El Gobierno aplicará un protocolo anti-piquetes light y busca confrontar con "la política" para minimizar el impacto
Organizaciones gremiales, estudiantiles y los rectores convocan a marchar hoy por el reclamo de fondos para la educación pública. La postura del Gobierno y las gestiones antes de la manifestación
El Gobierno se encontrará este martes con la movilización con mayor afluencia de manifestantes desde la asunción de Javier Milei. La denominada Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo en diversos lugares de todo el país, pero tendrá como punto central la convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la asistencia de cientos de miles de personas en reclamo de la recomposición de fondos para las universidades públicas nacionales.
La marcha es convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (que engloba a los gremios docentes y a la FATUN, el sindicato de los no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y rectoras de las universidades nacionales. De manera complementaria acompañarán la CGT, las dos CTA, organizaciones estudiantiles secundarios, de derechos humanos y científicas, entre otros.
Se trata de uno de los primeros testeos que tendrá el oficialismo con una movilización que trae como demanda con amplia transversalidad en la sociedad como lo es la educación pública y el mantenimiento de las universidades nacionales no aranceladas.
Marcha Universitaria: cómo será el protocolo de seguridad
Tanto el Presidente como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya anunciaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, que habilita a las fuerzas federales a intervenir en las movilizaciones que corten las vías de circulación vehicular. A pesar de la intención de mantenerlo, desde la Casa Rosada reconocieron a El Cronista que la concurrencia que habrá no permitirá implementarlo en su totalidad y que se utilizará "un criterio de razonabilidad" para que solo se prevengan destrozos de la vía pública.
Se prevé que el operativo de seguridad sea similar al que hubo en la primera marcha de la CGT hecha en el mes de enero: el protocolo anti-piquetes fue aplicado, pero no se evitó un corte de las calles. En el caso de la marcha que se dará este martes, las partes organizadoras no tuvieron mayores diálogos con las autoridades de la Nación.
El operativo para la Policía de la Ciudad fue bosquejado en la tarde del lunes en Uspallata, la sede de la Jefatura de Gobierno porteño. Luego del encuentro se anunció que permitirán circular a las columnas universitarias en un trazo específico solicitado por universidades y el Frente Nacional Universitario.
Esta recorrida habilitada tendrá como punto de partida a las 13 en Plaza Houssay, desembocará en la Plaza del Congreso y se comenzará a marchar a las 17 rumbo a Plaza de Mayo, lugar en el que una hora más tarde (a las 18 horas) se hará el acto principal con la instalación de un escenario.
En tanto, Bullrich ocupó su agenda ayer en la ciudad de Paraná, aunque mantuvo diálogos constantes con sus funcionarios y sus pares porteños. Desde su cartera señalan que estarán a disposición las cuatro fuerzas de seguridad federales como la Gendarmería y la Policía Federal; aunque para tareas complementarias y de contención.
Los datos que están detrás del reclamo de las universidades
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (ASAP), hasta el mes de marzo las transferencias a las universidades nacionales públicas fueron de -32,5% (ajustado por inflación). En el caso de la Universidad de Buenos Aires, esta variación asciende al -36,5%; y en la gran mayoría de los casos la cifra oscila entre -30% y -40%.
El Gobierno anunció este lunes el envío de fondos con un aumento de 70% para las partidas de funcionamiento de las universidades y un incremento mayor a $ 10.000 millones para los hospitales universitarios. Los rectores reconocieron que hubo un avance, pero marcan que la inflación acumulada desde enero de 2023 fue superior al 300% y que hay otras subas que todavía están pendientes.
Es que las partidas para funcionamiento de las entidades y los hospitales son dos de diez subcategorías dentro del presupuesto de la educación superior, y representan cerca del 10% de la misma.
La gran mayoría del 90% restante lo configuran los sueldos de los docentes y no docentes universitarios. Estos vieron congelados sus ingresos de manera significativa en los últimos meses y todavía no lograron pactar las paritarias del sector con la Secretaría de Educación, quien delegó las negociaciones a Alejandro Álvarez (h.), subsecretario de Asuntos Universitarios. La última oferta fue del 8% y desde ambos sectores señalan que, por el momento, las conversaciones están trabadas.
La visión del Gobierno y el pedido de auditorías
Datos recientes de la consultora Proyección revelaron que ante la consigna "las universidades fomentan la igualdad de oportunidades y la movilidad social", el 71.1% se inclinó por la positiva, y el 19.5% lo hizo por la negativa. En el caso de la firma Zuban Córdoba, ante la pregunta por el congelamiento del presupuesto universitario, el 50% se mostró muy en desacuerdo, el 8.5% en desacuerdo; mientras que el 20.9% está muy de acuerdo, y el 17.5% está de acuerdo.
En Balcarce 50 señalan que "el Gobierno entiende que hay sectores que tienen reclamos legítimos, como pueden ser los estudiantes", pero que "hay otros actores políticos que lo están utilizando para sacar rédito".
Se trata del principal argumento oficial a los fines de relativizar la movilización: además de organizaciones sindicales, también llamaron a movilizar líderes políticos como Sergio Massa y Alberto Fernández, lo que produjo que el vocero Manuel Adorni dijera en su conferencia de ayer que la movilización está "incentivada por la política".
En ese tono se expresó ayer el ministro de Defensa Luis Petri, quien aseguró que la movilización del 23 es "una marcha de militantes políticos" y subrayó que los jóvenes "apoyan a este Gobierno" y quieren que "se auditen las cuentas de las universidades".
Este último es el principal reclamo del Gobierno para con las instituciones educativas superiores, a las que buscan auditar su presupuesto ante la presunción de que están siendo malversadas. El Presidente apuntó a través de sus redes a la rectoría de la UBA y al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, a quien usó de ejemplo para graficar los supuestos "negocios turbios" que se realizan a través de las direcciones universitarias.
Aunque señalan que no será en el corto o mediano plazo, altos funcionarios reconocieron en estricta reserva que está en estudio el arancelamiento a estudiantes extranjeros y una supuesta propuesta presentada desde algunas universidades para que graduados puedan donar de manera voluntaria a un fondo enfocado a financiar gastos de funcionamiento.