"Se trata de intereses inmobiliarios y turísticos que nos persiguen con citaciones ante la justicia. Esto no es de ahora, actualmente hay 46 vigentes pero hemos llegado a tener 100 causas. El punto es que nunca pudieron probar nada en contra nuestra", dijo a Salta/12, Mercedes Velardez, comunera y vocera de los tolombones.
Todas las parcialidades indígenas -a excepción de los amaichas- que habitan en el actual territorio tucumano, es decir preexistentes a la provincia y al Estado nacional, sufren usurpaciones, presiones y choques que crecen, disminuyen o desaparecen al ritmo de la política nacional.
¿Y quiénes son los tolombones? Se trata de un pueblo que integra la Nación Diaguita y mantiene la posesión ancestral, actual y pública de un área en el valle de alta montaña en Choromoro desde "tiempo inmemorial". Las tierras que ocupan son de uso comunitario y entre las localidades más importantes están Hualinchay, Tacanas Grandes, Tacanas Chicas, Rearte Sur, Gonzalo y Potrero.
Por otro lado, los comuneros cuentan con el relevamiento territorial que ordena la ley 26160 en el que consta la ocupación de unas 43 mil hectáreas, la que "se remonta a los escritos de las Cédulas Reales de 1679. Autoridades de entonces reconocían al Pueblo Tolombón en sus actividades de agricultura y ganadería y un gran desarrollo territorial en la zona de alta montaña", ilustró Velárdez.
La economía de las 450 familias que habitan en las bases territoriales (así llaman los comuneros a las localidades o zonas) está ligada a la naturaleza, con actividades de trashumancia, cultivo de alimentos y resguardo de sus raíces culturales, algunos trabajan en servicios públicos pero el estilo de vida siempre remite al respeto a la Pachamama o Madre Tierra.
Sin embargo, la paz de los comuneros está rota por las citaciones judiciales, las acusaciones de abigeato, las denuncias permanentes de empresarios que pretenden, como sea, el espectacular territorio (ver fotos).
En ese sentido la vocera sostuvo que pese al estado de alerta habitual en el que viven, a los pretendientes "ya no les quedan herramientas para perseguirnos porque cuando fueron a la casa del comunero Román Ríos -un abuelo de 90 años-, la gente defendió la posesión y el ilegal procedimiento no prosperó".
De hecho, los magistrados intervinientes, jueces titulares de juzgados y de Paz, hubieron de enterarse que aunque la denuncia era contra particulares, estaban en presencia de integrantes de comunidades indígenas por eso, cuando el cacique Domingo Mamani presentó la documentación, la respuesta fue "pero ¿cómo?, si es una comunidad está prohibido el desalojo", en referencia a la ley 26160, que protege la posesión ancestral de las comunidades indígenas, según recordó Velardez.
"Mi nombre es Cayetano, de la base Gonzalo, y quiero que toda la sociedad sepa los atropellos que sufrimos. La persecución es constante, ideológica, y en estos últimos tiempos nos arman causas y llegan a decir que somos personas peligrosas para la sociedad", contó uno de los denunciados.
Agregó que la situación les obliga "a ser más cautelosos, a realizar actividades laborales dentro de la comunidad, por temor a recibir denuncias que cada vez son más fuertes. Estamos a mediados de marzo del 2024 a la espera de la decisión que tomarán los jueces de las últimas causas que nos armaron".
El hombre detalló que los tolombones ocupan un "territorio bastante amplio, donde hay supuestos terratenientes. Uno de ellos está actualmente ocupando un cargo acá en la provincia de Tucumán, es presidente del Archivo Histórico", y lo identificó como "Javier Critto", quien, junto a otros empresarios, denuncia a los indígenas y son la fuente de sus penas y tormentos.
Otro caso que escandaliza a esta parcialidad de la Nación Diaguita es el del comunero Aurelio, quien trabaja en el sistema de salud provincial, alguien que "vela por la salud de las familias como agente sanitario y le han hecho una causa. También, (le llegó) alguna notificación en el Ministerio de Trabajo, como diciendo que es violento, pero resulta que nada que ver. Esto es persecución laboral".
"En estos tiempos eso se naturaliza y la verdad que es violación de derechos básicos. Con este gobierno (nacional) peor aún. Así que estamos a la defensiva", destacó la vocera de los comuneros.
La sensación que transmiten comuneras y comuneros a través de los testimonios es que todo está dirigido a cansarlos, debilitarlos, distraerlos de sus tareas habituales con la cría de animales y cultivos, es decir su economía, su presente y su futuro.
Cada viaje a "la ciudad" (así le dicen los pobladores a San Miguel de Tucumán, capital de la provincia) es mucho dinero, tiempo y mala sangre y están concientes de que todo es porque quieren quitarles sus tierras. Sin embargo, están amparados por leyes argentinas y por tratados internacionales que el país, las provincias y los municipios están obligados a cumplir.
Además, portan el espíritu de Juan Calchaquí, un líder indígena del SXVI que encabezó la resistencia contra la invasión española y aunque fue apresado y asesinado la rebelión en defensa de la libertad de los pueblos indígenas la continuaron líderes como Diego Viltipoco y Juan Chalimin. Otros tiempos pero siempre nuevas historias.