Julio Pérez
El parque eólico Gato impulsado por Greenalia en los concellos de Aranga, Coirós y Oza-Cesuras contempla una potencia de algo más de 25 megavatios (MW) en cuatro aerogeneradores con una producción estimada de 75.490 MWh a lo largo del año. La Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais le dio la autorización administrativa previa y de construcción en abril de 2023, en el cribado de los 140 proyectos que corrían el riesgo de perder el enchufe por incumplir el calendario del Ministerio para la Transición Ecológica para evitar una burbuja de conexiones. Este fue uno de los 75 que finalmente llegó a tiempo y conservó el acceso a la red eléctrica, pero su construcción está en el limbo tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de suspender cautelarmente los permisos de la administración autonómica. Van ya 27 parques paralizados por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, uno de cada tres validados por la Xunta. El sector se queda sin aire.
El parque Gato fue denunciado por la Asociación Petón do Lobo, una de las organizaciones ambientalistas más activas en el movimiento Eólica, así non, bajo los argumentos de que el proyecto final "varía sustancialmente" con respecto al que salió a exposición pública, se solapa con otros parques previstos en la zona por la misma promotora —divididos artificialmente, según la recurrente, para evitar que la instalación supere los 50 MW y pase a ser de competencia estatal— y afecta a la Zona Tampón de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
En su escrito de oposición a tomar las medidas cautelares, el letrado de la Xunta recuerda que el proyecto pasó el necesario análisis de impacto, "destinado a identificar, describir, cuantificar y analizar" las posibles repercusiones en el entorno; y adjunta un informe del Jefe de Servicio de Análisis de Proyectos, Plans e Programas, firmado también por el Subdirector Xeral de Espazos Naturais, donde se insiste en la ausencia de impactos irreversibles para contrarrestar el análisis "de supuestos efectos adversos sin cuantificarlos ni justificar su magnitud" de la perito de Petón do Lobo. Para el TSXG sí hay motivos para la suspensión cautelar. Como en todos los últimos autos, apela de nuevo al principio de cautela por "la simple posibilidad de que tenga lugar ese daño irreparable o de muy difícil reparación". Tras el fallo del Supremo que tumbó los argumentos usados hasta entonces por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo para frenar proyectos —que los informes sectoriales hay que presentarlos en la fase de exposición pública y que el plazo de alegaciones no puede bajar de 30 días—, los magistrados del tribunal gallego optan por hacer "prevalecer el interés general en preservar estos espacios públicos sobre el particular de la promotora en ejecutar la obra de forma inmediata".
La del parque eólico Gato es una de las siete suspensiones dictadas en los últimos días. Desde ese cambio de criterio por la sentencia del Supremo marcando jurisprudencia y avalando la tramitación tal y como se ha hecho, se emitieron 42 autos que afectan a 30 proyectos. Los magistrados aceptaron la medida cautelar para 27. Además de este último caso, están en stand by los parques de Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán III-2, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Algo de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Cunca y Serra do Farelo. Entre todos suman 686 MW y un presupuesto de 598 millones.
Greenalia y Capital Energy son las empresas con más proyectos en la estacada, seis cada una. Otros cuatro están impulsados por Naturgy; tres por Adelanta; dos por Endesa; otros dos por Tasga, que también participa en un tercero junto al Grupo Taboram (Constructora Taboada y Ramos) a través de Aerogeneración Galicia; uno es de ENI; uno de Fergo; y otro de la catalana Renovalia.
"La Asociación Eólica de Galicia no se sorprende, pero nos llena de perplejidad la paralización de otros siete parques por parte del TSXG", critica la patronal, "todos con la preceptiva declaración ambiental favorable y el permiso de construcción". El tribunal "viene a decir que los procedimientos e informes realizados por la Administración gallega son ilegales" , reprocha EGA, que advierte: "Las dramáticas consecuencias de esta coyuntura implican la pérdida del acceso y conexión a la red eléctrica de los parques suspendidos, abocando a Galicia al aislamiento industrial"
El Gobierno lanza el nuevo diseño de subastas para incluir criterios sociales
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó ayer a audiencia pública previa la consulta sobre la modificación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER), con el objetivo de alcanzar el mejor diseño posible para las nuevas subastas de renovables, en las que hasta un 30% de los criterios serán relativos a cuestiones de sostenibilidad ambiental, resiliencia y desarrollo socioeconómico local, y no al precio como ha venido siendo habitual. Se busca establecer estructuras de gobernanza y participación que promuevan un reparto justo de los beneficios de las renovables, maximizar la protección de la biodiversidad con sistemas de evaluación garantistas y agilizar la tramitación administrativa de los proyectos que cumplan con estos estándares son algunas de las reclamaciones que mayor consenso han suscitado entre los participantes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica clausuró ayer las Jornadas de escucha y participación: energías renovables y territorio organizadas por el Ministerio, con el compromiso de seguir mejorando la integración ordenada de las renovables, de forma que sus beneficios reviertan especialmente en los territorios que las acojan. Teresa Ribera justificó la consulta previa "para tener, de todos, la reflexión sobre cómo se puede hacer realidad algo que aprobamos en el RDL 8/2023 de diciembre: incluir hasta el 30% de la valoración de los componentes que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar las subastas de renovables a criterios socioeconómicos y ambientales de los proyectos, ajenos a la referencia de precio, que hasta ahora ha ido orientando los procesos de toma de decisión en el ámbito de la energía", dijo. Además, Ribera destacó que los equipos del Ministerio han empezado a trabajar en diversas guías metodológicas "para la evaluación de proyectos terrestres, la evaluación de conservación de flora y fauna en los proyectos marinos y seguir mejorando cuando hablamos de zonificación, que es un criterio orientativo de cautela para que las cosas se hagan bien".
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