El pase de una papelina de cocaína de 0,46 gramos es un gesto que, en términos penales, no acarrea una pena elevada de cárcel a tenor de la sustancia intervenida. Pero este condicionante no es válido para quienes ya suman varios antecedentes por tráfico de drogas –uno de ellos, Jesucito Moronta Muñoz (República Dominicana, 1977)–, puesto que la agravante de reincidencia eleva considerablemente la pena privativa de libertad. Ayer, el dominicano se enfrentaba a cinco años de cárcel, pero reconoció los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de dos años de prisión como autor de un delito contra la salud pública.
Estos fueron los términos del acuerdo alcanzado entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, y que también incluye el pago de una multa de 60 euros. Se da la circunstancia de que Moronta Muñoz es hermano del dueño legal del bar El Imperio, antiguo Cubetazos, uno de los más conocidos de la capital aragonesa en términos de venta de droga. A efectos prácticos, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se trata de un negocio familiar.
No en vano, el Cuerpo Nacional de Policía ya detuvo en septiembre al ahora condenado por, supuestamente, vender droga por menudeo en el establecimiento ubicado en la intersección de la calle San Rafael y la calle Santa Teresita. Los investigadores incautaron 4,5 kilos de cocaína entre la sustancia que intervinieron en un vehículo y en un trastero que hacía las veces de laboratorio. Hasta allí llegaron tras varias semanas de vigilancias desde que, en el mes de julio, tuvieron conocimiento de la venta de cocaína en El Imperio. Fruto de las vigilancias, rápidamente comprobaron que los intercambios se llevaban a cabo en calles aledañas al bar, en vehículos e incluso desde el interior del establecimiento.
Inicialmente, el ministerio público solicitaba una pena de cinco años de cárcel, aunque ayer modificó su escrito de acusación para incluir que Moronta Muñoz es «consumidor habitual de cannabis y cocaína» de cara a la aplicación de la atenuante de drogadicción.
La sentencia fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado José Ruiz Ramo, y la suspensión de la pena queda pendiente para la ejecución de la sentencia. La situación administrativa del condenado en España es irregular y le consta una orden de expulsión del territorio nacional emitida en septiembre de 2020 por la subdelegación del Gobierno en la provincia de Zaragoza.
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