El 24 de octubre de 2023 el candidato Javier Milei visitó al expresidente Mauricio Macri para concretar el Pacto de Acassuso, que lo llevaría al triunfo en el balotaje. Dos días antes la fórmula de La Libertad Avanza (LLA) había quedado relegada por un peronismo que amenazaba con la resurrección. Esa noche terminó de configurarse una entente integrada por cuatro sectores distintos, de acuerdo con las figuras y las trayectorias que encabezaban.
En primer lugar, la escudería libertaria, articulada en torno a los hermanos Milei, que ocupa la mayoría de los ravioles en el organigrama estatal; en segunda instancia, la tropa de Patricia Bullrich, excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), quien se distanció de Macri para incorporarse al gobierno como ministra con dos carteras; la tercera línea fue relegada de los casilleros ejecutivos pero cuenta con un personaje de notable proyección: la vicepresidenta Victoria Villarruel, heredera de la tradición nacionalista reaccionaria, por ahora agazapada como titular del Senado; por último, el macrismo, acaudillado por su líder y fundador, expresión del acervo liberal conservador, quedó fuera del primer gabinete pero ya se prepara para desplegar su influencia.
Además, se pueden distinguir diversas corrientes de las que el actual gobierno extrae ideas, cuadros y recursos. Núcleos que operan de manera transversal y flexible: el mundo empresario-corporativo, la gran familia militar, la red de fundaciones de ultraderecha.
LA ARMADA DE IL LEONE
La nueva administración redujo significativamente la cantidad de ministerios. De los 22 heredados solo dejó nueve: agrupó funciones de diferentes dependencias y concentró en menos funcionarios mayores atribuciones y áreas de gestión. Además, miles de agentes estatales fueron despedidos y una deliberada desidia se instaló en numerosas reparticiones que continúan acéfalas o funcionando a media máquina.
En el vértice de la pirámide de mando se ubica un tridente compuesto por el jefe de Estado, su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia) y el «arquitecto del triunfo», Santiago Caputo, apenas asesor, a pesar de su altísima relevancia. El núcleo duro se completa con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuya amistad con el presidente se remonta a los años compartidos en la Corporación América.
Caputo es experto en comunicación política. Trabajó con Jaime Durán Barba y siguió de cerca la experiencia salvadoreña, en la que Nayib Bukele redefinió el sistema político a fuerza de un carisma antipolítico, disonante y extremo. Proviene de una de las parentelas más ricas del país y lleva tatuados el escudo familiar junto a símbolos rusos anticomunistas. Su principal función parece ser la de un guionista que adecúa cada acto de gobierno a la estrategia política general.
La gestión estatal está en gran medida a cargo de Posse, cuadro corporativo de pasado en Molinos Río de la Plata, Telecom, Red Bull y Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). Su cartera es la más fortalecida del nuevo organigrama. En la Secretaría de Estrategia Nacional designó a Jorge Jesús Antelo, brigadier de la Fuerza Aérea retirado en 2013, que se desempeñó como director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 2015 y 2019. Durante su carrera en las Fuerzas Armadas, Antelo conoció a los hombres de Eduardo Eurnekián, dueño de AA2000. Según versiones recogidas para este informe, el brigadier habría sido el encargado de designar a los nuevos jefes militares.
Posse colocó a otros hombres de su confianza en áreas clave. El abogado Silvestre Sívori, quien trabajó con Guillermo Dietrich durante su gestión en el Ministerio de Transporte, quedó a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Idéntica procedencia de la segunda línea macrista posee el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Juan Manuel Gallo. Y la secretaria de Simplificación del Estado, Josefina Sanz. La Jefatura de Gabinete absorbió ministerios enteros, como el de Ciencia y Tecnología, a cargo de Paula Nahirñak, del equipo del incombustible exministro de Cristina Fernández y Mauricio Macri Lino Barañao. Creó una estructura especialmente dedicada a la política de privatizaciones, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, a cargo del extecnócrata del banco Itaú Mauricio González Botto, que supervisa todos los movimientos en las empresas públicas.
