La Fiscalía ha hecho impactantes revelaciones en torno al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -quien gozaba de la condición de refugiado en nuestro país-, indicando que los antecedentes apuntarían a que fue un crimen planificado en Venezuela, lo que da plausibilidad a la hipótesis de que se trataría de un homicidio con fines políticos, considerando que Ojeda era un desertor y duro detractor del régimen de Maduro. El organismo incluso identificó a dos de los involucrados, los que se encontrarían en Venezuela. Uno de ellos sería miembro del Tren de Aragua, y ha sido sindicado como responsable de otros secuestros cometidos en Chile.
Las conclusiones de la Fiscalía, como era de esperar, han generado enorme revuelo político, donde desde la oposición se han multiplicado los llamados a romper relaciones diplomáticas con el régimen venezolano, posibilidad que incluso han planteado algunos representantes del oficialismo. Poco antes de que se conocieran estos nuevos antecedentes se había producido una áspera controversia con el gobierno venezolano, ya que su canciller ironizó con el Tren de Aragua, señalando que era una invención. Sin perjuicio de que luego matizó sus dichos, el gobierno chileno, en respuesta a esas declaraciones, había llamado a consulta al embajador de Chile en Caracas. La Cancillería ha informado que por ahora no contempla una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí exige una cooperación efectiva de parte las autoridades venezolanas.
El propio Presidente Gabriel Boric acusó que el régimen venezolano no estaba cooperando con los países de la región en el combate al delito, lo que abre la legítima interrogante de hasta dónde se podría confiar que esta vez el régimen sí prestará toda la colaboración del caso. Una de las razones que se ha dado para no proceder a la ruptura es que, dada la enorme cantidad de venezolanos con orden de expulsión vigente, y la necesidad de que Caracas facilite información de sus connacionales, mantener abierta la vía diplomática facilita estas gestiones. Es fundamental que el gobierno chileno mantenga una postura clara y sin zigzagueos, de forma que si en un plazo prudente el régimen no da señales de una cooperación efectiva, la opción de tomar acciones más duras, como retirar permanentemente al embajador o eventualmente romper relaciones diplomáticas no se descarte, como señal de repudio.
Aun cuando la investigación está en pleno desarrollo, la posibilidad de que en suelo nacional se haya cometido un asesinato político planificado desde el exterior resulta gravísima, por lo que es fundamental despejar este caso en todas sus dimensiones y con prontitud. Las sospechas de que detrás de este crimen pueda estar la mano del régimen no resultan del todo infundadas, atendido el cruento historial con que carga el gobierno venezolano, cuya implacable persecución a los disidentes está abundantemente documentada en diferentes informes internacionales. Debido a que la disidencia venezolana está repartida en distintos países de la región, el interés en despejar los alcances de este caso trasciende nuestras fronteras.