FGE inicia proceso judicial contra Joana Marlene Bautista, exadministradora del PJE
Citan a audiencia a exadministradora del PJE y su subordinada, pero fue pospuesta
La Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial contra Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, en relación con una denuncia por la presunta contratación de empresas fantasma dentro de la institución.
Cabe destacar que este caso podría involucrar a otros exfuncionarios y afecta a cinco empresas y a un proveedor posiblemente irregular.
Bautista Flores fue citada para comparecer en una audiencia de imputación, que fue cancelada porque no se presentó. En su lugar, asistieron sus representantes jurídicos.
La audiencia fue programada en el marco de la investigación 144/2023 por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.
Manuela Saldaña Ríos, quien fungió como subdirectora de Recursos Financieros, también fue citada a comparecer. Al igual que Bautista Flores, designó a sus asesores jurídicos para representarla en la audiencia.
Cabe mencionar que la audiencia se suspendió debido a que Bautista Flores presentó un justificante médico. Se espera que la audiencia se reprograma en los próximos días.
DENUNCIA POR CORRUPCIÓN
La denuncia, presentada el 9 de febrero por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, involucra delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.
Hay que destacar que se detectaron presuntos desvíos por 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023.
Los exfuncionarios señalados en la denuncia son Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración; Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos exjefes del Departamento de Servicios Generales.
Estos exfuncionarios son señalados por contratar presuntas empresas fachada. Una auditoría aplicada al primer semestre de 2023 reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que estas empresas operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.
Además, no han confirmado sus actividades económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y carecen de una estructura funcional para su operación.
Según la denuncia del Poder Judicial, el gasto público destinado a estas supuestas comercializadoras asciende a 47,448,701 pesos. Entre las empresas con inconsistencias se encuentran PROVEEDURÍA Y SERVICIOS CAFHA, S.A. DE C.V., CRISAN TECNOLOGÍAS MÓVILES S.A. de R.L. de C.V., CISA CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL S.A. de C. V. y ALECASSER COMERCIALIZADORA S.A.S.
Además, se detectaron irregularidades en la contratación de Edgar Omar Simbrón Ortega para el arrendamiento de fotocopiado por 6 millones 273 mil 396 pesos.
La Contraloría del Poder Judicial llevó a cabo la auditoría del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023, revisando ingresos estatales y productores financieros por 908 millones 747 mil 559.11 pesos.
Los informes de resultados fueron emitidos el 8 de febrero de 2024. En cuanto a los egresos, se auditaron materiales, suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como bienes muebles, inmuebles e intangibles, por un monto de 33 millones 887 mil 022 pesos.