El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García declaró este martes ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco de la causa por el Vacunatorio VIP, donde se investigó una estructura paralela para inocular contr el COVID a políticos y periodistas amigos del gobierno de Alberto Fernández. Allí, el ex funcionario negó la existencia de un "vacunatorio" y dijo que sólo se vacunaron "nueve personas, ínfimo grupo de personas, pertenecientes a la población priorizada". La indagatoria se hizo en forma virtual con la presencia del fiscal Eduardo Taiano y el representante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
En su descargo, González García sostuvo que no existió ningún "vacunatorio" en sede del Ministerio de Salud. "Sólo se autorizó la vacunación de 9 personas que llamaron a su Secretaría Privada, TODAS pertenecientes a la 'población priorizada', conforme lo estipulaba la norma aplicable, la Resolución 2883/20".
A la hora de argumentar este hecho, el ex ministro de Salud señaló que las nueve personas eran mayores de 60 años, y "además dos de ellas eran personal estratégico (en referencia a los legisladores Eduardo Valdez y Jorge Taiana, de permanente contacto con el Presidente y la consecuente necesidad de no "pinchar" la burbuja), y otra de ellas era médico, Salomon Schachter".
La imputación sostiene que González García, quien en el comienzo de la pandemia del COVID se desempeñaba como Ministro de Salud de la Nación, "ejerció sus funciones de manera abusiva". Al momento de reconstruir cómo funcionó y se montó lo que calificaron "un vacunatorio precario", los representantes del Ministerio Público Fiscal se valieron de varios testimonios que desnudaron la estructura irregular.
Quienes están bajo investigación en este expediente -además del ex ministro de Salud- son Alejandro Costa, entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; y Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de Atención a Pacientes de ese hospital.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal los encontraron responsables de los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios, al vacunar a personas que no era personal esencial para la lucha contra el COVID, una enfermedad que provocó unos 130 mil muertos en la Argentina.
Hay que recordar que la imputación que recae sobre el ex ministro de Alberto Fernández refiere a un total de diez personas vacunadas bajo las circunstancias que el Ministerio Público Fiscal calificó de irregulares. Sobre este punto, González García dijo: "Si bien la imputación es por 10 personas vacunadas, una de ellas (Marcelo Guille, secretario privado del ex ministro) recibió la dosis para que no se deseche, es decir por el criterio de uso eficiente que consiste en aplicar dentro de los 30 minutos las 5 dosis contenidas en cada vial de la vacuna Sputnik)".
Los fiscales reconstruyeron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la "inoculación irregular" de un listado de personas que incluía al periodista K Horacio Verbitsky y a familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista completa es "Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Taiana (ex canciller), Salomón Schachter y Eduardo Valdes (diputado nacional)".
Sobre estos casos, el ex ministro dijo que "no se autorizó la vacunación de ningún familiar, amigo ni allegado; ninguna de las 9 personas autorizadas reviste tal carácter, ni los empresarios, ni los funcionarios y muchos menos Verbitsky, prueba de ello es que denunció ante la OEA mi anterior gestión ministerial, siendo tal denuncia desestimada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Prueba de ello es que un sobrino, Gerónimo Bonelli, de 48 años, falleció en agosto de 2021 a causa del COVID, cuya vacunación fue muy posterior a la fecha de los hechos investigados".
El segundo hecho detallado por los fiscales Taiano y Rodríguez fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para "su traslado al domicilio particular de Eduardo Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis".
Sobre este punto, González García también hizo una mención el ex funcionario: "Fue el propio Duhalde quien solicitó su vacunación en virtud de no haber obtenido respuesta en su jurisdicción. Autoricé su vacunación extramuros, por pertenecer sin dudas a la población priorizada y por su carácter de ex mandatario. En tal sentido, existen numerosas normas que protegen a los ex mandatarios, desde normas previsionales y jubilatorias, como la Ley 24.018, hasta normas que refuerzan su seguridad individual, como la Resolución 757/18, firmada por la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En cuanto a las hijas de Duhalde y su esposa, Ginés dijo que fueron vacunadas "en un uso eficiente de la vacuna".
Finalmente, en tercer término se detalló la circunstancia en la que se dio la orden de "aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas" destinadas a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Esas personas, dicen los fiscales, fueron "elegidas discrecionalmente y por motivos particulares", ya que no estaban habilitadas para ser elegidas.
Todo fue negado por el ex titular de la cartera de Salud, quien añadió en durante su indagatoria que la vacunación de este "ínfimo grupo de personas se iba a realizar en el Hospital Posadas, pero su Director requirió que no se realice allí debido a un conflicto gremial de vieja data, en el que había tenido un rol activo el periodista Horacio Verbitsky, quien fue uno de los que solicitaron su vacunación y por ende figuraba en el listado –tenía por entonces 78 años-, a efectos de evitar nuevos conflictos sindicales".
En su defensa, González García explicó ante la magistrada y los fiscales, que la normativa aplicable indicaba que los cuatro grupos priorizados de la población podían ser "vacunados en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo. No existe ninguna normativa que obligue, como lo sostiene la fiscalía, a vacunar solo a uno de los grupos priorizados (el personal de salud)".
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, cuando requirieron la indagatoria, se refirieron a la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus a personas "elegidas discrecionalmente y por afinidad, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos".
González García continuó señalando que no hubo ningún circuito irregular y que la vacunación "debía ser simultánea, como lo indicaba la norma". Agregó algunas cifras y detalló que la vacunación "no era obligatoria, y el personal de salud tiene pluriempleo. Al momento de los hechos, ya se habían recibido más vacunas que el número total de trabajadores de la salud, por lo que había disponibilidad para los otros grupos priorizados".
Para desechar la acusación que pesa sobre él, el ex ministro dijo que en todo el país "existieron 35.295 casos iguales a los 10 aquí investigados, esto es, vacunados no pertenecientes al sector de la salud ni estratégico, en las 24 jurisdicciones locales, que, sin embargo, no han sido objeto de persecución penal".
El ex ministro se basó, también, en el criterio aplicado por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, "quien propició el sobreseimiento de familiares de Sergio Massa en una causa análoga, justamente por ser mayores de 60 años".
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