El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el viernes un nuevo estado de excepción, esta vez, por grave conmoción interna y calamidad pública por la emergencia en el sector eléctrico que ha derivado en racionamientos de energía con cortes de hasta 13 horas diarias.
La declaratoria no restringe ningún derecho, pero permite agilidad en los desembolsos de recursos estatales y en los trámites burocráticos para afrontar la situación.
Ecuador atraviesa desde esta semana una serie de cortes eléctricos dispuestos por las autoridades de hasta por 13 horas diarias, que provocaron además la suspensión de la jornada laboral por dos días por falta de energía para el normal funcionamiento de las actividades.
Ya desde finales del año pasado, el país enfrentó problemas energéticos y racionamientos debido a que una prolongada sequía ha dejado sin agua a los principales caudales que abastecen a las centrales hidroeléctricas y debido a la falta de acción y previsión de las autoridades de energía. Según el gobierno del presidente Daniel Noboa, ignoraron las alertas de una crisis inminente en ese sector.
Además de la excepción por temas energéticos, Noboa emitió dos decretos a inicios de año para declarar al país en "conflicto armado interno" y también en excepción ante la violencia atribuida a bandas criminales.
La nueva disposición señaló que la situación energética urgente no puede superarse por el régimen constitucional ordinario, ante lo cual es necesario contar con "flujos suficientes de recursos económicos con el fin de hacer frente al déficit de energía eléctrica" en todo el país.
Estará vigente por un lapso de 60 días y que tiene como objetivo central "garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica". Detalló que el Ministerio de Economía debe asignar los recursos suficientes para atender este estado de excepción "pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto".
El decreto también dispone la movilización y custodia de la policía y de las fuerzas armadas en todo el territorio de forma coordinada para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.
El mandatario ecuatoriano, en el poder desde el 23 de noviembre pasado, decretó el 8 de enero un primer estado de excepción por dos meses ante una incontenible espiral de violencia generada por bandas del crimen organizado y luego de que se conociera que el narcotraficante Adolfo Macías, Alias "Fito", se había fugado de una cárcel de Guayaquil.
La fuga de Macías, reconocida oficialmente varios días después, derivó en una ola de ataques violentos que incluyeron la toma de un canal de televisión mientras transmitía en vivo por parte de un grupo de hombres armados.
Tras ello, el 9 de enero, el presidente dictaminó que este país estaba en medio de un conflicto armado interno, para poder movilizar a los militares a las calles para el control de la seguridad pública. El estado de excepción fue renovado el 8 de marzo, por un mes, luego de lo cual terminó.