La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó los planteos que presentó la defensa de Janina Ortiz y de esta forma la diputada quedó más cerca de la imputación por fraude a administración pública y coacciones.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó los planteos que presentó la defensa de Janina Ortiz y de esta forma la diputada quedó más cerca de la imputación por fraude a administración pública y coacciones.
La abogada de la diputada (actualmente suspendida), María Elena Quintero, presentó un recurso de inconstitucionalidad y casación contra lo que había decidido el juez Sebastián Sarmiento, pero la sala segunda de la corte lo rechazó por unanimidad.
Con la firma de los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, la corte rechazó rotundamente los planteos de la abogada defensora y por ende Janina Ortiz quedó al borde de la imputación.
En ese sentido, fuentes judiciales dijeron que en los próximos días Ortiz debería ser citada para oficializar las imputaciones en su contra.
La primera de estas investigaciones está direccionada a esclarecer el destino de más de $35 millones que ingresaron a la cuenta bancaria del titular de la cooperativa Manos a la Obra. Según la hipótesis fiscal, ese dinero "lejos de ser administrado por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizado y administrado por los sindicados en su favor y el de terceras personas".
Ortiz, a través de su defensa, afirmó que nunca firmó esos acuerdos y también denunció que hay firmas de ella "adulteradas".
Junto a Ortiz (actualmente sin fueros) están acusados en el expediente el Subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Mostaccio, el Director de Compras, Mauricio Valle, el Secretario de Hacienda, Carlos Nofal, el Director de Asuntos Legales, Mauro Homan, el agente municipal Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart), el Subdirector de Contaduría, Daniel Herrera y el titular de la cooperativa mencionada, Adrián Pérez.
La segunda causa es por "coacciones", en base a la denuncia de una empleada municipal que aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con un funcionario de Las Heras para grabarle una conversación.