La decisión de Sánchez de aferrarse a la presidencia del Gobierno, después de haber tenido cinco días al país en vilo «reflexionando» sobre su futuro y sopesando «si merecía la pena continuar», ha sido recibido como «un gran chasco» por la mayoría de la clase empresarial, que confiaba en que daría un paso atrás y deseaba «que se fuera», a pesar del incierto futuro que se abría a corto plazo, según diversos empresarios consultados por OKDIARIO que prefieren más que nunca guardar su anonimato.
«Visto lo sucedido, la verdad es que hemos pecado de una completa ingenuidad porque, después de la tragicomedia que ha montado, el sentimiento mayoritario era que Sánchez abandonaría el Gobierno, sobre todo por el desconcierto que mostraban incluso los ministros más cercanos ante la falta de señales del presidente sobre cuál sería el sentido de su decisión».
No ha sido así, y los mensajes lanzados desde el Palacio de la Moncloa han causado una notable preocupación en el mundo de los negocios. Los medios consultados creen que sus referencias en el sentido de que, a partir de ahora, «va a haber un punto y aparte en la legislatura, y su apelación a hacer una limpieza, atacando como es habitual a la oposición de todos los males, representan una amenaza para la independencia del poder judicial -que es un asunto clave- y también para los medios de comunicación críticos con el poder», indican.
Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios han sido tradicionalmente muy malas desde que Sánchez llegó a la Moncloa, primero gobernando en coalición con Podemos -lo que obligó a nombrar a Pablo Iglesias vicepresidente del Ejecutivo- y ahora con Sumar, cuya máxima responsable y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido letal para la vida de las compañías, impulsando subidas del Salario Mínimo que ya están empezando a revelar sus consecuencias nefastas sobre la creación de empleo, y promoviendo toda clase de regulaciones intervencionistas que han encarecido el coste de funcionamiento de las compañías y castigado su cuenta de resultados.
Pero adicionalmente, y esto es lo ha ido alimentado progresivamente la inquina contra el presidente, han sido los ataques lanzados regularmente y de manera abierta por el propio Sánchez contra los empresarios, a los que ha acusado de querer torpedear «los planes presuntamente progresistas del Ejecutivo para fomentar la justicia social, y reforzar aún más un Estado de Bienestar que consume cada vez más recursos del presupuesto público a costa de expulsar progresivamente al sector privado de la actividad económica».
En esta carrera contra la clase empresarial, «Sánchez no ha tenido reparos en acusar de insolidarias a las compañías que han mostrado su rechazo a las subidas continuadas de impuestos, al establecimiento de tributos extraordinarios de nueva generación -en este caso contra las eléctricas y los bancos-, que todavía continúan en vigor, y en señalar públicamente a otros destacados empresarios como Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, cuando decidió trasladar la sede de la sociedad a Países Bajos con el objetivo de cotizar en la Bolsa americana y exprimir al máximo su capacidad de inversión y su rentabilidad».
Esta serie de actitudes contrarias a las empresas han acabado por romper de manera casi irreversible las relaciones con el Gobierno, a pesar de que el presidente Sánchez inició hace dos meses una serie de consultas privadas por separado con los máximos ejecutivos de las principales multinacionales españolas a fin de restablecer un cierto clima de concordia y hacer borrón y cuenta nueva de los episodios oscuros del pasado, como informó en su día ODIARIO. A pesar de estos intentos, que ya han sido suspendidos, «los frutos a que han dado lugar han sido nulos», indican los citados medios, que habían pedido al presidente el fin del clima rampante de hostilidad fiscal y la supresión de los impuestos sobre la banca y las eléctricas.
La declaración institución de Sánchez ayer en la escalinata de la Moncloa ha supuesto «un jarro de agua fría». «Su alegato en favor de regenerar la vida pública y de acabar con el llamado fango, o su confesión de que seguirá en el poder con más fuerza que nunca, sugieren próximas normas del Gobierno para acabar colonizando el poder judicial, así como tratar de acallar las voces críticas, algo que representa una dirección contraria a las exigencias empresariales de recuperar un marco estable de seguridad jurídica y de ortodoxia en la política económica que favorezca la atracción de capital, levante una tasa de inversión que está más hundida que nunca, eleve la productividad y en definitiva mejore la competitividad del país», explican las fuentes consultadas.
En cambio, explican, «todo lo que hemos escuchado en la mañana del lunes está muy lejos del ambiente propicio que deseamos -los empresarios- para desarrollar nuestra actividad con libertad y sin sobresaltos». «Es un auténtico despropósito», afirman sin tapujos.
La prueba de que «todo puede ir a peor» son las manifestaciones realizadas ayer mismo por la vicepresidenta Díaz animando a Sánchez a tomar el control de poder judicial. Aunque en los encuentros privados mantenidos entre el presidente y los ejecutivos de las empresas, Sánchez había tratado de exculparse asegurando que «todas las ideas negativas» procedían de la señora Díaz y prometiéndoles que la controlaría, todo indica que la nueva posición adoptada por el presidente después de sus días de reflexión no supondrá avances en este camino, se temen los medios consultados.