El pasado 18 de abril todos los grandes medios de comunicación abrieron sus noticieros informando que en el Consejo Nacional Electoral CNE se formularían cargos por superación de topes e irregularidades en la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, contra quien fuese el gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Así mismo se dijo que la Fiscalía trasladaría cargos por los mismos motivos a Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo, Francia Márquez, entre otros.
Estos anuncios conllevan a que se configure, ya no una simple denuncia o un accionar para desgastar al gobierno, sino, a un paso superior de una conspiración encaminada a defenestrarlo. Una solicitud de investigación a la Comisión de acusaciones de la Cámara y posteriormente un juicio político en el Congreso al presidente Gustavo Petro.
Este relacionamiento presuntamente irregular y posterior juicio político tiene como obvio objetivo, separar del cargo al presidente. Es decir, un golpe blando.
Este fue el mismo manual con que en Brasil se operó permitiendo separar del cargo a la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula Da Silva y la posterior elección del extremo derechista Jair Bolsonaro. Posteriormente se supo la verdad del entrampamiento, pero el mal ya estaba hecho. Dispare primero y averigüe después.
Este proceder, rápido y "eficaz" contra Petro, no ha sido igual para el candidato del uribismo en el 2014 Óscar Iván Zuluaga, quien en compañía de Iván Duque viajaron a Brasil para recibir la ayuda en publicidad de una financiación por más de 1,6 millones de dólares que le giro Odebrecht (siempre Odebrecht y el grupo Aval) al empresario y publicista brasilero Duda Mendoça.
En este caso operó la dilación, los trámites y argucias burocráticas, la desidia, tanto del CNE como de la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya concluido este vergonzoso episodio.
Para el juicio penal y político al presidente Petro, las mayorías oligárquicas tienen mayorías en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por lo cual se hace esperar una decisión no en derecho, sino eminentemente política.
Se entiende eso sí, que para culminar con éxito está conspiración habrán de generar un contexto político que facilite dicha obra. Manifestaciones en contra del presidente, los grandes medios de comunicación generando desconfianza e incertidumbre sobre el presidente y su gobierno y diciendo que los pronunciamientos de Petro son inconstitucionales e ilegales y por lo cual es necesario y conveniente separarlo. En el ambiente de la extrema derecha, se concibe también, si el golpe blando no funciona, uno duro y puro, es decir militar y sangriento, al estilo del Chile de Allende en 1973.
A más de denunciar semejante quiebre institucional, sería la primera vez que pudiese ocurrir
Frente a este panorama, las fuerzas democráticas, todas ellas, no deben permitir que ello ocurra. A más de denunciar semejante quiebre institucional, sería la primera vez que pudiese ocurrir, pues cuando lo intentaron con el presidente Ernesto Samper, bajo un cargo mucho más delicado, financiación mafiosa de su campaña presidencial, e incluso con la embajada gringa promoviéndolo, no lo lograron.
Para desactivar dicho horror, se debe realizar la más amplia movilización social y popular, de forma semejante a la del estallido social, que genere un clima político de la inconveniencia para el país de semejante aventura, que llevaría a un estado de conflictividad social y política con consecuencias imprevistas y desestabilizadoras, en las cuales solo se fortalecería las fuerzas del fascismo que lidera el uribismo.
Con toda las fuerzas democráticas hay que gritar, gritar y gritar no al golpe contra el presidente Gustavo Petro.
Pero también en el último mes, se ha agitado el cotarro político en el Congreso de la república, por el trámite de las reformas sociales del cambio. La de salud, educación, pensional y laboral.
Ya han logrado los partidos oligárquicos hundir la de salud y redefinir los términos de la pensional, al reducir el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones de 3 a 2,3 salarios mínimos, que le ayuda a los privilegiados de los grupos financieros Aval y GEA, dueños de los fondos privados y debilita la acción del gobierno frente a la renta básica de los mayores de 65 años, así como también reduce el número de trabajadores que cotizan para el régimen de prima media. Avanza bien la de educación pero engavetan y dilatan la laboral, le hacen mala propaganda con el oportunista criterio que no genera empleo y aumenta la informalidad.
Está situación nos lleva a reafirmar la indispensable movilización callejera para decirle a ese Congreso, que el estallido social y la elección del presidente Gustavo Petro, definieron una agenda política y social democrática y progresista que inicia el reemplazo de la neoliberal y de extrema derecha de los gobiernos proempresariales de los últimos 33 años y por lo cual se debe legislar de cara a esa expresiones de la voluntad popular.
En las calles se dirá entonces, no al golpe, sí a las reformas sociales.
Posdata: El 1° de mayo, el constituyente primario a la calle en todo el país, atendiendo el llamado del Comando Nacional Unitario de las centrales obreras y de pensionados y las organizaciones de campesinos, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, diversidades sexuales. Marchará acompañando al pueblo, el presidente Gustavo Petro y hablará desde la tarima popular en la Plaza de Bolívar en Bogotá.