La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apoya la recuperación de La Tejita «si la decisión del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, que es el que da la licencia» para construir el hotel, «es retrotraer esa actuación y, por lo tanto, paralizar las obras». Anuncia que la Corporación insular «colaborará estrechamente» si hay «un cambio de criterio» y la alcaldesa, la socialista Jennifer Miranda, decide «acudir al rescate de ese terreno y renaturalizarlo». Esa acción permitirá recuperar La Tejita, «un símbolo de Tenerife y de Canarias, también».
Rosa Dávila sotiene que el Cabildo de Tenerife podrá su empeño en salvar La Tejita, pero desde el consenso, por lo que «tienen que pronunciarse todas las administraciones y, por lo tanto, es muy importante la coordinación». Todo ello, bajo el «cumplimiento escrupuloso de la ley».
Este pronunciamiento se produce después de que un día antes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que convocará a la regidora granadillera y al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Anuncio que contrarresta Jennifer Miranda al citar tanto a Clavijo como a Dávila y a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para abordar posibles soluciones al proyecto del hotel de La Tejita.
La paralización de la obra y la retirada de la licencia conllevará indemnizaciones, como ayer adviertiío el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata. Ante el Pleno del Parlamento, mencionó la existencia de tres sentencias judiciales que reflejan «el menoscabo sufrido por los promotores» del hotel La Tejita que atribuye a decisiones políticas del anterior Ejecutivo, las cuales generarán «reclamaciones de indemnizaciones millonarias». «Quienes pagarán los errores del anterior Gobierno serán los canarios», sostiene el consejero.
Sin expediente de compra
En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Patricia Hernández sobre la previsión de continuar con el expediente de compra del suelo en el que se construye el hotel, Hernández Zapata asegura: «ni hay expediente de compra ni partida suficiente». Aclara que este asunto «ni se mencionó» en el traspaso de poder del Gobierno anterior al actual. «Un expediente debe tener un número y un trámite en la Dirección General de Patrimonio que, en este caso, no existe».
El consejero de Transición Ecológica reconoce de sí se presentó una tasación por parte de la empresa constructora, Grupo Viqueira, «tasación que dejó caducar hasta en dos ocasiones» el Ejecutivo anterior. Para una adquisición de este tipo hay que acreditar unas condiciones de necesidad que no figuran en ningún informe técnico, apunta Hernández Zapata, quien aclara que en el Presupuesto de Canarias hay solo 3,9 millones de euros «para la regeneración del espacio costero».
A pesar de estas explicaciones, Patricia Hernández asegura que «hay un precio pactado con la constructora (25 millones, al parecer)». «Lo que tienen que hacer es seguir con el expediente de compra y paralizar la construcción del hotel». La diputada reprocha al consejero que los promotores del hotel y la alcaldesa de Granadilla lo lleven «persiguiendo diez meses» para solventar el problema.
Cobrar en espacios naturales
Una de las medidas con las que el Cabildo responde a la manifestación del 20A es el cobro de una tasa por acceder a los espacios naturales. El pleno de la Corporación insular dará un paso más y aprobará el inicio del estudio jurídico y económico de esta figura. «El planteamiento es implantar una ecotasa para el cobro a los visitantes, a los turistas, no así a los residentes, y controlar y limitar el acceso a los espacios naturales protegidos», explica Rosa Dávila.
La tasa tiene carácter finalista y se destinará a la conservación, el mantenimiento y la mejora de estos entornos naturales y a la prestación de servicios que mejoren la experiencia de los visitantes. «Estamos trabajando ya con el Consorcio de Tributos, con el área de Medio Natural y buscando los mecanismos, porque cada espacio natural es muy distinto», explica la presidenta del Cabildo. El estudio busca alcanzar un equilibrio entre la preservación ambiental y el desarrollo sostenible, asegurando que Tenerife continúe siendo un destino turístico excepcional sin comprometer su invaluable riqueza natural, sostiene el Gobierno insular.
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