La ministra Lenia Batres Guadarrama dijo que las amenazas del crimen organizado a jueces y magistrados son creíbles, por lo que debe garantizarse su protección para que sus sentencias no se alineen con los criminales.
En entrevista con El Sol de México, se le cuestionó a Batres Guadarrama sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice que el crimen organizado influye en jueces, a lo que respondió que el tema de las amenazas a impartidores de justicia se habla en las sesiones privadas de la Corte.
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En el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hay una parte que dice que jueces y ministros del Poder Judicial de México son influenciados por el crimen organizado. Más allá del mensajero, de la institución que lo emite, ¿usted ha visto o se ha enterado de esta situación?
Se suele comentar en las sesiones privadas de la Corte que hay una cantidad significativa de jueces que están siendo protegidos porque han solicitado protección por tener amenazas del crimen organizado, por vivir en zonas complicadas creo que es perfectamente creíble esta circunstancia, que quien no es protegido se alinea al crimen organizado si tiene una amenaza latente.
También se comenta que hay una cantidad fuerte de jueces que solicitan cambios de adscripciones por esta misma razón, entonces creo que es una amenaza creíble en el país, por su puesto.
¿Esta situación afectaría al Estado de Derecho en nuestro país?
Sí, por supuesto que sí. Es un tema, no sé hasta qué grado pudiéramos, si es que pudiéramos medir qué efectos tiene en las sentencias, en las sentencias vigentes que están resolviéndose, pero creo que es un tema de preocupación que por supuesto debe atender el Poder Judicial en tanto se soliciten estas protecciones, que deben atenderse y entiendo que se atienden, por la protección de la Guardia Nacional a los juzgados y a los jueces personalmente.
En tanto esta protección sea efectiva creo que es menos probable tener sentencias que sean producto del crimen organizado, que sean resultado de la impotencia del Estado para enfrentar al crimen organizado, creo que aún no estamos en esa circunstancia, pero es un tema de preocupación que debiera estar midiendo el Consejo de la Judicatura que es el que administra al conjunto de jueces, juezas, magistrados y magistrados de todo el país.
¿En cuatro meses que lleva en la Corte, cómo se autoevaluaría o qué autocrítica haría de su trabajo?
Es una experiencia intensa, novedosa, interesante, muy interesante, pienso que, pues hay perspectivas distintas desde donde abordar el Derecho, mi perspectiva había sido fundamentalmente desde el estudio o un tanto desde la academia y después o paralelamente desde la administración pública y mirarlo desde este ámbito es muy interesante, muy intenso, tiene un nivel de aterrizaje muy específico cuando vemos casos de juicios individuales, pero tiene un tipo de análisis muy similar al que se realiza en otros ámbitos. Entonces a mí me parece que ha sido un aprendizaje muy muy intenso, pues hemos dado batalla, pues este ha implicado un esfuerzo mayor que obviamente el resto.
¿Ha sentido un ambiente hostil en la Corte?
Ministras y ministros tienen un nivel de relación muy cordial, debo admitirlo, hay mucho respeto, de repente brincan algunas hostilidades muy pequeñitas afortunadamente quizá más pícaras que hostiles en realidad. Hay diferencias y las diferencias deben ser legítimas creo que no están acostumbradas las ministras y los ministros a tratar las diferencias en un ámbito no en términos totalmente jurídicos, sino por ejemplo, este tipo de cuestiones de manifestar hacia afuera y poder explicar qué sucede en el interior de la Corte no están acostumbradas, no están acostumbrados los ministros y les cuesta trabajo aceptar que se trata de un ámbito público.
¿Debería haber una cuota de género en la Corte?
