El penúltimo carajal y cósmico quilombo en RTVE, con audiencias en la marginalidad y carísimas para el contribuyente, ha sumido una casa que debería ser paradigma de credibilidad y objetividad informativa, y limpieza económica, en santo y seña de sectarismo que sirve para llenar los bolsillos a raudales a las personas del color político de Pedro Sánchez. Un espectáculo impropio de una democracia que ellos mismos definen como «avanzada» y, en cualquier caso, de la radiotelevisión pública estatal de la cuarta potencia europea.
Lo de los 48 millones de Broncano (debo reconocer que es el único comunicador que conozco que se ha hecho famoso, además de por su militancia política, por preguntar a sus invitadas cuántas veces a la semana hacen el amor (él lo llama de forma más grosera). Esos 48 millones, cuando la clase media principalmente tiene que rascarse el bolsillo al enfrentarse a la declaración por el IRPF, son de tal obscenidad que, incluso, está provocando una guerra civil (lo que más le gusta a Sánchez) entre los propios dirigentes actuales de RTVE, que no son precisamente sospechosos de llevar la contraria al satrapón monclovita.
Fuentes muy seguras de RTVE subrayan al columnista que lo de Broncano no deja de ser un señuelo. Él se lleva una buena tajada, pero lo magro del pastel corresponde, dicen, a Buenafuente y al sempiterno José Miguel Contreras, perejil de todas las salsas (también las del PP cuando se tercia) que tienen que ver con la morterada de millones (sinónimo de fracasos en audiencia) en las productoras televisivas, especialmente las que se financian con dinero público.
Sostienen las mismas fuentes que todo el colacao montado a propósito de Broncano –insisto, el menos relevante en esta docuserie de millonarios (eso sí, con mucha vitola de progresía (sic)–, tiene que ver con la inquina personal del presidente de Cuelgamuros contra el bueno y existoso Pablo Motos, que realiza su Hormiguero en un canal privado.
El resultado a ojos vista de los paganos contribuyentes no puede resultar más patético. El escándalo de los 48 millones a cargo del erario público, entre otras prebendas, no debería quedar en titulares de una semana; más bien habría que exigir llegar hasta el fondo, por si resultaran indicios de malversación y aprovechamiento exagerado al socaire de la influencia política o, si se quiere, a cambio de genuflexiones ante el poder constituido.
Tengo para mí que es un asunto, desde luego, nada baladí como paradigma de lo que podríamos denominar como «corrupción política» adjunta, que los partidos de oposición, incluso algunos que forman parte del frankestein, harán causa parlamentaria y también judicial de un escándalo que va más allá del meramente quítame ahí esa productora.