Una de las empresas que trabaja para la plataforma tecnológica Uber en Ibiza se enfrenta a una causa penal acusada de un delito de falsedad documental, después de que la policía interceptara a uno de sus vehículo de transporte con conductor (VTC) con una matrícula que no le correspondía. Por su parte, Uber se desentiende, tanto de este caso como de las otras infracciones que suman los vehículos que trabajan con su logo, alegando que solo ejerce un papel de intermediario entre clientes y conductores.
A raíz de un dispositivo de la unidad de intrusismo de la Policía Local y los inspectores del Consell, llevado a cabo el mes pasado, se comprobó que dos furgonetas Mercedes que estaban al servicio de Uber habían estado trabajando con una misma matrícula. La que fue descubierta en el control con la matrícula doblada (como se denomina popularmente), carecía de tarjeta de transporte para operar como VTC.
El Consell podría cursar otro sanción administrativa contra la VTC por carecer de la licencia correspondiente
Además de la denuncia por falsedad documental, interpuesta por la Policía Local de Vila, el Consell podría cursar otro sanción administrativa contra la VTC por carecer de la licencia correspondiente. No obstante, para poder actuar, el Consell deberá esperar a que concluya la otra causa penal.
Sanciones
El Código Penal fija que falsear un documento oficial, como una matrícula, puede castigarse con penas de entre seis meses y tres años de prisión, así como una multa de seis a doce meses. Por otra parte, desde su desembarco en Ibiza, los vehículos de Uber han vulnerado sistemáticamente los 30 minutos de precontratación previa a los que le obliga la Ley.
Un portavoz de Uber defendió que la plataforma "cumple con la regulación de manera escrupulosa"
De momento, acumulan un mínimo de seis denuncias por incumplir este tiempo de espera para cargar clientes. Cada una de estas faltas, tipificadas como sanción grave, puede suponer entre 400 y mil euros.
A este respecto, un portavoz de Uber defendió que la plataforma «cumple con la regulación de manera escrupulosa» y que estas multas solo son responsabilidad de los titulares de las licencias.
Durante 2023, el Consell inmovilizó 107 vehículos sorprendidos ejerciendo transporte ilegal y lleva recaudado un total de 1,5 millones de euros por sanciones en esta materia.
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