Nunca ha sido fácil gobernar los estados. La tarea se complica cuando a los gobiernos estatales llega gente poco capaz o sin las habilidades necesarias para sortear con eficacia los problemas políticos y administrativos, propios de las entidades federativas en su relación con la gente que gobiernan y con los poderes del centro, principalmente con el presidente de la República y su gabinete.
En un tiempo se creyó que las alternancias políticas en los estados serían la panacea para resolver los problemas en un marco de mayor pluralidad y capacidad de gobierno… pero no. Los que ganaban elecciones prometiendo ser diferentes, en ocasiones salían peor que los desplazados.
Las alternancias y la pluralidad trajeron mayor libertad de elección y enfoques diferentes en materia de gobierno, pero no un nuevo modelo para el abordaje de los problemas y las soluciones. Eso sí, a partir de esos cambios varios exgobernadores empezaron a caer en la cárcel perseguidos por sus sucesores.
Durante el largo período que gobernó el PRI (1929-2000) se experimentó la alternancia política en algunos casos empezando por Baja California (1989), Guanajuato (1991), Chihuahua (1992), Jalisco (1995), Nuevo León y Ciudad de México (1997), Zacatecas y Aguascalientes (1998), Baja California Sur y Tlaxcala (1999), y Morelos (2000).
A la cárcel fueron los ex gobernadores de Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y Nayarit entre otros. Antes no se les encarcelaba, se les quitaba y ya. Todo empezó en 1999.
En 1933 se prohibió en definitiva la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados, y en 1943 se amplió el período de los gobernadores (de 4 a 6 años).
Hasta la salida del gobernador Aguirre Rivero en 2014 por el conflicto de la Escuela Normal de Ayotzinapa una gran cantidad de gobernadores no lograron concluir sus encargos por diversos motivos: Separación del cargo por decisión del presidente de la República; incapacidad en el desempeño del cargo; promoción a otros cargos públicos, principalmente en el Ejecutivo federal; o por la temida "desaparición de Poderes" prevista en al artículo 76 de la Constitución y aplicada por última vez —hasta ahora— en 1975 en los casos de Hidalgo y Guerrero. En el gobierno de la llamada 4T no se ha tocado a los gobernadores ni con el pétalo de una rosa, por más muestras de incompetencia e ineptitud que muestren.
Sonora ha experimentado en 111 años (1913-2024) la desaparición de Poderes en tres ocasiones. La primera en 1913, cuando el gobierno de la entidad y su Congreso, a través de la XXII Legislatura local, decidieron no reconocer como presidente de México a Victoriano Huerta, por la forma que llegó y por los crímenes cometidos contra Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a la sazón presidente y vicepresidente de México.
Dice González Oropeza: "La Secretaría de Gobernación solicitó del Senado la declaratoria de desaparición respectiva. Las comisiones unidas que dictaminaron al respecto manifestaron que, por la notoriedad de los hechos ocurridos, resultaba de obvia resolución y necesaria la declaratoria de desaparición de poderes, aprobándose dicho dictamen en la misma sesión en que se dio primera lectura y aprobando además el nombramiento de gobernador provisional recaído (sic) en favor de Francisco H. García el 12 de marzo de 1913".
García se trasladó por mar a Guaymas, pero no pudo llegar a Hermosillo para tomar posesión del cargo porque el puerto estaba sitiado por las fuerzas de Álvaro Obregón. Estuvo unos cuantos meses ahí y al final regresó a la Ciudad de México. Es la única ocasión en que Sonora ha tenido dos gobernadores del estado: García, nombrado por Victoriano Huerta y el electo en 1911 José María Maytorena.
En 1929 se presentó la rebelión de una parte del ejército contra el presidente Emilio Portes Gil y el ex presidente Plutarco Elías Calles. En Sonora la rebelión contra el gobierno central la encabezó el gobernador Fausto Topete (1927-1931) sumándose a la "revolución renovadora" o "escobarista" (por el General Gonzalo Escobar) y argumentando un resentimiento generalizado de una parte importante del ejército por el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón Salido, con enfrentamiento directo con el expresidente Plutarco Elías Calles.
El presidente Emilio Portes Gil alentó al Senado a desaparecer los Poderes en el Estado de Sonora, lo que sucedió en marzo de 1929, quedando como gobernador sustituto Francisco Elías Suárez, un personaje vinculado al expresidente Calles que ya había ocupado la gubernatura de 1921 a 1922.
El 16 de diciembre de 1935 el secretario de Gobernación Silvano Barba González envía oficio a la Cámara de Senadores con el siguiente texto: "Me refiero a su atento oficio de esta fecha, por el que se sirven comunicar al ejecutivo federal para los efectos de la fracción V del artículo 76 de la Constitución política general que el Senado de la República tuvo a bien (sic) declarar desaparecidos los poderes del Estado de Sonora.
En respuesta, tengo el honor de manifestarles que, enterado el señor Presidente de la República de dicha comunicación, me dio instrucciones en el sentido de que proponga a esa H. Cámara, por el muy digno conducto de ustedes, los nombres de los ciudadanos: General Jesús Gutiérrez Cázares, General Ignacio Otero y Gustavo Padrés a fin de que dentro de ellos, sea designado el gobernador provisional. Reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración".
Gutiérrez Cázares gobernó de 1935 a 1937 y entregó el poder al general Román Yocupicio que concluyó el período en 1939.
En 1975 Sonora corrió el riesgo de la desaparición de Poderes si el gobernador Carlos Armando Biébrich no hubiera decidido renunciar a tiempo —previendo esa medida—.
Otros tiempos. Otros estilos de gobierno y otras medidas políticas para salvaguardar la gobernabilidad o cobrar facturas políticas. Ahora y con malos gobernadores, improvisados e incapaces, postulados por Morena (Veracruz, Campeche, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Colima, etcétera), ¿qué hacer ante esa crisis?
Una crisis que ha roto las formas. Ya no se cuidan de postular familiares ni amigos cercanos como en Guerrero y Zacatecas, aunque sean ineptos. No tienen el menos pudor en fomentar el nepotismo llenando los gobiernos de familiares cercanos. Tampoco sudan por los casos de corrupción detectados en los Estados gobernados por Morena y la vinculación de algunos de ellos con el crimen organizado.
Ningún partido tiene en el Senado la mayoría calificada que se requiere para desaparecer Poderes; pero, ¿qué deben hacer el Ejecutivo y los Congresos locales para llamar a cuentas a los gobernadores ineptos que tantas crisis han generado en los últimos años?
Sostiene Diego Valadez que la fuente de los problemas actuales seguirá generando otros conflictos si no se toman decisiones radicales: "En 1983 se produjo la última reforma constitucional importante relacionada con el municipio". "En cuanto al gobierno de los estados, en casi un siglo de vida constitucional nada relevante se ha realizado para democratizarlo".
Un tema recurrente por la problemática social y política que se vive cuando se creyó ingenuamente que los cambios de partido en los gobiernos estatales iban a significar cambios radicales. Ahora, con una mayoría de gobernadores emanados del partido Morena no parece que las cosas cambien, ni en los aspectos mínimos, y menos en sancionar a los incapaces, esos tan negados a la crítica y al reconocimiento de errores. Símbolo de los tiempos.