A.Martínez/EFE
Vox ha pedido copia de 665 proyectos lingüísticos de los centros educativos de Balears, la mayoría de ellos públicos, con el objetivo de presionar al conseller de Educación, Antoni Vera, ante la inminente puesta en marcha del plan de segregación en las aulas a partir de septiembre. Así, la formación ultraderechista publicó ayer en el Parlament dichas solicitudes, llegando a colapsar el registro de entrada de la Cámara Autonómica. El propósito, según explican fuentes vinculadas a Vox, es forzar a los centros a que hagan público los planes educativos y así conocer cuántos de ellos se adherirán al plan de segregación lingüística el próximo curso.
En este sentido, los de Abascal buscan apretar al conseller de Educación, que siempre ha defendido que el plan será voluntario y respetará la autonomía de cada una de las escuelas. En el caso de que gran parte de estos centros, la mayoría públicos, no quieran adherirse al plan de Vera, los ultraderechistas lo utilizarán como un arma arrojadiza para exigir a la conselleria que busque alternativas y aplique de forma efectiva la segregación.
De hecho, prueba de esta presión es la pregunta que realizará la diputada Manuela Cañaldas al conseller en el próximo pleno: «¿cómo pueden ejercer las familias el derecho a escoger la lengua de aprendizaje para sus hijos si se deja en manos de los centros esta decisión?». Cabe recordar que Vera mantuvo una mesa sectorial el pasado jueves con los sindicatos educativos donde explicó que el plan es voluntario, que solo se adherirán los colegios e institutos que quieran y que no primará lo que exijan los padres, sino lo que digan los centros. También insistió en que el plan cumple con todas las leyes: «No se cambiará ni una coma de la normativa vigente», aseguró.
STEI lo llevará a los tribunales
Por su parte, el sindicato STEI anunció que impugnará el plan de elección de lengua en los tribunales si la conselleria de Educación y Universidades no lo retira, porque «no tiene ningún fundamento pedagógico y contradice la normativa vigente».
El STEI aseguró en un comunicado que la puesta en marcha de este plan es una medida «del todo innecesaria y un despilfarro de recursos públicos», por lo que, en cuanto se publique la resolución para aplicarlo, sus servicios jurídicos impugnarán el plan. Asimismo, el sindicato también incidió en que este plan es «una medida segregadora que separará a los niños en función de la lengua elegida», y defendieron que la escuela debe ser «un espacio de convivencia y de respeto por la diversidad».
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