El secretario general de CC OO, Unai Sordo, que este miércoles ha participado en una asamblea con afiliados del sindicato en Murcia, espera que antes de las vacaciones de verano se alcance un acuerdo que permita reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2025. Sordo ha recordado que las patronales agrarias han sido las más reticentes a la hora de aplicar el salario mínimo interprofesional y ha advertido de que deberánen adaptar los convenios colectivos a la reducción de las horas de trabajo.
La intervención del líder de CC OO en el centro cultural Puertas de Castilla de Murcia ha coincidido precisamente con la apertura de las negociaciones del convenio que regula las condiciones de los 15.000 trabajadores en las empresas de Proexport, que se han iniciado este martes.
«Queremos denunciar la actitud de algunas patronales contra la subida del salario mínimo interprofesional, contra la reducción de la temporalidad o contra la reducción de la jornada», ha apuntado en una rueda de prensa previa a la asamblea.
Unai Sordo se ha referido expresamente «a las patronales del campo» y ha recordado que los sindicatos han respaldado a las organizaciones empresariales en «sus reivindicaciones para exigir la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que no tengan que trabajar a pérdidas» o en el apoyo a la producción nacional frente a la importación de terceros países para que la UE exija los mismos requisitos sanitarios.
«Igual que hemos sido corresponsables con esas reivindicaciones exigimos al sector agrario que se corresponsabilice con los trabajadores del campo. Sus condiciones laborales se regulan desde los convenios laborales y nos parece un escándalo la negativa sistemática de las patronales agrarias a renovar los convenios colectivos del campo", ha señalado.
Ha añadido que la Región de Murcia «es un ejemplo en este sentido, pero no es el único. Nos hemos encontrado con organizaciones en Extremadura que tenían el morro de plantarse en las mesas de negociación a exigir que aumentara la jornada de trabajo para que así el precio por hora se mantuviera aunque subiera el salario mínimo. Si pretenden competir en el futuro por la vía de la explotación, están condenando al sector agroalimentario», ha advertido.
También ha recordado que, mientras que las empresas se quejan de que no encuentran jornaleros, los trabajadores siguen marchándose a la vendimia francesa todos los años, porque en el país vecino tienen mejores condiciones laborales.
El máximo responsable de CC OO ha explicado que la pretensión de los sindicatos es conseguir un acuerdo antes del mes de agosto para que dé tiempo a empezar a trasladar la jornada de 37,5 horas a los convenios colectivos y a regular su aplicación en función de las circunstancias de cada sector empresarial. «El objetivo a largo plazo de los sindicatos es alcanzar la jornada de 35 horas semanales», concluye.
Se muestra convencido de que «es una medida compatible con la generación de empleo» y de que «sería capaz de generar nuevos puestos de trabajo. Además, sería una medida que favorecería a los mejores proyectos empresariales, aquellos que en el futuro van a generar beneficios y aumento de la productividad, no por la vía de la explotación laboral, de los bajos salarios y de las jornadas interminables, sino por la vía de la formación o la digitalización».
De igual forma ha expresado su deseo de que la reducción de la jornada laboral se pueda alcanzar mediante un acuerdo con los empresarios y que no sea necesario aplicarla mediante una reforma legislativa.
También ha aludido a la situación a la que se enfrentan los trabajadores fijos discontinuos a la hora de cobrar la baja por enfermedad, que queda reducida a una cantidad irrisoria, ya que la Seguridad Social les calcula el importe de la prestación en función de los días cotizados en los tres meses anteriores.
«No se pueden computar solo los últimos tres meses, porque a veces se da la circunstancia de que solo han trabajado diez días en ese periodo y lo que les queda es una miseria»
Unai Sordo ha recordado que en la Región hay más de 100.000 trabajadores en esta situación y ha exigido al Gobierno «una aclaración, porque los juzgados hacen interpretaciones a veces un poco excéntricas».
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