En la mañana de este lunes, la Corte Constitucional dio inicio a una sesión técnica ante la declaración del bajo cumplimiento de la orden dada para superar el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el departamento de La Guajira.
La sesión arrancó con la intervención del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-302 de 2017 que atiende a está población y señaló que el evento "no es asunto adversarial" y por el contrario busca recoger datos y cifras que permitan entender por qué no se ha dado la superación del ECI.
"Los insumos permitirán tomar más decisiones ante las preocupaciones por el bajo cumplimiento de la sentencia, aunque la Corte no quiere imponer actitudes sancionatorias, sino más bien ver cómo logran superar la situación que está afectado a niños y niñas wayúu", dijo el magistrado Reyes Cuartas.
Sandra Liliana Ortíz Nova, consejera Presidencial para las Regiones, fue la primera de las convocadas a intervenir e indicó que han conocido las denuncias con relación a los presuntos actos corruptos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y ante eso "el gobierno está comprometido".
"El compromiso del gobierno con La Guajira es total. Hemos hechos seguimiento y se han incrementado los recursos para atender y acatar lo dispuesto en la sentencia", dijo Ortiz, y añadió que el actual gobierno ha hecho esfuerzos para erradicar escenarios de corrupción.
A su turno, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira, señaló, de manera virtual, que en los municipios accionados (Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia) se han realizado acciones pertinentes a superar el ECI en favor de los niños y niñas y adolescentes de esas zonas y detalló las acciones que en el sector salud, alimentación y agua potable se han desarrollado en los últimos años en esas poblaciones.
Genaro David Redondo Choles, alcalde de Riohacha, también de manera virtual indicó que han detectado cinco hallazgos los cuales están en trámite en la Contraloría con el fin de se investiguen. Resaltó que la presencia de migrantes han presionado las acciones emprendidas de la administración local. "Con los mismo recurso tenemos que atender a más población", subrayó.
"Algunas comunidades tienen la percepción que los recursos de las regalías se distribuyen en la inversión en forma per cápita, lo que lleva a una atomización de los recursos a nivel de comunidades y familias generando bajo impacto de las inversiones", dijo el alcalde quien manifestó que "se requiere que la Secretaria de Planeación Departamental y el DNP contribuyan a dar asistencia técnica a los resguardos para que estos orienten mejor sus inversiones y la forma de asignar los recursos", concluyó.
A su turno, Alexánder López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación y delegado de la Comisión Rectora de Regalías,señaló que "una de las dificultades para el seguimiento es el bajo o poco compromiso de los órganos de control para hacerle seguimiento a los recursos.
Mientras que Diego A. Guevara, viceministro del Ministerio de Hacienda, explicó que: "En lo que respecta al cumplimiento del plan provisional de acción, el A.696/22, fueron identificados 1.2 billones para 44 actividades específicamente en el marco de los cinco derechos evaluados por la Corte".
Desde Colombia Compra Eficiente manifestaron que: "Se realizó un estudio de los manuales de contratación de las entidades obligadas y se observó que el 90% de las necesidades cumplen con los principios de publicidad y transparencia, el 100 % de las entidades obligadas no cumplen con la actualización normativa y el 50% no publica el acto administrativo que da origen al manual de contratación".
Por parte de la Contraloría estuvo Luis Enrique Abadía García, quien resaltó: "Desarrollamos una gestión de fiscalización en 2023 sobre las vigencias de 2019 a 2022, donde se obtuvieron los siguientes resultados: hallazgos administrativos 92, disciplinarios 72, fiscales 21, en indagación preliminar 3, proceso administrativo sancionatorio 1 y otras incidencias".
Gilberto Guerrero, vicefiscal General afirmó que: "Son dos inconvenientes que ha identificado para avanzar en la investigación: limitaciones en la calidad y suficiencia de la información que la entidad recibe y que constituye el sustento para iniciar las investigaciones; y limitaciones para establecer la articulación con otras entidades que cuentan con la capacidad de proveer información relevante para el inicio o avance de dichos asuntos".
El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, precisó que: "En cuanto a las acciones de control, en los cuatro municipios se han generado traslados administrativos a la Procuraduría General por falta de adherencia a lineamientos técnicos, falta de implementación al plan de desaceleración en mortalidad por desnutrición, falta de contratación en el plan de intervenciones colectivos, por comportamientos inusuales e incumplimiento del plan anual de inmunizaciones".