Por Eduardo Almaguer Ureña / @parlante_común
Ante una situación de profunda violencia e inseguridad en el país a consecuencia de un proceso histórico de múltiples factores acumulados el actual gobierno, como hemos podido ser testigos, ha posicionado como acción prioritaria, estratégica y necesaria el uso de las fuerzas armadas en todas sus variantes en un aparente proceso de militarización de la seguridad pública.
Como respuesta, diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores sociales y especialistas, durante todo el sexenio han venido manifestando una oposición ante esta estrategia o proceso de militarización, argumentando que, en resumen, es un gran riesgo, porque puede terminar por oprimir a quién está protegiendo y violentar el respeto a los derechos humanos.
Como contrapropuesta a lo hecho por el gobierno federal, estos mismos sectores sociales, han promovido, durante estos años, una política de gobierno enfocada en el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; así también, del Poder Judicial para una efectiva Impartición de Justicia. Esta misma propuesta acepta la necesidad del involucramiento de las fuerzas armadas, considerando la crisis actual, pero esta debe ser complementaria, temporal y supervisada por órganos civiles.
A este posicionamiento, también se han sumado gobiernos locales y representantes parlamentarios emanados de partidos políticos de oposición. Lo preocupante y lamentable es que, contradictorio a su discurso, en la realidad y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, los gobiernos locales, en su mayoría, no han fortalecido sus corporaciones policiacas. Ejemplo de lo anterior es que no cuentan ni con 1 policía por cada mil habitantes y el promedio de Desarrollo Policial de las corporaciones locales está muy por debajo de en todas su dimensiones, de acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE, 2023) y el Índice de Transparencia Policial (INTRAPOL, 2022) correspondientemente.
Entre las entidades que han tenido un posicionamiento abiertamente opuesto a la militarización y a favor del fortalecimiento de las policías son Chihuahua, Guanajuato y Jalisco; sin embargo, son de las entidades que más elementos de la Guardia Nacional tienen y menos estado de fuerza policial registran.
Un ejemplo concreto de esta situación es Jalisco, que es uno de los estados con mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional, en 2022 contaba con 4,500 y en diciembre de 2023 se registraron un poco más de 7 mil elementos de acuerdo al Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización. En contraste, su estado de fuerza policial es de 0.3 policías por cada 1,000 habitantes, es decir 2,483 policías para una población de más de 8 millones 600 mil personas. Además, el Índice de Desarrollo Policial colocó a Jalisco en el doceavo lugar con una calificación de -40. Por otro lado, el presupuesto asignado de 2022 a 2023 se redujo en 100 millones de pesos.
En el caso de la Procuración de Justicia, Jalisco cuenta con un 99.5 % de impunidad, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción (2023); casi 400 mil carpetas de investigación pendientes que lo posicionan en segundo lugar a nivel nacional; y aproximadamente 37 mil órdenes de aprehensión pendientes (CNSPE, 2023). En 2017 se tenían 2,672 policías investigadores; actualmente se cuenta con 1,452 elementos. Lo anterior implica que en 6 años se redujo el Estado de Fuerza en 1,220 elementos; por eso, a cada policía investigador le corresponden más de 270 carpetas de investigación.
Esto nos debe servir para entender que la crisis de seguridad no solo depende de las malas o buenas decisiones del gobierno federal; sino también de la acción o inacción de los gobiernos locales. En ese sentido, es importante mencionar que, para precisar una desmilitarización, los gobiernos locales podrían hacer más que mencionarlo en un discurso y generar condiciones locales positivas que promuevan con hechos una desmilitarización de la seguridad pública. Hay que continuar exigiéndole a nuestro gobierno federal que no haya una militarización de la seguridad pública, pero también es necesario y urgente exigirles a nuestros gobiernos locales que prediquen con el ejemplo.