El acuerdo ilegal entre 27 fabricantes de vehículos para ajustar precios de mercado de coches nuevos, de kilómetro cero y de segunda mano ha llevado 200 personas a pleitear a lo largo de 2023 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora, que asume las causas de Mercantil, para recuperar entre 2.000 y 4.000 euros.
Las demandas seguirán en aumento, puesto que más del millar de zamoranos se vieron perjudicados por ese pacto declarado ilegal por los tribunales, según la información facilitada por el abogado de la capital Alfonso Martín Carretero que está especializado en este tipo de causas.
Tras la decisión del Tribunal Europeo de ampliar hasta abril de 2026 el plazo para que los compradores de vehículos afectados por el "cártel de coches" acudan al juzgado, se espera que esas demandas ya en curso se incrementen para tratar de recuperar un dinero que podrían haberse ahorrado al adquirir su coche de gama media o alta.
Los afectados perdieron dinero porque esos fabricantes acordaron suprimir el margen de negociación sobre el coste final del vehículo que iba adquirir, una decisión que revocaron los tribunales tras la denuncia del pacto por parte de Peugeot y Citroën ante la intervención del Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a pesar de que inicialmente habían entrado en ese cartel.
Entre 2.000 y 4.000 euros de pérdidas
Las reclamaciones judiciales tratan de recuperar el dinero que pagaron indebidamente a consecuencia del denominado "cártel de coches" en el que participaron la gran mayoría de las marcas que operan en España, consistente en establecer un precio de venta de automóviles de similares características nuevos, de kilómetro cero y de segunda mano.
Esta maniobra ilegal de fabricantes afectaba al precio de coches de gama media –con precios de entre 15.000 y 20.000 euros– implicaba pérdidas de unos 2.000 euros para el comprador cuando el automóvil a adquirir era de gama media, mientras que superaba los 4.000 euros para aquellos usuarios que optaban por los de gama alta, de acuerdo con la información facilitada por abogados que están inmersos en pleitos de este tipo.
El acuerdo incluía el intercambio de información entre los talleres que realizaban reparaciones y sobre las piezas de recambio, explica el abogado zamorano. Ese acuerdo se mantuvo desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013, lo que facilitaba que pudieran disponer del mismo precio para turismos de características similares, bajo la condición de que "no eran negociables con el consumidor, como suele ser lo habitual", según argumenta el asesor jurídico zamorano que está defendiendo a varios perjudicados.
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