(CNN Español) — En el año en que Argentina cumple, por primera vez en su historia, 40 años ininterrumpidos de democracia, el país tiene un gobierno que confronta abiertamente las políticas llamadas de "Memoria, verdad y justicia", que juzgan los delitos cometidos por la última dictadura militar (1976-1983), que incluye el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de miles de personas y el robo de menores. Esa discrepancia termina reflejándose en el desfinanciamiento de las políticas oficiales de derechos humanos y, sobre todo, las relacionadas con la reparación por los delitos de la dictadura. Desde el gobierno sostienen que no hubo recortes, sino "ahorro" porque "el despilfarro era absoluto y total" y que "todas las áreas están llevando adelante sus actividades de acuerdo con el nuevo paradigma".
Según cálculos del Centro de Estudios de Política Económica Argentina (CEPA), el gobierno ejecutó 17% menos de presupuesto en términos reales en políticas de derechos humanos si se compara el periodo enero-marzo de 2024 con el de 2023.
El Banco Nacional de Datos Genéticos, un ente oficial creado en 1987 para recolectar y preservar muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas para encontrar a niños robados y apropiados por la última dictadura, tiene una subejecución de 37,25% en términos reales hasta ahora, según este análisis basado en datos oficiales.
Mayor fue el recorte del Archivo Nacional de la Memoria, que preserva documentación sobre la violación de derechos humanos en Argentina, en su mayoría vinculados con la última dictadura, y que sirve como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad: sufrió una poda de 56%.
El informe también da cuenta de que otras actividades no han tenido ejecución alguna: cayeron 100%. Eso sucede, por ejemplo, con el programa de fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad, que busca ayudar, entre otras cuestiones, a agilizar las etapas de instrucción de las causas (producción de pruebas) y juicios para evitar la llamada "impunidad biológica", por el fallecimiento de los imputados antes de lograr ser condenados, así como de testigos y familiares de víctimas.
La misma suerte corre la muestra permanente del Museo Sitio de Memoria ESMA, donde funcionó el centro de detención y tortura más emblemático de la dictadura en Argentina y que desde 2023 forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su prepuesto no ha sido ejecutado en lo que va del año.
"En términos reales, descontada la inflación, la ejecución de todas ––menos una–– de las partidas en materia de derechos humanos cayó muy fuerte. Hay algunos sectores en los que, directamente, no se han ejecutado ni un solo peso. Hablamos de una paralización total, han sido abandonados", explica el investigador del CEPA Juan Pablo Costa, que realizó este análisis. "La única actividad que tuvo un crecimiento fue la categoría de promoción y defensa de los derechos humanos, con una suba del 6% real", agrega.
Además, estos sectores no escapan a los recortes generales de todos los organismos del Estado, que están trabajando con el presupuesto prorrogado de 2023, atrasado en términos reales por la inflación, que ese año fue de 211,4% –la más alta del mundo–, y que en el primer bimestre de 2024 acumula 36,6%.
"En el resto de las áreas del Estado también hubo un fuerte ajuste, pero no con niveles de caída tan fuertes y con tantas actividades con prácticamente sin ejecución como en derechos humanos. Hablamos de una paralización casi total que está vinculada, obviamente, a que este es un gobierno que a la lucha por los derechos humanos no la tiene en agenda", añade Costa.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos sostienen que "no hay subejecución presupuestaria. Hay ahorro.
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Sus voceros agregaron que ningún Espacio de Memoria dejó de funcionar. "El Museo Sitio de Memoria ex ESMA funciona normalmente, el Archivo Nacional de la Memoria también. Todas las áreas están llevando adelante sus actividades de acuerdo al nuevo paradigma. Además se mejoró la imagen internacional de nuestro país contestando los requerimientos de los organismos Interamericanos y del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos", sostuvieron.
Al igual que en otras áreas del Estado, ya ha habido despidos y muchos temen quedarse sin empleo en las próximas semanas, a medida que el gobierno decide no renovar los contratos de trabajo temporales, como acaba de hacer con muchos que vencieron el 31 de marzo. Por eso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó varias protestas frente a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos reclamando la reincorporación de los despedidos y la renovación a los trabajadores contratados.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, rechaza que se desmantelen estas políticas públicas, de las que Argentina es punta de lanza.
"Argentina es un ejemplo a nivel regional e internacional respecto a cómo se lleva adelante todo lo que tiene que ver con la dictadura militar y sobre todo la implementación de políticas de reparación. Ahora viene el Gobierno y cierra y desmantela todos estos programas que costaron mucho llevar adelante y que tienen que ver con la memoria colectiva", sostiene.
"Tiene que ver con la construcción del proceso democrático argentino, con la creencia de un Estado de derecho. Todas cuestiones en las que este gobierno realmente no cree", agrega.
