Greenpeace y Ecologistas en Acción han reiterado este lunes sus advertencias sobre el vertido "tóxico y contaminante" al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera. Los colectivos han presentado al respecto un manifiesto ante la Junta de Andalucía, a la atención del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; después de haber formulado alegaciones contra este proyecto de explotación de recursos de la Sección C) número 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes". La reapertura de la mina, recordémoslo, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta. EL VERTIDO AL RÍO Frente a ello, los grupos ecologistas avisan de que el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Así, mientras el Gobierno andaluz del PP y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, defienden que el proyecto cuenta con todas las garantías ambientales, especialmente en lo que se refiere a la gestión de las aguas, los colectivos ecologistas aseguran que "a pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes". "Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica", aseveran los ecologistas, considerando que "no se ha aprendido nada" de la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). Este nuevo vertido, según advierten además, "se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces", que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Salteras y Guillena y "cuyo vertido se sitúa también en el estuario del Guadalquivir con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años". EL JUICIO PENAL POR LA ADJUDICACIÓN De otro lado, Ecologistas recuerda una vez más que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos. El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.