presentes (es decir dos menos de los que integran la Cámara), se necesitarán 47 votos. El número siempre será demasiado alto.
La única forma que tiene el Gobierno de arrimarse a los 48 es con un acuerdo con el peronismo, que tiene la primera minoría con sus 33 senadores. Aun con un pacto con todo el resto de los bloques del Senado, el Gobierno igual necesitaría que al menos 9 senadores del PJ voten a favor de los pliegos.
Desde el mismo momento en que el Gobierno anunció las candidaturas de Lijo y García-Mansilla, corren fuertes versiones de que esa negociación con el peronismo ya existiría. Pero hay peros. Y lo advierten desde la propia bancada peronista.
El bloque no es un cuerpo homogéneo ni tiene un jefe indiscutido al que se obedece a ojos cerrados. Eso puede suceder con parte de los senadores alineados con Cristina Kirchner, que son alrededor de 13. Pero otros responden a gobernadores y el resto son prácticamente "cuentapropistas".
Ejemplos: ¿El tucumano Juan Manzur votaría lo que le indiquen de afuera? ¿Y el sanjuanino Sergio Uñac? Y la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, ¿votaría algo si en la negociación no participó su esposo, el poderoso gobernador Gerardo Zamora? No es lineal. Aunque no es senador ¿Sergio Massa, último candidato presidencial de UxP, no tendrá silla en esa discusión?
"A mí nadie me dijo nada"
Ya de antes de las nominaciones de los dos candidatos, en el Partido Justicialista habían empezado a discutir la cuestión del liderazgo de sus bloques en ambas cámaras del Congreso. En el arranque de la reorganización del partido -recientemente se sacaron de encima a Alberto Fernández de la presidencia partidaria- apunta a alinear los bloques de Diputados y el Senado con la conducción política del PJ.
En el bloque peronista del Senado dicen que la decisión de qué hacer con Lijo y García-Mansilla se tomará puertas adentro -es decir, de manera horizontal- y que nadie intentó hasta ahora dar ninguna directiva desde afuera. Ante consultas de sus pares, el jefe del interbloque Unidad Ciudadana, José Mayans, responde lo mismo: "A mí nadie me dijo nada"
Cerca de Cristina Kirchner se desentienden de las versiones de que la ex presidenta estaba al tanto de antemano de la nominación de Lijo, lo que indicaría alguna negociación.
"Hay que ser responsable ante la designación de un cargo tan importante. Los rumores que hay son eso. Rumores", dijeron fuentes cercanas a CFK. Y cerraron al estilo de la ex presidenta: "No comments".
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, negó recientemente una versión periodística que insinuaba que existiría "un pacto de impunidad" entre Javier Milei y la ex presidenta para nombrar a Lijo en la Corte.
Ahí surge entonces la duda de si el Gobierno avanzó en alguna negociación con un sector del peronismo y que eso lo llevó a anunciar las candidaturas. Si es así, habría impericia política: los operadores políticos del Presidente aún deberán acordar con muchos más espacios, justo varios que muestran rechazo por el pliego de Lijo.
Hay sobre la mesa de esa eventual negociación algo más. En el peronismo dicen que los asientos en la Corte podrían ser parte de una conversación más amplia, en la que podrían estar la designación de un nuevo procurador de la Nación -desde 2017 Eduardo Casal ocupa el cargo de manera interina- y del Defensor del Pueblo, vacante desde 2009.
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