La Junta de Castilla y León llama "frentista" al Gobierno por llevar la Ley de Concordia ante la ONU y Europa
La Junta de Castilla y León ha respondido al anuncio del Gobierno de llevar las iniciativas autonómicas sobre Memoria Democrática ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, además de ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha asegurado que no van a aceptar ejemplo o crítica alguna de quienes han hecho "una ley de memoria democrática inspirada por Bildu".
Fernández Carriedo ha defendido que la Ley de Concordia que salga de las Cortes de Castilla y León "será plenamente respetuosa las leyes nacionales que son objeto de referencia" y con la Constitución. El también consejero de Economía y Hacienda ha cargado contra la Ley de Memoria Democrática asegurando que se haya incluido "un amplio periodo de la democracia española como consecuencia y como petición de Bildu", cuyos "principios y valores" se encuentran reflejados en la normativa.
El portavoz ha indicado, como ya hiciera la semana pasada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes "se centra en las víctimas, en ampliar su número y en llegar con más apoyos y ayudas".
La normativa de Castilla y León aspira a incluir el ámbito de actuación desde la Segunda República además de suprimir la palabra dictadura para hablar del franquismo, entre otras cuestiones, para dar un "ensalce" a los apoyos que perciben, "bien sean de violencia ideológica, religiosa o social". Con esta ley se pondría fin al actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) con el consenso de todas las Cortes.