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Nacional
martes, 30 abril 2024 | 16:55
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Ciudad de México.- Además de la violencia física, los periodistas en México enfrentan cada vez más diversas formas de acoso judicial dirigidas a intimidarlos o a silenciar su trabajo, advirtió José Mario Garza, presidente de la organización civil Perteneces.
Al presentar la Guía Legal para Personas Periodistas, alertó en particular sobre el abuso de la figura de daño moral para presionar a comunicadores.
Demandó la modificación de dicha figura en los códigos civiles federal estatales, pues, remarcó, ha representado un alto costo económico para periodistas y medios y los ha involucrado en largos y tortuosos litigios.
"Estamos viendo una violencia legal. Estamos viendo cómo la clase política en México ha encontrado un mecanismo para generar censura en contra de los periodistas", señaló.
En respuesta a publicaciones sobre corrupción o sobre violaciones de los derechos humanos, indicó, se presentan demandas de daño moral en tribunales del fuero civil en contra de periodistas y de medios de comunicación, e inicia una travesía legal, en la que los señalados deben enfrentar juicios que pueden durar años, durante los cuales deben estar pendientes de la instancias, de las audiencias, de los recursos, de los amparos.
"Tenemos que modificar la manera en que está regulado el daño moral en los códigos civiles porque tal como está va a seguir utilizándose como un mecanismo de amenaza contra periodistas", remarcó.
Garza anunció la creación de una red de abogados que brindarán asistencia legal pro bono a periodistas que enfrenten demandas por daño moral.
La Guía Legal explica que actualmente están tipificados como delitos la calumnia, la difamación y las injurias, mientras que el daño moral está sancionado en el ámbito civil.
"El daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor o vida privada", apuntó.
"De origen, el daño moral no pretendía limitar la labor de las personas periodistas ni el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, este mecanismo jurídico ha sido utilizado por personas que consideran que ciertas publicaciones periodísticas les causan un perjuicio".
Señala el caso de Sergio Aguayo, quien enfrentó un proceso de casi 6 años por una columna publicada en Reforma relacionada con el exgobernador priista Humberto Moreira, en el que se le llegó a imponer una sanción de 10 millones de pesos y en el que terminó absuelto por una resolución de la Suprema Corte de Justicia.
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