Iván Gil
"Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro". El Ejecutivo no rehúye de la confrontación directa con el PP por el caso Koldo, respondiendo a la comisión de investigación del Senado con la amenaza de citar a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso, pero también trata de desviar el foco. El recurso a golpes de efecto a través de anuncios para poner en valor que frente al ruido priorizan una agenda "de transformación". En el arranque de la pasada semana, con el anuncio de que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional y a instancias internacionales los planes de concordia por parte de ejecutivos regionales de PP y Vox para proteger la ley de memoria democrática. En el inicio de esta, coincidiendo con el debate del informe contra la ley de amnistía del Senado, con el anuncio de una medida no prevista ni en el plan anual normativo ni el programa de coalición: la eliminación de la denominada "Golden Visa" que permite acceder a los permisos de residencia a través de inversiones inmobiliarias.
El Gobierno busca retomar la iniciativa para sortear la presión del PP por la trama de corrupción durante la pandemia con epicentro en el ministerio de Transportes y el cerco a la esposa del presidente del Gobierno por el rescate a Air Europa. Con las encuestas en contra y un contexto de debilidad en pleno ciclo electoral, Sánchez busca reorientar la agenda con asuntos que ya marcaron la estrategia de las pasadas elecciones generales del PSOE.
La batalla cultural, por un lado, erigiéndose como muro de contención frente a lo que consideran "cesiones" del PP a Vox. De ahí la contraonfensiva con el marcaje a los gobiernos autonómicos que pretenden derogar leyes de memoria democrática y la improvisación de una visita el pasado jueves, no incluida en la agenda pero posteriormente publicitada, al laboratorio forense del valle de Cuelgamuros.
La otra pata es la vivienda, con el inicio del proceso en el Consejo de Ministros para reformar la ley aprobada por el PP en 2013 que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. También para sorpresa de los socios de coalición, que ya en la legislatura pasada reclamaron esta medida, pero no lograron pactarla con el PSOE en el programa de gobierno. Incluso algún ministro socialista no estaba informado de la iniciativa. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", defendió el presidente del Ejecutivo para justificar la eliminación de la concesión de la llamada 'Golden Visa'.
La medida promovida por los populares en el contexto de la crisis financiera ya redujo su impacto cuando se vetó para los ciudadanos rusos, en el marco de las sanciones europeas por la guerra de Ucrania. Los inversores procedentes de Rusia eran hasta su veto, junto a los chinos, los que copaban la mayoría de autorizaciones por esta vía.
La eliminación de estos visados, según el sector y los expertos, no afectará apenas al mercado hipotecario. La mayoría de compras se hacían sin financiación ajena o de bancos españoles. Asimismo, vaticinan que limitará su impacto en los precios de las viviendas más caras. Mientras tanto, el Gobierno ha sacado de su agenda legislativa en materia vivienda el freno a los pisos turísticos. A pesar de ser una de las medidas incluidas en el programa de coalición con Sumar, la regulación de este tipo de alojamientos se quedará aparcada. El ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ya dejó fuera del plan anual normativo para 2024 las actuaciones.
Iniciativa limitada por los socios
Sumar intentó negociarla en el marco de los Presupuestos, pero con su prórroga los socialistas han evitado asumir este compromiso a corto plazo. De hecho, ya la rechazaron durante la negociación de la ley de vivienda y no la incorporaron a su programa electoral de las elecciones generales. Desde el PSOE cuestionan el margen para legislar en este sentido por las competencias autonómicas y, sobre todo, de los ayuntamientos. Además, el Gobierno tiene la limitación de sus socios de investidura, con posiciones diferencias y a quienes necesita en su totalidad para sacar adelante sus medidas.
Precisamente, el Gobierno ya moderó la carga ideológica de las leyes previstas en su plan normativo para atar el apoyo de Junts y PNV. La aritmética parlamentaria obliga a los equilibrios entre los socios de investidura más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts, PNV y CC). Frente a la hiperactividad legislativa de otros ejercicios, el Gobierno limita los riesgos en su último plan anual. Leyes pensadas "para generar un amplio consenso" entre sus socios.
Palestiona y agenda internacional
El margen para retomar la iniciativa a través de medidas es mínimo. No solo por la necesidad de descafeinar las medidas para no romper el bloque de investidura, sino también por el ciclo electoral y la prórroga de los Presupuestos. El desarrollo de la hoja de ruta del Gobierno para el primer año de esta legislatura, además, queda al albur de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. De que ERC y Junts mantengan sus estrategias en el Congreso. Si tras el próximo 12 de mayo conservan los incentivos suficientes para seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez en función de sus resultados y los pactos postelectorales.
El reconocimiento del Estado de Palestina es otro de los asuntos que el Gobierno más está alimentando. Un asunto que centró la gira de Pedro Sánchez a Oriente Medio la pasada semana y del que volverá a dar cuenta en el Congreso este miércoles en el marco de su comparecencia a petición propia para informar del último Consejo Europeo. Palestina, agenda internacional, batalla cultural contra la derecha y ultraderecha y medidas en materia de vivienda son los asuntos con los que el Gobierno trata de redoblar los golpes de efecto para recuperar el pulso.
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TRIBUNALES
PALESTINA, VIVIENDA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA