No por esperada la elección de la vicepresidenta Teresa Ribera (Madrid, 1969) como candidata del PSOE a las elecciones europeas de junio, que fue oficializada ayer, ha causado menor asombro en los despachos energéticos. Quizá porque, a ojos del sector, sigue siendo "un activo clave". Son las palabras que eligen varios directivos del ramo para definir a la también ministra para la Transición Ecológica. Algunos hablan de ella con la admiración que suscita un contrincante duro en el cuerpo a cuerpo. Otros, desde el rechazo a una "cruzada ecológica" que ha ignorado no pocos efectos de segunda ronda. La conclusión general es que, con toda su complejidad, Ribera es una "pérdida" para el Gobierno.
Cuando Pedro Sánchez eligió a Teresa Ribera como máxima responsable de la política energética del país, en 2018, la reacción del ala más verde del espectro empresarial fue la euforia. La del otro lado del arcoíris energético, el recelo. Sus primeros pasos al frente de la cartera respaldaron esa impresión. La supresión del peaje de respaldo al autoconsumo (el llamado impuesto al sol), la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático de España y el calendario de cierre del parque nuclear, fueron algunos de sus principales hitos.
Ese primer perfil de gurú ecológica de Zapatero laureada en Europa ha ido dejando paso a una Ribera que ha ganado peso político y se ha hecho fuerte en el círculo de máxima confianza de Sánchez. No en vano, el líder del Ejecutivo la eligió como su número dos en la lista electoral del partido en Madrid para el 23-J. Ribera es también la única que ha resistido en el cargo de vicepresidenta a los sucesivos cambios de Gobierno orquestados desde Moncloa. "Eso da muestras de la importancia que tiene en el núcleo de Sánchez", apuntas fuentes del PSOE.
"Teresa Ribera será lo que ella quiera porque se lo ha ganado", afirma otra fuente del partido. Pero la decisión de dejar el ministerio no ha sido suya, sino de Sánchez. El secretario general del PSOE ha concluido que le compensa perder una pieza clave del Consejo de Ministros para ganar influencia en Europa. "Pierde en el Gobierno un activo importante a medio plazo, sí, pero España lo gana en el ámbito institucional de la Unión Europea", respalda una fuente del entorno de Ribera que admiten que su reemplazo no será fácil. A día de hoy, la idea es que su relevo sea un fichaje femenino.
En el PSOE Europeo ya aplauden la decisión: "Aquí ya se ve a Ribera como una líder". Por dos motivos. El primero, gracias a la reforma del mercado mayorista eléctrico de la UE que demostró que la vicepresidenta tenía motivos para cuestionar un modelo que genera grandes distorsiones en situaciones de crisis. Si bien, la mayoría de sus propuestas fueron excluidas en el acuerdo final.
El segundo, por la famosa excepción ibérica con la que España y Portugal lograron la bula de los 27 para topar el precio del gas y bajar la factura de la luz. El éxito de la medida como mecanismo de control de precios fue indiscutible: en seis meses contuvo en 0,3 puntos la inflación y ahorró 200 euros a cada hogar acogido a la PVPC. Países como Francia aprovecharon para disparar las compras de electricidad a España, más barata. Y aunque, en parte, se trató de electricidad subvencionada por los españoles, no es menos cierto que estas exportaciones también generaron ingresos a nuestro país.
La puesta en escena por parte del Gobierno del tope al gas demostró otra de las cualidades que han permitido a Ribera resistir a la geometría variable de Sánchez: no atribuirse públicamente los éxitos que pueda arrogarse el jefe del Ejecutivo. Su espíritu de partido, que se agudiza en los momentos clave, y su lealtad a Sánchez que ha demostrado trabajando por encima de las expectativas y, cuando ha sido necesario, también justificando sus golpes de efecto. Como botón de muestra, la promesa que el Gobierno lanzó en 2021, mientras la luz escalaba a niveles históricos, que ese año los españoles pagarían por la electricidad lo mismo que en 2018. El compromiso envolvió a Ribera en más de un equilibrismo semántico.
Primero por la pandemia y, después, por la crisis inflacionista, Ribera tuvo que dejar en vía muerta algunas de sus ambiciones climáticas, como el Fondo Nacional de Sostenibilidad Sistema Eléctrico, que se anunció como una de las medidas estrella del ministerio, destinado a bajar la factura de la luz trasladando parte de los costes a gasistas y petroleras. La medida, que en principio se iba a tramitar por la vía de urgencia y que se convirtió en la mejor encarnación del mantra tantas veces repetido por la ministra, "El que contamina, paga", es a día de hoy una de las tareas pendientes de su mandato.
Basta con comparar los programas electorales del PSOE para detectar la influencia verde de Ribera: en 2019 el término "sostenible" aparecía la mitad de veces que en el del 23-J. Pero, de todas sus cruzadas, quizás la más cuestionable ha sido precisamente el decreto popularmente conocido como 'Ley de hitos' a las renovables. La media frenó la especulación en el sector, pero también ha condenado a España a una transición energética a trompicones con cuellos de botella burocráticos que se repiten cada seis meses y que se han convertido en un escollo considerable para que el país alcance los objetivos renovables que su propio departamento fijó en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).
La vicepresidenta ha ganado una larga lista de discrepantes a su paso por el Consejo de Ministros, casi todos, en las altas esferas de un sector donde del amor al odio hay un real decreto (o un gravamen). Pero quienes más la conocen aseguran que las relaciones más tensas en público son, muchas veces, colaborativas en la intimidad de los despachos. No en vano, alguno de los primeros espadas que han perdido horas de sueño por las más drásticas medidas de su ministerio hoy admiten: "La echaré de menos".