La percepción social de las instituciones regionales, así como la confianza que estas generan en la ciudadanía, juegan un papel fundamental para suscitar un entorno estable y previsible para el ecosistema económico. Cuando el marco legal y el trabajo ejecutivo promueven esa seguridad en empresas e individuos se incrementa sustancialmente la proclividad a la realización de inversiones y se fomenta la innovación y el desarrollo de actividades productivas.
Un trabajo en el que Galicia debe dar pasos adelante durante la recién estrenada legislatura, puesto que en este momento continúa en el grupo de comunidades españolas con una peor valoración sobre su calidad de gobierno. Así se desprende del noveno Informe de Cohesión Económica, Social y Territorial de la Unión Europea, en el que se introduce una evaluación sobre la calidad de gobierno en el nivel subestatal europeo realizado desde 2010 por la Universidad de Gotemburgo.
Se trata del Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI, por sus siglas en inglés) que permite valorar la imparcialidad, eficiencia y ausencia de corrupción, y cuenta con un importante impacto en la investigación sobre geografía económica, emprendimiento e innovación en las diferentes regiones europeas.
En su última actualización, Galicia se mantiene por debajo de la media del conjunto de regiones europeas, al igual que Cataluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Todas ellas, sin embargo, un escalón por encima de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, que registran las valoraciones sobre la calidad de sus gobiernos autonómicos más negativas. En el sentido opuesto, son Cantabria, Asturias, Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia las autonomías españolas mejor valoradas, situándose por encima del promedio de las regiones europeas.
El informe de la UE señala que el Ejecutivo gallego logró detener durante los últimos siete años el "deterioro" en la valoración de su labor de gobierno que se vio acentuada entre el 2010 y el 2017, cuando las consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008 se extendieron y se hicieron palpables en la práctica totalidad de hogares gallegos. La Xunta logró frenar esa tendencia, pero no ha logrado revertirla, manteniendo una evaluación de su actividad "estable" desde 2017 hasta 2024.
Más calidad en las regiones que a nivel estatal
Más allá del desempeño de las diferentes regiones, el informe publicado por la UE recuerda que, tal y como reflejó el Eurobarómetro del pasado año, los ciudadanos otorgan una mayor confianza a las autoridades regionales y locales –el 53% de los europeos creen en ellas– que a los Gobiernos estatales, a los que únicamente otorgan fiabilidad el 32% de los encuestados.
La percepción de la corrupción
Dentro de las tres dimensiones que engloba el EQI, la comunidad no logra posicionarse por encima de la media europea en ninguno de ellas. Sin embargo los ciudadanos valoran más positivamente la calidad de los servicios públicos, mientras que muestran percepciones y experiencias más negativas respecto a la corrupción y a la imparcialidad del Ejecutivo.
Además de la evaluación que los ciudadanos realizan de la labor de sus administraciones regionales, el informe realizado por los organismos comunitarios reflejan cuáles fueron las principales limitaciones identificadas por las empresas para llevar a cabo su actividad en un territorio determinado entre 2019 y 2021. En el caso gallego, las firmas señalan la dificultad para acceder a la financiación y la corrupción como las barreras más importantes. Así lo señalaron entre el 20 y el 30% de los encuestados.
Puede parecer un porcentaje muy elevado. Sin embargo, el Eurobarómetro de 2023 recogió que hasta el 63% de las empresas de la UE considera que "la corrupción está extendida" en sus países, y la mitad ve "poco probable" que los indiviuos o empresas responsables de esas corruptelas sean aprehendidos por la Justicia.
Preocupación por la contratación
Precisamente en torno a la relación de las diferentes compañías con las administraciones regionales, el informe de cohesión alerta sobre el latente peligro que suponen los procedimientos de contratación pública con un único ofertante o aquellos de contratación directa, los conocidos como contratos 'a dedo' en los que no existe siquiera licitación.
En el conjunto de España, este modelo de contratación sin concurso estuvo por debajo del 3% entre 2021 y 2022. Por el contrario, entre el 30 y el 40% de las licitaciones públicas promovidas por el Ejecutivo gallego contaron con una única oferta. Una situación que se dio en igual proporción en Asturias, Castilla y León, Cantabria, Euskadi y Madrid. Los procesos de licitación con un único postor ascendieron en el mismo periodo por encima del 40% en Murcia y la Comunidad Valenciana.
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