El gobierno de Gustavo Petro no va bien. El crecimiento económico se ha deteriorado marcando un serio retroceso. Se trató de una fase complicada por la pandemia de 2020 que causó una fuerte contracción económica. Esta fue contrarrestada con una expansión del gasto público, acercando la participación del Estado en la economía al 29 % del producto, cuando por lo general rondaba 20 % del mismo. El producto se expandió con fuerza en 2021 y 2022, pero se frenó en 2023 con un 0,6 % de crecimiento y se proyecta que en 2024 lo haga a un pobre 1,1 %.
Aunque se dijo que había aumentado la inversión productiva del gobierno, al incrementarla de 3,9 a 5,6 % del PIB entre 2019 y 2023, la realidad según una nota del periódico La República es que su principal impulso, que es la inversión en capital fijo, cayó del raquítico 1,8 % del producto en 2019 a solo 1,6 % en 2023. El mediocre comportamiento de la economía se debe a la caída de la inversión privada. Las expectativas de los empresarios son pesimistas: no confían en las políticas de la administración Petro, cada vez más desenfrenadas.
En efecto, la política del gobierno ha sido errática sobre todo frente a la salud, cuya reforma fue presentada como un galimatías, es decir en "lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas". La reforma fue derrotada en la comisión séptima del Congreso y el gobierno no cuenta con herramientas legales para dirigir al sector, pero lo está haciendo a las patadas con pretextos administrativos. Lo que no pudo parlar el gobierno, lo ejecuta con medidas de fuerza que desordenan la institucionalidad del sistema de salud.
La intervención de la Nueva EPS, que es pública, tiene como aparente objetivo sacar a las EPS de su junta directiva para que el gobierno ejerza todo el poder sin contrapeso alguno. La intervención de Sanitas causó temor y angustia entre los casi seis millones de afiliados que supimos del asalto presidencial a la empresa, pues se trata de la más prestigiosa de las instituciones prestadoras de salud en el país. Sanitas es una poderosa multinacional española con filiales en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, que actúa con altos estándares científicos, que incluso cuenta con una universidad de alto nivel –la Fundación Universitaria Sanitas– pero que se ganó la bronca del presidente. La gerencia de Sanitas tildó la medida de "improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria". Es una expropiación sin justificación que será demandada en tribunales nacionales e internacionales y que probablemente se resolverá a favor de sus dueños cuando el Pacto Histórico sea una oscura memoria de tiempos superados.
El sistema de salud colombiano cuenta con una cobertura casi universal y sus usuarios parecen estar bastante satisfechos con el servicio que reciben, según encuestas certificadas. Hay un dicho sabio que dice, "si está bien, no lo arregles". Pero como lo expresó el mismo Petro, el gobierno entró dando golpes supuestamente porque no encontró actitud negociadora por parte del sector, creando un caos que no sabemos cómo termine o si tenga solución. Volvimos a ver al Petro de hace 20 años utilizando un lenguaje incendiario y antiimperialista contra la multinacional española. Ya lo había expresado la exministra Carolina Corcho al principio del gobierno: había que terminar con las EPS, sustituirlas por un monopolio público de la salud, con filiales en cada barrio y vereda del país y atendidos por médicos escogidos por los pacientes. Es un proyecto ambicioso que tardaría décadas en construirse sobre las ruinas del actual, si es que los próximos gobiernos siguen los pasos del petrismo.
Lo que queda flotando en el ambiente es la hostilidad de Gustavo Petro contra la inversión extranjera. Sus amenazan deben tener pensando a los que se arriesgaron a invertir en Colombia si continúan o liquidan sus empresas antes de que se las expropien. A los potenciales inversionistas el mensaje es claro: deben buscar otras playas, otros horizontes.