El consejero de Estado César Palomino profirió este 9 de abril un auto con el que admitió la demanda de pérdida de investidura presentada por el abogado antioqueño Carlos Mario Patiño en contra de 10 congresistas de la República por aportar recursos a la denominada 'vaca' para la terminación de las vías 4G de Antioquia.
Patiño argumentó en su escrito que los seis senadores y cuatro representantes —nueve del Centro Democrático y un Liberal— habrían incurrido en la causal por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o régimen de conflicto de intereses contemplado en la Constitución Política y la Ley 5 de 1992.
En este sentido, la sala especial de decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado notificó a Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado para que se pronuncien en los próximos cinco días sobre el proceso.
En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Patiño explicó las motivaciones, políticas y jurídicas, que lo llevaron a demandar a los legisladores.
"Soy un antioqueño, orgulloso de serlo, que no cree que todos tienen que pensar igual. Lamentablemente, quienes están en el gobierno departamental han promovido la idea de que todos tenemos la misma orientación política y aversión con el Gobierno Nacional", explicó el abogado y magíster en Derecho Económico.
La clave de su argumentación está en que, para reglamentar el mecanismo de aportes voluntarios para la terminación de las vías, la Gobernación de Antioquia se valió de los términos expresados en el artículo 1443 del Código Civil que habla de la donación entre vivos.
"Es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta", se lee en la normativa.
"En la doctrina del derecho continental, es decir, la nuestra, hay reflexiones de que efectivamente la donación es un contrato, es algo relativamente aceptado. Es una relacion jurídica bilateral en la que dos partes ejercen su voluntad. Son dos partes porque yo te dono unilateralmente, pero tú tienes que aceptar para que se perfeccione", señaló Patiño.
Según el decreto publicado por la administración departamental, la donación se entiende aceptada de manera general en virtud de ese acto administrativo. El dinero recaudado corresponde presupuestalmente a recursos de capital.
Por esta razón, dice Patiño, los legisladores habrían incurrido en una causal de pérdida de investidura al celebrar el contrato de donación con la Gobernación de Antioquia.
"Debe anotarse que el alcance de la prohibición constitucional es la realización de contrato alguno no refiere la prohibición una particularidad de contrato o si este debe ser un contrato típico con la metodología del régimen de contratación Estatal, expresa la prohibición claramente que la única calidad especial es que sea una entidad pública, como en este caso, parte del contrato (sic)", se lee en la demanda.
Una vez se conoció el auto admisorio de la demanda, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que devolverá el dinero donado por los parlamentarios.
"Con el ánimo de no afectar, de involucrarlos en ningún problema judicial, respetando a nuestras autoridades, quiero decirles que vamos a proceder a regresarles los recursos que ellos genuinamente donaron a la 'vaca'", dijo Rendón este miércoles en el Congreso de la República.
Además, el mandatario aseguró que tiene convencimiento jurídico de que la donación no constituye un contrato, toda vez que los dineros aún no han ingresado al presupuesto del departamento de Antioquia.
Frente a esto, Patiño respondió que los recursos sí están en el patrimonio departamental pues permanecen en las cuentas bancarias de la Gobernación. "Lo que está tratando de hacer el gobernador es resolver un error cometiendo otro y eso no va a salir bien. Ellos tendría que estudiar mejor la alternativa de la devolución".
El abogado solicitó un derecho de petición a la Gobernación para que responda cuáles concejales, diputados, alcaldes y el propio gobernador aportaron recursos a la 'vaca' para adelantar nuevas acciones jurídicas por pérdida de investidura. El proceso actual en el Consejo de Estado puede demorar entre 7 meses y un año y medio.