La convocatoria anticipada de las elecciones catalanas para el 12 de mayo ha supuesto un impacto distorsionante para el calendario político del estado español.
No solo han caído los presupuestos catalanes, causa de la decisión del President Aragonés, sino que Sánchez ha tirado la toalla para los presupuestos estatales de 2024, lo que implica en ambos casos un desajuste político relevante para los objetivos de ambos gobiernos, con el déficit de efectividad que comporta para las administraciones y, lo que es más determinante, para la ciudadanía.
Más aún, el anticipo electoral produce un cierto estrés en el marco político catalán, pues el caso de Puigdemont presenta una singularidad impropia, que debiera haberse resuelto previamente a la convocatoria, a fin de evitar distorsiones adicionales a la campaña y a los hechos posteriores. Una vez resuelta la incógnita de la amnistía en términos políticos y jurídicos por el poder legislativo, la consecuencia lógica sería una plena normalidad electoral, que ahora no tendremos. Si además eso se considera un ventajismo para las otras opciones, todavía resulta más inoportuna la estrategia.
En todo caso, los comicios del 12-M son fundamentales para conformar la nueva etapa política en Cataluña y en su relación con el Estado. Es natural que las opciones independentistas en clave electoral pongan en juego sus aspiraciones máximas legítimamente, aunque puedan chirriar mediáticamente con la proximidad de la amnistía, todavía en trámite formal parlamentario y pendiente del constitucional con toda probabilidad. Pero la normalidad democrática debe prevalecer sobre los trámites jurídicos y hay que asumir con apertura esta circunstancia.
Lo que sí es importante valorar es la configuración política que quedará en el Parlament a partir de ahora. Las encuestas indican que Salvador Illa obtendrá una mayoría significativa, pero ya sabemos que, al final, son las sumas confluyentes las que van a marcar la línea de futuro. Por ello, todas las candidaturas debieran medir bien sus propuestas, de un lado, para no dificultar lo mucho conseguido hasta hoy con el gobierno de coalición progresista en el Estado, pero incluso también en el marco de la Generalitat gobernada por ERC; pero por otro, porque la hoja de ruta de la nueva legislatura va a depender en gran medida del resultado electoral y, solo con el equilibrio de fuerzas fijado, se podrá definir el trabajo político posterior.
No obstante, hay cuestiones de fondo que habrá que abordar sin duda: la normalización política plena, como fruto de las iniciativas y posiciones tomadas tanto desde el gobierno del Estado como desde las fuerzas catalanas en el grado correspondiente. En ese contexto, la Mesa de Diálogo iniciada debe mantener y profundizar ampliamente su tarea, a la que Junts debe entrar en un clima de cooperación ineludible para dar pasos positivos en la resolución del conflicto. Pero además, es cierto que hay que hablar de Referéndum, otra cosa será, de qué tipo de consulta, o si podría haber varias fases para el pronunciamiento popular, que es irrenunciable 14 años después de la decapitación del Estatut de 2006.
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