- Tajo-Segura Unidad en la lucha contra los recortes con los embalses al 80% y ante la movilización social en Castilla-La Mancha
- Trasvase El Ministerio frena la presión de Castilla-La Mancha para aprobar las reglas del Tajo-Segura y espera informes
La Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, las cuatro autonomías bajo gobiernos del Partido Popular, han hecho frente común para defender el trasvase Tajo-Segura ante la amenaza de que lleguen más recortes a través de las reglas de explotación de la infraestructura que se están negociando con el Ministerio de Transición Ecológica. Por eso en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, van más allá y exigen directamente que se evalúe el uso que del Tajo que hace Castilla- La Mancha como un elemento a tener en cuenta para determinar el futuro de la infraestructura.
En el documento remitido al Ministerio en esta fase de consultas y elaborado por expertos hídricos de la Comunidad Valenciana y Murcia, se recuerda que del Tajo no sólo se nutre el Segura y sus usuarios van más allá de los que se recogen en la regla actual, que son la Mancomunidad de Canales del Taibilla y Almería para el abastecimiento y los regadíos con derechos. "Ahora ha de considerarse además el uso de abastecimientos en el Guadiana (los suministros de la denominada Tubería Manchega y posibles pequeños suministros de las zonas aledañas al canal del Acueducto Tajo-Segura), y la derivación ocasional a las Tablas de Daimiel", recoge la propuesta que da un paso más.
" Además, y aun no tratándose de una demanda convencional, podrían considerarse también los usos recreativos en el río y embalses, no consuntivos y sujetos a sus correspondientes autorizaciones o, desde 2009, declaraciones responsables, y cuya rigurosa cuantificación y valoración técnica no ha sido aún abordada con la deseable profundidad". Con esta petición se señala directamente a una reclamación que vienen haciendo los vecinos del Alto Tajo para desarrollar actividades relacionadas con el desarrollo turístico de la zona.
Además, insiste en medir la afectación que para el Tajo, a partir de su curso alto, tiene el trasvase hacia el Guadiana, que apenas se había desarrollado para consumo en la anterior revisión y tenía usos ambientales ocasionales, por eso se incluyó en la regulación, pero que ahora tiene una situación muy diferente. "El Tajo-Guadiana se ha desarrollado, existe una organización administrativa e infraestructuras para su aprovechamiento" y recuerda que las peticiones de derivación de agua se han aceptado "detrayendo los volúmenes a la cuota de regadío del Tajo-Segura, sin que exista soporte legal alguno", puntualiza.
Once criterios para fijar datos
Por tanto, las cuatro comunidades solicitan que se valoren estos argumentos en la próxima "distribución o regla de reparto", así como que se establezcan "con rigor" hasta once criterios para fijar "los datos a emplear en los cálculos". Entre ellos están la hidrología de la cabecera del Tajo y el impacto del cambio climático, las derivaciones a las Tablas de Daimiel, la eficiencia del transporte hacia el Guadiana, las evaporaciones de los embalses en Entrepeñas y Buendía o, incluso, las filtraciones en estos pantanos.
Además se solicita la automatización de las reducción de los volímenes trasvasados de modo que se reduzca la discrecionalidad. En la regla aún vigente esto estaba previsto para los niveles 1 y 2, mientras que en el 3, un escenario adverso para el abastecimiento, se fijaba "un pequeño margen decisorio" que correspondía al Ministerio previa motivación. " En la realidad, ha habido numerosas decisiones en este nivel 3 donde no se ha aportado ninguna motivación debidamente fundamentada, aludiendo genéricamente a un principio de precaución difuso e incorrectamente interpretado. El resultado es que lo que se pensó como un margen razonable de intervención ministerial se ha convertido de hecho en un mecanismo de recortes arbitrarios, y una fuente permanente de litigios que ha producido una sensación de total arbitrariedad".
Por eso solicitan proporcionar para esta situación "criterios objetivos para la toma de decisión" y la posibilidad de acuerdos de autorización plurimensual, que pueda dar estabilidad y certidumbre a los envíos de agua.
Caudales ecológicos
Es una constante en todo el escrito el recuerdo a que las reglas de explotación no puede basarse en los caudales ecológicos fijados en el Plan del Tajo, que están recurridos ante el Supremo porque estas comunidades consideran que plantean "importantísimas incertidumbres, así como graves deficiencias de fondo".
Defienden que en ninguna de las cinco sentencias que esgrime Castilla-La Mancha para defenderlos se determinó "en absoluto su volumen o caudal concreto, que puede ser mayor o menor del preestablecido".
Es más, insisten en que el Plan del Tajo que los recoge debe someterse a la Ley de Aguas de 1985 y no puede imponerse por encima del elaborado para el Segura o el Guadiana. También advierte que este plan recoge como "obligaciones" las derivadas del Convenio de Albufeira, que regula la relación sobre los ríos peninsulares entre España y Portugal, mientras que "las leyes del trasvase son envíos", con lo que califican como "evidente diferencia de tratamiento" que infringe el ordenamiento.
23 millones de españoles
En el casino de Murcia durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase ante medio millar de representantes del mundo agrario del levante español, los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, advirtiendo que este trasvase afecta a prácticamente la mitad de los españoles, más de 23 millones que piden que se mantenga la infraestructura mientras Castilla-La Mancha busca su cierre.
Mientras la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, acusaba a las cuatro comunidades del PP de tratar de "expoliar" el agua de la región, la Diputación de Guadalajara aprobaba con los 13 votos a favor del PSOE) y las abstenciones de PP y Vox, las alegaciones al Ministerio para que se recorte el máximo trasvasable, fijado en 400 hm3 al año, reducir los volúmenes trasvasables en los niveles 1, 2 y 3 de reservas embalsadas en Entrepeñas y Buendía y que en 2027 el trasvase se restringa a abastecimiento, con prioridad para "las propias necesidades y caudales ecológicos" de la cuenca del Tajo.