Este martes 16 de abril, una denuncia presentada por Jorge Zatloukal, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), ha puesto en la mira de la opinión pública a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la empresa estatal Corredores Viales S. A., áreas dependientes del ministro Luis Caputo. La controversia se centra en la prórroga del contrato del Corredor Vial Nº 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y el Puente Rosario-Victoria, la cual fue aprobada mediante la Resolución 144 de Vialidad Nacional, un día antes de su vencimiento, sin convocar a una licitación pública.
La denuncia, radicada en los juzgados federales de Comodoro Py y que será intervenida por el Juez federal Julián Ercolini, apunta a presuntas irregularidades que podrían traducirse en un perjuicio millonario para el Estado. Según Zatloukal, la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. (CRUSA) continuará cobrando peaje en rutas fundamentales para el intercambio comercial con el MERCOSUR, como las Rutas Nacionales 12 y 14, generando un daño económico significativo.
Uno de los puntos álgidos de la denuncia es la aprobación de la prórroga un día antes de la expiración del contrato, sin haber convocado a una licitación pública y justificándolo únicamente con la falta de operadores. Zatloukal también señala la omisión de la empresa estatal Corredores Viales S. A. en hacerse cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peaje, una responsabilidad que, según él, debería ser irrenunciable.
El denunciante enfatiza que esta acción podría ser una maniobra para beneficiar a la empresa concesionaria, y critica la demora injustificada en el proceso de licitación, lo cual contraviene los principios de transparencia en las contrataciones públicas y el discurso oficial de libre mercado. Además, sugiere que esta prórroga podría violar la ley de Defensa de la Competencia al restringir la libre concurrencia en el mercado.
El escándalo se agrava al considerar que estas presuntas irregularidades podrían constituir violaciones a diversos artículos del código penal, según lo señalado por la Auditoría General de la Nación en el pasado.
Ante estas acusaciones, se espera una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad en la prórroga del contrato de peaje del Corredor Vial Nº 18 y el Puente Rosario-Victoria. La transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.