Al presidente le llegó la hora del tero. Gritó intransigencia libertaria en la tribuna y puso un huevo de realismo político en el Congreso. La noche del miércoles alardeó que puede gobernar y ejecutar su programa sin contaminarlo en el "nido de ratas". Las convicciones no se manchan, fue el mensaje. Milei ya había dado la orden de ceder lo necesario para avanzar con la Ley de Bases y el paquete fiscal.
Los detractores podrán denunciar un doble discurso típico de la "casta" que el relato oficial desprecia. Otros elogiarán el pragmatismo para avanzar en las transformaciones posibles. Y ambos tendrán razón.
Persisten incertidumbres. Sobre la duración de la flexibilidad presidencial. Y respecto a la magnitud de los progresos concretos en los cambios que se proponen. Ayer obtuvieron dictamen de comisión en Diputados. El oficialismo debió dejar en el camino nuevos retazos de la ley que en su momento imaginó fundacional.
Debió transigir con demandas de la oposición moderada, de los gobernadores y los sindicatos. Resta superar disidencias parciales en el recinto y atravesar el territorio hostil del Senado. Allí la primera minoría kirchnerista articuló alianzas e hizo una demostración de fuerza con el rechazo del Dnu 70.
En las pausas del andar turbulento del gobierno, se admite que sacar la ley, aún lavada en muchos aspectos, es necesario para la gobernabilidad. Una admisión de que la elevada aprobación social que retiene Milei es un sostén político fundamental, pero insuficiente.
La Constitución le pone límites.
Su legitimidad coexiste con la del parlamento. Los legisladores también fueron votados. La renovación escalonada de las bancas y las diferentes etapas del proceso electoral les dificultan, en primera instancia, a los presidentes el control del Congreso. Es uno de los mecanismos de la República para que el Ejecutivo no se haga de la suma del poder.
La Constitución también admite instrumentos que apuntalan el presidencialismo, como los decretos de necesidad y urgencia. Pero con restricciones. Deben pasar por la zaranda del parlamento. Y les está vedado disponer sobre impuestos, normas penales y régimen electoral.
Este gobierno lleva cinco meses sin ninguna ley. Un récord en 40 años de democracia. Y un signo inequívoco de debilidad institucional.
El superávit del fisco –el mayor logro de la gestión económica– es frágil. La Nación necesita tanto como las provincias la suba de la presión tributaria implícita en el paquete fiscal. Y ese objetivo no está a tiro de decreto.
El plan económico de emergencia requiere además tender puentes hacia la estabilidad y el crecimiento sostenibles. Ese es el sentido de la reforma laboral, aun devaluada, la eliminación de regulaciones que traban actividades y el controvertido régimen de promoción de inversiones.
Es un primer paso, una señal. Los proveedores de financiamiento quieren ver para creer que el cambio en las reglas de juego va en serio. El Fmi pide consolidar el equilibrio fiscal, instrumentar las reformas por ley y mitigar el costo social del ajuste. Algo así como una garantía de perdurabilidad más allá de este gobierno. Ese razonamiento es compartido por la banca multilateral y la privada, los inversores financieros y los de la economía real –grandes y pymes– que deben hundir capital para apalancar la reversión de un largo período de decadencia.
El gobierno debe todavía una hoja de ruta más completa. Y ratificar, junto a otros actores políticos, que puede funcionar en la normalidad democrática. Un sistema donde competencia y cooperación no son excluyentes. Exige deponer el faccionalismo y las visiones maximalistas. Nada sencillo para el proyecto y el estilo libertarios.
Carlos Sagristani