La banca está tratando de rebajar la capacidad de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero de emitir dictámenes de obligado cumplimiento para las entidades financieras. En concreto, pretende limitar ese poder a los casos en que los clientes reclamen hasta 2.000 euros, en lugar de los hasta 20.000 euros que contempla el proyecto de ley del Gobierno. Así aparece recogido en las enmiendas que sus patronales han hecho llegar a algunos de los grupos parlamentarios que están tramitando esta norma, según confirman a este diario fuentes al tanto del proceso. El sector argumenta que el límite de los 2.000 euros permitiría cubrir en torno al 95% de las reclamaciones que presentan los clientes contra sus bancos.
No es la primera vez que la banca lo intenta. En las alegaciones que presentó al proyecto de ley que decayó el pasado mayo por las elecciones generales, la patronal AEB ya propuso al Ministerio de Economía rebajarla a 5.000 euros. Después defendió un límite aún menor. "La Ley de Enjuiciamiento Civil cifra en 2.000 euros el importe a partir del cual se exige abogado y procurador", argumentó el secretario general de la AEB, Javier Rodríguez Pellitero, en febrero del año pasado en el Congreso.
El Banco de España comparte esa postura. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, apuntó también el año pasado en el Congreso que un límite de 1.000 euros cubriría "más del 90% de las reclamaciones bancarias". Sus posiciones tuvieron eco en algunos grupos. PNV y PdeCat propusieron rebajar el umbral a 2.000 euros; el PP, a 1.000 euros; y C's, a 6.000 euros. ERC, en cambio, planteó que todas las decisiones del organismo fueran vinculantes (como han defendido el Consejo Económico y Social y el Consejo de Consumidores y Usuarios) o, como alternativa, que lo sean hasta 100.000 euros.
Todas vinculantes
El Ministerio de Economía, sin embargo, lo descartó entonces y lo volvió a descartar hace unas semanas, ya que las patronales bancarias defendieron la rebaja a los 2.000 euros el pasado diciembre durante el trámite de audiencia pública del nuevo proyecto de ley. La Autoridad, argumentó, tiene competencias sobre las reclamaciones de los clientes no solo de la banca, sino también del asesoramiento financiero y de inversión y de los seguros y fondos de pensiones. "Estos últimos servicios, por su naturaleza, pueden ser objeto de reclamaciones por un importe más alto", ha defendido en la memoria normativa del proyecto. En el sector hay poca confianza en tener éxito. "No tenemos muchas esperanzas en que se nos haga caso", apuntó hace unos días Daniel Tomé, director del área legal de la patronal aseguradora Unespa.
De hecho, el Consejo de Estado propuso al ministerio que todas las decisiones de la nueva autoridad sean vinculantes, según consta en un informe que le remitió el pasado 14 de marzo. Este órgano consultivo también recomendó al Gobierno que la cantidad de los 20.000 euros pueda ser modificada en el futuro mediante un real decreto, un aspecto que Economía sí aceptó incluir en el proyecto de ley definitivo pero permitiendo hacerlo por vía reglamentaria (sin rango de ley). Las patronales bancarias han pedido a los grupos suprimir esta posibilidad, así como eliminar que se pueda fijar también por vía reglamentaria la cuantía de las reclamaciones que no incluyan una cantidad.
Cláusulas abusivas
Otro aspecto que preocupa a la banca es la capacidad que tendrá la nueva autoridad para dictaminar sobre cláusulas abusivas en los contratos. Por recomendación del Ministerio de Presidencia y Justicia, el de Economía ha aclarado y acotado dicha capacidad en el proyecto de ley. Pero las patronales han instado a los grupos parlamentarios a hacerlo aún más pues no lo consideran suficiente, como apuntó hace unos días la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán.
En línea con las advertencias del Consejo General del Poder Judicial al Gobierno, han propuesto que la autoridad solo pueda pronunciarse sobre una cláusula "de idéntica significación" a otra declarada como abusiva por el Tribunal Supremo cuando las dos sean de la misma entidad y la abusividad no resida en la transparencia en el proceso de contratación (en cuyo caso es preciso valorar las circunstancias personales concretas). Asimismo, han reclamado que la autoridad no pueda pronunciarse sobre cláusulas cuyo carácter abusivo haya sido declarado por una sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, pues en el mismo se incluyen sentencias de tribunales inferiores al Supremo.
Cuentas de pago básicas
Adicionalmente, las patronales han planteado que solo puedan acudir a la Autoridad los particulares, micropymes y autónomos, y dejar fuera a inversores institucionales y empresas medianas, además de a las grandes ya excluidas. Además, quieren limitar el concepto de cliente potencial solo a los solicitantes de cuentas de pago básicas, así como acotar que los clientes vulnerables a los que se va a conceder el derecho de tener una de estas cuentas a pesar de que ya tengan otra estándar podrán acceder a una única cuenta básica o a la reconversión de sus otras cuentas en una básica.
Asimismo, el sector bancario quiere que se permita a una entidad acudir a los tribunales penales para tratar de recuperar el dinero que le deba un cliente aunque la Autoridad esté tramitando una reclamación. Por último, pretende que cuando el nuevo organismo decida unificar su criterio sobre un asunto, solo lo pueda hacer cuando distintas reclamaciones afecten a una misma entidad, así como que las resoluciones sobre unificación de criterio puedan ser impugnables ante la justicia.