En un operativo de control realizado en el Centro Histórico y convocado por la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General y apoyado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Policía Nacional, fueron suspendidas dos obras civiles; una en la calle del Sargento Mayor y la otra en la calle El Coliseo; ambas por no presentar la documentación que les respaldara la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición (RSD).
En la obra, situada en la calle Sargento Mayor, las autoridades hallaron, además, 18 bloques de madera con un volumen de 4 metros cúbicos, sin papeles en regla.
En total fueron revisadas cinco obras de construcción en el casco amurallado con el objetivo de inspeccionar que los responsables cumplieran con la normativa ambiental vigente y garantizaran la adecuada gestión de los residuos generados durante el proceso constructivo.
"A través de estos operativos estamos enviando un mensaje contundente a la ciudad: las reglas son para respetarlas y las autoridades las haremos respetar. Una buena disposición de los residuos de construcción y demolición garantiza que los escombros no terminen en las orillas de los cuerpos de agua o en las márgenes de vías como La Perimetral u otras", precisó Gina Patricia Vélez, asesora de Servicios Públicos.
El llamado de parte de la Alcaldía a las empresas constructoras, y a personas dedicadas a este sector, es para que le hagan seguimiento a los vehículos transportadores de residuos que contratan, a fin de evitar que se sigan realizando disposiciones irregulares de los residuos sólidos que se generan en sus obras.
El director del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez, expresó que los constructores y los propietarios de las construcciones son los responsables de las afectaciones que se cause al ambiente por la disposición irregular de los residuos sólidos que se generen en sus obras, por lo que están obligados a verificar la disposición final que hacen las personas que contratan para ese trabajo.
Por las afectaciones que puedan ocurrir, además de las sanciones administrativas como la suspensión de los trabajos, podrían ser objeto también de investigaciones penales; por ello están obligados a verificar que los transportadores estén inscritos ante el EPA y que cuenten con su respectivo PIN, además de exigirles los comprobantes de disposición final en sitios autorizados.