Al igual que ocurrió durante el primer debate de la Ley Ómnibus, los bloques de la oposición dialoguista le hicieron llegar al Gobierno sugerencias y planteos sobre el borrador de la nueva Ley Ómnibus que comenzó a girar extraoficialmente por los despachos del Congreso durante las últimas semanas.
La Casa Rosada busca evitar algunos de los errores que terminaron desembocando en el naufragio del proyecto, que fue devuelto a comisión en medio de una sesión cargada de tensión en la Cámara de Diputados. Los libertarios apuntan a que el borrador final sea "lo más parecido posible al dictámen de comisión" que eventualmente será aprobado.
El texto del dictamen es el que finalmente se somete a debate en el recinto. Pero lo que ocurrió a principios de febrero fue que el dictamen tuvo 55 firmas de las cuales 34 fueron en disidencia. Es decir, los dialoguistas aprobaron pero dejaron en claro que todavía había desacuerdos en muchos puntos. Finalmente, como no se consensuaron nuevos cambios, durante la sesión varios artículos salieron rechazados y el oficialismo optó por retirar el proyecto antes que aprobar una versión "mutilada".
Durante la última semana, tanto el radicalismo como el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) hicieron llegar por escrito sus planteos y se mantienen a la espera de conocer el borrador final, que según prometieron desde el Poder Ejecutivo será girado a los jefes de bloque y gobernadores la semana que viene. Los cambio introducidos marcarán el tono de la discusión, que el oficialismo espera que sea breve dado que planea dictaminar entre el 15 y el 20 de abril para poder debatir en el recinto el miércoles 24.
Según pudo saber Infobae, el artículo 71 de la nueva redacción es "imposible de votar" para los integrantes de Hacemos Coalición Federal, por ser demasiado amplio e indeterminado. "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente", dice el texto del borrador.
Por otro lado, hicieron algunos señalamientos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El "RIGI" implica beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria para proyectos de inversión en áreas estratégicas. Las inversiones que se desarrollen dentro de este marco serán consideradas de "interés nacional" para garantizar su protección.
En ese sentido, desde Hacemos propusieron complementar este régimen con otro llamado Régimen de Incentivo a las Inversiones Productivas que esté destinado específicamente a las empresas nacionales de menor tamaño.
A su vez, se mantienen las dudas sobre la potestad de eliminar los fondos fiduciarios, que fueron el primer tema en salir rechazado durante la fallida sesión de febrero. "Queremos incluirlos de manera específica, no darle facultades para cualquier cosa", sintetizaron.
En esa línea, propusieron seguir acotando las facultades delegadas. Incluso a pesar de que ya sufrieron la fuerte reducción que hizo el Poder Ejecutivo: solo declarará emergencias en materia económica, administrativa, financiera y energética. Originalmente eran 11, por lo que la negociación en torno a las facultades delegadas correspondientes debería ser más acotada.
Por su parte, desde la UCR también consideran que el artículo 71 es demasiado amplio. De hecho, señalaron que estaba incluído como artículo 13 en la primera versión de la Ley Ómnibus y el Gobierno lo terminó sacando ante los cuestionamientos opositores. "Lo volvieron a incluir", reconoció con una sonrisa un hombre que participa de las negociaciones.
En cuanto a los fondos fiduciarios, también objetaron que su eliminación plantea que el dinero se revierte al Tesoro Nacional. "Los fondos se sacaron originalmente a la masa coparticipable por lo que deberían volver allí, no al Tesoro", explicaron. Otra opción sería "desagregar" los que resultan conflictivos.
Respecto a las privatizaciones, que se redujeron de 40 a 3, más otras 9 con un esquema de venta parcial, el radicalismo sigue teniendo dudas sobre la enajenación del Banco Nación. "Ese banco es muy de nuestras entrañas para el radicalismo", señaló una diputada. Aunque reconocen que se hicieron muchas mejoras en materia de transparencia, como la incorporación al proceso de las auditorías de las SIGEN y la AGN.
En cuanto a las facultades delegadas, las propuestas giran en torno a exceptuar las universidades y todas las cosas que fueron creadas por ley, para evitar que el Ejecutivo tenga un poder discrecional para su eliminación.
En otro carril paralelo, pero de gran importancia para lograr la media sanción, los gobernadores de la UCR y el PRO esperan una respuesta sobre un tema central que podría destrabar apoyos clave: cuál será el mínimo imponible del impuesto a los altos ingresos (ex Ganancias).
Ayer, en una reunión en la Casa Rosada de la que participaron el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los gobernadores dejaron en claro que no había consenso para que el piso ronde los $1.200.000 como pretendía originalmente el Gobierno. Los funcionarios quedaron en contestar. La semana que viene, con el nuevo borrador en la mano, se develará el misterio.