El actual Gobierno se vanagloria de haber incrementado sustancialmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), manifestando que dicho logro es un gran avance para los derechos de los trabajadores. Lo cierto es que dicho avance se ha llevado a cabo con la imposición del Gobierno y por ello fuera del diálogo social, dado que desde la patronal la oposición ha sido pública y notoria.
Para poder valorar adecuadamente este incremento hay que tener en cuenta que hasta el año 2004 el SMI era una referencia que no solo indicaba la cuantía mínima que debía percibir un trabajador sino que era una referencia para prestaciones públicas; de tal manera que, cuanto más elevado fuera el SMI más coste asumía el estado. En las elecciones de ese año la promesa era aumentarlo de manera importante, pero no nos contaron que lo que querían es que hubiera un Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para prestaciones y derechos a los que debía hacer frente el Estado y un SMI, básicamente, para regular la cuantía mínima del salario de los trabajadores. Con este cambio los incrementos del SMI, en la mayor parte de los supuestos, iban a ir a cargo de los empresarios. Esto explica que a partir de este momento el incremento del SMI haya sido muy importante, pero el IPREM no lo ha sido tanto. Como ejemplo claro lo tenemos en los siguientes datos: en el año 2024, 600 euros el IPREM, 1.134,00 euros el SMI. Es claro que cuando pagan otros es más fácil para el Gobierno hacer política con esta referencia.
Entrando en el fondo de la cuestión hay que tener en cuenta que es razonable que un trabajador tenga un salario adecuado y justo, pero la clave está en que al empresario en nuestro país está siendo sometido a un incremento en sus costes, no solo por el incremento del SMI, con su correlativo incremento en costes de Seguridad Social, también sus cuotas de autónomos, el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el patrimonio, un IRPF asfixiante, eso en cuanto a tributos, con relación a los convenios colectivos la obligación del pago del salario completo a cargo del empresario los quince primeros días y el complemento hasta el 100% el resto del periodo, abonando también la seguridad social correspondiente mientras siga del baja el trabajador, todo ello añadido a la rígida legislación laboral que se pretende reforzar con la reducción de la jornada laboral y el incremento en la cuantía del despido.
Lo que ha vivido Shakira es muy significativo siendo chantajeada con un código penal que se flexibiliza cuando el cálculo político así lo exige
No hay que olvidar otras obligaciones que se están imponiendo y que también comportan un coste a las empresas, prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, planes de igualdad, planes contra el acoso, canal de denuncias… estas obligaciones se unen a la ya dura burocracia que se ha instalado en el Gobierno y que lleva camino de fortalecerse de una manera despótica (no hay que olvidar que la administración pública es juez y parte en las resoluciones que emite).
Los ejemplos anteriores podrían ser ampliados, pero lo que pretendo explicar es que cada una de las obligaciones que tiene un empresario es razonable si se estudia unitariamente, pero si se analiza en su conjunto estamos viendo un progresivo incremento en los costes empresariales y un incremento notable de la presión administrativa. Lo que ha vivido Shakira es muy significativo siendo chantajeada con un código penal que se flexibiliza cuando el cálculo político así lo exige.
Esto nos lleva a que las únicas empresas que continúan son las que ya llevan un recorrido y una inversión que no les permite abandonar el proyecto, pero desincentiva emprendimiento, especialmente aquellos que, o bien pueden cambiar el domicilio a otros países menos agresivos o bien frena las inversiones nuevas. Como siempre, son las clases medias las que tienen que hacer frente a las obligaciones cada vez más duras, olvidando que el principal medio para crear riqueza y disminuir el desempleo pasa por facilitar a las empresas su implantación y desarrollo.
Lo grave es tener un Gobierno que, sabiendo como sabe, que hay empresas que cada vez tienen más dificultades para seguir adelante, prefieran aumentar la presión recaudatoria (en el amplio sentido de la palabra), sin llevar a cabo un control del gasto público, porque es más fácil seguir políticas confiscatorias frente a la empresa y clases medias que revisar si las instituciones públicas están gestionado bien nuestro dinero.
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