Por unanimidad, la Sala IV declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por tres asociaciones de pescadores del Pacífico para mutilar el área protegida del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario.
La acción la presentaron la Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera, la Asociación Pescadores Palangre de Cuajiniquil y la Asociación Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas contra el decreto ejecutivo n.° 43368-MINAE del diciembre de 2021. El caso se tramitó bajo el expediente 22-020289-0007-CO.
La Sala IV confirmó este miércoles en un comunicado de prensa que los accionantes alegaron que el decreto violaba principios constitucionales de potestad reglamentaria, reserva legal, libre empresa, derecho al trabajo, inocencia, legalidad, razonabilidad, confianza legítima y pro homine.
En la sentencia N° 2024-10760, por unanimidad, los jueces constitucionales consideran que no se lesiona el Derecho de la Constitución alegado por los pescadores. De acuerdo con los magistrados, quedó acreditado que se llevó a cabo un proceso de consulta previo a la emisión del decreto; en el proceso, agregaron, se dio amplia participación al sector pesquero y hubo posibilidad de formular planteamientos, dudas, solicitar audiencias adicionales y aportar prueba.
La Nación informó el 23 de junio del año pasado de la acción emprendida por los pescadores contra una modificación mediante la cual el parque nacional pasó de un área protegida de 2.034 kilómetros cuadrados (km²) a una de 54.844 km². En esa zona, como en cualquier otro parque nacional, está prohibida la pesca.
Además, con el decreto, el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos creció de 9.649 km² a 106.285 km² (casi 10 veces más). El área oceánica bajo protección aumentó de 2,7% a casi 30% del territorio marino.
El Parque Nacional Isla del Coco, creado en 1978, alberga 1.688 especies de fauna marina, de las cuales 45 son endémicas (el 47,4% de todas las especies marinas endémicas del país).
Magistrados constataron estudios
El decreto impugnado se titula "Reforma Amplía los límites del Parque Nacional Isla del Coco, crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos y Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía y reforma Reglamento a la Ley de Biodiversidad".
Dicha normativa fue una decisión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para mitigar los efectos del cambio climático y representa un aporte costarricense a la llamada Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. Esta es una alianza liderada por Costa Rica, Francia y Reino Unido, cuya meta es conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para el 2030.
Los magistrados constitucionales incluso constataron que se realizaron estudios técnicos que demostraron la viabilidad de emitir ese decreto, el cual pretende brindar mayor protección al Parque Nacional Isla del Coco y al Área Marina Bicentenario, por lo que se considera que es "necesario, idóneo, razonable, proporcional, ajustado a los medios y fines por los que se dictó y respetuoso del principio de racionalidad".
Argumento de jueces constitucionales
De acuerdo con la sentencia, los permisos, concesiones y autorizaciones de los pescadores no han sido modificados ni afectados con el decreto que impugnaron porque todos pueden seguir faenando en la zona.
Eso sí, todos están sujetos a las nuevas normas establecidas que, al final, lo que pretenden es brindar mayor protección al recurso marino, por lo que no se lesiona la seguridad jurídica ni la confianza legítima.
El decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente Alvarado amplió, como parte de un compromiso internacional, los límites del Parque Nacional Isla del Coco. También creó el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos y la regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía.
Las organizaciones de pescadores, sin embargo, consideran que las disposiciones del decreto violentan sus derechos. Por esa razón, el 7 de junio de 2022 acudieron ante el Tribunal Contencioso Administrativo para demandar al Minae, caso que se tramita bajo el expediente 22-003179-1027-CA.
Cuatro meses más tarde, el 7 de octubre de 2022, también plantearon la acción de inconstitucionalidad que se resolvió este miércoles 24 de abril.