La relación bilateral México-Ecuador atraviesa su peor momento en la historia desde que el gobierno de Daniel Noboa decidiera asaltar la embajada mexicana en su territorio para arrestar a Jorge Glas, presuntamente responsable de actos de corrupción cuando fue vicepresidente, pues esto represente una violación flagrante a la Convención de Viena.
En consecuencia, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciaron que denunciarán el gobierno de Noboa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero ¿qué consecuencias puede tener esto?
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¿Qué consecuencias podría pagar Ecuador por asaltar la Embajada de México?
Además del amago promovido por el gobierno mexicano, cabe destacar que 30 países condenaron la actuación de Ecuador, lo que permite ver el respaldo internacional del que goza México ante violaciones como esta; asimismo, organizaciones internacionales como la OEA y CELAC coinciden en que se trata de un gesto que rompe con los convenios internacionales firmados por Ecuador.
Lo cual apunta a que, probablemente, tanto la CIJ como la ONU le darán la razón a México, lo cual afectará gravemente a los ecuatorianos que vivan en México, a las empresas de origen ecuatoriano que quieran invertir o ya tengan inversiones en México; así como a la percepción pública de Ecuador ante el mundo.
La primer consecuencia que tuvo Ecuador es que México terminara su relación diplomática. Esto quiere decir que la embajada y el consulado de Ecuador en México se cierra; el cuerpo diplomático ecuatoriano se regresa a su país de origen y los civiles ecuatorianos que se quedan en la república pierden la posibilidad de renovar su visa en este territorio, además de que se quedan sin protección legal diplomática.
Asimismo, se advierten dificultades para que consigan residencia o nacionalidad. Además, la pérdida de la protección diplomática también aplica para las empresas.
Por su cuenta, tanto la Haya como la ONU puede aplicar sanciones contra Ecuador, las cuales pueden ir desde lo diplomático hasta lo deportivo, pasando por sanciones políticas o de confianza, que invariablemente repercutirían en lo económico.
La pérdida de confianza diplomática podría afectar sus relaciones comerciales con otros Estados que crean que su soberanía en embajadas y consulados, así como sus inversiones podrían estar en riesgo ante un gobierno autoritario proclive a violas convenciones internacionales. Una mala percepción en este punto se podría traducir en pérdida de inversión extranjera directa, o incremento en intereses respecto al pago de deuda externa.
Cabe recordar que para que estas sanciones tengan efecto en Ecuador, deben pasar por un proceso jurisdiccional donde un tribunal facultado deberá escuchar ambas partes de los hechos y dirimir las responsabilidades señaladas al gobierno ecuatoriano; para que se llegue a este resultado, es prioritario que el juzgador tome en cuenta el concepto de reciprocidad entre los Estados en discrepancia, ello para no favorecer indebidamente a ninguna de las partes.
Finalmente, se destaca que el objetivo máximo de las autoridades internacionales es buscar la conservación de la paz entre ambas naciones, lo cual coincide con el talante pacífico histórico de México y la insistencia de Daniel Noboa por recuperar lo más rápidamente posible la relación diplomática con el gobierno de AMLO.