Dicen que el presidente está en su mejor momento desde que asumió el cargo. Está casi eufórico porque ve hacia delante un escenario en que consolida su control de la economía, principalmente, en el freno a la suba de precios. Esto le facilita las cosas en todo lo demás, en particular en el terreno político, porque se reducirán las chances de que los opositores lo bloqueen o condicionen con duras exigencias a cambio de colaboración.
Y puede ser que algo de eso vaya a suceder. Luis Caputo dio pábulo a ese optimismo presidencial con algunos datos extra en su reciente entrevista en TN: habló de una inflación en marzo cercana al 10%, de menos presión sobre el dólar y menos expectativa de una devaluación abrupta, ahora que empezó la cosecha gruesa, de la compra de bonos y acciones por parte de fondos de inversión que hace años venían ignorando a la Argentina, y de negociaciones prometedoras con el FMI, que de llegar a buen puerto van a facilitar y acelerar la salida del cepo y abreviar por tanto el valle de lágrimas de la recesión.
Pero es también cierto que hay nubarrones bastante negros por delante. Los meses de abril y mayo van a ser los peores en términos de "precios nuevos frente a salarios viejos". Impactarán en los bolsillos de forma plena el recorte de subsidios y los consecuentes aumentos en los servicios, así que el consumo va a tocar fondo, lo que no podrá ser aún suficientemente compensado por más que las inversiones y las exportaciones repunten.
A lo que se sumará un problema que siempre afecta a los planes de estabilización: cuando la inflación se desacelera, deja de ser el foco exclusivo de preocupación para la gente, las sociedades empiezan a reclamar más atención a otros asuntos por parte de las autoridades y, entonces, a estas les resulta más difícil imponer nuevos costos para seguir reduciendo el ritmo de la suba de precios.
Es muy pronto para decir cuándo y en qué medida algo de esto sucederá. Pero es seguro que va a suceder. Y es probable que ya haya comenzado. A la luz de las módicas subas de las últimas dos semanas de marzo, del orden del 0,8 y 0,7% respectivamente, es dudoso que, por ejemplo, los jubilados que van a recibir apenas módicas correcciones de sus prestaciones, del orden de solo 2% muchos de ellos, no vayan a concluir que el Gobierno está siendo innecesariamente mezquino, simplemente porque le es más fácil descargar en sus espaldas el costo del ajuste que hacerlo sobre las de los camioneros, los empresarios prebendarios de Tierra del Fuego, las petroleras, los dueños de las prepagas de salud o de las prestadoras de servicios públicos.
Y algo parecido van a pensar posiblemente los que pronto pueden volver a pagar el impuesto a las ganancias, y se consideran parte de la "sufrida clase media", por más que estén cómodamente ubicados en el primer decil de ingresos. Porque es cierto que vienen ya soportando el peso del ajuste en varios frentes simultáneos: por los impuestos que tienen que afrontar y que sostienen la educación, la salud y la seguridad públicas, y por los gastos en que se ven obligados a incurrir para conservar la salud, la educación y, a veces, también la seguridad privadas.
No muy distinta puede que sea la reacción de los jóvenes, hasta aquí el principal apoyo del oficialismo. Buena parte de los votantes de Milei tiene no más de 25 años, trabaja en la informalidad, recibe magros ingresos y una precaria educación y salud pública. No disfrutan, por tanto, de los beneficios de las leyes laborales, ni de los del gasto social, ni acceden a ningún otro "derecho" de los que se vanagloria de haber promovido el peronismo kirchnerista. Pero tienen expectativas en que su situación relativa va a mejorar, una vez que el nuevo Gobierno castigue a los "privilegiados" y recorte el poder de "la casta".
¿Qué van a pensar cuando vean que sus ingresos siguen siendo "viejos", y no se recuperan con la misma velocidad que los de los trabajadores agremiados y formales, y tampoco lo hace la demanda (ni, por tanto, el empleo, aún informal y de bajos ingresos) en los sectores a los que ellos tienen acceso? Probablemente que "su" gobierno les está fallando, y que debería prestar menos atención a la lucha contra la inflación, y más a reactivar la economía y sacarlos de la postración.
Es bastante lógico esperar, en suma, que sectores que han apoyado y siguen apoyando mayoritariamente al oficialismo, como estos, tiendan, de a poco o más abruptamente según las circunstancias que se presenten, a moderar su preocupación por la inflación, e incrementarla por el nivel de sus ingresos, la generación de empleo y en general la reactivación de la economía, las exacciones que les impone el Gobierno, las ventajas relativas de que disfrutan otros grupos, etc.
Entre las circunstancias que pueden volver más o menos marcado este giro en el humor social destacarán, obviamente, la disponibilidad de alternativas, y en este terreno todo parece indicar que el oficialismo va a seguir teniendo amplias ventajas.
