La organización Human Rights Watch (HRW) acusó, en un informe publicado el pasado 3 de abril, a las autoridades de Colombia y Panamá de no estar "protegiendo ni asistiendo" a los cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién.
Una afirmación que fue rechazada por el canciller encargado Luis Gilberto Murillo. "No aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién, porque no es así", comentó el ministro encargado de las relaciones exteriores.
Tras esta respuesta, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, atiende a EL TIEMPO para explicar la investigación que describe la crítica situación que viven los migrantes que transitan la peligrosa jungla, que entre enero y febrero de este año ya han sido 73.167.
También, habla de un "incumplimiento del deber del Estado colombiano" de proteger, garantizar la vida y la integridad personal de quienes habitan los territorios que son dominados por los grupos al margen de la ley. Pide que la política de paz no relegue la seguridad.
¿Qué hechos contundentes encontró HRW para llegar a la conclusión de que Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a los de migrantes que transitan por el Tapón del Darién?
Lo primero es señalar que tanto Colombia como Panamá tienen obligaciones internacionales, tanto por el protocolo internacional de derechos civiles y políticos como en materia de derechos económicos y sociales de asegurar la vida y la integridad personal, no solo de sus nacionales sino de las personas que estén en sus territorios, eso incluye a migrantes y a solicitantes de asilo. Incluye también obligaciones básicas de acceso básico en salud, atención de urgencias, acceso, por ejemplo, a agua, en particular insisto frente a frente a migrantes. Dicho esto, del lado colombiano la principal conclusión es el gravísimo control que ejerce el Clan del Golfo en la frontera, no solamente proveyendo de manera informal servicios de seguridad y, muy grave, controlando las rutas migratorias decidiendo por dónde pueden ir los migrantes y por dónde no, cobrándole a los guías que llevan a los migrantes una especie de tarifa para poder prestar esos servicios de guianza en el territorio. Según el propio gobierno colombiano, el Clan del Golfo recibiría en la práctica alrededor de 125 dólares por migrante lo que con los datos del año pasado llegaría a 68 millones de dólares al año.
El canciller Luis Gilberto Murillo dijo el pasado viernes en Panamá que no aceptaba estas afirmaciones. ¿Cómo toman esto desde Human Rights Watch?
Lo primero es que valoramos positivamente la reunión de los cancilleres (Murillo y Janaina Tenawey) que en la misma rueda de prensa reconocieron que debían adecuar la estructura institucional para responder a esta crisis y que debían mejorar su coordinación para poder proteger de mejor manera a los a los migrantes. Las declaraciones de los cancilleres de alguna manera insisten en la corresponsabilidad regional en que ésta no puede ser una responsabilidad solo de Colombia y Panamá y en la necesidad de apoyo internacional y nosotros coincidimos en esas conclusiones, así lo decimos en nuestros dos informes que hemos ya publicado en noviembre de 2023 y este.
Lo que creo es que ninguno de los dos cancilleres repara es en reconocer la propia responsabilidad de que bajo sus territorios se están cometiendo gravísimas violaciones a derechos humanos, de violencia sexual, homicidios y desapariciones forzadas debido a que ni Colombia ni Panamá controlan este territorio, no proveen seguridad y más grave aún no están investigando, juzgando y sancionando este tipo de conductas cometidas en sus territorios.
Es fuerte lo que dice…
Correcto. De hecho a raíz del informe tuvimos una muy buena reunión con la nueva fiscal general de nación (Luz Adriana Camargo) quien ha tomado la decisión de priorizar la situación de los migrantes como uno de los ejes de su mandato y conducir investigaciones a profundidad sobre el rol del Clan del Golfo en territorio colombiano y la manera en la cual se están violando los derechos humanos de los migrantes en esta región.
¿Cuál es el análisis de HRW respecto a lo que se puede esperar de esta situación en el 2024?
El año pasado más de medio millón de personas cruzaron el Darién. Con las cifras que tenemos del inicio de este 2024, a final del año podríamos terminar con 800.000 y 1 millón de migrantes cruzando el Darién si la tendencia continúa.
¿Qué factores pueden agravar esto?
La crisis se ha seguido agravando en Venezuela particularmente por el incremento de la represión de parte del régimen de Nicolás Maduro con la detención líderes de la sociedad civil como Rocío San Miguel, con la restricción de derechos políticos por ejemplo aquellos contra María Corina Machado y contra otros líderes de Vente Venezuela. Esto lo único que hace es ahondar la crisis e impulsar a más personas a tomar la decisión de emigrar entre otras debido a la falta de elecciones libres y justas.
Nosotros lo que vemos es que esta es una crisis migratoria que llegó para quedarse y frente a la cual todos los países de la región deberían ahondar en esfuerzos para tener más vías legales y seguras para que los migrantes que están escapando de circunstancias supremamente graves puedan llegar a un lugar en el que puedan reconstruir su proyecto de vida.
¿Qué medidas específicas recomiendan para mejorar la situación de migrantes en el Darién?
Lo primero que le proponemos a Colombia y a Panamá es designar cada uno un funcionario de alto nivel encargado de la respuesta en el Darién. La respuesta de Colombia es segmentada, no hay una coordinación entre las medidas de seguridad en ese territorio, el control migratorio y las medidas de atención humanitaria. Sería importante que estos funcionarios colaboren de manera conjunta en el desarrollo de una estrategia de seguridad, investigación y juzgamiento de estos delitos en el territorio.
En el caso colombiano hemos insistido en la importancia de tener un registro del número de personas que salen de Colombia a cruzar el Darién. Hoy Colombia no sabe, no registra cuántas personas salen, mucho menos cuántos niños, mujeres embarazadas o personas con algún tipo de enfermedad que requieran una atención especial. Esa es una medida que se la hicimos a ver a la Vicepresidenta, al ICBF y estamos a la espera de que el gobierno colombiano, que nos dijo que veía con buenos ojos esto, nos pueda dar razón de la implementación de estas recomendaciones.
