El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, hizo lo que otros dos fiscales no lograron: llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno. La decisión se conoció este martes 9 de abril y se trata de un hecho crucial en el ya largo proceso en contra del primer exmandatario, pues es la primera vez que un expresidente va a juicio penal.
En 13 páginas, el fiscal radicó el escrito de acusación en el que es claro: la Fiscalía tiene pruebas para demostrar que Uribe Vélez coordinó, dirigió y patrocinó una estrategia para lograr testimonios, documentos y pruebas para beneficiarlo a él y a su hermano, Santiago Uribe, en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
"El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago", explicó la Fiscalía.
En concreto, el ente investigador señaló que esas movidas ilegales habrían sido para contradecir a testigos claves que le habían contado a la justicia de supuestas andanzas ilegales de los hermanos Uribe. Por ejemplo, Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros.
Según la Fiscalía, durante los primeros meses de 2017, Uribe "impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que, directamente o con otras personas, ubicaran y contactaran a exparamilitares u otros ciudadanos" para que, "a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre supuesta maquinación" de testigos de la justicia.
Para la Fiscalía, Uribe Vélez, conociendo los acontecimientos y siendo "consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas, de esta manera determinó la comisión de las conductas punibles".
El ente investigador resaltó que la actuación de Uribe Vélez la llevó a cabo "abusando o desconociendo la posición distinguida que ocupaba en la sociedad, especialmente por los cargos que había ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política". Por esos motivos, la Fiscalía señala en su documento que el expresidente de ser acusado como "determinador del concurso homogéneo y sucesivo de tres delitos de Soborno en la actuación penal (...) sobre los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve Pineda, y Eurídice Cortés Velasco".
Asimismo, el ente investigador dice que Uribe Vélez habría sido el "determinador del concurso homogéneo y sucesivo de dos punibles de Fraude procesal, cometidos en el desarrollo de la investigación previa de la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantada contra el parlamentario Iván Cepeda Castro". Según la Fiscalía, ahí es precisamente donde el examandatario habría conseguido pruebas y testimonios falsos para "inducir al error a esa Corporación judicial" y tomaran una decisión en contra del senador Cepeda.
Los hechos relevantes que presentó la Fiscalía en contra de Álvaro Uribe
En su escrito de acusación, la Fiscalía resaltó los hechos relevantes dentro de su investigación para llamar a juicio, por primera vez en la historia, a un expresidente de la República. Inicialmente, refirieron que la génesis de lo que tiene hoy a Uribe contra las cuerdas arrancó en la Corte Suprema de Justicia, en donde, según las pruebas que encontraron, el exmandatario habría determinado que su abogado de ese entonces, Diego Cadena, serviría de herramienta para que "entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas".
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