- Tribunales El novio de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por presunta revelación de secretos
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Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, argumenta en la querella que ha presentado contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de asuntos económicos que se revelaron datos suyos "como instrumento para alcanzar al perjudicado último", que es Isabel Díaz Ayuso, con el fin de buscar "réditos" que son "políticos".
Así lo expone el letrado de González Amador en la querella interpuesta el 21 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de la sección de Delitos Económicos Julián Salto por los presuntos delitos de revelación de secretos de particular por funcionario público, y de acceso apoderamiento, utilización y difusión pública de datos personales en perjuicio de su titular.
La querella se interpuso por el contenido de la nota difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a González Amador y otras cuatro personas por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
En el escrito, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos incide en que "nadie duda de que si el querellante hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona, jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos" que consideran los fiscales que se han cometido.
"Esa misma causa es la que explica y ha determinado la selección del perjudicado inmediato -titular de los datos personales revelados- como instrumento para alcanzar al perjudicado último de la lesión del bien jurídico, su pareja sentimental", añade.
La querella incide en que las conductas de los querellados "no han tenido nunca como misión promover la acción de la justicia, como propugna el Estatuto del Ministerio Fiscal, sino "exclusivamente buscar los réditos de una revelación pública" de algo que es confidencial.
"Réditos que solo pueden ser, por la condición de la pareja sentimental, políticos y ajenos al proceso penal", añade, sosteniendo que los fiscales aprovecharon su "privilegiada posición de interlocutor" para pervertir su posición oficial de garante de los derechos del investigado y de la legalidad.
La querella expone en primer lugar que el letrado que representó a Ayuso en el proceso de inspección fiscal fue conocedor de que la Agencia Tributaria remitió a la Fiscalía una "liquidación vinculada a delito" y "sobre todo, de las especiales circunstancias afectantes a D. Alberto González Amador por la relación sentimental que mantiene y de su potencial efecto deformador de las garantías procesales".
Por eso se puso en contacto el pasado 2 de febrero con el Ministerio Fiscal, "para canalizar y alcanzar, en la forma prevista en la legislación penal y de la forma más pronta posible, la figura análoga a las actas de conformidad ya alcanzadas en sede tributaria, esto es la conformidad penal", y el fiscal Julián Salto tomó nota de esa voluntad .
Nota de la Fiscalía
La querella relata cómo el 11 de marzo eldiario.es publicó la primera información sobre un posible fraude fiscal, tras lo que el fiscal envió un correo a González Amador en el que le comunicó la denuncia a la que se refería la noticia, que el afectado no conocía previamente.
Y añade cómo se publicaron, en más medios, más datos incluidos en correos y comunicaciones confidenciales; cómo la Fiscalía acabó publicando una nota el 14 de marzo con detalles sobre el proceso, que conllevó que el Colegio de abogados de Madrid (ICAM) interpusiera denuncia; y cómo el fiscal general del Estado "dirigió e hizo pública, con su remisión a los medios de comunicación, una carta en la que considera que "profundizó en la revelación de información".
Por todo ello, el letrado argumenta la necesidad de formular la querella, solicitando diligencias como que se exija a la Fiscalía de Madrid que indique "quién o quienes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido".