Este lunes, se cumple una semana de los lamentables hechos acontecidos en el Municipio de Zacatelco, cuyo saldo plantea una reflexión importante sobre el papel de los ayuntamientos en el cumplimiento de las estrategias de seguridad pública.
Zacatelco es un ejemplo claro e inmediato de las omisiones que, en el ámbito municipal, se pueden cometer en agravio directo de la población; y la determinación de instalar el Mando Coordinado en esta demarcación, la evidencia de que la situación de inseguridad resultaba insostenible y exigía decisiones contundentes para enfrentarla.
El presidente municipal Hildeberto Pérez Álvarez mostró incapacidad para ejercer sus funciones en materia de seguridad, así como apatía para participar en los trabajos convocados por el gobierno estatal para evaluar y dar seguimiento a la colaboración que despliegan autoridades de los tres niveles de gobierno para hacer frente a la delincuencia en la entidad.
A mediados de febrero, por ejemplo, en la Mesa Interregional en Materia de Seguridad, el alcalde recibió datos relacionados con la incidencia delictiva municipal y lo alarmante de la situación en Zacatelco. Sin embargo, en vez de mostrar compromiso para proceder en consecuencia, dejó de asistir a reuniones enfocadas a fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios.
Una de estas fue la Primera Sesión del Consejo Estatal de Seguridad, en febrero pasado, en la cual uno de los puntos a tratar fue la consideración y, en su caso, aprobación, de la instalación del Mando Coordinado en el municipio de Zacatelco. Y otra, el encuentro para tratar lo referente a la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, así como la incidencia delictiva en el Municipio de Zacatelco, que se llevó a cabo a principios de marzo sin la presencia del alcalde, razón por la cual se remitió con posterioridad, a él y a los integrantes del Cabildo, la evaluación de la seguridad del municipio.
Esto significa que, a pesar de lo preocupante y deficiente que ya resultaba el diagnóstico respecto al cumplimiento de las funciones de seguridad en el Municipio de Zacatelco, Hildeberto Pérez se desentendió del mismo. No le importó su obligación de salvaguardar la seguridad de los habitantes que lo eligieron como autoridad, ni mucho menos las repercusiones administrativas y penales en las que podría incurrir. Y la realidad es que, con su indiferencia, se retrasó la aprobación de la instalación del Mando Coordinado.
Para el 11 de abril se había convocado la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, y uno de los principales a tratar era, precisamente, la instalación del Mando Coordinado en Zacatelco, con base en la evaluación de la seguridad municipal y otros elementos, como los mínimos elementos de seguridad acreditados con los que cuenta la comuna; las carpetas de investigación acumuladas, tanto de la Procuraduría General de Justicia, como de la Fiscalía General de la República; los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y los folios de llamadas al 911 y al 089 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
No obstante, y como es sabido, los acontecimientos del pasado 8 de abril obligaron a que tal determinación se adelantara en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, a la que tampoco acudió Pérez Álvarez.
Aunque el Gobierno del Estado agotó las instancias de diálogo con la actual administración municipal, a fin de respetar las atribuciones de su nivel de gobierno, ahora el edil trata de evadir su culpa en la situación que prevalece en Zacatelco, y busca atribuirle una carga política que no existe. Pero su incapacidad y, sobre todo, su omisión, son patentes.
El caso Zacatelco hace necesario preguntar de qué manera los ayuntamientos se están conduciendo en estos momentos para cumplir sus funciones en materia de seguridad. La autonomía que les otorga la Constitución no puede ser pretexto para que se manejen sin consecuencias, menos aun si son negligentes en sus responsabilidades.
La nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana es puntual al señalar que deben garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en el territorio municipal, así como preservar y guardar el orden público, bajo los principios de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Vale la pena cuestionar si realmente lo están haciendo.