Los tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos celebrados por escrito entre Estados, elaborados y aprobados en el seno de los órganos supranacionales, que pueden corresponder al Sistema Regional -Organización de Estados Americanos-, o al Sistema Universal -Organización de Naciones Unidas-.
Sirven especialmente para reconocer derechos fundamentales de las personas y determinar la obligación de protegerlos y promoverlos. Tienen gran importancia como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. Los Estados que los firman deben cumplirlos de buena fe.
Existen hoy más de 160 declaraciones, convenios, tratados y protocolos internacionales de derechos humanos, que constituyen el mejor patrimonio civilizatorio edificado con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en permanente evolución. Los objetos de esos instrumentos, genéricamente mencionados, son derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Hay también tratados con objetos puntuales como tortura, desaparición forzada, genocidio, migración, niñeces, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera. En Argentina, desde 1994, los más importantes están incorporados a la Constitución Nacional y tienen el mismo valor que ésta.
La paz, que es proyección del derecho a la vida y aspiración fundada en la idea de bien común para todas las personas, no tiene un específico tratado internacional que la defienda, promueva y sancione su violación. Solo una breve y genérica alusión contiene el primer artículo de la Carta de Naciones Unidas.
Es esto una gran falencia que conspira contra la afirmación de los valores que consagran todos los convenios sobre derechos humanos que la comunidad internacional ha adoptado, porque –obvio es decirlo- en tiempos de guerra no hay derecho humano que sobreviva.
Salvo excepciones –Japón, Colombia, Bolivia y quizá alguna más- también las constituciones nacionales omiten consagrar el derecho a la paz. Y a nivel Regional únicamente la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos lo establece expresamente.
Frente al mantenimiento del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y ahora ante la escalada bélica en Medio Oriente, sumados al crecimiento de la violencia dentro de los Estados, se impone promover la regulación jurídica universal del derecho humano a la paz, en forma análoga a las normativas internacionales que se han alcanzado en relación a otros derechos fundamentales.
La idea de tal regulación no es novedosa pero siempre ha fracasado porque los Estados han sostenido que ella les haría perder soberanía, argumento que se desentiende del valor de la vida humana y de todos los derechos que son su consecuencia.
Por el contrario, un Estado que reconoce el derecho humano a la paz asume su obligación de respeto y garantía de derechos humanos, afirmando su vocación democrática y apego a la justicia.
La realidad mundial hace del reconocimiento del derecho humano a la paz una urgente necesidad. Y tal reconocimiento, que debe ser a escala internacional, exige una forma jurídica para convertirse en un derecho exigible –derecho cuya titularidad es de los Estados, de los pueblos y de las personas-, que genere como correlato deberes exigibles a quienes intenten transgredirlo o lo transgredan.
Es necesario imaginar un instrumento que consagre definitivamente el derecho humano a la paz y que establezca normas ágiles para denunciar su violación, que cree un órgano de aplicación con facultades para adoptar medidas que frenen cualquier intento bélico y que pueda sancionar eficazmente su incumplimiento.
Así como durante el mandato de Néstor Kirchner el Estado argentino impulsó exitosamente ante los órganos internacionales una convención para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, sería muy bueno que hoy, el gobierno que encabeza Javier Milei, desista de comprar aviones de guerra, tomar partido por Estados beligerantes y referenciarse en las violentas potencias agresivas, para promover en el seno de la Organización de Naciones Unidas un instrumento que reconozca el derecho humano a la paz. Tiene ahí un noble desafío.
*Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria.