Unos 50.000 migrantes irregulares que viven y trabajan en la Comunidad Valenciana podrían beneficiarse de la regularización masiva que debatirá el Congreso de los Diputados, si se aprueba. De ellos hay 17.000 niños y niñas, según una estimación (la cifra real es imposible de conocer) del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (UV).
El movimiento RegularizaciónYA presentó recientemente 700.000 firmas para lograr que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a los 500.000 migrantes sin papeles de España llegara al Congreso. Este martes todos los grupos parlamentarios salvo Vox y en las siguientes semanas se empezarán a presentar las enmiendas para, dentro de poco, votar la medida para que se aplique o no.
El hecho es reseñable, porque como destaca Silvana Cabrera, una de sus impulsoras, han conseguido poner de acuerdo a casi todo el arco político; desde Unidas Podemos y Bildu al PP, pasando por Vox. Incluso los obispos y Cáritas presionaron durante meses para que la regularización llegara al Congreso.
La regularización consiste en dar permiso de trabajo y residencia a migrantes irregulares que ya lleven tiempo viviendo en España sin papeles. "Son gente explotada en el campo o en las casas porque no puede acceder a un contrato de trabajo, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede denunciar un delito por miedo a que lo deporten y muchos ni usan la sanidad también por miedo. Es una cuestión de derechos", explica Cabrera.
La impulsora asegura que el discurso de la "inmigración legal y ordenada" se cae con su propio peso por el mal estado de las oficinas de extranjería. "Es imposible pedir cita en ningún lado, está todo colapsado. Además, la propia legislación de extranjería te dice que si llegas a España y quieres un permiso de trabajo debes estar tres años sin papeles, en la economía sumergida, y luego solicitar un arraigo social. No entendemos que se haga eso con gente que quiere trabajar y aportar", explica.
Hay precedentes
Esta regularización no sería ni la primera ni la segunda que se hace en España. Sería la séptima en democracia. Dos de ellas las hizo el Partido Popular y cuatro el PSOE. La última de ellas se hizo en el año 2005 y dio papeles a medio millón de personas, como se pretende ahora.
En toda la Unión Europea se han hecho 43 regularizaciones masivas. Las últimas fueron en plena pandemia en Italia y Portugal para, como rezaba el eslógan del Gobieron español "no dejar a nadie atrás", en especial aquellas personas que desempeñaron trabajos esenciales recogiendo alimentos en el campo o cuidando de las personas mayores en sus casas. Aunque aquí se propuso, el Congreso la rechazó.
Pero no solo eso. Los impulsores de la iniciativa aseguran que será bueno para la economía. "Son personas que, al tener acceso al mercado de trabajo, aportarán con sus cotizaciones a la seguridad social a parte de todos los impuestos indirectos que ya pagan", cuenta. Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid estima que la aportación neta de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima d elos 3.250 euros por persona al año.
Niños sin papeles
Otro aspecto de la regularización es que dotaría de papeles a unos 17.000 niños y niñas valencianos que están en situación irregular, muchos de ellos nacidos aquí pero que heredaron la condición de "extranjeros" de sus padres.
"Son menores que, cuando cumplen los 18 años, no pueden seguir estudiando y pasan a ser inmigrantes irregulares, sin derecho a nada, a pesar de haber venido de muy pequeños aquí", critica Silvana Cabrera. Adquirir la nacionalidad española es un proceso muy complejo que lleva décadas y muchos migrantes no llegan a tener nunca.
Pese a todo, el movimiento RegularizacionYA no pide eso, solo derechos básicos para las personas que vienen "a aportar" a nuestro país. "Si vienen a trabajar que tengan un trabajo decente con sus cotizaciones. Sin papeles lo que ocurre es que tienen que tragar con muchos abusos laborales, y encima, no pueden denunciarlos en una comisaría", denuncia Cabrera.
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