La crisis del campo no termina de cerrarse. El plan de 43 medidas impulsado por el Gobierno para atajar los problemas del campo ha dividido a los representantes del sector. El paquete fue firmado por UPA (vinculada a UGT), uno de los tres pilares de las negociaciones con el Gobierno, y fue rechazado por Asaja y COAG por ser insuficiente y poco concreto. Para igualar la balanza entre el sí y el no, a la firma se sumó Unión de Uniones, organización catalana que convocó la primera gran tractorada en Madrid, pero que, sin embargo, ha permanecido excluida de las negociaciones.
En este contexto de ruptura de la unidad de acción del campo, el apoyo de Unión de Uniones resultó conveniente para el Ministerio de Agricultura, que ayer anunció su decisión de "ampliar" la representatividad agraria actual para que sea "más auténtica" mediante una nueva normativa que sustituya a la ley vigente de 2014. Esta medida abriría la puerta a que Unión de Uniones adquiriese el mismo nivel de representatividad que las otras tres organizaciones que componen el comité asesor agrario, que es el órgano de interlocución oficial con el Gobierno.
Las negociaciones individuales de Agricultura con las organizaciones del sector para buscar respaldos a su paquete de medidas fueron criticadas por Asaja y COAG. En concreto, para COAG el modus operandi de Planas supuso una "pérdida de confianza" al "no respetar" los procesos de toma de decisión de cada organización. Por su parte, Asaja reprochó a Unión de Uniones que criticase frontalmente los progresos conseguidos en las negociaciones del campo y acusase a las organizaciones de estar al servicio del Gobierno para lugar firmar un texto que ni siquiera negociaron.
Las dos asociaciones posicionadas en el lado del no coinciden en que el paquete de medidas flaquea en soluciones para la ganadería, para atajar la competencia desleal de países terceros o para incorporar jóvenes al campo, entre otros puntos, y hay otras propuestas poco concretas, que llegan tarde o que no cuentan con el presupuesto necesario.
La decisión del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación también llega después las elecciones al campo celebradas recientemente en algunas de las autonomías. Por eso, quiere una revisión "inclusiva" de la normativa basada en el "diálogo" con las organizaciones agrarias para que "el sistema refleje de la mejor forma esa representatividad" en el sector primario. Planas está convencido de que se superará la ley de 2014 "mediante este mecanismo de ampliación y de puesta al día de esa representatividad".
Planas también confirmó que Agricultura constituirá en los próximos días con las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones la comisión de seguimiento del plan de 43 medidas que el Gobierno le presentó al sector primario para dar respuesta a sus peticiones. Además, dejó la "puerta abierta" a que Asaja y COAG se adhieran al plan.
Entre las acciones vinculadas a ese plan están trabajando en las medidas que requieren una reforma del plan estratégico de la PAC en el año 2025 o aprobar el cambio legislativo necesario para convertir la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en agencia estatal, mientras que a nivel europeo se van poniendo en marcha reivindicaciones comerciales que habían pedido los agricultores.
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