Enric Bonet
La rabia del campo crece en Francia y se acerca a París. Centenares de kilómetros de autopistas desérticas por bloqueos viarios, un edificio de la mutua agrícola incendiado, camiones con productos extranjeros saqueados... Una semana después de haber empezado los primeros cortes de carretera cerca de Toulouse —y siguiendo la estela de protestas parecidas en Alemania, Países Bajos, Polonia o Rumania—, las tractoradas y acciones 'coup poing' (directas) se multiplicaron este viernes por toda Francia. Las manifestaciones de agricultores han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Emmanuel Macron, cuyo primer ministro, Gabriel Attal, ha prometido que "no los abandonará".
, se enfrenta con la indignación rural a su primera crisis de calado tras haber asumido las riendas del Ejecutivo el 9 de enero. Desde una granja en el suroeste de Francia, ha anunciado esta tarde una serie de medidas con las que espera calmar la cólera.
La más destacada de ellas ha sido que el Ejecutivo centrista renuncia a la retirada progresiva de la subvención del diésel rural, que empezó a aplicarse este año y debía culminar en 2030. El precio del litro de este combustible fundamental para los campesinos aumentó de 0,70 céntimos a 1,20 durante los dos últimos debido a la crisis energética y representa uno de los motivos del descontento. "Vamos a parar esta trayectoria de aumento" del gasóleo, ha dicho Attal.
"La agricultura es como el amor: hacen falta pruebas concretas", ha declarado el primer ministro, quien ha anunciado una serie de decisiones técnicas. La mayoría de ellas no supondrá un gran coste para el Gobierno de Macron, quien espera reducir en 12.000 millones de euros el gasto público en los dos próximos años. En concreto, Attal ha anunciado diez medidas de reducción de la burocracia para los campesinos, además de un fondo de 50 millones para ayudar a los agriculturores ecológicos lastrados por la crisis del bio.
También ha prometido una mejor aplicación de una ley de 2018 que debía garantizar un precio justo para los productores, pero que la industria agroalimentaria ha logrado utilizar en su beneficio en perjuicio de los pequeños campesinos y ganadores. Los márgenes de este sector han aumentado un 48% durante los dos últimos años, sin que esto repercutiera en los trabajadores agrícolas, según un estudio del instituto La Boétie. Además, el primer ministro ha aprovechado su intervención para recordar la oposición del Gobierno francés al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Este tratado, que empezó a negociarse hace más de 20 años, puede quedar definitivamente enterrado con esta crisis del campo.
¿Continuarán las protestas?
El largo discurso de Attal no ha terminado de entusiasmar a los campesinos indignados, que se han mostrado dubitativos tras los anuncios. "Ha habido muchas pequeñas medidas y en realidad hace falta verdaderos cambios legislativos", ha lamentado Luc Mesbah, secretario general de la FNSEA (principal sindicato agrícola) en el departamento de Haute-Garonne. "Creo que hemos ganado", ha asegurado, en cambio, Jean-Michel Baylet, un campesino sin afiliación sindical que impulsó los primeros cortes de carretera la semana pasada en Carbonne, donde se ha desplazado el primer ministro esta noche. ¿Las protestas continuarán? ¿O se terminarán con estos anuncios? Los próximos días y semanas lo dirán.
Tras una movilización creciente de los campesinos, las protestas rurales han vivido este viernes la jornada más multitudinaria y agitada. Se produjeron acciones directas y cortes de carretera por todo el territorio galo. La circulación en la A7 y la A9 —dos de los principales ejes del sur del país, uno de los cuales conecta Francia con España— han visto su circulación cancelada en cerca de 400 kilómetros. "Es una situación inédita", ha reconocido la constructora Vinci. Ha quedado cerrado el paso fronterizo en La Jonquera en la AP-7. Más de 72.000 campesinos participan en las protestas en 85 departamentos (provincias), según la FNSEA.
Desde primera hora de la mañana, payeses llevaron a cabo tractoradas en zonas limítrofes de la Ile-de-France (región parisina). Estos cortes de los accesos a París se han intensificado por la tarde con al menos dos autopistas bloqueadas por parte de los campesinos. Las movilizaciones están presentes por todo el país, incluso con acciones simbólicas como centenares de tractores desplegados en la playa de la ciudad acomodada de Le Touquet (norte), donde Macron y su esposa Brigitte tienen uno de sus domicilios. Buena parte de ellas están impulsadas por pequeños sindicatos o trabajadores rurales sin afiliación. Las grandes centrales sindicales, de hecho, disponen de un control tenue de la movilización. Y la muerte el martes de una campesina y su hija, de 12 años, reforzó aún más la determinación de unos campesinos hartos de la precariedad y poco reconocimiento de su profesión.
"No se responde al sufrimiento con antidisturbios"
"Cuando llego a final de mes, no me queda ningún ingreso neto. Vivo gracias al salario de mi mujer", explicaba a mediados de semana a EL PERIÓDICO Yves, de 58 años, un productor de trigo ecológico en Agen (sur), donde empezaron las protestas desde el lunes. "Para nosotros, es una cuestión de supervivencia", añadía Charlie, sobre un sector primario marcado tanto por unos ingresos desiguales como por unos niveles de pobreza claramente superiores a la media del país (el 18% vive por debajo del umbral, mientras que la media de los activos franceses es del 13%).
Los motivos de la rabia campesina resultan complejos y están bien arraigados. Desde la baja remuneración de muchos productores agrícolas y ganaderos hasta los tratados de libre comercio, pasando por el exceso de papeleo, aumento de los impuestos sobre el diésel de los campesinos, las nuevas normas medioambientales o políticas de la Unión Europea, como el Green Deal (Pacto Verde) o los beneficios comerciales para los productos agrícolas ucranianos.
A diferencia de otros focos de contestación, el Gobierno de Macron ha reaccionado con prudencia y permisividad ante las acciones de los campesinos, a pesar de su contundencia. Han vaciado numerosos camiones con productos españoles y de otros países, así como supermercados en los que han saqueado o destruido productos extranjeros. También hay protestas ante delegaciones del Gobierno y contra la gran distribución, siendo el grupo Leclerc una de las dianas predilectas —un parking de esta cadena ha quedado destrozado en el sudeste—. Un edificio de la mutua agrícola ha sufrido importantes daños materiales a causa de un incendio provocado por manifestantes en Narbona, sin que hubiera víctimas ni heridos. Incluso a finales de la semana pasada un colectivo de viticultores puso un fuerte explosivo en un edificio en obras y vacío en Carcasona.
"No se puede responder al sufrimiento enviando a los antidisturbios", dijo el jueves el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Fueron, sin duda, unas declaraciones sorprendentes por parte de un ministro que hasta ahora había destacado por sus posiciones viriles y férreas ante los manifestantes. En el otoño de 2022, había tachado de "eco-terroristas" a militantes ecologistas por haber llevado a cabo degradaciones materiales parecidas a las que realizan ahora los campesinos.
No obstante, el Gobierno de Macron teme especialmente estas movilizaciones rurales debido a su popularidad. Las respaldan cerca del 90% de los franceses, según sondeos recientes. A eso se suma el hecho de que se acercan las elecciones europeas del 9 de junio. La ultraderecha pretende instrumentalizar la rabia del campo para reforzar su favoritismo ante un macronismo que encadena una revuelta social tras otra.
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