Silvia Martinez
España cerró el año 2023 con la cuarta deuda pública más elevada de toda la Unión Europea (107,7% del PIB), solo por detrás de Grecia, Italia y Francia, y un déficit público del 3,6% del PIB, según ha certificado este lunes la oficina europea de estadística (Eurostat). El dato, el mismo que el registrado de media por la Eurozona, se sitúa por encima del umbral del 3% que establece como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo que anticipa que España estará en la terna de países a los que Bruselas abrirá un procedimiento por déficit excesivo en el mes de junio.
Con la irrupción de la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania, la Comisión Europea decidió suspender la aplicación de las reglas de control del déficit y la deuda pública que han permanecido congeladas cuatro años. Las normas, sin embargo, volverán a aplicarse este año 2024 y eso significa la apertura de nuevos expedientes sancionadores para aquellos países que superen los umbrales. En el caso del déficit público son diez países, además de España, que salió del procedimiento en 2019, los que registrarán un desvío en sus cuentas superior al 3%: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%).
El dato de déficit español, que equivale a 53.159 millones de euros, muestra en todo caso una evolución positiva con una caída gradual del déficit del 10,1% en 2020 hasta el 6,7% en 2021, el 4,7% en 2022 y el 3,6% en 2023. España también ha registrado una evolución positiva en su deuda pública, que ha pasado del 120,3% en 2020 al 107,7% el año pasado. Aún así sigue siendo una de las más abultadas de toda la UE solo superada por la de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). En total, 13 Estados miembros registraron el año pasado una deuda superior al 60% que establece como límite el pacto. Entre los países menos endeudados, mientras tanto, se situaron en 2023 Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Luxemburgo (25,7%) y Dinamarca (29,3%).
Los países que sean objeto de medidas correctivas por parte de Bruselas tendrán que realizar un ajuste estructural del 0,5% del PIB y sus cuentas serán vigiladas de cerca por la Comisión Europea. La confirmación de los datos por parte de Eurostat coincide con la votación este martes en el pleno del Parlamento Europeo de la nueva reforma de las reglas fiscales, el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva por los gobiernos europeos. Las nuevas reglas no cambiarán los dos elementos centrales del pacto -la regla del 3% de déficit público y del 60% para la deuda pública- y en 2024 la supervisión fiscal se basará en las recomendaciones específicas por país emitidas en primavera del año pasado y avaladas después por el Eurogrupo, pero los gobiernos tendrán que presentar en septiembre un plan plurianiual a medio plazo -de cuatro años aunque ampliable a siete-, con una trayectoria fiscal a medio plazo, compromisos de reforma e inversión, que deberá ser evaluado por Bruselas y aprobado por el Consejo.
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