En una entrevista en RNE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha elevado un llamamiento urgente ante la creciente ola de violencia que ha llevado a la muerte de siete menores en España en lo que va del año 2024, una cifra alarmante que iguala la totalidad de casos registrados en el año 2021. Este pronunciamiento surge en respuesta al triple crimen de El Prat de Llobregat (Barcelona) que ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en relieve la necesidad de reforzar las medidas de protección hacia los menores.
La ministra Redondo ha enfatizado la importancia de «escuchar más a los niños» y ha instado a los jueces a no conceder visitas a los padres maltratadores, destacando la correlación directa entre el maltrato y la capacidad parental. Esta petición cobra especial relevancia en el contexto del reciente aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Protección de la Infancia de 2021, también conocida como Ley Rhodes. Dicha ley faculta a los jueces para retirar la custodia a padres que ejercen violencia, representando un avance significativo en la lucha contra el maltrato infantil. La ministra ha manifestado su expectativa ante la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazó un recurso presentado por Vox contra la normativa, subrayando la premisa de que «un maltratador no es un buen padre».
En medio de este escenario, Redondo ha subrayado el importante papel que juegan los entornos cercanos a los menores, como colegios, institutos y espacios sociosanitarios, en la detección temprana de situaciones de violencia. Ha hecho una llamada a la comunidad para no bajar la guardia en la lucha contra la violencia de género, calificándola como «un problema de todos».
La ministra ha refutado la idea de un «efecto llamada» como explicación al repunte de asesinatos de menores, argumentando la ausencia de datos suficientes que sustenten esta teoría. En su lugar, ha propuesto una aproximación colectiva y multidimensional para abordar y erradicar la violencia de género, la cual describió como el resultado de «un machismo estructural de 1.000 años».
Además, Redondo ha criticado a aquellos discursos políticos que, a su juicio, minimizan la gravedad de la violencia machista, haciendo especial referencia a la influencia de la ultraderecha en las administraciones públicas. Lamentó la eliminación de consejerías de Igualdad en las administraciones cogobernadas por PP y Vox y destacó la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, como parte esencial de los esfuerzos por proteger a las víctimas y prevenir futuras tragedias.
Este enfoque integral y las medidas propuestas por la ministra de Igualdad representan un paso adelante en la lucha contra la violencia de género y el maltrato infantil, subrayando la necesidad de un compromiso colectivo y políticas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de los menores en España.