Salvador Lachica
La Discapacidad es el área que más reclamaciones ciudadanas recibe, después de Dependencia, en la Diputación del Común. El propio titular de la institución, Rafael Yanes, recordó hace semanas que en los últimos tres años las quejas del área de Discapacidad crecieron un 119% y en su intervención del día 8 de abril en el Parlamento para defender su informe referido a 2023 incidió en que "los importantes problemas que tenemos en Dependencia han logrado que los graves incumplimientos en Discapacidad pasen desapercibidos", por lo que anunció la intención de efectuar un informe específico sobre este área, una tarea que heredará su sucesora en el cargo, Dolores Padrón.
La falta de personal, según Yanes, es la causa de una situación indeseable: se tardan 60 meses (cinco años) para la resolución de grado de discapacidad cuando la ley prevé que se haga en medio año.
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento la consejera de Bienestar Social, evidenció que el Ejecutivo ha escuchado las quejas llegadas a Yanes y explicó que en los últimos meses la Dirección General de Discapacidad ha dedicado todo su esfuerzo a "adoptar las medidas necesarias que permitan incrementar el número de valoraciones y disminuir los tiempos de espera", hasta el punto de que en marzo, "por primera vez en años, se realizaron más valoraciones que las contabilizadas en los registros de entrada".
Delgado, que respondió a una pregunta del Grupo Socialista, incidió en la contratación de 12 médicas y médicos para incrementar el proceso de valoración en estos últimos meses y adelantó que, además de esta docenas de contrataciones médicas, se acordó "incorporar más personal valorador para crear cinco equipos adicionales completos, lo que supondrá contratar otros cinco médicas o médicos, cinco psicólogas o psicólogos, cinco trabajadoras o trabajadores sociales y cinco auxiliares administrativos" en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
Además, se firmarán convenios con los cabildos para la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales, que den soporte a los centros de valoración de la discapacidad y mejorar el sistema informático para "organizar el trabajo en torno a un sistema que permita integrar toda la información, incluyendo agentes externos vinculados a la materia".
Por último la consejera apuntó que se está culminando "una modificación normativa" cuyo objetivo es "poder emitir tarjetas identificativas en todo el Archipiélago que recojan el grado de discapacidad igual o mayor al 33%".
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