El Gobierno, a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, dio marcha atrás en los recientes aumentos implementados en los trámites realizados en los Registros del Automotor.
En primer lugar, se derogó el aumento en los formularios, el cual ya había sido aplicado en enero de este año. La resolución explica que la Subsecretaría de Asuntos Registrales consideró pertinente revisar estas modificaciones, dado que el Sistema de Cooperación Técnica y Financiera establecido por las Leyes Números 23.283 y 23.412 continúa funcionando correctamente incluso sin dichos ajustes.
El argumento inicial para los aumentos había sido la inflación, pero ahora la normativa señala una fuerte disminución en las expectativas inflacionarias para los próximos meses.
Por otro lado, mediante otra resolución de apenas dos páginas, el ministro Cúneo Libarona también revirtió los aumentos en los ingresos percibidos por los encargados de los registros, conocidos técnicamente como "emolumentos". La resolución menciona tanto la supuesta reducción de la inflación como una disminución en la carga laboral de los registros como razones para esta reversión.
¿Por qué se da esta medida?
El gremio que representa a los encargados había estado solicitando desde hace tiempo un aumento en los emolumentos, expresando su preocupación por la situación económica y la falta de contacto por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia. Esta situación, según indicaron, generó renuncias de encargados y despidos de empleados altamente calificados.
Aunque los emolumentos estaban congelados desde octubre, el ministro decidió suspender el aumento que había sido anunciado el viernes pasado, si bien la resolución correspondiente fue publicada en el Boletín Oficial recién este martes.
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei manifestó su intención de digitalizar profundamente todos los trámites realizados en los registros, aunque este proceso aún no se concretó. Estos cambios están contemplados en el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca desregular la economía y que modifica disposiciones de un decreto de 1958, posteriormente ratificado por una ley de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, que regula el régimen jurídico del automotor.
Además, el Gobierno inició una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos, incluyendo 42 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 10 en Córdoba, 10 en Entre Ríos, y 6 en Chaco, entre otros. También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros, con el objetivo de analizar diversos aspectos como los tiempos de tramitación, la calidad del servicio y la detección de posibles irregularidades o ilícitos.
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