La reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ha encontrado un estancado trámite en el Congreso de la República. En las pasadas sesiones, la discusión no ha logrado avanzar por la cantidad de impedimentos, constancias y demás recursos presentados.
El grueso de los analistas coincide en que las pensiones sí necesitan una reforma, pues el actual sistema se ha caracterizado por carecer de una amplia cobertura, otorgar subsidios a personas de altos ingresos y representar gastos fiscales para el Estado, entre otras problemáticas.
Sin embargo, la nuez del debate es el cómo se debe reformar el sistema. En el Congreso, la oposición argumenta que la propuesta presentada por el Gobierno no responde a los problemas de fondo (financieros) que plantean las pensiones, además de calificarla como económicamente insostenible a largo plazo.
Para quienes defienden la iniciativa, la misma sí está acorde a lo que necesita el país, pues brinda una cobertura total (mediante el pilar solidario) a los adultos mayores del país, además de brindar lo que califican como una mejor distribución de los recursos al dejar el grueso de los cotizantes en el fondo público de pensiones, Colpensiones.
La plenaria entra en sesión permanente
Los congresistas votaron declarar la plenaria en sesión permanente, transcurridas más de cinco horas de haber iniciado. Esto significa que seguirán debatiendo hasta que lo consideren necesario. En los últimos minutos senadores de diferentes bancadas han expuesto sus argumentos (mayoritariamente respaldando lo manifestado por la senadora Lorena Ríos).
Ponencia de archivo
Luego de intervenciones de académicos y analistas, con argumentos alrededor de la reforma, la plenaria del Senado declaró sesión formal y se empezó la discusión alrededor de la ponencia de archivo de la iniciativa.
Este es el paso más significativo para este segundo debate de la iniciativa, que ha tenido al menos cinco oportunidades de discusión en la plenaria del Senado en donde no ha habido mayores avances, más allá de la negación de una avalancha de impedimentos.
La ponencia negativa y solicitud de archivo fue presentada por la senadora Lorena Ríos, quien argumentó que la propuesta presentada por el Gobierno de Gustavo Petro es "inconstitucional". Dice que implica una posible regresividad en los beneficios de los trabajadores, especialmente en lo contemplado en los artículos 48 y 169 de la Constitución Política del 91.
También sostuvo que esta no cuenta con un estudio técnico que sustente, con cifras, que la reforma puede llegar a ser sostenible fiscalmente a largo plazo.
Dijoo que el ingreso que se promete para la población de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, en el pilar solidario, es más un subsidio que una pensión. "Le estamos diciendo mentiras a la ciudadanía, y esto también genera confusión creyendo que estamos hablando de pensiones cuando en realidad se trata de un subsidio", manifestó.
Para la senadora, el Congreso actualmente tiene la "responsabilidad histórica" de reformar el sistema pensional, pero generando soluciones reales, ya que la actual iniciativa, a su juicio, no ataca la vulnerabilidad de los más de 3 millones de adultos mayores vulnerables que habrá en 2050.
En su denuncias de inconstitucionalidad, que fueron calificadas por el senador De la Calle como "tarjetas amarillas", alerta que lo que el Gobierno propone es un subsidio y que los mismos no pueden ser vitalicios.
También manifestó que "el ahorro de los trabajadores, tanto dependientes como independientes es sagrado, por lo que no pueden terminar convirtiéndose en un gasto público".
Sobre el pilar semicontributivo, resaltó los altos niveles de informalidad presentes en Colombia (que según el DANE superan a la mitad de la población ocupada), y que para los mismos la propuesta de reforma plantea una regresividad, pues implica una desmejora frente a los beneficios que hoy ya se tienen con el sistema de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
Señala que una reforma acertada debería brindar soluciones al grueso de los cotizantes que, según las cifras que logró recabar, se estanca cuando completa las 800 semanas cotizadas. Frente a las expectativas que genera la actual reforma, dice, muchos preferirán dejar de esforzarse por cotizar a cambio de esperar a que cumplan con la edad para comenzar a recibir los beneficios que brinda el programa de Colombia Mayor.
También señala que se subirá la edad para jubilarse, ya que sin reforma los hombres se pueden pensionar a los 65 años, mientras que las mujeres a los 60 años. Con la reforma, dice, la edad de pensión pasará a los 71 años y 66 años, respectivamente.
Finalmente, frente al pilar contributivo, la senadora Ríos advierte que, para el año 2070, Colombia habrá perdido el 100 % de su ahorro, mientras que para el año 2052 se pensionarían 382.000 colombianos menos que los que se pensionan con el sistema actual.
"Para el año 2100, tendremos un pasivo en Colpensiones del 146 % del PIB; se triplicará en el año 2052 el gasto de la nación, pasando del 32 % del PIB al 95 % y, finalmente, se agotarán los recursos de ahorro al año 2070″, expuso.
Echando mano de cifras que asegura haber obtenido del Ministerio del Trabajo, la senadora dice que para el año 2050 habrá 400.000 pensionados menos con la reforma, 4 millones de personas no tendrán ninguna protección y 2,7 millones estarán condenados a la pobreza.
Para ella, Colombia sí necesita una reforma pensional, y la mejor es una buena reforma laboral, pues la clave, argumenta, está en el aumento de la cotización, para lo cual se necesitaría combatir la informalidad.
Sus cálculos también le permiten vaticinar que, a largo plazo, el costo para el Estado de mantener a flote lo que propone esta reforma alcanzará los US$500.000 millones, por lo que se necesitarían por lo menos tres reformas tributarias.
Coincide, finalmente, en que el sistema de pilares es la ruta correcta, y que el aval de una reforma pensional debe contar con el consenso de todos los actores en el país y, con esta propuesta, no se logró eso.
Lo que propone la reforma
Con la iniciativa, el gobierno Petro busca acabar con la competencia entre los dos regímenes: uno en cabeza de Colpensiones y el otro en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un sistema de pilares.
Teniendo en cuenta lo establecido en la ponencia para segundo debate, en el sistema que propone el Gobierno las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) entrarán al pilar solidario y se les entregará una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema (inicialmente se calculó que serían $223.000).
Del pilar semicontributivo se beneficiarían quienes (en los mismos rangos de edad del solidario) cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Hoy, a quienes no cumplen el requisito de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia, el cálculo varía dependiendo de si la persona es elegible o no para el pilar solidario.
En el pilar contributivo, todos los afiliados al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Quienes ganen cuatro salarios mínimos, por ejemplo, cotizarán tres en Colpensiones y uno en las AFP, y quienes ganen uno, dos o tres solo cotizarán en Colpensiones. El último pilar es de ahorro voluntario.
El punto más álgido del debate es el umbral de cotización en Colpensiones, que según los expertos debe bajarse para que la reforma sea sostenible.