La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut recordó este martes que la designación de un/a integrante del Superior Tribunal de Justicia implica un acto de "suma trascendencia institucional", razón por la cual "es imprescindible que las personas que integren el Máximo Tribunal posean integridad, honestidad, una incuestionable moral pública e idoneidad suficiente para cumplir con las exigencias de la función, para lo cual es necesario acrediten estándares profesionales más elevados y un decidido compromiso con la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, el sistema democrático y republicano de gobierno y una trayectoria proactiva en contra de la violencia de género y en favor de los derechos humanos de toda la ciudadanía".
Es por ello que consideran "una afrenta al pueblo chubutense la proposición de un profesional oriundo y domiciliado en otra jurisdicción, además de no cumplir con el requisito previsto en el último párrafo del Artículo 67 de la Constitución Provincial, ni con el art. 4 de la Ley V Nro. 152, que privilegia la diversidad regional en la integración del Máximo Tribunal, en clara referencia a las diversas regiones que conforman el extenso territorio de la provincia del Chubut".
Asimismo, resaltaron que "conforme la actual integración del Máximo Tribunal, el cargo vacante debe ser cubierto por una mujer, en cumplimiento con la paridad de género, dispuesta en el art. 4 de la Ley V Nro. 152, los Tratados Internacionales, las recomendaciones generales núm. 33 (2015), núm. 40 (2024) y las observaciones finales del año 2016 del Comité de la CEDAW".
Añaden que "el reparto igualitario e inclusivo del poder de decisión es vital para encontrar nuevas soluciones a los retos fundamentales de la sociedad actual, como son los avances tecnológicos, el cambio climático, el desarrollo económico sostenible y la estabilidad política".
Es por ello que "impugnamos la postulación del abogado bonaerense Javier Gastón Raidan para ocupar el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia realizada por el señor gobernador de la Provincia, Ignacio Agustín Torres, en ejercicio de las facultades establecidas en el inc. 9 del artículo 155 de la Constitución del Chubut (publicada en el Boletín Oficial del día 29 de abril de 2024) quien, conforme surge de los antecedentes publicados, no tiene residencia en la provincia y no posee, siquiera, la capacitación en género que impone la 'Ley Micaela'".