El derogó una normativa que regulaba los precios de los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable, permitiendo a las empresas establecerlos libremente. Esta decisión fue tomada mediante el decreto 302/2024, publicado en el Boletín Oficial.
La normativa, que entró en vigor de inmediato, argumenta la necesidad de liberar el mercado y promover el libre desarrollo de estos servicios. Ahora, se espera conocer las decisiones de los proveedores respecto a los ajustes tarifarios que aplicarán en el futuro.
El decreto mantiene la obligación para los licenciatarios de fijar precios justos y razonables, que cubran los costos de explotación y promuevan una prestación eficiente. Sin embargo, elimina la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la regulación de precios.
Por otro lado, se sostiene el carácter de servicio público del Servicio Básico Telefónico, mientras que se deroga el reconocimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios esenciales y estratégicos, junto con la posibilidad de regulación por parte de la autoridad de aplicación.
Esta medida, que afecta directamente a millones de usuarios, plantea incertidumbres sobre posibles aumentos en las tarifas y abre el debate sobre el rol del Estado en la regulación de servicios básicos en el contexto actual.