Catalejo
Por qué la LCEP no puede proteger a los burócratas
Hay fuertes razones para no incluir a los burócratas en la protección de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.
Es necesario señalar los motivos para dejar a los burócratas, electos o nombrados, fuera de la protección de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Hay una diferencia: los medios periodísticos informativos y de opinión profesionales tienen dentro de sus tareas, derechos y obligaciones, la vigilancia de cómo y quién maneja la cosa pública y los motivos de las inversiones realizadas con el dinero de los impuestos. Gracias a ello, y los ejemplos son muchos, la población puede enterarse de temas de interés tanto para la nación como para los ciudadanos. Pero cuando son publicados luego de realizar reportajes, entrevistas o noticias, a causa de no haber sido vencidos en juicio, serían ilegales, al convertirse en acusaciones de delitos, es decir de injurias.
A veces no son los periodistas o columnistas quienes hacen los señalamientos, sino personas motivadas por ser su derecho o por razones o pretextos ideológicos, políticos, politiqueros o partidistas. Si son repetitivos al extremo, pierden efecto. Aburren. Por ello también son contraproducentes, además de comprobar, a mi juicio, la debilidad de los argumentos. Muchas personas desconocen estas características legales, y reenvían cualquier cosa, pero para su mala suerte, según un válido dicho jurídico, "la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento". Un efecto negativo es afianzar en el público la absurda idea de igualar libertad de expresión con libertinaje. El avance de esa libertad utilizada por los ciudadanos es un problema para todo gobierno y funcionario público, sin distinción ideológica, pero es menor al de los efectos negativos a causa de la censura originada en los políticos y en leyes creadas con el fin de proteger la impunidad.
Al recibir una crítica o ser hechas públicas acciones ilegales y o inmorales políticamente, algunos lo resienten, se quejan y/o reaccionan con violencia. Los casos de Arzú, Serrano y Giammattei son emblemáticos, sobre todo este último, quien, sabedor de no poder hacer nada legalmente por las publicaciones, en el caso de Jose Rubén Zamora optó por acusarlo de un delito común y fue obedecido de inmediato. Los críticos demasiadas veces han pagado con la autocensura, el destierro o el entierro. Las reacciones burocráticas por lo general son hepáticas e irracionales, al ignorar ellos y sus abogados los alcances de la LCEP. Hablan de amarillismo, tratar de controlar reporteros, y hasta llegan al ridículo de exigir, directamente o no, aclaración de verdades publicadas.
A la pregunta si solo se aplica a los periodistas, increíblemente, el 80% de los entrevistados la calificó de un fuero solo para la prensa.
Un tema también necesario de mención se refiere a la vida privada de los funcionarios. Ese derecho se pierde cuando mezclan su labor burocrática con la de subalternos, quienes resultan siendo beneficiados con sueldos provenientes del erario, por tanto del público. Estar en la playa con la familia es una cosa; muy diferentes son amoríos y/o viajes del funcionario con algún integrante del personal, o emplear vehículos y seguridad para beneficio de parientes. En esto hay un caso muy reciente terminado con el despido de la culpable, aunque la manera más común sea informar oficialmente de la aceptación de la renuncia para evitarle al culpable el bochorno de salir expulsado. Es un merecido y explicable efecto oír la ignorancia más elemental de la tarea de un funcionario.
Es indispensable dar a conocer y explicar la LCEP a todos los ciudadanos, en especial a los burócratas. Conozco el caso de un expresidente ya fallecido, quien al regresar a la llanura me comentó haberse dado cuenta de la razón de la prensa para criticar y además para informar de manera modesta de decisiones y obras en realidad no merecedoras de halagos. Conozco una tesis de Derecho para medir el conocimiento de esta ley entre los abogados. A la pregunta si solo se aplica a los periodistas, increíblemente, el 80% de los entrevistados la calificó de un fuero solo para la prensa. Es una ley complicada para quienes no la conocen, pero justificada y clara cuando un conocedor la explica en términos sencillos, sin tecnicismos ni interpretaciones antojadizas.