La consejera responsable del Tribunal de Cuentas para la causa por malversación del procés y la acción exterior de la Generalitat, Elena Hernáez, ha reactivado el proceso y ha pedido al fiscal del órgano y a Societat Civil Catalana, que ejerce la acción popular, que en diez días presenten sus conclusiones tras el juicio que se celebró en noviembre, en el que las defensas pidieron la suspensión del procedimiento una vez que ya se tramitaba en el Congreso la ley de amnistía.
Según una resolución del Tribunal de Cuentas, transcurrido el plazo de diez días, los demandados, poco más de treinta, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, Dispondrán de otros diez días para presentar sus conclusiones, que previsiblemente insistirán en la suspensión. Después de este trámite el procedimiento, en el que se pide a los encausados la devolución de 3,4 millones de euros, quedará visto para sentencia.
Elena Hernáez deberá determinar qué gastos indebidos se han podido justificar que hayan sido utilizados desde el Govern desde el año 2011. Según la liquidación provisional, el periodo analizado va del 2011 hasta el 2017 para la promoción en el exterior del procés y en este último año por la organización del 1-O cuando éste fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y prohibida su celebración por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La sentencia que dicte esta consejera es recurrible ante la propia Sala del TCu y luego ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Hasta que no llegue al Alto Tribunal, la sentencia no será firme y por tanto ejecutable. Por eso, en virtud de la ley de Amnistía que incluye esta causa, la sentencia no se llegaría a aplicar.