José Díaz, un joven de 33 años, ha muerto este lunes después de recibir la ayuda necesaria para ello, según han confirmado fuentes familiares. El onubense llevaba exigiendo el derecho a la eutanasia desde 2022, cuando sufrió una necrosis cerebral que le provocó secuelas irreversibles, como la pérdida de la vista y el habla.
La hermana del fallecido: "Su última voluntad es que las cosas cambien y que nadie tenga que pasar por la situación por la que él llevaba pasando desde hacía más de tres años"
Su familia ha mostrado el deseo de que esto "sirva de ejemplo" para "que se cumpla la última voluntad" de las personas que sufren enfermedades y que solicitan esta ayuda. "Su última voluntad es que las cosas cambien y que nadie tenga que pasar por la situación por la que él llevaba pasando desde hacía más de tres años", ha dicho su hermana, que ha apuntado que "se ha marchado con mucha calma, agarrado a nuestras manos".
La hermana ha señalado que su familia tiene "sentimientos encontrados" porque "ha sido un día duro" pero que, "a la vez, están muy satisfechos". Además, ha indicado que "les queda el consuelo de que ha sido un tránsito breve".
Objetores de conciencia
El pasado 21 de febrero la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, respondió a una serie de preguntas sobre la situación de Díaz indicando que "sus médicos eran objetores". En ese punto, explicó que "lo que estaban intentando era tener un equipo móvil que se pudiera movilizar a aquellas provincias donde había esa dificultad en la objeción de conciencia por parte de los profesionales para que las personas pudieran ejercer ese derecho".
Aseguró que este caso "se solucionaría pronto" y así fue. Un día después de la comparecencia, el diario Huelva Información adelantó que la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Junta le comunicó a la familia que se había autorizado la ayuda.
En la actualidad, la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, puesta en marcha en 2021, establece que podrán solicitarla pacientes que sufran un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causante de un sufrimiento intolerable". Sin embargo, Andalucía fue una de las comunidades que más tardó en implantarla y donde se encuentran más trabas.
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