La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante los avances en la investigación del macrocaso 08, el cual indaga sobre los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto, escuchó al exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, quien entregó detalles sobre los mecanismos que permitieron, por intereses de privados o paramilitares, el despojo de tierras.
De acuerdo con la jurisdicción de paz, Reyes habría entregado varios nombres de servidores públicos y los denominados terceros civiles, quienes aprovecharon su posición en la extinta entidad para facilitar operaciones que promovieron el desplazamiento forzado y la legalización del despojo de tierras, a través de "compras a precios irrisorios, el acaparamiento y la reasignación de tierras a través de trámites irregulares, en varios municipios del corredor minero de Cesar y otros municipios aledaños".
Según lo expuesto por el exdirectivo, los desplazamientos y despojos se habrían realizado de la mano de algunos frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por ejemplo, en su testimonio, Reyes indicó que la presencia de los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' de esa estructura paramilitar, fueron determinantes para cometer los crímenes.
"Estas acciones ilegales facilitaron la explotación económica de los predios, especialmente en el sector minero, palmero y ganadero. Incluso, Reyes detalló cómo esta situación derivó en una especie de 'contrarreforma agraria' que formalizó el acaparamiento de tierras y su explotación a costa del despojo en la región", explicó la JEP a través de un comunicado.
Los aportes de Carlos Eduardo Reyes, se suman, según la JEP, a las declaraciones de cuatro miembros del Bloque Norte de las AUC, quienes fueron escuchados como testigos en la investigación del macrocaso 08. "Estas declaraciones resultan fundamentales para comprender la complejidad de las redes criminales que afectaron profundamente a las comunidades rurales del norte del país, específicamente en la subregión del Gran Magdalena", agregó la jurisdicción.
Para la JEP, las declaraciones del Reyes impulsan el llamado de miembros de la fuerza pública y terceros civiles a rendir versión voluntaria por estos mismos hechos. Respecto a la situación particular del exdirector del extinto Incoder, este cuenta aún con investigaciones abiertas en la justicia ordinaria, y ya cumplió una pena de 10 años de prisión por desplazamiento forzado, entre otros delitos.
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