Cronología de una mentira: el novio de Ayuso acaba reconociendo que las obras de su vivienda son ilegales
En un mes, el equipo de Ayuso ha pasado de defender a Alberto González Amador asegurando que la reforma del piso es legal a que él mismo acabe confirmando que es ilegal.
El pasado 16 de marzo, este medio destapaba en exclusiva que las obras de la vivienda en la que viven tanto Alberto González Amador como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habían sido paralizadas por el Ayuntamiento de Madrid por irregularidades en el procedimiento para realizar la reforma.
El equipo de Ayuso hablaba entonces en boca de su pareja y aseguraba en repetidas ocasiones que las obras se habían realizado conforme a la norma. No obstante, este fin de semana, eldiario.es destapaba que la pareja de la presidenta se dirigió el pasado 21 de marzo al Ayuntamiento de Madrid para tratar de legalizar las obras que se habían acometido en uno de los dos pisos de los que disfruta la pareja en el edificio.
Un escrito, realizado de manera formal ante el consistorio, en el que la pareja de Ayuso reconoce la ilegalidad de las obras y que fue registrada tan solo un día después de que Más Madrid denunciara la presunta "infracción urbanística" cometida por la pareja de Díaz Ayuso en la reforma de la casa, que se hizo sin los permisos necesarios y que acabó inundando parte del edificio.
Tras la denuncia de Más Madrid, se iniciaba de manera automática un expediente que debería llevar a un inspector a la vivienda para ver qué se acometió en las obras y que podría derivar en un procedimiento sancionador contra la pareja de Ayuso.
Una maniobra que consiste en una intentona de regularizar las obras ilegales que acometió Alberto González Amador y que tratan de cerrar el expediente antes de que se produjera la inevitable inspección de un funcionario del Ayuntamiento de Madrid.
El propio delegado del Área de Urbanismo, Borja Carabante, ha reconocido implícitamente que Alberto González había reconocido la ilegalidad de sus obras y ha confirmado que "el procecimiento ordinario que con cualquier persona, los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite que cualquier otra persona, como saben no damos datos por protección de datos".
Cronología de una mentira
La vivienda en la que reside Isabel Díaz Ayuso con su pareja se convertía, casi al mismo nivel, en una de las piedras angulares de las polémicas que le salpican tras la denuncia por doble fraude fiscal de Alberto González Amador.
El 12 de marzo pasado se conocía que la Fiscalía se había querellado contra la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal que le habrían ahorrado el pago de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades. La Fiscalía de Madrid acusaba de un tercer delito de falsificación documental al empresario, por varias facturas falsas que emitió para ahorrarse dinero en las declaraciones de 2020 y 2021 y así no tributar lo que debía tras haber recibido una comisión de más de dos millones de euros por la venta de mascarillas en pandemia.
A la vez se conocía que la pareja vive en una vivienda valorada en 1,2 millones de euros en una de las zonas más exclusivas del barrio de Chamberí y que la vivienda había sido comprada tras haber cometido el doble fraude fiscal que acabó reconociendo el abogado de Alberto González Amador. Además, el 13 de marzo se conoció que disfrutaban de una segunda vivienda. La pareja vive en el sexto piso, pero también disfrutan del ático de encima, que usan como gimnasio, zona de eventos y zona de invitados. La vivienda fue comprada al contado por Babia Capital SL, una sociedad Javier Luis Gómez Fidalgo, que es el asesor que representó a la pareja de Ayuso ante la inspección de Hacienda que ha acabado judicializado.
No obstante, ni Ayuso ni su pareja han explicado cómo disfrutan de esa vivienda, si han acabado comprando la misma o pagan un alquiler o bien se la ceden. Tampoco cómo acceden a ella. Más Madrid presentaba la denuncia en marzo y la ampliaba hace tan solo unos días para conocer si, entre otras cosas, se habían unido las dos viviendas. Según datos de Idealista y el Registro de la propiedad a los que ha accedido El HuffPost explican que ese ático, que legalmente consta como séptimo, tiene un valor por encima de los 1,5 millones de euros.
El 16 de marzo, El HuffPost destapaba que la reforma de la vivienda en la que reside la pareja había sido paralizada en dos ocasiones por el Ayuntamiento de Madrid por varios defectos. Alberto González Amador Alberto González Amador realizó una declaración responsable el 4 de agosto del 2022 al Ayuntamiento de Madrid en la que informaba de las obras. Sin embargo, el 2 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022 la coordinadora del distrito y concejal del PP, María Cristina Goncer Ortega, bajo la presidencia de la junta de Chamberi por parte del concejal Javier Ramírez, firmó el expediente en el que obligaba a paralizar y restituir las obras. Ese expediente obligaba a paralizar y restituir las obras ya que los técnicos municipales habían "comprobado la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de los documentos" que aportó el novio de Ayuso al Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo dichas obras. En concreto, pretendía ampliar las obras con la misma declaración responsable sin explicar el motivo de las mismas y no había pagado las tasas necesarias relativas a los escombros.
