Además de aprobar -y girar a Diputados- tres proyectos que integran el Plan Provincial de Salud 2024-2030, la Cámara de Senadores convirtió en Ley otro expediente que Alfredo Cornejo envió este año a la Legislatura Mendoza.
Además de aprobar -y girar a Diputados- tres proyectos que integran el Plan Provincial de Salud 2024-2030, la Cámara de Senadores convirtió en Ley otro expediente que Alfredo Cornejo envió este año a la Legislatura Mendoza.
Se trata de la modificación del artículo 7 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza (Ley 9.001), con el fin de corregir un desfasaje tarifario que sufren fundamentalmente los abogados litigantes a la hora de fijar sus honorarios. La propuesta fue aprobada por 31 votos a favor y cinco abstenciones.
Concretamente, la norma aprobada este martes cambia el sistema de actualización de la unidad de medida JUS, que es la que se utiliza para determinar y regular los honorarios profesionales de abogados y procuradores de la Provincia.
Hasta hoy (en realidad, hasta que el Ejecutivo promulgue la norma), el valor de ese módulo lo determinaba la Suprema Corte de Justicia todos los diciembres de cada año, y regía durante 365 días. Desde el Colegio de Abogados y Procuradores se reclamaba una modificación en este sentido, teniendo en cuenta los vaivenes económicos provocados por la alta inflación.
Lo aprobado este martes incorpora un párrafo al inciso I del artículo 7 de la Ley 9.001, que incluye como método de actualización de las JUS, la variación salarial del sueldo básico de un juez de primera instancia.
De este modo, cada vez que la asignación básica de un magistrado sufra un aumento, la JUS se modificará en el mismo porcentaje.
La unidad de medida judicial representa un décimo (1/10) de la asignación básica de un Juez de primera instancia de Mendoza, y la Corte comunica su valor en diciembre de cada año. Ese mecanismo no cambiará, sino que ahora el máximo tribunal lo informará periódicamente, a la par con el incremento salarial.
En sus fundamentos, la iniciativa aclara que su contenido "no implica un encarecimiento de los litigios para el justiciable y será de aplicación a aquellos procesos en los cuales no está establecido un monto determinado tales como procesos de familia, procesos de acciones posesorias, entre otros".
"La modificación propone un cambio en la frecuencia de la comunicación del valor de la unidad JUS", por lo que "se logra evitar el desajuste provocado como consecuencia de la inflación registrada en nuestro país", explica.