Antoni Castells, consejero socialista de Hacienda de la Generalitat en 2009, declaró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de ese año, cuando se aprobó el modelo de financiación autonómica que rige ahora, que el nuevo sistema "no sólo es bueno para Cataluña, sino que también lo es para el conjunto de España". Castells celebró y valoró el acuerdo porque "con él, se cumple estrictamente el Estatuto de Cataluña y por el hecho de que se produzca un cambio de modelo". Eran esos días en los que la prensa valoraba la astucia de los negociadores catalanes que, según esa prensa, siempre acababan las negociaciones con las alforjas llenas.
¿Por qué quienes alababan tal modelo, hoy consideran necesario modificarlo para mejorar la financiación catalana?
Para cualquier ciudadano progresista, la teoría, confirmada con la práctica, es que los territorios no pagan impuestos, sino que lo hacen los ciudadanos. Si eso es así, y lo es; si no existe contribución de los territorios, resulta imposible aceptar el principio de balanzas fiscales territoriales. La trampa del discurso nacionalista separatista consiste en hacernos creer que existe el catalán promedio o el andaluz promedio. La gracia está en ser capaces de articular eso para que haya una sociedad donde todo el mundo tenga, más o menos, los derechos cívicos garantizados.
Antes de publicar las demandadas balanzas fiscales resultará interesante conocer dónde se produce la riqueza y dónde rinde sus beneficios de renta y de fiscalidad. Resultará tremendamente atractivo conocer dónde captan sus recursos financieros determinados bancos y empresas y dónde se imputa ese dinero que se capta en otros territorios distintos de donde tienen su sede fiscal. De igual forma todos podremos conocer el origen de la energía eléctrica, de cualquier tipo, y el rendimiento fiscal que produce y dónde. Qué decir del domicilio social y fiscal de tantos propietarios agrícolas, dueños de fincas enormes y bien subvencionadas por la Unión Europea, y el origen de los productos agrarios generadores de beneficios y de subvenciones –Ayuso no debería presumir tanto de lo bien que le va la vida a Madrid; Madrid también nos roba–.
A la vista de esos datos, los responsables políticos e institucionales de cada territorio deberán actuar en consecuencia exigiendo, por una parte, una nueva forma de imputar la renta y los beneficios, que refleje la realidad y que evite lecturas equivocadas por parte de aquellos que desean quedarse a medio camino utilizando solo los datos que a ellos beneficia y, por otra, haciendo un llamamiento a la población de cada territorio para que tomen buena nota de que sus decisiones bancarias o comerciales van a ser utilizadas en su contra en una futura negociación de la financiación de las Comunidades Autónomas. Si la publicación de las balanzas fiscales –lo publicado por el Ministerio de Hacienda es una multitud de datos en bruto, en tablas agrupadas en tres ficheros informáticos (sobre financiación territorial y otros gastos, sobre ingresos y sobre posibles criterios para la territorialización), pero no las famosas balanzas fiscales– ofreciera como resultado el discurso del victimismo a la hora de redistribuir la riqueza nacional, sería lógico pensar que los ciudadanos, pudiendo apostar por lo de casa, cometerían un tremendo error apostando por lo de fuera que, además, será esgrimido como arma letal contra lo solidaridad interterritorial.
Es de una lógica aplastante que en una gran empresa, los altos directivos tengan un saldo fiscal negativo en relación a los empleados de la misma, pero no porque estos últimos exploten a los primeros, sino porque los primeros ganan mucho más que los segundos. De igual forma, es elemental que un territorio con un alto nivel de renta tenga un saldo negativo, pero no porque se explote a este territorio, sino porque parte de los que allí viven tienen una capacidad fiscal mayor.
En cualquier caso, conviene no desviarse de lo fundamental. Aceptar un debate en términos de balanzas fiscales, es decir, en términos de diferencia entre lo que aporta y lo que recibe cada territorio, no deja de ser, cualesquiera que sean los resultados que extraigan unos y otros, aceptar el marco mental de los independentistas y seguirles el juego. Pero ni su marco mental, ni los fines que persiguen, son los que consagra nuestra Constitución cuando se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que la integran.
Confío en que mantenga que no es no.