El terremoto político desencadenado por la carta de Pedro Sánchez no ha detenido por completo la actividad parlamentaria. La tramitación de la Ley de Amnistía, sin ir más lejos, sigue su curso. En el Senado, este jueves ha comparecido Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y uno de los arquitectos de la ley, que ha asegurado que los informes que se han redactado sobre la amnistía, la gran mayoría a encargados por parte del Partido Popular, han ayudado a reforzarla y consolidarla.
Boye ha hablado en la comisión híbrida de Justicia y Constitucional, que diseñó el PP en el Congreso para tramitar la Ley de Amnistía. La comparecencia, enmarcada en una ronda de expertos para valorar a nivel técnico-jurídico la norma, ha durado poco más de una hora, como viene siendo habitual en la decena que se han llevado a cabo ya, entre ellas, la de los catedráticos Manuel Cancio o Enrique Gimbernat, que abrieron el carrusel.
Uno de los momentos que más atención han concentrado ha tenido como protagonistas al propio Boye y a Antonio Silván. El senador popular le ha preguntado si Carles Puigdemont está confiado y, en ese punto, Boye ha respondido que quien tiene que estar confiado es él, que es su abogado y confía en la ley.
Por lo demás, Boye se ha limitado a hacer una radiografía más o menos pormenorizada de lo que es la Ley de Amnistía, que él mismo ha contribuido a redactar, y ha asegurado que se trata de un texto capaz de "resistir" cuando se eleven recursos al Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Boye ha insistido en que no tiene ninguna duda de que la ley aguantará y perdurará "en el tiempo" porque, cuando se redactó, ya se hizo teniendo en cuenta que tendría que enfrentar a los dos tribunales.
La idea que ha querido transmitir el jurista, incluido en la ronda de comparecientes a cuenta de Junts per Catalunya, es que el indulto general que prohíbe la Constitución no sinónimo de la amnistía, en la línea de lo que defendió Manuel Cancio, al que incluyó en la comisión Esquerra Republicana de Catalunya, y en contra de los ocho expertos a los que ha invitado el Partido Popular, entre ellos el propio Gimbernat.
Próximos pasos de la ley
La fecha en rojo marcada en el calendario de la amnistía es el 16 de mayo. Es el límite para que la ley salga del Senado, habiendo recibido ya el veto anunciado por el Partido Popular, y vuelva al Congreso, donde previsiblemente y si no hay un giro inesperado de guion, recibirá la aprobación final. Antes, eso sí, deberá pasar por la ponencia de la comisión y, después, la comisión tendrá que elaborar el dictamen. La duda, por tanto, es cuándo irá la ley al Pleno del Senado.
El PP no ha querido anunciar, por el momento, si se celebrará antes de las elecciones catalanas o después. Eso sí, se ha cubierto las espaldas añadiendo un Pleno al calendario el 14 de mayo, aunque mantiene operativas las sesiones plenarias del 7, 8 y 9 de mayo, en el tramo final de la campaña electoral. En el entorno de otros grupos parlamentarios de la Cámara Alta tienen la mosca detrás de la oreja y no descartan en absoluto que el PP busque un último golpe de efecto electoral vetando la amnistía en las vísperas del 12 de mayo.
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