BOSTON (AP) — Massachusetts comenzará a imponer límites al tiempo que las familias sin hogar pueden permanecer en los albergues mientras el estado sigue lidiando con la llegada de un gran número de migrantes.
A partir del 1 de junio, la permanencia total se limitará a nueve meses, al final de los cuales las familias serán elegibles a un máximo de dos extensiones por 90 días, en virtud de un presupuesto suplementario que fue aprobado por los legisladores del estado y que la gobernadora Maura Healey promulgó el martes.
La ley también establece que la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables elabore un plan de reubicación y maneje los casos de todas las personas dentro de los albergues después de su salida del programa. El plan debe ser sujeto a una nueva certificación cada 60 días para que las familias puedan seguir siendo elegibles.
Las extensiones se otorgarían de acuerdo a circunstancias como situación laboral o participación en un programa de capacitación laboral, estatus como veteranos, asignación inminente de vivienda, evitar interrupciones académicas para niños en escuelas públicas, embarazo o alumbramiento reciente.
También se podrán ofrecer extensiones a quienes han sido diagnosticados con una discapacidad o un padecimiento de salud, en caso de ser padres o madres solteros al cuidado de un menor o un familiar, padres o madres solteros sin servicios apropiados de atención infantil y todas aquellas personas que corran el riesgo de violencia doméstica.
Las familias que estén por concluir su tiempo de permanencia podrían obtener una exención por adversidad, y todas las familias deberán recibir un aviso con 90 días de antelación antes de que el estado ponga fin a las prestaciones.
La gobernadora Healey calificó los límites como "un paso responsable para hacer frente a nuestra capacidad y nuestras restricciones fiscales, ya que el Congreso ha seguido fracasando en tomar medidas hacia una reforma migratoria".
El proyecto de ley que promulgó Healey también incluye 251 millones de dólares para cubrir los costos de albergues durante el ejercicio fiscal que concluye el 30 de junio, el cual incluye 10 millones para programas aprobados de capacitación laboral y 10 millones en créditos fiscales para las compañías que brinden capacitación laboral a familias sin hogar.
Otros estados también han enfrentado problemas con sus programas de albergues para indigentes.
Los legisladores de Nueva York aprobaron recientemente un presupuesto estatal de 237.000 millones de dólares que incluye planes para impulsar la construcción de viviendas y abordar la crisis migratoria. Chicago ha invertido más de 300 millones de dólares en fondos locales, estatales y federales para brindar vivienda, atención médica y educación para más de 38.000 migrantes, en su mayoría sudamericanos, que han llegado a la ciudad desde 2022.