La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que el exdirector del Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, aceptó y detalló sus nexos y favorecimiento a grupos paramilitares en el Cesar, para que por medio de sus testaferros pudiesen quedarse con largas extensiones de tierra de la cual habían sacado a campesinos humildes a sangre y fuego.
"Estas operaciones ilegales se cometieron en alianza y en respuesta a los intereses de los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana', del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como también para satisfacer los intereses de actores económicos privados de la región", enfatizó la JEP.
De las cosas, sin duda más indignantes, de lo aceptado por el exdirector del INCODER, fue la participación de servidores públicos y terceros, que promovieron y facilitaron operaciones que terminaron en el desplazamiento de los humildes campesinos.
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"Reyes Jiménez también mencionó nombres de servidores públicos y de terceros civiles, quienes aprovecharon su posición en el Incoder para facilitar operaciones que promovieron el desplazamiento forzado, la legalización del despojo de tierras a través de compras a precios irrisorios, el acaparamiento y la reasignación de tierras a través de trámites irregulares, en varios municipios del corredor minero del Cesar y otros municipios aledaños" indicó la JEP.
Según lo informado por la JEP, este exdirector explicó cómo por medio del despojo y la fachada de legalización de estas tierras, adelantaron una especie de "contrarreforma agraria" que terminó favoreciendo a empresas privadas del sector minero, ganadero y palmero.
"Lo dicho por Reyes Jiménez se suma a lo declarado por otros cuatro exmiembros del Bloque Norte de las AUC, quienes fueron escuchados como testigos en el marco de este subcaso del Caso 08. Estas declaraciones resultan fundamentales para comprender la complejidad de las redes criminales que afectaron profundamente a las comunidades rurales del norte del país" señaló el despacho del magistrado Óscar Parra.
Adicionalmente, el exdirector del Incoder aseveró que "la información suministrada por Reyes sobre sus actuaciones impulsa el llamado de miembros de la fuerza pública y de terceros civiles a rendir versión voluntaria ante la JEP por estos mismos hechos".