El Plan Asistencia Perfecta para los docentes que el lunes presentaron los ministros provinciales de de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, tiene antecedentes en otras provincias. Con distintas etiquetas (según la jurisdicción se lo denomina "estímulo a la continuidad en el esfuerzo a la prestación del servicio educativo", "ítem profesionalidad docente" o "ítem aula"), la ciudad de Buenos Aires y los distritos Córdoba y Mendoza prevén un adicional salarial o un premio para maestros y profesores que no falten a clases. La herramienta no cesa de generar críticas entre los gremios que la comparan con el presentismo implementado en la década del 90.
Los números se hicieron públicos por primera vez en enero pasado, en el comienzo de la negociación paritaria con los gremios docentes. Los sindicatos plantearon sus reparos; por ejemplo, señalaron que se mete en la misma bolsa a docentes que están de licencia porque ocupan cargos en el Ministerio de Educación o forman parte de los equipos directivos de las escuelas.
De esos datos, apuntan, se propone una mirada sesgada, porque si bien pueden existir abusos en el uso de licencias, son más las enfermedades causadas por diferentes razones propias del oficio y de las condiciones en las cuales se desarrolla. Un tema sobre el que generalmente se habla poco o nada.
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Premio y castigo
Lo cierto es que la implementación de premios por asistencia entre los trabajadores docentes no es nueva, ni exclusiva de la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Una de las primeras jurisdicciones en implementarlos fue la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en septiembre de 1990, a través del decreto municipal Nº 4.748, cuando Carlos Grosso era intendente de la capital federal. Se trató de una partida denominada "asignación adicional salarial en concepto de estímulo a la continuidad en el esfuerzo a la prestación del servicio educativo", remunerativa y equivalente al 10% del salario básico de los trabajadores de la educación.
Según se explica en los considerandos de la iniciativa, "en el marco normativo salarial se hace recomendable el aliento a los agentes que realicen un esfuerzo sostenido para brindar continuidad y calidad al servicio, sin desmedro de considerar situaciones de extrema gravedad o fuerza mayor".
Así, no perdería el derecho a percibir el adicional quien "inasista o sea impuntual por accidentes de trabajo, licencia anual ordinaria, fallecimiento de padres hijos, nietos, cónyuge, hermanos, abuelo, suegros, yernos, nuera o cuñado, razones de fuerza mayor o fenómenos meteorológicos de carácter excepcional, perfectamente comprobados, si el docente es designado como integrante de una mesa examinadora en turnos oficiales, si es citado por organismos nacionales, municipales o judiciales, tiene que hacer un trámite necesariamente en el horario de clases o si participa de cursos de capacitación organizados por el municipio".
En principio, la medida iba a regir entre el 13 de agosto de 1990 y el 31 de diciembre del mismo año, pero en 2004 este adicional salarial se estableció como permanente y se extendió a todo el personal docente. Y desde noviembre pasado, se duplicó el porcentaje del sueldo que se resta del salario por no cumplir con el presentismo, pasando del 2 al 4 por ciento del salario con el objetivo de "seguir brindando incentivos a la asistencia diaria y continua de los docentes a la escuela".
La medida generó críticas entre los sindicatos de maestros que tildaron la medida de un "intento de disciplinamiento mayor a la docencia", ya que "un docente que se enferma o que ejerce su legítimo derecho al paro sufrirá un descuento del 4% de su salario neto por presentismo", tal como lo señaló la agrupación Carlos Fuentealba en un comunicado de prensa.
La ciudad de Buenos Aires no es la única que contempla el pago de un plus a la asistencia perfecta. Hace ocho años, la provincia de Mendoza implementó el "Ítem aula" a través de un decreto del por entonces gobernador Alfredo Cornejo, hoy nuevamente a cargo de los destinos de la provincia. La medida fue después legitimada por la Legislatura de Mendoza.
