Antes del doce de mayo sabremos qué ha pasado en Euskadi. Estabilidad si, finalmente, como sería de esperar a tenor de las encuestas y la correlación de apoyos, el PNV repite en el gobierno con el apoyo del socialismo.
De las elecciones vascas no parece que haya que esperar sorpresas, si acaso saber hasta dónde llega el partido popular del reconvertido Borja Sémper. Pasaba por ser conciliador y con sentido de la realidad (quizás por eso se había retirado de la política) hasta que fue recuperado por Feijóo para convertirlo en ariete contra el gobierno. Lo de Sémper se parece al modo Josep Piqué. Recuperó escaños de aquellos catalanes de derecha, ansiosos por creer que el PP podría ser sensible con el catalanismo de la mano de un ex nacionalista de Convergència. Finalmente, Piqué, que llegó a ser ministro de asuntos exteriores, fue fagotizado por el peso del madrileñismo institucionalizado en el poder.
El partido popular en Catalunya no será determinante en cualquiera de las combinaciones posibles para el futuro gobierno de la Generalitat. Ni en una eventual mayoría de izquierdas, ni por supuesto con los independentistas, los escaños populares serán de alguna utilidad. La cuestión para el PP está en cuánto voto de Vox y Ciudadanos, si logra pasar el filtro del tres por ciento, parece que en Barcelona sí, es capaz de rescatar. Las vascas y las catalanas, sobretodo, con el empeño mediático en reforzar la idea, muy conveniente para los populares, de que Feijóo se la juega, servirán de refuerzo para presentar a las europeas como la segunda vuelta del 23-J. Feijóo, auguran las encuestas de hoy, las ganaría al sumarse votantes de Ciudadanos y de Vox, pero no por descalabro del socialismo que perdería un escaño.
El interés de las elecciones catalanas está, evidentemente, en qué presidente podrá aspirar a la investidura. Y, en consecuencia, si la ley de amnistía se valora como buena para la pacificación política o como un habilidoso enredo para rescatar a Junts. Una segunda presidencia de Puigdemont, pienso que lo saben los de Esquerra, sería un brindis a lo desconocido. Unos dirán a lo conocido, porque pensarán en el octubre de 2017; un momentum que no se repetirá, estén tranquilos.
Una segunda presidencia de Puigdemont, que solo apoyaría la CUP y algún partido radical, si es que consigue escaño, sería entrar en parálisis institucional por tiempo indefinido porque el independentismo, como opción política inmediata, no tiene ni respaldo de la ciudadanía ni futuro institucional.
Las encuestas, espadas en alto y los de Puigdemont apelando al voto emocional, por aquello de que el expresident ha dicho que consigue la presidencia o se retira. Veremos si se impone el seny o la rauxa. Catalunya funciona mucho a lo francés; entre el conservadurismo de la cartera y la guillotina.
El Govern que se espera es socialista con Esquerra y quizás con En Comú. Es decir, la reedición del Tripartito que hoy tendría más sentido que en los anteriores, cuando había prisa por enterrar a Convergencia, ahora, tan añorada; pero eso harina de otro costal.
Si Salvador Illa consigue ser investido presidente, el tercero socialista tras Pasqual Maragall y José Montilla, el que advirtiera de la creciente desafección de Catalunya hacia España, en plena cruzada pepera contra el nuevo Estatut y los productos catalanes (2005), supondría que las iniciativas socialistas de gracia y hacia una nueva lectura de Catalunya en España habrían sido escuchadas por los catalanes. El éxito de Illa desactivaría uno de los principales frentes de la derecha española contra el presidente Sánchez, la inutilidad de la amnistía, y, a la vez, constituiría un aval a la política de Pedro Sánchez en una lectura de España desde la integración de las nacionalidades y regiones, como obliga la Constitución en su artículo segundo. En mi opinión, en una perspectiva federal.
La presidencia de la Generalitat supondría, para el partido socialista, un éxito estratégico en su apuesta por desjudicializar el Procès y volver a la política la cuestión catalana dando por buenos tanto los indultos como la amnistía que, no se olvide, afecta no solo a la docena de políticos de primera línea, y a cargos segundos, sino también a más de un millar de personas cuya participación en el procès se limitó a abrir colegios para que pudieran ubicarse las urnas. Por cierto, no deja de ser un sarcasmo que se pueda prohibir votar en un estado cuya legitimidad viene de la libertad de poder votar.
Una presidencia de Illa, además de validar la política del gobierno de Sánchez de distensión hacia Catalunya, debería suponer un refuerzo electoral para el Presidente en las elecciones europeas. Habrá que ver si los resultados son los esperados y si los tiempos dan para articular un relato ganador.