El segundo anillo de intimidad del presidente está integrado por una funcionaria sin experiencia alguna de gestión, Sandra Pettovello, que como titular de Capital Humano absorbió todos los ministerios relacionados con áreas sociales, excepto el de Salud. El paquete también incluye a la monumental Administración Nacional de la Seguridad Social. Es la única cartera con «billetera abierta», advirtió Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor estrella mencionado y exfuncionario del gobierno de Macri, fue reclutado por el propio Milei para la más viril de las tareas del gobierno libertario: empuñar la motosierra y generar las condiciones para la dolarización. Contra el dogma liberal que exige máxima independencia del Banco Central, Caputo designó como presidente de esa entidad a Santiago Bausili, su socio en la consultora Anker. Economía fue el otro ministerio que absorbió dependencias a granel.
La estratégica cancillería fue puesta en manos de la economista y banquera cordobesa Diana Mondino, vinculada por partida doble a la Fundación Mediterránea, una de las canteras más influyentes del neoliberalismo en los noventa. Su hermano, Guillermo Mondino, fue secretario de Finanzas y jefe de gabinete de Cavallo y su esposo, Eugenio Pendás, fue funcionario de Menem entre 1990 y 1998; se destaca su paso como director del Banco Central, lo que le valió un procesamiento por administración infiel en perjuicio del Estado. Otro prohombre de la patria financiera, Federico Sturzenegger, asumió la importantísima labor de coordinar la artillería normativa desreguladora, sin ocupar puesto alguno en la jerarquía estatal. De ese mismo menemismo residual descienden tres experimentados baqueanos de la cosa pública: el exministro de Justicia y cortesano Rodolfo Barra, hoy procurador general de la nación, el ministro del Interior Guillermo Francos y el funcionario de todos los gobiernos peronistas desde el retorno a la democracia Daniel Scioli, ahora flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
La tarea que unifica al scrum mileísta es el desarme del tinglado institucional, un poder destituyente sin otro ánimo constructivo que la diseminación de una gobernanza mercantil.
LOS FIERROS DE LA DAMA
2023 fue el año en que el peronismo perdió el poder y se sumergió en una fuerte crisis de liderazgos. Pero fue también el año en el que murió JxC y el PRO comenzó a desmembrarse. Primero vino la fractura entre el ala moderada de Horacio Rodríguez Larreta y los halcones representados por Patricia Bullrich. Luego, la derrota de esta última en la elección general, que la dejó fuera del balotaje. Por último, el diferendo entre la candidata y el jefe del antikirchnerismo, Mauricio Macri, sobre los términos de la alianza con la ultraderecha ganadora. Bullrich desoyó la orden del expresidente y aceptó el ofrecimiento libertario de ingresar al gobierno como ministra de Seguridad, para destacarse con un altísimo perfil de mano dura, antiprotesta y pro gatillo fácil.
En su larga marcha ideológica del peronismo de izquierda al ultraliberalismo destaca la influencia que sobre ella ejerció la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, organización alemana asociada al Partido Democrático Libre. En 2006 fundó el Instituto de Estudios Estratégicos (IEES), que fue clave para el financiamiento de su candidatura. De allí provienen su actual jefe de Gabinete en el Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, hombre del Opus Dei; el subsecretario de Gestión Administrativa del ministerio, Gustavo Gavassa; el director nacional de Tecnología, Jorge Teodoro (perito informático acusado de borrar los celulares del diputado Gerardo Milman y sus asesoras luego del intento de asesinato a Cristina Fernández) y la directora general de Planificación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Carolina Estebarena.
Su área de influencia abarca el Ministerio de Defensa, en el que recaló su candidato a vice, el radical mendocino Luis Petri. Allí Bullrich ubicó a dos cuadros salidos del IEES: los coroneles retirados Carlos Federico Becker Fioretti, en la Unidad de Gabinete de Asesores, virtual viceministro, y Marcelo Rozas Garay, subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias. También se extiende a otras dependencias, como la Secretaría de Culto, en la que asumió Francisco Sánchez, impulsor de la pena de muerte para Cristina Fernández, y la Secretaría de Trabajo, en la que recaló el abogado laboralista Omar Yasín.
