La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el secretario general (e) de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Javier Eduardo Rocha Amarís, y otros empleados, por el presunto pago de un servicio de transporte en época de pandemia, cuando los funcionarios hicieron su trabajo desde casa.
"Al parecer, el bilateral pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se ejecutó, a pesar de lo que autorizó cancelar cerca de $400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas", señaló el Ministerio Público.
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Al parecer, tanto Rocha Amarís, como el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, William Alberto Acosta Romero, también incluido en el expediente, conformaban el comité operativo, y según el ente de control: "habrían incurrido en una irregularidad al firmar la certificación de cumplimiento del objeto del contrato y su correspondiente acta de liquidación".
"Se investigará la participación del contratista José Ignacio Sarmiento, particular en el ejercicio de funciones públicas, que estuvo encargado con Acosta de la supervisión del negocio jurídico", dice la procuraduría