Después de que Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, informase el pasado lunes de que estaba en conversaciones con un potencial candidato a entrar en el accionariado de Naturgy y con el que conformar una mayoría accionarial estable capaz de asentar la gestión de la compañía energética, el grupo inversor en cuestión confirmó su identidad y la intención de lanzar una opa por el 100% de la empresa tradicionalmente participada por La Caixa. Un paso necesario a partir del momento en que los paquetes accionariales sobre los que dirige específicamente su oferta Taqa, empresa dependiente del fondo soberano de Abu Dabi, tienen una porcentaje superior al 30%. En este caso, un 41,3% repartida entre dos gestoras de fondos de invesión (Rioja y GIP) con participación de CVC, Corporación Financiera Alba y Blackrock.
El resultado de la operación, cuyos detalles están aún pendientes de conocerse (así como cuál será la receptividad ante esta oferta tanto de estos como de otros inversores en la compañía como la australiana IFM, con el 15%), debería dejar, si las previsiones de sus impulsores se cumplen, a dos grandes accionistas de referencia (Criteria y la emiratí Taqa, como socio industrial al igual que lo es la argelina Sonatrach, con el 4,1%) con un acuerdo de colaboración en la gestión de la compañía y con intereses estratégicos a largo plazo en ella, desplazando a los fondos de inversión con intereses de rentabilidad a más corto plazo que ocuparon el espacio dejado por la retirada de Repsol.
Si el reemplazo de accionistas con intereses especulativos por socios con vocación industrial ya es positivo, también lo sería que el acuerdo de colaboración que acompañe este movimiento garantice el liderazgo de la Fundación La Caixa, a través de Criteria, en la gestión de una empresa estratégica. Ese papel de influencia en la gestión y creación de mayorías accionariales estables es el mismo que ha motivado otras operaciones como el incremento de la participación de Criteria en Telefónica.
En las próximas semanas se despejarán, con todo, algunas incógnitas aún pendientes. Como cuáles son los proyectos de futuro del comprador. O si su oferta será suficiente (el valor de la participación de Rioja y GIP ha pasado de 8.600 millones de euros a 9.100 al cierre del mercado del miércoles) para que estos dos fondos consideren que su ciclo inversor ya ha concluido de tal forma que puedan recoger los beneficios esperados. También se deberá esperar a saber cuál será la reacción del Gobierno y si su intención es la de activar alguno de los recursos, desde el escudo antiopas hasta la posibilidad de entrar en el accionariado a través de la SEPI, con los que ha reaccionado a la entrada de capital exterior en otras compañías consideradas estratégicas para el país, como en el caso de la adquisición de una participación destacada de la compañía de comunicaciones pública saudí en Telefónica. De momento, la vicepresidenta María Jesús Montero ya advirtió ayer de que no menos estratégica es Naturgy y manifestó que sería preferible la llegada de socios locales. Sin embargo, lo realmente necesario es que se despeje la gobernanza de una compañía que ha visto frenados sus planes de futuro en parte, precisamente, por las reticencias del propio Ejecutivo.
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