El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, de 71 años, enfrenta un proceso judicial que podría resultar en una condena de hasta ocho años de prisión. El caso, iniciado por el propio Uribe en 2014, ha evolucionado hasta convertirse en un arma de doble filo, que puso al exmandatario en una posición vulnerable ante la ley.
Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, expresó en Blu Radio su convicción de que la Fiscalía no logrará demostrar las acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos contra su cliente. Según Granados, el llamado a juicio representa una oportunidad única para desmentir lo que él describe como "infamias y mentiras" que han marcado el caso.
"Es la oportunidad que tenemos de poder refutar todas las infamias, todas las mentiras que se han dado en este caso", afirmó Granados durante la entrevista. La defensa se muestra confiada en que la verdad prevalecerá y que la inocencia de Uribe será demostrada ante los tribunales.
El abogado Jaime Granados manifestó su seguridad en que la Fiscalía no logrará demostrar los cargos de fraude procesal y soborno a testigos imputados a su cliente. Granados calificó el proceso como una persecución política de larga data contra Uribe, negando la existencia de pruebas que vinculen directamente al expresidente con los delitos mencionados.
"La verdad es lo que finalmente para la historia va a quedar de todo lo que ha sufrido por una verdadera persecución desde hace muchos años política el presidente Alva Uribe Vélez (…) Eso es una aberración. Después de haber estudiado este caso durante casi seis años, de conocer cada elemento de prueba al detalle, que no existe ningún elemento, ninguna prueba que pueda llevar a afirmar a alguien de que el presidente determinó al abogado Cadena ni a cualquier otra persona a cometer ningún delito", aseguró Granados.
Añadió que eso "es algo que no se soporta en las pruebas, que evidentemente la Fiscalía fracasará de su intento de probar lo que no ocurrió". Según el abogado, el caso se presenta como complejo, especialmente por las acciones de Diego Cadena, quien habría actuado por iniciativa propia en varias ocasiones.
La defensa busca clarificar este punto en el juicio, crucial para su estrategia, con el objetivo de demostrar la no participación directa de Uribe en los hechos imputados.
Granados enfatizó que corresponde a la Fiscalía probar las afirmaciones contenidas en el escrito de acusación, expresando su convicción de que no existen medios para probar algo que, según él, no ocurrió. Además, señaló que el caso se ha visto marcado por "una serie de irregularidades graves", sin especificar detalles al respecto.
El proceso contra Uribe continúa generando atención tanto a nivel nacional como internacional, y la sociedad colombiana espera con interés los desarrollos futuros de este caso emblemático.
Este proceso judicial no solo es significativo por involucrar a una figura prominente de la política colombiana, sino también por las implicaciones que tiene en la percepción de la justicia y el estado de derecho en el país. Mientras Uribe y su equipo legal se preparan para enfrentar el juicio, Colombia y el mundo observan atentamente el desarrollo de un caso que podría marcar un precedente histórico.
El caso de Uribe
El caso de Álvaro Uribe Vélez involucra acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos. Todo comenzó en 2014 cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes durante un debate en el Congreso. Uribe respondió denunciando a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema desestimó las acusaciones contra Cepeda y, en cambio, abrió una investigación formal contra Uribe por los mismos delitos.
En 2020, Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario mientras enfrentaba estos cargos. Sin embargo, renunció a su escaño en el Senado, lo que cambió su estatus legal y trasladó su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía. Esta acción fue vista por algunos como una estrategia para influir en el proceso judicial, ya que su partido político estaba en el poder en ese momento.
La jueza Carmen Helena Ortiz ha decidido llevar a Uribe a juicio, rechazando una solicitud de la Fiscalía para archivar el caso por ausencia de delito. La defensa de Uribe argumenta que Diego Cadena, uno de los abogados implicados, actuó por iniciativa propia sin instrucciones de Uribe.