La Mesa del Congreso de los Diputados, controlada por la mayoría de la investidura, aprobó ayer dos contratos para dar cobertura financiera al uso de las lenguas cooficiales en la actividad del Congreso, uno de los compromisos del acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. El pacto conllevaba la exigencia de que la implementación en la Cámara Baja tuviera también recorrido en la UE, aprovechando la Presidencia española de la Unión para sacar adelante la oficialidad del catalán en Bruselas. Esta medida no fue aprobada, y Carles Puigdemont tragó con el «engaño» del Gobierno de coalición porque, en realidad, sabía desde un primer momento que era una exigencia que no iba a ser ratificada por los 27. La ministra sueca de Asuntos Europeos apeló precisamente al tema económico. «Es mucho dinero», por los 132 millones de euros que estimaba la UE que iba a costar su puesta en marcha.
En el Congreso español, la exigencia de Puigdemont de obligar a Sus Señorías a entenderse con pinganillos en la Cámara Baja se ha estado cubriendo con contratos menores. Cada intérprete ha costado 726 euros (IVA incluido, por sesión). El PP exigió que esto se formalizara en unos contratos ajustados a derecho y el trámite llegó ayer al Congreso. El primero de los contratos, para la adjudicación, traducción, interpretación y transcripción de lenguas cooficiales, así como el subtitulado en directo en el Congreso de los Diputados, es hasta 2027 por importe de 15 millones de euros.
El segundo, de equipamiento de salas, se prevé que servirá también para cuando vengan visitantes extranjeros, y es por importe de 2.551901 millones de euros. Es decir, en total más de 17 millones de euros.
Este dinero, tomando como referencia el presupuesto de cualquier comunidad autónoma, daría para construir un colegio, un instituto y un centro de salud.
El bloqueo legislativo coloca al presupuesto al servicio de interés más partidista que parlamentario
En el Congreso, el uso de los 450 pinganillos comprados para que los diputados entiendan las intervenciones en euskera, catalán y gallego ha tenido una rentabilidad limitada. Al final, los diputados saben que la mejor forma que tienen para triunfar en los telediarios y en los medios de comunicación es utilizar el castellano, y la excepción más llamativa es la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que sólo habla en catalán.
En el Salón de Plenos se tuvieron también que instalar dos pantallas gigantes a los lados del hemiciclo a través de las cuales Sus Señorías pueden ir leyendo la traducción en castellano de los discursos pronunciados en catalán, euskera o gallego. Este gasto se produce además en una legislatura en la que la actividad parlamentaria ha quedado reducida a la utilización de las sesiones plenarias y de la práctica totalidad de las instalaciones parlamentarias para la acción de partido y el mitin, en una escalada dialéctica en la que el insulto forma parte de la confrontación diaria en la que sostienen su trabajo los diputados.
La agenda parlamentaria está encallada, con iniciativas sometidas a un proceso permanente de ampliación de enmiendas y sin que haya acuerdos dentro de la mayoría de investidura que permita concretar en leyes las medidas que salen del Consejo de Ministros. Todo avanza a ritmo lentísimo por la incompatibilidad de los socios, y ahora el proceso electoral, y el adelanto de las catalanas, no es señal que lleve a pensar que esto pueda cambiar después del 12 de mayo. Esta parálisis legislativa hace todavía más sangrante ciertas partidas presupuestarias que sólo están puestas al servicio del interés de partido, como ocurrirá con las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado, sobre el «caso Koldo».
Los diputados y sus asesores mantienen todas sus prebendas sin que renten al interés nacional
La del Congreso tiene un objeto menos acotado que la del Senado, porque es investigar los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario durante la pandemia por parte de las Administraciones Públicas. El PP juega con ventaja porque tiene «caliente» la investigación de la UCO, un caso judicializado, y las novedades que se espera que sigan saliendo de esa investigación que continúa en marcha. Además, Génova tiene puesta toda su artillería sobre la figura de la esposa del presidente, Begoña Gómez, desde el convencimiento –o información– de que van a seguir saliendo datos que la comprometan.
En suma, hay un Congreso sometido a la parálisis del bloqueo político, pero en el que los diputados mantienen todas sus prebendas, con independencia de su productividad, y rodeados de una corte de asesores parlamentarios, personal eventual, que en muchas ocasiones también hacen más trabajo para el partido que para sus representados en la sede de la soberanía nacional.
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