El sector de la energía nuclear se mantiene en su posición de que el Gobierno debería paralizar el calendario de cierre de las centrales que empezará a clausurarlas progresivamente a partir de 2027 y defiende que, para ello, el Estado debería perdonarle del orden de entre 900 y 1.000 millones de euros en impuestos que paga al año, que permitirían al sector ser competitivo al mismo tiempo que realiza cada año el mantenimiento necesario para que las centrales sigan funcionando.
"Si nos quitaran esos impuestos, evidentemente serían mucho más competitivas", ha afirmado Ignacio Araluce, el presidente de Foro Nuclear, durante un encuentro este martes con la prensa para presentar el informe de actividad del sector nuclear en 2023. El año pasado, la energía eólica generó por primera vez más electricidad que la nuclear, 62.500 GWh frente a 54.200, aunque, en el caso de la nuclear con una cuarta parte de la potencia instalada y prácticamente a todas las horas del día. Según el balance, las centrales nucleares produjo electricidad durante 7.600 horas en 2023, frente a 2.000 horas la eólica y 1.500 horas la fotovoltaica, estas dos últimas dependientes del viento y del sol.
Con estas cifras, Foro Nuclear, que reúne a las empresas propietarias de las centrales nucleares, como Iberdrola o Endesa, defiende que la energía nuclear es la tecnología más estable -y que no emite CO2 y no depende tanto como el gas de otros países-. Se mantienen en cumplir el calendario de cierre pactado con el Gobierno pero mantendría abiertas las centrales durante más tiempo si se les garantizara una "competitividad" que ahora no tienen asegurada. Según ha afirmado Araluce, se arreglaría si no tuvieran que pagar entre 900 y 1.000 millones de impuestos al año.
"Por supuesto", ha respondido al ser preguntado sobre si las empresas propietarias querrían mantener la actividad de las centrales si no tuvieran que pagar tasas como el IBI, el impuesto sobre combustible gastado o una tasa ambiental de ámbito autonómico. En total, el sector nuclear denuncia unos gravámenes de unos 17 euros por megavatio/hora de electricidad generada en las centrales, así como un trato menos favorable que la generación renovable, que Araluce ha apuntado que no paga impuestos, a pesar de que parques eólicos y fotovoltaicos sí contribuyen con el IBI y algunas comunidades empiezan a aprobar para ellos tasas específicas.
"Evidentemente, serían mucho más competitivas. Lo que haríamos con esos mil millones", ha apuntado Araluce, que ha dicho no tener conocimiento de si las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares han hecho una petición formal al Gobierno en este sentido.
El presidente del Foro Nuclear ha recordado que las propietarias invierten todos los años 200 millones en mantenimiento de las centrales y otros 450 para la gestión de residuos. El 'problema' de inversión y competitividad, ha dicho, son los 900-1.000 millones que pagan al año en impuestos.
Marcha de Ribera a Bruselas
Al contrario, el enfoque del Ejecutivo sobre las centrales nucleares discurre por un camino muy distinto, con el mantenimiento de un calendario de cierre progresivo de centrales que empezará con Almaraz I en 2027 y terminará en 2035 con la de Trillo. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, insiste cada vez que tiene ocasión en que ese es el acuerdo firmado en 2018 con las propietarias y que ninguna empresa propietaria está interesada en hacer las inversiones en mantenimiento que sería necesario.
Sobre las "especulaciones" en torno a la eventual salida de Ribera del Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE a las elecciones europeas y, desde allí, convertirse en comisaria, Araluce ha dicho desconocer "qué consecuencias" tendría tal movimiento para el sector nuclear en España pero ha apuntado que "cuando estás en Bruselas y en un ambiente determinado, tu mentalidad no es la misma. Ni mejor ni peor, pero la misma no es".
Contencioso con Ribera por la 'tasa Enresa'
Además de esta petición -no formalizada de momento ante el Gobierno- el sector nuclear mantiene su contencioso con Ribera debido al aumento de la llamada 'tasa Enresa', la cantidad que tienen que pagar para gestionar los residuos nucleares.
Las eléctricas propietarias de las centrales insisten en pagar 8 euros por MWh que estaban firmados en 2018 y Ribera, en aumentar a 10,13 euros, en línea con lo que calcularon los expertos convocados aquel año por su antecesor, el exministro Álvaro Nadal, del PP. Ribera mantiene la cifra a la que llegaron era superior a 13 euros, que se ha aminorado porque la inflación no ha crecido tanto y había más fondos de los previstos en Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Sin embargo, el sector nuclear se niega a pagar más de los 8 euros/Mwh que dice estaban acordados. "Queremos pagar, lo que no queremos es pagar por una divergencia nacional o social", ha afirmado Araluce, sobre la renuncia al ATC y, en su lugar, la apuesta por hacer siete almacenes temporales, al lado de cada central, como paso previo al almacén geológico profundo que figura en el Séptimo Plan Nacional de Residuos Radioactivos, con el que el sector no está de acuerdo. Este nuevo planteamiento, que es el que Ribera hace valer, encarece en 2.000 millones más la gestión de los residuos radioactivos, que deben pagar las propietarias de las centrales por medio de la 'tasa Enresa' que subiría a partir de julio de 8 a 10 euros.
De momento, el Ministerio de Transición Ecológica tuvo que retirar un primer proyecto de real decreto para subir la 'tasa Enresa' debido a un defecto de forma por no sacarlo a consulta pública y al que las propietarias de las centrales nucleares presentaron alegaciones y ahora han pedido la información financiera en la que Ribera basa esa subida antes de volver a hacer alegaciones. "Veremos a ver qué pasa y qué dice el Ministerio de Transición Ecológica", ha afirmado el presidente de Foro Nuclear.