El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024 en Venezuela, lo que representa un incremento de 85% en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando se registraron 226 eventos de este tipo.
A juicio del CDJ, estas acciones evidencian que en Venezuela es sistemática la «política de criminalización dirigida a quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país».
El reciente balance de la organización destacó que en estos primeros tres meses de 2024 se generaron avances normativos que restringen las libertades cívicas en el país.
«Los proyectos de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el riesgo para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos», denunciaron.
El mes con más ataques de 2024 fue febrero, con 230. Y los ataques documentados incluyen estigmatización, intimidación, amenazas, ataques digitales, allanamientos, judicialización y detención arbitraria.
Según el informe del CDJ, el principal patrón de ataque durante este período fue la estigmatización de organizaciones no gubernamentales, señalándolas como terroristas y agentes desestabilizadores.
Las ONG también figuran como las principales víctimas de los ataques en el primer trimestre de 2024 en 62% de los casos. El 38% de los restantes ataques se enfocaron en personas defensoras de derechos humanos.
Responsables de los ataques
De acuerdo con este reporte al menos 155 (37%) de los ataques se materializaron a través de medios de comunicación del Estado. Por su parte, 136 (32%) fueron efectuados por funcionarios públicos, quienes «hicieron uso de sus perfiles en redes sociales y espacios institucionales para estigmatizar, amenazar e intimidar».
Otros 104 ataques (25%) fueron cometidos por personas o agrupaciones afectas a los intereses del gobierno y en 15 casos (4%) la responsabilidad fue de organismos de seguridad del Estado. Las instituciones públicas o entes gubernamentales fueron responsables de 8 (2%) de los hechos documentados.