¿Cristina, como Alfonsín?
La permanencia de Cristina constituye un dilema para el Gobierno. Podría ayudarlo en la contienda electoral con el aglutinamiento del voto anti K.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Kooy
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Kooy
Hace poco menos de dos años el Frente Para la Victoria (FPV) compitió con sus siglas en los 24 distritos para las elecciones presidenciales.
En agosto y octubre lo hará apenas en cuatro: Santa Cruz, Chubut, Rio Negro y Formosa. El peronismo, con su nomenclatura PJ, peleó por gobernaciones en el mismo tiempo en casi la mitad del país.
Ahora asoma en estado puro también sólo en cuatro territorios: Tucumán, Entre Rios, La Rioja y San Luis.
En la mayoría de los casos se presentará camuflado: en Somos Mendoza, el Frente Cívico de Santiago del Estero o en Junto Somos Catamarca, por citar ejemplos.
Esa declinación en ambos casos tiene sus explicaciones. El PJ fue subsumido por el FPV durante el apogeo kirchnerista. En especial, a partir que en el 2005 Néstor Kirchner rompió con Eduardo Duhalde.
La desaparición del FPV pudo haber obedecido a tres motivos: la derrota en las presidenciales; su descrédito público por la gestión corrupta; la radicalización en que lo sumió Cristina Fernández en su condición de líder principal de la oposición. Tal tendencia terminó provocando el divorcio de la ex presidenta con el PJ.
Esta realidad estaría indicando que al peronismo, tal vez, le cueste mucho mayor esfuerzo y tiempo que en otras oportunidades el proceso de reconstrucción.
Lo solucionó en un par de años, entre 1987-89, cuando empezó la declinación alfonsinista.
Surgió del contrapunto entre Carlos Menem y Antonio Cafiero. Afloró de la crisis del 2001 gracias al aparato bonaerense y el empinamiento de un gobernador desconocido (Kirchner), pensado únicamente como un obstáculo para impedir el posible retorno de Menem. Todavía no se avizora a nadie en condiciones de hacerle sombra a Cristina.
Está la voluntad de Florencio Randazzo, que con el sello del PJ pretende discutirle la autoridad en Buenos Aires. Figura Juan Schiaretti en Córdoba como un gobernador con densidad política.
Mas atrás, Juan Manuel Urtubey en Salta. Luego existe una camada de mandatarios provinciales peronistas con obligación de madurar para entreverarse en la disputa de poder con la ex presidenta.
Cristina ha sabido incluso diezmar al peronismo bonaerense. Aunque no ha sido sólo un mérito de ella.
El proceso lo comandó Kirchner cuando estableció un nexo económico y político directo entre la administración central y los intendentes (sobre todo del conurbano) por encima de los gobernadores de turno.
Los alcaldes fueron quedando limitados en sus ambiciones políticas.
De hecho, tuvieron casi nula intervención en la confección de las listas para senadores y diputados de las PASO. Ni siquiera estuvieron cerca de la información que, increíblemente, llegaron a buscar en comarcas ajenas.
Randazzo atendió a tres de aquellos que lo llamaron para preguntarle si sabía algo. El ex ministro de Interior y Transporte apenas conocía sus cosas. La historia misma refleja aquella decadencia.
El último intendente que se convirtió en gobernador fue Duhalde. En 1983 existió el ensayo fracasado de Herminio Iglesias. Alberto Balestrini llegó a vicegobernador por el gusto de Daniel Scioli.
Y nada mas. Los alcaldes han sido condenados a preocuparse sólo por su territorio y por la caja. De tanto en tanto filtran en alguna oficina ministerial.
Salvando la dimensión de la calidad política y humana, Cristina podría convertirse en un factor de fuerte condicionamiento –un tapón-- para cualquier intento de remozamiento peronista.
Similar, a lo mejor, al que le tocó vivir al radicalismo con el liderazgo absorbente de Raúl Alfonsín. El ex presidente fue el indiscutido padre de la recuperación democrática y sus valores esenciales.
Pero cuando regresó al llano nunca supo potenciar a su partido. Por el contrario, lo perjudicó al pactar con Menem la reforma de la Constitución que le posibilitó la reelección.
Tampoco resultó una viga inquebrantable durante el par de años aciagos de Fernando de la Rúa.
El radicalismo de ciento veinte años es ahora sólo un socio de la coalición oficialista, Cambiemos, que encabeza el PRO, una fuerza que redondea apenas trece años de existencia.
Cristina apunta también en una dirección reduccionista. No sólo porque resolvió prescindir del PJ. Ha decidido además cambiar aquel 54% de votos del 2011 en el orden nacional por una módica trinchera en Buenos Aires.
En el conurbano. El interior de la provincia la observa con mucho recelo.
