Desde que asumió el presidente Javier Milei hay un asombroso despliegue de vaciamiento de la democracia, en cuanto modo de debilitar y anular la soberanía popular. Este movimiento es un requisito indispensable para aplicar su proyecto anarcocapitalista de desbaratar el Estado, erradicar la política, entronizar al mercado bajo el liderazgo de los grandes capitales y poner a disposición de éstos los recursos estratégicos del país.
La estrategia consiste por un lado en suprimir derechos, reducir a la población a situaciones de extrema necesidad, reprimir y burlar a la ciudadanía al incumplir una promesa electoral reiterada ("no se tocará a la población sino a la casta"). Por otro lado, se toman decisiones autoritarias, ignorando los instrumentos de representación popular y los controles republicanos del poder. Un enorme despliegue de medios hegemónicos de comunicación y de redes es utilizado para inundar el debate colectivo de información falsa y colonizar la subjetividad de la ciudadanía.
Necesidad extrema
El primer camino para vaciar la democracia es desarmar al pueblo, hundiéndolo en situaciones de penuria y desesperación. Un pueblo inerme, acuciado por la precariedad económica que avanza como un tsunami de adversidades, la gente ocupada en "sus cosas" y desorientada, la pérdida de sus derechos de manera acelerada, todo esto, apunta a debilitar y entumecer la voluntad popular y dejar implantado un sistema de disciplinamiento social.
La población en general asiste azorada al deterioro acelerado de las condiciones de vida. Las jubilaciones y los salarios han quedado estancados, el Consejo del Salario se ha extinguido por inanición, las personas con necesidades no son atendidas, los comedores son cerrados, se han hecho enormes quitas de subsidios al transporte público y las prestaciones urgentes de salud y discapacidad han sido suspendidas.
Junto con los recortes sociales y laborales, se han erradicado o jibarizado las áreas estratégicas de infraestructura, transporte, vivienda, trabajo, educación, salud, desarrollo social, con lo que, además del deterioro crítico de la población a través de su ingreso directo, se avizora otro tanto por el lado de las prestaciones que componen el salario indirecto.
La huelga y la movilización, dos derechos de la ciudadanía hace tiempo intocables, han sido cercenados. El protocolo de seguridad que tiene como autora a la ministra Patricia Bullrich ha sido aplicado con celo por las fuerzas de seguridad, presentes de modo desmedido y provocador en las calles. A la violencia física se le ha agregado la novedosa aplicación de la violencia simbólica a través de mensajes de redes que escrachan a aquéllos que discuten las medidas del gobierno nacional.
Cabe destacar que Milei aseguró con reiteración en su campaña que las drásticas transformaciones propuestas de ningún modo pondrían en juego las condiciones de vida de la población. El blanco principal de su ataque era "la casta" y sus privilegios, refiriéndose a los políticos que medran a favor de sus intereses particulares. Pero ni la casta real fue atacada ni el bienestar de la población fue resguardado.
Todo indica que las condiciones de vida no dejarán de empeorar, desafiando no sólo a la paciencia de la población con mayores necesidades y del sector informal, sino también la de los trabajadores formales y la clase media. Y nada hace prever que las minorías privilegiadas y, entre ellas, la verdadera casta económica y el sector político asociado, no sigan engordando insaciablemente.
Decisiones autoritarias
Es conocido el aprovechamiento de la primera etapa de un gobierno, sobre todo si se ha tenido una buena elección, para tomar con firmeza una serie de decisiones que podrían resultar desagradables, cuya responsabilidad generalmente se adjudica al anterior gobierno, pero también para avanzar en pretensiones de tipo fundacional. Tanto Alfonsín, como Menem o Kirchner les dieron a sus gobiernos características fundacionales. Pero en todos los casos se lo hizo con el apoyo de mayorías en el congreso.
Milei, con un esquema conceptual teórico atractivo por su simplificación y con alusiones históricas a Alberdi, la generación del 80, Roca y el país próspero (aunque ignorando que esa prosperidad no era la de la mayoría de la población) empezó avanzando como una topadora sin siquiera preocuparse por construir su mayoría con los potenciales aliados del PRO y la llamada "oposición amigable".
¿Es imprudencia o una apuesta? Más bien lo último. Decisionismo y desprecio por la política y el congreso. Tomar decisiones primero, ganar de mano, mantener siempre la iniciativa, retener e impedir, sorprender, golpear fuerte y en varios frentes a la vez. Un estilo que trasciende los primeros días y que llegó para quedarse.
El presidente se regocija con el 56 por ciento de votos obtenidos en el balotaje, pero pretende ignorar que hubo elecciones provinciales donde se eligieron gobernadores --ninguno de su propio partido político-- y otra elección nacional de la cual surgieron nuevos congresales nacionales. En definitiva, ganó la elección presidencial por amplia mayoría, pero tiene que gobernar con un congreso donde es minoría. Tiene por tanto la obligación y la responsabilidad de contemporizar con los representantes que pertenecen a fuerzas políticas diferentes.
En este camino de desconocer el Estado y la independencia de poderes, Milei tiende a agudizar aún más el vaciamiento de "la política", a través de proyectos de suspensión de financiamiento estatal a los partidos políticos y sus campañas, promoviendo la dependencia y obediencia de las fuerzas políticas y los candidatos hacia los sectores privados. De este modo, tanto los candidatos a ocupar cargos ejecutivos como legislativos dependerían de las grandes corporaciones económicas, siendo simplemente sus empleados y aquéllos sus mandantes. En medio de una competencia financiera, dejando la política en manos del mercado (por supuesto, cada vez más oligopólico y monopólico) se acabaría con la representación popular y los ciudadanos sólo podrán votar los "productos" que les ofrecerán las empresas.
