Los empresarios turolenses pueden optar este año a cuatro líneas de ayudas por importe de 31,1 millones de euros del Fondo de Transición Justa, dotado con 88,1 millones hasta 2026. En total, las empresas se repartirán 55,5 millones de euros dirigidos a cuatro ámbitos (eficiencia energética, sistemas de energía inteligente, inversiones productivas y diversificación y digitalización). Para las instituciones y entidades públicas se han reservado 32,6 millones para el fomento del empleo y el emprendimiento, la capacitación digital, los proyectos I+D+i, la sanidad, el turismo de naturaleza y el patrimonio cultural.
Las empresas podrán recibir un máximo del 50% de ayudas sobre el proyecto presentado -en el caso de las pymes-, un 45% para las compañías de tamaño medio y del 35% para las grandes empresas. Respecto a las administraciones, la ayuda podrá alcanzar el 50%, pero será compatible con el FITE, por lo que las subvenciones podrán sumar el 100% del presupuesto.
Se presentaron oficialmente en la ciudad de Teruel este jueves ante una amplia representación de los empresarios y agentes sociales de la provincia y en las próximas semanas se hará lo propio en Alcañiz.
La financiación de estas subvenciones corre a cargo del Fondo de Transición Justa (FTJ) de la Unión Europea y son independientes del fondo estatal. El Gobierno de Aragón las «sacó del cajón» cuando llegó al Pignatelli porque «no se había hecho nada» y hace siete meses su equipo «ya se puso a trabajar para hacer realidad esta subvención».
Es un instrumento financiero cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición a la neutralidad climática con el cierre de las centrales y las minas.
En España también se benefician provincias de Asturias, Castilla León, Galicia y Andalucía. Se incluye en la Estrategia de Transición Justa, uno de los tres pilares del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es lograr una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050.
Estos fondos son, según señaló ayer el presidente de Aragón, Jorge Azcón, «un instrumento de transformación de extraordinaria importancia para el futuro de Teruel». Destacó que la inversión total es equivalente en tres años a tres fondos FITE -dotado con 60 millones anuales-, con lo que su ejecución supone «un desafío espectacular».
«Es una herramienta que, estoy convencido, va a ser un revulsivo fundamental para Teruel, una provincia que no siempre ha recibido la atención que merece y que acusa con especial intensidad el problema de la despoblación». En cualquier caso, indicó, Teruel «tiene un tremendo potencial oculto que, desde las instituciones, estamos obligados a desarrollar».
Azcón también hizo alusión a La Moncloa para reclamar «el apoyo del Gobierno de la nación para que se apliquen las ayudas al funcionamiento al 20%». «Existen ayudas para la creación de empresas, pero no vamos a cansarnos de reivindicar una medida justa para el mantenimiento de las mismas», afirmó.
Lo mismo ocurre con las infraestructuras. Según Azcón, «la conexión ferroviaria anunciada entre Madrid y Teruel es un anuncio reciclado y que no cumple las aspiraciones de la provincia de Teruel. No es de recibo que a Teruel se manden trenes de segunda mano». «Por ello, desde el Gobierno de Aragón vamos a exigir las infraestructuras necesarias, prestar servicios de calidad -como los hospitales de Alcañiz y Teruel, que tendrá búnker de radioterapia-, un plan de vivienda que incluye la rehabilitación de pisos en municipios pequeños, o el nuevo mapa concesionario de transporte, todos ellos servicios públicos necesarios para que todo ese ecosistema empresarial se convierta en una realidad», afirmó.
Los objetivos de este Fondo de Transición Justa son, apuntó el presidente, «similares a las políticas de despoblación impulsadas por el Gobierno autonómico, unas políticas sustentadas en los hechos». «Tenemos una vicepresidencia primera que tiene como una de sus principales funciones la lucha contra la despoblación y que para su primer presupuesto destinamos 23 millones de euros. Además, los fondos de cohesión se han incrementado de los 3 a los 18 millones de euros», matizó.
