Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron a través de un comunicado en las redes sociales que lograron que se dictara una sentencia en contra de los hermanos Alfredo y Raúl de apellidos Quintana Pérez, por el delito de feminicidio.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, durante las audiencias, el Ministerio Público fue capaz de aportar las pruebas necesarias para que la Autoridad Judicial emitiera dicha condena, misma que será de 43 años y 6 meses para Alfredo Quintana Pérez.
En tanto, Raúl Quintana Pérez, quien es hermano del primero, fue sentenciado a 40 años de cárcel, además les fueron fijadas multas que por Ley deberán de ser saldadas. Tampoco se dio a conocer el monto de éstas.
El feminicidio de Acambay que cimbró al Estado de México
La investigación de las autoridades reveló que el feminicidio referido se registró el día 11 de marzo de 2022, en una vivienda de la localidad La Loma, en el municipio de Acambay. Fue Alfredo quien provocó la muerte a su esposa, una joven de 23 años, luego de que sostuvieron una discusión de la que no se aportaron más detalles.
Sin embargo, al momento de querer deshacerse del cuerpo, buscó auxilio con su hermano Raúl, quien le ayudó que fuera trasladada la mujer hasta una zona boscosa. La Fiscalía del Estado de México apuntó que en un terreno intentaron desviar la atención y simularon una escena de suicidio.
El cuerpo fue finalmente encontrado atado por el cuello con un cinturón, también estaba suspendido de un árbol. Pero los exámenes realizados por los peritos especializados, así como otros elementos de la investigación, precisaron que realmente había sido privada de la vida.
"Con esta información el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra los posibles implicados, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por elementos de esta Institución", apuntaron en el comunicado.
De manera inmediata capturaron a los dos hombres, quienes fueron presentados ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quien finalmente resolvió, luego de un proceso legal, que se les fueran dictadas las sentencias y suspendió sus derechos civiles y políticos.