Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 25 de abril 2024, 02:00
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Las cuentas de 2023 se cierran con unos ingresos de 231,17 millones de euros, en concepto de impuestos directos, indirectos y tasas. Esta cantidad supone que la presión fiscal media que soporta cada habitante de Las Palmas de Gran Canaria se situó en 611,51 euros, lo que supone casi 61 euros más que en 2022, cuando se quedó en 550,75 euros.
Se trata de la cifra más alta desde 2018, año en el que la liquidación del presupuesto arrojó un promedio por vecino de 628,78 euros.
Este mayor esfuerzo económico que tuvieron que hacer los residentes de Las Palmas de Gran Canaria en 2023 no fue por un incremento de los impuestos que se gravan desde el Ayuntamiento, sino por todo lo que aportamos los ciudadanos como consecuencia de la actividad económica y, sobre todo, del alza generalizada de los precios que se ha tenido que soportar.
De hecho, la recaudación por impuestos directos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apenas varió entre 2022 y 2023 (121,54 millones y 122,1 millones respectivamente). Y mucho menos por las tasas que se pasan al cobro por determinados servicios (los vados o la basura comercial, por citar dos ejemplos), que en 2023 bajaron respecto a 2022 (21,53 millones frente a 25,42 millones de manera respectiva).
El principal tributo de imposición directa, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), alcanzó los 80,75 millones de euros de recaudación, cuando la previsión se había fijado en 84,29 millones (-4,5%). También registra bajada el de circulación (14,22 millones de euros de recaudación, lo que supone un descenso del 2,4%) y, sobre todo, el de plusvalía, que quedó sin recaudación efectiva tras haberse anulado derechos de cobro por valor de 2,7 millones de euros, según consta en el documento oficial sobre la liquidación del presupuesto de 2023.
El aumento de la presión fiscal se encuentra, por consiguiente, en los impuestos indirectos, que aseguraron al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una recaudación de 87,54 millones de euros frente a los 61,66 millones de 2022.
Esto afianza el crecimiento económico que se está viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, al menos en términos de grandes números. Así, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) permitió al Ayuntamiento recaudar 67,79 millones (frente a los 64,88 millones de euros incluidos en el presupuesto inicial de 2023) y el Impuesto sobre Construcciones se disparó hasta los 7,96 millones de euros, cuando lo previsto por el gobierno municipal era 6,5 millones de euros.
En cuanto a las tasas, los ingresos están lastrados por el modo en que se contabilizan los ingresos de la zona azul y verde. Desde hace unos años, se incluye una previsión de la recaudación por el estacionamiento regulado en la vía pública, si bien luego este ingreso entra en las cuentas de la Sociedad de Aparcamientos (Sagulpa) y en los presupuestos del Ayuntamiento se suele contabilizar solo la parte ejecutiva, es decir, las multas que se imponen por aparcar sin sacar el tique o por extralimitarse del tiempo abonado.
En este caso, lo ingresado por estas multas (que en realidad fueron declaradas tasas) el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un total de 949.758,75 euros, cuando lo previsto era 1,54 millones de euros.
Durante el año 2023, de acuerdo al documento de liquidación del presupuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ingresó 6,31 millones de euros por multas. Esta cifra supone la mitad de lo que fue presupuestado por este concepto un total de 12,58 millones de euros.
Aparte de los casi 950.000 euros que provienen del estacionamiento regulado, la principal fuente de ingresos en materia de multas es la que origina el tráfico y la circulación. En este sentido, durante 2023 se emitieron sanciones que generaron unos derechos de cobro por valor de casi cinco millones de euros, lo que supone el 49,9% de la partida que fue presupuestada durante la confección de las cuentas (9,96 millones de euros).
Menor nivel de ejecución presentaron las multas por alteración de la convivencia ciudadana, que de los 864.867 euros previstos de manera inicial, solo generaron derechos de cobro por valor de 253.474,3 euros, lo que supone un 29,3%.
Las infracciones urbanísticas ingresaron 2.197,08 euros.
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