El presidente Javier Milei envió al Congreso cuatro proyectos de ley en materia de seguridad, destinados a abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada.
El paquete normativo incluye una "Ley Antimafias"; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos y previsiones sobre "legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos".
El Gobierno indicó que considera que las iniciativas son fundamentales para "terminar con el crimen en todas sus formas y escalas" y motorizar "un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad".
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y fue diseñada para que pueda aplicarse en delitos "verosímilmente relacionados" con sus objetivos, como tráfico de estupefacientes, lavado, homicidios, explotación sexual infantil, secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas.
También crea la figura de la "Zona de Investigación Especial", para establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado y, con ello, "una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación".
Un punto novedoso es que la pena por delito más grave se les aplicará a todos los miembros de la organización, por pertenecer a ella, ya que los considera partícipes necesarios.
Para bajar la cantidad de delitos, incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona condenada dos o más veces a una pena efectiva. Con la introducción de aquélla ya no será condición que las condenas a prisión hayan sido cumplidas.
En tanto, prevé que si concurren dos hechos independientes, las penas se sumarán hasta un máximo de 50 años.
En el paquete aparece el Nuevo Registro de Datos Genéticos. En línea con las pautas de la mayoría de los países, abarcará todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales.
Se prevé poder comparar las huellas que se obtengan en las escenas criminales con el perfil genético de los imputados y condenados.
El sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda.
Orden público
Uno de los textos se refiere al orden público y la legítima defensa. Considera que en muchas oportunidades los efectivos de las fuerzas de seguridad se vieron inhibidos de actuar "ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa".
El proyecto actualiza el Código Penal: pone la mirada en el derecho de las víctimas a repeler ataques y en "el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad".
"La legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo», señalan los fundamentos de la propuesta.
Entre otras precisiones, se incorporan pautas jurisprudenciales para esclarecer la situación de quien se defiende de alguien que le apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión –típicamente, disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.