El tratado que la Comisión Europea (CE) y Reino Unido negocian desde hace casi cuatro años para sacar a Gibraltar del limbo en el que permanece desde que culminó el Brexit ha perdido su batalla contra el calendario. La agenda política europea y británica ha atropellado a los negociadores cuando están a punto de cerrar un texto y ahora cunde en las cuatro partes el temor de que el proceso quede estancado durante muchos meses. Esto lo pondría en riesgo de encontrar nuevos obstáculos e incluso de perder el impulso que le han dado en las últimas semanas los gobiernos implicados.
"Todavía quedan algunas semanas de trabajo", advirtió este viernes el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, después de una reunión sin precedentes con el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo. Un comunicado conjunto (algo también inédito) emitido tras la cita hablaba de que "las negociaciones tuvieron lugar en una atmósfera constructiva y se consiguieron avances significativos", hasta el punto de que "se acordaron líneas políticas generales, también sobre el aeropuerto, bienes y movilidad". Pero traspasar todas esas buenas intenciones a un documento técnico llevará tiempo, como dijo Albares y reiteró el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "Las negociaciones (sobre Gibraltar) van a continuar durante las próximas semanas, y esperamos que podamos llegar a un acuerdo exitoso entre la Unión Europea y Reino Unido", dijo. "Quedan algunos aspectos importantes por resolver, pero lo relevante es que se ha dado avance a muchas de las conversaciones que iniciamos hace unos cuantos meses y se han acordado las líneas políticas generales en temas muy trascendentes para el Gobierno de España como el aeropuerto, bienes y movilidad", añadió.
Esas "semanas" de las hablaron Sánchez y Albares significan que el tratado se dilatará durante meses. El motivo es que el documento final necesita pasar por el Parlamento Europeo y este se disolverá en menos de diez días para dar paso a un proceso electoral del que saldrá una nueva Cámara. Esta es la que tendrá que aprobar el tratado para dar pie a su firma.
El último pleno de la actual legislatura tendrá lugar en Estrasburgo del 22 al 25 de abril de 2024. Es decir, empieza en siete días, sin contar este domingo. Aunque la Eurocámara seguirá celebrando reuniones de comisión hasta abril, así como debatiendo y votando propuestas legislativas, se antoja imposible que un texto definitivo logre pasar todos los trámites para recibir el visto bueno a tiempo. Las elecciones en la Unión Europea se celebrarán entre el día 6 y el 9 de junio.
Además, el Parlamento británico también debe dar su aprobación al documento antes de que lo firme el Gobierno. En Reino Unido se esperan elecciones generales anticipadas antes de que acabe 2024. No tienen fecha aún, pero el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, apunta a la "segunda mitad del año" para la convocatoria. Desde los partidos opositores le reclaman que adelante la cita para que tenga lugar antes incluso del verano. Los sondeos revelan un pronóstico sombrío para Sunak y el Partido Conservador y auguran una victoria aplastante para los laboristas. Una macroencuesta encargada por la organización Best for Britain sugiere un cambio electoral histórico, con el líder laborista Keir Starmer logrando una mayoría significativa de 468 diputados, en comparación con los escasos 98 escaños proyectados para los conservadores. Hasta el escaño del primer ministro por el norte de Yorkshire correría peligro. 66 diputados conservadores han anunciado ya que no se presentarán a la reelección y se espera que al final sean un centenar o más. Es decir, un panorama incierto que afectará al tratado de Gibraltar, o por lo menos a sus plazos.
El Congreso y el Senado españoles no tendrán que ratificar el eventual acuerdo que alcancen la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. Las partes en el futuro tratado serían, "exclusivamente, la Unión Europea y Reino Unido", pero no España, según confirmó el Gobierno español hace poco más de un mes. La Constitución y la ley de Tratados estipula que las dos cámaras solo tienen que pronunciarse en el caso de "los tratados internacionales en los que España sea parte". Aquí no lo es, sí como parte de la Unión Europea con derecho a veto, de ahí que Albares lleve semanas reclamando el apoyo de todos los grupos políticos cuando llegue el momento.
