(CNN Español) — Las declaraciones en CNN del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre una posible venta de terrenos de cárceles ubicadas en zonas urbanas volvieron a ilusionar a los vecinos de Villa Devoto, un gran barrio residencial en el oeste de la ciudad de Buenos Aires que alberga la última penitenciaría nacional que queda en la capital. No es la primera vez que oyen de propuestas sobre el cierre y traslado de ese centro.
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Si bien Milei no mencionó a en particular a la cárcel de Devoto (formalmente, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), son pocas las prisiones que se ajustan a las características que describió, ya que las construidas en las últimas décadas fueron ubicadas alejadas de centros urbanos. Sí podría ser el caso también de las prisiones federales de Chaco, Rawson ––en la provincia de Chubut–– y Formosa, pero el terreno de la capital es el que más interés despierta en el sector inmobiliario.
"Hay cárceles que se diseñaron en determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso quedara en una zona urbanizada. ¿Entonces qué es lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dediquen a 'real estate' y que esa empresa financie la construcción de una nueva alejada de la ciudad", planteó el presidente en la entrevista con Andrés Oppenheimer.
En ese sentido, destacó que esas eventuales nuevas instalaciones serían "de mayor seguridad, de mejor calidad, de mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso", un aspecto fundamental bajo su horizonte de "déficit cero" en las finanzas públicas.
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En marzo, Milei había incluso mencionado la posibilidad de cárceles privadas, idea que no mencionó en la entrevista con CNN y que requeriría la aprobación del Congreso.
Apetito inmobiliario
"El precio del metro cuadrado en la zona de la cárcel de Devoto subiría entre 30% a 50%", según las fuentes que consultó en los últimos días Alejandro Bennazar, director de relaciones institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en caso de que el centro penitenciario sea trasladado. Se estima que el promedio del metro cuadrado de la vivienda en ese barrio supera los US$ 2.000, aunque lógicamente es menor en las zonas más cercanas al penal.
Bennazar consideró que el plan de Milei es viable y explicó a CNN que debido a que implicaría operaciones de gran magnitud, no podrían participar en ellas pequeños desarrolladores. Además, apuntó que es difícil proyectar el valor del terreno, ya que no están especificados factores como el porcentaje que se habilitaría para la construcción o el límite de altura.
Además, la cárcel, abierta en 1927, fue señalizada como "sitio de memoria", al haber funcionado parcialmente como un centro clandestino de detención durante la última dictadura (1976-1983). "No son situaciones normales, hay que ver las codificaciones", agregó Bennazar.
Por su parte, Diego Migliorisi, socio gerente de Inmobiliaria Migliorisi, comentó a CNN que las propiedades aledañas están devaluadas, pero subrayó que "son terrenos muy valiosos" y que el traslado "beneficia 100% a la ciudad y al entorno".
En octubre, un sicario condenado por homicidio se fugó del penal. Y en 2020, en el inicio de la pandemia, los presos tomaron la cárcel para reclamar medidas de prevención tras el contagio de un empleado penitenciario con covid-19. Sin embargo, la zona no está considerada como peligrosa, principalmente por la presencia de fuerzas de seguridad. A los vecinos le inquieta más el día a día del penal, con cerca de 1.500 presos, según datos a diciembre de 2022. "Se escuchan gritos desde el interior. Hay gente que va a hacer visitas, en algunos casos realizan desmanes. Si bien la seguridad está garantizada, la gente vive con incertidumbre", afirmó Migliorsi.
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Un convenio que ya existe
El plan que esbozó Milei podría darse con un llamado a licitación. Sin embargo, para el caso de Devoto, debe resolver una cuestión: el penal forma parte de un acuerdo firmado en 2018 por la Ciudad y la Nación, en el que la capital recibe los terrenos a cambio de la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en el Complejo Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, para trasladar allí a los internos.
Esa obra, inicialmente planeada para entregarse a fines de 2020, ya está avanzada en más de 70%. Además, aunque las obras estuvieron paralizadas, el Plan Plurianual de Inversiones Públicas de la Ciudad contempla una partida de 43.000 millones de pesos (US$ 43 millones, al cambio en el mercado libre) para la ejecución de la obra entre 2024 y 2025.
El abogado Leandro Halperin, especializado en políticas penitenciarias y docente de la Universidad de Buenos Aires, era legislador de la Ciudad de Buenos Aires cuando se aprobó dicho convenio. Según indicó a CNN, en teoría el Gobierno no podría disponer del terreno debido a la existencia del convenio firmado, pero señaló que eso puede cambiar. Además, dijo que no hay impedimentos legales para llevar adelante el plan, ya que no se transfiere la gestión penitenciaria, pero advirtió que la decisión no debe apresurarse.
