La mayoritaria Asociación de Fiscales seguirá en el grupo de trabajo convocado por el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En la reunión de la ejecutiva que se celebró ayer a última hora finalmente se acordó que este no es el momento para levantarse de la mesa, a pesar de las múltiples polémicas que se están conociendo sobre las actuaciones de la Fiscalía General del Estado.
Según confirman fuentes cercanas, desde hace unos días la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ayer comunicó por carta al fiscal general que abandonaba el grupo de trabajo, mantenían conversaciones para analizar cómo actuar frente a los últimos acontecimientos relacionados con el comunicado oficial que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, unas informaciones que habrían acrecentado el malestar entre los representantes de la carrera fiscal.
Hace unos días, el fiscal general asumía la "responsabilidad absoluta" sobre ese comunicado. Pero también se supo que su "número dos", la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, habría ordenado a la fiscal que estudia la querella presentada por el novio de Ayuso, el empresario Alberto González, que la rechace. El motivo sería que se mantuviera el mismo criterio que la Fiscalía sostuvo en el caso de la querella que interpuso el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra las mismas personas, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, por presunta revelación de secreto.
En la nota de prensa oficial que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid se detallaban las negociaciones mantenidas entre el abogado de González y el fiscal Salto para acordar una posible conformidad, que no se llegó a concretar. En este tipo de acuerdos, el investigado reconoce la comisión de delitos a cambio de una rebaja de la pena, normalmente para evitar ingresar en prisión. Estas negociaciones están protegidas por el secreto profesional que ampara a los letrados y en el deber de sigilo que rige a los fiscales en sus actuaciones.
Pese a estos antecedentes, anoche la Asociación de Fiscales optó por seguir negociando los contenidos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal... de momento, por lo que acudirán a la reunión a la que se les ha convocado para el próximo 7 de mayo, cuando deberán presentar una metodología de trabajo y los aspectos que se deben reformar.
Fuentes de las distintas asociaciones han confirmado a este periódico que las prioridades son dotar a la Fiscalía de autonomía presupuestaria y al fiscal general del Estado de una mayor independencia respecto del Gobierno de turno. También establecer una serie de garantías que "blinden" a los fiscales que asuman la instrucción de los procedimientos penales de posibles injerencias de sus superiores.
La reforma del Estatuto se produce como consecuencia de la intención del Gobierno, declarada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de reactivar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dejar en manos de los fiscales la investigación de las causas penales. De momento, la Asociación de Fiscales seguirá participando de esta reforma a través del planteamiento de un nuevo Estatuto, pese a las reticencias que hay en la carrera fiscal.
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