A más de seis meses de que el entonces canciller Francisco Bustillo anunciara en el Parlamento un proyecto de ley para limitar el poder de las delegaciones políticas en las comisiones binacionales –en respuesta a la tormenta política desatada por las contrataciones en Salto Grande–, la iniciativa va camino a convertirse definitivamente en ley.
La Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados aprobó esta semana esa iniciativa, que ya había sido votada por unanimidad en el Senado en diciembre del año pasado, y pasará al plenario de la cámara.
El texto en cuestión establece que los delegados de las comisiones técnicas mixtas de Salto Grande y la del Frente Marítimo, más las comisiones administradoras del Río Uruguay (CARU) y del Río de la Plata (CARP) "deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".
El proyecto fue creado para que dirigentes con aspiraciones políticas utilicen estos organismos, con regímenes binacionales que a menudo son bastante más beneficiosos que los de la administración central, como plataformas políticas. Tal fue el caso del nacionalista Carlos Albisu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y actual postulante por el Partido Nacional para la Intendencia de Salto, quien debió presentar su renuncia ante las 36 designaciones directas que desataron la polémica.
La iniciativa anunciada tiempo atrás por Bustillo implicaba también que el Poder Ejecutivo, mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Cancillería, sería encargado de fijar "las pautas y líneas de acción" que cada delegación uruguaya deberá seguir "en materia presupuestal y de gestión financiera".
Al igual que en el Senado, los diputados de la comisión votaron por unanimidad el texto. "La bancada del Frente Amplio está dispuesta a votar el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo tal como vino del Senado, de modo de darle un trámite ágil y poderlo concretar como ley a la brevedad posible", dijo en la sesión el diputado del MPP, Nicolás Viera.
El blanco Javier Radiccioni coincidió en "dar trámite tal como vino del Senado", y que "los aditivos y demás se presenten en el pleno de manera de garantizar todas las posibilidades y que surjan los acuerdos pertinentes".
En octubre del año pasado el Senado ya había aprobado un texto similar postulado por el nacionalista Jorge Gandini, uno de los más críticos con el accionar de Albisu en Salto. Sin embargo, al desembarcar ese texto en Diputados, los representantes blancos indicaron que debía priorizarse la redacción del Poder Ejecutivo.
Seis meses después, el proyecto se encamina a su sanción definitiva.
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