Durante un encuentro con Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello advirtió que la ola de inseguridad que se vive en Colombia por cuenta del fortalecimiento de diferentes organizaciones multicrimen, es la principal causa de todas las violaciones de los derechos humanos.
Explicó que al menos 10 departamentos, como sería el caso de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar, están sumidos en una seria crisis de violencia por cuenta de la injerencia de grupos armados dedicados a la minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes y trata de personas con fines sexuales.
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"Decimos por nuestros estudios que estamos viviendo un repunte de violencia en el país y estamos viendo un deterioro no solo de la seguridad rural, sino también de la seguridad urbana", advirtió la Procuradora Cabello.
Uno de los ejemplos citados por el Ministerio Público fue los enormes rendimientos que estaría generando la minería ilegal a los grupos que la controlan, por valores cercanos a los $10 billones de pesos al año, según la Unidad de Análisis Financiero (UIAF).
La Procuradora también mostró su preocupación por lo que estaría pasando alrededor de las negociaciones de paz, cuando advirtió que "los grupos al margen de la ley se están aprovechando de las negociaciones de Paz Total para fortalecerse logísticamente en armamento y ampliar su presencia en territorio".
También aseguró que pese a los requerimientos hechos al Gobierno Nacional por la ausencia de estrategias para el control territorial, persisten actuaciones como asesinatos de gobernantes, hurtos, secuestros y extorsiones; candidatos en pleno proceso electoral amenazados y líderes sociales asesinados.
"En este momento estamos viendo el confinamiento y desplazamiento en algunas regiones del sur de Colombia y participación activa de los grupos armados al margen de la ley", advirtió Cabello.
Una de las denuncias que más alerta al ente de control tiene que ver con el aumento del reclutamiento infantil, cuando evidenciaron se agudizó en 23 subregiones del país, siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander los más afectados. Tan solo en 2023 el ICBF recibió 196 niños de entre 13 y 17 años rescatados de grupos armados.