Más de 78 mil abogados de la ciudad de Buenos Aires están habilitados para votar mañana de 8 a 18 en las elecciones a presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la entidad política y gremial que los nuclea. Competirán tres candidatos: el actual titular, Ricardo Gil Lavedra, de la lista "Unidad en defensa de la Abogacía", Patricia Trotta de "Gente de Derecho" y Rubén Ramos de "Espacio abierto de la Abogacía".
Infobae consultó a los tres candidatos sobre sus propuestas para el Colegio, los servicios que se deben mejorar, su opinión sobre las reformas que para la profesión estableció el gobierno de Javier Milei y sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-¿Cuáles son sus principales proyectos para el Colegio Público?
Gil Lavedra: La defensa de la abogacía es la prioridad de nuestra gestión. En estos dos años actuamos en cada oportunidad en la que se pretendió avasallar las incumbencias de las abogadas y los abogados. Presentamos acciones de amparo (por ejemplo en contra de la ley de lavado), y nos reunimos con distintos bloques parlamentarios para evitar que se avance con los divorcios administrativos y las sucesiones notariales. Seguiremos en este camino.
Profundizar el proceso de innovación que implementamos con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas frente a los cambios pospandemia en el ejercicio profesional. Continuaremos con el proceso de modernización que iniciamos, mejorando la App que desarrollamos permitiendo acceder ágilmente a todos los servicios del Colegio desde el teléfono celular.
Seguiremos ampliando la oferta de capacitación de calidad, incorporando el uso de las nuevas tecnologías para darle mayor alcance y facilitar el acceso a la matrícula. Para ello continuaremos mejorando el campus virtual y seguiremos equipando las aulas. Profundizaremos los vínculos con las facultades de derecho, tanto públicas como privadas, para enriquecer nuestra oferta de cursos.
Vamos a continuar comprometidos en la mejora del funcionamiento del Poder Judicial (promoviendo las mesas de entrada virtual en todos los fueros) haciendo aportes constantes para mejorar el sistema de justicia, sin dejar de realizar un atento seguimiento sobre el desempeño de los magistrados. La ingente tasa de desestimación de denuncias promovidas por los abogados expone años de desidia que estamos corrigiendo en el funcionamiento eficaz de las comisiones de disciplina y juzgamiento, haciendo un seguimiento, mejorando la calidad de nuestras denuncias, poniendo en valor la palabra profesional comprometida con la defensa del estado de derecho.
Trotta: Principalmente volver a posicionarlo como un factor de poder que consiguió hitos históricos como los fallos Halabi y Rizzo ("Halabi" declarando la inconstitucionalidad de la ley espía, y "Rizzo" con la de democratización de la justicia ambas del gobierno k); oponernos férreamente a nombramientos de Ministros de la Corte por decreto (Macri a días de asumir), las listas negras, ó entre otros recuperar la apertura de todos los Consejo y Colegios Profesionales cerrados por el Estado Nacional y Rodríguez Larreta durante la pandemia.
Asimismo, tener presencia siempre con casos como DNU 70/23, ley ómnibus, industria del juicio, etc, gobierne quien gobierne y no como hoy que el CPACF es un satélite de partidos políticos guardando silencio cómplice en lo que propone el gobierno y que perjudica a los y las colegas.
Es inconcebible que el Colegio no hay dicho una sola palabra cuando los candidatos presidenciales hablaban de industria del juicio, y que ni siquiera presentaran a la Institución aunque sea como amicus curiae acompañando a los amparistas del DNU 70/23.
O que se haya detectado que Gil Lavedra presentó un proyecto de sucesiones por escribano cuando fue diputado UCR y también guarde silencio;, aunque eso clarifica bastante su habitual tibieza los temas del gobierno.
También se debe volver a premiar a los empleados destacados y no como pasó con las abogadas que le ganaron el juicio a la Unión de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (por asimilar a los colegas en los medios con dibujo enorme de un carancho). En vez de un premio, recibieron el despido, insólito.
En definitiva, que el Colegio deje de ser la cosmética que utiliza por acción u omisión la política partidaria para justificar sus tropelías y, vuelva a ser aquella voz que le ponía los límites a la política partidaria, gobierne quien gobierne.
Ramos: Tenemos una plataforma de propuestas que trabajamos en equipo durante los últimos dos años, con el objetivo de defender, acompañar y beneficiar a la abogacía.
