Después de más de 30 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de medidas fiscales paliativas y relevantes promovido por la gestión de Javier Milei. Antes, había reunido los votos para aprobar la Ley Bases. Fue su primer triunfo en el Congreso.
En materia fiscal, entre otras reformas aprobadas hoy, le tocará al Senado considerar la reimposición del impuesto a las Ganancias, un generoso blanqueo, una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras, y cambios en las escalas del Monotributo.
Durante la discusión en particular de la iniciativa se introdujo, a instancias del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, un artículo por el que se instruyó al Poder Ejecutivo a que, en el plazo de 30 días, "envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del Artículo 2° del decreto 1.731/2004″. Una presión para desarticular los regímenes especiales, como el que beneficia a los industriales electrónicos de Tierra del Fuego.
La modificación de las escalas del Monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas "comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial".
Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto. Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para ir al más oneroso régimen impositivo general (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), aun cuando sus ingresos muy probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra.
Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigencia del tributo, que salvó este punto. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró "el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más".
El futuro de Ganancias
Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más conflictivos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones.
Al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.
También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.
Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP). Uno de los puntos que más críticas cosechó fue el blanqueo de capitales. Tanto referentes de la izquierda y el kirchnerismo, como de la Coalición Cívica y la UCR se manifestaron en contra y denunciaron que el proyecto presenta inconsistencias en la identificación del origen del dinero, que podría provenir del crimen organizado.
Carlos Heller, de UxP, cuestionó todas las características de este régimen que, según detalló, "tiene gravísimas implicancias para el lavado de activos". "Implica a sujetos no residentes. Es extraño que estos ex residentes puedan regularizar dinero en nuestro país, ¿cómo hacemos para aplicar las reglas antilavado?", consideró. Al mismo tiempo, criticó la divisa que se utiliza como referencia en el proyecto: "Tanto para los bienes en el país como para aquellos en el exterior el monto está expresado en dólares. Eso es un rechazo a nuestra moneda", señaló. Por último, destacó la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombres de terceros que está prevista en la iniciativa y dictaminó: "Es algo que excede toda lógica y es inaceptable". Por eso, adelantó la postura de su bloque, y concluyó "El texto del proyecto y el dictamen debe ser rechazado de plano por un conjunto de razones que ya planteamos".
En la misma línea, la legisladora Marcela Campagnoli (CC) explicó su rechazo: "No podemos permitir que por un blanqueo entre dinero manchado de sangre, por eso la Coalición Cívica va a votar en contra".
En el debate por la imposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el primero en tomar la palabra fue el diputado rionegrino Agustín Domingo, parte del bloque Innovación Federal, quien pidió un incremento de las escalas del impuesto a las Ganancias del 22% para los trabajadores petroleros en función de que "se reconozca el costo de vida de los patagónicos".
El legislador Sergio Palazzo (UxP), quien además es el líder del sindicato de bancarios, puso el foco en el piso desde el que se comenzará a gravar a los contribuyentes con este tributo, que afecta directamente a los trabajadores del gremio que conduce. Por eso, cuestionó la quita de exenciones al gravámen, como los adicionales, los bonos por productividad, los vales alimentarios o las horas extras. "Es ficticio decir que la base imponible es $1,8 millones porque el trabajador pierde la capacidad de deducir del impuesto todos estos conceptos", dictaminó.
Romina del Plá, de la Izquierda, solicitó el retiro completo de este título. "Trabajadores docentes, médicos y aquellos que trabajan en actividades que tienen desarraigo van a pasar a pagar este impuesto. El salario es para pagar los alimentos", sentenció antes de anticipar su rechazo.
Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado chubutense y gremialista petrolero, Jorge "Loma" Ávila (Hacemos Coalición Federal), quien rechazó la reimposición del impuesto a las Ganancias. "Los trabajadores petroleros trabajamos 12 horas por día y somos los que más tributamos. Acá parece que no ven lo que los trabajadores sufrimos en el campo. La operación petrolera no tiene parate, piden más producción con menos gente", indicó Ávila, mientras que observó: "El Presidente votó que este impuesto no se pague cuando estaba acá". Por último, mandó una advertencia a la administración libertaria: "Van a terminar con a paz social en los pozos petroleros".
Puntos más importantes
del paquete fiscal figuran:
Impuesto a las Ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%.
Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.
Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.