La reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la legalidad de la ubicación de Ence en la ría de Pontevedra debiera convencer de una vez a los empecinados en lo contrario de que su batalla está perdida. Incluso a pesar de que puedan acudir a jueces europeos para ver si así logran su objetivo, que es únicamente el cierre de la factoría. Con el gobierno local a favor del "peche xa" se lograría sobre todo una patada en la economía local mucho antes de lograr la hipotética mejora medio ambiental en la ría. Mejora que solo reclaman las organizaciones ecologistas, incluido Greenpeace, que es uno de los firmantes de los recursos que ahora rechaza el más alto tribunal español. Fallo que, dicho sea de paso, hace un favor al progreso presente y sobre todo futuro de la capital de la provincia.
La cuestión es que la realidad debiera poner punto y final a una polémica que, si fue justificada hace años, ahora carece de sentido. Si la factoría papelera contaminase lo que algunos dicen, estaría ya cerrada por orden de la Unión Europea, que tiene un reglamento específico y duro contra las actividades que supongan daños severos para el medio ambiente. Tuvo, en sus orígenes, motivos el ecologismo gallego para denunciar los peligros de una fábrica en el momento de su apertura, pero hoy en día las inversiones realizadas en ella la sitúan en una órbita de seguridad más que demostrada. Insistir en reabrir la discusión, como hacen BNG y PSOE, solo perjudica al comercio local sin compensar la inseguridad teórica que provoca.
Hay suficientes motivos para argumentar esas pérdidas, según estudios de las organizaciones mercantiles que operan en la comarca. Porque "celulosas", junto a las instalaciones de la Brigada Ligera Aerotransportable, son las palancas que la ciudad tiene para desarrollar su capacidad de preparación cara al futuro. Hablar del cierre o traslado de alguno de esos puntos de desarrollo es jugar a la ruleta rusa. Pero con más de una bala en el cargador. Y ese tipo de aventuras ni puede ni debe surgir de quienes tienen la obligación de guiar a la comarca y la capital hacia el rumbo adecuado para consolidar sus esperanzas de progreso.
En este punto procede una observación para nada malévola. La capital de la provincia se gobierna a día de hoy mediante una de las más extrañas combinaciones de cuantas aparecen en el mapa político municipal. Se trata de la inverosímil alianza entre un partido, el Bloque, que gobierna por la gracia del PSOE, y otro, el socialista, que regaló la Alcaldía al señor Lores a la vez que se proclama su oposición. Todo ello desde la aparente benevolencia del PP, que, como lista más votada, hace de "cuchara", es decir, ni pincha ni corta en la gobernanza local. Da la impresión de que los socialistas solo buscan la oportunidad de una coalición con cualquiera siempre que ellos tengan la Alcaldía, ahora o dentro de tres años.
Un asunto más. El evidente deterioro de la situación puede ser debido también en la más que exagerada duración del mandato del actual alcalde. Un cuarto de siglo de presencia al frente del municipio hace que muchas decisiones parezcan más propias de un propietario que de un administrador de la res pública y, aunque tenga esa presencia un origen democrático, no por ello disimula un cierto carácter autocrático en el proceder del equipo de gobierno. Quizá por eso la constancia, que es una virtud, parezca más bien empecinamiento, que con frecuencia es un vicio. Y ya se sabe que los empecinados suelen perder la razón más que mantener la serenidad.