- Memoria democrática El Gobierno va al choque con las comunidades de PP-Vox por derogar sus leyes y recurrirá ante el Constitucional
Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón están en el punto de mira del Gobierno de España. En su ofensiva contra los ejecutivos autonómicos de PP y Vox, el Ministerio de Política Territorial anuncia una primera batalla contra las normas sobre "concordia" con las que la derecha pretende derogar las diferentes leyes de memoria democrática. Y, aunque con matices, lo cierto es que las tres iniciativas autonómicas guardan paralelismos y similitudes.
MOTIVACIÓN
La primera tiene que ver con la motivación. En los tres casos se justifican las nuevas regulaciones para enmendar el "relato partidista" y la "visión ideologizada de la historia" que, a juicio de PP y Vox, se impuso con la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.
En este sentido, el concepto de concordia pasa a sustituir al de memoria, con el argumento de que no hay que distinguir entre víctimas de uno y otro bando para no generar "división" en la sociedad. La ley del Gobierno de Pedro Sánchez, así como las normativas autonómicas que impulsaron los respectivos ejecutivos de izquierdas, inciden en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
"CONCORDIA"
En el caso de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, los socios de gobierno han registrado sendas proposiciones de ley en los parlamentos autonómicos. La iniciativa no parte así formalmente del Ejecutivo sino de los grupos parlamentarios, lo que suele permitir una tramitación más rápida y con menos informes jurídicos. Las nuevas normas no solo han coincidido en la fecha de presentación -apenas unos días de diferencia entre una y otra-, sino que su título es calcado: "Proposición de ley de Concordia".
Si la valenciana deroga la Ley de Memoria Democrática de 2017 de PSOE y Compromís, la castellanoleonesa hace lo propio con el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de 2018 que impulsó el propio PP (sin Vox, eso sí). En Aragón, el Gobierno del popular Jorge Azcón acaba también de derogar la Ley autonómica de Memoria Democrática que se aprobó con el anterior ejecutivo del socialista Javier Lambán. En su lugar, se propone el Plan de concordia democrática, reconciliación, recuerdo y reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
VÍCTIMAS
El reconocimiento de "todas las víctimas", de hecho, es el hilo argumental que sirve a las tres normas de PP y Vox. Esto lleva en la Comunidad Valenciana y Aragón a incluir a las víctimas del terrorismo, por lo que el periodo histórico que se contempla llega "hasta nuestros días", según recoge el texto valenciano. Pero lo que esto permite en la práctica es incluir además la referencia expresa a las "víctimas de la Segunda República" en las leyes de concordia, algo que no hacían las de memoria democrática.
Según el Ministerio, esto no es otra cosa que pretender "igualar los años democráticos de la Segunda República con la dictadura posterior a la Guerra Civil y sus consecuencias". En Aragón, por ejemplo, para derogar la anterior normativa se apeló a que hacía una "idealización extrema de la Segunda República", con lo que "olvidaba y excluía" este periodo de su ámbito de aplicación.
En esta línea, la futura ley valenciana hace referencia igualmente en su exposición de motivos a la "convulsa Segunda República", para ampliar a continuación el concepto de víctima al que se refiere la norma estatal. Así, su primer artículo sirve para reconocer "el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática". Vox llegó a decir que estarían incluidas hasta las "víctimas de la violencia del Frente Popular".
DESDE 1931
Aunque el texto de Castilla y León extiende su aplicación hasta 1978 y no "hasta nuestros días" como Comunidad Valenciana y Aragón -para justificar la inclusión de las víctimas de terrorismo-, hay coincidencia también en la fecha de arranque: el año 1931.
El PP valenciano argumenta que también la normativa autonómica de la izquierda abarca hasta 1931. Ahora bien, el Consell de Ximo Puig lo hizo para definir el alcance de la "memoria democrática valenciana", entendida como "la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas".
Por el contrario, la proposición de ley de PP y Vox se remonta a 1931 para reconocer "a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa". Es decir, desde la proclamación de la Segunda República, a la que se tilda de "catástrofe" comparable a la de la Guerra Civil, la dictadura franquista y "el azote del terrorismo etarra e islámico". La norma de Castilla y León ni siquiera hace referencia expresa a la dictadura franquista, cuya condena no se explicita.
"La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores", se afirma en el preámbulo de la ley valenciana, que insiste además en que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República la Guerra Civil y el franquismo". En definitiva, "postulados revisionistas" en opinión del Ministerio que colisionan directamente con la ley estatal.
EXHUMACIONES
Con la derogación de la anterior norma aragonesa, se eliminan el mapa de fosas, el inventario de lugares de memoria o las subvenciones públicas. De ahí que el Ministerio haya asegurado ya que garantizará las exhumaciones en aplicación de la ley estatal.
Tanto la norma valenciana como la de Castilla y León mantienen las exhumaciones. En el primer caso, todo procedimiento de memoria democrática iniciado ya decaerá, "a excepción de los procesos de exhumación". Además, se reconoce como derecho de las víctimas la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos. También se recoge en el texto de Castilla y León que, sin embargo, excluye a las asociaciones memorialistas de la comisión de exhumaciones.