El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la detención de una persona «no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos», estableciendo en todo caso, un plazo máximo de 72 horas, en las que el detenido deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial o directamente puesto en libertad. Aunque la policía es de sobra consciente de ello, en muchas ocasiones se tiende a apurar al máximo esas 72 horas, llegando a darse situaciones como la ocurrida esta semana en València, en la que uno de los presuntos cabecillas de una organización dedicada al tráfico de drogas ha quedado libre, pese a intervenirle 16,5 kilos de cocaína, tras dejar sin efecto la medida de prisión provisional que iba a acordar el Juzgado de Instrucción número siete de València.
Por apenas dos horas el pase a disposición judicial fue realizado fuera de plazo y el juez instructor se vio en la obligación de acordar la libertad del presunto traficante, de 57 años y nacionalidad colombiana. Él era el único que iba a ingresar en prisión de la decena de detenciones que se practicaron el pasado martes en distintos municipios valencianos y en Madrid.
Entrada en 14 inmuebles
En total el Juzgado de Instrucción siete de València, encargado de la causa por tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales, autorizó la entrada y registro en 14 inmuebles en València, la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Riba-Roja del Túria y Chiva, en la provincia de Valencia. Entre ellos en una clínica de odontología y en un centro de estética de la capital del Túria, donde fueron incautados los 16,5 kilos de cocaína. Así como en domicilios de Tres Cantos, Majadahonda y Carabanchel en Madrid, y en una clínica dental de Manacor, en las Islas Baleares, donde también era presuntamente distribuida la droga.
Los investigadores de la Udyco de la Policía Nacional consideraron que estaban dentro del plazo de las 72 horas si los detenidos eran puestos a disposición de los respectivos partidos judiciales en las conducciones ordinarias a primera hora del viernes. No obstante, calcularon la hora de detención en el momento en el que les fueron leídos los derechos.
Los letrados Patricia Cogollos, Miguel Ferrer y María Ibarra, que representan a varios de los arrestados, se percataron de que la hora de la entrada y registro eran las 6.30 horas del pasado martes, momento en el que su cliente, de 57 años y nacionalidad colombiana, ya es esposado por la policía y por lo tanto ya está privado de libertad, con lo que empiezan a contar las 72 horas de plazo para ponerlo a disposición del juez. No a las 12.45 horas del martes, que refleja el atestado que se leyeron sus derechos en calidad de detenido.
De esta forma, al ser puesto ante el juez pasadas las 8.30 del viernes, el plazo máximo ya se habría cumplido, hecho que esgrimieron los letrados de la defensa cuando el juez iba a acordar la prisión provisional del presunto traficante, dada la gravedad de los delitos que se le imputan, el riesgo de fuga por su condición de extranjero y para evitar la reiteración delictiva.
Así, uno de los presuntos cabecillas de este presunto entramado dedicado al tráfico de drogas habría quedado en libertad sin ni siquiera poder acordar medidas como acudir periódicamente a firmar al juzgado, salvo la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte. Todo ello tras más de un año de investigaciones, una veintena de detenciones en esta misma operación y otras incautaciones de droga como 5,221 kilos de coca en junio de 2023 y otros nueve kilos de anfetaminas el pasado 21 de marzo.
En libertad el que Colombia describe como su mayor contrabandista
Diego Marín Buitrago, conocido como 'papá Pitufo' o 'Pitufo', considerado el jefe del contrabando en Colombia y detenido este viernes en Gandia, ha quedado en libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron el viernes a Diego Marín Buitrago, está acusado de contrabando –con la importación desde China de textiles, electrodomésticos y otros productos–, cohecho –tendría comprados funcionarios y políticos de su país– y asociación criminal. Marín Buitrago, nacido en Colombia y nacionalizado en España, ha quedado en libertad provisional con las citadas medidas cautelares y la prohibición de salir del territorio nacional. Colombia debe formalizar ahora la solicitud de extradición y posteriormente será la Audiencia Nacional la que decida si se le entrega o no.
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