Migrantes
Guatemalteco es sentenciado a cadena perpetua en EE. UU. por secuestro y explotación
El connacional pasará el resto de su vida en prisión y dos de sus hermanas también purgan cárcel por por secuestro y trabajos forzados cometidos contra tres víctimas a las que ofrecían mejor vida en Estados Unidos.
Domingo Francisco Juan, de 44 años, y su hermana Lorenza Domingo Castañeda, 35, sentenciados en Estados Unidos por varios delitos. (Foto Prensa Libre: Macon County Sheriff's Office)
El guatemalteco Domingo Francisco Juan, de 44 años, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, por secuestro, trabajos forzados y conspiración para cometer secuestro y trabajos forzados, según informó el pasado 8 de abril el Departamento de Justicia de ese país.
El tribunal también ordenó a Francisco Juan a pagar US$50 mil en restitución a una víctima.
El reporte de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. señala que Lorenza Domingo Castañeda, 35, también fue sentenciada a 20 años de prisión por trabajos forzados y conspiración para cometer trabajos forzados, y se le ordenó pagar más de US$80 mil en restitución a tres víctimas.
Se explica que una tercera acusada en el caso, Catarina Domingo Juan, 41, fue sentenciada previamente el 18 de diciembre de 2023 a 240 meses de prisión por trabajos forzados y conspiración para cometer trabajos forzados, y se le ordenó pagar más de US$80 mil en restitución a tres víctimas.
El Departamento de Justicia señala que los tres condenados son hermanos y de nacionalidad guatemalteca.
Cómo operaban
Según documentos judiciales, a los que hace referencia el Departamento de Justicia, los guatemaltecos conspiraron para trasladar a una víctima menor de Guatemala a los Estados Unidos para trabajar en las casas de Domingo Castañeda y Domingo Juan entre diciembre de 2015 y enero de 2021.
Se señala que Francisco Juan acompañó a la menor a Estados Unidos después de asegurar falsamente a la madre de la víctima que esta recibiría una mejor educación y oportunidades dentro de los Estados Unidos si se le permitía viajar con él.
Se agrega que Domingo Juan tomó la custodia de la víctima menor después de afirmar falsamente ante funcionarios del gobierno que ella era pariente de la víctima menor.
Explicaron que en lugar de brindarle a la víctima menor acceso a una educación y mejores oportunidades dentro de los Estados Unidos, los acusados separaron a la víctima menor de su familia y la obligaron a trabajar las 24 horas del día para su beneficio.
Domingo Castaneda y Domingo Juan tomaron el dinero que la menor víctima ganaba trabajando fuera de sus hogares, y Francisco Juan se benefició recibiendo los servicios domésticos de la víctima en los hogares.
Los documentos judiciales también muestran que Domingo Castaneda y Domingo Juan conspiraron para obligar a otra víctima menor de edad y a una víctima adulta a realizar trabajos y servicios en sus hogares y en negocios del área entre diciembre de 2018 y marzo de 2021.
Al igual que la primera víctima menor, Domingo Castañeda utilizó falsas promesas de una vida y educación mejores dentro de los Estados Unidos para alejar a la víctima menor de su madre y atraerla a viajar a los Estados Unidos. En lugar de cumplir sus promesas, Domingo Castañeda, junto con Domingo Juan, obligaron a la víctima menor y a la víctima adulta a proporcionar servicios domésticos en sus hogares y exigieron a ambas víctimas que les dieran todos los ingresos que obtenían mientras trabajaban en el área.
El caso fue investigado por Seguridad Nacional con la asistencia del Departamento de Policía de Champaign, la Oficina del Sheriff del Condado de Champaign, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Champaign.
La abogada litigante Kate Alexander de la Unidad de Procesamiento de Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y el fiscal federal Auxiliar Bryan Freres para el Distrito Central de Illinois procesaron el caso.
LECTURAS RELACIONADAS
Condena histórica
"Los delitos relacionados con el trabajo forzoso explotación a los niños y a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad que atacan el corazón de la dignidad humana", dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
"La sentencia de Francisco Juan es histórica y marca la primera cadena perpetua en más de una década en un caso de trabajo forzoso bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Trata. Estas víctimas, dos de ellas niños, fueron sometidas a abusos físicos y sexuales para obligarlas a trabajar como empleadas domésticas, camareras de hotel y obreras de fábricas. Agradecemos a los sobrevivientes de estos crímenes por su tremendo coraje al presentarse y denunciar la violencia y el abuso que sufrieron. Las sentencias impuestas en este caso deberían enviar un mensaje a los traficantes de personas de todo el mundo de que sus acciones tendrán graves consecuencias y que el Departamento de Justicia está dispuesto a responsabilizarlos por sus planes violentos y coercitivos", se lee en el comunicado.
"Las asociaciones en todos los niveles de gobierno fueron imperativas para llevar a estas personas ante la justicia", dijo el fiscal federal Gregory K. Harris para el Distrito Central de Illinois.
"Apreciamos la dedicación y el tiempo que todas las agencias policiales federales, estatales y locales involucradas han dedicado a este caso. También felicitamos a las diversas organizaciones de servicios a las víctimas, tanto públicas como privadas, que brindaron apoyo y servicios a las víctimas en este caso. Los traficantes de mano de obra son insidiosos en la forma en que controlan a sus víctimas, y continuaremos la lucha para proteger a los miembros de nuestra sociedad en peligro de estos horribles crímenes", expresó.
"Las sentencias de hoy arrojan luz sobre la presencia muy real de delitos relacionados con el trabajo forzoso en nuestras comunidades", dijo el agente especial a cargo Sean Fitzgerald de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Chicago.
Agregó que los agentes especiales de HSI continuarán luchando contra la explotación de los vulnerables y apoyando a las víctimas brindándoles recursos y servicios críticos. "Enhorabuena a los agentes especiales de HSI y a nuestros socios comunitarios encargados de hacer cumplir la ley por llevar a estos depredadores ante la justicia", comentó.