La influencia de los agentes sociales en el plano político, económico, social e, incluso, legislativo, ha crecido considerablemente en los últimos seis años en que el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, les han dado un papel protagonista.
Su participación en la negociación de casi cualquier norma -no siempre de corte económico- es pareja a una debilidad parlamentaria que ha crecido en la última legislatura y que obliga al Ejecutivo a intentar llevar las normas al Parlamento con el mayor respaldo social posible. Una ley que cuenta con el visto bueno de patronales y sindicatos será vista con mejores ojos por los partidos de la oposición y una que cuente, al menos, con el parabién de los representantes de los trabajadores será suficiente para que los partidos progresistas la apoyen.
Por esta razón, en los últimos años se han firmado 16 acuerdos tripartidos y, en aquellos casos en los que el Ejecutivo no ha conseguido concitar el respaldo de las dos partes, se ha esforzado para contar al menos con el respaldo de los sindicatos. Sólo Trabajo ha firmado 18 acuerdos entre tripartitos y bipartitos.
El Ejecutivo es consciente de que la entrada al Poder Legislativo -que recae en el Parlamento- es más fácil si cuenta con el aval del diálogo social, de ahí que haya multiplicado el trabajo de las mesas de diálogo en temas muy vinculados al mercado de trabajo y las relaciones laborales -como aquellas en las que se discute sobre la reducción de la jornada o las subidas del Salario Mínimo-, pero también en otros temas que a los representantes de trabajadores y empresas les resultan más ajenos -como los derechos del colectivo LGTBI, las pensiones públicas o el Ingreso Mínimo Vital-.
Bien es cierto que cuando el Ejecutivo contaba de antemano con respaldo parlamentario ha habido casos en los que no ha discutido las normas con patronales y sindicatos, a pesar de que los temas sí eran de interés, como ocurrió con la reforma del subsidio de desempleo antes de que decayera en enero; con la reforma de las políticas activas de empleo o con el plan de garantía juvenil.
Salvo excepciones de este tipo, en general el papel de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO -los miembros actuales del diálogo social- se ha multiplicado en los últimos tiempos, lo que ha exigido incluso que mejoren el perfil técnico de sus negociadores. Tradicionalmente los gobiernos que ha tenido la democracia llegaban a acuerdos con los agentes sociales en cuanto al contenido de las normas y su intención, pero no bajaban al detalle de los textos normativos. Ahora, sin embargo, los secretarios de Estado negocian directamente con los equipos técnicos de patronales y sindicatos los textos legislativos, intercambian borradores de proyectos de ley y reales decretos y participan conjuntamente en la redacción del articulado y las disposiciones, lo que eleva el nivel de exigencia y conocimiento que deben tener, en materias en las que no siempre son expertos.
Por un lado, hay una queja silenciosa del trabajo que implica y la responsabilidad que supone, además de un interrogante sobre si ese es verdaderamente su trabajo o el mandato que les otorga la Constitución; pero al mismo tiempo este papel les brinda un protagonismo inédito que no tenían en el pasado. El Gobierno, y en especial el Ministerio de Trabajo, acostumbra además a informar a la prensa del minuto y resultado de las negociaciones, con lo que tanto sus técnicos como los negociadores de los agentes sociales suelen tener un altavoz para trasladar a los medios sus logros.
Los sindicatos son los que más se aprovechan de esta oportunidad y a los que más quiere reforzar el Ejecutivo, que ha llegado a presentar en el Congreso un plan para incluirlos en los consejos de administración de las empresas, aunque haya sido con una proposición no de ley que no salió adelante.
El riesgo está en que su papel cada vez más relevante pueda hacerles perder el foco: defender causas que no son las suyas, involucrarse en dinámicas políticas y olvidar que su deber y labor constitucional es la defensa y representación de los trabajadores y empresas, respectivamente. Ya lo advirtió el año pasado Cándido Méndez, quien fue secretario general de UGT de 1994 a 2016, en conversación con este periódico: "Hemos incorporado desde hace tiempo elementos relacionados con la perspectiva de género, el feminismo, la lucha contra la xenofobia, objetivos muy nobles... pero creo que deberíamos evitar el peligro de sustituir nuestro objetivo fundamental, que debe seguir siendo la defensa del trabajo con derechos. No podemos descuidar nuestro objetivo principal, porque todo empieza por el trabajo", advirtió.