La deuda pública bruta total del Tesoro nacional ascendió en marzo a US$403.044 millones, de los cuales US$400.597 millones se encuentran en situación de pago normal, informó el último boletín mensual de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.
En términos nominales, aumentó US$16.507 millones respecto de febrero, un incremento de 4,3% en el mes.
"La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$514 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$17.015 millones", destaca el comunicado oficial
Aun así, el stock de deuda bruta total de la Administración Central a marzo último fue US$22.250 millones inferior al récord histórico de deuda pública total, equivalente a US$425.294 millones que alcanzó en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con el entonces candidato presidencial, Sergio Massa, al frente del Ministerio de Economía. Respecto de ese nivel, representa una disminución del 5,2% en tres meses.
Financiamiento y cancelaciones
Las operaciones de deuda de la Administración Central, excluidas las diferencias de cambio originada por la brecha entre el ritmo de devaluación de dos por ciento por mes (crawling peg) que sigue el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y la tasa de inflación que con rezago se aplica al ajuste de valuación de los títulos y letras del Tesoro con cláusula CER, acusaron en marzo un incremento neto de US$1.240 millones, que fue el resultado del mes de "Financiamiento, canjes y emisiones" por US$52.004 millones y de "Amortizaciones, canjes y cancelaciones" por US$50.764 millones.
La brecha con el crecimiento contable de US$16.507 millones que informó la Secretaría de Finanzas se explica por el efecto de los "ajustes de valuación" que ascendieron al equivalente a US$15.267 millones.
De ahí que para muchos economistas el atraso cambiario mes a mes respecto de la tasa de inflación que hasta marzo se mantuvo en el rango de los dos dígitos porcentuales, no sólo es una amenaza para la competitividad cambiaria de las exportaciones y de las expectativas de mercado sino también para el recorrido de la deuda pública, pese a los esfuerzos de mantenerla contenida a partir del logro del superávit de las finanzas públicas.