El Gobierno de Mauricio Macri volvió a meter la pata y a intentar salir del paso con elegancia.
El Gobierno eliminó 170.000 pensiones por invalidez, otorgadas por el kirchnerismo, con lo que levantó las protestas de quienes se vieron damnificados y de quienes hacharon el árbol en el suelo, como es de rigor.
Veloz de unos reflejos que debería lucir antes, en política como en el fútbol la anticipación lo es casi todo, el gobierno dio marcha atrás y ahora promete revisar lo que debió haber revisado.
Los suspicaces de siempre, una cofradía de peso en el tejido social y político del país, sugieren con deleitada malicia que cuando un yerro se repite siempre hacia un sector, los que menos tienen, el patrón de error pasa a ser política de Estado.
Estos chicos, los suspicaces, son incorregibles. Lucen algo de paranoia también. Pero en la Argentina, la paranoia casi siempre tiene razón.
¿Qué dejó el entredicho entre el Gobierno y sus críticos? Una serie de cifras, de datos y de mensajes cruzados que se arrojaron al caldero siempre hirviente en el país de la sospecha, de la confusión, del desconcierto.
Dice el Gobierno que el drama no es el dinero, que Desarrollo Social es un descalabro y que hay miles de beneficios otorgados a quienes no lo necesitaban.
El titular de las Pensiones Asistenciales esgrimió una cifra de terror: en 2003, al llegar Néstor Kirchner a la presidencia, esas pensiones eran 180.000.
Pero entre 2003 y 2015 se decuplicaron y pasaron a ser 1.800.000.
O antes no se habían dado pensiones a inválidos y el kirchnerismo llenó ese hueco, o en cambio se otorgaron pensiones a quienes no la merecían, o en esos diez años una plaga inadvertida castigó al país con una furia implacable.
La ex presidente Cristina Fernández, ella sí rápida de reflejos, se expresó en las redes so- ciales con un dramático: "Basta. Sinvergüenzas".
Lo dicho, la medida es todo. Pero el gobierno le respondió, ágil esta vez, que en el último año de su presidencia, "se dieron de baja 165.800" beneficios. Casi la misma cifra por la que ahora Fernández puso el grito en el cielo.
La pregunta es, ¿va a quedar todo en entredicho? ¿No hay manera de demostrar que las cifras que esgrimen Gobierno y oposición son auténticas o falsas, y cuáles son las auténticas y cuáles las falsas?
Al más puro estilo argentino, ¿se va a tapar todo con el manto del enredo? ¿Cuál es el costo político de la transparencia?
Un pueblo cordobés, Guanaco Muerto, vaya nombre, de 554 habitantes, dio 480 pensiones por invalidez; es el noventa por ciento de la población. Es un numerito.
El intendente, otro ágil, aclaró: en realidad los habitantes son 699. Y el área de cobertura de su ejido comunal alcanza a unas 1.800 personas.
Eso deja tranquilo a cualquiera.