Un grupo de personas pertenecientes a la etnia rarámuri, que han sido víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad del Manzano en el municipio de Uruachi durante más de dos años, se manifestaron en las afueras de la fiscalía general del estado y frente a las instalaciones del gobierno estatal.
Los manifestantes expresaron su frustración a pesar del apoyo económico mensual de mil pesos otorgado por el gobierno estatal, que resulta insuficiente frente a los crecientes costos de la canasta básica.
Además, señalaron que el retorno a sus lugares de origen no es una opción viable dadas las continuas dificultades en la comunidad y la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Uno de los participantes en la manifestación mencionó que se ha considerado la posibilidad de un reasentamiento dentro del estado, siempre y cuando se les garantice un patrimonio propio. Se estima que más de 160 personas se encuentran en esta situación precaria y son beneficiarias de este recurso.
La persistente lucha de estas personas ante la difícil realidad que enfrentan pone de manifiesto la urgente necesidad de soluciones sostenibles por parte de las autoridades, a fin de garantizar su bienestar y dignidad.