Una vez el Ministerio de Educación anunció el proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención en salud para el magisterio del país, con el que se busca integrar por primera vez la atención en salud y el sistema de salud y seguridad en el trabajo, llegó al Consejo de Estado la primera demanda contra esta propuesta del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El abogado constitucionalista Germán Calderón presentó un recurso de nulidad simple, argumentando la falta de competencia del Consejo Directivo del Fomag para modificar una ley. Calderón sostiene que el acuerdo suscrito por la entidad no pasó por el debido proceso y carecía de competencia para ello.
En la demanda, el abogado también cuestiona la intención del Gobierno nacional de transferir la prestación de servicios de salud del magisterio a la Fiduprevisora, una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que no tiene el objeto social para prestar servicios de salud, según su naturaleza jurídica.
Se destaca en el documento de trece páginas que cualquier modificación al régimen de salud del magisterio debería ser abordada por el Congreso de la República, ya que la prestación de servicios médico-asistenciales está regulada por ley y solo puede ser modificada por otra ley.
Una de las principales preocupaciones expresadas es el impacto en la población vulnerable afiliada al Fomag. Del total de afiliados, el 48,9% tiene más de 50 años y el 13,89% tiene más de 69 años. Además, el 40,6% de los afiliados está concentrado en 14 ciudades, mientras que hay 292 municipios con menos de 50 afiliados.