Los uniformados incautaban los vehículos, pero no los dejaban a disposición de la autoridad competente. Además, amenazaban a los conductores con judicializarlos.
Cuatro patrulleros de la Policía fueron judicializados como presuntos implicados en la incautación de motocicletas de las cuales exigirían dinero para devolverlas a sus propietarios. El hecho ocurrió en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.
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"Las labores de policía judicial le permitieron a la Fiscalía establecer que los cuatro policiales, habrían participado en al menos tres hechos delictivos, ocurridos entre marzo y julio de 2023, en esa localidad", detalló el ente acusador.
Según la Fiscalía, en uno de los casos, sucedido el 15 de marzo, cuando los hoy imputados habrían recuperado una motocicleta reportada como hurtada desde el 10 de marzo. Sin embargo, no la pusieron a disposición de la autoridad competente y por el contrario, al parecer, contactaron al propietario para exigirle 300 mil pesos a fin de poder regresársela.
Asimismo, el 28 de ese mismo mes, al parecer, inmovilizaron otra motocicleta manifestando que dicho automotor tenía un pendiente judicial. Una vez incautada, tampoco la habrían puesto a disposición de la autoridad competente y por el contrario, al parecer, exigieron 3 millones de pesos para devolverla a la propietaria, a quien además le habrían pedido un 1 millón y medio de pesos.
En un tercer evento, ocurrido el 4 de julio de 2023, habrían incautado un arma de fuego a una persona que se encontraba en un establecimiento nocturno de Pradera, la cual no la habrían puesto a disposición de la autoridad correspondiente y supuestamente la vendieron por $1.100.000.
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Por esos hechos la Fiscalía solicitó orden de captura contra los cuatro policiales, las cuales fueron materializadas el pasado 9 de abril, en el municipio de Pradera. Un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, de la Seccional Cali, le imputó a los capturados los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y concusión.
Por decisión del juez, Jéferson Miguel Arboleda Fajardo, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Con detención domiciliaria deben cumplir la medida Jesús Linares Ricaurte y Diego Fernando Ruiz González. Entre tanto, Luis Felipe Saldarriaga González continúa vinculado al proceso en libertad.