Los sindicalistas le habrían dado un guiño a cambios más acotados. A cambio, habrían pedido la homologación de aumentos salariales. El paro quedaría en suspenso
El ministro de Interior, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunieron por más de tres horas con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Casa Rosada. En medio de un hermetismo, trascendió que se abrió un espacio de diálogo para conversar sobre la reforma laboral -más acotada, según el último proyecto del Gobierno. En cambio, los sindicalistas pidieron la homologación de los aumentos salariales, muchos de ellos aún no aprobados, como el del gremio de los Camioneros.
A la reunión en Balcarce 50 llegaron los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, el secretario general del Camioneros, Hugo Moyano -su hijo Pablo, ausente con aviso-; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; y el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.
Entre los temas que se analizaron, se incluyó la situación actual de los trabajadores, la reforma laboral y el paro general que los gremios analizan contra el gobierno de Javier Milei, que quedaría suspendido aunque hoy se reúne la central obrera para decidir los pasos a seguir. Lo que estaría en pie sería una marcha a la histórica plaza el 1 de Mayo, Día del Trabajador.
Los líderes sindicales arribaron a la Rosada poco antes de las 16:30 y se dirigieron directamente al despacho del ministro de Interior, Francos, donde también estaba sorpresivamente el jefe de Gabinete, Posse, quienes los invitaron para tratar de acordar con este sector los artículos más conflictivos del capítulo laboral de la Ley Ómnibus, antes de que el asunto comience a ser debatido en la Cámara de Diputados.
El Gobierno aceptaría bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo en busca de lograr un mayor consenso político para acelerar su aprobación parlamentaria: la limitación de las cuotas solidarias y la ultra actividad de los convenios colectivos de trabajo.
El primero de estos puntos es el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el "consentimiento explícito" del trabajador para ser descontada.
La segunda cuestión tiene que ver con el principio que obliga a mantener la vigencia de los convenios colectivos hasta no negociar uno nuevo, algo que los gremios defienden a rajatabla como una forma de "preservar los derechos de los trabajadores" y evitar una "negociación a la baja".
Tras la reunión, los sindicalistas se retiraron de la Casa Rosada sin dar declaraciones, aunque fuentes cercanas a los protagonistas del encuentro dnuar con las conversaciones.
La nueva versión de reforma laboral -que está a cargo del presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo - será sensiblemente más acotada que la contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas.
Fue precisamente la CGT quien presentó amparos en lo referido al capítulo de la reforma laboral del DNU y logró que esto sea paralizado por la Justicia. Fue también por ese motivo que el 24 de enero batieron su propio récord y le hicieron el primer paro a Milei a solo 45 días de haber asumido. Hasta entonces el récord anterior lo tenía Fernando de la Rúa, cuyo primer paro lo sufrió a 77 días de gestión.
Por el parate que ocasionó la judicialización del tema fue también que la UCR, en su tramo de negociaciones por la nueva versión de la ley Ómnibus, quien pidió al Ejecutivo tomar parte de eso e incluirlo en Comisión.
Aunque el texto final no está listo, y se espera para el correr de las próximas horas, el Gobierno les adelantará formalmente las ideas centrales de la nueva propuesta.
Más allá del malestar que existe en la central obrera por la política económica y sindical que está aplicando Milei, y las declaraciones públicas de sus dirigentes, lo cierto es que hay muchas dudas respecto de cuál es el acompañamiento real que podrían alcanzar en caso de anunciar una nueva medida de fuerza: mientras que algunos advierten que no es conveniente hacer una movilización, otros señalan que el transporte no se plegaría, reduciéndose así el potencial impacto de la protesta.
El Gobierno, naturalmente, tampoco quiere sufrir otro paro. Si bien los libertarios ven a la confrontación con la CGT como una estrategia políticamente efectiva ante la opinión pública, una medida de fuerza como la del pasado 24 de enero es indudablemente un hecho negativo.
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