El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó la cobertura de su defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos tras ser incluido en la indagación a Patricia Benavides por la presunta organización criminal que habría liderado. En respuesta, se acordó desembolsar un total de 70 mil soles, lo cual generó distintas críticas. No obstante, en diálogo con Infobae Perú, el titular del Parlamento recordó su constitucionalidad.
"Es mi derecho, no hay nada inconstitucional. La ley 30057, Ley del Servicio Civil, es clara al decir que los funcionarios públicos pueden contar con asesoría profesional con cargos a los recursos de la entidad para su defensa", mencionó a este medio.
"Además, la misma norma señala que, si al finalizar el proceso se demostrara algún grado de responsabilidad, quienes soliciten dicho beneficio deberán reembolsar el monto. Es decir, aquellos que cuestionan mi inocencia tampoco tienen motivos para la crítica", agregó.
Aunque no quiso dar mayor detalle sobre la diligencia, al considerar que debe responder ante el fuero respectivo, recordó que se trata de una indagación relacionada con el ejercicio de sus funciones y no anterior a asumir el cargo de legislador.
"Las especificaciones se amparan en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso. Todos los pasos se han seguido tal y como señala el procedimiento", aclaró.
Según lo informado en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), la invitación, presentación de ofertas y adjudicación del servicio de asesoría y defensa legal se realizó el viernes 12 de abril.
Cabe mencionar que, dado que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá. En este caso, Alejandro Soto pidió que el Parlamento financie los honorarios del estudio Bramont-Arias Torres, ascendente a 70 mil soles.
Además de la asesoría en la investigación preliminar, incluida la declaración indagatoria de Alejandro Soto, el estudio deberá ofrecer:
- Presentación de escrito de apersonamiento y domicilio legal.
- Redacción de informes sobre el estado de investigación.
- Asesoramiento, defensa y representación legal a ser ejercida durante toda la etapa de investigación preliminar, hasta que sea emitida disposición fiscal que ponga fin con carácter definitivo a la misma.
- Participación en cuanta diligencia sea dispuesta por la Fiscalía Suprema en el marco de la investigación preliminar abierta.
- Elaborar cuantos informes legales sobre el estado de la investigación sean solicitados.
¿En qué caso se defenderá a Alejandro Soto?
El presidente del Congreso estableció dicha solicitud ante la investigación que se le atribuye por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. Ello, tras el testimonio del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien mencionó que el integrante de Alianza para el Progreso aceptó priorizar en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que se archive la investigación en su contra por la 'Fábrica de Trolls'.
Además de Soto, la fiscal suprema Delia Espinoza investiga a Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Adolfo Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón, José Daniel Williams Zapata, José Jerí, Illich López, César Revilla, Jorge Luis Flores Ancachi, quienes, en su mayoría, según conoció Infobae Perú, también habrían solicitado la cobertura de su defensa legal.