Mogán
Jueves, 25 de abril 2024, 02:00
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Hace más de 20 años que se ejecutó en Arguineguín la calle, de doble sentido, que comunica las zonas de Pino Seco y Loma 1 con la entrada al municipio desde la autovía, la que discurre junto al IES Arguineguín- Lidia Pulido o el centro de salud, pero lo cierto es que su tramo norte no es municipal ni tampoco es de propiedad pública. Pertenece a una parcela de los hermanos Bello del Castillo, Rosario, Rafael y Fernando. El Ayuntamiento, a petición de los afectados, ha iniciado los trámites administrativos para regularizar la situación de esta transitada carretera y ponerla en manos públicas, a nombre del consistorio.
En concreto, el edil de Urbanismo, Mencey Navarro, en cumplimiento de un acuerdo plenario de enero pasado, ha propuesto la declaración de utilidad pública de la superficie de suelo ocupada y el inicio del expediente de expropiación forzosa de los terrenos. El procedimiento se inició a petición de los propios afectados, en concreto, de dos de los hermanos, Rosario y Fernando, aunque también son de un tercero, Rafael Bello del Castillo.
Estos dos propietarios comunicaron al consistorio que parte de una de sus fincas, la 26.986 del Registro de la Propiedad de Mogán, fue ocupada en su día por el Ayuntamiento para el trazado de esta calle sin contar con título habilitante, porque ni la compraron ni la expropiaron.
La superficie ocupada es de unos 3.032 metros cuadrados y abarca concretamente desde donde están las canchas deportivas hasta el cruce con la cooperativa de taxistas, es decir, parte de la calle Damasco y Delioma. El tramo sur, desde el IES hasta la rotonda de entrada a Arguineguín, ya es municipal.
Aunque la declaración de utilidad pública debió haberse aprobado hace 20 años, el Ayuntamiento lo hace ahora para dotarse de cobertura jurídica de cara a justificar la necesaria ocupación de este suelo.
A pesar de que es la propiedad la que ha instado la expropiación del suelo, las distintas fuentes consultadas apuntan que hay buena sintonía entre las dos partes, es decir, entre el Ayuntamiento y los dueños de los terrenos. A ambos les une el interés y la necesidad de regularizar la ocupación de un suelo del que hace 20 años que se hace un uso público pese a que está en manos privadas.
Lo que les distancia, y mucho, es la valoración económica de esos terrenos. En el Ayuntamiento entienden que lo que los propietarios piden por metro cuadrado no se ajusta a las estimaciones de tasación que empresas externas cualificadas proponen para suelos cercanos con las mismas características. Si al final no hay acuerdo, el gobierno municipal de Mogán presentará su hoja de aprecio y el expediente lo resolverá la Comisión de Valoraciones de Canarias, que fijará el justiprecio.
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