Ciudad Juárez. – Luego de la aprobación del dictamen de la reforma a la Ley de Amparo en sus términos iniciales por parte de la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) consideró que existen argumentos suficientes para sostener su inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación.
El organismo recordó que el pasado 17 de abril cuando el Senado de la República, como cámara de origen, aprobó la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, relacionados con la figura de la suspensión, mismos que fueron aprobados en lo general también en San Lázaro.
De acuerdo a documentos del Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión del acto reclamado es aquella medida cautelar que ordena a las autoridades que mantengan paralizada o detenida su actuación, durante todo el tiempo que dura la sustanciación del juicio de garantías, hasta tanto resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos.
Alejandro Sandoval, presidente de ANADE, explicó que la reforma propone prohibir a los jueces otorgar suspensiones en beneficio de la colectividad en juicios de amparo en los cuales se reclama la inconstitucionalidad de normas generales (artículo 148).
Por otro lado, busca suprimir parte del último párrafo del artículo 129 para evitar que los órganos jurisdiccionales, excepcionalmente, concedan una suspensión en los casos previstos en dicho artículo si estiman que pudiera causar mayor afectación al interés social si se niega la medida.
Para Anade, esta reforma es contraria a derecho, entre otras razones, porque la prohibición de la suspensión con efectos generales en amparo contra normas contraviene el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales.
Además, la eliminación del último párrafo del artículo 129 restringe de manera injustificada la potestad de los jueces para ponderar entre la protección de los derechos de la parte quejosa y el interés social.
ANADE también consideró que la exposición de motivos de la iniciativa resulta incongruente, pues justifica los cambios a la Ley de Amparo en resoluciones que la SCJN ha dictado en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, procedimientos ajenos al juicio de amparo.
Los abogados de empresa consideraron que la reforma persigue una motivación política que beneficia un programa de gobierno en detrimento del derecho de la ciudadanía a defenderse ante los abusos de autoridad, que es la naturaleza del amparo.