María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, ha señalado este martes a la Junta de Andalucía en su declaración como acusada durante el juicio por el fraude de las subvenciones. En su alegato ha asegurado que la Junta requería al sindicato "mucha concreción" en los expedientes de justificación de las ayudas, y, por contra, "cierta laxitud" en los conceptos de las facturas que debían presentar.
Charpín, para la que el ministerio fiscal solicita siete años de cárcel, ha afirmado ante el tribunal que tuvo que ejercer labores de "cobradora del frac" de la UGT-A. El motivo, según ha recogido la agencia Europa Press, reside en la falta de liquidez de la Administración andaluza, que dificultaba el abono en efectivo de los planes de formación concertados con el sindicato. Así, los responsables de la Junta intentaban "no pagar las justificaciones" poniendo "muchos requerimientos", algo que Charpín se encargaba de solventar para conseguir la financiación necesaria.
Tales eran las trabas para el pago, que según esta antigua representante sindical la Junta de Andalucía debía unos ocho millones de euros a la UGT-A. Una tesis que sostuvo este lunes en su declaración el también investigado Federico Fresneda, exvicesecretario de Administración y Recursos Humanos de la organización: "Cuando me fui en 2013, la Junta debía subvenciones desde 2007 por valor de ocho millones de euros", aseveró Fresneda.
La exsecretaria de Gestión Económica, que solo ha respondido a las preguntas de su letrado y del tribunal, ha sostenido que no tenía "funciones de control económico" en UGT-A ni tenía "poder sobre las cuentas". Asimismo, ha subrayado que tampoco firmó las justificaciones de las ayudas que el sindicato hacía llegar a la Junta.
El exlíder de UGT-A asegura que la Junta los fecilitaba
Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A, hizo constar este lunes en su declaración ante el juez que la Junta de Andalucía valoraba la labor del sindicato con respecto a los cursos de formación: "Recibíamos felicitaciones por parte de la Junta por la gestión que hacíamos". "La propia Junta de Andalucía tenía un equipo de seguimiento que verificaba que se hacían los cursos. Jamás hubo problemas con UGT", añadió Fernández Sevilla.
El exlíder de la organización, para el que la Fiscalía pide siete años de prisión, explicó "que no había nada de bote, solo cuentas de enlace, que era las que tenía UGT con las uniones provinciales". Durante su alegato, negó haberse reunido con ningún proveedor para negociar el rápel. "Esas competencias pertenecían al área de Administración", detalló Fernández Sevilla, que, como María Charpín, solo respondió a las preguntas de su abogada y del presidente del tribunal.