La Fiscalía de la Nación allana la oficina del congresista Darwin Espinoza, acusado de utilizar recursos del Congreso para promover la inscripción de su partido político.
La diligencia se realiza en la cuadra 3 del jirón Huallaga, en el Centro de Lima, donde llegaron miembros de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía.
Como se recuerda, un reportaje de Latina denunció que el congresista de Acción Popular solicitó en enero pasado 10,000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento, las cuales utilizó para imprimir las fichas de afiliación de su partido Movimiento Regional Adelante Áncash.
Asimismo, los trabajadores de su despacho fueron obligados a realizar labores proselitistas, como la búsqueda de firmas para la inscripción de su partido político en Áncash.
"Todos hemos estado viajando por 17 días (para recolectar firmas), incluso el mes entero, ya que los pueblos están bien lejos, donde a veces no hay señal. El trabajo lo hacemos de lunes a viernes, incluso fines de semana, y todo en horario de trabajo", denuncian sus extrabajadores.
Y comentaron algo más grave: "Primero se recolectan las firmas y luego iban a pasar por un filtro para asegurar que la persona que firmó no esté afiliada a ningún partido político; de lo contrario, es ficha inválida. Todo este proceso lo vienen haciendo en el mismo despacho del congresista".
Consecuencias
La denuncia ocasionó que el partido Acción Popular anunciara el inicio de un procedimiento sumarísimo para expulsarlo.
También la Comisión de Ética del Congreso comenzaría una indagación preliminar contra el legislador Espinoza.
"Ante denuncia presentada por el dominical Punto Final, que involucra a congresista Darwin Espinoza, anuncio que la Comisión de Ética propondrá iniciar de oficio el procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria", escribió Diego Bazán, presidente de dicha comisión.
Asimismo, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de las diligencias preliminares contra el congresista por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y peculado de uso.
Según la entidad estatal, el requerimiento destinado al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, responde al informe periodístico de Latina.
La entidad ha pedido la declaración de los presuntos implicados, así como los documentos para esclarecer objetivamente los hechos que son materia de denuncia.
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