"Estafa de abuelos": Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa "estafa de abuelos" para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
Once hombres de la República Dominicana están acusados formalmente de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero
Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, 34.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
"Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares", dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
"En esta 'estafa de abuelos', los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar".
"El anuncio surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares", dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que "para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos".
Cómo operaban
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados "abridores" llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como "cerradores", supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los "despachadores" del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.