A la hora de examinar el último señuelo electoral del Gobierno, la supresión de los permisos de residencia especiales para ciudadanos extracomunitarios, sujetos a la inversión inmobiliaria o en activos financieros, es preciso señalar que se trata de una medida que viene reclamando Bruselas a los países de la eurozona desde hace ya más de cuatro años, por entender que las «golden visa» se han convertido en la simple compra de derechos de tránsito comunitario, muchas veces, para fines irregulares.
Por supuesto, entre las causas aducidas por la Comisión europea, cuya competencia en este asunto está sujeta a controversia, no figura la tensión añadida a los distintos mercados inmobiliarios que es, precisamente, el leitmotiv de la propaganda gubernamental en torno a la revocación de las visas aprobada ayer por el Consejo de Ministros.
Estamos, pues, ante un nuevo relato oficialista que pretende disimular la inacción de la actual coalición de gobierno en el ámbito de la vivienda pública, mientras en las principales capitales españolas crece la escasez de viviendas, se disparan los precios del alquiler y nuestros políticos de la izquierda contemplan cada futura promoción inmobiliaria como un acto de especulación que hay que combatir. No toda la responsabilidad es del actual Ejecutivo, claro, pero fue el PSOE quien llevó al Tribunal Constitucional, anulándola, la ley de suelo promovida por José María Aznar para facilitar la construcción de viviendas.
Así, frente a este último ejemplo de propaganda averiada de La Moncloa, puesto que las casas adquiridas por extranjeros al amparo de la «golden visa» suponen menos del 1 por ciento del mercado inmobiliario, en España se eternizan los grandes proyectos de nuevas construcciones, con batallas políticas y judiciales que se prolongan durante décadas –la «operación Campamento de Madrid arrancó en 1986 y verá las primeras viviendas en 2027– con el resultado conocido de que las nuevas generaciones cada vez tienen más difícil el acceso a una casa propia o en alquiler.
En realidad, Pedro Sánchez sacaba a colación las 14.576 viviendas compradas con las «golden visa» en los últimos diez años, mientras sólo en Madrid capital, el Consistorio que preside Martínez Almeida tiene en construcción, hasta 2027, más de 12.000 pisos de titularidad municipal y se están llevando a cabo desarrollos urbanísticos que pondrán otras 200.000 viviendas en el mercado. El camino no es operar sobre la demanda, como hace este Gobierno, trasladando sobre los propietarios la responsabilidad del problema habitacional con normas coactivas del libre mercado que han fracasado allí donde se han intentado, sino multiplicando la oferta inmobiliaria. Y, por supuesto, desde la colaboración con las comunidades autónomas, que son las titulares de las competencias urbanísticas.
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