Por Sergio Cesarin, Master of Arts de la Universidad de Pekín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI) y parte del Consejo Editorial de REDCAEM.
El acuerdo marco entre Argentina y China sobre la instalación de una base espacial en la localidad de Bajada del Agrio (provincia de Neuquén) fue resultado de acuerdos firmados entre los años 2012 y 2014 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La construcción de la base ubicada en un predio cedido por la provincia de 200 hectáreas, comenzó a construirse en 2014 y a operar en el año 2018. Y, desde aquel entonces, comenzaron a desatarse especulaciones sobre el uso militar o civil, controversias que, hasta hoy, persisten dado el secretismo con que fueron negociadas las condiciones y la casi inexpugnabilidad a la que se ve sometida la base para cualquier visitante nacional en tanto el área que abarca es considerado, por los acuerdos y refrendada por leyes nacionales como "territorio soberano chino".
La postura concesional del gobierno argentino de aquel entonces tiene sus raíces en varios aspectos. En primer lugar, la empatía ideológica entre la facción peronista gobernante de centro-izquierda (kirchnerismo) y China, en un contexto de predominio durante la primera década del siglo XXI de gobiernos de izquierda y centroizquierda en América del Sur, que sirvieron a la expansión de los intereses e influencia de China en la región. En segundo lugar, la dinámica relación económica bilateral, había posicionado a China como segundo socio comercial resultado de los altos precios internacionales de materias primas y de la creciente demanda china de soja, subproductos y agroalimentos. En tercer lugar, el comienzo de un ciclo signado por la llegada de inversiones chinas focalizadas hacia sectores como infraestructura, transporte, energía, minería e industria agroalimentaria.
Un cuarto factor fueron las necesidades financieras argentinas; ante el desequilibrio externo y la reticencia de entidades financieras internacionales de otorgar créditos al gobierno nacional, por tanto Argentina puso su mirada en la liquidez prestataria de bancos estatales chinos. Ya en 2009, el país golpeó la puerta de los principales entidades bancarias chinas logrando ese año el otorgamiento del primero de los swaps concedidos al país; casualmente dicho año también comenzaron las primeras exploraciones geológicas en diversos sitios del sur argentino donde podría ser emplazada la estación espacial y similares negociaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir una estación con similares prestaciones en la localidad de Malargue, provincia de Mendoza; finalmente, la DSA 3 europea o Antena de Espacio Profundo 3 para investigaciones sobre el espacio profundo, entró en servicio en 2013.
Un quinto factor a ser considerado, es que la cooperación en el campo espacial entre China y América Latina registra hitos importantes, entre los más destacados se encuentra el programa bilateral con Brasil que en 1995 dio luz verde a la serie de satélites CBERS hoy aún en desarrollo; la cooperación con Venezuela para el desarrollo, construcción y lanzamiento de satélites de la serie Miranda y similares acciones respecto de Bolivia mediante el programa Tupak Katari-I, consistente en un satélite controlado desde la Estación Terrestre Amachuma y orbita a unas 22.300 millas sobre América Latina.
Por supuesto factores de contexto deben ser tenidos en cuenta. Los avances en el plan espacial chino requerían contar con estaciones para el seguimiento, control y provisión de información telemétrica en distintas partes del planeta. En combinación, el desarrollo del sistema chino de posicionamiento global Beidou (en competencia con el europeo Galileo, el ruso Glonass y el estadounidense GPS) requería de similar red de asistencia en tierra para posibilitar el lanzamiento de satélites, futuras misiones de exploración lunar y navegación del espacio profundo.
En este contexto expansivo de la influencia china en América Latina, Estados Unidos parecía permanecer indiferente, empantanado en escenarios bélicos lejanos como Irak y Afganistán, sin aportar soluciones concretas para contener el avance de China en la región; de esta forma, los "espacios vacíos" dejados por la administración demócrata y poco eficiente diplomacia americana enfocada en áreas extrahemisféricas de tensión, favorecieron la firma de acuerdos sobre instalación de estaciones y bases espaciales dependientes del programa espacial chino en América del Sur; en particular, la base espacial en Neuquén es un claro indicador de las carencias estadounidenses en su lectura sobre la dinámica inserción de actores extra regionales en América Latina, particularmente de Rusia, China e Irán.
Los intentos de revertir esta pasiva postura por parte de Estados Unidos ante las sospechas del empleo militar de la base llevaron a que, durante el año 2018 bajo el gobierno del expresidente Macri, ambos países firmaran un protocolo adicional reafirmando el compromiso chino sobre el "uso pacífico" de las instalaciones. Lo cierto es que desde aquel entonces la base espacial se encuentra rodeada de sospechas y especulaciones sobre su real uso pacífico o militar; y hay motivos para ello. Puntualmente los acuerdos especifican compromisos a cumplir por agencias de ambos países, en el caso chino, la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, en sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Si bien en la superficie el acuerdo vincula su gestión operativa a "agencias civiles", en el caso chino la CLTC opera bajo directivas del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación (GAD-EPL) y su misión no puede estar desvinculada de la prestación de servicios inherentes al plan espacial nacional chino, tanto en su fase civil, como militar (guerra espacial, electrónica y cibernética), incluyendo la posibilidad de detectar, retaliar amenazas o guiar misiles mediante aportes satelitales hacia objetivos en territorio estadounidense, sus aliados en el Pacífico y socios de la OTAN.
En segundo lugar, instalaciones como la base espacial china en Argentina y otras que sirven al plan espacial chino (ver mapa) introducen definitivamente a la región en el medio del conflicto estratégico sino-estadounidense, escalan las tensiones entre ambos contendientes en nuestra región al competir por influencia a nivel de los países latinoamericanos, provocando así perturbaciones en la gobernanza regional y de por sí agravadas por desafíos intraestatales.
Una interrogante no puede ser soslayada: ¿Por qué un país como Argentina, que pregona insistentemente en todo estrado multilateral, a nivel bilateral y apela permanentemente al apoyo de países latinoamericanos para sostener sus legítimos reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, cede espacios soberanos en su territorio a actores extrarregionales como China para el desarrollo de actividades sobre las cuales no es capaz de ejercer un control efectivo?
Finalmente; es difícil creer que países vecinos de Argentina no observen con preocupación esta situación; en tanto la decisión argentina de habilitar este tipo de instalaciones agudiza las tensiones en nuestro Cono Sur entre China y Estados Unidos, forzando alineamientos en favor de una u otra potencia.