Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por la persistente falta de independencia judicial en Bolivia y la inacción de las autoridades para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país durante el último año.
AI recordó en su informe anual divulgado este martes, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia en marzo y expresó su «especial» preocupación por la falta de independencia del poder judicial respecto al Gobierno de Luis Arce.
Las máximas autoridades judiciales se prorrogaron en sus puestos el pasado diciembre, después que el Senado no lograra convocar a las elecciones para sustituirlos, comicios que se debieron realizar en 2023.
La prolongación de las funciones de magistrados y jueces generó el descontento de varios sectores, en específico de organizaciones del Movimiento al Socialismo (MAS) afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que por 17 días realizaron fuertes bloqueos en todo el país para exigir que se realizaran las elecciones judiciales, proceso que aún se encuentra estancado.
Por otro lado, Amnistía Internacional también subrayó que «las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos», según denuncias de organizaciones ambientalistas.
Señaló en concreto el caso de la defensora española Amparo Carvajal, de 84 años, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), quien en junio de 2023 sostuvo una vigilia de 52 días en el exterior de las oficinas de esa organización, después de que personas presuntamente vinculadas al MAS asaltarán las instalaciones.
En el informe también se remarcó sobre las recomendaciones de la CIDH al Estado boliviano para responder a la crisis política y social de 2019, la cual llevó a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país, y en la cual al menos 37 personas fallecieron y centenares resultaron heridas en enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad.
La CIDH reconoció algunos avances en el apoyo a las víctimas, pero dijo que las investigaciones sobre las violaciones graves de derechos humanos «habían avanzado poco y que no se había implementado un programa de reparación integral».
Asimismo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los daños de la minería no regulada a los pueblos indígenas, y las constantes agresiones de las fuerzas de seguridad a periodistas en varias protestas sociales.