La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley estatutaria que busca establecer a la educación como un derecho fundamental. La iniciativa recibió un apoyo mayoritario, incluso de congresistas de la oposición, lo que representa un hecho llamativo al tratarse de un texto radicado por el Gobierno.
Sin embargo, la votación no estuvo exenta de controversias, Durante el debate, uno de los puntos más llamativos fue la discusión del artículo 2, el cual contaba con una proposición del Centro Democrático para establecer a la educación, además de como un derecho fundamental, como un servicio público esencial.
La polémica surge porque, por ley, los servicios públicos esenciales no pueden ser interrumpidos, por lo que se estaría vetando la huelga en los diferentes escenarios educativos, incluyendo principalmente a los paros de maestros.
Pese a ello, el texto aprobado excluyó la palabra "esencial", no solo para proteger el derecho a la huelga de los docentes, sino porque una modificación en este sentido debería tramitarse mediante un acto legislativo y no una ley estatutaria.
El resto del articulado fue aprobado mayoritariamente. Y cabe recordar que en pasadas sesiones se hundió el polémico artículo 42, el cual proponía una modificación al artículo 36 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Artículos nuevos
Durante la discusión se aprobaron seis artículos nuevos avalados por los ponentes del proyecto, de un total de 65 artículos propuestos.
Uno de ellos, que trae novedades significativas, es uno dedicado a las personas en condición de privación de libertad. El nuevo texto establece que se dará redención de pena por estudios de dos días de reclusión por cada tres días de estudio.
¿Qué viene?
Cabe recordar que al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto apenas está pasando por la mitad de su camino, dado que debe aprobarse también en Senado, tanto en Comisión Primera como en plenaria, en esta misma legislatura, es decir, hasta el 20 de junio de este año.
Para ello, debe surtir todo el proceso, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozca la ponencia del proyecto que iniciará su paso en el Senado.
A diferencia de las otras reformas legales que el Gobierno busca sacar adelante en el Congreso, como la de la Salud (que se hundió en Senado) y la Pensional, con el proyecto de ley estatutaria el ambiente parece mucho más favorable.
Y eso se debe en parte a que la iniciativa no toca aún temas delicados como dinero, inversión, modelo educativo entre otros, sino que al tratarse de una estatutaria, busca establecer un derecho, algo a lo que pocos congresistas, principalmente de oposición, se han opuesto.
Pese a ello, las tensiones políticas actuales en el país pueden calar. Y es que a pesar de que hasta en la oposición no se han visto grandes reparos al proyecto, si se prevé una dilación de la discusión, como ya ocurrió cuando el inicio de la discusión del articulado se aplazó porque se rompió el quórum después de que congresistas del Centro Democrático abandonaran el recinto.
¿Por qué una ley estatutaria de educación?
Se trata de una de las principales iniciativas legales en la agenda del Ministerio de Educación, y que el ejecutivo considera como escencial para cumplir con distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La estatutaria busca establecer la educación como un derecho fundamenta en todos sus niveles, incluyendo la educación superior.
Pero también hace obligatoria la media (los grados décimo y once), esto dado que en Colombia la obligatoriedad de la educación es desde los 6 hasta los 15 años, es decir, desde transición hasta noveno grado.
Así mismo, este proyecto sirve de antesala para las otras reformas educativas que planea hacer el Gobierno, como la de la Ley 30 de 1992, la cual regula la educación superior en Colombia, y que plantea ser un debate mucho más complejo en materia presupuestaria y de gobierno universitario.
Otro proyecto que se apalancaría con la estatutaria es la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos para el sector de la educación. Y al ser la educación un derecho fundamental, será necesario modificar esta ley para traer mayores recursos que serían utilizados en mayor infraestructura, contratación docente, entre otros.