Hay dos palabras en inglés, policy y politics, que en castellano se traducen igualmente por la palabra política, pero que no quieren decir lo mismo. Politics hace referencia a aquello que hace la gente que se dedica a la política. Policy hace referencia a los principios y las propuestas planteadas.
El covid supuso una crisis durísima, pero puntual. El tabaquismo, más estructural y mortecino, menos mediático, es tan o más peligroso. Ocho millones de muertes anuales en el mundo, además de millones de enfermos respiratorios, cardíacos y de cánceres diversos, cada año, muchos de los cuales sin haber fumado nunca, los fumadores pasivos, en el que están implicados un montón de intereses.
Muchos intereses económicos, y también políticos, las politics, hacen que las políticas, las policy, no sean lo que convendría y sería necesario, especialmente en el terreno del tabaco y sus derivados. Agricultura, estancos y hostelería son los aliados de la industria tabaquera. Especialmente en el Estado español. Estos días estamos viendo un buen ejemplo de esto.
Ya hemos mencionado el impacto del tabaco y sus derivados en la salud de las personas. La principal causa de mortalidad y morbilidad evitable en el mundo. Hablamos de la droga más nociva existente. Parecería lógico que las administraciones hicieran lo que fuera posible para evitarlo. Pero, los intereses económicos, o la carencia de valor político, hacen que los que viven de la política no apliquen las policies necesarias.
En 2010 se dictó una legislación valiente y decidida contra el tabaquismo, especialmente en cuanto al humo ambiental. Se redujo drásticamente la morbimortalidad por enfermedades isquémicas cardíacas. Ningún sector económico entró en bancarrota, en contra de lo que algunos sectores anunciaban. Pero el impacto en la salud de las personas fue efectivo. Fue un buen ejemplo de una buena política impulsada por unos buenos, y valientes, políticos. Había que profundizar.
Por fin, desde el Ministerio han decidido ponerse manos a la obra y actualizar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT), que los dos anteriores ministros habían escondido dentro de un cajón.
En realidad, el PIT es una hoja de ruta, una policy, puesto que no tiene efectos legales: habrá que elaborar un conjunto de leyes para convertirlo en ejecutivo. Pero es importante, como lo es el haber buscado el acuerdo de todas las autonomías para marcar un camino común. No plantea medidas extremas. Cinco grandes líneas: estrategias preventivas para evitar el inicio del consumo de tabaco y productos derivados; fomentar el abandono del tabaco y facilitar ayuda para dejar de fumar; reducir la exposición ambiental al humo y productos derivados; promover la investigación e incrementar el control del tabaquismo; y mejorar la coordinación entre administraciones y partes interesadas. Incluso se ha evitado mencionar medidas difíciles, como prohibir el consumo de tabaco en las terrazas de restaurantes y bares o en el interior de los vehículos con menores. Un avance, pero no la revolución, apostando por herramientas como el aumento de los precios, el empaquetado genérico y equiparar y prohibir la publicidad de otros productos relacionados. Medidas con las que todo el mundo, en el mundo de la salud pública, está de acuerdo.
Pero estos no son tiempos para apoyar políticas del Gobierno. Al enemigo, ni agua. Y en este caso, ni consenso contra el tabaco. En la comisión de salud pública las autonomías gobernadas por la oposición, más alguna del mismo color que el Gobierno, declinaron, por motivos formales más que nada, el apoyarlo. Las politics han podido con las policies. Afortunadamente, el Ministerio decidió tirar adelante, contando con el apoyo minoritario de cinco comunidades autónomas. Finalmente, en la interterritorial se cerró un consenso. Bien está lo que bien acaba. Pero sabe mal, y tendría que avergonzar a algunos esta muestra de sectarismo, pasando por encima de un problema de salud pública tan grave como es el tabaquismo. No es la primera vez y, desgraciadamente, no será la última.
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