Esta determinación establece el cobro de una sobretasa a aquellos inmuebles que, sin justificación, permanezcan desocupados o en estado de improductividad por un período mínimo de cuatro meses.
Su aprobación se dio mediante los siete votos positivos de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, en tanto que Lucas Carosio del PRO, Ricardo García del Partido Verde, Gustavo Caleau del Frente para Todos y Gustavo Gutiérrez de la Coalición Cívica ARI votaron de forma negativa.
"Vamos contra los aguantaderos con esta ordenanza. Van a pagar una sobretasa todos aquellos inmuebles que están desocupados por más de un determinado plazo de tiempo, porque esta situación les complica la vida a los vecinos. Por esto, vamos a abrir instancias para relevar los sitios, para que los vecinos puedan denunciar por distintos medios la situación de estos aguantaderos, inmuebles, viviendas o locales comerciales desocupados que los tienen a mal traer, que los complican", había manifestado el intendente.
La iniciativa, que surge como respuesta a la necesidad de revitalizar espacios urbanos y combatir la inseguridad y el deterioro del entorno, modifica el Código Tributario vigente para abordar de manera más efectiva esta problemática.
Según lo establecido, los inmuebles que cumplan con los criterios definidos estarán sujetos al pago de una tasa adicional por inspección y control de seguridad e higiene, además de las tasas municipales correspondientes.
El objetivo principal de esta sobretasa es de índole social, buscando desalentar la existencia de inmuebles desocupados que puedan convertirse en focos de actividad delictiva o situaciones de inseguridad para la comunidad.
Se espera que esta medida contribuya a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a promover un uso más eficiente de los recursos urbanos disponibles.
Cuáles inmuebles pagarán sobretasa
Para determinar qué inmuebles están sujetos a esta sobretasa, se llevará a cabo un censo en cada zona por parte del personal municipal, en colaboración con la verificación de denuncias de vecinos y otras formas de inspección.
Además, se establecen algunas excepciones, como inmuebles en proceso de refacción o mejoras, aquellos ofrecidos en alquiler o venta por un período limitado, y situaciones de desocupación justificadas por causas de fuerza mayor.
Los fondos recaudados mediante esta medida se destinarán a incrementar los recursos destinados a la seguridad y otras áreas relevantes, lo que contribuirá a fortalecer el tejido urbano y a fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible en la Ciudad de Mendoza.
Con esta nueva ordenanza, el municipio busca incentivar la ocupación y el uso adecuado de los inmuebles urbanos, promoviendo un ambiente más seguro, próspero y dinámico para toda la ciudadanía.