Fernando Monreal y Paulina Anciola, analistas en Citibanamex, señalan que, si bien las métricas de la deuda pública seguirían siendo mejores en comparación con países pares emergentes y de la región, con una tendencia al alza del déficit público, crecientes presiones de gasto y una recaudación de impuestos relativamente baja, la próxima administración enfrentará un panorama fiscal más complicado.
En su nota especial "Pre-Criterios 2025: un reto para la siguiente administración", consideran que sería un reto significativo para la nueva administración llevar a cabo los recortes de gastos que estabilizarían la deuda en 2025, ya que sería políticamente costoso dar marcha atrás a programas sociales, arriesgado negar totalmente los apoyos a Pemex y difícil acomodar nuevas prioridades de gasto bajo crecientes presiones no discrecionales.
Por lo anterior, consideran probable ver una combinación de alguna reforma que mejore modestamente los ingresos, ligeros recortes al gasto y un incremento moderado en la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que estiman para 2025 un déficit primario de 1.1 por ciento del PIB, un déficit público de 4.4 por ciento del PIB y una deuda neta de 52.5 por ciento del PIB.
El legado de este sexenio: aumento moderado de la deuda, ingresos tributarios modestamente mayores (aunque con ingresos presupuestarios estancados), presiones de gasto crecientes y mayor déficit con menores amortiguadores.
Indican que se implementaron medidas de eficiencia que aumentaron moderadamente los ingresos tributarios, pero los ingresos presupuestarios se han mantenido bajos en comparación con sus pares. Al mismo tiempo, las presiones de gasto han aumentado y continuarán haciéndolo, especialmente las provenientes de pensiones.
Además, consideran discrecional la asignación del gasto, ya que no estuvo respaldada por documentos publicados por el gobierno que demostraran la superioridad en términos de beneficio social y económico de la inversión en programas y proyectos emblemáticos respecto de otros proyectos y de los programas anteriores; si bien hubo ganancias en eficiencia recaudatoria, el gran ausente de este sexenio fue una reforma fiscal, compromiso planteado al inicio de la administración.
De esta forma, opinan que se dejó pasar la oportunidad de aprovechar el capital político con el que se contaba al inicio del sexenio para obtener consensos y fortalecer a la hacienda pública. Además, observan que, para no aumentar en mayor medida la deuda como porcentaje del PIB, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó activos financieros (e incluso recortó el gasto en rubros como infraestructura y salud), lo que implica cierto deterioro de las finanzas públicas, independientemente del crecimiento moderado de la deuda como porcentaje del PIB.
Asimismo, reflexionan que existe un problema por la ausencia de coordinación (incluso contradicción) entre la política fiscal y la política monetaria, ya que al tiempo que se plantea la mayor expansión fiscal en décadas, el banco central implementa una política de apretamiento monetario para bajar la inflación.
También creen desfavorable el deterioro de la reputación fiscal al presentar un déficit fiscal de magnitud injustificada para 2024 y una propuesta de consolidación fiscal muy difícil de cumplir.
Necesario fortalecer la posición fiscal en los próximos años. Los especialistas opinan que las tendencias recientes implican un riesgo de debilitamiento de la posición fiscal que considerarán las agencias calificadoras hacia delante.
En su opinión, el fortalecimiento de la posición fiscal requiere de una reforma fiscal para mejorar la recaudación de impuestos, una asignación del gasto destinada a aumentar la productividad, políticas para fomentar la inversión privada y, por lo tanto, el crecimiento del PIB (el cual conduciría a mayores ingresos públicos), así como una mejora de la situación financiera de las empresas productivas del Estado.
Calendario fiscal permite a las nuevas administraciones elaborar el Paquete Fiscal desde su primer año. La SHCP publicó los Pre-criterios Generales de Política Económica (PCGPE) 2025 en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este es el último documento respecto a la perspectiva de finanzas públicas que presentará esta administración, ya que la elaboración del Paquete Económico 2025 será tarea del gobierno entrante, que tomará posesión el 1 de octubre.
La fecha límite de envío al Congreso de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025 es el 15 de noviembre de este año.