La lupa del Gobierno Petro a los contratos suscritos por el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) entre 2018 y 2022 siguen arrojando información que pedirán sea investigada por los organismos de control.
En noviembre de 2022 hubo una primera alerta por parte de Patricia Tobón, actual cabeza de la Unidad para la Atención y de Reparación Integral para Víctimas, entidad que administra el Fondo. Se denunciaron presuntas irregularidades en el arrendamiento de 17 inmuebles entregados por paramilitares para reparar a las víctimas, al tener valores por debajo de los estimados. El caso llevó a la Procuraduría a abrir una investigación contra cuatro exfuncionarios; y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, a adelantar una auditoría forense que acaba de finalizar.
Los hallazgos de la auditoría
EL TIEMPO tuvo acceso a las conclusiones de la auditoría, liderada por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, y solicitada directamente por Tobón, en donde se cuantificaron las presuntas irregularidades en el tema de los arrendamientos de predios en manos del FRV y se identificaron otros casos.
"Yo personalmente le solicité a la Secretaría de Transparencia la auditoría forense y les abrimos documentos y archivos no solo para implementar un plan de mejoramiento sino además, para radicar ante la Fiscalía y los demás entes de control todos los hallazgos para que ellos investiguen y procedan", le explicó Tobón a EL TIEMPO.
Este diario conoció en primicia apartes de la auditoría en donde se estima que se causaron perdidas superiores a los 4.203 millones de pesos por tres modalidades de alquiler de predios que aplicaba el equipo de gestión predial y comercialización de la entidad.
En varios casos se detectó "que no se consideraba el total del área de los inmuebles para determinar los cánones de arrendamientos que se cobraban".
A través de esta modalidad se determinó un posible detrimento por 3.786 millones de pesos que incluye 39 inmuebles, entre ellos una finca en Norcasia (Caldas) y otra más en Cáceres (Antioquia) en donde los arrendatarios pagaron por menos área de la que disfrutaron. EL TIEMPO omite sus nombres hasta que se judicialicen.
Los desenglobes
"La manipulación de las estimaciones de canon de arrendamiento llega a tal punto que cronológicamente se establece para 20 inmuebles estimaciones de canon de arrendamiento por menor valor a las realizadas meses y años atrás, determinando para la muestra de bienes analizada un detrimento patrimonial por valor de doscientos treinta y tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos ($233.460.885,88)", se lee en el informe.
Y se agrega que, en 80 casos analizados, el experto avaluador de los predios solo fue a tres de estos. Y en varios casos se suscribieron contratos por valores menores a los sugeridos, causando un claro detrimento para la entidad.
Y hubo otro hallazgo que llamó la atención: predios que generaban mayores precios cuando eran arrendados de manera englobada. Sin embargo, en algunos casos se individualizaron generando arriendos más bajos para la entidad. Y en otros casos nunca se les aumentó el canon de arrendamiento.
En este capítulo la auditoría menciona con nombre propio a Miguel Avendaño Hernández, entonces coordinador del Fondo, quien aparece en la indagación de la Procuraduría.
Las mallas de contratistas
Pero el caso que más ha llamado la atención es el de la presunta concentración de contratistas con los que se pactó la prestación de bienes y servicios por más de 84. 585 millones de pesos. Los objetos van desde saneamiento físico de los bienes de la entidad, hasta la compra de fertilizantes, pasando por el alquiler de maquinaria.
De los setenta contratos se identificó que veintidós fueron adjudicados a cinco grupos empresariales por grandes sumas de dinero que totalizan $ 84.585.794.564. Los cinco grupos empresariales surgen de cinco sociedades contratistas del FRV, que participan en la conformación de nueve uniones temporales y dos consorcios, con el fin de acaparar la contratación pública.
La Secretaría de Transparencia pedirá que se revise el cumplimiento de los contratos que, según señala, presentarían inconsistencias. Sin embargo, el señalamiento que cobra mayor relevancia es el de la elección de empresas que tienen en común representantes legales, direcciones y hasta socios.
La auditoría destaca dos mallas empresariales. La primera vincula a empresas como Ecopass SAS, Geosystem Ingeniería SAS y las Uniones Temporales Saneamiento Predial, Gestión Predial y Ecosystem. Aparecen contratos por cerca de 10.000 millones de pesos.
La otra malla menciona a la Cooperativa de Trabajo Asociado Comuneros CTA y las Uniones Temporales Biocomuneros, Funcomuneros y Fertilizantes 2022. Registra contratos por cerca de 8.700 millones de pesos.
¿Qué dicen los contratistas?
EL TIEMPO se contactó con Pedro Fabián Pérez, quien aparece como representante legal de varias de las empresas de la primera malla.
"Nosotros tuvimos 3 o 4 contratos con el Fondo para gestión predial, que no pasaron los 10 mil millones de pesos. Somos un grupo empresarial con más de 25 años de experiencia, hemos contratado con el Mindefensa, Ejército, Policía y la SAE", le dijo Pérez a EL TIEMPO tras advertir que ya no trabajaba para ese grupo y que solo les brindaba asesoría.
Y agregó: "Nos hemos ganado las licitaciones públicas a través de uniones temporales porque muchas veces no nos alcanza la experiencia o la capacidad financiera, para eso nos unimos con otras compañías. Pero todos los contratos que tuvimos con el Fondo los cumplimos a cabalidad y entregamos a satisfacción, eso se puede demostrar a través de los reportes del RUP de la cámara de Comercio".
Pérez aseguró que no han sido requeridos por ningún ente de control y que de hecho, no conocen el informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, a donde enviaran un derecho de petición para indagar sobre el tema.
Por su parte, Silvano Pérez, de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Comuneros, aseguró que han cumplido con lo reglamentado en la normalidad de contratación pública: "Nos hemos unido con otras uniones temporales y firmas para poder competir con los otros interesados en los contratos como se ha hecho ante otras entidades e incluso gobernaciones". Y aseguró que revisará la información.
Miguel Avendaño no respondió los mensajes dejados en su celular.
Recuperación de bienes
Paralelo a la auditoría forense pedida por Tobón, la entidad viene adelantando la recuperación y rescate de los bienes a cargo de la entidad: 1.809 rurales y 1.220 urbanos.
La funcionaria explicó las diferentes estrategias para ese fin, que incluyen acciones judiciales y administrativas, así como un trabajo coordinado con la SAE, la Fuerza Pública, jueces de Justicia y Paz y la Fiscalía, entre otros organismos.
"Ya se han recuperado 425 predios, muchos de ellos estaban ocupados. Eso se traduce en recuperación de recursos y en 1.970 millones en cánones", señaló Tobón quien insistió en que los organismos de control ya tienen la auditoría en su totalidad.