Keralty, empresa que controlaba más del 80 por ciento de la EPS Sanitas, denunció hoy, 15 de abril, ante la Fiscalía General de la Nación presuntas incongruencias en la intervención forzosa que ordenó la Superintendencia de Salud (a cargo de Luis Carlos Leal) contra esta promotora de salud.
Tan solo un día después de esta intervención a la EPS Sanitas (el 2 de abril), la entidad de vigilancia y control anunció la intervención de la Nueva EPS, entidad con más de 10 millones de afiliados. En este punto, el Estado se había convertido en el mayor operador de EPS, porque tiene a su cargo la salud de 26 millones de colombianos.
Ante este panorama, gremios, académicos y entidades sanitarias concuerdan con el temor de que se produzca lo que han llamado un 'efecto dominó' en el que otras entidades promotoras con indicadores financieros insolventes podrían llegar a ser intervenidas y, posteriormente, liquidadas.
A raíz de la angustia que experimentan pacientes y otros agentes del sector, el abogado de Keralty, Luis David Riveros, hablo con EL TIEMPO sobre los posibles efectos de la medida que puso en la Fiscalía y afirmó que harán todo lo legalmente posible para recuperar la EPS.
¿De qué se trata la demanda que impuso Keralty este lunes en la Fiscalía por la intervención a Sanitas EPS?
La Superintendencia Nacional de Salud notificó, el 2 de abril, una providencia en la cual interviene la EPS Sanitas. Esto en palabras simples quiere decir que un tercero desplazó al representante legal, desplazó a la junta directiva y otros están ahora empezando a administrar la entidad. La fundamentación de esa providencia, en nuestra opinión, no corresponde con lo que estaba pasando. Y percibimos que la sustentación de la Supersalud es amañada. Consideramos que la argumentación no hace jurídicamente viable una medida como esta, por lo que interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General, que es donde se investigan los delitos, porque creemos que el señor superintendente está cometiendo un acto ilegal, manifiestamente contrario a la ley y que están produciendo efectos negativos.
La razón es que ya no estamos nosotros al frente de la administración de la EPS y además hizo algo que nos parece censurable: removió a la junta de socios y a la asamblea de accionistas. Esto quiere decir que les están violando o desconociendo por completo el derecho de propiedad que ellos tienen sobre ciertas acciones en una sociedad, es decir, podemos estar intervenidos, pero no por eso ellos dejan de ser los dueños. Eso no está previsto en la ley, no existe una norma que faculte a un superintendente para hacer eso y los funcionarios públicos pueden hacer únicamente lo que les está permitido en la ley.
Esperamos, como esperamos de toda la administración de la justicia a la que nos estamos dirigiendo con diferentes acciones, que tomen las decisiones que hagan que cese esta ilegalidad que está acompañándonos desde el 2 de abril.
¿Pero es posible que con esta medida se logre retroceder la intervención?
Las acciones legales a lo que van dirigidas es a suspender los efectos del acto ilegal. Entonces, si se suspenden los efectos de esta acción, sucedería que volveríamos al momento en que se tomó la decisión y hacia adelante. Es decir, si se suspende quiere decir que la intervención se detendría y las cosas volverían al momento anterior al 2 de abril.
Una de las razones que exponía el Superintendente para hacer la intervención era la solvencia financiera. En septiembre Sanitas le dijo a EL TIEMPO que los indicadores de la entidad estaban en rojo. ¿Esto no es motivo suficiente?
Es cierto que los indicadores están en rojo, no es una novedad. Es más, yo estoy convencido de que los indicadores están en rojo por la actitud del Gobierno de no hablar con franqueza de ciertos temas. Uno, el pago de la deuda vieja, que son unas cifras definitivamente importantes. El segundo, es sobre algo que hemos dicho insistentemente y es la insuficiencia de la UPC. Todo este tiempo el ministro de Salud reiterativamente había expresado que estaba al día porque ese tema no se discutía y que se había aumentado en X porcentaje, pero durante la última intervención del ministro en la Corte Constitucional, cuando ya tenía intervenidas a Sanitas y a Nueva EPS, dijo que si tocaba revisar la UPC. Otro factor es que a nosotros nos cuestan más los pacientes de lo que nos están dando por ellos y lo que hemos hecho, deliberada y conscientemente, es seguir pagándole a la red de prestadores para garantizar la prestación del servicio.
