Los asociados a la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) finalizaron el borrador que presentarán ante el Gobierno provincial para implementar el modelo de participación público-privada (PPP) destinado a reactivar la obra pública, en un contexto de cese en el envío de fondos federales para estos proyectos.
Ahora resta que la iniciativa de los empresarios sea analizada junto a las propuestas de las distintas reparticiones gubernamentales (entre ellas, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Dirección Provincial de Vialidad), en el marco del trabajo conjunto coordinado por el Ministerio de Obras Públicas que encabeza Santiago Yanotti.
Si bien los representantes de las partes que intervienen en este proceso tenían previsto reunirse este lunes para unificar un anteproyecto -que luego será presentado ante el gobernador Osvaldo Jaldo-, el encuentro finalmente se postergó hasta el jueves, debido a que todavía restaba pulir detalles en algunos de los esquemas bajo estudio.
De todos modos, la CTC que preside Jorge Garber ya terminó de elaborar un plan de "operatoria combinada", en el que se conjugan la participación del Estado provincial y del sector privado para permitir el desarrollo de complejos habitacionales en Tucumán.
En el borrador de los empresarios, al cual accedió LA GACETA, están contemplados tres actores: los bancos (entidades financieras con aval de la hipoteca del terreno), las empresas (serán generadoras del emprendimiento y constructoras de las viviendas) y el Gobierno (su rol será aportar al pago de la infraestructura, a través de tres opciones: el IPV, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo o la Caja Popular de Ahorros).
"La operatoria consiste en un financiamiento compartido, en donde la empresa asume como gerenciadora y desarrolla inmobiliaria, como así también la ejecución de la obra", consigna la propuesta de la CTC, que todavía debe ser analizada en la reunión con las autoridades.
El banco, por su parte, "aporta los fondos producto de un crédito que le otorga al adquirente, avalado por el valor terreno, pero este no lo recibe, sino que se destina a la Empresa para pagar los certificados de avances de obra", agrega la iniciativa.
Finalmente, en este modelo de PPP, el Gobierno "paga y hace la dirección de la obra con fondos Fonavi (Fondo Nacional de Viviendas) o con recursos propios", señala el borrador.
El texto de la Cámara de la Construcción contiene además un manual de procedimiento, en el que se incluyen ideas relacionadas a la adquisición del terreno; al sistema de selección de preadjudicatarios; y un esquema de financiamiento en etapas para la construcción de los inmuebles, entre otros puntos.
Caída de empleo
Ante la decisión del Gobierno nacional de suspender el envío de las partidas para obras públicas en las provincias, cerca de un centenar de proyectos quedaron sin avances en Tucumán. Entre ellos, las más de 3.000 viviendas proyectadas en el predio de 100 hectáreas del barrio Manantiales Sur.
En este escenario, el sector empresario, con el acompañamiento del gremio local de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), dio inicio a las gestiones ante la Casa de Gobierno para propiciar la aplicación de un modelo de participación público-privada.
Sucede que, a partir de la paralización de la obra pública, entre noviembre y abril se perdieron más de 3.000 puestos de empleo en el sector (cerca del 25% del mercado laboral de este rubro), explicó el secretario general de la Uocra, David Acosta.
En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, se utilizó en el país un sistema de PPP previsto por la ley nacional 27.328. Sin embargo, el ministro Yanotti explicó en una entrevista reciente con LG Play que la intención es implementar en Tucumán una versión similar al "modelo uruguayo". "El título es el mismo, las formas del modelo son distintas", indicó. A modo de ejemplo, detalló que sería similar a la primera versión del programa "Procrear". Así, en el caso de la ejecución de viviendas, la participación del Estado radicaría en el aporte económico sobre un aspecto clave, como la edificación de la infraestructura habitacional o el subsidio de la tasa crediticia; mientras que las empresas constructoras llevarían adelante la obra, y los ciudadanos deberían cumplir con una serie de requisitos para acceder al esquema de crédito propuesto por una entidad financiera. De este modo, la elección del beneficiario quedaría no tanto en manos del IPV, sino que se ajustaría a las condiciones del sujeto interesado en ingresar al crédito. En ese sentido, Yanotti aclaró que, para poner en funcionamiento este sistema, es clave que antes "bajen las tasas" en el mercado. "Lo que estamos haciendo es avanzar con los esquemas institucionales y con las discusiones financieras para que, cuando eso suceda, podamos empezar a aplicar este modelo", explicó a LG Play.
En la reunión del próximo jueves, se espera que tanto la CTC como el Instituto de la Vivienda y Vialidad (el modelo PPP se podría utilizar también para el desarrollo de infraestructura vial) expongan sus borradores y se unifique una propuesta. Luego, en caso de que el gobernador Jaldo dé el visto bueno a la iniciativa, el asunto debería ser tratado en el ámbito del Poder Legislativo para discutir un proyecto de ley que permita la reactivación de la obra pública en Tucumán.