Parece que ha pasado toda una vida pero hace cuatro años prácticamente toda España estaba encerrada en casa. Eran los días más duros de confinamiento por Covid-19 y todavía quedaba una semana para que los menores de 14 años empezaran a pisar la calle en una de las primeras medidas de desescalada.
Evidentemente, uno de los lugares donde rápidamente se notaron los efectos de este confinamiento fue en la carretera. Los coches desaparecieron del asfalto, mejorando la calidad del aire. Se repensó la ciudad para fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta.
Pero ante este entorno idílico, donde atisbábamos una sociedad que iba a salir más unida y sana, también hay empresas que estaban viendo un problema. Con menos coches en las calles, los ingresos de sus negocios se reducen drásticamente.
Hablamos de las concesionarias de autopistas de peaje.
Una reclamación legal... hasta cierto punto
El último caso en el que hemos tenido noticias sobre reclamaciones por los daños económicos provocados por los confinamientos del Covid-19 en relación a las autopistas de peaje nos ha llegado ahora.
Audasa, concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), reclamaba al Estado 46,1 millones de euros por el descenso de sus ingresos en 2020. Lo cierto es que esta reclamación tenía su base jurídica pues, en el Real Decreto-ley 8/2020 en el que se regulaban las medidas urgentes sobre la crisis, se expresaba lo siguiente:
En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley (...) la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
Es decir, se ponía sobre la mesa que las empresas que tuvieran que prestar un servicio después de haber sido contratadas por el Estado o una Comunidad Autónoma y no pudieran realizarlo y, por tanto, obtener beneficios podían reservarse el derecho a pedir una compensación.
Esto mismo es lo que ha reclamado Audasa, algo de lo que ya advirtió en 2020 y que también han puesto en marcha otras empresas del sector. Según sus cuentas, por las restricciones aplicadas entre mayo y junio de 2020 esperaban recibir de la Justicia unos 46,1 millones de euros. Una cantidad que en el proceso judicial han ido reduciendo, asegurando que estarían dispuestos a pactar unos 28,5 millones de euros, como recoge Faro de Vigo.
Pero el Tribunal Supremo se ha mantenido inflexible. En su decisión, la Justicia se ha negado a dar la razón a Audasa y a que esta reciba cualquier tipo de indemnización, recalcando que el "restablecimiento del equilibrio económico" no consiste en valorar cuánto habría ganado la compañía y sólo debe ponerse en marcha si la empresa ha entrado en pérdidas por las medidas de confinamiento tomadas o han llevado a la misma a una situación económica que no garantizaba su viabilidad.
Ninguna de estas dos situaciones se han dado. De hecho, en Motorpasión recogen que la compañía no debió ganar todo lo esperado pero que, confinamientos mediante, consiguió beneficios de 33,7 millones euros en 2020, una cifra inferior en ocho millones de euros a la cosechada en 2019 pero que, para el Tribunal Supremo, no ha puesto en riesgo a la empresa.
Estaba claro, eso sí, que la compañía esperaba aumentar sus beneficios. Desde 2020 éstos no han dejado de crecer año tras año hasta que, en 2023, consiguieron una cifra récord de 82,6 millones de euros de beneficio.
Hay que tener en cuenta que algunos de los tramos de esta AP-9 son de los más caros de España para el conductor, si se tiene en cuenta el precio por kilómetro. Según un informe Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el coste medio de Tui a Ferrol es de 0,10 euros por kilómetro para sus 219 kilómetros pero en los 23 kilómetros entre Vigo y Pontevedra el coste es de 0,20 euros/km y en los 17 kilómetros que separan Puxeiros y Tui el precio a pagar es de 0,188 euros/km.
Imagen | Audasa