La Associació de senegalesos i senegaleses de les Illes Balears denunció ayer las declaraciones arrojadas por el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Sergio Rodríguez, durante su intervención en el pleno al vincular, una vez más, la delincuencia con la inmigración y espetar: «Todos los apoderados o interventores del PSOE en Son Gotleu son armarios ropero de dos metros que vienen de Senegal».
Desde la comunidad senegalesa del archipiélago defendieron que las expresiones del ultraderechista Sergio Rodríguez son un «claro delito de odio contrario a los derechos humanos, principios y valores democráticos, de acogida y de integración».
En una nota, la entidad explicó que las palabras del diputado de Vox fueron más allá de las «acusaciones falsas», y Rodríguez aprovechó su intervención en la Cámara balear para «vincular a las entidades sociales y de voluntariado con la comisión de delitos como la trata o la mafia». Unas declaraciones que fueron censuradas rápidamente por la comunidad senegalesa.
Además, la asociación lamentó la «permisividad» del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a la hora de -dijeron- no poner freno a una intervención «racista, xenófoba y completamente contraria a los derechos humanos». Una permisividad que, en palabras de la comunidad senegalesa, contó con la complicidad del Partido Popular, quienes según esgrimieron votaron a favor de la Proposición No de Ley de Vox relativa a la eliminación de las ayudas sociales a los inmigrantes en situación irregular, lo que provocó las «manifestaciones de odio» del diputado de extrema derecha Sergio Rodríguez.
Ante esta situación, la Associació de senegalesos i senegaleses de les Illes Balears se planteó tomar todas las medidas legales a su alcance para «no amparar manifestaciones de odio y ni dejar pasar ni uno de los continuos ataques de Vox contra las personas migrantes de nuestras islas».
En concreto, la medida aprobada por Vox, y respaldada por los populares, defiende que en las próximas convocatorias de ayudas, establecidas o gestionadas por la Administración balear, entidades autónomas dependientes de la misma o entidades de derecho público dependientes, sea exigido para su concesión que el beneficiario ostente la residencia legal en vigor en Baleares, además de que se realicen las modificaciones normativas oportunas para garantizar que los servicios sociales y las prestaciones sociales de carácter económico de las islas sean destinados en «exclusiva a personas que acrediten su residencia legal en vigor en el archipiélago balear», entre otras medidas.
Sin embargo, se rechazó instar al Govern a realizar la modificación de la normativa necesaria para que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse, ni tampoco los inmigrantes en situación de estancia, e instar al Gobierno estatal a modificar la normativa de la Ley y del Reglamento de Extranjería para eliminar el arraigo como forma de regularización de la residencia ilegal en el país.
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