En los primeros 30 días de gestión vamos a crear el Colegio Público Digital (CPD) que contará con el Portal para la Defensa de los Honorarios, el Portal de Mora Judicial y el Portal Contra las Arbitrariedades de los Organismos Públicos para defender a la abogacía de forma ágil y sin burocracia, además de enfocarnos en defender las incumbencias profesionales y dar una respuesta categórica e inequívoca ante cualquier ataque a la profesión que intente desprestigiarla.
Por otra parte, son un compromiso de nuestra plataforma no aumentar la matrícula durante nuestro mandato y que el pago sea mensual. También, la creación de un régimen de licencias para profesionales y un fondo compensador de honorarios por la demora en el libramiento de giros judiciales, serán acciones de inmediato tratamiento.
Además, vamos a poner en agenda la discusión sobre inteligencia artificial (IA). Hoy la abogacía está en riesgo si no se reglamenta y transforma esta herramienta tecnológica, para dejar de ser una amenaza y convertirse en una aliada para el ejercicio profesional.
Por último, impulsamos un protocolo sobre violencia en el ámbito del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, porque no podemos naturalizar, ni permitir, ni tolerar ningún tipo de comportamiento incompatible con la dignidad de las personas. No queremos más ataques, maltratos, insultos, denigraciones, ni agresiones de ningún tipo en los ámbitos relacionados con el Colegio Público e invitamos a todas las listas que participan en las próximas elecciones a corredactar este protocolo de actuación que permita tener un Colegio Público sin violencia.
-Respecto de los servicios para los abogados que brinda el Colegio, ¿qué se debe modificar y cuáles se deberían crear?
Gil Lavedra: Iniciamos una tarea titánica cuando llegamos, el Colegio estaba virtualmente cerrado. Lo reabrimos, y estamos embarcados en la tarea de la modernización que es inexorable. Revertimos el deterioro, salimos del Colegio burocratizado y desorganizado. Dimos el puntapié inicial en el paso al Colegio digital. Hoy, la app es una realidad, eso es un avance enorme al alcance del teléfono de cada matriculado. Y comenzamos a brindar una gran oferta de servicios académicos a través del campus virtual de formación. Todo esto ya se modificó, resta seguir avanzando en esa senda.
Trotta: Recuperar los que se han perdido, por ejemplo el registro de conducir "para abogados", que antes era para los y las colegas y entregaba un mínimo del 20% al gobierno local para los no abogados. Hoy o no está porque o bien está cerrado con la excusa que "no hay insumos" o bien, no tiene privilegio alguno para los colegas y para peor recibimos un "esto no es el Colegio, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Como pasó durante los 18 años de la gestión de "GENTE DE DERECHO" incorporar todos aquellos servicios útiles que sea posible. También hay otros que deben reciclarse atenta la falta de presencialidad; o novedades como convertir la biblioteca en mixta agregando lo digital para que podamos ingresar desde cualquier parte del mundo.
Se debe volver a la austeridad y no dilapidar fondos como armando circos, alquilar pochocleras (para que tengan que pedirle a los directivos y directivas que concurran con sus hijos, sobrinos o nietos para justificar los más de 4 millones de pesos gastados); o incluir bebidas alcohólicas para la dirigencia en los contratos de concesión de bar y restaurante).
Solo en el primer ejercicio el oficialismo perdió más de 400 millones de pesos, cuando GENTE DE DERECHO tuvo gestión superavitaria y dejó dos millones de dólares y otro tanto entre caja y plazos fijos, a pesar de la pandemia.
Ramos: Tenemos un Colegio vacío, durante el último año el 70% de los matriculados no usó los servicios del Colegio, principalmente por los cambios en el ejercicio profesional luego de la pandemia.
El Colegio Público hoy es caro, enorme, burocrático, tiene muchos edificios que nadie utiliza. En el último presupuesto de 4500 millones de pesos se aprobó gastar en empresas tercerizadas de seguridad más de 200 millones, limpieza casi 120 millones y sistemas informáticos más de 400 millones, lo que provocó el aumento de la matricula que muchas y muchos profesionales no llegan a pagar.
