La deuda del Cabildo de Gran Canaria con las entidades que gestionan los centros de menores de la Isla se mantiene en cifras millonarias en espera de los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias sobre la nulidad de numerosas facturas y del nuevo concurso público para adjudicar esos servicios a través de conciertos de colaboración con las ONG interesadas.
Las cantidades que se deben a las entidades del tercer sector apenas han descendido desde el mes de septiembre de 2023, cuando la deuda total se estableció en 9.160.176 euros y la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, anunció que su departamento ya había empezado a pagar las ocho ONG y asociaciones sin ánimo de lucro que en ese momento atendían a unos 500 niños y adolescentes en la red de 36 instalaciones.
La deuda actual es de 8.785.253 euros, según detalló ayer Isabel Mena, una cifra que tendrá que explicar en el Pleno del Cabildo de la próxima semana porque el grupo de Partido Popular ha solicitado su comparecencia para abordar la situación de los centros de menores tutelados. Ahora son siete ONG y las cantidades adeudas son 2.677.000 euros a Mensajeros de la Paz, 1.792.000 euros a la Asociación Coliseo, 1.614.000 euros a Diagrama, 877.312 euros a Aldeas Infantiles, 850.129 euros a Nuevo Futuro, 669.676 euros a Quorum Social, y 305.136 euros a Mundo Nuevo.
«Nosotros somos los primeros preocupados por esta situación y en el Cabildo estamos corriendo para tener al día todos los expedientes y pagar desde que nos lleguen esos informes del Consejo Consultivo», declaró la consejera de Política Social, quien subrayó que «los menores siguen estando igual de bien atendidos y las entidades gestoras tienen la garantía de que van cobrar todo lo que se les debe, pues no se trata de una falta de presupuesto».
Las facturas por las que se adeudan esos 8,7 millones corresponden en su mayoría a los meses de diciembre, enero y febrero, pues se pagaron hasta noviembre y aún no se pueden contabilizar las de marzo y abril. No obstante, también hay facturas de 2023 que no se pueden pagar por tener defectos o porque las ONG mostraron su discorformidad con el procedimiento de nulidad.
En una comisión del Cabildo, a preguntas de la consejera del PP Pepa Luzardo, Mena precisó que hay siete entidades en situación de nulidad con el Cabildo y eso conlleva tramitar un expediente más complicado de lo habitual y que, a partir de una modificación normativa, es «aún más engorroso» desde el 1 de enero, pues no se pueden pagar las facturas hasta que se pronuncie el Consultivo.
«No sabemos cuánto tiempo van a demorarse sus informes», señaló la consejera, quien adelantó que ya están elaboradas las bases para sacar a concurso público los conciertos, que es la parte más complicada del procedimiento.
Propuesta empresarial
Ante esta situación, el presidente de la Asociación Regional de Organizaciones del Tercer Sector en el Ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud, Familia y Justicia Juvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias, Juan José Domínguez Navarro, ha remitido una carta a la consejera en la que sostiene que «se hace necesaria la consulta a las asociaciones patronales presentes en el sector, ya que las mismas son las que pueden proporcionar a la administración un conocimiento más exhaustivo sobre el estado de las relaciones laborales y de los pactos específicos vigentes en sector, de manera que el necesario cálculo de la financiación necesaria para esos servicios pueda ser realizado por la administración actuante atendiendo todos los condicionantes existentes en el sector.
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