Una mujer llega a su casa, se pone cómoda, se queda en ropa interior en su salón y ve la tele en compañía de su hijo pequeño. Una escena doméstica sin mayor trascendencia que se convirtió, sin saberlo las víctimas, en material difundido en un grupo de Telegram con 237 miembros. No solo eso: las relaciones sexuales de una pareja en su dormitorio también acabaron como contenido del mismo chat.
La causa: todas estas personas tenían en sus viviendas alarmas instaladas por la misma empresa de seguridad. Las grabaciones de estos sistemas, muchas de ellas de domicilios de la Región, fueron interceptadas, presuntamente, por dos individuos, detenidos y actualmente en libertad con cargos como presuntos autores de múltiples delitos contra la intimidad, por descubrimiento y revelación de secretos.
Se ve a vecinos en ropa interior en sus salones, junto a menores, y a personas manteniendo relaciones sexuales
La Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, continúa analizando las numerosas grabaciones, a fin de tratar de esclarecer cuántas víctimas hay, muchas de las cuales serían personas residentes en la Comunidad murciana que aún no tienen conocimiento de que se hizo un uso ilícito de los vídeos de videovigilancia de sus hogares.
Investigación abierta
Un auto en el que la Audiencia Provincial confirmaba la resolución del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Murcia de mantener la prisión provisional de uno de los dos investigados (aunque ya está libre) detalla que «los hechos se encuentran en la fase de investigación, que es especialmente dificultosa, y pueden afectar a una pluralidad importante de víctimas, pues en el disco duro del ordenador perteneciente al recurrente se ha hallado una carpeta llamada 'Hacking', que contiene un total de 868 credenciales que son ajenas a él y que eran susceptibles de ser difundidas».
«También se han hallado otras 7.054 credenciales con datos personales de usuarios de empresas de seguridad», añade el tribunal.
"Vamos a pedir la nulidad"
El penalista y doctor en Derecho Luis Romero Santos, abogado de uno de los sospechosos, dijo a La Opinión que «vamos a pedir la nulidad de las actuaciones», puesto que «los agentes de la UCO, en el registro, vulneraron la intimidad de mi cliente y sus padres, los intimidaron con armas de fuego».
Al sujeto, afincado en un pueblo de la provincia de Huelva, insiste su defensa, «se le intervinieron todos los componentes informáticos que tenía». La investigación sigue en marcha.
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