Cambios en el monotributo, blanqueo y Ganancias: los cambios que trae el paquete fiscal del Gobierno
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Después de idas y vueltas, del borrador del borrador, finalmente el miércoles ingresó al Congreso el paquete fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, que ayer comenzó a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
En el proyecto se incluyen principalmente cinco grandes temas: una moratoria, un blanqueo de capitales, modificaciones al impuesto a las ganancias, a los bienes personales y al monotributo. El sesgo de la propuesta del Ejecutivo resulta muy claro: otorga enormes beneficios impositivos para quienes incumplieron las normas tributarias y para quienes mayor patrimonio tienen mientras que aumenta la presión impositiva a los sectores de mitad de tabla para abajo. El resultado sería, de aprobarse, un sistema tributario más regresivo.
De los ejes contenidos, uno de los temas a destacar es la eliminación del monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto llegara a aprobarse, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad.
Para el resto de los monotributistas, se incrementan las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.
El proyecto también avanza sobre los trabajadores registrados reincorporando el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. Con esta modificación, quienes cobren más de $1,8 millones bruto por mes, volverían a tributar el impuesto que fue eliminado en septiembre de 2023. Sin desconocer que este sector se encuentra en una situación ventajosa sobre el resto de los trabajadores registrados, tampoco puede dejarse de lado que vieron recortado su poder de compra en más de 19% desde la asunción de Javier Milei y es en ese contexto que se avanza con esta medida.
Por otro lado, este paquete fiscal impulsa un "Régimen de Regularización Excepcional": una moratoria para deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, que permitiría mediante condonación de intereses y planes de pago regularizar la situación ante el fisco.
En cuarto lugar, el proyecto contempla una "Regularización de activos", es decir, un "blanqueo de capitales" a una tasa irrisoria. Hasta 100.000 dólares, el impuesto a pagar es cero, y por el excedente se cobra una alícuota de 5, 10 o 15% según el período temporal en el que se ingrese al blanqueo, sin importar los montos declarados. Para el efectivo que sea depositado en entidades financieras o en sociedades de bolsa, el costo del blanqueo también es cero si no retiran el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este beneficio no presenta ningún tope: es decir, es sin cargo tanto para quien blanquea 10.000, 100.000 o 1 millón de dólares. Un sacrificio de recaudación por parte del fisco que resulta más que desproporcionado, especialmente en un contexto en el cual se aproxima la fecha de acceso por parte de AFIP a la información sobre las tenencias de los argentinos en Estados Unidos.
Finalmente, esta "zanahoria" para sacar los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad– se acompaña con una reducción de alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarán nada si depositan los dólares en el banco, sino que anualmente pagarán por esa tenencia cada vez menos. Repasemos la situación actual: el Impuesto a los Bienes Personales es un tributo que pagan solamente algo más de 400 mil contribuyentes, menos del 10% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior.
Según los datos provistos por el Secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, es a este sector al que más se lo beneficia: para 2023 la alícuota máxima baja a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%.
Como si esta distribución no fuera lo suficientemente regresiva, el proyecto prevé un Régimen de "pago anticipado" del impuesto por 5 períodos fiscales: se paga por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributa 0,45% por año, es decir, 2,25% total. ¿No alcanza? También les ofrecen estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podrá cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resigna recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, es solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.
En un contexto de pérdida de recaudación producto de la recesión, en el que "no hay plata" para jubilaciones, para obra pública, para las y los docentes o para las universidades, el gobierno de Javier Milei elimina el monotributo social mientras reparte beneficios impositivos para los sectores más concentrados de la Argentina y con garantía por 15 años.
CB/DTC