Tras ser imputado, el ex camporista Mauro Tanos fue despedido. En la causa investigan al expresidente Alberto Fernández
Luego de que la Justicia ordenara el allanamiento del gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, el Gobierno le pidió la renuncia al funcionario sospechado de estar involucrado en el escándalo de la contratación de seguros de la ANSES.
Luego de que la empresa quedara bajo la lupa de la Justicia federal por los contratos millonarios con distintas áreas del Estado, el Gobierno le pidió la renuncia.
El viernes, el ex integrante de La Cámpora ya había sido imputado y allanado como parte del avance judicial que investiga las comisiones a los brokers de seguros que hicieron negocios con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.
El funcionario está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza de la ANSES.
Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.
También quedó imputado el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.
Entre el viernes y ayer, Tanos habló varias veces con el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres, y acordaron su cese como funcionario del Gobierno tras el escándalo público.
Tanos, de 37 años, comenzó su carrera política en la Juventud Peronista a los 19 años de la mano de José Ottavis. Luego fue funcionario en la Municipalidad de Moreno y en otros organismos. En 2021 llegó a Nación Seguros como gerente comercial, casi al mismo tiempo que se publicó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a los organismos públicos a contratar con esa firma. Este año fue promovido a gerente general. "Lo eligieron por su rol técnico porque no tenía ningún padrino político en La Libertad Avanza", dijo una fuente que conoce los pasillos de Nación Seguros, según Infobae.
La Justicia llegó a Tanos a partir de una camioneta Jeep que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Ese vehículo está inscripto a nombre de "7 de mayo Cooperativa Limitada", pero el gerente de Nación Seguros fue autorizado para usarla.
Los investigadores llegaron a esa camioneta a partir de una situación llamativa que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación. Cuando fueron a buscar las cámaras del lugar, los efectivos se dieron cuenta que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD.
El juez Ercolini cree que Tanos "actuaba como contacto" con San Ignacio, una de las dos firmas beneficiadas por el contrato para los créditos de los jubilados.
Según una auditoría de Nación Seguros, a pedido de la Justicia, San Ignacio cobró $231.918.674 por comisiones. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.
La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES.
En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.
Tanos fue allanado el viernes a la mañana en su casa, en Cabrera al 3900, de CABA, donde estaba trabajando. La Policía Federal también fue a su oficina, en San Martín al 900.
Al margen de su renuncia, el hasta ahora gerente general de Nación Seguros ya prepara una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py.
Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes, afectado por la destrucción de su principal caballito de batalla, la honestidad de su gestión.
Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien -aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.
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