El fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, ha rebajado hoy seis meses su petición de pena para los nueve policías locales de Palma y un antiguo funcionario de Cort acusados de cohecho por presuntamente dar un trato de favor a los negocios del empresario Miguel Pascual Bibiloni en s'Arenal entre 2007 y 2015 a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas. El ministerio público reclama ahora para todos los funcionarios y para Pascual sendas condenas de cuatro años de prisión por sobornos.
La fiscalía ha mantenido el mismo relato de hechos que el de su escrito inicial de acusación, pero ha añadido la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, por lo que procede a reducir su petición de pena.
Anticorrupción ha planteado una calificación subsidiaria en sus conclusiones para el caso de que el tribunal considere no probadas las actuaciones arbitrarias y antirreglamentarias de los funcionarios públicos y ofrece dos alternativas por otros tipos penales de cohecho, por los que pide tres años de cárcel o nueve meses de prisión para los once acusados.
Además, Carrau ha propuesto a la sección primera que deduzca testimonio a los encargados del Bierkönig y el Table Dance por falso testimonio. Al primero de ellos, por no decir la verdad en el juicio y al segundo, porque su declaración fue "incompleta, no quiso extender más allá su declaración", ha señalado hoy el fiscal en la octava sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia de Palma.
Piden la libre absolución
Por su parte, los abogados defensores han elevado a definitivas sus conclusiones y han mantenido su petición de absolución para todos sus representados, quienes hoy han asistido a la vista.
El fiscal, en el trámite de informes, ha destacado que hay prueba suficiente de que el empresario Miguel Pascual ofrecía dádivas y beneficios a determinados funcionarios. Según su versión, lo dijo el entonces encargado del Table Dance, quien manifestó que al funcionario del Ayuntamiento de Palma no se le cobraban los servicios y consumiciones que recibía por orden de Miguel. Esta declaración está corroborada por dos testigos protegidos, quienes indicaron que algunos policías no tenían ni la tarjeta donde se anotan las consumiciones, según ha hecho hincapié Carrau. "Ya son tres testigos", ha añadido.
El representante del ministerio público ha añadido otras declaraciones que ha introducido en la prueba documental para su lectura, lo que ha provocado un rifirrafe con las defensas y las protestas de todos los abogados ante el tribunal. Según Carrau, estas personas incriminan al funcionario de Cort y a varios policías locales encausados. "Creemos que existe prueba clara", ha concluido el fiscal.
La acusación pública también se ha referido a los reconocimientos fotográficos efectuados en los que se identificó a varios agentes. "Tenían unos beneficios y unos obsequios de parte del señor Pascual. El empresario facilitaba la dádiva. Y como recompensa a estas dádivas, llevaron a cabo actos que no eran correctos", ha agregado el fiscal. "Gracias al funcionario de Cort se agilizó la licencia del Table Dance. También había un trato de favor a las empresas de Pascual. El encargado del Bierkönig era la persona de contacto con la Policía y llamaba directamente al GAP. En invierno, los agentes iban al encargado del Bierkönig a pedirle novedades. Esto no ocurría con otros locales", ha subrayado Carrau.
Según Anticorrupción, los plantones que hacían los policías en el centro de la calle del Jamón, a la altura del Bierkönig no procedían. A finales de junio de 2014, diez agentes del GAP elevaron una queja a sus superiores en la que denunciaban hacer funciones de seguridad privada dentro del Bierkönig. "Estaban haciendo un servicio privado para el local. Hacían unas funciones que piensan que no les corresponden a ellos", ha enfatizado el fiscal.
Informes de la defensa
Mientras, el abogado defensor de Miguel Pascual ha destacado que varios testigos señalaron en el juicio que sus declaraciones iniciales no eran válidas porque fueron guiadas por el exfiscal Subirán. "Es inadmisible, no se puede dar crédito a estas declaraciones", ha indicado el letrado, que ha apuntado que el soborno entre el empresario y el funcionario de Cort estaría ya prescrito.
"Es tan débil la tesis acusatoria", ha lamentado la defensa. "Es muy difícil defenderse de un escrito tan difuso como este que abarca un largo espacio de tiempo, entre 2007 y 2015", ha criticado el abogado. "La acusación es inverosímil, yo no me lo creo, es inverosímil. Aquí se acusa de todo, de cualquier cohecho. No se puede acusar a ráfagas", se ha quejado.
Además de lamentar la falta de concreción en los hechos, el abogado ha manifestado que no hay prueba de los delitos, por tanto, no queda otra que absolver. Según su tesis, en este tipo de bares (Table Dance), se invita. "No por ser policía, se invita, sino por ser cliente, por ser un buen cliente", ha concluido el defensor. El próximo lunes continuará el juicio con los informes del resto de abogados.
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