Mateo L. Belarte
La Generalitat tiene problemas de liquidez para afrontar a tiempo los pagos a proveedores. Así lo admitió la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, preguntada por las cifras del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), que sitúan a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía que más tarda en abonar sus facturas. A cierre de febrero el plazo medio era de 48 días cuando el límite legal es de 30.
La responsable de la caja pública valenciana reconoció que existen «dificultades» para abonar esas facturas, aunque evitó asumir responsabilidades sobre el cambio de tendencia (el Botànic dejó este indicador en 23 días y ahora se ha duplicado). En su lugar, culpó de los actuales problemas de tesorería al Gobierno central y a la herencia recibida del anterior Consell.
Merino defendió que el Ejecutivo autonómico está «trabajando» para reducir ese plazo «cuanto antes», el cual «ha crecido por causas sobrevenidas». En primer lugar, por la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y que «lastra» al Consell. A esto agregó que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado impide actualizar de momento las entregas a cuenta y la Generalitat recibe unos 90 millones menos al mes. La portavoz lamentó que la Moncloa «no tiene ninguna intención» de abordar la reforma y dejó entrever que se trata de una «asfixia» financiera intencionada.
La herencia del anterior Consell
El maltrato del actual modelo no es el único argumento utilizado por Merino para justificar el aumento en el tiempo de pago a proveedores. Según señaló, el anterior Consell dejó más de 3.300 millones de euros en facturas por pagar, los llamados expedientes de resarcimiento, los cuales habrían sido satisfechos por el nuevo Ejecutivo en estos primeros meses y habría atrasado los otros compromisos por ser de un «volumen inasumible», según explicó la portavoz del Consell.
Asimismo, Merino argumentó que también influye el dinero de la UE con el que contó el Botànic y que ahora ha dejado de llegar. Estos fondos europeos van a la caja única, por lo que se pueden emplear para otros fines, como el pago a proveedores. «Entraron miles de millones de fondos europeos y del Gobierno que al ser un sistema de caja única se han utilizado para otros fines», explicó Merino, quien añadió que se trata de una práctica legal. Pero ese grifo se ha cerrado «y nos encontramos con dificultades», reconoció la titular de Hacienda.
La consellera explicó que este dinero extra para combatir la crisis sanitaria de la covid fue el principal motivo por el que el Botànic rebajó el PMP a partir de 2020. Sin embargo, los datos históricos recogidos por el Ministerio de Hacienda rebaten este argumento. En 2016, el primer ejercicio íntegro del Consell de izquierdas, se cerró el año con un plazo medio de 54,63 días, pero a partir de ahí fue a la baja. También agraviados por el sistema de financiación y sin fondos de recuperación, el 2017 se cerró en 27,5 días; el 2018 en 34,8; el 2019 en 24,9 y el 2020, en 23,2 días.
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