Un ciudadano ucraniano presentó una denuncia penal por tortura contra oficiales rusos en la Argentina
El denunciante asegura que recibió descargas eléctricas durante 20 días en su detención en un centro de una zona ocupada del sur de Ucrania; bajo el Principio de Jurisdicción Universal la Argentina ha conducido investigaciones de distintos países que fueron hitos en materia de torturas y derechos humanos
La Justicia argentina fue la elegida este martes por un grupo de abogados ucranianos para investigar un presunto crimen de guerra por parte de Rusia, en el que la víctima asegura haber sido torturada brutalmente por oficiales rusos, un caso que implica la primera denuncia por tortura en Ucrania presentada en la Argentina y que busca encontrar justicia internacional ante los recursos limitados del país en asediado por la guerra.
La denuncia, presentada ante el Tribunal Federal de Buenos Aires por la ONG de periodistas y abogados The Reckoning Project, con base en Ucrania, indica que un hombre ucraniano fue electrocutado durante su arresto en un centro de detención en una zona ocupada del sur de Ucrania por agentes rusos.
Su caso coincide con el de otras víctimas de tortura durante la invasión rusa en ese mismo centro que han sido descubiertos por distintas organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas.
Today marks a significant milestone in the pursuit of justice and accountability as The Reckoning Project, along with the victim, submitted a criminal complaint to the Argentine Federal Judiciary on 15 April.
— The Reckoning Project (@TRPUkraine) April 16, 2024
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"Soy uno de muchos. Tantas otras personas que conozco fueron sometidas a cosas aún peores. Quiero contarle al mundo sobre nuestro dolor. Estas prácticas siguen pasando en territorios ucranianos ocupados por Rusia", declaró el Sr M. - cuyo nombre se mantiene bajo condición de anonimato por su seguridad y la de su familia que reside en Ucrania-.
En el expediente, uno de los oficiales rusos fue identificado por su nombre completo, otros dos por sus insignias militares, y varios otros no fueron identificados. La denuncia involucra no solo a quienes efectuaron los métodos de tortura, también a quienes fueron cómplices y permitieron que se lleve adelante el proceso, según indicó a LA NACION Nataliya Gumenyuk, periodista ucraniana y cofundadora del The Reckoning Project quien acompaña el caso.
La víctima, que fue detenida durante su trabajo y retenida en una celda de 10 metros cuadrados con entre otras 12 y 20 personas, recibió reiteradas descargas eléctricas a través de cables eléctricos en las orejas y en los dedos hasta el punto de perder el conocimiento, según declaró en una entrevista con Reuters.
"Fue increíblemente doloroso, así que perdí el conocimiento. Tuve suerte de sobrevivir. Todavía hay mucha gente allí", aseguró.
Después de 20 días de detención, interrogaciones y torturas, el Sr. M fue liberado sin cargos y huyó a un territorio no ocupado de Ucrania, confirmó a la agencia de noticias Ibrahim Olabi, principal asesor jurídico del caso.
Gumenyuk, quien dedicó los últimos dos años de guerra a recopilar testimonios de personas sometidas a tortura, aseguró a este medio que los fiscales ucranianos tienen más de 125.000 casos de crímenes de guerra por investigar, por lo que era necesario presentar esta denuncia ante un tribunal internacional para poder encontrar justicia.
"Para nosotros, los ucranianos, la experiencia argentina es tanto una llamada al apoyo internacional para defender el estado de derecho como una esperanza de que la justicia sea posible", afirmó Gumenyuk.
"La Constitución de Argentina tiene esta base de jurisdicción para tratar casos internacionales, sin importar el lugar en donde ocurrió, pero también tiene experiencia en los crímenes de tortura y particularmente en electrocución", señaló a este medio.
Bajo el Principio de Jurisdicción Universal incorporado en el artículo 118 de la Constitución, que le otorga competencia a un Estado para juzgar al autor de un crimen sin importar el lugar en que se cometió ni la nacionalidad de la víctima o el perpetrador, la Argentina ha llevado adelante a lo largo de los años investigaciones de distintos países que fueron hitos en materia de torturas. Un ejemplo es la presentación en 2022 ante la justicia argentina de una denuncia penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo uigur.
"Argentina ha creado las condiciones, en la política y en la ley, para una justicia sin fronteras. La tortura es tortura, se cometa donde se cometa", señaló Tsvetelina van Benthema, académica de derecho de la Universidad de Oxford y asesora jurídica de la ONG ucraniana.
Durante su visita a Buenos Aires, la víctima y su defensa visitaron a víctimas de tortura durante la última dictadura militar en la Argentina, donde compartieron sus historias de horror, pero "entendimos que en este país vamos a ser comprendidos", aseveró Gumenyuk.
"Para él [el denunciante] fue una experiencia muy fuerte. Las otras víctimas lo entendieron, podían identificarse con su historia y fueron un gran apoyo en la esperanza para la búsqueda de justicia", contó a LA NACION.
Para la defensa, la prioridad ahora está en que la justicia argentina realice un llamado para abrir la investigación del caso. "Sabemos que los procesos de la justicia llevan tiempo, pero podemos esperar. Estamos listos para presentar más evidencia", indicó Gumenyuk. Una sentencia podría implicar una orden internacional de arresto para los perpetradores rusos.
Organismos internacionales tales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han recopilado desde el comienzo de la guerra en Ucrania pruebas de que las autoridades rusas han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con crímenes de guerra en zonas ocupadas. Rusia niega las acusaciones.
"Los relatos de las víctimas revelan un trato brutal e implacable que les inflige dolor y sufrimiento intensos durante una detención prolongada, con un flagrante desprecio por la dignidad humana", alerta un reporte de la organización.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo órdenes de detención contra la cúspide de la cadena de mando del ejército ruso por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.