El Gobierno postergó los aumentos en las tarifas de luz, gas y combustibles que aplicarían en mayo ya que los entes reguladores no publicaron los nuevos cuadros. Al margen, la suba de combustibles quedará dividida en dos tramos.
El Gobierno definió que no se aplicarán los nuevos incrementos en las facturas de luz y gas que estaban previstos para mayo según confirmó a Infobae una alta fuente del ministerio de Economía. "No hay aumentos en mayo", dijo el informante.
Respecto de combustibles el gobierno decidió dividir en dos tramos los mecanismos de actualización. El impuesto a los combustibles queda en el 1% y no 8% como estaba pensado.
Tarifas de luz y gas
En el caso de las tarifas de energía, el Enre y el Enargas aún no publicaron los cuadros tarifarios de mayo. Al parecer indica el medio electrónico de noticias inicia este miércoles el oficialismo evalúa la magnitud de las subas y cómo pueden aplicarse, tras los fuertes aumentos del 200% en electricidad y mayores al 300% en gas a los que se sumaron el agua (209%) además el transporte público (410%) durante el primer cuatrimestre.
"Se va a hacer, solo que puede demorarse un poco", comentaron desde la secretaría de Energía al medio.
Luis Caputo tiene la última palabra
En el sector energético fueron informados que corresponde aumentar, sobre la base de fórmulas polinómicas que se definieron tras las últimas actualizaciones de tarifas:
Serían 10,7% para las distribuidoras de electricidad, 12,5% para las de gas y 12% para el transporte de gas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es quien tendrá la última palabra a la hora de aplicar las subas. Las empresas involucradas -Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etcétera- esperaban un traslado en torno al 5% en las facturas finales. La pregunta que queda por responder es cómo harán las empresas con la deuda que tienen con Cammesa.
"El Gobierno no sabe qué hacer con las tarifas de luz y gas"
Lo dijo el consultor especializado Daniel Gerold, quien planteó que los shocks de aumentos ya fracasaron en el gobierno de Macri. Y explica por qué "hoy nadie querría comprar YPF".
El desaire parlamentario al denominado proyecto de "ley ómnibus" que presentó Javier Milei podría no significar demasiado para el sector energético: con las normas actuales, la producción petrolera creció 30% desde diciembre de 2019. La industria espera otras medidas concretas del Gobierno, que parece moverse en un terreno minado y de reglas siempre controvertidas. Según la mirada de Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants y uno de los consultores mejor reputados del rubro, el ajuste de tarifas de luz y gas podría ser impagable y tener un freno en la Justicia, el maridaje pleno de los precios locales con el mundo resultar una utopía, y una eventual venta de YPF, un fracaso rotundo.
-¿Cómo afecta el fracaso de la ley ómnibus al sector de energía?
-No mucho. La realidad es que no hacen falta más leyes para el sector sino que las que están se cumplan. Con la legislación actual aumentó un 30% la producción de hidrocarburos en la Argentina. Las normas vigentes no impiden a la industria prosperar.
-Pero el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos incluía pautas sobre precios y condiciones para exportar…
-Es cierto. La ley propuesta prohibía, por ejemplo, que YPF, de mayoría estatal, pudiera vender combustibles por debajo del valor de importación. Es decir, de lo que cuesta comprarlo en el mundo. Reafirmaba el principio de paridad de importación para combustibles y paridad de exportación para el crudo. Algo que intenta consagrar el último DNU.
-Exportar a precio internacional es lo que reclama la industria, en particular la no integrada (que no produce combustibles).
-Los precios internos tienen que estar alineados con los internacionales. Pero es irreal hacerlo en las actuales condiciones del país. ¿Qué pasará con los precios de los combustibles si hay una nueva devaluación o si el precio del crudo, que hoy está cerca de 80 dólares el barril, da un salto? ¿Sería posible seguir aumentando el precio de la nafta en el mercado local en la misma proporción? Creo que no.
-Pero el precio de la nafta va a seguir subiendo.
-Exacto. Alrededor de un 17% o 18% en el surtidor, porque tienen que ajustarse el valor del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Carbono según Indice de Precios al Consumidor de todo el 2023. Y a eso hay que añadirle alguna suba en el valor del biocombustible con el que se hace el corte y que hoy cuesta el doble que los carburantes fósiles. Pero si hubiese otro salto cambiario, que encarecería el precio local del petróleo, o si el barril fuera más caro en el mercado internacional, eso implicaría un aumento aún mayor.
