Madrid, 9 abr (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a dos empresarios de una compañía oscense por haber pagado mordidas millonarias para hacerse en 2011 con un contrato de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) para el control de la recogida de basuras.
La sentencia, dictada este mes de marzo y a la que ha tenido acceso EFE, condena a dos directivos de Distromel S.A., con sede en San Esteban de Litera (Huesca), por sendos delitos de corrupción de negocios y complicidad. Con ellos colaboró el representante legal de Distromel Andina, su filial el Colombia, que ya fue juzgado y condenado por esos hechos en el país sudamericano, apunta la Audiencia.
Los acusados aceptaron la calificación de la Fiscalía y, con las circunstancias atenuantes de la confesión y la "cuasiprescripción" del delito, el primero es condenado a un año y tres meses de cárcel y el segundo, a ocho meses, además del pago de sendas multa de 12.000 y 6.000 euros.
El caso se remonta a octubre de 2011, cuando Distromel se hizo con un contrato licitado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la Alcaldía Mayor de Bogotá para establecer un sistema de información integral para la recogida de basuras en la capital colombiana por importe de 106.000 millones de pesos (casi 42,5 millones de euros al cambio en aquella fecha).
De esa cantidad, según la sentencia, la UAESP solo abonó a Distromel 28.471 millones de pesos.
La resolución judicial detalla los sucesivos pagos que realizaron los condenados a responsables de la UAESP para conseguir el contrato y los diversos métodos elegidos, desde facturas falsas a entregas en mano.
En diciembre de 2011, por ejemplo, Distromel destinó 50 millones de pesos para costear una cena de fin de año con 28 trabajadores en el restaurante "Mi Terruño Campestre", uno de cuyos propietarios era director de estrategia en UAESP. Por cada comensal se pagó aproximadamente 700 euros.
De acuerdo con la sentencia, se entregaron 6.000 millones a quien era entonces director general de UAESP y a dos colaboradoras a través de facturas diseñadas para pagar servicios nunca prestados por una empresa de consultoría; y 190 millones en bolsas de plástico a dos miembros del comité evaluador de la licitación.
Se entregaron también 1.250 millones a un abogado colombiano, una parte en una caja de cartón y otra como pagos por facturas giradas por servicios ficticios a Distromel Andina.
Los magistrados reconocen que se desconoce quiénes fueron los destinatarios finales de ese dinero, aunque el citado abogado ha afirmado que parte se la entregó al que era alcalde mayor de Bogotá cuando comenzaron las negociaciones, hoy fallecido. EFE
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