Los presos sin sentencia firme de Ecuador fueron este jueves los primeros en votar en el referéndum convocado para el domingo por el presidente Daniel Noboa para realizar reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
Para este proceso están habilitados para votar 5.338 reclusos, lo que supone el 16,2 % de las más de 32.70 personas que se encuentran privadas de la libertad en 35 cárceles que componen el sistema nacional penitenciario de Ecuador.
La votación de presos se realizará en veinte de las veinticuatro provincias del país, donde se han instalado 61 mesas de votación, en un trabajo coordinado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Registro Civil.
En esta ocasión, los presos votarán por cuestiones que les atañen directamente a ellos, pues una de las once preguntas del plebiscito se refiere a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén a cargo de los accesos a las prisiones.
Con esta cuestión el Gobierno busca ejercer un mayor control del ingreso a las cárceles y evitar que las bandas criminales que hasta hace unos meses dominaban interiormente las prisiones vuelvan a introducir armas, luego de que se les hayan requisado dentro de los centros carcelarios grandes arsenales de armas de fuego, armas blancas y explosivos.
Hasta la primera semana de abril, mientras duró el estado de excepción decretado por Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, las Fuerzas Armadas permanecieron dentro de las prisiones para quitarle el control de las cárceles a estos grupos.
El poder que ejercían estas bandas criminales dentro de las cárceles llevó a que más de 500 presos hayan sido asesinados desde 2020 dentro de las prisiones, la mayoría en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
El plebiscito convocado por Noboa también plantea elevar las penas para los delitos ligados con la actividad del crimen organizado transnacional y eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de esta índole, de manera que cumplan enteramente su condena dentro de prisión.
Asimismo, plantea que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía de manera permanente en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de expedir estados de excepción para ello.
También busca instaurar juzgados en materia constitucional, permitir las extradiciones de ecuatorianos que estén requeridos por la Justicia de otros países y flexibilizar la contratación laboral mediante los contratos temporales y por horas.
Otras cuestiones que forman parte del plebiscito tienen por objetivo tipificar como delito el porte y tenencia de armas que son de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y permitir que de manera inmediata el armamento incautado al crimen organizado pueda ser usado por las fuerzas estatales.
Además, otra herramienta que se quiere aprobar para enfrentar al crimen organizado es la posibilidad de agilizar el trámite de expropiación de bienes de origen ilícito, para golpear a los entramado de lavado de activos que utilizan estas organizaciones.
Durante la inauguración de la votación de la población penitenciaria, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, manifestó que esta jornada constituye una expresión genuina de la democracia, porque el Ecuador es pionero en la región al impulsar iniciativas de inclusión y de efectiva participación de la ciudadanía en las urnas.
FUENTE: EFE