«Yo he estado en una de esas reducciones y es difícil decirle al vigilante que no lo haga porque el chaval se pone excesivamente agresivo, es muy complicado gestionar esa situación». Quien habla desde el anonimato es una de las personas que trabaja en el centro de menores de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi de Badajoz. Hace esta declaración después del reciente informe presentado por el Defensor del Pueblo referente a 2023 donde se pone el foco en la violencia que se ejerce en este centro, especialmente contra los menores con discapacidad.
El citado informe se redacta tras la visita llevada a cabo por parte de personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura los días 13, 14 y 15 de junio, cuando en el Marcelo Nessi había cuatro menores con discapacidad intelectual (una chica y tres chicos). El escrito también recoge: «Se constata que comparten con el resto espacios sin ningún tipo de adaptación o consideración diferencial. Así, cuando se produce el ingreso en el centro, o cuando se les aplica un medio de contención, consistente en el uso de grilletes o en un aislamiento provisional, se utiliza el módulo de acogida y aislamiento, por lo que menores recién ingresados comparten espacio con personas internas que están en estado de gran agitación». Y prosigue: «Se considera necesario revisar desde la perspectiva de la atención a la discapacidad el uso de medios de contención para buscar soluciones y respuestas alternativas no violentas y respetuosas con las necesidades y limitaciones que presentan estos menores».
El trasfondo
El testimonio anónimo, que hace de portavoz de los trabajadores del centro, lo explica así: «Aquí existe la figura del ATE-Cuidador, que está preparado para asistir al menor con discapacidad, pero no es una figura apta para menores delictivos. Entonces se debe ir a la raíz del problema, que es la falta de educadores. Los que están hacen lo que pueden y además pasan mucho tiempo con papeleo y con temas burocráticos. Y con estos menores, con todos, hay que permanecer al lado desde que se levantan hasta que se acuestan».
Según los datos aportados por la Junta de Extremadura, el Marcelo Nessi atiende ahora mismo a 28 menores que por su edad no pueden ir a la cárcel tras cometer un delito, de manera que son ingresados en este edificio que tiene capacidad para 50 personas. Ahora mismo cuenta con 143 trabajadores, «incluyendo los vigilantes de seguridad, además de profesores y monitores», explican.
Asimismo, desde la Administración regional se especifica que se llevan a cabo anualmente varios programas: «Habilidades sociales, cognitivas y personales; educación para la ciudadanía; educación para la salud;deporte, ocio y tiempo libre y vida cotidiana».
Y a nivel educativo-formativo, destacan el «modelo de atención educativa reglada que se desarrolla en el centro», con una unidad adscrita al IES San José. «También hay talleres de formación para el empleo. Junto con la orientación laboral, se dispone de tres modalidades: operaciones básicas de restaurante-bar, atención sociosanitaria a personas dependientes en el hogar y mantenimiento de edificios, además de ofertar formación online», apostillan.
El proceso
Pero, tal y como explica el testimonio anónimo, llegar a esa fase de reinserción es un complejo proceso difícil de cumplir. «El problema es que al final esto funciona como una cárcel más que como un centro de medidas judiciales, que debería ser más reeducación y no prohibición».
El informe del Defensor del Pueblo también destaca el estado de las instalaciones: «Y tiene razón, porque las habitaciones son zulos, la luz es tenue. Y por la noche si quieren algo tienen que dar patadas a la puerta, porque no hay un llamador. Ahora parece que se los van a poner, pero hacen falta muchas mejoras».
«Lo que han hecho con el edificio es básicamente un lavado de cara»
El centro de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi se ubica junto a Los Colorines, uno de los barrios más conflictivos de Badajoz a donde no llega ni el servicio de Correos ni el servicio de Telepizza, por poner solo dos ejemplos. El contexto no ayuda a la filosofía que se le presupone: la reinserción.
Hace casi dos décadas que desde la Junta de Extremadura se planteó construir un nuevo edificio que ayudara a mejorar las condiciones de los menores residentes, pero el lugar que se escogió fue una parcela muy cercana a la actual ubicación.
Ese nuevo centro aún no se ha levantado. De momento se han llevado a cabo reformas en el actual. Lo último que se ha planteado es la construcción de un nuevo inmueble con 35 plazas. Se ubicaría en una parcela de 12.500 metros cuadrados de titularidad regional, con una inversión de unos 12 millones procedentes de los fondos europeos. Al menos esa fue la última propuesta del anterior gobierno socialista extremeño. «Al final lo que han hecho es una lavado de cara por fuera, porque por dentro todo sigue igual. Y aquí da igual quien gobierne, con todos ha pasado igual», lamenta una de las personas que trabaja en el centro de menores.