El juzgado de Instrucción 1 de Lugo mantiene todavía activa una causa en la que el único implicado es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular de esa comunidad. Se trata de una pieza separada de una investigación que inició en 2014 la jueza Pilar de Lara, que entonces dirigía un juzgado que se hizo famoso en todo el país por sus numerosas macrocausas.
Uno de esos gigantescos sumarios fue el que en principio se conoció como Pokemon, en el que se investigaron las relaciones de políticos de todo signo con empresas adjudicatarias de servicios públicos por media España. Una de esas empresas era Aquagest, una firma especializada en la gestión de los servicios públicos de agua, con contratos con decenas de administraciones.
Fue en ese ámbito en el que surgió el nombre de Alfonso Fernández Mañueco. Los indicios en poder de la jueza instructora indicarían que cuando el político era alcalde de Salamanca, cargo que ocupó entre 2011 y 2018, habría recibido como regalo por parte de Aquagest una entrada para ver en el estadio Santiago Bernabéu el partido de primera fase de Champions entre el Real Madrid y el Olympic de Lyon, que se disputó el 18 de octubre de 2011 y que finalizó con victoria del equipo español por 4-0. Se trataría, por lo tanto, de un presunto delito de cohecho impropio.
Se da la circunstancia de que esta pieza se individualizó en 2020, seis años después de iniciadas las investigaciones principales, una vez que los tribunales superiores ordenaron al juzgado de Lugo separar cada uno de los casos relacionados con Aquagest y con otras empresas y los remitiera a los partidos judiciales correspondientes. En aquellas fechas salieron de Lugo papeles hacia toda Galicia, Cataluña, Valencia y Asturias, entre otras comunidades autónomas.
La pieza referente a Mañueco fue enviada, por tanto, a Salamanca, donde se habría cometido el acto objeto de investigación, y recayó en el juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad. Este, sin embargo, en 2022 rechazó hacerse cargo del mismo, al considerar que la instrucción ya estaba finalizada y que le correspondía al número 1 de Lugo decidir qué hacer. Ante el conflicto entre ambos juzgados, se planteó una cuestión de competencia que el Tribunal Supremo acaba de resolver hace unos días.
El alto tribunal ha devuelto la investigación al juzgado de Lugo, ya que "se trata de algo más que una inhibición tardía, estamos ante una instrucción finalizada".
Mañueco es aforado
"En definitiva", indican los jueces del Tribunal Supremo, "el órgano competente para adoptar la resolución sobre si procede acordar el sobreseimiento ante la falta de indicios sólidos y cualificados —no meras conjeturas— para elevar exposición razonada alguna al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo respecto al aforado, en cuanto parlamentario y presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León, o por el contrario acordar elevarla, corresponde al juzgado que ha instruido la causa".
En su argumentación, la Sala de lo Penal del TS reprocha que "no es correcto, en términos de competencia, que sin una variación de los hechos se proceda a una inhibición de la investigación cuando está ya ha concluido, pues se ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado, sin que, como se ha indicado, existan motivos que justifiquen la resolución de la inhibición".
Un asunto al que se augura poco recorrido judicial
Con la instrucción finalizada y dos juzgados intentando quitarse el asunto de encima, el caso ha regresado a Lugo. Será el titular de Instrucción 1 el que deba tomar la decisión definitiva: o el sobreseimiento definitivo o elevar la petición del suplicatorio, ya que Mañueco es aforado en tanto que parlamentario y presidente de Castilla y León. No se puede dar un paso más sin reclamar ese aforamiento.
Prescrito o sin entidad
No obstante, fuentes consultadas por este diario auguran muy poco recorrido al asunto y apuestan por el sobreseimiento directo.
Los motivos fundamentales son dos: primero, que es muy posible que el supuesto delito, de haberlo, estuviera prescrito. Y el segundo, que se trataría de un cohecho impropio por un regalo de muy escasa entidad, algo sobre lo que ya se han pronunciado el Supremo, el TSXG y la Audiencia Provincial cuando ordenaron archivar las investigaciones en Lugo por el regalo de botellas de vino a varios políticos.