San José, 18 abr (EFE).- La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hizo este jueves un llamado urgente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y de otros altos funcionarios, por delitos de "lesa humanidad".
En una declaración, Raza e Igualdad también instó a otros Estados a demandar a las autoridades de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por "crímenes de lesa humanidad".
En el documento, titulado 'Seis años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ¡La justicia no debe demorar más!', en ocasión del sexto aniversario del inicio de las protestas contra el Gobierno de Ortega, esa ONG abogó además por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, "quienes merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
"En esta fecha no podemos dejar de pensar en las madres de abril, las y los familiares de las personas presas políticas y el resto del pueblo nicaragüense que tiene seis años clamando paz", dijo el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, en una declaración escrita.
"La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces. Entre más tiempo pase, más difícil será reconstruir a la Nicaragua, Nicaragüita; por eso, países amigos del pueblo nicaragüense: ¡La justicia no debe demorar más, actuemos, busquemos mecanismos para la rendición de cuentas!", añadió.
Según el balance de Raza e Igualdad, "las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han dejado miles de víctimas: al menos 355 personas asesinadas y más de 2.000 personas manifestantes heridas por agentes estatales o paraestatales en el contexto de las protestas de 2018".
Asimismo, mencionó que 317 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y derechos ciudadanos, otros 240 han sido desterrados, y más de 200 periodistas han abandonado Nicaragua por motivos de seguridad.
También que un 6,5 % de los 6,7 millones de nicaragüenses se han marchado al exilio "en búsqueda de asilo o refugio", más de 3.625 organizaciones de sociedad civil han sido canceladas; y que 138 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos.
"Ortega y Murillo, con sus cómplices intelectuales y autores directos, han logrado sembrar terror más allá de las fronteras de Nicaragua con la aplicación de la apatridia", dijo, por su lado, la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff.
Para Quesada, "este año la justicia debe ser una prioridad en las agendas de los Estados aliados del pueblo nicaragüense".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE
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