El periodista Gustavo Gorriti ha remitido un documento al fiscal supremo Alcides Chinchay, quien abrió una investigación preliminar en su contra a raíz del testimonio del ex asesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, Jaime Villanueva. El oficio fue enviado el viernes pasado, cuando se venció el plazo para que entregara los teléfonos que usó entre 2016 y 2021.
Chinchay, quien pidió requisar ese móvil y el de los fiscales del caso Odebrecht, busca determinar si Rafael Vela y José Domingo Pérez entregaron información reservada sobre el caso abierto contra Benavides por supuesta organización criminal, a cambio de que el reportero de investigación ejerza una presunta presión mediática.
Según el testimonio de Villanueva, los fiscales investigados y Gorriti acordaron acorralar al expresidente Alan García en las investigaciones abiertas en su contra por presuntos sobornos de Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, un caso por el que iba a quedar detenido de manera preliminar. Ese mismo día, el exgobernante se suicidió.
"Por eso me acusan de jalar el gatillo. Hubo mucha violencia y una gran pasión en todo esto. Y debo decirte que a mí me chocó profundamente esa muerte. Elegir la muerte en esas circunstancias me pareció increíblemente exagerado, no correspondía con los hechos", le dijo al diario El País en una entrevista difundida este martes.
En esta misma jornada, IDL-Reporteros ha hecho público el oficio enviado por su fundador al fiscal Chinchay. "Declaro con inequívoca claridad que no entregaré información alguna sobre contactos, ni llamadas, ni sobre ningún aspecto que tenga relación con la práctica del secreto profesional y reserva de fuente del oficio periodístico", se lee en el documento.
"Menos mal, la Fiscalía no puede hacer por su cuenta lo que le venga en gana con relación al levantamiento del secreto de las comunicaciones y la protección de fuentes, sino que necesita por lo menos la aprobación de un juez, puede tener la seguridad de que defenderemos con toda energía los principios básicos de secreto profesional, consagrados por nuestra Constitución, por tratados internacionales y por los aspectos esenciales que guían y definen a toda nación democrática", continúa.
El Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) se han manifestado en contra de esta pesquisa al considerar que levantar el secreto de las comunicaciones "abre una puerta peligrosa para que la Fiscalía abuse de esta figura para perseguir, amedrentar y limitar al periodismo de investigación".
Los gremios también hacen hincapié en que esta embestida "puede poner en peligro la reserva de las fuentes anónimas de periodistas que han destapado sonados casos de presunta corrupción", ya que "la garantía al secreto profesional periodístico es un indicador básico de la libertad de la prensa, permitiendo el cumplimiento de su rol vigilante y denunciante".
De hecho, Gorriti indica en su texto que la disposición fiscal "se sostiene sobre la base de versiones distorsionadas o falsas, les da crédito y arma sobre cimientos gaseosos una 'investigación' de hipótesis acusatoria".
"Toda la 'investigación' tiene origen en sucesivas y groseras campañas de desinformación que un análisis mínimamente inteligente hubiera podido identificar como tales. [...] El otro aspecto, de inmediata y vital importancia, concierne a la protección de la reserva de fuentes confidenciales de información. En otras palabras, al derecho (y el deber) del secreto profesional. Eso está ahora seriamente amenazado por la 'investigación' de Chinchay", agregó.
El reportero solo ha entregado los números que utilizó durante ese tiempo porque, igualmente, esa información es pública y lo "conocen por lo menos centenares de personas"; sin embargo, "si la Fiscalía intenta dar el paso siguiente, de levantar el secreto de las comunicaciones, ahí las cosas toman un cariz por completo diferente".
Gorriti dedica el día a defenderse de la persecución de la Fiscalía, después de que en agosto del año pasado le diagnosticaran un linfoma del manto, un cáncer muy agresivo, en un estado avanzado. "Combino el tratamiento con el enfrentamiento. Si algo no puedo hacer en una circunstancia como esta es no plantear una resistencia", dijo a El País.
"He puesto la frontera en que no habrá ningún levantamiento del secreto de las comunicaciones, en absoluto será obedecido. Voy a hacer un esfuerzo por mantener al máximo la integridad de esta información. Y con esta resistencia lo que hacemos es cumplir la ley", zanjó.