Didier Reynders abandona prematuramente la Comisión de Ursula von der Leyen y deja en el aire la mediación de Bruselas entre el PSOE y el PP para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado más de cinco años, lo que preocupa enormemente en la UE.
El hasta ayer comisario de Justicia acaba de anunciar que se toma una excedencia no pagada con efecto inmediato para defender su candidatura a la secretaría general del Consejo de Europa, sin esperar al 25 de abril como había pactado inicialmente con la propia Von der Leyen.
La excedencia de Reynders durará al menos hasta la fecha de elección del nuevo secretario general, que está previsto que se produzca durante la sesión de la Asamblea Parlamentaria que se celebra del 24 al 28 de junio. Si sale derrotado, el político liberal belga (que compite con el suizo Alain Berset y con el estonio Indrek Saar) podría regresar entonces a su cargo.
Von der Leyen todavía no ha anunciado quién se hará cargo de la cartera de Reynders de manera interina. Lo más lógico es que lo haga la vicepresidenta Vera Jourova, de nacionalidad checa y también adscrita a la familia liberal, porque ya es la responsable de todas las cuestiones relacionadas con Estado de derecho.
La otra incógnita es si será la propia Jourova la que asuma el arbitraje entre el Gobierno de Sánchez y el PP sobre el CGPJ, si Von der Leyen nombrará a otro mediador o si aprovechará la salida de Reynders para desentenderse de este asunto, vista la falta de avances desde que el Ejecutivo comunitario anunció su disposición a ejercer de árbitro el pasado 26 de enero.
Desde entonces, Reynders ha organizado dos reuniones en Bruselas y una tercera en Estrasburgo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons. También convocó un tercer encuentro en Madrid para el 27 de marzo, que tenía que haber sido el definitivo, pero se acabó anulando por la falta de disposición de las partes.
El Ejecutivo comunitario se había dado un plazo límite de dos meses para tratar de encontrar una solución, que ya ha expirado. El propio Reynders dijo en su última aparición pública que Bruselas estaba dispuesta a más prórrogas, siempre que viera voluntad política en el Gobierno y el PP de alcanzar un acuerdo.
"Realmente estamos muy, muy cerca de un acuerdo sobre la renovación del Consejo en materia de justicia, pero también sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial español. Ahora es una cuestión de voluntad política saber cuándo queremos hacerlo", aseguró Reynders el pasado 5 de abril.
"Creo que hemos realizado enormes progresos, ahora hace falta voluntad política para concluir", ha insistido.
Las conversaciones están atascadas en el cambio de modelo de elección del CGPJ. El PP reclama que, de acuerdo con los estándares europeos, los 12 vocales del Consejo que deben ser jueces o magistrados sean elegidos democráticamente por la carrera judicial.
Esto es una línea roja infranqueable para Bolaños, que rechaza cualquier cambio que implique que las fuerzas parlamentarias dejen de elegir a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial (20 vocales, de los cuales ocho son juristas y 12 jueces).