Observando el tradicional cambio de guardia en el patio de honor del allanado Palacio de Gobierno, y rodeada de su premier y de altos mandos de las Fuerzas Armadas, la presidenta Dina Boluarte ensaya su mejor cara en un intento por demostrar que en el momento más complicado de su gobierno cuenta con categórico respaldo.
Poco acostumbrada a participar en esta ceremonia, la mandataria se ha visto obligada a dejarse ver en una actividad públicamente, tras varios días sin saber de ella. Con ello despide la semana menos santa de su gestión, en medio de acusaciones por el origen de sus costosos relojes y un operativo fiscal-policial desplegado desde los últimos minutos del último viernes y que incluyó el allanamiento de su vivienda en la calle Los Halcones, en Surquillo. Un operativo que ella misma se encargó de cuestionar en un victimista y poco convincente mensaje a la nación.
Boluarte lució inmutable el domingo de Pascua e incluso cambió su actitud ante la justicia. Ahora, ha solicitado a la Fiscalía, a través de un escrito, que tome su declaración "de manera inmediata", luego de que su abogado informara que recién este viernes 5 la jefa de Estado daría su versión ante el Ministerio Público sobre el origen de sus relojes. El documento señala que este pedido se hace en vista de la "turbulencia política" generada como consecuencia de las últimas diligencias.
Sus ministros salieron también a criticar esta diligencia ejecutada por el coronel Harvey Colchado.
El jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) está nuevamente en la mira y ya el premier Gustavo Adrianzén no descartó ayer que sea removido tras esta acción que consideró desproporcionada y que daña la imagen del país. "No estoy en condiciones de descartarlo porque no es un tema que yo haya tratado", deslizó el primer ministro.
Más tarde, en declaraciones a Punto Final, el premier reiteró esa posibilidad señalando que, en su opinión, "se ha quebrantado el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado" y que quien debe tomar la decisión es el ministro del Interior Víctor Torres.
Por lo pronto, el comando de operaciones policiales, por orden del general Víctor Zanabria, le pidió a Colchado un informe del megaoperativo. Cabe recordar que este último allanamiento fue igual a los que en su momento se dispusieron contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la exprimera dama Nadine Heredia, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, la excongresista Luciana León, el expremier César Villanueva y otros.
"La Policía no es la responsable del allanamiento, sino que siempre buscan al más débil para tratar de echarle la culpa", señala a Perú21 Stéfano Miranda, abogado de Colchado, quien señala que sí parece existir una sensación de querer sancionar al jefe de la Diviac, medida que, de darse, consideraría "arbitraria" e "ilegal"