Los tiempos cambiaron para los dueños de los colectivos. Tanto que aquel mundo de 20 asientos bien podría llamarse ahora el mundo de 251 banquillos.
La noticia de que el juez federal Claudio Bonadio procesó a 251 empresarios del transporte de pasajeros urbano por irregularidades en la liquidación del subsidio al gasoil pegó fuerte en el sector.
No es para menos, durante más de una década, el silencio de funcionarios, empresarios y gremios acompañó a cada colectivo que circuló por el área metropolitana.
Fueron años de descontrol y los empresarios lo saben mejor que nadie.
Todos los meses, desde 2002, los dueños de los colectivos recibían un millonario cheque sin el cual ni siquiera podían sacar los coches de los galpones. Ese fue el verdadero combustible del sector.
Dentro de ese pago, había dos conceptos. El primero, una compensación por el boleto congelado. Una fórmula a pedir de gestores oficiosos fue la base del cálculo.
Pasajeros transportados, frecuencias, cantidad de empleados, antigüedad del parque y boletos vendidos fueron algunos de los números que se declaraban en una planilla y sobre la cual se calculaban los subsisios.
La otra parte de subsidio era para el gasoil. La Secretaría de Transporte, y ahora el ministerio, entrega a cada unidad una determinada cantidad de combustible a un precio lejano del que se paga en surtidor.
El único documento que servía como pilar de esos cálculos era una declaración jurada del transportista. Nada más.
Aquella cadena de la felicidad no fue pareja. Muchas empresas que no tenían los mejores gestores o no estaban dispuestos a dejar el 20% de la recaudación en el camino no la pasaron bien.
Más aún, tal fue la discrecionalidad que muchas veces, con la excusa de la falta de algún documento, la Secretaría de Transporte frenaba los pagos de los subsidios y esas compañías eran invitadas a ser gerenciadas por otras.
Casualidades de la burocracia argentina, las gerenciadoras tenían mejores gestores que las otras y los subsidios se destrababan con llamativa rapidez.
Alejandro Ramos, un opaco secretario de Transporte que llegó de la mano de los hermanos Alejandro y Agustín Rossi, bien podría aportar datos de aquella operatoria.
Claro que también varios funcionarios actuales. La concentración de líneas de colectivos es un proceso que aún no ha parado.
Ese motor aceitado que hizo millonarios a funcionarios y empresarios está a punto de romperse.
Todos los transportistas fueron obedientes a la hora de llevar mes tras mes la contribución que aportaban a la cámara que los agrupaba.
No había otra forma de subsistir. Pero nadie puede asegurar ahora que alguno de aquellos peregrino obedientes no se quiebre, imputado y ante un juez federal.
La causa con la que Bonadio trajo a 251 empresarios al banquillo empezó en abril de 2014 después de una investigación publicada en de LA NACION.
Entonces, se cruzaron los datos satelitales que surgían de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones.
Previsible; surgieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas.
Sólo el primer mes en el que el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y sus funcionarios usaron datos precisos y no declaraciones juradas, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se podía justificar con los recorridos.
Sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Dicho de otro modo, una irregularidad de un millón de pesos por día.
El ex ministro Julio De Vido no está ajeno a esta causa. Ya fue indagado por Bonadio.
Como lo ha repetido en otras causas, endilgó las causas en sus dependientes. Nadie sabe a ciencia cierta cómo reaccionará un hombre asustado. Y justamente ahí radican los temores de los empresarios. Solo basta que uno se asuste.