Las negociaciones entre el Gobierno y los agricultores empiezan a dar frutos. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha firmado esta tarde el acuerdo de 43 medidas de apoyo al sector ofrecido por el Ministerio de Agricultura para zanjar la protestas y lo ha hecho en solitario, a la espera de conocer lo que harán las otras dos grandes organizaciones agrarias, Asaja y COAG, que tienen también la propuesta sobre la mesa. "El tiempo de la movilización ha pasado", ha afirmado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras suscribir el acuerdo.
La oferta de Agricultura aceptada por los pequeños agricultores incluye un conjunto de iniciativas que van desde simplificar la Política Agraria Común (PAC) hasta una línea de crédito de hasta 700 millones de euros. "Creemos que esto no se podía demorar más tiempo", ha explicado Ramos, que ha animado a las otras dos grandes organizaciones agrarias a seguir sus pasos.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, dio a conocer el lunes la propuesta enviada a las organizaciones agrarias la semana pasada, en la que se recogen, entre otras, las medidas aprobadas en el último Consejo de la Unión Europea para simplificar los requisitos exigidos a los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC, como la rotación de cultivos o la obligación de dejar una parte del suelo sin cultivar. El acuerdo alcanzado por los ministros comunitarios incluye también la exención de controles a los pequeños agricultores con menso de 10 hectáreas cultivadas. Aunque todavía están pendientes de ratificación en el Parlamento Europeo, está previsto que estas medidas tengan efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
La oferta de Agricultura aceptada por UPA comprende también medidas en materia fiscal y de financiación, como una nueva línea de créditos ICO de hasta 700 millones de euros para agricultores y ganaderos, de los cuales 200 millones irán destinados a jóvenes agricultores. El Ministerio propone asimismo aumentar las deducciones en la factura de carburantes y fertilizantes al 35% y 15% respectivamente, así como elevar las aportaciones a los seguros agrarios.
El acuerdo incluye también el compromiso del Gobierno de convocar en los próximos meses una conferencia sectorial sobre jóvenes agricultores y de reestructurar la actual Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para asegurar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe que los agricultores puedan vender a pérdidas.
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