En la negociación del pacto de gobierno con Vox, el PP valenciano cedió a su socio la cartera de Justicia e Interior, una de las de mayor peso de todo el Gobierno valenciano. Sin embargo, a diferencia de lo que había sido norma en los últimos años, el PP desgajó de esta Consejería la dirección general de Función Pública para situarla en el departamento de Hacienda, bajo control del PP. La razón del partido del presidente Carlos Mazón no era otra que asegurarse el control de la siempre compleja negociación con los funcionarios.
Y es precisamente la búsqueda de la paz social lo que ha llevado ahora al presidente de la Generalitat y a la consejera de Hacienda, Ruth Merino, a rubricar con los sindicatos un "acuerdo de legislatura" en el marco de la Mesa General de Negociación. Antes de cumplirse el primer año de la legislatura de PP y Vox, la Generalitat ha sellado con los representantes de las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO un plan para dotar de estabilidad a los empleados públicos. El acuerdo, eso sí, llega con una huelga convocada ya en el sector educativo.
No solo eso, porque el acuerdo pasa por abrir el melón de la jornada de 35 horas semanales, un debate que se abrió para el ámbito sanitario en la anterior legislatura y al que ahora el PP ponía pegas desde la Consejería de Sanidad por las dificultades para su implantación. Para Mazón, sin embargo, "las 35 horas son un objetivo".
"Hay que avanzar con sentido común y en el plazo en que sea posible", ha afirmado este jueves, asumiendo por tanto que el acuerdo para materializar esa jornada no será fácil. Pero no se renuncia a él.
El pacto con los sindicatos, que se trasladará a todos los sectores de la Administración -Educación, Sanidad, Justicia...- incluye también la aprobación de un plan de teletrabajo, la lucha contra la brecha salarial de género o la puesta en marcha de planes de igualdad. Los sindicatos, en todo caso, han advertido a la Generalitat que lo que firman "no es un cheque en blanco".
El presidente de la Generalitat ha agradecido la "responsabilidad" de todas las partes negociadoras de este acuerdo, que supondrá una "mejora sustancial" del servicio que se presta a los ciudadanos y dará "estabilidad" a los empleados públicos, al tiempo que ha lanzado un mensaje contra la "estigmatización" del funcionariado, "muchas veces injusta".
En concreto, el pacto contempla mantener el Programa de la lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, al tiempo que somete a revisión y modificación las retribuciones por servicios extraordinarios (como horas extras), su actualización conforme al IPC y también se actualiza la compensación por kilometraje o dietas, entre otras.
La Generalitat y los sindicatos se comprometen asimismo a que las Ofertas de Empleo Público se encaminen hacia el objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8% a final de la legislatura. Para ello, se acuerda también de manera unánime solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición.
Además, el documento recoge por primera vez la negociación de aquellos aspectos relativos a la evaluación del desempeño, que incluye el análisis de las ausencias en la jornada laboral. Respecto a la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas semanales y del teletrabajo, estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y a la garantía de que no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, el pacto prevé la revisión de los planes de igualdad y amplía el derecho a la movilidad de las trabajadoras víctimas de violencia de género a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia.