El cambio en el equipo directivo de un centro de acogida de Lanzarote provocó la rebelión de un grupo de trabajadores contra las nuevas normas establecidas. Pero no fueron ellos quienes se revolvieron, sino que presuntamente obligaron a los menores residentes a cometer delitos para desestabilizar el día a día en el interior. Y lo hicieron bajo amenazas y coacciones: o los adolescentes cumplían (y eso significaba, por ejemplo, incendiar colchones o robar en las oficinas) o se quedaban sin paga y sin salir.
El miedo a que las intimidaciones se hiciesen realidad los llevó durante unos meses a acatar órdenes. Hasta que uno de los menores dijo basta, lo que dio lugar al inicio de una operación de la Guardia Civil.
Los agentes pusieron en marcha la investigación esta semana, tras recibir la denuncia de uno de los jóvenes residentes. Bajo la lupa, cinco trabajadores, de entre 30 y 44 años, del centro de menores no acompañados de La Santa por amenazar al menos a cinco menores. Les exigían que cometiesen diferentes hechos delictivos para desestabilizar la organización del centro, informa la Guardia Civil.
Fue uno de estos jóvenes quien dio la voz de alarma y aseguró recibir coacciones por parte de cuatro auxiliares educativos. Estos buscaban que hubiese problemas en la convivencia para sabotear la labor de la nueva dirección. Al parecer, según explica la Guardia Civil, el equipo que ha asumido el mando del centro de acogida ha impulsado cambios en las conductas que la anterior directiva toleraba a los trabajadores y que están relacionadas con prácticas abusivas con los menores, hacer uso de recursos del centro sin control y ejercer competencias muy por encima de su capacitación profesional.
Para que en el centro reinase el caos porque les habían puesto limitaciones, los cuatro empleados amenazaban a los menores con que si no realizaban actos vandálicos se les limitarían las salidas, las actividades de ocio y el cobro de la paga semanal. Además les decían que iban a retrasar la tramitación de su documentación de residencia legal en España.
La Guardia Civil de San Bartolomé comprobó que no solo el denunciante estaba en esta situación, sino al menos otros cuatro residentes.
Los investigadores sospechan que de las amenazas de los empleados se derivaron, según las mismas fuentes consultadas, episodios de daños en el mobiliario, en los vehículos particulares de los trabajadores, incendios en los colchones, robos en las oficinas, hurtos y amenazas que se cometían los últimos meses.
Los agentes iniciaron la investigación formal por delitos de coacciones y amenazas contra los cuatro auxiliares educativos. A ellos se une el anterior director de La Santa por supuestamente haberse realizado este tipo de abusos durante su etapa al mando y no haber alertado a las autoridades.
Tras las pesquisas, los agentes dieron traslado de la investigación al juzgado de guardia de Arrecife, que la ha asumido.
El último incendio que podría tener que ver con los hechos ahora denunciados ocurrió a principios de este mes. El fuego en unos colchones obligó a desalojar a los 60 menores residentes.
«El interior quedó todo inundado de humo y gases calientes», afirmaron entonces desde el consorcio de emergencias. El fuego se desató en los colchones situados curiosamente, en la misma dependencia en la que hubo un incendio hace menos de un año.
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