De esta manera, Francos destacó que la semana que viene la Cámara baja podría empezar a debatir en comisiones el paquete fiscal y la Ley Bases para que antes de fin de mes pueda ser aprobado en el recinto para enviarse al Senado en lo inmediato.
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Estrategia oficial
El ministro del Interior dijo que el gobierno de Javier Milei no incluyó en la ley ómnibus un proyecto de reforma laboral como estuvo contemplado en el DNU que objetó la justicia. Pero admitió que en la Casa Rosada están dispuestos a incluir "una reforma laboral que tenga el consenso de todos".
En esta línea de análisis Francos dijo que "la intención del Gobierno es acordar con todos los sectores" la reforma laboral. No obstante, el ministro del Interior dejó en claro que en un eventual acuerdo con los sindicatos por una reforma laboral el acuerdo "no implicará un efecto político" para evitar que se realice un paro convocado por la CGT para el 9 de mayo.
"La intención es acordar con todos los sectores pero veremos qué dicen los gremios ante una propuesta de reforma laboral consensuada", destacó Francos.
Hasta ahora, en el diálogo que el Gobierno mantuvo con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados como el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) se expuso la idea de acompañar una eventual inserción de las normativas laborales dentro del megaproyecto de ley Base.
En los proyectos que la oposición le acercó a Francos y que en gran medida se ajustan a lo que planteaba el DNU se incluye una reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Para la Casa Rosada esta idea puede ser un mecanismo traccionador para genera empleo y por lo tanto podría servir para empujar la reforma laboral con apoyo de la oposición y un sector de los gremios.
Puntos en discordia
Además, el proyecto original de la UCR plantea actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y hasta cinco empleados.
También la iniciativa que conversaron los legisladores de la oposición con Francos prevé un capítulo que busca reducir "enormemente" la litigiosidad. Así, el proyecto radical deroga los artículos y leyes que "complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad", incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reduce de manera sustancial las multas laborales.
En otro item se prevá extender de tres a seis meses el período de prueba. En el DNU de Milei ese período de llevaba a ocho meses. Y un apartado que incluye protección contra el despido por discriminación. En concreto, agravaba hasta un 100% la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio, ya sea de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
En el Gobierno avalan la idea de incluir mecanismos sustitutivos de indemnización. Por un lado, al igual que el DNU 70, habilitó que, por convenio colectivo, se pueda establecer un fondo de cese laboral a cargo del empleador, que implica un aporte de hasta 8% de la remuneración. Es decir, un modelo similar al de la Uocra.
Pero ahora la novedad es que el proyecto de la UCR incluye, además, la posibilidad de que las empresas sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Según estudios a los que consultaron los radicales durante la elaboración del proyecto, la primera sería del 3%, es decir, más baja que el fondo de cese laboral.
El eje de debate y fricción con los gremios sin dudas será aquel punto que elimina las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos, que se conocen bajo el nombre de "contribuciones de solidaridad". Pero que, como señalan en la UCR, no es solidario sino más bien compulsivo.
Otro de los ejes de la discordia con la CGT es que la reforma apunta a declarar a la educación como servicio estratégico esencial. De esta manera, el proyecto busca un equilibrio entre el derecho a la educación y a la huelga.
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