El choque entre el Gobierno y la oposición a cuenta de las estadísticas de empleo se ha recrudecido en los últimos meses ante el incumplimiento por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de su compromiso de publicar las cifras de fijos discontinuos inactivos registrados en los servicios públicos de empleo. Mientras los 'populares' insisten en denunciar una opacidad que 'maquilla' las cifras de paro, Trabajo afirma ahora que son las comunidades las que deben dar estas cifras. Un giro de guion que responde al hecho de que las regiones que más parados 'efectivos' esconden ahora están gobernadas por el PP.
El concepto de 'paro efectivo' fue acuñado por el investigador Florentino Felgueroso en el contexto del Observatorio del Mercado de Trabajo que cada trimestre publican Fedea y BBVA Research. Esta métrica suma al paro registrado los demandantes de empleo con relación laboral, la categoría en la que se incluyen los fijos discontinuos que, en los periodos en los que no trabajan, se inscriben en las oficinas de empleo. La diferencia porcentual entre ambos datos sería el supuesto desempleo real no recogido por las estadísticas convencionales.
El ranking territorial lo lideran Baleares, donde hay más demandantes con relación laboral que parados, lo que lleva a la que la brecha entre paro efectivo y registrado alcance el 161%, seguido de Murcia (41,3% de diferencia), Extremadura (33,1%), Aragón (30,2%) y Valencia (29,2%). En el extremo contrario se sitúan Madrid (9,9%) y Canarias (8,1%), también gobernadas por el PP.
Cierto es que la mayoría del mapa político español se tiñe ahora de azul y que regiones como Baleares, Valencia, Extremadura, Aragón fueron entre 2015 y 2023 consideradas 'feudos' del PSOE liderado por Pedro Sánchez. El viraje político contribuye a explicar el cambio de postura de Díaz, que ahora reta directamente a los 'populares' a revelar los datos de ese supuesto maquillaje en las regiones que gobierna. Algo que pueden hacer perfectamente ya que son los servicios públicos autonómicos los responsables de registrar y clasificar las demandas de empleo.
La métrica del 'paro efectivo' es polémica y tiene un carácter orientativo ya que, como hemos contado en elEconomista.es, los demandantes con relación laboral incluyen también a otras personas con trabajo y también a fijos discontinuos que sí están trabajando. Además, no coincide con otras referencias, como la de los fijos discontinuos que cobran el paro o los microdatos de la EPA.
El Gobierno siempre ha rechazado rotundamente el análisis de Fedea y hace más de un año comprometió a publicar los datos completos. Lo hizo solo parcialmente, en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Senado filtrada en febrero de 2023 que revelaba que a cierre del año anterior, el primero con la reforma laboral en vigor, el número de fijos discontinuos inactivos que estaban "excluidos" del paro registrado alcanzaba los 443.078. En ese mes de diciembre, los datos del SEPE arrojaban 622.184 demandantes con relación laboral.
A pesar de esta diferencia, la evolución de los datos de 2022 facilitados por el Gobierno reflejaban la misma tendencia al alza que los demandantes con relación laboral. Es decir, el incremento de estos últimos se debe ante todo a los fijos discontinuos inactivos, aunque no todos lo sean.
Aquella fue la única cifra oficial aportada por el Ministerio de Trabajo con sus propias bases de datos, aunque parece que inmediatamente se arrepintieron de hacerlo, e incluso aseguró que era un análisis incompleto y no depurado. Pero esas cifras 'definitivas' siguen sin conocerse. La última vez que Díaz respondió de esta cuestión, fue en el Senado hace unas semanas y aportó unos datos extraídos de la EPA que generaron confusión porque ni siquiera coincidíancon los de fijos discontinuos perceptores de prestación de paro que recoge el SEPE.
