Los andaluces estamos siendo conscientes de una realidad de discriminación sistemática por parte del Gobierno de España capitaneado por Pedro Sánchez, que favorece a otras regiones que le garantizan su permanencia en la Moncloa, mientras relega a Andalucía a un segundo plano en la distribución de recursos públicos. Es tiempo de evidenciar los múltiples agravios que sufrimos como comunidad, fruto de una política de desigualdad que atenta contra nuestra dignidad y desarrollo.
El panorama es desolador cuando observamos cómo, año tras año, Andalucía pierde cerca de 1.500 millones de euros debido al injusto sistema de financiación autonómica. Desde 2009, hemos dejado de recibir más de 14.000 millones de euros que nos corresponden por nuestra población. Esta pérdida no solo afecta a nuestras infraestructuras y servicios públicos, sino que también impacta directamente en la calidad de vida de los andaluces, privándonos de oportunidades de desarrollo y crecimiento.
La pandemia del Covid-19 puso de manifiesto aún más esta desigualdad. Mientras el Gobierno de Sánchez asignaba cuantiosos fondos para otras comunidades, Andalucía recibió 681 millones de euros menos de lo que le correspondía del Fondo Covid. Esta falta de recursos nos dejó en una situación de vulnerabilidad, sin los medios necesarios para proteger a nuestra población y reactivar nuestra economía de manera adecuada.
La discriminación también se refleja en el reparto de los fondos europeos destinados a enfrentar las consecuencias de la pandemia, donde Andalucía, junto con Baleares, es la región que menos dinero ha recibido por habitante. Cada andaluz ha recibido 200 euros menos que un catalán, lo que refleja una clara injusticia en el reparto de estos recursos vitales para nuestra recuperación.
En el ámbito educativo, nos enfrentamos a la devolución de 119 millones de euros de fondos europeos destinados a la escolarización infantil, mientras otras comunidades reciben recursos muy favorables para sus necesidades. Esta falta de apoyo afecta directamente a la educación de nuestros niños y a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
La gestión del sistema de dependencia, que constituye uno de los más grandes de España dado que somos la región con más población, se ve lastrada por la falta de compromiso del Gobierno central para sufragar su parte correspondiente de financiación. Nos financiamos prácticamente a pulmón, soportando una carga que debería ser compartida equitativamente entre el gobierno central y el autonómico.
En el ámbito universitario, Andalucía se ve discriminada, recibe menos financiación para plazas de ayudantes doctor que las universidades catalanas, a pesar de ser el segundo sistema universitario público de España. Esta situación limita nuestro potencial académico y la capacidad de investigación de nuestras universidades.
Además, Andalucía es la comunidad autónoma que menos financiación recibe por desempleado en políticas activas de empleo. Un andaluz recibe 602 euros por desempleado, frente a los 2.083 de Baleares o los 1.190 de Cataluña, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de nuestros ciudadanos en un contexto económico muy difícil y dificulta la convergencia con el resto de regiones españolas y europeas.
Y por si fuera poco, el recorte de las ayudas de la PAC supone una pérdida de 500 millones de euros para nuestra comunidad, para nuestro campo, poniendo en riesgo el sustento de más de 500.000 andaluces que viven de la actividad agraria.
Es hora de exigir un trato justo y equitativo para Andalucía. No podemos permitir que se siga marginando a nuestra tierra en la distribución de recursos públicos. Es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca y atienda las necesidades de nuestra comunidad, garantizando una política de igualdad que nos permita crecer y prosperar como parte integral de España. No queremos ser más que nadie, pero tampoco ser menos que los demás.
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