El dirigente sindical y diputado de UxP Mario "Paco" Manrique expresó preocupación ante la crisis económica y laboral en Argentina: "Ningún proyecto aborda la creación de empleo". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), aseguró que "no se pueden hacer reglamentaciones con un Estado ausente".
Mario "Paco" Manrique es el secretario adjunto de SMATA, secretario gremial de la CGT y diputado de Unión por la Patria.
¿Qué expectativa tiene sobre la reunión de hoy con el Gobierno?
Es necesario plantear al Gobierno nuestras discrepancias respecto a la situación actual en Argentina. No solo estamos preocupados por la situación laboral, sino también por la situación económica en general. La economía entró en recesión y muchas actividades están sufriendo debido a la falta de actividad en el mercado interno. Esto está generando un aumento en los conflictos laborales y, si no se toman medidas adecuadas, es probable que conduzca a un paro general. Esperamos que el Gobierno comprenda la necesidad de cambiar su enfoque. Sin cambios significativos, no habrá solución posible.
¿Qué cambios debería producir el Gobierno para que no se produzca el próximo paro general que se viene gestando?
Entiendo que la realización de un paro general es una decisión que debemos analizar con detenimiento junto a mis compañeros. Es necesario considerar que, incluso cuando nos reunimos con un ministro que puede mostrar buena voluntad, sus acciones pueden verse obstaculizadas por otros funcionarios del Gobierno, como hemos visto en el pasado durante discusiones sobre leyes importantes. Pero el paro general es un hecho.
Los cambios repentinos de postura por parte del oficialismo dificultan cualquier intento de consenso o avance. Sin embargo, las relaciones podrían mejorar si el Gobierno muestra un cambio real de actitud a través de decisiones concretas. No basta con palabras o promesas, es necesario que demuestre con acciones su voluntad de adoptar un enfoque diferente.
¿Para cuándo podría ser ese paro general?
Eso se debatirá mañana, hay algunos que quieren hacer el pasto antes de la movilización, otros que tiene que ser posterior. Sería entre la última semana de abril o la primera de mayo.
La reforma laboral y el crecimiento de la pobreza
Alejandro Gomel: ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a la reforma laboral?
Hay varios proyectos de reforma laboral en discusión, algunos más profundos que otros, pero todos con un enfoque similar: reducir costos para los empleadores. Estos proyectos, como el de la Unión Cívica Radical, se centran en reducir multas, ampliar períodos de prueba y modificar el fondo de desempleo. Sin embargo, ninguno de ellos aborda la creación de empleo. Más bien, se centran en facilitar la terminación de contratos y en cómo hacer más económico para los empleadores despedir a los trabajadores. No se discute cómo fomentar la producción o generar más oportunidades laborales. Los argumentos sobre la creación de empleo suelen ser ficticios y no se abordan las necesidades reales de los trabajadores.
Algunos analistas comparan la situación actual con la crisis del año 2002 y señalan que, a pesar de la caída del consumo, hubo una recuperación económica en ese entonces. Sin embargo, destacan una diferencia crucial: mientras que en 2002 el desempleo era alto, hoy en día la tasa de desempleo es relativamente baja. En lugar de enfocarse en emplear a personas desempleadas, el desafío parece ser cómo formalizar el empleo informal. Esto implica pasar de empleados en negro a empleados formales, lo cual es más complicado que simplemente generar nuevos empleos. ¿Es así?
Ciertamente la formalización del empleo informal es una parte crucial del problema que enfrentamos. Pero no solo necesitamos encontrar formas de regularizar la situación de los trabajadores informales y ajustarla a la legislación vigente, sino que también es fundamental recuperar el poder adquisitivo.
Como mencionaste, en nuestro gobierno hemos visto un aumento del empleo acompañado de un crecimiento de la pobreza, lo que indica la existencia de trabajadores formales que aún se encuentran en situación de pobreza. Este fenómeno es preocupante y reconozco que como sindicato no hemos encontrado una solución efectiva hasta el momento. Sin embargo, creo que podemos abordar esta cuestión sin necesidad de reformar leyes o implementar nuevas legislaciones. Los convenios colectivos de trabajo son herramientas efectivas para mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por ejemplo, que Roberto Lavagna, cuando fue candidato a presidente, había propuesto que los nuevos empleos tuviesen determinada diferencia respecto a los viejos, lo que no generaría pérdida de derechos a los que ya están empleados. ¿Lo recuerda?
Todo es discutible y analizable. Es cierto que una opción sería modificar las leyes laborales para abordar la problemática de la informalidad, pero debemos ser conscientes de las posibles consecuencias. En el mundo laboral, la realidad es que los empresarios podrían aprovechar esta flexibilidad para reciclar a los trabajadores, entonces echan a los más antiguos y toman a los nuevos.
Es fundamental estudiar a fondo estos mecanismos y establecer garantías adecuadas para proteger a los trabajadores actuales en sus empleos. Si se discuten nuevas formas de contratación, deben ser evaluadas en función de su coherencia con la realidad laboral y sus objetivos a largo plazo.
Es importante comprender que no existen soluciones rápidas o milagrosas. La creación de empleo es un proceso complejo que depende de diversos factores, como la situación económica interna y la regulación estatal. En ese sentido, no se pueden hacer reglamentaciones con un Estado ausente, cualquier cambio legislativo podría resultar ineficaz.
Ahora le pregunto más como diputado que como sindicalista: ¿Qué opina de los sectores del peronismo, como los diputados tucumanos y quizá los catamarqueños, que están con una mayor cercanía al Gobierno?
Los gobernadores enfrentan problemáticas particulares en sus provincias, pero también están limitados por los intereses sectoriales y la falta de una visión federal más amplia.
Esta situación los está llevando a una crisis económica que los obliga a tomar decisiones difíciles y explicarlas a sus ciudadanos. La realidad nacional es compleja y, aunque los gobernadores pueden tomar acuerdos temporales, la falta de un rumbo claro a largo plazo afecta a todos.
Incluso medidas que puedan beneficiar a una provincia en el corto plazo pueden quedar obsoletas rápidamente si el Presidente quiere cambiar las reglas del juego, como ocurrió con la Ley Ómnibus.
AG: ¿Qué opina con respecto al nuevo piso en el Impuesto a las Ganancias y las modificaciones que se pretenden llevar adelante?
Sí, desde mi perspectiva como dirigente sindical y legislador, es inaceptable. Creo firmemente que la CGT debe mantenerse firme en este aspecto. El reclamo por el Impuesto a las Ganancias ha sido una demanda constante durante muchos años, incluso bajo nuestros propios gobiernos.
Una vez que alcanzamos ese objetivo, no podemos renunciar a él por una negociación económica, especialmente cuando existen otras formas de encontrar recursos para ayudar a las provincias. Esto es algo que los gobernadores pueden no comprender completamente.
Podemos buscar alternativas, como revivir el antiguo fondo sojero y revisar las retenciones, además de considerar proyectos de ley para reemplazar los ingresos perdidos por la eliminación del Impuesto a las Ganancias o el Impuesto PAIS, que también afecta a las industrias no competitivas globalmente. Estas medidas podrían aumentar la recaudación del Estado y permitir una distribución más equitativa de los recursos.
Sin embargo, la política actual parece estar enfocada en debilitar ciertas estructuras, incluida la CGT, así como en enfrentarse a los gobernadores, que representan obstáculos significativos para la implementación de la política del gobierno.
Actualmente, se nos distrae con debates sobre la Ley Bases y otras medidas, pero la verdadera amenaza proviene de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Si no volteamos el DNU, todo lo que discutamos no tiene sentido, ya que le otorga al Presidente una herramienta por fuera del Estado constitucional para que pueda manejar a la Argentina a su antojo y sin límites.
La inconstitucionalidad del DNU
Entonces, si la oposición en la Cámara de Diputados no cuenta con la mayoría necesaria para rechazar el DNU, similar a lo que ocurrió en el Senado, ¿considera que el curso de acción debería ser apelar a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una revisión de la inconstitucionalidad del DNU en un plazo más o menos perentorio?
La Corte Suprema ya dio a entender que este tema debe ser resuelto por la política. Incluso el amparo que se presentó ante la justicia laboral sobre el cuarto capítulo específica que la medida es temporal hasta que se resuelva en el ámbito legislativo. Esto significa que si el DNU es aprobado en el ámbito legislativo, tendrá vigencia.
La Justicia está mirando desde un costado la temperatura social y está demorando demasiado en tomar una decisión. Ayer en Diputados convocamos a una reunión en la que participaron constitucionalistas de diferentes vertientes, y todos coincidieron en que el DNU es totalmente inconstitucional y debe ser declarado nulo.
Creo que por eso tampoco cuentan con los votos necesarios. Estamos tratando de convocar a una sesión extraordinaria para abordar este tema, y aquellos que no estén dispuestos a sesionar estarán dejando en claro cuál es su postura. Si logramos reunir el quórum necesario, intentaremos anular el DNU.
AO JL