El caso Cursach fue uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en las Islas Baleares, que además de implicar al empresario Bartolomé Cursach, en él se vieron envueltos el juez y el fiscal que le investigaron. Tal fue el alcance, que un Juzgado de Palma de Mallorca llegó a condenar al periódico 'Última hora' por intromisión ilegítima en el derecho al honor del magistrado Manuel Penalva debido a una información publicada en 2020. Ahora el Tribunal Supremo ha revocado esa sentencia, que había sido ratificada por la Audiencia de Mallorca, al entender que no hubo ninguna vulneración del derecho al honor.
El fallo, que ahora ha sido anulado, condenaba al medio a pagar una indemnización de 40.000 euros al juez y 35.000 por lo publicado en el periódico. Además, imponía una sanción más de 5.000 euros por unas declaraciones que dio uno de sus periodistas en el programa Ley y Orden en 'Última hora televisión'.
"Que parezca un accidente"
La noticia que desencadenó todo, fue una en la que se señalaba que el juez "quería liarse a tiros con un periodista de Última hora", por unas informaciones anteriores que cuestionaban su instrucción en este caso. Esa frase fue dicha en un grupo de WhatsApp en el que estaban el juez, el fiscal del mismo caso, Miguel Ángel Subirán, y varios policías. Sin embargo, el problema erradicó en que la amenaza fue escrita no por el juez, sino por uno de los policías, aunque Penalva si contestó.
La conversación, según explica el Supremo, se dio de la siguiente manera:
- Inspectora de Policía: "Como me líe a tiros con el mamón del periodista a ver qué escriben luego"
- Fiscal: "Pues te ayudo a machacarlo a hostias, que soy de tu máxima confianza"
- Juez: "Que parezca un accidente".
Por ello, el tribunal explica que "en estas circunstancias, el desvalor hacia la conducta del demandante que supone haberle atribuido las expresiones que en realidad fueron proferidas por otros participantes en el chat no es muy diferente del que suponía su intervención real en el citado chat". Es decir, que aunque no dijo esa frase concreta, si participó en la conversación, defendiendo la idea que recogía esa expresión.
"La conducta de los demandados no se ha distinguido precisamente por su diligencia profesional, al decidir por su cuenta y riesgo cuáles habían sido las frases efectivamente proferidas por cada uno de los participantes en la conversación de WhatsApp en un momento en el que no conocían quién había escrito cada frase. Pero no puede considerarse que esas informaciones periodísticas constituyeran una vulneración del derecho al honor del Sr. Penalva pues la afectación negativa de su reputación no es mayor que la que se corresponde con su intervención real en esa conversación de WhatsApp", acaba concluyendo el Tribunal Supremo en su fallo.
El caso Cursach
Una casualidad fue la que dio comienzo a uno de los casos de corrupción más graves de España: el caso Cursach. En 2013, durante una operación contra la banda de los Ángeles del Infierno afincada en Mallorca fueron detenidos varios agentes de la autoridad por su colaboración con esta banda. Uno de ellos fue Carlos Vallecillo, miembro de la Policía Local de Palma. Al haber sido detenido, los investigadores tuvieron acceso a sus correos y en uno, que nada tenía que ver con los Ángeles del Infierno, descubrieron lo que podía ser un posible amaño en unas oposiciones a la Policía de Ciutat.
En otro hecho, que en ese momento parecía no tener ninguna relación, se detiene a los Jefes de la Policía Local de Calviá y de Marratxí, José Antonio Navarro y Antonio Ledesma, por su relación con diferentes empresarios de los bares y establecimientos de Punta Ballena, en Magaluf.
Estas dos corrientes desencadenaron en un principio en tres investigaciones judiciales: El amaño en unas oposiciones de la Policía Local de Palma; una trama de corrupción en la policía de Calviá y de su antiguo jefe, relacionados con empresarios de Punta Ballena y el caso Miquel Pascual, un empresario de la Platja de Palma vinculado a policías locales. En este último estaban además implicados los políticos del Partido Popular, José María Rodríguez y Álvaro Gijón.
No es hasta 2015 cuando llega la isla el juez Penalva, que abre otras tres piezas: EL caso ORA, que investigaba irregularidades con la concesión del contrato del ayuntamiento de Palma; el caso IME, sobre irregularidades en el mantenimiento de las instalaciones deportivas de este mismo consistorio para beneficiar a una empresa privada y el caso Cursach.
En esta última se acusaba al empresario especializado en el ocio nocturno, Bartolomé Cursach, a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y a varios colaboradores de ser los líderes de una red que obtenía beneficios ilícitos a través de prácticas corruptas, incluyendo la influencia sobre funcionarios públicos y policías para obtener favores y evitar inspecciones en sus negocios.
Todo dio un giro de 180 grados, cuando en 2018 el juez Florit toma el relevo a Penalva en este caso. El nuevo juez comienza a investigar a su predecesor por haber realizado detenciones ilegales y haber manipulado a testigos junto al fiscal Subirán y unos cuantos policías. Todos ellos acabaron sentados en el banquillo y a principio de este año, juez y fiscal fueron condenados a 9 años de cárcel cada uno por obstrucción a la justicia y coacciones.