Con el propósito de establecer un "proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país", el Gobierno nacional envió el paquete fiscal al Congreso. En sus argumentos, la iniciativa promovida por Javier Milei hace hincapié en la "crisis fiscal" en la que el país se encuentra debido al "desbalance de las cuentas públicas generado por el Estado, quien en forma recurrente y continua ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos". "Este proceso de crisis se ha visto fuertemente agravado por las medidas adoptadas en materia impositiva en los 4 meses anteriores al 10 de diciembre de 2023", remarca.
El texto explica que las medidas implementadas tienen como consecuencia directa "una merma de los recursos fiscales del Estado, elevando aún más los ya altos niveles de déficit fiscal, hecho que dificulta seriamente el proceso de saneamiento de las cuentas fiscales".
"El Estado Nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva", fundamenta.
El paquete fiscal será debatido en paralelo con la Ley Bases, ya que el oficialismo espera tener ambas iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados para principios de mayo para que sean giradas al Senado y que estén sancionadas antes del 25 del mismo mes. En este escenario, el oficialismo convocó para hoy una reunión informativa de la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert.
En consonancia con el borrador enviado días atrás, se trata de un proyecto de 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del Impuesto a las Ganancias que, tras varias rondas de negociación con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista, tendrá un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para los solteros y en $2.200.000 para los casados con hijos actualizables de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor.
Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa, el proyecto resalta que tiene por finalidad "restablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma".
Sobre este punto, los apuntes del Palacio de Hacienda hacen foco en la escala progresiva del impuesto, que va del 5% al 35% según los ingresos.
Respecto al impuesto a los bienes personales, el proyecto del Gobierno advierte que entre 2016 y el 2023 "la alícuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde 0,25 % hasta una tasa máxima de 2,25 %. "Resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad", advierte el texto al justificar un cambio en las escalas.
En relación al blanqueo de capitales, otro de los pilares del proyecto oficialista, se detalla que el proceso se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025.
En el articulado, el proyecto establece además que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo se sumó a instancias de la oposición.
Incluso, se contempla una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. En dicho régimen podrán resguardarse aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.
Finalmente, el proyecto elimina el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. El Gobierno justificó que este gravamen tiene "baja incidencia recaudatoria y poca eficacia práctica" y recordó que el objetivo general de la administración libertaria es el de "simplificar el entramado tributario argentino".