Los puentes que garanticen conexión fluida con el mundo sindical forman parte del ABC de cualquier proyecto destinado a construir poder político dentro el Estado.
Río Negro tiene ejemplos de sobra sobre alianzas entre gobernantes y gremialistas, tanto en su historia reciente como en las páginas que se escribieron durante los años posteriores al regreso de la democracia.
Pero esos manuales de ingeniería política parecen desactualizados a la luz de los resultados cosechados en estos primeros meses del tercer gobierno de Alberto Weretilneck.
Ya no alcanza con un acuerdo, por más sellado que parezca. No es suficiente la armonía y el feeling con un cuerpo de delegados o secretarios generales. El escenario rionegrino actual es de atomización en las demandas, con protagonistas nuevos en las manifestaciones y con exigencias urgentes para problemas que no se resolvieron durante años.
Los hospitales siguen siendo el foco principal de conflicto para la gestión de Juntos Somos Río Negro. El martes empezará otro paro de 72 horas, declarado por el gremio Asspur pero con efectos multiplicados entre los trabajadores autoconvocados, que emergieron como la fuerza imprevista dentro del sistema de Salud Pública. Nunca se vio, por ejemplo, al 99% de los médicos del hospital de Roca adheridos a una medida de fuerza.
Pero la reactivación de esa protesta no hay que leerla simplemente desde la disconformidad con los salarios.
Persiste en el fondo una puja por la representación de los agentes hospitalarios y Asspur sabe que, si no muestra rigidez, el Gobierno cerrará un acuerdo en el Consejo de la Función Pública y sus expectativas por ser reconocido formalmente para las discusiones colectivas habrán retrocedido varios casilleros.
El Gobierno no es ingenuo y juega también con esas disputas gremiales. Weretilneck reforzó el lunes el operativo de seducción hacia ATE, llamando para mañana a la primera reunión oficial por el futuro Convenio Colectivo de Trabajo dentro del Estado provincial.
Dentro del Ejecutivo a nadie se les escapa que esa Comisión nace debilitada, porque UPCN se niega a participar. Pero el gesto hacia el sindicato de pecheras verdes era necesario, para aumentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la Función Pública que neutralice, al menos por un par de meses, la crisis hospitalaria.
El desafío para ATE no es menor. El gremio libró una disputa durante años con UPCN para lograr el protagonismo que le ofrece Weretilneck en las futuras negociaciones colectivas. Pero en su camino también aparece el riesgo de quedar atado a los intereses del gobierno en el incierto destino de la crisis sanitaria.
Desde el oficialismo ratificaban el viernes la reunión por el Convenio Colectivo, aludiendo incluso a una nota enviada por la titular de la Función Pública, Tania Lastra, a la conducción de UPCN, para bajar el tono de la discusión pública.
Cerca del secretario general del gremio, Juan Carlos Scalesi, insistieron ayer en que no van a ir, porque la nota que a ellos les interesaba –enviada a la titular de Trabajo, María Marta Avilez- no fue contestada.
Lo inquietante para el Gobierno es que ese imbricado esquema de negociaciones apunta sólo hacia uno de los sectores del Estado. El frente docente exige otro esfuerzo, creativo y presupuestario, con un agravante: el resultado es menos previsible que en el terreno compartido con ATE y UPCN.
En la paritaria del viernes se logró al menos una reacción aséptica e incluso con algunas valoraciones positivas de la conducción de la Unter. Lo que no puede dejarse de lado es el peso relevante que tienen las seccionales opositoras al Consejo Directivo Central del sindicato. Por eso, las chances de que este martes surja un nuevo paro desde el Congreso de Huergo están latentes.
La definición docente y nuevo para hospitalario serán el mismo día en que se cumplirá un año desde que Weretilneck ganó las últimas elecciones.
Como viene la mano, el Gobierno está bastante lejos del clima de festejos.