Desde la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, en la que está al frente la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, se acusa al Botànic y al Gobierno central de haber generado un "bloqueo total" y un "retraso injustificado" en la construcción de más de 600 viviendas públicas energéticamente eficientes con destino a alquiler social o asequible en la provincia de Alicante. Las acusaciones denuncian dejadez en los procesos de adjudicación y en la firma de acuerdos entre las distintas administraciones por parte del anterior Gobierno valenciano y por el Ministerio con competencias en Vivienda, lo que se considera que ha hecho encallar los proyectos del programa de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler social, con la consiguiente posible pérdida de los fondos Next Generation, financiados por la Unión Europea, cuyo montante asciende en este caso a 30 millones de euros.
Procedimiento administrativo
Desde la Conselleria de Vivienda también se asegura que se está trabajando, desde el inicio de la presente legislatura, con el objetivo de desbloquear y agilizar al máximo todos los procedimientos administrativos que permitan la construcción de estas viviendas. Uno de los problemas es el referido al concurso para la construcción de 640 viviendas en régimen de alquiler asequible en varias parcelas repartidas en la provincia de Alicante. Tras quedar desierta la primera convocatoria, el Botànic lanzó un segundo concurso, según se señala desde el actual Gobierno autonómico, sobre el que el sector promotor ya advirtió del riesgo de que pudiera volver a quedar desierto. Así, pese a contar con 30 millones de fondos europeos para poder sufragar los proyectos, el concurso obtuvo una única oferta a la que se le adjudicó el proyecto, en julio de 2023, momento que coincidió con la llegada de Carlos Mazón a la Presidencia de la Generalitat y con la configuración del nuevo Consell.
Pese los esfuerzos que asegura que ha hecho el nuevo Gobierno valenciano desde su llegada por acelerar el inicio de las obras de esta licitación, el adjudicatario está pendiente de confirmación de la financiación solicitada al ICO (Instituto de Crédito Oficial, entidad dependiente del Ministerio de Economía). Esta situación conlleva que tampoco se haya dado luz verde a la presentación de la solicitud de calificación provisional y a la licencia de obra, lo que complica la viabilidad del proyecto y amenaza con la pérdida de los fondos europeos asignados. Todas las parcelas en las que está previsto construir las viviendas son propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), que actúa como entidad colaboradora y, mediante la suscripción de un convenio con la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, se encarga de gestionar las ayudas.
Tres lotes
El concurso se dividió en tres lotes de parcelas. El primero y segundo corresponden a la provincia de Alicante. El primer lote, dotado con una subvención de 14,5 millones de euros, está formado por tres parcelas en el sector l'Alquería de Sant Joan d'Alacant, una en la avenida Ausiàs March en El Campello y otra en Rabasa. El segundo lote recibió una subvención de 15 millones y está formado por otras cuatro parcelas en l'Alquería de Sant Joan d'Alacant y dos en calle La Huerta de San Vicente del Raspeig. Con ello está previsto que 34 unidades se proyecten en la ciudad de Alicante, 58 en El Campello, 512 en Sant Joan d'Alacant y 36 en San Vicente del Raspeig. Por lo tanto, estos municipios perderán estas ayudas procedentes de los fondos europeos si el Gobierno de España no cumple su compromiso y agiliza la tramitación del procedimiento que permitirá que este montante de viviendas sociales vea la luz.
Por ello, desde la Conselleria de Vivienda se exige al Gobierno central que "se deje ya de excusas" y acelere de una vez por todas la financiación de los proyectos y el resto de trámites para "no dejar tirados" a los ciudadanos de estas poblaciones alicantinas que necesitan vivienda pública de calidad y a precios razonables. En conclusión, desde el Consell que preside Mazón se considera que si no se acelera la financiación y el resto de trámites administrativos, las cuatro ciudades se quedarán sin estos proyectos de vivienda social en una coyuntura marcada por las enormes dificultades de acceso a la vivienda debido a los altos precios en los mercados de compra y alquiler de inmuebles. En este sentido, los servicios jurídicos de la EVha ya están analizando las consecuencias de que el licitador no inicie las obras.
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