Vuelve el rigor fiscal y la presión del Ejecutivo comunitario sobre los estados miembros para que reduzcan sus desequilibrios presupuestarios y pongan fin a la escalada de endeudamiento. La Unión Europea ha dado luz verde final este lunes a las reglas fiscales, que tras cuatro años congeladas por la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit, una circunstancia que representa un problema para los planes presupuestarios de Sánchez, totalmente reacio a recortar el gasto público y dispuesto a seguir endeudándose mucho más para conseguir los recursos oportunos con los que aumentar su presencia en las empresas -como es el caso de Telefónica, Talgo o Naturgy hasta estos momentos- y hacer frente al gasto creciente en pensiones.
Las normas entrarán en vigor definitivamente mañana martes coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial, aunque en este caso incluyen cierta flexibilidad para que los países se vayan adaptando a las circunstancias según la situación coyuntural en la que se encuentren en estos momentos, después de haber incurrido en multitud de gastos para combatir la crisis del Covid y hacer frente a la guerra de Ucrania.
Las reinstauración de las reglas fiscales representan un contratiempo para el Ejecutivo de Sánchez, que cerró el año pasado con un déficit público del 3,7% del PIB y que ha prometido diminuirlo hasta el 3% en el presente ejercicio, aunque ninguno de los servicios de estudios de las principales entidades financieras y empresariales del país confía en que este objetivo esté al alcance de la mano. Otro tanto sucede con la deuda pública, que puede encaminarse hacia del 110% del PIB dadas las necesidades de financiación que va acumulando el Gobierno para hacer frente el creciente pago de las pensiones, así como sufragar su entrada en compañías privadas.
El objetivo del restablecimiento de las reglas es reducir los ratios de deuda y de déficit «de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la ambiental, la social o la defensa». Asimismo, el nuevo marco brindará un margen adecuado para poder implementar políticas anticíclicas capaces de abordar los desequilibrios macroeconómicos. Los objetivos fundacionales de la UE implican que el déficit debe reducirse al 3% del PIB, y la deuda encaminarse hasta el 60%.
Tras la aprobación definitiva de las reglas fiscales, cada estado miembro deberá presentar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024, mientras que la Comisión, por su lado, fijará una 'trayectoria de referencia' (anteriormente llamada 'trayectoria técnica') a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o el déficit público se sitúe por encima del 3% del PIB, como es el caso de España.
La trayectoria de referencia indicará cómo los estados miembros pueden garantizar que, al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo. Además, cualquier país podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de Gobierno.
Sobre la base de la trayectoria de referencia de la Comisión, los países de la UE trazarán su ajuste fiscal, expresado en trayectorias de gasto neto en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo. Las nuevas normas tienen el propósito de impulsar las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento. Los estados miembros podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la sostenibilidad y el potencial de crecimiento, apoyen el equilibrio fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE.
En todo caso, la Comisión Europea está dispuesta a incluir a España en el procedimiento de déficit excesivo, que acarrea sanciones monetarias a los estados miembros -de hasta el 0,5% de su PIB- por el incumplimiento continuado de los estándares de desequilibro presupuestario y deuda fijado en los tratados, salvo que se presente un plan drástico de corrección de las cuentas públicas
Los países con deuda excesiva estarán sujetos a normas de salvaguardia que les exigirán, entre otras cosas, reducir su deuda en promedio un 1% anual si superan el 90% del PIB -el caso de España-, y un 0,5% anual en promedio si su deuda está entre el 60% y el 90% del PIB, unas disposiciones menos restrictivas que el requisito anterior, que exigía que cada país debía reducir la deuda anualmente hasta aproximarse al 60%, que es el objetivo del tratado fundacional de la UE.
Si el déficit de un país supera el 3% del PIB, el requisito será reducirlo durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles. También se aplicarán otros puntos de referencia numéricos sobre cuánto debería reducirse el déficit por año. Un país con exceso de deuda no estará obligado a reducirla a menos del 60% al final del período de años que dura el plan, sino que debe tener una deuda que se considere en una «trayectoria descendente plausible».