El Gobierno ha aprobado este martes 23 de abril en el Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. La vigencia de estas medidas será hasta 2027, coincidiendo con la siguiente legislatura.
Este plan, que ha sido el trabajo de siete ministerios, ha seguido las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados. La estimación de adultos que podrían haber sufrido abusos sexuales era de 440.000 personas, un 1,13% de la población adulta. En torno a esa mitad podrían haber sido cometidas por miembros eclesiásticos, según relató el estudio.
Desde la reparación a la educación y prevención
Según adelanta el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el plan consistirá en cinco ejes de actuación: el reconocimiento de las víctimas, la reparación del daño, atención y prevención, formación y sensibilización, e informar e investigar. "Con este plan sentamos las bases para cumplir con un deber que tenía nuestra democracia desde hace décadas", ha declarado el ministro.
El Defensor del Pueblo propuso en su informe la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Entre estas recomendaciones también se encuentra la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020; o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
Bolaños ha adelantado que se implementará entre las medidas, y de cara al próximo año escolar, cursos de formación para todas las personas que tengan relación con menores, desde docentes a psicólogos, así como coordinadores de bienestar y de protección en los centros docentes.
Gabilondo todavía tiene pendiente presentar el plan ante el Parlamento y, aunque acude este viernes a dar cuenta de su actividad en los años 2022 y 2023, en principio no tiene previsto presentar aún en detalle este informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, aunque también es probable que los parlamentarios requieran su opinión sobre las medidas del Ejecutivo.
La colaboración de la Iglesia, una pieza fundamental
En cuanto a la Iglesia, los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido. Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara "a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia". No obstante, según ha asegurado Bolaños, el Gobierno sigue en conversaciones con las autoridades eclesiásticas.
El plan contempla como opción principal contar con la colaboración de la Iglesia. Esta, según apuntan en el borrador, es "la más deseable". Consistiría en crear un órgano independientemente de carácter temporal para la reparación de los casos prescritos, cuando el agresor haya fallecido, o "no se haya podido seguir un proceso penal". Además, añade que este equipo estaría integrado por especialistas y "exigiría la colaboración de la Iglesia para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones".
También explica que, si la Iglesia rechaza colaborar, el segundo supuesto que aborda el plan es la aprobación de un "proceso administrativo" que reconozca la condición de víctima y "las medidas reparadoras que sean adecuadas". En este caso, se contempla una posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Inicialmente, el plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir los afectados.