El PSIB defenderá en el Parlament una proposición de ley para declarar 47 municipios de Baleares como zonas residenciales tensadas en el mercado residencial para que puedan acogerse a las deducciones fiscales y garantías recogidas en la Ley estatal de Vivienda.
La propuesta socialista, afirman, garantizaría a los inquilinos una estabilidad financiera de largo recorrido y a los pequeños propietarios deducciones fiscales del IRPF que pueden llegar hasta el 90%, explican los socialistas. Que un municipio sea declarado como zona tensada debe responder a alguno de los dos criterios que dicta la ley estatal: o bien que el esfuerzo financiero dedicado a la vivienda por parte de sus vecinos supere el 30% de sus ingresos (ya sea en alquiler o en hipoteca); o bien que el incremento de los precios del alquiler o venta sea tan rápido que supere en más de un 3% el IPC medio de la comunidad autónoma.
Los diputados Mercedes Garrido y Llorenç Pou argumentan que el enfoque de la Ley estatal de Vivienda plantea medidas beneficiosas para las dos partes implicadas en un contrato de alquiler, ya que supone beneficios fiscales para los pequeños propietarios (de menos de diez viviendas) y también beneficios de estabilidad económica para los inquilinos.
En el caso de pequeños propietarios, se garantiza el mantenimiento de los precios de alquiler actuales, y pueden acceder a deducciones fiscales entre un 50% y un 90% en el impuesto de Renta (IRPF).
Y a las familias inquilinas se les garantiza una estabilidad económica de largo recorrido, puesto que se asegura que el precio del alquiler no se incrementará más allá del IPC cuando llegue la renovación del contrato de alquiler. Los socialistas advirtieron de que, actualmente, existen municipios de Baleares con incrementos de más de un 50% al finalizar los contratos vigentes de alquiler. Garrido apela a la responsabilidad del Govern de Prohens se acoja a la Ley estatal, y que Baleares pueda acogerse a los beneficios que supone declarar parte a gran parte del territorio de las Islas como zonas tensadas.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, acusa al PP de permitir legalizar construcciones fuera de ordenación, regalando plusvalías y beneficios a los infractores. El diputado menorquín lamenta que la aprobación de la Ley de Vivienda en el Parlament envía el mensaje de que el ejecutivo autonómico «erosiona la legalidad vigente y desprecia a la ciudadanía que ha cumplido rigurosamente la ley». Castells sostiene que esta ley de vivienda impulsada por el Govern de Marga Prohens «no ataca la auténtica causa de la falta de vivienda en Baleares, que es el crecimiento turístico descontrolado».
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