La marcha de hace algunos días frente a los tribunales de Comodoro Py en reclamo de agilidad y eficiencia en la determinación de responsables de haber cometido graves delitos de corrupción en perjuicio del Estado debería llevarnos a variadas reflexiones.
La primera consiste en una expresión de deseos: que los concurrentes al acto representen un sentimiento mayoritario acerca de que la corrupción es un mal que nos daña a todos.
Se trataría de tomar conciencia de que cuando los trenes no frenan, los controles municipales en lugares destinados a espectáculos públicos no se ejercen, las obras se inauguran una y otra vez pese a no estar concluidas y los fondos públicos se pierden en contrataciones jamás presididas por la transparencia, los resultados terminan estando a la vista de todos.
"Once", "Cromagnon", "inundaciones en el conurbano bonaerense" o "Sueños Compartidos" son expresiones con significado propio y han dejado víctimas que dan doloroso testimonio de tanto descontrol.
El problema es si contamos con un sistema de investigación y juzgamiento de estos graves delitos acorde con la expectativa de que a un hecho de corrupción le siga su ejemplar castigo.
Y es aquí donde las fallas del sistema son tantas que para erradicarlas es necesario primero un sinceramiento de lo que se está haciendo mal.
Durante muchos años nuestros gobernantes se las ingeniaron para privar de eficiencia a los organismos de control de la gestión pública, sin que nuestra sociedad haya reaccionado.
En los comienzos de la presidencia de Menem se reemplazó a cuatro de los cinco integrantes del Tribunal de Cuentas, se cesanteó por decreto al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, y se desmanteló el funcionamiento de esta entidad, que en el pasado supo estar conducida por funcionarios de la valía e independencia de Conrado Masué.
Paralelamente se amplió el número de jueces de la Corte Suprema, conformándose así una mayoría dispuesta a votar en sintonía con los deseos del poder público.
Más recientemente, se cometió el travestismo de que la mujer de Julio De Vido fuera designada en un importantísimo cargo en la Sindicatura General de la Nación, mientras su marido era el titular del Ministerio de Planificación, al que debía ella controlar.
Organismos como la Unidad de Investigación Financiera hicieron gala de total inoperancia, lo que permitió criaturas al estilo de siderales pagos mediante transferencias a una ignota consultora de un allegado al ex vicepresidente Boudou para la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa, así como el más reciente escándalo por el cual fondos destinados a activar un yacimiento carbonífero fueron objeto de triangulaciones mediante centenares de contratos de bajo monto, celebrados con una universidad sin especialización en el tema, para sortear la exigencia de licitación pública.
Estos últimos, a su vez, deberían estar controlados por otro organismo hoy politizado: el Consejo de la Magistratura.
Éste tiene, en la actualidad, un diseño propiciado por la entonces senadora Cristina Kirchner, que hizo añicos la exigencia constitucional de consagrar un "equilibrio" entre los estamentos que lo componen.
Según ese diseño, los representantes de los poderes políticos superan en número a los representantes de los jueces y los abogados. Por allí han desfilado, y desfilan, espadas de esos sectores políticos.
Así, algunos consejeros concibensu misión como la de un defensor de todo el que consideren de su propia facción.
Una vez "salvado" por esos consejeros el magistrado de que se trate, con independencia de las razones que existan para su enjuiciamiento y eventual remoción, lo que se espera de éste es que de allí en más proteja a la grey que determinó su supervivencia.
El régimen kirchnerista demostró gran inventiva a la hora de designar magistrados con la intención de proteger a sus funcionarios.
El abuso de las subrogancias, que incluyó el nombramiento de personas que ni carácter de jueces tenían (así se hizo en la importantísima Cámara Federal de Casación Penal), o la designación de fiscales en lugares del interior sin existir allí la habilitación correspondiente, para disponer de inmediato su "traslado" a lugares clave desde donde bloquear la investigación de casos por corrupción, son otros mecanismos donde se premió la "militancia" en un determinado credo político.
La postergación de otros candidatos merecedores de ocupar esos cargos por antecedentes y méritos, tal el emblemático caso del doctor Rodríguez Varela, no implicó más que la otra cara del mismo sistema perverso.
El sistema procesal vigente tiene además sus condimentos propios. La etapa previa al juicio destinada a la recolección de elementos de cargo está dominada por demasiados formalismos.
Así, las evidencias que supuestamente servirán para juzgar a un imputado requieren ya de arranque, para su incorporación al legajo o expediente, de la observancia de puntillosas reglas.
Vale decir, la investigación está teñida de innumerables recaudos para que las pruebas adquieran un carácter prácticamente definitorio de la suerte del imputado.
Con ello lo que se logra es dilatar inconvenientemente el comienzo de los juicios. A la población, por su lado, le resulta sumamente difícil seguir todas las etapas que se van sucediendo y que, por incluir la actuación de fiscales, jueces de varias instancias y abogados defensores, crean la falsa ilusión de que ya se está juzgando a alguien y de que la condena, dadas las pruebas que se mencionan una y otra vez, debería ser cuestión de días. Cuando esto no sucede, el descreimiento hacia el sistema naturalmente aumenta.
Dicho todo lo anterior, es verdad que existen magistrados probos que hacen literalmente lo que pueden con un sistema que requiere de una profunda revisión y de herramientas tales como la consagración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o un uso más decidido de la ley del "arrepentido".
También es necesario que repensemos la regla por la cual una persona encontrada culpable de un delito no debe nunca empezar a sufrir los efectos de su condena mientras exista alguna apelación teóricamente admisible.
El reciente caso del ex presidente Menem, condenado por un tribunal oral y por la Cámara de Casación Penal a penas de cumplimiento efectivo e inhabilitación para desempeñar cargos públicos como autor de contrabando de armas y que, pese a ello, se dispone a renovar su banca como senador nacional, muestra de manera palmaria que hay algo que estamos haciendo decididamente mal.
Ni qué hablar de la permanente búsqueda de los imputados de "fueros parlamentarios". Su inclusión en la Constitución nacional no respondió a un propósito de convertir a sus titulares en sujetos totalmente inmunes al castigo por delitos que, en la mayoría de los casos, se cometieron antes de obtener su banca.
Como se ve, hay mucho por corregir si queremos que la administración de justicia funcione de una forma que nos haga sentir mínimamente orgullosos.