Las réplicas del terremoto que sacudió el Ministerio Público en noviembre pasado no cesan. Ayer, se realizó una nueva tanda de detenciones y allanamientos por el mismo caso que lleva las investigaciones contra el círculo de asesores más cercano de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides a un nuevo nivel; uno en el que no solo estamos ante una trama que involucra supuestos intercambios de favores entre fiscales y congresistas, sino ante un cuadro mucho mayor en el que hay desde denuncias de colocación de fiscales a pedido de personas ajenas al Ministerio Público hasta el ofrecimiento de archivar investigaciones y dirigir procesos de compra de la fiscalía a cambio de sobornos. Toda una saga que trae a la memoria lo que fue el destape de Los Cuellos Blancos del Puerto hace casi seis años.
Precisamente, este último caso aparece en varios pasajes del auto de allanamiento que autorizó las diligencias de ayer y que recaba los 16 presuntos hechos delictivos perpetrados por la organización criminal que dirigiría Benavides. Concretamente, al grupo se le atribuye haber interferido en esta emblemática investigación a fin de beneficiar a uno de sus implicados, José Luis Castillo Alva, a cambio de US$60.000 y de que este último utilizara su nexo con el capitán de la PNP Jorge Rodríguez Menacho –que había realizado los informes de las conversaciones telefónicas de este caso– a fin de bloquear los pedidos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que buscaba conocer el contenido de las llamadas entre el empresario Antonio Camayo y Patricia Benavides.
Hay, en el documento fiscal, varios hechos que son conocidos, como las supuestas negociaciones entre el entorno de Benavides con parlamentarios para designar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos y a los integrantes de la JNJ, o las acciones que ella ordenó como cabeza del Ministerio Público para remover a la magistrada que investigaba a su hermana o para descabezar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por Marita Barreto. Pero también se consignan otros nuevos que vale la pena mencionar aquí.
Entre ellos, las supuestas gestiones que la dupla estelar de asesores de Benavides –Jaime Villanueva y Miguel Girao– habría realizado con su aquiescencia para dirigir ciertas licitaciones del Ministerio Público, incluso interfiriendo en las áreas a cargo de estos procesos y en los comités que seleccionaban a los ganadores. Concretamente, se mencionan tres procesos: el de la implementación de un data center principal y un data center de contingencia en el Ministerio Público por S/141 millones; y dos compras de computadoras para la institución por S/7 millones. En los tres se habría buscado favorecer al empresario Giancarlo Valer Enciso, quien habría desembolsado dinero a favor de Benavides, Villanueva y Girao por estas gestiones.
Otro suceso que llama la atención es el del presunto desembolso de dinero a Villanueva, Girao y al exfiscal adjunto supremo Marco Huamán a fin de archivar una investigación por lavado de activos en julio del 2023.
Todos estos hechos debían haber sido el motivo central de las discusiones de ayer y, sin embargo, fueron opacados en gran medida por el allanamiento de la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, quien aparece como presunto integrante de la organización criminal en esta trama. A Tafur se le atribuye, entre otras cosas, haber jugado a favor del grupo delictivo al publicar un reportaje en el medio que dirige (Sudaca.pe) que dejaba mal parada a Marita Barreto sobre la base de información supuestamente suministrada por José Luis Castillo Alva y por el abogado Jefferson Moreno. No obstante, esta situación es preocupante pues la posibilidad de que un fiscal pueda atribuirle un ilícito a un periodista tomando como indicio un artículo de su autoría es insólito. Además, se podría estar criminalizando la relación de un periodista con sus fuentes. Un periodista puede reunirse con cualquier fuente con el objetivo de obtener información que sea de interés público. Con este allanamiento se ha abierto la puerta para que los contactos de periodistas con sus fuentes puedan ser criminalizados y estos puedan sufrir la incautación de sus computadoras y celulares, y los de su familia y allegados que nada tienen que ver con la investigación.
Y es precisamente en esos detalles donde se juega el futuro del Caso Valkiria –como ha pasado a denominarse esta investigación–. Al país le conviene que este caso, por lo trascendental que es, llegue hasta sus últimos confines, pero debe hacerlo sin incurrir en excesos que terminen poniendo en riesgo todo el proceso. Al fin y al cabo, esa será su mejor defensa ante los embates de quienes con toda seguridad buscarán atacarlo.