San José, 24 Abr (Elpaís.cr).- La Fiscalía Adjunta Ambiental informó que durante el 2023 recibió 2.355 denuncias por delitos ambientales, la mayoría por infracciones que provocan pérdida o deterioro de la biodiversidad.
Además, por delitos como invasión en Área de Protección, aprovechamiento en Áreas de Protección, infracción a la Ley Forestal o explotación ilegal de material minero.
Los datos forman parte del informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA) sobre la labor realizada durante el 2023, en el que se destacó la articulación de acciones entre las instituciones y la capacitación como dos de las bases en las que se sustenta la estrategia del órgano.
Este lo conforman el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Seguridad Pública, y se enfoca en proteger los recursos naturales y perseguir los delitos que atentan contra estos.
José Pablo González, fiscal adjunto Ambiental y coordinador de la CNSA, destacó el impacto positivo de la cooperación de organizaciones aliadas, como Humane Society International (HSI) y Panthera, las cuales aportaron recursos que permitieron tanto capacitar a funcionarios de distintas instituciones involucradas, como la donación de equipo para el manejo de animales silvestres y las labores de protección del ambiente.
Este despacho ejerce un rol crucial dentro de la Comisión, puesto que lleva a cabo funciones como la rectoría a nivel nacional en casos complejos, la coordinación interinstitucional y a nivel internacional, dirección funcional de las policías y el trámite de casos de criminalidad organizada.
Fortalecer la persecución
Carlo Díaz, fiscal general, reconoció los resultados del trabajo de la CNS, pese a la limitación de recursos que adolecen las instituciones que la conforman, y reiteró que el MP redoblará esfuerzos para fortalecer la lucha contra la criminalidad ambiental y la detección oportuna de posibles hechos delictivos, para evitar una mayor afectación a los recursos naturales.
Por su parte, el ministro del Minae, Franz Tattenbach, elogió la coordinación efectuada por los miembros de la Comisión y la importancia de que esta cuente con mayores recursos para garantizar que se proteja la naturaleza del país, la cual es uno de los principales atractivos para la industria turística.
Ambos destacaron que la Fuerza Pública, la Sección Especializada de Delitos Ambientales y Bienestar Animal del OIJ y otras policías son cruciales para que los casos sean atendidos correctamente desde sus etapas iniciales, por lo que priorizar la capacitación ha sido un acierto.
En ello coincidió el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, quien resaltó la forma en que la policía administrativa ha mejorado la atención de casos que involucren vida silvestre, gracias a la formación que reciben los oficiales por parte de especialistas en la materia.
En la presentación de los resultados también se informó que el 2023 cerró con 66 allanamientos realizados, además de acciones como la demolición de estructuras, la adquisición de nuevos equipos para extracción y cuantificación de ADN y la creación de la Comisión Regional de Seguridad Ambiental de la Zona Caribe.
La CNSA también presentó el plan de trabajo del 2024, en el cual, entre otros objetivos, se planteó fortalecer las alianzas con Ministerios Públicos de Latinoamérica en temas de tráfico de vida silvestre, robustecer las capacidades del Servicio Nacional de Guardacostas en la atención de casos, y ampliar la capacitación a jueces y fiscales en el abordaje de delitos contra la vida silvestre.