El pedido lo hizo Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal N° 6, como parte de un paquete de medidas cautelares. Este martes, el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" que estarían detrás del escándalo de los "brokers" denunciado por la actual gestión.
La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades vinculadas a las intermediaciones en los seguros de la ANSES y otros organismos durante la presidencia de Fernández.
"Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras", dice el documento.
Según la acusación, "les abonaban comisiones que serían superiores a las de mercado", y que "habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular e inexistente proceso de selección".