La oposición valenciana cree que la batería de leyes de PP y Vox colisiona con normas estatales y las recurrirá
Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes, el PSPV-PSOE y Compromís, analizan el recorrido legislativo y judicial de la batería de leyes presentadas por PP y Vox. Con especial atención a las normas sobre transparencia y memoria histórica -la "ley de concordia"-, los dos partidos exploran las vías de inconstitucionalidad de las leyes presentadas y que los grupos del Consell quieren acelerar.
El Pleno del Consell ha manifestado este martes su criterio favorable a las cinco normas y se espera que este miércoles, en la Junta de Portavoces, el PP y Vox traten de introducirlas en los próximos plenos para que estén aprobadas antes del verano. Ambos partidos han registrado las propuestas de educación, transparencia y memoria y la que afecta a la radiotelevisión pública de forma conjunta, -mientras que la relativa a Antifraude solo lleva la firma del PP-, por la vía de urgencia, lo que acorta considerablemente los plazos de debate y tramitación.
La coalición Compromís aborda con el grupo parlamentario Sumar y otros partidos en el Congreso la vía de la inconstitucionalidad, para la que necesitan 50 diputados. Por lo pronto, ha presentado un escrito a las Corts Valencianes con el propósito de que se "respeten los términos de participación ciudadana" para la presentación de propuestas de comparecencias de representantes sociales, según ha avanzado su portavoz, Joan Baldoví. La formación cree que PP y Vox reducen el plazo para "evitar que personas expertas y representantes de entidades e instituciones se pronuncien contra unas leyes que atacan a nuestra lengua, a la memoria democrática y suponen el secuestro político por la derecha y la extrema derecha de À Punt y la Agencia la Agencia Antifraude".
La coalición ha mantenido reuniones con entidades, movimientos y agentes sociales "de todos los ámbitos implicados", que les han transmitido "una preocupación profunda, pero también las ganas de combatir" estas propuestas que consideran "retrógradas".
Desde el PSPV, su portavoz, José Muñoz, ha apuntado que llegarán "a donde haga falta" para frenar las normas, que "colisionan" con la normativa estatal. Según ha dicho, solicitarán una serie de informes a los organismos que los elaboran en la tramitación habitual -el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Econòmic i Social y la Intervención de la Generalitat-, además de a otros organismos estatutarios.
"Nos vamos a oponer frontalmente a cinco leyes que son aberrantes para la democracia valenciana", ha recalcado el síndic, que ha defendido que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, que "no va a permitir" que determinadas leyes, como la de "blanqueo a la dictadura", sigan "hacia adelante" porque, a su juicio, "contravienen cuestiones fundamentales".
El Gobierno valenciano defiende que estas leyes, que el Ejecutivo o central recurrirá al Constitucional, "no hacen daño a nadie" y asegura que su ley de concordia amplía el reconocimiento a víctimas de violencia política que antes no existían", en palabras de la portavoz del Consell, Ruth Merino.