El Gobierno gallego autorizó al dueño de la principal empresa gallega de desocupación la gestión de residuos industriales al menos desde 2016 y con la intención de que pueda seguir ejecutando estos trabajos hasta la próxima década. Esta misma empresa fue acusada por el Ayuntamiento de Teo (A Coruña) en 2020 de instalar "un vertedero incontrolado" de residuos "sin un adecuado proceso de clasificación, tratamiento, valorización y almacenamiento", tras una investigación de la inspección urbanística.