Partido Popular y Vox tramitan por la vía de urgencia las leyes que ambas formaciones, que conforman el Gobierno valenciano, han presentado este 21 de marzo. Se trata de la ley de libertad educativa, la de Concordia, la de la Radio Televisión Pública Valenciana y la de Transparencia. Pero, sobre todo, las dos primeras, la de libertad educativa y la de Concordia, que los socialistas llevarán ante el Tribunal Constitucional (TC), una vez estén oficialmente aprobadas.
La ley de libertad educativa de la Comunitat Valenciana, la denominación oficial de este territorio, tiene por objeto acabar con la imposición del valenciano y poner en manos de madres y padres la decisión de dónde y en que lengua quieren que estudien sus hijos. Y, también, acaba con la obligación de utilizar el valenciano en las comunicaciones de la Administración.
La Ley de Concordia sencillamente incorpora la recuperación de la memoria histórica para las víctimas que se produjeron en la II República y bajo el Gobierno del Frente Popular. Además, concede a las víctimas del terrorismo y las víctimas religiosas la consideración de víctimas sociales y políticas.
Pero, a pesar de ello, tanto una como otra han generado una fuerte reacción en la izquierda y en el independentismo. Hasta el punto de que, en el caso de la ley de libertad educativa, tanto el PSOE de Pedro Sánchez como la catalanista Plataforma por la Lengua, una entidad generosamente subvencionada por los gobiernos del también socialista Ximo Puig, han manifestado abiertamente que llevarán hasta el Tribunal Constitucional esa norma. Y ello, a pesar de que aún se trata de un proyecto de ley, porque para tomar rango legal debe ser antes aprobada por las Cortes Valencianas.
Las advertencias de los socialistas acerca de su intención de llevar al Tribunal Constitucional ambas leyes se producen en vísperas de las próximas elecciones catalanas, previstas para este 12 de mayo. Y, en un escenario en que según la encuesta publicada este lunes por OKDIARIO, los socialistas de Cataluña alcanzarían los 38 diputados, pero quedarían, a su vez, en manos del separatismo y, por tanto, de ERC y de Junts, para poder gobernar.
Tramitación de urgencia en las Cortes Valencianas
La tramitación de urgencia de estas leyes en las Cortes Valencianas ha sido aprobada por la Mesa de las Cortes Valencianas en su reunión del día 26 de marzo. Y responde a la solicitud que PP y Vox realizaron ante esa misma Mesa el día en que este órgano tuvo conocimiento de la presentación de las citadas leyes. De facto, esa tramitación de urgencia significa que todos los plazos tendrán una duración de la mitad de lo establecido en el procedimiento ordinario.
En el caso de la ley de libertad lingüística, Plataforma por la Lengua ha hecho público el inicio de conversaciones con distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para estudiar ese recurso ante el TC contra la citada ley que esta entidad catalanista sitúa «en el País Valenciano», la denominación que utiliza el independentismo para referirse a la Comunidad Valenciana a pesar de que la denominación del Estatuto de Autonomía es la de Comunitat Valenciana, no País Valenciano.
La ley de libertad lingüística, a pesar de las críticas tanto del PSOE como del independentismo y de la antes citada plataforma catalanista ha recibido elogios también en la Comunidad Valenciana. Entre ellos, el de la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación, que «respalda la nueva Ley de Libertad Educativa anunciada por el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana y pide garantizar a las familias que su elección lingüística será respetada», según ha manifestado esa misma asociación en un comunicado este 29 de marzo.