No hay que ser muy sagaz para concluir que tras la intervención de Pedro Sánchez en la que consumó sin temblarle una ceja su muy reflexionada operación de manipulación política, el presidente del Gobierno va a intervenir directamente contra el poder judicial y la prensa crítica. La ofensiva contra los jueces es inminente, porque el «plan de limpieza» que propone el jefe del Ejecutivo pasa como primera instancia por el control del Consejo General del Poder Judicial a través de una rebaja de la actual mayoría de tres quintos a una mayoría simple para su renovación, lo que permitiría al Ejecutivo esquivar al PP.
En el acuerdo entre el PSOE y Sumar está la clave: se asegurará -se afirma- «el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de los órganos constitucionales», como el Poder Judicial, «impidiendo la deslealtad constitucional de algunos actores políticos», en clara alusión al PP. Tras el anuncio de Sánchez de seguir en el cargo, Yolanda Díaz no ha perdido el tiempo: «Tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá». Más claro, agua.
La Constitución establece que el órgano de gobierno de los jueces está integrado por un presidente y por 20 vocales. De ellos, 12 deben ser elegidos «entre jueces y magistrados» y en los «términos que establezca la ley orgánica». Los otros ocho serán designados por el Congreso y el Senado «entre abogados y juristas» de «reconocida competencia» y con más de 15 años de «ejercicio en su profesión».
La ley establece que los 20 vocales son designados por el Congreso y el Senado, a razón de 10 miembros cada una de las cámaras, pero cabe recordar que, en 2020, los entonces socios PSOE y Podemos registraron en el Congreso una ley para renovar a los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta. O sea, un cambio de las reglas de juego con el fin de controlar al CGPJ. Se trataría de aniquilar al Senado -una cámara ahora muy incómoda para el Gobierno porque el PP tiene mayoría absoluta- anulando el nombramiento de los seis vocales de la carrera que le corresponden. De esta forma, el Congreso elegiría a los doce vocales jueces y a los otros cuatro que ahora ya designa entre abogados y juristas. La 'regeneración democrática' de Sánchez es esa: asaltar la justicia. Y si no, al tiempo.