CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Senado de México aprobó el miércoles una reforma a una ley de amparo que impide que los jueces puedan suspender leyes, normas y obras impugnadas en juicios de amparo, algo que ha ocurrido en los últimos años.
Con 66 votos a favor y 37 en contra, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas lograron la aprobación de la controversial reforma, que según especialistas vulnera el derecho de las personas al acceso a la justicia porque limita la posibilidad de que puedan recurrir a una medida cautelar para bloquear alguna ley u obra que estimen los afecta.
Ahora la reforma pasará a la Cámara de Diputados, también controlada por el oficialismo, para su aprobación definitiva.
El senador oficialista Ricardo Monreal desestimó las críticas contra la reforma que presentó este mes en el Congreso, y dijo que con los cambios se busca "evitar que se abuse del sistema legal" y garantizar que las suspensiones sólo se otorguen para cada caso individual y "no de manera general contra las leyes".
La oposición en bloque objetó la reforma, acusando a los congresistas de Morena y sus partidos aliados de aprobar de manera rápida la llamada "ley antiamparo" para atender los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, luego de que algunos jueces han suspendido temporalmente iniciativas y proyectos promovidos por el Ejecutivo en los últimos años.
Entre las voces que se alzaron contra los cambios a la ley estaba la senadora Nancy de la Sierra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acusó al oficialismo de no prestarle atención a los asuntos y leyes urgentes, y sólo darle prioridad "a lo que el presidente les ordena".
"Estas ocurrencias absurdas afectarán a los grupos más vulnerables", declaró De la Sierra, y aseguró que la reforma responde al "rencor del presidente contra el Poder Judicial".
En el sector empresarial también surgieron críticas contra la reforma. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo la semana pasada en un comunicado que la iniciativa es "contraria" a los principios fundamentales establecidos en la Constitución, y "pone en riesgo los derechos colectivos".
En los últimos años la Suprema Corte y algunos tribunales han suspendido varias iniciativas y proyectos promovidos por López Obrador, como las reformas eléctrica y electoral y la construcción de algunos tramos del Tren Maya, un ferrocarril turístico del sur del país que es uno de los proyectos estrella de su sexenio.
Las decisiones han alentado críticas del mandatario contra los integrantes del Poder Judicial, a los que ha señalado de incurrir en "corrupción" y "derroche de recursos" y de estar al servicio de los "potentados" y la "mafia del poder económico y político".