En Mexico se da por hecho que las elecciones son procesos violentos y con muertes, se asume que es algo inherente a la disputa del poder.
Se dice que es parte de nuestra realidad y manera de ser. Que no puede ser de otra manera. En muy amplios sectores de la sociedad hay un claro fatalismo.
La violencia y los asesinatos en las elecciones no se pueden aceptar y la sociedad no puede asumir que se trata de algo que forma parte "normal" de las contiendas electorales.
Eso no ocurre en los países de América del Norte, de la que México forma parte, pero tampoco en América Latina. En algunos países existen hechos de violencia, pero son la excepción.
En el caso de México, la violencia y los asesinatos se han convertido en la norma. En la elección federal de 2018 hubo 112 asesinatos, en la de 2021 fueron 102 y en la de 2024 ya van más de 40.
La violencia y los asesinatos tienen un origen y en su gran mayoría son provocados por la acción de grupos del crimen organizado, que se han convertido en un actor fundamental de las elecciones. Se han constituido en un gran elector.
Existen los asesinatos producto de rivalidades locales o rencillas entre militantes de un mismo partido, pero son los menos y es claro que nunca deberían tener lugar. Hablan de descomposición de la sociedad y de falta de respeto a la vida.
Sí se sabe, la evidencia es contundente, que el origen de la violencia y el asesinato de políticos y candidatos son perpetradas por los grupos del crimen organizado. Frente a esta realidad no hay más que enfrentarlos con inteligencia y un plan.
Para eso se requiere de una estrategia nacional, coordinada por el gobierno federal, en la que participen los tres órdenes de gobierno.
El centro de la responsabilidad recae en los titulares de las entidades federales, quienes coordinan a las policías municipales y acuerdan el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Mientras eso no ocurra la violencia y los asesinatos seguirán siendo parte integral, lamentable y trágica, de los procesos electorales que se realizan en el país.
Este gobierno federal no quiso enfrentar a los grupos del crimen organizado y permitió que estos ampliaran su control territorial y multiplicaran sus actividades delictivas.
Abrió el espacio, por la vía de los hechos, para que los grupos del crimen organizado intervinieran como nunca en la historia del país en los procesos electorales.
Y no solo eso, sino que existen evidencias de que el actual gobierno y su partido, han negociado con grupos del crimen organizado, para obtener el triunfo en ciertas gubernaturas. La oposición una y otra vez ha enunciado esos hechos.
Toca a quien encabece el próximo gobierno federal dar los pasos decisivos, para poner fin a la violencia y a los asesinatos en las contiendas electorales. Es una de sus responsabilidades.