Luego de que WOM anunciara acogerse a la ley de quiebras en Estados Unidos, este martes el Servicio Nacional al Consumidor (Sernac) solicitó información a la empresa respecto a su actual situación financiera y a su intención de reorganización, contemplada en el Capítulo 11 del país norteamericano.
La entidad entregó un plazo de 10 días hábiles administrativos a WOM a fin de que entregue una serie de antecedentes como: la eventual afectación que produzca este hecho a las personas consumidoras que tienen servicios contratados con la empresa; la estrategia que garantice la continuidad de los servicios ofrecidos durante el proceso de reestructuración y la existencia de otros procedimientos concursales de liquidación en nuestro país.
Tras el análisis de los antecedentes, el Servicio informó que adoptará medidas que encuentre pertinentes para ir en defensa de las personas afectadas en caso de detectar alguna infracción a la ley del consumidor.
En caso de que la mencionada compañía se niegue a entregar la información requerida, el Sernac indicó que podría recibir una multa de hasta 400 UTM (alrededor de 26 millones de pesos), según los mecanismos de protección que contempla la ley.
¿LA SITUACIÓN ACTUAL DE WOM AFECTA A LOS CONSUMIDORES?
Según informó la entidad fiscalizadora, no debieran producirse efectos perjudiciales para las personas consumidoras de manera inmediata, ya que la compañía debería estar en condiciones de "mantener la continuidad de sus operaciones y la prestación de sus servicios".
En esa línea, el Sernac puntualizó que, en caso de detectarse algún tipo de incumplimiento contractual por parte de WOM, ésta última goza -en Estados Unidos- de protección financiara, lo que impediría tomar acciones legales en su contra, las que deberían esperar "para un momento posterior".
No obstante, cuando finalice dicho periodo de protección y se dé inicio a un estado de normalidad, la entidad sostuvo que "se tendrá que tener a la vista si finalmente deciden someterse directamente al Capítulo 7".
Finalmente, el Sernac informó que en Chile no existe protección financiera, por lo que, en caso de que se verifique algún incumplimiento de contratos u otro tipo de infracciones a la Ley del Consumidor, "será procedente la presentación de una acción colectiva en favor de las personas consumidoras afectadas".