«Disparad al aire, vienen a por nosotros». «Hemos perdido a un compañero». Acción y reacción. La publicación del vídeo de los momentos previos a la muerte de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), embestidos por una narcolancha, prácticamente coincide con un nuevo balance y el enésimo anuncio del estudio del endurecimiento de las penas, en este caso, para los que surten a los narcos de material logístico, los llamados «petaqueros». «Estamos ganando la batalla al narco», señaló el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, con la Benemérita aún de luto.
El trágico suceso ocurrió el mismo día en que el ministro Marlaska hizo balance del Plan Especial durante el último lustro. Entonces, hace apenas dos meses, se destacó la incautación de casi 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones en metálico procedentes del narcotráfico. Ahora, ante la alarma suscitada por las sucesivas imágenes de narcolanchas refugiadas de los temporales en los puertos andaluces a plena luz del día en Cádiz o Almería, el secretario de Estado destacó que desde el inicio en 2018 del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar se han intervenido «1.400 embarcaciones», y que aunque «incomoda» la presencia de narcolanchas en las costas andaluzas somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico». En enero y febrero, los dos primeros meses del IV Plan Especial, se han desarrollado 1.712 operaciones por narcotráfico y contrabando y 104 por blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Según el Ministerio, son en total 1.816 operaciones (un 10,5% más que en el mismo periodo de 2023), en las que se han producido un total de 989 detenidos/investigados, lo que supone un 8,7% más. En estos dos meses se han aprehendido un total de 27.347 kilos de drogas, de las que 18.386 son hachís, 6.048 corresponden a cocaína y 2.914 son de marihuana y otras. El Ministerio indicó que, en las seis provincias andaluzas cubiertas por el IV Plan Especial operan 25.356 policías y guardias civiles. Según el alto cargo, el principio de autoridad «se empezó a recuperar del momento en el que empezaron a aplicarse las medidas específicas del Plan Gibraltar».
Rafael Pérez reunió en Cádiz a la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que evalúa la actividad policial desplegada en sus dos primeros meses e indicó que «la cuestión de las narcolanchas» lleva presente desde el inicio del plan en 2018. Para abordar este asunto el Ministerio de Hacienda las declaró como bienes de ilícito comercio, de tal manera que «no pudieran entrar en el tráfico y no se pudiera ni siquiera comercializar con ellas», abundó. De las 1.400 narcolanchas intervenidas, se han destruido 800, además de otros 900 motores, a pesar de «las dificultades de ordenación de los procedimientos, policiales y judiciales, que puede tener la propia destrucción de las mismas».
«Soy plenamente consciente de que la presencia de estas narcolanchas incomoda, pero en ningún momento puede interpretarse en un sentido distinto en cuanto a que somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico y quien quiera lanzar unas ideas distintas a estas, que sólo atienda a los resultados», insistió el secretario de Estado ante críticas como la del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, por la imagen con las narcolanchas apostadas en los puertos.
El Gobierno niega la mayor: la pérdida del principio de autoridad que denuncian las asociaciones. «Los problemas que son complejos no tienen soluciones mágicas y conllevan inversiones y un trabajo sostenido en el tiempo», dijo, insistiendo que es algo que «llevamos realizando desde que llegamos en 2018». Anteriormente, continuó, «se perdieron más de 1.600 agentes en la zona» cuando «entraban a los hospitales a rescatar narcos de la custodia policial», dijo en relación al suceso con uno de los Castaña. Una veintena de encapuchados asaltó el hospital de La Línea para llevarse a Samuel Crespo en 2018. «Que se hable ahora precisamente de pérdida del principio de autoridad, cuando lo que se está produciendo es la recuperación del mismo, creo que no es de recibo», recalcó Pérez.
Ante el debate del endurecimiento de las leyes y de la agilización de los procedimientos, Rafael Pérez abogó por no hablar de órganos unipersonales sino de «órganos en los que existen varios profesionales judiciales que comparten medios en búsqueda de la eficacia», y que «pudieran estar dedicados a unos asuntos en concreto, que por las exigencias de la zona, pudiera ser contra el narcotráfico». El Gobierno estudia «otras fórmulas» que podrían aplicarse como que la Audiencia Nacional reclame para sí «determinados asuntos» relacionados con «organizaciones criminales» que no actúan solo en el ámbito de una provincia sino en varias, al tener este órgano judicial «un mayor conocimiento, una mayor capacidad de medios que los juzgados unipersonales y además podrían tener una dedicación exclusiva para llevar este tipo de causas».
En relación a la legislación para atajar la labor de los «petaqueros», los que surten de combustible a las narcolanchas, el secretario de Estado de Seguridad indicó que «se está trabajando» entre el Ministerio del Interior y el de Justicia para introducir «una modificación específica» relacionada con el tráfico de drogas, que se podrá relacionar con otros tipos penales, como el tráfico de personas. Según Pérez, «actualmente» existen en el Código Penal delitos que «podrían dar cobertura a esa situación de los petaqueros» y para ello se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, porque la «aplicación práctica puede resultar dificultosa». En cuanto a la petición generalizada de declarar a Cádiz y, más específicamente, el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singuralidad, el secretario de Estado dijo que ésta «sigue el curso que debe tener» y «no es una cuestión sencilla» porque, aunque es «loable», «hay que ponerlo en relación también con otras zonas».
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