Las Asociaciones Memorialistas de Castilla y León, en conjunto, han expresado su firme rechazo hacia lo que denominan la «mal llamada Ley de Concordia», propuesta por los grupos parlamentarios del Partido Popular y VOX en las Cortes regionales. Según estas asociaciones, la ley propuesta no promueve la concordia, sino más bien la discordia, al oficializar el negacionismo, reescribir la historia y contravenir los derechos humanos.
El proyecto de ley, registrado el pasado martes 26 de marzo, busca reemplazar el Decreto 9/2018 de 12 de abril, que regulaba las actuaciones sobre memoria democrática en la región. Las asociaciones memorialistas consideran que esta iniciativa legislativa representa un retroceso significativo, ya que perpetúa el discurso de odio de la ultraderecha, equiparando democracia y dictadura, y tratando de igualar a víctimas y verdugos.
Desde el punto de vista de las asociaciones memorialistas, la denominada Ley de Concordia es una excusa para encubrir crímenes contra la humanidad, ocultar la memoria histórica y silenciar las voces de las víctimas. Además, argumentan que la ley propuesta desconoce la realidad de las víctimas del levantamiento militar de 1936 y el franquismo, ignorando torturas, desapariciones forzadas, robos de bebés y otras atrocidades cometidas durante ese periodo.
El artículo 4.4 de la ley, según las asociaciones, es particularmente preocupante, ya que contradice el deber de memoria y obliga a la ocultación de las víctimas y los crímenes cometidos contra ellas. Esta disposición, junto con otras restricciones, como la exclusión de las asociaciones memorialistas de proyectos de investigación y la dificultad para obtener permisos administrativos, dificulta aún más el trabajo de estas organizaciones en la recuperación de la memoria histórica.
Las asociaciones memorialistas han manifestado su intención de tomar medidas legales y presentar recursos contra esta ley, considerándola inconstitucional y una clara vulneración de los derechos humanos. Además, planean denunciar la ley ante organismos regionales, estatales, europeos y de Naciones Unidas, con el objetivo de detener su avance y proteger la memoria democrática y los derechos de las víctimas.
En conclusión, las asociaciones memorialistas de Castilla y León se han posicionado en contra de la Ley de Concordia propuesta por el PP y VOX, argumentando que socava la verdad histórica, vulnera los derechos humanos y representa un retroceso en la lucha por la justicia y la memoria democrática en la Comunidad.