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Jorge Glas, exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, ha ingresado en la prisión de Guayaquil, después de que el ejecutivo ecuatoriano presidido por Daniel Noboa invadiese la Embajada mexicana para detenerlo. Esta actuación ha recibido la condena casi unánime de la comunidad internacional y ha provocado la ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con México y Nicaragua.
Glas fue trasladado en avión a una cárcel de máxima seguridad, reservada para los presos más peligrosos. Estaba imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos en el que caso que se investiga por la reconstrucción de la provincia costera de Manabí. Además, debía regresar a la cárcel para acabar de cumplir una condena de 8 años por dos condenas por cohecho y asociación ilícita.
El asilo a Glas fue otorgado por México cuando las relaciones con Ecuador estaban en un momento complicado ya que el equipo de Noboa había expulsado a la embajadora Raquel Serur como respuesta a unas declaraciones del presidente López Obrador que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral de Noboa frente a la candidata correísta Luisa González.
Glas llevaba en la Embajada de México en Quito desde diciembre de 2023. Pedía asilo político al declararse como perseguido político y víctima de 'lawfare' que le fue concedido el viernes y a las pocas horas de este hecho la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en el edificio para proceder a la detención.
Tanto el expresidente Rafael Correa (2007-2017) como su partido Revolución Ciudadana han denunciado que Glas fue presuntamente golpeado durante las horas que pasó detenido y responsabilizaron al Gobierno del presidente Daniel Noboa de cualquier afectación a la salud física y psicológica de Glas.
Rechazo casi unánime de la comunidad internacional
La OEA a través de un comunicado expresó su rechazo a "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo" la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la "obligación" que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violación de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, y exhortó a los dos aliados de Washington a "resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales".
También condenaron el hecho los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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