La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en cuarentena los permisos de la controvertida línea de alta tensión proyectada en los términos de Vallada, la Font de la Figuera, Moixent y Montesa al cuestionar la capacidad económico-financiera de la empresa promotora del megaparque solar Almansa 1, desde donde partiría el trazado de 36 kilómetros de longitud que ha despertado el rechazo de los cuatro municipios de la Costera.
Después de revisar la documentación presentada por la firma solicitante, la sala de supervisión regulatoria del organismo encargado de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y sectores productivos no considera acreditado que la mercantil SPV Figsel Trade, SL -propiedad del grupo francés Akuo, especializado en energías renovables- disponga de la suficiente solvencia para poder afrontar la inversión de 61 millones de euros que requiere la macroplanta de Almansa (diseñada con 185.220 placas solares y 75,6 megavatios de potencia) y la correspondiente línea de evacuación hasta Montesa, donde sería necesaria la puesta en marcha de una subestación transformadora para distribuir la energía.
La CNMC ha emitido ya dos informes negativos en el marco del procedimiento de concesión de los permisos necesarios para iniciar las obras. En mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica resolvió otorgar a la compañía la autorización administrativa previa de la actuación tras una declaración ambiental positiva condicionada a la eliminación de 50 torres de muy alta tensión (de las más de 100 inicialmente previstas) y al soterramiento de diversos tramos del trazado eléctrico previsto en zonas de gran valor paisajístico y protección de la avifauna.
Sin embargo, la autorización definitiva de la construcción quedó supeditada al cumplimiento por parte de la promotora de unos estándares empleados para evaluar sus capacidades legales, técnicas y económicas.
En primera instancia, la Comisión Nacional de los Mercados concluyó que tanto la capacidad legal como la técnica del solicitante estaba "suficientemente acreditada", puesto que Figsel Trade fue constituida legalmente para operar en territorio español y desempeñar actividades ligadas a la construcción y explotación de instalaciones de generación de energía renovable.
En primera instancia, la CNMC advirtió de la ausencia de los elementos de juicio necesarios para acreditar la capacidad de la promotora
En su examen inicial, el organismo regulador hizo hincapié en que la empresa se encontraba controlada en un 100% por la sociedad Akuo Renovables España, SL, participada a su vez en un 100% por Akuo Western Europe and Overseas, SAS, firma integrada en el Grupo Akuo, un productor y desarrollador independiente de energía renovable fundado en 2007 que desarrolla su actividad en toda la cadena de valor (desde el desarrollo y la financiación hasta la construcción y la explotación de proyectos).
En cambio, la CNMC advirtió de la "ausencia de los elementos de juicio" necesarios para poder verificar la capacidad económica del titular de la instalación objeto de autorización ni de su socio único, ni del grupo empresarial al que pertenece, una circunstancia que impidió "evaluar la situación patrimonial de estas entidades".
Situación patrimonial desequilibrada
Unos meses más tarde, a finales de enero de este año, la Dirección General de Política Energética dio traslado a la comisión de la competencia de nueva documentación complementaria aportada por el promotor para intentar subsanar las deficiencias observadas en un principio.
La documentación complementaria entregada por la compañía no ha permitido al organismo regulador acreditar la solvencia económica necesaria para otorgar la autorización
El paquete de datos incluía las cuentas anuales abreviadas de Figsel Trade y Akuo España correspondientes al ejercicio cerrado de 2022, que reflejaban una situación patrimonial desequilibrada. La CNMC, además, apreció la ausencia de algún documento que acreditara la validez de dicha contabilidad, como los informes de auditoría o los justificantes de depósito en el registro mercantil.
También fueron remitidas al órgano supervisor las cuentas anuales consolidadas y correctamente auditadas del Grupo Akuo, que mostraban un patrimonio neto equilibrado al cierre del último ejercicio. Pese a ello, la sala regulatoria de la Comisión Nacional concluye que la capacidad económico-financiera de la entidad sigue sin considerarse acreditada, lo que ha sido notificado al Ministerio de Transición Ecológica en el marco de la tramitación del proceso de autorización del proyecto.
Oposición de los municipios
En febrero, las alcaldías de Vallada, La Font de la Figuera, Moixent y Montesa se reunieron con la Subdelegación del Gobierno en Valencia para solicitar el acceso al expediente de la macroplanta trasladar al subdelegado, José Rodríguez Jurado, cuestiones en torno a la instalación de esta línea que afectarían negativamente a su patrimonio cultural, rural y paisajístico.
Los alcaldes argumentaron que intentarán que la nueva línea de alta tensión se adecue a los planes generales de ordenación urbana y, si no lo hace, pondrán «todos los impedimentos posibles para que no se lleve a cabo», tras denunciar la «saturación» de infraestructuras como esta en su territorio, pues el valle de Montesa ya cuenta con una autovía, dos líneas de ferrocarril, dos de alta tensión, el gasoducto, el trasvase y la nueva línea proyectada.
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