El Tribunal Constitucional ha ratificado que el Gobierno de Sánchez "desbordó" el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuando incluyó en ella la cesión de los secretarios, tesoreros e interventores al Gobierno vasco que le exigió el PNV. El fallo -con un voto en contra- da la razón al PP que interpuso un recurso de inconstitucionalidad desde su grupo en el Congreso. El pronunciamiento del Alto Tribunal coincide con la interpretación realizada previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero, según el Gobierno vasco, no afecta al proceso selectivo que activó la consejera Olatz Garamendi en octubre de 2023 al que se presentaron 607 aspirantes para 55 plazas.
El Gobierno de Pedro Sánchez coló en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 una de las exigencias del PNV. A través de la disposición final primera de la Ley 22/2021 -la norma que aprobó los presupuestos de España de 2022- modificaba la Ley de Bases del Régimen Local. El traspaso al País Vasco permitía al Gobierno de Urkullu "la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su territorio, la convocatoria exclusiva para este de los procesos de provisión para las plazas vacantes, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas".
El Consejo General de Colegios Oficiales de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Central (Cositel) recurrió norma que facilitaba este traspaso antel Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) mientras que el PP lo hacía directamente ante el Constitucional. El Alto Tribunal vasco se manifestó en noviembre de 2023 y al observar su presunta ilegalidad presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para que se pronunciara. El Alto Tribunal ha comunicado hoy el fallo sin entregar aún la sentencia que cuenta con un voto particular discrepante con el de la mayoría.
El dictamen del Constitucional se ha conocido seis meses después de que el Gobierno vasco activar una Oferta de Empleo Público (OPE) sobre estas plazas. "Un total de 607 personas optan a 55 plazas en las administraciones locales de Euskadi para las categorías de secretaría-intervención, intervención-tesorería y secretaría. Por primera vez, Euskadi toma el lugar del Estado en la provisión de estas plazas en el ejercicio de la competencia, cuestionada por el Estado, y del autogobierno vasco como herramienta para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía vasca", informó entonces el Ejecutivo de Urkullu.
El fallo del Constitucional se produce cuando el Ejecutivo vasco se encuentra en funciones y cuando los partidos se reorganizan después de la intensa campaña electoral. Tras conocer el contenido del fallo, el Departamento de Gobernanza y Autogobierno del País Vasco ha asegurado que "la resolución judicial no tiene ninguna consecuencia en los procesos selectivos actualmente en vigor".