Desde presidentes derrocados a múltiples arrestos y multas de miles de millones de dólares, el escándalo de Odebrecht tuvo un profundo impacto en América Latina.
A lo largo y ancho de la región, partidos de todo el espectro político recibieron financiación para sus campañas por parte de la firma de construcción brasilera, que entre 2005 y 2014 ganó jugosos contratos desde México hasta Argentina.
Pero con los contratos vino la corrupción. Desde Brasil, donde se reveló que un negocio de lavado de automóviles se usaba como frente para lavar dinero, los investigadores comenzaron a enfocarse en contratos firmados por el gigante de la construcción, y el escándalo saltó de una capital a otra.
Para 2016, la firma admitió haber pagado "788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en varios países para obtener negocios», según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que criticó el «esquema masivo y sin precedentes de manipulación de licitaciones". Esta historia se convertiría en uno de los casos de corrupción corporativos más graves de América Latina."Había una crisis de periodismo de investigación por los fuertes recortes en las unidades investigativas de las salas de redacción… Había la necesidad de crear unidades pequeñas sin ánimo de lucro". – Gustavo Gorriti, fundador de IDL-Reporteros.
El establecimiento político de Perú fue uno de los más golpeados por el escándalo Odebrecht. Además de decenas de funcionarios públicos, cuatro expresidentes han sido investigados o enjuiciados en relación con varias revelaciones. Uno de los expresidentes, Alan García, se encerró en su habitación y se suicidó con una pistola cuando la policía llegó a arrestarlo.
El medio peruano independiente IDL-Reporteros (IDL-R) investigó el escándalo desde el primer momento. Sus reporteros inicialmente publicaron la investigación como una revelación local sobre uno de los principales contratistas de infraestructura del gobierno peruano. Luego, ayudarían a crear una red de salas de redacción para develar el cuadro completo de la corrupción de Odebrecht en América Latina. Por liderar audaces e innovadoras investigaciones sobre el tema, GIJN les galardonó con el Global Shining Light Award.
Retribución por investigar la verdad
Hoy, IDL-R —una organización miembro de GIJN— y su fundador, Gustavo Gorriti, están luchando contra una campaña de intimidación que dicen es retaliación por sus incansables investigaciones en torno a Odebrecht. "Que ha habido reacciones hostiles, muy hostiles, en los catorce años de existencia de IDL-Reporteros, sí, ha habido muchas", dijo Gorriti, un veterano periodista de investigación, que recibió el Premio Internacional Libertad de Prensa, del Committee to Protect Journalists. "Pero yo diría que esta campaña, que incluso en aspectos que son externamente más burdos y torpes ha sido cuidadosamente organizada de acuerdo con los esquemas propios de desinformación destructiva. Esta de una u otro modo junta todos los ataques y todas las reacciones porque está dirigida precisamente a ser un ataque total, por todo, para buscar un descrédito total de IDL-Reporteros para tratar de hacer la alquimia guatemalteca de convertir el periodismo de investigación en crimen, y tratar de convertir a los pícaros y bribones en mártires".
Si bien la campaña de desprestigio ha llevado a que el medio sea atacado desde varios frentes, en marzo escalaron aún más, pues fue cuando la Fiscalía General abrió una investigación contra Gorriti y algunos de los fiscales que trabajaron en las investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción de Odebrecht. La Fiscalía le ordenó entregar los números telefónicos empleados mientras Gorriti trabajó en estas investigaciones y solicitará a las plataformas de mensajes acceso a todas sus comunicaciones. Gorriti ahora enfrenta posibles cargos en dos investigaciones distintas. En una, se le acusa de conspirar con fiscales anticorrupción en torno al caso Lava Jato. En la segunda, hay una acusación en investigación preliminar por inducir el suicidio de Alan García, entre otras acusaciones.
Willax Televisión –un canal de derecha peruano similar a Fox News– le ha dado un extenso cubrimiento a las acusaciones contra Gorriti. El canal es cercano al partido Fuerza Popular, cuyo líder, Keiko Fujimori, ha sido acusada de recibir contribuciones ilícitas de campaña por parte de Odebrecht durante dos de sus fallidas candidaturas a la presidencia de Perú. El juicio a Fujimori por estas acusaciones, que ella niega, comenzará en julio. La cercanía del juicio ha aumentado la presión sobre IDL-R.
