Una vez más, el gabinete ministerial se recompuso. En menos de dos meses, carteras clave como el MEF y el Minem han cambiado de titulares. También ocurrió en Ambiente y Defensa, al igual que la PCM. Anoche se tomó juramento a seis nuevos ministros en los sectores de Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, Comercio Exterior y Turismo, Producción, y Desarrollo Agrario y Riego. Así, en pocas semanas, se ha realizado más de una decena de cambios.
Como hemos repetido en esta columna, la rotación continua de funcionarios no es buena para la continuidad de las políticas públicas ni para su consolidación. Esta recomposición, además, tiene un aspecto que la hace aún más contraproducente: responde, en buena cuenta, a presiones políticas y a la lucha contra la corriente del Gobierno por "no ahogarse". No podría afirmarse que responde al bienestar del país.
Tras los allanamientos realizados en el último fin de semana por el caso de los Rolex, la fragilidad de la administración encabezada por Dina Boluarte se ha hecho más evidente. Dice mucho que, tras estos eventos, diversas bancadas hayan mostrado un respaldo implícito a la mandataria y luego se hayan empezado a confirmar los cambios ministeriales.
Primero fue el de Víctor Torres, exministro del Interior, que ya estaba en la mira del Parlamento desde hace algunas semanas. Lo comunicó la legisladora María del Carmen Alva, tras reunirse junto a otros parlamentarios con el premier Gustavo Adrianzén, quien había adelantado modificaciones, sin muchos detalles, en una entrevista el domingo. Posteriormente se conocieron el resto de los ajustes en los ministerios.
Es evidente que el Congreso le está marcando la pauta al Gobierno de Boluarte. Los cambios pueden considerarse como un gesto por parte del Ejecutivo para que el gabinete Adrianzén consiga el voto de confianza mañana ante el Parlamento. Es cierto que el premier había dicho que evaluaría a los miembros del gabinete, pero la conveniencia del momento no es gratuita.
Resulta poco probable que de esta forma se puedan establecer ejes firmes para el desarrollo del país, sobre todo cuando no se hacen cambios en sectores que claman mejoras desde hace tiempo, como el de Salud. Y que, en pocas semanas, ante la pasividad del Ejecutivo, se hayan admitido despropósitos parlamentarios como la norma que favorece a la minería ilegal o un despliegue de populismo como lo es el posible séptimo retiro de fondos de las AFP.
Resulta preocupante que el gabinete ministerial permanezca a merced del Congreso. No hay señales ni sentido de urgencia de ningún lado en abordar problemas como la informalidad o el impulso de la inversión privada. Cualquier reforma profunda parece a estas alturas inviable. Hacer política para sobrevivir no beneficia al país. Es momento que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se den cuenta de ello.