iván gil/Agencias
El Gobierno ha iniciado conversaciones con Conferencia Episcopal para intentar llegar a un acuerdo por el que la Iglesia católica asuma las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en los casos prescritos penalmente. Este es el plan A del Ejecutivo tras aprobar ayer en el Consejo de Ministros el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia para dotar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones.
"Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. No se entendería que no fuera así. En todos los países de nuestro entorno ha sucedido", aseguró el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa desde La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros. Es por ello que, a la espera del desarrollo legal y administrativo, todavía no se fijan baremos, aunque el Gobierno habla de una compensación "adecuada" y mira al modelo irlandés, según fuentes de Moncloa.
Desde el Ejecutivo se confía en que la Iglesia siga dando pasos, desde su negacionismo inicial a su postura más proactiva de los últimos meses, para que finalmente asuma "el coste de reparar adecuadamente a las víctimas".
A su favor juega que en países como Irlanda, Bélgica o Países Bajos la Iglesia católica sí ha colaborado en los respectivos planes de reparación. Las negociaciones están todavía en una fase inicial y desde el Gobierno son optimistas porque por el momento no hay un portazo explícito a sus pretensiones. Más bien al contrario, pues según valoró el encargado de estas conversaciones por parte del Gobierno, "me parece que la Iglesia tiene voluntad de colaborar".
No se trata solo de una "impresión", pues así se lo habría trasladado el pasado jueves el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, durante una reunión. Asimismo, Bolaños argumentó que le constan los trabajos en el seno de la Iglesia para estudiar "cómo proceder a una reparación integral de las víctimas". Pese a todo, fuentes de Moncloa encargadas de la elaboración del plan no descartan que de producirse una negativa de la Iglesia, se valore la adopción de mecanismos legales para obligarles a asumir el coste económico de las indemnizaciones.
La Iglesia se inclina en estos momentos porque las indemnizaciones las asuman los victimarios o las diócesis implicadas, pero no la Conferencia Episcopal. La institución de los obispos mostró su rechazo hace unos meses a su participación en un fondo de compensación estatal. Desde el Ejecutivo, sin embargo, buscan un acuerdo integral con la Iglesia Católica.
El plan asume la posición de que "la respuesta de la Iglesia católica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos ha sido insuficiente". Principalmente, a la hora de abordar los casos pasados y prescritos penalmente y hacer frente a su reconocimiento y reparación. Por tanto, es en esta cuestión en la que se pone un mayor foco para dar respuesta desde el Estado.
Sí valora otras respuestas dadas por la Iglesia más enfocadas en el "presente y futuro". Esto es, la elaboración por parte de las entidades religiosas de diversas instrucciones y protocolos dirigidos a la prevención, detección e intervención en los casos de abusos sexuales, así como, la puesta en marcha en todas las diócesis y de muchos institutos religiosos, de las Oficinas de atención a las víctimas.
El 'plan B'
Ante la posibilidad de que la Iglesia decida no colaborar, el plan apunta a que el Estado pueda asumir las indemnizaciones. Lo haría en este caso de la mano de las comunidades autonómicas y tras aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctimas y las medidas reparadoras pertinentes.
La Iglesia responde: "No aceptamos un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas"
La Conferencia Episcopal Española (CEE) respondió ayer al plan del Gobierno que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia y ha señalado que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales". "El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", denuncia la CEE en un comunicado. Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones". Por tanto, la CEE advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas (aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial). "La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", subraya. Los obispos critican que esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales y destacan que la Iglesia "va por delante" en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación: "Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia". Además, afirman que la CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica y también le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto. En relación al plan presentado, la CEE sí que valora las medidas que se refieren a todas las víctimas. "En ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra".
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