Los miembros de la Policía Nacional del Perú ejecutaron un exitoso operativo que culminó con la desarticulación de "Los Elegantes de San Juan de Lurigancho", una organización criminal acusada de cometer fraudes judiciales para usurpar terrenos e inmuebles.
Con el apoyo de empresarios y abogados, esta banda implementaba estrategias legales complejas, diseñadas para crear juicios y transacciones de compra-venta artificiales. El propósito de estos actos era inducir desalojos forzados lo que facilitaba la expropiación de bienes de sus legítimos dueños.
En un laborioso esfuerzo por parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y con la colaboración del Ministerio Público, se logró la captura de los siete miembros de la red, liderada por Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, gerente de la empresa Canto Grande S. R. Ltda. y señalado como el cabecilla principal de las operaciones.
El operativo, en el que participaron un contingente de 300 efectivos policiales y 27 fiscales especializados en delincuencia organizada, incluyó el allanamiento de 23 propiedades relacionadas con las actividades ilícitas del grupo.
Las investigaciones revelaron que, tras obtener de forma ilegítima los inmuebles, esta empresa procedía a revenderlos a personas intermedias. Estos, a su vez, los registraban de manera oficial para más tarde iniciar acciones de desalojo contra las víctimas.
Los afectados por estas prácticas solían ser adultos mayores, propietarios de sus terrenos por décadas, quienes eran desposeídos de su propiedad sin estar siquiera informados de los procesos en curso.
A través de supuestas conexiones dentro del sistema de justicia, estos criminales lograban obtener rápidamente las órdenes de evacuación, sin la necesidad de verificaciones previas.
Los arrestados fueron llevados a las instalaciones de la Diviac para avanzar con las pesquisas adecuadas, estando implicados en delitos relativos a la violación de la tranquilidad pública mediante operaciones de organización criminal y a la infracción del derecho de propiedad a través de la usurpación agravada.
Inseguridad ciudadana en Perú
Hace algunas semanas, durante una sesión en el Congreso, Gustavo Adrianzén, el primer ministro, presentó un conjunto de iniciativas robustas que el Gobierno implementará para enfrentar la creciente criminalidad en territorio nacional. Este problema trasciende el simple miedo, pues influye en la manera en que las personas se comportan y toman precauciones al salir de sus hogares
En su intervención, en la que buscaba obtener el respaldo parlamentario, el político subrayó la puesta en marcha de una estrategia integral de seguridad, anticipando resultados alentadores a corto plazo y prometiendo que la tranquilidad de la población no será alterada por criminales, ya sean locales o foráneos.
Especificó que el foco de las operaciones gubernamentales se concentrará en el desarrollo y fortalecimiento de los ejes fundamentales del Plan Perú Seguro, que incluyen la prevención exhaustiva del crimen, el aseguramiento estratégico del territorio, la confrontación contra el crimen organizado, tanto doméstico como foráneo, y la actualización y robustecimiento del cuerpo policial.
Entre las acciones anunciadas, Adrianzén destacó la creación de una nueva División de Investigación de Delitos Transnacionales, dotada con 300 efectivos de una unidad de élite y recursos adicionales dedicados a neutralizar y desmantelar redes criminales internacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional.
"Esta división trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se encargará de la capacitación de estos 300 agentes", señaló.
Además, el primer ministro informó que el Ministerio del Interior (Mininter) intensificará los esfuerzos del grupo Grecco, una unidad especializada en combatir el Crimen Organizado, con el objetivo específico de desintegrar la red criminal internacional Tren de Aragua y todas sus extensiones, con origen en Venezuela.