Ni la frustración por años de búsqueda sin éxito ni el temor por la ausencia de protección de las autoridades mexicanas detuvo a decenas mujeres y hombres en su determinación de salir el viernes a buscar por su cuenta, sin el apoyo del gobierno, a sus familiares desaparecidos.
Bajo un abrasador sol y en medio de un fétido olor, un grupo de activistas se adentró en un basurero de la localidad central de Teptzotlán, en el Estado de México, para buscar a personas desaparecidas en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda promovida por cientos de colectivos en todo el país para llamar la atención sobre la crisis humanitaria que arrastra México desde hace varias décadas y que acumula casi 100.000 desaparecidos.
"Es un momento de esperanza", afirmó el activista Juan Carlos Trujillo Herrera, mientras sus compañeros oraban y cantaban para darse ánimo poco antes de iniciar la jornada de búsqueda.
La decisión de distanciarse de las autoridades no es respaldada por todas las agrupaciones de "madres buscadoras", como se conoce en México a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, pero algunos activistas lo ven como una nueva esperanza. Confían en que unidas podrán enfrentar los riesgos que padecen a diario cuando se adentran para buscar a sus parientes en regiones controladas por grupos delictivos.
Pese a los riesgos, Trujillo Herrera, quien desde hace más de una década busca a sus cuatro hermanos que desaparecieron en los estados de Guerrero y Veracruz, no se amilana y reconoce que la unificación de los colectivos a nivel nacional ayudará a "devolverle la conciencia a las madres buscadoras que se den cuenta que solas, con el Estado, sin el Estado y por encima del Estado nadie la tiene que parar. Nadie tiene que administrar su búsqueda, nadie tiene que administrar su dolor".
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado desde 2019 nueve casos de mujeres que fueron asesinadas en represalia por sus actividades de búsqueda. Otras organizaciones como la Plataforma por la Paz y la Justicia del estado central de Guanajuato estiman que desde 2010 se han registrado 20 asesinatos de buscadoras, de los cuales 15 ocurrieron durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace dos meses dos activistas que buscaban a sus familiares, Noé Sandoval y Ángela León, murieron en tiroteos en los estados de Guerrero y Baja California, al sur y norte del país.
Al explicar las razones que los llevaron a distanciarse del gobierno, unos 250 colectivos de todo el país agrupados en la Unificación Nacional de Familias Buscadoras expresaron en un comunicado que "sentimos el abandono del Estado para responder a esta situación, que es una verdadera emergencia nacional".
Las deficiencias de las autoridades mexicanas para atender la problemática han sido denunciadas por años por activistas, organizaciones humanitarias y entes internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
Tras una visita que realizó en noviembre de 2021 a México, el comité expresó preocupación por la impunidad que impera en los casos de desapariciones y señaló en un informe que "la deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta".
Para atender esa situación el comité planteó que las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado, tanto cuando hay acción directa en los crímenes como cuando hay complicidad u omisión en desapariciones efectuadas por organizaciones criminales.
En ese sentido, Mónica Meltis, directora de Data Cívica —una organización civil dedicada al estudio y recopilación de datos para la defensa de los derechos humanos— planteó que es fundamental que los colectivos mexicanos trabajen de manera unificada.
"Si bien se ha invertido muchísimo en instituciones, muchísimos recursos... la realidad es que las familias son quienes siguen buscando y son quienes tienen información, son quienes están en el territorio", señaló Meltis.
López Obrador ha desestimado las críticas y ha asegurado que su gobierno está comprometido en atender la problemática de los desaparecidos.
Tras la polémica que se desató a fines del año pasado por la decisión del gobierno de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas —vista por activistas y organizaciones humanitarias como un intento por reducir las cifras de personas no localizadas—, López Obrador defendió la medida asegurando que lo que se quería era "poner orden".
Pero en marzo las autoridades presentaron un nuevo censo que redujo la cifra de desaparecidos de casi 111.000 el año pasado a 99.729. El gobierno atribuyó el descenso a que las personas localizadas y así registradas fueron más de 5.500 desde agosto a marzo.
Aunque las autoridades reiteradamente negaron que se vayan a eliminar datos, Data Cívica presentó en marzo un estudio que reveló que faltan 10.953 nombres de desaparecidos en el censo.
Ante el hallazgo algunas asociaciones humanitarias locales y familiares de personas desaparecidas exigieron al gobierno preservar los diferentes registros e instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité contra la Desaparición Forzada a actuar para proteger los datos de los miles de mexicanos que aún no han sido localizados.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero los registros se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El problema tuvo su mayor expresión en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.