La economía europea sufre un proceso de militarización debido a las crisis
A cualquier español que se le imponga la necesidad de gastar más en buques, munición o reforzar las cadenas de suministro por si vienen mal dadas, posiblemente le suene a una situación muy lejana y del pasado. Si esa misma suposición se le plantea a un polaco, se empezaría a preocupar seriamente. Esa distinta percepción que les distancia 4.000 kilómetros, es la que ha llevado a muchos países -los más cercanos a Rusia- a rearmarse; a otros, los de centroeuropa, a tomar posiciones; y a unos pocos, los más occidentales, como España, a verlas venir casi sin actuar. Pero Bruselas ya ha dado varios avisos porque estamos en una economía de guerra.
Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía en su intervención en el Congreso que «en España no se escuchan los bombardeos rusos, pero sí las voces de nuestros hermanos europeos que nos piden ayuda». Estas declaraciones llegan después de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, avisara de que «el riesgo de guerra no es inminente, pero no es imposible». Ningún país quiere dar un paso más allá, pero la realidad se impone: Putin puede ganar este verano cada vez más terreno en Ucrania; los territorios fronterizos se rearman; y una victoria de Donald Trump en EE UU en noviembre dejaría en el aire el actual apoyo a Ucrania bajo el paraguas de una OTAN más descafeinada.
El problema se llama 2%. Esa es la proporción de gasto en defensa sobre el PIB (Producto Interior Bruto) que recomienda la Alianza Atlántica. Y ahí España se encuentra entre los últimos de la trinchera. Sin visos de un nuevo Presupuesto para este año que incluyera un incremento de la inversión militar, la Autoridad Fiscal (AIReF) certifica que el gasto «real» en Defensa se redujo en 2.000 millones durante 2023.