No pueden hacerlo mientras estén en funciones porque se lo prohíbe la ley de marzo de 2020. Aún así, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han logrado, de la manera más sibilina posible, la renuncia de media docena de cargos técnicos de primer nivel en el organismo.
El último ha sido el director de la Escuela Judicial, el magistrado Jorge Jiménez Martín, quien ha dimitido después de haber soportado las furibundas críticas de los vocales elegidos a propuesta del PP, quienes consideran que no cumple con los requisitos que establece la ley ya que permanece en el puesto "de forma interina" desde 2018. Curioso planteamiento el de unos señores que llevan ese mismo tiempo actuando en funciones con mandato caducado y que son incapaces de presentar su dimisión.
Por esa regla de tres, la excusa que ponen para pedir a Jiménez Martín que se aparte se la tendrían que aplicar ellos mismos. Pero lo que de verdad esconde este tipo de maniobras no es otra cosa que el intento de la derecha judicial de apropiarse de la estructura orgánica del Consejo. Y para eso hay que neutralizar a los segundos niveles, los que no son designados políticamente.
A Jiménez Martín le obligaron a dimitir. Desde hace un tiempo, el bloque de vocales conservadores del CGPJ que controlan el núcleo duro, la comisión permanente, le habían puesto obstáculos a la hora de aprobar sus iniciativas. Consideraban que su permanencia al frente de la dirección de la escuela era ilegal y habían propuesto la celebración de un pleno para abordar su continuidad. Antes de que se aprobase la convocatoria de ese pleno, Jiménez Martín, afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura, presentó su dimisión. Y hora se plantea un serio problema ya que este consejo no puede efectuar un nombramiento para sustituirlo. Las dos juezas que aspiran a asumir sus funciones de forma interina son María Jesús Millén, directora de formación continua de la escuela, y Clara Carulla, una jueza que goza de todas las bendiciones sobre todo porque no tendrá la tentación de trasladar la sede del centro a Madrid tal y como pretende un sector del CGPJ.
Esta situación no obedece a diferencias ideológicas. Todos simpatizan más o menos con las posiciones de la derecha judicial. Están afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura y han sido colaboradores directos de Carlos Lesmes, el presidente que dimitió en protesta por el bloqueo de la renovación del organismo, pero que pasará a la historia por haber colocado a sus afines, y, como se ha comprobado, no sólo en las instancias judiciales superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales Superiores, y audiencias territoriales, sino también en la estructura técnica del organismo con sede en Marqués de la Ensenada.
José Luis de Benito era el secretario general del Consejo General del Poder Judicial desde 2019. Se jubiló anticipadamente el pasado mes de octubre. El bloque conservador no le soportaba porque había sido jefe de gabinete en dos ministerios ocupados por socialistas, José Antonio Alonso y Carme Chacón. Tal vez por ello los vocales propuestos por el PP vigilaban minuciosamente su trabajo hasta que llegó un momento en que la situación se hizo insostenible. Una retirada a tiempo era la mejor opción para De Benito.
Lo mismo que hizo el gerente, José María Márquez, quien se retiró al mismo tiempo que su jefe inmediato, el secretario general. Por Márquez pasaban asuntos de importancia capital como es la gestión presupuestaria, la administración de personal y temas relativos a la contratación de bienes y servicios. Al menos Márquez dejó resuelta su sustitución. Una persona de su entera confianza, su número dos, se ha hecho cargo de las competencias de su cargo sin que nadie haya mostrado oposición. Más bien lo contrario, los vocales conservadores las controlan mejor, ahora.
Eugenio Fontán, jefe del gabinete técnico es un jurista muy cercano a Carlos Lesmes al cual le había comentado que seguía trabajando "en este infierno" por lealtad. Cuando el presidente dimitió, Fontán empezó a preparar su salida que culminó, también, el pasado otoño.
Otras dos personas que se marchan son Amparo Camazón, jefa del servicio de inspección que se encontraba en funciones sustituyendo a Esperanza Córdoba, nombrada magistrada del Tribunal Supremo en febrero de 2020, y Alejandra Frías, directora del servicio de estudios e informes del gabinete técnico. La salida de esta última no obedece a diferencias con sus superiores del CGPJ sino por su nombramiento como secretaria general del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Todas estas renuncias generan un serio problema al órgano de gobierno de los jueces. La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de marzo de 2020 impide cubrir las vacantes que se produzcan mientras el Consejo permanezca en funciones como es el caso. Por lo tanto, estos cargos deben ejercerlos funcionarios en comisión de servicio. Y ahí es donde interviene el bloque conservador que se quita de en medio los técnicos más molestos. La comisión permanente del Consejo es la encargada de designar a los titulares de estas funciones y tiene mayoría conservadora, son cuatro frente a tres vocales progresistas. Cuentan con el cien por ciento de probabilidades de hacer una estructura a su medida y, lo más importante, a la medida de los que les sustituyan, sean del signo político que sean.
Es la estrategia de la derecha conservadora. Son las formas que utilizaron sus abuelos en el franquismo. Mejor que los cargos electos es dominar la estructura. Si, tal y como pretende el Partido Popular, al final se cambia el método de elección del organismo que gobierna el poder judicial de este país, los nuevos vocales tendrán un aparato afín. Y esa estrategia la llevan a cabo en otras instituciones como es el parlamento donde mantienen una guerra tendente a colocar a sus afines en los puestos clave, los letrados. Y el siguiente objetivo es controlar la abogacía del Estado sin olvidar a la fiscalía.
En 1982, cuando los socialistas de Felipe González alcanzaron el gobierno, uno de sus ministros, Joaquín Almunia, advirtió de que "el aparato del Estado" se mantenía intacto por lo que llevar a cabo las reformas prometidas iba a ser difícil. Ahora vuelve a suceder algo parecido. Ya puede haber un gobierno cuya intención sea reformar el sistema. Si no cuenta con el apoyo del "aparato" todo acabará en buenas intenciones y nada más. Y eso lo sabe la derecha conservadora que quiere terminar con un aparato judicial que se oponga a sus intenciones. Su primer objetivo, el CGPJ, ya lo han logrado.