TGW | Oscar Cordón, ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), anunció una ampliación de las denuncias por contratos irregulares de la vacuna Sputnik V. Esta acción tiene como objetivo un seguimiento integral del caso y una investigación más detallada de las irregularidades presentadas.
El 4 de abril, el gobierno guatemalteco presentó una denuncia en las instalaciones de la Torre de Tribunales por anomalías detectadas en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, en particular Sputnik V. Entre los principales motivos de denuncia está el acuerdo firmado entre el gobierno de Guatemala y Rusia, en el que ambos países decidieron el 30 de marzo de 2021 adquirir 16 millones de dosis de las vacunas mencionadas.
Una de las irregularidades identificadas fue que la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, firmó un contrato con Human Vaccine, filial del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Las vacunas debieron comprarse directamente del fabricante. Sin embargo, esta transacción se realizó a través de un intermediario. Además, no fue posible confirmar quién firmó en nombre de Human Vaccine, lo que generó dudas sobre la legitimidad del acuerdo.
Por instrucciones del presidente @BArevalodeLeon, la@PGNguatemala y el @MinSaludGuate han presentado una denuncia contra Amelia Flores, ex ministra de salud del Gobierno de Alejandro Giammattei, por firmar un contrato de vacunas perjudicial para Guatemala, que además no cumplía… pic.twitter.com/gIbURirdrC
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 4, 2024
Proceso de pago y monto involucrado
El 5 de abril de 2021, el ministerio de Salud inició el procedimiento de pago del 50% del monto total de la compra, equivalente a 614.5 millones de quetzales. El precio total de compra de la vacuna Sputnik V ascendía a más de 79 millones de dólares. A pesar de los pagos, las dosis se entregaron más lento de lo esperado, lo que generó críticas y requirió una renegociación del contrato.
El contrato también señala algunos aspectos legales cuestionables, como el hecho de que la firma de este sea en idioma inglés. Según la Ley del Organismo Judicial, el idioma oficial de Guatemala es el español y los contratos pueden ser nulos por no estar escritos en el idioma oficial del país.
Además, se destaca que el contrato estableció una indemnización de 100.000 dólares, lo que, según los expertos, puede considerarse como una liquidación previa de daños y se considera que esta medida es ilegal según el derecho internacional.
Ante la gravedad de las irregularidades detectadas en el contrato de las vacunas Sputnik V, el ministro de Salud anunció una ampliación de la denuncia para continuar con las investigaciones correspondientes.
Se espera que este seguimiento permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en las futuras adquisiciones de vacunas por parte del Gobierno guatemalteco.