La compra de mascarillas en Baleares fue excesiva. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de esa comunidad autónoma denunció en octubre de 2020, solo ocho meses después de que el Gobierno de Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, firmara el contrato con la trama del «caso Koldo», que el archipiélago compró un total de 28.300.000 mascarillas, seis veces más que las que necesitaban los hospitales. El exceso en la adquisición de este material sanitario alcanzó la cifra de 22 millones de unidades. Y el cálculo del coste, por lo bajo, sería de 8,8 millones de euros.
«La conclusión es que se ha hecho acopio de mascarillas quirúrgicas para más tiempo del necesario, utilizando la contratación de emergencia, con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían», concluye el texto.
El informe analiza once empresas que entregaron material sanitario en los primeros meses de la pandemia, marcados por el estado de alarma y los confinamientos. Entre ellos, está el que se formalizó con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL por 3,7 millones de euros que actualmente investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional (AN). En un apartado específico sobre la adquisición de mascarillas quirúrgicas, el documento realiza una serie de cálculos para determinar si la compra de este tipo de material que se destinó a los hospitales baleares era acorde con lo que se necesitaba en aquel momento.
En los cálculos, se indica que en total se adquirieron por el procedimiento de emergencia 28.300.000 unidades. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Consumo, «por cuestiones de comodidad e higiene», recomendaba cambiarla tras cuatro horas de uso y que la jornada laboral del personal sanitario se podía extender a 12 horas, dada la situación de saturación, las mascarillas adquiridas cubrirían las necesidades de 95.286 personas durante los 99 días que duró el estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Pero esa cifra era muy superior al número de trabajadores de IBSALUT –Servicio de Salud de las Islas Baleares– que constaba en ese momento en su web: la red asistencial balear tenía cerca de 15.000 profesionales. De ellos, dos tercios realizaban sus funciones en los hospitales y un tercio en los centros de atención primaria.
El acopio de mascarillas se hizo mediante adjudicaciones a proveedores desconocidos y al precio que imponían
«Suponiendo que todo el personal que forma parte del IBSALUT hubiera tenido que utilizar mascarillas quirúrgicas durante 12 horas y durante 99 días seguidos, se adquirieron seis veces más mascarillas quirúrgicas de las necesarias (un exceso de unos 22.000.000 de mascarillas, con un coste aproximado de 8.800.000 € si tomamos un coste medio unitario de 0,4 €)», explica el informe. El texto señala que incluso en el supuesto de que se hubieran tenido que destinar a pacientes y familiares el mismo número de mascarillas que las utilizadas por el personal sanitario, seguiría habiendo un exceso notorio en la compra de este material, con tres veces más mascarillas de las necesarias y con un coste de 4.400.000 euros.
En las alegaciones que recoge el informe, se incluyen las de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Este organismo informa que en 2019 el consumo de mascarillas quirúrgicas había sido de 1.031.474 unidades y se preveía multiplicar por nueve este volumen en 2020. Es decir, el cálculo de consumo de este producto era de poco más de 9,2 millones de mascarillas en todo el ejercicio. Sin embargo, con los cálculos de consumo real de mascarillas que la Abogacía hace constar, entre el 8 de marzo y el 21 de junio, el peor momento de la pandemia, se utilizaron 3.749.107 unidades de mascarillas, muy lejos de los más de 28 millones que se adquirieron por el procedimiento de emergencia y sin publicidad.
La iniciativa de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares de elaborar un informe perseguía aclarar si los recursos públicos que el Servicio de Salud del archipiélago destinaba a combatir la pandemia podrían estar sufriendo algún tipo de uso irregular, ante las numerosas alertas y advertencias que procedían de diversos organismos internacionales y de algunas informaciones que los medios de comunicación estaban publicando. También debido a la reducción de los controles habituales tanto de procedimiento de contratación, que avalaba el uso de la adjudicación directa a cualquier precio a empresas desconocidas y países sin garantías, como de fiscalización, con la supresión de los controles presupuestarios.
Entre las once empresas investigadas, el documento incluye a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de Koldo, que vendió 1.480.600 mascarillas a la Administración balear, siendo el quinto proveedor por volumen de facturación entre las sociedades que se analizaban en este informe.
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