La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en reciente decisión aclaró que la prueba biológica de ADN "no sirve para impugnar la paternidad o maternidad en aquellos casos en los cuales las parejas decidieron de forma voluntaria y conciente tener hijos a través de un proceso de reproducción asistida, con la ayuda de terceros que donan óvulos o esperma.
La decisión de la Corte se da al estudiar un recurso de casación interpuesto por una mujer frente a una sentencia de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, con relación a la solicitud del reconocimiento de su maternidad biológica sobre sus dos hijos mellizos.
El caso se dio en la capital del Atlántico, y la mujer alegó que sus hijos fueron concebidos "como producto de una inseminación artificial", por lo que es la única madre y se debe modificar la filiación excluyendo de esa calidad a su pareja, una mujer quien también figura con madre de los menos en los registros civiles de nacimiento.
La demandante relató que en 2017 se realizó un tratamiento in vitro logrando gestar -con un donante anónimo de esperma-, embarazo de mellizos los cuales nacieron el 28 de octubre de 2017 mediante cesárea.
Los menores fueron registrados el 4 de noviembre siguiente en la Notaría Primera de Soledad (Atlántico), haciendo constar en el mismo el nombre de su compañera "en el espacio destinado: Datos de madre o padre (para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo)", a pesar de que ella "biológicamente no tiene ningún vínculo con ellos (menores)".
En el expediente se lee que la relación de pareja terminó en abril de 2019 y la demandante siempre ha tenido "a su cargo en forma exclusiva a los dos menores" ya que fue "quien por decisión propia decidió traerles al mundo utilizando las innovaciones en materia de fertilidad que así se lo permitían".
Ese escenario la conllevó a impugnar la maternidad de su compañera. De acuerdo con el relato las mujeres conformaron la relación desde junio de 2014.
Dicha unión fue formalizada ante notario y en ella convinieron la procreación de los menores mediante "reproducción asistida por programa de consentimiento informado" y al nacimiento de los mellizos los registraron como hijos de ambas, razón por lo que la otra madre de los menores se opuso a las pretensiones y excepcionó la "inexistencia de causa para demandar impugnación de maternidad".
Es por ello que el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, en fallo de 29 de abril de 2021, "negó las aspiraciones toda vez que no se demostró la ausencia de consentimiento de la contradictora en el proceso de fecundación in vitro al que se sometió la promotora y que culminó con el nacimiento de sus hijos, -que además se produjo dentro de la unión marital de hecho- conformada por ellas y sin que estuviera en discusión la improbabilidad biológica de progenitura por la contradictora, que fue admitida, puesto que las pruebas de ADN 'no atacan ni tienen la aptitud de desvirtuar la validez del acto de inseminación artificial consentida, el cual se llevó a cabo con el cumplimiento de los requisitos legales'", se lee en la sentencia del caso que prefirió la Sala.
Sin embargo, la accionante apeló con el argumento de que la maternidad de la excompañera "es ilusoria". "Solamente un nombre en un papel que no está amparada en razones biológicas, afectivas o de responsabilidad hacia los dos menores, de quien se busca el interés superior tal como exige nuestra constitución".
Para resolver el caso, la Corte Suprema apeló al artículo 42 de la Constitución Política, que estipula que "la familia es una institución básica de la sociedad y es obligación del Estado y de la sociedad de garantizar su protección integral", que se conforma por la "decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, y las relaciones derivadas de la misma se deben basar en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes".
Para el alto tribunal, esa definición guarda relación con lo previsto en CC C-577 de 2011 en relación con las parejas del mismo sexo. En ese entorno "los niños procreados por medio de asistencia científica tienen por padres o madres a quienes deciden de manera libre y consciente realizar y adelantar la reproducción humana asistida" y dicha filiación "conlleva atributos inherentes a su condición humana como el estado civil, la relación de patria potestad, orden sucesoral, obligaciones alimentarias, nacionalidad, entre otros".
Al estudiar a profundidad el caso, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Duque Tejeiro Duque mantuvo la decisión de los jueces de instancia que negaron las pretensiones de la madre biológica pues "se demostró que se trató de una familia diversa conformada por dos mujeres unidas con un vínculo solemne, que optaron de manera consciente, voluntaria y expresamente consentida acudir a técnicas de reproducción asistida para incorporar hijos a su proyecto de vida en común".
"Como la mujer demandada aceptó acompañar el proceso de reproducción asistida a su pareja, esto cerraba el paso a la impugnación de la filiación, más aún cuando ese consentimiento fue libre, espontáneo y voluntario, lo que facilitó la inscripción del registro civil de nacimiento que ahora se busca modificar", señaló la Corte en su decisión.
Además, puso de presente que en estos casos "no sirve la prueba científica para refutar la filiación ya que, de lo contrario, cualquier persona que previamente dio su consentimiento de forma válida e irrefutable para tener un hijo con su pareja a través de una técnica de reproducción asistida, podría sustraerse de los compromisos que previamente adquirió únicamente basándose en una prueba biológica de ADN, dejando la filiación al vaivén del querer".
También consideró que si bien la conformación de la familia puede cambiar por las decisiones de sus integrantes, "eso no significa que la transformación de los afectos sirva para permitir la elusión de los compromisos de ley".