Ángel Víctor Torres anunció que habría ecotasa durante su legislatura, en el mismo debate de investidura que le convirtió en presidente del Gobierno que se iniciaba, pero luego llegó el Covid y se olvidó convenientemente del compromiso. Probablemente, estaba muy ocupado gastando a manos llenas y con cierta ligereza el dinero a espuertas que llegó de Europa. No necesitaba un impuesto nuevo para financiar nada. Pero si el asunto le hubiera interesado, más allá de la demagogia y el populismo, podría haber abierto el debate propuesto por su entonces consejera –Yaiza Castilla– sobre la oportunidad de crear una ecotasa o una tasa de pernoctación. La consejera nunca las diferenció, aunque son cosas distintas.
El debate no se produjo: la reacción inmediata fue que su implantación afectaría a la pujanza futura del sector, reduciendo sensiblemente el número de visitantes. Es falso. Eso no ha ocurrido en ninguno de los destinos donde se han implantado tasas por pernoctación o por acceso a zonas de especial protección. El debate de la ecotasa no debe versar sobre si afectará o no al turismo, sino sobre si es o no.
Veamos: lo que se pretende es cobrar a los turistas por pernoctación, o por visitas a espacios (o ambas cosas) para luego dedicar los recursos que se obtengan –un máximo de 200 millones– a medidas de fomento de la sostenibilidad. Si se emplearan 200 kilos en acciones de la agenda verde, sin duda se notaría, pero no es eso lo que se hace en la mayoría de los países, regiones y ciudades en que se aplica la medida. En esos destinos lo que se hace es cargar a los turistas con un pequeño mordisco fiscal, a lo que la mayoría de los viajeros europeos y occidentales están acostumbrados, dado que ya se hace en todas las grandes capitales europeas. Pero se trata de medidas para lograr una mayor recaudación municipal, no son de carácter ecológico en la mayoría de los casos, y donde lo son –en Baleares, donde los cuartos de la ecotasa se gastaron en pagar las obras del metro– solo es de nombre.
Si sólo se trata de aumentar la fiscalidad a los visitantes, entonces estamos ante un debate eminentemente fiscal, e inútil. Porque en Canarias ya se dispone de un sistema de imposición indirecta, el IGIC, cuya recaudación se reparte entre el Gobierno y las corporaciones locales, y que puede adaptar sus tipos. Podemos subir el tipo a actividades como la hostelería, la restauración, el alquiler de coches, o determinados espectáculos, sin necesidad de crear otro sistema impositivo. La tasa turística es una herramienta fiscal útil para las administraciones que no ven un duro del IVA, como los ayuntamientos y Gobiernos regionales peninsulares. Creo que por eso es mucho más razonable cobrar por el acceso a espacios como el Teide, como ya se hace desde hace años en Lanzarote. Sabiendo además que es falso que lo que se recaude vaya a solucionar los problemas del país o del sector: en la hipótesis más optimista estamos hablando de menos de 200 millones de euros al año, y no parece que con eso vayamos a solucionar todos los problemas de esta región.
Y además… ¿tenemos claro qué problemas son los que hay que resolver? Pretender que la ecotasa sirva para reducir la llegada masiva de turistas a las islas o darle la vuelta al muy deficiente reparto de la riqueza que genera el turismo es pura palabrería. Con la ecotasa no se van a resolver los problemas de esta región, ni siquiera los del sector.
Su recaudación podría ser destinada a apoyar el esfuerzo que hay que hacer para reducir el impacto de la industria en el deterioro del medio, para invertir en renovables, en un mejor sistema de depuración de aguas, o en el reciclado en las zonas turísticas. Pero no va a servir para resolver el problema de la vivienda –que no va a mejorar sin parque público de alquiler, sin inversión pública en vivienda– ni va a evitar que haya turistas que se mojen el trasero en los Jameos, influencers que se hagan selfies circulando en bici de montaña por espacios protegidos, o que aparezcan grafitis en los yacimientos arqueológicos, que –por cierto– no estoy yo muy seguro de que sean cosa de guiris. Para resolver eso, mejor más policía y control de accesos.
El presidente Clavijo ha descubierto con la manifa del día 20 que la ecotasa no nos va a comer crudos. ¿Se cayó del caballo camino de Damasco? No. Lo que quiere hacer es dirigir el debate hacia la creación de una tasa por el uso de espacios. Y a mí me parece muy bien, pero ojo: los Gobiernos recaudan impuestos o cobran tasas por servicios que luego no prestan, y se lo gastan en lo que quieren.
Al Gobierno regional le van a venir de perlas 200 kilos más. Pero que nadie espere que eso vaya a cambiar nada.
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