No conviene dejarse deslumbrar por el discurso de la regeneración política de España que se ha convertido en el nuevo arquetipo de la propaganda gubernamental, porque lo que el líder socialista y sus aliados de la izquierda comunista entienden por «regenerar» es la ocupación de las instituciones del Estado para su proyecto «progresista». Un simple repaso a la nómina de fiscales nombrados para cargos de responsabilidad, comenzando por el fiscal general del Estado y su número dos, revela la escora hacia la minoritaria UPF (Unión Progresista de Fiscales) en detrimento de las asociaciones que representan a la mayoría de los miembros de la carrera fiscal.
Que con estos antecedentes se pretenda reformar la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para que sea el Ministerio Público el que asuma la instrucción judicial, en lugar de los jueces, suscita la comprensible alarma en el mundo jurídico, al menos, mientras no se garantice la real independencia la Fiscalía General frente al Poder Ejecutivo.
Sucede lo mismo con la insistencia en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), imposibilitado de hacer nombramientos para renovar las vacantes de jueces y magistrados en los tribunales superiores tras una reforma «ad hoc» impulsada por el gobierno de coalición en marzo de 2021, que es la verdadera causa de los problemas de plantilla de la Justicia, con más de 90 plazas vacantes. Por supuesto, el objetivo del Gobierno de coalición era impedir que los nombramientos recayeran sobre magistrados sin el pedigrí «progresista» que presta Jueces para la Democracia, la asociación minoritaria de la carrera. Curiosamente, y es de traca, Pedro Sánchez y compañía tuvieron que improvisar una «reforma de la reforma» para poder renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, ya que ahí sí disponían de mayoría suficiente.
El resultado es un TC «progresista», presidido por Cándido Conde Pumpido, fundador de la citada Jueces para la Democracia», que no deja de dar alegrías al Gobierno. Si hacemos estas consideraciones es porque retratan la urgencia de la izquierda para controlar al CGPJ, dado que en los próximos cinco años tendrá que renovarse al 70 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo.
Debemos insistir en que la única fórmula de renovación que garantiza la mayor independencia judicial es que los vocales procedentes de la judicatura sean elegidos por sus pares, que es la recomendación del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, que ya reaccionaron en contra hace tres años cuando Sánchez y sus socios de gabinete pretendieron rebajar la mayoría parlamentaria en la elección de los vocales, que es de tres quintos, para dejar fuera de juego a la oposición del Partido Popular, que es con lo que ha vuelto a amenazar Pedro Sánchez, tras la sonrojante maniobra electoralista del fin de semana.
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