La externalización del servicio de limpieza en Motril vuelve a la actualidad. Después de que el Ayuntamiento y el comité de empresa acordaran aplazar la huelga convocada por los trabajadores, Comisiones Obreras ha presentado una demanda en el juzgado de lo social de Motril contra el Ayuntamiento por vulneración del derecho a huelga y a la libertad sindical en el conflicto, según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, en la que también prevé nuevas movilizaciones y no descarta la convocatoria de una nueva huelga indefinida.
La demanda se produce así un mes después de que el sindicato anunciara la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Motril por la vulneración del derecho a huelga tras la convocatoria, el 25 de marzo, de un paro indefinido que finalmente "no se llevó a cabo ante las reiteradas amenazas del Consistorio a los trabajadores", asegura CCOO en la nota de prensa.
El comité de empresa mantendrá una reunión mañana miércoles para concretar nuevas acciones de protesta que comenzarían, en primer lugar con la instalación de una mesa informativa permanente a las puertas del Ayuntamiento, y concluirían con la convocatoria de un nuevo paro indefinido si no se llega a un acuerdo satisfactorio y el consistorio no cesa en su actitud de impedir el derecho a la huelga, "que defenderemos y protegeremos con firmeza y determinación".
Según CCOO, el Ayuntamiento ha intentado por todos los medios impedir que los trabajadores ejercieran su derecho a la huelga afirmando en diversos medios de comunicación y a través de una circular interna que el paro no cumplía con los principios de legalidad y advirtiendo al personal municipal de la imposición de multas y expedientes disciplinarios si participaban en la huelga, "actuaciones cuyo objetivo eran impedir o desincentivar las movilizaciones", ha explicado Clara Castarnado, responsable de acción sindical de CCOO Granada. Estas acciones, ha añadido, "son intolerables y no vamos a permitir que queden impunes".
Para la sindicalista, la actitud de la Administración dista mucho de ser un ejemplo a seguir. "En lugar de fomentar el diálogo, el consenso y los valores democráticos, ha optado por la imposición y las trabas al ejercicio legítimo de un derecho". "Esta forma de actuar limita considerablemente la libertad de los trabajadores para exigir y defender los derechos que les corresponden por ley y es clara muestra de la poca importancia que la Administración concede a los valores democráticos, algo que resulta del todo inaceptable", motivo por el cual solicita al juzgado que declare la nulidad de las actuaciones.