La mañana de este martes, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, abordó el tema de las expulsiones y las acciones que se están llevando adelante para materializar la salida de quienes se encuentran con órdenes vigentes, a propósito de los últimos acontecimientos policiales que han ocurrido en el país, como el crimen del teniente venezolano en retiro, Ronald Ojeda, y el asesinato del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, en ambos casos, los involucrados son venezolanos.
En conversación con radio ADN, Thayer actualizó la cifra de expulsiones de venezolanos, asegurando que en lo que va de 2024 se han materializado 56. Además, señaló que como Estado se debe mejorar la "capacidad para expulsar", acusando que el presupuesto no alcanza para concretar las órdenes vigentes.
"Entre 2022 y lo que va de 2024 hemos emitido 3.550 decretos de expulsión administrativa, a todas las nacionalidades. De esas son como 1.300 aproximadamente a personas venezolanas. Ese es el volumen del decreto de expulsión que tenemos recientes, vigentes, por materializar", detalló.
Por otra parte, la autoridad destacó un factor "importante", respecto a la Ley de Presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones. "Nosotros tenemos 3.500 millones de pesos para expulsar personas y podemos solicitar a la Dirección de Presupuesto duplicar ese monto, lo que nos da un total de 7 mil millones de pesos para comprar pasajes principalmente, contratar vuelos, en ocasiones se expulsa por tierra (…) eso nos permitirá expulsar en torno a 2 mil personas", explicó.
En ese sentido, evaluó las cifras y destacó que existen más de 3 mil decretos de expulsión "y tenemos presupuesto para 2 mil".
Respecto a las acciones que está llevando adelante el Servicio de Migraciones, Thayer aseguró que se está priorizando "buscar a las personas, identificarlas y entregarle toda la información a la PDI, para que pueda hacer los operativos para tener a personas que tienen delitos, para expulsar a personas que tienen condenas, que han cumplido condena".
Al ser consultado respecto a por qué no se concretan todas las expulsiones, el director sostuvo que "el problema" está precisamente en "ubicar y detener a las personas" que mantienen órdenes vigentes.
Con ello agregó un dato, "ninguna de las personas que ha sido detenida, o cometiendo delitos, ha estado empadronada". En ese sentido, indicó que "persona que no esté empadronada es prioridad para la expulsión".