Un argumento de peso para el PP
Por su parte, el PP ha abrazado el dato del paro efectivo de Felgueroso en su argumentario para asegurar que hay más de 700.000 'parados ocultos'. Algunos dirigentes incluso elevan la cifra por encima del millón, sumando a todos los demandantes de empleo ocupados. Eso sí, estos cálculos se centran en los fijos discontinuos impulsados tras la reforma laboral, y obvian otras métricas como los desempleados no calificados como parados que sí reconocen estadísticas oficiales como las de la EPA o Eurostat.
Ante esta ofensiva, que Trabajo señales a las comunidades autónomas como responsables últimos de publicar estos datos tiene una clara lectura política de la que en Génova no parecen demasiado conscientes: la mayoría están gobernadas por el PP. Si se regionaliza la brecha entre paro efectivo y registrado, las mismas acusaciones de maquillaje del para y enmascaramiento de la precariedad pueden salpicar a Ejecutivos de la oposición que en los últimos meses han sacado pecho de la reducción de paro y la creación de empleo, mientras criticaban la opacidad del Ejecutivo central.
A pesar de que conocen perfectamente el peso de los fijos discontinuos, ya que son las que tienen las competencias de registrar, atender y clasificar las demandas de empleo. Es después de esta criba cuando el SEPE realiza los trámites para atender las demandas de prestación o subsidio por desempleo que corresponda.
De hecho, en los dos años de polémicas alrededor del impacto en los datos de paro de los fijos discontinuos inactivos, en los que incluso se han producido ajustes en las cifras de paro por errores en la contabilidad de los fijos discontinuos, como ocurrió a finales de 2022, la posición de las regiones ha sido cauta a la hora de hablar de estos problemas. La más beligerante, en todo caso, ha sido Madrid. Lógico, teniendo en cuenta el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso puede presumir de una de las menores brechas de supuestos parados 'escondidos'.
Una brecha que señala a los nuevos gobiernos 'populares'
Para calcular dicha brecha, no podemos tirar de los datos de Trabajo, ni siquiera los de 2022, ya que en su momento no se publicaron regionalizados. Lo único que se puede hacer es calcular la diferencia entre paro 'efectivo', tal y como lo mide Fedea, y paro registrado. Es decir, cuánto aportarían los demandantes con relación laboral al paro. Aunque esta metodología no deja de ser muy problemática, al menos es orientativa, ya que responde claramente al incremento de fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo. Y es la métrica que el PP abraza como referencia del 'paro oculto'.
Si hacemos este ejercicio con los últimos datos disponibles, de marzo, vemos que la cifra de demandantes con relación laboral fue de 662.881 personas (un 9,9% menos que en febrero). Sumados a los 2,7 millones de parados registrados arroja una cifra de 3,4 millones de parados 'efectivos', una cifra un 24,3% superior a la cifra de desempleo que publica el SEPE. Sin embargo, el porcentaje fluctúa enormemente ente comunidades.
En Baleares, la brecha supera el 160%. Es decir, hay más demandantes con relación laboral que parados. Esto se debe a que es la comunidad en la que históricamente este tipo de contratos se han utilizado con mayor éxito, siempre orientados al sector turístico. Se trata de una tendencia que la reforma laboral solo ha reforzado. Sin embargo, la otra comunidad turística por excelencia, Canarias, tiene una brecha que apenas supera el 8%, la más baja con excepción de las de Ceuta y Melilla.
Por otro lado, Aragón, País Vasco o Navarra, regiones con una elevada actividad industrial, superen la media nacional. Una contradicción que parece rebatir la idea de que las regiones con menor paro 'efectivo' apuestan menos por esta fórmula contractual o lo hacen en puestos de mayor estabilidad, y en las que ocurre lo contrario, la volatilidad es mayor y se liga a actividades estacionales.
Pero hay que tener en cuenta que la reforma laboral, si bien no creó los fijos discontinuos, si amplió su uso a más sectores, como la industria, para sustituir a los temporales. Y esto repercute en un mayor número de inactivos recurrentes en regiones en las que el turismo no es el motor principal de la economía, como ocurría en Baleares.
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