Javier Milei quiere apurar los tiempos parlamentarios que él mismo se impuso para conseguir la aprobación de la versión abreviada de la Ley de Bases. El Presidente quiere llegar al prometido Pacto del 25 de Mayo en Córdoba pero con las leyes en el bolsillo que exigió ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo para arribar a algún acuerdo con los gobernadores, en medio de múltiples recortes del Estado nacional que ponen en jaque las economías de las provincias.
El debate todavía se realiza sobre un borrador donde persisten diferencias y está sujeto a negociaciones y cambios para garantizar los votos y evitar un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno. Como prenda de negociación, la Casa Rosada podría incluir en el texto definitivo una reforma laboral que con diferentes matices pidieron los bloques parlamentarios dialoguistas y así avanzar en la emergencia y facultades delegadas que reclama Milei. Además del paquete de privatizaciones de las empresas del Estado. Todavía está en discusión la reversión del impuesto a las Ganancias para coparticiparlo con las provincias y si se mantendrá –como establecía el borrador— el artículo para reformar la Ley de movilidad jubilatoria y que el Gobierno ya impuso por decreto con un nuevo ajuste sobre jubilados y pensionados.
Ante las aspiraciones de Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem le puso fecha tentativa al debate: "semana del 14 o la del 21" de abril, sostuvo. Por esa razón, el armado en las comisiones arrancaría tras el feriado XL pero restan definiciones. Duros y dialoguistas exigen ampliar las comisiones que participen en el debate y el oficialismo no quiere incluir a aquellas que no preside para evitar "dilaciones" que pongan en riesgo la fecha del Pacto de Mayo. La idea que prima en LLA es convocar a un plenario de las mismas comisiones que estuvieron involucradas en las sesiones extraordinarias: Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Aunque esta última también podría quedar marginada, ya que el capítulo de Reforma Electoral del primer proyecto quedó descartado en la versión corta por la suma de rechazos. En ese esquema, LLA y aliados apuntan a obtener la aprobación a mediados de abril en Diputados y a fin de mes o comienzos de mayo en el Senado y así despejarle el camino a Milei.
Borradores
Para lograrlo, la Rosada modificó la estrategia parlamentaria del todo o nada. Redujo el mamotreto de 664 artículos a 269, los hizo circular a mediados de marzo entre los bloques dialoguistas –pero no lo envió a UxP, primera minoría en Diputados. Y lo extendió luego a los gobernadores. La estrategia esta vez fue evaluar la resistencia en el articulado y abrir negociaciones por los votos antes de que el proyecto llegue al recinto. Pero el Gobierno aún no tiene logrado ese objetivo en medio de la disputa que el propio Presidente enarbola contra los gobernadores y los innumerables recortes (del subsidio al transporte al Incentivo Docente y la supresión de de cajas jubilatorias provinciales).
Los ejes del proyecto de todos modos tiene las prioridades de Milei. Entre ellos, declaración de la Emergencias Administrativa, Económica, Financiera y Energética por solo un año y las facultades delegadas al Ejecutivo en esas mismas materias. El nuevo texto dedujo a cuatro las once originales. Además, el nuevo proyecto está dividido en nueve capítulos que incluyen blanqueo impositivo y laboral para empresas y distintos aspectos de Desregulación Económica que contemplaba el DNU/70 de 2023.
Aunque redujo la lista de empresas estatales, la embestida privatizadora persiste. La privatización de YPF ya fue descartada pero la nueva lista insiste en pasar al sector privado doce empresas bajo distintas modalidades. Tres de ellas para su privatización total. Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. Energía Argentina SA, dedicada al estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, el transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Y Radio y Televisión Argentina, que incluye a Radio Nacional y la Televisión Pública.
En la lista está sujeta a privatización o concesión de sus servicios: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Correo Argentino; el corredor ferroviario del Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); los Corredores Viales; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Nucleoeléctrica Argentina; el Banco Nación y todas las empresas del grupo; y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
Aunque en los casos de Banco Nación y ARSAT, los bloques dialoguistas solo estarían dispuestos a aceptar la incorporación de capitales privados pero que el Estado conserve la mayoría accionaria.
El borrador todavía tiene la modificación de la Fórmula de Movilidad Jubilatoria, que el Gobierno ya cambió por decreto. Habrá que ver si los aliados insisten en sus propios proyectos para buscar compensación en el ensamble. En tanto, la reversión de Ganancias ingresaría con un proyecto aparte. Milei quiere su regreso pero no pocos gobernadores se oponen.
Trabajadores, prensa de cambio
A pesar que no figura en el borrador del Gobierno, la Casa Rosada evalúa sumar además la Reforma Laboral. Sería una prenda de negociación con los bloques aliados que pidieron al Ejecutivo incorporar la iniciativa en la Ley Bases. La bancada del PRO presentó varios proyectos a través de su jefe Cristian Ritondo mientras que la macrista santafesina Verónica Razzini hizo lo propio con una iniciativa en espejo a la reforma laboral del DNU70/2023 frenada por la Justicia. También el jefe del bloque de la UCR, el cordobés Rodrigo de Loredo, reclamó una reforma laboral y varios diputados radicales presentaron proyectos propios.
La Reforma Laboral es una de las aspiraciones máximas del Gobierno. Las dudas en la Casa Rosada son si aceptar las propuestas de la oposición dialoguista que sólo aborda algunos aspectos de la propuesta de máxima de Milei o jugarse por el proyecto de Razzini en sintonía con las ambiciones presidenciales. El gobierno sabe que jugarse un pleno en el litigio ante la Corte Suprema podría traer aparejado un traspié. Por ahora, las modificación de las leyes laborales son una presa de negociación con los bloques que aportarían votos para la nueva versión de la Ley Bases.