Un informe entregado por la Contraloría de Santander reveló posibles malversaciones de fondos durante la gestión de Mauricio Aguilar como gobernador del departamento. El documento destacó 86 hallazgos fiscales, lo que implica una pérdida aproximada de $3.700 millones.
De acuerdo con la Contraloría, estas anomalías abarcan distintas áreas, incluyendo administrativas, disciplinarias, financieras, sancionatorias y penales concentradas en el último año de gobierno de Aguilar.
Entre los casos más significativos se encuentra el colapso de un puente peatonal sobre el río Chicamocha, el cual, se desplomó apenas dos meses después de su inauguración, y que a abril de 2024 no ha sido reparado, pese a representar una inversión de alrededor de $1.255 millones de pesos y que su construcción, estuvo a cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo de Santander y la empresa Construcciones y Soldadura.
La investigación mencionó presuntos actos irregulares en las secretarías de la mujer y de infraestructura, y señaló que Aguilar habría omitido el cobro coactivo del impuesto vehicular entre 2020 y 2023, lo que habría resultado en una pérdida de 123 millones de pesos.
Por lo tanto, la Contraloría clasificó los hallazgos en 50 administrativos, 24 disciplinarios, uno sancionatorio, tres penales y ocho fiscales. Hasta el momento, el exgobernador Mauricio Aguilar no ha emitido comentarios sobre los resultados de esta investigación, pero una vez sea notificado, tendrá un plazo de cinco días para responder a las acusaciones.
Presuntos sobrecostos en contrato para la autonomía laboral de las mujeres en el departamento
Entre los hallazgos de la Contraloría también se encuentra un presunto daño fiscal en la ejecución del contrato 4116 de 2023, firmado entre la Secretaría de la Mujer y la Unión Temporal Mujer 2023 por un valor de $6.197 millones.
Dicho contrato, tenía como finalidad impulsar el fortalecimiento económico y la autonomía laboral de las mujeres en el departamento, pero de acuerdo con el informe del ente regulador, se registraron presuntos sobrecostos y falta de soportes en la realización de actividades, así como en la supuesta no entrega de apoyos económicos prometidos a proyectos productivos liderados por mujeres.
La contraloría destacó que el contrato contemplaba, entre otros, la entrega de un apoyo económico de hasta $4 millones a 1.106 proyectos productivos individuales y hasta 20 millones a 20 proyectos asociativos.
Sin embargo, explicó la Contraloría, "no se evidencian ni se soportan las actividades respecto a la entrega de herramientas de trabajo a las beneficiarias", lo que genera dudas sobre la efectiva distribución de estos fondos.
Entre los señalados como responsables de estas irregularidades se encuentran María Fernanda Artavia, exsecretaria de la Mujer, Sergio Adrián García, supervisor del contrato, y Diego Armando Mantilla, representante legal de la Unión Temporal Mujer 2023.
"De acuerdo con lo reportado en el análisis de precio que se llevó a cabo en el estudio del sector para el proceso de selección", comentó un portavoz de la Contraloría, "se invitaron a presentar tres cotizaciones a diferentes empresas, las cuales no hacen parte de los documentos precontractuales del proceso", agregó el funcionario.
Cabe destacar que Jaime Palacios Parra, CPS adscrito a la Oficina de Contratación de la Gobernación, revisó y avaló las cotizaciones presentadas por las empresas invitadas, una acción que ahora se encuentra bajo escrutinio debido a las anomalías encontradas en la documentación precontractual y en los costos aprobados para el contrato.
Una vez se conocieron las presuntas irregularidades, se comenzó un proceso de revisión y auditoría más exhaustivo por parte de la Contraloría con el fin de verificar la correcta utilización de los fondos públicos y la transparencia en los procedimientos de contratación de la administración de Mauricio Aguilar.