Bogotá
Extorsión desde las cárceles: así es como este fenómeno está impactando en la seguridad de Bogotá
Se estima que el 40 % de las extorsiones se realizan desde las cárceles del país. Durante el último año, el principal medio para cometer este flagelo fue el celular.
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El crecimiento de la extorsión en Bogotá se alimenta, en gran parte, de la actuación de redes criminales desde las cárceles del país. La falta de supervisión por parte del Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de Política Criminal y Penitenciaria- y el Inpec), la coordinación con el Ministerio de Defensa, y el mal funcionamiento y desactualización de las plataformas tecnológicas encargadas del bloqueo de la señal de dispositivos celulares y computadores no permitidos desde las cárceles.
Esta situación ha generado cifras alarmantes en Bogotá. Según datos del Siedco a nivel distrital, en las localidades se ha venido evidenciando un preocupante aumento en los meses enero-febrero de 2024 comparados con los mismos del año anterior, con variaciones porcentuales de 500 % para Teusaquillo, 330,8 %, Mártires 314,3 % Bosa, y de 300 % para casos como Ciudad Bolívar y Barrios Unidos.
Las localidades con mayor número de casos en los meses de enero-febrero son Suba (70), Los Mártires (56), Kennedy (48) Engativá (30) y Bosa (29). Entre el año 2022 y 2023, este delito ha venido en crecimiento en todo el territorio nacional, con un aumento del 7.9%. La extorsión en el país pasó de 9.791 casos a 10.560 por año.
Se estima que el 40 % de las extorsiones se realizan desde las cárceles del país. Durante el último año, el principal medio de extorsión fue el celular (4.513 casos, 42 %); seguido de la extorsión directa en locales o vivienda (2.754 casos, 26 %) y redes sociales (1.511 casos, 14 %).
Según un informe de la fundación Paz y Reconciliación, Bogotá fue la ciudad con mayor incremento en el país: 22 % entre 2022 y 2023. En el 2023, la capital registró 1.626 casos, los cuales significan 291 casos más que en 2022. La ciudad presentó una tasa de 20.41 extorsiones por cada 100 mil habitantes en 2023.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, asegura que el 41 % de las actividades extorsivas se realizan desde las cárceles. Sobre todo, por medio de llamadas dirigidas, al azar o redes sociales. Según la Procuraduría, para enero de 2024, de 22 equipos de bloqueo de señal instalados en centros penitenciarios, solamente 2 estarían en funcionamiento.
El ente de control, afirma que la mayoría de los equipos que actualmente hay para interferir las señales que salen de las cárceles tienen tecnologías antiguas que ni permiten bloquear señales tipo 4G y 5G.
De manera enfática, el concejal David Saavedra aseguró que la opinión pública debe saber que gran parte de la extorsión que se vive hoy en la ciudad puede provenir de cárceles que no están en Bogotá, por eso es vital que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto.
Indicó que el alto nivel de corrupción en las cárceles y la falta de capacidad de control por parte de los guardas, como puede estar pasando en Cómbita con el caso de alias 'el Negro Ober', que sigue atemorizando a comerciantes en varias partes del país, es un ejemplo de ello.
Así mismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad en este flagelo que azota al país y especialmente a Bogotá.
- Reubicación de penales: Un problema relacionado con el funcionamiento de los bloqueadores de señal es la ubicación de los penales en zonas residenciales y comerciales, en donde los residentes presentan acciones de tutela por vulneración a su derecho a comunicarse, por lo que se recomienda contemplar la reubicación de algunos penales (Meneses, 2024), así como que se tengan en cuenta dichas cuestiones de carácter urbanístico a la hora de construir nuevos centros.
- Actualización de tecnologías: Mejorar y actualizar las tecnologías de bloqueo de señal ubicadas en los centros, que estén habilitadas para inhibir señales 4G y 5G.
- Planes anticorrupción en Inpec y centros penitenciarios: Seguir e intensificar las labores de rastreo, identificación, detención y judicialización de bandas criminales y de uniformados y trabajadores de los centros que colaboren con las mismas.