La "agenda reformista" impulsada por PP y Vox aterrizó ayer en el Parlamento valenciano con la toma en consideración de las cinco leyes propuestas de los socios del Consell y evidenció el abismo que ahora mismo separa los dos bloques ideológicos que conviven en Les Corts Valencianes. Hoy se producirá la votación y, con el respaldo de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de Carlos Mazón, las cinco normas de gran calado político empezarán su andadura parlamentaria con la intención de que se aprueben antes de verano.
La polémica Ley de Concordia que pretende reconocer a las víctimas de toda persecución política e ideológica -no solo a las de la guerra civil y el franquismo-; la ley para cambiar el modelo lingüístico en la enseñanza; las normas para cambiar las estructuras de À Punt y de la Agencia Antifraude o el texto que altera las obligaciones de transparencia de los cargos públicos empiezan ya su recorrido parlamentario.
Este conjunto de leyes marcará el periodo de sesiones -todavía habrá dos debates más en el pleno más los que se producirán en comisión- y supondrá un acelerón de la actividad legislativa tras la aprobación del Presupuesto y los cambios fiscales de la primera parte del mandato de Mazón. El hecho de que se presenten las propuestas como proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y no como proyectos de ley del Gobierno permite acortar los tiempos, pero también los controles, pues no son necesarios informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Una práctica que ahora denuncia la oposición y que en su día también censuró el PP cuando era el Botànic quien abusaba de este tipo de procedimientos.
Los sucesivos debates de ayer en Les Corts Valencianes ya hicieron palpable la brecha abierta entre derecha e izquierda y la dificultad de que ambos bloques puedan llegar a acuerdos de calado en estas leyes que se empiezan a tramitar -falta todo el trámite de enmiendas- u otras materias. Sobre la renovación de los seis órganos estatutarios caducados no se conoce avance alguno y todavía no hay cita para la reunión de Mazón con la nueva secretaria general del PSPV, Diana Morant, pese a que hace 24 días de la petición formal de reunión.
Puentes rotos
No hay noticias ni de la renovación de los órganos estatutarios ni de la reunión de Mazón con Morant
Las intervenciones en la tribuna de oradores dejaron patente la distancia existente entre bloques. Hubo acusaciones gruesas y se empleó un lenguaje guerracivilista en las réplicas; de hecho, la llamada Ley de Concordia trajo de todo menos concordia al Parlamento autonómico. "Herederos del franquismo", promotores de la "imposición lingüística", "totalitarios", "sectarios", fueron algunos de los calificativos que se emplearon durante las algo más de tres horas de discusión en el Hemiciclo, así como expresiones como "robar a manos llenas", "acabarán en Picassent, Albòcasser o Fontcalent (cárceles)" o "esta ley es una bazofia".
A todo ello hay que añadir que sobre, al menos, dos de las leyes, subyace la amenaza de acabar en los tribunales una vez sean ratificadas por el legislativo.
Y es que ayer no hubo término medio en Les Corts en una sesión con las bancadas muy dispuestas a jalear a los suyos e interrumpir a los rivales políticos. Para PSPV fue un "día infame"; para Compromís, el inicio de "una etapa negra para el pueblo valenciano"; mientras que para el PP, un "día enormemente feliz" y para Vox, "un día histórico".