La Fiscalía pide tres años de prisión para el excomisario que vinculó delincuencia con inmigración en un acto de Vox
La Fiscalía de València solicita tres años de cárcel por diversos delitos de odio para el excomisario de la Policía Nacional Ricardo Ferris, que en un acto organizado por Vox en el Ateneo Mercantil de València el pasado 14 de octubre de 2022, incitó a los "españoles" a dejar de ser pacíficos después de haber equiparado la inmigración con la delincuencia, según consta en el escrito del Ministerio Público.
Una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos interpusieron una denuncia en la Fiscalía de València por estos hechos. La Fiscalía abrió diligencias y dos de las organizaciones denunciantes -València Acull y CIM Burkina- ejercen la acusación popular. En los próximos días, ambas entidades presentarán escritos de acusación y solicitarán la apertura de juicio oral.
El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que Ferris, en un acto organizado por Vox en octubre de 2022 en el Ateneo Mercantil de València bajo el título 'Jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana', atribuyó al colectivo inmigrante "la práctica totalidad de la comisión de delitos, mensajes estos encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia los mismos y en los que, además, se hacen constatar datos falsos para el citado propósito".
El Ministerio Público recoge algunas de las frases lanzadas por el excomisario, que fue cesado por el Ministerio del Interior a raíz de estos hechos, que cita literalmente referenciando el enlace de Youtube en el que se puede reproducir la charla y el minutaje en el que se producen estas afirmaciones. Entre ellas, destaca: "Ya hace casi cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales (...) Cuando hago un detenido español, siempre hago la misma broma: este en vez de al juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler, porque es que ya no existe".
También apunta que el exmando policial afirmó: "Todos los fenómenos delincuenciales están protagonizados, como digo, prácticamente en su totalidad por extranjeros (...). Los delitos contra la propiedad, además cada uno tiene su propia especialidad, los robos con violencia, intimidación, mataleones, los que dan una paliza por la calle, siempre son los mismos: o son argelinos, marroquíes o sudamericanos; el tema de los hurtos, pues también argelinos, marroquíes y también hay un montón de bandas aquí en València, del Este, gitanas búlgaras, gitanas bosnias (...). Absolutamente todas la violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera, y eso lo digo y lo afirmo porque es así".
Ferris también incitaba a los "españoles" a "actuar y echarle narices al asunto y dejar de mantenernos al margen del asunto para que la Policía resuelva todos los problemas. Y ya os digo, la seguridad ciudadana es cosa de todos, así que ir preparando...".
En otro momento, aseguraba que es cierto que "no todos los inmigrantes son delincuentes", pero puntualizaba "todos los delincuentes son inmigrantes al menos en España y eso es un problema que tenemos que abordar necesariamente". Así mismo, insistió en que, "después de cuatro años de una lucha a sangre y fuego, conseguimos recuperar el barrio [de Russafa, en València]. Si conseguimos recuperar un barrio, se puede recuperar una ciudad, se puede recuperar una comunidad, se puede recuperar un país".
El Ministerio Público sostiene que Ferris realizó estas afirmaciones "a sabiendas" de que los datos a que aludía eran falsos ya que, según la información suministrada por el TSJCV, el número de infracciones cometidas en la Comunitat Valenciana por personas de nacionalidad española en 2022 fue de 38.872 frente a las 19.766 perpetradas por personas de otras nacionalidades, y en cuanto a los delitos contra la libertad sexual constaban 86 cometidos por españoles frente a 40 por extranjeros.
La Fiscalía atribuye a Ferris un delito de odio y solicita una pena de tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros y seis meses de responsabilidad personal subsidiaria, así como la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de seis años.