La entrada del Estado en Telefónica se materializó oficialmente a finales del pasado mes de marzo, cuando la SEPI se hizo con un 3% del accionariado de la teleoperadora gracias a los recursos del Presupuesto de 2023, prorrogado durante 2024. Sin embargo, todo comenzó a orquestarse semanas antes, cuando el Ministerio de Hacienda prestó la inusual cantidad de 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales