Por Gabriela Pepe –
Un gobernador dice que lo tiene medido con encuestas. Cuando aumenta el boleto de colectivo, la gente le echa la culpa al intendente. Los mandatarios provinciales se tienen que tragar el costo del incentivo docente y los incrementos de la luz. En cambio, cuando sube la nafta, la responsabilidad es del gobierno nacional. Lo mismo pasará con la vuelta del Impuesto a las Ganancias y los aumentos de gas. A Javier Milei le llegó la hora de pagar por su plan de ajuste, confían en los distritos.
La Casa Rosada piensa que el Presidente todavía tiene margen de acción. A pesar de la brutal caída del poder adquisitivo, los tarifazos y los despidos, una mayoría de encuestas muestra que la aprobación de su gestión está -en promedio- un poco por encima del 50%. Milei gana la batalla cultural, ahoga a las provincias de una forma inédita, desgasta a los gobernadores y los arrastra a una batalla por ver quién se estrella primero.
La paciencia a prueba de balas del electorado y la emergencia financiera de las provincias marcan el pulso de la danza del Presidente con los gobernadores, acorralados en la decisión sobre si mandar la señal al Congreso de aprobar la ley ómnibus XS y sentarse a firmar el Pacto de Mayo o romper relaciones con la Casa Rosada.
Las negociaciones están en el aire porque el texto final del proyecto de ley todavía no aparece, aunque habría una voluntad mayoritaria de los gobernadores de darle luz verde a la aprobación. "No votarle nada victimiza al Gobierno. Hay que sacarle la excusa y que empiece a pagar el costo con la gente", apunta un mandatario de peso en la liga federal. Desde que asumió, Milei no consiguió la aprobación de ningún proyecto en el Congreso.
A cambio, el Gobierno ofrece convalidar la vuelta del Impuesto a las Ganancias y reanudar las transferencias que la ANSES enviaba a las cajas previsionales de 13 provincias y que la administración mileísta suspendió, de manera sorpresiva, la semana pasada, mediante el DNU 280/2024. El ministro del Interior, Guillermo Francos, explicó que los giros se reactivarán una vez concluida una auditoría que el organismo previsional decidió hacer justo en plena negociación por la ley ómnibus.
Son puntos clave para las cuentas provinciales, ya asfixiadas por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el fondo compensador del transporte y la baja en la recaudación. Un ejemplo: el Impuesto a las Ganancias representa para Corrientes dos masas salariales por año, unos $20 mil millones por mes. El gobernador Gustavo Valdés interpuso una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado nacional cuando el exministro Sergio Massa decidió avanzar con la eliminación de ese tributo, en 2023, que significó una cuantiosa pérdida de recursos para las provincias.
Las cajas jubilatorias, más que un error no forzado
El corte de las transferencias de las cajas previsionales hace más grande el agujero de las cuentas distritales. A Córdoba le corresponden por ese concepto entre 8 y 10 mil millones de pesos mensuales. En la provincia que gobierna Martín Llaryora dicen que la auditoría que el Gobierno anuncia que hará en realidad ya se hizo. El gobernador espera que la Corte Suprema resuelva en la causa que inició el año pasado su antecesor, Juan Schiaretti, durante el gobierno de Alberto Fernández, por una deuda de $117 mil millones de la ANSES con la caja jubilatoria provincial.
Corrientes también se presentó ante el máximo tribunal: reclama una deuda anterior de $25.500 millones. El viernes, el titular del Instituto de Previsión Social de la provincia, Héctor López, se reunió con el gerente general de Finanzas de la ANSES, Martín Pierrepont, por el congelamiento de las transferencias que decidió Milei. Volvió a la provincia con una mala noticia.
"La decisión es que la ANSES no va a girar los fondos", dijo López en Radio Dos. Contradice la conclusión que sacaron algunos gobernadores de la reunión con Francos, en la que supuestamente reconoció que el corte de los fondos jubilatorios fue "un error no forzado". "Nos entretienen hablando de Conan mientras nos meten un ajuste brutal", sintetiza un mandatario provincial.
En paralelo a los recortes distritales, la Nación fortaleció sus cuentas. Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la recaudación tributaria tuvo en marzo una caída real del 16%, afectada por la baja del IVA, Ganancias y Bienes Personales, todos impuestos coparticipables. En contraposición, los únicos dos tributos que aumentaron en términos reales fueron el impuesto PAIS, con 318,5%, y derechos de exportación, con 62,5%, que recauda la Nación.
El Gobierno recauda más y gasta menos, mientras delega cada vez más competencias en los gobernadores. La última muestra se encuentra en la crisis por el pico del dengue. El ministro de Salud, Mario Russo, dijo que el Gobierno "no es un supermercado para mandarles productos a las provincias". La actitud antifederal de la Casa Rosada empuja las alianzas regionales. "Ahora tendremos que hacer acuerdos para que las provincias que tienen laboratorios públicos y fabrican repelentes puedan ayudar a sus vecinos", arriesga un ministro de un gobierno provincial.
Las cuentas para la ley ómnibus
La Casa Rosada traza un mapa para pronosticar el resultado de la votación. Entre los diez mandatarios de Juntos por el Cambio que se reunieron el jueves con el ministro Francos reina el espíritu dialoguista, aunque el Gobierno identifica algunos más predispuestos a acompañar, como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y otros más díscolos, como Ignacio Torres, de Chubut, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El exministro del Interior contempla, como otros, la demanda del electorado del PRO, que pide apoyo a Milei.
