Luis Ernesto Quintana Barney
(CNN) — El presidente de EE.UU. Joe Biden dijo a periodistas en la Casa Blanca el miércoles que su administración está "considerando" una solicitud de Australia para retirar los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Informes dicen que el Parlamento australiano aprobó en febrero una moción que pedía que Assange fuera liberado en su país de origen, Australia, y que el primer ministro Anthony Albanese solicitó un fin amistoso al procesamiento contra el fundador de Wikileaks.
Cuando se le preguntó el miércoles sobre la petición de Australia para poner fin al procesamiento de Assange, Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca: "Lo estamos considerando".
Assange evitó en marzo de una extradición inmediata a Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Londres pidiera a Estados Unidos más garantías. Si Estados Unidos no las entrega, a Assange se le permitiría apelar su extradición en una audiencia en mayo.
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Las autoridades estadounidenses aseguran que Assange, de 52 años, puso vidas en riesgo al publicar documentos militares secretos proporcionados por la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning en 2010 y 2011. Desde entonces buscan su extradición por cargos de espionaje.
En 2019, los fiscales de Virginia acusaron a Assange de 18 delitos, entre los que se incluye un cargo de conspiración para intentar piratear una computadora en relación con la publicación en 2010 de material militar clasificado obtenido a través de Manning y 17 cargos adicionales en virtud de la Ley de Espionaje.
Cada uno de esos cargos conlleva una sentencia potencial de 10 años, lo que significa que, de ser declarado culpable, Assange podría ser sentenciado a hasta 175 años de prisión.
Assange ha luchado contra la extradición durante los últimos 5 años desde la prisión de Belmarsh en Londres, y durante 7 años antes estuvo como refugiado político en la embajada de Ecuador en la capital del Reino Unido.
Su caso causó la condena de los defensores de la libertad de expresión que dicen que si se permite su extradición tendrá un efecto paralizador sobre la libertad de prensa.
Con información de Lauren Said-Moorhouser, Claudia Rebaza y Christian Edwards.
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