"Tenemos prohibido morirnos". Esta frase fue el único alivio cómico que se permitieron los vecinos de El Entrego que ayer acudieron en masa a la asamblea ciudadana convocada para analizar el cierre del cementerio, que se materializó el lunes tras varios años de desencuentros entre la empresa propietaria y el Ayuntamiento. El tono general de la reunión fue muy tenso, con muestras de indignación y alguna lágrima. Entre airados reproches a las dos partes en conflicto, las familias acordaron iniciar un procedimiento judicial conjunto para intentar obtener un mandato que obligue de manera cautelar a los dueños a reabrir el camposanto. Paralelamente se abordarán medidas de presión para forzar al gobierno local a agilizar el proceso de expropiación que acaban de iniciar, también con acciones judiciales contra la empresa .
Representante del colectivo vecinal "La Unión" y de la plataforma ciudadana surgida en defensa del cementerio pilotaron una asamblea a la que acudieron más de 200 personas. Se acordó presentar una denuncia en el juzgado firmada por una representación de usuarios en nombre de todos los afectados. La mayor preocupación del pueblo es lograr que el camposanto reabra sus puertas sin esperar a que el proceso de expropiación culmine, ya que asumen que se puede alargar en el tiempo. Y es que "es cuestión de tiempo que muera alguien y no pueda ser enterrado", explicó el abogado y representantes vecinal Rubén Andrés. "Ese día va a llegar y, si seguimos así, va a pasar algo grave", subrayó Damián Suárez, de la plataforma de afectados.
Los vecinos asumieron ayer que "no queda otra alternativa que la vía judicial". Aunque los procedimientos contra el propietario deberán tener legalmente un carácter individual, la actuación tendrá un marco colectivo, canalizándose todas al tiempo, conjuntamente. De momento, la primera denuncia a título personal ya está interpuesta en el Juzgado de Laviana. Se trata de un vecino que no ha querido esperar más tiempo. Esta persona tiene en el cementerio de El Entrego varios nichos en propiedad, donde descansan, entre otros familiares, los restos de sus padres. El afectado está representado por la abogada María Consuelo Pérez. "Pedimos al juez que investigue los hechos para que establezca, como argumentamos, si existe responsabilidad delictiva". En este caso, la denuncia va dirigida tanto al propietario del camposanto como al propio Ayuntamiento: "Al dueño se le achaca que imposibilite a mi representado la posibilidad de acceder no solo a sus propiedades, sino también la apropiación indebida de los restos de sus familiares", explica la citada letrada: "El Ayuntamiento, entendemos, es responsable por dejación de responsabilidades". María Consuelo Pérez, a la espera de que el juez decida si abre diligencias, considera que el caso está marcado por "una evidente falta de sensibilidad, ya que estamos hablando de algo tan emotivo como la custodia de los restos de familiares muy queridos".
En la multitudinaria asamblea celebrada ayer en el centro social de El Entrego se habló de muchas cosas y hubo críticas a todos los implicados. A la Iglesia se le afeó que vendiera el cementerio en 1993 a la empresa "La Solana", a la que a su vez se le recriminó que haya tomado tan drástica decisión sin tener en cuenta el "factor humano" de las consecuencias. "Son nuestros padres, hermanos e hijos los que están ahí enterrados y ahora no podemos visitarlos pese a que compramos los nichos", apuntaban ayer varios vecinos.
Las críticas
Pero en la asamblea el que peor parado salió fue el alcalde, José Ramón Martín Ardines, al que le recriminaron que en su momento "garantizase" que el camposanto no cerraría. "Nos ha mentido en todo momento", señaló Damián Suárez. En el transcurso de la reunión, los representantes vecinales explicaron que la intención inicial del Ayuntamiento era romper el candado en caso de que se llegase a la actual situación: "Sin embargo, los servicios jurídicos municipales desaconsejaron esta medida en el último momento", indico Rubén Andrés. El resultado es que el pasado lunes el cementerio amaneció clausurado y así sigue desde entonces: "Esto es un sinsentido y no hay quien entienda que haya podido pasar algo así", clamaban ayer las familias afectadas.
La Policía Local redactó un informe el lunes para "interponer una denuncia con el fin de revertir esta situación que entendemos vulnera los derechos de los vecinos que tienen en propiedad o en régimen de alquiler un nicho en el lugar", explicaron los portavoces municipales. Al margen de las anunciadas acciones judiciales, el gobierno local de San Martín también apuntó que ya ha incoado un expediente de expropiación forzosa para la adquisición del cementerio, "que se tendrá que dirimir también en los juzgados, a la vista de que el propietario ha declinado la venta del cementerio por su discrepancia con el precio establecido de acuerdo a informes periciales externos ajenos al Ayuntamiento".
Los vecinos apuntaron ayer que ahora la clave "es el tiempo". La gran preocupación es qué pasará si tras un deceso una familia reclama el acceso al cementerio para el entierro. Tras las reuniones mantenidas con el gobierno local, el movimiento de afectados percibe que el Ayuntamiento está convencido de que en ese escenario el propietario accederá a abrir el paso: "A estas alturas no podemos confiar en la buena fe de nadie. Se pude montar una muy gorda", sostienen en el pueblo.
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