Este 25 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia de EE. UU. celebrará una audiencia, en la que escuchará al expresidente de la nación, Donald Trump, y sus argumentos para no iniciar un juicio por el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021 en Washington, D.C.
Según analistas políticos, el exfuncionario público argumentará que tiene inmunidad penal por haber sido presidente de la nación; es decir, que cuando ostento el máximo puesto en el país, él pudo ejecutar cualquier acción anteponiendo la seguridad nacional.
La decisión de los jueces, de acuerdo con expertos, podría modificar el curso de algunos otros casos pendientes de Trump, entre ellos el de Florida, en el que se llevó documentos clasificados; e, incluso, su intento fallido de revertir el resultado de las elecciones en Georgia.
La audiencia especial le dará un rumbo distinto a la posible candidatura de Trump por el Partido Republicano, en los comicios electorales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. El panorama más conservador apunta a que, el exmandatario no compita contra el demócrata, Joe Biden, quien pretende lograr su reelección.
Lo relevante del caso es, si el Tribunal Supremo fallará a favor de Trump, y le brindará inmunidad presidencial para evitar cargos penales por actos del Poder Ejecutivo celebrados durante su mandato.
La jurisprudencia en EE. UU. detalla que los presidentes de la nación no pueden ni deben ser procesados por casos penales; de ser así, esto presupondría la vulnerabilidad de los poderes, tanto del ejecutivo como del judicial.
Sin embargo, el fiscal del caso, Jack Smith, ha sido muy enfático al declarar que ningún expresidente de la historia ha sido enjuiciado, pero no por ello, debería estar exento de acatar las leyes como sí lo hace la ciudadanía.
Un argumento que podría jugarle en contra a Trump sería la invocación a la figura de uno de sus antecesores, Richad Nixon (1969-1974), quien fue demandado civilmente por un empleado de la Fuerza Aérea que fue despedido supuestamente de manera "injusta".
Años más tarde, en 1982, cuando Nixon ya no era presidente, fue procesado por la vía civil. Esto quiere decir que, en efecto, los exmandatarios sí podrían ser juzgados por acciones que sucedieron mientras ellos habitaban la Casa Blanca.