La confirmación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de que no tiene intención de elevar o, directamente, eliminar el tope que limita al 0,19% del PIB la inversión en redes de electricidad ha llevado este miércoles a las compañías del sector a advertir del perjuicio que esta posición puede provocar sobre el desarrollo económico en España. La asociación que agrupa a las empresas del sector, AELEC, calcula que en estos momentos centros de datos, industria e instalaciones de almacenamiento se encuentran a la espera de que el Gobierno les garantice la conexión a la red de distribución para poder abastecerse de hasta 6.000 megavatios de electricidad, entre un 15 y 20% de la demanda nacional que no ha sido tenida en cuenta. Su presidenta, Marina Serrano, avisa de que no permitir más inversión "limita el crecimiento económico" y conlleva "un riesgo de fuga" de inversiones hacia otros países europeos que, al contrario que en España, "no solo no imponen restricciones a la inversión, sino que hacen esfuerzos por configurar un marco favorable".
"Desde Europa nos marcan la senda y no podemos desaprovechar desde España esta oportunidad, ya que de no afrontar el desarrollo de las redes de distribución perjudicamos al consumidor al no permitir beneficiarse de la reducción de costes futuros que conlleva la electrificación de la energía", ha afirmado Serrano en un comunicado difundido por la AELEC.
Este pronunciamiento por parte de las compañías eléctricas se produce dos días después de que el lunes la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, afirmara que el Ministerio que dirige Teresa Ribera no tiene en mente elevar el límite a la inversión en redes eléctricas, que desde hace más de diez años establece que no puede superar el 0,13% del PIB en redes de transporte -del generador a la subestación- y del 0,065% en redes de distribución -de la subestación al consumidor final-. En conjunto, suman unos 2.600 millones de euros. "Subir el límite supone aumentar los peajes al consumidor", dijo sobre una demanda que viene haciendo desde hace tiempo el sector eléctrico y a la que también se suma el PP, cuyos gobiernos regionales denuncian que es un obstáculo más para poder acoger en su territorio nuevos proyectos industriales y centros de datos porque no tienen garantizado el suministro eléctrico en grandes cantidades que requieren estas actividades.
La AELEC recalca que "la falta de desarrollo de las redes de distribución impide que el consumidor industrial pueda beneficiarse de la reducción de los costes de la electricidad" y rechaza el argumento de Transición Ecológica de que elevar el tope encarecería la factura vía peajes. "Al contrario", dice Serrano este miércoles. "Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes", ha afirmado y ha recordado que España cuenta con fondos europeos para impulsar más inversiones en redes "sin tener que encarecer por ello la factura de la luz del consumidor". Según dijo Aagesen el lunes, el Gobierno cuenta con una partida de 1.000 millones de fondos europeos.
Sobre los efectos de no elevar la cantidad para ampliar las redes de distribución de electricidad -es decir, las que la llevan desde una subestación al consumidor final-, el sector eléctrico observa que puede suponer que proyectos industriales y de centros de datos que estén pensando e instalarse en España se vayan a otros países europeos "atraídos por fuertes planes de inversión en redes". Recuerda que países como Francia y Alemania están estimando "triplicarla" hasta 2030 y que la recién aprobada reforma del mercado eléctrico prevé las "inversiones anticipadas", más proactivas sobre el futuro, en lugar del sistema "enfoque tradicional" que estaría aplicando el Gobierno.
"Si no se abordan los proyectos de desarrollo de las redes de distribución eléctrica ya mismo, no solo se está generando un riesgo en el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino que también se limita el crecimiento económico de nuestro país y se pierde la oportunidad que ofrece la descarbonización", ha apuntado Serrano, sobre una situación que "conlleva un riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que conseguir el acceso a la red sea más sencillo", además de "lastrar toda una cadena de valor industrial".
Modificación puntual y 'secreta' de la red
También sobre el acceso a las redes de distribución de electricidad, el Consejo de Ministros aprobó este martes una actualización "puntual" y "urgente" de la planificación vigente, hasta 2027, para incorporar, con derecho a financiación, 73 actuaciones que no estaban previstas y que el Gobierno considera que es necesario acometer. Esta cifra supone nueve más de las 64 inicialmente previstas en el borrador presentado por Ribera en diciembre pasado, que provocó una queja generalizada en las comunidades por haber dejado fuera otras muchas que consideran esenciales. Estas nueve adicionales contrastan con las más de un centenar de peticiones que las comunidades anunciaron que cursarían durante el posterior proceso de consulta pública. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid anunció que se habían quedado fuera 80 proyectos en un borrador que criticaba solo había incluido una actuación en Algete que no comportaba financiación adicional.
El acuerdo ratificado por el Consejo de Ministros eleva la inversión neta de 321 millones a 489 millones para financiar las 73 actuaciones, incluidas las nueve adicionales que no se traducen en su totalidad en nuevos accesos a la red eléctrica para atender "nuevas demandas". Para ello, se mantienen las1 17 previstas en el borrador inicial -entre ellas, en zonas de Algeciras y Huelva, relacionadas con el Valle Andaluz del Hidrógeno o en la zona de Sagunto, en relación con la fábrica de baterías eléctricas de Volkswagen- y se añaden otras seis, hasta elevarlas a un total de 23.
La modificación urgente de la planificación de redes incluye también nueve accesos -los siete del borrador y otros cinco añadidos después- para almacenamiento como los bombeo hidráulico y generación renovable, en nudos de transición justa en cuatro de ellos; tres para cubrir demandas de operación -dos previstos más uno adicional- y 38 para atender necesidades surgidas en la ejecución de la planificación vigente, como actualizaciones de líneas y subestaciones,
Sin embargo, incomprensiblemente todavía no ha revelado el emplazamiento de esas nueve actuaciones. Frente a lo que suele ser habitual, al acuerdo del Consejo de Ministros no le siguió información con el detalle de nuevos accesos a la red que se financiarán para 2026, que se daría a conocer con su publicación en el BOE. También frente a lo que suele ser más habitual, un día después, el Boletín Oficial del Estado sigue sin publicar el acuerdo del Consejo de Ministros, sin que los gobiernos autonómicos sepan tampoco si han 'ganado' algún acceso a la red de distribución eléctrica en sus territorios.