Un perito interviniente en el juicio de 'La Perla Negra' ha apuntado que las inspecciones efectuadas por Hacienda a los encausados por la compra del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo y de terrenos para un polígono industrial en Portillo no han podido acreditar si quiera que hubiera entrega de dádivas entre los empresarios y los principales responsables de las sociedades públicas que participaron en ambas operaciones realizadas, respectivamente, por Gesturcal y ADE Parques.
En una pericial a propuesta del industrial encausado Francisco Esgueva, el perito Miguel Ángel Santander ha puesto el énfasis en un informe de la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de junio de 2014 en el que los investigadores reconocen la imposibilidad, por carecer de conocimientos técnicos necesarios, de determinar si los precios pagados en Arroyo y Portillo eran ajustados al mercado e incluso que con los elementos manejados no se podía afirmar que hubiera habido dádivas de los responsables de las empresas privadas a favor de los principales representantes de Gesturcal y ADE Parques.
Para poder acreditar tal circunstancia, los integrantes de la UDEF aconsejaban someter a los investigados a una investigación patrimonial completa, junto con los precios y las operaciones realizadas. "Si Hacienda en todas sus actas de inspección dice al final que la cuota tributaria es cero, y yo que conozco al inspector veo que ha hecho un buen trabajo, lo que se está acreditando es que en todas las operaciones se ha aplicado un valor de mercado", ha resumido el perito, consultor, asesor fiscal, auditor de cuentas y profesor de Derecho Tributario.
En su propio informe, el experto, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha ratificado el valor de mercado utilizado que rigió las operaciones de venta de parcelas de Parque Empresarial de Portillo (PEP) a Cementos La Bureva, de la que eran socios algunos de los encausados, y finalmente, en 2010, a ADE Parques teniendo en cuenta que se trataba de suelo rústico con gran potencial porque iba a convertirse en urbanizable de uso industrial.
Pero además, ha justificado el hecho de que en la promoción del polígono de Portillo trabajaran concertadas PEP y La Bureba, algo que a su juicio es "muy común en el sector de la construcción "para limitar el riesgo empresarial a la hora de entregar bienes libres de cargas", al tiempo que ha rechazado que las dos sociedades actuaran como empresas interpuestas y que tal circunstancia hubiera encarecido el precio de los terrenos abonado por ADE.
"No siempre el término de sociedad interpuesta implica ilegalidad. En este caso, si las empresas desarrollaron su actividad a través de escrituras públicas y sus operaciones han sido inspeccionadas por Hacienda y la cuota tributaria es cero, estamos ante sociedades con actividad legítima", ha enfatizado el perito.
A lo largo de la décimo-cuarta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid desde el pasado día 26 de febrero, en el que se juzga a una docena de acusados, entre empresarios y exaltos cargos de la Junta, por prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación, el resto de los peritos han venido también a certificar lo ajustado de los precios pagados tanto por la compra de 'La Perla Negra' como por el suelo adquirido en Portillo para un polígono industrial.
Precios ajustados al mercado
En sintonía, en líneas generales, con las pericias aportadas en anteriores jornadas, el perito Leandro Escobar ha situado su tasación del polémico edificio administrativo en un precio de mercado de 53.549.600 euros--Gestural pagó 52 por él--, sin descartar que la misma pudiera incluso elevarse hasta los 61 millones, mientras que la que fuera directora territorial de Tinsa, Beatriz Apolinario, ha ratificado su firma en una tasación de 34.472.000 euros, con la salvedad de que la misma está realizada tan sólo sobre 10.000 metros cuadrados del inmueble y no incluye la totalidad de la superficie, que consta de 17.000 euros, ni tampoco recoge otros seis millones por el precio de solar.
Respecto del valor del suelo en Portillo, el perito José Manuel Martínez, al igual también que otros expertos en días precedentes, ha venido a confirmar la idoneidad de la zona elegida para desarrollar un polígono industrial, en consonancia con otras áreas que se promovían en la provincia a rebufo de la N-601, y ha valorado el terreno en unos 28 millones--ADE pagó 30 millones--, pero sin incluir los 4 millones que supuso la acometida de una línea de alta tensión.
Y es que ha recordado que en unos casos se trataba de parcelas que estaban ya calificadas como urbanizables y en otros como suelo rústico pero con grandes "expectativas" de desarrollo. "El valor del suelo depende de sus características intrínsecas y las expectativas que va generando. Su aumento de precio se produce a medida que se van sucediendo gestiones de tramitación urbanística", ha advertido Martínez, quien respecto de la línea de alta tensión de 28.500 kilovatios con la que fue dotada el sector asegura no conocer ningún otro polígono en la provincia que disponga de tal potencia.
Parón hasta el 24 de abril
La vista oral del juicio no se reanudará ya hasta el próximo día 24 de abril, fecha en la que comenzarán a testificar los encausados, el primero de ellos el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y supuestamente principal responable.
El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.