El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó el informe anual sobre derechos humanos en el mundo. En el documento, el Departamento de Estado alerta sobre la persecución de opositores en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso de Daniel Ortega, aseguró que intenta presionar y castigar también a los activistas exiliados confiscando sus bienes.
Además, el informe explicó que en Nicaragua, se cerraron más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. De igual manera, detalló que el régimen despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces.
Familiares de miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar arresto.
La persecución en Cuba y Venezuela
En Cuba, según los informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos. Además, sus familiares también son blanco de amenazas. "No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Cuba durante el año Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Gobierno", sostuvo el Departamento de Estado.
El Gobierno limitó repetidamente el debate público de temas considerados políticamente sensibles. Varias leyes penalizaron aspectos de la libertad de expresión, como la Ley de Comunicación Social aprobada en mayo, que aumentó el control del régimen sobre la información, la prensa y otros medios, y las redes sociales a través del Instituto de Comunicación e Información.
Sobre Venezuela, el informe señaló que "los representantes de Nicolás Maduro utilizaron el poder judicial para intimidar y procesar a personas críticas con sus políticas o acciones, comúnmente utilizando cargos de conspiración, terrorismo y traición para arrestar a personas".
Además, alertó de que "hubo informes creíbles que los representantes de Maduro intentaron hacer un uso indebido de las herramientas de aplicación de la ley internacional, incluidas las Notificaciones Rojas de Interpol, para llevar a cabo represalias por motivos políticos contra personas específicas ubicadas fuera del país".