En Cuba proliferan graves violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y restricciones severas a la libertad de expresión. Informes de organizaciones no gubernamentales y de activistas han documentado una persistente represión estatal contra los disidentes y la sociedad civil. En el contexto de estas acusaciones, destaca la muerte de Sergio Pozo Hernández y Euxdyn Yoel Urgelles Huete, tras enfrentarse a la brutalidad policial, sin que se reportaran investigaciones adecuadas de los incidentes.
Los esfuerzos por controlar la movilidad y castigar a familiares de presuntos ofensores también reflejan la táctica del régimen conducido por Miguel Díaz-Canel de ejercer represión transnacional. Actividades como la vigilancia sin restricciones a las comunicaciones y el uso de detenciones de corta duración para intimidar a activistas siguen siendo herramientas del Estado para sofocar la disidencia. "La impunidad reinante denota una alarmante falta de medidas gubernamentales para castigar a los responsables de abusos a los derechos humanos", indican informes de organizaciones como Human Rights Watch, subrayando la necesidad urgente de atención internacional a la crisis de derechos humanos en la isla.
"Algunos detenidos y presos sufrieron malos tratos físicos y amenazas de abusos sexuales por parte de funcionarios de prisiones u otros reclusos a instigación de los guardias. Aunque la ley prohibía la coacción durante los interrogatorios de investigación, la policía y otras fuerzas de seguridad utilizaron en ocasiones tácticas agresivas y físicamente abusivas, amenazas y hostigamiento durante los interrogatorios", señala el informe del Departamento de Estado presentado este lunes en Washington. Y sigue: "Los detenidos denunciaron que los funcionarios los intimidaban con amenazas de reclusión prolongada, pérdida de los derechos de custodia de los hijos, denegación del permiso para salir del país y otros castigos. La ONG Christian Solidarity Worldwide informó de que las autoridades penitenciarias ridiculizaban repetidamente a los líderes religiosos encarcelados por sus creencias religiosas".
La condición de los presos políticos en Cuba, estimada en al menos 1,047 según informes de Prisoners Defenders a agosto, igualmente genera alarma. La negación del gobierno a reconocer a grupos de monitoreo de derechos humanos o permitirles operar legalmente, junto con el hostigamiento a familiares de activistas, subraya la grave situación de derechos humanos en la isla.
"La falta de transparencia gubernamental, junto con la vulneración sistemática del derecho a las garantías procesales, ocultó la verdadera naturaleza de las acusaciones penales, las investigaciones y los procesamientos. Esto permitió a las autoridades gubernamentales procesar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas violaciones penales. El gobierno utilizó la designación de 'contrarrevolucionario' para los reclusos que se oponían al gobierno, pero no hizo público el número de estos reclusos. El gobierno vigiló estrechamente a las organizaciones que hacían un seguimiento de la población de presos políticos, y éstas sufrieron a menudo el acoso de las autoridades estatales", subraya el documento.
De la misma manera, las restricciones impuestas a la libertad de movilidad y la participación política exhiben una clara violación a las libertades individuales, donde incluso acciones como la emigración se ven obstaculizadas por políticas gubernamentales. A esto se suma la ausencia de procesos democráticos libres y justos, reflejado en la imposición de candidatos y restricciones severas a la formación de partidos políticos fuera del control estatal.
"La ley restringía el derecho de los ciudadanos a salir del país. La ley preveía penas de prisión, una multa moderada o ambas para quienes intentaran salir del país ilegalmente. Cuando los ex empleados del gobierno emigraban del país, a sus familiares a veces se les denegaba arbitrariamente el pasaporte para viajar y visitar o reunirse con sus familiares en el extranjero", resaltaba el documento. Y continúa: "El gobierno trató de presionar a los activistas para que se exiliaran a fin de evitar penas de prisión extremas o amenazas a su familia. Human Rights Watch afirmó que para los cubanos que se oponían al sistema político había dos opciones: la cárcel o el exilio".
En contraste, las violaciones al derecho a la salud, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, han llevado a la precarización de las condiciones de vida de la población. La escasez de medicamentos es un reflejo más de la crisis humanitaria que enfrenta el país. Los niños y jóvenes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, enfrentan riesgos que van desde el trabajo infantil hasta una educación deficiente, exacerbados por la falta de programas estatales efectivos para su protección.
Libertad de expresión
El Departamento de Estado indicó en su estudio que la liberta de expresión y prensa está sumamente comprometida en la isla comandada por Díaz-Canel. También da cuenta de la falta de permisos que dio a la prensa extranjera para que se desarrolle con libertad.
Así lo refrenda: "El gobierno o el Partido Comunista de China eran propietarios directos de todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales y de casi todas las fuentes de información de amplia difusión. La programación de noticias e información era generalmente uniforme en todos los medios controlados por el gobierno. El gobierno controlaba todas las imprentas y casi todas las publicaciones. El gobierno limitó la importación de material impreso". Y continúa: "El gobierno acosó y denegó el acceso a corresponsales extranjeros que informaban de noticias consideradas críticas con el gobierno. Por temor al acoso, muchos periodistas extranjeros no publicaron artículos sobre abusos contra los derechos humanos mientras se encontraban en el país".
También ejemplificó con casos concretos, como el de los periodistas Antonio López Piña o Yoel Acosta Gómez, ambos perseguidos por la dictadura castrista. "Se recurrió a la represión y al exilio forzoso para acosar a los periodistas independientes. En agosto, la policía irrumpió en el domicilio de José Antonio López Piña y le detuvo. Según la ONG Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, le impusieron una multa de 4.120 pesos cubanos (17 dólares) por sus publicaciones en las redes sociales. En octubre, López seguía bajo arresto domiciliario. Se ha recurrido al exilio forzoso contra periodistas independientes. En enero, las autoridades amenazaron con procesar al periodista Yoel Acosta Gómez, del medio independiente Cubanet, por 'atentado contra la seguridad del Estado' e 'incitación a la desobediencia civil'. Acosta viajó a Guyana en junio y se exilió en Brasil".
Otros abusos
Adicionalmente, el contexto laboral en Cuba está marcado por una falta de libertad sindical y condiciones de trabajo que rayan en la explotación, con informes que señalan tanto la prohibición de huelgas como la imposición de trabajo forzoso en determinados sectores. A pesar de las prescripciones legales contra la discriminación y el trabajo infantil, persisten brechas significativas en la protección efectiva de trabajadores y menores de edad, con consecuencias preocupantes para sus derechos fundamentales.
La discriminación, tanto en bases de género como racial, también sobresale entre los desafíos actuales. Mujeres y afrocubanos reportan un acceso desigual a oportunidades de empleo y enfrentan violencia sin que se vislumbren esfuerzos estatales por abordar estas inequidades. "El gobierno ha ignorado sistemáticamente las solicitudes de reconocimiento y acción por parte de grupos independientes que abogan por los derechos humanos", resaltan activistas que piden anónimamente por temor a represalias.