Gisela Gaytán, aspirante a la alcaldía de Celaya (estado de Guanajuato, México) apenas empezaba su primer día de campaña electoral el pasado lunes 1.° de abril cuando un grupo de sicarios acabó con su vida mientras recorría una calle de San Miguel de Octopan saludando a sus simpatizantes.
Unas horas antes, la candidata había presentado su estrategia de seguridad para el municipio y contó que su partido había solicitado protección para desarrollar su campaña, aunque no había recibido respuesta. "El hecho de pararse a saludar personas lo hacía comúnmente y nunca pensaba que le fuese a pasar algo", afirmó un miembro de su equipo al diario El País.
Nueve días después, a 900 kilómetros de distancia, hombres armados asesinaron a Julián Bautista Gómez, candidato indígena a la alcaldía de Amatenango del Valle, en el municipio de Chiapas. Gómez viajaba por una carretera federal cuando se detuvo a comprar comida y un grupo de sujetos le disparó a quemarropa.
Gaytán y Bautista son solo dos de los candidatos asesinados en México durante la campaña para las elecciones del próximo 2 de junio. Se trata de los comicios más grandes en la historia del país azteca, puesto que más de 98 millones de mexicanos están habilitados para elegir 20.000 cargos de elección popular, entre ellos presidente, senadores, gobernadores y presidentes municipales.
Pero el proceso electoral 2023-2024 ya es también, a falta de dos meses para cerrarse, el más violento en la historia moderna de México, según advierte un informe de Integralia, una consultora en asuntos públicos, riesgo político y conflictividad.
Según la consultora, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se han presentado 300 incidentes de violencia política asociados a 399 víctimas. Mientras que en el periodo electoral 2017-2018 se registraron 389 víctimas y en los comicios federales de 2020-2021 se reportaron 299. La cifra incluye desde asesinatos hasta amenazas, atentados, secuestros, desapariciones, entre otras formas de violencia.
El informe de Integralia advierte que en la reciente campaña electoral se han registrado 161 asesinatos, 100 amenazas y al menos 85 atentados. La cifra incluye todos los ataques a candidatos, funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, familiares o víctimas colaterales en la campaña. Esas cifras suponen un promedio de 1,8 víctimas de violencia política a diario y de 21,8 víctimas quincenales.
Si se observa solo el caso de los candidatos, en estos ocho meses las cifras dan cuenta de 127 víctimas de violencia política: 72 aspirantes recibieron amenazas, 24 fueron asesinados y 16 sufrieron atentados con arma de fuego. Es decir, un aspirante a cargos de elección popular es agredido cada dos días.
Las cifras del gobierno, no obstante, son inferiores. Hace una semana, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde octubre de 2023 han sido asesinados 15 candidatos o precandidatos a cargos regionales. Aunque el dato no incluye a otros funcionarios o personas cercanas a las campañas.
En un análisis de febrero, Integralia ya había advertido que este proceso se convertiría en uno de los más violentos en México, puesto que el crimen organizado intervendría más que nunca en las elecciones locales debido a tres factores: el amplio conjunto de cargos a elegir, el creciente número de grupos criminales involucrados en el conflicto o la proliferación de los mercados ilegales y el narcotráfico en el país.
Desde allí se puede controlar el territorio. Un elemento fundamental para que una organización criminal pueda afianzarse
Yair Mendoza, de la Unidad de Riesgo Político de Integralia, le explica a EL TIEMPO que detrás de la creciente ola de violencia electoral está mayoritariamente el deseo del crimen organizado de hacerse sentir en los comicios con la intención de lograr el control de mercados lícitos e ilícitos en el país.
"Un mercado lícito es por ejemplo el control de la policía, el servicio de recolección de basura o las policías de tránsito en un municipio. ¿Por qué tienen interés las organizaciones criminales por controlar este nivel? Porque desde allí se puede controlar el territorio. Un elemento fundamental para que una organización criminal pueda afianzar y hacer crecer a su organización. Adicional a que con ello se tiene un control y vigilancia permanente del territorio", asegura.
También obedece, explica Integralia, al deseo de las mafias de someter a los candidatos para inclinar la balanza a su favor o a las disputas de poder entre grupos políticos.
Y es que el embate del crimen organizado en México es tal que en 2023 el país obtuvo el tercer puesto en el Índice Global de Crimen Organizado entre las naciones más impactadas por la criminalidad, tan solo superado por Myanmar y Colombia.
No obstante, si se habla solamente del apartado del Índice que evalúa el impacto de los mercados criminales en los 193 países, la nación azteca ocupa el primer lugar por cuenta de la alta incidencia de las estructuras criminales y los crecientes delitos como la trata de personas, la extorsión, los cobros ilegales, el tráfico de armas o el comercio de productos falsificados.
El Índice de Paz México 2023 también señala que la tasa nacional de delincuencia organizada aumentó un 64,2 por ciento en los últimos ocho años, lo que ha impulsado el aumento de los homicidios en el país. Ese mismo Índice asegura que los asesinatos relacionados al crimen organizado pasaron de 8.000 a más de 23.500 entre 2015 y 2021.
Por otra parte, un estudio del Complexity Science Hubde Viena revelado en 2023 indica que los grupos criminales en México cuentan con entre 160.000 y 185.000 integrantes y reclutan más de 350 personas a la semana, lo que los convierte en "el quinto mayor empleador" en el país, superando a grandes compañías como Oxxo o Pemex.
