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El Ejecutivo había vetado dos artículos del proyecto de ley, en base a argumentos de los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que coincidieron en referir que la fijación de precios mínimos para la yerba atentaría contra el artículo 107 de la Constitución.
Parte de dicho artículo refiere que "no serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia" y, en este caso, la ley planteaba fijar precios mínimos para proteger a pequeños productores.
El Senado había rechazado el veto parcial, por lo que, al aceptarlo en Cámara de Diputados, se produjo discordancia entre ambas cámaras y se archivó incluso la parte no objetada.
Si bien diputados cartistas de Itapúa apoyaron el rechazo al veto, fue el oficialismo el que propició el archivamiento.
Los diputados Alejo Ríos (PLRA) y Johanna Ortega (País Solidario) fueron los críticos más duros al Gobierno por mostrarse indolente al reclamo de los pequeños productores.
"El Estado no se maneja como una empresa, el Estado tiene que buscar cuidar la necesidad de la gente, y se sienten con hambre en el campo y hablan de 'Hambre Cero"', dijo Ríos.
Lo secundó Ortega, que acotó que "no tiene porqué el pueblo pagar porque él (Peña) quiere que sus tres gerentitos decidan cómo se va a manejar la lógica del Estado, que no es una empresa, sino que tiene que proteger y garantizar derechos". Recordó que el Estado regula el combustible.