Los bloques de diputados y de senadores de la UCR llevarán esta tarde a la Casa Rosada su proyecto de reforma laboral que, tal como acordaron con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos, será incorporado en el nuevo proyecto de Ley de Bases que se tratará la semana próxima en la Cámara de Diputados.
La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que dictó el Poder Ejecutivo a fines del año pasado.
Debido a que la aplicación de ese capítulo está suspendida desde enero pasado por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT-, los bloques dialoguistas insistieron en avanzar con una ley.
La UCR se comprometió –y el Gobierno aceptó- presentar una propuesta al respecto por considerar que sería positiva para motorizar el empleo en el sector de las pymes. Entre los legisladores radicales que esta tarde llegaron a la Casa Rosada se encuentran los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay. También son de la partida el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
El proyecto del radicalismo no es estrictamente un proyecto de ley espejo del capítulo laboral del DNU, ya que incorpora varias modificaciones. Una de los puntos que promete generar más polémica es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. El Gobierno no se atrevió a tanto en el DNU: allí establece que el empleador no estará obligado a efectuar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones en virtud de su carácter de afiliados a asociaciones sindicales, salvo que mediare expreso consentimiento.
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