Está en la Constitución, en el artículo 95 que la composición de los órganos jurisdiccionales debe ser paritaria. Hasta ahora no se cumple porque no hay un solo órgano que tenga paridad de género, sin embargo, ya estamos cerquita de cumplirlo, en el caso de la Suprema Corte hay seis hombres, cinco mujeres. Soy la ministra número 15 en la historia de la Corte, en más de dos siglos de la Corte, apenas hemos tocado el Pleno 15 mujeres de las cuales cuatro han sido nombradas en los últimos cinco años, somos muy poquitas y las diferencias son más grandes porque mira de los jueces federales en todo el Poder Judicial hay 439 hombres y 170 mujeres y en el caso de los magistrados de 796 magistrados solamente 176, que es el 22 por ciento, son mujeres, entonces tenemos ahí todavía una diferencia muy grande.
¿Los jueces y magistrados están juzgando por consigna?
Se están cometiendo excesos a niveles perversos, la Suprema Corte ha estado sobrepasando las funciones que tiene y que le da la propia Constitución, por ejemplo, la facultad de nombrar magistrados o jueces, cuando no tiene esa facultad la tiene respecto del Poder Judicial Federal, pero, por ejemplo, no puede nombrar jueces del Tribunal Agrario o magistrados tampoco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo hace. La Suprema Corte tiene otra facultad que esa me parece todavía más excesiva, muy preocupante, que tiene que ver con la facilidad con la que está invalidando leyes, este es un tema preocupante, porque es el poder democrático de nuestro país, el Poder Legislativo, está desequilibrado este criterio y debería preocuparnos por qué la Suprema Corte se atribuya la facultad, que solamente corresponde al Congreso de la Unión, para estar aprobando o no leyes.
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¿Cómo interpreta la Ley de Amparo?
Es una facultad soberana obviamente del Congreso de la Unión, una facultad que le corresponde. Yo creo que se justifica porque el espíritu del juicio de amparo ha sido un poco pervertido últimamente, pero el espíritu del juicio de amparo era un juicio individual que debería tener una resolución que solamente ampara a una persona determinada respecto de una ley que pudiera frente a esa persona por la circunstancia, pero se le han ido agregando de mala manera porque son pegotes mal hechos, se le ha ido agregando esta posibilidad de darles efectos generales. El tema perverso es que se va a extendiendo y se van dando facultades a sí mismos jueces, magistrados y ministros que de repente resulta que otorgan suspensiones con efectos generales que nunca han estado previstas, entonces yo creo que es correcto el espíritu de aclarar bien los límites de estas figuras, porque de repente se han llegado a dar suspensiones de temas tan importantes como libros de texto que pueden llegar a ser, perjudiciales para una comunidad determinada.
¿Qué pasaría si la oposición obtiene mayoría y se beneficia de esta Ley de Amparo?
Qué bueno que lo mencionas, porque eso quiere decir que sí hay una sospecha de uso político del juicio de amparo y esa sospecha tiene que ver con la extensión que le puede dar el juez a una suspensión de una ley que es aprobada por el Congreso, el juicio de amparo, ni con un gobierno de un símbolo, ni con un gobierno de otro, tiene por qué extender a otras personas que no participan en el juicio de amparo, sus efectos que lo discuta la Corte, que lo discuta el Congreso: ahí es donde deben resolverse el ámbito de aplicación o de suspensión de una ley con efectos generales.
¿Qué opina de la Ley de Pensiones y que califican como inconstitucional?
Yo creo que en cuanto se entienda el alcance de lo que se propone si llega a aprobarse, si te refieres a la propuesta que todavía está en proceso legislativo, si se llega a aprobar, pues tiene que informarse bien sus efectos, porque hasta donde observo es absolutamente benéfica para todas las personas, pero en estricto sentido nadie, ningún juez tendría por qué darle la razón, porque finalmente, los recursos que se van a tomar son de una bolsa que debería entregarse al IMSS que hasta ahorita no han entregado, no se le podría negar el dinero de esta bolsa que pertenece a un ahorro que hizo una persona determinada, ojalá no llegue a ningún juicio y si hay juicio deben ser juicios híper a favor de las personas.
En diciembre de 2023, Lenia Batres Guadarrama fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.