En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió al llamado de control político sobre los impactos ambientales del proyecto de construcción y operación de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona.
El ministro Velásquez detalló que el proyecto, encabezado por la Armada de Colombia, tiene como objetivos fortalecer el control territorial en la zona, proteger los recursos naturales de esta región del Pacífico y robustecer las capacidades en la lucha contra el narcotráfico.
"Si tenemos que dirigir una acción en contra del narcotráfico tenemos que incrementar las capacidades de la Fuerza Pública. Necesitamos que la Armada tenga mayores herramientas y una de ellas es disponer de un radar que permita actuar con mayor agilidad" agregó el funcionario.
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El Ministro reiteró que su adquisición refuerza la lucha contra las drogas, pues permite aumentar el área de control de tránsito marítimo en este corredor y acelerar la reacción de las autoridades. "Esto no lo hacemos porque a Estados Unidos les interese, lo hacemos porque queremos derrotar a los grupos armados ilegales, porque queremos transformar también esta realidad de delincuencia en el país" aseguró.
Velásquez resaltó que la Isla Gorgona cuenta con presencia de personal de Infantería de Marina y Policía Nacional desde hace más de una década. "Con la construcción de la Estación de Guardacostas, se albergaría a cerca de 25 uniformados de la Armada. Además, facilitaría el desarrollo de proyectos científicos y reduciría el tiempo de respuesta ante eventualidades, pues actualmente se depende de Buenaventura, ubicada a 7 horas de distancia".
Por su parte, el Comandante de Guardacostas de Colombia, Capitán de Navío Javier Bermúdez, enfatizó que el proyecto impulsará la lucha contra la pesca ilegal en torno a Gorgona, la cual alcanza las 20 toneladas anuales. "De igual manera, contribuirá a la preservación de 431 especies de fauna silvestre que habitan en la isla".
"Nosotros estábamos obligados a hacer unos estudios y tomar medidas que, a la fecha, nos han costado cerca de 5.000 millones, y lo vamos a seguir haciendo porque si bien es cierto que hay necesidad de proteger, no podemos dejar de cumplir lo que nos impone la licencia" concluyó.
Hace pocas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá, en su fallo, respaldó los derechos fundamentales al debido proceso y a la consulta previa de la comunidad étnica Consejo Comunitario de Guapi Abajo, que exigía la suspensión de las obras en el Parque Nacional Gorgona. Se ordenó al Ministerio de Defensa solicitar ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior la convocatoria a las comunidades étnicas del Consejo Comunitario para adelantar el proceso de consulta previa.