La Región de Murcia es la comunidad autónoma en la que menos dinero tiene que poner la Seguridad Social para pagar las pensiones y las demás prestaciones públicas que perciben los murcianos. Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda a raíz del debate sobre las balanzas fiscales autonómicas que abrió Cataluña hace varios meses, las cotizaciones aportadas por los trabajadores y las empresas prácticamente cubren el gasto destinado a sufragar las pagas de los jubilados, las viudas, los huérfanos y las personas con incapacidad laboral.
La diferencia apenas roza los 72 millones, cuando en Asturias la brecha entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social alcanza los 2.887 millones.
El mantenimiento de la Caja Única que financia las prestaciones públicas en las comunidades autónomas ha sido una de las reivindicaciones incuestionables para los sindicatos, que la consideran una garantía de la solidaridad entre los territorios.
Todas las comunidades españolas, salvo Madrid y Baleares, tienen un gasto en prestaciones públicas superior a los ingresos que obtiene la Seguridad Social a través de las cuotas que pagan las empresas y los afiliados dados de alta.
Murcia es la comunidad autónoma con el menor déficit, según el balance del Ministerio de Hacienda
Los balances de la Seguridad Social que ha ofrecido el Ministerio de Hacienda corresponden al año 2021. En aquel momento la Región tenía unos 250.000 pensionistas, aunque el gasto público incluye también las aportaciones a las bajas por maternidad y paternidad y las pensiones no contributivas, entre otros derechos.
Las cotizaciones de la Seguridad Social también deben costear el gasto que genera la maquinaria administrativa del INSS encargada de gestionar las prestaciones públicas, algo que no ocurre en ningún otro organismo del Estado.
En 2021 la Seguridad Social ingresó en la Región 3.515,4 millones de euros, mientras que el gasto en prestaciones ascendió a 3.587,3.
La brecha entre los ingresos y los gastos se reduce a 71,9 millones, que es la más baja de todas las comunidades.
Esto supone apenas un gasto de 47 euros por habitante para la Seguridad Social, mientras que la aportación por habitante en Asturias alcanza los 2.852 euros, cuando la media nacional está en 664 euros por persona.
La aportación de la llamada Caja Única al pago de las pensiones solo supone 47 euros por persona
Por tanto, Murcia es la región que menos depende de las aportaciones del resto de las comunidades autónomas para sufragar el gasto originado por las pensiones y por el resto de prestaciones públicas.
Por comunidades
Cataluña, con un déficit de la Seguridad de 4.813 millones, y Andalucía, con 4.067, presentan el desfase más elevado, seguidas por el País Vasco (3.662 millones), Galicia (3.504) y Castilla y León (3.441). En el sexto puesto aparece Asturias, pese a ser una comunidad uniprovincial con menos población que Murcia.
Su posición se debe a las elevadas pensiones de los jubilados asturianos, que proceden en su mayor parte de la minería y son las más elevadas de toda España. Por el contrario, la paga que perciben los jubilados murcianos es una de las más bajas de todas las comunidades autónomas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Fiscales, la Seguridad Social paga en Asturias 3.620 millones solo en pensiones de jubilación, mientras que en la Región el importe se reduce a 2.087 millones.
También el gasto en pensiones de viudedad es mucho más elevado en el Principado, dado que estas prestaciones están ligadas siempre a los salarios de los trabajadores que generaron el derecho. Así, las viudas murcianas perciben 522 millones, frente a los 921 de las asturianas.
Madrid y Baleares son las únicas regiones que aportan más de lo que reciben los beneficiarios
Por el contrario, el importe de las prestaciones por maternidad y por paternidad a las que la Seguridad Social tiene que hacer frente en la Región es más de dos veces superior al de Asturias.
La aportación que genera la natalidad asciende en Murcia los 102 millones de euros, mientras que en Asturias no llega a los 45 millones. También las prestaciones por invalidez son superiores en Asturias (444 millones) a las de la Región (379,1).
Baleares y Madrid son las dos únicas comunidades en las que la Seguridad Social consiguen un balance positivo. En la comunidad madrileña el superávit se atribuye al elevado número de empresas y de organismos que tienen su sede en la capital de España, lo que incrementa los ingresos de la Seguridad Social.
En el caso de Baleares la diferencia está motivada por el elevado número de trabajadores que están ocupados en la hostelería durante los meses de la temporada turística, pero abandonan las islas al acabar su contrato, lo que reduce la nómina de los pensionistas afincados en el archipiélago. De hecho la pensión media de Baleares es superior a la de la Región y casi roza la media nacional, pero el número de beneficiarios es mucho más reducido.
Aunque el balance de la Seguridad Social de 2021 es el último publicado por el Ministerio de Hacienda, las cifras han cambiado mucho en los últimos años, debido al crecimiento del empleo que se ha producido tras la crisis provocada por la pandemia y la reforma de las pensiones.
La Región ha sido en este periodo una de las comunidades que han registrado un mayor aumento de la afiliación, debido en parte a la reforma laboral, que ha hecho aflorar muchos puestos de trabajo de carácter temporal.
Por otra parte, la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos ha permitido la revalorización de la paga que reciben los jubilados en plena escalada inflacionista. La vinculación del incremento de las prestaciones a la inflación ha hecho posible que la pensión media de la Región llegue a ser mileurista, a pesar de que sigue siendo la tercera más baja de todas las comunidades.
No obstante, solo 15 de los 45 municipios de la Región superan los 1.000 euros de pensión media.
La economía sumergida impide que Murcia aporte más de lo que gasta
La Región podría llegar a aportar a la Seguridad Social más de lo que cuestan las pensiones y prestaciones públicas si la economía sumergida no fuese tan elevada, teniendo en cuenta que el déficit no llega a 72 millones . El secretario general de CCOO, Santiago Navarro, calcula que la economía irregular puede suponer entre un 25% y un 30%, de acuerdo con los últimos estudios que ha realizado el Consejo Económico y Social (CES).
En esta estimación se incluyen no solo los empleos no declarados oficialmente, sino también «las horas extraordinarias que no se cotizan y los trabajos en negro».
De igual forma, Santiago Navarro también incluye en el cómputo «los contratos de jornada reducida» que en la práctica se alargan más allá de las ocho horas diarias.
También se refiere a las nóminas que solo reflejan el salario base, «mientras que los complementos se abonan en negro, sin ninguna cotización».
Santiago Navarro reconoce que resulta difícil saber cuáles son las verdaderas dimensiones de la economía sumergida, dado que responde a un amplio abanico de irregularidades en las retribuciones y en las cotizaciones.
Recuerda que se trata de un fraude que deja el 30% de las retribuciones de los trabajadores de la Región «sin cotizar ni a la Seguridad ni a Hacienda».
El CES está realizando un nuevo estudio para determinar qué porcentaje de la economía regional sigue manteniéndose oculto, además de establecer los efectos económicos y sociales de la economía irregular en la Región. El Consejo Económico y Social ha firmado un convenio con la Universidad de Murcia y con la Consejería de Empleo para realizar el estudio, que estará dirigido por José Colino, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. También establecerá un catálogo de medidas propuestas a las diferentes administraciones para combatir la economía sumergida y las irregularidades laborales.
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