El Juzgado Décimo Penal Especializado condenó al exsubdirector del DAS, Emiro Rojas Granados, a 14 años y medio de prisión por el delito de tortura agravada continuada en contra de la periodista Claudia Julieta Duque. Por los mismos hechos también fue condenado a doce años y medio de prisión el exdetective de la entidad, Néstor Pachón Bermúdez. Sumado a esto, el juzgado ratificó que los ataques en contra de Duque son un delito de lesa humanidad, al constatar todo un engranaje de persecución, espionaje y tortura psicológica contra una periodista que investigaba el crimen contra Jaime Garzón.
Duque fue perseguida, señalada de auspiciadora del terrorismo e intimidada hasta el punto que tuvo que exiliarse dos veces del país a principios de los 2000. Las diversas intimidaciones contra la periodista iniciaron en 2001, cuando fue secuestrada en un taxi en la modalidad de paseo millonario, para después hacerle saber que eso le pasaba por "desenterrar a los muertos y por su amistad con Alirio Uribe", quien fue director del CAJAR. Posteriormente, Duque comenzó a notar que su casa era rodeada continuamente por varios vehículos, entre ellos un taxi de placas SHH 348 que, como se demostró en el proceso, pertenecía al DAS y estaba asignado a la dirección de Inteligencia.
En ese momento, desde el DAS se encontraba en marcha un plan de desprestigio contra varios medios de comunicación, distribución de propaganda y presión a través de amenazas y chantajes. Entre las operaciones estuvo "Transmilenio", a partir de la cual se buscaba "neutralizar acciones políticas hostiles contra el orden constitucional y el Gobierno Nacional", de organizaciones que ellos consideraban "proclives a organizaciones terroristas".
Entre esas organizaciones estuvo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que entre sus abogados investigadores tenía a Claudia Julieta Duque, quien se encontraba buscando información sobre el crimen de Jaime Garzón, ocurrido en 1999. Gracias a este proceso, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue condenado a 26 años de cárcel, en febrero de 2021. Previo a esto, en 2016 el Estado colombiano ya había sido declarado responsable por el asesinato del periodista. En su momento, la responsabilidad recayó particularmente sobre el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y el extinto DAS.
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