Mataró es uno de los quince municipios de la segunda corona metropolitana que integran la asociación Arc Metropolità y que se oponen a la decisión de la Generalitat de traspasar la responsabilidad a los municipios sobre la autorización de las piscinas privadas o comunitarias como refugio climático.
Los municipios metropolitanos se declaran satisfechos de poder abrir las piscinas municipales públicas tal y como habían reclamado, pero consideran que "la decisión llega tarde desafortunadamente, por la forma y por el fondo". El hecho de que las piscinas privadas puedan abrir al público previa autorización de los ayuntamientos "nos traslada una responsabilidad que no es nuestra".
Una decisión en plena campaña electoral
Este martes, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado un Decreto para la modificación del Plan especial de sequía. Esta modificación incluye nuevas medidas respecto al establecimiento de un censo de refugios climáticos en el que los municipios podrán incluir piscinas públicas y privadas abiertas a la ciudadanía. Esto permitirá la apertura de las piscinas municipales este verano, tal y como requería el mundo municipalista desde hace semanas.
Desde Arc Metropolità consideran que vale la pena recordar que este anuncio llega a las puertas de una campaña electoral, con el tiempo justo para que los entes locales "podamos garantizar la calidad de las instalaciones y su correcta puesta en marcha" una preparación que normalmente necesita semanas de antelación. En estos momentos "nos encontramos con poco margen para trabajar en condiciones favorables".
Desgraciadamente, apuntan que "no encontramos recibo que la Generalitat traslade la responsabilidad sobre la autorización de las piscinas privadas o comunitarias a los ayuntamientos". El Decreto aprobado hoy permitirá que las piscinas de titularidad privada que tengan un acuerdo con el ayuntamiento, podrán llenarse siempre que se abra su uso de forma abierta a la ciudadanía en las mismas condiciones que funcionen las piscinas públicas.
"Nos parece completamente ingestionable que las comunidades de propietarios y las piscinas privadas se conviertan en refugios climáticos a cambio de que la ciudadanía pueda entrar. Esto es pasar la presión de esta decisión a los ayuntamientos ya sus propietarios, en un marco de poca claridad y poca seguridad jurídica. Creemos que ésta es una decisión que le corresponde a la Generalidad, y su inclusión en el Decreto únicamente sirve para no asumirla. Las instalaciones de esta tipología deben cumplir normativas y controles rigurosos, a las que hay que sumar aspectos relacionados con la seguridad y la responsabilidad civil. En pocas ocasiones una piscina privada puede equipararse a la regulación de una piscina pública y sus condiciones, tal y como el Decreto define.
Rehuír las responsabilidades
"Abrir las piscinas municipales es imprescindible para ofrecer todos los espacios posible a la ciudadanía para encarar un verano que prevemos de nuevo sofocante. Pero cuando la Generalitat traspasa a los entes locales la responsabilidad de abrir piscinas privadas rehúye una vez más su responsabilidad y pone contra las cuerdas a los ayuntamientos", dice la presidenta del ARC, Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí.
En conclusión, apuntan en un comunicado que "estamos satisfechos porque finalmente este año vamos a salvar la temporada de verano, permitiendo abrir las piscinas municipales públicas" tal y como se había reclamado, garantizando el acceso a estos refugios climáticos a la ciudadanía. En cualquier caso, "encontramos totalmente desafortunado, por la forma y por el fondo, la inclusión de las piscinas privadas si éstas se abren al público previa autorización de los ayuntamientos, ya que nos traslada una responsabilidad que no es nuestra y cuestionamos plenamente su buena gestión y gobernanza".