as perspectivas económicas para el próximo año parecen confirmar claras oportunidades y también riesgos significativos. El gobierno actual presentó sus estimaciones sobre el desempeño de nuestra economía en los Precriterios Generales de 2025. Este documento por ley debe entregarse al Congreso en marzo con el fin de iniciar el proceso de programación-presupuestación del año siguiente. Sus estimaciones expresan la manera en la que Hacienda prevé el cierre de 2024 y la evolución del primer año de la siguiente administración.
De modo que lo que se señala en los Precriterios propone el escenario en el que el siguiente gobierno tomara decisiones a partir de junio de este año. Los datos macro para 2024 y 2025 son que el PIB crecerá 2.7 y 2.5 por ciento. La inflación se ubicará dentro del rango establecido por el banco central: 3.8 en 2023 y 3.3 por ciento en 2025. El tipo de cambio estará cerca de 18 pesos por dólar y la tasa de interés seguirá elevada: 9.5 por ciento este año y 7 el siguiente. Un último dato macro relevante es el precio de la mezcla mexicana de petróleo que terminará en 71 dólares este año y se reducirá a 58 en 2025.
Lo importante de estas previsiones, entendidas como metas de este gobierno y que mantendrán su validez para el siguiente, es que plantean el marco de decisiones de política económica. Un dato fundamental es que el déficit fiscal aumentará respecto a lo que se comprometió en el paquete económico de 2024: se preveía un déficit de 5.4 por ciento del PIB y en los Precriterios se reconoce que será 10 por ciento mayor, llegando a 5.9 por ciento del PIB. Este incremento advierte que las dificultades para ajustar el paquete económico para 2025 se han incrementado.
Este déficit tiene que financiarse con deuda pública, ya sea en pesos o en moneda extranjera. Su tamaño da cuenta de un asunto ineludible: la deuda contratada tendrá que ser cubierta pagando intereses y capital. Los desembolsos que necesariamente se tendrán que hacer complicarán la construcción presupuestal y la evolución de las finanzas públicas en 2025. Importa reconocer que, aunque se sostenga que se mantendrá un nivel estable de la deuda pública
, su peso en el presupuesto evidentemente aumentará. Este 2024 equivaldrán al 13.4 por ciento del gasto neto pagado y en 2025, suponiendo reducción en las tasas de interés nacionales y globales, se pagaría 14.2 por ciento.
Se trata de una proporción significativa del gasto público. Si a este costo se suman los programas sociales, que por supuesto se mantendrán, con un costo del orden de 2.5 billones de pesos, casi 30 por ciento del gasto neto, las restricciones para el próximo gobierno se incrementan. De lado de los ingresos, se estima que los petroleros, que aunque han reducido su peso siguen siendo importantes, se reducirán en más de 11 por ciento. En los ingresos no petroleros, Hacienda estima un aumento fuerte de 7 por ciento, explicado por ingresos tributarios y de los organismos y empresas públicas, que no parecen plenamente justificados.
Es claro que si crece la economía crece la recaudación. La economía crecerá 2.5 por ciento según los Precriterios, pero los ingresos tributarios lo harán en 7 por ciento, lo que no es consistente. Hay consenso en que se han agotado los ingresos tributarios adicionales derivados de mejoras en la eficiencia recaudatoria y en la recuperación de adeudos fiscales. Consecuentemente, parece que lograr esta meta pudiera ser difícil. Ello lleva de nuevo al tema del déficit fiscal para 2025, que Hacienda prevé que se reducirá a 3 por ciento del PIB, previsión que tampoco parece alcanzable.
Es claro que si ya terminaron los ahorros en el gasto corriente, que financiaron buena parte del aumento del gasto social, entonces es indispensable aumentar los ingresos públicos para sostener los requerimientos de gasto que están planteados. Manteniendo la restricción de no tomar deuda pública neta, la forma sustentable es incrementar los ingresos tributarios derivado de una reforma fiscal. Reforma sustentada en términos de justicia tributaria, que recuperaría ingresos perdidos por la visión neoliberal que sostenía que había que alinear las tasas tributarias a las prevalecientes en Estados Unidos. Pero en ese país ha habido cambios importantes en la materia, de modo que hemos quedado desalineados a la baja en términos de tasas impositivas.
Estados Unidos no se distingue en términos de igualdad, ocurre exactamente lo contrario. Por ello debiéramos comparar nuestra estructura tributaria a la de países en los que su progresividad impositiva es más clara. En estos momentos comprometerse a no aumentar impuestos es innecesario y claramente inconveniente. Por ello convendría empezar a preparar el terreno para que en un proceso de amplia consulta se pudiera instrumentar una reforma fiscal progresiva.