La Comisión Gestora que gobierna la Federación Española de Fútbol (RFEF) lanza el contraataque. Ante una hipotética suspensión de todos sus miembros por parte del Gobierno, ha emitido un comunicado en el que culpa al Consejo Superior de Deportes (CSD) de su situación actual y en el que carga contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por el expediente abierto contra los integrantes de la gestora por presuntas infracciones muy graves.
El expedientado Pedro Rocha ha emitido un comunicado en el que explica que "a la vista de la resolución 71/2024 del Tribunal Administrativo del Deporte, y la valoración de la misma que se realiza por parte del secretario de Estado para el Deporte, y presidente del CSD, Pedro Rocha quiere mostrar su total apoyo al reciente comunicado público de la RFEF".
El empresario cacereño, presidente electo de la RFEF al haber sido el único candidato con los avales necesarios para sostener su candidatura, ha mostrado "su más profundo desacuerdo con una resolución completamente sorprendente y ajena a toda lógica y sentido jurídico, en la que se le acusa de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones que, como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo de tiempo en el que ha estado a cargo de la gestora, actuando en todo momento con total y absoluta transparencia".
Sin respuesta
Por eso, Rocha "espera y desea que el Consejo Superior de Deportes tome debida nota de las graves irregularidades de la resolución, que será impugnada, y actúe en consecuencia como mejor proceda en derecho para permitir que la Comisión Gestora continúe su tarea y la RFEF pueda, cuanto antes, salir de la situación de interinidad que atraviesa"." Sobre la necesidad de hacer elecciones a presidente o doble elección a presidente y a asamblea, se remitió una consulta al CSD el 20 de septiembre y se reiteró el 17 de octubre, sin respuesta alguna por parte de este organismo. Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD [Rodríguez Uribes] a finales de enero de este año", señala el duro comunicado.
La RFEF acusa también al Gobierno, durante la etapa de Víctor Francos en el CSD, de haber "avalado" el despido del secretario general, Andreu Camps. Una decisión que, según el comunicado, "no pasó por gestora", aunque el comunicado no especifica quien la adoptó.
"Miembros de la comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas", añade el comunicado hecho público por la RFEF, en el que se denuncia que "no se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados".
En el comunicado también se asegura que la adjudicación del contrato del VAR no pasó por la gestora y se defiende tanto la renovación de Luis de la Fuente (mediante la ejecución de una cláusula ya existente en su contrato), el desistimiento de la demanda judicial contra CVC y la personación de la RFEF como acusación particular en el caso Supercopa, decisiones que el TAD entendió como presuntas infracciones muy graves por parte de la gestora, por excederse en sus funciones.
El comunicado no se refiere, sin embargo, a la rescisión del contrato de GC Legal, el despacho de abogados de Tomás González Cueto, también señalado por el TAD como una presunta infracción muy grave. La gestora, en todo caso, "hace un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias".
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