Javier Milei logró este martes la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma fiscal, que incluye una baja de los mínimos imponibles del Impuesto a las Ganancias. Para este capítulo fueron decisivos los votos de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, y del oficialismo de Catamarca, vinculado al gobernador de Unión por la Patria, Raúl Jalil. Una rebelión patagónica vaticina un escenario difícil en el Senado.
Como anticipó Letra P, este lunes había mucho temor en el oficialismo porque no tenía los votos asegurados para aprobar la reversión de Ganancias. Las mejores cuentas en La Libertad Avanza no garantizaban llegar a los 129 votos necesarios para ganar una votación sin depender de ausencias. El pronóstico se complicó cuando el sexteto de la Coalición Cívica armó un bloque propio, apagó los teléfonos y se llamó a silencio. Hasta el domingo integraban HCF y Miguel Pichetto, oficiaba de enlace con Martín Menem.
El capítulo de Ganancias baja los mínimos imponibles a $ 1,8 millones para solteros y $ 2,2 millones para casados. Se aplican alícuotas progresivas para evitar que los recién alcanzados por el impuesto paguen la más alta. Por gestión de la oposición, la primera actualización de los montos será en septiembre y la siguiente, en enero, a partir de cuando subirá una vez por semestre.
Los bloques patagónicos rechazaron la reversión porque los nuevos mínimos gravan a los trabajadores de su región, en sectores como el petrolero y el pesquero. En el norte, la situación es inversa: casi no hay obreros alcanzados por Ganancias y los gobernadores de la zona se benefician con un aumento de coparticipación.
El apartado de Ganancias se aprobó con 132 votos, tres más que el cuórum. Cuatro de ellos fueron del flamante bloque de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego. También pulsó el botón verde el catamarqueño Sebastián Noblega, cercano a Jalil.
El gobernador de Unión por la Patria tuvo otro gesto hacia la Casa Rosada: sus otros tres representantes no votaron en contra y se abstuvieron. Se trata de Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez.
La otra cara de la moneda para el Gobierno es la patagónica, que se unió en contra de la reversión. No la votaron los diputados de los gobernadores de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.
En el Senado, los gobernadores de provincias australes controlan seis bancas que son decisivas para llegar al cuórum. Sin esos votos, para que pase Ganancias, el oficialismo necesitaría la ayuda de Unión por la Patria. Jalil puede aportar el voto de Guillermo Andrada y no está claro si controla a su antecesora, Lucía Corpacci.
El otro botín del Gobierno en la cámara alta es Santiago del Estero, que ostenta tres bancas. Es tal vez la provincia que más se beneficia con la reversión de Ganancias, pero aún así, este martes en Diputados, el gobernador Gerardo Zamora no aportó ninguno de sus siete votos.
Blanqueo, con lo justo
La reforma fiscal tuvo 140 votos a favor y su primer capítulo, la moratoria, obtuvo 146. Durará hasta marzo de 2024, ofrecerá 84 cuotas y la condonación del 70% de intereses.
El capítulo dos es un oneroso blanqueo, que continuará hasta el 30 de septiembre y permitirá regularizar hasta 100 mil dólares sin especificar su origen. Recién por encima de ese monto se pagarán alícuotas progresivas de entre 5 y 25%. La novedad es que pueden ingresar hasta los no residentes. "Esto tiene implicancia en el lavado de activos", protestó Carlos Heller de UP.
El blanqueo fue aprobado con 131 votos y el aporte completo de la Coalición Cívica. "No podemos permitir que por un blanqueo entre dinero manchado de sangre", denunció Campagnoli. Tres diputadas radicales cercanas a Martín Lousteau se abstuvieron: Ana Carrizo, Mariela Coletta y Danya Tavela. En la cámara alta, el presidente de la UCR anunció que votará contra el blanqueo y los partidos provinciales, una vez más, serán los árbitros.
La UCR también fue clave para aprobar el capítulo de bienes personales, que permite a todo contribuyente cancelar en cómodas cuotas la obligaciones de los próximos cinco años y tener una estabilidad fiscal hasta 2038. Tuvo amplio consenso la eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, el ITI.
Monotributo social y gastos tributarios
El debate se trabó por la reforma al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el monotributo. Itaí Hagman, de UP, advirtió que con la actuación de los valores y los topes, con subas de hasta 300%, quedaba eliminado el monotributo social.
Tomó el guante Nicolás Massot, de HCF, y obligó a votar un cuarto intermedio para resolver la situación. Hubo acuerdo entre todos los bloques para demorar 90 días la reglamentación y buscar en ese tiempo una ley de monotributo social.
Massot también protagonizó el final de la sesión: logró que José Luis Espert, miembro informante del oficialismo, aceptara su propuesta para revisar los gastos tributarios, como se conoce a la acumulación de excepciones impositivas.
La propuesta de Massot, plasmada en una disidencia de su dictamen, es que 30 días después de sancionada la reforma fiscal, el Gobierno envíe una proyecto de ley para incrementar los recursos corrientes en 2% del PBI.
Debe hacerlo mediante "la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario". El gasto tributario que está en la mira de la oposición es el régimen especial de Tierra del Fuego, que beneficia a la industria electrónica.
En el PRO se molestaron con el trato. "¿Con quién acordaron? Conmigo no acordó nadie", se le escuchó decir a Ritondo fuera de micrófono, dirigiéndose a Espert . "Le pedimos que se trate aparte", le reclamó el jefe del bloque amarillo a Menem. Se votó igual. El economista lo aceptó.