La decisión de Pedro Sánchez de continuar en La Moncloa marca inevitablemente el devenir de la legislatura, en la que el Gobierno endurecerá especialmente su ofensiva contra los jueces. Sánchez ha empleado estos cinco días en construir el relato sobre una supuesta «ofensiva» o «acoso» contra él y su mujer, Begoña Gómez- investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ésa es la pantalla para acometer un plan de «regeneración democrática», en los términos usados por el bloque de la izquierda. Un plan «de limpieza», como ha llegado a decir el propio Pedro Sánchez, en el que cobra especial prioridad la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encallada desde hace cinco años por la negativa del líder del PSOE a aceptar que los jueces sean elegidos por sus pares. El plan, que Sánchez ya ha encargado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, implicaría una rebaja de la mayoría de tres quintos a una mayoría simple, lo que permitiría al Ejecutivo esquivar al PP.
El acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Sumar para formar su coalición de Gobierno ya hace referencia a la especial situación del CGPJ, avisando que se asegurará «el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de los órganos constitucionales», como el Poder Judicial, «impidiendo la deslealtad constitucional de algunos actores políticos», en clara alusión al PP. Este lunes, nada más conocer la decisión del presidente, Yolanda Díaz se apresuró a recordarle: «Tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá». Podemos también ha advertido directamente a Pedro Sánchez que es necesario renovar el CGPJ «sin el PP, cambiando las mayorías».
El plan consistiría en recuperar la reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para rebajar la mayoría de tres quintos para elegir a los miembros del CGPJ.
La Constitución establece que el órgano de gobierno de los jueces está integrado por un presidente y por 20 vocales. De ellos, 12 deben ser elegidos «entre jueces y magistrados» y en los «términos que establezca la ley orgánica». Los otros ocho serán designados por el Congreso y el Senado «entre abogados y juristas» de «reconocida competencia» y con más de 15 años de «ejercicio en su profesión».
Actualmente, la ley establece que los 20 vocales son designados por el Congreso y el Senado, a razón 10 miembros cada una de las cámaras.
En 2020, los entonces socios PSOE y Podemos registraron en el Congreso una ley para renovar a los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta, asegurándose así su elección sin contar con el PP. El plan generó las críticas de la oposición -que acusó a Sánchez de actuar con un mecanismo «dictatorial»-, los recelos de los jueces y el rechazo de Bruselas por su ataque a la independencia judicial. El Consejo de Europea llegó a avisar que la reforma podría «violar los estándares anticorrupción» y el Ejecutivo acabó renunciando.
El Gobierno alegaba que «según el tenor literal» de la Constitución «se requiere mayoría de tres quintos para la designación de los ocho vocales del CGPJ que han de ser propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado (…) Sin embargo, ni el sistema de elección de los doce vocales correspondientes al turno judicial, ni la mayoría concreta que habrá de exigirse para su designación, fueron objeto de regulación por parte del constituyente», aunque la actual ley determine hacerlo también por tres quintos.
«Queda, por tanto, encomendada al legislador orgánico la adaptación del sistema de elección de estos vocales a la realidad del momento (…)», recogían en la iniciativa. Proponían así que, de no alcanzarse la mayoría de tres quintos exigida en primera votación, los 12 vocales de la carrera podrían ser elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación, 48 horas después de la primera.
El plan buscaría, además, aniquilar al Senado -una cámara ahora muy incómoda para el Gobierno porque el PP tiene mayoría absoluta- anulando el nombramiento de los seis vocales de la carrera que le corresponden. De esta forma, el Congreso elegiría a los doce vocales jueces y a los otros cuatro que ahora ya designa entre abogados y juristas.
«Limpieza»
En su declaración institucional en La Moncloa -sin presencia de la prensa-, Sánchez ya avisó que su continuidad al frente del Gobierno es «un punto y aparte».
«He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo», advirtió el dirigente socialista. En varios momentos de su intervención, avanzó su intención de «trabajar sin descanso» por la «regeneración pendiente de la democracia».
En su autodenominada «carta a la ciudadanía», publicada el miércoles a través de sus redes sociales, Sánchez denunciaba una campaña de «acoso y derribo» contra él y su mujer Begoña Gómez, después de que un juez abriese diligencias tras recibir una denuncia contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, consideraba que formaba parte de la misma estrategia que las informaciones sobre su mujer publicadas en una «constelación de cabeceras ultraconservadoras» según las definió.
En opinión de Sánchez, la sociedad española debe decidir «qué tipo de sociedad» quiere ser y, por tanto, necesita hacer una «reflexión colectiva».
«De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio», insistió desde La Moncloa, apelando a la «conciencia colectiva» para hacer frente al «fango» que, dice, «coloniza impunemente la vida política y la vida pública contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años».
CIS
El sondeo flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, con motivo de la carta de Sánchez, ya apuntala las intenciones del Ejecutivo.
Tezanos, con preguntas dirigidas, se interesa por la opinión de los encuestados sobre la situación de la Justicia en España. «¿Cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?». Un 82,6% cree lo segundo y apenas un 9,5% dice que «actúa de forma imparcial». Un 81,4% considera «necesaria» una reforma de la situación de la Justicia española, según el CIS de Tezanos.