El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha iniciado este martes un segundo proceso para analizar el agua contaminada y tratada procedente de la central de Fukushima que está siento vertida al mar como parte del proceso para liberar espacio en los tanques de la planta. El agua liberada ya fue sometida a revisión el pasado mes de agosto y, según concluyó entonces el organismo, el nivel de tritio del agua tratada se encontraba "muy por debajo" del límite establecido y cumplía, por ende, los estándares internacionales, según informaciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Kiodo. Ahora, la fuerza de trabajo establecida para inspeccionar la planta y las labores de tratamiento y vertido se reunirá también con representantes del Ministerio de Industria y de la empresa que gestiona la central, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), además de altos cargos de la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón. Al frente de la delegación en cuestión se encuentra Gustavo Caruso, que se ha reunido ya con algunos altos cargos del Ministerio de Exteriores japonés y ha resaltado el "compromiso" del Gobierno nipón a la hora de garantizar que el proceso se completa de forma "segura y transparente". "Este proceso independiente, objetivo y basado en la ciencia permitirá crear una mayor confianza para la gente de Japón y sus países vecinos", ha aseverado Caruso, que ha afirmado que el OIEA comunicará a lo largo de esta semana sus primeras impresiones de cara a la publicación de un segundo informe al respecto. El grupo de trabajo incluye actualmente expertos internacionales e independientes procedentes de países como Argentina, Australia, Reino Unido, Canadá, China, Francia, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam. En noviembre de 2023, el grupo del OIEA encargado de la revisión de las cuestiones de seguridad en torno al vertido afirmó que el plan avanzaba "según lo previsto y sin problemas técnicos". El Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) para la purificación y tratamiento del agua constituye un sistema de bombeo y filtración que utiliza una serie de reacciones químicas para eliminar decenas de radionucleidos del agua contaminada. El plan para verter este agua al mar llega doce años después de que se produjera la catástrofe nuclear de 2011 en la central. Las autoridades niponas insisten en la seguridad de estos residuos nucleares y aseguran que este tipo de vertidos no son nuevos. "Para nosotros la seguridad es la máxima prioridad. Si no se cumpliera con estas normas, los japoneses serían los primeros en sufrir las consecuencias. Nuestro Gobierno jamás tomaría una decisión que pusiera en peligro la vida y salud de los ciudadanos. El compromiso es firme", han indicado. Sin embargo, el proceso se ha topado con fuertes críticas por parte de China, Rusia y el sector pesquero local. Pekín, por su parte, ha mantenido una prohibición a la importación de todos los productos alimentarios procedentes del mar en respuesta a estos vertidos.