El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado que el magistrado del ala conservadora Enrique Arnaldo redacte un nuevo borrador de sentencia que avale por completo la ley de protección a la infancia y retire el que ha presentado este miércoles, en el que proponía que la retirada de la custodia a los progenitores denunciados por malos tratos solo fuese constitucional si se dejaba margen de actuación a los jueces. Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la mayoría del tribunal se ha mostrado a favor de inadmitir el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la denominada 'Ley Rhodes', llamada así por el pianista James Rhodes que participó en la redacción del texto legal, por lo que la norma previsiblemente será declarada constitucional en un próximo Pleno para el que aún no se ha fijado fecha. Según han precisado dichas fuentes, el debate sobre la ponencia de Arnaldo ha versado sobre la parte de la ley por la que se modificó el artículo 92.7 del Código Civil para que no se conceda la custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por malos tratos. El magistrado ponente sostenía que esta medida para retirar la custodia a los progenitores denunciados por malos tratos solo era constitucional si se dejaba margen de actuación a los jueces. La mayoría del Pleno ha discrepado y ha considerado pertinente avalar la redacción que contempla la ley. Los magistrados han abordado el debate sobre el fondo del asunto después de que en octubre de 2021 admitieran a trámite el recurso que presentaron los diputados de Vox contra varios artículos de la ley. EL RECURSO DE VOX Los de Santiago Abascal alegaron que la norma impugnada podía vulnerar, entre otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. La formación criticaba que se incluyera la obligatoriedad de que todos los menores reciban "educación afectivo sexual", una medida que, a su juicio, "incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos". El partido señalaba también el concepto incluido en la ley de "parentalidad positiva", que recoge la promoción de la corresponsabilidad, medidas para combatir los roles de género, el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas o la educación con enfoque inclusivo, entre otras medidas. La norma en cuestión, que fue aprobada casi por unanimidad en mayo de 2021 por el Pleno del Congreso, aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas. Se prevé que próximamente el Constitucional avale el texto en su totalidad.