Habrá que seguir de cerca las sordas disputas que se dirimen en Seguridad y Defensa. Por la intención oficial de difuminar los límites de cada área, uno de los principales logros de la atribulada democracia argentina. Por las cuitas entre fuerzas de seguridad y militares, complejo balance que cada vez se inclina más a favor de los primeros, tanto en términos salariales como simbólicos. Y por el eventual alineamiento entre las Fuerzas Armadas y la vicepresidenta, de imprevisibles consecuencias.
LA CASTA CORPORATIVA
Ni bien se encaramaron en el gobierno, los libertarios anunciaron dos ambiciosas iniciativas: el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus. La magnitud de ambas normativas evidenció el trabajo estratégico de un equipo corporativo dedicado a crear las bases para un nuevo proceso de reorganización nacional, destinado a empoderar al nuevo sujeto legislador: el mercado.
Gustavo Nigohosian, admirador de Eduardo Bolsonaro y experto en «ética corporativa», explicó en una entrevista reciente con Perfil que durante dos años estuvo coordinando el grupo de trabajo que sentó las bases para ambos textos: «Cuando Javier decía que había gente en las sombras, era verdad. Comenzamos ocho personas y terminamos 100 trabajando, tanto en el DNU como en la ley ómnibus». Para tal fin creó el Instituto para el Crecimiento (ICAC), oficializado a fines de 2022 como asociación civil, estructura que también le sirvió a Nicolás Posse para recolectar fondos. El presidente del think tank es Miguel Ángel Ponte, exsecretario de Trabajo de Macri, quien durante tres décadas se desempeñó en el área de recursos humanos de Techint, corporación para la que Nigohosian trabajó 15 años.
El ICAC funciona en la oficina de la Escribanía Caputo, cuyo propietario fue el padre de Santiago (presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires) hasta su fallecimiento, en junio de 2023. En la misma sede opera Caputo Hermanos SA, la desarrolladora inmobiliaria que financió al líder de la organización de ultraderecha Revolución Federal. Por su parte, las hermanas Florencia y Fátima Monteverde, vocales del ICAC, contactaron a empresarios para realizar aportes privados. Florencia trabaja en el estudio jurídico Barreiro, Oliva, De Luca, Jaca & Nicastro, muy posiblemente uno de los que participaron en la redacción de las reformas de Milei. Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la Unión Industrial Argentina, fue incapaz de negar en una entrevista radial que también el bufete Bruchou & Funes de Rioja manejó la lapicera.
El análisis de los aportantes a la campaña electoral ofrece más señales sobre el entusiasmo empresario con el avance de la libertad. De los 153 millones registrados legalmente, Sebastián Braun aportó 30 palos y José María Malbrán, otros 20. Ambos son socios en Brubank, el banco digital de la familia Bruchou. A cambio, la exsocia de su estudio jurídico y encargada del departamento legal de Brubank, Solana Agustina Pelayo, fue designada directora del banco Nación, con la misión de reglamentar el blanqueo de criptomonedas habilitado por el DNU.
En el sprint final de la campaña se sumaron dos aportantes de lujo: el grupo Techint desembolsó 20 millones de pesos argentinos a través de Inurban SA, mientras Eduardo Bastitta Harriet aportó casi 13 millones, además de garantizar la fiscalización durante el balotaje por indicación de Macri. Plaza Logística, la firma de Bastitta Harriet, cuenta entre sus financistas al fondo estadounidense PointState Capital y fue denunciada por emplazar sus polos empresariales en terrenos fiscales a bajo costo, como el centro de distribución de Mercado Libre que funciona en La Matanza.
El principal contribuyente de LLA, sin embargo, es un contador desconocido: Héctor Falvino. Utilizó dos empresas de su propiedad y otra de la cual fue síndico para aportar 48 millones de pesos argentinos en las PASO y así eludir el tope de 20 millones impuesto en ese tramo de la campaña.
Pero hay una empresa que debe tener el récord nacional en la historia argentina de las puertas giratorias: Corporación América, de Eduardo Eurnekián. Además del presidente Milei, que fue empleado de la compañía hasta su ingreso a la política, 33 por ciento de los ministerios fueron ocupados por hombres vinculados a la firma: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En las segundas líneas, los exasalariados de la Corporación América se multiplican.
