Cristina firmó su impunidad
La realidad señala que esta vez, a diferencia del 2015, la necesidad de los fueros explica la postulación de Cristina.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Koy
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Koy
Quizás Cambiemos, la coalición oficialista, esté arriesgando de nuevo pronósticos demasiado optimistas. No se curó con los errores cometidos sobre la economía.
Elisa Carrió afirmó que después de octubre, si el Gobierno gana, muchos kirchneristas "irán presos". Evitó los nombres.
Pero dio por entendido, de ese modo, que los jueces harían poco y nada con las causas de corrupción que sustancian hasta que se dilucide el enigma electoral.
Una actitud que explica, en buena medida, por qué razón la Justicia está como está.
La diputada aprovechó para brindar un anticipo previsible. El pasado kirchnerista tiene garantizado el centro de la campaña electoral. Al menos en Buenos Aires, donde Cristina Fernández decidió atrincherarse para resistir.
En ese territorio también están como candidatas Margarita Stolbizer, por 1País, y Graciela Ocaña, por Cambiemos. Especialistas en hurgar el lodo.
La ex presidenta ha sido precavida. La decisión de concentrar su energía en la Provincia, desprenderse del PJ y articular el Frente de Unidad Ciudadana, denotaría antes una preocupación defensiva que la de revalidar su liderazgo nacional.
Se ha rodeado de grupos políticos radicalizados cuyo propósito consistiría en jaquear a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, por lo menos hasta octubre. Después verá, según sea lo que las urnas canten.
La idea del Frente de Unidad Ciudadana es un embrión, aunque la probeta sea el principal distrito electoral. Hay algo que Carrió y Cambiemos deberían computar: la ex presidenta ya está protegida por aquellos fueros.
Se activan automáticamente con la candidatura.
Tiene muy buenas posibilidades, además, de ingresar al Senado. Hay quienes sostienen que el sábado 24 a la noche –cuando cerraron las listas-- también firmó su futura impunidad.
Podría haber un escenario de hecatombe. Que sea derrotada por Esteban Bullrich y también por Sergio Massa.
En ese hipotético caso ocurrirían tres cosas: moriría su liderazgo; implosionaría el Frente de Unidad Ciudadana; su destino quedaría en manos de los jueces.
Si nada de eso sucede, ingresará en la Cámara Alta donde el oficialismo tiene ahora 18 representantes contra 54 de la oposición.
En esa oposición figura el bloque peronista que la ex presidenta está dispuesta a quebrar para vengarse, sobre todo, de su jefe actual, Miguel Angel Pichetto.
En octubre se renuevan senadores en ocho provincias. Es posible que Cambiemos logre sumar dos o tres adicionales a los que posee hoy. Aún así, no habrá ninguna modificación drástica en la relación de fuerzas existente.
Esa conjetura de cifras tiene una explicación.
Si Cristina llegara a ser condenada en alguna de las seis causas que la amenazan y el juez pidiera su arresto, el Senado deberá reunir los dos tercios de los votos (48) para facilitarlo.
Una utopía en dos planos: en el de los números que dispone Cambiemos; en la voluntad política colectiva.
No hay antecedentes sobre desafueros en el Congreso con excepción del que, por propia voluntad, solicitó en 1996 al Senado Eduardo Angeloz. Lo hizo para enfrentar un proceso penal en Córdoba, en el cual fue absuelto.
En ese momento no habían sido reglamentadas las normas constitucionales (artículos 69 y 70). Recién se hizo en el 2000 por el escándalo de las coimas en el Senado a raíz de la reforma laboral.
En esa causa todos resultaron finalmente exculpados en 2013. Incluido el ex presidente Fernando de la Rúa.
La Ley de Fueros permite la iniciación o prosecución de los procesos judiciales con las indagatorias de cada caso. Hay una limitación para el allanamiento de domicilios u oficinas.
No se trata de una menudencia: el año pasado Diputados demoró más de dos meses en aprobar una solicitud del juez Luis Rodríguez para requisar el departamento de Julio De Vido, en una causa por enriquecimiento ilícito.
No halló ninguna prueba incriminatoria, por supuesto. Los magistrados pueden avanzar hasta la condena penal pero no disponer de una medida privativa de la libertad.
En ese punto es cuando se exige el desafuero. En cualquier caso los delitos no prescriben.
La buena intención de la letra se enredaría, sin embargo, con la práctica.
La Cámara de Casación Penal confirmó hace dos semanas la condena a siete años de prisión para Carlos Menem por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La causa comenzó en 1995. Es decir, hace 22 años.
El ex presidente nunca resultó sometido a desafuero porque la sentencia debe tener la condición de firme. Alcanza tal estado recién con la intervención de la Corte Suprema.
