sistema carcelario
Abinader conforma comisión para la reforma penitenciaria
Como se puede verificar en el primer artículo del Decreto, la comisión tendrá entre otras funciones, la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales.
El presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto 186-24, mediante el cual conforma una comisión para el seguimiento al plan de reforma penitenciaria.
La decisión, que había sido previamente anunciada por el mandatario, se produce como un espaldarazo del gobierno central a los esfuerzos de la Procuraduría General de la República en tutelar la integridad de las personas privadas de libertad, reduciendo las consecuencias negativas de su estado y procurando su reinserción social en provecho de la nación.
Tal y como había comunicado previamente el mandatario, la comisión estará conformada por Jorge A. Subero Isa, quien la presidirá, así como por el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el Defensor del Pueblo, y los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Como se puede verificar en el primer artículo del Decreto, la comisión tendrá entre otras funciones, la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario "Las Parras", la adecuación de la infraestructura rescatable de la penitenciaría nacional de La Victoria y otras tareas específicas que le sean asignadas por la Presidencia de la República.
En la motivación del decreto, el presidente expresó que "el gobierno pondera la importancia de la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los internos que guardan prisión en las cárceles del país, lo que requiere un esfuerzo integrado de diversos actores sociales y estatales que permitan un verdadero cambio de paradigma en el sistema penitenciario, como se desprende de los compromisos asumidos".