El primer encuentro del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este mediodía con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) estará marcado por varios acontecimientos fuera de lo habitual: por una parte, la tramitación de la ley de amnistía; por otra, las 25 vacantes de magistrados que acumula el alto tribunal; y por último, una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no se concreta y que, por tanto, impide ver en el horizonte más inmediato la posibilidad de que se produzcan los nombramientos que requiere.
El pasado 21 de diciembre, el ministro ya se sentó a la mesa con el presidente interino del Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, quien le exigió que defendiese a los jueces de los ataques que estaban recibiendo por parte de diferentes representantes políticos. Fue una reunión que casi no celebra y que fue suspendida en el último el 13 de diciembre, su fecha inicial, debido a los duros señalamientos a jueces y magistrados que habían realizado los representantes del independentismo en el Congreso.
El malestar era mayúsculo después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, exigiera el cese y el enjuiciamiento de los magistrados encargados de causas relacionadas con el "procés", a los que calificó de "indecentes". Entre ellos, aludió al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, y a sus compañeros Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela.
Tras ese precedente, este mediodía Bolaños se reunirá con los integrantes de la Sala de Gobierno, Marín Castán y los cuatro presidentes de Sala, los magistrados Manuel Marchena, Pablo Lucas, Antonio Sempere y Jacobo Barja. También con cinco magistrados elegidos: Susana Polo, Antonio del Moral, Ignacio Sancho y DimitryBerberoff. Además, estará el el secretario de la Sala, Ángel Ruano.
Las vacantes del Supremo
Las 25 plazas de magistrados que están sin cubrir será uno de los asuntos que se abordarán en el encuentro con el titular de Justicia, generadas tanto por jubilaciones como por excedencias. Actualmente, al estar el CGPJ en situación de interinidad, estas vacantes no se han podido cubrir como consecuencia de la reforma legal que aprobó el Gobierno en 2021. En ella, se impide que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar nombramientos discrecionales en el alto tribunal cuando se encuentre en funciones. Este es el caso del CGPJ desde 2018.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, acumula 12 vacantes; la de lo Civil, tres; la de lo Penal, una; mientras que la Sala de lo Social tienen siete bajas; y la de lo Militar, tres. Esto equivale a casi un tercio de los magistrados, es decir, el 30,3% de la plantilla del alto tribunal está sin renovar. Las vacantes en la cúpula judicial ascienden a 94 plazas.
De momento, no hay acuerdo para desbloquear la renovación del CGPJ. El PSOE, representado por el propio Bolaños, y el PP, bajo representación de Esteban González Pons, han celebrado varias reuniones bajo la supervisión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pero el acuerdo para nombrar a los vocales no llega. El presidente interino, Vicente Guilarte, ha planteado medidas alternativas porque considera que el tiempo de la política "ha terminado" y ha planteado la posibilidad de que la cúpula judicial la nombren los salas de gobierno de cada instancia. Una medida que pondría fin al "apetito político" por los nombramientos, tal como señalaba la semana pasada en un foro.
Recientemente, Reynders expresaba su optimismo sobre un posible pacto, aunque advirtió que faltaba una señal política para que las negociaciones para renovar el CGPJ salgan adelante.
Un tercer tema que marcará esta reunión es la ley de amnistía, que ha sido cuestionada por instancias europeas, como en el informe de la Comisión de Venecia, y por el dictamen emitido en el Consejo General del Poder Judicial a solicitud del Senado. Esta ley supondría una vulneración de la separación de poderes al dejar en manos del Ejecutivo el perdón de delitos relacionados con el "procés" que o bien han sido juzgados o lo están siendo actualmente. La Fiscalía General del Estado ha pedido a todos los fiscales que envíen un listado de los procedimientos que serían "amnistiables", pero este proceso de compilación se ha encontrado con algunos obstáculos en Cataluña, donde se encuentra la mayoría de ellos, porque no están digitalizados. Con todo, se prevé que en breve se dé a conocer el número definitivo de causas que entrarán en la futura ley de amnistía.
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