Desde 1713, y en virtud del tratado de Utrecht, la Corona británica dispone de la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, en el extremo sur de la península Ibérica, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas. Cuando ha transcurrido ya casi el primer cuarto del siglo XXI, la condición de Gibraltar como colonia británica en territorio español constituye todo un anacronismo. Así lo estimó en su día el régimen franquista, que agitó su reivindicación territorial con maneras patrioteras y estériles. Y así lo estima el actual Gobierno democrático español, que no deja de recordar que desde los años sesenta del siglo pasado Gibraltar figura en el listado de la ONU de territorios no autónomos pendientes de descolonización, y que por tanto debería volver a ser de soberanía española.
Los progresos logrados por España para revertir tal anacronismo han sido escasos. Pero la consumación, hace cuatro años, del Brexit obliga a Londres a redefinir su relación con la colonia. En eso estamos.
España, el Reino Unidos y la UE valoran positivamente su reunión en Bruselas
La Comisión Europea, España y el Reino Unido, que llevan años negociando, alcanzaron ayer, reunidos en Bruselas, avances en la definición de las líneas políticas generales sobre la gestión de Gibraltar, que calificaron de significativos. No estamos hablando de la devolución a España de la soberanía sobre este territorio. Eso parece seguir quedando lejos. Hablamos de la necesidad de lograr un acuerdo bilateral entre la UE y el Reino Unido que asegure "un futuro de prosperidad para toda la región" y para sus habitantes. Eso equivaldría a mejorar las condiciones de vida de las casi 30.000 personas, en su mayoría trabajadores, que a diario cruzan la verja que separa el territorio español del gibraltareño. Y, por tanto, a poner en práctica el acuerdo de Nochevieja del 2020 y garantizar la movilidad mediante el derribo de dicha verja y el traslado de la frontera al puerto y el aeropuerto. Habría, además, que acordar cuestiones relativas a la homogeneización de derechos laborales y a la fiscalidad.
Como ya se ha apuntado, la reunión de ayer en Bruselas fue considerada positiva por sus varios participantes, entre ellos los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido y representantes de la Comisión Europea y de Gibraltar. En semanas venideras se seguirá trabajando para que estos avances se consoliden en un texto con el visto bueno del Reino Unido y España, que rubricará la UE.
Los británicos nunca han tenido prisa para corregir la anomalía que supone su presencia en Gibraltar. Pero su decisión de salir de la UE y la necesidad de racionalizar el trato que reciben quienes allí trabajan les obligan a pactar unas nuevas pautas de administración y unas mejores condiciones para cuantos dan vida al Peñón.