Entonces, ¿que los números están mal? Sí. ¿Quién nos llevó a esa situación? El Gobierno. Eso no es nuevo. Y nosotros hemos mantenido la voluntad de pago a la red, no nos estamos apalancando financieramente en la red para empezar a prolongar los plazos de pago. Nosotros estamos pagando a 35 días, que es un plazo muy razonable comparado con el sector.
Además, si usted me menciona que la entrevista fue en septiembre, cabe resaltar que los números de esa época son básicamente los mismos números del día que en que nos intervinieron. En septiembre a nosotros, con esos mismos números, el Gobierno nos renovó la habilitación que tenemos para operar ¿por qué? Porque esto no es un acto de blanco o negro, esto es de mirar si estamos cumpliendo, si estamos prestando los servicios, si estamos actuando, dentro de los estándares de calidad y de lo que se espera de una EPS en el sistema, y lo estamos cumpliendo ¿Hasta cuándo? Hasta el 2 de abril. Lo que pase desde el 2 de abril para adelante ya no lo puedo asegurar porque la administración la tiene otra persona. Pero antes del 2 de abril tratábamos de que fueran funcionarios internos expertos en el manejo de la EPS y que los estándares de calidad fueran los más altos.
¿Y qué opina sobre el argumento del aumento de PQRS por parte de los usuarios?
¿Que hay fallas y hay quejas? Sí, pero ese es otro argumento que viene en la resolución que a mí me parece que no está mostrando la realidad de esas quejas. Porque con corte al año pasado (2023) prestamos 73 millones de servicios médicos y obtuvimos 185.000 quejas. Lo dije esta mañana y se lo vuelvo a decir: no nos sentimos orgullosos de tener 185.000 quejas. Trabajamos incansablemente para disminuir ese número, pero si uno mira en el universo de los 73 millones de procedimientos al año, se da cuenta de que esas 185.000 son el 0.2 por ciento. Podemos mejorar, como todo, y tratamos de hacerlo, pero no estamos por encima de la media del sector, todo lo contrario, estamos por debajo. Y asimismo ocurre con los índices de salud de otras enfermedades que son bastante buenos, en general. En todo hemos sido mucho más eficientes que la media del sector: en prevención, en atención, en tratamientos de algunas modalidades de cáncer. Entonces, por eso digo que la argumentación y la motivación es infundada, porque la motivación es una falsa motivación, y esa falsa motivación la vamos a discutir en los escenarios jurídicos a los que haya lugar.
¿Cree que con la intervención realmente van a mejorar los indicadores financieros de Sanitas?
La experiencia de los fenómenos de intervención en lo que tiene que ver con empresas del sector de la salud, con las EPS, es que terminan en un proceso de liquidación. Nosotros de eso somos conscientes, y no queremos que ocurra. Por eso la decisión del grupo Keralty, que es socia de la EPS, es que vamos a hacer todo desde el punto de vista legal para tratar de recuperar la administración de la EPS lo más pronto que sea posible, porque somos conscientes de que la única manera de poder mantener la operación es que esté nuevamente en manos expertas, que conozcan la empresa, que compartan los principios que la organización tiene en el desarrollo de sus actividades.
Y cabe aclarar que ponemos por encima el interés de nuestros usuarios, de nuestros afiliados, de nuestros pacientes. Si a nosotros el interventor nos pide ayuda, estamos irrestrictamente decididos a prestarle toda la colaboración que podamos para que su gestión sea la más exitosa que pueda haber existido, porque creemos que es la única manera de proteger la EPS, pero más que eso, proteger la prestación del servicio de nuestros usuarios. Y en eso estamos.
Entiendo perfectamente la preocupación generalizada, pero al final del día yo creo que uno en estas situaciones adversas tiene que preguntarse '¿para qué pasa?' y no '¿por qué pasa?'. Desde esa perspectiva la respuesta es: para continuar mejorando, para poder decirle a nuestros usuarios, a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores que no vamos a desfallecer, que vamos a continuar con el mismo impulso que teníamos el día 1 de hace 43 años, tratando de contribuir con el perfeccionamiento del sistema de salud y prestándole a nuestros usuarios el mejor servicio posible dentro de nuestras capacidades.
Si esta denuncia que se interpuso en la Fiscalía no surte efecto, ¿qué otros caminos legales han contemplado?
