El proyecto de construcción de la nueva Romareda en Zaragoza sigue dando pasos en firme y cumpliendo escrupulosamente los plazos previstos en la hoja de ruta que se ha diseñado. Ayer, se presentó el proyecto básico del estadio de cinco estrellas con el que se quiere dejar atrás décadas de inmovilismo para aspirar a crear un recinto de primer nivel. El coste sigue creciendo ligeramente y ronda ya los 148,5 millones de euros, alrededor de 180 millones si se le añade el IVA. Su presentación evidencia la unidad que lleva meses demostrando el Real Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital aragonesa, de momento los tres únicos actores que están llamados a financiar la inversión. Una sensación que aporta fortaleza y solidez a este objetivo, convertido ya en un proyecto de ciudad que ha logrado que la ciudadanía asuman como propio después de todos los vaivenes políticos e inesperados giros de guión respecto a quién tiene que costear las obras.
Pese a ello, a tan solo tres meses de que se pongan en marcha los primeros trabajos del nuevo estadio, algo que tendrá lugar el próximo mes de julio con el derribo de la grada de Gol Sur, todavía quedan algunas incógnitas por despejar vinculadas con detalles que, si bien no son tan relevantes como el impulso decidido a la realización de las obras, conviene no perder de vista ni dejar en un segundo plano. Por ejemplo, el hecho de saber qué va a pasar con los aficionados y abonados durante la ejecución de las obras y cuáles son las alternativas que se barajan en el caso de que no se pueda jugar en la actual Romareda. Por ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reconocido que se trabaja en un plan 'b' que permita dar garantías si durante la demolición surge algún imprevisto. Una de las opciones que parece cobrar fuerza en las últimas semanas es la construcción de un campo provisional en el Parking Norte de la Expo, una alternativa que fue avanzada por este diario. Sin embargo, no parece haberse tomado una decisión definitiva.
En cuestiones de seguridad nadie pone ningún reparo, pero sigue en el aire quién tendrá la postestad de determinar precisamente quién decidirá qué hacer. Desde la Administración se apunta a LaLiga como garante de esa seguridad para el aficionado o como órgano con capacidad de decisión en este contexto. Y desde la competición se delega ese papel en quienes realmente son responsables de esos trabajos y de la vigilancia y detección de esos riesgos, es decir, la Administración.
No es una cuestión caprichosa que urja determinar si el Real Zaragoza podrá o no jugar en casa los partidos de la próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta que el derribo en sí comenzará, según los propios planes del proyecto presentado ayer, días antes de la campaña 2024-2025, a mediados de agosto. El tiempo parece agotarse para abordar una cuestión vital, tanto para los aficionados como para determinar el coste de las obras y su fecha de conclusión, con 2029 como límite para que el nuevo campo de fútbol sea una realidad. El aficionado quiere saber cuál es el nuevo escenario y si podrá ver al Real Zaragoza en su ciudad o fuera de ella. Son detalles que importan y que, sobre todo, deben aclararse para que nadie se baje de un gran proyecto que ya cuenta con el aplauso de los zaragozanos. El silencio o no aclarar el futuro suele generar recelos y eso no es bueno para nadie.
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