A casi dos años de que estallara el escándalo por el alquiler ilegal de las canchas de hockey en La Granja, la causa que investiga la Justicia quedó a un paso del juicio, aunque antes deberán resolverse los planteos de las defensas en el Tribunal de Impugnación. Los dirigentes acusados están sospechados de ganar dinero con el alquiler de las instalaciones que le pertenecen al Estado.
Si bien estaba previsto que se llevara adelante el control de acusación y la posterior elevación a juicio, los abogados de los imputados plantearon la nulidad del proceso y ahora la cuestión se resolverá en la autoridad superior. Para los defensores, se cometieron errores técnicos que harían peligrar las garantías de sus patrocinados, por lo que un juez de mayor jerarquía deberá definir.
Miguel Jofré, Mario Sanz y Daniel Samat fueron denunciados en agosto de 2022 por la nueva comisión directiva del CEF Nº20, por los supuestos negocios que hicieron con el alquiler de las canchas, durante 2019 y 2021. Se estima que habrían sacado provecho del bien del Estado y que la suma recaudad ascendería los 5 millones de pesos.
Jofré cumplía funciones como subdirector del CEF Nº20 en ese período, mientras que Sanz era el presidente de la cooperadora. Al primero le imputaron los delitos de peculado, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público como autor responsable, en tanto que al segundo le endilgaron la participación necesaria.
El exdirector del lugar, Samat, quedó implicado puesto que se suponía que debía controlar lo que sucedía en el establecimiento. Además, la fiscalía -encarnada por Francisco Micheltorena y César Recio- indicó que estaba al tanto de las presuntas irregularidades desde 2021 y que, recién un año después, inició el sumario administrativo tras la denuncia penal. La calificación en su contra es la de falta a los deberes de funcionario público.
Por su parte, Sandra Vilanova, la supervisora de área que cumple funciones para el Ministerio de Educación, había quedado vinculada a la causa por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. Sin embargo, fue la propia fiscalía la que pidió que se la sobreseyera porque no se encontraron elementos para sostener la acusación en su contra.
Agustín Idemi, el abogado de la funcionaria, indicó que la situación de su defendida se resolverá en otra audiencia aunque destacó que su desvinculación del caso ya estaría encaminada y que todo depende de una cuestión formal, cuando la jueza María Gema Guerrero dicte el sobreseimiento.
Franco Montes y Marcelo Fernández, que se presentaron como los nuevos abogados de Jofré, junto a Marisel Sanz (defensora de Sanz) y Laura Viviana Pelayes (defensora de Samat), presentaron la resistencia con las nulidades ya que se habría dado un cambio de magistrados de Garantía durante el proceso y ello para las defensas sería una irregularidad. Una vez resuelto el tema, podrían ocurrir dos cosas: que la causa se caiga o bien que se eleve a juicio.
Del proceso también participan como querellantes, en representación de la Fiscalía de Estado, los letrados Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, dado que la Administración Pública habría sido la damnificada en toda esta cuestión.