El Gobierno de Pedro Sánchez ha fijado, entre sus prioridades legislativas para este año, la nacionalización de los brigadistas que combatieron por el bando republicano en la Guerra Civil, además de sus descendientes. Se trata de una reclamación de la llamada Ley de Memoria Democrática que, hasta ahora, no se ha desarrollado. El Ejecutivo, como avanzó OKDIARIO, ya intentó hacerlo el año pasado, pero la convocatoria anticipada de las elecciones dejó el plan en suspenso. Ahora, Sánchez retoma ese «compromiso», enarbolando una vez más la bandera de la «memoria democrática» como reclamo para intentar captar votos. Hace unos días, el presidente socialista improvisó una visita sorpresa al Valle de los Caídos, donde se grabó entre restos óseos de víctimas exhumadas.
La medida se recoge en el nuevo Plan Normativo del Gobierno, el marco de las previsiones legislativas que pretende desarrollar en el año en curso. En concreto, se indica que se aprobará un «real decreto sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales». El objetivo es «regular la concesión de la nacionalidad española, así como los requisitos y el procedimiento a seguir para su adquisición».
El artículo 33 de la Ley de Memoria Democrática -aprobada gracias a Bildu- permite conceder la nacionalidad española a los voluntarios que integraron las Brigadas Internacionales y, además, a sus «descendientes».
Hijos y nietos
Aunque se trata de un derecho ya reconocido en 1996 y, posteriormente, en la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, de 2007, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado su extensión, de forma que ahora se aplicará además a los hijos y nietos de estos brigadistas «que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España».
En mayo del año pasado, el Consejo de Ministros declaró la «tramitación urgente» de este real decreto, alegando «circunstancias extraordinarias». Sin embargo, no se llevó a efecto por la convocatoria electoral anticipada.
Los cálculos de los historiadores cifran en unos 35.000 los brigadistas internacionales procedentes de 60 países que, en octubre de 1936, llegaron a España para luchar en el bando republicano. El experto Giles Tremlett describe en Las Brigadas Internacionales. Fascismo, libertad y la Guerra Civil española (Debate), uno de los trabajos más extensos sobre el tema, que llegaron a morir uno de cada cinco, y destaca que entre sus filas había «cobardes, psicópatas y violadores». «No se han mirado las veces que los propios brigadistas mataban a sus prisioneros. Esto a mí me escandaliza mucho más que su disciplina interna», señala el autor.
La Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez retoma la promesa que el entonces presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín, hizo en 1938 a los brigadistas: «El Gobierno español quisiera testimoniaros de una manera directa su agradecimiento. Vuestro espíritu y el de vuestros muertos nos acompaña (…). El Gobierno de la República reconocerá y reconoce a los internacionales, que tan bravamente han luchado con nosotros (…) el derecho a reclamar, una vez terminada la guerra, la ciudadanía española. ¡Con ello nos honraremos todos!».
Según la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), que participó en la redacción de la nueva ley y empujó para recoger este aspecto, apenas una veintena de familias, de orígenes diversos, como Cuba, Argentina, Canadá, Australia, Francia, Italia o Reino Unido, estarían interesadas en acogerse a este derecho.
«Resignificar» Cuelgamuros
Entre las previsiones del Ejecutivo para este año, según el plan consultado por OKDIARIO, se recoge también la aprobación de un real decreto para regular «la organización, funcionamiento y el régimen patrimonial» del Valle de los Caídos, rebautizado ahora como «Valle de Cuelgamuros». Se trata de la anunciada «resignificación» de este espacio histórico.
La Ley de Memoria establece que el Valle se convertirá en «un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos». El Gobierno se ha dado un plazo de dos años para finalizar este proceso que, entre otras medidas, implicará la salida de la comunidad de monjes benedictinos.
Por otro lado, como ha publicado OKDIARIO, el Ejecutivo sí ha renunciado a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, después de que ésta modificase sus estatutos para adecuarse a la ley.
La Fundación ha incluido un párrafo en el que se asegura el «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación de España entre 1931 y 1977». De esta forma, la Ley de Memoria no tendría alcance para determinar su ilegalización, como era la intención de Sánchez.