Héctor Argentino Gallardo no dudó. La orden al sicario Juan Ignacio Figueroa fue simple y directa: "Cocinalo".
El hombre de 42 años, conocido como "el Patrón", cerebro de una organización narco integrada por argentinos, paraguayos y colombianos con despliegue logístico dentro y fuera del país, no toleraba la deslealtad, sobre todo si venía de un empleado suyo. Le había llegado el rumor de que Raúl Reynoso le robaba drogas y tenía ínfulas de independizarse.
"Llevalo a los terrenos de atrás y cocinalo", ordenó Gallardo por teléfono, desde lejos. Aquel tórrido 18 de diciembre de 2013 estaba en Orán, Salta, a 1200 kilómetros de Posadas, donde el grupo tenía una de sus bases operativas; la otra, acá, en Frontera, en el límite entre Santa Fe y Córdoba.
"¿Le doy de una, no hay problema?", preguntó Figueroa en busca de confirmación. Su jefe le respondió, lacónico: "De una". Figueroa llevó a Reynoso al matadero. Pocas cuadras antes de llegar al descampado donde lo iba a ejecutar, aparecieron los gendarmes.
Los terminaron presos y, pocas horas después, cayó el Patrón, acusado de ser el organizador de una banda dedicada al narcotráfico a gran escala por tierra y aire.
A las 18.30 de aquel 18 de diciembre de 2013, cuando el termómetro en Posadas estaba clavado en 37 grados, Figueroa había puesto en marcha el plan para matar a Reynoso, a quien no sólo conocía, sino que alojaba en su casa de la capital misionera cuando viajaba por pedido de su jefe.
Le dijo de ir a dar una vuelta en auto, mientras luchaban contra el calor con un tereré bien frío. Sólo faltaban unas cuadras para llegar al descampado cuando en la avenida Blas Parera al 4700, en un barrio de chalets con tejas rojas, los gendarmes detuvieron la marcha del Fiat Uno. En la guantera encontraron una pistola semiautomática Hi Power 9 mm, con 15 balas listas para usar.
Horas después la propia Gendarmería detuvo a Gallardo en el kilómetro 3 de la ruta 50, en las afueras de Orán, donde -según declaró luego- había ido "a comprar semillas" con Antonio Astrada, "asesor" y supuesto socio de una empresa cerealera con sede en Chabás, a 90 kilómetros de Rosario. Astrada está en pareja con otra procesada en la causa, Jaquelina Ungaro.
El suceso precipitó la investigación, que había comenzado a mediados de 2013. Gallardo cambiaba frecuentemente los teléfonos, pero el que usaba en ese momento en Salta estaba intervenido.
Al enterarse de que por orden del Patrón iban a ejecutar a una persona, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro dispuso un megaoperativo (del que participaron más de 200 gendarmes) para desarticular la banda y evitar que Reynoso fuera "cocinado".
Mario Ruiz, uno de los abogados de Gallardo, argumenta que "la causa tiene un déficit de pruebas muy importante".
Según el expediente 12000091, Gallardo comandaba "una organización para transportar estupefacientes desde el norte argentino y desde Paraguay a distintas provincias, como Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza" por rutas terrestres y aéreas.
En el procesamiento, de septiembre pasado, se destacó que "todo ese desarrollo logístico" para el tráfico de drogas generaba importantes ganancias, por lo que Gallardo usaba como método para lavar ese dinero la compra de autos -se sospecha que posee dos concesionarias en Posadas, que fueron allanadas-, tractores, camiones y campos en varias provincias, que ponía a nombre de testaferros.
En esa localidad pobre, de casas bajas, de pocas calles asfaltadas donde deambulan enjambres de motos, considerado el "patio trasero" de la cordobesa San Francisco, todos conocen a Gallardo, que tenía allí un aserradero por herencia familiar.
La geografía, o quizá los límites estrictos de ese lugar, contribuyeron a que se transformara en un "triángulo de las Bermudas pampeano", como lo definió el juez federal de San Francisco Mario Garzón.
Una calle divide dos ciudades y dos provincias. Tiene dos nombres: de un lado, se llama Juan Bautista Bustos y, del otro, Estanislao López.
