Bajar la edad de la imputabilidad penal es una bandera recurrente que en este clima de época se reinstaló en el discurso, ya no solo del gobierno de La Libertad Avanza sino en el gobernador Maximiliano Pullaro, que ha reconvenido en avalar esa discusión. Pero ayer la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, fue por más y en un reportaje para Rosario develó su intención de bajar ese piso ya no a 16 años, sino a los 12 años de edad.
La ocurrencia mereció el repudio inmediato de quienes entienden en materia penal. Simplemente, la definen como una pretensión demagógica antes que una herramienta real o eficaz de seguridad ciudadana o política criminal.
"La discusión sobre la baja de edad de imputabilidad carece de sentido porque se llega a estas barbaridades de plantear edades tan bajas, como lo ha hecho Bullrich, todo un ejemplo del despropósito", refutó la ex diputada provincial Matilde Bruera, de larga trayectoria en el Poder Judicial que concluyó como defensora en la Cámara Federal de Casación Penal y docente en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
"Además, está comprobado que la participación de niños menores de 16 años en hechos violentos es ínfima, aunque haya hechos conmovedores que involucren a algunos", agregó.
Bullrich redobló la apuesta en la ofensiva punitivista del gobierno nacional y ayer sorprendió al revelar que el proyecto que prepara para enviar al Congreso podría incluir la imputabilidad penal a partir de los 12 años de edad. Dijo que lo evalúa y que piensa en cómo segmentar los rangos etáreos hasta la mayoría de edad, y según de qué delitos se trate.
Reafirmó su intención de convertir en ley la baja de la imputabilidad, hasta ayer discutida entre 16 o 14 años de edad como piso. "Es algo que defiendo desde hace muchos años. Nunca hubo una buena recepción de parte del Congreso en tratarlo pero creo que esta vez va a suceder. Vamos a presentar proyectos sobre organizaciones criminales, para que la pena mayor recaiga no solo en los cabecillas sino para todos los miembros", adelantó.
La ministra entonces develó que su propósito va más allá de lo esperado. "Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito", reveló.
La ministra lanzó esto ayer por LT8, convencida de que la idea encuentra consenso acrítico en buena parte de la población. Y lo dijo al día siguiente de haber recibido en Buenos Aires al gobernador Maximiliano Pullaro, con quien trazó un optimista balance del plan Bandera, el esquema de seguridad que trabajo a Rosario agentes de fuerzas federales y apoyo logístico militar.
"No se puede discutir la edad de imputabilidad si antes no se discute cuáles políticas sociales se dan hacia niños y adolescentes para evitar que a tan temprano edad sean captados por bandas criminales. Hay que discutir cuáles son las políticas para proteger la infancia e incluirla en proyectos de vida", replicó Bruera en diálogo con Rosario/12.
La estadística del Observatorio de Seguridad Pública ubica solo 4 menores de 16 años involucrados en los últimos 400 homicidios registrados en Rosario. Pero ese dato no cuenta para la decisión política de avanzar con el proyecto punitivista. "Hay muchos delitos menores, pero lo que se puede hacer con esto es lograr que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual. Esto pasa en Uruguay", afirmó Bullrich.
La captura de un adolescente de 15 años como presunto autor material de un crimen cuya estridencia trascendió el ámbito de Rosario y pegó en el país le dio pie a la ministra del PRO en avanzar por este clásico anhelo del ideario de derecha. El asesinato en cuestión ocurrió el 11 de marzo y la víctima fue Mauro Bussanich, empleado en la estación de servicios de Mendoza al 7700, uno de los cuatro homicidios que por esos días sacudieron la ciudad, incluido el de dos taxistas y el de un colectivero.
"Delito de adulto, pena de adulto", recalcó también ayer el subsecretario ministerial de Seguridad, el rosarino Federico Angelini, alineado con Bullrich.
"La posibilidad de imputar y aplicar, no ya la cárcel, sino medidas educativas, de resarcimiento o la devolución de los bienes robados, por ejemplo, es algo que vemos como positivo –distinguió la ministra–. Lo que se está analizando es cómo lograr que los jóvenes no escalen en la red delictual y no se conviertan en sicarios de una banda, como pasó con el asesino de Bussanich".
En contraste con esa mirada, Matilde Bruera descalificó la pretensión de contener las infancias desde el abordaje punitivista. "Sería inabarcable, la única forma es promover políticas sociales, que estén en la escuela, en los clubes, que hagan deportes, que puedan comer, que los comedores funcionen, que los padres trabajen y que los chicos tengan salida educacional y laboral para la vida adulta", señaló.
Recordó sus tiempos de defensora pública oficial, en los que hizo punta en imponer que esos adolescentes reclutados por el narcomenudeo son en realidad víctimas del delito de trata de personas: "Eran los menos los chicos menores de 16 años explotados en los búnkeres (de drogas). Luego son los que caen presos o son asesinados en los enfrentamientos territoriales. Así que por qué no se cuentan las víctimas menores de edad en esos asesinatos, siempre son varones, jóvenes y pobres", expuso.