La toma en consideración de la ILP para la regularización de personas migrantes, aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril, supuso una enorme alegría, una victoria colectiva y un paso adelante en este proceso.
Ha sido tremendo el esfuerzo, el trabajo y la energía de tantísima gente en este camino. Se han recogido más de 700.000 firmas –población que casi tienen ciudades como Sevilla o Zaragoza–, a las que habría que añadir las 500.00 personas migrantes que no pudieron firmar por no tener DNI y el apoyo de 900 organizaciones muy diversas, con el especial reconocimiento al movimiento antirracista RegularizacionYa.
Ahora toca seguir trabajando para garantizar que la iniciativa se debata de forma serena y profunda y, sobre todo, que se apruebe. Pero antes de tener una ley que haga posible la regularización de más de medio millón de personas, la ILP debe peregrinar por diferentes espacios, como marca el procedimiento: comisión parlamentaria para incluir y debatir enmiendas, votación en el pleno del Congreso y, finalmente, el Senado. No hay plazos establecidos aún, por eso el Gobierno debe activar cuanto antes el debate.
Es necesario y urgente regularizar ya. La situación administrativa irregular en la que se encuentran 500.000 personas en este país constituye una de las principales brechas de desigualdad. Son múltiples las dificultades y barreras con las que se encuentran, así como la situación de invisibilidad y desprotección que sufren, viéndose abocadas a afrontar situaciones de riesgo, vulnerabilidad, exclusión y explotación laboral, frustrando sus procesos de desarrollo de vida, viviendo con miedo e impidiendo su integración y contribución a la sociedad española de la que son parte. Y les toca sobre todo a los políticos escuchar la voz del pueblo y dar respuesta como servidores públicos que son.