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Juan Gonzalo Ospina tiene un aire a galán de Telenovela. Repeinado, tez bronceada y buen porte. Viste trajes a medida y es capaz de que por su frente no resbale ni una sola gota de sudor a pesar de estar al sol a 37 grados de temperatura. Además de presencia, domina un rico vocabulario jurídico propio de un abogado leído. Si a esto se le suma que representa a una de las partes involucradas en el juicio más mediático del año, y que encima disfruta al ponerse delante de una cámara, aprovechando la cuota de pantalla diaria que ha sabido ganarse, el personaje asciende a un fenómeno televisivo en potencia.
Juango (37 años), como le gusta que le llamen, ha sido uno de los protagonistas de la primera semana de juicio a Daniel Sancho en la isla tailandesa de Koh Samui. Es el abogado de la familia de la víctima, el colombiano Edwin Arrieta, y se presentó en el tribunal como coacusación junto a la Fiscalía.
El letrado ha confirmado a este periódico que existe la posibilidad de un diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. «Estamos abiertos a dialogar, pero para que eso ocurra Sancho tiene que pedir perdón y reconocer que fue un asesinato premeditado», afirma. De producirse un acuerdo -económico-, sería simplemente un atenuante que jugaría a favor del acusado en el juicio.
«La familia Arrieta no busca la pena máxima, sino que Sancho sea condenado por asesinato con premeditación», dice el abogado. «Mi impresión tras las primeras tres sesiones del juicio, después de escuchar las declaraciones de los testigos y todas las pruebas que se han presentado, es que el juez va imponer una pena acorde a un delito de asesinato con premeditación, y eso en Tailandia supone la pena de muerte o cadena perpetua».
Tras el apagón informativo -bajo pena de prisión- decretado por el juez de la corte provincial de Samui, apenas ha estado saliendo información desde la sala donde se está juzgando a Daniel Sancho. A la entrada y a la salida del tribunal, y durante los recesos que se realizan para comer, Juango se ponía delante de los medios para dar algunos apuntes, pero incidiendo en que el juez ha sido muy claro al prohibir que se desvele lo que sucede día a día dentro de la sala. «El juez no quiere ningún juicio paralelo», señala.
«Vinimos a Samui [es del bufete Ospina Abogados] a petición de la familia Arrieta, que nos solicitó que asistiéramos a las sesiones del juicio oral, en función de codemandantes, como agradecimiento y apoyo a la Fiscalía y a los abogados tailandeses, con quienes hemos repasado el escrito de la acusación y las pruebas. También vinimos para revisar que en el juicio no hubiera ninguna anomalía y se desarrollara conforme a lo establecido. No queríamos sorpresas», explica Juango. «Después de tres días, puedo decir que el juicio se está celebrando bajo los estándares de cualquier país europeo serio. Todo funciona correctamente, con unas garantías procesales óptimas y con el juez dando el turno de palabra a todos los involucrados», sostiene.
Juango, padre de tres niñas, es hispano-colombiano. Nació en Bogotá, de madre española y padre colombiano. Ella es empresaria y él, Javier Ospina Baraya, un diplomático y hombre de negocios que llegó a ser vicecónsul en Alemania. El matrimonio se mudó a España a los seis meses de nacer Juango, quien comenzó la carrera como penalista en 2011 en un despacho en Marbella.
Entre sus casos anteriores más sonados está el haber logrado en 2019 que el Tribunal Supremo revocara una sentencia a 19 años de prisión a un hombre condenado por supuestos abusos sexuales a dos menores. Dos años después, en un caso similar llevado a la Sala de lo Penal del Supremo, otro de sus clientes logró la absolución, anulando una sentencia impuesta de 12 años.
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El abogado se presentó esta semana en Samui con una compañera del despacho y con su jefe de prensa. Dice que no ha cobrado a la familia Arrieta por sus servicios. «Este procedimiento lo llevamos primero porque creemos que podemos ayudar a la familia. Pero no somos tampoco ajenos al interés mediático que todo esto suscita. Nuestra firma no busca con esto un rédito patrimonial directo, sino el valor añadido (exposición mediática) que el procedimiento nos puede dar», reconoce.
«En septiembre del año pasado, un amigo me llamó para decirme que la familia de Arrieta estaba buscando un abogado de confianza en Madrid. Yo quedé con la hermana de la víctima y me ofrecí a ayudarles en un proceso internacional que se centraba en preparar los autos y en buscar en Tailandia a un abogado local para la acusación, como dicta allí la legislación, que fuera de confianza. También para dar la cara en los medios como contrapeso a la presencia masiva que estaban teniendo los abogados del acusado».
Juango abandonó Tailandia el jueves, aunque dice que la familia de la víctima le ha pedido que vuelva a Samui cuando Sancho declare el 25 de abril y el día en el que los familiares de Arrieta intervengan para tratar de demostrar los daños económicos que les supone la muerte del cirujano colombiano, que era su principal sustento porque les ingresaba todos los meses 900 euros.