Desde hace meses el sector de la salud viene alertando que se encuentra en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) valoró el déficit de toda la cadena de valor en 9,6 billones de pesos y expertos sugieren que la situación está muy lejos de mejorar.
Datos de los gremios de las EPS (Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi revelan que habría pérdidas técnicas para la mayoría de las EPS, aumento de las deudas de la Nación con estas entidades y de estas con prestadores y proveedores, además de erosión de los patrimonios y de las reservas técnicas.
Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.
A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.
Ya son varios estudios han señalado que los recursos que financian el plan de beneficios son insuficientes y que la situación se ha agudizado durante y después de la pandemia.
Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, asegura en un artículo publicado en la revista del gremio que el gremio contrató a la firma actuarial Numeris, para estudiar la siniestralidad de la UPC del régimen contributivo en el periodo que va de 2011 a 2023 y estimó un déficit de $15,8 billones de pesos en el acumulado de este mismo periodo.
Y es que, según expertos del sector, la fórmula aplicada por el Minsalud para calcular el rubro al parecer debe volver a evaluarse. "Los resultados de Numeris muestran que, para los años de estudio, la prima pura observada ha sido mayor a la proyectada por Minsalud", explica Cruz y asegura que para el año 2022, por ejemplo, la prima que se calcula tomando los datos efectivamente observados de costos fue de $1,63 millones per cápita, mientras que la proyección realizada por Minsalud fue de $1,41 millones. Es decir existe una diferencia de cerca de $220.000 pesos de déficit por persona al año.
De acuerdo con el experto, otras estimaciones, realizadas por la firma consultora Sectorial, que usa el indicador de siniestralidad combinado, o sea, incluye el gasto administrativo, da cuenta de siniestralidades cercanas al 105 %. "Es decir que existe un consenso técnico alrededor de la insuficiencia de la UPC, especialmente en lo relativo a los años 2022 y 2023", asegura.
Con esta opinión coinciden los analistas de la Anif, quienes reiteran que el principal problema del Sistema de Salud es el financiamiento. La entidad señala que el déficit acumulado entre 2021 y 2023 equivale a $9,7 billones por concepto de UPC ($5,1 billones) y Presupuestos Máximos ($4,6 billones).
"Según nuestras estimaciones, para el 2024 la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el Presupuesto General de la Nación presupuesta tan solo $35,3 billones para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones", aclaran en su informe semanal.
En esa línea, la Anif asegura que uno de los principales limitantes de recursos es la evolución de la UPC. Reiteran que esto representa un enorme problema, pues el crecimiento del rubro no responde a la mayor demanda de servicios de salud que se incrementó, particularmente luego de la pandemia, al cambio demográfico y al aumento de morbilidades que padece la población.
En consecuencia, para el año 2022, de cada $100 pesos que recibieron las EPS del régimen contributivo por UPC, tuvieron que pagar $102 por siniestros. A septiembre de 2023 la relación era de 100%.
Esto quiere decir que el gasto administrativo y el costo del capital para cumplir con las normas de solvencia debió ser asumido con cargo al patrimonio de las EPS. Esta es la razón por la que a septiembre de 2023 las pérdidas acumuladas de las EPS vigentes fueron de -$6,2 billones. "Ninguna actividad puede subsistir acumulando pérdidas y drenando el patrimonio de una compañía", explica Cruz.
Si bien la crisis financiera viene de años atrás, en 2023 la situación se agravó. Una de las propuestas del Gobierno radica en la implementación de una reforma que solvente este y otros problemas del sector; no obstante, expertos aseguran que el aval fiscal presentado por Hacienda (y que sustenta el proyecto de ley del Gobierno) no estaría teniendo en cuenta el déficit fiscal del sector, entre otras particularidades.
¿Qué sucede con el aval fiscal presentado por Hacienda?
El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda envió al Senado el documento que presenta los ingresos y gastos que se proyectan en el sector hasta el 2033. Sin embargo, para pena de muchos, el documento no constituye un aval fiscal, pues al final concluye que el flujo de gastos debe analizarse en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
La Anif señala que lo más preocupante, es que el documento expresa "…(debe haber) un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos"
Con la perspectiva de ingresos y gastos para el sector salud en el horizonte de nueve años (2025-2033), "se concluye que el mayor impacto del costeo lo tendrán los primeros tres años de implementación, con un monto de $338 billones y con ingresos por debajo de $332 billones, lo que sugiere de entrada un déficit de $6,3 billones solo para los primeros tres años", asegura la entidad.
En ese lapso, se desarrollarían las bases de la reforma, además de construir la infraestructura necesaria para el nuevo modelo de atención. En ese sentido, aun sin contemplar los Costos asociados a la gobernanza establecida por la reforma, el documento revela que la implementación de la misma abre un hueco fiscal que ronda los $15,6 billones en valores de 2024.