Aunque tras el crimen y en sus primeras comparecencias policiales y judiciales guardó silencio, avanzada la instrucción judicial, ya con las pruebas acumulándose en su contra, David Macía Castro acabó confesando el crimen de Benito Torreiro Sío, el profesor jubilado al que mataron en su piso de la calle Areal de Vigo golpeándolo primero con una bola decorativa de mármol y asestándole a continuación 21 puñaladas. Ahora, con el caso ya próximo a juicio, la defensa del joven ha dado un paso más y acaba de presentar su escrito en el que reconoce los hechos relatados por la acusación pública y se muestra conforme tanto con la calificación como con la petición de pena realizada por la Fiscalía: asume la autoría de un delito de homicidio y de otro de estafa en concurso con hurto –con la atenuante de reparación del daño– y considera que procede imponer a su cliente la pena de 11 años y medio de prisión, idéntica a la instada por el fiscal.
La defensa muestra su conformidad también con el resto de los extremos del escrito del Ministerio Público, incluido lo relativo a la responsabilidad civil, que ya fue consignada ya que el acusado entregó 38.000 euros de indemnización para los dos hermanos de la víctima que, por ello, han renunciado a las acciones civiles, pero no a las penales: las dos acusaciones particulares solicitan 18 años de cárcel como petición principal por delito de asesinato y 16 años como alternativa en caso de que lo sucedido se califique como homicidio. En relación con el relato de hechos, la calificación y la petición de penas de estas partes, la defensa hace constar en su escrito que muestra su disconformidad alegando que dan como probadas circunstancias que, considera, no han podido demostrarse en el procedimiento judicial.
Ahora el caso se elevará a la Audiencia de Vigo para su enjuiciamiento con jurado popular. La aceptación por parte del acusado de la petición del fiscal podría sin embargo simplificar el proceso. Ya hay precedentes en los que al haber coincidencia entre Fiscalía y defensa en el juicio se renunció a parte de la prueba o incluso en los que la causa se resolvió incluso sin convocar al tribunal de jurado –crimen de Sárdoma–. En el crimen del Areal, en todo caso, las acusaciones particulares piden, al menos a día de hoy, más pena que la interesada por la Fiscalía y con la que la defensa muestra su disconformidad.
Jurado popular
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