La agencia calificadora S&P Global redujo el rating de la deuda peruana, colocándola muy cerca de perder la categoría "grado de inversión", la cual ha sido un argumento que los sucesivos gobiernos han usado para atraer inversión extranjera. Las otras dos, Fitch y Moody's, no han modificado su calificación pero mantienen su perspectiva negativa, lo cual tampoco es digno de aplauso. Las tres calificadoras atribuyen su poco halagüeña visión del país a la incertidumbre política y al deterioro de la gobernanza –la gestión de la presidenta Dina Boluarte se acerca peligrosamente a la inoperancia que lució su antecesor–.
Una muestra de ese deterioro es el modo en que el Gobierno ha estado manejando la innecesaria controversia en torno al puerto de Chancay, creada por una "reinterpretación" de la norma que autorizó la obra, nada menos que tres años después de su promulgación. El fin de semana se supo que Cosco Shipping Ports Chancay, filial de una compañía estatal china y poseedora del 60% del proyecto, remitió una "notificación de controversia" que marca el inicio del plazo para su "resolución amigable", en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Perú y China (gestion.pe 27/04/2024). La notificación tiene fecha el 16 de abril.
El destinatario es el titular del MEF, José Arista, con copia al canciller, Javier González-Olaechea. El titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes no fue incluido, pues su despacho no tiene competencia en la materia, aparte que su participación en la controversia ha sido lamentable. Fue la Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita al MTC, la que inició el embrollo y su Procuraduría presentó el caso ante el Poder Judicial, saltándose el procedimiento establecido en el TLC. Otra entidad, que supervisa la concesiones en transporte, Ositrán (adscrita a la PCM), intentó inmiscuirse en el asunto, pero aparentemente se dio cuenta que el puerto de Chancay no es una concesión. La notificación menciona este dislate.
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A juzgar por el tono tajante, aunque sin dejar de ser diplomático, la estatal china está dispuesta a llegar al arbitraje internacional para que se le reconozcan sus derechos. El Gobierno haría bien en sentarse a dialogar –tiene seis meses para ello, según el TLC– y evitar otro arbitraje, porque su historial en esa instancia es bastante costoso: cientos de millones de dólares en indemnizaciones, incluidos los US$ 46 millones que la Municipalidad de Lima tendrá que pagar a Lima Expresa, filial de la multinacional francesa Vinci Concessions, aunque el alcalde no quiera.