El gobierno de Javier Milei despidió en las últimas horas a unos 15.000 empleados públicos dependientes tanto de organismos centralizados como descentralizados de todo el país. El presidente anticipó que echarán a 70.000 trabajadores públicos. En total, la planta estatal nacional está compuesta por unos 200.000 trabajadores civiles. El recorte alcanzaría al 35%.
La estructura del sector público creció exponencialmente en el área de la administración centralizada mediante los denominados "cargos políticos". Según especialistas en políticas públicas, el crecimiento del empleo público en general ha sido del 4% anual o el equivalente a 20 mil nuevos puestos por año.
Desde 2016 hasta la llegada de la administración Milei, se venía sosteniendo la tendencia en nombramientos de "Alta Dirección Pública" bajo el formato de asignaciones transitorias de funciones superiores, exceptuando a los ingresantes de todo concurso público.
En medio de la naturalización del "ocultismo" en materia de información pública en Argentina, se pudo saber que el peso del empleo estatal supera el promedio observado en América Latina y se sitúa sólo por debajo de Venezuela en la región.
Por otra parte, el 80% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. El sector público nacional explica apenas un tercio del empleo público total, como consecuencia de la descentralización de las funciones estatales cuyo comienzo fue en los '70 y continuó durante los '90.
El crecimiento del empleo estatal en las provincias y municipios impacta en las cuentas públicas. Los salarios en algunos casos explican el 90% del gasto, como ocurre en la provincia de Jujuy con 90 mil agentes. En términos generales, las provincias y municipios emplean 8 de cada 10 trabajadores estatales de la Argentina.
La cifra, en pleno siglo XXI, abre el debate sobre si una mayor presencia de trabajadores en el sector público se traduce en más capacidades en devolución de servicios. De acuerdo a los hechos, la respuesta sería no. En todo caso, sería importante poder determinar la calidad de los recursos humanos y las modalidades de sus nombramientos. La política por lo bajo, admite que los actuales parámetros no responden estrictamente a criterios de mérito y profesionalismo.
En tanto, los gobernadores presionan por la devolución de partidas tras el recorte ordenado por el presidente Milei, pero simultáneamente miran hacia otro lado cuando les piden que hagan el ajuste. En este sentido, el diputado nacional José Luis Espert, amigo y aliado del primer mandatario, instó a los líderes provinciales. "Tienen que hacer el ajuste ustedes, no se hagan los boludos. Si las provincias no acompañan esto va a ser insostenible", señaló el economista y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
En este capítulo habrá definiciones en las próximas horas, tras las reuniones mantenidas en la Casa Rosada.
Mientras tanto, el Presidente avanza porque entiende que es imperioso devolverle al Estado servicios públicos suficientes y de calidad porque de eso se trata su programa de reformas que requiere coraje político y decisión, superando tentaciones clientelares, presiones sindicales o corporativas que lo acechan.
La Argentina va a hacia un modelo de Estado en donde se impone la profesionalidad frente a la politización, la flexibilidad frente a la rigidez y la planificación frente a la improvisación. Pero por sobre todas las cosas, la valoración al mérito.
En Francia, la función pública se distingue por la atención que se le presta a la formación de sus funcionarios, que ha llevado a niveles extraordinarios el rendimiento de sus cargos. Existe allí un régimen de oposiciones o concursos orientados a seleccionar a los mejores exigiendo conocimientos generales y específicos.
El rumbo que eligió el Gobierno parece el correcto, pero simultáneamente y haciendo honor a esa suerte de excelencia que predica el presidente Milei, debería ajustar con mayor precisión los costos sociales de su reforma ya que el "partido" no se juega en una planilla Excel, en el medio hay personas y no números. El desafío entonces sería que la red de contención sea tan eficaz como la reforma misma para que el dolor sea más atenuado.