Desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei ha llevado adelante un ortodoxo «plan de shock» que se apoya en varios pilares. Uno de los ejes principales pasa por la «licuadora», a la que entran los ingresos de trabajadores, jubilados y familias enteras, en una política que permite «contribuir» con el ajuste fiscal. En paralelo, se reduce la emisión monetaria y se pelea contra la inflación, cuya tendencia a la baja se confirmó este viernes 12 de abril.
El presidente asumió el 10 de diciembre pasado en medio de un clima de fuerte incertidumbre, que se reflejó en las góndolas: el Índice de Precios al Consumidor del INDEC para el último mes del 2023 marcó 25,5%, la cifra más alta desde la última hiperinflación. Sin embargo, y pese a mantenerse alto, el número fue escalonadamente bajando: pasó a ser del 20,6% en enero, del 13,2% en febrero y del 11% en marzo, cifra recientemente divulgada por el organismo comandado por Marco Lavagna.
Quizás el principal factor que llevó a esto está relacionado con uno de los objetivos troncales del plan económico de Milei: controlar la demanda de bienes y servicios, es decir, en otras palabras, limitar el consumo. Cabe remarcar que el propio libertario aseguró que «estimular el consumo destruye el ahorro y por ende la inversión, el crecimiento y la productividad» lo cuál, en su opinión, «nos ha hecho mucho más pobres».
Todo parece indicar que, si ese es el objetivo, los números le estarían «cerrando». Según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumo se desplomó en un 22,1% en lo que va de 2024, llegando a alcanzar, incluso, un mínimo histórico a nivel interanual en enero, con una contracción del 28,5%.
Esto está estrechamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. En los últimos cuatro meses, tal y como reflejó con un gráfico el analista Salvador Vitelli, los salarios formales se pulverizaron, con una caída de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del 23,9%. Se trata de la baja cuatrimestral más profunda, en términos reales, desde que se elabora el índice, en 1994, superando incluso a la marca histórica registrada durante la crisis del 2001.
El sueldo promedio en febrero, último dato disponible, fue de $619.007,05, un valor que se ubicó por debajo de la Canasta Básica Total, también medida por el INDEC, que establece la línea de pobreza. Cabe remarcar que, en el segundo mes del año, una pareja con dos hijos pequeños requirió $690.901,57 para satisfacer sus necesidades esenciales, sin incluir el alquiler.
El declive en poder de compra de salarios y jubilaciones está llevando a que las personas se ajusten, en algunos casos de una manera profunda, buscando priorizar consumos para satisfacer las necesidades básicas. En la bolsa entran las prepagas, las tarifas energéticas y hasta el transporte. Esto ha llevado a que los argentinos dejen de elegir productos o servicios que antes formaban parte de su día a día.
Y esa caída del consumo ya está teniendo un fuerte impacto en los sectores productivos, golpeando, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que «la ven», pero en rojo. Uno de los rubros más afectados por la caída de las ventas es el farmacéutico: el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos advirtió que, de persistir este panorama, está en riesgo de cierre nada menos que el 25% de los establecimientos de todo el país.
Que el sector productivo esté «tambaleando», tal y como denuncian desde distintas entidades y organizaciones, como Industriales Pymes Argentinos, pone en riesgo millones de puestos de empleo y el sustento de sus trabajadores, lo que podría agravar la caída del consumo y acelerar el círculo en el que, todo indica, nos encontramos.
Por ello, surge el interrogante de cuán beneficiosa es esta desaceleración en el ritmo de aumento de los precios a expensas del poder adquisitivo de los argentinos y la estabilidad de las empresas, así como de los pequeños y medianos negocios, y cuánto margen tiene el Gobierno Nacional para actuar (o dejar actuar, sin intervenir en los precios ni en sus formadores).
«Un ajuste sin precedentes tanto a nivel nacional como global»
Para la economista Natalia Motyl, Directora de la Fundación Libertad Humana y docente de UCEMA (Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina), «para reducir la inflación, se implementó una política monetaria más restrictiva, es decir, retirando liquidez de la economía», por lo que «hay menos pesos» y, por ende, «la gente demanda menos dólares, menos activos financieros en general y también menos bienes de consumo«, por lo que «sus precios bajan».
