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Hace ya casi once años y medio que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrearon a fondo la sede de la federación andaluza de UGT en el centro de Sevilla. Buscaban pruebas del presunto fraude millonario con subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos que el sindicato usó para financiarse de forma irregular. Este escándalo fue destapado meses antes por EL MUNDO y provocó la dimisión del secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que estos días está siendo enjuiciado en la Audiencia de Sevilla, junto a otros ex dirigentes sindicales, por un fraude de 40,7 millones de euros.
En aquel registro de hace más de una década, que se prolongó durante más de 24 horas, los agentes se llevaron todo tipo de documentación, copiaron archivos informáticos y clonaron los servidores. En las entrañas de los ordenadores debía quedar el rastro de las prácticas corruptas del sindicato: la presunta doble contabilidad y los correos electrónicos en los que daban instrucciones, supuestamente, a sus proveedores de confianza para falsear facturas.
Pero cuando los investigadores de la UCO estaban todavía dentro de la sede de UGT-A y la redada se había difundido a través de todos los medios de comunicación, una notaria a la que debió llegar la noticia compareció en los juzgados de Sevilla. Quería avisar a los jueces de que en su notaría custodiaba "copias forenses de dos servidores" propiedad de la federación andaluza de UGT. Es decir, la llave maestra que podría dejar al descubierto la corrupción del sindicato, al desvelar todos los documentos internos y correos electrónicos en los que podría quedar rastro del supuesto amaño de facturas para desviar subvenciones. La entonces juez instructora del caso UGT-A, Mercedes Alaya, rápidamente, dictó un auto e incorporó a las diligencias judiciales el valioso material aportado por la notaria.
Caza de brujas
Pero, ¿por qué albergaba semejante prueba en su notaría? ¿Qué relación guardaba la notaria con el sindicato? Para averiguarlo hay que remontarse unos meses atrás en el tiempo. Cinco meses antes del registro en la sede de UGT-A, en julio de 2013, este diario comenzó a publicar exclusivas sobre los desmanes del sindicato con las subvenciones de la Junta. Más adelante, se sumaron más medios. Ante el aluvión de informaciones sobre el presunto desvío de ayudas cometido por UGT-A, sus máximos responsables decidieron iniciar una "caza de brujas" interna entre sus propios trabajadores. Trataban de encontrar al supuesto filtrador que estaba entregando a la prensa los documentos que los comprometían.
Así, UGT-A, con Fernández Sevilla, como secretario general, contrató a los ingenieros informáticos de la empresa especializada Forest Digital Evidence para que rastrearan los ordenadores de 16 de sus trabajadores en busca del supuesto filtrador de documentos a la prensa. Para ello, el sindicato no escatimó en gastos e hizo un exhaustivo análisis de los equipos informáticos de sus empleados.
El análisis de los ordenadores sirvió a UGT-A para la querella que interpuso por revelación de secretos contra su antiguo administrativo Roberto Macías, que finalmente fue condenado a un año de prisión. La caza de brujas desplegada internamente para localizar a los supuestos filtradores provocó también en diciembre de 2013 el despido del empleado del sindicato Laureano Conde, que era además secretario general de la sección sindical de los trabajadores de UGT-Sevilla. El sindicato lo acusó de borrar 1.756 ficheros informáticos sobre su contabilidad.
En esas maniobras defensivas, UGT-A no sólo contrató a una empresa especializada sino que depositó en una notaría de Sevilla las "copias forenses" de sus dos servidores. En uno estaba almacenada una aplicación informática denominada Spyro, que es el "programa utilizado como sistema de gestión y administración financiera del cliente", recoge un informe del 13 de noviembre de 2013, al que tuvo acceso este diario, de Forest Digital Evidence. El Spyro incluía infinidad de referencias al "bote", el sistema ideado por el sindicato para quedarse con parte de las subvenciones, inflando facturas, presuntamente. El segundo servidor almacenaba los datos relacionados con el sistema de control de salidas y entradas de empleados de las oficinas de UGT-A.
Prueba de cargo
Es decir que el sindicato, al desatar la caza de brujas interna para tratar de defenderse y actuar contra sus propios trabajadores, acabó facilitando la investigación que le incrimina, ya que autofabricó una prueba en su contra. La notaria que la custodiaba la puso al servicio de la juez Mercedes Alaya y los investigadores de la UCO.
De hecho, el atestado de la UCO sobre la presunta financiación irregular de UGT-A dice que, entre el "material informático estudiado", hay un disco duro de la marca Toshiba, "que se corresponde con la copia del servidor que aloja el aplicativo Spyro, aportado al presente procedimiento por la notaria de Sevilla C.V.F.", señala el informe de la Guardia Civil.
Estos días, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra la ex cúpula de UGT-A y sus proveedores de confianza por un presunto fraude de 40,7 millones, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha recordado en varios momentos cómo la notaria entregó esta prueba contra UGT-A que había fabricado el propio sindicato.
"Falciani es UGT", proclamó el fiscal en el juicio, en referencia a la lista Falciani con los nombres de miles de potenciales evasores fiscales que confeccionó desde su puesto de trabajo en un banco el ingeniero informático Hervé Falciani. Pues bien, en el presunto fraude del sindicato, Falciani fue la propia UGT-A, -como apuntó el fiscal- ya que la federación andaluza ugetista facilitó, a través de la notaria, información sobre sus prácticas irregulares, que quedaron registradas en las copias forenses de sus servidores. De haberlo sabido, la UCO se podría haber ahorrado el exhaustivo registro en la sede del sindicato. Pero sin el registro, la notaria, quizá, nunca habría entregado la valiosa prueba que custodiaba.