La Eurocámara pide cautelares para suspender la ley de soberanía en Hungría y proteger elecciones libres
El pleno del Parlamento Europeo ha reiterado este miércoles su denuncia de la deriva antidemocrática del Gobierno húngaro de Viktor Orban y ha instado a la Comisión Europea a pedir a la Justicia europea medidas cautelares para suspender la controvertida "Ley de Defensa de la Soberanía" promovida por Budapest para investigar presuntas injerencias extranjeras pero que es vista por la oposición como un intento por afectar a principios democráticos y electorales.
En una resolución adoptada en Estrasburgo (Francia) con 399 votos a favor, 117 votos en contra y 28 abstenciones, los eurodiputados denuncian graves deficiencias en el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, la libertad de prensa, los derechos fundamentales, el sistema constitucional y electoral, el funcionamiento de la sociedad civil, la protección de los intereses de las instituciones financieras de la UE y el respeto por los principios del mercado único.
El texto se hace eco de los últimos casos de "violación sistemática y deliberada" de los valores de la UE en el país y condena la aprobación de la ley sobre la protección de la soberanía nacional y la creación de la Oficina de Protección de la Soberanía.
Ya el pasado febrero, el Ejecutivo comunitario inició un expediente sancionador contra Hungría por esta ley al considerar que plantea una amenaza para el Estado de derecho, pero el proceso apenas se encuentra en su primera fase y los eurodiputados reclaman a Bruselas que acuda al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para solicitar medidas cautelares que suspendan la aplicación de la norma.
Los eurodiputados alertan de que la oficina de vigilancia cuenta con "amplios poderes y un estricto sistema de vigilancia y sanciones, que viola fundamentalmente las reglas democráticas [...] y contraviene múltiples leyes europeas".
También recuerdan la reciente decisión de la Eurocámara de denunciar ante el Alto Tribunal europeo la decisión de la Comisión Europea de liberar el desembolso de 10.200 millones de euros en fondos de cohesión, una decisión que Bruselas defiende por reformas en materia judicial pero que los eurodiputados ven injustificada.