Con pocos antecedentes en los gobiernos anteriores, las facultades que da la ley a las diferentes superintendencias del Estado generan cada vez más polémica porque están afectando a entidades públicas y privadas que tienen una condición en común: han controvertido políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro o han sido blanco de duras críticas por parte del primer mandatario.
El caso más reciente, que sigue generando debate en el país, es el de la intervención administrativa decretada por la Superintendencia de Salud sobre Sanitas EPS, uno de los gigantes privados de la salud en Colombia, que tiene 5,7 millones de afiliados.
Para la oposición la intervenciónes una retaliación ante la probable sepultura del proyecto bandera del presidente Gustavo Petro. Fue un acto hecho de afán, dice la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, CD, para "vengar lo que sucedió en la Comisión Séptima de Senado donde definitivamente se va a hundir la reforma a la salud".
Según su interpretación, el superintendente Luis Carlos Leal actuó así por una directriz dictada desde la Casa de Nariño.
Desde la otra orilla política se rechaza esta versión. Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, PH, se mostró categórica: "No es sinónimo de venganza. Aquí no se ha desarrollado el debate. Hay una situación, incluso, habíamos tenido diálogos privados con algunas EPS que no querían el archivo de la reforma, porque ellos sabían cuál era la crisis del sistema".
La decisión de la Super es polémica porque Sanitas tiene mejores indicadores que otros actores del mercado que no han sido objeto de los controles del Estado. Pero también porque la entidad públicamente había controvertido al Gobierno en su radiografía sobre la situación de la salud en el país, especialmente sobre la responsabilidad del Estado en la desfinanciación del sistema.
"El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos", aseguró, por su parte, el presidente Gustavo Petro. Para el jefe del Estado "el actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión".
"El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos": Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia.
El argumento que desde hace meses viene usando el gobierno del presidente Petro contra Sanitas es que supuestamente está desviando plata destinada a a la salud pública para otros objetivos. Y todo esto ocurre en momentos en los que la reforma de la salud, que ha sido polémica, está a punto de naufragar definitivamente en la Comision VII del Senado de la República, donde este miércoles empezaron los trámites definitivos.
La acción de la Supersalud, que sorprendió a la mayoría de actores del sistema, ocurre apenas semanas después de que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una inspección a la Registraduría. En su momento, el despliegue de supervisión gubernamental fue ordenado por la superintendente Cielo Rusinque en medio de la discusión por el tema de los pasaportes y la empresa Thomas Greg & Sons. Esa firma ha sido señalada por el presidente Gustavo Petro de supuestamente beneficiarse de prácticas corruptas en la Cancillería de Álvaro Leyva (nombrado por el mismo Petro), y el mandatario ha intentado ligar el asunto a los contratos de Thomas con otras entidades del Estado.
Para sectores de la oposición no puede ser solo una coincidencia que un contexto en el que el presidente Petro muestra su rechazo a otorgarle a esta firma el contrato y cuando cuestiona el sistema electoral al extremo de decir que es mejor el de Venezuela se haya producido la visita, cuyas condiciones y alcances generaron polémica y que hoy están bajo investigación de la Fiscalía.
"Como funcionarios, es nuestro deber ser transparentes con la información de la Registraduría Nacional. Estamos abiertos a que cualquier entidad la solicite y la inspeccione. Por eso, nunca nos negamos a la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que nos preocupa es el abuso de poder y la extralimitación de funciones por parte de algunos servidores públicos frente a una entidad autónoma e independiente como lo es la Registraduría Nacional", dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
"El registrador resalta, en primera medida la disposición de la Registraduría a brindar la información; es decir, son conscientes de que tenemos la competencia, que no es la primera vez que se adelantan este tipo de visitas y que el efecto sorpresa, avalado por la Corte Constitucional, es necesario para acceder al material probatorio", respondió Rusinque sobre lo sucedido.
Ella al igual que el Supersalud, Leal, argumenta que están ejerciendo sus competencias en el marco constitucional y con la intención de que la Ley se aplique a cabalidad.
"No nos corresponde vigilar todas las contrataciones del Estado. Nos concentramos en donde hay indicios de que se pueden estar haciendo acciones en donde se abuse de la posición dominante de alguno de los actores del mercado", dijo Rusinque sobre el caso de la Registraduría.
También, según el representante Hernán Cadavid, del opositor CD, fue con el garrote de otra Super, la de Subsidios, que se logró la llegada de Aldo Cadena como nuevo presidente de la Nueva EPS.
