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Juárez
martes, 09 abril 2024 | 06:00
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Ciudad Juárez.- Solamente de la acusación por presunta posesión de dos armas de fuego cortas lograron salvarse los tres hombres detenidos el pasado 1 de abril tras el rescate de siete personas migrantes privadas de la libertad entre las que había un menor de edad.
El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte no logró comprobar ante el juez de control que las armas aseguradas por la Policía Municipal fueran propiedad de los detenidos, pese a las concurrentes declaraciones de testigos sobre los participantes del secuestro agravado quienes en todo momento cargaban pistolas para amenazarlos e intimidarlos.
El secuestro de las siete personas en contexto de movilidad se dio entre el 8 de febrero y el 1 de abril, con distintas fechas de captura. Eran privadas de la libertad después de solicitar la presencia del "coyote" que supuestamente contrataban para internarse en Estados Unidos luego de åbajar del camión de carga en que viajaban como polizontes, llegar a Juárez por 'aventón' o al salir del albergue en que habían sido recibidos para llevar su proceso formal de solicitud de asilo a aquel país.
En el traslado y resguardo en distintas casas de seguridad, participaron otras personas además de los tres detenidos, que fueron identificadas solo mediante apellidos.
Un cuarto hombre detenido, de iniciales K. P. P., es menor de edad por lo que llevó su proceso paralelo en el tribunal especializado para adolescentes en conflicto con la ley. Del resto, entre los que se ubicó a una mujer y al supuesto jefe apodado "El Apá", no se ha dado a conocer su aprehensión.
Las cantidades por las que se pretendía condicionar la libertad de las víctimas era de 12 mil dólares por persona, suma que le pedían a los familiares tan pronto como arribaban a la casa de seguridad.
Un hombre pagó 23 mil dólares por dos de sus familiares, pero le solicitaron dos mil 500 más, por lo que sus seres queridos fueron mantenidos en cautivero. Una mujer pagó cinco mil 500 dólares por otro.
Las amenazas eran de "cortarlos en cachitos" y enviarlos a sus familiares si no pagaban el dinero completo a través de transferencias cuya ruta no fue aclarada durante esta audiencia inicial.
La presión era ejercida mediante videos en las que los captores se encapuchaban, tomaban sus armas y las apuntaban a la espalda, cabeza y rostro de las víctimas, mientras éstas veían o tenían una bolsa plástica sobre la cara.
Había asfixia, golpes y patadas en los videos enviados a los familiares, grabados con los mismos teléfonos de las personas mantenidas privadas de la libertad.
Gustavo M. G., Noé R. L. y Jerson P. R. fueron detenidos el 1 de abril por policías municipales en en el cruce de las calles Caballo y Rocinante de la colonia Felipe Ángeles, hasta donde llegaron luego de que las mismas víctimas llamaran al 911 para pedir auxilio.
Al arribar al lugar del reporte, los agentes escucharon gritos de auxilio que provenían del interior del domicilio, por lo que ingresaron de manera inmediata, encontrando a seis personas originarias de Guatemala y un hombre proveniente de Honduras.
Las investigaciones ministeriales señalan que seis de las siete víctimas identificaron plenamente a los tres agresores (el séptimo es menor de edad y no participó en el ejercicio de reconocimiento), lo que fue una de las razones para que Noé R. L., Gustavo M. G. y Jerson P. R. fueran vinculados a proceso bajo la causa penal 2162/2024, por el delito de secuestro agravado.
Pese a la no vinculación a proceso por los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la decisión se remitió a un juzgado federal para su revisión tras la declinación de competencia del juzgado del fuero común del Distrito Judicial Bravos.
El plazo para el cierre de investigación complementaria fue fijado en cuatro meses a solicitud del Ministerio Público, sin oposición de la defensa pública de los tres hombres.
redaccion@redaccion.diario.com.mx
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