Recientemente, Gorriti también ha sido víctima de una campaña de desinformación en redes sociales con respecto a su diagnóstico de cáncer, acoso físico, y un grupo de manifestantes de ultraderecha rodeó y arrojó basura a la sede de IDL-Reporteros.
"[Los argumentos de las acusaciones] llaman la atención por su estupidez, pero pese a ello conllevan la lógica de que están organizados para ataques masivos, de larga duración, que por su sola persistencia, repetición, etcétera, van creando un determinado estado de cosas", explicó Gorriti: "Este es el peor ataque, el que ha movilizado más recursos, el que se da durante más tiempo y es esa la cuestión central".
La situación –y en especial la amenaza de acciones legales contra Gorriti– han generado preocupación e indignación entre la prensa. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le urgió al estado peruano que tomara medidas para proteger a Gorriti, cuyos «derechos estaban bajo riesgo de daño irreparable». A inicios de 2024, más de 80 periodistas de América Latina y Estados Unidos expresaron su apoyo a IDL-R y Gorriti, en una carta que también firmó la directora ejecutiva de GIJN, Emilia Díaz-Stuck. En marzo, el US National Press Club y el National Press Club Journalism Institute lideraron una carta conjunta de apoyo firmada por 10 organizaciones periodísticas y de defensa de la libertad de prensa, que describieron la amenaza de acciones legales como un «obvio intento por silenciar a uno de los mejores periodistas de investigación de América Latina».
"Es un héroe para mí y para muchos periodistas", dijo Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elmento Lab, el medio mexicano de investigación periodística. "En cada nueva campaña difamatoria que ha enfrentado, cuando le allanaron oficinas de IDL-Reporteros e intentaron que revelara sus fuentes, cada vez que le arman insidiosas campañas por su trabajo, siempre sé que están queriendo que pague un costo por su oficio de periodismo de investigación".
Llenar un vacío mediante la innovación investigativa
Gorriti no es ningún novato a los riesgos del periodismo investigativo. Sus cubrimientos durante la década de 1980 se centraron en el violento conflicto armado entre el ejército peruano y grupos insurgentes de izquierda como Sendero Luminoso. Sendero, su libro sobre este grupo, escrito durante una Beca Nieman en los Estados Unidos, se considera por muchos como el recuento definitivo de la guerra.
Gorriti regresó a Perú justo cuando Alberto Fujimori –el padre de Keiko– fue elegido presidente e inició una brutal ofensiva contra Sendero Luminoso, utilizando escuadrones de la muerte y grupos paramilitares.
Cuando Fujimori disolvió el Congreso en Perú y se convirtió en un dictador de facto, Gorriti comenzó a destapar una red de corrupción que rodeaba al entonces presidente, dirigida por el asesor presidencial de Fujimori, el espía y traficante de armas Vladimiro Montesinos. En 1992, Fujimori y Montesinos ordenaron el secuestro de Gorriti, que fue llevado a un lugar secreto y solo liberado cuando su esposa alertó al gobierno de los Estados Unidos y a organizaciones no gubernamentales que protegían la libertad de expresión.
Durante el resto de la década de 1990, Gorriti estuvo exiliado en Panamá, donde trabajó fortaleciendo el periodismo investigativo de ese país. Sus revelaciones sobre la corrupción gubernamental liderada por el entonces presidente Ernesto Pérez Ballardes, llevaron a que éste le revocara la licencia de trabajo y lo expulsara Panamá, pero de nuevo, gracias a las presiones locales e internacionales, Gorriti pudo seguir como periodista de investigación allí, hasta que decidió regresar a Perú en 2001.
El año anterior el gobierno de Fujimori se había venido abajo, cuando se hicieron públicas las grabaciones de Montesinos sobornando a congresistas de la oposición. Fujimori y Montesinos fueron arrestados, enjuiciados y condenados por cometer violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Después de su regreso a Perú, en 2005, Gorriti fue nombrado director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización sin ánimo de lucro para la defensa de la libertad de prensa que, además de apoyar a periodistas peruanos, les dio refugio a colegas amenazados en otros países de la región.
