Durante años, los esfuerzos del estado de California para luchar contra las graves consecuencias de la contaminación ambiental y el cambio climático en sus diversas manifestaciones despertaron la admiración y la envidia del mundo. Otros estados del país y eventualmente otras naciones adoptan las políticas ambientales que aquí inician al cabo de algunos años.
Las agencias del gobierno estatal
Como corresponde a un estado industrial con casi 40 millones de habitantes, existe una gran cantidad de agencias locales, municipales, condales y estatales que se ocupan de elaborar e implementar soluciones a estos desafíos. Los secundan y apoyan o desafían no menos organizaciones de base que representan de manera directa a la población, incluyendo las comunidades de color y de bajos recursos, así como instituciones académicas dedicadas a la investigación de los problemas.
Encabeza los esfuerzos de California en la práctica la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), la agencia estatal responsable de reducir la contaminación ambiental.
CARB ha establecido el Estándar de Combustible Bajo en Carbono (LCFS), que es la totalidad de las series de programas, regulaciones y proyectos, parte del plan maestro de California.
El LCFS marca la estrategia ambiental del estado a grandes rasgos y tiene una importancia capital en este proceso por el que pasan cada año miles de millones de dólares. LCFS se revisa periódicamente.
El LCFS constituye entonces un componente clave en la lucha de California por reducir los daños causados por el cambio climático.
El debate sobre el LCFS
Este miércoles 10 de abril, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) realizaba un taller público sobre el LCFS. Su propósito es "discutir los posibles refinamientos a las enmiendas regulatorias propuestas, incluida la reevaluación potencial de los puntos de referencia de intensidad de carbono propuestos", como explica la agencia en su sitio de internet. Es una de las reuniones periódicas que permiten actualizar el LCFS de acuerdo con los cambios en la situación.
En el encuentro se consideran también desafíos a la dirección actual del LCFS y las demandas de cambios por parte de organizaciones comunitarias y activistas, especialmente a través de EJAC, el Comité Asesor de Justicia Ambiental convocado por CARB y establecido por la ley AB32 en su capítulo 488. La función de EJAC es asesorar a la agencia gubernamental en todo lo concerniente a la dirección de la acción ambiental del estado.
La ley requiere que el EJAC esté compuesto por representantes de las comunidades más expuestas a la contaminación del aire, incluidas comunidades con poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.
Si bien las recomendaciones de EJAC son solamente eso, recomendaciones sin poder ejecutivo, tanto organismos del gobierno como empresas particulares las toman en cuenta por representar la opinión pública.
Las organizaciones miembros actuales de EJAC son: Physicians for Social Responsibility de Los Angeles, cuya directora Martha Dina Arguello, lidera el grupo; así como representantes de las siguientes organizaciones: Center on Race, Poverty & the Environment; Californians for Pesticide Reform; Central Valley Air Quality Coalition; Central California Asthma Collaborative; International Brotherhood of Electrical Workers (el sindicato de electricistas); Valley Improvement Projects; California Environmental Justice Coalition; Urban Releaf; The Leap Institute; Comité Cívico del Valle, Native American Environmental Protection Coalition, y Communities for a Better Environment.
Organizaciones comunitarias
Pero adicionalmente, una coalición de organizaciones de base está tomando cartas en el asunto y cursó una carta urgente dirigida a CARB.
En ella demandan poner un límite a los créditos otorgados al diésel renovable, regular los combustibles para aviones, que son la fuente de una parte considerable de la contaminación ambiental del estado; invertir en combustibles no contaminantes y eliminar los créditos de metano – el creado en las granjas ganaderas.
Esto último constituye un grave problema que no ha sido aún confrontado: las emisiones de metano provenientes del estiércol del ganado vacuno y de las lecherías o tambos. Estas deben regularse y CARB tiene la autoridad para hacerlo.
La solicitud es de reducir estas emisiones para 2030, en un 40 por ciento por debajo de los niveles de 2013.
Además, a pesar de que el LCFS manda reducir las emisiones de carbono del sector del transporte, la provisión de créditos para la remoción de carbono permite que continúe una situación inaceptable y elimina la posibilidad de reducir las emisiones reales.
Considero que los puntos de vista de EJAC y de esta coalición reflejan los intereses de la comunidad, son mayormente paralelos. En conjunto, están trabajando para devolver la lucha por un aire menos contaminado en nuestro estado, bajo principios similares, a un cuadro en donde los beneficiados de las acciones estatales y de los fondos dedicados a ellas son los residentes del estado.
Se está debatiendo el carácter general de la lucha por el medio ambiente en California.
