La Audiencia Nacional procesará a la ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por el secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco en 1997. El Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga la responsabilidad de la cúpula de ETA en la orden que provocó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, da nuevos pasos que permitirían proponer juicio contra Anboto. La Sala decidirá si finalmente procede la apertura de juicio oral, ya que uno de los fiscales de la causa se opuso a juzgarla por prescripción de los delitos de asesinato.
La Audiencia Nacional ordenó la reapertura judicial del caso de Miguel Ángel Blanco el 17 de marzo de 2022, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia. Las pesquisas señalaban esta vez a la cúpula de ETA, o Zuba, como la denominaban los etarras, según los informes de la Guardia Civil aportados al procedimiento y consultados por este periódico. El atentado contra Miguel Ángel Blanco se produjo cuando Anboto dirigía el aparato militar y los investigadores del Instituto Armado la señalan en sus informes como la persona que dio al comando la orden de asesinar al joven edil de Ermua.
El juez Manuel García Castellón inició el pasado verano los trámites para que Francia diera luz verde al procesamiento. La etarra Anboto, al haber sido detenida en Francia, se había acogido al llamado principio de especialidad, que consiste en que no puede ser enjuiciada por una causa por la que no ha sido previamente entregada a España por las autoridades galas. La Justicia francesa aprobó hace tan sólo unos días su entrega, por lo que ya es posible que se abra un nuevo procedimiento en España.
Por el momento, la instrucción había sido prorrogada hasta el mes de agosto. La última vista tendrá lugar el próximo jueves 18 de abril y la dirigente de ETA declarará ante el juez de la Audiencia Nacional. Previsiblemente, como ya ocurriera en otros interrogatorios, Anboto se negará a declarar. Tras ello, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes conocedoras del caso, todo apunta a que se dictará el auto de procesamiento para sentar en el banquillo a la etarra, que ya acumula condenas de más 400 años de prisión por su sanguinario historial terrorista.
La ex jefa de ETA Anboto está acusada en España de 14 asesinatos, además de prestar su domicilio familiar para acoger a etarras y almacenar explosivos. María Soledad Iparraguirre ocupó puestos de responsabilidad dentro de la banda terrorista: fue jefa de los llamados comandos legales de ETA, dirigió el aparato militar de la banda criminal y estuvo al frente de las operaciones de cobro, gestión y distribución de las extorsiones a empresarios, que la banda denominaba impuesto revolucionario. Precisamente, este liderazgo le ha llevado a Dignidad y Justicia a interponer una querella para reabrir el caso del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Prescripción de asesinatos
La prescripción de los delitos cometidos jugará un papel importante para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si procede sentar en el banquillo a la ex jefa de ETA. El periodo fijado de prescripción era de 20 años; sin embargo, en 2010 se reformó la ley para declarar imprescriptibles los asesinatos terroristas. Durante la investigación, la Sala avaló que se instruyeran los hechos, rechazando la prescripción de los mismos que alegaban las defensas de los etarras.
La prescripción de este caso generó controversia en la Fiscalía. El primer fiscal encargado fue Miguel Ángel Carballo, que ahora ha sido premiado con la plaza que solicitó en Ciudad Real tras oponerse a la imputación por terrorismo de los hechos enjuiciados en Tsunami. Después, el fiscal Vicente González Mota asumió la causa y elaboró un informe en el que consideraba que los delitos no estaban prescritos, contraviniendo las órdenes del fiscal jefe Jesús Alonso, que le instó a no seguir con la investigación.
Esta disputa hizo que el fiscal Pedro Rubira acudiera a una declaración de forma circunstancial y González Mota fue apartado de la causa, volviendo la misma a las manos de Carballo y al fiscal Joaquín González Herrero. También se abrió un procedimiento disciplinario contra Vicente González Mota por presunta revelación de datos conocidos en el ejercicio de su cargo, al publicarse en prensa lo ocurrido. Las actuaciones contra Mota quedaron archivadas.
Ahora, pese al enredo de la Fiscalía sobre la prescripción de los hechos, el juez continuará adelante y propondrá para juicio a Anboto por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los etarras secuestraron al concejal del PP cuando iba a trabajar y, durante tres días, chantajearon al Estado español. Finalmente mataron al joven, conmocionando a los españoles, que organizaron vigilias por todo el país la noche antes de su asesinato, que ahora, 29 años después, se prevé que sea propuesto para juicio contra quienes fueron jefes de ETA.