El trabajo periodístico se vio mermado principalmente durante la cobertura a temas de minería aurífera, avasallamiento de tierras y depredación de bosques. Muchos casos también se dieron por parte de autoridades regionales y entidades estatales en contra de expresiones contrarias al Gobierno.
Fuente: El Diario
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reportó un total de 75 agresiones a periodistas y medios durante 2023, entre ellas los ataques de mineros a 11 periodistas durante protestas cooperativistas en La Paz y otras denuncias de hostigamiento o agresiones físicas, mayormente por parte de depredadores mineros y avasalladores de tierras, datos que fueron incluidos en el informe de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En este período, varios periodistas y medios independientes denunciaron agresiones y restricciones a su labor informativa, en especial durante la cobertura de temas relacionados con la extracción de oro, el avasallamiento de tierras y la destrucción de bosques.
En noviembre del año pasado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prohibió a su personal, la difusión de informes sobre la deforestación de bosques, contraviniendo el derecho de acceso a la información.
En diciembre, periodistas de Cochabamba y la ANP rechazaron el llamado de un fiscal policial a la periodista, Carmen Challapa, de Radio Fides, y reiteraron que el trabajo de los reporteros está regido por la Constitución, la Ley de Imprenta y sus tribunales de autorregulación, los cuales eximen a los periodistas de enfrentar procesos mediante la justicia ordinaria.
Las frecuentes amenazas de Nicolás Ramírez Taboada contra el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, fueron denunciadas por la ANP, entidad que reclamó una actuación inmediata de la Justicia.
Por otra parte, el pasado 18 de diciembre, un ventanal del edificio donde funciona la ANP fue impactado con un objeto lanzado por desconocidos desde otro edificio.
El 28 de diciembre, el periodista Iván Arraya, de la red privada de televisión Unitel, denunció que él y un camarógrafo fueron víctimas de una emboscada organizada por avasalladores de tierras que también atacaron a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz.
El 29 de febrero, el comunicador de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Oruro, José Manuel Yugar, fue agredido físicamente por dos mujeres asambleístas que le exigían borrar imágenes de acciones violentas registradas durante una sesión ordinaria.
Tras este hecho, las agresoras denunciaron al periodista de la ALD orureña y se declararon víctimas de violencia, cuando ellas mismas habrían ejercido tales actos en flagrante evidencia recopilada por el comunicador.
ASFIXIA DE ESTATALES
El 6 de marzo de 2024, la radio independiente FM Bolivia, localizada en los Yungas del departamento de La Paz, fue silenciada por resolución de la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT). El entonces director de este medio, Galo Hubner, atribuyó esta medida a la cobertura de protestas de agricultores de hoja de coca contra los gobiernos de los presidentes, Evo Morales y Luis Arce.
Por su parte, la ATT arguyó una serie de argumentos técnicos en el que la radio, supuestamente, excedía su límite de alcance de radiofrecuencias por varios kilómetros, aunque la radio también se emitía por vía digital y, por tanto, traspasaba las fronteras nacionales a través de internet.
El pasado 23 de marzo, el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) rechazó la entrega de un permiso de circulación vehicular al periódico centenario EL DIARIO y limitó el número de autorizaciones al matutino cruceño El Deber, durante la jornada del Censo de Población y Vivienda de 2024.
El 26 de marzo, el diario La Palabra del Beni sufrió amedrentamiento y hostigamiento por funcionarios de la Gobernación. Un grupo de manifestantes exigía la retractación de una noticia que alertó sobre maltrato a menores en un hogar administrado por la autoridad departamental. Sin embargo, la noticia tuvo como fuente informativa a una autoridad municipal encargada de proteger a la niñez. Previamente, en noviembre, varios periodistas en Beni se declararon en emergencia por frecuentes agresiones y demandaron respeto a sus labores.
La ANP exigió la investigación de tres asaltos contra el periodista y defensor de la libertad de prensa Milton Montero, de Santa Cruz de la Sierra. El reportero sospecha que los hechos tienen por finalidad impedir su trabajo periodístico en el Canal Universitario y sus denuncias de agresiones a periodistas.
Fuente: El Diario.