José R. Sánchez López
Arrecife
Martes, 9 de abril 2024, 23:01
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Los más de 150 trabajadores de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) están llamado a celebrar asambleas, con vistas a valorar la opción de hacer paros, como los ya sucedidos en el otoño de 2022. De nuevo, debido a impagos, según fuentes sindicales.
La mayor parte de los profesionales de Adislan, que a diario prestan servicio a varios cientos de usuarios, están pendientes de percibir parte del sueldo del pasado mes. De marzo han cobrado muchos de ellos la cantidad de 800 euros, con el añadido de que está por ver cuándo recibirá el personal la cuantía restante, según la queja dada a conocer por el comité de empresa, con presencia mayoritaria del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).
Y no es la primera vez que en los últimos meses se han hecho los abonos de los salarios de manera fragmentada; de manera que poco ha variado la situación de constante incertidumbre que la plantilla viene soportando desde hace años, en versión laboral.
Además, está por ver todavía qué pasa con los atrasos pendientes de 2022, a pesar de que se había establecido un compromiso por la dirección, atendiendo a los ingresos periódicos que se aportan por el Cabildo, de tener cerrado este capítulo en junio de 2023. Cabe recordar que este acuerdo fue básico para que los profesionales desconvocaran las movilizaciones de los meses finales de 2022, con huelga y varias protestas ante la sede en Tahíche, con apoyo de usuarios y sus familias.
«Esta falta de cumplimiento es inaceptable y afecta la estabilidad económica de las personas trabajadoras de Adislan», según la valoración del comité de empresa; añadiéndose que «la calidad del servicio se verá perjudicada debido a la ansiedad y la incertidumbre generadas por esta situación».
Visto el cúmulo de circunstancias descritos, la representación laboral entiende que hace falta la implicación directa de la primera Corporación, retomándose así la demanda que ya se planteara en 2022 por los trabajadores de Adislan. «Esto puede lograrse mediante un concierto social, la gestión directa pública del Cabildo, o un convenio transitorio real, sin poner en riesgo ningún puesto de trabajo ni la calidad del servicio», según se ha trasladado a la opinión pública.
Se sostiene la demanda en que «Adislan no tiene la capacidad financiera suficiente para mantener la gestión de las plazas públicas de residencia, centros de día y viviendas funcionales».
Caso de hacerse movilizaciones, primeramente se optará por la fórmula de paros parciales. No se descarta uno indefinido.
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