Conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la Presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas, por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Sigue leyendo:
No exigen que se acompañen pruebas
Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas.
Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas.
Se ha iniciado una investigación de oficio
A partir del marco normativo referido, el 9 de abril de 2024 la Presidenta de la SCJN y del CJF dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, un ex Ministro, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex Ministro.
En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal. Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente.
Se informa que, por acuerdo de la Presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.
SCJN y CJF defienden facultades para investigar denuncias
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puede iniciar investigaciones por denuncias anónimas que involucren a servidores públicos judiciales aunque no se acompañen de pruebas, esto luego de una reforma de 2020, durante la presidencia de Arturo Zaldívar.
Así lo informaron en un comunicado, el Consejo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y detallaron que, desde 2018, el CJF inició investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas.
Explicaron que la ministra presidenta Norma Piña es competente para pronunciarse sobre la admisibilidad de quejas relacionadas con responsabilidades administrativas del personal judicial.
"De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa —incluyendo las anónimas— por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados", detallaron.
A partir de la reforma de 2020 a ese artículo, se prevé que si en las denuncias se señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar que advierten indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la investigación, aunque la queja no se acompañe de pruebas.
"Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas", indicaron la SCJN y el CJF.
Con base en este marco normativo, destacaron, Piña dio trámite el pasado 9 de abril a un escrito anónimo con el que se denunció a funcionarios, entre estos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Debido a que el CJF no tiene competencia para investigar a Zaldívar, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Corte sobre esta denuncia.
Un día después, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia a otras presentadas en casos distintos y el Pleno del máximo tribunal resolverá lo conducente.
"Se informa que, por acuerdo de la Presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente", informaron.
srgc