Para este parlamentario, todo comenzó con la intervención que hizo la Superintendencia de Salud a Comfenalco Antioquia y "por esa vía", fue que "el Gobierno inició el chantaje a las otras cajas de compensación que son socios de la EPS" para llevar al cargo "a un viejo conocido de Petro y muy mal funcionario".
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, negó este libreto y dijo que las críticas obedecían al racismo y al clasismo existente en Colombia. "Apenas nombran a un trabajador en un cargo directivo importante, inmediatamente les produce escozor, que porque no es blanco, grande, buen mozo y artista", aseguró.
Pero, ¿qué es lo que está pasando con esas oficinas, que son los 'dientes' del Estado de cara a sectores claves para la vida nacional?
"El Gobierno Nacional está usando las superintendencias como una especie de policía para amedrentar a sus detractores, críticos y adversarios políticos", dice, sin dudarlo, Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana.
Para el analista, hay diferencias sustanciales entre lo que pasó, por ejemplo, cuando el gobierno Santos utilizó a las 'super' para tratar de poner en cintura a empresas como Uber con lo que está pasando en la administración del presidente Petro. "Ningún gobierno había hecho uso de estas facultades como retaliación por no contar con el voto del Congreso para apoyar iniciativas legislativas", dice.
"No nos corresponde vigilar todas las contrataciones del Estado. Nos concentramos en donde hay indicios de que se pueden estar haciendo acciones en donde se abuse de la posición dominante de alguno de los actores del mercado", Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio.
"Lo que viene, pasando es la exacerbación de las facultades presidenciales, del Gobierno vía decreto y de la aplicación a rajatabla de la policía judicial en cabeza de las superintendencias, y los entes de vigilancia y control para demostrar, de manera esquivada que es necesario cambiar de sistema político y económico", asegura Araújo.
La pregunta es: ¿Esta estrategia le dará resultados al Gobierno? El analista Pedro Viveros cree que no: "La estrategia política del gobierno desde la ruptura con la coalición de centro no ha funcionado en el Congreso. La política es de símbolos y de astucia y si el Presidente está tomando decisiones de "reyezuelo" para sacar por medio de la presión los resultados que no se le dan en una rama independiente del poder como es el Congreso, de pronto se queda con el pecado y sin el género, es decir que le hunden el proyecto de ley de la salud y le endilgan actitud de un gobernante autoritario y revanchista".
Lo que sí es indiscutible es el rol de protagonistas que durante esta administración han ido tomando estos organismos.
El económista y analista político Aurelio Suárez cree que el conjunto de superintendencias que hacen parte del Poder Ejecutivo como la Supertransporte, la Supersalud, la Súper Industria y Comercio "han venido cobrando una importancia alrededor de la vigilancia y supervisión de sus respectivos sectores y con nombramientos que son directos por parte del presidente de la República casi que a su libre albedrío".
Para Suárez, llama la atención la hiperactividad de las entidades en algunos casos, mientras que en otros no se ve tanto. Menciona puntualmente que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, no ha actuado frente a las mallas empresariales de Euclides Torres, en referencia a uno de los financiadores de la campaña del presidente Petro.
La pregunta que gravita en el ambiente es natural. ¿Por qué no se actúa con la misma diligencia en el caso de Torres que, según el portal La Silla Vacía, ha recibido 180.000 millones de pesos en contratos con el Gobierno Nacional?
"Sí se infiere, entonces, que puede haber un direccionamiento de su actividad innegable y constitucional de vigilancia y control sobre ciertos blancos que pueden ser de interés para el Gobierno Nacional", dice Suárez. "No se debe desconocer la posibilidad de ese direccionamiento", reitera este analista.
La acción de la Supersalud forma parte de este guión, según la lectura de los hechos por parte del representante a la Cámara Andrés Forero, CD: "Es un acto de retaliación de parte del Gobierno Nacional que ante la frustración que tiene por el inminente hundimiento de la reforma a la salud, la emprende contra una EPS a la que había estado persiguiendo de manera sistemática. Vemos cómo asfixiaron a las EPS y ahora van por los despojos, lo triste es que los que van a resultar afectados son los usuarios".
Coincidencia o no, el expresidente César Gaviria Trujillo dice que la acción de la Supersalud traerá graves consecuencias. Para el expresidente, "el gobierno está llevando al país hacia un conflicto legal que perderá en cualquiera de las Cortes o en los tribunales internacionales encargados de proteger la inversión. "Deberá asumir las consecuencias económicas desastrosas derivadas de la adopción de decisiones inconstitucionales", concluye el mandatario liberal.