No hay ocasión en la que se debata sobre tema de la creciente inseguridad en la Región, en la que expertos y los propios vecinos que participan en reuniones con las autoridades no aludan a la necesidad de que la Policía recupere una mayor presencia en las calles.
Lo cierto es que desde el punto de vista declamativo, muchas veces desde distintas administraciones bonaerenses se ha dicho que los agentes policiales que se sumarían a la fuerza, serían empleados recorrer las calles, para reforzar así un sistema de preventivo de patrullajes y de eventuales operativos para reprimir el delito.
También debe señalarse que en un contexto histórico reciente, signado por marchas y contramarchas doctrinarias en materia de seguridad, la Policía ha sido, sin dudas, el emergente más visible de conducciones incoherentes, que oscilaron entre la mano dura y el garantismo, que le quitaron eficacia en las últimas décadas.
Una fuerza que, también por el influjo de algunas nocivas prácticas internas sigue sin disponer hoy de la operatividad con la que debiera contar para mantener a la institución como garante de la seguridad.
En ese contexto acaba de informarse que en la Comisaría Décima de City Bell –una de las localidades más castigadas del distrito por una descontrolada ola delictiva, con asaltos muy violentos- había agentes destinados en las nóminas al servicio de calles, pero que en esos mismos turnos cumplirían otras "funciones" que supuestamente les eran asignadas por sus superiores.
La acusación presentada ante la Auditoría General de la Policía bonaerense recaería sobre al menos 15 policías que deberían estar cumpliendo funciones en las calles, pero al mismo tiempo cubrirían servicios adicionales en lugares privados, según consta en el escrito al que accedió este diario. Es por eso que apuntan a la cúpula de esa dependencia policial, pero también tocaría a oficiales de mayor cargo.
Los servicios adicionales serían cumplidos en el Country de Estudiantes, el Banco Provincia de City Bell, y en distintos locales comerciales, mientras, según la denuncia, deberían estar cumpliendo tareas de calle. Claro que el dinero "extra" del sueldo era repartido, según consta en la presentación judicial.
"Los efectivos tienen arreglos con el comisario, que se quedaría con un 80 por ciento del sueldo, según la presentación ante la Auditoria. En los libros de guardia figurarían como que están cumpliendo funciones como caminantes o prestando servicio, pero en realidad serían enviados a que ocupen distintos puestos Pol Ad", se denunció.
Sea como sea, es de esperar que las investigaciones judiciales y administrativas que se ocupen de esta causa, lleguen hasta el fondo del asunto y, si se comprobaran los delitos y transgresiones funcionales mencionadas, se sancione a los eventualmente culpables y se corrija la situación.
La fuerza policial de la Provincia –que forma parte de un sistema de seguridad integrado por los tres poderes del Gobierno- necesita reinsertarse en la sociedad y volver a ser la que en sus inicios fue, cuando fue una solución y no un problema.
Para ello debería mejorar en forma sustancial la capacitación y el nivel de conocimientos de los aspirantes a sumarse a ella y, al mismo tiempo, hacerse sentir en las calles como la fuerza disuasiva que debe ser, poniéndose a la cabeza en la lucha contra el delito.
Como dato positivo, debe volver a señalarse que, a pesar de sus graves falencias, la Policía sigue contando con el respaldo de los vecinos.
Una confianza que no debería ser malograda por tantos errores y desvíos institucionales como los que se advierten desde hace muchos años.
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