El paquete incluye una nueva "Ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos".
El presidente Javier Milei envió al Congreso cuatro proyectos de ley de en materia de seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada.
Son medidas que el Gobierno considera "fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina".
Los proyectos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y fue diseñada para que pueda aplicarse en varios delitos. "La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", graficó Bullrich cuando presentó, en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
En la norma "se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal".
Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
Además, a fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo incorpora el concepto de reiterancia.
De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
El proyecto actualiza el Código Penal y pone la mirada en "la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos.