Todo el mundo concuerda en que el ambiente, en las instituciones y en los medios, es absolutamente irrespirable. Su toxicidad llega a tal punto que incluso algunos de quienes son los responsables directos de este clima destructivo, que solo conduce a la desafección de la ciudadanía respecto de la política, se permiten llamar a la contención, en una actitud no exenta de cierto cinismo. Descalificaciones gruesas, insultos y hasta amenazas empañan el debate político, que se desnaturaliza hasta el grado de ser reemplazado por expresiones tan sofisticadas desde el punto de vista intelectual, y tan cargadas de amabilidad desde la perspectiva de los buenos modales y la educación, como aquella que interpela al rival con «eso no me lo dice usted a la cara».
La estrategia de la crispación es algo viejo, que arranca desde los momentos en que la derecha de este país pierde el gobierno (el poder real nunca lo dejó), que considera le pertenece por derecho divino. Ocurre que con la irrupción de los de Abascal en el escenario, esa violencia verbal ha escalado unos cuantos enteros y ha contaminado al PP, que no ha querido quedarse atrás en el linchamiento de quienes considera unos okupas cuando llegan, por las urnas, a La Moncloa. Desde los tiempos de la pandemia ha irrumpido el peligroso discurso de la ilegitimidad de cualquier gobierno que no sea el de quienes en el último siglo y medio casi siempre lo han ocupado en España. Los resultados del 23 de julio, por mor de la frustración que ocasiona en unas fuerzas políticas que ya se veían gobernando, incrementa la crueldad de esa ofensiva contra el ejecutivo progresista, en la que, en palabras de Aznar, «cada uno haga lo que pueda hacer».
Para esta batalla, la derecha se envuelve en la bandera de un nacionalismo español de matriz falangista por oposición a un nacionalismo catalán burgués, insolidario y chantajista respecto del frágil Gobierno de España, cuyo componente principal, el PSOE, termina bajando al barro y sumergiéndose en la dinámica del «y tú más», cayendo así en la trampa tendida por la oposición.
En mi opinión, esta actitud de los de Sánchez se debe a que, cada día que pasa, pueden ofrecer menos en lo que hace a las expectativas de transformación social en un sentido progresista. Porque es verdad que ha subido considerablemente el salario mínimo y se ha creado mucho empleo. Pero ello no ha impedido que en los tres últimos años el poder de compra de los salarios se haya mermado en un 5,3%, debido a que han escalado en menor medida que la inflación, lo que ha supuesto una pérdida de casi 3 puntos en la participación de aquellos en la renta nacional. Los mismos en que se ha incrementado la parte de las rentas del capital y mixtas. En algo se tiene que traducir esas ganancias obscenas que exhiben las grandes empresas de este país (y no solo las grandes).
Una buena parte de la clase trabajadora sigue instalada en la precariedad, tanto por unas indemnizaciones por despido que a estas alturas, sorprendentemente, no se ajustan a la directiva comunitaria al respecto, como por la incomparecencia de una Inspección de Trabajo con efectivos y atribuciones en cuantía suficientes como para acotar las ilegalidades que sectores empresariales perpetran en lo tocante a horas extras no abonadas y a la parte de la jornada no cotizada.
En fin, el año 2023 también lo fue de retroceso en materia de justicia social, pues se incrementó el porcentaje de población en riesgo de exclusión social, así como la pobreza infantil: el 7% de los menores de 16 años tuvo importantes dificultades para comer carne o pescado todos los días, cuando en 2004 esa situación afectaba tan solo al 1,8%.
Si nos adentramos en el escabroso tema de la vivienda, hemos de convenir en que, a pesar de la puesta en marcha de la Ley al respecto, el problema se agrava día a día. Por una sencilla razón: hace falta oferta de alquiler público. El acuerdo de gobierno PSOE-Sumar fijaba en un 20% del total de las viviendas del país bajo régimen de arrendamiento a cargo de las Administraciones. Nada de eso se ha puesto en marcha. Y el PSOE solo habla de habilitar a tal efecto unas 190.000. Y esa cifra, además, ha quedado en barbecho tras la decisión de Sánchez de no sacar adelante los presupuestos de 2024, consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, lo que a su vez fue resultado de la negativa de los Comunes a respaldar unas cuentas catalanas que llevaban una carga de profundidad añadida: la construcción del mayor casino de Europa en Tarragona, apuesta tanto de PSC-PSOE como de ERC, y que evidencia la apuesta de estos dos partidos por un modelo de crecimiento tóxico e insostenible.
La renuncia a elaborar los presupuestos de este año quizá tenga mucho que ver con una cierta vuelta a la austeridad, al calor del regreso de las reglas fiscales en la UE: siempre es mejor que los recortes no aparezcan negro sobre blanco en un documento. A este respecto, la ministra de Hacienda ha asegurado que este ejercicio sufrirá un ajuste de 8.000 millones de euros. Considerando que el gasto militar no solo no se ve afectado, sino que se incrementará sustancialmente en línea con el delirio militarista que afecta a las élites europeas (entre 2020 y 2022 ha subido en España un 45%), se infiere que el gasto social va a volver a sufrir.
El panorama no es muy alentador. Tenemos a una derecha lanzada hacia la subversión golpista, a un PSOE que no se ocupa de las cosas del comer y a su izquierda en el gobierno cuya subalternidad a Sánchez y a la OTAN impiden que se erija en alternativa factible e ilusionante a este estado de cosas. Malos tiempos para la lírica.
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