Dicen que sólo pretenden que se cumpla la ley. Sus hijos tienen discapacidad intelectual y batallan porque las administraciones reserven el 2% de las plazas para el colectivo, como está estipulado. En este caso, su lucha es contra el Ayuntamiento de Málaga. Porque las bases que salieron recientemente de la oferta de empleo público (OPE) de 2023 del Consistorio, reservan un 10% para personas con discapacidad en general.
Pero los padres y madres esgrimen que, como establece la ley andaluza, la reserva tiene que ser de un 7% de las plazas para cualquier discapacidad, un 2% para la intelectual y un 1% para candidatos con enfermedad mental. Los progenitores –del colectivo Nosotros también contamos– argumentan que si no se desagregan las plazas de forma específica, los aspirantes con una minusvalía física o sensorial siempre tienen más posibilidades que aquellos con una discapacidad intelectual. "No podemos competir", afirma Consuelo Lozano. Lo dice en plural, aunque el que oposita es su hijo, de 33 años.
La OPE de 2023 del Ayuntamiento sacó 179 plazas. Así que según sus cuentas, una docena sería para aspirantes con minusvalía física, cuatro para candidatos con discapacidad intelectual y dos para personas con enfermedad mental. Este lunes presentaron alegaciones a las bases. Lo hicieron ante el Registro del Ayuntamiento de Málaga. Pero también están acudiendo de forma individual al Defensor del Pueblo andaluz, para que tome cartas en el asunto.
Josefa Fernández es madre de Pedro Muñoz, que tiene 34 años y lleva opositando desde los 25. "Llevan muchos años esforzándose y no acceden", dice por su hijo y por los de otros padres. Acota que con la reserva de plaza genérica –sin una específica para personas con discapacidad intelectual–, éstas "no tienen casi ninguna oportunidad", opina.
Consuelo matiza que pelean por su inserción laboral, que es mucho más que una razón económica. "No sólo es para que tengan un ingreso. También es para que se inserten en la sociedad, se integren y se sientan útiles", explica.
Aunque el afán de los padres del colectivo Nosotros también contamos no es únicamente por los ingresos, que sus hijos cuenten con un empleo digno para defenderse en la vida es una de las metas. El hijo de Josefa tiene una discapacidad intelectual alta y es huérfano. Así que percibe una pensión relativamente elevada, de 705 euros; pero una cantidad a todas luces insuficiente para subsistir solo.
Sin embargo, el de Consuelo como tiene una discapacidad intelectual del 51% no recibe ninguna pensión. "Nunca ha cobrado nada. Lo vivo con angustia porque nos estamos haciendo mayores", reconoce. Ella tiene 65 años y su marido sufre un cáncer con metástasis. Así que no para de darle vueltas a qué pasará cuando ellos le falten. Cuenta que su hijo trabajó en una empresa privada. Pero tuvo un cáncer de piel y cuando se reincorporó tras superar la enfermedad, "lo echaron". Acota que a las personas con discapacidad intelectual, "las empresas privadas no las quieren y si las cogen, son bastante abusivas, con cierta propensión a aprovecharse de ellos".
Hace un año, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad una moción del PSOE que acordaba aplicar la ley andaluza (que mejora la estatal) en este asunto, que hubiera bases y temarios adaptados para aspirantes con discapacidad intelectual y que las tasas fueran gratuitas. Pero ambas madres denuncian que no se cumple. También critican las "trampas" que hacen las administraciones para "eludir la ley", como sacar plazas de mayor nivel de estudios para discapacidad intelectual y no aquellas de menor exigencia cognitiva a la que sí podrían acceder.