La corrupción, como tema de negocios sucios de los gobiernos, siempre ha ocupado más espacio en los comentarios de los políticos y de la gente que las eventuales y fugaces penalidades posteriores.
Simplemente porque ha habido más corrupción que pena, algo que no se puede discutir aunque trate de disimularse.
Profundizada como nunca antes la corrupción (y no sólo aquí), también se intensifica, o al menos parece serlo, el escrutinio público sobre ella y más sobre su castigo.
Hoy no sólo caen bajo esa atención los funcionarios coimeros, sino también las empresas coimeras.
Pero no sólo ellos, sino también los jueces, a los que empiezan a sumarse los legisladores. Y fundamentalmente sus fueros, demasiado vecinos de la impunidad.
Algo más se añade: los tiempos. Confluyen circunstancias.
Una: el ex presidente Menem, penado después de más de 20 años con cárcel por la Cámara de Casación, procurándose en octubre más fueros como senador.
Otra: el pedido de desafuero para el ex ministro y actual legislador Julio De Vido, que hizo el fiscal Stornelli, que ya actuó con Menem y la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (e incluyó la voladura de la fábrica militar de Río III, causa gravísima conexa).
Tiene la particularidad de exponer no sólo la conducta del juez que debe decidir, sino además la de los diputados que tendrían que decidirlo si el juez accediera al pedido del fiscal.
Es también el entramado legal el que cae bajo ese nuevo y efectivamente mayor escrutinio general sobre la conducta conectada de los tres poderes del Estado: el funcionario comprometido, los jueces que lo juzgan y en este caso, los legisladores que tendrían la responsabilidad de decidir el desafuero de De Vido si es que el juez lo reclamara. Si no lo considera así, el desafuero es una abstracción.
El caso es que sobran limbos legales y sobra corrupción de tal modo que su penalización queda exclusivamente en la decisión del voto de cada uno.
El limbo con los fueros, materia de inacabable debate e interpretación, se suma al limbo de las sentencias y pocos dudan que se trate de una casualidad, sino que más bien es un cuidadoso andamiaje.
Por eso mismo, la cuestión entra de lleno en la campaña por las legislativas.
La propia Cristina Kirchner, candidata, entra en la ecuación y, aunque el resultado del voto sea incierto hasta octubre, su nombre figura en ella.
Ocurre, entonces, que la corrupción que va y viene en los juzgados, en la política está perfectamente activa.
En esa presencia hay una lucha por la captación del voto castigo entre el Gobierno y el massismo, como acaba de verse horas atrás con la media sanción en Diputados de la imprescriptibilidad de esos delitos.
La oposición K en Diputados brilla por su presencia. Puede brillar aún más en Senadores.
Se trata de una cuestión que se extiende más allá de la campaña y del resultado electoral en el recambio legislativo: se introduce en el propio peronismo, que ausculta su futuro como partido llevando o no el lastre K.
Cuestión que ya no sólo queda en manos de los políticos, sino que pasa, como muy pocas veces antes, a las manos de los votantes.
Así, estas legislativas trascienden la renovación de nombres. Se introducen en la renovación de la política.