Entre los que piden mano dura para los adolescentes que lo mataron y el garantismo para que los acusados se resocialicen. La solución llevará tiempo.
La opinión pública de Neuquén sigue consternada y envuelta en un fuerte debate por el crimen del periodista Juan Caliani, ocurrido el lunes pasado. La noticia de que sus presuntos matadores son dos adolescentes de 16 y 17 años (ya detenidos) causó tanta sorpresa como indignación, pero además desnudó una realidad dramática que siempre estuvo presente, pero que parecía escondida o acaso normalizada: la situación marginal de miles de jóvenes que deambulan por las calles de la ciudad sin ningún tipo de futuro, sin un proyecto de vida que les permita desarrollarse como individuos. Sin nada; a la deriva.
La muerte de Juan tuvo un fuerte impacto porque el periodista, a decir de sus amigos y compañeros de trabajo, era una buena persona, pero además –vaya paradoja- también era sensible con las causas injustas, como el presente que tenían sus precoces matadores. Probablemente nunca se imaginó que aquellos por los que él se preocupaba iban a terminar con su vida de una manera tan brutal como absurda, con tal de robar algo que seguramente tenía poco valor.
Por eso, quienes lo conocieron salieron inmediatamente a cruzar a los pedían mano dura contra estos pibes que –amparados por la Ley 2302- deberán pasar por un proceso de resocialización para luego, con la mayoría de edad, puedan ser condenados si no lograron ese objetivo.
Es cierto que el crimen de este hombre generó bronca y odio pidiendo lo peor para los dos asesinos adolescentes. Y es lógico porque son reacciones primitivas que afloran inmediatamente cada vez que ocurre un hecho tan aberrante como este. Ejemplos sobran con crímenes que suceden a diario y con el tiempo terminan perdiéndose en el olvido.
También es cierto que ese proceso de recuperación que impulsa la ley difícilmente se cumpla. Basta pensar que apenas se pueden garantizar las clases con normalidad en las escuelas públicas de la provincia y que la deserción escolar sigue vaciando las aulas, como para creer que se pueden destinar recursos en reeducar a adolescentes que vienen condenados desde hace tiempo por la vida miserable que les tocó en suerte.
Es difícil aceptarlo, pero la mano dura, la construcción de cárceles y los castigos más ejemplares no van a servir para solucionar el problema, como tampoco las buenas intenciones del texto de la ley de minoridad van a cambiar la realidad del enorme semillero de pibes sin destino que viene germinando todos los días con la velocidad de una progresión geométrica.
Lo único que cambiará la realidad son acciones concretas que ataquen de raíz el problema de las drogas, la pobreza, la marginalidad y la falta de inclusión, acompañadas de programas educativos que vuelvan a convertir las escuelas en lugares de contención, de aprendizaje obligatorio para todos sin excepción, algo que seguramente demandará muchos años con la continuidad de esas mismas políticas públicas a través de sucesivas gestiones de gobierno.
Por eso el crimen de Juan encierra varias tragedias y abre un panorama angustiante.
Porque Juan ya no está. Porque la solución está lejos. Y porque mientras tanto, no hay mientras tanto.