La Generalitat de Cataluña, que dirige Pere Aragonés, todavía no ha implantado el Bono Social Digital, una ayuda de 240 euros destinada a las personas más vulnerables con el fin de facilitar su acceso a internet. La comunidad autónoma tenía previsto activarlo en el tercer trimestre del año 2023 pero todavía no ha visto la luz, algo que ha suscitado la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cual ha dicho que el retraso en la concesión de esta ayuda perjudica directamente a los consumidores más vulnerables.
Asimismo la OCU en Cataluña ha advertido que las encargadas de gestionar estas ayudas son las mismas comunidades autónomas y que esto fue anunciado el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el marco del Programa UNICO-Banda Ancha, que se financia a través de los fondos europeos Next Generation con un presupuesto de 30 millones de euros. Cae decir que esta ayuda supone una subvención de hasta 20 euros en en las facturas de conexión a internet.
La Delegación de OCU en Cataluña también ha indicado que existen otros Bonos Sociales en materia de suministros y ha pedido al Gobierno una simplificación de las categorías de beneficiarios y de los trámites necesarios para su obtención. Esta organización considera además que hay cientos de miles de consumidores vulnerables que teniendo el derecho a obtener esta ayuda no están disfrutando de ella.
El Estado costea el transporte
El Bono Social Digital no es la única ayuda que las arcas de Cataluña están evitando pagar. El pasado mes de enero OKDIARIO publicó que el Gobierno de Pedro Sánchez, para contentar a sus socios independentistas, había puesto sobre la mesa una serie de cesiones y prebendas, entre ellas el pago del descuento al transporte público a través de las arcas del Estado. Esta decisión del Ejecutivo socialista rompe la igualdad entre las comunidades autónomas pues en el resto de España el Gobierno cubre un 30% del descuento del transporte mientras que las comunidades asumen el otro 20% restante.
Las arcas públicas, el dinero de todos los españoles, cubrirán la totalidad del descuento al transporte público en Cataluña. La medida de los descuentos entró en vigor en febrero de 2022, con motivo del alza de precios, obligaba a las comunidades autónomas a aportar al menos un 20% de ese descuento, que el Estado cubría con el 30% restante hasta conseguir una rebaja a la mitad exacta de cada abono de transporte.
Así se ha mantenido el sistema hasta ahora, tras el pacto al que han llegado el PSOE y Junts para que los de Puigdemont no le tumben a Sánchez sus decretos. En esa negociación, las reglas cambian: el Estado asume ese 20% que hasta ahora pagaba Cataluña de su bolsillo para que los catalanes pudiesen viajar más barato. A partir de ahora, las arcas públicas sostendrán todo el descuento.
La medida supone, de facto, un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas, que seguirán financiando el 20% de la ayuda. Y más en el caso de Madrid, donde la Comunidad elevó hasta el 30% el descuento que cubre con fondos propios.
El más perjudicado por esta medida será Madrid. La Comunidad aprobó a finales de diciembre, a través del consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes, mantener a partir del 1 de enero de 2024 la rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público.
De esta forma se prorrogaba la medida que lleva en vigor desde el 1 de febrero de 2023 y que ha rebajado considerablemente los precios del transporte para casi siete millones de madrileños.
Según informó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso este descuento supone un ahorro de 30 millones de euros al mes para el conjunto de los ciudadanos que utilizan el transporte público. De ellos, 15 millones los cubre el Estado y 15 millones la Comunidad de Madrid. Una carga de la que ahora libera Sánchez al Govern, derivándola directamente a las arcas públicas. Al dinero de todos los españoles.