Los municipios turísticos quieren hacer cambios en el anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. La normativa –que prepara el Gobierno regional y que busca regular una actividad que ha crecido de manera exponencial en los últimos años en el Archipiélago– reserva un papel determinante a los ayuntamientos canarios a la hora de controlar la proliferación de pisos turísticos. Los municipios no han dicho aún su última palabra respecto al encargo que les hace quiere hacer el Ejecutivo autonómico, pero algunos sí tienen claro que presentarán alegaciones para tratar de cambiar algunos aspectos que no ven del todo claros.
El anteproyecto, presentado recientemente por el Gobierno de Canarias, otorga a los consistorios la potestad de regular a través de sus planeamientos urbanísticos el crecimiento, o decrecimiento, de esta actividad en sus respectivos territorios. Algunos ya han advertido de las dificultades que van a tener para poder llevarlo a cabo y otros han mostrado directamente su rechazo a la normal tal y como está planteada.
El primero en poner sobre la mesa su disconformidad ha sido el Ayuntamiento de Mogán. Su alcaldesa, Onalia Bueno, argumentó que no aceptarán ser cómplices del papel fiscalizador que se quiere otorgar a los municipios. Además, rechazó las restricciones que se tratan de imponer a esta actividad en las Islas, ya que considera que la ley, en los términos actuales, erradica la práctica totalidad de las viviendas turísticas que ya existen.
Diferentes sensibilidades
Ayuntamientos como el de Adeje o San Bartolomé de Tirajana no se muestran contrarios a la regulación, pero sí advierten que habrá que realizar cambios para que la norma recoja diferentes sensibilidades. Otros descartan hacer aún valoraciones hasta conocer el texto con mayor profundidad.
El Ayuntamiento de Adeje, cuyo alcalde José Miguel Rodríguez Fraga es además presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), considera que la ley es necesaria, pero cree que ahora, una vez que el anteproyecto ha pasado a exposición pública, se debe mejorar con las aportaciones que hagan desde los municipios porque «cada administración puede tener una visión con matices y diferencias». Por eso, indica que en este momento se deben «buscar equilibrios» entre todas las partes que se verán afectadas. «Se debe buscar una ley que sea lo más razonable posible», valora.
En este sentido, Fraga apunta que el municipio está de acuerdo en establecer ratios para las viviendas vacacionales y que exista un mayor control de la actividad para adecuarla también a la oferta turística y que esta siga siendo de calidad. Además, reconoce que, de una manera o de otra, el alquiler turístico afecta a otros problemas de las Islas como la dificultad de acceder a una vivienda. Por lo que insiste en que la ley «es necesaria y bienvenida» pero se deben llevar a cabo «correcciones y aportaciones».
Mesa de trabajo conjunta
Para tratar de recoger todas estas sensibilidades, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, se reunieron esta semana con representantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias para dar a conocer el texto y les emplazó a una mesa de trabajo conjunta que se celebrará antes de que finalice este mes.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, valoró que se vayan a producir próximamente estos encuentros de trabajo, pero sí dejó claro que la norma que se ha presentado «es de máximos y hay cuestiones que pueden matizarse».
Pérez aseguró que su ayuntamiento presentará alegaciones a la ley y pedirá algunos cambios. Entre ellos está la flexibilización de los plazos que se otorgan a los municipios para adaptar su planeamiento a la normativa, ya que los considera demasiado cortos. «Nos dan tres meses para que elaboremos los listados y no tenemos capacidad», concluye. Por no hablar de las modificaciones del planeamiento para las que algunos municipios «también va a tener serias dificultades». En este sentido, argumentó que las plantillas municipales «son cortas» y además de esta cuestión hay otros asuntos de importancia municipal de los que también se tienen que encargar.
Unos cambios solicitados por los municipios turísticos a los que se mostró dispuesto el presidente canario, Fernando Clavijo, quien apuntó que el borrador de la ley, que se encuentra en exposición pública, está abierto a modificaciones «para mejorarlo». Explicó que este es el objetivo del trámite de exposición pública –que se extiende hasta el 9 de mayo– y ratificó que una vez llegue al Parlamento regional también sufrirá modificaciones y «se mejorará».
Clavijo respondió así a las críticas vertidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de la que el presidente consideró que presentará «con total acierto» las alegaciones y propuestas que considere. Y sostuvo que «lo importante» es que el Ejecutivo regional no ha «mirado para otro lado» sino que se ha puesto manos a la obra para que «por primera vez haya una ley que va a regular el alquiler vacacional».
Aun así, reconoció que regular esta actividad en las Islas es algo complicado, ya que entran en juego muchos intereses que en ocasiones son contrapuestos. «Va a ser delicado», admitió. Pero recalcó que lo fácil hubiera sido «lo que hicieron otros, mirar para otro lado y no hacer nada».
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