El Consell de Carlos Mazón ha encauzado la legislatura en materia de diálogo social con la firma del primer gran acuerdo con los principales sindicatos para negociar las condiciones laborales del personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Generalitat. El documento suscrito este jueves en el Palau por el propio president y los representantes de CSIF, UGT y CCOO contempla un calendario durante los próximos tres años para abordar cuestiones concretas como la posible aplicación de la jornada de 35 horas, el teletrabajo, la reducción de la temporalidad y los planes de igualdad y contra la violencia de género.
El pacto recoge por primera vez la negociación de una evaluación del desempeño para mejorar la eficiencia, orientando el trabajo de los funcionarios a objetivos estratégicos y con la evaluación de los mismos. Se incluyen aspectos como el análisis de las ausencias en la jornada laboral y complementos no consolidables que variarán cada año en función del rendimiento.
Además, la Generalitat y los sindicatos se comprometen con el objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8% a final de legislatura, a través de las Ofertas de Empleo Público (OPE), y pedirán al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición que pone límites a la incorporación de personal. Ambas partes también se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores (incluidos Sanidad, Educación o Justicia) como diagnóstico para mejorar la cultura organizativa y adecuar los procesos de selección.
El protocolo marco también incluye la revisión de los planes de igualdad para adaptarlos a la normativa vigente y la realización de cursos de formación sobre igualdad y violencia machista. El derecho a la movilidad de las víctimas de violencia de género se amplía también a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia.
Ambas partes se comprometen a reactivar las mesas de negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat, de Administración Local y de las Universidades Públicas, y se le otorga peso a la formación continua y permanente de los empleados públicos.
El acuerdo también aborda la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas y del teletrabajo, cuestiones que estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y a la garantía de que su puesta en funcionamiento no afecte a la prestación de los servicios públicos.
Al acto de este jueves han asistido también la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, y los representantes sindicales Rafael Cantó (CSIF), María Teresa Montaner (UGT) y Pilar de la Vera (CCOO). Desde estas organizaciones advierten que el acuerdo no es un "cheque en blanco" y que vigilarán su cumplimiento.
El jefe del Consell explicó que este documento ofrece "un calendario completo" y un "marco cierto, medido en el tiempo, tasado y compartido por todos", en el que se dialogará "con certeza y seguridad" de la estabilidad de los servidores públicos, de reducir la temporalidad, la brecha salarial, la "violencia laboral", los protocolos de teletrabajo y la jornada de 35 horas.
Preguntado por la viabilidad de esta última medida para el personal sanitario, Mazón afirmó que no quiere "predisponer" la negociación "antes de empezar" a trabajar en un consenso. Eso sí, reconoció que "el reto no es menor" y que "hay mucha gente que sabe de esto" y se trabajará en ello con "la mejor voluntad" y "sentido común".
Cantó agradeció a Mazón el "ambiente de diálogo", Montaner valoró el acuerdo como "un instrumento" para marcar la agenda sindical y De la Vera destacó el "trabajo arduo" que las dos partes tendrán por delante en las negociaciones.