El Gobierno del socialista Pedro Sánchez amenaza ahora con recurrir ante la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento europeo las leyes de Concordia de las comunidades autónomas en que gobiernan PP y Vox. Una de ellas, la Comunidad Valenciana. Y ello, a pesar de que, en el caso de la ley valenciana, es actualmente un proyecto que se encuentra en el inicio de su tramitación parlamentaria.
El Gobierno de Sánchez entiende que esa ley valenciana es contraria a los valores de la Ley Estatal de Memoria Democrática aprobada por el PSOE, con el apoyo, entre otros de Bildu, la pasada legislatura.
Se da la circunstancia de que la Ley de Estatal Memoria abre la puerta en disposición adicional décimosexta a investigar los crímenes de la guerra sucia contra ETA y los GAL entre 1978 y 1983. Por tanto, ya después de que se aprobase la actual Constitución española, tal como ha adelantado este jueves OKDIARIO.
Pero rechaza que se investiguen los crímenes que se produjeron entre 1931 y 1936, como propone el borrador de la Ley de Concordia valenciana. Es decir, en el periodo que se denominó II República española. Por tanto, investigar entre 1978 y 1983 sí responde a los valores de la memoria democrática, pero entre 1931 y 1936, no.
En cada uno de los organismos a los que el Gobierno de Sánchez piensa recurrir las actuaciones serán de una manera determinada. Así, según revela EP, de fuentes gubernamentales el Ejecutivo de Sánchez informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de los Derechos Humanos, entre otros.
Lo que se denomina como una sola Ley de Concordia son, en realidad, varias. En concreto, seis. Lo que empezó como una cuestión entre cada una de esas Comunidades y el Gobierno, desde el Ejecutivo se va transformando en un pulso frente a las futuras normas que puedan emanar de esos gobiernos de PP y Vox en las distintas comunidades.