Lucas Font
La aprobación de la Ley de Seguridad de Ruanda en el Parlamento británico está cada vez más cerca. El primer ministro, Rishi Sunak, ha reclamado este lunes a los miembros de la Cámara de los Lores que desistan en su empeño de incluir nuevas enmiendas al texto y ha redoblado la presión para que den luz verde definitiva a las deportaciones de solicitantes de asilo al país africano. El Gobierno confía en sacar adelante la norma este mismo lunes y en poner en marcha los primeros vuelos a principios de julio, más de dos años después de la presentación del plan por parte del exprimer ministro Boris Johnson.
"Ya es suficiente. No queremos más evasivas ni retrasos. El Parlamento se sentará esta noche y votará a favor de la ley, sin importar lo tarde que sea. No hay peros que valgan, los vuelos saldrán hacia Ruanda", ha dicho Sunak en una inesperada rueda de prensa este lunes. El primer ministro ha acusado al Partido Laborista de entorpecer la tramitación de la ley con su apoyo a dos enmiendas la semana pasada en la Cámara de los Lores, un apoyo que obligó a retrasar de nuevo su aprobación. "La paciencia de la gente se ha acabado, y la mía también", ha añadido.
Batalla parlamentaria
El Gobierno confía en que los Lores acaben cediendo y dejen caer las dos enmiendas aprobadas la semana pasada. La primera de ellas pretende evitar la deportación a Ruanda de antiguos colaboradores del Ejecutivo y del Ejército británico en países extranjeros, entre ellos los informantes en Afganistán, mientras que la segunda incluye la obligación de que un comité independiente garantice que el país africano es un destino seguro para los solicitantes de asilo. El Ejecutivo no parece dispuesto por ahora a aceptar ninguna de las dos enmiendas e insiste en su intención de aprobar el texto sin ninguna modificación adicional.
Todo apunta a que la norma será aprobada este lunes, a pesar de las reservas de los Lores. Algo que dará un ligero respiro al primer ministro, quien presentó su proyecto de ley por la vía de urgencia el pasado diciembre con el objetivo de poner en marcha las deportaciones en primavera. Los constantes retrasos en la tramitación, debidos en parte a la rebelión del ala dura del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, han obligado a Sunak a descartar esta posibilidad y han afectado a su credibilidad ante los votantes más cercanos a la derecha radical, quienes ven cada vez más lejos la posibilidad de que el actual Gobierno acabe con la llegada irregular de inmigrantes.
Inicio de las deportaciones
El primer ministro ha garantizado tener todo preparado para iniciar las deportaciones en un período de entre 10 y 12 semanas. El ministerio del Interior ha ampliado la capacidad de los centros de detención, ha reforzado el personal encargado de tramitar los recursos y ha aumentado el número de salas y de jueces disponibles para acelerar la resolución de disputas en casos individuales. "No se trata de poner en marcha sólo un vuelo. La prioridad es ser capaces de tener un ritmo regular de múltiples vuelos a lo largo del verano y más allá. Esta es la única forma de tener un elemento disuasorio y detener la llegada de embarcaciones [a través del Canal de la Mancha]", ha dicho Sunak.
El primer ministro ha evitado, sin embargo, hacer pronósticos sobre cuántas personas serán deportadas en los próximos meses. El Ejecutivo insiste en que Ruanda tiene capacidad para acoger a miles de personas, aunque no ha querido dar detalles sobre cuál será el límite ni tampoco qué criterios seguirán para elegir a los solicitantes de asilo deportados. Sea cuál sea la capacidad total del país africano, es muy poco probable que pueda acoger a todas las personas que han llegado de forma irregular al Reino Unido en el último año. Algo que ha sido utilizado por los rivales políticos de Sunak, incluida la exministra del Interior Suella Braverman, para poner en duda la efectividad de la medida.
Reveses judiciales
La ley de Seguridad de Ruanda tiene como principal objetivo sortear las trabas judiciales impuestas por los tribunales británicos en los últimos meses, incluido el Tribunal Supremo, que tumbó los planes del Gobierno el pasado noviembre alegando que existe el riesgo de que Ruanda devuelva a los solicitantes de asilo a sus países de origen. La nueva norma establece que el país africano es un destino seguro, independientemente de lo dictaminado por los jueces, e incluye además la posibilidad de que el ministro del Interior desobedezca las órdenes del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este tribunal ya frenó el primer vuelo de deportación a Kigali en abril de 2022, iniciando una larga y costosa batalla legal y política que el Gobierno confía en resolver definitivamente este lunes.
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