Mauricio Macri se refirió el 4 de abril a las mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas.
Sin embargo, el mensaje presidencial, expresado 48 horas antes de lo que fue el primer paro general de la CGT, tenía un único destinatario: los gremios.
Fue una suerte de apercibimiento para evitar la "conducta extorsiva" de algunos gremios, avisó por entonces el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
A casi tres meses de aquella resolución, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceleró ayer el curso de una causa iniciada el 4 de octubre de 2013, que involucra a Omar Plaini con presuntas irregularidades durante el proceso electoral que lo consagró secretario general del sindicato de los canillitas por el período 2013-2017.
Plaini es uno de los pocos dirigentes de la CGT que adhirió recientemente al frente Unidad Ciudadana, que lidera Cristina Kirchner.
Pero surge un dato que incrementa las dudas: sus opositores y denunciantes en Canillitas estaban vinculados en 2013 a La Cámpora y a Nuevo Encuentro.
Por entonces, Plaini era un aliado de acero de Hugo Moyano y enfrentó al kirchnerismo en las urnas en alianza con Francisco de Narváez, la vía por la cual accedió a su actual banca de diputado nacional, que vence el 10 de diciembre próximo.
Martínez de Giorgi dispuso la intervención de Canillitas y procesó a Plaini y a la escribana que habría omitido las numerosas anomalías.
El Ministerio de Trabajo deberá ahora designar a un funcionario para regularizar la situación del gremio y supervisar los próximos comicios, dispuestos para este año.
No será terreno desconocido para Triaca. Desde que asumió en Trabajo, ya son cuatro los sindicatos en los que el Gobierno intervino con aval judicial.
Jamás había sucedido algo así en los 12 años que duró la gestión del kirchnerista Carlos Tomada.
La intervención más conocida fue la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el 18 de febrero de 2016, y cuyo jefe, Enrique Omar "Caballo" Suárez, está hoy preso en el penal de Marcos Paz por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y encabezar una presunta asociación ilícita.
En diciembre de este año habría elecciones y cerca de Triaca están inquietos porque aspiran a mantener cierta influencia sobre el sucesor de Suárez.
Otro episodio fue el del gremio de vigiladores privados, que conducía el barrionuevista Ángel García hasta la última semana de diciembre de 2016.
La intervención se dio también por irregularidades en el proceso electoral y por una interna que amenazaba con explotar. Quedó allí como interventor Rodolfo Alonso, un dirigente radical que responde a Enrique "Coti" Nosiglia.
Y el último caso, antes del de ayer de los Canillitas, fue el de Federación de Empleados de la Industria Azucarera, que para Triaca atravesó una suerte de acefalía desde junio de 2015.
Plaini denunció una persecución política y judicial. Sumó el respaldo de la CGT y los coletazos del caso podrían acelerar la ruptura de la tregua que habían sellado el Gobierno con algunos jerárquicos de peso de la central obrera. Entre ellos, con Hugo Moyano, quien hasta ahora calló por la caída en desgracia de su viejo ladero.