Suspenden a cuatro jueces de Brasil por irregularidades "graves" durante la operación 'Lava Jato'
El inspector general del Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ), Luís Felipe Salomão, suspendió de forma cautelar a cuatro jueces por desobedecer decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) y cometer irregularidades en 'Lava Jato', la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.
Entre los magistrados está la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al senador Sergio Moro en Curitiba. Precisamente, el exjuez ganó notoriedad como magistrado de la operación anticorrupción, que arrancó en 2014 y en la que se destapó un entramado de sobornos multimillonarios, dentro y fuera del país, a cambio de adjudicaciones de contratos de obras públicas a través de la petrolera estatal Petrobras.
Moro mandó a prisión a constructores, políticos y empresarios por crímenes de corrupción, lavado de dinero y organización criminal. Pero su nombre se catapultó cuando envió a la cárcel al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Infracciones disciplinarias
En el caso de Hardt, Salomão señaló la "existencia de indicios de graves infracciones disciplinarias, con una supuesta violación del Código de Ética del Poder Judicial Nacional". Según el inspector, la jueza fue responsable de validar un acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Petrobras para crear un fondo con las sanciones económicas impuestas a la petrolera estatal.
Asimismo, afirmó que en la operación de 'Lava Jato' se actuó para "ayudar a las autoridades estadounidenses a preparar procesos penales contra Petrobras, con interés en la devolución de parte de la multa que se impondría".
"Es inconcebible que la investigada pueda continuar actuando cuando se sospecha que no es imparcial", aseguró.
Hardt fue responsable, en 2019, de condenar a Lula a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo. Salomão también suspendió de sus funciones a los jueces Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Loraci Flores de Lima y Danilo Pereira Júnior, porque consideró que modificaron acciones que habían sido suspendidas por el STF y utilizaron pruebas declaradas inválidas.
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