El Parlamento Europeo ha dado este jueves la última luz verde que le quedaba por recibir a la reforma del mercado europeo de la electricidad, que se espera que sirva para reducir los picos de precios y estabilizarlos mediante el impulso a las compras mayoristas a largo plazo, menos vinculadas al volátil mercado diario. De este modo, la factura no volverá a dispararse a máximos históricos como en 2021 y 2022, pero, a la inversa, disipará la posibilidad de que los precios se hundan como se está viendo en las últimas semanas, con el megavatio/hora a menos incluso de cero euros, que ponen en riesgo la necesaria inversión en renovables.
A dos meses de las elecciones europeas del 9 de junio, el Pleno ha ratificado el acuerdo que alcanzó con los 27 gobiernos de la UE en un debate plagado de comentarios sobre los beneficios que la reforma tendrá en los consumidores domésticos, que verán reflejado en la factura precios más estables y se beneficiarán de la prohibición de lo cortes de luz para los más vulnerables, de la imposibilidad de que las compañías den por terminado unilateralmente un contrato de suministro para renovarlo a precio más caro o del nuevo "derecho a compartir" electricidad que consagra la reforma.
"Nadie va a tener que dejar de comprar alimentos o medicinas para encender la calefacción de su casa" o "nadie va a tener que apagar la luz por los precios desorbitados" son dos de las proclamas que se han escuchado este jueves en el Pleno de la Eurocámara, que ha terminado de alumbrar una reforma motivada por la crisis energética de 2022 por la guerra en Ucrania, para dar respuesta a la escalada del precio de la electricidad, pero que ahora también servirá para afrontar una realidad totalmente opuesta, precios negativos de la luz en países como España que los promotores de renovables miran con preocupación porque así no obtendrán retorno de sus inversiones.
"Los precios de los consumidores estaban muy por encima de los costes energéticos medios", ha recordado el ponente de la reforma por el Parlamento, el socialista español Nicolás González Casares, sobre lo que sucedía cuando la Comisión Europea por fin se avino a lanzar una reforma que defendía -de una manera más radical- el Gobierno español. "Pero como vemos estos días, se puede dar el caso contrario. Que los precios sean muy bajos. Ambas situaciones deben evitarse, por un lado por los problemas de precios competitividad y, por el otro, porque necesitamos incentivos para seguir invirtiendo en renovables y electrificación". "La electricidad ni puede ser un lujo ni puede ser gratuita", ha recalcado González Casares.
La reforma afronta esta situación impulsado el mercado a plazo frente al diario en la adquisición al por mayor de electricidad, de modo que no esté tan vinculada al mercado diario -el que más fluctúa y en 2022 se disparó por el "desafío" energético de Vladimir Putin- sino por contratos a largo plazo, que pueden ser privados -los llamados PPA, para los que la reforma introduce más transparencia- o mediante subastas estatales, los llamados Contratos por Diferencias (CfD), en los que se incluye un mecanismo de ayuda a las nuevas inversiones en renovables y también para ampliar instalaciones ya existentes, en lo que fue un tanto que se marcó Francia en favor de su parque nuclear y el PP ve como un respaldo a la vida de las centrales. "Los CfD permitirán aumentar la vida útil de las centrales nucleares", ha subrayado su eurodiputada Pilar del Castillo.
"Lo estamos viendo estos días con precios a cero euros o negativos. Esta reforma nos pide apostar por acelerar el paso y apostar rápidamente por CfD y PPA como fórmulas para dar predictibilidad y seguridad a los inversores", ha remachado González Casares, sobre una reforma con la que el PP también se ha mostrado satisfecho. "Responde a un triple objetivo de reducir la volatilidad de los precios mayoristas en la factura de lo consumidores, hacer que el coste de la energía sea más estable e impulsar la inversión en renovables", ha afirmado Del Castillo.
