Ante la escalada de protestas organizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en respuesta a los masivos despidos de empleados estatales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha puesto en marcha un operativo de seguridad para resguardar los edificios públicos del Estado nacional.
En un intento por mitigar los alcances de las manifestaciones, que incluyen ingresos masivos a las dependencias públicas, el gobierno ha dispuesto la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en los distintos edificios federales. Esta medida busca garantizar el funcionamiento normal de las instituciones estatales ante la posibilidad de "ocupaciones pacíficas" por parte de los trabajadores despedidos.
Según fuentes oficiales, además de la PFA, se ha ordenado la intervención de otras fuerzas de seguridad, como la Prefectura Naval Argentina (PNA), para reforzar la protección de los edificios públicos en todo el país.
La concentración central de las protestas se ha programado en la sede de la Secretaría de Trabajo, en Alem 650, donde se espera la participación de numerosos trabajadores afectados por los despidos. La medida de fuerza, impulsada por ATE y respaldada por la CTA Autónoma, busca exigir la reincorporación de los empleados cesanteados en las últimas semanas.
Las autoridades sindicales han denunciado la presencia excesiva de fuerzas de seguridad en las sedes de los organismos públicos, calificando los operativos de "injustificados" y acusando al gobierno de recurrir a la intimidación para disuadir las protestas.
En medio de una crisis laboral que ha afectado a prácticamente todos los organismos del Estado, se espera un aumento de la presencia policial en distintos ministerios, secretarías y organismos gubernamentales tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el país. Los trabajadores despedidos y sus representantes sindicales han prometido mantener la presión en las próximas horas en busca de soluciones a sus demandas laborales.