Las 72.000 plazas escolares gratuitas para niños de cero a tres años a partir de septiembre en la Comunidad Valenciana han sido aplaudidas de una forma muy diferente entre las asociaciones de padres y madres. Tanto las entidades de la enseñanza pública como concertada y privada coinciden en la importancia de ver cumplida una reivindicación histórica. Ahora bien, no son pocas las demandas que los representantes de las familias de los centros públicos trasladan a la Conselleria de Educación para el próximo curso: desde la creación de más plazas públicas, hasta el incremento de las inspecciones, según la asociación.
En primer lugar, la FAPA provincial Enric Valor ve todavía mucho por concretar en el anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, realizado este lunes. Una medida para extender la gratuidad de la educación antes de que los niños empiecen el colegio que pasa por una colaboración público-privada.
Esta federación de asociaciones de padres y madres de alumnos reclama a Educación, tal y como explica Juanma Segura, "promocionar la enseñanza pública y no solo la privada", ya que de la fórmula que mencionó el jefe del Consell consistirá en abonar a los centros las cantidades correspondientes por cada plaza gratuita que oferten sin que por ahora se haya hablado de crear más plazas públicas o nuevas escuelas infantiles públicas.
En concreto, el colectivo reivindica la creación de plazas de cero y un año, más allá de las existentes en las escuelas infantiles municipales con el fin de ampliar la red de centros educativos públicos dirigidos a la «Primera Infancia» y evitar los desequilibrios existentes en la oferta pública y concertada.
Además, dado que se va a financiar con fondos públicos la enseñanza privada de cero a tres años, la FAPA Gabriel Miró ha solicitado a la Administración autonómica que se regulen todos los servicios complementarios y extraescolares y sus precios para evitar discriminación en el acceso a las plazas por razones económicas y poder garantizar la libertad de elección de centro.
Como ejemplo, piden eliminar la tasa por reserva de plaza y la obligatoriedad de los uniformes, o regular el precio de las horas extra tempranera y vespertina, así como el coste de las agendas digitales y aplicaciones de comunicación entre la familia y la escuela. En esta línea, también solicitan regular el coste de los servicios psicopedagógicos y de estimulación, el precio del menú comedor, además de la admisión en la etapa de 0-3 años para unificarla en un calendario único y evitar así la actual selección de alumnado que hacen los centros educativos privados.
Más controles
Por su parte, la Confederación Valenciana de APAS y AMPAS (Covapa) y la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró ha manifestado su «alegría» por ver cumplida una reivindicación histórica y el beneficio de las familias para conseguir una conciliación familiar y laboral, pero al mismo tiempo ha puesto el acento en las inspecciones.
El colectivo incide en la necesidad de contar con controles para comprobar que todo funcione correctamente. «Pedimos que todas las escuelas infantiles tengan sus asociaciones de padres y madres, así como sus consejos escolares para velar por el buen cumplimiento de las normas del centro y por los recursos que se tienen que dotar para que los niños estén bien atendidos y cuenten toda la atención temprana que tienen que tener», defiende Sonia Terrero, presidenta de Covapa.
En esta línea, la representante de la confederación advierte de que la inspección «no ha funcionado durante muchos años como debería y cuando se ha activado ha sido por denuncias, pero el control en las aulas no se ha estado haciendo y la inspección tiene que comprobar todo lo que pasa en los centros educativos».
La concertada y privada
Desde la óptica de los centros concertados y privados, los representantes de los padres de alumnos integrados en Concapa (Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Familia) valoran positivamente que se vaya a atender por parte del Gobierno valenciano a una «asignatura pendiente» y destacan la importancia de que se vaya a «consensuar con toda la comunidad educativa tanto pública como concertada» las bases de la gratuidad en la enseñanza desde los 0 a los 3 años.
«Es muy positivo que todos podamos hacer nuestras aportaciones, además de la facilidad de que se puedan convertir aulas de 2 años para atender a niños de 0 o que a mitad de curso se puedan matricular a los alumnos», destaca Rafael Araújo, secretario técnico de Concapa.
Para hacer realidad la histórica demanda, el Gobierno valenciano está ultimando la orden y perfilará los detalles de la gratuidad junto a las entidades educativas integradas en la mesa de trabajo. Hasta ahora, en toda la Comunidad son 21.000 los niños de cero a tres años que asisten gratis a la escuela infantil, ya sea pública o concertada, con 86 millones de presupuesto autonómico. Durante el Gobierno del Botànic se financió con recursos públicos las plazas de dos a tres años a través de aulas en los colegios o acuerdos con escuelas concertadas. Para extender la gratuidad en toda la franja previa al inicio del colegio, el Consell va a doblar hasta 160 millones la inversión anual.
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