La Audiencia de Almería ha ordenado que un médico forense emita un informe sobre la enfermedad del exalcalde de Albox (Almería), Francisco Torrecillas, y determine si ésta le imposibilita para acudir a un juicio por malversación en las obras de una rambla.
Fuentes judiciales han confirmado señalan que se ha dictado esta providencia después de que el acusado solicitase la suspensión de la vista oral señalada para los próximos días 15 y 16 de mayo, en la que también será juzgado un edil del que fue su equipo de gobierno, José Simeón Campoy.
Torrecillas ha solicitado la suspensión de la vista oral por un accidente que sufrió el pasado 15 de abril, al caer por una escalera desde una altura de unos tres metros. Expone que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y que se le ha prescrito "reposo" durante cuatro semanas a partir del alta hospitalaria, lo que, según él, le impide preparar el juicio con "normalidad".
En su escrito de calificación, el fiscal señala que en julio de 2017 el regidor albojense y el que entonces era su concejal de Obras decidieron de "común acuerdo" pavimentar el cauce de dicha rambla. Aunque ambos "eran conocedores de que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", "pensaban" que esta institución no "concedería" este permiso.
Según el fiscal, a pesar de saber que la obra "no se ajustaba a la legalidad", Torrecillas "decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución, ni tramitar expediente administrativo en el que se emitiera informe jurídico por el secretario de la corporación", contando presuntamente con la colaboración del edil Campoy.
El Ministerio Público afirma que los dos "decidieron disfrazar la naturaleza del contrato, celebrando un contrato de obras pese a tener conocimiento que la empresa no efectuaría obra alguna", al saber que el importe del hormigón encargado superaría los 18.000 euros que la legislación "vigente en la época" establecía como límite para un contrato menor".
Presuntamente, Simeón, de acuerdo con Torrecillas, ordenó a una funcionaria que redactara este contrato de obra "indicándole todas la circunstancias que debería hacer constar", antes de que la empresa que suministró el hormigón presentara ningún presupuesto. Precisa que dicha mercantil sólo habría hecho constar el precio del hormigón, un total de 30.250,61 euros.
En el contrato Campoy figuraba como ponente, y se encontraba rubricado por el edil y el alcalde, así como por el interventor municipal J.S.R., también acusado por el fiscal y que se enfrenta a cinco años de cárcel. "El contrato de obra tenía un presupuesto total de 49.948,50 euros de los que 25.000,50 correspondían, según el contrato, al "hormigonado la Rambla".
"El interventor firmó el contrato, autorizó el gasto y el pago sin formular reparo alguno", dice el fiscal, añadiendo que sabía que el alcalde y el concejal habían "preparado un contrato de obra simulado".
El fiscal pide dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a Torrecillas y Campoy, para los que también pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años por un delito de prevaricación, y cinco años más de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, por el que también acusa a J.S.R.