Una "medida populista" que "jurídicamente no se justifica" ni "solucionará el problema de vivienda social en España". Así califica el sector inmobiliario el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eliminar la 'golden visa' en España.
Se trata de un permiso de residencia que se concede a los extranjeros no comunitarios que realizan una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o llevan a cabo una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósitos. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. No queremos un modelo de inversión especulativo", dijo el presidente.
Esta medida "no va a tener ningún impacto en el sector inmobiliario". Así de contundente se muestra Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña y lo justifica con cifras.
Según los datos oficiales, en 2022 se alcanzó la cifra de 451 visados de 'golden visa', en 2021 fueron 880, en 2020 se situaron en 446, en 2019 se llegó a 676 y en 2028 fueron 607. Por lo que, de las más de 87.000 viviendas que se vendieron durante 2022 en España a extranjeros, los visados sólo representaron el 0,5%.
Si atendemos a los últimos diez años, según los datos oficiales, entre 2013 y 2022, En España se concedieron menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, lo que supone menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas en el mismo periodo.
El presidente de APCEspaña asegura que "desde la asociación creemos que el problema de la vivienda no está influenciado por las golden visa, sino por la falta de oferta que tenemos y el aumento cada vez más acentuado de la demanda".
En este sentido, considera que "es fundamental políticas que favorezcan un desarrollo y gestión eficaz del suelo para producir más vivienda, sobre todo a precio asequible, además de un marco regulatorio estable que propicie la colaboración público-privada. Además de reducir la burocracia en todo el proceso".
Además de dejar claro que las golden visa no son el problema de la vivienda en España, el sector denuncia que esto no hace mas que ahuyentar al capital internacional y "generar inseguridad". Así lo apunta Ricardo Sousa, CEO de Century21, que asegura que con este tipo de anuncios "España traslada el mensaje al exterior de que no quiere al capital extranjero. Lo hemos vivido así en Portugal durante este último año y la imagen que se transmite con este tipo de medidas no es positiva".
En la misma línea, Jorge Martín Losa, del socio de BGI-LAW, apunta que "jurídicamente hablando la medida es inexplicable, no se justifica. Personalmente lo considero otra medida populista del gobierno, ya que no tendrá ningún impacto en el mercado inmobiliario español, ni tampoco reducirá los precios de la vivienda".
Así, Martín destaca que "los argumentos esgrimidos por el Gobierno, son acabar con el negocio especulativo y garantizar el acceso a una vivienda asequible. Presumo que consideran que el acceso a una vivienda de más de 500.000 euros es una compra asequible...". Así, destaca que los inversores de golden visa "acceden a mercado inmobiliario de alto nivel adquisitivo por lo que no supone una competencia real para la vivienda social, ni supone ningún impacto en el nicho problemático del mercado".
¿Cómo funciona la golden visa?
El visado de residencia para los ciudadanos extracomunitarios fue aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajo. Está recogido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y permite a los ciudadanos no europeos residir en España a cambio de hacer grandes inversiones.
En el caso del mercado inmobiliario, el permiso se consigue a cambio de comprar bienes inmuebles por un valor igual o superior a los 500.000 euros. El tiempo de residencia tiene un plazo de dos años, pero se puede ampliar por periodos de cinco años. El demandante de la 'golden visa' debe acreditar la compra del inmueble presentado una certificación registral de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad y, entre otras cosas, acreditar que dispone de la inversión libre de toda carga o gravamen. En el supuesto de que la compra del inmueble no se haya formalizado, tendrá que presentar un precontrato de garantía junto con un certificado de una entidad financiera establecida en España.
El visado de residencia también se puede conseguir realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública, o por la misma cantidad o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país.
También pueden solicitar el visado aquellas personas que pongan en marcha un proyecto empresarial que vaya a desarrollarse en territorio nacional y que sea considerado y acreditado como de interés general. Este tipo de inversión es minoritaria; de hecho, solo se concedieron ocho visados de residencia por esta vía durante 2022.