Las generaciones jóvenes actuales tienen muy complicado acceder a una vivienda en propiedad o siquiera el alquiler". Esta frase es de la última columna que hemos publicado. Y es que merece la pena seguir el hilo. Porque la vivienda se ha convertido en un problema transversal en este país, generadora de muchas otras desigualdades sociales. Antes de seguir repasemos lo que dice nuestra Constitución sobre la Vivienda, y lo encontramos en el artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hasta ahí todo bien.
Ahora vamos a la realidad: en muchas ciudades en este país el acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible. Un ejemplo reciente lo tenemos en Canarias. Hace unos días una histórica y contundente manifestación ha recorrido la playa urbana de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, gritando consignas como "El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria" o "No es turismofobia es canaricidio". Es evidente que las islas viven del turismo, pero no puede ser que ese turismo haga insostenible la vida de los vecinos. Eso ocurre también en Las Baleares, donde los trabajadores de la hostelería malviven durante meses en vehículos, terrazas y otras infraviviendas, porque es imposible acceder a un alquiler razonable.
¿Qué está pasando? Volvamos al artículo 47, en el que se indica que el Gobierno velará para impedir la especulación. Pero observamos como los extranjeros están comprando cada vez más vivienda: durante el 2023 se hicieron con un 15% del total de viviendas vendidas, con una preferencia clara por el litoral mediterráneo. Es decir: son segundas residencias o vacacionales. Lo que se traduce en una presión sobre el mercado ordinario, que sube los precios hasta hacerlos inaccesibles a los trabajadores foráneos.
Luego está toda esa movida de la vivienda vacacional, que retira del mercado miles de viviendas, dedicadas en exclusividad al turismo, y que tiene el mismo efecto sobre los precios: los pisos que quedan libres suben las rentas, nuevamente los hacen inalcanzables para aquel que quiere una primera vivienda. Esa vivienda vacaciones está concentrada en muy pocas manos: no es renta distribuida, sino empresas grandes que se dedican a eso, con un criterio acumulativo. Si sumamos todos esto elementos nos encontramos con una evidente falta de acceso de los ciudadanos a una vivienda. Es decir: el art 47 ha saltado por los aires.