La decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno se produce cuando aún existen múltiples claroscuros en cuanto a su gestión económica. El balance está inevitablemente vinculado a la pandemia de COVID-19. No solo porque interrumpió una tendencia al alza del crecimiento económico, iniciada tras la crisis financiera, sino porque también paralizó la consolidación fiscal de las administraciones públicas.
En términos económicos, en general es positivo: la economía ha crecido vigorosamente tras la pandemia. Fue de las últimas en recuperar sus niveles de finales de 2019 -también fue de las más golpeadas-, pero el impacto posterior de la guerra en Ucrania ha permitido mejorar la comparación.
Si otras economías europeas acusaron la crisis energética, en España tuvo un efecto más reducido. A falta de los datos del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre que publicará el INE este martes, la economía española está en torno a un 3% por encima de los niveles pre-COVID.
1,9 millones más de puestos de trabajo
El mercado laboral, que acusó una cierta desaceleración a principios de este año, ha sido uno de los motores de la economía, sosteniendo la demanda interna en un momento de gran inflación que golpeó, sobre todo, a los hogares más vulnerables. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en junio de 2018, la inflación acumulada es de un 17,9%.
En ese mismo periodo, fijándonos en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2018 y los del primer trimestre de 2024, aunque no son plenamente comparables por cuestiones estacionales, hay 1,9 millones de ocupados más. De los 19,3 millones de 2018 a los 21,2 anunciados el pasado viernes. Ha aumentado la población activa: hay 1,3 millones de activos más, arrojando un mercado laboral de 24,2 millones de personas. Y ha bajado el paro: hay medio millón menos de desempleados, aunque aún roza la cifra de los tres millones. La tasa de paro ha pasado del 15,3% en el segundo trimestre de 2018 al 12,3% en el primero de 2024.
En cuanto al Estado, hay más trabajadores públicos que nunca. De acuerdo con los últimos datos de la EPA, hay más de 3,5 millones de empleados en las Administraciones Públicas. Son 433.000 más que a la llegada de Sánchez. Esta cifra tiene un matiz: al tratarse de una encuesta, muchos de los trabajadores de subcontratas al cargo de Ayuntamientos, por ejemplo, pueden responder que trabajan para el sector público, aunque en realidad lo hacen en el privado.
Sin embargo, estas cifras no son tan diferentes de la que arrojan otros registros como el Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas que elabora Función Pública. Los últimos datos son de julio del año pasado, pero arrojan un total de 2,96 millones de funcionarios. 384.000 más que en julio de 2018, los primeros datos a la llegada del socialista.
El déficit y la deuda siguen desbocados
El balance de estos últimos años es menos positivo en lo relativo a las cuentas públicas. 2018 cerró con un déficit del 2,6%, por fin en la disciplina europea (3% de referencia). Esta cifra empeoró ligeramente en 2019, descuadrándose ligeramente por encima del objetivo (3,1%), pero el golpe definitivo llegó con la pandemia, descuadrando el saldo entre gastos e ingresos públicos por debajo del 10%.
Desde entonces las cifras se han recuperado y el objetivo del año pasado fue mejor de lo esperado por el Ejecutivo (3,7%, cuando aspiraban a un 3,9%). Sin embargo, con la reaplicación de las reglas fiscales, aún es insuficiente y hay muchas dudas entre los observadores de la economía española -nacionales e internacionales- de que este año se vaya a alcanzar el 3%.
Esta dificultad de cuadrar las cuentas públicas, en un contexto en el que el Ejecutivo renunció a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para este año, sigue presionando sobre la deuda pública. Este es otro de los indicadores que han empeorado por el shock de la pandemia y el gasto público necesario para sostener la actividad. 2018 cerró en el 100,4% del PIB, con un importe de 1,21 billones de euros. Bajó por debajo del 100% en 2019 pero, de nuevo, el COVID-19 disparó estas cifras. El año pasado cerró en el 107,4% del PIB, por un montante de 1,57 billones de euros. En total: 36.000 millones más de deuda pública.
Sánchez tendrá que presentar, inevitablemente tras la adopción definitiva del nuevo marco de gobernanza económica, un plan fiscal estructural a partir de septiembre y continuar con el despliegue de los fondos europeos. El cuarto desembolso lleva más de un año de retraso y la solicitud para el quinto debería producirse en este ejercicio.