El Grupo Parlamentario Socialista pide a la Junta que elabore y presente en un plazo máximo de seis meses un proyecto de ley que permita salvar a la lengua leonesa de su desaparición, mediante su protección, promoción y uso, de acuerdo a lo recogido en el Estatuto de Autonomía y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.
Esta iniciativa, que se registra para su debate en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, sigue la estela de otra proposición no de ley socialista que fue aprobada de forma unánime en 2010.
Los procuradores socialistas Yolanda Sacristán y Diego Moreno, ambos leoneses, han presentado esta PNL como una "llamada de auxilio" para exigir a la Junta que proteja la lengua leonesa como parte del patrimonio lingüístico de la Comunidad, como una lengua románica que ya sólo se conserva, según el texto del PSOE, en el norte y occidente de las provincias de León y Zamora.
"El leonés está al borde de la desaparición por la inacción y pasividad de la Junta", decía Sacristán, para quien esta iniciativa pretende algo "tan sencillo" como que la Junta cumpla el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que señala -dijo- que el leonés debe ser objeto de "protección específica" por parte de las instituciones y que, además, se debe regular su uso y protección.
La procuradora apuntaba que se calcula que a penas quedan unos 25.000 hablantes de la lengua leonesa, y aseguraba que todas las comunidades autónomas con patrimonio lingüístico propio han regulado en una ley autonómica su protección y han desarrollado medidas prácticas para ello al tiempo que aseguran su enseñanza dentro del sistema educativo, menos Castilla y León.
Además, advierten de que en los Presupuestos Generales de la Comunidad de los últimos años y en el actual no han incorporado ninguna partida para su protección y reconocimiento, a pesar de las enmiendas de su grupo para la lengua leonesa.
Además, señalaban que el informe de un comité de expertos, que evaluó el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, ya expresó en 2012 su preocupación por el leonés y apuntaba que las autoridades autonómicas no habían adoptado medidas para su protección y promoción. "Ya no valen las excusas", afirmaba Sacristán, quien pedía a la Junta que se tome "en serio" esta cuestión.
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