Por otra parte, el ataque a todas las provincias, haciendo gala de menosprecio del federalismo, ha generado una tensión entre éstas y la Nación como no se veía desde el siglo pasado. La quita progresiva de fondos ha generado una escalada de enfrentamientos dando lugar a un espectáculo insólito, donde un presidente se pelea por las redes y escracha gobernadores junto con legisladores, periodistas y cantantes, con el exclusivo fin de anular la disidencia y generar miedo. En realidad, lo que se disputa en esta tensión es el pago del ajuste, que Milei piensa barrer hacia las provincias. Pero también se manifiesta un desprecio profundo por el país federal.
Nuevamente, como condición para acordar un pacto a firmar el próximo 25 de mayo, Milei ofreció a los gobernadores tomar medidas de "alivio fiscal" para las provincias, casi una dádiva, a cambio de que se apruebe la nueva ley ómnibus. ¿Acaso no sería necesario promover un amplio debate sin condiciones para firmar un acuerdo, en lugar de este vergonzoso "toma y daca"?
Nuevo sentido común
El relato con que Milei convoca a los ciudadanos está compuesto de tres latiguillos recurrentes. El Estado como asociación criminal ("peor que las de los narcos") a la que él ha decidido presidir para destruirla desde dentro, la política como quehacer generador de privilegios de la casta, y la justicia social como un robo (lo que se le da a alguien en nombre de la justicia se le quita a otro compulsivamente).
En realidad, el Estado moderno nació para asegurar los derechos de los ciudadanos frente al despotismo, y la política es la actividad que está orientada a proponer el resguardo de los intereses universales de los ciudadanos, que pertenecen a todos y no a un sector específico, como son los de las empresas y las organizaciones sectoriales de la sociedad.
Sin ignorar todo lo que es menester mejorar en la política (y que sería motivo de otro trabajo), pretender terminar con ella, denostarla y debilitarla es el camino elegido por todos los dictadores. En el ideario de Milei no hay lugar para la política, sólo para la administración y la gerencia.
Es curioso ver cómo se mira a sí mismo Milei frente a los políticos y la política. Actúa desde el Estado, aparato central de la política y acusa a los demás de cultivar "cajas" y recibir coimas de distintas "bolsas" sectoriales. Allí entran legisladores, gobernadores, intendentes, sindicatos, artistas… es decir, todos menos él. A su lado quedan –hasta ahora– también los jueces, presentados como "apolíticos".
En cuanto a la justicia social, sabido es que no todas las personas cuentan con igualdad de oportunidades ni tampoco con igualdad de posiciones de origen y que, en consecuencia, la sociedad se encarga solidariamente de garantizar los derechos de los sectores desfavorecidos y promover la igualdad.
Habitualmente han sido los sectores pudientes quienes desprecian la justicia social --entre ellos, las buenas almas prefieren la caridad del siglo XVIII--, sin embargo, en tiempos de confusión y carestía no es difícil esmerilar la justicia social como valor entre los sectores populares, inducir guerras de pobres contra pobres y hacer sentir que "aquel vecino menos apegado al trabajo que yo me está quitando lo que recibe del Estado". En la cultura del "sálvese quien pueda" la población se va haciendo cada vez más individualista, la solidaridad se resquebraja y sólo queda en pie el valor del emprendedorismo individual y la meritocracia egocéntrica.
Milei identifica en el progresismo de todo tipo (socioeconómico, cultural, de género) el fantasma que amenaza a las sociedades occidentales. En su visión, la cultura es el vehículo corrosivo del progresismo que nos lleva al socialismo y es menester construir un nuevo sentido común que exalte la libertad, desnude las falacias progresistas y promueva la violencia contra el que piensa distinto.
El límite del modelo
Milei generó una construcción de poder sobre la base de tres elementos: liderazgo, cadena de demandas equivalentes y relato. En primer lugar, un liderazgo novedoso, irreverente, disruptivo, ajeno al sistema político, audaz, amenazante. Por otra parte, esperanzas frustradas que se fueron acumulando a lo largo de los dos últimos gobiernos anteriores, que dieron lugar a preocupaciones acuciantes en torno al trabajo, los ingresos, la inflación, el deterioro de la educación, la salud, la seguridad. Frente a ellos el enemigo: la casta, un Estado que desatendió, desertó, y que sin duda no sirve y hay que erradicar, junto con sus secuaces, los políticos que se benefician en detrimento de la población.
Tercero, el relato mágico, donde se presentan medidas (con explicaciones simples) que no generarán deterioros a la población sino que serán pagadas por la casta. El Estado como organización criminal, la justicia social como robo, el mérito como único camino de realización. Y argumentos y números falsos para convencer, sin fundamentación (tales como aquello de que la inflación es muy baja en relación con el 17 mil por ciento al que íbamos a llegar, o la pobreza en relación con el 90 por ciento al que estábamos destinados si no cambiábamos el rumbo).
¿Cuánto puede durar esta situación si las demandas no son satisfechas? ¿Cuánto puede funcionar esta especie de populismo al revés, cargado de magia y simbolismo, sin bases materiales que mejoren la vida de la población? Seguramente, el tiempo que transcurra hasta que se acabe la paciencia social. El tiempo –quizás largo– nos irá señalando en qué fase del cumplimiento de nuestras expectativas estamos: si apenas frenando la motosierra y la licuadora, si reparando el daño perpetrado o impulsando un nuevo proyecto de democracia real basado en la soberanía popular.
* Investigador docente de FLACSO Argentina, Director del Programa de Análisis Estratégico y Evaluación de Políticas Públicas (Área Estado y Políticas Públicas).