El proyecto de Ley Bases enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei propone derogar la última moratoria previsional aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023, por 2 años y prorrogable por otros 2 años.
El proyecto del Frente de Todos fue aprobado en ese momento por 134 votos a favor y 107 en contra y permitió que durante el año pasado se jubilaran 460.000 personas que no tenían los años de aportes necesarios para hacerlo.
La iniciativa ofreció un plan de pagos con dos componentes
1) A quienes ya tienen la edad para jubilarse (60 años las mujeres y 65 años los hombres), pero no cuentan con los aportes suficientes se les ofrece cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales pudiendo saldar años anteriores a 2008 hasta 120 cuotas. Cada mes adeudado es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible
2) A quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, pero tienen deuda previsional y no van a alcanzar a tener los aportes para jubilarse, se les permite cancelar períodos pasados de aportes faltantes, los cuales no pueden ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible.
En la Anses remarcaron en ese momento que la moratoria iba a tener un costo fiscal bajo, se mencionaba que estaría en torno al 0,20 por ciento del PIB de 2023 y afirmaban incluso que ese gasto podría ser menor porque se iba a reducir la cantidad de personas que tramitan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la cual otorga un monto equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima.
A su vez, estaba la posibilidad de que quienes se encontraban a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y adeudaban aportes, pudieran ir cancelando períodos pasados, situación que sumaba una vía de recaudación adicional.
El costo fiscal no fue tan relevante como en otras moratorias porque el 95 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse ya estaban jubiladas y eso es algo que se logró con las moratorias previas. De hecho, antes de la puesta en marcha de estos planes de pago, solo el 50 por ciento de las personas que estaban en condiciones de jubilarse podían hacerlo.
Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional cuestionó la nueva moratoria. «Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos», aseguró el organismo en marzo del año pasado. Lo que exigió básicamente es que el costo fiscal de 0,20 por ciento del PIB se compensara con otros recortes. Fue entonces cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a avanzar con mayor ajuste del gasto, incluyendo una profundización de la política de recorte de subsidios a los servicios públicos a partir de la profundización de la segmentación por ingreso.
Ahora el gobierno de Milei propone directamente derogar la moratoria. Por lo tanto, si el Congreso aprueba la Ley Bases quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, tanto varones como mujeres, para cobrar apenas el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
En ese caso las más afectadas serán las mujeres porque la PUAM se puede tramitar a partir de los 65 años y las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60 años. Por lo tanto, aún si no tienen ingresos deberán esperar 5 años para cobrar este beneficio no contributivo. No está claro que pasará con aquellas personas que tienen turno para realizar el trámite si la ley se aprueba antes de que lo concreten. Lo único que dice el proyecto de Ley Bases en su artículo 274 es "deróguese la ley 27.705".