El Congreso rechazará hoy parar la amnistía por ser «improcedente»
El conflicto de competencias planteado por el Senado y apoyado por el PP es desestimado
El Congreso de los Diputados se niega a parar la ley de amnistía y devuelve la pelota al Partido Popular en el Senado. La Mesa de la Cámara Baja —que se reúne este martes a partir de las 10:00 horas— aprobará hoy un informe jurídico calificando de «improcedente» el conflicto de competencias entre las dos cámaras al que la Cámara alta dio luz verde la semana pasada por la tramitación de la ley de amnistía. Un documento que los letrados del Congreso han elaborado con máxima celeridad —tenían hasta el próximo 11 de mayo para agotar los plazos— y que acrecienta la tensión con el Senado dentro de su choque institucional sin precedentes.
Los grupos parlamentarios con presencia en la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría alineada en torno al Gobierno, lo recibieron en la jornada de ayer. «El Senado intenta subvertir las funciones que le asisten», reza un informe en el que se acusa a la Cámara Alta, a su vez con mayoría absoluta del PP, de llevar a cabo una «clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria».
El pleno del Senado aprobó la semana pasada —con 148 votos a favor (144 de los populares, tres de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto del Legislativo— plantear un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras, una iniciativa que no se había producido nunca y que se cobija en otro informe de los letrados (estos, los del Senado) que sostiene que la amnistía esconde una reforma constitucional encubierta.
Ahora, lejos de asumir ese choque inédito en las Cortes, los servicios jurídicos de la Cámara Baja piden que se inste a la Cámara Alta a tramitar con normalidad el olvido legal del 'procés'. El partido Popular debe ahora decidir, por lo tanto, si desiste en su intento de seguir poniendo trabas a la ley de amnistía por esta vía o acude al Tribunal Constitucional. Pese a haber impulsado el insólito conflicto entre Senado y Congreso, los populares dejaban días atrás la puerta abierta a ir finalmente hasta el tribunal de garantías, decisión todavía no está tomada según las fuentes consultadas. Génova cree que la mayoría progresista del TC no dibuja un escenario idóneo para sus intereses y dudan de si arresgarse a recibir un varapalo con la norma ni siquiera aprobada.
No obstante, el Constitucional —en el caso de que el PP decida acudir a él para que ejerza de árbitro en este choque de competencias—, no debería entrar aún en el fondo de la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Para eso habrá que esperar a los recursos de inconstitucionalidad —y a las eventuales cuestiones de inconstitucionalidad de los jueces— una vez la norma entre en vigor.
Esta evaluación colisiona con la evalución de la letrada mayor del Senado, Sara Siera.
Informe jurídico
La Comisión de Justicia de la Eurocámara debatirá la amnistía este jueves
La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo abordará el próximo jueves una discusión sobre la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, en una sesión que será la última de la legislatura y a la que está previsto que asistan representantes de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia.
El debate está previsto en la agenda europarlamentaria para primera hora del jueves en Bruselas y coincidirá en el tiempo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que también tendrá lugar en la capital comunitaria y a la que asistirá el presidente del Gobierno junto al resto de líderes.
Los coordinadores de la comisión parlamentaria acordaron el pasado marzo, por una iniciativa promovida por el Partido Popular, convocar al comisario de Justicia, Didier Reynders, para abordar la imputación del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic' y la ley de amnistía. Sin embargo, la convocatoria quedó pendiente de fecha a la espera de que la Comisión de Venecia —organismo ajeno a la Unión Europea— emitiera su dictamen sobre la ley.