La renta dejará de ser un criterio para recibir las ayudas complementarias de la Junta de Extremadura para estudios universitarios y eso permitirá aumentar la cifra de beneficiarios este curso en más de 400 estudiantes. Esos son los cálculos que estima la directora general de Universidad, Esther Muñoz, tras analizar la última convocatoria de 2023, cuando se ejecutó solo el 47% del presupuesto destinado a estas ayudas regionales. «También encontramos un volumen de solicitudes de estas becas muy por debajo de lo esperado», denunció la directora general en una reciente comisión parlamentaria.
Además, la Junta ha realizado un estudio sobre los gastos mensuales que supone a un universitario estudiar en los cuatro campus de Extremadura: 370 euros al mes en el supuesto más caro. Ese informe incluye una media de 125 euros de alquiler en un piso compartido, los gastos de suministros, de transporte urbano e interurbano y de material universitario. Y esa cuantía es el punto de partida para cambiar las bases de estas ayudas de la Junta que dejarán de tener como uno de los criterios el nivel de renta de las familias, lo que supondrá un aumento de los beneficiarios.
Y es que, según explicó la directora general, solo los estudiantes que se ubican en el umbral 3 de renta que establece para las becas del Ministerio de Educación (que recibieron 6.799 alumnos extremeños en su última convocatoria) no cubren todos sus gastos con las cuantías que reciben.
«Los que se sitúan en el umbral 1, que reciben todos los componentes, tienen una beca que cubre unos gastos de 600 euros al mes, los del umbral 2 de renta perciben 420 euros mensuales y los umbral 3 solo perciben 175 euros al mes. Es en este último donde tenemos el problema porque además entre ese umbral y el anterior solo hay una diferencia de 2.000 euros anuales, están muy desequilibrados y son familias que no perciben ni dos salarios mínimos interprofesionales», criticó Muñoz.
La directora general señaló que «vamos a recoger» a los universitarios cuyas familias están en ese último umbral y no perciben el componente fijo de las becas del ministerio (solo pueden optar a las cuantías de matrículas y por rendimiento académico). Además, dijo Muñoz, también se va a recoger ahora a los 221 alumnos a los que el año pasado les fueron denegadas las becas del ministerio por superar niveles de renta y patrimonio y que no están incluidos en ese umbral 3. Ahí, aseguró, se encuentran familias ganaderas y agricultoras de la región y también autónomos que superan el volumen de negocio de 155.000 euros.
Y estos 221 alumnos más aquellos que se sitúan en el umbral 3 suman los más de 400 estudiantes que empezarán a beneficiarse de las ayudas complementarias de la Junta tras eliminar el criterio de la renta y que además incrementarán hasta los 2.500 euros su cuantía fija. «Nos parece de justicia social complementar a los alumnos por estudiar fuera de la ciudad en la que viven. Es un modelo más equitativo y un ejercicio de responsabilidad», dijo Muñoz.
Por su parte, desde el PSOE insisten en que se trata de un modelo que no respeta el principio de justicia social «porque van a dar 2.500 euros a familias que no les hace falta», señaló la diputada socialista Piedad Álvarez, quien además tildó de «poco riguroso» el estudio sobre el coste de los universitarios.
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