Precisamente el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, cargó contra la «transición injusta» que ha sufrido la provincia al no realizarse en los plazos adecuados mientras que en Alemania las centrales «han tenido moratoria de cierre hasta 2039». «Hemos dinamitado nuestras centrales antes de tiempo pero ahora toca mirar hacia el futuro y intentar reconstruir todo lo que este gobierno ha derribado», afirmó Nolasco en alusión al ejecutivo central.
Esta visión no gustó al partido líder de la oposición, el PSOE. Su portavoz, Mayte Pérez urgió a Azcón a que asuma sus compromisos con Aragón y Teruel «en vez de trasladar permanentemente las culpas al Gobierno de España». La socialista sigue echando en falta la figura de un presidente «que se preocupe por lo que afecta directamente a los aragoneses».
En mayo la primera convocatoria
La primera convocatoria, dotada con 31,1 millones de euros, se publicará «a principios de mayo» según anunció ayer el director general del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) -organismo encargado de gestionar las ayudas del FTJ, Daniel Rey. Las empresas interesadas tendrán un mes de plazo para solicitarlas y la resolución, por concurrencia competitiva, llegará en los dos meses siguientes. El plazo de ejecución de las inversiones terminará el 31 de marzo de 2025.
Las convocatorias para las partidas destinadas a actuaciones de las administraciones se lanzarán el 1 de enero de 2025 y podrán destinarse a proyectos en materia de fomento del empleo, digitalización, I+D+I, sanidad, turismo y patrimonio cultural.
En 2025, será complementada con 16,6 millones de euros y, en 2026, con otros 7,8 millones.
55,5 para las empresas
En el caso de las empresas turolenses -pequeñas, medianas y grandes- podrán acceder a los 55,5 millones de euros en los próximos tres años para acometer inversiones estratégicas, digitalizarse y aumentar su eficiencia energética. Serán ellas quienes deban participar en las tres convocatorias previstas para recibir las ayudas, que cofinanciarán el 50% de cada proyecto presentado. Es decir, el otro 50% tendrá que ser costeado por las propias industrias. Esta subvención europea podrá ser complementaria a la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).
Las pymes recibirán en la convocatoria de 2024 un total de 21,4 millones y tendrán acceso a cuatro líneas de financiación. Por un lado, podrán optar a la de digitalización, dotada con 5 millones de euros. Por otro, a inversiones productivas y diversificación, con 8 millones de euros que servirán para realizar proyectos de expansión o internalización y nuevos productos. Además, está la línea de sistemas de energía inteligente, con 4 millones de euros, para, entre otros, fomentar la movilidad sostenible, los sistemas de optimización energética o la gestión inteligente de las instalaciones; y la de eficiencia energética, con 4,4 millones, que servirá para renovar equipos de producción, implantar iluminación eficiente o sistemas de energía renovable.
Por su parte, las grandes empresas tendrán acceso este año a esta línea de eficiencia energética con otros 9,7 millones de euros.
32,6 para instituciones
El Fondo de Transición Justa cuenta con otros 32,6 millones de euros a los que podrán acceder las instituciones públicas para, entre otros, apoyar al empleo y al emprendimiento (formación y refuerzo de empleo y emprendimiento); llevar a cabo planes de capacitación digital (formación e inclusión de toda la población y mejora de servicios, aplicaciones e infraestructuras); poner en valor el patrimonio cultural y el turismo sostenible; y digitalizar el ámbito sanitario.
900 empleos perdidos desde el 2000
Este fondo considera que Teruel necesita mitigar el impacto de la transición de una economía basada en el carbón hacia una más diversificada y verde. Asentar población, fomentar el empleo y unos buenos servicios públicos, son la base.
Desde el año 2000, la provincia ha sufrido el cierre consecutivo de varias minas de carbón, con 900 empleos perdidos, y la clausura de las centrales térmicas de Escatrón (2008) y Escucha (2012), con más de 100. En 2018, cesan la actividad otras tres instalaciones mineras (Ariño, Estercuel y Foz-Calanda) además de consumarse el cierre de la térmica de Andorra. Entonces, se vieron afectados 524 trabajadores directos y 306 subcontratados. Las dos comarcas principales comprometidas por estos cierres han sufrido pérdidas de población de entre el 13% y el 15% en la década 2011-2021.