A colación de las manifestaciones masivas que estas semanas exponen en Canarias el sentir de buena parte de la ciudadanía respecto a la sostenibilidad y habitabilidad de nuestra tierra, una de las cuestiones que podemos analizar con mayor interés es la convergencia de diversas problemáticas en el análisis de la situación. Han sido históricas en las últimas décadas las movilizaciones sociales para salvar el medio ambiente, casi siempre de un urbanismo salvaje que, por el peso que tiene en nuestro sector productivo, suele asociarse al desarrollo turístico. También lo son las reivindicaciones de mejoras para los y las trabajadoras de este sector y en general de las condiciones laborales en el Archipiélago. Ocurre igual respecto a las manifestaciones en barrios saturados o en zonas costeras afectadas por nuevas leyes. Ahora, las variables medioambiental, social, económica o legal parecen acertadamente analizarse como un todo complejo e interrelacionado. Porque aquí la exclusión residencial, la pobreza, la destrucción del patrimonio medioambiental, la dependencia energética o las malas condiciones laborales de buena parte de la población no son fenómenos desconectados entre sí. Más allá del debate ideológico (ojo con el aprovechamiento que algunas miradas excluyentes hacen de la idea del límite para poner como siempre el foco en las personas migrantes), puede ser muy provechoso tender puentes desde estos análisis comunes.
En el caso de la vivienda y su disponibilidad para la mayoría de la gente, es obvio que en Canarias la no racionalización del crecimiento turístico y la masificación de zonas urbanas o costeras para alquiler vacacional han tensado la situación hasta hacerla inviable para una mayoría. Todo esto en una comunidad donde, por tener en cuenta solo algunos detalles, una de cada cuatro viviendas está vacía, donde grandes sociedades invierten en esa vivienda vacacional sin ningún tipo de limitación, o donde hablamos poco de la gestión pública de la cuestión, teniendo en cuenta que contamos con una maraña de empresas públicas autonómicas y municipales, así como otros entes con competencias en materia del impulso de la vivienda pública que no terminan nunca de arrancar. Como muestra puede verse el estrepitoso fracaso del plan de fomento del alquiler protegido que se emprendió estos últimos años, o la especulación crónica con inmuebles que no deberían salir del patrimonio público. Ocurre igual con el complejo que tenemos ante la vivienda pública como algo para «pobres», cuando el porcentaje de esta tipología en países más avanzados como Francia o Bélgica es sideralmente superior al nuestro (quizás porque ese complejo es resultado de una cultura de la especulación inmobiliaria que compartimos como sociedad). Falta regulación como falta gestión, estrategia, innovación, adaptación de buenas prácticas y sobre todo una visión holística de estas problemáticas para enfrentarlas de manera coordinada e integral. Esa mirada también debe ser de fondo y dejar de lado la inmediatez del electoralismo, respondiendo con honestidad a este desafío y al hartazgo de nuestra gente.