La ordenación por parte del Gobierno del espacio marítimo para dar cabida en él por primera vez a la eólica marina se retrasó durante años debido principalmente a las reticencias del sector pesquero y, una vez aprobada esta planificación y a punto de aprobar la ley que organizará las primeras subastas de esta energía renovable vuelve a chocar con su 'antítesis', con las empresas de energía eólica. Este choque se refleja en las alegaciones que las dos partes han presentado al borrador de la primera ley de eólica marina que regulará las subastas. En ellas, el sector pesquero quiere revertir el peso del impacto socioeconómico y medioambiental de los polígonos eólicos en el mar frente a los criterios económicos, para que sea el 70% en lugar del 30%, mientras que las empresas eólicas proponen "eliminar" el diálogo público-privado que por primera vez plantea el Gobierno para proyectos renovables entre sectores afectados por las instalaciones eólicas marinas.
La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, que agrupa desde a las grandes empresas a las cofradías más pequeñas, y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han convertido el proceso de consulta sobre el borrador del real decreto para regular la producción de eólica marina en un tira y afloja sobre el peso que deben tener las necesidades para generar energía eólica y de las comunidades locales, el medio ambiente y otras actividades económicas, en particular la pesca. Los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Canarias, frente a cuyas costas se instalarán previsiblemente la mayor parte de los aerogeneradores, también han hecho sus comentarios al borrador, en los dos primeros casos, para alinearse con los intereses pesqueros y reclamar, por ejemplo, una opinión científica sobre las afectaciones sobre la biodiversidad y aumentar el peso del impacto socioeconómico a la hora de autorizar eólica marina. A miles de kilómetros y con mucho más entusiasmo por esta energía renovable, Canarias pide subastas específicas que le permitan ser "pionera".
Las partes han presentado sus comentarios en la consulta pública que el Ministerio para la Transición Ecológica cerró la semana pasada para terminar de elaborar el decreto ley que organizará las subastas de eólica marina, dentro de las 19 zonas potenciales para ello, con una extensión total de 5.000 kilómetros cuadrados del millón que tiene el espacio marítimo español. Ante la contestación que el despliegue masivo de renovables en algunos territorios, el departamento que dirige Teresa Ribera se abre por primera vez a tener en cuenta los efectos que la instalación de generadores flotantes en el mar pueda tener sobre otras actividades y las comunidades locales, pero el proceso de consulta pública ha reflejado que lo dispuesto es insuficiente para unos y excesiva para otros.
El Ministerio propone que antes de determinar el lugar que sacará a subasta la instalación de determinado número de aerogeneradores en una extensión dada se puedan entablar un "diálogo público-privado" entre los promotores eólicos y otras partes interesadas o afectadas que tanto la Plataforma de Defensa de la Pesca como Galicia exigen que sea "obligatorio, no opcional". "Que el diálogo público-privado tenga una finalidad, no meramente formal, sino de protagonismo importante en el diseño de posibles zonas para la eólica marina", dice una de las alegaciones del sector pesquero, que insiste -con el apoyo de los gobiernos de Galicia y Asturias- en que para determinar el espacio que se sacará a subasta dentro de cada una de las 19 zonas donde el Ministerio ve posible que se instale la eólica marina se recurra a la "mejor información científica", que debería venir del Instituto Español de Oceanografía, al que de momento no tiene pensado recurrir el Ministerio y que, según este sector, debería pronunciarse antes incluso de que se lancen las subastas de eólica marina, aunque estas se vean retrasadas por ello.
Por el contrario, las empresas eólicas advierten en contra de este diálogo extra que plantea el Ministerio con sectores afectados, pide "eliminarlo", ceñirse procesos de audiencia pública y, en su lugar, plantean como "alternativas" foros o grupos de trabajo. "Aunque pudiera entenderse que va en pro de una mayor apertura, transparencia y diálogo, puede terminar generando el efecto contrario al que se persigue ya que contribuye a la incertidumbre del proceso, ya que podría dejar ciertos aspectos clave del procedimiento competitivo sin definir, hasta la resolución. Además, esta fase supone una dilatación de los plazos", dice la AEE en una de sus alegaciones.
Sobre la protección de los ecosistemas marinos, la AEE pide garantías en el real decreto de que las zonas en las que se adjudiquen proyectos de eólica marina no pasarán en años siguientes a estar protegidas por la Red Natura u otros tipos de protección medioambiental, lo que le haría cesar esta actividad que no está permitida en áreas protegidas. "El Real Decreto debe garantizar que, para los adjudicatarios de la subasta, la zona reservada/asignada va a estar protegida frente a futuras inclusiones en la red de espacios protegidos/ de importancia comunitaria, a partir del momento de la entrega de la ofertas y garantías asociadas", dice el sector eólico, que explica que en el mar no tendría la posibilidad que sí hay en tierra de cambiar de emplazamiento.
Dado que, al contrario que en otros países europeos con subastas en dos fases, el Gobierno plantea una única subasta en el que el promotor deberá contar ya con toda la información técnica y sobre las características de la zona, las empresas eólicas piden flexibilidad para poder modificar el proyecto, alargar plazos o renunciar a parte de la potencia si dan con circunstancias adversas de las que no se tuvo constancia en un principio.
