La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se da de baja del grupo de trabajo para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que convocó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la semana pasada. De este modo, el proyecto que impulsa la Fiscalía sufre un duro revés, pues se trata de la segunda asociación de la carrera fiscal. El motivo, señalan, es el "comportamiento anómalo" frnete a las querellas que se han presentado por revelación de secreto en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La comisión ejecutiva APIF ha adoptado hoy mismo la decisión de forma unánime. no participar en el grupo de trabajo que se constituyó el pasado 10 de abril y cuya próxima cita estaba agendada para el 7 de mayo. En ese encuentro se indicó a las tres asociaciones que pilotaran la elaboración de un nuevo estatuto. Los últimos acontecimientos que ha protagonizado el fiscal general han precipitado esta medida y así se lo han comunicado al fiscal general en una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
La gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de García Ortiz ayer en un acto de toma de posesión de fiscales. Durante la ceremonia, el fiscal general asumió la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid. En la carta que le ha enviado la asociación para informarle de su decisión, reprochan a García Ortiz que no aclare "si la orden partió de él mismo", por lo que considera "insuficiente" que se haya hecho cargo del controvertido comunicado.
También critican la orden dada por la Teniente del Supremo para la inadmisión a trámite de las dos querellas contra la Fiscalía Provincial de Madrid y un fiscal de ésta que interpusieron el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como afectado. Lo hicieron por considerar que se pudo cometer un presunto delito de revelación de secreto en el comunicado oficial que emitió la fiscal jefe provincial de Madrid. En él daba cuenta de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de conformidad entre el fiscal del caso y el empresario Alberto González, novio de Ayuso, que no llegó a confirmarse y que están amparadas por el secreto profesional.
Según la APIF, esta decisión "se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España" y añaden que "no podemos compartir" que en el seno de la Fiscalía General del Estado se haya producido "a instancia de la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento".
Para la asociación de fiscales, se trata de un "comportamiento anómalo" que no respeta el deber de independencia de los fiscales del caso.
"Independencia absoluta"
En la misiva, se recuerda además que la reunión de la semana pasada, en la que se creó el grupo de trabajo para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la APIF insistió en que se debía garantizar "una independencia absoluta" en dos sentidos. Por una parte, respecto del Gobierno, "ya que la Constitución Española nos sitúa dentro del Poder Judicial" pero con autonomía funcional. Y por otra, para "blindar" al fiscal de cada caso concreto, "para que no pudiera se inquietado en su labor investigadora, debiendo ser independiente hasta de la propia institución".
Desde la APIF consideran que los acontecimientos asociados al caso de la pareja de Ayuso pone de manifiesto de manera clara "su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales".
Por último, destaca que esto se suma a "otros comportamientos" y situaciones, como el fallo del Tribunal Supremo en el que se anula la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal al constatar que García Ortiz incurrió en "desviación de poder". Esta circunstancia lo sitúa como una persona que no es "idónea" para desempeñar sus funciones. Tal como informó este periódico, la APIF presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para impugnar su nombramiento al frente de la Fiscalía General del Estado de García Ortiz.
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