Con el Código Procesal Penal Federal como eje principal, la Cámara Federal de Casación Penal celebró este jueves el Acuerdo de Superintendencia con la participación de magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 1 y 2 de esa provincia, San Juan y San Luis.
La reunión se llevó a cabo -de manera presencial y virtual- desde la Sala de Acuerdos del máximo tribunal penal del país. Estuvo presidida por el camarista Mariano Borinsky y contó con las asistencias de los jueces Daniel Petrone -que se había trasladado a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza-, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos.
Según un comunicado de la Casación, durante el encuentro "se realizó un intercambio de ideas con los distintos órganos jurisdiccionales, a partir de la próxima implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también las necesidades de infraestructura y medios técnicos".
A su vez, se informó que los camaristas "tomaron nota de las necesidades de los distintos tribunales, en especial las de contar con subsedes de la Oficina Judicial para la puesta en vigencia de la reforma procesal, dotación de personal y equipamiento tecnológico y manifestaron su disposición para colaborar en todos los temas abordados".
El juez Borinsky celebró la convocatoria con los magistrados de Mendoza, San Luis y San Juan y les comentó que desde Casación "se encuentran trabajando en la elaboración de protocolos, reglamentos y cursos de capacitación para la implementación del Código Procesal Penal Federal". Además se dieron a conocer las medidas gestionadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para coordinar la dotación de equipamiento informático y tecnológico en el marco de un plan integral de fortalecimiento de insumos técnicos en todas las jurisdicciones judiciales del país que lleva a cabo la Dirección General de Tecnología.
Por otro lado, hace casi dos semanas el tribunal penal de mayor jerarquía a nivel federal también llevó adelante una audiencia con 100 jueces de distintos tribunales orales federales del país con el propósito de recabar las diferentes necesidades de los órganos jurisdiccionales en relación a la puesta en vigencia del nuevo sistema acusatorio.
Ese evento se transmitió de manera telemática para los diferentes magistrados radicados en distintas sedes judiciales de la Argentina como Salta, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y CABA. Allí asistieron miembros de la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina, integrantes de la Comisión de Tribunales Orales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y representantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Argentina.
El punto de partida de ese encuentro estuvo signado por la futura implementación del CPPF en Rosario y las experiencias de su vigencia tanto en Salta como en Jujuy. A su vez, las urgencias señaladas en ese ámbito giraron en torno a la importancia de contar con más personal y equipamiento tecnológico.
El nuevo código acusatorio comenzará a regir en la ciudad de santafecina el próximo 6 de mayo. Dicha normativa, creada por la ley 27.063 en 2014 y ahora impulsada por el gobierno a través del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, apunta a empoderar a los fiscales en las investigaciones y a establecer la oralidad de los procedimientos. También plantea el establecimiento de plazos concretos para que los expedientes no se extiendan en el tiempo. Las únicas dos jurisdicciones hasta el momento que llevaron a cabo su implementación son Salta y Jujuy.