Marcha federal a Plaza de Mayo en defensa de la educación pública y por mayor presupuesto. Adhieren la CGT y oposición
Estudiantes y docentes. Gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de otras centrales sindicales. Dirigentes de la oposición. Ese será el perfil de los concurrentes a la Marcha Federal Universitaria a la Plaza de Mayo que se realizará hoy, bajo la consigna de la defensa de la universidad pública y motivada por los problemas presupuestarios que dicen experimentar la mayoría de las casas de altos estudios.
La cuestión genera dudas. ¿Durante la gestión de Fernández el porcentaje del producto bruto dedicado a la educación realmente se mantuvo? Porque el tema parece haber sido descubierto a partir de la asunción de Milei. Además, los dos candidatos a presidente cuando pactaron la nueva aprobación del presupuesto de la Nación, antes de las elecciones, ¿tenían noción de la enorme llave que se le concedía al futuro primer mandatario? ¿Los libertarios no llevan a lo económico una preocupación que en realidad es política?
Pero en realidad será lisa y llanamente una marcha contra la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. Las universidades aseguran que desde la Nación se les ha recortado presupuesto y eso podría ocasionar la caída o parálisis del sistema de estudios públicos universitario. La movilización central está pautada para las 15,30.
La marcha se prevé multitudinaria, con la Universidad de Buenos Aires (UBA) como motor principal de la protesta. Pero también han comprometido su adhesión al reclamo entidades educativas privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Torcuato Di Tella (UTDT) y la de San Andrés (UdeSA). Se verá hoy hasta dónde movilizan.
Se supone que no habrá banderas partidarias pero acaso sea imposible frenar esa pulsión histórica en los participantes. Lo dicho: la CGT, en pulseada con Milei por el cierre de paritarias y la intención de reforma laboral, se comprometió a mandar gente. Promete una columna de 20 mil personas. La Unión Cívica Radical (UCR), de amplia presencia en universidades públicas, aparece como un actor central de la movida, con el vicerrector de la UBA y diputado nacional, Emiliano Yacobitti, como la cara más visible del conflicto. Pero también prometieron estar la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, el Frente de Izquierda (FIT), dirigentes de Hacemos Coalición Federal -la llamada oposición amigable- y, claro, referentes del kirchnerismo, aún aglutinados bajo la marca Unión por la Patria.
Respecto a éstos últimos, la foto más requerida seguramente será la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien anticipó que marchará con todo su gabinete. También estará el presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, de reciente protagonismo mediático a raíz de su manito vergonzante en la votación por el aumento millonario de las dietas de los integrantes de la Cámara alta. Hasta convocó a marchar el ex- presidente Alberto Fernández, en cuyo gobierno las universidades soportaron un recorte de fondos y retrasos del envío de los mismos que casi no generó reclamos estridentes.
Las universidades dicen tener complicaciones económicas porque el gobierno no actualizó el presupuesto educativo. Es el mismo que en 2023, votado a fines de 2022. Eso se debe a que Milei gobierna con un presupuesto de toda la administración central prorrogado porque el Congreso no ha votado uno nuevo. No lo votó porque él no lo mandó. De hecho, antes del balotaje presidencial del año pasado, acordó con el entonces ministro de Economía Sergio Massa -que era su rival directo- la suspensión del envío del proyecto correspondiente hasta saber el resultado de los comicios.
La comunidad universitaria denuncia ahora que los fondos que le viene enviando el gobierno casi que no le alcanzan ni para cubrir aspectos del funcionamiento básico de las facultades, con situaciones paradigmáticas -acaso algo sobre dimensionadas- como la de la Facultad de Medicina de la UBA, que corta el suministro eléctrico en parte de su edificio porque no puede pagar el aumento de la tarifa que se habilitó a la empresa distribuidora de luz.
Frente al conflicto el gobierno ha tomado una actitud pública beligerante, con declaraciones provocativas. Como la del ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo que el reclamo es "un berrinche". O la del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que la movilización de hoy es "incentivada por la política". Una obviedad referida a un mundo, el universitario, en el que se forman cuadros políticos.
El propio Milei habló del tema. Por un lado, denunció que las universidades se usan como centros de "adoctrinamiento", en referencia al supuesto ejercicio de inculcar ideas que, claro, son contrarias a lo que él piensa. Volcó incluso una frase célebre en la red X: "La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo", escribió. Pero además avanzó sobre una idea destinada a hacer mella en la credibilidad de todo el sistema: la supuesta falta de control de los gastos de las universidades públicas, que en definitiva funcionan con el dinero de los contribuyentes.
La comunidad univesitaria le respondió alegando los términos de la autarquía, garantizada por ley desde la reforma de 1918. En el mileismo creen que el Presidente tuvo un pequeño triunfo con este punto. Probablemente sea sólo aplaudido por sus votantes, lo que le serviría sobre todo para reforzar la relación con su núcleo duro: más cauto que en sus épocas de candidato, Milei no dice que está en contra de la educación pública, sino que plantea un mejor control de los gastos de las casas de altos estudios en el marco del plan de racionalizar gastos. Todavía no las definió como parte de "la casta" pero parece estar a un tris.
No parece casual que haya elegido hablar anoche sobre las "buenas noticias" en materia macro económica. Fue su propio prólogo exitista a la manifestación de hoy en las calles. Técnicamente, desde noviembre de 2022, y a partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro, se determinó que los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN, el organismo de control que depende del Poder Ejecutivo) "no resultan aplicables a las universidades nacionales". En ese entonces, la Procuración la manejaba el cristinista Carlos Zannini. Así, se remarcó que la función de auditoría interna es exclusiva de cada institución que, en algunos casos, rinden cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo autónomo que depende del Congreso para la revisión de las acciones de los gobiernos, que suele estar en manos de la oposición.
El sistema argentino tiene 62 universidades públicas. En este gobierno la cuestión educativa está a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien comunicó que las asignaciones que envía el tesoro se incrementaron un 70% en el mes de marzo y habrá un aumento igual en el mes de mayo, lo que totalizaría una recomposición del 140%. Las universidades responden que esos fondos no alcanzan porque el financiamiento aparece reducido en términos reales en comparación con la inflación, ¿esa reducción se originó cuando asumió Milei o durante la presidencia de Alberto Fernández?
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