Ya hay fecha para el juicio de Lácteos Farelo contra el alcalde de Agolada, Luis Calvo, por haber precintado la ampliación de la depuradora de la empresa en enero de 2020. Comenzará el 6 de junio en la Audiencia Provincial, para juzgar al regidor por dos presuntos delitos: uno de falsedad en documento oficial, y otro de prevaricación, que consiste en el dictado de una resolución injusta por parte de una autoridad a sabiendas de que no es lícita.
Por falsedad en documento oficial, la Fiscalía propone una pena de cárcel de 3 años y 9 meses, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo que pase en prisión. Por el delito de prevaricación, la acusación pública solicita una pena de 11 años de inhabilitación también para empleo o cargo público. En cuanto a la responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la empresa en la cantidad que estime la sentencia.
Acusación particular
Las penas que solicita la defensa de Lácteos Farelo, representada por el abogado compostelano Evaristo Nogueira, son mayores, pues solicita cinco años de cárcel y una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios por el delito de falsedad documental, mientras que por el de prevaricación, 10 años de inhabilitación. En responsabilidad civil, la defensa solicita una indemnización de 300.000 euros por los daños y prejuicios causados a Lácteos Farelo, ya que la empresa se vio forzada a cesar su actividad. Aunque la acusación particular aludió a la responsabilidad civil del Concello, el juzgado que instruyó el caso exime a la administración local, pero sí obligó a Calvo a depositar una fianza de 350.000 euros para garantizar las responsabilidades que puedan serle impuestas.
La Fiscalía indica que Calvo elaboró un informe el 20 de enero de 2020 en el que hacía constar que en junta de gobierno local se había aprobado precintar la depuradora de Lácteos Farelo. En realidad, la junta de gobierno no existía, ya que se constituyó un mes después. Envió además un correo a la empresa en que se notificada el precinto del recinto, sin la intervención del Secretario-Interventor y a sabiendas de que un correo electrónico no era un medio válido para dicha notificación.
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