La ley que ordena la actividad de los 42 colegios profesionales que existen en la Comunidad de Madrid está más cerca de modernizarse. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes publicar el anteproyecto de reforma de la norma, que tiene más de 30 años de antigüedad y que afecta a los más de 400.000 profesionales que en la región pertenecen a alguno de los colegios que funcionan. Entre otras novedades se incluye la posibilidad de permitir la colegiación de oficio
"Esta nueva norma surge para dar respuesta a las necesidades actuales de estas instituciones", han destacado desde el Ejecutivo regional. El portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, también ha recordado que durante el periodo de exposición pública todos los interesados puedan realizar sus aportaciones al texto base elaborado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Puerta del Sol se ha detallado que el proceso de reforma de esta ley incluye una actualización del articulado de la normativa. Entre los aspectos más destacados de esta operación aparece dar la posibilidad a estas instituciones de que puedan tramitar de oficio la colegiación de nuevos miembros. Igualmente se hace constar que solo podrán constituirse nuevos colegios respecto de aquellas profesiones "cuya aptitud para su ejercicio venga acreditada por la posesión de una titulación oficial y concurran razones de interés público".
También se pretende hacer una regulación más completa del procedimiento de inscripción de los estatutos, de los órganos colegiales y de los consejos autonómicos. Otra de las novedades es que podrán inscribirse en la sección especial del Registro de Colegios Profesionales las organizaciones profesionales de ámbito nacional y las de ámbito territorial superior al de la región que tengan su sede en ella.
Asimismo, se contempla el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para su modernización. "El objetivo es que digitalicen sus procesos para poder relacionarse con los ciudadanos de manera telemática", han trasladado desde el Ejecutivo regional. Además, con esta normativa se dota a estos profesionales de un régimen jurídico adaptado a la específica organización del Ejecutivo autonómico. Por otro lado, se ha adecuado la ley a las prescripciones de derecho comunitario.