Desde becas hasta proyectos de prevención del embarazo adolescente y asistencia económica directa, diversas políticas públicas que buscaban garantizar los derechos de la infancia han sido desmanteladas.
El recorte de programas esenciales para la infancia en Argentina ha generado preocupación y alarma. Con casi nueve millones de niños y niñas en situación de pobreza según UNICEF, la desarticulación de programas de asistencia y acompañamiento por parte del Gobierno ha dejado en riesgo a los más vulnerables. Esto ha implicado el despido de cientos de trabajadores y la paralización de áreas específicas que trabajaban en pro de las infancias.
Programas como el Programa de Acompañamiento para el Egreso, que brindaba apoyo a adolescentes que dejaban los hogares de tránsito, han sido afectados. También el Programa Nacional de Primera Infancia, que contemplaba la construcción y refacción de centros de desarrollo infantil, ha sido perjudicado. La Ley «Lucio» y la Ley Brisa, que buscaban proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y ofrecer reparación económica, respectivamente, también han sido paralizadas.
Este contexto de ajuste se da en medio de un incremento en los niveles de pobreza infantil y una reducción del presupuesto asignado a la niñez. La falta de una ley de presupuesto específica y transparente para la infancia agrava la situación, incumpliendo la ley vigente de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El recorte de la obra pública, que incluía la construcción de centros de desarrollo infantil, y la desarticulación de programas educativos como el Plan ENIA para la prevención del embarazo adolescente, son solo algunas de las medidas que han generado preocupación en torno al bienestar y la protección de la infancia en Argentina.