País Vasco, Cataluña y las europeas son el tour electoral que ya ha comenzado y que terminará el próximo 9 de junio. Al margen de la "fatiga" ciudadana que este proceso nos va a producir y de lo que se juegan los catalanes y los vascos en estas elecciones -que no es poco-, nos jugamos como país, en todas ellas, el futuro de nuestra estructura territorial como Estado y la paralización, o no, del deterioro de nuestra calidad democrática y del prestigio de las instituciones y poderes del Estado, sin olvidarnos del riesgo real de derogación fáctica del principio de igualdad entre todos los españoles.
Con las campañas electorales llegan las promesas electorales de los partidos políticos, y el anuncio de medidas "de impacto" al que el Gobierno de España nos tiene acostumbrado, para, desde el Ejecutivo, tratar de arañar votos en favor de su opción electoral o, mejor dicho, de su opción electoral mayoritaria (PSOE), dada la composición plural del Gobierno de coalición que disfrutamos.Los temas "gancho" siempre son recurrentes.
La memoria histórica, la vivienda, la reforma laboral, las pensiones, los temas de género liderados por el Ministerio de Igualdad, la subida de impuestos a los ricos, bancos y eléctricas, etc.
Pues bien, desde el Consejo de Ministros se ha publicitado que habían analizado un informe para modificar la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en la parte que coloquialmente denominamos Golden Visa, o lo que es lo mismo, la normativa para inversores de terceros países que permite obtener un visado de residencia especial para inversores por el mero hecho de invertir en España, en inmuebles, por un valor superior a los 500.000 euros (art.63.b) de la Ley del 2013).
Según se conoce, desde 2013 hasta hoy se han aprobado unas 1.450 Golden Visa de media anual -unos 580 millones de euros al año de inversión- y desde el Consejo de Ministros se afirma que "este tipo de inversiones han tensionado el mercado inmobiliario y favorecen la especulación".
Se enmarca esta medida dentro del capítulo de "políticas de vivienda", pero se omite que estas operaciones suponen aproximadamente el 0,1% de las transacciones de vivienda a nivel nacional.
Es decir, el impacto real será prácticamente nulo, siendo una medida más de "venta de humo" a la que el Gobierno nos tiene acostumbrados, especialmente, en época electoral.
No obstante, lo cierto es que, desde 2022, la Comisión Europea recomienda suprimir este incentivo, que hay que recordar que en España también "premia" con un visado de residencia a los que invierten dos millones de euros en deuda pública española o un millón de euros en participaciones de empresas radicadas en España.
Hoy solo son cuatro países los que mantienen este tipo de incentivos en la UE -España, Malta, Grecia e Italia-, pero no podemos olvidar que estas medidas, de retirarse, deben de ir acompañadas de otras alternativas que permitan atraer inversión y capital extranjero a España, evitando la huida de inversores a países como Grecia o Italia, que lo mantienen, o a nuestro vecino Portugal, que aunque ha suprimido recientemente esta figura, su nuevo Gobierno anuncia un agresivo paquete de medidas fiscales que hará más atractivo el destino portugués para inversores.
De la medida anunciada se deduce, en principio, que no se suprime del todo la Golden Visa, solo en lo que políticamente viene bien como anuncio electoral, es decir, en lo referente al mercado de vivienda, dado que el Gobierno parece que ve bien la Golden Visa cuando el extranjero le compra deuda pública, que tanto necesita para financiar el déficit público. Igualmente, nada hace pensar que se esté preparando paquete alguno de medidas alternativas incentivadoras para atraer inversores, cada vez más "asustados" por la deriva política y legislativa, y por el incremento constante y obsesivo de la presión fiscal en nuestro país.
Desde esta tribuna, es preciso llamar una vez más la atención, afirmando que seguimos instalados en la adopción de medidas populistas, que en el mejor de los casos son simplemente ineficaces y, en la mayoría de ellos, contraindicadas para dinamizar nuestra economía y propiciar un crecimiento económico sólido y sostenido.
Olvida el Gobierno que cientos de multinacionales y fondos de inversión están buscando oportunidades inversoras en todo el mundo y especialmente en el ámbito de la UE. Esto lo sabe bien el nuevo Gobierno portugués, que apuesta por una bajada de impuestos que podría situarlos casi diez puntos más bajos que en España.
Ya el anterior Gobierno socialista portugués tenía claro que una política de impuestos bajos es imprescindible para el desarrollo económico y fomento de la inversión, planteando en la Ley de Presupuestos para el 2024 -no aprobada por la dimisión del primer ministro anterior- nuevas medidas de alivio fiscal, como la rebaja del IRPF al 20% como tipo único o del impuesto de sociedades en zonas rurales al 12,5% en los primeros 50.000 euros y el 21% para ganancias a partir de esta cantidad, así como el mantenimiento de un tipo reducido para pymes del del 17% en los primeros 50.000 euros y del 21% a partir de esta cifra -sin existencia de impuesto sobre patrimonio ni grandes fortunas, ni sucesiones ni donaciones entre descendientes o ascendientes-.
Ahora, el nuevo Gobierno de Luis Montenegro anuncia, entre otras medidas, que bajará el impuesto sobre sociedades al 15% y el IRPF de los jóvenes hasta 35 años al 15%.Toda una competencia fiscal para España que si nuestro Gobierno no ataja de inmediato generara la huida de inversores y la deslocalización de contribuyentes de nuestro país.
Socio-director de Acountax Madrid.