Por primera vez en la historia, y marcando un hito en la protección de los derechos de los menores, el Gobierno se prepara para aprobar en primera lectura el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Este proyecto conseguiría introducir cambios significativos en el tratamiento legal de los delitos sexuales hacia los menores, en contacto con las demandas de las víctimas y las organizaciones de infancia.
Uno de los cambios más destacados es la ampliación del plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, ya que actualmente este plazo comienza a contar a partir de que la víctima cumpla los 18 años. Limitando así en una gran cantidad de casos la capacidad del afectado para denunciar debido al tiempo necesario que requieren para procesar los abusos recibidos. Con esta nueva ley, este plazo comenzaría en el momento en que la víctima alcance los 30 años, proporcionando así un periodo de tiempo más amplio para denunciar.
Esta modificación responde a las llamadas de auxilio de las víctimas y las persistentes solicitudes de las organizaciones. Entre ellas se encuentra el pianista y activista James Rhodes, quien ha reivindicado en numerosas ocasiones un cambio de legislación a los gobiernos. Sin embargo, las asociaciones de ayuda a las víctimas de delitos sexuales solicitaron un plazo mayor, llegando a contar hasta los 50 años. Además, incide en la protección de los menores ante el juicio, según cálculos de Save the Children algunos de ellos se ven obligados a declarar los hechos hasta en cuatro ocasiones durante el proceso judicial.
Este nuevo anteproyecto solicita que los menores de 14 años no tengan que testificar más de una vez durante el proceso judicial, lo que reduciría la revictimización el trauma asociado. Aunque algunas asociaciones han pedido con respecto a este tema que la exención se extienda hasta los 16 años, pese a que el proyecto de ley recoge la posibilidad de ampliarlo en los casos en los que se perciba una especial vulnerabilidad.
Derechos y delitos no reconocidos hasta ahora
Por otro lado, esta reforma no se limita solo al ámbito legal, sino que también reconoce a los niños y adolescentes como titulares de derechos subjetivos. De esta manera, conseguirían la defensa individual de su autoridad. En un contexto marcado por los abusos a menores en la Iglesia, la vicepresidenta Carmen Calvo ha querido destacar el compromiso del Gobierno con que estos delitos sean imprescriptibles. Por eso mismo, proponen que las penas de los culpables puedan prescribir, una vez que la víctima cumpla los 30 años, en un plazo de entre 10 y 20 años. Lo que supondría que los responsables de abusos a menores podrían enfrentar las consecuencias de sus actos incluso décadas después de haberlo cometido.
La reforma también aborda la necesidad de prevenir, detectar y proteger a los menores para que no se conviertan en víctimas. Se introducirían así medidas para evitar la victimización secundaria durante el proceso judicial, como la adopción de medidas provisionales y la limitación del contacto entre la víctima y el agresor. Y además, se incluiría una nueva definición de violencia, en la que se establecería cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional. Dentro de las cuales, también se contemplan las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el descuido y el trato negligente del menor.
Como novedad, el Código Penal recogería un nuevo catálogo de delitos contra los jóvenes que se cometan a través de internet, entre los que también se encontrarían la incitación al suicidio, la autolesión, la libertad e indemnidad sexual, e incluso la incitación a trastornos alimenticios. Así, el anteproyecto conseguiría modificar hasta 11 leyes actuales recogidas dentro de las leyes penales.