Fuentes de la Comunidad de Madrid han anunciado que la Agencia Tributaria propondrá a la Tesorería del Estado devolver la cantidad de 552.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que se enfrenta a una investigación fiscal. «Ya es cada vez más evidente, con pruebas, que hemos asistido a una cacería política y que la presidenta nunca mintió», aseguran las mismas fuentes.
De esta forma, la Fiscalía podría anular el juicio a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, si se aviene al acuerdo que propone González Amador para saldar la investigación fiscal: el pago de 340.000 euros. De no aceptar, aseguran las mismas fuentes de Sol, la Fiscalía estaría haciéndolo por causas «meramente políticas y no técnicas».
Las mismas fuentes aseguran que «el resultado final de la cacería que ha sufrido» la pareja de Ayuso es que tiene a su favor un saldo de más de 200.000 euros.
En la «diana del Estado»
Ayuso se ha referido en reiteradas ocasiones, en los momentos en los que ha hablado de los asuntos que atañen a su pareja, a esa «cacería política» que vuelven a mencionar hoy fuentes de Sol. Este mismo martes, la líder madrileña intervino en un acto de campaña en el Bilbao, para apoyar al candidato del PP a las elecciones vascas, en el que habló de que en España «se está gobernando en contra del adversario político» y se está haciendo con toda «impunidad».
En ese sentido, aseguró Ayuso que «se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán» a por «un ciudadano particular» en el caso de que éste sea «una diana por estar relacionado con un adversario político», en una clara referencia a su pareja.
Con el término «impunidad» abordaba también las declaraciones del fiscal general del Estado, que asumió «la responsabilidad última» por la filtración de los «datos personales» de González Amador, con el fin de respaldar a sus compañeros, Pilar Rodríguez (fiscal jefe provincial) y Julián Salto (fiscal de delitos económicos encargado del caso de su novio).
«Estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», explicó Álvaro García Ortiz.
Además, este tipo de actuaciones contribuyen, según las palabras de la jefa del Ejecutivo madrileño, a que «nos vayamos acostumbrando» a los escándalos, como los «siete y ocho diarios del Gobierno», de manera que «tenemos un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada». «Este es el país de la impunidad», insistió.
A la filtración de datos personales se sumó también la reciente denuncia del abogado de González Amador, que fue interpuesta en los juzgados de guardia de Plaza de Castilla, y en la que se apunta que la pareja de la presidenta habría sido víctima de un hackeo con el que se le habría intentado robar correos electrónicos intercambiados con su cliente.
Según la denuncia presentada, el ciberataque afectó a los ordenadores del abogado penalista y del asesor fiscal que se encargan de su defensa e inspección. Ambos, indica, utilizan el proveedor de servicios para intercambiar información y documentación.
El escrito apunta que este ataque sólo está «al alcance de estados nacionales» y argumenta que un perito informático constató que el sistema de entrada en los servidores es muy sofisticado, por lo que hackearlo no está al alcance de cualquiera.