La oposición comenzó su batalla para voltear el DNU y no está lejos de lograrlo. Mientras el gobierno apuraba la presentación de su nueva Ley Ómnibus, Unión por la Patria, la izquierda, el socialismo y parte del radicalismo daban una muestra de fuerza en la Cámara de Diputados, en donde convocaron a más de una decena de constitucionalistas que coincidieron, todos, en un mismo punto: el DNU 70/2023 de Javier Milei era nulo de nulidad absoluta e insanable. Con distintos argumentos, los especialistas le dieron a la oposición dura la masa crítica necesaria para rechazar el decretazo desregulador que, entre otras cosas, liberó el valor de las prepagas y los contratos de alquiler. El verdadero mensaje, sin embargo, era la foto. Allí estaban unos cinco diputados radicales alineados con Facundo Manes dando el presente en un gesto que no era sino una advertencia: "El DNU se va a caer, nos faltan solo unos pocos votos".
Desde que el Senado rechazó, hace casi un mes, el mega DNU de Milei, el titular de la bancada de UxP, Germán Martínez, viene trabajando con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y un sector del radicalismo para terminar de enterrar el decretazo refundacional de Javier Milei. Un trabajo silencioso y desconfiado que depende, básicamente, de la cantidad de enojo y malestar que el presidente pueda despertar en los gobernadores y la UCR. En la Cámara de Diputados existe un piso de 109 votos en contra - los 99 de UxP, los 5 del FIT, Natalia de la Sota, los dos socialistas santafesinos y los dos santacruceños que responden a Claudio Vidal - que, para poder garantizarse un rechazo seguro, necesitan un mínimo de 20 voluntades más para llegar al quórum. En este contexto, la presencia de cinco diputados radicales en el encuentro con especialistas organizado por UxP fue toda una señal.
Pablo Juliano y Pablo Manes ya habían manifestado su rechazo al gobierno votando en contra de la Ley Ómnibus en general, pero la novedad fue que lograron arrastrar a otros cuatro legisladores en un asamblea de debate que tenía como objetivo explicar por qué el DNU 70/2023 era inconstitucional. Allí estaban los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizotti, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli, así como el propio Juliano. En el entorno de Manes - que no estaba presente porque estaba de viaje - contabilizan unos 7 votos radicales contra el DNU que, de sumarse a los 6 diputados de Evolución (que responden a Martín Lousteau), dejaría a la oposición dura con una base de 122 votos. A esos 122 habría que sumarle el de Margarita Stolbizer (de Hacemos Coalición Federal, como De la Sota y los socialistas) y el rionegrino Agustín Domingo (que responde al gobernador Alberto Weretilneck).
Es decir que la oposición está a unos cinco votos de hacerse con el número para voltear el DNU. En la conducción de UxP ponen paños fríos y advierten que no hay que confiarse, ya que temen que algunas voluntades se traduzcan efectivamente en quórum (en la línea más dura de la UCR, por ejemplo, aseguran que cuentan con más de 15 votos en contra). Necesitan estar seguros porque un exceso de optimismo podría salirle por la culata. Los números, sin embargo, son cada vez más proclives al rechazo y son varios los que en UxP y la izquierda que analizan la posibilidad de convocar una sesión en la brevedad. El desafío es encontrar el momento ideal. "Esto es paso a paso", repiten en UxP.
Nulo de nulidad absoluta
En pos de sumar masa crítica contra el DNU que sostiene la liberalización de las prepagas, la derogación de decenas de leyes y una reforma laboral que disminuye indemnizaciones y limita el ejercicio a la huelga (hoy suspendido por la Justicia), UxP, el FIT y el socialismo convocaron a una veintena de especialistas que coincidieron, todos, en la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. "No nos reunimos para atacar a un gobierno, sino para defender la Constitución", comenzó el socialista Esteban Paulón, que se encargó de conducir la jornada junto Myriam Bregman (FIT), Leopoldo Moreau (UxP) y Carolina Gaillard (UxP). El encuentro, sin embargo, terminó teniendo que transmitirse vía la cuenta de Instagram de Cecilia Moreau porque, a la media hora de que comenzara, se suspendió la trasmisión oficial de la Cámara de Diputados. Los diputados pegaron un grito al cielo y acusaron directamente a Martín Menem de querer censurar el encuentro.
"En un nuevo acto de intolerancia la Cámara de Diputados interrumpió la transmisión por Youtube del encuentro con constitucionalistas por el DNU 70/2023. Horrible", tuiteó Germán Martínez, arrobando al presidente de la Cámara de Diputados. "Estamos exponiendo en la Cámara de Diputados con una convocatoria plural y las autoridades libertarias cortaron la transmisión digital. Esto es fascismo explícito", cuestionó, por otro lado, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que acababa de exponer en la reunión. Más allá del percance - que el oficialismo terminó justificando bajo el argumento de que se le había dado "prioridad" a la conformación de comisiones -, el encuentro terminó desarrollándose durante más de cinco horas.
El primero en tomar la palabra fue Gil Domínguez. "Delegar facultades legislativas está prohibido por la Constitución como traición a la Patria. Desde la perspectiva constitucional convencional es nulo de nulidad absoluta e insanable. La intención del Presidente es sustituir al Congreso", denunció el constitucionalista, que ya había presentado un amparo contra el DNU 70/2023 y que, como muchos de los especialistas que lo siguieron, acusó al gobierno de llevar a cabo "un intento de reforma constitucional encubierta".
"No hay necesidad ni urgencia ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un disparate", sumó la profesora de Derecho, Beatriz Rajland, que acusó al gobierno de querer otorgarse "la suma del poder político con el objetivo de imponer un proyecto político sin debate". "Lo que estamos presenciando es concretamente una detonación del sistema constitucional de la Argentina", cuestionó el constitucionalista Gustavo Ferreyra.
Otros, como Eduardo Barcesat, fueron más allá y dijeron que la publicación del DNU era motivo suficiente para pedir un juicio político contra el Presidente. Barcesat, de paso, pidió también que se realizara un "análisis de las facultades mentales del presidente": "Decir que un Estado es una asociación criminal no condice con alguien que ejerce la presidencia".
Uno de los últimos en tomar la palabra fue el abogado y ex legislador riojano Jorge Yoma: "Volteen este decreto, den la señal que necesita la sociedad de que hay un poder legislativo que defiende la República, la calidad de vida y la dignidad del pueblo", le pidió a los diputados que, al final del encuentro, se comprometieron a hacer eso mismo.