El Centro Fray Julián Garcés demandó la implementación de forma integral el Programa Estatal contra la Trata de Personas, debido a que el miedo a denunciar ha provocado que el delito se agrave en la entidad y no se evidencien los casos reales registrados.
Durante la presentación del XXII Informe "Lucha colectiva, caudal de agua viva que transforma", la organización civil detalló el resultado respecto a las acciones que han emprendido contra la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac y contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Por ello, exhortaron a la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala apruebe e implemente un programa educativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas, para que desde edades tempranas conozcan cómo prevenir este delito y saber actuar al respecto.
LOS DATOS
El Centro Fray Julián Garcés reconoció que existen Carpetas de Investigación por el delito, pero difieren de las cifras presentadas por las instituciones que le dan seguimiento a este tema, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 no hubo ninguna Carpeta de Investigación respecto a la trata de personas en Tlaxcala.
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No obstante, a través del oficio PGJE/UT/1110/2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que fueron abiertas ocho carpetas de investigación por la comisión de este delito, además de que de enero a junio de 2023 detuvieron a tres tratantes de origen tlaxcalteca.
Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, refirió que información difundida en diversos medios de comunicación sostiene que en la actual administración estatal (de septiembre de 2021 a la fecha), han sido detenidos 18 tratantes en diferentes entidades del país de origen tlaxcalteca.
Planteó que durante 22 años de trabajo el comportamiento de este delito no ha disminuido, aunque afirmó que el miedo y el desconocimiento es uno de los principales factores que causa que las víctimas no presenten sus denuncias.
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Expresó que debe existir una implementación adecuada de la política pública establecida en el Programa Estatal contra la Trata de Personas, al señalar que el Consejo Estatal no ha cumplido en tiempo y forma con las acciones a desempeñar.
Si bien señaló que se han destinado recursos para operar el Programa Estatal y que en 2023 existió un incremento en los recursos destinando 665.3 millones de pesos para la prevención, sanción y erradicación, apuntaron que es necesario redirigir la estrategia estatal.
Por su parte, María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, enfatizó las acciones emprendidas que aseguró contribuyen a modificar la realidad y genera esperanza ante un panorama tan devastador.
Expresó que en un territorio en el que el cuerpo de las mujeres es mercantilizado y la madre tierra sigue siendo contaminada, debe existir un trabajo de pertinencia.
OTRAS ACCIONES
Al evidenciar la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, también exigieron que se garantice el saneamiento integral de la cuenca, fortalecer la implementación del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
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Pugnaron por los mecanismos necesarios para disminuir y erradicar los tóxicos industriales que están presentes en la región. Y que la actual legislatura denomina a la cuenca del Alto Atoyac como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
- Durante 22 años de trabajo el comportamiento de este delito no ha disminuido, aunque afirmó que el miedo y el desconocimiento es uno de los principales factores que causa que las víctimas no presenten sus denuncias.