Uno de los servicios públicos que más frustración y decepción genera en los ciudadanos de nuestro país, debido a su escasa cobertura y mala calidad, es el de la salud. Según el Barómetro de las Américas al 2023, la insatisfacción con los servicios de salud alcanza al 65,8% de la población en el Perú, por encima de países como México (47,4%), Colombia (59,7%) y Chile (60,2%). De hecho, solo en el Perú se han incrementado los niveles de insatisfacción con respecto a este servicio desde el 2016, mientras que en los otros países ocurrió lo contrario.
No es extraño, pues, que hubiéramos registrado la tasa de mortalidad más alta del mundo durante la pandemia, debido -entre otras cosas- a la escasez de camas UCI y personal médico, al cierre del primer nivel de atención y a la promoción desde el Minsa de un protocolo de atención médica que usaba medicamentos sin evidencia comprobada para mejorar la salud de los pacientes.
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Una de las razones principales por la que nuestro sistema de salud es tan malo radica en la ausencia de una política de salud de largo plazo que trascienda a la volatilidad de ministros que se ha dado en los últimos años. A diferencia de los países desarrollados en los que sus sistemas de salud se basan en el nivel de atención primaria; es decir, en aquel que trata de prevenir que los ciudadanos desarrollen enfermedades, en nuestro país la política pública se orienta a esperar a que los ciudadanos estén en mala condición de salud para intervenir.
Hace tres décadas, según el Minsa, casi la mitad (48%) de la carga de enfermedades en el Perú -que representa la composición de la demanda por servicios de salud- se explicaba por aquellas clasificadas como transmisibles (como por ejemplo la TBC o las infecciones respiratorias agudas), maternas, neonatales y nutricionales.
En la actualidad dicho porcentaje se ha reducido al 19% y las enfermedades no transmisibles (como la diabetes, las cardiovasculares o el cáncer), más bien, son las que predominan, habiendo subido hasta el 71% de la demanda de atenciones. Esta composición de la carga de enfermedades, que ha ido convergiendo a la que se presenta en los países de más altos ingresos, es la que justifica por qué los gobiernos deben privilegiar la atención preventiva (fortaleciendo el nivel de atención primaria) a una reactiva de construir hospitales especializados para esperar a los pacientes enfermos.
En el 2019, con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se aprobó el Programa de Inversión en Redes Integradas de Salud, cuyo objetivo era reorganizar la provisión de servicios de salud fortaleciendo el primer nivel de atención.
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Para ello se asignaron más de S/1.200 millones que debían destinarse para organizar a los establecimientos de salud bajo una lógica de red. Desde entonces hasta la fecha solo se ha ejecutado menos del 15% de esos recursos y dicha reforma no ha contado con la prioridad de los ministros de turno desde entonces.
Nuestro sistema de salud requiere cambios urgentes y de los consensos políticos necesarios para cambiar de la ruta de ineficiencia que ha caracterizado al sistema de salud peruano en los últimos años. De lo contrario, seguiremos siendo el país emblemático de la región respecto a cómo no debería implementarse una política de salud.