Iván Gil / David Page
La salvaguarda de los intereses estratégicos de Naturgy es una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo sigue de cerca los movimientos en la compañía energética, donde suenan tambores de opa por parte de la emiratí Taqa, hasta el punto de que Moncloa admite contactos con CriteriaCaixa, su máximo accionista, para monitorizar la operación. Su intención pasa vigilar la entrada de capital extranjero y propiciar un "equilibrio entre seguridad nacional y atracción de inversiones".
Aunque desde el Gobierno se niega haber sido informado previamente del inicio de las negociaciones, se insiste en que tiene y tendrá un papel activo y vigilante para tutelar los movimientos accionariales que se preparan en el grupo. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, necesita del beneplácito del Ejecutivo para sacar adelante una operación que servirá para dar mayor estabilidad al accionariado de Naturgy -ante el deseo de varios grandes accionistas de salir del grupo- y que buscará que las posibles opciones sean del agrado de Moncloa para tener su visto bueno.
Tirar de 'escudo antiopas'
Tras confirmarse que Taqa, grupo energético controlado por el emirato de Abu Dhabi, negocia con los fondos CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en la energética española (en total, un 41% del capital, cuyo valor en bolsa al cierre de ayer es de 9.146 millones de euros), desde el Ejecutivo se avisa del denominado 'escudo antiopas' como gran recurso para "mantener los intereses estratégicos". Una legislación reforzada el pasado verano y que obliga a grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10% en compañías de sectores que se consideran estratégicos.
El Gobierno ya utilizó el 'escudo antiopas' en Naturgy e impuso en 2021 condiciones al fondo australiano IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, sólo consiguió comprar en torno a un 10% y luego ha ido adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española). Entonces la operación de entrada de IFM en el grupo energético estuvo condicionada al apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, al mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, a una política de prudencia en el reparto de dividendos, a mantener una parte significativa de la plantilla en España o una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligada a no respaldar la exclusión de bolsa de la compañía durante tres años.
El espejo de Telefónica
Además de la posibilidad de imponer condiciones para dar el visto bueno, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a entrar en el capital de empresas estratégicas para preservar su autonomía y su españolidad. La apuesta intervencionista del Ejecutivo se demostró con el grupo tecnológico y de defensa Indra -elevando el paquete estatal hasta el 28%-, con Telefónica -en la que el Estado ha entrado como accionista con un 5% y aspira a controlar un 10%-; y no se descarta que pueda seguir los mismos pasos con Talgo para frenar el intento de compra por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. La seguridad energética es otra de las prioridades del Gobierno en lo que denominan autonomía estratégica y de ahí el foco prioritario en Naturgy y en monitorizar los cambios accionariales que vienen.
Pedro Sánchez ya anunció un mayor papel del Estado durante el último foro de Davos apuntando a diferentes sectores, desde el energético a la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La vuelta del Estado a Telefónica, más de un cuarto de siglo después de su completa privatización, se produjo para contrarrestar a la saudí STC. En el caso de la opa lanzada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo, intervenir a través del holding estatal SEPI "no es el plan A", pero sí una de las posibilidades según fuentes de la cúpula del Ministerio de Transportes. Como primera opción, en el Gobierno consideran "indispensable" buscar un socio industrial español. En su momento, el presidente del Gobierno ya avanzó que la entrada en Telefónica "forma parte de una estrategia" de más largo alcance.
Una filosofía similar se sigue en el caso de Naturgy, como argumentaba este miércoles la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al mostrar que la "idea y tarea" del Gobierno es que se puedan incorporar a las empresas estratégicas nacionales, como es el caso del grupo energético, inversores con capital "claro, transparente y a ser posible español". Montero reconocía así que el Ejecutivo está volcando en que "no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de algunas compañías que trabajan en el marco de la seguridad nacional y que tienen responsabilidades estratégicas en nuestro país".
El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto obre la mesa la posibilidad desde Washington el doble recurso de que dispone el Gobierno en el caso de Naturgy y de otros grupos clave para los intereses de Estado: que la SEPI entre con la participación accionarial (como en el caso de Telefónica) o que se exijan una serie de requisitos a los inversores (como ha hecho para la fusión de Orange España y MásMóvil).
En referencia al 'escudo antiopas', Cuerpo explicaba que el Ejecutivo cuenta con los "instrumentos normativos adecuados" y que se utilizarán para preservar de la mejor forma posible los "intereses estratégicos" de España en la gasista al considerar que se una sector "particularmente importante". "Tenemos una normativa que nos permite un equilibrio perfecto entre la protección de nuestras empresas, de nuestros intereses estratégicos y la atracción de inversión extranjera directa", zanjó.
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