La votación del referendo convocado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa para este domingo se inició con once preguntas a responder por la ciudadanía para reforzar la lucha contra el crimen organizado, atraer inversiones mediante el reconocimiento de arbitrajes internacionales e incentivar la creación de empleo con contratos temporales y por horas.
Desde las 7:00 hora local (8:00 horas en Chile) hasta las 17:00 hora local (18:00 en hora chilena) estarán abiertos los 4.322 centros de votación establecidos para esta cita con las urnas, a las que están convocados más de 13,6 millones de ecuatorianos, de los que más de 400.000 votan en el extranjero.
Esta votación será un punto de inflexión para Noboa, que se juega en ella la alta popularidad conseguida en los primeros meses de su mandato al haber elevado la lucha contra las bandas criminales a la categoría de "conflicto armado interno".
Durante el acto inaugural de la jornada, Noboa remarcó que este referéndum "marcará el rumbo del reto para afrontar al crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la creación de empleo".
"Hoy es nuestro momento de hacer historia, de marcar un antes y después", dijo Noboa, para quien "esta consulta recoge varias banderas políticas".
CRISIS EXTERNA E INTERNA
El referendo se celebra en uno de los momentos más delicados para Noboa en los cerca de cinco meses que lleva en el poder, con una crisis diplomática internacional por el asalto a la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas y con una crisis enérgetica interna con apagones de hasta ocho horas al día esta semana.
En caso de ganar el plebiscito, Noboa se verá reforzado con miras a las nuevas elecciones generales que se darán en menos de diez meses y donde el mandatario evalúa presentarse a la reelección, pero si pierde puede quedar debilitado para lo que resta de mandato, hasta mayo de 2025.
La violencia criminal también ha repuntado en la semana del referéndum con el asesinato de dos alcaldes en localidades rurales en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, actividad en la que también ha incursionado el crimen organizado, que tiene al narcotráfico como su principal negocio.
REFORMAS EN CONSTITUCIÓN
Entre las once preguntas hay cinco que implican cambios en la Constitución de 2008 aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), mientras que las seis restantes deben ser tramitadas a través de la Asamblea Nacional (Parlamento), en caso de recibir el respaldo de la población.
La mayoría plantean herramientas legales para reforzar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la ola de violencia que ha llevado al país a estar entre los primeros de Latinoamérica en homicidios, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Por ello, propone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada de manera permanente, y que sean los militares los que se encarguen de controlar los accesos a las cárceles, epicentro de esta crisis al haber estado dominadas hasta hace pocos por las bandas criminales, con grandes arsenales de armas en poder de estas.
EXTRADICIONES Y PENAS MÁS DURAS
También busca permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y elevar las penas de delitos relacionados con el crimen organizado, así como eliminar los beneficios penitenciarios para varias de estas figuras penales.
A ello se suma la propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que el armamento incautado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a policías y militares, además de agilizar el trámite de expropiación de bienes origen ilícito.
Otras cuestiones se centran en establecer un sistema de juzgados constitucionales, aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y permitir los contratos laborales por horas.
En Ecuador el voto es obligatorio para las personas de entre 18 y 65 años, mientras que es optativo para los adolescentes de entre 16 y 18 años y también para los mayores de 65 años, así como para los policías, militares y presos sin sentencia firme.