Sin embargo, tres años después falleció la madre de Fermina. Desde entonces, ha sido una hermana la que ha asumido su cuidado y siendo la persona que responde moral, física y económicamente por ella.
Ante ello, la pariente en enero de 2021 solicitó la sustitución pensional de su padre y abril de ese mismo año la Alcaldía Municipal de Aguadas negó la solicitud alegando: "No es posible acceder a una sustitución de una pensión ya sustituida (…) no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, sustitución de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes".
Además, alegaron que Fermina no se encontraba "declarada interdicta legalmente" con anterioridad al año 2019 o lo que es igual, "con un curador que acompañe a la citada peticionaria en sus situaciones legales".
También manifestaron que la invalidez o incapacidad laboral alegada por la peticionaria "se produjo de forma posterior al deceso de su señora madre".
En el expediente se lee que el 8 de octubre de 2019, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas le diagnosticó a Fermina: "Diabetes Mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación; hipertensión esencial (primaria); hipoacusia neurosensorial, bilateral; retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo, trastorno de la refracción no especificado" y dictaminó una Pérdida de capacidad laboral de 76.64 por ciento.
Así las cosas, el 31 de marzo de 2022, la hermana de Fermina -en calidad de persona de apoyo- y a través de apoderado judicial, promovió proceso ordinario laboral para obtener la sustitución pensional a favor de su hermana. Caso que llegó al Juzgado Civil del Circuito de Aguadas (Caldas).
En Sentencia de primera instancia, de noviembre de 2022, el Juzgado "declarar probada la excepción de "falta de cumplimiento de los requisitos de ley para realizar reconocimiento de la pensión de sustitución a la demandante".
La jueza señaló que tanto el parentesco como la dependencia económica estaban demostrados; pero, de acuerdo con la fecha de estructuración fijada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL), "la invalidez es posterior al fallecimiento del padre.
En consecuencia, decidió absolver al municipio de Aguadas de la totalidad de las pretensiones de la demanda".
Posteriormente, en segunda instancia, de diciembre de 2022, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Manizales confirmó la sentencia de primera instancia. Además, el Tribunal concluyó que no se demostró que la invalidez fuese anterior a la fecha de fallecimiento del padre.
"A pesar de la intención de pretender demostrar la dependencia de la demandante no con relación al causante, sino frente a la mamá, otrora beneficiaria de su prestación, esta Sala concluye que, cuando la pensión se sustituye a un beneficiario y este fallece, esa pensión no puede sustituirse nuevamente a quien le sobrevive. Ciertamente, la ley no permite lo pretendido, por cuanto ello implicaría "reciclar" infinitamente el beneficio prestacional y se llegaría a la hipótesis que se heredaría cada vez que un beneficiario pensional fallezca", señaló el Tribunal.
Frente a esas decisiones, la hermana de Fermina presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral. Allí argumentó que se desconocieron las sentencias T-360 de 2019, T-100 de 2021, entre otras decisiones de la Corte Constitucional.
"La actora también indicó que el tribunal desconoció que la enfermedad mental efectivamente es congénita pues se evidencia en el historial clínico que la ha padecido desde prácticamente su nacimiento", se lee en el fallo.
En este sentido, la actora pidió que se amparen los derechos a la salud, vida en condiciones dignas, seguridad social y debido proceso a favor de su hermana; y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia que fue proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
Dicha acción constitucional fue presentada en enero de 2023 y fue admitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces de tutela, en primera instancia de febrero de 2023, declaró improcedente el amparo. "El fundamento de esta decisión fue la falta de formulación del recurso de casación, previsto en el Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social".
Y luego en segunda instancia de mayo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia impugnada. "Este despacho afirmó que debió interponerse el recurso de casación porque las pretensiones que le fueron desfavorables con la decisión de segunda instancia superan los 120 salarios mínimos legales mensuales. Con ello existía interés para recurrir en casación".
Es por ello que el caso pasó a revisión de la Corte Constitucional, que durante el análisis puso de presente que "corporación ha fijado los criterios como: establecer si existe un precedente aplicable al caso concreto y distinguir las reglas decisionales; comprobar que dicho precedente se debía aplicar so pena de desconocer el principio de igualdad; y verificar si el juez expuso razones fundadas para apartarse del precedente, ya sea por diferencias fácticas o por considerar que existía una interpretación más armónica y favorable de cara a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales".
Así las cosas, los requisitos para la sustitución pensional a favor del solicitante con pérdida de capacidad laboral superior al 50 por ciento, entre los que están que las personas que pretendan la sustitución pensional "deben acreditar el parentesco con el difunto asegurado; su discapacidad; y su dependencia económica respecto del fallecido.
"Para la Sala, es claro que una valoración integral del dictamen de PCL y de la historia clínica de Fermina permite concluir, sin duda alguna, que ella vive con la discapacidad intelectual, al menos, desde los 18 años, pues, como se mencionó anteriormente, esta condición aparece durante la etapa de desarrollo y antes de los 18 años", expuso la Corte.
Así las cosas, la Sala de Revisión encontró que en la sentencia atacada "se configuró un defecto por desconocimiento del precedente, pues se apartó de la jurisprudencia sobre el enfoque de valoración integral de todo el acervo probatorio para fijar la fecha de estructuración en el dictamen de invalidez".
En el caso particular de la actora, "se ignoró que en la historia clínica existían conceptos médicos que daban cuenta de que su discapacidad tuvo origen en su niñez y que llegó a la edad adulta con dicha discapacidad (...) Por tanto, de acuerdo con los hechos de este caso, la fecha de estructuración de la invalidez fue antes de la muerte del causante", señaló la Sala en su decisión.
De otro lado, la Sala de Revisión concluyó que negar la sustitución pensional con fundamento en que la pensión ya ha sido sustituida no "es un argumento admisible, pues la sustitución pensional es un derecho imprescriptible e irrenunciable y el hecho de que no se haya reclamado durante el primer trámite de sustitución no justifica que sea negado al beneficiario que cumple los requisitos".
Así las cosas, la Corte le ordenó al Tribunal que profiera una sentencia de reemplazo y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional a favor de la mujer.