A un año de las elecciones que definirán al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, la interna del radicalismo de Corrientes se cuece en el Comité provincial y se amplifica también en la discusión nacional. El diputado Manuel Aguirre, uno de los alfiles del exgobernador Ricardo Colombi en el Congreso, pide que el partido rechace las designaciones a la Corte Suprema, que ya tienen el visto bueno del mandatario.
Junto al formoseño Fernando Carbajal, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli, Aguirre elevó un pedido para que Martín Lousteau convoque al Comité Nacional de la UCR y se defina el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que Javier Milei quiere sumar a la Corte Suprema de Justicia.
Con una distancia ya expuesta con la conducción nacional de la UCR, tanto Valdés como el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque radical en la Cámara alta, están de acuerdo con aprobar los pliegos en el marco de un acercamiento con el Gobierno que también contempla la aprobación del grueso de las normas que impulsa la Casa Rosada, desde la ley ómnibus XS a su agregado fiscal.
Allí radican las diferencias con el sector más cercano a Colombi, hoy inclinado a los espacios que creen que el radicalismo debe conservar su identidad. Esa que el Presidente defenestra cada vez que tiene la oportunidad.
Un llamado a la conducta partidaria
Colombi es hoy el presidente del Comité provincial de la UCR correntina y Aguirre es el tesorero. El dato de la raigambre institucional no es menor, porque desde allí debe leerse el pedido del grupo de diputados, que no tienen intervención en la designación de los supremos ya que su arribo al máximo tribunal depende del Senado.
La intención es apelar a la conducta partidaria. Según pudo averiguar Letra P, si Martín Lousteau accede al pedido que llega desde cuatro provincias, las figuras radicales que tienen escaños en el Senado no podrían correrse de ese mandato sin exponerse al riesgo de sufrir algún tipo de represalia interna. Entre ellas, ser sancionadas con la imposibilidad de representar al partido en alguna instancia electiva futura.
En un escenario en el que los partidos políticos "puros" parecen haber perdido la fuerza que alguna vez tuvieron, la situación parece ciencia ficción, pero no lo es.
Los argumentos contra los candidatos de Javier Milei
El principal apuntado por el planteo que comanda Aguirre es Lijo. Las razones principales no se alejan demasiado de las que ya han sido expuestas por colectivos de juristas y organizaciones que nuclean a profesionales del derecho a lo largo de todo el país. Sin embargo, también hay agregados institucionales que alcanzan a García Mansilla.
El más importante tiene que ver con el federalismo. La Corte actual está integrada sólo por representantes del centro del país: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti son santafesinos, Carlos Rosenkrantz porteño y Juan Carlos Maqueda cordobés, a punto de cumplir 75 años.
Lijo nació en la Ciudad de Buenos Aires y García Mansilla en San Carlos de Bariloche. En el planteo radical, la virtual confirmación de ambos en el máximo tribunal representaría una violación a "la diversidad geográfica y cultural de nuestro país que debería expresarse en la Corte". En ese pedido que tiene que ver con lo estrictamente representativo se suman a los reclamos por la presencia de una mujer entre los supremos.
La última jueza en la Corte fue Elena Highton de Nolasco, en cuyo reemplazo se propone a Lijo, mientras que el último representante del Norte Grande fue el salteño Carlos Fayt, que se jubiló a los 97 años.
La interna en Corrientes
Más allá del pedido específico, la avanzada de da cuenta de las diferencias existentes en el radicalismo que se expresan, en distintas magnitudes, en los armados provinciales. Por la cercanía electoral, la situación correntina suscita una mayor atención.
Todavía no está definida la convocatoria a elecciones internas que deberá definir la suerte de la conducción partidaria, hoy en manos de Colombi. Tampoco está claro que el titular del Comité quiera volver a la gobernación, aunque sí se exponen las diferencias con la conducción de Valdés.
El gobernador está impedido por la Constitución para buscar un tercer mandato y quiere que su hermano Juan Pablo, intendente de Ituzaingó, sea quien lo suceda cuando abandone el cargo en 2025. Ese movimiento es el que hace crujir la unidad del radicalismo correntino, que no logra unificar posturas respecto de la salida a esa situación. Acusando al gobernador de "personalista", también son muchos los socios de la alianza que llevó a Valdés a la gobernación quienes reniegan del movimiento interno y arrojan dudas sobre el futuro inmediato.
"Falta demasiado tiempo para las elecciones", señalan algunas voces consultadas por Letra P que, si bien reconocen las tensiones, advierten que una escalada en la interna pondría en riesgo la continuidad del radicalismo en el gobierno correntino, algo que se sostiene desde que Fernando de la Rúa intervino la provincia en 2001. "Como sea, lo vamos a acomodar", aseguran.