Torres es parte del grupo de gobernadores patagónicos que ya avisó que no votará la vuelta del Impuesto a las Ganancias. También advirtió que podría ir a la Corte a reclamar por la suspensión de las transferencias a las cajas jubilatorias. El rionegrino Alberto Weretilneck y el santacruceño Claudio Vidal están en pie de guerra. Este jueves, sus senadores pegaron el faltazo en dos comisiones y le impidieron a Victoria Villarruel avanzar en la conformación de esos cuerpos en la Cámara alta. Vidal dice que, sin recursos para las provincias, no habrá ley Bases.
El Impuesto a las Ganancias es una piedra en el zapato. Todos necesitan los recursos, pero nadie quiere pagar el costo político que implica la reposición del tributo. Hay discusiones sobre el piso, las escalas y la actualización. El ministro de Economía, Toto Caputo, dijo el viernes que el piso será "razonable", superior a $1,2 millones. Al oficialismo le aparecieron problemas con los propios. El diputado libertario Carlos D'Alessandro también anunció que está en contra de la restitución de Ganancias.
Pullaro dijo que está dispuesto a apoyar el proyecto "en general", pero pide el detalle del texto. El jueves, a la salida de la cumbre en la Casa Rosada, dijo que no hay acuerdo sobre el piso de Ganancias. ¿Y si vuelve a pasar lo mismo que durante la primera edición del debate y la votación se empantana en la discusión en particular?
El Gobierno se comprometió a enviar el borrador esta semana. El secretismo en la letra final de la iniciativa volvió a generar desconfianza en los gobernadores. "No entendemos si quieren que haya ley o no", se sinceró un funcionario de primera línea de una de las provincias que gobierna JxC. ¿Incluirá en el texto la reforma laboral? El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), de Miguel Ángel Pichetto, le sugirió a Santiago Caputo que no, porque eso empantanará la discusión.
En el grupo de los más duros, el oficialismo ubica a integrantes de Unión por la Patria (UP), con Axel Kicillof, Gustavo Melella y Sergio Ziliotto, a quienes ya sus pares descartan ver el 25 de mayo en Córdoba en la firma del pacto. "No le van a votar nada al Gobierno y no les sirve de nada sacarse una foto con Milei. Ya están plantados como oposición", dice un gobernador que no forma parte del club de UP, que descuenta que Francos no levantará el teléfono para convocarlos.
Es llamativo que en el mismo sector duro, el Gobierno no incluya a los demás gobernadores de UP, como Gildo Insfrán. El formoseño ya les bajó la orden a los propios de no votar la vuelta de Ganancias, aunque su provincia de vería entre las favorecidas por la medida. ¿Tendrá que ver con la negociación con el peronismo por los votos en el Senado para los jueces de la Corte Suprema que propone el Gobierno?
En tanto, el Gobierno cuenta al tucumano Osvaldo Jaldo como un aliado permanente, que hasta recibe la felicitación de las cuentas libertarias como "peronista que la ve". Tucumán fue una de las cinco provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el primer trimestre del año. El listado se completa con Corrientes ($1.000 millones en enero), Chubut ($1.500 en febrero), Entre Ríos ($1.300, en marzo) y Jujuy ($1.500, en marzo). Tucumán obtuvo $2.000 millones en febrero. Una diferencia notable en el contexto de sequía absoluta para los distritos. Según publicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias nacionales no automáticas a las provincias cayeron 82% real durante marzo. Las caídas más importantes se observaron en La Rioja (-99,6%), San Luis (-99,4%) y Córdoba (-98,9%).
Ubicada entre las castigadas, Córdoba también está en el sector que el Gobierno identifica como duro, pese a que Llayora le hizo saber al Ejecutivo que, con las modificaciones que se hicieron desde febrero, el proyecto de ley Bases "es votable". Además, dijo en público que está dispuesto a firmar el acuerdo del 25 de mayo, al que ya denomina "pacto de Córdoba". Tiene motivos. Según publicó el jueves el diario La Voz, entre los estudios que le llegaron a Llaryora en las últimas semanas, hay uno que muestra que más del 40% de los cordobeses asegura que debe apoyar a Milei y sus medidas (incluso, sin "peros"), mientras que otro 40% afirma que debe hacerlo, pero defendiendo a Córdoba. Es decir, que el 80% del electorado de la provincia espera "un acompañamiento, acrítico o crítico" hacia el gobierno nacional.
Llaryora fue uno de los primeros que se plantó cuando el Gobierno empezó a tensionar con el recorte de fondos a las provincias. "Ustedes están planteando ver quién sobrevive más. Nosotros no tenemos ningún problema en esperar", le dijo hace meses a Francos. No contaba, entonces, con que los gobernadores terminarían pagando costos por recortes que hizo la administración nacional y que el Presidente mantendría altos niveles de aprobación. ¿Cuánto tiempo pueden esperar las provincias sin recursos?
Según la encuesta que hizo en marzo la Universidad de San Andrés, la aprobación de la presidencia de Milei es del 51% y creció 3 puntos respecto de enero, cuando había registrado 48%. Algunos diputados peronistas ya anduvieron buceando en la historia para comparar a Milei con Fernando de la Rúa. Encontraron que el expresidente radical tenía, en enero de 2000, una popularidad absoluta, de 78%, que cayó a 50% en junio y a 23%, en octubre del mismo año.
"¿Cuándo se produjo el quiebre?", le preguntó un diputado de UP a un dirigente radical que formó parte del llamado Grupo Sushi. "Cuando la sociedad se dio cuenta de que no le íbamos a resolver ninguno de sus problemas", fue la respuesta.
Fuente Letra P