Con la solicitud de liquidación de Compensar EPS y la intervención de Nueva y Sanitas, son casi 20 millones de colombianos que, en una semana, comienzan a verse afectados por el desvanecimiento del sistema de salud. Los juegos políticos deben ceder el paso a la razón.
Al margen de consideraciones ideológicas, la forma más sencilla de resolver una crisis financiera consiste en endosar sus pasivos al Estado. Ha ocurrido, en el pasado, con las crisis en algunos bancos y ocurre ahora con la estatización, por decreto, del sistema de salud.
Pero un problema financiero, derivado de la insuficiencia de recursos del sistema, no significa que este no funcione o que deba destruirse si se compara con los beneficios obtenidos en cobertura y calidad en la prestación de servicios en los últimos 30 años. Tampoco son evidencia de su fracaso los lunares que pueda tener. La crisis financiera significa que los recursos provistos no son suficientes, como lo ha reconocido la Corte Constitucional. Este problema se puede resolver mediante eficiencia o mayores aportes del gobierno y de los mismos usuarios, que, en todo caso, pagarían un costo inferior a quedarse, como está ocurriendo, sin sistema de salud.
Al gobierno no le ha ido bien administrando los recursos a su alcance, como él mismo lo ha reconocido, como para embarcarse, de la noche a la mañana, en la administración de un modelo que ha venido funcionando aceptablemente con la participación pública y privada. Establecer una dicotomía entre pacientes y empresarios, como lo hace el gobierno, puede sonar a sus más apasionados seguidores, pero se encuentra lejos de la realidad. Los pacientes no tienen por qué confrontar a los empresarios. De hecho, en el sector de la salud, comparado con la ineficiencia y corrupción que reconocimos en las épocas del ICSS, su participación ha significado eficiencia, competencia y beneficios para la población.
El Congreso, elegido, al igual que el presidente, por "el pueblo", en ejercicio de sus funciones e interpretando a una mayoría de usuarios del sistema, consideró improcedente el proyecto de reforma. El Gobierno ha respondido asumiendo por decreto el control de buena parte del sector, una medida que ha sido calificada como ilegal e inconstitucional por importantes actores. Es apremiante que las cortes se pronuncien sobre la legalidad de las medidas tomadas.
Desde el Congreso se escuchan voces que justifican el hundimiento de la reforma en factores como falta de concertación; rigidez de la postura del Gobierno y su tono impositivo; ausencia de respaldo ciudadano a la reforma; desconocimiento de sus verdaderos costos y falta de claridad sobre sus fuentes de financiación; desconocimiento de las voces de gremios, sindicatos y asociaciones científicas y su pretensión de cambiar todo estatizando a cambio, solamente, de una promesa o expectativa de mejora de una idea por construir. ¿Y mientras tanto?
Se producirá deterioro en nuestra calidad de vida y proliferación de enfermedades y muertes. No se trata de discursos. Estudios científicos han demostrado que la intervención a entidades como SaludCoop, en su momento, ocasionó un incremento cercano al 25 % de las muertes en pacientes de alto riesgo.
Por su parte las motivaciones del gobierno se encuentran en los mismos decretos, pero no se apartan de la crisis que, para algunos dirigentes, el mismo gobierno anunció y promovió en la perspectiva de estatizar el sistema para ponerlo bajo su control y perpetuar, más allá de 2026, su periodo.
Las declaraciones del ministro de Salud al ocurrir el hundimiento del proyecto, según las cuales lo que sigue es "el proceso constituyente" anunciado por el presidente, y las del mismo presidente en el sentido de que procedía "dar un golpe" -al referirse, evidentemente, a los decretos- aumentan la incertidumbre no solo sobre el futuro del sistema, sino sobre el grado de pugnacidad que, desde hace rato, está desbordando nuestro marco institucional. Al país no le caben más amenazas o retaliaciones en un momento en que necesitamos armonía, equilibrio, sensatez y razón. El respeto y acatamiento de las normas que nos rigen, comenzando por la Constitución, dentro de la cual debe desarrollarse, con total claridad, cualquier reforma o proceso constituyente.