La defensa del empresario, Diego Armando Cardona Herrero, pidió este martes la suspensión de la audiencia de remisión de la causa a juicio y el sobreseimiento de su asistido. Se trata de la causa que investiga el pago de coimas a ex funcionarios para favorecer a la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herrero
En la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la investigación que se desarrolló para determinar si existió el pago de sobornos a ex funcionarios entrerrianos para favorecer a la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la cual el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herrero es accionista y propietario, la defensa del acusado solicitó la suspensión de la audiencia porque aún están pendientes de resolución distintos recursos y presentaciones en diferentes instancias judiciales, y solicitó el sobreseimiento, si es que se decide pasar a la audiencia de admisión de la evidencia o de acuerdos probatorios, por inexistencia de delito.
Cardona Herrero está acusado, en carácter de partícipe necesario, junto al ex gobernador, Sergio Urribarri, éste como autor, y ex funcionarios de sus dos gestiones como gobernador, de realizar actos para beneficiar a Relevamientos Catastrales, proveyéndola con información privilegiada y asesoramiento en cuestiones administrativas para acceder a la licitación a adjudicación para la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública provincial.
Ignacio Díaz, defensor del empresario, realizó un alongado alegato de más de tres horas en los que argumentó que Fiscalía, tal como desarrollaron otras defensas, importó de manera ilegal y sin control de la Justicia de Garantías, prueba que obtuvo de allanamientos que se realizaron en el contexto de otro legajo que investiga a Urribarri por el supuesto delito de Enriquecimiento ilícito.
El defensor aclaró que no consentía ni admitía la legalidad de la audiencia de remisión porque aún están pendientes de resolución incidentes y planteos de nulidad, exclusión de evidencia y de rechazo de pedidos de sobreseimiento, tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se presentó un Recurso de Queja, como en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde se presentó un Recurso Extraordinario contra la resolución que volteó el sobreseimiento de Urribarri y dos acusados, que dictó el juez de Garantías, Mauricio Mayer. En este sentido, como aún no se resolvieron algunos de aquellos planteos, está en duda si se realizarán las audiencias programadas para este jueves y viernes, en los que alegarán las defensas de Carlos Haidar y de Urribarri, respectivamente.
La defensa sostuvo que en la causa que investiga a Urribarri y su grupo familiar por Enriquecimiento ilícito, se suspendieron las actuaciones porque hubo presentaciones que aún no fueron resueltas, señalando que en este legajo se está frente a una situación semejante.
Díaz, con un alegato muy técnico a partir de su conocimiento de Derecho Administrativo, entendió que no existieron los delitos que endilgó Fiscalía. Añadió que el hecho enrostrado no cumple con los requisitos normativos de una redacción que lo presente de manera clara, precisa, circunstanciada y específica. Así, sostuvo que los fiscales no dieron cuenta de cómo se cometieron las conductas atribuidas, quiénes y cómo se beneficiaron, cómo se interesaron los funcionarios acusados, entre otros interrogantes que a criterio de la defensa, no fueron precisados con el rigor que exigen las normas que regulan el accionar de los fiscales.
En aquella línea, Díaz aclaró que debía referirse inevitablemente a la situación de Urribarri, de quien sostuvo que era imposible que pudiese cometer el delito de Negociaciones incompatibles porque a la fecha de la supuesta comisión del hecho, no era funcionario, ni del Ministerio de Gobierno y menos gobernador. Así, sostuvo que si se cae la acusación contra él, cae la de su asisitido. (APFDigital)