El fortalecimiento de la educación pública es una demanda que ha sido advertida por diversos expertos y organismos internacionales, desde hace más de una década (Bellei, González, Valenzuela, 2010; Treviño, 2017; OCDE, 2018). Y para hacer frente a este desafío, en 2017 se dio inicio a una reforma inédita, que ha buscado reconfigurar la gobernanza y mejorar los indicadores que, sostenidamente, habían venido decreciendo en la educación en manos de los municipios.
Así, la primera fase de implementación de la denominada Nueva Educación Pública (NEP), ha permitido que distintos territorios a lo largo del país cuenten con 15 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento. Como era de prever, dada la magnitud de la reforma, la implementación ha presentado resultados disímiles en los territorios en los que se ha puesto en marcha. Demoras en los procesos de instalación e inconvenientes en los traspasos han sido parte de las dificultades experimentadas en algunas localidades.
Los diagnósticos de los expertos han puesto en evidencia que el origen de las vicisitudes se asocia fundamentalmente a dos dimensiones: la primera, está vinculada a complejidades en la gobernanza y marcos institucionales; y, la segunda, deriva de la herencia de los problemas de administración de algunos municipios.
La dimensión asociada a la gobernanza, ha exhibido dificultades en la coordinación de actores e instituciones, además de ciertas limitaciones para gestionar los recursos, y para intervenir con celeridad en situaciones complejas y procesos claves. En esa línea, resulta importante resaltar que no se trata de problemas estructurales de gobernanza, sino de errores del diseño de los procesos de traspaso e instalación y que, como señaló el comité de expertos, pueden ser modificados a través de ajustes a la política.
A esta complejidad, se suma una frágil condición de la educación municipal y su gestión, que ha conllevado que algunos SLEP deban lidiar y resolver los problemas de sobredotación de personal, de infraestructura, de gestión pedagógica y falta de recursos, entre otros. En tal sentido, se puede sostener que parte de las complejidades de implementación de la NEP son derivados de los problemas de gestión interna de los municipios. Este es precisamente uno de los fenómenos (advertido hace largos años), que hacen indispensable avanzar con esta política, con miras a no seguir perpetuando el debilitamiento de la educación pública.
Ante los diagnósticos de los expertos y las situaciones críticas, como la experimentada por el SLEP de Atacama, el Mineduc elaboró una modificación a la ley, que ingresó recientemente al Congreso Nacional. En consonancia con lo señalado por los expertos, ésta busca ampliar el proceso de traspaso e instalación, robustecer los marcos instituciones para hacer frente a faltas o incumplimiento, y fortalecer la gobernanza para permitir una mejor gestión y coordinación entre el nivel central y los niveles meso y micro.
Dicha propuesta representa un importante avance para la NEP, y da inicio a un nuevo ciclo de una reforma que ha sido catalogada como esencial. Debido a lo anterior, y considerando que aún queda mucho camino por recorrer -no debemos olvidar que 55 son los SLEP que quedan por traspasar e instalar-, es que resulta relevante destacar que hoy se vuelve más necesario que nunca disponer de capacidades, recursos y marcos normativos que aseguren el éxito de esta significativa transformación para la realidad educativa nacional.
Por María José Valdebenito, Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado