La Procuraduría General de Brasil dio su aval el pasado martes para que el Tribunal Supremo interrogue a los representantes legales de la red social X en una investigación abierta por unas declaraciones polémicas de Elon Musk, propietario del antiguo Twitter.
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La Fiscalía, que se manifestó a petición del Supremo, consideró pertinente que los responsables de X comparezcan ante la Justicia para aclarar si han habilitado cuentas suspendidas por orden judicial, así como para explicar el alcance de las atribuciones de Musk en la empresa.
El pasado fin de semana, Musk acusó al magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, de "manipulación criminal y dolosa" de la justicia en Brasil y de presionar a X para censurar a políticos opositores y a periodistas.
Tras esas declaraciones, Musk pasó a ser investigado en una causa que investiga la difusión masiva de noticias falsas en las redes sociales.
Según De Moraes, el magistrado que instruye la causa, X ha puesto dificultades para la remoción de perfiles que han sido prohibidos por la justicia brasileña e incluso permitió que se publiquen mensajes con graves amenazas a decenas de autoridades.
Este martes, De Moraes negó una petición de X para que se exima a la filial brasileña de la empresa y se responsabilice legalmente solo a X Corp, matriz de la compañía que tiene sedes en Estados Unidos e Irlanda.
Al negar esa petición, De Moraes calificó la solicitud de intento de "litigar con mala fe" y afirmó que "no hay dudas de la plena e integral responsabilidad jurídica, civil y administrativa de X Brasil, bien como la de sus representantes legales ante la Justicia brasileña".
Las repentinas críticas a la justicia de Brasil hechas por Musk, magnate que también es propietario de gigantes como Telsa y SpaceX, han sido interpretadas por políticos y medios brasileños como una suerte de apoyo a la ultraderecha que lidera el expresidente del país Jair Bolsonaro.
Musk tiene vínculos con el exmandatario desde hace años y ya en otros mensajes en la red X ha acusado también a De Moraes de haber maniobrado en la justicia electoral para favorecer, en los comicios de 2022, al ahora presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en esos comicios derrotó precisamente a Bolsonaro.