Iván Gil
El Gobierno sigue matizando y rebajando el alcance de los acuerdos con Junts a cambio de su abstención en los tres primeros decretos del Estado. Después de que varios ministros circunscribiesen el pacto para delegar a la Generalitat las
a una futura ley orgánica (lo cual implica 176 votos a favor en el Congreso: es decir, el apoyo del bloque de investidura), donde se concretaría esta cesión, Pedro Sánchez ha limitado el acuerdo a las políticas de integración social o las autorizaciones iniciales de empleo. Desde Junts habían explicado que este acuerdo permitiría a la Generalitat expulsar a migrantes por reincidencia de delitos o controlar los flujos migratorios.
"Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular está residenciado en el Estado", ha defendido el jefe del Ejecutivo en una entrevista en RNE. El control sobre la inmigración irregular, ha aclarado, "no se puede transferir" por estar recogida como una competencia propia del Estado en el artículo 149 de la Constitución. Sánchez ha limitado así el acuerdo con Junts a delegar competencias relativas a la integración social de los migrantes, como recoge el Estatut. Esto es, sobre los itinerarios de empleo, o las competencias en educación, vivienda y servicios sociales.
El Tribunal Constitucional, de hecho, ya tumbó el grueso de la parte de la reforma del Estatut relativa a políticas migratorias. Un marco al que ha aludido Sánchez para rechazar cualquier cesión que supere estos límites: "El artículo 138 de Estatut establece cuáles son las competencias residenciadas en el Govern". Fundamentalmente, acogida y planes de integración, además de las gestiones administrativas relativas a la autorización de empleo, en coordinación con el Estado.
Lejos de las pretensiones puestas sobre la mesa por parte de los posconvergentes, que se refieren a una delegación de competencias "integral", Sánchez ha asegurado que la intención es hacer "más eficaz" la política migratoria revisándola en función del pacto sobre migración y asilo recientemente alcanzado en Bruselas. "Ellos tendrán su posición, pero el artículo 149 de la Constitución es claro, y el estatuto de Cataluña, como el de la Junta de Andalucía, define las competencias" que puede ostentar la comunidad autónoma en materia de política migratoria, ha concluido Sánchez.
En los últimos días, el PP había advertido de que la delegación de competencias en los términos explicados por Junts era "inconstitucional". Asimismo, dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, compartió estas tesis. "Que haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional no es tolerable", lamentó en declaraciones a los medios el pasado viernes para asegurar que "ningún Estado puede renunciar a la competencia de fronteras y, por tanto, de inmigración".
El Gobierno tampoco se ha cerrado a traspasar las competencias de inmigración a otros territorios. Eso sí, dudando del interés por la "complejidad" de su gestión. El PSOE ya pactó con el PNV en el acuerdo de investidura ceder en un primer paquete de transferencias las competencias relativas a fijar los itinerarios de inclusión del sistema estatal de acogida.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, insistió este lunes, a raíz de la posición marcada por Sánchez, en que la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña debe ser "integral". En una entrevista en TV3 recogida por Servimedia, el dirigente de los posconvergentes recordó que lo que pactaron el pasado miércoles PSOE y Junts para conseguir la abstención de este partido a los reales decretos fue una "decisión política" de hacer una ley orgánica que delegaría competencias a la Generalitat para la "gestión integral" de la inmigración.
Otros acuerdos con Junts
Una estrategia del 'café para todos' que se extiende a buena parte de los acuerdos con Junts firmados para evitar su veto a los tres primeros decretos del Ejecutivo. Principalmente, en materia de transporte y de balanzas fiscales. De este modo, los cambios en la bonificación del transporte público serán para todas las comunidades autónomas, no solo para Cataluña. Estos consistirán en que el Estado abonará su parte del 30% sin condicionar dicha partida a que el resto de administraciones competentes aporten un 20%, como hasta ahora.
La publicación de "los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales" también se extenderá a todos los territorios. Lo que hará el Gobierno será poner los datos que maneja "a disposición del conjunto de administraciones para que cada uno pueda elaborar sus propias balanzas fiscales". La falta de consenso sobre la metodología no quedará así resuelta y serán las administraciones que así lo quieran quienes, a partir de estos datos, publiquen sus balanzas fiscales.
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