Pese a que Colombia adelanta acercamientos de paz con distintos grupos armados, la situación humanitaria del país siguió siendo preocupante en 2023, con desplazamientos, confinamientos, accidentes con minas antipersonales, entre otras situaciones que sumaron un total de 444 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, según lo reportó este 3 de abril Lorenzo Caraffi, jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, quien presentó el informe anual de balance humanitario.
Para 2022, el CICR había reportado 400 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias. Además, en 2023 el Comité clasificó ocho conflictos armados internos en Colombia, frente a los siete que señaló en 2022.
Los ocho conflictos que reporta el Comité son: tres entre el Estado y el Eln, el 'clan del Golfo', y disidencias de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz, es decir el autodenominado 'Estado Mayor Central' (Emc).
Los otros cinco conflictos son entre grupos armados no estatales: uno, entre el Eln y el 'clan del Golfo'; y los cuatro restantes entre el Emc y 1) la 'Segunda Marquetalia', 2) los Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano, 3) el Eln y 4) el 'clan del Golfo'.
Caraffi señaló que el año pasado la intensificación de la disputa territorial entre diversos actores armados planteó desafíos humanitarios.
"Es fundamental que el Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz. En medio de las negociaciones se pueden adoptar acuerdos especiales que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada por los conflictos armados, reforzando las obligaciones que tienen las partes en conflicto frente al derecho internacional humanitario. Estas obligaciones deben cumplirse independientemente de que existan o no diálogos de paz", enfatizó Caraffi.
Para el CICR, esos acuerdos especiales deben tener medidas concretas que busquen la protección de la población civil y de otras personas afectadas por los conflictos armados.
Desplazamientos y artefactos explosivos siguen preocupando
En la presentación, realizada este 3 de abril, se señaló que los desplazamientos individuales el año pasado aumentaron, con al menos 145.049 víctimas, frente a 123.220 registradas en 2022, lo que significó un aumento del 18 por ciento.
Algunos departamentos experimentaron aumentos más pronunciados como Bolívar, donde la población desplazada individualmente aumentó en un 94 por ciento, y en Cauca y Putumayo el incremento superó el 50 por ciento.
Paralelamente el CICR registró una reducción del 13 por ciento en la población afectada por desplazamientos masivos en 2023, pues fueron 50.236 personas, frente a las 58.010 del 2022.
"En Colombia hay comunidades enteras que no pueden transitar libremente por su territorio porque el miedo y la zozobra sigue condicionando la vida de estas personas. Para la población civil el respeto del DIH no es algo abstracto, por el contrario, significa mucho. El respeto del DIH mitiga la barbarie de la guerra y puede representar un alivio concreto para las personas afectadas en medio de la incertidumbre y el dolor que provoca la violencia", expuso Caraffi.
Otra afectación humanitaria fueron los confinamiento, y en 2023 el CICR registró un aumento a nivel nacional en un 19 por ciento pues personas estuvieron confinadas 47.013 personas estuvieron confinadas frente a 39.404 que vivieron estos hechos en 2022.
En Chocó se concentraron el año pasado el 44 por ciento de las víctimas de confinamiento, y en departamentos como Antioquia hubo un aumento considerable, allí la población confinada aumentó 11 veces en relación con 2022; en Cauca el incremento fue de más del doble respecto a ese mismo año, dijo el CICR.
Si bien los agentes en terreno del Comité registraron una disminución de las víctimas directas de artefactos explosivos, con 380 en 2023 frente a 515 de 2022, se encontró que hubo accidentes con minas en zonas donde no habían ocurrido el año pasado, lo que sugiere que la instalación de estos artefactos se extendió en el país.
Del total de víctimas, 54 por ciento son civiles, 40,5 por ciento pertenecen a la Fuerza Pública, y otro 5,5 por ciento a grupos armados ilegales.
Si bien las cifras de víctimas totales suponen una reducción del 27 por ciento en comparación con 2022, "esto no implica una disminución de la contaminación por armas en el país. Por el contrario, este fenómeno se extendió a nuevas áreas: de los 73 municipios en los que se presentaron accidentes por artefactos explosivos, el 55 por ciento no había reportado víctimas en 2022", indicó la entidad.
También fueron preocupantes las cifras de desapariciones forzadas, pues el año pasado el CICR documentó 222 casos relacionados con los conflictos armados y la violencia. Aunque esta cifra no da cuenta del número total de desapariciones, pues hay un subregistro, fue superior a lo documentado en 2022, cuando se registraron 209 casos.
Violencia contra la asistencia en salud
Además de las afectaciones anteriores, el CICR también llamó la atención sobre los 511 ataques contra la misión médica que documentó la Mesa Nacional de Misión Médica.De estos eventos, el 27 por ciento se relacionó con los conflictos armados.
"Los hechos que se presentaron en ese contexto fueron particularmente graves y afectaron a distintas comunidades que, debido a estos actos violentos, no pudieron acceder a los servicios de salud. Entre los casos registrados se encuentra el homicidio de nueve personas, la cifra más alta de los últimos cinco años. De estas personas, cinco eran sanadores tradicionales", dijo el Comité.
Aún con todo lo anterior, en la presentación de este miércoles se resaltó que el año pasado, cerca de 150 mil personas se beneficiaron con el trabajo humanitario de la organización.