Los problemas entre Sanitas y el Gobierno nacional empezaron a tejerse desde agosto del 2023, tras la filtración de una carta que Sanitas firmó junto a Sura y Compensar. En el documento advertían la grave situación financiera que atravesaban las 3 EPS y que ponía en riesgo la atención de 13 millones de pacientes.
Incluso, dijeron que tras la crisis había una deuda de 1,6 billones de pesos que el Ejecutivo no les había pagado y que esa situación podría llevarlas a dejar de funcionar.
"Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población" se leía en la misiva, la cual tuvo respuesta inmediata por parte del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien desde los jardines de la Casa de Nariño regañó con dureza a las entidades de salud y las acusó de querer formar una tormenta en un vaso de agua.
"La verdad es que hoy aquí, con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo", afirmó el ministro el pasado 22 de agosto.
Cruz Verde suspende entrega de medicamentos que no están en plan básico
La relación entre el gobierno y Sanitas pasó de castaño a oscuro dos meses después. En octubre del 2023, la droguería Cruz Verde suspendió la dispensación de medicamentos que no están incluidos en el plan básico de salud por deudas que superaban los 400 mil millones de pesos. Guillermo Jaramillo arremetió contra la EPS y sostuvo que "sus negocios sí son boyantes, sus negocios sí crecen todos los días: universidades, dispensarios, clínicas, pero no pagan. Le hacen conejo a quienes han sido sus socios antes. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7 billones 800 mil millones de pesos este año".
Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, respondió a la declaración del ministro de Salud. Señaló que los giros mensuales no cubrían los presupuestos máximos, es decir, todos los recursos en atenciones fuera del plan básico de salud, y aseguró que el déficit era de 600 mil millones de pesos.
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"Aquí hay un tema de financiación real, no aceptamos los comentarios de que tenemos todos los recursos para financiar una EPS porque no es cierto, las cifras que conoce el gobierno son contundentes en eso, para poder avanzar necesitamos el apoyo del gobierno", aseveró.
Así mismo, negó que la EPS tuviera negocios boyantes: "No es cierto, no estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Hay una relación permanente con los entes de control, que vigilan la destinación de estos recursos, entonces no es correcto decir que los recursos de la UPC se están destinando a nada distinto a la atención y garantía al derecho a la salud de sus afiliados".
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Días después de esta declaración, el gobierno solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo a Sanitas para saber en qué estaban gastando los recursos de la salud.
"Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades", explicó el ministro de Salud el 20 de noviembre de 2023,
La solicitud fue negada el 27 de noviembre por parte de la Contraloría. Incluso, trabajadores de Sanitas salieron a las calles para respaldar a la EPS.
Sin embargo, empezando el 2024 la Contraloría realizó un análisis sobre la situación de cartera de 26 EPS que le reportaron información. El organismo de control determinó que, con corte a octubre del 2023, las entidades acumulaban una deuda total de $25 billones con las IPS, de los cuales $2,02 billones correspondían a deudas de Sanitas.
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Desde esta fecha, la relación entre el gobierno y Sanitas estuvo en relativa calma, hasta que la Supersalud la intervino. Esto recibió fuerte críticas por parte de expertos en salud como el médico salubrista Luis Jorge Hernández, quien a través de su cuenta en X publicó un cuadro comparativo donde muestra que los indicadores de la entidad son buenos y que no era necesaria la medida.