El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con representantes de las empresas productoras de gas y generadoras de electricidad para tratar de resolver el pago de la deuda acumulada a través de la administradora de la energía eléctrica mayorista Cammesa por lo consumido entre diciembre y febrero.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) lleva tres meses sin pagarle a las compañías.
El funcionario ofreció bonos, uno en dólares y otro, en pesos, atado al tipo de cambio oficial, que sería equivalente a $600.000 millones con todo el sector, pero los empresarios estiman que el monto adeudado equivalente a u$s2.000 millones.
En el encuentro, el ministro les recordó que el actual gobierno de Javier Milei se hizo cargo con fondos del ejercicio 2024 de las transacciones impagas de Cammesa de octubre y noviembre 2023, correspondientes en su totalidad a la administración de Alberto Fernández.
"Dado el esfuerzo presupuestario ya realizado para cancelar múltiples deudas del gobierno anterior, se presentó hoy una propuesta para cancelar las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024 mediante la entrega de títulos públicos por un monto aproximado de $600.000 millones de valor nominal", expresaron desde el Palacio de Hacienda.
Además, se les comunicó que, a partir de febrero, los flujos están siendo normalizados. Participaron de la reunión el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; los asesores del Ministerio de Economía Diego Adúriz, Martín Vauthier y Nicole Daltroy; y representantes de Cammesa, YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, Total Energies, CGC, Pan Energy, Pampa Energía, AES Corporation, Central Puerto y Grupo Capsa, entre otros.
La deuda de Cammesa
Cammesa es una sociedad mixta integrada en partes iguales (20% cada una) entre la Secretaría de Energía, las generadoras eléctricas, las transportistas, las distribuidoras y los grandes usuarios.
El Poder Ejecutivo debe cubrir con transferencias la diferencia que hay entre el costo de generación de la energía y el que pagan efectivamente los usuarios. Esos envíos se direccionan a Cammesa, que administra el suministro mayorista eléctrico y con las productoras de gas, a través de programas de subsidio como el Plan Gas.
Opera como un intermediario administrativo y financiero: compra el gas a las petroleras y las importaciones que realiza Energía Argentina (Enarsa); lo revende a las generadoras, que lo utilizan para producir la electricidad; le vuelve a comprar la energía térmica y de otras fuentes a esas mismas generadoras y revende la electricidad a las distribuidoras.
Además obtiene sus fuentes de ingresos por dos lados. Primero, con el pago de la energía que compran las distribuidoras -tarifas de los usuarios- pero también de los subsidios que aporta el Estado nacional.
Economía decidió dejar de pagar los subsidios para equilibrar las cuentas públicas. Y las distribuidoras de todo el país hasta marzo no tenían las tarifas que declaraban necesitar para hacer frente a sus costos, por lo que acumularon deudas con Cammesa por $922.298 millones.
Estos pasivos se van acumulando y ponen presión sobre las cuentas fiscales del Estado nacional, que puede abultar la cuenta de deuda flotante –es decir, los pagos atrasados y que consta de la diferencia entre los gastos devengados y los que son efectivamente pagados–, lo que implicaría un compromiso que en algún momento del año tiene que saldar.
El corte casi total de transferencias a Cammesa comenzó a tensionar el mercado energético, que empezó a temer un corte en la cadena de pagos. Transener, cuyo principal accionista es el Estado Nacional, había anticipado en marzo que analizaba reclamos administrativos y judiciales para perseguir el cobro de esas deudas que reclaman a Cammesa.