Joaquín Anastasio
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intentarán cerrar el próximo lunes, en apenas seis días, el acuerdo definitivo entre los gobiernos central y canario sobre la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería con la que se pretende establecer un mecanismo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre el conjunto de comunidades autónomas y aliviar así la presión de las zonas de llegada como las Islas. Ambos analizarán el texto que, a este respecto, ha aprobado este martes la Comisión Interministerial de Inmigración (CII) en relación con una propuesta previa del Gobierno canario y que Torres y Clavijo ya habían pactado hace varias semanas en algunos de sus elementos sustanciales. Esta propuesta, que ha sido luego revisada y modificada por otros ministerios, será posteriormente trasladada al resto de comunidades autónomas y a los grupos parlamentario en el Congreso, ámbitos en los que tienen que confirmarse un acuerdo para poder llevar a cabo dicha reforma.
Una de las claves del nuevo mecanismo para la acogida de menores extranjeros no acompañados es la previsión de una ficha financiera que garantice a las comunidades autónomas los recursos necesarios para poder hacer frente al coste de la acogida, algo que a lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han comprometido en distintas intervenciones públicas, en reuniones con el Gobierno de Canarias, y en sectoriales con las comunidades autónomas sobre esta cuestión.
Torres presidió este martes la segunda reunión de la CII en una sesión extraordinaria que ha contado con la presencia de las propias Montero y Rego, así como con la del titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. También han participado representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; y Trabajo y Economía Social, que son miembros natos de esta comisión.
El único asunto del orden del día ha sido la propuesta de la mencionada modificación legislativa con el fin de regular la acogida de los menores extranjeros no acompañados. El ministro Torres ha trasladado tras la reunión que, ante el trabajo "ímprobo" realizado en las últimas semanas y días, con aportaciones de los distintos ministerios implicados, "hemos avanzado en la reunión de hoy un documento en el que hemos profundizado en la modificación legislativa y la voluntad es presentárselo al Gobierno de Canarias el lunes, tal como le he trasladado a su presidente".
El departamento liderado por Torres eludió ayer dar más información sobre el contenido y los extremos de la reforma legal que se pretende, alegando ese compromiso de abordarlo primero con el jefe del Ejecutivo isleño, comunidad a la que se pretende, con esta reforma, aliviar de la carga de tener que asumir en solitario la acogida de los miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan en pateras y cayucos a sus costas procedentes de África. En la actualidad, Canarias acoge y tutela a más de 5.500 menores y aunque ha establecido acuerdos con otras comunidades para que, bajo el principio de la solidaridad, acojan a un pequeño número de estos chicos, la realidad es que son muy pocos los que hasta la fecha se han trasladado.
Fuentes del Gobierno de Canarias aseguraron este martes que la propuesta aprobada por la comisión interministerial, tras semanas de trabajos internos y de aportaciones de todos los departamentos implicados, aún no había sido trasladada y que se desconocía la redacción final del texto. Sin embargo, Torres contactó con Clavijo telefónicamente tras concluir la reunión de la comisión y le puso al corriente de los elementos más importantes del documento final, señalando que es coherente con lo que ellos ya habían hablado. Ambos intentarán, en todo, caso cerrar el acuerdo a este respecto en la reunión que mantendrán en Las Palmas de Gran Canaria aprovechando precisamente la celebración de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para abordar el conflicto surgidos entre ambas administraciones en el traspaso de la gestión del litoral desde el Estado hacia la comunidad autónoma.
Una de las cosas que el Ministerio de Política Territorial sigue sin despejar aún es el horizonte de aprobación definitiva y de aplicación práctica de dicha reforma de la ley de Extranjería, algo que sigue en el aire independientemente de la propuesta gubernamental obtuviera ayer el visto bueno definitivo de los ministerios con alguna competencia en materia migratoria o de menores. Torres sigue apelando a la necesidad de que las conferencias sectoriales correspondientes logren en su seno el consenso necesario entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí, además del acuerdo parlamentario entre los grandes partidos para llevar a cabo esa modificación legislativa.
El ministro asegura que quiere esa reforma "en el menor plazo posible" y destaca, en este sentido, el esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno central para llevar a cabo una medida inédita y compleja mediante la cual se ponga fin, de una vez por todas, a una situación injusta para Canarias como es la acogida y tutela obligatoria de miles de niños que llegan a las Islas. Esa atención le cuesta a Canarias en torno a 120 millones de euros anuales, coste que la ministra de Hacienda le ha pedido certificar para calcular esa ficha financiera con que el resto de territorios exige que se dote el nuevo mecanismo. Torres no quiere, en todo caso, dar más detalles del fondo del acuerdo alcanzado ayer en la comisión interministerial y de los contenidos de la reforma apelando a la deferencia que quiere tener con Clavijo como principal responsable político de la comunidad canaria.
En todo caso, se sabe que lo esencial de la nueva ley es que debe aclarar los criterios del reparto obligatorio de los menores que vayan llegando a las regiones fronterizas y las condiciones en que se encuentren cada uno de los territorios. Canarias considera que con el nuevo sistema se asigna a una comunidad autónoma el menor que entra la comunidad autónoma canaria como si estuvieran entrando en cualquier comunidad del país y es el Gobierno de España quien, de manera consciente, en función del número de plazas que están en cada una de las regiones, realiza la asignación. Por tanto, se produce por ello una "guarda temporal" por parte, o bien del Gobierno de Canarias, o bien de la ONG responsable, o bien del propio Estado, hasta que se produce esa asignación.
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