El Gobierno entró en tiempo de descuento para la firma del Pacto de Mayo, que el presidente Javier Milei le propuso a los gobernadores en la Asamblea Legislativa el pasado 1° de marzo, y que debería firmarse en Córdoba el próximo 25 de Mayo, en el aniversario de la Revolución. El mandatario había puesto como condición para su firma que fuera aprobada la Ley de Bases, en una nueva versión reducida tras el traspié que sufrió en el verano.
Con la firma del dictamen de comisión en el día de ayer, tanto para la ley Bases como para el paquete fiscal, ahora el Gobierno enfrentará un raid legislativo para llegar a tiempo a cumplir la condición que puso el mandatario. Los tiempos son algo ajustados: todavía debe discutirse en el recinto de Diputados -en su primera versión fue objeto de una sesión maratónica-, y luego pasar al Senado, donde a diferencia de la Cámara baja el proyecto original no llegó a pasar, por lo que la discusiones en Comisión arrancan de cero.
Más allá del apuro del Gobierno, las restricciones del calendario hacen que no haya tiempo que perder, sobre todo teniendo en cuenta que hay que respetar los tiempos reglamentarios que se exigen, por ejemplo, que se cumpla una semana entre el dictamen favorable de las comisiones y la discusión en el recinto. El lunes, cuando el proyecto comience a debatirse en Diputados, el Gobierno tendrá por delante sólo 20 días hábiles antes del 25 de mayo, una verdadera carrera contrarreloj.
Con tiempos tan ajustados, no existe margen para que sean incorporados cambios que demoren el tratamiento, algo que podría pasar si el Senado introduce un cambio y tiene que volver a enviar el proyecto a Diputados. El plan del Gobierno es que la semana próxima se apruebe en Diputados para que en la semana del 6 de mayo, el Senado pueda comenzar con el tratamiento en comisiones. Así, en la semana del 13 de mayo el proyecto llegaría al recinto de la Cámara alta.
En este cronograma ideal, el Gobierno tendría sólo una semana entre la aprobación y la firma del Pacto fundacional, cuyas cláusulas todavía negocia el Ministerio del Interior, y que en los últimos días se supo que fue depurado de la propuesta de reforma política para que su contenido sea estrictamente económico.
A pesar de lo ajustado de los plazos, en la administración libertaria tienen expectativas de poder cumplirlos. Reconocer que la fecha dispuesta por el presidente fue exigente, sobre todo teniendo en cuenta que la negociación debió incluir una etapa previa de volver a tender puentes y construir confianza luego del fracaso del proyecto inicial durante el verano.
¿Podría llegar a firmarse el Pacto de Mayo sin que esté sancionada la ley Bases? Según publicó el sitio Infobae, en el Gobierno no descartaron esa posibilidad aunque no lo consideraron un escenario deseable. "No tiene mucho sentido sentarse a discutir un plan de largo plazo si no pudimos consensuar lo más básico que pedimos", dijo un funcionario a ese medio, aunque agregó: "Conociendo a Karina y a Javier, se hace igual, pase lo que pase y estén los que estén".
Con el recuerdo del primer proyecto todavía sobrevolando, que se frustró cuando el oficialismo pidió su pase a comisión, presuntamente sin saber que reglamentariamente eso significaba la caída de la media sanción en general, el ala política del Gobierno tiene puesta toda su atención en hacer avanzar el proyecto maniobrando al filo del reglamento para acelerar los tiempos. El ministro del Interior Guillermo Francos y su vice, Lisandro Catalán, el asesor Eduardo "Lule" Menem, que responde a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su segundo, José Rolandi, monitorean con lupa el proceso para evitar sorpresas en una Cámara como la de Senadores dominada por el PJ y el kirchnerismo.
Mientras en Diputados el panorama luce más allanado con la convocatoria a una sesión especial para el lunes, el Senado todavía es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que es una cámara mucho más apegada a los reglamentos, por lo que es poco probable que pueda repetirse lo que sucedió en la Cámara baja, donde el secretario parlamentario Tomás Figueroa convocó a una sesión especial para cuatro días después del dictamen, saltándose el plazo de una semana.
Las discusiones por el presupuesto universitario -esta semana el senador radical Martín Lousteau logró las firmas suficientes para convocar a una sesión especial para debatirlo en el recinto-, y la reforma laboral -en la víspera de la marcha por el Día del Trabajador que movilizará a la CGT y a la izquierda-, podría aumentar la presión sobre el Congreso para efectuar cambios en la ley, empantanando su avance.
Más allá del resultado de la ley, el Gobierno anunció que la firma del pacto podría estar precedida de un encuentro en el Palacio de Hacienda con los ministros de Economía de las provincias. Con los esfuerzos puestos en el avance de la ley, el encuentro todavía no está confirmado, sobre todo mayormente porque no está claro que exista el margen de tiempo necesario para realizarlo.
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