El Banco de España constata que la estabilidad en el empleo aumentó tras la reforma laboral
El Banco de España constata en su Informe Anual 2023 un "leve" incremento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial de los contratos fijos-discontinuos, tras la reforma laboral de 2021, según ha recogido Europa Press. Pese a ello, concluye que se ha producido un "ligero aumento" de la estabilidad laboral en el conjunto del mercado de trabajo español por el repunte "significativo" del peso de los contratos fijos en relación con el de los contratos temporales, propiciado por la reforma laboral.
En un apartado del informe, en el que analiza el grado de estabilidad del empleo, la institución subraya que, desde la aprobación de la reforma laboral, la ratio de temporalidad de la economía española "se ha reducido con intensidad", hasta situarse en el 16,5% a finales de 2023, frente al 25,4% de 2021, con un descenso más acusado en el sector privado, hasta el 13,2%, que en el público, donde la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30% en los dos últimos años.
"En conjunto, este descenso ha permitido una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro", destaca la institución, que señala que esta "intensa reducción" de la tasa de temporalidad también es observable en los registros de la Seguridad Social.
Así, la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% de 2021 hasta el 14,9% en 2023, que se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo en 8,6 puntos, de los contratos indefinidos a tiempo parcial en 4,1 puntos y de los contratos fijos-discontinuos en 3 puntos.
Se duplican los contratos fijos-discontinuos
En este sentido, la institución señala que los contratos fijos-discontinuos, "escasamente utilizados" en España antes de la reforma laboral, han más que duplicado su incidencia en la afiliación a la Seguridad Social, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023.
Por ramas de actividad, el Banco de España apunta que el descenso de la tasa de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque "más intenso" en algunos de los sectores con mayores porcentajes antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios.
"En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos- discontinuos", asegura el organismo.
La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos intenta aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español con un ejercicio descriptivo en el que deja claro que "no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021", pues dicha evaluación exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores.
Baja la rotación de los temporales, sube la de los indefinidos
Utilizando datos de altas y bajas de la Seguridad Social para medir la rotación laboral, el Banco de España constata un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del periodo 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023.
Esta disminución, explica, es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con contrato indefinido ha aumentado del 0,25% al 0,61% y sólo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal, del 3,40% al 3,19%.
"La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo-discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019", sostiene.
De hecho, subraya que los contratos fijos-discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales.
En cualquier caso, el Banco de España apunta que, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada. La institución, no obstante, precisa que este análisis está sujeto a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021.
Mayor tasa de supervivencia de los contratos, pero no para los fijos
En el marco de este ejercicio para analizar el grado de estabilidad del empleo, el Banco de España calcula la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y la compara con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018, sin verse, por tanto, afectados por la pandemia. En todo caso, insiste en que las diferencias no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.
De acuerdo con su análisis, del conjunto de relaciones laborales creadas en marzo de 2022, un 16,1% siguen vivas un año después, porcentaje superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y también mayor que la tasa de supervivencia que presentan los contratos firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).
El Banco de España apunta que, de nuevo, esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce "a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos-discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral".
Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinido permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018. "En conjunto, los resultados disponibles muestran un ligero aumento de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo español tras la aprobación de la reforma de finales de 2021. Esto es así porque, a pesar de que se observa un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial, en los contratos fijos-discontinuos, ha aumentado de forma significativa el peso de los contratos indefinidos en relación con el de los contratos temporales", concluye.
De este modo, pese a que la tasa de temporalidad española ha avanzado en convergencia con la de la UE, la institución cree que "existe margen para aumentar la estabilidad del empleo" en España. Así, por ejemplo, señala que, aunque los flujos de salida del empleo al desempleo han disminuido en España desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UEM (un 1,2%).
Insta a pedir más incentivos para que los parados vuelvan al empleo y clarificar el despido objetivo
El Banco de España también se ha referido a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.
Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.
El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) "son relativamente elevadas en el contexto internacional", mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.
En este sentido, "para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo", entiende que "podría resultar adecuado" seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.
"Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo", apunta el Banco de España.
Elevar los incentivos para retornar al empleo desde el paro
La institución reclama una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo ante una tasa de paro "persistentemente más elevada" que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), además del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.
En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide "incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados", así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. "Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral", sostiene.
En este sentido, ve "deseable" una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos "posiblemente" al ciclo económico, y/o "sendas decrecientes" en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección 'ex ante'.
La institución considera que existe margen en España para "ajustar" los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en "la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo".
Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. "De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración", argumenta.
El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.
En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.
También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar "posibles colaboraciones y sinergias" con el sector privado.
Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas "más flexibles" para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.
La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el "considerable dinamismo" del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al "atesoramiento de empleo" (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).
"Flexibilidad" para reducir la jornada laboral
Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, "que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia", y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas "sensiblemente menor". En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una "amplia flexibilidad" para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.
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Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el "abultado" déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.
Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio "habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio" establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, "y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024".
El Banco de España considera "conveniente" que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.