En enero los ministros de Producción de San Juan y Mendoza, Gustavo Fernández y Rodolfo Vargas Arizu anticiparon entre los puntos de una agenda común, que compartían la idea de eliminar las regulaciones del Estado en la vitivinicultura y que eso incluía el acuerdo de Mosto.
Con la cosecha en puerta, ese mes se acordó que para 2024 sí iba a haber acuerdo diversificador, y se estableció destinar un 17% a otros fines que no fueran la elaboración de vino. Sin embargo, las autoridades de ambas provincias volvieron a reunirse esta semana y se retomó con fuerza la idea de derogar la ley de 1994.
En una reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Vargas Arizu y Fernández, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se acordó avanzar en la desregulación de la industria.
Fernández dijo que esta decisión ya cuenta con el apoyo del sector privado y sumó que, este año, se fijó un cupo del 17%, pero las condiciones del mercado llevaron a que el 24% de las uvas cosechadas en todo el país se utilizarán para elaborar mosto. La Asociación de Viñateros Independientes dijo que el 53% de las uvas cosechadas en San Juan fueron a la elaboración de mosto.
El acuerdo, y el eterno incumplimiento de Mendoza
La Ley N° 6543 nació en 1994, cuando las dos provincias establecieron un porcentaje obligatorio para destinar a mosto en función de la cosecha estimada, con la finalidad de mantener equilibrado el mercado de vinos y que los precios no se derrumben.La norma establece además que, si las dos provincias no se ponen de acuerdo, hay que enviar el 20% a mosto.
A lo largo de los años, San Juan cumplió con creces con el acuerdo firmado, en cambio Mendoza la mayor parte de los años lo incumplió: los bodegueros preferían pagar las multas antes que mandar sus uvas al mosto.
En la Argentina desregulada del gobierno de Javier Milei, la industria del vino no quedó fuera, y ambos gobiernos provinciales, comparten la idea de que el mercado actúe como regulador de la actividad y que el Estado no tiene por qué decirle al privado qué hacer con su producción. De hecho, pese al porcentaje prefijado, después las empresas elaboran lo que les conviene según sus planes de negocios o situación del mercado.
Ley de vinos
Además del acuerdo de mostos, se suma la idea de derogar la Ley de vinos. Se trata de la Ley 9133 sancionada en 2018 para el sector vitivinícola y modificada en 2020 para incluir a la agroindustria. A grandes rasgos, se crea un Registro Único de Contratos para la compraventa de frutas y verduras destinadas a industria, algo que en la práctica no es tan fácil de cumplir y que impacta fuerte con multas muy altas por incumplimiento.
"Esta ley es muy compleja de cumplir para las bodegas y, pese a la buena voluntad, no da ningún beneficio al productor", explicaron desde el Ministerio de Producción de Mendoza. En parte porque en un contexto inflacionario no es fácil hacer en febrero un contrato que se pagará en julio. La norma, por otra parte, implica engorrosos trámites, sellos y dificultades que derivaban en multas excesivas con el mayor costo que ello implica. Por otra parte, no contempla la dinámica real de la cosecha y del modo en que se establecen los acuerdos entre las partes.
¿Qué pasa con la Coviar?
Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó además que es necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar y opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria. FUENTE: diarios Los Andes y MDZ.