Dos expresidentes, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos en un mismo penal mientras lo investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre tras un cuestionado indulto humanitario.
"Desproporcionada"
En un breve mensaje en la red X, la presidencia dijo que el operativo en el palacio de gobierno se cumplió "con normalidad y sin ninguna incidencia".
Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.
El gobierno expresó su rechazo por la acción de la fiscalía. "Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales", dijo a la prensa el jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén.
El jefe de gabinete agregó que la mandataria estaba en su residencia dentro del palacio de gobierno y que entregará declaraciones a la fiscalía cuando sea convocada.
Asimismo, en declaraciones formuladas a la radioemisora local RPP, descartó que haya planes sobre renuncias al gobierno entre los ministros o por parte de la propia Boluarte. "De ninguna manera", aseguró.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
Si llegara a ser acusada de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando "incapacidad moral".
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretar.
Con información de AFP y Reuters