EFE
El Gobierno de Aragón ha indemnizado con 64.000 euros a un paciente que perdió la visión de un ojo después de esperar durante más de dos años ser llamado para ser operado de un tumor benigno en la cabeza que se expandió en ese tiempo hasta afectar el nervio óptico de dicho órgano.
Según informa la Asociación de El Defensor del Paciente, representada por el letrado zaragozano Ricardo Agóiz, este paciente acudió a su médico de cabecera en abril de 2018, quien le derivó al servicio de Cirugía General del Hospital Lozano Blesa para ser atendido de la afección diagnosticada.
A lo largo del tiempo, el médico de cabecera presentó diversas reclamaciones para que se atendiera al paciente en el hospital, tras detectar una evolución negativa de la enfermedad y comprobar que cuanto más tiempo pasaba, más perdía la visión de un ojo.
Las fuentes citadas señalan que el paciente, que tenía 49 años en ese momento, estuvo durante más de dos años sin ser atendido en el Hospital, tiempo en el que el tumor se expandió hasta dañar el nervio óptico del ojo izquierdo, lo que provocó una resolución de incapacidad laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El letrado de la asociación, para quien "todo podía haberse evitado si lo hubieran tratado a tiempo", presentó en nombre del paciente una reclamación ante la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés, que tras años de tramitación terminó con una resolución favorable a una indemnización de 64.479 euros frente a los 150.000 reclamados en la demanda.
En la resolución se reconoce expresamente que la ceguera del ojo no sólo se podía haber evitado de haber sido operado a tiempo el paciente, sino que un 'fallo administrativo' fue el que produjo que no se le citara dos años antes.
Frente a esta resolución, el letrado interpuso un recurso de reposición al considerar que el dinero consignado era la mitad de lo que realmente le correspondía, teniendo en cuenta las lesiones y secuelas que ha tenido el paciente, de acuerdo al baremo de valoración de lesiones por accidente de tráfico.
Tras ser desestimado por el Gobierno de Aragón el pasado mes de marzo, el letrado de la asociación ha anunciado la presentación de una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo para exigir el pago de la indemnización solicitada.
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