El Ejecutivo ha anunciado recientemente la implementación de medidas extraordinarias dirigidas a 19 sectores del gobierno central, con el objetivo de reducir el gasto corriente en partidas consideradas "no críticas". Estas medidas buscan contribuir al cumplimiento de la regla fiscal, con proyecciones que apuntan a generar ahorros de más de S/330 millones, equivalentes a alrededor del 0.2% del presupuesto público no financiero de este año.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad, ha expresado la necesidad de revisar otras partidas, haciendo especial mención a lo que ha calificado como "la gigantesca planilla estatal". Estas partidas, junto con otras, conforman el conjunto de gastos que no pueden ser modificados discrecionalmente por el Ministerio de Economía en el corto plazo, siendo considerados como gastos rígidos. La revisión de estos gastos se torna indispensable para evitar que la deuda pública alcance niveles insostenibles y para mitigar el aumento de la percepción de riesgos sobre nuestro país.
Según un informe del Banco Central de Reserva (BCR), se ha observado que la participación del gasto en remuneraciones y pensiones en el presupuesto no financiero del gobierno general era inferior al promedio registrado en países como Chile, Colombia y México durante el periodo 2017-2021. Sin embargo, este escenario cambió en 2022.
La autoridad monetaria comentó que, durante dicho año, la participación del gasto rígido habría aumentado, en parte debido al retiro del gasto transitorio por la pandemia del COVID-19, y principalmente por un cambio en el tratamiento de los contratos CAS, los cuales pasaron a ser de plazo indeterminado.
Relevancia
El análisis del BCR también consideró, además de los gastos en remuneraciones y pensiones, otros elementos dentro de los gastos rígidos. Estos incluyen los costos de mantenimiento y servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las entidades gubernamentales, la retribución al capital invertido en proyectos de asociaciones público-privadas y las obligaciones financiadas por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El BCR determinó que los dos componentes más significativos de los gastos rígidos son las remuneraciones y pensiones, los cuales en conjunto representaron el 42.7% del gasto no financiero del gobierno general en 2023 y, en promedio, el 40% de este presupuesto durante los últimos siete años. Mientras tanto, el resto de las partidas tiene un peso cuantitativo menor.
Por ello, el BCR ha señalado la necesidad de mejorar la gestión del personal calificado en la planilla estatal para evitar que la rigidez presupuestaria afecte la capacidad del Estado para proporcionar servicios a la población. Esta mejora en la gestión del personal no solo contribuiría a retener talento calificado, sino que también aumentaría la eficiencia en el uso de los recursos públicos, indicó la autoridad monetaria.