El Banco de España entra de lleno en el debate sobre el recorte de la jornada legal de 40 horas a 37,5 horas semanales y lo hace con una advertencia: si se hace de manera homogénea, puede tener grandes consecuencias sobre el tejido productivo y en determinados sectores, por lo que la misma solución no se podría aplicar a toda la economía.
En su Informe anual sobre la economía española, correspondiente a 2023 y que cuenta con un capítulo dedicado a la evolución del mercado laboral, la entidad apunta a que existe una «tendencia secular decreciente» en cuanto a la duración del tiempo de trabajo, a pesar de que se mantenga desde 1983 en las cuarenta horas legales, como establece el Estatuto de los Trabajadores.
Desde entonces, no ha dejado de caer. Según los datos de la Encuesta de Población Activa que recoge el Banco de España, entre 2005 y 2023 se ha reducido la duración de las horas semanales en el empleo principal y a jornada completa en 48 minutos, hasta las 38,9 horas semanales. En estos mismos 18 años, las horas efectivas de trabajo se han reducido hasta las 33,1 horas semanales.
«Esta reducción debe entenderse como parte de un proceso tendencial que, tanto en España como a escala global, responde fundamentalmente a diversos factores de índole estructural, como el aumento de peso en la actividad de las ramas de servicios, la mayor participación laboral femenina y el aumento de la ratio de parcialidad, así como las mejoras de productividad que se han derivado, principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos», argumenta el supervisor.
Ahora bien, de cara al debate actual sobre el recorte de la jornada legal que ha abierto el Gobierno de coalición, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como principal impulsora, los responsables del Banco piden cautela: de momento la evidencia es «anecdótica» y se basa en algunas empresas que han adoptado jornadas de cuatro días, por ejemplo.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, detalló en un encuentro con medios de comunicación que las fórmulas que pueden funcionar para algunos de los sectores y empresas, pueden no funcionar lo mismo, lo que hace crucial el papel de la negociación colectiva y que haya flexibilidad suficiente dentro de la regulación para trasladar la normativa al tejido productivo.
«La caída observada en la duración de la jornada laboral media ha sido muy heterogénea por sectores y empresas, lo que ha permitido que dicha jornada se adecuase a las características específicas de las empresas, a sus efectos desiguales sobre la productividad y los costes laborales y a las preferencias de los trabajadores», justifica el documento.
Y es precisamente esa heterogeneidad la que debe mantenerse «si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad».
Las patronales y los sindicatos se encuentran ahora mismo negociando cómo trasladar ese recorte de la jornada legal a la economía, más allá de los convenios colectivos que ya recogen esa jornada inferior a las 37,5 horas.
Como ya informó ECONOMÍA DIGITAL, fuentes sindicales confirmaron que se han producido avances en la mesa técnica en la que se sientan los representantes de los trabajadores y de las empresas, aunque las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, el tercer asiento en esa mesa, están paralizadas, de momento. Fuentes de la negociación creen que la patronal no cerrará un acuerdo de esta clase con los sindicatos y menos con el Gobierno antes de que pasen las elecciones europeas del 9 de junio, ya que eso supondría un balón de oxígeno para las aspiraciones de Díaz y su partido, Sumar.