El controvertido contrato de cargue lateral en la recolección de residuos sólidos en Medellín, promovido por la anterior administración de Daniel Quintero y la gerencia de Emvarias, finalmente fue revocado.
Esta decisión, que libera a Emvarias de un negocio que podría haberla conducido a la quiebra, se espera que sea anunciada oficialmente por el alcalde Federico Gutiérrez en los próximos días.
El contrato, que implicaba la implementación de un modelo de cargue lateral en la ciudad, había sido objeto de críticas y denuncias desde su concepción. La empresa Themac, respaldada por dos empresarios catalanes con vínculos cercanos al presidente Gustavo Petro, estaba involucrada en este acuerdo valuado en $199.600 millones.
El nuevo gerente de EPM, John Maya, al revisar la situación de Emvarias, identificó una serie de irregularidades en el contrato con Themac. A pesar de las advertencias técnicas en contra y las preocupaciones sobre su viabilidad financiera, el contrato fue firmado en diciembre por la administración Quintero.
El proceso para la revocación de este contrato se remonta a agosto de 2022, cuando el entonces gerente de Emvarias, Carlos Borja, solicitó recursos para llevar a cabo un piloto de cargue lateral. A pesar de las objeciones y la falta de competencia en la licitación, Themac fue la única empresa que respondió a la convocatoria, ofreciendo una propuesta con un costo de $251.000 millones.
Las múltiples advertencias sobre las deficiencias técnicas y financieras del proyecto fueron ignoradas, lo que llevó a una serie de cuestionamientos y denuncias públicas. Finalmente, la nueva gerencia de EPM y la administración municipal lograron echar para atrás este contrato, salvaguardando así los intereses financieros de Emvarias y evitando una posible crisis financiera.
Esta decisión marca el fin de un capítulo controvertido en la gestión de residuos sólidos en Medellín y subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la contratación pública.
El debatido contrato de cargue lateral en la recolección de residuos sólidos en Medellín, impulsado por la administración anterior encabezada por Daniel Quintero, generó una controversia tras su revocación. Este acuerdo, que había sido objeto de críticas y denuncias, finalmente fue revertido luego de meses de presión y cuestionamientos.
El alcalde Quintero, durante su mandato, elogiaba constantemente las supuestas ventajas del sistema de cargue lateral, promocionándolo como una solución revolucionaria para la ciudad en cuanto a la gestión de basuras.
Sin embargo, las denuncias sobre irregularidades en el proceso de contratación llegaron a oídos de la Procuraduría, que instó a Emvarias a suspender cualquier acción contractual relacionada con el proyecto hasta que se investigaran a fondo las posibles irregularidades.
A pesar de las advertencias y presiones, tanto Quintero como Borja, el entonces gerente de Emvarias, continuaron adelante con el proyecto. Sin embargo, las inconsistencias técnicas y financieras, sumadas a la falta de entrega de las pólizas requeridas, llevaron a la revisión del contrato y su posterior reversión.
El nuevo gerente de EPM, Jhon Maya, lideró las acciones para deshacer el acuerdo, solicitando el acompañamiento de la Procuraduría y revisando minuciosamente las irregularidades asociadas al negocio. Después de más de tres meses de trabajo, finalmente se logró revertir el contrato, evitando así posibles consecuencias negativas para Emvarias y la ciudad en su conjunto.
Aunque aún queda por determinar si la empresa contratista buscará alguna compensación por la reversión del contrato, esta decisión representa un alivio para Emvarias, que se libra de un negocio que podría haberla llevado a la quiebra. Además, la capitalización reciente por parte de EPM permitirá a la empresa abordar otras prioridades, como la ampliación del relleno sanitario, que había sido relegada debido a este proyecto controvertido.
Esta reversión del contrato subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la contratación pública, así como la necesidad de una supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.