En Colombia hay 920 notarios ejerciendo sus funciones desde distintas regiones, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), pero en la actualidad si alguno de ellos cae en ceguera, mudez o sordera, o cualquier otro quebranto de salud física o mental permanente, están obligados a dejar su trabajo, según lo establece el artículo 185 del Decreto Ley 960 de 1970, 'Por el cual se expide el Estatuto del Notariado'.
Pero esto podría cambiar por cuenta de una demanda ciudadana que estudia la Corte Constitucional que señala que esta normativa vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación porque establece un trato diferenciado, desproporcional e injustificado que discrimina a un grupo poblacional en condiciones de discapacidad para ejercer la labor notarial.
Según registros de la Corte, el reclamo ciudadano fue enviado por Irenarco Pineda Ríos, quien se identificó como un estudiante adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Casanare, y quien alega que el artículo demandado establece una discriminación injustificada y desconoce avances en derechos laborales de personas con discapacidad. Cita también decisiones judiciales anteriores que señalan que no hay razón para que una persona con limitaciones físicas no sea seleccionada como notario si con ocasión de un concurso demostró sus méritos y capacidades, por lo que dijo que no habría motivo para que alguien que ya obtuvo ese cargo y demostró su aptitud sea retirado por adquirir una discapacidad.
El artículo en mención en vez de integrar los grupos sensorial o físicamente desaventajados que tienen derecho a una protección constitucional reforzada los castiga y los excluye por el hecho de caer en situación de discapacidad: demanda
"El artículo en mención en vez de integrar los grupos sensorial o físicamente desaventajados que tienen derecho a una protección constitucional reforzada los castiga y los excluye por el hecho de caer en situación de discapacidad", se lee en su recurso.
Para ahondar en el estudio de esta demanda el alto tribunal constitucional le pidió a distintos ministerios, al Congreso, a la Presidencia, a la SNR, universidades y sindicatos, entre otros, sus conceptos sobre el asunto para ahondar en el debate sobre si la vista, el oído o el habla son condiciones indispensables para ejercer la labor de dar fe pública.
La Corte ya ha recibido varias respuestas, como un concepto del Ministerio de Justicia que le dio parcialmente la razón a la demanda, señalando que debe haber una protección de los derechos al trabajo y la igualdad de los notarios o notarias que lleguen a desarrollar mudez o sordera, y también ceguera, señalando que si hay un bache tecnológico para que las personas ciegas sean notarios, lo que corresponde es adoptar las medidas pertinentes para garantizar su derecho al trabajo.
La cartera también dijo que la función notarial es un servicio público prestado por particulares, lo que implica que los notarios tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones y son responsables civil, penal y disciplinariamente de sus acciones. "De suerte que la capacidad de comprender y comunicarse directamente no es esencial para las actividades notariales, e incluso las personas con limitaciones sensoriales pueden desempeñar la mayoría de las funciones notariales. Así, resulta reduccionista, hoy en día, señalar que la función de dar fe pública se encuentra exclusivamente circunscrita a una percepción visual de imágenes, documentos o rúbricas", se lee.
Eso sí, el Ministerio no estuvo de acuerdo en que se tumbe también el apartado que impide a un notario seguir ejerciendo si tiene un quebranto de salud física o mental permanente, considerando que esto no establece una discriminación frente a la población con discapacidad, sino que está supeditado a una circunstancia objetiva como la disminución en el rendimiento de trabajo del notario.
En un sentido similar opinó el Ministerio del Trabajo, que pidió declarar inexequible todo el artículo y señaló que dentro de los 54 años de vigencia del Estatuto del Notariado se han expedido diversas normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad, estas normas, dice la cartera, "confluyen en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sin distinción de su cargo u oficio e igualmente, sin consideración de que sea una discapacidad sobreviniente cuando se está ocupando el cargo para el cual fue designado, situación que es la indicada en la norma demandada".
El Ministerio recordó que en la Sentencia C–076 del 2006 la Corte Constitucional estudió si para entrar al cargo de notario se podía ser sordo, mudo o ciego y en ese momento concluyó que frente a las personas con discapacidad auditiva o del habla no hay una justificación objetiva aunque sí sobre las personas ciegas. Tras citar esa decisión, la cartera del trabajo dijo que así como se protege el ingreso al cargo de una persona con discapacidad auditiva o del habla, eso mismo debe aplicar cuando se trata de una discapacidad sobreviniente.
"Así las cosas, dado que las normas en esta materia ya han brindado una amplia protección para los casos de incapacidades superiores a los 180 días o de que se trate de una discapacidad sobreviniente, este Ministerio acoge la interpretación dada por la Corte Constitucional en el sentido de declarar inexequibles las expresiones 'mudez, sordera o sufra cualquier otro quebranto de salud física o mental permanente que implique notoria disminución del rendimiento en el trabajo, o enfermedad que lo inhabilite por más de ciento ochenta días', pues en efecto, la desvinculación automática no opera", se lee en el concepto del Mintrabajo.
El documento añade sobre la ceguera que la entidad "se acoge lo señalado en la sentencia C – 076 de 2006, bajo el condicionamiento que dicha discapacidad sobreviniente y la desvinculación se efectúe con la autorización del Ministerio del Trabajo".
