Los funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real, el primero en comarcalizarse en toda España como experiencia piloto y el segundo más colapsado de todo el país, viven una situación límite. Y es que, según ha podido conocer este diario y ha trasladado la magistrada decana del partido judicial al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), la carga de trabajo que sorportan obliga a los funcionarios a trabajar hasta altas horas de la madrugada.
El pasado año, el juzgado registró 2.757 asuntos --2.537, de penal y 220, de civil-- y se aumentó considerablemente el número de dispositivos de control telemático instalados, con un total de 53, aunque son hasta 79 los que están activos en la actualidad. Este incremento ha generado la comunicación de un gran número de incidencias al juzgado por parte de Cometa --el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género--. Tanto es así, que durante el pasado ejercicio se registraron un total de 10.820. Es decir, casi 30 cada jornada. Además, 1.150 de ellas fueron por presuntos quebrantamientos, que requieren intervención inmediata.
En este sentido, señalan fuentes judiciales consultadas que los retrasos e incidencias registradas durante todo el 2023 ha provocado que el personal del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Vila-real haya tenido que esperar «ocho o diez horas» hasta que el técnico de Cometa ha llegado a la sede judicial, llegando a darse las dos o tres de la madrugada.
Una plantilla de interinos
Hechos estos que han sido puestos en conocimiento del TSJCV, solicitándose refuerzos para un juzgado cuya plantilla está compuesta por personal interino casi en su totalidad. Y es que la gran carga de trabajo que soportan los funcionarios hace que los titulares de la plaza concursen de inmediato en busca de un destino más tranquilo, lo que a su vez está provocando una falta absoluta de estabilidad en una plantilla que está compuesta por un juez, un letrado de la administración (LAJ), dos gestores, cuatro tramitadores y un auxilio --más un funcionario de refuerzo en la actualidad--.
Un solo técnico coloca las pulseras a toda la provincia
Los tiempos de espera cuando hay que colocar un dispositivo telemático son muy amplios y esto responde a que hay un único técnico que los instala para toda la provincia. Sobre él recaen todas las labores, independientemente de dónde sean y con el consiguiente tiempo perdido en desplazamientos, sin tener además instrucciones sobre preferencia de asuntos. Además, todos los fallos en dispositivos, las alertas por pulseras sin batería o avisos del GPS se envían al juzgado.
Como consta en la memoria 2023 del partido judicial de Vila-real, se solicitó nuevamente la creación de un segundo juzgado de violencia de género para Vila-real y, hasta que esto se consiga, la designación de un juez de refuerzo. Sin embargo, inciden desde el citado partido judicial en que la Sala de Gobierno del TSJCV denegó esta petición. Por lo que respecta a los funcionarios de la Conselleria de Justicia, se concedió uno de los tres que habían pedido.
Agravio comparativo
Por lo que respecta a la necesidad de crear un segundo juzgado de violencia sobre la mujer, para la magistrada decana de Vila-real se trata de una cuestión «urgente», ya que el órgano de Vila-real tiene 810 asuntos más que el de Castellón. En este sentido, señalan que en Valencia se ha creado una nueva unidad judicial, teniendo un número de casos ingresados inferior al de Vila-real, lo que genera «un agravio comparativo díficilmente explicable, según los datos objetivos».
Cabe recordar que la pasada semana, como recogió Mediterráneo, el Gobierno informó de que los juzgados de violencia sobre la mujer de 27 localidades de 77 tienen cargas de trabajo que exceden su capacidad. Entre ellos, se encuentra el de Vila-real, que se sitúa como el segundo más saturado de España. En concreto, el juzgado de Palma de Mallorca fue el más saturado con un porcentaje del 162,1% de ocupación, seguido de Vila-real con un 158,3% y Almería, con un 150.
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