El patrimonio de Alberto Fernández, sus movimientos financieros, el préstamo que lo une al broker Héctor Martínez Sosa, la posibilidad de algún entrecruzamiento patrimonial desde 2009 a la fecha, es una de las pistas que sigue el juez federal Julián Ercolini en su investigación por el escándalo de la contratación de seguros por parte de organismos públicos con la pago de cuestionadas comisiones a intermediarios.
El fiscal Carlos Rívolo pidió las declaraciones juradas del ex presidente, de su amigo y también un exhaustivo análisis de los movimientos financieros de ambos a lo largo de estos años. Por ese motivo también requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Los vínculos comerciales que podrían unir a uno de los "principales beneficiarios de las intermediaciones" con el ex presidente están bajo la lupa.
Tras la revelación del escándalo en Clarín, la causa judicial inició con la denuncia de las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros. Lo que siguió a la maniobra fue la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
En el marco del expediente, el juzgado cuenta con 45 contratos con su fecha de firma y el detalle del broker que intervino. Por eso, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se amplió el período de investigación: ahora, abarca toda la presidencia de Alberto Fernández.
Según consta en la investigación, la decisión del ex Jefe de Estado "vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones". El expresidente está imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Ahora, sus bienes valuados en 17.902.847,99 de pesos, están inhibidos. La medida cautelar firmada este martes no incluye la pensión de privilegio de siete millones de pesos que comenzará a recibir el expresidente. También se inhibieron los bienes de Martínez Sosa y su esposa, ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. En el caso también está imputado el intermediario Pablo Torres García
Martínez Sosa "figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado".
Uno de los aspectos en los que el fiscal Rívolo busca ahondar es en los vínculos comerciales que, además de la amistad personal, unen a Fernández y Martínez Sosa. El pedido de todas las declaraciones juradas, desde el 2009 a la fecha tienen un puntapié inicial: una deuda con el broker que el ex presidente declara aún vigente, por 102.240 pesos.
El juez Julián Ercolini señaló que la compañía de seguros del broker, además de su intermediación como productora, "participó como organizadora o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Crisafulli, las firmas Bachellier, Levelar y Fernando Carlos Salim.
Entre otros datos consignados por el magistrado, se recordó que Martínez Sosa es esposo de María Cantero, ex secretaria de Fernández durante su presidencia, "existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros".
El juzgado solicitó a la AFIP que informe todos los movimientos financieros de Alberto Fernández y de el broker amigo, desde 2009 a la fecha. A los demás investigados sólo se les pidió desde 2019.
También desde 2009 fue el pedido formulado a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción respecto a las declaraciones juradas del ex Presidente. En este caso, se pidieron también las de María Cantero.
"No se descarta ninguna tesis de tipo patrimonial, teniendo en cuenta la relación de años entre ambos", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Los cinco "favoritos"
Los investigadores indicaron que gran parte de las contrataciones bajo investigación "sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.
Para tales fines, se utilizaron las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y CIA, TG Broker SA, Bachellier SA, Castello Mercuri SA y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA". A este conjunto de firmas "se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección".
Estas compañías -explicó Ercolini- "se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio". Se trata de Bachellier, en el primer puesto, Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, en el segundo. Le sigue, Castello Mercuri, a continuación se detalla a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y en el quinto lugar, TG Broker.
En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 de pesos percibidos en comisiones de Nación Seguros durante el período en cuestión, sobre 3.453.302.777 pesos del total de productores, representando más del 80%.
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