"Defiendan la tierra, no se la dejen robar". El papa Francisco, extendió un llamado de solidaridad hacia los campesinos de San Juan Bautista de Catacaos, en Perú, instándolos a proteger sus territorios ante los intentos de expropiación por corporaciones relacionadas con el Grupo Sodalicio de Vida Cristiana.
Desde su residencia en Santa Marta, el líder de la Iglesia Católica enfatizó la importancia de custodiar sus tierras frente a los movimientos de desalojo impulsados por la asociación que enfrenta una serie de investigaciones por severos de abusos cometidos. "Yo sé lo que les pasa", manifestó.
Las 200 familias que residen en la región de Piura han enfrentado el robo de sus tierras por aproximadamente 2.000 hectáreas de territorio, además de acoso judicial. Todo comenzó en 2014 cuando entidades asociadas a Sodalicio buscaron legalmente despojar a los habitantes locales de sus tierras, alegando cambios en la titulación de propiedad que no son reconocidos por los pobladores. Hasta la fecha, el sistema judicial peruano no ha brindado una solución definitiva a este conflicto territorial.
Avanza la investigación del Vaticano contra el Sodalicio: Renuncia de un obispo
El obispo José Antonio Eguren presentó su renuncia a la arquidiócesis de Piura y Tumbes, acontecimiento que se produce en el contexto de la investigación dirigida por el Vaticano sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, entidad católica peruana señalada por casos de abusos y ostentar gran poder económico.
Esta investigación ha sido impulsada por el Papa Francisco, quien en julio del año pasado encargó al obispo de Malta, Charles Scicluna, y al monseñor Jordi Bertomeu la tarea de liderar el equipo investigador. La dimisión de Eguren ha suscitado una revisión profunda por parte de la Conferencia Episcopal Peruana, ante las implicaciones que este caso podría tener en el clero peruano, precisa un reportaje de ABC
El Sodalicio, fundado en 1971 por Luis Fernando Figari, ha estado bajo el escrutinio de la justicia y la opinión pública debido a las acusaciones de abusos sexuales y su considerable influencia económica, especialmente en la región de Piura. La misión de Scicluna y Bertomeu llegó a Perú para recoger testimonios de las víctimas, investigadores y miembros de la comunidad afectada, con el fin de esclarecer los hechos. La salida de Eguren de su cargo se interpretó como un movimiento significativo dentro de la estructura eclesiástica peruana, en una situación similar a lo que ocurrió en Chile tras el informe del caso Karadima.
Pese a la reticencia de Eguren a detallar los motivos de su renuncia, su partida fue acompañada de una serie de actos de despedida que contaron con la presencia de autoridades locales y fieles de la arquidiócesis. No obstante, representantes de la comunidad campesina de Catacaos se abstuvieron de participar en estos eventos, denunciando al Sodalicio por prácticas que consideraban contrarias a sus derechos y bienestar. Estas declaraciones se suman al contexto de la investigación, que busca dilucidar la extensión de los abusos y la injerencia económica del Sodalicio en áreas vulnerables.
Con la renuncia de Eguren, y previamente la de Kay Schmalhausen, otro obispo vinculado al Sodalicio, la organización ve disminuida su presencia y poder dentro de la Conferencia Episcopal Peruana. Este caso continuará desarrollándose a medida que avanzan las investigaciones del Vaticano, dejando en evidencia la complejidad de las dinámicas de poder y los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en su lucha contra los abusos y la corrupción interna.