La Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente recuerdan que los jueces investigan independientemente de los intereses políticos que pueda haber detrás.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI) están haciendo un llamamiento al respeto por la independencia de los jueces, sobre todo después de los pronunciamientos de partidos políticos en torno a la decisión de un juez de Madrid de iniciar investigaciones contra Begoña Gómez, la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Por este motivo, el líder socialista sorprendió a todos en la noche del pasado miércoles publicando una carta en la que anunciaba que el próximo lunes haría pública su decisión de dimitir, o no, de su cargo.
Esta sorprendente actuación de Sánchez ha provocado ríos de tinta en solo unas horas y multitud de valoraciones por parte de representantes de formaciones políticas, muchos de ellos criticando la postura judicial y haciendo consideraciones categóricas, ante las que ahora los jueces salen en defensa propia.
María Jesús del Barco, presidenta de la APM, y Fernando Portillo, máximo dirigente de FJI, expresaron su postura en declaraciones a Europa Press. "Respeto a la independencia judicial", ha demandado del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de la carrera judicial, en declaraciones a esta agencia de noticias.
Por su parte, FJI ha urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "salga al paso" y "pida respeto por uno de los poderes del Estado, cuya labor basada en la independencia de su actuación es esencial en un Estado democrático de derecho".
Portillo ha incidido en que, al igual que ha denunciado en otras ocasiones, "los juzgados y tribunales no son lugar para la contienda política". En este sentido, ha recordado que presentada denuncia o querella ante los tribunales, los jueces están "obligados a proceder de acuerdo con las normas procesales y las leyes".
"Eso quiere decir que, si la denuncia que se presenta ofrece un relato de hechos delictivos, los jueces estamos obligados a investigarlo, independientemente de los intereses políticos que pueda haber detrás, algo en lo que no entramos porque excede el análisis jurídico", ha apuntado el presidente de FJI.