Derechos Sociales
Derechos Sociales empieza los traslados de los trabajadores de la residencia ICASS de Reus
De los 64 residentes del ICASS, ya son 48 las personas que quieren quedarse en la residencia
Los familiares y trabajadores de la Residencia de Personas Mayores de Reus, popularmente conocida como ICASS, siguen expresando una profunda preocupación y oposición con respecto al cierre y traslado de los trabajadores para las obras de rehabilitación del edificio. El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya y el comité territorial de empresa en Tarragona llegaron a un acuerdo para trasladar temporalmente a los trabajadores del ICASS mientras se lleven a cabo las obras.
Esta semana ya se han empezado a hacer los primeros movimientos de los empleados, provocando una situación de desconcierto y malestar psicológico entre los trabajadores, que se encuentran en una situación tensa y con incertidumbre sobre las fechas y condiciones de sus traslados. «Algunas trabajadoras ya las incorporaron el lunes a Tarragona, Móra d'Ebre y Montblanc diciéndonos que superamos ratios», asegura Carmen Mesas, miembro del comité territorial de Derechos Sociales del sindicato IAC-CATAC en Tarragona.
De las 64 familias de residentes, 48, han manifestado su preferencia para que las reformas se realicen con ellos y los trabajadores dentro de la residencia, argumentando que se han recogido más de 11.000 firmas en apoyo a la permanencia y que, en ningún momento, «se ha estudiado el impacto psicológico que puede provocar el cambio a una persona que considera este espacio y a nosotros como una familia», apunta Mesas.
Sin embargo, el Departamento de Derechos Sociales «lo tienen muy claro, ellos quieren cerrar para reformar», explica. «Tenemos informes en los que se dice que se podrían hacer las obras con la gente dentro, pero sería más tiempo y más dinero y eso ellos no lo quieren», añade. Los trabajadores expresan su resistencia a dejar la residencia, considerada como «casa» tanto por los residentes como por el personal.
Afirman un fuerte malestar por su percepción de ser «forzados» a aceptar el traslado sin una consulta adecuada ni la consideración de sus preferencias y necesidades. «Ha sido una negociación forzada porque si lo que no querían era enviarnos todos a Tarragona y, si se tienen que hacer los traslados, queremos que sea con las mejores condiciones posibles», afirma Mesas. «Estamos viviendo esta situación porque no queremos marcharnos», concluye.
Con respecto a los residentes, el Departamento de Derechos Sociales anunció un proceso de valoración individual para tener en cuenta sus preferencias y las de sus familias en el proceso de traslado. Sin embargo, las familias y los representantes siguen defendiendo su voluntad de permanecer en Reus y critican la falta de «claridad» y «sensibilidad» por parte de las autoridades hacia sus preocupaciones emocionales y psicológicas.