En su más de medio siglo de historia el Frente Amplio se ha distinguido por consensuar un programa único que alinea desde democristianos hasta marxistas. Esa vieja consigna rige hoy en la hoja de ruta para un eventual gobierno a partir de 2025, con grandes lineamientos –por momentos ambiguos– dentro de los que cada candidato y sector tendrá rienda suelta para marcar perfil.
El nuevo programa para depositar a la oposición nuevamente en el poder adelanta desde ya, en titulares, siete promesas concretas que el partido deberá explicar cómo las llevaría a cabo.
El programa establece que, "dentro de los marcos permitidos por la ley", se buscará "renegociar el contrato" con Katoen Natie en el puerto de Montevideo, bajo la premisa de que "lesiona la soberanía y contradice el rol de la Administración Nacional de Puertos (ANP)".
El gobierno de Luis Lacalle Pou renovó la concesión hasta 2080. Senadores del Frente denunciaron el acuerdo en Fiscalía, que archivó la causa. También ha anunciado juicios internacionales el otro operador portuario en los muelles públicos, Montecon.
"Se tomarán las medidas necesarias para combatir los monopolios privados en los puertos", adelanta el programa, que también postula sin más detalles que "se requiere adecuar la Ley de Puertos".
Gabriel Oddone, a quien desde el entorno de Orsi promueven como futuro ministro de Economía y Finanzas, ha defendido la concesión.
Con los precandidatos reivindicando que el orden macroeconómico ya es una "lección aprendida" por toda la izquierda –y no solo patrimonio del astorismo–, el programa asegura que "la sostenibilidad fiscal es una condición básica para el adecuado funcionamiento de la economía y para la mejora del bienestar social".
Pero también estipula que el gasto público "deberá responder a las crecientes necesidades sociales y recuperar lo perdido en este período de retrocesos", y a lo largo de las 107 páginas de programa hay innumerables planteos que exigen más presupuesto.
Por un lado, todo el FA está hoy de acuerdo en que deberá reestructurar las exoneraciones fiscales que se hacen a las grandes inversiones a través de la Comap. "Las políticas de promoción de inversiones deben focalizarse en promover actividades en las que se identifique un fuerte impacto deseado y cuya concreción efectivamente dependa de los beneficios otorgados en términos de valor agregado y desarrollo nacional", desliza el programa.
Sobre el bolsillo, el texto explicita que "la política salarial apuntará al incremento de los mínimos y de la participación de la masa salarial en el PIB".
Pero la redacción sobre los impuestos abre la puerta a distintas interpretaciones. El FA propone "avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad". También plantea "estudiar" para "incrementar el aporte fiscal (...) por dividendos y utilidades", así como gravar "las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior".
"Las modificaciones (...) tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen". Los moderados aseguran que esto no significa aumentar impuestos, sino una "reafirmación" ideológica, pero los radicales aspiran a una "redistribución".
También propone reducir el IVA a productos "de primera necesidad", "tendiendo a un IVA personalizado", algo en lo que ya está incursionando el Ministerio de Desarrollo Social.
"Se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable", dice el FA. Este embalse para almacenar agua en épocas de excedente en la cuenca del Santa Lucía para suministrar la planta de Aguas Corrientes tiene un costo estimado de US$ 120 millones.
La izquierda no aclara qué hará con el proyecto Arazatí, la apuesta de US$ 270 millones que ya puso en marcha el actual gobierno, aunque sí ha sido categórica en oponerse, por razones de financiamiento y ambientales. Es una obra más cara que Casupá pero que toma agua de una fuente "infinita" como el Río de la Plata.
El FA impulsa "un gran diálogo por el agua". En ese marco, promete reglamentar un artículo de la ley –vigente desde 2009 pero que nunca se aplicó– que habilita a cobrar a los privados un canon por el uso industrial de agua. Al igual que con los impuestos, la redacción abre interpretaciones distintas y no es tajante en prometer un cobro efectivo.
Sin mayores detalles, el programa habla de "adoptar medidas" para prevenir "daños" propiciados por el "cambio climático", como las inundaciones. Según la Dirección Nacional de Aguas, provocan pérdidas anuales de US$ 200 millones y afecta a aproximadamente 87 mil personas.
Otro punto refiere genéricamente a "priorizar" las "inversiones imprescindibles" en OSE y "lograr la cobertura de saneamiento adecuado". El FA se había opuesto en el directorio de OSE al programa de US$ 350 millones anunciado por este gobierno para el saneamiento en 61 localidades en el interior, que ahora está en proceso de licitación.
El FA resolvió libertad de acción ante el plebiscito del PIT-CNT, que propone eliminar las AFAP, equiparar las jubilaciones mínimas ($18.821) al salario mínimo nacional ($22.268) y mantener en 60 años la edad de retiro. "Entre las primeras acciones de gobierno", el programa llama a un "diálogo social" en busca de una nueva reforma.
Dado que el plebiscito divide a los sectores, el texto aclara que ese proceso deberá hacerse de acuerdo al "marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025". El programa adelanta que la "reforma integral" revisará todas las cajas, deberá "generar las condiciones" para jubilarse a los 60 años –con "estímulos" para quienes quieran seguir trabajando– y procurará un pilar de ahorro individual "no lucrativo".
Además habla en forma genérica de "revisar integralmente" la "financiación" del sistema, "bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más".
