El acceso a las tarjetas de crédito del Banco de la Nación se ha vuelto una opción atractiva para aquellos ciudadanos que buscan optimizar sus cargas financieras. Sin embargo, para obtener una de estas tarjetas, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos que garantizan la viabilidad del crédito. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para adquirir este importante beneficio.
CÓMO ACCEDER A LAS TARJETAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN
Para acceder a las tarjetas de crédito del Banco de la Nación, los ciudadanos deben cumplir con requisitos específicos que aseguran la viabilidad del crédito.
Estos requisitos incluyen ser personal designado o empleado a tiempo indefinido en el ámbito público, recibir ingresos en el Banco de la Nación, pertenecer a una entidad con convenio institucional con el banco, contar con DNI o carnet de extranjería vigente y poseer una tarjeta de débito MultiRed activa.
Una vez cumplidos los requisitos, los interesados pueden solicitar estas tarjetas en las agencias del Banco de la Nación o a través del WhatsApp de la entidad bancaria. Las tarjetas ofrecen versatilidad al permitir compras en millones de establecimientos físicos y virtuales, retiros en efectivo en más de 900 canales automáticos, 14.000 agentes MultiRed y todos los cajeros afiliados a la red Mastercard.
Además, brindan seguridad con el uso de clave secreta, acceso a promociones exclusivas y la posibilidad de solicitar hasta cuatro tarjetas adicionales de forma gratuita.
Una ventaja destacada de estas tarjetas es su uso internacional, ya que están activadas para transacciones fuera del país.
Sin embargo, los clientes deben informar al banco sobre sus planes de viaje para garantizar el acceso sin problemas a sus fondos en diversas ubicaciones internacionales, mejorando así la seguridad y comodidad de sus transacciones globales.
QUÉ ES EL BANCO DE LA NACIÓN
El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco tiene patrimonio propio y duración indeterminada.
El Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.
Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.
Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, el Banco actuará como agente financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior.
Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.
El 27 de enero de 1966, el Congreso de la República aprobó la Ley 16000 por la cual creaba el Banco de la Nación. Días después el Poder Ejecutivo, bajo la firma del presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry la pone en vigencia, culminando así un largo proceso cuyos antecedentes históricos datan del siglo XIX, pero que recién a partir de 1914, surge verdaderamente la preocupación de crear un Banco que centralice las actividades operativas, económicas y financieras.
El Banco de la Nación encuentra sus antecedentes inmediatos en el año 1905, durante el gobierno de don José Pardo, en el que se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, mediante la Ley N° 53 del 11.02.05. Esta Institución amplió sus actividades en 1927 cuando se le encargó a través de la Ley 5746 la administración del Estanco del Tabaco y Opio, así como la recaudación de las rentas del país, derechos e impuestos del alcohol, defensa nacional y otros. Finalmente, en diciembre del mismo año se le encarga la recaudación de la totalidad de las rentas de toda la República.
El Decreto Supremo N° 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de Depósitos y Consignaciones, declarándola de necesidad y utilidad pública. Mediante este dispositivo se recupera para el Estado las funciones de recaudación de las rentas fiscales y la custodia de los depósitos administrativos y judiciales. Tal estatización se realizó cuando la Caja contaba entre sus accionistas con diez Bancos: Crédito, Popular, Internacional, Wiese, Comercial, Continental, Gibson, De Lima, Unión y Progreso.
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