Pepito no es, no parece, nombre de narco. Sin embargo, detrás de esas seis letras que evocan a un inocente niño en la fila del patio en su primer día de clase en un septiembre cualquiera de hace medio siglo se oculta una leyenda del narcotráfico en València y un peligroso y escurridizo hombre que lleva siendo perseguido por la Guardia Civil desde finales del siglo pasado. Este martes, Pepito, José G. P., se sentará, por fin, en el banquillo de los acusados para responder por el único delito de sangre con el que la policía española ha sido capaz de relacionarlo: la ejecución, tras ponerlo de rodillas y de un solo tiro en la cabeza de Octavio Ortega, un traficante de Carlet, antiguo miembro de su grupo, con el que tenía una disputa por, según dijeron, un piso. Ocurrió a plena luz del día, sobre las 14.30 horas del 20 de abril del 2010, en la partida la Garrofera de Guadassuar, muy cerca del almacén que usaba desde hacía más de una década como 'guardería' de las toneladas y toneladas de hachís que le traían desde el Rif marroquí para distribuirla por España y buena parte de Europa. Pero ese es otro sumario.
La causa judicial por la que José P. G., que incluso se construyó en sus buenos momentos una fortaleza en las afueras de Alzira, en la partida del Torretxó, muy cerca del Hospital de la Ribera, sobre una loma bien visible para demostrar poderío y exhibir impunidad, se sienta ahora en el banquillo empezó a gestarse ese 20 de abril de hace 14 años en Guadassuar, con el asesinato de Octavio ante la mirada aterrorizada de su hermano Ernesto y de los tres secuaces que los habían acompañado a la cita con Pepito, pero ha viajado por media España, parte de Europa y casi todo Marruecos antes de ser depositada sobre la mesa de los tres magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València encargada de enjuiciar el presunto narco de l'Alcúdia. Un complejo y accidentado periplo judicial y policial que no habría sido posible sin la tenacidad y el tesón del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València.
El señor del hachís
Cuando se produjo ese crimen, por el que la Audiencia de València, primero (septiembre de 2018), y el Tribunal Supremo, después (enero de 2020), ya ha condenado a cinco de los ocho implicados -ahora serán juzgados Pepito y su 'primo' y lugarteniente, Sergio R. B., alias Perkins; el octavo se mató en un accidente de tráfico en Carlet, en septiembre de 2016-, el narco de l'Alcúdia llevaba cinco años huido de la Justicia. Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Valencia, junto con la jueza de Instrucción 1 de Carlet, habían puesto en marcha en diciembre 2002 una compleja y ambiciosa investigación, bautizada como Operación Grillos jugando precisamente con el alias de su líder, para poner coto a la organización comandada por Pepito.
A lo largo de casi dos años, los agentes realizaron numerosas incautaciones (más de 25 toneladas de hachís) y detenciones, que culminaron el 10 de septiembre de 2004, con los últimos 29 arrestados (fueron 62 en total), después de interceptar un camión con casi cuatro toneladas de hachís en la A3, entre Cheste y Godelleta, y solo cuatro días después de haber apresado a tres de los implicados tras naufragar en el Estrecho, cuando iban desde Murcia a Marruecos a cargar la droga con una lancha que se averió en alta mar. Los 29 ingresaron en prisión. Antes que ellos, habían sido encarcelados en julio de ese año otros siete miembros de la organización tras un mazazo al grupo en el que resultó herido de extrema gravedad un guardia civil de Tráfico al que arrollaron con un todoterreno en el que escaparon del puerto deportivo Campomanes, en Altea, al verse sorprendidos en plena descarga.
La frenética huida del líder
Entre los últimos detenidos en septiembre de 2004 en la fase final de la Operación Grillos estaban el propio José P. G. y su mujer, además de su círculo más estrecho de secuaces. Había sido apresado en la madrugada del viernes, 10 de septiembre de 2004, y al día siguiente, sábado, fue conducido a su mansión, la fortaleza almenada que se había construido en Alzira, una inmensa propiedad de 1.400 metros cuadrados habitables distribuidos en tres plantas, dotada con todo tipo de lujos y sistemas de seguridad y videovigilancia.
