El Parlamento aprobó ayer una iniciativa, con los votos a favor del PPdeG y de Democracia Ourensana, y las abstenciones del BNG y PSdeG, en la que insta a la Xunta a pedir al Gobierno la eliminación del requisito obligatorio de registrar los gallineros dedicados al autoconsumo. La proposición no de ley, presentada por el PP, provocó un encendido debate, ya que el diputado popular Silvestre José Balseiros soltó que no comprendía que "en un país en el que se liberan etarras y violadores, haya que tener registradas las gallinas". Los nacionalistas, junto con el PSdeG, defendieron el decreto y censuraron la actitud de los populares respecto al rural, donde recuerdan que faltan pediatras y acceso a internet.
Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), también se ha mostrado muy crítico con un decreto "orwelliano" que, apunta, demuestra un "intervencionismo exagerado".
Balseiros sostuvo que provoca "nefastas consecuencias" en el rural gallego, vistos los trámites que deben llevar a cabo los dueños de las explotaciones –en su mayoría gente de avanzada edad–, lo que conlleva "una mayor carga burocrática y también desconfianza".
Explicó que cuando se tuvo conocimiento del borrador, "se intentó hacer entrar en razón al ministerio", insistiéndoles en el posible "escaso cumplimiento" de la medida así como su "ineficacia", aún en caso de cumplirse, ya que en Galicia hay "docenas de miles de corrales". "Nos llamaron exagerados", señaló Balseiros, algo que le repitieron cuando desde la Xunta hablaron de la "volatilidad" de las granjas de autoconsumo gallegas.
"El ministerio hizo caso omiso", insistió el popular, alegando que, con todo, la Xunta se puso "manos a la obra" para dar "las máximas facilidades" a los dueños de las explotaciones, con lo que habilitó la posibilidad de realizar los trámites a través de la página web de Medio Rural, de la Oficina Virtual Agraria; también dieron instrucciones a las oficinas físicas para que cumplimentasen los documentos y, apuntan, hasta hubo ayuntamientos que colaboraron.
"De hace tres años"
La nacionalista Ariadna Fernández, que se reivindicó como veterinaria y del rural, afeó a la Xunta que "ande enredando", ya que, recordó, el decreto se conoce desde hace tres años "y en ese tiempo a nadie se le ocurrió informar a la población".
El BNG defendió la idoneidad de la medida para prevenir enfermedades de transmisión y poder establecer planes de vacunación, por ejemplo. "Le echan mucho pecho hablando de abandono del rural cuando tienen a niños sin pediatra y familias sin acceso a internet", censuró.
La exalcaldesa de Lugo y ahora diputada en el Parlamento, Lara Méndez, recordó en primera instancia que el decreto estatal se deriva de una normativa europea. "Algo que no se ha mencionado", dijo.
La finalidad del mismo, continuó, es mejorar la seguridad en el ámbito sanitario, de bienestar animal y respecto a la lucha contra el cambio climático y como ejemplo, citó la pandemia y sus consecuencias. Además, acusó a la Xunta de "generar malestar" entre la población cuando puede "desarrollar y adaptar" el decreto a la realidad gallega. "No negamos que es un problema para la gente mayor, pero el trámite puede realizarse telemáticamente o a través de las oficinas del rural, que ustedes han ido desmantelando, sacándoles competencias y sin personal", expuso.
- Comesaña, nuevo viceportavoz del PPdeG: "Era hora de cierta renovación
- Rueda cambia a los delegados de la Xunta en Ourense y A Coruña
- Galicia exigirá aprobar al menos el 65% de materias para que la universidad sea gratis
- ¿Endogamia o retención del talento? Un 70% de profesores de las universidades de Galicia se formaron en sus campus
- "Es razonable cumplir dos o tres mandatos para desarrollar tu proyecto, no hay que eternizarse"
- El Constitucional tumba el recurso del Gobierno contra la ley gallega del litoral
- Casi ocho de cada diez edificios gallegos suspenden en eficiencia energética
- Las denuncias por anomalías en centros de día, guarderías o residencias, en máximos