-El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, anunció que la administración estatal analiza la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDND) tras las detenciones de habitantes por una manifestación en aquella comunidad y aseguran que se privilegiará "el Estado de derecho"
Hubo "violaciones a graves" a los derechos humanos en el operativo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó en Escolástica, Pedro Escobedo, cuando habitantes de esa comunidad se manifestaron para que los manantiales de El Sabino fueran devueltos a la comunidad, pues se encuentran en manos privadas.
Cabe recordar que este operativo que se realizó con granaderos de la Policía Estatal, se realizó derivado de una orden judicial para devolver los predios de El Sabido a un privado, según argumentó la entonces secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Para la CNDH, sin embargo, durante este operativo y detención de tres personas —que aún siguen en una prisión estatal— se dieron "violaciones graves a los derechos humanos, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal" debido al "uso excesivo de la fuerza" por parte de la POES, derivándose además en "detenciones arbitrarias, tortura, trato cruel, inhumano y degradante" a los habitantes de dicha comunidad.
En un comunicado, el actual secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez, informó que la administración de Mauricio Kuri González analizará la resolución y recomendaciones que emitió la CNDH, esto para emitir una posición que, argumentó, estará basada en el "compromiso con el Estado de derecho".
"Nos encontramos analizando las consideraciones, argumentos y conclusiones de la misma, pero anticipamos que nuestro actuar será conforme lo marcan las disposiciones legales aplicables al caso concreto, reiterando nuestro compromiso con el Estado de derecho como eje rector para la convivencia armónica, en un ambiente de paz que propicie el desarrollo integral de la sociedad", manifestó.
Entre las medidas cautelares que pide la CDNH están el incluir a las personas afectadas en la Comisión Estatal de Víctimas para su atención por la violación de sus derechos humanos; ofrecer una disculpa pública a los afectados; colaborar en las investigaciones internas y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los elementos de las corporaciones involucradas; entre otras.
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