La mató con una brutalidad exagerada e innecesaria". Es la afirmación que hizo hoy el fiscal del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León contra el acusado de matar a su casera asestándole 52 puñaladas el 24 de marzo de 2020, en las primeras semanas de confinamiento por COVID-19.
La víctima, vecina y arrendadora del acusado, recibió 19 puñaladas cuando aún estaba viva y el resto ya fallecida, infringidas con una navaja o cuchillo de al menos 2,5 centímetros de ancho y de longitud desconocida. El acusado fue detenido en febrero de 2022, tras comprobarse la coincidencia de su ADN con el de las muestras de sangre recogidas en el lugar de los hechos, la casa de la fallecida.
"Tenía todas sus facultades. Supo lo que hizo y quería hacerlo", recalcó el representante de la acusación pública, que ve ensañamiento en los hechos y que propone indemnizaciones de 35.000 euros para cada hijo y para la pareja y 3.000 más para los herederos.
Las acusaciones particulares, que representan a los dos hijos y a la pareja de la fallecida, elevan a 30 años la petición de cárcel, 25 por el asesinato, que consideran cometido con alevosía y ensañamiento "con una maldad brutal" y para el que reclaman la aplicación de agravantes y cinco por lo que califican como robo.
En sus calificaciones iniciales la defensa plantea un delito de homicidio, por el que propone una pena de diez años de prisión y que se aplique un atenuante de arrebato, dado que el acusado alega que únicamente recuerda las dos puñaladas iniciales "tras perder los nervio" después de una discusión sobre el alquiler, aunque sí se acuerda de haberse lavado las manos en el baño de la víctima.
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