Benyara Machinea
La Fiscalía Europea indaga nuevos contratos aprobados por el Servicio Canario de Salud vinculados al suministro y transporte de material sanitario a las Islas durante la pandemia de la covid-19. Una unidad de la Policía Judicial, por encargo de la Fiscalía Anticorrupción de Europa, recabó ayer los expedientes de más adjudicaciones en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Las pesquisas que investigan nuevas tramas, más allá de Koldo y del caso mascarillas, trata de determinar si hay pruebas para iniciar un procedimiento independiente por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa. Al menos hay 31,9 millones gastados en la compra de material sanitario sospechosos para la Fiscalía.
La denuncia que dio pie al conocido como caso mascarillas, que se refiere a la investigación de una partida de un millón de mascarillas que nunca llegó a entregarse, apunta a otras 23 adjudicaciones otorgadas entre 2020 y 2021. El objetivo de las mismas era el suministro de pruebas PCR, mascarillas quirúrgicas y protectores para los centros de salud de las Islas que, según el denunciante, "fueron comprados a un precio mucho mayor que los oficiales de mercado".
La adjudicación a RR7 United está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque se abonaron cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos para pagar a la empresa por una partida que nunca llegó. Este procedimiento, al igual que el de los otros contratos, fue negociado por la vía de emergencia y comprendía un coste unitario por cada mascarilla de cuatro euros. Según figura en la denuncia, el precio se encontraba tres euros y 77 céntimos por encima del habitual en el mercado por aquella época, que era de 23 céntimos. La instrucción de este procedimiento concluyó en marzo y la Fiscalía levantó entonces el secreto de sumario.
Caso mascarillas
El caso de RR7 es una de las ramificaciones de la denuncia inicial, que incluye adjudicaciones a otras 17 empresas (cuatro de ellas sin definir). El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García García-Sotoca, investigó la causa al detectar indicios de una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, aunque finalmente se inhibió cuando la Fiscalía Europea asumió la instrucción porque la mayor parte de los contratos estaban sufragados con fondos europeos.
La denuncia puede derivar en nuevos procedimientos judiciales si se detectan indicios de delitos en el resto de adjudicaciones, que podrán ser asumidos por la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional o los juzgados canarios, en función del organismo que competa en cada caso.
Las adjudicaciones bajo sospecha del fiscal afectan a 31,9 millones de euros públicos
En el listado al que tuvo acceso la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas antes de remitir la causa a la investigación europea también figuran los cuatro contratos que firmó el SCS con Damco Trading Services S. A. por un importe que asciende a 4.981.610 euros. El administrador único de la empresa madrileña, Noel Jammal, es uno de los investigados en un presunto fraude fiscal con los beneficios de las ventas de mascarillas, junto a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria, y Christian Cerpa, vocal del partido.
Después de conocerse el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, encargado por el actual ejecutivo del Gobierno regional, el portavoz Alfonso Cabello advirtió de que "faltan explicaciones" por parte del anterior presidente del ejecutivo, Ángel Víctor Torres, y los entonces responsables del Servicio Canario de Salud. Este documento detectó "salvedades de legalidad" y presuntas ilegalidades vinculadas a adjudicaciones, justificaciones de compra, órdenes de aprobación de gasto y firmas de expedientes.
Anomalías millonarias
El informe incluye 21 anomalías en encargos millonarios a empresas encargadas del suministro y transporte de material sanitario. En algunos casos observó que no se acreditó la dación de cuenta al Gobierno, en otros no se realizó la contratación, no se aportó la documentación necesaria al expediente o bien se adjudicó a una empresa dedicada a otro sector.
La denuncia inicial apunta a que el SCS compró suministros médicos inflados de precio a 17 empresas
El informe detalla que en una ocasión se adjudicó un contrato que tenía como objeto la compra de "batas no homologadas", a pesar de que "la ropa de protección es de vital importancia". Según el expediente, "no consta informe justificativo de las necesidades que se pretende satisfacer por el servicio".
El documento se trasladará al Servicio Canario de Salud, que analiza todos los expedientes de compras y suministros que están bajo sospecha. El último paso será que el SCS realice el informe completo que después se remitirá a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para proponer las acciones a tomar por el Ejecutivo si hubiera algún quebranto. Con ello, la comunidad autónoma decidirá si se persona en las causas judiciales abiertas, traslada los documentos a los juzgados o si la Audiencia de Cuentas fiscaliza de nuevo los expedientes.
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