Hemos avanzado una barbaridad hasta volver al lugar donde estábamos en 2017, pero desarmados para combatir lo que entonces sucedió castigando a los golpistas que convocaron el referéndum ilegal. Ahora, Pere Aragonès pretende otra consulta para que los catalanes respondan a la pregunta de si Cataluña debe ser un Estado independiente. Exclusivamente los catalanes, el resto de los españoles, parece ser, nada tienen que decir sobre el futuro de España.
La nueva exigencia de Aragonès no tendría que preocuparnos si la ministra portavoz no se hubiera apresurado a comentar que la posición del Gobierno en este asunto es de "sobras (sic) conocida" y que no comparte el plan separatista. Cuando el Gobierno, que depende de ERC y Junts para mantenerse vivo en la legislatura, ha contestado a la extorsión independentista recalcando que de ninguna manera, sabemos por experiencia que ha ocurrido todo lo contrario y finalmente se la han colado hasta el garguero. Deja de ser relevante, por tanto, que Sánchez comparta o no la posición de quienes lo tienen entre la espada y la pared. Esta vez, circunstancialmente, el escenario cambia debido a las elecciones en la Generalitat. Los separatistas que pugnan entre sí lanzan propuestas, todas ellas en perjuicio del resto del territorio español, y el Gobierno responde con fingida gallardía debido al pulso electoral que el PSC mantiene en Cataluña. Después de las urnas, veremos qué queda del brío exhibido por la ministra Alegría.
Además de exponer claramente que el gran objetivo es la secesión catalana pactada, Puigdemont se ha ocupado reiteradamente de recordarle a Sánchez de quién y de qué depende la legislatura, y que el procés sigue adelante pese a la amnistía. Como antes ya hizo Junts, ERC se ha escudado en el artículo 92, de la Constitución que prevé que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos" tras autorización del Congreso y a propuesta del jefe de Gobierno. ¿Todos los ciudadanos?
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