Aragón envía a la Fiscalía la compra de las 10.000 mascarillas defectuosas para reclamar el dinero a la empresa
La consejera de Bienestar Social asegura que el Ejecutivo cumple con su "obligación" y critica la "inacción" del anterior Gobierno del socialista Javier Lambán por no ir a los tribunales.
El caso de las 10.000 mascarillas defectuosas que el Gobierno de Aragón adquirió en abril de 2020, en lo más duro de la pandemia, va a llegar a la Fiscalía para que que se esclarezcan los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales y civiles en cuanto que pueden ser constitutivos de un delito de estafa.
La consejera de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, Carmen Susín, ha anunciado este martes que se va a trasladar el expediente de la compra al Ministerio Público con la intención de reclamar los 25.382 euros que se abonaron por unas protecciones faciales con una supuesta certificación FFP2 que resultaron no tener ese nivel de protección.
Susín ha criticado la "inacción" del anterior gobierno regional, liderado por el socialista Javier Lambán, por no haber pleiteado en los tribunales por este dinero público pese a que así se lo advirtió a la empresa, que era Escrown Trust Europe Foundation, perteneciente al Grupo Santacatalina.
Según ha explicado, en diversos informes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se señala que se estuvo intentando encontrar una solución al "encargo defectuoso y la elaboración de la factura", y el 27 de agosto de 2020 se le reclamó extrajudicialmente el importe con la advertencia de poder hacerlo en los tribunales.
"Ahora se trata de completar la actuación legal que el anterior Gobierno incumplió pese a un requerimiento a la empresa de que llevaría a cabo estas acciones", ha afirmado la consejera.
A preguntas de los medios de comunicación, Susín ha señalado que "no es el objetivo" buscar algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido en el anterior equipo de Gobierno, sino "dar cumplimiento" a la "obligación" de recuperar el dinero público que se haya podido estafar a las aragoneses "en unos momentos tan duros".
No ha querido entrar a valorar que el anuncio de estas acciones legales coincida con la constitución este martes en el Congreso de la comisión de investigación sobre contratos de emergencia para el suministro de material sanitario en pandemia, que se aprobó a propuesta del PSOE tras estallar el 'caso Koldo' y en la que se podrán analizar los contratos realizados por todas las administraciones.