Coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta en la que Hacienda afirma que logrará una recaudación récord de 7.250 millones de euros, el gobierno nos obsequia con una nueva subida fiscal que justifica aludiendo a la necesidad de armonizar impuestos con la Unión Europea. Argumento tan manido como falaz si tenemos en cuenta que armonizar impuestos sin armonizar las rentas no es armonizar sino confiscar, no es justo sino arbitrario y no es social sino usura y lucro.
En España tenemos el mayor esfuerzo fiscal de la Unión Europea, un 17,8%, superior a la media de la UE, y somos el país el país que más ha subido la presión fiscal desde la pandemia. Una presión fiscal que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que ese año se situará en torno al 39% por la introducción de nuevos tributos o la reforma de los actuales, tras destacar que la recaudación tributaria en España volvió a máximos históricos en 2023.
En la misma línea, un reciente informe del Instituto Juan de Mariana, resalta que el peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) español ha subido del 32% al 38% desde 1995 y el 60% de este incremento de la carga fiscal en España en los últimos 30 años ha tenido lugar bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Mientras que el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024, elaborado por el Consejo General de Economistas de España, de acuerdo con la información recopilada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), desde 2020 España ha visto como su marginal máximo de Impuesto sobre la Renta (IRPF) se ha situado en el 45%.
Es decir un español medio dedica el 45% de sus ingresos a pagar impuestos, y en algunos casos puede superar el 50%, lo que expertos fiscales califican inequívocamente de confiscatorio, con el agravante de que esa usurpación no se dedica a mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales o el empleo. Y si no intente usted pedir una cita sanitaria, en la Seguridad Social o en el Servicio Público de Empleo, por citar sólo tres ejemplos paradigmáticos. No; van a pagar los gastos suntuosos del gobierno más mastodóntico de la historia con ministerios innecesarios, ministros ineficaces y más de mil asesores y altos cargos enchufados a dedo, el triple de los que tenía el último gobierno de Rajoy.
Y si de la renta de las personas físicas pasamos a la tributación de las empresas vemos que el impuesto de sociedades es un 16% más alto que la media UE perjudicando gravemente la competitividad de nuestras empresas, nuestros productos y servicios, además de que el endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico y paraliza el ahorro y la inversión. También las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen en España un 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%.
Consecuencia de toda este despropósito es que el último Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation sitúa a España entre las economías dentro de la OCDE con "peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura". Concretamente, España se situó, en términos de competitividad fiscal, en la posición 31 del total de los 38 países analizados, tres puestos por encima que el año anterior, pero todavía ocho puestos por debajo de la posición 23 que ocupaba en 2019. A lo mejor por esto también habría que rendir cuentas y pedir explicaciones o dimisiones de los directos responsables, ¿o no, señores del Gobierno?