La farsa electoral de la Costa Caribe, en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó el 88.71% de los votos, dejaría 8.39 millones de dólares al Frente Sandinista en concepto de reembolso por una inexistente campaña electoral, según estimaciones del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
Además, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que le fueron asignados el 8.10% de los votos, recibiría 766 000 dólares por prestarse nuevamente a un proceso llevado a cabo sin competencia política, transparencia y bajo la sombra de la represión y violencia en contra de la población.
"Hemos hecho un cálculo no oficial de cuánto fue el reembolso que recibieron los partidos políticos y en general fue de casi 9.5 millones de dólares, que sabemos se distribuyen según el porcentaje de votos que les asigna el Consejo Supremo Electoral (CSE)", expresó la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, durante la presentación del Informe Elecciones Regionales 2024.
El reembolso electoral es un mecanismo financiado con fondos públicos con el fin de ayudar a sufragar a los partidos políticos en competencia los gastos de la campaña electoral.
Sin embargo, uno de los principales asteriscos de la farsa electoral de 2024 es que el Frente Sandinista y los partidos zancudos prácticamente no hicieron campaña electoral.
"Para estas elecciones regionales el periodo de campaña fue de 20 días, pero el Frente Sandinista tuvo una especie de campaña adelantada haciendo uso abusivo de los recursos del Estado", comentó Valle.
El régimen y sus partidos colaboracionistas "además de evitar que la ciudadanía pueda elegir libremente, se están lucrando a través de la violencia política y todo lo que la ciudadanía sufre en estos procesos electorales", continuó.
Registraron 949 anomalías en farsa electoral del Caribe
Para la realización de este informe, Urnas Abiertas desplegó más de 200 observadores en 15 municipios de la Región Autónoma Costa Caribe Norte y Región Autónoma Costa Caribe Sur, quienes realizaron la labor de monitoreo y recolección de información el 3 de marzo de 2024, día en que se realizaron las votaciones.
Producto de ese monitoreo, Urnas Abiertas constató que el nivel de abstención fue del 86.72% y verificó 949 anomalías durante las votaciones. Además, apuntó que fueron reforzadas una serie de "medidas autoritarias y corruptas" que el FSLN venía implementando en materia electoral desde 2007.
Colonos invasores fueron habilitados para votar
Entre las arbitrariedades identificadas por Urnas Abiertas están: la compra de votos mediante dádivas y promesas de inclusión en los programas asistencialistas del Gobierno y la movilización masiva de votantes, incluyendo personas externas a las regiones autónomas que los indígenas identifican como colonos invasores de tierras.
"Hubo una presencia generalizada de colonos. El primer método que utilizó el Gobierno fue la identificación de colonos dispuestos a votar por el oficialismo a cambio de tierras", advirtió Valle. "Desde dos años antes, la ciudadanía estuvo denunciando que el Ejército y secretarios políticos comenzaron a verificar a colonos para que fueran a votar", agregó.
Otras arbitrariedades registradas en el proceso electoral fueron: la cooptación de partidos indígenas regionales, el encarcelamiento de los líderes de Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez; la cancelación de la personería jurídica Yatama, entrega de códigos para certificar votos a favor del oficialismo, amenazas o presión a trabajadores del Estados y estudiantes universitarios para ir a votar.
Finalmente Valle señaló que las elecciones de marzo terminaron de introducir a la Costa Caribe el modelo de control absoluto implementado por el FSLN –vigente en las regiones Pacífico y Central del país desde las elecciones municipales de 2022– con la lógica de apropiarse de los recursos naturales de las regiones autónomas para garantizar el sostenimiento económico de su maquinaria autoritaria.