También llegó a la Corte el concepto de la SNR, que señala que la expresión "cuando caiga en ceguera, mudez, sordera" viola el derecho a la igualdad, aunque pidió mantener el apartado de la norma que habla del retiro por enfermedad que inhabilite al notario por más de 180 días. El concepto señala que la evolución jurisprudencial ha señalado que la capacidad de comprender directamente a los demás hace que la función auditiva no sea indispensable para las actividades que los notarios deben desempeñar, sobre las limitaciones del habla, el documento dice que se ha establecido que "aquellos que dominan el español y cuentan con la capacidad de ver, oír, leer, y escribir pueden cumplir todas las funciones asignadas a los notarios públicos, con la excepción evidente de aquellas que requieren la lectura en voz alta de ciertos documentos (…)".
Y sobre la ceguera, la Supernotariado indicó que "si la persona con ceguera no puede acceder directamente a cierta información, es posible implementar medidas alternativas que concilien la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad y el principio de igualdad de oportunidades. Esto implica fomentar la investigación para desarrollar tecnologías diversas que faciliten su acceso, eliminando las barreras existentes". La Super también habló de la posibilidad de la designación de un apoyo para esta persona. Finalmente, la entidad indicó que a la fecha no tienen registro de notarios que hayan sido retirados de su cargo por desarrollar sordera, ceguera o mudez.
Otro concepto que analiza la Corte Constitucional es el del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), que pidió sacar del ordenamiento jurídico el artículo demandando señalando que normas como esa "no sólo son discriminatorias sino inconstitucionales e impiden, por un lado, a la persona con discapacidad materializar sus derechos y, de otro, imposibilita al Estado cumplir con los deberes asumidos". El Inci se pronunció especialmente sobre la ceguera y señaló que ahora mismo, gracias a los avances técnicos y tecnológicos, la discapacidad visual "no sería ni 'incompatible' ni 'insuperable' para cumplir las funciones propias y esenciales del cargo de notario en Colombia, por lo que la inhabilidad y el límite impuesto por la norma no estaría ni justificada, ni tampoco sería objetiva ni mucho menos razonable".
Sería paradójico adecuar el servicio notarial y registral para que usuarios con discapacidad puedan acceder al mismo e impedir ajustar el sistema para que el notario que se halle bajo esta situación pueda ejercer dicha labor: Inci
El concepto del Inci añade que "sería paradójico adecuar el servicio notarial y registral para que usuarios con discapacidad puedan acceder al mismo e impedir ajustar el sistema para que el notario que se halle bajo esta situación pueda ejercer dicha labor".
De otra parte, también se recibió el concepto de Julián Pinzón Flórez, jefe del área laboral del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, quien señaló que las personas en condición de discapacidad tienen un régimen jurídico de protección frente a situaciones que reduzca su capacidad laboral, pero añadió que según el marco normativo vigente en materia del sistema de seguridad social, un servidor público y/o un trabajador particular puede ser retirado si le reconocen una pensión de invalidez.
El profesor pidió a la Corte mantener la norma demandada pero condicionar su aplicación en el sentido de que el trabajador solamente sea retirado del cargo "en razón a la declaratoria de invalidez del notario y el posterior reconocimiento de la pensión de invalidez conforme las normas vigentes del sistema de seguridad social y previa inclusión en nómina de pensionados".
Por su lado, el concepto técnico del Ministerio de Salud expone regulaciones normativas en materia de seguridad social aplicables a la protección en salud de personas con discapacidad y señala que toda persona que se encuentra afiliada al Sistema de Salud como cotizante, sin distinción de su cargo, está amparada por toda contingencia de salud, de la cual se derive una incapacidad medica que le impida desarrollar sus actividades laborales.
"De esta manera, la parte que se describe como 'en cuanto a la condición de caer en ceguera, mudez, sordera o sufra cualquier otro quebranto de salud física o mental permanente que implique notoria disminución del rendimiento en el trabajo, o enfermedad que lo inhabilite por más de ciento ochenta días' no vulnera ningún derecho constitucional ni legal de ninguna persona en la medida en que las normas expedidas frente al tema de las incapacidades medicas de origen común amparan a los afiliados al sistema para que reciban del sistema la atención en salud requerida, al tiempo que perciben sus prestaciones económicas para seguir sosteniendo su mínimo vital sin preocupación alguna, y en caso de advertir una situación médica que le obligue el retiro laboral, se beneficia de la pensión por invalidez que a la postre también garantiza la subsistencia de una vida diga", dijo la cartera de salud.
A estos conceptos se suman al menos 9 intervenciones ciudadanas con distintas peticiones sobre el asunto, y se espera que en las próximas semanas llegue el concepto de la Procuraduría General.
Con todo esto, el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, a quien le correspondió por reparto este caso, deberá presentar a sus colegas de la Sala Plena de la Corte Constitucional una ponencia para que el alto tribunal decida si los notarios que se queden ciegos, sordos o mudos pueden seguir ejerciendo; así como si pueden hacerlo quienes desarrollen un quebranto de salud física o mental permanente.