Pasar de CVMC y SAMC a CACVSA puede ser, a simple vista, un cambio menor, una mezcla de letras y siglas o una estrategia de 'rebranding' (que es como en el mundo marketing llaman a lo de cambiar los nombres); sin embargo, pasar de las existentes Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y Societat Anònima de Mitjans de Comunicació a Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. supone un giro en el modelo para la radiotelevisión pública que se cuela en miles de hogares valencianos y, sobre todo, en su gestión y control.
Este miércoles las Corts debatirá la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PP y Vox que supone una enmienda integral a la ley de 2016 con la que se abrió À Punt. Será el primer paso de un trámite en el que los actuales socios del Consell abordarán uno de los asuntos pendientes que también estudió la izquierda la pasada legislatura, la fusión de las dos empresas (la CVMC y la SAMC), pero que lleva aparejado un vuelco en la forma de funcionar del ente público, su gobierno y sus contrapoderes que para unos, las formaciones del Consell, conlleva "ganar eficacia" y para otros, la oposición, supone "un asalto político".
En una primera imagen, se pasa de una bicefalia, con el núcleo de decisión repartido entre un Consejo Rector, con su propio presidente (hoy Miquel Francés) en el que hay una pluralidad de voces compartido con el director general, hoy Alfred Costa, a otro donde el principal actor será el director general que, eso sí, deberá rendir cuentas a un nuevo Consejo de Administración que es quien previamente lo ha propuesto.
Sobre estos dos organismos internos pivotarán las decisiones. El Consejo de Administración sustituirá al actual Consell Rector en un cambio que va mucho más allá de la denominación. Su composición pasará de 10 representantes a ocho; de los que siete serán elegidos por las Corts (frente a los cinco actuales) y el octavo será propuesto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esto dejaría sin representación al Consell de la Ciudadania (tenía uno), al Consell Audiovisual (dos) y a los sindicatos del ente (uno).
No solo cambia el nombre, sus integrantes o el modo de elegirlos (abre la puerta a que se puedan nombrar por mayoría absoluta los miembros seleccionados en las Corts y no solo por la reforzada de tres quintos), sino también sus funciones respecto al Consell Rector. Este era un "órgano ejecutivo y fiscalizador" que tenía funciones de "gestión y decisión" que conllevaba "dualidad de plantillas" mientras que el futurible Consejo de Administración sería un "órgano de representación" y con potestades "exclusivamente de ratificación" de las propuestas de la Dirección General cuando "su complejidad exceda de la responsabilidad unipersonal del mismo".
Es decir, ahora, el peso de la gestión lo tendrá la figura del director general que hoy ocupa Alfred Costa (que de aprobarse la norma sería destituido). Se convierte en un CEO de la empresa y tiene "todas las atribuciones delegadas sobre la gestión integral" de la corporación, algo muy distinto al actual funcionamiento donde estas quedaban repartidas entre la Dirección General y el Consejo Rector. Para los proponentes de la ley, es una forma de "ganar flexibilidad" en las decisiones y los contenidos y evita "problemas de duplicidades y coordinación" de la anterior bicefalia mientras que para la oposición retrotrae al modelo de Canal 9, sin contrapoderes al director general.
Porque uno de los motivos por los que PSPV y Compromís han alertado del posible "asalto político" a la tele es por la forma de elegir a este 'superdirector' general. Este será nombrado por cinco años por el Consell de la Generalitat a propuesta del Consejo de Administración, previamente elegido en su mayoría por las Corts y sin aclarar si el Ejecutivo autonómico tiene derecho a veto sobre la propuesta de este órgano. La propuesta es muy distinta a la que hasta ahora estaba en marcha: el Consejo Rector abría un concurso público y entre los tres finalistas, uno de ellos debía recibir seis de los diez votos de este organismo. Luego las Corts aprobaba o denegaba dicha propuesta para tres años.
- Va más allá de un modelo de gestión, es una forma de ejercer la radiotelevisión pública. La ley vigente se constituyó con los errores de Canal 9 presentes.
Pero además de en la figura gobernante del ente, el cambio de modelo también modificaría la elección de los representantes del Consell d'Informatius, un órgano que sirve de contrapeso para velar la independencia informativa, que hasta ahora estaba compuesto por seis representantes elegidos por los trabajadores mientras que, en caso de aprobarse la ley, quedaría en manos de un reglamento que elaborase.
Asimismo, se crearía la Plataforma audiovisual valenciana, un nuevo espacio digital en el que los distintos medios locales, comarcales, provinciales o autonómicos compartieran contenidos y que, según defienden fuentes de Presidencia de la Generalitat, serviría para "consolidar un espacio cultural y espacio específico para el sector".
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