El año comenzó con un remezón en el sector salud cuando en la Asamblea de la Nueva EPS, la más grande del país con 11 millones de afilados, el Gobierno logró la recomposición de la Junta Directiva. El plan era claro: el Presidente quería tener un presidente de la entidad de su confianza y el escogido era el abogado nacido en el Cesar, viejo militante del M-19 Aldo Cadena. Fue director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la Alcaldía de Bogotá y ha sido uno de sus alfiles para desempeñar distintas tareas dentro del proyecto político de la Colombia Humana.
Se buscaba remover del cargo al médico caldense José Fernando Cardona, quien había estado a la cabeza de la Nueva EPS desde su creación en el 2009 y entronizar a Cadena, tal como sucedió el 5 de febrero. La Junta, que contaba con algunos miembros veteranos que habían acompañado la gestión de Cardona, prefirió alinearse con el gobierno y aceptar, con reservas, su candidato, así no cumpliera con la calificación ni experiencia que demandaba el cargo.
Lo que no se imaginaron es que dos meses después el Gobierno los iba a descabezar junto al recién nombrado presidente que fuera de denuncias, no alcanzó a hacer mucho más.
La junta que acompañaría la gestión de Aldo Cadena y que resultó efímera quedó conformada por solo 5 miembros principales y sin suplentes.
- La veterana del grupo era la exministra y excandidata presidencial conservadora Noemí Sanín, quien formó parte del equipo durante varios años.
- Fabio Cardona, vocero de las Cajas de Compensación, socias de la Nueva EPS, quien actualmente es subdirector comercial de CAFAM.
- El médico Raúl Sastre, quien aspiró a la rectoría de la Universidad Nacional.
- Fernando Jiménez, quien ha sido funcionario público en el Ministerio de Hacienda, pero ahora se desempeña como consultor independiente.
- Jaime Urrego, actual viceministro de salud, tenía la representación del Gobierno.
Con la intervención el gobierno tiene la oportunidad, a través del Superintendente de Salud, de recomponerla y operara como una junta asesora del agente interventor encargado por el gobierno: Jesús Alberto Rincón Ramírez, de quien la Superintendencia no dio detalles de su recorrido profesional que lo habilitarían para asumir la exigente responsabilidad frente a los 11 millones de afiliados.
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