Mientras se conocía la decisión del Gobierno nacional de intervenir en los aumentos de las prepagas de salud, ante los aumentos sin freno, personas que se reconocen como damnificadas por las medidas dispuestas en el DNU 70/23 exponían en Diputados, a instancias de una reunión organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por una diputada de Unión por la Patria.
Con la intención de mantener la discusión sobre la mesa, y que no se pierdan de vista las consecuencias de la normativa dictada en diciembre pasado, éste fue el segundo encuentro que desde la oposición más dura convocaron en la Cámara baja desde que, hace poco más de un mes, el Senado rechazó el DNU por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones.
Según el poroteo que llevan los promotores a que se caiga en el Congreso el mega decreto de Milei, los votos que faltan para construir una mayoría son muy pocos. Algunos hablan de menos de una docena. Sin embargo, todavía no ha habido un pedido de sesión para llevarlo al recinto.
Mientras el tiempo corre, el oficialismo ocupa su agenda, en trabajo coordinado con la oposición dialoguista, para aprobar la nueva Ley de Bases y el proyecto de medidas fiscales. Una vez que ese proceso pase, habrá que ver con mayor atención cuál es el destino del DNU.
A los 99 votos de Unión por la Patria se suman en el rechazo los 5 del Frente de Izquierda y 2 del Partido Socialista, lo que da 106, a 23 de los 129 que se necesitan para el quórum. Sin embargo, tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal (dentro de la oposición "friendly") hay legisladores que ya han manifestado su oposición al DNU. Cabe aclarar, los socialistas están dentro de HCF.
Además, de acuerdo a cómo votaron los senadores que responden a oficialismos provinciales, se podrían buscar adhesiones en Diputados entre un neuquino, un rionegrino y dos santacruceños.
Los inquilinos advirtieron: "Somos el único país sin regulación en los alquileres"
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, la presidenta de la misma, la diputada Carolina Yutrovic, aseguró que hay "una afectación negativa que está produciendo el DNU 70/23 en las familias argentinas".
En un tono más abarcativo, el cordobés Oscar Agost Carreño, vice de la comisión, dijo que "si queremos un Congreso cercano a la gente, sin duda estos temas son absolutamente clave". El legislador de Hacemos Coalición Federal valoró "organizar esta reunión sin banderías políticas y chicanas, sino con el mejor espíritu de escuchar" porque "el Congreso no puede estar paralizado a la espera de una sola ley", en referencia a la ley ómnibus.
Uno de los sectores que más oradores trajo fue el de los inquilinos, en contra de la derogación de la Ley de Alquileres que dispuso el DNU. "La situación que se está viviendo es dramática y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario: la campaña contra la Ley de Alquileres era para esto, era para desregular completamente el mercado. Es el único país del mundo donde no hay ningún tipo de regulación de las condiciones de alquiler", enfatizó Gervasio Muñoz, de Inquilinos de Buenos Aires.
Además, el representante de inquilinos aseguró que el decreto "es inconstitucional" y "el daño que está haciendo es enorme; se traduce en precios muy fuertes para el alquiler de viviendas, han proliferado los contratos cortos, por seis meses y un año, afectando la estabilidad en la vivienda y aumentando por supuesto el negocio de los intermediarios, las inmobiliarias".
"En algunas provincias de la Argentina para ingresar a una vivienda se necesita un millón de pesos", resaltó, al tiempo que dijo que "el 60% de los hogares inquilinos tiene deuda de algún tipo". Sobre los montos, especificó que "las actualizaciones de los precios son trimestrales, atadas a la inflación" de modo que "quien firmó un contrato el 1ro. de enero por 400 mil pesos, en abril tuvo que pagar 600 mil".
Muñoz detalló que "quienes están bajo la Ley de Alquileres (aprobada en octubre y derogada en diciembre pasado) destinan un 31% de los ingresos al pago del alquiler", mientras que "quienes están bajo los efectos del decreto destinan el 42,1%". "Hay que hacer todos los esfuerzos para hacer caer el decreto lo antes posible", pidió.
