Después de que trascendiera que un estudiante sanjuanino de abogacía quedara detenido por tenencia de pornografía infantil, el acusado se presentó frente al juez y reconoció que el material prohibido que le encontraron era suyo, aunque sorprendió con su justificación.
Se trata de Iván Santander Espín, quien había quedado detenido por los 18 videos de explotación sexual de adolescentes y niños, algunos de ellos menores de 13 años, que tenía en sus dispositivos móviles y que debieron ser secuestrados por las autoridades de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
Si bien en este tipo de casos, los acusados suelen guardar silencio al momento de declarar, el joven de 19 años tomó la palabra y explicó que su interacción con el material prohibido -que fue reportada por Google- se debió a que fue abusado sexualmente cuando era más chico y que, de alguna forma, se reconforta cuando denuncia en internet este tipo de actividad ilegal.
Santander Espín argumentó, a modo de defensa, que por el trauma que sufrió navega en el ciberespacio en busca de pedófilos para evitar que le hagan daño a algún niño, tal como le ocurrió a él. Por tal motivo, llegaba sitios en los que se compartían el desagradable material y aprovechaba la ocasión para reportar a los usuarios. "Yo no sabía que hacer algo así me iba a traer un problema, pensé que estaba haciendo un bien", sostuvo con la voz quebrada.
Será tarea del Ministerio Público, representado por el fiscal Pablo Martín, que recibió los alertas de la Red 24/7 para investigar al sospechoso, descubrir si son verdaderos los fundamentos expresados, es decir, si son razón suficiente para evitar una condena. Es que pesan dudas sobre su relato y, por tanto, es materia de investigación el hecho de que las aberrantes imágenes estaban en su poder, entre sus archivos.
Luego de su exposición, el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera dio lugar al pedido de la fiscalía y dictó siete meses de Investigación Penal Preparatoria, al mismo tiempo que resolvió dejar al imputado en libertad, aunque resolvió aplicar medidas coercitivas como la prohibición de salir del país, el permiso para salir de la provincia y la presencia en Comisaría una vez por semana.
El estudiante de abogacía, defendido por José Luis Guidet Montilla, quedó formalmente imputado por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, agravada por la edad de las víctimas. Durante los próximos siete meses, dos de sus CPU, su teléfono celular y su notebook serán peritadas por los especialista informáticos para cooperar con la investigación judicial.