por Yussef Núñez Menéndez
El 5 de abril, la policía ecuatoriana realizó un allanamiento en la embajada de México en Quito con el objetivo de detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la embajada tras enfrentar acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht. Este incidente surge en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países. Pero, ¿por qué sucedió?
El 4 de abril, el gobierno de Ecuador declaró a la embajadora de México en el país, Raquel Serur Smeke, como persona non grata, como respuesta a los comentarios realizados por el presidente López Obrador el 3 de abril sobre la violencia durante las elecciones ecuatorianas de 2023. López Obrador sugirió que la candidata de izquierda ecuatoriana, Luisa González, estaba falsamente vinculada al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, lo que afectó negativamente su campaña y contribuyó a su derrota frente al presidente Daniel Noboa.
Posteriormente, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con Ecuador mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acusando a Ecuador de violar la Convención de Viena (1961) al infringir la soberanía mexicana. Esta acción también fue condenada por otros países de la región, incluyendo EE.UU., Brasil y Colombia. Ecuador argumentó que México no puede otorgar asilo a un ex vicepresidente ya condenado por delitos locales sin evidencia de persecución. Si Ecuador hubiera seguido el procedimiento correcto, podría haber alegado que México violó la Convención sobre Asilo Diplomático (1954). Aunque este proceso habría sido más prolongado, seguir la vía diplomática habría respaldado su argumento y expuesto las acciones de la cancillería mexicana.
El 8 de abril, el gobierno mexicano anunció su intención de presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en respuesta al allanamiento de su embajada en Quito por parte de Ecuador. Esta medida fue tomada mientras crecía la condena internacional hacia Ecuador, con países de América Latina y Europa expresando su rechazo a las acciones del gobierno ecuatoriano. De tal forma, es el segundo caso que México lleva al CIJ y como en el denominado Caso Avena contra EE.UU., México probablemente se verá beneficiado por la sentencia.
Esta acción podría ser una estrategia política del presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección en un momento de pérdida de popularidad y busca demostrar un enfoque firme contra la corrupción y la delincuencia. Sin embargo, se advierte que esta medida podría tener consecuencias contraproducentes al generar críticas tanto a nivel internacional como nacional.
Las acciones de Ecuador son inaceptables. Por lo tanto, como mexicanos, expresamos nuestra solidaridad con las decisiones del gobierno mexicano de romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Sin embargo, Ecuador se convierte en el tercer país en expulsar a un embajador mexicano durante el gobierno de López Obrador, después de Bolivia y Perú. Aunado a esto, el presidente ha tenido múltiples declaraciones en contra del presidente de Argentina, Javier Milei.
Aunque el Presidente López Obrador ha defendido retóricamente la soberanía y la no intervención, un principio de política exterior, sus relaciones con los países de la región parecen contradecir esta postura. López Obrador busca posicionarse como líder de la izquierda regional, lo que ha generado tensiones diplomáticas con otros aliados en la región socavando con la reputación del Servicio Exterior Mexicano. Si bien es muy poco probable que el conflicto escale, la evolución de los eventos deja mucho por reflexionar al cuerpo diplomático mexicano.
Analista de riesgos políticos y política internacional. Es maestro por la London School of Economics (LSE) e internacionalista por la Universidad Anáhuac México, donde es titular de la asignatura Globalización Económica. Asociado COMEXI.