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Directores de la ANDE resaltaron ayer, en la audiencia pública donde se debatió el Proyecto de Ley "que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo", que la empresa estatal percibirá este año US$ 100 millones mediante la tarifa que le cobra a 50 criptomineras.
Adelantaron que dicha cifra se duplicará en el 2025, cuando entren en operación todas aquellas firmas que se están preparando; es decir, la facturación por esta actividad que se busca prohibir, llegaría a US$ 200 millones el próximo año.
La tarifa promedio para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, dependiendo del nivel de tensión al cual se conecta, varía entre 26% a 58% en relación a una tarifa normal industrial, contó el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón. Resaltó que esta actividad aporta un flujo de caja importante para la institución.
Dijo que los 50 contratos activos que se dedican a la criptominería representan unos 250 MW de potencia. "En el año 2023, hemos facturado aproximadamente US$ 38 millones solo al Grupo de Consumo Especial y para este año la previsión de ingresos, ya con la puesta en servicio de los grandes clientes que van a ser conectados en muy alta tensión, la previsión de ingresos es de US$ 100 millones", señaló.
La otra cara de la moneda son las criptomonedas que se conectan de manera clandestina a las redes de la institución. "Solo en el 2024 llevamos 14 intervenciones, donde hemos desactivado más de 40 MW de potencia y que estimativamente generaban una pérdida mensual para la institución en torno a G. 10.000 millones", dijo.
A su vez, el Ing. José Vallejos, jefe de la División de Estudios Energéticos de la Dirección de Planificación y Estudios de la ANDE, fue quien adelantó que el próximo año se va a duplicar los ingresos para la ANDE, es decir, unos US$ 200 millones.
"Nadie va a la cárcel"
Por su parte, el asesor jurídico de la ANDE, Abog. Nelson Medina, aseguró que "en el Paraguay, hoy día nadie va a la cárcel por la sustracción de energía eléctrica". Propuso criminalizar el robo de la energía eléctrica porque es un flagelo que perjudica a la nación. "Entre marzo de 2023 y marzo de 2024 le han privado a la ANDE de un ingreso de G. 75.000 millones", observó.
El senador Eduardo Nakayama, quien es miembro de la Comisión de Legislación, manifestó que su posición es firme en relación a rechazar este proyecto de ley. "De ninguna manera vamos a acompañar porque perjudica a la imagen del país y se debe tener cautela", sostuvo.
Víctor Arévalos, propietario de VA Technology, empresa encargada de la reparación de equipos de minería, contó que a raíz de este proyecto de ley, hay inversiones extranjeras en pausa.
Mayor impacto fuera del país
Jimmy Kim, empresario del sector textil, contó que hace dos años trajo una inversión proveniente de Canadá, Antilia Sur, que se dedica a la criptominería. "Estábamos trabajando bien hasta que se hizo mediática esta ley que no solamente nos impactó, sino que impactó en el mundo. Los inversores preocupados empezaron a llamar. Una información de esta calaña genera un impacto más grave afuera que adentro del país", dijo.