Este lunes 29 de abril, el Juzgado de Letras de San Bernardo emitió una orden de arresto por tres días contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) en el marco de un juicio laboral por la deuda de cerca de 108 millones de pesos a un grupo de cinco funcionarios que cumplían su rol como guardias.
El asunto, que complica la carrera del socialista para reelegirse, se suma a la extensa lista de autoridades municipales que enfrentan investigaciones judiciales.
Según reveló La Tercera en diciembre, existen al menos 642 casos abiertos por el Ministerio Público relacionados con presuntos delitos de malversación y fraude al Fisco que involucran a alcaldes y funcionarios municipales. Sin embargo, no se limita solo a eso, ya que en los últimos meses también varios alcaldes han sido condenados por delitos de acoso y abuso sexual.
Hasta la fecha, casos emblemáticos como los del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), el de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), o la exalcaldesa de Maipú, Kathy Barriga (Ind-UDI), han captado la atención pública debido a su notoriedad o a las altas sumas presuntamente defraudadas. Pero no son los únicos, toda vez que han ido surgiendo otros casos donde las máximas autoridades comunales han sido formalizados e incluso han recibido medidas cautelares mientras continúan desempeñando sus funciones municipales.
Así por ejemplo, en el Juzgado de Garantía de San Antonio se formalizó a inicios de año al alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI), quien fue detenido por la Policía de Investigaciones en medio de una investigación sobre un desfalco millonario que afecta a su municipio. El alcalde, quien se encontraba con licencia médica por 15 días, fue detenido en el antiguo camino a Cartagena, en la comuna de San Antonio, quedando luego en prisión preventiva. La fiscalía investiga transferencias fraudulentas en las que se vio involucrado que ascenderían a $1.069.383.196.
También en la región de Valparaíso, la actual alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio (ind.) permanece con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Se le acusó de estafar a comités de vivienda de la comuna de Cabildo y de la localidad nogalina de El Melón por un total de $170 millones. En la misma causa, también fueron formalizados la exconcejala Isabel Zamora y el arquitecto Mauricio Torres. Hace dos semanas, Osorio fue acusada de incumplir el arresto domiciliario por asistir al Casino Enjoy de Rinconada, según denunciaron diputados del Frente Amplio.
Más al sur, la Fiscalía Regional de O'Higgins formalizó al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex PS), por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno. En el marco de esa investigación hace tres semanas quedó con prisión preventiva. La investigación contra el edil comenzó después de que un informe de Contraloría, en diciembre de 2022, detectara irregularidades en compras públicas. Se descubrieron pagos por servicios no realizados, pagos excesivos, multas no aplicadas, negociaciones directas y adjudicaciones de licitaciones fuera de norma. Según el Ministerio Público, el monto defraudado ascendería a $2.300 millones.
Acoso y abuso sexual
Pero no solo han sido casos por irregularidades en el uso del presupuesto municipal los que se han conocido este último tiempo. Las fiscalías también investigan varias denuncias por abusos y acoso sexual que involucra a autoridades municipales, varias de ellos hacia el sur del país.
Este martes, alrededor de las 16:00 horas, el Juzgado de Garantía de Laja emitió sentencia contra el alcalde de esa comuna, Roberto Quintana (ind.), condenándolo por acoso sexual. El tribunal impuso una sentencia de 40 días de presidio (en libertad condicional debido a su "irreprochable conducta anterior"), además del pago de una multa de 5 UTM, equivalente a unos 325 mil pesos. Además, se le suspendió de su cargo durante el tiempo de la condena, que comenzará cuando la sentencia esté firme.
Quintana fue llevado ante la justicia tras una denuncia presentada por una funcionaria del Departamento de Tránsito del municipio. Como prueba, la trabajadora mostró un video grabado por ella misma en agosto de 2021, donde se observa al alcalde besándola en contra de su voluntad en múltiples ocasiones.
Una situación similar enfrenta el alcalde de Cunco (La Araucanía), Alfonso Coke (ind.), quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi diez días por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco tras ser formalizado por abuso sexual reiterado contra funcionarias de la municipalidad. Este caso involucra cargos contra el alcalde como autor, aprovechándose de su posición jerárquica. Hasta la fecha, no se ha definido quién ocupará su puesto en la alcaldía.
En el Biobío, en tanto, el 5 de marzo la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción decidió mantener la prisión preventiva de Juan Carlos Reinao (ex PPD), rechazando la apelación presentada por la Defensoría Penal Pública para revertir la medida cautelar impuesta al edil. Reinao está acusado de delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto. Tras su formalización en noviembre del año pasado permaneció prófugo durante nueve días antes de ser arrestado.
Asimismo, otros alcaldes se encuentran bajo el ojo de la fiscalía como el caso Cesfam en la Municipalidad de Las Condes, encabezada por Daniela Peñaloza (UDI); el caso Sierra Bella de la Municipalidad de Santiago liderado por la edil Irací Hassler (PC); o el caso Farmacias Populares, que involucra a la máxima autoridad edilicia, Daniel Jadue (PC), con una fiscalía que le imputa presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, y cuya fecha de formalización está fijada para el miércoles 29 de mayo.