El juez del caso Gedesco, en el que se investiga el presunto vaciado patrimonial de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España, ha reducido de 65 a 20 millones de euros la fianza impuesta a los fundadores de la compañía y a dos miembros del destituido consejo de administración.
La histórica fianza de 65 millones, la más alta hasta el momento en la historia judicial española, recaía sobre el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, su socio, Javier García Escrivá, otro de los miembros del consejo de administración, José Luis Vilafranca, así como de los antiguos representantes del fondo JZ International (JZI) en la financiera, Miguel Rueda y Ole Groth, contra quienes también se querelló este fondo de inversión norteamericano máximo accionista de la empresa.
La primera gran batalla del caso Gedesco se dirimió a lo largo de la pasada semana en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ya que el juez citó a lo largo de varios días a los fundadores de la compañía, Antonio Aynat y Javier García Escrivá, así como a otros miembros destituidos del consejo de administración del holding y a las personas que habrían colaborado en el vaciado patrimonial y traslado de los activos de la empresa que llegó a estar valorada en 1.000 millones de euros.
El magistrado instructor del caso acordó en un auto del 4 de marzo, consultado por Economía Digital, nuevas imputaciones aludiendo a la «deducible colaboración» con los querellados y, de modo especial, con Antonio Aynat, y durante la semana se fueron sucediendo estas comparecencias en los juzgados.
El juez apunta que los querellados pueden haber cometido «todos o algunos de los delitos denunciados» que habrían llevado a «la aparente debacle económica de Gedesco»
Tras tomar declaración a todos los investigados, el titular del Juzgado de Instrucción 18 ha acordado en un nuevo auto, notificado a las partes este mismo lunes y al que ha tenido acceso este diario, modificar y reducir de 65 a 20 millones de euros la fianza impuesta en garantía de sus posibles responsabilidades pecunarias.
A esta suma deberán hacer frente de forma proporcional (un 25% cada uno de ellos) cuatro investigados, titulares y representantes de las mercantiles Private Equity, Groth Asesores, Venalta Capital, cuyo administrador único es Aynat; Anthopila Capital, de García Escrivá; Private Equity, patrimonial de Miguel Rueda; y Groth Asesores, de Ole Groth. Deja fuera de esta responsabilidad, por tanto, a José Luis Vilafranca, que permanece como investigado.
Los argumentos del juez del caso Gedesco
El juez argumenta en su escrito, contra el que cabe recurso, que toma esta decisión «a la vista del resultado de las declaraciones, –pese a no haber respondido, en uso de su derecho, a las preguntas de la acusación–, y del examen particular de documentación aportada por ambas partes, relativas a determinadas actuaciones y decisiones del órgano de administración de Gedesco Finance –imputables a dichos querellados–».
«Puede que los querellados hayan cometido todos o alguno de los delitos denunciados, pero ello no necesariamente les haría responsables, total y exclusivamente, de la aparente debacle económica de Gedesco«, argumenta el instructor del caso.
«Conforme a los parámetros argumentales y fácticos de la inicial querella, -continúa el escrito- que no debemos olvidar que se concretan en supuestos ilícitos que tienen que ver con la operativa estrictamente financiera de Gedesco, y que se denuncian con cierto carácter prospectivo en relación a determinadas operaciones que habrían falseado la realidad crediticia, el balance o los resultados, ciertamente se está lejos en este momento de presentar una concreción indiciaria idónea para justificar, sobre esa base, la elevada cuantía de la fianza».
Sobre Stator Management, una de las compañías que el fondo norteamericano cree que habrían servido para el desvío de fondos de Gedesco, el magistrado señala: «Salvo error de este instructor, no pertenece ni integra el activo de Gedesco, y Gedesco, en relación con Stator o las empresas de su portfolio, no ha dejado de llevar a cabo su negocio, el de prestar dinero, hasta que pudo».
Explica el juez en este sentido que no se puede evidenciar en este momento del proceso un delito de administración desleal en relación con Stator y Gedesco «aunque haya claros indicios de representar un proyecto personal de los querellados de constituir un negocio de inversión, y de hacerlo a espaldas de la querellante», esto es, JZI.
En este procedimiento, el magistrado investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados. Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a Miguel Rueda y Ole Groth.