Actualmente el 63% de la matricula tiene problemas económicos. No podemos tener un Colegio rico con una abogacía pobre. Conforme el balance al 30/4/2023 el Colegio tiene inversiones y reservas por casi 500.000 dólares ¿Para qué quiere hacer caja? En cambio, en el rubro préstamos a matriculados figuran menos de 70.000 pesos al cierre del balance.
El Colegio tiene que dar un giro de 180 grados. Hay que dar vuelta el Colegio Público, ponerlo de cara a la abogacía y de espalda a los partidos políticos. El pago de la matrícula, el bono y la cuota de inscripción es excesivo, con menos podemos hacer mucho más.
Por eso, vamos a poner toda la estructura del Colegio Público, trabajadoras y trabajadores, toda la infraestructura y los recursos a disposición de la abogacía para defender los honorarios, las incumbencias profesionales, frente a las arbitrariedades judiciales y de los organismos públicos, ese es nuestro principal objetivo y podemos hacerlo en el corto plazo.
-El Gobierno planteó una serie de reformas con el DNU 70 y el proyecto de ley Bases que impactan en el trabajo de los abogados y también los incorporó como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera. ¿Cuál es su opinión y qué otras reformas cree que el Congreso debería tratar para la profesión?
Gil Lavedra: Más que mi opinión, son los hechos. Recorrí personalmente el Congreso para defender las incumbencias profesionales, me reuní y dialogué con hombres y mujeres de los diversos bloques. Además, atendí la requisitoria de medios y expuse nuestra defensa irrestricta de la tarea de los abogados y abogadas. Logramos frenarlo y eso fue un triunfazo de la abogacía.
Con relación al secreto profesional, presentamos un amparo contra el Estado Nacional porque el abogado no puede ser obligado a violar el secreto profesional, la relación de confidencialidad con su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes. Para nosotros es inconstitucional, y perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas.
Trotta: En todos ellos el Dr. Rizzo en los medios de difusión y redes sociales ha dejado más que clara nuestra posición.
DNU: Infobae sabe bien porque ha seguido el día a día de nuestra acción judicial contra DNU 70/23 y la férrea oposición al dictado de normas tan inconstitucionales como esta.
El expediente está en queja en la Corte porque se nos negó, como a todos, el recurso extraordinario.
LEY ÓMNIBUS: Desde el día de su presentación se siguió el mismo camino tanto en redes como medios.
El 10 de enero remitimos notas a cada diputado haciendo crítica puntual a los artículos que perjudicaban a los abogados e incluso a temas generales. El diputado Miguel Pichetto utilizó parte de su contenido tanto en su discurso como en notas periodísticas.
Gil Lavedra, enterado de ello, quiso hacer lo propio pero el mismo día de la sesión mientras se llevaba a cabo el debate.
-¿Qué diputado iba a analizarla mientras se llevaba a cabo?
UIF: No es un tema nuevo, viene de años. GENTE DE DERECHO impidió que se imponga. Los Dres. Calógero, Erbes y Rizzo recibieron a la María Eugenia Talerico quien estaba en la UIF durante el gobierno de Macri y propuso que la Institución adhiera cosa que el Colegio por supuesto no hizo y, por el contrario remitió sendas notas y participó en los debates en el Congreso que lograron el rechazo.
Iniciamos acción judicial individualizada como CFP 001196/2024 en orden a que la serie de normas vulneran inconstitucionalmente, ilegal y arbitraria, el ejercicio de la profesión, el derecho de defensa en juicio en lo que hace al secreto profesional, debido proceso, y en particular la relación CLIENTE – ABOGADO, con la consecuente e inevitable restricción del trabajo de los profesionales, entorpeciendo y limitando el libre ejercicio de la abogacía.
Ramos: Nosotros siempre vamos a defender las incumbencias profesionales. Estamos en contra de los divorcios express y de las sucesiones notariales y de cualquier otro intento por limitar nuestro trabajo. Ya lo hemos manifestado en todos los foros de debate.
El DNU es inconstitucional, el constituyente de 1994 no imagino que por DNU se puedan modificar casi 300 leyes. Ahora se presentó una nueva ley de bases, más reducida, veremos cómo se desarrolla el debate parlamentario y vamos a participar, de ser necesario, defendiendo a la abogacía, porque sin abogacía no hay estado de derecho.
El secreto profesional no puede ser vulnerado por ninguna norma, es contrario a todo nuestro sistema normativo y además atenta contra el principio de defensa en juicio. Los abogados nos debemos a nuestro representados y el principio de confidencialidad es la base de la relación abogado-cliente.
