La ley ómnibus XS aprobada en la Cámara de Diputados incluye medidas que, según el discurso de Javier Milei y Toto Caputo, contribuyen al equilibrio fiscal "innegociable" que tiene el Gobierno como norte; pero parte del esfuerzo en las cuentas públicas se va en beneficios para el sector de la población más rica del país.
El capítulo fiscal da vía libre a un impuestazo a la clase media a través del aumento del monotributo y la restitución de la cuarta categoría de Ganancias; mientras que se elimina la moratoria previsional y se modifican características de las jubilaciones que perjudicarán a uno de los sectores más vulnerables de la población. Al mismo tiempo, flexibiliza condiciones para quienes pagan el impuesto a los Bienes Personales y prevé un blanqueo para activos no declarados con topes más flexible.
Cálculos de la consultora Empiria proyectan un impacto final de un 0,7% del PBI del conjunto de las modificaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal. Un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (OPC) también estimó cuánto colabora a la hoja de ruta del equipo económico para alcanza el recorte de más de 5 puntos del PBI que tiene como zanahoria para llegar al déficit cero a fin de año.
Según estos datos, mientras que el ajuste que le pide el Gobierno a la sociedad para recuperar cerca de 0,4% del producto, los cambios en el gravamen a bienes de alto valor tienen el efecto contrario de reducir la recaudación estimada; al tiempo que el régimen de regularización no se puede estimar de antemano.
Bienes Personales
El impuesto a los Bienes Personales alcanza al un sector medio alto de la sociedad que posee inmuebles, autos, cuentas bancarias, entre otros bienes, de un valor patrimonial elevado. Es un tributo que pagan solamente algo más de 400 mil contribuyentes.
La ley ómnibus aprobada en la cámara baja prevé una reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas y elimina la distinción existente para bienes situados en el exterior. El estudio de la OPC estima que esa baja en lugar de favorecer el objetivo impostergable para la lógica oficial de alcanzar el equilibrio fiscal, lo perjudica; ya que exigirá perder un rango de 0,29% a 0,61% del PIB, según el período fiscal y los supuestos adoptados. Es casi la mitad de lo que recauda anualmente ese tributo, calculado en 0,68% del producto.
Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en 2027. El piso mínimo no imponible pasará a ser de $100.000.000 y para la casa habitación de $350.000.000; dos importes que se ajustarán de forma anualizada en función de la variación anual del IPC.
Quienes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales hasta 2022 inclusive, antes del 31 de diciembre del 2023 y no adhieran al blanqueo previsto en la ley, serán beneficiados con una reducción de 0,25% de la alícuota del gravamen para los períodos 2023, 2024, 2025, y 2026
Otro de los beneficios es la posibilidad de adelantar los períodos fiscales de 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 de forma unificada, lo que dará la posibilidad de tener cuatro años de gracia sin el pago del impuesto.
Blanqueo de activos
El régimen de regularización de activos que propone el proyecto que va camino al Senado es una iniciativa flexible y permitirá que quienes ingresen al programa, puedan blanquear activos con alícuota 0% siempre que se elijan mantener depositados esos fondos en una Cuenta Especial de Regularización de Activos e inmovilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025, o aplicarlos a determinadas inversiones.
Es una iniciativa que, a diferencia de la implementada por el expresidente Mauricio Macri, excluye a los familiares; pero permite que exfuncionarios de ese gobierno se vean beneficiados, ya que sólo quedan exentos de participación quienes estuvieron en la función pública en los últimos cinco años.
Los activos no declarados que superen los u$s100.000 y no cumplan con los requerimientos de inmovilización, tendrán que pagar alícuotas progresivas hasta del 15%.
Cómo afectará a las cuentas públicas
El relevamiento de la OPC no estimó cuánto afectará a las cuentas públicas. "No se cuenta con elementos como para trazar un escenario probable de montos involucrados en el Régimen de Regularización, la etapa de ingreso al mismo y las alícuotas efectivas pagadas", estimó.
A modo de referencia y de acuerdo a datos oficiales "el total de activos sincerados en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal lanzado a través de la Ley 27.260 (el blanqueo del 2016) ascendió a u$s116.800 millones, de los cuales un total de u$s93.300 millones correspondieron a activos ubicados en el exterior.
"Este nivel de sinceramiento dio lugar a una recaudación de $148.600 millones (1,8% del PIB de 2016, año de lanzamiento del Régimen)", recapituló la OPC.