Las explosivas declaraciones de estos días del presidente Macri en contra de la justicia laboral -y las no menos intensas reacciones de sus defensores- son un reflejo pálido de la polvareda que levantó Perón con la creación de ese nuevo fuero, hace ya 73 años.
Él había anticipado su proyecto a los pocos meses de acceder al poder a través de la revolución de junio de 1943, con palabras encendidas: "Yo he de crear los tribunales del trabajo para que los trabajadores sean juzgados por sus propios tribunales, no por los tribunales de la justicia ordinaria. Así terminamos con las falacias y los prevaricatos, a fin de que la Justicia esté en manos de verdaderos magistrados y no de quienes buscan la forma de violarla".
Un año después, iba a cumplir su promesa. El 30 de noviembre de 1944, el decreto N° 32.347, elaborado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que él dirigía, daba vida a los tribunales del trabajo de la Capital Federal.
Este alumbramiento, de cuya exclusiva paternidad Perón se jactaba, era en verdad el punto de llegada de un largo derrotero en el mundo occidental.
Hacia 1944, buena parte del mundo, incluida la mayoría de los países de América latina, contaba con una nutrida legislación del trabajo y también con tribunales laborales.
No obstante este extendido consenso internacional, del que también participaba buena parte de la comunidad jurídica de la Argentina de entonces, el nacimiento del nuevo fuero en el país se dio en medio de una acalorada controversia pública, en la que no faltaron agrios debates y reacciones apasionadas.
La explicación sencilla de ese curso de acontecimientos es el momento en que se dio esa creación, en la víspera de 1945, uno de los años más convulsionados de la historia del país.
Nada en la Argentina de entonces podía escapar a la polarización política (la "grieta", en términos de hoy) y la creación de la justicia del trabajo iba a quedar envuelta en ese fuego cruzado.
Pero había algo más en el nuevo fuero que alimentaba esas impugnaciones.
Y es que ese proyecto, a la vez que tocaba fibras sensibles del credo liberal que abrazaba la oposición al peronismo -la independencia de poderes, las autonomías provinciales o la integridad misma de la Constitución-, tenía, con su vocación de aplicación universal de las leyes obreras, un gran potencial movilizador de los trabajadores.
La justicia laboral resumía así todos los males y amenazas que la oposición a Perón veía en el nuevo líder.
Parte de esos ingredientes no eran invención de Perón, sino que estaban en el mismo ADN de la justicia del trabajo.
De acuerdo con la filosofía del "nuevo derecho", el contrato laboral implicaba una relación esencialmente desigual, entre alguien con más poder y alguien con menos, que constituye la parte "débil" del contrato.
Así, las leyes del trabajo habían llegado al mundo para proteger a esa parte débil de los abusos de los poderosos y la justicia laboral, para ser la garante de la reparación de esa desigualdad de poder.
Música para los oídos de Perón, que con muy poco esfuerzo podía hacer propios esos principios: "La ley es como la telaraña: los bichos chicos se quedan y los grandes la rompen y pasan. Nosotros queremos que en la tela de la ley, defendida por el fuero del trabajo, no haya ni bichos grandes ni bichos chicos que puedan romperla".
La oposición al decreto llegó de todas partes, casi inmediatamente. A los pocos días de conocerse, el Colegio de Abogados de Buenos Aires -curiosamente, el mismo que estos días salió en su defensa- expresaba que los nuevos tribunales "atentan contra el principio de la división de los poderes y violan la garantía de la Constitución nacional", ya que "constituyen en realidad las «comisiones especiales» terminantemente proscriptas por los constituyentes del 53".
Por su parte, la Corte Suprema de la Nación, a través de una acordada del 4 de julio de 1945, encontró un tecnicismo para negarse a tomar juramento a los primeros jueces laborales del país, afrenta que dio la oportunidad a Perón de escenificar las contradicciones: a menos de veinte días de la acordada, los nuevos jueces del trabajo prestaban juramento en un gran acto en la Casa de Gobierno, ante el presidente Farrell y con la presencia de Perón, todo el gabinete y jefes militares y sindicales.
La justicia laboral se fue consolidando y expandiendo en el país en los años siguientes, durante el período democrático.
Para acallar las voces de la oposición sobre la ilegitimidad de origen de los nuevos tribunales, Perón presentó en 1946 un proyecto, que el Congreso transformó en la ley 12.948, ratificando el decreto de su creación.
Y dado que la Constitución establecía la jurisdicción provincial para la aplicación de la ley laboral, instó a los gobiernos provinciales, casi todos ellos afines a él, a crear sus propios tribunales laborales, cosa que la mayoría hizo antes de terminar la década.
Por su parte, la actuación del nuevo fuero durante los primeros años confirmó muchos de los miedos de sus objetores.
En particular, su carácter marcadamente obrerista, que distinguía los tribunales laborales argentinos de casi todo el resto del mundo.
Durante décadas (si no hasta hoy), para un trabajador argentino iniciar un juicio laboral era sinónimo de ganarlo, algo que de ninguna manera ocurría en el resto del mundo de forma tan generalizada, tampoco en la región. Somos así, como con tantas cosas en la Argentina, los campeones mundiales del obrerismo.
Es como si el contexto polarizado en que nacieron los nuevos tribunales hubiera marcado a fuego su criterio por el resto de los tiempos.
Perón no sólo llevó la justicia al mundo del trabajo, sino que dio vuelta la taba de las relaciones de poder en los estrados judiciales de una manera drástica y definitiva. Cumplió su palabra.
Antes ganaban unos y ahora ganan los otros. Quitó la jurisdicción del conflicto laboral a los tribunales de "la oligarquía" y les dio a cambio a los trabajadores unos en donde podían salir airosos en sus disputas con la patronal casi siempre.
Un motivo adicional para adherir de por vida a la causa peronista para muchos trabajadores, pocas veces señalado, pero seguramente poderoso.
Y un dolor de cabeza para los empresarios, de ayer y de hoy, que no sólo debieron afrontar los nuevos costos económicos, sino que tuvieron que resignarse a ceder el lugar de privilegio del que habían gozado siempre en los ámbitos judiciales y que ahora debían compartir con trabajadores muy conscientes de sus nuevos derechos y muy instruidos sobre cómo hacerlos valer en los tribunales.
Menudo legado para alguien como Macri, quien probablemente creció escuchando despotricar contra ellos en la mesa familiar, luego los sufrió en carne propia en sus empresas y ahora, conocedor y administrador de los números globales, padece la macroeconomía de sus efectos.
Un legado que se despliega, silencioso, día a día en los estrados judiciales, pero que sin embargo, como gota que talla la piedra, ha venido forjando a fuego las relaciones laborales del país por décadas. Un hueso duro que no será fácil de roer.
Historiador. Conicet/Universidad de San Martín