El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado del caso Medusa, adujo que las declaraciones de imputados delatores no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal ya que, a su juicio, no generan pruebas.
Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, quienes asumen la defensa técnica del extitular de PGR, sostienen que pese a que el Código Procesal Penal les permite mentir sin reproche alguno, la doctrina mundial reconoce que los imputados no son objetos de prueba y que solo son aceptados para sus propias pruebas, no para perjudicar a coacusados.
Denunciaron que la Procuraduría General de la República negoció bajo acuerdo oculto la libertad del ex director general administrativo y financiero de esa institución, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, a cambio de que mintiera y quien señalara que todos sus actos irregulares obedecían a instrucciones del mismo y de Rafael Stefano Canó Sacco.
Destacaron que la PGR preparó un documento y obligó al ex funcionario a que lo leyera de forma literal como se observó en audiencia pública y se ha evidenciado en otros casos, accediendo este irresponsablemente a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año y una reducción de su condena, ya negociada ante un eventual juicio de fondo del mismo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional 23 acuerdos con imputados que han admitido la acusación en su contra, a cambios de ser beneficiados con los procedimientos de penal abreviado y con criterio de oportunidad para que se les suspenda las penas a cumplir en un juicio de fondo.
Solo falta por exponer la defensa del imputado Jean Alain Rodríguez, quien negó las declaraciones preparadas por la PGR leídas de forma literal de un acusado complaciente.
Hasta ayer un total de 25 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la Operación Medusa han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público.
Entre los 25 que admitieron la acusación del Ministerio Público, se encuentran 14 personas físicas y 11 personas jurídicas.
El último de los acuerdos fue realizado con Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien formaba parte de las empresas que tuvieron que pagar sobornos en el Plan de Humanización a las principales autoridades de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez.