La crisis de la EPS Compensar ya estaba advertida. El año pasado, en julio, junto con Sanitas y Sura, Compensar envió una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando la grave crisis que estaba enfrentando y pidiendo soluciones urgentes para garantizar la prestación del servicio a sus 2'341.000 usuarios.
Y es que, aunque el Gobierno insiste en que ha pagado puntualmente y "lo que corresponde", las EPS señalan que se adeudan ciertos rubros y que lo que se paga por la atención es insuficiente, teniendo en cuenta que la población del país consume cada vez más servicios de salud.
En todo caso, el pedido de ayuda hecho el año pasado por la EPS no fue atendido por el Gobierno, quien aunque se sentó con los gerentes de las tres EPS, no encontró solución y se mantuvo en su postura de que "no existe tal crisis" y que lo que se les paga a las EPS es lo correcto. "No hablemos de crisis donde no la hay", aseguró en su momento el ministro Jaramillo. Fue esa línea de hechos la que llevó a que el pasado viernes 5 de abril, a través de una carta dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, Compensar pidiera su liquidación de manera voluntaria.
Dicha solicitud implica en líneas generales es que la EPS ya no tiene capacidad para responder a sus proveedores y financieramente no hay viabilidad para que siga operando como empresa, por lo que le dan a la Supersalud la potestad de que inicie un proceso con el cual puede cerrar las operaciones de la EPS y garantizar la prestación del derecho a la salud a sus afiliados, trasladándolos a otras EPS que sí estén en capacidad de atenderlos.
Tras el pedido voluntario de liquidación, la pelota quedó en manos del Superintendente Luis Carlos Leal, quien será el encargado de definir si líquida a Compensar o si, en cambio, prefiere tomar otras acciones como realizar una intervención administrativa forzosa para administrar, con el objetivo de tratar de mejorar los indicadores financieros de la empresa y que esta siga operando. Es decir, lo mismo que se está haciendo actualmente con otras EPS como Sanitas, Famisanar o Nueva EPS.
De lo que el Superintendente decida dependerá el futuro de los afiliados, pero el Gobierno cuenta con varias opciones: intervenir la EPS; negar el pedido de liquidación y ordenarle a la empresa seguir prestando servicios; o bien atender el llamado de Compensar e iniciar el proceso para acabar con el negocio.
Si decide liquidar la empresa, los usuarios seguirán siendo atendidos por la red de prestadores de Compensar EPS mientras la Supersalud los traslada a una EPS con mejores indicadores que pueda ofrecerles el servicio. La idea es que dicho proceso sea lo menos traumático posible para los usuarios, por lo que no debería haber suspensión en el servicio.
Sin embargo, a los usuarios les preocupa que, como ha sucedido en otros casos, la liquidación dificulte sus tratamientos y atenciones ya pactadas, una angustia que es más dramática en el caso de los pacientes de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, fibrosis o enfermedad renal que requieren de una atención médica constante.
En todo caso, las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indican que el Gobierno, en cambio, pretende buscar que Compensar siga operando en el sistema, por lo que podrían decantarse por una acción de intervención y no de liquidación. "Hoy tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Compensar, el doctor (Andrés) Barragán, desafortunadamente en una calamidad personal. Voy a buscarlo, inclusive, esta tardecita, para sentarnos a que busquemos una alternativa de poder lograr cómo Compensar se puede mantener en el mercado", dijo el ministro Jaramillo el viernes.
Por ahora, la última decisión la tendrá el Superintendente Leal, quien será el encargado de definir qué acción en específico se toma con Compensar EPS. Mientras tanto, la empresa tendrá que seguir prestando sus servicios de manera normal a sus usuarios.
Y es que, ahora que Compensar anunció que desea que la liquiden, las IPS de su red de servicios, es decir los hospitales y clínicas que atienden a sus usuarios, saben que la EPS no tiene cómo responder financieramente y podrían negarse a prestar servicios a los pacientes afiliados a esta entidad promotora de salud por temor a que no se les pague.
Esto es algo que ya ha sucedido y de lo cual asociaciones de clínicas y hospitales se han quejado durante los últimos años, pues al liquidarse una EPS, en muchos casos, mueren también sus deudas, es decir nadie responde por la cartera a las IPS a pesar de que la Supersalud debería garantizar que se salden.
De hecho un informe de Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) señalaba que a 2023 la cartera de las EPS liquidadas ascendía a $2.9 billones de pesos, siendo las mayores deudoras Coomeva EPS y Medimás EPS en el régimen contributivo, y Convida y Comfamiliar Huila, en el régimen subsidiado.
Por ahora, la última decisión la tiene el Gobierno, quien será el encargado definir cuál es el futuro de un sistema que viene advirtiendo la crisis desde hace varios meses hasta llegar al actual punto crítico. Mientras tanto, aunque desde distintos sectores gubernamentales, se ha hecho un llamado a la calma y se ha enfatizado en que se garantizará la prestación de los servicios de salud a los afiliados, lo que dicta la historia es que en estos casos no es esa la realidad.