La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) declarar sin lugar y archivar el procedimiento de investigación por la entrega de datos de millones de asegurados y patronos sin anonimizar al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Esta recomendación se desprende del oficio GF-DSCR-0710-2023, firmado por Luis Rivera Cordero, director de la Dirección Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), unidad de la institución que administra y entrega mensualmente la información al ente emisor para la elaboración de estadísticas.
"Al respetarse a cabalidad el derecho a la autodeterminación informativa, de que existe norma legal que habilita al Banco Central a requerir información y a las administraciones públicas a su suministro y, que el convenio vigente entre ambas instituciones señala los límites para el uso de la información (...) se provee una garantía de confidencialidad", argumentó el funcionario en el documento del 5 de setiembre de 2023 del cual tiene copia La Nación.
La posición dada por Rivera Cordero se generó después de que Prodhab requirió informe a la CCSS y a la Dirección General de Tributación Directa relacionadas con las solicitudes de datos realizadas por el Banco Central.
La Agencia de Protección de Datos abrió un expediente contra las entidades públicas debido a la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).
La Prodhab informó a este diario, por escrito, que el proceso continúa suspendido hasta que la Sala Constitucional se pronuncie respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Justificaciones
La Caja sostuvo que cuenta con diversos fundamentos legales para entregar la información sin anonimizar al Banco Central, incluso sin contar con el consentimiento legal de asegurados y patronos.
En específico la entidad mencionó la Ley Orgánica del Banco Central que facilita al ente emisor a pedir datos, un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, el convenio firmado con el BCCR, y dos informes de la Dirección Jurídica de la Caja que avalaron el suministro de información.
"En el caso concreto con el Banco Central, no podemos ver solo la Ley de Protección de Datos, sino también tenemos que irnos a la Ley Orgánica del Banco Central ¿Por qué? Porque ahí está la norma habilitante para que se pueda dar el tratamiento de datos y ese es el sustento del convenio (con la Caja)", explicó Ernesto Rodrigo Solano, asesor Legal del Sicere, en la sesión 9.367 de Junta Directiva de la Caja.
El funcionario confirmó que el oficio firmado por el director del Sicere fue el que se envió a la Prodhab como posición de la Caja para resolver la denuncia presentada por la asociación de consumidores.
Además recalcó que la decisión de los magistrados de la Sala IV será fundamental para definir el tratamiento de la información bajo tutela de la Caja. De hecho, la Auditoría Interna de la institución recomendó a la Junta Directiva, en febrero pasado, esperar la sentencia porque dimensionará si la información que se traslada al Banco Central transgrede el marco legal que regula la materia de protección de datos.
El BCCR reiteró, el 18 de abril pasado, que su ley orgánica y la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN) le facultan para pedir datos a cualquier institución pública y entidad supervisada sin consentimiento informado del titular de la información.
Además precisó a este diario, en febrero anterior, que el único proceso de datos detenido es el de construcción del indicador climático, pues se espera la resolución de la Sala IV.