La resistencia pacífica
"No comprenden que en los países subdesarrollados como el nuestro, un Estado bien administrado no solo es necesario, es indispensable". La reflexión provino de un académico de origen correntino que despliega sus actividades en las grandes ligas de la economía y resume el sentido que la administración encabezada por Gustavo Valdés le ha dado a la distribución de recursos provinciales para enfrentar una realidad social crítica.
La inflación en baja, el riesgo país en descenso, el dólar estable, el déficit fiscal en franco retroceso. Todas son señales macroeconómicas de salud fiscal que le devuelven al país una solvencia aparente frente al mundo capitalista, que celebra el desparpajo de la motosierra presidencial para avanzar hacia un objetivo claramente anticipado por el propio Milei cuando era candidato: adecuar los números de la cosa pública a un balance de contracción económica sin precedentes, aunque el costo sea sumergir al 60, 70 u 80 por ciento de la población en la marmita hirviente de la pobreza.
Como todo, la política económica de La Libertad Avanza tiene un lado "B". Reluce, es cierto, con una encuadernación lustrosa sobre los escritorios de superempresarios como Elon Musk, pero no es menos cierto que en las páginas interiores del mismo libro la recesión escala a niveles récord como consecuencia del ajuste más drástico de la historia.
No se equivoca el presidente cuando define con grandilocuencia el que, según su perspectiva, vendría a ser el mayor logro de su recién iniciada gestión al frente de un Estado al que deplora visceralmente. Porque su ideología consiste justamente en desvestir, desmontar y desarticular todo resorte público que funcione bajo el principio de solidaridad.
Como ya se ha dicho en esta columna, el libertario -que en las últimas horas recibió los halagos del dueño de la compañía aeroespacial Space X y de la automotriz Tesla- avanza a todo vapor hacia un horizonte de absoluta autonomía de los individuos, en condiciones de libertad total y a sabiendas de que esas nuevas reglas de juego (revolucionarias por cierto) disparan el apetito concentrador de los grandes grupos económicos al mismo tiempo que marchitan los salarios e ingresos de la clase trabajadora.
Después está Corrientes, como ejemplo de contraste. Y no porque la provincia que mejor equilibrio fiscal exhibe en el norte argentino esté conducida por un gobierno marxista ni mucho menos, sino porque la cabeza de su autoridad institucional mantiene una mirada social que reluce en medio de la desolación. Lo dijo hace pocos días el ministro Carlos Vignolo: en estas condiciones "estamos funcionando como una confederación de provincias".
Esto es: de la prudencia con que se conduzcan los gobiernos distritales depende la continuidad del bienestar de sus habitantes. Ese bienestar -que el Estado moderno buscó garantizar en el siglo XX mediante la constitucionalización de los derechos humanos- está en peligro desde el momento en que la Nación dejó de proporcionar herramientas igualatorias y cesó en la ejecución de políticas públicas esenciales para contener a los más vulnerables.
Un ejemplo concreto de que Corrientes marca una impronta diferente es la decisión gubernamental de aplicar en forma gratuita la vacuna contra el dengue a los segmentos poblacionales proclives a padecer las variantes más graves de la enfermedad.
En otra dimensión de la vida, años luz más allá de la trinchera donde las provincias dan batalla contra la destrucción del poder adquisitivo y el desmoronamiento de la actividad económica, el presidente Milei disfrutó de un test drive al volante de la camioneta futurista Cibertruck y tras cartón ratificó que bajo su conducción el Estado Nacional no vacunará contra el dengue porque "cuando llegue el momento de la segunda dosis los mosquitos habrán desaparecido".
Nadie le repregunta al león sobre las muertes que pudieron haberse evitado. Tampoco le preguntan sobre lo que pasará el año que viene, cuando las temperaturas cálidas hagan nacer las larvas latentes del aedes aegypti. ¿Habrá vacunación entonces? ¿O habrá miles de recuperados del primer contagio expuestos a una recidiva de la epidemia, pero multiplicada en letalidad porque las segundas infecciones derivan en cuadros hemorrágicos generalmente mortales? Ese cuadro de indefensión colectiva es el que avisoran gobernadores como Valdés, quien definió la compra y aplicación de la vacuna como una inversión a futuro en salvaguarda de la salud pública. En especial porque el efecto del suero tetravalente (el que adquirió Corrientes) tiene un efecto inmunizatorio que se extiende por al menos seis años.
En los tiempos que corren, vivir en Corrientes implica una tranquilidad comparativa que adquiere valor intrínseco a medida que transcurren los días, las semanas y los meses. A pesar de la caída de la coparticipación fruto de la depresión recaudatoria nacional, la administración local mantiene la cadena de pagos con la previsibilidad de siempre y lleva otorgados tres aumentos salariales consecutivos en cuatro meses (contando desde diciembre), lo que se traduce en una recomposición del 73 por ciento para los trabajadores públicos.
Es decir que las mejoras otorgadas por la gestión correntina están por encima de la escalada inflacionaria nacional. ¿No es suficiente el monto del haber? ¿No alcanza lo que se cobra para comprar todo lo que se necesita? Hay casos en que sí y casos en que no, pero la virtud de la conducta salarial provinciana es que garantiza su propia sostenibilidad sobre la base de una prolijidad administrativa expresada en la ausencia de endeudamiento, la ausencia de despidos y la ausencia de recortes en rubros que honran la máxima alfonsinista de que "con la democracia se come, se cura y se educa".
Hoy no hay un docente joven (que recientemente se haya iniciado en la tarea educativa) que cobre menos de 400.000 pesos. Y si el mismo maestro mantiene un régimen de doble turno su haber rondará los 700.000 pesos. A eso se le suman los agregados por antigüedad y cargas familiares, con lo cual los aumentos de bolsillo puede superar 200.000 pesos contantes y sonantes desde diciembre a la fecha. No es poco en el escenario nacional, donde los empleados de Telam, Enacom, Anses, TV Pública, Radio Nacional y tantos otros casilleros del sistema estatal fueron dejados de patitas en la calle.
Para conservar el estándar de vida de sus habitantes, los gobiernos provinciales tuvieron que hacerse cargo de los fondos que Nación enviaba hasta el año pasado para actualizar las remuneraciones docentes. En el caso correntino, las arcas locales deberán cubrir un total de 15.600 millones de pesos anuales que dejaron de llegar en concepto del ahora desactivado Fondo de Incentivo. Si en la esquina de Salta y Mayo no se hubiera tomado esa decisión, los salarios del sector hubieran decrecido en vez de incrementarse.
La política entendida como el instrumento para organizar el Estado de modo que sean satisfechas las expectativas de la comunidad es practicada en Corrientes bajo la impronta de un delicado equilibrio que consiste en no lastimar las relaciones con el poder central aunque se desarrollen aquí acciones de gobierno que el orden nacional decidió abandonar.
La judicialización del reclamo por fondos adeudados en materia previsional y otros rubros (como el caso del incentivo docente) pareciera no irritar los buenos términos en que transcurre el diálogo Milei-Valdes, lo que muestra el pragmatismo de ambos en una coyuntura que el mandatario provincial aprovecha con el desdoblamiento de su propio perfil.
Si en el orden nacional es visto como un satélite eventualmente funcional a las urgencias mileicistas, en la esfera provincial despliega una constelación de medidas de protección social que configuran su verdadera esencia: el cerebro de un gobierno capaz de resistir la moda anarcocapitalista sin levantar el avispero. Se trata de resistir sin romper. Se trata de resistir incluso con indulgencia para con el resistido. Se trata de la resistencia pacífica.
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