La Justicia de Ecuador definió este viernes que la detención del pasado viernes del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, fue "ilegal" y "arbitraria" pero rechazó su pedido de libertad.
La Sala Especializada en Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador -conformada por los magistrados Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas- concluyó tras una evaluación de los hechos que el accionar de las fuerzas de seguridad aquella noche se realizó sin la existencia de una solicitud de allanamiento, tal como establece el artículo 480 del Código Penal nacional, por lo que los argumentos esgrimidos por la defensa del Ejecutivo "carecen de sustento jurídico".
Sin embargo, los jueces negaron al político el habeas corpus presentado por su equipo, en el que pedía anular dicha acción y exigía su retorno seguro a la sede diplomática mexicana o a alguna equivalente -tras anunciar el cese de sus funciones-, dado que aún debe cumplir con las penas impuestas en los dos casos en los que ya fue sentenciado. "Correspondería disponer la inmediata libertad de la persona afectada pero existen sentencias condenatorias de cosa juzgada (y) este tribunal no puede modificar las condenas impuestas de prisión", sostuvieron.
Glas fue llevado ante la Justicia en tres oportunidades: la primera fue en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, por lo que le dieron seis años de cárcel; luego, en 2020, se lo volvió a investigar, esta vez por cohecho en el caso Sobornos, una trama de financiación irregular del movimiento político de Rafael Correa, y le fueron otorgados ocho años tras las rejas.
Gracias a un fallo de la Justicia, poco tiempo atrás había conseguido la unificación de las penas para cumplir sólo la más extensa de ellas, en lugar de los 14 que le habrían correspondido de ser consecutivas. Asimismo, se le había otorgado el beneficio de prelibertad tras haber transitado la mayor parte de la sentencia -cinco años-.
Sin embargo, los jueces abrieron una tercera causa en su contra, en el marco de la investigación por presunto peculado en las obras de reconstrucción de unas provincias azotadas por el terremoto de 2016. En dicho caso, por el que podría recibir entre 10 y 13 años de prisión, fue imputado y se emitió una nueva orden de prisión preventiva por contar con suficientes elementos de convicción sobre el cometimiento del delito y un riesgo de fuga existente.
En medio de estos anuncios, Glas se dirigió a la Embajada que responde al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde consiguió acogerse a la figura de asilado.
Tras unos cruces entre el mandatario y su homólogo Daniel Noboa, la situación se precipitó, llevando al segundo a ordenar -hace exactamente una semana- la irrupción de las fuerzas de seguridad en el establecimiento, hecho que fue condenado por varios países de la comunidad internacional por violar diversos artículos de tratados y disposiciones mundiales.
Durante la audiencia de este viernes, Glas narró lo vivido aquella noche y denunció haber sido víctima de torturas. Desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, dijo haber recibido una paliza con puntapiés, rodillazos y golpes por parte de hombres completamente cubiertos, que nunca se identificaron, y que tampoco le confirmaron su detención hasta su arribo a la Unidad de Flagrancia. Recién entonces, sumó, le fueron leídos sus derechos.
"Cuatro Policías me leyeron los derechos (...) me sientan, yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leerme los derechos y yo me desvanezco. Me dicen 'párese, párese' y yo trataba de pararme pero no podía por la paliza que me habían dado", dijo y agregó que "hay dos videos: el verdadero, cuando me bajaron del carro todo torturado, como en la época de la dictadura, y este segundo video".
A la par, el político anunció la víspera en un contacto con su abogada que había iniciado una huelga de hambre ante la injusticia que asegura estar viviendo.
(Con información de EFE y Europa Press)