MIAMI, Estados Unidos. – Una investigación realizada por el medio cubano El Toque, con el apoyo de la plataforma periodística CONNECTAS, destapa el sistema de explotación laboral y apropiación económica del régimen cubano a través de sus llamadas "misiones internacionalistas" en Angola.
La investigación, firmada por la periodista Annarella Grimal, expone cómo el Gobierno de la Isla, a través de empresas militares, ha consolidado un entramado de negocios que somete a profesionales cubanos a condiciones laborales abusivas.
La investigación titulada "Mi$ión de Cuba en Angola" se divide en dos partes: "El negocio de la 'solidaridad'" y "La telaraña empresarial". Estas revelan un esquema de extracción de recursos y beneficios a través de una red empresarial controlada por los militares de la Isla, que genera ingresos millonarios.
"Los cubanos en contratos estatales en el país africano son vigilados y coaccionados, no pueden expresarse ni moverse libremente y carecen de garantías mínimas o compensación para la protección de sus derechos y su integridad física", explica El Toque.
Además, detalla que la Corporación Antillana Exportadora S. A. (Antex), brazo ejecutor de la actividad económica en Angola del conglomerado GAESA, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), retiene entre el 76 y el 91% de lo que Angola paga por colaborador.
De acuerdo con El Toque, el entramado de negocios no se limita a la salud, sino que también se expande a sectores como educación, construcción, defensa, empresas, energía y minería, con ingresos valorados en 6.755 millones de dólares durante el último cuarto de siglo.
"Al menos 20 compañías del establishment cubano tienen negocios en Angola, ocho de ellas están enlistadas en el registro mercantil de ese país", señala la investigación.
Asimismo, el reporte pone de manifiesto la participación de militares cubanos en los cuerpos de protección del actual presidente de Angola, Joao Lourenço, y en los servicios de Inteligencia del país africano.
La revisión de más de 7.300 nóminas salariales y estados de cuentas emitidos por Antex, entre otras decenas de documentos oficiales, testimonios y notas de prensa, constituye la base del exhaustivo trabajo periodístico, que también trata el papel de Cuba en la exportación de medicamentos, sangre y hemoderivados (que ha generado ingresos por un valor acumulado de 116,7 millones de dólares).
El reporte no solo arroja luz sobre los abusos sistemáticos que comete el Gobierno cubano contra los derechos fundamentales de sus colaboradores, sino también sobre la estructura económica detrás de la llamada "solidaridad" cubana en África.
Denuncias por "trabajo forzoso"
En noviembre de 2023, Tomoya Obokata, relator especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud de la ONU, dirigió una carta a la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos en la que advierte sobre la persistencia de patrones que se asemejan a "trabajo forzoso", tal como lo definen los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe menciona acusaciones continuas basadas en testimonios de cubanos exportados y análisis de convenios y contratos, destacando "numerosas violaciones de derechos humanos básicos". El relator especial enfatiza la importancia y el valor de la cooperación médica cubana a nivel internacional, pero resalta preocupaciones sobre violaciones de derechos fundamentales como la intimidad, libertad de expresión, asociación y circulación.
Las "misiones" cubanas, que incluyen profesionales de diversas áreas como médicos, docentes, ingenieros, y artistas, entre otros, son descritas como situaciones de explotación laboral en los países de destino. El informe señala salarios inadecuados, confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento y vigilancia por agentes del Gobierno cubano, así como casos de acoso o violencia sexual, amenazas y violencia física.
En respuesta a estos señalamientos, la Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos ha negado la aplicación de presiones o represalias a quienes eligen no participar en estas misiones. Sin embargo, Obokata sostiene que muchos profesionales se ven obligados a participar debido a la coacción del régimen cubano y factores como la pobreza y la limitada disponibilidad de empleo en la Isla.