El peso de los beneficios sociales
Dentro de la novedad de integrar en el proceso de licitación los efectos económicos y sociales de la eólica marina, el borrador del real decreto plantea un sistema de adjudicación en el que "un máximo de un 30% del peso serán "criterios no económicos" relacionados con la extensión del parque eólico, su distancia a la costa y el número de aerogeneradores, con medidas para reducir el impacto ambiental o el empleo local o el tejido industrial que podría crearse en la zona. El 70% restante de la puntuación tendrá que ver con aspectos económicos del proyecto en sí mismo. Pues bien, en sus alegaciones, el sector pesquero exige revertir estos porcentajes, y que el 70% de la puntuación tenga que ver con criterios no económicos y el 30% con los económicos. "Dicho procedimiento podrá incluir criterios no económicos hasta un máximo del 70% de la ponderación, con un mínimo de 50% de criterios relacionados con la afectación a otros sectores usuarios del mar y la afectación a los ecosistemas marinos", dice una de las alegaciones. Sin llegar tan lejos, la Xunta reclama que "los criterios no económicos deben suponer por lo menos el 50% de la ponderación en el concurso".
La posición de las empresas eólicas no es tanto reducir el peso del 30% de criterios no económicos como clarificarlos al máximo, mucho más de lo que se plasma en el borrador del Real Decreto. "Deben ser claros, objetivos, medibles y comparables de forma que el proceso de evaluación sea transparente y justo", "deben estar claramente definidos" y "no deben duplicar los criterios ya exigidos" y no deben "añadir riesgos adicionales a los plazos de los proyectos" ni "implicar costes mayores significativos al desarrollo y las ofertas de los proyectos", advierte en sus alegaciones.
Además, el sector eólico pide más garantías de que el diálogo que tenga que entablar en particular con el sector pesquero antes de cada subasta no se convierte en una "negociación individualizada de cada promotor, al mejor postor, carente del rigor".
Pide también extender el plazo de la concesión del dominio público marítimo-terrestre donde se implantarán los parques de eólica marina hasta "al menos 50 años" desde el momento en que empiece a funcionar frente al "máximo de 30 años" que prevé el Ministerio, además de la ocupación del espacio marítimo de forma previa para "la realización de los estudios previos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto". "Aumentar la duración de dicho plazo redundará en ofertas más competitivas, especialmente en consideración del alto volumen de inversión asociado a la tecnología eólica marina flotante", apunta la AEE.
Especificidad en Canarias
Junto con Galicia y Asturias, Canarias es la comunidad donde el Ministerio ha situado la mayor parte de las 19 zonas donde potencialmente se podrán instalar parques eólicos marinos y su Gobierno autonómico ha presentado alegaciones con "acento canario" en las que pide un "cupo específico" de eólica marina para el archipiélago, con subastas particulares en las que los proyectos no tengan que competir con otros que se instalen en otras zonas.
Frente a las protestas que ha levantado en el sector pesquero gallego y asturiano y las presiones que esto ha provocado sus respectivas comunidades, Canarias ha considerado desde el primer momento el desarrollo de la eólica marina como una forma de salir de su aislamiento eléctrico. Quiere ser "pionera" y reclama hacerla compatible con la pesca y el turismo y que entre entre los criterios de adjudicación se incluya "de forma obligatoria" el impacto en la creación de empleo, la creación de industria local, sinergias con la pesca y el turismo e "incluir la participación ciudadana, con accionariado, en la construcción de nuevos parques".
Otras alegaciones canarias van en el sentido de incrementar la presencia de esta tecnología, también de forma experimental, con proyectos innovadores en zonas que quedan fuera de las zonas potenciales de eólica marina, como las zonas verdes o los Puertos del Estado. Aquí, la AEE reclama al Ministerio que permita una "procedimientos específicos de concurrencia competitiva para prototipos o precomerciales" de hasta 50 megavatios.
La industria eólica coincide con algunas de estas propuestas, al apostar por subastas diferenciadas según la zona. "Cada subasta debe enfocarse a una zona concreta o conjunto de zonas concretas que compartan características similares", dice en una alegación en que se refiere a las especificidades propias en "Canarias Vs Norte de España".
Precio público y pérdida de electricidad
Más allá de las espinosas cuestiones de tipo social, el sector eólico reclama al Ministerio más concreción sobre las zonas a las que podrán concursas y en el calendario limitado y reglado de las subastas, que a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora con las renovables en tierra reclaman el precio máximo y el mínimo de aceptación de ofertas no sean confidenciales, sino "conocidos por lo menos en el momento de la subasta". Pide además que las subastas tengan en cuenta las "experiencia real" de los promotores en eólica marina, que en este caso deberá ser "en otros países" puesto que en España hasta ahora solo es experimental.
El Real Decreto también fijará el régimen de retribución de la eólica marina y aquí la AEE pide que se garantice que aquellos parques eólicos en el mar que, por congestión de la red o por exceso de demanda, tengan que parar más de lo previsto -en los llamados 'curtailments'-, de manera que al cabo del año no puedan suministrar toda la electricidad fijada en los términos de la subasta, puedan mantenerse en el régimen retributivo fijado y no pasar al mercado, donde en el caso de la eólica marina prevén precios inferiores a los pactados con el Gobierno.