La FECAM insta al Gobierno canario a cumplir la sentencia del Supremo por el decreto de playas
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La Federación Canaria de Municipios, en virtud del trabajo realizado con todos los ayuntamientos a través de la Comisión de Administraciones Públicas, reclamará al Ejecutivo regional los costes derivados de los servicios de salvamento dispuestos en sus playas, especialmente de los municipios de menos de 20.000 habitantes, desde que el Tribunal Supremo falló en su favor anulando el decreto del Gobierno regional que obligaba a partir de 2018 a costear estos servicios tras un recurso presentado por la propia Fecam.
El Alto Tribunal del Estado anuló el pasado 27 de septiembre de 2023 el decreto conocido como decreto de playas impulsado por el Ejecutivo regional, dando así la razón a la FECAM, e instó a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), obligación que todavía no ha cumplido el Gobierno canario.
La FECAM, que aglutina en su organización a los 88 municipios canarios, recurrió al Tribunal Supremo una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, favorable al Ejecutivo canario. De esta manera son la Comunidad Autónoma o los Cabildos insulares a quienes les corresponde prestar el servicio de salvamento y playas en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
El presidente de la Comisión de Administración Pública, Francisco Atta, señaló que ante la no publicación en el BOC de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara la nulidad de este Decreto 116/2018, la FECAM solicitará la ejecución forzosa de la misma, con carácter formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también a través de escrito al órgano correspondiente del Gobierno de Canarias.
Además, se incidió en la importancia de que en el futuro marco regulatorio que vaya a hacer el Gobierno de Canarias se cuente con la FECAM, cuestión que se abordará en la próxima reunión con el Consejero de Política, Territorial, Cohesión y Aguas , Manuel Miranda, que se mantendrá el próximo 24 de abril.
En el caso de que la nueva normativa autonómica que en su caso quiera aprobar el Gobierno autonómico sustituyendo al Decreto 116/2018 imponga nuevamente a los municipios de menor población la prestación del servicio de salvamento en playas, deberá efectuarse mediante norma con rango de ley y con previsión de dotación financiera suficiente.
No obstante, en base al acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM en su sesión del 18 de marzo, se recomienda a los municipios no obligados a prestar este servicio de seguridad y salvamento en las playas que lo sigan prestando en función de sus disponibilidades presupuestarias, para que, hasta tanto se defina el nuevo marco legal, no se deje desatendida la seguridad de las vidas humanas en nuestras playas y zonas de baño.