El Parlamento Europeo ha dado la luz verde definitiva a las normas fiscales europeas que entran en vigor tras los años de paréntesis de la pandemia y que deberán aplicarse en la elaboración de los presupuestos de 2025.
El texto final intenta establecer un delicado equilibrio entre requisitos mínimos de disciplina fiscal, tal y como querían Alemania y los halcones del Norte, y cierto margen de maniobra para fijar la reducción de la deuda y déficit, como pedían los países del sur. Los sindicatos europeos y las organizaciones a favor del medio ambiente habían pedido a los eurodiputados que votaran en contra, ya que consideran que estas nuevas normas van en contra de la utilización de dinero público para la transición energética y tecnológica que necesita la UE. Además, también coincide con el debate sobre cómo financiar el rearme europeo de cara a una segunda legislatura de Ursula von der Leyen centrada en la industria de la defensa.
Durante este periodo, los países europeos han podido inyectar dinero público sin cortapisas para hacer frentes a los estragos económicos, pero la bula ha llegado a su fin. A pesar de los cambios, los límites sobre deuda y déficit se mantendrán imperturbables: 60% y 3% respectivamente.
Esta reforma de las normas fiscales pretendía en un principio adaptar las sendas de reducción de deuda a las circunstancias particulares de cada país tras el grifo de dinero público de los últimos años, pero Alemania batalló para que esto viniera acompañado de objetivos mensurables. Además, los países con un déficit inferior al 3% del PIB (el límite que marca el Pacto) tendrán también que reducir su déficit de manera preventiva para poder hacer frente a posibles crisis y establecer un colchón en épocas de bonanza.
Finalmente, los países que como España superen el 90% de deuda pública tienen que reducirla en un 1% al año, mientras los que cuenten con una deuda entre el 60% y el 90% deberán hacerlo en un 0,5% anual. En cuanto al déficit, aquellos que superen el umbral del 3% también deberán realizar un ajuste de al menos un 0,5% anual. En cuanto a aquellos que no hayan llegado a esta cifra, el déficit estructural (no vinculado a la coyuntura económica) deberá situarse en el 1,5% con una velocidad de ajuste primario (sin contar los tipos de interés) del 0,4% cada año que podrá reducirse al 0,25% si el periodo de ajuste se amplía hasta los siete años. En un principio, los países europeos deben enviar a Bruselas planes de cuatro años que pueden prorrogarse hasta siete en caso de que se comprometan a más inversiones en la doble transición verde y digital.
Aquellos países con un déficit bajo pero una deuda alta tendrán que llegar al 1,5% del déficit, mientras que aquellos con una deuda inferior al 90% podrán reducir su colchón hasta el 2%.
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