El ministro Félix Bolaños y los sindicatos CSIF y UGT han firmado un acuerdo que contempla la subida salarial de los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia.
El importe de las subidas oscila entre los 165 y los 250 euros mensuales en función de los cuerpos y afectará a los de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los médicos forenses y a los miembros del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Según ha informado Justicia en un comunicado, el incremento "se aplicará a través del complemento específico" y será ratificado este viernes en un acto.
En concreto, la subida afecta a unos 12.000 trabajadores del llamado ámbito no transferido; es decir, los dependientes del Ministerio de Justicia. Afecta, por tanto, a Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, los juzgados centrales, el Registro Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Por su parte, CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, ha detallado que la subida se aplicará de manera progresiva. "A partir de la nómina de mayo, se cobrará el 50%, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100% de lo acordado", concreta en un comunicado. "De esta manera, en apenas 8 meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios", celebra el sindicato.
Temporalidad y salud laboral
Tanto el Ministerio de Justicia como las dos organizaciones sindicales han anunciado este jueves que el pacto también contempla la convocatoria de una mesa en el plazo de tres meses para estudiar mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Sobre qué versarán? Materias como la reducción de contratación temporal, mejora de plantillas, planes de formación o salud laboral.
"Desde CSIF, valoramos el acuerdo alcanzado teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la inestabilidad de las alianzas parlamentarias que ha provocado, entre otras consecuencias, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado", expone el sindicato, consciente de "haber alcanzado el mejor acuerdo posible en este momento".
De hecho, tan sólo CSIF y UGT lo han firmado. Y no lo han hecho, por ejemplo, CCOO o STAJ, que también formaron parte de las negociaciones con el Gobierno, iniciadas el pasado 10 de enero.
El departamento que encabeza Bolaños, por su parte, celebra un acuerdo que contribuye a "modernizar este sector" y ha reivindicado el "acuerdo social". En un comunicado, Justicia se congratula de "poner fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado" y en avanzar en la digitalización de los procesos judiciales.
El acuerdo ha sido rubricado por el ministro Félix Bolaños, por Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y por Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT. No obstante, al acto de rúbrica, también ha asistido, entre otros, el secretario de Estado de Justicia.