Porque mientras los que protesten por esos costos del ajuste y por el empecinamiento con que el Ejecutivo se aboca a frenar la inflación a cualquier costo sean los sindicatos de la CGT, y en particular los gremios estatales, los kirchneristas y el resto de la izquierda militante, más la prensa asociada, es difícil, si no imposible, que muchos en los sectores enumerados o en otros de similares inclinaciones vayan a ponerse en contra del Gobierno.
También va a pesar en el ánimo colectivo el temor a una posible recaída en el desorden económico. Y la posible aceleración de los precios, más el descontrol del tipo de cambio, son siempre la primera señal que pesa al respecto. Si ese riesgo se mantiene vivo, por más que la tasa mensual del IPC haya bajado, el Gobierno podrá seguir sacando provecho de los temores asociados con la situación de emergencia.
Aunque esto último tiene su contracara, porque tal vez la inflación de los próximos meses siga demasiado alta como para que el Gobierno cante victoria, digamos, cerca del 10% mensual y por tanto bien por encima del 200% anual, pero que no sea tan alta como para que el temor a su reactivación sea muy intenso, ni su combate se mantenga como prioridad absoluta para la opinión pública, porque esté, al menos en apariencia, "bajo control".
Ese podría ser un cuadro bastante complicado y, lo peor, es el que auguran algunos de los economistas más positivos y cercanos al oficialismo. Sin ir más lejos, hace poco Domingo Cavallo publicó un cuadro de prospectiva inflacionaria, según el cual el índice de la segunda mitad del año se ubicaría establemente en torno al 7%, y habría que esperar hasta 2025 para que haya alguna nueva baja.
El otro problema que va a presentarse, y este es aún más inevitable (el propio Caputo lo acaba de admitir en la entrevista de TN), es que algunos precios quedarán "mal colocados" cuando la inflación se modere, y tarden mucho en acomodarse, por la "normalización" de la inflación remanente y porque el Gobierno no quiera intervenir para que eso suceda.
Por más que otros precios que estaban distorsionados desde hace tiempo, como los de los servicios, el combustible, etc, se corrijan, puede ser que problemas de precios relativos que generen malestar y disgusto entre los consumidores se perpetúen. Es el caso -que reconoció Caputo en la entrevista mencionada- de las prepagas, a las que, él dijo, "se les fue la mano".
Ocurrió lo mismo con ciertos insumos industriales, muchos medicamentos, etc., porque las empresas que los producen subieron sus precios todo lo que pudieron cuando fueron liberados de los controles del gobierno anterior para anticiparse a un nuevo salto del tipo de cambio en un futuro cercano. Ahora, que esa devaluación no se produjo y el dólar libre bajó, los dejaron muy "adelantados".
Por más que pierdan mercados, es dudoso que esas empresas vayan a corregir una distorsión que las beneficia. Habrá que esperar que los demás precios se acomoden a ese nivel, o que el Gobierno se canse de esperar que esas distorsiones se corrijan solas. En cualquier caso, lo que seguro va a suceder es que habrá más ruido en torno a la política antinflacionaria. Los consumidores van a asumir que hay nuevos privilegiados, los que forman precios de forma monopólica u oligopólica, mientras las autoridades miran para otro lado.
Por último, todo esto va a estar condicionado seguramente por el alto grado de escepticismo con que los argentinos acompañamos los esfuerzos que hacen nuestros gobiernos, independientemente de si simpatizamos con ellos o no, para cortar los lazos muy íntimos y firmes que mantenemos con la acelerada y crónica suba de precios.
Porque la verdad es que, aun quienes aceptan que controlar la inflación es, por lejos, lo más importante y justifica grandes sacrificios, sospechan que el intento fracasará. Y, por lo tanto, están predispuestos a revisar una de sus premisas, que los esfuerzos para intentarlo una vez más realmente valgan la pena después de tantos fracasos acumulados.
Este escepticismo latente se puede identificar en la diferencia que existe entre la confianza general de la opinión pública en la capacidad del Gobierno de llevar adelante su programa y la confianza, bastante más acotada, hacia su política de estabilización. En el primer terreno, el optimismo es claramente mayoritario; en el segundo, no.
Somos como carne y uña con la alta inflación. Es parte constitutiva de nuestra forma de ser como sociedad y como agentes económicos. En estos meses, pareciera que en serio queremos erradicarla. Pero tal vez no sea una inclinación muy duradera, y puede que nos conformemos con evitar que el problema sea demasiado alarmante para poder volver a convivir con ella como más o menos siempre hemos hecho. Habrá que estar atentos. Y el Gobierno es el primero que debería estarlo.