Lo que ya se vivió en Nuevo León, con un racionamiento extremo que ha convertido el acceso a este líquido vital en una agonía diaria, no es un hecho aislado. El lago de Pátzcuaro y la Ciudad de México, dos de los puntos más icónicos del país, también se encuentran al borde del colapso hídrico.
En la Ciudad de México, la contaminación del agua en algunas zonas —como la Benito Juárez— pone en riesgo la salud de miles de personas. La desesperación crece, la tensión aumenta y la sombra de la violencia se cierne sobre un futuro incierto cuando el sistema Cutzamala apenas se reporta al 36.97% de su capacidad cuando su récord previo a la actual sequía se dio en 2019 cuando su capacidad llegó a mínimos de 44.1%. Estas cifras quizás no parezcan muy catastróficas pero si las comparamos con el histórico para un mes de marzo del sistema sí lo son, ya que era del 71% y hoy estamos prácticamente a la mitad con un panorama muy poco alentador rumbo al verano.
Ante este panorama desolador, la exigencia de políticas públicas urgentes se vuelve más apremiante que nunca. No podemos permitir que la sed se convierta en el detonante de un conflicto social de proporciones inimaginables y no se puede permitir que quien pueda pagarla tenga agua cuando es un derecho de cada mexicano.
Es necesario un cambio radical en la forma en que gestionamos el agua en México. Se requiere una estrategia integral que abarque desde la inversión en infraestructura hasta la educación ambiental, pasando por la lucha contra la corrupción y el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua.
En primer lugar, es urgente invertir en la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Se necesitan nuevos acueductos, plantas de tratamiento de agua y sistemas de riego eficientes. Es necesario modernizar la red de distribución para evitar fugas y desperdicios.
En segundo lugar, es fundamental combatir la corrupción en el sector hídrico. La asignación irregular de permisos, el robo de agua y el desvío de recursos hacia intereses privados han contribuido en gran medida a la crisis actual. Se deben implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que el agua se gestione de manera responsable y equitativa.
En tercer lugar, es necesario promover una cultura del uso racional del agua. La población debe ser consciente de la importancia de este recurso vital y adoptar hábitos de consumo responsable. Se deben implementar campañas de educación ambiental y programas de sensibilización para fomentar el ahorro de agua en todos los sectores de la sociedad porque todos somos responsables.
En cuarto lugar, es indispensable desarrollar nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua. La desalinización del agua de mar, la reutilización de aguas residuales y el uso de sistemas de riego por goteo son algunas de las alternativas que pueden ayudar a aliviar la presión sobre los recursos hídricos.
La crisis hídrica en México no es un problema del futuro, es una realidad presente que nos exige actuar ahora. No podemos esperar a que la sed se convierta en un arma de guerra para tomar medidas. Es hora de unir fuerzas y exigir a las autoridades políticas, a los próximos gobernantes emanados de las elecciones del 2 de junio, que implementen políticas públicas urgentes para garantizar el acceso al agua potable para todos los mexicanos.
El agua es un derecho humano fundamental, no un privilegio. No podemos permitir que este recurso vital caiga en manos de unos pocos mientras la mayoría sufre los estragos de la sed. Es hora de levantar la voz y exigir un futuro donde el agua sea un símbolo de paz y desarrollo, no de conflicto y miseria.