Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez denunció el miércoles la "estrategia de acoso y derribo" que, según él, están impulsando PP y Vox contra él y su mujer, Begoña Gómez. Un ataque que, durante cinco días, ha tenido que reflexionar si le merecía la pena aguantar por ser presidente del Gobierno. "He decidido seguir", ha asegurado este lunes despejando las dudas y avisando de que pondrá en marcha una "regeneración democrática". No ha habido mayor concreción y sus socios han protestado. Todos ellos han pedido pasar de las palabras a los hechos y varios han puesto sobre la mesa sus recetas para acabar con el supuesto 'lawfare'.
Reformar el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de 5 años caducado, pero el PP se niega a renovarlo. Tanto es así que desde hace meses ha obligado al PSOE a llevar esta negociación a la Unión Europea para que haya un mediador. Varios de los socios del Ejecutivo sostienen que es el momento de hacer algo. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido reformar la ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a este órgano y dejar así al PP fuera de la ecuación. Lo mismo ha defendido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Fuentes de EH Bildu también consideran que la renovación del CGPJ es una de las iniciativas necesarias dentro de una "agenda democratizadora", como la planteada por Sánchez este lunes. Por contra, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que "es de lo menos importante" y que hay otras vías de trabajo prioritarias.
Derogar la 'ley mordaza'
Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos han puesto el acento en la necesidad de derogar la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', que aprobó el PP en 2015. Tanto Díaz como Belarra han puesto de relieve la importancia de modificar esta ley después de que hace poco más de un año se malograra un acuerdo para ello debido al choque del PSOE con ERC y EH Bildu. Las desavenencias giraron en torno a cuatro asuntos: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.
La ley de Secretos Oficiales
La gran mayoría de socios coinciden también en reclamar la reforma de la ley de secretos oficiales. Aragonès ha recordado que se trata de una norma "franquista" aprobada en 1968, cuando a la dictadura aún le quedaba más de lustro para caer. Hace unos meses, el PSOE se comprometió, por cuarta vez en los últimos 8 años, a modificar la norma y en la pasada legislatura Sánchez anunció que el Gobierno impulsaría una propuesta. Sin embargo, nunca llegó al Congreso. Actualmente, está en trámite una proposición de ley del PNV, aunque esto no quiere decir nada, ya que es la cuarta vez que es aceptada a trámite con el voto favorable de los socialistas y después siempre ha quedado olvidada en un cajón.
Medidas específicas
Más allá de las anteriores propuestas, ampliamente compartidas por la mayoría de los socios del Ejecutivo, alguna de las formaciones ha planteado este lunes iniciativas más concretas. Aragonès, por ejemplo, ha pedido "derogar" la Audiencia Nacional por tratarse de un "tribunal franquista" o modificar el delito de terrorismo, ya que su tipificación ha permitido que el Tribunal Supremo haya abierto una causa al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Por otro lado, Podemos ha planteado la necesidad de modificar el acceso a la carrera judicial, aunque no ha aportado mayor concreción, y una ley de Medios que "garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas".
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