Los extranjeros que llegan a España no tienen en su inmensa mayoría estudios universitarios y terminan enrolados en empleos de baja cualificación. Así lo pone de manifiesto el Banco de España en su Informe Anual de 2023.
En el análisis que hace la institución sobre la capacidad de los flujos migratorios para evitar el proceso de envejecimiento en España y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado laboral, el supervisor asegura que los inmigrantes que llegan a nuestro país son, en promedio, más jóvenes que los nacionales. En el ámbito laboral, en los últimos años, los trabajadores extranjeros habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre oferta y demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones.
A este respecto, el documento añade que en 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevan menos de un año en España, alrededor del 80% de los extranjeros en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% trabajaban en actividades de baja cualificación, porcentajes muy superiores a los que registran los nacionales.
Influencia relativa
Aunque el Banco de España destaca que los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, añade que no parece probable que puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso España ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo en el futuro.
Para que la tasa de dependencia en 2053 permanezca en el 26,6% de ahora, dado que los mayores de 66 años proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se cifran en 14.847.105, se necesitaría un colectivo entre 16 y 66 años de 55.897.931. Según los supuestos del INE, en 2053, habría 12.355.237 nacidos fuera entre 16 y 65 años y 18.870.103 nacidos en España, por lo que si se mantiene este último número, se requeriría que en 2053 hubiera 37.027.828 personas nacidas fuera entre 16 y 65 años. Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España (flujo), sino en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha.
De la salud del mercado laboral depende la del sistema público de pensiones, que el Banco de España considera en riesgo. El organismo recuerda que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la última reforma de las pensiones. Dicha cláusula fija que, si la proyección del gasto medio en pensiones en el período 2022-2050 publicada en el Informe sobre Envejecimiento se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregir la desviación. Estas, detalla, pueden consistir en actuaciones dirigidas a incrementar los ingresos del sistema de pensiones, reducir los gastos del mismo o una combinación de ambas. En caso de ser necesarias, estas medidas deberán entrar en vigor en 2026. Y si no se acordase ninguna medida, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en dicho año.
Cargar el incremento de las pensiones en las cotizaciones puede costar 50.000 empleos, según la institución
La institución que dirige Pablo Hernández de Cos asegura que las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento muestran que, «con alta probabilidad, se necesitarán medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro en pensiones», pues el nivel de gasto en pensiones neto de las medidas de ingresos aprobadas alcanzaría el 14,4% del PIB, por encima de la referencia del 13,3% del PIB que fija la normativa.
Este escenario llevaría a la necesaria activación de la citada cláusula de salvaguarda. En caso de tener que hacerlo, el Banco de España advierte de que «hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española». El supervisor asegura que sus ejercicios de simulación sugieren que existe «una relación entre los tipos efectivos de las cotizaciones sociales y la evolución del empleo». En particular, advierte, «los resultados apuntan a que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio generaría, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%», unos 50.000 empleos.
Aspectos a contemplar
Ante esta situación, el Banco de España sugiere varias medidas: analizar los efectos de los incentivos a posponer la edad de jubilación, estudiar los efectos de la subida de las cotizaciones en el empleo y la productividad, así como medidas alternativas, incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo -porcentaje de la pensión que garantiza los ingresos anteriores-; y analizar la evolución del ahorro privado para la jubilación.
Respecto a las incentivos para retrasar la jubilación, el Banco de España asegura que en 2022 y, especialmente, en 2023, el número de jubilaciones demoradas ha aumentado significativamente con respecto a los años previos a la introducción de las nuevas medidas destinadas a prorrogar la permanencia en el mercado laboral. En concreto, el peso de esta modalidad sobre el total de altas de jubilación, situado en el 4,8% en 2021, aumentó hasta el 5,4% en 2022 y hasta el 8,1% en 2023, superando las 26.000 el pasado ejercicio, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al año anterior.
De las tasas de reemplazo, el Banco de España recuerda que están en niveles superiores a los de la media de los países de nuestro entorno. Según "Pensions at a Glance", un informe que elabora cada dos años la OCDE,la tasa de sustitución del sistema de pensiones español fue del 80,4% en 2023, frente al 50,7% de la media de los países que integran esta organización.
En la compensación de una hipotética reducción de esta tasa deberían jugar un papel importante los planes privados de pensiones. El Banco de España afirma que los datos correspondientes a 2023 muestran una tendencia al alza de estos planes, tanto en el número de partícipes como en las aportaciones, que crecieron, con respecto al año anterior, en un 13,4% y un 8,6%, respectivamente. El supervisor también considera preciso analizar la evolución de las aportaciones a los planes de pensiones individuales, cuyos menores incentivos fiscales, dice, han coincidido con una caída de las mismas del 64,1% entre 2020 y 2023.
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