"De muy chico aprendí lo preciosa que es la vida. Cometí un grave error: violé la ley", dijo Joe Lewis ante la jueza Jessica Clarke, en uno de los juzgados de Nueva York. "Me avergüenzo, lo siento y me hago responsable. Si su señoría así lo desea, deseo dedicar el tiempo que me queda (de vida) para reparar mis errores y volver a ser un ciudadano confiable".
El empresario británico es conocido en la Argentina no tanto por ser el dueño del club del fútbol Tottenham Hotspur, sino sobre todo por su amistad con Mauricio Macri, por sus vínculos con ciertos funcionarios patagónicos que le garantizan que haga de su estancia Lago Escondido –en Villa La Angostura– un territorio blindado, y por haber sido anfitrión de funcionarios judiciales, de la Ciudad de Buenos Aires, y operadores del Grupo Clarín, en un viaje que derivó en la "Causa Lago Escondido" que finalmente archivó el lawfare argentino.
Pedido familiar. Este británico de 87 años y con una fortuna que supera los 6,2 mil millones de dólares–según Forbes–, logró la clemencia buscada, una que también pidieron en respectivas cartas a la Justicia norteamericana su hijo Charles Lewis, y una de sus nietas. Y se consiguió previa aceptación de su carácter de delincuente seguido de un pago de 49 millones de dólares que resultan de la suma de una multa "personal" de cinco millones de dólares más tres años de libertad condicional; más cuarenta y cuatro millones de dólares que corresponden a la multa "empresaria" y restitución de dinero que la mencionada jueza Clarke le impuso a Broad Bay, una de las firmas de Lewis investigadas por el fiscal Damon Williams en esta causa que éste definió como "corrupción corporativa".
Jueza y partes. David Zornow, abogado de Joe Lewis, declaró ante el tribunal de Nueva York que este caso judicial le había causado "vergüenza y humillación" a su británico cliente, a la vez que había "rebajado ante el mundo entero" su imagen como empresario. "A este hombre se lo mide ahora, no por las ocho décadas anteriores sino por estos desafortunados acontecimientos", dijo Zornow ante un tribunal a sala llena. También señaló que si Lewis lograba una sentencia que le evitara ir preso, se "autodeportaría" a su refugio de las Bahamas, desde donde ha gestionado en secreto durante años su imperio corporativo.
Por su parte el fiscal fiscal Jason Richman dijo que los delitos de Joe Lewis eran "ofensivos para el concepto de un mercado abierto", pero que su delicada salud planteaba una situación única. Sobre esto último también se refirió la jueza Jessica Clarke, quien apuntó que Lewis estaba "en grave riesgo" si era encarcelado debido al deterioro de su salud, y "valoró" que Lewis hubiera regresado de manera voluntaria a Estados Unidos cuando comenzó todo este proceso judicial. Asimismo, antes de condenarlo al pago de los millones mencionados y a tres años de libertad condicional, Clarke expresó que "ni siquiera los multimillonarios están por encima de la ley" y que no había duda alguna que el delito cometido por Joe Lewis fue: "Grave; crímenes como el uso de información privilegiada atacan la integridad de nuestros mercados (financieros)".
El caso Lewis. Según la investigación que lideró Damian Williams –fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York– Joe Lewis hizo uso de su posición privilegiada para obtener información solo asequible a quienes como él, ocupaban una posición importante en directorios de varios compañías. Lewis compartió esos datos con, entre otros, dos de sus pilotos, un amigo con quien jugaba al póquer en la Argentina, y con su ahora ex novia Carloyn Carter. Esto dio origen a una demanda que hizo que en julio de 2023, Joe Lewis se presentara ante el juzgado del distrito sur de Nueva York para escuchar la sumatoria de cargos que se le imputaron y para esperar la sentencia fuera de la cárcel, ese día tuvo que pagar trescientos millones de dólares de fianza, también tuvo que entregar su pasaporte, se le prohibió salir de Estados Unidos, fijar un único domicilio en ese país, y dar información detallada cada vez que quisiera trasladarse a otro punto de Estados Unidos.
Asimismo, se negó el acceso –mientras durara todo el proceso judicial– a su avión privado y al yate que usaba también como "domicilio" por el mundo, porque ambas naves se tomaron como espacios donde se cometieron algunos de los delitos financieros que se le imputaron. Finalmente se le prohibió que mantuviera contacto alguno con un listado de empleados y allegados corporativos que pudieron ser influidos en sus declaraciones ante la Justicia norteamericana.
El abogado de Lewis dijo que esto afectó la imagen empresaria de Lewis.
"Joe Lewis es un hombre rico, pero utilizó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o a modo de regalo a sus amigos y amantes. Esa es la clásica corrupción corporativa: hacer trampa. Y eso va contra la ley", dijo en ese entonces el fiscal Damon Williams. Joe Lewis pagará el precio de su accionar delictivo con una condena federal, con la perspectiva de pasar algún tiempo en prisión, y con la mayor sanción financiera por el uso de información privilegiada durante una década".
En el detalle rescatado por el fiscal, cada condena a los ocho cargos, implicaban condenas que iban de cinco a veinte años. Lewis recibió sólo tres años y en libertad condicional; su "salud" conmovió a la jueza Clarke. Y desde que se inició todo en julio de 2023, Lewis pagó trescientos noventa y nueve millones de dólares. La libertad sale cara, pero Lewis pudo pagarla.