Allí conviven las policías de Córdoba y de Santa Fe, y tienen jurisdicción dos juzgados federales, el de San Francisco, que fue creado hace tres años, y el de Rafaela, que se inauguró en marzo pasado.
Esa división forzada por los límites, con una espesa madeja burocrática, deja espacios vacíos, zonas grises. Los que burlan la ley sacan rédito de eso.
La semana pasada las huellas del narcotráfico dejaron marcas a fuego en un doble crimen, que provocó un fuerte impacto en la zona. Germán Lozada, de 38 años, y Martín Chamorro, de 25, oriundos de Santo Tomé, Santa Fe, fueron asesinados y calcinados en un Peugeot 307 en un camino rural de las afueras del pueblo.
El fiscal Carlos Vottero confirmó que Lozada, que tenía antecedentes por narcotráfico, murió de seis disparos en la cabeza.
"En esta zona ocurre algo extraño: la droga encuentra a la policía", ironiza el juez federal Garzón. Aunque asumió el 11 de octubre de 2011, no tiene policías federales con quienes investigar, y se ataja: "Tengo que trabajar con seis efectivos provinciales, que sacan fotos con sus celulares cuando hacen algún procedimiento, porque ni siquiera hay una cámara de fotos".
El juzgado federal de Rafaela tampoco dispone de efectivos de la Federal. Garzón cree que "la zona está liberada y no es algo que surja de la imaginación.
Hay soldaditos armados en barrios de Frontera, como Acapulco, donde están la mayoría de los puntos de venta". Todo es fruto, según advierte, de una organización que creció hasta niveles sofisticados, como la de Gallardo.
"A este hombre le echan la culpa de todo lo que pasa en la zona, donde la policía de las dos provincias es corrupta", responde Ruiz en su estudio en pleno centro de San Francisco.
En la cárcel de Bouwer, donde está detenido, Gallardo protagonizó hace casi un año una protesta para clamar su inocencia y llamar la atención de la prensa: se cosió la boca, los ojos y el pene.
Ese drástico reclamo lo había hecho en 2002, cuando estaba detenido con su hermano por otra causa de drogas.
"Lo quieren convertir en el Pablo Escobar argentino, pero es un hombre de pueblo, que tiene una carpintería y sus empleados anotados en la AFIP", explica el defensor.
El Patrón, según se desprende del expediente, traía los cargamentos de marihuana desde Paraguay a través de su contacto en ese país: Eva Portillo de Quiñonez.
Las escuchas telefónicas de la causa aportan indicios de que se movían grandes cantidades, y parte de esos cargamentos se exportaban a través de los pasos fronterizos de Cristo Redentor, Mendoza, y Cardenal Samoré, en Neuquén.
El testimonio de un testigo protegido, que figura en el expediente, dice que "entre septiembre y octubre de 2012 habrían bajado 4500 kg de marihuana".
Portillo fue detenida en agosto en la ruta 7, cerca de Luján, Buenos Aires, con 73 kg de marihuana. La cocaína venía de Bolivia y Perú, y según la declaración de un testigo protegido, se procesaba en un laboratorio de Villa Josefina, un pueblo diminuto vecino a Frontera.
Allí trabajaban los colombianos Luis Marulanda García, que vivía en una casa de Gallardo, y Luisa Castaño, que residía en el hotel El Gringo, también propiedad del Patrón.
Gallardo admitió en una entrevista con el diario Día a Día, de Córdoba, que tenía como empleados a un grupo de colombianos que vendían muebles a crédito con el sistema "gota a gota".
"Tengo una carpintería en Frontera y un aserradero en Posadas: vendo muebles en plan, con los carritos en la calle. Tenía varios colombianos que trabajaban en el negocio, pero se me fueron todos. Los asustaron", reveló.
Un ex empleado de Gallardo -que vive en Posadas y habló con LA NACION bajo reserva de identidad- dijo que "en 2013 llegó a haber 30 colombianos trabajando para Gallardo con distintas funciones. Desde vendedores de muebles hasta especialistas en cocaína líquida".
