Desde hace 9 años, las juezas María Angels Moreno y Stephanie García García, así como el ex fiscal Alfons Alberca actualmente Magistrado del tribunal de Corte del principado de Andorra, actuaron en el despojo que afectó a más de una decena de empresarios mexicanos, congelando sus cuentas que permanecían en la Banca Privada de Andorra (BPA) bajo la falsa acusación de cometer actos ilícitos que no fueron comprobados.
Por casi una década el patrimonio de varios empresarios mexicanos se mantienen aprehendidos, afectados por el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), incluso se estima de una cifra por arriba de 800 millones de euros.
El equipo legal del grupo de los empresarios afectados, han llegado a la conclusión de que el fraude cometido por el gobierno de Andorra, en contra de estas víctimas no tiene sustento y se basa en racismo total, por el hecho de ser mexicanos, asumiendo que todo empresario exitoso de este país se encuentra involucrados en algo ilícito.
"Andorra está cometiendo racismo y discriminación, nos involucran en narcotráfico y lavado de activos, solo por ser mexicanos, no respetan nuestros derechos y sin ninguna prueba o sustento por casi una década han mantenido nuestro patrimonio ilegalmente aprehendido, eso se llama robo y fraude". Declaró uno de los empresarios afectados, quien solicitó omitir su nombre por su seguridad.
Una prueba del odio, racismo y difamación es el correo enviado a Scotiabank Bank Panamá, por la juez María Angels Moreno, acusando sin pruebas a uno de los empresarios de lavado de dinero con el propósito de afectar su patrimonio, aun con conocimiento que el empresario no se encuentra imputado y todos los elementos afirmados en el correo no habían sido judicializados.
En su caso el afectado ha mantenido su defensa comprobando que no existe ningún indicio de la comisión de delito de blanqueo de capitales, e incluso conforme a la investigación realizada por la Fiscalía General de la República, se concluyó que él está exento de haber cometido el delito señalado, ya que se acreditó que el origen de los recursos, es lícito y demostrable.
Sin embargo, las pruebas de inocencia que se han ido presentando desde casi ya una década, fueron ignoradas por las autoridades de Andorra, situación que se repite con otros empresarios afectados.
También, la representación legal del grupo de empresarios mexicanos, considera una difamación y violatoria a los derechos humanos, la estigma y discriminación cometida por la juez María Angels Moreno y la actual Stephanie Garcia Garcia, así como el ex fiscal Alfons Alberca, al sugerir que la nacionalidad mexicana es suficiente para vincular con narcotráfico o lavado de dinero.
Cabe recordar que el pasado 11 de marzo de 2015, el Gobierno de Andorra intervino a la Banca Privada de Andorra, ante la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando que dicha institución financiera llevó a cabo labores de blanqueo de capitales, situación que terminó afectando el patrimonio lícito de cientos de empresarios e inversionistas, llevando a la entidad bancaria a la quiebra y que el Principado apropiarse de los fondos aprehendidos.
El especialista y abogado en derecho procesal andorrano Antoni Riestra comentó: Todo el procedimiento iniciado en marzo del 2015 ha sido un despropósito, pues desde su inicio se consideró a todos los clientes del banco eran sospechosos, e invirtiendo la carga de la prueba y vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia, se forzó a todos sus cuentahabientes a probar la licitud del origen del dinero, exigiendo justificaciones en movimientos e ingresos de 10, 20 o 30 años atrás, cosa que para muchos casos fue imposible.
Especialmente se ha criminalizado a extranjeros que en su día confiaron en nuestra jurisdicción y sistema financiero, concretamente a las grandes cuentas. A partir de aquí a unos pocos se han levantado las aprehensiones y otros se criminalizaron, en muchos casos, de una forma prácticamente arbitraria. No hay derecho que a los clientes se los criminalice, bloqueando sus fondos, y después de más de nueve años aún se los tenga como "sospechosos" pero sin que exista una acusación formal. Y que después de más de nueve años se los abandone en un procedimiento concursal que, en definitiva, comportará que pierdan su dinero, que no lo recuperen, y que tengan que iniciar procedimientos de reclamación contra el Estado andorrano y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, procedimiento que durará 10 nuevos años o más, y en donde los clientes perjudicados habrán perdido su dinero, y algunos la vida por el simple paso de tan largo tiempo. Y entonces únicamente cabrá preguntarse ¿dónde fue a parar el dinero? Además, el principado de Andorra en carácter de extorsión, solicitó comparecer a las víctimas con sus cuentas congeladas, acordar y negociar un monto a resolver, porcentualmente una cantidad mínima a la originalmente aprehendida, tras una década.
Salvador Padilla Estrada, abogado de uno de los empresarios afectados, señalo que, todas las líneas de investigación están superados en favor de los mexicanos que representa, quienes son víctima de una condena propia de su nacionalidad, por lo que se iniciaron acciones legales en contra de las autoridades de Andorra quienes están fabricando pruebas materiales, para robar dinero licito.
Ante estos hechos y la impunidad con la que se ha atendido el caso por las autoridades de Andorra, trascendió que la Fiscalía General de la República de México, iniciará una investigación, sobre la actuación de las juezas mencionadas y el fiscal de Andorra, quienes mantienen el caso en la opacidad y se presume podrían estar involucrados en el despojo de más de 800 millones de euros a inversionistas extranjeros, a través de las cuentas congeladas en la Banca Privada de Andorra (BPA).