La versión del gobierno de Milei sobre lo sucedido en los 70
Ningún otro gobierno, ni siquiera el de Carlos Menem, que indultó en 1989 y 1990 a los máximos responsables de esos crímenes atroces (indultos que luego fueron declarados inconstitucionales), se animó a tanto con un tema tan sensible para los argentinos.
Para el presidente Javier Milei "en los 70 hubo una guerra" en la que "las fuerzas del Estado cometieron excesos", tal como sostuvo en el primer debate presidencial, donde dijo estar "en contra de una visión tuerta de la historia" al recordar que "terroristas de Montoneros, del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) mataron gente, asesinaron, torturaron, pusieron bombas", sin diferenciar las magnitudes de los delitos de un lado y del otro. En el primer caso, fue el Estado el que montó esa inmensa maquinaria represiva sistemática e ilegal, comprobada y condenada por numerosos tribunales de Justicia argentinos e internacionales, que también condenaron y encarcelaron a varios miembros de esas organizaciones subversivas aludidas.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuestiona la cifra de desaparecidos, que oscila entre alrededor de 9.000 que documentó Conadep hasta los 30.000 que sostienen algunos organismos de DD.HH., y trata de instalar un manto de sospecha de corrupción en el cobro de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado.
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Belski recuerda que el nuevo Gobierno tiene varios puntos de contraste con las políticas anteriores.
"El gobierno tiene una estrategia muy peculiar en términos de marcar una diferencia con el gobierno kirchnerista. Construyeron muy bien esta idea de 'casta' en el sentido de que detrás de todas esas personas hay procesos, contrataciones o negocios turbios, oscuros y que entonces todo lo que es 'casta' está vinculado a la corrupción, al robo y básicamente a los problemas que tenemos hoy los argentinos desde el punto de vista económico", sostiene.
"Con esta idea de que la casta es lo malo y a donde no hay que volver, lamentablemente se monta esta idea que todo lo que fue el proceso de Verdad, memoria y justicia hay que cuestionarlo, hay que volver a discutirlo y replantearlo", añade.
Villarruel se refería en esos términos en 2022: "Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las Madres de Plaza de Mayo, por las Abuelas (de Plaza de Mayo) y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos ni las Madres y las Abuelas son blancas palomas", sostenía la actual vicepresidenta en una conferencia en España organizada por el partido de ultraderecha Vox.
Villarruel proviene de una familia de militares activos en la década del 70, fundó una asociación civil autodenominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y ha reconocido que sostuvo encuentros en la cárcel con el dictador Jorge Rafael Videla, máximo responsable de la mayoría de las desapariciones denunciadas por haber gobernado entre 1976 y 1981.
Ya en el poder, Milei y Villarruel insisten en sus teorías: "En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos", afirmó la vicepresidenta el 21 de marzo, en su primera entrevista televisiva desde que asumió el cargo, pocos días antes de un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo para recordar el inicio de la última dictadura y que el kirchnerismo convirtió en feriado.
Ese domingo, mientras varios organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, el peronismo, gremios y muchos ciudadanos sin banderas políticas marchaban hacia Plaza de Mayo como cada 24 de marzo, el gobierno difundió en redes sociales "su versión" sobre los ́70 y la dictadura: un video de casi 13 minutos titulado "Memoria, verdad y justicia completa" en el que sostiene que "la historia no se contó de manera completa" y que "se hizo por plata".
"Hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes, de aquel entonces y de hoy, US$ 200.000 para cada uno", expresó allí Juan Bautista "Tata" Yofre, periodista y exjefe de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Menem.
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En el video también aparece Luis Labraña, exintegrante de la organización Montoneros, que sostiene que la cifra de víctimas de la dictadura se "inventó" y él fue quien pronunció por primera vez el número de 30.000 desaparecidos, luego convertido en símbolo. También habla una de las principales defensoras de la denominada "memoria completa": María Fernanda, hija del capitán Humberto Viola, muerto el 1° de diciembre de 1974 en un operativo del ERP.
Además de retuitear el video del gobierno, la vicepresidenta publicó en su cuenta de X otro video, realizado por su asociación civil, donde escribió: "Los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000". Esa etiqueta fue usada por muchos de sus seguidores para contrarrestar a quienes marchaban proclamando lo contrario.
Belski vincula las tácticas de polarización con intenciones ajenas al asunto.
"Nosotros creemos que la confrontación funciona como un vehículo para desviar la atención de problemas reales, como la pobreza, la indigencia, el hambre, la falta de acceso a medicamentos y todo ese tipo de problemas que estamos teniendo en Argentina. Con todo esto se tapa", afirma la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Pero esta táctica no solo se utiliza en el campo de los derechos humanos. Por eso, desde la organización advierten sobre los riesgos de un aumento de violencia con este tipo de discursos desde el gobierno. "Si el propio presidente está todo el día agrediendo, insultando y generando odio y violencia, eso es lo que transmite a la sociedad, que cree que está habilitada para eso. Entonces, es probable que se genere una sociedad mucho más violenta, mucho más agresiva", finaliza.
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