Luego de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal enviado por el Poder Ejecutivo (PE). Se trata de la primera victoria legislativa de la administración del presidente Javier Milei.
La votación de ley Bases recibió 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones. En el debate en particular se aprobaron las facultades delegadas para el mandatario, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado y la reforma laboral, entre otros.
El paquete fiscal, que incluye un blanqueo, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, se aprobó en general por 140 votos a favor, 103 en contra y seis abstenciones.
Durante la discusión en particular de la ley Bases se introdujo un artículo por el que se instruyó al Poder Ejecutivo a que, en el plazo de 30 días, "envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un 2% del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del Artículo 2° del decreto 1.731/2004″.
Una presión para desarticular los regímenes especiales, como el que beneficia a los industriales electrónicos de Tierra del Fuego.
La modificación de las escalas del Monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas "comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial".
Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto.
Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para ir al más oneroso régimen impositivo general (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), aun cuando sus ingresos muy probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra.
Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigencia del tributo, que salvó este punto. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró "el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más", consignó La Nación.
Paquete fiscal
Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más conflictivos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones.
Al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo.
La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.
También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.
Uno de los puntos que más críticas cosechó fue el blanqueo de capitales. Tanto referentes de la izquierda y el kirchnerismo, como de la Coalición Cívica y la UCR se manifestaron en contra y denunciaron que el proyecto presenta inconsistencias en la identificación del origen del dinero, que podría provenir del crimen organizado.
Carlos Heller, de Unión por la Patria, cuestionó todas las características de este régimen que, según detalló, "tiene gravísimas implicancias para el lavado de activos". "Implica a sujetos no residentes. Es extraño que estos ex residentes puedan regularizar dinero en nuestro país, ¿cómo hacemos para aplicar las reglas antilavado?", consideró. Al mismo tiempo, criticó la divisa que se utiliza como referencia en el proyecto: "Tanto para los bienes en el país como para aquellos en el exterior el monto está expresado en dólares. Eso es un rechazo a nuestra moneda", señaló.
Por último, destacó la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombres de terceros que está prevista en la iniciativa y dictaminó: "Es algo que excede toda lógica y es inaceptable".
Por eso, adelantó la postura de su bloque, y concluyó "El texto del proyecto y el dictamen debe ser rechazado de plano por un conjunto de razones que ya planteamos".