En España no hay una relación aceptable entre el precio de la vivienda y el alquiler y la posibilidad de acceso de la población a la misma. Por una situación que se arrastra, hay una relación inadecuada en el mercado de la vivienda y del alquiler junto a un número muy elevado de viviendas desocupadas. Las dificultades de acceso a una vivienda reflejan, y contribuyen a mantener, una situación de desigualdad, de riesgo de pobreza y exclusión social.
Desde 1996 el Gobierno del Partido Popular y su política de liberalización del suelo y promoción de vivienda generó el mayor ciclo financiero-especulativo en la democracia española, que acabaría con una relación desorbitada entre precio de la vivienda y renta bruta, procesos heredados que culminaron en la crisis de 2008. De los 18,6 millones de hogares solo el 1,6 esto es, 290.000 son viviendas públicas, una proporción diez veces menor que en los países de la Unión Europea. (https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo).
Antes de la convocatoria de las elecciones de julio pasado se aprobó y se publicó en el BOE el pasado 24 de mayo la ley por el Derecho a la Vivienda, ley 12/2023. La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precio y alquileres asequibles y evitar que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler, y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables. Es la primera Ley Estatal de Vivienda desde la aprobación de la Constitución. Esta reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias. La Ley establece dos tipos de viviendas: las viviendas sociales de titularidad pública, en las que el suelo será para siempre de titularidad pública; y las viviendas de precio limitado que serán de titularidad pública o privada. Estas últimas no podrán descalificarse en menos de treinta años. La Política de vivienda deberá centrarse prioritariamente en el alquiler de viviendas, dado que la mayor parte de las viviendas protegidas construidas hasta ahora han terminado casi en su totalidad en el patrimonio privado sin restricciones eficaces.
En todo caso, el Proyecto de Ley asume, acertadamente, que las dificultades de acceso a una vivienda juegan un papel fundamental en los procesos de riesgo de pobreza y exclusión social: Las burbujas especulativas en la vivienda libre sólo pueden moderarse desde las políticas públicas de ofertas de viviendas protegidas en alquiler, en los territorios y bajo las condiciones específicas de cada uno de ellos, y desde la fiscalización de las plusvalías obtenidas en los citados procesos especulativos. «La vivienda constituye, ante todo, un pilar central del bienestar social en cuanto lugar de desarrollo de la vida privada y familiar, y centro de todas las políticas urbanas». (Preámbulo de la Ley).
La ley establece el marco general, pero la aplicación corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos, la mayoría de los cuales están gobernadas por el Partido Popular. El gobierno de Pedro Sánchez (PSOE- Sumar) ha puesto en marcha diversas medidas contenidas en la disposiciones adicionales y transitorias como la definición de 'zonas tensionadas'- Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Baleares, Málaga-. Medidas para contención de los precios de arrendamiento: a partir de 2025 se aplicará un índice de referencia en los alquileres que el Instituto Nacional de Estadística (INE) definirá antes de final de este año como límite para la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda. Establece reservas para viviendas protegidas del 40% de la edificación en suelo rural y del 20% en suelo urbanizado. El Gobierno estatal se ha encargado de las viviendas con que se quedó la SAREB tras la crisis; el SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo) gestionará 16 mil viviendas, de activos del suelo que ahora pertenecen al Ministerio de Defensa; avales del ICO para construir y rehabilitar, para la incentivación de los alquileres asequibles que pueden llegar desde el 40 hasta el 90%, y de algunas medidas antidesahucios.
La responsabilidad principal sigue siendo, más tras la entrada en vigor de la Ley, de las comunidades y ayuntamientos. De aquí hasta junio tenemos las elecciones vascas, catalanas y europeas. El Gobierno pone el foco en la política exterior; en política interior coge la iniciativa en el problema de la vivienda en alquiler sobre todo a precios asequibles, es decir que no superen el 30% de los ingresos familiares. Sin duda será donde se diriman los votos de las próximas generales y autonómicas de 2027.
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