El verdadero triunfo democrático, la auténtica conquista, no tiene que ver -siendo relevante- con el resultado que salga de las urnas en el País Vasco el próximo 21 de abril, sino con el hecho de que por fin se haga justicia y la sanguinaria terrorista María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, pueda ser juzgada por la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco en 1997. El juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga la responsabilidad de la cúpula de ETA en la orden que provocó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, tratará de sentar en el banquillo a Anboto que cumple prisión en una cárcel de Pamplona por otros atentados de la banda que dirigió en su última etapa.
La Justicia francesa dio hace una semana el visto bueno a que España juzgue a la que fuera dirigente etarra. La Audiencia Nacional considera que Anboto era la principal responsable operativa de los pistoleros de ETA entre 1993 y 1998 y que bajo su responsabilidad se determinaban los objetivos potenciales para los atentados. El juez García Castellón había iniciado hace meses los trámites para que Francia diera el visto bueno y se pudiera juzgar a dos antiguos dirigentes etarras, la propia Iparraguirre, y Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ambos fueron detenidos en el país vecino y se acogieron al llamado principio de especialidad, lo que faculta a Francia a aprobar cualquier decisión de la justicia española para poder ser juzgados en nuestro país. Por eso, y en el actual contexto político, con el Gobierno de Pedro Sánchez poniéndose de canto o literalmente de espaldas por meros intereses partidistas, que Anboto pueda ser juzgada en España es una buenísima noticia. En plena estrategia de blanqueamiento de ETA y su mundo, que Iparraguirre rinda cuentas ante la justicia española es un triunfo del Estado de derecho y un motivo de celebración por una evidente cuestión de dignidad.