El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar este viernes un nuevo estado de excepción a nivel nacional por 60 días, esta vez por causa de la grave crisis energética que atraviesa el país, con apagones de hasta ocho horas de duración al no poder atender la demanda nacional de electricidad.
A través de un decreto, Noboa dispuso "la movilización e intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, debidamente coordinadas, para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento".
Desde el domingo pasado Ecuador sufre apagones diarios en diferentes zonas de hasta ocho horas de duración, al haberse quedado sin el nivel suficiente de agua el embalse de Mazar, el segundo más grande del país, que permite operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia 1.757 megavatios, equivalente a alrededor de un tercio de la demanda nacional.
A ello se suma el corte del suministro de electricidad procedente de Colombia, que también afronta una situación de gran sequía que no le permite generar excedentes de electricidad para exportar a Ecuador.
Los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia se asignarán desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sin afectar los fondos correspondientes a los sectores de salud y educación, ha matizado el mismo medio.
La principal diferencia con respecto a ocasiones anteriores es que el nuevo estado de excepción no traerá consigo la imposición de toques de queda.
La dimisión de la ministra de Energía
Aunque en un primer momento se apuntó a cuestiones climáticas las autoridades han apuntado después a un posible sabotaje.
La situación es tal que el presidente solicitó a principios de semana la dimisión de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Tras declarar el estado de emergencia en el sistema energético, Noboa puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido.
Los primeros resultados de las pesquisas apuntan a que Arrobo y otra veintena de sospechosos habrían ocultado información relevante sobre la situación energética.
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