Caso Alto Remanso: Corte Constitucional envía proceso de militares a la justicia ordinaria
El tribunal resolvió un conflicto de competencia por la masacre en la que murieron once personas.
La Corte Constitucional determinó que el caso de la masacre del Alto Remanso, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), será competencia de un juez ordinario penal, luego de resolver un conflicto de competencia con la justicia penal militar que reclamaba adelantar todas las actuaciones judiciales.
El tribunal consideró que en los hechos que se registraron en marzo del 2022, se evidencian algunos hechos que generan duda con respecto a las condiciones que comprobarían que las bajas se registraron en el marco de un enfrentamiento con grupos disidentes.
"En el expediente se encuentran elementos de prueba que generan incertidumbre sobre la relación directa, próxima y evidente, entre el desarrollo de la función encomendada a la Fuerza Pública y los hechos en los que perdieron la vida once personas y resultaron heridas otras cuatro", afirma el documento.
En el auto los magistrados reconocen que varias de las víctimas que perdieron la vida durante esos hechos no tenían antecedentes penales, por lo que mencionan que, si bien no es un factor para negar relación con grupos armados, es un indicio que ayuda a confirmar que la comunidad de la vereda del Alto Remanso era población civil.
"Lo cierto es que es un indicio que permite poner en duda la relación que tenían los muertos con el mencionado grupo delictivo y del respeto al Derecho Internacional Humanitario que pregona de manera reiterada las declaraciones de los miembros de la Fuerza Militar que participaron en la operación", añade el auto.
Además, la Sala Plena afirma que en este caso, que se acredite una misión táctica de las Fuerzas Armadas, no es razón suficiente para comprobar que todos los hechos de la masacre de marzo del 2022, se hayan realizado en el cumplimiento de los objetivos de dicha misión.
"La existencia de una misión táctica por sí sola no es prueba de haberse suscitado un combate en desarrollo de la misma, ni mucho menos que cualquier acto desarrollado por los miembros de la Fuerza Pública que indiquen actuar en cumplimiento de esa misión", concluyó la corte.
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Frente a esto, la Corte Constitucional remitió el expediente y los avances del proceso contra los militares implicados al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), para que notifique de la decisión a las partes intervinientes.
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