China regresa hacia una de sus épocas más oscuras. El presidente Xi Jinping, autoproclamado «núcleo del Partido Comunista Chino», está imponiendo una ideologización de la sociedad que recuerda, aunque sin aquella virulencia, a la de Mao Zedong, que condujo a campañas como El gran salto adelante y la Gran revolución cultural, que ocasionaron dolorosas y mortíferas catástrofes.
Deng Xiaoping, quien con su política de reforma y apertura convirtió a China en la segunda potencia económica del mundo, tuvo claro que la autarquía de Mao había empobrecido el país y la excesiva politización había dañado el tradicional espíritu trabajador de los chinos. Al contrario del Gran Timonel y de Xi Jinping, Deng rechazó el culto a la personalidad y ejerció el poder desde las bambalinas, poniendo fin a los excesos ideológicos del maoísmo.
La reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (el Gobierno chino), aprobada en la Asamblea Popular Nacional (APN, el Parlamento), celebrada en marzo, rebaja la capacidad del Gobierno a un mero brazo ejecutor de la dirección y la política que marque el PCCh, con Xi a la cabeza. El primer ministro Li Qiang, segunda autoridad del Estado, ha perdido la autonomía que tenía, como reveló la suspensión de la conferencia de prensa que desde 1982 daba el jefe del Gobierno tras la sesión de la APN. La enmienda aprobada borra los controles del modelo de gobierno instaurado por Deng y siembra dudas sobre la eficiencia de un sistema más opaco y restringido.
La fuerte hostilidad de EEUU plasmada, entre otras acciones, en la guerra comercial y tecnológica que ha decretado sanciones unilaterales a cientos de empresas chinas, empezando por las más grandes tecnológicas, junto con los errores del PCCh en su descarnado combate contra el covid-19, han colocado a la defensiva al partido, que ha cerrado filas en torno a su secretario general. La obsesión por la seguridad, tanto interna como externa, que ha desarrollado Xi evoca tiempos de purgas y luchas contra corruptos y espías.
Poco antes de que comenzara el pleno anual, el Comité Central del partido ordenó a sus células que impusieran a los 98 millones de miembros del PCCh el estudio de los discursos del presidente Xi. Podrán servirse de las nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la labor propagandística, como la aplicación para teléfonos móviles inteligentes Xuexi Qiangguo, extendida entre las filas del partido desde su aparición en 2019, en la que se encuentran artículos, videoclips y documentales sobre las políticas de Xi Jinping. También, como con el Libro Rojo, exigió la formación de grupos de lectura para incrustar la doctrina del líder, sobre todo en los jóvenes, que son los que se sienten más desalentados por los problemas económicos y sociales que atraviesa el país, desde la epidemia del covid.
El Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era fue incluido en la Constitución en 2018, al iniciarse el segundo mandato del dirigente y cuando se borró de la Carta Magna el artículo que limitaba la jefatura del Estado a un máximo de dos periodos de cinco años. La doctrina, igual que los cargos que acumula el líder, cubre las siete áreas más relevantes de la gobernanza estatal: diplomacia, economía, militar, medio ambiente, asuntos legales, propaganda y disciplina. Bajo la denominación de Educación Temática, en los últimos 10 meses se llevó a cabo una intensa y amplia campaña ideológica para profundizar en el estudio de las enseñanzas de Xi.
La enmienda aprobada es la guinda de la reforma iniciada el año pasado para consolidar más la formulación de políticas y la toma de decisiones dentro del aparato del partido. En este tiempo, el PCCh ha formado poderosos órganos que han tomado el control del sector financiero, el trabajo social, los asuntos de Hong Kong y Macao y el desarrollo tecnológico. Estas áreas son consideradas las líneas maestras de la actual política.
La reforma liquida los esfuerzos de Deng Xiaoping por la separación entre el partido y el Gobierno. China entra en un círculo vicioso, en el que Xi Jinping exige al Gobierno, las instituciones y el funcionariado «lealtad total» al PCCh; mientras el partido, que es un estado dentro del Estado, impone en sus filas «lealtad y obediencia» a las enseñanzas y directrices del máximo líder.