Un nuevo delito amenaza a los acusados de asesinato de los guardias civiles de Barbate
Su inclusión adentraría el proceso judicial en una nueva dimensión y supondría un precedente den los juicios contra narcotraficantes en la región.
La extensa lista de delitos a los que se enfrentan los detenidos en Barbate (Cádiz) por la muerte de dos guardias civiles y el ataque a otros seis agentes, arrollándolos con una narcolancha, puede ampliarse con un cargo más. Así, si la Fiscalía considera tenerlo en cuenta durante la fase de instrucción, a los seis imputados podrían procesarlos también por piratería, lo abriría una nueva dimensión en el caso.
El delito de piratería, aprobado en 2010 y contemplado en el artículo 616 ter del Código Penal, establece penas de cárcel de entre 10 y 15 años para aquellos que, "con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas". Supuestos que, según fuentes jurídicas consultadas por el diario La Voz de Cádiz, pueden aplicarse a los hechos ocurridos la noche del 9 de febrero en el puerto de Barbate.
Los hechos acontecidos en el puerto de Barbate el 9 de febrero, donde una narcolancha embistió y causó la muerte de dos guardias civiles, se ajustan a los criterios que recoge la ley de piratería, según fuentes jurídicas consultadas por La Voz de Cádiz. A diferencia de la versión anterior de la norma, anterior a 1995, ahora no se delimita a si el delito se ha cometido en aguas internacionales o territoriales.
La incorporación del delito de piratería se sumaría a la lista de cargos que afrontan los detenidos: asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, organización criminal, atentado, contrabando, resistencia grave y lesiones. Sin embargo, la inclusión del cargo de piratería dependerá de la Fiscalía y su calificación en el momento procesal adecuado.
Es importante destacar que, de aplicarse, el caso tendría que pasar por el procedimiento de la ley de jurado, lo que implicaría una nueva dimensión en el proceso judicial. Además, sería un precedente en la provincia de Cádiz y en Andalucía, ya que nunca antes unos investigados por narcotráfico han sido procesados por un delito de piratería en la región.