A finales de octubre de 2022, el Consejo Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) —el máximo organismo de esta institución— anunció cambios, justo cuando se desató la ira colectiva al saberse cómo se repartían millones de dólares entre personas vinculadas al Gobierno y sus allegados para que sus hijos estudiaran con fondos públicos. Prometieron transparencia, pero, como es habitual, resultó ser otra falsedad, ya que durante siete meses más, el Ifarhu entregó —con la aprobación de la Contraloría— más de 750 auxilios no reembolsables sin revelar a quiénes se les asignaron más de 16 millones de dólares a través de este programa. Los contrastes en nuestro país son estremecedores. Mientras que un adolescente panameño de 15 años pierde la vida esperando una atención médica oportuna y de calidad por parte del sistema de salud público, la cual nunca llega, otros disfrutan de sumas significativas de dinero público gracias a la complicidad de las autoridades. Esta dura realidad pone al descubierto una profunda injusticia y desigualdad en las prioridades de nuestros gobernantes. Es un motivo de vergüenza nacional que llama a un cambio urgente y radical en la administración de nuestros recursos, demandando un liderazgo que ponga por encima de todo el valor de las vidas humanas en lugar de los intereses políticos y personales.