Luego de que Casación haya hecho lugar a un pedido de la defensa de Walter Bento con un fallo en disidencia, sus abogados pidieron apartar a las juezas que ordenaron su detención en noviembre pasado.
El jueves la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dividido, hizo lugar a un planteo de la defensa en contra de la orden de ejecución de su arresto apenas perdió su condición de juez en noviembre del año pasado. Por esto mismo, el tribunal oral que lo está juzgando deberá dictar un nuevo fallo para justificar su arresto, bajo los lineamientos dados por Casación.
Mientras tanto, el ex juez permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Cacheuta. Su defensa buscaba que se le permitiera acceder a la prisión domiciliaria, pero por ahora esos recursos fueron rechazados. El fallo de Casación, sin embargo, refuerza los planteos que hará la defensa para obtener la libertad.
En este contexto, el viernes se conoció otro pedido realizado por la defensa, a cargo del abogado Mariano Fragueira Frías. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Sol, presentaron un pedido para recusar a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereyra y Eliana Beatriz Ratta Rivas.
El escrito presentado aclara que "el presente planteo no se funda en razones personales ni mucho menos subjetivas, sino en hechos concretos que comprometen la imparcialidad de las juezas recusadas".
"Dejamos expresamente planteada la nulidad de todos los actos procesales que puedan llevar a cabo las magistradas", aseguraron. En línea con el pedido presentado anteriormente, consideraron que "el Tribunal mantiene irregularmente privado de su libertad al doctor Bento, con eso, se perfecciona la causal denominada 'temor de parcialidad' que motiva el pedido de apartamiento de las magistradas que tienen a su cargo la detención de nuestro asistido, siendo el mojón desde el cual debe contabilizarse el término aludido".
Bento era el titular del juzgado federal 1 de Mendoza, que no solo tiene a su cargo la investigación de causas de crimen organizado como narcotráfico, sino que además tiene la competencia electoral, un factor clave para la política. En 2023, fue enviado a juicio político y suspendido por unanimidad por el Consejo de la Magistratura acusado de mal desempeño de sus funciones.
Y mientras esperaba el jury en su contra, Bento comenzó a ser juzgado junto a otra treintena de personas por asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica. Lo acusaron de ser el jefe de una banda que cobraba coimas a través de abogados a acusados en sus causas.
El jury dio por acreditado su mal desempeño y lo destituyó en noviembre. Inmediatamente, el Tribunal Oral de Mendoza ordenó detenerlo. La defensa cuestionó precisamente la orden de arresto, elevando la queja a Casación.
En su planteo, afirmaron que el arresto no podía dictarse por "las garantías de inamovilidad e independencia de los jueces y en el efecto suspensivo que importa el trámite de impugnación de la decisión destituyente del Jurado, en todas sus instancias y hasta el agotamiento de todas las vías recursivas, sean estas ordinarias o extraordinarias".
Según el fallo al que accedió Infobae, los jueces de la Sala III Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Carlos A. Mahiques analizaron el planteo de la defensa. Por mayoría, Mahiques y Carbajo consideraron que correspondía "anular el pronunciamiento impugnado en cuanto adolece de fundamentación suficiente, lo que impide su calificación como acto jurisdiccional válido". En disidencia, el juez Hornos analizó los cargos que enfrenta Bento y afirmó que la decisión de ejecutar la prisión preventiva y ordenar la inmediata detención era "correcta y se encuentra fundada en las expresas disposiciones de la Constitución Nacional y el derecho legal vigente, con especial consideración a los gravísimos hechos que se investigan en la causa".