Patricia Martín/ EFE
Contra todo pronóstico, el Ministerio de Sanidad y las comunidades dieron este viernes luz verde, al unísono, al plan antitabaco que prevé nuevos espacios sin humo, equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y aumentar los impuestos. El consenso fue posible porque, según las autonomías gobernadas por el PP, el Ministerio se ha comprometido, por un lado, a destinar parte del dinero recaudado por la subida de impuestos al tabaco a medidas sanitarias y, por otro, a buscar el consenso antes de aprobar las medidas legislativas necesarias para delimitar nuevos espacios sin humo.
El plan, no obstante, es una mera declaración de «intenciones», según reconoció García, dado que las medidas que contiene se tienen que desarrollar con posterioridad a través de reales decretos o cambios de leyes que nunca son rápidos, pueden llevar meses o incluso años.
Pero su aprobación en el Consejo Interterritorial estuvo rodeada de las palabras grandilocuentes que se pronuncian los días «históricos» porque la estrategia se esbozó hace años, se trabajó con las comunidades y las principales sociedades científicas pero el Gobierno anterior la guardó en un cajón —sin explicar el porqué— y ha sido García la que se ha encargado de «desempolvarla» e impulsarla de nuevo.
Las formas y el fondo
En este propósito se ha encontrado con la oposición de las autonomías del PP y alguna del PSOE por las «formas» empleadas y también por el fondo, dado que han surgido varias discrepancias en torno a las propuestas incluidas, sobre todo por la intención del Ministerio de prohibir el tabaco en las terrazas, pese a que este espacio ni se menciona en el plan, que solo habla de liberar de humo espacios «públicos y colectivos». Pero García se ha mostrado dispuesta a intervenir en el sector hostelero y este se opone, tal como sucedió cuando se impidió fumar en el interior de bares y restaurantes. En este contexto, algunas autonomías del PP se han alineado con los hosteleros y reclaman que se permita a los establecimientos «autorregularse» o se dé beneficios fiscales a quienes voluntariamente veten el humo, pero sin llegar a prohibirlo por ley.
«Somos poco dados a las imposiciones y a las prohibiciones», aseguraba Antoni Costa antes de la aprobación del plan
En este ambiente reacio, el Ministerio aceptó el pasado miércoles, en una reunión técnica de la Comisión de Salud Pública, incorporar casi 150 de las alegaciones autonómicas, entre ellas que se elimine del plan la posibilidad de prohibir fumar en los coches cuando haya menores. Pero, al mismo tiempo y previendo que la votación sería ajustada o que el plan no saldría adelante por mayoría, propuso a las comunidades la aprobación del mismo mediante un «acuerdo de colaboración» al que las autonomías podían adherirse o no y les dio un plazo de 24 horas para comunicar su decisión. Esta fórmula no gustó a la mayoría de gobiernos autonómicos, que no emitieron voto alguno en señal de protesta por el procedimiento elegido. Ante ello, el Gobierno cambió de parecer y en el Consejo Interterritorial el plan se incluyó en el apartado de 'información', no entre los puntos y acuerdos a debatir y votar.
Ayer, al término del Consejo, la ministra aseguró que el plan ya es una «realidad», «es un motivo de orgullo nacional» y tiene el «firme propósito de poner a España otra vez en la vanguardia de la lucha contra el tabaco». Asimismo, destacó que es «fruto del trabajo de muchas personas, de las comunidades, del Ministerio, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, de los colectivos juveniles, de las entidades de salud pública y de los profesionales sanitarios».
El plan se compone de cinco metas y 22 objetivos encaminados a reducir el consumo de tabaco en España. Las cinco metas son prevenir el inicio de consumo de tabaco y productos relacionados; fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar; reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados en espacios públicos y privados y reducir la huella ecológica; promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo; y potenciar la coordinación y el establecimientos de alianzas.
Postura del Govern balear
En Balears el portavoz del Govern, Antoni Costa, aseguró ayer, antes de aprobarse el plan antitabaco, que el ejecutivo es partidario de «ampliar las zonas de no fumadores», pero no simplemente prohibiendo fumar en espacios públicos, sino promoviéndolo con «incentivos fiscales». «Somos poco dados a las imposiciones y a las prohibiciones», respondió Costa al ser preguntado por la negativa —al menos hasta el día previo— de la conselleria de Sanidad a respaldar el plan antitabaco del Gobierno central. Para el portavoz del Govern balear, la prohibición del consumo de tabaco en las terrazas de los bares y restaurantes debe ser consensuada con los propietarios de los establecimientos.
El Coiba considera «muy necesario» avanzar en el control del tabaquismo
El Colegio Oficial de Enfermería de Balears (Coiba) considera «muy necesario» avanzar en la prevención y control del tabaquismo e insiste en que es indispensable una respuesta «contundente» que responda a criterios de salud pública con medidas encaminadas tanto a la reducción como a la protección de los no fumadores. En una nota emitida ayer, antes de la aprobación del plan antitabaco con el apoyo del PP, desde Coiba se lamentaba que el Govern no apostara por apoyar dicho plan e instaban a la conselleria de Salud a «repensar» su postura. e.p. palma
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