La UE tiene unas ingentes necesidades de materiales para desplegar energía fotovoltaica que contribuya a que en 2030 entre el 42 y el 45% de la energía que consuma sea de origen renovable y también tiene una industria europea que no es capaz de competir con China y que, ante la caída de precios que ha provocado intentar hacerlo, se plantea cerrar o ha reducido aquí su actividad para deslocalizarse en Estados Unidos.
Ante esta situación, los gobiernos europeos se adhirieron en 2022 a una alianza por la industria solar y este lunes han decidido imprimir una mayor urgencia a sus planes para apoyar a su sector fotovoltaico con un compromiso para "priorizar" cuestiones tales como organizar subastas que no necesariamente ganará la oferta más económica, destinar ayudas de Estado y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), acelerar la autorización de parques o empezar por ellos mismos y hacer que sean empresas europeas las que suministren el material necesario para cumplir con la última ley aprobada en la UE, sobre sostenibilidad de edificios que, entre otras cosas, obligará a que todos los inmuebles públicos tengan placas a partir de 2027.
Como hicieron hace poco con la industria eólica europea y también para protegerla de la hegemonía china y de la tentación de irse a otros mercados, los ministros de Energía de la UE aprobaron este lunes la Carta Solar Europea en una reunión informal en Bruselas en la que España estuvo representada por la secretario de Estado de Energía, Sara Aagesen. De la misma manera que con la eólica, también en este documento y sin citar a ningún país en concreto, la Comisión Europea se compromete a "evaluar toda la evidencia de presuntas prácticas desleales por parte de la industria do de otras fuerzas independientes".
No el precio más bajo
El documento constata la necesidad de aplicar una mayor "urgencia" al plan que se acordó con el sector fotovoltaico en 2022 para salvar un sector que ya emplea en la UE a unas 650.000 personas y que podría llegar a un millón de trabajadores en 2030 para afrontar un despliegue renovable que debe seguir creciendo desde los 56.000 MW de potencia instalada en 2023, dos tercios en autoconsumo, pero que se ve muy lastrado por la competencia china y por una bajada de precios para hacerle frente que la hacen poco competitiva ni atractiva para las inversiones.
Para evitarlo, lo países de la UE se comprometen a aplicar "de forma prioritaria" medidas como la de que el precio y la oferta más barata no sean el factor determinante en las subastas públicas, sino que se valore también la sostenibilidad, que detrás haya una "conducta empresarial responsable", la "garantía en el suministro", innovación o cuestiones relativas a la ciberseguridad.
Se comprometen a aplicarse a sí mismos este criterio de favorecer otros factores distintos al precio, aunque el coste sea superior al que podrán ofrecer, por ejemplo, empresas chinas, en los concursos de compras públicas, por ejemplo, dentro de la recién aprobada directiva de edificios sostenibles, que a partir de 2027 pondrá placas solares en las cubiertas de edificios públicos -siempre que no estén protegidos y su estructura lo permita- y en aparcamientos techados y continuará premiando el autoconsumo como medio para que los edificios ahorren al menos un 16% de energía en 2030.
También crearán "facilidades de producción" a los materiales de fotovoltaica y "para inversiones adicionales", apoyarán a la industria, incluso acelerando las zonas de aceleración para el despliegue de renovables que en países como España han provocado polémica entre grupos defensores del territorio. Asimismo, se comprometen a "utilizar todas las oportunidades financieras de la UE" y a ser flexibles en cuanto a ayudas de Estado y la Comisión Europea incluirá este tipo de ayudas dentro de de distintos fondos europeos a la innovación y trabajará con el BEI.
A cambio, los gobiernos de la UE reclaman a la industria fotovoltaica a través de la Carta Solar Europea un compromiso para mantener una innovación continua, excelencia tecnológica, una conducta responsable, sostenibilidad, diversificación de las cadenas cadenas productivas e integración social.
También deberán comprometerse a "mantener o, donde sea posible, aumentar su capacidad de producción actual" en líneas con las necesidades del despliegue de la energía fotovoltaica en la UE y garantizar que tienen capacidad de suministro, que es algo que el sector reprocha a empresas chinas que no son todo lo solventes que sería necesario, sobre todo por lo que respecta a las reparaciones.