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Ayudantes fiscales se necesitan
Faltan ayudantes fiscales desde hace tiempo en Mendoza, porque muchos renuncian para dedicarse a otros rubros de la actividad privada, como el comercio, entre otros.
Lo hacen por cuestiones salariales pero también por el alto riesgo y la exigencia emocional que implica trabajar en ciertas fiscalías donde, de pronto, un sábado o un domingo -a cualquier hora- deben tomarles, por ejemplo, declaraciones a víctimas de agresiones -sexuales u otras- o a sospechosos de cometer asesinatos u otros delitos penales.
Los ayudantes fiscales son el primer eslabón de una larga cadena del servicio público de Justicia: son los que están cara a cara con el delito y sus consecuencias.
De hecho, está en desarrollo el concurso público que el Ministerio Público Fiscal lanzó en 2023 para tener a 500 personas listas para integrarse al sistema judicial. Doscientas para fiscalías del Gran Mendoza (Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Lavalle, Luján y Las Heras), ciento cincuenta para la Segunda Circunscripción Judicial (San Rafael, Alvear y Malargüe) y otras tantas para la Tercera (San Martín, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Junín).
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El final de la paritaria y el reinicio del plan de lucha
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que "Judiciales no aceptó ninguna de las propuestas de incremento salarial ofrecidas para el segundo trimestre. Los salarios del mes de abril que se pagarán la semana próxima, ya se han liquidado sin aumento, es decir sin variaciones respecto a lo liquidado en marzo de 2024. No se ha dispuesto ningún aumento salarial por decreto".
"El Gobierno dio por cerrada la paritaria, así que iremos al plan de lucha", replicó Ricardo Babillón, de Judiciales, a Diario UNO, lo que anticipa que se vienen semanas complejas en la prestación del servicio judicial en el Ministerio Público.
¿Cómo impacta esta situación en la tramitación y resolución de expedientes en el Fuero Penal? Sergio Molina, electo presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, lo explicó con una frase contundente: "Uno o dos días de paro en el Poder Judicial significan 15 días de demora en los expedientes".
Desde el gremio meten presión y reclaman públicamente que la Suprema Corte de Justicia ejerza su rol de patronal y contribuya a la resolución del conflicto.
Babillón y su gente sienten -y así lo han dicho- que ninguno de los ministros del máximo tribunal se ocupa del tema, más allá de que, en este caso, las fiscalías dependan directamente del Ministerio Público Fiscal y de que los sueldos corran por cuenta del Estado provincial, es decir del Gobierno.
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