El gobierno municipal ha decidido reactivar ya las actuaciones necesarias para desarrollar la zona de bajas emisiones de La Calzada pese a no contar aun con una resolución favorable del Ministerio de Transportes a su petición de prorrogar la ejecución del proyecto hasta el próximo 31 de diciembre. Una prórroga de un año sobre el calendario inicial de una actuación que se financia con fondos europeos. Por ello la necesidad de tramitar la prórroga ante el organismo que concedió la financiación en una convocatoria de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la que Gijón incorporó también sus propuestas de nuevos carriles bus o el servicio público de bicicletas eléctricas.
La intención del gobierno ahora, como ayer explicó en comisión la edil de Hacienda, la forista María Mitre, es aprobar en la Junta de Gobierno de la semana que viene el levantamiento de la suspensión temporal que se había decretado en noviembre del año pasado sobre los tres contratos que se vinculan de manera específica con el desarrollo de la primera zona de bajas emisiones de Gijón.
La idea es que las actuaciones vinculadas a estos contratos se puedan desarrollar en los próximos meses teniendo en mente ese 31 de diciembre como fecha tope. Eso permitiría acompasar los trabajos físicos de instalación de los sensores y la plataforma de control con el proceso de elaboración de las ordenanzas de zonas de bajas emisiones y movilidad que deben fijar los criterios de regulación de esos ámbitos en Gijón. Y, de paso, intentar sincronizar la puesta en marcha en La Calzada de la zona de bajas emisiones como un espacio con restricciones al tráfico por razones medioambientales con el final de los trabajos de peatonalización de varias calles del mismo entorno dentro de lo que se conoce popularmente como la ecomanzana de La Calzada.
Los contratos que se dejaron en suspenso en noviembre y que ahora volverían a poner en marcha son tres: el contrato para el desarrollo del núcleo de control de la zona adjudicado a Estacionamientos y Servicios en 464.000 euros, el contrato para la instalación de sensores de la calidad del aire, sonómetros y calibración de equipos adjudicado a Dnota Medio Ambiente en 108.000 euros, y el contrato de asesoramiento en ordenanzas municipales, simulaciones y divulgación a la ciudadanía que había recaído en la unión temporal de empresas conformada por Desarrollo, Organización y Movilidad y Antea Iberolatam por 138.000 euros. Los contratos tenían un plazo de ejecución de entre seis y diez meses y se habían formalizado entre marzo y junio del año pasado. La decisión municipal de levantar ahora esa suspensión ha sido acordada con las firmas adjudicatarias, que en su momento ya asumieron la suspensión temporal y con quienes se ha tenido una interlocución fluida desde el Ayuntamiento.
Ya con el nuevo gobierno de Foro y PP en el Ayuntamiento se tramitó un reajuste del perímetro que fija las fronteras de la zona de bajas emisiones –eliminando la avenida Príncipe de Asturias y generando una vía libre para comunicar el oeste con el centro a través de la avenida de José Manuel Palacio– y se fijó una serie de criterios a tener en cuenta en su regulación. Empezando por garantizar su carácter informativo sin aplicación de sanciones mientras no se ejecute el vial de Jove. También se trabaja sobre la idea de que las restricciones al tráfico no sean permanentes y estén siempre vinculadas a episodios de contaminación y que los niveles de acceso se vinculen a la condición del interesado (residentes, trabajadores y empresas) y no al modelo del vehículo.
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