Medellín, Antioquia
La Defensoría del Pueblo informó que ha evidenciado incumplimientos en los horarios del suministro de los alimentos, poca cantidad y ausencia de calidad en las raciones entregadas a las 3500 personas privadas de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario Pedregal de Medellín. Agregan que esto se logró constatar a partir de inspecciones realizadas por la entidad de derechos humanos y de quejas por parte de los reclusos en el recinto.
Para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deben implementar medidas urgentes para que sea prestado de manera efectiva el servicio de alimentación en ese lugar de detención.
Estas son sus palabras: "Nuestros equipos en terreno, que han realizado en varias oportunidades la verificación de derechos humanos en el centro de reclusión, evidenciaron una flagrante vulneración del derecho fundamental a la alimentación, como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión. Requerimos, por lo tanto, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (Uspec) implementen medidas urgentes para que sea garantizado de manera efectiva el servicio de alimentación en este lugar de detención".
Esta situación estaría generando afectaciones a la salud de los internos, como intoxicaciones y agravamiento de quienes tienen enfermedades preexistentes.
La Secretaría de Salud de Medellín clausuró el pasado 19 de marzo el rancho del pabellón de alta seguridad, que era el único lugar de preparación de alimentos que estaba en funcionamiento en el complejo carcelario, por ello, la elaboración de los alimentos se estaría haciendo al exterior del centro carcelario, lo que genera demoras en su entrega, a pesar de que se verificó que el rancho en el pabellón de mujeres cuenta con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio.
Por último, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a todas las entidades competentes y responsables del sistema penitenciario, para que emprendan acciones para prevenir y mitigar la vulneración de derechos de la población privada de la libertad como la presente en la cárcel del Pedregal.