El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó una imagen de optimismo ante los «avances significativos» en la negociación sobre el estatus especial de Gibraltar tras el Brexit, si bien, reconoció que las cuestiones «técnicas» no estarán resueltas hasta que trascurran algunas semanas. Si tenemos en cuenta que España y Reino Unido firmaron el primer protocolo negociador en 2021, no parece que sean meras «cuestiones técnicas» las que alargan una discusión que tiene muy pocos misterios, porque de lo que se trata es de establecer los acuerdos de Schengen a un territorio devenido en extracomunitario.
En la práctica, Londres, como en Irlanda, pretende mantener los privilegios comerciales y aduaneros de la pertenencia a la Unión Europea, pero sin cesión alguna que pueda menoscabar la soberanía británica sobre Gibraltar. Para ello, busca el imposible ontológico de considerar a la Policía y la Aduana gibraltareñas como agentes de la misma Unión Europea de la que decidieron marcharse. La posición de Bruselas entiende que debe ser la Policía de un país Schengen, como es España, la que controle la frontera exterior, fundamentalmente, el puerto y el aeropuerto, aunque estaría abierta a que fuera Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la que actuara como fuerza de transición.
En cualquier caso, ceder en este punto sería tanto como entregar al gobierno británico las llaves de entrada a territorio comunitario por uno de los puntos estratégicos más sensibles del mundo, con el Estrecho y el Magreb como ejes. Por supuesto, entendemos a quienes consideran imprescindible que la Roca siga siendo parte determinante del sistema económico y financiero de la comarca del Campo de Gibraltar, anomalía que pone de doloroso manifiesto el fracaso español, y, también, el desapego de Bruselas hacia la secular disputa territorial entre Madrid y España, pero, a nuestro juicio, sería un error dramático por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez desaprovechar la mejor circunstancia que se ha presentado en décadas para los intereses nacionales por el mantenimiento de un modelo económico que, además, supone un lastre para futuro de la zona.
Y no se trata de cerrar la verja y tirar la llave como se propone desde algunos sectores políticos imbuidos de un patriotismo visceral, sino de trasladar a Gibraltar las mismas condiciones aduaneras, fronterizas y de control de tráficos financieros que impone la Unión Europea a los países terceros, es decir, extracomunitarios. Las mismas restricciones que, por cierto, Londres establece en sus fronteras para con los ciudadanos que fueron sus socios. Sabían los británicos que el Brexit tendría inevitables consecuencias en sus relaciones con Europa por lo que los «llanitos» no deberían ahora llamarse a engaño.
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