Asisto con estupor al desenlace del concurso para ocupar dos lugares en el tribunal de impugnación penal ("el concurso más importante del año", se ha dicho al respecto). La definición del concurso me lleva a pensar en las expectativas que la sociedad tiene sobre el sistema judicial y cuánto impacta en cubrir esas expectativas la transparencia en los procesos de selección.
Las siete personas que llegaron a la etapa final del proceso demostraron sobradamente su idoneidad. Su llegada a esta instancia no es objeto de controversia; es el proceso en sí lo que debemos examinar críticamente. No es una cuestión de quién resulta designada/o, sino de cómo y por qué se alcanza esa designación. ¿Qué es lo que se evalúa en la entrevista personal? ¿Existen métricas claras y consistentes? ¿Se rinde cuentas de las decisiones tomadas?
La disparidad en las calificaciones asignadas a una candidata preeminente-variedad que oscila entre lo extremadamente alto y lo preocupantemente bajo- desconcierta a cualquier observadora externa. Sin una justificación transparente, estas fluctuaciones dejan un sabor de arbitrariedad que erosiona la ya débil confianza en el sistema.
El problema se agrava al considerar la multiplicidad de cuestionamientos existentes sobre la función jurisdiccional. Cuando el escepticismo en torno a la justicia es el telón de fondo permanente, que esto se extienda a quienes designan a sus responsables debería activar alarmas en la sociedad. No sólo mina la credibilidad de los procedimientos actuales, sino que también plantea inquietudes sobre el futuro de nuestra estructura legal.
En este contexto, resulta particularmente irónico -y quizás hasta hipócrita- que las personas encargadas de entrevistar a quienes concursan, inquiriendo sobre su compromiso con la transparencia y la ética en la función pública, parezcan eximirse de estos mismos valores al momento de ejercer su influencia.
En mi búsqueda por comprender este enigma, recurrí a una herramienta que es ajena a cualquier posible prejuicio propio: la inteligencia artificial (IA).
Utilicé un sistema avanzado de IA para evaluar las entrevistas (afortunadamente públicas y disponibles en Youtube), estableciendo parámetros basados en el Art.39 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, que establece el contenido de ese momento de los concursos.
El resultado de este análisis fue revelador: asignando puntuaciones basadas únicamente en el contenido y mérito de las respuestas de los candidatos, en el orden que tuvieron sus entrevistas, la diferencia con el puntaje del Consejo en el asignado por la IA: +7,23 puntos a la concursante 1; +0,49 al concursante 2; +4,74 a la concursante 3; +0,4 al concursante 4; +2,23 a la concursante 5; -2,63 a la concursante 6; +1,03 a la concursante 7.
Este enfoque pone en relieve la necesidad de un sistema de evaluación más transparente y objetivo en los procesos judiciales. Es un recordatorio de que, si bien la tecnología puede ofrecernos una perspectiva despojada de parcialidades, es imprescindible que quienes estén en posiciones de decidir el futuro de nuestra justicia asuman esta misma objetividad y claridad en sus actuaciones
Si aspiramos a un estado de derecho más que a una república aérea, el proceso para seleccionar a quienes detentarán el poder de interpretarlo y aplicarlo debe ser irreprochable. Se necesita un diálogo abierto sobre estas prácticas y, lo que es más importante, una reforma que las alinee con las altas expectativas que tenemos como sociedad.
Personalmente estoy muy convencida de que no basta con esperar transparencia; debemos demandarla. No es suficiente con asumir la idoneidad; debemos verificarla. Y no podemos conformarnos con menos de lo que merece la comunidad sobre la que tomamos decisiones: un proceso de selección que sea un reflejo del equilibrio, la justicia y la imparcialidad que debe imperar en todas las esferas del sistema judicial.
(*) Jueza de garantías.