En «Anatomía de un genocidio», el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados por Israel, Francesca Albanese, endilgó en Ginebra al gobierno de Benjamin Netanyahu ser autor de «actos de genocidio contra los palestinos», utilizando un «arsenal apocalíptico», gracias al apoyo de «una minoría de poderosos Estados miembros».
La inquietud se propaga en otras instancias vinculadas a la ONU. Según las definiciones acuñadas históricamente por Naciones Unidas, el genocidio consiste en crímenes «perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Incluye las «matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial», y conductas que impidan «nacimientos de niños o su traslado por la fuerza de un grupo a otro».
Estos «relatores» son independientes. No cobran sueldo de la ONU, solo viáticos para sus desplazamientos según el mandato votado por el Consejo que los haya nombrado, y actúan de acuerdo a su conciencia. Francesca Albanese le imputa a Israel, «cometer actos que han causado graves daños físicos o mentales» a los palestinos, infligiéndoles «condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física», e «impedir los nacimientos en su seno».
Albanese estimó que «negar la realidad y mantener la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no es viable, especialmente a la luz de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU», que viene de adoptarse por 14 votos a favor, sobre 15, con la abstención de Estados Unidos, exigiendo «un alto fuego». La decisión es «vinculante», o sea obligatoria, y puede ser impuesta mediante el uso de la fuerza. Pide la liberación de 130 rehenes israelíes aún secuestrados por Hamas, y «permitir la llegada de la ayuda vital a la población hambrienta del enclave asediado».
«En menos de 6 meses Israel ha destruido Gaza, borrando o dañando casi toda la infraestructura civil y las tierras agrícolas», afirmó la Relatora. «Los actos de genocidio están motivados por un vehemente discurso anti-palestino, que describe a todo un pueblo como un enemigo que debe ser erradicado o eliminado por la fuerza», precisó. «Los altos cargos israelíes con autoridad de mando pidieron regularmente a sus soldados que aniquilaran a la población de Gaza, una prueba irrefutable, de incitación explicita y publica a cometer genocidio», subrayó Albanese.
Sostuvo a su vez que los victimarios israelíes han «distorsionado intencionalmente la normas fundamentales del derecho internacional humanitario (distinción, proporcionalidad y precaución) en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino». Afirmó que «la potencia ocupante no distingue entre civiles y combatientes ni entre infraestructuras civiles y objetivos militares legítimos». Israel no respeta «zonas humanitarias seguras» definidas por ella misma, caratulando a las víctimas palestinas de sus ataques como «daños colaterales».
La Relatora Albanese concluyó que durante 76 años Israel «ha oprimido a los palestinos como pueblo de todas las formas imaginables, aplastando su derecho inalienable a la autodeterminación demográfica, económica, territorial, cultural y política... que la amnesia colonial de Occidente ha condonado. El mundo ve ahora el fruto de la impunidad concedida a Israel. El momento de que los Estados actuaran era entonces, como no lo hicieron, ese momento es ahora».
Los 47 Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberán votar sobre el tema, al finalizar esta semana su primera sesión anual en Ginebra. America Latina y el Caribe disponen de 8 escaños: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, Paraguay y República Dominicana. Al tiempo, se votaran otras resoluciones más sobre los Territorios Arabes Ocupados, el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y el Golan Sirio, que serán presentadas por Pakistan, coordinador de la Organización de la Conferencia Islámica.
Entre tanto, una tercera instancia de la ONU, se ha visto reclamada a intervenir: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya. La componen 15 jueces nombrados por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que se renuevan cada 9 años. «Tiene por vocación de arreglar pacíficamente diferendos entre Estados». No dispone «de capacidad penal, ni de fuerza coercitiva de ejecución» pero «califica en derecho», cuya «traducción moral», puede llegar a ser «extremadamente importante». (1)
La presentación de Sudáfrica, designando a Israel como «genocida» ante la CIJ, «causa un prejuicio mayor al Estado creado por la ONU en 1947, para proteger territorialmente al pueblo víctima de la Shoa, lo que podría inducir a una suerte de ilegitimidad retrospectiva ... abriendo la via» a que el genocidio contra los palestinos«, sustituya al de los judíos como «paradigma de genocidio. La víctima del nazismo de ayer se convertiría así en verdugo de los palestinos», sembrando «el oprobio» preconizado por el «Sud global, del BRICS+», apuntando a Occidente, fiador del Estado judío dirigido por Benjamin Netanyahou». (2)
Las desavenencias de Sudáfrica con Israel no son nuevas. Tras cumplir 27 años de cárcel, Nelson Mandela explicó durante una gira por Estados Unidos en 1990, que «nuestra libertad es incompleta sin la de los palestinos». Denunció que «la política de apartheid que impulsaban los blancos» en su país, «era idéntica a la de los judíos hacia los palestinos en Israel». En 2004, y a solicitud de la Asamblea General de la ONU, la CIJ consideró «contrario al derecho internacional» el muro construido por Israel en los territorios palestinos ocupados. (3)
El 26 de enero pasado, tras escuchar a las 2 partes en pugna, mediante declaraciones públicas transmitidas en directo por video desde la sede de la CIJ en La Haya, el tribunal reconoció «que los palestinos tiene derecho a ser protegidos de actos de genocidio». Ordenó a Israel «tomar todas las medidas posibles», para «prevenir un genocidio en Gaza», e «impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza», presentadas por Sudáfrica.
La CIJ encomió paralelamente a Israel garantizar «la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente» los palestinos, debiendo asimismo cumplir «con efecto inmediato que sus militares no cometan actos de genocidio». Los jueces CIJ asimismo «respaldaron a los 37 relatores especiales, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que expresaron su alarma por la retórica genocida y deshumanizada procedente de altos funcionarios del gobierno israelí».
La Corte Penal Internacional (CPI), no es hoy un órgano de la ONU propiamente dicho, aunque su gestación obedeció a una iniciativa de la Asamblea General, la cual propició los debates que desembocaron en lo que se conoció como el «Estatuto de Roma». Allí figuran una lista completa de los crímenes internacionales que persigue, entre ellos el genocidio, y su capacidad para ejercer jurisdicción sobre personas, siendo complementaria a los tribunales penales nacionales. Con sede en La haya, la CPI es actualmente integrada por 124 países, estando ausentes Israel, además de Rusia, China, Estaos Unidos, Ucrania y Armenia. Desde 2021 la CPI tiene un sumario abierto sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por personas en territorios palestinos. Se desconocen públicamente a las víctimas y a los imputados y, de momento, no ha sido emitido ningún pedido de captura internacional.
(1) Gilles Kepel, «Holocaustos, Israel, Gaza y la guerra contra Occidente», Editions Plon, Francia, 2024.
(2) Gilles Kepel ya citado.
(3) Gilles Kepel ya citado.