La ordenanza municipal de regulación de Vehículos de Movilidad Personal (VPM) de Cartagena, que regula el uso de bicicletas y patinetes en la ciudad, ha permitido interponer hasta 646 multas en apenas dos años por el mal uso que los conductores hacen de los deslizadores eléctricos. Y es que, la normativa fue aprobada a finales de 2021 y ha recaudado, según los datos del pasado año, unos 70.000 euros por las sanciones instruidas por la Policía Local en función de la infracción cometida por los usuarios en las calles del municipio.
Así, las multas más repetidas de las tramitadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana son por circular con más pasajeros de los permitidos por la categoría del vehículo y por transitar por aceras o zonas peatonales. En concreto, por estos dos conceptos se han interpuesto 158 y 159 sanciones, respectivamente, sumando aquellas de carácter leve y las graves.
La ordenanza establece diversos tramos de multas, aunque no especifica las mismas al incorporar las reflejadas en distintas normativas superiores, como la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación o la Ordenanza Municipal de Tráfico y que precisan desde 80 hasta 1.000 euros dependiendo de la infracción cometida.
En este sentido, tanto el transportar más personas de lo permitido como circular por zona peatonal supone una sanción de 100 euros, aunque debido a la reiteración de la infracción esa cuantía puede aumentar.
Las multas no afectan a los elementos de seguridad de los conductores de estos vehículos, ya que la ordenanza aprobada hace tres años establece como «altamente recomendable» la utilización del casco de seguridad, así como el uso de prendas reflectantes aunque no obliga a su uso. Sí que prohibe de forma explícita el uso del teléfono móvil durante la conducción, algo que ha supuesto un total de 28 sanciones en este tiempo con multas de 200 euros. También se prohíbe el uso de auriculares, que ha supuesto 11 sanciones del mismo coste.
Además, la conducción negligente ha sido el motivo de 45 multas de otros 200 euros y saltarse un semáforo en rojo ha supuesto 90 boletines de sanción.
En las estadísticas recogidas por Seguridad Ciudadana aparecen también no respetar las indicaciones de agentes de la autoridad (ocho) y circular con una tasa de alcohol superior a la permitida (siete), una sanción que supone la multa más alta de todas las registradas, oscilando entre los 500 y los 1.000 euros en función de la gravedad.
Desde el Ayuntamiento, la concejala de Ciudad Sostenible, Cristina Mora, ha defendido que el objetivo que persigue esta normativa «es devolver espacio y dar toda la prioridad al peatón, además de buscar la convivencia de todos los vehículos». Por ello, en la elaboración de la misma se buscó el mayor consenso posible, recogiendo algunas de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición de la norma, antes de su aprobación definitiva.
En este sentido, se presentaron 22 alegaciones, incorporando cinco de ellas. En concreto, se sumaron al texto las que tenían relación con el uso del seguro de responsabilidad civil, casco y prendas reflectantes; elementos «cuya utilización se considera muy recomendable, aunque no se marca su obligatoriedad hasta que haya normativa superior que lo establezca, que entonces pasaría a incorporarse automáticamente en nuestra ordenanza», explicó Mora. También se incorporó que en calzadas de más de un carril por sentido se circule por el carril derecho; y la prohibición del uso del patinete a menores de 15 años. Además, se sumaron otras siete propuestas presentadas por la Jefatura Provincial de Tráfico.
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