Juan José Fernández
El Gobierno central desplegará en tres frentes su batalla contra el revisionismo histórico de las autonomías dobernadas por alianzas PP-Vox y sus derogaciones de leyes de memoria: a los ya anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional, se une este jueves una confirmación de actuar ante instancias internacionales en la ONU y Europa. Además, ha comenzado también una escenificación de gestos públicos de compromiso con la Memoria Democrática, como el de la visita no prevista de Pedro Sánchez en la mañana a las exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa serán las instancias internacionales -explican fuentes gubernamentales- ante las que el Ejecutivo quiere elevar la pelea con los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
En la ONU, por el compromiso declarado de la organización como emisora de los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición que infunden todas sus actuaciones en materia de violaciones de derechos humanos.
Y en Europa, porque es en ese territorio donde encuentran los socialistas la utilidad de la contradicción: confrontar al PP con sus partidos hermanos europeos y poner de relieve la proactividad con que las formaciones de centro derecha francesas, alemanas, holandesas, austriacas...enjuician el pasado totalitario a diferencia de la formación española.
Guiños
En cuanto a los gestos, estos solo han comenzado, explican fuentes del Ejecutivo. El presidente Sánchez, acompañado por el ministro Ángel Víctor Torres y el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, aparecía por sorpresa este jueves en las instalaciones del CSIC en Cuelgamuros para el análisis forense de los restos que son exhumados por petición de 160 famiias, en una visita que no había sido comunicada previamente.
En la misma jornada, por la tarde, tiene previsto otro guiño didáctico de la Memoria: acudir a la inauguración de una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Luis Martín-Santos, autor de la monumental Tiempo de Silencio y miembro de la resistencia antifranquista.
Entre esos gestos no se descarta, según las fuentes consultadas, una presencia de ministros en Mauthausen el próximo 5 de mayo, en la conmemoración de la liberación del campo de concentración que más cautivos españoles recibió, si bien "la agenda no está aún cerrada", explican en el departamento que dirige Ángel Víctor Torres.
A la ONU
El Gobierno va a recurrir ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudicales de Naciones Unidas las políticas de derogación de leyes de memoria histórica y sustitución por "leyes de concordia" impulsadas por Vox allá donde gobierna con el PP.
En la oficina del relator sobre Verdad ya hace tiempo que se acumulan dosieres sobre España. En 2014, cuando la anterior Ley de Memoria Histórica promulgada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaba siete años de vigencia entre obstáculos nacionales y autonómicos, el entonces relator Pablo de Greiff hizo una gira por España, escuchó a familiares de fusilados y activistas y emitió un informe en el que puso de relieve el problema que ahora vuelve a aflorar. En su recomendación C pedía "evitar disparidades profundas en las leyes relevantes al tema entre niveles autonómicos y nacional, asegurando una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas".
El relator Greiff instó al Estado a "mostar un compromiso decidido por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición". Han pasado diez años, y ha muerto ya una buena parte de los familiares que esperaban poder recuperar restos de sus padres o hermanos fusilados u obtener reparaciones de sus consejos de guerra.
También diez años después de la redacción de aquellas conclusiones, el pasado 15 de febrero PP, Vox y el Partido Aragonés Regionalista apoyaban la derogación de la ley autonómica de memoria de Aragón. En este mes de marzo, los días 21 y 26, la campaña de "guerra cultural" de los partidos de derecha se materializó con sendas proposiones de "ley de concordia" en la Comunidad Valenciana y Castilla y León respectivamente.
Actualmente el relator sobre Verdad y Justicia es el argentino Fabian Salvioli, que tiene el mandato prorrogado. Entre los objetivos del cargo señala "fomentar la verdad y la memoria sobre pasadas violaciones" de los Derechos Humanos.
En Europa
Los socialistas españoles se moverán en el grupo parlamentario S&D para llevar al orden del día del Parlamento Europeo varias inciativas contra las políticas revisionistas o negacionistas de la dictadura y su represión emprendidas en Aragón y en vías de ser aprobadas en Valencia y Castilla y Léon.
Pero será ante el Consejo de Europa donde el Ejecutivo se mostrará más activo. Fuentes de Moncloa confirman que, además de pedir un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se denunciará a los gobiernos aragonés, y si fuere preciso al valenciano y al castellano-leonés, por violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos.
En este sentido, Moncloa quiere informar a la Secretaría General del Consejo y al comisario de Derechos Humanos del pulso que se está librando desde las tres autonomías contra los principios de la ley estatal de Memoria Democrática, especialmente en dos flancos: la condena expresa del franquismo como régimen dictatorial y la implicación de la Administración en la ayuda a familias y entidades en la busca y rescate de cuerpos de desaparecidos y asesinados en la retaguardia de la Guerra Civil y en la posguerra. A ambas entidades se les solicitará que el Consejo redacte un informe acerca de este choque en España.
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Trámite conjunto con las acusaciones
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