España se ha convertido en un país en el que la natalidad de la población indígena ha caído en picado a favor de la población animal doméstica. Son los migrantes los que sostienen nuestro índice natalicio representando más del 30% de los nacidos en nuestro territorio.
Ese descenso de nacimientos ha provocado que los 'baby boomers', fruto del amor, la falta de canales en televisión y del Premio de Natalidad y a las Familias Numerosas, estemos alcanzando la edad de jubilarnos y no existan trabajadores cotizantes que puedan reponer las arcas públicas con el dinero que sale para el pago de pensiones.
Los ocho millones y medio de pensionados que se computan son, según nuestros gobernantes, un «gasto extra» para el país (ignoro qué gasto es para ellos el «ordinario»), que dicen lo pagarán el resto de ciudadanos. Esto nunca lo dudé.
A fin de solventar el escollo económico provocado por el dictador con su política incentivadora de la 'coyunta concipiendi', premiando el creced y multiplicaos, la socialista Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha decidido acometer varios cambios de especial enjundia en materias de su competencia, siendo el de mayor calado el que paso a comentar.
Una de esas medidas que la prensa está difuminando con el titular de «al llegar a la edad de jubilación, quien desee seguir trabajando, lo hará con más incentivos» (lo que no es nada novedoso porque ya existe y se llama jubilación activa), es la de acercar España a muchos países de la UE en lo que respecta a las pensiones de viudedad.
Para descargar las arcas públicas de los 30.000 millones de euros que los viudos suponen, sobre todo aquellos menores de 65 años y que su pensión de viudedad no es la única y principal fuente de ingresos, la señora ministra va a atemperar sus pensiones porque no necesitan de la misma para vivir holgadamente al tener un trabajo que les permite disfrutar de un salario sin tener que recurrir a dicha pensión para subsistir (Saiz, 'dixit').
La idea de «enviudar a la Europea», al modo de Alemania o Francia, supone limitar la edad de poder recibir la prestación de jubilación, así como acotar en el tiempo la duración de su percibo mientras el viudo o la viuda se procura ese trabajo que constituya su fuente principal de ingresos. Dejaremos de ser viudos o viudas a perpetuidad. Por una vez y sin que sirva de precedente he de mostrarme a favor de la medida. Se trata de ayudar al viudo o viuda a superar su duelo con rapidez y eficacia: en cuanto acucie el hambre y corran los plazos de la hipoteca, y además acabará con las «a mí me gustan mayores» cuando vean que el negocio «papacito» ya no les renta.
*Abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
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