El revés del Tribunal Constitucional a las modificaciones del Gobierno de Rajoy al Impuesto de Sociedades ya florece en los informes financieros de las grandes cotizadas. Según los registros recopilados por La Información, las empresas del Ibex 35 reclaman una suma de hasta 670,93 millones de euros a Hacienda por los cambios normativos derivados de la sentencia del alto tribunal sobre las modificaciones del Real Decreto 3/2016. En concreto, la mayor parte de las grandes empresas españolas calculan que este cambio normativo les beneficiará de algún modo, si bien la mayoría aún no han calculado el impacto final sobre sus resultados, o bien cuantifican una influencia mínima sobre sus cuentas. Rovi, Inditex, Fluidra, Enagás, Iberdrola, ArcelorMittal, Bankinter o Logista -cuya documentación es anterior a la decisión del TC- no mencionan en sus archivos la decisión del pasado 18 de enero de la Justicia española.
El Constitucional tumbó tres preceptos de la normativa elaborada por el departamento del exministro Cristobal Montoro. En contreto, elimina la fijación de topes más duros para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. Las empresas solo podrán presentar reclamaciones sobre las liquidaciones que ya hubieran sido impugnadas en años anteriores a 2022 -incluido-.
Diez firmas han hecho cuentas
Al menos diez firmas ya han realizado estimaciones de cuánto dinero obtendrán desde las arcas del Estado por estas alteraciones. Las dos empresas que más esperan percibir son BBVA e IAG -la firma de compañías aéreas en la que se integra Iberia-, con 220 millones de euros y 249 millones de euros, respectivamente.
En el caso del banco, prevé un monto agregado de todos los litigios abiertos que podría ascender a un máximo del 0,4% del patrimonio neto de la entidad. Este patrimonio ascendió en 2023 a 55.265 millones de euros, por lo que el 0,4% rondaría los 220 millones de euros en devoluciones fiscales. Otras empresas del sector como Santander, CaixaBank, Sabadell y Unicaja han estimado las modificaciones en Sociedades no tendrán impactos "significativos", aunque consideran que podrán acelerar el aprovechamiento de créditos fiscales en el futuro.
Por otro lado, IAG calcula que las filiales españolas del grupo podían compensar hasta el 70% de su base imponible con pérdidas fiscales negativas históricas acumuladas -la cual se reducía al 25% antes de la sentencia del Constitucional-.
IAG estima en la presentación de su informe financiero que aún existe incertidumbre sobre la aplicación de la anulación de las normas fiscales sobre Sociedades y, por lo tanto, también la tiene la metodología que utiliza el grupo para calcular las devoluciones, pero se aventura a realizar estimaciones. En primer lugar, IAG cree que si las pérdidas se hubieran podido aprovechar al 70% y el deterioro histórico hubiera sido deducible fiscalmente, la compañía se hubiera ahorrado 83 millones de euros de impuestos a 31 de diciembre de 2023.
Por otro lado, la empresa prevé la posibilidad de compensar hasta el 70% de sus beneficios imponibles españoles a través de pérdidas de ejercicios anteriores para sus impuestos españoles de 2023. Si este límite se hubiera aplicado a 31 de diciembre de 2023, las aerolíneas estiman que se ahorrarían 108 millones de euros en gastos de impuestos.
En último lugar, con el cambio en la limitación de pérdidas IAG tiene la intención de utilizar una mayor parte de sus pérdidas fiscales históricas dentro de este periodo de diez años para aplicarse rebajas fiscales. A través de este mecanismo, la matriz de Iberia rebajará en 58 millones de euros el cargo de impuestos.
Otra empresa con una carga reseñable a reclamar es Amadeus, de más de 100 millones. La firma de soluciones tecnológicas para el turismo estima que tiene derecho a recibir 36,4 millones a cuenta de una reclasificación de activos y pasivos por impuestos diferidos a gravámenes sobre sociedades a cobrar en el estado de posición financiera por el impacto en la declaración Sociedades de 2022.
Además, la firma capitaneada por Luis Maroto ha aplicado en el cálculo del Impuesto de Sociedades de 2023 los efectos de la sentencia por las pérdidas acumuladas, sumando 71,2 millones de euros en BINs -el resultado de la acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores que pueden compensarse en los períodos impositivos siguientes-.
Telefónica calcula 4.750 millones junto a otra sentencia
Telefónica es otra de las firmas que cree que las declaraciones del Impuesto sobre sociedades en España de los ejercicios 2016 a 2022 "se verán afectadas" por la sentencia del Constitucional. No obstante, la firma hace una aclaración y estima que "en este momento no resulta posible determinar con una mínima certeza cuáles serán los concretos efectos en la situación tributaria de Telefónica ni cuándo se dictarán los actos administrativos en los que se reconozcan dichos efectos [las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades]". La teleco asegura que concurren diversos "factores de incertidumbre" que impiden determinar desde un punto de vista cuantitativo el monto total, así como "predecir cuándo podrán ser determinados o cuándo tendrá lugar su materialización".
No obstante, Telefónica calcula que podría recuperar hasta 4.575 millones de euros en créditos fiscales por la sentencia del TC unida a otro fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en septiembre de 2023 por la bonificación fiscal a la compra de empresas en el extranjero, de los que ya habría activado 364 millones.
La empresa, en la que la SEPI adquirirá el 10% de su capital, cree que está en posición de volver a tener disponibles los siguientes créditos fiscales. Para el año 2002, 247 millones de euros, 2004, 21 millones de euros, 2011, 615 millones de euros y 2015 1.503 millones de euros; y, por deducciones: por doble imposición de los años 2010 a 2020, 952 millones de euros, por reinversión de los años 2003 y de 2011 a 2013, 23 millones de euros, por inversiones de los años 2003 a 2013, 476 millones de euros, por donativos de los años 2009 a 2018, 260 millones euros, de activos fijos en Canarias de los años 2010 a 2020, 101 millones de euros y por reversión de medidas temporales de los años 2015 a 2020, 29 millones de euros.