La definición del largo proceso oral por el crimen de la cárcel de Villa Urquiza dejó la sensación de que la Justicia ha cumplido con la resolución de un caso complejo pero la sociedad queda con varios interrogantes sin responder. Se trata del homicidio de Fernando Sebastián Medina, el interno que había denunciado el tráfico de drogas dentro del penal y que fue asesinado por otro reo, Alejandro Sebastián Mendoza, el 22 de noviembre de 2017.
El tribunal condenó a Mendoza a 18 años de prisión por homicidio y absolvió a un guardiacárcel y a cinco ex funcionarios penitenciarios. A mediados de 2017, Medina había denunciado la venta de estupefacientes dentro de la cárcel y dos fiscales, una de la provincia y otro federal, solicitaron medidas de protección para el preso, motivo por el cual el entonces juez de Ejecución ordenó en agosto de 2017 su traslado hacia la seccional 7º, para evitar que sufriera daños. Pero sin que se pudiera entender lo sucedido después, el 19 de noviembre Medina fue enviado repentinamente de vuelta al penal y tres días después lo asesinó Mendoza. Una fiscal planteó que el asesinato de Medina se trató de un plan sistemático en el que participaron los funcionarios imputados. Sin embargo, en los alegatos de clausura, el auxiliar fiscal decidió no acusar a los empleados del servicio penitenciario ya que consideró que durante el debate no se produjeron las pruebas necesarias para sostener la acusación inicial.
Al final, el condenado pidió disculpas -que no fueron aceptadas por la hija de la víctima- y dijo que actuó en su propia defensa; los otros reclamaron que el largo tiempo de sustanciación de la causa afectó sus vidas y las de sus familias. La querellante, en cambio, señaló las inquietudes que ha dejado este caso en nuestro medio. Planteó que el crimen ocurrió debido a un mal accionar de varios organismos que tendrían que haber velado por la seguridad de Medina. "Había una persona que estaba denunciando la venta de estupefacientes; había una causa en el Juzgado Federal. Debió el Federal actuar y declararlo testigo protegido y llevarlo a la Fuerza Federal, no dejarlo en una comisaría protegido por penitenciarios. Todos actuaron con negligencia; la Corte por mandar a todos a hacer un curso y dejar vacío un juzgado luego de un feriado; el Juzgado Federal por haberlo dejado ahí después de la denuncia y el juez de Ejecución que cuando le avisaron que ya lo habían reingresado tampoco accionó", afirmó.
La cárcel en varias ocasiones ha sido escenario de tráfico de drogas. De hecho, lo denunciado por Medina se sustancia en la Justicia Federal y los involucrados en este hecho y otras personas están bajo investigación. Mientras tanto, se sigue incautando drogas. El 25 de marzo secuestraron más de 140 dosis de cocaína, marihuana y pastillas en el penal, lo cual indica, al menos, que hay momentos en los que los controles son laxos y que se deben estudiar estrategias para luchar contra este delito. La muerte del reo Medina fue como la punta de un iceberg que se debería examinar en profundidad para cambiar las cosas.