A los buzones de decenas de autónomos de Castellón están llegando en las últimas semanas cartas que en absoluto traen buenas noticias. La Seguridad Social, a través de las mutuas de trabajo, está revisando las prestaciones que concedió a este colectivo durante la primavera del 2020, cuando se decretó el estado de alarma por el covid-19 y muchos negocios tuvieron que bajar la persiana. Y aunque han pasado cuatro años desde que se concedieron unas ayudas que en algunos casos superaron incluso los 6.000 euros, el Ministerio ha detectado ahora que muchas de aquellas solicitudes que en su día se aprobaron no cumplían los requisitos establecidos y está exigiendo a los beneficiaros a que devuelvan el dinero.
Durante los primeros meses de la pandemia, el Ejecutivo puso en marcha dos grandes líneas de ayuda para los autónomos: una prestación extraordinaria por cese de actividad y una ayuda para todos aquellos que, aunque no estuvieran obligados a cerrar, pudieran acreditara una caída de la facturación de, al menos, un 75%. En total, casi 22.000 autónomos de Castellón solicitaron estas ayudas (en el conjunto del país fueron algo más de 1,5 millones) y resultaron beneficiarios 18.232.
Y, ¿cómo es posible que la administración reclame ahora un dinero que abonó hace cuatro años? Una de las claves está en la rapidez con la que se tramitaron los expedientes. «Para solicitar aquellas ayudas solo fue necesario presentar una declaración responsable del autónomo, confirmando que cumplía los requisitos exigidos, y así se pudieron pagar rápidamente. El problema es que ahora se han revisado y la Administración se ha dado cuenta de que no todas cumplen los requisitos que se exigían», explican en Mediterrànea Abogados, un despacho de Castelló y que en las últimas semanas ha tenido que aportar documentación de clientes a los que las mutuas les reclaman devolver de la ayuda.
Errores de la Administración
Aunque la casuística es diversa, hay autónomos de Castellón que van a tener que devolver 28 euros, pero otros a los que la administración exige 3.000. «Hay casos de profesionales que pidieron la ayuda por la disminución de ingresos y el Gobierno les concedió la ayuda por cese de actividad. Ahora que lo han revisado se dan cuenta y piden el reembolso de la cantidad indebidamente cobrada, algo que como es lógico al autónomo no le hace ninguna gracia», añaden desde este despacho de abogados.
Amparo Mañez, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, asegura también que los teléfonos de estos profesionales echan humo. «Hay muchos autónomos que nos llaman para saber qué está pasando. En una primera fase se revisaron las ayudas por cese de actividad y ahora se están comprobando las de reducción de ingresos», explica mientras lamenta que los graduados sociales se han visto inmersos en un problema del que no son responsables. «Hace 4 años hicimos lo que se nos dijo y ahora lo revisan y parece como si la culpa fuera nuestra», sentencia.
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