Mucho se ha hablado y escrito sobre el acondicionamiento del estadio de La Rosaleda para que pueda albergar por segunda vez en su historia un Mundial de fútbol. Nada más conocerse por parte de la FIFA que la máxima competición deportiva del planeta se celebrará en 2030 en suelo español, con sedes compartidas con Portugal y Marruecos, las máximas autoridades de la provincia, así como de la Junta de Andalucía, pusieron en marcha la maquinaria en términos administrativos y en el ámbito deportivo para atar cuanto antes ese nuevo sueño global para la Costa del Sol y la incomparable afición malaguista que llena Martiricos aún con el equipo en la tercera categoría del fútbol nacional.
La viabilidad para culminar este propósito es absoluta. Málaga reúne todos los requisitos para volver a convertirse en sede mundialista. Sin embargo, los negros nubarrones que ahora cubren tal posibilidad no vienen desde dentro, ante la posible alternativa que pueda venir de otra ciudad, de otro estadio con mejores condiciones o mejor proyecto para arrebatarle su candidatura. Es la Real Federación Española de Fútbol, con esa crisis de más de un lustro que arrastra, la que puede no sólo destruir la ilusión de toda la masa social blanquiazul y la del resto de seguidores del balompié en el conjunto de la provincia, sino la de todo un país.
Porque España hoy por hoy no tiene garantizada de manera definitiva la sede compartida del Mundial 2030. Basta con leer los titulares en la prensa extranjera. Debemos remontarnos a hace siete años, cuando ya la Guardia Civil irrumpió en la sede del principal organismo federativo, entonces con Ángel María Villar como presidente, para proceder a su detención. Luego vendría el primer gran escándalo de Luis Rubiales, a raíz de los registros que se dictaron para aclarar los pagos por cerca de un millón de euros al excolegiado Negreira y a su hijo.
A la sombra de duda que planeó sobre la labor del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante décadas, con el FC Barcelona como supuesto beneficiario de esa primera trama que salpicaba a todo el colectivo arbitral, ha venido este mismo año la que ha generado portadas y más portadas dentro y fuera del territorio español. Y es que los registros en viviendas y hoteles vinculados a Rubiales tanto en Granada como en la Costa del Sol casi han podido ser retransmitidos en directo.
Asimismo, durante la reciente estancia en tierras caribeñas del expresidente de la RFEF, la autoridades españolas le han intervenido hasta sus terminales móviles. Todo para poder depurar responsabilidades en cuanto a la firma de supuestos contratos irregulares a lo largo de los cinco años de mandato que llegó a sumar el propio Rubiales.
En ese periodo se acordó llevar la Supercopa a Arabia, pero también durante ese tiempo se ha logrado proclamar de manera provisional que España tendrá sede compartida durante el Mundial de 2030. ¿Está ajena la FIFA al último de los escándalos protagonizados por el exfutbolista mientras se encontraba en República Dominicana? Una docena de órdenes de detención tambalearon los cimientos del órgano que coordina el fútbol español, pero parece que vienen más curvas.
Por lo pronto, Pedro Rocha, que recientemente dimitía de su cargo interino como presidente de la propia RFEF para convocar elecciones y optar a ser reelegido, pasaba este pasado viernes de ser testigo a ser investigado.
La jueza encargada de depurar responsabilidades en el marco de la Operación Brody optaba por imputar al virtual presidente de la RFEF, después de ser preguntado sobre un contrato de adjudicación a la constructora Gruconsa, a la que se le encomendó la remodelación integral del estadio de La Cartuja. ¿Es el mejor escenario para organizar un Mundial? Júzguelo usted.