La jurisprudencia emitida recientemente por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, que aparentemente establece que un amparo anulará órdenes de aprehensión por delitos graves, incluye su aplicación en Tlaxcala.
La jurisprudencia del Judicial establece que basta con una demanda de amparo, para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), al rechazar, en forma contundente, dicha resolución que, consideró, pone en peligro inmediato a las víctimas, ofendidos y testigos de delitos considerados como graves.
La dependencia federal detalló que dicho amparo podría ser aplicado para los presuntos responsables de delitos sexuales; los cometidos contra menores; el feminicidio; el homicidio; la violación; el secuestro; la delincuencia organizada; y otros más.
Ello, además, será aplicado en Tlaxcala y Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
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La FGR expuso que esa resolución afectará a las víctimas de todos esos delitos, a los ofendidos y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales derechos humanos.
"La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ha ocurrido constantemente, en muchos casos", dice un comunicado emitido recientemente.
Por lo anterior, la FGR, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías y procuradurías de todo el país, solicitó formalmente a la SCJN que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos.
"En acatamiento a lo señalado en el artículo 19 de la propia Constitución, que es prioritaria y soberana sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que solo podrá ser modificada, si así lo aprueba el Poder Legislativo de la Nación Mexicana".
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