Cuando se discuten temas como la bicameralidad, inmediatamente sale a colación el problema de cuánto va a costar mantener a un mayor número de congresistas. Los escándalos ligados con el recorte o robo de la remuneración de los asesores parlamentarios, así como cada vez que se aprueba un bono o una gratificación para los trabajadores del Congreso (incluyendo los propios congresistas) avivan la discusión sobre el costo que el parlamento representa para el país y el poco aporte que el ciudadano percibe del mismo. Más que ser reconocido por propuestas productivas, el Congreso está asociado a escándalos y corrupción.
Pero ese costo directo al que hace referencia el párrafo anterior es en realidad un costo mínimo: el costo más fuerte está en la calidad de las leyes que se aprueban o desaprueban y, en las últimas semanas tenemos dos claros ejemplos. El primero, el que docentes que no han aprobado las evaluaciones puedan regresar a dictar clases en los colegios. Ello evidencia un desprecio total hacia nuestros niños y adolescentes y una despreocupación absoluta con relación a su futuro. A una situación en la que convergen la mala nutrición y la anemia y la precaria infraestructura ahora sumamos docentes incapaces de brindar una buena educación. ¿Qué podemos esperar de estos alumnos que algún día deberán enfrentarse al reto de una carrera técnica o universitaria? Si no logran superar la valla para acceder a un mayor nivel de educación, lo que les espera es un trabajo poco productivo y mal remunerado lo cual, para el país, significa repetir el círculo de pobreza -educación deficiente-baja productividad- pobreza. No importa cuánto se pague a los congresistas, ese costo es mínimo comparado con el que representa el haber arruinado el futuro de miles de estudiantes. Eso es lo que nos cuesta el Congreso.
El segundo ejemplo es la autorización de un sétimo retiro de los fondos de las AFP y, peor aún, la no aprobación de una reforma que hubiera significado el aumento de la competencia en el sistema y el aseguramiento de una pensión mínima.
En los debates en torno al tema quedaron claras dos conclusiones: al Congreso no le interesa beneficiar a la población con una mayor disponibilidad de efectivo inmediato (la cantidad de personas que podrán hacer este retiro es mínima) y tampoco le interesa tener un sistema de pensiones auto sostenible que no demande recursos (o que demande un mínimo de recursos) por parte del Estado en un sistema de reparto. Tampoco importó a los congresistas, por supuesto, que el dinero de los futuros pensionistas esté financiando inversiones productivas y obteniendo niveles de rentabilidad más altos que las alternativas del sistema. Es vergonzoso que el ejecutivo no haya observado la ley, siquiera por cuestión de principios. Mal debut para el ministro Arista.
Si la bicameralidad realmente mejorará la calidad de las leyes (en opinión de los expertos hacen falta varios ajustes), el costo que significará el Congreso, aun con un mayor número de congresistas será mucho menor. Ahora bien, finalmente esto dependerá del electorado. O sea, cómo van las cosas, pocas esperanzas.