¿Cómo enfrentar a esas redes criminales que hoy dominan ese paso, en particular, el Clan del Golfo?
Independiente de la política de paz total del gobierno Petro, el Estado colombiano tiene un deber de protección y garantía de los derechos humanos de quienes habitan el territorio colombiano. Eso implica que debe poner en marcha una estrategia de seguridad para la protección de la ciudadanía y eso implica ser efectivos en la judicialización de grupos de crimen organizado como el clan del Golfo, cortarle redes de corrupción, lavado de activos, abastecimiento de armas de fuego, y enfocar la judicialización en sus máximos responsables para poder desarticular la organización y evitar que sigan reclutando jóvenes en el territorio. Esa es la política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos que esperaríamos ver del gobierno colombiano contra el Clan del Golfo.
Murillo dijo que sin la ayuda internacional es imposible combatir este fenómeno…
En noviembre del año pasado publicamos nuestro primer informe sobre el Darién y en ese nos concentramos en las recomendaciones al gobierno de Estados Unidos. Nos pudimos dar cuenta de la relación que hay entre las políticas migratorias de Estados Unidos que buscan externalizar el control de la migración imponiendo visados por parte de México y de Guatemala a venezolanos, lo que termina generando que personas que podrían migrar en ruta aérea a través de México o de Guatemala terminan empujados hacia una ruta mucho más peligrosa como aquella del Darién. Esas recomendaciones son muy importantes, pero no le resta responsabilidad a Colombia y a Panamá en la protección de los migrantes que están de tránsito y en cruzan sus territorios. Este año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena y sería una oportunidad para que países como Colombia y Panamá que están en este reto tan grande, pudieran liderar una respuesta regional.
La paso al tema de orden público al interior del país. ¿Cómo ven desde HRW lo que está pasando con el Emc, que anunció creación de nuevo bloque, respuestas ofensivas contra el Ejército e incluso pidió a la población civil resguardarse?
Es muy preocupante. Hemos insistido que la puesta en marcha una política de paz de ninguna manera releva al gobierno colombiano de su obligación de proteger y garantizar los derechos de quienes habitan en su territorio. Eso implica tener una política de seguridad efectiva de lucha contra el tipo de organización criminal que atentan contra los derechos de quienes habitan en Colombia. Es fundamental que el gobierno colombiano proteja realmente a la ciudadanía, siendo efectivo en desmantelamiento judicial de este tipo de organizaciones que a diario atentan contra la población civil en Colombia.
¿Debe volver a restablecerse el cese al fuego en todo el país?
Desde Human Rights Watch lo que podemos hacer es hablar de las obligaciones internacionales que tiene Colombia. La decisión de trazar o no un cese al fuego es una decisión soberana del gobierno colombiano. Lo que sí podemos dar cuenta es que la implementación de la paz total en Colombia a lo largo de estos últimos meses ha puesto en marcha ceses al fuego poco claros que en la práctica han generado territorios donde la Fuerza Pública no está actuando para la protección de la ciudadanía. Dejar a las comunidades abandonadas sin la protección de su vida y su integridad física implica la violación de una obligación internacional que tiene el Estado de Colombia de proteger la vida y la integridad de las personas que habitan estos territorios.
Hace no mucho, dijo que lo que más le preocupa del Gobierno era la perdida de control territorial. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sí, lo hemos insistido en desde que empezamos a documentar la forma en la cual venía y viene creciendo el reclutamiento de menores, el crecimiento del secuestro o de la extorsión. Nos preocupa mucho la forma en la cual distintos grupos de crimen organizado como el Clan del Golfo o las disidencias de las antiguas Farc controlan territorios y amedrentan a la población. Si no hay acción del gobierno, se producen gravísimas violaciones de derechos humanos.
¿Cómo ve lo que está pasando en Cauca y Arauca?
Tristemente es el resultado del incumplimiento del deber del Estado colombiano de proteger, garantizar la vida y la integridad personal de quienes habitan esos territorios. Insisto, para que una política de paz sea efectiva y protectora de derechos humanos debe ir de la mano a una política de seguridad y justicia para investigar y desmantelar este tipo de grupos, asegurando que no puedan cometer este tipo de violaciones contra la población civil.
Colombia anunció que sería observadora electoral de las elecciones de Venezuela. ¿Qué le parece esto y cuál cree que debe ser el papel de Colombia?
Garantizar una misión de observación electoral imparcial y transparente que pueda dar cuenta de todas estas restricciones al derecho al voto y a la participación política es fundamental en el camino de los venezolanos y venezolanas en la búsqueda hacia una transición de vuelta a la democracia. Desafortunadamente lo que hemos visto es a un régimen muy poco interesado en elecciones libres y justas muy poco interesado en cumplir el acuerdo de Barbados.
Colombia está viviendo varias tensiones diplomáticas con otros países, algunas con temperaturas más elevadas que otras. ¿Les genera alguna preocupación?
Depende de qué caso estemos hablando. Respecto a Latinoamérica, es un momento en donde hay mucho discurso de integración latinoamericana, pero muy poco avance en la práctica. No hay mecanismos de construcción de confianza y visiones regionales, por el contrario, lo que vemos son declaraciones altisonantes por fuera de una lógica diplomática por parte de muchos de los mandatarios de la región. Construir esa visión solidaria para Latinoamérica requiere mucho más que discurso, requiere ponerse de acuerdo en prioridades regionales y tener capacidad para ejecutarlas colectivamente.