A partir del incendio y explosión de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex), el pasado 6 de abril, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer que se ha detectado en imágenes satelitales la existencia de un derrame de petróleo en curso en la misma zona del siniestro. El derrame inició alrededor del 22 de marzo de este año y al menos hasta el 9 de abril seguiría activo, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida.
Se calcula el derrame de crudo en una superficie mínima aproximada de 390 km2, una dimensión similar a la del derrame denunciado por varias de las organizaciones firmantes en julio del año pasado.
Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades. Ante ello, urgieron a entregar información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición; y una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su innegable responsabilidad frente a la crisis climática.
La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en nuestro país. El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles.
La principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). La ASEA es la agencia gubernamental encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en las materias de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente. A pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres.
El aumento del 152% en la frecuencia de "accidentes" -es decir, siniestros- de Pemex en los últimos dos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente.
Las consecuencias son visibles en las irreparables pérdidas humanas de trabajadores y las afectaciones a la salud de las comunidades humanas y los ecosistemas impactados por los desastres fósiles.
En sus comunicaciones, Pemex se refirió a este siniestro como un "conato de incendio", sin embargo, la realidad no coincide con la pormenorización de los hechos de la petrolera. Al momento, sabemos que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y 9 más resultaron heridos. Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009.
Las organizaciones exigieron que las autoridades correspondientes informen con claridad sobre el siniestro ocurrido en Akal-B, sus impactos y las medidas que se tomarán para prevenir la repetición de estos incidentes. De igual forma, demandaron información sobre las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y para la mitigación de sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.
Es apremiante que desde la Región Carbonífera hasta la Sonda de Campeche en el Golfo de México, se deje de apostar por un modelo que sacrifica a poblaciones y territorios en beneficio de las industrias del gas, petróleo y carbón. Este modelo es una garantía para más desastres fósiles y para agravar la crisis climática en la que nos encontramos. Existen alternativas para nuestro modelo de energía que ofrecen una ruta clara hacia una transición energética justa, que responda a la realidad de la emergencia climática y garantice un futuro sostenible y digno. Es urgente hablar con autocrítica del presente y diseñar un mejor futuro.
Las organizaciones firmantes son Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas AC, CORASON, Defensa Ambiental del Noroeste, Engenera AC, #EsGasFosil, GDL en Bici, Greenpeace México AC, Nuestro Futuro AC, Organización Familia Pasta de Conchos, Padres por el Futuro Mty, Planeteando, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, y Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO. (Comunicado)