Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud intervino a dos de las EPS más grandes del país (Sanitas y Nueva EPS) la semana pasada, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró ayer durante una rueda de prensa que expedirá un decreto en el que la Adres podrá empezar a girar directamente a hospitales y clínicas.
Pero, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Actualmente, el Estado le está girando directamente a las EPS la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para que estas entidades realicen el pago a todos los prestadores de la cadena de servicio de salud, incluyendo proveedores de insumos farmacéuticos, gestores farmacéuticos y las clínicas y hospitales. Con esta nueva medida, el Gobierno empezará a girar el dinero directamente a todas aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud.
El ministro aclaró que las EPS del régimen contributivo que no tienen patrimonio adecuado entran en esta medida y el Minsalud está facultado a hacer seguimiento y auditoría a esos recursos.
No obstante, apreciaciones de la Anif sugieren que la situación actual de las EPS evidencia el desfinanciamiento del sistema y que existe incumplimientos en pagos de Presupuestos Máximos, recobros y compensación por parte de Adres que comprometen el flujo de recursos.
La entidad se pregunta si realmente estamos frente a una crisis inducida del sistema de salud, una pregunta que Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las EPS del contributivo) considera afirmativa. La líder gremial habló con EL TIEMPO, sobre el futuro de estas entidades promotoras y la crisis por la que atraviesa el sistema.
¿Tiene la Adres la capacidad para realizar este giro directo a hospitales y clínicas?
Lo que está previsto en el decreto de giro directo es que la Adres cumpla una función de tesorería que no incluye ni la ordenación del gasto ni la auditoría. Entonces, realmente lo que hay que desarrollar son esas capacidades para hacer esos giros, esos pagos de manera puntual. Es una función de tesorería que ya realiza hoy en una proporción menor. Lo que tiene que hacer es ampliar la capacidad para hacerlo en un mayor volumen de transacciones.
Pero ¿estaría en capacidad de hacerlo como lo hacen hoy las EPS?
Realmente, el decreto establece que la ordenación del gasto se mantiene en la EPS y esta le dice a la Adres cuáles son los giros que debe hacer. Ese sí es un reto en términos de aumentar capacidades para hacer esos giros de todas las operaciones del sistema.
¿Cómo distribuye el rubro de la UPC hoy en día una EPS?
Precisamente la gestión del riesgo en salud y la función de asegurador pasa por recibir esa UPC por cada uno de esos usuarios que es diferencial en función de si es hombre, si es mujer, del grupo etario al que pertenezca, de la región en la que está ubicado. Mancomunar esos recursos, hacer una bolsa y distribuir. Digamos que no hay unos porcentajes, por así decirlo, o unas cajas fijas de asignación de recursos. Lo que hace el asegurador es, precisamente, distribuir, contratar inteligentemente, eficientemente, para que esa bolsa de recursos alcance para los viejos, para los sanos, para los enfermos, para las mujeres, para los hombres, en atención al plan de beneficios al que toda la población tiene derecho.
Dice la Anif que parece que realmente estamos frente a una crisis inducida del sistema de salud por parte del Gobierno, ¿usted qué opina?
Coincido. Creo que no se han tomado las medidas que se vienen advirtiendo desde hace meses por los actores y esa crisis inducida pasa en buena parte porque se politizó el debate de la salud. El sistema de salud quedó en el medio de una discusión política. No se han tomado las medidas que el sistema requiere y la salud está en el medio de un debate político. En ese proceso se ha deteriorado el sistema en los últimos meses de manera acelerada y tenemos un riesgo si no somos capaces de convocar a una gran conversación con pluralidad de actores, con todos los sectores políticos y desde luego con el Gobierno Nacional alrededor de los requerimientos que tiene ahí el sistema. Hay unos que son estructurales, hay otros que son coyunturales, pues vamos a tener realmente una crisis sanitaria de mayores proporciones.
Si fuera cierto que el Gobierno planea implementar algunos proyectos de la reforma vía decreto, ¿cuál cree que sería el rol de las EPS? ¿Les ha propuesto algo el Gobierno?
En los anuncios que hizo ayer no conocemos sino el giro directo con detalle. Digamos que hay otros temas que estaban en la reforma planteada, particularmente como en los temas de territorialización, en los temas de conformación de redes. De lo que nosotros estamos pendientes es que esos decretos se hagan en el marco de la institucionalidad del sistema. Es decir, que hay un régimen jurídico para el sistema de salud y esos decretos tienen que hablarse.
Por otro lado, hay unas funciones que están asignadas a las EPS que son de ley, que no pueden modificarse por decreto. Entonces, pues a mí me pueden establecer el giro directo y no pasa nada porque yo soy finalmente quien responde por los contratos, quien responde por las auditorías y quien tiene el riesgo financiero del sistema.
Digamos que ese es un cambio que, por ejemplo, se puede hacer en este decreto. Pero es distinto si mañana a mí me dicen que no tengo la gestión de los usuarios, por ejemplo. Hay funciones de las EPS que están en la ley y que no deben alterarse. No conocemos el alcance de esos decretos, pero el Gobierno ha dicho que lo que quiere es que las EPS se conviertan en gestoras y que hagan menos de lo que hacen hoy. Nuestra insistencia de las EPS es que queremos seguir siendo relevantes en el sistema. Si lo que vamos a hacer es una labor meramente administrativa que no agrega valor al usuario, que no tiene un compromiso real con la salud de la población, pues no es esa nuestra misión.
¿Cree que las intervenciones realmente eran justificables?
La mayoría de la situación de las EPS las ubica en riesgo de intervención por incumplimiento de indicadores. Lo que uno sí hubiera esperado es que se hubieran tomado todas las medidas de advertencia y de acción previas a la intervención, porque finalmente, en el caso de Sanitas, ella pidió un plan de reorganización.
Hay mecanismos que tradicionalmente ha utilizado la Superintendencia para llamar la atención en el cumplimiento de sus obligaciones a las EPS, para presentar planes correctivos que luego la entidad revisa que se estén cumpliendo y cuando ya te han puesto tres tarjetas amarillas, te sacan la roja.
Pero en este caso, lo que sí vemos es que estas fueron unas medidas que se tomaron de forma abrupta, con unas buenas EPS. La realidad es que en ambos casos hay 16 millones más de afiliados bien atendidos, no estamos hablando de EPS con niveles de atención deteriorados. Claro que han sufrido, como todas, un incremento en sus quejas porque el sistema viene desfinanciado, está muy estresado y no nos hemos logrado recuperar de la pandemia. Pero no son malas EPS, entonces uno sí pensaría que se podrían haber tomado otras medidas, pero por eso volvemos al tema: esto es una discusión de carácter político y esas intervenciones tienen una característica política.
DANIELA VANESSA ORTIZ ÁLVAREZ - REDACCIÓN SALUD