"Creo que no tienen claro lo que quieren hacer. Hay que hacer un buen análisis, tiene que ser de manera responsable", apuntó.
Si bien prácticamente ninguno de los vecinos de Devoto creció sin tener la cárcel en la zona, las ilusiones de vivir sin ella y las especulaciones de los inversionistas se han ido renovando y apagando con cada anuncio.
En 2011, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció el cierre del complejo y la construcción de una nueva unidad en el partido de Mercedes, a 86 kilómetros, pero la obra se demoró y el traslado nunca se concretó. Siete años después fue el anuncio del entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el traslado fue anunciado para septiembre de 2020.
En cuanto a la construcción de cárceles, Halperin afirmó que en general suelen plantearse cuando ya existe el problema, cuando ya hay una sobrepoblación, pero remarcó que en el sistema federal, donde interviene el gobierno nacional, no presenta ese problema, o al menos no con la misma gravedad.
¿Megacárcel para quién?
A diferencia de lo que pasa en las comisarías policiales de la capital (donde se registraron varias fugas en las últimas semanas) o en la provincia de Buenos Aires, donde según el Centro de Estudios Legales y Sociales en 2022 había una sobrepoblación de más de 100%, con más de 50.000 presos en centros con capacidad total de 25.000 plazas, en el sistema federal hay un 3,8% de sobrepoblación, según consignó la Procuraduría de Violencia Institucional en su informe anual de 2022, en el que registró unos 11.000 presos.
Bajo este panorama, el plan de Milei de construir megacárceles de "entre 5.000 y 6.000 plazas" aumentaría en 50% la capacidad de un sistema que no precisaría de tal incremento, al menos en la actualidad. De hecho, esa cifra sería más del triple que la ocupación actual de Devoto.
La socióloga Alcira Daroqui, docente y directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, también indicó a CNN que hay sistemas desbordados, pero que no hay actualmente hacinamiento en los complejos federales, aunque señala que sí lo hubo en 2019.
Por ello, Daroqui consideró que no hay necesidad de más cárceles de este tipo y que ello sería un dispendio del poder punitivo. También, anotó que el Servicio Penitenciario Federal cuenta con complejos grandes con superficies donde pueden entrar más módulos.
El escenario podría cambiar si es que el Gobierno lleva adelante una política de seguridad más agresiva, en particular para enfrentar el fenómeno de narcoviolencia desatado en la provincia de Santa Fe. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en febrero que quiere adoptar el modelo que aplicó Nayib Bukele en El Salvador contra las pandillas, aunque más recientemente evitó hablar sobre el mandatario salvadoreño.
El Gobierno ya adelantó que planea enviar un proyecto de ley al Congreso para ampliar la participación de Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, así como una "ley antimafia" para combatir a organizaciones criminales.
Los problemas de Caseros
Si se concreta una mudanza de Devoto, ello no necesariamente implica que, en el corto plazo, los terrenos sean aprovechados, ya sea con fines públicos o privados.
El antecedente que marca esta pauta es el de la Unidad Penal de Caseros, en el barrio de Parque Patricios, que cerró sus puertas en 2001 y desde entonces son varios los proyectos anunciados para los terrenos de los edificios, que alcanzaban 22 pisos y fueron demolidos en buena parte en 2007.
Una manzana sí fue dispuesta para el nuevo edificio del Archivo General de la Nación, inaugurado en 2019, pero buena parte sigue en abandono.
Allí se planteó en 2019 una puesta en valor con el traslado de oficinas del Ministerio de Economía de la Ciudad, así como una nueva sede de la Administración General de Ingresos Públicos. Pero en la pandemia y tras un cambio de gobierno nacional, se dejó sin efecto la licitación de la obra.
Más que un centro de oficinas, en estas décadas el edificio terminó usado como un set de filmación. Allí se grabaron las series "Tumberos", en 2002, y tres temporadas de "El Marginal", entre 2016 y 2019, producciones de temática carcelaria.
Además, las obras de demolición fueron varias veces frenadas por la presencia de amianto, un material cancerígeno que requiere mayores medidas de seguridad. Y los proyectos que se contemplen, además, deben cuidar y conservar la fachada y las torretas de cada esquina, ya que están protegidas como patrimonio histórico de la ciudad.
De todas formas, los vecinos de Devoto sueñan con que la zona cambie como pasó con la demolición de la cárcel de Las Heras en 1962, en el altamente cotizado corazón del barrio de Palermo y en el límite con el también valioso distrito de Recoleta. Una parte de esa tierra fue destinada a una escuela pública y otra a una iglesia católica, pero la mayoría quedó para lo que hoy se llama Parque Las Heras, rodeado de torres y a pasos de uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.
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