Además de posibilitar que la ciudadanía ejerza el derecho de acceso a un hogar digno y adecuado amparado por el artículo 47 de la Constitución Española, las políticas públicas deben, como remarca la Xunta en el Pacto de Vivenda 2021-2025, "incidir en otros objetivos también básicos, en consonancia con las tendencias europeas, tales como la cohesión social, la sostenibilidad del territorio, la recuperación del patrimonio construido o la eficiencia energética del parque residencial". "Sin olvidar –añade la administración autonómica–, el papel fundamental de la construcción y la rehabilitación de viviendas como sector fundamental generador de actividad económica y de empleo". En su primer acto oficial, la nueva conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas insistió ayer en esa misma idea, para lo que considera "fundamental la promoción de suelo residencial y la construcción de vivienda no solo pública, también protegida". "Alcanzaremos el objetivo previsto de las 8.000 viviendas públicas a final de los cuatro años", apuntó María Martínez Allegue. Un objetivo ambiciosísimo a la vista de lo que se hizo en los últimos años por parte del Gobierno gallego, el Estado y el resto de las administraciones en la comunidad.
En 2023 se construyeron 2.358 viviendas en Galicia, un 6% menos que el ejercicio anterior (2.509), coincidiendo con el freno del mercado por la fuerte subida de los tipos de interés y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas. Es la menor cifra de los últimos cuatro año, según el balance de certificaciones de fin de obra publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La inversión superó los 438 millones de euros, un 7,3% menos porque al recorte de obras se unió el freno de la escalada de precios de las materias primas.
Las inmensa mayoría fue de promoción privada, sobre todo de sociedades mercantiles: 1.369, prácticamente los mismos que en 2022 (1.324). De personas físicas y comunidades de propietarios salieron 889 viviendas tras una notable caída de casi el 20% respecto al año previo (1.109). Las impulsadas por cooperativas sí crecen intensamente: 70, un 55% más. El resto de promotores privados sumaron 4 viviendas, frente a las 28 de 2022.
El sector público construyó 25 viviendas, tan solo el 1% del total, a pesar de que hacía 13 años que no llegaba a esos niveles. En 2022 fueron 3 e incluso hubo varios periodos en los que se quedó a cero, el caso de 2017 y 2014. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria e, incluso, en los años de resaca posteriores, las administraciones llegaron a levantar más de 200 viviendas en la comunidad, aunque su cuota nunca pasó del 1% en el total de viviendas terminadas.
Las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 85.566 en todo el país tras un descenso del 4%. La proporción de las desarrolladas por las administraciones públicas es algo mayor que en Galicia, aunque en niveles casi simbólicos también: 1.551, el 1,8%.
A lo largo del pasado año se formalizaron en la comunidad visados de dirección de obra para edificios que aglutinan 3.498 viviendas nuevas, lo que supone un alza anual del 4,7%. Son cerca de 1.400 residencias unifamiliares y 2.112 en bloque. Para ampliaciones hubo otros 109 visados y los trabajos de reforma y restauración vuelven a crecer con fuerza por el impulso a la rehabilitación: pasan de 1.142 en 2022 a 1.463 en 2023, un 28% de incremento, según el Ministerio de Vivienda.
La media mensual de viviendas visadas, como recoge también el último informe de seguimiento y análisis de la construcción en la comunidad del Instituto Galego de Estatística (IGE), ascendió a 423, un 11% por encima del dato de 2022. En el caso de las licencias concedidas por los ayuntamientos, subieron un 3,5% y la media mensual se situó en 235 viviendas a crear en nueva planta. Las series periodificadas –indicadores contemporáneos de actividad al repartir la realización de las obras en los 18 meses siguientes– "presentan tasas de variación interanuales positivas en la primera mitad del año y negativas en la segunda", con una bajada en la media del año del 5,3% en las licencias y un aumento del 1,9% en los visados.
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