M.J.A.
El interventor del Concello de Ourense acudirá al Juzgado de lo Contencioso para pedir la anulación del acuerdo, adoptado el día 19 de abril por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome por el que retira a este funcionario de su cargo. Es un acto denominado de remoción o traslado a otro puesto de similar categoría, una medida que ven ilegal pues no está contemplado el cese de un funcionario que, como es el caso del interventor, es habilitado nacional y ganó el puesto por concurso.
Esta remoción o cese encubierto, que denunciarán en contencioso antes de 10 días, se producía apenas unas horas después de la celebración de la vista oral en los juzgados por otra denuncia por acoso laboral de este mismo funcionario por parte del regidor, tanto en redes, como en ruedas de prensa o en plenos en las que le acusaba de "lawfare" y de tratar de boicotear la gestión del Concello, además de poner en duda su capacidad profesional.
El letrado del interventor reconoce que recurrir a la figura de remoción que utilizan ahora para trasladar a otro puesto de similar categoría al interventor es una reinterpretación del cese, pero no ajustarse a ley. De hecho con ese traslado, el alcalde desoye el informe de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, dependiente del Ministerio de Hacienda, que le advierte de que no se puede cesar a un habilitado nacional que, además, ha ganado la plaza por concurso.
Pero contra todo pronóstico también ayer, el alcalde habría decidido quién va a ser el que ocupará ese puesto de intervención. En este caso sería por designación para, según fuentes municipales, Belén Iglesias Tourón, que fue cesada anteriormente como tesorera, también por "tiquismiquis". Según el alcalde sus informes se dilataban y eran demasiado exigentes. Jácome siempre dice que llevar el cumplimiento de la normativa de la administración al extremo entorpece y ralentiza la gestión municipal.
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