En un período de cuatro décadas, en Nicaragua se vivieron tres episodios nacionales de repercusiones trascendentales para la vida de su población. En los dos primeros: julio de 1979 y febrero de 1990 se suele hacer referencia a la organización que produjo los cambios en la realidad nacional, que afectó el régimen político. En cambio, en abril de 2018 se reivindica el carácter autoconvocado de las protestas.
Las negociaciones y acuerdos en torno a 1979 y 1990 tenían de alguna manera interlocutores legitimados desde las representaciones tradicionales. En 2018, a la Conferencia Episcopal le correspondió enfrentar una situación inédita: mediar en un Diálogo Nacional en el que la interlocución había que construirla.
No es que no existieran actores políticos, es que el carácter autoconvocado trastocaba los parámetros políticos. Daniel Ortega, primero ofreció el diálogo a la empresa privada para discutir las reformas al Seguro Social, que habían dado origen a las primeras protestas, pero la respuesta ciudadana ya había trascendido esa demanda y no se circunscribían a los temas sociales y económicos, ni la contraparte era sólo un sector de la sociedad.
Una primera lección de esos días, entre el 18 y 21 de abril, es que la ciudadanía modificó la agenda, a la vez perfiló claramente a nuevos actores en el espacio político, que mostraron en la acción la capacidad de alianzas. El régimen no entendió esa relación entre estudiantes y personas de la tercera edad, y claramente tampoco entendió esas movilizaciones masivas que brotaban por todos lados, en la que confluían las más amplias capas de la sociedad, incluso de gente supuestamente afín al régimen, que marchaban con disfraz.
La Conferencia Episcopal decidió convocar a diversos sectores, algunos tenían menos problemas con su representación, como fue el caso del sector empresarial que dio a conocer públicamente quienes serían sus cinco representantes, -cuatro de los cuales fueron prisioneros políticos entre 2021 y febrero de 2023-. En el caso de la sociedad civil la situación era complicada y compleja; la manera de resolverlo fue a través de reuniones con los espacios de coordinación existentes, que incluían sectores sociales, defensores de la niñez, feministas, promotoras de derechos de las mujeres, entre otros. De esto se deriva otra lección: el carácter autoconvocado no invalida la organización social.
Una vez que se fue conformando la mesa del diálogo, en las primeras reuniones quedó claro que era eso: una mesa de diálogo y el tema central era Nicaragua, por lo tanto, cada una de las representaciones, no iría por la libre. La agenda no serían planteamientos sectoriales. Se trataba de participar en una mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis política que se agravaba cada vez más, a medida que crecía la represión del régimen. La lección que se desprende de esto es que nicaragüenses de distintas procedencias y posiciones pueden coordinarse entre sí para encontrar soluciones para el país.
De lo anterior también se deriva la siguiente lección, mediante la cual se evitó caer en la trampa que había tendido Ortega, de "aceptar" la diversidad para que nos enfrentáramos entre nosotros. En medio de las movilizaciones y actividades de protestas que no cesaban y las reuniones con los distintos sectores sociales, económicos y políticos del país, se realizaban reuniones de preparación para el Diálogo. Los principales puntos acordados fueron, que debía haber una permanente conexión con lo que se demandaba por la ciudadanía y que en consecuencia no era ese el momento de reivindicaciones sectoriales, sino que la agenda debía ser eminentemente política. Porque lo que la calle demandaba era muy claro: Justicia y Democracia.
En conclusión, se puede señalar que en abril de 2018 la ciudadanía también quería un cambio de régimen político y ante la carencia o deficitaria representación política se autoconvocó.
Si la mesa de diálogo que se convirtió en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a pesar de la diversidad de intereses, pudo centrar sus demandas en lo político; si se pudieron realizar las masivas manifestaciones con la participación de todos los sectores sociales y políticos del país, ¿por qué el movimiento no logró derrotar a la dictadura? No tengo la respuesta, sólo puedo hacer algunos señalamientos:
- El regreso de Daniel Ortega a la presidencia es lo peor que le pudo pasar al país. Algunos pensaban que los años de democracia, los procesos de descentralización administrativa, de participación ciudadana, de ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación serían un muro de contención y le dieron el beneficio de la duda a Ortega.
- Se obvió que la senda democrática era débil, sobre todo después del pacto con Arnoldo Alemán con el que se empezó la destrucción institucional.
- Ortega era lo peor para el país por ser fundamentalista y totalitario, estando denunciado por un grave crimen y por tener obsesión por el poder mismo, por lo tanto haría cualquier cosa para sostenerse en él.
- A Ortega no le interesa un Estado democrático de derecho, lo único que le importa es ese estado corrupto, a su servicio, en el que prevalece la impunidad y se rige por su voluntad, no resulta extraño que a las legítimas demandas de democratización le llamaran golpe de estado.
¿Cuál es el desafío para lograr una transición democrática?
En primer lugar la ciudadanía toda, debemos tener presente que la represión ha sido "transversal". No ha quedado ningún sector exento de la represión y el abuso, ni siquiera en la propia familia de Ortega. En consecuencia todos los sectores, toda la ciudadanía, es el sujeto activo de esta lucha.
Vale también tener presente que la ciudadanía puede modificar un guión, aunque eso no lo veamos claro hoy, es una convicción que debe animarnos. De ahí deriva que la Nicaragua en Nicaragua y la Nicaragua en el extranjero son un frente común, que debe coordinarse y acordar su agenda.
Igualmente es conveniente profundizar en la fuerza organizativa en conjunto con la fuerza autoconvocada, sin antagonizarlas. La organización es un derecho, tenemos libertad de asociación, negar estos derechos fundamentales no es propio del sujeto democrático.
La agenda nacional desde el 2018 sigue siendo Justicia y Democracia. Para ello lo primero es salir de la dictadura y en esta lucha cabemos toda las personas que estamos en contra de ella y que consideramos que sin acabar con ella no hay futuro para Nicaragua.
En cada espacio y momento corresponde hacer lo necesario. Levantar inventario de todo lo que debe ser cambiado. Seguir documentando la represión. Validar los procesos de rescate de la Memoria. Encontrarnos todas las Nicaraguas y hacer lectura de nuestra historia para superar nuestras contradicciones y construir el sujeto democrático que demanda nuestro futuro para, un ¡nunca más!
En síntesis, primero salir de la dictadura, restablecer la democracia electoral y el proyecto nacional debe tener como objetivo la democracia en beneficio de toda la ciudadanía sin exclusión. ¡Esa es la Nicaragua deseable y posible!