"Las objeciones están centradas en los requisitos obligatorios de competencia de título, el desempeño en el sistema público, los años de antigüedad registrados en el sistema, y además puntualmente hacemos una objeción ética política democrática de uno de los aspirantes que habría expresado su negacionismo a los hechos violatorios perpetrados por dictadura militar", expresó la agrupación interna del principal gremio docente.
"Los peticionantes solicitamos la revisión y cumplimiento estricto de los requisitos explicitados, en la ley suprema de la provincia, la constitución de Entre Ríos, la Ley Provincial de Educación 9890 y la Orgánica del CGE, para ocupar cargos de Director General de Escuelas y Vocales", acotaron los integrantes de la Multicolor.
El planteo se hizo ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que debe tratar los pliegos de las autoridades del CGE. Tanto Fregonese como los vocales ejercen sus cargos "en comisión" hasta tanto el cuerpo legislativo se expida.
Luego, remarcaron: "Nuestra impugnación se funda, en primer lugar en el derecho a la información que los ciudadanos disponemos en estos casos y en segundo lugar a la saludable inquietud de velar por el irrestricto cumplimiento de las cualidades habilitatorias de las personas que conducirán los destinos de, nada menos que la educación en la provincia de Entre Ríos".
"Dicha inquietud – puntualizaron – se transforma en preocupación ante la presunción siempre sana y constructiva del incumplimiento de las normas existentes, para salvaguardar la endeble y permanentemente atacada Democracia, que los ciudadanos tenemos el deber y derecho de defender. Debemos hacer énfasis en el cumplimiento de las normas ya que resignarlas, implica resignar la calidad educativa".
En el escrito que hicieron circular, señalaron: "Es de suma gravedad no cumplir la Constitución Entre Ríos y además esto puede ser un camino sin retorno, ya que mal puede exigirse a los ciudadanos el cumplimiento de la norma máxima si los que dirigen el Estado no la cumplen. La solicitud y cumplimiento de requisitos no se trata de cuestiones interpretativas. La exigencia de normas para los cargos es clara e inequívoca, por lo que se deslegitima la autoridad al no estar designada bajo el amparo de la constitución". (APF)