Nueva York – El candidato a la gobernación de Puerto Rico bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, está convencido de que la diáspora es pieza esencial en los procesos para descolonizar a la isla, por lo que en su agenda las reuniones y los intercambios con miembros de ese sector son y seguirán siendo clave.
"Puerto Rico vive un régimen antidemocrático, colonial, territorial, por lo tanto es importante el rol de la diáspora con respecto a crear consciencia en Estados Unidos para que comprendan que el caso de P.R. es básicamente un caso de reclamo de plena democracia con respecto a nuestro derecho a la autodeterminación", declaró a El Diario NY.
La semana pasada, el también secretario general del PIP llegó hasta la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle, en el estado de Washington, a invitación de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) para llevar ese mensaje.
Allí ofreció un discurso ante miembros de la Escuela de Derecho y la Asociación Latinx de Estudiantes de Derecho
El también exsenador también compartió con integrantes de la diáspora en Red Rock Tavern, en Hartford, Connecticut.
El año pasado, Dalmau participó de encuentros en Boston University y Northeastern Illinois University, por mencionar algunos.
En entrevista con este periódico, el político aseguró que la lucha por la descolonización continúa siendo parte de su misión a pesar de que es uno de los líderes independentistas de la llamada "Alianza" junto a Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones del 5 de noviembre próximo. El MVC como institución no favorece una opción específica de estatus, ya que en sus filas hay estadistas, independentistas, soberanistas y otros.
Bajo el acuerdo entre los dos partidos, el MVC acordó apoyar a Dalmau como candidato a la gobernación a pesar de que cuentan con un aspirante de cumplimiento para esa posición. La misión esencial es acabar con el "bipartidismo corrupto", según describen miembros de la "Alianza".
"Yo entiendo que en las elecciones de este año hay dos temas sobre el tapete que son temas principales. En primer lugar, un gobierno honesto y eficaz; y en segundo lugar, el tema del estatus, el impulsar un proceso de descolonización. Lo que yo he planteado es que en la papeleta electoral de las elecciones generales no está ni la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación, lo que está es quiénes van a ser los responsables de dirigir los destinos de P.R. Los que como yo tienen un compromiso de limpiar la casa y además impulsar un proceso democrático de descolonización, así que eso es parte del diálogo con la diáspora", planteó el político.
El PIP tiene sus reservas sobre los proyectos presentados, desde el 2022, en el Congreso para realizar un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación, ninguno de los que ha pasado el cedazo de ambos cuerpos legislativos como es requerido antes de convertirse en ley.
Para el candidato a la gobernación, en lugar de optar por ese instrumento para resolver el asunto en la isla, se debe convocar a una Asamblea de Estatus. A través de esa vía, los electores seleccionan a delegados que discutirán y definirán el alcance de las distintas alternativas descolonizadoras en coordinación con las autoridades en EE.UU., como el Congreso, antes de que sean sometidas finalmente a votación en la isla.
"Yo creo en convocar una Asamblea de Estatus que sea un interlocutor fundamental entre el pueblo de Puerto Rico en el ejercicio democrático de elegir unos delegados y el gobierno de EE.UU. para que tenga que responder sobre viabilidad o no viabilidad de las opciones, lo que debe ser la transición de cada una de las opciones, responsabilidades y consecuencias, y luego de que el Congreso responda esas preguntas, el pueblo de P.R. pueda votar con conocimiento de causa sobre las opciones que tienen sobre la mesa", insistió.
La migración de boricuas a EE.UU. y el impacto de la Ley 22
Otro de los temas que surgió en el intercambio con miembros de la diáspora fue el aumento en la migración de boricuas a EE.UU. y la necesidad de que se cree el "puente necesario" como política pública para que los que quieran retornar a Puerto Rico puedan hacerlo.
