Sin posibilidad alguna de incidir en la política energética nacional y en el "sinceramiento" de tarifas que lleva adelante el presidente Javier Milei, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ensaya distintas acciones para no pagar los mayores costos políticos por la indignación social.
"A veces se termina echándole la culpa al cartero, al que le trae la factura y en definitiva acá hay un traslado a la factura final del usuario de decisiones tomadas a nivel nacional". Con esta frase, en marzo pasado el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián López, graficaba la incomodidad de la Provincia frente a la escalada de aumentos tarifarios en el servicio de energía eléctrica, una situación que tiene continuidad y amenaza agravarse en los próximos meses.
Se sabe que una buena parte de la ciudadanía cordobesa banca la política de motosierra y ajuste del Presidente y casi no ve en sus decisiones vinculación directa con la duplicación de cifras que sufrieron las facturas de energía en febrero pasado.
En marzo, la Provincia salió a mostrarse al menos activa frente a la situación y lanzó una operatoria para poder pagar la boleta de luz en tres cuotas sin interés, con financiación de Bancor.
Es un alivio de cortísimo plazo, más precisamente hasta que se pisen entre sí un par de facturaciones mensuales, pero al menos le permitió mostrar un mínimo de cercanía con los padecimientos vecinales.
Martín Llaryora analiza los costos
Ahora encaró otra estrategia, enfocada en lo administrativo, que puede lograr una reducción de costos para muchos usuarios y de paso le factura a la Nación el no haber potenciado esa vía.
¿De que se trata? De reactivar el pedido a los usuarios para que se inscriban o recategoricen en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que fija los tres niveles de usuarios, conforme su capacidad de pago y, consecuentemente, su acceso o no a subsidios del Estado.
Los números son contundentes y dan amplio margen para gestionar mejoras para los usuarios, algo que Nación nunca hizo, y que Provincia ahora ve como una oportunidad.
De un total de 1.027.405 usuarios residenciales que hay en Córdoba, sólo 644.057 se inscribieron en el RASE y quedaron categorizados en los grupos N1 (altos ingresos, cero subsidio), N2 (bajos ingresos, fuerte subsidio) y N3 (ingresos medios, subsidio parcial).
Los restantes 338.348 usuarios (casi el 33%) no se anotaron y por defecto el sistema los incluyó en categoría N1, con lo cual pagan las tarifas más altas.
El sistema presupone que quienes están en ese segmento tienen ingresos superiores a $2.706.847. No parece, claramente, un dato que tenga mucho que ver con la realidad.
En ese grupo puede haber usuarios que no quisieron blanquear su nivel de ingresos por cuestiones impositivas y otros que evitaron hacerlo para no ser excluidos de la posibilidad de comprar dólares, pero decenas de miles están ahí porque no se tomaron la molestia de registrarse o directamente ni se enteraron de que debían hacerlo.
Por otra parte, cuando se lanzó el RASE a mediados de 2022 no había tantas diferencias en las boletas de los usuarios de las tres categorías, pero ahora, con la licuación de ingresos de los trabajadores y el aumento de la canasta familiar, muchos usuarios pueden haber cambiado de categoría sin saberlo, ni reflejarlo en el Registro para acceder a subsidios.
Rápido, que ya viene otro aumento de Javier Milei
Esa inscripción o cambio de categoría (se tramita en www.argentina.gob.ar/subsidios) debe plasmarse antes del 20 de mayo, porque lo que viene en materia tarifaria desde junio pinta peor y la Provincia eligió abrir a tiempo el paraguas.
Todavía dan vueltas por las redes sociales las imágenes del carnicero de Huinca Renancó que fue a pagar la boleta de la luz con $800.000 en billetes, en una carretilla; o los casos de familias espantadas frente a boletas de casi $100.000.
En enero, el costo de la energía para los usuarios se duplicó y en la Provincia ya calculan que en un par de meses se viene otro salto similar, que podría cambiar el frío invernal por calentura social. El dato se desprende de la Secretaría de Energía de la Nación.
Llaryora mandó a sus funcionarios a machacar sobre las categorizaciones en el RASE con una agresiva campaña de difusión y publicidad, a través de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos, y de Cooperativas, además de Epec y las 204 cooperativas que brindan el servicio eléctrico en el interior.
Como no está en sus manos morigerar los aumentos, el gobernador explora vías alternativas para financiarles a los usuarios las facturas o facilitarles el acceso a subsidios.
Son las pocas herramientas disponibles ante un Milei cuya popularidad en Córdoba parece no ceder ni un milímetro. Es la lógica de estos tiempos: el ajuste es todo de él, pero sorprendentemente buena parte de los costos son ajenos.