La pandemia del coronavirus, primero, y posteriormente la guerra de Ucrania, se han encargado de desvestir al pequeño comercio de España y Galicia a lo largo de estos últimos años. Son miles y miles de autónomos los que han tenido que lidiar con un sinfín de problemas, desde la paralización de su actividad por el confinamiento hasta la insufrible alza de tipos que tanto ha complicado el acceso a la financiación de estos negocios, bajo una tormenta perfecta en la que también se han conjugado incrementos de costes energéticos y logísticos, alquileres o materias primas. ¿El resultado? Un aumento en los precios de sus productos finales que las tiendas, entre ellas las de ropa y calzado, se han visto obligadas a realizar para no trabajar en pérdidas, lo que a su vez ha derivado en una importante reducción de la demanda en medio de un escenario de inflación en el que todo ha subido menos el poder adquisitivo.
Partiendo de este panorama de "tensión" es más fácil entender lo que ha ocurrido con los establecimientos que se dedican a la venta de moda en la comunidad autónoma. Solo en 2023, según las cifras proporcionadas por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), el territorio gallego ha perdido 380 puntos físicos: uno al día. A ojos de su presidente, el vilagarciano Eduardo Abad, una de las principales causas de este detrimento es la "competencia desleal" que están ejerciendo ciertos fabricantes, que aprovechan los locales donde colocan sus marcas como "probadores". En paralelo a esta vía, "ofrecen los mismos productos más baratos en sus webs", lo que hace que parte de los clientes se decanten por esta segunda opción –una vez han visto en persona la prenda, la han probado y conocen su talla– a la hora de comprar.
"Hay un conjunto de empresas que lo único que miran es su cuenta de resultados y les da igual cómo los consigan", indica el representante de los trabajadores por cuenta propia. Se refiere a firmas textiles que carecen de instalaciones propias y distribuyen sus referencias en tiendas que aglutinan multitud de colecciones. "Esto está generando toda clase de perjuicios a nivel económico y medioambiental", manifiesta, remarcando que la venta online es menos "sostenible" que la presencial y afecta al comercio local: "Uno de los empleadores que mejores condiciones ofrece a los trabajadores".
Según los cálculos de UPTA, en Galicia existen en estos momentos cerca de 45.000 autónomos vinculados al comercio, de los que un 40% están ligados al ámbito de la moda. A lo largo del pasado ejercicio, la provincia que más negocios de este tipo perdió fue Pontevedra (-151), continuada por A Coruña (135 menos), Ourense (-57) y Lugo (37 menos). Durante el primer trimestre de 2024, como se desprende de los datos más actualizados por la entidad, en la comunidad autónoma han desaparecido otros 70.
Conforme indica Abad, las tiendas de ropa y calzado evitan denunciar esta situación ante posibles represalias por parte de los fabricantes con los que colaboran. "Temen consecuencias contra ellos, como puede ser el hecho de tener menos facilidades para conseguir ropa de temporada o que vean rebajada la cantidad de stock que les llega de los productos más vendidos", subraya. De igual modo, insiste en la necesidad de hacer autocrítica y trabajar en colaboración con las Administraciones para que los puntos físicos sean más "competitivos" a través de la digitalización y la formación.
Según los datos publicados por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) en su informe "El Comercio Textil en Cifras 2023", el territorio gallego solo acapara el 5,1% de los ingresos del sector de la moda a nivel nacional, por detrás de Madrid (17,4%), Cataluña (16,3%), Andalucía (15,1%), Valencia (11,2%), País Vasco (6,1%) y Castilla y León (5,5%). Asimismo, cada habitante gallego gastó de media 284,9 euros en textil, por debajo de los 309,5 de la media estatal. A los problemas denunciados por UPTA para el pequeño comercio de la ropa y el calzado se suma –como también denuncia la entidad– la liberalización de las rebajas, que dejaron de acotarse para determinados momentos del año con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, por medio del cual "vivimos en un estado permanente de descuentos".
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