El compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterado al menos 39 veces desde su campaña en 2018, de transformar el sistema de salud mexicano en el "mejor del mundo" para marzo de 2024, se han revelado cómo lo que, en el fondo siempre fueron: las mentiras de un hombre que, con tal de hacerse con el poder, se ha dedicado a engañar a las y los mexicanos desde hace más de 30 años. La cronología de promesas incumplidas y cambios de fecha evidencia no solo un retraso en la ejecución, sino un cambio preocupante en la estrategia hacia la federalización de la salud, especialmente en estados gobernados por MORENA. Este enfoque ha exacerbado las desigualdades en el acceso a servicios de salud, en un país donde, según Coneval, el porcentaje de personas sin acceso a estos servicios se disparó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022.
La estrategia actual, centrada en el IMSS-Bienestar, apunta a una cobertura del 80.2% de la población objetivo en 23 estados afines al partido gobernante. Sin embargo, esto ha generado un efecto adverso en estados no alineados políticamente, donde más de 2,000 despidos del personal médico han sido reportados, evidenciando una política de salud que parece castigar más que curar. La insistencia del gobierno federal en forzar a los estados a firmar convenios de adhesión al IMSS-Bienestar, bajo la amenaza de perder recursos y personal médico, refleja una centralización que ignora las necesidades locales y las realidades de cada región.
Agravando esta situación está la contratación de cientos de médicos cubanos, a quienes se les otorga una remuneración superior a la de sus contrapartes mexicanas, según reportes. Esta política no solo ha sido cuestionada por la transparencia en la asignación de sueldos sino también por las implicaciones políticas de financiar indirectamente al régimen cubano. Mientras el salario promedio de un médico general en instituciones como el IMSS ronda los 8,531.28 pesos, el gobierno cubano recibe hasta 2,042 dólares mensuales por cada especialista contratado en México. Esta disparidad salarial no solo es injusta, sino que subraya una desvalorización del profesional de la salud mexicano, quien enfrenta condiciones de trabajo cada vez más difíciles.
El modelo de salud que México necesita debe fundamentarse en principios de universalidad, calidad y equidad, lejos de intereses políticos y maniobras que segmentan al país en líneas partidistas. La promesa de un sistema de salud equiparable a los de Canadá, Reino Unido, o Dinamarca, no solo se queda corta frente a la realidad de un incremento alarmante en la falta de acceso a servicios de salud y desabasto de medicamentos, sino que se aleja cada vez más de la visión de un sistema inclusivo y eficiente.
Es momento de reevaluar las prioridades en materia de salud, asegurando que cada peso invertido se traduzca en mejoras tangibles en la atención médica para todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica o afinidad política. El gobierno debe reconocer que la salud es un derecho fundamental, no un instrumento de negociación política. La población mexicana merece más que promesas: merece un sistema de salud que responda a sus necesidades con acciones concretas, justas y equitativas. El tiempo de cumplir es ahora; México está cansado de tantas mentiras, no los va a tolerar más y el 2 de junio lo vamos a demostrar..