En cumplimiento a lo resuelto en última instancia por el Poder Judicial, en enero del 2023, Telefónica del Perú informó que pagará S/1,361 millones a la Sunat por la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
Precisó que el pago respectivo se hará luego de la determinación de las autoridades.
En un comunicado indica que de esta forma cierra una controversia fiscal que tardó más dos décadas, "razón por la cual 80% del monto corresponde a intereses y moras acumuladas por demoras no atribuibles a la compañía".
Aclara. Telefónica indicó que como cualquier contribuyente cuestionó se le aplique "indebida tasa de interés moratorio, fuera de los plazos establecidos por ley".
Recordó que el Tribunal Constitucional reconoció sus argumentos sobre el cómputo de los intereses, "lamentablemente el Poder Judicial, en última instancia, validó alguno de los reparos hechos por la Sunat".
Por ello, continuó, aún cuando está en total desacuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica procederá a pagar bajo protesto.
Para ello, prosiguió, instruyó a las entidades financieras para que en su oportunidad procedan al pago a Sunat.
Hace hincapié que como uno de los principales contribuyentes aportó más de S/11,000 millones en pagos del Impuesto a la Renta y otras aportaciones.
Precisó que la controversia con la Sunat se originó en ingresos que la empresa nunca percibió en los años 1998, 2000 y 2001, "pero años después, por un proceso de fiscalización, la Sunat objetó deducciones de gastos, lo que llevó a Telefónica a aceptar y pagar una parte de ellas".
Telefónica precisó que Sunat también incluyó otros reparos relacionados, principalmente, con provisión por cobranza dudosa e intereses financieros, que la llevó a una disputa que ha durado más de dos décadas.
Arbitraje. En su comunicado, la empresa señaló que "conviene destacar que el principal accionista de la compañía (Telefónica S.A.) mantiene desde marzo de 2021 un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por diversas conductas del Estado Peruano violatorias del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, que incluyeron asuntos relacionados con estos temas tributarios".