Clarín le dedicó 21 tapas de su edición impresa al caso de las aseguradoras por el que fue embargado el expresidente Alberto Fernández y fueron despedidos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La magnitud de la cobertura y los nombres que aparecen en el revés de la trama del escándalo abre diferentes hipótesis sobre el objetivo del multimedio y sus socios en el sector.
Cuando el 24 de febrero pasado el diario Clarín publicó la nota central escrita por Ricardo Roa en la edición impresa, que ya había sido anticipada en la web, se inició una saga no inédita, pero sí poco habitual, que todavía continúa. La investigación sobre la actuación de intermediarios en la contratación de seguros firmada por uno de los principales cuadros del medio, dedicado habitualmente a escribir editoriales y no a primerear primicias, fue la primera novedad. No fue la única.
Desde el primer artículo, titulado "Destapan otra caja negra de la política en la ANSES", pasaron más de 50 días en los que ocurrieron una infinidad de hechos políticos, sociales o económicos de gran trascendencia. Sin embargo, el grupo comandado por Héctor Magnetto le dedicó 21 tapas de su edición impresa al escándalo, entre títulos principales y notas relevantes. Las notas sobre el tema más que duplicaron las tapas: fueron 52 artículos relacionados al affaire, sin contar los centímetros dedicados a infografías y fotografías de quienes protagonizaron el caso, que incluyen al expresidente Fernández, productores de seguros y figuras del funcionariado de este gobierno y del anterior.
Este despliegue periodístico fue mutando desde la denuncia por supuestos actos de corrupción a la búsqueda de desactivar los alcances del decreto 823/21 que convirtió a Nación Seguros en un virtual monopolio para la contratación de pólizas en organismos públicos nacionales. Hasta ahora, el multimedio ha conseguido victorias parciales en el desarme del decreto, pero no consiguió su derogación.
Las hipótesis de la acción de Clarín
La lectura obvia, la más lineal, es que el multimedio encaró el tema para, como dice la primera nota, señalar la corrupción oculta en una caja de la política. Así, destapar la maniobra habilitada por el decreto 823/21 sería una contribución a la transparencia institucional, pese a que más allá de este caso, la contratación de productores asesores de seguros es una metodología legal dentro del sector.
El foco editorial estuvo siempre centrado en la figura de Alberto Fernández, ya que el exmandatario firmó el decreto que habilitó el mecanismo y alguien de su entorno, uno de los intermediarios beneficiados. Se especuló que se trataba de una devolución de gentilezas del grupo empresario por la decisión del gobierno del Frente de Todos de declarar esenciales a los servicios de comunicación durante la pandemia. A eso se sumaría el tendal de deuda de pauta publicitaria impaga que dejó la gestión peronista, que afectó principalmente a Clarín. Parece mucho por tan poco.
En el mercado de los seguros tampoco hay certeza sobre cuál es el juego y, sobre todo, el objetivo final de Clarín para impulsar semejante despliegue periodístico sobre un tema bastante alejado de la agenda cotidiana. Así y todo, existe una respuesta, quizás parcial: los vínculos entre el holding y una serie de empresas vinculadas al negocio asegurador que, para hacerse del negocio, buscan romper el monopolio que obliga a los organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros.
En el sector también están quienes creen que la presión mediática es una demostración de fuerza del Grupo para consolidar su injerencia en otra actividad lucrativa paralela que fue prácticamente ignorada por la cobertura de Clarín: la derivación del negocio, vía coseguros, que hace Nación Seguroscon otras aseguradoras. Ese mecanismo no está alcanzado por la decisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que la semana pasada le ordenó a todo el gabinete que se abstuviera de contratar productores o intermediarios en las nuevas pólizas.
Quién es quién
Se sabe que la puja por resolver quiénes ocuparían la cúpula del Banco Nación (BNA) y sus unidades de negocios desató una batalla interna que involucró a las principales figuras del mundo libertario. Uno de los que jugó a fondo para quedarse con Nación Seguros fue Darío Wasserman, uno de los dos nombres clave de la trama. Wasserman fue titular de Garantizar FGR y entró en la ronda de nominados por su estrecha confianza con Karina Milei y el visto bueno del ministro de Economía, Luis Toto Economía. En la negociación no logró imponerse al frente de la aseguradora pública, pero como "consuelo" fue designado como vicepresidente de la entidad bancaria más grande del país.
