Irene Benedicto
España sigue "sin investigar eficazmente la violenta respuesta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos en 2022". Así abre Amnistía Internacional el informe anual en el que evalúa cómo se cumplen --o no-- los derechos humanos en España.
Casi dos años después, sigue sin esclarecerse la muerte de 37 personas migrantes a manos de las fuerzas del orden en unos hechos en los que al menos 76 personas más resultaron heridas. La Fiscalía General cerró la investigación argumentando que los agentes de policía habían actuado conforme a la legislación nacional, denuncia el informe.
Amnistía también denuncia que para los migrantes que pueden llegar a España, ya sea a través de Melilla, Ceuta, o por mar, la burocracia de la petición de asilo se alarga al menos seis meses hasta tener su primera entrevista, tiempo durante el cual pueden ser expulsados.
Por otra parte, el informe señala a España por la impunidad judicial que rodea al caso de espionaje a través del programa espía Pegasus contra al menos 65 personas, entre las que había periodistas, representantes políticos y miembros de la sociedad civil catalana. Algunos de los afectados fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el 'president', Pere Aragonès.
El Parlamento Europeo confirmó estos casos de espionaje a través del software israelí pero no hubo avances en ninguna de las 13 demandas presentadas ante los tribunales. La Audiencia Nacional cerró la investigación en julio "debido a la falta de cooperación de las autoridades israelíes", cita el informe.
Ayuso, en el foco
Amnistía apunta también a los dirigentes políticos españoles por no asumir responsabilidades por la muerte de hasta 35.000 personas mayores en las residencias durante el pico del covid-19. Esto conllevó, según la organización, cinco violaciones de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familia y a la muerte digna.
El pasado mes de febrero, la organización ya señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la muerte de 7.291 mayores en las residencias públicas madrileñas por el protocolo que impidió trasladarlos a un hospital para que fueran atendidos.
La ley de vivienda también recibe la crítica de Amnistía por no contemplar un mecanismo de control de los precios de alquiler ni sanciones contra los que no la cumplan. La ley tampoco prohíbe los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo ni fija objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales. De nuevo mirando a la capital, destaca el barrio de la Cañada Real, el mayor asentamiento de Europa, donde 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, viven sin electricidad desde hace cuatro años.
Incluso entre los progresos del último año, Amnistía da nota negativa a la gestión de Díaz-Ayuso. La organización valora positivamente la entrada en vigor de la ley que protege el acceso a servicios de salud de las personas trans y el derecho a la autodeterminación de género, y que prohíbe las terapias de conversión. Sin embargo, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó "una legislación regresiva", según la oenegé, que niega el derecho reconocido a nivel estatal de determinar el propio género y restringe las iniciativas educativas de promoción de los derechos LGBTI.
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