La guerra en Ucrania, el genocidio palestino por parte de Israel, el asalto de la embajada de México en Ecuador y el menosprecio a los derechos humanos por parte de varios políticos en el Perú, nos lleva a reflexionar sobre la protección obligatoria que el Estado debe brindar a todos sus habitantes.
Las guerra desatadas generan pérdidas y no sólo económicas sino de vidas humanas, no solo de combatientes sino de personas inocentes y vulnerables mujeres, niños, ancianos o personas especiales.
La pérdida de recursos de infraestructura impide su uso en el combate contra el hambre, la desigualdad o el desamparo de millones.
Los Estados han propiciado la firma y suscripción de convenios y tratados internacionales donde, libre y voluntariamente, se comprometen a respetar derechos humanos, normas de conducta, soberanía, derecho de asilo y extraterritorialidad de las embajadas, consulados y otros bienes que los Estados poseen en territorios de otros países.
Estos tratados y convenciones, ratificados democráticamente, buscan proteger a los ciudadanos frente a eventuales abusos que puedan cometer los gobernantes o sus Estados contra las personas. Los Estados cuentan con mayor poder que los habitantes, poseen el monopolio de la posesión y uso de las armas así como mecanismos de coerción los que puede llevarlos a cometer abusos en contra de las personas. Por ello la necesidad de estos compromisos.