El Parlamento Europeo ha dado este jueves el visto bueno a la creación de un órgano ético único que interprete las normas mínimas de conducta en las instituciones europeas, tras el acuerdo de ocho de ellas, y examinará casos concretos de supuestas violaciones del código de conducta.
En la investigación transnacional 'MEP Misconduct Investigation', en la que participó Público, los expertos destacaban la importancia de crear un organismo de vigilancia independiente que fiscalizase la labor también de los eurodiputados que hasta ahora solo se autorregulaban y que, tal y como demostró el trabajo periodístico, eso había ocasionado que uno de cada cuatro tuviera delitos o escándalos en su historial.
En concreto el nuevo órgano estará vigente para Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Banco Central Europeo, Tribunal de Cuentas Europeo, Comité Económico y Social Europeo y Comité Europeo de las Regiones.
Esta institución de nuevo cuño "desarrollará, actualizará e interpretará normas mínimas comunes de conducta ética y publicará informes sobre cómo se han reflejado estas normas en las reglas internas de cada signatario".
Gracias a la posición de los eurodiputados, el órgano ético unificado tendrá competencias para evaluar casos específicos y emitir recomendaciones. En el mismo habrá participación de las instituciones firmantes, representadas por un miembro de alto nivel, y una presidencia rotatoria entre las instituciones.
Además, cinco expertos independientes apoyarán su labor y estarán a disposición de las instituciones y organismos participantes para consultas sobre declaraciones escritas normalizadas, incluidas las declaraciones de intereses, pudiendo emitir valoraciones sobre casos concretos.
De esta forma, la UE da un paso al frente para unificar criterios en el funcionamiento ético de sus principales instituciones, algo que planteó la Comisión Europea tras el escándalo generado por la trama de sobornos de Qatar y Marruecos en el Parlamento Europeo.
Con su propuesta, Bruselas quería cerrará la brecha entre "estándares diferentes y opacos" entre distintas instituciones para que todas cuenten con criterios "claros" y que se apliquen uniformemente. La puesta en marcha del órgano necesita ahora del acuerdo de todas las instituciones implicadas.
En un informe adjunto del eurodiputado Daniel Freund (aprobado por 301 votos a favor, 216 en contra y 23 abstenciones) que acompaña al acuerdo, el Parlamento Europeo subraya que la decisión final sobre el órgano ético corresponde a los firmantes y que cualquier consulta de los expertos independientes sobre un caso individual se iniciará a petición de una de las instituciones.
En todo caso los eurodiputados reiteran que el organismo debería poder funcionar a iniciativa propia, emitir recomendaciones de sanciones y estar compuesto por expertos independientes como miembros de pleno derecho.
Sobre el alcance de la vigilancia, los parlamentarios también insisten en que debería abarcar a miembros de las instituciones y órganos de la UE "antes, durante y después de su mandato". En este sentido han criticado la falta de voluntad del Consejo para permitir que el órgano cubra al menos a los representantes a nivel ministerial del Estado miembro que ostente la Presidencia del Consejo.
Igualmente, piden que las declaraciones de intereses financieros de los próximo comisarios que sean propuestos para el Ejecutivo europeo sean sometidas a examen de los expertos independientes.
La derecha y la extrema derecha en contra
El grupo parlamentario de Daniel Freund, los verdes, así como el de la izquierda europea, los liberales de Renew y el grupo de los socialdemócratas han apoyado mayoritariamente la medida. En cambio, los populares europeos y los dos grupos de extrema derecha en la Cámara (ID y ECR), se han opuesto a la misma. Entre los partidos españoles la tendencia ha sido la misma: el PSOE, los eurodiputados elegidos por Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, BNG y ERC y Junts han votado a favor y PP y Vox han votado en contra.
Como ya se explicó en Público a raíz de la investigación 'MEP Misconduct Investigation', Vox y PP han sido los dos partidos españoles que más han votado en la Eurocámara en contra de endurecer las medidas de control sobre la actuación y la transparencia de los eurodiputados.
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