Entre 1994 y 2012 los debates políticos se realizaban a petición de los partidos políticos y sus candidatos, mientras que la autoridad electoral solo se limitaba apoyar con la logística del evento y la difusión
El último debate presidencial suscitó una ola de memes y chistes en redes sociales sobre el y las candidatas a la presidencia de México, un hecho similar ocurrió en el proceso electoral del 2018. Aunque, es innegable que algunas respuestas y actitudes de los participantes resultan irrisorias y hasta ridículas, es indispensable que como ciudadanía se deje de banalizar a los debates presidenciales.
Los debates han sido parte de la lucha que nuestra joven democracia ha emprendido para que los procesos electorales se sustenten en el poder de la ciudadanía. El primer debate celebrado en nuestro país tiene menos de 30 años y se dio tras el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En 1994 los candidatos Diego Fernández (PAN), Ernesto Zedillo (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), que eran los mejor posicionados en las encuestas electorales, se enfrentaron en un primer debate presidencial. El cual estuvo gestionado por los estrategas de los candidatos y sus partidos, con lo que distó de ser un ejercicio por y para los ciudadanos.
Esta falta de autonomía estaba íntimamente ligada al Instituto Federal Electoral (IFE), quienes entre 1994 y 2012 no tenían la facultad de dictar las reglas de los debates, los cuales se hacían a modo de los candidatos.
La ley de esa época marcaba que los partidos y sus candidatos marcaban la fecha de celebración de los debates; la dinámica que seguirán, las preguntas y hasta los detalles de producción: tomas, tiempos de las intervenciones y tiros de las cámaras. Así lo explica Lorenzo Córdoba, cofundador de INE, en su texto "Los debates presidenciales en México: dos paradigmas".
"El Instituto, a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión", se leía en el artículo 190 de la ley electoral.
En 2014 la ley experimentó una modificación con la que el ahora llamado, Instituto Nacional Electoral (INE) adquirió la facultad de marcar como obligatorio la celebración de dos debates presidenciales.
Además, de implementar cambios en los formatos con lo que se buscó ir más allá de la exposición de propuestas, para poder evidenciar las habilidades de los candidatos de discutir, enfrentar cuestionamientos, responder preguntas o abordar temas ,no necesariamente cómodos de los candidatos.
En México la experiencia de debates neutrales y con participación de la ciudadanía son muy nuevos y los retos de la inexperiencia se conjuntaron con cambios en los formatos de difusión con la llegada de las redes sociales. Como audiencias y ciudadanos corresponde dar la justa dimensión a estos actos políticos que buscan reforzar la democracia.
Esto no significa una satanización de los memes y del humor político, sino complementar estos elementos con un genuino análisis de las y los candidatos como potenciales líderes de nuestro país.
Miriam Vega Sánchez
Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. La escritura es la herramienta que yo he elegido para contribuir a la construcción de una sociedad más crítica y sensible ante las problemáticas enfrentamos como humanidad. He desempeñado esta profesión desde el 2018 y estoy ávida de incorporar nuevas formas y narrativas a mi trabajo periodístico.