De acuerdo a la norma, este ítem equivale a un 10 por ciento del salario de los educadores y se percibe solo si el educador no faltara más de 3 veces justificadas por mes y hasta 10 veces en el año no acumulables. El pago es remunerativo y se exceptúa del descuento a quienes atraviesen licencias por maternidad o con motivo de accidente o enfermedad profesional, entre otros motivos.
Según advirtieron en su momento los gremios, la medida "amenaza al salario del trabajador cada mes: si falta cuatro días o más, se perderá el Ítem Aula", además "también atenta contra las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, ya que esto implica que un docente se ve obligado a asistir al trabajo estando enfermo", destacó un comunicado del sindicato que agrupa a maestros de escuelas privadas (Sadop) .
Es más, con estos argumentos, el tema llegó a la Justicia. En 2018, la Corte Suprema de Mendoza declaró la constitucionalidad del pago de ese adicional.
Según destacan funcionarios de la primera gestión de Cornejo, con la aplicación del Ítem Aula "el ausentismo docente en escuelas estatales bajó al 5% que se registra en las privadas. Y se terminaron los paros como único modo de protesta. Sigue estando el derecho de huelga, pero hay que aguzar el ingenio, como hicieron las docentes que hace unos días fueron a trabajar con guardapolvos negros para protestar", expuso Jaime Correas, exdirector General de Escuelas de Mendoza y miembro de la Coalición por la Educación, en una nota recientemente publicada en el diario La Nación.
Hay más iniciativas. En febrero de este año, y previendo un inicio de clases conflictivo, el gobierno de Córdoba estableció el "ítem profesionalidad docente" como adicional remunerativo y mensual destinado al personal de todos los niveles y modalidades.
Es del 10% del total de conceptos remunerativos y, para cobrarlo, los maestros no pueden superar las tres faltas justificadas y una no justificadas. Además, deben participar de las "instancias de desarrollo profesional" que indique el Ministerio de Educación.
También en Santa Fe
Apenas se conocieron detalles del programa Asistencia Perfecta, Amsafé (el sindicato que representa a docentes de escuelas públicas) lo relacionó con el presentismo implementado durante 12 años en las escuelas santafesinas. La iniciativa se gestó durante el gobierno de Carlos Reutemann y se puso en marcha entre 1992 y 2004, hasta que, durante la gestión de Jorge Obeid, la ministra Carola Nin lo dejó sin efecto.
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Por entonces, los argumentos que se esgrimían eran dos: la gran cantidad de paros docentes ("en cuatro años de gobierno hubo uno de paro", según sostuvo en 2014 el ministro de Educación de entonces, Fernando Bondesío en una nota con La Capital) y la migración de la matrícula de alumnos de las escuelas públicas a las privadas. Además, del creciente gasto en reemplazos que, en ese momento, alcanzaba el 22 % del presupuesto educativo.
Según analizó el ex ministro, con el presentismo "se recuperó matrícula que se había ido a la privada y logramos estar tres años y medio sin paros". Aun así, sorprendió al considerar que fue una medida aplicada en un contexto determinado y que en otra realidad carecía de sentido.
Desde Amsafé Rosario, retrataron de otra forma esos días. Para Juan Pablo Casiello, "el peso que tuvo el presentismo desde que se impuso en 1992 fue muy grande. Fueron doce años en los que no solo se bloqueó el camino a nuestros planes de lucha, sino que, en los hechos y de forma abrupta, nuestro régimen de licencias quedó herido de muerte. Por cualquier tipo de ausencia (incluida en la primera etapa aquellas debidas a maternidad o a padecer una enfermedad terminal) el presentismo no se pagaba. Con un día de ausencia se perdía la mitad y con dos días ya se perdía completo. Cuatrocientos pesos era un salario muy bajo, y perder $80 y cobrar solo $320 era directamente una condena. Efectivamente las ausencias bajaron y mucho porque nadie podía perder ni un peso; ir a trabajar enfermo o resignar el derecho a cuidar a un hijo enfermo pasó a ser la norma; licencias vinculadas a otros derechos importantes para la docencia como las de estudio directamente desaparecieron".