"Si bien es cierto que también había casos de esta naturaleza en sexenios pasados, es decir, en administraciones anteriores, en la actualidad estamos observando un comportamiento mucho más intenso de las organizaciones criminales por tener injerencia en la elección", señala Mendoza.
Guerrero y Michoacán, los que más generan alerta
Arturo Espinosa, director y fundador del Laboratorio Electoral en México, le explica a este diario que la mayor cantidad de casos de violencia política se presentan en el ámbito municipal, al ser el que más les interesa a los grupos del crimen para tener incidencia a nivel regional.
Los aspirantes a puestos municipales, según Integralia, concentran el 73,4 por ciento de las agresiones en la actual campaña, mientras que los aspirantes federales el 14,5 por ciento y los estatales el 7,3 por ciento.
A nivel regional, Guerrero, Michoacán y Morelos son las zonas donde más ocurren agresiones. Según el informe de la consultora privada, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se han presentado 73 víctimas de ataques en Guerrero. Seguido de Michoacán, con 56 víctimas; Morelos, con 36; Chiapas, con 34 víctimas, y Jalisco, con 32.
En esos estados han sido asesinados, por ejemplo, Dagoberto García, aspirante a la presidencia municipal de Maravatío (Michoacán); Ricardo Taja, candidato a la presidencia municipal de Acapulco (Guerrero); o David Rey González, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate (Chiapas).
Se trata de zonas, según los analistas, donde hay una alta debilidad institucional, menor resistencia de la autoridad y por ende mayor impunidad. Pero también de lugares donde sus mercados ilegales son más rentables o sitios estratégicos para el negocio criminal.
"En esas zonas se da la presencia de amplios grupos criminales que están compitiendo de forma intensa por capturar mercados ilegales y mercados legales. Además de elevados márgenes de competitividad electoral, es decir, municipios donde la diferencia entre las fuerzas partidistas es estrecha. Por lo tanto, la interferencia del crimen organizado puede modificar esas diferencias marginales entre el primer y segundo lugar y permitirle al grupo delincuencial controlar ese espacio territorial", explica Mendoza.
En ese sentido, Mendoza advierte que la respuesta del Estado ha sido lenta y parcial. En primer lugar, porque la protección que se brinda a los candidatos ha sido insuficiente y hasta tardía, como ocurrió en el caso de Gaytán.
Según la Secretaría de Seguridad, hasta el martes pasado se habían recibido 200 solicitudes de protección de candidatos, dando cuenta de un crecimiento de 100 solicitudes en tan solo una semana: 186 ya fueron atendidas, 11 declinadas y 3 están en análisis de riesgo.
Y, en segundo lugar, dice Mendoza, porque el Estado mexicano está buscando formas de reducir las violencias políticas en la campaña actual a través de más despliegues policiales o militares sin poner su atención en mecanismos para atender la verdadera causa del problema.
"Mientras el Estado mexicano no se atreva a reconocer que tiene un problema, a saber que hay regiones del país que controlan los grupos del crimen organizado, se vuelve mucho más complicado resolverlo porque caemos en la discusión de soluciones facilistas que quieren simplemente evitar que haya actos de violencia por parte del crimen organizado sobre candidatos, cuando el verdadero problema es el trasfondo: es la injerencia de los grupos criminales en la elección para construir gobiernos o regímenes criminales", asegura.
Cifra de víctimas sin precedentes
Lo preocupante, señalan los expertos consultados por este diario, es que, a medida que avanza el proceso electoral, el crimen organizado acelera su accionar porque el tiempo que les queda para ingerir en los comicios se acorta.
Las elecciones se están convirtiendo en un medio eficaz para que estos grupos accedan al control de los territorios
De ahí que entre febrero y marzo se haya superado incluso el promedio de 28,1 ataques al día. Según las cifras de Integralia, en la primera quincena de marzo hubo al menos 84 ataques. Mientras que los datos del Laboratorio Electoral reportan un incremento del 200 por ciento en las agresiones a aspirantes y personas vinculadas a las campañas entre sus informes de febrero y abril.
"Más allá de los números, esto lo que significa es que en muchas regiones de nuestro país la democracia está capturada por grupos criminales. Las elecciones se están convirtiendo en un medio eficaz para que estos grupos accedan al control de los territorios y a partir de allí empiecen a regular la vida política, económica y social. Es lo que llamamos un régimen criminal, en donde los grupos criminales dictan las reglas del juego por encima de gobiernos locales, estatales y federales", señaló Armando Vargas, consultor de Integralia, a El Financiero Televisión.
Otra alerta que emite Espinosa es que la violencia en los procesos electorales genera miedo y produce condiciones adversas a la participación ciudadana. Según el Laboratorio Electoral que dirige el experto, algunos municipios ya han registrado renuncias de aspirantes que consideran que no hay garantías para los comicios, poniendo en juego la elección.
La violencia también pone en riesgo la instalación de los puestos de sufragio en ciertas zonas y el desarrollo normal de las jornadas de votación en algunos municipios.
Lo cierto es que todavía restan más de 50 días para la celebración de los comicios en México lo que da tiempo a que los eventos de violencia política sigan creciendo o incluso apareciendo en otros estados en donde aún no hay alertas rojas. Por eso, el analista de Integralia Armando Vargas teme que las víctimas de violencia al cierre del proceso electoral puedan superar las 500, un número alarmante nunca antes registrado.
ANGIE NATALY RUIZ HURTADO - REDACCIÓN INTERNACIONAL - EL TIEMPO