"Estamos hablando que más de la mitad de la población de puertorriqueños viven en la diáspora en distintos puntos y muchos desean tener la oportunidad de regresar, y les preocupan los temas de accesibilidad de vivienda, servicios de salud, educación. Puerto Rico no se ha establecido como un tema de política pública, y uno de los temas que yo siempre subrayo es que es importante que mi gabinete de gobierno yo deseo que haya una persona que represente a la diáspora puertorriqueña, y que haya sido una persona que haya vivido la experiencia de vivir en la diáspora, que no sea una persona que viva en Puerto Rico para atender asuntos de los que no ha tenido esa vivencia, y reconocer que se pueden establecer los puentes para aquellos que quieran regresar puedan hacerlo de forma adecuada", expuso.
Sobre el impacto de la Ley 22 o "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico", que sectores, varios en la diáspora, alegan promueve el desplazamiento de locales al privilegiar a extranjeros millonarios con exenciones fiscales a cambio de que se muden a la isla, Dalmau lo consideró un tema importante que hay que atender.
"Es un trato contributivo privilegiado a no residentes de Puerto Rico, pero que pueden comprar propiedades en P.R. y recibir exenciones contributivas; y el efecto que ha tenido, en lugar de inyectar dinero a la economía o crear empleos, ha sido el desplazamiento de comunidades y la migración. Por lo tanto, es un modelo que no solamente no ha sido rentable en términos económicos o en términos fiscales para el país, pero ha tenido un impacto social enorme. Eso ha provocado que muchas personas vendan sus propiedades para irse de P.R., y han sido desplazados de sus tierras…", argumentó.
Dalmau dijo favorecer la derogación del estatuto aprobado por la legislatura local en el 2012.
"Estas son personas que, cuando llegan a P.R., no se integran a las comunidades; básicamente, desplazan a las comunidades, y es una política pública fiscal desacertada. Como gobernador eliminaría la antigua Ley 22 que ahora es parte de la Ley 60", agregó.
"Pero, eso tendría que venir de la legislatura; tendría que haber una mayoría para poder hacer eso. ¿Cómo, en términos de esta 'Alianza' que ustedes tienen (con Victoria Ciudadana), están viendo eso, porque una cosa es lo que usted quiera hacer y otra lo que se pueda hacer desde la legislatura?", cuestionó El Diario.
"Nosotros en la Alianza, tenemos candidatos y candidatas a todos los puestos electivos, y tenemos una oferta legislativa en todos los distritos senatoriales y representativos, más los candidatos por acumulación. Pero, además de la posibilidad de lograr esa mayoría legislativa, yo insistiría y movilizaría al país con respecto a aquellos que todavía puedan tener alguna resistencia a la eliminación de la Ley 22 que tiene que haber un trato justo contributivo y que P.R. no puede seguir siendo un paraíso fiscal para algunos, pero para los que residen en P.R. una penalidad contributiva", abundó.
Actualmente, varias entidades en la diáspora como Losing Puerto Rico y Center for Popular Democracy (CPD) impulsan campañas para exponer la crisis de vivienda y gentrificación en la isla, que según alegan, se ha agravado por los privilegios contributivos otorgados a los recipientes de la Ley 22, que forma parte del Código de Incentivos de Puerto Rico o la Ley 60 del 2019.
Sobre la propuesta que impulsan algunos demócratas en el Congreso federal para que la isla transicione del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario), Dalmau dijo favorecerla, pero con disposiciones para que, como parte de la transición, se privilegie a los agricultores y productores locales.
"Lo que no puede ser es que P.R. siga siendo una economía de dependencia, porque nosotros también tenemos que desarrollarnos económicamente", estipuló.
En cuanto a este tema, en los pasados días trascendió que el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes aprobaría la medida que reautorizaría la Ley de Agricultura (Farm Bill) antes de que finalice mayo. Sin embargo, no hay garantía de que el cambio de PAN a SNAP sea incluido en la legislación renovada como abogan diversos sectores dentro y fuera de la isla.