La diferencia entre la edad real y la legal de jubilación plantea problemas al sistema de pensiones. Para solucionarlo el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujo medidas adecuadas para reducir esta brecha en la primera parte de la reforma de pensiones. Entre ellas, coeficientes que penalizaban la jubilación anticipada e incentivos para alargar la vida laboral.
Su sucesora en el cargo, Elma Saiz sigue el mismo camino con algunas de las iniciativas que propone a los agentes sociales. Es el caso del endurecimiento de las condiciones de la jubilación parcial con contratos de relevo. Y, también, con la mayor penalización en el retiro antes de tiempo del sector industrial. Saiz aboga por un recorte en la pensión al aplicar los coeficientes reductores por el adelanto, además de afectar al cálculo de la base reguladora. Por si fuera poco, propone que los trabajadores ya no puedan acceder a esta modalidad a los 61 años, sino a los 62. Es cierto que este tipo de retiros anticipados facilita el rejuvenecimiento de las plantillas, pero supone un coste adicional para el Estado dado que las jubilaciones anticipadas y parciales representa una disminución de la fuerza laboral antes de tiempo y el pago de la pensión. No en vano, el Estado pierde cada año unos 1.200 millones, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores dejan de pagar al retirarse prematuramente. Por tanto, el encarecimiento del retiro anticipado con el objetivo de alargar la vida laboral es más que oportuno en un contexto de graves desequilibrios de la Seguridad Social. Por desgracia, el ahorro generado no bastará para hacer sostenibles las pensiones a largo plazo debido al mayor gasto generado por el retiro de la generación del baby boom y medidas como la indexación del alza de las pagas al IPC.