La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) mostró hoy "su más profundo y frontal rechazo a este Anteproyecto de Ley, que no es una Ley de uso turístico de la vivienda, sino una Ley de exterminio de la vivienda vacacional (VV) en Canarias", en referencia a la propuesta normativa desvelada ayer por la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico.
"Con este Anteproyecto -continúa la Ascav-, las VV quedan heridas de muerte, y solo es cuestión de poner la fecha definitiva de su erradicación, que será paulatina pero inexorable. El presente Anteproyecto de Ley es un refrito de las medidas más limitativas que se han dictado en España y resto de la UE sobre las viviendas vacacionales. El objetivo lo ha dejado claro el Gobierno de Canarias, prohibir las nuevas VV en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente".
A juicio de dicha asociación, el Anteproyecto es una auténtica moratoria a las VV en Canarias pues a partir de la entrada en vigor de la norma, no se van a admitir más altas de VV salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice (justo lo contrario de lo que tenemos ahora). En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las VV, por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos. Y además se imponen tantos y tales condicionantes a los Ayuntamientos que quieran autorizar VV que será de muy difícil cumplimiento".
En su crítica, la Ascav sostiene igualmente de que "además de establecer una moratoria, la ley prevé la erradicación paulatina de las VV que en la actualidad ejercen la actividad legalmente en Canarias, que han presentado su declaración responsable y pagan sus impuestos en el Archipiélago".
Para argumentar tales afirmaciones, la Ascav señala dos motivos: El primero sería que "el régimen transitorio que se aplica a las VV que ya están, que ejercen legalmente la actividad y que están inscritas en el Registro General Turístico de Canarias es de imposible cumplimiento por las siguientes razones: Les otorga un plazo de cinco años para que se adapten a las exigencias técnicas del art. 5 d) (aparatos de aire acondicionado y/o calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas etc., que en muchos casos no depende de los propietarios), si no, quedarán excluidas. Pasados esos 5 años, tienen otros 5 años (total 10 años desde que se apruebe la ley) para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma (que además no dependen de que el propietario quiera o no quiera cumplirlos). Aquí es donde se le dará la puntilla a las que consigan sobrevivir [insiste la Acav]: Fuera las viviendas en edificios plurifamiliares (estudios, pisos, apartamentos y las unidades de menos de 44 m2 para dos personas, menos de 250 metros cuadrados en un edificio destinado a vivienda vacacional y otras actividades etc.); fuera las viviendas en asentamientos agrícolas, fuera las viviendas que están en situación de fuera de ordenación; fuera todas las viviendas unifamiliares adosadas (solo se permiten las que estén absolutamente aisladas de sus colindantes), imposibilidad de dedicar nuevas construcciones a este fin (se le exige una antigüedad mínima de 10 años, fuera las viviendas que oferten más de 8 plazas etc".
En cuanto al segundo argumento, la referida asociación entiende que "se prevé el destierro absoluto y prohibición de ejercer la actividad durante diez años a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable, sin posibilidad de subsanar ni volver a presentar nueva solicitud en plazo de 10 años".
"El Anteproyecto es flagrantemente inconstitucional porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los Ayuntamientos", concluye la Ascav al considerar también que "es contrario a la normativa de la UE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,y de las consideraciones públicas del abogado general de la Unión Europea, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación".
Solo resta añadir que el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, animó expresamente en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS a la Ascav a participar en la definitiva redacción del anteproyecto durante su tramitación.