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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en su sesión plenaria de este jueves 25 de abril, iniciar una investigación preliminar de oficio al juez penal de ejecución Aldo Moreira y a los miembros del Tribunal de Apelaciones integrado con los magistrados Miriam Meza de López, Efrén Giménez Vázquez y Lilian Lorena Benítez Vallejos, porque supuestamente habrían facilitado el beneficio de la libertad condicional a dos condenados por robo agravado que se unieron para perpetrar un asalto en el que asesinaron a un joyero de Ciudad del Este.
El JEM dispuso de su facultad de iniciar la investigación preliminar de oficio, según dispone el art. 18 de la Ley 6814/2021 sobre el procedimiento para la remoción de jueces, fiscales y defensores públicos.
El Jurado, que preside la Abg. Alicia Pucheta, también resolvió que los antecedentes sean remitidos a la Secretaría Jurídica para la conformación de la causa y continuación de los trámites de rigor sobre el procesamiento a los magistrados.
En la causa también debían ser enjuiciados el juez penal de ejecución Troadio Galeano y la agente fiscal Emilce Ovelar, pero los mismos ya renunciaron como operadores de justicia, por lo que la investigación para ambos fue archivada.
De forma unánime con los votos de los miembros del Jurado ministros de la Corte Suprema doctores César Garay Zuccolillo y Manuel Ramírez Candia, así como el de los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, el diputado Orlando Arévalo, el abogado Enrique Berni y de la propia titular del JEM, Dra. Alicia Pucheta, se decidió iniciar la investigación preliminar a los citados jueces que habrían cometido irregularidades para conceder el beneficio de la libertad condicional a los supuestos autores del crimen.
Antecedentes del caso de robo con derivación fatal
El 28 de febrero de 2024 había causado gran conmoción el asesinato de un joven comerciante de Ciudad del Este, identificado como Éver Antonio Castellani Aquino (41), cuyo crimen fue perpetrado de un balazo en el pecho, a manos de dos asaltantes que se encontraban con libertad condicional.
Los presuntos ladrones, quienes se hicieron pasar por clientes, fueron detenidos tras una persecución y resultaron ser reincidentes, pues ya habían sido condenados por robo pero estaban en libertad gracias a resoluciones judiciales.
Uno de los detenidos, Hernán Ariel Leguizamón Roa, había sido condenado a 10 años de prisión, por robo agravado ocurrido el 24 de marzo de 2017, a las 20:45, en el interior de una despensa ubicada en el kilómetro 7 Monday, barrio Santa Clara de Presidente Franco.
La condena de 10 años de cárcel fue dictada el 2 de mayo del 2019. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2023, el juez de ejecución Aldo Moreira le otorgó libertad condicional. La fiscala de la causa, Denice Duarte, se opuso y apeló la resolución judicial.
Resolución sin fundamentos y no cumplió requisitos
La Cámara de Apelaciones integrada por los magistrados Miryan Meza de López, Efrén Giménez Vázquez y Lilian Lorena Benítez Vallejos recién luego de ocurrir el crimen resolvió la apelación de la Fiscalía y revocó la libertad.
También había referido la fiscala Duarte que el Código de Ejecución Penal establece que los condenados a penas privativas de libertad superiores a tres (03) años, deberán transitar "obligatoriamente por cada uno de los períodos de la pena y en este caso, el condenado no ha dado cumplimiento previo", había sostenido la agente del Ministerio Público.
El otro detenido beneficiado con la libertad
En cuanto a Adrián Ramón Cabral Candia (26), había sido condenado a 6 años y seis meses de pena privativa de libertad, también por robo agravado, tras un juicio oral del 27 de mayo de 2019. El ilícito había ocurrido en el barrio 23 de octubre, el 29 de abril de 2017, a las 20: 00.
Cabral Candia también fue beneficiado con libertad condicional dictada por el juez Troadio Galeano, en 2022. En ese entonces la fiscala Emilce Ovelar no se opuso y la resolución que benefició al procesado quedó firme. Tanto el juez como la fiscala están jubilados en la actualidad.