La Justicia argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) y de varios colaboradores suyos, como parte de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su Gobierno, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
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El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dispuso la inhibición general de bienes de Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa que investiga si el mandatario favoreció, para la contratación de seguros del Estado, al esposo de su secretaria privada.
La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, quienes ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes.
La decisión abarca al intermediario Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, secretaria de Fernández, un vínculo que, para el juez, despierta la sospecha de que determinó del rol del exmandatario en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros.
Fernández está imputado por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno.
A Fernández se lo investiga por presuntas irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.