El mar de Alborán se ha convertido en los últimos años en un enclave geoestratégico indispensable para la supervivencia de las redes que operan desde el norte de África, un escenario de combate en el que se libra una guerra desigual porque el hampa que trafica con hachís y la desesperación humana dispone recursos ilimitados y los medios más avanzados frente a las limitadas plantillas, arcaicas flotas y el modelo policial obsoleto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Una supremacía náutica que ha acabado derivando en imágenes infaustas de las narcolanchas que campan a sus anchas en las calas más icónicas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar cada vez que buscan refugio de la mala mar o de las que desembarcan a grupos de inmigrantes a plena luz del día en las playas con mayor afluencia del Poniente.
La impunidad con la que vienen operando estas mafias es la evidencia más incontestable de la necesidad de poner en marcha un Plan Especial de Seguridad como el del Campo de Gibraltar (y no sólo formar parte de ese dispositivo como una extensión hacia la parte oriental de la comunidad) antes de que sea demasiado tarde. Porque Almería no quiere ser otro Campo de Gibraltar ni dar pie a episodios tan penosos como el de Barbate. Almería necesita un plan especial de seguridad para luchar contra la actividad creciente de las mafias internacionales de la inmigración ilegal, narcotráfico y petaqueo o como mínimo un refuerzo contundente de las unidades marítimas y terrestres que permita revertir una batalla que actualmente se asemeja a la de David contra Goliat.
Así lo vienen demandando los sindicatos y asociaciones tanto de la Policía como de Guardia Civil en Almería, también los alcaldes de los municipios más afectadas por la crisis migratoria y actividad de las mafias (El Ejido, Adra y Níjar) y el martes llegará al pleno del Senado a través de una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El senador del PP de Almería Juan José Matarí le pedirá respuesta oral a la siguiente pregunta: ¿Considera el ministro del Interior que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan en la provincia de Almería con los medios necesarios para luchar contra las mafias internacionales de narcotráfico y de inmigrantes ilegales?. Desde Vox también se ha instado al Gobierno al incremento de las plantillas y recursos materiales para hacer frente al incremento de la inseguridad provocada por las narcolanchas y han presentado una Propocisión No de Ley (PNL) en la que reclama el apoyo de todos los grupos para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez el endurecimiento de las condenas contra los petaqueros.
Un 141% más de inmigrantes en enero y febrero
En los dos primeros meses del año han llegado a la provincia 831 inmigrantes (675 marroquíes y 145 argelinos), un 141% más que en el mismo periodo del año anterior y la estadística más alta del país por detrás solo del archipiélago canario que ha rozado los 12.000 personas. En febrero, un mes que se caracteriza por la climatología adversa y el mar estado de la mar, han sido más de 560 subsaharianos los que han alcanzado la costa almeriense de manera irregular. Una tendencia al alza que ya se extiende hasta el periodo invernal y que constata que Almería se ha convertido en los últimos años en el punto más caliente de la península en la crisis migratoria. A lo largo de 2023 llegaron de forma irregular a la provincia 6.323 magrebíes, de los que 4.285 eran marroquíes y 1.806 argelinos, mediante pateras taxi y narcolanchas.
Es la principal puerta de entrada hacia Europa con una estadística que creció un 66% sobre el ejercicio anterior y que suma más que el resto de las provincias costeras andaluzas. En Murcia fueron interceptados 2.576 migrantes, 1.288 en Cádiz, 1.778 en Granada y en Ceuta y Melilla no alcanzaron ni el millar. En la última década han sido más de 52.000 personas las que han desembarcado en la costa almeriense de forma clandestina por vía marítima. Estos flujos irregulares han cambiado desde la pandemia el modus operandi y actualmente las redes marroquíes dominan el mercado de las narcolanchas que desembarcan en las playas de Adra y El Ejido en detrimento de la ruta argelina que operaba con oleadas nocturnas de pateras taxi en calas remotas del levante almeriense.
