La carta que ha enviado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al presidente de la comisión de las mascarillas en el Congreso pidiendo que reconsidere la citación de los tres fiscales ha hecho que el PSOE se replantee las citaciones.
Según fuentes socialistas a laSexta, en estos momentos, tras leer la misisva del fiscal general, están "dando una vuelta" al listado de comparecencias. El encaje no es sencillo después de la publicación de la lista, por lo que las mismas fuentes señalan que se está estudiando cómo proceder y si en el caso de que decidan que no comparezcan habría que no convocarles directamente o si habría que votar una nueva lista.
Los fiscales citados son Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea; Codruta Kovesi, la fiscal jefa de la Fiscalía Europea; y Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
Desde la Fiscalía se considera que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal y el ejercicio de la acción penal pública.
A su juicio, la comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.
Desde la Fiscalía se considera que estas comparecencias no tienen sentido y piden sacar a la institución de la lucha política y partidista. Una postura que ha apoyado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha indicado que "no tiene sentido que jueces y fiscales sean citados para hablar de causas que se están instruyendo".
Las mismas fuentes socialistas añaden que nunca percibieron en las negociaciones para la conformación de las listas que Junts y Bildu tuvieran especial interés en los fiscales y que los incluyeron sin calibrar más allá de que había precedentes de fiscales compareciendo y que lo pedían los grupos.
No obstante, analizando precedentes anteriores, hay otras comisiones en las que se se ha citado a fiscales. Es el caso de la comisión de investigación del 11M en el Congreso. En ella, el 15 de julio de 2004, sólo cuatro meses después de los atentados, comparecía el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Fungairiño Bringas y hablaba de la autoría del atentado, de los explosivos y respondía a las preguntas sin que se marcara ningún límite. El 25 de octubre de 2004 también compareció el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Asturias, Gerardo Herrero, ante dicha comisión. Preguntado por la dinamita, su respuesta entonces fue que era "una cuestión que está ahí, hay una causa judicial abierta y poco puedo decir sobre eso".
La Fiscalía y el 'caso Koldo'
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace meses una serie de contratos que fueron adjudicados a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Según la querella del Ministerio Público, el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio --ADIF-- "donde asesoraba al titular" del mismo. "Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes", añade.
En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.
La investigación en la Fiscalía Europea
En la lista de solicitudes de comparecencia del PSOE figura también el fiscal Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido la investigación de los contratos de Baleares y Canarias con los principales imputados del denominado 'caso Koldo', y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi.
Fue el pasado marzo cuando este órgano comunitario acordó abrir una investigación sobre los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama toda vez que podrían haber sido abonados con fondos europeos.
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