Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) acusó este viernes al contralor general del país, Gerardo Solís, de "justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos", por la defensa que ha hecho de la forma en que se han repartido unas ayudas económicas educativas.
"Sin órganos de control independientes y eficaces, la democracia peligra. Es justo lo que nos está sucediendo en Panamá. Hoy escuchamos al Contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside", indicó el capítulo panameño de la ONG global.
Solís defendió este viernes su decisión de mantener en reserva el nombre de beneficiarios de los llamados "auxilios financieros", sostuvo que no revelará la información y afirmó que criticar, como está ocurriendo por parte de buena parte de la sociedad, que estos recursos sean dados a familiares de políticos y de poderosos empresarios, es una manifestación de discriminación y se les está "vilipendiando".
A juicio de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), el contralor Solís ha elegido "ignorar el mandato de la Ley de Transparencia y la jurisprudencia que han establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado no es información confidencial y debe ser publicada".
"La propia Ley de Protección de Datos Personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Tergiversa (el contralor) el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la 'discriminación'", añadió la ONG.
TI Capítulo de Panamá dijo que ante esta situación, "hace imperativo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el Recurso de Inconstitucionalidad" que esta organización presentó "contra la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada en diciembre de 2022 por impulso del Contralor Solís, que da sustento a la falta de controles de su administración".
Este escándalo por los llamados "auxilios económicos" que otorga el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) estalló años atrás y revive ahora con la publicación el pasado martes por el diario La Prensa de una base de datos interactiva, armada por el propio rotativo, en la que se identifican 2.144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares.
"No son todos: hay otros 2.759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto", indica el rotativo, que asegura que se está ante la adjudicación "discrecional" de recursos "no reembolsables" a estudiantes a los que no se exige "mantener un promedio académico alto, ni participar en alguna disciplina deportiva, ni destacar en actividades culturales", como sí se pide para obtener otras becas del Ifarhu.
Los expuestos en la lista son los beneficiarios -estudiantes de educación superior- y los montos, algunos de hasta 200.000 dólares, repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, según la base de datos de La Prensa, una información que el Ifarhu se negó a difundir y que la Contraloría General declaró como "reservada", destaca el rotativo.
"Voy a hacer una auditoría de los pocos auxilios económicos que han producido escándalos últimamente", dijo Solís, al señalar que en el actual Gobierno se han beneficiado con auxilios financieros "a 9.906 panameños (...) 5.306 para estudiar fuera de Panamá", pero "no he contado en las redes más de 50 personas que han sido escándalo (...) conté 18".
A estas "18 personas, de 9.906 (adjudicatarios), que las están discriminando por razón política, el Ifarhu no las discriminó, las están discriminando públicamente en estos momentos que estamos en un período electoral" de cara a los comicios generales de mayo próximo, agregó Solís. EFE
gf/mt/rrt