La Iglesia católica rechazó la solicitud de la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, de mediar en el conflicto con médicos especialistas.
Para la Conferencia Episcopal, se trata de una situación compleja que requeriría la formación de un equipo especializado.
"La razón estriba en la complejidad de la negociación, que involucra, por la información de que disponemos a través de la prensa, demandas relacionadas con salarios, horarios, jornadas, vacaciones, riesgos del trabajo, responsabilidades, deficiencias en infraestructura y equipamiento. Todos ellos suponen conformar en poco tiempo un equipo humano competente en los temas sanitarios, financieros, infraestructurales, laborales y jurídicos de la CCSS, lo cual no está a nuestro alcance", indicó.
Así respondió el 2 de abril, un día después de que la Junta Directiva de la Caja enviara la solicitud y el mismo lunes en que comenzó la protesta de médicos especialistas, de no trabajar tiempos extraordinarios (que rigen después de las 4 p. m., fines de semana y feriados).
En su petición, Esquivel señaló que se recurría a la Conferencia Episcopal porque "se ha caracterizado por su posición neutral y objetiva en pro y la defensa de la salud del enfermo, el desvalido y los necesitados".
La solicitud de la entidad indicaba que, según la normativa laboral existente, no se discutirían temas relacionados con la remuneración de estos profesionales. Las condiciones salariales son precisamente uno de los puntos más importantes del movimiento de los médicos, que buscan mejoras en sus ingresos y la revisión del salario global definitivo.
Para la Iglesia esto también dificulta la mediación:
"La dimensión jurídica laboral es especialmente compleja por lo mencionado en su oficio acerca de que los temas relacionados con la remuneración salarial no serán de discusión, debido a la normativa laboral que usted menciona", indica la respuesta firmada por Edwin Aguiluz, en representación de los obispos.
Otras acciones
Aparte del pedido a la Iglesia, la CCSS recurrió al Juzgado de Trabajo en un intento de frenar la protesta a la que se unieron 2.500 médicos especialistas, en el primer día del movimiento.
Esa gestión fue realizada horas después de que la Junta Directiva acordó analizar técnica y jurídicamente las cinco propuestas que salieron de la reunión entre su equipo gerencial y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname).
La semana pasada, la institución lanzó una contratación de emergencia de servicios médicos privados por ¢12.600 millones; la vigencia del contrato es de tres meses, que ya fue adjudicada a cinco empresas.
De acuerdo con la institución, el primer día del movimiento, 20 pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales por falta de especialistas, 12 de ellos debieron ser movilizados a establecimientos de salud que habitualmente no son su centro de referencia.