La reforma del mercado eléctrico europeo llega a su fin. Este miércoles se debate en Pleno del Parlamento Europeo y un día después se espera que se ratifique el acuerdo provisional de trílogos a principios de diciembre del año pasado bajo la Presidencia española de la Unión Europea (UE). Ha sido un proceso largo de más de dos años, con duras oposiciones de los países del norte y un enfrentamiento entre Alemania y Francia que tensó las negociaciones.
Dos nombres han sobresalido durante todo el proceso, el de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Nicolás González Casares, el eurodiputado socialista designado para pilotar la reforma como ponente oficial. "Con este voto final nos dirigimos a un mercado eléctrico menos volátil, más estable, con más renovables y una gran protección para los consumidores. Ha sido un trabajo duro, pero satisfactorio que ya empieza a dar resultados incluso antes de estar totalmente finalizado", señala a La Información el propio González Casares.
El acuerdo, que en opinión de muchos ha resultado descafeinado y ha dado alas a las pretensiones de Francia con la nuclear, ya ha sido ratificado en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper) y también ha sido aprobado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE, por sus siglas en inglés) el 15 de enero (por 45 a favor y 17 en contra y 1 abstención).
Propósito: acabar con la volatilidad de precios y mayor protección
La Comisión Europea (CE) presentó una propuesta de reforma del diseño del mercado de la electricidad en marzo de 2023 como consecuencia de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y las dificultades en el mercado energético de la UE observadas desde finales de 2021, con precios extremadamente altos y volátiles y serias preocupaciones sobre la seguridad del suministro, y tras las reivindicaciones de Estados miembros como España.
En concreto, Bruselas dio a conocer su visión bajo un texto que modifica el Reglamento y la Directiva del mercado eléctrico y el Reglamento ACER y la Directiva de energías renovables. Todas las negociaciones y el texto final se ha llevado a cabo bajo un solo texto, pero por una cuestión de procedimiento, el Consejo y el Parlamento decidieron dividir la Directiva y el Reglamento en dos documentos separados. Por lo tanto, la ratificación del acuerdo constará de dos votaciones en el pleno: una sobre las enmiendas para la Directiva y otra sobre las enmiendas para el Reglamento.
Mecanismo de anticipación a otra posibles crisis energética
El acuerdo alcanzado se sustenta en principios como una mayor protección al consumidor, con instrumentos contra nuevas crisis de precios, y el empoderamiento con medidas como el 'energy sharing', mayor información y garantías en los contratos; desacoplamiento de los precios de los consumidores (ciudadanos y empresas) del mercado del corto plazo, mediante el fomento de los mercados a plazo; más facilidad para la integración de renovables; y una mejora de la competitividad de la industria europea al poder acceder a precios de la electricidad más baratos.
De una manera más amplia, el acuerdo fija (a través de un artículo específico) un marco para identificar una crisis de precios de la electricidad, con criterios claros para su declaración y con medidas específicas que se pueden adoptar en determinados casos. Permite a los Estados miembros aplicar precios minoristas regulados a los hogares y las pymes. Por su parte, los grandes consumidores industriales no están incluidos en este artículo, aunque los Estados miembro tienen derecho a proporcionarles ayuda por los costes adicionales de electricidad en tiempos de crisis eléctrica y aumentos de precios excepcionalmente severos.
Sobre los mercados a corto plazo, el acuerdo estipula que, antes de junio de 2026, la Comisión presentará un informe que evalúe la eficacia de los mercados de electricidad (mercado marginalista), incluso en situaciones de crisis o emergencia, y las ineficiencias relativas al mercado interior de la electricidad y las diferentes opciones para la introducción de posibles herramientas que puedan aplicarse en situaciones de crisis o emergencia. Ese informe debería ir acompañado de una propuesta legislativa.
De su lado, también se adoptarán medidas concretas de protección para los consumidores vulnerables y aquellos en situación de pobreza energética, incluida la prohibición de desconexiones u otras acciones equivalentes a clientes vulnerables. Otras medidas se centran en garantizar la estabilidad de los contratos, por lo que las comercializadoras estarán obligadas a no rescindirlos unilateralmente y a ofrecer ofertas de precio fijo. Además, los ciudadanos y las empresas podrán compartir la electricidad (por ejemplo, con vecinos o familiares o trabajadores de su empresa) a través del autoconsumo, al tiempo que los países podrán promover la introducción de minipaneles solares (minisistemas solares enchufables de hasta 800 W).
Apoyo a nuevas inversiones en generación
El artículo sobre Contratos por Diferencia (CfD, por sus siglas en inglés) bidireccionales ha sido uno de losmás difíciles de negociar debido al complicado equilibrio, lo que provocó que las negociaciones se prolongaran durante meses. El texto establece que los esquemas de apoyo para nuevas instalaciones en energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear deben ser en forma de CfDs (o esquemas equivalentes). Los CfDs incorporan un techo que limita los beneficios extraordinarios y una base de precios por los que los generadores son compensados, mientras que los posibles ingresos deben distribuirse entre los clientes finales.
Francia quería que también se cubrieran las centrales existentes bajo los CfDs, pero esta posibilidad, en opinión González Casares, podría afectar al mercado interior europeo ya que podría facilitar al país galo poner a todo su parque nuclear bajo CfDs y establecer precios regulados a la industria sin pasar por considerarse como ayudas de estado. El acuerdo finalmente solo cubre a la nueva nuclear. Asimismo se han incluido salvaguardias para que estos CfDs y sus posibles ingresos no puedan ser utilizados de manera que perjudiquen la competencia entre Estados miembros.
Fomentará la contratación a largo plazo
Otro de los puntos clave son los nuevos instrumentos para promover acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que ayudarán al financiamiento privado de capacidad de generación principalmente renovable y al mismo tiempo brindarán estabilidad a largo plazo al consumidor. El Reglamento asegura que no se apoyen PPAs de generación fósil. La Comisión evaluará la creación de una plataforma de mercado voluntaria y PPAs estandarizados para facilitar su contratación. Por otro lado, la Comisión analizará la posibilidad de utilizar un mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión y organizar subastas de energías renovables a nivel comunitario.
Finalmente, se reforzarán las inversiones en redes eléctricas de manera que se tenga en cuenta su utilización y no solo su capacidad. De este modo, y según explica el eurodiputado socialista, las autoridades reguladoras deberán promover inversiones tempranas, fomentando la aceleración del desarrollo de la red para satisfacer el despliegue acelerado de la generación renovable y la demanda de electricidad inteligente.