A esa instancia apela ahora Menem. Mientras tanto continúa amparado por los fueros. Buscará la renovación de su banca en los comicios de octubre.
La estrategia defensiva de Cristina cuenta con otra viga conocida que en estos 17 meses le permitió subsistir a la intemperie.
El sistema judicial que dejó armado antes de partir, cuyo engranaje clave es la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. También sus fiscales leales y algunos jueces de Cámara.
Tal andamiaje, sobre el cual el macrismo no supo todavía operar, funciona con un doble propósito. Proteger a la ex presidente. Acosar además al Gobierno de Macri.
Ningún oficialismo en las tres décadas de democracia sufrió tantas imputaciones –atendibles o no-- como el actual en sólo un año y medio. Se computaron hasta el viernes 62.
Es lo que la militancia ultra K y los miembros de Justicia Legítima bautizan como la contraofensiva.
En un parangón horroroso con aquel rebrote guerrillero contra la dictadura en 1979, que sólo ayudó a profundizar la tragedia. En el fondo, el remanido y alucinado recurso de pretender emparentar a Macri con los militares.
Aquel mecanismo judicial funciona, amén de Gils Carbó, con otras piezas lubricadas. Una de ellas es el fiscal Juan Pedro Zoni, que obtuvo el acuerdo del Senado para actuar en Santiago del Estero.
Resultó trasladado por la Procuradora como Fiscal Federal en la Ciudad. Ese funcionario investiga a Macri por el pase del juez Carlos Mahiques a la Cámara de Casación Penal.
Acaba de imputar al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión de un bono de endeudamiento a cien años.
Pidió que su colega Carlos Gonella, que protegió a Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K –por la cual espera enjuiciamiento--, sea sobreseído.
Requirió la indagatoria de la madre y la hermana del fiscal muerto, Alberto Nisman usando información reservada aportada por EE.UU. a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Hizo también un pobre papel cuando debió declarar ante la Comisión Bicameral que preside la diputada massista Graciela Camaño.
Detrás de Zoni existe otro par de funcionarios. Franco Picardi llegó a fiscal con acuerdo del Senado en mayo del 2015 y fue trasladado de inmediato a Comodoro Py.
Donde se investigan las causas de corrupción que más preocupan al kirchnerismo. Otra mano visible es la de Paloma Ochoa, militante de Justicia Legítima, dueña de una valiosa cosecha.
Imputó a la plana mayor del Gobierno por el memorándum que firmó con Qatar en noviembre pasado.
También lo hizo con el ex ministro Alfonso Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presuntos delitos vinculados a la emisión de letras del BCRA.
Responsabilizó al jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, por terminar con el contrato que sostenía económicamente a una Unidad Fiscal para investigar hechos de corrupción en dicho organismo.
El listado resultaría interminable. Incluye también a algunas actuaciones ocurridas en el interior.
El fiscal de Cámara, Daniel Adler, y la fiscal de primera instancia, Laura Mazzaferri dijeron que no era de competencia federal la investigación del ataque con piedras que Macri y Vidal sufrieron en Mar del Plata en agosto del 2016.
La gobernadora volvió a ser agredida este año en esa ciudad cuando anunció la construcción del metrobús. Mazzaferri es confesa militante de Justicia Legítima.
Aquella contraofensiva que se urde desde un sector de la Justicia empezaría también a tener correspondencia en la calle.
Fue una semana de caos en la Ciudad, cuyo pico sucedió con la irrupción de organizaciones salpicadas de militantes kirchneristas.
Fueron lideradas por Quebracho y la Tupac Amaru, que responde a la piquetera jujeña detenida, Milagro Sala. Terminó con una inevitable aunque demorada intervención policial.
Esos vínculos con el kirchnerismo y la candidatura de Cristina asoman indesmentibles. Quebracho, que acostumbra a actuar con encapuchados y palos, no sólo respalda a la ex presidenta.
Participó del acto de lanzamiento en Arsenal, en una columna que compartió con La Cámpora. Su líder histórico, Fernando Esteche, pasó a integrar el Movimiento Patria para Todos, junto a Amado Boudou y Gabriel Mariotto.
Su lugar fue ocupado por Ezequiel Lopardo, quien conforma otro grupo, Nuestra Patria, junto al intendente ultra K de Ensenada, Mario Secco, y la candidata y decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Florencia Saintout.
Probablemente el desorden callejero signifique un anticipo intranquilizador para la campaña. Tal vez para forzar al Gobierno a recurrir a las fuerzas policiales.
De allí saldría la clásica denuncia kirchnerista sobre la supuesta "criminalización de la protesta".
Que, como en el caso de Sala, aterrizaría en la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Donde el Gobierno suele disfrutar de largas siestas.