Una vez más, nos enfrentamos a la cruda realidad de la violencia política en México. En 2018, nos alarmamos ante lo que se proclamó como el proceso electoral más violento de la historia del país. Tres años después, en 2021, los números fueron aún más desgarradores. Y ahora, en 2024, lamentablemente, todo indica que volveremos a superar ese triste récord.
#ColumnaInvitada | Violencia y elecciones
En el último proceso electoral, en 2021, el país registró un total de 239 políticos víctimas de violencia. Este año, hasta el 6 de abril, ya hemos registrado 156 casos de violencia política, y 22 personas vinculadas al proceso electoral que han perdido la vida a causa de la violencia. La más reciente víctima ha sido Gisela Gaytán , candidata a alcaldesa morenista de Celaya, Guanajuato.
Ante esta escalofriante situación, el gobierno ha optado por su estrategia habitual: ignorar la realidad y negar la gravedad del problema. Alega que su responsabilidad se limita exclusivamente a atender los casos de violencia contra candidatos a cargos de elección a nivel federal, como la presidencia de la República, el Senado y la Diputados, deslindándose de cualquier responsabilidad con respecto a los candidatos locales y trasladando el problema a los gobiernos estatales. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta.
Es evidente que las elecciones son un asunto de seguridad nacional, aspecto que el Presidente de la República parece no comprender. Además, las amenazas y la violencia, provenientes del crimen organizado, son competencia absolutamente federal.
Antes de 2018, la Secretaría de Gobernación organizaba una mesa de seguridad electoral con la participación de todos los partidos políticos y el INE. Además, elaboraba un atlas delictivo y de riesgos a nivel nacional para identificar puntos críticos y proporcionar seguridad a los candidatos, tanto federales como locales, que estuvieran amenazados, a través de escoltas y autos blindados.
Para el proceso electoral de 2021, este gobierno eliminó por completo este protocolo. En esta elección, es el INE quien se encarga de recibir y canalizar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana las solicitudes de seguridad por parte de candidatos a cargos de elección exclusivamente federales.
Más allá de las estadísticas, los ataques a actores políticos y candidatos exhiben la debilidad del Estado frente a su responsabilidad primordial: ofrecer seguridad y justicia a los ciudadanos. Estos actos de violencia no son meros incidentes aislados; perturban el tejido mismo de nuestra vida pública.
La violencia política no solo daña a individuos; amenaza la esencia de nuestra democracia. No es preciso imaginar un futuro donde los criminales gobiernan totalmente nuestros municipios y donde los periodistas independientes, esos faros de verdad, son silenciados. Esto no es una exageración distópica; ya está sucediendo.
Un proceso electoral violento erosiona la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. Los ciudadanos ven comprometidos sus derechos políticos y la participación en el proceso electoral se ve amenazada por el temor a la violencia.
Con su fallida estrategia de 'abrazos, no balazos', este gobierno ha acumulado más de 180 personas asesinadas y casi 100,000 desaparecidas hasta el momento. Resulta ingenuo esperar que, a estas alturas, asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los candidatos durante todo el proceso electoral.
Corresponde a la ciudadanía perder el miedo y salir a votar en libertad. Solo así podremos construir un México en el que la democracia y la paz sean una realidad para todos.
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