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Una de las reformas consideradas urgentes por el exministro de Hacienda, Dionisio Borda, es la de la Caja de Jubilaciones administrada por el Ministerio de Economía.
Al mes de marzo la referida caja acumula déficit de G. 529.290 millones (US$ 72,2 millones), lo que equivale a 41% de diferencia negativa entre lo recaudado en aportes y lo pagado en concepto de jubilaciones y pensiones.
La mayor parte de este déficit se financia con los recursos recaudados mediante los impuestos que pagan los contribuyentes en general.
Borda había señalado a ABC que la reforma de la Caja Fiscal es de alta prioridad por el déficit operativo que registra, de unos US$ 160 millones al año que se financia con los impuestos pagados.
Sectores que conforman la Caja Fiscal
La entidad previsional del sector público está conformada por seis sectores: empleados públicos, que registra un superávit del 17% en el primer trimestre del año; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, que arrastran déficit del 30%, 20%, 74%, 63% y 48%, respectivamente.
El único sector que continúa con superávit es el de los empleados públicos, que en el primer trimestre registra un ingreso de G. 294.547 millones y gastos realizados por 252.718 millones, lo que deja un saldo positivo de G. 41.829 millones y equivale a 17% de superávit.
Además, cuenta con 87.546 aportantes (funcionarios activos), que representa el 39% del total de la Caja, y 18.844 jubilados y pensionados, que implica el 25,1% del total de beneficiarios.
Los demás sectores: magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, arrojan cada mes déficit entre el aporte recibido y el pago de los beneficios.
El déficit es mayor debido a que desde noviembre del año pasado la Caja Fiscal ya no percibe los recursos destinados a los cargos vacantes, teniendo en cuenta que la ley de presupuesto ya no permite operación. aunque de todos modos se trata también de recursos aportados por el Tesoro.
Los datos del Ministerio de Economía dan cuenta que en los últimos ocho años, el Tesoro destinó de los impuestos recaudados más de US$ 900 millones para cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.
Factores que atentan contra la sostenibilidad
El propio Ministerio de Economía en su informe de finanzas públicas, que formaba parte del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, señala los factores que atentan contra la sostenibilidad del referido financiera del sistema de jubilaciones.
Sostiene que si bien la tasa de aporte para la jubilación es uniforme para todo el sector público, del 16% sobre el ingreso imponible, los requisitos para acceder a las jubilaciones y pensiones difieren entre los componentes. Por ejemplo, indica que entre estos requisitos se observa que, algunos no requieren de una edad mínima de jubilación o retiro, entre otros factores.