La Comisión Anticorrupción e Integridad Pública busca examinar el trabajo que realizan las agencias fiscalizadoras, incluyendo, además, a la Oficina del Inspector General y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
La Comisión Anticorrupción e Integridad Pública busca examinar el trabajo que realizan las agencias fiscalizadoras, incluyendo, además, a la Oficina del Inspector General y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó este martes al director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, entregar a la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes copia del expediente de la investigación que realizó esa entidad contra el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales Rafael Machargo.
La entrega debe ocurrir en o antes del 10 de mayo. "Queda patente que la OEG, bajo la dirección de Luis Pérez, incumplió el mandato del Tribunal y, en cambio, obstaculizó la transparencia y el acceso a la información. Tras la vista judicial donde la OEG hizo alegaciones de confidencialidad… el juez determinó que la agencia está en desacato", indicó el representante popular Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción.
Martínez Piovanetti declaró ha lugar una petición que instó en el Tribunal, so pena de desacato, el presidente de la comisión legislativa a través de la Cámara de Representantes. La vista se llevó a cabo mediante videoconferencia.
El análisis de la copia del expediente, explicó Ferrer Santiago, le permitirá cumplir con lo dispuesto en la Resolución de la Cámara 272, que obliga a la comisión cameral a investigar el trabajo que realiza la OEG, la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), así como las posibles lagunas legales que puedan permitir actos de corrupción en el servicio público.
"Nosotros nos queremos asegurar que haya comunicación entre las oficinas, que el trabajo de fiscalización que se supone que estén haciendo estas oficinas se esté realizando. Esto es parte de la función legislativa que nosotros, en la Cámara de Representantes, tenemos que llevar a cabo", expuso Ferrer Santiago.
Explicó que el expediente solicitado forma parte de un referido que hiciera, junto a la representante Estrella Martínez, en 2021, contra el entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por reunirse con el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell, en momentos en que la agencia investigaba una querella en su contra por alegadas construcciones ilegales en ese municipio.
"Nada ocurrió a nivel administrativo en este caso, y nosotros queremos evaluar la totalidad del expediente a ver qué fue lo que sucedió. Es importante para evaluar la comunicación y el funcionamiento de las agencias que combaten la corrupción", sostuvo el legislador popular.
Durante la vista pública, la OEG alegó que los documentos que forman parte del expediente estaban revestidos de confidencialidad. "La OEG tiene un interés apremiante en que se proteja la confidencialidad de esos expedientes porque es necesario salvaguardar la eficacia de esa misma función fiscalizadora", dijo la licenciada Minia O. Salabarría, en representación de la dependencia.
Argumentó que los expedientes contienen las estrategias y mecanismos de investigación de la OEG, y recordó que el Artículo 7.1 de su ley orgánica tipifica como delito que se comenten las investigaciones que realiza.
"Esta información que está contenida en los expedientes de investigación no es pública... es confidencial porque está protegida por unos privilegios evidenciarios", respondió Salabarría, a preguntas del juez sobre si consideraba que estas normas estatutarias de la ley orgánica de la OEG eran absolutas y categóricas.