La Audiencia Nacional celebra el jueves una vista de extradición para decidir sobre la entrega a Estados Unidos de un hombre de nacionalidad cubana y española, reclamado por agresión sexual a su hijastra, una menor de 12 años en la fecha de los hechos (2014), a la que dejó embarazada cuando vivía con su madre en Florida.
En su informe a la sección primera de lo Penal, la Fiscalía apoya la petición de extradición, formulada mediante nota verbal a través de la Embajada de Estados Unidos por un delito de agresión física sexual y otro de embarazo de una menor, según las Leyes de Florida, y que en la legislación española, en la fecha de comisión de los hechos, sería calificado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años.
El reclamado, E.E.G., fue arrestado el 9 de agosto del año pasado, en virtud de una orden internacional de detención de fecha 18 de agosto de 2015, dictada por la Corte de Circuito para el Decimoséptimo Circuito judicial y para el Condado de Broward (Florida).
Al día siguiente de ser detenido ingresó en prisión provisional, donde aún permanece, tras comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y negarse a ser extraditado.
Según el relato de los hechos que recoge la solicitud de extradición, el reclamado, en octubre de 2014, la violó "prevaliéndose de la ascendencia que ejercía sobre su hijastra por su posición de autoridad familiar y tutela, una menor que contaba entonces con 12 años de edad, con la que convivía en unión de su madre y sus hermanos pequeños".
"La menor, que desconocía la trascendencia del acto y sus consecuencias", prosigue el relato, acudió el 8 de mayo de 2015 al Hospital de su residencia por dolor abdominal, donde dio a luz un hijo "fruto de la referida agresión, tal y como se comprobó durante la investigación de los hechos por parte del cuerpo de policía del Condado de Broward a través de un informe de ADN que se realizó al reclamado".
Los hechos, precisa, "tuvieron lugar en el domicilio en que el reclamado convivía con la madre de la menor y sus hijos menores, entre ellos, la agredida".
La Fiscalía considera en su informe que se cumplen los requisitos para la entrega: que concurre el mínimo punitivo exigido en el Tratado de Extradición con EEUU; que los delitos no han prescrito -conforme a la legislación de la parte requirente y teniendo también en cuenta que el tratado permite la entrega incluso si estos han prescrito-, y que la reclamación no tiene motivación política.
En cuanto a que el reclamado ostente la nacionalidad española, el Ministerio Público entiende que ello no impide su entrega por ser potestativa en este caso.
En este sentido invoca la doctrina del Pleno de la Sala Penal sobre la cláusula de no entrega de nacionales y respecto al que la Audiencia Nacional ha establecido que obedece a un deber de protección por parte del Estado para con sus nacionales, que tiene su arraigo en criterios soberanistas que no se corresponde con el principio de cooperación judicial.
Por eso, añade la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha venido actuando en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, valorando factores como la gravedad del delito, la vinculación o arraigo del reclamado con el Estado requirente y con el requerido, posibilidad de enjuiciamiento efectivo o atendiendo a razones de proporcionalidad entre la entrega y su finalidad, o la desproporción existente entre el régimen punitivo del país requirente y del requerido, informa Efe.
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