En la Unión Europea se puede hacer bueno el dicho de que en el punto medio está la virtud. Sin ese punto medio quizá no hubiera salido adelante el pacto migratorio que ha estado diez años en un cajón y que ha tenido su última parada este miércoles con la votación en el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas, donde los eurodiputados han dado el visto bueno a los últimos reglamentos del acuerdo no sin divisiones importantes. Para la derecha radical el pacto es poco exigente, sobre todo si nos apoyamos en el discurso antiinmigración de muchos partidos en este espectro, aunque se congratulan de haber endurecido las condiciones para el asilo. En cambio, para algunas formaciones de izquierdas la conclusión es que se trata de un acuerdo demasiado duro, que además las ONG ven como una desprotección de los Derechos Humanos.
En total, el pacto está formado por cinco reglamentos que, además, se debatieron y se negociaron en su momento entre el Parlamento y el Consejo por separado: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Quizá la base del pacto sea la llamada "solidaridad obligatoria pero flexible": el objetivo es la acogida de 30.000 refugiados al año, pero los Estados miembros pueden no hacerse cargo de su cuota a cambio de unos 20.000 euros por persona en un fondo común que se cree a partir de ahora. Además, se endurecen los requisitos precisamente para el asilo.
Durante el debate en la Eurocámara se volvió a todos esos puntos. Desde el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que este pacto es "decisivo" no solo mirando "el pasado o el presente" de la UE, sino también "para el futuro porque se trata de cumplir un mandato del Derecho Internacional" con un sistema "solidario y justo" con el que abordar la cuestión migratoria. Defendió el exministro además la presencia de un fondo común "que ayude a los Estados miembros" y con un esquema que dé "seguridad jurídica" y protección "a los más vulnerables" como los menores no acompañados o las víctimas de trata. "Somos conscientes de que este es el tema más divisivo en la UE de los últimos tiempos", terminó, asumiendo que todos han tenido que ceder. "Este resultado siempre es mejor que ningún resultado: es mejor que abandonar a los gobiernos de los Estados miembros a su suerte".
"El mensaje tiene que ser que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano", terminó López Aguilar, avisando de que la importancia es todavía mayor si se tiene en cuenta que las elecciones europeas del 9 de junio están a la vuelta de la esquina. Por eso el eurodiputado socialista llamó a no dar pasos atrás después de los acuerdos alcanzados no solo dentro del Parlamento Europeo, sino también en las conversaciones con los países miembros. "Conseguir un paso adelante es mejor que no haber hecho nada", concluyó.
En el otro lado, una de las voces más duras en torno al pacto fue la de Jorge Buxadé (Vox), que celebró la exigencia para los "inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo" que entren o que ya están en territorio de la UE, con un sistema (Eurodac) "mucho más armonizado" y que no es, dijo, del gusto "de las ONG que colaboran por acción o por omisión con el tráfico de personas". Este mapa de registros es para Buxadé "solo el primer paso para proteger nuestros empleos y el futuro de las naciones europeas".
El mensaje tiene que ser que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano
Desde el grupo de la Izquierda, María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar) ya anticipó antes de la votación que los suyos rechazan el pacto. "El enfoque es cortoplacista y securitario", criticó en redes sociales, y aseguró que el acuerdo trata de que "los otros", haciendo hincapié en el sentido peyorativo que usan quienes apoyan el acuerdo, "no lleguen". Para Palop la clave está de manera errónea "en externalizar fronteras y aplicar procedimientos acelerados que violan el principio de no devolución" y se asegura "la impunidad en el control fronterizo". En resumen, para ellos "es un pacto que cancela el derecho de asilo y refugio y abre las puertas a las derechas xenófobas y racistas que quieren gobernar Europa".
Sí sacó pecho con el acuerdo la Comisión Europea, en boca de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, quien ante el pleno de la Eurocámara sostuvo que sirve "para resolver problemas", aunque reconoce que no acabará con los flujos migratorios. "Ha sido un largo viaje pero hemos logrado reconstruir la confianza entre los Estados miembros y demostrar que estamos en todas las crisis, ocurran donde ocurran. Sea en Moria, en las Islas Canarias, en Lampedusa o en los Balcanes y que tenemos una respuesta europea", sostuvo la dirigente sueca, en un argumento compartido por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.
Desde el PP Juan Ignacio Zoido consideró que la UE necesita abordar el asunto porque "las cifras actuales nos acercan a una crisis similar a la del año 2015" y por eso, dijo, el PPE "apoya este pacto para reforzar las fronteras exteriores" de la Unión y "prevenir amenazas a la seguridad de nuestros ciudadanos". Vio con buenos ojos el exministro que se haya alcanzado "un equilibrio entre seguridad y solidaridad", que da garantías y, avisó, proporciona un buen marco sobre todo "a los países de entrada como España". Asimismo, criticó que "los extremos se hayan unido en contra del pacto" con el "buenismo" por parte de la izquierda y el "alarmismo fatalista" de la ultraderecha.