El Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada "Ley Antiforestal" aprobada por el Congreso y otorgó un plazo de 30 días para que se apersone y conteste la demanda.
La demanda fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N. ° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Dicha modificación incentivaba la deforestación.
Además, la norma cuestionada vulnera la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales contra delitos forestales. Es decir, terminaría beneficiando a grandes empresas y concesionarios.
La resolución que admitió la demanda lleva la firma de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional y corrobora que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad.
Tales criterios se encuentran establecidos en la Constitución Política, el Nuevo Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
La demanda constitucional sostiene que la aprobación de la Ley N.° 31973 incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales que tienen rango constitucional.
Asimismo, la demanda argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas que son afectados por la expedición de dicha norma.
Además, vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política.
Finalmente, sostiene que dicha norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas y pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que tienen procesos penales en curso.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental se han pronunciado para exigir la derogatoria de dicha norma.
Entre quienes reclaman la derogatoria de la cuestionada modificación, está la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), entre otras, quienes emitieron pronunciamientos para exigir la derogatoria de dicha norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, despertando una serie de protestas.