El Gobierno obtuvo un superávit financiero fiscal (resultado positivo después del pago de intereses de la deuda) por unos $ 856.520 millones acumulados en los primeros dos meses de 2024. En ese mismo período, dejó de pagar subsidios a la energía eléctrica por $ 827.069 millones.
Si el Estado nacional, a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hubiera pagado a las generadoras eléctricas, las petroleras que producen gas natural y las cuentas con la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), prácticamente no hubiera podido mostrar un resultado positivo en las cuentas públicas fiscales.
En lo que va del año, el pago de los subsidios energéticos sumó casi $ 500.000 millones, según la consultora Geres, lo que implica una baja en términos reales -descontado el efecto de la inflación- superior al 70% interanual.
La deuda entre el Estado nacional y las empresas energéticas creció notoriamente al comienzo de este año, al dejar de pagar los subsidios para llegar al superávit, generar un shock de confianza a nivel internacional y lograr una baja del riesgo país. Sin embargo, previamente, desde 2022, se venían acumulando acreencias.
El total alcanza el equivalente en pesos a 2.200 millones de dólares: unos US$ 1.300 millones de energía eléctrica y otros US$ 900 millones por el gas natural.
Según publicó el portal EconoJournal, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza emitir un bono para saldar esa deuda a mediano plazo. Así surge de conversaciones que mantuvo en las últimas semanas con ejecutivos de la industria.
Ese sería el tratamiento para el stock (lo previo), mientras que el flujo (el día a día en adelante) se resolvería con la quita de subsidios y un saneamiento del sistema, en donde los usuarios pagarían tarifas que reflejen los costos a partir de mayo o junio.
No obstante, consultadas por Clarín, fuentes oficiales especificaron: "La deuda es de dos meses atrasados y la dejó el Gobierno anterior. No es deuda de este Gobierno. Aún no se habló de cómo se va a pagar". La afirmación es parcialmente cierta: una parte considerable de la deuda se amplió por las operaciones de noviembre y diciembre, que se debieron haber pagado en enero y febrero, pos devaluación.
El tema es sensible y se maneja al más alto nivel de las compañías. Grandes firmas que operan en el país tomaron deuda con respaldo de esos contratos. Si se defaultean o se estira su pago a largo plazo, caerán las inversiones y crecerá el riesgo crediticio de generadoras y petroleras.
Cómo funciona el sistema eléctrico
Cammesa opera en la práctica como un intermediario financiero, función que el Gobierno quiere eliminar para que el mercado se maneje entre privados, como era en la década de los '90.
La sociedad mixta que administra el sistema eléctrico cobra de las distribuidoras (los usuarios) por el precio de la energía que se traslada a las tarifas y del Estado nacional los subsidios -la porción de la energía que no se traslada-. Lo que no pagan las distribuidoras, también lo debe aportar el Estado nacional.
Con ese dinero, se gira y reparte a sus proveedores: generadoras eléctricas, petroleras que producen localmente el gas natural para las centrales térmicas y Enarsa, que distribuye el gas importado.
Para cubrir su déficit operativo de marzo, Cammesa había pedido a la Secretaría de Energía $ 1.342.857 millones ($ 1,3 billón), que el Gobierno canceló parcialmente y en varias cuotas semanales.
Las distribuidoras, en tanto, acumularon deuda hasta fines de febrero por $ 641.042 millones, porque sus tarifas no reflejaban los costos. En marzo, Edenor y Edesur pagaron entre 40% y 50% de su compra de energía, al no recibir plenamente de los usuarios su margen de ingresos. En el sector aseguran que entre abril y mayo, cuando cobren plenamente el Valor Agregado de Distribución (VAD), pagarán el total que corresponde.
Javier Milei ordenó en las últimas semanas ejecutar las deudas de las distribuidoras de energía y cooperativas provinciales mayores a $ 1000 millones, con la amenaza de embargar sus cuentas. Ahí hay un frente de conflicto principalmente con empresas de Buenos Aires y Chubut, que en algunos casos adeudan el equivalente a más de 25 y hasta 42 meses.
Por otro lado, el mismo Estado acumulaba deudas pendientes desde 2022 con las petroleras por el Plan Gas: un 20% de algunas operaciones mensuales a mediados de ese año, y el 80% de otras transacciones cuando promediaba 2023.
Las deudas acumuladas cruzan transversalmente al sector eléctrico y a distintos protagonistas de primer nivel del mundo empresario y político.
Entre las principales generadoras eléctricas están Pampa Energía (Marcelo Mindlin), Central Puerto (ex socios de Nicolás Caputo), YPF Luz, las multinacionales AES -Estados Unidos- y Enel -Italia-, Albanesi (Armando Loson) y MSU (Manuel Santos Uribelarrea).
Los principales productores de gas son YPF, Tecpetrol (Paolo Rocca), nuevamente Pampa Energía, las multinacionales Total Austral -Francia- y Wintershall Dea -Alemania-, Pan American Energy (PAE, de Alejandro y Marcos Bulgheroni) y la Compañía General de Combustibles (CGC, de Eduardo Eurnekian).
Y entre los distribuidores de energía están Edenor (Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), que sumaba $ 187.343 millones de deuda; Edesur (la italiana Enel), otros $ 112.331 millones; las bonaerenses Edelap, Eden, Edes, Edea y la salteña Edesa (de Rogelio Pagano), con casi $ 131.950 millones, entre otros.
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