Imagino que para Sánchez y sus cuadrilla de maleantes, la afloración cotidiana de noticias cada día más acadabrantes sobre la corrupción del PSOE debe ser un sinvivir, pero para nosotros, ciudadanos españoles que pagamos sus juergas y padecemos su peste, es un sinparar.
No se si saben que el PSOE estaba pactando con los proetarras en el Congreso, a la misma hora en que la portavoz del Gobierno, la cursi Pilar Alegría, descalificaba cínicamente desde La Moncloa a Bildu y a su candidato, por no etiquetar a ETA como banda terrorista.
Pactaban los de Sánchez y los de Otegi la lista de comparecientes que irán a la comisión sobre mascarillas.
Y justo ahora salta que el Gobierno Frankenstein soltó una subvención de 100.000 euros a la plataforma de Begoña Gómez, para que esta se luciera en el G-100.
Un caso de libro de incompatibilidades.
Un desdoro político que en cualquier democracia occidental te cuesta el cargo y te lleva al banquillo del juzgado.
¿Y qué han hecho PP y VOX al respecto?
Poner unos tuits.
Casi lo mismo que al enterarse de que la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva a la pareja de Ayuso medio millón de euros, dejando en pelotas al Gobierno Sánchez.
No soy yo quien para aconsejar a Feijóo o a Abascal, pero creo que hay que morder más, coordinarse un poco y sobre todo, pegar más fuerte.
No está la cosa como para andar con medias tintas o con peleas estériles.
Esto va de echar a Sánchez y de mandar al PSOE al basurero y no de quien es más bonito en el centroderecha español.
En un país con separación real de poderes y una democracia digna de ese nombre, donde el respeto a las normas, a la ciudadanía y a las instituciones fuera intocable, Sánchez estaría ya empapelado por su pringoso papel en el 'Begoñagate'.
Su esposa, la alegre conseguidora, fue beneficiada con una adjudicación pública rubricada por él mismo jefe del PSOE en el Consejo de Ministros.
100.000 euros del sufrido contribuyente para financiar un proyecto inspirado en la Agenda 2030, que impulsaba la cátedra que dieron a dedo a la señora en la Universidad Complutense.
Es de escándalo, porque al chiringuito universitario, montado para pillar fondos públicos, se suman contratos, subvenciones y acuerdos para sus amigos y benefactores, aprobados por ministros, presidentes autonómicos y gerifaltes del PSOE.
No es estético.
Pero tampoco ético o legal.
Por bastante menos hay en España gente en la cárcel.