El Gobierno se está jugando la última carta que le queda para revivir la reforma de la salud. El senador Wilson Arias anunció desde el mismo momento cuando la Comisión VII del Senado archivó el proyecto con 9 de 14 votos a favor que apelaría la decisión que tomaron las mayorías de esa célula legislativa.
Y así lo hizo. Ya en el Capitolio camina esa recusación con la que la Casa de Nariño busca revertir la mayor derrota que ha sufrido en el Congreso.
Esa figura, poco usada en el Legislativo, jurídicamente tiene toda la viabilidad. La Constitución Política y la ley 5.° (reglamento del Congreso) lo permiten.
"El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular", dice el artículo 159 de la Carta Magna.
"Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara. La Plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo", señala, por su parte, el reglamento del Congreso.
EL TIEMPO confirmó que ya el presidente del Senado, Iván Name, tiene en su escritorio los nombres de los senadores que integrarán esta célula legislativa -los revelaría este miércoles-, quienes se encargará de analizar si la apelación procede y posteriormente poner a consideración de la plenaria si la reforma revive o si, definitivamente, se hunde.
Desde la Constitución de 1991, bajo la cual se rige el Legislativo, solo hay dos antecedentes en los que se usó la recusación luego del hundimiento de un proyecto. El primero no prosperó y el segundo fue aprobado, pero la Corte Constitucional tumbó el trámite porque el recurso de apelación solo aplica cuando se trata de un proyecto y en aquella oportunidad se aplicó a una conciliación.
Jurídicamente, entonces, no hay inconvenientes para este trámite en el que el Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas, pues perdió buena parte de su capital político en los 14 meses de trámite de su proyecto bandera. Esa reforma le costó el fin de su poderosa coalición de gobierno y un remezón ministerial, pues desde el mismo gabinete surgieron reparos a la iniciativa que desde un principio revivió el fantasma del Seguro Social.
"Es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Que no haya ocurrido no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino", reconoció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con Blu Radio.
El problema está en el terreno político. El analista político Gabriel Cifuentes, columnista de este diario, ve la apelación como una medida desesperada y reconoció que es poco probable que prospere.
El Gobierno no tiene las mayorías en el Senado para tomar dicha decisión. Además, el calendario tampoco está a favor de la Casa de Nariño, pues si el proyecto no está aprobado, y conciliado, antes del 20 de junio, se hundirá por falta de trámite.
En este último aspecto será fundamental el papel que juegue Name. Buena parte de la agilidad del trámite depende de la voluntad política del jefe del Legislativo, quien durante los últimos días ha tenido fuertes cruces con el presidente Gustavo Petro, y el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, a propósito del archivo de la reforma.
Name, no obstante, comenzó ese trámite ágilmente y solo una semana después de recibir la apelación ya tiene lista la subcomisión que le rendirá informe a la plenaria.
"La apelación es una medida desesperada que, sin embargo, tiene una enorme significancia política: demuestra que hasta el último momento la bancada del Pacto trató de salvar la reforma, convocar al diálogo y al consenso parlamentario del proyecto. Así sea altamente improbable que esta pueda ser aprobada por la plenaria de la Senado -donde el gobierno tiene mayorías frágiles y la reforma a la salud no tenía un buen pronóstico- podrán decir que la culpa de que se haya hundido la posibilidad de salvar el sistema de salud y evitar su intervención por vía de decreto o de la superintendencia, no es del gobierno sino de los partidos políticos, que hasta último minuto rechazaron la posibilidad de tramitar por vía parlamentaria la reforma", dijo Cifuentes.
Y añadió que "es una jugada a doble banda que no solo anticipa las dificultades que se vienen para el Gobierno en el manejo de un sistema al borde del colapso, sino que puede también representarle una debacle política".