Visitar Turkestán Oriental es imposible para cualquier uigur que viva en la diáspora. La que fue su patria se ha convertido ahora en una prisión al aire libre, estrechamente controlada por severas restricciones a la libertad de circulación mediante omnipresentes y avanzados sistemas de vigilancia. Quienes sí pueden visitar Turkestán Oriental son periodistas internacionales, diplomáticos y turistas chinos que buscan una versión sínica de la cultura y la religión uigures.
A los uigures, sin embargo, se les prohíbe mostrar cualquier expresión genuina de su identidad cultural, religiosa y lingüística. Cualquier desviación de los valores del Partido Comunista Chino, como practicar el islam, puede suponer su traslado a un campo de concentración o a una cárcel de alta seguridad. Esta represión es especialmente severa durante el mes sagrado del Ramadán, en el que los uigures tienen prohibido rezar, ayunar, celebrar el Aid (fiesta del fin del ayuno) o incluso visitar mezquitas, muchas de las cuales fueron demolidas o asimiladas a la cultura china.
La persecución sistemática y el plan del gobierno chino para erradicar la identidad uigur se han intensificado desde 2017. Entre esa fecha y 2019, unos 3 millones de uigures fueron detenidos arbitrariamente y enviados a campos de concentración para someterlos a adoctrinamiento político, tortura, violación, esterilización, trabajos forzosos y otras formas de trato inhumano. Los niños fueron trasladados a internados chinos, mientras la tasa de natalidad uigur se ha reducido a la mitad por las esterilizaciones e implantes de dispositivos intrauterinos forzosos.
A la vez, el plan de trabajos obligados impuesto por el Estado se amplió a más de 17 sectores, poniendo a 1,6 millones de uigures en peligro de sufrir traslados forzosos. En 2021, el Tribunal Uigur independiente declaró que el gobierno chino cometió genocidio y crímenes contra la humanidad en Turkestán Oriental. Esto llevó a 11 parlamentos nacionales y a un gobierno a adoptar resoluciones de reconocimiento del genocidio uigur. A pesar de las numerosas pruebas de las atrocidades cometidas, muchos gobiernos del mundo mantienen un criterio de business as usual con China, haciendo la vista gorda pese a las nefastas consecuencias para los derechos humanos y el orden internacional.
El año pasado, la Unión Europea reanudó su diálogo sobre derechos humanos con China, que se había interrumpido en 2019 tras la imposición por la UE de sanciones a funcionarios chinos implicados en el genocidio uigur. El gobierno chino se relaciona regularmente con miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), algunos de los cuales han visitado Turkestán Oriental y elogiado públicamente la situación que se vive sobre el terreno.
A pesar de estar en el foco de la atención internacional, el gobierno chino ha intensificado sus esfuerzos propagandísticos y sus campañas de desinformación para ocultar la realidad. Además, desde el comienzo del genocidio, hace siete años, la represión del gobierno chino se extiende más allá del Turkestán Oriental y se dirige contra defensores de los derechos humanos uigures, periodistas, activistas y miembros de la diáspora en todo el mundo. La escala sin precedentes de la represión transnacional de China silencia a los disidentes e infunde miedo por sus ataques físicos y digitales, agresiones, secuestros, deportaciones, espionaje, ciberataques y acoso en línea.
Mi propio caso es revelador de la gravedad del asunto. Me vi obligado a huir de Turkestán Oriental en 1995 debido a mi activismo. Tras solicitar asilo político en Alemania, el gobierno chino publicó una notificación contra mí en Interpol. Desde 1997 hasta 2018 fui detenido e interrogado con frecuencia en Alemania, Suiza, Turquía, Corea del Sur, Estados Unidos e Italia. Las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Congreso estadounidense y varios agentes fronterizos me trataron como a un delincuente. Tras los sucesos del 11-S, me etiquetaron falsamente como terrorista, una táctica utilizada por el gobierno chino para acusar injustamente a los uigures y someterlos a largas penas de prisión. El gobierno chino esperaba que me extraditaran a China.
Luego, en 2013, el gobierno chino atacó a mi familia mediante la conocida estrategia de coaccionar a los familiares. Con esta táctica, las autoridades chinas tratan de silenciar a quienes puedan denunciar los abusos contra los derechos humanos por la vía de amenazar el bienestar de sus familiares en Turkestán Oriental. En 2018, perdí trágicamente a mi madre, que murió en un campo de concentración, de lo que me enteré a través de los medios de comunicación. En los últimos años, he sabido que mis dos hermanos están encarcelados en Turkestán Oriental, uno de ellos cumpliendo cadena perpetua.
No hay límites a lo que el gobierno chino está dispuesto a hacer para impedir que el mundo vea el verdadero alcance de su genocidio. Mientras la comunidad internacional se enfrenta lentamente a la realidad de lo que está ocurriendo, es crucial escuchar a la comunidad uigur mundial y exigir activamente a China que rinda cuentas de sus actos utilizando todos los mecanismos disponibles previstos por el derecho internacional. Ya es hora de actuar.
Dolkun Isa es Presidente del Congreso Mundial Uigur y colaborador del proyecto Análisis Sínico en www.cadal.org