En un contundente golpe contra las estructuras delictivas del Clan del Golfo, la Fiscalía General de la Naciónha ejecutado un "megaoperativo" que resultó en el embargo de un considerable número de bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas, ¿Carroloco en el ojo del huracán?
Según la información proporcionada por las autoridades, esta operación abarca un total de 39 bienes distribuidos en cuatro departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Meta.
Entre los bienes incautados se encuentran propiedades de lujo que abarcan desde fincas hasta apartamentos y locales comerciales. Destacan entre ellos una lujosa mansión en el municipio de Bello, perteneciente al coronel retirado del Ejército Fidel Humberto Garavito Mojica, valuada en aproximadamente 2000 millones de pesos, según datos suministrados a SEMANA.
Esta propiedad, dotada de lujos como piscina y obras de arte, está siendo investigada por presuntos nexos con el Clan del Golfo, específicamente en lo concerniente al presunto uso de su nombre para adquirirla con fondos provenientes del narcotráfico.
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Otro caso relevante es el del humorista conocido como 'Carroloco', quien se encuentra presuntamente vinculado a Rosemberth Sánchez Aumada, alias Rodrigo, quien sería miembro del Clan del Golfo.
A este último se le señala como su testaferro. Las propiedades embargadas a 'Carroloco' incluyen una finca en Fusagasugá valuada en 10 mil millones de pesos, así como apartamentos en Bogotá. Estos bienes, junto con otros dos de menor valor, un parqueadero y un depósito, suman cerca de 12 mil millones de pesos en total.
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Es importante destacar que estos embargos forman parte de una acción más amplia de la Fiscalía, que ha impuesto medidas cautelares sobre un total de 39 bienes, algunos de los cuales se relacionan directamente con Diego Fernando Coca, alias Platino, cuarto cabecilla del Clan del Golfo. Dichas propiedades, valuadas en más de 28 mil millones de pesos, incluyen inmuebles rurales y urbanos, vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio.
Las investigaciones en curso apuntan a que estos activos fueron adquiridos con fondos provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes y fueron puestos a nombre de allegados de Diego Fernando Coca para intentar ocultar su origen ilícito.
En este sentido, los bienes embargados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar los bienes provenientes de actividades ilícitas con el fin de evitar su uso para fines delictivos y garantizar su destinación a proyectos sociales que beneficien a la comunidad.
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