La Procuraduría General de la Nación dispuso iniciar un proceso de investigación disciplinaria en contra de Irma Basto Reyes, que ocupa el cargo de comisaria segunda de Familia en Ibagué (Tolima), debido a la presunta omisión en su obligación de enviar a la institución pertinente un caso que involucra feminicidio agravado y posesión ilegal de armas, con el objetivo de que se emprendiera la acción penal correspondiente.
Y es que, el 24 de febrero de 2024, la víctima perdió la vida a manos de su anterior pareja sentimental, que utilizó un arma de fuego para cometer el asesinato.
Con el fin de esclarecer los sucesos mencionados, la entidad busca determinar si hubo infracciones disciplinarias y determinar la existencia o no de circunstancias que justifiquen la exoneración de responsabilidad, el organismo regulador llevará a cabo las investigaciones pertinentes. Estas pruebas buscarán verificar la posible realización de actos que se presumen inapropiados.
En la resolución emitida, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué detalló que Irma Basto Reyes tendrá la oportunidad de rendir su declaración de manera voluntaria en cualquier momento del proceso, hasta antes de iniciar la fase en la que se proceda a exponer argumentos previos a la decisión de primera o única instancia.
De igual manera, el órgano de control señaló que los individuos implicados en el proceso tienen la opción de acceder a las ventajas legales previstas si deciden proceder con una confesión o la aceptación de los cargos imputados.
La Procuraduría General de la Nación de igual manera reiteró que los temas relacionados con la mujer constituyen un área de prioridad y, a través de la estrategia "Promujeres: Una Procuraduría comprometida con las Mujeres", se supervisa el progreso en la erradicación de las violencias basadas en sexo y género dentro del territorio nacional.
Por otro lado, en otro de los casos recientes de la entidad, esta misma emitió un pliego de cargos contra Pier Angelly Velazco Aguilar y Diana Matilde Anaya Rivera, las gerentes de la Empresa Social del Estado Hospital Local 7 de Agosto de Plato, Magdalena, debido a supuestas anomalías detectadas en el proceso de cobro coactivo a la EPS Comparta.
La delegada para la Economía y Hacienda señaló que, en el periodo comprendido entre 2019 y 2022, las funcionarias en cuestión emitieron una serie de resoluciones cuyo propósito era efectuar el cobro de aproximadamente $1.000 millones a la empresa prestadora de servicios de salud, acción para la cual no poseían autorización legal, situándolas potencialmente en una situación de abuso de funciones.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que Velazco y Anaya podrían haber ignorado que los fondos del Sistema General de Participaciones, los cuales incluyen aquellos asignados al régimen de salud, no son susceptibles de ser embargados ni destinados para propósitos diferentes a los establecidos.
Debido a la presunta desatención al principio de inembargabilidad y a lo dispuesto en la Circular 02 emitida por la Procuraduría el 21 de marzo de 2023, donde se subrayó la ausencia de facultades de las ESE para llevar a cabo procedimientos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la ADRES, se ha considerado el comportamiento aparente de las funcionarias como una falta grave realizada por culpa gravísima.