El Gobierno tiene previsto enviar en las próximas horas el borrador de la nueva versión, recortada, de la Ley Bases a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas con la intención de comenzar a definir el texto final, que -según adelantaron desde el oficialismo- buscará que ingrese al Congreso el viernes para comenzar con el tratamiento en comisión la próxima semana.
El proyecto del Ejecutivo llegará acompañado por un capítulo fiscal que será tratado en forma conjunta e incluye la modificación del Impuesto a las Ganancias retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y llevando el piso a $ 1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados, tal como se acordó en las reuniones que el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron con los gobernadores más cercanos al Gobierno y los diputados dialoguistas.
Tanto en el bloque de La Libertad Avanza como en sus aliados del PRO hay optimismo en que la nueva versión avanzará en Diputados, ya que es un proyecto mejorado con las modificaciones acordadas en el primer intento que fracasó en febrero por la falta de acuerdo en el articulado relacionado con la reforma del Estado y, principalmente, con las privatizaciones, cuando se trataba en particular tras haber sido aprobado en general por una amplía mayoría.
Si bien aún no se conoce el texto definitivo, trascendió que en el primero de los 269 artículos del nuevo proyecto se establece: "Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año". La redacción se ajusta a las condiciones que habían sido acordadas en la Cámara de Diputados antes de que se caiga la propuesta original.
Asimismo, en la propuesta del Gobierno se fija que "el Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".
El segundo capítulo está vinculado con la reforma del Estado y hace referencia a la adecuación de la administración central. En este sentido, el Gobierno establece la posibilidad de su "reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".
Uno de los puntos de mayor tensión entre el oficialismo y los dialoguistas es el artículo 7 que hace referencia a la privatización de empresas públicas, de la que quedó excluida YPF. Sobre este punto se informó que hay un artículo con las empresas que serán sometidas a una venta total y otro sobre privatización parcial.
En el caso de las privatizaciones parciales, la propuesta fija que el Estado Nacional debe "mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".
Además se redujo la cantidad de empresas sujetas a privatización que pasaron de más de 40 a 13, divididas entre privatización total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina), posibilidad de concesión (AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y privatización parcial (Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y ARSAT).
Sobre este punto, el Gobierno accedió también a habilitar la intervención del Congreso a través de una comisión bicameral. Sobre el mecanismo de control, la propuesta indica que la Auditoría General de la Nación -con participación de la SIGEN- deberá realizar "un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas". El organismo de control deberá evaluar "el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles".
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 71 que fue cuestionado no sólo por los diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, sino también por el PRO de Cristian Ritondo. El texto polémico dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente".
En paralelo a la Ley Bases, el Gobierno también enviará el proyecto de "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", que incluye la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que pasará a llamarse "impuesto a los ingresos". De acuerdo a lo anunciado esta semana, el mínimo no imponible quedará en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. La actualización de Ganancias será por IPC y va a ser anual y se confirmó que no se cobrará el retroactivo del gravamen que fue eliminado en septiembre del año pasado.
El Gobierno cedió al radicalismo la elaboración del proyecto de reforma laboral que también será incluido en el debate de la ley ómnibus. Desde el bloque que comanda Rodrigo De Loredo se informó que aún están discutiendo algunos puntos como el vinculado con las multas. Se establecería un período de prueba de 6 meses mientras que el fondo de cese laboral se aplicará de manera optativa por actividad y convenio colectivo.
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