Carlos Gayoso
Un "derecho fundamental". Así define la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT) la figura de la negociación colectiva, un mecanismo imprescindible para que empleadores y empleados puedan formalizar un convenio y acordar las condiciones laborales dentro de un sector o una empresa mediante un convenio colectivo. Pese a ello, existen profesionales que todavía carecen de las herramientas para poder sentarse en una mesa de negociación.
Es el caso del trabajo doméstico. Según cifras oficiales, son más de 23.000 en Galicia, la gran mayoría mujeres. El Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) acaba de presentar un informe elaborado por los investigadores Alberto Arufe, Xosé Manuel Carril, Jesús Martínez e Iván Vizcaíno, de la Universidade da Coruña (UDC), donde, a través del derecho comparado con otros cuatro países europeos, se abre la puerta a posibles vías de actuación para poder solventar esta situación de desamparo.
La demanda de crear un convenio colectivo para el sector del trabajo doméstico en Galicia no es nueva. A mediados de 2023, a Asociación de Traballadoras de Fogar e Coidados Xiara, la Asociación Plataforma polo Emprego y el Foro Galego de Inmigración solicitaron al CGRL y a la Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na Negociación Colectiva abrir un trámite formal para promover un marco de negociación colectiva sectorial en Galicia.
Los empleadores, sin representación
Ambos organismos fueron incapaces de dar pie a la solicitud al no existir ninguna asociación de empleadores domésticos en la comunidad, uno de los problemas coyunturales que hay detrás de la situación. "Como quien contrata a los trabajadores domésticos son familias particulares, no existe una entidad que los represente globalmente", señala la portavoz de Xiara, Teresa Rodríguez, que denuncia la pasividad de las patronales en el conflicto. "Alegan que no es un problema suyo al no existir un tejido empresarial en el sector, aunque podrían haber tomado cartas en el asunto hace tiempo", dice.
A día de hoy, el único amparo legal que tienen las empleadas de hogar en materia de regulación de condiciones laborales es un real decreto de 2011 que califica el trabajo doméstico de relación laboral de carácter especial. "La verdad es que lo que hace esta ley es actuar como una especie de estatuto de trabajadores que simplemente marca los mínimos", señala Rodríguez, que incide en que no basta: "Lo actualizan cada año en base al salario mínimo, pero dista mucho de jugar el papel de convenio colectivo".
Posibles soluciones
Para establecer las bases de un marco de negociación colectiva en el trabajo doméstico, el informe de la UDC apunta a la Administración como la principal facilitadora. El estudio remite a la Constitución, donde se estipula que corresponde a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".
Uno de los aspectos que el Estado podría suplir es la existencia de "prejuicios" en el colectivo de los empleadores del hogar a la hora de asumir competencias, como la de la asociación colectiva. Esto sucede, apunta el estudio, a causa de la condición de titular de un hogar –y no de empresa– que tienen los que contratan. Para hacer frente a esto, el informe insta al Estado a poner incentivos fiscales a los empleadores para lograr que se asocien, algo similar a las prestaciones que ofrece la Administración para la contratación laboral del trabajo doméstico. El estudio aboga asimismo por incluir al cuidador de dependientes dentro del real decreto regulador de los empleados del hogar.
Otra posible solución para el actual panorama del sector pasa por formalizar el papel del contratante doméstico. Así lo señalan desde Xiara. "La creación de un registro oficial de empleadores por la Xunta de Galicia facilitaría mucho las cosas", apuntala Rodríguez, que también contempla la incorporación de los trabajadores al convenio colectivo del sector. "Se planteó en su día abonarnos al de los trabajadores de la asistencia a domicilio", dice la portavoz de Xiara, que no lo ve el mejor remedio.
"La familia para la que trabajo me debe dos meses de sueldo"
Pese a liderar la contratación indefinida en Galicia durante el 2023, lo cierto es que el empleo doméstico todavía se encuentra lastrado por la precariedad y la economía sumergida, dos problemas que se añaden a la falta de convenio colectivo. Pilar Fernández, nombre ficticio para preservar su identidad, es de Santiago y tiene 58 años. Desde hace ocho ejerce como empleada del hogar. "Antes tenía una empresa con mi exmarido, pero nos divorciamos y decidí meterme en esto", indica.
Pilar confiesa que los inicios en el sector no fueron nada fáciles. "Empecé a trabajar como limpiadora en una casa. Me pagaban cinco euros la hora y estaba sin contrato. Era muy precario", lamenta la compostelana, que señala que la situación no se prolongó demasiado. "Duré tan solo dos años", comenta.
Después de su periplo en la limpieza de hogares, Pilar decidió probar suerte en lo que ahora es su especialidad: el cuidado de personas mayores. "Llevo seis años dedicándome a ello", asegura la santiaguesa, que actualmente se encuentra ocupada en este ámbito cuidando de un anciano. "Me contrató una familia hace unos meses", indica.
Y es que, a diferencia de su etapa como limpiadora, ahora Pilar cuenta con un contrato, pero no el que corresponde a su labor. "Estoy dada de alta como trabajadora doméstica, pero las responsabilidades que implica el cuidado de un mayor son muy superiores. Debemos tener un estatus diferenciado", asevera la trabajadora, que, además, denuncia que tiene nóminas pendientes de cobro. "La familia que me contrató todavía no me pagó dos meses de trabajo. Alegan problemas económicos y me pidieron tiempo", lamenta.
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