Ángeles Vázquez
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, encargada de juzgar la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del Govern, se ha tomado su tiempo y hasta este jueves no ha procedido a dar traslado a la Fiscalía y las acusaciones personadas para requerirles sus conclusiones sobre la responsabilidad contable en la que habrían incurrido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o cualquiera de los otros 33 demandados en el procedimiento, confirmaron a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas.
Tras la vista celebrada en el Tribunal de Cuentas el 17 de noviembre del año pasado, la consejera Hernáez se comprometió a pronunciarse sobre la petición de los nueve demandados de Esquerra, entre los que estaba el propio Oriol Junqueras, de suspender el procedimiento por la presentación de la ley de amnistía en el Congreso. Finalmente, como había hecho con la propia celebración de la vista, a la vuelta de las navidades, la consejera rechazó paralizar el procedimiento pese a que promulgación de la amnistía cada vez era más inminente.
Desde entonces se esperaba que cualquier día diese traslado al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, y a la acusación que ejerce Societat Civil Catalana para formular sus conclusiones. Para ello les ha concedido un plazo de 10 días hábiles, que concluirá el próximo día 18.
Hasta ahora Societat Civil Catalana ha fijado el descalabro hecho a la Generalitat en más de cinco millones, mientras que el ministerio público lo fue rebajando hasta dejarlo en 3,1 millones. En el caso de que el procedimiento acabe en condena, el dinero será restituido al Govern, pese a que siempre ha manifestado que no sufrió perjuicio alguno con el 1-O y la acción exterior, lo que motivó que en su día la Abogacía del Estado se retirara del procedimiento.
Veinte días
Cumplido el plazo de las acusaciones, comenzará el de las defensas para argumentar contra la reclamación formulada por las anteriores. Después llegará el momento en el que la consejera con lo oído en la vista de noviembre y las alegaciones de los distintas partes dicte la correspondiente sentencia. La ley marca que el fallo se conozca como tarde 20 días después de recibidos los últimos escritos y, aunque esos días siempre son prorrogables, fuentes próximas a la consejera Hernáez señalan que su intención es no prolongarlos. Si cumple con esa previsión, la sentencia estará lista antes de que cuanto se prevé que entre en vigor la amnistía.
No obstante, esa resolución no será firme, porque podrá ser recurrida ante los otros tres consejeros que componen la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas: Rosario García, Diego Íñiguez y su presidenta, Rebeca Laliga. La resolución que ellos dicten todavía puede ser aún llevada ante el Tribunal Supremo.
De ahí que resulte imposible que haya una resolución firme sobre la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern antes de la entrada en vigor del perdón pactado entre el Gobierno y ERC y Junts, lo que significará que los condenados, si los hubiera, acabarán siendo exonerados de cualquier responsabilidad contable y la cantidad impuesta en ese caso no será cobrada. La proposición de ley prevé que en estos procedimientos "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso".
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