Un total de 31 organizaciones han denunciado este martes que las recientes detenciones de tres personas en el estado Portuguesa son consideradas como actos de persecución y represión. Estas detenciones, según las organizaciones, incumplen lo establecido en el acuerdo de Barbados, un pacto firmado entre el Gobierno de Venezuela y la coalición opositora mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron su rechazo a la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas. Se refirieron específicamente a las detenciones de Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez, quienes fueron arrestados sin orden judicial por presuntos funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) durante una visita de la líder opositora María Corina Machado a Portuguesa para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Castillo es el director del comando de campaña de Vente Venezuela, el partido de Machado; Márquez es la vicepresidenta de la formación Primero Justicia y Castañeda participó en el acto opositor en el municipio Turén.
Las organizaciones firmantes señalaron que estas detenciones constituyen un grave precedente que podría afectar el desarrollo de la campaña electoral y los derechos de elegir y ser elegidos de la población venezolana. Recordaron que el acuerdo de Barbados busca promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, así como garantizar la seguridad y libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional.
Por tanto, exigieron al Estado el respeto a la vida e integridad de los detenidos, así como su derecho a la defensa y debido proceso, incluyendo la posibilidad de designar abogados de su confianza. También solicitaron el cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que están promoviendo sus campañas electorales.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acceso a la Justicia, Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela, y Observatorio de Violencias LGBTIQ+.