El pasado 3 de abril arrancó la campaña de la Renta y, desde ese momento, los contribuyentes pueden comenzar a solicitar su borrador y presentar las declaraciones del IRPF. Esta cita anual con el fisco terminará el 1 de julio y trae consigo algunas novedades: se eleva el límite de ingresos a 15.000 euros para presentar el borrador de forma obligatoria -si el año pasado se han tenido dos o más pagadores -, o hasta 22.000 euros para un solo pagador. Además, todos los autónomos que se hayan dado de alta en 2023 deberán presentar la declaración de la renta, aunque no cumplan ingresos mínimos.
También hay nuevas deducciones, como la del 15% en la compra de vehículos eléctricos (desde el 30 de junio de 2023), la del 60% en obras de rehabilitación de vivienda —ya estaba vigente y se amplía para el próximo año fiscal— y la ampliación de la cobertura de las deducciones por maternidad (1.200 euros que pueden ampliarse por gastos de guardería a otros 1.000 euros).
Para resolver todas las dudas que acarrea esta gestión, el director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Arturo Jiménez, y la subdirectora, Marta González, subdirectora, han participado en el consultorio de 20minutos respondiendo a las cuestiones de los lectores.
¿Es posible desgravar una estafa telefónica?
Una de las preguntas de los lectores fue, si es posible desgravarse en la campaña de la renta de 2023 una estafa telefónica. Los expertos contestaron lo siguiente: "La Dirección General de Tributos contestó a un contribuyente una pregunta en la consulta V2616-23, en la que por teléfono le exigían el pago de unas supuestas deudas contraídas por su hija. Este organismo respondió que resultaba posible computar como pérdida patrimonial esa cantidad que le había sido estafada. Para ello, la pérdida deberá justificarse debidamente. Esto significa que deberá estar en condiciones de acreditar que esa estafa ha existido".
Según Tributos, el dinero perdido durante una estafa se considerará una pérdida patrimonial. No obstante, la ley establece que estas pérdidas deben estar debidamente justificadas. Es decir, los afectados deberán proporcionar pruebas válidas para que los órganos tributarios puedan valorar debidamente estas pruebas y determinar la existencia de la pérdida en el proceso de liquidación del impuesto.
La normativa recalca que estas pérdidas deben incluirse en la declaración del IRPF como parte de los ingresos generales del contribuyente. Además, permite a los contribuyentes compensar hasta el 25% del saldo positivo formado por sus ingresos (salario, pensión, alquileres, etc.) cada año.
Por ejemplo, si alguien gana 50.000 euros al año y sufre pérdidas de 20.000 euros, solo podrá descontarse 12.500 euros (el 25% del saldo positivo) en su declaración de impuestos. Las pérdidas restantes podrán ser compensadas en declaraciones fiscales futuras, con la posibilidad de desgravarse durante un periodo de hasta cuatro años.