El único grupo de edad que ha ganado poder adquisitivo desde 2008 han sido los mayores de 65 años. No es de extrañar: salvo en algún ejercicio excepcional, los distintos gobiernos han protegido sus ingresos de la inflación revalorizando las pensiones existentes según la evolución del IPC. Además, la pensión promedio también se ha incrementado en términos reales dado que los pensionistas que se han dado de alta en el sistema entre 2008 y 2023 habían devengado un derecho previsional superior al de los pensionistas que se dieron de baja. Y en paralelo a esa protección de los ingresos de los mayores de 65 años, el resto de grupos de edad ha experimentado pérdidas de poder adquisitivo de entre el 7,5% y el 12%.
Parecería, pues, que seguir redistribuyendo la renta desde los menores de 65 años a los mayores de 65 años no es una urgencia socialdemócrata ahora mismo en España: pero el Gobierno de progreso PSOE-Sumar volvió aprobar la semana pasada los subsidios al cine para los mayores de 65 años. ¿Acaso se trata de que les sobra el dinero a las arcas públicas y, por tanto, podemos continuar dirigiendo recursos hacia los pensionistas? No exactamente: la semana pasada, el Gobierno también activó el recargo de (mal llamada) solidaridad que tendrán que pagar los salarios de más de 56.600 euros para cubrir el agujero estructural del sistema de Seguridad Social: un 1% más de "cotización" (que no devenga derecho a mayor pensión futura) en 2025 que se irá incrementando gradualmente hasta el 6% a lo largo de los próximos ejercicios. No nos sobra el dinero –al contrario, se sigue saqueando a las clases trabajadoras para mantener a flote el sistema público de pensiones– pero el gobierno sigue dilapidando porque su objetivo no es maximizar el bienestar social (si es que algo así pudiese llegar a definirse), sino maximizar su probabilidad de reelección ante esa masa de votantes llamada pensionistas. El único bienestar que buscan maximizar los políticos es el suyo propio.
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