Tras semanas de estancamiento, y a pesar de que se creía que podría correr la misma suerte que la de salud, la reforma pensional tomó finalmente vuelo en el Senado.
La plenaria de esa corporación aprobó esta semana 58 artículos de la reforma, lo que representa poco más del 60% de todo el proyecto que pretende cambiar estructuralmente buena parte del sistema pensional actual. El lunes volverá a arrancar la deliberación en medio de una propuesta que generó tranquilidad en buena parte de los bandos políticos: el papel del Banco de la República.
El consenso consiste en que el fondo que administrará las pensiones en el pilar contributivo que propone la reforma pensional tendrá un comité directivo conformado por los ministerios de Hacienda y de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República y la presidencia de Colpensiones.
Se trata de un fondo clave, pues será el encargado de organizar todo el dinero que entrará al nuevo régimen público, que llega para buscar complementariedad, no oposición, con las administradoras de fondos privados. Ese es quizá uno de los cambios más radicales que el Legislativo aprobó para el futuro de las reglas pensionales, dado que rompe con los dos regímenes actuales.
Actualmente, el país cuenta con dos formas de cotizar semanas de pensión que, como lo explica el abogado Iván Jiménez, del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, compiten entre sí. La reforma, entonces, "elimina uno de los factores de complejidad" del sistema actual, porque permite que el país logre un ahorro un poco más estable.
En total, con la futura reforma Colombia tendría cuatro pilares que garantizarían un aporte económico para quienes lleguen a la vejez. Uno de ellos será el pilar solidario, que recoge a las personas mayores que no logren tener una pensión y que podrán tener un subsidio que coincida con la línea de pobreza extrema de 2023 más un aumento que se calcule con la inflación anual.
El pilar semicontributivo será el segundo, y cubrirá con una prestación económica a las personas que superen la edad reglamentaria de pensión —llegando, igual que en el solidario, a 65 años en los hombres y 60 para las mujeres, o a 50 años para mujeres con discapacidad y 55 para hombres con la misma condición— que cotizaron entre trescientas y menos de mil semanas.
El problema para pagar esos dos tipos de pilares en el futuro será, de acuerdo con el docente de Derecho Laboral Carlos Prieto, que el Estado tendrá que tomar recursos que vengan de impuestos, entendiendo que no bastará con lo recaudado en medio del ahorro netamente pensional, pese a que el umbral de cotización en el pilar contributivo es lo que garantiza "cierta sostenibilidad" en el sistema.
Ese pilar contributivo es el tercero al que la reforma quiere llegar. La potencial ley lo define como el destinado a cubrir a toda persona trabajadora, dependiente, independiente o con capacidad de pago, que cotice en el sistema de pensiones un salario mínimo legal o más. O sea, cualquier persona que esté contabilizando semanas para poder jubilarse.
La reforma no busca cambiar el porcentaje del Ingreso Base de Cotización —que es el salario mensual que se recibe— que se le aporta al sistema, que se queda en un 16%. Es decir, si usted gana un salario mínimo, que este año es de $1'300.000, el 16% de ese monto, $208.000, se dirigirá al ahorro que financiará la pensión que espera obtener en la vejez.
Del total de ese 16%, a la empresa le corresponde pagar tres cuartas partes y a la persona empleada, la cuarta restante. Es decir, la reforma mantiene que de esos $208.000, la empresa con la que usted trabaja tenga que aportar $156.000, mientras que usted debe pagar $52.000, a menos que sea un empleado independiente, en cuyo caso tendrá que cotizar todo el monto.
Ahora, ¿a dónde irá ese dinero? El sistema pensional actual contempla que puede ir a donde el empleado desee, precisamente porque el sistema privado y el público coexisten y compiten por rentabilidades y garantías futuras. El sistema futuro, en cambio, propone reglas que podrían garantizar más sostenibilidad y, como se mencionó líneas atrás, complemento.
El sistema funcionará a través de dos componentes. Uno, el de prima media, al que cotizarán todos los colombianos que ganen hasta 2,3 salarios mínimos. El Gobierno quería que el monto máximo del ingreso base de cotización fuese de tres salarios mínimos, pero el Congreso bajó finalmente el umbral.
