El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al presidente de la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de mascarillas en pandemia, el socialista Alejandro Soler Mur, que no cite al al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Se trata de uno de los nombres que el PSOE pactó con sus socios para que comparezca en esta comisión próximamente.
García Ortiz envió una carta este martes a la Cámara Baja después de que el PSOE diese a conocer la lista de comparecientes de la comisión de investigación. En ella, pide a Soler Mur que «reconsidere la decisión» de llamar a comparecer a Alejandro Luzón. Todavía no se ha respondido a esta petición.
La Fiscalía recalca que Anticorrupción «está directamente involucrada en muchos procedimientos» que son objetivo de la comisión del Congreso sobre las mascarillas, por lo que defiende la citación de Alejandro Luzón «podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública».
Las mismas fuentes resaltan que la comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción «podría constituir un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de «naturaleza reservada» o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que «pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones».
El PSOE esgrime que la comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción en la comisión del Congreso sobre las mascarillas tendría como objetivo dar una «visión completa» de la corrupción de esta trama y, «en ningún caso», para abordar «casos concretos». Los socialistas indican también que la Mesa de esta comisión «estudiará» la petición del fiscal general de reconsiderar la citación del jefe Anticorrupción.
Más fiscales
A esta comisión también han sido llamados a declarar el fiscal Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido la investigación de los contratos de Baleares y Canarias con los principales imputados del denominado caso Koldo, y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi.
Fue el pasado marzo cuando este órgano comunitario acordó abrir una investigación sobre los contratos firmados -durante la primera etapa de la pandemia- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama toda vez que podrían haber sido abonados con fondos europeos.
El PSOE pactó una lista única de nombres para ser citados en la comisión del Congreso sobre los contratos Covid. En esta lista están, entre otros, el ex ministro socialista José Luis Ábalos, el que fuera su ayudante, Koldo García, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La lista fue consensuada después de que los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez registraran por separado sus peticiones para esta comisión. Son 134 personas las que comparecerán en esta comisión.
Los nombres que todavía no han sido incluidos en esta lista y que se han quedado fuera se someterán a votación por separado. Es es el caso, por ejemplo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya presencia solicitan ERC, Bildu y BNG, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien quieren interrogar Sumar y Junts, y de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox por haber participado ella en cuestiones relativas al Consejo de Ministros.
«No tiene sentido»
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que «no tiene ningún sentido» que jueces y fiscales declaren en comisiones de investigaciones parlamentarias sobre causas en las que están involucrados. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Valencia al ser preguntado sobre la lista pactada por su partido, el PSOE, con sus socios en la que se incluyen que comparezcan en la comisión sobre las mascarillas del Congreso Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, y Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.
«No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales», ha enfatizado Bolaños.
Investigación del 'caso Koldo'
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace meses una serie de contratos que fueron adjudicados a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, el que fuera ayudante del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
El primer contrato investigado, según la querella del Ministerio Público, fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un organismo dependiente de su Ministerio, Adif, «donde asesoraba al titular» del mismo. «Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes», apostilla.
En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.