La corporación municipal de Vila-real ha dado luz verde, por fin y después de meses de intentos, al pago de 3,2 millones de euros en facturas pendientes a proveedores, en su mayoría fechadas en el 2023, aunque también las hay, por un importe de unos 320.000 euros de los años 2019 al 2022.
Los ediles del PSPV-PSOE, PP, Compromís y el edil de no adscritos han apoyado la propuesta elevada al pleno por la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, y tan solo Vox se ha abstenido. La concejala ha reiterado las disculpas hacia los proveedores que han tenido que esperar meses o, incluso años, para cobrar los trabajos realizados para el Ayuntamiento.
Al respecto, ha señalado que este es el primer paso para abonar estos recibos, por cuanto la decisión tiene que superar 15 días de exposición pública tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de hacerse efectiva. De hecho, Escrig confía en que lo aprobado por el consistorio se publique mañana mismo en el BOP castellonense.
Como dato curioso de este pleno extraordinario, el edil díscolo de Vox, Manu Rubert, ya ha tomado posesión de su nuevo espacio en la mesa en la que se distribuyen los concejales y sus grupos políticos. Así, se siente entre los ediles de Compromís y los socialistas y casi frente a sus antiguos compañeros del partido ultraderechista, Irene Herrero y Fernando Archela
Consenso y diferencias
Por otra parte, también se ha aprobado, esta vez por unanimidad, el abono de casi 1,2 millones de euros en sentencias urbanísticas firmes y los intereses generados hasta el momento. Sin embargo, lo que no ha salido adelante ha sido el suplemento de créditos, por importe de 766.000 euros, en el que se incluían las aportaciones a convenios con algunas entidades vila-realenses, y atendiendo a que Vila-real aún no tiene presupuesto para el presente ejercicio del 2024, también para mejoras en el edificio del Gran Casino y el Teatre Tagoba o el arreglo y sustitución de deshumectadores en las piscinas cubiertas Yurema Requena, asunto este que la propia oposición y también el ejecutivo socialista, calificaron de "urgente".
De nuevo, ha quedado en evidencia la minoría con la que gobierna el PSPV-PSOE en Vila-real, al no conseguir ni siquiera el apoyo de Compromís per Vila-real, el que se considera su socio preferente. En este caso, la portavoz de la formación valencianista ha afeado al ejecutivo liderado por Benlloch la falta de diálogo en este sentido para alcanzar un acuerdo de distribución del resto de remanentes del 2023. Una opinión que no comparte el propio alcalde, José Benlloch. En cualquier caso, ambos coincidieron en la necesidad de abordar y aprobar cuanto antes el presupuesto municipal del 2024.
Y un par de horas después de terminar el pleno extraordinario, en torno a las 11.00 horas, ha arrancado la segunda de las sesiones plenarias de la jornada, esta vez la ordinaria correspondiente al mes de abril. Entre los puntos del orden del día se incluyen básicamente mociones presentadas por todos los grupos con representación municipal, como las relativas a facilitar los trámites a realizar por los ciudadanos ante la Administración local, instar a la Generalitat a dar marcha atrás en la denominada Ley de Libertad Educativa que el PSOE considera que es la del "veto al valenciano" o para reclamar al Gobierno la mejora de la seguridad viaria en la rotonda del acceso norte a la ciudad desde la N-340.
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