El Gobierno recurrirá las leyes de Concordia de las seis comunidades que la aprobaron. Sánchez llevará este asunto ante la ONU y el Consejo de Europa.
El PSOE de Pedro Sánchez ha lanzado una contundente ofensiva contra las leyes de concordia aprobadas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tres procesos electorales próximos en abril (País Vasco), mayo (Cataluña) y junio (Elecciones Europeas), donde el PSOE busca transmitir la idea de que con el PP y Vox resurge el franquismo, es decir, la extrema derecha.
Según declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Esta intención fue autorizada por el Consejo de Ministros y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez eleva la ofensiva a los organismos internacionales, denunciando estas leyes ante la ONU y la Unión Europea.
"Tras las iniciativas por parte de la coalición PP-VOX en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana contrarias a los valores que recoge la Ley de Memoria Democrática, y que serán objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno elevará esta cuestión por su gravedad, además, a las principales instancias europeas e internacionales", señalan fuentes del Gobierno.
No hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultra que recorre las democracias más avanzadas del mundo.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 4, 2024
Actuaremos en todas las instituciones, nacionales e internacionales, en defensa de la Ley de Memoria Democrática frente al negacionismo de los de siempre. pic.twitter.com/5HtNt7iPPH
Ante la ONU, el Ejecutivo central recurrirá a relatores especiales con el objetivo de evaluar la conformidad de estas medidas con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. En el Parlamento Europeo, se promoverán iniciativas lideradas por el grupo Socialistas y Demócratas, que incluirán un debate y votación en el pleno.
En Bruselas, el Gobierno invocará posibles violaciones del Convenio de Derechos Humanos y promoverá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática. Por último, se solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.