La Audiencia Provincial de Madrid era el órgano judicial encargado de sustanciar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Inversión Hogar y varias acreedoras contra el Banco Santander. En este procedimiento se reclama a la entidad cántabra el pago de más de 260 millones de euros por daños y perjuicios.
El pasado 5 de marzo se celebró la vista de apelación. Sin embargo, sorprendió que en un caso tan complejo la Audiencia Provincial ya hubiera dictado sentencia del día 7 del mismo mes, desestimando los recursos que el Consorcio de Compensación de Seguros, URCANSA e Inversión Hogar habían interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid que desestimó las demandas sin resolver la solicitud de nulidad del contrato objeto del pleito, según se indica en los distintos recursos.
Diario16 ha tenido conocimiento de que las apelantes han solicitado aclaración de la sentencia porque consideran que no resuelve todas las cuestiones planteadas en sus recursos, Además de, según indican las fuentes consultadas, «omitir de forma inexplicable la prueba practicada y los actos propios del Banco Santander que son tan claros que obligarían a condenar al banco, al haber reconocido éste la finalidad del contrato que sería la causante de su nulidad y por haber cobrado su crédito de forma privilegiada, ilícita y en perjuicio de los demás acreedores de la suspensión de pagos, despatrimonializando por completo a Inversión Hogar quedándose con todos sus bienes con presunto enriquecimiento injusto, dolo, coacción y engaño».
Las recurrentes afirman en sus escritos que la sentencia contradice y cercena lo que, en un proceso anterior, declaró la sentencia del Tribunal Supremo y que, según defienden las demandantes, apuntaría la nulidad del contrato objeto del pleito. Este es el motivo por el que, siguiendo las sugerencias del propio Supremo, se decidieron a demandar al Banco Santander pidiendo la nulidad del contrato y la restitución de los daños y perjuicios que se habrían producido por la presunta apropiación ilegítima e ilícita por la entidad santanderina de los bienes de la promotora inmobiliaria Inversión Hogar.
Además, se plantea que, si los hechos fueran como dice la sentencia, en las escrituras de transmisión de diferentes fincas al Banco Santander se habría falseado la finalidad del contrato, por lo que la transmisión sería nula y los acreedores se verían obligados, una vez más, tras 30 años de litigios, a formular una nueva reclamación instando la nulidad de las escrituras de transmisión de las fincas.
Según señalan a Diario16 fuentes conocedoras del caso, Inversión Hogar habría pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se le expidan testimonios de las actuaciones para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la justicia y para formular querella por un presunto delito de prevaricación por las irregularidades que consideran acontecidas en la tramitación de la apelación y la sentencia del recurso.
Pero el escándalo se ha destapado en estos días cuando Inversión Hogar ha formulado una nueva recusación de magistrados de la apelación y la enésima denuncia al CGPJ al considerar que el ponente del recurso, el magistrado Agustín Gómez Salcedo, no debería haber dictado la sentencia porque, según la recusación, debió haberse abstenido, conforme ordenan la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), al ser el accionista nº 12666621 del Banco Santander y haber delegado su representación en las juntas generales de los años 2023 y 2024 en la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.
Según la recusación presentada por Inversión Hogar, su abogado Eduardo Martín-Duarte y también accionista del banco, habría realizado una declaración jurada de haber constatado en la última junta del Santander que en la lista de accionistas figuraba una persona que responde al nombre de Agustín Gómez Salcedo que sería titular de 7.803 acciones y habría delegado su representación en Ana Patricia Botín para la junta del Banco Santander celebrada el pasado 22 de marzo de 2024 y dispondría de información adicional, facilitada por el propio banco, de que el Sr. Gómez Salcedo también habría delegado en la presidenta del Santander en la junta de 2023.
Conforme al escrito presentado, ese accionista sería el magistrado Gómez Salcedo de la Audiencia Provincial de Madrid. Para ratificar ese hecho Inversión Hogar habría solicitado que la Audiencia Provincial oficie al INE, a la Oficina del Censo Electoral, al propio Banco Santander y al notario interviniente en las juntas, Gonzalo Sauca Polanco.
