Un agente de la Policía Nacional ha indicado este martes en la Audiencia Nacional que la sociedad pública madrileña Campus de la Justicia, a la hora de adjudicar contratos, simuló competencia entre empresas que eran de un mismo grupo o relacionadas. Para el policía, que ha declarado como perito en el juicio que se sigue contra el exconsejero madrileño Alfredo Prada y otros cinco acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, "claramente no se ha seguido un procedimiento de contratación según dicta la norma" e incurrieron en "gastos desorbitados", ha añadido. El agente ha respondido a las preguntas de las partes por haber intervenido en informes policiales sobre la contratación investigada de Campus de la Justicia, empresa creada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) en 2005 para agrupar en un mismo lugar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, un proyecto que resultó fallido, dado que las obras no se terminaron y quedó abandonado años después, habiéndose gastado 355 millones de euros. Al ser preguntado por el fiscal si la competencia era simulada, ha señalado que sí, puesto que se elegía a la beneficiaria del contrato y "lo único que exigía" Campus de la Justicia "es que aportara dos presupuestos más". El policía ha corroborado, en este sentido, que en varios contratos se vulneró la libre competencia, "porque las tres empresas pertenecían a un único grupo". Y ha indicado que a empresas que se presentaron a contratos se les dio un cero de puntuación y se las retiró del concurso sin darles la oportunidad de explicar por qué razón podían ofrecer sus servicios a un importe inferior. CONTRATOS FRACCIONADOS Asimismo, el perito ha corroborado que existió fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos directamente sin necesidad de abrir un concurso, "en el que ya tienes que presentar tres ofertas". La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada, entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años de prisión para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). Según el primer juez instructor del caso, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos, "corrompiendo sustancialmente el procedimiento de adjudicación".