La supresión de los llamados visados de oro ( golden visa ) que aprobó ayer el Consejo de Ministros, tal como había avanzado el presidente Pedro Sánchez, sigue las recomendaciones de la Unión Europea. En el 2022 Bruselas ya recomendó su retirada de los países miembros para evitar que esa modalidad para obtener la residencia legal en un país europeo fuera utilizada por oligarcas rusos, que no son bienvenidos desde el inicio de la invasión de Ucrania, así como para facilitar el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado o de evasores fiscales. El Gobierno suprime dichos visados, además, para combatir la especulación inmobiliaria, aunque no hay consenso sobre el éxito que ello pueda tener.
Los visados de oro fueron introducidos en la legislación española por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2013 para atraer capital extranjero para la compra de vivienda, en plena crisis inmobiliaria, y para la inversión en activos financieros españoles, muy debilitada también la economía por la crisis iniciada en el 2007-2008.
El objetivo del Gobierno es reducir la presión alcista en el mercado inmobiliario
El permiso de residencia en España a través de un visado de oro, hasta la fecha, ha permitido estar legalmente en nuestro país a casi 14.600 ciudadanos extracomunitarios. Para obtener esos visados especiales han tenido que comprar, tal como fijan las condiciones que los regulan, una vivienda por valor superior a los 500.000 euros. Los que han optado por esta modalidad han sido la práctica totalidad. La otra modalidad, utilizada tan solo por seiscientos de ellos, ha sido tener que invertir en activos financieros por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública española o de un millón de euros en acciones de empresas españolas.
El Gobierno suspenderá la primera condición –la de la compra de vivienda de más de 500.000 euros– con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria que han generado esas inversiones y frenar con ello el aumento del precio de la vivienda, tal como ha dicho la ministra Isabel Rodríguez. El grueso de la inversión inmobiliaria de los extranjeros que han obtenido el visado de oro se ha centrado en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y València, en unas ciudades que coinciden con las que tienen mayor especulación y presión alcista de los precios de la vivienda. El impacto en el mercado inmobiliario ha sido muy notable porque, desde el 2016 hasta hoy, ha supuesto una inversión en la compra de vivendas de 10.014 millones de euros, con un importe medio de 951.203 euros. Los principales inversores han procedido de China, Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán y Venezuela.
En medios del sector inmobiliario se argumenta que la supresión de estos visados tendrá poco impacto en los precios de la vivienda, aunque es difícil negar que hasta ahora ha supuesto una presión alcista en los precios. En la medida que dicha inversión se canaliza hacia las viviendas de valor alto y medio influyen en el conjunto del mercado. En la Costa del Sol, sin embargo, se ha criticado dicha medida porque frenará la llegada de residentes de alto poder adquisitivo.
Es evidente que la supresión de los visados de oro, aunque parece bien encaminada, no es la solución, ni de lejos, al problema de la vivienda en España. Pero el Gobierno ha aprobado la medida –al margen del impacto electoral que supone– para dar el pistoletazo de salida a su ambicioso plan para la masiva construcción de viviendas en España. La ministra de Vivienda, en este sentido, anunció ayer que convocará a todas las administraciones públicas y al conjunto del sector privado para acordar las medidas más efectivas para dinamizar la construcción de viviendas de alquiler a un precio asequible, entre las que se encuentra la modificación de la actual ley del Suelo. Esta conjunción de esfuerzos del sector público y privado en el ámbito inmobiliario, reclamada reiteradamente desde estas páginas, es la vía más eficaz para lograr a medio y largo plazo las viviendas que el país necesita.