Olga Pereda
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, advirtió a los consejeros autonómicos de que el Gobierno solo financiará las 3.400 plazas de profesor ayudante doctor – que contempla la nueva ley universitaria Losu– si hay "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas. De ellas, entre 130 y 140 les corresponderían a las universidades gallegas. "Si no entran las comunidades autónomas no entraremos", subrayó ayer dejando claro que si la Xunta y el resto de comunidades no cofinancian las plazas que hacen falta para rejuvenecer por completo las plantillas y erradicar la precariedad laboral en los campus, el Gobierno no pondrá los millones anunciados.
Así lo aseguró en Madrid, en una reunión para hablar de la Losu y de su financiación, el tema más espinoso de la norma, en la que participó el secretario xeral de Universidades gallego, José Alberto Díez de Castro. Precisamente, la Xunta asegura que no hubo lugar a negociación, dado que el Ministerio "indicó que las administraciones autonómicas deberían adherirse al acuerdo y pagar un tercio de las plazas desde el curso 2024-25 al 2027-28". Y criticó que el Gobierno llegó a aclarar cómo va a asumir el pago completo de las plazas este año, a pesar de la exigencia "de 11 de las 17 comunidades". El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades en funciones, Román Rodríguez, lamentó también que el Ministerio de Universidades ahonde en la política del "yo invito y tú pagas", con acciones "sin presupuesto que los sustente", lo que representa "una falta de respeto a la arquitectura institucional".
En medio de la polémica está la creación de esas 3.400 plazas de profesor ayudante doctor, figura que, a partir de ahora, será la puerta de entrada a la carrera docente universitaria –durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato– y que, según los cálculos del ministerio, requiere una inversión de 900 millones de euros. En el caso Galicia y de sus tres universidades públicas, Vigo, Santiago y A Coruña, el montante se ha calculado que ascendería a 22,6 millones, según el monográfico "Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario" elaborado por los expertos José Antonio Pérez, de la Universitat Politécnica de Valencia y Juan Hernández Armenteros, de la Universidad de Jaén. Tuvieron en cuenta para su cálculo los costes derivados de hacer frente a las limitaciones horarias de los docentes asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente a 240 horas lectivas y lo que supone aplicar los límites del 20% a los contratos laborales no permanentes y del 8%a los contratos laborales temporales.
Además, Román Rodríguez aseguró ayer que Galicia "parte de una situación ventajosa": "Afortunadamente llevamos tiempo con planes de financiación plurianuales que están posibilitando que las universidades tengan los máximos presupuestos de su historia". En concreto, este año la aportación de la Consellería de Educación a las universidades supera por primera vez los 500 millones, atajó. En la misma línea, recordó que el impacto de la medida "será menor" en las plantillas universitarias gallegas.
Aprobada por el Parlamento en 2023, la nueva ley que regula el sistema universitario (Losu) tiene por objetivo rejuvenecer las plantillas, erradicar la temporalidad y la precariedad y otorgar estabilidad laboral a los docentes para que, como muy tarde, a los 40 años ya tengan su plaza fija. Teniendo en cuenta que la temporalidad afecta ahora mismo al 48% de los docentes, crear nuevas plazas fijas requiere una inversión importante.
"Condicionamos la entrada de este programa en cada autonomía a la corresponsabilidad de la comunidad. Entendemos que en los próximos días vamos a ser capaces de resolver dudas particulares [...] para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad", concluyó Morant.
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