El pasado 4 de abril se cumplieron 10 años del inicio de las operaciones del Instituto Nacional Electoral, producto de una reforma electoral que buscó estandarizar la calidad en la organización de las elecciones en el país y constituir una sola autoridad nacional.
Como suele suceder, el tiempo se agotó y no se llegó a los acuerdos políticos necesarios para que la intención legislativa se consumara a plenitud. Así que si bien se nacionalizaron muchas actividades electorales y el INE vio incrementadas sus responsabilidades, las autoridades electorales estatales (los ahora OPLE) subsistieron al igual que los tribunales electorales estatales.
Con esas reglas se organizaron las elecciones presidenciales del 2018 y las intermedias de 2015 y 2021, así como más de 300 elecciones locales. Los resultados están a la vista, el país pudo renovar en paz a sus autoridades y a sus representantes, y vivimos el periodo de la mayor alternancia política en el cual el partido gobernante renovó la confianza del electorado únicamente en un tercio de los casos.
Con esas reglas, el INE organiza ahora las elecciones en las que está envuelto todo el país y enfrenta sin duda su mayor reto. No solo por el número de posiciones públicas en juego, sino por la complejidad de las mismas y la trascendencia de sus resultados.
Como lo hemos referido en diversas ocasiones, López Obrador fue un actor fundamental en al menos las dos últimas reformas electorales (2007 y 2014) y propugnó por normas que propiciaran equidad en las contiendas. Lo que fundamentalmente buscaba era evitar el uso de posiciones de gobierno y de recursos públicos para incidir en el sentido del voto de la ciudadanía.
Sin embargo, desde que AMLO asumió la Presidencia de la República anunció su pretensión de cambiar las reglas electorales y materializó sus intenciones el año pasado cuando propuso, primero, reformas constitucionales (las que no obtuvieron la necesaria mayoría calificada en el Congreso) y después legales (el famoso Plan B, que si bien contó con la aprobación del Congreso, ya que en ese caso solo requiere del 50% más uno de los votos, fue frenada por la SCJN por evidentes fallos en el procedimiento que siguieron los legisladores).
La pregunta que salta a la vista es el por qué cambiar las reglas del juego cuando fue impulsor y beneficiario de las mismas. Y la respuesta evidente, al menos para mí, es que las actuales reglas efectivamente propician la equidad en la contienda política y estas per se no fueron las que le dieron el triunfo a López Obrador, sino en todo caso la voluntad ciudadana que "castigó" los insatisfactorios resultados de gobiernos previos.
De manera tal que los 30 millones de votos de los que tanto presume el actual presidente bien sabe que, en buena proporción, no fueron a su favor, sino en "contra de", lo que se confirmó en las elecciones intermedias del 2021 cuando el resultado le hizo perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Hombre pragmático y con "ambición histórica", ha aprendido en estos cinco años que no basta con ejercer el poder presidencial para garantizar la continuidad de su proyecto, sino que hay que hacerlo de manera eficiente, reconociendo la diversidad cultural, ideológica y social de la nación mexicana, para no hablar de las enormes desigualdades que siguen ahí y que no se resuelven a base de programas sociales.
El actual presidente cuenta con una base social importante, pero bien sabe que no le es suficiente y que no es "transferible" en automático a quien ahora es su candidata. De ahí que pretendió modificaciones a la norma electoral para allanarse el camino. Además, no ha dejado de violar sistemáticamente la Constitución al usar y abusar del poder público con fines electorales. La autoridad electoral ha demostrado que ha incurrido en estas transgresiones en más de 40 ocasiones.
Tan es claro que percibe que no todo está ya decidido, que recurre una vez más al discurso del fraude, del golpe de Estado técnico y más recientemente a tratar de asustar con la idea de que "los tigres" se desatarán si Morena no gana las elecciones.
La convergencia de las elecciones federales y locales si bien explica en buena medida los resultados del 2018 y cómo la popularidad de AMLO arrastró consigo candidaturas que de otra manera difícilmente hubieran llegado a los cargos que hoy ostentan, en esta ocasión esa lógica puede ser la inversa, malos gobiernos locales pueden pesar en el ánimo del electorado e incidir en lo federal.
Pero como en toda contienda hay que analizar el proceder de todos los involucrados, ya que de eso dependerá el resultado. Las siguientes semanas serán definitivas para saber si la oposición al actual gobierno logra la cohesión que no ha demostrado hasta el momento y sobre todo rebasar el voto "anti" y pasar a uno "a favor de…" que vaya más allá de la actual polarización de la ciudadanía que tiene ya decidido el sentido de su voto.
POSDATA: Los diez años del INE eran pretexto propicio para un gran evento no solo por lo simbólico de la fecha sino además por el momento del proceso electoral, ocasión para que la autoridad recordara a los contendientes la necesidad de respetar las reglas por el bien de la legitimidad de las elecciones y refrendara ante la ciudadanía su compromiso con la imparcialidad e independencia.
A cambio de ello, se observó una sala semivacía en la que brillaron por su ausencia siete consejeras y consejeros electorales y tres de los partidos políticos de oposición. Esperemos que haya sido solo un problema de logística lo que explique lo anterior y no la condición que actualmente vive la institución. Es momento en que el INE requiere de unidad en la diversidad, dirían los clásicos, y su máximo órgano de decisión envíe a su estructura operativa un mensaje de confianza y solidez.