Pero Gorriti comenzó a alarmarse por el vacío en la vigilancia que los medios hacían del poder, y después de algunos años, decidió regresar a las salas de redacción: "Había una crisis del periodismo de investigación por la tremenda reducción en las unidades de investigación en las redacciones", dijo Gorriti. "Empieza a ser cada vez mayor la necesidad de crear pequeñas unidades. Había que contar siempre con presupuestos extremadamente austeros de unidades de investigación de periodismo sin fines de lucro".
IDL-R fue fundado en 2009 por un puñado de periodistas leales, como Romina Mella, cofundadora y jefe de redacción, y la primera investigación se publicó en 2010. Ese mismo año, este grupo comenzó a investigar lo que parecían ser irregularidades en contratos con la compañía brasilera Odebrecht, la principal contratista de infraestructura que trabajaba con el gobierno del entonces presidente Alan García.
"Creíamos que era importante investigarlos [los contratos]. Habíamos empezado a hablar con distintas fuentes y realmente había información sobre indicios de irregularidades en los proyectos", dijo Mella. "En el año 2011 publicamos nuestra primera investigación sobre la compañía y sus contratos con el Estado, y poco tiempo después publicamos una investigación con respecto a los vínculos directos, por ejemplo, del Secretario General de la Presidencia de Alan García, sus compañías y cómo éstas habían contratado directamente con Odebrecht él siendo funcionario público".
Cuando medios del vecino Brasil publicaron investigaciones sobre el escándalo "Lava Jato", IDL-R decidió que la única forma de cubrir el laberinto de corrupción de Odebrecht en América Latina, rastrear su dinero y rutas de lavado, y establecer quiénes habían recibido sobornos, era crear una red internacional de periodistas.
"Si la corrupción es transnacional creíamos que desde el periodismo de investigación también teníamos que hacerlo de esa forma, para poder hacer una cobertura y una investigación a fondo desde nuestros propios países, y además trabajar como una especie de redacción virtual en la que trabajamos juntos", explicó Mella.
Las investigaciones de Odebrecht reunieron a un equipo estelar de medios investigativos de América Latina que incluyeron el Centro Latinoamericano para la Investigación Periodística (CLIP), Quinto Elemento Lab de México, La Nación de Argentina, Metrópoles de Brasil, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, y Armando Info de Venezuela.
Además de sus reportajes sobre Odebrecht, IDL-R se ha adentrado en otros aspectos de los esquemas de corrupción de Perú y violaciones de los derechos humanos, comenzando en 2010 con una historia sobre cómo el ejército peruano compró a precios inflados vehículos blindados para transportar tropas. Gorriti dijo que otra investigación clave hecha por IDL-R reveló una red de corrupción en las altas esferas del sistema judicial peruano. IDL-R también hizo alianzas investigativas con medios afines para cubrir historias transnacionales como los Panama Papers, los Pandora Papers, los FinCEN Files, la División de Sobornos, el Proyecto Rafael y el asesinato de Miroslava Breach.
El equipo de IDL-R aún es pequeño. "Lo único que te puedo decir es que [IDL-Reporteros] es extraordinariamente austero", dijo Gorriti cuando se le preguntó sobre su equipo y presupuesto. Durante muchos años la mayoría de su financiación provenía del Programa de Periodismo Independiente del Open Society Foundation, pero el programa se ha acabado. "Hemos recibido la colaboración también muy generosa de otras fundaciones. Básicamente pocas", dijo Gorriti.
Consideran que la limitación auto impuesta a la recaudación de fondos es necesaria para impedir los conflictos de interés: "Nosotros nos hemos puesto más autolimitaciones a los fondos que podemos recibir que otras publicaciones", dijo Gorriti. Entre ellas, no reciben financiación o subvenciones que provengan del gobierno nacional o de los extranjeros.
