Los vecinos afectados piden que se reabra la investigación y se ordene la práctica de las diligencias de prueba solicitadas.
La Comunidad de Propietarios Rafael Alberti 2 de València ha anunciado su adhesión al recurso de apelación interpuesto por el padre del fallecido junto a su familia en el incendio que el 22 de febrero arrasó dos bloques de viviendas en el barrio de Campanar y dejó diez víctimas mortales y a centenares de personas sin vivienda.
El abogado de la Comunidad de Propietarios, Guillermo Aragó, solicita en el escrito de adhesión que se reabra la investigación y se ordene la práctica de las diligencias de prueba solicitadas, así como que se incluya la declaración del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia para "esclarecer los hechos", según ha anunciado en un comunicado.
La Comunidad de Propietarios presentó este miércoles a través del letrado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, un escrito de adhesión al recurso que en su día presentó el padre que perdió a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos en el incendio, contra los autos en los que el instructor acordaba el sobreseimiento de la causa, al entender que este archivo "no es ajustado a derecho".
El letrado Guillermo Aragó considera que estas resoluciones no cumplen con el requisito legal de que "los autos serán siempre fundados", por lo que entiende que pueden vulnerar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.
Asimismo, expone que el apartado de Fundamentos Jurídicos adolece de una motivación fundada "ya que deberá contener los elementos y razones de juicio que permitan a las partes conocer cuál o cuáles han sido los criterios jurídicos que el instructor ha tenido en cuenta para fundamentar su decisión, ya que el único motivo para decretar el sobreseimiento es un informe/oficio" de la Policía.
Por ello, se solicita la declaración del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia, firmante del citado informe, donde se hace constar expresamente que "se puede descartar la etiología criminal o delictiva" del incendio.
Sin embargo, para el abogado, "no se analizan, ni se valoran en el auto, las diligencias practicadas al objeto de llegar a dicha conclusión, por lo que se debe considerar que no se exponen suficientemente los argumentos que han llevado al instructor a tomar esa decisión y ello es causa bastante para declarar su nulidad".
En el escrito de adhesión al recurso de apelación se expone que, en virtud de lo manifestado por la Policía Científica, en el sentido de que sigue abierta la investigación para desvelar el origen y las causas del incendio, "no menciona nada respecto a seguir una investigación sobre las causas o motivos de la rápida propagación del incendio", cuando estas causas "sí que podrían albergar la comisión de un delito imprudente", apunta el abogado.
Para el letrado, "la investigación judicial debería ser lo principal y el informe policial debería ser una diligencia más de prueba", por lo que "no puede trasladarse" a la Policía Científica "la responsabilidad de la continuación o no de una fase de instrucción".
"Si el instructor tiene constancia, como así se lo han solicitado las partes, de que unas determinadas diligencias de prueba pueden servir para esclarecer los hechos acaecidos, tiene la obligación de practicarlas", señala, y considera que no ordenar que se lleven a cabo "haría alargar en el tiempo la instrucción de la causa que, ya de por sí, suele ser de larga duración. Y ello con el perjuicio que esa duración extra de la fase de instrucción le puede ocasionar a los perjudicados".