Patricia Martín
España se convirtió en junio de 2021 en el sexto país del mundo en despenalizar y regular la eutanasia. Desde entonces, se han practicado 363 eutanasias "sin incidencias reseñables", según el balance publicado en diciembre por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en estos dos años y medio los médicos han detectado que prestar la ayuda a morir, según las condiciones y requisitos que marca la ley, implica un "estrés burocrático y una sobrecarga" que les genera "malestar" porque se suma al volumen de trabajo que ya tienen y porque, en ocasiones, alarga los tiempos de espera y provoca que algunos pacientes mueran antes de recibir la prestación.
Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio sobre la opinión de los profesionales sanitarios a la hora de aplicar la ley de eutanasia, que ha sido realizado en Cataluña, donde se han realizado el 35% de las prestaciones de ayuda a morir a nivel nacional. En cifras absolutas, ha habido 246 solicitudes, se han realizado 120 prestaciones y 64 enfermos han fallecido durante la tramitación. La investigación ha sido publicada en 'Gaceta sanitaria', la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
La ley de eutanasia exige que dos médicos distintos revisen si el paciente que solicita la eutanasia cumple los requisitos, es decir, sufre una "enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave" que limita su autonomía física y actividades de la vida diaria. Después, una Comisión de Garantía en cada comunidad hace un control previo y posterior. Todos estos requisitos aumentan la carga de trabajo de los médicos y el tiempo en el que se tramitan las solicitudes, de ahí el "malestar" expresado por los profesionales en el estudio publicado.
El dilema
Otra de sus preocupaciones tiene que ver con el dilema que les provocan los llamados como casos "fronterizos", en referencia a los pacientes de los que, por sus circunstancias de deterioro, se duda de su capacidad de decisión a la hora de pedir la ayuda a morir. Asimismo, les inquieta la sensación de abandonado por parte de las instituciones y de los compañeros de trabajo, las dificultades para comunicarse con la familia y que, aunque se trata de un trabajo que les puede provocar duelo, sobre todo si conocen bien al paciente, no es "reconocido".
Según estudios realizados en otros países, entre el 15% y el 20% de los profesionales experimentan algún tipo de malestar durante este proceso asociado a la ambigüedad en las solicitudes debido a criterios poco claros y a la angustia moral de tomar decisiones. No obstante, en España, según la investigación, la principal queja tiene que ver con el exceso de burocracia que implica la regulación.
Sin recursos
Los profesionales critican, además, que la norma deja excesivo protagonismo al estamento médico y que se ha puesto en marcha "sin un presupuesto específico ni recursos para llevarla a cabo en un sistema de salud ya tensionado".
Por todo ello, los autores del estudio piden un "replanteamiento a nivel normativo", ya que existe el "riesgo" de que el malestar detectado o las dificultades de tipo administrativo provoquen que muchos médicos se declaren objetores y no practiquen eutanasias pero no por motivos de conciencia sino para "evitar la sobrecarga laboral".
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Estudio
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