El FA también propone buscar cómo "canalizar el gasto público hacia hogares pobres con mecanismos de transferencias transitorias de alto impacto" para "combatir la pobreza de ingresos". Sin mayores detalles anuncia que "se elaborará una gama de propuestas que permitan ir levantando las condiciones estructurales de la pobreza".
También se plantea "reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio" y piensa en una "fuerte inversión en políticas públicas con impacto específico y transferencias monetarias para estos hogares tomando como base las actuales Asignaciones Familiares del Plan de Equidad".
En varios puntos del programa se habla de "recuperar la noción de Sistema Nacional de Cuidados como cuarto pilar de la protección social", ya que denuncia la reestructura del actual gobierno fue un "desmantelamiento".
En otro orden, la izquierda promete que "se implementará la reducción de la jornada laboral" con una "jornada diaria máxima" de ocho horas y una semanal no mayor a 40 horas. Transversal a todos los temas, aparece una fuerte impronta de género.
El programa retoma la proclama de invertir el 6% del PBI en educación pública, más el 1% para "investigación y desarrollo", "garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025- 2030".
Pese a que las administraciones frentistas propiciaron un crecimiento sustantivo en el presupuesto educativo, se trata de una promesa incumplida en el último gobierno de Vázquez, aunque Danilo Astori justificaba en que el anterior programa se limitaba a "tender" hacia esa meta.
El programa propone "avanzar en la navegabilidad e integralidad de la Educación Media". La izquierda también pretende hacer "una fuerte inversión" en un "plan para la creación y adecuación de las plantas físicas edilicias".
Mientras que los candidatos han hablado a favor de restaurar los consejos de la ANEP –con el retorno de los consejeros docentes, desplazados por la LUC– el programa refiere a una mayor participación de los docentes en la política educativa. En este plano, se propone "instalar el cogobierno en UTEC", que hasta ahora ha tenido una gobernanza provisoria.
El FA vuelve a insistir con la "creación de la Universidad de la Educación, pública autónoma y cogobernada", formato que fracasó en sus últimos dos gobiernos ante la falta de mayorías especiales necesarias en el Parlamento.
En la línea de la innovación, el FA busca trazar "una estrategia de uso responsable de la Inteligencia Artificial" y promueve incluso llevarla a las aulas. Además, habla de retomar los centros MEC, suprimidos en este período.
El extenso capítulo sobre seguridad abunda sin muchos detalles sobre estrategias "integrales" para abordar el delito, con "esfuerzos sistemáticos para intervenir en las causas del fenómeno" a "largo plazo" y con "acuerdos de amplio alcance social y político", con "participación" de organizaciones sociales.
El programa refiere a la "recuperación de la presencia del Estado desde una perspectiva interinstitucional para poner freno a la ausencia que habilitó a otros actores como la estructura del narcotráfico", y habla de atacar "el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial" que genera "sujetos de estigmatización".
Sin mayores detalles propone una "policía de proximidad" que actúe "en la comunidad". En la Policía Nacional plantea jerarquizar a las personas "con mejores calificaciones" y que la formación tenga "un perfil distanciado de las prácticas militarizadas". También promueve una "política de seguridad" que tienda a la "descriminalización de la pobreza, desprisionalización, desarme".
El FA impulsa que el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior pase a depender del Instituto Nacional de Estadística (INE) –algo sobre lo que ha avanzado este gobierno– y se embandera con la "creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", que pasará a gestionar las cárceles a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El FA anuncia sin grandes detalles que se "pondrán mayor énfasis en medidas no privativas de libertad y medidas de justicia restaurativa" para reducir la población carcelaria. El programa habla de "cambios normativos" para que las penas por tráfico de drogas tengan "principios de racionalidad y proporcionalidad" y no "recaigan sobre las personas más vulnerables".
Los candidatos están de acuerdo sobre este punto en modificar la LUC para reducir las penas de mujeres que en las visitas entran droga a las cárceles. El programa abre la puerta a "revisar la legislación de las políticas sobre drogas", pero no ahonda en la posibilidad de regular otros mercados más allá del cannabis, pese a que casi todos sus legisladores están a favor de hacerlo.
Sin decir cómo, adelanta que la asignación de recursos a la Fiscalía y al Poder Judicial "será una prioridad", al tiempo que considerará "la creación de una Defensoría General de la Nación". Además detalla que se estudiará "la creación de un ámbito de escucha" a organizaciones en el Parlamento para designar nuevos jueces y fiscales, y propone "estudiar la posibilidad de crear una Policía Judicial para delitos complejos o casos de corrupción".
El programa refiere a habilitar "la segunda generación de reformas" de la salud, "especialmente" para la "rectoría y consolidación de redes integradas de servicios de salud que garanticen la complementación equitativa entre los subsectores público y privado".
El FA propone "revisar la estructura de financiamiento orientada hacia un proceso de igualdad del costo por persona-usuaria, eliminando progresivamente las diferencias entre" públicos y privados. También impulsa que ASSE integre la Junta Nacional de Salud (Junasa) con "voz y voto" para que esté en "plano de igualdad con el sector privado".
La izquierda pretende a partir de 2025 "iniciar un proceso de incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud y al Fonasa" de servicios estatales que hoy no están, como los que corresponden a las intendencias y el Hospital de Clínicas, aparte de considerar la creación de un hospital veterinario.
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