Juan Merchán, el juez de origen colombiano que encabeza uno de los procesos criminales que enfrenta Donald Trump, apretó este fin de semana la orden mordaza o de silencio que ya había impuesto contra el expresidente luego de que este continuará sus ataques contra miembros de la Corte y sus familias.
"Ya no es sólo una mera posibilidad o una probabilidad razonable de exista una amenaza a la integridad de los procedimientos judiciales. La amenaza es muy real. Las advertencias no son suficientes, ni tampoco lo es el autocontrol", escribió Merchán tras indicar que a partir de ahora la orden también cobijará tanto a su familia como la Alvin Bragg, el fiscal del caso.
Este sábado el exmandatario la emprendió contra la hija de Merchán, a la que catalogó de ser una anti-trumpista "rabiosa" por su trabajo anterior asesorando campañas del partido demócrata.
Trump volvió a insistir, además, que Merchán debe ser "sancionado y retirado" del proceso, cuyo inicio está previsto para este 15 de abril.
Merchán, que nació en Bogotá, es el juez asignado al caso que se adelanta contra Trump en Nueva York por los pagos ilegales que hizo a una actriz porno (Stormy Daniels) y una "conejita" de Playboy (Karen McDougal) para que hablaran en público sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales con el ex presidente.
Michael Cohen, entonces abogado de Trump, hizo los pagos usado sus propios fondos y luego recompensado con giros mensuales que se facturaron como gastos de representación.
De acuerdo con los fiscales, los pagos no solo fueron ilegales -pues se maquillaron los records contables de la empresa para ocultarlos-, sino que constituirían una violación a las normas de financiación de campañas políticas ya que el objetivo fue impedir que afectaran su carrera por la Casa Blanca en 2016.
El caso ante Merchán marca un hito en la historia reciente del país pues es la primera vez que un ex presidente de EE. UU. enfrenta un juicio para responder por cargos criminales.
El colombiano ya había ordenado una primera orden mordaza contra Trump la semana pasada que protegía a los miembros de la Corte y los testigos pero no incluía a su propia familia o la del Fiscal.
Ya no es sólo una mera posibilidad o una probabilidad razonable de exista una amenaza a la integridad de los procedimientos judiciales. La amenaza es muy real. Las advertencias no son suficientes, ni tampoco lo es el autocontrol.
Desde que arrancó el proceso, en abril del año pasado, el exmandatario ha venido atacando tanto a Merchán su familia como a los fiscales y testigos.
Alega que el juez estaría impedido por el trabajo previo de su hija con los demócratas y por su actitud en un caso previo, cuando condenó a su empresa a pagar US $16 millones de dólares en multas por evadir impuestos. En general, ha dicho el exmandatario, el proceso es parte de una "cacería de brujas" en su contra que busca impedir que llegue a la Casa Blanca.
Merchán y Bragg, por supuesto, no son los únicos que vienes recibiendo ataques del ex presidente.
A Arthur Engoron, otro juez en Nueva York que multó a Trump con el pago de casi US $ 500 millones de dólares también por evasión de impuestos, lo llama con frecuencia "corrupto" y lo mismo dice de los fiscales Jack Smith y Fani Willis, que lo acusaron penalmente por sus esfuerzos para mantenerse en el poder de manera fraudulenta tras su derrota en las elecciones del 2020.
De acuerdo con expertos, el ataque contra jueces fiscales y testigos hace parte de una meticulosa estrategia electoral que busca allanar su camino a la Casa Blanca presentándose como la víctima de un sistema jurídico amañado que busca destruirlo.
Una estrategia muy exitosa que le permitió, en parte, arrasar durante las elecciones primarias del partido republicano.
"Es una estrategia que busca deslegitimar el sistema judicial y por lo tanto cualquier juez o fiscal que lo pretenda procesar para obtener ventajas tanto en la corte como ante la opinión pública con fines electorales", le decía al diario Washington Post el ex fiscal Kenneth White.
Es una estrategia que busca deslegitimar el sistema judicial y por lo tanto cualquier juez o fiscal que lo pretenda procesar para obtener ventajas tanto en la corte como ante la opinión pública con fines electorales.
Según este medio, solo desde el 2022, cuando lanzó su actual campaña electora, el ex presidente ha atacado de manera personal a los jueces y sus familias al menos en 138 ocasiones.
Otro análisis de la agencia Reuters indica que las amenazas contra autoridades judiciales se han duplicado desde entonces.
Engoron, por ejemplo, recibió en enero una amenaza de bomba contra su casa mientras que los otros jueces encargados de los procesos contra Trump son acosados diariamente con mensajes amenazantes.
La semana pasada, el juez de distrito Reggie Walton, que fue designado por los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush, le salió al paso a estos ataques advirtiendo que se estaba poniendo en riesgo el estado de derecho y la independencia del sistema judicial.
"Es muy desconcertante que alguien haga comentarios sobre un juez, y es particularmente problemático cuando esos comentarios son en forma de amenaza, especialmente si están dirigidos a la familia. Hacemos este trabajo porque estamos comprometidos con el Estado de derecho y creemos en el Estado de derecho, y el Estado de derecho sólo puede funcionar eficazmente cuando tenemos jueces que estén preparados para desempeñar sus funciones sin la amenaza de posibles amenazas. daño físico", dijo Walton en una entrevista con la cadena CNN catalogada de inusual pues los jueces activos no suelen hacer pronunciamientos públicos de este tipo.
"Creo que es importante para preservar nuestra democracia que mantengamos ese Estado de derecho. Y el estado de derecho sólo puede mantenerse si tenemos funcionarios judiciales independientes que son capaces de hacer su trabajo y garantizar que las leyes se cumplan y se apliquen por igual a todos los que comparecen en nuestro tribunal", continuó el jurista.
Walton, vale anotar, es el juez que condenó a 16 años de cárcel al paramilitar colombiano Jorge 40 en el año 2015.
Si bien las órdenes mordaza o de silencio prevén sanciones y hasta cárcel para este tipo de casos -algo que suele disuadir a los potenciales infractores-, con Trump la situación es más compleja.
En primer lugar por que las sanciones económicas previstas -que son incrementales- no harían mella en su gran fortuna y además serían un bajo precio por pagar frente al beneficio que este tipo de retórica le aporta a su campaña.
Adicionalmente, nadie cree -y el expresidente parece saberlo- que un juez opte por enviarlo a la cárcel dado el estallido que eso podría provocar entre sus seguidores.
Trump, de hecho, ha tratado de provocar a los jueces en un par de ocasiones buscando ese desenlace.
De momento, y en particular a partir de este 15 de enero, todos los ojos estarán puestos en Merchán y el difícil escenario que le tocará administrar durante las seis semanas que se estima tardará el juicio contra Trump.
SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington