- Sociedad El Consell promete a los bomberos forestales el tercer turno y un plan de renovación de material para desactivar la huelga
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La consejera de Vox, Elisa Núñez, está en el ojo del huracán y es a día de hoy el flanco débil del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón. La cartera de Justicia e Interior que ostenta la abogada no es solo una de las principales áreas que dirige Vox, sino que lo es también de todo el Consell. No en vano, de este departamento depende todo el servicio de Emergencias y, en consecuencia, la gestión de los incendios que ha puesto al colectivo de bomberos en pie de guerra. A ello se suman las dudas de Núñez a la hora de calificar a Franco como dictador en pleno debate sobre la futura ley de Concordia, lo que ha obligado a Mazón a hacerle un marcaje en toda regla.
Cuando el verano ni siquiera ha llegado y la temporada de incendios ha comenzado ya con el de Tàrbena, el Consell de PP y Vox se ha visto sorprendido por la amenaza de huelga de los bomberos. Así que Mazón se arremangó este martes para acabar con el pulso de los bomberos forestales. La denuncia de su situación laboral precaria no es nueva y, de hecho, se arrastra desde la anterior legislatura, cuando pasaron a formar parte de la empresa pública Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia (SGISE).
Sin embargo, las dificultades de Núñez para desencallar el conflicto, a lo que se suma la denuncia de recortes presupuestarios por parte de los bomberos forestales, han llevado al presidente de la Generalitat a tener que asumir en primera persona el diálogo con el colectivo. Núñez ya se había reunido con los representantes sindicales, pero el encuentro de este martes era el primero al que acudía directamente Mazón.
El jefe del Consell les ha prometido diálogo para tratar de solucionar lo que a juicio de esta Administración es un "desastre organizativo" heredado en la SGISE. "La Generalitat entiende sobradamente sus quejas", afirmó Mazón, que prometió tras la reunión el tercer turno ya este año, una plan para la renovación de material y una mesa permanente para negociar cuestiones como el futuro convenio colectivo.
Pero esta no es la única mina que ha pisado Núñez, que en una reciente entrevista con Las Provincias evitó referirse a Franco como dictador y se limitó a decir que para ella era un "personaje histórico". Una declaración polémica y contradictoria con la que pocos días antes había hecho el propio Mazón en las Cortes con motivo del inicio del trámite parlamentario de la proposición de ley de Concordia pactada entre PP y Vox. "Sí, fue un dictador", afirmó Mazón sobre Franco a preguntas del PSOE.
El rodeo de Núñez para no calificarlo como tal llevó el lunes a Mazón a desautorizar su comentario en público: "Soy el presidente de todo el Gobierno de la Generalitat Valenciana y yo ya he dicho que eso fue una dictadura". Horas después, la consejera de Justicia tuvo que rectificar sus palabras.
En esta línea, el portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos, aseguraba este martes que Franco fue "un personaje histórico" como lo fueron también "Stalin, Azaña, Carlos III y Julio César". Pero, a continuación, agregaba que "todas las dictaduras son rechazables" y que el franquismo lo era porque "no había libertad de partidos".
En realidad, Mazón ya advirtió desde el principio a su socio de que la línea y el argumentario político del Consell lo marcaría él como presidente de la Generalitat y, sobre todo, como presidente de un "único gobierno". En el pacto va implícito, eso sí, que cada partido se responsabiliza de sus áreas en el Consell.
El otro punto tiene que ver con la posibilidad de discrepar en el ámbito parlamentario. Es decir, PP y Vox no siempre van de la mano en las Cortes, a diferencia de lo que solían hacer PSOE, Compromís y Unidas Podemos cuando gobernaban. Y es lo que provocó este martes que las chispas volvieran a saltar entre PP y Vox.
El PP ha propuesto que en las Cortes se cuelgue la bandera LGTBI el 17 de mayo (Día contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (Día del Orgullo), una propuesta a la que se opondrá Vox con el argumento de que no hay que hacer "discriminaciones, ni positivas ni negativas". El choque entre los socios no es nuevo: ya se produjo a cuenta del veto de Vox al premio Guillem Agulló contra los delitos de odio, de la misma forma que los de Santiago Abascal se han negado a poner su firma en la proposición de ley para cambiar la Agencia Valenciana Antifraude.