JUDICIAL
Caracol Radio conoció que el juez Segundo Especializado de Bogotá, ordenó a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) devolver los 10 lingotes de oro, una lujosa colección de 69 relojes avaluada en más de $1.300 millones y, $218 millones que le fueron incautadas en a Carlos Felipe Toro, alias 'Pipe Montoya'. El problema es que esa millonaria incautación estaba en custodia de la Fiscalía y la SAE, pero se la robaron.
"A pesar de que la incautación fue declarada ilegal por un juez de control de legalidad en su rol de juez constitucional, decisión que a juicio del Despacho no se podía pasar por alto por la Fiscalía, por lo que en virtud del numeral 4 del artículo 112 del Código de Extinción de Dominio se declarará la ilegalidad de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía 74 en apoyo de la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio", dice el fallo.
Los lingotes, los relojes, los fiscales sospechosos
A finales de diciembre de 2019 la Fiscalía capturó a Carlos Felipe Toro, su esposa y su veterinario, en una finca ubicada en la vía Suba- Cota, en Cundinamarca.
Sin embargo, para ese momento, la jueza 80 de garantías de Bogotá declaró ilegal esa millonaria incautación porque los operativos de captura y allanamiento se hicieron en presencia de dos menores de edad y, dicha diligencia no contó con el acompañamiento de policía de infancia ni de la Procuraduría.
Pese a esa declaratoria de ilegalidad, dos fiscales de Extinción de Dominio y una contra el Lavado de Activos mantuvieron la incautación.
El caso tiene un sinnúmero de irregularidades. De acuerdo con la investigación de la misma Fiscalía, antes de que esa incautación fuera robada a la SAE, la entonces fiscal 20 de Lavado de Activos María del Rosario Reina, puso a disposición del entonces fiscal 35 de extinción de dominio Carlos Nicolás Sotomonte, los lingotes, los relojes y el dinero.
De los elementos incautados solo hay dictamen de autenticidad del dinero, pero los fiscales no determinaron la autenticidad de los lingotes ni la colección de los relojes, y tal y como lo reveló Caracol Radio a finales de 2023, la Fiscalía no constituyó títulos judiciales ni depósitos de custodia de esos elementos incautados.
Cambiazo de la incautación
Los bienes estuvieron en custodia por aproximadamente tres meses a cargo del funcionario que los incautó, el Intendente Sergio Sánchez, adscrito al grupo de la DIJIN GRAOS II", se lee en la resolución que asignó la investigación de manera especial.
La nueva fiscal 35 de extinción de dominio, al darse cuenta de esas irregularidades, ordenó el peritaje y resultó que los 10 lingotes ya no eran lingotes, sino latas pintadas de color oro y los 69 relojes resultaron que no eran originales.
Fiscal destacado habría frenado la investigación
Pese a que a finales de 2023 la entonces vicefiscal Martha Mancera, ordenó la asignación especial por tratarse de un caso de connotación nacional el cual requiere de especial atención" por la gravedad de los hechos, el fiscal 103 delegado ante Tribunal y adscrito a la dirección anticorrupción, estancó el caso.
En marzo pasado El Tribunal de Bogotá ordenó a ese fiscal darle información a las víctimas de este caso, que resultaron ser Carlos Felipe Toro, alias 'Pipe Montoya' y su esposa, los mismos a quienes les incautaron los lingotes, los relojes y el dinero.
El fiscal inicial, los consideró como víctimas, ahora el fiscal 103 dice que no lo son, pero tampoco ha mostrado avances en los presuntos responsables del robo de los lingotes.
En este caso hay informes de Policía Judicial alterados, según la analista de comunicaciones de la DIJIN, en abril de este 2023, le dijo a la Fiscalía que le falsificaron su firma.
"No los rindió ella, es decir, su firma fue falsificada al parecer por los mismo funcionarios de la DIJIN, entre ellos el intendente Luis Alejandro Millán, el intendente Alfreth Libarguer Correa, y el Patrullero Francisco Javier Morales Molina, pertenecientes al grupo PONAL- GESIN- DIJIN", se lee en la resolución de la Fiscalía.
Incluso, la investigación generó alertas porque trataron de hackear el proceso que busca dar con los responsables de la pérdida de esa incautación. En un documento oficial de la Fiscalía quedó constancia, que trataron de vulnerar la información que resguarda la Policía Judicial.