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La revolución chavista afina su puntería en contra de la oposición, la disidencia y la sociedad civil. Se trata de la Ley contra el fascismo y el neofascismo, ideada por el propio Nicolás Maduro, "a quien considero padre de los venezolanos porque se preocupa y nos cuida como buen padre", ha asegurado la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante su discurso del martes ante la Asamblea Nacional chavista.
Ya está aprobada en primera instancia en tiempo récord y a la espera de cuándo el 'presidente pueblo' decida ponerla en marcha. La guinda roja en el pastel bolivariano que, según la propaganda oficialista, pretende ponerse al frente de la "defensa de la Humanidad" ante la acometida del "fascismo".
Su objetivo, según la vicepresidenta, es preservar la "convivencia pacífica y la tranquilidad pública y proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza". Un "escudo" que también se fortalece con Ley contra el Odio, y que incluso tendrá poderes retroactivos.
La mano derecha de Maduro ya ha adelantado que piensan castigar con "especies penales muy especiales" los ciclos de protesta de 2014 y 2017, incluso contra una "secta" inventada por el gobierno, que según el relato de Rodríguez fue creada en 1984 por "jóvenes de grandes apellidos", entre los que estarían los opositores Henrique Capriles y Leopoldo López. Y, por supuesto, las protestas futuras.
La vicepresidenta ha pontificado los supuestos avances del fascismo como si estuviera frente a un espejo. Y lo ha hecho en medio de un proceso electoral contra el que el chavismo ha embestido por todos lados con el objetivo de mantener al 'presidente pueblo' en el Palacio de Miraflores con el menor desgaste posible, pese a que el 80% de los venezolanos sueñan con el fin de la revolución, según todas las encuestas.
Hasta 12 años de prisión y multas muy elevadas se aplicarán contra quienes se atrevan incluso a convocar manifestaciones. Los medios serán cerrados, o multados con hasta 100.000 dólares, si divulgan "mensajes prohibidos".
La diana chavista
¿Y quién será el encargado de decidir sobre el presunto fascismo de quienes disienten? Una comisión que designará el propio Maduro, el mismo que atribuye todos los días actos terroristas o fascistas a cualquiera que se manifieste en su contra.
Dirigentes, partidos políticos, sociedad civil y ONG están de nuevo en medio de la diana chavista, que realmente pretende acallar a la fuerza las voces críticas en un año trascendental. Un plan muy parecido al llevado a cabo en Nicaragua por el caudillo sandinista Daniel Ortega, quien no sólo encarceló a siete candidatos presidenciales para no perder las elecciones presidenciales en 2021, sino que también ha aplastado a la oposición hasta mandarla al exilio y ha cerrado o expulsado del país a más de 3.500 organizaciones no gubernamentales.
"El proyecto fascista de ley contra el fascismo establece la detención de personas antes de que se realice una manifestación de carácter social o política. El sólo hecho de convocar ya es delito. Se atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas", advirtió el defensor de derechos humanos Marino Alvarado.
En definitiva, amedrentar y amordazar, sobre todo en redes sociales, en año electoral. "Esta ley no es más que la proyección de lo que son ellos mismos. Es sin duda una ley para criminalizar arbitraria y caprichosamente a cualquier ciudadano por pensar distinto. Es elevar la condición del Estado represivo", ha sentenciado el dirigente opositor Andrés Velásquez.
"La ley contra el fascismo es fascismo puro, muy orwelliano", ha denunciado sin ambages el economista Francisco Monaldi.
Con o sin ley, la acometida no cesa en Venezuela. Siete dirigentes, dos de ellos del círculo más cercano a la líder opositora María Corina Machado, ya forman parte de los 268 prisioneros políticos encerrados en las mazmorras de la revolución. Otros seis dirigentes de primera fila están refugiados, y bajo asedio, en la embajada de Argentina en Caracas, a la espera de las negociaciones que mantiene el gobierno de Noruega con Maduro para que obtengan salvoconducto y viajen a Buenos Aires.
Delcy Rodríguez, en su discurso, ya adelantó que el eslogan electoral de Machado ("Hasta el final", en referencia a recuperar la libertad tras las elecciones) sería delito para la nueva ley: "(en la frase) está el germen de la violencia, el odio y el exterminio".