Cuando aparecieron los primeros controles de alcoholemia en las carreteras surgió enseguida un debate jurídico. ¿Soplar en esos aparatos no era lo mismo que declarar contra uno mismo? ¿Eso es constitucional? Tras las dudas iniciales, posteriores sentencias dejaron claro que esos controles son plenamente legales y que todos los conductores están obligados a someterse a ellos, pues lo que aquí se quiere proteger es un bien tutelado, como es el de la seguridad vial. Y los que se niegan o soplar o ceder una muestra de su saliva son denunciados por un delito de desobediencia.
Casi tres décadas después de ese debate –que hoy se da prácticamente por resuelto–, el Tribunal Constitucional acaba de abrir otro frente, hasta ahora inexplorado, en el universo de las alcoholemias.
Y con una escena que se repite en vías urbanas y carreteras, como es la de trasladar a una conductora o conductor a la comisaría más cercana para someterle a una prueba de alcoholemia o drogas porque no hay cerca ninguna patrulla para realizar esos tests a pie de asfalto. Siempre con la amenaza de abrir una causa por desobediencia si hay negativa a esas pruebas.
El TC abre una gran brecha por la que se podrían colar otros conductores que han pasado por ese trance
El Tribunal Constitucional acaba de abrir una brecha por la que podrían colarse muchos conductores que han vivido esa experiencia y han acabado condenados. El Alto Tribunal anula la condena a una conductora que fue "invitada" bajo amenaza de acusarla de desobediencia a trasladarse a una comisaría cercana para practicarle un test de alcoholemia. Razón no les faltaba a los agentes para actuar, pues la prueba arrojó un nivel del alcohol que multiplicaba por cuatro la tasa máxima permitida.
Pero el TC no valora aquí el grado de embriaguez. Lo que cuestiona es si esa conductora se desplazó "libre" hasta esa comisaría o si, por el contrario, lo hizo "presionada" por la amenaza de denuncia por desobediencia de los agentes.
La sentencia da por probada la segunda posibilidad. Entienden los magistrados que esa conductora, interceptada en una calle de Madrid, "no fue libremente a esa comisaría".
La sentencia recoge que el traslado a una dependencia policial para soplar no es "libre" si se presiona con un castigo por negarse
Es más, el fallo recalca que los propios policías admitieron que la mujer "se negó varias veces" al traslado, y que si al final accedió a ir a esas dependencias fue, según avanza el Diario.es , por la reiterativa "persuasión" de los agentes, que no aflojaron hasta que la conductora aceptó esa "invitación".
La sentencia es clara: a partir de ahora no puede trasladarse a ningún conductor a dependencias policiales para un test de alcohol y drogas si este no manifiesta de forma muy clara que lo hace de forma libre y voluntaria. Tampoco vale amenazar o presionar con que la negativa a ese traslado conlleva cometer un delito de desobediencia. Si hay presión, no hay libertad, sentencia el TC.
Otra cosa, precisan fuentes judiciales, es si la negativa a esas pruebas se manifiesta a pie de asfalto ante una patrulla con los dispositivos para realizar el test. En estos casos, el Tribunal Supremo ha dejado ya claro que si hay síntomas evidentes de embriaguez o drogadicción y hay negativa, el castigo aunque no se practique la prueba puede ser doble: por conducir bajos los efectos de sustancias y por desobediencia.