El plan de retorno voluntario fue una de las medidas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 con el objetivo de responder a los primeros signos de destrucción de empleo de la crisis financiera, que se concentraron en el sector de la construcción. La medida sigue en vigor, pero 15 años después se aprecia que su alcance ha sido limitado, ya que solo 34.500 personas se han decantado por esta opción tras dejar su puesto de trabajo. Se trata de una fórmula por la que los inmigrantes de países ajenos a la Unión Europea puedan concentrar la prestación contributiva en dos pagos, con el compromiso de no regresar a España en tres años.
Apenas 2.300 personas se habrían acogido a este modelo cada año, según los cálculos que ha realizado CCOO a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, y si bien es cierto que está limitado a los países con los que España tenga suscrito un convenio en materia de Seguridad Social, suman un total de 26 estados. Entre ellos, los ciudadanos con origen en Ecuador son los que más han recurrido a la fórmula, en términos acumulados representan un 36% de los beneficiarios, al superar los 12.400; seguidos de Colombia con un 15% de los desempleados que capitalizaron la ayuda (5.316) y Perú, con otro 12% del total (4.072) de personas que se han acogido al modelo desde su aprobación en septiembre de 2008.
El real decreto-ley 4/2008 también recogía otros requisitos para que los inmigrantes que hubieran trabajado en España pudieran beneficiarse de este abono anticipado y acumulado de la prestación por desempleo. El texto exige que tenga residencia legal en España y que abandone el país en un plazo máximo de 30 días naturales después de haber recibido el primero de los dos pagos. Este asciende al 40% de la cuantía total a la que tiene derecho en función del periodo que haya cotizado, mientras que el segundo desembolso correspondiente al 60% se percibe un mes más tarde, cuando el trabajador ya ha regresado a su país de origen, de acuerdo con los tiempos fijados en la norma y que en su momento explicó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Entonces, el Gobierno justificó la toma de esta decisión en que ya existía la opción de abonar la prestación contributiva de forma anticipada y concentrada en un único pago si la persona que se quedaba en desempleo quería emprender una actividad económica. No obstante, no se preveía una alternativa "cuando las expectativas de reinserción laboral o profesional del trabajador desempleado se plantean en el país de origen" tal y como se reflejó en la exposición de motivos. Además, abrió la puerta a incluir a trabajadores de países que no tengan el citado convenio con España si "se considera que los mismos [países] cuentan con mecanismos de protección social que garanticen una cobertura adecuada" o atender a situaciones específicas.
Sin embargo, este modelo se ha quedado lejos de las cifras de capitalización de los que querían emprender una actividad como autónomos, socios de cooperativas, de sociedades laborales o de sociedades mercantiles. En términos acumulados, hay más de dos millones de personas que se han decantado por esta fórmula desde 2008, la mayoría de ellos para darse de alta como trabajadores autónomos. Esta cifra creció considerablemente en los primeros años de la crisis financiera, con hasta 164.196 capitalizaciones de la prestación contributiva por desempleo en 2008, pero se ha visto reducida de forma progresiva hasta sumar menos de 50.000 el pasado 2023.
En la presentación del informe 'Mercado de trabajo y protección por desempleo', el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, recordó que el sindicato se había posicionado en contra de este plan de retorno para parados extranjeros por no compartir la idea -que entienden está presente en la norma- de que estas personas en edad de trabajar "sobran" en periodos de crisis. También por los efectos que ha podido tener para personas que después hayan decidido regresar a España a efectos de conseguir la nacionalidad, para la que se exige una residencia continuada en el territorio. Asimismo, celebró los datos de capitalización como un síntoma de que se ha dado una respuesta diferente en la última crisis por la que los ciudadanos no han tenido que recurrir al autoempleo.