En 1997, hace ahora 27 años, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) llevó a cabo la privatización de Inespal, acrónimo de Industria Española de Aluminio. Los centros productivos del grupo estatal estaban en A Coruña, Avilés y San Cibrao. El Gobierno de José María Aznar ejecutó una venta directa mediante concurso, asegurando que "el fuerte carácter cíclico del negocio del aluminio forzó la búsqueda de un socio internacional capaz de aportar fortaleza financiera, red comercial y tecnología". La escogida fue Alcoa, que pagó unos 370 millones de euros. El proceso de venta, tachado incluso desde el propio sector industrial de oscurantista, resultó muy beneficioso para los de Pittsburgh, que rápidamente recuperaron la inversión.
De los casi 400 millones de euros aportados, casi 200 lo fueron para pagar deuda. Pero, además, el Ejecutivo acordó un precio especial de la electricidad durante un máximo de 15 años. Si el coste de la energía sobrepasaba el máximo pactado entre empresa y administración pública, la SEPI aportaba la diferencia. Por ejemplo, según los balances del organismo dependiente de Hacienda, en 2011, Alcoa recibió una compensación de 42,6 millones de euros, de 75,3 millones en 2010 y de 68 millones en 2009… Una vez que se acabaron las subvenciones pactadas, en 2013, los americanos comenzaron a tener problemas, si bien siguieron consiguiendo ayudas millonarias mediante los llamados acuerdo de interrumpibilidad.
En ese clima, hace ahora seis años que el grupo apostó por abandonar sus activos en A Coruña y Avilés en un proceso que acabó siendo un fiasco, con ambas plantas liquidadas y, hoy en día, con nuevos proyectos en marcha alejados del aluminio. Esta cuestión hace que, a las puertas de abordar un proceso de venta en San Cibrao, tanto administraciones públicas como trabajadores presionan para evitar una repetición. Y lo hacen mientras que Alcoa, un día después de anunciar su intención de poner en marcha el traspaso de todo el complejo de aluminio y alúmina e indicar que en junio espera contar con «ofertas vinculantes», asegura que el proceso de venta «es incierto».
¿Qué ocurrió en A Coruña y Avilés?
En octubre de 2018, Alcoa anunció su intención de iniciar un periodo de consultas para llevar a cabo un despido colectivo en las fábricas de aluminio primario que poseía en A Coruña y Avilés, que en aquella altura sumaban cerca de 700 empleados. El discurso fue similar al empleado ahora en San Cibrao, donde los americanos también trataron –sin éxito porque fue tumbado en los juzgados– de poner en marcha un ERE en 2020. El grupo ahora presidido por Bill Oplinguer argumentaban que ambas sociedades arrastraban pérdidas millonarias desde hacía años y que estaban operando al 65% de sus capacidades debido al exceso de oferta de aluminio en el mercado. Los costes de las materias primas y la energía hacían las factorías «inviables». Más o menos lo que asegura que ahora ocurre con el histórico activo de A Mariña.
No obstante, presionada por el Gobierno, en enero de 2019, la multinacional se abrió a negociar la venta conjunta de ambas factorías, ofreciendo un compromiso de inversión con el comprador que garantizarse el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo durante dos años. En teoría, auditada por el propio Gobierno central y la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, Alcoa habilitó un proceso de puja al que se presentaron grandes del sector como Aludium, Cunext, Liberty (que luego volvería a intentarlo con San Cibrao) y el fondo Quantum. No obstante, Alcoa escogió al fondo holandés Parter, el pretendiente más desconocido. Y este, cuando aún no había pasado un año de la venta, traspasó ambos activos al opaco Grupo Industrial Riesgo, que no tardó en llevarlos a la quiebra.
Literalmente, Riesgo dejó morir ambas plantas. No solo eso, además de la parálisis en la que se sumieron, la Audiencia Nacional inició una investigación por presunta descapitalización fraudulenta. Ambos activos enfrentan ahora una nueva vida, muy alejada de lo que fueron en su día. Mediante un proceso concursal, los terrenos de A Coruña acabaron en manos de Ignis y Resonac, la antigua Showa Denko, que pretenden desarrollar un proyecto de hidrógeno verde. La de Avilés quedó en manos de Windar Renovables, siendo destinados los terrenos y la concesión en el puerto asturiano a la fabricación suministro de torres offshore. Ni rastro del negocio del aluminio.
¿Busca el Gobierno un comprador?
Ahora, de nuevo, Alcoa apuesta por vender sus plantas de aluminio primario y de alúmina en San Cibrao. La obsesión de las administraciones públicas es la de evitar otro caso Alu Ibérica. El comprador ha de ser solvente y ha de asegurarse un plan para garantizar el futuro y la competitividad de las instalaciones. Esta vez tiene que ser distinto, motivo por el que el Gobierno central ya ha indicado que pretende ser parte activa en el proceso de venta, que en cualquier caso, los americanos ya han comenzado activando una call of interest con la que ofrecer el complejo a las empresas del sector.
Está previsto que la próxima semana, Gobierno central y Xunta firmen con Alcoa un acuerdo de confidencialidad por el que participarán en el proceso de venta, con el objetivo de garantizar que la adjudicataria de las plantas es solvente. No se descarta que el Ministerio de Industria participe también activamente en la búsqueda de un potencial comprador. Fuentes del sector aseguran que ya lo hizo en 2021, cuando se activó un proceso de venta, solo por la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, que al final quedó suspendido, al llegar la multinacional a un acuerdo con la parte social para parar las cubas de electrólisis durante dos años.
La incógnita de la SEPI
En 2021, hasta seis empresas llegaron a estar interesadas de forma pública en la planta de aluminio primario de San Cibrao: el grupo vasco Sidenor, el gigante Trafigura, el fondo Atlas (dueño de Aludium hasta el año pasado), Liberty, Metalcorp y Aldel. La venta, en todo caso, embarrancó. Según Alcoa porque las compañías indicaban que la planta no era viable si no se podía garantizar un precio estable de la electricidad. En cualquier caso, otro de los grandes escollos estuvo en el papel de la SEPI.
Alcoa quería que la sociedad estatal triangulase la venta. Es decir, ella le traspasaría el activo y la SEPI sería quien lo vendiese a un tercero. Además, la compañía pedía una suerte de blindaje, con esta operación, para que no tuviera que hacer frente a reclamaciones por parte de los compradores en un futuro.
Según las fuentes consultadas por Economía Digital Galicia, al menos de momento, en la reunión mantenida el miércoles en Madrid entre Alcoa, el Gobierno, la Xunta de Galicia y los trabajadores, la compañía no habría hecho alusión a estas exigencias.
La clave de las inversiones
No obstante, son los sindicatos los que demandan la actuación de la SEPI, precisamente para evitar otra venta en falso. Eso, y que Alcoa lleve a cabo las inversiones previstas en la fábrica, la primera el horno de ánodos, para que San Cibrao sea competitiva. Esa precisamente fue una de las históricas quejas de los trabajadores de A Coruña y Avilés, que indicaron que la falta de inversiones durante años en ambas factorías fue una de las claves de su caída y de que, entrado en un proceso concursal, ninguna empresa del sector del aluminio se interesase.
Por ese motivo, la parte social rechaza de plano las propuestas de Alcoa, de llevar a cabo medidas tanto en el ámbito laboral como en lo que se refiere al cumplimiento del plan de viabilidad pactado para frenar la sangría de pérdidas en las que, indica, está sumido San Cibrao.