Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Febrero y un proceso electoral fraudulento abrió la puerta para que se pueda reformar o cambiar la Constitución de la República, y mucho se rumora que, antes que termine el mes de abril, ocurrirá ese desconocido cambio.
A pesar de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, sobre la obligación de que una propuesta de reforma constitucional debe ser conocida antes de que ocurra un proceso electoral, esto puede ser ignorado, como se han ignorado otras sentencias por quienes gobiernan este país.
La Constitución vigente, violada desde hace tiempo, ignorada y solo eventualmente invocada para justificar la emisión de nuevas leyes, es sin duda imperfecta, pero su texto establece un modelo político de convivencia, calificado por estudiosos como bastante progresista.
Sus cambios introducidos en 1991, como producto del proceso de dialogo y negociación entre el gobierno de entonces y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, le aportó muchos de los cambios progresistas que contiene nuestra Carta Magna.
Uno de esos cambios importantes fue el de confirmar la independencia judicial, tan venida abajo con los cambios ocurridos desde mayo de 2021 y con el establecimiento del régimen de excepción.
Aquellos cambios le dieron su lugar a la Fuerza Armada, quitándole facultades de inmiscuirse en política partidista y dejando clara su misión de resguardo de la soberanía; quitándole, además, atribuciones sobre la seguridad pública.
Con esos cambios se creó la Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad y su doctrina, se creó el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; el Concejo Nacional de la Judicatura y se estableció la obligación de dar a la Corte Suprema de Justicia, al menos, el 6% de los ingresos tributarios, con la idea de que este órgano fundamental del Estado salvadoreño tuviera independencia.
Con la sola mención de estos, que no fueron los únicos cambios sufridos con la reforma de 1991, quiero decir que una Constitución puede sufrir modificaciones, y si estas sirven para mayores garantías a los miembros de una sociedad, deben ser bienvenidos.
Pero en un cambio que ocurra hoy, bajo la égida de una Asamblea Legislativa oficialista y producto de fraude, de la elección inconstitucional del Presidente de la República, es iluso esperar que una reforma o un cambio de Constitución sea para tener un marco jurídico político mejor.
Es lamentable, sí.
Los afanes de los gobernantes hoy son otros, son distintos a las ideas republicanas sobre la separación de poderes, un sistema de controles y más derechos y garantías a las personas; la lógica de la vida política hoy es la concentración del poder y el despojo de bienes y patrimonio natural, lo típico, pues, del neoliberalismo que impulsan las ultraderechas en el continente y el mundo.
Será, en todo caso, la continuidad de lo ocurrido el primero de mayo de 2021, con la ilegal e inconstitucional destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República.
Sí, el sistema judicial fue la primera víctima en el torbellino de cambios institucionales que vinieron después, con una Asamblea Legislativa dominada por el partido oficial y que clara y descaradamente renunció a su rol de legislar bajo principios democráticos.
¿Qué queda a un pueblo al que se arrebata poco a poco sus garantías, que vive sin leyes que le protejan y solo se usa la fuerza del Estado para dañarle?… Siempre quedará algo, porque el pensamiento humano encuentra caminos, porque la necesidad empuja a la búsqueda y solo esa convicción permite esperar que los cambios en retroceso, que hoy vivimos, cesarán un día.
Cuando ocurría el debate sobre reforma constitucional, en el proceso de dialogo y negociación, se sabía lo que el FMLN planteaba y la renuencia de la delegación gubernamental, aun estando bajo guerra. Se conocía lo que se quería cambiar.
Ahora no estamos en guerra, pero se impuso el silencio sobre los verdaderos planes de los grupos que hoy gobiernan, solo queda el espacio de la especulación, del rumor.
Si imponen cambios en la Constitución servirán, en todo caso, para alegar en un futuro que no se cometió el delito de violación a la Constitución, pues habrá desaparecido.