Con el buen tiempo en los meses de verano se han llegado a contabilizar en el litoral de Poniente, entre Punta Entinas-Sabinar y Guainos Bajos, hasta doce embarcaciones rápidas en una sola jornada desbordando por completo las capacidades de las unidades de la Guardia Civil en tierra y agravando la incapacidad crónica del Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Almería (CATE) en el Puerto para asumir el gran volumen de inmigrantes que recibe la provincia. En ocasiones dos agentes se enfrentan a grupos de hasta 80 personas y tienen que buscar algún lugar de sombra en el que custodiarlos a 40 grados a la espera de su traslado al CATE que suele estar colapsado. La mayoría se queda y no emprende la huida porque ya habían previsto recibir la asistencia de Cruz Roja y saben que en 48 horas serán puestos en libertad con un oficio de la Policía para que se tramite una orden de expulsión que casi nunca llega.
Narcolanchas con pilotos expertos y temerarios
Las mafias que han reactivado los viajes desde Nador les llegan a pedir de 10.000 a 15.000 euros por pasaje y en cada trayecto viajan de 40 a 50 inmigrantes de media o se cargan en torno a 3.500 kilos de hachís. Es el triple negocio de las planeadoras (inmigración ilegal, narcotráfico y petaqueo) cada vez más asentado en el mar de Alborán con travesías de ida y vuelta en los que contratan a pilotos expertos y temerarios que se embolsan hasta 50.000 euros y 35.000 los geperos que controlan el GPS. La presencia de encapuchados es la evidencia más clara de la incorporación de los españoles al catálogo de roles de la delincuencia marítima.
En los traslados de inmigrantes graban con el móvil la llegada, con desembarcos violentos y bruscos que han provocado muertes por ahogamiento y traumatismos, y envían los vídeos a los cabecillas para certificar que han entregado el "paquete" en Almería. Estas narcolanchas vuelan a 60 nudos con tres y cuatro motores de 300 caballos de vapor y su interceptación en alta mar es misión imposible. La Asociación Unificada de la Guardia Civil viene alertando de la peligrosidad creciente de planeadoras "kamikazes" y lo ha elevado a la Inspección de Trabajo e incluso al Defensor del Pueblo para que se vele por unas "condiciones de trabajo seguras" al entender que sin medios adecuados no se puede avanzar en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
El Plan Gibraltar intensifica la lucha contra el petaqueo
Tras analizar el balance de gestión de los dos primeros meses del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que se extiende desde el Estrecho hasta el límite almeriense con Murcia, el Ministerio del Interior ha anunciado intensificar la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico que facilitan a las organizaciones de narcotraficantes el aprovisionamiento de combustible para sus vehículos terrestres y marítimos, el almacenaje y transporte de los alijos y las tareas de descarga y vigilancia de la droga. En los dos primeros meses de vigencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desarrollado 1.712 operaciones por narcotráfico y contrabando y 104 por blanqueo de capitales y otros delitos financieros en las seis provincias andaluzas. Son en total 1.816 operaciones (un 10,5% más que en el mismo periodo de 2023), en las que se han producido un total de 989 detenidos/investigados (un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior).
Además, entre enero y febrero se han aprehendido un total de 27.347 kilogramos de drogas, de las que 18.386 son de hachís, 6.048 corresponden a cocaína y 2.914 son de marihuana y otras drogas. En la actualidad, en las seis provincias andaluzas cubiertas por el IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar operan 25.356 policías y guardias civiles, máximo histórico tras ver incrementadas las plantillas de las unidades afectadas en 3.690 agentes desde que en junio de 2018 se puso en marcha este dispositivo, que cuenta demás con un refuerzo extraordinario de 1.181 policías y guardias civiles de media al mes. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior ha invertido 39,2 millones de euros en el refuerzo de las plantillas policiales que actúan en el territorio afectado por el Plan Especial de Seguridad, que en este capítulo cuenta con un presupuesto de 17,5 millones de euros para 2024 que se ampliará en 2025 según las necesidades operativas.