No hay democracia sin ley. Lo recordó, con vehemencia, el Rey Felipe VI hace poco más de un año, en su discurso de Nochebuena de 2023. «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad». La constatación del Rey no fue ni casual ni ajena a la realidad política de España, con el sanchismo trabando acuerdos con el independentismo que conllevaban tratos de excepción y atisbaban un futuro inquietante. La advertencia de Felipe VI queda ahora de plena actualidad, con Pedro Sánchez y su camarilla –gubernamental y parlamentaria– exigiendo parar los pies a los jueces y a los periodistas que ejerzan con independencia los derechos y libertades que consagra la Constitución, imprescindibles para un efectivo Estado democrático de derecho: el imperio de la ley, la igualdad de todo ciudadano ante ella y el derecho a la información para el que resulta imprescindible el también constitucional derecho de libertad de expresión. Sánchez busca ahora imitar la medida que tomó Hugo Chávez en Venezuela: rebajó la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple para designar a los magistrados del Alto Tribunal en su país.
De ahí que blindarse personalmente desde el poder contra el Estado de derecho pase, inexcusablemente, por colocarse al margen del imperio de la ley, ya sea por la fuerza o a través de maniobras con apariencia de legalidad –el «de la ley a la ley» que dio paso de la dictadura franquista a la democracia, pero a la inversa–. Pedro Sánchez apunta en esa dirección. No lo ha ocultado en las últimas horas. De hecho, lo ha verbalizado explícitamente, y sus fieles han replicado el mensaje como un afinado coro: uno y otros claman por reformas «legislativas» que frenen la independencia de los jueces, por un lado, y que laminen los derechos de información y de libertad de expresión, por otro.
Como desvela este martes OKDIARIO, una de las fórmulas que Sánchez quiere poner en práctica para tal fin es acometer un cambio legislativo para rebajar la mayoría reforzada que se exige actualmente para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Los padres de la Constitución de 1978 se cuidaron en fijar un equilibrado y medido procedimiento de mayoría reforzada, precisamente para evitar que una raquítica mayoría eventual pudiera moldear a su gusto y conveniencia el CGPJ.
Forzar al acuerdo entre los grandes partidos, Gobierno y oposición de turno, es la garantía constitucional para evitar una Justicia plegada al poder político del momento y prevenir pulsiones autoritarias. Esa prevención comparte esencia con el mecanismo previsto para la composición del Tribunal Constitucional –órgano éste con el que, por cierto, el CGPJ comparte ciertos vasos comunicantes–.
Así lo hizo Hugo Chávez
La hoja de ruta que ahora esboza explícitamente Pedro Sánchez apunta precisamente en la dirección contraria de lo establecido por la Constitución. Quiere parar los pies a los jueces y, por añadidura, doblegar a los medios de comunicación que resultan incómodos. Pero la clave de toda esa arquitectura sanchista, lo mollar, es dominar el Poder Judicial: a partir de ahí, el resto del terreno queda allanado.
Esa práctica de torcer la ley para doblegar el Estado de derecho al gusto del poder político ha sido una hoja de ruta seguida por proyectos autocráticos, que son el peldaño inmediatamente previo a las dictaduras. Un caso evidente y actual es Venezuela, en la que Hugo Chávez se blindó con poderes absolutos –heredados por Maduro– a través de ese guión en cuya puesta en práctica participaron activamente –sobre el terreno y a sueldo– los fundadores de Podemos y el comunismo que hoy se reparte entre el Sumar de Yolanda Díaz y lo que queda de la marca que abanderó Pablo Iglesias.
Podemos y Sumar aplauden ese modelo. Y Sánchez lo ha asumido al punto de hacerlo suyo, siquiera con estéticos matices. Primero, atacar a los jueces incómodos tildándolos de reaccionarios o de parte activa de la «ultraderecha». Después, caldeado el guiso, rebajar la mayoría parlamentaria que se exige para designar a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial. La secuencia calca, sobre el papel, los pasos que siguió Hugo Chávez para acabar con el Estado democrático de derecho en Venezuela.
El dictador venezolano sabía que los jueces eran la última trinchera que garantizaba la limpieza, el contrapeso efectivo de poderes y la democracia asentada sobre el principio del imperio de la ley. Su primer paso fue desplegar una ofensiva de desprestigio de los jueces independientes. Después, invadir el Poder Judicial venezolano, ejercido allí por el llamado Tribunal Supremo de Justicia. Y llegó la purga de togas, que pasaron a depender en exclusiva de la sastrería chavista.
Masiva purga de jueces
Esa operación por capítulos la consumó Chávez en 2004, con la promulgación de una ley que amplió la composición del órgano de gobierno de los jueces y que permitió la designación de sus miembros con la mitad más uno de los votos del Parlamento venezolano (Asamblea Nacional). Chávez controló, así, el Poder Judicial. Fue el golpe de gracia a la independencia de los tribunales y le permitió ejecutar una purga de cientos de jueces repudiados por el régimen chavista. La purga conllevaba un efecto inmediato, apartar a los jueces independientes, pero también otro igual de importante: atemorizar a los que quedaban para desactivar en ellos cualquier tentación de administrar justicia de forma incómoda para el poder.
«Lo primero que hizo Chávez fue una limpieza de jueces ordinarios», recordaba hace un tiempo una de quienes asistieron y sufrieron aquel golpe bolivariano, Blanca Rosa Mármol, que fue durante 37 años miembro del Poder Judicial de Venezuela. De esas purgas, uno de los casos sonados fue el de la jueza María Lourdes Afiuni, que tuvo la osadía de defender la independencia de la Justicia y acabó detenida en su casa, a la brava, y de ahí a la cárcel durante tres años y medio.