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Nacional
viernes, 05 abril 2024 | 19:43
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Ciudad de México.- A 113 días de tomar posesión de cargo, la ministra Lenia Batres Batres presumió que, con su ajuste salarial, le ha ahorrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de 962 mil pesos y la próxima quincena serán 1 millón 198 mil.
En un inusual "Ejercicio de rendición de cuentas", rendido en la sede de la Corte ante funcionarios del los Gobiernos Federal y capitalino, legisladores de Morena, activistas y familiares, Batres aseguró que con el dinero que ha devuelto pueden pagarse 100 pensiones de adultos mayores durante 4 meses.
"Por las 7 quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto 256 mil 629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705 mil 863 pesos", dijo la ministra, quien fue interrumpida por los aplausos de los asistentes.
"Se trata de un seguro de gastos médicos mayores que hubiera costado ya 10 mil 844 pesos; un seguro de separación individualizado, que habría costado ya 153 mil 132 pesos; el pago por riesgo, del que se habrían erogado 188 mil 30 pesos; gastos de alimentación por 311 mil 300 pesos, y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, por 42 mil 555 pesos".
"En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, le he ahorrado a esta Suprema Corte un gasto de 962 mil 492 pesos, cantidad que al 15 de abril próximo, cuando se cumplen los cuatro meses que estamos informando, ascenderá a 1 millón 198 mil 363 pesos".
Recordó que cuando ingresó a la Corte, el pasado 14 de diciembre, solicitó la reducción de sus percepciones para ajustarse al límite del artículo 127 de la Constitución y como su petición fue rechazada, decidió hacer las devoluciones a la Tesorería de la Federación.
Contra la Corte
En su discurso, la ministra se lanzó contra las "reglas absurdas" y los "criterios arbitrarios" de la Corte, al mismo tiempo que urgió una reforma profunda del Poder Judicial de la Federación que democratice el máximo tribunal del país.
En particular, Batres señaló que la anulación de leyes por el incumplimiento de formalidades en el proceso legislativo laceran la democracia y el equilibrio de poderes del país. Recordó que de las 100 leyes anuladas desde 1995, un total de 74 fueron en los últimos 5 años.
Criticó también que otro de los criterios de la SCJN para invalidar leyes sea el concepto de "democracia deliberativa", que no existe en la Constitución y aún así sea de obligatoria aplicación para jueces y magistrados, bajo ciertos parámetros.
Esos parámetros son el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas, en condiciones de libertad e igualdad; la correcta aplicación de reglas de votación, y la deliberación parlamentaria y la votación pública.
"Bajo estos parámetros, la Corte invalida y los juzgados de distrito de todo el país inaplican leyes cuya deliberación no se realizó conforme a estos criterios, absolutamente arbitrarios. Tanto que cuando se resuelve se indica si para el o la juzgadora el proceso legislativo contiene o no "potencial invalidante", cuestionó.
"El resultado es que la Corte ha terminado imponiendo las reglas de funcionamiento de los congresos de los estados y de la Federación a tal grado que ha ordenado que mayorías y minorías deben funcionar "en condiciones de igualdad", con lo que se descalifica la principal cualidad que debe sostener una democracia que es la preeminencia de la mayoría".
Otra de sus críticas a la SCJN fue, según sus palabras, la falta de transparencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, "dada la larga tradición de funcionamiento hermético, oscuro, de esta Suprema Corte", y al hecho de que tienen la obligación de deliberar en público y no necesariamente así sucede.
"Sólo la transparencia puede evitar que esta Corte funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados; sólo la transparencia puede exhibir la ausencia de tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo de la Corte", apuntó.
"Quiero comentarles que creo que es indispensable, no podemos aceptar no decirlo, es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Es necesario que esta Corte se democratice, que acerque su integración y resoluciones a la realidad del pueblo mexicano. Que tenga contrapesos que eviten que incurra en excesos. Que, al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente".
De acuerdo con la ministra, su ponencia ha presentado 39 proyectos de sentencia desde diciembre a la fecha y todos ya fueron aprobados.
Además, reportó haber votado 490 asuntos, 51 de ellos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y 439 amparos en revisión, éstos en su mayoría en sesiones de la Segunda Sala, especializada en temas administrativos, fiscales y laborales.
Al informe asistieron María Estela Ríos González, consejera Jurídica de Presidencia, y sus colaboradores Arlin Maribel Pérez Prada, consejera Adjunta de Control Constitucional y lo Contencioso; y René Sánchez Galindo, consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos.
También Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal; Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, hermano de la ministra.
Otros que asistieron fueron los senadores Sergio Pérez Flores, Blanca Estela Piña, Reyes Flores Hurtado, Adolfo Gómez Hernández y Martha Lucía Micher, así como los diputados Hamlet García Almaguer, Adriana Bustamante Castellanos, Ana Lilia Flores Galindo y Marisol Gasé, todos ellos de Morena.
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