Mientras el ministro de Economía Fernando Haddad anunció recientemente que el G20, que reúne a las 20 mayores economías del mundo, la Unión Europea y la Unión Africana, podría llegar a un acuerdo sobre la tributación de los superricos en noviembre, la reforma tributaria de Brasil, buque insignia del gobierno Lula 3.0, va, al menos de momento, en dirección contraria. Después de que el año pasado se promulgara la enmienda constitucional para reformar el sistema tributario del Brasil, el pasado miércoles el Ministerio de Economía envió al Parlamento su proyecto de reglamento, compuesto por unos 499 artículos redactados en 500 páginas, discutidos por 309 profesionales en 330 reuniones desde principios de 2024. Sólo la rueda de prensa del secretario de la reforma tributaria, Bernard Appy, duró casi nueve horas, con una pausa para el almuerzo.
Así, a pesar de la promesa de simplificación del sistema tributario brasileño, uno de los más complejos de América Latina, el país se ha encontrado con una reforma compuesta de mil excepciones y cuyo reglamento promete encarnizadas batallas en el Parlamento. Sin embargo, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el de la Cámara, Arthur Lira, han prometido que el reglamento se votará antes de julio. En un año como éste, tan crucial para las elecciones municipales de octubre, como bien analiza Leandro Loyola en el sitio de análisis político O Bastidor, "todos los sectores intentarán tumbar lo que propone el gobierno. Los sectores excluidos de la lista de exenciones, que pagarán tasas impositivos más altas, movilizarán a sus grupos de presión para convencer a los parlamentarios. Los grupos temáticos, como la agroindustria, buscarán mayores beneficios. En definitiva, la complejidad de la reforma tributaria es la mayor oportunidad que tendrán los parlamentarios".
La regulación que ha propuesto el gobierno desató hasta ahora mucha controversia. En primer lugar, Brasil, que por primera vez en su historia introduce el IVA (Impuesto al Valor Agregado), tendrá la alícuota más alta del planeta, en torno al 27%. Además, mientras que en el resto del mundo las excepciones son escasas, Brasil ha elegido el camino contrario, dibujando un escenario de profundas desigualdades sociales, también desde el punto de vista tributario. Hasta ahora, los productos que componían la canasta básica estaban totalmente exentos de impuestos debido a su función social. Sin embargo, la reforma ha reducido el número de productos de la canasta a 15, excluyendo totalmente las proteínas animales, como la carne y el pescado, y la sal. Para João Galassi, presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), el gobierno ha presentado una canasta básica nacional mínima de alimentos que no se ajusta al texto constitucional. "El texto constitucional es muy claro. La canasta debe cumplir con los preceptos de la Constitución para combatir la inseguridad alimentaria, ser saludable, nutritiva y con productos regionales. Además, escapa al decreto de Lula del pasado marzo", declaró Galassi al diario Folha de São Paulo. La orden emitida por el Ministerio de Desarrollo y Bienestar Social a partir de ese decreto presidencial había definido los diez grupos de alimentos esenciales para la canasta: frijoles; cereales; raíces y tubérculos; verduras y hortalizas; frutas; castañas y frutos secos; carne y huevos; leche y queso; azúcares, sal, aceites y grasas; café, té, mate y especias. Y a pesar de que la reforma prevé, en general, una reducción del 60% de la alícuota plena del IVA para los productos alimenticios, incluida la carne y, paradójicamente, también los crustáceos, "los más pobres, que ganan sólo 600 reales al mes (117 dólares) siguen quedando fuera. Tenemos un 64% de la población brasileña que es pobre y una clase media que gana hasta 2.500 reales (488 dólares)", subrayó Galassi, que propuso al Ministerio de Economía aplicar la llamada Tasa Selectiva, es decir, un impuesto más alto al sector de las apuestas deportivas, para que las proteínas se incluyan en la canasta básica libre de impuestos.
