Colombia no juzgará a exlíder de las FARC por el asesinato de la hija de un expresidente
La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia (JEP) se declaró este viernes incompetente para juzgar el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau (1998-1999), hecho acaecido en 2005 en el que la Justicia paraguaya implica directamente a Rodrigo Granda, un exmiembro del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La JEP estudiaba incluir este evento en el 'Macrocaso 01', donde se juzgan la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC", pero finalmente se decantó por alegar "falta de jurisdicción (…) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", refiere EFE.
Así, en apego al principio de territorialidad, la instancia judicial determinó que en Colombia no existe "una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado –a Granda–, por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano".
"La JEP, claramente no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras", sostuvo el tribunal especial, creado tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
El caso en Paraguay
Granda, conocido como 'el canciller de las FARC' está requerido por Paraguay por su aparente implicación en la planeación y ejecución del secuestro de Cubas Gusinky, a través de supuestas asesorías brindadas al grupo marxista Partido Patria Libre, perpetrador directo del secuestro y de donde surgió la guerrilla Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
La mujer fue encontrada sin vida el 16 de febrero de 2005 en una vivienda en las afueras de Asunción, cinco meses después de su plagio y luego de que se hubiera cancelado un cuantioso rescate, según lo relatado por el periodista Andrés Colmán en su libro 'EPP, historia no autorizada'.
En octubre de 2022, la JEP le otorgó a Granda una 'aministía de iure' en razón del delito de rebelión por el que un tribunal le condenó en abril de 2006.
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