La minería formal es un dinamizador del desarrollo descentralizado y genera recursos para que los tres niveles de gobierno (central, regionales y municipales) los inviertan en escuelas, hospitales, agua y saneamiento, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. Además, brinda valor agregado en el desarrollo de proveedores y el impulso de la innovación y la tecnología. La minería aporta alrededor del 10% del PBI, mientras que los proveedores mineros (equipo, tecnología y servicios) ya suman un 3.4% del PBI.
En el ámbito global, la transición energética ofrece enormes oportunidades para el Perú como proveedor clave en el suministro de los minerales críticos que se requieren para ello, pero, para aprovechar estas oportunidades, se requieren firmeza del gobierno y una estrategia para generar condiciones que mejoren el entorno de negocios y así atraer inversiones. Hoy no observamos señales claras en ese sentido, solo buenas intenciones.
El desarrollo de proyectos mineros en el Perú toma alrededor de 15 años, desde el descubrimiento y exploración de reservas hasta la construcción y operación. Estos plazos se extienden significativamente debido al monstruo de la tramitología y la burocracia. Senace es el campeón, al ralentizar los procesos de evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA) y sus modificaciones (MEIA). Hace 10 años, estos procesos ya tomaban alrededor de 250 a 300 días, pero, recientemente, los plazos para los MEIA de las minas Constancia y Antamina fueron incluso mayores, de 466 y 674 días, respectivamente (¡!).
La mesa ejecutiva de minería del MEF es un espacio público-privado donde se han identificado 25 medidas claves para dinamizar el sector minero y el destrabe de proyectos. Hasta el momento, se han publicado/prepublicado ya 12 de ellas. Ya los equipos técnicos hicieron su trabajo y hoy urge el liderazgo a nivel de ministros del MEF y Minem para que articulen con el Minam, el Midagri, la PCM y otras instituciones públicas a fin de aprobar las medidas pendientes. ¡Estas son las señales claras que se requieren!
Otro aspecto urgente es una estrategia clara frente a la minería ilegal. Los asesinatos ocurridos en Pataz el año pasado atentan contra la minería, la inversión privada y el Estado de derecho. El Gobierno debe cumplir sus obligaciones: actuar con firmeza contra las mafias que buscan socavar la estabilidad en el país y proveer seguridad para la población y las empresas.
Los ministros del MEF y el Minem deben liderar juntos esta tarea, y sentar las bases para aprovechar las oportunidades que el sector minero nos ofrece. No hay tiempo que perder.