La entrada del Estado en el capital de Telefónica ha resucitado el fantasma de los campeones nacionales. El nacionalismo económico no es solo una tendencia que se está produciendo en España como consecuencia de un gobierno de izquierdas, sino que recorre toda Europa en detrimento del libre mercado.
Los países se quieren blindar ante la transformación tecnológica, creando desde el poder grandes grupos industriales capaces de competir en un mundo globalizado. Pero quieren conseguirlo sin esforzarse en tener empresas más competitivas y eficientes, sino mediante ayudas públicas.
Vamos hacia atrás, como los cangrejos: el Gobierno apuesta por aumentar el proteccionismo
La historia nos enseña que cuando el Estado trata de influir en la economía disminuyendo la competencia y aumentando el intervencionismo se acaba en corrupción, amiguismo y ruina. Es el camino más directo al desastre, como han demostrado hasta la saciedad los antiguos países comunistas, por no hablar de Venezuela.
El gran éxito de los gobiernos socialistas durante la transición democrática no fue conservar ni potenciar las empresas públicas como cabía esperar de un gobierno de izquierdas, por el contrario fue cerrarlas. Así lo hizo con las que perdían dinero en la construcción naval, la siderurgia, la minería, etcétera. Otras las vendió pagando dinero, como Seat a Volkswagen, y con el resto inició las privatizaciones, como Endesa, Repsol y Telefónica. Aquello permitió modernizar la economía para poder competir en Europa.
Ahora parece que vamos hacia atrás, como los cangrejos. El problema no es la entrada de capital estatal en Telefónica sino el control de la empresa. Es decir, es un grave problema de gobernanza. De hecho, lo primero que se ha hecho es pedir un puesto en su consejo de administración para influir en sus decisiones. De esta manera, el gobierno se convierte en juez y parte. Es el Consejo de Ministros quien va a fijar las normas, que evidentemente favorecerán a su operadora. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que depende directamente del Ministerio de Economía, se convierte en un árbitro bajo sospecha. En definitiva, con instituciones débiles, España es un país menos atractivo para la inversión extranjera.
La vehemencia con que el ministro Óscar Puente ha defendido a Renfe ha dejado meridianamente claro que el Gobierno no apuesta por aumentar la competencia, sino el proteccionismo. Esto da origen a entidades tan ruinosas como Correos, que tiene 54.000 empleados, ha perdido en los últimos años 1.500 millones de euros y ha distorsionado todo el sector. Esta situación contrasta con otras empresas europeas que, en pleno desarrollo del comercio electrónico, están teniendo beneficios.
Es cierto que otros países europeos tienen empresas con participación pública, pero ya las tenían. Lo particular del caso español es que utiliza recursos públicos, a veces provenientes de Europa, para blindar a sus campeones nacionales frente a la competencia exterior.