Gisela Gaytán, candidata de la formación Morena a la alcaldía de Celaya (Guanajato, México), se preparaba para enfrentar su primer día de campaña. Estuvo meses ensayando para la mañana de ese fatídico lunes 2 de abril. En un principio, Gaytán no tenía entre sus planes visitar la comunidad de San Miguel Octopan, pero las insistencias de uno de los líderes de esa comunidad, que la visitó a su oficina en dos oportunidades, la llevaron a las 14:00 horas a esa zona. Una vez allí, la política decidió caminar por una calle para saludar a unos cuántos vecinos. Nadie de su equipo, y mucho menos ella, pensó que la visita terminaría a tiros y con Gisela Gaytán asesinada a plena luz del día.
San Miguel Octopan era una de las comunidades que Gaytán mejor conocía gracias al respaldo que suele tener en el territorio el partido actualmente en el Gobierno. Quizá esa fue una de las razones que llevaron a la candidata del partido de Manuel López Obrador a iniciar su campaña allí. Así, su muerte es una de las más de 51 que ha habido en los últimos meses en el país, sumido en una ola de violencia cada vez más letal.
México observa una lucha entre el crimen organizado y las instituciones democráticas. Ha sido así desde hace mucho tiempo, pero las cifras de violencia del actual proceso electoral confirman que la situación es cada vez peor. De los 51 asesinatos, 27 han sido aspirantes a un cargo de representación popular. Además, un informe de la Organización Laboratorio Electoral incluye 157 agresiones, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas e intimidaciones relacionadas con personas de la esfera política.
Municipios bajo amenaza
El crimen que acabó con la vida de Gisela Gaytán no es un caso aislado y constata dos realidades. La primera, que el partido Morena ha sido el más afectado por la violencia callejara en comparación con los de la oposición. Y el segundo, que el narcotráfico ha comenzado a poner sus ojos en los políticos, no sólo a nivel nacional, sino también del ámbito municipal. Es ahí precisamente donde los narcos exhiben más su poder y su influencia. Y, claro está, no están dispuestos a perderlo.
Si ha aumentado el número de políticos asesinados en época de campaña electoral es porque sólo los aspirantes a cargos de más alto rango cuentan con protección federal mientras que los de los municipios sólo tienen protección estatal. "Se entiende que las instituciones federales son las más poderosas, mientras que las estatales tienen menos capacidad armada y menos inteligencia", señala Pedro Iniesta, politólogo especializado en seguridad pública. "Eso quiere decir que las personas que realmente son víctimas de la violencia criminal están únicamente bajo protección de las instituciones más débiles", explica.
De hecho, tras el asesinato de Gaytán, el nuevo candidato de Morena por Celaya, Juan Miguel Rámirez, contará con protección federal. Él mismo había asegurado que no saldría a hacer campaña hasta que se heciese efectivo ese cambio. No es para menos: Celaya concentra gran parte de la violencia del Estado de Guanajato y es de los más peligrosos del país.
Otro de los peligros a los que se enfrentan los candidatos locales es a la complicidad que tienen determinados Gobiernos estatales con los grupos criminales que operan en la zona. Existiría, en algunos casos, una colaboración entre el Estado y el narco. "Le estás delegando la seguridad a los candiatos con más riesgo a los gobiernos que tienen más probabilidades de estar vinculados con ellos, con quien puede matarlos", dice Iniesta.
Lo que se arriesga con esta espiral de violencia es el silenciamiento de la política, cuestión inaceptable en una democracia. Para dimensionar lo que está ocurriendo cabe retroceder al proceso electoral del 2018, año en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es elegido presidente y quien, a ojos de varios expertos, fue un periodo sumamente violento. En ese momento se registraron 24 asesinatos entre candidatos y precandidatos.
Hoy por hoy, a dos meses de los próximos comicios ya han habido tres decesos más que entonces. Y todo asegura que en la última recta de la campaña la violencia se acentuará. Varios expertos desde México aseguran que el mes que antecede a la jornada electoral registra más o menos el 50% de los eventos de violencia. Un dato demoledor teniendo en cuenta lo ocurrido hasta el momento.
100 millones acudirán a las urnas
Así como la violencia crece conforme avanzan los días, los problemas para AMLO y su Gobierno también lo hacen. No es sólo el asalto a la embajada mexicana en Quito, sino también la contención del crimen a dos meses de las elecciones más masivas de la historia del país. Se calcula que cerca de 100 millones de mexicanos acudirán a votar el próximo 2 de junio para elegir a un total de 20.375 cargos, de los cuales 19.746 son locales y 629 federales.
El Gobierno ha sido bastante confuso en sus declaraciones. Si bien pocas horas después del homicidio de Gisela Gaytán, AMLO dio sus condolencias a la familia y comunicó que "es un día triste" y que "duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte", hace solo un mes se refirió a la percepción de inseguridad que hay en la población como "un asunto de publicistas". Para muchos, se trata de una nueva forma de evadir su responsabilidad.
La lectura de AMLO es que ciertos candidatos magnifican los problemas de seguridad con fines electorales y que "todo es parte de las circunstancias". Se ampara, según dijo, en la información del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), que señala que los mexicanos se sienten tranquilos, seguros y felices. Se trata de una declaración llamativa, a sabiendas que Morena, su conglomerado político, es el que más ha sufrido desde el inicio del proceso electoral.
"Dato mata relato" es una consigna que viene repitiéndose desde hace años en política y el reciente informe de la organización Integralia hace justicia al dicho. Hasta el pasado martes, constata el documento, han habido 300 incidentes de violencia política asociados a 399 víctimas, lo que significa un promedio de 1,8 víctimas diarias.
Más democracia
Ramírez, el político que ha reemplazado a Gaitán en Celaya, es conocido por su faceta académica, pero no es un nuevo en la política. Fue precandidato por Morena en las útlimas tres elecciones y durante los años 80 fue asesor del ala izquierda en el Congreso de la Unión, donde participaron importantes figuras del Partido Mexicano Socialista, como el ex candidato presidencial Heberto Castillo y el ex diputado Alejandro Gascón.
Lo ha manifestado en muchas ocasiones: no confía, por más que le ofrezcan escoltas, en la protección que le puedan brindar estos dos meses antes de los comicios. Es consciente de que Celaya es un lugar difícil y que serán más los riesgos que las seguridades. Sin embargo, se muestra optimista. Una conversación sostenida entre Iniesta, experto en temas de seguridad, y Ramírez fue revelada a EL ESPAÑOL. "Vamos a ganar. Tenemos la convicción muy firme, tenemos ideas y le pedimos a la ciudadanía que confíe en nosotros".
Su estrategia, más allá de los peligros a la vista, es la cercanía con la población. Sabe que el escenario electoral no le favorece, pero no escatima sus esfuerzos en dar vuelta la contienda. En lo que a seguridad respecta, demanda número uno de la ciudadanía, buscará proponer un modelo integral y preventivo. Sobre esto también habló con Iniesta: "No es posible que haya un problema y se tarda de 15 a 17 minutos la policía en llegar; ya cuando llegan, no hay nada".
El temor está presente en todos. No sólo en Ramírez o en quienes han sido intimidados, sino en todo el país. El silencio avanza y, probablemente, muchos se lo pensarán dos veces antes de presentar una candidatura o incluso de acudir a las urnas. La democracia parece estar amenazada, pero no es algo nuevo en este gigante de Sudamérica que todavía sueña con traer paz en su territorio y tener unas elecciones libres de violencia.