El Banco Santander se ha puesto en manos del ex magistrado del Tribunal Supremo José María Blanco Saralegui, actual counsel del despacho de Uría Menéndez, para tratar de evitar indemnizar a los perjudicados por la quiebra del Banco Popular con hasta 1.500 millones en caso de que la Audiencia Nacional condene a la antigua cúpula de la entidad.
Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación. El juez José Luis Calama cerró la instrucción del caso en marzo y sentó en el banquillo al expresidente del Popular, Ángel Ron, a parte de su cúpula y al auditor, PwC, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Respecto a la posible responsabilidad civil del Santander, heredero del Popular tras comprarlo en 2017, el juez aplaza su decisión al momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.
Esta resolución va a ser recurrida por el Santander, que ya ha intentado en varias ocasiones durante la instrucción quedar exonerado de las posibles indemnizaciones. No obstante, esta petición ha sido rechazada hasta ahora. Por ello, ha decidido dejar la cuestión en manos de este ex magistrado para incrementar sus probabilidades de éxito.
Blanco Saralegui ha ejercido más de veinte años como juez especializado en derecho mercantil. Su destino en los últimos cinco años antes de incorporarse a Uría Menéndez en 2020 fue el de magistrado coordinador del área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Las fuentes consultadas explican que tiene muy buenas relaciones con el estamento judicial, lo que puede venir muy bien al Santander para defender su postura y esta vez lograr por fin ser exonerado de la posible indemnización como responsable civil subsidiario.
Ahora bien, las pretensiones del Santander chocan con la presión que está ejerciendo el Gobierno para que la Audiencia Nacional incluya al banco y a PwC en el juicio oral, como denunció OKDIARIO. De momento, Calama ha sentado al auditor en el banquillo y sólo queda por decidir la cuestión del Santander.
Ampliación de 2.500 millones
El total de la ampliación de capital de 2016 a la que Calama considera que los inversores acudieron «engañados» fueron 2.500 millones de euros. Sin embargo, cuando el Santander se quedó con el Popular en su resolución de 2017, ofreció una compensación en forma de bonos a los accionistas minoristas que habían perdido su dinero. A cambio, debían renunciar a cualquier reclamación judicial, por lo que no tendrían derecho a ser compensados en caso de que la Audiencia sentencie que hubo delito en la ampliación y considere al Santander responsable civil.
Esta oferta fue aceptada por unos 100.000 inversores por un valor cercano a los 1.000 millones de euros. Aunque no todos provenían de la ampliación de capital de 2017, se estima que un elevado porcentaje sí acudió a esa operación, que fue colocada masivamente en la red de oficinas del Popular. Por tanto, esos 1.000 millones se pueden restar de los 2.500 citados.
El Santander tiene unas estimaciones muy inferiores: en su memoria de 2023 refleja que el riesgo que afronta es de sólo 680 millones, que se quedarían en 145 millones si se resta la compensación a los perjudicados mediante los bonos mencionados.
Argumentos a favor y en contra
El argumento principal por el que las decenas de acusaciones de este caso consideran que el Santander debe ser responsable civil subsidiario es que, al comprar el Popular, heredó todos sus derechos y obligaciones, entre ellos los pleitos judiciales. Por tanto, si los anteriores gestores del banco son condenados y no pueden hacer frente a las indemnizaciones, debe ser el Santander el que las asuma.
Por el contrario, el principal fundamento de la defensa del Santander es una sentencia del Tribual de Justicia de la UE de mayo de 2022 que determinaba que los accionistas del Banco Popular que acudieron a la ampliación de 2016 no tienen derecho a ser indemnizados por el Santander por las pérdidas sufridas en la resolución del banco.
«Aunque hay un claro interés general en garantizar una protección fuerte y coherente de los inversores en toda la Unión, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero», razonaba el TJUE. Y añadía que los accionistas y tenedores de bonos de un banco en resolución son los que deben cargar con las pérdidas en primer lugar, para evitar que se utilicen fondos públicos.
El Banco Popular fue resuelto por las autoridades europeas en junio de 2017 al quedarse sin liquidez por una fuga de depósitos derivada de la crítica situación de solvencia de la entidad, que no tenía más salida que otra ampliación de capital o su venta. Fue la primera vez en que se aplicaron las normas europeas de resolución que impusieron que los accionistas y bonistas perdieran todo su dinero, para evitar una inyección de dinero público y que los depositantes sufrieran pérdidas.
En la misma noche en que se adoptó esa decisión, la entidad fue vendida al Santander por un euro, si bien el banco que preside Ana Botín tuvo que acometer una ampliación de 7.000 millones para poder absorberla y asumir sus fuertes pérdidas.