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El sistema educativo y las áreas de desarrollo social cumplen un rol fundamental en la detección temprana y la prevención de maltrato infantil. Así como el sistema de salud es estratégico para la asistencia ante "daños a la integridad física, a la salud psíquica, sexual y reproductiva y en la prevención y seguimiento de los casos", según lineamientos de los organismos gubernamentales.
De las cifras aportadas en Mendoza hasta hace un año, se percibe que durante la última década la tendencia en alza de violencia infantil está lejos de detenerse. Y el 80% de los episodios ocurrieron puertas adentro de los hogares de las familias de las pequeñas víctimas.
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Se atienden unos 8.000 casos de violencia infantil por año
Unos 8.444 casos de violencia infantil por año se detectaron en Mendoza en el 2022, cuando una década antes la cifra era de unos 6.000. "Situaciones de violencia tenemos todo el tiempo", reconoció Silvina Mollo, a cargo del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia que depende del Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia.
La licenciada en Trabajo Social y especialista en violencia familiar detalló que "hasta el 2022 teníamos 14.000 casos, de los cuales más de 8.000 de esos maltratos fueron en niños y niñas".
La funcionaria no se mostró optimista con los números que puedan resultar del 2023, y que todavía no están informados ya que de cada intervención se hace una evaluación y discriminación por tipos de violencia donde los menores de 19 años son víctimas.
"Los incrementos de pacientes atendidos a lo largo de estos años ha sido consecuencia de una mayor visibilización y la desnaturalización de las violencias contra las infancias y adolescencias", explicó Silvina Mollo al buscar una razón a la curva de crecimiento del maltrato infantil que en su mayoría se da a través de la violencia física y sexual y ocurren en el seno familiar.
La directora del área destacó como positivo "el aumento de instituciones y equipos que trabajan con estos temas, la legislación que ha ido acompañando este proceso y los protocolos y guías de procedimientos que se aplican en los casos denunciados o detectados".
Así como también remarcó "la mayor responsabilidad asumida por la comunidad en general de dar cuenta de las violencias intrafamiliares que nos permite actuar y atender a esos niños", esto en relación principalmente al servicio de la línea 102 que recibe llamadas por casos de violencia a niños, niñas o adolescentes.
La salud y la educación, claves para la detección de la violencia
El Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI) fue creado en 1998 como un espacio de prevención que brinda herramientas para detectar situaciones de violencia infantil. Trabaja con 37 equipos interdisciplinarios distribuidos en hospitales y centros de salud de toda la provincia, donde se ubican las Unidades Especializadas Departamentales (UED).
"Somos un programa que trabaja con las violencias contra los niños y adolescentes y estamos insertos en hospitales y en centros de salud, consolidando una red provincial para proteger los derechos de los niños; Mendoza es la única provincia del país que tiene un programa como el nuestro", informó Silvina Mollo, directora del PPMI.
Consideró que "lo que tenemos en Mendoza, a diferencia del resto del país, es una estructura con una cantidad de instituciones y circuitos que están preparadas para poder identificar y detectar las situaciones de violencia que afectan a niños y niñas, y poder contenerlos y tomar medidas".
El objetivo central, coinciden los organismos públicos consultados, es trabajar con todos los ámbitos de la salud y la educación para poder tener una visión más avezada sobre indicadores específicos de violencia. "En las escuelas tienen la ESI (Educación Sexual Integral) que es un espacio precioso para trabajar el cuidado del cuerpo de los niños y las niñas; ahí es cuando ellos y ellas empiezan a hablar lo que les está pasando, más aún de lo que les pasa en el ámbito familiar", afirmó la funcionaria a cargo del área de Maltrato Infantil provincial.
Y destacó la importancia de contar con docentes capacitados en violencia infanto-juvenil para descubrir casos y también para prevenirlos. "La relación del alumno con el docente es fundamental, por eso los maestros deben tener herramientas y desde nuestro programa brindamos talleres, charlas y cursos para los educadores", contó Mollo.
En este sentido, el año pasado se sancionó la llamada "Ley Lucio", a raíz del niño pampeano muerto a golpes por su madre y la pareja. La Ley 27709 tiene la finalidad de crear el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destinado a quienes se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, "que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes", según la legislación.
