Cumplidos más de tres años desde que el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO), Carlos Fernández Gómez, su mujer y su hija fueron detenidos por un supuesto fraude, la instrucción concluyó y, el pasado mes de septiembre, el Juzgado 2 de Vigo observó indicios de presuntos delitos continuados de blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental. La causa penal está a la espera de que se fije fecha para el juicio. Aunque, salvo sorpresa, se reducirá a una vista de conformidad por el acuerdo al que ya han llegado la defensa y la Fiscalía –el resto de partes, incluido el COEPO, se han salido de ella– y cuyo contenido concreto aún se desconoce. Mientras tanto, ¿qué sucede con la entidad profesional?
¿Quién dirige el colegio?
Entre las medidas cautelares que fijó tras las detenciones, en marzo de 2021, el juez suspendía de sus funciones al presidente y ponía la gestión del COEPO en manos de dos administradores judiciales. Estos cesaron en su cargo el pasado 15 de diciembre y la misma junta de gobierno constituida en 2018 volvía a ser "responsable de su funcionamiento", tal y como ella misma explicaba en la web. El presidente de la misma sigue siendo Carlos Fernández. Desde los servicios jurídicos del colegio explican que el auto de alzada no se refiere a si sigue suspendido o no, pero ante esta situación su dirigente desde hace 38 años "no ha querido incorporarse a la Presidencia". Cuentan que está al frente la vicepresidenta, Marisol Montenegro. En un comunicado reciente de la junta– del 19 de abril– que explican que son solo cuatro los "miembros aún activos" en ella. Se autodenominan junta "de transición" para "garantizar la inmediata gobernabilidad [...] aclarando y estabilizando los recursos" para "propiciar un nuevo proceso electoral".
¿Y por qué no convocan elecciones ya?
En esa misma notificación para los casi cuatro mil socios sostienen que, para poder hacerlo, deben someter al colegio a una auditoría y, como señalan que no disponen de un informe del fin de la Administración judicial" y tras "hallazgos poco tranquilizadores", encargaron una externa a KPMG Forensic en febrero para evaluar la gestión de estos. Destacan que de ella "pende la celebración de nuevas elecciones".
Hay otra cuestión que condiciona los comicios. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir los últimos, los celebrados en 2018, por vulnerarse la transparencia del proceso. El COEPO la recurrió al Supremo para que en la repetición solo puedan concurrir las dos candidaturas presentadas hace seis años. El tribunal aún no ha comunicado si lo admite a trámite. Así que, mientras no se resuelva esto, una posible celebración estaría envuelta en cierta incertidumbre. En 2025 se acaba el mandato.
¿De qué acusan a los administradores judiciales?
En su comunicado del 19 de abril, la junta acusa a uno de los administradores de "abuso de poder" y a ambos de "numerosos desfases contables". Hablan de "operaciones contables confusas" entre las que observan "transacciones hechas por los propios administradores que, hasta la fecha, carecen de soporte documental o razonabilidad económica". Los acusan de "controvertida actuación" en "la contratación de proveedores de servicios que no constaba en condiciones de imparcialidad, calidad y oportunidad económica, pues se han revelado cercanos al ámbito personal y profesional de uno de los administradores".
¿Y mientras?
Gestiona la junta con un "criterio de austeridad y amortización de medios", según asegura en el citado comunicado. Cuenta que ha rescindido los contratos de proveedores cerrados por los administradores y ha contratado con otros, siguiendo "criterios objetivos de rentabilidad y suficiencia / calidad".
¿De cuánto es la deuda del COEPO?
Es con el Consejo General de Enfermería (CGE) y la cifran en más de siete millones de euros. Por ahora, se mantiene la moratoria del pago pactada por los administradores y solo se satisfacen las nuevas cuotas.
¿Qué opina el CGE?
Valora positivamente que la junta del COEPO comparta la situación actual, pero recuerda que la coyuntura judicial y económica "viene derivada de la mala gestión realizada durante años por la misma junta directiva". Para el CGE, la entrada de los administradores judiciales "resultó muy positiva, ya que en todo momento mostraron su voluntad de poner orden en la entidad y de intentar arreglar, en la medida de lo posible, la situación derivada de la mala praxis del presidente y de algunos miembros de la junta". Asegura que mostraron "en todo momento al Consejo su buena disposición y su gesto supuso un cambio en la relación" con el COEPO. Aplaude que permitieran el conocimiento real de la deuda existente y que pusieran en marcha los mecanismos para que no siguiera creciendo. Sin embargo, apunta que no entra a valorar las acusaciones del COEPO sobre los administradores al no tener "toda la información".
"Somos conscientes de la dificultad que puede suponer hacer frente a la deuda existente y hemos mostrado a la junta directiva de COEPO nuestra disponibilidad para buscar el modo de amortizar la deuda más satisfactorio para ambas partes", señala y añade: "En todo caso, esa obligación de pago ya ha sido confirmada por sendas sentencias judiciales y el COEPO debe plantear soluciones y propuestas realistas para sanear su situación económica y cumplir con sus obligaciones". Asegura que desde el CGE "se está trabajando para que el COEPO sea el referente de las enfermeras/os de Pontevedra y preste servicios a sus colegiadas con normalidad, garantice su viabilidad económica y recupere su patrimonio". "Estamos haciendo lo posible para que el Colegio cumpla con sus fines y funciones para defender los intereses y la seguridad de los pacientes y usuarios, además de los profesionales de enfermería", insiste.
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