La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está haciendo valer su autoridad para confiscar envíos de cannabis, incluyendo suministros comerciales autorizados por el estado, mientras los proveedores de cannabis autorizados presentan quejas de que se han confiscado más de 300 mil dólares en marihuana en los últimos meses en puntos de revisión en carreteras en el sur de Nuevo México.
El gobernador demócrata de Nuevo México señala que los trastornos provocaron una discusión esta semana con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cuyos cargos de juicio político fueron desestimados esta semana.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham dice que manifestó su preocupación de que el escrutinio de las empresas de cannabis parece ser mayor en Nuevo México que en los estados con mercados regulados que no se encuentran a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.
Las ventas autorizadas de cannabis en Nuevo México han superado los mil millones de dólares desde que comenzaron la regulación y los impuestos al mercado recreativo hace dos años.
Sin embargo, los conductores de transporte de cannabis denuncian que han sido detenidos durante horas cuando se incautan los suministros en los puntos de revisión permanentes de la Patrulla Fronteriza que filtran el tráfico entrante en busca de inmigrantes irregulares y narcóticos ilegales, generalmente ubicados a unos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
"El secretario Mayorkas aseguró al gobernador que las políticas federales con respecto al cannabis legalizado no han cambiado", dijo el portavoz de Lujan Grisham, Michael Coleman, en un correo electrónico. "De cualquier forma, la gobernadora y su gobierno están desarrollando una estrategia para proteger la industria del cannabis de Nuevo México".
Los gerentes de 10 empresas de cannabis, incluidos los transportistas, solicitaron la semana pasada a la delegación del Congreso de Nuevo México que actúe como intermediario para el libre paso de los envíos, señalando que empleos e inversiones están en juego, y que varios mensajeros han sido sometidos a una "inspección secundaria" y se les han tomado las huellas dactilares en los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza.
"Solicitamos que a los operadores a quienes se les ha incautado producto a nivel federal se les permita recuperar su producto o recibir una compensación monetaria por las pérdidas que han sufrido", afirma la carta.
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