El absentismo del sector público es más costoso y de mayor duración y tiene una mayor incidencia que en el ámbito privado. De hecho, las indemnizaciones por cada día de baja ascienden a 50 euros en los funcionarios frente a 41 euros para el resto de asalariados, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat). Esta alta incidencia de las bajas ahonda en la menor productividad del sector público frente al privado.
Pero eso no quiere decir que el absentismo sea un problema exclusivo de la administración. Todas la economía en su conjunto sufre esta lacra que durante años ha sido banalizada, hasta el punto de disfrutar incluso de cierta permisividad en algunos sectores. Ello pese a la elevada factura que supone tanto para las arcas públicas como para las empresas. Tanto es así que estas ausencias generaron un coste de 14.000 millones para la Seguridad Social en 2023.
Asimismo, el absentismo provocó pérdidas superiores a 12.200 millones en las empresas el pasado año en cotizaciones sociales, más el impacto negativo que supone para la productividad. Ante la magnitud de estas cifras, la Seguridad Social destinó en 2022 una partida de 315 millones, de la que participaron las autonomías, para dotar de más medios a las inspecciones. Una iniciativa adecuada, aunque insuficiente a tenor de la tendencia al alza que mantienen las ausencias.
De hecho, la factura del absentismo ha crecido un 74% en cinco años, hasta 25.300 millones, según Amat. Urge atajar este problema. Con ese fin, es perentorio poner en marcha el pacto firmado por los sindicatos y las patronales en el último acuerdo salarial por el que las Mutuas adscritas a la Seguridad Social pasarán a gestionar las bajas laborales, y no los médicos de cabecera, como ocurre hasta ahora.