Más allá de la responsabilidad que recae en autoridades públicas como los agentes estatales, Silvina Mollo enfatizó en la importancia de que la sociedad en su conjunto se involucre en defensa de los derechos de los niños. "Si algún vecino o familiar toma conocimiento o supone que una niña o un niño puede estar siendo violentado, física o sexualmente, que llame al 102; porque toda la comunidad es responsable de estos hechos, no sólo los funcionarios de turno o las instituciones públicas", opinó.
Las consecuencias de ser madre antes de los 15 años
Sobre el caso de la niña de 13 años que fue mamá esta semana, en el cual están trabajando junto al ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) y la familia, Silvina Mollo distinguió: "Se trata de un embarazo forzoso o forzado, hablamos de gestaciones y no de embarazos ya que son producto de violencias sexuales que muchas veces no tienen que ver con violencia física sino con el desconocimiento de las niñas sobre los actos sexuales".
En los últimos 10 años, la tasa de embarazo adolescente en Mendoza tuvo una significativa disminución. Las niñas mendocinas de 10 a 15 años que quedaron embarazadas en el 2014 fueron 130, mientras que en el 2022 se redujeron a 38. La doctora Mónica Rinaldi, encargada de la Dirección de Maternidad e Infancia, estimó que las estadísticas del 2023 "las tendremos a fines de abril porque todavía no están revisadas".
La médica y funcionaria abundó en las consecuencias que traen los embarazos adolescentes, sobre todo los forzados en menores de 15 años, sean sanitarias como económicas y sociales. "El embarazo en las niñas y adolescentes es considerado un embarazo de alto riesgo porque puede tener complicaciones en la madre y en el bebé; se dan más los partos prematuros, la hipertensión arterial o las infecciones puerperales en la mamá, y para el hijo corre riesgo de hacer un traumatismo obstétrico porque la pelvis de la madre no está totalmente desarrollada y nacer con bajo peso".
Respecto a las consecuencias sociales, Rinaldi sostuvo que "una adolescente con un bebé generalmente hace abandono escolar, con lo cual tendrán menos oportunidades de desarrollo intelectual y capacidad de empleo para su futuro". Esto trae aparejado la complicación económica que deberá afrontar esa joven madre y su entorno familia, ya que la directora de Maternidad e Infancia de la provincia dijo que el embarazo adolescente "se ve en mayor número en personas que tienen medios socioeconómicos más bajos o que viven en regiones geográficas aisladas".
En cuanto al marcado descenso en la tasa de embarazo adolescente en Mendoza, la encargada del Programa Provincial de Salud Reproductiva, la doctora Valentina Albornoz, esbozó que "es resultado de políticas públicas que han tenido impacto en la manera en que los adolescentes se relacionan con el sistema de salud, desde el ejercicio de la autonomía y el acceso a información fiable".
Las estrategias del programa se enfocan desde las áreas de salud y educación, ya que los abusos o violencias sexuales infantiles se detectan sobre todo en la escuela o cuando los adultos llevan a los menores al control del niño sano en centros sanitarios, consultorios u hospitales.
En cuanto a la prevención de embarazos no deseados por chicas menores de 24 años, Albornoz aportó que las campañas de prevención y difusión públicas facilitaron la información y el acceso a métodos anticonceptivos indicados para esta franja etaria.
"La incorporación del implante subdérmico como método anticonceptivo de larga duración es una estrategia de prevención concreta, respaldada por consejerías en salud sexual integral que permiten el acompañamiento a los usuarios de forma continua", afirmó la doctora Albornoz. Y reveló que el año pasado unas 4.000 menores de 19 años eligieron y accedieron al implante subdérmico. En tanto, durante el último año alrededor de 200 adolescentes prefirieron colocarse el dispositivo intrauterino (DIU).
"Las consejerías en edad temprana habilitan un espacio de ejercicio de autonomía para intercambiar información confiable sobre cualquier evento de salud de los adolescentes, son espacios valiosos para la promoción de prácticas saludables y preventivas en el cuidado de salud sexual", manifestó la especialista en tocoginecología Valentina Albornoz.
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