La marcha universitaria a la que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como "un berrinche" causó más impacto del que el Gobierno esperaba. Luego del intento fallido de la gestión de Javier Milei por desactivar la multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo y cuestionar al kirchnerismo por politizar el reclamo, el oficialismo terminó reconociendo que se trató de un reclamo "genuino".
En medio de las diversas posturas, el Presidente decidió convocar a los rectores de universidades públicas de todo el país para el próximo 30 de abril. La intención es llevar adelante un encuentro que -por el momento- encabezaría Alejandro Álvarez, el titular de la Subsecretaria de Políticas Universitarias, organismo dependiente del ministerio de Capital Humano.
Marcha universitaria: Milei cambiará al intermediario con los rectores
Sin embargo, desde el Ejecutivo decidieron quitarle protagonismo a Álvarez en las negociaciones con los rectores respecto de futuras auditorías y actualizaciones presupuestarias. Según trascendió, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, comenzaría a hacerse cargo del asunto.
Fuentes oficiales reconocieron que hubo errores de comunicación por parte del subsecretario, además de que anunció aumentos en las partidas presupuestarias universitarias, pero no logró evitar la protesta a la que asistieron alumnos, egresados, políticos y gremialistas.
Para otro lado, parte de los funcionarios oficialistas aseguran que Milei mandará a Torrendell a "cortar el curro" de las universidades, a modo de "contraataque", haciéndose cargo de controlar el destino de los fondos gubernamentales en materia de educación universitaria.
El secretario de Políticas Universitarias es hijo de Alejandro "Gallego" Álvarez, fundador de la mítica organización peronista Guardia de Hierro, de la que incluso formó parte el Papa Francisco, y que es conocida por haber formado a algunos de los principales referentes del justicialismo, como José Luis Manzano, José Manuel De la Sota o Kelly Olmos.
En casi tres meses de gestión, Álvarez pisó el presupuesto de las universidades y casi las deja al borde del cierre. En marzo, cuando se le presentó un paro del personal docente y no docente de la UBA, el funcionario decidió habilitar una suba del 70% del presupuesto (que solo contempla gastos de funcionamiento).
El Gobierno recibirá a rectores: exigirá auditorías y propondrá un organismo "neutral"
Luego de la marcha universitaria que -según la Universidad de Buenos Aires- convocó a 800.000 personas, el Gobierno de Javier Milei decidió hacer lugar al reclamo y convocar a los rectores de las universidades para el próximo 30 de abril.
Pese a que desde la nueva gestión nacional tildaron a la movilización como "política" por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y miembros de La Cámpora y otros movimientos sociales, insistieron en bajarle el tono a la confrontación y programar un encuentro que será encabezado por Alejandro Álvarez, el titular de la Subsecretaria de Políticas Universitarias, organismo dependiente del ministerio de Capital Humano.
La charla con los referentes de más de 50 centros de estudios estatales tendrá lugar en el Palacio Sarmiento y entre los temas claves se destacan el presupuesto educativo, auditorías para controlar las cajas universitarias y la posible implementación de un organismo que se encargue de este último aspecto.
Vale aclarar que -aunque la administración de Milei insiste en auditar- no se vieron avances en la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (seis senadores y seis diputados) ni un plan concreto para encarar este procedimiento.
En cuanto a la multitudinaria movilización, el oficialismo primero intentó desactivarla de todas las maneras posibles, luego - a través del ministro de Economía, Luis Caputo- la calificó como un "berrinche" y terminó reconociendo que se trataba de un reclamo "genuino".
En este sentido, desde el Ejecutivo aclararon que la Auditoría General de la Nación (AGN) es la encargada de controlar el destino de los fondos universitarios, tal como lo detalla la ley de Educación Superior. Sin embargo, harán lo posible por auditar lo antes posible por fuera del organismo que depende del Congreso, y cuyos miembros son electos por Diputados y el Senado.