"Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como Reprocann", anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni. La decisión tiene que ver con que, según explicó, "se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnóstico basados en la evidencia científica".
En este contexto, la semana pasada el Instituto Nacional de Semillas (Inase) suspendió por 6 meses la inscripción de criadores –categoría de criadero, vivero identificador y comercio expendedor–, y mandó a auditar a quienes ya había logrado esos permisos para trabajar, informó elciudadanoweb.
Además, el Gobierno explicó que dará de baja a quienes no cumplan con los requisitos de la normativa y que aunque no modifica los permisos de uso de más de 300 mil personas y unas 40 organizaciones en el registro del programa de cannabis, la política puede impactar directamente en la producción, distribución y acceso a la planta.
En diálogo con elciudadanoweb, la activista y abogada especializada en normativa de cannabis, Nadia Podsiadlo, explicó que los controles y auditorías estaban contemplados en las resoluciones de cannabis de Argentina, pero no se venían ejecutando porque eran muy recientes.
"No hubo información clara respecto, por ejemplo, de cómo se hacían los transportes, de qué se podía transportar o de qué lugar a qué lugar", aseguró y agregó: "Tampoco hubo una definición inicial sobre qué es cannabis psicoactivo –aquel con más de 1% de THC– y sobre qué es cáñamo industrial –con menos de 1% de THC. Ahora tenés que reacomodar a los criaderos y esas personas que han invertido tiempo y recursos, y pueden ver socavados sus derechos".
Si bien la abogada no se mostró de acuerdo con la suspensión, admitió que las auditorías son importantes. "Es una sustancia prohibida por la ley penal y si te salís una coma o un punto podés tener conflictos con la ley penal", explicó la activista.
Consultada por los primeros 4 meses de la gestión nacional, Podsiadlo dijo: "Es verdad que está todo paralizado y suspendido, pero existe un movimiento social como es el movimiento cannábico. No solo el activismo o quienes cultivan, sino la industria, la ciencia y la población que usa la planta de diferentes formas. Querer apagar eso es como tapar el sol con las manos".
Para la abogada, también es prioritario que el Poder Judicial se capacite en la legislación de cannabis medicinal y cáñamo industrial, tal como lo hiciera la Policía de Santa Fe en 2022. En ese momento, el gobierno santafesino comunicó que desde 2021 "tomó la decisión de abstenerse de iniciar causas o realizar detenciones que contraríen los derechos de usuarias/os de cannabis y sus derivados, siempre que se encuentren inscriptos en el Reprocann".
En mayo de 2022, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial.
En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).