En Colombia, una gran cantidad de ciudadanos se encuentran reportados en centrales de riesgo, como Datacrédito, debido a deudas adquiridas con bancos y entidades financieras, lo que afecta su acceso a nuevos créditos y oportunidades financieras.
Sin embargo, este escenario de deuda no influye directamente en sus posibilidades de empleo, según lo estipulan la Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo.
Estas normativas garantizan que no puede haber discriminación ni obstáculos para acceder a un trabajo, a pesar de los antecedentes crediticios negativos de una persona.
El reporte en centrales de riesgo, común tras dos meses de retraso en el pago de cuotas mensuales, limita el acceso a diversas oportunidades financieras, pero no a las laborales.
"La Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo estipulan que no puede existir discriminación u obstáculos para acceder al trabajo", reflejando que la capacidad laboral de un individuo no se ve mermada por su situación financiera. Esto subraya la importancia de ofrecer oportunidades laborales que permitan recuperar la solvencia económica y solventar las deudas pendientes.
Sin embargo, es importante señalar que existen excepciones específicas en ciertos sectores donde la naturaleza del empleo podría requerir un historial crediticio limpio. "Algunas empresas pueden expresar desde que inicia el proceso de contratación que para ellas es indispensable que el personal no cuente con antecedentes crediticios negativos", ejemplifica el caso de posiciones de alta responsabilidad en bancos u otras entidades financieras.
Aunque estas situaciones son la excepción y no la regla, destacan la necesidad de transparencia en los procesos de selección y los criterios empleados por algunos empleadores.
Así mismo, Infobae Colombia consultó con un exempleado de bancos como Citibank Colombia y Granahorrar que indicó que los bancos, incluso, son excluyentes cuando se contratan empleados y también estipulan que el estar reportado en centrales de riesgo también es causal de despido.
"Trabajé en Citibank y en Granahorrar, cuando estaba en proceso de selección la persona que me entrevistó me dijo que para continuar el proceso debía autorizarlos a consultar en las centrales de riesgo (Cifin y Datacrédito) si tenía reportes, pero por la necesidad del empleo y con el desconocimiento de la ley, autoricé dicha consulta, ya que según me dieron a entender, este era un requisito excluyente dentro de la posibilidad de obtener el trabajo", dijo esta persona a Infobae Colombia, que indicó que no se revelara su identidad.
Y agregó que: "Ya estando como empleado, en los bancos le revisan el reporte en las centrales de riesgo periódicamente, con el fin de terminar el contrato de aquellas personas que presentaran un reporte negativo en ellas".
Entre tanto, la normatividad legal vigente indica que, la elección final de los candidatos para un puesto de trabajo se basa en la capacidad y las competencias, permitiendo que las empresas elijan al más capacitado. "Las empresas no están obligadas a contratar a todos los aspirantes de un cargo, por ello realizan procesos donde eligen al más capacitado".
Esto no solo enfatiza la autonomía de las empresas en sus procesos de selección sino también la relevancia de evaluaciones equitativas y justas que no discriminen basándose en aspectos financieros no relacionados con las competencias laborales del individuo.
En conclusión, aunque el reporte negativo en centrales de riesgo puede limitar las oportunidades financieras de los colombianos, su acceso al empleo se mantiene protegido por disposiciones legales que promueven la igualdad y justicia en el ámbito laboral. Esta separación entre la capacidad financiera y laboral refuerza el compromiso del país con la inclusión laboral y la oportunidad de superación personal, incluso frente a desafíos financieros.
Además, es un precedente para que aquellas entidades que toman esta razón como un requisito excluyente, tengan en cuenta que por este motivo pueden acarrear sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.
Colombia exige consentimiento para revisar historiales crediticios bajo la Ley 1288
En Colombia, las empresas están obligadas a solicitar autorización escrita de los candidatos antes de consultar su historial crediticio en las centrales de riesgo, según estipula la Ley 1288 de 2008. Este marco legal asegura la protección de la privacidad financiera de los individuos, exigiendo un consentimiento explícito, mediante una firma, para tales verificaciones. Esta disposición tiene como objetivo prevenir el acceso no autorizado a la información personal y garantizar el ejercicio del derecho al Habeas Data.
La verificación del historial crediticio de un potencial empleado puede ser un factor en el proceso de selección, aunque la ley apunta a que dicho chequeo no debe influir indebidamente en las decisiones de contratación, a menos que existan políticas específicas de la empresa que así lo requieran. La necesidad de una autorización escrita busca equilibrar la protección de la privacidad del individuo con los intereses legítimos de los empleadores en mantener estándares financieros y de confiabilidad entre sus empleados.
El alcance de esta legislación subraya la importancia de respetar los derechos de privacidad de los aspirantes a un empleo y establece límites claros sobre cómo las empresas pueden acceder y utilizar la información crediticia. Este mecanismo legal también proporciona una vía de recurso en caso de que se realicen consultas sin el debido consentimiento, siendo consideradas acciones ilegales que pueden enfrentar sanciones enmarcadas en la legislación colombiana sobre protección de datos personales.