Juicio Perla Negra: la UDEF ratifica que la interposición de empresas encareció exponencialmente los terrenos del polígono fallido en Portillo
Un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha ratificado este miércoles todos los informes que realizó en la investigación del caso Perla Negra, entre otros el que afirma que la interposición de empresas en la compra de terrenos para el Polígono de Portillo (Valladolid) que luego vendieron a la Junta, aumentó "exponencialmente" el precio de los mismos.
El policía ha declarado en calidad de testigo perito en el juicio que se sigue contra doce acusados, entre ellos exaltos cargos de la consejería de Economía y empresarios que participaron en la compra de los terrenos y la promoción del edificio conocido como Perla Negra en Arroyo de la Encomienda. Entre otras cosas, el funcionario investigó la relación mercantil que había entre empresarios y cargos públicos, como en el caso de Alberto Esgueva, que había sido responsable de la oficina de internacionalización de la Junta y tenía una empresa de energía eólica junto con uno de los empresarios de la promotora del Perla Negra, Germán José Martín Giraldo. Ambos están también acusados en el caso Trama Eólica.
En el caso del polígono fallido, los empresarios que lo promovían compraron a un precio que se fue encareciendo conforme los revendían a sus mercantiles y posteriormente a la sociedad pública de la Junta, ADE. "Mantengo que la interposición de una serie de empresas en el procedimiento encareció notablemente el precio de la operación", ha asegurado. El inspector tiró de datos del Registro de la Propiedad de Olmedo para estudiar las operaciones de compraventa entre Urban Proyecta y Cementos La Bureba, que aumentaron los precios "exponencialmente" desde que se adquirieron entre los años 2005 y 2006 hasta su venta en 2010 a la ADE. ·En total, los empresarios que constituían la mercantil Parque Empresarial de Portillo compraron 57 parcelas por algo más de 16 millones de euros, se vendieron a Cementos la Bureba, que estaba vinculada a esta y que luego la vendió a ADE por casi 21 millones, un precio que a su juicio habría sido muy inferior si la sociedad pública hubiese gestionado la compra directamente con los propietarios originarios.
Sin embargo, el inspector de la Agencia Tributaria que declaró antes que el inspector subrayó que no se había producido ninguna infracción fiscal a pesar de que el beneficio bruto superó los 4 millones de euros. Esta opinión es contraria a la de otra funcionaria de Hacienda, que también ha declarado este miércoles como testigo perito y que ha definido la operación de Portillo como "contraria a la eficiencia y la economía" porque el polígono no solo no se construyó sino que ADE, que ya tenía una deuda de 15 millones en 2010-2011, se endeudó en otros 25 y en 2013 esa deuda superó los 50 millones.
Los pliegos del Perla Negra se filtraron
El inspector de la UDEF también se ha ratificado en uno de sus informes sobre el edificio Perla Negra en el que afirma que la promotora, Urban Proyecta, tuvo acceso a los pliegos antes de que se publicasen en el Bocyl. De hecho fue la única empresa que se presentó. El plazo para presentar las ofertas fue inusual, de tan solo 15 días, cuando lo normal es el doble, algo que también ha subrayado la funcionaria de Hacienda, aun reconociendo que no es ilegal, ha matizado que debería haberse justificado ese plazo tan corto. El concurso se publicó el 26 de diciembre de 2005, en plenas fiestas navideñas, pero según pudo comprobar el inspector, Urban Proyecta había firmado el contrato con el estudio de arquitectura Lamela -que diseñó el edificio- en noviembre. Por todo ello, para el policía es "obvio" que Urban tuvo acceso a información que les dio ventaja frente a otros interesados.
Una transferencia de 5 millones de la ADE para ayudar a Urban Proyecta que se acabó anulando
El inspector también ha reseñado operaciones dudosas de la Junta con Urban Proyecta, como la de la "inyección de liquidez" de casi cinco millones de euros que hizo el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, desde Ade Parques. Según ha explicado era para cubrir un préstamo hipotecario de Urban, algo que no estaba justificado. En concreto, el inspector tuvo acceso, a través del banco Ceiss, a dos transferencias ordenadas por Delgado, una a favor de Parque Empresarial de Portillo y otra a favor de Urban Proyecta. Según el policía pera para abonar un préstamo de 4 millones de euros para un bien cuya tasación no llegaba a los 700.000, "algo especialmente llamativo" y que no pagaron a tiempo. También ha explicado que la trasferencia se acabó anulando un mes después sin que haya conseguido entender el motivo por el que se hizo.
Facturas falsas
Otro de los informes que ha ratificado es el que hizo sobre las consultoras de uno de los acusados y Unifica Servicios Integrales, el despacho de arquitectos al que la Junta pagó más de cuatro millones de euros sin que mediase concurso y conocido por haber reformado en negro la sede del Partido Popular en la calle Génova. En concreto, dos empresas de uno de los acusados, Angel Román Montes, denominadas Monari y Abascal, y otra de la que formaba parte, Parqueolid, recibieron pagos de Unifica por unos servicios que, a juicio del investigador, nunca se prestaron.
Según el informe policial al que tuvo acceso elDiario.es, los contratos con Monari y Abascal, firmados en la misma fecha, el 1 de agosto de 2008, eran prácticamente exactos. "El contenido es esencialmente coincidente y casi literal. Se puede decir que se trata de "plantillas" informáticas, de documentos de "copia-pega", firmados por los mismos intervinientes y que, por alguna razón, la facturación se prefirió dividir en dos bloques utilizando a dos empresas distintas", decía. Unifica y las empresas de Montes sellaron acuerdos de colaboración en el ámbito inmobiliario. En el caso de Parqueolid, que también recibió pagos de Unifica, no se halló contrato, tan solo una relación de facturas y presupuestos por obras supuestamente subcontratadas.
En las facturas emitidas por Abascal Consultores y Monari Consultores la Policía detectó "aparentes copia-pega" y están referidas siempre a un mismo concepto ("relación comercial y presentación del cliente..."). En cuanto a los presupuestos y facturas de Parqueolid Promociones "se advierten incluso errores tipográficos u ortográficos" que a juicio de la Udef, "parecen poco compatibles con el conocimiento de la obra que manifiestan haber realizado".
Aunque esos pagos estaban supuestamente respaldados por facturas, la Udef quiso comprobar si tras esa apariencia de legalidad existían obras o servicios realizados. Los investigadores contactaron con el cliente final, con aquellas empresas para las que Unifica realizó trabajos supuestamente gracias a la intermediación de las dos consultoras o subcontratando a la constructora Parqueolid. Se trata de importantes firmas de ámbito nacional e internacional como el aeropuerto de Málaga, British American Tobacco o Boeing, para las que Unifica realizó proyectos en varias provincias.
El resultado de la investigación fue muy claro: "Las informaciones aportadas por las distintas empresas requeridas, destinatarias finales de los servicios prestados por Unifica Servicios Integrales SL, son coincidentes en el hecho de señalar que no les consta nada acerca de la posible participación de las empresas investigadas como intermediarias para Unifica en su presentación como clientes". La única explicación lógica de esos pagos de Unifica a Abascal, Monari y Parqueolid es la vinculación de estas empresas con el expediente de contratación del edificio Perla Negra "tanto por la conexión temporal de las facturas como por la identidad de las personas jurídicas y físicas destinatarias de los pagos, todas ellas íntimamente relacionadas con Urban Proyecta PM3", señalaba el informe que ha ratificado el inspector.
Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.