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Actualizado 08:13
Muchas cuestiones judiciales esta mañana en los periódicos, empezando por la investigación sobre el espionaje al teléfono de Pedro Sánchez.
Y a tres de sus ministros, los titulares de Defensa, Interior y Agricultura. Escribe Julián Quirós, el director de ABC, que Francia nos acaba de colocar ante el espejo de nuestra impostura, a cuenta del jaqueo del teléfono móvil de Pedro Sánchez. Y que ya resultó extraña la velocidad con la que se archivó el caso a raíz de la falta de entusiasmo gubernativo para esclarecer un asunto turbio que supone un riesgo potencial para la seguridad nacional y puede condicionar el margen de autonomía del poder ejecutivo.
Se van a cumplir dos años, fue el 2 de mayo de 2022 cuando el gobierno sacó a la luz el hackeo de los móviles con el sistema Pegasus, de fabricación israelí. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, abrió entonces una investigación, la sospecha apuntaba a Marruecos, pero el juez archivo la causa por autor desconocido, sólo dos meses después de abrirla, en julio.
Lo hizo después de pedir sin éxito a las autoridades israelíes que le permitiesen interrogar a los responsables de la empresa que comercializa el programa espía. Ahora Francia pide colaboración y el juez reabre la causa. Explican en ABC que los franceses tienen abierta una investigación desde el año 21, más amplia, por el espionaje a miembros del gobierno y diputados en la Asamblea Nacional y también a peridoistas, abogados, y diferentes asociaciones y ONG. Macron y su gobierno llevan casi tres años guardando un prudente silencio para normalizar sus relaciones con Marruecos. Tras la reapertura de la causa, la justicia española y la francesa trabajarán juntas en este caso.
También en la prensa, la última sesión de control al Gobierno antes de las elecciones catalanas y Salvador Illa en el Senado. Si el lunes fue en Congreso, esta tarde y a 24 horas para que comience la campaña electoral en Cataluña, el candidato del PSC y favorito en las encuestas tendrá que dar explicaciones por los contratos sanitarios en pandemia. Hay grietas en su defensa, dice el Mundo, porque la contratación por Sanidad de la empresa clave en la investigación del caso Koldo tumba la defensa de su gestión.
El lunes tuvo que admitir una reunión con el principal imputado, Koldo García, contactos que amplio y reconoció su jefe de gabinete. Recuerda El Mundo que en los informes de la UCO de la Guardia Civil que sustentan el sumario, reflejan como los miembros de la trama presumían de acceso a Illa para conseguir licitaciones en la pandemia. Se espera un interrogatorio duro esta tarde del PP y de Esquerra con Illa como objetivo a batir ya casi en campaña electoral.
En los periódicos comentan esta mañana la caída en picado de la líder de Sumar Yolanda Díaz. Destaca Expansión que ayer vio como el pnv y Junts se desmarcaban y el Congreso tumbaba su pretensión de incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Y dos decisiones polémicas. ABC editorializa sobre lo que avanzábamos ayer: Moncloa cumple con Bildu para crear una comisión que remueva los GAL y el Debate destaca que el gobierno burla al Supremo, pacta con el gobierno navarro modificar dos artículos del Amejoramiento del Fuero, el estatuto navarro, da todas las competencias de Tráfico a la policía foral y expulsa así a la Guardia Civil de esa Comunidad.
Y en los periódicos, la reunión hoy de la Junta de fiscales y la querella del novio de Ayuso. A las 9 de la mañana se reúne la cúpula de la Fiscalía, la llamada Junta de Fiscales de Sala, compuesta por 37 fiscales. Escribe Ángela Martialay en el Mundo que una cúpula afín al Fiscal General del Estado, tendrá que decidir si se investiga o no que miembros de la institución relevaron datos confidenciales del pacto de conformidad que el abogado del novio de Ayuso negociaba con la Fiscalía.
Y resuelto esto, decidir si se admite la querella de Alberto González Amador. Hoy, los periódicos, publican los datos de ese pacto de conformidad. Gonzalez Amador ofreció al fiscal aceptar ochos meses de cárcel por dos delitos fiscales y paga 520 mil euros a Hacienda
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