Un Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre a siete años y tres meses de cárcel por atracar y golpear con un machete a una persona que acababa de sacar dinero de un cajero automático en el barrio de Taco.
El juzgado lo considera responsable de un delito de robo con violencia e intimidación con instrumento peligroso, con el agravante de usar un disfraz, y de otro de lesiones.
Como responsabilidad civil tendrá que devolver los 300 euros sustraídos, más 150 de un móvil, pagar 10.900 euros por los días en los que la víctima tardó en curar su heridas, y otros 1.000 por las secuelas que sufre.
Una mujer también procesada por los mismos hechos ha sido condenada por un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión y deberá pagar 5,20 euros por los cargos hechos en la tarjeta sustraída al denunciante.
Todo ocurrió a las tres y media de la madrugada del 9 de julio de 2023, cuando uno de los procesados, un joven de 28 años, junto con otra persona no identificada comenzaron a seguir a un hombre que había extraído 300 euros de un cajero.
A la altura de una obra en construcción en Taco agarraron e intimidaron a esta persona con un machete.
Los asaltantes, que tenían la cara tapada con unas caretas para evitar ser identificados, le exigieron que les entregara todo lo que tenía mientras le golpeaban con el machete en la espalda.
Cuando la víctima se protegió con el antebrazo para que no le dieran en la cara recibió repetidos impactos en la muñeca y fue entonces cuando los procesados se hicieron con el dinero, su teléfono móvil y una tarjeta de crédito.
Esta última fue facilitada a la también condenada, a la que el otro procesado conocía de dormir en una obra en construcción.
La mujer utilizó la tarjeta para hacer dos compras en una panadería por importe de 1,95 euros y otros 3,25 en un autoservicio.
Como consecuencia del ataque, el denunciante sufrió una herida de dos centímetros en la muñeca izquierda con dolor e impotencia funcional a la hora de extender esta parte del brazo y fractura del antebrazo izquierdo, laceraciones en el hombro con hematoma que requirieron asistencia sanitaria.
En total tardó 109 días en curarse, en los que no pudo llevar a cabo sus tareas habituales, quedándole como secuela un perjuicio estético ligero. El móvil nunca fue recuperado y se tasó en 150 euros, importe que el dueño exige que se le pague.
El acusado alegó durante el juicio, respondiendo únicamente a preguntas de su letrada, que aquel día había estado de fiesta con unos amigos, que los hechos fueron cometidos por otras personas y que jamás entregó tarjeta alguna a la mujer condenada.
El denunciante aseguró por su parte que cuando se dirigió a un cajero automático para sacar efectivo se le acercaron dos personas, extrajo el dinero y se marchó aunque se percató de que éstos lo seguían, uno con un machete y otro con un cuchillo.
De repente notó que le daban un golpe en el hombro, por lo que se quedó muy mareado, y poco después percibió que estaba en una obra abandonada de San Matías mientras le golpeaban en el brazo y la pierna con las armas y exigían que les diera el dinero que llevara.
Dijo que las dos personas tenían acento marroquí y que le quitaron la cartera donde estaba el dinero y la tarjeta.
Luego logró huir y aunque ambos tenían la cara tapada, en un momento dado uno de ellos se quitó la careta y pudo ver el rostro que tenía una herida debajo del ojo, por lo que durante el juicio reconoció sin duda al acusado.
Al día siguiente comprobó que le habían hecho varios cargos en la tarjeta pero que apenas habían sido 5 euros porque no tenía más saldo.
Tras presentar la denuncia la policía visionó las grabaciones de la cámara de vigilancia del establecimiento en el que la mujer hizo las compras, la identificaron y ella les comentó que el acusado le había dado la tarjeta, por lo que se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio de éste.
En la vivienda se encontraron dos máscaras, un extracto de la cuenta del perjudicado, diligencias de una rueda de reconocimiento del año anterior y la hoja de sus históricos penales.
Pruebas todas ellas que el juzgado considera "válidas, suficientes y racionalmente valoradas", que sustentan la acusación de la Fiscalía.