ERC, de un tiempo a esta parte ensombrecida por la puesta en escena de Carles Puigdemont, que le está comiendo la tostada separatista, ha decidido incrementar su presión sobre Pedro Sánchez ante las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo. Ya no es sólo el referéndum de independencia, sino la exigencia de un cambio legal para «asegurar la participación decisiva de la Generalitat en los organismos de dirección de todas las empresas estatales de ámbito económico que estén situadas en Cataluña», con «capacidad de veto» cuando «afecten a centros productivos» en la comunidad autónoma.
Por si esto fuera poco, aboga por «desvincular» a Cataluña de los mecanismos de financiación del Estado, apuntando aquí que «la cancelación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) facilitará esta salida a los mercados». O sea, en su pugna con Junts por quién va más lejos en su chantaje, los republicanos reclaman para ya la soberanía fiscal plena para Cataluña, mediante la recaudación de la totalidad de los impuestos. Esta medida, calculan, permitiría recaudar hasta 52.000 millones de euros frente a los 25.000 que ingresa actualmente la Generalitat, que se haría con el control de todos los impuestos generados en Cataluña, como el IVA y el IRPF o el Impuesto de Sociedades. Otra propuesta destacada de ERC tiene relación con la inmigración. En este punto, reclama al Gobierno de Sánchez todas las competencias en gestión de la inmigración, y no sólo las de acogida e integración, algo que consideran necesario para que Cataluña «pueda desarrollar un modelo de país cohesionado» y para que el Govern tenga conocimiento de los flujos migratorios que entran y salen del territorio catalán. Es verdad que en vísperas de elecciones las exigencias del separatismo catalán alcanzan su punto máximo de ebullición, pero dado que, con independencia del resultado de las urnas, la supervivencia de Pedro Sánchez depende tanto de ERC como Junts no sería de extrañar que el presidente del Gobierno cediera el chantaje.