Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 4 de abril 2024, 02:00
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La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, manifestó este miércoles, a través de una portavoz autorizada, que la Comunidad Autónoma «respetará la autonomía de los ayuntamientos» a la hora de aplicar o no los cuatro artículos del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda que tratan de aumentar la disponibilidad de edificaciones para vivienda.
El Gobierno canario reacciona de esta forma a la noticia de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vaya a impulsar, en el próximo pleno de fines de abril, un acuerdo para soslayar la aplicación de los artículos 13 a 16 de la nueva normativa autonómica.
Artículo 13 Admite el cambio de locales comerciales y oficinas a uso residencial en edificios de vivienda y suelo urbano.
Artículo 14 Permite el uso de edificios cerrados o desocupados por más de un año como viviendas.
Artículo 15 Se permite aumentar la alturade los bloques de vivienda hasta el máximo de los edificios colindantes.
Artículo 16 Autoriza la división de viviendas existentes en suelo urbano, tanto colectivas como unifamiliares.
El propio Decreto Ley contempla esta posibilidad en su artículo 17.2, el referido a las reglas comunes sobre cambio de uso, incremento de edificabilidad y división de viviendas. Ahí se especifica que las medidas son de aplicación directa, salvo decisión plenaria en contra.
«Respetamos la autonomía de los ayuntamientos y seguiremos aprobando proyectos (de construcción de viviendas en los municipios)», indicaron las mismas fuentes, que recordaron que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es el organismo encargado de la selección y autorización de las promociones de viviendas sujetas a protección pública. De hecho, parte de la financiación de algunas de las promociones de viviendas que están en marcha en Las Palmas de Gran Canaria proceden del Icavi.
Desde la perspectiva autonómica, el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no viene a invadir competencias municipales sino a ofrecer un abanico más amplio de alternativas «para aumentar la oferta de inmuebles».
Javier Darriba
El Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda se fundamenta en la intención de poner en el mercado «suficiente vivienda libre para contrarrestar las restricciones actuales y lo desorbitado de los precios de compra y de alquiler, e, igualmente, para que el parque público de vivienda pueda ofrecer alternativas habitacionales en número y características adecuadas a las necesidades de los distintos colectivos».
Con ello, se confía en poder dar una respuesta a una situación que el propio texto normativo define como de «emergencia habitacional, habiendo crecido la demanda mucho más que la oferta de vivienda, en especial de vivienda protegida disponible».
El Gobierno de Canarias recuerda que en los últimos cinco años, la demanda de solicitantes de viviendas ha aumentado un 48% en todo el archipiélago, pasando de 16.900 en 2019 a alrededor de 25.000 en la actualidad.
De esta cantidad, la lista de peticionarios de casas protegidas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es de 3.500, lo que representa un 14% de toda la comunidad autónoma.
«Lo que ofrece el decreto son medidas alternativas para aumentar la oferta de inmuebles», añadieron desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que entiende que con toda la batería de propuestas se podría ofrecer una mejor respuesta a las personas que integran la lista de demandantes de vivienda pública en Las Palmas de Gran Canaria.
Por eso, se pide tiempo para evaluar el impacto real del decreto y poder evaluar su efectividad, comparándola además con las de otras medidas que se impulsen desde el ámbito municipal, sean complementarias, sean sustitutorias.
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