La secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de Santa Fe, lleva adelante una serie de reformas con el fin de atender una demanda cada vez más compleja, pero a su vez bajo principios de austeridad y eficiencia.
Pese a las pésimas condiciones en que se recibió el área, desde diciembre se avanza en regularizar las situaciones: pagar las deudas, poner todo en regla y buscar un nuevo edificio para la secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia a los fines de garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema de Protección y Promoción de Derechos.
La actual gestión puso como premisa optimizar espacios y disponer de más lugares, por lo que se prepara para la apertura de tres nuevos centros residenciales convenidos para alojar adolescentes en Rosario.
Uno de estos nuevos espacios, con la especificidad de abordaje de adolescentes con consumo problemático, tendrá 15 plazas disponibles. Los dos restantes son centros residenciales de 10 plazas para adolescentes mujeres. A la vez se trabaja para la apertura de un nuevo centro residencial de cogestión para adolescentes varones y también se inició un proceso de obra de reacondicionamiento del centro residencial oficial "Colonia Astengo", en Alvear, y se comenzaron los trabajos de un proyecto institucional que no solo busca garantizar las condiciones de alojamiento sino también brindar herramientas para el fortalecimiento del proyecto de vida autónoma de cada uno de los jóvenes que allí residan.
Sobre un total de 321 adolescentes de 13 a 18 años alojados en la modalidad centros residenciales, 153 se encuentran en la región sur, donde hay un total de 185 plazas disponibles, y 168 en la región centro norte, donde hay un total de 190 plazas, con lo cual todavía existen plazas vacantes.
Reformulación de convenios
En cuanto a los espacios privados que tienen convenios con la provincia, esos acuerdo con Centros Residenciales (CR) firmados por la gestión anterior tuvieron su vencimiento el 31 de marzo de este año.
Desde diciembre, la actual gestión se abocó a la evaluación de los CR, no solo desde el punto de vista edilicio sino en torno a los estándares de calidad de atención. Por esa razón se han modificado convenios incorporando la exigencia de más perfiles de profesionales, exigiendo además informes mensuales de los planes de estadía de cada niña, niño y/o adolescente alojado. También se incluyó una cláusula específica para que en el caso de posibles abusos y/o maltratos se informe de manera inmediata a la Secretaría, se aparte a la persona involucrada y se lleve a cabo la correspondiente denuncia penal por parte de la asociación remitiendo las actuaciones a la Secretaría.
Por otra parte se incorporó un sistema de rendición contable porque hasta la fecha no existía. En función de ello se harán auditorías alimentarias a través de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
En julio del año pasado, a raíz de denuncias públicas de maltrato de parte de los trabajadores a los niños y niñas allí alojados, se cerró el DAT (Dispositivo de Alojamiento Transitorio).
Las nuevas autoridades se encontraron con que no había planificación ni expediente iniciado para reemplazar ese dispositivo de urgencia con el que Rosario dejó de contar. Por esa razón se crearon las plazas de urgencia en los hogares oficiales para poder alojar de manera transitoria a los jóvenes.
Por otra parte, se está trabajando en la apertura de un nuevo dispositivo para atender situaciones urgentes.
Otro punto a considerar es el referido al CPT (Centro de Permanencia Transitoria – Rosario). El cierre también se produjo en la gestión anterior, en octubre de 2023, con desalojo intempestivo. En esta nueva gestión se sostuvo la asignación presupuestaria para la reapertura de dicho dispositivo destinado a adolescentes.
Inmuebles en estado crítico
Desde la secretaría recordaron la situación de los inmuebles dependientes del área. Al inicio de esta gestión los que estaban alquilados en su mayor parte tenían contratos vencidos o sin pagos de alquiler (algunos desde el 2021), algunos incluso con conflicto con los propietarios.
Específicamente el de calle Ricardone tenía contrato de alquiler vigente, pero firmado durante la última semana de la gestión anterior, con una deuda de 10 meses de alquiler. Se trata de un edificio con falencias edilicias por falta de mantenimiento y es inadecuado para desarrollar la contención necesaria. Se dio urgente intervención al área de arquitectura del Ministerio solicitando informe que concluyó que "el estado edilicio es deficiente, impropio para las necesidades de servicio del área y sin condiciones de accesibilidad".
Asimismo, en relación al edificio ubicado en calle Zeballos tenía contrato vencido desde el 27/7/2023 sin ningún tipo de mantenimiento, fecha en la que también se dejó de abonar el monto del alquiler. Por último las actuales autoridades se encontraron con contratos de alquiler de inmuebles firmados por la anterior gestión sin acto administrativo que avale la contratación y cedido en comodato a la Secretaría de Niñez.