Ángel Fernández
La promesa de pacificar al país por parte de la actual administración federal quedó lejos de alcanzarse. Aunque el homicidio doloso y el robo bajaron, hay otros delitos graves que han llegado a niveles nunca vistos, manteniendo a los mexicanos en medio de la violencia latente. En el marco del proceso electoral, se esperarían propuestas distintas para atender el problema, sin embargo, parece que otra vez las ideas no están a la altura del desafío.
El diagnóstico sobre la violencia e inseguridad no genera certezas de mejoría. Y aunque a través del discurso oficial se quiera imponer una realidad pacífica, la violencia se infiltra entre las amplias grietas de una estrategia de seguridad ineficaz.
Las reducciones de los homicidios dolosos y los robos resultan insuficientes para sostener que las medidas funcionan. Otros delitos han alcanzado niveles sin precedentes y en paralelo emergen, una y otra vez, las expresiones extremas de violencia.
La extorsión, narcomenudeo, trata de personas y la violación han llegado a niveles históricos en este sexenio. Podríamos pensar que estos datos son producto de una mayor denuncia, pero, la cifra negra en el país prácticamente se ha mantenido intacta y las condiciones de los ministerios públicos no han cambiado como para incentivar a las víctimas a denunciar delitos.
La narrativa oficial de que el país está en paz también se desvanece frente a las expresiones extremas de violencia. Grupos criminales controlando los ingresos de la población, secuestros y desapariciones masivas, masacres, asesinatos de líderes sociales y políticos, linchamientos, toma de ciudades y robos en carreteras son evidencia de que la violencia está profundamente anclada en gran parte del territorio nacional.
El panorama futuro no es alentador, ya que, al parecer gran parte de las propuestas no ofrecen un enfoque diferente para pacificar el país, basta con escuchar las promesas de candidatos a la presidencia y gubernaturas. Sus propuestas parecen derivar de estrategias ya probadas, oscilando entre dar continuidad a acciones carentes de evidencia sólida de su efectividad o reforzar la capacidad punitiva del Estado.
Hay quienes siguen apostando por mantener la Guardia Nacional militarizada y SEDENA en tareas de seguridad pública, omitiendo lo nocivo que esto es para la vida democrática del país. Pobre es la propuesta sobre el mejoramiento de las policías locales. Evidencia señala que contar con mejores policías no solo incrementa la capacidad reactiva del Estado, sino que ayuda a identificar factores protectores contra el delito y la violencia.
Por otra parte, antes de plantear capturar a más presuntos delincuentes y generar más infraestructura para ello, resulta fundamental mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Basta con recordar que, de acuerdo con el INEGI, cerca del 40% de las personas en prisión no cuentan con sentencia.
Del lado de la prevención, tampoco hay propuestas novedosas. Aunque las transferencias económicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias más desfavorecidas, no hay evidencia de su efecto sobre la violencia. La reducción de la pobreza, representada en gráficos, simplemente indica eso: la disminución de la pobreza.
Abandonar las medidas de seguridad que han fracasado debería ser un rasgo distintivo de esta elección. Académicos, organizaciones civiles y gobiernos locales cuentan con amplia experiencia y evidencia de las acciones que funcionan para contrarrestar la violencia y la criminalidad.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel