La causa que investiga los 45 contratos de diversos organismos del Estado con Nación Seguros y la participación de intermediarios, tiene bajo la lupa otro eslabón: dos cooperativas que según el juez federal Julián Ercolini podrían haberse utilizado "para canalizar fondos obtenidos como resultado de la maniobra investigada", es decir: el dinero de las comisiones que pagó el Estado. Estás cooperativas están vinculadas a la compañía San Ignacio Sociedad de Productores, que fue contratada por la ANSES y a su vez presenta vínculos con ex funcionarios de Nación Seguros.
Los investigadores trazaron una primera línea poniendo la lupa sobre el decreto 823/2021, con el que el entonces presidente Alberto Fernández obligó a la contratación exclusiva de Nación Seguros por parte del Estado y habilitó una segunda parte de la maniobra bajo análisis: la participación de brokers, intermediarios.
Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones "contasen con la participación de intermediarios y organizadores, tanto personas físicas como jurídicas, entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castellón, como así también las firmas Héctor Martínez Sosa y CIA SA, TG Broker, Bachellier, Castello Mercuri y San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros.
Según consta en la causa judicial, a estas compañías "se les abonaban comisiones que, conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas".
El Estado pagó un total de 3.213.341.098 pesos en concepto de comisiones. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos. Al tipo de cambio de cada año, la cifra global asciende a unos 17 millones de dólares.
El misterio de las cooperativas
En el análisis del circuito de esos pagos, el juez Ercolini aparecen dos cooperativas. La justicia estudia si fueron usadas para el cobro de comisiones y sus presuntos vínculos con ex funcionarios de Nación Seguros. Pero además, están relacionadas a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros, que fue contratada por ANSES.
Dicha compañía figura cuarta en el ranking de las compañías que más dinero recibieron por parte de organismos del Estado en concepto de comisiones.
Hay que recordar que de los 25 brokers que recibieron plata del Estado, cincocobraron un total 2.782.170.946 pesos: el 80,56% de las comisiones abonadas.
"Se esta barriendo toda la información sobre aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, sobre las que se presentaron sospechas a partir de algunas particularidades en la presentación de su documentación y otras circunstancias", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En este punto el juez Ercolini se refirió a "circunstancias irregulares" al momento de recibir la documentación exigida a San Ignacio Sociedad de Productores. Junto a TG Broker, actuaron como intermediarios en los seguros contratados a Nación Seguros por parte de la ANSES, que fue el punto de partida del expediente judicial.
Según la auditoría de Nación Seguros que dio a conocer Clarín, entre 2020 y 2024 ANSES fue el segundo organismo público que más dinero pagó a intermediario por comisiones, después de la Gendarmería Nacional: fueron 463.837.349 pesos.
Las autoridades de San Ignacio Sociedad de Productores, son Brian Kelly (presidente) y Hernán Bressi (director suplente). Lo primero que señaló el juez del caso es que a la hora de llevar las órdenes de presentación los domicilios declarados por la compañía no se encontraron.
El segundo hecho calificado de irregular fue la entrega de dos cajas con documentación por parte de Kelly y su abogado Emanuel Nagel. Este último habría recibido de forma previa esas cajas "en un garaje, de manos de Carlos Suárez y por Alfredo del Corro", y la documentación fue llevado al garaje "por un vehículo cuya titular presentaría algún grado de parentesco con Mariana Lourdes Trupia, de vínculos societarios y pareja con Del Corro".
El primer punto de contacto entre estos nombres es que Del Corro fue parte de dos firmas de las cuales participó Marcos Eufemia, quien se desempeña como Gerente de Compras de Nación Seguros. Indagando aún más en estos vínculos, los investigadores trazaron otra línea: Del Corro y Trupia tienen autorizaciones para conducir una serie de automotores de alta gama que pertenecen a dos cooperativas: 7 de Mayo y Cooperativa Irigoyen.
A partir de esa información se detectaron otras autorizaciones sobre esos mismos vehículos o bien sobre otros de las mismas cooperativas, y que fueron otorgadas, entre otras personas, a Mauro Tanos, exdirectivo de Nación Seguros.
Lo que la justicia sostiene es que, como Gerente General de Nación Seguros, Tanos "actuaba como contacto con San Ignacio Sociedad de Productores".
Es acá donde entran en juego las cooperativas. La existencia de vehículos de alta gama bajo su titularidad "que serían usufructuados por los presuntos miembros de la organización" bajo investigación, junto al "resultado negativo de los allanamientos cursados a sus respectivos domicilios", son indicios para el juez Ercolini de que "7 de mayo cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin, podrían haber sido utilizadas para canalizar fondos obtenidos como resultado de la maniobra investigada", es decir: de las comisiones que pagó el Estado.
Por otro lado, de la lectura de las pólizas de Nación Seguros que aportó la ANSES "se registran la intermediación de San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker como organizador y productor". Se sumó otra pieza más a este rompecabezas: simultáneamente, estas dos compañías cuentan entre sus coaseguradoras con la intervención de la firma San Germán Seguros.
Un hecho se suma, y es que las pólizas de seguros de ANSES en Nación Seguros muestran que a partir de la inclusión de San Ignacio Sociedad de Productores y de TG Broker como intermediarios, "el porcentaje de participación de San Germán Seguros como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)".
A raíz de este esquema conformado en función de la documentación obtenida durante los primeros operativos, se avanzó en una nueva tanda de órdenes de presentación dirigidas al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para que en 72 horas, remita en relación a 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y a la Cooperativa de Trabajo Irigoin, todos sus legajos, autoridades y apoderados como también, empleados, todos los balances presentados, cuentas bancarias denunciadas y nómina de personas autorizadas a operarlas.
También el juzgado consultó si se registraron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación a dichas cooperativas; todo ello desde 2019 en adelante.
En relación a estas dos cooperativas, también se pidió a la AFIP que remita a Comodoro Py, toda la facturación declarada correspondiente al período 2019 a la fecha.
Sobre las cinco principales compañías que percibieron más del 80% de las comisiones pagadas por el Estado, se requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) también todos los legajos, actas de constitución, registros de accionistas y autoridades (con copia de las actas pertinentes).
El pedido es sobre Bachellier, Héctor Martínez Sosa y CIA, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Seguros, TG Broker.
Pero el pedido se amplió a otras seis compañías, entre ellas San Germán Seguros, que podría ser un vínculo entre dos de las cinco compañías que más dinero recibieron en concepto de comisiones.
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