La Contraloría General de la República ha sido facultada para acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos, en un nuevo marco regulatorio que busca intensificar la lucha contra la corrupción.
Esta medida se aplicará a aquellos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno, conforme a la reciente directiva aprobada N° 007-2024-CG/FIS, titulada "Solicitud de Datos Bancarios y/o Reserva Tributaria".
A partir del 20 de abril de 2024, la Directiva permitirá a la Contraloría solicitar y obtener información confidencial bancaria y tributaria cuando existan indicios de actividad delictiva, especialmente en casos relacionados con el enriquecimiento ilícito.
OBJETIVO
Esta facultad se otorga con el fin de recabar pruebas suficientes y adecuadas que permitan avanzar en las investigaciones forenses sobre la gestión y uso de los fondos y bienes públicos.
El Contralor General, ejerciendo su autoridad constitucional, tendrá la potestad de requerir dicha información siempre que se presente una justificación y motivación adecuadas para su solicitud.