Al llegar, pidió que le dejaran cambiarse de ropa, para lo cual el agente que lo custodiaba accedió a quitarle los grilletes. Pepito, que practicaba (y ha seguido haciéndolo en prisión) full-contact, salió corriendo como un gamo. El guardia le siguió y estuvo a punto de darle alcance, pero no lo logró. Acabó con una triple fractura de codo. Pepito, sin embargo, siguió su frenética huida, saltó una acequia y luego cruzó la autovía sorteando los vehículos que circulaban a más de cien kilómetros por hora.
Dos meses después, fue detenido en Madrid por la Policía Local en una intervención casual. Una vez cumplidos los dos años en prisión provisional y visto que el juicio no llegaba, el juzgado optó por no prorrogar la prisión y lo dejó en libertad provisional. Y desapareció. La Guardia Civil no volvió a saber de él hasta ese 20 de abril de 2010, cuando presuntamente apretó en persona el gatillo de una pistola del calibre 9 cuando el cañón tocaba el parietal derecho superior de la cabeza de Octavio, arrodillado ante él tras interceptarlo cuando trataba de huira la carrera, cuesta arriba, de la mansalva de tiros que el grupo de Pepito les dirigió a él, a su hermano Ernesto y a sus tres hombres durante la trampa mortal en que se convirtió la cita en Guadassuar entre ambos para que el segundo, Octavio, le devolviese al primero, Pepito, un piso propiedad de este último en Benimodo.
El acogedor refugio marroquí
Después de eso, Pepito se volvió a evaporar. Mientras el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València detenía a cinco de los ocho presuntos implicados, Pepito, su hermano Juan Luis G. P., alias el Gamba, y su primo, Perkins, hacían las maletas y escapaban al lugar donde más seguro se sentía: Marruecos. Allí, en Casablanca, fue bien acogido. En 2013, los agentes de Homicidios de València lograron la primera información fiable que situaba a los tres fugitivos en el país alauita. Amparados y protegidos. Se puso en marcha una nueva operación, bautizada como 'Desired'.
El primero en caer en la red fue el Gamba. Eran las vísperas de la Navidad de 2014. En febrero de 2015, eran apresados Pepito y Perkins, que compartían vivienda en Casablanca. Ocurrió justo cuando la mujer de José P. G. llegó a la mítica ciudad para pasar unos días con su marido. Los tres hombres fueron enviados a dos cárceles marroquíes distintas. Traerlos a España iba a ser harina de otro costal.
Aunque tardó, Juan Luis sí pudo ser extraditado a tiempo de ser juzgado y condenado junto con los otros cuatro incriminados. Les cayeron 11 años por el asesinato de Octavio, otros 11 por los asesinatos intentados de dos de los hombres de este (recibieron sendos tiros, uno en un glúteo y otro en una pierna, cuando huían ladera arriba de los disparos de Pepito y los suyos) y otros 11 meses por la tenencia ilícita de las armas empleadas, pistolas, revólveres y escopetas. Una considerable rebaja de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, ya que el tribunal les concedió la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre el crimen y el juicio.
Una complicada extradición
Sin embargo, enviar a España a Pepito, el hombre acusado de haber movido cientos de toneladas de hachís en poco más de una década, y a Perkins, su eterna sombra, costó bastante más. Las autoridades marroquíes (dicen las malas lenguas que el de l'Alcúdia tenía muy buenos amigos en puntos estratégicos) retrasaron ese momento cuanto pudieron, pero finalmente los entregaron a la Justicia española. José G. P. recaló primero en la cárcel de Castelló, pero por poco tiempo. Desde la ejecución de su extradición, hace un par de años, ha recorrido las prisiones de medio país.
Hoy, casi 14 años exactos después de la muerte del que hubo un tiempo que formó parte de su organización, Pepito se sienta por primera vez en el banquillo para responder, junto con Perkins, de aquel ajusticiamiento a sangre fría, por el que la fiscal pide para ambos 48 años y medio de cárcel: 19 por el asesinato consumado, 14 por cada uno de los dos intentados y año y medio más por la tenencia ilícita de armas. Pero seguramente serán bastantes menos por esas mismas dilaciones. La respuesta, en breve.
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