UNA FAMILIA MUY MILITAR
La rama castrense avanza en el nuevo oficialismo. Junto con el ya mencionado brigadier Antelo como secretario de Estrategia Nacional, hay que apuntar el ingreso de altos oficiales retirados en cargos determinantes del Ministerio de Defensa. Pero el abordaje militar más llamativo y preocupante es el que está aconteciendo en la AFI, en la que según distintas versiones han sido designados en puestos clave cinco expertos en espionaje que provienen de las Fuerzas Armadas.
Además de esta presencia en el Ejecutivo, dos organizaciones se destacan como nodos que irradian desde el mundo militar hacia la política institucional. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) fue creado por Victoria Villarruel en 2006. En setiembre de 2023, en plena campaña, la actual vicepresidenta hizo un acto en la Legislatura porteña para promocionar su agenda de «memoria completa». Hija de un teniente coronel retirado que participó en el Operativo Independencia en Tucumán y veterano de la guerra de las Malvinas, Villarruel convocó a Marcelo Llambías, militar acusado por torturas y vejaciones de soldados argentinos. La jornada fue coorganizada por la legisladora Lucía Montenegro, cuyo padre cultivó vínculos estrechos con el líder carapintada Mohamed Alí Seineldín y el dirigente neonazi Alejandro Biondini. Otro miembro activo del Celtyv en el gobierno es el mencionado Carlos Manfroni, coautor junto con Villarruel de Los otros muertos: las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur está presidida por la diputada libertaria María Fernanda Araujo, hermana de un combatiente que murió en la guerra. Su primer presidente fue Héctor Omar Cisneros, quien debió renunciar, pues había formado parte del Batallón 601 de inteligencia del Ejército entre 1981 y 1983. Esta organización se opuso a investigar las torturas y los tratos crueles cometidos contra la propia tropa durante la guerra y a la identificación de las tumbas del cementerio de Darwin, a lo que finalmente accedió. Cuenta con el apoyo especial de Eduardo Eurnekián, distinguido con la medalla oficial de la Orden del Imperio británico por contribuir a la relación entre Reino Unido y la Argentina. El vínculo fue cincelado por Roberto Curilovic, aviador de la Marina y veterano de las Malvinas, quien es gerente de Desarrollo de Negocios y Programas Internacionales de AA2000, empresa cuyas operaciones requieren vínculos permanentes con las Fuerzas Armadas.
El ítem «hijos de militares» es particularmente prolífico en el entramado político de la ultraderecha 2.0. Otras dos diputadas nacionales ostentan como bandera esa condición. La mendocina Lourdes Arrieta, cuyo padre estuvo en las Malvinas y fue denunciado por retirarles el alimento a los soldados a su cargo. Y la marplatense Juliana Santillán, hija del suboficial mayor de la Armada Carlos Santillán, que fue contramaestre del ARA Irigoyen en las Malvinas. Así expresa su sentir: «Represento y muy orgullosamente a la familia militar, de la Armada, de la Marina. Estoy cerca de la familia militar que ve en Javier Milei una persona con una decisión muy importante, que es cambiar los rumbos de la Argentina».
Los vástagos de represores se hacen fuertes también en el nuevo esquema de poder. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Alberto Presti, es hijo del coronel Roque Carlos Alberto Presti, a cargo del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura y responsable de la represión ilegal en varios campos de concentración, entre ellos La Cacha. Por su parte, el nuevo director de Fabricaciones Militares, Hugo Alejandro Pascarelli, es hijo del excoronel Hugo Hildebrando, jefe durante la última dictadura militar del Área de Seguridad 114, condenado en julio de 2011 a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio. Hugo Alejandro no reivindica públicamente a su padre y decidió volcarse al ámbito empresarial, en el que llegó a ser CEO de Monsanto y de las autopartistas estadounidenses Delphi y Famar.
FUNDACIONES QUE BAJAN TURBIAS
Tal es la importancia que los libertarios le adjudican a la batalla cultural por el sentido común que algunos de sus más importantes voceros, los influencers Nicolás Márquez y Agustín Laje, no aceptaron cargos para continuar así con su labor evangelizadora. Escriben libros de circulación masiva, narran la coyuntura como fieles partisanos semióticos y establecen articulaciones a nivel internacional.
