Los EGA se han venido celebrando desde el 20 de julio de 2017 hasta el 21 de diciembre de dicho año 2017. El proyecto de ley es la primera y revolucionaria herramienta a poner en marcha en una "hoja de ruta", delineada por el Gobierno de Emmanuel Macron en tres ejes estratégicos: garantizar la soberanía alimentaria en este país, promover opciones de alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente y reducir las desigualdades en el acceso a los alimentos sostenibles y de calidad.
En primer lugar, el proyecto de ley apunta a la mejora del equilibrio de las relaciones comerciales entre los actores de la cadena de valor agrícola y alimentario. Para el departamento que dirige el ministro Stéphane Travert, se trata de "garantizar la soberanía alimentaria, preservando la capacidad de producción agrícola y una remuneración justa de los agricultores."
¿Y cómo se logra ese objetivo? Pues, en apariencia, fácilmente: revirtiendo el proceso de remuneración a los agricultores, haciéndole depender de sus costes de producción efectivos, con el objetivo de garantizar un mejor reparto del valor añadido creado entre los distintos actores. En concreto, se señala que "el proceso de construcción del precio pagado a los agricultores se invierte y ahora depende de los costos de producción de los productores. El contrato y el precio asociado serán ofrecidos por el vendedor (artículos 1 a 3). Al contrario, de lo que sucede ahora.
El Ejecutivo galo, tra vés del Ministerio de Agricultura y Alimentación (http://agriculture.gouv.fr/) recuerda que "los 400.000 productores agrícolas con que cuenta Francia tienen en la actualidad un poder de negociación muy limitado frente a los 15.000 empresas del sector industrial transformador y frene a una distribución todavía muy concentrada y que está afrontando los desafíos del auge del comercio por Internet."
La reapertura de las negociaciones se facilita en el caso de un cambio en los costos de producción en un corto periodo de tiempo (artículo 6). El objetivo es simplificar las renegociaciones para no permanecer en situación de bloqueo.
El umbral de reventa con pérdidas se incrementa un 10% y las promociones enmarcadas. La cláusula 9 faculta al Gobierno para hacer ambos pedidos por un periodo de dos años. El objetivo es luchar contra la deflación de precios y garantizar una distribución justa del valor.
Abusivamente bajos
La futura ley, por tanto, pretende combatir de forma amplia y reforzada los precios "abusivamente bajos" (artículo 10), así como la "venta a pérdidas" o las "superpromociones", con el fin de poner fin a la "guerra de precios" entre los grandes distribuidores, "que ha llevado al empobrecimiento de los productores y debilitado a sectores enteros de la industria agroalimentaria francesa."
También pretende facilitar y reforzar la mediación agrícola en la gestión de los conflictos comerciales y ampliar las funciones de las organizaciones de productores y de las interprofesionales (artículos 4 y 5) para facilitar la gestión de las disputas y brindar apoyo metodológico a productores y organizaciones de productores (OPs) en un intento de reequilibrar la negociación comercial.
En segundo lugar, el proyecto de ley busca fortalecer la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos alimentarios para una dieta sana, de calidad y sostenible. Refleja la voluntad del Gobierno francés de llevar adelante una política alimentaria que favorezca elecciones que conserven el capital de salud de cada uno y el capital ambiental de todos.
Al respecto, señala que en la comercialización de fitosanitarios, las actividades de venta y consultoría son independientes, estando el sistema de certificados de ahorro de estos productos asegurado (por prescripción). Además, se prohíben los descuentos y rebajas a la hora de vender estos productos (artículos 14 y 15)..
En este ámbito, se fortalecen las facultades de investigación y se promoverá una mayor eficiencia de los controles oficiales de protección de la salud, protección animal y seguridad alimentaria (artículo 15).
Bienestar animal
Punto central del Gobierno Macron es el compromiso de luchar, endureciendo las sanciones, contra el maltrato y el sufrimiento animal, duplicando las penas. Las asociaciones que defienden el bienestar de los animales pueden entablar una acción civil en los casos punibles, en virtud del Código Rural y la Pesca Marítima, que sean descubiertos tras un control oficial. El objetivo es, por tanto, fortalecer los poderes sancionadores en el campo del bienestar animal.
Desperdicio alimentario
Por último, en tercer lugar, el proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar a todos el acceso a una dieta saludable, segura y sostenible. El Gobierno francés esta convirtiendo la política alimentaria en un motor para reducir las desigualdades sociales.
Por ejemplo, se pretende que la restauración colectiva pública sea una palanca para la mejora de la calidad y para reducir los desperdicios de alimentos, limitando sus consecuencias medioambientales. Por eso, deberá comprar al menos el 50% de los alimentos procedentes de la agricultura ecológica, local o amparada por labels o signos de calidad desde el 1 de enero de 2022 (artículo 11).
El desperdicio de alimentos se reduce en la restauración colectiva mediante la introducción de un diagnóstico obligatorio y la donación de alimentos, que se extiende a la restauración colectiva y a la industria alimentaria (artículos 12 y 15). El objetivo será luchar contra la inseguridad alimentaria y limitar las consecuencias ambientales de los residuos.
Por tanto, en el fondo, se trata de toda una revolución de la legislación agroalimentaria "a la francesa", que habrá que ver en qué se concreta finalmente.