Idaho vs Estados Unidos, el caso del derecho al aborto cuyos argumentos se presentaron ante la Corte Suprema el miércoles generó intensos cuestionamientos y comentarios, particularmente por parte de sus tres juezas liberales.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema se mostraron escépticos durante una audiencia sobre si una ley federal puede proteger la vida de las personas embarazadas cuando están en riesgo de morir o si, por el contrario, deben prevalecer las legislaciones estatales que prohíben por completo el aborto.
Algunos jueces conservadores, que tienen una mayoría de 6-3, se mostraron escépticos sobre la demanda de la administración Biden, que sostiene que la prohibición estatal de Idaho restringe tratamientos que potencialmente salvan vidas para mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo.
Los miembros liberales del tribunal parecieron respaldar la posición de la administración.
Lo que está en discusión en Idaho vs Estados Unidos es si la prohibición casi total del aborto en Idaho es tan estricta que viola una ley federal que exige atención de emergencia para cualquier paciente, incluido el aborto para mujeres embarazadas en situaciones de salud extremas.
El fallo de la Corte Suprema en este caso podría repercutir más allá de Idaho, en al menos media docena de otros estados que tienen prohibiciones del aborto igualmente restrictivas.
Las consecuencias del fallo de la Corte Suprema también implicarían si los estados tienen la autoridad para restringir legalmente otros tipos de atención médica de emergencia y si la ley federal permitiría reclamos de personalidad fetal.
El origen del caso Idaho vs Estados Unidos
Desde que en junio de 2022, la Corte Suprema eliminó la protección federal al aborto al anular el fallo Roe vs Wade, decenas de estados conservadores han llevado a cabo un ataque frontal contra los derechos de las mujeres al implementar restrictivas leyes contra el aborto.
Ese mismo año, la Administración del actual presidente, Joe Biden, demandó al estado de Idaho -donde el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo- alegando que las restricciones a este procedimiento, en parte, están reguladas por la ley federal y que no se pueden interponer cuando se trata de salvar la vida a las personas embarazadas.
Para defender esta postura, se invocó la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia (EMTALA), de 40 años de antigüedad, que obliga a los hospitales que reciben fondos federales a prestar atención médica de emergencia a cualquier persona, también por cuestiones reproductivas.
Sin embargo, esta interpretación de la EMTALA fue rechazada por los jueces conservadores de la Corte Suprema, que constituyen la mayoría del tribunal, al considerar que el gobierno federal no puede obligar a hospitales privados que reciben fondos federales a violar la ley propia de un estado.
Por otro lado, las tres juezas progresistas sí respaldaron que la ley de atención de urgencias prevalece sobre la prohibición de Idaho en aquellos casos en que está en juego la vida de las gestantes.
Así pues, después de escuchar los alegatos orales durante casi dos horas, la Corte Suprema debe decidir hasta qué punto pueden extenderse las prohibiciones de los estados en casos de emergencia médica, y se espera que su decisión se conozca en junio.
Esta audiencia atrajo a las cercanías de la corte a cientos de manifestantes en favor de proteger los derechos de salud reproductiva, entre los que se encontraba Marilyn Frankgub, una mujer que condujo 15 horas sola desde Wisconsin "para proteger los derechos de las mujeres".
"Parece que volvamos a los años 50, la gente va a morir si no puede abortar ni en casos de emergencia", lamentó desde en medio de la multitud, que sacudía pancartas en las que se podían leer frases como "nos mantenemos a salvo".
Aparte de la convocatoria respaldada por organizaciones como Planned Parenthood y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), a las puertas del Tribunal Supremo también acudió un pequeño grupo antiabortista, separado de los manifestantes en favor del derecho al aborto por una valla.
"A ustedes no les importa si las mujeres mueren. Nos quieren intimidar, pero son unos mentirosos", les reprochó desde un escenario situado ante la corte la presidenta y directora de la organización sin fines de lucro Reproductive Freedom For All, Mini Timmaraju.
Sobre este caso, la directora de la Iniciativa de Mujeres del Center for American Progress (CAP), Sabrina Talukder, declaró: "Las mujeres de la Corte Suprema fueron ejemplares. Hicieron las preguntas difíciles, pusieron en primer plano las historias personales de pacientes y proveedores, y no permitieron que Idaho ignorara las realidades médicas en el estado. El resultado de este caso afectará el futuro de la atención del aborto de emergencia en todos los estados y abre la puerta a otras excepciones a la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia de las que dependen innumerables personas en todo el país para recibir atención de emergencia".
A nadie se le debe negar este tipo de tratamiento. La decisión sobre la atención del aborto de emergencia debe dejarse entre médicos y pacientes. Punto".
En pleno año de elecciones, el aborto se ha convertido en un tema político entre demócratas y republicanos y hay estados movilizados para incluir el derecho al aborto en la boleta electoral y es también una las batallas legales sobre su acceso sobre las que existen interrogantes, puesto que en junio también se espera que la Corte Suprema emita su veredicto sobre el futuro del uso de la píldora abortiva mifepristona en el país.
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