El Gobierno envió el último borrador de la Ley Bases que contiene las 18 empresas que busca privatizar, siendo menos de la mitad de las 41 presentadas en el proyecto original.
A diferencia de la primera Ley Ómnibus que contaba con más de 600 artículos, el borrador contiene 270. El capítulo 2 incluye a las compañías estatales que el gobierno de Javier Milei quiere dejar en manos privadas en su totalidad son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, hay 5 empresas que, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a privatización y concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
El resto "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". Entre estas se encuentran Nucleoeléctrica Argentina S.A., la cual tiene a su cargo, Atucha I y II y la Central de Embalse; el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
A diferencia del proyecto de Ley Ómnibus previo que volvió a foja cero, el borrador quita de la lista a algunas de las empresas que más controversias generaron para su aprobación, tales como YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT), Dioxitek S.A, Ferrocarriles Argentinos S.E. y Administración General de Puertos S.E.
Dioxitek, por ejemplo, no es de las más conocidas pero, sin embargo, tiene un carácter estratégico ya que realiza el procesamiento del uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia.
Respecto al Banco Nación, el banco más importante del país, también objeto de conflicto con la oposición en la primera Ley Ómnibus, queda dentro del listado de las empresas que solo se pueden privatizar parcialmente.
Por su parte, la agencia nacional de noticias, Télam, se encontraba sujeta a pivatización en el primer proyecto pero finalmente fue cerrada, cuando su edificio amaneció vallado el 4 de marzo pasado. El gobierno justificó el cierre en que esta tenía pérdidas por $20 mil millones anuales.
Asimismo, que "los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación que estén a nombre del Estado Nacional deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado".
"La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el Decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias", agrega.