El vínculo de Wasserman con Clarín se da a través del segundo personaje clave, Ignacio Sáenz Valiente, un multifacético empresario que desarrolló una extensa red de compañías con la que opera en diferentes actividades, todas ellas identificadas con su apodo, El Verde, pero en inglés. El empresario tiene linaje: su abuelo, José María Sáenz Valiente, y su padre que se llama igual, condujeron el estudio jurídico que lleva ese apellido y que históricamente asesoró al grupo de medios más importante de la Argentina. En 2016, los Sáenz Valiente fueron designados directores titulares de GC S.A., designación legal del Grupo Clarín, en una asamblea encabezada por Magnetto y José Aranda.
Wasserman e Ignacio Sáenz Valiente no comparten negocios de forma directa o declarada, pero el vicepresidente del BNA fue presentado en 2019 en el Boletín Oficial como socio de Ciudad de la Furia S.A., un empresa dedicada a "realizar inversiones y operaciones financieras de cualquier clase" que fue constituida en avenida Santa Fe 768, séptimo piso, el domicilio legal declarado por Sáenz Valiente hijo.
En esa compañía también figura como accionista Juan Gallo, un exfuncionario muy cercano a Guillermo Dietrich y casado con Agustina Olivero Majdalani, quien a su vez, al menos hasta 2019, compartió con El Verde la sociedad fiduciaria JF&V S.A. La familia Majdalani no es neófita en el negocio. Silvia, madre de Agustina y ex número dos de la AFI macrista, presidió Paraná Seguros, una compañía aseguradora investigada por la justicia por vaciamiento y diversas estafas a sus clientes.
Tanto Gallo como Sáenz Valiente son socios en la empresa nudo de la trama: Green Ocean Trust & Insurance, una compañía que opera pólizas de seguros. Habilitada inicialmente para operar bajo la denominación Bex Brokers, esta empresa está conducida por Oscar Domínguez, un especialista del sector que pasó por Boston Seguros antes de recalar durante el gobierno de Cambiemos como gerente Técnico Normativo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, uno de los sectores claves del organismo que regula al mercado asegurador.
La lectura de quienes conocen en detalle el funcionamiento de las aseguradoras y a quienes protagonizan esta trama señalan que Green Ocean es la nave insignia que, excluida Nación Seguros del negocio, saldría a pelear para copar el espacio que quedaría vacante si el Gobierno resuelve derogar el decreto de Alberto Fernández que limita el mercado de organismos públicos.
Viejos conocidos
Si bien Green Ocean aparece en el escenario del escándalo de los seguros por ser parte de la actividad, Sáenz Valiente ya fue parte de la agenda mediática a partir de otro caso de contrataciones escandalosas, en este caso con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En plena pandemia, cuando los insumos sanitarios escaseaban y la búsqueda de barbijos era una carrera contrarreloj, Green Salud fue contratada en forma directa para proveer mascarillas profesionales. Su sherpa para llegar a esa negociación habría sido el entonces jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel.
El escándalo estalló porque, amparado en la emergencia sanitaria, el gobierno porteño le encargó a esa empresa 15.000 barbijos profesionales a un precio muy superior al de mercado a la empresa que se había creado seis meses antes y que carecía de trayectoria en ese mercado. A este episodio, se sumó que Saénz Valiente también formaba parte en ese momento del lote de accionistas de Midas Hotel Management junto a Olivero Majdalani, la esposa de Gallo.
La empresa también fue objeto de una contratación directa por parte de la administración porteña para alojar a personas infectadas por Covid-19 o sospechosas de serlo por un monto superior a los cinco millones de pesos. Por esas contrataciones dos funcionarios porteños fueron despedidos aunque la Justicia, posteriormente, resolvió archivar las causas por malversación de fondos públicos por considerar que fueron desbordados por la emergencia sanitaria.