La Consellera de Territori, Ester Capella, anunció este lunes que inicia la tramitación para declarar 131 nuevos municipios catalanes como zonas de mercado residencial tensionado, donde se aplicarían los límites al alquiler ya vigentes en otros 140 municipios. Esto elevaría la lista de zonas tensionadas a 271 en total.
Lo ha hecho público en la Comissió d'Urbanisme d'Aran, celebrada en Vielha e Mijaran, que además había pedido al Govern la incorporación de la ciudad en la lista.
131 municipios más recibirán limitaciones al alquiler: ya son el 90% de la población catalana
Esta ampliación incluye municipios de más de 2.000 habitantes, donde se ha analizado que o bien las familias dedican más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca (incluidos gastos básicos), o bien el precio de la vivienda ha incrementado en los últimos 5 años tres puntos por encima del IPC.
Con esto, prácticamente el 90% de la población catalana viviría en una zona tensionada.
Por ahora, se abre un periodo de información pública que dura 20 días, durante el cual administraciones, entidades y particulares pueden presentar alegaciones a esta propuesta. Después, la memoria final se pasará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que tiene la potestad de aprobar definitivamente la resolución.
¿Qué límites al alquiler se aplican en las zonas tensionadas?
En general, los alquileres en curso no se verán afectados todavía. La ley se aplica específicamente a los contratos firmados a partir de la publicación en el BOE de la resolución final, de la siguiente manera:
- El alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato que haya estado vigente en algún momento de los últimos 5 años. Se podrá, eso sí, aplicar la cláusula de actualización anual basándose en la inflación y según las leyes vigentes.
- Si la vivienda no ha estado alquilada en los últimos cinco años, el nuevo alquiler deberá limitarse a lo que indique el índice de referencia de precios del alquiler, publicado por el MITMA.
Los grandes tenedores (5 o más inmuebles en propiedad en zonas tensionadas, o más de 10 en todo el territorio español) verán el precio del nuevo alquiler limitado al valor más bajo entre el precio del contrato de alquiler anterior y el índice de precios estatal.
El propietario puede subir el alquiler hasta un 10%
La ley de vivienda pretende congelar las rentas, pero ofrece la opción de incrementar hasta un 10% el precio del alquiler de los contratos nuevos, siempre que se hayan realizado obras de mejora en la vivienda en los últimos dos años o bien al firmar un contrato de vivienda habitual por 10 años.
Nuevas prórrogas: contratos de hasta 8 años
El inquilino puede solicitar una prórroga anual (hasta un máximo de tres años) al terminar el contrato, que el casero está obligado a aceptar. Esto no le impedirá recuperar la vivienda por necesidad, si así se había pactado expresamente en el contrato.
Esto solo afecta a los contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 (fecha de entrada en vigor de la ley) y que se trate de inmuebles ubicados en una zona declarada tensionada.
Así, estos contratos pasarían a tener, si así lo desea y solicita el arrendatario, una duración de hasta 8 años, durante los cuales el arrendador tiene el derecho incrementar la renta anualmente basándose en el IPC.
Muchos propietarios, para evitar estas medidas, ahora ofrecen sus viviendas con contratos de alquiler temporal, que duran entre 32 días y 11 meses y que están exentos de esta ley.