En un nuevo capitulo de las acusaciones contra las prepagas, tras los dichos de Caputo culpabilizando al sector por los altos precios, el Gobierno de Milei comenzó una investigación para determinar si hubo «pacto ilícito» para fijar precios.
La Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) informó que se inició una investigación para ver si existió un pacto ilegal entre las empresas de medicina prepaga para fijar precios de venta. Fuentes cercana a la Secretaría de Comercio confirmaron que la investigación por colusión contra las prepagas inició «a raíz de una denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica Reyes y López».
Según la denuncia realizada en ese entonces, hubo una «práctica anticompetitiva» pero esto no se puede confirmar hasta llevar a cabo el procedimiento investigativo. Por su parte desde el Gobierno de Milei señalaron que no descartan la posibilidad de tomar medidas contra las prepagas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en conferencia de prensa: «Lo que pasa con las prepagas es que nosotros desregulamos, damos libertades, lo que no permitimos es que exista un grado de carterización que afecte a los argentinos y es lo que el ministro Caputo entendió que está sucediendo».
El cruce de Caputo con las prepagas
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, apuntó contra las subas de las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media", luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.
"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", expresó el funcionario a través de su cuenta de X.
El viernes pasado, en una entrevista en TN, el ministro de Economía ya había expuesto que a las prepagas "se les fue la mano con los aumentos". Los aumentos tienen su origen en la desregulación del sector que a partir de la publicación del decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 desde el 20 de diciembre de 2023 que firmó el presidente Javier Milei y complementaba a la Ley Bases.
La misma derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar "la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales".
No obstante, ya hubo varios fallos judiciales contra el DNU y la liberación de precios pero para casos particulares de la persona que llevó a cabo la demanda.
Ante esta critica publica las cámaras que nuclean a las empresas de medicina prepaga publicaron una respuesta dirigida a Caputo, en ella solicitaron una audiencia con el ministro para «acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años». Además aseguraron que prefieren no polemizar a través de los medios «sino por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado».