El lado izquierdo del bloque de investidura pide llenar de contenido el "punto y aparte" de Pedro Sánchez. Concretamente, de contenido judicial.
Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, PNV y BNG ya hacen frente común para que la "regeneración democrática" del Gobierno se traduzca, básicamente, en una regeneración de la Justicia.
Por un lado, piden explorar una fórmula con la que renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ignorando el veto del PP; por otro, saldar las cuentas pendientes con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, y derogarla de una vez.
Así lo dejó entrever la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, justo después de que, el lunes, Sánchez diera a conocer su decisión de continuar. "Lo sucedido estos días debe representar un antes y después", declaró la líder de Sumar, para luego detallar que los cambios debían ser de corte judicial.
Fuentes del Gobierno confirman ahora que algunas reformas ya están "sobre la mesa".
Una cosa que ha cambiado con respecto a la semana pasada es que tanto los aliados del PSOE como sus socios dentro del Gobierno se sienten estafados. La tónica general del bloque de investidura -sin contar a Junts- es que los partidos celebran que Sánchez siga en Moncloa pero, al mismo tiempo, se sienten burlados por el presidente, al cual arroparon casi por unanimidad durante sus cinco días de reflexión.
Ahora quieren que esa reflexión sirva para algo, cada uno con sus prioridades. Los independentistas, por ejemplo, ponen el foco en la ley mordaza, mientras que Sumar y Podemos acentúan más la renovación del CGPJ, que lleva cinco años en prórroga de mandato debido al veto del PP.
Los propios vocales del Poder Judicial señalan en conversación con EL ESPAÑOL que temen un "asalto" del Ejecutivo al órgano de gobierno de los jueces. "Van a ir a saco a por nosotros", aseguraban este martes, reflexionando sobre la promesa de Sánchez de acabar con el "secuestro" del Consejo.
El primero en poner pie en pared con la regeneración ha sido Podemos. El partido morado, perteneciente al Grupo Mixto del Congreso desde su ruptura con Sumar, registró este martes una proposición de ley para reformar el método de elección de miembros del Consejo.
Por un lado, propone que los 20 vocales nombrados por las Cortes se elijan por mayoría absoluta en caso de no lograrse el consenso de tres quintas partes, que es el actual. Además, el texto da todavía más peso al Congreso de los Diputados, que elegiría a 16 de estos 20 representantes en detrimento del Senado, que está controlado por mayoría del PP.
La ley en su estado actual fija que el Congreso elija a 12 vocales y el Senado a 8. La mitad deben estar elegidos entre jueces y magistrados, mientras que la otra mitad se escogen entre "juristas de reconocida competencia".
Podemos ya planteó durante la pasada legislatura, cuando estaba en el Gobierno, varias propuestas de cara a reformar las reglas de elección del Poder Judicial burlando al PP, pero todas acabaron enterradas por las suspicacias de Bruselas y la falta de acuerdo con el PSOE. La situación actual permite desbloquear uno de esos problemas.
"Lo único que ha hecho la derecha cuando el PSOE le ha dado la mano es cogerle el brazo. Es el momento de pasar a la acción", expresó este martes la exministra de Igualdad y cabeza de lista de Podemos a las europeas, Irene Montero, durante unas jornadas en el Congreso. "Lo primero y más importante es renovar el CGPJ sin el PP", añadió.
"Sobre la mesa"
La parte socialista del Gobierno, no obstante, hace encaje de bolillos para complacer a los socios y a la vez jugar con sus propios tiempos. Fuentes de distintas áreas del Ejecutivo aseguran que hay ciertas reformas judiciales que "ya están sobre la mesa" tanto en el seno de Moncloa como en la mesa de negociación, pero que no llegarán pronto para evitar más tiranteces con la Justicia.
Esto genera un claro problema de tiempos, dado que el Gobierno sólo tiene asegurado el apoyo de Junts en el Congreso hasta que la Ley de Amnistía se apruebe definitivamente. Para eso resta menos de un mes, según casi todos los cálculos, y a partir de entonces habrá que negociar la "regeneración democrática" con otras divisas.
En principio, e incluso siendo la favorita del PSOE, la reforma más problemática es la del CGPJ, pero para aprobarla los socios soberanistas no se van a quedar callados.
En conversación con este diario, los distintos grupos parlamentarios de sensibilidades tanto nacionalistas como independentistas mencionan que están dispuestos a negociar su apoyo a cambio de "cuentas pendientes del Gobierno".
En estas comillas se enmarca todo, desde la reforma de la ley de secretos oficiales hasta la derogación (o reforma integral) de la ley mordaza. Esta última, no obstante, corre el riesgo de acabar como en la legislatura pasada, en un impasse en el que todos los grupos quieren cambiarla pero difieren en cómo hacerlo. Y acabar de nuevo en un cajón.