Inés se levanta a las 6 de la mañana y se mete una hora de autobús cada día para ir a trabajar. Hace frío, está oscuro, hay mucho tráfico y le vence el sueño. Esta historia te suena porque es la tuya también. El día a día de millones de ciudadanos españoles. Con una diferencia. Todos esos ciudadanos españoles lo son poque el Estado los reconoce como tal, porque lo pone en su DNI. Inés no tiene esa suerte. Llegó hace 6 años a España desde Ecuador. Su día a día es como el tuyo. Pero no tiene derecho a nada.
Dice Amnistía Internacional que hay medio millón de personas sin papeles en España, la mayoría procede de América Latina. Más de la mitad son mujeres. Son quienes cuidan a nuestros niños dejando a los suyos a miles de kilómetros. Quienes limpian nuestras casas. Las que atienden a nuestros mayores. Van de una casa a otra encadenando horas pagadas en negro. Horas a cambio de unos pocos billetes que nos les dan derecho a los servicios públicos más básicos.
Sin papeles no puedes matricular a tus niños en el colegio. No puedes ir al centro de salud porque no tienes médico de cabecera. Mientras, sigue madrugando y echando horas. Haciendo el trabajo que nadie quiere hacer y que nos es imprescindible como sociedad y como país. Enfrascado en un lento y arbitrario proceso de regularización que se eterniza. Y no va solo de otorgar derechos, también deberes. Tributar y contribuir al crecimiento y dejar de alimentar la economía sumergida.
700.000 personas han firmado para llevar al Congreso un texto que pretende regularizar la situación de estas personas. Una iniciativa legislativa que ha conseguido algo que nos resulta difícil de creer en estos tiempos: PSOE y PP han votado lo mismo. Y no son los únicos. Todo el arco parlamentario ha aprobado su admisión a trámite. Todos, menos el execrable VOX que votó en contra.
La Conferencia Episcopal también apoya la regularización. Su presidente, el arzobispo Luis Argüello, publicó un tuit esta semana en el que se alegraba de que esta iniciativa legislativa popular hubiera llegado al Congreso. Inmediatamente se sucedieron los comentarios a su tuit: "caridad no es apoyar al delincuente", "los inmigrantes cometen la mayoría de los delitos en España", "nos quiere sustituir por amerindios", "deportación masiva", "no a que nos invadan"… y un largo etcétera de comentarios racistas y xenófobos además de insultos al jefe de los obispos.
Son los mantras que vomita la ultraderecha representada en VOX. Un partido que dice defender la cultura cristiana y que en el fondo representa lo peor de los seres humanos. Su odio al diferente les impide ver que la propia supervivencia de España y de Europa depende de la incorporación de hasta 50 millones de trabajadores de terceros países antes de 2050. No espero de ellos empatía, solo sentido común. Quizás es demasiado pedir.
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