Las diligencias impulsadas en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón contra la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre Anboto van a forzar a la Fiscalía a tomar una posición definitiva contra la sanguinaria etarra por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua, cometido en 1997.
En los últimos años, la Fiscalía ha dado sonados bandazos ante este caso, hasta el punto de llegar a esgrimir que la causa penal por el asesinato de Miguel Ángel Blanco debía considerarse prescrita. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incluso abrió un expediente contra el fiscal de la Audiencia Nacional que se opuso a defender tal prescripción, pero no pudo consumar ese intento de purga. Después, García Ortiz ordenó que siguiera adelante la investigación judicial, que los fiscales no se opusieran, pero no dio por zanjada la cuestión: será cuando este proceso avance cuando el Ministerio Público decidirá si defiende o no la prescripción. Todo ello mientras el PSOE sigue abonando su particular idilio con los proetarras de Bildu, a los que ha convertido en uno de los pilares que sostienen a Sánchez en Moncloa.
El proceso que se sigue en la Audiencia Nacional compromete a Pedro Sánchez, tras haber presumido públicamente de que es él quién manda en los fiscales a través de la Fiscalía General del Estado. Resuena aún la frase que el presidente del Gobierno lanzó públicamente el 6 de noviembre de 2019, apenas año y medio después de instalarse en La Moncloa gracias a la moción de censuro que le apoyaron –entre otros– los proetarras de Bildu. «La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso», espetó Sánchez en un acto público para proclamar que en el quehacer del Ministerio Público mandaba él como presidente del Gobierno.
En julio de 2022, la asociación Dignidad y Justicia presentó una querella para que se juzgara a ex jefes etarras por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional abrió diligencias. Meses después, iniciado el procedimiento, la Fiscalía tomó posición al respecto. Y se desató una guerra interna. El fiscal general del Estado impuso la tesis de que el caso estaba prescrito. Abogó por pedir que se le diera carpetazo. Uno de los fiscales de la Audiencia Nacional que participó en las diligencias defendió que no había prescripción y sufrió el intento de purga en el que finalmente fracasó el fiscal general.
Tras el revuelo, García Ortiz optó por dar marcha atrás, pero a medias. Adoptó una decisión inconcreta: no oponerse a que siguiera adelante la investigación judicial y aplazar la posición de la Fiscalía sobre la prescripción. El fiscal general del Estado, ante la polémica, prefirió ganar tiempo. Si defenderá o no la prescripción de la causa contra la sanguinaria Anboto y otros ex cabecillas de ETA es algo que queda en el aire.
La Fiscalía tomará posición definitiva al respecto cuando el proceso esté más avanzado, bien en el momento de decidirse la apertura del juicio oral o, en su caso, cuando sean juzgados Anboto y otros imputados.
Los etarras y la prescripción
De ahí que el hecho de que García Castellón haya seguido adelante con el procedimiento y lo esté impulsando en estos momentos supone una patata caliente para la Fiscalía de Sánchez, porque ve cada vez más cerca el tener que adoptar una posición al respecto: o vuelve a defender la tesis de la prescripción para dar carpetazo al caso contra Anboto y otros ex dirigentes de ETA, o descarta esa vía y se alinea con el criterio de la Audiencia Nacional. El juez García Castellón ha considerado en todo momento procedente instruir diligencias judiciales por esa causa penal, al entender que está viva a estos efectos.
En último término, será el tribunal sentenciador –el que se encargue del juicio– el que tendría que dilucidar la controversia sobre la prescripción, por la que apuestan los imputados para librarse de cualquier responsabilidad penal por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
En cualquier caso, impulsado el procedimiento que instruye actualmente García Castellón, se estrecha el cerco sobre la Fiscalía de Sánchez para que se pronuncie en un sentido u otro. Y todo ello en un momento en el que el PSOE mantiene un declarado idilio político on los proetarras de Bildu, formación a la que el propio ministro Óscar Puente no ha dudado en elogiar, sin matiz alguno, al calificarla de «partido progresista democrático».