La asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas, entidad que ejerce la acusación popular en el llamado Caso Koldo, ha solicitado la imputación de Juli Fuster, exdirector del departamento de Salut del gobierno de Francina Armengol en Baleares, a tenor de las pruebas e indicios presentes en el sumario sobre esta causa de corrupción, de adjudicaciones millonarias y de comisiones a empresas amigas en plena pandemia.
En un escrito que ha remitido este miércoles el abogado Eduardo Luna al Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la acción popular considera que del contenido del sumario "se desprenden indicios de criminalidad suficientes sobre la actuación del subdirector de compras y logística del servicio de Salut, Antonio Mascaró, y del director general, Juli Fuster, en lo relativo a su participación en la concesión de dos contratos a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas".
A juicio de esta asociación, con lo que hay sobre la mesa los hechos podrían "encajar indiciariamente en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación del caudal público", señala el escrito.
"Según consta en la causa, la adjudicación del contrato de mascarillas en las islas a la empresa investigada Sistemas de Gestión y su entorno, por importe de 3.701.500 euros más otra adjudicación posterior de 56.715 euros, se llevó a cabo de forma arbitraria, manifestándose en la ausencia de los trámites esenciales del procedimiento", prosigue el escrito del abogado representante de la Asociación Veritas.
Los informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil son claros, sostiene el escrito: "Debemos señalar que dicha adjudicación tal y como sostiene la UCO en sus conclusiones, había sido pre concedida a la mercantil investigada, obviando tramites esenciales del procedimiento administrativo, sin constar documentalmente, contrato alguno, identificación de las partes, o tan siquiera, la mínima documentación exigible sobre el objeto del contrato de suministro".
Imputaciones
"La entrega de las mascarillas se produjo el día 27 de abril de 2020. Unas 24 horas después, el 29 de abril de 2020, es la fecha en la que se solicitó al órgano de contratación la tramitación de emergencia para el contrato de suministro de mascarillas, Dos días después de que constase la entrega, no siendo hasta el 4 de mayo de fecha en la que se produjo la resolución que acordaba la contratación".
"A la vista de lo anterior", apunta el escrito de la acción popular, "es evidente que las negociaciones, la formalización del pedido y la entrega de las mascarillas inhábiles, entre los responsables del IBSalut y la empresa Soluciones de Gestiones, había sido acordada con anterioridad a espaldas del procedimiento legal de contratación pública".
Así, la asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas pide citar como investigado a Antonio Mascaró Crespí, el subdirector de Compras y Logística del gobierno de Armengol durante la pandemia, y también la de Juli Fuster Culebras,
Del mismo modo, exigeb a la dirección general del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT) que aporte la totalidad del expediente objeto de investigación, así como las
reclamaciones posteriores que se han llevado a cabo contra la empresa Soluciones de Gestión.
También requieren al mismo órgano responsable de la sanidad de esa autonomía que aporte copia literal del expediente remitido a la comisión de investigación del parlamento balear.