El Poder Ejecutivo implementó nuevas medidas de austeridad y disciplina financiera con el objetivo de mejorar el manejo de los gastos públicos e ingresos del personal, que afectarán directamente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), a las empresas que se encuentran bajo su supervisión y al Seguro Social de Salud (EsSalud).
La disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 052-2024-EF, el cual fue publicado en la edición de hoy del diario oficial El Peruano. Este decreto, que complementa al previamente emitido Decreto Supremo N° 288-2023-EF en diciembre de 2023, estará en vigor hasta finales del año 2024.
Entre las restricciones impuestas, se enfatiza la limitación en el gasto de actividades como eventos, celebraciones y representaciones, los cuales deberán ser esenciales y estar directamente relacionados con el propósito social de cada empresa. Además, se especifica que los gastos relacionados con la participación de los miembros del directorio de estas empresas en eventos de capacitación o desarrollo de habilidades están excluidos.
Otro aspecto importante es la regulación en el uso de la caja chica, que ahora estará sujeta a la normativa y procedimientos establecidos por la Dirección General del Tesoro Público, en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería.
Las entidades señaladas por estas medidas incluyen a 35 empresas estatales supervisadas por Fonafe, y abarcan una amplia gama de sectores como el eléctrico, financiero, infraestructura no eléctrica, hidrocarburos y otros diversos.
Las entidades estatales involucradas
En el rubro finanzas figuran empresas como Agrobanco, Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda. En el sector Saneamiento, se encuentra Sedapal. En lo que respecta distribución eléctrica se incluyen entidades como Adinelsa, Electrocentro, Electrosur, Hidrandina, entre otros.
En el rubro Transportes y Comunicaciones están Corpac, Enapu, Editora Perú (la agencia de medios). En Hidrocarburos figura Petroperú.
Recordemos que al estrenarse como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en febrero de este año, José Arista, anunció que se realizarán recortes de gastos innecesarios en la administración pública con miras a alcanzar un déficit fiscal de solo el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) para este 2024. En la actualidad el déficit fiscal trepó a 3,03%.
"Si uno no está controlado o podando rápidamente los gastos que no son relevantes para el servicio público, comienzan a aumentar y 'se comen todo el espacio financiero'. Esto siempre hay que podarlo. Podar, podar y podar", señaló Arista Arbildo en aquel momento.
En línea con su postura, el primer ministro Gustavo Andrianzén señaló que "se buscará limitar del uso de recursos públicos para gastos no críticos, tales como consultorías, viajes y adquisiciones de vehículos, entre otros".
Regla fiscal en riesgo por segundo año
El reto es grande para el MEF, debido a que el Perú en el 2023 incumplió su 'techo' de déficit fiscal con 2,8% del PBI, cuando la meta era de 2,4%. Pese a este desliz, Arista mencionó que este año mantendrán la meta del déficit fiscal del 2% del PBI.
"Nuestro déficit fiscal para el 2024 seguirá con lo que dice la regla, así que se mantendrá en 2%. Las cosas no son tan fáciles para llegar a este resultado, debo ser sincero", indicó.
Para alcanzar la meta del déficit este 2024 se debe apuntar a consolidar la recuperación de la recaudación, que el año pasado registró una de sus mayores caídas de las últimas tres décadas. La recaudación tributaria, que es un reflejo de la actividad económica de un país, cerró el 2023 con un desplome de 12,3%. La producción nacional durante el año pasado cayó 0,5%, luego de 30 años, exceptuando al periodo de pandemia.