La Habana/Yoandra Mir Cedeño, arrestada el pasado 24 de marzo en Banes, Holguín, por compartir en sus redes sociales publicaciones sobre la corrupción de los dirigentes locales, fue liberada bajo una fianza de 30.000 pesos tres días después, según se supo este lunes. Mir está acusada de actos contra la intimidad personal y familiar, y la Fiscalía mantiene una investigación en su contra.
"En el papel de la fianza a pagar está ese delito de 'actos contra la intimidad personal y familiar'", dijo a Martí Noticias Héctor Julio Cedeño Negrín, tío de la acusada. Además, explicó que Mir también enfrenta otros cargos: "Ella dice que la Fiscalía le informó de que estaba acusada de desacato, desobediencia y resistencia, así que son cuatro", explicó.
"La Fiscalía le dice que ellos tienen un mes para presentar pruebas", agregó Cedeño Negrín, quien asegura que de no presentarlas en 30 días los tribunales tomarán una decisión por su cuenta.
"La Fiscalía le dice que ellos tienen un mes para presentar pruebas", agregó Cedeño Negrín
Tras el arresto de Mir, en marzo, su tío denunció en Martí Noticias que la Policía la había detenido con violencia. Mir compartía frecuentemente las publicaciones del perfil Cansador Cansado, que publicaba imágenes de los dirigentes locales y exponía casos de corrupción ligados incluso a la venta de drogas en Holguín.
"Como ella replica esas informaciones, ellos vinieron a la casa para dejarle una citación para la estación policial. Pero cuando fue a firmar el recibo, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en una patrulla y se la llevaron para la unidad. Golpearon a mi hermana –su madre– y a mi mamá –su abuela– que tiene 92 años y que también fue a tratar de defenderla", dijo entonces al medio Cedeño Negrín, a quien las autoridades le registraron su casa.
El familiar también señaló que Mir había sido advertida en otra ocasión por la Policía para que no replicara "ni diera likes" a los post de Cansador Cansado. Las autoridades dijeron entonces que Mir estaba siendo investigada por manifestarse "contra las autoridades del Gobierno".
El familiar también señaló que Mir había sido advertida en otra ocasión por la Policía
En mayo de 2023, el régimen aprobó una Ley de Comunicación Social que prevé que todas las personas deben "responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican".
Antes de la aprobación de la ley, en 2022, fueron detenidos por desacato el músico Yerly Luis Velázquez Morales y el opositor Ezequiel Morales Carmenate –miembro del Movimiento Cristiano Liberación–, ambos residentes en Las Tunas y quienes se burlaron o compartieron publicaciones en sus redes sociales en las que se insultaba a Miguel Díaz-Canel y otros miembros del Gobierno.
El caso más reciente, cuando ya la Ley de Comunicación era efectiva, fue el del activista Leandro Pupo Garcés, también residente en Banes, Holguín, por "ofender y desacreditar" al Ministerio del Interior en una publicación en su perfil de Facebook. Semanas antes, Pupo había denunciado el acoso que sufría por parte de la Seguridad del Estado desde que participó en las protestas masivas de 2021, a pesar de que el joven alegaba haber abandonado el activismo.