El Gobierno sigue los pasos del presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y limitará el número de pisos de alquiler vacacional, o turísticos, en toda España pese a la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de que el Tribunal Constitucional está estudiando su viabilidad.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que «hay que limitar» los alojamientos turísticos en zonas tensionadas para garantizar el acceso a la vivienda y ha estimado que en mayo estarán disponibles los avales ICO para cubrir hasta el 20% del préstamo hipotecario para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo.
Esta normativa ha sido cuestionada por numerosas instituciones. El Partido Popular ha llevado el Decreto ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, Federatur se ha unido a la parte demandante. Además, la CNMC expresó este miércoles su preocupación por esta ley y cuestionó su implantación.
Limitar los pisos turísticos
Durante una entrevista en Cadena SER, la ministra ha abogado por limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas porque este modelo de alquiler está tensionando el mercado residencial.
«Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial», ha señalado la titular de Vivienda, que ha recalcado que también se «perseguirán» los alquileres temporales.
Asimismo, ha recalcado que hay comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Canarias, que están «dando pasos» en esta materia porque están siendo conscientes de esta realidad. «Creo que todas van a terminar abordándolo», ha recalcado.
Preguntada por cuándo estarán disponibles los avales ICO del 20% para cubrir el préstamo hipotecario para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo, Rodríguez ha indicado que «calcula» que estarán disponibles ya en las entidades financieras para poder ser asumidos a lo largo del mes de mayo.
De igual manera, ha asegurado que «las grandes entidades financieras» en España han expresado al Ministerio de Vivienda su interés por sumarse a esta política y «mejorar incluso sus productos hipotecarios aprovechando este aval».
Ya lo hizo Cataluña
La regulación de la Generalitat establece que «se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes». El Gobierno regional cede a las localidades la competencia de decidir quiénes serán los afectados: «Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda». Sin embargo, el Govern no discriminará entre pequeños o grandes propietarios ni entre personas físicas o jurídicas.
El Decreto establece 5 años de plazo para que los ayuntamientos reordenen su espacio urbanístico y reduzcan el número de licencias. Aquellos que «no puedan compensar las pérdidas patrimoniales» disfrutarán de una prórroga de otros 5 años. El Ejecutivo de Aragonés declara que «la obligación de obtener la nueva licencia afectará a 95.094 pisos existentes en los 262 municipios afectados».
El presidente de Federatur, David Riba, advierte a este periódico que la disposición pone en riesgo un turismo de calidad y cercano. «De lo que se gasta una familia que hace vacaciones en un apartamento turístico, el 30% va destinado a pagar ese alquiler, pero el 60% se está destinando a comercio y a restauración de proximidad, a diferencia de un hotel», explica Riba. «El que utiliza una vivienda de uso turístico va al supermercado de la esquina», sentencia.