El pasado mes de marzo indicamos cómo Engel Systems se convertía en la primera persona jurídica —ya había habido casos con particulares— en España en ser condenada por un delito contra la propiedad intelectual. Aquello le salió caro —pero no tanto como le podía haber salido— en una primera parte del caso, y acaba de producirse la sentencia de la segunda parte.
Qué hacía Engel Systems S.L. La empresa se dedicaba "a la venta en todo el territorio nacional de decodificadores que emitían o reproducían contenidos audiovisuales y de canales de televisión tanto públicos como privados" y que además de distribuir canales de televisión, también ofrecía "series, documentales y películas" a través del portal Link TV.
Una causa que viene de lejos. La investigación lleva en marcha desde 2021: entonces la Fiscalía solicitó una multa de 21 millones de euros y más de 23 años de cárcel para los resposables de la empresa.
Multa cuantiosa. Finalmente la sentencia dictó multas de entre 540 y 7.290 euros para los trabajadores, pero la compañía fue sancionada con 673.743 euros y 397 dólares por la responsabilidad civil derivada del delito. Las empresas perjudicadas que recibieron esa compensación fueron DTS (Movistar+), Mediapro y Egeda.
Otros 300.000. Ahora esas empresas recibirán otros 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La multa es el resultado de la sentencia de la segunda pieza del caso, indican en La Voz de Galicia. Tres de los responsables de la empresa han sido condenados por un "delito relativo al mercado y los consumidores contra los servicios condicionales de radiodifusión en concurso medial con un delito contra la propiedad intelectual". Se les han impuesto seis meses de prisión conmutable por una multa de 1.080 euros.
Bitcoins devueltos. Según indica este diario, también se ha acordado la devolución de 7,0140 bitcoin intervenidos a Manuel V., 12,09 a Vicente T, y 2,77 a Álvaro D.T.. Al cambio actual (61.594 euros) representan 1.347.307 euros.
El negocio era redondo. La empresa vendía descodificadores que se servían de servidores en países como Lituania y Alemania y más tarde en Barcelona, Málaga o Madrid, y que emitían contenidos audiovisuales que vulneraban derechos de propiedad intelectual. La empresa acabó creando un producto bajo suscripción que comercializaba con el nombre de "Link TV". Provocaban apagones periódicos de los servidores, y obligaban así a los usuarios a comprar otro descodificador con un firmware distinto para seguir viendo contenidos de pago de forma gratuita.