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El lunes último, el portal Focus Noticias de Colombia, especializado en información judicial, anunció la posibilidad de que sean extraditados a Estados Unidos los tres financistas del magnicidio de Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien era fiscal delegado de la unidad especializada de Crimen Organizado de Paraguay cuando fue ultimado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú.
El atentado se registró en el último día de su luna de miel con la periodista Claudia Andrea Aguilera Quintana, quien una hora antes del ataque anunció que estaba embarazada. Ambos se habían casado el 30 de abril de ese año.
Los supuestos extraditables son los hermanos Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes cumplen condenas de 25 años, 6 meses y 27 días, y la esposa de este último, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien cumple una sentencia de 39 años.
Una delegación
"Hay una visita de una delegación liderada por una fiscal de una Corte Sur de La Florida, de los Estados Unidos, que están visitando nuestro país con el propósito de entrevistar al señor Correa Galeano, a la señora Margareth Chacón, en sus respectivos centros de reclusión, con el propósito de determinar si el asesinato del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini guarda relación con investigaciones que eran del interés de los Estados Unidos. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y esa es la razón por la que se involucra los Estados Unidos. Porque eventualmente, al asesinar al fiscal Pecci, se hubieran afectado investigaciones del interés de la justicia norteamericana. Esa es la razón", explicó ayer a radio ABC Cardinal 730 AM el abogado Francisco Bernate Ochoa, quien en Colombia ejerce el cargo de representante de víctimas, es decir, una especie de defensor público asignado a la familia del asesinado Pecci.
Lo que dio a entender Bernate es que si los norteamericanos comprueban que Marcelo Pecci fue eliminado para frenar alguna investigación en la que ellos también estaban involucrados, podrían llevarse a los financistas del crimen para que cumplan condenas en cárceles de ese país.
Resulta que como Pecci era también fiscal de Narcotráfico en Paraguay, podría haber estado investigando a algún grupo que era objetivo, por ejemplo, de la DEA.
La DEA es la agencia antidrogas de Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia.
Sobre las eventuales solicitud y aprobación de la extradición de los hermanos Pérez Hoyos y de Margareth Chacón, el tiempo estimado por Bernate para su ejecución es "en el mejor de los mundos, en un año".
Bernate fue consultado también sobre la investigación paraguaya del caso Pecci.
"Esa es la gran pregunta. ¿Qué está pasando en Paraguay con esta investigación? ¿Hasta qué punto, desde el momento en que Colombia lo entregó, se ha avanzado? Lo más importante aquí es que ahora tendremos tres países interesados en esta situación, que seguramente van a empujar y llevar esto a buen puerto, con la investigación de lo que nos falta, quién está detrás de este asesinato", respondió el abogado colombiano.
Por otro lado, el abogado representante de víctimas confirmó que el articulador confeso del crimen, Francisco Luis Correa Galeano, sigue recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, pese a que goza de una inmunidad parcial de un año por la colaboración que hizo con los investigadores.
Sin embargo, Bernate confirmó que Correa Galeano nunca entregó el celular que había ofrecido a cambio de su libertad.
Supuestamente, ese aparato contenía información aún no revelada sobre el caso.