La economía española, a la vista de los buenos datos de crecimiento del primer trimestre –superior al esperado– y de los positivos resultados de las grandes empresas, parece ir por un lado, y la política, por otro, empantanada en un estéril enfrentamiento entre los dos grandes partidos del país. Pero no hay que engañarse. La economía española afronta, a medio y largo plazo, grandes desafíos que requieren, a su vez, de amplios consensos políticos para poder superarlos con éxito.
El primer gran desafío, como alerta el informe anual del
Banco de España –en línea con las advertencias de la Comisión Europea–, es la necesidad de garantizar la sostenibilidad de
las pensiones. Los gastos por prestaciones crecen por encima de los ingresos por cotizaciones y eso provoca un creciente déficit, cuya financiación acabará por resultar insostenible para los presupuestos del Estado. La evolución de la pirámide demográfica enfrenta, asimismo, a la sociedad española a otro gran desafío. El progresivo y acelerado envejecimiento de la población dejará al país sin mano de obra suficiente para cubrir sus necesidades productivas y de servicios e, igualmente, para cotizar a la Seguridad Social, con lo que se agravará la dificultad de financiar las pensiones. La dimensión del problema es colosal.
El Banco de España pide calidad institucional y generar confianza
En este sentido el Banco de España ha advertido que, desde ahora hasta el 2053, en los próximos veintinueve años, la economía española necesitará atraer a veinticinco millones de inmigrantes, más de la mitad de la población actual. No está garantizado que se pueda atraer ese importante flujo migratorio y, además, en caso de lograrlo, será necesaria una inteligente y eficaz política de integración social, educativa y cultural.
Dicha impresionante necesidad de mano de obra extranjera es, sobre todo, un grito de alarma para la exigencia inmediata de una potente política de fomento de la natalidad, lo que a su vez exige vivienda y medios de vida dignos para las nuevas familias que se puedan formar. El fomento de la natalidad es otra de las grandes políticas que requiere consensos de Estado.
También llama a la puerta la urgente necesidad de acordar un plan de consolidación fiscal para reducir el elevado endeudamiento del Estado, que se encuentra en niveles históricamente altos, que aumenta año tras año y que constituye una de las vulnerabilidades más graves de la economía española. El pago de intereses por la deuda es igualmente insostenible.
A corto plazo, la economía evoluciona favorablemente, como lo demuestra que el crecimiento del primer trimestre haya sido mejor de lo esperado: el producto interior bruto (PIB) ha aumentado un 0,7% intertrimestral, lo que se traduce en un ritmo de mejora del 2,4% anual, el más alto de la UE. Ello se debe al repunte de la inversión privada –que estaba en retroceso–, del consumo y de las exportaciones, que se benefician de la mejora también en la economía europea, que ha salido de la recesión.
El aumento del PIB y del empleo, sin embargo, esconden un nuevo descenso de la productividad, lo que afecta a la futura competitividad de las empresas y a la calidad de los puestos de trabajo. La mejora de la productividad del tejido económico, en este sentido, es otro de los grandes desafíos pendientes que debe afrontar España cuánto antes para garantizar un futuro de progreso. Esto provoca que llevemos más de diez años sin converger en renta per cápita con la UE. Y a todo ello hay que sumar la revolución digital y la transformación energética que están en marcha.
El buen comportamiento de la economía española en el corto plazo, por todo ello, no debe hacernos caer en el triunfalismo y relegar la responsabilidad de afrontar los retos del medio y largo plazo, que son de una extrema importancia. Hay que hacer, por tanto, una llamada de alerta a los dirigentes políticos para que restablezcan un marco de diálogo y se centren en lo importante. El Banco de España, al respecto, reclama para el país calidad institucional y generación de confianza.