La Comunitat Valenciana se mostró ayer a favor del «Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo» (PIT) del Ministerio de Sanidad, aunque lo hizo, eso sí, porque este último se comprometió en dos cuestiones clave: la financiación del propio plan y el compromiso de la ministra Mónica García de consultar a las autonomías a la hora de implementar la legislación al respecto, como por ejemplo, la ampliación de los espacios sin humo, uno de los puntos más discutidos en la redacción del documento final. «Estamos a favor de las medidas que contempla el plan porque la defensa de la salud es una prioridad para el Consell», aseguró ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al finalizar la reunión.
Su postura se alineó con la del resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que mostraron su adhesión al plan durante la reunión, a diferencia de las cuatro que sí que transmitieron el jueves su compromiso con el plan antitabaco; fueron Cataluña, Asturias, Navarra y Canarias. Gómez se gratificó por haber «conseguido que el Ministerio aceptase las dos deficiencias básicas del plan presentado», aunque criticó el proceder del Ejecutivo.
Los compromisos del Ministerio
Por un lado, el Gobierno se comprometió a revertir la fiscalidad derivada del aumento del precio del tabaco a tratamientos de patologías derivadas de su consumo. Y, por otro lado, aceptó optar por la vía del consenso a la hora de regular futura en materia antitabaco. En este segundo punto, la conselleria se mostró dispuesta a revisar la normativa sobre los espacios libres de humos siempre que, según Gómez, sea «fruto del consenso político» y siempre que se aplique «de forma homogénea en todo el territorio nacional», garantizando la posibilidad de ofrecer espacios alternativos a los fumadores en los nuevos espacios sin humos.
En realidad, el documento presentado ayer es una «hoja de ruta» —así lo calificó la Ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa— que se materializará en iniciativas legislativas futuras y que persiguen conseguir «un país más sano» y con «mayor calidad de vida». De forma recíproca a Gómez, García quiso agradecer el «compromiso» de las comunidades autónomas, así como su aportación al plan, el documento del cual ha integrado 147 de las 157 alegaciones presentadas por las autonomías. «Este plan no hubiera sido posible sin el diálogo y el consenso», aseguró la política de Sumar y definió el acuerdo como «histórico», ya que es la primera actualización de la lucha contra el tabaco desde hace 14 años.
¿Qué incluye el plan antitabaco?
El documento del plan antitabaco centra su estrategia, principalmente, en aspectos clave como la ampliación de los espacios sin humo, aunque sin entrar finalmente en los espacios privados como el coche; el aumento de los impuestos del tabaco, la equiparación de las nuevas formas de fumar —vapeadores o cigarrillos electrónicos— con el tabaco convencional o el refuerzo de los programas para promover el abandono del tabaquismo, otra de las demandas de la conselleria de Sanidad porque, según Gómez, el «objetivo común es proteger la salud de todos».
En el aire queda conocer el plazo de adopción de nuevas restricciones contra el tabaco y si alguna comunidad tomará la iniciativa al respecto. En el terreno legislativo, García aseguró ayer que comenzarán «pronto» en la elaboración de las leyes antitabaco.
Mazón critica al Gobierno «la poca seriedad en un asunto tan grave»
«Un plan en cartón pluma sin financiación». Así calificó ayer el president de la Generalitat Valenciana, Cralos Mazón, el plan antitabaco del Ministerio de Sanidad antes de que finalizare el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ayer por la mañana. El líder del Consell fue continuista con el argumentario del jueves del conseller Marciano Gómez, quien reclamó una memoria económica para conocer el impacto del plan antitabaco, en la que reclamaba conocer la repercusión económica para la Administración.
Sin embargo, Mazón quiso reiterar su «compromiso irrenunciable» del Consell «con la generación sin humo» del futuro, aunque criticó el modo de proceder del Ejecutivo y la falta de seriedad al redactar un plan sin saber «si lo vamos a votar o no», aunque el Ministerio recibió 157 alegaciones por parte de las 17 comunidades autónomas, 147 de las cuales ha reflejado en el documento según la ministra Mónica García. «Lo que no parece serio es que, en un asunto tan grave, el Gobierno, no nos haya dicho si tiene presupuesto o no o si tiene memoria económica o no, 24 horas antes de presentarnos un posible plan», esgrimió el popular.
El president apeló al consenso en la aplicación de medidas y apeló al «sentido común» y a perseguir «objetivos ambiciosos», pero primando la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. De hecho, en su documento de alegaciones, la conselleria de Sanidad comunicó al Ministerio que estaba «abierta» a ampliar, por ejemplo, los espacios libres de humos, aunque el pasado verano levantó el veto a fumar en las terrazas de la hostelería, que estaba vigente desde la pandemia de la covid, como medida de freno de la transmisión. Sanidad defendía, además, que las medidas se adoptaran simultáneamente en todas las autonomías y bajo un paraguas legislativo.
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