Sin embargo, algunos expertos creen que debería ser aún menor. Una carta firmada por ocho conocedores de la economía del país —que incluye, por ejemplo, a Jose Ignacio López, presidente de la Anif, o César Tamayo, decano de Economía de la Eafit— pidió el 18 de abril que ese número fuese de 1,5 salarios mínimos.
Para quienes firmaron el texto, adoptar esa cifra promovería "la equidad y la sostenibilidad, protegiendo al mismo tiempo el ahorro pensional y nacional". El Congreso no quiso disminuir tanto el monto propuesto por el Gobierno, así que decidió, casi automáticamente, ajustarlo en 2,3 salarios. El traspié, afirma el docente Carlos Prieto, es la ausencia de argumentos técnicos.
"Fue una discusión de llegar y escoger. 'Bueno, la pelea está entre tres y uno y medio, ¿cuál es la mitad? Pues 2,3', y por eso lo dejan ahí. No hay soporte técnico que sustente ese umbral en 2,3, mientras que hay unos ejercicios muy juiciosos que dicen cuál es el impacto de un umbral alto, medio y bajo, y coinciden en que lo mejor es un umbral más bajito", aseveró el experto.
De todos modos, el punto de la reforma es que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos coticen obligatoriamente en el Componente de Ahorro Individual, que es el equivalente al régimen público actual de pensiones y será dirigido por Colpensiones, la entidad encargada de determinar, teniendo en cuenta varios requisitos, cuánto será el futuro monto de la pensión de vejez.
Los requisitos, por cierto, se mantienen como actualmente los prevé la Ley 100 en cuanto a la edad: Haber cumplido 57 años si usted es mujer y 62 años si es hombre. Sobre las semanas de cotización, a los hombres se les exigirán mínimo 1.300 semanas, mientras que a las mujeres, a partir del primero de enero de 2026, se les irá disminuyendo, yendo desde las 1.250 hasta las mil.
En otras palabras, si una mujer desea jubilarse en 2026, deberá haber cumplido 1.250 semanas; si lo desea en 2027, 1.225 semanas; en 2028, 1.200; en 2029, 1.175, y así sucesivamente. La meta del Congreso es que a partir de 2036 a las mujeres solo se les exijan mil semanas de cotización, una regulación exigida por la Corte Constitucional.
El otro componente del nuevo régimen público será el de Ahorro Individual, que recibirá las cotizaciones de quienes ganen desde 2,3 salarios mínimos hasta 25. La idea es que la cotización equivalente a 2,3 salarios se vaya directamente a Colpensiones y el resto vaya al régimen privado, conformando una denominada Pensión Integral de Vejez.
El último pilar será el de Ahorro Voluntario. En términos sencillos, se trata de un monto adicional que la persona cotizante puede aportar, según algunos requisitos de ley —y algunos beneficios, como exención del impuesto al patrimonio o inembargabilidad—, para mejorar lo que a futuro será su pensión.
Por último, hay un punto importante que han tocado incluso modificaciones legislativas pasadas: un régimen de transición. Como el tránsito entre unas reglas para pensionarse y otras resulta chocante para el país, siempre es necesario precisar que a algún grupo de personas no les afecta ese cambio, sino que se mantienen con las normativas actuales.
La reforma pensional, de aprobarse, empezará a regir el próximo año, algo que en algunos sectores de la academia no es precisamente conveniente, pues la transición requiere pedagogía, ajustes reglamentarios y demás complejidades. Cuando empiece su vigencia, las mujeres que hayan cumplido 750 semanas cotizadas bajo la Ley 100 de 1993 seguirán con esa ley.
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En el caso de los hombres, la cifra de semanas cotizadas será de 900. Tanto las mujeres como los hombres que hayan cumplido el requisito de las semanas cotizadas y estén a menos de diez años de pensionarse tendrán dos años para trasladarse entre los regímenes que contempla, precisamente, la Ley 100, luego de observar la doble asesoría.
Para garantizar un buen rendimiento del buen esquema a largo plazo, el Congreso propone que en quince años se vuelva a discutir una reforma pensional, teniendo en cuenta aspectos como el movimiento de la expectativa de vida, un punto que actualmente, según expertos, debería llevar a subir la edad de pensión, una jugada políticamente impopular.
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