Carles Planas Bou
Estados Unidos ha decidido renovar la polémica ley que le permite el espionaje de ciudadanos extranjeros sin necesidad de una orden judicial previa. El proyecto expiraba en la medianoche del 19 de abril, pero los líderes demócratas y republicanos en el Senado, el último escollo, han llegado a un acuerdo para extender las escuchas telefónicas dos años más.
Se trata de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que permite al Gobierno estadounidense recopilar las comunicaciones de extranjeros fuera del país que hayan sido seleccionados como objetivos por parte de las agencias de inteligencia. Esta controvertida enmienda, promulgada en 2008 para legalizar el programa de vigilancia que George W. Bush activó en secreto tras los atentados terroristas del 11-S, da poderes al Ejecutivo para acceder a toda la información que empresas estadounidenses como Google o AT&T tengan de ellos.
La semana pasada, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una reautorización de la ley que, además, aumenta su poderes y permite espiar a inmigrantes y a solicitantes de asilo. Lo hizo por 273 votos a favor y 147 en contra, con ambos partidos divididos. Este viernes ha recibido el visto bueno del Senado, el último paso antes de que llegue al escritorio del presidente Joe Biden, que apoya su extensión. Aunque durante su presidencia no tuvo problema alguno en darle su apoyo, Donald Trump exige ahora "matar" el programa espía.
La ley debía caducar este viernes, pero a principios de abril un tribunal de seguridad nacional accedió a permitir que el proyecto siga funcionando un año más aun sin el aval del Senado.
Violación de la privacidad
Este controvertido programa de espionaje permaneció oculto hasta 2013, cuando el exanalista de la CIA Edward Snowden informó al mundo de su existencia. Ahora, alerta de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) está a punto de "hacerse con el control de internet". Desde entonces, distintas organizaciones en defensa de los derechos digitales han denunciado que supone una flagrante violación de la privacidad. "Si se convierte en ley, cualquier empresa o individuo que proporcione cualquier tipo de servicio puede ser obligado a ayudar en la vigilancia de la NSA (...) La lista es interminable", ha señalado Elizabet Goitein, experta del Brennan Center for Justice. Otras como la Electronic Frontier Foundation han exigido una "reforma crítica" del texto.
Aunque la mayoría de legisladores estadounidenses defienden la existencia de la ley como un arma contra el terrorismo, esta también tiene muchos detractores. "Este proyecto de ley representa una de las expansiones más dramáticas y aterradoras de la autoridad de vigilancia gubernamental en la historia", ha denunciado el senador demócrata Ron Wyden. El temor de muchos de ellos es que, en su escaneo indiscriminado de las comunicaciones digitales, también se termine vigilando a los nacionales. "La historia demuestra que las agencias de inteligencia utilizarán cada centímetro de autoridad que el Congreso proporciona para espiar a los estadounidenses".
La Sección 702 prohíbe explícitamente al FBI y a la NSA vigilar intencionadamente a sus ciudadanos. Sin embargo, sus datos pueden ser recopilados si se comunicaban con un extranjero bajo observación. Además, hay numerosos ejemplos de los abusos perpetrados por las agencias gubernamentales de inteligencia. Solo en 2021, la policía federal realizó, sin orden judicial, hasta 3,4 millones de búsquedas de datos utilizando identificadores de estadounidenses.
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