Mateo L. Belarte
El Consell y los sindicatos firmarán este jueves un «acuerdo de legislatura» con el que ambas partes establecen una hoja de ruta para negociar e implementar mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos de aquí al final del mandato, en 2027. El pacto, según ha avanzado la Ser y ha podido confirmar este diario, será rubricado en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas de esta semana, en la que están presentes UGT, CC OO y Csif, y afectará a todos los funcionarios de la Generalitat: Función Pública, Sanidad, Educación y Justicia. Según los últimos datos oficiales, casi 188.000 personas.
El texto no concreta ninguna mejora todavía sino el compromiso del Consell y sindicatos de sentarse a negociar, e incluye un calendario con los objetivo a abordar durante los próximos tres años. Las partes asumen el compromiso de cumplir los potenciales acuerdos «en los términos y plazos pactados». Al incluir las principales demandas sindicales, el Ejecutivo de Carlos Mazón logra una especie de tregua social de al menos unos meses, hasta que se abran las negociaciones. De todos modos, desde las centrales aseguraban ayer que la presión continuará si el pacto se queda «solo en una foto».
Reivindicaciones sindicales
Entre esos compromisos de negociación, el documento recoge temas ampliamente reivindicados por los sindicatos. Entre ellos, la implantación de la jornada de 35 horas, el desarrollo de planes de teletrabajo y de Igualdad, la configuración de las ofertas de empleo público, la reducción de la brecha salarial o la evaluación del desempeño ligado a retribuciones.
La reducción horaria a la que se abre ahora el Consell es una de las novedades más importantes y que más celebran haber arañado los sindicatos. Ha generado ya fricciones en el pasado entre el anterior Consell y los representantes de los trabajadores. Finalmente el Botànic la dejó pactada con Sanidad, pero el nuevo conseller, Marciano Gómez, frenó la medida al poco de asumir el cargo. Según fuentes conocedoras del borrador del acuerdo, este especifica que será cada mesa la que negocie su implantación en cada ámbito de la Generalitat.
Con el teletrabajo también se negociará por áreas. Este asunto también mantenía en pie de guerra a los sindicatos, que recientemente denunciaron la «paralización» de esta modalidad laboral en algunos departamentos de la Generalitat. El texto, según esas fuentes conocedoras, estipula que se «analizará» la implantación del teletrabajo «siempre que la sostenibilidad financiera lo permita y no se vea afectada la correcta prestación de los servicios públicos».
Asimismo, en cuanto a las futuras ofertas de empleo público las partes firmantes plasman en el documento la «necesidad y urgencia» de reducir la temporalidad y conocer sus «causas estructurales». Para ello, las OPE «incluirán el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal vigente». Estos procesos también se negociarán de manera sectorial.
Avances en igualdad
Probablemente donde más reivindicaciones han logrado introducir los sindicatos es en materia de igualdad. El Consell se compromete en este acuerdo marco a «combatir la brecha salarial existente en todos los sectores de la Generalitat», dando así continudad a lo firmado por el Botànic. Así, ambas partes pactan «establecer criterios de identificación homogéneos» y dotar un «fondo finalista anual» que se incluirá en los Presupuestos de la Generalitat «hasta subsanar esta desigualdad».
Otro punto a negociar son los planes de Igualdad. Se fija el compromiso de adaptar los ya existentes a la normativa vigente y desarrollar nuevos allá donde no existan o hayan caducado. También se estipula que la formación en Igualdad «tendrá una consideración especial en los baremos de acceso como en la promoción profesional».
En cuanto a las lucha contra la violencia de género, se acuerda actualizar los protocolos de actuación contra el acoso sexual y ampliar la protección de las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia machista.
El documento prevé también la ruptura de las negociaciones. Así, «podrá ser denunciado por cualquiera de las partes en caso de que se interprete que hay un incumplimiento reiterado de sus cláusulas y, como mínimo, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del acuerdo. Si es un sindicato quien propone romper el acuerdo, se requiere la mayoría de la mesa sectorial.
Por último, se acuerda constituir una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá cada seis meses o de forma extraordinaria si lo solicita alguna parte.
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