La nueva normativa, que se debatirá en el Parlamento, incluye también una reducción de la alícuota plena del IVA del 40% para sectores como la sanidad, la educación y el transporte y un "cashback", por el que se devolverá en efectivo el 50% de lo que pagan los consumidores más pobres por el gas, la electricidad y el agua. Esta medida ha sido objeto de críticas, ya que este segmento de la población tiene dificultades para pagar sus servicios, por lo que ni siquiera llega a la fase de devolución. No sólo esto ha creado polémica. La nueva regulación propuesta favorece a ciertas profesiones que normalmente están bien pagadas en Brasil, como abogados, ingenieros, veterinarios y arquitectos, que tendrán una reducción del 30% de la alícuota plena del IVA. Para el economista Marco Lisboa, ex Secretario de Política Económica del primer gobierno del Presidente Lula (2003-2007), "no hay ninguna razón para que un bufete de abogados con una facturación de 30 millones de reales al año (unos sei millones de dólares) pague menos impuestos que otras empresas, como bares y restaurantes, hoteles y agencias de turismo. ¿Por qué la agroindustria debería pagar menos impuestos?", declaró al sitio de noticias Poder360 el pasado mes de octubre, cuando se aprobó la reforma. Y ahora Lisboa no hace más que confirmar la complejidad de la situación tributaria de su país. "En Brasil se tributa por tipo de producto. Y aquí empieza el primer problema. ¿Cómo se define un tipo de producto? Por ejemplo, ¿esta mesa es un escritorio o una mesa de cocina? Y no sólo eso. La otra aberración es que en Brasil tributamos en origen. Nadie hace esto en el mundo".
La nueva reforma tributaria también incluye la reducción de la alícuota plena del IVA sobre los bienes inmuebles, que se prevé en torno al 20% para el proyecto social "Mi casa, Mi vida", otro pilar de las políticas sociales de Lula. "Estamos reduciendo el costo de los inmuebles de renta baja y aumentando ligeramente el costo de los de gama alta", declaró Bernard Appy, secretario especial para la reforma tributaria. Pero muchos se preguntan si en realidad esta decisión no es una estratagema para beneficiar a las constructoras y salvar la posible no venta de los miles de nuevos edificios que se están construyendo en las principales ciudades del país, una especulación inmobiliaria que ya ahora parece superar completamente a la demanda. No por acaso, Lula ya defendió en marzo la ampliación del programa "Mi casa, Mi vida" a la clase media. "Seguiremos atendiendo a los más pobres, seguiremos construyendo casas para los que ganan menos. Pero tenemos que construir casas para los que quieren ser propietarios y no son ni ricos ni pobres", había declarado al canal de televisión SBT.
En la regulación de la nueva reforma tributaria hay otro punto considerado por los expertos como vulnerable por la centralización del poder en manos de un pequeño grupo de poder. Se trata de la creación de un Comité del Impuesto sobre Bienes y Servicios que se encargará de la recaudación y distribución del impuesto único que constituirá el IVA y sustituirá a los distintos impuestos estatales y municipales que existen en la actualidad. El Comité también modificará las normas y decidirá sobre todos los contenciosos administrativos, mientras que cualquier otro litigio que le afecte será resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia (STJ). Estará compuesto por 27 representantes de cada estado y del Distrito Federal y otros 27 miembros que representarán a los municipios, 13 de ellos en función de su población.
Por último, el punto del reglamento que prohíbe a las empresas deducir de sus impuestos los gastos para sus empleados corre el riesgo de convertirse en una bomba social que puede repercutir en el ya frágil sistema sanitario público. Se trata, en particular, de los gastos del seguro médico, considerados en la mayoría de los casos como una obligación del empresario en los convenios sindicales. Según Appy, si las empresas, ahora privadas de exenciones, optaran por no pagar el seguro médico, sería el empleado quien tendría que contratarlo. Un escenario que, sin embargo, es imposible debido a la restricción existente sobre los contratos individuales de seguro médico, que impide a los particulares abajo los 50 años contratar un seguro privado por su cuenta.
La nueva reforma tributaria, que entrará plenamente en vigor en 2033 tras una transición a partir de 2026, llega en un momento delicado para la economía brasileña. Como señaló Alfredo Cotait Neto, presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales y Empresarios de Brasil, hasta que el gobierno no se tome en serio la reforma administrativa, incluso la reforma tributaria será ineficaz: "No se puede hablar de reforma tributaria sin hablar de reforma administrativa. Hay que saber cuánto se gasta para saber cuántos ingresos se necesitan para cubrir el gasto. Pero el gobierno hace lo contrario: quiere recaudar lo que puede y no controla el gasto. El déficit será una constante recurrente sin reforma administrativa", declaró Cotait Neto al sitio de noticias Poder360. En 2023, el déficit de Brasil era de 230.500 millones de reales, 45.052 millones de dólares. Sólo en febrero, las cuentas del gobierno central, que incluyen Tesoro Nacional, Seguridad Social y Banco Central, registraron un déficit de 58.400 millones de reales, 11.415 millones de dólares.