Los proyectos presentados por tres empresas, además del propio director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), alertaron al expresidente Luis Ibarra del supuesto trato de favor en la gestión del departamento de Dominio Público durante su mandato.
El dato lo puso Ibarra sobre la mesa del magistrado en su declaración como investigado el pasado mes de marzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.
La ex jefa de Dominio Público, Elena Marín, atribuye a Ibarra varios delitos por cambiarla de departamento y dar luego una serie de explicaciones públicas que menoscaban su prestigio profesional, entre ellos prevaricación, acoso laboral y calumnias. En la querella admitida a trámite también figuran como investigados el director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez.
Argumentos de la empleada
Marín sostiene que el cambio «forzoso» de departamento es una «sanción encubierta», una especie de «represalia» por negarse a cambiar el sentido de un informe a favor de Terminales Canarios, empresa que había solicitado una prórroga para seguir con la explotación de sus tanques de combustibles en el Puerto de La Luz.
La querellante asegura que no existe conflicto de intereses en Dominio Público porque la contratación de proyectos con la ingeniería de su pareja es «incierta», que ese asunto se archivó a su favor y que Ibarra la amenazó con volver a sacarlo en los medios de comunicación si ella no mediaba para cambiar el dictamen a favor de Terminales Canarios.
El expresidente, sin embargo, desmintió esa interpretación de los hechos ante el juez instructor. En agosto de 2019, cuando Ibarra comenzó su segunda etapa al frente del puerto, un ex socio de la pareja de Marín la denunció por el supuesto trato de favor. Esos hechos, que sucedieron en el mandato anterior de Juan José Cardona, se archivaron judicialmente de manera definitiva en 2021, tanto en la vía penal como en la administrativa, sin que se produjeran reproches ni sanciones para la denunciada, pero el entonces presidente constató que el conflicto de intereses seguía vivo.
El departamento de las grandes inversiones
Dominio Público es, quizá, el departamento más importante del puerto, pues gestiona las inversiones y las concesiones a las empresas en suelo portuario. Ibarra asegura que, nada más llegar, promovió su traslado «pacífico» a otro departamento para salvaguardar la integridad de la institución, pero Marín le pidió que esperase hasta la resolución de la investigación penal para no perjudicarla en su defensa. El presidente accedió, pero la empleada pública, tras el archivo a su favor de la denuncia a finales de 2021, no facilitó el cambio voluntario y siguió en su puesto.
Mientras, según Ibarra, continúan acumulándose los indicios de que el conflicto de intereses persistía: primero le alertó una empresa interesada en el negocio eólico, y después una de las grandes consignatarias de La Luz, la cual avisó al presidente de que «existía malestar entre las ingenierías del puerto porque todo se lo estaba llevando el marido de Marín». A eso hay que sumarle otra tercera gran compañía que ha contratado sus servicios para siete proyectos en los últimos años.
En total, según el recuento de los técnicos, la Autoridad Portuaria ha constatado hasta doce proyectos tramitados en los que ha podido existir conflicto de intereses por la relación de la entonces responsable de Dominio Público. En alguno de esos expedientes, además, el director del Puerto asegura que la empleada se abstenía y luego los consultaba, tratando incluso de convencerlo de la conveniencia de excluir determinadas ofertas.
Consejo de Administración
Esto, en definitiva, es lo que llevó a Ibarra a elevar el traslado de Marín al Consejo de Administración celebrado en mayo de 2023, que coincidió con la aprobación del cambio de organigrama. No lo pudo hacer antes porque la empleada estuvo más un año sin trabajar al encadenar una licencia con una baja temporal.
Ibarra aclaró al juez que después de cada Consejo siempre hay una rueda de prensa y, en ese momento, algunos medios locales estaban especulando con que la plaza de Marín era para la mujer de Sebastián Franquis, entonces consejero del Gobierno de Canarias. De ahí que saliera a desmentir esa situación y explicase por qué se cambiaba de puesto a la jefa de Dominio Público.
El expresidente también acreditó que el conflicto con Terminales Canarios no guarda relación con dicho traslado. Ibarra se vio obligado a revisar la postura de la Autoridad Portuaria por una sentencia que le daba la razón a la empresa y obligaba a retrotraer el expediente, con el añadido de que Puertos del Estado y la Abogacía del Estado eran partidarios de informar a favor de la prórroga. Es más, el conflicto por ese informe surge el 19 de mayo de 2022, cuando existen mensajes de abril en los que se habla ya con Puertos del Estado del conflicto de intereses y de la conveniencia de cambiar a la empleada de puesto.
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