La contralora (s) Dorothy Pérez expuso la mañana de este martes ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga los recursos transferidos a entidades privadas por organismos del Estado a partir de convenios.
La exposición de Pérez se enfocó en las fiscalizaciones que se han realizado en Contraloría respecto de transferencias efectuadas a entidades privadas por parte de los ministerios de Desarrollo Social y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
En su exposición, además, Pérez, pidió tiempo para hacer una observación sobre limitaciones que enfrenta el órgano fiscalizador, respecto a instituciones creada mas recientemente.
"Dos segundos en este punto. Es hacer un llamado a que cuando se legislen, los poderes legisladores consideren estos elementos. Las últimas instituciones que han ido naciendo al sistema jurídico chileno, en algunas ocasiones excluyen el control de la Contraloría en estas materias. Por ejemplo, yo señalaba que la Comisión de Mercado Financiero, cuando fue creada por la Ley 21.000, nos autorizó solo a revisar los gastos. Dice expresamente eso. Solo el examen de cuentas de sus gastos. Por ende, no podemos revisar los ingresos, pero tampoco podemos revisar la regularidad de las operaciones, el cumplimiento de los fines y la responsabilidad de su personal, que es lo que revisamos en todas las demás instituciones públicas. También ahora pasa con la Agencia de Ciberseguridad y con todas estas instituciones nuevas que se están discutiendo en el Congreso que vienen excluidas de la toma de razón, que es el control preventivo", planteó.
Por otro lado, hizo ver la necesidad de robustecer a la Contraloría con más personal.
"Nosotros necesitamos tener atribuciones para fiscalizar con mayor énfasis. Necesitamos más personal. Yo lo digo en todas las instancias públicas en que se me permite. Nosotros somos 2.184 funcionarios, solo 500 de ellos se dedican a labores de fiscalización. En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización".
Por otro lado, hizo ver que la atribución de sanción de Contraloría se correlaciona al cumplimiento de los estándares en el funcionamiento del Estado.
"En los procedimientos disciplinarios, cuando la atribución está para que la Contraloría aplique sanciones, hay más cumplimiento. En las declaraciones de intereses y patrimonio, hay más cumplimiento precisamente porque está el temor de que va a ser la Contraloría la que sanciona directamente", señaló.
Consultada de responsabilidad de las carteras en las observaciones que ser realizaron, Pérez explicó que "la Contraloría no puede hacer una observación global de un ministerio en su conjunto".
"Por eso nosotros vamos informe por informe diciendo en este proyecto que detectamos en particular, en esta línea programática, encontramos tal observación. Porque hacer una observación general respecto del comportamiento y la conducta de toda una institución pública sería erróneo, precisamente porque hay otros funcionarios que sí están cumpliendo a cabalidad su rol", comentó.