- Perfil Alberto González, la pareja de Ayuso: 20 años en la consultoría sanitaria en España y el extranjero y asesor del grupo Quirón
La imputación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y asesor del Grupo Quirón durante 25 años, por fraude fiscal ha puesto el foco sobre el conglomerado sanitario que gestiona cuatro hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Un hecho que ha activado a la Consejería de Sanidad, que ayer durante un encuentro con periodistas marcó distancias entre los acuerdos suscritos con dicha empresa, la responsabilidad que Hacienda le exige al empresario y el proceso de contratación del Gobierno regional.
«La Comunidad de Madrid no ha hecho ningún pago a esta empresa que no haya pasado por todos los filtros de fiscalización», sostienen fuentes del departamento que dirige Fátima Matute, que desde el año 2019 ha contratado un total de nueve millones de euros, según los datos aportados por la propia Consejería con una de las patas del grupo, Quirón Prevención, y con una rebaja de un millón de euros en el último ejercicio. Esa cantidad se centra en un servicio de chequeos médicos destinados a 90.000 trabajadores y al que en ese lapso de tiempo han accedido 9.000, un 10%.
En ese mismo período, el Gobierno central ha llegado a acuerdos por 159 millones de euros con la misma empresa a través del Ministerio de Transportes, de Patrimonio Nacional o de la Dirección General de Tráfico. En esos cuatro ejercicios [2019-2023], el conjunto de las autonomías han alcanzado acuerdos por valor de 66 millones, 57 sin contar los de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a estos datos, la capital suma el 13,6% del montante económico contratado con Quirón desde las autonomías y el 5% del total de las administraciones públicas de España.
Además, la Comunidad de Madrid también cuenta con convenios de colaboración público-privada con otra de las patas que conforman el grupo sanitario, Quirón Salud, encargada de la gestión de cuatro hospitales públicos: Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Precisamente estas concesiones se encuentran inmersas en distintos procesos judiciales por el impago de las mismas que se ha producido desde el Gobierno regional en los plazos fijados en los acuerdos. Sin ir más lejos, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de marzo 24 millones de euros para cumplir con el pago que le imponían tres sentencias judiciales, tal y como adelantó El País, para hacer frente a deudas que se retrotraían al año 2014.
Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que aún existen cuentas pendientes del ejercicio 2016 y lo atribuyen a «la exigencia» y «los procedimientos garantistas» que se han llevado a cabo desde el Gobierno regional para que «los madrileños no tengan que pagar un euro de más» por la gestión de esos centros hospitalarios. En concreto, la Comunidad de Madrid lleva a cabo tres auditorías: una de aseguramiento, que se focaliza en determinar que la actividad que se presta es para usuarios del servicio público; otra de datos, que sirve para verificar que la actividad que se remite a la Consejería es real; y una última de actividad, que comprueba que lo declarado y lo realizado coincide. A ello se suma un proceso fiscalizador de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
La cifra que no se aporta desde el Gobierno regional es la deuda total que aún se devenga al Grupo Quirón al respecto por esas concesiones por resolver. Fuentes de la Consejería de Sanidad apuntan que se trata de un proceso «muy complejo» al encontrarse abiertos diversos procedimientos judiciales y al existir una diferencia entre las cifras que reclama la empresa sanitaria y las que la Comunidad de Madrid cree que se debe pagar por el convenio firmado, fruto de la Ley General de Sanidad del año 1986 que permitía ese modelo de conciertos público-privados.
Pese a esta discrepancias en la liquidación, desde el Gobierno regional muestran «plena satisfacción» con el modelo de concesiones aplicado y aseguran que se realizar de forma «totalmente transparente».