Como zoquete concienzudo, uno tiene un par de convicciones sobre los órganos públicos que dependen del Parlamento de Canarias, a saber, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, la Diputación del Común y el Comisionado de Transparencia. En definitiva creo que son imprescindibles cambios a favor de la salud democrática y la excelencia operativa que redundaría en beneficio del prestigio de las cuatro entidades.
Una recomendación general que bien podría elevarse a rango normativo: no podrán ser miembros de los mencionados órganos militantes de un partido político o si lo hubieran sido en el pasado, que llevaran como mínimo una década sin militancia. Las cuatro instituciones que obedecen a mandato parlamentario se dedican desde distintos ángulos a la fiscalización de los poderes público y, muy particularmente, del Gobierno autonómico. Solo la (mala) costumbre ha conseguido que sea visto como algo absolutamente normal y plenamente admisible que se llenen de militantes de partidos políticos que en el pasado incluso ejercieron importantes cargos públicos. ¿Cómo van a desarrollar una acción fiscalizadora eficiente y eficaz, sin sombra de sospecha, cuando los nombran y negocian los partidos cuya gestión en las administraciones públicas, o cuya iniciativas legislativa, deben investigar y evaluar? Por poner un ejemplo: basta con que una mayoría parlamentaria ordene a los consejeros auditores que propuso para la Audiencia de Cuentas que no apoyen la aprobación de un informe provisional sobre la compra de material sanitario durante la pandemia para que dicho informe ni se discuta y termine cerrado en una gaveta. El otro aspecto que necesita una reforma para mejorar cualitativamente el trabajo de todos los implicados es proporcionarles cierta capacidad coercitiva, es decir, que sean multadas las instituciones y organismos públicos que no entregan en tiempo y forma la documentación requerida o no respondan a las preguntas que se les trasladen, y que en casos excepcionales puedan ser convocados consejeros o alcaldes para dilucidar una situación jurídica o administrativa confusa, incoherente o incomprensible.
Una vez convencido de que jamás veré tal reforma también debe reconocerse que en estas últimas décadas algunos responsables han dado la talla y que algunos han sido mejores que otros. No es lo mismo Manuel Alcaide que Rafael Yanes. El primero fue, en términos de diligencia y productividad, lo más parecido a una lapa en su instalación en la Diputación del Común. En cambio Rafael Yanes, exalcalde de Güimar ha sido, sin duda, uno de los mejores responsables de la institución, y no solo por la intensidad, el orden y la sensibilidad que ha demostrado, sino por su infrecuente ecuanimidad al denunciar disfunciones, errores, simulacros y retrasos de quienes eran por entonces compañeros suyos en el Gobierno autonómico, en particular en lo que se refiere a las políticas sociales. Yanes recibió presiones –algunas amistosas, otras no tanto– de varios cargos públicos del PSOE pero en ningún momento se achicó. Es lo que tiene ser un tipo decente y responsable.
Cumplido el mandato de Yanes sobradamente pronto será votada en la Cámara para sucederle Dolores Padrón, porque entre los partidos mayoritarios se ha decidido mantener el reparto: la Audiencia de Cuentas será presidida por quien proponga CC, el Consejo Consultivo, por quien proponga el PP, y la dirección de la Diputación del Común por quien proponga el PSOE. Y al menos puede decirse que los socialistas han propuesto bien. Dolores Padrón, a lo largo de una intensa vida política, ha demostrado capacidad, entrega, tesón y una decencia sustancial que jamás ha estado en venta. Inteligente, terca y corajuda en los mejores y en los peores momentos de su vida, a veces puede ser terrible, pero en cambio siempre ha sido buena gente: todavía sabe escuchar su corazón. Será una espléndida diputada del Común. Quedan advertidos: la dejen o no la dejen.
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