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El presidente formal de la República, Santiago Peña, tuvo el descaro de defender el inaudito atropello cometido a mano alzada por el cartismo y sus aliados contra el orden jurídico y la moral cívica, al devolver sus fueros a los senadores procesados Hernán Rivas (ANR, cartista), Erico Galeano (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), incluso contra la voluntad de este último. Adujo la falsedad de que los senadores constataron que ya habían vencido los plazos para que el Ministerio Público presente su acusación y que este no había hallado ningún hecho punible en las investigaciones preliminares.
Vaya por delante que esos argumentos no fueron esgrimidos por quienes perpetraron la insólita resolución; el senador Derlis Maidana (ANR, cartista, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –JEM–) se limitó a invocar el principio de igualdad ante las leyes, pues se había denegado el desafuero del senador vitalicio Mario Abdo Benítez: confesión implícita de una vulgar represalia. Santiago Peña debería saber que los plazos para acusar a los imputados Galeano y Rivas concluyen recién el 24 de mayo y el 19 de setiembre próximos, respectivamente, y que su colega Filizzola ya está acusado. La imputación fiscal contra los dos primeros implica que hay elementos de juicio suficientes para sospechar que podrían haber delinquido, razón por la que fueron desaforados, tras examinar "el mérito del sumario", según la Constitución.
El libreto que le entregaron al jefe de Estado teledirigido para justificar el atropello incluye la afirmación de que él siempre ha sostenido que los legisladores deben "dejar que la Justicia actúe: en este caso, ha actuado y no se ha encontrado ningún hecho". Lo dijo él, pero no la Justicia que, como corresponde en esta etapa, se limitó a admitir las imputaciones, sin analizar la cuestión de fondo; el Ministerio Público se encuentra aún en la etapa investigativa, así que las pesquisas pueden proseguir. Tras la mentira evidente y una absurda comparación con el juicio político, el economista devenido sorpresivamente en abogado sostuvo que "cuando tenemos un proceso tan largo, esto genera incertidumbre en la población". Y bien, resulta que los senadores Rivas y Galeano plantearon múltiples chicanas para trabar las actuaciones y, por ende, dilatarlas: a este último el mismísimo Santiago Peña había pedido que "se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales", después de que Erico Galeano llegara al colmo de alegar su "doble fuero", como diputado en ejercicio y senador electo.
De los dichos referidos por el Presidente formal del Paraguay se desprende que la mejor manera de disipar la incertidumbre social sería levantar la suspensión de los fueros, una medida sin precedentes en nuestra historia política: ella no está prevista en la Constitución y bien se sabe que en el Derecho Público solo es válido aquello que ha sido autorizado expresa o implícitamente por la ley. Lo que sí está previsto es que los miembros de los otros poderes no puedan, entre otras cosas, paralizar los procesos existentes ni intervenir de cualquier modo en los juicios, tal como pretenden hacerlo quienes se vengaron exhibiendo una pésima catadura moral y un singular menosprecio a las instituciones.
"El huevo de la serpiente" –título de una película que trata de los inicios del nazismo en los años 20– es transparente, de modo que puede observarse lo que se está gestando; en el Paraguay de hoy, el copamiento cartista de las instituciones, empezando por el Congreso, es un cascarón traslúcido que deja ver con toda claridad un autoritarismo incipiente, una dictadura en ciernes. Apelando a todos los medios legales a su alcance, la ciudadanía debe impedir que se siga desarrollando hasta emerger con fuerza para sofocar las libertades.
Aún hay tiempo para impedir que ese reptil venenoso vuelva de la mano de un primer mandatario que está al servicio de Horacio Cartes antes que del país. Santiago Peña se ha escandalizado porque sus dos amigos y correligionarios aún están sometidos a "un proceso tan largo" por obra de ellos mismos y se atrevió a sostener que el Ministerio Público no había detectado ningún hecho punible, supuestas circunstancias no señaladas por los senadores cartistas y sus satélites en la sesión extraordinaria, tan bochornosa como la que privó de su investidura a Kattya González. El titular del Ejecutivo se ha convertido en un sumiso instrumento del patrón, que incurre en despropósitos mayúsculos como los mencionados, sin temor a caer en el ridículo: dice y hace lo que le mandan, demostrando así que no está a la altura de la dignidad del cargo que ejerce. Y tan oprobiosos fueron los dichos de Santiago Peña el día de ayer, al defender el adefesio parlamentario parido al "desdesaforar" a los tres senadores que hasta el mismo fiscal general del Estado –Emiliano Rolón– poco afecto a llevar la contra al cartismo, dijo que lo menos que se podía decir de las afirmaciones del mandatario es que fueron "apresuradas".
El Paraguay no merece una infamia semejante ni que los órganos estatales sean manoseados en función de intereses particulares inconfesables. La tarea de la hora es poner coto al autoritarismo en ciernes: los demócratas no deben permanecer indiferentes ante esta evolución de los acontecimientos, tan peligrosa para la República.