Los representantes del sindicato de profesionales de la Salud, Siprosapune, plantearon dudas sobre el proyecto de ley que presentó el gobernador Rolando Figueroa para modificar el recupero financiero que hacen los hospitales a las obras sociales. El jueves asistieron a la comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura para dar su pinión en el debate y manifestaron su oposición a insertar «la lógica privada» en el sistema público sanitario.
La propuesta del gobernador busca modificar el sistema de arancelamiento de los servicios médico-asistenciales y reconoce un incentivo para las personas que participan de la atención al paciente y que tienen a su cargo la facturación de los servicios arancelados.
En los fundamentos del proyecto, Figueroa argumentó que los resultados de la experiencia demuestran que la «facturación por parte de los efectores no es efectiva» y que, pese a que la ley vigente establece la obligación de facturar a las obras sociales por los servicios prestados a sus afiliados, «esto no genera cumplimiento y, en consecuencia, un buen rendimiento de la facturación y recupero financiero».
Según evaluó el gobierno, la incorporación del incentivo a los profesionales que participen de la atención «mejoraría la calidad de la atención médica brindada a los pacientes», a la vez que se incrementaría el monto de lo recuperado para destinarlo también a gastos de funcionamiento, bienes de consumo y la contratación de profesionales.
Desde el Siprosapune hicieron dos cuestionamientos puntuales tras remarcar su oposición a cualquier tipo de inserción de lógica privada al sistema público sanitario.
En primer lugar, cuestionaron que se pretenda abonar salario de personal con dicho recupero, en tanto no se trata de un monto fijo ni existen garantías de su obtención. Y en segundo lugar, cuestionaron que se priorice la atención en el sistema público de quien tenga obra social, a fin de recaudar. «Puede derivar en discriminación», afirmó Noemí Alemani, referente del sindicato, al pedir «transparencia pública» en su implementación para evitar esas situaciones.
Nuevo régimen de residencias médicas para Neuquén
Las autoridades del sindicato, en cabeza de Juan Ferrari, también se refirieron en la comisión al proyecto que implementa un «régimen de formación estratégica del talento humano» en el sistema de salud al regular la práctica de las residencias médicas.
El profesional celebró el tratamiento de la ley, pero cuestionó los artículos 19° y 20° en tanto «precarizan» la labor de los residentes. Remarcó que una de las soluciones para incrementar el personal residente es mejorar las condiciones salariales, pero no mediante una remuneración extraordinaria, como lo constituyen las guardias que, según dijo, al igual que el convenio colectivo de trabajo del sector, fomentan el trabajo extra «a destajo».
Informó que en la actualidad las residencias rondan los 800.000 pesos cuando debieran al menos superar el millón, considerando que es «un trabajo intensivo y complejo». Incluso mencionó que, en otras provincias, la residencia se llaga a pagar hasta un 40% más que en Neuquén.
Otros referentes del Siprosapune como César Dell'Ali y Noemí Alemani advirtieron, además, una posible discrecionalidad en la redacción del texto que implicaría el fomento de determinadas especialidades, lo que se traduciría también en «castigo salarial» de unos sobre otros.
Ferrari adelantó que presentarán un proyecto alternativo para que se incorpore al debate que establece, entre otros aspectos, nuevos lineamientos en relación con la metodología de remuneraciones y el fomento de arraigo para los y las residentes. «Coincidimos en el qué, no el cómo», resumió el dirigente.