El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que su respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue en defensa del indulto humanitario que fue otorgado a Alberto Fujimori, y asegurando que esta decisión fue constitucional y un acto que no desacata al sistema interamericano.
En una conferencia de prensa este martes 16 de abril, el ministro Eduardo Arana estuvo acompañado por los agentes del Estado peruano ante la CIDH y aseguró que el Ejecutivo ha respondido al requerimiento de información señalando que la liberación de Fujimori fue en respeto a una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que no afectó los compromisos internacionales que tiene el Perú.
"Es fundamental recalcar que se reconozca el respeto a nuestra soberanía interna y a nuestras instituciones judiciales. Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica", señaló Arana.
Esta respuesta se da en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta que se ha establecido tras la liberación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023.
Junto al ministro estuvieron presentes Jorge Luis Cáceres y César Pastor Briceño, agentes ante la CIDH que precisaron que la liberación de Alberto Fujimori acató lo que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2018 sobre resolver en la jurisdicción interna el indulto que fue otorgado a favor del expresidente.
"Producto de esta revisión que ha tomado más de cuatro años, se ha validado el indulto otorgado. Lo que se habla de ese supuesto desacato no existe", comentó Pastor Briceño, quien luego también aseguró que los informes médicos que sustentaron el indulto en el 2017 son válidos y no han sido invalidados por ninguna parte.
Estos informes, recordó, sostienen que el exmandatario que estaba preso por los casos Barrios Altos y La Cantuta tiene enfermedades "irreversibles y terminales, situación que se sostiene hasta la actualidad de manera indubitable e inconstrastable".
"Lo que pretendemos defender no es una decisión ideológica, ni política ni partidaria. Es una decisión debidamente motivada en el ordenamiento constitucional y en base a la defensa sin apasionamientos políticos ni apasionamientos ideológicos ni posturas extremas. Es defender al Estado peruano y a la institución del Tribunal Constitucional", comentó en su momento Cáceres.
Esta misma postura tuvo Adrián Simons Pino, exagente del Perú ante la CIDH y la corte interamericana, quien también señaló que el Estado ha acatado con resolver de manera jurídica y constitucional el indulto a favor de Alberto Fujimori.