José Pedro debe ser repuesto como gerente de Primaria en mayo por mandato judicial
El juez multará con hasta 1.500 € a Sanidad si no cumple y abrirá la vía penal
José Pedro Fernández Vázquez volverá a tomar las riendas de Atención Primaria en León en mayo por mandato judicial. El magistrado del contencioso-administrativo número 3 ha emitido un auto claro y contundente que sirve de ultimátum a la Consejería de Sanidad para que le reponga en ese puesto directivo en el plazo «improrrogable» de un mes y con todos los efectos administrativos y económicos que le correspondan.
El juez hace ver en su ejecución definitiva que la administración sanitaria «removió antijuridicamente» a Fernández Vázquez de su cargo de gerente de este escalón asistencial sanitario en mayo de 2022, tras ocupar el puesto durante tres años y cuando al menos le quedaban seis meses.
También recuerda que declaró «nulo» el cese en febrero de 2023 y tras un año Sanidad «no ha cumplido la condena de la sentencia», lo que estima un tiempo demasiado «prolongado», en que la administración ha adoptado «formas encubiertas y subrecticias para intentar hacer pasar por cumplimiento lo que no lo es».
De hecho, el auto califica «de inadmisible resistencia» la oposición que ha mantenido la Consejería a hacer efectivo el mandato judicial. Por eso el magistrado considera al propio consejero de Sanidad (o a quien legalmente se encuentre sustituyéndolo) «necesariamente como el responsable y encargado del cumplimiento de la sentencia» que indica que José Pedro Fernández Vázquez debe ser repuesto como gerente de Atención Primaria del Área de León. Y en el plazo de un mes es quien debe acreditar «documentalmente» ante el juzgado «haber llevado a efecto de manera material y efectiva» que se ha repuesto al exgerente en el cargo.
La ejecución de la sentencia se instó, precisamente, al haberse dilatado en exceso el reintegro de Fernández Vázquez al puesto de gerente. A fin de «despejar cualquier duda que pudiera albergar la administración sobre cómo ha de cumplirse la sentencia», el juez indica que los efectos económicos y administrativos se determinarán «posterior o simultáneamente a la reposición del actor (José Pedro) en su puesto de trabajo.
Advierte que para lograr la efectividad de su mandato impondrá multas coercitivas de 150 a 1.500 euros diarios a la autoridad, funcionario o agente «identificado como responsable» que no lo lleven a cabo, «sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar», e incluso señala que podrá «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
El magistrado de lo contencioso-administrativo número 3 de León insiste en el «incumplimiento prolongado» de la sentencia que dictó al declarar nulo el cese de Fernández Vázquez y califica de «maniobra dilatoria» que Sacyl emita una resolución que ignora el contenido de sus pronunciamientos.
Aunque cabe recurso de apelación en el plazo de quince días, el magistrado remarca que ese recurso «no suspende ni paraliza el cumplimiento de lo que ordena en el auto» dictado este 1 de abril.