La diputada Margarita Stolbizer y los referentes de la Cámara baja que responden a Elisa Carrió reclamarán desde el lunes activar los proyectos presentados para implementar en el país el juicio en ausencia, un pedido de la Cámara de Casación en su fallo de este jueves, con el que dio por probado que Irán participó del atentando a la AMIA.
Los camaristas sostuvieron que, para juzgar a los ciudadanos libaneses e iraníes con pedido de captura internacional de Interpol, "un recurso útil y adecuado" sería "el denominado juicio en ausencia", que no es otra cosa que iniciar el proceso sin la presencia de los acusados. Las leyes argentinas así lo posibilitan.
El tema sobrevuela el Congreso desde hace una década, cuando una de las justificaciones de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner para firmar el memorándum con Irán fueron los límites que impone la Constitución Nacional para hacer un juicio en ausencia.
Su postura fue desafiada por la entonces diputada Patricia Bullrich, quien inició un debate en la comisión de Legislación Penal, sin chances de construir una mayoría para dictaminar.
Juicio en ausencia por la AMIA
En 2019, la comisión de Legislación Penal logró un dictamen de un proyecto de juicio en ausencia, impulsado por los exdiputados Daniel Lipovetzky (PRO) Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enríquez (PRO) y el ahora ministro de Defensa, Luis Petri (UCR).
Durante el Gobierno de Mauricio Macri las señales no fueron claras: su ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció en reiteradas ocasiones que habría un proyecto que nunca envió. Fue uno de los cortocircuitos que tuvo con el extitular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla.
En el Congreso había versiones que indicaban que sectores de la DAIA preferían evitar el juicio en ausencia, por una presunta resistencia a avanzar en un posterior tratado de extradición.
Nunca hubo expresiones oficiales en ese sentido, pero el tema se congeló durante el gobierno de Alberto Fernández y podría retomarse la semana próxima.
En Diputados hay cuatro proyectos, con estado parlamentario, presentados por los integrantes de la Coalición Cívica, que ahora confluyen en el bloque Hacemos Coalición Federal; por Stolbizer y por los exmiembros de la Cámara baja, Graciela Camaño (Consenso Federal) y Alberto Assef (UNIR).
En todos los casos se establece una incorporación al artículo 290 del Código Procesal Penal para que, en caso de rebeldía de los acusados, se los pueda juzgar en ausencia, previa designación de un defensor oficial.
El debate constitucional
Los proyectos justifican la posibilidad de juzgar con silla vacía en el Estatuto de Roma, al que adhirió la Argentina y define los criterios para juzgar crímenes de genocidio y lesa humanidad.
Al invocar tratados internacionales, entienden quienes presentaron los proyectos, se podrían sortear los supuestos límites constitucionales que tendría el proceso para sus detractores.
En diálogo con Letra P, Stolbizer confirmó que desde el lunes buscarán impulsar el debate, en el que deberían intervenir las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que esta semana se constituyeron y que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO) y Manuel Quintar (La Libertad Avanza), respectivamente.
En la UCR aún no hay proyectos presentados. Ante Letra P, el jurista de este bloque, Fernando Carbajal, consideró necesario "legislarlo" y sugirió un ejercicio de derecho comparado con Francia, donde se aplica hace tiempo. Fue así que se juzgó al represor Alfredo Astiz por el secuestro, tortura y muerte de dos monjas.
En Unión por la Patria no hay proyectos presentados y el tema sigue siendo tabú, tras el rechazo de Cristina Kirchner de habilitar su debate hace una década. De un modo u otro, la discusión se pondrá sobre la mesa. Es lo que pidió la justicia.