El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes la desaparición de más de un millón de municiones y otros materiales de uso bélico de dos bases militares; señaló como presuntos responsables a redes de tráfico de armas en las que estarían involucrados militares y civiles que las entregarían a actores ilegales.
El hallazgo, señaló el mandatario en una declaración a la prensa, fue resultado de una inspección a las bases militares en el centro y norte del país como parte de una estrategia contra la corrupción dentro de las fuerzas militares realizada entre febrero y abril.
"La única manera de explicar este tipo de faltantes es que han existido redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado", indicó Petro, sin mostrar pruebas de la existencia de las redes de tráfico de armas.
El mandatario colombiano detalló que, al comparar los inventarios con el armamento en existencia, detectaron que faltaban más de un millón de municiones, miles de granadas, cargas antitanque, al menos 550 cohetes y dos misiles.
El material de uso bélico de uso privativo de la fuerza pública habría sido vendido a grupos armados en Colombia, según Petro, o irían a parar al mercado armamentístico internacional y "probablemente conflictos extranjeros, el más cercano el de Haití".
"La estrategia de seguridad del gobierno consiste y, dadas las terribles circunstancias, en separar la fuerza pública de cualquier tipo de asociación criminal", señaló Petro en compañía del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo.
Velásquez, abogado con una larga trayectoria en la investigación de corrupción, indicó que la inspección a las bases militares surgió a raíz de la investigación de la procedencia de una granada lanzada en un peaje en una vía cercana a Bogotá en diciembre del 2023.
El ministro agregó que hay investigaciones internas en curso y remitirán el caso a la justicia penal militar. Entre tanto, decidieron separar a algunos miembros de la fuerza pública en las unidades militares inspeccionadas, dijo, sin especificar sus rangos.
Con la investigación también buscan precisar el periodo de tiempo en el que fue extraído el armamento de las bases militares. "Vamos a ir al fondo para determinar quiénes son los responsables, no del momento actual, sino hacia atrás también", indicó Giraldo.
En 2022, la fiscalía procesó a un grupo de ocho militares activos, exmilitares y civiles por presuntamente formar parte de una red que obtenía armas y municiones de fuertes militares para venderlas ilegalmente a grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, el mayor cártel de narcotráfico activo en el país.