La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) piden respeto a la independencia de los jueces tras los pronunciamientos de partidos políticos por la decisión de un juez de Madrid de abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así se han pronunciado María Jesús del Barco, presidenta de la APM; Fernando Portillo, presidente de FJI, y Sergio Oliva, portavoz de AJFV, en declaraciones a Europa Press un día después de que se diera a conocer que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó abrir dichas diligencias de investigación y declararlas bajo secreto. "Respeto a la independencia judicial", ha demandado Del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de la carrera judicial, en declaraciones a esta agencia de noticias. Por su parte, FJI ha urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "salga al paso" y "pida respeto por uno de los poderes del Estado, cuya labor basada en la independencia de su actuación es esencial en un Estado democrático de derecho". Portillo ha incidido en que --como ha denunciado en otras ocasiones-- "los juzgados y tribunales no son lugar para la contienda política". En este sentido, ha recordado que presentada denuncia o querella ante los tribunales, los jueces están "obligados a proceder de acuerdo con las normas procesales y las leyes". "Eso quiere decir que, si la denuncia que se presenta ofrece un relato de hechos delictivos, los jueces estamos obligados a investigarlo, independientemente de los intereses políticos que pueda haber detrás, algo en lo que no entramos porque excede el análisis jurídico", ha apuntado. Sergio Oliva, portavoz de AJFV, ha reclamado el respeto a la independencia judicial por parte de todos los poderes y de la sociedad en su conjunto. Esta asociación considera que no debe entrar a valorar estas diligencias abiertas en el juzgado madrileño, ya que se trata de un asunto jurisdiccional cuyo trámite debe ser respetado en un Estado de Derecho.