Cristina Gallardo, Tono Calleja Flórez
El exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato intentará convencer a los magistrados que le van a juzgar a partir de este viernes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid de que la causa contra él se abrió de forma irregular, según informan fuentes jurídicas a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. El que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se sienta en el banquillo de los acusados por el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Las fuentes consultadas explican a esta redacción que en la parte inicial del juicio, que se denomina cuestiones previas, los letrados de Rato aludirán a las diferentes "irregularidades" cometidas en la instrucción del procedimiento por el que fue procesado como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.
En su libro 'Hasta aquí hemos llegado', el expresidente de Caja Madrid y Bankia sostiene que la investigación no estuvo "precedida por una inspección formal" por parte de Hacienda, que también incluyó una petición de que fuera detenido y le fueran requisados doce millones de documentos.
"Investigación prospectiva"
"Parecía más bien que se trataba de encontrar lo que fuera para justificar aquel registro. De hecho, los informes de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) sobre temas ajenos a aquellas primeras acusaciones indicaban una gran investigación prospectiva sobre toda mi carrera profesional", lamenta el exministro de Economía, que llega a censurar el trabajo de los funcionarios de Hacienda con su compañero de partido Cristóbal Montoro de ministro: "Total impunidad".
Rato dice también que la ONIF, un órgano dependiente de la Agencia Tributaria, presentó varios informes "sobre temas ajenos" a las primeras acusaciones, una evidencia de que, siempre según el exministro de Economía, se estaba haciendo "una gran investigación prospectiva", prohibida por la ley, sobre su carrera profesional: "Como lo demostraría en 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al presentar un documento sobre las privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP en 1998 y la fiscal, en julio de 2020, cuando solicitó introducir en la causa un informe de seiscientas cincuenta páginas para investigarme tributariamente por hechos nuevos, la regularización fiscal entre otros, y por alzamiento de bienes", relata en su libro.
Correos electrónicos
Y dentro de esta supuesta investigación general, continúa Rato, Hacienda llegó incluso a investigar a su mujer: "Una de las responsables de la Agencia lo iba contando públicamente. 'Hemos buscado a ver si ella [Alicia] tenía algo, pero no hemos encontrado nada', soltó en una cena sin saber que allí había algunos buenos amigos nuestros".
Por otra parte, tal y como informó este periódico el sumario que instruye en secreto desde el 2 de agosto de 2018 el juez de Tarragona Rubén Rus Vela sobre si el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro usó sus influencias en el Gobierno del PP en beneficio de sus clientes incluye entre el "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021 varios correos electrónicos en los que se alude a la situación fiscal del exvicepresidente del Ejecutivo y exministro de Economía Rodrigo Rato.
Un juicio largo
El juicio contra el que fuera ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar será largo, extenderá sus sesiones hasta al menos el próximo mes de mayo y no se espera que la declaración de los acusados se produzca hasta el mes de abril. La Sala ha dado prioridad temporal al resto de las pruebas, que comenzarán a practicarse tras las fiestas navideñas.
La Fiscalía pide para Rato una pena de cárcel que asciende a 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Según los hechos de su escrito de acusación, que se buscan refrendar durante la vista, el también expresidente del FMI vendría manteniendo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
Quince millones
La prueba reunida durante la larga instrucción de los hechos, que se inició en 2015, apunta a incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y ese mismo año por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción fijó las cuotas defraudadas en un total de 7,4 millones de euros.
El exministro de Justicia se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal propiciada por Montoro, si bien también en este trámite omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagando a la Hacienda española 11.533 euros. De este modo, según Anticorrupción, habría utilizado la oportunidad de la amnistía como "vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior".
En este juicio se ve acumulada en su totalidad la causa para el exministro, después de que la Audiencia madrileña acordara anular el procesamiento relativo a una pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en por contratar la publicidad de Bankia por su salida a Bolsa con dos agencias concretas.
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