Protesta mortal en la «Ciudad de las Iglesias»
Incluso después de las repercusiones por las investigaciones sobre Odebrecht, Perú siguió en una crisis política. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo fue arrestado luego de intentar disolver el Congreso, una maniobra interpretada como un intento de golpe de Estado. Los partidarios de Castillo salieron a manifestarse a las calles y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En Ayacucho, una población agrícola en la cordillera apodada «La Ciudad de las Iglesias» por sus 33 iglesias católicas, las fuerzas de seguridad mataron a 10 civiles que protestaban en las calles. Uno de ellos fue un adolescente de 15 años que murió cuando una bala le atravesó el corazón.
La información más detallada de lo que sucedió el 15 de diciembre de 2022 vino de una historia de IDL-R. La investigación de César Prado y Rosa Laura les mereció en 2023 el prestigioso Premio Gabo de América Latina, llamado así por Gabriel García Márquez, y el primer puesto en el Premio Colpin de 2023.
Inspirados por las investigaciones soportadas con imágenes y que utilizan una meticulosa geolocalización, emprendidas por medios como Bellingcat, Cerosetenta y LaSillaVacia de Colombia, Laura y Prado establecieron la cronología exacta de los eventos, señalando dónde ocurrieron seis de las 10 muertes, quién estaba al mando de las unidades enviadas para acallar las protestas, qué armas se emplearon y, en algunos casos, incluso establecieron quién disparó. "Todas estas evidencias eran visuales, entonces lógicamente propusimos los dos que nuestro resultado de investigación también debía ser visual, entonces hicimos un video. Es algo que en IDL no se hacía porque si bien es una redacción digital es bastante tradicional, generalmente es texto y foto. Lo de video sí fue un poco innovador para el medio, pero lo bueno es que siempre te dan cabida para estas cosas", dijo Laura.
Algo clave para el éxito de la investigación de Prado y Laura fue aproximarse a las familias de las víctimas y sus abogados, que les proporcionaron información de los fiscales y videos de móviles con los que construyeron su recuento de lo sucedido: cuando la policía se vio superada por el número de manifestantes que ocuparon la pista del aeropuerto de Ayacucho, se ordenó la presencia del ejército.
"Cuando ellos [los soldados] reciben este encargo, casi no tenían armas no letales o en muy poca cantidad. […] Creo que en muchos casos los militares que salieron a repeler a los manifestantes eran personas muy jóvenes que tenían muy poco tiempo en el ejército, no tenían mucha preparación y en cierto punto del operativo hubo también un desbande, en algún punto se perdió el liderazgo y hubo grupos que actuaron de peor manera que otros", dijo Prado.
(Si bien aún están abiertas las investigaciones sobre cómo la entonces presidente encargada Dina Boluarte respondió ese día, el gobierno ha dicho que las fuerzas de seguridad tenían la orden de respetar los derechos humanos mientras recuperaban el orden público).
"Ayacucho es periodismo en su estado más puro", dijo el jurado del Premio Gabo. "Personas utilizando todos los recursos a su alcance –imágenes de vigilancia, celulares y mapas– para averiguar y contar algo que otros quieren ocultar".
El futuro
Desde su inicio IDL-R ha sido allanado por la Fiscalía General, ha enfrentado presiones para revelar sus fuentes, sus periodistas han sido vigilados y las organizaciones de ultraderecha han montado protestas frente a su sede. No obstante, tanto Mella como Gorriti insisten que la crisis que hoy enfrentan es la peor en su historia. Gorriti advierte que su experiencia debe ser interpretada como una advertencia sobre los retos que enfrentan los medios de investigación en países donde la prensa está bajo ataque y donde está en riesgo la financiación de periodismo de alta calidad.
"Es un nuevo tipo de amenaza que estamos enfrentando aquí y que seguramente otros están enfrentando en el mundo o tendrán que enfrentar en el futuro próximo", advirtió Gorriti. "Si es que la ultraderecha continúa alcanzando niveles de poder a nivel mundial esto solamente se va a acrecentar, y entonces el panorama de peligros que se ve en múltiples frentes a la vez va a resultar muy acrecentado".
La única respuesta para medios como IDL-R, dijo él, que no tienen enormes recursos financieros a su disposición, es seguir adelante, con una defensa anclada en la integridad de la sala de redacción, "en la precisión, certeza e impacto de sus datos, en la capacidad de respuesta, y en la solidaridad de otros medios internacionales".
*Texto publicado originalmente por Global Investigative Journalism Network (GIJN)