Nicolás Gómez Arenas, hijo del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, del Partido Salvación Nacional, interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por convocar a los ciudadanos a participar en las movilizaciones del 1 de mayo, y pidió que se investiguen ciertas actuaciones.
Gómez Arenas, que fue candidato al Concejo de Bogotá, señaló una posible extralimitación de funciones de los implicados por haber utilizado cuentas oficiales en redes sociales para convocar a las manifestaciones en favor del Ejecutivo. La acción incluye a Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo; Luis Gilberto Murillo, titular (e) de Relaciones Exteriores; Iván Velásquez, ministro de Defensa; Laura Sarabia, directora del Dapre, y Gustavo Bolívar, director del DPS, entre otros.
La queja se basa en que esta conducta disciplinaria podría contravenir, a su juicio, el principio de imparcialidad que debe regir la función pública. Según los documentos, la queja radicada señala que el uso de plataformas digitales del Estado para fines de convocatoria a eventos políticos representa una "omisión o extralimitación en las funciones".
A su vez, este argumento se encuentra fundamentado en el artículo 209 de la Constitución Política, que estipula que la función administrativa debe desempeñarse bajo principios de igualdad, moralidad, eficacia, y sobre todo, imparcialidad. "Me permito solicitar a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los siguientes funcionarios públicos responsables", enfatizó el denunciante de los funcionarios.
¿En dónde se efectuaron las convocatorias para la marcha del 1 de mayo?
Las publicaciones en cuestión fueron identificadas en las redes sociales de diversas entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), propagando mensajes de convocatoria a las marchas del 1 de mayo bajo lemas como "#LeMarchoAlCambio para seguir construyendo PAZ".
Lo que evidencia, según Gómez, una utilización partidista de recursos estatales para influir en la opinión pública y movilizar en función de intereses particulares. Esta acción interpuesta por el joven político, familiar del abatido líder Álvaro Gómez Hurtado, busca que se investigue si dicha conducta infringe el Código Disciplinario, por emplear los cargos gubernamentales para intervenir en la política.
Y presionar, de acuerdo con lo manifestado por el querellante, a individuos o subordinados, en pro de apoyar al Gobierno Petro. Con las publicaciones como soporte, el exaspirante al cabildo distrital pretende respaldar la teoría de que se ha vulnerado el principio de neutralidad que debe predominar en el ejercicio de funciones públicas, pues han tomado partido en favor de la figura de Petro.
Y es que este tipo de prácticas podría contrariar algunas de las directrices fundamentales establecidas en la Constitución y el marco disciplinario aplicable a funcionarios públicos. Lo que, además, pondría en tela de juicio el uso ético y responsable de los canales oficiales de comunicación del Estado para el servicio de los ciudadanos.
¿Presión para conservar los puestos?
La implicación de utilizar el empleo "para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña política o influir en procesos electorales" representa un aspecto crucial de la queja interpuesta por Nicolás Gómez. Y configuraría un manto de duda sobre la idoneidad con que se deben manejar los recursos y plataformas del sector público, pues serían puestos – enfatizó el denunciante – al servicio de Petro.
En consecuencia, la Procuraduría sería instada a tomar cartas en el asunto, lo que podría llevar a investigaciones formales sobre las acciones de los funcionarios involucrados. Y, de paso, implicaciones significativas en la consistencia con que se aplican los principios de imparcialidad y ética en el servicio público.