La Fiscalía Anticorrupción solicita 63 años de cárcel y una multa de más de 42 millones de euros para el exministro de Economía y banquero Rodrigo Rato.
Así figura en el escrito que la fiscal Elena Lorente ha enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, al filo del final del juicio contra Rato. Este viernes, se ha celebrado la cuadragesimoséptima sesión del mismo, en el que se ha constatado la tensión entre el acusado y la representante del Ministerio Fiscal, con sonados enfrentamientos verbales.
Anticorrupción, por tanto, mantiene en su escrito de conclusiones todos los delitos que ya atribuía al expolítico, hombre fuerte en el Gobierno de Aznar.
En esta causa, se ha investigado el origen de la fortuna del exministro, que él atribuye a negocios perfectamente lícitos y a una herencia familiar. Ahora bien, tal y como figura en el citado escrito, la tesis de la Fiscalía es otra: "Junto a su pública trayectoria, el acusado [Rato] ha llevado a cabo una soterrada gestión de sociedades, tanto en España como en el extranjero, cuya primordial finalidad ha sido la evasión fiscal".
El escrito también tacha de "enorme" el patrimonio que Rodrigo Rato acumuló fuera de España, "con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público".
"Además, por otro lado, ha eludido el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí", añade la fiscal.
"En resumen, lo que ha buscado es el ánimo defraudatorio y el impago de impuestos, por lo que ha utilizado una red societaria nacional e internacional gestionada por él", concluye. La defensa de Rato, durante el juicio, ha rechazado todas estas acusaciones.
Ante el tribunal presidido por Ángela Acevedo, este viernes la fiscal ha solicitado que sea lean las declaraciones de dos encausados, ya fallecidos. María Massó, abogada de Rato, se ha opuesto, dado que dichos interrogatorios se produjeron cuando la investigación contra el exministro estaba bajo secreto de sumario y no participó la defensa del principal acusado. Acevedo, no obstante, ha aceptado la petición de Elena Lorente.
La sesión se reanudará el próximo 6 de mayo. A partir de entonces, Rodrigo Rato podrá hacer uso de su derecho a la última palabra y dirigirse ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid.