En el primer debate presidencial, rumbo a la contienda del 2 de junio, faltaron propuestas y claridad acerca de cómo implementarían ciertas políticas públicas, al tiempo que sobraron afirmaciones e imputaciones de todos los candidatos sobre hechos de corrupción.
Las candidatas Sheinbaum y Gálvez usaron más tiempo en atacarse mutuamente acerca de quién tenía más cadáveres en el armario y qué partido le había hecho más daño al país, en vez de hacer propuestas o explicar a detalle algo tan simple como "de dónde va a salir el dinero para hacer todo aquello que proponen".
Mientras, el candidato Álvarez, aprovechó los reproches mutuos para apostrofar como "vieja política" a las candidatas, resaltar la corrupción institucionalizada de ambos frentes y presentarse como una tercera vía, nueva, joven e impoluta.
Mientras, los moderadores -Denisse Maerker y Manuel López- intentaban llevar la conversación a un debate de ideas, a explicaciones concretas, sin mucho éxito.
Precisamente, Maerker hizo un recuento de los casos icónicos de corrupción desde la presidencia de Salinas hasta la actual de López. El recuento sirvió para recordarnos que todos esos casos multimillonarios han quedado impunes, que en el mejor de los casos se sacrificó a alguien, el eslabón más débil de la cadena, para garantizar que escándalos como "el toallagate", "la estafa maestra", "SEGALMEX", no salpiquen a la presidencia de la República.
Las pobres respuestas de las candidatas, ante un fenómeno sumamente complejo como es la corrupción, explican por qué en todos los gobiernos alguien pudo saquear las arcas públicas y acumular riqueza y poder a expensas de todo el colectivo.
Es imperativo decirlo, si el presupuesto público es insuficiente o se distribuye mal, si la instituciones fallan, si la violencia crece, es porque la corrupción queda impune.
Para muestra un momento concreto del debate: en alguna de sus participaciones, Gálvez cuestionó a Sheinbaum si como presidente permitiría investigar la corrupción de los hijos, hermanos, primos y círculo cercano del actual presidente López; en respuesta, la candidata morenista evitó contestar la pregunta y se limitó a decir: "si tiene pruebas que las presente ante el ministerio público".
Sheinbaum tiene razón, si alguien es corrupto se debe aplicar la ley, lástima que ello es un claro autogol para su partido partido, un balazo en el pie para una ex gobernante, una candidata que se asuma como la continuidad de un gobierno federal que diariamente tacha de corruptos a todos y no hace nada al respecto, un gobierno que, según mediciones internacionales, año a año ha empeorado la corrupción y debilitado al Estado de Derecho, un gobierno en el que no hay un corrupto en la cárcel.
Si hacemos un recuento de las decisiones de este gobierno vemos que vez a vez el argumento que el presidente López usó para justificar desde la cancelación del NAIM, de las estancias infantiles, de los fideicomisos -como el FONDEN-, hasta la reducción de de varias partidas presupuestales -como el FORTASEG- ha sido que eran obras, políticas públicas y fondos para alimentar la corrupción. En contraste, nunca presentó evidencias, denuncias o emprendió acciones para sancionar a algún culpable ni recuperar el daño al Erario.
El debate presidencial nos mostró que para acusar a una persona, un gobierno, un partido no se necesitan pruebas.
Sin embargo, más allá de lo ocurrido el pasado domingo, cuando una autoridad o ex autoridad acusa, sin actuar conforme a la ley, o miente o es cómplice, al garantizar la impunidad de los corruptos.
Evidentemente para Sheinbaum es sencillo recordarnos un largo pasado de roberías y corrupción de los gobiernos del PRI, y el PAN, al tiempo que omitió explicar el enriquecimiento ilícito del "Clan" -los hijos del presidente López y sus amigos-; de la ex secretaria y hoy candidata a gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; de todos los ex titulares de aduanas de esta administración.
De igual forma, para Gálvez resultó fácil recordarle a la candidata de Morena que se desconoce dónde acabaron los fondos para mantener el Metro capitalino -mientras éste cae en pedazos-; que se denunciaron miles de beneficiarios fantasma de los programas sociales y nadie ha investigado; que nada pasó ante la evidencia en videos que los hermanos del presidente recibieron dinero en sobres amarillos. Menos fácil le resultó explicar la repartición ilegal de cargos entre PRI y PAN en las pasadas contiendas o la presencia del impresentable ex gobernador priista Alito Moreno, en su campaña.
Prometer no empobrece, afirma la sabiduría popular, el triste ejercicio de este domingo, un debate presidencial desangelado y con poca sustancia, no los recordó: todos prometen combatir la corrupción y una vez en el gobierno simplemente lo olvidan.
En algo tuvo razón el candidato Álvarez que en una de sus intervenciones afirmó que para combatir la corrupción se requiere que un gobernante que no tenga "compromisos", que no garantice impunidad.
Efectivamente para combatir la corrupción, se requiere que nadie esté por encima de la ley, que a nadie se le acuse sin pruebas, que a nadie se le inventen casos, que no haya justicia a modo.
Para ello, es necesario contar con instituciones autónomas e independientes, procesos transparentes, funcionarios leales al país y no a su jefe, controles, contrapesos, supervisión y rendición de cuentas.
Se necesitan recursos económicos y humanos, personal capacitado, el uso de tecnología y la implementación de sistemas que inhiban la tentación de algunos de apoderarse de lo público.
En México año a año la corrupción ha empeorado y existen pocos casos de éxito, la falta de ideas y las imputaciones sin acciones legales hablan mal de los partidos, los gobiernos y los candidatos ¡los mexicanos no necesitamos pleitos sobre quién es más corrupto, necesitamos resultados! Seguir acusando si actuar conforme a la ley significa simplemente que quien acusa miente o es cómplice y eso es una pésima noticia para todos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL