El Tribunal de Cuentas sigue ajeno a la amnistía con su instrucción sobre la malversación de dinero público durante el procés. Y mantiene su acecho al fugado y 34 altos cargos de ERC y Junts
Otro frente se le abre a Carles Puigdemont y amenaza con golpearle donde más duele a los líderes independentistas: a su bolsillo. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas mantiene su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresidente catalán y otros 34 excargos de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern, según han confirmado fuentes fiscales.
El fiscal Manuel Martín-Granizo se ha pronunciado así en un escrito de conclusiones, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura.
El representante del Ministerio Público insiste en que "el menoscabo es real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio".
Asimismo, defiende que está "acreditado" que "fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta". Así las cosas, la Fiscalía considera pertinente mantener su reclamación de 3,1 millones de euros: 883.695 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de acción exterior.
El Ministerio Público reclama dicho importe de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
En su escrito, el fiscal sostiene que las actividades incluidas en la demanda "no se encuentran en el ámbito competencial de la comunidad autónoma" y evidencian "un gran número de actuaciones irregulares".
Según precisa, ya sea porque no tienen "encaje en el seno de las competencias autonómicas de acción exterior por su directa vinculación con la expansión y difusión internacional del proceso de transición y del derecho a la autodeterminación", o bien por "la falta de justificación de determinados gastos analizados".
Para Martín-Granizo, en el caso de los gastos de la acción exterior, la responsabilidad contable de Puigdemont "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña" que permite la ley.
En lo relativo a los gastos del 1-O, el fiscal entiende que "aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta".
Además de Puigdemont, constan otros 34 nombres, entre ellos el del expresidente Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.