Después de seis años de investigación, espera y acusaciones, el pasado martes acudía a declarar como investigado el letrado Alberto Ganga, en el Juzgado nº3 de Getafe. Ganga habría cobrado 60.000 euros de la empresa pública de Getafe GISA por 29 días de trabajo en periodo de prueba que no superó en el año 2015. Desde el Partido Popular sospecharon entonces que recibió el dinero como pago por la causa abierta contra ediles del PP en el Ayuntamiento, informaban a La Razón diversas fuentes.
Fue entonces cuando la Policía Nacional comenzó a investigar un posible caso de corrupción que salpicaba a toda la cúpula del Ayuntamiento de Getafe, gobernado por la socialista Sara Hernández y que afectaría a Alberto Ganga, el abogado que declaró contra Ciudadanos en el comisión de investigación de Financiación de partidos políticos del Senado.
Tras intentar por todos los medios jurídicos que se suspendiera su declaración prevista, argumentando que esta diligencia debía ser anulada conforme a un recurso que presentó previamente, se personaba el martes. Sus alegaciones no fueron acordadas con el Juez y la declaración se celebraba, aunque como cabía esperar, se acogió a su derecho a no declarar.
También prestaron declaración en calidad de testigos dos letrados de la empresa jurídica que asistió a la empresa municipal GISA en el procedimiento de despido. Una de ellas ya declaró en 2018, y esta semana se reafirmaba en lo ya declarado entonces, y en los términos del informe que remitió la empresa al juzgado. Según estos, se aconsejó a la empresa pública ir a juicio ante la demanda de Alberto Ganga por despido nulo, al no percibirse en ningún momento motivos de nulidad, postura que se ha mantenido en todo momento por los letrados contratados. Sin embargo, unos minutos antes de iniciar el juicio recibieron una llamada desde GISA, con instrucciones expresas de no celebrar el pleito y de la necesidad de llegar a un acuerdo con el demandante a cambio de unas cifras económicas que se aproximaban a las que pudieran derivarse para GISA en un eventual escenario de declaración de despido nulo. Es decir, contra el criterio técnico de la letrada se les obliga a llegar a este acuerdo.
Cabe recordar, que en la anterior declaración de la testigo en sede judicial (en septiembre de 2018) se señala que el día del pleito, cinco minutos antes de entrar en sala, hubo una llamada del gerente de GISA para llegar a un acuerdo económico, que manifestó por teléfono que recibía «instrucciones de arriba». Sin embargo en la última declaración la testigo se ha acogido al secreto profesional para no desvelar quién le llamó antes de entrar en el juicio por el despido de Ganga.
Bajo todo este contexto, se alcanzan las últimas diligencias que estaban previstas y acordadas por el Juez. Actualmente siguen en calidad de investigados el gerente de la empresa municipal GISA, Juan Manuel Hernández, alto cargo del Gobierno de Sara Hernández. Para la oposición, siempre resultó sospechoso que «la alcaldesa mantenga en el cargo a Hernández, con un sueldo aproximado de 65.000 euros. Además, también están investigados el letrado Alberto Ganga y la exconcejala del PSOE Mónica Cerdá por entonces consejera de GISA. Seis años después de iniciarse el proceso, el ocultismo permanece.
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