El hecho de que las negociaciones por parte de la UE estén dirigidas por el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, que desempeñó el mismo papel en relación con el marco de Windsor para resolver el entuerto de las dos irlandas, parece una señal de que finalmente la negociación termine en éxito. La cuestión es cuándo. Y cuánto tiempo pueden soportar los trabajadores transfronterizos y las empresas españolas ubicadas en el Campo de Gibraltar para los que el peñón es parte de su negocio después de ocho años de incertidumbre.
Cinco puntos clave
Con la marcha del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, se consumó la salida del mercado común y de las políticas comerciales en las que participaba. El estatus en el que quedaría Gibraltar fue una parte importante de las negociaciones, que terminaron por desarrollar el llamado Protocolo sobre Gibraltar, un documento complementario al gran Acuerdo de Retirada que reguló las condiciones en las que se produciría el Brexit.
Tras el Brexit, los acuerdos UE-Reino Unido sobre Gibraltar necesitan del acuerdo previo de España, según establece la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit al señalar que, una vez producido, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido podrá aplicarse al territorio gibraltareño sin un acuerdo previo entre España y Reino Unido.
El protocolo sobre Gibraltar incluía cuatro memorándums de entendimiento bilaterales entre España y Gibraltar relativos a los derechos de los ciudadanos (el paso fronterizo de población entre España y Gibraltar, entre otros aspectos), cooperación policial y aduanera, tabaco y cooperación medioambiental, así como un acuerdo en materia fiscal con el Reino Unido. Todos ellos son provisionales a la espera de un tratado e incluso en muchos aspectos se han ido extinguiendo con el tiempo.
Los principales escollos con que los negociadores se han encontrado son cinco. El primero es la negativa de Gibraltar a equipar las pensiones que cobran los extrabajadores españoles en el Peñón -y las que, en un futuro, cobrarán quienes hoy siguen trabajando allí- con las de los gibraltareños. La diferencia en la percepción del conocido como community care entre los jubilados llanitos y los españoles (más los de otras nacionalidades) ronda en la actualidad las 400 libras al mes (alrededor de 460 euros), según las fuentes consultadas. No obstante, se ignora cuántas personas reciben hoy en día esa pensión al tratarse de datos que maneja y guarda celosamente el Ejecutivo del Peñón.
Además, los negociadores británicos se han negado hasta ahora a aceptar la trasposición directa y más o menos estricta de la normativa europea a la legislación del Peñón. En materia de vertidos, por ejemplo, Gibraltar conduce a través de emisarios submarinos buena parte de sus aguas residuales al mar sin depurar y el bunkering (el repostaje de barcos en la Bahía de Algeciras a través de grandes gabarras) se desarrolla por parte de empresas gibraltareñas con estándares diferentes a los de la UE.
También ha costado encontrar un consenso en torno a la armonización fiscal de Gibraltar con la UE, un aspecto recogido en el acuerdo de la Nochevieja de 2020 entre España y Reino Unido. El Gobierno del Peñón rechazaba de plano equiparar el IVA y los impuestos especiales (sobre las bebidas alcohólicas, el tabaco, los hidrocarburos, el juego...) que rigen en España a las figuras impositivas de la colonia porque, no en vano, gran parte de los ingresos de esta última derivan precisamente de una baja tributación que atrae a miles de empresas.
La cuarta clave es la que hasta ahora ha tenido más relevancia, al menos a nivel público: el control policial del puerto y del aeropuerto. Para la UE, si desaparece la Verja, sus fronteras exteriores pasarán a estar en ambos puntos y la responsabilidad de su vigilancia corresponde a las autoridades policiales y aduaneras españolas -como estado más próximo- con el apoyo temporal de Frontex, la agencia europea de fronteras; para el Ejecutivo de Picardo, esas posiciones son irrenunciables y una suponen una cuestión de honor: "This is our land", proclamó hace meses el ministro principal bajo la premisa de que "ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto ni en el puerto de Gibraltar".
Una de los principales escollos tiene que ver con el uso del aeropuerto y puerto gibraltareños, dos instalaciones en gran medida militares que, a juicio de muchos, son la razón de ser de Gibraltar desde su ocupación por parte de la flota anglo-holandesa en 1704. Con una frontera abierta, la UE, en este caso, desea establecer un sistema de información que le permita conocer qué buques y qué aviones llegan al Peñón y con qué propósito hacen escala. La CE, de nuevo se topa con noes rotundos, en este caso, los de la Royal Navy y la Royal Air Force.