El Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ha absuelto al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y al diputado autonómico Mario Cabrera, ambos de Coalición Canaria (CC), de las irregularidades que les atribuía la Fiscalía en una serie de contrataciones realizadas por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF).
En este juicio, tanto Miranda como Cabrera se enfrentaban a una solicitud de condena de diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, ya que el Ministerio Fiscal consideraba que los dos habían cometido un delito de prevaricación.
Los hechos que se juzgaban en este procedimiento se remontan al período 2007-2015, durante el segundo y el tercer mandatos como presidente del Cabildo de Fuerteventura de Mario Cabrera, quien, a su vez, tuvo a Manuel Miranda en esa época como consejero insular de Aguas.
Acusados de prevaricación
La Fiscalía sostenía que tanto Mario Cabrera como Manuel Miranda habían cometido prevaricación por cómo el CAAF contrataba excavadoras y camiones cuba cada vez que tenía que afrontar una reparación de emergencia o un transporte de agua para limitar los efectos de un corte en el suministro regular.
El Ministerio Público planteaba la sospecha de que Cabrera había llegado algún tipo de acuerdo con una cooperativa que privilegiaba a sus socios en la contratación de esos servicios, pero la jueza considera suficientemente probado que el CAAF contrató tanto a cooperativistas como a no cooperativistas. También subraya que no hay constancia «de que ningún transportista resultase perjudicado», ni de que se dañase el interés general.
En una sentencia a que ha tenido acceso Efe, la magistrada concluye que el sistema de contratación de ese tipo de trabajos de emergencia por parte del CAAF mientras Cabrera presidía esa sociedad pública «en todo caso buscaba la eficiencia en la prestación de servicios y no evitar o eludir el procedimiento de contratación ni los principios de publicidad y concurrencia». La jueza entiende que la acusación que planteaba la Fiscalía «parte de una ficción»: entender que había un único contrato real del CAAF con la Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura y que luego los socios de esta presentaban facturas cada mes «a fin de fraccionar el contrato y eludir la normativa de contratación».
«Nada de eso se ha acreditado», añade la titular del Juzgado, que ni ve irregularidades en el procedimiento, ni menos aún pruebas de que tanto Mario Cabrera como Manuel Miranda cometieran con ello delito alguno.
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