Una trama de explotación sexual que afectó a Lugo deja ocho detenidos y 23 mujeres prostituidas liberadas
Los responsables de la red de trata les prometían que trabajarían en centros de estética, en peluquerías o cuidando a personas dependientes
11 abr 2024 . Actualizado a las 13:25 h.La Policía Nacional hizo públicos este jueves los resultados de la llamada operación «Tactos». En este procedimiento, los agentes han detenido a ocho personas en toda España por gestionar una red de trata de mujeres que había explotado sexualmente a unas 23 víctimas, una de ellas en Lugo, obligándolas a trabajar contra su voluntad en el sector sexual tras haberlas introducido en España bajo engaño.
Dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional, según informó la Dirección General de la Policía. El entramado criminal estaba diseminado por las provincias de Jaén, Alicante, Guadalajara, Madrid, Ciudad Real y Lugo, donde se han llevado tanto arrestos como liberaciones.
La bautizada como operación «Tactos» acreditó que los supuestos tratantes realizaban las tareas de captación a través de conocidos de las víctimas —familiares o compatriotas— tanto en sus países de origen como en España.
Las víctimas, captadas principalmente en Colombia aunque también en otros países latinoamericanos, entraban en el país a través de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Lo hacían engañadas, ya que a muchas de ellas les habían prometido un trabajo en salones de belleza o cuidando ancianos y en condiciones muy diferentes a las que finalmente las sometían.
A las que eran captadas en España, la mayoría en situación irregular, las obligaban a prostituirse bajo el argumento de que debían pagar deudas contraídas en su país de origen. Una de las 23 víctimas presentaba una discapacidad intelectual reconocida, pues un juez le había otorgado el sistema de protección acorde a estos casos.
Vigiladas con cámaras
El entramado criminal explotaba sexualmente a sus víctimas bajo amenazas y las trasladaban con frecuencia de una provincia a otra, lo que a juicio de los investigadores dificultaba la detección de la actividad delictiva. Los pisos en los que retenían a sus víctimas estaban dotados con cámaras de videovigilancia a través de las cuales las monitorizaban y unos palés sobre los que las explotaban.
Además, las mujeres no podían rechazar llevar a cabo los actos sexuales que las personas que pagaban por ellos les demandaban, tenían hacerlo aunque se sintiesen indispuestas y estaban obligadas a abonar la mitad de los beneficios económicos a los explotadores. Todo ello quedaba reflejado en unos cuadernos que debían rellenar a diario.
Eran los integrantes de la trama quienes gestionaban a través de anuncios en páginas web de contactos el flujo de hombres que pagaban por acceder al cuerpo de las víctimas y quienes acordaban qué tipo de prácticas podrían llevar a cabo.
La investigación también ha descubierto que los arrestados compraban sustancias estupefacientes para ofrecerlas en los citados pisos y que adquirieron múltiples propiedades tanto en España como en Colombia con el dinero obtenido por estas vías.
Lugo deja un detenido y una mujer liberada
Las mujeres fueron liberadas en las ciudades de Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real, lugares en los que los agentes llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios. En esas viviendas intervinieron teléfonos móviles, más de 500 euros en efectivo, cocaína, «tusi» o cocaína rosa y documentación relacionada con la trama.
Por su parte, los ocho arrestos fueron llevados a cabo en Úbeda (2), Alcoy (2), Guadalajara (2), Lugo (1) y Ciudad Real (1). A todos ellos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos.
La Policía Nacional cuenta con una línea telefónica (900 105 090) y un correo electrónico (trata@policia.es) en los que se puede facilitar información y denunciar de forma anónima este tipo de delitos.