Hacienda ha realizado una subida oculta de impuestos gracias a la inflación que los contribuyentes no han notado. En concreto, un trabajador que percibe un salario de 30.000 euros ve entre 46,22 y 232,56 euros evaporarse ante la negativa del Gobierno de deflactar de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es decir, al no haber ajustado los tributos a la subida de precios.
En la actualidad, un sueldo de 30.000 euros no vale igual que en 2019, dado que se pueden comprar menos productos con ese dinero por la inflación. Sin embargo, el Ejecutivo considera que es lo mismo cobrar ese salario en 2024 que hace 5 años, dado que no ha ajustado el IRPF al contexto económico.
Así, el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, continúa acaparando el dinero que se va en la inflación. Durante 2023, la Agencia Tributaria logró recaudar una asombrosa cifra de 271.935 millones de euros, un 6,4% más que en 2022, y un hito más a costa del sacrificio de los contribuyentes.
Subida oculta de impuestos de Hacienda
El triunfo recaudario del Gobierno se le debe principalmente al IRPF, el cual superó los 120.000 millones de euros. De los 16.350 millones de euros extras que Hacienda se embolsó el año pasado, 10.485 millones tuvieron su origen en el impuesto que grava la renta, que representa el 65% del total.
La mayor carga de este impuesto recae sobre las rentas de entre 30.000 y 60.000 euros anuales, que contribuyen con casi el 40% del total de la recaudación del IRPF (37,17%).
El apetito voraz del Gobierno por el beneficio del IRPF puede ser atribuido a su rotunda negativa a deflactar la parte estatal de este impuesto desde el inicio de la crisis inflacionista en 2021, algo que se convierte en una subida oculta de impuestos de Hacienda, pues no ajusta la tributación al nuevo nivel de vida.
En concreto, la deflactación de la tarifa del IRPF implica considerar la inflación al momento de imponer impuestos, para evitar que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. El hecho de ignorar este efecto equivale a una alza de impuestos encubierta.
Dado que el IPC se ha catapultado en más del 17% desde marzo de 2021 hasta marzo de 2024, los beneficios monumentales para Hacienda son evidentes. Sin embargo, algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, País Vasco o Navarra, sí han aprobado medidas para aliviar a partir de la deflactación, algo que no ha hecho el Gobierno central.
Por ejemplo, según el portal web del Gobierno de la región que dirige Isabel Díaz Ayuso, la comunidad aplica una deflactación de «un 3,1% a todos los tramos del IRPF, el mínimo personal y familiar, y las deducciones ya existentes sobre el mismo, así como los límites de renta para poder acceder a ellas. La medida del Ejecutivo autonómico dota de nuevo con mayores recursos económicos a las familias madrileñas, evitando que las subidas salariales les supongan un mayor pago de impuestos, con mayor impacto en las rentas más bajas».
En el caso de tener una renta de 70.000 euros, el contribuyente se ve obligado a pagar entre 162,45 y 611,74 euros extra al fisco. Para las rentas más altas, de 350.000 euros, la deflactación podría devolver hasta 1.707,73 euros al afectado. Dicho de otra manera, el Estado se estaría apropiando de todo ese dinero en vez de permitir que se quede en el bolsillo del pagador de impuestos.
La deflactación de la tarifa no implica ninguna reducción de impuestos, sino que se implementa simplemente para que el contribuyente no sufra una pérdida de poder adquisitivo cuando suben los precios. Es decir, el hecho de no deflactarlo sería, en sí, una especie de subida tributaria encubierta.