Una cuestión que podía sortear si hacía el trámite de manera correcta y solicitaba una licencia de obras para adecuar la vivienda recién adquirida a su gusto. Según ha podido saber El HuffPost gracias a fuentes del Ayuntamiento de Madrid, no consta ninguna orden de precinto posterior ni ninguna solicitud de licencia de obra. Este medio ha comprobado a través de Conex, la web de consulta de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid que el último trámite realizado en el edificio es del 4 de agosto de 2022, misma fecha en la que Alberto González Amador realizó la declaración responsable.
Antes de publicar la información, este medio se ponía en contacto con el equipo de la presidenta. En esta ocasión sí respondía por un ciudadano particular y explicaban que es posible podía hacer una obra sin licencia y que les parecía "imposible" que no estuviera disponible en ningún registro del Ayuntamiento de Madrid. "Te han informado mal", llegaban a decir.
No obstante, este medio volvió a contrastar la información y comprobó de nuevo que no constaba en ningún lugar.
Tras esta comprobación, el equipo de la presidenta regional explicaba que Alberto González Amador "firmó todo lo que las constructoras le dijeron que había que firmar" y explicaban "que está todo en orden". De nuevo, era falso.
Evitar la inspección
Ahora, al tratar de regularizar las obras ilegales de la sexta planta responden a un plan de Alberto González de tratar de tener a los inspectores en su casa.
No ha sido hasta que se ha conocido la situación de la vivienda, que provocó inundaciones en varios salones y el cierre de un restaurante, cuando Alberto González Amador ha decidido regularizar la situación de la vivienda.
Ayuso llegaba a mofarse de la información publicada por El País en la que se informaba de cómo las obras provocaron con dos inundaciones el cierre del restaurante y las dejó en una "gotera". Automáticamente, el citado medio publicaba imágenes de la gravedad de los años. Según El País, los daños obligaron a la pareja que regentaba el local a cerrar el negocio después de que el seguro de González Amador indemnizara a los hosteleros con solo 6.000 euros. Ellos, que tuvieron que cerrar el inmueble un mes, habían cifrado las pérdidas en unos 22.000 euros haciendo inviable su continuidad.
En concreto, la pareja de Ayuso ha utilizado el denominado como "procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística" que se abre por el consistorio madrileño a raíz de la denuncia de Más Madrid. Es un modo de legalizar la reforma donde presenta una nueva declaración responsable que lleva adjunta un proyecto técnico, a pesar de que la obra ya está hecha.
Aparte de presentarla él mismo, también la puede hacer lo que se conoce como una ECU, que es una Entidad de Colaboración Urbanística. Se trata de una sociedad privada que funciona verificando el cumplimiento de legalidades urbanísticas.
La pelota ahora está en el tejado del Ayuntamiento de Madrid. El histórico establece el precedente de que cuando el propietario se abre a regularizar la ilegalidad, evitan abrir un proceso sancionador. No obstante, al haber una denuncia de Más Madrid previa al reconocimiento, debería abrirse un segundo expediente. Las multas previstas en la normativa municipal van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros.
Pese a todo, la regularización de las obras ilegales de la vivienda en la que vive Ayuso no constan en ningún sistema del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, fuentes del Ayuntamiento confirman que el único expediente abierto hasta la fecha sigue siendo la denuncia de Más Madrid y sigue pendiente de informe.
Fuentes conocedoras del proceso de legalización de las obras explican que legalizar las obras es sencillo ya que supone reconocer dos cuestiones: "que ha unido los dos pisos y que hizo las obras a pesar de tener orden de paralización".
Pese a todo, y a pesar de que se presentó el pasado 21 de marzo y han pasado veinte días, a día de hoy no figura esa declaración responsable ni en el portal SIGSA ni en CONEX. Tampoco como nuevo expediente de licencia anudado al expediente de Disciplina Urbanística de Más Madrid. De existir esa declaración responsable, no está grabada en el sistema, siendo, según las citadas fuentes "tremendamente irregular".
Lo que parece claro es que, a priori, González Amador no puede evitar la inspección de los técnicos. Y es que para calcular la sanción económica de las obras ilegales que ha realizado, el Ayuntamiento tiene que comprobar el alcance de las mismas.
En el caso de que la pareja de Ayuso haya unido el sexto y el ático, la Ley de Propiedad Horizontal explica en su artículo 7 que se tendría que haber hecho con autorización expresa de la Comunidad de Propietarios con una alta mayoría. Si Alberto González llevó a Junta de Propietarios la realización de la obra, tiene que figurar en el acta de esa reunión que justifique los hechos.