La Secretaría General para la Administración Pública ha recibido el informe de la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía sobre la posible contratación por la aseguradora Asisa Miguel Ángel Guzmán, exviceconsejero de Salud y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Y en él determina que, "de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año", fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS, según han confirmado fuentes de la Consejería a laSexta.
Este informe se conoce horas después de que el exviceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, comunicara que iba a aplazar la decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral, en alusión a su fichaje por la aseguradora privada Asisa, hasta que la Junta emita el informe sobre la incompatibilidad o no de su llegada a ese nuevo cargo.
Y es que esta decisión llega tras la publicación de varias informaciones en las que señalan a los supuestos favores que habría hecho el exviceconsejero. Entre otras cuestiones, tan solo meses antes de su dimisión como número 2 de Salud de la Junta andaluza, vio cómo dos de los hospitales de Asisa fueron acreditados como universitarios. Son los dos únicos privados que reciben esa acreditación en toda Andalucía.
Además, están bajo lupa supuestos contratos adjudicado a dedo a Asisa. Unos contratos de urgencia, entre 2021 y 2023, valorados en casi 44 millones de euros que pretendían aliviar la sobrecarga de los hospitales públicos.
Según el documento enviado a la Secretaría General, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la incompatibilidad estaría motivada por los catorces contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, "aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán", sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, "esto no altera la competencia", explica la Junta en un comunicado.
Por tanto, "de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos", concluye. En cambio, considera que "los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero".
La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante modificó en su Disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese.
Por ello, en el caso de Guzmán los dos años de su cese como gerente del SAS se cumplirían el 29 de julio de 2024, fecha a partir de la cual podría formalizar su contrato. "Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe dada la notoriedad del caso", comenzaba el mensaje difundido por Guzmán.
El también exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) añadía que cree que "lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie".
Este comunicado llegaba también unas horas después de que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, afirmara que espera que Función Pública, de la Consejería de Justicia, emitiese "en breve, en esta semana" el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero. García explicó que Guzmán no comunicó su vuelta a la privada, lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no.
En cualquier caso, insistió en que "cuando una persona accede a un cargo público político tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar". Igualmente, recordó que Miguel Ángel Guzmán "viene del ámbito privado" y que "tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley" después de presentar su dimisión por "motivos personales", como se argumentó en diciembre al conocerse su marcha.