En las últimas semanas, diversos analistas y actores políticos han concordado en la necesidad de "hacer algo" para intentar "mejorar" la calidad de la representación política de cara a las próximas elecciones generales. Es una discusión más que pertinente.
En el último ciclo de reformas, se buscó abrir la puerta de ingreso al sistema político de una manera sensata: se eliminó el requisito de firmas de adherentes (que daba lugar a fábricas de firmas y a prácticas clientelistas) para solicitar más bien la acreditación de militantes. El efecto esperado era un mayor número de partidos inscritos, por lo que esta apertura iba acompañada de la implantación de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que buscaban democratizar y legitimar ante la ciudadanía la selección de candidatos, y sacar de la competencia a los partidos sin respaldo electoral significativo.
Las PASO permitirían así ir a la elección del Congreso con listas cerradas, sin voto preferencial, de modo que las campañas podrían concentrarse en las propuestas de los candidatos presidenciales y de las listas parlamentarias, y no en la multitud de candidatos individuales al Congreso. Como sabemos, las PASO se aprobaron en el 2019, pero su aplicación se postergó hasta el 2026.
El Congreso actual, sin embargo, eliminó las PASO; y no solo consagró el statu quo, sino que, aún peor, en la práctica está estimulando la elección interna de candidatos mediante delegados y haciendo más difíciles otras formas de elección. También se regresó al voto preferencial y se retrocedió al volver a establecer barreras de entrada mediante el requisito de firmas de adherentes. Tenemos, entonces, una reforma que se inició, que nunca se completó y que ahora se desmanteló.
El saldo es una situación peor que la original, porque la apertura momentánea del sistema nos ha llevado a tener 25 partidos políticos inscritos, con nueve más en proceso, por lo que podríamos ir a la próxima elección general con 34 partidos. A esto hay que sumarle que el Congreso aprobó volver a un sistema bicameral, con lo que además tendremos que votar por diputados y senadores. Así, la elección del 2026 podría teóricamente tener 34 candidatos presidenciales, con 34 listas de postulantes a la Cámara de Diputados, con 130 candidatos haciendo campaña por el voto preferencial dentro de cada lista (4.420 campañas individuales), más 34 listas con 60 candidatos al Senado también haciendo campaña por el voto preferencial (2.040 campañas individuales).
En otros países, con sistemas de partidos medianamente sólidos, un número abultado no importaría demasiado, porque el voto tiende a concentrarse en los partidos con más tradición, identidad y capacidad de movilización. Pero en el contexto peruano, sin partidos fuertes, sin identidades partidarias significativas, con bajísimos niveles de adhesión, desconfianza y desafección ciudadana, lo previsible es un escenario de gran desorden que conduzca a otro de extrema fragmentación del voto, peor aún que el del 2021, con lo que la calidad de la representación puede empeorar y también los problemas de gobernabilidad que arrastramos desde el 2016. ¿Qué hacer? Seguiré con el tema.