Una acusación popular del "caso Koldo" considera que el juez debe imputar por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental a dos ex altos cargos del Servicio de Salud del Gobierno balear que presidía Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso. La asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas ha solicitado al magistrado Ismael Moreno -que investiga el reparto de comisiones en la adjudicación de contratos en pandemia por parte de tres ministerios y dos gobiernos autonómicos- que llame a declarar como investigados al ex director general del Servicio de Salud balear Juli Fuster y a Antonio Mascaró, que fue subdirector de Compras y Logística del departamento por su participación en la concesión de los contratos investigados. Fuster y Mascaró son dos de los comparecientes cuya presencia ha solicitado el PP en la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado.
Fuster emitió en agosto de 2020 un documento certificando que las mascarillas se habían recibido "de manera satisfactoria y sin tener conocimiento de ninguna incidencia", aunque posteriormente el Gobierno balear reclamó más de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión por mascarillas defectuosas.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares adjudicó dos contratos a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. El primero, el 8 de mayo de 2020, por importe de 3.701.500 euros, y el segundo el 19 de junio de ese mismo año, por los trámites aduaneros (56.715,24 euros) por el transporte del material a Palma de Mallorca, en beneficio de la empresas que impuso Soluciones de Gestión.
La acusación asegura en el escrito remitido al instructor que la adjudicación del contrato de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión por un importe total de 3,7 millones de euros "se llevó a cabo de forma arbitraria", lo que se plasmó en la "ausencia de los tramites esenciales del procedimiento administrativo". Y recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que fue una adjudicación "preconcedida", sin que conste "contrato alguno" ni "la mínima documentación exigible sobre el objeto del contrato de suministro".
Las negociaciones, la formalización del pedido y la entrega de las mascarillas "inhábiles" entre los responsables del IB-Salut y la empresa de la "trama " habían sido acordadas con anterioridad -recalca- "a espaldas del procedimiento legal de contratación pública". "No se aporta documento alguno, ni se ofrece explicación sobre el mecanismo de contratación -se queja la asociación-, ni sobre la identidad de quienes fueron las personas encargadas del contacto, negociación o autorización" con Soluciones de Gestión.
"No cabe duda" de las irregularidades
De ahí que para la acusación "no cabe duda" de que el acto administrativo suscrito por Mascaró y, posteriormente, por Fuster como responsable del Servicio de Salud balear "se realizó de manera irregular y fuera del ámbito objeto y temporal de la situación de emergencia a la que debía quedar circunscrito". Y es que, señala, mientras la entrega de las mascarillas se produjo el 27 de abril de 2020, no fue hasta dos días después cuando "se solicitó al órgano de contratación la tramitación de emergencia para el contrato de suministro de mascarillas", que no se acordó hasta el 4 de mayo.
Fuster certificó en agosto de 2020 que la recepción del material sanitario se había producido "de manera satisfactoria y sin tener conocimiento de ninguna incidencia", aseveración que "se plasmó en un documento público" pese a que -recalca- "la Administración era conocedora de la inhabilidad de las mascarillas, toda vez que las mismas se encontraban almacenadas debido a que no cumplían con los estándares requeridos en lo referente a la clasificación FFP2".
La acusación popular no solo solicita su citación como imputados, sino que también reclama al instructor que reclame a la dirección general del IB-Salut que aporte a la Audiencia Nacional "la totalidad del expediente objeto de investigación", así como las reclamaciones posteriores que se han llevado a cabo contra la empresa de la "trama" y una copia literal del expediente remitido a la comisión de investigación del Parlamento de las Islas Baleares sobre este asunto.
Asimismo, solicita que testifique Manuel Palomino, quien sustituyó a Fuster como director general del Servicio de Salud balear, y a los cuatro representantes legales de Lantimar Aduanas y Tránsitos, que según la UCO fue la empresa cuya contratación impuso Soluciones de Gestión al Servicio de Salud balear para encargarse de los trámites aduaneros del avión "repleto de mascarillas FFP2".
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