A pocos días de que los panameños vayamos a las urnas, flaco favor le hacen a la población los magistrados del Tribunal Electoral al emitir conceptos interpretativos de forma independiente y sin una posición consensuada sobre el alcance y las consecuencias que un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia pueda tener sobre una de las candidaturas presidenciales cuya inconstitucionalidad está demandada ante las instancias correspondientes. En un contexto en el que la Nación debería estar enfocada en deliberar con prudencia y determinar su rumbo político, las resoluciones fragmentadas y las declaraciones apresuradas solo alimentan la desconfianza y el desconcierto. Es imperativo que las autoridades electorales aborden esta situación con la seriedad y la responsabilidad que el momento exige, salvaguardando la integridad del proceso democrático y el bienestar emocional de la ciudadanía. En un escenario donde la incertidumbre se erige como principal contendiente, se hace indispensable que las autoridades actúen con celeridad, claridad y firmeza, dotando de estabilidad y confianza a un pueblo que demanda certezas y transparencia en sus instituciones.