Hace un mes la Confederación Intersindical Galega (CIG) acusaba a la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Lalín, Asistenzia, de tratar de amedrentar a la plantilla tras remitir todas las trabajadoras una carta en las que hacía constar una amonestación tras detectar supuestos casos de vulneración del secreto profesional. Adujo que habrían desvelado datos de los usuarios u otras cuestiones. La central, tras recordar que con dos faltas más las trabajadoras podrían ser despedidas sin derecho a indemnización, exigió a la empresa que dejase sin efecto estas amonestaciones y que se disculpase con las afectadas.
El representante de la CIG en las comarcas, Antón Álvarez Merayo, desveló ayer que finalmente la empresa remitió cartas a las algo más de 60 trabajadoras en las que les indica que "su intención no era sancionar sino advertir de que la revelación de datos de las personas usuarias comunicada por el departamento de Servicios Sociales del Concello podía ser constitutiva de infracción", dando por zanjada esta polémica con la retirada de la amonestación. Para Merayo y para la delegada del comité de empresa Mónica Rodríguez en esta decisión pesan las 16 demandas registradas por la CIG a las que se unirían otras de trabajadoras que acudieron a asesores legales. Es decir, la concesionaria percibió que la justicia podría darle la razón a las afectadas y rectificó.
Merayo, que califica este escenario de despropósito, indica que este desaguisado cobra mayor dimensión cuando poco antes ni empresa ni Concello [conocedor y cómplice de las decisiones de Asistenzia] atendieron la solicitud del comité, en la que exigía a la empresa a que actuase como finalmente se vio forzada a hacer. Explicó que la concesionaria trasladó al comité que tras haber mantenido conversaciones con el área de Servicios Sociales, este departamento mantuvo su versión de los hechos "por lo que nos vemos en la obligación de mantener las amonestaciones emitidas a todo el personal". Para el sindicalista esta situación es muy grave pues, además, de actuar sin criterio y de forma indiscriminada contra todas las trabajadoras, les pudo haber generado un perjuicio irreversible.
Por otro lado, Merayo y Rodríguez denunciaron en su comparecencia los problemas que tienen las trabajadoras para desempeñar su labor en algunos domicilios. Insalubridad, desperfectos graves en las viviendas, casos de síndrome de Diógenes o la situación de descuido y desatención que padecen algunos mayores que viven solos son las más destacadas. Urgen al gobierno local a tomar medidas y que los servicios sociales realicen visitas domiciliarias para conocer la situación de estos usuarios. Tienen conocimiento de al menos tres casos en los que estas personas no deberían ni vivir solas.
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