Las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las denominadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).
El dictamen establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Además, se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.
"Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta".
Aclara que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.
Al respecto, el senador de Morena, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito: "creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal".
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Mientras que el senador de Morena, Reyes Flores adelantó su voto en contra del dictamen por considerar que es un exceso el tipo penal que se propone, además que no existe un elemento de "dolo" por parte de los padres de familia "yo creo que un padre nunca comete una acción de este tipo para causarle un daño a su hijo", refirió.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, aseveró que esta reforma es un asunto de libertades, de derechos y de igualdad, pues busca erradicar una tortura que va en contra de la dignidad humana y de la integridad de las personas; "no hay nada que curar", enfatizó.
En la reunión no estuvieron los senadores del PAN, PRI y PRD.
EAM