Es sin duda uno de los temas que más preocupa al gobierno de Canarias en relación con la inmigración irregular: la llegada de menores no acompañados a las islas. Paralelamente al incremento de desembarco de pateras a nuestras costas está el aumento del viaje de menas. El gobierno se reúne hoy en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes no acompañados.
Sobre la mesa hay acuerdo para repartir unos 2.500 mena que actualmente permanecen en las islas, Ceuta y Melilla para repartirlos por la Península. Para atenderles, se premiará a las regiones que los acojan con 125 millones de euros. El objetivo final de esta distribución entre los territorios es aliviar la presión migratoria en los territorios, Para facilitar su reparto, de oficio, se prevé la reforma de la Ley de Extranjería. La modificación de la normativa divide a sendos gobiernos. Mientras el Gobierno central apuesta por una proposición de ley, el autonómico ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil. No en vano, desde que el gobierno central habló de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ha hecho hincapié en que quiere que se produzca el debate en la Cámara Baja.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer la proposición de ley "es el mecanismo mejor". "En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses", ha expuesto.
Está previsto que los 2.500 menores extranjeros que se redistribuirían de sellarse el pacto, 2.350 saldrán del archipiélago canario, mientras que los otros 150 lo harán desde Ceuta. En la actualidad, Canarias acoge a más de 5.000. Uno de los pilares del acuerdo será la solidaridad territorial, que tendrá en cuenta la población, la renta y la tasa de paro que ostenta cada comunidad para la redistribución.
La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha destacado en declaraciones a Europa Press que "la emergencia existe y cabe una respuesta contundente por parte del ministerio". A su juicio, este tiene que ir "más allá" de pensar que las CCAA puedan atender esta situación por sí mismas con los medios actuales. "Es un problema europeo que debe plantearse como tal, no un problema solo de España y en cualquier caso responsabilidad del gobierno estatal", ha añadido. Además, ha agregado que otra opción sería analizar qué tipo de financiación se puede realizar en los países de origen para que los menores de edad no se vean obligados a separarse de sus familias.
Tensión entra las comunidades
Las comunidades autónomas han demandado al Gobierno más información sobre la reforma anunciada junto a Canarias para un reparto más equitativo entre territorios de los menores migrantes llegados a España, y han subrayado que, en cualquier caso, esta tiene que ir acompañada de una financiación acorde.
Según han señalado fuentes de los diferentes Gobiernos autonómicos consultadas por EFE, los Ejecutivos esperan obtener más información en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará mañana, a partir de las 10.00, con representantes del Ministerio de Juventud e Infancia y de las comunidades.
Fuentes del ministerio han explicado a EFE que esta reforma legislativa no figura en el orden del día, ya que está previsto abordar en ella otros asuntos, como retomar la propuesta de derivación de 470 menores desde el archipiélago a otras regiones, que fue rechazada por las autonomías en la última reunión de este tipo.
Sin embargo, las mismas fuentes han precisado que no descartan tratar la reforma legislativa anunciada durante el encuentro de mañana, que funciona como una reunión técnica previa a la Conferencia Sectorial, si así lo requieren las comunidades.
Buena parte de los Gobiernos autonómicos han negado tener información suficiente para poder evaluar la propuesta anunciada, una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores y aliviar a aquellas regiones que registran ya una situación de "emergencia", como ahora ocurre en Canarias, Ceuta y Melilla.
En declaraciones a los medios, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,, Ana Dávila, ha censurado que no se haya tratado de llegar a un acuerdo con el resto de las comunidades autónomas sobre "las condiciones" y "los criterios" de ese reparto, ni tampoco la dotación económica que corresponde por ello.
Por su parte, el Govern catalán sí ha analizado el contenido de la reforma dado a conocer hasta ahora y se ha mostrado escéptico, ya que, en su opinión, "no se tiene en cuenta el esfuerzo real de acogida y los criterios de cálculo no contemplan los costes de prestación de servicio ni la acogida más allá de los 18 años".
Según fuentes de la Generalitat, el reparto debe ser "más justo" en todos los territorios de España y debe ir "acompañado de la financiación proporcional a los que se acogen".
Una opinión más positiva ha aportado, en declaraciones a los medios este martes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha defendido que el Gobierno "hace bien" al llegar a un acuerdo con Canarias, aunque ha pedido más fluidez en los contactos con los gobiernos autonómicos.
Ha recordado que Castilla y León es una "tierra abierta" y ha sido una "tierra de emigración en el pasado", por lo que ha comprometido su "razonable" colaboración en esta materia.
Por otro lado, fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han opinado que "la emergencia existe" pero la respuesta "tiene que ir más allá de pensar que las comunidades pueden atender esta situación por sí mismas con los medios actuales que tienen".
Han exigido al Ministerio medidas "avaladas con un presupuesto estable" y tomadas "de forma coordinada y no como imposición, recordando las competencias y responsabilidades de ambas administraciones".
A una imposición por parte del Gobierno se han referido también los Ejecutivos de La Rioja y Cantabria: "Rechazamos la obligatoriedad y defendemos el diálogo y el acuerdo", han señalado las fuentes consultadas en el primer caso.
"Máxime cuando el supuesto reparto, del que se hacen eco algunos medios de comunicación, se basa en unos parámetros incoherentes e inasumibles para muchas comunidades como La Rioja", han completado, antes de apuntar que "falta información y lealtad para abordar estas cuestiones en el foro adecuado".
Cantabria, además de incidir en la falta de información oficial, ha pedido "una decisión coordinada": "Lo que no puede haber son imposiciones unilaterales que no tienen en cuenta a las comunidades autónomas, que son las que, al fin y al cabo, protegen a los menores en su día a día", han matizado.
Fuentes del Gobierno autonómico han asegurado que "Cantabria será siempre solidaria" y este territorio "asumirá todos los menores posibles teniendo en cuenta su capacidad y recursos", pero ha pedido información y "medidas coordinadas".
En el caso de Andalucía, su portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, se ha referido en una rueda de prensa a un "pacto unilateral" entre el Ejecutivo central y el de Canarias "sin tener en cuenta al resto" cuando sí van a "pagar las consecuencias".
La Junta esperará a tener "toda la información" para explicar su postura oficial, pero "de primeras", ha reclamado su participación en todos los ámbitos donde se adopten decisiones "que afecten a los andaluces".
Fuentes del Gobierno Vasco también han asegurado carecer de "información oficial" para opinar sobre la propuesta, pero han subrayado que este territorio "siempre ha apelado a la solidaridad para el reparto de los inmigrantes" y a la "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas atendiendo al flujo de migrantes
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