El Sr. Jean Meyer y el Sr. Ricardo Ruiz de la Serna escribieron artículos sobre el llamado genocidio armenio en EL UNIVERSAL, los cuales necesitan ser cuestionados para que los lectores y el público mexicano en general puedan hacer un juicio equilibrado sobre el tema. En primer lugar, debemos tener en cuenta que este es un tema abrumadoramente polémico que carece de un consenso académico y científico mundial. No hay indicadores históricos y científicos, basados en pruebas documentales sólidas y testimonios de sobrevivientes, que permitan considerar los eventos de 1915 como un "genocidio".
En una columna anterior en El Universal, el Embajador de Türkiye en México, İlhan Kemal Tuğ, explicó que el término "genocidio" tiene una definición precisa en el derecho internacional con condiciones específicas que requieren evidencia. Según la Convención de la ONU de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, solo los tribunales competentes tienen la autoridad para determinar si un caso determinado puede ser clasificado como genocidio o no. No hay tal fallo emitido por un tribunal competente respecto a los eventos de 1915. Por lo tanto, el término "genocidio" utilizado para referirse a los eventos de 1915 por el Sr. Meyer y el Sr. Serna carecen de base legal.
Meyer señala "la negación sistemática del genocidio armenio por parte del gobierno turco durante décadas", pero parece ignorar el hecho de que fue el gobierno turco el que propuso a Armenia formar una comisión conjunta para investigar el asunto minuciosamente y abrió completamente los archivos otomanos en 2005.
A diferencia de casos de genocidio bien establecidos como el Holocausto, el genocidio camboyano, el genocidio ruandés y la masacre de Srebrenica, los eventos de 1915 no pueden ser clasificados como genocidio porque no hay evidencia histórica sobre la intención probada del gobierno otomano de cometer genocidio. La totalidad de la evidencia descubierta hasta ahora por historiadores cuenta una historia sombría de conflicto intercomunitario serio, perpetrado por fuerzas paramilitares tanto cristianas como musulmanas, complicadas por enfermedades, hambruna y muchas otras privaciones de la guerra. Sin embargo, la evidencia no describe un genocidio.
La verdadera historia revela que las graves bajas infligidas por los ataques armenios a las poblaciones civiles otomanas durante la Primera Guerra Mundial obligaron al gobierno otomano a promulgar una "Ley de Reubicación" en 1915 mediante la cual, los armenios que vivían en zonas de guerra, fueron reubicados a los territorios del sur del Imperio como medida de seguridad. Esta medida no fue una deportación, sino una reubicación dentro del país, ya que los lugares de reasentamiento estaban ubicados dentro de los territorios otomanos. Además, a los reasentados se les concedió el derecho a regresar a sus hogares después del fin de la guerra.
De hecho, el 24 de abril de 1915 es la fecha en que la administración otomana emitió una circular ordenando el cierre de comités armenios como los Dashnaks y Hunchaks, así como el arresto de sus líderes y aquellos que participaron en actividades armadas destructivas contra la seguridad estatal. Estas medidas no tienen un propósito político basado en una cierta ideología. Por el contrario, se implementaron debido a necesidades de seguridad y medidas similares se tomaron antes y después de la Primera Guerra Mundial en muchos países diferentes. La Ley de Reubicación proporcionó todas las medidas posibles que el Gobierno otomano podía tomar para garantizar la seguridad de los armenios sujetos a reubicación.
Sin embargo, uno debe tener en cuenta que esta Ley se implementó en condiciones de guerra. Sin embargo, la gran mayoría de los armenios continuaron viviendo en otras partes del Imperio, principalmente en Estambul y en ciudades occidentales durante la guerra. El Gobierno otomano hizo todo lo posible para implementar cuidadosamente la Ley, gracias a que cientos de miles de armenios llegaron de manera segura a sus nuevos asentamientos. Los funcionarios o civiles que desobedecieron las instrucciones del Gobierno y cometieron delitos contra los convoyes armenios fueron juzgados por los tribunales militares en 1916. De un total de 1673 personas que fueron sometidas a juicio, 659 individuos fueron condenados a diferentes castigos, incluidas 67 penas de muerte.
Es fundamental no subestimar el sufrimiento humano experimentado durante la Primera Guerra Mundial, que afectó no solo al pueblo armenio sino también a las comunidades turcas y musulmanas. Se debe tener en cuenta la persecución de musulmanes turcos por parte de grupos no musulmanes, la cual afectó a 5 millones de personas.
En última instancia, las columnas de Meyer y Serna parecen más un intento de justificar la posición de Armenia de manera sesgada que un análisis objetivo de los hechos históricos. Es hora de dejar de politizar el genocidio armenio y reconocer la verdad histórica. Solo entonces podremos avanzar hacia una reconciliación genuina y duradera entre Türkiye y Armenia; tal como Türkiye que evidentemente busca en su política exterior establecer un diálogo y sanar heridas mutuamente.