Las críticas
Específicamente, han crecido las críticas contra lo que muchos activistas ven como una "transición de lo que era inicialmente una regulación innovadora al reparto de un botín en manos de capitalistas de riesgo, las grandes empresas petroleras, agrícolas y de gas, cada vez más a expensas de californianos de ingresos bajos", como lo definió un ex funcionario de CARB.
En un comunicado posterior a su reunión de agosto pasado, EJAC había criticado fuertemente el LCFS actual. Contrariamente a su objetivo declarado, estableció, la aplicación de LCFS ha exacerbado y arraigado la contaminación en las comunidades más afectadas por el medio ambiente y empeorado en lugar de mejorar los problemas de injusticia ambiental en todo el estado. Lo ha hecho al proteger la contaminación causada por la industria del agro, las refinerías de petróleo, o los tubos de escape de los automóviles, mediante el aumento en el uso de combustibles de combustión.
Ha empeorado la contaminación causada por la deforestación y el uso de alimentos para combustibles.
En fin, EJAC acusa que en vez de cumplir con su propósito declarado, el programa está enviando millones de dólares a los contaminadores, lo que ha provocado un creciente escrutinio de académicos, líderes de justicia ambiental, organizaciones climáticas y sindicatos
La paradoja de los biocombustibles
EJAC recomienda actualizar el LCFS para que incluya un mayor apoyo para vehículos de cero emisiones, incluidos vehículos de transporte masivo, y camiones de servicio pesado.
Asimismo, solicita limitar los créditos que benefician a los biocombustibles, que en la actualidad se derivan principalmente de plantas como la soja y el aceite de palma. Una demanda que quizás sorprenda
Al comienzo del desarrollo de los biocombustibles, alcanzaba con utilizar los excedentes de aceite para cocinar, grasa de carne y los subproductos del etanol de maíz. Al crecer la demanda de este sustituto a los hidrocarburos, estos excedentes ya no alcanzaron, lo que incrementó la demanda del cultivo de la soja para uso energético. Esto sucede a nivel global en detrimento de las cosechas alimenticias.
En la actualidad, la proliferación de los biocombustibles amenaza la selva tropical a través de su deforestación, ya que estos cultivos requieren energía, fertilizantes y tierra, el mismo suelo que usan los cultivos alimenticios.
Aquí, los protectores del medio ambiente están entre la espada y la pared: la sobreproducción de aceite de soja limita la producción de comestibles, pero si se limita, a su vez vuelve a incentivar el uso del petróleo tradicional.
La mitad del combustible diesel en California no está hecho por derivados del petróleo sino de biomasa renovable, como desechos y aceites vegetales, explicaban el 14 de marzo Colin Murphy y Daniel Sperling en el Los Angeles Times.
El problema ya no se limita solamente a California y existe en estados como Oregon y Washington y en Canadá.
La lógica dicta entonces que el estado debería considerar establecer un límite en el uso de cultivos para producir combustible.
La comunidad latina y la contaminación del aire
Este también es un problema crítico para los latinos en California. Seis de las diez ciudades más contaminadas del país se encuentran aquí, en este estado. Todas ellas son ciudades con mayoría de población latina. Esta contaminación es creada principalmente por emisiones provenientes de vehículos que funcionan a base de combustibles fósiles como camiones diésel, impactando nuestra salud, vida útil y calidad de vida.
Un ejemplo conocido son las poblaciones atravesadas por la Autopista 710 por la que circulan miles de camiones que conectan el Puerto de Los Ángeles con almacenes y depósitos al norte del condado de Los Ángeles. Otro son las refinerías que todavía existen en el centro de poblaciones donde viven las comunidades de color y de bajos ingresos. Otro foco son los miles de pequeños pozos de petróleo que pululan en medio de zonas urbanas, tanto los activos como los que ya no producen crudo pero que siguen contaminando el ambiente. Asimismo la proliferación de establecimientos industriales en poblados mixtos.
Todo esto es un aliciente para la actualización del LCFS, de manera tal que tenga como prioridad los problemas de la contaminación del aire en California en estas zonas. Como ya detallé en otras columnas, aproximadamente el 44% de los latinos viven con mala calidad del aire, en comparación con el 25% de los no latinos.
Los latinos y los afroamericanos en California respiran un 40% más de partículas finas de automóviles, camiones y autobuses que sus pares blancos, según un nuevo estudio.
Finalmente, los cambios en el LCFS tienen que tomar en cuenta de manera prioritaria los intereses de la población y no los de las industrias que han causado la contaminación en primer lugar y cuyo interés es hacer los cambios más mínimos posibles para así mantener su lucro.