j. g.
La reclamación presentada por la empresa eólica Fergo Galicia Vento tras la anulación judicial del permiso que la Xunta le concedió para construir el parque de la Serra do Oribio –entre los municipios lucenses de Triacastela y Samos– da su primer paso en la misma vía por la que en su día se echó por tierra el proyecto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió ayer a trámite el recurso presentado por la empresa, que ahora exige 46 millones al Gobierno gallego.
En concreto, la firma asentada en el Parque Empresarial Alvedro (Culleredo) demanda una indemnización de 10,13 millones en concepto de "daño emergente o pérdida patrimonial"; y de 35,65 millones como "lucro cesante", es decir, por la ganancia que dejó de obtener. La sociedad entiende que la nulidad de la autorización que le otorgó el Ejecutivo autonómico para ejecutar esta instalación –firme, después de que el Tribunal Supremo ratificase la sentencia emitida por la sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG– le ocasionó una serie de "perjuicios".
Desde la Consellería de Economía e Industria indicaron ayer en declaraciones a este periódico que "a Xunta ten o máximo respecto ás decisións xudiciais como é, neste caso, a simple admisión a trámite dun recurso xudicial interposto pola empresa promotora do parque eólico Oribio". En este sentido, el Gobierno gallego espera que esta cuestión se resuelva "claramente á favor da administración", ya que este parque fue autorizado inicialmente en el 2007 "e se non se construíu entón foi por unha decisión da empresa que agora reclama".
"Confiamos en que o TSXG dea a razón á Xunta de Galicia e, desde logo, non recoñeza ningún dano emerxente, e moito menos, lucro cesante, xa que a actuación da administración axustouse perfectamente a dereito. En calquera caso, a Xunta seguirá traballando por e para os administrados e toda a cidadanía galega, autorizando unicamente aqueles proxectos que sexan ambientalmente viables", resaltan desde el Ejecutivo autonómico.
Uno de los argumentos que los magistrados de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo esgrimen en autos en los que están ordenando paralizar, de forma cautelar, algunas de las autorizaciones otorgadas por la Xunta para construir parques eólicos en la comunidad es el hecho de que consideran que su paralización temporal es "un mal menor", precisa el TSXG.
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