En la calle 16 de septiembre de San Miguel Octopan, Guanajuato, donde fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán, la policía recogió cartuchos percutidos del calibre .38, cartuchos percutidos del calibre .40 mm, y también cartuchos percutidos del calibre 5.7 mm, según el reporte de los primeros respondientes.
Al lado del cuerpo de la candidata asesinada había tres lesionados: José Fernando "N", de 55 años, enviado al hospital regional bajo "código rojo" debido a la gravedad de sus heridas; Manuel "N", de 67, enviado al mismo sitio bajo "código amarillo", y María Guadalupe "N", de 35 años, expolicía del municipio de Villagrán que en ese momento se hallaba al servicio de la empresa de seguridad privada SEYM de México, S.A. de C.V., y quien apenas dos horas antes del ataque había sido asignada como escolta de la candidata morenista.
La expolicía habría logrado accionar su arma, calibre .38, hiriendo al menos a uno de los atacantes, ya que en una de las motocicletas empleadas en el atentado, y abandonada cerca del lugar del asesinato, se detectaron rastros de sangre.
Las versiones recogidas indican que en la agresión participaron dos motocicletas y entre tres y cuatro individuos. Uno de ellos, un joven de entre 20 y 25 años de edad, caminó entre la gente que rodeaba a la candidata, se acercó a esta "como si fuera a saludarla" y abrió fuego varias veces. El periódico La Vanguardia rescató un testimonio que indica que el agresor le disparó a Gaytán a quemarropa: "Al cuerpo, al abdomen, y ya cuando estaba en el suelo la remató con otros tres balazos en la cabeza".
La expolicía recibió un impacto en un glúteo y fue trasladada al hospital bajo "código amarillo".
Se ignora hasta el momento quién la contrató. Fuentes oficiales creen que sus servicios fueron negociados por el propio partido político.
Desde la noche del ataque, ocurrido el lunes pasado, el candidato al Senado por Morena, Ricardo Sheffield, aseguró que en el atentado también había perdido la vida el candidato a primer regidor Adrián Guerrero Caracheo.
Al día siguiente, en conferencia de prensa, tanto la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz, como Ricardo Sheffield, confirmaron la muerte de los dos candidatos y pidieron un minuto de silencio. Sheffield sostuvo que Adrián Guerrero había muerto tras el ataque en un hospital.
La información subió al gobierno federal. Durante la "mañanera" de ese día la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lamentó ambos asesinatos y se solidarizó con familiares y amigos.
En ese momento la fiscalía del estado negó el fallecimiento del candidato a primer regidor. Su cuerpo no estaba en la calle 16 de septiembre, ni en el reporte de los primeros respondientes: tampoco había registro suyo en algún hospital.
El único cuerpo sin vida era el de Gisela Gaytán.
Durante el momento mismo de la conferencia de Alcaraz y Sheffield, mientras se guardaba el minuto de silencio, integrantes de Morena en Guanajuato hacían correr la versión de que Guerrero Caracheo no estaba muerto.
Autoridades del estado lo localizaron, a través de un primo, en San Miguel de Allende, a donde había ido a refugiarse. Las investigaciones mostraron que el candidato a primer regidor había instruido a su familia para que no dieran informes suyos. Ni siquiera se desmintió, durante horas, el rumor de su muerte.
¿De dónde sacó Sheffield esa información, que replicó irresponsablemente de cara a los medios, e hizo llegar incluso al primer micrófono de la nación? La otra pregunta es ¿por qué desapareció el candidato a regidor y dejó correr la noticia de su muerte? ¿Por qué se ha negado, al menos hasta anoche, a rendir su declaración?
Sheffield, Alcaraz y el propio presidente no dudaron en emplear la muerte de Gaytán como garrote político en contra del gobierno de Guanajuato. Ninguno de ellos menciona, sin embargo, que hasta el momento del ataque Morena no había cumplido ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con los requisitos necesarios para que Gisela Gaytán contara con la protección del municipio (se había acordado que los municipios brindarían seguridad a los candidatos a las alcaldías), entre otros, la presentación de una denuncia ante el ministerio público en caso de se hubieran recibido amenazas (Sheffield alega que sí se recibieron: ¿cuáles fueron?).
Mientras el caso se enreda en la mentira y es usado como ariete político, la muerte de la candidata, en un territorio dominado totalmente por el Cártel de Santa Rosa de Lima, sigue sin esclarecerse.
AT