Un informe de Human Rights Watch (HRW) explicó que Colombia y Panamá no están protegiendo ni ayudando eficazmente a los cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por la selva del Darién. En ese sentido, la organización identificó deficiencias en los esfuerzos de esos países latinoamericanos para proteger y ayudar a las personas –incluidas aquellas en mayor riesgo, como los niños no acompañados– así como para investigar los abusos contra ellos.
Se trata de un informe de 110 páginas titulado Desatendidos en la selva: Protección y asistencia inadecuadas para migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién. El documento registra las cuatro visitas que la organización hizo a la selva entre abril de 2022 y junio de 2023. En ese sentido, HRW entrevistó a casi 300 personas, entre ellas migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas.
"Human Rights Watch identificó que, a ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de la población migrante como los de las comunidades locales que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de oportunidades", explicó la organización en el resumen del informe.
De igual manera, Human Rights Watch indicó que "los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo constantes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados. La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas".
"Los esfuerzos por desmantelar al Clan del Golfo han dado escasos resultados"
Human Rights Watch indicó que una de las principales razones por las que los inmigrantes no están siendo protegidos es porque Panamá y Colombia no cuentan con una estrategia correcta para enfrentar la crisis migratoria que se vive en la región. Sostuvo que la escasa presencia gubernamental en la región deja a los inmigrantes en manos del Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico que controla el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y lucra de su desesperación y vulnerabilidad.
"Los esfuerzos de las autoridades colombianas por investigar los crímenes y desmantelar al Clan del Golfo en la región han dado escasos resultados. El Gobierno carece de información fiable sobre el número de migrantes que cruzan hacia Panamá y sus necesidades humanitarias, lo que afecta la capacidad de las autoridades para garantizar eficazmente el acceso a alimentación, agua y saneamiento. Las alcaldías de los municipios desde donde salen los migrantes y solicitantes de asilo carecen de capacidad institucional, personal y de recursos suficientes para responder a la creciente afluencia de migrantes y solicitantes de asilo", señaló HRW.
Decenas, si no cientos, de personas han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados. Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, es posible que la cifra real sea mucho mayor.
En el caso de Panamá, precisó que "el Gobierno panameño aplica una estrategia de 'flujo controlado' (o 'flujo humanitario') que parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio".
Además, cuestionó varias decisiones de los Gobiernos. Por ejemplo, el 4 de marzo, el Gobierno panameño suspendió el trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país. Panamá argumentó que su acuerdo con la organización humanitaria había expirado en diciembre. "MSF, que desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo en el Darién, incluyendo a cientos de víctimas de violencia sexual, señaló que ha intentado en reiteradas ocasiones renovar el acuerdo", indicó HRW.
"Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién. Las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esta decisión para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo las víctimas de violencia sexual", afirmó Juanita Goebertus.
Durante la travesía por esta inhóspita selva, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de continentes como Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Entre abril de 2021 y enero de 2024, MSF dio asistencia médica a más de 1.300 personas por hechos de violencia sexual. Es probable que el número total de víctimas sea aún mayor. Sin embargo, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría General de Panamá informó que sólo había conocido sobre 285 víctimas de violencia sexual.
HRW también pidió coordinación entre los países de la región para afrontar la crisis migratoria. La organización sostuvo que "la situación en el Tapón del Darién exige un esfuerzo más amplio de toda la región. Los Gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugios y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién".
Un gran aumento en la cantidad de personas que cruzan el Darién
El informe de Human Rights Watch se conoce la misma semana en la que el ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó de que un total 109.069 inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular atravesaron la selva del Darién en el primer trimestre de 2024. Se trata de un gran aumento en comparación con los 87.390 sin papeles que lo hicieron en el mismo periodo en 2023.
Las nacionalidades con mayor ingreso durante el 2024 son: venezolana 69.568, ecuatoriana 8.912, haitiana 7.253 y colombiana 7.030.
La región vive una agudización de la crisis migratoria principalmente debido a la inestabilidad política y social de países como Venezuela. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) publicó un informe en el que explicó que el año 2023 finalizó con al menos 7,7 millones de personas que decidieron emigrar de Venezuela.
La delincuencia, la crisis humanitaria y la dictadura son las razones por las que los venezolanos están emigrando cada vez más de su país. Un informe de HumVenezuela, recogido por Human Rights Watch, señaló en marzo que "la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer".