Eso de la libertad es muy relativo. En filosofía, varían las definiciones de Platón, Kant, Nietzsche, Sartre, Heidegger o Kierkegaard. Para Marx consiste en "ser libre de las fuerzas que oprimen a la sociedad". En política, para Isabel Ayuso son unas cañas. Y para los ex primeros ministros británicos Boris Johnson y Liz Truss, que el Estado no se entrometa en la vida de los ciudadanos, no los infantilice y no tome decisiones por ellos.
Pero el actual Gobierno y parlamento del Reino Unido tienen una interpretación diferente, y han decidido que, en lo que se refiere al tabaquismo, la libertad no consiste en decidir si fumar o no, sino en estar libre de la adicción a la nicotina, y han dado un paso decisivo para aprobar la legislación anti tabaco más dura del mundo, que prohibirá comprar legalmente el producto a todos los británicos (y residentes en el Reino Unido) que hayan nacido a partir del 1 de enero del 2009.
Aquellos comercios que vendan tabaco a los nacidos después del 2009 recibirán una multa de 120 euros
La Cámara de los Comunes ha aprobado la ley en su primera lectura por 383 votos a favor y 67 en contra (57 de ellos conservadores del ala libertaria que se han rebelado contra el primer ministro Rishi Sunak, pensando que después del tabaco vendrán el alcohol y la comida rápida dentro de la cruzada para mejorar la salud del país). El proyecto pasa ahora a los Lores para que lo debaten, y de ahí regresará a la Cámara Baja para su rúbrica definitiva y la firma por el rey, seguramente en el otoño. Pero el apoyo en bloque a la medida por parte de la oposición (laboristas, liberales demócratas, nacionalistas escoceses y galeses) garantiza que saldrá adelante.
La edad legal para comprar tabaco se irá reduciendo anualmente de manera progresiva, de modo que quienes hoy tienen quince años o menos nunca podrían hacerlo. Aparte de los relacionados con la libertad individual, el argumento de los detractores de la ley es la dificultad de aplicarla, el peligro de que se cree un mercado negro de tabaco y la creación de dos tipos de ciudadanos, los que pueden comprar cigarrillos (los nacidos con anterioridad al 2009) y los que no (los nacidos después), un escenario que a su juicio es distópico y con tintes orwellianos.
El Gobierno ha anunciado que dedicará 35 millones de euros anuales a asegurarse de que la ley se aplica, e impondrá multas de 120 euros a los comercios que dispensen tabaco a personas no autorizadas. Pero nada le podrá impedir que alguien pida a un amigo, hermano mayor o incluso un desconocido que adquiera para él los cigarrillos, o conseguirlos él mismo en el extranjero. Porque lo ilegal no será fumar sino vender.
Aunque los cigarrillos electrónicos y vapeadores (con o sin nicotina) no serán objeto de una restricción tan severa, la ley también contempla desincentivar su uso, prohibiendo los desechables, subiendo los impuestos que se les aplican y advirtiendo con técnicas de mercadotecnia de sus efectos potencialmente nocivos. Numerosos jóvenes que han dejado de fumar recurren a ellos, pensando que hacen menos daño.
En el Reino Unido hay 6.4 millones de fumadores (casi un 13% de la población adulta, sobre todo en la franja de entre 25 y 34 años). Se estima que el tabaco causa anualmente 80.000 muertes y medio millón de infartos, cánceres de pulmón y otras enfermedades, y que la nueva ley ahorraría a la Seguridad Social unos 20.000 millones de euros al año. Una cajetilla cuesta 18 euros.