patricia martín
Para evitar los escandalosos casos en los que personas condenadas por abusos sexuales a menores siguen trabajando en espacios donde hay niños, el Gobierno ha aprobado un real decreto destinado a reforzar el registro central de delincuentes sexuales, una herramienta que permite conocer los antecedentes de una persona antes de contratarle pero en la que se han detectado lagunas que ahora se tratan de solucionar, con el fin de blindar la protección de los niños.
La principal novedad de la reforma es que las empresas, oenegés, instituciones y algunos colegios profesionales podrán solicitar el certificado con los antecedentes en tiempo real. Hasta ahora son los interesados en trabajar con menores los que solicitan el documento y lo aportan al empleador antes de ser contratados, pero se han detectado "casos de personas que después de estar trabajando con menores [y haber aportado el certificado sin antecedentes] cometen delitos" sexuales contra niños, de ahí que la reforma permita a las empresas "actualizar o conseguir el certificado en tiempo real", contando con el consentimiento de sus empleados. "De tal manera, que tendremos un control efectivo y periódico de los antecedentes por delitos sexuales", ha argumentado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Denominación
Además, el registro, que se creó en 2016 precisamente para intentar garantizar que los condenados por pederastia no tengan contacto habitual con menores —a través de una base de datos que es gratuita pero no pública y que contiene datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual— incluirá a partir de ahora también a los condenados por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima. Por ello pasará a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
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