Es arrogancia –sin duda, aunque podrían utilizarse términos mas duros– la actitud de "Audasa" al reclamar al Estado nada menos que 43 millones de euros en concepto de "pérdidas" durante la pandemia del año 2020. Y lo es –arrogancia– porque reclamar el dinero de todos por lucro cesante dinero tras ganarlo con fondos públicos (dado que la autopista se construyó con dinero del Estado) es todavía peor. Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha demostrado otra vez, y a pesar del maltrato que a sus jueces prodiga la izquierda española, que es el auténtico bastión de las garantías democráticas para la sociedad. Esta observación resulta especialmente oportuna en momentos en los que, como estos, lo que manda en la política es la maquinación, la manipulación, el insulto y las descalificaciones. Un espectáculo no solo triste sino inaceptable.
Conviene insistir en que lo de la AP-9 no es tanto una cuestión de quien la gestiona sino de como se trata a los ciudadanos que la emplean. La patética discusión entre el PSOE y el PSdeG, el PP y el BNG sobre los peajes, aún siendo inútil, es quizá la que más interese a los que la utilizan. Ahora bien, el coste de emplearla sigue subiendo y eso es factible porque dos Gobiernos centrales, uno popular y otro socialista, no solo lo consienten sino que lo facilitaron al prorrogar la concesión a Audasa hasta el año 2046, bajo la supuesta intención de garantizar así el blindaje de la factura. Como se puede comprobar las mentiras gubernamentales actuales tienen precedentes –aunque no fueran muy abundantes– en los gabinetes anteriores. Ha de ser seguramente o por un mal genético, o por una pésima suerte en el resultado de las elecciones.
Por eso se decía que lo de la factura es lo que importa de verdad a los usuarios. E incluso a otros partidos políticos que han dado ya probada muestra de su nula credibilidad, incluyendo en sus incumplimientos a los que en su día recibieron promesas a cambio de apoyos y ahora están a la espera de que se cumpla lo que se les dijo. Una espera que, a este paso puede terminar casi ad calendas graecas, que viene a seguir lo mismo que decir el fin de la concesión. Conste que no es una acusación a los incautos sino una reflexión que deberían protagonizar todos aquellos que pactan algún tipo de cuestiones con el equipo que dirige, o eso parece, el señor Sánchez. Vendría bien no olvidar aquel refrán que avisa "pactar con el diablo…"
Retornando a la cuestión de la arrogante empresa que el último año obtuvo un récord histórico de ingresos la reclamación que ahora rechaza el Supremo sorprende por su aparente, cuando menos, demostración de una capacidad política que no tiene, porque lo que no ha obtenido de los jueces tampoco lo habría recibido ni del Gobierno central ni del autonómico en el caso de que los integrantes de ambos no hubieran perdido el juicio. Como mucho, y es dudoso, pedir tanto Madrid como a Santiago –pero a los dos en ningún caso– una leve compensación por el descenso de usuarios durante el COVID-19 . Pretender alguna otra cosa mejor habría significado una especie de timo a la sociedad en su conjunto. Y ni siquiera Moncloa podría aceptar los timos de Puigdemont. Aunque sí su chantaje.
El quid de los asuntos está en lo que dice el Alto Tribunal al dejar aún más clara la doctrina de que no se puede confundir el bien particular con el público. Porque efectivamente apenas tiene que ver, salvo en coincidencias, que previamente para funcionar han de ser aceptadas por ambos. Y, dicho sea de paso, procede recordar a unos y otros que hay abundancia de casos ahora y antes, y probablemente también en el futuro se repitan, de que no olvidando esa doctrina unos y otros han hecho pactos "oscuros" para beneficiarse de ventajas no del todo claras. Lo de la Autopista del Atlántico, pues, sí es un asunto para abordar en el Parlamento, sobre todo para averiguar con exactitud quienes y por qué concedieron las prórrogas y, también, los que se lucraron de ellas, que, por supuesto, no han sido ni las arcas públicas ni los usuarios pero sin duda sí los beneficiarios. O sea, "Audasa".