La Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró «significativa» la caída del 9 por ciento en la participación ciudadana en la consulta popular y referéndum celebrada el pasado domingo en Ecuador, donde el voto es obligatorio.
«Según cifras preliminares provistas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en este referéndum y consulta Popular participó el 72 por ciento del electorado. Esta cifra es 9 puntos porcentuales menor a la registrada en el promedio de participación de los tres procesos electorales de 2023 y 10 puntos más baja que la registrada en 2018, para una convocatoria similar. Esto es especialmente significativo teniendo en cuenta que en Ecuador el voto es obligatorio», señaló la OEA en su primer reporte preliminar, presentado el martes.
El jefe de la Misión Electoral de la OEA, el chileno Patricio Santamaría, reconoció empero el desarrollo «con normalidad» del proceso electoral, pese a tener lugar en un contexto de inseguridad complejo, tras el asesinato de dos alcaldes en menos de una semana.
El informe señala que, si bien hacia las 23:00 hora local del domingo se habían escaneado el 90 por ciento de las actas, solo había sido procesado el 25 por ciento de ese monto, y tres horas después aún no se había llegado al 50 por ciento de actas procesadas y validadas.
«Esta situación se ha reiterado en numerosos procesos electorales celebrados anteriormente en el país», precisa el documento de la misión observadora de la OEA, presentado por Santamaría.
El texto también señala entre los puntos negativos que el inicio del procesamiento de los resultados oficiales se produjo con un significativo retraso, concentrado en los procesos de control de firmas y totalización de resultados de las actas.
«Esta tarea es realizada por los operadores de los Centros de Procesamiento Electorales (CPE) instalados en cada provincia, que para este proceso constituyeron un grupo muy escaso dado el volumen de actas que debía procesarse», indica el informe, resultado de la labor de 15 expertos de 7 países.
Los observadores recomendaron la posibilidad de regular un número máximo de preguntas que se realizarán en un mismo referéndum y consulta popular, y la periodicidad de los productos comunicacionales para difundir información sobre el contenido de la papeleta, tanto en idioma español como en las lenguas originarias y de señas.
Además, se propone «ampliar el período de campaña de referendos y consultas populares para que la sociedad tenga más tiempo y oportunidades para informarse y discernir su voto».
En el proceso electoral, realizado el pasado 21 de abril, se impuso el «Sí» en nueve de las 11 preguntas propuestas por la administración del presidente Daniel Noboa, cuyas iniciativas en materia de seguridad consiguieron un espaldarazo en las urnas.
Con información de Agencia Sputnik