Cortes de luz e intervención de precios en caso de crisis
La votación de este jueves en el Parlamento sigue al refrendo que anteriormente dieron los gobiernos europeos al acuerdo entre ambos y con ella la reforma del mercado eléctrico queda definitivamente aprobada. Ya solo queda que se publique en el Diario Oficial de la UE y que entre en vigor dentro de aproximadamente un mes, calculan fuentes parlamentarias.
A partir de entonces, entrará en vigor una reforma que su ponente en la Eurocámara ha resumido con "más protección y nuevos derechos para los consumidores". Quedarán prohibidos en la UE los cortes de suministro eléctrico a los consumidores más vulnerables y las comercializadoras no podrán rescindir los contratos con sus clientes de manera unilateral. También por lo que respecta a la protección del consumidor, el nuevo mercado de la electricidad reconoce un nuevo derecho, a "compartir electricidad", que se espera que impulse el autoconsumo compartido, y promoverá los minipaneles solares enchufables.
Aunque ahora el 'problema' coyuntural sea que el precio de la electricidad ha caído tanto que hace peligrar la rentabilidad de la inversión en renovables, la UE se sigue pertrechando ante eventuales nuevas crisis de precios. En ese sentido, se define un marco para identificar cuándo se produce una crisis de precios, por ejemplo, cuando "se produzcan fuertes aumentos de los precios minoristas de la electricidad de alrededor del 70% que se espera que continúen durante al menos tres meses". En ese caso, los países de la UE podrán tomar medidas a emergencia de intervención de precios.
Si bien la reforma es más modesta de la que pretendía el Gobierno español, uno de sus grandes promotores, porque no acaba con el sistema marginalista, en el que el precio de toda la electricidad lo fija la tecnología mas cara, el gas, el texto encarga a la Comisión Europea a que en junio de 2026 haga una revisión del sistema para determinar si hace falta cambiarlo. Fuentes parlamentarias consideran que, si se prolongasen en el tiempo, los actuales bajos precios de la electricidad serían un acicate para cambiar la manera marginalista de fijar el precio de la luz.
Por su parte, los promotores de renovables y vendedores de electricidad no ocultan estos días su malestar por la "competencia" que consideran que los precios garantizados por parte del Estado por medio de subastas de energía, como las que impulsará la reforma a través de los CfD, están rebajando el precio que ellos cierran en contratos privados, en PPA, algo que desde el Parlamento Europeo se ve simplemente como un reflejo de la estabilidad de precios que se busca con el impulso a los contratos a largo plazo, ya sean privados o estatales.
Rifirrafe por el mecanismo ibérico
Aunque socialistas y populares europeos han votado a favor de la reforma, en el debate de este jueves eurodiputados españoles del PSOE y del PP ha protagonizado un discreto enganchón con motivo del mecanismo ibérico, la intervención del precio de la luz que los gobiernos de España y Portugal lograron arrancar a la Comisión Europea en lo peor de la crisis energética, que consiguió contener los precios y que el PP ha calificado desde el inicio de "timo ibérico".
El mecanismo, que limitaba el precio de la electricidad a cambio de una compensación a la generada con gas, decayó en enero pasado, después de que el rechazo de Bruselas a prolongarlo hiciera desistir a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de volver a pedir una prórroga, pero se mantiene, sin citarse como tal en la reforma, como una de las posibles medidas de emergencia que los países podrían tomar en caso de que se declarase una nueva crisis de precios.
Del Castillo ha celebrado que "la llamada excepción ibérica queda totalmente rechazada". "Lo fundamental", ha dicho, es que la reforma eléctrica "rechaza la intervención permanente [del precio] y que cualquier intervención se haga de forma excepcional, en caso de crisis, evitando asimetrías en el mercado interior".
"Alguien ha mentido aquí", ha respondido en su turno de cierre el ponente, el socialista González Casares, sobre un asunto especialmente perseguido por Ribera y un texto que, en caso de crisis de precios, establece que "debe permitirse a los Estados miembros, de forma excepcional y temporal, fijar precios regulados por debajo de los costes por lo que respecta a los clientes domésticos y a las pequeñas y medianas empresas".