La Procuraduría General del Estado (PGE) ha pedido la apertura de diligencias preliminares contra el congresista Darwin Espinoza Vargas, por supuestos delitos de concusión y peculado de uso. La solicitud de la PGE surge tras una investigación periodística que ha evidenciado un aparente mal uso de recursos del Estado.
El programa 'Punto Final' reveló que empleados del despacho de Espinoza se involucraron en la recolección de firmas para la inscripción del "Movimiento Regional Adelante Ancash", utilizando recursos públicos y durante el horario laboral.
DELITOS
Esta actividad no solo infringe normativas administrativas, sino que también podría constituir un delito de peculado, al desviar bienes del Estado para fines personales o partidistas.
La PGE actúa bajo la premisa de que ningún funcionario público, incluidos los parlamentarios, está por encima de la ley. La investigación pretende esclarecer el alcance del uso indebido de recursos y determinar las posibles implicancias legales para Espinoza y otros involucrados.