Llevaba menos de un mes en el Ministerio de Transportes y Óscar Puente anunciaba la aprobación de la terminal norte del puerto de València. Sucedía tras años de espera y discusiones. El nuevo Gobierno valenciano de Carlos Mazón brindaba con el ministro y parecía que se abría un tiempo de diálogo fructífero entre instituciones, a pesar de ser de distinto color. Eso era en vísperas de la Navidad. Unas semanas después, la sintonía se producía con otro peso pesado del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comunitat Valenciana aceptaba sin rechistar ser parte de la solución al problema hídrico de Cataluña (se llevaría agua desalada en barco desde Sagunt de ser necesario) y, poco después, pactaba con la vicepresidenta Teresa Ribera un plan de emergencia para l'Albufera y un marco mínimo de entendimiento sobre el trasvase Tajo-Segura.
Dos meses después, el panorama ha cambiado por completo. Los choques entre el Gobierno de la Generalitat y el de España se suceden hasta convertirse en práctica diaria. El cara a cara de los representantes del Ejecutivo de PSOE y Sumar se extiende a otras instituciones comandadas por los conservadores, como la alcaldía de València. La «concentración» de diferencias responde a una «estrategia coordinada» de la derecha, señalan fuentes gubernativas. También en el otro lado existe una capacidad de respuesta más organizada y potente. La presencia pública de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la última semana ha sido mayor que en el pasado: dos actos sobre infraestructuras potentes (la reforma de la estación del Norte y la carretera al aeropuerto de Manises) y una entrevista en la televisión pública. Ha dado un paso al frente en presencia pública y ha encontrado altavoces abiertos a sus mensajes.
La peculiaridad de la situación estriba en que no es ya un enfrentamiento dialéctico entre un Gobierno y la oposición parlamentaria, sino el choque entre dos ejecutivos, central y autonómico, llevado casi a la experiencia diaria.
«Lo que ocurre es que la única política de este Consell es atacar al Gobierno de Sánchez para ocultar su inacción», reflexionan fuentes del Ejecutivo estatal.
Pero Moncloa tampoco es un sujeto solo reactivo en esta ecuación. En las últimas semanas ha dado un paso al frente para plantar cara y ejercer de «dique» ante PP y Vox. Así ha sido, por ejemplo, con el Any Estellés. El Ministerio de Cultura ha asumido como propio el reconocimiento al poeta valenciano ante el olvido de los responsables autonómicos del área, en manos de Vicente Barrera (Vox). El ministro Urtasun se desplazó a la Comunitat Valenciana para asumir en primera persona esa bandera.
De la misma manera, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, estará el martes en Paterna en 'el paredón de España' en un acto de defensa de la memoria democrática. El Gobierno ya ha anunciado además que llevará al Tribunal Constitucional los proyectos de ley para derogar las normas de memoria democrática anunciados en las últimas fechas por varias autonomías, la valenciana entre ellas. Bolaños tendrá a su lado el martes a Morant, la secretaria general de los socialistas valencianos desde el pasado 23 de marzo.
En este sentido, la tensión institucional se exacerba tras el advenimiento de la nueva líder del PSPV. Confluyen dos factores.
Por un lado, es ministra de Sánchez y este ha apostado por ella. Representan lo mismo. La estrategia de Mazón se antoja clara: situar en un mismo plano a Morant y el presidente de la amnistía y los acuerdos con Junts, ERC y Bildu.
Por otra parte, superado el congreso de Benicàssim, el PSPV aparca meses de indefinición y batallas internas, ordena piezas y se concentra en hacer frente al Gobierno de PP y Vox. La batería de proyectos de ley presentados por estos el 21 de marzo y que representan una enmienda a la totalidad del Botànic (de À Punt a Antifraude pasando por el plurilingüismo) favorece la atmósfera de confrontación total.
La gresca llega hasta las obras en la estación de Chamartín (hasta julio), los visados de oro a extranjeros , la contratación de profesores universitarios o el plan de la vivienda. Todo entra en el saco de la discordia. Lo cuestionable es que un clima tan hostil ayude a solucionar problemas reales.
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