José María González tendría hoy 72 años. Se hace necesario usar el condicional debido a que nadie puede garantizar con total certeza su paradero. Oficialmente lleva muerto más de dos años. Así lo designó el juez tras permanecer desaparecido desde finales de marzo de 2009. Su familia (viuda y dos hijas) ha tenido que aprender a convivir con el convencimiento, sin evidencia, de que la defunción está ligada a un asesinato. Lo cierto es que esta apreciación la tienen también los agentes de policía que han estado ligados a la investigación. El problema es que, aunque hubo un sospechoso, el caso se estancó, esencialmente, por la ausencia de un cadáver. En cinco años el supuesto crimen prescribirá. La familia aún mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de que lo sucedido pueda esclarecerse para que "podamos descansar de todo y que el culpable pague".
La Policía Nacional subraya que la investigación se mantiene abierta, aunque como demanda el sentido común a estas alturas permanece velada a la espera de que alguna nueva pista pueda reactivar las pesquisas. Prueba de que la Comisaría de Mieres no ha desistido en la tarea es que en 2018, transcurrida casi una década desde la desaparición, organizó un amplio operativo de rastreo en las inmediaciones de La Zoreda, en Oviedo. Intervinieron unidades de subsuelo y sistemas de georradar. Pese a que el operativo se cerró sin hallar pistas sobre el paradero del José María González, el simple hecho de que la juez hubiera ordenado la actuación pone de manifiesto que el caso se mantiene abierto. Desde el primer instante se apuntó a un sospechoso principal, que llegó a estar imputado, pero al que nunca se llegó a detener. Se trata de un vecino de Lena al que el rastreo de los teléfonos móviles lo sitúa junto al desaparecido en la zona que fue rastreada y donde se le perdió la pista a la presunta víctima.
José María González, natural de Turón, tenía 57 años cuando desapareció el 30 de marzo de 2009. Minero retirado, fue también gerente de una empresa de ambulancias. Su larga desaparición ha terminado planteando dos situaciones de enorme incomodidad para la familia. La primera, la declaración de defunción, ya está tramitada, no sin dificultades. La segunda, la fecha de prescripción del presunto crimen, está cada vez más cerca.
El Código Civil establece que debe pesar una década desde la última vez que se tuvo noticias de la persona desaparecida hasta que legalmente pueda ser considerada como difunta. Así, las hijas de José María González iniciaron en 2019 el trámite. El problema es que la Fiscalía realizó una lectura de la norma valorando que debía transcurrir por completo el año natural desde el cumplimiento del plazo para poder hacer efectiva la defunción, por lo que hasta 2020 no se abordó el proceso. El estallido de la pandemia del covid-19 volvió a posponer el farragoso papeleo, que finalmente se logró lacrar "no sin mucho desgaste personal", reconoce la familia, que ha sufrido las consecuencia de una burocracia poco humanizada en estos casos: "Chocamos con una legislación que genera un limbo legal que puede ser problemático ya que, aunque por suerte este no es el caso, hay familias que debido a las malas relaciones pueden enfrentar situaciones problemáticas que manen del reparto de una herencia o de la simple gestión de bienes", apunta el abogado de la familia.
Una vez que José María González ha sido dado oficialmente por muerte, queda por resolver algo tan trascendente como la causa del óbito. "Por nuestra parte no tenemos dudas de que se trata de un asesinato", señala la familia. La Policía Nacional está desde el primer día en la misma línea. Ahora el problema es que el tiempo corre ya muy rápido a favor del posible autor. De haberse producido en crimen, como todo apunta, el responsable quedará legalmente exonerado de cualquier responsabilidad penal en cinco años. Y es que el Código Penal establece que los asesinatos, como la mayoría de delitos penados con más de 15 años de prisión, prescriben a los 20 años.
El caso de Ramiro Valdés
En Mieres hay un precedente reciente de un asesinato que ha terminado por prescribir. La víctima fue Ramiro Valdés Martínez, un ganadero de Ujo tiroteado en el interior de su vehículo el 20 de septiembre de 1999. El fallecido tenía por entonces 71 años de edad. Fue encontrado en el interior de su Suzuki Santana, con dos disparos de escopeta a la altura del pecho. Veinte años después de este sangriento crimen, en 2019, la investigación se cerró sin arrojar luz sobre lo sucedido.
En el caso del hijo de Ramiro Valdés Martínez, se ha mostrado crítico con la investigación. No es el caso de las hijas de José María González. La familia mantiene desde hace tiempo una "realista" esperanza de que puedan surgir nuevas pistas mientras el caso siga abierto legalmente. Lo que se sabe es que José María González salió de su casa el 30 de marzo de 2009 después de comer. Dijo simplemente a su esposa que iba a tomar un café y aseguró que volvería para la hora de la cena, a las diez y media de la noche. Desde entonces, todo es silencio en torno a este mierense.
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