Carlota Camps
Que el Gobierno catalán esté a medio gas por la , no ha impedido que hayan llegado dos peticiones de pronunciamientos a la mesa de la junta de portavoces de la Diputación Permanente (el órgano que queda al frente de la Cámara hasta la apertura de la nueva legislatura) celebrada este marte. Por un lado, ERC, Junts y la CUP han registrado un texto en apoyo a los imputados por el caso de Tsunami Democràticque rechaza los cargos de terrorismo y lo tacha de "persecución política" y de "criminalización" de la protesta.
El texto, que llega tras anunciarse que varios de los imputados por esta causa han trasladado su domicilio al extranjero, se aprobará con la mayoría independentista del órgano.
En cambio, lo que previsiblemente no saldrá adelante es la petición de ERC, la CUP y los Comuns de señalar y denunciar la actuación judicial iniciada por Junts por el caso de Cristina Casol. Los tres partidos han presentado una declaración en la que rechazan la actuación de los posconvergentes, tachándolo de intento de "deslegitimar" el protocolo de la Cámara, y piden que se retire la demanda por injurias contra las expertas que avaluaron la denuncia presentada por Casol contra la cúpula de su grupo parlamentario.
El texto firmado por los tres grupos parlamentarios llega después de que el pasado viernes las tres expertas denunciadas defendieran su trabajo ante el juez y negaran cualquier "intencionalidad injuriosa". El informe no vio acoso por razón de género, pero sí señaló que había machismo cultural arraigado dentro de la formación, algo que el grupo parlamentario dirigido por Albert Batet ve como un ataque a su honor.
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