Germán González
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una banda dedicada a traer a España ciudadanos en situación irregular a cambio de grandes sumas de dinero. Hay siete detenidos, entre ellos el cabecilla, acusados de los delitos de tráfico de personas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Los investigadores detectaron en julio de 2023 una primera furgoneta con 11 personas hacinadas en su interior en Sant Adrià de Besòs. A partir de ahí descubrieron que se trataba de una organización criminal que vulneraba la legislación de tránsito de extranjeros en España al gestionar el tráfico de personas desde diferentes países europeos hacia Barcelona.
Eran en su mayoría ciudadanos de terceros países a los que cobraban grandes cantidades de dinero por garantizarles el traslado y entrada, pese a que al hacerlo los ponían en grave riesgo por las deficientes condiciones en las que se realizaba dicho traslado. Según la Policía, las víctimas saldrían de sus países de origen uno o dos meses antes de su viaje final a España y durante esas semanas estarían moviéndose por varios países de la Unión Europea.
Posteriormente, se reunirían con la organización en una ciudad determinada para organizar el viaje final a España. El pago que debía realizar cada uno de ellos, por los traslados y por introducirlos en España, oscilaba entre 10.000 y 12.000 euros.
18 horas de trayecto
El viaje a España lo realizaban por carretera, en el interior de furgonetas en malas condiciones y hacinados, con falta de ventilación, ya que las furgonetas carecían de ventanas, con unas condiciones higiénico-sanitarias nulas y sin ningún tipo de víveres, teniendo en cuenta que la duración del trayecto era de más 18 horas.
La organización contaba con una gran infraestructura porque utilizaba hasta ocho furgonetas para trasladar a las diferentes personas que querían llegar a España como destino final. La Policía destaca que durante el trayecto no se les permitía salir del habitáculo, ni siquiera en las paradas para repostar, debiendo hacer sus necesidades en bolsas y orinar en botellas de plástico.
Según la Policía, las víctimas pagaban grandes cantidades de dinero a los responsables de la organización, motivados por su estado de necesidad en sus países de origen. Además, una vez iniciaban el trayecto, se les retiraba sus teléfonos móviles y documentación, de manera que los tenían totalmente controlados.
Una vez finalizado el trayecto, los encargados de la organización en España, recibían a los extranjeros, quedando estas personas custodiadas en pisos de seguridad hasta obtener el total del pago del trayecto. Los agentes han liberado a 17 personas, aunque habrían cometido una infracción a la Ley de Extranjería.
Estructura jerárquica
Los investigadores remarcan que la organización criminal mantenía una sólida jerarquía con un reparto de tareas perfectamente definidas en lo relacionado con la captación, traslado y recepción. Su cabecilla se encargaba de contactar con los extranjeros en el país de origen y les ofrecía y facilitaba el traslado a España a cambio de importantes sumas de dinero.
El segundo nivel de la organización se encargaría de recibir a los extranjeros traficados en España y llevarlos al piso de seguridad hasta obtener el pago total del trayecto. El tercer y último nivel eran los conductores, los encargados de la furgoneta donde se trasladaban a las víctimas, realizando la recogida y la entrega de los mismos y facilitándoles el cruce por los diferentes países evitando los controles.
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