El peligro que cae del cielo
Hay sospechas de que la droga llegaba a ese pueblo para ser distribuida en los centros urbanos importantes, como Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, por dos vías: la terrestre y área.
En el aeroclub de San Francisco confiesan que miran "todo el tiempo hacia el cielo". La pista de aterrizaje está en las afueras de San Francisco, a 300 metros de la ruta 19, que conecta Córdoba con Santa Fe.
"Es un punto estratégico", explica Roberto Alberto, directivo del aeroclub, quien admite que desde hace tiempo "sobrevuela el miedo".
"Se ven cosas extrañas. Aviones que durante la noche aterrizan y al rato se van. La sospecha es que descargan droga y alguien se la lleva en camionetas", dice.
"Hace unos días vimos que un avión desconocido aterrizaba en el aeroclub, por lo que la gente que estaba cerca fue a ver quiénes eran. Y se encontraron con un piloto con acento boliviano que dijo que había aterrizado porque se estaba orinando", cuenta Alberto; aclara, por las dudas, que no es un chiste.
El directivo Mariano Morán admite que el temor aflora porque cargan sobre sus espaldas con dos robos de aviones del aeroclub. "Sabemos que hay gente haciendo inteligencia para continuar con los asaltos", agrega Nildo Porta, un mecánico de la institución.
Ahora, los tres hangares tienen un sistema de alarma y videovigilancia conectada con la policía de Córdoba, y desde fines del año pasado hay un puesto de la Guardia Rural.
En 2007 y en 2009 robaron un Cessna 172 y un Piper Cherokee que, aseguran, "quedaron en manos de narcos".
Los aviones fueron recuperados y se confirmó la presunción de los directivos.
El 23 de agosto de 2007 el Cessna apareció en la zona de islas en Arroyo Aguiar, Santa Fe, donde fue detenido el piloto Juan Carlos Dominici, un ex militar con residencia en Posadas. En la avioneta había 200 kilos de marihuana.
Dos años después la otra aeronave fue encontrada en Gato Colorado, al norte de Santa Fe, donde fueron atrapados Oscar Fessia y el policía provincial Leandro Sandoval. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel.
Darío Santoro, un vecino de Frontera, denunció ante el Ministerio de Seguridad y la Justicia de Santa Fe que su mujer "fue amenazada por los narcos".
"Ella los enfrenta porque les venden droga a los chicos y eso es intolerable. Nos están matando", sostiene. Santoro dice que fue uno de los primeros en denunciar públicamente a Gallardo en Frontera.
Afirma que el lugar "está dominado por soldaditos y búnkeres" que actúan en connivencia con la policía, sobre todo en un barrio en particular, Acapulco, donde merodean los jóvenes en moto en los lugares de expendio de cocaína.
Rubén Traverso, ex concejal y dueño de una farmacia, admite que la mayoría de los comerciantes del pueblo están armados desde que aumentaron los robos en el lugar.
"Es triste lo que pasa, porque gran parte de los que roban lo hacen para pagar la droga que quieren consumir", apunta.
En Acapulco, el cura Antonio Grande está al frente de una capilla, que sobresale en medio de un amplio baldío en el que los yuyos están altos.
El sacerdote llegó hace tres meses a la zona, luego de regresar de Roma, donde se desempeñaba en el Colegio Sacerdotal Argentino.
Admite que el cambio es abismal.
Grande dice que monseñor Jorge Casaretto, que fue obispo de la diócesis de Rafaela entre 1976 y 1982, "fue uno de los primeros que percibió que los problemas se iban a agravar" en esta zona.
"La droga ha empeorado todo, la pobreza también", agrega.
Durante su visita a la Argentina, la Madre Teresa de Calcuta estuvo en septiembre de 1982 junto con Casaretto en Frontera, donde tres años después se instalaron "las madres de Calcuta".
"La situación está muy complicada, porque el problema es que hay un consentimiento de las autoridades para que se asienten prostíbulos, vendedores de droga y perseguidos por la policía. Lo increíble es que estamos en una tierra muy rica, con gente muy pobre."
Artículo extraído del diario La Nación - Por Germán de los Santos