- Responsabilidad contable Los independentistas presionan a la juez del Tribunal de Cuentas para que asuma ya la amnistía: "Es batalla perdida"
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La consejera responsable del Tribunal de Cuentas del juicio por malversación en el 1-O y los gastos en el exterior, Elena Hernáez, ha reactivado el caso del procés, según fuentes del órgano fiscalizador consultadas por EL MUNDO. En concreto, ha dado un plazo de 10 días al fiscal del Tribunal de Cuentas y a la acusación popular, ejercida por Sociedad Civil Catalana, para que presenten sus conclusiones antes de dictar sentencia sobre la treintena de independentistas que presuntamente malversaron millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en la creación de embajadas y el Diplocat.
Una vez recibida la respuesta de Fiscalía y acusación popular, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.
El organismo del Estado intenta recuperar dinero público desviado a fines ilegales. El pasado noviembre, los abogados de los 35 líderes independentistas acusados de malversar hasta cinco millones de euros presionaron a la consejera encargada del caso para que asumiera la amnistía, una vez alcanzados los acuerdos de investidura. Entre los acusados figuran el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, o los antiguos consejeros Raül Romeva y Jordi Turull.
"Es batalla perdida", dijo el ex consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, tras la vista celebrada el 17 de noviembre en la sede del Tribunal de Cuentas. "Es un dislate. No tiene sustento", declaró, por su parte el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Éste incluso dijo que los independentistas han tenido que gastar mucho dinero en este proceso del Tribunal de Cuentas y, sin llegar a decir que forma parte del llamado lawfare, avisó de que "un día habrá que mirarlo".
Tanto Homs, como Boye y demás abogados de los 35 independentistas acusados pidieron a Hernáez que les ahorre seguir con el juicio «por economía procesal». La consejera, por su parte, se declaró "consciente de las circunstancias de toda índole" que rodean el caso, pero se resistió a suspender el juicio mientras la amnistía no esté en vigor.
Malversación
El fiscal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, apoyó a Hernáez. Admitió que es probable que, con la aprobación de la la ley de amnistía, sea estéril proseguir lo que acabará con evitar que todos los encausados devuelvan el dinero público malversado. Pero respaldó que, mientras esté en tramitación la ley, se puede continuar el juicio.
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.