En este sentido, remarcó que «por supuesto, este tipo de políticas vienen acompañadas de una caída del consumo» y va de la mano del ajuste fiscal, que «son medidas que se tomaron para reducir el gasto público, junto con la licuación«, algo que, considera, son «imprescindibles para llevar a cabo la política monetaria», aunque subrayó que «inevitablemente, va a generar una caída de la actividad económica a corto plazo».
Respecto a la capacidad de los argentinos de aguantar este ajuste, que catalogó como «algo sin precedentes tanto a nivel nacional como global», aseguró que eso dependerá de «la capacidad del gobierno para gestionar esta situación» y manejar correctamente la presión de las medidas económicas «sobre el poder adquisitivo de la gente».
«Es fundamental que el gobierno no solo se enfoque en ajustes al sector privado, sino que también implemente medidas de austeridad en el sector público. Hasta ahora, parece que las reducciones en el gasto público han sido limitadas, por lo que será necesario un mayor esfuerzo en este sentido para mantener la confianza de la población», aseveró, en diálogo con PERFIL.
Además, dijo que «a medida que avance el año, es probable que se necesite flexibilizar el congelamiento de los salarios para evitar tensiones sociales«. «Históricamente, ningún gobierno argentino ha podido mantenerse firme frente a fuertes presiones sociales durante mucho tiempo«, sostuvo, anticipando lo que será el segundo paro general de la CGT contra Milei y su gestión, a llevarse adelante el próximo 9 de mayo.
Por último, y sobre cuándo llegaría la recuperación para los bolsillos de los argentinos, enfatizó en que «a medida que la inflación baje, los salarios reales comenzarán a recuperarse» pero que la clave estará en el plan de estabilización que La Libertad Avanza busque implementar, una cuestión que tiene su primera punta en la Ley de Bases, cuya segunda versión está próxima a discutirse en el Congreso, pero que «todavía no se ha presentado» y que «será crucial para saber cómo salir de la estanflación», expresó.
«Las probabilidades de un estallido social son muy altas»
Mientras que, en la visión del economista y docente universitario, Pablo Tigani, el programa económico es «incoherente e inconsistente en términos macroeconómicos» ya que busca «una redistribución del ingreso en favor de la concentración del poder y en perjuicio del conjunto de la población«.
«Los sectores productivos que se están financiando con tasas de interés todavía negativas lo hacen mirando en la variable inflación y esperan que esto, en unos meses, comience a tener un rebote en 'V'. Yo creo que vamos a una 'L' porque esto no es, directamente, sostenible«, aseguró, en diálogo con PERFIL.
A su vez, remarcó que, con la caída del consumo, lo que la gestión de La Libertad Avanza busca provocar es que la falta de ventas lleve a los sectores productivos a importar menos y, con ello, se genere un superávit en dólares, en vistas de otro de los objetivos del Gobierno: engrosar las reservas del Banco Central, con la mirada puesta en liberar las restricciones cambiarias y avanzar hacia una competencia de monedas.
«Cae la inversión y la demanda doméstica con todo esto. Ya no hay ningún colega que, ideológicamente, con la cantidad de matices que hay, en voz alta o baja no esté diciendo que esto es una tragedia«, advirtió.
Para cerrar, y respecto a la «tolerancia» que, en este duro contexto, los argentinos pueden tener, en medio de tensiones, reclamos y movilizaciones, dijo que «las probabilidades de aproximarnos hacia un estallido social están en un índice muy alto».
«Esto no es sostenible porque la gente no tiene posibilidad de seguir reemplazando los consumos. Puede conseguir un producto más barato que otro, dejando las marcas, o bajar las cantidades, pero no puede directamente eliminarlos. No creo que esto se pueda seguir tolerando. Ya no solo está afectando a la clase trabajadora sino también a la clase media y, como dirían en el barrio, con esa no se jode«, concluyó.
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