El acuerdo firmado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos con el Ministerio de Agricultura activa el plan de 43 medidas políticas, económicas y fiscales que da respuesta a la "inmensa mayoría" de las reivindicaciones de la organización y cuyo impacto positivo en el sector se cifra en entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado hoy un acuerdo para activar un plan con 43 medidas de apoyo al campo. El texto del acuerdo contiene hasta 43 medidas políticas, económicas y fiscales y da respuesta a la "inmensa mayoría" de las reivindicaciones de la organización agraria UPA.
La firma del acuerdo supondrá la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge, en opinión de UPA, "logros de enorme relevancia" que llevaban largo tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.
El plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–. También se mantendrá la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.
Se flexibiliza la PAC y se reduce la burocracia
Los ecorregímenes –una de las principales y más polémicas medidas de la nueva PAC- se simplificarán notablemente, adaptándose a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponía Bruselas. Se eliminará también la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos. Y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.
Respecto a la ganadería, se flexibilizarán numerosos aspectos relativos al Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles. El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la Ganadería Extensiva para analizar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.
Estas medidas se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos. El Gobierno se compromete también a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se cancelarán tras la firma del acuerdo y que a su juicio culminan con un éxito de negociación "muy trabajado y muy luchado".