La conmoción que envolvió a la comunidad cordobesa el 9 de julio de 2023, cuando dos perros atacaron y provocaron la muerte de la adolescente de 15 años Trinidad Ballesteros, hizo pensar que había llegado la hora de ponerles freno, de una vez por todas, a estas desgracias.
Como reacción a esa tragedia, ocurrida en barrio Estación Flores, de la ciudad de Córdoba, se idearon normativas de orden provincial y municipal para prevenir este tipo de incidentes, con foco en los perros potencialmente peligrosos. Además, se agravaron las sanciones punitivas a los dueños de animales que ataquen a personas en la vía pública.
Sin embargo, como suele suceder en otros asuntos que atañen a la sana convivencia y a la seguridad ciudadana, parece ser que poco cambió; o dicho de manera más grave, que nada cambió.
Días atrás, dimos cuenta de otra secuencia funesta. Durante el pasado fin de semana, cuatro personas fueron víctimas de estos arrebatos perrunos: una mujer de 61 años en barrio Bialet Massé, en la ciudad Capital, y otras tres atacadas por un perro de una raza considerada peligrosa en la localidad de Tanti, en el Valle de Punilla.
Es cierto que el Estado debe ocuparse de implementar iniciativas de seguridad más eficaces, pero gran parte de la responsabilidad recae en los dueños de estos animales. Si alguien es partidario de tener como "mascota" un perro de comportamiento riesgoso para la comunidad, debe ponerse a la altura de las circunstancias y acatar las medidas indispensables para evitar, entre otras cosas, las fugas callejeras de los canes.
En este contexto, asoma controversial el proyecto del legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) de "reducir drásticamente" la población de razas como el dogo argentino, el pitbull y el rottweiler, entre otros. Razona que la iniciativa tiende a bajar la población de perros agresivos y dejar una suerte de remanente para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
El control riguroso de parte de los propietarios y el seguimiento de las autoridades (que debe incluir a los perros callejeros que atacan y que no necesariamente cuentan con el pedigrí de razas consideradas agresivas) podrían redundar en soluciones menos drásticas y más eficaces.
Todos los proyectos serán de utilidad en la medida en que, una vez convertidos en leyes provinciales o en ordenanzas municipales, contribuyan a la solución del problema. Es de pura justicia honrar a una víctima del ataque de un perro referenciando su nombre en una normativa (ley Trinidad, por caso), pero si luego no obramos en sintonía con los preceptos legales, los animales seguirán atacando, si el instinto, el maltrato o el entrenamiento los impulsan a tener esa conducta.
Navegando en internet, es factible anoticiarse de que los entendidos en la materia nos dicen que muchos perros que agreden y ocasionan gravísimos desgarros a sus víctimas por mordeduras lo hacen porque se sienten amenazados, tienen miedo, sufren hambre o porque padecen un agudo estado de ansiedad. Y ello expone la alta responsabilidad que implica tener un animal en casa.