La crisis en Ecuador ya no es sólo sobre seguridad interna. La tensión en el país por el combate del crimen organizado que desafía al gobierno de Daniel Noboa también afronta el asesinato de un segundo alcalde, la falta de agua y una serie de apagones que obligó la suspensión de actividades laborales desde este 18 hasta el 19 abril. Todo ello, en la víspera de la consulta popular y referendo, en los que la nación decidirá cómo salir del complejo panorama.
La zozobra reina y la profundiza el nuevo ataque contra José Sánchez, alcalde de la localidad Camilo Ponce Enríquez, este miércoles, 17 de abril, mientras realizaba actividad física en el sector Nueva Ponce en la provincia de Azuay. En el hecho, además, murió uno de sus custodios.
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La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) está en shock. El asesinato Sánchez, quien luchaba contra la minería ilegal, ocurre tres semanas después del perpetrado contra Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí.
Ambas muertes presionan a Noboa, al coincidir con la declaración de emergencia del sistema eléctrico nacional por 60 días e implicará la suspensión del servicio desde la Costa hasta la Amazonía.
Desde la presidencia se alega que hay "actos inauditos de corrupción y negligencia" conllevaron a la crisis energética. De hecho, un informe del ministro de Energía, Roberto Luque, arroja "indicios de que funcionarios de alto nivel", entre ellos, la exministra, Andrea Arrobo, ocultaron de forma intencional un déficit de 22 y 27 GWh por día en varias hidroeléctricas.
Urnas para conciliar
La vía para intentar encontrar una salida a la crisis generalizada en Ecuador a corto plazo es la consulta popular -sobre reformas y temas de interés nacional – y referendo -para autorizar cambios a la Constitución- que se efectuará este domingo 21 de abril.
El país decidirá en la jornada si acepta o rechaza los cambios que propone Noboa, a través de 11 preguntas enfocadas en materia de seguridad, justicia, empleo e incluso, los arbitrajes internacionales.
En concreto, los electores recibirán una papeleta en los puntos de votación dividida en seis preguntas de referendo y cinco para consulta popular.
En el caso del referendo, quienes acudan a las urnas responderán si las Fuerzas Armadas deben participar en la seguridad interna y apoyar a la Policía como promueve el mandatario. También responderán si están de acuerdo con el incremento de las penas en delitos graves, la extradición de ecuatorianos y el trabajo por horas.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador ya aprobó la realización de los procesos en simultáneo argumentando que ambos son "mecanismos de participación ciudadana en los que a través del voto se decide sobre cambios legales y constitucionales".
Sin embargo, hay diferencias entre ellos. El referendo sólo es posible para reformas o enmiendas a la Constitución que no afectan la estructura fundamental del Estado ni restringen los derechos y garantías. Mientras, la consulta popular permite al presidente consultar sobre temas que estime convenientes y sean de interés nacional incluyendo reformas legales. Diana Atamaint, presidenta del ente, afirma que hay garantías de suministro eléctrico.
#ATENCIÓN
Diana Atamaint, presidenta de Consejo Nacional Electoral, informa que todas las delegaciones provinciales han contratado generadores de energía de cara a la consulta popular, además, manifestó: "El presidente Daniel Noboa ha garantizado que no habrá apagones el… pic.twitter.com/BpvWCUDGsR— Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) April 18, 2024
Consulta con impacto
Los resultados de la cita comicial serán cruciales para la economía de Ecuador considerando que las proyecciones de crecimiento del Banco Mundial para el país en 2024 son desalentadoras. El pronóstico de la nación andina pasó pasó 1,9 % en octubre a 0,7 % este mes después de la ola de ataques de las bandas organizadas y los toques de queda.
La desaceleración levanta alertas en el organismo internacional debido a las restricciones de liquidez al déficit financiero que registra la nación.
Si bien el Presupuesto General del Estado que rige para el 2024 estima gastos de 33296 millones de dólares, la cifra representa gastos adicionales por 602 millones de dólares, al compararlo con el presupuesto del 31 de diciembre del 2023 y de 1794 millones más oneroso, si se lo compara con el presupuesto inicial de enero del 2023.
Los incrementos en medio de la crisis de Ecuador aprietan al Ejecutivo, cuando hay un déficit de 5500 millones de dólares en las arcas estatales, atrasos por otros 4.000 millones de dólares y necesidades de pago de deuda por 5000 millones más.