Usualmente funciona por doble vía: el derecho modifica la realidad y la realidad demanda cambios en el Derecho. Las crisis suelen acelerar la segunda vertiente de este proceso; es el caso con los conflictos armados, que resaltan vacíos legales que de otra forma no serían evidentes. Los sistemas jurídicos normalmente establecen mecanismos para prevenir los conflictos, más no siempre cuentan con reglas para hacer frente a los vaivenes de la guerra. El conflicto en Ucrania ha evidenciado algunas de estas limitaciones. En gran medida, el sistema internacional ha resultado obsoleto. El obstáculo más paradigmático se observa en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual, debido al poder de veto de Rusia, se ha vuelto inoperante.
Por otro lado, en las guerras hay acciones moralmente necesarias pero que no están contempladas por el Derecho. Un debate actual en la comunidad internacional que simboliza esta fricción consiste en cómo debe pagarse por la destrucción causada por la invasión rusa. El Banco Mundial estima que los daños en Ucrania alcanzan los 480 mil millones de dólares (mdd). Aun cuando moralmente es correcto que Rusia solvente los gastos por la destrucción que ha causado, legalmente, el camino es más sinuoso.
El debate se ha centrado en qué debe hacerse con los activos y reservas internaciones que Rusia mantiene en cuentas de países occidentales. Desde el comienzo de la invasión se han congelado alrededor de 300 mil mdd en activos rusos en occidente, cantidad que equivale al doble del PIB de Ucrania.
Dmitro Kuleba, Ministro de Exterior ucraniano, ha pedido que lo activos rusos sean confiscados y utilizados para la reconstrucción; sobre todo, conforme en EE.UU. se interponen más trabas legislativas para continuar con el apoyo económico. La Comisión Europea ha defendido la medida; sin embargo, la controversia reside en la preocupación por el precedente que ésta generaría para el sistema financiero internacional: hay un costo a largo plazo que consiste en disminuir la credibilidad de las inversiones en dólares y euros.
La congelación de activos es distinta a su confiscación. Mientras la primera evita la disposición de los activos, ésta no modifica la propiedad; se trata de una sanción económica que tienen como objetivo modificar la conducta de un país. La confiscación, en cambio, es irreversible y suele ser resultado de una sentencia como consecuencia de la comisión de un delito.
Los precedentes que se han utilizado para justificar la acción tampoco son convincentes. Durante la Guerra del Golfo, Irak tuvo que pagar reparaciones, una vez concluido el conflicto. En la Primera Guerra Mundial, EE.UU. aprobó una ley para confiscar propiedad del enemigo, pero era parte en la guerra. En Ucrania, la guerra no ha concluido y ni EE.UU ni Europa son formalmente parte de la guerra.
POR EMILIANO POLO ANAYA
ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI
@EMPOLOA
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