En Colombia, uno de cada cinco habitantes ha sido gravemente afectado por el conflicto armado. Aunque la cifra es escandalosa (más de 9,6 millones de personas) y sigue creciendo cada día, las víctimas no solo tienen que enfrentar el drama del desplazamiento forzado, el asesinato de sus familiares o el secuestro, entre muchas afectaciones, sino que también deben encarar la incapacidad del Estado para repararlas.
El actual Gobierno ha dado pasos importantes para saldar la deuda de atención con esta población, como la destinación de 2,7 billones de pesos -las más alta de la historia- para avanzar en la atención e indemnización de las víctimas. Sin embargo, aún se mantiene una serie de desafíos clave para garantizar una reparación integral y, sobre todo, condiciones de paz y seguridad que permitan que el número de afectados por la guerra deje de crecer.
En la mañana de este 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Unidad para las Víctimas anunció una estrategia de priorización que busca ponerse al día con las 106.337 personas que enfrentan en las mayores condiciones de vulnerabilidad por ser adultos mayores de 68 años, población en condición de discapacidad y quienes tienen alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo.
"Priorizaremos la indemnización de estas personas, que son las más sufridas, pero la meta que tenemos como Gobierno es cumplir con 600.000 indemnizaciones en el cuatrienio. Esto es insuficiente, pero también le estamos apostando a la superación de la vulnerabilidad de 2 millones de personas que padecen el desplazamiento forzado. Hay que sumar toda la oferta institucional del gobierno nacional con las alcaldías y colaborar para la reubicación de sus barrios, para atender a esta población y lograr que a los territorios victimizados llegue el estado", dijo en entrevista con Colombia+20 Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas.
En efecto, por más ambiciosos que sean los esfuerzos para atender a esta población, serían insuficientes. Según ha advertido la Contraloría General de la República, solo en temas de indemnización se necesitarían más de 60 años para cumplirles a todas las personas afectadas por el conflicto que tienen este derecho (7,6 de los 9,6 millones de víctimas).
Por eso, entre las demandas de los movimientos de víctimas está concentrarse no solo en ese ámbito, sino en lograr una reparación integral.
"La indemnización requiere un proceso burocrático muy largo que tiene a adultos mayores esperando, a personas que incluso han muerto sin obtenerla, pero de todas maneras eso no es una reparación integral. Nuestra apuesta es que haya una política que les permita a las víctimas superar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, acceder a vivienda, educación, generación de ingresos, y que a través de esas acciones se llegue a la paz, porque no puede haber paz con hambre", dice Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá.
¿Qué ha hecho el Gobierno Petro para saldar la deuda con las víctimas?
Para avanzar en ese sentido, desde septiembre del año pasado el Gobierno Nacional promovió una reforma a la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras), en las que se planteó aumentar las fuentes de financiación, articular la norma con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entre otras medidas que buscan superar el rezago con las víctimas.
Aunque se han hecho los llamados de urgencia para que esta iniciativa salga adelante, aún está a la espera de que se den los debates al respecto en el Legislativo.
Entre tanto, la Unidad para las Víctimas está avanzando en la reparación administrativa de esta población. Desde la puesta en marcha de la Ley 1448 hace 12 años, se han desembolsado 10,7 billones de pesos en indemnizaciones a 1,4 millones de víctimas (apenas el 18% del total).
Según reporta la Unidad, el 2023 fue el año con más giros otorgados y el segundo con más víctimas indemnizadas, con un total de 166.934 personas.
En cuanto a la reparación colectiva, el año pasado se entregaron indemnizaciones a 34 sujetos de reparación colectiva étnicos (18 comunidades indígenas y 16 afrocolombianas y negras), es decir, el 33% de las indemnizaciones colectivas en toda la historia de la Ley.
En cuanto a los retornos de población víctima de desplazamiento forzado, en 2023 fueron acompañadas 6.315 personas que hacen parte de estos procesos.
Otro de los puntos en los que se ha enfocado la entidad es el fortalecimiento de la transparencia. De hecho, este 9 de abril la Unidad de Víctimas reveló los hallazgos de una auditoría forense de las administraciones anteriores, que dejó al descubierto posibles irregularidades que resultaron en la pérdida de poco más de 4.200 millones de pesos destinados para las víctimas en el país.
"Hay problemas para concretar las transformaciones"
Según Luis Fernando Sánchez, quien le ha hecho seguimiento a la implementación de la Ley 1448 desde hace varios años, "es evidente una mayor voluntad política de este gobierno que de los anteriores, se han hecho esfuerzos, aunque hay problemas en términos de la concreción de transformaciones para el goce efectivo de derechos todavía".
El experto, quien es el coordinador jurídico de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), asegura que un punto clave es "que el Congreso implemente las reformas, pues si los debates no se dan de manera ágil va a ser muy difícil cumplirles a las víctimas y se va a necesitar una nueva prórroga de la ley (cuya vigencia inicial iba hasta 2021 y fue extendida por otros 10 años)".
Ese llamado a poner el pie en el acelerador fue reiterado este martes ante el Legislativo en la plenaria que se adelantará para analizar la situación de las víctimas, que nuevamente insistirán en la necesidad de que el Estado se comprometa con su atención y reparación.
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