Las delegaciones de las acciones de Gómez Salcedo en la presidenta del Banco Santander, como se afirma en el escrito, se habrían producido en los años 2023 y 2024 mientras, paralelamente, se estaba tramitando el recurso de apelación y, además, la sentencia de apelación del 7 de marzo se habría dictado de manera simultánea a la delegación de la representación de las acciones para la junta del pasado 22 de marzo.
Inversión Hogar mantiene que el magistrado habría ocultado su presunta condición de accionista del Banco Santander pese a haber sido recusado previamente en dos ocasiones más, lo que agravaría su conducta. Diario 16 ha tenido conocimiento de que todos los magistrados que han compuesto la Sala en el recurso han sido recusados en distintas ocasiones por diferentes motivos sin que ninguna haya sido tramitada, siendo inadmitidas por los propios magistrados recusados y sin haber practicado las pruebas que Inversión Hogar solicitaba para demostrar los motivos de sus ocho recusaciones anteriores. También manifiesta que el Banco Santander habría ocultado la condición de accionista del magistrado ponente.
El recurso de apelación correspondió inicialmente, como sección especializada en materia concursal, a la Sección 28 de la Audiencia Provincial que declinó su competencia pocos días antes de la votación y fallo a comienzos del año 2019.
La recusación expone que, si la Audiencia Provincial hubiese estimado los recursos de apelación, se habría producido un grave perjuicio económico y reputacional para el Banco Santander al demostrarse, tras 30 años de juicios, que el banco presuntamente habría provocado la suspensión de pagos de Inversión Hogar, habiéndose supuestamente aprovechado de la misma y perjudicado a infinidad de acreedores.
Ante estas graves repercusiones para el Banco Santander, Inversión Hogar entiende que el magistrado Gómez Salcedo, de ser accionista del banco, debería haberse abstenido por conflicto de interés e interés directo en la causa, además de por motivos de la apariencia de imparcialidad de los tribunales.
La causa de recusación se produciría por el conflicto de interés en el juez Agustín Gómez Salcedo al no poder resolver un recurso de apelación en el que una de las partes es el banco del que es accionista.
Esta actuación del magistrado Gómez Salcedo provocaría, según se indica en la recusación, un incumplimiento de la debida imparcialidad que deben respetar todos los jueces, produciendo la nulidad de la sentencia y pudiendo constituir una falta muy grave sancionable por el CGPJ al haber inobservado el deber de abstención que prevén la LEC y la LOPJ.
El escrito de recusación hace un repaso al historial del Banco Santander con la justicia española, a la que presumirían manejar y no perder ningún juicio en España, mencionando las grabaciones de las que dispondría el banquero italiano Andrea Orcel y las que se hicieron públicas sobre el abogado lobista del banco, Manuel Medina González, en las que presumía de haber mediado para conseguir la absolución de los miembros de la familia Botín en el caso por el fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Ginebra, que el juez Fernando Andreu Merelles sobreseyó gracias, según las manifestaciones de éste que aparecen en las grabaciones captadas por el excomisario Villarejo, a la mediación de Manuel Medina.
También se hace un repaso a las encuestas del Eurobarometro que refieren la desconfianza de los ciudadanos españoles en la imparcialidad de los jueces españoles, que consideran reciben presiones de los poderes económicos, y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mencionando las sentencias que dicen que las apariencias son muy importantes por la trascendencia de la imagen que deben proyectar a los ciudadanos los tribunales en un Estado democrático.
Esta revelación podría tener graves repercusiones porque el magistrado Gómez Salcedo, con anterioridad a acceder a la Audiencia Provincial, era titular de un juzgado en el que se tramitan casi exclusivamente ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias que llevaban aparejados el desahucio de los clientes bancarios, y que podrían llegar a ser anuladas.
El magistrado, marido de la magistrada del Tribunal Supremo, Carmen Lamela Díaz, que habría sido calificado como el juez preferido de los bancos por varias asociaciones de afectados hipotecarios, fue ya denunciado en el año 2016 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esas mismas asociaciones.