Organizaciones y académicos rechazan reforma
Académicos y organizaciones de la sociedad civil han rechazado y mostrado su preocupación ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, promovida por Morena.
Este jueves, la Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó su más enérgico rechazo a la iniciativa que acusó, pretende impedir a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales.
En un comunicado, Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, señaló que de aprobarse tal iniciativa, "se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo y se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, al cancelarse la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social".
Así, añadió, los Jueces quedarían impedidos para otorgar suspensiones con efectos generales contra normas que podrían violentar derechos humanos. "Consecuencias como las señaladas son inaceptables en el marco de un Estado Constitucional".
En tanto que Human Rights Watch (HRW) advirtió que la iniciativa de reforma, "limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos", expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una publicación en X.
A través de un comunicado, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), también lanzó un llamado a rechazar este dictamen, pues advirtió, "resulta regresivo y contario al derecho al acceso a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas en situaciones de vulnerabilidad".
"El objetivo de esta reforma es privar a la ciudadanía, organizaciones, comunidades, víctimas e incluso a autoridades que funjan como contrapesos democráticos de la posibilidad de defender derechos humanos ante la impunidad, violencia y autoritarismo social", se lee en el comunicado emitido por MUCD.
Así la organización advirtió que esta reforma supone la eliminación de que un juez o jueza pueda detener leyes violatorias de derechos humanos, quitando el poder y alcance al amparo por ser un recurso ampliamente utilizado por la sociedad civil para resistir ante las injusticias y arbitrariedades de autoridades y defender sus derechos humanos.
La OSC demandó una discusión democrática, amplia y profunda de dicha reforma.
En este sentido, este jueves, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se requiere de una reforma integral al Juicio de Amparo, así como enriquecer el texto constitucional y la ley reglamentaria en la materia.
Mediante una serie de mensajes publicados en redes sociales, la legisladora destacó una serie de consideraciones sobre la reforma a la Ley de Amparo.
Sánchez Cordero manifestó que se debe priorizar el marco protector de derechos humanos, pero sobre todo de los sectores más vulnerables.
"La Ley debe dejar de ser beneficio de unos pocos, los que cuentan con recursos, y cumplir su función al servicio de las mayorías", expresó.
Otras asociaciones que se han pronunciado en contra de esta reforma son la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Los magistrados y jueces pidieron a los senadores respeto al principio de división de poderes y que esta iniciativa se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos.
Mientras que la Cancintra advirtió que esta reforma generaría un clima de incertidumbre jurídica que desincentivaría la inversión y el crecimiento de las empresas en México.
En 2020, Monreal había planteado que tenía la intención reformar la figura del amparo para evitar el bloqueo de obras del gobierno federal, sin embargo ante el rechazo que esto generó, el senador decidió no presentar sus iniciativas.
La reforma de ese entonces buscaba modificar al artículo 25 de la Constitución con el objetivo de que el desarrollo de obra pública e infraestructura fuera considerado de interés social y protegido, evitando así que se presentarán amparos contra dichas obras.