Treinta y cuatro diputados de cinco partidos enterraron, este martes, la reforma constitucional destinada a reducir el aporte estatal para las campañas electorales (expediente 21.953). Se trataba de un plan para bajar la deuda política del 0,19% al 0,11% del producto interno bruto (PIB), mediante un ajuste al artículo 96 de la Constitución Política.
El plan lo habían presentado diez diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) del Congreso anterior, el 1.º de mayo del 2020, por lo que su plazo cuatrienal vence este miércoles. Al no aprobarse una moción para extender el periodo por cuatro años más, la iniciativa quedó sepultada.
La moción solamente tuvo cinco votos a favor: los de Jonathan Acuña, Antonio Ortega, Ariel Robles y Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), así como Manuel Morales, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los diputados que sepultaron la reforma constitucional son:
Liberación Nacional (PLN): Rodrigo Arias, Dinorah Barquero, Gilberth Jiménez, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Sonia Rojas, Montserrat Ruiz, Geison Valverde.
Progreso Social Democrático (PPSD): Ada Acuña, Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Alexánder Barrantes, Pilar Cisneros, Paola Nájera, Jorge Rojas, Daniel Vargas.
Unidad Social Cristiana (PUSC): Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, Carlos Andrés Robles.
Nueva República (PNR): Rosalía Brown, Olga Morera, David Segura.
Liberal Progresista (PLP): Kattia Cambronero, Gilberto Campos.
Independientes: Gloria Navas, María Marta Padilla.
El frenteamplista Jonathan Acuña pidió a los diputados reconsiderar su votación, y refirió que, si bien no está totalmente de acuerdo con los mecanismos de financiamiento directo que permitiría la reforma, destacó la intención de establecer, vía constitucional, el financiamiento para los procesos municipales.
Recordó que, meses atrás, cuando se rechazó darle vía rápida a un proyecto para reducir temporalmente el financiamiento para las elecciones, el argumento fue que era mejor aprobar de una vez una reforma a la Constitución, pero ahora la sepultaron.
"Me resulta evidente una contradicción de quienes han sostenido la argumentación, diciendo que no utilicemos la vía de una reforma legal como se ha hecho en el pasado, sino una reforma ya estable, en la Constitución, pero vienen acá, con la posibilidad de mantener vivo un proyecto de reforma constitucional para bajar la deuda político, y lo votan en contra, para que sea archivado", cuestionó Acuña.
El frenteamplista anunció la presentación de un nuevo expediente para el mismo objetivo, con las firmas de 11 legisladores, pues una propuesta de ese tipo debe tener al menos el apoyo de 10 congresistas y entregarse en un periodo de sesiones ordinarias, que precisamente termina este martes.
Aunque la fracción oficialista votó en contra, Pilar Cisneros adujo que la Sala Constitucional ya había advertido que las tres lecturas públicas de una reforma constitucional deben hacerse en el mismo periodo legislativo, y no en diferentes periodos.
"Estamos totalmente de acuerdo en mantener vivo este proyecto, pero por la forma nos preocupa violentar el criterio de la Sala Constitucional", aseguró Cisneros.
El asunto es que, aparte de que el proyecto se presentó hace cuatro años, recibió la primera lectura a principios de febrero del 2022 y la segunda lectura, a finales de ese mismo mes. Lo que nunca recibió fue la tercera lectura, pues una vez emitida esa lectura se debía votar la admisibilidad del expediente y seguir adelante con el trámite, lo cual nunca sucedió en dos años.
Frente a lo dicho por Cisneros, Acuña puntualizó que, de todas formas, dentro del trámite de una reforma a la Constitución se debe tamizar la propuesta y, en ese momento, ya los magistrados tendrían que emitir sus criterios al respecto.