Kigali, 5 abr (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes a la comunidad internacional que garantice justicia y rendición de cuentas para las víctimas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde el Gobierno de la mayoría hutu orquestó la matanza de unos 800.000 tutsis y hutus moderados.
"Justicia retrasada es justicia denegada. La muerte confirmada de varios de los sospechosos de genocidio más buscados antes de que pudieran enfrentarse a la justicia (...) muestra la importancia de mantener el impulso para hacer justicia", declaró en un comunicado el director regional de AI para África oriental y meridional, Tigere Chagutah.
"Para honrar la memoria de las víctimas del genocidio y hacer justicia a los supervivientes y a las familias de las víctimas, instamos a los Estados a que vuelvan a comprometerse con la búsqueda incansable y oportuna de la justicia, en particular enjuiciando a los presuntos autores a través de la jurisdicción universal cuando proceda", añadió.
AI recordó que el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT, en inglés) -encargado de los casos pendientes que dejó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) tras su clausura en 2015- confirmó entre mayo de 2020 y noviembre de 2023 la muerte de cuatro de los prófugos más buscados sin haber sido juzgados.
Dos de los cuatro identificados fueron Augustin Bizimana, ministro de Defensa durante el genocidio cuyos restos fueron encontrados en la República del Congo en 2020; y Protais Mpiranya, comandante de la Guardia Presidencial acusado de la muerte de altos dirigentes hutus moderados que murió en Zimbabue en 2006.
Los otros dos prófugos fueron Phénéas Munyarugarama, teniente coronel del Ejército ruandés que fallecdió en República Democrática del Congo (RDC) en 2002; y Aloys Ndimbati, alcalde de Gisovu (este), muerto en Ruanda en 1997.
Tampoco ha sido juzgado por sus acciones en el genocidio, el exinspector de policía Fulgence Kayishema, inculpado por el TPIR y fugado desde 2001, que permanece detenido en Sudáfrica desde el pasado mes de mayo sin que se haya resuelto su posible extradición a Tanzania o Ruanda.
Por otro lado, el pasado agosto, el juicio a Félicien Kabuga, de 90 años, presunto principal financiador del genocidio, capturado tras 26 años huido, se suspendió indefinidamente por su deteriorado estado de salud.
La masacre de Ruanda marcó un punto de inflexión en el compromiso internacional de incluir la rendición de cuentas y los juicios penales como parte de las respuestas a los crímenes graves contra el derecho internacional.
Sin embargo, el TIPR, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1994, sólo enjuició un número limitado de casos y no estuvo dispuesto a juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, según ha denunciado la organización Human Rights Watch (HRW).
El genocidio empezó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato el día anterior de los presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, cuando el avión en el que viajaban fue derribado sobre Kigali.
La matanza que siguió -el Gobierno ruandés acusó del magnicidio a los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (RPF), contra los que libraba una guerra desde 1990- causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.
El genocidio, del que se cumplen 30 años el próximo domingo, fue una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad. EFE
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