La Provincia le permitiría un regreso al Congreso donde conducirá una tropa propia ultra K incluso aumentada (al menos en Diputados) si los vaticinios de las encuestas tienen corroboración en la realidad.
Otro capítulo es la adquisición de los fueros. Cristina no los tuvo desde que dejó la Casa Rosada. Posee seis causas abiertas, cinco por corrupción, y tres procesamientos.
Amén de la denuncia por encubrimiento terrorista y muerte misteriosa del fiscal Alberto Nisman. Pero supo defenderse con el sistema urdido antes de irse.
La Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, un lote de sus fiscales militantes y jueces ubicados en estamentos clave.
Mauricio Macri posee un plan que el kirchnerismo conoce si las urnas le otorgan en octubre el espaldarazo que busca.
Avanzar en el juicio a Gils Carbó, desplazar del Consejo de la Magistratura al representante K, Ruperto Godoy, e insistir con el apartamiento del juez Eduardo Freiler, acusado por enriquecimiento ilícito, de la Cámara Federal.
Claro que ni aún así los caminos serán sencillos. La Cámara de Casación Penal confirmó la semana pasada la condena de 7 años de prisión para Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Se trata de una causa iniciada en 1995. Es decir hace 22 años. El ex presidente intenta ahora renovar su banca por La Rioja. La ex presidenta podría estar tranquila.
Pero corre riesgo de transformarse en un incordio cuando deba ocuparse de nuevo de la gestión y abordar el par de años que le quedan.
Aquel incordio se alimenta con estos fundamentos: el macrismo se topará con una oposición mayoritaria mas fragmentada y, en una porción, también más enconada. En estado de constante revulsión.
¿Con que herramientas repetirá los consensos del 2016?. Ese paisaje tampoco ayudaría a transmitir certezas en el campo económico, donde el Gobierno no sale de su grisura. De hecho disputará la elección con un puñado de monedas.
El macrismo le ha errado sistemáticamente a sus pronósticos. Creyó desde el comienzo en un flujo de inversiones para la reactivación que no se produjo.
Mensuró mal el origen débil del Gobierno, la historia de falta de fiabilidad de la Argentina, la persistencia kirchnerista en la escena y la existencia de un sistema electoral que obliga a exámenes año por medio y frena la posibilidad de adopción de medidas a largo plazo.
En esa misma realidad el Gobierno podría explicar su gradualismo económico.
El macrismo volvió a equivocarse cuando supuso que nuestro país recuperaría la categoría de mercado emergente que facilitaría el flujo de capitales.
El MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) mantuvo la calificación de mercado de frontera, al que lo había degradado en el 2009, amparado en el enigma electoral de octubre y en los desajustes macroeconómicos que el Gobierno no atina a corregir.
La derrota se disimuló otra vez por el escándalo. En cualquier escándalo aflora siempre la sombra del kirchnerismo.
El allanamiento al popular mercado de La Salada y la detención de uno de sus dueños, Jorge Castillo, remitió de nuevo a la política al peor de los submundos.
El detenido, que resistió a los balazos, siempre se confesó radical y declaró que estaba dispuesto a participar en una interna inexistente de Cambiemos en Buenos Aires.
Pero las huellas de sus tropelías quedaron marcadas durante el ciclo kirchnerista. Su participación en la comitiva que encabezó Cristina en Angola no fue la única constatación.
Guillermo Moreno jamás ocultó su relación con Castillo. Ni siquiera ahora. El ex secretario de Comercio lo ayudó con los negocios ilegales. Hubo uno pequeño que sirve como símbolo.
El propietario de un restaurante armenio en la Ciudad importaba ajo para sazonar las comidas. Un monto de U$S2500 mensuales. Moreno frenó esa importación cuando empezaron a escasear los dólares.
Aquel propietario logró la mediación de la entonces ministra de Industria, Débora Giorgi.
Moreno propuso entonces una transa: habilitaba la importación de ajo siempre y cuando el dueño del restaurante comprara igual valor en ropa deportiva a Castillo en La Salada.
El hombre le preguntó que podría hacer con esa indumentaria.
El ex secretario de Comercio le garantizó que se la comprarían en Uruguay. Así se manejaban los resortes públicos en la década ganada.
Moreno aspira a competir en las elecciones de agosto. Está en una lista del espacio pero-kirchnerista de la Ciudad junto a Gustavo Vera. El legislador es un hombre cercano a Francisco, el Papa.
Es también representante de la organización La Alameda que denunció con recurrencia las mafias de La Salada y al propio Castillo. Lo mismo hizo Elisa Carrió. Un rompecabezas muy difícil de ser compaginado.
El escándalo de La Salada fue seguido de los allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino de Puerto Madero. Evasión impositiva atribuida al empresario Cristóbal Lopez.
Todos sinónimos de corrupción de la época pasada. El mejor activo que puede exhibir el macrismo ante la ostensible carencia de otros.