Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
"Mi responsabilidad como presidente del Gobierno es tratar de buscar, si el bloqueo continúa, tratar de buscar soluciones", ha señalado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación que arrastra la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace más de cinco años. Tras su regreso de la reflexión que le ha apartado de la vida pública durante los últimos días, el presidente sigue teniendo entre sus objetivos preferentes lograr una nueva composición del órgano de gobierno de los jueces pese a la negativa del PP a pactar sus componentes: "El presidente del Consejo ha propuesto soluciones, exploremos soluciones".
Se refiere el presidente al denominado 'plan Guilarte', que lleva el nombre del actual presidente suplente y que busca que sean los propios jueces, sin mediar la intervención del Consejo del Poder Judicial, quienes elijan a los que ocupen puestos clave como son las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o integren las salas del Tribunal Supremo, que de este modo "quedarían sustraídas a la aleatoriedad de su designación por el Consejo". En opinión de Vicente Guilarte, de este modo el Consejo dejaría de ser interesante para los partidos y se facilitarían los acuerdos para proceder a su renovación por mayoría de tres quintos, que es la que exige actualmente la Constitución.
Al presidente del Gobierno le gustaría, según explicó en la entrevista de TVE de este lunes, que tanto los miembros del Consejo como los de la judicatura "fueran conscientes de que este Gobierno le gustaría que la renovación fuera de la mano del PP, al que volvió a señalar por "incumplir la Constitución".
Evitar futuros bloqueos
En cuanto al 'plan Guilarte', que fue remitido hace una semana por el propio presidente suplente tanto al Congreso como al Senado, busca evitar futuros bloqueos del órgano mediante dos fórmulas concretas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de 12 de los 20 los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.
En su documento, de 17 páginas, Guilarte advierte que su propuesta Guilarte sostiene que la propuesta es "a título personal y no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces", sino que tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018. En todo caso, parece haber sido escuchado por el presidente del Gobierno, que lejos de descartarla afirma que es digna de ser "explorada".
Según defiende, si se sigue su propuesta "no se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se trata de limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad".
Comisión cualificada para el Supremo
En el caso del Tribunal Supremo, propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario".
La comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos". Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio". Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.
Respecto a la elección de cargos gubernativos, la propuesta de Guilarte afectaría a la Presidencia de la Audiencia Nacional, de Audiencias Provinciales, de los TSJ, así como de Sala de la Audiencia Nacional, Salas de los TSJ y Presidencias de Salas del Tribunal Supremo: "Los electores deberían ser todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas".
El plan plantea que los candidatos tengan que presentar un programa de actuación para mejorar el órgano al que se presentan. "Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc", señalaba el escrito de Guilarte al Parlamento.
Según explica, el CGPJ se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias.
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