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Semanas después de que el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) haya objetado la tarifa técnica fijada por el Viceministerio de Transporte, de la que surgía que sus miembros cobraban subsidios en exceso por cada boleto vendido, el Poder Ejecutivo destituyó al viceministro Guido Benza, al cabo de ocho meses de una gestión tan deplorable como la de sus antecesores. El abogado fue sustituido por el economista Emiliano Fernández, un exviceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, hoy incorporada al Ministerio de Economía y Finanzas, que se encargaría de ejecutar un nuevo sistema de transporte público, según la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. No se conocen aún sus delineamientos, siendo de esperar que no demoren y, sobre todo, que una vez establecidos, sean realmente implementados.
Por de pronto, el nuevo viceministro tuvo que admitir que el servicio es pésimo y que se necesitan más inversiones: lo primero, en su opinión, debería mejorar a corto plazo, en tanto que lo segundo requeriría más tiempo. En realidad, para que el transporte público de pasajeros de la Gran Asunción no sea tan desastroso, bastaría con que se cumplieran y se hicieran cumplir la Ley de Concesiones de Obras y de Servicios Públicos, así como los respectivos contratos y la ley que castiga penalmente las indignantes "reguladas". Debido a la connivencia de hecho entre los "empresarios" y las autoridades competentes, los subsidios por valor de casi 1,2 billones de guaraníes (US$ 165 millones), aportados desde 2011 por los contribuyentes de todo el país, no han servido para que los pasajeros viajen en buses cómodos que circulan con la debida frecuencia, sin tener que esperar largos minutos en refugios destrozados, construidos en su mayoría por el sector privado.
Si a ello se suma que entre enero y noviembre de 2023, el Estado entregó a esos caraduras 357 guaraníes de más por cada boleto vendido, resulta que las víctimas del desgraciado sistema han sido no solo los usuarios del transporte público, sino también quienes pagan impuestos para que los "empresarios" cobren en demasía: se quejan de que cobran con dos a tres meses de retraso, lo que les impediría reparar a tiempo sus viejos vehículos, pero no así de que sean compensados con "intereses". Tienen el descaro de quejarse continuamente, como si el servicio que tan mal prestan fuera para ellos una carga pública: si las 33 firmas subsidiadas siguen en el negocio es porque les resulta rentable, lo que implica que el sistema actual funciona en favor de ellas y no de los sufridos usuarios.
Hay que poner fin cuanto antes a esta lamentable historia, arrastrada desde hace trece años, ante la general indiferencia de los organismos estatales: alguna vez intervino la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, pero no así la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en tanto que se ignoran los avances de la pesquisa del Ministerio Público con respecto a la denuncia penal sobre "pasajeros fantasma", presentada hace un año por la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama). Es obvio que el nuevo sistema de transporte público que montaría el flamante viceministro de Transporte debe tener en cuenta, en primer lugar, el interés de los usuarios y el de los contribuyentes. La cuestión de fondo es si se justifica que el costo del pasaje en la Gran Asunción sea subsidiado por los pobladores de todo el país, más aún atendiendo a que no ocurre lo mismo en otras ciudades.
Suponiendo que se estime conveniente mantener el sistema, habrá que ver qué se le ocurre a Emiliano Fernández para poner fin a tanto descalabro, aparte de atraer inversiones al sector. Si se adoptaran nuevas normativas, prestando especial atención a las condiciones de calidad del servicio y a la fórmula de reajuste de la tarifa, habría que aplicarlas con todo rigor: como en muchos otros ámbitos, en el transporte público de pasajeros "las leyes se acatan, pero no se cumplen", pues solo tienen una vigencia teórica, al igual que los contratos que obligan a los concesionarios a disponer de buses en buen estado, que circulen con regularidad. Sobre todo, en ningún caso habrá que ceder ante el eventual chantaje de las "reguladas", sino aplicar la norma que las castiga, sin mirar a quién.
Ya es tiempo de acabar con un modelo que victimiza cada día a miles de usuarios y beneficia a unos pocos aprovechados, con la indulgencia de las autoridades competentes, por decir lo menos.