Quito, 30 abr (EFE).- La activista indígena ecuatoriana Nina Gualinga confió en que se haga justicia con el inicio del juicio contra su expareja sentimental por presunta violencia de género, que comenzó este martes en la amazónica provincia de Pastaza casi diez años después de que pusiese la primera denuncia.
"Desde el año 2015 vengo denunciado violencia, pero nunca me tomaron en serio. El primer caso se archivó y la violencia continuó. Volví a poner una denuncia en el 2020, y recién después de 4 años se llama a juicio", recordó este martes a través de sus redes sociales Gualinga, perteneciente a la comunidad nativa de Sarayaku, del pueblo indígena kichwa.
"Hoy es la audiencia de juicio contra la persona que me maltrató física y psicológicamente por tantos años, hasta el punto de llegar a causar una fractura en mi columna, amenazarme de muerte con una escopeta y destruirme psicológicamente con tantas manipulaciones, chantajes y mentiras", aseveró la denunciante.
Gualinga comentó que desde entonces no sólo ha vivido "maltratos continuos, sobre todo maltratos psicológicos con acoso y amenazas, sino también las secuelas de esto".
Entre ellas mencionó "el dolor de la fractura, el estrés postraumático, no poder dormir, pesadillas, miedo de caminar sola".
(También) "miedo de ponerme tacos (tacones) porque no voy a poder correr si él o alguien me ataca, miedo que me quite a mi hijo, miedo de todo. Dolores de cabeza constante, problemas de salud, angustia, vergüenza, ansiedad y dificultad de concentrarme", enumeró.
"Había momentos en que no podía mantener una conversación, ni procesar lo que la otra persona me estaba diciendo. Hasta el día de hoy tengo problemas de memoria y experimento lagunas mentales", agregó.
Gualinga afirmó que en este tiempo le ha tocado enfrentarse no sólo a su expareja sino también a un sistema judicial que "ha fallado" en brindarle protección.
"Un sistema que él ha aprovechado para seguir violentándome a través de plantearme una contra denuncia como intimidación, y a través del proceso de familia y visitas, insultos, chantajes, incluso violentando las medidas de protección otorgados por el Estado, por lo cual puse una tercera denuncia en el 2022", añadió.
La mujer indígena señaló que su expareja "es una persona con poder económico y para el colmo, hasta se niega a pagar pensiones para su propio hijo, declarando que no tiene ingresos (fijaron 114 dólares al mes)".
"Todos estos procesos son tan desgastantes y es precisamente por ello que muchas mujeres no denuncian, o no siguen el proceso. Imposible explicar a alguien que no lo ha vivido. Hoy espero que la justicia cumpla con su función, no porque soy yo ni por que este caso sea público... ¡sino porque yo y mi familia merecemos una vida libre de violencia!", concluyó.
Al iniciar la audiencia, grupos de personas se congregaron en ante los juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Puyo para manifestar su apoyo hacia Gualinga. EFE
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