El Gobierno, ha hecho una nueva propuesta que supone un incremento de la conocida como tasa ENRESA del 30%, menos del 40 por ciento previsto inicialmente, pero un impuesto que las eléctricas consideran excesivo. Actualmente, se aplican 7,98 euros por Mw/h que pasarán a ser 10,36 euros con la nueva propuesta, un 29,8 por ciento más.
El incremento implica un cambio de las condiciones pactadas en 2019 en el Protocolo de Intenciones en el año 2019 — incluido luego en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)— entre Enresa y las centrales nucleares y por el que se acordó incrementar la tasa de Enresa en un máximo del 20%.
Los propietarios de las centrales nucleares pagan un impuesto para desviaciones de costes de Enresa (impuesto al combustible nuclear gastado), pero además se les cargan las desviaciones que se produzcan por inflación o por decisiones políticas (pasar de un almacén centralizado a siete almacenes descentralizados) por lo que se trata de un caso que podrían considerarse doble imposición.
El impuesto al combustible nuclear gastado son 5€/MWh, que da para pagar los 2.4€/MWh que necesita actualmente Enresa y aun así sobrarían 2,6 €/MWh para futuras desviaciones. Por eso, este impuesto debe destinarse a Enresa y la tasa no tendría por que subir, según fuentes del sector eléctrico.
Por otra parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado que se está trabajando en la manera para hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, aunque incluyendo fórmulas de incentivos a la reinversión en transición ecológica, a pesar de que no habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
En Los Desayunos Informativos de Europa Press, Ribera señaló que habrá que ver la posibilidad de introducir esa modificación al gravamen "en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos".
En un principio, estaba previsto que esa reformulación del impuesto extraordinario se recogiera en los PGE para 2024, ya que el gravamen tenía carácter temporal para dos años -2023 y 2024-. A este respecto, la ministra indicó que será necesario encontrar un lugar para su tramitación, ya que de no ser así decaerá la medida a finales de este ejercicio. "Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión", dijo.
Así, Ribera destacó que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen "hacia un sistema que permita incentivar la inversión". "Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial", dijo, añadiendo que el encaje se lo deja a "la vicepresidenta primera (María Jesús Montero, ministra de Hacienda), que es la que lidera este dosier".
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