Julio Pérez
La guerra judicial alrededor de las autorizaciones de proyectos de energía eólica se libra en dos campos de batalla. En Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) suspendió de forma cautelar hasta ahora 27 parques con 686 megavatios (MW) y casi 600 millones de inversión por el posible impacto medioambiental.
Antes lo hizo por la tramitación, pero el Tribunal Supremo tumbó los argumentos de los magistrados gallegos de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo con su aval al recorte de plazos aplicado por la Xunta y la entrega de los informes sectoriales de los organismos implicados en el examen de las infraestructuras en una fase posterior a la exposición pública del proyecto para la presentación de alegaciones. Las propuestas con potencias superiores a los 50 MW son competencia estatal. De su revisión se encarga el Ministerio para la Transición Ecológica, que aprobó siete proyectos en Galicia con 656 MW en total en la gran criba de hace un año para cumplir el calendario de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica. También a ellos les afecta la maraña de recursos de organizaciones ecologistas, aunque con un resultado diferente.
Rechazo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), encargado de los recursos contra los permisos de Transición Ecológica, rechaza aplicar la medida cautelar de paralización de proyectos que el TSXG sí está aceptando de forma generalizada. En una resolución del pasado lunes, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo defiende que sigan adelante los parques Ozar (56 MW repartidos en 10 aerogeneradores) y Tornado (67,2 MW y 12 molinos), impulsados por Greenalia en los municipios coruñeses de Carballo, Tordoia, Val do Dubra y Trazo, porque ni aprecia un fraccionamiento artificial del proyecto, ni pone en duda la labor de los trabajadores públicos que sacaron adelante el informe de impacto favorable.
Ante la demanda de la asociación Ecologistas en Acción Galicia, que acusó a la administración estatal de "minimizar la evaluación de impactos acumulados" en una zona de "una elevada concentración de aerogeneradores", el TSJM sostiene que la supuesta afección al territorio "sería reversible", pero no habría marcha atrás, en cambio, en la pérdida del enganche a la red para el promotor por incumplir el plazo para obtener la autorización de explotación si el proyecto se suspende.
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