El juzgado cuarto Administrativo Oral de Barranquilla acogió los argumentos de la Procuraduría General de la Nación y ordenó la nulidad del Acuerdo 11 del 2011 expedido por el Concejo de Santo Tomás, Atlántico.
A través del documento, se adoptaban ajustes y modificaciones generales al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, mismo que, según el Ministerio Público, no habría cumplido con varios elementos del proceso.
La justicia sentenció que el municipio "no acreditó el cumplimiento de las etapas de concertación, revisión ni de ajuste de los temas ambientales que se contemplaron en el EOT para la vigencia 2011″.
Por lo anterior, aseguraron que se violaron las normas en que debería haberse fundado el acto demandado que regulaba los usos del suelo.
"Existe toda una regulación que privilegia los procesos de participación a través de la concertación dada la relevancia de los intereses que están de por medio", señaló el Juzgado.
Asimismo, afirmaron que, antes de someter el proyecto de plan a aprobación del concejo, la entidad territorial debió remitirlo a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) por el término de 30 días hábiles, "en aras de alcanzar la participación comunitaria prevista para estos casos".
Finalmente, la juez puntualizó que, si bien las decisiones que se adoptan tienen componentes políticos vinculados a la manera en que se comprende la organización del territorio y la relación de cada uno de sus elementos, estas "no pueden ser caprichosas, inmotivadas o apoyadas en intereses particulares (…)."