Iván Gil
El grueso del paquete legislativo en materia de vivienda deberá esperar. El Gobierno está dispuesto a tapar las lagunas en la ley de vivienda y poner coto a los pisos turísticos o los alquileres de temporada, pero el desarrollo de estas medidas no está previsto en el corto plazo. Con la máxima de la "seguridad jurídica" y la realidad del marco competencial autonómico y municipal, en el ministerio de Vivienda vinculan los próximos pasos a las conclusiones que salgan del grupo de trabajo creado con el departamento de Industria para analizar los distintos usos de la vivienda. Desde el alquiler por habitaciones al de temporada. Sobre esto último, además, en el Gobierno están a la espera de la aplicación del reglamento europeo que prevén utilizar como paraguas de la futura normativa nacional.
El Consejo viene de aprobar este marzo el Reglamento sobre el Alquiler de Alojamientos de Corta Duración que establece un plazo de dos años para su implementación a las plataformas donde se ofertan los inmuebles y las administraciones. Su principal objetivo es homogeneizar normativa y contar con un registro obligatorio que permita mapear la situación y las transacciones para luchar contra los pisos ilegales. El Gobierno partirá de esta base para promover una regulación con la vista puesta en descargar las zonas consideradas tensionadas.
En el ministerio de Vivienda reconocen que este desarrollo legislativo incluido en el acuerdo de coalición con Sumar llevará tiempo, pero que acabará materializándose a lo largo de esta legislatura. De ahí que no se incluyese en el plan anual normativo para este ejercicio. Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz presionan para acelerarlo y ya trataron de vincularlo al acuerdo de Presupuestos. Sin embargo, la decisión de prorrogar las cuentas públicas hizo que la parte socialista recuperase el control de los tiempos.
Los socios parlamentarios de izquierdas también tienen intención de elevar la presión con la vista puesta en la negociación de los próximos Presupuestos. Así lo dejaron claro esta semana en el debate sobre la proposición de EH Bildu para instar al Gobierno a declarar una emergencia habitacional y regular los alquileres de temporadas y arrendamientos por habitaciones. Los socialistas apoyaron la iniciativa para ampliar la cobertura de las medidas de vivienda, pero no salió adelante porque PNV y Junts sumaron sus votos al arco de la derecha para tumbarla.
La división entre los socios que apoyaron la investidura, y a quienes el Ejecutivo necesita en bloque para sacar adelante sus iniciativas, anticipa las dificultades para desarrollar la legislación en vivienda. El Ejecutivo está obligado a hacer equilibrios en materia de vivienda entre los socios más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts y PNV). De hecho, los nacionalistas vascos tienen recurrida en el Tribunal Constitucional la ley de vivienda al considerar que invade competencias.
Prisas con las 'golden visa'
El Gobierno ya optó en su plan normativo por moderar la carga ideológica de sus iniciativas en aras de "generar un amplio consenso". El objetivo es limitar riesgos y contar con un paraguas normativo europeo que ayude a acercar posiciones.
En lo que sí tiene prisas Vivienda es en eliminar las denominadas 'golden visa'. Esto es, la entrega de visados a extranjeros que inviertan en inmuebles más de medio millón de euros. Como ya publicó este diario, para acelerar el proceso el Gobierno tienen intención de eliminar las 'golden visa' a través de una enmienda a la modificación de la Ley de Suelo. Aprovechar así una tramitación ya en marcha en el Congreso y cuyo plazo de enmiendas remata el próximo 23 de abril. Fuentes parlamentarias avanzan que el objetivo es evitar una prórroga de este plazo para agilizar la tramitación, aunque no tiene atados los apoyos necesarios.
Garantías a los propietarios
Tras la reunión celebrada este jueves en el Palacio de La Moncloa entre Pedro Sánchez y representantes del sector de la vivienda, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez insistió en la necesidad de aportar "seguridad jurídica" para incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible. La titular de Vivienda argumentó que el Gobierno "no dejará sin poner en marcha ningún instrumento del Estado para resolver el problema del acceso a la vivienda", aun destacando el cuidado por ofrecer garantías porque el 95% de los propietarios de viviendas de alquiler son particulares.
Cuando el presidente del Gobierno anunció la eliminación de las 'golden visa' ya argumentó que "vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Sin embargo, Sumar, ERC y EH Bildu exigen más premura y concreción, mientras que PNV y Junts se desmarcan de esta hoja de ruta.
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