La Unión Cívica Radical (UCR) adelantó su intención de reponer en el dictamen de la Ley Bases, conocida como Ley Ómnibus, el capítulo referido a la industria del tabaco "para que se terminen los privilegios en el mercado de los cigarrillos", luego de que desde diversos sectores se denunciara que el Gobierno retiró esos artículos en la nueva versión del proyecto tras ceder frente al lobby del "Señor Tabaco", en alusión al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, quien mantiene un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo que le permite pagar menos que sus competidoras.
"Estimado Javier Milei desde el bloque de la UCR vamos a reponer en el dictamen de Bases el art 189 y ulteriores, para que se terminen los privilegios en el mercado de los cigarrillos. El voto de su bloque revelará su compromiso con la reforma o su claudicación ante la billetera del lobby", escribió el economista y diputado Martín Tetaz.
Consultado sobre el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó sin dar mayores precisiones que "nuestra idea es que la ley del tabaco vaya aparte para que los lobbystas no interfieran".
Uno de los primeros en referirse al tema había sido el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como "una vergüenza" que el artículo que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos no figure en el nuevo proyecto del Ejecutivo. "Estoy desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo", graficó.
Sáenz apuntó sin nombrarla a de Tabacalera Sarandí, sobre la que afirmó que "se autopercibe como pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil".
Agregó además en declaraciones a Radio Rivadavia que "desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares". El artilugio legal que menciona el gobernador salteño es un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo que presentó ante la Justicia Pablo Otero y que permite a Tabacalera Sarandí pagar menos que sus competidoras.
Sáenz atribuyó la decisión de quitar ese artículo de la Ley Bases a "un grupo de diputados que no conocen las economías regionales, que no han visto en su vida una plantación de tabaco" y reclamó al presidente Javier Milei que introduzca el artículo en el proyecto para que esos legisladores "queden evidenciados en el Congreso".
"Si acá estamos hablando de que algunos diputados presionan para que se saquen algunos artículos de la ley que es un privilegio vergonzoso hacia una persona o una empresa, nos pone a todos en una situación de indefensión total. Hay una persona que ha evadido al fisco más de 2000 millones de dólares, que ha perjudicado enormemente a aquellos que trabajan y apuestan a la Argentina, y nadie dice nada", disparó.
"Es una vergüenza total. Hay muchísimas cosas de la ley que son muy buenas y hay que acompañarlas, lo vengo diciendo desde el primer momento, son las herramientas que necesita el Ejecutivo, soy uno de los dialoguistas, de los que dicen que hay que acompañar y ayudar. Pero la verdad que la esperanza empieza a perderse con este tipo de cosas, con decisiones en las que no hemos tenido nada que ver aquellos que tenemos intereses creados en este tema y que venimos peleando hace mucho tiempo para que esta empresa pague lo que tiene que pagar, como pagan todos los productores que apuestan al tabaco", concluyó.
Anteriormente, Sáenz se había expresado contra el "Señor Tabaco" en redes sociales.
"Señor presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que Usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Quién es Pablo Otero, el "Señor Tabaco"
Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, mantiene un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo que le permite pagar menos que sus competidoras. En base a esas prácticas, Tabacalera Sarandí, logró dominar prácticamente un 33% del mercado de cigarrillos e incluso cuando regía un cierre total de importaciones, la compañía tuvo acceso a los permisos SIRA para comprar del exterior la materia prima para la fabricación de cigarrillos. Según datos oficiales, Tabacalera Sarandí importó 7,9 millones de kilos de tabaco picado o en hebras en 2023 por un total de u$s44 millones.
En declaraciones públicas, Otero afirma que factura unos u$s800 millones anuales basados en la venta de atados de cigarrillos, pero los cálculos no cierran a las autoridades de la AFIP.
Además según informo el diario La Nación, Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. Solo en la Argentina, controlan Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, Global Race (vinculada al automovilismo), Punt Vermell (producción de espectáculos) y Crossfinder (servicios de consultoría e informática).
Muchas de las sociedades están constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis, donde también posee, junto a distintos miembros de su familia, varias propiedades.
Brasil es uno de los centros clave de sus inversiones: allí tienen la compañía Mercicler Importadora Ltd, fundada en 2004, con la que se dedican al comercio de tabaco y bebidas alcohólicas. Curiosamente, el domicilio informado como sede de la firma es un baldío en la ciudad de San Pablo. Otro dato llamativo es que varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestown, Saint Kitts and Nevis, considerada un paraíso fiscal.
Junto a Centauro Mobility LLC, Otero compró varias sociedades en Estados Unidos, especialmente en Miami, y tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.
Otra de sus compañías allí son Grupo Madero Sur Corp., Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investments, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading.
La embestida del gobernador Sáenz no fue la única, ya que hace días ingresó a la Justicia una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos, contra Otero.
La sospecha que deberá probar la Justicia es si Otero entregó algún tipo de pago a un grupo de legisladores para que ejercieran presión en contra del capítulo tabacalero de la Ley Ómnibus.