María Jesús Ibáñez
La agencia de información y control alimentarios (AICA) impuso 382 sanciones en 2023 (un 40,4% más que en 2022) a un total de 149 empresas infractoras, buena parte de ellas al sector mayorista por no respetar los plazos de pago comprometidos con los productores, según ha dado a conocer este miércoles su consejo asesor. Desde su creación en agosto de 2013, la entidad ha puesto 3.708 multas por un importe de algo más de 15,7 millones de euros, de los que ya ha cobrado algo más de 13 millones.
En el mismo foro, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que la transformación de este organismo en agencia estatal permitirá "reforzar significativamente su capacidad inspectora". Aunque no ha precisado cuándo estará lista la nueva entidad, Planas ha asegurado que esta tendrá "una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones".
El Gobierno, según ha explicado el ministro, estudia cómo acelerar, en la medida de lo posible, la creación de esta nueva agencia estatal. Para ello baraja dos posibilidades:hacerlo a través de un texto legal 'ad hoc' o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se encuentra actualmente, y hasta el próximo 10 de febrero, en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El lunes, en la presentación del paquete de medidas para dar respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos, Planas se mostró más predispuesto a esta segunda opción, mucho más rápida que la primera.
Incumplimiento de plazos
Del total de 382 sanciones impuestas a operadores de la cadena alimentaria por la AICA en 2023,, casi la mitad (un 48%) correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista. También han sido objeto de multas la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.
Por sectores, según el informe de balance del ejercicio pasado, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que registró 165 multas, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), el del bovino (37), el de la aceituna de mesa (19) y el lácteo (17).
A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, y que el año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6% más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria. Todas las sanciones son fruto de los controles de oficio de la AICA y las comunidades autónomas. Además de estas actuaciones de oficio, la AICA recibió un total de 32 denuncias, un 39,1% más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18.
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