Empresas y técnicos manifiestan en la comisión de investigación sobre las renovables que no hubo incompatibilidad, trato preferente o presiones
Los grupos inciden en la relación con los promotores de quienes hacían informes para el InagaEn la comisión comparecieron los representantes de dos empresas que trabajaron para el Inaga tras haber sido adjudicatarias de un contrato de apoyo técnico para la elaboración de informes de gestión y evaluación de renovables para la tramitación, por parte de la Administración, de las declaraciones de impacto ambiental de estos proyectos. También intervinieron tres técnicos del Inaga, pero no acudió pese a estar citado el que fuera director de este organismo ambiental hasta agosto de 2023, Jesús Lobera, que excuso su asistencia por un problema de salud.
La sesión volvió a prolongarse por casi seis horas a pesar de que uno de los ponentes finalmente no acudió, y en ella se puso de manifiesto el "colapso" en el que llegó a encontrarse el Inaga para la tramitación de estos expedientes por el volumen de proyectos presentados y la limitación de recursos para su evaluación.
Mientras los comparecientes manifestaron que no se habían producido incompatibilidades porque no fueron juez y parte en proyectos que ellos mismos hubiesen trabajado previamente para las promotoras, desde los grupos parlamentarios se hicieron observaciones sobre el hecho de que sí hubieran trabajado para las mismas empresas con otros proyectos, e incluso que en uno de los casos la responsable de proyectos eólicos de una promotora fuese hermana del director de una consultora que hacía evaluaciones para el Inaga.
Por parte del personal técnico del organismo ambiental, comparecieron dos funcionarios que habían sido secretarios generales, además de una jefa del área técnica, que indicaron que no habían tenido presiones de ningún tipo por parte de políticos y que el trabajo se había hecho con total transparencia.
Desde los grupos también hubo reservas sobre esta cuestión al considerar alguna formación política que la insistencia de los comparecientes al referirse a que no se podía incurrir en retrasos por "responsabilidad patrimonial", podía entenderse como un "arma de presión" utilizada sobre el funcionariado para agilizar la tramitación de los expedientes, según apuntó el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. La funcionaria interpelada en este caso aclaró, no obstante, que eso "no ha condicionado el sentido de las resoluciones".
Durante la sesión hubo también momentos de tensión, en particular con la primera ponente, Ángela Laguna Abad, que fue citada como directora general de Vea Qualitas, una de las empresas a la que se adjudicó un contrato para la asistencia en la evaluación de expedientes. Dijo sentirse "agredida" porque habían puesto en duda su profesionalidad y lo ocurrido con su empresa había sido un "ataque insidioso". "Me parece muy triste que ustedes se basen en lo que dice un medio de comunicación", dijo, sin "pruebas fehacientes".
Esta compareciente aseguró que el proceso de esta empresa había sido "transparente", que no habían informado en el marco del contrato con el Inaga ningún expediente para el que ellos hubieran trabajado anteriormente, si bien reconoció que con las mismas empresas sí habían trabajado para otros proyectos.
Incompatibilidades
En ese mismo sentido se expresó el director de Calidad y Estudios Asesoría SL, Federico Vicente Lozano, que argumentó que eso no lo consideraba una incompatibilidad, y que la misma había que circunscribirla a cada proyecto concreto.
Laguna argumentó que lleva trabajando tres décadas con numerosas instituciones y no era política sino "técnica y empresaria", y dio por seguro que se hubiera inhibido si lo hubiese tenido que hacer. De hecho aseguró que "en algún caso lo hice cuando me surgió alguna duda". Fue "radical" al afirmar que "no informamos ningún proyecto en el que hubiéramos trabajado o estuviéramos trabajando".
Insistió ante el cariz de las preguntas en que haber trabajado con algún promotor no implicaba que después se dejara de ser objetivo cuando se hacía un trabajo para la administración, y lamentó que se estuviese intentando "poner en tela de juicio la labor profesional" de las empresas. Sobre un tuit suyo en el que aseguraba que Forestalia era un cliente preferente, aclaró que "fue una estrategia comercial sin más", y que eso no influyó después en los informes que hacían de los expedientes para el Inaga.
Incidió ante las insistencias de los parlamentarios que "la declaración de compatibilidad no se hacía a ciegas", aunque reconoció también que los nombres de algunos promotores desconocía a qué grupo podían pertenecer porque no figuraban, a lo que el diputado del PP, Fernando Ledesma, le objetó que el logotipo aparecía en la portada en el caso concreto de Forestalia.
Sobre la incompatibilidad, Federico Vicente indicó que se refiere a nivel de expediente, nunca de contrato completo porque a priori no saben en cuáles van a trabajar, e insistió en que nunca habían intervenido "como juez y parte dentro de un mismo expediente de un mismo procedimiento".
Este responsable empresarial de una de las empresas que prestó servicios al Inaga recalcó que nunca habían intervenido para alterar resultados y que en su caso habían cumplido. Indicó que se consensuaron con el organismo ambiental ciertos criterios generales, "pero en ningún momento se presionaba para cambiar el criterio técnico de nuestro personal" porque existía "independencia". Aseguró que trabajar para el Inaga no era "nada lucrativo" y que si lo hacían era por mantener la estabilidad de la empresa a lo largo del año, "no para ganar dinero".
Por parte del Inaga compareció el que fue secretario general técnico del organismo hasta 2022, que incidió en la escasa dotación de personal, cuestión sobre la que había advertido antes de su cese. Sobre su responsabilidad dijo que su función era la gestión económica y personal, y que no tenía competencias en ninguno de los expedientes que se tramitaban.
Andrés Medina Vicente, secretario general del Inaga hasta junio de 2023, dijo que al llegar al organismo observó "una situación relativamente de colapso" y que "aquello era un auténtico caos" debido al exiguo personal que había para "semejante volumen" de expedientes, pero que lo importante era que "estuviesen resueltos con todas las garantías". Negó que hubiera presiones y aclaró que de haber existido "no lo hubiera permitido" y hubiese acudido a la Fiscalía. Consideró que había que dotar con más recursos el organismo y que "el problema fueron los plazos".
Elena Martín, jefa del Área Técnica III de Medio Ambiente Industrial entre mayo de 2023 hasta febrero de este año, constató que la acumulación de trabajo era "impresionante" y reconoció que el organismo está infradotado, garantizó que los procedimientos se habían seguido "estrictamente", que estaba segura de que nunca se había actuado en contra de derecho y recalcó la transparencia con la que se había trabajado.
Lobera no acude por enfermedad
El que fuera director del Inaga hasta junio del año pasado, Jesús Lobera, no pudo comparecer en la comisión del viernes. Envió un certificado médico que acreditaba su imposibilidad de hacerlo, además de comprometerse a responder por escrito a las preguntas de los grupos. El coordinador de la comisión, Fernando Ledesma, pidió por ello a todas las formaciones que presenten por escrito antes de las 15 horas de la tarde del lunes seis preguntas cada uno para remitírselas a Lobera para contestarlas por escrito.
El límite de esa hora se debe a que es cuando comenzará la siguiente sesión de la comisión de investigación, a la que hay citados varios cargos públicos tanto actuales, como el director del Inaga, Luis Simal, o la directora general de Energía, Yolanda Vallés, como de otras legislaturas, como es el caso de Marina Sevilla, que ostentó este mismo cargo hasta 2015, entre otros comparecientes.
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