En 2018, Pedro Sánchez irrumpió en la Moncloa a lomos de una moción de censura prometiendo regeneración política. Casi seis años después, desde el mismo Gobierno se da a un grupo de delincuentes el poder de redactar leyes, determinando el alcance y hasta la definición de sus propios delitos, y quién, cómo y hasta cuándo quedan exentos de responsabilidad o culpa. Todo a cambio de unos votos que garantizan el mantenimiento en el poder de los actuales gobernantes. Un acto de corrupción jamás visto en democracia.
También prometía el mismo Sánchez el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Pues bien, casi seis años después, el problema quizá más grave que sufre España es la amenaza de la quiebra del Estado de derecho y del pacto constitucional. Debido a una forma de gobernar basada en el abuso de poder y una estrategia de colonización de las instituciones, que ha alcanzado su punto culminante en una ley de amnistía que no es sino un traje a medida de quienes precisamente quieren romper España y enterrar una Constitución que nos dimos todos. La mayor cacicada desde que tenemos democracia.
La inconstitucionalidad de la ley de amnistía es tan flagrante que ni tan siquiera está recogida, por expreso deseo de los padres de nuestra Carta Magna. Ya entonces tuvieron claro que no tenía sentido la derogación retroactiva del Código Penal solo para unos pocos, porque supone conceder privilegios y, en consecuencia, trae injusticia, desigualdad e inseguridad jurídica.
En una democracia, nadie lo puede todo: ni tan siquiera el legislador. Además, esta ley ha sido aprobada con un raquítico 51% de apoyo en el Congreso, gracias a los famosos siete votos de los testaferros de Puigdemont, mientras que en el Senado, la otra Cámara en la que reside la representación de la soberanía nacional, cuenta con el veto del 54%. Es el perfecto reflejo de la profunda división social que esta amnistía no soluciona, sino que fomenta.
Justo lo contrario, por cierto, de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que, por mucho que se empeñen el ministro Bolaños y quienes repiten sus consignas, no ha afirmado que esta amnistía sea constitucional. Bien al contrario, recomienda que, aunque la Constitución no lo prevea, se intente alcanzar una mayoría cualificada más alta que la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Y el único procedimiento que contempla estas mayorías es el de reforma constitucional.
Y es que los argumentos jurídicos que deslegitiman esta amnistía son tan abrumadores como los políticos. No hay más que acudir a los informes emitidos por el CGPJ, el de la Secretaría General y los letrados del Senado y de la Comisión de Justicia del Congreso, el de la Comisión General de Comunidades Autónomas e incluso, el de los seis fiscales que, con gallardía, se han atrevido a señalar la aberración que supone esta amnistía. Todos excepto el Fiscal General del Estado, claro, que ya sabemos a quién se debe.
Además, el 'borrado' de los delitos que persigue la amnistía no supone ningún final, sino el principio de la estrategia para la independencia de Cataluña. Los futuros amnistiados ya lo han dejado bien claro: lo volverán a hacer, hasta conseguir la autodeterminación. De cara a ese objetivo, el independentismo catalán tiene ahora más despejado el camino, debido a que enfrente hay un Estado con menos recursos para defenderse, después de que el Gobierno de Sánchez, al dictado de sus socios golpistas, haya eliminado la sedición y reformado la malversación.
¿Y qué posición adoptan los socialistas de la Región ante semejante atropello? El aplauso, como todo lo que viene de su jefe Sánchez. Eso sí, cuando se ven dialécticamente acorralados, salen con que en el PP queremos desviar la atención con asuntos que no interesan a la Región de Murcia… como si a los ciudadanos de la Región no nos afectara una ley que echa por tierra el principio de igualdad. Es más: en una nueva vuelta de tuerca de las continuas cesiones al independentismo, ahora se plantea un pacto de privilegios fiscales para Cataluña que, sin duda, perjudicará especialmente a regiones que, como la nuestra, se encuentran de por sí infrafinanciadas.
Pues bien: con o sin el PSOE, desde la Región de Murcia no vamos a consentir que los ciudadanos de esta tierra paguen la factura independentista solo porque un presidente acorralado antepone su supervivencia personal al interés general. No vamos a dejar que se juegue con los recursos financieros que les garantizan unos servicios públicos a los que tienen derecho como el resto de los españoles.
El Gobierno regional, con el presidente Fernando López Miras a la cabeza, va a hacer uso de todos los instrumentos políticos y jurídicos para frenar la cacicada de la ley de amnistía. Y, desde luego, el Partido Popular no cesará en su defensa de la igualdad y del Estado de derecho. Principios que solo garantiza nuestra Constitución, y sin los que no hay convivencia, ni Nación, que es precisamente lo que esperan los socios independentistas de Sánchez.
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