Agencia EFE
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Actualizado 26 abr 2024
La Unión Profesional, que agrupa a las profesiones colegiadas, estudia emprender acciones jurídicas para "garantizar la seguridad jurídica y evitar la discriminación en el ejercicio y reconocimiento de las competencias de homologación y declaración de equivalencia de títulos" extranjeros.
Tras el traspaso al País Vasco de la homologación de títulos, aprobado hace unos días, la Unión Profesional explica en una nota enviada hoy que hasta la fecha la regulación de la homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros ha sido una competencia exclusiva del Gobierno central.
La transferencia al País Vasco "supone una ruptura con el sistema nacional existente, y pondría en grave riesgo el principio de igualdad, implicaría una discriminación, al establecerse un procedimiento específico y diferenciado en el ámbito especifico de una comunidad autónoma, rompiendo un principio básico como la seguridad jurídica, y el correspondiente consenso en el seno de la comunidad universitaria".
El procedimiento existente hasta hoy "se ha caracterizado, por la aplicación de cinco principios fundamentales: el rigor académico, la transparencia procedimental, la agilización en la resolución de la instrucción de los procedimientos para garantizar los derechos de la ciudadanía, la modernización y tramitación electrónica y la seguridad jurídica", añade.
A su juicio, "nos vamos a encontrar a partir de este momento ante unos procedimientos de homologación y declaración de equivalencia, bajo la competencia de una autonomía (...) que tiene efectos a nivel nacional, lo que puede dar lugar a la regulación de un procedimiento diferenciado, con requisitos y exigencias de muy distintos grados e intensidad".
Además, continua, "en los correspondientes procesos de homologación de títulos extranjeros, los Consejos Generales y en su caso los Colegios Profesionales de ámbito nacional que representen los intereses del sector profesional correspondiente, no tendrían intervención al no emitir el correspondiente informe preceptivo y no vinculante exigido por la normativa de aplicación".
Según la Unión Profesional, con la aprobación del real decreto (de transferencia de esta competencia a Euskadi), se vulnerarían los principios de seguridad jurídica, igualdad, habría discriminación por los efectos indicados y supondría un quebranto en las competencias que asisten a los Consejos Generales en materia de regulación y potestades sobre las profesiones tituladas.
Por todo ello, se reserva el ejercicio de las correspondientes acciones jurídicas "a los efectos de restaurar la legalidad vigente, para garantizar la seguridad jurídica y evitar la discriminación en el ejercicio y reconocimiento de las competencias de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros". EFE
msr/mcm
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