Según ha informado este martes la corte de garantías, el Pleno ha adoptado esta decisión tras escuchar los argumentos del Gobierno, que defiende que el acuerdo de la Mesa del Senado podría suponer una vulneración de los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación al ejercicio de su facultad de veto presupuestario.
El Ejecutivo sostiene que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", sin que, en este caso, "se haya prestado".
En este sentido, y "ya habiendo mostrado su disconformidad con la tramitación de la norma", el Gobierno dio inicio al procedimiento constitucional el pasado 19 de diciembre, "al requerir al Senado que revocara el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se admitía a trámite esta proposición de ley".
Postura del Gobierno
Desde Moncloa explicaron que dicho requerimiento "venía acompañado de un informe" en el que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública "justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo".
Asimismo, el informe aludía a que la proposición de ley "obligaba al Estado a compensar a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada una de ellas, en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa". "Por tanto, el impacto estimado de esta proposición de ley del PP alcanzaría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas", subrayaron desde el Ejecutivo.
Así las cosas, el Gobierno denunció que, "a pesar del escrito remitido", la Mesa del Senado optó, en su reunión del 21 de noviembre, por "ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad", con el argumento de que la proposición de ley "se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente".
Tras la aprobación del trámite en el Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya pidió la revocación de la misma, alegando que era una vulneración de la Constitución, por lo que abría la puerta a presentar un recurso ante el TC si no se paralizaba la norma. Y así lo hizo.
Otras admisiones a trámite
En el marco del Pleno de este martes, el Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los senadores del PSOE contra la ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid.
Los magistrados, a su vez, han admitido el recurso de inconstitucionalidad de los diputados del PP contra el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.