La diputada oficialista Catalina Pérez, fue citada este viernes hasta la sede de la Fiscalía Nacional, en Santiago, para responder las preguntas del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, respecto al caso Democracia Viva.
"Es una diligencia que venimos solicitando hace bastante tiempo. Estoy bien tranquila y contenta de que por fin vaya a ocurrir", afirmó la diputada, a principio de semana, al conocerse que había sido citada por el Ministerio Público.
Pérez fue citada a las 9.30 horas a declarar como imputada en la causa en que su expareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras fueron formalizados en diciembre del año pasado. A ellos se les imputa responsabilidad en un delito de fraude al fisco ligado a los contratos por $426 millones que fueron asignados por trato directo a la ONG para trabajos en campamentos de la zona que representa la legisladora.
Al estallar el escándalo, Contreras y Andrade fueron expulsado de Revolución Democrática (RD) y se congeló la militancia de la diputada. El primero era el secretario regional ministerial de Vivienda de Antofagasta cuando se visaron los contratos. Igualmente, el partido de gobierno congeló la militancia de Paz Fuica, concejal de Antofagasta que también fue formalizada en el caso.
Este jueves, se tomó declaración a la exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, la tía del jefe de los asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
En diálogo con la prensa, tras la diligencia, Serrano hizo hincapié en que "los convenios los firman las regiones, los seremis".
"Yo no tengo facultad sobre su decisión. No tengo ningún vínculo, ninguno, ninguno, sobre la decisión que se tomó sobre Democracia Viva, ni sobre ninguna fundación", afirmó la arquitecta.
Tohá: "Nunca se ha planteado la posibilidad de no colaborar"
Consultada por las declaraciones de figuras del bloque de gobierno, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, afirmó este viernes que desde que este caso se conoció el Ejecutivo sabe "que va a haber un proceso investigativo que va a significar buscar antecedentes, solicitar declaraciones de muchas personas que están cercanas a cómo este tipo de política se desenvuelve".
"Por lo tanto, a medida que se avanza y esos pasos se van cumpliendo, a nosotros nos parece positivo. Y nunca ha estado en duda, nunca se ha planteado ni siquiera la posibilidad de que no colaboren el ministro u otras personas que puedan prestar testimonio para ayudar a la investigación", aseguró.