Ante el Consejo de Estado llegaron las primeras demandas contra la medida de intervención forzosa realizada por la Superintendencia de Salud a EPS Sanitas. Una de las primeras fue presentada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz y el abogado William Iván Mejía, alegando aparentes inconsistencias en las motivaciones de la medida.
En el documento de 13 páginas, se expone que "en el caso de EPS SANITAS S.A.S se observan unos indicadores financieros saludables. Que se suman al prestigio y buen manejo que históricamente ha tenido la entidad", razón por la que argumenta que "la situación financiera de la EPS SANITAS S.A.S. no constituía una amenaza para la continuidad, disponibilidad, accesibilidad, o calidad de los servicios de salud prestados. Que justificara la intervención forzosa y "de golpe" como lo confesó el señor Presidente de la República".
En la demanda también resaltan que "una medida tan extrema como la toma de posesión que se estudia necesariamente debe considerar el daño antijurídico, un aspecto completamente ausente en el acto administrativo que se demanda"
Teniendo en cuenta esos y otros aspectos como que la Supersalud no había realizado sanciones o llamados previos a la EPS que demostraran incumplimientos, los demandantes piden al Consejo de Estado la nulidad de la medida y que "se ordene a la autoridad demandada cesar cualquier actuación que se encuentre realizando en virtud del acto demandado y restablecer el estado de las cosas al momento previo de la expedición del acto administrativo que se demanda", señalaron.
En el mismo sentido, el abogado César Augusto Pizarro también presentó una demanda pidiendo la nulidad de la medida de intervención a EPS Sanitas, resaltando que la Supersalud "vulneró flagrantemente la norma superior contenida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, garantía suprema del debido proceso en todas las actuaciones del Estado".
Uno de los principales argumentos planteados en esta demanda es que la entidad habría apelado a una "falsa motivación, y peor aún, la omisión de las etapas previas a la intervención, tales como un plan de mejoramiento, y una medida de vigilancia especial, que corrigiera los problemas identificados, y ya como solución extrema la intervención forzosa".
El abogado además recordó que, durante la vista realizada por la Procuraduría a la sede de la Supersalud, los delegados no encontraron "el expediente administrativo en donde conste toda la información que sustente los soportes para expedir las resoluciones de toma de las EPS SANITAS Y NUEVA EPS".