En a tarde de este martes 2 de abril la Superintendencia de Salud, en cabeza de Luis Carlos Leal, llevó a cabo una intervención forzosa administrativa en la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, con más de 5 millones de afiliados, la mayoría del régimen subsidiado.
Aunque, hasta el momento, no se han dado muchos detalles sobre la medida, el Superintendente aseguró que se seguirán prestando los servicios de salud en la EPS, pues no se está iniciando un proceso de liquidación, como ha sucedido con otras EPS.
"Esta intervención forzosa es para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores que había al interior de la EPS", aseguró Leal.
Según sus palabras, "es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga a certeza de que las funciones de la EPS Sanitas van a continuar y no deben incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático", pues "durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de los servicios, tanto para los usuarios como para los prestadores de salud".
"Los usuarios seguirán contando con los servicios y la atención", dijo, por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. . "Nuestro mensaje hoy es de tranquilidad: los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se seguirán prestando sin ningún inconveniente", agregó.
Por ahora, la intervención que acaba de ordenar la Supersalud será por un año. De acuerdo a lo expresado por Leal, se debe al incumplimiento de requisitos financieros de habilitación.
Según la página web de esa entidad, una "intervención forzosa administrativa para administrar" es un proceso que "tiene por objeto el salvamento de la entidad, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación".
Este proceso será adelantado por un agente interventor designado por la Superintendencia, que ya fue designado. Según Leal, se ha desempeñado de manera exitosa y ha recuperado varios hospitales públicos. También dijo que creará una junta asesora para este agente interventor donde están representados los principales cinco acreedores.
"Esta decisión implica que se ha removido el día de hoy, se ha alejado de su cargo al representante legal, a la junta directiva y a la asamblea de accionistas de esta EPS", afirmó en una rueda de prensa. "Es importante decir que este proceso se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia".
Sin embargo, la medida no cayó bien en un sector del mundo de la salud colombiana. "La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos", escribió, por ejemplo, Alejandro Gaviria, exministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos y de Educación en el gobierno actual.
También se pronunció Bruce Mac Master, director de la ANDI: "La Superintendencia Salud y el Ministerio de Salud deben tener gran cuidado con las intervenciones a las entidades del sector. El objetivo final es garantizar la atención a los pacientes, y eso lo deben asegurar en todo momento. Los pacientes deben estar en igual o mejor condición que antes de la intervención. Hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de implantar un plan de salvamento urgente para el sector salud, el cual ha sido sistemáticamente ignorado. (...) Hemos sido testigos de un proceso que pasó a paso ha venido aumentando la crisis del sistema, el cual nos va a costar muchos años recuperar".
La decisión se da el mismo día en que se conoció el hundimiento de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, que terminará de discutirse este miércoles 3 de abril.
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