La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intensificado su atención sobre Venezuela con la Resolución 26/2024 del 29 de abril, enfocándose en la protección de los miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Esta decisión surge tras evaluar la persistencia de amenazas contra los coordinadores de PROVEA, quienes ya estaban amparados por medidas cautelares previas.
La CIDH ha extendido su preocupación a todos los integrantes de PROVEA, reconociendo que el riesgo no se limita a los líderes sino que afecta a toda la organización. Este reconocimiento ocurre en un marco de represión generalizada contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno.
De forma alarmante se ha atribuido a funcionarios gubernamentales venezolanos la responsabilidad de las amenazas reportadas. A pesar de los esfuerzos por obtener una respuesta estatal que garantice la seguridad de los activistas, la CIDH no ha recibido evidencia de acciones protectoras por parte del gobierno. Al contrario, se reporta que las autoridades han intensificado acciones hostiles, exacerbando el peligro para los activistas.
Solicitud de la CIDH al Estado venezolano:
- adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas identificadas, en tanto miembros del equipo de PROVEA;
- adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como personas defensoras de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.