Otro de los invitados fue Maximiliano Vittar Lucero, de Inquilinos Córdoba, quien señaló que "a pesar de la insistencia del mercado inmobiliario de ir distribuyendo algunas 'buenas noticias', esas distan de la realidad" porque "aunque hablen de mejora de la oferta, el precio del alquiler no está bajando". "No estamos teniendo libertad al momento de negociar, porque la libertad está residiendo en tener un techo o vivir en la calle", aseveró.
Aseguran que el servicio de las prepagas "no puede ser dejado a merced de las leyes de mercado"
Jonathan Baldivieso, del Observatorio de Derechos de la Ciudad, cuestionó el DNU 70/23 al calificarlo como "tiránico" y recordó que "ha permitido que las prepagas en estos cuatro meses incrementen el valor de las cuotas de manera desmedida, generando que miles de afiliados y afiliadas terminen siendo descartados por el sistema. Esto constituye una clara violación a los derechos de usuarios y consumidores y al derecho a la salud". Sobre la intervención del Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, el abogado apuntó que "esta medida (de retrotraer los aumentos y también devolver lo cobrado) no alcanzará a todas las prepagas, y justamente es un reconocimiento de que este servicio no puede ser dejado a merced de las leyes de mercado". "Creemos que el Congreso debe intervenir para volver a reinstalar los controles preventivos", pidió.
A raíz de los cambios que el decreto realizó sobre la ley que regula la actividad farmacéutica, representantes de este sector también se hicieron presentes. Ricardo Alfredo Presenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, expresó: "Nuestro rechazo al DNU 70 es porque creemos que dejamos de tener al medicamento como un bien social y pasamos a tenerlo como un bien de mercado. Ese bien de mercado no ha parado de subir desde que se ha tomado esta decisión, por lo tanto lo que empieza a peligrar es el acceso para los pacientes".
"No sólo un avasallamiento a los derechos que tienen los pacientes, porque también se está permitiendo que las farmacias puedan funcionar sin farmacéuticos, lo que es una aberración", cuestionó y alertó que "se permitió que muchos medicamentos salgan del ámbito de la farmacia, lo que hace que se pierdan todos tipos de controles".
En esa misma línea, Damián Sudano, presidente de la Federación Farmacéutica, afirmó que "el medicamento tiene que estar regulado por el Estado". "ANMAT sacó una lista con más medicamentos para que pasen a venta libre y nosotros no fuimos consultados", advirtió y añadió que " este DNU lo único que hace es desfavorecer el acceso al medicamento del paciente".
Otra de las voces que se escuchó en la reunión fue la de Sebastián Barocelli, ex Director Nacional de Defensa del Consumidor, quien opinó que "sin duda estamos ante la mayor regresión en materia de los derechos de consumidores y usuarios". "El DNU tiene dos mensajes: uno al mercado, hagan lo que quieran; y otro a los jueces, no se metan", manifestó y observó que "con medidas como la del DNU, de eliminar los límites de intereses punitorios en las tarjetas de crédito permitiendo establecer plazos fijos por atraso, sin duda los consumidores hiper vulnerables son los que más van a sufrir".
"Al igual que otros derechos, los derechos de los consumidores tienen que tener un carácter progresivo y no regresivo, y aquí, como se dijo, en este DNU estamos frente a la regresión de derechos más importante que se ha verificado en la historia argentina, incluido en los años oscuros de la dictadura", exclamó Ariel Caplan, de Consumidores Libres.
Abogados constitucionalistas también le bajaron el pulgar al DNU
Días atrás, Unión por la Patria, la izquierda y el socialismo oficiaron de organizadores de un encuentro con abogados constitucionalistas que cuestionaron la legalidad del DNU. Pero además, a la jornada se sumaron un puñado de radicales díscolos y dos diputadas del bloque que preside Miguel Pichetto.
"El DNU es nulo de nulidad absoluta e insanable", aseguró Andrés Gil Domínguez durante el encuentro en el que expusieron, entre otros, Eduardo Barcesat y Jorge Yoma. La audiencia tuvo la polémica de que la transmisión oficial por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados fue cortada, lo que despertó el malestar y la queja de los diputados organizadores, que apuntaron contra las autoridades, especialmente Martín Menem.