Juan Palomino, abogado de la organización no gubernamental Superfly Cannabis Medicinal y de la Federación de Clubes de Cannabicos de Argentina, conversó con SM Noticias y se refirió al allanamiento y decomiso de plantas que la Municipalidad de San Isidro realizó en la sede de la entidad, en la localidad de Martínez. "Nunca imaginamos el nivel de violencia institucional y el desprecio por el ordenamiento jurídico", dijo sobre el operativo, que aseguró, "fue una orden directa del intendente Ramón Lanús". "Hemos hecho una denuncia por abuso de autoridad, por allanamiento ilegal y amenazas", sentenció el letrado, quien lamentó no poder pedir la restitución de lo secuestrado, ya que fue quemado.
"Uno se siente bastante indefenso", fueron las primeras palabras de Palomino, quien se refirió a lo ocurrido como un hecho de impunidad. "Sufrimos en carne propia el poder ilimitado que creen tener algunos municipios, con los aprietes, con el ingreso ilegal a una propiedad para llevarse medicina de personas y luego quemarla en un cementerio el mismo día sin respetar la Constitución ni los códigos procesales de la provincia de Buenos Aires", declaró, y consideró que "se vulneraron las libertades individuales más básicas".
"Esto empezó por una disposición de un juez de Faltas que pidió secuestro y clausura" en la ONG, explicó. "Ellos hablan de mercaderías, pero nosotros decimos que se trata de medicinas, y además se trata de un domicilio particular, donde viven personas y además funciona una organización no gubernamental. No es competencia de un juez de Faltas, un funcionario municipal de San Isidro, pedir un allanamiento para secuestro y clausura", agregó, y afirmó que el operativo "fue una orden directa del intendente Ramón Lanús".
"El viernes nos negamos a que entren, pero el día sábado llegaron muy temprano con un cerrajero y sin personal policial ni del Tribunal de Faltas", prosiguió el abogado, y contó que la amenaza fue entrar por las buenas para llevarse solo las plantas; o por las malas, destruyendo todos los elementos necesarios" para el cultivo medicinal de cannabis que produce la ONG. "Con el desgaste que produce el apriete, el presidente Superfly Cannabis Medicinal los dejó entrar y se llevaron menos de 300 plantas, aunque comunicaron que eran 1000. Las transportaron en un camión de basura, como si fueran verdura podrida, y las quemaron en un cementerio", manifestó.
"Según las ordenanzas de San Isidro, las actividades sin fin de lucro están exentas de habilitación municipal. A nosotros nos exigían una habilitación como si fuera un vivero, que no lo es", clarificó. Remarcó también que "el REPROCANN, en todas sus modalidades, autocultivo, cultivador solidario y cultivo en red, habilita cultivo domiciliario, y este lugar es un domicilio, por lo no se necesita habilitación municipal". "Si esto fue por una cuestión de salubridad, podríamos haberlo discutido antes de realizar el peor procedimiento que vi en mi vida", chicaneó, y habló de irregularidades en el acta. "Ya no podemos pedir la restitución de las plantas, ya que fueron quemadas, y quiero recordar que en los operativos donde se secuestra cocaína, por ejemplo, las quemas se producen después de un año en un procedimiento muy cuidado", expuso, y declaró: "Destruyeron la propia prueba, y la desprolijidad habla de una torpeza enorme o de un nivel de impunidad que asusta".
En cuanto a la postura del Municipio de San Isidro sobre denuncias vecinales respecto del funcionamiento de la organización no gubernamental en una zona residencial de Martínez, el representante legal de Superfly Cannabis Medicinal indicó que "la mayoría del los vecinos de San Isidro mostraron solidaridad con la asociación", y que "los vecinos de la cuadra se acercaron a acompañarnos, y yo fui testigo de eso".
"Solo dos vecinos realizaron denuncias. Uno de ellos lo hizo asegurando que el funcionamiento de la entidad le bajaba el precio a su propiedad, y el otro por los olores y el movimiento que se genera", detalló, y continuó: "Entendemos que nuestra actividad podía generar alguna controversia, pero nunca imaginamos el nivel de violencia institucional y el desprecio por el ordenamiento jurídico" del Municipio de San Isidro.
También respondió a las denuncias de falta de habilitación por parte del Ministerio de Salud que realizó la Comuna. "Hubiera sido bueno que el oficio -al Ministerio de Salud- se pida antes del allanamiento", ironizó Juan Palomino. "El Municipio habla del alta en el REPROCANN, pero si se fijan en el Sistema de Información Sanitaria Argentina -SISA- Superfly Cannabis Medicinal está registrada como una ONG vinculada a la salud hace ya un montón de tiempo, y en el objeto de la sociedad civil se aclara que es establecer la gestión y control de un cultivo de cannabis para pacientes", informó.
"Cada planta está habilitada a través del REPROCANN, ya sea a Superfly Cannabis Medicinal o a los cultivos solidarios por parte de los fundadores. Hay registro de cada paciente y de cada una de las plantas", comunicó, y luego enfatizó: "Hay una realidad social que son las demoras en el REPROCANN. Hay más de 350 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud que tienen frenados los trámites de alta. Hay 300 mil pacientes que están en estado de 'pendiente de evaluación' desde que se produjo el cambio de gobierno".
"Esta realidad preocupa. Hoy a usuarios del REPROCANN, por tener la credencial vencida, les están pidiendo de nuevo coimas en la calle, o en los aeropuertos están retirando la medicina a pacientes, y la jurisprudencia mayoritaria dice que el estado de 'pendiente de evaluación' hace que no sea aplicable la ley penal", expuso el letrado, y cuestionó: "Con las nuevas políticas que muestra este gobierno, de carácter claramente prohibicionistas, hay un envalentonamiento para acciones de este tipo. Mientras tanto, miles de pacientes y ONGs están en un estado de vulnerabilidad absoluta".
Finalmente, mencionó que, con la quema de las plantas decomisadas, se produjo un "daño" a los pacientes. "La solidaridad de entidades de la Federación de Clubes de Cannabicos de Argentina garantizó que a ningún paciente de Superfly Cannabis Medicinal le falte su medicina", aclaró. "Desde lo jurídico, hemos hecho una denuncia a la Municipalidad de San Isidro y a funcionarios por abuso de autoridad, por allanamiento ilegal y amenazas".
"Exigimos públicamente una disculpa del intendente Ramón Lanús por haber llevado adelante este atropello institucional", completó el abogado de la ONG, y adelantó que "lamentablemente nos vamos a mudar de San Isidro".