El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció hostigamiento contra Defensores de Derechos Humanos por parte de la policía mexicana.
En el texto se relata que el pasado 24 de abril, los defensores de Derechos Humanos "fueron hostigados por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el tramo de la carretera federal Tapachula – Huixtla".
Hostigamiento contra defensores de Derechos Humanos
La denuncia describe que "en un retén de la Policía Estatal Preventiva, a la altura de Xochiltepec, les solicitaron documentos de la camioneta, argumentando que realizaban recuperación de vehículos robados".
Sin embargo, "posteriormente les pidieron bajar del vehículo y solicitaron a un integrante del equipo, de nacionalidad haitiana, que presentara los documentos que acreditan su estancia regular en México. La Policía Estatal Preventiva no está facultada para realizar verificaciones migratorias".
Denunciamos #Extralimitación #Hostigamiento e #Intimidación de la Policía Estatal en Tapachula contra defensoras de DDHH que trabajan en el @JRSMex Siendo además una #PrácticaContinuada.
— RedJesuitaConMigrantes-LAC (@RJM_LAC) April 25, 2024
Conoce y comparte el comunicado del #ColectivoMonitoreoFronteraSur https://t.co/eqwUQwVnJE pic.twitter.com/FiIKM0r7Vu
Exigencias a la policía mexicana
El Colectivo de Monitoreo exigió a la policía el "cese inmediato de cualquier tipo de revisión y/o verificación migratoria, pues no cuenta con facultades para ello".
También exigen "impulsar procesos de capacitación y sensibilización sobre sus obligaciones como servidores públicos en materia de igualdad y no discriminación".
A la comisión estatal de Derechos Humanos de chispas
Entre tanto, exigieron hacer "seguimiento a la queja interpuesta por la detención arbitraria en marzo de 2022".
Por otro lado, a todas las autoridades del Estado mexicano les exigen:
- Cese inmediato al perfilamiento racial de las personas que habitan y transitan por la frontera sur de México.
- Cese inmediato a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
- Cese inmediato a la criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.