La regulación de la figura del facilitador judicial anunciada recientemente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llegará en mayo a la Comunidad de Madrid para ayudar a las personas con discapacidad en posición de víctima de delito. Los expertos debutarán para darles apoyo en las sedes judiciales, juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, como reveló la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, cuyo titular es Miguel Ángel García Martín.
La presencia del facilitador tiene como objetivo que todos los madrileños «accedan y participen en la justicia en condiciones de igualdad», en palabras del consejero. Así, con la aprobación del proyecto de decreto en mayo para regular esta figura, se crea un seguro para evitar que padezcan en los procesos judiciales cualquier tipo de discriminación. Como requisito para ejercer este cargo hay que ser licenciado o graduado en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Asimismo, tienen que contar con formación específica en este ámbito, con cursos de un mínimo de duración de 100 horas.
El servicio estará incluido en el protocolo de peritos judiciales y los expertos se sumarán a las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) junto a nuevos psicólogos y trabajadores sociales.
Recientemente, el Gobierno ha anunciado la creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito. Su iniciativa contrasta con el caso de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con una dilatada experiencia en su compromiso con las víctimas.
De hecho, hay que retroceder hasta 2015 para fechar la aprobación del Estatuto de la Víctima por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Este establecía, a través de la Ley Orgánica 4/2015, que el Ejecutivo central y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, como era el caso de Madrid, se encargarían de organizar las oficinas de asistencia a víctimas.
Sin embargo, fue mucho antes cuando se creó el Servicio de Atención a la Víctima del Decanato de los Juzgados de Madrid, ubicada inicialmente en la sede judicial de Plaza de Castilla, en 1996. Se pusieron en marcha oficinas de asistencia a víctimas también en otros municipios de la región como Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles.
El Gobierno autonómico subió un peldaño más en 2009, con la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía de la Comunidad, por el que se creó el Servicio de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Personas en Situación de Riesgo. Éste presta orientación jurídica y psicosocial, junto a protección a las víctimas, testigos protegidos y otros perjudicados por la comisión de infracciones penales. Posteriormente, de la mano del Estatuto aprobado por Rajoy, llegaron a las infraestructuras judiciales las cámaras Gesell, las áreas reservadas para víctimas o los recorridos alternativos para evitar que se crucen con los acusados, entre otros.
La figura del jefe de área de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito surgió en 2017 para ir más allá con un servicio más extenso. Se creó para coordinar, asistir y poner en marcha una red de estas oficinas en cada uno de los 21 partidos judiciales de la región.
Solamente se tardó un año en unificar la gestión de todas las oficinas en la Comunidad de Madrid, al crear la Oficina de Asistencia a Víctimas central, con tres equipos psicosociales, bajo el paraguas de la Consejería de Justicia. Se le sumaron refuerzos de un nuevo equipo psicosocial de la central, en este caso para atender a las víctimas que acuden a los juzgados de guardia de violencia de género de Madrid capital, en 2020.
El proceso se completó en 2022 con el nacimiento de nuevas oficinas y la modernización de las existentes. Con las nuevas incorporaciones desde entonces de empleados de diferentes especialidades, la plantilla ha crecido en un 316% con respecto a 2021.
11.000 víctimas
A día de hoy, la red de la Comunidad está compuesta por 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito a lo largo y ancho de la región. La red asistió a más de 11.400 personas en 2023, un 25,1% más respecto al ejercicio anterior, de los que casi el 90% eran mujeres y el 10 restante hombres. El 12% eran menores de edad. En lo que respecta a las personas con discapacidad, son 200 las víctimas.
Los motivos por los que requerían asistencia eran, principalmente, violencia contra la mujer (35,1%) y actos contra la libertad sexual (31,4%), seguidos de lejos por violencia doméstica -intrafamiliar- (9,1%), delitos informáticos –ciberacoso, fraude, phishing- (6,2%) y hechos próximos a delito que no son objeto de denuncia (5%).
Por decreto, cada una de las oficinas de la red madrileña debe contar con un gestor, un tramitador, un psicólogo y un trabajador social como mínimo. La central está formada en la actualidad por dos gestores, cuatro equipos psicosociales -con un psicólogo y un trabajador social por cada uno de ellos- y la coordinadora.