Opinión
La corrupción, un mal que afecta a la sanidad pública
No olvidemos que la corrupción y el despilfarro, junto con la polarización que estamos viviendo en Colombia, contribuyen a la pérdida de credibilidad de la población en el Estado y de su lucha contra todas las actividades ilegales.
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Más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el proceder del Presidente Petro de reiterarse en su propósito político de promover una reforma al actual sistema de salud o de avalar, a través de la Superintendencia de Salud, una intervención con fines de salvamento a las Empresas Promotoras de Salud, Sanitas y Nueva EPS, es bueno para el futuro democrático de Colombia el debate público que se viene dando.
Es una verdadera vergüenza para la dignidad de Colombia, la crisis que vienen presentando, en materia administrativa, financiera, equipamiento y servicios un buen número de hospitales público-privados en la mayoría de los municipios, agregándose a ello la no existencia en más de 400 de los más elementales servicios de salud y agua potable.
Por mi experiencia en los asuntos del Estado, a esa dramática y vergonzosa realidad hemos llegado porque desafortunadamente las diversas instituciones del Estado, a nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo los organismos de control y vigilancia como también los gremios empresariales, medios de comunicación, facultades de salud y organizaciones sociales relacionadas con los trabajadores y usuarios de la salud, hemos sido pasivos o tolerantes con la corrupción, el despilfarro, la politiquería y los afanes de lucro. Ese afán de lucro llega al punto de que, para algunos sectores políticos y particulares, lo rentable es lograr tener total incidencia en las instituciones encargadas de administrar los recursos económicos destinados a la prestación de los servicios de salud y agua potable.
En mi opinión con la actual Constitución Nacional y las leyes que tenemos en materia de salud y agua potable, si nos decidiéramos, desde el Estado y los diversos sectores de la población, podríamos avanzar con logros reales en la lucha contra cualquier manifestación de corrupción o despilfarro en el manejo de los enormes recursos públicos que tenemos para ese rubr y que están definidos en el presupuesto nacional, los presupuestos departamentales y municipales.
Reconozco que lograr el mejoramiento, calidad y cobertura en materia de salud y agua potable no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Lo importante es dar el primer paso y tener conciencia que si el Estado en su conjunto, con el apoyo de la población, se decide lo podremos lograr. Pero, sobre todo si todas las personas que habitamos en Colombia y colombianos en el exterior nos decidimos a decir "basta ya" de tanta corrupción y despilfarro en todas las instituciones públicas y privadas.
No olvidemos que la corrupción y el despilfarro, junto con la polarización que estamos viviendo en Colombia, contribuyen a la pérdida de credibilidad de la población en el Estado y de su lucha contra todas las actividades ilegales.
Lograr lo anterior presupone del Presidente Petro y su equipo de gobierno, sin ningún tipo de sectarismo o descalificaciones, trabajar por un gran Acuerdo Nacional por el derecho de la población colombiana a la salud y al agua potable.
A la construcción del mismo se deben invitar a los gobernadores, alcaldes, a las EPS e IPS, a los organismos de control y vigilancia del Estado, las facultades de salud, los medios de comunicación, los gremios empresariales y a las organizaciones sociales relacionadas con los usuarios de la salud, los médicos y demás trabajadores vinculados con la sanidad pública.