Karl Marx, parangonando el golpe de Estado del 18 de Brumario (9/11/1799) por el que Napoleón Bonaparte accedió al poder, con el autogolpe de Luis Bonaparte en 1851, afirmó que en la historia todo se repite, una vez como tragedia y otra como farsa.
Y es que, si algo enseña la historia, es que cuando los que han intentado subvertir el orden constitucional, reciben un trato privilegiado, más tarde o más temprano lo vuelven a hacer e, incluso, lo consiguen instaurando la tragedia.
El Putsch de Múnich intentado por Adolf Hitler en 1923 contra la constitución de Weimar, y la benigna respuesta que recibió de los tribunales, le permitió escribir desde la cárcel su Mein Kampf y elevó su figura de salvador del pueblo alemán hasta convertirle en el Führer del Tercer Reich. La tragedia que esto representó es de sobra conocida.
De igual modo, el golpe fallido de Hugo Chávez en 1992, y la popularidad que le proporcionó la pésima decisión de que apareciera en TV asumiendo toda la responsabilidad de la asonada, y su posterior salida anticipada de prisión por el sobreseimiento acordado por Rafael Caldera, le llevó en 1998 a ganar las elecciones e instaurar en Venezuela la Revolución Bolivariana, con la tragedia para el pueblo venezolano que ello supone.
En España, por limitarnos al periodo de la II República, la amnistía de 1934 a los que intervinieron en la Sanjurjada de 1932 (GM 25/04/1934), permitió que luego pudieran participar en el Alzamiento de 1936, lo mismo que la amnistía que el Frente Popular concedió en febrero de 1936 (GM 22/02/1936), a los implicados en la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, que causó los numerosos muertos y daños materiales de la Revolución de Asturias, y la proclamación en Barcelona por Lluís Companys del Estat Catalá dentro de la «República Federal Española», no hizo otra cosa que rehabilitar políticamente y poner en la calle a indeseables que querían la implantación de una República Popular, lo que favoreció el enfrentamiento entre españoles que terminó en la tragedia de la Guerra Civil.
Ahora, se nos dice que la Amnistía de Sánchez pretende «desjudicializar» los hechos del procés, para lograr la «reconciliación» entre españoles y catalanes, pese a que ya antes se nos había contado que el indulto de Oriol Junqueras y demás independentistas, la supresión del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, se hacían para la pacificación del «conflicto catalán».
Para comprobar que este fin «pacificador» no se ha conseguido, basta oír a Puigdemont y a Pere Aragonès que insisten en su propósito de continuar con los pasos estratégicos del proceso independentista: celebración del referéndum de autodeterminación, la soberanía fiscal, el control de los interventores y secretarios locales, etc.
Tan evidente es lo que señalamos que, en plena discusión de la amnistía, la Mesa del Parlament, en contra de lo ya declarado por el Tribunal Constitucional y del informe de los letrados de la Cámara, ha admitido a trámite, con los votos de la CUP y de Junts, una Iniciativa Legislativa Popular, presentada por el partido Solidaritat Catalana per la Independència, que reclama nuevamente la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Por mucho que insista la propaganda gubernamental, los juristas sabemos que la amnistía, además de inconstitucional, contradice los principios de la Unión Europea, por quebrar la división de poderes, consustancial al Estado de Derecho, y vulnerar manifiestamente el derecho a la igualdad ante la ley, ya que, al tiempo que mantiene la ilegalidad de los hechos objeto de la amnistía para todos los demás, la excluye para los amnistiados (STC 147/1986). En todo caso, un hecho cegador que no puede ocultarse, es que la finalidad de la Ley de amnistía no persigue el interés general propio de toda ley, sino el interés particular y exclusivo de Pedro Sánchez para conseguir los votos que le permiten seguir en el poder, aunque sea a costa de corromper todo el sistema legal y político.
Se quiera o no verlo, el trato privilegiado que están recibiendo los independentistas, lejos de conseguir su apaciguamiento está, objetivamente, dándoles la oportunidad de preparar las estructuras y el andamiaje económico y jurídico que llevará a que cuando lo vuelvan a hacer, el Estado esté desarmado para reaccionar adecuadamente. Entonces, cuando llegue ese día, las cosas no se quedarán en declaraciones unilaterales y en las algaradas callejeras que hemos conocido, cuya persecución judicial es ahora lawfare, pues, por lo visto, no es terrorismo sino libertad de expresión y manifestación y ejercicio legítimo del derecho de autodeterminación.
Será entonces cuando la farsa se convertirá en tragedia y tendremos que lamentar algo más que lo visto hasta ahora.
Carlos Gómez de la Escalera.Abogado y Profesor universitario.
✕