La memoria histórica que aplica el PP de Feijóo en Galicia: por orden del Estado y como "actividad cultural"
Hace 18 años, en los primeros días de abril de 2006, la Xunta inauguró en la Illa de San Simón el programa oficial de actos del Ano da Memoria. Cuadrando con el septuagésimo aniversario del golpe de Estado, el Gobierno gallego se disponía a recordar a las víctimas de la represión franquista con actividades de homenaje e investigación.
Unos pocos meses después del fin del fraguismo, la Consellería de Cultura, encabezada por Ánxela Bugallo (BNG), puso en marcha una iniciativa inédita en la historia de la Xunta. Incluso antes de que el Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero impulsase la declaración por ley del Ano da Memoria para todo el Estado. Más allá de aquel primer año, bajo el mandato del Ejecutivo de PSdeG y Bloque, la Xunta colaboró por primera vez con entidades de recuperación de la memoria histórica y financió proyectos solitarios como Nomes e Voces.
Fue una política pública de memoria histórica desplegada desde cero y cortada de raíz cuando el PP retornó a la Xunta en 2009. Así, por ejemplo, la de 2008 fue la última convocatoria de ayudas "a asociaciones e instituciones culturales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica", la financiación pública al proyecto interuniversitario Nomes e Voces desapareció y proyectos como la declaración de San Simón como Illa da Memoria fueron cancelados.
Ese freno por parte del gabinete encabezado por Alberto Núñez Feijóo se refleja estos días en decisiones de otros gobiernos del PP que, ahora de la mano de la extrema derecha de Vox, están derogando leyes autonómicas de la memoria histórica en lugares como Castilla y León, Aragón o la Comunitat Valenciana. En el caso gallego esa derogación es imposible porque nunca llegó a existir una ley específica en este área, lo que no impidió que la relación de los sucesivos gobiernos del PP con la recuperación de la memoria histórica fuese nula hasta que el actual Gobierno de España impuso obligaciones económicas al amparo del Plan Cuadrienal de Memoria Democrática 2021-24.
Mientras se estaba elaborando la vigente Ley de Memoria Democrática, que actualizó y amplió el alcance de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez comenzó en 2021 a cumplir con el compromiso de transferir dinero a las comunidades autónomas para financiar la exhumación de víctimas del golpe y de la dictadura cuyos restos permanecen guindados en fosas comunes. En el caso gallego, las tres entregas de fondos ya realizadas suman casi 320.000 euros que la Xunta está dedicando a los fines que corresponde, pero con un bajísimo perfil público que reduce la implicación política y simbólica del Gobierno gallego a la mínima expresión.
La ausencia de políticas públicas de memoria histórica por parte de la Xunta seguirá invariable en la nueva legislatura, atendiendo a las consideraciones realizadas este mismo martes ante la prensa por parte de Rueda. Al ser preguntado por las derogaciones de leyes en la materia por miembros de su partido, el titular de la Xunta afirmó que cree "suficiente" la "normativa que ahora mismo está en vigor", por lo que no ve preciso "ningún tipo de iniciativa".
El trabajo del grupo Histagra de la USC
Las tres colaboraciones estatales para las exhumaciones fueron integradas en los presupuestos de la Xunta dentro de la partida de Actividades de promoción y difusión cultural, dada la ausencia de un área específico de memoria histórica tanto en la Consellería de Cultura como en cualquiera de las demás. A continuación, firmó sendos convenios con la Universidad de Santiago (USC) para transferirle la totalidad de los fondos y encomendar íntegramente los trabajos al grupo Histagra, coordinado por el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto, que ya había estado al frente de Nomes e Voces.
De la mano del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), del Grupo de Medicina Xenómica o del Instituto Luis Concheiro de Ciencias Forenses de la propia USC, el grupo Histagra ha asumido todas las labores mientras la Xunta desaparece de la escena una vez firmado el convenio. A este grupo de personas expertas les corresponde desde la "coordinación de trabajos de exhumación y atención a familiares y asociaciones para la recogida de datos, documentos y muestras forenses" hasta la actualización de datos, intervenciones arqueológicas y difusión pública de los trabajos.
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El último convenio, correspondiente a 2023, fue firmado "telemáticamente" por el vicepresidente Diego Calvo y por el conselleiro Román Rodríguez en agosto del pasado año por importe de 102.511,04 euros, sin que ninguno de los dirigentes acudiese a ningún acto público al respecto ni supervisase los trabajos en persona.
Entre los trabajos encomendados al grupo Histagra estaba la "localización, exhumación e identificación" en fosas situadas en Viana do Bolo, Oza-Cesuras y Narón. También la "dignificación" de espacios de fosas comunes de personas represaliadas en Celanova, Vilagarcía, Lousame y Crecente, así como la divulgación de varios estudios.
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