Se trata de una estrategia cuyo origen se remonta a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando Milton Friedman y Friedrich Hayek, pensadores que inspiran a Milei, fundaron la Mont Pelerin Society para combatir la expansión del socialismo. Aunque durante la segunda mitad del siglo XX el credo ultraliberal se mantuvo minoritario, poco a poco se crearon cientos de fundaciones en el mundo. El protagonismo de los think tanks a nivel global aumentó en una relación directamente proporcional al declive de los partidos políticos, a los que sustituyeron como espacios de elaboración programática e ideológica.
La red internacional de fundaciones con mayor resonancia local es Atlas Network, dirigida durante más de dos décadas por el argentino-estadounidense Alejandro Chafuen. Atlas tiene bajo su influencia a unas 450 organizaciones en el mundo, al menos 12 en Argentina. Investigaciones periodísticas señalan entre sus principales financistas a los hermanos Koch, quienes construyeron su fortuna con la explotación de combustibles fósiles. La Fundación Libertad es la sucursal más importante de la red Atlas en Argentina. Su fundador, Gerardo Bongiovanni, fue uno de los pocos argentinos que ingresaron a la Mont Pelerin Society. Le siguen otros think tanks con mayor llegada al gobierno, en particular la Fundación Libertad y Progreso, cuyo consejo académico es presidido por Alberto Benegas Lynch («el prócer del liberalismo», según Milei) y está integrado por la canciller, Diana Mondino, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros.
La singularidad de estos círculos de elaboración consiste en haber propalado a la escuela austríaca, vertiente del neoliberalismo con menos adeptos en la Argentina que la Escuela de Chicago. Hasta el ingreso de los libertarios a la Casa Rosada, en «la interna» de estas tradiciones los Chicago Boys se autopercibían como una vertiente más pragmática, capaz de sostener las riendas del comando estatal, mientras los austríacos representaban una tendencia profundamente antagonista en relación con el Estado.
La otra conexión con peso histórico tiene sede en Alemania y es la mencionada Fundación Friedrich Naumann, dedicada al fomento del liberalismo económico. Allí pisan fuerte economistas militantes como Ricardo López Murphy y José Luis Espert, de vinculación ambivalente con Milei. Y, como mencionamos antes, fue allí que la ministra Bullrich se convirtió al ultraliberalismo.
BREVE CONCLUSIÓN
El gobierno libertario tiene la mirada fija en sus dos principales objetivos: estabilizar la economía a través de una dolarización y ahogar la protesta social mediante un recrudecimiento de la violencia estatal. Por eso el presidente y la ministra de Seguridad han trazado una estrecha alianza, de fuerte contenido antipolítico. Y por el momento cuentan con el apoyo de un sector importante de la población, el macizo acompañamiento del poder económico y cierto crédito del imperio norteamericano.
Pero todo esto puede cambiar en cuestión de días y la contracara de la prepotencia oficialista es su fragilidad extrema. Enemistado con la mayoría del sistema político, el gobierno libertario se introduce en una grieta institucional que escala en intensidad. El brutal shock económico sobre la población amenaza con provocar un explosivo conflicto social. Y la hiperideologizada inscripción geopolítica podría generar fracturas entre los poderes fácticos. Para un escenario de crisis inmanejable se preparan las dos figuras relegadas de esta primera etapa: la vicepresidenta y primera en la línea sucesoria, Victoria Villarruel, y el expresidente Mauricio Macri. Ambos tejen en las sombras y se presentan como los garantes de aquellas prerrogativas que Milei desprecia: el arte de la mediación y el comando del aparato burocrático.
En este informe quisimos hacer el recuento de las muy terrenales fuerzas que tiene la ultraderecha para intentar imponer su programa. No salieron de un repollo. Tampoco cuentan con raíces firmes.
(Publicado originalmente en la revista Crisis. Brecha reproduce fragmentos de acuerdo a una licencia Creative Commons.)
* El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, dedicado a promover la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social.
** El Equipo de Investigación Política es una red de investigación surgida en 2018 con el objetivo de construir una cartografía de los poderes contemporáneos con métodos provenientes del periodismo, la academia y la militancia.