Luego que la fiscal de instrucción de Villa María, Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa en la cual el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, está acusado por una expareja del presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo de violencia de género, su abogado defensor dijo que la medida será apelada y que el pedido de la fiscal "no es un acto definitivo", aseguró Eduardo Rodríguez, defensor del exintendente de Villa María.
Esta causa, que se inició un año atrás, cuando Gill era intendente de Villa María, genera ruido político en el Gobierno provincial.
La defensa de Gill aportó muchos elementos a la causa, y tenía la expectativa de que la fiscal no elevara a juicio oral la causa. Esto finalmente no ocurrió. El miércoles pasado, la fiscal Companys terminó su investigación y la elevó a juicio. Ahora quedó en manos de la jueza de Control Soledad Dottori, quien deberá decidir si ratifica la decisión de la fiscal.
"Nos quedan tres instancias recursivas aún para apelar la decisión de la fiscal. La jueza de Control, la Cámara de Apelaciones y, en última instancia, el Tribunal Superior. Sin embargo, por desconocimiento o con malas intenciones, para algunos parece que la elevación a juicio es una condena", argumentó Rodríguez.
El letrado utilizó algunos ejemplos en la política para tratar de defender la situación de Gill. "En 2015, Mauricio Macri fue candidato presidencial, procesado por una causa de escuchas telefónicas, y ganó aquella elección. Siendo ya presidente, la Justicia declaró su sobreseimiento. Cristina Kirchner también fue elegida vicepresidenta de la Nación, siendo procesada. En ambos casos, estaban acusados de delitos en la administración pública. En el caso de Martín (Gill), es por un hecho de su vida privada, lo cual es más a favor de mi defendido", argumentó Rodríguez.
Consultado el defensor de Gill sobre si en la decisión de la fiscal Companys pudo haber influido alguna cuestión política, Rodríguez fue categórico.
"No surge de la causa que la política se haya mezclado en el proceso. Hubo un gran respeto y profesionalidad de todas las partes. Simplemente no compartimos las conclusiones de la fiscalía y por eso vamos a oponernos. Es posible que desde fuera del proceso se pretenda hacer de esto un uso político", expresó el abogado Rodríguez, quien fue funcionario de Gill en la gestión municipal.
Gill no hablará del tema, mientras que desde el Centro Cívico argumentan que el ministro sigue en el cargo porque se trata de un tema de "índole personal", en el "ámbito privado".
En este escenario, la oposición apuntó contra el ministro. El bloque de legisladores radicales le pidió al gobernador Martín Llaryora que apartara a Gill del cargo. Alejandra Ferrero, presidenta del bloque radical, confió que su bancada "analiza el pedido de juicio político" contra el exintendente de Villa María, además de solicitar el apartamiento del cargo de ministro.