La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) han expresado su descontento con los sindicatos pertenecientes a la «intergremial» de la pesca, a los que acusan de obstaculizar las operaciones de la industria. Según reportes de las cámaras, el pasado 18 de abril, un grupo vinculado a estos sindicatos impidió la salida de un buque pesquero desde el muelle, que estaba preparado para zarpar y comenzar la faena.
Las cámaras empresariales argumentan que las acciones sindicales se basan en reclamos sobre supuestas deudas de la empresa armadora hacia los trabajadores y los propios sindicatos. Pese a estas alegaciones, las empresas señalan que han realizado pagos significativos recientes, incluyendo un desembolso de 450,000 pesos uruguayos la misma semana del incidente, sumando un total de 11 millones de pesos pagados desde fines de 2023, lo que representa el 75% de la deuda total. Destacan que 40 trabajadores han recibido la totalidad de lo adeudado, priorizando a aquellos con menores ingresos.
Además, las cámaras destacan la difícil situación del sector, con solo el 10% de la flota en funcionamiento desde hace cuatro meses, lo que ha puesto en riesgo más de 100 empleos directos que dependen de la actividad del buque cuyo zarpe fue obstruido. En este contexto, describen las acciones de la «intergremial» como irresponsables y perjudiciales no solo para la industria, sino también para los trabajadores y sus familias.
En respuesta a las condiciones actuales del sector, la «intergremial» ha convocado a un paro para el 29 de abril, lo que las cámaras interpretan como una medida que intensificará las pérdidas económicas al forzar a los pocos buques operativos a regresar a puerto.
Este enfrentamiento subraya un desacuerdo profundo sobre la gestión de los recursos y las licencias pesqueras, con los sindicatos proponiendo que estos deberían ser administrados por el Estado y no por entidades privadas, una postura que las cámaras empresariales consideran contraproducente para la estabilidad laboral y la supervivencia de la industria. Las cámaras concluyen condenando lo que consideran un accionar destructivo por parte de los sindicatos y la falta de intervención de las autoridades en el conflicto.