Con el fin de prevenir los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la alcaldía de Medellín expidió este lunes un decreto con el que suspende a partir de la fecha y por seis meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el espacio púbico del parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y otras zonas aledañas.
Desde la alcaldía explicaron que la decisión se tomó con el fin de adoptar medidas que ataquen el delito en esta zona, el cual está controlado por estructuras criminales como 'La Terraza', 'La Raya', 'Robledo' y otras organizaciones. De esta manera, se perseguirá con medidas correctivas a quien demande, facilite o tolere servicios de prostitución en este sector de la ciudad.
"Ahí está el proxeneta, ahí está el extranjero o el nacional que va detrás de quienes prestan servicios sexuales, ahí están los establecimientos que toleran o facilitan estos fenómenos", aseguró Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.
Para analizar la medida, EL TIEMPO consultó con mujeres expertas en el tema y quienes conocen de primera mano la situación de explotación sexual y prostitución en Medellín, con el fin de conocer sus posturas al respecto.
Sara Jaramillo, presidenta de la veeduría a la ruta de trata de personas de Medellín y líder de la fundación Empodérame, empezó por resaltar el hecho de que el decreto sea el primero en su tipo en cuestionar la demanda de la prostitución en Colombia y perseguir a quien paga por ello.
Sin embargo, la activista y defensora de derechos humanos reconoció que existen algunas ambigüedades en la normativa al mencionar, en algunos artículos, la oferta y demanda al mismo tiempo.
"Es un decreto bien intencionado, pero su efectividad va a recaer en gran medida en funcionarios de la Policía Nacional que por lo que hemos visto no están capacitados en los absoluto para abordar estos temas con población en contexto de prostitución", dijo Jaramillo.
En este sentido, el reto estará en precisar cuándo las autoridades interpretan que se está dando la demanda de explotación sexual por parte de alguna persona. Por ello, será clave fortalecer la formación de los uniformados y funcionarios para la intervención de estos casos.
"Esto claramente no va a resolver la problemática de prostitución y explotación sexual que hay en la ciudad. En definitiva, no lo va a hacer, va a trasladar el problema a otros lugares, pero es la primera medida. Durante el gobierno de Daniel Quintero estuvimos en la inacción absoluta. No hacer nada tampoco es una opción. Hay una voluntad política que no habíamos tenido en la primera administración de Gutiérrez ni en la de Quintero", agregó.
Para Jaramillo es fundamental que la alcaldía de Medellín ofrezca programas sociales que logren sacar a las mujeres de la prostitución, a través de segundas oportunidades, con acompañamiento médico, psicológico y ayuda humanitaria para el restablecimiento de derechos.
Por su parte, Jazmín Santa, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana e integrante de la Mesa contra el ESCNNA en Medellín, dijo que con la medida de la administración se desplaza el problema a otros sectores de la ciudad como la carrera 70, la carrera 45 y el centro.
"Es pasar la pelota de un sector a otro. ¿Por qué no se está hablando de inversión en salud y educación? Aquí el problema estructural es el consumo de drogas. El microtráfico es el problema de base", dijo la experta.
La investigadora recordó que muchos de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se presentan en escenarios digitales, donde las víctimas son contactadas directamente por su victimarios. "¿Esto como se soluciona? Con una inversión en cultura, educación, deporte, en recuperar los parques", agregó.
"Es un hecho, los contextos de prostitución facilitan la explotación sexual , sí, pero qué tengo yo para ofrecer para que una mujer salga de la prostitución", puntualizó la experta.
Pese a que el problema está ampliamente diagnosticado, en el anteproyecto del plan de desarrollo 2024 - 2027 de la alcaldía de Medellín solo se menciona la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en dos programas: 'competitividad, control y gestión turística' —que busca mejorar la competitividad de los operadores y prestadores del servicio turístico— y 'Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia' —que tiene como fin contribuir a la generación de capacidad y condiciones familiares, sociales e institucionales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes—.
Sin embargo, no hay indicadores de producto o resultado que estén directamente relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
Aunque la Mesa contra el ESCNNA presentó a la administración de Gutiérrez una propuesta, a través de la alianza ciudadana Sumando Voces, para implementar programascontra la explotación sexual, con indicadores específicos, estos no se han incluido en el anteproyecto del plan de desarrollo publicado por la alcaldía.
La Mesa propuso fortalecer el plan intersectorial para la promoción de derechos, prevención y atención de niños, niñas y adolescentes para dar respuesta a la situación actual. Algunos de los componentes planteados son fortalecer los sistemas locales de información sobre el ESCNNA, potenciar programas de prevención, sensbilizar a la población sobre los riesgos, fortalecer la atención a víctimas, promover la sanción social, monitorear espacios de riesgo, entre otros.
Valery Parra, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Antioquia, rechazó el decreto anunciado por la alcaldía, al señalar que la medida complicará la situación actual de las mujeres que ejercen la prostitución.
"La principal solución sería una caracterización para que conozcan cuántas somos, qué necesidades hay, la escolaridad, el grupo familiar, el grupo etario. Con estos datos bien discriminados podemos empezar a avanzar con acciones afirmativas", dijo la líder del sindicato, al explicar que esta ha sido una tarea pendiente de las últimas administraciones.
Parra apuntó que con el decreto se siguen confundiendo los delitos sexuales con el ejercicio del trabajo sexual y aumenta el riesgo de violencia policial por la prohibición. "La medida criminaliza la pobreza de las mujeres que están en la modalidad de trabajo sexual de calle", aseguró.
Con el fin de combatir el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la presidenta de Sintrasexa pidió a las autoridades e instituciones trabajar de la mano con instituciones de trabajadoras sexuales y organizaciones que luchan contra la trata y la ESCNNA "para poder estructurar el plan de acción que ataque el verdadero problema que son las bandas criminales".