La acumulación de reservas es uno de los talones de Aquiles del programa económico de Javier Milei, que pretende para el cierre de 2024 una fuerte reducción del rojo fiscal y una consolidación de la solvencia monetaria, previo al escenario que en el gobierno consideran ideal: la dolarización.
En este sentido, una de las mayores expectativas radicaba en el ingreso de divisas por exportación de granos, el cuál registra su punto más alto con el inicio de la cosecha gruesa en el presente mes de abril.
No obstante, el campo levantó la voz esta semana para poner paños fríos: los exportadores anticipan que esperan una nueva devaluación del dólar oficial antes de comenzar la liquidación de la cosecha.
Los números de la cosecha 2024 se anticipan récord. La sequía registrada el año pasado fue la más importante en 60 años, lo que permite prever que el volumen para este año será muy superior al de 2023. Las primeras proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que en la presente campaña se obtendrían 142,3 millones de toneladas, superando ampliamente el récord histórico de 140,8 millones de toneladas registrado en la campaña 2018/19.
Las estimaciones significaban a priori un enorme espaldarazo a la estrategia de acumulación de reservas estructurada por el gobierno de Javier Milei. Pero hubo dos factores, uno externo y uno interno, que modificaron sustancialmente el escenario en apenas tres meses.
La Ley Ómnibus que fue rechazada, estipulaba una suba de retenciones del 31% al 33% para los subproductos de la soja (harinas y aceites). Los exportadores registraron exportaciones con antelación por unos tres millones de toneladas y hablan de pérdidas cercanas a los u$s 300 millones.
El primero es absolutamente exógeno, y se relaciona con que los precios internacionales iniciaron una senda marcadamente desdecendente desde diciembre, y dicha tendencia lejos de modificarse, se acentúa.
En el caso de la soja, la cotización era de u$s 480,34 el último día hábil de diciembre y hoy se ubica en u$s 432,19. La caída es del 10%. Para el maíz la merma en el precio internacional llega al 11,6% mientras que para el trigo la baja asciende al 14%.
Cuando se traslada la caída de los precios internacionales a la valuación de la cosecha, y más tarde a la acumulación de reservas, resulta que en apenas tres meses el volumen de los granos argentinos cotiza u$s 1.300 millones menos.
El segundo tiene que ver con el fracaso de la estrategia legislativa del gobierno en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación en febrero. La Ley Ómnibus que fue rechazada, estipulaba una suba de retenciones del 31% al 33% para los subproductos de la soja (harinas y aceites) y desde el 12% al 15% para los subproductos del maíz.
Con la intención de anticiparse a la suba de impuestos que pretendía implementar Milei, los exportadores registraron exportaciones con antelación por unos tres millones de toneladas. En otras palabras, pagaron impuestos por granos que en ese momento cotizaban entre un 10% y un 14% más, y finalmente la suba de retenciones no sucedió.
Los exportadores señalan que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fueron inusualmente altas para un mes de diciembre, y que esto se debió pura y exclusivamente a la incertidumbre generada por el gobierno de Javier Milei en torno a la posibilidad cierta de una suba de retenciones que nunca se cristalizó. Estiman que las pérdidas que sufrió el sector llegan a u$s 300 millones, solo por la caída de los precios internacionales.
En declaraciones recientes al matutino Ámbito, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) fue elocuente: «El mercado de granos necesita un mejor precio, que podría darse por condiciones especiales, por un salto devaluatorio o por (una baja de) derechos de exportación y lo va a tener que decidir el Gobierno en base a sus necesidades».
La traducción es sencilla. Los exportadores están muy conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de exhibir una mejora sustancial en las reservas, en el marco de su negociación con el Fondo Monetario. Saben además que la llave de esa acumulación, está en sus manos. Piden a cambio un dólar «más competitivo». Una decisión compleja para el gobierno, teniendo en cuenta su firme decisión de combatir la inflación y el efecto de traslado a precio que genera la devaluación.