La seguridad pública y justicia, desde un punto de vista práctico, pero también académico, puede dividirse en cinco grandes rubros: prevención social de la violencia, prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia y reinserción social.
Todas y cada una de las etapas son importantes y están concatenadas; algunas reciben mayor atención que todas y eso es quizás lo lamentable porque cada uno de los rubros funcionan como una parte de un organismo vivo y son importantes no solo para esa área sino para todas en su conjunto.
El gran olvidado es siempre la reinserción social, el casi patito feo del sistema nacional de seguridad y justicia y donde tristemente desde su interior siguen cometiéndose delitos y su adecuado funcionamiento aún deja mucho que desear en nuestro país. Tenemos una deuda histórica con el sistema penitenciario, donde pareciera más una escuela o lugar de planeación y ejecución criminal hacia afuera que un auténtico sitio que preparara a las personas para redimir, comprender lo que han hecho, purgar una pena y poder ser preparados para reinsertarse a la sociedad.
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el Sistema Penitenciario, enfatizando en el respeto a los Derechos Humanos y la reinserción social de las personas privadas de libertad como fines de la pena de prisión. Cambió el paradigma de readaptación a reinserción en la reforma constitucional de 2008, con un claro enfoque a derechos humanos, para que la pena pueda ser purgada donde hay arraigo, procurando la misma.
Actualmente, el Sistema Penitenciario Nacional en México está compuesto por 300 centros penitenciarios con una capacidad instalada de 217,657 lugares y una población total de 202,221 personas.
De esta población, 191,702 (94.80%) son hombres y 10,519 (5.20%) son mujeres, y 172,566 (85.34%) pertenecen al fuero común mientras que 29,655 (14.66%) al fuero federal. Del total, 77,884 (38.51%) están en proceso y 124,337 (61.48%) cumplen una sentencia.
Esta semana dentro de la sesión de la Comisión de Justicia que presido, enviamos exhorto como Congreso del Estado de Chihuahua solicitando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México la instalación de un nuevo Centro de Reinserción Social Federal en Chihuahua. Concretamente el CEFERESO 3 de Ciudad Juárez.
Los datos de sobrepoblación penitenciaria son del 20.52%, no deben ser solo números o cifras: sino personas hacinadas y viviendo en malas condiciones que muy lejos se encuentran de la reinserción y mejorar. Si esto se cumple esto ayudará a recomponer el ámbito familiar que es parte sustancial de la reinserción. Todas las personas debemos tener esperanza, anhelos y a quien amar y nos ame para motivarnos a ser mejores. Además, se destaca que esta medida busca mejorar las condiciones de reclusión y garantizar arraigo.
Datos nacionales, mencionan que los centros penitenciarios federales cuentan con 9,665 espacios libres, lo que podría ayudar a reducir la sobrepoblación en los penales estatales.
Así mismo esta semana nos enteramos que la Federación habrá de conceder la administración del CEFERESO 3 al Gobierno Estatal, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Es una buena noticia para evitar la sobrepoblación, para no desarraigar, porque consideramos que una de las medidas consistirá en evitar la concentración de poder de bandas dentro de los centros de reclusión y con ello tanto la delincuencia dentro como fuera de los penales.
Ojalá que efectivamente se traduzcan en seguridad dentro y fuera. Que este CEFERESO tan necesario pueda controlar las disputas entre bandas, ayude a controlar los autogobiernos, mejore las condiciones de paz en las calles, incluso y que represente el cumplimiento de derechos humanos del artículo 18 constitucional.
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