Tres aplausos. "Basta de perseguir a los militares que combatieron contra el terrorismo. Los zurditos están preocupados porque se les termina el curro". Con esas frases, Cecilia Pando festejó la decisión de Luis Petri de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que se ocupó durante catorce años de investigar los crímenes de la dictadura. No es la primera vez que la activista pro-impunidad celebra al ministro: días antes del 24 de marzo, se fotografió con él y otras mujeres que reclaman la libertad de los condenados por crímenes contra la humanidad.
Pando no esconde las esperanzas que le genera Petri. El radical mendocino llegó a la cartera de Defensa gracias a las gestiones de Patricia Bullrich, quien se ocupó de correr a un costado a Victoria Villarruel, que estaba entusiasmada con la promesa de Javier Milei de que sería ella quien tendría a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad bajo su supervisión. Desde su desembarco en el edificio Libertador, Petri supo ganarse el corazón de la familia militar más rancia.
El último festejo de Pando fue porque Petri le confirmó a Clarín la noticia que había dado Página/12 a fines del mes pasado: que habían desarmado los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban dentro de las Fuerzas Armadas desde 2010. La decisión implicó el despido de diez de los trece expertos que venían desempeñándose dentro del área. Antes de que los echaran, ya les habían impedido tener contacto con la documentación que debían examinar.
Petri definió a los especialistas como un "grupo parajudicial" que tenía acceso a todas las oficinas. "Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas". Además, el ministro anunció que iba a rediseñar toda el área y modificar la resolución, posiblemente la que le dio carácter permanente a los equipos.
El radical aprovechó para sembrar dudas sobre el accionar de los expertos –todos civiles, en su mayoría, historiadores, comunicólogos o antropólogos–. "No sabemos a quién respondían", deslizó. "Tenían seis informes publicados en seis años".
Posiblemente, Petri no tuvo tiempo de revisar en la web Archivos Abiertos del Ministerio de Defensa en la que están subidos los inventarios de los informes que enviaron a los jueces o fiscales, ya que los ERyA trabajan por requerimiento de la Justicia. Estos informes no se suben a la web, como sucede con los proyectos de desclasificación. "El contenido de los informes realizados por el grupo no son divulgados porque contienen información que puede ser relevante para una investigación penal. Por lo tanto, darle publicidad puede afectar la marcha de la causa. Por ese motivo, son puestos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes que evalúan la información y determinan si adoptar medidas a partir de ella y, entonces, qué difusión darle", explicaron a este diario.
Como denunciaron organismos de derechos humanos, la decisión de Petri persigue un objetivo: obstaculizar las investigaciones por crímenes cometidos hace casi 50 años. Los principales interesados en que no analicen la documentación militar son los imputados –por eso la decisión del ministro no solo fue celebrada por Pando sino también por los defensores de los represores.
Los despedidos del Ministerio de Defensa responsabilizan por la decisión al número dos de Petri, Claudio Pasqualini, que fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Como tal, Pasqualini impulsó una ola "revisionista" dentro de la fuerza e impulsó la idea de la "memoria completa" –la consigna con la que los sectores pro-impunidad respondieron al pedido de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos. Es también yerno de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén de 1976.
El regreso del pasado
El 20 de marzo, Petri estuvo en el Círculo Militar en una actividad centrada en la figura del coronel Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte pretenden que respondan exmilitantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ministro aprovechó para decir que las Fuerzas Armadas fueron "demonizadas" por su actuación durante los años '70 y coronó la velada con la fotografía con Pando y las esposas de represores.
Petri viene haciéndose cargo de la reivindicación de las fuerzas que reclama la familia militar. Lo hace para congraciarse con esos sectores y porque él apunta a meter a los militares en la represión interna, una idea que ya fue denostada por la propia Villarruel. La reivindicación incluye, entre otras cosas, permitir que los condenados por crímenes de lesa humanidad sean homenajeados.
A fines de febrero se conoció que eso había sucedido con Horacio Losito, cuando visitó el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, Misiones. Losito tiene tres condenas en su haber –dos por 25 años y una perpetua. Días después de que Milei y Villarruel asumieran, Losito fue beneficiado con la libertad condicional. Eso no implica que no esté condenado por secuestrar, torturar y desaparecer. Sin embargo, desde Defensa hicieron la vista gorda cuando se difundió que Losito fue recibido con honores. El TOF de Resistencia le dio un espaldarazo a Losito ante los reclamos de los fiscales y las víctimas: dijo que en Apóstoles habían seguido los procedimientos para recibir a excombatientes de Malvinas –Losito integró la Compañía de Comandos 602 junto con el padre de Villarruel– y que no puede limitarle el ingreso a un predio donde presta servicio su hijo.
A nivel ministerial, no queda claro si sigue vigente la resolución 506/2007 por la que Nilda Garré había vedado los homenajes a quienes atentaron contra el orden constitucional o fueron parte del terrorismo de Estado. Fue una de las consultas que había hecho la Red Federal de Derechos Humanos, que preside Horacio Pietragalla Corti. Además, trascendió, a través de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), que el Ejército modificó sus protocolos para rendirles honores fúnebres a quienes mueran y no tengan sentencia firme –es decir, que sus casos estén siendo revisados en Casación o en la Corte Suprema–.
La otra pata a la que está dedicado el Ministerio de Defensa es a atender los reclamos de quienes están detenidos por crímenes de lesa humanidad. Como este diario reveló el 24 de marzo, hubo funcionarios de la cartera que conduce Petri que fueron a la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo a entrevistarse con los represores que están alojados allí. Uno de los enviados fue Lucas Miles Erbes, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio. Es el mismo que anunció los despidos de los especialistas en el análisis de archivos.
Los funcionarios de Defensa se entrevistaron, entre otros, con el exintegrante de la Policía Federal Mario Sandoval –condenado por el secuestro de Hernán Abriata–, Julio Simón –cuyo caso derivó en la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– y Juan Daniel Amelong, el represor de Rosario que fue reivindicado como una "víctima" por parte de Villarruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi.