Judicial
JEP rechaza petición de excomandantes de las Farc y deja en firme audiencia por secuestros en Tolima, Huila y Quindío
Los excomandantes del Bloque Central habían pedido una nueva fecha para la diligencia, argumentando riesgos para su seguridad por amenazas que han recibido de las disidencias.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó tajantemente la petición presentada por los excomandantes del Bloque Central de las Farc para aplazar la audiencia que se tiene programada para este viernes 26 de abril en Ibagué y en la cual reconocerán su responsabilidad en los secuestros que se ejecutaron en tres departamentos en medio del conflicto armado interno.
En una carta enviada a la JEP, los exjefes guerrilleros pidieron una reprogramación, advirtiendo que su vida e integridad estaba en riesgo por las amenazas emitidas por las disidencias de las Farc.
"Alertamos de la participación de personas que desertaron de las filas guerrilleras y que no asumieron compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Esta iniciativa de la JEP mina el proceso de construcción de confianza que se ha generado hasta ahora".
El pasado 18 de abril, la JEP convocó a diez excomandantes del Comando Conjunto Central para que reconocieran ante "las víctimas, la justicia y el país su responsabilidad por secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío". En la citación se indica que debían presentarse como responsables y partícipes determinantes regionales por los secuestros que cometieron los frentes, columnas móviles y comisiones financieras del Comando Conjunto Central.
Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina deberán presentarse ante la Sala de Reconocimiento de Verdad debido a su participación en crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos. Y los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.
En este caso, la JEP recibió aproximadamente 1.300 observaciones de las víctimas, en las que demandaron una verdad detallada, que diera cuenta de la materialización de las órdenes. Bajo ese contexto, el tribunal especial decidió descender en la cadena de mando, al considerar que eran los mandos medios de Bloques y Comandos quienes ejecutaron las órdenes en las regiones y eran ellos quienes podían dar respuesta a las demandas de verdad que reclaman las víctimas.
En la citación se puso de presente que este Comando fue de los primeros en utilizar el secuestro para financiarse, lo cual se convirtió en un referente para los otros bloques y comandos de todas la guerrilla de las Farc.
El sistema de la Comisión -resaltó la JEP- consistía en extorsionar y secuestrar a integrantes identificados por gremios de los sectores económicos que podrían aportar a la consecución de los recursos que necesitaban para operar y para cumplir con la cuota de dinero que exigía el Secretariado, la cual llegó a ser de hasta dos mil millones de pesos anuales para el Comando Conjunto Central.
Esta estructura también secuestró con frecuencia a habitantes de la región con fines de control social y territorial. Es decir, que sus integrantes privaron de la libertad a personas que consideraron enemigas y a quienes infringieron los parámetros de convivencia que imponía la organización en los territorios donde tenían mayor dominio como el Cañón de las Hermosas.
El Comando Conjunto Central fue una estructura de las Farc-EP que entre 1993 y 2015 articuló la acción de los Frentes 17, 21, 25 y 50. Frente Tulio Varón, Frente Joselo Lozada y las columnas móviles Héroes de Marquetalia, Jacobo Frías Alape y Daniel Aldana, así como varias compañías y comisiones especializadas. En su mayor auge, a finales de la década de los noventa, esta estructura tenía 1.200 combatientes, de los cuales 150 sobrevivieron al conflicto armado interno.