Durante el sexenio de López Obrador, el equilibrio entre poderes se ha visto severamente disminuido. En el caso del Poder Judicial se trata de una dinámica perniciosa, marcada por las constantes descalificaciones y amenazas lanzadas por el presidente en contra de ministros, jueces y de toda acción judicial que no se ajuste a sus propósitos.
Sin embargo, esta historia no ha sido igual de estridente todo el tiempo. En el periodo de Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN, los ataques disminuyeron porque se mostró servil al Ejecutivo. Según dijo a sus cercanos, "lo hacía para mantener una relación sana y que no destruyera la Corte" lo cual, como quedó evidenciado, resultó ser falso.
Durante su gestión hizo todo para subordinar la Corte al Ejecutivo, dejando de funcionar como un verdadero rector de la Constitución. Zaldívar optó por obedecer las órdenes del presidente, por ejemplo, aquéllas relacionadas con la Guardia Nacional y la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Ahora bien, todo indica que su renuncia a la Corte antes de que finalizara su periodo de 15 años se debió no sólo a que su gestión ya resultaba irrelevante, debido a que había perdido legitimidad dentro del Poder Judicial, sino porque conocía algunas de las 283 denuncias anónimas en su contra (muchas más que los otros ministros) y le convenía cobijarse en Morena. Por supuesto, no se fue con las manos vacías pues acordó un jugoso retiro, ese que Andrés Manuel López Obrador ha criticado tanto
Al integrarse de inmediato al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, confirmó que sus intereses estaban lejos de defender la Constitución y cerca de Morena. Sin embargo, por lo filtrado a la prensa en los últimos días, se tiene la legítima duda si su afinidad es sólo al partido oficialista o también al dinero.
El pasado 12 de abril, la ministra presidente Norma Piña ordenó admitir una denuncia anónima en contra del exministro Zaldívar y varios colabores para su investigación por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2019 y 2022. Según se lee en la denuncia, durante su gestión existía una red de negocios personales equiparable a delincuencia organizada institucionalizada. El o sus personeros intervenían en asuntos de interés del gobierno y también para beneficiarse en sus bolsillos.
La respuesta de Zaldívar fue la esperada, acusar ser víctima de una persecución política orquestada para boicotear a la candidata Claudia Sheinbaum y decir que todo es mentira. Sin embargo, pasa por alto que López Obrador dio la mayor de las evidencias el 21 de febrero de 2024, cuando dijo que le llamaban al presidente de la SCJN para que este a su vez se comunicara con los juzgadores a fin de que adecuaran resoluciones judiciales a su voluntad.
En la denuncia aceptada por Norma Piña se observan muchos casos (y dinero) en los que al parecer hubo injerencia indebida en perjuicio de los procesados. Este golpe a la impartición de justicia debería tener consecuencias graves para los implicados. Lo que es un hecho es que a los mexicanos nos deben una profunda reforma al Poder Judicial que no tiene que ver con la deseada por López Obrador y en la que se elegirían los jueces por elección popular. Esto lejos de resolver la corrupción al interior, la agravaría.
Lo que falta por ver, es si el presidente y su candidata (en caso de ganar) seguirán con el propósito de encargarle la Reforma Judicial a Zaldívar, y asumir el desprestigio público del exministro.
Otra hipótesis es que tarde o temprano le darán "la estocada de Judas" al exministro, buscando además a otra persona servil para subsumir la Corte al Ejecutivo. Ya veremos.