El Congreso se debe un debate profundo sobre la demora en los procesos judiciales que afecta tanto a la ciudadanía que reclama por sus derechos lesionados y a la abogacía que con la demora excesiva de la justicia ve reducidos sus honorarios profesionales. La justicia lenta no es justa, solo perjudica a las personas.
-El gobierno nacional propuso dos candidatos para la Corte Suprema. ¿Qué espera de la nueva etapa del máximo tribunal?
Gil Lavedra: Primero, decir que la mujer fue invisibilizada y discriminada durante siglos, lo que condujo a que fuera desapoderada de derechos políticos, patrimoniales y sociales. Para superar esa desigualdad estructural, instrumentos internacionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales y legales, establecen la necesidad de dictar acciones positivas que garanticen la igualdad. Los candidatos del gobierno son hombres y esto desconoce la tendencia universal de avanzar hacia una igualdad real entre el varón y la mujer en el acceso a los cargos públicos. La Suprema Corte de los Estados Unidos que constituyó el modelo de creación de la nuestra, y que es mencionada recurrentemente como ejemplo a seguir, no tuvo mujeres hasta 1980 pero, desde esa fecha, designó seis, y actualmente hay cuatro mujeres de un total de nueve miembros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene siete integrantes y tres de ellos son mujeres, incluso una de ellas actualmente la preside.
Además, el Ejecutivo se desentiende del artículo 3 del Decreto 222/2003 que dispone que, al momento de la propuesta, se debe tener presente la composición general para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros refleje las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. El Colegio reafirma su compromiso en la lucha por el principio democrático de la no discriminación y la igualdad de género.
Por supuesto que debe ser integrada por candidatos intachables, libres de toda sospecha y suspicacia. La credibilidad de los jueces depende de la confianza pública en su imparcialidad. Esto es particularmente relevante en el caso de la CSJN.
Finalmente, expusimos la voz de la abogacía ante las autoridades como hace décadas se demandaba sin suerte. Cambiamos una relación de subordinación con la máxima autoridad judicial por una de diálogo constructivo y paritario. Queremos y confiamos poder seguir avanzando en ese sentido.
Trotta: En cuanto a los candidatos se debe revisar puesto que el Dr. Lijo tiene severos cuestionamientos no solo por sus fallos sino por temas éticos. Daría la impresión que no debería llegar a la Corte. Como siempre, el CPACF no se expidió oficialmente sobre el tema.
La Corte debe dejar de ser "la máscara del poder" como decía Alberto Brito Lima, al igual que toda la justicia federal, dejar de ser tiempistas y cajonear o habilitar expedientes de acuerdo a los tiempos políticos (el caso de "no querer tratar el DNU 700/23, o lo que demoró el amparo del Colegio Ciudad con el tema del Consejo de la Magistratura, son apenas dos ejemplos de ello.
Hay 3 cosas que se podrían mejorar con solo una ley: a) Ponerle plazo para resolver; b) Que los recursos extraordinarios sean resueltos por otra sala y no por la que es cuestionada por su fallo (nadie dice "mi fallo es arbitrario o inconstitucional"); y regular el artículo 280 del Código Procesal por arbitrariedad.
Ramos: Como dijimos desde el primer día, Una Corte sin Mujeres es una Corte sin Justicia. El Poder Ejecutivo Nacional al modificar el Decreto 222/03 y proponer a dos varones para ocupar las vacantes en la CSJN afectó el principio de igualdad y de paridad de género asumido en los compromisos internacionales por la Argentina, por no arbitrar acciones positivas para eliminar barreras estructurales que profundizan la discriminación hacia las mujeres, la democracia implica paridad en los puestos de decisión.
Proponer a dos varones para la CSJN va contra los principios de igualdad y paridad de género, es un retroceso, la Corte estuvo integrada por mujeres hasta noviembre de 2021 y las vacantes que existen o se produzcan en el futuro deberían ser cubiertas por excelentes abogadas que tiene nuestra profesión.
Una Corte integrada únicamente por varones no expresa a toda la sociedad en su conjunto, pierde un componente de representación fundamental y resta pluralidad a su conformación, afectando las decisiones que se puedan tomar, principalmente en sus formas, pero podríamos argumentar con fundamento empírico que lo hace además en su contenido. En ese sentido es importante prestar atención a la conformación de una Corte con representación amplia en términos de género y también de federalismo.
Sea Lijo, García Mansilla o Vélez Sarsfield, no avalaríamos que sea un varón quien ocupe los dos cargos propuestos. En síntesis, una Corte Suprema de Justicia solo de varones no es representativa de toda la sociedad argentina.
-Desde la pandemia se estableció en la Justicia una forma de trabajo mixta entre presencial y a distancia. ¿Cómo impactó eso en los abogados y cuál es su postura?
Gil Lavedra: La pandemia aceleró un proceso de modernización que venía avanzando muy lentamente. Hoy nadie discute la utilidad de las nuevas tecnologías aplicadas para agilizar el funcionamiento del sistema de justicia. Sin perjuicio de ello, y en relación al trabajo mixto de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, entendimos indispensable la vuelta a la presencialidad. Así se lo planteamos ante la Corte que, mediante el dictado de una acordada, lo tomó e hizo expresa mención de este pedido. Concurrimos a dialogar con autoridades de las Cámaras y los impusimos de nuestro parecer, la recepción fue muy buena y se avanzó al respecto. Por lo demás, hay un proceso de despapelización en la justicia que encontramos auspicioso.
En estos dos años, también el Colegio hizo su parte y acompañó con la implementación de modernas herramientas tecnológicas.
Trotta: No tenemos dudas que la informatización llego al Poder Judicial para quedarse. Faltan muchísimas cosas y avances, pero se impuso de apuro para poder trabajar en pandemia. Debe mejorar día a día, y creo sin temor a equivocarme que se debe avanzar en inteligencia artificial en lo que no sea imprescindible la participación humana.
En cuanto al sistema mixto, no hay dudas de que para los abogados y abogadas de a pie debe continuar e incluso profundizarse, atento a que nos permite trabajar desde nuestras casa o estudios. No debe ir hacia atrás, solo deben quedar presenciales las cuestiones necesarias, como la audiencias de testigos y algunas otras, por ejemplo casos de familia, declaraciones indagatorias, conciliatorias, posiciones y/o algunas otras. Lo demás debe ser informatizado.
En los tribunales no es lo realmente importante como trabajen. Lo sustancial es que se resuelva y despache en tiempo y forma, sin las habituales demoras; y que muchos y muchas jueces resuelvan a derecho y dejen de utilizar el tiempismo.
No importa cuanto o desde donde se trabaje, lo verdaderamente importante es el resultado de ese trabajo.
Ramos: Los cambios en la práctica profesional después de la pandemia generaron que el trabajo profesional se modificara. El expediente digital, las audiencias por zoom y los tramites vía web, hacen que las y los colegas no transiten por tribunales y el Colegio Público. Por eso, es necesario modernizar de manera permanente el funcionamiento de las instituciones judiciales y del Colegio Público, para facilitar el desarrollo profesional y el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, somos el único espacio que desde hace dos años venimos poniendo en agenda la cuestión de la inteligencia artificial (IA). Como planteó el Dr. Sebastián Saez (primer candidato a la Asamblea de Delegados del Colegio Público de nuestra lista) abrir espacios de reflexión acerca del impacto que tendrá el avance de la tecnología en la abogacía ya no es una opción, es una necesidad.
Ya existen funciones en las que la IA es aliada de nuestra profesión actualmente. Sirve de apoyo para efectuar las tareas repetitivas y monótonas que descomprimen el trabajo de los letrados. Esto nos permite ejercer la profesión de manera más precisa y eficiente, ya que nos ayuda a maximizar nuestro potencial y ocupar el tiempo en cuestiones de fondo (análisis, criterios, consejos jurídicos, etc.).
Debemos introducir su uso en las instancias de formación, para desarrollar nuevas habilidades humanas o habilidades blandas, es decir, aquellas con las que solo los humanos contamos y por lo que no podremos ser reemplazados en nuestro vínculo con nuestros representados y así poder complementar nuestro trabajo, para concentrarnos en aumentar nuestro valor agregado en las dimensiones en que lo humano se vuelve irremplazable.
Son muchos los desafíos que tenemos por delante, para afrontarlos necesitamos un Colegio Público que se transforme y sea ágil y activo en la defensa de la abogacía.