La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como al subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del ex diputado Álvaro Gijón.
El fiscal ha formalizado un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) por la que se condenó a los dos funcionarios a nueve años de prisión por coacciones, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir filtraciones.
El recurso de la Fiscalía, consultado por Europa Press, considera que los investigadores del caso Cursach también deben ser condenados por tres detenciones ilegales, las de los padres y el hermano de Gijón.
Por cada uno de estos delitos el fiscal pedía cinco años y medio, por lo que la petición ante el TS se traduciría en 16 años y medio más para cada uno de estos tres acusados. Además, el Ministerio Público también pedía una indemnización de 6.000 euros para cada uno de los familiares detenidos.
Los padres y el hermano de Gijón fueron arrestados en junio de 2017 y la sentencia entiende que fue una medida de presión buscando forzar una confesión del político dentro de la investigación del caso ORA. En los chats intervenidos al juez, fiscal y agentes de Blanqueo hablaron de que esperaban que Gijón «viniera blandito» a declarar el día siguiente.
En este sentido, el Tribunal Superior consideró que los hechos eran condenables bajo la figura de coacciones a Álvaro Gijón, obligando a indemnizarle con 6.500 euros, pero que no encajaban en la definición penal del delito de detención ilegal.
El TSJB razonó que en el momento de la detención existía una causa judicial abierta por el presunto amaño de la ORA y que «no cabe duda» de que los investigadores «tenían una mínima consistencia» a la hora de practicar los registros, descartando que las detenciones se hubieran practicado «en el vacío» y sin ningún fundamento.
Ante esto, el fiscal alega que estas detenciones, sostenidas «únicamente por el antijurídico y repudiable propósito de hacer confesar a otro sujeto», atentaron contra los derechos de los tres arrestados; así sostiene que la sentencia del TSJB estaría obviando a los tres familiares del ex diputado como afectados, cuyo perjuicio «queda sin sanción penal y sin reparación civil».
La Fiscalía destaca que la sentencia corrobora que las detenciones fueron desproporcionadas e innecesarias y que constituyeron una instrumentalización para presionar al político: «No eran necesarias ya antes de los registros y con mayor razón una vez concluidos», incide el fiscal. Todo ello, además, por delitos en los que «era investigado él [Álvaro Gijón] y no sus familiares»; para el representante público, esto «sitúa el caso en la órbita del delito de tortura».
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía llegó a plantear 121 años y nueve meses de prisión para Subirán y 118 años para Penalva. Además del Ministerio Fiscal, también han formalizado recurso contra la sentencia del TSJIB las defensas y varias de las acusaciones, entre ellas la familia Gijón.