Laura Ballester
El caso Erial entra en fase de testificales. El turno de los testigos lo han iniciado los agentes de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron la operación Erial que estalló el 22 de mayo de 2018 con la detención de Eduardo Zaplana en su domicilio de entonces, en la calle Pascual y Genís de València. Las comparecencias sirven, sobre todo, a los abogados de las quince defensas que interrogan con ahinco a los agentes de la Guardia Civil en busca de algún error en su actuación.
El objetivo, conseguir anular el origen de la causa, la famosa hoja de ruta que detallaba la creación de empresas en Luxemburgo y el retorno del dinero a España para ocultar el rastro del dinero pagado por la familia Cotino a Zaplana y su entorno por las adjudicaciones en las concesiones de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y el Plan Eólico.
Una hoja de ruta que, además, se encontró en 2015 durante el registro del despacho del primer abogado del yonqui del dinero Marcos Benavent, en el marco del caso Taula, en 2015. Un registro y un hallazgo casual que las defensas atacan por tierra, mar y aire desde la instrucción. Hasta ahora sin ningún éxito.
Los agentes que intervinieron en el registro iban en busca de las empresas que Marcos Benavent usaba para desviar las mordidas que cobraba cuando estaba al frente de la gerencia de Imelsa. De ahi que todo lo que fueran sociedades, cuentas bancarias o protocolos notariales llamaran la atención de los agentes de la UCO. Y entre los "papeles" seis folios que trataban sobre Imison International, el Plan eólico y cuentas bancarias en Luxemburgo. "Se dedujo la posibilidad de un blanqueo de capitales", ha explicado el jefe del operativo. Una intuición que el abogado de Zaplana, exfiscal anticorrupción, ha intentado poner en duda. Aunque el agente se ha mantenido firme. ""En ese momento llevaba 12 años dedicándome a la investigación económica y una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo", ha asegurado al tribunal.
Otro de los agentes, que analizó la información de la hoja de ruta, explicó que "en el análisis ví documentación que me llamó la atención. A la vista de la misma solicité protocolos notariales para ver las empresas en qué consistían y luego consulté fuentes abiertas en Internet. Había una serie de participaciones con dinero que iba a Luxemburgo. Comuniqué entonces a mi superior que eso me parecía llamativo y que podía haber ilícitos penales que no tenían que ver con Taula". El hallazgo propició que el Juzgado de Instrucción 18 remitiera los hechos al decanato para su reparto que recayeron en el Juzgado de Instrucción y que originaron la apertura del caso Erial.
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