En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ve conforme a la Constitución entregar a Canarias una competencia exclusiva del Estado como la inmigración. El PP lo considera un "mercadeo".
Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Si en enero de este este año, en el marco de una intrincada negociación con Junts para sacar adelante tres decretos, el presidente del Gobierno se llegó a comprometer con el partido de Carles Puigdemont a ceder a Cataluña, entre otras, la competencia de inmigración, ahora, y usando el mismo -cuanto menos- cuestionable argumento jurídico, le ha ofrecido esa misma competencia exclusiva del Estado a Canarias.
Concretamente, en una respuesta parlamentaria por escrito a Coalición Canaria, documento al que ESdiario ha tenido acceso en exclusiva, el Gobierno le ha ofrecido la transferencia de la competencia de inmigración para que sea el Ejecutivo canario quien gestione esta materia tan sensible y que, además, se relaciona -directamente- con la seguridad del Estado español e, incluso, con su presente y futuro económico.
Tal y como figura explícitamente en la respuesta firmada por el Gobierno de Pedro Sánchez a la diputada Cristina García Valido, de Coalición Canaria, con fecha 22 de marzo del 2024, "siendo la inmigración una competencia exclusiva del Estado, es a la legislación estatal a la que corresponde determinar los concretos términos, formas y condiciones de su ejercicio. A tal fin, el artículo 150.2 de la Constitución contempla un mecanismo extraestatutario de ampliación de competencias, que permite flexibilizar el orden general de atribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. En concreto, faculta al Estado para transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación", se lee en el documento que publica en exclusiva este periódico.
Así, con esta respuesta a Coalición Canaria, el Ejecutivo central, por una parte, se ratifica en la polémica cesión a Junts de la competencia de inmigración -a pesar de que reconoce, como explicita la Constitución, que es una competencia exclusiva del Estado- y, por la otra, textualmente se abre a transferir tal competencia a más comunidades autónomas, como, en este caso, a Canarias.
Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes solventes del Partido Popular nacional para conocer su opinión sobre esta nuevo ofrecimiento de Pedro Sánchez a uno de sus habituales socios, Coalición Canaria, y, reconocen desde Génova, que este "mercadeo" del Gobierno no les "sorprende".
"Sobre el pacto PSOE-Coalición Canaria, justo ayer, jueves, se aprobó el pacto migratorio europeo. Las migraciones son un reto europeo, pero el PSOE fragmenta la política migratoria por los intereses espurios de Sánchez. Lo hizo con Junts para aprobar unos decretos. Ahora, lo hace con Coalición Canaria. Veremos qué contraprestacion lleva aparejada...", aseveran a ESdiario desde la sede nacional del PP.
Es más, añaden las mismas fuentes consultadas, que "es lamentable que el PSOE haga mercadeo parlamentario con políticas de Estado. En el fondo, no nos sorprende, pero no dejaremos de denunciarlo y combatirlo", subrayan desde los populares. Y advierten que "el PP apostará siempre por la colaboración entre las distintas administraciones para abordar estos asuntos".
Más allá del parecer político, en términos jurídicos, el Gobierno puede estar ofreciendo a sus socios una transferencia ilegal de competencias. En primer lugar, cabe destacar, como reconoce el Ejecutivo, la inmigración se estipula en la Constitución como una competencia exclusiva del Estado.
Específicamente, la Ley Fundamental es clara en su artículo 149: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". No cabe duda alguna. La inmigración es una competencia propia del Estado.
El existente debate jurídico se sustenta, sin embargo, en el artículo 150.2 de la Constitución, al que el Ejecutivo de Sánchez alude en su respuesta a Coalición Canaria, en el que se lee que "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".
A pesar de esta palmaria ambigüedad de la Constitución -si cabe incoherencia-, son múltiples los expertos consultados que deniegan al Gobierno la capacidad de transferir tal determinante competencia a las comunidades autónomas. En otras palabras, las competencias que afectan directamente a la unidad del Estado y a su soberanía, es decir, las que incluye el artículo 150.2, 150.3 y 150.4, "no se pueden transferir", sentencia a ESdiario un experto en derecho constitucional consultado.
Otros expertos consultados, en contraposición, explican a este periódico que determinadas especificidades de la competencia de inmigración sí se podrían llegar a transferir a las regiones y que su constitucionalidad o no dependerá de cómo se desarrolle la ley orgánica para transferirla.
"Las fronteras en principio no podrían ser objeto de delegación dado que requieren una norma homogénea, con unos mismos criterios, para permitir la entrada de inmigrantes en el territorio nacional. Y ahí es completamente indiferente donde se encuentre situada la frontera al afectar a la soberanía nacional", asegura a ESdiario el abogado Pablo de Palacio.
En conclusión, sea como fuere, no cabe duda de que se trata de una cesión más de Pedro Sánchez para afianzarse en el poder de La Moncloa.