La previsión de gasto en pensiones de Bruselas apunta a que España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), equivalente a 11.695 millones de euros. Esto significaría que el país se vería obligado a hacer un ajuste en las reformas de Escrivá. El cálculo, sin embargo, es aún provisional y se encuentra a la espera de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) actualice en 2025 su previsión de ingresos, que podría ser mayor a la estimada en 2023.
La Comisión Europea ha previsto que, tras la reforma de pensiones, el gasto promedio anual se elevará al 15,1% del PIB, a lo que se restaría la estimación de ingresos promedio de la AIReF del 1% del PIB. Esto resultaría en un "gasto neto" del 14,1% del PIB, lo que equivale a 0,8 puntos por encima del máximo del 13,3% del Producto Interior Bruto establecido en la cláusula de cierre de la reforma.
La reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura incluyó una denominada cláusula de cierre que empieza a operar desde 2025 y que se basa en las cifras de proyección de gasto en pensiones del informe de envejecimiento de Bruselas, publicado este viernes. Está basada, también, en la estimación del impacto de las medidas de refuerzo de ingresos de la AIReF.
La cláusula de cierre
La cláusula fija que la diferencia entre ambas variables, proyección del gasto e impacto de las medidas de ingresos, no debe superar el 13,3% del PIB, lo que arroja esa diferencia de 0,8 puntos, que podría minimizarse cuando la AIReF publique sus datos actualizados. Desde la Seguridad Social han incidido en que el nivel de gasto es sólo una parte del mecanismo y han señalado que la reforma de pensiones aprobada supuso un cambio de paradigma con respecto a cómo abordar las reformas y cómo afrontar los retos derivados del envejecimiento de la población.
El órgano puede revisar sus proyecciones de ingresos de las medidas en función de la marcha del mercado laboral. Si finalmente la diferencia entre ambas cifras supera ese 13,3%, la reforma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir gradualmente el exceso previsto de gasto. En un mes, deberá elaborar un listado de posibles medidas correctoras y pedirle a la AIReF que prepare un informe cuantificando su impacto.
En base a ese informe, el Gobierno negociará con los agentes sociales un plan de ajuste que deberá remitir como proyecto de ley al Parlamento para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. Si la ley con medidas correctoras no se aprobase en el plazo previsto, el tipo de cotización adicional del MEI se aumentaría.