La propuesta de reformar la Constitución planteada por Nicolás Maduro, que se postula nuevamente a la presidencia de Venezuela este año, apunta a que las personas juzgadas por delitos de corrupción cumplan condenas de cadena perpetua, y pide también la inhabilitación política de por vida.
Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar tras referirse al escándalo por el que fue detenido la semana pasada su exministro de Petróleo Tareck El Aissami.
Decenas de funcionarios fueron arrestados desde el año pasado por una trama de corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, que según la ONG Transparencia Venezuela significó un desfalco de casi 17.000 millones de dólares.
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El Aissami fue hombre de confianza de Maduro. Fue su vicepresidente entre 2017 y 2018 y luego su ministro de Petróleo, entre 2020 y 2023. También había desempeñado altos cargos en el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Una reforma constitucional debe pasar por el Parlamento y, después, ser aprobada en referendo.
El delito de traición a la patria suele ser imputado en Venezuela a opositores detenidos por denuncias del chavismo de conspiraciones para derrocar a Maduro o asesinarlo.
Las inhabilitaciones políticas, a la vez, han sido un arma para sacar del camino a adversarios. De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro buscará un tercer mandato, fue inhabilitada María Corina Machado, ex diputada liberal que ganó el año pasado las primarias de la principal alianza opositora.