Pacto antitabaco en un plan que debe concretarse en leyes
El Consejo Interterritorial logra finalmente el consenso Las comunidades gobernadas por el PP están «satisfechas»
Las nuevas medidas que regularán el consumo de tabaco en España aún tardarán en entrar en vigor, pero el primer paso para un endurecimiento de la normativa ya está dado. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas cerraron ayer un acuerdo para el plan antitabaco en el que llevan años trabajando, pero solo como una «hoja de ruta» que se concretará cuando el Congreso de los Diputados apruebe una nueva ley cuyo camino comenzará a recorrerse «muy pronto», aseguró la ministra Mónica García tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
García se felicitó de que el plan «es una realidad que ahora se trasladará al poder legislativo», un recorrido en el Parlamento en el que se definirán las limitaciones, entre ellas, las iniciativas más polémicos, como los espacios libres de humo. «No hay duda de que este pacto es motivo de orgullo nacional porque es el fruto del trabajo de toda la población, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colectivos juveniles, entidades de salud pública y de los profesionales sanitarios, así como de las comunidades autónomas, que son las que han elaborado este plan», dijo García, que recordó que todas las administraciones se han unido en el objetivo común de reducir el impacto del tabaco en la sociedad.
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La reunión entre el Ministerio y las comunidades, que se preveía complicada, se convirtió en un encuentro fructífero después de que el departamento de Mónica García cambiara el procedimiento del plan: frente a la propuesta de que las autonomías se adhirieran o no al texto, Sanidad rebajo ayer el documento a un «punto de información», que no exige ni adhesiones ni votación de los consejeros y que servirá como base a la futura legislación.
Con este cambio técnico sobre la mesa, las autonomías, y principalmente las gobernadas por el PP, que se habían mostrado muy beligerantes con el planteamiento inicial del Ministerio, aceptaron abrirse al diálogo. El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, que ejerció como portavoz de las comunidades populares, agradeció al Ministerio que buscara «el consenso».
De esta forma, el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 salió adelante como inicio de una futura regulación, y no como final. El texto fue desempolvado otra vez por García, se sostiene sobre varias propuestas: equiparar la regulación de la publicidad de los cigarrillos electrónicos con la tradicional para evitar que 'influencers' o festivales puedan anunciarlos; acordar con una hacienda una nueva fiscalidad del tabaco que tenga «retorno en políticas de salud»; aumentar los espacios libres de humo; y cambiar la empaquetación del tabaco hacia envoltorios genéricos.
La nueva ley antitabaco etendrá en cuenta 147 alegaciones presentadas especialmente en dos aspectos: la falta de una memoria económica por una subida del precio de la cajetilla y la ampliación de los espacios públicos libres de humos, donde se planteaba la prohibición de fumar en las terrazas o incluso dentro de los coches cuando viajen menores o embarazadas. Para facilitar el acuerdo, el Ministerio eliminó la referencia al humo en los vehículos.