Unas sesenta mil personas salieron a la calle el pasado fin de semana en todas las islas del archipiélago canario para exigir un cambio en el modelo turístico. El lema de las marchas, Canarias tiene un límite, refleja lo que muchos isleños piensan de las políticas que se han llevado a cabo durante décadas, basadas en atender sólo al crecimiento continuo del número de visitantes sin que las infraestructuras estén preparadas para acoger una auténtica avalancha de personas. Las consecuencias son tanto la saturación de los espacios públicos, entre ellos carreteras y aeropuertos, como la alteración del modo de vida de muchas ciudades, con una escalada permanente del precio de la vivienda y la consecuente expulsión de sus habitantes tradicionales. Nadie duda de los enormes beneficios que aporta el turismo, convertido en una fuente de rentas y empleo insustituible y de lo necesario que es cuidarlo y apoyarlo desde todas las instancias. Pero también es indudable que sus efectos indeseados, que como es lógico los tiene, sean minimizados con las pertinentes regulaciones. Todo lo dicho sobre Canarias se podría aplicar, con las lógicas salvedades, a Andalucía. No hay que escarbar demasiado para darse cuenta de que el turismo empieza a ser visto como un problema en muchas zonas del litoral andaluz y en sus principales ciudades monumentales. Todos los efectos de colmatación de espacios y vaciamiento residencial por al auge de las viviendas turísticas se están produciendo en Andalucía con una intensidad preocupante. De hecho, se puede hablar de un incipiente rechazo social que es conveniente abordar y atajar. Para ello lo mejor es poner en marcha regulaciones que contribuyan a disipar los peores efectos del turismo. Hace falta un debate en profundidad y, sobre todo, que la administración competente, que es la Junta, tome cartas en el asunto. La tardanza en la regulación de las viviendas de uso ocasional o la pasividad en la implantación de la tasa turística no apuntan en la buena dirección.