El próximo 9 de junio de 2024 se celebran las Elecciones al Parlamento europeo en España para elegir a 61 representantes de nuestro país. Podremos votar quienes tengamos la nacionalidad española y la ciudadanía residente en España de otros países de la Unión Europea.
Durante esta legislatura europea 2019-2024, los países de la Unión han tenido que hacer frente a desafíos que no se conocían como la pandemia del COVID-19 o que ya parecían olvidados como el asistir nuevamente a una guerra en el corazón de Europa como la que estamos viendo con la invasión rusa de Ucrania, con graves consecuencias sociales, económicas o el inaplazable reconocimiento internacional del estado palestino ante la masacre que Israel está cometiendo en Gaza contra la población civil.
Los tiempos cambian y las políticas también. Poco tiene que ver la respuesta a la última crisis económica con severas restricciones presupuestarias y los ajustes que impusieron a las economías nacionales y a la ciudadanía con la que estamos viviendo en la actualidad, donde para reactivar las economías tras la crisis del COVID, España recibe 40.000 millones de euros para inversiones para la sostenibilidad, transformación y modernización.
Pero son muchos y muy importantes los retos que hay que afrontar en los próximos años, desde las que afectan a la propia defensa del territorio de la UE, pero especialmente a los relativos a la esfera social y medioambiental, volviendo a incidir en la necesidad de una Europa más social, reforzando el estado del bienestar, como garantía de derechos y de protección frente a la desigualdad en nuestras sociedades, aunque en el discurso político antieuropeo hay quien trate de situarlo como un modelo obsoleto y a extinguir.
El miércoles 10 de abril, el Parlamento Europeo votaba un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo con consecuencias muy negativas para la vida de las personas desplazadas, representando una involución, recortando garantías y de sus derechos fundamentales.
Apenas 24 horas antes, el Congreso de los Diputados, con el voto mayoritario de la cámara a excepción de la derecha extrema, acordaba la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 600.000 firmas de ciudadanos, para la regularización de la situación de miles de personas migrantes que llevan años viviendo en nuestro país, pero que no pueden trabajar ni contribuir económica y fiscalmente al sostenimiento de los servicios públicos; personas a quienes se le restringen derechos como el acceso a la salud o a la educación.
Lejos del efecto contagio que los discursos del odio ejercen sobre gobiernos de corte conservador, liberal e, incluso, aquellos que se definen como socialdemócratas, hay que atajarlas con políticas de justicia social y ampliación de derechos y libertades. Una vez más se evidencia que es la ciudadanía y la sociedad civil organizada quien está alzando la voz por la justicia y la dignidad de las personas.