Crece la oposición al decreto ley de la Generalitat que deja en manos de los ayuntamientos decidir qué piscinas públicas y privadas podrán abrir este verano. A las quejas de los ayuntamientos y entidades municipalistas, se le suman también los administradores de fincas y vecinos que viven en comunidades con piscina y que también ven "del todo inviable" la aplicación de una norma "ambigua" que genera, por ahora, muchas más dudas que certezas.
"No me parece bien. ¿Cómo controlas quien entra? , ¿qué aforo tendrá la piscina si se abre al público?, ¿quién hará cumplir las normas de la comunidad?, ¿se colará alguien en mi piso? ", se pregunta Laura Cañigueral, una vecina de Barcelona con segunda residencia en Platja d'Aro. Sus dudas son el reflejo de una amplia mayoría de vecinos que no ve con buenos ojos que la piscina comunitaria acabe teniendo un uso público. Para que esto sea posible es necesario que alcancen un acuerdo con el Ayuntamiento respectivo. Algo que, a tenor de las opiniones del sector, va a ser altamente improbable.
Muchas preguntas sin respuesta
¿Quién hará cumplir las normas de la comunidad?, ¿qué aforo tendrá la piscina?, ¿quién controlará el acceso?, son algunas de las dudas que se plantean los vecinos
La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, Cristina Pardo, esgrime una retahíla de razones (prácticas, de gestión, legales, de responsabilidad, fiscales y de convivencia) para que las comunidades de propietarios con piscina se opongan a que su alberca pueda acabar siendo pública. "Esto implicará la obligatoriedad de contar con socorristas, fijar unos horarios y un aforo y hacer cumplir unas normas que, en caso de que no se cumplan, acarrearán problemas de convivencia importantes", explica.
También se refiere a los posibles cobros de la entrada. "Cualquier ingreso que reciba una comunidad es una actividad económica con repercusiones fiscales para cada propietario". Agrega que cada comunidad tiene un seguro de responsabilidad civil en función del número de propietarios y que las pólizas se podrían incrementar.
Pasar de privada a un uso público implica tener que contar con un socorrista, entre otros requerimientos
El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Miquel Costa, también ve "muchas dificultades" en su aplicación, especialmente en cuanto a la responsabilidad civil se refiere. "La piscina es un elemento de riesgo que la comunidad tiene asegurado para sus usuarios, con normas propias para un círculo restringido".
También él anticipa problemas de convivencia. "Ya de por sí los espacios comunitarios y ajardinados dan pie a muchos conflictos; hay problemas para compaginar el descanso vecinal y el ocio y si se abre a terceros habrá muchos mas", afirma.
La piscina es un elemento de riesgo que la comunidad tiene asegurado para sus usuarios, con normas propias para un círculo restringido
Marta Oliva, por su experiencia profesional en la Cambra de la Propietat Urbana de Figueres, razona que son piscinas con un aforo reducido y que, en general, "sus dueños son reacios a recibir personas externas al no contar en su mayoría con servicio de vigilancia", afirma. Dice que ve la norma más fácil de cumplir en campings u hoteles que sí gozan de servicios de socorrismo.
El secretario del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona y Lleida, Alberto Izquierdo, añade que el decreto ley puede causar una "agravio comparativo entre municipios vecinos", ya que deja en manos de los Ayuntamientos la responsabilidad de decidir qué es y que no es refugio climático.
Considera el documento como un "brindis al sol" al entender que es reglamento "inviable de hacer cumplir" en la forma en la que está redactado. Un documento, dice, del que se desprenden muchas preguntas. "¿Cómo se controlará el aforo? ¿Cuántos podrán entrar? ¿Cómo participarán del gasto los propietarios?... Cada año las comunidades fijan un presupuesto del gasto en zonas comunes, si viene más gente habrá más gasto de conservación del espacio", explica.
La patata caliente está en el tejado de los Ayuntamientos, que ayer empezaron a recibir llamadas de algunas comunidades interesadas en saber qué implica tener una piscina que sea refugio climático. "Pero en realidad nosotros no tenemos respuesta", explica el alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, que lamenta que los ayuntamientos deban aplicar una norma que genera "poca claridad y seguridad jurídica". También las asesorías empiezan a palpar la inquietud de propietarios. "Es rocambolesco y enrevesado", afirma Anna Palomares, de la asesoría Palomares de Girona.
Opiniones diversas en el sector turístico
Campings, hoteles y apartamentos
La opción que permite a campings u hoteles rellenar sus piscinas siempre y cuando sean declarados refugio climático ha sido recibido con opiniones encontradas. Para la Federació Catalana de Campings esta medida "no es la solución" para hacer frente a la sequía. La presidenta de la Associació d'Apartaments Turístics Costa Brava-Pirineu, Esther Torrent, califica de "parche" e "improvisación" el decreto ley, que les afecta por partida doble. Hay muchos apartamentos dispersos en bloques de comunidades de vecinos que requerirán del visto bueno de la comunidad para ser refugio climático. La gerente del grupo Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ve bien la posibilidad de rellenar piscinas, aunque reconoce las enormes dudas que genera el documento y el escaso tiempo que tienen los Ayuntamientos para modificar las ordenanzas antes del verano.