María José Robles, fundadora de TEA Azul Paraná, dialogó con Radio Diputados acerca de la jornada "Hablemos de Autismo. La diversidad nos enriquece", que se desarrolló este martes 2 de abril en el balneario Thompson y que fue declarada de interés por la Cámara baja, a partir de un proyecto de la legisladora Carolina Streitenberger.
Además, Robles expuso sobre una iniciativa por la cual buscan que el Estado entregue a las escuelas las denominadas "cajas de la calma". También necesitan que el sistema público de salud realice los diagnósticos, que actualmente cuesta 50.000 pesos en el sector privado.
"A través de la actividad que realizamos el martes buscamos informar a la sociedad sobre los derechos de nuestros niños y adultos, para mejorar su calidad de vida", expresó sobre la jornada realizada en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
"Necesitamos más días del autismo. Trabajamos 24/7 como familias, siempre estamos concientizando, siempre estamos dando recursos y herramientas a los docentes, a la gente que quiere saber más sobre esta condición. Esto tiene que ser una contención diaria", amplió Robles.
Por otro lado, remarcó que como agrupación de padres reciben muchas denuncias, especialmente de las familias, por la falta de preparación de la sociedad para acompañar en situaciones de crisis. "Siempre los califican como niños maleducados o que tienen un berrinche y ahí está la mirada de la sociedad para decirle a los padres que están equivocados o están haciendo mal su trabajo. Esa es la principal discriminación; falta mucha empatía", lamentó.
Una de las acciones de TEA Azul Paraná es entregar a las escuelas las llamadas "cajas de la calma", que contienen herramientas que posibiliten abordar situaciones de crisis de los niños con autismo en el ámbito educativo. Para ampliar esta iniciativa y ante los elevados costos actuales –cada caja costaba el año pasado 250.000 pesos– promueven que en la Cámara de Diputados se apruebe un proyecto para que sea el Estado quien provea de estos elementos.
Otra preocupación de las familias pasa por los costos de los diagnósticos, que en el sector privado cuestan alrededor de 50.000 pesos. En ese sentido, la asociación decidió costear un curso de una psicopedagoga, a través de la campaña Todos Juntos Podemos, para que pueda realizar los test en el sector público.