Al finalizar el año, alrededor de 4.200 millones de personas, más del 50% de la población mundial, habrá elegido en las urnas nuevos gobernantes. Es un acontecimiento sin antecedentes que involucra a varias decenas de países, entre los cuales se destacan las elecciones presidenciales en la más antigua democracia representativa, Estados Unidos de Norteamérica; la nación más poblada, la India, y el país hispanoparlante con mayor población, México.
A pesar de este dato auspicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial apenas algo más de una docena de países tenían gobernantes elegidos por sus ciudadanos, el auge electoral debe ser considerado en el marco de claras evidencias de un contexto, global y generalizado, de asedio a las democracias.
Ese estado de democracias acosadas tiene en la insatisfacción de vastos sectores frente a la situación socioeconómica, acelerada con la crisis financiera de la primera década del siglo y reforzada por la pandemia, una causa fundamental. Además, las debilidades de la gobernanza global y las limitaciones de los Estados Nación en la presente etapa de la globalización no favorecen un camino de atención efectiva de las demandas sociales.
Los distintos y recientes de distintos relevamientos que intentan captar el estado de la opinión pública, tanto globales como los específicos de América Latina, son todos coincidentes en el reconocimiento del deterioro en la percepción social sobre la legitimidad y mérito de la democracia.
De acuerdo al reporte anual del semanario The Economist el indicador democrático es el peor desde que se inició la medición en 2006 y solo 43 de las más de 70 elecciones del año serán totalmente libres y verificables. Por su parte, Freedom House, institución creada en 1941 en el marco de la lucha global contra el fascismo, señaló en el último informe anual que releva más de 200 países y territorios que llevamos 18 años consecutivos de declinación en los derechos políticos y libertades civiles. Además, remarca que las manipulaciones electorales empeoran el indicador sobre la libertad en 26 países.
Del mismo modo, V Dem, un instituto con soporte académico en los cinco continentes que mide 600 atributos de la democracia con un enfoque multidimensional e histórico, observa un deterioro creciente y registra un retroceso a los niveles de 1986. En sus trabajos concluye que, en el mundo, las personas que viven bajo autocracia son clara mayoría y que esa diferencia se amplía año tras año.
En similar tono, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral ( Idea) registró que 2022 fue el sexto año consecutivo en el que la retracción de los indicadores analizados superaron a los avances. De las cuatro categorías desarrolladas ( derechos, estado de derecho, representación y participación) sólo una, "participación", tiene una mejora.
El estudio del World Justice Project, que enfocado en el imperio de la ley consulta expertos y encuesta hogares en 142 países cubriendo 95 % de la población mundial, indica una declinación en el estado de derecho durante el último año que alcanza a más de 6.000 millones de personas.
En nuestra región se replica la tendencia observada a nivel global. The Economist, marcó el octavo año consecutivo de declive y, actualmente, son solo dos los países considerados democracias plenas: Uruguay y Costa Rica. Para Freedom House, ningún país mejora en América Latina y, por el contrario, se registra una caída en nueve países de la región. El único relevamiento global que muestra una recuperación en la región es el elaborado por V- Dem ya que mejora verificada en Brasil impacta en la media regional.
Latinobarómetro, que desde 1995 estudia las percepciones sociales en la región con una metodología homogénea lleva realizadas más de 473000 entrevistas en 18 países, registra el inicio del declive democrático en 2008, con la finalización del quinquenio económico virtuoso, resultado que reflejó una mejora en el diseño y la implementación de la política macroeconómica, pero también un contexto internacional excepcionalmente bueno por el incremento generalizado del precio de los "commodities".
Ese deterioro de la percepción social se expresa en que el apoyo a la democracia hoy es del 48%, 15 puntos porcentuales menos en relación al 2010; la indiferencia sobre el sistema político es de 28%, 16 puntos porcentuales más que en 2010 y; el porcentaje de quienes prefieren el autoritarismo es de 17%, 2 puntos porcentuales demás que en 2010.
La combinación de crisis económica y deficiente provisión de bienes públicos provoca una desilusión que se expresa en la existencia de más ciudadanos insatisfechos, 69%, que los que apoyan la democracia, 48%.
Este verdadero clima de época ayuda a entender la realidad política regional, caracterizada por una fatiga democrática pero no puede inducirnos a la resignación frente a sociedades enojadas con la democracia ni tampoco a la simplificación de asociar ese enojo con rasgos culturales inmodificables. Ese escenario de ciudadanos con una sensación de mayor desconfianza frente a la democracia y sus beneficios tiene dos lecturas complementarias y exige, por cierto, acciones consistentes.
La primera, de naturaleza institucional. Frente a los déficits de representación debemos activar cambios que aseguren integridad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos. También, impulsar mejoras sustantivas en el funcionamiento del sistema político que asegure la plena vigencia del estado de derecho.
La segunda, de índole estructural. Diseñar e implementar políticas públicas eficaces que permitan desactivar el triángulo vicioso de pobreza y desigualdad, violencia y corrupción, y deterioro institucional que, al retroalimentarse, impiden salir del atraso y el estancamiento. w
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