El principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes en la mini cumbre de Bruselas sobre Gibraltar dejó un grueso puñado de incógnitas y un par de titulares. Estos últimos aluden a la supresión de la Verja (por tanto, al libre tránsito de personas, mercancías y maletines) y al uso conjunto del aeropuerto, dos noticias que, aun sin tener aún concreción alguna de cómo y cuándo, representan un salto histórico respecto al momento actual. La idea de poder entrar y salir del Peñón sin tener que guardar cola en los controles de pasaportes y poder tomar un avión con destino a otro punto de España o de Europa resulta embriagadora para todos, sin duda. Ahora bien: ¿debemos conformarnos con eso?
Es inquietante que el breve comunicado lanzado por las delegaciones de España, la Comisión Europea y Reino Unido (con el concurso de Gibraltar) tan solo aludiera a los dos únicos aspectos de la negociación que interesan a la parte británica y llanita desde el inicio de este proceso, con el acuerdo de Nochevieja de 2020. Curioso. Ni una sola mención en esa declaración conjunta o en las palabras de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a la nivelación en materia de impuestos, a la transposición de las normativa ambiental europea por parte de Gibraltar, a la masiva importación de tabaco a bajo precio por parte de la colonia, y que acaba en España de contrabando, o a la igualación de las pensiones que cobran los ex trabajadores españoles de la roca con la de sus colegas gibraltareños. Si todos esos aspectos, como se asegura, formarán parte del futuro tratado por el que Gibraltar se integrará de facto en el espacio Schengen europeo, ¿por qué no se citan de forma expresa ni aparecen en la agenda?
La creación de un área de prosperidad compartida no consiste solo (no puede consistir) en quitar las barreras para que cada cual circule libremente. Esa postal naíf tiene trampa. Gibraltar sigue siendo un boquete para Europa, la única colonia del continente, un agujero negro que presume de ser una de las economías más prósperas del planeta gracias a su baja fiscalidad, al contrabando y al lavado de dinero negro procedente de todo tipo de actividades ilícitas, empezando por el tráfico de estupefacientes, como bien sabe la Fiscalía Antidroga española. El futuro tratado representa una oportunidad para cambiar esa situación, no la excusa para darle continuidad.