Dos casos que llegaron a la Corte Constitucional, relacionados con presunto acoso sexual en entornos escolares, cuestionaron la forma en la que una institución escolar y la Fiscalía abordaron las denuncias hechas por los padres de una niña y una mujer con síndrome de Down.
Le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión estudiar las tutelas relacionadas con los casos, lo que derivó en que la Corte exhortara la Fiscalía Generala para que se ciña estrictamente a las rutas y los protocolos de atención para la atención oportuna de las denuncias de acoso sexual en el entorno escolar.
De acuerdo con un comunicado de la Corte, en el primer caso, los accionantes alegaron que su hija, una niña de siete años, fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico. Los padres de la niña solicitaron una reunión con las directivas del colegio para analizar el caso.
"En el encuentro solicitaron que, mientras se solucionaba la situación, se le permitiera a la niña seguir recibiendo las clases de manera virtual, pero la petición se rechazó. En vista de lo anterior, los padres de la niña presentaron una tutela con el fin de que se garantizara el derecho a la educación de su hija en una modalidad enteramente virtual", además, solicitaron que se ordenaran medidas reivindicatorias y se restableciera el derecho de la menor a ser cuidada en su integridad, vida y salud. En decisiones de instancia se negó el amparo.
En el segundo caso, la Corte estudió la tutela de María, una joven de 19 años con síndrome de Down que manifestó que fue violada por uno de sus compañeros del colegio mientras estaba en el baño. Su madre, Lina, acudió a las autoridades para denunciar la situación y en varias ocasiones recibió negativas por parte de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, a tal punto que su denuncia sólo fue recibida hasta el cuarto día después de que ocurrieron los presuntos hechos.
"María, finalmente, fue revisada medicamente y no se encontró evidencia con base en la cual se pudiera concluir de forma certera que había sido víctima de un acceso carnal violento. Con fundamento en esta deficiencia probatoria, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de archivar la investigación iniciada", se lee en la decisión.
Pese a lo anterior, se sugirió brindarle acompañamiento y medidas de protección, así como una valoración por psicología o psiquiatría forense para determinar las posibles secuelas. Lina presentó una tutela contra la Fiscalía y varias de sus dependencias, así como en contra de la institución educativa.
"Solicitó que se les ordenara a las entidades encargadas continuar con la investigación del caso, que se cumpliera con la recomendación médica, que el colegio brindara acompañamiento con especialista y adoptara medidas en procura de fomentar mecanismos de seguridad para evitar las situaciones padecidas por su hija. El amparo, en única instancia, fue declarado improcedente", señala el fallo de la Corte.
En el análisis de los dos casos, la Sala con ponencia del magistrado Vladimir Fernández estimó necesario pronunciarse de fondo. Por un lado, en relación con el caso de Ana, sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia en el entorno educativo. Y, en relación con el caso de María, respecto del derecho de acceso a la administración de justicia sin ningún tipo de discriminación.
"En el primer caso, la Corte reprochó que la institución educativa se rehusara a prestar atención a las denuncias hechas por la niña sobre eventos de acoso escolar y sexual de los que era víctima. Asimismo, falló al no desplegar de forma oportuna los protocolos y las rutas de atención correspondientes para la eliminación de dichas conductas", señaló la Corte en un comunicado.
En consecuencia, la Sala llamó la atención a la institución por la desatención de las denuncias y exhortó al colegio a implementar mecanismos que impidan la ocurrencia de este tipo de eventos.
En el segundo caso, la corporación evidenció que la Fiscalía General se apartó de sus deberes al no brindar información clara, oportuna, veraz y concreta sobre la ruta que debía seguir la accionante para instaurar la denuncia por acceso carnal violento.
Los dos casos llevaron a la Sala a recordar que, desde una perspectiva de género, "las mujeres están más expuestas a sufrir acoso. Así, la ausencia o falencia en las medidas para confrontarlo desconoce la garantía de las mujeres a vivir libre de violencia y de todo acto de discriminación en su contra, especialmente de aquellos cometidos en razón de su sexo".