Una pulga canaria saltando rompe un lebrillo. Cincuenta mil ya se consideran capaces de cargarse toda la vajilla. Los activistas contra el turismo han fijado el objetivo de cargarse el nuevo hotel de La Tejita, en El Médano, y el proyecto de Cuna del Alma, en Adeje. Dos proyectos en Tenerife, que es la «isla cementerio» donde yacen en paz la regasificadora de Granadilla, el puerto de Fonsalía, los tres hoteles de Arico, el tranvía a Los Rodeos o ese tren fantasmal que va de Norte a Sur en las noches de luna llena.
Einstein debió gestar su teoría de la relatividad estudiando la política en Canarias, donde todo el mundo se pone de perfil en cuanto cambia un poco el viento. Los alcaldes que tienen proyectos turísticos en sus municipios se han escondido debajo de las viborinas; el PSOE llama «mayoría social» a los manifestantes; aunque ya sabemos, por las mascarillas, que suman muy mal y el Gobierno de CC y PP no sabe, no contesta. Aquí no hay palo que aguante más vela que la del oportunismo. Pero los emprendedores que invierten en Canarias y quieren sacar adelante proyectos absolutamente legales andan colgados del guindo.
El Estado de Derecho consiste en que nadie se puede tomar la justicia por su mano; en que hay que obedecer las leyes, pagar impuestos y respetar la libertad ajena. Pero hay gente que considera que su razón está por encima de las normas. Creen que un buen fin justifica los peores medios y circulan en dirección contraria a las leyes, poniendo en conflicto la convivencia. Ni cuarenta, ni sesenta, ni cien mil manifestantes tienen legitimidad alguna para gobernar en nombre de todos. Tienen derecho a ser oídos, nada más y nada menos. Tomar la calle cuando no se han podido ganar las urnas es un respetable derecho al pataleo. Pero lo democrático fueron los novecientos mil canarios que se manifestaron votando en las últimas elecciones.
Es razonable que algunos rechacen el modelo turístico de canarias. Que estén contra el número de visitantes y propongan que se frene el crecimiento económico del único sector de éxito de las islas, aunque eso sea apostar por mayor pobreza. Lo que no es aceptable es agredir a los turistas con pintadas o con gritos. Y lo que no es legítimo es que un grupo de activistas acose a las familias de los políticos, violentando la frontera entre lo público y lo privado, como está pasando con el presidente Clavijo. ¿Qué estaríamos diciendo si la ultraderecha rodeara la vivienda del ministro Torres y su familia acosándolo por el caso mascarillas?
Es evidente que existe un malestar en Canarias a causa de una inflación que nos ha empobrecido a todos. Y es más obvio aún que la izquierda extraparlamentaria está pescando en esas aguas revueltas con un éxito que no se corresponde, ni de lejos, con su peso político. Pero no deberían romper las reglas de la democracia, porque ese es un peligroso camino de dos direcciones. Pablo Iglesias llamaba jocosamente «jarabe democrático» a los escraches en las viviendas de los políticos de derechas, hasta que le tocó a su familia y rodearon su casa. Entonces era un acoso fascista. Y es justo eso, en todos los casos.
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