CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Panamá avanzaba en el juicio a los imputados en el caso "Papeles de Panamá", un escándalo destapado por mayor filtración de documentos secretos que sacó a la luz cómo los ricos y poderosos, jefes de Estado, dictadores y famosas personalidades ocultaban su dinero en paraísos fiscales, en el que están involucrados los fundadores del extinto bufete de abogados Mossack & Fonseca.
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, así como otras 25 personas, entre ellos, varios excolaboradores, enfrentan acusaciones por presunto blanqueo de capitales por el papel que tuvo del bufete panameño en dos casos de corrupción internacional cuyas interioridades afloraron tras la divulgación de las masivas filtraciones en 2016.
El juicio comenzó el lunes y está en la fase de pruebas testimoniales.
Los fiscales del caso acusan a los socios Mossack & Fonseca, a exdirectivos y abogados de haber creado una maraña de sociedades, que utilizaron cuentas bancarias y que mediante complejas transacciones se utilizaron supuestamente para "lavar" dinero de la empresa alemana Siemens AG. En diciembre de 2008, la compañía se declaró culpable ante un juez de Estados Unidos por violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Asimismo, son señalados de constituir sociedades anónimas y estructuras jurídicas y financieras para ocultar dinero procedente de actividades ilícitas vinculadas al caso "Lava Jato", que develó sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas, Odebrecht, a funcionarios de varios países de Latinoamérica para conseguir contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
De acuerdo con las investigaciones, la firma forense creó 44 sociedades, 31 de las cuales abrieron cuentas en Panamá para ocultar los dineros dudosos vinculados a esa trama en Brasil.
En julio del año pasado, la jueza del caso, Baloisa Marquínez, decidió acumular las dos investigaciones relacionadas con la empresa alemana y Lava Jato por considerar que tenía casi a las mismas personas imputadas y los mismos cargos.
El delito de blanqueo de capitales podría acarrear penas de cárcel de hasta 12 años, según la ley.
Fonseca, de 71 años, ha dicho previamente que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus clientes pudieran utilizar las sociedades o herramientas offshore que fueron creadas para ellos. Para él, el trabajo se circunscribía a la creación y venta de la sociedad, nada más. Este abogado no se ha presentado al juicio porque, según su defensa, está recluido en un hospital.
Mossack, un abogado de origen alemán de 76 años, dijo en un mensaje enviado el viernes a The Associated Press que "rechazamos categóricamente que hayamos cometido delito alguno, ni Mossack Fonseca ni las subsidiarias... Y esperamos que eso se pueda probar en el proceso. Si en verdad se hace justicia en nuestro caso, se nos tiene que absolver".
Ambos socios fueron detenidos en 2017 al ser imputados en el caso Lava Jato y recobraron la libertad tras pagar una fianza.
La firma, que ayudó a construir y vender alrededor de 240.000 sociedades en cuatro décadas de operación, según sus registros, anunció el cierre de operaciones dentro y fuera del país en marzo del 2018, casi dos años después de aflorar el escándalo.
"El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público... Después de 40 años", indicó entonces.
Fue un golpe certero a la imagen del país, internacionalmente conocido por brindar servicios financieros, navieros y comerciales.
Tras el escándalo, la Unión Europea incluyó a Panamá en una lista de países con llamados paraísos fiscales —de tributación baja u opacidad fiscal—, en tanto que organismos financieros internacionales de prevención —que exigen medidas para evitar el movimiento de dinero ilícito o que se utilice para actos de terrorismo— aumentaron su escrutinio sobre el sistema bancario y financiero del país centroamericano.
El negocio de las sociedades de papel, por otra parte, se desplomó. De acuerdo con cifras del sector, la creación de esas compañías cayó un 40% al cumplirse el primer aniversario del escándalo.
Las sociedades anónimas representan un instrumento de utilidad para las actividades comerciales en materia jurídica, fiscal, de seguros, entre otras, para el país, según los analistas.
Panamá impulsó casi de inmediato ajustes y cambios en su viejo régimen de las sociedades anónimas con el objetivo de que se conociese al beneficiario final o destinatario del dinero o bienes de estas compañías de papel y offshore. Para ello, se les exigió tener un registro contable en los domicilios en que tuviesen su operación dentro o fuera del país.
Los cambios también buscaban dar mayor responsabilidad a los llamados agentes residentes de esas sociedades —los abogados o firmas forenses— con el objetivo de que el país pueda responder a solicitudes de asistencia, tanto nacional como de otras jurisdicciones, sobre cualquier investigación.
El objetivo es que ahora ese agente le dé seguimiento a la sociedad, dijo a la AP Julio Aguirre, un reconocido experto y asesor financiero en Panamá.
"La ley no pedía que se le diera seguimiento, no había esa obligación legal", acotó en referencia al marco jurídico previo a los Papeles de Panamá.
Las regulaciones previas también limitaban a los bancos conocer los custodios o administradores de las cuentas, lo que también cambió en el país, mencionó. "Le crearon al banco el vehículo para obtener esa información".