Procesan a De Vido por fraude por un convenio millonario con la Universidad de San Martín para crear el sistema de televisión digital
El sobreprecio en el contrato de 2011 era del 56%; el gasto fue de $330 millones de ese momento; lo dispuso la Cámara Federal, que directamente revocó el sobreseimiento del exministro y exdiputado
La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento y directamente procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por fraude al Estado en la contratación para la Universidad de San Martín (Unsam) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas en 2011 a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t) por más de 300 millones de pesos, con un supuesto sobreprecio del 56 por ciento.
El sistema de TV digital terrestre (TDA) fue una iniciativa del kirchnerismo en guerra con el Grupo Clarín para tener un mecanismo gratuito de transmisión de señales mediante una antena, sin decodificador.
Las decisiones las tomaron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico –con una disidencia parcial–, en un fallo en el que se confirmaron los procesamientos del exsecretario del Conejo Asesor creado al efecto, Luis Alberto Vitullo; del exrector de Unsam Carlos Rafael Ruta; del arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y de Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.
De Vido venía sobreseído en la causa, pero los jueces Irurzun y Farah lo procesaron directamente. Dijeron: "La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra" y agregaron que se buscó ampliar el presupuesto y alterar el objeto de las contrataciones, para "canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas".
Según la acusación, se determinó que la Unsam era la única institución que íntegramente usufructuaría el complejo de laboratorios destinados al desarrollo de nuevas tecnologías y contenidos audiovisuales, para lo cual se remodelaría, acondicionaría y equiparían dos edificios del Estado: uno en Sánchez de Bustamante 59 al 99 y otro en Bartolomé Mitre 3366 de la ciudad de Buenos Aires.
Se destinaron sumas millonarias a la obra y equipamiento, hubo adendas al convenio y la cifra creció hasta 330.369.253,06, de pesos, mientras que su valor de mercado era 211.457.163,19 de pesos, lo cual determina un sobreprecio de 118.912.089,87 de pesos. O sea, un 56,23%, según la acusación.
Además, la universidad compró por cuenta del ministerio de De Vido a Sistemas de Video Comunicación un estudio de captura digital de movimientos denominado MoCap (Motion Capture) marca Vicon Ltd.
Se trata de un equipo por el que De Vido pagó 94 millones de pesos y cuenta con 72 cámaras. En ese lugar se instalaron computadoras para animación, tablets digitalizadoras y el equipo de captura de movimiento. El MoCap costaba 107,7 millones de pesos. El estudio de la Unsam tiene un espacio de 290 metros cuadrados, con las cámaras de 16 megapíxeles que permitirían la captura simultánea de hasta 19 personajes si funcionaran correctamente.
La causa se inició por la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, ya fallecido. El monto de los honorarios correspondientes a la Universidad fue de 5.400.000 pesos, "sin que se haya pormenorizado ni especificado en qué consistían tales gastos administrativos".
"Se aprecia que la hipótesis delictiva predicada por el juzgado encuentra razonable sustento tanto en lo sucedido como en las normas utilizadas en su análisis", dijeron los camaristas. Los peritos dijeron que hubo sobreprecio en las obras de 72,15% y que hubo ítems presupuestados que no se ejecutaron. Y que en la compra del MoCap hubo un 30% de sobreprecio.
"En definitiva, de todo lo anterior puede concluirse que las pruebas recogidas hasta el momento permiten fundar debidamente la responsabilidad de los recurrentes Vitullo, Ruta, Pieroni, Schwerdtfeger, Pérez, Ramírez y Simonetta, cuyos procesamientos serán entonces homologados", dijeron los jueces y señalaron que "los funcionarios públicos que intervinieron teniendo a su cargo la administración de dineros públicos violaron los intereses confiados con la colaboración de los particulares que actuaron, causando un perjuicio al patrimonio estatal".
Señalaron que "hay elementos que concretamente apuntan a la existencia de millonarios sobreprecios en las obras contratadas por la Unsam con dinero del Ministerio de Planificación, en el pago de prestaciones que no se cumplieron y en diversas irregularidades que rodearon los actos cumplidos", y hablaron de que había dinero que "fluía sin control".
Boico, en su disidencia, habló de violaciones a las normas procesales, pero compartió con sus colegas la decisión de confirmar el procesamiento de los acusados. Excepto en el caso de De Vido que dijo que correspondía confirmar su sobreseimiento.