-La nafta súper aún no alcanzó el valor promedio en el mundo de, aproximadamente, 1,20 dólar el litro que los refinadores consideran apropiado.
-Que la nafta tiene que costar 1 dólar o 1,20 dólar el litro es un mito. En los años 90 el petróleo costaba 18 dólares el barril y ahora cuesta 80. ¿Entonces?... ¿Acaso hay que pensar que en algún momento hubo un abuso con los precios? No es fácil sostener razonamientos tan lineales.
-Un alto ejecutivo de una petrolera lo explicó planteando que un litro de nafta no puede costar menos que una empanada…
-Esa es una analogía absurda y caprichosa. No tiene sentido. Tampoco creo que haya que llegar al extremo kirchnerista de querer fijar el precio los combustibles sólo en función de los costos locales o actualizando solamente por el IPC. No solo porque es una industria con parte de sus costos dolarizados sino porque las inversiones del sector se resuelven pensando en el largo plazo y en dólares. No hay otra forma. Pero estas cuestiones no se resuelven con leyes.
-¿Y de qué modo se resuelven?
-El problema es que las leyes no se cumplen. Pero nadie va a la Justicia a denunciar ese incumplimiento. La actual ley ya garantiza para el petróleo la paridad de exportación (que el crudo argentino se venda adentro y afuera del país al valor del mercado internacional). Pero no se cumple. Una ley no te garantiza nada. La industria está esperando medidas concretas.
-¿La ley ómnibus no fue iniciativa concreta en ese sentido?
-El proyecto sirvió para generar un debate entre las empresas integradas y las que no lo están sobre la libertad de exportación (NdR: algunas refinadoras pidieron al Gobierno que se reserve la posibilidad de impedir ventas de petróleo al exterior cuando ellas lo demanden). El Gobierno estudia replicar el modelo de los 90 para fijar precios en competencia en electricidad y gas. Pero la energía es hoy 4 veces más cara que en los 90. ¿Cómo harán? Yo no encuentro un esquema posible. Lo que veo positivo de esta gestión es que no le fije los precios a YPF.
-La Secretaría de Energía también trabaja en ajustes para las tarifas de luz y gas eliminando los subsidios.
-No sé cómo harán. Yo no soy partidario de los shocks de tarifas. El esquema de corrección debería ejecutarse gradualmente en el tiempo. (Juan José) Aranguren quiso aplicar una actualización tarifaria en seis cuotas y le resultó imposible. ¿El gobierno de Javier Milei podrá hacerlo en solo tres tramos? La ciudadanía no va a poder afrontar ese gasto. Y creo que el Gobierno no sabe qué hacer. Al sector N1 (de mayores ingresos) ya le multiplicaron por 4 el costo de algunos servicios públicos y al 65% de la población lo sigue protegiendo, demorando el recorte de subsidio. El tema es complejo de resolver y no saben cómo hacerlo.
-¿Existe el riesgo de que se frenen aumentos en la Justicia?
-Seguro. El fallo CEPIS —que habilitó un amparo colectivo contra aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri— es deplorable pero aún está vigente. Los aumentos tarifarios podrían terminar judicializados.
-Parece que el dilema oficial es habilitar precios que resulten atractivos para las licenciatarias y potenciales inversores y, al mismo tiempo, digeribles por consumidores de ingresos pauperizados.
-En el caso de la industria petrolera, es de capital intensivo y se piensa en dólares. Argentina tiene costos de servicios petroleros y salarios de operarios que son más caros que en Estados Unidos. Y se importan insumos a $970 por dólar y se exportan productos por algo más de $800. Ese es otro desafío de la política local.
-¿Podría prescindirse de una ley para privatizar el 51% de YPF?
-El aval del Congreso es más una necesidad política que legal. Un eventual comprador querría certezas de que un próximo gobierno no dé marcha atrás con la operación. Pero hoy nadie querría comprar YPF.
—¿Por qué?
—No hay seguridad de que no termine afectada por la demanda de Burford por la reestatización, que ya tiene una sentencia a favor de 16.000 millones de dólares y está en condiciones de comenzar con embargos. Es muy posible que ese grupo apele la decisión de excluir a YPF de la demanda y la empresa termine sujeta a esa obligación. El fallo de la jueza Loretta Preska fue lapidario. Lo leí en detalle y acusa a la Argentina de querer eludir la justicia. No es bueno el panorama.