Nosotros, además de la acción penal, tenemos previstas acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa que en este momento todavía no podemos activar por unos temas de procedimiento. Por supuesto que el día de mañana vamos a presentar el recurso de reposición contra la providencia de intervención, que con la visión tan absolutamente parcializada del superintendente creemos que no tiene mucha vocación de prosperar y, en ese sentido, hemos presentado una recusación para tratar de separarlo del caso y que alguien objetivo venga y mire realmente la fundamentación de la providencia para que entienda que hay cosas que no están bien hechas.
Nos quedan acciones constitucionales como, por ejemplo, acciones de tutela y desde el punto de vista internacional también tenemos algunas acciones en desarrollo como comunicar esta situación al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como a la Relatoría del Derecho a la Salud de la ONU.
Además, los inversionistas extranjeros que hacen parte del grupo han anunciado a través de una carta al Ministerio de Comercio Exterior que tienen la intención de formalmente notificar una disputa en el marco de los tratados de protección interna recíproca de inversión que sean aplicables. Eso se está preparando y seguramente a la vuelta de algunas semanas ya tendremos también avanzado este proceso para poderlo someter a conocimiento de los jueces que es el escenario en donde nosotros creemos, siendo respetuosos del ordenamiento jurídico, que se deben evidenciar las falencias que hay en este acto de toma de posesión para detener los efectos que se están generando.
Acemi anunció que las EPS van a empezar a tener diálogos con el Gobierno para ver si finalmente transitan al modelo de Gestoras de Salud. ¿No cree que esta sería también una solución?
Nosotros participamos en la reforma con la mejor intención de perfeccionar lo que el Gobierno estaba proponiendo, aun cuando desconocía que hay una trayectoria del sistema que es exitosa. Es decir, desde el año 93 el sistema de salud mejoró en diferentes índices, en cobertura, en la posibilidad de acceso, en la tecnificación de los procedimientos médicos, en la dispensación de medicamentos, en tecnología, y yo creo que eso, así el Gobierno no lo quiera ver, hay que reconocerlo. Entonces nuestra participación estuvo dirigida a perfeccionar el sistema, no a debilitarlo. Con algunas de las cosas que propuso el Gobierno en la reforma nosotros estábamos de acuerdo y así lo expresamos en los diferentes foros públicos que se hicieron. En donde no estábamos de acuerdo, nos parece que es honesto y transparente con nuestros propios usuarios y con la comunidad expresarlo, y seguramente lo volveríamos a hacer igual.
En este momento estamos convencidos de que al final la toma de posesión (intervención de la EPS) es un acto discriminatorio, que cuando uno mira la sucesión de hechos hacia adelante termina en lo que está pasando ahoritica: que el Gobierno anuncia una mesa de trabajo de 100 horas con una serie de EPS a la cual claramente ya no nos invitan. ¿Por qué? Porque a mi manera de ver la idea era podernos silenciarnos. Sin embargo, nuestras intervenciones nunca han estado dirigidas a torpedear o a hacer imposible una reforma. Todo lo contrario, nuestras intervenciones habían estado dirigidas a encontrar un camino que sirva para perfeccionar el sistema de salud que actualmente tenemos, no para destruirlo.
¿Cree que está todo relacionado con la idea de que el Gobierno planea empezar a implementar algunos de sus proyectos de reforma vía decreto?
Sí, creo que todo esto hace parte del estado de angustia y de zozobra que han generado las decisiones del Gobierno alrededor de algunas de las EPS que hacen parte del sistema. Yo creo que eso tiene un cálculo y considero que lo estamos viendo. Yo no creo que eso sea una simple coincidencia.
¿Quiere decir que no es fortuito que hayan intervenido a las dos EPS con más afiliados del país?
Yo creo que hay una serie de hechos que permitirían concluir que hubo una motivación distinta. ¿Cuál? No la tengo clara, pero no una motivación como han querido hacerla ver. Esto no es por mejorar el sistema.
La única respuesta que tenemos del Supersalud luego de la denuncia que interpusieron en la fiscalía es que nadie le ha notificado nada...
Bueno, eso es cierto, porque las denuncias no se notifican. Entonces creo que nunca le van a notificar. La dinámica del proceso penal es distinta y hay otra serie de actos que seguramente sí se los pondrá en conocimiento la Fiscalía en algún momento, dentro del desarrollo de la actuación.
DANIELA VANESSA ORTIZ ÁLVAREZ - REDACTORA DE SALUD