Este mes de abril ha arrancado el juicio a Daniel Sancho en Tailandia, después de que el pasado mes de agosto de 2023 confesase el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Recientemente, se ha sabido que Juan Gonzalo Ospina, abogado español que representa a la familia de Edwin, declarará esta próxima semana como testigo en representación de la familia en el juicio.
El despacho Ospina Abogados ha anunciado en un comunicado que la Corte de Koh Samui, ante la que se está juzgando a Sancho, ha aceptado la comparecencia como testigo del letrado, y se espera que su declaración sea el 23 o 24 de abril. "Juan Gonzalo Ospina se desplazará a Tailandia en las próximas horas, donde permanecerá los días necesarios para cumplir el encargo de la familia Arrieta y garantizar la correcta línea procesal del caso en esta fase", informa el comunicado compartido este domingo.
Esta noticia llega tan solo dos días después de que los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia presentasen una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui. Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron a EFE que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.
La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio, el pasado 9 de abril, se volvió a presentar este viernes con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes. La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).
Piden indemnización
Arrieta mandaba dinero a sus padres antes de ser asesinado por Daniel Sancho
Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán, ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y "desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza". Es por eso que piden una indemnización.