Las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en defensa del impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas, que a su juicio ha contribuido a «elevar la reputación de los dos sectores», han causado estupor tanto entre las entidades financieras como entre las compañías energéticas. «Se trata de un puro invento que no tiene ni pies ni cabeza», aseguran las fuentes consultadas por OKDIARIO, que enmarcan esta clase de pronunciamientos en el contexto de la desorientación que se vive en estos momentos en el Ejecutivo, a pesar de que el presidente Sánchez anunció ayer que se mantendrá en La Moncloa «con más fuerza que nunca» y dispuesto a establecer un punto y aparte en pos de la presunta regeneración de la vida política.
«Las palabras del ministro carecen de cualquier sentido porque, en todos los indicadores disponibles, las empresas de ambos sectores llevan escalando posiciones gracias a los innumerables esfuerzos realizados en transparencia, compromiso social, igualdad de género, mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, atención al medio ambiente y todos los ítems que se usan ahora para medir la sostenibilidad de las compañías y su prestigio internacional», añaden los citados medios.
Carlos Cuerpo afirmó ayer lunes que el impuesto extraordinario a la banca y al sector energético -el impuestazo- mejora su «reputación», lo que se ha entendido como la intención del Gobierno de prolongar indefinidamente este tributo «extraordinario», si bien podría suavizarlo y extenderlo a las entidades extranjeras. Según Cuerpo, este impuesto ha contribuido a aumentar «la sensación» de que se está produciendo «una redistribución justa de los costes» sin impedir que estas empresas hayan obtenido «los mejores resultados de su historia».
«Tenemos que ser conscientes de ese elemento de equilibrio y del punto positivo reputacional para estos dos sectores que supone el haber sido capaces de contribuir de manera positiva a esta actuación con dicho impuesto», subrayó Cuerpo durante su participación en un acto organizado por la Fundación Seres. Pero la recepción de las empresas afectadas ante estas declaraciones ha sido la de una estupefacción general.
Primero, porque «todos los índices que se dedican a medir la reputación ya recogen un notable avance en todas las empresas españolas, y mucho antes de que se establecieran un impuesto extraordinario que ha castigado severamente la cuenta de resultados», indican. «Así se ha podido comprobar en la última reunión del Foro de Davos, de la misma manera que en otros indicadores habituales y encuestas diversas que se dedican a ofrecer regularmente esta clase de resultados».
En segundo lugar, el sentimiento entre las empresas es de «una profunda decepción, porque, después de que Calviño abandonase el Ministerio de Economía para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), nos parecía que Cuerpo había entrado con mejor pié, que era más receptivo que la anterior titular de la cartera a las posiciones de las empresas e incluso nos había prometido ejercer de contrapeso a la ofensiva de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretender hacer del mantenimiento de estos tributos de nueva generación una especie de 'casus belli' para garantizar la sostenibilidad del Ejecutivo», explican las fuentes consultadas.
«Incluso nos había trasladado su intención de que decayesen el año próximo, siguiendo la estela del resto de los países europeos, que han decidido acabar con este castigo fiscal extra en 2025», añaden. «Ahora la verdad es que no sabemos qué puede suceder, sobre todo después del cambio de escenario que ha supuesto el amago de dimisión de Sánchez y su posterior decisión de continuar al frente del Ejecutivo con aparente ánimo renovado de fortalecer las políticas que hasta ahora han ido entorpeciendo nuestra actividad», apuntan.
De hecho, una gran parte de las empresas afectadas por el nuevo gravamen ya daban por hecho que éste no estaría en vigor en 2025, y así viene contemplado en sus planes estratégico a corto plazo. Estos son los casos, como mínimo, de Endesa, Repsol o BBVA, que no contemplan impacto alguno en su cuenta de resultados a partir del próximo ejercicio. Ayer lunes, BBVA hizo público que pagó 285 millones por este impuesto en el primer trimestre del año y Unicaja, 78,6 millones. El impacto ha sido también notable en el resto de las compañías afectadas. En el caso de Endesa, de más doscientos millones y en Repsol y Cepsa todavía más.
A finales de enero, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, volvió a cargar contra la decisión del Gobierno de imponer primero y mantener después el impuestazo a la banca a partir de 2024. «Ningún país tiene previsto un impuesto extraordinario más allá de 2024. Un impuesto a la banca no es lo mejor para la economía. Todos los sectores deberían pagar lo mismo y no se debe penalizar a un sector concreto», señaló Botín en la rueda de prensa de presentación de resultados del Santander de 2023. Santander ha pagado en este primer trimestre 338,5 millones de euros por el impuestazo con cargo al ejercicio de 2023. Botín ha señalado que ya pagan el 23% de impuestos en España y que su opinión sobre este tributo «es de sobra conocida».