Empresas de medicina privada, entre ellas Medicus, Swiss Medical y Asociación Mutual Sancor, se presentaron en el expediente judicial iniciado por el Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S) contra los aumentos de las cuotas desde diciembre. Critican la medida, alegando que el Estado permitió los aumentos sin control previo.
Osde, una de las compañías mencionadas en la resolución del Ministerio de Economía, informó que habrá una reducción del 22% en las cuotas de abril para los afiliados directos, debido a la forma en que la empresa cobra las cuotas.
Pata Judicial del Conflicto
El Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, inició un recurso de amparo contra 23 empresas de medicina prepaga por los aumentos de las cuotas de los afiliados desde la entrada en vigencia del Decreto 70/2023. También solicitó un mecanismo de devolución del dinero que exceda el aumento inflacionario.
Swiss Medical argumentó ante la jueza Mercedes Maquiera que los aumentos estaban justificados y obedecían a circunstancias objetivas verificables.
Políticas Económicas Restrictivas
La empresa destacó que el análisis de la situación debe considerar un desequilibrio previo de precios relativos debido a políticas económicas restrictivas. Señaló un atraso en los aumentos autorizados respecto a la inflación.
Argumentaron que dejar sin efecto los aumentos o solicitar su devolución resultaría descabellado, según un cuadro presentado con la evolución de cuotas vs. inflación.
Catarata de Amparos
Tras la entrada en vigencia del decreto, numerosos afiliados y asociaciones iniciaron acciones de amparo por la inconstitucionalidad de los artículos que permitían los aumentos sin autorización previa.
Una de las prepagas criticó el giro dramático de la Superintendencia, que ahora se presenta como representante de los afiliados, tras haber permitido los aumentos sin control.
Ratificación Estatal
El Estado Nacional ratificó la demanda, asegurando que es independiente de la resolución de la Secretaría de Comercio. Subrayó que la acción judicial busca proteger a los usuarios del sistema de salud.
Las 23 empresas apuntadas en el amparo representan aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud.