El proyecto oficial de restitución del impuesto a las ganancias sobre los salarios, ya empezó a recoger repudios dede la vereda sindical. Desde el sector petrolero dejaron en claro que "avanzarán con medidas de fuerza si se tocan derechos de los trabajadores". El sindicato de la pesca hizo un llamado a la reflexión y señaló que "ya enfrentamos suficientes desafíos en un entorno laboral que no siempre es seguro ni justo".
En un encuentro mantenido el lunes en Casa Rosada entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al jefe de gabinete, Nicolás Posse, y representantes de los bloques de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, los funcionarios transmitieron la propuesta de elevar el piso del impuesto a las Ganancias respecto de la versión incluída en el borrador original de la Ley Bases: de 1 millón de pesos se pasó a 1,8 millones para personas solteras y 2,2 millones de pesos para casadas con dos hijos, con escalas progresivas para contribuyentes que partan del 5 por ciento hasta llegar a un 35 por ciento. La pretensión es que "haya más contribuyentes pero que paguen menos".
Según señalaron desde el oficialismo, "es el piso más razonable que podíamos encontrar y tenía bastantes puntos de coincidencia (con las y los diputados), todos estaban satisfechos con haber encontrado este valor intermedio", sostuvo Francos al día siguiente en declaraciones radiales. Días atrás, los funcionarios del Gobierno recibieron en Casa Rosada a los mandatarios provinciales de Juntos. Cerraron así una serie de negociaciones previas a la presentación del nuevo proyecto.
Los gobernadores de provincias petroleras, especialmente las ubicadas en la Patagonia, y los sindicatos están atentos a los posibles cambios en el régimen impositivo. Esas regiones dependen en gran medida de la actividad petrolera para su desarrollo económico, y cualquier modificación en el Impuesto a las Ganancias podría impactar en la inversión y la generación de empleo en la zona. Los gremios y las cámaras empresariales se reunirán el próximo 15 de abril para pactar el aumento de febrero y marzo que permita cerrar la paritaria de forma anual.
Los primeros rumores en el marco de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno eran de un piso imponible de 1,2 millones de pesos que encendió alarmas entre los representantes sindicales. Gabriel Matarazzo, Tesorero de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, expresó su preocupación de la siguiente manera: "En un momento en el que se ve cómo se desvanece el poder adquisitivo de los ingresos de la mayor parte de la población y las empresas sufren una significativa caída de las ventas, fijar el mínimo no imponible en un piso tan bajo no hará más que intensificar el desplome del consumo".
A su vez, frente a la posible derogación de la Ley 26.176 que exime a los trabajadores del pago de Ganancias en algunos conceptos como el desarraigo y las viandas diarias, señaló que "los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados si pierde el 50 por ciento de su salario".
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) señaló que que "esta carga impositiva pone en peligro nuestra estabilidad económica y la de nuestras familias". "Ya enfrentamos suficientes desafíos en un entorno laboral que no siempre es seguro ni justo", se expresó en tanto a través de un comunicado el sindicato de trabajadores de la pesca con la firma de Raúl Durdos, su titular.
En el texto explicaron que "no estamos en contra de contribuir al bienestar de nuestra sociedad", sino que "estamos dispuestos a dialogar, a buscar soluciones equitativas y a trabajar juntos para encontrar un camino que nos beneficie a todos, pero no vamos a aceptar pasivamente medidas que amenacen nuestra dignidad y estabilidad". Resta esperar a la semana próxima para vislumbrar la propuesta oficial y las medidas a encarar por los trabajadores.