Los investigadores del caso Puertos, la macrocausa judicial de presunta corrupción entorno a la Autoridad Portuaria de Baleares cuando Joan Gual de Torrella era su presidente entre 2015 y 2020, están recabando información económica en Suiza. El juzgado de Palma encargado de instruir el caso ha solicitado auxilio internacional a las autoridades suizas, mediante una comisión rogatoria, para que faciliten una serie de documentación y datos.
Estas pesquisas coinciden con el levantamiento del secreto de todas las actuaciones, ya que precisamente las autoridades suizas comunican a la persona afectada por la comisión rogatoria el traslado de la información. Así pues, en este momento, se han dado a conocer tres piezas secretas del macroproceso judicial: la pieza número 5, que investiga un presunto trato de favor del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Gual de Torrella, a las empresas Sitges Reunides y Transpulve 2009 SL en la concesión para explotar un silo de cemento en el Port d'Alcúdia; la pieza número 7, que indaga acerca de los vínculos entre Gual de Torrella y la entidad Plumbago SL y las contrataciones llevadas a cabo a través de esta sociedad; y la pieza número 9, por un supuesto favorecimiento a la abogada del Estado y asesora de la Autoridad Portuaria a través de su marido en la contratación por parte del organismo portuario mediante una empresa interpuesta y la presunta influencia ejercida para dicha contratación.
Nueve piezas
En total, la macrocausa del caso Puertos se dividió en nueve piezas. Dos de ellas, la número 6 y la 8, relativas a las concesiones de astilleros y de un edificio comercial en el puerto de la Savina, en Formentera, fueron archivadas hace varias semanas al no existir indicios de delito. Otras dos piezas, la 3 y la 4, que versan sobre las presuntas irregularidades para prorrogar la actividad del Club Náutico de Eivissa y sobre la concesión de amarres en el puerto de Maó, respectivamente, se han acumulado en una única para ser juzgadas a la vez. Precisamente, un auto reciente, en el que la magistrada instructora acuerda levantar el secreto de toda la causa, destaca que en la pieza 3 se han analizado más de 300.000 correos electrónicos correspondientes a los investigados, "una tarea ímproba llevada a cabo por la fuerza actuante con un número muy reducido de efectivos humanos, lo que hace que el tiempo invertido en dicho análisis, que en abstracto podría parecer excesivo, esté más que justificado". El macroproceso se inició hace ahora cuatro años y las pesquisas fueron declaradas secretas. Se trata de un caso extremadamente complejo, con diversidad de hechos, una ingente cantidad de documentación para analizar y con unos medios de investigación limitados.
Tres delitos
El principal encausado, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears, Joan Gual de Torrella, se enfrenta a varios delitos contra la Administración Pública en la pieza número 7. Según la magistrada instructora, la calificación concreta del delito resulta prematura en estos momentos, a la espera de la documentación intervenida en un registro practicado el pasado 16 de abril y de posteriores diligencias. Sin embargo, el auto judicial apunta a los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, todo ello sin perjuicio de otras calificaciones que pudieran surgir según el desarrollo de las pesquisas.
En esta pieza, se imputa a Gual de Torrella haber mantenido "relaciones de control e interés económico directo" en la sociedad Plumbago SL mientras la Autoridad Portuaria llevaba a cabo contratos con esta entidad. Estas relaciones, según el juzgado instructor, están constatadas por comunicaciones personales intervenidas y por flujos económicos. El auto resalta también que durante el periodo en que Gual de Torrella ocupó la presidencia del organismo portuario, entre 2015 y 2020, la institución efectuó al menos 24 pagos a la mercantil Plumbago SL por un importe de 62.781 euros.
Además de imputar por estos hechos a Joan Gual de Torrella, quien anteriormente se dedicaba a negocios de catering, el juzgado también investiga a la sociedad Plumbago SL, cuyo domicilio fue registrado a mediados de mes, y a su administrador, el supuesto cooperador necesario, colaborador y amigo personal de Gual, quien presuntamente posibilitó que el entonces presidente de la Autoridad Portuaria obtuviera para sí o para sus familiares "un beneficio económico" sin que advirtiera su participación, "ocultándola y remunerándola". Gual de Torrella en sus declaraciones judiciales ha negado los cargos y ha alegado que las concesiones se ajustaron a la legalidad.
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